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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 141, de 11/05/1999
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1999 VI Legislatura Núm. 141
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE
Sesión núm. 27
celebrada el martes, 11 de mayo de 1999, en el Palacio del Congreso
de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de la Fundación para la formación continua
(FORCEM) (Número de expediente Congreso 251/000067 y número de
expediente Senado 771/000065) ... (Página 2968)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de
Alba) para informes sobre los siguientes extremos:
- Informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos
políticos, ejercicio 1994. (Número de expediente Congreso 251/000074
y número de expediente Senado 771/000072) ... (Página 2973)
- Informe de fiscalización especial sobre la contabilidad de la sede
regional de Baleares y central, en lo referido a la Comunidad Autónoma,
de la Federación de los partidos de la Alianza Popular-Partido Popular,
con referencia a los ejercicios 1989, 1991 y 1992. (Número de
expediente del Congreso 251/000045 y número de expediente del Senado
771/000042) ... (Página 2974)
- Informe de fiscalización sobre la contabilidad de las sedes
regionales de Baleares de los partidos políticos y coaliciones, con
referencia a los ejercicios 1989, 1991 y 1992. (Número de expediente
del Congreso 251/000066 y número de expediente del Senado 771/000063)
... (Página 2974)
- Informe de fiscalización de las principales fuentes de de
financiación del grupo Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENAUSA).
(Número de expediente del Congreso 251/000063 y número de expediente
del Senado 771/000062) ... (Página 2986)
- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Palencia, ejercicios
1992 a 1994. (Número de expediente del Congreso 251/000069 y número
de expediente del Senado 771/000067) ... (Página 2991)
Emitir dictamen a, la vista del informe elaborado por la Ponencia, de
las propuestas de resolución presentadas:
- Declaración definitiva sobre la Cuenta general del Estado del
ejercicio 1996. (Número de expediente del Congreso 250/000008 y
número de expediente del Senado 770/000005) ... (Página 2994)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señores y señoras, senadores, y diputados, vamos
a iniciar la sesión de la Comisión Mixta para las relaciones con el
Tribunal de Cuentas comunicándoles una pequeña modificación en el
orden del día, acordado por los portavoces de todos los grupos de la
Cámara, en el sentido de pasar a ser el primer punto del orden del
día el que figura con el número 3, que es el referente al informe de
fiscalización de la Fundación para la Formación Continua (Forcem);
después daríamos entrada al presidente del Tribunal de Cuenta y,
posteriormente, seguiríamos con el debate de las restantes propuestas
de resolución, anunciando a SS.SS. que las votaciones no se
producirán antes de la una y media de la tarde.
DEBATE YVOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN CONTINUA
(FORCEM). (Número de expediente Congreso:
251/000067 y número de expediente Senado:
771/000065)
El señor PRESIDENTE: Debate del informe de fiscalización de la
Fundación para la formación continua (Forcem), al que los grupos
parlamentarios han presentado diferentes propuestas de resolución.
En nombre del grupo parlamentario Socialista, para plantear y
defender sus propuestas de resolución, tiene la palabra el diputado
don Fernando Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: En la sesión anterior con la de comparecencia
del presidente del Tribunal de Cuentas, al analizar la fiscalización
del Forcem se produjeron las distintas intervenciones de los grupos,
el nuestro
también y desde el primer momento intentó diferenciar claramente
lo que es la situación de irregularidades que se hayan podido
producir en relación con determinadas entidades o personas concretas
en la forma de utilización de las subvenciones que se han articulado
a través de este sistema de formación continua, de lo que es el
propio sistema de formación continua como una nueva forma en la
articulación de la gestión de los sistemas de formación de los
trabajadores. Creemos que hay que hacer una valoración en profundidad
de dicho sistema en términos políticos, porque si no se genera una
confusión innecesaria. Hoy mismo en los medios de comunicación
aparece uno de los motivos de la confusión que se ha podido producir
cuando se habla del sistema de la formación continua del Forcem por
la forma de utilización de determinadas subvenciones. Me estoy
refiriendo al que fue secretario general de la Confederación
Empresarial Valenciana, que hoy vuelve a aparecer; ha conseguido la
unanimidad de todos los rectores de las universidades de España de
nuevo para estar en contra de él. Este es el problema, que hay una
cierta confusión en la percepción que tienen los ciudadanos o
determinadas entidades y personas de las irregularidades que se han
venido produciendo, algunas de ellas muy pintorescas y que coinciden
en estos momentos con una persona que ostenta una alta
responsabilidad en el Gobierno, lo cual agudiza mucho más esa
tensión.
En ese contexto cuando proponemos resoluciones, queremos distinguir
claramente las cuestiones y en este caso concreto nos queremos
referir a las que tienen que ver con el pronunciamiento de nuestro
grupo sobre el sistema vigente en la actualidad de organización y
gestión de la formación continua. Nuestra valoración es muy positiva,
ha sido un sistema muy innovador y además se ha pasado a un sistema
de gestión con un importante volumen de recursos. La valoración
global de ese sistema sólo puede ser positiva, porque ha sido una
participación que ha encontrado su fundamento en un acuerdo quese
firmó entre las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas a través de negociación entre empresarios y
sindicatos junto con los acuerdo a nivel sectorial y estatal
alcanzados, que lo desarrollan y el segundo acuerdo tripartito de
formación continua suscrito entre organizaciones y al propio
Gobierno, a su estructura y la financiación.
Quiero resaltar los aspectos que tienen que ver con el reconocimiento
de la vigencia de los principios que informan el sistema de formación
continua y su eficacia general como criterios a valorar positivamente
y la necesidad de que se profundice por parte del Gobierno en este
sistema y en los datos que se han conocido. No queda otro remedio que
instar al Gobierno a que, en el desarrollo y la aplicación de los
acuerdos de formación continua, mejore los controles de los fondos
públicos que proceden en este caso de la cuota de formación
profesional, afectados a los planes de formación de los trabajadores,
para posibilitar la mejora en el uso de aquellos fondos, aspiración
que preocupa especialmente al Tribunal de Cuentas y a esta Cámara.
Del informe del Tribunal de Cuentas se ha visto que en determinadas
subvenciones o fondos públicos que se destinan, de las distintas
administraciones e instituciones, a estos sistemas de formación no
existe la suficiente transparencia, que permita contrastar cómo se
conjugan o cómo se interrelacionan los recursos públicos que se
dedican desde el Estado y desde las comunidades autónomas u otras
administraciones a este tipo de actuaciones y actividades. En nuestra
resolución proponemos que se articule una fiscalización por parte del
Tribunal de Cuentas para evaluar la existencia de duplicidades en la
percepción de subvenciones, analizando los distintos supuestos que se
pueden dar.
Insisto en que hay que distinguir lo que es el problema de fondo del
sistema de formación continua de los problemas concretos. Nuestro
grupo sigue planteando y lo seguiremos haciendo que las personas que
de alguna manera aparecieron involucradas en este tema de una forma
irregular y que en estos momentos ostentan responsabilidades
importantes en el Gobierno, no puedan compatibilizar sus
responsabilidades en el Gobierno con la administración de cantidades
importantes de subvenciones, como es el caso del Secretario General
de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Nosotros
mantenemos nuestra posición política, que no tiene nada que ver con
la propuesta, de que el subsecretario señor Espinosa no debería poder
desempeñar las funciones que en estos momentos está desempeñando.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el diputado don Mariano Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Intervengo con brevedad, simplemente para
presentar las tres propuestas de resolución después del debate de
carácter general que ya tuvimos el otro día, en el cual quedó
medianamente claro que nuestro grupo respalda las políticas que
desarrolla el Forcem como depositario de una parte importante de la
formación profesional, sin que esto quiera decir que no sean
mejorables los controles que hay que aplicar;
y parece que en parte se han corregido algunos de los problemas
existentes.
Discrepamos de algunas valoraciones del Tribunal, que quizá se
producen por desconocer o por no profundizar en el origen de algunos
de los problemas existentes, o por la imposibilidad del propio inem
de afrontar una parte de la formación profesional, que delega en el
Forcem y que ha provocado un movimiento temporal. Algunos de los
problemas que tiene el propio informe son propuestas de formación que
en muchos casos, incluso por aplicación de los controles internos,
son partidas no gastadas que hay que aplicar en años sucesivos. En
resumen, mi grupo mantiene que la unidad de caja de las cuotas de
formación profesional representa el criterio que mejor concreta el
principio constitucional de justicia en actividad financiera de los
entes públicos, sin perjuicio de la existencia tanto de otras fuentes
de financiación de la formación continua de los trabajadores ocupados
como de otros entes gestores con similar protagonismo de los agentes
sociales, empresas y trabajadores que pudieran constituirse.
Reiteramos de que todo aquello que conlleve ayudas públicas necesita
un control exhaustivo sobre la aplicación de los fondos. También,
para evitar duplicidades, es necesario establecer un registro general
de subvenciones de todo tipo que permita la detección a tiempo de
posibles solicitudes duplicadas o triplicadas, como ha sucedido en
algún caso, de distintas administraciones o entes territoriales, que
pudieran vulnerar los principios legales pero al mismo tiempo que
pudieran hacer que distintos proyectos se estén presentando en
distintas administraciones e incluso cobrándose por doble o tercera
vía. Se insta a los entes públicos implicados a profundizar en la
mejora de los controles de los fondos públicos afectados a los planes
de formación de los trabajadores ocupados con el fin de aumentar la
eficacia y la eficiencia en su uso y de garantizar el pleno
cumplimiento de la normativa aplicable. Por último, solicitamos al
Tribunal que agote todas las vías legales a su alcance para
esclarecer el destino dado a los fondos utilizados irregularmente por
la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana y para
depurar las responsabilidades que se deriven de tal caso.
Creemos que hay que continuar la labor de profundización de los
controles, que hay que mejorar la aplicación de los fondos,
entendiendo no obstante que en general los cursos están dándose en un
proceso de demanda de las propias empresas. Cualquiera que analice el
sistema verá que las empresas en muchos casos son las que proponen
qué cursos hay que dar y por tanto no se puede hablar de que sólo se
plantean objetivos de oferta de cursos; hay una participación, quizá
muy mejorable, pero son fundamentalmente las empresas las que
predeterminan que tipo de cursos solicitar al Forcem.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución
presentadas por el grupo parlamentario Vasco, tiene la palabra el
diputado señor Jon Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Quiero agradecer ala Presidencia y a todos
los portavoces de los grupos parlamentarios
que, a propuesta de mi grupo parlamentario, hayan permitido ver en
primer lugar este punto del orden del día, por tener que ausentarme.
Muchas gracias.
Tenemos que empezar diciendo que no hemos recibido ninguna
contestación del Tribunal de Cuentas a las diversas preguntas que mi
grupo parlamentario hizo en la presentación del informe. Entendiendo
que habría dificultad para poder contestarlas en esa sesión, sí
solicitamos al Tribunal de Cuentas que mandara a la Comisión Mixta o
a mi grupo parlamentario las contestaciones a vuestras preguntas, que
eran importantes para poder hacer las propuestas de resolución.
Repito que no hemos recibido ninguna contestación del Tribunal de
Cuentas y lo sentimos.
A pesar de todo, después del debate que hubo y del conocimiento a
través del informe del Tribunal de la situación de la Forcem, hemos
intentado hacer una serie de propuestas de resolución, numeradas de
la 8 a la 17, que tienen como objeto impulsar y desarrollar la
formación profesional continua; corregir las situaciones que hemos
podido percibir, que se están produciendo por lo menos en los años en
que ha estado fiscalizándose por parte del Tribunal de Cuentas, e
intentar que la formación profesional continua cumpla los objetivos
para los que se ha creado esta fundación, que se utilicen debidamente
los fondos públicos que están destinados a la formación profesional,
que provienen de las cotizaciones de los trabajadores y de las
empresas, que al final consigan su fin, que es la cualificación
profesional de los trabajadores y que a través de ellos se pueda
conseguir que el sistema productivo de nuestras empresas alcance
cuotas de competitividad en los mercados importantes. Eso es en
definitiva lo que se pretende, al margen de que entendemos que
también con una buena formación profesional se combate y se lucha
contra el desempleo.
Para ello, hemos establecido una serie de propuestas de resolución,
propuestas que voy a agrupar en cuatro bloques, y que muy
sintéticamente voy a intentar explicar. El primer grupo lo componen
la 8 y la 17, que tienen un componente de desarrollo autonómico pues
solicitamos que se activen las transferencias pendientes en materia
de formación profesional continua y ocupacional a las comunidades
autónomas que tienen competencias. Pensamos que el acercamiento a las
instituciones que están en mayor contacto con los agentes económicos
y la actividad productiva mejorará los resultados de esta formación,
como se está demostrando en algunos sitios, y se van a optimizar los
fondos destinados a estos planes. Todas las iniciativas públicas
destinadas a la formación a través de la Forcem o de los convenios de
colaboración que existen entre el Ministerio de Trabajo y los
organismos autónomos deben financiarse, y este es un objetivo claro,
con las cuotas para la formación profesional y no con créditos
extraordinarios, como se está produciendo en algún momento. Además
hay que tener en cuenta que así lo establece el Estatuto de los
Trabajadores y así se contempla en las últimas leyes de Presupuestos
Generales del Estado, que la formación profesional ocupacional debe
financiarse a través de las cuotas para la formación.
El segundo bloque hace referencia a medidas relacionadas con la
estructura del sistema de formación ocupacional.
Son las enmiendas 3 a la 6 inclusive. Queremos que exista
mayor efectividad en los planes de formación, y, si es así,
entendemos que hay que cambiar el actual sistema de oferta por uno de
demanda. En cierto modo, se está produciendo ya este sistema de
demanda sobre el de oferta, pero nos parece que hay un nivel de
empresas que tienen mucha dificultad para hacer sus propuestas para
la elaboración de los planes de formación. Son las pequeñas empresas,
aquellas que tienen menos de cien trabajadores, que indudablemente
por su constitución, tienen dificultades para establecer un sistema
por el cual pudieran proponer la constitución de programas o planes
de formación específicos para sus necesidades. Creemos que hay que
potenciar esta forma de poder acceder a planes de formación, pero a
través de demanda más que de oferta, sobre todo, como digo para ese
nivel de empresas de pequeño tamaño.
Por otra parte, la Fundación para la formación profesional continua
empresarial, y lo hemos visto a través de los informes, está
manejando anualmente, en estos tres años, del orden de 40.000
millones de pesetas, cantidad que entendemos que requiere un mayor
control directo y puntual. Esta falta de control por parte del
Ministerio de Trabajo o del propio Inem, puesto que no participa en
sus órganos de gobierno y representación, propician situaciones como
las que se han puesto de manifiesto en el informe del Tribunal de
Cuentas, y pensábamos que sería interesante, para nosotros necesario,
que exista una presencia física de las instituciones públicas en
estos órganos de gobierno. Se puede entender que estos fondos
provienen de la formación profesional, que son fondos de las empresas
y los trabajadores para las empresas y trabajadores, pero
indudablemente esto viene, como todo lo que procede de la
recaudación, a través de un sistema que es presupuestario, que se
aprueba en los Presupuestos Generales del Estado, que tiene un
componente de control público y por eso se fiscaliza a través del
Tribunal de Cuentas, que es el órgano fiscalizador de este
Parlamento. Esos fondos, que, si bien proceden del ámbito privado, se
convierten en públicos en un momento determinado, revierten otra vez
al sector privado y esa situación, desde nuestro punto de vista
requiere un mayor control desde sus órganos de gobierno por parte de
las instituciones públicas. Esa es la propuesta que hacemos para que
participe de alguna forma el Gobierno, bien a través del Ministerio
de Trabajo o del propio Inem, dentro de los órganos de gobierno de la
Forcem.
La tercera cuestión que ponemos dentro de este bloque, es la apertura
del sistema formativo a todos los agentes económicos y sociales.
Creemos que se ha producido una cierta apertura, en cuanto al acceso
que puedan tener todos los trabajadores, aunque en estos momentos no
la tienen todos los trabajadores. Pero no sólo debe ser en ese
sentido, sino que el propio sistema de formación, que en este momento
está capitalizado por la gran patronal y los dos sindicatos
mayoritarios, ha de abrirse también a la economía social, que pueda
participar también en la organización de los cursos de formación, en
los planes de formación. Entendemos que este sistema formativo deba
abrirse, en sus componentes deorganización, a todos los agentes
económicos y sociales,
sobre todo cuando tienen una representatividad y un peso, como por
ejemplo en este caso tiene la economía social, que ya está
interviniendo, dentro del sistema productivo, de una forma tan
definitiva en la economía española. Son innumerables los colectivos
empresariales y trabajadores que están fuera de la órbita de la gran
patronal y de los sindicatos, que en muchos casos también participan
en la formación y que ven cerradas sus puertas a ésta. Por lo tanto,
ahí sí que debería haber una apertura a estos otros agentes sociales.
Otra deficiencia puesta de manifiesto por el informe de fiscalización
es la que se refiere a la imposibilidad de evaluar los resultados de
los planes de formación, al no existir mecanismos oportunos. Creemos
que se hace necesario que se establezca un sistema de control de los
objetivos y su evaluación. Entendemos que es complicado, pero
indudablemente, al final, si no se consigue lo que se pretende con
este sistema de formación, no estaremos cumpliendo con sus objetivos.
Creemos que es importante establecer sistemas por los cuales veamos
que tiene efectividad, que el dinero que se está utilizando para la
formación profesional y que, como hemos visto, es muy importante,
tenga efectividad en cuanto al objetivo que debe cumplir, que es la
formación de los trabajadores y la mayor competitividad de las
empresas en definitiva.
El tercer bloque se refiere a medidas a adoptar en la propia Forcem.
Son las propuestas 7 a 9. Por supuesto, las salvedades que ha hecho
el Tribunal de Cuentas en este informe de fiscalización deben ser
corregidas. Supongo que ya se estará haciendo, pero sería conveniente
que tuviéramos conocimiento de que de alguna forma se traslade eso al
Parlamento.
Otro capítulo de deficiencias importantes se refiere a la gestión de
los fondos destinados a la administración de la Fundación; sería
conveniente realizar las auditorías legales que controlaran la
correcta utilización de los fondos destinados a la financiación de la
Forcem. Debemos tener presente que el objeto de la fiscalización que
ha tenido el Tribunal de Cuentas ha sido exclusivamente ver el nivel
de rigor en la utilización de los fondos públicos que se han
destinado a la formación, pero lo que se ha hecho es una auditoría de
la propia gestión de la Forcem. Creemos que sería conveniente que
esto también se incluyera en la próxima fiscalización por parte del
Tribunal de Cuentas de la Forcem, no sólo la utilización de los
fondos públicos, sino también la propia gestión a través, como digo,
de una auditoría completa. De la misma forma estimamos conveniente
controlar la cuantía, el destino y la correcta utilización de los
fondos que se destinan a las subvenciones de los programas de
formación, para lo cual instamos al Gobierno a que refuerce estas
medidas de control. Se ha puesto de manifiesto que, de alguna forma,
ha habido una utilización no correcta de estos fondos por parte de
los beneficiarios, y hay cantidades que tiene que ser devueltas al
Inem por no utilización de esos fondos. Entendemos que ésta es otra
de las facetas en la que tiene que haber un mayor control y por eso
pretendemos que el Gobierno refuerce estas medidas de control
El último bloque se dirige al Tribunal de Cuentas. Es una propuesta
que insta al Tribunal a que siga fiscalizando a la Forcem en los
ejercicios siguientes 1996, 1997 y 1998, y que, como decía antes, se
complemente con una auditoría completa de su gestión.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador don Salvador
Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Nuestro grupo presenta seis propuestas de
fiscalización a este informe del Forcem. Entendemos, queremos dejar
constancia de ello, que estamos ante un organismo de gran
importancia, trascendencia y, sin duda, envergadura, que requiere un
esfuerzo adicional por parte de todos para que siga manteniendo una
buena trayectoria.
Vistas algunas de las otras propuestas de resolución presentadas,
nosotros manifestamos la necesidad de su existencia; nos atreveríamos
a decir que, de no estar este organismo en funcionamiento, se debería
inventar. Precisamente por eso es necesario un estricto
funcionamiento sobre todo por lo que se refiere al control.
Reconociendo también que, si nos pasamos en exceso en este control,
sería casi imposible su cumplimiento, nos ha parecido imprescindible
dejar constancia de la necesidad de este mayor control. A esto se
refieren la propuestas número 19 y 20. la 19 dice que la Comisión
Mixta del Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a implementar un
sistema de comprobaciones destinado a detectar que los asistentes
a los cursos de formación continúa estén dados de alta en la Seguridad
Social y empleados en las empresas a las que dicen pertenecer;
también se deberá exigir un mayor control a todas las partes
implicadas de la asistencia a los cursos por parte de los
trabajadores. Y la propuesta 20 dice que la Comisión Mixta del
Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a instar asimismo a los
distintos órganos de control interno la implantación de una
metodología de revisión automática y exhaustiva de las
justificaciones, en este caso de las subvenciones para formación
continua, al objeto de verificar su adecuación a la normativa
aplicable. En la propuesta número 18, que se refiere al conocimiento
de los resultados, se insta al Forcem a establecer un sistema de
control y evaluación de los resultados, al objeto de conocer el
impacto concreto de las acciones formativas del Forcem sobre la
población ocupada. Siguen la propuesta 21, que modifica las bases
reguladoras, y la 22, que se refiere a la normativa específica entre
el Forcem y el Fondo Social Europeo. Su sera que: la Comisión Mixta y
el Tribunal de Cuentas inste al Gobierno para que modifique las bases
reguladoras y los criterios para la concesión de ayudas de formación
continua al objeto, en este caso, de evitar exclusiones arbitrarias.
La segunda pide que se dicte una normativa específica que desarrolle
las relaciones que deben existir entre el Forcem y la unidad
administrativa del Fondo Social Europeo. La propuesta número 23, que
es la última presentada por nuestro grupo, insta a que se avance en
la territorialización del Forcem, al objeto de aumentar su
efectividad.
Estas serían, en concreto, señor presidente, las propuestas
presentadas por nuestro grupo parlamentario
El señor PRESIDENTE: Por el grupo parlamentario Popular, tiene la
palabra el diputado don Diego Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Nuestro grupo parlamentario ha presentado
tres propuestas, que yo calificaría como globales, respecto al
informe de fiscalización efectuado por el Tribunal de Cuentas sobre
el Forcem.
Hay que decir, en función de las intervenciones de todos los grupos,
que un oyente que analizara lo que se dijo en la sesión de
presentación del informe y en ésta podría llegar a la conclusión de
que los grupos parlamentarios estaban teniendo una actuación
contradictoria. Por ello es conveniente, como hacemos en nuestra
primera propuesta de resolución, dejar sentado que el sistema de
formación continua de trabajadores es un sistema positivo y, al mismo
tiempo, y es la última parte de esta primera propuesta de resolución,
advertir que la gestión del sistema presentó muchos problemas, sobre
todo, en su puesta en marcha. Por tanto, distingamos entre sistema y
gestión.
El sistema de formación continua de trabajadores, controlado y
dirigido por los propios trabajadores y las propias empresas, es un
sistema positivo y del que se pueden obtener unos resultados
beneficiosos para las empresas y para los trabajadores, evitando los
problemas con que nos encontramos en determinados supuestos de
reconversión de empresas de un número muy importante de trabajadores
que no tienen la formación necesaria para acometer un nuevo diseño en
la empresa. Desde nuestro grupo parlamentario, queremos valorar
positivamente el sistema de formación continua y resaltar que la
puesta en marcha presentó muchos problemas de gestión, quizá por una
falta de visión de los responsables del Ministerio de Trabajo en
aquel momento sobre lo que era un sistema nuevo. Esa falta de
previsión normativa conllevó a que, a lo largo de la aplicación
práctica del sistema, hubiera que ir inventando sistemas de control y
de evaluación que en definitiva es lo que señala el Tribunal de
Cuentas.
El Ministerio de Trabajo actual, ha podido presentar un balance de
gestión respecto al sistema de formación continua, que ha permitido
subsanar buena parte de las deficiencias que el Tribunal señala. El
propio tribunal reconoce en su informe que una parte de esas
deficiencias están ya subsanadas. Queremos que el ministerio de
trabajo en el marco de los futuros acuerdos con los agentes sociales,
incida en el control de la gestión formación continua en sistemas de
evaluación de resultados y en la apertura de formación a las pequeñas
y medianas empresas y a los trabajadores de la economía social. Una
gran empresa conoce adecuadamente las posibilidades que genera el
sistema, tanto las técnicas como las financieras. Lo mismo les puede
pasar a las grandes organizaciones sindicales, aunque es lo cierto
que las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores sociales,
porque no tienen ningún interlocutor directo y normalmente utilizan
las organizaciones que están incluidas en la economía social de
España, organizan sus contactos a través de organizaciones
sindicales, pero no tienen un interlocutor directo
que les permita contemplar la formación que necesitan sus
trabajadores, están alejados del sistema. Por tanto, se trata de
instar al Ministerio de Trabajo a que en el acuerdo para la
regulación futura con los agentes sociales incida en acercar al
sistema de formación continua a los trabajadores y empresarios de las
pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores de la economía
social. De la misma forma, instamos al Forcem a que por sí mismo, no
porque se lo recomiende el Ministerio de Trabajo sino porque sea una
conclusión del propio Forcem, elabore un sistema de evaluación de la
labor formativa realizada, partiendo de la base de que reconocemos
las dificultades que conlleva este sistema de evaluación de la labor
realizada, que contemple la apertura que se va produciendo en los
últimos años a las pequeñas y medianas empresas, y para que el Forcem
extreme las medidas de control del sistema con la utilización de una
auditoría continuada que le permita ir detectando problemas y
resolviéndolos sobre la marcha, sin esperar a una auditoría posterior
una vez cerrados los ejercicios.
Respecto a las propuestas de formación de la mayoría de los grupos
parlamentarios, estamos globalmente de acuerdo con casi todas, pero
expondré algunas objeciones determinadas por mezclar los conceptos de
formación continua y formación ocupacional. Estamos hablando de una
fundación, que es el Forcem, integrada por representantes de
sindicatos y organizaciones empresariales; otra cosa distinta son las
líneas de formación, fundamentalmente formación ocupacional, que
tiene asumidas el INEM, por tanto el Ministerio de Trabajo, y las
comunidades autónomas a las que ya se les han transferido las
competencias. Desde este punto de vista, no podemos compartir la
propuesta número 4 del grupo parlamentario Socialista, puesto que
incide en mezclar los dos sistemas. No vemos clara esta fiscalización
en paralelo del Tribunal de Cuentas para dos sistemas que tienen unos
principios diferentes y unas fórmulas de gestión diferentes, puesto
que uno es una fórmula de gestión presupuestaria y otra es una
fórmula privada. Una fundación, aunque utilice recursos públicos, su
sistema de gestión que es radicalmente distinto a la fórmula de
gestión presupuestaria. Nos da la impresión de que encargaríamos un
trabajo que tiene poco interés si aceptáramos la propuesta número 4
del Grupo Socialista.
Sin embargo, no vemos dificultades con las propuestas del grupo
parlamentario Federal de Izquierda Unida cuyos puntos son
coincidentes con las nuestras. Tampoco vemos ningún obstáculo en las
propuestas del grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
puesto que son coincidentes con las del resto de los grupos con las
que estamos mostrando nuestro voto favorable. En cuanto a las
propuestas del grupo parlamentario Vasco, reconociendo un auténtico
esfuerzo por su parte al haber hecho un estudio muy detallado y
perfilado del informe del Tribunal de Cuentas, tenemos determinadas
objeciones a algunas de las propuestas. A la número 1, que es la 8
del total, le hacemos la misma observación que hemos hecho a la
número 4 del Grupo Socialista. Nos da la impresión de que se mezclan
dos conceptos, el de formación continua y el de formación ocupacional
y ello lleva a la confusión.
La propuesta número 4, que es la 11 del total, no la podemos votar
porque la consideramos intervencionista. Una cosa es que le exijamos
al Ministerio de Trabajo que diseñe un sistema de control y que
acentúe la gestión y el control, y otra que pidamos al Ministerio de
Trabajo que se meta directamente en la gestión interna de los órganos
de gobierno de la Forcem. Como decía antes, la Forcem es una
fundación integrada por representantes de sindicatos y de
organizaciones empresariales, cuyos órganos de gobierno y
representación tienen que ser extraídos de sindicatos y
organizaciones empresariales. El Gobierno ahí no pinta nada. Pinta en
el control de los fondos, pero no en los órganos de gobierno y
representación de la Forcem. Sería un criterio intervencionista que
no consideramos adecuado con el diseño del sistema. En cuanto a la
propuesta número 8, globalmente sería aceptable salvo la frase que
figura entre guiones: entre los cuales está la participación directa,
según otras, de las propuestas formuladas por este grupo. Si votamos
la propuesta anterior en contra, tenemos que votar en contra la
propuesta de resolución número 8 en su conjunto. Si la frase que
figura entre guiones se retirara, votaríamos favorablemente esta
propuesta.
En definitiva, el informe del Tribunal es serio y profundo sobre la
aplicación práctica de un sistema de formación continua que en su
momento fue un sistema nuevo. Ese concepto innovador del sistema
generó bastantes problemas de gestión. Creemos que hubo una puesta en
marcha precipitada y con carencias normativas por parte del
Ministerio de Trabajo, que luego se ha visto que era posible
resolver. Por tanto, valorando positivamente el sistema, criticamos
su gestión y su puesta en marcha.
En cuanto a las manifestaciones del Grupo Socialista sobre temas que
no tienen nada que ver con sus propuestas, entendemos que la
propuesta adecuada es la del grupo parlamentario Federal de Izquierda
Unida. En la propuesta de resolución número 3 del grupo parlamentario
Federal de Izquierda Unida se solicita del Tribunal que agote las
vías legales a su alcance para esclarecer el destino de los fondos en
la Confederación de la pequeña y mediana empresa valenciana y para
depurar las responsabilidades que se deriven de tal caso. Ésta sí es
adecuada, mientras que no se deben hacer, aprovechando este momento
comentarios que no tienen que ver con las propuestas de resolución.
Ya está siendo objeto de otras actuaciones parlamentarias por parte
del Grupo Socialista, y parece que sobran aquí esas referencias a la
gestión de un organismo que nada tiene que ver ni con la Forcem ni
con el trabajo del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Se abre un turno para que los diferentes
portavoces fijen su posición respecto a las diferentes propuestas
presentadas.
Tiene la palabra el señor Zabalía. A este fin y para indicarnos si
acepta las observaciones del Grupo Popular.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Muy brevemente, para manifestar que por
nuestra parte no habría inconveniente en suprimir ese paréntesis de
la propuesta de resolución número 8, la 15 del total, y que hace
referencia a
la número 11, que el grupo parlamentario Popular ha dicho que no la
aceptaría por el intervencionismo que significa. Lo que hemos
pretendido es trasladar al resto del estado la fórmula que existe en
el País Vasco para la formación continua, que es una fundación
tripartita en la que sí interviene el Gobierno vasco y los agentes
sociales, porque una cosa es intervenir y otra es participar.
Entendemos que la participación del Inem dentro de la fundación sería
positiva, pero no tenemos ningún interés en que sea así. Si el resto
de los grupos no quieren, como parece ser, no hay ningún
inconveniente en que la fundación se mantenga con la composición que
tiene actualmente. Por tanto, respecto a la propuesta de resolución
número 15, no tenemos inconveniente en suprimir el paréntesis que
está establecido.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo parlamentario Catalán, tiene la
palabra el senador don Salvador Carrera i Comes.
El señor CARRERA I COMES: Respecto a las propuestas de resolución
presentadas por el resto de los grupos, damos nuestra conformidad a
las tres del grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida, pedimos
votación separada de la número 4 del grupo Socialista y de las
números 1 u 8 y 4 u 11 del Grupo Vasco (EAJ-PNV), y anunciamos
nuestro voto favorable a las tres propuestas de resolución del grupo
parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don
Fernando Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, intervendría sólo para pedir
votaciones separadas, pero, como habrá que recordarlo otra vez antes
de la votación, quizá ese sea el momento adecuado, si le parece.
El señor PRESIDENTE: Vamos a esperar a que se realicen las
votaciones, a partir de la una y media.
De momento, vamos a suspender la sesión durante un par de minutos
para dar la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas.
(Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE
ALBA), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, EJERCICIO 1994. (Número de expediente del Congreso 251/
000074 y número de expediente del Senado 771/000072)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL SOBRE LA CONTABILIDAD DE LA SEDE
REGIONAL DE BALEARES Y CENTRAL, EN LO REFERIDO A LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA, DE LA FEDERACIÓN DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR-PARTIDO
POPULAR, CON REFERENCIA A LOS EJERCICIOS 1989, 1991 Y 1992. (Número
de expediente del Congreso 251/000045 y número de expediente del
Senado 771/000042)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA CONTABILIDAD DE LAS SEDES
REGIONALES DE BALEARES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES, CON
REFERENCIAALOS EJERCICIOS 1989, 1991 Y1992. (Número de expediente del
Congreso 251/000066 y número de expediente del Senado 771/000063)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores senadores y diputados, vamos a
reanudar la sesión dando la bienvenida, en primer lugar, al
presidente del Tribunal de Cuentas.
De acuerdo con los portavoces de los diferentes grupos
parlamentarios, quiero manifestarles que vamos a agrupar en la
intervención del señor presidente del Tribunal de Cuentas los puntos
número 5, 6 y 7, relativos respectivamente al informe de
fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos durante el
ejercicio 1994, al informe referido a la fiscalización especial sobre
la contabilidad de la sede regional de Baleares y Central, en lo
referido a la comunidad autónoma, de la Federación de Partidos de
Alianza Popular-Partido Popular, referido a los ejercicio 1989, 1990
y 1991, y al informe de fiscalización sobre la contabilidad de las
sedes regionales de Baleares de los partidos políticos y coaliciones
referido a los ejercicios 1989, 1991 y 1992.
Para exponer dichos informes, tiene la palabra el presidente del
Tribunal de Cuentas, don Ubaldo Nieto.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba):
Siguiendo el orden marcado, paso, en primer lugar, a informarles
sobre la fiscalización de la contabilidad del ejercicio de 1994 de
los partidos políticos que están obligados a rendir cuentas al
Tribunal por haber percibido subvenciones para el funcionamiento
ordinario, según lo previsto en la Ley 3/1987, sobre financiación de
los partidos políticos. El informe consta de un extenso análisis de
las actuaciones y resultados obtenidos en la fiscalización e incluye
las conclusiones que resumen el trabajo y opinión del Tribunal.
El análisis del ejercicio 1994 se ha extendido a un total de
dieciocho formaciones. Se ha incorporado asimismo la documentación
correspondiente al ejercicio 1993 de la Agrupación Tinerfeña de
Independientes, remitida después de concluido el proceso de
elaboración del informe de fiscalización del ejercicio anterior.
En 1994, según los datos del Ministerio del Interior, recibieron
subvenciones estatales para el funcionamiento ordinario catorce
formaciones políticas con representación en el Congreso de los
Diputados. La fiscalización se ha dirigido a dichas formaciones y a
cuatro partidos políticos que o han formado parte de la coalición
durante 1994 o han participado con un importe significativo en
las subvenciones anuales de funcionamiento ordinario, indirectamente,
a través de federaciones.
Para atender a lo previsto en la Ley orgánica 3/1987, de financiación
de partidos políticos, y a las distintas resoluciones de esta
Comisión, la fiscalización se ha dirigido a la consecución de los
siguientes objetivos: comprobar que los estados financieros rendidos
al Tribunal refleja la situación financiera y patrimonial de la
totalidad de las sedes territoriales e institucionales de cada una de
las formaciones políticas; verificar que los registros de
contabilidad se ajustan a los principios del Plan general de
contabilidad; analizar y evaluar los sistemas de control interno
exigidos en el artículo 10 de la Ley orgánica 3/1987; determinar el
cumplimiento de las obligaciones legales. Se ha verificado, además,
la integración de la contabilidad electoral en las cuentas anuales
del partido, según los informes de las elecciones correspondientes
aprobadas por el Tribunal de Cuentas o, en su caso, por los órganos
de control externo de las comunidades autónomas.
Con el fin de contrastar los registros contables de las formaciones
políticas, se ha requerido diversa documentación complementaria y se
han efectuado verificaciones en las sedes centrales completadas con
visitas a otras sedes de su organización territorial, en especial en
aquellas formaciones con implantación en todo el territorio nacional.
Asimismo, se ha solicitado a las Cortes Generales, a las distintas
asambleas legislativas, al Ministerio del Interior y gobiernos
autonómicos y a los órganos de gobierno de las diputaciones, cabildos
y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, información relativa a
las subvenciones otorgadas durante el ejercicio 1994 a las distintas
formaciones políticas. De las 345 entidades locales a las que se
solicitó información, contestaron 291. Por otra parte, se ha instado
a las formaciones políticas a que envíen una carta de circularización
a las entidades de crédito. La falta de respuesta de algunas
entidades financieras, especialmente cuando las formaciones políticas
no han presentado los correspondientes extractos, ha constituido una
limitación al trabajo realizado.
El Tribunal de Cuentas, a efectos de la presente fiscalización, en
cumplimiento de lo regulado en la Ley Orgánica 3/1987 y en
coincidencia con las resoluciones adoptadas por esta Comisión, ha
considerado cada formación política como una realidad económico-
financiera cuya contabilidad ha de recoger todas las manifestaciones
de la misma, tanto en su organización territorial como institucional,
con independencia del grado de autonomía funcional. El artículo 2 de
la Ley orgánica citada enumera de forma taxativa los distintos
recursos de financiación pública que pueden percibir las formaciones
políticas: subvenciones públicas para gastos electorales, en los
términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral
General; subvenciones estatales a los grupos parlamentarios de las
Cortes Generales, en los términos previstos en los reglamentos del
Congreso y del Senado; subvenciones a los grupos parlamentarios de
las asambleas autonómicas, según su propia normativa; y subvenciones
estatales anuales, en los términos regulados en la Ley Orgánica 3/
1987.
La financiación pública para el funcionamiento ordinario entregada a
las distintas formaciones políticas, según las comunicaciones
remitidas por el Ministerio del Interior, gobiernos autonómicos,
Cortes Generales, asambleas legislativas y las 291 corporaciones
locales de más de 20.000 habitantes que contestaron a la solicitud de
información efectuada por el Tribunal de Cuentas, ha ascendido a
17.484 millones de pesetas y ha tenido la siguiente composición. Las
subvenciones estatales del ejercicio 1994 reconocidas por el
Ministerio del Interior ascendieron a un importe conjunto de 9.002
millones de pesetas. Las subvenciones estatales del ejercicio 1994
reconocidas por las Cortes Generales y destinadas a los grupos
parlamentarios, alcanzaron un importe global de 1.409 millones de
pesetas. Las subvenciones concedidas a los grupos parlamentarios por
las asambleas legislativas de las comunidades autónomas ascendieron a
4.186 millones de pesetas. Las subvenciones concedidas por las
corporaciones locales que han contestado al Tribunal ascendieron a
2.599 millones de pesetas. En relación con este tipo de subvenciones
se señala, como en informes anteriores, que la Ley Orgánica 3/1987,
sobre financiación de partidos políticos, no incluye las subvenciones
de corporaciones locales dentro de los recursos públicos previstos
para su financiación. A los anteriores importes hay que agregar,
según la información disponible, 288 millones de pesetas que, como
financiación pública para funcionamiento ordinario, y pese a no estar
previsto en la Ley Orgánica 3/1987, ha otorgado el Gobierno Vasco y
distribuido entre seis formaciones políticas.
A las subvenciones a la actividad ordinaria recibidas hay que sumar
las subvenciones de carácter electoral entregadas por el Ministerio
del Interior o por los órganos autonómicos competentes
correspondientes a las elecciones celebradas en 1994 y ejercicios
anteriores por un importe de 5.550 y 1.190 millones de pesetas
respectivamente, es decir, un total de 6.740 millones de pesetas.
Tras la exposición general del marco en que se ha realizado la
fiscalización, el informe presenta los principales resultados
obtenidos, en su conjunto, del análisis de las diferentes formaciones
políticas. El detalle para cada una de ellas se incluye en el informe
en epígrafes independientes en los que se describen las siguientes
cuestiones: rendición de cuentas -indicando si se ha efectuado o no
en plazo-; alcance de la contabilidad rendida -si incluye la
actividad de toda la organización y si los estados contables están
consolidados o no-; integración de la contabilidad electoral en la de
la formación política -haciendo referencia a la posible activación de
gastos electorales-; y las principales deficiencias de control
interno. También se incluyen los estados contables rendidos y
diferentes observaciones a las cuentas que los integran.
Los resultados más relevantes han sido los siguientes. Los estados
financieros anuales del ejercicio 1994 rendidos por las formaciones
políticas se corresponden en su mayor parte con lo previsto en el
Plan General de Contabilidad, si bien no representan la totalidad de
las operaciones, ya que no incluyen la actividad completa de su
organización de ámbito local, especialmente los recursos financieros
gestionados por ésta.
Las formaciones políticas no contabilizan la totalidad de los
recursos procedentes de las aportaciones de las corporaciones
locales. Como expone el Tribunal en su informe, las operaciones de
los grupos de cargos electos en las corporaciones citadas forman
parte de la actividad del partido en su conjunto y, sin perjuicio de
que lleven su propia contabilidad, se deberá consolidar con la del
resto del partido. En los casos en los que se han presentado estados
consolidados, éstos generalmente son una mera agregación en la que no
se realizan las eliminaciones de las partidas recíprocas. (El señor
Vicepresidente, Álvarez Gómez, ocupa la presidencia) Se han recibido,
en concepto de financiación pública, determinadas subvenciones que no
están incluidas entre las enumeradas en el artículo 2 de la Ley
Orgánica 3/1987. Como ya se ha indicado, las corporaciones locales
han reconocido haber aportado 2.599 millones de pesetas y 288
millones de pesetas el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Las aportaciones privadas no finalistas recibidas por las
formaciones políticas, de acuerdo con la revisión efectuada en los
registros contables, han cumplido las previsiones establecidas en la
Ley Orgánica 3/1987, comprobándose que abonan exclusivamente en las
cuentas de entidades de crédito exigidas por el artículo 6 de la
citada Ley, excepto en alguna formación política que se han abonado
en la cuenta corriente ordinaria.
En relación con las operaciones de endeudamiento, se han puesto de
manifiesto deficiencias en el registro contable y en el control
interno: carencia de algunas pólizas de las operaciones concertadas;
mayor endeudamiento comunicado por las entidades que el
contabilizado; falta de contabilización de los intereses devengados,
en especial los correspondientes a operaciones vencidas; y
contabilización, en determinados casos en un único registro de las
operaciones de amortización y pago de intereses, sin especificar a
qué operaciones crediticias se refieren.
Por último, en las operaciones de renegociación de operaciones
crediticias se han producido condonaciones de deuda, tanto del
principal como de intereses; operaciones que no están contempladas
entre los recursos enumerados en la Ley Orgánica 3/1987. En los casos
en que esta condonación se ha producido, se ha comprobado la carencia
documental del acuerdo alcanzado, lo que dificulta la precisión de
las cuantías.
Siguiendo el orden establecido, pasamos ahora a la fiscalización
sobre la contabilidad de la sede regional de Baleares y central en lo
referido a la comunidad autónoma, de la Federación de Partidos de
Alianza PopularPartido Popular, que, como SS.SS. conocen, se ha
realizado atendiendo a la solicitud de esta Comisión Mixta y que ha
tenido como objetivos el comprobar el cumplimiento de la legalidad
vigente por parte de la formación política, en especial la
financiación ordinaria y electoral, la evaluación del sistema de
control interno y el análisis de sus registros contables con el fin
de verificar si permiten conocer la situación financiera de la
formación.
Las actuaciones fiscalizadoras se han visto limitadas por dos hechos
de distinta naturaleza. Por un lado, el
tiempo transcurrido respecto al primer ejercicio al que se refiere el
informe y que ha originado, según la formación, que no se dispusiera
de la documentación necesaria para poder desarrollar los trabajos; y,
por otro lado, el marco legal en el que debe actuar el Tribunal, que
no le permite realizar comprobaciones directas sobre la organización
interna y la información contable de entidades privadas, lo que ha
motivado, en determinados casos, un insuficiente contraste de la
información por falta de la adecuada respuesta, tanto de entidades de
crédito como de proveedores, a las circularizaciones realizadas por
el Tribunal.
De las debilidades del control interno que recoge el informe, cabe
destacar que, primero, no existen inventarios detallados de los
bienes de inmovilizado material, supliéndose esta deficiencia con
relaciones de bienes en las que se indica su posible valoración. No
consta la realización de arqueos periódicos de caja ni de
conciliaciones bancarias y se ha incumplido, en ocasiones, la
normativa interna respecto a la apertura de cuentas corrientes en
entidades de crédito.
En relación con los estados contables, en el ejercicio 1989, como se
ha señalado anteriormente, es en el que se han producido mayores
dificultades para desarrollar la función fiscalizadora. No se ha
dispuesto de libre diario, ni de los detalles de los movimientos de
cuentas, ni tampoco de la documentación justificativa, por lo que no
se ha podido comprobar la representatividad del balance de situación
y la cuenta de pérdidas y ganancias. La formación ha manifestado que
esta carencia ha venido motivada por haber transcurrido el plazo
previsto en el Código de Comercio para la justificación de los
libros, documentos y estados contables y que ese ejercicio ya había
sido fiscalizado por el Tribunal, por lo que había procedido a la
destrucción de la documentación ante la imposibilidad de mantener el
archivo documental en la sede regional. No obstante, de la
comprobación efectuada entre los estados contables de este ejercicio
y siguientes, resulta que las cuentas patrimoniales mantienen una
continuidad lógica y que la estructura e importes de gastos e
ingresos no difieren significativamente.
Los estados contables de la sede regional de Baleares en el ejercicio
de 1991 y 1992 presentan diversas deficiencias: la falta de
inventarios y las amortizaciones; la incorrecta clasificación de
saldos de cuentas financieras y la no aplicación del principio de
devengo, que conlleva la incorrecta imputación temporal de ingresos y
gastos, yla falta de registro de cuentas deudoras y acreedoras. Por
otra parte, los estados contables agregados en el ejercicio de 1991 y
1992 (años en que se inicia la presentación integrada de los estados
financieros de la sede central y sedes regionales), como consecuencia
de la falta de homogeneización en el contenido de determinadas
cuentas, presentan clasificaciones incorrectas en las mismas, así
como errores en la eliminación de saldos de algunas operaciones
recíprocas de ingresos y gastos entre sedes. No obstante, dada la
naturaleza de las deficiencias detectadas y su reducida relevancia
cuantitativa, se estima que la incorporación de las pertinentes
reclasificaciones y ajustes no alteraría la representatividad de los
estados contables agregados y ya fiscalizados.
En el análisis de las fuentes de financiación, de las comprobaciones
efectuadas en el estricto ámbito de las competencias legalmente
atribuidas al Tribunal de Cuentas, a las que ya se ha hecho
referencias y con las limitaciones expuestas, no se han constatado
incumplimientos de la Ley sobre financiación de los partidos
políticos en relación con los recursos financieros contabilizados y
dispuestos por la sede regional de esta formación política, salvo el
otorgamiento de aportaciones por distintas corporaciones locales y de
subvenciones de cuantía poco significativa concedidas por el Gobierno
balear a la organización Nuevas Generaciones. Sin embargo, en contra
de lo previsto en la normativa, no se ha ingresado parte de las
aportaciones de personas físicas o jurídicas en cuentas, en entidades
de crédito, reservadas exclusivamente a dichos ingresos, hecho más
relevante que en 1991, en el que los ingresos no abonados a esta
cuentas ascendieron a 3,5 millones de pesetas.
Para finalizar, hay que señalar que figuran contabilizados gastos de
naturaleza electoral de las elecciones locales y autonómicas de
Baleares en 1991 que no aparecen registrados en las contabilidades
electorales respectivas rendidas al Tribunal de Cuentas por importe
de 3,8 millones en 1991 y 270.000 pesetas en 1992, lo que si bien
contraviene la Ley de régimen local electoral, no supera los límites
máximos de gastos.
Pasamos ahora al informe de fiscalización sobre la contabilidad de la
sedes regionales de Baleares de los partidos políticos y coaliciones,
con referencia a los ejercicios 1989, 1991 y 1992, que se ha
realizado, asimismo, por iniciativa de esta Comisión Mixta.
Atendiendo al contenido de la correspondiente resolución, ha estado
dirigida a las sedes regionales de las formaciones políticas con
implantación en las Islas Baleares, obligadas a presentar la
contabilidad de dichos ejercicios al Tribunal de Cuentas por haber
recibido subvención estatal para gastos de funcionamiento ordinario.
Estas sedes han sido las regionales de las Islas Baleares del Partido
Socialista Obrero Español y de la coalición Izquierda Unida. No se
incluyó la sede regional del Partido Popular por haber sido objeto
con anterioridad de una fiscalización similar, cuyos resultados acabo
precisamente de presentar. Al igual que en la fiscalización de la
sede regional del Partido Popular, las actuaciones fiscalizadoras se
han efectuado en el marco de las competencias otorgadas al Tribunal
de Cuentas por la legislación vigente, que le atribuye en exclusiva
la fiscalización externa de la actividad económico- financiera de los
partidos políticos, sin que estas atribuciones alcancen a la
realización de comprobaciones directas sobre los registros internos y
la información contable de entidades privadas, por lo que la falta de
información de determinadas entidades de crédito ha supuesto una
limitación en los trabajos de fiscalización.
Las principales limitaciones y resultados obtenidos, referidos a cada
una de las formaciones han sido los siguientes: Esquerra Unida de les
Illes Balears-IU en los ejercicios fiscalizados no elaboraba estados
financieros anuales; la documentación contable disponible ha sido un
libro auxiliar en el que se registraban las entradas y salidas de
fondos con una breve descripción del concepto. El informe señala que
este sistema contable no cumple
satisfactoriamente las previsiones de la Ley orgánica de financiación
de los partidos políticos, si bien su incidencia queda reducida por
la escasa importancia que la actividad económico-financiera de la
sede regional tiene en relación con la formación política considerada
en su conjunto. La contabilidad incluye, además, la actividad del
Partido Comunista de les Illes Balears, que forma parte de la
coalición electoral Izquierda Unida. No se ha dispuesto de la
documentación justificativa del ejercicio de 1989, por lo que no se
han podido efectuar comprobaciones ni pruebas complementarias,
habiendo manifestado la formación, como recoge el informe, que esto
es debido a que la organización en aquellos años era escasa
y deficiente y la documentación requerida no se ha encontrado en sus
archivos. Asimismo, la entidad de crédito con la que opera el partido
no ha facilitado los estratos bancarios al disponer sólo de
información relativa a los últimos siete años, con referencia, claro
está, al momento en que se realiza la fiscalización. En consecuencia,
no se ha podido comprobar la representatividad de los registros
contables del ejercicio 1989 ni la regularidad y adecuación de los
ingresos y gastos a lo dispuesto en la ley orgánica. Como último
resultado en relación a Esquerra Unida de les Illes Balears hay que
señalar que en el ejercicio 1991 el libro auxiliar carece de
representatividad, dadas las relevantes diferencias entre cobros y
pagos registrados en bancos y los contabilizados. Además, no se ha
dispuesto de la documentación justificativa de los pagos ni de parte
de los ingresos no contabilizados. Por el contrario, el libro
auxiliar de 1992 incluye la mayor parte de los ingresos y de los
pagos efectuados por bancos.
El Partido Socialista de les Illes Balears-PSOE, por su parte, no ha
facilitado el libro diario ni el detalle de los movimientos de las
cuentas patrimoniales y de gestión ni la documentación justificativa.
La dirección responsable de las finanzas de la sede regional comunicó
que la documentación solicitada no obraba en su poder al ser
destruida en su día por tratarse de ejercicios ya fiscalizados. En
consecuencia, no se ha podido comprobar la representatividad de los
registros contables, ni la regularidad y adecuación de los ingresos y
gastos a lo dispuesto en la citada ley orgánica. No obstante, el
informe señala que se han aplicado técnicas de examen analítico y, en
su caso, comprobaciones en función de las respuestas obtenidas de las
entidades de crédito circularizadas y de la documentación obtenida de
las actuaciones fiscalizadoras conjuntas de los ejercicios 1988 y
1989, llevadas a cabo por este Tribunal a fin de determinar el grado
de coherencia interna y externa de los saldos presentados en los
estados anuales rendidos. Como resultado, se ha obtenido una falta de
concordancia interna entre los datos aportados que no han podido ser
contrastados con la documentación justificativa ni han sido aclaradas
por el Partido Socialista, así como operaciones no registradas,
deducidas de la circularización bancaria o de la contabilidad anual
de ejercicios posteriores rendidos al Tribunal de Cuentas.
De las comprobaciones de las operaciones con entidades de crédito en
1989, cabe destacar la existencia de un saldo acreedor de 32 millones
de pesetas con una entidad
bancaria que fue cancelado por esta en concepto de traspaso a
morosos, sin que conste la entrega de fondos por parte de la
formación política para su cancelación. Igualmente, se ha informado
de una operación formalizada en 1987 con un capital otorgado de 15
millones y un saldo a 31 de diciembre de 1989 de 5,2 millones que no
figura recogido en la contabilidad del partido. Por otra parte, de
acuerdo con los resultados de las actuaciones fiscalizadoras de la
contabilidad anual de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido
Socialista y a partir de 1992, se han ido transfiriendo a la sede
regional de Baleares diversas subvenciones extraordinarias para
satisfacer deudas afloradas de ejercicios anteriores, según
información de la dirección financiera no acreditada documentalmente,
que a final de 1995 sumaba 256,1 millones de pesetas.
Quisiera señalar, antes de finalizar la presentación de este informe,
que los resultados provisionales deducidos de las actuaciones
llevadas fueron remitidos tanto a la sede regional a Baleares como en
la sede central de cada formación política, al objeto de que alegaran
y presentaran cuantos documentos y justificaciones estimasen
pertinentes, habiéndose recibido únicamente alegaciones de Izquierda
Unida que han sido tenidas en cuenta en la redacción definitiva del
presente informe.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Pasamos ahora al debate, a
las preguntas y a la fijación de posiciones de los distintos grupos
parlamentarios. En primer lugar, por el grupo parlamentario
Socialista interviene su portavoz el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Gracias, una vez más, al señor presidente del
Tribunal por la información facilitada sobre los informes de
fiscalización efectuados por el Tribunal, tanto en lo que se refiere
a la financiación de los partidos políticos como a las
fiscalizaciones específicas de los partidos políticos, del Partido
Popular en Baleares y de los partidos a que ha hecho referencia
concreta el presidente del Tribunal.
Me voy a referir separadamente a los dos bloques de cuestiones. En
primer lugar a la fiscalización de la financiación de los partidos de
las Islas Baleares, aunque hay un sustrato en el fondo que plantearé
como una conclusión conjunta del informe de los partidos políticos y
del informe de los partidos en la Islas Baleares. En principio quiero
recordar, aunque quizá no sea necesario, que la petición de
fiscalización que hizo esta Cámara -a la que se hace referencia en el
informe-, relativa a la financiación del Partido Popular en las Islas
Baleares tuvo que ver con un caso judicial, conocido en los medios de
comunicación y en las decisiones judiciales -conocido recientemente
porque ha sido un proceso muy largo, siendo las últimas informaciones
de 1999-, como consecuencia de todos esos hechos que aparecieron en
los medios de comunicación dio lugar a la lógica preocupación de esta
Cámara y de esta Comisión, que tomó la decisión de fiscalizar las
cuentas de un partido. Los hechos son sobradamente conocidos. El que
era presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y
presidente del Partido Popular Balear, el que era consejero
de la Función Pública del Gobierno balear y secretario general del
Partido Popular en las Islas Baleares y algunas otras personas, a las
que se hizo referencia en su día, aparecieron implicados en una
acusación de prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras
del túnel de Sóller. No voy a hacer una referencia larga, simplemente
quiero señalar que el Tribunal Supremo consideró probado en su
momento -por citar la última decisión tomada- que llegaron a las
arcas del PP cincuenta millones de pesetas, pero también consideró
que no había ninguna actuación delictiva en la medida en que una
parte de los delitos que se podrían imputar, que se consideran
probados, habían prescrito en cuanto a la responsabilidad que
pudieran incurrir unas personas concretas, por ejemplo el que fue en
su día presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Esos hechos dieron lugar a este informe de fiscalización. A mi grupo
le viene inmediatamente a la memoria (no es la primera vez, ya ha
ocurrido en otras ocasiones, cuando se dieron las informaciones de
fiscalización de mi partido en del caso Filesa, y hubo una comisión
de investigación en la que se analizaron estos supuestos) el recuerdo
de una situación real en la que esta Cámara tiene mucha
responsabilidad; y digo la Cámara porque posteriormente conectaré con
los problemas de fondo que son a los que hay que hacer referencia.
Los tribunales toman una decisión que es la última instancia que nos
permite conocer en profundidad una realidad, que es la que tenemos
establecida en nuestro sistema, y las Cámaras hacen funcionar al
Tribunal de Cuentas para que dé a conocer a éstas unos hechos que
inmediatamente aparecen contrastados con una realidad judicial. La
diferencia entre lo que es un Tribunal de Cuentas y lo que es una
instancia judicial nos pone de manifiesto un problema y es que las
Cámaras y los partidos políticos quieren conocer en profundidad cuál
es la realidad. Con ello quiero indicar que en cualquier caso las
responsabilidades siempre son de carácter individual, -y cuando se
habla de responsabilidades penales éstas tienen nombres y apellidos,
con lo cual no tiene nada que ver la valoración que me merecen las
actuaciones de los partidos políticos, criticables políticamente,
incluso las decisiones que tomamos en esta Cámara, y ello me hace
pensar en el problema de fondo. Es decir, el Tribunal de Cuentas hoy
presenta un informe que no es contradictorio con lo que dicen los
tribunales de justicia, entre otras razones porque cuando el Tribunal
de Cuentas analiza la situación del Partido Popular y de los demás
partidos plantea claramente, como no podía ser menos, todas las
limitaciones con las que se encuentra para poder hacer una
fiscalización en profundidad, no para hacer una valoración de
determinadas actuaciones irregulares, que posiblemente correspondan a
los tribunales, o en todo caso la valoración de la posibilidad de
trasladarlo a los tribunales le corresponde también al Tribunal de
Cuentas en la medida en que la Fiscalía está dentro del propio
Tribunal de Cuentas pero en cualquier caso el Tribunal en estos
informes plantea limitaciones importantes a sus posibilidades de
actuación. ¿De qué se derivan estas limitaciones? En algunas
cuestiones los propios partidos alegan que no hay documentación
justificativa (estamos hablando de hechos ocurridos poco después de
la aparición de la Ley
de financiación de los partidos políticos) y en otros casos que
subsisten en estos momentos tienen que ver con la imposibilidad por
parte del Tribunal de entrar con sus competencias a conocer la
realidad de determinadas entidades financieras o empresas privadas
que se relacionan con los partidos políticos. ¿Qué es lo que pasa?
Que esta Cámara pretende que el Tribunal de Cuentas le aclare algunas
cuestiones o esta Cámara quiere conocer algunas cosas pero el
Tribunal de Cuentas se encuentra con una muralla que le pone esta
misma Cámara por las leyes que aprueba. Este es el primer dilema y el
primer debate en el que yo quería entrar y considerar.
Al analizar los informes que presenta el Tribunal, quiero preguntar
al presidente del Tribunal, aunque será muy cauto como casi siempre y
dirá que es una responsabilidad de las Cámaras, ¿qué limitaciones
cree el Tribunal de Cuentas que deberían salvarse para poder actuar
con mayor profundidad en el conocimiento de la financiación de los
partidos políticos? Entiendo que pueda plantear este tipo de
cuestiones aunque es cierto que el Tribunal en los informes que está
efectuando en estos momentos sobre la financiación de los partidos
políticos hace valoraciones de fondo sobre lo que cree que debería
ser, por tanto se está pronunciando. Es cierto que las alegaciones
formuladas por los partidos políticos se contraponen muchas veces con
los informes que el Tribunal hace. El Tribunal dice que hay que
incluir determinados ingresos en las cuentas de los partidos
políticos y los partidos políticos sistemáticamente dicen que la ley
no lo dice, etcétera. Conectando con el otro problema, quiero poner
de relieve que hay unas limitaciones en el informe del Tribunal que
se derivan de las propias competencias que tiene -no puede ser de
otra manera-, hay unos hechos que no ha podido constatar como algunos
querríamos pero que es imposible por las competencias del Tribunal,
pero es cierto que los tribunales de justicia nos han constatado una
realidad en este caso como en otros y, sin ninguna duda, también lo
harán en otros casos.
Pero yo voy a entrar en el problema de fondo, un problema que tiene
que ver con el informe que presenta el Tribunal sobre la financiación
de los partidos políticos y que con algo que nos está empezando a
poner un poco colorados a los partidos políticos y a esta Cámara.
Hace dos días ha aparecido el informe de la Fiscalía Anticorrupción
en el que se dice que la financiación de los partidos políticos es un
problema muy serio y se propone que la financiación ilegal de los
partidos políticos sea concebida como delito. Esta propuesta la
realiza el fiscal anticorrupción, señor Jiménez Villarejo. La
propuesta que hace el fiscal anticorrupción tiene la lógica que se
deriva de la impunidad, hasta administrativa, en la que se encuentran
los partidos políticos respecto a las actuaciones que son contrarias
a la ley. Y el problema que tenemos es el siguiente: o resolvemos
esas contradicciones que se están produciendo o nos encontramos con
un problema permanente, y es que la fiscalía seguirá diciendo que hay
que perseguir las actuaciones irregulares y que no hay manera de
entrar por la vía de lo penal. Él propone la existencia de delitos;
yo no digo que esté compartiendo ese planteamiento pero sí digo que
es fácil para la fiscalía hacer planteamientos de esas
características si no hay posibilidad de actuación contra los partidos
políticos que actúan de forma irregular en la utilización de los
dineros públicos que se les adjudican.
Dicho esto, entro en la consideración de los problemas. ¿Cuáles son
los problemas? Hay problemas de fondo en esta Cámara. Estamos ya
cansados de aprobar resoluciones que dicen que se apruebe la ley de
financiación de los partidos políticos; lo estamos diciendo
permanentemente. Supongo que el portavoz del Grupo Popular aún
recordará el último debate en el que aprobamos en esta Comisión que
había que seguir hacia adelante. Yo no sé cuándo se va a seguir hacia
adelante porque la iniciativa de las proposiciones que se presentaron
en esta Cámara están muy avanzadas, hay un texto elaborado, pero yo
tengo dudas -sinceramente lo planteo- de que exista voluntad política
de que ese texto se siga tramitando. ¿Y para qué debe seguir
tramitándose? Pues para resolver todos los problemas y para constatar
claramente cuál es la posición política que todos mantenemos sobre el
mismo. Es cierto que el tema del que hablamos tiene suficiente
envergadura en el funcionamiento de un sistema democrático como para
que todos los partidos intenten, con esfuerzo, llegar a un acuerdo.
Eso lo entiendo y estoy de acuerdo con ello, pero con esa premisa
esta Cámara y los grupos políticos que nos encontramos en ella alguna
responsabilidad tendremos, aunque, por supuesto, más responsabilidad
tendrán los que tienen la mayoría en esta Cámara y sustentan al
Gobierno. Lo que no puede ser es que exijamos al Tribunal de Cuentas
que nos resuelva los problemas que parece ser que nosotros no
queremos resolver. Ese es el problema de fondo en el que yo quería
incidir fundamentalmente. El Tribunal de Cuentas nos plantea
permanentemente una serie de problemas, unos mayores y otros menores,
como que no se incluyen las cuentas de todas las organizaciones, y a
pesar de que la Ley de financiación de los partidos políticos ha
mejorado mucho la gestión de las fuerzas políticas sobre la
utilización del dinero público, no se puede pedir a un partido
político mucho más de lo que se le pide a la Administración, porque
tenemos constancia en esta misma Comisión de que ni siquiera todas
las corporaciones locales presentan las cuentas al Tribunal de
Cuentas. Es cierto que plantear, como plantea el Tribunal, porque no
puede hacerlo de otra manera posiblemente, que se incluyan en las
cuentas de los partidos todas las organizaciones hasta las últimas
agrupaciones del último municipio que ni siquiera tiene 250
habitantes es un esfuerzo quizá excesivo, no ya sólo comparando a los
partidos políticos con las administraciones sino también con la
empresa más importante que no tiene ni siquiera que generar una
estructura administrativa para funcionar como tal.
En cualquier caso, habrá que resolver el problema porque si no todas
las informaciones que presenta el Tribunal lo reflejarán
permanentemente, como sucede con el debate sobre la financiación de
los grupos municipales, ya que la ley dice una cosa, los partidos
políticos decimos otra y el Tribunal de Cuentas dice otra. Aun así el
Tribunal sigue el criterio -que a mí me parece muy razonable- de
incluir todas las cuentas de los grupos en la financiación de los
partidos políticos y en consecuencia aparecen unas cuentas según el
criterio del Tribunal, lo que en cualquier caso me parece que es
correcto, pero está sin resolver legamente el problema y siempre
aparecen las mismas alegaciones y los
mismos criterios del Tribunal y en esta Comisión decimos lo mismo,
pero al final ¿quién tiene la culpa? Pues tendremos la culpa los que
estamos en esta Cámara, con la responsabilidad que cada uno tenga,
mayor o menor en función de ostentar o no en estos momentos la
mayoría en la Cámara y en el Gobierno.
Creo que hay que plantearse también cómo es posible que el Tribunal
no pueda actuar y conocer lo que pasa en las entidades financieras y
tenga que acudir a los partidos políticos para que manden cartas a
las entidades financieras para conocer lo que pasa, o cómo es posible
que el Tribunal no pueda intervenir en lo que pasa o fiscalizar las
empresas privadas que se relacionan con los partidos políticos para
financiar una campaña electoral. Y cuando digo financiar me refiero a
las relaciones normales que lógicamente tiene que mantener una
empresa con un partido en el funcionamiento de su actividad para
trabajar en las campañas electorales. Estos problemas generan una
situación, y yo me pregunto qué pasa cuándo los partidos políticos
incumplen la normativa que existe y no hay nada que hacer porque la
ley no prevé la solución a estos problemas. Pero como estamos
hablando de un tema sustancial, fundamental, clave en el
funcionamiento del sistema democrático, me parece que es hora de que
tomemos conciencia de que se debe acelerar el proceso de tramitación
de las leyes, y soy consciente de que son leyes complicadas y
difíciles. En cualquier caso lo que no puede ser es que se siga
manteniendo el problema de la financiación de los partidos políticos,
que fue en su día uno de los temas claves de oposición parlamentaria
de unos partidos contra otros, y siga siendo hoy igual de importante,
aunque sólo sea por la razón sustancial y fundamental de que el
funcionamiento del sistema democrático exige la mayor transparencia y
la mayor claridad en el funcionamiento de los partidos políticos. Y
lo digo porque ya sé que hay problemas de fondo, además de los que
plantea el Tribunal de Cuentas, que no aparecen pero se deducen de
los informes del Tribunal, como la cuestión de las aportaciones
privadas. Hoy casi nadie sabe que las aportaciones privadas pueden
ser ocultas y que hay un porcentaje importante, en mi opinión, de
alrededor de 900 millones por entidad política, que puede ser
perfectamente oculto. ¿Deben mantenerse o no esos criterios? Lo digo
en función del porcentaje total de la subvención global de los
partidos políticos. Yo creo que los ciudadanos tienen derecho a
exigir transparencia y a conocer el posicionamiento político de los
distintos partidos y, por supuesto, a intentar modernizar un
instrumento como la Ley de financiación de los partidos políticos.
Porque aunque es cierto, en mi opinión, que la subvención de los
partidos políticos asciende en el año fiscalizado a 17.000 millones
-una cifra importante, aunque si la comparáramos con otras cifras
podría resultar mucho más pequeña-, y es cierto también que se le
exige al Tribunal de Cuentas un esfuerzo enorme para una cifra quizá
pequeña si la comparamos con el total del gasto público, es bueno e
importante que sepa todo el mundo cuál es la realidad de la
financiación y la voluntad política sobre lo que queremos hacer. La
realidad hoy es que la financiación de cuotas y la financiación
privada de los partidos políticos es ridícula en las cuentas que
presenta el Tribunal de Cuentas, y cuando uno ve esa realidad le
surgen todos los problemas del mundo. Y no quiero dejar a nadie fuera
para que no se piense que esto es un instrumento contra nadie. En el
informe que presenta el presidente del Tribunal, salvo error que haya
cometido yo en los cálculos -que podría ocurrir pero creo que no-, el
Partido Popular tiene en las cuotas un 9 por ciento y en las
donaciones un 2 por ciento; el Partido Socialista un 12,5 en las
cuotas y un 0,5 por ciento en las donaciones; Convergència i Unió un
21 por ciento en cuotas y un 0,2 en donaciones; de Izquierda Unida
sólo he podido detectar un 2,86 en cuotas y del Partido Comunista un
3 por ciento en cuotas en función de los ingresos totales de un
partido político.
Esta es la realidad y cuando uno la ve tiene que decir: clarifiquemos
y pronunciémonos sobre cómo queremos que se financien, la
transparencia que queremos y cuál es el organismo que debe intervenir
para sancionar o no a los partidos políticos si cumplen la legalidad
o si optamos por lo que propone el Fiscal Anticorrupción de que sean
delitos o no determinadas actuaciones de financiación irregular de
los partidos políticos. Pero al margen de estos planteamientos,
mientras esta Cámara no manifieste la voluntad política de resolver
el problema y de querer afrontarlo, estaremos haciendo cumplir al
Tribunal de Cuentas con su obligación, que es cumplir con la ley que
existe en estos momentos, pero nos encontraremos con informes sobre
los partidos políticos que siempre dicen lo mismo. Los partidos
decimos en esta Comisión lo que tenemos que hacer, también todos lo
mismo, pero luego seguimos igual porque volvemos a escuchar el mismo
informe del Tribunal de Cuentas. Y la culpa no es del Tribunal de
Cuentas sino de esta Cámara y de los grupos que estamos en ella,
insisto, cada uno según su responsabilidad y su mayoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): En nombre del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra su portavoz el
diputado señor Santiso.
El señor SANTISO DELVALLE: Gracias al presidente del Tribunal de
Cuentas por su exposición y sobre todo por el trabajo del Tribunal.
Hay que reconocer en primer lugar que el Tribunal de Cuentas, ante la
ausencia de los cambios normativos necesarios, está actuando como
ente impulsor de una normativa casi propia, cuyos criterios va
transmitiendo a los partidos políticos que, en general, los acepta a
la hora de diseñar los métodos de control, la contabilidad que tienen
que llevar e incluso las contabilidades electorales y criterios a la
hora de justificar las aportaciones por gastos electorales. Pero esta
es una función que en realidad, como ya se ha dicho, no debería
corresponder al Tribunal de Cuentas, sino que hay un clamoroso vacío
legal que permite que estén siempre bajo sospecha los partidos
políticos ante la ausencia de los cambios ya imperativos, después de
la Ley de 1987, muy superada por la realidad y por los casos de
corrupción o de desviaciones que se han ido encontrando en estos
años.
Por tanto, nuestro grupo ratifica que es esta Cámara la que tiene que
impulsar inmediatamente que salga adelante el proyecto de ley, y no
comprendemos por qué la ponencia, en la que yo participo, entre
otros, está parada desde hace más de un año a pesar de que los
trabajos habían avanzado bastante. La verdad es que no se nos ha dado
ninguna
explicación, razonable o no, para justificar este parón después de un
trabajo intensivo durante varios meses, que era además prolongación
de la Comisión de Financiación de Partidos Políticos que funcionó en
la legislatura anterior, y después de un trabajo bastante apremiante
durante dos o tres meses. Como digo, nos hemos encontrado con un
parón sin que se haya dado ninguna explicación sobre el porqué de
esta parada, aunque en nuestra opinión sí se detectaba en la
ponencia, que era la falta de consenso, no sólo por los que estamos
sistemáticamente en contra de que haya alguna zona opaca en la
financiación, sino porque parece ser que no había forma de buscar un
criterio para que sobre todo las aportaciones de las empresas o de
los particulares fueran también transparentes y fiscalizables por el
Tribunal de Cuentas. A falta de otra explicación, esa es la única que
encontramos los que hemos participado en esos trabajos, puesto que en
otros aspectos de la ley había bastante consenso, más allá de algún
criterio de fondo acerca de si las aportaciones deben ser
fundamentalmente públicas y si las empresas pueden o no dar dinero a
los partidos. Nuestra opinión es que las personas jurídicas no deben
dar dinero a los partidos, en todo caso los particulares y siempre
con los criterios de transparencia de estas donaciones. Por tanto,
creo que las responsabilidades no se reparten por igual. (El señor
vicepresidente, García Millán, ocupa la presidencia.) Quienes tienen
mayoría en esta Cámara parlamentaria son responsables de tener
paralizados este proyecto y esta reforma puesto que otros partidos
han presentado iniciativas; nuestra fuerza política llegó a presentar
incluso un texto completo de proyecto de ley. Ese proyecto de ley
creemos que tiene carencias. Una parte de lo que hoy está en la Ley
Electoral y que afecta fundamentalmente al gasto más importante de un
partido, las campañas electorales, debería estar integrado también en
el marco de una ley más amplia como es la Ley de financiación de los
partidos políticos.
Dicho esto, es verdad que hay una evolución en las cuentas de los
partidos políticos, que han ido mejorando de manera sustancial su
presentación formal, pero también es verdad y lo demuestra el informe
de Baleares que cuando hay irregularidades normalmente nadie las
refleja en su contabilidad. Desgraciadamente, si hay aportaciones
extrañas, opacas o fuera de la ley se producen lógicamente en bolsas
de deporte y otros mecanismos que no están recogidos en la
contabilidad de los partidos, por lo que es muy difícil o casi
imposible detectarlo salvo cuando entran a investigar los tribunales
con capacidad para llegar hasta el último rincón tanto de las
entidades bancarias que pudieran estar directa o indirectamente
implicadas en esos manejos económicos como, en algunos casos, de las
propias empresas cuando se ha producido financiación por la vía de
realizar gastos, por ejemplo electorales, y luego no son cargados al
partido correspondiente. Solamente se solventarán penetrando en esos
ámbitos la justicia; la ordinaria en el caso de Baleares. Es verdad
que por prescripción no ha habido condena pero se han demostrado los
hechos; por cierto, fue Izquierda Unida de Baleares la que se personó
y efectuó la denuncia correspondiente contra el señor Cañellas por el
caso Sóller.
También compartimos la necesidad de que el Tribunal de Cuentas tenga
competencias más amplias en el sentido
de que sea el propio tribunal el que exija que sea obligatorio
enviarle los documentos acreditativos por parte de las entidades
bancarias en relación con las cuentas corrientes o de crédito que
tengan los partidos políticos, porque si no se da la paradoja de que
es fácil que una carta no llegue o insinuar que no se envíe la
documentación. También se da la paradoja de que en muchos casos quien
realmente contesta a este tipo de demandas sean empresas privadas que
han hecho campañas. Eso puede ir en perjuicio comparativo con
aquellos que consiguen que sus proveedores no envíen la documentación
correspondiente. Normalmente se fiscaliza más al que cumple que al
que no cumple. El que no cumple, con no enviar la documentación,
hablar con la empresa y decirle que esa carta no es obligatoria y que
no conteste, no permite que el Tribunal investigue. Como se pueden
poner ejemplos concretos que han sucedido en esa línea, y puesto que
estamos con las elecciones municipales a la puerta, voy a poner uno.
Hay un partido en Marbella, el del señor Gil, que en las anteriores
elecciones municipales no presentó ningún tipo de contabilidad
electoral, con lo cual la única sanción posible era no recibir la
subvención por voto que le correspondía como lista presentada en el
Ayuntamiento de Marbella. Esa es la única sanción, entre comillas,
que tuvo el señor Gil en Marbella. Como contrapartida, ha podido
gastar lo que haya querido saltándose todos los límites impuestos por
la ley. En la valoración de qué es más rentable, si tener la alcaldía
y, por tanto, la posibilidad de disponer después de todos los
mecanismos a su alcance para recalificar suelo o hacer otro tipo de
operaciones, algunas de ellas en este momento en los tribunales, o
recibir 20 ó 25 millones de pesetas del Estado por subvención
electoral municipal, es mucho más rentable lo primero. Y aquí
seguimos mirando al tendido, diciendo que todo está bien, y no se
cambian las normas. Yo creo que en estos casos habría que ir bastante
más lejos. No puede ser que una persona consiga una alcaldía
incumpliendo flagrantemente la ley y teniendo a su disposición todos
los medios a su alcance para continuar vulnerándola en otros campos
mucho más delicados todavía. Esto no lo hemos acotado, ni siquiera la
propia Ley de financiación -al menos el borrador- contempla estas
situaciones. Pero pongámonos en otra hipótesis. Imaginemos que a una
entidad con poder económico suficiente -en algún momento en este país
hubo alguien que podía haberlo hecho- se le ocurre presentarse a unas
generales y gastarse lo que quiera. Simplemente por el mecanismo de
no presentar la contabilidad electoral no percibe las subvenciones y,
sin embargo, ha invertido para conseguir una representación en otros
ámbitos y ejercer ese poder desde ellos. Creo que es una reflexión
muy seria la que hay que hacer sobre estos temas, incluso llegar a la
inhabilitación para cargo público de aquellas personas que incumplen
este tipo de mandatos porque se está entrando incluso en un problema
constitucional de igualdad de oportunidades de todas las fuerzas
políticas a la hora de presentarse a unas elecciones. Ya me
explicarán cómo es posible competir en un ayuntamiento como Marbella
con alguien que está dispuesto a gastarse 2.000 millones, si hace
falta, en una campaña electoral, frente al resto de fuerzas políticas
que tienen limitado por ley el máximo de gasto electoral. Aquien no
le preocupa la ley no tiene este obstáculo y puede ir poco a poco
conquistando
distintas ciudades para continuar con esos métodos. Algún día
espero que reflexionemos sobre esto y tomemos medidas consecuentes.
Insisto en la necesidad urgente de que la Ley de financiación de los
partidos políticos sea reformada y, por tanto, que todos tengamos
unas reglas de juego transparentes, que no juguemos con doble rasero
y que al mismo tiempo se garantice el derecho constitucional de
cualquier fuerza política a competir en igualdad de condiciones. Por
tanto, estudiemos también la implicación que tiene la apertura
ilimitada de subvenciones a empresas que legítimamente pueden tener
otro tipo de intereses pero no precisamente políticos.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por el grupo parlamentario
Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Quiero agradecer la comparecencia del
presidente del Tribunal de Cuentas para informar de los distintos
puntos del orden del día.
Voy a hacer unas mínimas valoraciones sobre los comentarios hechos
por los dos portavoces que han intervenido antes. Estoy totalmente de
acuerdo en la problemática de la financiación de los partidos
políticos. Sin duda este es un problema que tenemos y que nos
preocupa, pero creo que éste no es el trámite oportuno para hacer
esas reflexiones, aunque se pueden hacer. Desde un punto de vista
práctico, entiendo que no sería éste el canal adecuado por ser la
Comisión Mixta la que analiza los informes del Tribunal de Cuentas.
Aunque no estamos debatiendo lo que puede ser esta Ley de
financiación de los partidos políticos, me sumo a la preocupación
manifestada por los dos portavoces intervinientes. Creo que se
debería avanzar definitivamente, pues es vergonzoso que estemos
todavía en estas pugnas políticas y de partidos que privan de que se
alcance el acuerdo necesario para que se pueda tramitar. Me adhiero
a esa preocupación y a las reflexiones serias que se han hecho, pero
repito que lo que hoy estamos analizando es el informe que ha hecho
el Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos
políticos de un año determinado y yo me voy a referir exclusivamente
a ello de una manera muy breve, porque, entre otras preocupaciones
manifestadas hasta ahora, a mí me sigue preocupando que estemos
viendo un informe del año 1994. Me atrevería a decir que casi no vale
la pena analizarlo, pues está perdiendo valor el informe presentado y
las consecuencias. O avanzamos más en el tiempo o estos informes se
nos quedan desfasados.
No obstante, añadiré un par de cuestiones que observamos. La primera
es que la mayoría de los estados financieros anuales de 1994 que
refleja el Tribunal de Cuentas se corresponden con los previstos en
el Plan general de contabilidad. Dejemos esta constancia. la segunda
es reiterativa y es que en general no se incluye en la actividad de
ámbito local y por tanto no se contabiliza la totalidad de los
recursos procedentes de las aportaciones de las corporaciones
locales. Esto me suscita una sola pregunta al Tribunal de Cuentas, en
este caso en la persona de su presidente, y es si esta no inclusión
es reiterativa -yo creo que en todos los informes que hemos venido
analizando del Tribunal serefleja su no inclusión- y si existe, por
tanto, discrepancia
entre los partidos y el Tribunal a la hora de exigir esta
contabilidad o esta inclusión de partidas de las corporaciones
locales.
Con su permiso, señor presidente, voy a aprovechar el turno para
comentar brevemente las dos fiscalizaciones hechas en Baleares. Seré
sumamente conciso. Respecto a la federación de partidos de Alianza
Popular-Partido Popular no voy a entrar de manera detenida porque
creo que son suficientes las conclusiones del informe. Es cierto que
la legislación vigente tiene limitaciones en cuanto al tipo de
fiscalización porque sólo la puede hacer desde un punto de vista
externo y no puede hacer comprobaciones directas internas. Se viene
manifestando en éste y en los otros informes la nula justificación de
1989, pero deberemos aceptar como válido que no se aporten los
justificantes dado el tiempo transcurrido, por lo que no hay más
remedio que aceptarlo. Por tanto, yo no extraigo ninguna conclusión
marginal a las del Tribunal en cuanto a la federación de partidos de
Alianza Popular-Partido Popular. Hay situaciones judiciales en curso
o finalizadas y sin duda deben servir para que se sigan, se analicen
y se apliquen, pero esto queda al margen de lo que se deduce del
informe del Tribunal. Lo mismo me sucede en lo que respecta a
Izquierda Unida y al Partido Socialista de las Islas Baleares. Del
primero viene a decir que sólo actúa a través de un libro auxiliar,
que queda fuera totalmente en 1989 y que refleja en 1992 una cierta
mejoría. Amí me da la impresión de que existe poca entidad financiera
contable. Tiene más la del Partido Socialista, es más compleja, es de
mayor envergadura. También desaparece en 1989. Decía el presidente
que falta concordancia interna. Me llama la atención la cuantía de
256 millones de subvenciones extraordinarias necesarias para
satisfacer deudas afloradas de ejercicios anteriores. En general,
señor presidente, señorías, mis comentarios son mínimos por entender
que de los informes se deducen pocas cosas más de las que el Tribunal
de Cuentas refleja.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Tiene la palabra el diputado
de Coalición Canarias señor Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente del
Tribunal de Cuentas por su comparecencia y muchas gracias también por
el informe que ha rendido sobre fiscalización de la contabilidad de
los partidos políticos en el ejercicio de 1994. Aunque se han tratado
tres informes, yo me voy a referir, con brevedad, al de los partidos
políticos. Partidos políticos que tan necesarios son para la
democracia y que están sufriendo hoy día severas críticas no
solamente en nuestro país sino en todo el Occidente; críticas que se
refieren a determinados vicios de funcionamiento, por ejemplo
campañas electorales adelantadas, transfuguismos, corruptelas,
etcétera. Basta leer los periódicos todos los días para que veamos
que existe una gran preocupación de la sociedad por la marcha
política de los partidos. También existen críticas a la Ley de
financiación de los partidos políticos, de 1987, que regula
específicamente el aspecto económico-financiero y contable de estas
formaciones pero que ha demostrado desde su promulgación que es
necesaria su modificación, su modernización.
Pero no estamos aquí hoy para tratar este tema; para eso existe una
subcomisión especial. Nosotros estamos aquí hoy para ver el informe
del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos
políticos. Hay que reconocer que en las formaciones políticas del
Estado español se ha avanzado mucho gracias a los informes del
Tribunal de Cuentas, que es el único órgano competente para la
fiscalización externa de los partidos políticos, como señala el
artículo 11 de la Ley de 1987. La Ley de 1987, sobre la que no voy a
entrar ahora en críticas, tiene algunas lagunas que permiten que haya
municipios que no contestan, cabildos y diputaciones insulares que no
remiten las documentaciones pertinentes, entidades bancarias que no
responden a las circularizaciones, municipios que creen que están en
un reino de taifas absolutamente independiente; existen malos
criterios en la llevanza de la contabilidad y en la aplicación de sus
principios, como la imputación de intereses, condonaciones de
intereses y de capitales de entidades bancarias y cajas de ahorro,
con los consiguientes peligros que pueden sobrevenir por una
influencia de esa entidad sobre el partido político a posteriori,
etcétera. Aquí se ha hablado hoy muchísimo de estos errores, que
existen y que el Tribunal de Cuentas ha señalado en este informe,
como yo he enumerado.
Coalición Canaria tiene que decir que está de acuerdo con este
informe pese a los aspectos negativos que se señalan a la formación
política que represento. En el año 1994 la situación contable -ni
siquiera se presentaron alegaciones- era verdaderamente lamentable.
Tengo que decirlo así no porque yo sea auditor de cuentas, sino como
diputado y como súbdito de este Estado. Es incomprensible que no se
depure más la información contable y financiera de cualquier grupo
político, aunque sea el mío, y tengo que criticarlo; no me queda otra
alternativa. Tengo que aplaudir los detalles, los aspectos negativos,
las debilidades que señala el Tribunal de Cuentas en las
conclusiones. Me gustaría tener hoy aquí las alegaciones de Coalición
Canaria sobre esas deficiencias, pero como no se presentaron en el
año 1994 no puedo tenerlas. En reuniones que he tenido la semana
pasada con el Gobierno de Canarias expuse que a pesar de que mi tez
sea morena me iba a poner muy colorado hoy en la defensa de Coalición
Canaria sobre el ejercicio de 1994. Señor presidente, tengo que
exponer las ventajas del magnífico funcionamiento del Tribunal de
Cuentas con los medios que tiene. Estos informes han servido para la
adopción de medidas en materia organizativa y de relevo de personal
responsable en la formulación y presentación de las cuentas para que
esta situación no se dé en este ejercicio, porque comprenden que no
es lo más democrático no presentar transparencias y una realidad
contable, económica y financiera. Por todo ello, decimos con toda
claridad que felicitamos al Tribunal de Cuentas y que vemos con
criterio muy favorable el informe de fiscalización de la contabilidad
de los partidos del Estado español en el ejercicio 1994.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Para la intervención por
parte del Grupo Popular se ha pedido un turno compartido.
En primer lugar, tiene la palabra el diputado don Diego Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Quisiera saludar al presidente del Tribunal
e intervenir en relación a los informes de la contabilidad de los
partidos políticos en las Islas Baleares. Es un tema sobre el que se
ha pasado un poco de puntillas por parte de los grupos que instaron
este trabajo del Tribunal de Cuentas, pero yo creo que conviene
hablar de dicho trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas en las
sedes de los partidos políticos en Baleares, y ello sin utilizar
argumentos retóricos ni maniobras de desvío de la financiación de
partidos, de las leyes necesarias, de la reforma de la Ley del
Tribunal de Cuenta, de la reforma de la Constitución o de la reforma
de la Declaración de Derechos Humanos, sino yendo al apartado
concreto de cuál fue el motivo que originó que por parte de Izquierda
Unida y del Grupo Socialista se instara esta auditoría específica de
las cuentas del Partido Popular en las Islas Baleares. El motivo
concreto fue una acusación de financiación irregular y de utilización
de una financiación privada en la contabilidad del Partido Popular en
las Islas Baleares. Por tanto, en lo que tenemos que centrarnos es en
determinar si el informe del Tribunal de Cuentas, en relación a la
petición concreta que se hizo, pone o no de manifiesto una
financiación irregular del Partido Popular en las Islas Baleares. Yla
conclusión contundente de este informe -y conviene que quede claro
que es una conclusión contundente- es que no consta la existencia de
financiación irregular en la sede regional del Partido Popular en
Baleares.
El informe ofrece los resultados de un pormenorizado análisis de los
estados contables de la sede regional y de su integración en los
estados contables de toda la formación política elaborada por la sede
central del Partido Popular; se describen una serie de deficiencias
que ha detectado el Tribunal, como la carencia de un inventario
detallado, la no aplicación del principio de devengo, la no dotación
de amortizaciones, la inadecuada clasificación contable de
determinadas partidas o la inclusión, de lo que tenía que ir en unas
cuentas, en otras o partido en varias. Sin embargo, todas estas
deficiencias no afectan a la representatividad de los estados
financieros ni impiden llegar a la conclusión ni afirmar al Tribunal,
en función de lo que fue objetivo primordial de la fiscalización y de
lo que acordó esta Comisión, que no consta la existencia de
incumplimientos legales en cuanto a la financiación de la sede
regional.
Se menciona la percepción de subvenciones entregadas por las
corporaciones locales y el otorgamiento de subvenciones de pequeña
cuantía a la organización juvenil de Nuevas Generaciones, pero, en
cualquier caso, son financiaciones sobre las que se ha alegado
reiteradamente que no incumplen la Ley 3/1987, aunque compartimos el
criterio del Tribunal respecto a la carencia legal. Sin embargo, en
ningún momento se ha constatado la existencia de financiación privada
que incumpliera lo regulado por la Ley de financiación de partidos
políticos.
Las deficiencias contables son frecuentes en todas las formaciones
políticas, y así se pondrá de manifiesto al hablar del informe del
Tribunal sobre la contabilidad de partidos políticos y coincide con
lo que otros informes anteriores del Tribunal mantenían. Sin embargo,
sí se resalta en el informe del Tribunal que la incidencia en los
estados analizados es poco significativa, entre otras cosas por la
reducida cuantía de los saldos de que estamos hablando.
El Tribunal de Cuentas ha constatado, y esta es otra de las
conclusiones claras del informe, que los estados contables
disponibles del ejercicio analizado mantienen una estructura y unos
saldos homogéneos y de lógica continuidad -y en este concepto nos
referiremos posteriormente a otras conclusiones del Tribunal- con
ejercicios posteriores, lo que se recoge expresamente en las
conclusiones.
Por otra parte, ha realizado comprobaciones complementarias a partir
de los extractos bancarios y de la información facilitada por las
entidades financieras, llegando a identificar la mayor parte de los
ingresos registrados en dicho ejercicio, no detectándose en ningún
caso ningún supuesto de financiación irregular. Por tanto, esta es la
conclusión que creo que queda de manifiesto en el informe del
Tribunal y hacemos una pregunta expresa al presidente del Tribunal.
Esta Comisión le pidió al Tribunal que buscará rastros de una
financiación irregular en la sede del Partido Popular en Baleares y
la pregunta que hacemos al presidente del Tribunal es: ¿se ha
encontrado algún rastro de financiación irregular en la contabilidad
de la sede del Partido Popular en Baleares?
Respecto a las referencias que hacía a la contabilización de las
aportaciones privadas, que se recogen en la página 24 del informe,
estamos de acuerdo en que parece que hay un error de contabilización,
pero el conjunto de la partida de ingresos, de 4.538.500 pesetas, se
deduce de otra serie de cuentas, por lo que es transparente la
comprobación del Tribunal, aunque pueda haber un error de asignación
de cuentas o de partidas contables.
Si de este informe de la sede regional del Partido Popular de
Baleares pasamos al informe emitido por el Tribunal sobre la sedes
regionales de los distintos partidos, la primera conclusión, en
lenguaje vulgar y utilizando un viejo dicho, sería que aquí
comprobamos una vez más que se puede ir por lana y salir trasquilado.
Lo único que pediríamos, no al Tribunal, puesto que lo recoge en su
informe, pero sí al partido político responsable de ello, es que debe
dar una explicación de cómo es posible que aparezca una cuenta con un
banco, con una deuda de 32.031.283 pesetas, que es cancelada por la
entidad de crédito con un concepto, creo, equivocado por la propia
entidad, porque el concepto no puede ser traspaso a morosos orden
Banco de España; en todo, caso, probablemente sea traspaso a morosos
circular Banco de España, en función de que si quien era responsable
del Banco de España en el año 1989 dictó una orden de estas
características, tenemos que llegar a otras conclusiones, por lo cual
suponemos que ha habido un error en el banco y que no se trata de una
orden del Banco de España sino de la aplicación de una circular del
mismo. Pero lo cierto es que aparece una condonación de 32.031.283
pesetas sin que conste -y en esto el Tribunal ha sido bastante
amplio- no sólo allí sino en las cuentas centrales del partido la
entrega de fondos por parte de la formación política para su
cancelación. Creo que es un hecho que requiere una explicación.
De la misma forma que quizá requiera una explicación, y enlazo con el
comentario del Tribunal de que había una homogeneidad y una
correlación entre las distintas partidas de las cuentas del Partido
Popular con la partida de acreedores que se recoge en la página 28
del informe, ya que figura al final del ejercicio de 1995 una partida
de acreedores,
suministradores o proveedores del Partido en Baleares de 256 millones
de pesetas. Se llega a una transacción para liquidar esta partida de
136 millones de pesetas, pero cuando se comprueban las cifras del
balance y de la cuenta de resultados de los distintos ejercicios las
cantidades que aparecen registradas como proveedores, suministros
exteriores, es decir compras en el exterior o suministros de
servicios recibidos del exterior, no cuadran en sus cuantías con una
partida tan importante de acreedores por este volumen, y con la
experiencia que nos da -o puede dárnosla- a muchos de los diputados
presentes en esta Comisión la administración y la organización de
partidos políticos en circunscripciones provinciales, la verdad es
que no cuadra un volumen de gastos con proveedores de esa naturaleza
con lo que es habitual en el volumen de gastos que con proveedores
tiene una organización regional de un partido.
Por tanto, las conclusiones que sacamos de estos dos informes son que
no consta en modo alguno ningún tipo de financiación irregular en el
Partido Popular en las Islas Baleares; constan en las cuentas del
Partido Socialista de las Islas Baleares dos partidas que nos llaman
la atención, de un lado, porque una condonación pura y simple es un
ingreso no previsto en la Ley de financiación, no corresponde a una
transacción, y, de otro, porque la suma de las partidas con
proveedores es totalmente incoherente con el resto de la contabilidad
del propio partido político.
Nada más, señor presidente. (El señor Gimeno Marín pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Un momento, señor Gimeno.
Para finalizar este turno que está haciendo el Partido Popular sobre
el informe de fiscalización de los partidos políticos falta la
intervención del diputado del mismo grupo don Luis Ángel Fernández,
que tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Mi grupo ha querido dividir esta
intervención para no mezclar los dos temas, el de Baleares y el de la
contabilidad general de los partidos. Va a ser una intervención muy
breve porque queremos transmitir a la sociedad un solo mensaje, que
los fondos públicos que reciben los partidos políticos, en líneas
generales, se están administrando correctamente. (El señor
vicepresidente, Álvarez Gómez, ocupa la Presidencia).
Digo esto por las apreciaciones del informe de fiscalización del
Tribunal de Cuentas. Es verdad que hay problemas con la contabilidad
de las subvenciones que reciben los grupos de las entidades locales,
que existe una contradicción en la propia normativa, ya que la Ley
Orgánica 3/1987, de financiación de partidos políticos, no obliga a
incluir dicha contabilidad en la general de los partidos, pero
también es verdad que el artículo 2 de la misma ley no contempla
estas subvenciones que reciben los grupos municipales y, por tanto,
carecen de un amparo legal, son contradicciones que deben resolverse
en una futura ley de financiación de partidos políticos, donde se
incluya también, hasta donde sea posible -evidentemente hay ámbitos
locales tan pequeños y reducidos, de 100, 200 ó 300 habitantes, que
incluirlo en la contabilidad general de los partidos es bastante
complejo-, todo lo que se refiere al ámbito local. Debería incluirse
de alguna forma en la contabilidad
general de los partidos siguiendo las recomendaciones del
Tribunal. En cualquier caso, estamos ante una contradicción legal
porque estas subvenciones carecen de un amparo expreso en el artículo
2 de la Ley 3/1987 y, por tanto, tampoco se obliga a incluir dichas
contabilidades en la contabilidad general de los partidos.
Hay otras cuestiones, como las transacciones amistosas entre los
partidos y las entidades bancarias o con los proveedores, de
condonaciones de deuda, que tampoco son sistemas de financiación.
Esas transacciones amistosas que se producen entre los partidos y las
entidades bancarias son muy comunes en la vida privada, ahorran
muchos pleitos, pues a veces el proveedor o la entidad bancaria
prefieren reducir en parte la deuda o los intereses. Lo importante de
todas estas operaciones es que sean totalmente transparentes, no sólo
que se sepa cuál es la cantidad en la que se pueden reducir intereses
o condonar una parte de la deuda, sino que esa transparencia opere
para que no sea a cambio de algo, sino sencillamente una solución
privada que ahorra muchos pleitos. Muchas veces es difícil ponerse de
acuerdo entre lo que reclama el proveedor y lo que realmente debe el
partido político, y hay que regularizar esas cosas desde el punto de
vista de la transparencia. Son problemas dentro del informe que a
nuestro modo de ver no desdicen que podamos transmitir que lo que son
fondos públicos o subvenciones que reciben los partidos políticos se
administran y se contabilizan correctamente.
Todas estas cuestiones que se plantean, de condonaciones de deuda, de
transacciones privadas entre partidos, entidades bancarias o
proveedores, de todo lo que es la regulación de los ámbitos locales,
de las subvenciones que reciben los grupos municipales, hay que
llevarlas a cabo dentro de una clara ley de financiación de partidos
políticos. Nosotros tendremos una parte alícuota de culpa pero
compartimos el interés que han manifestado el resto de grupos
políticos en general por dicha ley, y si lo que hay que hacer es
desatascarla porque lleva un año congelada, habrá que llevarlo a
cabo, pero no consideramos que tengamos más responsabilidad que
nadie. No sería bueno que un Gobierno o que una mayoría parlamentaria
entrara a regular el funcionamiento de los partidos políticos. Parece
más lógico que todo este tipo de cuestiones, y una parte importante
del funcionamiento de los partidos políticos es su financiación, se
haga con un consenso lo más amplio posible. Por tanto, cuando no se
ponen de acuerdo los grupos políticos, como mínimo habrá que afirmar
que todos tenemos una parte alícuota de culpa. Lo que tenemos que
hacer es manifestar esa voluntad y ponernos a trabajar para
desatascar esa ley de financiación de partidos políticos que debe
resolver todos esos problemas.
Se han hecho algunas apreciaciones desde el Grupo Socialista que nos
han causado alguna sorpresa. Nos referimos a todas las cuestiones de
la Ley de funcionamiento del propio Tribunal de Cuentas, que es obvio
que no hicimos nosotros y que si hay que corregirla habrá que
hacerlo, pero que no puede sorprender este año, como tampoco es culpa
nuestra que no estén reguladas las aportaciones privadas. No nos
parecen aceptables los totum revolutum. Cada cual tiene sus
responsabilidades. En concreto, en nuestro grupo político puede haber
habido cuestiones puntuales muyreprobables. Está por ver si esas
cuestiones puntuales
reprobables sirven para financiar el partido o han servido para
financiar los bolsillos particulares, pero lo que está claro es que
nuestro grupo político nunca ha sido condenado por organizar una
trama de empresas para financiarse ilegalmente, como han sido otros
grupos políticos. Cada uno tiene que ser responsable de lo que ha
hecho.
Para concluir, coincidimos con los análisis que se han hecho desde
Izquierda Unida. En el caso puntual de Gil llamarle partido político
es mucho llamar; es una empresa inmobiliaria que se acaba de meter en
política, porque probablemente sea mejor, como empresa inmobiliaria,
para controlar determinados ayuntamientos, que personalmente lo
padece una comarca como la mía, en ciudades como La Línea, en la que
se ve un abuso y un exceso de gastos electorales. Por ejemplo, nada
más llegar a esta población se adquiere en pleno centro de la
localidad unos grandes almacenes de cuatro plantas y 5.000 metros
cuadrados y se regalan zapatillas, turrones en Navidad, todo lujo de
videos, etcétera. En definitiva, son unos medios que influyen en los
resultados electorales, guste o no, y que no hay manera de atajar,
porque les basta con no presentar la contabilidad electoral después,
y renuncias a los 20 millones que les podían tocar como subvenciones
estatales, pero el daño ya está hecho, porque el daño es cómo se
pueden utilizar medios que a vuela pluma superan los 1.000 millones
de pesetas en poblaciones de 50.000 habitantes, como es el caso de La
Línea. Esta situación es imposible de corregir desde los partidos
políticos que ser rigen por una reglas del juego normales y que
obviamente rechazan estos medios de financiación que sí puede tener
una empresa inmobiliaria a la cual le interese controlar
instituciones políticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Concluido el debate, se abre
un turno para que los diputados puedan formular escuetamente las
preguntas o las aclaraciones que estimen oportunas sobre la
información que se ha facilitado anteriormente. ¿Algún grupo
parlamentario quiere intervenir?
El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, yo doy por supuesto que las
preguntas están hechas al presidente del Tribunal. Sólo busco el
momento adecuado para contestar a las alusiones serias que se ha
hecho por algún portavoz de algún grupo político, concretamente por
el señor Jordano y alguna otra que se acaba de hacer por el otro
portavoz del Grupo Popular. La única duda que tengo es si las
contestaciones las hago después o antes de que el presidente del
Tribunal de Cuentas conteste a los partidos políticos. Me ha parecido
que se han hecho alusiones importantes y graves, que tengo que
contestar.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Señor Gimeno ¿Se refiere a
alguna alusión personal?
El señor GIMENO MARÍN: No sé si se puede confundir lo personal con el
partido político al que pertenezco, pero sí, y además se me han
pedido y exigido aclaraciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Tiene la palabra para
contestar a las preguntas y aclaraciones
que han hecho los distintos grupos parlamentarios el presidente
del Tribunal de Cuentas.
El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, para una cuestión de orden.
¿Me dará luego la palabra para contestar a las alusiones?
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Señor Gimeno, contestaremos
a su petición más tarde.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba):
Realmente no se han hecho preguntas muy concretas a este presidente
sino consideraciones de tipo general, y, como alguien ha apuntado, no
parece que sea este el lugar para discutir estos problemas, pero, una
vez más, esta presidencia quiere poner de manifiesto que la
institución está plenamente dispuesta a colaborar con esta Cámara. En
este sentido, en relación a la observación hecha por el señor Gimeno
sobre qué limitaciones deberían de salvarse, precisamente a la
Comisión de financiación de los partidos políticos ha acudido la
ponencia que lleva este tema dentro del Tribunal y si fuera necesario
y lo estimaran oportuno estaríamos dispuestos a colaborar en todo lo
posible. En efecto, las limitaciones se señalan en los informes; al
circularizar hay que hacerlo a través del partido, y si el partido
circulariza o no contesta o no la entidad, no hay recursos para
eliminar esa limitación, no hay la posibilidad de entrar en las
empresas privadas. No olvidemos que los partidos políticos son
asociaciones privadas, no pertenecen al ámbito de la organización del
Estado, aun cuando tienen una relevancia político-social, y entonces
hay que aplicar la Ley orgánica y la Ley de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas. En este orden de consideraciones no cabe la
menor duda de que si la Ley de financiación en sus artículos 4 y 5
señala unas limitaciones y el 7 unas sanciones equivalentes al doble
de la aportación ilegalmente aceptada, hay que reconocer que la ley
no configura ni el órgano sancionador ni el procedimiento para
llevarlo a cabo. Es un hecho que si hay financiación ilegal, no hay
un procedimiento para imponer la multa. Por otra parte, ha hecho
también alusión al informe de la Fiscalía. En efecto, no está
configurado el delito por financiación ilegal. Sí lo están las
acciones punitivas, como la falsedad en documento público, delito
fiscal o cohecho.
Dentro de estas consideraciones hay dos ámbitos, uno que pertenece al
carácter sociopolítico, de entender que la dificultad de exigir
responsabilidades individuales y de sancionar puede restar
credibilidad a las formaciones políticas, que podían entender, como
creo que es unánime, que es preferible que cada palo aguante su vela
y que una acción individual sea perfectamente punible y perseguible,
y salvar la credibilidad de las formaciones políticas que expresan el
pluralismo político, concurren a la formación de la manifestación de
la voluntad popular y son instrumentos de participación política,
pero, como todos sabemos, lo fundamental es su credibilidad. Es un
tema que a ustedes como parlamentarios les corresponde valorar; a mí
como presidente de la institución me corresponde decir que si esta
denuncia muchas irregularidades y estas no llegan a plasmarse en
responsabilidades exigibles, de cara a la eficaciade la institución
denunciando las mismas hay que
reconocer que le resta credibilidad y aceptación social a la
institución que es el Tribunal de Cuentas. Esa falta de credibilidad
se puede transmitir al resto de la función que hace el Tribunal y no
cabe la menor duda de que el tema de la financiación y los recursos
económicos a los partidos políticos es mínimo en relación a todo el
resto del ámbito fiscalizador del Tribunal.
En cuanto a otras observaciones, concretamente el señor Carrera
pregunta si esto del ámbito local es reiterativo. Pues sí lo es, se
viene reiterando en todos los informes. En cuanto a que se trate de
una fiscalización del año 1994, lo voy a reservar para el final, para
informarles a ustedes de cómo está el plan de presentación de
informes a esta Cámara. No sé si aquí, al tratarse del tema local,
convendría que esta presidencia hiciera mención a una ley reciente,
reguladora de las bases de régimen local, que modifica el artículo
73.3, que prevé la financiación a los grupos locales, sin
cuantificarlos, y que lleven una contabilidad que pondrán a
disposición del pleno de las corporaciones locales. Hasta que no
llegue a fiscalizarse ese año no se le podrá dar entrada a este
precepto, pero, en todo caso, obligará al Tribunal a hacer un estudio
sobre si una ley ordinaria puede incidir en una ley orgánica y además
específica, como es la Ley sobre financiación de los partidos
políticos. Comprenderán que una institución como es el Tribunal tiene
que hacer examen de legalidad y, por tanto, no anticipo nada.
En cuanto a otros temas que se han planteado, concretamente la
pregunta del señor Jordano, esta presidencia no puede decir más que
lo que dice el informe, que es que no se han constatado
incumplimientos en la Ley sobre financiación de los partidos
políticos en relación con los recursos financieros contabilizados y
dispuestos por la sede regional de la formación política. No puedo
decir más que lo que dice el informe.
En cuanto a la información ya un poco más general, y quizá esto
responda también un poco a la preocupación que ha mostrado el
parlamentario por Canarias, que ha hecho una autocrítica, que siempre
es saludable, tengo que decir que dentro de lo que se viene
observando en el Tribunal de Cuentas en todos estos años hay una
colaboración por parte de las formaciones políticas, tanto de las
sedes centrales como de las organizaciones territoriales, muy
positiva y sería mucho más eficaz si estas limitaciones
desaparecieran. Se ha mejorado mucho la información, los estados
financieros, el plan de contabilidad, la calidad de la información,
los procedimientos contables y el control interno, si bien hay
limitaciones, como la falta de respuestas de las entidades
financieras, que ya se ha apuntado.
Para responder y al mismo tiempo hablarles de la situación de los
informes, tengo que decirles que el primero en lamentar este retraso
es el presidente del Tribunal, pero hay unas prioridades y también
hay una escasez de medios en relación con los otros trabajos del
Tribunal. Está previsto que el pleno apruebe el próximo informe, el
de 1995, este mes de mayo. En cuanto al informe de 1996 y 1997, ya
está realizada la labor de auditoría, la que llamamos de campo,
y próximamente se enviará para alegaciones a los partidos políticos, si
bien se tramitará separadamente ante esta Cámara.
Esperamos terminar estos informes de 1996 y 1997 antes de entrar con
la contabilidad electoral con motivo de
las próximas elecciones del día 13 de junio, que tienen siempre
carácter prioritario porque están ligadas a los libramientos para las
subvenciones. Precisamente para estas elecciones el pleno aprobó el
28 de abril unas directrices sobre contabilidades electorales que ha
comunicado a todas las formaciones políticas.
Apartir de la remisión de estos anteproyectos de la contabilidad
electoral, se iniciará la fiscalización de 1998 y, si se han rendido
cuentas, también la de 1999. Se pretende de este modo alcanzar la
plena actualización de la fiscalización de esta actividad y ponerse
al día en ella.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Muchas gracias, señor
presidente.
Concluido el debate entre los distintos grupos parlamentarios, se
abre un pequeño turno, por un tiempo máximo de cinco minutos para
cada portavoz, en aplicación del artículo 203 del Reglamento, para
formular las observaciones que sobre la cuestión cada grupo
parlamentario estime conveniente.
En primer lugar, por el grupo parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Gimeno, a estos exclusivos efectos.
El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, no he entendido muy bien:
¿observaciones a las declaraciones del presidente del Tribunal?
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Así es, señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Mi grupo no tiene nada que observar a la
intervención del presidente del Tribunal. Sigo diciendo a la
Presidencia que pretendo intervenir, si me da la palabra, para
contestar a las alusiones que han hecho los portavoces del grupo
parlamentario Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Señor Gimeno, sabe
perfectamente S.S. que el artículo 71 del Reglamento se refiere
exclusivamente a las alusiones de tipo personal.
El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, ya ha habido precedentes en
esta Comisión por parte del presidente anterior. Ojalá estuviera el
otro presidente para que pudiera amparar a este grupo. (Risas.) La
Presidencia no debería haber permitido las intervenciones que se han
producido contra mi grupo, y no en las intervenciones relacionadas
con el presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Señor Gimeno, ratifico lo
que le he dicho anteriormente.
En ese caso, damos por concluido este punto del orden del día.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN
DEL GRUPO EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTAS, S. A. (ENAUSA). (Número de
expediente Congreso 251/000063 y número de expediente Senado 771/
000062)
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Pasamos al punto 8 del orden
del día: informe de fiscalización de las principales fuentes de
financiación del grupo Empresa Nacional de Autopistas.
Para la presentación del informe, tiene la palabra el señor
presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): La
fiscalización de las principales fuentes de financiación del grupo
Empresa Nacional de Autopistas, S. A. -en adelante, Enausa- relativa
al ejercicio 1995, se ha realizado por iniciativa del pleno del
Tribunal de Cuentas y ha tenido como objetivos, en primer lugar,
verificar que las cuentas representativas de las principales fuentes
de financiación del grupo Enausa consolidado se presentaron
adecuadamente y cumplieron los principios y normas de contabilidad
que les eran aplicables; en segundo lugar, comprobar el cumplimiento
de la legalidad vigente en las operaciones de endeudamiento
financiero del grupo, teniendo en cuenta la legislación específica
aplicable a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje; en
tercer lugar, analizar los procedimientos de gestión financiera de
las entidades objeto de la fiscalización.
En 1995, el grupo Enausa se encontraba integrado por la matriz
Empresa Nacional de Autopistas, S. A., -Enausa-, con capital
íntegramente estatal, las cuatro sociedades filiales dedicadas a la
construcción, gestión y explotación de autopistas de peaje del
Atlántico, astur-leonesa, de Galicia y de Navarra, y las dos
sociedades de prestación de servicios auxiliares a las anteriores. La
actividad principal de Enausa como sociedad matriz es la dirección y
coordinación de la gestión de sus sociedades filiales y la
implantación de políticas comunes, así como la gestión de la deuda
externa y de la tesorería de las empresas del grupo, no desarrollando
ninguna actividad de explotación significativa, ya que la
construcción y explotación de las autopistas de peaje corresponde a
sus sociedades filiales.
En cuanto a los principales resultados obtenidos en la fiscalización
y en relación con el primer objetivo antes mencionado -la
representatividad de las cuentas anuales-, el informe anual concluye
que los saldos de las cuentas fiscalizadas correspondientes a las
principales fuentes de financiación del grupo son representativos de
las operaciones que las integran, si bien se exceptúan algunos saldos
y se hace expresa advertencia de que las memorias de Enausa, Audasa
-Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S. A.- y Aucalsa
-Autopista Concesionaria Astur-leonesa, S. A.- no aportan información
sobre el origen y contenido del concepto contrapartida SWAP ni sobre
la existencia y detalle de los contratos de permuta financiera
mantenidos a 31 de diciembre de 1995, lo que origina que las cuentas
anuales resulten de difícil comprensión para los terceros
interesados.
Por otra parte, se destaca como hecho significativo que la sociedad
Aucalsa no ha registrado en cuentas ni provisionado la deuda de 599
millones de pesetas a favor de la Hacienda pública, como consecuencia
del acta levantada en el ejercicio 1995 por declaración de bases
imponibles en el impuesto sobre sociedades del ejercicio 1990
inferiores a las estimadas por Hacienda. Concretamente, Aucalsa
registró y provisionó en el ejercicio 1990 las comisiones por
aseguramiento del tipo de cambio al 6 por mil, cuando a partir de
dicho año, por Decreto 210/1990, de 16 de febrero, pasaron a ser del
2 por mil. Aunque la sociedad fue eliminando de forma paulatina el
exceso de provisión existente hasta hacerlo por completo en 1994,
Hacienda considera que dicho exceso debió computarse como incremento
patrimonial de 1990. El acta fiscal citada fue recurrida por Aucalsa.
En lo referente al análisis y evaluación del control interno, se
concluye en el informe que los procedimientos existentes para el
control de la ejecución y registro de las operaciones de financiación
de Enausa, Audasa y Aucalsa, así como de las operaciones de inversión
de los recursos excedentes que pudieran existir de forma temporal,
son adecuados en líneas generales y se cumplen. Igualmente son
adecuados los procedimientos existentes para la custodia de los
fondos de tesorería y las inversiones financieras propiedad de las
mencionadas sociedades, así como su cumplimiento. Se han observado,
no obstante, algunas deficiencias y debilidades que se relacionan en
el informe.
Entre los resultados obtenidos en relación con el segundo objetivo de
esta fiscalización -cumplimiento de la legalidad vigente aplicable a
las operaciones de endeudamiento financiero del grupo Enausa-,
destacan los siguientes incumplimientos. Audasa no alcanzó el
porcentaje mínimo legal exigido de recursos ajenos procedentes del
ahorro exterior, situado en el 45 por ciento del total de recursos
movilizados, resultando su porcentaje efectivo, a fin de ejercicio,
del 39,2 por ciento. Por su parte, Aucalsa incumplió el porcentaje
mínimo legal de recursos ajenos procedentes del ahorro exterior,
situado en este caso en el 40 por ciento de los recursos
inmovilizados, que sólo fue del 12,6 por ciento, e incumplió también
el porcentaje máximo legal de endeudamiento en el mercado interior,
que no debía superar el 40 por ciento del total de los recursos
movilizados, a pesar de lo cual el porcentaje se situó en el 43,3 por
ciento al 31 de diciembre de 1995.
El criterio seguido por el Tribunal en la determinación del
incumplimiento de los citados porcentajes ha sido el de considerar
que los contratos de permuta financiera no aportan recursos
exteriores, por lo que procede considerar este endeudamiento,
convertido en moneda extranjera, como obtenido del ahorro nacional.
Por otra parte, se destaca en el informe cómo a través del mecanismo
de autorizar operaciones de refinanciación de deuda se viene
produciendo una acumulación o embalsamiento de diferencias de cambio
no materializadas que, hasta el 31 de diciembre de 1995 y por
diferencias de cambio derivadas de los principales de los préstamos y
empréstitos emitidos en el exterior en moneda extranjera, ascienden
a 44.539 millones de pesetas en el caso de Audasa y a 35.179 millones
de pesetas en Aucalsa, y que constituyen un compromiso del Estado a
asumir por éste con cargo a presupuestos venideros como consecuencia
del aseguramiento del tipo de cambio pactado. Dicho pago deberá
efectuarse, en todo caso, a partir del año 1998, al vencer el período
de financiación máxima de estas sociedades, a partir de cuyo momento
no podrán disfrutar de aquel beneficio financiero, según la
interpretación dada por el Tribunal de Cuentas a la cláusula 46 del
pliego de cláusulas generales, que coincide asimismo con el indicado
en el informe de la
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado de fecha 8 de
febrero de 1994.
Finalmente, se exponen los resultados obtenidos en relación con el
tercer objetivo de la fiscalización, la evaluación de los sistemas de
gestión financiera, y se concluye en el informe que los
procedimientos para la gestión y planificación financiera aplicados
son en general adecuados, y que la gestión financiera puede
calificarse de eficaz y eficiente, en el sentido de que Enausa ha
logrado refinanciar el endeudamiento financiero de sus filiales,
Audasa y Aucalsa, a unos costes financieros bajos y casi óptimos.
Únicamente conviene resaltar la conclusión expuesta en el informe
sobre la gestión de los excedentes de tesorería, ya que, aunque ésta
ha sido eficaz, logrando obtener importantes beneficios financieros
al colocar los excedentes en inversiones financieras temporales, se
han mantenido unos excedentes superiores a los necesarios, cuando
podrían haberse empleado en reducir el endeudamiento financiero de
estas sociedades con la finalidad de que prevalecieran los intereses
generales sobre los intereses particulares del grupo Enausa.
El informe del Tribunal termina recomendando que se cumplan por
Audasa y Aucalsa los porcentajes legales y los porcentajes de
recursos procedentes del ahorro exterior y del ahorro interior; que
se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado los créditos
necesarios para atender a su vencimiento las diferencias de cambio
que surjan como consecuencia de los préstamos y empréstitos
concertados en el extranjero con las sociedades filiales, y que se dé
cumplimiento a lo establecido en la cláusula 46 del pliego de
cláusulas generales, respetando las consecuencias que derivan de la
finalización del período máximo de financiación, a partir de cuyo
momento no podrán disfrutar estas sociedades del actual beneficio
financiero a cargo del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): A continuación, para fijar
posiciones y hacer las preguntas pertinentes por los distintos grupos
parlamentarios, se inicia el debate.
Por parte del grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra la
diputada señora Silva.
La señora SILVAREGO: Reitero al presidente del Tribunal de Cuentas el
agradecimiento del grupo parlamentario Socialista por su presencia en
esta Comisión.
El grupo parlamentario Socialista no va a plantear ninguna pregunta
en torno al informe de fiscalización de las principales fuentes de
financiación del grupo Enausa porque el informe es absolutamente
claro, tanto en el análisis de los diferentes temas a estudiar como
en las recomendaciones que se hacen ante las situaciones creadas, y
es por eso, además, por lo que este grupo quiere transmitir la
felicitación a los miembros del Tribunal de Cuentas por este informe.
Quisiera hacer una primera valoración general sobre el informe de
fiscalización de las principales fuentes de financiación de Enausa
diciendo que no se aprecia ninguna deficiencia ni el mal
funcionamiento de las empresas citadas en el período de
fiscalización. El volumen de deuda registrada ascendía en términos
netos a 76.427 millones y, si
bien es cierto que se observaron algunas deficiencias en el sistema
de control interno, no lo es menos que los procedimientos, en líneas
generales, son adecuados y se cumplen como recoge el informe y hoy
nos ha ratificado el presidente del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal, a la hora de señalar deficiencias apreciadas en los
sistemas de control, señala el que algunas selecciones de ofertas de
emisión de obligaciones y de contratos de permuta se hicieron de
forma telefónica, sin que se pudiera comprobar a posteriori la
idoneidad del proceso al no existir documentación. Como el Tribunal
acertadamente señala, esto plantea dificultades para la evolución ex
post, pero no implica en absoluto que la selección realizada no fuese
adecuada, de hecho, en varios pasajes del informe se alude a que los
tipos de interés de los créditos obtenidos por estas empresas en
procesos de colocación o renegociación de deuda son perfectamente
acordes con los del mercado, incluso teniendo en cuenta las
bonificaciones de interés debidas a las divisas utilizadas. En
algunos casos, la gestión financiera centralizada en Enausa ha sido
gestionada directamente por Audasa, y en una operación por Aucalsa.
Consta en el informe que se hizo con autorización expresa de Enausa
y, por tanto, de facto, se mantiene la gestión centralizada.
Los otros temas reseñados, tales como inexistencia de procedimientos
informáticos, excesivo número de cuentas corrientes, constituyen
deficiencias que no afectan a los modelos centrales de gestión pero
que, en todo caso, deben ser corregidas.
Un tema de enorme importancia en este informe, y con ello quiero
centrarme en los aspectos sustanciales, lo constituye el denominado
seguro de cambio, en el que más adelante entraré en profundidad.
Tanto Aucalsa como Audasa disfrutan del beneficio financiero de que
el Estado español está obligado a facilitarles las divisas necesarias
para el pago del principal y los intereses de los préstamos y
empréstitos concertados en moneda extranjera al tipo de cambio
existente a la fecha de disposición de los citados fondos en moneda
extranjera. Hasta el 31 de diciembre de 1995 los préstamos y
empréstitos de Aucalsa en moneda extranjera han sido objeto de
refinanciaciones sucesivas sin que, por tanto, haya habido desembolso
de divisas por parte del Estado. La sociedad, por otra parte, no ha
abonado al Tesoro la comisión del seguro de cambio sobre estos
créditos. Es cierto que Aucalsa, al hacer el cálculo de la deuda como
consecuencia del pago del seguro al Estado, al aplicar los tipos de
cambio corriente, registró un exceso de deuda de 496 millones de
pesetas. Compartimos el criterio del Tribunal de que ese exceso de
deuda de 1993 debió cancelarse en el momento en que se conoció.
Asimismo, contabilizaciones incorrectas, que no han más que poner de
relieve técnicas contables distintas que deben ser ajustadas,
producirían una mejora de 75 millones en los resultados.
Un tema a discutir deberá ser en qué medida el levantamiento de actas
fiscales por parte de la Hacienda pública debería generar provisiones
inmediatas de las cantidades demandadas, porque es cierto que el
criterio general de la Intervención del Estado es contrario a la
provisión de estos fondos.
Querría hacer una reflexión política sobre este tema, que aparece con
frecuencia en los informes. Sería conveniente
que, por parte de los órganos fiscalizadores, se le propusieran a
esta Comisión criterios objetivos sobre la provisión de las
cantidades que reclama Hacienda a través de las oportunas actas
fiscales. Resulta difícil entender que en este tipo de litigios,
reclamaciones de Hacienda, nos encontremos en multitud de informes
del Tribunal de Cuentas con que no hay acuerdos entre los diferentes
órganos, y esto debería evitarse.
En relación al cumplimiento de la legalidad, el informe señala que
tanto en la concesión de Audasa como Aucalsa existen una serie de
limitaciones y requisitos a su forma de financiación. Singularmente,
se establecen porcentajes que deben cumplir los recursos ajenos
procedentes del ahorro exterior, más del 45 por ciento en el caso de
Audasa y el 40 por ciento en el de Aucalsa. Del análisis que realiza
el Tribunal, se desprende que estos ratios no son cumplidos en
ninguno de los dos casos. Es cierto que en el momento en que se
otorgaron estas concesiones, principios de los 70, tiene sentido esta
cláusula para obligar a las empresas a captar ahorro exterior, no
presionando el no muy abundante ahorro nacional. En estos momentos
estas cláusulas no tienen demasiado sentido y su incumplimiento no
hace más que reflejar la situación del mercado.
Compartimos la reflexión del Tribunal de Cuentas sobre estas
condiciones e incluso añadiríamos una razón adicional a la reflexión,
y es que si estar endeudado en marcos, reintegrables en euros, es
estar endeudado en moneda nacional o extranjera. Somos todos
conscientes de que el euro acaba de pulverizar aquellas viejas
disquisiciones que se hacían sobre las viejas monedas europeas. El
mantenimiento de los porcentajes de endeudamiento en moneda
extranjera que se comprendían en 1972 están absolutamente demolidos
en la Europa del euro del año 2000, por lo que ya les adelanto que
vamos a proponer la eliminación de los requisitos antes mencionados
de endeudamiento en moneda extranjera de Audasa y Aucalsa.
Volviendo al tema de los seguros de cambio, quiero reincidir en que
las concesiones a autopistas en los años 70 en España llevan
aparejados el seguro de cambio. Las empresas se tenían que endeudar
en moneda extranjera y el Estado les aseguraba el reintegro de las
divisas al tipo de cambio en el que se efectuaba el préstamo. Así
planteado este mecanismo abría unas grandes posibilidades de
utilización financiera a las operaciones de endeudamiento realizadas
por las autopistas. Así, las concesionarias se endeudaban en muchos
casos en monedas que se podía prever que se iban a revaluar, monedas
fuertes, teniendo que pagar así menores tipos de interés en estos
préstamos, sin preocuparse en absoluto del incremento del principal,
efecto de la revaluación, porque éste lo cubría el Estado. Este
mecanismo, autorizado por los ministerios de Economía, era pura y
simplemente una fórmula indirecta de subvención a estas empresas
concesionarias, que así podían cargar peajes más bajos e incluso en
algunos casos evitar la quiebra. El sistema era endeudarse en
aquellas monedas que permitían los tipos de interés más bajos, que
eran las monedas fuertes, cubriendo el Estado las pérdidas de las
revaluaciones.
Este mecanismo funcionando en los últimos años generó cifras de
enorme importancia. El riesgo total asumido por el Estado ascendía,
al 31 de diciembre de 1995, a 215.213 millones de pesetas, y en los
casos concretos que nos ocupan
eran de 44.539 millones en Audasa y 35.179 en Aucalsa. Como muy
bien señala el informe, y para tener una idea del rango de las
magnitudes que estamos barajando, sólo en relación con el seguro del
pago de los intereses de la demora en moneda extranjera, en 1995 se
pagaron 4.078 millones de pesetas.
Esta situación merece una nueva reflexión política, respecto a cómo
se afloran estas deudas en los Presupuestos Generales del Estado;
estamos hablando de casi un cuarto de billón de pesetas que se siguen
acumulando y agrandando por las renegociaciones sucesivas de esta
deuda y por la adición de las nuevas deudas que aparecen por los
endeudamientos que se van realizando, si bien es cierto que en el año
1995 ya se había restringido la posibilidad de recurso a monedas
fuertes.
Basándonos en esto, vamos a someter a votación en esta Comisión,
cuando tenga lugar el proceso de propuesta de resoluciones, y así
creemos que lo entiende también el propio Tribunal, que en los
siguientes presupuestos generales que lleguen a esta Cámara se
afloren estas deudas y se establezcan mecanismos financieros para
hacerles frente. Pero todavía es preciso profundizar más en la
situación del seguro de cambio, en lo concerniente a estas dos
concesiones y a todas las demás.
El informe del Tribunal hace mucho hincapié en el período de
financiación máximo previsto. Efectivamente, en las concesiones de
1972 se establece que el Estado no tiene que asumir obligación alguna
en relación con el tipo de cambio de aquellos préstamos que se
obtengan una vez vencido el período de financiación máximo. Es juicio
del Tribunal, avalado por la Dirección General del Servicio Jurídico
del Estado, que el período máximo a considerar no se prorroga como
consecuencia de haber prorrogado el período concesional o la
realización, en el caso de Aucalsa, de un nuevo plan financiero para
el año 1990, sino que en ambos casos el período permanece en la fecha
fijada en las concesiones iniciales. Así, este período de
financiación máximo habría concluido en el año 1998 y, por tanto, el
Estado no debería hacer frente a ninguna responsabilidad emanada del
cumplimiento del seguro de cambio a partir de esa fecha. Es más,
creemos que este es un criterio jurídico y político extensible a
todas las concesionarias de autopistas en España. En ningún caso se
debería asumir responsabilidades emanadas del seguro de cambio que
vayan más allá de los períodos de financiación fijados en las
concesiones iniciales. Compartimos enteramente las recomendaciones
del Tribunal y vamos a demandar en nuestras resoluciones que se haga
extensiva a todas las concesionarias de autopistas españolas.
Quiero hacer una última reflexión sobre las operaciones financieras
de estas dos empresas. El Tribunal señala, en general, una óptima
gestión de todo el proceso de endeudamiento financiero, de forma que,
como ya citamos, los tipos de interés obtenidos por estas empresas y
sus operaciones de endeudamiento soportan con ventaja la comparación
con el endeudamiento del Estado y de cualquier otra empresa española.
Dado el elevado volumen de endeudamiento de estas empresas, su buena
gestión financiera es un activo de primera magnitud que debe
valorarse. Por otra parte, la utilización de beneficios tributarios
fue realizadatambién de forma eficaz.
Para concluir, señorías, estamos delante de una buena gestión de unas
empresas concesionarias que durante muchos años y debido a su
reducido mercado tuvieron que soportar importantes pérdidas, pero
este es el momento de situar definitivamente a estas empresas con
mercados más amplios en el ámbito económico exigible, al tiempo que
es el momento en que el Estado debe empezar a tomar las medidas para
hacer frente a las deudas que adquirió como consecuencia de un seguro
de cambio que consideramos extinguido en 1998, y en esta línea irán
nuestras resoluciones y nuestras decisiones políticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): A continuación y en nombre
del grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el senador señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor presidente, seré muy breve, Quiero
solamente incidir en algunas cuestiones sobre las que ya se ha
pronunciado el presidente del Tribunal al hacer referencia al
informe.
Quiero señalar, por un lado, la discrepancia de un riesgo no
provisional de 599 millones de pesetas como consecuencia de un acta
de Hacienda; el incumplimiento, tanto de Audasa como de Aucalsa, al
31 de diciembre de 1995, de los porcentajes de los recursos de ahorro
exterior, así como el porcentaje de endeudamiento en el mercado
interior; todo el capítulo de aseguramiento del tipo de cambio y el
plazo en que comienza la amortización del endeudamiento. Asimismo,
quiero indicar la eficaz gestión financiera cuando se dice que se
cumplimentaron las refinanciaciones y, sin duda, la asunción plena
por parte de nuestro grupo, de las tres recomendaciones del Tribunal
de Cuentas: en primer lugar, la que hace referencia al cumplimiento
de los porcentajes de los recursos de ahorro exterior o derogación de
los decretos que los amparan, tal y como indica el propio Tribunal
cuando hace referencia a que en el caso de que se considerara que las
circunstancias económicas existentes desde la promulgación de los
citados decretos y que dieron lugar al establecimiento de las
limitaciones indicadas no concurren en la actualidad, podría ser
aconsejable su derogación. En segundo lugar, la inclusión en los
Presupuestos Generales del Estado de los créditos necesarios para
atender las diferencias del cambio Y, finalmente, que la
Administración deberá adoptar las medidas necesarias para que los
beneficios fiscales y las obligaciones a asumir por el Estado no se
asuman en relación con las operaciones de endeudamiento, incluidas
las de refinanciación, que se realicen con posterioridad al
vencimiento del período máximo de financiación establecido para cada
concesión.
Nos da la impresión, y así lo decimos, que todo está detectado -y,
por tanto, el informe es sumamente explícito- y que la solución está
canalizada o al menos planteada cuál debería ser. Sólo nos queda
pensar que lo único que hay que hacer es cumplimentar este camino que
se ha facilitado.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): A continuación, en nombre
del grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el senador don
Jaime Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ: Gracias, señor presidente del Tribunal de
Cuentas por su presencia.
Voy a pasar por alto, por ser conocida sobradamente, la parte
explicativa de la sociedad y sus filiales para pasar inmediatamente a
decir que esta fiscalización, en palabras siempre moderadas del
Tribunal de Cuentas, tiene para la sociedad estatal y sus filiales,
Audasa y Aucalsa, un resultado aceptable y que a mi grupo se lo
parece a la vista de su objeto social y sobre todo si se compara con
otras fiscalizaciones de sociedades, instituciones o entes sometidos
a esta función del Tribunal.
Me referiré a continuación a los objetivos de la fiscalización, que
son la fiscalización financiera, el cumplimiento de la legalidad
vigente y el análisis de la gestión.
En cuanto a la fiscalización financiera, se dice, por parte del
Tribunal, que las memorias consolidadas no dan una información
suficientemente clara porque lo que se establece es el valor neto y
entonces aparecen 76.427.000 pesetas en vez de los 130.000, porque se
deducen 54.000 pesetas por concepto contrapartida swap, que tampoco
está muy explicada. Compruebo que el sistema de control es adecuado,
excepto el hecho de que no pueda haber constancia de la colocación de
emisiones de obligación y de los contratos de permuta porque
normalmente se hacen por telefonía y por terminales informáticas; la
gestión financiera está centralizada, y aunque se han hecho
contratos, como ha dicho la portavoz socialista, por parte de Audasa
y Aucalsa, lo cierto es que se hicieron con autorización; la
normativa interna es correcta y el presupuesto de tesorería es
mensual.
En cuanto a la representatividad de las cuentas hay pequeñas
excepciones, pero ya digo que, en relación con otras fiscalizaciones
que hemos podido seguir aquí, hablar de 626.000 pesetas o incluso de
los 75 millones de pesetas, que ya ha sido suficientemente explicado
cuál ha sido el procedimiento, estaría de más y lo va a estar. Mi
grupo está de acuerdo en que se debería haber producido una
cancelación de los 75 millones de pesetas, a pesar de las alegaciones
del presidente saliente y del actual. Hay una cancelación de deuda de
355 millones, también sin más importancia, y el riesgo no
provisionado por valor de 599 millones de pesetas como consecuencia
del acta levantada por la Hacienda pública.
Yo creo que efectivamente la sociedad registró las comisiones por
aseguramiento al 6 por mil, cuando es al 2 por mil, y aunque la
sociedad ha ido eliminando ese exceso y se ha cancelado en 1994, creo
que debería haberse provisionado.
En cuanto a la legalidad, que es el segundo punto, los elementos
fundamentales, aparte de la ley de 1972 y el decreto de 1973, son los
decretos de 1973 y 1975. Efectivamente, los porcentajes que se
establecían en las limitaciones no están cumplidos, Audasa no cumplía
al 31 de diciembre de 1995 y lo mismo pasaba con Aucalsa, y debo
ratificar la opinión del Tribunal de Cuentas en el sentido de que los
contratos de permuta no constituyen una aportación de recursos
procedentes del exterior sino un mecanismo de conversión de la deuda
en pesetas.
En cuanto al período de financiación máximo, al igual que todos los
portavoces aceptamos que éste se acaba con
el tiempo, y que no es posible que el Estado siga financiando estas
operaciones.
Por último, en relación con la gestión financiera, del análisis de
las operaciones financieras se deduce con cierta claridad que las
sociedades han obtenido unos diferenciales de tipos de interés a su
favor enormemente positivos, que los tipos de interés han sido los
adecuados, que el coste del endeudamiento financiero ha conseguido
unos tipos muy bajos, si se comparan por ejemplo con los tipos de
interés de la deuda española en 1995, que eran del 11,45 por ciento,
que el nivel de coste financiero depende de las monedas y que la
gestión de tesorería, a pesar también de reconocer con el Tribunal de
Cuentas que los excedentes han sido excesivos, ha sido correcta
porque el rendimiento medio ha sido del 9,35 y del 9,45 por ciento,
que es muy alto.
Aceptamos las opiniones vertidas por el Tribunal de Cuentas en sus
conclusiones y sobre todo en las recomendaciones, y agradezco a su
presidente y a todos ustedes la atención que me han prestado.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): A continuación, para hacer
las aclaraciones oportunas sobre algunos aspectos que han planteado
los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente
del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba):
Solamente quisiera hacer énfasis en una conclusión sumamente
importante. El Tribunal de Cuentas habla de óptima gestión, de una
gestión financiera buena. En efecto, hubo una eficacia, pero, tal
como se expresa el Tribunal de Cuentas, hay que entender que esa
eficacia en la gestión financiera está referida a nivel de empresa,
no a nivel general. Eso lo puntualiza el Tribunal de Cuentas. ¿Por
qué? Porque en cuanto a la eficacia considerada globalmente a nivel
de sector público habría que ver si se cumplen los objetivos del
Estado. ¿Y cuáles son estos? Que terminado el período de
financiación, que no puede superar el 50 por ciento de la concesión,
las empresas consigan un nivel de rentabilidad y que no necesiten las
ayudas públicas. El Tribunal dice que hay un exceso de inversiones
temporales. Por ejemplo, en el caso de Audasa, el coste financiero,
teniendo en cuenta los beneficios fiscales y el seguro de cambio,
está en un 5,9 por ciento, y en el de Aucalsa está en un 5,24 por
ciento, cuando el coste de financiación en el mercado se sitúa en un
11,45 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese
diferencial de rentabilidad, aprovechado con un exceso de
financiación, se podía haber eliminado, y al eliminarse se eliminan
para el Estado los costes financieros y los costes del seguro de
cambio. Fíjense que la empresa ha obtenido 177 millones de pesetas de
rentabilidad, pero si le restáramos ese diferencial de tipos de
interés sobre esas inversiones financieras temporales que el Tribunal
critica que no se deben mantener, la rentabilidad sería negativa.
Por otra parte, la oscuridad de la cláusula 46, sobre todo en
relación con la refinanciación de la empresa, plantea el problema de
un embalsamiento de compromisos del Estado por diferencias de cambio
que, como ya se ha dicho aquí, asciende a 79.718 millones,
independientemente de
aquellos anticipos que ha ido haciendo el Banco de España y que
figuraban en las declaraciones definitivas, que para el año 1995 eran
87.862 millones y que al final de 1996 se redujo sólo a 74 millones
de pesetas, y que tendrán que soportarlo los presupuestos del futuro.
También hay que decir que a lo mejor esta información, tal como se
está desenvolviendo la gestión, es la primera vez que la conoce el
Parlamento.
En resumen, el Tribunal llama la atención sobre eso de conseguir ser
muy eficaz a nivel de empresa pero no a nivel de lo que pudiéramos
llamar sector público en general. Hemos ido adquiriendo en el
Tribunal la experiencia de ver que, a veces, hay buenos gestores para
rentabilizar muy bien su gestión porque los beneficios que
proporciona el Estado permiten tener esas rentabilidades, pero a
costa del sector público. También quiero puntualizar que esta es una
fiscalización que no ha entrado en la gestión económica de la
empresa. Se trata sólo de unas consideraciones para puntualizar una
de las conclusiones más importantes, que enfaticé yo precisamente al
exponer mi informe.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Concluido este punto del
orden del día, vamos a suspender durante unos instantes el desarrollo
de la Comisión, agradeciendo una vez más al presidente del Tribunal
de Cuentas su presencia ante esta Comisión. (Pausa.-El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DELAYUNTAMIENTO DE PALENCIA, EJERCICIOS
1992 A 1994. (Número de expediente 251/000069 y número de expediente
Senado 771/000067)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar la sesión con el
punto número 4 del orden del día, relativo al informe de
fiscalización del Ayuntamiento de Palencia durante los ejercicios
1992a 1994.
Para debatir dichas propuestas de resolución, tiene la palabra por el
Grupo Federal de Izquierda Unida, el diputado don Mariano Santiso.
El señor SANTISO DELVALLE: Intentando acotar la intervención puesto
que ya se ha debatido en la sesión anterior, nuestro grupo quiere
hacer un par de consideraciones. Una es de carácter general, en el
sentido de que intentamos analizar los informes con la misma óptica,
independientemente del color político de quienes están al frente de
esos ayuntamientos. Aquí estamos acostumbrados a observar cómo
informes similares se interpretan de manera distinta según a quién le
toca en el correspondiente ayuntamiento. Por el contrario, nosotros
intentamos aplicar los mismos criterios.
En éste informe observamos algo que está extendido en bastantes
municipios todavía, en unos casos por dificultades importantes de
orden administrativo, al tener en muchas ocasiones escasos recursos
para poder todos los requisitos legales, como puede ser este caso, y
en otros por no tener medios suficientes para poder cumplir todas las
exigencias legales. Sin embargo, esto no es óbice para intentar
garantizar la absoluta transparencia de la gestión
de los recursos públicos, en particular de aquélla más próxima al
ciudadano como es en un municipio.
En este caso, según la propia información del Tribunal de Cuentas, se
detecta que ha habido deficiencias graves, especialmente en algo tan
sensible como la adjudicación de los distintos contratos efectuados
por el propio Ayuntamiento, faltando en los pliegos de condiciones
los criterios objetivos para poder evaluar y determinar la
adjudicación correspondiente. Por tanto, hay una falta de control
importante en cuanto a la contratación por parte del Ayuntamiento.
Nuestra propuesta de resolución tiene un doble componente, la
necesidad de dotar de medios suficientes a la Administración local
que permita el funcionamiento de la misma acorde con las exigencias
legales, al tiempo que rechaza los comportamientos manifestados en el
Ayuntamiento, contrarios tanto a la necesaria transparencia en la
actuación administrativa como al respeto de las reglas básicas de
comportamiento democrático en la ejecución del gasto público.
El señor PRESIDENTE: Para el debate de las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el senador don Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor presidente, solamente para decir que,
d ada la importancia y variedad de las infracciones detectadas, aun
aceptando las dificultades de un ayuntamiento pequeño, que son
muchas, ello no es obstáculo para que, como mínimo, se haga
referencia -y es lo que hago en este caso- a las propias
recomendaciones del Tribunal de Cuentas que afectan, tanto a control
interno como a contabilidad, normas y contratación, y entendemos que
es imprescindible que el Ayuntamiento de Palencia cumplimente y sobre
todo se ajuste a estas mismas conclusiones del Tribunal.
Este es el sentido de nuestra única propuesta de resolución, señor
presidente, que doy por defendida.
El señor PRESIDENTE: Para defender sus propuestas de resolución,
tiene la palabra la diputada doña Celinda Sánchez.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: El Grupo Popular presenta hoy tres
propuestas de resolución al informe expuesto por el presidente del
Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización del Ayuntamiento de
Palencia en los años 1992 a 1994 inclusive, que fue debatido en esta
Comisión el pasado día 13 de abril.
En dicho debate quedó de manifiesto la falta de organización en este
ayuntamiento capitalino en cuanto al control presupuestario, cuyas
modificaciones ni estaban acreditadas ni constaban de habilitación
legal al respecto, donde incluso se proponían créditos
extraordinarios a propuesta del concejal de área y no del alcalde;
incluso había transferencia de créditos sin informe previo ni
propuesta de los jefes de servicio. Por tanto, se estaban
incumpliendo las bases de la ejecución presupuestaria, dándose el
caso de que las modificaciones presupuestarias eran superiores a
los créditos iniciales, lo que demuestra la nula planificación de sus
responsables.
Si esto es reiterado incumplimiento de normas, según el informe
fiscalizador, donde se agrava es en el capítulo IV del presupuesto de
ingresos, donde se omiten las subvenciones del Inem destinadas a la
formación de trabajadores desempleados de varias escuelas-taller por
un importe de 558 millones en los tres años. Pues bien, ello aparece
como operaciones no presupuestarias de tesorería, aprobándose dichas
facturas por decreto del alcalde sin información ni participación de
los distintos grupos políticos del consistorio. El tener esos fondos
un desvío a otros menesteres ha supuesto a la actual corporación, por
tanto a la ciudad de Palencia, la devolución de 58 millones al Inem
por su incorrecta utilización.
En cuanto a la contratación, las irregularidades detectadas en el
informe van desde las certificaciones o facturas con precios no
aprobados a la desaparición en las liquidaciones de unidades
anteriormente certificadas. En fin, una serie de irregularidades que
vulneran las normas legales y los principios de transparencia y
objetividad que toda administración pública debe de tener, pero sobre
todo en cuanto a dos temas, que ya pusimos de manifiesto -y
permítanme brevemente incidir en ello ahora-, cual es la adquisición
de mobiliario para el edificio de las Agustinas Canónigas y en la
remodelación de la plaza de la Constitución. En esta última, se
aprobaron los pliegos y la convocatoria por decreto del alcalde con
carácter de urgencia en dos fases y en el mismo día. Según el
Tribunal de Cuentas, las incongruencias detectadas ponen de
manifiesto que dicho fraccionamiento se realzó para que el alcalde,
avocando la competencia de la Comisión de Gobierno, pudiera
contratarla, certificándose además unidades de obra no previstas en
el contrato por valor de 8.739.000.000 pesetas, liquidándose y
pagando unidades de obra que no existían al final de la misma.
En cuanto al mobiliario, fueron modificados precios adquiriéndose
muebles que no estaban en el contrato, pasando de un gasto inicial de
20.980.000 pesetas a 24.686.000 pesetas, sin que constara
autorización del contratante, o sea del propio ayuntamiento,
desconociendo la auditoría -cito textualmente- cuáles habían sido por
fin los bienes suministrados.
Señorías, he querido reseñar someramente algunas de las graves
irregularidades puestas de manifiesto en el anterior debate como base
para proponer a esta Comisión las resoluciones que el Grupo Popular
presenta para su posterior votación. Como he dicho, son tres
resoluciones. En la primera, nuestro informe constata, según el
Tribunal de Cuentas, que se ha producido infracción d el principio de
transparencia que debe presidir toda contratación administrativa al
omitir en los pliegos de cláusulas administrativas los criterios
objetivos que servirán de base para la adjudicación de los contratos
y, por ello, dándose una falta absoluta de control interno en la
gestión de contratación. En la segunda, ponemos de manifiesto que en
el capítulo IV del presupuesto de ingresos no se incluyen las
subvenciones del Inem destinadas a la formación de esos trabajadores
de las escuelas-taller a las que antes he aludido, por lo que los
correspondientes informes aparecen indebidamente reflejados en la
contabilidad del Ayuntamiento como operaciones
no presupuestarias. Por tanto, la falta de este control ha generado
la devolución por parte de este Ayuntamiento de los 58 millones de
pesetas al Inem, que he mencionado, y ha sido la actual corporación
la que ha tenido que devolverlos.
En la última, pedimos remitir el expediente de fiscalización a la
sección de enjuiciamiento del del Tribunal de Cuentas, a fin de que
estudie las posibles responsabilidades que pueden generarse por los
hechos contenidos en los dos apartados anteriores, en especial la
posibilidad de iniciar el procedimiento de reintegro contra los
anteriores responsables del Ayuntamiento de Palencia para lograr
recuperar las cantidades abonadas al Inem.
En cuanto a la postura de nuestro grupo en relación con las otras dos
propuestas de resolución presentadas por el Grupo de Izquierda Unida
y del de Convergència i Unió, con respecto a la primera, compartimos
totalmente lo que contempla y lo que pide el grupo proponente, que es
el de Izquierda Unida, pero, estando totalmente de acuerdo, sí quería
hacer una matización sobre lo que ha dicho su portavoz de las
dificultades y la falta de medios en los municipios. Estoy totalmente
de acuerdo, hay municipios pequeños donde la falta de medios y las
dificultades para hacer este trabajo pueden poner de manifiesto que
había una cierta ignorancia que no podía preocuparnos al respecto.
Pero, señorías, estamos hablando de un ayuntamiento capitalino y
estamos hablando de un responsable que además tenía y sigue teniendo
cargos públicos, concretamente en la Cámara Alta. Por tanto, tenía
pleno conocimiento de lo que realmente allí estaba sucediendo.
Como digo, admitimos esta resolución de Izquierda Unida, lo mismo que
vamos a admitir y apoyamos totalmente la de Convergència i Unió.
La de Convergència la apoyamos porque dice textualmente que insta al
Ayuntamiento de Palencia a cumplimentar las recomendaciones del
Tribunal de Cuentas que afectan al control interno, contabilidad,
normas y contratación.
Tengo que poner aquí de manifiesto que la actual corporación regida
por el Partido Popular, ya viene haciéndolo desde el año 1995, y por
tanto estamos en la línea que recomendaban las conclusiones del
Tribunal de Cuentas, más menos, en la idea de lo que los dos grupos
proponentes han presentado. (El señor Jordano Salinas pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Para qué pide la palabra, señor Jordano?
El señor JORDANO SALINAS: Es para expresar una ligera corrección
técnica al texto de nuestra propuesta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor JORDANO SALINAS: Se trataría de sustituir la frase: remitir
el expediente de fiscalización a..., por la frase: solicitar al
Tribunal que por la sección de enjuiciamiento... Parece más correcto,
ya que el informe está en el Tribunal y no habría que remitírselo. Es
un error de redacción de nuestro grupo.
El señor PRESIDENTE: La Mesa toma nota de esta rectificación, y lo
hará saber al resto de SS.SS. para que puedan votar en consecuencia a
la hora de las votaciones correspondientes. ¿Grupos parlamentarios
que quieran fijar posición? (Pausa.)
Por parte del grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra el
diputado don Julio Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: En primer lugar, para manifestar mi
relativa sorpresa porque creía que estábamos debatiendo tan sólo las
resoluciones que se han presentado y no reproduciendo un debate
subjetivo e interesado.
Quisiera llamar la atención por lo que voy a decir con posterioridad
de que nos encontramos ante un intento de burda utilización de esta
Comisión Mixta Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas, porque
las propuestas de resolución del Grupo Popular nada tienen que ver
con el informe de fiscalización, nada tienen que ver con el período
fiscalizado y nada tienen que ver ni con las conclusiones ni con las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas, como inmediatamente voy a
pasar a demostrarles.
De entrada, por el respeto que evidentemente debe tener el orden de
los planteamientos, en cuanto a la resolución de Izquierda Unida, he
de manifestar nuestro acuerdo parcial con ella y reconocer el respeto
con el que se ha tratado este tema, dando por reproducidas, por el
momento en que nos encontramos, las alegaciones ya realizadas por
este grupo en la sesión de análisis del informe de fiscalización del
Tribunal de Cuentas y donde correspondía, donde se puso de
manifiesto, como consta en las amplias alegaciones realizadas,
curiosamente de mutuo acuerdo, y por el Ayuntamiento actual, de
distinto color político que el que tenía el que fue fiscalizado, que
desvirtúan absolutamente lo que ahora se pretende llevar a cabo sin
lugar a dudas por el momento de período electoral en que nos
encontramos.
Esto es muy poco serio. Se viene utilizando, como lo hemos denunciado
reiteradamente, sobre todo para conseguir un efecto de publicidad
negativa a través de los medios de comunicación, y además
absolutamente injustificado en lo que hoy corresponde como voy a
tratar de aclarar.
No voy a reproducir las condiciones que decía el señor Santiso porque
eran especialmente graves y delicadas en el Ayuntamiento de Palencia,
conforme reconoce el propio escrito de alegaciones del actual
Ayuntamiento. Había una gran deuda extracontable, no había medios
informáticos, etcétera, lo que conllevó a una serie de
irregularidades de tipo formal, por imposibilidad material de
corregir el caos, que allí existía, que se fue corrigiendo con el
tiempo y que continuó también con la anterior corporación.
Tengo que destacar la exquisita corrección del portavoz de
Convergència i Unió, porque eso es lo que yo creo de verdad que
corresponde a esta Comisión: respetar las conclusiones
y recomendaciones del Tribunal de Cuentas e instar a que esos errores,
los que existan, sean corregidos. Además también queda demostrado que
más del 90 por ciento de las recomendaciones han sido ya llevadas a
cabo, aunque restan en la actualidad algunas cosas que todavía no se
han rectificado y que estamos de acuerdo en que
deben ser corregidas. Yo creo que eso es el ámbito y las decisiones
que corresponden a esta Comisión.
Pero vayamos, señorías, en dos minutos a lo que se pretende por el
Partido Popular, que yo calificaría generosamente de vergonzoso.
(Rumores.) Digo lo que se pretende, no al grupo; digo lo que se
pretende. Fíjense ustedes, y llamo la atención, que se pretende decir
que se remita a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas
una supuesta devolución de 58 millones de pesetas del Ayuntamiento de
Palencia al Inem. ¿Saben lo que dice el Tribunal de Cuentas? El
Tribunal de Cuentas exclusivamente lo que dice es que el Ayuntamiento
de Palencia llevaba en cuentas extrapresupuestarias las
consignaciones de las subvenciones del Inem, exclusivamente. Eso es
cierto y eso ocurría desde los años ochenta y tantos hasta que se
corrigió en el año 1996. Es cierto, pero eso no significa que no
hubiera control.
Segunda cuestión que aparece en lo previo y no las conclusiones en
relación a las escuelas-taller. Llamo la atención de SS.SS. sobre un
error del propio Tribunal de Cuentas que imputó una escuela taller
del municipio de Dueñas al de Palencia, y por eso no aparecía la
documentación. Se aclara en las alegaciones, se reconoce el error y
se ve que era del municipio de Dueñas, no del de Palencia, y en las
conclusiones lo único que se recoge es que eso tenía el carácter de
extrapresupuestario. ¿Qué es lo que dice ahora el Partido Popular?
Que años después, ¿saben ustedes cuándo?, en el año 1997 y 1998, que
nada tiene que ver con el período fiscalizado, el Inem, que no es
objeto de debate, ni debe ni puede serlo en esta Comisión, requirió
al Ayuntamiento de Palencia, al igual que a otros muchos
ayuntamientos, para que las cantidades percibidas y no gastadas
fueran reintegradas, cómo no, pero ocultan maliciosamente que además
esas cantidades que -insisto- nada tienen que ver, que no falta ni
una peseta, que han sido reintegradas porque no habían sido gastadas,
ni siquiera corresponden al período fiscalizado más que parcialmente.
Por eso, señorías, llamo a su responsabilidad sobre esta burda
maniobra e intento publicitario malicioso, para que sea corregido y
no sentemos el precedente de adoptar una propuesta de resolución que
nada tiene que ver con el informe de fiscalización, que ni siquiera
se habla de ello. Son hechos posteriores al período fiscalizado, de
tres o cuatro años después. Eso sería una trampa y un engaño,
señorías. Incluso apelo a la propia responsabilidad del Partido
Popular para que no cometa este atropello, que lo observe, que lo
vea, que nada tiene que ver con este informe.
Esta era la cuestión más importante y de fondo que quería dejar sobre
la mesa. En política no puede valer todo, todos los que estamos aquí
lo sabemos, sobre todo, el engaño manifiesto. Quiero que conste
expresamente en acta, para quien pueda votar a favor de esta
resolución, que se está en algo que nada tiene que ver con la
fiscalización, que nada tiene que ver con el período fiscalizado y
que nada tiene que ver con lo que dice el Tribunal de Cuentas. Es un
intento -insisto- de utilizar una teórica mayoría en esta Comisión
para unos fines que antes de celebrarse esta sesión estamos viendo ya
a través de los medios de comunicación.
Insisto en que el tema de fondo, aunque no aparece aquí, es la
devolución de cantidades no gastadas, y no falta ni una peseta. Del
resto el informe dice que se llevaba extrapresupuestariamente. Se
reconoce, y es cierto, que con anterioridad lo llevaba el Partido
Popular, lo llevaba el Partido Socialista y lo continuó llevando el
Partido Popular hasta que fue corregido correctamente, y con una
cuestión con la que voy a terminar por no prolongar el debate. Eran
otros temas de contratación que justifica totalmente el actual
ayuntamiento y explican los porqués, incluso la falta de informes de
intervención. Hablan del modelo tipo -y por eso el porcentaje sale de
otra forma- de un modelo tipo que es erróneo, pero están
absolutamente fiscalizados la totalidad de los gastos. No hay ningún
problema de fondo. Pido reflexión al Partido Popular, que aprueben lo
que entiendan políticamente más conveniente pero que no se utilice
esta Comisión para aprobar algo que no viene en la conclusiones ni en
las recomendaciones ni en los informes previos del Tribunal de
Cuentas porque no tiene nada que ver; son cuestiones de 1997 y 1998.
No cometamos este error y este peligroso precedente porque no sería
bueno para el funcionamiento democrático de las instituciones,
especialmente de esta Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. Al
margen del juego político, el rigor y la seriedad deben primar contra
este intento vergonzoso de utilización de algo en lo que no hay nada
de fondo. Se pretende que esto suene y que tengamos explicar con
dificultades a los ciudadanos algo tan sencillo que no existe y que
no está en el informe.
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DE
LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS:
- DECLARACIÓN DEFINITIVASOBRE LACUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL
EJERCICIO 1996. (Número de expediente Congreso 250/000008 y número de
expediente Senado 770/000005)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 1 del orden del día,
debate y votación de las propuestas de resolución referentes a la
declaración definitiva sobre la cuenta general del Estado del
ejercicio 1996. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la diputada
María del Carmen Silva.
La señora SILVAREGO: Señor presidente, voy a argumentar las
propuestas de resolución que ha presentado mi grupo a la cuenta del
Estado del ejercicio 1996, pero me permitirán que argumente algunos
criterios que se plantearon en la anterior reunión en la que se
informó sobre la declaración definitiva de la cuenta general del
Estado del ejercicio 1996 y que considero fundamentales para que se
entiendan nuestras propuestas de resolución.
La cuenta correspondiente al ejercicio 1996 reúne elementos que hasta
ahora no se habían dado y que deben ser destacados: corresponden a un
año en el que se prorrogaron los presupuestos y en el que hubo un
cambio de Gobierno. Hay dos factores que se combinan: por un lado la
presentación formal de las cuentas y, por otro, su contenido.
La presentación formal es responsabilidad del Gobierno del Partido
Popular, el contenido es responsabilidad conjunta, dependiendo del
período al que conciernen, siendo prácticamente imposible con los
datos disponibles asignar responsabilidades y méritos de los
resultados aquí ofrecidos. Cuando el presidente del Tribunal de
Cuentas afirma que el resultado presupuestario ajustado mejora de 3,6
billones de pesetas en 1995 a 2,8 billones del déficit en 1996,
parece razonable señalar que cuatro meses de ese período fueron
gestionados por otro Gobierno. Este es un ejemplo, aunque podría
citar varios aludiendo a la intervención del presidente del Tribunal
de Cuentas, en relación con la dimensión política del resultado de
las cifras del año 1996. Pero empecemos por el principio.
El presidente del Tribunal de Cuentas nos anunció en su intervención
que la cuenta de 1996 se adaptaba a la estructura y contenidos
establecidos en sus respectivas instrucciones de contabilidad, pero
que dichas normas limitaron determinada información que estaba
prevista en el plan general de contabilidad pública y que resulta
necesaria para el examen y comprobación de la cuenta por el Tribunal.
Por esta razón parece razonable asumir esta petición. Por ello
nuestra primera propuesta de resolución, en la que hacemos una
afirmación genérica para que se adopten medidas para que la cuenta se
ajuste a la legislación aplicable y a los principios que deben
informar su elaboración y rendición, de acuerdo con los criterios
planteados por el Tribunal de Cuentas, se concreta en la modificación
de dichas instrucciones contables que limitan la información que el
Tribunal requiere. La cuenta presentada a nuestra aprobación pone de
relieve que en el ejercicio 1996 no se han aplicado al presupuesto de
la Administración general del Estado determinadas obligaciones.
Creemos que las cuentas del Estado deben reflejar los resultados
reales aplicando al presupuesto de gastos e ingresos todas las
obligaciones y derechos realmente contraídos. Otra observación
respecto a esta práctica, en el ejercicio 1996, de no haber computado
las obligaciones y derechos habidos es la disminución del déficit
real contabilizado del Estado de cantidades en torno a medio punto
del PIB. Es esta una práctica habitual en ese momento en la mayor
parte de los países europeos, al objeto de cumplir los requisitos de
Maastricht, y no seremos nosotros los que digamos que fue una
práctica perversa y negligente, pero sí queremos que quede constancia
de que sería bueno que todos usáramos a este respecto la misma vara
política de medir. En las tres cuentas presentadas aparece la
referencia de la ausencia de amortizaciones, lo que sin duda tiene un
importante valor económico, sobre todo en el caso de los organismos
comerciales. Es cierto que hasta ahora no se habían contabilizado,
pero nuestra posición, englobada en el punto 1 de nuestras
resoluciones, sería, al igual que plantean otros partidos políticos,
que se adoptaran las medidas que permitan perfeccionar su realización
y valoración. Otro punto que tiene que ver con la venta de acciones a
Argentaria, que en lugar de aplicarse al capítulo 8 se aplicó a los
capítulos 1 y 5, lo que transformó una parte del capital público en
ingreso corriente, es una práctica que disminuyó artificialmente el
déficit. Así pues, sería conveniente que las contabilizaciones de las
enajenaciones de acciones y privatizaciones tengan el asiento
contable correspondiente en el capítulo 8 de los
presupuestos. Existe un serio problema en relación con los préstamos
a largo plazo del Consorcio de compensación de seguros de Rumasa y
los concedidos a la Seguridad Social en el período 1992-1996; un
total de 2 billones 988.315 millones considerados por el Tribunal
como de difícil reembolso, en suma fallidos, sin que se hayan dotado
las provisiones. El cumplimiento de la legalidad vigente que
reclamamos en nuestra primera propuesta de resolución exige que a
partir de ahora se doten la correspondientes provisiones calculadas
en la forma oportuna.
Otros temas merecen ser resaltados, como las pérdidas producidas por
empresas subvencionadas que insistimos que se incluyan en las cuentas
de los años correspondientes. No es de recibo el argumento que
escuchamos en esta Comisión de que, por ejemplo, los contratos-
programa de Renfe son objeto de auditoria y que, por tanto, no pueden
ser cerrados con exactitud a 31 de diciembre. Este argumento parece
olvidar que Renfe y las demás empresas cierran sus cuentas a 31 de
diciembre y no es necesario esperar a que la auditoría confirme o no
la cuenta para saber cuál es el resultado. Con este criterio, las
cuentas de todas las administraciones y empresas que estuviesen
siendo auditadas tendrían que posponerse. En relación al seguro de
cambio de autopistas, del que ya hemos hablado en un punto anterior
en esta Comisión, está ya en condiciones de ser provisionado y no
necesita de ningún informe del Ministerio de Fomento ni de ser
retrasado varios años. En esta Comisión se afirmó la necesidad de
este retraso, ignorando el informe presentado hoy por el Tribunal de
Cuentas y del que ya se ha fijado posición por parte de todos los
grupos parlamentarios, admitiendo las recomendaciones del Tribunal.
La provisión por fallos judiciales es una práctica que creemos que
debe ser rectificada, de forma que se incorporen estimaciones
razonables de los posibles fallos judiciales que conlleven
contrapartidas económicas, a expensas de su regularización
definitiva, cuando se conozcan los fallos. Es posible tener
discrepancias contables con el Tribunal y es razonable también que el
portavoz del Gobierno defienda las posiciones del mismo, pero es poco
creíble cuando sus argumentos son inverosímiles y cuando todo señala
que el Tribunal tiene una parte importante de razón. No pasa nada por
reconocerlo. Esto sucede en las transferencias del ICO, que son más
bien transferencias que créditos, en los créditos a países en vías de
desarrollo y en los préstamos de los consorcios de seguros que antes
mencionamos. La legalidad tiene poco que ver con el Club de París,
que es un órgano político, y por eso creemos que una parte de esa
deuda tiene que irse provisionando. No se trata, por supuesto, de que
se condonen los créditos, se trata de que se provisionen.
Especial importancia -y aquí me quiero detener aunque brevemente-
adquiere la deuda contraída por la Seguridad Social con la
Administración del Estado al objeto de proporcionar cobertura
adecuada a sus obligaciones y posibilitar el equilibrio
presupuestario de la misma. Las cuentas de 1996 no efectúan ninguna
provisión de estas cifras a pesar de que la Seguridad Social no
reintegró cantidad alguna, lo que efectivamente pone de relieve, como
asegura el informe, que se ha venido demostrando, año tras año, que
son de dudosa recuperación y que sería preferible utilizar otras
fórmulas que el Tribunal plantea, como la de las
transferencias. Esto motiva nuestra segunda resolución, que
consideramos de la máxima relevancia económica y política. La deuda
en la cuenta de 1996 ascendía, como vimos, a 1,2 billones de pesetas;
faltan todavía las cuentas de 1997, de 1998 y de 1999. Por tanto,
consideramos imprescindible que el Tribunal realice una fiscalización
horizontal o integral relativa a la situación patrimonial y
financiera del sistema público de la Seguridad Social. Tiene un
enorme interés para los ciudadanos españoles conocer la evolución del
endeudamiento de la Seguridad Social, así como las formas de
recaudación y la deuda pendiente de cobro. La necesidad de esta
fiscalización y la importancia de lo que aquí estamos planteando
viene avalada, además, por el Tribunal de Cuentas, órgano
constitucional autónomo, independiente, que dice que no sería baladí
estudiar en profundidad la financiación de la Seguridad Social; y
cito textualmente a partir de ahora al presidente que decía en la
anterior sesión de la Comisión que está en manos de esta Comisión
Mixta el tomar iniciativas que respondan a lo que esta presidencia
llama fiscalizaciones horizontales, como puede ser la financiación de
la Seguridad Social, que cree menos confusión y nos aclare a todos la
situación. No es, por tanto, nuestro segundo punto de propuestas de
resolución una iniciativa partidaria en el sentido peyorativo, sino
que nos hacemos eco de la sugerencia que ante esta Comisión hizo el
presidente del Tribunal de Cuentas.
Para finalizar, señorías, nuestras propuestas de resolución deben
entenderse en el ánimo de cooperar para que las cuentas del Estado
tengan la máxima claridad y se adapten a la realidad. No descartamos
incluso las reformas que sean precisas, pero consideramos que estas
dos propuestas de resolución, avaladas por el presidente del Tribunal
de Cuentas, deben ser aprobadas por esta Comisión. Asimismo, he de
informar que vamos a votar favorablemente a todas las propuestas de
resolución presentadas por los diferentes grupos parlamentarios y que
nos congratulamos en especial de las presentadas por el Partido
Popular, que aunque no reflejan la intervención que se tuvo en la
anterior sesión de la Comisión en la que no se avalaban algunos de
los criterios que planteaba el Tribunal de Cuentas, hoy nos
congratulamos de que en todas sus resoluciones se recojan los
criterios planteados por el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Para debatir las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra el Senador don Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor presidente, nuestro grupo ha
presentado tres propuestas de resolución a esta cuenta general del
Estado de 1996 a la espera de que 1997 deje de ser un ejercicio de
transición por cambio de Gobierno y por mor de los presupuestos.
En la primera por enésima vez (no sé si por cansancio mejoraremos
esta partida) se insta a mayores dotaciones para insolvencias, sobre
todo para aquellos casos de nula recuperación, lo que venimos
remachando todos los grupos en cada una de las intervenciones y que
son casos muy concretos. La segunda es la necesidad de un balance
consolidado, que ya manifesté en mi intervención en el debate del
informe presentado por el presidente del Tribunal, en el sentido de
un antes y un después de las rectificaciones, por tanto, al objeto de
tener una visión real y efectiva de las mismas. En la última pedimos
una modificación con el objetivo de regular con mayor precisión las
situaciones de prórroga presupuestaria, que a nuestro entender no
están debidamente clarificadas, por lo que no deja de ser un
inconveniente a la hora de aplicar las mismas. Son tres propuestas
simples, sencillas, que me sirven para manifestar mi conformidad
total con las presentadas por el grupo parlamentario Popular. También
estoy de acuerdo con la portavoz socialista que son propuestas
amplias, totalmente asumibles y que demuestran un avance en el
sentido de mejorar la presentación de las cuentas públicas.
En cuanto a las propuestas de resolución del Grupo Socialista, a la
primera no hay ninguna objeción por nuestra parte y continuamos
discrepando con la segunda, lo que remarcaré en el momento de la
votación. Repito nuestra conformidad con las preguntas del Grupo
Parlamentario Popular, de acuerdo con la primera del Grupo Socialista
y discrepancia con la segunda del mismo grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Para debatir las propuestas presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el diputado don Diego
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Señor presidente, procuraré ser
extremadamente breve en la presentación de las propuestas. Hicimos un
análisis positivo de la gestión realizada en la liquidación del
presupuesto de 1996 ,y este análisis positivo no nos llevaba a decir
que las cuentas públicas en sólo seis meses habían pasado de un
marasmo o una mala gestión a una Arcadia contable feliz a finales de
1996. Evidentemente quedaban al final de 1996 una serie de puntos por
corregir. No se trataba de plantear un enfrentamiento o una
desobediencia a los criterios del Tribunal de Cuentas, sino de marcar
claramente aquellos puntos en que era necesaria una acción
administrativa, y que por tanto había que corregir determinadas
tendencias de la Administración ,y en otros que se van a tener que
seguir planteando discrepancias. Ya decíamos en la anterior
intervención cuáles eran los puntos que a nuestro entender iban a ser
imposibles de resolver, desde el punto de vista de gestión contable,
aun coincidiendo en determinados aspectos con las apreciaciones del
Tribunal. Hemos pedido expresamente que el Tribunal ponga de
manifiesto los hechos posteriores de que ha tenido conocimiento antes
del cierre del informe para que se recoja qué acción del Gobierno ha
ido incorporándose en ejercicios posteriores. Incluimos una llamada
de atención, puesto que era una de nuestras denuncias reiteradas,
respecto a los remanentes de tesorería y fondos de maniobra,
especialmente de los organismos autónomos, que se han movido
tradicionalmente ajenos a la evolución de la gestión del presupuesto.
En la propuesta 8 de nuestro grupo se insta al Gobierno a continuar
con las actuaciones orientadas a una mayor utilización del remanente
de tesorería y del fondo de maniobra como fuente de financiación de
los organismos autónomos de forma que se evite la existencia de
capital circulante no justificado, lo que era habitual
en la mayoría de los organismos autónomos y en algunos de ellos con
unas cuantías muy importantes.
Respecto a las propuestas de los otros grupos parlamentarios,
compartimos las de Convergència i Unió, si bien sugeriríamos una
ligera modificación en la propuesta de resolución número 2. De
entrada, es bueno para el análisis de las cuentas públicas contar con
un balance consolidado, pero nos parece que el mandato que se hace es
extremadamente perentorio para algo que requiere un tiempo de
trabajo. Por eso pediríamos al Grupo de Convergència i Unió que
matizara el mandato al Gobierno en el sentido de no ser tan
contundente al instar al Gobierno a efectuarlo ya, porque implicaría
una imposibilidad de actuación por su parte. Se trataría de matizar
el momento temporal en que pueda estar en condiciones el Gobierno de
presentar un balance consolidado. Tengamos en cuenta que estamos
hablando de un balance consolidado del conjunto de la Administración
del Estado, el conjunto de los organismos autónomos, el conjunto de
las sociedad estatales. Por tanto, no es un trabajo fácil o que se
esté en condiciones de garantizar que puede hacerse al cierre de este
ejercicio. Por ello, aun asumiendo la posibilidad y la conveniencia
de contar con ese balance consolidado, pediríamos que se matizara el
momento de entrada en vigor de esta obligación para la Administración
del Estado.
En cuanto a las propuestas del grupo parlamentario Socialista, a la
primera no nos oponemos porque es coincidente con el detalle de las
ocho propuestas de nuestro grupo. Respecto a la segunda, puede ser
interesante utilizar un criterio horizontal de fiscalización de
cuentas. Creemos que es interesante analizar las fuentes de
financiación de la Seguridad Social y la propia estructura de la
Seguridad Social, no porque cree a mi grupo -y esto sí que lo
queremos resaltar- ninguna duda sobre la sanidad de la Seguridad
Social española, ni porque se nos plantee ninguna duda respecto al
importe de las deudas de la Seguridad Social. Enlazaría con algunos
comentarios sobre los préstamos del Estado a la Seguridad Social
diciendo que no tiene trascendencia en el déficit que estas
cantidades figuren en la Seguridad Social o en las cuentas del
Estado. En ambos aspectos computan para el déficit. Estamos hablando
pura y simplemente de un encaje contable que no tiene trascendencia
en la contabilización del déficit. Pero no creemos que en este
momento y sin un debate previo sea oportuno volar la propuesta de
hacer una fiscalización horizontal de la Seguridad Social porque,
enlazando con manifestaciones sobre posicionamientos políticos de los
dos últimos días sobre la situación de la Seguridad Social, creo que
introduciríamos un elemento de alarma inencesario. Por tanto, estamos
abiertos a estudiar cómo debe hacerse una fiscalización horizontal
del sistema público de la Seguridad Social, aunque lo enlazamos con
declaraciones políticas recientes lo único que haríamos sería
introducir un elemento de duda o alarma sobre la sanidad del sistema
de la Seguridad Social. Por ello, estando de acuerdo en que puede ser
positivo un análisis de este naturaleza, no lo ligaríamos a este
momento concreto y quedaríamos abiertos a la consideración de esa
posibilidad en el futuro.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTATAL «FÁBRICA NACIONAL
DE MONEDA Y TIMBRE». (Número de expediente Congreso 251/000064 y
número de expediente Senado 771/000061)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, el
debate del informe de fiscalización de la sociedad estatal Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre. Para debatir las propuestas de
resolución que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el diputado don Julio Álvarez.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Quiero señalar, en primer lugar, una práctica
que viene reiterando el Grupo Parlamentario Popular consistente en la
falta de coherencia entre las posiciones que mantiene en el debate de
los informes del Tribunal de Cuentas con las propuestas de resolución
que luego presenta y que viene motivada básicamente por la intención
reiterada de dicho grupo de seguir ejerciendo la oposición desde el
Gobierno, huyendo de sus responsabilidades actuales y mirando
exclusivamente hacia atrás. En efecto, el portavoz del grupo
parlamentario Popular no ha podido resistir la tentación de seguir la
inercia de intoxicación marcada por su grupo parlamentario. Se vio
forzado a sacar punta de un sólido edificio de hormigón. Intentar a
esta altura de la legislatura exprimir aún más aquella vergonzante
campaña de la Expo para poder decir algo negativo en relación con la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbres expresa claramente la enfermiza
y estructural tendencia del Grupo Parlamentario Popular y del
Gobierno a descalificar la gestión de los gobiernos socialistas.
Tanto ruido, señorías, para terminar proponiendo resoluciones que se
adaptan a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.
Quiero decir al citado portavoz que consideramos que no es preciso
que se nos recuerde una vez más las irresponsables acusaciones de su
grupo en la gestión de la Expo-92 y que no trate de obtener ventaja.
Lo diré de otra manera. De los propios delirios angelicales de su
grupo parlamentario no se deriva otra cosa que lo que vengo
repitiendo. Creo que sería conveniente que el Grupo Parlamentario
Popular mirara un poco lo que llueve sobre el Gobierno en los
distintos niveles competenciales donde el Partido Popular ejerce esa
función: en la institución estatal, en las autonómicas, en las
provinciales, en los ayuntamientos; que lea los medios de
comunicación. (Risas.) Quizá debiéramos felicitarnos por este cambio
de actitud del Grupo Parlamentario Popular en este trámite
parlamentario del día de hoy. La ponderación que se ha utilizado al
proponer las resoluciones que ahora debatimos, si se hubiera
utilizado ese mismo equilibrio y esa misma coherencia, quizás esa
posición hubiera llevado al portavoz del grupo parlamentario Popular
a comprobar que en el ejercicio de 1995, que es el que se ha sometido
a fiscalización la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no ha habido
ni ilegalidades ni irregularidades en la contratación de los
servicios de limpieza y vigilancia. No hay propuestas de resolución
en este sentido y, por tanto, se confirma esa posición que no ha
mantenido en el debate inicial sobre el informe del Tribunal de
Cuentas. Pero el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
ha preferido irse a los ejercicios no fiscalizados para encontrar
alguna deficiencia, de la misma manera que no duda en calificar de
abuso el solo hecho de la exclusividad en la distribución de monedas
contratadas con la sociedad Servicios documentales, filatélicos y
numismáticos. Ya hemos dicho en el debate del informe del Tribunal de
Cuentas que la opinión profesional que al Grupo Parlamentario
Socialista le merece este informe es limpia y positiva, aunque toda
obra humana tiene deficiencias y limitaciones. Pero creemos que el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha dejado pasar, una vez
más, una oportunidad inmejorable para simular su objetividad al menos
y ha preferido hurgar de forma torpe y enfermiza en pequeños rasguños
de un organismo totalmente sano, la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre. Cuando a esta Comisión vayan llegando los expedientes de
fiscalización de la gestión institucional cuya responsabilidad
política le sea imputada al Gobierno ¿va a cambiar de actitud el
portavoz del grupo parlamentario Popular? Para concluir, señor
presidente, creemos que el informe marca claramente en sus
recomendaciones la línea de mejora de la eficiencia en la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre y, por ello, hemos presentado una
propuesta de resolución en este sentido.
Respecto a las propuestas de resolución que ha presentado el grupo
parlamentario Popular, presentamos una enmienda in voce, que de ser
aceptada supondría que apoyaríamos esas propuestas de resolución,
puesto que estimamos más conveniente la siguiente redacción. En su
primera propuesta diríamos que la Comisión Mixta para las relaciones
con el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno -no a la sociedad
estatal Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- a que tome las medidas
precisas para diseñar un nuevo plan estratégico. Lo demás quedaría
igual. Y en su segunda diríamos: La Comisión Mixta para las
relaciones con el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a que tome
las medidas necesarias para que la sociedad estatal Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre intensifique los controles internos en los ámbitos
de actuación. Lo demás quedaría exactamente igual.
Votaremos a favor la única propuesta de resolución que ha presentado
el Grupo de Convergència i Unió porque se adapta perfectamente a las
recomendaciones contenidas en el informe del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución
presentadas por el grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el senador Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Telegráficamente, señor presidente. Una
sola propuesta resultante del informe del Tribunal de Cuentas en el
sentido de que se reformule un nuevo plan estratégico de carácter
plurianual y delimitando los objetivos.
El señor PRESIDENTE: Para debatir las propuestas de resolución
presentadas por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el
diputado don Javier Iglesias.
El señor IGLESIAS GARCÍA: Voy a presentar las dos propuestas de
resolución del grupo parlamentario Popular.
La primera incide en la conveniencia de definir las directrices de
actuación o plan estratégico como herramienta válida de gestión para
que se establezcan esas líneas básicas en un momento importante para
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cual es el que se presenta en
los próximos años respecto a la nueva moneda que vamos a tener en
Europa, el euro. Al grupo parlamentario Popular le preocupa
especialmente el que se pueda ahondar más en ese plan estratégico o
líneas de actuación básicas en tanto en cuanto se preste una especial
atención a los departamentos productivos con márgenes negativos y así
lo expresamos.
La segunda propuesta presentada por el Partido Popular hace
referencia a que se potencien dos tipos de controles internos. El
primero es el relativo a las compras de materia prima que se realizan
en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, teniendo en cuenta siempre
su singularidad y la especificidad de los productos que se compran.
Quiero hacer referencia a la sorprendente intervención -creo que nos
ha sorprendido a todos- del portavoz socialista puesto que ha hecho
alusiones bastante dolidas a mi intervención sobre el informe de
fiscalización del Tribunal de Cuentas. Creo que el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista padece de alguna dolencia extraña, de manía
persecutoria. El Grupo Parlamentario Popular no ha hecho más que
cumplir con su obligación de poner de manifiesto las distorsiones, de
hacer valoraciones totalmente acertadas y realistas poniendo de
manifiesto las deficiencias, problemas, situaciones y
comportamientos, a mi juicio poco ortodoxos, que se pudieron dar en
otros años a los que a lo mejor no se refería el informe de
fiscalización del Tribunal de Cuentas, pero a los que sí hacía
mención. Nos preocupaba asimismo la exclusividad que se había dado a
los contratos de distribuidores y agentes, teniendo presente ese año
maravilloso que todos entendieron que podía dar mucho dinero 1992. Es
lo que se recoge también en esa propuesta de resolución: que en el
ámbito de los contratos de distribuidores y agentes, en cuya
selección se debe garantizar concurrencia suficiente -y aquí viene lo
que al portavoz del grupo parlamentario Socialista le preocupaba que
no se recogiera-, se incorporan normas internas que no permitan su
exclusividad; es decir, que no permitan las situaciones que tuve el
honor de denunciar en mi anterior intervención.
En lo que se refiere a las propuestas de resolución que han
presentado los grupos Socialista y Convergència i Unió, no tenemos
ninguna objeción y estamos absolutamente de acuerdo. El portavoz
socialista ha dicho que se pueden modificar de una manera sutil, de
una manera tan sutil que casi es incomprensible para este portavoz.
Nosotros no tenemos inconveniente y nos parece bien. En las
propuestas de resolución presentadas por el Grupo Popular queda
perfectamente reflejado el sentir del grupo para que no se vuelvan a
repetir esas situaciones, cuando menos poco ortodoxas, que se
pudieron dar hace muchos años en la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre. Deseamos que estas propuestas de resolución de los distintos
grupos ayuden a seguir mejorando la trayectoria de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre que, como se pone de manifiesto en el
informe, sobre todo en los últimos años, mejoró de manera clara. Creo
que el sentir general de todos los grupos
parlamentarios de esta Comisión es que siga mejorando.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las propuestas de resolución
presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.
Me anuncian algunos portavoces que sería conveniente retrasar estas
votaciones dos o tres minutos, con el fin de que estén presentes
todos los diputados. ¿Les parece bien? (El señor Álvarez Gómez pide
la palabra.)
Tiene la palabra el señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Solamente quiero preguntar si el grupo
parlamentario Popular ha aceptado la enmienda in voce. He creído
entender que sí.
El señor PRESIDENTE: Ha aceptado la enmienda in voce y esta Mesa le
rogaría a S.S. que nos remita el texto de la misma para que no haya
confusiones a la hora de la transcripción.
Suspendemos la sesión durante un máximo de cinco minutos. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones de
las diferentes propuestas de resolución presentadas por los grupos
parlamentarios. Iniciaremos las votaciones con las propuestas de
resolución presentadas referentes a la Fundación para la Formación
Continua (Forcem).
Votaremos inicialmente las del grupo parlamentario Socialista, que
corresponden a las cuatro primeras. Desearía que los diferentes
grupos parlamentarios me comunicasen si procedemos a votaciones
separadas o conjuntas.
El señor JORDANO SALINAS: Desearíamos votación separada de la
propuesta número 4, del grupo parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Las demás conjuntamente?
El señor JORDANO SALINAS: Respecto a las del Partido Nacionalista
Vasco, pediríamos votación separada de los números 8 y 11, porque en
la 15 había una modificación que había aceptado el señor Jon Zabalía.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna modificación al respecto por parte
de algún grupo parlamentario?
El señor Santiso tiene la palabra.
El señor SANTISO DEL VALLE: Pedimos votación separada de la número
10, del PNV.
El señor PRESIDENTE: Votaremos, en primer lugar, las propuestas de
resolución presentadas por el grupo parlamentario Socialista números
1, 2 y 3.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos, a continuación, a la votación de la propuesta de resolución
número 4, del grupo parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos, a continuación, a la votación de las propuestas de
resolución números 5, 6 y 7, del Grupo Federal de Izquierda Unida,
que, a tenor de lo manifestado por los diferentes portavoces se
podrían votar conjuntamente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos, a continuación, a las votaciones de las propuestas de
resolución presentadas por el grupo parlamentario Vasco. Votaremos
inicialmente las que han solicitado los grupos que se voten
separadamente.
Propuesta de resolución número 8, del grupo parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la propuesta de resolución número 10, también del
citado grupo parlamentario.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos ahora la propuesta de resolución número 11, del Grupo
Parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 33; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas de resolución números 9, 12, 13, 14, 15 con la enmienda
transaccional in voce presentada por el grupo parlamentario Popular,
16 y 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos conjuntamente, a continuación, las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Propuestas de resolución números 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar, también conjuntamente, las propuestas de resolución
presentadas por el grupo parlamentario Popular, correspondientes a
los números 24, 25 y 26.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Entramos en las propuestas de resolución correspondientes a la
declaración definitiva sobre la cuenta general del Estado del
ejercicio 1996. A tenor de lo manifestado por los diferentes grupos
parlamentarios, entiendo que las tendremos que votar separadamente.
Votaremos, en primer lugar, la propuesta de resolución número 1,
presentada por el grupo parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votaremos, a continuación, la propuesta de resolución número 2,
también del Grupo Parlamentario Socialista .
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las tres propuestas de resolución presentadas por el grupo
parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (El señor Carrera i
Comes pide la palabra.)
Señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: A nuestra propuesta de resolución número 4
había una enmienda transaccional. Si le parece a la Presidencia
debería leerse para conocimiento del resto de los grupos.
El señor PRESIDENTE: Dicha enmienda transaccional consiste,
básicamente, en cambiar la palabra efectuar por la de iniciar
-iniciar un balance consolidado...-, que ha contado con la
conformidad del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Votaremos, a continuación, las tres propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos ahora las propuestas de resolución presentadas por el grupo
parlamentario Popular, correspondientes a los números 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 13, que, si no he entendido mal, también se podrían votar
conjuntamente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Entramos en las votaciones de las propuestas de resolución
presentadas por los diferentes grupos parlamentarios referentes a la
fiscalización del Ayuntamiento de Palencia durante los ejercicios
1992 a 1994.
Votaremos, en primer lugar, la propuesta de resolución presentada por
el grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida. (El señor Gimeno
Marín pide la palabra.)
Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, hemos cometido un error,
porque algunos diputados de mi grupo hemos creído estar votando las
propuestas de resolución de la Sociedad Estatal Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, y parece ser que estamos votando las propuestas
sobre el Ayuntamiento de Palencia. En cualquier caso, queremos dejar
bien claro que estamos en contra de las propuestas de Izquierda Unida
relativas al Ayuntamiento de Palencia.
El señor PRESIDENTE: Dado que se ha producido cierta confusión con el
orden del día debido a cambios introducidos a instancias de los
diferentes grupos parlamentarios, sugiero a los restantes grupos
parlamentarios que anulemos dicha votación y se vuelva a repetir.
¿Están todos de acuerdo? (Asentimiento.)
Pasamos a votar las diferentes propuestas de resolución presentadas
por los grupos parlamentarios correspondientes a la fiscalización del
Ayuntamiento de Palencia durante los ejercicios 1992 a 1994. Votamos
en primer lugar la propuesta de resolución presentada por el Grupo
Federal de Izquierda Unida número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 11; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la propuesta de resolución número 2, presentada por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente, pedimos votación
separada de la propuesta de resolución número 3, del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Si no hay más solicitudes, esta Presidencia
entiende que se pueden votar conjuntamente las propuestas de
resolución 4 y 5.
Votamos la propuesta de resolución número 3, presentada por el grupo
parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 11; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas de resolución números 4 y 5, presentadas por el grupo
parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 15; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las últimas propuestas de resolución correspondientes a la
fiscalización de la Sociedad Estatal Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre.
Propuesta de resolución número 1, presentada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la propuesta de resolución presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Finalmente, propuestas de resolución presentadas por el grupo
parlamentario Popular números 3 y 4, a las que se ha incorporado una
enmienda transaccional presentada in voce por el Grupo Socialista,
que ha sido aceptada por el grupo parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión.