DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1999 VI Legislatura Núm. 134



DE LOS DERECHOS DE LA MUJER



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a ISABEL SAN BALDOMERO OCHOA



Sesión núm. 20



celebrada el martes, 16 de marzo de 1999, en el Palacio del Congreso
de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor Director General de Instituciones
Penitenciarias (Yuste Castillejo) para informar de la situación en la
que se encuentran los módulos y cárceles de mujeres. A petición del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
del Congreso 212/001334 y número de expediente del Senado 713/000553)
... (Página 2794)



Proposiciones no de ley:



- Sobre sensibilización al alumnado en relación con el problema de la
violencia doméstica que sufren las mujeres en la sociedad. Presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente del Congreso
161/000904 y número de expediente del Senado 663/000043) ... (Página 2808)

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Se abre la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.




La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la sesión. En
primer lugar, quiero consultar con las señoras portavoces si puede
ser aprobada o hay alguna enmienda o rectificación al acta de la
sesión anterior. (Pausa.) Queda aprobada.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS (YUSTE CASTILLEJO) PARA INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN EN
LA QUE SE ENCUENTRAN LOS MÓDULOS Y CÁRCELES DE MUJERES. A PETICIÓN
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de
expediente del Congreso 212/001334 y número de expediente del Senado
713/000553.)



La señora PRESIDENTA: En segundo lugar, a petición del Grupo
Izquierda Unida, tenemos hoy en esta Comisión al Director general de
Instituciones Penitenciarias, don Ángel Yuste Castillejo. Señor
Director general, bienvenido a esta Comisión, en la que nos ocupamos
y nos preocupamos por todas las cuestiones alrededor de la mujer.

Debo decir al Grupo de Izquierda Unida y a todas las señoras y
señores parlamentarios que hacía ya mucho tiempo que estaba pedida
esta comparecencia, pero que también es cierto que el señor Director
general había llamado a esta presidenta para decirla que estaba a
nuestra disposición cuando se dispusiera. Por tanto, el retraso de
hacerle venir a comparecer ha sido porque ha habido cuestiones que ha
entendido la Mesa y portavoces que tal vez fueran de un carácter más
urgentes o más concreto; pero no por la importancia de su
comparecencia.

Le damos la bienvenida y tiene la palabra para que nos informe sobre
la situación en la que se encuentran los módulos y las cárceles de
mujeres. Tiene usted la palabra, señor Director general.




El señor DIRECTOR GENERALDE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejo): Muchas gracias.




Tradicionalmente, la pena privativa de libertad ha supuesto para la
mujer una aflicción añadida frente a los condenados varones, y ello
por varias razones. En primer lugar, y con independencia de los
centros específicos donde la organización regimental se adaptaba a
las características de la población reclusa femenina, las mujeres
habitaban locales pequeños, casi residuales, peor dotados, al
ocuparse de forma excepcional por el escaso contingente de población
femenina, y que cumplían casi una finalidad de retención preventiva,
pasando la condenada a un centro de cumplimiento frecuentemente
alejado de su entorno familiar. De otra parte, el internamiento de la
mujer traslada a su entorno familiar de una manera particularmente
intensaefectos desestructuradores que se agudizan sobre todo cuanto
tiene hijos pequeños.

Estas circunstancias determinan la necesidad de adecuar los
parámetros en los que se desarrolla la intervención penitenciaria,
ajustándolos a las necesidades de la población femenina, de manera
que podamos, dentro de lo posible, ejercer una influencia
compensadora sobre las carencias que con carácter general presenta
este colectivo, para que a su salida de prisión resulten más
competitivas en el entorno sociolaboral y puedan así subvenir más
fácilmente a sus necesidades e integrarse socialmente. Estos
objetivos generales, que más bien se corresponden con fines de la
política penitenciaria, se estructuran en otros más específicos que
intentaremos exponer seguidamente.

Los diferentes estudios existentes sobre mujeres en prisión revelan
que el perfil de la reclusa española es muy parecido al de los países
de nuestro entorno cultural: mujeres jóvenes, sin sofisticación
criminal, económicamente marginadas, de minorías étnicas, con poca
formación laboral y un bajo nivel de estudios, madres solteras con
varios hijos, con problemas de drogodependencia y que normalmente se
encuentran cumpliendo condena por delitos contra la salud pública (un
60 por ciento de las penadas están en esta circunstancia) o contra la
propiedad (un 30 por ciento), siendo los delitos violentos menos
frecuentes en la población reclusa femenina. Del total de internas,
el 25,46 por ciento están en situación preventiva y el 74,54
extinguen condena como penadas.

En cuanto a la composición por grupos de edad, del total de las
mujeres penadas, el 2,67 por ciento está comprendido entre los 16 y
los 20 años; el 26,56 por ciento entre 21 y 25; el 31,70 tiene entre
26 y 30 años; el 26,03 por ciento corresponde a mujeres entre 31 y 40
años; el 11,59 está en el tramo de edad comprendido entre 41 y 60
años, y sólo el 1,45 tiene más de 60 años, en relación con los
varones, su estructura por edad es prácticamente similar.

La distribución de la población penada, por grados de tratamiento, es
la siguiente: un 2,29 por ciento está clasificada en primer grado; un
65,93 por ciento en segundo grado; un 15 por ciento en tercer grado,
estando el resto de la población sin clasificar. Con relación a los
varones, el dato más significativo es el que el porcentaje de mujeres
clasificadas en régimen de semilibertad es mayor, superando a los
varones en cuatro puntos y medio.

En el último decenio la población reclusa ha experimentado un
crecimiento continuo, desde 1987 hasta 1994, año en el que la
población media alcanza su máximo, para ir descendiendo
paulatinamente en fechas posteriores hasta 1997 y crecer nuevamente a
partir de 1998.

En cuanto a la composición por sexo, la estructura de la población
reclusa ha tenido un cambio significativo, y ése ha sido
fundamentalmente el incremento del peso específico de la población
femenina. En el año 1987 ésta representaba el 5,37 por ciento del
total de la población y en el año 1998 representó el 9,41 por ciento.

En estos momentos, en los centros dependientes de la Administración
central hay 38.739 internos, de los cuales 35.177 son hombres y 3.562
mujeres. Prácticamente el volumen de población se ha triplicado en
este decenio, pasando de una población media de 1.233 internas a una
de 3.633. Esta modificación en la estructura de población se
evidencia en el indicador hombre/ mujer. Así, hemos pasado de 17
hombres por cada mujer en 1987 a 9,63 hombres por mujer en 1998.




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Este rápido incremento de la población provocó el deterioro, el
desfase y la sobreocupación de las instalaciones, si bien se han ido
habilitando módulos de mujeres en la práctica totalidad de las
prisiones de nueva creación: Navalcarnero, Valencia, Villabona, Soto
del Real, Huelva, Albolote, Melilla, Dueñas, Topas, Teixeiro, Alhama,
Madrid 6 y Madrid 1. Este año está prevista la inauguración de los
centros penitenciarios de Mansilla de las Mulas, en León, y Palma de
Mallorca, ambos con módulos de mujeres.

El 30 de marzo de 1998, el Consejo de Ministros aprobó la revisión
del Plan de amortización y creación de centros penitenciarios, lo que
supone la construcción de 24 centros de inserción social que
impulsarán el tratamiento para internas en régimen abierto, al que se
había prestado hasta esta época escasa atención, facilitará a su vez
el cumplimiento de las penas de arresto de fin de semana y permitirá
una mejor organización de los trabajos en beneficio de la comunidad y
el funcionamiento de los servicios sociales.

Pese a haberse incrementado entre los años 1996 y 1998 un 31,52 por
ciento el número de plazas netas penitenciarias para mujeres, todavía
mantenemos altas tasas de ocupación, básicamente en algunos centros
de la comunidad andaluza, Canarias y Ceuta. No obstante, la
finalización del plan al que he hecho referencia definirá un
escenario, tanto en los niveles de ocupación como en la calidad de
las infraestructuras, notablemente mejor y que admitirá una
comparación favorable con los países más avanzados de nuestro
entorno.

Respecto al grado de participación de las internas en actividades en
los centros penitenciarios, los estudios que examinan las respuestas
penitenciarias a las necesidades de la mujer reclusa concluyen que
los roles de género fuera de la prisión tienden a reproducirse
dentro. Así pues, los trabajos, talleres y cursos destinados a las
mujeres solían tradicionalmente relacionarse con tareas típicamente
femeninas, como la costura, el bordado, la peluquería, estética, etc.

Consciente de ello, la Administración penitenciaria procura que no
existan diferencias ni cuantitativas ni cualitativas por razón del
sexo, en materia de educación, actividad laboral y formación
profesional ocupacional, reflejando así la tendencia general a la no
discriminación operada en los últimos años en nuestro país.

Como quiera que el grado de implicación y participación de las
mujeres en prisión es superior al de los varones y que los índices de
conflictividad son sensiblemente menores, se produce una situación
favorable para cualquier línea de actuación tendente a favorecer su
reeducación. Así, el total de mujeres internas participando en
programas educativos asciende a 60,75 por ciento del total del
colectivo femenino. Esta ratio es muy superior a la general de
hombres y mujeres, que representa sólo un 37 por ciento,
aproximadamente.




En el campo de la formación ocupacional, las mujeres internas pueden
participar, en igualdad de condiciones que los internos varones, en
cursos de formación ocupacional e incluso haciendo uso de algunas
medidas de especial protección que pretenden compensar situaciones
sociológicas de partida más desfavorables a la mujer. Así, las normas
como el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el
Plan nacional de formación e inserción profesional; la orden de 17 de
marzo de 1998 de la Consejería de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía; o el Reglamento marco
del Fondo Social Europeo número 2.081/1993, de 20 de julio, contienen
normas tendentes a discriminar positivamente en estas actividades a
la mujer, que son seguidas puntualmente por la Administración
penitenciaria.




Fruto de estas líneas de actuación específicas para mujeres o de su
participación en los programas generales de formación ocupacional,
financiados por el Instituto Nacional de Empleo, el Fondo Social
Europeo o las comunidades autónomas, resulta una participación muy
elevada de las mujeres en los cursos de formación profesional
ocupacional. Así, para el año 1999 está previsto realizar ofertas
para que 1.867 mujeres participen en cursos de formación profesional
ocupacional en diversas especialidades, y asimismo otras 526 lo
puedan hacer en cursos de orientación sociolaboral. En el primer caso
se trata de cursos de componente teórico-práctico que preparan para
el ejercicio de una profesión, destacando las siguientes
especialidades: monitor deportivo, grabador, horticultor, maquinista
de confección industrial, tapicería, marroquinería, auxiliar de
educación infantil, patronista industrial, artesano restaurador,
camarera, técnica de pintura interior de edificios, jardinería,
operador de ordenadores y fotografía, entre otros.

Los cursos de orientación sociolaboral han comenzado a impartirse en
los centros en el año 1998 y tratan de proporcionar a las alumnas de
herramientas imprescindibles para enfrentarse a la búsqueda de un
trabajo. En este sentido, el conocimiento de las redes de empleo, la
elaboración de currículum vitae o las técnicas de entrevista resultan
particularmente interesantes desde la opción a la que he hecho
referencia. Es conveniente resaltar en este contexto al Programa
íntegra de la Unión Europea, que incluso contempla actuaciones de
acompañamiento para la reinserción una vez que se produce la
excarcelación en libertad condicional. Todo ello propicia que un 68
por ciento de las mujeres internas en centros penitenciarios puedan
acceder en el año 1999 a una formación profesional ocupacional de una
duración que oscila entre dos y seis meses.

Respecto al trabajo productivo, las internas se integran en las
distintas especialidades, al igual que los internos varones,
destacando entre las actividades desarrolladas: el cuidado de
viveros, la zapatería, la confección, la cocina, la panadería y el
manipulado diverso. A este respecto, el porcentaje de mujeres que
durante el año 1999 se prevé que realicen una actividad productiva en
los centros es de un 19 por ciento, frente a un 18 por ciento para
los varones. Por otra parte, la participación de las mujeres en el
trabajo productivo se ha incrementando en un 8 por ciento en los dos
últimos años.

En cuanto a las prestaciones sanitarias, la atención médica que
reciben las mujeres, como no puede ser de otra manera, es equiparable
a la dispensada a los internos varones. La oferta sanitaria incluye
actividades de promoción de la salud, actividades preventivas,
asistenciales y rehabilitadoras, que en primera instancia se llevan a
cabo a través de los equipos de atención primaria de los centros
penitenciarios y, cuando así se requiere, en hospitales públicos. Las
mujeres tienen acceso a las especialidades ordinarias, igual que los
hombres, y además a aquellas que les son específicas, como
ginecología y obstetricia, incluyendo la



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planificación familiar, pediatría, los departamentos de madres,
siempre que existan menores, según lo dispuesto en la normativa
actual.

El 53 por ciento de las mujeres que ingresan en prisión son
toxicómanas, por ello el desarrollo de los programas de intervención
con drogodependientes en cualquiera de sus modalidades -libre de
drogas, de reducción del daño o con sustitutivos opiáceos- contempla
la atención a las mujeres con la importancia que requiere esta
realidad. Esto, unido a la frecuencia de la prostitución como medio
de vida y a la escasa utilización de medios de protección en las
prácticas sexuales, hace de las mujeres un colectivo especialmente
vulnerable para la infección del virus de inmunodeficiencia humana.

Por ello, tanto los programas de educación para la salud como el
resto de las actuaciones preventivas tienen en las mujeres un
objetivo preferente. No obstante, los casos de SIDA notificados
arrojan proporciones que, aunque con un aumento con respecto al
colectivo de hombres, todavía son inferiores al porcentaje de éstos.

Así, dentro de los casos notificados, en 1993, respecto a un total de
436 reclusos, sólo 23 eran mujeres; 50 en el año 1994; 49 en 1995; en
1996 se notificaron 44 casos de mujeres; en 1997, 31; y 17 casos en
1998. El porcentaje respecto a su peso en el total pasa de 5,3 en el
año 1993 al 8,6 en el año 1998, siendo el más alto el de 1997, con un
9,2 por ciento.

Citábamos al principio cómo el encarcelamiento de la mujer se
proyecta en su esfera familiar. Una de estas condiciones,
especialmente crítica, es la que coloca a los niños de la madre presa
en situación de vulnerabilidad, al ser tributarios muy tempranamente
de las especiales circunstancias derivadas del encarcelamiento de su
progenitora. La Ley Orgánica 13/1995, que modificó la Ley General
Penitenciaria, redujo de seis a tres años el límite de edad del menor
para su permanencia con su madre en las unidades penitenciarias
correspondientes, entendiendo que se debía promover el desarrollo de
la relación materno-filial a través de los servicios de atención a la
infancia, posibilitando formas de vida más adecuadas para su
desarrollo.

El total de niños que son atendidos en centros penitenciarios, en
virtud de la norma a la que he aludido, asciende a 146, de ellos, 121
corresponden a unidades de madres, 19 a unidades dependientes (como
sabrán SS.SS. son pisos o infraestructuras extracarcelarias,
normalmente gestionadas por ONG) y 6 en centros penitenciarios. Estos
últimos casos obedecen a situaciones excepcionales, justificadas para
fomentar la vinculación familiar de la madre al niño en zonas en las
que no existen unidades de madres, o para favorecer situaciones en
las que se recomienda fortalecer la relación madre-hijo que se
encuentra fuera del centro penitenciario.




Para su atención en las unidades de madres, existe personal
especializado y escuelas infantiles dentro de los propios recintos
penitenciarios. No obstante, para favorecer la integración de los
niños a partir de los dos años, se procurará que sean desplazados
diariamente a escuelas infantiles de la red pública, y a este efecto
se han suscrito convenios con las administraciones educativas para
reserva de plazas en las escuelas infantiles del entorno. De igual
modo, se mantiene una colaboración especial con organizaciones no
gubernamentales especializadas con el fin de favorecer la
integración social de los menores en el entorno social a través de
salidas de fin de semana, vacaciones, etc.

En los últimos años se ha incrementado notablemente la participación
de diversos sectores sociales en el tratamiento y rehabilitación de
las mujeres reclusas. Así, y en relación con las asociaciones y
organizaciones no gubernamentales que realizan programas dirigidos
específicamente a mujeres reclusas, podríamos destacar las Mujeres
Progresistas, en el Centro Victoria Kent, Cruz Roja, Cáritas, Acope,
Ceres, Mujeres Gitanas Romi, Colectivo Independiente de Mujeres,
Secretariado General Gitano, Horizontes Abiertos, Proyecto Hombre,
Alcohólicos Anónimos, entre otras. Éstas trabajan en diversos
programas, que abarcan talleres ocupacionales, orientación laboral,
cursos de salud, intervención con internas drogodependientes,
actividades culturales, cursos de mejora de la autoestima, apoyo
psicológico, información y orientación jurídica, entre otros.

En este momento existen siete convenios de colaboración suscritos
entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias con otras
administraciones, instituciones o asociaciones, y que hacen
referencia exclusiva a distintas acciones dirigidas a mujeres
internas, y relativas a programas de promoción sociocultural
ocupacional, drogodependencia y SIDA, unidades dependientes para
madres con hijos menores, casas de acogida para internas en tercer
grado o donde pueden disfrutar las internas sus permisos de salida.

En la actualidad se están desarrollando también por diversas
instituciones o particulares 16 estudios e investigaciones sobre
mujeres internas en establecimientos penitenciarios.

Como objetivos de la Administración penitenciaria para el presente
año, y dirigidos al colectivo de mujeres reclusas, habría que
destacar la necesidad de propiciar iniciativas con organizaciones no
gubernamentales destinadas a mujeres reclusas que hayan sido objeto
de malos tratos y abusos sexuales, ya que se ha detectado una tasa
relativamente elevada de la población reclusa femenina con este
problema; el incremento del tratamiento de las toxicomanías en la
población reclusa femenina, por ser éste un factor que está altamente
relacionado con la reincidencia; la elaboración de programas
específicos en cooperación con las asociaciones que están trabajando
por la integración social de la mujer gitana para favorecer su
reinserción social; la potenciación de las líneas de actuación en
materia de educación reglada, educación para la salud, formación,
trabajo productivo e inserción laboral, y el incentivo de fórmulas de
cumplimiento en régimen abierto y en pisos gestionados por
organizaciones no gubernamentales de mujeres con cargas familiares
o con hijos a su cargo, de manera que no se proyecte el carácter
personal de la pena en el ámbito familiar. Por último, seguir
mejorando la calidad de vida de las mujeres recluidas con la apertura
de nuevos módulos de mujeres que nos ayuden a disminuir la tasa de
ocupación de los mismos.

No quería concluir esta intervención, por cuanto entiendo que las
trabajadoras de la Administración penitenciaria también participan en
el clima social de los departamentos, sin resaltar algunas
iniciativas de la dirección general para mejorar el clima laboral de
las trabajadoras de la institución penitenciaria. En este sentido, la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas
y de orden social, en su artículo 43, modifica la estructura de los



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dos cuerpos, masculino y femenino, integrándose en un solo cuerpo
especial; tiene la repercusión de que los puestos de trabajo que
podían ser desempeñados sólo por funcionarios o funcionarias pueden
ser desempeñados en este momento indistintamente por cualquiera de
ellos; la propuesta a la Comisión Ejecutiva de la Comisión
Interministerial de Retribuciones, de fecha 26 de febrero de este
año, para que los puestos de trabajo de jefes de servicio y jefes de
centro puedan ser desempeñados indistintamente por las escalas
masculina y femenina del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias; la apertura en su adscripción, para que puedan ser
desempeñados tanto por funcionarios como por funcionarias, de todos
los puestos de trabajo de las relaciones de puesto de trabajo, con
excepción de los específicos de vigilancia interior. Por resolución
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 27 de
enero de 1993, las funcionarias, a partir del séptimo mes de
embarazo, que desempeñen puesto de trabajo en servicio interior pasan
a realizar otros servicios menos gravosos, de los cuales está
excluida la realización de servicio nocturno. Por instrucción de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 25 de febrero de
este año, el complemento de productividad se seguirá percibiendo
cuando la ausencia del trabajo esté motivada por licencia de
maternidad, adopción o acogimiento, anulándose así anteriores
instrucciones que impedían por estas causas percibir el citado
complemento. Entendemos que estas iniciativas contribuyen también a
mejorar el clima social en los centros y repercuten muy
favorablemente en las actividades de recuperación social de las
internas, que perciben una realidad laboral donde el sexo no resulta
condicionante.




La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene
la palabra la señora Aramburu del Río.




La señora ARAMBURU DELRÍO: Con bastante brevedad, quiero señalar
algunos de los temas que me parecen de sumo interés.

Yo, después de escucharle, don Ángel, atentamente, quiero informarle
de que esta comparecencia la solicité después de haber visitado
algunas cárceles. No es una comparecencia de lujo ni de teoría
política ni siquiera de carácter ideológico; la solicité una vez que
pisé las cárceles y comprobé lo que estaba pasando, y comprobé que el
estado de las prisiones y de las presas estaba confrontando
ampliamente con las informaciones oficiales.

Amí se me ha autorizado la entrada en centros penitenciarios,
efectivamente; pero se ha impedido el acceso a los medios de
comunicación para acompañarme, es decir, se ha vetado que el conjunto
de la sociedad pueda ver reflejadamente, a través de los medios de
comunicación, lo que pasa en un estamento más de la sociedad. Se ha
vetado específicamente y hemos sido abundantemente carteados con el
ministro y con usted para que pudieran acompañarme en mi visita los
medios de comunicación, y se ha impedido que un estamento de la
sociedad pueda ser visto por el conjunto de la sociedad, impidiendo
la entrada a los medios de comunicación.

Yo tengo la impresión (quiero ser muy honesta en lo que le digo,
porque es un tema suficientemente delicado, y
no creo que haya que hacer demagogia, pero sí poner el acento en lo
que se ve) de que cuando he estado en las instalaciones
penitenciarias correspondientes, estas instalaciones penitenciarias
han sido maquilladas. Maquilladas, me refiero, al uso y abuso de la
lejía y a la limpieza o al reordenamiento de los centros. Tengo la
impresión, por lo que las presas me contaban, que fueron maquilladas
para mi visita correspondiente. Amí se me destinaron séquitos de las
instituciones penitenciarias, amablemente, que estrechaban mi
movilidad en los centros penitenciarios. Las reclusas tenían miedo a
hablar; me comentaron las represalias que podían sufrir.

No entiendo yo, don Ángel, que haya una paranoia colectiva en todas
las mujeres que sufren privación de libertad. A partir de ese miedo,
y posteriormente hoy en día, recibo abundantes cartas de todas ellas,
unas vehiculizadas a través de Derechos Humanos, y otras de ellas
mismas, censuradas, donde plantean situaciones límites, inadmisibles
en un Estado de derecho.

En primer lugar, yo quiero mostrarle, como usted conoce, nuestro
disenso porque las instituciones penitenciarias dependan de Interior
en lugar de Justicia; eso ya lleva implícito su carácter y su
concepción sobre el tema del qué hacer con la población reclusa. Se
les aísla en macrociudades de hormigón, aisladas esas macrociudades
de las poblaciones, donde las celdas están masificadas; masificadas
llamo yo a que no son individuales, el derecho a la intimidad está
sin resolver y es un derecho constitucional.

Yo le decía que he oído con gran atención lo que ha dicho, pero era
una declaración de principios, lo que ustedes quizá pretendan hacer,
pero no es el resultado de lo que están haciendo: celdas masificadas.

Los patios están llenos de gente desocupada y no están desiertos; es
decir, que hay mucha gente en los patios, pero esa gente está
desocupada. Y yo entiendo que la población reclusa no puede estar de
recreo permanente. Me llamó la atención que la mayoría de las mujeres
no estuvieran ocupadas en la reinserción o en el reciclaje; estaban
de brazos caídos y aparentemente abandonadas, sólo estaban vigiladas
y profundamente desmotivadas. Yo soy del gremio, profesora, y creo
que a nadie se le puede obligar a aprender, pero sí se les puede
motivar. Las aulas que fui viendo tenían un monitor que tocaba en
aquel día, aparentemente y casualmente tocaba el día que iba la
diputada a ver a las presas; esas aulas tenían pocas mujeres, y el
resto deambulaba por las esquinas de los patios que yo le comentaba.

Mire, don Ángel, usted sabe que la Constitución, que las Naciones
Unidas establecen que el fin de la ejecución de pena es la
resocialización. En ese sentido, no se trata de que la reclusa tenga
que sufrir dentro del centro un castigo añadido al de una pena
impuesta judicialmente. Usted sabe, porque es su obligación, que hay
una gran desprotección de los derechos de las reclusas y que la única
privación regulada es la de la privación de la libertad; el resto de
los derechos deben estar amparados, para eso pagamos todos los
impuestos, entre otras cosas. Yo entiendo que se está, desde ese
punto de vista, por omisión, violentando el derecho a la educación, a
la educación reglada, por ejemplo.

La convivencia armonizada con los hijos. Usted me ha hablado de lo
que pretenden con ese tema, no de lo que hay en la mayoría de los
centros, de los mixtos o de los específicos.




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También se violentan las relaciones sexuales, que está decretado
cuándo les toca hacer el amor a las presas, está decretada su
periodicidad. Está también violentado el derecho a la salud, se les
administra el derecho a la salud: cuándo les tiene que doler la
cabeza y cuándo irá el correspondiente, en función de los recursos
disponibles, desde el punto de vista sanitario, del centro
penitenciario. La asistencia psicológica está mediatizada, la
distribución de la droga se contempla con una gran permisividad. A mí
los directores correspondientes me han dicho que las cárceles son un
estadio más de la sociedad y, por tanto, nada que no ocurra en la
sociedad puede ser ajeno a las prisiones. Y las reclusas reconocen
que la droga entra con una gran permisividad, y esa información la
facilitan ellas mismas y la reconocen los equipos directivos. También
percibí que las reclusas no estaban en sus lugares de residencia,
eran de otros lugares. La política de acercamiento de los presos, de
los comunes y de todos, no se está llevando a cabo: están fuera de
sus lugares de residencia, de sus familias, de sus hijos, de sus
compañeros, etcétera.

Don Ángel, la visita y el testimonio de los afectados yo lo viví,
desde el punto de vista no sólo político sino humano, como
terrorífico. Y terrorífico no sólo desde la situación de los FIES,
tema que yo no voy a abordar: yo estoy inundada de cartas por la
situación absolutamente inhumana que se vive, sin parangón, en la
Europa comunitaria, creo que es absolutamente bananera; además, el
régimen de los FIES, por ejemplo, no tiene cabida en un sistema
democrático y no es respetuoso además con la Ley Orgánica General
Penitenciaria ni con el Reglamento penitenciario.




Además, en estas cárceles mastodónticas, inmensas, donde los espacios
son todos para el hormigón, se producen fugas, y a mí me comentaban
los directores que el ruido de la música o de los aires
acondicionados impide oir las alarmas y las sirenas. Es absolutamente
inconcebible. Rejas, hormigón, y no pasará nada. O las muertes por
sobredosis, que nunca acaban de ser suficientemente informadas, o en
malas condiciones, en hospitales donde la gente muere con los
grilletes puestos. Efectivamente, yo creo que la violación de los
derechos, sin dramatizar, alcanza su culmen en las cárceles
españolas.

Yo creo que desgraciadamente había un tópico, que pertenecía al
lenguaje común y que yo puedo decir sin sobredimensionar el discurso,
que decía que algunas cárceles se convierten en escuelas de
delincuentes y guetos de excluidos y de excluidas sociales. Yo creo
que hay una dejación, se lo digo sinceramente, de responsabilidad.

Hay demasiado dinero enterrado en estos centros mastodónticos, en
estos edificios mastodónticos, y muy poco dinero invertido en las
condiciones de vida y en la reinserción.

Yo he visto, don Ángel, sobreexplotación productiva en las cárceles.

Pequeñas naves donde las mujeres trabajan, las reclusas trabajan y
trabajan haciendo uniformes, por ejemplo, trajes, faldas, blusas para
centros, grandes almacenes, convenios, y ellas reciben un dinero
absolutamente testimonial. El resto del dinero, de lo que cuesta esa
prenda ¿dónde va a parar, don Ángel, dónde va a parar? Por lo tanto,
ese dinero simbólico no es el dinero de su aportación económica ni
social y tiene que ser reinvertido, y tenemos que saber qué pasa.




Yo con mucha dulzura política trato de decirle que el testimonio que
ellas me trasladan es sincero. Y a mí me trasladan que hay malos
tratos, hay un profundo abuso de autoridad y abusos de otras índoles:
cacheos, etcétera. Yo quiero decirle que en esta intervención, que
voy a hacer absolutamente breve, sólo trato de ser portavoz de gente
que no tiene voto y, si es posible apercibirle sobre que hay
demasiada vejación. Y por eso le digo que no es el lamento de las
presas ni la utilización de una fuerza política, porque ellas no
votan. Yo creo que es la obligación de administrar las garantías
constitucionales para todos y para todas, sin discriminaciones. Yo
creo que ustedes han sido advertidos suficientemente por el Defensor
del Pueblo y la Cámara soberana les ha recriminado. Ustedes debían
ser respetuosos y deberían gobernar para todos y para todas, los que
están fuera y los que están dentro de las cárceles.

Yo entiendo que hay que reformar las conductas y los comportamientos,
para lo cual yo, don Ángel, le emplazo a que empiecen por dejar
entrar a las cámaras y a los medios de comunicación en las cárceles y
la sociedad española sepa lo que pasa. Dejen entrar a los medios de
comunicación en su conjunto y a las organizaciones de familiares o de
derechos humanos, que en muchos casos también está siendo vetado su
acceso. Y luego, una vez que efectivamente la transparencia haya
funcionado, yo les emplazo a que ustedes se sienten con todas las
organizaciones de afectados, sindicales, políticos, organizaciones
políticas, con una oferta de reestructuración fuerte de su política
penitenciaria, y terminen además cumpliendo con los mandatos del
Congreso de los Diputados.




La señora PRESIDENTA: ¿El Grupo Parlamentario Mixto tiene alguien que
vaya a tomar la palabra en esta comparecencia? (Pausa.) ¿El Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Pues entonces, en nombre
del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría
Echevarría.




La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor director general, por las
explicaciones que nos ha facilitado, y me centraré en los aspectos
que considero de su estricto cometido, puesto que lo que hace
referencia a cierto matiz policial o actuaciones machistas en
profesiones en las que el principio de autoridad o la necesidad a
veces de utilización de la fuerza puede llevar a conductas de
prepotencia, lo tengo solicitado en una comparecencia distinta, esta
del ministro de Interior, y en ella me referiré a estas cuestiones a
las que tangencialmente se ha referido la señora Aramburu.

Para preparar esta comparecencia leía yo en primer lugar lo que fue
el objeto de los propósitos o de las promesas efectuadas por el señor
ministro ante la Comisión de Interior y Justicia el día 25 de junio
del año 1996, cuando compareció para explicarnos las líneas generales
de lo que iba a ser su actuación. Esbozó en materia penitenciaria,
que por primera vez se pasaba al área del departamento del Ministerio
de Interior, desgajándose de Justicia, siete puntos concretos, y el
sexto lo dedicó a la problemática de la mujer en la prisión. Hablaba
de la evidencia que es el número de mujeres internas en las
prisiones.




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Usted se ha referido a que gran número de ellas lo son por delitos
contra la salud pública, aunque no es cometido concreto de su
dirección, sí es objeto del cometido que tiene esta Comisión mixta de
igualdad y me gustaría manifestarlo a la hora de averiguar el porqué
de este aumento de la delincuencia en mujeres, y sobre todo de la
delincuencia vinculada a las drogodependencias, y he encontrado qué
estadísticas efectuadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma vasca
evidencian que las mujeres también en esto somos dependientes, no
sólo de la droga, sino dependientes de las relaciones sentimentales.

Un gran número de ellas entran por esa puerta al mundo de la
drogodependencia y de la delincuencia. Es realmente patético cómo la
carencia de propia estima o la no idea de la propia valía hace que un
gran número de delincuentes en este área hayan entrado por una
relación sentimental. En el estudio, que le recomiendo, se menciona
especialmente la idea de la relación sentimental como puerta de
entrada de la delincuencia de mujeres.

Me refería yo a que el ministro en aquella comparecencia decía que se
iban a hacer estudios o planes para valorar las características de la
población femenina interna de cara al futuro, a través de un plan de
infraestructuras, al que usted se ha referido, y prestar especial
atención a las madres con niños, mediante la adecuación de
departamentos separados del resto de la población reclusa y la
utilización de las infraestructuras, ajenas a las prisiones cuando
esto sea posible.

Bien, usted nos ha dicho que se está en esa vía. Pero la verdad es
que si consultamos lo que es el informe efectuado en su día por el
Defensor del Pueblo, en relación con la situación penitenciaria 1988-
1996, o el efectuado por el Ararteko sobre la situación de las
cárceles en el País Vasco, que también llega hasta este año 1996, y
la situación actual, vemos que la evolución es mínima en esta
materia, a pesar de las voluntades que usted nos ha manifestado.

Para empezar a hablar, no existen centros específicos femeninos más
que en muy pequeño número. En el ámbito de la Comunidad Autónoma
vasca, sólo Nanclares y Martutene tienen módulos de mujeres, mientras
que en Basauri no hay departamento específico, y esto ya en sí mismo
es un problema. Creo, por tanto, que lo que eran conclusiones del
informe del Ararteko en aquella fecha sigue siendo hoy perfectamente
válido: las mujeres presas sufren una discriminación específica; en
las cárceles, las mujeres gozan de menos posibilidades que los
varones en actividades laborales, de formación y de ocio; la atención
médica específica es totalmente insuficiente y a menudo se carece del
material higiénico que necesitan; asimismo, experimentan más
dificultades para acceder al régimen abierto (esto es una evidencia y
en todos los informes que se hacen así consta), puesto que no existen
secciones abiertas para ellas. Por otra parte, y a pesar de la menor
conflictividad de los colectivos de mujeres, el rigor y el régimen de
las medidas de seguridad es semejante al de los módulos de hombres.

En ninguno de los centros situados en el País Vasco existe un
departamento preparado para acoger a niños menores, lo que hace que
mujeres con niños menores forzosamente deban ser alejados de las
prisiones, de lo que es lugar de su residencia, viendo así
endurecidas las condiciones de su cumplimiento de la pena.




Puesto que es muy reciente, me hubiera gustado que se refiriese a la
resolución del Parlamento Europeo incluida en el acta de 17 de
diciembre de 1998. Ha hablado con frecuencia de circunstancias
parecidas en los países de nuestro entorno. No sé yo o no me consta
que esto sea así; pero desde luego sí es de un enorme interés, en
cuanto a la situación reclusa en general y en cuanto a la situación
de las mujeres reclusas, este acta que le digo, de 17 de diciembre de
1998, cuyo punto 16 llama especialmente la atención en relación con
las necesidades específicas de las mujeres en las cárceles, en
particular en lo que se refiere a los embarazos y a los partos y a
los primeros años de vida del niño, y pide que los hijos de las
presas puedan beneficiarse in situ de los servicios adaptados para
los cuidados de la infancia, al menos hasta los dos años de edad.

Destaca que además es importante, con el fin de eliminar cualquier
discriminación en el ambiente social y escolar de los niños, que
deban permanecer junto a su madre y, siempre que la situación de
tratamiento de ésta lo permita, fomentar el destino de ambos en
unidades especializadas situadas fuera de los centros penitenciarios.

Me dirá que el tenor concreto de este apartado 16 puede adecuarse con
nuestra legislación penitenciaria; pero se adecua con la legislación,
no con lo que en la realidad pasa. Todos sabemos que nuestra ley
penitenciaria en el terreno de los principios está bien (podría
corregirse, podría mejorarse, sobre todo teniendo en cuenta que tras
ella existe un Código Penal), pero que este punto 16 dista mucho, en
lo que he preguntado, al menos en el ámbito de la Comunidad Autónoma
vasca, y a pesar de los esfuerzos que se hacen desde los bienestares
sociales respectivos de los tres territorios históricos, de que esta
recomendación del Parlamento Europeo pueda decirse que es hoy una
realidad en la situación penitenciaria vasca, y desde luego tampoco
en las demás.

Tengo que referirme en último lugar, y para no extenderme más, a una
cuestión que sé que le va a desagradar, puesto que en este ámbito
siempre sienta mal que se hable de presas de ETA; pero las presas de
ETA existen y, por atroces que nos parezcan los delitos que han
cometido, no están condenadas más que a la privación de la libertad y
al estricto cumplimiento de la pena.

Me ha llegado a través de Emakunde, y también al Parlamento Vasco, al
Parlamento de Castilla-León, y creo que, además de al Ararteko, al
Defensor del Común, la queja de distintas reclusas en cuanto a los
reconocimientos ginecológicos cuando tienen que verse sometidas a
ellos. Ocurre, no sé si es cuestión que dependa de Instituciones
Penitenciarias o se impone desde otras instancias policiales, que a
estas mujeres pertenecientes a ETAles acompañan policías y están
presentes durante toda la inspección ginecológica; policías varones,
pero creo que en este caso sería idéntico que fuesen mujeres, porque
la violación de la intimidad sería idéntica. Ycreo que la
salvaguardia, lo que incumbe a Instituciones Penitenciarias, que es
evitar que estas mujeres puedan huir, se puede hacer de otras
maneras, puesto que además han recibido el apoyo de la comisión
deontológica de los distintos colegios de abogados, en concreto tengo
delante el de la comisión deontológica del ilustre Colegio de Médicos
de Valladolid, efectuado con fecha de 26 de octubre de 1998, ante la
queja de una de estas reclusas. No sé si usted lo conocía, no sé si
depende de su institución



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o, le digo, es una imposición policial; pero le agradecería que
averigüe qué es lo que ocurre, puesto que creo que la condena,
repito, por atroz que nos parezca el delito, no incluye nunca la
humillación, y me parecería que es acorde con las exigencias de la
justicia el que estas situaciones puedan evitarse y quede garantizado
el derecho a la intimidad también para estas reclusas.




La señora PRESIDENTA: En nombre de Convergència i Unió, tiene la
palabra la señora Amorós i Sans.




La señora AMORÓS I SANS: Ante todo quiero agradecer al señor director
general su comparecencia.




El aumento del número de mujeres en establecimientos penitenciarios
ha supuesto durante los últimos años una constante que condiciona
cualquier aproximación al análisis de la situación del sistema
penitenciario del Estado español. En 1987 eran 1.619 las mujeres en
las prisiones del Estado, mientras que a finales de 1996 eran 4.000.

Así pues, en menos de diez años el incremento de internas ha supuesto
aproximadamente un 250 por ciento. Estas cifras han desbordado
ampliamente la creación de nuevas plazas, a pesar de los esfuerzos
realizados por la Administración del Estado y de las comunidades
autónomas con competencias en este ámbito.

Hemos de tener en cuenta que no sólo ha aumentado el número de
mujeres presas, sino que cada vez es más importante el número de
internas que cumplen condenas largas debido a que ha sido también
ascendente la evolución de la participación de las mujeres en la
comisión de delitos más graves, pasando de participar con papeles
secundarios a ser autoras de delitos. Este aumento, del que en ningún
caso podemos sentirnos orgullosas ni orgullosos, debe hacernos
reflexionar para hacer posible que la estancia de estas mujeres en la
prisión sea una medida encaminada a la rehabilitación integral de la
mujer.

El informe monográfico del Defensor del Pueblo sobre la situación
penitenciaria y depósitos municipales de detenidos entre 1988 y 1996,
manifestaba la precariedad de las mujeres en los centros
penitenciarios, puesto que la organización penitenciaria sólo
disponía de implantación de módulos de mujeres en la mayoría de los
centros de prisiones de hombres, siendo los centros propiamente
dedicados a las mujeres privadas de libertad muy escasos. También
manifestaba en el informe el Defensor la preocupación por todo el
tema referente a la formación de las internas, y más teniendo en
cuenta que las mujeres tienen, o tenemos, un plus de dificultad
cuando llega la hora de enfrentarse a la búsqueda de trabajo.

En su intervención ya nos ha manifestado el señor Yuste Castillejo
todas las medidas que desde la Administración se están llevando a
cabo para mejorar la calidad de vida en los centros de reclusión
destinados a las mujeres y a los hijos menores de éstas. Nos parece
acertado que la mejora esté encaminada, pero nos parece que aún falta
mucho camino para llegar a la conclusión final de que las mujeres
tengan una buena calidad de vida, dentro de lo que cabe, en los
centros de reclusión del Estado español.

El objetivo de todas y todos debería ser alcanzar una sociedad que
asuma sus carencias e intente darles solución.

La prisión, como medida contenedora y represora, no es la solución
para acabar con los actos delictivos. La experiencia nos demuestra y
nos indica que debemos buscar métodos y propuestas alternativas que
permitan disminuir las constantes entradas y salidas de los centros
penitenciarios de mujeres y hombres que acaban creando de esta
entrada y salida constante un modo de vida y unas circunstancias
asumidas.

Señorías, señora presidenta las prisiones no son un tema agradable de
tratar y gestionar. Ya el simple hecho de ubicar un centro de esas
características en una población crea conflictos locales entre los
vecinos y la Administración. El asumir las competencias en el tema de
prisiones para el Govern de la Generalitat de Catalunya ha sido un
acto de coherencia con el grado de autogobierno al que los catalanes
aspiramos.




La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Socialista, tiene la
palabra la señora Navarro Garzón.




La señora NAVARRO GARZÓN: Yo también quiero empezar agradeciendo al
director general su comparecencia, porque si hay un colectivo de
mujeres especialmente desprotegido son precisamente las mujeres
reclusas, como muy bien ha puesto de manifiesto. A pesar de eso, en
el Tercer Plan para la igualdad de oportunidades, que actualmente
está en vigor, no figura ninguna medida específica, en el apartado de
exclusión social, destinada a mejorar las condiciones de la población
reclusa femenina. Desde las instituciones públicas no podemos dejar
no sólo de preocuparnos, sino de garantizar la inserción social de
aquellas mujeres que por diversos motivos se han visto obligadas a
delinquir y en estos momentos se encuentran en prisión.

Me gustaría centrarme brevemente, por un lado, en las mujeres
reclusas y, como usted ha hecho también, por otro lado, en las
funcionarias de prisiones, cuyos problemas, obviamente, son bien
distintos, pero que yo creo que merece la pena tocarlos.

En primer lugar, y centrándonos en la situación de las mujeres
reclusas, hay que aclarar que la situación de marginalidad de la
mujer en la sociedad española tiene mucho que ver con la marginalidad
que también padecen las mujeres, y usted también lo ha puesto de
manifiesto, dentro de las prisiones, cuestiones que, desde el punto
de vista de la justicia social, no se deberían obviar por parte de
Instituciones Penitenciarias. Las mujeres sufren una doble
marginalidad, como le he dicho, por varias razones. Las mujeres
reclusas, por lo general, tienen una autoestima mucho más baja que
los varones. Cuando ingresan en prisión, la mayoría de los varones
conservan el apoyo de su mujer, de su pareja o de su familia. En la
mayoría de los casos, las mujeres, cuando ingresan en prisión, no
cuentan con el apoyo de su pareja o de su familia, con lo que se
encuentran todavía más desvinculadas afectiva y socialmente, se sufre
en mayor medida una situación de abandono. Esta situación de ruptura
que provoca el ingreso en prisión en el cien por cien de los casos
les produce pánico, sobre todo debido a las cargas familiares. Casi
todas tienen hijos y en caso de ruptura con la pareja los hijos
quedan a su cargo, con lo que toda la responsabilidad tiene que ser
asumida por ellas. Los hijos pueden estar con sus madres hasta los
tres años,



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como usted también acaba de poner de manifiesto. Se acaba de bajar
esa edad de los seis a los tres años. Yo sé que es un tema
problemático, porque muchas veces si estos niños no están con sus
madres en la prisión, fuera posiblemente estarían peor. Yo sé que es
un tema bastante complicado, pero creo que deberíamos de volverlo a
plantear.

Las mujeres reclusas son generalmente dependientes, como ya se ha
puesto de manifiesto aquí por las demás portavoces, o bien de un
hombre o bien de sustancias tóxicas. Usted también nos ha dicho que
en la mayoría de los casos los delitos por los que están en prisión
son contra la salud pública. Estas mujeres, por tanto, necesitan
apoyo y mucho más que apoyo, por supuesto. Necesitan prioritariamente
programas de recuperación psicológica y psiquiátrica con
profesionales especializados en este tipo de problemas y de
conductas, que nada tienen que ver con la situación de los varones
reclusos. Esta desvinculación y baja autoestima de las mujeres
reclusas produce además que no estén motivadas a la hora de realizar
actividades. Las mujeres sufren por estos motivos más discriminación
en las cárceles que los varones y es más fácil la rehabilitación,
debido a su falta de autoestima y a su dependencia. Si no las
recuperamos primero como personas, difícilmente las podremos
recuperar para su inserción en la sociedad y su inserción laboral.

A pesar de que las mujeres proporcionalmente participan más que los
varones, según los datos que tenemos, en los programas educativos,
éstos no pueden ser los mismos que se les ofrecen a los varones que
conviven en la misma prisión por los motivos que le decía antes: ni
su situación ni su capacidad de inserción posterior en la vida social
y laboral es la misma. En ninguna cárcel mixta existen programas
educativos y formativos específicos para mujeres. Existen los
generales, en los que están incluidos mujeres y hombres, en los que
las mujeres no participan en el mismo porcentaje que los hombres, ya
que no están ajustados, en la mayoría de los casos, a sus
necesidades, como le decía anteriormente. Hay que tener en cuenta que
más del 60 por ciento de las mujeres reclusas están como usted decía
en los tramos de edad laboral y productiva más intensa, entre los 26
y los 40 años. Desde el Grupo Socialista, yo le pediría iniciar un
estudio que no se demorara en el tiempo para conocer la realidad de
las mujeres en prisión y sus capacidades de inserción, ya que entre
los motivos que las llevan a delinquir figuran, como decía antes, el
haber estado condicionadas por situaciones externas de dependencias
que en la mayoría de los casos tienen mucho que ver con su condición
de ser mujeres y haber sufrido falta de oportunidades.




Yo le pediría también una atención y un seguimiento de los servicios
sociales más personalizados y más intensos, ya que estas mujeres
necesitan mayor apoyo de la familia y mayor apoyo externo para su
recuperación, en definitiva, nuevos programas de formación o
inserción laboral adaptados a sus necesidades y posibilidades.

También me gustaría plantearle una cuestión, aunque yo sé que no es
de su estricta competencia, y es que a las reclusas, sobre todo
preventivas, la orden de puesta en libertad les puede llegar en
cualquier momento del día o de la noche. Esto es malo para hombres y
para mujeres, pero estamos hablando de mujeres que son las que
principalmente tienen los niños a su cargo, en caso de que estén en
prisión. La orden de puesta en libertad puede llegar, como le digo,
-y seguro que usted también lo conoce, aunque sé que no depende
directamente de su competencia, sino del Ministerio de Justicia-, en
algunos casos a las doce de la noche y a la una de la madrugada, lo
que significa que a esas horas las mujeres se ven en la calle, sin
dinero, en sitios que normalmente están alejados, porque las
prisiones están alejadas de los cascos urbanos, y sin saber dónde ir.

Quisiera saber si se podría hacer alguna gestión para que esa orden
se pudiera aplicar a primera hora de la mañana o que llegue en una
hora razonable de la tarde. Es una sugerencia que le hago.

Y otra cuestión, por centrarme también en algo que usted también ha
tocado, en las funcionarias, es la posible convocatoria conjunta de
plazas. Hasta este momento la convocatoria de plazas se hacía por
separado, una convocatoria para mujeres y otra para varones. La
convocatoria para varones siempre era mucho más amplia y la
convocatoria de mujeres siempre era más restringida, porque tenía
menos plazas. Amí me parece positivo que se haga abierta a todo el
mundo, para que hombres y mujeres puedan entrar en la convocatoria
general. Tendríamos que tener especial cuidado con las mujeres que
son funcionarias en este momento y que a la hora de la promoción
interna tiene mucha más dificultad, porque chocan con sus compañeros
varones que, por antigüedad, por una serie de baremos, están ocupando
las jefaturas de servicio. Propongo que se adoptara una medida, lo
que llamamos medida de acción positiva o de discriminación positiva,
y que se reservara un número de plazas bien en función del número de
funcionarias o bien en función de la población reclusa que haya en
ese momento. Me parece bien la convocatoria abierta, pero creo que,
dentro de la promoción interna, de momento debería existir esa
discriminación positiva.

Por último, le pediría, como le he dicho al principio, la elaboración
de un estudio para abordar la cuestión de la atención a la población
reclusa femenina en centros penitenciarios específicos o en módulos
integrados en las cárceles, la atención y recuperación de estas
mujeres puede ser más positiva en centros específicos de mujeres. Es
algo que nos planteamos desde el Grupo Socialista, porque tampoco
tenemos datos para saber exactamente si la recuperación es mejor en
un centro específico para mujeres o en módulos creados dentro de un
centro para varones.




La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra
la señora Sainz García.




La señora SAINZ GARCÍA: Nuestras primeras palabras tienen que ser
también de bienvenida y agradecimiento al director general de
Instituciones Penitenciarias por su comparecencia y por la
información exhaustiva que nos ha proporcionado en su interesante
intervención.

Hemos de decir que, aunque afortunadamente todavía tenemos una
población reclusa femenina mucho más reducida que la masculina -tener
una cuota inferior en la población reclusa es al menos algo
importante-, sin duda sabemos que el crecimiento de las mujeres
reclusas desde el año 1987 es también importante. Usted lo ha dicho
aquí, pero ya en 1994 compareció, precisamente en esta Comisión, la
entonces secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios,



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y en aquel momento manifestó cómo efectivamente desde el año 1987 a
1994, que era el marco temporal en el que ella hablaba, se había
incrementado de una manera muy fuerte el número de mujeres reclusas.

Afortunadamente, por la información que usted nos acaba de facilitar,
fue después decreciendo hasta el año 1997, aunque vuelve a crecer de
nuevo a partir del año 1998.

Resulta, por lo tanto, que si en 1987 la población reclusa femenina
era del 5,34 por ciento, como usted decía, hoy es del 9,41 por
ciento; pasando de 1.232 internas en 1981 a 3.633 en 1988. En el año
1994, cuando se produjo esa fuerte subida del número de mujeres
reclusas, que venía produciéndose en los últimos doce años, se
señalaba de forma generalizada que las mujeres estaban ubicadas en
espacios muy insuficientes, en centros antiguos, en celdas colectivas
masificadas, con una manifiesta insuficiencia de espacios libres,
etcétera. Éstas eran precisamente las palabras de la entonces
secretaria de Estado, palabras que fueron más fuertes todavía en el
informe de la entonces Defensora del Pueblo en funciones, doña
Margarita Retuerto. En él se decía que las condiciones eran difíciles
por la tremenda masificación, que impedía la posibilidad de unos
adecuados niveles de higiene, de limpieza, etcétera, y enumeraba una
serie de cárceles que prácticamente cubrían todo el territorio. Por
lo tanto, la situación en el año 1994 era muy dura, de acuerdo con lo
que acabamos de recoger de los Diarios de Sesiones, y de alguna
manera se había asumido como ese mal inevitable la llamada
masificación.

Ahora, afortunadamente, pasados unos años, podemos decir que se ha
cambiado esta dinámica y nosotros estamos satisfechos de ello, al dar
solución a esa sobreocupación de las instalaciones de forma
generalizada. Por lo tanto, no podemos sino valorar el que se haya
priorizado la potenciación de esos módulos de mujeres en la práctica
totalidad de las prisiones nuevas -usted ha enumerado catorce- y de
las que en el año 1999 van a inaugurar. De hecho, las cifras que se
han dado de incremento del número de plazas para mujeres, que es de
un 31,52 por ciento, evidencian este esfuerzo, porque no se
corresponde con el incremento del número de mujeres reclusas que se
ha producido.

Ese esfuerzo -y desde luego hay que reconocer que sin ningún
triunfalismo, porque usted no ha tenido una intervención triunfalista
-claramente ha mejorado en mucho la situación. Hoy podemos decir que
se ha avanzado en lo que se refiere a la situación de extrema
gravedad que representa la masificación y el Gobierno tiene previsto,
por lo que nos ha indicado usted, dar solución a las altas tasas de
ocupación que quedan todavía en algunos centros. Por lo tanto, los
datos avalan que la situación ha mejorado con la entrada en
funcionamiento de esos nuevos centros, con las nuevas plazas para
mujeres, que suponen una evidente mejora de las condiciones de vida
de las internas, que estoy segura todos deseamos.

Ha abordado usted a continuación el grado de participación de las
internas en las actividades de los centros, algo sin duda que es de
gran interés para nuestro grupo. Conocemos, usted lo ha manifestado
también y lo han puesto en evidencia las compañeras de otros grupos
que me han precedido en el uso de la palabra, que el nivel educativo
y formativo de las mujeres presas y reclusas es bajo, y por ello nos
parece fundamental que las mujeres participen más que
los hombres en los distintos programas educativos, como usted acaba
de decir. Por lo tanto, no son ciertas algunas de las manifestaciones
que aquí se han hecho de que la mujer participa menos que los
hombres. La mujer, por los datos estadísticos que usted nos ha dado,
participa más que los hombres en esos programas educativos. Eso es
bueno. No estamos, sin duda, satisfechos, porque sabemos que los
niveles de formación y de educación son bajos, y que, por lo tanto,
es bueno que ellas tengan una actitud más positiva para este tipo de
actividades. En esa línea, como usted nos ha dicho, hay que seguir
planificando, actuando e incluso motivando.

Apoyamos también como algo claramente de interés el que se hayan
diversificado los cursos de formación profesional. Es verdad que se
decía -y cuando hemos visitado las cárceles así nos lo comentaban-
que uno de los problemas que sufrían las mujeres en las cárceles era
que no había talleres de formación profesional. Ahora esa situación
ha cambiado. Y esa situación ha cambiado, afortunadamente, porque
también hay más mujeres que participan en esos cursos de formación
profesional. Además, a nosotros nos parece claramente positivo, y
estoy segura que esta Comisión lo ve con gran satisfacción, el que se
estén diversificando esos cursos para que las mujeres amplíen el
ámbito de los cursos a los que estaban dirigiendo sus pocas
actividades, que siempre se encaminaban a esas profesiones claramente
feminizadas y que, al final, son las que menos posibilidades le van a
permitir de reinsertarse en la vida laboral activa, que es uno de los
objetivos fundamentales. Por lo tanto, creo que en este sentido es de
justicia destacar que se ha avanzado de forma importante, porque,
primero, la mujer, que participaba muy poco o que no tenía
posibilidades de participar, ahora participa más incluso que el
hombre; y, segundo, porque cuando tenía la posibilidad de hacerlo,
estaba dirigida a esas profesiones típicamente femeninas.

Lo mismo podríamos manifestar en relación al trabajo productivo, si
bien en este terreno ha de saber que nuestro grupo le anima y le
solicita que se siga ampliando lo más posible. Efectivamente, ése es
uno de los objetivos recogidos en la Ley penitenciaria, me parece que
en su artículo 25, y que todos coincidimos en que es fundamental.

Pensamos que todo lo que se ha avanzado está bien, pero que es
necesario seguir avanzando. Seguro que coincidimos con ustedes, tanto
en las actividades educativas como en las actividades formativas
ocupacionales. Todo ello está ligado a unos principios básicos, que
aquí otros grupos han puesto en evidencia, el principio de
reeducación y el principio de reinserción. Esos dos principios no
necesitan ninguna justificación. Nadie duda que la reinserción, como
función social, es importantísima y que la política penitenciaria
debe ir dirigida a ella, como objetivo fundamental. Nadie lo duda.

Estoy segura de que todos queremos conseguirlo, sobre todo las
personas que están más directamente relacionadas.

Ahora bien, sabemos que muchas veces eso no se logra, que se producen
fracasos sociales. Pero también es bueno que en esta Comisión, desde
la serenidad y desde la responsabilidad de todos los grupos
políticos, reflexionemos. Éste no es un tema que sólo dependa de la
gestión de los centros penitenciarios, también depende, y mucho, de
las



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reclusas y, en su caso, de los reclusos, de sus actitudes, que,
afortunadamente, son mejores en las mujeres, por lo que se nos dice.

La reinserción también depende de la sociedad, de que las personas
que salgan de la prisión no se encuentren desamparados y en un mundo
que les es hostil. Por lo tanto, tenemos que trabajar desde todos los
ámbitos, no sólo desde el ámbito de prisiones, de Instituciones
Penitenciarias, para conseguir eso que todos consideramos que es
importante, que es básico, que es fundamental, que es lo que rige el
principio de la actuación penitenciaria, pero que luego a veces en la
práctica es difícil de conseguir. En consecuencia, hay que
concienciar también a la sociedad de la importancia que tiene que se
colabore desde todas las administraciones, desde los empresarios,
desde las organizaciones no gubernamentales, para conseguir ese
objetivo fundamental.

Otro de los apartados que queremos resaltar de su intervención, y al
que han hecho referencia los grupos parlamentarios, es el relativo a
la situación sanitaria. Aquí, afortunadamente, se ha mejorado. Todos
tenemos en la mente -yo por lo menos lo tengo, porque antes de
intervenir en nombre de mi grupo he leído las intervenciones
anteriores-, y lo tengo aquí, a mi lado, el último informe del
Defensor del Pueblo, del año 1997. En él se destaca el progreso
realizado en el sistema sanitario penitenciario. No ha habido, por lo
tanto, regresión, sino avance, hasta tal punto que, como recordaba la
compañera de mi grupo parlamentario, María José Camilleri, el
Defensor del Pueblo señalaba que los artículos 207 y 208 del nuevo
reglamento penitenciario equiparan la asistencia sanitaria que se
presta en los centros penitenciarios a la que recibe el conjunto de
la población.

Conocemos también la gravedad del problema de la drogodependencia,
como ha expresado muy bien en su intervención el director general, y
sabemos que es imposible resolverlo desde Instituciones
Penitenciarias sin afrontarlo con la sanidad general. Se está
trabajando en todo ello. Los centros disponen de programas de
atención importantes, de metadona, etcétera. Por lo tanto, lo único
que podemos decir es adelante y que busquemos la mayor conjunción de
esfuerzos entre Instituciones Penitenciarias y la sanidad en general
para abordar uno de los gravísimos problemas que tiene la sociedad, y
en particular este grupo de mujeres.

Nuestro grupo es, sin duda, especialmente sensible a la atención a
hijos de madres reclusas, como mi compañera de Convergència i Unió ha
manifestado, porque el menor debe ser siempre sujeto de toda
protección y porque a nadie se le escapa la delicada situación que el
menor vive en este ambiente. Nos alegró, por lo tanto, escuchar
recientemente al señor ministro, en una interpelación en esta Cámara,
en el Congreso, que se había incrementado de 12 a 20, y en julio
sería 26, el número de técnicos de jardines de infancia para una
población de 150 niños, es decir, que se duplicó en sólo dos años el
número de especialistas para el mismo número de niños que están con
sus madres en las cárceles españolas.

En ese sentido, me parece muy importante la referencia que se ha
hecho a la colaboración de las organizaciones no gubernamentales
especializadas en este tema, que se está potenciando últimamente,
como también lo destacaba el informe del Defensor del Pueblo. Por lo
tanto, todo lo que
sea trabajar con estas organizaciones, como ustedes están haciendo,
es fundamental no solamente para este tema, sino también para lo que
tiene que ver con el régimen abierto y los pisos de mujeres con
hijos.

No quiero terminar sin indicar que nuestro grupo piensa que es
sumamente importante que las instituciones se preocupen de mantener
relación con los centros de asistencia para que estos niños nunca
estén abandonados, extremo que hoy, de acuerdo con las informaciones
que obran en nuestro poder, está de alguna forma garantizado, como
decía también el Defensor del Pueblo, por esa relación que existe,
cada vez más estrecha y de colaboración más íntima, entre las
administraciones penitenciarias y las comunidades autónomas. Por lo
tanto, es importante destacar la tarea que las comunidades autónomas
están realizando a la hora de atender en sus centros de asistencia
social a este tipo de menores.

Tampoco quisiera terminar sin hacer una referencia a lo que aquí se
ha dicho, que me parece extremadamente grave. Nuestro grupo es, como
no podía ser menos, especialmente sensibles a las manifestaciones que
aquí se han hecho en cuanto a la existencia de malos tratos. Y lo voy
a hacer simplemente reproduciendo lo que el Defensor del Pueblo decía
en un informe que tengo en mi poder, del 8 de abril de 1997. Decía
claramente: No existen, señorías, a nuestro entender, y con los datos
que nos llegan, los malos tratos. Si se produce algún hecho puntual,
es inmediatamente investigado por los jueces y simultáneamente desde
el Defensor del Pueblo (página 704 del «Diario de Sesiones», de la
sesión número 44 de la Comisión. Por lo tanto, creo que no podemos
generalizar ni hablar de algo que sería extremadamente grave como si
efectivamente se hubiese dado de ese tipo en las cárceles y aquí nos
quedásemos todos absolutamente tranquilos. También habla de que en
algunas ocasiones se confuden medidas coercitivas tendentes a
corregir comportamientos violentos, medidas que están en el artículo
45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, con posibles
interpretaciones de algunos malos tratos, pero precisamente para
evitar y corregir hechos violentos.

Y por último, y termino ya, señora presidenta, nuestro grupo, lejos
de cualquier triunfalismo, como lejos lo estuvo, decía al principio
de mis palabras, la intervención del director general, ha escuchado
con satisfacción aquellos aspectos en los que se ha estado trabajando
desde Instituciones Penitenciarias. Yestos eran: creación de nuevas
plazas para mujeres, diversificación de nuevos cursos y ampliación
también de los mismos, que se hayan creado nuevas plazas para madres
con niños, que se hayan mejorado también las instalaciones y que se
haya incrementado el personal especializado, al igual que se haya
incrementado el número de mujeres que trabajan en talleres
productivos. Ha dado cifras, que son el mejor refrendo de los
resultados. Y sobre todo expresó su voluntad de seguir trabajando en
una situación que, desde luego, siempre es difícil. Este esfuerzo
constante es lo que de verdad nuestro grupo valora, el seguir
mejorando. Ahí tiene, sin duda, toda la colaboración del Grupo
Popular.




La señora PRESIDENTA: Para contestar a las señoras portavoces de los
distintos grupos parlamentarios, tiene la



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palabra el Director general de Instituciones Penitenciarias, señor
Yuste Castillejo.




El señor DIRECTOR GENERALDE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejo): En principio, en relación con lo expuesto por la señora
Aramburu, hacía referencia a una especie de veto del acceso a los
medios de comunicación a un centro concreto. Sólo me consta un caso
en Sevilla II, y yo creo que es uno de los centros más visitados por
los medios de comunicación. No hay que confundir la transparencia o
el acceso de los medios de comunicación a los centros penitenciarios,
que creo que cualquier persona que tenga un acceso a los medios de
comunicación estará viendo con qué frecuencia existen reportajes y la
presencia de los medios de comunicación en los centros se ha
convertido en una circunstancia normal, con el uso interesado de que
le acompañen a uno cuando hace una visita a un centro. Creo que hay
que separar los dos conceptos y, a mi juicio, no tener una resolución
de agrado no puede justificar esa acusación de opacidad o de falta de
transparencia de la Administración penitenciaria.

En cuanto a lo que ha dicho de que los lugares por los que usted
paseó estaban maquillados, es un juicio de valor que no estoy ahora
en condiciones de rebatir. Únicamente tengo que expresarle la
dificultad de maquillar infraestructuras colectivas habitadas en un
momento dado por más de 1.500 reclusos. Como comprenderá usted, hay
una dificultad objetiva para que esa persona que va perciba una
imagen distorsionada. Por otra parte, bastante estúpida sería esa
pretensión, porque las prisiones, y especialmente Sevilla- 2, tienen
la presencia de una multitud de ONG, tienen la presencia habitual de
los jueces de vigilancia, son visitadas con frecuencia por el
Defensor del Pueblo, por organismos internacionales, como el Comité
para la Prevención de la Tortura, y yo creo que en ese sentido el
intento de opacidad es un intento estúpido, como digo, porque la
legislación que tenemos impediría cualquier tentación del responsable
gestor de hacer una iniciativa tan torpe y tan condenada al fracaso.

El miedo a hablar de las internas, al que usted alude, a mí me
sorprende, tienen la posibilidad de expresarse con carácter
reservado, a través de cartas, a través de visitas confidenciales,
con las jueces de vigilancia, no sujetas a ningún control formal,
como no puede ser de otra forma; es una excusa, me va a permitir que
se lo diga, un poco trasnochada para esgrimir una situación que yo
sólo entiendo por el amor a las propias tesis que tiene S.S., porque
el mundo que me refleja desde luego no se parece en nada al que yo
llevo conociendo en más de catorce años de profesión. Habla de
abundantes cartas censuradas. Como S.S. sabe, el artículo 51 de la
Ley General Penitenciaria fija las posibilidades de intervención de
comunicaciones, bastante escasas en el ámbito femenino, restringidas
solamente a los motivos de seguridad o buen orden del
establecimiento. Sí me gustaría conocer los casos concretos a los que
usted alude, porque la injerencia ilegítima en la intimidad de la
correspondencia fuera de esas circunstancias que ampara la ley es un
delito y a mí sí me puede creer S.S. cuando le digo que estoy
firmemente decidido a erradicar cualquier práctica ilegal.

Habla de un diseño de macrociudad referido a los centros
penitenciarios. Cada uno responde a una filosofía diferente. Hay
centros que son más reducidos. Los centros tipo que en este momento
están sustituyendo a los viejos centros obsoletos no serán el
desiderátum, pero generan, digamos, una sana envidia en las personas
de nuestro entorno social que estudian el sistema penitenciario y que
reconocen que esas infraestructuras que usted critica permiten una
optimización de los recursos y permiten dar satisfacción de forma
mucho más eficiente a las necesidades que presente la población
reclusa. Dice que las mujeres que usted vio no estaban ocupadas en la
reinserción o en un reciclaje, que se encontraban desmotivadas. La
reinserción, evidentemente, no es una ocupación en la que pueda estar
atareado alguien a diario; es la concurrencia de una serie de
intervenciones en el ámbito penitenciario para erradicar determinados
factores o determinadas carencias que tiene una persona y que le
propician a la actividad delictiva. En cuanto a la desmotivación,
pienso que demandar de la Administración penitenciaria que alguien
privado de libertad, sometido a una convivencia forzada y en una
circunstancia que claramente no ha elegido y que si puede la evita,
esté motivado es una exigencia que no encontraría mucho eco tampoco
en los países de nuestro entorno, si hiciéramos una comparación.

La desprotección de los derechos de las reclusas. Lógicamente, el
derecho de cualquier recluido, sea hombre o mujer, es objeto de una
tutela específica en el Derecho español, básicamente por la
existencia del juez de vigilancia, pero también por la existencia de
turnos de oficio quepermiten en las cárceles que las reclusas tengan
una asesoría jurídica, como he dicho, por la presencia de multitud de
ONG y porque las normas españolas, por el momento en el año 1979, en
que nacen, y por la forma, aclamación, en que fue aprobada la Ley
General Penitenciaria, prestaron una especial importancia, una
especial sensibilidad a cualquier vulneración de los derechos de los
recluidos. Creo que hay pocos países en el mundo que tengan un
sistema tan garantista como el sistema español. Hablaba usted después
de que se violentaban las relaciones sexuales. No he entendido bien.

La posibilidad de comunicación íntima, comunicación vis a vis, que
prevé la legislación española, que también es pionera en ese sentido
en el entorno europeo, ha de administrarse periódicamente. La
necesidad de organizar, porque los locutorios son un número
determinado y los usuarios son múltiples, el uso de estos locutorios,
no sé si supone violentarla, pero no habría otra manera de hacerlo si
cada uno demandara cuando lo desea este tipo de comunicaciones. En
cuanto a la violencia de la Administración en relación con la salud,
hace referencia al ya citado informe del Defensor del Pueblo en el
que reconocía el espectacular avance en materia sanitaria y sobre
todo en el reconocimiento de que las prestaciones que realiza la
Administración penitenciaria en materia sanitaria son equiparables a
las que se realizan con cualquier ciudadano en el medio libre.

Decía usted que los directores hablaban de que la droga entraba con
permisividad y que las propias reclusas corroboraban de alguna forma
esa situación. He de decirle que la Administración tiene un
compromiso evidente para intentar que no entren sustancias
estupefacientes en los centros, que la permisividad del sistema,
precisamente esa comunicación



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con la sociedad, hace que accedan al centro muchas personas y que las
comunicaciones se realicen con una imposibilidad formal de injerencia
en la intimidad de los comunicantes. Todo eso puede dar un volumen de
droga en los centros que ni es tolerado por la Administración
penitenciaria ni creo que sea escandaloso, si lo comparamos con otros
países de nuestro entorno también con sistemas mucho más restrictivos
en cuanto a contactos de los reclusos con el mundo exterior. Hablaba
también del terrorífico sistema FIES. Ninguna mujer está en este
programa de fichero de internos de especial seguimiento, decía usted
que sin parangón en la Europa comunitaria. Eso sí que me resulta un
poco novedoso, porque yo precisamente he tenido ocasión de viajar a
otros países y el régimen que usted define como terrorífico es el
régimen generalizado en muchos centros europeos. Y no sólo eso. Los
internos extranjeros que están cumpliendo su pena en España y que
tienen la posibilidad, en virtud del Convenio de Estrasburgo, de
cumplirla en su país de origen, no quieren marcharse de España y
reconocen un sistema mucho más, si se quiere, humanitario, mucho más
soportable; más cómodo, si quiere, en definitiva. En cualquier caso,
he de decirle que ese famoso régimen FIES no es ningún régimen. En
España no se aplica más que el régimen de primer grado y el régimen
de primer grado admite dos modalidades que están perfectamente
reflejadas en el reglamento penitenciario. El reglamento
penitenciario actual, como usted sabe, se confecciona en el año 1996,
en plena vorágine, por llamarlo de alguna manera, de la
conflictividad de esa circular, en su momento tan criticada, del
fichero de internos de especial seguimiento y por tanto tiene no sólo
perfecto encaje en la legislación vigente, sino que es conocido por
los jueces y habrá que entender que, en la tutela de los derechos de
los internos, si se apreciara alguna disfunción lesiva para sus
derechos, los jueces la corregirían.

Me habla también de que se producen fugas porque el aire
acondicionado impide el funcionamiento de los sistemas de seguridad.

Desconozco quién le ha hecho esa afirmación, pero desde luego es una
afirmación frívola, sin ningún sentido y que contradice el sentido
común más elemental. El funcionamiento de los sistemas de seguridad
tiene otros principios que no pueden verse alterados por el aire
acondicionado. En las muertes por sobredosis, usted apunta oscuridad
en que no se hayan esclarecido. Cualquier muerte que se produce en
prisión va seguida de una información reservada y de unas diligencias
previstas. Hablar de que no se esclarecen las posibles muertes parece
una imputación más propia de un juzgado de guardia que de este foro.

Las muertes con grilletes puestos. Desde que yo tengo memoria,
solamente se ha producido en el centro de Jerez una muerte de un
interno en régimen de aislamiento con los grilletes puestos; hace
bastantes años. Si esta circunstancia evidencia una vulneración de la
legalidad, sí me gustaría que me hablara de un caso concreto para
corregirla.

Hace referencia al tópico de que las cárceles son escuelas de
delincuencia. Eso es un tópico más vinculado al Siglo de Oro de
nuestra literatura que a la realidad actual y por tanto me va a
permitir que no entre en ningún comentario al respecto. Comentaba
usted también la sobreexplotación productiva. Ha pasado de ver
absoluta inactividad a ver sobreexplotación. Y afirma que hay cierta
oscuridad sobre
el sistema de retribución del trabajo productivo. Está perfectamente
legalizada esa actividad, en el sentido de que el reglamento
penitenciario fija que las condiciones laborales de los reclusos
tienen que tener las mismas garantías que las del trabajador libre.

El salario que reciben estas personas en función de su actividad es
el salario mínimo interprofesional, acotado en función de la
productividad. Quiero decir que nunca, por horas trabajadas, va a
estar por debajo. En cuanto a un plus de dinero para el interno, sí
me gustaría saber si tiene algún dato concreto que le permita hacer
esa afirmación. Digamos que el salario es la contraprestación a la
actividad productiva y no hay ningún excedente que la Administración
utilice de ninguna manera.

Respecto a los malos tratos y al abuso de la autoridad no sólo hago
referencia al informe del Defensor del Pueblo, sino también a las
decisiones judiciales, cuando se producen este tipo de denuncias. Las
únicas condenas en los últimos años que se han producido por malos
tratos han sido las que ha denunciado la Administración. En los
últimos días hemos tenido un caso paradójico, tanto en Soto del Real
como en Topas. En un caso había seis funcionarios imputados sobre los
que se desarrolló una campaña de escándalos basada en esa premisa, y
se ha concluido con la absolución de los seis funcionarios y la
condena del interno, que por cierto en el juicio intentó agredir al
juez. El caso de Soto del Real también generó un estrépito
informativo importante, la presencia de doce funcionarios acusados de
malos tratos; fueron felizmente absueltos y que curiosamente aquellas
organizaciones que se sentían particularmente heridas por la
circunstancia de haber sentado en el banquillo a los funcionarios no
tuvieron el mínimo interés en publicitar de alguna manera su
absolución. He de decirle, no obstante, que la Administración
penitenciaria está firmemente comprometida con erradicar cualquier
tipo de exceso regimental y que, en ese sentido, cuando se conocen,
se investigan, y lógicamente esa conducta, el maltrato en una prisión
siempre es constitutivo de delito. Digamos que la amplia tipificación
de conductas que integran el delito de tortura hace muy difícil que
un exceso regimental, un exceso respecto a la integridad de un
recluso no entre dentro de esta categoría y esperamos los dictámenes
de los tribunales para ver esa circunstancia.

Sobre las afirmaciones relativas a que estamos en una verdad
solitaria, que nuestra política no genera ningún consenso, tengo que
decirle solamente dos cosas. Que en el año 1996, en el mes de junio,
hubo una interpelación, de la cual nace una moción que suscriben
todos los grupos parlamentarios y que ha sido fielmente cumplida por
la Administración penitenciaria. Y que muy recientemente ha habido
otra interpelación, de la cual ha surgido una moción, que ha generado
también un consenso amplísimo. Estamos ante dos circunstancias en las
que el mandato de la Cámara ha sido seguido puntualmente por la
Administración penitenciaria. Ha habido un consenso. Es una política
que está extraordinariamente reglada y se acerca más a lo que
podríamos llamar una política de Estado que a una política de
partido. La reinserción social, los conceptos de los fines de la pena
privativa de libertad están dentro de lo que pudiéramos llamar un
mundo de consenso, más que dentro de un mundo de discrepancia.




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Con respecto a la señora Uría, he de decirla que, en esa evolución
mínima o en esa concepción de desiderátum a que hacía referencia
respecto a mi intervención frente a la realidad, creo que hay algo
más. En estos dos años aproximadamente de legislatura hemos abiertos
seis grandes centros: Huelva, Albolote, Dueñas, Topas, La Lama,
Curtis y Aranjuez. Hemos creado un 31 por ciento más de plazas netas.

No estamos hablando sólo de desiderátum, estamos hablando de
realidades concretas. La apertura para este primer semestre, a
finales del mes de junio, de los centros de Mansilla y de Palma de
Mallorca no es un desiderátum; hay un compromiso formal del ministro,
los centros están construidos y hay un compromiso de apertura. En
cuanto a los centros de la comunidad vasca a los que ha hecho
referencia, sí que es cierto que no hay ningún centro específico en
materia de niños. Me parece, no obstante, que la apertura del
Departamento de Mujeres de Navarra va a contribuir a disminuir, si se
quiere, los niveles de ocupación del centro penitenciario de
Nanclares. Discrepo respecto a su afirmación de que las mujeres
tienen más dificultades para acceder al régimen abierto. Hay más
mujeres porcentualmente que hombres. Cuatro puntos y medio más alto
son las mujeres clasificadas en régimen de semilibertad. Y en cuanto
a la resolución a la que ha hecho referencia, como usted ya apuntaba,
debo decirle que sí se integra dentro de las premisas de nuestra
legislación e incluso de las que yo he apuntado en mi intervención.

Si usted piensa que hay un divorcio más o menos acentuado entre la
legalidad y la realidad, es un tema en el que yo, lógica y
respetuosamente también, discrepo de su señoría.

La reflexión que usted ha hecho sobre los internos o las internas,
mejor dicho, de la organización terrorista ETA, tampoco es una
afirmación que reciba con desagrado; la recibo con profesionalidad.

Sí le puedo asegurar, y desconozco el contenido concreto de la
denuncia de Macunde, que en ningún centro penitenciario, cuando se
realiza una exploración ginecológica a una mujer, hay ninguna persona
extraña presente en esa exploración médica que tiene ese grado de
intimidad; no sólo la ginecológica, sino cualquier otra. Desconozco
si con el motivo de un traslado al hospital y ya en el hospital,
donde la Fuerza de custodia, en este caso la Ertzaintza, está
presente -me refiero en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco-. (La señora Uría Echevarría pronuncia palabras que no se
perciben.) Ah, perdón. En la custodia, digamos, nosotros no tenemos
lógicamente un control jerárquico y no podría esclarecerle más esa
circunstancia. La tutela, en cualquier caso, del derecho de cualquier
persona recluida la tiene muy directamente el juez de vigilancia
penitenciaria. Y el hecho de una intromisión ilegítima en su
intimidad se haya realizado fuera del centro penitenciario no resta
vigor a esa protección.

A la representante del Grupo de Convergència i Unió, básicamente
quiero agradecerle el tono de la intervención. Estamos de acuerdo en
que falta mucho para conseguir la calidad de vida que todos deseamos,
que la sociedad demanda y espera de un sistema penitenciario moderno,
no se lo voy a ocultar, estamos trabajando en esa línea y quizá
reconocer que estamos en el camino correcto sea el único elemento
positivo. No he querido hacer, como ha dicho la representante del
Grupo Popular, una intervención triunfalista.

No creo que este mundo admita triunfalismo. Sí que admite el
rigor de los datos y, en consecuencia, el resultado de un trabajo que
ha pretendido ser lo más honesto posible.

De la intervención del Grupo Socialista, lógicamente estoy de acuerdo
en muchas de sus afirmaciones respecto a la marginalidad de las
reclusas, al bajo nivel de autoestima. He hecho referencia a un
proyecto que nace de uno de los muchos estudios que están realizando
colectivos feministas en el medio penitenciario y donde se aprecia
este perfil en la mujer reclusa, que se acentúa cuando es objeto de
un maltrato o una vejación en el ámbito doméstico. Por eso queremos
preparar, no quisiera decir un programa, queremos transmitir a los
psicólogos de los centros penitenciarios una especial sensibilidad y
algunas orientaciones consensuadas por las organizaciones no
gubernamentales que tienen interés en este tema, para que puedan
hacer una intervención de apoyo y corregir un componente psicológico,
en lo que estamos totalmente de acuerdo.

Respecto a la ruptura del núcleo familiar, le recordaba una expresión
de Concepción Arenal que decía que el encarcelamiento de un hombre
permite que sobreviva el núcleo familiar, pero que el de una mujer lo
destruye siempre. Hace un siglo, ese problema era tan cierto como
hoy. Más que el encarcelamiento de la mujer le haga perder su
entorno, por decirlo de alguna manera, en cuanto a que no le visite
su compañero, su marido, su familia, lo que sí produce es un efecto
demoledor en su medio, y yo creo que ése es uno de los elementos que
tendrá que pesar en los responsables actuales y en los del futuro.

Hace referencia a un estudio. Yo he citado en mi intervención que
había seis estudios concretos, específicos. Nosotros estamos
realmente preocupados por conocer el perfil de una mujer que ha sido
especialmente dinámico. Poco se parece el perfil de la mujer que
ingresa en este momento al de la ingresaba hace diez años y mucho me
temo que se parecerá quizá poco al de la que lo haga dentro de los
diez. Digamos que ese crecimiento cuantitativo de la población ha ido
seguido de un crecimiento cualitativo que de alguna manera está
vinculado al tráfico de drogas, pero que también incluye la
repercusión o el reflejo en la criminalidad de una mayor presencia en
la actividad social, laboral, que tiene la mujer en estos momentos.

La tendencia a la criminalidad no es explicable por un mayor
determinismo biológico en el varón, sino por las circunstancias
sociológicas de mayor protagonismo que tiene en el mundo laboral y
esa incorporación de la mujer que se produce en las sociedades
avanzadas va seguida de un reflejo en la actividad criminal y en su
presencia en los centros penitenciarios.

De las internas preventivas, dice que son excarceladas en cualquier
momento. Yo creo que la solución no es demorar su salida, lo que
supondría incluso recurrir en responsabilidad por parte de los
funcionarios por una detención ilegal. Sí que hay que facilitar a esa
persona, como en estos momentos se hace un dinero de bolsillo para
hacer frente a sus primeros gastos y para hacer frente a su traslado
al lugar que sea. Le puedo decir expresamente, y ante las dudas que
percibo, que yo me he ocupado personalmente en el caso de Soto del
Real y en el de Aranjuez, en una reciente visita con el Defensor del
Pueblo. En estos centros, especialmente en el de Soto del Real, que
es un centrode preventivos, sí que se producen excarcelaciones a hora



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tardía y hay una especial sensibilidad por parte del asistente social
que está presente en esa salida para facilitar ese primer acceso a
Madrid o al lugar en el que esta persona tenga su arraigo o vaya a
vivir habitualmente. En cuanto a las funcionarias, yo creo que se ha
hecho un esfuerzo por normalizar la situación, por evitar que
cualquier discriminación se proyecte en el campo laboral. Es verdad
que la mayor presencia de hombres, por una mayor existencia de
delincuencia masculina, coloca en situaciones más desfavorables a las
funcionarias a la hora de la promoción interna o del acceso a
determinados cargos dentro de la carrera administrativa. Es un tema
por el que yo me voy a interesar especialmente. No sé si la solución
adecuada es reservar un porcentaje, no sé qué opinarán los
sindicatos, pero me parece absolutamente conveniente y oportuna su
afirmación.

De la intervención de la representante del Grupo Popular, agradezco
como no puede ser de otro modo, el tono. Hace referencia a que se ha
producido un incremento de la calidad de vida, no sólo cuantitativo,
sino cualitativo. Nosotros decíamos que habíamos incrementado las
plazas netas en un 31 por ciento, algo más de 840 plazas. Eso supone
disminuir el nivel o la tasa de ocupación, pero significa también
sustituir las viejas brigadas en algunos casos, los centros
obsoletos, centros como el de La Coruña, un centro que había recibido
justas críticas por el Defensor del Pueblo, por la moderna prisión de
Teixeiro. El viejo centro de Huelva por el nuevo centro. Las
condiciones en las que vivían las mujeres en el viejo centro de
Granada, por el nuevo centro de Albolote. En el ámbito de Madrid,
significa sustituir la vieja prisión del complejo penitenciario de
Carabanchel por el nuevo centro en Alcalá de Henares. No quiero decir
que sea un centro de nueva construcción, pero la ubicación en
espacios abiertos, con piscinas, de alguna manera permite, no sólo
crear plazas nuevas y que la tasa de ocupación baje, sino que las
plazas sean de mucha mayor calidad. Las agrupaciones de mujeres en
los centros nuevos siempre son por encima de 72 internas, que es un
módulo. Eso hace desaparecer, como he dicho, núcleos residuales en
los que había nueve o diez mujeres y donde era francamente difícil
realizar una intervención seria. Yo creo que, reconociendo que
también estos centros puedan tener disfunciones que disminuyan el
clima de familiaridad en el que se desarrolla la actividad
penitenciaria en los centros antiguos, ofertan una potencialidad y
unas posibilidades realmente importantes.

Entiendo y comparto la preocupación por los niños en prisión. Es
cierto, hemos duplicado el personal, los TEJI, los técnicos de jardín
de infancia, para la atención a los internos menores de tres años.

Hay un difícil equilibrio siempre entre la necesidad que pueda tener
una persona hasta los tres años en tener próxima su madre biológica y
el efecto, siempre negativo, que pueda interiorizar o percibir el
niño que convive en un centro penitenciario. No voy a repetir las
medidas que se han tomado. Sí me interesaría hacer una reflexión
doble. De una parte, que cada vez ese efecto desestructurador se está
minimizando por la presencia de ONG muy especializadas. Por otra, una
iniciativa que también creo que es justo resaltar, que es la que se
ha puesto en marcha en el Centro Penitenciario de Aranjuez, que
consiste en que cuando la unidad familiar, es decir, el padre y la
madre, están privados de libertad y hay algún
hijo, pueden convivir en un departamento con un programa
específicamente diseñado para las familias privadas de libertad.

Animo a cualquiera de SS.SS que tenga interés en conocerlo a que lo
visiten y creo que admitirá la utilización de un sistema similar para
que geográficamente no pueda sólo concretarse en Madrid. (La señora
Aramburu del Río pide la palabra.)



La señora PRESIDENTA: Señora Aramburu, dígame. Mire qué horario
llevamos.




La señora ARAMBURU DEL RÍO: Intervendré medio segundo para manifestar
que me parece inadmisible la respuesta del director general a esta
portavoz, entendiendo que se ha dedicado fundamentalmente a
defenderse, no a facilitar información y transparencia sobre lo que
le he preguntado, por lo que yo voy a solicitar la comparecencia del
ministro del Interior. (La señora Uría Echevarría pide la palabra.)



La señora PRESIDENTA: Señora Uría, tiene la palabra.




La señora URÍA ECHEVARRÍA: Yo deseo puntualizar algo para que quede
debida constancia, porque no sé si mi intervención ha llegado
suficientemente clara a los medios que están detrás. La mención que
ha hecho el director a la Ertzaintza me ha parecido totalmente
inadecuada, puesto que creo que ha quedado claro que el informe de la
comisión médica al que me he referido era el Colegio de Valladolid.

No es práctica habitual que las presas etarras cumplan condena dentro
de Euskadi, como usted bien sabe, y estoy refiriéndome a una
condenada que la cumple en un centro penitenciario de Valladolid. Por
lo tanto, los policías no eran ertzainas. De igual forma, me resulta
sorprendente que usted diga que probablemente sea la juez de
vigilancia penitenciaria; eso sí me chocaría. Yo creo que la juez de
vigilancia penitenciaria autorizará el traslado o la revisión
ginecológica, pero las condiciones de la presencia policial
dependerán o bien de Instituciones Penitenciarias o bien, como le he
dicho, de los altos mandos de la Policía de que se trate. Por eso le
he preguntado si me podía contestar y si era posible averiguarlo.




La señora PRESIDENTA: Señor director general, tiene usted la palabra.




El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejo): En primer lugar, dado el tono de la respuesta, deseo
trasladarle mis disculpas. Siento que considere que el mío le resulte
inadmisible. No ha sido desde luego mi intención ni atacarme ni
defenderme. Cuando comparezco ante esta Cámara me impulsa no sólo una
obligación formal, sino el respeto por hacerlo frente a los
representantes del pueblo. Y en ese sentido no hay ningún mecanismo
ni agresivo ni de defensa. Y lógicamente S.S. está en su derecho de
pedir la comparecencia del excelentísimo señor ministro del Interior.

En cuanto a lo manifestado por la señora Uría aclaro que en principio
la referencia mía a la Ertzaintza no tenía un juicio devaluador.

Únicamente, yo estaba pensando en



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la Comunidad Autónoma vasca, donde los traslados y la vigilancia
perimetral de los centros los hace la Ertzaintza. En cuanto a las
consultas ginecológicas de la interna a la que usted se refiere, que
si no me falla la memoria es Miren Maitane Sagastume Arrieta, fue
trasladada recientemente al centro de Martutene por su embarazo; por
tanto, algunas internas de ETAsí cumplen condena en el País Vasco.

Y respecto a la alusión que he hecho al juez de vigilancia
penitenciaria, no sé si me he explicado bien. Indicaba que la tutela
de un interno, tanto por una vulneración de sus derechos dentro de la
prisión como fuera de ella, es competencia del juzgado de vigilancia
penitenciaria, dando a entender que ese exceso en la intimidad
cometido por un policía o por un guardia civil podía ser
perfectamente denunciado. Existe legitimidad formal para la jueza de
vigilancia; no se trata de que autorice o no autorice el traslado,
porque el traslado por problema sanitario, como es este caso, se
autoriza de forma automática por el responsable del centro
penitenciario.




La señora PRESIDENTA: En esta Comisión hoy nos hemos preocupado por
las mujeres más excluidas socialmente. Le damos las gracias no
solamente por su comparecencia, sino también por cualquier trabajo
que pueda hacer por todo este colectivo de mujeres que hoy hemos
defendido aquí desde todos los grupos parlamentarios.

Se suspende la sesión por cinco minutos. (Pausa.)



PROPOSICIONES NO DE LEY:



La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.




Quiero informar a SS.SS. antes de comenzar la presentación de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre una
cuestión de procedimiento.

Tenemos una invitación del subsecretario de Defensa para el día 23 a
las doce del mediodía. Se trata de una sesión informativa sobre la
incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas y, a continuación, un
almuerzo en el Ministerio de Defensa. Solamente cinco miembros de
esta Comisión han contestado. Y yo ruego, por favor, a todas SS.SS.

que llamen diciendo tanto si van a acudir a la reunión informativa
como si se van a quedar al posterior almuerzo, pero contesten. Es el
día 23 a las doce del mediodía; Ministerio de Defensa, Paseo de la
Castellana, 109. Por favor, pónganse en contacto con el
subsecretario, señor Menéndez. Gracias.




- SOBRE SENSIBILIZACIÓN AL ALUMNADO EN RELACIÓN CON EL PROBLEMA DE LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA QUE SUFREN LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD, PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente Congreso 161/
000904 y número de expediente Senado 663/000043.)



La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado una
proposición no de ley sobre la sensibilización al alumnado en
relación con el problema de
la violencia doméstica que sufren las mujeres en la sociedad.




Para hacer su presentación tiene la palabra la señora Rivadulla
Gracia.




La señora RIVADULLA GRACIA: Voy a intervenir de forma muy breve,
porque tengo conocimiento de que una proposición no de ley más o
menos en términos similares se ha aprobado ya con anterioridad en el
Senado y en el Congreso. Seguramente ésta no se acumuló porque se
había presentado a la Comisión Mixta, y es por eso que creo que se ha
producido un debate suficiente sobre la materia. Pero de cualquier
manera no quiero dejar de decir que efectivamente es un problema
gravísimo. Muchas veces hablamos de la alarma social que provocan las
víctimas del terrorismo; podemos ver que en el período 1983- 1993 se
produjeron 360 víctimas del terrorismo y, en cambio, el número de
mujeres muertas a manos de sus maridos, amantes o compañeros fue de
609.

Creemos que son varias las medidas que se deben arbitrar: unas, de
índole policial; otras, de asistencia social y otras de información y
de atención a las víctimas. Pero nos parece que son importantísimas
todas las actuaciones que podamos llevar a cabo en el sistema
educativo, porque actuarán de concienciación y de prevención para que
los jóvenes que en estos momentos se están educando tengan
conocimiento de lo que significa esta violencia doméstica como
atentado contra los derechos humanos y los derechos de la persona.

La Logse en su preámbulo dice que la educación ha de permitir avanzar
en la lucha contra la discriminación y la desigualdad de cualquier
tipo, sea por razones de sexo, raza, religión, opinión u origen
social. Pero nosotros pensamos, señorías, que en los desarrollos
curriculares, en cualquiera de los niveles de concreción, no han
incidido de modo suficiente ni los ámbitos procedimentales ni los
cognitivos ni los de actitud para una orientación claramente
coeducativa.

Creemos también, señorías, que no se debe destacar solamente lo que a
veces de forma morbosa aparece en los medios de comunicación, sino
que la educación sobre todo debe incidir en la visibilidad de las
mujeres, en la presencia de las mujeres en la sociedad, sea a través
de los libros de texto, en relación con el papel que las mujeres
hemos jugado en la historia, o sea con los ejemplos que también
aparecen en las ilustraciones, en las que normalmente todavía
continúan muy delimitados los roles de ambos miembros de la pareja.

Nos parece muy importante todo lo que se pueda hacer en ese sentido.

Nuestra proposición no de ley iba en este tenor: El Congreso de los
Diputados, en cumplimiento de uno de los fines del sistema educativo,
que es la formación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia, insta al
Gobierno a diseñar, junto con el consejo escolar y la conferencia
sectorial, dentro de la transversalidad de los currículos, acciones
destinadas a sensibilizar a todo el alumnado en relación con el
problema de la violencia doméstica que sufren las mujeres en la
sociedad española, junto con acciones de formación



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al profesorado y material de apoyo correspondiente en el marco de una
escuela coeducativa.

Teniendo en cuenta que se ha producido una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular que abarca prácticamente en sus términos otras
proposiciones no de ley a las que me refería con anterioridad y
creyendo que efectivamente estos cuatro puntos recogen lo que
nosotros pensábamos y proponíamos tanto en la letra como en el
espíritu, esta diputada en lo que en este momento está interesada
sobre todo es en que se desarrollen los términos de esta proposición
no de ley y no en añadir nuevas iniciativas que puedan generar
confusión. Me parece que lo que corresponde es que hagamos el
seguimiento de la forma en que esta proposición no de ley está siendo
aplicada y desarrollada.




La señora PRESIDENTA: Hay solamente un tema que le quería aclarar; no
es el Congreso de los Diputados, sino la Comisión Mixta de los
Derechos de la Mujer, aspecto en el que creo que no habrá ningún
problema. En el caso de que alguna señora portavoz quiera hacer uso
de la palabra en este momento... La señora Uría no está. Tendríamos
que darle la palabra al Grupo de Convergència i Unió, pero antes la
tiene la señora Costa Serra.




La señora COSTASERRA: Tomo la palabra muy brevemente. Como ha dicho
la proponente, es cierto que tanto en el Congreso como en el Senado
ya se habían aprobado mociones o proposiciones no de ley que recogían
el espíritu de esta proposición. Por tanto, sí que tendríamos que
resaltar que, si bien no sobra ni es dañoso ni perjudicial el que se
aprueben distintas iniciativas con el mismo objetivo, quizá
deberíamos de aunar esfuerzos para controlar que se desarrollen y se
lleven a cabo los contenidos de estas iniciativas. En estos momentos,
efectivamente, lo más importante es exigir al Gobierno, y controlar
que se lleve a cabo, que se desarrolle el contenido de estas
proposiciones.

Por otra parte, no quiero tampoco desaprovechar la ocasión para
reiterar, como ha hecho la proponente de esta iniciativa, la
importancia que tiene el sistema educativo para prevenir todos estos
casos de malos tratos. Pero también hemos de tener en cuenta como
dicen los expertos, que muchas o la mayoría de las veces estos
menores en sus casas son testigos, o los sufren, de estos malos
tratos por parte de sus padres hacia la madre o la compañera y luego,
a su vez, los repiten. Por tanto es importantísimo que le dediquemos
especial atención en el sistema educativo en dos sentidos: uno,
evitando que se repitan esas conductas en los menores que han sido, a
su vez, víctimas de esos malos tratos; y dos, ayudando a superar los
traumas que efectivamente les produce el ser víctimas de esos malos
tratos. Hay que tener en cuenta que los profesionales que están
trabajando en este aspecto y que asisten a los menores y al alumnado
en los centros educativos tengan una formación adecuada y
especializada para estos casos. Son ellos (psicólogos, etc.) los que
tienen un contacto directo y los que en mayor medida pueden ser
conscientes, darse cuenta, detectar, a través de estos niños y niñas,
estos casos de malos tratos, puesto que en la mayoría de las
ocasiones los menores también viven la presión de sus familias y son
incapaces de denunciar por sí solos a su padre cuando son
conscientes y testigos directos de los malos tratos que se está
ocasionando a la víctima, que es la madre.




La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
tiene una enmienda que también se inicia: El Congreso de los
Diputados…, pero tendría que ser: La Comisión Mixta de los Derechos
de la Mujer… En este turno de portavoces, la señora Solsona puede
defender también su enmienda.




La señora SOLSONAI PIÑOL: Nos hallamos delante de una proposición no
de ley que presentó el Grupo Mixto en el año 1998 y que
posteriormente fue debatida, tanto en la Cámara del Senado como en la
del Congreso, con textos consensuados y aprobados por unanimidad.

Es mediante la enseñanza de los valores de paz, diálogo, igualdad y
respeto de la dignidad de todos los seres humanos, y en particular de
las mujeres, como se podrá combatir eficazmente la violencia, no sólo
en la familia, sino también en la vida pública.

Tanto el Parlamento Europeo, como la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo (Logse), como las recomendaciones del
Defensor del Pueblo ante esta Comisión insisten en que los programas
escolares deberían aumentar el nivel de conciencia entre los
adolescentes, para que fueran capaces de resolver sus relaciones con
los demás a través del diálogo y del pacto, desterrando de esta forma
la violencia de sus relaciones de pareja.

La enmienda presentada por nuestro grupo va en el sentido de respetar
el trabajo y las competencias de las comunidades autónomas. Pero
apoyamos la iniciativa y esperamos que se llegue a una redacción de
consenso, haciendo hincapié en la importancia que los medios de
comunicación tienen en los niños y adolescentes, ya que la violencia
se aprende; se aprende viendo televisión, viendo determinados
programas y ciertos dibujos infantiles.

Por otra parte, consideramos que los libros, los programas, la
formación de docentes y el material pedagógico han de ser revisados
para eliminar de ellos todos los estereotipos sexistas. La enseñanza
ha de ser fundamentalmente dedicada a garantizar que los alumnos y
profesores sean sensibilizados, formados e incorporados al proceso de
cambio de valores en pro de la igualdad y de la tolerancia de la
diversidad. Por tanto, estas iniciativas deberían ser respaldadas por
las familias, los medios de comunicación y las asociaciones, para
conseguir una sociedad democrática, pluralista y justa, capaz de
garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todo ser
humano.




La señora PRESIDENTA: La señora Aramburu del Río, en nombre del Grupo
de Izquierda Unida, tiene la palabra.




La señora ARAMBURU DEL RÍO: Con brevedad. Me parece una iniciativa
solvente pero insuficiente, si es considerada en sí misma y no como
complementaria. Yo entiendo que esa proposición es parte de un
paquete de medidas estructurales de carácter colectivo y asistencial.

Además, creo profundamente, y constatamos todos y todas, que la
escuela y la familia son para el poder reproductores de la ideología
dominante, y casi siempre y fielmente medidores



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ambos de la sensibilidad de la sociedad ante la violencia.




Yo creo que algo de lo que está pasando, no pasaba, sino que sucede
en las aulas, es absolutamente ilustrativo. Sabemos que casi el 30
por ciento de los jóvenes entre 12 y 14 años dicen sufrir agresiones
habitualmente y el 60 por ciento en alguna ocasión. Sabemos también
que en cerca de 370 centros se han interpuesto sanciones y en 19 de
ellos han intervenido los juzgados. Además, de forma espeluznante un
estudio norteamericano desveló que un niño a los catorce años había
presenciado, por término medio, 3.500 asesinatos en la pequeña
pantalla y 25.000 agresiones, viendo sólo la televisión tres horas al
día, y que la opción preferida de los niños son dibujos animados
violentos. Para desgracia de los mortales o de las mortales aparece
demasiado habitualmente una máxima rentable para uso y abuso de los
privilegios masculinos, y es que la violencia genera beneficios de
sumisión. Por lo tanto, hay un sustrato histórico que sustenta el
diseño del control del hombre sobre la mujer a través de la fuerza
física, económica y política. Y la violencia, señorías, no es un
instinto, es una conducta que se copia, que se plagia y que se
aprende. Por eso deben existir, entre otras medidas, unas asignaturas
regladas sobre pacifismo, género y derechos humanos desde la
infancia, para que haga comprensible y concebible una sociedad de
iguales, y, sobre todo, una sociedad no violenta.




La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Socialista, tiene la
palabra la señora Martín Vigil.




La señora MARTÍN VIGIL: Nuestro grupo también, como no podía ser de
otra manera, está de acuerdo con la iniciativa parlamentaria que ha
defendido la diputada Mercé Rivadulla. En cualquier caso, e
intentando ser breve para no cansar a las miembras de esta Comisión,
voy a repetir algunas cosas que se han dicho. Ésta es una iniciativa
que, si yo no estoy mal informada, se presentó justamente hoy hace un
año, por lo tanto, también se ha dicho ya. Pero deseo reiterar en
nombre de nuestro grupo el hecho de que se controle, se ordene y se
eviten estos retrasos, que además abundan en solapamientos. Aunque la
senadora Costa Serra decía más o menos que lo que abunda no daña en
este caso, es cierto, y ella así lo comentaba, que en este momento
quizá fuera más interesante hacer ya el seguimiento de los
compromisos que el Gobierno ha contraído en esta materia. Nuestro
grupo no puede dejar de estar de acuerdo y suscribir todas y cada una
de las consideraciones que se han hecho en esta Comisión.

Precisamente fue nuestro grupo quien presentó la moción que se aprobó
en el Senado y cuyo contenido se puede ver en su literalidad en la
que hoy se presenta como moción por parte del Grupo Popular, que fue
aprobada por unanimidad, además existe una proposición no de ley
aprobada por el Congreso. Por tanto, deseo hacer constar nuestro
voto, nuestra posición favorable, no sin enfatizar que a estas horas
quizá deberíamos estar ya haciendo seguimiento de los compromisos
contraídos.

Se han dicho muy variadas y muy razonables cosas respecto a la
importancia de la educación. Se han hecho valoraciones que nosotras
suscribimos al cien por cien. Para aportar nuestro pequeño granito de
arena enfatizando la
importancia de la educación voy a recurrir a unas palabras que no son
mías, para ver si así puedo expresar con más brillantez lo que para
nosotras representa este ámbito. Hoy precisamente leía una cita de
dos grandes filósofos, De Marina y Savater, que dicen que la cuestión
educativa para ellos es el terreno cívico donde nos jugamos nuestra
principal razón de ser.




La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra
la señora Delgado García.




La señora DELGADO GARCÍA: Señorías, ante todo quiero manifestar mi
agradecimiento por el acuerdo de todos los grupos por aceptar esta
propuesta de modificación que presentaremos a la Mesa con una
enmienda transaccional que ha ofrecido el Grupo de Convergència i
Unió.

Quiero aprovechar el turno que me corresponde para reflexionar,
aunque sea de manera muy breve, dadas las horas de la tarde, por qué
hemos mantenido estos cuatro puntos de las otras mociones presentadas
en el Senado y por qué los hemos seguido manteniendo en ésta que se
presenta hoy aquí, en la Comisión de la Mujer. Al mismo tiempo,
y siempre de forma breve, puesto que he podido oír por parte de las
representantes de los distintos grupos que tienen un gran interés en
conocer el seguimiento que se ha hecho o que se va a hacer respecto a
estos cuatro puntos, yo también puedo aportarles algunos datos y
actuaciones que se llevan hechas hasta la fecha.

El primer punto que presenta esa propuesta de modificación, dice:
Potenciar en el desarrollo de los diseños curriculares de acuerdo con
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (Logse)
el estudio de las aportaciones de las mujeres en los diversos campos
de actividad a lo largo de la historia. Hemos considerado que este
punto era fundamental, puesto que los estudios que se han hecho a lo
largo de este tiempo demuestran que la violencia contra las mujeres
es resultado de una expresión de relación de desigualdad entre
hombres y mujeres. Investigaciones han descubierto que la psicopatía
que tiene el hombre violento, el hombre agresor, no presenta unos
rasgos concretos y especiales, sino simplemente son hombres que han
aprendido, y enfatizo la palabra aprendido, durante su educación,
recibida bien sea en el ámbito familiar o bien en los que se han
desarrollado, que lo masculino es superior a lo femenino; ser varón
es importante pero lo es en la medida en que es superior a ser mujer.

Esta sensación ellos la ejercen a través de un poder, incluso de una
agresión, cuando en algún momento la mujer les contradice o les
parece que aquello que opina no va de acuerdo con sus convicciones.

Creemos, por tanto, que hay un déficit también y un estereotipo
histórico. La verdad es que en los libros que hemos podido utilizar y
consultar desde hace tiempo hemos visto cómo se resaltan las
aportaciones al mundo del conocimiento por parte del hombre; en
cambio, se obvian aquellas aportaciones que la mujer ha hecho a lo
largo de la historia. Entendemos que si conseguimos ya y potenciamos
que en desarrollos curriculares aparezcan precisamente esas
aportaciones de la mujer que ha hecho a lo largo de la historia,
estaremos resaltando esos valores, esa figura femenina, tanto para
niñas como para niños, para



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que exista una presencia masculina y femenina con aportaciones
positivas a lo largo de los tiempos.

Por otro lado, hemos dispuesto desarrollar las orientaciones
pedagógicas de los contenidos curriculares referidos a igualdad de
oportunidades entre ambos sexos, de manera que incluya la prevención
efectiva de la violencia de género. No es que dudemos de que en este
tema lógicamente desde el Ministerio se estén llevando a cabo ya
actuaciones concretas -enseguida comentaré algunas de ellas- sino que
creemos que es importante seguir trabajando, seguir insistiendo en
proporcionarle al profesorado todo aquel material que pueda ser
utilizado en las aulas y que redunden precisamente en prevención de
la violencia.

Pero como cortesía y en respuesta a las distintas portavoces de los
grupos, que han pedido conocer un cierto seguimiento de lo que hasta
la fecha se ha realizado, yo quisiera indicarles lo siguiente. En
primer lugar, el Ministerio ya ha difundido el Plan nacional de
acción contra la violencia doméstica, que ha sido distribuido a todas
las direcciones provinciales y dentro de ellas a las respectivas
unidades de programas educativos y a los centros de profesores
y recursos.

Se ha potenciado la impartición de la materia transversal de
educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Evidentemente, potenciar la impartición de esa materia transversal
llevaba implícito, en primer lugar, el haber formado al profesorado
para que pudiera desarrollarla. Y hasta la fecha, hasta diciembre de
1998, se han celebrado 196 cursos o jornadas, que han supuesto 5.942
horas de formación, para ayudar a 5.776 profesores. Señorías, yo
entiendo que cuando hablamos de educación hacer abuso de las cifras
no es precisamente lo más positivo, porque la educación siempre tiene
una connotación cualitativa mucho más que cuantitativa. Simplemente
aporto estos datos, para informar de cantidad de cursos; pero por
supuesto lo importante siempre es el contenido y la calidad.

He de recordar que el día que se presentó el Plan nacional de acción
contra la violencia doméstica por doña Amalia Gómez ella hizo mención
en un punto, al hablar del área de educación, de la posibilidad de
que desde los centros se pudiera detectar, para poder prevenir,
aquellos niños cuyas conductas y actuaciones se denotaran que eran
víctimas o presenciaban agresiones en sus familias. Recogiendo
aquella idea, el Ministerio de Educación y Cultura está ultimando un
programa para que los departamentos de orientación y los equipos
directivos de los centros educativos dispongan de procedimientos de
detección de casos de violencia doméstica referidos a sus alumnos y
tengan protocolos de actuación concreta para poder atajar situaciones
de violencia dentro del ámbito de sus competencias.




Quizá otra información interesante para SS.SS. relativa al punto dos,
es acerca de las actuaciones que se están llevando dentro de la
formación de adultos. Dentro de ella existe un módulo formativo de
adultos -en estos momentos el Ministerio lo está ultimando-, para
prevenir la violencia contra las mujeres, y va dirigido a mujeres y a
hombres adultos. No olvidemos que el hombre adulto tiene ya unas
conductas aprendidas. Todo aquello que pueda sensibilizarlo
modificando su conducta dentro de las clases de
adultos va a ser verdaderamente muy bueno. Se están elaborando unos
materiales: unos, destinados para los profesores y, por supuesto,
otros, para los alumnos. Esperamos que este módulo ente en
funcionamiento muy pronto. Por otro lado, también el proyecto Alba,
del cual quiero hacer alguna mención, son actuaciones dirigidas a
abrir perspectivas profesionales a las mujeres adultas.

Si recordamos, en el Plan nacional de acción contra la violencia
doméstica habíamos detectado que uno de los motivos por el que las
mujeres muchas veces sufren agresiones y no denuncian, no toman,
digamos, una postura frente a su marginación, es porque se encuentran
indefensas, carecen de una formación y prácticamente se encuentran en
la calle, y ante una duda a veces optan por la peor solución, que es
seguir aguantando. En ese sentido este proyecto Alba tendrá el
objetivo de preparar profesionalmente a estas mujeres con el fin de
que adquieran una independencia profesional y puedan así tomar la
decisión de abandonar libremente el hogar si es preciso.

El tercer punto era promover la participación de las mujeres en la
administración educativa y la adopción de políticas y toma de
decisiones en materia de educación. Es cierto que dentro del contexto
de la educación hay mujeres que son catedráticas, incluso algunas
están en universidades, no solamente en institutos. Pero también
somos conscientes, para ser complacientes con él, de que dentro del
mundo de la educación no hay un número suficientemente significativo
de mujeres que han alcanzado puestos que son considerados de gran
prestigio. Éste es un punto en el que debemos ayudar a que cada vez
haya más mujeres en estos puestos, porque esto va a servir para que
tanto las alumnas como los alumnos tengan un referente femenino en
aquellos cargos que son de toma de decisiones.

Finalmente, el cuarto punto se refiere a la Comisión de los Derechos
de la Mujer, en relación al trabajo que realizan las Cámaras sobre el
Comité de medios audiovisuales, en el sentido de que se vele para que
los contenidos televisivos contemplen la perspectiva de género, con
especial atención a los programas dirigidos a la infancia y a la
juventud. Quiero recordar a SS.SS. que recientemente se ha cerrado ya
una ponencia sobre el convenio de autorregulación, que el Ministerio
había impulsado desde principios del año 1997. Existe una página web,
creada a principios de 1997, donde asociaciones de padres, grupos
sociales, es decir, cualquier colectivo o cualquier ciudadano puede
acceder a ella y dejar constancia de cuál es su opinión, tanto
positiva como negativa y en qué aspecto es negativa, sobre aquellos
programas o publicidad que considere perjudiciales para la infancia y
la juventud. Quiero informar que también existen en estos momentos
dos páginas web, de informática, del Ministerio, donde se puede
encontrar todo tipo de información sobre el tema de violencia
doméstica.

Agradezco que la senadora del Grupo de Convergència i Unió haya
mencionado también este tema, porque un daño terrible que está
haciendo a las mujeres, y que hace que todavía se las valore menos,
es precisamente el tema de la publicidad. La mujer en la publicidad
aparece reducida a sexo, a juventud, a belleza, por lo que creo que
es importante poder valorar otros aspectos.




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Con esto doy por terminada mi intervención. Pido disculpas a las
senadoras y diputadas por haberme extendido un poquito más. Lo he
hecho solamente porque han pedido un seguimiento. Precisamente por
haber oído lo del seguimiento es por lo que aporto estos datos.




La señora PRESIDENTA: La señora Rivadulla, que es la proponente de
esta proposición no de ley, tiene la palabra.




La señora RIVADULLA GRACIA: Solamente para decir con toda brevedad
que yo he pedido el seguimiento, pero no aquí. Ya ejerceremos la
acción de control correspondiente. No es este el momento, porque
estamos debatiendo una proposición no de ley en la que he tenido la
prudencia de ser muy breve, puesto que esto ya se había
debatido. Creo que la compañera se ha extralimitado en el tiempo y en
las explicaciones.




La señora PRESIDENTA: Lo único que quiero concretar antes de la
votación, que entiendo que puede ser aprobada por asentimiento, es
que se acepta la enmienda del Grupo Popular y la que corresponde al
Grupo de Convergència i Unió en el ámbito de sus competencias,
poniendo la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer en vez del
Congreso de los Diputados. ¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cinco minutos de la tarde.