DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1999 VI Legislatura Núm. 136



PARA LA UNIÓN EUROPEA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO SOLBES MIRA



Sesión núm. 33



celebrada el martes, 23 de marzo de 1999, en el Palacio del Congreso
de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor secretario de Política Exterior y para la
Unión Europea (De Miguel y Egea) para explicar la preparación del
Consejo europeo de Berlín del 24 y 25 de marzo de 1999. A petición de
la Comisión (Número de expediente del Congreso 213/001054 y número de
expediente del Senado 711/000273) ... (Página 2840)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días. Iniciamos nuestra trigesimotercera
reunión de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Estaba prevista
la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y, en caso de que
no pudiera asistir, la del secretario de Estado. El ministro me
comunicó esta semana su imposibilidad de asistir precisamente por los
debates de Bruselas sobre los temas referidos a la Agenda 2000. Por
tanto, agradezco al secretario de Estado para la Unión Europea que en
estos momentos especialmente complicados del debate comunitario pueda
compartir con nosotros una reflexión sobre la situación actual de los
temas que van a ser debatidos este fin de semana en la cumbre europea
de Berlín. Sin más preámbulos, le cedo la palabra.

Señor secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA( De Miguel y Egea): Señor presidente, es para mí una
satisfacción estar en esta Comisión. En primer lugar me satisface
poder sustituir al ministro en el día de hoy, pero debo decir que es
muy grato para mí estar aquí porque, al fin y al cabo -yo así lo
siento como secretario de Estado, responsable de la Unión Europea-,
es mi Comisión natural, donde no solamente me satisface comparecer,
sino, además, donde debo comparecer todas las veces que sean
necesarias. Nosotros partimos de la convicción de que la política
europea es una política de Estado y la mejor manera de hacer una
política de Estado es a través del diálogo con todos los partidos del
espectro parlamentario, porque si no hay diálogo no puede haber una
política de Estado; hay que compartirlo y lo estoy deseando. Yo creo
que hoy tenemos una buena oportunidad para compartir esta política en
la que yo creo que estamos todos; por lo tanto, estoy a disposición
de esta Comisión.

Al mismo tiempo yo quisiera, presidente, con vuestra venia, poner a
disposición de esta Comisión la carta que ha mandado el canciller
Schröder, que llegó anoche. La carta -creo que es el planteamiento
del Consejo Europeo- naturalmente siempre se envía con la
documentación correspondiente a la Comisión, pero es de las típicas
cosas que hubiera llegado mañana. Como me llegó anoche, la he traído
hoy aquí. He hecho unas fotocopias. Si le parece, presidente, puedo
ponerla a disposición de los miembros de esta Comisión.

Como ustedes daben, comparezco aquí tan solo unas horas antes de
emprender el viaje a Berlín, en donde va a tener lugar este Consejo
Europeo extraordinario, que no es solamente extraordinario por el
hecho de que se sale de lo normal -es un consejo convocado
extraordinariamente para tratar un tema específico como es el acuerdo
sobre las perspectivas financieras-, sino también por el hecho de que
afronta una situación de particular gravedad en la Unión Europea en
el día de hoy. La reciente crisis convocada por la dimisión de la
Comisión Europea complica sin duda el panorama ya de por sí difícil y
pone a prueba la capacidad de las instituciones y de los Estados
miembros
para hacer frente a esta crisis en un redoblado sentido de la
responsabilidad.

Como SS.SS. conocen, el presidente Aznar ha enviado un mensaje de
confianza política al presidente de la Comisión y a los dos
comisarios españoles y está firmemente convencido de la importancia
de contar con una Comisión fuerte y capaz de actuar. Precisamente en
este sentido el Consejo de Asuntos Generales aprobó ayer una
declaración que contiene una serie de elementos relevantes que
quisiera destacar. Se expresa, en primer lugar, el deseo de nombrar
una nueva Comisión con rapidez, pero respetando los procedimientos
previstos en el Tratado de Amsterdam. En segundo lugar, se reafirma
la necesidad de que la Comisión siga asumiendo las funciones que le
corresponden, y se hace especial hincapié en la negociación de la
Agenda 2000. En tercer lugar, se subraya la importante labor
realizada por la Comisión actual y su contribución a la integración
europea. Por último, me parece importante destacar, entre otros
elementos importantes de esta declaración, el hecho de que serán los
jefes de Estado y de Gobierno quienes deban pronunciarse sobre la
continuación del procedimiento.




También tengo conmigo esta declaración del Consejo sobre la Comisión
Europea, eso sí, en su versión francesa, porque no hemos podido
conseguir una versión española, que también pongo a disposición del
presidente, porque me imagino que, al ser una cuestión muy de
actualidad, los grupos políticos pueden tener interés en conocerla.

No se ve muy bien, pero si desean incorporarla como documentación,
con mucho gusto la pongo a su disposición.

Producida esta crisis, que desde el punto de vista del Gobierno
podría haberse evitado, es preciso, como el propio presidente de la
Comisión ha declarado con nobleza, utilizarla como trampolín para
acometer una reforma profunda y duradera de todas las instituciones
europeas. El Gobierno confía asimismo, como el presidente Santer, en
que esta crisis contribuirá a restablecer el funcionamiento armonioso
de las instituciones. En Berlín, por lo tanto, tenemos que afrontar
no solamente la crisis en torno a la Comisión y las decisiones
políticas que deberán adoptarse para resolver ésta, definiendo el
procedimiento y calendario para la elección de la nueva Comisión,
sino que al mismo tiempo, y sobre todo, habrá que abordar la adopción
de la Agenda 2000 que, en opinión del Gobierno español, compartida
por todos los países miembros de la Unión, es la tarea prioritaria.

España cree firmemente en la necesidad de llegar a un acuerdo global
en Berlín, que hoy parece más alcanzable tras el acuerdo logrado
sobre la reforma de la PAC por el Consejo Agrícola. Naturalmente el
Gobierno sabrá ser flexible y constructivo en esta decisiva fase de
la negociación, pero se mantendrá firme en la defensa de principios
y planteamientos que consideramos irrenunciables. En ningún caso
aceptaremos que tras el acuerdo agrícola se trate de realizar ahorros
a costa de las políticas estructurales que afecten
discriminatoriamente a los países de la cohesión.

Me gustaría, señor presidente, exponer a continuación sucintamente el
estado de los aspectos fundamentales de la negociación que se van a
abordar en Berlín, y me gustaría al mismo tiempo resumir la posición
española sobre cada uno de ellos. Mi intervención será breve,
naturalmente, por



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la premura del tiempo, y porque soy consciente además de que la mayor
parte de los planteamientos son conocidos de SS.SS. y que lo que
interesa aquí es el debate; posteriormente, en mi réplica,
complementaré muchas de las cosas que podrían haber quedado un tanto
soslayadas por la brevedad, como digo, de la exposición.

Empezaré por la primera cuestión, que es la Rúbrica 1, gasto
agrícola. Los resultados del Consejo de Agricultura que finalizó el
día 12 de este mes constituyen un compromiso razonable que en nuestro
caso da satisfacción a demandas justamente reivindicadas desde hace
tiempo, que son fundamentalmente el incremento de la cuota láctea, el
aumento de los derechos de prima para el ternero macho y el aumento
de los rendimientos por hectárea para los cultivos herbáceos,
fundalmentalmente cereales. Como es sabido, el problema de este
acuerdo es para algunos que rebasa en 6.300 millones de euros, en
todo el período de los siete años de las perspectivas financieras, la
cifra de los 307.010 millones de euros, que es equivalente a 40.500
millones de euros anuales, el concepto de la estabilización del gasto
agrícola. Es decir, se había dicho que había que estabilizar el gasto
al nivel de 1999, que había que cerrarlo en 40.500 millones de euros,
y al final el acuerdo supera en todo el período 6.300 millones de
euros más. Esta cifra, que desde luego para España es perfectamente
asumible y para muchos Estados miembros también, está siendo
cuestionada, y se insiste en que hay que reducir esos 6.000 millones
de euros a lo largo del período, y es factible también encontrar un
mecanismo para ahorrar, porque 6.000 millones de euros a lo largo del
período suponen una cantidad de menos de 1.000 millones de euros por
año, que es fácilmente asumible, como había sugerido la ministra De
Palacio, mediante el aplazamiento en el tiempo de las reformas
previstas, lo cual produce unos ahorros importantes. Y si con el
aplazamiento no se consiguiera esa cantidad de dinero, podría hacerse
mediante un sistema de reducción de las ayudas, pero no mediante una
reducción progresiva de las ayudas directas, que es lo que pretenden
la mayor parte de los países miembros, sino mediante una reducción
modulada de las ayudas, es decir, una reducción en función de los
niveles de renta o niveles de percepción de ayuda por parte de los
agricultores. Aquellos agricultores que perciben más de equis, por
ejemplo, 200.000 euros anuales podrían tener que hacer un sacrificio
mayor que los que reciben menos de 50.000. Para entendernos, podría
haber una cantidad exenta hasta un techo, que en la propuesta
española y austriaca era que todos los agricultores que recibieran
75.000 y menos quedaban exentos y a partir de 75.000 euros anuales,
y por bandas entre 75.000 y 100.000, 100.000 y 125.000, 175.000 y
200.000, iban aumentando los niveles de la reducción. Esta es,
naturalmente, una solución que a nosotros nos parece más política y
más equitativa, pero también hay que comprender que estamos en una
comunidad a quince y que a la mayor parte de los países no les
interesa, aunque la lógica indica que parece más justo que el peso de
la reducción la lleven las grandes explotaciones y no los pequeños y
pobres agricultores. Pero ahí está la alternativa de la regresividad,
que a nosotros no nos satisface; la modulación, que podría ser una
solución, y desde luego hay que descartar de manera definitiva la
cofinanciación, porque esa es otra solución que se había apuntado y
que España, Francia y otros países rechazan plenamente, porque sería,
en nuestra opinión, el principio del fin de la política agrícola
común.

El segundo gran tema es el techo máximo de recursos propios. Como
saben, ha habido un insistencia desde el principio por parte de la
Comisión y de los países miembros de la Unión en fijar un techo del
1,27 del PNB comunitario para el período 2000-2006. Nuestra posición
ha sido siempre la de rechazar el techo del 1,27, y creo que el
Gobierno español podría aceptarlo si el Consejo Europeo acuerda que
dicho techo debe ser revisado cuando se conozcan los resultados de
las primeras negociaciones de ampliación de la Unión Europea y, por
tanto, pueda calcularse el costo de éstas. Por lo tanto, mantenemos
siempre la misma posición de que no se puede poner un techo sin saber
lo que va a costar la ampliación y podemos admitir un techo siempre y
cuando haya una cláusula que diga que ese techo es susceptible de ser
revisado en el momento de la ampliación.

Respecto a la Rúbrica 2, que es gasto de las políticas estructurales,
me parece que se han producido progresos que permiten contemplar con
mayor optimismo la posibilidad de un compromiso en Berlín. Las
diferencias sobre cuál debe ser el volumen global de las dotaciones
para la Rúbrica 2 son cada vez menores. Algunos Estados miembros
parecen más sensibles al argumento de que el único concepto de
estabilización de gastos que tiene sentido es el que se basa en el
principio del mantenimiento de la intensidad de la ayuda que se
alcanza en Edimburgo para 1999.

Sobre esta base, y aceptando la asignación de al menos dos tercios
del total al Objetivo 1, no creemos que un acuerdo pueda ser muy
difícil, considerando que existe un importante margen en relación con
los gastos propuestos por la Comisión para el Objetivo 3, en los que
se prevé un aumento de más del 67 por ciento sobre las cifras de
Edimburgo.




Con respecto al Fondo de Cohesión, ya ha sido aceptado por la
Presidencia y por la mayor parte de los Estados miembros el derecho
de los Estados miembros partícipes en la moneda única a beneficiarse
del Fondo de Cohesión mientras reúnan los requisitos establecidos
para ello por el Tratado, derecho que había sido cuestionado. La
discusión se reduce a la propuesta de establecer una relación inversa
entre la mayor proximidad, al 90 por ciento, y la asignación que cada
Estado beneficiario recibiría de dicho fondo. Naturalmente siempre
hemos rechazado esta tesis no sólo por carecer de base jurídica en
los tratados, sino también por carecer de lógica política. El
resultado sería que, en lugar de incentivar al Estado miembro que ha
hecho un buen uso de los fondos, lo que se traduce en una mejora en
la convergencia real, se le sancionaría reduciendo la dotación
financiera a la que tendría derecho y viceversa, cuanto peor sean los
resultados de un Estado miembro más dinero recibiría. Por lo tanto,
nosotros somos partidarios de que los fondos se apliquen hasta los
límites, pero que haya un sistema de guillotina, es decir, que no
haya una degradación previa, sino que en el momento en que se alcance
el 90 por ciento de la renta, y sin período transitorio,
automáticamente se pierda el Fondo de Cohesión, que naturalmente es
la condición que contienen los tratados para la aplicación de dicho
fondo.




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Por lo que se refiere al acuerdo interinstitucional, el mantenimiento
del actual status de objetivo de agosto en toda la categoría 2, es
decir, todo lo que es cohesión económica y social, lo que le da un
carácter privilegiado, es una cuestión fundamental para España que
nos parece debe quedar reflejada en un acuerdo interinstitucional, de
modo que las cifras pactadas a nivel político en el Consejo Europeo
no puedan ser modificadas posteriormente. Otra cuestión importante es
que cualquier adaptación que pudiera producirse a mitad de camino,
fundamentalmente por unas negociaciones de ampliación o alguna
revisión de las perspectivas financieras, debe ser decidida por
unanimidad y, en ningún caso, por mayoría cualificada, tal y como
postulan algunos Estados miembros. No olvidemos que el procedimiento
establecido en el Tratado para la aprobación de nuevas adhesiones
requiere la unanimidad en el seno del Consejo y, por lo tanto, no
sería oportuno políticamente que pudieran modificarse las
perspectivas financieras a causa de una ampliación por mayoría
cualificada.

Con respecto a los fondos estructurales, me gustaría comentar algunas
cuestiones que todavía están abiertas y que tienen una importancia
particular para España y para la posición que sostiene el Gobierno
español. En primer lugar, la inclusión de las regiones
ultraperiféricas en la lista de Objetivo 1 con independencia de su
renta. Este tema se ha alcanzado políticamente en el Tratado de
Maastricht y nosotros pretendemos defenderlo, es decir, que,
independientemente de que las regiones ultraperiféricos estén por
encima del 75 por ciento de la renta, sigan perteneciendo al Objetivo
1 con todas sus consecuencias, no sólo la posibilidad de financiación
del Objetivo 1, sino sobre todo la aplicación del régimen de ayudas
del 92.3.A.

Otro tema importante que está siendo muy discutido y que tiene un
potencial enorme de perjuicio para España es el mantenimiento del
criterio de la prosperidad nacional en la clave de reparto para
distribuir el Objetivo 1. Este criterio, que hasta ahora ha sido
pacíficamente aceptado por todos los Estados miembros, está siendo
cuestionado, siendo este cuestionamiento un intento de alterar las
reglas del juego a fin de desviar más recursos contra toda lógica
hacia las regiones menos desarrolladas de los países ricos en
detrimento de las regiones Objetivo 1 de los países pobres, es decir,
siempre se ha considerado que una región Objetivo 1 en un país pobre
tiene menos oportunidades que la misma región Objetivo 1 con el mismo
nivel de renta en un país rico. Naturalmente tratar de igualarlas a
todas va en detrimento de las regiones más pobres de la Unión en los
países más pobres.

Otro tema que nos parece igualmente importante es que de alguna
manera se apruebe la lista de regiones de Objetivo 1 en el próximo
consejo de Berlín. Yo creo que por razones obvias nos interesa cerrar
cuanto antes las regiones que son ahora titulares de las condiciones
de Objetivo 1. Otra cuestión importante es la revisión de los
recursos de pobreza referidos a la media nacional y no comunitaria y
de empleo para el reparto de los fondos en el Objetivo 3.

Con respecto a los recursos propios y las conclusiones de la
Presidencia del Ecofin, todos sabemos que al fin y al cabo este
ejercicio de la agenda 2000 es un ejercicio de gasto. Es evidente que
la influencia de una serie de países ha presionado para tratar de que
este ejercicio introduzca
un mayor equilibrio no en las aportaciones, porque todo el mundo
aporta de acuerdo con una clave, pero, por lo menos, en los saldos de
ciertos países; ese agravio comparativo que existe de algunos países
ricos que reciben menos, siendo, por lo tanto, su carga financiera
mayor que la de otros, ha dado lugar a que este ejercicio de
equilibrio no pueda hacerse únicamente en el capítulo de gastos. En
el capítulo de gastos ya se hace un enorme esfuerzo que ha
condicionado todo, pero un enorme esfuerzo de estabilización, no
solamente estabilización pura, que es la que consiste en congelar el
gasto a nivel de 1999, sino la famosa estabilización, entre comillas,
que proponen la mayor parte de los países ricos de la Unión, que es
sacar la media del gasto entre los años 1992 y 1995 o entre los años
1992 y 1999 y estabilizar el gasto a esa media. Naturalmente, esa
estabilización del gasto ha condicionado enormemente el acuerdo de la
agricultura, porque este acuerdo es un acuerdo de estabilización del
gasto, es un acuerdo de no aumento del gasto, lo que conlleva un gran
límite, incluso una pérdida para todos los agricultores de la Unión.

Se está tratando de que la estabilización en la Rúbrica 2 esté por
debajo de los niveles de 1999, lo cual también es un ejercicio de
ajuste de equilibrios y ahora, a pesar de todo eso, los números no
salen y se ha querido entrar en el tema de los recursos, aunque todos
sabemos que la decisión de recursos propios aprobada por los
parlamentos nacionales no es una cosa que se pueda modificar de
manera inmediata en un Consejo Europeo. Lo que el Consejo Europeo
puede hacer es dar una indicación para una modificación de la
decisión de recursos propios, pero no decir que se ha modificado.

Ahora bien, es evidente que hay un deseo dentro de la Unión de
retocar un poco el sistema de recursos propios para introducir una
mayor equidad en los equilibrios financieros de la Unión.

En las conclusiones de la Presidencia del Ecofin de marzo se afirmó
que el tema de recursos propios, su recaudación y el reparto justo
de las cargas quedaba pendiente para el Consejo Europeo de Berlín, lo
que anticipa que difícilmente podrá llegarse a un acuerdo sobre
gastos si en principio no hay un acuerdo para al menos abordar en un
marco de tiempo establecido -como yo decía, eso no puede hacerse de
manera automática- y posiblemente vinculado a las primeras adhesiones
la reforma del sistema de recursos propios. La Presidencia insiste, y
yo creo que con razón, en que las posibilidades actuales de alcanzar
un acuerdo son buenas y que desaparecerían después de que dejara de
existir esta presión de acordar el capítulo de gastos para todo el
septenio. Así pues, yo creo que todo el mundo opina que se debe
aprovechar el amplio acuerdo que se perfila entre los Estados
miembros para sustituir el recurso IVA por el recurso PNB, si no al
cien por cien por lo menos al 50 por ciento. Italia, que es la que
más tiene que perder en este escenario, se ha mostrado abierta a una
progresiva sustitución en el marco de uan revisión global del
sistema. La Presidencia ha solicitado también a la Comisión la
elaboración de propuestas relacionadas con el cálculo del cheque
británico y presiona a este país para que muestre una cierta
flexibilidad. Debe neutralizarse cualquier beneficio que pudiera
suponer para este país la eliminación progresiva del recurso IVA y el
aumento propuesto de los gastos de recaudación de los recursos
propios tradicionales,



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es decir, los derechos de aduana que perciben las aduanas de la
Unión, que en este momento los países miembros retienen el 10 por
ciento; hay una propuesta para pasar a una retención del 20 por
ciento, lo cual equilibraría a algunos de los países que se quejan
de tener mayor déficit, como es Holanda, que tiene percepciones
importantes por el puerto de Rotterdam.

La posición de España en lo relativo a los recursos creo que es
suficientemente conocida por SS.SS., pero me gustaría reiterarla una
vez más. España acepta la sustitución gradual del recurso IVA por el
recurso PNB y también somos partidarios de un incremento de los
gastos de gestión de los recursos tradicionales, porque es una manera
de ayudar a algunos países a que les cuadren las cuentas. Finalmente,
lo que se deja de aportar a la Unión por el 10 por ciento de más de
gastos de gestión habrá que aportarlo por otra vía pero reequilibrará
en algunos países, fundamentalmente en Holanda, el problema de lo que
ellos llaman el efecto Rotterdam.

España ha defendido también la necesidad de eliminar el mecanismo
corrector británico, por tratarse de algo regresivo y por el hecho de
que se adoptó en un marco, Fontainebleau, que ha sido plenamente
superado por los tratados que se han firmado después, Maastricht y
Amsterdam, y naturalmente el Acta Única. Si este británico se
mantuviera debería revisarse, en cualquier caso, su método de
cálculo, neutralizando los posibles beneficios y modificando la
definición de gastos asignados para descontar los gastos derivados de
la ampliación de la adhesión y administración. Naturalmente, España
también se opone a cualquier tipo de mecanismo corrector, ya sea
general o específico. El mecanismo corrector es un mecanismo de
descreste automático en aportaciones de países ricos que superen un
cierto porcentaje del producto nacional bruto. Eso llevaría a una
situación generalizada de cheques, en la que no solamente habríamos
generalizado un instrumento que es perverso en el sistema de recursos
de la Unión, sino que, además, hubiéramos entrado en un concepto de
saldos netos que es totalmente contrario al esquema de solidaridad
que tiene que tener cualquier proyecto, ya sea europeo, nacional,
regional o municipal. Es decir, la base de cualquier proyecto de
sociedad tiene que estar fundamentada en la solidaridad, cuando el
concepto es qué es lo que yo gano aquí y qué es lo que yo pago y lo
que quiero dejar pagar y se hace pagar a los demás lo que yo no
quiero pagar en exceso. Entramos en un tema de saldos netos que es
verdaderamente nocivo no solamente para los países más pobres,
y naturalmente regresivo, sino que, además, hunde el concepto de
solidaridad.

Al mismo tiempo, quiero señalar que España ha hecho una propuesta
-como todos conocen- de creación de dos programas especiales de
solidaridad comunitaria, con una dotación de 3.000 millones de euros,
para hacer frente a los problemas transitorios que podrían afectar a
las regiones de Objetivo 1, que son fronterizas con los países
candidatos a la adhesión y para aliviar la carga financiera que para
varios países de la Unión supone la acogida de refugiados y personas
desplazadas de la antigua Yugoslavia. Nosotros hemos puesto encima de
la mesa este elemento, pero no como un elemento clave para llegar al
acuerdo, porque el acuerdo tiene que estar basado en la
estabilización del gasto
y la reforma de los recursos, y que todo ello permita la realización
de las políticas comunitarias porque, no nos olvidemos, este
ejercicio de las perspectivas financieras no es únicamente un
ejercicio de ajustar cuentas y hacer ahorros. De lo que se trata es
de hacer un ejercicio de programación de la construcción europea y
comunitaria para los próximos siete años. Por tanto, partimos de la
base de que todo ésto lo que tiene es que hacer posible la
continuación de las políticas que son importantes para el futuro de
la Unión. A veces muchos ponen el carro delante de los bueyes y
parece que los ahorros son más importantes que hacer las políticas y,
al final, con tanta estabilización lo que vamos a hacer es dejar caer
políticas que son fundamentales para la construcción europea.

Nosotros hemos pensado que la realización de las políticas, la
estabilización del gasto y el reequilibrio de las cargas de los
países miembros son objetivos muy loables y sobre esos tiene que
basarse el acuerdo final de Berlín, pero es evidente que un programa
comunitario como el que hemos propuesto es un elemento que puede
contribuir a redondear las cifras en el último minuto. Puede ser el
elemento final que contribuya a hacer una mejor presentación, sobre
todo en el tema de los saldos, puesto que beneficia particularmente a
países que han explicitado en diferentes ocasiones su queja de que
sus saldos no son suficientes. Ésto naturalmente beneficiaría a
Alemania, Austria, Holanda y Suecia, que son precisamente los países
que más se quejan de que sus saldos no son suficientes. Por eso este
programa, que tiene ya precedentes, puesto que ya habido programas de
este tipo -los programas integrados mediterráneos en el momento de la
adhesión de España tenían la misma característica-, es también un
ejercicio de solidaridad puesto que todos contribuimos con una
cantidad para resolver algunos problemas de ciertas regiones pobres y
de ciertos países que se tienen que enfrentar a problemas difíciles
a causa de la guerra de Yugoslavia, por lo que podría contribuir, en
el momento final y una vez que hubiera acuerdo sobre todo, a
redondear
las cifras. Esta propuesta está aquí y al proponerla no tuvimos otro
interés que el de ayudar al compromiso final. No es seguro que este
programa forme parte del compromiso final, pero en cualquier caso
está ahí por si en el último momento se necesitara.

Después de haber hecho este barrido rápido sobre todos los grandes
temas de la Agencia 2000, simplemente qusiera repetir que es para mí
muy grato tener esta ocasión de iniciar un debate a pocas horas de mi
partida hacia Berlín -salgo a las cuatro de la tarde-, y espero que
de este debate y en esta fase decisiva de la negociación salga un
sentimiento común de esta Cámara de apoyo a un planteamiento general,
que es un planteamiento de Estado, que defiende el Gobierno en la
confianza que le da saberse portavoz de un amplio consenso nacional.

Independientemente de que pueda haber diferencias, que estoy seguro
de que las habrá, espero que este consenso pueda ser corroborado por
esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.




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El señor COSTACOSTA: Señor Secretario de Estado, señoras y señores
diputados, estamos a escasas horas de un consejo que coincidimos
todos en que es muy importante para el futuro de la Unión Europea y
para nuestra participación dentro de la misma en el período 2000-
2006. Lo es por la Agenda 2000, propiamente dicha, pero lo es también
por los acontecimientos que han sucedido en los últimos días y que
han generado una situación de incertidumbre, una situación de crisis
institucional, en la institución que actúa como corazón de las
políticas europeas, que actúa como corazón del proceso de integración
europea, es decir, la dimisión de la Comisión. Y junto con la Agenda
2000, y el Secretario de Estado no nos ha dicho nada de ello, es
cierto que ese es un elemento que va a estar sobrevolando todos los
detalles de la Agenda 2000. En ese escenario nos preocupan la
incertidumbre que el propio Gobierno va generando y la falta de
firmeza del Gobierno en sus opiniones ante esa situación. El Gobierno
empezó explicando y pidiendo tiempo para resolver ese problema, y lo
hizo en función de dos elementos que nos parecen razonables. En
primer lugar, que estamos a las puertas de unas elecciones europeas,
en junio de este mismo año, y que el Parlamento está en su fase
final; en segundo lugar, que va a entrar en vigor en los próximos
meses el Tratado de Amsterdam, que cambia de alguna forma el modelo
de elección de la Comisión, dando más protagonismo al Parlamento
Europeo, y en tercer lugar, que mantiene lo que nosotros entendemos
que es una posición que puede beneficiar determinadas estrategias
nacionales. Esa fue la posición de partida que nosotros compartimos,
pero en los últimos días hemos visto elementos que nos hacen no sólo
dudar de la posición del Gobierno sino que nos vuelven a un discurso
que queremos abandonar, que es la falta de firmeza, la falta de
dirección política de nuestro Gobierno en las políticas europeas y la
defensa de los intereses españoles dentro de un modelo de
construcción europea que beneficia al conjunto de la Comunidad, es
decir, dentro de un modelo más integracionista de Europea y menos
intergubernamental.

Digo estas palabras para sustentarlas en las contradicciones que han
tenido miembros releventes del Partido Popular en distintas
instituciones: Presidente del GobiernoPresidente del Parlamento
Europeo, para citar el caso más lógico; las contradicciones entre
miembros del Gobierno; el apoyo, matizado después, del ministro de
Asuntos Exteriores a una posible candidatura a la Presidencia de la
Comisión del señor Prodi; la falta de firmeza en su primera posición
respecto del calendario a seguir en el nombramiento de la nueva
Comisión. Todo ello conduce a un escenario poco claro, y a mí me
gustaría oir del Secretario alguna explicación convincente que sitúe
la posición del Gobierno con claridad y transparencia. No es posible
estar a la vez apoyando todo. España tiene determinados objetivos
también en esta crisis: el primero, que salga una Comisión reforzada
políticamente con capacidad de gestión y con mecanismos y medios
suficientes para llevar a cabo su labor. Pero además pueden existir
otros elementos que están en la mente de todos, que España parece
haber abandonado precipitadamente y que nosotros no entendemos ni
compartimos. Queremos saber si el Gobierno está defiendo los
intereses españoles dentro de esa crisis de la Comisión Europea, en
la nueva situación que se ha generado con la
dimisión de la Comisión Europea; queremos saberlo con claridad y
exigimos al Gobierno un pronunciamiento claro al respecto porque las
últimas manifestaciones inducen a la confusión y a desvincularse
excesivamente de elementos que nos parecen sustanciales, como es la
Presidencia de la Comisión Europea.

Entro ya en la comparecencia sobre el consejo de estos próximos dos
días. Están esos dos elementos: la crisis institucional y la Agenda
2000. Prioritariamente, resolver la Agenda 2000 nos parece bien, nos
parece además una estrategia adecuada resolver primero la Agenda 2000
y después tratar de resolver con rapidez y con firmeza la situación
de la Comisión pero sin precipitarse y adecuando el calendario a las
necesidades políticas y no al revés, como aparentemente se está
haciendo.

En cuanto a la segunda cuestión, quisiera señalar algunos elementos
que me parecen dignos de reflexión. El secretario de Estado en su
comparecencia ha explicado más o menos pormenorizadamente los puntos
que se van a debatir en Berlín, en los dos próximos días, pero lo que
no nos ha dicho es sobre qué base se va a iniciar la discusión.

Estamos hablando de posibilidades, pero no nos ha informado con
antelación de los documentos que sirven de base en la negociación, y
existen esos documentos, existe un non paper de la Presidencia
alemana que contiene elementos suficientes para iniciar el debate,
para iniciar una negociación para llevar a un acuerdo, y no nos ha
dicho del todo cuál es su posición o ha eludido algunos elementos que
nosotros consideramos importantes.

Quiero que se entienda perfectamente que con lo que voy a decir no
vamos a debatir la posición negociadora del Gobierno y vamos a apoyar
los objetivos que el Gobierno dice mantener, y que queremos además
ver realizados, porque lo otro queda muy bien para la literatura o
para el «Diario de Sesiones» pero existen elementos sustanciales que
nos preocupan y que siguen estando en los documentos previos al
Consejo. Sabemos perfectamente que esos documentos no tienen otra
función que servir de orientación para el debate y lo que
precisamente debe hacerse en ese Consejo es buscar los acuerdos
necesarios para llegar a un acuerdo final en donde todos tienen que
hacer concesiones porque si no el acuerdo sería imposible. Por tanto,
entienda bien lo que le estoy diciendo, entienda bien que nosotros
comprendemos que el Gobierno no va a una negociación absolutamente
cerrada. Lo que permite decidir finalmente si la acción del Gobierno
es acertada o no es el resultado global, final, de la negociación.

Para nosotros eso tiene un hilo conductor muy claro. En Edimburgo, en
1992, Europa adoptó una serie de acuerdos que determinaron
básicamente el reforzamiento de dos elementos sustanciales: primero,
el de construcción, el de mayor integración de la Unión Europea desde
una perspectiva de mayor igualdad de oportunidades de los países,
independientemente de su riqueza. Eso va englobando bajo el cariz
general de la cohesión económica y social de igualdad de
oportunidades, de mejorar sus oportunidades, de converger en el
bienestar colectivo de la Unión Europea y, en segundo lugar, la
asunción de una serie de políticas de gran transcendencia futura para
el proceso de construcción europea, como es la unión monetaria, en la
que estamos plenamente inmersos, y la futura



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ampliación de la Unión Europea, incluidas las reformas
institucionales.

Edimburgo para nosotros supuso un éxito del proceso de construcción
europea, y lo supuso en dos niveles: en el nivel europeo, porque dio
respuesta a los restos que la Unión Europea tenía planteados ante el
inicio del nuevo siglo, y a nivel nacional porque permitió a España
integrarse en el euro a través de unas transferencias de los países
más ricos que han permitido a nuestro producto interior bruto crecer
anualmente por encima del 1 por ciento sólo en razón de esas
transferencias, que se sitúan por encima del billón de pesetas en
1999. De esta situación parte el Gobierno y nosotros decimos:
consolidemos esa situación, no estamos ni siquiera en una fase
expansiva, que consolide el Gobierno esa situación y que no acepte
políticas regresivas que afecten a los dos elementos que han sido
sustanciales en la negociación de Edimburgo: mayores desigualdades
entre territorios o entre ciudadanos de la Unión, menor proceso de
integración en la Unión Europea, es decir, recortar las políticas
sustanciales de la Unión; que no acepte ninguno de esos dos elementos
porque ello afectaría a lo que ha sido la posición española dentro de
la Unión Europea en todo el proceso de integración desde su
participación en 1986 en la misma.

Llegado a este marco quisiera hacer un repaso breve de los elementos
que están en estos momentos sobre la mesa. El Gobierno ha hecho de la
negociación de agricultura un éxito mediático. Qué duda cabe que hay
algún elemento positivo en la misma, pero creo que, como ya ha
ocurrido en otras ocasiones -y no quiero recordarle las
manifestaciones sobre asilo u otras que se han ido produciendo
durante los tres años en los que el Gobierno ha estado al frente de
la política europea- las manifestaciones, que han sido precipitadas e
inconvenientes, después no se han reflejado en la realidad ya que
todavía queda por ver el acuerdo final al que se llegará. Le quiero
recordar que el consejo Ecofín ha adoptado un acuerdo para la cubre
de los próximos días en el que pide que haya una mayor regresividad
combinada con medidas de apoyo a las zonas rurales. Por tanto, nos
gustaría saber, primero, qué posición tiene el Gobierno español
respecto de este mandato del Ecofín que consolida el paquete
negociado en el Consejo de Agricultura; segundo, si nos vamos a
conformar con la fijación de un tope o si vamos a establecer una
modulación y elementos que potencien la generación de empleo y de
puestos de trabajo en el sector agrícola; tercero, que el Gobierno
diga a los agricultores la realidad de lo que suponen las cifras que
están negociadas en la actualidad, no para los años 2000, 2001 ó
2002, sino para el conjunto del período, es decir, que diga
claramente qué va a ocurrir a partir del año 2002. Porque el Gobierno
del Partido Popular, el Gobierno del señor Aznar, con quien
compartimos política europea, ha disfrutado en los tres años que ha
estado en el Gobierno del mayor paquete de recursos que ha obtenido
España de la Unión Europea, en función de una negociación realizada
en 1992, negociación que progresivamente iba incrementando los
recursos, la solidaridad entre los países más ricos y más pobres de
la Unión y mejorando la posición relativa de España en la
participación de las políticas financieras de la Unión Europea.

Respecto a los fondos estructurales...

El señor PRESIDENTE: Señor Costa, lleva ya diez minutos.




El señor COSTA COSTA: Intentaré abreviar, aunque el tema es
importante. Como estamos en la fase final de la negociación, solicito
una cierta flexibilidad.

Por lo que se refiere al tema de fondos, fondos estructurales
y fondos de cohesión, según el documento de la Presidencia alemana que
manejan los gobiernos, que siendo una política compartida por una
amplísima mayoría en la Cámara deberían hacer llegar a los
responsables de los grupos parlamentarios y no dar informaciones a
medias, usted sabe que hay bastantes elementos para la discusión en
los próximos días para defender las posiciones españolas que,
insisto, compartimos, pero que no están en este documento. ¿Qué es lo
que no está? Pues no está que a la política de cohesión económica y
social se destine el 0,46 por ciento de recurso del PIB, que se ha
suprimido el documento; no está que exista una concentración de dos
tercios en el Objetivo I de los fondos estructurales, sino que se
limita al gasto por habitante, como usted ha dicho, pero usted sabe
también que eso tiene consecuencias muy importantes, estén o no los
dos elementos que he citado con anterioridad, para hacer efectivo el
gasto que se propone. Si se salen determinadas regiones -algunas de
nuestro país y otras de otros países- del Objetivo I y se limita la
ayuda por habitante no existe una mayor concentración -filosofía
básica de la comisaría Wulf-Mathines- en todo lo que eran fondos
estructurales. Lo que se buscaba era una mayor concentración en las
regiones que tenían una mayor riqueza para que pudieran salir en
menor tiempo de esa situación indeseable de tener menos oportunidades
y menos calidad de vida que otras regiones de la Unión Europea. Si
ahora limitamos la ayuda por habitante lo que estamos diciendo es que
las regiones que se quedan en el Objetivo I como máximo van
a percibir lo mismo que venían percibiendo hasta ahora. Por tanto, los
fondos de las regiones que se salen no van a las regiones que se
quedan sino que se van a ahorrar y se van a quedar para otras
políticas dentro de la Unión Europea como saldo neto dentro de esas
políticas pero que no se podrán gastar.

Por tanto, hay un riesgo evidente, sin entrar todavía en lo que es la
fijación de la cifra global. En el documento de la Presidencia
alemana se dan dos cifras que usted ha citado de pasada. La primera
se refiere al gasto -no las previsiones de las perspectivas
financieras de 1992- del presupuesto comunitario de 1999 para fondos
estructurales; la segunda es la media de todo el período anterior y
existen diferencias excesivamente notables entre una y otra, 190.000
mecus, incluidos fondos estructurales y de cohesión, en un caso y
216.000 mecus en otro, incluyendo fondos estructurales y de cohesión.

En cualquier caso estas cifras están muy alejadas de los 240.000
millones que proponía en su documento inicial la Comisión Europea
para el próximo período, documento del que quiero recordar que aquí
en esta Cámara usted mismo ha dicho, y el ministro de Asuntos
Exteriores lo ha reiterado, que era una base de negociación
insuficiente para las aspiraciones de nuestro país. Ahora estamos
aceptando condiciones que, en el mejor de los casos, suponen una
caída en torno al 7 por ciento de fondos destinados a fondos
estructurales que,



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además, contienen limitaciones muy importantes que pueden hacer
irrealizables los fondos restantes derivados de esos ajustes.

El tercer elemento se refiere a los recursos propios de la Unión
Europea. En primer lugar, no sé si ha dicho que se está aceptando una
revisión del límite de 1,27 por ciento del producto interior bruto de
la Unión Europea. Eso sería una buena noticia que, si es así,
queremos compartir. Pero esto no es suficiente porque en el documento
de la Presidencia alemana se cambia el modelo de aportación de
recursos propios de la Unión Europea, yendo al recurso PNB, que me
parece que se propone a partir del 2002. También hay una modificación
para ajustar o poder acordar con Holanda sobre los costes de
administración por derecho de aduana que pasan del 10 al 20 por cien,
que está claramente destinado a contestar a Holanda en esa
negociación, cosa que me parece bien. No se descarta, más bien se
afirma, que en vez de suprimir el actual cheque británico se
garantice a un cheque para todos los países contribuyentes netos que
pasen del 0,4 por ciento de su producto interior bruto y, además,
está la propuesta española que en su globalidad significa la misma
cifra que el fondo de cohesión y que nadie dice cómo se financia,
porque esos recursos que van destinados a financiar la propuesta
española no están en los paquetes financieros de los que estamos
hablando. ¿De dónde se restan o dónde se suplementan los recursos
suficientes para hacer frente, en caso de que se acordara, a esa
propuesta española? ¿Van a salir del Fondo de Cohesión, de fondos
estructurales, de la política agrícola común? De uno de esos tres
tiene que salir, porque no hay más margen de maniobra que esos tres
recursos para poder hacer frente a un pago de esas características.

Por tanto, mantenemos, como hemos dicho hasta ahora...




El señor PRESIDENTE: Señor Costa, lleva veinte minutos largos, por
favor concluya en un minuto.




El señor COSTACOSTA: Ahora concluyo.

Nosotros vamos a seguir apoyando las posiciones del Gobierno en la
negociación. Les queda un trabajo inmenso por hacer en esos dos
próximos días. La semana que viene vamos a tener ocasión de hablar
sobre los resultados de esta cumbre, y nada nos alegraría más que
poder compartirlos y felicitarles por el éxito logrado. Si logran los
objetivos que desde el principio ustedes han dicho compartir con
nosotros, no seremos mezquinos en nuestras apreciaciones. No
repetiremos el espectáculo de Edimburgo. No teman que nosotros
vayamos a repetir ese espectáculo. Si consiguen de verdad, sin
trampas, transparentemente, no haciendo cuadrar cosas incesables,
venir aquí con un éxito en esta negociación, nos alegraremos con
ustedes con ustedes de haberlo logrado y nos alegraremos por España y
por Europa.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor secretario de Estado, por
su información.

Llevamos muchas horas ya, muchas comparecencias, muchas reuniones en
la subcomisión de seguimiento de la Agenda 2000 y llega la hora de la
verdad. Se acerca el final de todo lo que ha sido una negociación de
la que venimos hablando desde hace mucho tiempo, con la cumbre de
estos próximos dos días, en la que se va a fijar la foto, que va a
ser la foto de la Unión Europea no sólo del 2000 al 2006, sino que en
cierto sentido es una foto que va a presidir casi el primer cuarto de
siglo próximo, la foto financiera y, fruto de la dimisión de la
Comisión Europea, la foto política también. No estaba previsto que
esa foto también se tomara ahora, pero va a ser así.

La dimisión de la Comisión ha introducido, por tanto, un cambio de
paisaje ante el cual el Gobierno ha reaccionado de una forma que no
acabamos de entender. Pero sobre todo lo que nos preocupa no es tanto
la reacción que haya podido tener el Gobierno, fruto quizá de un
estado de nerviosismo ante lo que se percibe como una cumbre en la
cual España, y lógicamente también el Gobierno que la rige en este
momento, se juega mucho, sino que nos interesa también conocer hacia
dónde va el Gobierno en lo que va a ser el futuro de la Comisión
Europea.

La primera reacción de decir que esto es un desastre para los
intereses españoles, las tensiones que se han manifestado entre el
presidente del Gobierno y el presidente del Parlamento Europeo, al
que algunos correligionarios han llegada a calificar de absoluto
irresponsable no estamos del todo seguros que se corresponda con la
realidad. La propia crisis, si bien por cuando en un primer momento
deja a España sin un aliado en el marco de esta negociación que debe
terminar ahora, por otro lado -y lo está demostrando cada hora que
pasa- ha introducido una presión tan brutal en esta cumbre que va a
favorecer a los intereses españoles. La urgencia por que se llegue a
un acuerdo, la presión que eso introduce sobre la presidencia
alemana, sumado a sus propios problemas internos pero que también
pesan, puesto que ya no está el presidente del Ecofín, todo ello hace
que, vista con un poco de perspectiva, si es que podemos hablar de
perspectiva una semana más tarde, la crisis de la Comisión Europea,
siendo como va a ser muy importante para el futuro de la Unión, no va
a ser tan perjudicial para los intereses españoles en el corto plazo,
y en el medio plazo no lo va a ser en absoluto, ni para los intereses
españoles ni para los intereses europeos en su conjunto. Si
prescindimos de que tal o cual comisario o tal o cual ex-comisario se
haya podido ver más o menos perjudicado superficialmente, con razón o
sin ella, sobre algunas afirmaciones que se cointienen en el informe
del Comité de sabios, la realidad es que este informe lo que va a
hacer es empujar, de una vez por todas, una reforma de la Comisión
absolutamente indispensable, un reforzamiento del Parlamento Europeo
absolutamente indispensable y una limpieza en las formas democráticas
y de control de lo que es el ejecutivo comunitario, que nos parece
absolutamente positiva y beneficiosa para el conjunto de la Unión
Europea.

Por tanto, desde nuestra perspectiva, es una crisis que, a medio
plazo, no es negativa y ante la cual nos interesaría saber
exactamente dónde se sitúa el Gobierno, sobre todo en la próxima
cumbre, cuál es el modelo, señor De Miguel, con el que el Gobierno
está operando, con qué calendario. Efectivamente, hay unas cuestiones
jurídicas abiertas que



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no tienen respuesta fácil y que, como todo en derecho, admiten una
pluralidad de soluciones y ninguna de ellas es netamente más perfecta
que las demás que la pueden sustituir. Lo único que tenemos claro
desde mi grupo es que queremos una Comisión fuerte, queremos una
Comisión con medios personales y materiales adecuados a los fines que
los Estados la encomiendan, y no tenemos un candidato a priori que
vaya a ser especialmente positivo. Sabemos quién no queremos que sean
candidatos, pero entre los distintos nombres que se manejan,
empezando evidentemente por el nombre del precandidato español que
está sobre la mesa, pero también otros, cualquiera de ellos en este
momento nos parece que puede ser un gran candidato para la
presidencia de la Comisión. Evidentemente, los tiempos tienen la
influencia y el hecho de que el candidato español esté ahora centrado
en otros menesteres debilita su posición.




Querríamos saber exactamente, si es que lo puede adelantar el
secretario de Estado, cuál es su modelo, hacia dónde vamos, en qué
están pensando, en qué calendario, en qué forma de actuar, en qué
candidatos. Es cierto que ha habido algunas declaraicones
contradictorias. Es de esperar un poco más la serenidad en las
manifestaciones externas respecto de todo este tema, y no querría
personalizar, pero creo que es importante decir, con el debido
respeto y toda la exquisitez, es muy importante que ninguna de las
posiciones de España en este tema o de las manifestaciones que se
hagan respecto del futuro de la Comisión puedan venir influidas por
las relaciones personales que tiene el equipo que dirige hoy el
Ministerio de Asuntos Exteriores con lo que está hoy en juego. No
querría ser descortés con esta afirmación, pero algunas
manifestaciones que se han escuchado sobre el Comité de sabios
mezclaban a un ex-comisario con el Minisitro de Asuntos Exteriores,
que son dos personas que vienen a ser la misma pero que tienen dos
funciones distintas. Querríamos que cuando habla como ex-comisario
deje claro que habla como ex-comisario, y que cuando habla como
mínimo de Asuntos Exteriores sepamos que está hablando como ministro
de Asuntos Exteriores. Me refiero a descalificaciones del informe del
Comité de sabios que no me parecen excesivamente acertadas nhi a su
tono ni en su fondo.

En cuanto a lo que es el conjunto de la negociación, tomamos nota de
la foto tal cual nos la describe. Cada vez que el principal partido
de la oposición, fundamentalmente, ha intentado fijar la posición
negociadora, nosotros hemos ido diciendo una y otra vez que pediremos
cuentas cuando la negociación haya terminado, cuentas demcráticas,
parlamentarias, pero las pediremos, como es lógico. Por tanto, en
este momento, en nombre de mi grupo lo que hago es limitarme a tomar
buena nota de la foto de la negociación, tal cual nos la ha descrito,
y agradecerle la información que nos ha dado. Valoramos positivamente
el compromiso agrícola. Nos parece un compromiso razonable, pero es
cierto que hasta que todo esté terminado nada se puede dar por
cerrado, y por tanto, wait and see. Veremos exactamente cómo queda y
qué queda de ese compromiso agrícola cuando termine la cumbre de
Berlín.

Por otro lado, me apuntaría a algunas de las preguntas muy concretas
que ha formulado el portavoz socialista, sin tono crítico ninguno,
pero en términos de ampliar la información.

De todas ellas destacaría una: cuál es exactamente el
compromiso que lleva el Gobierno a Berlín respecto a ese límite por
debajo del 0,46 por ciento dedicado a políticas estructurales, puesto
que efectivamente no ha aparecido en su exposición. Intento ser muy
aséptico en la formulación de la pregunta, sin hacer siquiera una
valoración en este momento, pero quisiéramos saber exactamente cuál
es la posición de España en esta negociación.

También nos gustaría tener algo más que información -lo ha preguntado
ya el portavoz socialista- sobre cómo se pretende articular en la
práctica y de dónde van a salir los fondos para esa propuesta
española, que quizá nos parece positiva, aunque, como hemos dicho
otras veces, lo hubiera sido más si se hubiera presentado hace más
tiempo porque hubiera entrado mucho más en el paquete negociador, en
lugar de ser una cosa puesta a última hora; se ha hecho concisamente
a última hora, pero quizá hubiera sido más lógico en otro momento. En
todo caso así queda, pero quisiéramos saber exactamente cuál es su
previsible articulación.




Respecto de lo que son los fondos estructurales, sin entrar en
detalles, porque ya habrá momento de hacerlo, sabe bien el secretario
de Estado que quizá lo que más nos preocupa en Cataluña no es tanto,
aunque también, cuáles van a ser los fondos que lo van a componer,
sino el paso posterior, cómo y de qué manera se va a articular su
distribución territorial en el conjunto del Estado. La nueva forma en
que se regula el objetivo 2, fundamentalmente el que más afecta a
Cataluña, y los distintos mapas en juego, los dos mapas principales
sobre los cuales se construye el reparto del objetivo 2, nos
preocupan, sobre todo nos preocupa cómo se va a repartir ese objetivo
2 en el marco del Estado. Ese es un tema sobre el que habrá que
hablar y sobre el que ya detallaremos, pero si hubiera que hacer un
ranking de nuestras inquietudes es una de las primeras, desde nuestra
perspectiva estrictamente territorial.

Por tanto -y termino, señor presidente-, en este momento no vea en
mis palabras más que curiosidad, inquietud o legítimas ganas de saber
más. No hay balances que hacer hasta que todo haya terminado y cuando
termine mi grupo fijará su posición sobre cuál ha sido la actuación
del Gobierno.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la
señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Seré también muy breve, porque creo
que tiempo habrá de ver y valorar cuáles han sido los resultados de
esta importante cumbre. Efectivamente, el momento en que se va a
celebrar aglutina muchas cuestiones, no sólo de contenido propiamente
político y económico sino también creo que incluso de determinaciones
de cuál va a ser el futuro o la dirección en la que va a ir la
integración europea. Creo que esa cuestión es igual de importante, o
casi, desde el punto de vista de integración política, económica y
monetaria.

En cualquier caso, parece que ha habido un pequeño margen de maniobra
sobre un tiempo de reflexión en cuanto a la cuestión de la Comisión,
que no es un tema realmente fácil. Quizá yo no sea tan optimista como
el señor Guardansen cuanto a cuáles van a ser las repercusiones de
todas



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estas cuestiones en relación a la Comisión; ojalá, no lo sé; estaría
encantada de firmar que realmente las consecuencias van a ser de una
mayor fortaleza en la Comisión, cuyo papel desde siempre ha sido
proclive a la integración política, proclive a la consecución de una
Unión Europea política y en definitiva la guardiana de los tratados.

Creo que en cualquier caso va a haber muchísimas dificultades y que
han confluido muchísimos intereses, probablemente de toda índole, que
han generado una situación que yo llamaría difícil. Suele ser también
normal que en casos en los que se produce un totum revolutum a lo
mejor salen cosas muy positivas; así esperamos que suceda. En
cualquier caso, hay un cierto margen de maniobra, al menos en
relación a lo que puede ser el procedimiento y el calendario, que
creo que debe llevarnos a reflexionar no sólo respecto a los
candidatos, como personas físicas y que tienen que hacer un gran
papel en las tareas de la Comisión, sino también en cuanto a qué
modelo de Comisión o qué tipo de consecuencias podemos sacar de todo
lo anterior.

Es verdad que hay cuestiones que deben ser modificadas en los ámbitos
de funcionamiento de la Comisión, pero tampoco creo que haya que
exagerar respecto a determinadas cuestiones. El Parlamento Europeo
podrá ser más o menos (como toda institución europea o como todos,
tanto instituciones colectivas como individuales) objeto de críticas,
pero pienso que en este caso el presidente del Parlamento Europeo lo
que ha hecho ha sido reflejar una posición común del Parlamento
Europeo, y en ese sentido habrá que exigirle, cuando pidan más
competencias, un mayor control de las mismas y una reflexión sobre su
papel; pero creo que tampoco se le puede criticar, porque dentro de
lo que ha sido este proceso no lo ha hecho especialmente mal, o al
menos desde mi punto de vista ha sido bastante correcto.

En cualquier caso, en cuanto a lo que nos ocupa, que era el tema
originario de esta cumbre, es muy importante porque se van a tratar
temas que afectan diariamente y en definitiva porque va a determinar
cuál es la dirección en la que va a ir la Unión Europea. Como no
tengo exactamente los datos que tenía el señor Costa, desconozco el
non paper alemán y toda esta serie de cuestiones. Lo que sí observo
es que efectivamente en un momento determinado en la posición del
Gobierno se producen más expresiones de gran preocupación, de gran
distancia respecto a las posiciones que se estaban plasmando desde la
cumbre de Viena, y observo en estos seis meses dos cambios: uno en el
procedimiento y otro en la posición del Gobierno, en cuanto al
contenido, de menor preocupación. Desconozco si es que se ha
producido un acercamiento de las posturas que mantenían los demás
Estados miembros, en concreto la presidencia, hacia las posiciones
del Gobierno del Estado o si, por el contrario, nos hemos aquietado
porque observamos que llevar a cabo una conjunción de intereses
comunes de todos los Estados miembros puede ser más beneficioso. Lo
digo sin ningún tipo de matización, pero no tengo datos para saber
exactamente qué es lo que se ha producido. En cualquier caso,
esperaremos a la cumbre europea.

Hay una cuestión que preocupa especialmente a mi formación política,
por el territorio de la que proviene, y es que siempre hemos hablado
mucho de las regiones Objetivo 1, como es lógico y normal en la
medida en que responden
a regiones que tienen un nivel de riqueza mucho menor, pero
también es verdad que en el Estado español - y quizá se menciona
mucho menos- hay regiones Objetivo 2. Sin querer esto se va quedando
como en un poso. Al hablar del Objetivo 2 hacemos siempre referencia
a Alemania, al Estado belga, etcétera, pero no nos olvidemos de que
aquí hay regiones Objetivo 2 y que también habrá que defenderlas, no
sea que al final terminemos defendiendo el Objetivo 1 y Objetivo 2
para otras regiones que no son exactamente las nuestras.

También es verdad, como sabe el secretario de Estado, que planteamos
diferencias sobre las posiciones que se podrían mantener en cuanto a
la delimitación del Objetivo 1. Es verdad que se hablaba siempre de
Nuts 2 y que nosotros manteníamos que podría ser susceptible de
algunas muy limitadas excepciones para que determinadas zonas de Nuts
3 en este caso estoy haciendo referencia a la margen izquierda, por
sus especificidades, desgraciadamente muy problemáticas, pudieran ser
Objetivo 1. Hemos tenido varias posiciones a este respecto en esta
Cámara sobre la imposibilidad de apertura de otros frentes, por
llamarlo de alguna manera, y se nos ha dicho que no era factible
mantener esta posición. Me gustaría que el señor secretario de Estado
retuviera por enésima vez estas circunstancias. En cualquier caso, es
una situación en la que entiendo su posición; entienda usted la
nuestra y veamos si se puede hacer, como dicen coloquialmente, encaje
de bolillos para que esa comarca pueda ser objeto de una dotación
económica necesaria y coherente con los problemas a los que tiene que
hacer frente.

En cualquier caso, el señor de Miguel ha señalado que iba a dar más
detalles en la réplica. Esperaremos a la réplica para conocer
exactamente en estos seis meses cómo se ha producido esta devolución
en el procedimiento y en el contenido y qué perspectivas -ya sé que
no me va a poder decir cosas concretas- ve en relación a lo que puede
pasar en un baremo de posibilidades.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Martínez Casañ.




El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Quiero agradecer, en primer lugar, al señor
secretario de Estado que esté aquí con nosotros en esta Comisión,
entre viaje y viaje, para darnos cuenta del estado actual de la
situación.

Yo quiero unir mis palabras a los que me han precedido haciendo un
comentario sobre los acontecimientos de la pasada semana, que yo creo
que deberían hacernos reflexionar más que sobre otro tipo de cosas,
sobre la madurez de las instituciones de la Unión y de sus
componentes.

Más que analizar la conveniencia de mejorar los sistemas de control
democrático de las instituciones, lo cual, como es lógico, merece una
respuesta positiva, convendría recapacitar sobre si los mecanismos
existentes en la actualidad han sido convenientemente desarrollados y
utilizados y, por tanto, reflexionar sobre la madurez de las
instituciones de la Unión y de sus componentes. Porque hemos de
recordar que la moción de censura fue ejecutada por primera vez en el
Parlamento el pasado mes de diciembre, no con la intención de que
cesara la Comisión por una actitud irregular,sino de reforzarla, al
no prosperar, como estaba previsto



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que no prosperase. Esta es la intención con la que el Grupo
Socialista del Parlamento Europeo planteó la moción de censura. Se
utilizaba este procedimiento como moción de confianza, inexistente en
el Tratado. El motivo fue un pulso de poder y probablemente de
personalismos entre ambas instituciones tras el informe del Tribunal
de Cuentas. Todo esto después se complicó muchísimo y lo que empezó
siendo un pulso entre europeistas y euroescépticos se convirtió en
una batalla entre la derecha y la izquierda de la Cámara, y el chivo
expiatorio ha sido la Comisión. Por tanto, yo creo que es un tema
bastante complicado que tenemos que analizarlo con tranquilidad. Creo
que la actitud del Gobierno ha sido una actitud adecuada, ecuánime;
ha sido una actitud que en todo momento ha tendido a reforzar el
papel de la Comisión, que es la garante de los tratados y la que
impulsaba y garantizaba el desarrollo de las negociaciones de la
Agenda 2000, y ha sido una actitud de respeto y confianza política en
todo momento - antes, durante y después- hacia los dos comisarios
españoles por su labor al frente de la Comisión.

No creo que haya habido, señor secretario de Estado, ningún tipo de
contradicción entre el presidente del Gobierno y el presidente del
Parlamento Europeo, por la sencilla razón de que este último es un
presidente institucional que representa a una institución
comunitaria; es un presidente que, en el ejercicio de sus funciones,
se debe a lo que dicte la Cámara, y la Cámara, que tiene mayoría
socialdemócrata, ha dictado en todo momento las líneas que debía
seguir el presidente del Parlamento Europeo y el discurso que debía
defender.

En el proceso de designación, nombramiento o aprobación de la nueva
Comisión, según cómo se desarrolle en el tiempo, mi grupo
parlamentario también defendería que no fuera antes de haber
solucionado los temas de la Agenda 2000, y que en cualquier caso no
fuera antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. No creo
que este Parlamento, que ha hecho sangre de una manera bastante
discutible, sea el Parlamento que esté más legitimado -como, por otro
lado, señala el Comité de sabios; si la Comisión debe depurar
responsabilidades, también debe depurarlas el Parlamento Europeo-
para nombrar a la nueva Comisión. Creo que deberíamos esperar a
acabar las negociaciones de la Agenda 2000, que se eligiese un nuevo
Parlamento, que entrase en vigor el Tratado de Amsterdam y, en ese
momento, proceder al nombramiento y ratificación de la nueva Comisión
según el sistema establecido en el Tratado de Amsterdam.

Creo asimismo que el candidato que defiende el Gobierno es bueno; es
un candidato que, siguiendo la tradición, hasido primer ministro; es
un europeista convencido y es un candidato que tiene las cualidades
necesarias para llevar a cabo la presidencia de la Comisión de la
Unión. Pero me da la impresión, como ha dicho en otras ocasiones
tanto el secretario de Estado como el ministro, que el nombramiento
de presidente de la Comisión, así como el nombramiento de otros
cargos o de otros responsables a nivel europeo, forma todo ello parte
de un paquete y como tal creo que tenemos que considerarlo. Creo que,
efectivamente, el presidente de la Comisión es un puesto
importantísimo y será resuelto en el consejo de Berlín o en el
consejo
que se decida como parte de un paquete en estas negociaciones que de
por sí ya son complicadas.

Respecto a la Agenda 2000, mi grupo parlamentario observa con
confianza y con tranquilidad la labor que está desarrollando el
Gobierno. Yo creo que poco a poco se van despejando las incógnitas y
que al final todo se está desarrollando como estaba previsto y que en
una negociación que, de por sí, es difícil los puntos que eran
esenciales van a seguir adelante. Creo que si, efectivamente, las
conclusiones del último Consejo de Agricultura se consolidan, serán
buenas para España por lo que supone de aumento de la cuota láctea,
de primas para el ternero macho y rendimiento por hectárea de
herbáceos. Por supuesto que en una negociación así podría haberse
conseguido mucho más, pero si se consolidan los acuerdos del último
Consejo de Agricultura será una solución asumible por el Gobierno de
España y por este Parlamento. Cualquier solución que no contemple la
confinanciación desde luego podría ser objeto de una discusión. En
este sentido sí quiero que conste en acta la felicitación de mi grupo
parlamentario por la excelente labor de la ministra de Agricultura
hasta el momento.

Respecto a los fondos estructurales y de cohesión, me gustaría partir
de un comentario de base y es que la Europa en la que ahora nos
encontramos no es la misma que la Europa en la que nos encontramos en
1992. España estaba en aquel momento mucho peor en términos relativos
respecto a los demás países de la Unión. En estos momentos es un país
más rico en términos relativos, como no podía ser de otra manera. Los
países ricos en 1992 todavía no cuestionaban su propia aportación al
presupuesto comunitario, estaban centrados en otros problemas, en
otras prioridades políticas. No había un proceso ambicioso e
histórico de ampliación en ciernes como existe en este momento y
tampoco había para pasado mañana una próxima ronda de la organización
mundial de comercio. Creo, por todo ello, que la negociación de la
cohesión y de los fondos estructurales debemos observarla dentro de
estos parámetros.

Dicho esto, apoyo las declaraciones del secretario de Estado en el
sentido de que el Fondo de Cohesión deberá ser mantenido dentro de
sus parámetros actuales y lo importante que debe ser poder llegar a
una decisión respecto a que el actual estátus de objetivo de gasto
quede reflejado en un acuerdo interinstitucional para que no pueda
ser objeto de reforma en el futuro.

Respecto a los fondos estructurales creo que también la solución por
la que estamos abogando podrá ser del agrado de este grupo
parlamentario en el sentido del mantenimiento de los dos tercios para
el Objetivo 1 y posiblemente el mantenimiento de la cuota del 0,46.

Yo creo que a fin de cuentas tanto en agricultura como en fondos
estructurales, si todo se desarrolla como está previsto, a tenor de
lo que ha dicho el secretario de Estado, España va a recibir más por
ambos conceptos en los próximos cinco años, lo cual es una buena
noticia. Sí creo que es importante, señor secretario de Estado, que
pudiésemos llegar a una aprobación de la lista de regiones Objetivo 1
en el consejo de Berlín o, en cualquier caso, antes de que acabe el
período de la presidencia alemana.

En cuanto a los futuros mecanismos para hacer el sistema de recursos
propios más acorde con la riqueza o la prosperidad relativa de los
distintos Estados miembros que lo



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que es en la actualidad, cuenta, como es lógico, con el apoyo de este
grupo parlamentario y con el apoyo de la Cámara. En este momento, en
el que las próximas ampliaciones se contemplan en un horizonte que va
quizá más allá de los años 2004, 2005, podríamos, con una cláusula
que permitiese revisar el sistema en el momento que se conozcan los
costes de la ampliación, ir a la aceptación del techo del 1,27 como
cifra de gasto. Creo que si lo que hace unos meses o un año se
consideraba una cifra completamente insuficiente lo circunscribimos
al gasto de los actuales Quince con el mantenimiento de las
políticas, como va a ser aceptado, previsiblemente, en la próxima
cumbre de Berlín, y lo condicionamos a un futuro cálculo del coste de
la ampliación y a la ampliación en sí, sería una cifra razonable que
nos permitiría el mantenimiento de las políticas actuales con un
margen suficiente de holgura.

Dicho esto, quiero añadir, sin más, como ha dicho algún otro
interviniente, que lo importante, señor secretario de Estado, a pocas
horas del comienzo de la cumbre, es que sepan ustedes que cuentan con
la confianza de este grupo parlamentario y con su convencimiento de
que el Gobierno se ha mantenido firme en la defensa de lo esencial y
ha sido flexible y constructivo en la negociación, porque de otra
forma no podríamos llegar a ningún acuerdo. Y, como es lógico,
esperamos con impaciencia que la semana próxima el presidente del
Gobierno esté en situación de venir a esta Cámara con las mejores
noticias.




El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra
para responder a las intervenciones.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR YPARALAUNIÓN
EUROPEA (de Miguel y Egea): Voy a contestar, con mucho gusto,
tratando de agrupar las respuestas.

Es evidente -y tomo buena nota de ello- que la crisis de la Comisión
y su posible sustitución preocupan a los grupos políticos no diré que
más que la Agenda 2000, porque no es verdad, pero sí que los grupos
políticos consideran que es un deber político insoslayable del
Consejo Europeo el de dar una salida a una situación que se ha
provocado en unas circunstancias, como decía el señor Martínez Casañ,
un tanto peculiares y que han desembocado en algo que verdaderamente
nadie esperaba, porque una dimisión de la Comisión en masa tampoco se
esperaba. Y diré más, no solamente preocupa la dimisión, sino también
algo tan verdaderamente extraordinario como que la declaración de la
Comisión ha sido contraria al Tratado, al decir que no está dispuesta
a hacer más que las tareas de gestión. Porque creo que hay que
distinguir aquí entre dos artículos del Tratado: por un lado, aquel
según el cual la Comisión es objeto de una moción de censura por
parte del Parlamento, y en este caso verdaderamente tiene que dejar
los lápices encima de la mesa y no hacer más que lo indispensable,
puesto que está censurada y tiene que salir, y, por otro lado, aquel
según el cual la Comisión ha puesto su cargo a disposición, en cuyo
caso el Tratado no dice que tiene que limitarse a la labor de
gestión, sino que tiene que seguir haciendo sus tareas hasta el
momento en que sea sustituida.

La situación en la que estamos ahora es la segunda, es decir, la
Comisión Europea ha realizado un acto de responsabilidad
política, y como tal debe ser valorado, porque todo aquel
que pone un cargo a disposición realiza un acto de responsabilidad
política por el que dice que no está en condiciones de seguir
asumiendo la responsabilidad que le fue asignada en su día por el
Consejo Europeo y ratificada por el Parlamento, y se va, pero, al no
haber sido objeto de una moción de censura, su obligación es seguir
actuando a todos los efectos y a todos los niveles, incluso tomando
decisiones políticas. No olvidemos que el papel de la Comisión, como
recordaba la señora Lasagabaster, es extraordinariamente importante.

Yo comparto con ella una cierta preocupación con respecto al futuro
de la institución. Esperemos que de todo este ejercicio salga
reforzada, pero no nos olvidemos de que la Comisión tiene el papel
fundamental de llevar la iniciativa política de la construcción
europea, que es un poder extraordinario, que ninguna Comisión en
ninguna organización intergubernamental tiene, de ser guardiana de
los tratados, es decir, el de asegurar que el acervo comunitario se
aplica. Acervo comunitario que a muchos países les resulta muy
incómodo, por cierto; a todos les resulta incómodo, pero a algunos
más que a otros, y estamos en una situación en la que no hay duda de
que hay una ofensiva muy clara para recortar el papel de la Comisión
Europea.

España estuvo desde el principio, desde 1986, con toda su
incomodidad, plenamente convencida de la importancia de este papel
institucional, porque la Comisión debe ser, y ha sido en el pasado,
el punto de equilibrio entre los grandes y los pequeños, los pobres y
los ricos, los favorecidos y los desfavorecidos. Yo creo que España
tiene muchas razones para pensar que una institución fuerte como la
Comisión, que tiene como objetivo la construcción europea, da
contenido al proyecto y a la apuesta fuerte que nosotros hemos hecho
por la construcción europea desde el año 1986, cuando entramos. Toda
la trayectoria del Gobierno anterior, que fue larga, fue siempre en
una misma dirección, que es la que continúa el Gobierno actual,
porque al fin y al cabo es una política de Estado, y a nosotros una
institución como la Comisión, fuerte, independientemente, con su
papel institucional, nos parece muy importante, y esperemos que salga
reforzada.

Además, curiosamente -y esta es otra reflexión que podemos hacer aquí
en una Comisión especializada en estos temas de los que hemos hablado
tantas veces entre nosotros-, había casi una alianza natural entre la
Comisión y el Parlamento para recordar a los Estados miembros, que
son la parte más retraída en hacer avances en la construcción
europea, que había que ir hacia adelante. Era como si la reserva
ideológica que tenía el Parlamento -porque el Parlamento siempre
tiene una concepción más grande y más generosa de la Europa
comunitaria- y la Comisión, con su poder de iniciativa, fueran dos
fuerzas que empujaban a los gobiernos, que normalmente tienen una
visión más pequeña, algunas veces más mezquina, algunas veces más
egoísta, a ir adelante en la construcción europea. Parece como si
este esquema se hubiera quebrado en este momento y que, por las
circunstancias peculiares que el señor Martínez Casañ describía bien,
de repente algo que parecía que iba a ser una moción de confianza se
ha convertido en una censura que, aunque no se ha materializado,ha
llevado a la dimisión de la Comisión, y parece como si



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se dibujara una especie de confrontación entre Parlamento y Comisión.

Yo prefiero pensar que no es así, y de hecho los aplausos que se
escucharon ayer en el Pleno al presidente Santer, dimitido, indican
que en el Parlamento Europeo hay de nuevo una corriente de
responsabilidad de decir: que no se nos vaya esto. Es decir, que si
ganaran la mano la corriente euroescéptica, que existe, y la
corriente que quiere desmantelar el sistema, que existe, y aquellos
países y diputados a los que les resulta incómoda una Comisión
poderosa y con poder de iniciativa y que quieren algo más suelto, más
intergubernamental, donde se formen directorios, donde los grandes
puedan hacer sus políticas impunemente y donde la Comisión no dé
demasiado la lata con cuestiones de ayudas de Estado, de antidumping,
en fin, con las cuestiones que obligan, estaríamos en una situación
verdaderamente muy difícil.

Por eso yo quisiera aclarar -y me parece que este es un buen foro
para hacerlo- que la posición del Gobierno con respecto a la posible
sustitución de la Comisión no ha variado. Es inevitable que de
declaraciones públicas de las personas que están obligadas a hacerlas
se deriven conclusiones que más bien sacan los medios de comunicación
que los gobiernos, en este caso. Todas las personas públicas y los
diputados corren el riesgo de que una afirmación de un cierto tipo se
interprete como algo definitivo. Creo que las afirmaciones del
ministro de Asuntos Exteriores, que yo escuché (que decía: El señor
Prodi es apoyable), no suponen que hay un compromiso del Gobierno de
apoyar al señor Prodi.

El Gobierno ha sido particularmente cuidadoso en no comprometerse, lo
cual no quiere decir que descarte al señor Prodi. El señor Prodi es
uno de los candidatos que se han nombrado que naturalmente son
respetables y, si fuera objeto de un consenso generalizado en el seno
del Consejo Europeo, el Gobierno español no tendría razones objetivas
para oponerse a él; pero de ahí a decir que el señor Prodi es el
candidato del Gobierno, me parece que es una extrapolación que se ha
hecho por parte de algún titular de prensa que no corresponde a la
realidad.

Así pues, con respecto a estas afirmaciones que se han hecho, quiero
decir que ni mucho menos se descartan otros candidatos y, desde
luego, tal y como lo ha dicho el Gobierno, como lo he dicho el
Gobierno, como lo he dicho yo, en repetidas ocasiones también, como
secretario de Estado, cualquier opción que hubiera a un candidato
español sería apoyada sin reservas por el Gobierno, y particularmente
el candidato español del que estamos hablando. Una cosa es que el
consenso se cristalice en torno a él y otra es que esté descartado.

En absoluto, y yo quiero manifestar -lo ha dicho el presidente del
Gobierno, lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores y lo he dicho
yo mismo en diferentes ocasiones- que la posición del Gobierno no ha
cambiado; es decir, si hubiera un consenso que se cristalizara en
torno a un candidato español, más concretamente en torno al candidato
del que se habla, el señor Solana, España no vacilaría en apoyar esa
candidatura. Verdaderamente quiero decirlo. El que el señor ministro
de Asuntos Exteriores haya manifestado que el señor Prodi es un
candidato apoyable y que eso haya salido en grandes titulares en la
prensa no significa de ninguna manera que este señor sea el candidato
del Gobierno, porque no es así. Como dijo el señor
ministro, y yo lo repito, es un candidato apoyable y respetable,
digno de ser tenido en consideración, pero desde luego, el Gobierno
no ha tomado la decisión definitiva de apoyar a Prodi, puesto que
además hay otros candidatos.

Yo comprendo que la gente tiene tendencia a personalizar, pero lo que
pide el momento previo a la personalización es un acuerdo sobre el
procedimiento y en eso, repito, la posición del Gobierno no ha
cambiado y no creo que nadie haya dicho nada diferente a lo que se
dijo desde el primer día: en primer lugar, que no nos parece oportuno
hablar de una nueva Comisión o de un nuevo presidente hasta que se
cierre la Agenda 2000. Es evidente que esta Comisión es la que ha
propuesto la Agenda 2000 y es a ella a la que corresponda asesorar al
Consejo para cerrar esta tema. Si nombráramos un nuevo presidente y
una nueva Comisión, esta tema Comisión no sería solidaria con las
propuestas que están encima de la mesa y entraríamos en un
pandemónium que a lo mejor podría alargar el debate de la Agenda 2000
durante meses, y todo el mundo sabe que eso políticamente es lo pero
que puede pasar. Bastantes crisis tenemos ya como para que no hubiera
un acuerdo en el Consejo Europeo sobre la financiación de los
próximos siete años introduciendo ahora un elemento más de
incertidumbre en la solución de un tema que es visto por los
políticos y sobre todo por los ciudadanos europeos como fundamental
para asegurar el futuro de la construcción europea. Por lo tanto,
primero, Agenda 2000; segundo, habrá que dilucidar.

Con arreglo a qué reglas se nombra y se ratifica el presidente del
Parlamento Europeo, ustedes saben que para el Gobierno español, por
respeto a la soberanía nacional y puesto que el Tratado de Amsterdam
ha sido ratificado por todos los Parlamentos nacionales, estando a
punto de entra en vigor -seguramente lo hará a principios de mayo,
puesto que el Senado francés, que es el último, ya lo ha aprobado, lo
que procede es nombrar al nuevo presidente y a la nueva Comisión de
acuerdo con las nuevas reglas que hemos adoptado, que están en el
Tratado de Amsterdam y que suponen incluso una mejora y una mayor
participación del Parlamento en el nombramiento del presidente.

En segundo lugar, habría que saber qué Parlamento ratifica. La
preferencia del Gobierno español también ha sido puesta de
manifiesto, en el sentido de que sería deseable que fuera siempre la
misma, que no ha variado, es la que el presidente del Gobierno
español ha expresado a la Presidencia cuando el señor Schröder ha
estado aquí, y es el planteamiento que llevará al Consejo Europeo,
pero no nos olvidemos de que estos planteamientos tiene que luego ser
objeto de un consenso; tiene que haber un acuerdo en el Consejo
Europeo y naturalmente a nadie se le oculta que hay otros países que
tienen otras preferencias. Bien, pues con este bagaje el presidente
del Gobierno va al Consejo Europeo con el objetivo de poder llegar a
un acuerdo con el resto de sus colegas. Si, como sucede, la mayor
parte de los países deciden que hay que dar una respuesta de manera
inmediata y nombrar ya un presidente y que incluso sea este
Parlamento el que lo apruebe, independientemente de que el otro,
Naciones Unidas, también tenga una parte en su ratificación, es
decir, como quien dice una primera y una segunda lectura, una
elección en dos tiempos, cualquier fórmula que garantice una solución
política a este tema yo



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creo que el presidente del Gobierno no debe descartarla, siempre y
cuando esté en el consenso del resto de los jefes de Estado y de
Gobierno. Pero yo reitero que la posición del Gobierno es esa y que
por todos los medios se tratará de que en cualquier caso el nuevo
Parlamento haga su parte y que las reglas de Amsterdam sean
aplicadas.

También sería deseable, aunque no sabemos si esto va a ser posible,
que la nueva Comisión no fuera nombrada sólo de aquí al 23 de enero,
que es cuando teóricamente termina la actúa, sino que fuera nombrada
ya para el resto del mandato, porque si no resultaría que en menos de
un año íbamos a tener tres comisiones: la que sale, la que vaya hasta
el 23 de enero y otra que vaya desde ese 23 de enero hasta el 23 de
enero del año 2005.

Estos temas han de resolverse y yo lo que quiero es que quede claro
que el Gobierno no tiene una posición errática en este tema; además,
yo creo que es una posición que coincide fundamentalmente con la que
tienen todas las fuerzas políticas. Es posible, que haya habido
alguna desviación fruto de alguna declaración mal interpretada, no
digo con mala intención, pero mal interpretada y que ha tenido un
reflejo en los medios de comunicación, reflejo que fue inmediatamente
corregido, porque el primer sorprendido al ver la dimisión que habían
dado a sus palabras fue el propio ministro de Asuntos Exteriores, que
se apresuró a desmentirlo y a manifestar que una cosa es que diga que
es un candidato apoyable y otra que es el candidato del Gobierno. Yo
creo que eso no debe dar lugar a inquietud por parte de los grupos
políticos. Así pues, vamos a jugarlo y, desde luego, se habla del
señor Prodi, pero también de otros muchos candidatos, muy
respetables, por cierto, y ya veremos cuál es aquel que consigue el
consenso de todas las fuerzas políticas, fundamentalmente de la
mayoría socialdemócrata que existe en el Consejo Europeo.

Diré además que el Gobierno español no ha tenido ningún empacho en
proponer a otros españoles, por cierto miembros prominentes en
Gobiernos anteriores, de manera formal para puestos de altísima
importancia y responsabilidad en las instituciones europeas: es
decir, que ya hay no uno, sino dos candidatos apoyados para
instituciones importantes y de manera pública. Por tanto, tampoco
tendría ningún empacho, sino mucha satisfacción, en apoyar un posible
candidato español para la Presidencia de la Comisión si se planteara.

Todo esto a mí me parece muy importante, aunque quizá me haya
alargado, por lo que lo pido perdón al señor presidente, pero este es
un tema muy político, que está hoy en la calle...




El señor PRESIDENTE: El Gobierno no tiene límite de tiempo.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (de Miguel y Egea): Pero yo tampoco quiero abusar.

He visto que en la calle hay una preocupación generalizada de todas
las fuerzas políticas por este tema y yo quiero dar total
tranquilidad con respecto a este asunto para que no haya malas
interpretaciones. Incluso me consta que en el Pleno del miércoles hay
preguntas sobre este tema, que contestará el vicepresidente del
Gobierno, y me parece que
dará la misma respuesta clara, para que no haya ningún tipo de dudas.

Con respecto a los temas ya más propios de la Agenda 2000, no
quisiera responder a las cosas que el diputado, señor Costa, me dice:
que el Gobierno ha creado incertidumbre, que hay contradicciones
entre los miembros del Gobierno, que no tenemos una explicación
convincente, etcétera. Francamente, creo que a lo largo de toda esta
negociación la posición del Gobierno ha sido la que puede ser. Hemos
ido dando información a medida que van pasando las cosas.

Respecto a los documentos de negociación, he de señalar que
efectivamente hay un documento que la presidencia alemana considera
importante, el llamado negotiating box, es decir, la caja de
negociación. Vamos por la quinta versión y me dice que hoy van a
sacar otra. Realmente podemos hacer una discusión sobre el
negotiating box, y lo vamos a pasar muy bien, porque el negotiating
box es simplemente un bazar. Ahí está absolutamente todo. Desde las
propuestas más maximalistas, y absolutamente imposibles de aceptar,
hasta guiños hacia cosas más interesantes. Respecto del negotiating
box debo decir que el último comentario que hicimos fue una carta
escrita que mandamos. Estábamos hasta la náusea de repetirlo en los
consejos y ver que no lo modificaban, por lo que, repito, se lo
mandamos por escrito; fuero 37 observaciones al negotiating box.

Además, hablando de documentos, el negotiating box parte de una
afirmación verdaderamente contraria a la práctica comunitaria.

Nuestra querida presidencia alemana va sacando conclusiones,
diciendo: una mayoría de los países miembros de decanta por tal; otra
mayoría se decanta... Efectivamente, como parte de birlibirloque,
todas las mayorías se decantan por la tesis que más les gustan a los
alemanes. Es decir, lo que ellos llaman la estabilización pura, y mí
ya me parece una impureza hablar de estabilización pura, cuando la
estabilización pura es la media del período. Y la estabilización pura
para mí es: ¿cuál ha sido el último año el gasto, tal? Ésa es la
estabilización, se congela el gasto a ese nivel. No, ellos hablan de
que la estabilización pura es la media de 1992 a 1999, y dicen: una
mayoría de las delegaciones hablan de la establilización pura; una
mayoría de las delegaciones hablan de regresividad en la agricultura;
una mayoría... Y yo siempre he dicho que ése es un tema peligroso,
porque eso depende de lo que se pregunte. Si se pregunta a todos los
miembros del Consejo -y esto lo digo casi con sordina- si están
dispuesto a que siga el mismo sistema y que los alemanes sigan
pagando lo que pagan, seguro que hay una mayoría que dice que les
parece muy bien. El sistema de jugar a las mayorías es un tema en el
que se acuerdan las cosas por unanimidad conduce a confusión y, por
eso, el negotiating box conduce a confusión.

Decía Begoña Lasagabaster que la parece que el Gobierno tiene ahora
una actitud menos defensiva; que le parece que algo se ha avanzado.

Efectivamente, la situación ahora es más moderada, por una doble
razón. Primero, porque es evidente que a lo largo de todo este
proceso hemos ido haciendo camino y se han conseguido algunas cosas.

Por ejemplo, antes se discutía la existencia del Fondo de Cohesión;
ahora no se discute. Antes estaba toda



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la agricultura en el aire; ahora está hilvanada. Es decir, hay un
montón de cosas que se han ido arreglando.

También es verdad que la etapa de la defensa numantina de posiciones
al extremo se acaba en un momento en el que lo haga conviene es tener
una postura más conciliadora y más flexible, que desde luego nosotros
tenemos y que debo decir que no todo el mundo tiene. Pero el Gobierno
es consciente de que tiene que tratar de defender con firmeza sus
temas, no de hacer una proclamación agresiva de ciertas cosas que
puedan producir rechazo, entre otras cosas porque lo que tenemos que
hacer es ponernos de acuerdo quince. Esto no es un partido de fútbol
en el que España está de un lado y la Unión Europea de otro; esto es
un partido que jugamos entre quince y en el que todos tenemos que
estar de acuerdo; lo que es bueno para unos es malo para otros y lo
que tenemos que hacer es buscar ese punto medio en el que todo el
mundo quede razonablemente satisfecho y razonablemente insatisfecho,
porque un buen compromiso es aquel que reparte el mismo grado de
insatisfacción entre todos. Naturalmente no todos los países lograrán
al cien por cien sus objetivos, pero lograrán el mínimo que les
parece presentable, y lo que hayan tenido que ceder será lo mínimo
que la cesión les permita para mantener sus intereses nacionales.

Con relación a la negociación agrícola puede haber muchas opiniones,
pero de lo que no cabe la menor duda es de que la posición unánime de
todos los países miembros es que había que ir a una estabilización
del gasto, por lo que partimos de que hay que reducir el gasto
agrícola. Esta estabilización del gasto es algo que han pedido los
gobiernos, que han pedido los ciudadanos, que ha pedido la Comisión
Europea y que ha pedido el Parlamento Europeo. Es evidente que el
peso que tiene el gasto de la PAC sobre el presupuesto general es un
peso excesivo; también es evidente que los precios tiene que irse
adaptando a los de los mercados mundiales, puesto que estamos metidos
en un tema que se llama la Ronda del milenio, el la cual vamos a
tener que ir reduciendo las ayudas directas, por lo que el objetivo
es la estabilización.

También quisiera recordar que en el Consejo de Agricultura las
decisiones se tomas por mayoría cualificada y que, por tanto, por
mucho que se diga que no se quiere la estabilización, si todo el
mundo la quiere, finalmente se impone. Pero creo que el objetivo del
Gobierno era que la estabilización tuviera un carácter más moderado
que el se pretendía y, al mismo tiempo, que se consiguieran unos
ciertos objetivos que mejoren la situación real de los agricultores
españoles con respecto a la PAC. Y había tres temas pendientes en los
capítulos más importantes de la PAC, carne, cereales y leche, en los
cuales España tenía un cierto retraso, un cierto problema. El haber
logrado en esa negociación aumentar la cuota de 550.000 toneladas de
algo extraordinariamente positivo, puesto que mejora la situación del
sector lácteo. También el hecho de que el rendimiento por hectárea
suba de 2,6 a 2,9, en una perspectiva de disminución de ayudas, pone
a los agricultores españoles en mejor situación, puesto que al tener
los rendimientos más alto recibirán más y, por tanto, se mitigará de
alguna manera la reducción que se aplica a las ayudas directas, y lo
mismo ocurrirá en las primas al bovino.

Por eso no me parece que sea excesiva la satisfacción del Gobierno
por haber logrado un acuerdo agrícola. Creo francamente que un
acuerdo que se ha aprobado por todos es ya motivo de satisfacción.

Además, el que un acuerdo en el que se han conseguido objetivos
perseguidos desde hace años por parte de los ministros de
Agricultura, tanto de este Gobierno como del anterior, se haya
logrado en este momento, mejorando la situación objetiva de los
agricultores españoles, me parece que es motivo de satisfacción. El
que también haya habido una reducción del gasto no creo que sea
motivo de satisfacción, pero la verdad es la realidad y eso es lo que
hoy requieren los presupuestos de la Unión, nuestra situación
internacional y las futuras negociaciones de la Ronda del milenio.

Por tanto, nuestro objetivo es mantener el paquete como está.

Efectivamente hay algunos países que quieren abrir algunas cosas. Si
se puede abrir alguna cosa sin estropear el paquete para dar
satisfacción a algún país ¿por qué no hacerlo? Estos ahorros de 6.000
millones de euros que todavía se pretenden para llegar al objetivo de
40.500 millones son asumibles. Francamente, un ahorro de menos de
1.000 millones de euros en un año agrícola, incluso por métodos
totalmente de gestión, se puede conseguir. Es decir, por métodos de
comités de gestión y simplemente tocando los precios de restitución
de ciertos productos se pueden hacer ahorros muy sustanciales. Lo que
hay que saber es cómo se van a reducir los 6.000 euros, si únicamente
con el retraso de las reformas, si con el retraso de las reformas y
modulación o regresividad y si, al mismo tiempo, a través de la
gestión también se pueden hacer ahorros sustanciales.

Con respecto a la rúbrica 2, fondos estructurarles, quisiera decir
que existe el objetivo que han mencionado los señores Costa y
Guardans de mantener el esfuerzo de la cohesión en el 0,46 por ciento
del PNB y que en la propuesta de la Comisión, como parece lógico, se
han incluido dentro de ese 0,46 por ciento los gastos preadhesión y
los hipotéticos gastos de ampliación, porque eso es parte de la
cohesión económica y social. Incluso con la cantidad que está hoy
encima de la mesa se puede llegar a mantener el mismo flujo
financiero en favor de España, sobre todo si los ahorros que hay en
el paquete para fondos estructurales se hacen sobre el Objetivo 3,
que ha aumentado extraordinariamente en la proposición de la Comisión
y que puede reducirse. Los Objetivos 1 y 2 no pueden ser tocados,
pero el Objetivo 3 puede reducirse; también pueden reducirse y se
pueden retocar algunas de las cantidades asignadas a las iniciativas
comunitarias. Lo importante para España es mantener los flujos
financieros de los Objetivos 1 y 2, muy particularmente ante la
amenaza de una serie de propuestas que apoyan los Países Bajos,
Inglaterra, Alemania y otros, que es lo que se llama la red de
seguridad, es decir, el mantener todavía un cierto número de
población grande dentro del Objetivo 2, lo cual restaría a los demás.

Nuestra posición ha sido siempre negativa y no la admitiremos de
ninguna manera. Hay diferentes modelos para dar la vuelta al problema
de la red de seguridad, incluso aunque ésta se estableciera.

Quisiera asegurar, sobre todo a los grupos catalán y vasco por ser
representantes de comunidades autónomas que están claramente en el
Objetivo 2, que es un objetivo



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tan prioritario para el Gobierno como el Objetivo 1, que somos muy
conscientes de que las regiones, incluso las que salen del Objetivo
1, deben tener acceso al Objetivo 2 y que, además -y por eso la
insistencia-, el Fondo de Cohesión puede ponerse también al servicio
de hacer compensaciones interterritoriales en el caso de que haya
regiones que salgan del Objetivo 1 o del Objetivo 2 que necesiten más
inversiones de las que pueden hacerse con él.

Respecto a la margen izquierda del Nervión, que ha suscitado la
señora Lasagabaster, el Gobierno es muy consciente de los problemas
específicos que tiene esa región. Es muy difícil hacer pasar esa
región a un Objetivo 1 -como algunas veces se decía- o cambiarla de
definición en el Nuts 2, sin embargo existen suficientes instrumentos
que manejar dentro de los Objetivos 2 y 3, como sabe la señora
Lasagabaster. Una cosa es que se vaya a rebajar y otra cosa es que se
vaya a eliminar del Objetivo 3 para favorecer a esa región.

El diputado señor Costa decía que no veía por ninguna parte de los
dos tercios del Objetivo 1. Yo tampoco, ¡ya me gustaría verlo con
letra de molde en algún sitio! Eso es parte de la negociación final.

No lo han puesto precisamente por eso. La Presidencia se ha
apresurado a poner con letras de molde las cosas que le interesan y
no las que interesan a los demás ¿Por qué? Porque así lo arrancan en
la negociación, pero no cabe la menor duda de que para nosotros el
que los dos tercios del volumen total vayan al Objetivo 1 es una de
las cuestiones fundamentales.

La cifra global está en un abanico grande. El objetivo es, en todo
caso, mantener los niveles de 1999, que es cuando, como decía el
señor Costa, toma la velocidad de crucero la cohesión económica y
social, precisamente por los acuerdos que se hicieron en 1992, que
han permitido que vaya incrementándose. 1999 es el año límite en el
que se alcance la mayor cuantía de cohesión económica y social y es
para nosotros el objetivo a cubrir, es decir, que los flujos de 1999
se mantengan; para mantenerlos, es evidente que la horquilla está
entre 210 y 220 billones, y ahí habrá que moverse. Desde luego, con
190 billones europeos (miles de millones, o, como se dice en español,
millardos) no se garantiza. La horquilla en la que uno se puede mover
está entre 210 y 220.

Con respecto a los recursos propios, nuestra posición ha sido siempre
muy clara desde el principio; es una manera de equilibrar. Una de las
cosas más chocante es que hay algunos países que pagan más de su
proporción en el PIB comunitario. Es el caso de Alemania, que tiene
un 26 por ciento del PIB comunitario y paga un 28 por ciento. Es el
caso, a sensu contrario, de Italia, que paga un 11 por ciento y tiene
un 14 por ciento del PIB comunitario. A nosotros nos ha parecido -hay
otro países que lo aceptan- que esa propuesta es menos satisfactoria
que el recurso progresivo, que es la vieja propuesta que este
Gobierno ha recogido de gobiernos anteriores, que ha estado siempre
encima de la mesa pero de la que nadie quiere oír hablar. Si no nos
aceptan el recurso progresivo, por lo menos el cambio de IVAa PNB nos
parece razonable ya que, de alguna manera, restablece equilibrios,
pero, naturalmente, hay algunos países que todavía se resisten a
aceptarlo. Las últimas propuestas son que, en vez de sustituirlo
totalmente, se haga en un 50 por ciento, y de esta manera Bélgica,
Italia y algún otro
país lo aceptarían; es decir, cortar la pera en dos, como dicen los
franceses para ver si funciona y también, como dije antes, aumentar
los gastos de administración en los recursos tradicionales.

En lo que todavía la situación es verdaderamente confusa es en el
tema del cheque británico. Nosotros siempre hemos mantenido que es
algo que debe desaparecer y comprendemos que no se puede arrancar de
la noche a la mañana. Muchas veces a los británicos no les falta
razón cuando dicen: nosotros, con cheque y todo, pagamos mucho más
que italianos y franceses. Ayer -no sé si es verdad porque no lo he
comprobado- el ministro británico dijo en público que a pesar del
cheque, el Reino Unido ha pagado siete veces más que Francia y ocho
veces más que Italia desde el año 1973. Tengo que comprobarlo, pero
es evidente que el Reino Unido, a pesar del cheque, paga más que
otros que son bastante más prósperos, porque no hay que olvidar que
el Reino Unido es el décimo país en prosperidad en la Unión Europea y
que es el quinto contribuyente neto. Por una parte, el cheque es un
instrumento perverso, pero antes de eliminarlo totalmente dicen que
hay que introducir una serie de elementos en todo el sistema de
recursos propios de la Unión que vuelvan a reequilibrar un poco el
sistema, porque quitar el cheque de raíz es difícil. Con esto no
estoy justificando el cheque británico, que no se entienda así,
porque somos totalmente contrarios, pero también comprendemos que
haya un país que se resista y que quiere ver un cierto horizonte.

Somos totalmente contrarios a un sistema generalizado de cheques, que
sería el famoso sistema del capping out o descreste, generalizado,
que es lo que están pretendiendo Alemania y otros.

No sé si me queda algún tema por responder. Creo haber cubierto la
mayor parte de los temas propuestos. Quedo a sus disposición para
seguir contestando preguntas, si fuera necesario. (El señor Costa
Costa pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Quiere volver a intervenir, señor Costa, a
pesar del exceso de tiempo anterior? (Pausa).

Le rogaría que se limitara a tres minutos.




El señor COSTACOSTA: Quiero aclarar una cuestión que no ha sido
respondida y otras que se han suscitado a lo largo del debate. La que
no ha sido respondida es cómo se financia la propuesta española. En
cuanto a la segunda cuestión que a mí me preocupa, yendo al tema
colateral pero central en este debate, es el tema de la Comisión. En
primer lugar, quiero alegrarme de las manifestaciones del señor De
Miguel que no se compadecen con las del propio portavoz del Grupo
Popular en esta Comisión, ya que son contradictorias en el mismo
momento en que se producen con las de un representante del partido
que apoya al Gobierno; hay una actitud bastante diferente según quién
formula las propuestas.

En segundo lugar, quiero hacer una defensa de la política y de los
políticos. Nadie puede defender a la política y a los políticos si no
son capaces de establecer sus propios calendarios, que es de lo
estamos hablando. Le pido al Gobierno que haga política y que
establezca el calendario que permite determinadas operaciones que no
voy a enumerar,



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ni las voy a citar con nombre y apellidos ya que creo que es
innecesario. España debe mostrar su interés para que un español
presida la Comisión Europea. Y se dan todas las circunstancias para
que lo pueda defender, con contundencia y con razón, en términos
distintos de los que se viene produciendo, incluso en términos
distintos a los que ha manifestado el secretario de Estado, siendo
éste más claro que el ministro. No basta decir que si cristaliza un
consenso en torno a un determinado candidato. Es que ese es el único
candidato que, de momento, se ha puesto sobre la mesa precisamente
para evitar que otros puedan salir en mejores condiciones. No podemos
hacer el Tancredo, y perdón por la expresión. Ésa no es la cuestión.

Si queremos de verdad esto, si no se dice con la boca pequeña, hay
que luchar políticamente con los mecanismos y elementos que todos
sabemos que existen para conseguir ese objetivo, reconociendo que
España, por la calidad de las personas que han estado en la primera
línea política en los últimos años, ha colocado, con apoyo del
Gobierno, a bastantes personas en el ámbito internacional, cosa que
no ha sido excesivamente difícil por la cualificación reconocida
internacionalmente de esas personas. Dejo este tema y paso a los
elementos del debate que me siguen preocupando.

Estamos de acuerdo en el fondo y conocemos también que en la
negotiation box esto cambia. En la carga que nos acaba de entregar ya
se anuncia mañana un nuevo documento. No me voy a acoger a lo que
dice el non paper alemán, como si eso fuera la Biblia, lo que digo es
que son los elementos sustanciales de los que parte la negociación,
porque habrá un documentos y sobre él cada país expondrá, a pesar de
las deficiencias o del sistema que han utilizado, sus posiciones.

Pero hay unas posiciones escritas que contienen elementos que nos
preocupan y veo que al Gobierno también, lo cual nos satisface, y no
para enfrentarnos en esa materia sino simplemente para constatar que
tenemos las mismas preocupaciones y buscamos los mismos objetivos,
sin atar al Gobierno en la negociación. Hay algunas cuestiones
preocupantes, como la relativa a la forma de financiar la propuesta
española o el equilibrio de la aportación alemana al presupuesto
comunitario, que nos interesa especialmente porque condiciona a los
demás, y otras que cambian sustancialmente en el tiempo. Cuando
hablamos del 0,46 por ciento del PIB comunitario destinado a la
cohesión económica y social, lo hacemos de la Unión a quince, no
incluyendo los fondos destinados a los países del Este u otros
elementos. En el documento de la Comisión eso se ceñía a la Unión a
quince, si yo no recuerdo mal. Se puede discutir, pero, en cualquier
caso, el 0,46 de los recursos destinados de la Unión a quince es lo
que está establecido en estos momentos. Cualquier disminución de este
elemento será un recorte en ayudas al Objetivo 1 o a cohesión
económica y social.

Por lo que se refiere al segundo elemento, los dos tercios del
Objetivo 1, que se van a negociar, comparto el que se busque ese
objetivo, pero hay un elemento al que no me he referido en mi
intervención anterior que no sé si ha salido a lo largo del debate, y
es que en el mismo Objetivo 1 hay un elemento también preocupante,
aunque sea para un territorio específico que nos preocupa, como es
Canarias. Se establece que, además de las regiones que entran en el
Nut 2 y que tienen el 75 por ciento de renta de la media
nacional, hay otro apartado en el documento de la Presidencia alemana
que establece el mismo criterio para las regiones ultraperiféricas,
es decir, para los territorios franceses de ultramar y Canarias. Lo
dice con nitidez y claridad. Está vinculando las ayudas a Canarias a
que cumplan también el criterio de renta, debilitando lo que ha sido
una posición política defendida por todos los grupos en esta Cámara
y, particularmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, a través
de múltiples iniciativas.

Por lo que respecta al tema de cohesión no he querido hablar porque
está tan manido que hacer el debate sólo sobre el Fondo de Cohesión,
que no sobre la cohesión económica y social, es absurdo por el
porcentaje que significa dentro del conjunto del presupuesto que
estamos discutiendo. Lo ha citado S.S. y dice que no es objeto de
debate, pero yo tengo que decirle que sí lo es. En el documento que
está en la mesa de negociación de la Presidencia alemana hay muchos
elementos de preocupación. En primer lugar, existe una diferenciación
entre los países euro y los países que no están en el euro. En
segundo lugar, se establece una revisión anual del Fondo de Cohesión
y una pérdida progresiva de ayudas, en función del acercamiento de la
renta al 90 por ciento de la media comunitaria. Son elementos
inaceptables, pero sé que el Gobierno comparte esta posición y no le
voy a recriminar lo que comparte. Como no lo he dicho lo hago ahora
para que en la negociación se resuelvan estos temas convenientemente
para España.

Hay un elemento añadido que quiero tratar en este debate y es que
España en los últimos tres años viene gastando el 65 por ciento de lo
presupuestado en el Fondo de Cohesión por citar uno, aunque podríamos
hablar también de los fondos estructurales. Pues bien, la cifra
prevista para 1999 en las perspectivas financieras de 1993 me parece
que estaba -y cito de memoria- en 269.000 millones de pesetas
aproximadamente y lo que está consignado en el presupuesto son
181.000 millones, es decir, tenemos una diferencia -por decirlo de
alguna manera- entre lo asignado y los ingresos de más de medio
billón de pesetas, que serán acumulables en los dos próximos años.

¿Tiene el Gobierno capacidad para gastar en dos años y copresupuestar
esa cantidad que hemos acumulado sólo en Fondo de Cohesión, o estoy
hablando de fondos estructurales donde habrá también un pequeño
problema cuando tengan que gastarlo en dos años? ¿Está el Gobierno en
condiciones de comprometerse a que en esos dos próximos años se van a
gastar las cantidades asignadas y negociadas brillantemente por el
Gobierno anterior sin perderlas, porque tiene que copresupuestar y
afecta al presupuesto nacional de una manera notable? Son cuestiones
colaterales que no tienen que ver con la negociación, pero de las que
hay que ir hablando porque el consenso no puede ser cheques en
blanco, ni actitudes acríticas, ni asentimiento permanente a la idea
generalizada de que Europa es muy importante, que nosotros
compartimos, pero que esa importancia se la dan cada día las
políticas y si el Gobierno no lo hace bien, nosotros le estimularemos
a hacerlo. No lo dude. La única manera que tiene el Grupo Socialista,
ahora que no está en el Gobierno, de estimularle a que cumpla con sus
obligaciones en sus funciones institucionales y ante los ciudadanos
es criticar lo criticable, no cejaremos en este empeño sin romper por
ello las cuestiones que conforman una política



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de Estado. No se preocupe -quiero reafirmarme en ello-, pero tampoco
nos vamos a callar cuando vemos elementos de ese tipo que están sobre
la mesa y sobre el debate político.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Casañ.




El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Parece ser que yo he hablado de un candidato
español. Nada más lejos de mi voluntad, puesto que no es así. Para
tranquilidad del señor Costa, en honor a la verdad y para que conste
en el «Diario de Sesiones», diré que no era ésa mi intención. Quería
destacar las cualidades de un candidato que el Gobierno español puede
verse en la necesidad de apoyar. Como es lógico, el presidente del
Gobierno ha dejado suficientemente clara la postura del Gobierno en
distintas ocasiones como para que yo tenga que enmendar la plana,
cuando ha dicho que defendería y potenciaría cualquier candidato
español tanto a la Presidencia de la Comisión Europea como a
cualquier Presidencia de una institución comunitaria. El
procedimiento de designación y aprobación de los miembros de la nueva
Comisión en estos momentos me parece un asunto de expertos en derecho
constitucional. El Gobierno, en mi opinión con muchísima razón, pidió
calma, tranquilidad y no apresurarse, porque cualquier compromiso en
estos momentos, incluso si se refiere tan sólo a la persona del
presidente de la Comisión, formará parte necesariamente de un paquete
de la negociación. Ylo que es más complicado, los gobiernos deberán,
de manera formal, llegar a un acuerdo con el nuevo Parlamento sobre
la conveniencia de este candidato o no a tenor del artículo 214.2
nuevo del Tratado de Amsterdam y el Parlamento Europeo deberá,
además, aprobar tanto el nombramiento del candidato a la Presidencia
de la Comisión como el del resto del colegio de los comisarios. Amí
lo que me preocupa es precisamente la actitud de ciertos gobiernos
socialdemócratas europeos, como el Gobierno británico y el Gobierno
de la República Federal Alemana, y la actitud del Parlamento Europeo
dominado por el grupo socialdemócrata, porque todo lo que suponga
celeridad en el nombramiento del presidente de la Comisión no
beneficia al nombramiento de un candidato español. Por eso, señor
presidente, le pediría al señor Costa que recapacitase sobre la
conveniencia de un procedimiento tan acelerado.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICAEXTERIOR PARALAUNIÓN
EUROPEA: (De Miguel y Egea): Quisiera agradecer la intervención del
señor Martínez Casañ. Yo creo que es positiva porque pone los temas
en perspectiva.

Con respecto al señor Costa, yo le debía esta respuesta sobre cómo se
va a financiar la propuesta española. Nosotros siempre hemos dicho
que se financia por los países miembros de la Unión además de lo que
hay y con una clave de reparto equis. A España le corresponde el 7
por ciento de 3.000 millones de euros. A otros les corresponde más y
a otros menos. A los alemanes les corresponderá financiar esa
propuesta con una cantidad importante, pero también van a ser
beneficiarios. La idea es hacer políticas y
todo lo que sean políticas de solidaridad van en el sentido de
cohesionar. Esto es claramente una idea de política solidaria, es una
manera de decir claramente a todos, incluso a los más ricos, que los
equilibrios se pueden buscar no a base de cortar, sino de
incrementar, precisamente para dar a los que más necesitan. Sabemos
que las regiones Objetivo 1 fronterizas con los países del Este están
en una situación dramática, y van a recibir además el gran impacto de
la ampliación. Al mismo tiempo, sabemos que la situación que han
producido los refugiados de la antigua Yugoslavia en Europa es casi
un caos. Ellos han pedido solidaridad muchas veces en una famosa
propuesta de reparto de cargas, es decir, ir repartiendo por los
demás países de la Unión todos los refugiados que vienen de
Yugoslavia a Alemania, por ejemplo, pero es una solución que no ha
tenido fortuna porque es muy difícil de organizar. Sin embargo,
mediante un programa especial por el que se ayuda a esos refugiados,
a los gobiernos que tienen ese problema, estamos creando un espíritu
de solidaridad comunitaria para resolver un problema comunitario. Por
tanto, no cabe deducirlo de lo que ya está, es una cosa que se añade
y cada uno en su clave de reparto paga. Todos los países pueden
contribuir a corregir esos desequilibrios de los que se está hablando
continuamente, porque si una parte importante de esas cantidades va a
los países que más se quejan de los desequilibrios, es una manera de
que reciban más dinero para que luego sus balances les salgan más
positivos. Es evidente que hay algunos países que están deseando
hacerlo, hay otros países que dicen que no, y hay otros países que
dicen que sí pero si sale de los fondos estructurales. Eso no puede
ser porque sería pintoresco, como siempre digo, que sea la cohesión
económica y social, los países más pobres, los que vayan a pagar los
desequilibrios presupuestarios que tienen los más ricos. Es un tema
en el que francamente ese discurso político es muy difícil de hacer
¿Cómo se puede decir que para corregir supuestas irregularidades
o desequilibrios que tienen los países más ricos se va a reducir la
cohesión económica y social, que es precisamente el dinero que afecta
a los más pobres? Los pobres tienen que dejar de recibir dinero para
que los ricos se compensen entre sí. Es un discurso político que
ninguno de los diputados que hay aquí en esta Cámara sea capaz de
hacer en ningún foro público, porque nadie lo entendería.

Naturalmente, el Gobierno español trata de llevar esa idea -y siempre
lo hemos hecho- en todos los foros cada vez que hemos hablado del
esfuerzo de cohesión económica y social.

Se puede decir que hay que sujetar el gasto porque va a haber unos
gastos extraordinarios y la ampliación, y entonces se puede llegar al
máximo, que es congelar y decir que el esfuerzo de 1999 no se aumenta
un céntimo más, pero ir por detrás del esfuerzo de 1999 sería algo
regresivo que ningún Gobierno debe aceptar pero, sobre todo, ningún
Gobierno de un país de la cohesión, como es el caso del Gobierno
español. España es un país que está todavía por debajo del nivel de
renta que se considera límite para ser titular del Fondo de Cohesión
y de la cohesión económica y social, puesto que todavía tiene muchas
regiones por debajo del 75 por ciento y muchas otras que están por
encima del 75 por ciento, regiones industriales en declive, que todos
conocemos, que tienen graves bolsas de pobreza y de



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paro; incluso en las zonas más prósperas de España hay situaciones
como las que describía la señora Lasagabaster hace un rato cuando
hablaba de la margen izquierda del Nervión.

Con respecto al Fondo de Cohesión naturalmente quedan muchos
interrogantes. Yo he dicho que la presión ha disminuido en el sentido
de que por lo menos ya se admite, porque antes se negaba totalmente
el que pudiera haber Fondo de Cohesión, pero todavía queda mucho por
hacer. Se empezó negando que hubiera Fondo de Cohesión y que lo
hubiera para los países que están en el euro. Decían: lo mantenemos
únicamente para Grecia, que está fuera del euro. Ahora por lo menos
se dice que se mantiene, lo que pasa es que todavía quedan muchos
detalles en el Fondo de Cohesión, como, por ejemplo, cuál es la
cantidad total; si va a ser la actual, que son 3.000 millones de
euros por año multiplicado por 7, es decir, 20.000 millones de euros;
la tasa de cofinanciación; así como esa propuesta francesa y alemana
de que, a medida que los países se vaya acercando al 90 por ciento,
vayan disminuyendo las aportaciones. Quedan muchas cosas por resolver
en el Fondo de Cohesión. El cuadro macroeconómico general en este
momento permite abrigar una esperanza de que pueda haber un acuerdo.

Hay muchos detalles que todavía no han sido resueltos, porque los
negotiating box no están resueltos y habrá que hacerlo en estos días
y, como dicen los ingleses, el diablo está en los detalles. A ellos
nosotros estaremos muy atentos y sé que los grupos políticos también
lo estarán a la hora de juzgar el resultado de esta negociación.

Por tanto, no puede más que garantizarles nuestro total compromiso y
entrega para salvaguardar los principios que nos parecen
fundamentales y que creo que compartimos con los partidos de esta
Cámara. Estaremos dispuestos a someternos al juicio de esta Cámara
cuando los resultados estén encima de la mesa. Espero que seamos
capaces de presentar un cuadro en e que desde luego habrá
concesiones, porque todo el mundo tiene hacerlas, pero en el que se
preserve lo que son las bases fundamentales de lo que todos los
partidos políticos consideramos como el mínimo fundamental para
garantizar la pervivencia de España en la Unión, de una España
próspera para mantener los niveles que hemos tenido desde el
principio y, sobre todo, mantener la cohesión económica y social que
es fundamental para nuestro país. (El señor Costa Costa pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Costa.




El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, no voy a hacer una
intervención extensa. Sólo daré un dato para que quede constancia en
el «Diario de Sesiones» y es que del total de fondos estructurales en
el objetivo 1 para España en la negociación 1994-1999 era de 31.668
millones de ecus; en el objetivo 3, 1.474. Simplemente quería ponerlo
en relación con el incremento o decremento, lo que al final resulte,
que ha dicho que tendría el objetivo 3, que tiene la importancia
relativa que tiene.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por el dato.

Yo querría agradecer, en nombre de la Comisión, al secretario de
Estado, su presencia en un momento de gran presión de trabajo entre
nosotros y desearle todo lo menor para estos próximos días en Berlín.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.




Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.




Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» número 131,
correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión Mixta el día
23 de febrero de 1999, figura en la portada que dicha sesión tuvo
lugar el miércoles, 23 de febrero, cuando la fecha correcta es el
martes, 23 de febrero.