DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1999 VI Legislatura Núm. 133



DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROGELIO BAÓN RAMÍREZ



Sesión núm. 11



celebrada el martes, 9 de marzo de 1999, en el Palacio del Congreso
de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor Defensor del Pueblo (Álvarez de Miranda y
Torres), para informar sobre:



- Los planes de vivienda del Gobierno, en la parte relativa a la
vivienda del Informe del Defensor del Pueblo del año 1997. Asolicitud
del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente del Congreso
212/001780 y número de expediente del Senado 713/000727.)
... (Página 2772)



- Las actuaciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo con
respecto a las quejas recibidas como consecuencia del incumplimiento
de la declaración de impacto ambiental referida a la construcción
y puesta en funcionamiento de una tercera pista de despegue y
aterrizaje en el Aeropuerto de Barajas (Madrid). Asolicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente del Congreso 212/
001781 y número de expediente del Senado 713/000728.) ... (Página 2778)



- Las quejas recibidas y actuaciones llevadas a cabo por el Defensor
del Pueblo respecto al problema de residuos, desechos domésticos e
industriales, utilización de vertederos, contaminación de suelos y
aguas subterráneas y efectos nocivos de las plantas de tratamiento.

Asolicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
del Congreso 212/001793 y número de expediente del Senado 713/
000729.) ... (Página 2786)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO (ÁLVAREZ DE MIRANDA Y
TORRES), PARAINFORMAR SOBRE:



- LOS PLANES DE VIVIENDA DEL GOBIERNO, EN LA PARTE
RELATIVA A LA VIVIENDA DEL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DEL AÑO
1997, A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente
del Congreso 212/001780 y número de expediente del Senado 713/000727)



El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión.

Señoras y señores comisionados, comparece el Defensor del Pueblo, por
vez primera en este período de sesiones, y lo hace a petición de un
grupo parlamentario, para informar sobre diversos asuntos; entiendo
que todos tendrán el orden del día, que vamos a seguir al pie de la
letra. Bien es cierto -quiero informar también a la Comisión- que
hubo un asunto que no fue incluido y que será objeto de una
comparecencia monográfica, a petición del Defensor del Pueblo,
coincidiendo también con una petición del Grupo Socialista. Así lo
acordaron la Mesa y la Junta de Portavoces y, por eso, esta
comparecencia se circunscribe sólo a tres asuntos.

Saben SS.SS. que, en las comparecencias, la Presidencia es libérrima
en la concesión de tiempos, pero sí les pido economía en esta
ocasión. Son tres asuntos y no quisiera que nos llevaran más allá de
una hora razonable. También les pido, a los grupos que no lo han
hecho, que me pasen la comunicación de quiénes van a ser los
portavoces en cada uno de los puntos del orden del día.

Sin más, aplicando esa economía de tiempo en las intervenciones que
les he pedido, le concedo la palabra al Defensor del Pueblo para que
se refiera al primer asunto, que cronológicamente es también el
primero que llegó a la Comisión, relativo a los planes de vivienda
del Gobierno, en la parte relativa a la vivienda del informe del
Defensor del Pueblo del año 1997, siempre con mención al informe
general del año pasado.

Tiene la palabra don Fernando Álvarez de Miranda.




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Álvarez de Miranda y Torres): Muchas
gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señorías. Como nos indica el presidente de la
Comisión, hoy hay tres temas objeto de esta comparecencia, tres temas
importantes, tres temas que SS.SS., con legítimo derecho y justísima
razón, han pedido que se trataran de una manera un poco más detenida
que como los habíamos iniciado, bien en el informe del año 1997 o
bien en distintas ocasiones en las que hemos podido comentar los
problemas que afectan a esos tres temas: vivienda, aeropuerto de
Barajas y residuos sólidos. Con este fin, dentro del orden del día se
me emplaza para que intervenga ante SS.SS., y voy a empezar por la
comparecencia relativa a la vivienda, es decir, la que se refiere a
profundizar en los
planes de vivienda del Gobierno, en la parte relativa a la vivienda
del informe parlamentario del año 1997, que es como reza el primer
punto del orden del día.

Los ciudadanos perciben el acceso a la vivienda como una necesidad
prioritaria. Como explicó este Defensor con motivo de la entrega y
presentación del informe correspondiente a 1997, después del derecho
al trabajo, el derecho a una vivienda digna es el que más preocupa a
los españoles, en una proporción muy superior a los demás derechos
fundamentales. Por ello, yo agradezco la oportunidad que se mi brinda
de explicar a SS.SS., con el mayor detalle posible, cuál es la
percepción desde la institución, a través de las numerosas quejas
recibidas, del grado de satisfacción o, en mucho casos,
lamentablemente, de insatisfacción de los ciudadanos por la efectiva
aplicación del derecho a la vivienda que se contempla en el artículo
47 de nuestra Constitución. Es cierto que todavía existe un abismo
entre el enunciado de este derecho y su significado estricto en
términos jurídicos, a través de las normas legales concretas. Por
otra parte, el alcance material de este derecho, que se refiere a una
realidad, no se puede aislar, sino que el mismo -el derecho a una
vivienda digna- está conformado por una serie de bienes y por una
serie de servicios complementarios que deben configurar el entorno
inmediato, como son -y ustedes la saben- la urbanización, los
equipamientos comunitarios y culturales, los espacios libres, los
espacios verdes, etcétera, de forma que la vivienda se integre en su
medio.

En esta línea, la última declaración de la Confederación de Naciones
Unidas sobre asentamientos urbanos, que se celebró en Estambul en
junio de 1996, establecía que disponer de una vivienda adecuada es
algo más que tener un techo bajo el que guarecerse. Significa también
disponer de un lugar privado, de un espacio suficiente con
accesibilidad física, de seguridad adecuada, de certidumbre de
permanencia, de iluminación, de calefacción y ventilación
suficientes, así como el aislamiento de ruidos insoportables y una
infraestructura básica adecuada. En consecuencia, la vivienda
requiere también una ciudad ordenada, una ciudad dotada de los
servicios necesarios, capaz de proporcionar un medio ambiente en
consonancia con la dignidad de la persona y que, por lo tanto,
posibilite la calidad de vida apropiada.

Los planes plurianuales de vivienda han sido, son y seguirán siendo,
en la medida en que vayan enfocando el problema con el realismo
necesario, un pilar fundamental en el que se apoya el derecho a la
vivienda. La importancia de estos planes es grande, puesto que
habilitan recursos financieros para que se promueva la construcción
de viviendas y se disponga del suelo sobre el que levantarlas.

Además, se debe resaltar la colaboración entre la Administración del
Estado y la de las comunidades autónomas que presiden la elaboración
y ejecución de esos programas, aunque hasta este momento en algunos
casos quizá se echa un poco en falta una implicación yo diría más
directa, más cercana de los municipios en estas actuaciones.

Sin embargo, en necesario poner de manifiesto que en los últimos
planes de vivienda, en lo que se refiere a las ayudas que prevén para
hacer más accesibles las condiciones de estos préstamos hipotecarios,
se justifican cuando los tipos de interés de estos préstamos son
altos. Dado que



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en este momento la coyuntura económica posibilita unos tipos
bancarios hipotecarios extraordinariamente bajos, unido al hecho de
que los planes de vivienda ejecutados hasta la fecha han facilitado
el acceso a la vivienda en propiedad a un gran número de familias
españolas, se impone un cambio de rumbo que permita de alguna manera
atender las necesidades de aquellos sectores más desfavorecidos, que
los hay en nuestra sociedad, que en ninguna circunstancia -seamos
absolutamente sinceros- pueden plantearse la compra de una vivienda.

En este sentido es relevante el hecho de que las diferencias de la
tenencia de vivienda en alquiler que presenta España en relación con
otros países europeos se explica en gran parte por el escasísimo
número de viviendas públicas adjudicadas en este régimen de propiedad
y por el reducido aliciente que se ofrece a los promotores de
viviendas, quienes no se sienten inclinados a este tipo de
inversiones.

Pero, volviendo al análisis de los planes de vivienda ejecutados
hasta la fecha, hay que recordar que en el informe parlamentario
correspondiente al año 1997, que conocen SS.SS., se hacía una
especial mención a la necesidad de adoptar medidas para que los tipos
de interés de los préstamos cualificados convenidos hasta ese momento
se adecuaran con rapidez a la nueva coyuntura financiera de tipos
sensiblemente más bajos que los existentes en el momento de la firma
de los convenios entre el Estado y las entidades financieras.

El mantenimiento de la situación pactada en un principio lleva a que
los ciudadanos beneficiados en su día por la consecución de estas
ayudas tengan que hacer frente a la actualidad a préstamos
hipotecarios con tipos de interés más altos que los ofrece el propio
mercado, a lo que hay que añadir la imposibilidad de renegociar con
la entidad financiera de manera individual las condiciones del
préstamo cualificado por la imposición de la normativa reguladora de
los propios planes.

Siguiendo con la exposición de los aspectos más relevantes del
apartado que el Informe anual de 1997 dedicaba a la vivienda, yo
quisiera destacar la recomendación que se efectuó a la Junta de
Castilla y León, que ya ha sido aceptada, para que, si se cumplían
los requisitos exigidos, no se denegase una vivienda pública a un
ciudadano marroquí por el hecho de no tener la nacionalidad española
ni otro país miembro de la Unión Europea.

Resumiendo, de una manera muy somera, la argumentación de esta
institución se basaba en la imposibilidad, de acuerdo con la
Constitución española, de discriminar a los extranjeros que solicitan
la vivienda de promoción pública por el mero hecho de su
nacionalidad, salvo que una disposición con rango de ley así lo
especificara, y que, en todo caso, debería ser compatible con los
tratados internacionales suscritos por España, en concreto el Pacto
internacional de derechos económicos, sociales y culturales, de 19 de
diciembre de 1996, suficientemente conocido por SS.SS y ratificado
por España el 13 de abril de 1977.

Finalmente, como ya se ha puesto de manifiesto en anteriores
ocasiones, consideramos imprescindible para que se cumpla
adecuadamente el artículo 47 de la Constitución que los organismos de
las diferentes comunidades autónomas que gestionan el patrimonio de
vivienda pública, que adjudican las nuevas unidades que se
construyen,
cumplan fielmente la normativa reguladora en materia de adjudicación,
uso y destino de las viviendas promovidas por entidades públicas.

Los planes plurianuales de vivienda siguen siendo un instrumento de
primera magnitud para la cobertura financiera de la política de
vivienda, competencia que ha sido asumida plenamente, como ustedes
saben, por todas las comunidades autónomas, pero es necesario, como
ha quedado dicho anteriormente, reorientar esta política para
posibilitar el acceso a una vivienda digna a aquellas familias que
por su delicada situación económica y social únicamente pueden ver
satisfecho su derecho a través del arrendamiento en unas condiciones
especialmente ventajosas -que habría que dárselas-, con una
protección de los poderes públicos que sea suficiente para asegurar
una estabilidad residencial mínima imprescindible para un adecuado
desarrollo integral de estas personas, especialmente de las más
jóvenes.

Tampoco hay que olvidar que las ayudas económicas que otorgan los
planes de vivienda, y en concreto los préstamos cualificados, tienen
una vida más larga y es necesario un seguimiento continuo de los
mismos para evitar, como ya se ha explicado, que las condiciones en
que se puedan disfrutar, con efecto de los cambios que se operan en
la coyuntura económica, sean menos favorables que las que les ofrece
el propio mercado hipotecario.

En nuevo Plan de vivienda para el período 1998-2001, que examinaremos
con más detalle en el informe correspondiente al año 1998, aunque
mantiene una orientación más propia de las coyunturas financieras hoy
día superadas, contiene elementos novedosos que para los préstamos
cualificados que se conceden a partir de 1998 posibilitan una rápida
adecuación de sus condiciones a las variaciones de mercados
hipotecarios, aunque hay que recordar la necesidad de adoptar medidas
para lograr esos mismos objetivos de los préstamos concedidos con
anterioridad en el marco de los planes de vivienda ejecutados hasta
1997, porque es cierto que se está produciendo, como saben ustedes,
una situación distinta para dos tipos de ciudadanos, los que se
habían acogido a los planes anteriores, y los que están acogidos a
los planes a partir de 1998, siendo las condiciones financieras,
sobre todo el tipo de pago de intereses, muy distinta.

En resumen, los problemas que nos han planteado en las quejas que se
han recibido en relación con las viviendas en la institución del
Defensor del Pueblo, los podríamos sintetizar de la forma siguiente.

Sobre ejecución de los planes de vivienda, existe, primero, una
rigidez en la revisión de los tipos de interés de los préstamos
cualificados, en la línea que hemos comentado. Pedimos que se cambie
esa rigidez y que, a partir del Plan 1998-2001, sea más fácil para
quienes tengan préstamos más gravosos. El retraso en los pagos de las
subvenciones es el segundo punto que señalamos como quejas
planteadas. Hay un retraso en los pagos de las subvenciones
personales para la adquisición de viviendas, producidos muchas veces
por la descoordinación entre el ministerio y los órganos de las
correspondientes comunidades autónomas. Estas subvenciones personales
quedan suprimidas, en principio, en el Plan de vivienda 1998-2001,
precisamente porque el préstamo al que se concede



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la posibilidad de adquirir la vivienda ha sido disminuido de forma
sensible.

Sobre la vivienda de protección pública en general, los ciudadanos
muestran su malestar, primero, por el sobreprecio exigido en
ocasiones por algunos promotores en la venta de viviendas protegidas.

En segundo lugar, por las deficiencias en la construcción, tanto en
las viviendas protegidas de promoción pública como en las ejecutadas
por promotores privados. Estas deficiencias han sido una auténtica
pesadilla para muchos de los adquirentes de viviendas, los cuales, a
veces, se encontraban con que transcurrían, no meses, sino años,
hasta que podían tener las viviendas en condiciones habitables. Esas
deficiencias, sin embargo, han sido corregidas poco a poco.

Otro punto importante que quiero subrayar son los retrasos en la
ejecución de los programas de realojo de la población marginal. En
muchas ocasiones se limitan a decirles que se les adjudica una
vivienda, pero deberían tener en cuenta que esas viviendas estuvieran
situadas en un entorno ambiental y urbanístico aceptable. No es lo
mismo dar una vivienda en un sitio inhóspito e inhabitable, alejado
de donde está acostumbrado a vivir, que procurar, como a veces hacen
las distintas administraciones públicas, ser más sensibles en este
problema.

Quiero hablar también de los problemas observados en la gestión de
las viviendas públicas por los organismos creados con motivo de la
cesión de las respectivas competencias a las comunidades autónomas y
a los ayuntamientos. En torno al 90 por 100 de las quejas recibidas
en la institución se refieren a la actuación del Instituto de la
Vivienda de la Comunidad de Madrid, el Ivima. Ello tiene una cierta
explicación por el hecho de que la sede de la institución del
Defensor del Pueblo está en Madrid y es Madrid también la capital de
España que tiene un problema de vivienda más acuciante. Estos
problemas se concretan en deficiencias de información en las ofertas
de vivienda, en resoluciones insuficientemente motivadas cuando se
hacen estas adjudicaciones de viviendas y en la exigencia de
condiciones más estrictas que las establecidas en las normas, tanto
en los procesos de adjudicación como en las amortizaciones
anticipadas. De las quejas recibidas en relación con la vivienda
libre, se concluye que es necesario que se apruebe lo antes posible
una ley de edificación, que ponga al día el régimen jurídico que rige
el proceso de construcción de inmuebles, definiendo con claridad los
agentes intervinientes en este proceso, así como su responsabilidad
para que el alquiler de la vivienda disfrute de una mayor protección.

No quisiera terminar esta intervención sin hacer mención a algo que
no me explico muy bien cómo se ha producido, pero que viene a ser hoy
día un lugar común en algunos medios de comunicación. Se dice que el
Defensor del Pueblo es partidario de que se despenalice la okupación
de las viviendas. Se ha dicho, se sigue diciendo y supongo que se
seguirá repitiendo, porque a veces es muy difícil declarar con exacta
realidad y precisión lo que el Defensor del Pueblo dijo, dice y
seguirá diciendo en relación con todo este movimiento. El movimiento
okupa es un movimiento social que ha preocupado al Defensor del
Pueblo como tantos otros. Lo que ha venido diciendo el Defensor del
Pueblo en las ocasiones que se han producido los procedimientos de
desalojo de los okupas, es que han sido problemas sociales
en los que la autoridad pública, que cumplía con su deber al proceder
al desalojo, al parecer se ha excedido en el cumplimiento de ese
deber impuesto del desalojo. Aeso es a lo que responden las quejas
que nos han llegado desde hace muchísimo tiempo. Nosotros estamos
siguiendo este tema, no desde ayer; la primera de las quejas nos
llegó en 1997 por la asociación de «La Guinda», que presentó un
dossier en relación con el desalojo de un edificio de la calle
Marqués de Ahumada, en el que hubo un elevado número de detenidos
y lesionados. El Defensor tiene la obligación de seguirlo, la
obligación de investigarlo, la obligación de llegar a unas
conclusiones para, si tienen razón aquellas personas que se quejan,
recomendar a la Administración un tratamiento distinto, y si no lo
tienen, decírselo. Por eso, debo reiterar que desde el Defensor del
Pueblo, no se ha pedido en ninguna ocasión la despenalización de la
ocupación de los bienes inmuebles. Lo que ha hecho esta institución,
en cumplimiento de las funciones que tiene asignadas, ha sido
transmitir al Ministerio de Justicia un planteamiento hecho con toda
seriedad por un grupo de abogados pertenecientes al Colegio de
Abogados de Barcelona, que me parece que es un colegio
suficientemente serio, acreditado y al que no se le puede considerar
como un organismo revolucionario. Un colectivo del Colegio de
Abogados de Barcelona nos presentó un estadio jurídico respecto del
fenómeno de la okupación. Y entre las alegaciones que aparecían en
este escrito, se hacían consideraciones, insisto fundamentalmente
jurídicas, acerca de la jurisdicción que puede ser más adecuada, si
la civil o la penal, para resolver la ocupación real de las viviendas
que permanecen desocupadas. En ningún caso esa institución ha
expresado que deba despenalizarse el fenómeno conocido como
okupación.

No obstante, es cierto que el Defensor del Pueblo sí considera
necesario que se regule de una forma más adecuada que la realizada
hasta este momento este tipo de hechos, con el fin de coordinar el
derecho que todos los ciudadanos tienen a disfrutar de una vivienda
digna y el derecho a la propiedad privada, ambos reconocidos en
nuestro texto constitucional.

Podría seguir sobre este terreno y si SS.SS. quieren hablaremos de
ello, pero quería terminar mi intervención con la firme declaración
de que no es el Defensor del Pueblo una institución que plantee en
estos momentos una reclamación de esta naturaleza; lo que estamos
planteando es que el estudio de la ocupación es suficientemente
extenso, importante, serio, que afecta a grupos marginales, a grupos
jóvenes de nuestra sociedad y que por ello tenemos que estudiarlo. Le
he pedido a la ministra de Justicia, como corresponde al Defensor del
Pueblo, que nos indique qué orientaciones tienen en relación con
todas estas argumentaciones jurídicas que desde una institución seria
como el Colegio de Abogados de Barcelona se pedían al Defensor del
Pueblo. Es decir, el Defensor del Pueblo está actuando en uso de su
legítima obligación de responder a estas necesidades ciudadanas.

Después de esto, les doy las gracias por su atención y espero a que
formulen sus preguntas a esta primera intervención sobre los asuntos
de esta comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Por parte del grupo peticionario, tiene la
palabra doña Francisca López Yébenes.




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La señora LÓPEZ YÉBENES: En primer lugar, hay que agradecer al
Defensor del Pueblo no sólo su comparecencia en esta Comisión, sino
también el exhaustivo informe que hoy nos presenta con respecto a un
tema tan importante como es la vivienda y sobre todo porque lo
expone, por una parte, aportando la problemática que se genera ante
la falta de universalidad en el acceso a una vivienda digna y, por
otra, adjunta propuestas para su posible solución e insta a su
realización para con ello contribuir a mejorar la calidad de vida e
ir cerrando el círculo que complete el Estado del bienestar.

Señorías, creo que la valoración positiva de este informe y el calado
que como tal tiene entre nuestros ciudadanos, en los distintos
sectores de la sociedad y en las instituciones públicas es
importante, ya que la vivienda no es sólo cuestión de quienes la
necesitan, sino de quienes tienen la obligación de ponerla a su
disposición en las mejores condiciones económicas, administrativas y
de habitabilidad, facilitando, en definitiva, el acceso a una
vivienda en las debidas condiciones, y para ello hay que regular
procedimientos e impedir que pueda distorsionarse su construcción
y puesta en el mercado convirtiéndose en un negocio o en una fuerza
política para determinados momentos.

El artículo 47 de nuestra Constitución dice que todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y que los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán
las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho, regulando la
utilización del suelo, de acuerdo con el interés general, para
impedir la especulación. Por tanto, se han de propiciar políticas
contundentes, articular y regularizar el derecho de todos para cubrir
sus necesidades en esta materia, teniendo en cuenta la afectación
social y la repercusión en la calidad de vida de nuestros ciudadanos,
tanto por el Gobierno de la nación, en primer lugar, como por las
comunidades autónomas, en segundo lugar, propiciando de una manera
justa la igualdad en todos los aspectos que configuran el entorno de
un bien tan necesario como es la vivienda, pormenorizando y
arbitrando medidas que, siendo de fácil aplicación, ayuden a
clarificar la forma de acceso y disfrute de los más necesitados,
primero, y de todos, en general, a un lugar donde poder vivir.

El informe ya prevé la necesidad de que los convenios que se
suscriban entre las administraciones y las entidades de crédito sean
menos rígidos, como muy bien ha mencionado el Defensor del Pueblo, en
la adecuación de los tipos de interés de los préstamos cualificados a
las variaciones que los tipos hipotecarios experimentan en el momento
y en el tiempo. Ya tenemos, pues, un planteamiento para encontrar una
solución, que, en principio, no presenta excesiva dificultad, dada la
tendencia de los tipos de interés en el momento actual y la
proliferación de los grupos bancarios de ofertas que puedan cubrir
con acuerdos puntuales la demanda.

Por otra parte, contempla la necesidad de que se actualicen las
normas que regulen la vivienda de protección oficial, sobre todo en
la parte que se refiere a los beneficios fiscales, adaptándolos a la
situación actual y a las necesidades que en este momento y de cara al
futuro se van a producir en nuestro país con la apertura de mercados,
con la incorporación al sistema monetario europeo, aunque mientras
tanto se ha de garantizar el cumplimiento por parte de las
distintas administraciones públicas de la normativa vigente,
protegiendo con ello el derecho de acceso a una vivienda digna, tal
como se refleja en el informe que acaba de leer el Defensor del
Pueblo, particularmente de las capas sociales más desfavorecidas y,
por tanto, que necesitan una atención mayor en las mejores
condiciones.

En el informe también se hace referencia al derecho de todas las
personas que vivan en nuestro país, como no podía ser de otra forma,
a obtener soluciones a sus necesidades en esta materia,
independientemente de su origen en cualquier orden. Asimismo,
menciona algunos casos peculiares de distintas autonomías, ciudades o
circunstancias, tal como refleja en el informe la problemática en la
Comunidad de Madrid.

Es por eso que hoy aquí pretendemos aportar soluciones, propuestas e
incluso consejos que puedan mejorar el comportamiento en el más
amplio sentido de solidaridad y progreso posible. El Gobierno de
nuestro país debe de propiciar una política seria que de manera
solidaria haga posible la igualdad de oportunidades para todos en
materia de vivienda, y al aprobar y publicar un real decreto ha de
pensar en quiénes van a ser los receptores, en quiénes lo van a
necesitar en su aplicación y en quiénes van a beneficiarse con su
cumplimiento, porque si no es así no se cumplen los objetivos que
propiciaron su promulgación y se vuelve estéril el trabajo realizado
en su elaboración.

En este sentido, se ha de decir que, con la aprobación por el Consejo
de Ministros, el 12 de junio de 1998, del Real Decreto 1186/1998, que
también ha comentado el Defensor del Pueblo, sobre medidas de
financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo
del Plan 1998-2001, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 52, de 26 de junio de 1998, se da cumplimiento a las
competencias que en esta materia se atribuyen por el artículo
149.1.13.a de la Constitución, en referencia a las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica al
constituir la vivienda un sector económico importante, con gran
trascendencia y repercusión social. Con ello se ha pretendido
arbitrar los medios necesarios para acometer la solución del problema
que una situación como ésta genera en la sociedad, pero no ha sido
del todo así, ya que, en principio, establecía una programación real
para la implantación de un nuevo plan de vivienda, por lo que no se
podía hablar de tal plan, y en todo caso no se podía poner en marcha
hasta el primer trimestre de 1999, por lo que el último tramo de 1998
produjo un vacío de resolución en el marco normativo sin que se
pudiera hablar de plan de vivienda al faltar una cuantificación de
los recursos financieros y su reparto entre regiones, estableciéndose
su coste y firma de los convenios específicos entre ministerio y
comunidad autónoma.

Por otra parte, se observan líneas continuistas con respecto a otros
planes con diferencias sólo en la reducción de ayudas en las líneas
de actuación de carácter social, como la rehabilitación, el fomento
del alquiler en régimen especial y la cofinanciación de la vivienda
de promoción pública. Por otro lado, se ha reducido el número de
objetivos, que desde 1992 se mantenían alrededor de 600.000 unidades,
y se contempla en estos momentos actuar sólosobre 430.000.




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El Defensor del Pueblo -estamos en su misma línea y, por lo tanto,
totalmente de acuerdo- ha dicho que hay que seguir impulsando
políticas que aumenten la construcción, sobre todo en este tipo de
vivienda, ya que son las más necesitadas y las que más deben tener
esa protección.

El nuevo real decreto refunde las viviendas de régimen general y las
de régimen especial, a las que sólo alude en casos muy concretos. Se
reducen, asimismo, las ayudas al régimen especial, quizá por su
elevado coste al presupuesto estatal, así como las ayudas para la
rehabilitación de viviendas de los particulares. Se igualan mucho las
ayudas para compradores de viviendas que quedan limitadas a la
subsidiación de intereses, y al no completarse ayudas directas, el
esfuerzo familiar en los dos primeros años, los más duros, es mayor,
aunque luego se compense en el resto de los años. Además, las ayudas
se han aprobado por figuras y por años, no hay flexibilidad alguna, y
en todo lo que exceda de lo previsto no se puede acceder ni
compensar, aunque también se contempla la posibilidad de ayudas o
subvenciones para potenciar con fondos propios de comunidades
autónomas el acceso a la vivienda de quienes están en niveles de
rentas más bajos y para los más jóvenes. Ala vista de estas
apreciaciones, quizá sería bueno rectificar algunos aspectos del real
decreto, en el sentido de solidarizarnos y adaptarlo a la auténtica
realidad de las necesidades actuales de quienes más necesitan la
aplicación de las medidas que han de acometer. Como bien ha dicho, es
prioridad para todos el trabajo con el acceso a una vivienda digna.

Por lo tanto, en esa línea creo que el Defensor del Pueblo hace muy
bien en clarificar los malos entendidos y las posturas, que quizá
desde otros sectores se quieran impulsar para que no tengan los
resultados apetecibles en todos los sentidos.

He de finalizar mi intervención agradeciendo la rigurosidad del
informe y las aportaciones realizadas para solucionar un tema tan
importante y necesario, para que todos los que formamos la sociedad
disfrutemos de igualdad de derechos, tengamos una auténtica calidad
de vida, dentro del Estado del bienestar que entre todos estamos
construyendo. Espero, con las aportaciones que he mencionado, que
quienes necesitan una vivienda la puedan poseer, animando al Defensor
del Pueblo a continuar trabajando en la misma línea que hasta ahora
lo ha hecho, mirando por el bien de todos los ciudadanos, sin tener
en consideración su origen ni su nacionalidad, haciendo política de
reflexión, opinión, análisis, propuestas y colaboración.




El señor PRESIDENTE: Los grupos, de menor a mayor, pueden fijar su
posición. En ese sentido, tiene la palabra el senador don Salvador
Capdevila.




El señor CAPDEVILA I BAS: En primer término quiero agradecer la
comparecencia del Defensor del Pueblo y su extensa exposición sobre
un tema tan importante y de repercusión social cual es el
cumplimiento del derecho constitucional de todo ciudadano a una
vivienda digna. Compartimos, cómo no, el informe emitido por el
Defensor del Pueblo, y haciendo caso a la recomendación del señor
presidente, procuraré ser lo más breve posible.

En primer lugar, estamos de acuerdo en que en la ejecución de los
planes de vivienda tiene que quitarse esa rigidez
en los tipos de interés, ya que lo que, en principio, parecía ser una
ventaja para los prestatarios en la actualidad es un inconveniente.

En la mayoría de las ocasiones en este tipo de préstamos hipotecarios
se establece un plazo que oscila entre los tres o cinco años, en los
que no se puede retocar el tipo de interés. Por ejemplo, un interés
que se había fijado en un principio en el 10 ó el 12 por 100, con una
subvención a fondo perdido de 2, 3 ó 4 puntos, en la actualidad, y
a pesar de esto, se encuentra muy por encima del tipo de interés
actualizado. Por consiguiente, yo creo que aquí deberíamos incidir en
que esta aplicación del tipo de interés actualizado se haga de una
forma más automatizada y, en todo caso, no esperar al próximo plan de
viviendas, sino que los que están en la actualidad en esta situación
puedan optar automáticamente a otro tipo de préstamo, en otra entidad
o en la misma, con el tipo de interés actualizado, y si esto pudiera
conllevar la abolición del sistema de protección empleado en un
principio, que no conllevara ningún perjuicio por parte del
prestatario, es decir, que tuviera la obligación de devolver las
cantidades percibidas, porque sería un contrasentido.

En segundo lugar, estamos de acuerdo en que hay que controlar el
sobreprecio exigido, sobre todo por algún promotor, en las viviendas
protegidas; controlar, asimismo, estos programas de realojo en la
rehabilitación de viviendas en ciertos barrios; vigilar la gestión de
las viviendas públicas, es decir, que haya una mayor facilidad para
que todo ciudadano pueda tener acceso a la vivienda pública. En
muchas poblaciones, sobre todo en poblaciones costeras y de auge
turístico de alta montaña, se encuentra la problemática de que muchos
jóvenes no pueden acceder a una vivienda debido a los altos costes
que la propia envergadura turística conlleva. Tienen que irse a otras
poblaciones muy lejanas al lugar de trabajo para poder acceder a un
tipo de vivienda más asequible a su bolsillo. En todo caso, aquí sí
que tendrían que facilitarse unos préstamos a interés muy bajo,
prácticamente sin interés, para facilitar el acceso a la vivienda a
este colectivo.

En cuanto a la vivienda libre, hay que debatir el proyecto de ley
-que, por cierto, ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros- de
ordenación de edificación, debatir todo este tipo de
responsabilidades tanto del promotor como del contratista y de las
diversas personas y entidades intervinientes en la construcción de la
vivienda. Hay que asegurar este mínimo a todo propietario que acceda
a la vivienda, para que pueda tener todas las garantías de una
vivienda digna y de buena calidad. En lo relativo a la
despenalización de la ocupación de las viviendas por los okupas, es
cierto que el Colegio de Abogados de Barcelona presentó algunas
propuestas. Entiende que el artículo de penalización del Código Penal
rompe un poco este equilibrio entre los bienes a proteger, es decir,
una cosa es que se proteja la propia vivienda y otra que se protejan
a ultranza las viviendas desocupadas. Por tanto, hay que estudiar si
es un poco desproporcionada la penalización en el Código Penal de
estos supuestos y encauzar este camino por la vía civil. En todo caso
tendrían que agilizarse estos procedimientos para que en caso de una
ocupación de esta magnitud, el propietario pudiera acceder de una
forma rápida y proteger su propiedad, a lo que, en definitiva, tiene
total derecho.




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El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su
portavoz, doña María José Camilleri.




La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Yo también me uno al capítulo de
agradecimientos por la presencia hoy aquí del Defensor del Pueblo y
sus adjuntos, ya que es un placer recibirle en esta, que es su casa,
como comisionado de este Parlamento. En el primer punto del orden del
día de la convocatoria de esta Comisión, se cita textualmente:
profundizar en los planes de vivienda del Gobierno y en la parte
relativa a la vivienda del informe del Defensor del Pueblo referida a
1997. Es un capítulo bastante extenso que, por mucho que quiera
resumir, me va a ser complicado. Ese apartado 14 del informe hace
referencia, a su vez, a urbanismo y vivienda y el epígrafe 14.2, de
vivienda, se divide, a su vez, en los planes de vivienda, vivienda
protegida, vivienda libre, barreras arquitectónicas y realojo de
población marginada.

Todos sabemos que en estos planes de vivienda el Estado canaliza sus
recursos ciñéndose a su ámbito competencial en las materias de
planificación y coordinación de la actividad económica y sobre las
bases de la ordenación del crédito, según establece el artículo
149.1.11.a y 13.a de la Constitución y, en atención al principio
rector del artículo 47 de la Constitución, regula las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de sus derechos constitucionales en relación al disfrute de
una vivienda digna y adecuada. El compromiso del Gobierno de impulsar
medidas que faciliten el acceso de los ciudadanos a una vivienda
digna se ha materializado mediante la puesta en marcha de sucesivos
planes de vivienda plurianuales o programas plurianuales.

La mayoría de las quejas a que se refiere el informe de 1997
conciernen a las comunidades autónomas, dadas las competencias en
materia de vivienda que éstas han asumido con carácter exclusivo en
virtud de los estatutos de autonomía. Incluso en los planes de
financiación estatal de actuaciones protegidas en materia de vivienda
y suelo debe tenerse en cuenta que, como se indica en el informe, las
comunidades autónomas gestionarán todo el entramado de carácter
administrativo de los planes, cuestión que quedó clara a partir de la
sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1988. Además,
el artículo 60.2 del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre,
sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia
de vivienda y suelo para el período 1996-1999, establece que
corresponde a las comunidades autónomas tramitar y resolver los
expedientes de solicitud de ayudas económicas directas en el
ejercicio de las competencias que tienen atribuidas en materia de
vivienda.

En relación con los planes de vivienda, en el informe se mencionan
las quejas por falta de adecuación de los tipos de interés de los
préstamos cualificados, ya concedidos, a las variaciones que los
tipos hipotecarios han venido experimentando en el mercado libre y a
los que nos hemos referido hoy. En primer lugar, hay que recordar
que, frente a las situaciones planteadas por el descenso generalizado
de los tipos de interés y su lógica repercusión en los préstamos
hipotecarios y el razonable deseo de beneficiarse de las ventajas que
supone este descenso por parte de quienes concertaron sus préstamos
con anterioridad a la bajada de
los tipos, se promulgó en su día la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre
Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, así como el
Real Decreto 2116/1996, de 20 de diciembre, sobre aranceles de los
notarios y de los registradores de la Propiedad en las operaciones
acogidas en la citada ley, cuyas disposiciones establecen un notable
abaratamiento de las minutas, que se suma a la drástica reducción de
los costes fiscales introducidos por la mencionada Ley. Por otra
parte, debe tenerse en cuenta que, tras la revisión que a partir de
los préstamos concedidos en 1995, debe efectuarse cada tres años
hasta la amortización total del préstamo, el tipo de interés revisado
queda notablemente por debajo del tipo de interés de mercado.

Finalmente, en el Plan de Vivienda 1998-2001, la revisión del tipo de
interés de los préstamos cualificados impedirá que se produzcan
largos períodos de grandes desviaciones entre los tipos de interés
hipotecarios libres y los aplicables a los préstamos cualificados.

En el informe se dice también textualmente que para concretar el
nivel de protección en la mayoría de los casos hay que remitirse a la
obsoleta normativa de viviendas de protección oficial. Parece que el
informe desconoce las sucesivas normas estatales sobre medidas de
financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y
suelo, así como la correspondiente normativa autonómica sobre ayudas
complementarias con cargo a sus propios recursos. Deben citarse
también las disposiciones sobre derechos arancelarios de los notarios
y registradores en las viviendas de protección pública. Asimismo, la
disposición transitoria duodécima de la Ley de 30 de diciembre de
1996, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social,
extiende las exenciones, bonificaciones fiscales y tipos impositivos
de las viviendas de protección oficial a aquellas otras viviendas con
protección pública que dimanen de la legislación propia de las
comunidades autónomas, siempre que los parámetros de superficie
máxima protegible, precio de vivienda y límite de ingresos de los
adquirentes no excedan de los establecidos para las referidas
viviendas de protección oficial. Finalmente, en cuanto a los
beneficios fiscales, se debe señalar que, a tenor de la disposición
adicional vigésima de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1998, ha sido elaborado un
estudio comparado del régimen fiscal de las viviendas protegidas en
el derecho de los Estados de la Unión Europea que podrá ser un
documento base para la reforma en el mercado de la imposición
indirecta.

También, al final de su intervención, y a raíz de unas declaraciones
aparecidas en la prensa, el Defensor nos ha aclarado su postura sobre
la despenalización de la ocupación. Efectivamente, en aquella
ocasión, cuando salío la noticia -el 9 de febrero de 1999-, me
preocupé, pero me informé y me enteré de que se trataba de un grupo
de abogados de Barcelona, que acudieron al Defensor para hacerle
partícipe de su opinión acerca de la despenalización de la ocupación,
ya que creían que el artículo 245.2 del Código Penal vulneraba varios
preceptos constitucionales. Pero ése es un asunto de 1999, que
veremos en posteriores informes que tenga a bien presentarnos el
Defensor. De todos modos, desde hoy, desde este momento, agradecemos
la aclaración que ha hecho.




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- LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO CON
RESPECTO A LAS QUEJAS RECIBIDAS COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO
DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REFERIDA A LA CONSTRUCCIÓN
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA TERCERA PISTA DE DESPEGUE Y
ATERRIZAJE EN ELAEROPUERTO DE BARAJAS (MADRID). A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso 212/
001781 y número de expediente del Senado 713/000728.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día.

Quiero aclarar que, luego, el Defensor se referirá a todas las
intervenciones habidas en los tres puntos. Este punto segundo es
también una petición de comparecencia del Grupo Socialista en torno a
la declaración de impacto ambiental como consecuencia de la
construcción de la tercera pista del aeropuerto de Barajas.

Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Álvarez de Miranda y Torres): Muchas
gracias, señorías, por la paciencia ante los sucesivos cambios de
escenario que estamos teniendo en la comparecencia de hoy; de la
vivienda nos vamos a los aviones.

En esta comparecencia me permitiría, en primer lugar, recordar las
palabras que se recogían en el informe de 1997 presentado por este
Defensor. Decíamos entonces, al referirnos al capítulo de la
contaminación atmosfórica, que la especial incidencia que la calidad
del aire representa para la salud de las personas es puesta de
manifiesto, cada vez con mayor claridad, en los estudios realizados
por instancias, por organizaciones, tanto internacionales como
nacionales, con advertencia sobre los riesgos que para la salud
humana representan las sustancias tóxicas que existen en el aire. Es
conocido el planteamiento -añadíamos más adelante-, compartido por
esta institución, de contemplar, dentro de la contaminación
atmosférica, la contaminación acústica, al ser ésta otra forma de
efecto perjudicial de la atmósfera y causante de daño para la salud
humana y el medio ambiente; no en vano la trasposición que se realice
por el Estado español de la Directiva 96/61, de la Unión Europea,
deberá tener muy presente este extremo en la medida en que en su
artículo segundo la contaminación es definida como la introducción
directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, de
vibraciones, de calor, de ruido en la atmósfera, el agua o el suelo,
que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la
calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes
materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras
utilizaciones legítimas del medio ambiente.

En un reciente informe del Instituto de Recursos Mundiales se
calculan en cien millones las personas de los países de la OCDE que
están expuestas a un ruido de tráfico por encima de 65 decibelios,
más de los 55 decibelios considerados como aceptables; cien millones
de personas. Esta contaminación acústica -dice el informe- puede
dañar el oído humano y afectar al estado psicológico de las personas.




Por supuesto, que la contaminación acústica procede del tráfico, no
debe atribuirse solamente al paso a baja altitud de los aviones sino
también al ruido de los coches, de los camiones, al sonido de los
chirridos de los neumáticos, los estrépitos del claxon, las
motocicletas, las radios, las alarmas, que a veces, efectivamente,
resultan insoportables en áreas urbanas. Estos problemas derivados
del ruido se han agravado de forma alarmante en los últimos tiempos,
y sobre todo, como decimos, en los núcleos urbanos, por lo que me
permito adelantar a SS. SS. que esta cuestión recibirá una
tratamiento detallado en el informe del año 1998, que estamos
preparando.

En lo que se refiere a la contaminación acústica derivada del
proyecto de ampliación del aeropuerto de Barajas, ya en 1994 el
Defensor del Pueblo inició actuaciones con el entonces Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente sobre la base de las
quejas que se habían formulado por una federación regional de
asociaciones de vecinos de Madrid y por un colectivo de más de 700
afectados. La queja presentada por la federación reseñaba como datos
fundamentales de la voluntad administrativa de ampliación del
aeropuerto los siguientes: Primero, la presentación pública por AENA
del proyecto Barajas 2000, ciudad aeroportuaria y nuevo aeropuerto de
Barajas, que fue presentado el 14 de octubre de 1992. Segundo, la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de una Resolución de
12 de febrero de 1993, de la Subsecretaría del Ministerio, sobre
expedientes de expropiación forzosa para desarrollo de la nueva zona
aeroportuaria, primera fase. Tercero, la publicación en abril de 1993
de una memoriaresumen sobre el proyecto de ampliación, que intentaba
dar satisfacción a la normativa vigente en materia de evaluación de
impacto ambiental.

Todos estos datos apuntaban la existencia de un proyecto para la
ampliación del aeropuerto de Barajas con una tercera pista en el
contexto de una vasta operación urbanística denominada ciudad
aeroportuaria que, a juicio de los formulantes de la queja, se
caracterizaba por el grave impacto acústico que se produciría en el
corredor norte-sur que discurre por los municipios colindantes con
Madrid por su zona este dotados de una alta densidad de población
y por una falta de transparencia informativa y de convocatoria a la
colaboración ciudadana.

Debo precisar, sobre la base de estos datos, que las gestiones
realizadas por el Defensor del Pueblo ante el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente -que, insisto, se remontan a
1994- en ningún momento tenían por objeto obstruir la actuación de la
Administración desde el punto de vista de la oportunidad o incluso
viabilidad técnica de la ampliación. Por el contrario, estas
actuaciones pretendían formular un juicio sobre la conformidad del
proyecto con el derecho constitucional de todos a disfrutar de un
medio ambiente adecuado con el fin de proteger y mejorar la calidad
de vida, en los términos que contempla el artículo 45 de nuestra
Constitución. Asimismo, velar por el derecho de los ciudadanos a
participar en los asuntos públicos que les afecten como manifestación
del derecho fundamental contenido en el artículo 22 de la misma
Constitución.

Seguramente éste no es el momento de reseñar, paso por paso, el
desarrollo del procedimiento abierto a partir de



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la presentación de la queja, pero sí debe destacarse como elemento
decisivo para la conformación del criterio del Defensor del Pueblo la
Resolución de 10 de abril de 1996, de la Dirección General de
Información y Evaluación Ambiental del entonces Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de ampliación del
aeropuerto. Esta resolución, que a los solos efectos ambientales da
luz verde al proyecto, es verdaderamente significativa por los
términos en que está redactada. Así, no se afirma definitivamente que
el proyecto sea ambientalmente viable, aunque se cumplan una serie de
condiciones, sino que, además de tener que cumplirse tales
condiciones, sólo se considera que la solución propuesta por AENA
puede ser ambientalmente viable, es decir, no hay un juicio
concluyente en el organismo administrativo sobre la viabilidad
ambiental del proyecto. Sin embargo, el trámite administrativo de
resolución favorable se satisfizo con tal declaración.

De estas condiciones, sin cuyo cumplimiento, lógicamente, no puede
entenderse producida la declaración favorable, dos son los grupos que
desde el punto de vista de la institución del Defensor del Pueblo
deben ser destacados. Primero, la condición relativa a nuevos
escenarios de demandas alternativas de localización. En este punto,
más que hacer una exégesis de la declaración de impacto leeré a SS.

SS., por la claridad y la contundencia de la resolución, algunas de
las afirmaciones y advertencias que contiene: Esta declaración de
impacto ambiental se emite considerando el año 2010 como horizonte
previsible de saturación de la ampliación del aeropuerto de Barajas;
cualquier otra necesidad de infraestructura aeroportuaria motivada
porque se superen las previsiones de demanda establecidas en el
proyecto o resulten necesarias más infraestructuras aeroportuarias
después del año 2010 exigirá que con anterioridad a cualquier
decisión vinculante se inicie un nuevo procedimiento de evaluación de
impacto ambiental en el que el promotor AENA obligatoriamente tendrá
que presentar alternativas de nuevas localizaciones aeroportuarias.

En previsión de estas eventualidades, la Dirección General de
Aviación Civil, en coordinación con el promotor (AENA) deberá revisar
y actualizar la planificación existente a partir del escenario del
año 2010 de forma que pueda establecerse con objetividad, con rigor,
la comparación entre una eventual ampliación ulterior del aeropuerto
y las posibles alternativas de relocalización del mismo con tiempo
suficiente para que, si la demanda lo requiere y las circunstancias
lo aconsejan, resulte posible, en su caso, acometer la construcción
de un nuevo aeropuerto con la suficiente antelación al momento en que
se alcance la saturación de la ampliación. Dichos estudios -se decía-
deberán estar concluidos en el plazo de tres años.

En este contexto, señorías, es en el que el Defensor del Pueblo en su
informe anual a las Cortes Generales del año 1997 se preguntaba,
teniendo en cuenta la previsible saturación del aeropuerto en un
horizonte de doce años, cuando las obras de ampliación estaban aún
lejos de concluirse, si la opción de un nuevo emplazamiento para el
servicio aeroportuario de Madrid no debía ser seriamente considerada.

El punto de vista expuesto en el informe -como se puede observar- no
constituía sino un recordatorio de lo
que la propia Administración entendía que era imprescindible
acometer. En ningún modo fue fruto de una opinión o de una reflexión
puramente personal del Defensor del Pueblo.

El segundo grupo de consideraciones de la resolución favorable se
refiere a las medias correctoras del ruido. De manera sintética cabe
señalar que tales medidas incluyen una zonificación del territorio
afectado por la ampliación, medidas de insonorización especialmente
de viviendas y restricciones en determinadas operaciones de vuelo,
bien por razón del horario, medidas noctura-diurna, bien por razón
del territorio afectado, establecimiento de pasillos o corredores
para las operaciones de aterrizaje y despegue. Pues bien, para la
ejecución de estas medias la declaración de impacto prevé como parte
del condicionado un plan de aislamiento acústico dotado con
aportaciones del promotor, AENA, de 2.000 millones de pesetas el
primer año natural a contar desde la fecha de la publicación de la
declaración y 1.000 millones anuales, como mínimo, cada uno de los
años sucesivos, hasta la finalización de las viviendas. Junto a esta
aportación se preveían otras indeterminadas procedentes de las
administraciones públicas interesadas.




Desde el momento en el que se produjo la declaración de impacto han
aumentando sensiblemente las quejas recibidas en la institución, lo
que parece indicar que o bien las medidas de corrección acústica no
han resultado plenamente operativas o bien no se han adoptado todas
las previstas. La investigación iniciada -insisto- en el año 1994 se
centró en un primer momento en los siguientes aspectos: La falta de
respuesta a las peticiones de información presentada por los
ciudadanos afectados sobre este proyecto de ampliación del
aeropuerto; las carencias observadas en los estudios de impacto
ambiental que se habían realizado sobre el proyecto de obras, y la
previsible contaminación acústica que iba a generar la ampliación.

Con posterioridad se han recibido otras denuncias de vecinos de
Fuente del Fresno, de Los Álamos, de Los Berrocales, de Paracuellos
del Jarama, de San Sebastián de los Reyes, afectados por este
proyecto de ampliación y ha comparecido de nuevo la federación
regional, citada, en primer lugar, para explicar que no se cumplían
los condicionados establecidos por la Dirección General de
Información y Evaluación Ambiental en la comentada resolución de
impacto.

El incumplimiento de estos condicionados, según los promotores de las
quejas, se refiere sobre todo a que no se habían comenzado a estudiar
alternativas para la localización de un nuevo aeropuerto en el
apartado correspondiente a las ya citadas condiciones relativas a los
nuevos escenarios de demanda, a la insuficiencia de los fondos
destinados a cubrir el coste de las -también mencionadas- medidas
correctoras de aislamiento acústico de las viviendas y a las
modificaciones, restricciones en las operaciones nocturnas que se
fijaban igualmente en la declaración de impacto. Todos estos
problemas fueron objeto de un detallado seguimiento por parte del
Defensor que celebró entrevistas dentro de la institución con todos
los asesores responsables y adjuntos, con los afectados, que dieron
lugar a actuaciones ante la Dirección General de Aviación Civil. La
respuesta recibida de este último organismo fue insuficiente, ya que,
entre otros motivos, se limitaba a remitir



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datos ya conocidos y no actualizados de los años 1996 y 1997 y además
contradictorios con los aportados con posterioridad por los
ciudadanos afectados. Igualmente han comparecido ante el Defensor del
Pueblo la comunidad de propietarios de una urbanización de Algete, de
una plataforma de vecinos de San Sebastián de los Reyes, que ha
remitido al Defensor del Pueblo las copias de aproximadamente 10.000
escritos de reclamación dirigidos al ministerio de Fomento y que en
una entrevista celebrada en la sede de la institución ha explicado su
preocupación por el agravamiento de la contaminación acústica desde
la inauguración de la tercera pista, denunciando la falta de
respuesta a sus demandas.

Ante las graves discrepancias observadas entre los puntos de vista
ofrecidos por la Administración y los sostenidos por los ciudadanos
en sus quejas, se resolvió continuar la investigación directamente
con la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes del
Ministerio de Fomento, a la que se solicitó un informe, en fecha 6 de
julio de 1998. El envío de este informe se volvió a requerir el 30 de
diciembre último. El 29 de enero de 1999 se estableció contacto
telefónico con la Secretaría de Estado para requerir el envío urgente
del informe solicitado y explicar que se habían recibido nuevas
quejas entre ellas las de los alcaldes de Algete, Coslada, Mejorada
del Campo, Paracuellos del Jarama, San Fernando de Henares, San
Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, Valdeolmos,
Alalpardo. Recientemente -y ustedes lo habrán recibido porque se lo
he remitido en un documento posterior a la primera remisión que se
hizo de toda la documentación- se ha recibido contestación de la
Secretaría de Estado.

Como conclusión de lo expuesto, me permito desarrollar una serie de
reflexiones. Primero, la decisión de ampliar el aeropuerto de Madrid-
Barajas, con una tercera pista, en los años 1992 y 1993, ha tenido
una significativa oposición en las poblaciones afectadas. Segundo, la
viabilidad ambiental del proyecto está fuertemente condicionada a una
serie de requisitos cuya ejecución tiene que desarrollarse
necesariamente a lo largo de varios años, lo cual se compadece
dificílmente con una previsión de saturación del aeropuerto en el año
2010.

Baste añadir que la propia declaración de abril de 1996 limita
determinadas operaciones nocturnas de salida de aeronaves y también
la utilización del mecanismo de reserva o reverso de los motores como
sistema de frenado, exigiendo la revisión de los planes de urbanismo,
concretamente del suelo urbanizable. Todo ello implica la adopción de
medidas que no pueden traducirse, al menos todas ellas, en resultados
inmediatos, lo que aboca a un incremento del malestar no sólo de los
antiguos afectados sino también de los nuevos y el crecimiento de
quejas, así nos lo demuestra.

El Defensor del Pueblo sólo puede, en un tema tan complejo como es el
de las ampliaciones del aeropuerto, hacer suyo el criterio del órgano
ambiental competente, cuya premisa mayor es la ya destacada.

Cualquier otra necesidad de infraestructura aeroportuaria motivada
porque se superen las previsiones de demanda establecidas en el
proyecto hasta el año 2010 y que, por tanto, genere la necesidad de
nuevas actuaciones adicionales a las especificadas en el proyecto
hasta esa fecha o, no superándose dichas previsiones, resulte
necesaria más
infraestructura aeroportuaria después del año horizonte 2010 exigirá
que, con anterioridad a cualquier decisión vinculante, se inicie
-insistimos- un nuevo procedimiento de evaluación de impacto
ambiental en el que el promotor AENA, obligatoriamente, tendrá que
presentar alternativas de nuevas localizaciones aeroportuarias,
sustanciales, razonables y económicamente viables.

En este sentido, el informe que acaba de remitir al Defensor del
Pueblo -lo que le agradecemos sinceramente- la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes se puede considerar formalmente
correcto, porque analiza, punto por punto, el grado de cumplimiento,
a su juicio, de cada uno de los condicionados establecidos en la ya
comentada resolución de impacto de 10 de abril de 1996; pero su
contenido es, diría, algo insuficiente en relación con los
planteamientos expresados por los afectados, que se han explicado
extensamente a lo largo de esta exposición.




Por ello, al hilo de estas reflexiones que acabo de enunciar,
parecería oportuno trasladar a SS. SS. brevemente unas conclusiones
que se han aportado al Defensor del Pueblo en esa reciente
contestación oficial y que quiero comentar con sus señorías. Pienso
que, aunque han dispuesto de poco tiempo, sí que han tenido
oportunidad de poder comprobar este documento. Como respuesta a la
primera condición, sobre nuevos escenarios de demanda, en el informe
se dice que hasta el momento se han realizado estudios al respecto y
que se espera tenerlos finalizados para la fecha estipulada.

Precisamos que ello quiere decir que ese plazo termina el próximo mes
de abril, de acuerdo con la fecha estipulada en la documentación
recibida por el Defensor.

Segundo, respecto a las medias de aislamiento acústico de las
viviendas situadas dentro de las zonas delimitadas, se comunica por
el organismo del Ministerio que el plan de aislamiento acústico
previsto ha sido ya aprobado por Resolución de 4 de noviembre de
1998, antes de la entrada en funciones de la nueva pista, que tuvo
lugar el día 5 siguiente, y que de acuerdo con dicha resolución se
han de elaborar nuevas huellas de afección sonora en el plazo de seis
meses. Igualmente, se explica que en estos momentos se han comenzado
a recibir y transmitir por la comisión técnica las solicitudes de
aislamiento de los edificios que están más afectados.

Tercero, respecto de la modificación de rutas de salida, se dice que
de acuerdo con el anterior informe que se envió a la institución, la
modificación de rutas especificadas en la declaración ya había
entrado en vigor con fechas 10 de octubre y 7 de noviembre de 1997.

Como dato nuevo se comunica que para la entrada en funcionamiento del
nuevo área de control terminal de Madrid fue necesario modificar la
estructura del espacio aéreo, creándose nuevos procedimientos
normalizados de salidas y llegadas y de aproximación, que entraron en
vigor el 5 de noviembre de 1998. Estos procedimientos -se dice- han
sido aprobados por la Comisión interministerial entre los ministerios
de Defensa y Transportes y para el cálculo de las huellas de afección
sonora incluidas en el plan de aislamiento acústico se han tenido en
cuenta estas modificaciones.

Cuarto, en cuanto a las restricciones en las operaciones nocturnas,
se concreta que, tal como se estipulaba en la declaración de impacto
ambiental, se han prohibido las



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operaciones de salida de aeronaves del capítulo 2 entre las
veinticuatro y las seis horas y se ha restringido el uso de la
reversa -inversión del empuje de los motores-, como modo de frenado,
entre las veintitrés y las siete horas, salvo para casos de estricta
necesidad.

En lo relativo a las medidas preventivas de planeamiento territorial
y urbanístico contra el ruido, se comunica que no se ha recibido
ningún estudio o informe al respecto de las autoridades urbanísticas
competentes, comunidad y ayuntamiento. Eso nos dice el Ministerio de
Medio Ambiente.

En relación con el control y vigilancia del ruido, se dice que la
declaración obligaba al diseño de un programa operativo de
seguimiento y control del ruido producido por las aeronaves, basado
en la red de medidores instalada, así como a la redacción de informes
periódicos sobre el ruido. Esta condición se está cumpliendo mediante
el sistema informatizado del ruido del aeropuerto de Madrid-Barajas
y los informes trimestrales que se elevaron por AENA con la información
procedente del citado sistema.

En cuanto a la comisión de vigilancia del ruido constituida con la
publicación de la propia declaración, se explica que está
desarrollando sus funciones básicas establecidas en la declaración de
impacto.

Respecto a la prevención de accidentes y a las medidas de actuación
de emergencia, se indica que la Comisión de Protección Civil de la
Comunidad de Madrid, en la reunión celebrada el día 30 de octubre de
1998, homologó el plan de emergencias aeronáuticas del aeropuerto de
MadridBarajas elaborado por AENA.

Sobre la protección de calidad de las aguas, se explica que se han
tomado las medidas adecuadas para evitar la intrusión en el río
Jarama o en sus arroyos tributarios de vertidos contaminantes
producidos por el aeropuerto. Asimismo, se han encauzado dichos
arroyos tributarios afectados por la ampliación del aeropuerto.

Respecto a la instalación de vertederos para el sobrante de tierras
procedentes de las obras, se informa de que en fecha 27 de septiembre
de 1996 se obtuvo la correspondiente autorización de la Confederación
y, posteriormente, se remitió a la actual Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental, y se comunica que ha sido realizado
un proyecto de recuperación ambiental y ejecutada la integración
paisajística de la obra realizada antes de su entrada en
funcionamiento.

Por último, sobre el seguimiento y vigilancia, se explica que AENAha
elaborado el procedimiento general MAPG-07, de vigilancia ambiental,
de fecha 1 de octubre de 1998, del cual ha sido remitida una copia a
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

Señorías, de la lectura literal de estas conclusiones del informe se
deduce, además de la ya citada insuficiencia -al menos en algunos
aspectos-, que, una vez más, las medidas adoptadas han quedado
desfasadas en relación con las demandas ciudadanas, ya que, con
posterioridad, tanto la plataforma vecinal de San Sebastián de los
Reyes como la federación regional de asociaciones de vecinos de
Madrid, que planteó su queja en primer lugar, han manifestado su
disconformidad con las decisiones ministeriales. Entendemos, pues,
que queda mucho camino por recorrer en la línea ya comentada, y en
este sentido el Defensor del
Pueblo se propone continuar activamente la investigación en el curso
de la cual es preciso, en primer lugar, contactar con los ciudadanos
promoventes de las quejas, a fin de que expliquen con claridad cuáles
son los motivos concretos en que se basan, en el criterio de que en
el momento actual se siguen incumpliendo por parte de la
administración competente determinadas condiciones de la declaración
de impacto ambiental, referida a la construcción y puesta en
funcionamiento de la tercera pista de aterrizaje en el aeropuerto de
Madrid-Barajas.

En suma, desde el año 1992, en lo que se refiere a las infracciones
aeroportuarias necesarias para Madrid, la Administración -subrayemos,
las sucesivas administraciones-, a juicio del Defensor del Pueblo,
han ido siempre a remolque de los acontecimientos, sin una previsión
adecuada de las crecientes demandas de tráfico aéreo y sobre todo sin
pensar ni pulsar anticipadamente los costes sociales y ambientales
que tales infraestructuras habrían de soportar. El tiempo ha
transcurrido y confío -lo digo sinceramente- que en lo sucesivo las
decisiones se consensúen y se ejecuten con antelación suficiente, en
beneficio de todos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.

Vamos a suspender la sesión durante cinco minutos porque calculo que
aproximadamente estamos en la mitad de la duración prevista para
todas las comparecencias, y a continuación intervendrá el grupo
peticionario de la que debatimos.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores comisionados, se reanuda la
sesión y lo hacemos con la intervención del Grupo Parlamentario
Socialista, peticionario de esta comparecencia, cuya portavoz para
esta ocasión es doña Dolores García-Hierro.

Tiene la palabra la señora García-Hierro.




La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Quiero agradecer la presencia del
Defensor del Pueblo, así como su amplísima información. Le diré como
preámbulo que el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado estas
comparecencia precisamente para profundizar en su informe de una
manera más detallada -como se ha hecho esta mañana- en aspectos tan
importantes como la vivienda o los relacionados con el medio ambiente
y la salud pública. Ésa es la intencionalidad de nuestro grupo, ya
que en los debates globales si bien se destacan algunos temas, quizá
otros como éstos, que son de una enorme importancia, quedan más
soslayados.




Dicho esto, también quiero agradecerle el esfuerzo que han hecho por
remitirnos el pasado día 22 de febrero, a través de la Presidencia de
la Comisión, tan detallado y amplísimo informe, que, efectivamente,
recoge las quejas y reclamaciones recibidas por el Defensor del
Pueblo desde 1992 hasta, inclusive, ya las de este año 1999. Por
tanto, también



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estamos superando el techo del tiempo del propio informe al que nos
referíamos, lo cual es muy positivo, porque además la abundante
información que ha dado el Defensor nos permite poder analizar una
situación que recupera actualidad por la gravedad y por la dimensión
del problema que se plantea. Estamos hablando de un aspecto muy
importante para la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando hablamos
de la defensa del derecho a un medio ambiente adecuado no estamos
hablando sólo de la fauna y de la flora; estamos hablando
precisamente de aspectos tan importantes como éste que ha destacado
esta mañana: la contaminación acústica, los niveles de ruido que como
máximo puede tolerar el oído humano sin que sufra una alteración
física o psicológica.

La realidad es que los ciudadanos y ciudadanas de los barrios y
municipios de Madrid más afectados -son más de 17 municipios,
aproximadamente una población de medio millón de personas- soportan
unos niveles de ruido muy altos como consecuencia de las actuaciones
aeroportuarias, de la proximidad del aeropuerto de Barajas y,
fundamentalmente, del incumplimiento de la declaración de impacto
ambiental en todos y cada uno de sus puntos y en todos y cada uno de
los plazos que estaban previstos, pero sobre todo en el más
importante, que es el del plan de aislamiento acústico. También
influye, cómo no, el nuevo diseño de las rutas sobre ciudades,
universidades, poblaciones y cascos urbanos que hasta ahora no se
habían sentido afectados, y los niveles de ruido son tan
insorpotables y tan constantes que hacen que la vida cotidiana se vea
totalmente perturbada en cualquier momento del día. Estos ciudadanos
que vienen soportando esos niveles altísimos de ruido efectivamente
han presentado numerosísimas quejas al Defensor del Pueblo.

Recientemente los vecinos de Arroyo del Fresno y de La Granjilla han
recogido más de 10.000 firmas que van a presentarle como consecuencia
de que el compromiso de cambiar las rutas aéreas que sobrevolaban sus
casas o urbanizaciones formalizando por escrito por el Ministerio de
Fomento y que se cumpliría el 25 de febrero, en absoluto se ha
cumplido. Además, se da la paradoja de que aquí se ha dicho -y se
dijo también en la comparecencia del ministro hace unos días- que los
vuelos nocturnos de las aeronaves más antiguas se han suprimido. Eso
no es cierto; eso es lo que dice la normativa europea que se debería
haber hecho en el primer y segundo año después de la aprobación de la
declaración de impacto; sin embargo, basta con visitar estas
localidades para comprobar que entre las veintitres horas y las seis
de la mañana siguen sobrevolando aeronaves -eso sí, en una media
inferior a la anterior- por encima de los decibelios permitidos y
recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Es de destacar que entre las numerosas quejas razonadas y sustentadas
en datos técnicos que se han presentado están las de la Federación
regional de asociaciones de vecinos, que si bien al principio partían
de oponerse a la ampliación de la tercera pista, aprobada en 1996 por
el anterior Gobierno para evitar el colapso del aeropuerto y absorber
la demanda cada vez más creciente -hasta el 2010 ó 2012, como aquí se
ha dicho-, con un máximo de 1.200 operaciones, en la actualidad han
centrado sus quejas en el incumplimiento de las medidas contra los
ruidos existentes y los que se iban a producir en el futuro con
la puesta en funcionamiento de la tercera pista, con denuncias ante
el Defensor del Pueblo, también ante la Fiscalía de Urbanismo y Medio
Ambiente de Madrid, ante la Unión Europea y ante los propios grupos
parlamentarios.

Se sigue manteniendo un diseño inadecuado porque la tercera pista
debería haberse puesto en funcionamiento previa condición fijada por
la declaración de impacto ambiental, que era tener el plan de
aislamiento acústico de las viviendas y de los equipamientos más
afectados, sobre todo los de la zona que viene delimitada en la
propia declaración antes de la puesta en funcionamiento. La
declaración establecía el período de un año para la elaboración de
dicho plan. Los compromisos de la ministra de Medio Ambiente en el
mes de noviembre de 1996 con los ayuntamientos afectados y con los
representantes vecinales fueron claros y publicados en una revista
del propio ministerio donde éste se comprometía a que el Ministerio
de Fomento y el órgano promotor, AENA, cumplieran el contenido de la
declaración de impacto poniendo en funcionamiento ese plan de
aislamiento acústico de las viviendas y equipamientos de manera
inmediata para que se ejecutara su primera fase en aquellas viviendas
que tienen mayor grado de afectación por el ruido antes de la puesta
en funcionamiento de la tercera pista. Lo cierto y verdad es que ese
primer plan no existe. Ha habido ocasiones de debatir en esta Cámara
proyectos de planes de aislamiento acústico -que, finalmente, al
igual que con los estudios, no teníamos acceso a esa información-, y
a pesar de haber tenido constantes iniciativas parlamentarias para
poder ejercer un control constructivo, nosotros que fuimos los
impulsores de esa tercera pista para evitar el colapso que se podía
producir, estimábamos que con esa declaración de impacto -y
compartimos lo planteado por el Defensor del Pueblo- había que
imponer una serie de condiciones ambientales correctoras mínimas para
mitigar, en la medida de lo posible, el ruido que ya se estaba
produciendo e impedir que afectara a más viviendas, a más
equipamientos, en definitiva a más personas.

Eso tendría que haberse hecho con la celeridad, la sensibilidad, la
preocupación y la intensidad que establecía la declaración de impacto
y con los recursos económicos, puesto que quien tiene que financiar
ese plan de aislamiento acústico es AENA, ya que AENAy las compañías
aéreas se benefician cada vez más. Estamos interesados en que nuestro
país y nuestra comunidad, la de Madrid, se beneficien de ese
desarrollo económico, de esos ingresos que termina generando la
navegación aérea; pero hay que mantener un punto de
corresponsabilidad y sensibilidad, y ese punto lo plantea de manera
clara la declaración de impacto. Esas medidas correctoras, esas
medidas de minimizar el ruido no suponen una gran inversión para cada
compañía aérea, tampoco un coste enorme por vuelo, y en los
parámetros económicos en que nos movemos mucho menos para AENA,
puesto que se está hablando de aproximadamente 16.000 millones de
pesetas, según la ministra en aquella reunión.

Pues bien, lo cierto y verdad es que la tercera pista se ha puesto en
funcionamiento sin que estuviera el plan de aislamiento aprobado.

Usted ha hecho referencia a una resolución, la de 4 de noviembre; la
noche antes de que la nueva pista se pusiera en funcionamiento. No
era un plan acústico,



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la propia directora general de calidad ambiental tuvo que rechazar y
esa resolución deja claro que hay que hacer mediciones reales de
ruido, hay que presentar un verdadero plan de aislamiento acústico
para todas las zonas afectadas, las anteriores y las nuevas. Puesto
que ese plan no se había elaborado con rigor técnico, no se habían
hecho las mediciones reales oportunas y no se podía tener en
consideración, se dan un nuevo plazo, un plazo de seis meses que
finaliza en mayo, para que esté en funcionamiento y, mientras tanto,
la comisión técnica iría recogiendo las solicitudes de los ciudadanos
afectados para estudiar individualmente cada caso. Conocemos que se
están rechazando miles de solicitudes de ciudadanos al no encontrarse
la huella sonora, la huella de ruido dibujada por AENA y rechazada en
esa resolución de 4 de noviembre por la Dirección General de Calidad
Ambiental, que no pueden acceder a ese mínimo estudio que vea después
si es susceptible de ser subvencionado o financiado el aislamiento de
su vivienda o equipamiento.

Quiero centrar lo que desde nuestro punto de vista es el elemento más
importante y clave de esta declaración de impacto, y es que en el
punto 2.1 se deja clara la obligación que tiene AENA no sólo de
ejecutar ese plan de aislamiento acústico, sino que habrían de
elaborarse a partir de la fecha de publicaciones -es decir, tres
años, como usted ha dicho- los estudios técnicos, económicos o
medioambientales, que contemplaran las posibles localizaciones de un
segundo aeropuerto en la ciudad de Madrid, ya que el actual con la
estimación de la demanda quedaría colapsado hacia 2010-2012. Lo
cierto es que esos estudios los conoce la prensa, pero a nosotros
nunca nos han sido remitidos a pesar de tener ese derecho como grupo
parlamentario y de haberlo solicitado reiteradamente a lo largo de
estos tres años. Mientras, se ha estado trabajando en la opción de la
ampliación del aeropuerto; recientemente el ministro de Fomento
compareció y sin un estudio o informe al que hubiéramos podido
acceder los grupos, sino con simples referencias macroeconómicas
y algunos datos de por dónde va a ir desarrollándose la demanda de
navegación aérea en los próximos veinte o veinticinco años, intentó
convencernos de las virtudes de ampliar el actual aeropuerto con dos
pistas más.

Desde luego nosotros negamos la mayor, no existen condiciones
urbanísticamente, ambientalmente ni desde el punto de vista de la
salud pública -este último para nosotros el más grave- que permitan
ampliar el aeropuerto. Sí es cierto que conscientemente se ha estado
trabajando en esa dirección (se ha sido sensible a las presiones de
las compañías aéreas y de los promotores del suelo para ir en esa
dirección) en lugar de haber aprovechado el tiempo para haber
terminado los estudios a tiempo y construir un segundo aeropuerto. En
esa comparecencia también se hacía referencia a la media del tiempo
que se ha invertido en las diferentes ciudades del mundo que han
optado por un segundo aeropuerto y la media era de nueve años. Yo
creo que con esa media es fácil llegar a la conclusión de que la
declaración de impacto hacía unas previsiones de planificación
acertadas, porque tres años -desde 1996 a 1999- es un marco de tiempo
suficientemente amplio para haber hecho los estudios técnicos, los
estudios de impacto ambiental, etcétera, de las localizaciones. Si,
además, tenemos en cuenta que hay una reserva de suelo en Campo Real,
que se
consideró idónea también por el ministro de Fomento, está claro que
en el año 2000 podíamos haber tenido ya licitada la obra de un
segundo aeropuerto y en el año 2012 ese aeropuerto funcionando. Si
esos son los datos que están recogidos en el «Diario de Sesiones» no
se entiende por qué razón no se ha respetado el contenido de la
declaración de impacto ambiental, fundamentalmente en esos dos
aspectos. En el resto de los aspectos que se han mencionado en la
circular de la Secretaría de Estado de Infraestructuras del día 22
tampoco, pero no tenemos tiempo para contestar detalladamente, uno
por uno, y, además, quizá no sea éste el marco.

Usted está teniendo una gran sensibilidad y yo quiero reconocérsela
en nombre de mi grupo desde que vienen trabajando en este grave
problema, porque es un problema, como se ha dicho, de salud pública,
de calidad de vida de los ciudadanos y, por supuesto, vamos a seguir
animándole a que continúe trabajando en esta dirección. Usted ha
dicho que quieren tener más posibilidades de contacto con los
ciudadanos para que expliquen con claridad cuáles son los
incumplimientos. Oportunidad tendrá. Nosotros también vamos a tener
oportunidad mañana y en una comparecencia que habíamos solicitado
hace muchísimo tiempo para que nos explicara los incumplimientos la
directora general de Calidad Ambiental en la Comisión de Medio
Ambiente. Además, se da la circunstancia de que esos ciudadanos
también tienen formación técnica, muchos de ellos son pilotos, son
personas expertas que se han prestado desde el primer momento a
colaborar con la Administración para el diseño de las nuevas rutas,
de manera que no sobrevolaran sus casas, que no lo habían hecho hasta
ahora, que con la nueva pista han comenzado a hacerlo y cada vez
afecta además a mayores poblaciones.

Lamentablemente no han obtenido respuesta, a pesar de que a través de
los medios de comunicación se reconoció el error del diseño de esas
rutas y se iban a corregir. No han obtenido respuesta, no han sido
recibidos y han tenido que levantar acta notarial de que no se les
atiende para que quede constancia de que lo solicitan. Están
estudiadas sus reivindicaciones, sus propuestas hechas con rigor, con
sentido común. Ellos son conscientes de que no nos podemos permitir
en Madrid ni en España perder el tren de llegar al año 2012 en unas
condiciones adecuadas para que no haya colapso del aeropuerto y que
siga incrementándose Barajas, así como la importancia que tiene un
segundo aeropuerto para Madrid. Ellos tienen las mismas opiniones que
los técnicos que asesoraron entonces a la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente, que se pusieron a trabajar durante más de tres años
con muchísima polémica y dificultades, y que, finalmente, dio a la
luz la aprobación de esta declaración de impacto, que, como usted muy
bien ha dicho y coincido plenamente, no hace otra cosa que tomar
medidas correctoras. Efectivamente, desde el punto de vista
medioambiental, un aeropuerto siempre va a seguir produciendo ruidos
y molestias, pero se trata de hacer compatible ese crecimiento, ese
desarrollo con la calidad de vida de los ciudadanos que se van a ver
afectados y que llevan siendo afectados desde muchísimos años muchos
de ellos. Sí es verdad que el crecimiento urbanístico les ha
aproximado al aeropuerto, pero otros muchos no, como los barrios de
la estación.




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El señor PRESIDENTE: Señora García-Hierro, le ruego que vaya
concluyendo.




La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Finalizo, porque, efectivamente,
me estoy extendiendo.

Aunque pueda parecer que tiene un carácter local es quizá uno de los
asuntos de mayor calado social. Hay experiencias en España de hace
veinticinco años de pistas que se tuvieron que cerrar por el ruido
que producían, eso hace veinticinco años en un sistema no
democrático. Creo que no debemos llegar a ese punto, tenemos que
hacer que el Ministerio de Fomento y AENA tomen conciencia para
acelerar las inversiones y adopten las medidas necesarias para el
aislamiento de los ruidos y la construcción de un segundo aeropuerto
en Campo Real o en el lugar más idóneo, según los informes que se
hagan.

Muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar al Defensor del Pueblo que es
muy útil su trabajo en general, pero para los ciudadanos de Madrid en
este caso -y hablo como parlamentaria madrileña- mucho más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) tiene la palabra el Senador Capdevila.




El señor CAPDEVILA I BAS: Mi intervención va a ser muy breve para
dejar constancia de la posición de nuestro grupo. Quiero poner de
manifiesto nuestro reconocimiento a la labor que hace el Defensor del
Pueblo respecto a un tema de vital importancia, como es la
contaminación acústica.

Este parlamentario ha leído las quejas que han presentado los
distintos ciudadanos y, asimismo el resumen de la resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructura de Transportes y parece que
hay una contradicción entre lo que se dice en este informe respecto a
las quejas que han ido presentando diversos ciudadanos con
posterioridad a la investigación que efectúa esta institución.

Creemos que hay que prever el límite del año 2010 que aquí se plantea
y localizar el lugar más idóneo para ubicar el aeropuerto de Madrid.

El informe hace mención a una serie de medidas que posteriormente son
contradichas por estas quejas que he mencionado anteriormente. Hace
referencia a las rutas especificadas en el día, entre el 10 de
octubre y 7 de noviembre de 1997, pero parece ser que hay algún
ciudadano que se queja de que estas rutas no se cumplen. El informe
también menciona en el capítulo 2 el sistema de prohibición y salida
de aeronaves entre las veinticuatro y las seis horas. También se hace
mención en este informe del Defensor del Pueblo a que en determinadas
quejas se mencionan algunas frases totalmente incomprensibles y usted
mismo solicita al autor de las mismas que clarifique con detalle,
porque realmente yo no las comprendo y supongo que la mayoría de los
parlamentarios aquí presentes tampoco; por tanto, es interesante que
clarifiquen el significado de las diferentes rutas, maniobras,
etcétera.

He podido observar que entre las diferentes quejas en algunas no se
facilitan a los intervinientes los informes trimestrales que elabora
AENArespecto al sistema informatizado de ruidos del aeropuerto de
Madrid-Barajas. Según el
informe parece que se han realizado, pero creo que no se han
facilitado al Defensor del Pueblo ni a las personas que los han
solicitado. Me interesaría averiguar por qué ha ocurrido esto.

Tal y como usted ha dicho, hay que continuar la investigación y,
dependiendo del cumplimiento de estos condicionamientos del impacto
ambiental, habrá que emitir el informe correspondiente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra doña María José Camilleri para fijar su posición.




La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Una vez más, doy las gracias al
Defensor del Pueblo y a sus adjuntos en nombre de mi grupo y en el
mío propio por su comparecencia y el exhaustivo informe que viene a
poner de manifiesto la cada vez mayor educación medioambiental que
existe y que los ciudadanos tienen sobre el derecho a un medio
ambiente adecuado.

Analizando el informe al que hace referencia la comparecencia de hoy,
vemos que existen problemas de distinto ámbito, como son las
alternativas para organización de un nuevo aeropuerto, insuficiencia
de los fondos destinados a cubrir el coste de medidas correctoras de
aislamiento acústico de las viviendas, modificaciones y restricciones
en las operaciones nocturnas que se fija en la declaración del
impacto ambiental. Eso se deduce del informe al que hoy hacemos
alusión. Efectivamente, desde el comienzo de la década de los
noventa, en el avance del Plan director del aeropuerto que fue
publicado en 1991, estaba previsto que el aeropuerto de Madrid-
Barajas necesitaría ampliar su infraestructura para poder atender la
creciente demanda de operaciones por parte de todas las compañías
aéreas. A pesar de estas previsiones, el inicio de las obras sufrió
sucesivas dilaciones y el preceptivo trámite de declaración de
impacto medioambiental, requisito previo a la construcción de la
tercera pista, se aprobó en abril de 1996, con resolución de fecha 10
de abril del mismo año. Esta necesidad de la declaración de impacto
ambiental está recogida en el Real Decreto Legislativo de 28 de junio
de 1986, de Evaluación de Impacto Ambiental, y su Reglamento de
ejecución de 30 de septiembre de 1988, en concreto en el punto 7 del
anexo, la declara obligatoria para aquellos aeropuertos de despegue y
aterrizaje de una longitud mayor o igual a 2.100 metros; y puesto que
la nueva pista se diseñó con una longitud de 4.000 metros, se hizo
necesaria esta declaración de impacto ambiental. Después del verano
de 1996 y una vez producidos los cambios del ministro de Fomento y
en AENA se decidió la construcción de la nueva pista, con estricto
cumplimiento de la legislación vigente y de la declaración de impacto
ambiental. Vuelvo a repetir que la declaración era anterior al verano
y fue posteriormente al verano, cuando ya se produjeron los cambios y
cuando se decidió esto con el estricto cumplimiento de la legislación
vigente y la declaración de impacto ambiental.

Las actuaciones que está desarrollando AENAen cumplimiento de la
declaración de impacto ambiental, y de las que ya se informó por el
ministro de Fomento en su comparecencia, son las siguientes: Primera,
elaboración de un plan de aislamiento acústico, que fue aprobado el 4
de



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noviembre de 1998, antes de la inauguración y puesta en
funcionamiento de la nueva pista de vuelos, teniendo en cuenta que la
huella sonora no sería la definitiva, puesto que se concedió un plazo
de seis meses para diseñar la huella final. Segunda, modificación de
ruta de salidas, que se ha rectificado dos veces. Tercera, supresión
de la salida de aeronaves del capítulo 2 entre las veinticuatro y las
seis horas; las aeronaves del capítulo 2 son las que tienen una
motorización antigua, que dentro de poco no van a existir. Cuarta, la
restricción del uso de reversa entre las veintitres y las siete
horas; la reversa consiste en frenar con inversión de motores y eleva
el ruido que emiten las aeronaves. Quinta, modificación de las rutas
nocturnas de salida, medida que entró en vigor el 25 de febrero de
1999, es decir, hace escasos días. Sexta, restricciones sobre el
ruido en tierra de las aeronaves en operaciones de aparcamiento.

Séptima, obligación de financiación del plan de aislamiento, con una
aportación de 2.000 millones de pesetas en 1997 y el compromiso de
AENA de asignar partidas de 1.000 millones anuales para financiar las
acciones previstas en el plan. Octava, creación de la comisión de
gestión y de una comisión técnica del plan de aislamiento acústico.

Novena, diseño de un plan operativo de seguimiento y control del
ruido; existe un sistema que se llama Sirma, que consiste en saber
qué vuelo ha producido un ruido superior al permitido, a qué hora y
en qué lugar; como consecuencia de esa investigación, se produce una
sanción según dijo el ministro en su comparecencia. Décima, un
informe trimestral de la emisión del ruido y bianual de avances
conseguidos, que tiene que presentar AENA en la comisión de
vigilancia del ruido. Undécima, creación de la comisión de vigilancia
del ruido. Duodécima, revisión del plan de emergencia interior,
teniendo en cuenta la ampliación, tanto de las dimensiones del
aeropuerto como del tráfico. Decimotercera, tratamiento de las aguas
recogidas por depuradora y tratamiento de las aguas pluviales,
encauzamiento de los arroyos de La Vega, Valdebebas y Las Zorreras.

Decimocuarta, está finalizada la primera fase del análisis de la
situación medioambiental de los vertederos, con autorización de la
Confederación Hidrográfica del Tajo. Decimoquinta, proyectos y
acciones de recuperación paisajística. Y decimosexta, aprobación de
un programa de vigilancia ambiental.

Las once primeras acciones que acabo de enumerar corresponden a
medidas tendentes a minimizar el impacto existente, como se ha podido
ver. En cuanto a las actuaciones en curso, según previsiones de la
declaración de impacto ambiental, lógicamente hay que tener en cuenta
los nuevos escenarios de demanda, actualizar las previsiones y planes
existentes a partir del año 2010, como usted bien ha dicho, con la
obligación de estudios de nuevas localizaciones aeroportuarias. Este
estudio se está elaborando, y el 17 de febrero, en una comparecencia
en la Comisión de Fomento a petición propia y también del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, dijo el
ministro que Campo Real es la única alternativa para asumir el
incremento del tráfico. Dijo que era una alternativa, y no un
sustituto; dijo también que se había elegido entre 45 posibles
ubicaciones y que no iba a ser una alternativa, sino un sustituto, es
decir, que cuando se construyera, Barajas se cerraría. El 2 de marzo,
en una comparecencia del
ministro ante la Cámara de Comercio, dijo que el Ministerio de
Fomento convocará en el año 2000 el concurso de ideas para Campo
Real, y volvió a señalar que los informes indican que no es operativo
mantener dos aeropuertos, por lo que Barajas se cerraría. No
obstante, también hay que advertir que se construirán dos pistas más
en Barajas y una nueva terminal de pasajeros, que deben estar
concluidas en el año 2004, fecha en la que está previsto se sature
Barajas con su actual configuración de tres pistas, una de ellas
cruzada. El aeropuerto de Barajas, con la previsión del nuevo
aeropuerto, estará operativo hasta el año 2025, cuando debería
cerrarse y abrirse el nuevo.

La ejecución del plan de acústica está en marcha dentro del plazo de
cumplimiento, que es de seis años. Están en marcha los trámites para
atender las solicitudes de aislamiento correspondientes a las
viviendas situadas en zonas que soporten niveles de ruido superiores
a 65 decibelios por el día y 55 por la noche. También está en marcha
la supresión en el aeropuerto de las operaciones del capítulo 2, que
como hemos dicho antes, son las aeronaves de motorización antigua,
entre las veintitres y las siete horas. Esta medida será obligatoria
a partir del año 2000, es lo que dijo el ministro y no que ya se
había suprimido. Por último, es preceptivo hacer una aportación
adicional de, al menos, 1.000 millones al año hasta la finalización
del plan de ailamiento acústico.

Además de estas medidas, las que ya han sido finalizadas y las que
están en curso, la Resolución de 10 de abril de 1996, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental, creó las siguientes
comisiones: comisión de gestión del plan de aislamiento acústico;
comisión técnica, dependiente de la anterior, y comisión de
vigilancia del ruido. Sobre la comisión no me voy a alargar y diré
simplemente cuándo se reunió por última vez y no los temas tratados.

La última reunión de la comisión de gestión fue el 18 de febrero de
1999, para estudiar los primeros expedientes de insonorización de
viviendas. Se aprobaron un total de 801 expedientes y siguen en
tramitación por falta de documentación 186. La comisión técnica se
reunió por última vez el 25 de noviembre de 1998, para tratar los
procedimientos de otorgamiento de subvenciones, recurso de
peticionarios y revisión, modificación y aprobación de los formatos
de tramitación.

Por último, la comisión de vigilancia del ruido se reunió por última
vez el 1 de marzo de este mismo año.

Debo manifestar, para terminar, que, efectivamente, el Defensor del
Pueblo recibe quejas que son reales, que no son felicitaciones. Los
ciudadanos se quejan porque tienen que quejarse, lo que sirve al
Gobierno para ver que esos problemas existen y tratar de resolverlos.

Que el Defensor venga aquí y nos informe exhaustivamente sobre el
problema existente lo entiendo y lo agradezco. Esto nos hace pensar
que esa problemática existe, que es compartida por muchos ciudadanos
y que hay que tratar de resolverlo; lo que no entiendo es cómo,
habiendo comparecido ya el ministro de Fomento el 17 de febrero y
habiendo contestado a estas mismas manifestaciones que aquí se hacen,
se vuelve a repetir lo allí debatido. Es evidente que el problema
existe, pero no entiendo por qué todas estas preguntas no se le
hicieron al ministro de Fomento.




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- LAS QUEJAS RECIBIDAS Y ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL DEFENSOR
DEL PUEBLO RESPECTO ALPROBLEMADE RESIDUOS, DESECHOS DOMÉSTICOS E
INDUSTRIALES, UTILIZACIÓN DE VERTEDEROS, CONTAMINACIÓN DE SUELOS
YAGUAS SUBTERRÁNEAS Y EFECTOS NOCIVOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO.

A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
del Congreso 212/001793 y número de expediente del Senado 713/
000729.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el tercer punto del orden del día
que, como todos ustedes saben, se refiere al problema de desechos, de
residuos sólidos, según los informes de la institución.

Tiene la palabra don Fernando Álvarez de Miranda.




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Álvarez de Miranda y Torres): Señor
presidente, señorías, en la recta final de esta comparecencia vamos a
afrontar el último de los temas, que se refiere, como ustedes saben
bien, al problema de los residuos, desechos domésticos e
industriales, utilización de vertederos, contaminación de suelos de
aguas subterráneas y efectos nocivos de las plantas de tratamiento.




Las amenazas contra el medio ambiente que afectan a la biodiversidad
son múltiples pero no cabe duda de que entre las más graves pueden
considerarse las que van a ser tratadas en esta comparecencia, ya que
provienen del aumento de los residuos y de sus vertidos incontrolados
que provocan, dada la toxicidad de muchos de sus componentes, la
contaminación de los suelos y del agua, la contaminación en general
del medio ambiente.

En lo que se refiere a los residuos, es preciso no incurrir en la
tentación simplista de efectuar descalificaciones a priori sobre la
irresponsabilidad de los productores, de los manipuladores o de los
agentes económicos porque la cuestión me parece más compleja. Una
correcta gestión de los residuos exige, como en todos los problemas
medioambientales, que no se malgasten unos recursos limitados para no
perjudicar el equilibrio de los sistemas ambientales. El hecho de que
los residuos en general y los residuos sólidos en particular se
consideren como un grave problema social y ambiental es algo
relativamente reciente, al menos en España. En nuestro país, la
sensibilidad en torno a esta cuestión no comienza a despertarse hasta
la década de los 60, más o menos. No queda tan lejana la época en la
que todo lo que sobraba, es decir, todo lo que la naturaleza no podía
integrar positivamente, se transformaba en abono orgánico y era
retirado por basureros espontáneos o incorporado a los muladares y
albañales, y sólo las minas y contadas industrias generaban residuos
no deseables. Para bien o para mal, la situación actual es bastante
distinta por no decir totalmente distinta, ya que uno de los retos
del siglo XXI ha de ser, sin duda, conseguir una correcta gestión de
los residuos. Una política de recursos ambientalmente sostenible debe
perseguir necesariamente la rectificación en un sentido
ambientalmente positivo de los procesos de producción y de
comercialización, con una atención especial a
los subproductos y a la asimilación de los productos finales. Si los
sistemas de fabricación no son los idóneos, tendrá lugar una
utilización excesiva e innecesaria de recursos naturales no
renovables, especialmente de naturaleza energética. Y si la
tecnología empleada es la inadecuada, se generará un exceso de
residuos, de desechos dañinos para el medio y se contaminarán la
atmósfera, el agua y el suelo, como indicábamos al principio.

El éxito de una gestión de residuos coherente debe basarse en su
disminución en origen para que no se alcancen cotas inadmisibles en
el empleo de materiales de mayor duración, más fácil reciclaje, en la
utilización de energías limpias, así como en la reducción drástica de
las emisiones contaminantes a la atmósfera. Como se ha venido
explicando en los reiterados informes parlamentarios anuales, las
administraciones públicas competentes no saben muchas veces cómo
hacer frente al aumento de los residuos domésticos e industriales,
aunque hayan tenido lugar intensos y novedosos debates sobre el
posible aprovechamiento económico de las basuras. De ello se concluye
que los residuos no son sólo un enemigo a destruir, sino que deben o
podrían convertirse en fuentes de energía y en aprovechables materias
primas que puedan generar, y de hecho así lo han hecho, grandes
beneficios económicos.

El incremento significativo en los últimos años de las quejas
recibidas por el Defensor del Pueblo en materia de residuos, así como
su contenido, indica, coincidiendo con los diagnósticos realizados
por la Agencia Europea de Medio Ambiente, que no se ha producido en
España -repito: no se ha producido en España- una mejoría
significativa en el mantenimiento de los residuos ni en la
conservación del suelo. Sin embargo, nuestro país cuenta en esta
materia con un cuerpo normativo aceptable que se ha completado en
fecha bastante reciente con la publicación de la nueva Ley 10/1998,
de 21 de abril, que es aplicable a todo tipo de residuos con
excepción de las emisiones a la atmósfera, los residuos radiactivos y
los vertidos a las aguas. Una importante novedad de esta ley es la
inclusión de los suelos contaminados como regulación específica. No
obstante, es preciso tener en cuenta que no bastan novedades
legislativas, no basta el esfuerzo de las Administraciones. Si no se
cambian a corto plazo los comportamientos sociales y si no se
consigue afianzar la concienciación ciudadana, de poco van a servir
las leyes o el esfuerzo de las administraciones. Los ciudadanos
debemos convencernos de que el tratamiento de los residuos debe
hacerse con lógica, con sentido común y con una finalidad de futuro.

Como ejemplo significativo de que no se han alcanzado estos
comportamientos, pueden citarse las dificultades existentes para
poner en marcha de forma generalizada los nuevos modelos de gestión
de envases y residuos de envases introducidos por la Ley 11/1997, de
24 de abril, que impone una recogida selectiva de los residuos
domiciliarios. Hasta la fecha no se puede decir que esa norma se
aplique en general de forma efectiva en nuestro país y lo vemos en
las calles de las ciudades. A pesar de que en algunos sitios empiezan
a concienciarse, todavía esa aplicación no se hace de una forma
general, insisto, no se hace de una forma efectiva.

Las actuaciones de la institución sobre vertederos han sido muy
amplias y la conclusión a la que hemos llegado es



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que, aun en el caso de que la nueva directiva europea sobre
vertederos de residuos, actualmente en fase de propuesta, se apruebe,
nuestro país deberá replantear de forma drástica el mapa actual de
los vertederos y la situación de los aproximadamente 8.000
existentes, de los cuales sólo una mínima parte, en torno al 10 por
100, pueden considerarse controlados. Repito, sólo el 10 por 100 de
los 8.000 existentes están controlados. La mayoría de los vertederos
actuales tienen graves problemas de estabilidad -no hay más que
recordar la tragedia provocada por el derrumbamiento del vertedero de
Bens, en las costas de La Coruña-, además de la impermeabilización y
carencia de controles de gases, motivo por el que los deshechos
líquidos que producen los lixiviados contaminan el suelo y las aguas.

No obstante, de todos los estudios, de todas las actuaciones
realizadas por la institución en materia de vertederos, se ha podido
constatar que la solución del vertedero en el momento actual no es la
peor de las posibles, a pesar de los inconvenientes ya explicados, de
los peligros que en ocasiones entraña y que hemos venido subrayando.

De las quejas recibidas por las consiguientes actuaciones se
desprende también un fuerte rechazo del ciudadano hacia cualquier
tipo de instalación o de infraestructura de almacenamiento de
residuos y ése es un grave problema, ya que, efectivamente, al no
haber esa posibilidad de encontrar emplazamientos, los problemas se
duplican. Y luego están las plantas de tratamiento, que tampoco son
fácilmente aceptadas, lo que supone un problema añadido a los que ya
hemos expuesto.

Además de las numerosas investigaciones realizadas sobre las
condiciones de los vertederos en las distintas comunidades autónomas,
se ha actuado sobre los vertidos incontrolados al dominio público
hidráulico de todo tipo de deshechos, entre los que ocupan un
destacado lugar los vertidos de escombros no autorizados, los
vertidos tóxicos y peligrosos y los vertidos de aguas residuales e
industriales. Ésto es profundamente grave. Así, debemos destacar la
intervención practicada con motivo de la catástrofe provocada por la
rotura de la balsa de almacenamiento de residuos mineros en la
localidad de Aznalcóllar, en Sevilla, que, como es sabido, originó el
vertido de aproximadamente cinco millones de metros cúbicos de aguas
residuales altamente contaminantes en una amplia zona del parque
natural de Doñana y en el mismo límite del parque nacional, cuya
gravedad y consecuencia tuve ocasión de explicar a SS. SS. en el
informe anual del año 1997, puesto que en la fecha en que se reunió
esta Comisión ya se había producido la catástrofe, se había promovido
la actuación de oficio, se habían desplazado los correspondientes
equipos del Defensor del Pueblo sobre el terreno y de la que, de
todas formas, en relación con el trabajo efectivo, actual, que se
está desarrollando, podremos dar cuenta en el próximo informe de
1998.

En conclusión, las soluciones de los problemas generados por los
residuos pasan por la utilización, en los procesos industriales, de
materias primas que no sean tóxicas ni contaminantes y cuyo producto
final sea reciclable, así como por la reducción de los desechos, en
su origen, y por su reutilización, siempre que sea posible. Como es
conocido, los movimientos ecologistas sostienen en esta línea que una
correcta gestión de los residuos debe pasar por lo que
se denominan las tres R (reducción, reutilización y reciclaje). Se
consideran también imprescindibles por parte de estos movimientos
otros aspectos que ya hemos comentado, como el incremento de las
áreas de recogidas selectivas de la basura y las campañas de
información a los ciudadanos.




En cuanto al proceso de cremación de las 22 incineradoras actualmente
existentes, sólo dos de ellas, la de Valdemingómez y la de Mallorca,
tienen un tratamiento incorporado para las dioxinas, debiendo tenerse
en cuenta, al mismo tiempo, el grave problema que suponen las
escorias de los productos que contienen cloro, los plásticos en
general, y que deben ser trasladadas a vertederos de más alta
seguridad. Los grupos medioambientales, como también es conocido, se
muestran contrarios a las plantas de incineración de residuos, por
entender que llevan asociados muchos problemas, entre los que se
pueden citar los siguientes: primero, desincentivan los problemas de
reciclaje. Si se hace esa incineración, no puede haber reciclaje.

Segundo, no solucionan el problema de los vertederos, ya que entre el
30 y el 40 por 100 de los residuos que entran en una incineradora
salen en forma de escorias y cenizas, que, como también se ha
comentado, precisan ser depositadas en un vertedero de alta
seguridad, debido en muchos casos a su extrema toxicidad. Tercero,
desde el punto de vista energético, se considera que las plantas
incineradoras consumen mucha energía. Cuarto, se estima que los
programas de reciclaje generan tres veces más puestos de trabajo que
los tratamientos por incineración y, por consiguiente, se muestran
partidarios de los programas de reciclaje, como es lógico.

Todos estos problemas detectados en relación con los residuos, con
los desechos domésticos e industriales, con los vertederos y la
contaminación de suelos y aguas subterráneas son muy importantes. Por
consiguiente, esta institución, como SS. SS. conocen, se propone
realizar un estudio monográfico sobre los residuos sólidos urbanos,
con toda la amplitud que nos permitan los medios disponibles y de
cuyas conclusiones informaremos oportunamente a esta Comisión y a las
Cámaras.




El señor PRESIDENTE: A continuación, también por el mismo orden,
intervendrá primero el grupo compareciente y el resto de los grupos
para fijar posición.

Tiene la palabra la señora García-Hierro.




La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Quiero agradecer nuevamente al
Defensor del Pueblo el esfuerzo y el interés con que trata todos los
aspectos relacionados con el medio ambiente en su informe y en su
extensa intervención. Demuestra una vez más que tiene preocupación y
sensibilidad para colaborar desde la institución que tan dignamente
preside, en alcanzar un mayor grado de conciencia social respecto de
la preservación y defensa no sólo de un medio ambiente, sino de unas
ciudades saludables.




El desarrollo económico deber ser armónico, sostenible, debe hacerse
compatible con el medio ambiente, con la calidad de vida de los
ciudadanos. Es un aspecto fundamental que recoge nuestra
Constitución, un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, que
también recogen



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las resoluciones del Consejo de Europa y todas y cada una de las
recomendaciones y normas internacionales. Por tanto, preservar
nuestro medio ambiente, nuestros espacios naturales, la calidad de
las aguas, del aire, la lucha contra la contaminación atmosférica y
acústica de nuestros suelos, nuestras aguas, nuestros acuíferos debe
ser un compromiso real asumido por todos. Sin duda alguna, coincide
nuestro grupo parlamentario con esta preocupación. Prueba de ello es
que la mayor parte de la legislación medioambiental y de los planes
que a este respecto se pusieron en marcha, se desarrollaron y se
dotaron presupuestariamente, fueron del Gobierno Socialista. En este
período legislativo de tres años, tan sólo dos leyes -a las que usted
ha hecho referencia- son las que se han traído a debate y aprobación
del Parlamento por el nuevo Gobierno. Lo mismo viene sucediendo en
las comunidades autónomas y en los ayuntamientos en los últimos
quince años -y así lo demuestran muchos casos -y, sin embargo, en el
punto que nos ocupa hoy en este momento no podemos ser optimistas. El
problema de los residuos de todo tipo: industriales, domésticos,
peligrosos, junto con la contaminación de los suelos y aguas es un
problema gravísimo que atenta no sólo contra el medio ambiente, sino
contra la salud pública. El principal problema -como se ha señalado a
lo largo de los últimos meses y días por diferentes grupos de
expertos y medios de comunicación- es la forma -como se ha dicho
también por el Defensor del Pueblo- de gestionar los residuos en
España, principalmente a través del vertido, en los vertederos.

España es uno de los países europeos que más arraigada tiene la
costumbre de utilizar los vertederos como solución al problema de los
residuos. Por toda nuestra geografía se distribuyen una gran cantidad
de ellos, se estima según fuentes del Mimam, que unos 8.000
vertederos están incontrolados y que hay más de 100.000 puntos
negros. Afectan principalmente a pequeñas y medianas poblaciones,
vierten sus residuos sin que en la mayoría de las ocasiones se den
las condiciones mínimas de control sanitario; simplemente se pone una
valla y ésa es toda la medida de control que se adopta.

A principios de los años ochenta, España comenzó a reconvertir los
vertederos incontrolados en sanitariamente controlados mediante
disposiciones administrativas, pero sin tener en cuenta estudios
técnicos, geológicos, morfológicos, topográficos ni hidrográficos y
la mayoría de las veces se iban colocando de manera caprichosa donde
los usuarios lo determinaban, en muchas ocasiones en espacios
naturales protegidos. A principios de los noventa, los vertederos
controlados quedaron colmatados y se comienza a diseñar
principalmente en las grandes ciudades y en la industria nuevos
vertederos con plantas de tratamiento. España, a través de los fondos
de cohesión europeos en los últimos seis años, ha aumentado el número
de infraestructuras ambientales para el tratamiento integrado de los
residuos, principalmente los urbanos y domésticos. Pero lo cierto es
que siguen existiendo como método de gestión principalmente los
vertederos al no existir una legislación española específica propia.

La nueva directiva europea de gestión de los residuos, que habrá de
trasponerse antes de dos años de su aprobación, nos pondrá en una
difícil situación, ya que se estima que más del 90 por 100 de los
vertederos
existentes no podrán cumplirla si no se hace un gran esfuerzo
inversor desde este momento. La nueva directiva supone una nueva
cultura de las administraciones y los ciudadanos y no supeditar el
medio ambiente a los intereses económicos. La diferencia radica en
que ya no se podrán verter los residuos sino que éstos deberán ser
tratados a través de sistemas de gestión integral que contemplen la
separación de los residuos en origen, la recuperación, la
reutilización, el reciclado y, en última instancia, la valorización.

Sólo un tercio de los vertidos previamente tratados podrá llevarse a
vertederos adecuados según la nueva normativa europea, con control y
vigilancia y, además, con la garantía de que, una vez clausurados,
deberán mantener unas condiciones de salubridad y medioambientales
determinadas.

Por tanto, España se encuentra en una difícil situación. No cabe el
incumplimiento de la directiva; ni mediambiental ni legalmente es
aceptable. Se impone que haya un plan de renovación de vertederos a
nivel nacional, que el Ministerio de Medio Ambiente aborde
inmediatamente el tan prometido Plan nacional de residuos urbanos y
que se dote económicamente de los recursos financieros suficientes
para llevarlo a cabo dentro de los plazos establecidos por la Unión
Europea. Es decir, se trata de reducir una cuarta parte del total de
nuestros residuos para el 2006, la mitad para el 2009 y el 35 por
100, como máximo, de residuos previamente tratados se podrá echar en
vertederos en el 2016.

El plan de financiación no puede repercutir sólo en las comunidades
autónomas y ayuntamientos, pues la responsabilidad de gestión y
tratamiento de los residuos no lleva implícito, a nuestro juicio, que
éstos sean los generadores de residuos sino muy al contrario, son los
receptores, son los que tienen el problema. Tampoco puede repercutir
exclusivamente en los ciudadanos, eslabón último de la cadena, como
consumidores. Habrá que avanzar en la aplicación de la Ley 10/1998,
de residuos y en la Ley de envases y residuos de los envases. Habrá
que penalizar el vertido y establecer la ecotasa para todos los
residuos, no sólo para los aceites usados, como está establecido en
la Ley de residuos. Por ejemplo, en cuanto a los residuos
industriales el productor obtiene beneficios y genera muchos
residuos, por lo que habrá que comprometerle para que parte de esos
beneficios sean destinados a mejora de las tecnologías que generen
menos residuos y, a la vez, para que sean tratados de manera que
puedan ser reutilizados.

Nos preocupa que las políticas en la descontaminación de los suelos,
de los acuíferos y en la recuperación forestal deberían hacerse a la
par que el tratamiento de residuos, precisamente para, conforme se
vayan clausurando los vertederos, recuperar espacios que, como he
mencionado, en la mayoría de los casos, están calificados de espacios
naturales protegidos, pero que en realidad son verdaderos vertederos,
y pongo como ejemplo el parque del sudeste del Jarama, en la región
de Madrid. Lo que proponemos se viene haciendo en otros países de
Europa desde hace bastante tiempo. El tratamiento de la gestión
coordinada de vertederos y tratamientos integral con las ecotasas
está dando unos resultados positivos con estas medidas. Por tanto,
creemos que está claro que el Defensor del Pueblo en su intervención,
haciéndose eco de estas quejas, de estasituación, es sensible a un
nuevo modelo que, efectivamente,



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hace que el actual sistema de gestión sea insostenible e inadmisible.

Es cierto que a la hora de que la autoridades locales decidan dónde
se ubica una planta de tratamiento se plantean contradicciones
ciudadanas, es cierto. No quieren los ciudadanos que estén próximas a
sus viviendas, pero eso se debe en parte a la falta de información
real, al alarmismo, a los temores que se crean, a veces infundados,
sobre las repercusiones en su salud. Ytambién se debe a que ha habido
una falta de normativa propia que aplicara el principio de que la
basura, los residuos que producimos debieran ser tratados en donde se
generan. Es un claro ejemplo el de una ciudad con más de tres
toneladas diarias de basura que se tratan en una sola incineradora y
cuyos vertederos suelen estar en los sitios más depauperados, más
pobres, en los que, lamentablemente, hasta residen personas, como es
la cañada real, cerca de Valdemingómez. Habría que se
corresponsables, aplicar el principio de que quien contamina paga,
quien genera un residuo tiene que asumir que debe pagar por colocar
un vertedero al vecino o por el almacenamiento de un residuo
peligroso en otros países. La nueva coalición alemana empieza a
aplicar ahora este principio, muy interesante, al tema nuclear.

Por tanto, la nueva directiva, después de nueve años de discusión,
viene a resolver estas lagunas. Son problemas que no se van a
solucionar sólo porque haya un marco legislativo, pero es muy
importante que, después de nueve años, los países miembros del
Consejo Europeo se hayan puesto de acuerdo.

Es cierto que se requiere un mayor grado de información
y concienciación a los ciudadanos y una garantía de control y gestión
eficaz de las administraciones. Por ello, nuestro grupo creyó
oportuno, hace ya bastante tiempo, solicitar su comparecencia. Su
amplia exposición nos ha hecho albergar optimismo en el sentido de
que compartimos las grandes líneas de lo que va a ser ese previsible
estudio. Ojalá tenga los medios suficientes para llevarlo a cabo
porque la institución que representa tiene que ser garante de esos
derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas a un medio ambiente
saludable en nuestras ciudades.

Finalizo diciendo que vamos a aprovechar todas y cada una de las
oportunidades que tengamos para colaborar entre todos a generar una
conciencia social más exigente a la hora de preservar y conservar
nuestro medio ambiente. El ser humano no sólo es el causante sino que
también es la víctima de los propios residuos que genera y, para
crear esa conciencia social, se necesita no solamente tomar medidas
de gestión sino profundizar en ellas. El actual sistema de desarrollo
económico, las decisiones económicas y políticas, están condicionando
este camino que llevamos hacia el precipicio, con la contaminación de
nuestras aguas, de nuestro aire, de nuestros suelos, en definitiva,
ese deterioro que, poco a poco, se va manifestando en nuevas
enfermedades, en nuevas epidemias. Normalmente, siempre hay quien se
encarga, con muchos medios económicos, de tranquilizar a la opinión
pública y nosotros debemos ser sufiencientemente rigurosos, aunque no
alarmemos a la opinión pública, pero es verdad que el alto riesgo que
tienen para la salud las dioxinas emitidas por la incineración está
constatado científicamente. Luego ese sistema que, en un momento
determinado, se ha puesto en funcionamiento y
que tiene pingües beneficios para las empresas que tienen la
concesión, debe ser cerrado.

Los Estados Unidos de América, que no son un paradigma de respeto al
medio ambiente, pero que están mucho más avanzados que nosotros en
esto, ya empezó por hacerlo subvencionando el cierre de las
incineradoras y fomentando plantas de tratamiento, como los fondos de
cohesión europeos. Nuestro país debería incrementar sus propios
recursos para que hubiera plantas de tratamiento en todas las
poblaciones de más de 5.000 habitantes, como dice la Directiva
europea anterior, la de 1991. El grado de riesgo de una incineradora
es grave, pero es mucho más grave el de los vertidos. Los informes
técnicos dicen que los gases que emite un vertedero ascienden a un 6
por 100 de nanogramos por metro cúbico, mientras que una incineradora
emite un 0,1. Nosotros creemos que la primera fase debe ir
precisamente a ese principio de tratamiento integrado de separación
en origen, de reciclado, de reutilización, para que los ciudadanos no
corramos estos riesgos, para que nuestra salud no se ponga en
peligro. Cada vez son más, no sólo los grupos ecologistas, sino los
expertos que coinciden en este aspecto.

Para finalizar, quiero decir que profundizar en este camino es
también profundizar en Europa. Siempre nos estamos llenando la boca
de que somos europeos porque hemos entrado sin déficit público, con
una moderna única, pero nos estamos olvidando de que hay otros
aspectos, como es el del medio ambiente, en los que estamos a años
luz de Europa. Nosotros, junto con los italianos y los griegos,
producimos muchísima basura, porque el consumo ha crecido y cada
persona produce el doble de basura que hace diez años; sin embargo,
el tratamiento que seguimos dando a la basura es el de echarla en el
patio de atrás, es decir, en nuestro propio espacio, deteriorando
nuestro hábitat y poniendo en peligro nuestra calidad de vida. Creo
que todos los representantes públicos tenemos que abundar en estas
reflexiones, con sentido común y con rigor, para que cada ciudadano,
en particular, y sobre todo los poderes económicos, cada vez más, se
hagan eco y no sigan utilizando los recursos, que son muy limitados,
por encima de las necesidades del desarrollo sostenible de las
poblaciones.

Muchas gracias, de nuevo, por su amplísima información. Esperamos
tener la ocasión de profundizar en ese estudio y ojalá dentro de poco
tiempo podamos decir que también hay un plan nacional de tratamiento
de los residuos, para poder abordar la nueva directiva.




El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición, tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




El señor CAPDEVILA I BAS: Agredecemos al Defensor del Pueblo el
informe que ha emitido en este acto sobre los problemas de la
contaminación del suelo y del subsuelo. Estamos de acuerdo en que hay
un aumento de residuos y una proliferación de los vertederos
incontrolados, provocando precisamente esta toxicidad del suelo y del
subsuelo, con la contaminación del agua. Se define como suelo
incontrolado todo aquel vertedero que no cuenta con las medidas
correctoras necesarias ante una posible contaminación del suelo, del
agua y de la atmósfera,



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y evidentemente en España existen muchos de ellos. De los,
aproximadamente, 8.200 municipios españoles, unos 3.526 municipios
gestionan adecuadamente sus residuos, considerando los del resto como
vertederos incontrolados, puesto que no cuentan con las medidas
correctoras necesarias para evitar una posible contaminación del
suelo, del agua y de la atmósfera. Evidentemente, las poblaciones con
pocos habitantes no prestan estos servicios de vigilancia y de
recogida de basura y, por supuesto, carecen de todo tratamiento
selectivo de este tipo de residuos domésticos. Por tanto, el primer
escollo que deberá contemplarse es precisamente la falta de
presupuesto de esta gran cantidad de municipios en los que, si no se
unen diversas poblaciones para afrontarlo, será un problema de
difícil solución.

Estamos de acuerdo con lo que ha manifestado el Defensor del Pueblo
respecto a que estamos ante un grave problema ambiental y social, que
debemos ir hacia una correcta gestión de residuos ambientalmente
sostenible, tratando de eliminar o disminuir esta agresividad ya
desde el origen, en el proceso de fabricación. Es decir, estamos de
acuerdo con las tres erres: reducción, reutilización y reciclaje.




Cuesta creer que no se haya producido ninguna mejoría en España.

Entiendo que, a partir de que se han transferido competencias a las
comunidades autónomas, éstas han hecho un gran esfuerzo. Tenemos un
ejemplo en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Esperamos que este
estudio monográfico de residuos domésticos que piensa efectuar la
institución del Defensor del Pueblo abarque no sólo la normativa
estatal, sino la normativa publicada por cada una de estas
Comunidades Autónomas y el trabajo efectuado en cada una de ellas.

Repito, el esfuerzo efectuado por Cataluña está aquí y se ha dejado
constancia.

Estamos de acuerdo en que el problema del almacenamiento de residuos
tóxicos y de difícil depuración está ahí y hay que darle una
solución. Hay que hacer una inspección profunda de los vertidos
incontrolados, de los escombros de edificios, de los escombros
industriales y de los productos tóxicos, pero repito que tenemos la
problemática de las poblaciones pequeñas en donde se ubican la
mayoría de estos vertidos incontrolados.

En cuanto a los problemas de desintegración que ha anunciado el
Defensor del Pueblo, estamos de acuerdo en el aspecto comparativo con
las incineradoras que desincentivan los programas de reciclaje, ya
que la solución de los crematorios produce un 20 ó un 30 por ciento
de escorias que son de difícil ubicación y, por tanto, agravan la
problemática. El problema energético está ahí, y el reciclaje
produce, como ha dicho el Defensor del Pueblo, tres veces más puestos
de trabajo que las incineradoras. Por consiguiente, estamos de
acuerdo en que el mejor producto para ese problema serían las
estaciones de reciclaje y no las incineradoras. Esperamos poder
estudiar con mayor detenimiento el estudio monográfico de residuos
domésticos que elabore el Defensor del Pueblo y que podamos aportar
mejores soluciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Calpe para fijar su posición.

El señor CALPE SAERA: Quiero comenzar mi intervención como han hecho
los miembros de esta Comisión que han intervenido anteriormente,
agradeciendo al Defensor del Pueblo no sólo su informe, sino todo el
trabajo realizado para su preparación y cuantas ideas y sugerencias
ha planteado ante nosotros, que pueden ser muy útiles en nuestros
trabajos parlamentarios y políticos en general.

Creo, como el Defensor del Pueblo, que uno de los retos de principios
del siglo XXI, porque quizá no tengamos ocasión de ir mucho más allá
con la calidad de vida que todos deseamos, es la correcta gestión de
los residuos. De su informe resulta especialmente significativo que
las quejas de los ciudadanos, no sólo se refieren a aquellos
problemas que realmente existen, sino también a las quejas por
instalaciones o actividades que precisamente tienden a resolver los
problemas medioambientales y de residuos y que crean recelo y
oposición en la población.

Indudablemente, como ya se ha dicho aquí por una portavoz que ha
intervenido anteriormente, una de las primeras cosas que habríamos de
lograr de las administraciones públicas que intervienen en este
campo, que son muchas, y que los políticos debiéramos proponemos, es
dar siempre una información clara y facilitar el acceso de los
ciudadanos a los proyectos técnicos de estas instalaciones y el
debido asesoramiento técnico porque nada sería más eficaz que la
tranquilidad que se desprendería de la convicción de los ciudadanos
preocupados en estos temas. Esa tranquilidad podría servir para
respaldar las instalaciones y todas aquellas medidas que se hayan de
acometer para todo el tratamiento de residuos.

En este sentido, es significativo observar cómo a veces en la opinión
pública se producen movimientos que responden a una sensibilidad
medioambiental que precisamente no se han producido en situaciones
anteriores, cuando se adopta alguna de estas medidas. A veces nos
encontramos con movimientos contra la instalación de una planta de
reciclaje o contra los vertidos de una depuradora, que lo que hace es
garantizar la calidad de las aguas residuales, cuando no ha habido
movimientos previos respecto a los vertidos que se producían en
municipios o en industrias que no se sabía dónde iban antes de la
existencia de estas instalaciones y que, por tanto, suponían un
atentado mucho mayor al medio ambiente, aunque en algún caso pudiera
ser clandestino.

El Defensor del Pueblo se felicita por la mejora normativa que ha
existido y para mí es una satisfacción decir que parte de esa mejora
normativa la constituyen las Leyes de 1997 y de 1998, la de Envases y
Residuos de Envases y la de Residuos, pero se preocupa, porque
considera que en España no ha mejorado esto sustancialmente, e
incluso se habla de que, por parte de las autoridades locales, los
Ayuntamientos tienen muchas competencias en estas materias, existe
una excesiva permisividad o una falta de vigilancia de estos
problemas.

Es cierto y los políticos debiéramos hacer algo para que esa excesiva
permisividad de las autoridades locales no fuera tal, porque muchas
veces en la gestión de los ayuntamientos, y especialmente en aquéllos
que no son excesivamente grandes, existe un cierto temor a adoptar
medidas sobre las empresas que causan vertidos que pueden ser nocivos
o no tratan los residuos adecuadamente, que puede



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responder desde el simple temor a no ser respaldado electoralmente
hasta el chantaje a veces emocional. Estas empresas pueden decir que
no soportan los costes de adoptar las medidas correctoras o que
tendrán que cerrar y con ello crearán el problema social que el paro
de los trabajadores ocasionaría.

Todos los políticos hemos de colaborar para que los Ayuntamientos
crean que, en la lucha por el medio ambiente, hay que esforzarse y
que a veces hay que mirar a largo plazo buscando siempre las
alternativas necesarias porque no se trata de destruir nada; hay una
colisión entre el derecho al medio ambiente y otros derechos y se
trata de buscar la armonía entre ambos.

En definitiva, cuantas pautas nos indica el Defensor del Pueblo en su
informe son respaldadas por los grupos, al menos nuestro grupo lo
tiene muy claro. Hay que cambiar los comportamientos sociales y hay
que lograr una mayor concienciación ciudadana. Además, es importante
resaltar que el artículo 45 de la Constitución Española no sólo
consagra el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la personalidad, sino que nos impone, a todos, el deber de
conseguir ese medio ambiente. Por tanto, hemos de trasladar esa
concienciación ciudadana a todos los ámbitos para que sea asumido
como propio por todos y no sólo nos quejemos cuando el medio ambiente
se degrada.

Hacemos nuestra solución de las tres erres. Además, las leyes que se
han aprobado en esta legislatura van precisamente en ese sentido y
son irreprochables en este aspecto.

Estamos de acuerdo en que hay que disminuir, en origen, los residuos,
en que hay que buscar materiales de mayor duración, en que hay que
buscar materiales fácilmente reciclables, en utilizar energías
limpias, en la reducción de los desechos. Hay que actuar con todas
estas medidas desde las corporaciones locales, desde las
confederaciones hidrográficas que tienen las competencias sobre los
cauces que son utilizados como vertederos incontrolados unas veces y,
controlados otras. Estas acciones no son suficientes y, desde
cualquier administración pública -por ejemplo, las Comunidades
Autónomas, como se ha indicado por el representante del grupo
catalán-, hay que favorecer los consorcios entre municipios para que
las medidas necesarias para el tratamiento de residuos sean posibles.

Hay que continuar en todas las administraciones con esta línea de
actividad que puede ayudar a resolver este problema, que trae consigo
el progreso, pero hemos de lograr dominarlo.

Por tanto, no sólo quiero terminar agradeciendo de nuevo al Defensor
del Pueblo su informe y su interés en estos temas, sino que deseo
manifestarle que esperamos con sumo interés el informe monográfico
que sobre esta cuestión va a plantearnos y que dará lugar a un debate
más prolongado y no con la urgencia que la hora nos impone para
terminar.




El señor PRESIDENTE: Hay un turno de contestación del Defensor del
Pueblo a todas las intervenciones sobre los tres puntos del orden del
día, en la inteligencia de que no hay réplica. En todo caso, puede
haber una aclaración
en algo que haya quedado oscuro, pero bien entendido que no hay
segundo turno para los representantes de los distintos grupos.

Señor Álvarez de Miranda, tiene la palabra.




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Álvarez de Miranda y Torres): En
realidad, difícilmente puede haber una réplica, puesto que la
situación en la que se encuentra este Defensor es la de decir que
está totalmente de acuerdo con lo manifestado de una manera correcta,
precisa y coherente por los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios, que ha significado una aportación para este Defensor.

Han coincidido en la mayor parte de las afirmaciones que se han hecho
desde el Defensor del Pueblo en relación con los distintos temas de
la vivienda, del aeropuerto de Barajas y de los residuos sólidos, a
todo lo cual yo diría amén. Aquí se habría acabado la cuestión, pero
no me parecería correcto ir diciéndoles, señorías, que estoy muy
agradecido a las sugerencias que me han hecho, que tomo muy en cuenta
y que he anotado para que nos sirvan en las futuras comparecencias.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, nuestra ya vieja amiga y
compañera, doña María José Camilleri, ha dicho, con gran certeza, que
lo que está planteando al Defensor, que es el resultado de lo
expuesto en los distintos informes, aportados por sucesivos estudios
y trabajos que se han hecho, en realidad se tendría que trasladar a
los representantes de la Administración.

En muchos casos, yo no puedo dar una contestación adecuada sobre por
qué no se ha hecho tal o cual modificación de comportamiento, por qué
no se ha cumplido tal compromiso. Señorías, entiendan ustedes cuál es
la misión del Defensor, que es plantearles los problemas, como lo
estoy haciendo, escuchar sus sugerencias y aportaciones, y luego son
SS. SS., a través de los procedimientos parlamentarios, quienes deben
acudir a la Administración a plantear los problemas que aquí surgen,
porque el Defensor no los puede resolver.

Ustedes saben bien la autoridad moral que tiene el Defensor, que el
Defensor recoge y que transmite, pero que no puede resolver. Por lo
tanto, no vean en mi contestación, como la estoy haciendo, nada
relativo a qué me cuentan ustedes, digánselo a los señores
representantes de la Administración que son quienes no cumplen la
mayor parte de los problemas que aquí se han planteado.

Perdónenme ustedes, pero es la mayor sinceridad con la que puedo
contestar a ustedes.

Muchas gracias por toda su atención.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.




¿No hay ninguna aclaración por parte de algún senador o diputado?
(Pausa.)
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.




Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.