DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1998 VI Legislatura Núm. 120



DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a ELENA GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO



Sesión núm. 19



celebrada el martes, 3 de noviembre de 1998, en el Palacio del
Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey) para informar sobre las consecuencias e impacto del «efecto
2000» en los sistemas informáticos y la implantación del euro, así
como sobre la acción del Gobierno para su tratamiento. A solicitud
del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente Congreso
213/000572, y número de expediente Senado 711/000176) ... (Página 24943
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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




El señor VICEPRESIDENTE (Bayona Aznar): Señoras y señores diputados y
senadores, vamos a comenzar la sesión.




La señora VIRGILI I RODÓN: Señor presidente, pido la palabra para una
cuestión de procedimiento. Quiero decir que buena parte de los
senadores no están presentes porque la convocatoria para esta reunión
se cursó en un telegrama que salió del Congreso de los Diputados el
viernes a las 15,40. Evidentemente, los senadores que no estaban en
su casa el sábado para recibir el telegrama no están. Siento mucho
que, siendo una reunión tan importante, no se haya dado la
oportunidad a todo el mundo de poder asistir.




El señor VICEPRESIDENTE (Bayona Aznar): Efectivamente, la
convocatoria de la sesión, que estaba prevista desde hace bastante
tiempo, no se ha hecho formalmente hasta el viernes puesto que a su
vez han surgido algunos problemas. De hecho, en este momento los dos
puntos del orden del día quedan reducidos a uno sólo, ya que hemos
tenido la información oficial de que el subsecretario del Ministerio
de Sanidad y Consumo no puede asistir por haber sido convocado el
Consejo de Ministros de la Unión Europea en materia de protección de
consumidores precisamente en la fecha de hoy. Sabíamos de esta
convocatoria y estábamos pendientes de ver cómo podíamos adaptar la
sesión de la Comisión de modo que se pudieran cumplir, en su caso,
los dos puntos del orden del día. No ha sido así y, al final,
solamente tendremos un punto en el orden del día: la comparecencia
del ministro de Administraciones Públicas para informar sobre las
consecuencias e impacto del efecto 2000 en los sistemas informáticos
y la implantación del euro, así como sobre la acción del Gobierno
para su tratamiento. No obstante, queda constancia de la propuesta de
una senadora del Grupo Socialista, entiendo que haciendo ver las
dificultades especiales en el caso de los senadores que forman parte
de esta Comisión, y así se tratará también en la reunión de Mesa y
portavoces para procurar que en sucesivas convocatorias no vuelva a
suceder.

Entramos en el orden del día, que -como digo- queda reducido a un
solo punto, y para dar cumplimiento al mismo tiene la palabra en
primer lugar el ministro de Administraciones Públicas, señor Rajoy.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.




Buenos días, señoras y señores diputados y senadores. Tal y como ha
dicho el presidente en su intervención, comparezco para dar cuenta de
las acciones que se han llevado a cabo en relación con el denominado
efecto 2000, es decir, con la adaptación de nuestros sistemas
informáticos a la llegada del año 2000 -asunto este en el que los
órganos competentes de la Administración general del Estado vienen
trabajando desde hace más de dos años- y con la introducción del euro
en nuestros sistemas informáticos. En mi intervención trataré los
siguientes aspectos. En primer
lugar me referiré a la adaptación de los sistemas informáticos
para llevar a cabo la introducción del euro. Sobre este punto quiero
avanzar a SS.SS. que lo hará de una forma sucinta ya que se trata de
una materia que no corresponde al ámbito de responsabilidad del
Ministerio de Administraciones Públicas; en cualquier caso haré
algunos comentarios, como he señalado. A continuación trataré de lo
que se entiende por efecto 2000, el origen del mismo y su ámbito de
incidencia. Me referiré después al papel que corresponde a la
Administración pública en la solución del problema. Seguidamente hará
una referencia a cómo se ha percibido en otros países, especialmente
en el contexto de la Unión Europea, ya que, como es lógico, actuamos
coordinadamente con los demás Estados miembros. Les informaré a
continuación de las acciones que se han llevado a cabo y estamos
llevando a cabo en España para adaptar los sistemas de información al
año 2000. En este apartado prestaré atención especial al acuerdo del
Consejo de Ministros del mes de junio pasado. Seguidamente expondré a
SS.SS. la valoración que hacemos de la situación actual en lo que se
refiere a la adaptación de los sistemas propios de la Administración
general del Estado y, para terminar, formularé una serie de
conclusiones sobre el conjunto del proceso.




Comenzaré pues, tal y como he señalado, con la adaptación al euro. La
Comisión de la Unión Europea señala que mientras que el efecto 2000
es un problema propio de las tecnologías de la información que
repercute en las empresas, el euro es un problema empresarial con
impacto en las tecnologías de la información. Efectivamente, la
introducción del euro presenta similitudes y diferencias con relación
al efecto 2000. Probablemente el tratamiento conjunto que a veces se
hace de ambos problemas se debe a que los dos afectan a los sistemas
de información y ocurren más o menos de manera simultánea y tienen
indudables elementos comunes: en los dos supuestos se precisa partir
de un inventario de los sistemas de información, las decisiones de
arreglar o sustituir sistemas de información a causa del advenimiento
del año 2000 y de la introducción del euro no pueden tomarse de
manera separada y ambos proyectos pueden afectar en parte a los
mismos sistemas de información. No obstante, para empezar, los
sistemas de información que se pueden ver afectados por uno y otro
problema no tienen por qué ser los mismos. En el caso del euro, sólo
los sistemas que tratan información financiera en una de las monedas
nacionales de los países participantes en la moneda única pueden
verse afectados por la introducción del euro; en el caso del año
2000, algunos de los sistemas que utilizan fechas directa o
indirectamente pueden verse afectados por el problema del año 2000.

Por tanto, hay buenas razones para gestionar los dos proyectos de
forma separada ya que versan sobre materias diferentes, el proyecto
conjunto sería de un tamaño y complejidad sin precedentes, lo que lo
haría muy difícil de gestionar, y además las fechas límites para los
proyectos sobre el efecto 2000 y el euro son diferentes.

En nuestra Administración, entre los órganos más afectados en sus
sistemas de información por la introducción del euro figuran la
Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del
Estado, el InstitutoNacional de Estadística, la Dirección General del
Tesoro y



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Política Financiera, la Dirección General del Catastro y la Seguridad
Social. Así, en la Administración tributaria el impacto en los
sistemas de información de la introducción del euro es muy alto, como
pone de relieve el hecho de que en la actualidad existen unos
formularios para realizar declaraciones de impuestos y que la casi
totalidad de las magnitudes utilizadas por el sistema de información
de la Administración tributaria son representadas en unidades
monetarias. En la Intervención General de la Administración del
Estado están afectados por la adaptación al euro los sistemas de
información presupuestaria entre los que cabe señalar como más
significativos los siguientes: el sistema de información para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, el sistema
contable del Estado y de los organismos autónomos y el sistema de
información para la gestión de pensiones y la elaboración de la
nómina de pensionistas de clases pasivas. ¿Cuáles son las principales
actividades desarrolladas por la Comisión interministerial y de
comisiones ministeriales para la coordinación de las actividades
relativas a la introducción del euro? El 2 de abril de 1997 entró en
vigor el Real Decreto 363/1997, de 14 de marzo, de creación de una
comisión interministerial y de comisiones ministeriales para la
coordinación de las actividades relativas a la introducción del euro
bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía y Hacienda. En el
marco de las previsiones del artículo 4 del citado real decreto, el 3
de julio de 1997 fue creada la Comisión especial para el estudio y la
evaluación del impacto del cambio de moneda al euro en los sistemas y
tecnologías de la información en las administraciones públicas. Esta
Comisión especial ha sido encargada de llevar a cabo las siguientes
funciones. En primer lugar, realizar un estudio en el que se detalle
el impacto previsible del proceso de adaptación del euro en el
período comprendido entre el 1 de enero 1999 hasta el año 2002. En
segundo lugar, elaborar una estimación aproximada y genérica del
coste que la adopción del euro tendrá en los sistemas de información
de todas las administraciones públicas. En tercer lugar, estudio y en
su caso propuesta a la Comisión interministerial de euro de un plan
de actuación para la introducción del euro que concrete no sólo el
coste sino el perfil temporal más adecuado de las inversiones
necesarias. Y en cuarto lugar, establecerse como canal fundamental de
información, tratamiento y en su caso solución de los problemas que
se plantean en las tecnologías de la información. Uno de los
principales resultados del trabajo de esta Comisión especial es un
dossier técnico dedicado al euro y los sistemas y tecnologías de la
información en la Administración pública, que forma parte del Plan
nacional para la transición al euro aprobado por el Gobierno en
diciembre de 1997. De su contenido deseo destacar a sus señorías los
siguientes aspectos.

Calendario. De acuerdo con la utilización opcional prevista del euro
durante la fase transitoria, las administraciones públicas están
adaptando sus aplicaciones informáticas para que puedan cumplirse los
siguientes objetivos temporales previstos en el Plan nacional para la
transición al euro: contabilidad pública en euro, 1 de enero 2002;
deuda pública: nuevas emisiones y redenominación en euros de la deuda
viva, 1 de enero de 1999; pago de impuestos en euros (figurará en
todo caso su contravalor en pesetas), 1
de enero de 1999; declaraciones de IVA y sociedades, 1 de enero del
2002; pago de cotizaciones a la Seguridad Social en euros (figurará
también en todo caso su contravalor en pesetas), 1 de enero de 1999,
y boletines de cotización a la Seguridad Social, 1 de enero de 2002.

En lo concerniente a los problemas detectados quisiera señalarlas que
el dossier identifica los siguientes problemas técnicos, entre otros,
que afectan a las aplicaciones: conversión y redondeo, conversión de
importes, adaptación de bases de datos, conversión de datos
históricos, formatos de pantalla durante el período transitorio e
interfaces entre aplicaciones. En lo que se refiere al coste, la
Comisión especial ha estimado el coste de adaptación de estos
sistemas a la introducción del euro en unos 7.000 millones de pesetas
para el caso de la Administración general del Estado, estimación que
se eleva a 10.000 millones si tenemos en cuenta el conjunto de las
administraciones públicas. El proceso de adaptación se está
desarrollando conforme a la planificación establecida para cumplir
con el calendario previsto en el Plan de transición al euro. En este
sentido, el seguimiento es más estrecho en los sistemas que tienen
relaciones externas en los sectores claves de tributos, Seguridad
Social, estadísticas, deuda pública, presupuestos y contabilidad.

Como he dicho, el avance es el apropiado para que se cumplan los
plazos.

Señorías, esto es cuento deseaba decirles sobre la adaptación de
nuestros sistemas informáticos a la introducción del euro. Como les
he avanzado al principio de mi intervención, se trata de una
información de carácter general, ya que como establecen las propias
normas que se han dictado, especialmente el ya citado Real Decreto
363/19907, de 14 de marzo, de creación de la Comisión
interministerial sobre el euro, el proyecto corresponde al ámbito
competencial del Ministerio de Economía y Hacienda, por lo que mi
conocimiento y actuación acerca del mismo es tangencial. Pasaré a
continuación a tratar los aspectos relativos a la neutralización del
efecto 2000, en el que, sin duda alguna, como intentaré explicar a
continuación, la competencia del Ministerio de Administraciones
Públicas es importante.

Como todas SS.SS. conocen, y no es ocioso señalarlo de nuevo hoy al
comienzo de esta comparecencia, el denominado problema informático
del año 2000 o efecto 2000 tiene su origen en el modo en el que se ha
venido registrando la fecha en los ordenadores. En la época en la que
se elaboraron muchos sistemas de información, hace 15, 20 o más años,
razones de economía de recursos físicos hicieron que se abreviara la
representación del año en las fechas de cuatro a dos dígitos, dando
por supuesto que los dos primeros dígitos del año eran 19. Es decir,
sólo se ponía 98 y estaba sobreentendido que se trataba de 1998
cuando esas dos cifras ocupaban en la memoria el espacio reservado a
la fecha-año. Ello es perfectamente válido en el intervalo 1900-1999,
pero deja de serlo a partir del 2000. Al no estar incluidas las
cifras 1-9 ni 2-0, correspondientes a 1900 y a 2000, se da lugar a
errores de bulto en los tratamientos de la información que impliquen
cálculos, comparaciones y ordenaciones de fecha, o simplemente a que
los sistemas dejen de funcionar. Asimismo, con frecuencia los relojes
y dispositivos internos de los sistemas informatizados han sido
diseñados y funcionan sobre la base de utilizar dos dígitos para el
año, lo que puede originar fallos en la operatividad de los equipos.

Una causa adicional del problema



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radica en el carácter de bisiesto del año 2000, lo que a veces se ha
olvidado en los programas informáticos, debido a que no son años
bisiestos los años múltiplos de 100, salvo que a su vez lo sean de
400, como ocurre con el año 2000.

Las consecuencias que puede tener para las organizaciones públicas o
privadas la no adaptación de sus sistemas al año 2000 son
potencialmente muy graves y por ello están recibiendo, desde hace
algunos años, un interés creciente no sólo por parte de la comunidad
de usuarios y proveedores de estos sistemas sino también al más alto
nivel político y de responsabilidad empresarial. Prueba de esta
atención, además de la preocupación del Parlamento español a través
de esta Comisión en nuestro caso, es la comunicación de la Comisión
Europea al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones, de 25 de febrero de 1998, sobre
el problema informático del efecto 2000. En esta comunicación,
emitida el 25 de febrero pasado y en cuyo título significativamente
se incluye el término el problema, la Comisión Europea señala que el
problema informático representado por el efecto 2000 es crítico para
las empresas de todos los tamaños en todos los sectores y supone un
riesgo considerable para los consumidores y un gran desafío para los
servicios públicos. Analiza la Comisión el impacto que puede producir
y cita como ejemplos el fallo de una aplicación informática de un
avión, un sistema de control de tráfico, una central eléctrica o una
unidad de cuidados intensivos, lo que -dice la comunicación para
subrayar la importancia del asunto- puede poner en peligro vidas
humanas. No quiero extenderme en el resumen de la comunicación, que
seguro que SS.SS. ya conocen, pero sí diré que en ella se subraya el
enorme coste de la solución, la escasez de los recursos existentes,
la importancia del papel protagonista de la industria del sector y de
las empresas y el papel dinamizador que nos corresponde al sector
público que, además, debe adaptar sus propios sistemas. ¿Cuál es la
magnitud del problema ante el que nos encontramos? (La señora
presidenta ocupa la Presidencia). Desde que se inició la
concienciación sobre el efecto 2000, lo que tuvo lugar en nuestro
país aproximadamente a comienzos del año 1996, se han producido a
nivel internacional cambios muy significativos en lo que se refiere a
la comprensión y alcance del problema, así como el papel que les toca
jugar a los gobiernos y administraciones en su resolución. Lo que en
principio comenzó como un problema técnico sencillo, aunque de gran
tamaño, se ha convertido en una cuestión con muchas implicaciones y
de consecuencias políticas y económicas difícilmente predecibles.

Así, en un principio se consideró que se trataba de un problema
estrictamente técnico que afectaba a las aplicaciones informáticas y
que corresponda arreglar a los profesionales de este sector; más en
concreto, a los que habían desarrollado estas aplicaciones dentro de
las organizaciones usuarias de tecnologías de la información. Después
se ha visto que afecta no sólo a las aplicaciones desarrolladas
internamente por las organizaciones que hacen usos de sistemas de
información automatizados, sino a equipos físicos y lógicos que son
proporcionados directamente por la industria informática. Así, por
ejemplo, se conoce que hasta bien entrada 1997 los suministradores de
ordenadores personales, incluidos algunos líderes del sector, han
estado entregando
a sus clientes productos no preparados para el año 2000. Los sistemas
en los que aparecen implicados equipos para el proceso de información
pueden tener una gran complejidad, de modo que el todo es mayor que
la suma de las partes. Por ello, aparte de garantizar que los
componentes estén preparados para funcionar correctamente con la
llegada del año 2000, hace falta garantizar que todo el sistema
también lo está, lo cual dista de ser tarea trivial y es
responsabilidad conjunta de usuarios y proveedores. Además de los dos
anteriores, hay otro elemento al que hay que prestar una especial
atención que precisamente tiende, o tendía hasta hace poco, a ser
olvidado Me refiero a los denominados sistemas empotrados o, como
también se les denomina, sistemas automatizados. Se trata de sistemas
de gran variedad que se sitúan fuera de los centros informáticos
convencionales y que pueden verse afectados por el problema. Esta
situación se produce cuando microprocesadores que no están preparados
para el año 2000 controlan dispositivos y sistemas de vigilancia y
seguridad; control de tráfico aéreo o ferroviario; información y
control medioambiental: calidad de las aguas, meteorología,
radioactividad; control de armamento, ascensores, vehículos,
centrales telefónicas, bares, aparatos médicos, edificios
inteligentes, electrodomésticos, etcétera. Todos ellos pueden estar
afectados por el efecto 2000 y pueden fallar el 1 de enero del año
2000, alterando el funcionamiento normal de infraestructuras críticas
y servicios públicos tales como el suministro de energía eléctrica,
las telecomunicaciones, los transportes, abastecimiento y saneamiento
de aguas, salud pública, edificios y fábricas, suministro de
alimentos y muchos otros.

Estamos todavía hablando en términos generales de lo que concierne al
ámbito o tamaño del problema y, por tanto, quisiera considerar otro
aspecto, el del coste de la neutralización del efecto 2000. Para ello
creo que lo más procedente es citar la estimación del Gartner Group,
una de las instituciones de investigación y análisis estratégico más
prestigiosas en este campo, que ha calculado que a nivel mundial el
coste de resolver el problema de la adaptación al año 2000 se sitúa
entre 300.000 y 600.000 millones de dólares, entre 42 y 84 billones
de pesetas. No se les oculta a ustedes que la anchura del abanico es
reflejo de la dificultad existente para efectuar el cálculo del coste
de una operación semejante a la que tenemos entre manos. Más adelante
nos referimos a los costes de la adaptación en España, pero antes me
referiré al papel que le corresponde desempeñar a la administraciones
públicas, es decir, a los gobiernos en esta operación.

La percepción de los expertos -y esto es muy importante que lo tengan
todos ustedes en cuenta- ha sido cambiando en estos dos años hasta
que se ha consolidado -eso nos parece- a lo largo de año 1998.

Inicialmente, las administraciones se situaron en el mero papel de
usuarios de la tecnología y pusieron en marcha programas para
resolver el problema a nivel interno. En la actualidad, la
comunicación de la Comunidad Europea, a la que me he referido al
principio, reconoce la prioridad de estas actuaciones, ya que
entiende que la responsabilidad de resolver el problema corresponde a
proveedores y usuarios. Pero entiende también que las
administraciones deben jugar un papel esencial en la concienciación y
estímulo a la acción



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de cara al sector privado, especialmente en cuestiones que afectan a
infraestructuras críticas, pymes, protección de los consumidores y
aspectos complementarios. Obviamente, en esta evolución tiene no poca
importancia el intentar evitar la pérdida de la confianza de los
ciudadanos en los gobiernos, que se produciría en el caso de fallos
graves en el funcionamiento de los sistemas sociales a causa del
efecto 2000.

Veamos ahora brevemente, de acuerdo con la información de que
disponemos, cómo ha reaccionado más allá de nuestras fronteras. El
grado de preparación para revolver el efecto 2000 varía de manera
significativa entre regiones geográficas. Así, Estados Unidos y
Canadá parecen ir algo por delante de las demás regiones. Europa se
encuentra ligeramente retrasada, según el informe del Gartner Group
que antes he citado, y las previsiones de tasas de fallo más elevadas
se presentan en Latinoamérica y las económicas emergentes del Lejano
Oriente. En el semestre anterior, el Reino Unido incluyó, en tanto
que Presidencia de la Unión Europea, la discusión de este asunto en
todos los consejos de ministros relevantes, telecomunicaciones,
industria, mercado interior, etcétera. ¿Qué hacen en el resto de
países de la Unión Europea? Yo señalaría fundamentalmente dos o tres
actuaciones. En la mayoría de ellos, no en todos, se ha creado una
organización específica, con participación conjunta en los sectores
público y privado, con la misión de disminuir los riesgos asociados
al efecto 2000 para toda la sociedad y el encargo de poner en marcha
un plan nacional de esta finalidad. En segundo lugar, -esto es
importante también- aunque existe una tendencia inicial a poner sobre
la mesa la cuestión de la responsabilidad legal de los
suministradores, se recomienda que esta cuestión no forme parte de la
agenda, por entender que ello podría retrasar el proceso de
adaptación buscando la cooperación y la transparencia de los
suministradores para resolver el problema.

Apuntadas estas brevísimas ideas, vamos a ver ahora qué es lo que
hemos hecho y qué es lo que estamos haciendo en España. Desde hace
dos años, el Consejo Superior de Informática se ha ocupado del
problema informático que supone el cambio de fecha en el año 2000 y
ha desarrollado un programa marco para la coordinación de los
esfuerzos de los ministerios en la adaptación de sus sistemas. Así,
el Consejo Superior de Informática, dependiente del Ministerio de
Administraciones Públicas, que es el órgano responsable de la
elaboración y desarrollo de la política informática del Gobierno, en
la sesión celebrada el 23 de mayo de 1997 sistematizó y aprobó un
programa Euro/Año 2000 en el que se incluyen acciones de
sensibilización y difusión; acciones en relación con las
adquisiciones de bienes y servicios informáticos, realización de
métodos comunes y guías para abordar la adaptación de los sistemas de
información al cambio del milenio y la introducción del euro; y
acciones para la normalización de los intercambios de información que
afectan a cambios de tipo fecha y acciones de formación. Hemos venido
trabajando en todos estos campos y luego daré cuenta detallada de las
acciones realizadas hasta el momento presente. En cualquier caso,
como consecuencia del seguimiento de dichas acciones y del conjunto
del programa y también como consecuencia de las directrices
impartidas por la Comisión Europea en el primer trimestre de 1998,
consideramos conveniente reforzar
el proceso de adaptación al año 2000 y darle un nuevo impulso
mediante la implicación política del más alto nivel gubernamental.

Para ello, el 22 de mayo de este año presenté en mi condición de
presidente del Consejo Superior de Informática, que les recuerdo es
el órgano asesor del Gobierno en materia de elaboración y desarrollo
de su política informática, un informe al Consejo de Ministros sobre
el efecto 2000. En él, además de tratar los aspectos generales como
el origen del problema, su ámbito y las acciones llevadas a cabo
hasta el momento, se estimaba entre 10.000 y 15.000 millones de
pesetas el coste de la adaptación en la Administración general del
Estado y se concluía con la necesidad de otorgar prioridad a la
solución del efecto 2000. Para ello se presentaba una serie de
propuestas que resumidamente les señaló. En primer lugar, garantizar
la coordinación única de las actuaciones en la Administración general
del Estado y reforzar la atención y actuaciones en los sectores más
sensibles. En segundo, lugar, establecer mecanismos permanentes de
cooperación con las demás administraciones públicas y prestar
especial atención a las corporaciones locales. En tercer lugar,
establecer mecanismos de colaboración con el sector privado en lo que
se refiere a la difusión y concienciación.

Como consecuencia de dicho informe y de las propuestas formuladas, el
día 12 de junio, el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo con la
siguiente estructura y contenido. El acuerdo se estructura en dos
grandes apartados, el primero de ellos dedicado a las medidas
dirigidas al sector público y, el segundo, a las medidas de
colaboración con el sector privado, comprendiendo entre ambos un
total de veintidós puntos o números, más un vigesimotercero final. El
primer apartado comprende del primero al decimosegundo puntos. En
ellos se adoptan las siguientes medidas. Se establece la
responsabilidad de los subsecretarios de los departamentos en la
adaptación de los sistemas de información de su departamentos y
organismos vinculados o dependientes, bajo la coordinación del
ministro de Administraciones Públicas. Se determina la necesidad de
actualizar y ampliar el programa sobre efecto 2000, aprobado por el
Consejo Superior de Informática. Se establece el calendario para la
culminación de las principales fases de la adaptación, el intercambio
de datos con entidades externas y la elaboración de planes de
contingencia. Se establece la necesidad de que cada departamento
ministerial efectúe previsiones presupuestarias para 1999. Y se
encomiendan distintas misiones, de acuerdo con sus respectivas
competencias, a la Dirección General del Servicio Jurídico del
Estado, Intervención General de la Administración del Estado,
Dirección General del Patrimonio del Estado, Ministerio de
Administraciones Públicas, Ministerio de Asuntos Exteriores e
Instituto Nacional de Administración Pública y demás escuelas de
formación de funcionarios. El apartado segundo incluye los puntos
decimotercero a vigesimosegundo. En ellos se establecen las medidas
siguientes. Se dispone la creación de una comisión nacional para el
efecto 2000, con representantes del sector público y del sector
privado. Se establece con carácter general que los órganos con
competencias de regulación o supervisión sobre el sector privado
colaborarán con éste en la solución del efecto 2000. Y se encomiendan
distintas misiones, de acuerdo con sus respectivas competencias, a
los órganos



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responsables de determinadas infraestructuras y sistemas críticos, al
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Secretaría de
Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa, Ministerio
de Industria y Energía, Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, Instituto Nacional del Consumo, Ministerio de Medio
Ambiente y Comisión Nacional del Mercado de Valore. Por último, el
punto vigesimotercero establece que el Ministro de Administraciones
Públicas informará periódicamente al Consejo de Ministros de la
aplicación del acuerdo; algo que ya se ha llevado a efecto, como
luego informaré a sus señorías.

Permítanme que a continuación les dé cuenta de las actuaciones para
dar cumplimiento al acuerdo del Consejo de Ministros. Me referiré, en
primer lugar, a los aspectos del acuerdo que conciernen al sector
público y después a las medidas dirigidas hacia el sector privado.

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros el acuerdo de 12 de
junio, la Administración general del Estado comenzó a poner en
práctica las distintas medidas en él contenidas, comenzando por la
asunción por parte de los subsecretarios de la dirección de las
operaciones de adaptación al año 2000 dentro de cada departamento.

Así, el pasado 16 de julio se celebró, presidida por mí, una primera
reunión de coordinación entre los subsecretarios de los departamentos
ministeriales, en la que efectuamos un examen de la situación del
proceso en cada sector, que posteriormente se convirtió en una
recogida detallada de datos, cuyos resultados posteriormente expondré
a sus señorías. Una segunda reunión ha tenido lugar el 24 de
septiembre con el objetivo principal de impulsar el proceso de
adaptación en aquellos departamentos y aspectos que en la última
evaluación se han identificado como más atrasados.

En cuanto a la ampliación y reforzamiento del programa del Consejo
Superior de Informática en relación con el efecto 2000, las
principales líneas de trabajo que está desarrollando el MAP son las
siguientes, que, como es lógico, en gran medida coinciden con las ya
establecidas en su día por el Consejo Superior de Informática:
sensibilización y difusión, política de adquisiciones, elaboración de
métodos comunes, formación, normalización y seguimiento del proceso
de adaptación. Por lo que se refiere a la sensibilización y difusión,
se han celebrado jornadas destinadas a las administraciones públicas,
la primera de las secuelas tuvo lugar en el mes de octubre de 1997, y
se ha publicado, en colaboración con el Boletín Oficial del Estado
una obra divulgativa titulada «El problema del año 2000 en los
sistemas de información de las Administraciones Públicas», de la que
se ha hecho una amplia distribución entre todas las administraciones
públicas. Yo supongo que las señoras y señores diputados y senadores
ya la conocerán (El señor Estrella Pedrola: No). De manera
complementaria, con los medios tradicionales, ha comenzado a
funcionar el Centro de Servicios de Información 2000-Euro, accesible
en Internet, en una dirección que se actualiza diariamente. Ala fecha
de hoy, el Centro de Servicios incluye informaciones sobre el acuerdo
del Consejo de Ministros y su puesta en práctica, Administraciones
Públicas, cuestiones jurídicas y contractuales, actividades de
difusión y formación, el efecto 2000 en los ordenadores personales,
colaboración con el sector privado, iniciativas internacionales,
tanto en organismos internacionales (Unión Europea y OCDE) como en
los países de nuestro entorno, iniciativas legislativas, metodologías
específicas, seguimiento del proceso de adaptación al año 2000,
servicios, productos y herramientas y enlaces con los servidores web
más significativos en el tratamiento del efecto 2000».

En lo que concierne a la política de adquisiciones se ha continuado
aplicando, actualizando su contenido, la cláusula de conformidad 2000
que se viene aplicando desde febrero de 1997 por el Consejo Superior
de Informática a través de la CIABSI, la Comisión interministerial de
adquisición de bienes y servicios informáticos. Esta cláusula,
señorías, es muy importante porque es la que nos ha protegido del
efecto 2000 en el caso de las nuevas adquisiciones llevadas a cabo
por la Administración general del Estado y está dirigida a garantizar
que la Administración adquiera tecnología conforme con el año 2000.

No voy a entrar en el análisis de la misma para no alargar más de lo
que ya voy a hacerlo mi intervención, pero quiero que sepan ustedes o
que recuerden su existencia. Quiero señalar que el campo de
aplicación de esta cláusula no se limita a las aplicaciones a medida
sino que afecta a todo tipo de equipos físicos y lógicos. Asimismo,
tanto la CIABSI como la COAXI, que es la Comisión nacional para la
cooperación entre administraciones públicas en el campo de los
sistemas y tecnologías de la información, están llevando a cabo un
seguimiento permanente de los productos y servicios que ofrece el
mercado a fin de garantizar que las administraciones adquieren
tecnología conforme a los requerimientos del año 2000.

Por otra parte, en lo tocante a la elaboración de métodos comunes,
«Así 200. Guía para la adaptación de los sistemas de información de
las Administraciones Públicas al año 2000» constituye el principal
instrumento de ayuda metodológica que hemos elaborado para abordar
proyectos de preparación al cambio del milenio. «Así 2000» se
encuentra disponible en el servidor Internet del MAP y también ha
sido editada como libro y distribuida a los afectados tanto en España
como en otros países de lengua española, documento que supongo
también será conocido por todos los presentes (El señor Estrella
Pedrola). De hecho, tanto «Así 2000» como la obra sobre «El problema
del año 2000 en los sistemas de información de las Administraciones
Públicas» constituyen unos recursos fundamentales, disponibles en
español para que los usuarios afectados por el problema puedan
abordarlo con la profesionalidad exigida. Así lo ha visto, por
ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que recientemente se
ha interesado ante el MAP por disponer de 900 ejemplares de estas dos
publicaciones para distribuirlas entre todos los responsables de los
proyectos financiados por el banco. Yo siendo que el Banco
Internacional de Desarrollo los tenga y, por lo visto, en España no
esté a disposición de todo el mundo. En cualquier caso, apuntaré
luego unos datos.

Dentro de esta misma línea metodológica y con el fin de facilitar el
trabajo de los responsables de los sistemas, se ha elaborado una
herramienta automatizada que permita realizar análisis de riesgos en
proyectos año 2000, así como elaborar planes de contingencia, que se
distribuirá en formato CD-ROM en toda la Administración. La idea,
señorías, a la hora de preparar planes de contingencia con ayuda de
esta herramienta, es tener previsto todo un conjunto de



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sistemas y procedimientos orientados a minimizar las consecuencias de
un fallo a causa del efecto 2000, de modo que la interrupción del
servicio sea la menor posible. También se ha constituido un centro de
soporte técnico del efecto 2000, que ya se encuentra operativo para
atender consultas de las administraciones públicas dentro de un
esquema típico de un centro de atención a usuarios afectados, las
cuales pueden hacerse llegar al centro indistintamente mediante fax o
correo electrónico. El soporte técnico de este centro comprende,
entre otras, las siguientes prestaciones: la elaboración de
respuestas prácticas a consultas de los usuarios del centro de
soporte técnico del efecto 2000; proporcionar a los usuarios ayuda
para la localización de herramientas, programas, módulos de
actualización de programas, documentos, etcétera; favorecer la
reutilización de conceptos y de soluciones que se hayan demostrado
eficaces para el tratamiento del problema del efecto 2000, y la
orientación en materia contractual en relación con el paso al año
2000. Tengo que decir que ya se han producido, que nosotros
conozcamos, más de 700.000 consultas al Ministerio de
Administraciones Públicas sobre todos estos asuntos, con lo cual
resulta sorprendente que esto no se conozca por algunas personas,
pero intentaré subsanarlo porque sin duda es un grave error mío. En
cualquier caso, lo que voy a hacer ahora es comentar el cumplimiento
de las acciones encomendadas por el Consejo de Ministros a distintos
órganos y organismos públicos.

En primer término, la Dirección General del Servicio Jurídico del
Estado tiene muy avanzado el análisis de las cuestiones jurídicas y
contractuales asociadas al efecto 2000, de modo que en los próximos
días dispondremos de un estudio muy completo sobre estos asuntos.

Otro aspecto en el que también se han adoptado medidas es el de la
agilización de la contratación administrativa. En este terreno, el
Ministerio de Economía y Hacienda ha declarado de adquisición y
contratación centralizada la compra y arrendamiento de bienes y
servicios asociados a la adaptación de los equipos y sistemas para el
tratamiento de la información al euro/efecto 2000, mediante una orden
del pasado 30 de julio. Se considera que esta medida es un
instrumento esencial para agilizar la contratación administrativa de
bienes y servicios para la adaptación al año 2000, pudiendo estimarse
que este procedimiento reduce los plazos de contratación en
porcentajes que con frecuencia superan al 50 por ciento con relación
a los requeridos en el caso del concurso. Por otra parte, desde el
Ministerio de Administraciones Públicas hemos puesto en marcha todo
un conjunto de medidas de cooperación con las administraciones
territoriales, entre las que destaca la colaboración con la
Federación Española de Municipios y Provincias, para la realización
de un plan de actuaciones con destino a la Administración local que
se inició el pasado mes de abril, en Valencia, con ocasión de la
celebración de las jornadas informáticas de Administración local
(JIAL-98). Entre estas actuaciones les puedo mencionar las
siguientes. La distribución de las publicaciones del MAP (son las dos
antes citadas) a todos los ayuntamientos de España; es decir, el 100
por ciento de los ayuntamientos de España tienen estos documentos
desde antes del verano.

La organización de un acto conjunto MAP-Federación Española de
Municipios y Provincias sobre el efecto 2000
en la Administración local, al que asistimos la presidenta de la FEMP
y yo mismo, que tuvo lugar el 22 de septiembre, con el objetivo de
proporcionar a los máximos responsables de las corporaciones locales
una visión adecuada de lo que significa el problema del efecto 2000 y
alertar sobre la importancia de llevar a cabo la adaptación de los
sistemas dentro del plazo y con la máxima urgencia posible.

Inserción en las publicaciones periódicas de la Federación Española
de Municipios y Provincias de una sección fija dedicada al efecto
2000, donde se difunda información de utilidad para las corporaciones
locales.

La celebración hace unos días de las V Jornadas sobre tecnologías de
la información para la modernización de las administraciones públicas
(Tecnimap’1998), organizadas por el Ministerio de Administraciones
Públicas en colaboración con la Diputación Provincial de Salamanca,
sobre el lema: Las Administraciones públicas ante los desafíos del
nuevo milenio. Tuve la honra de clausurar estas jornadas y tuvieron
un enorme éxito de intervenciones y asistencias, con participación de
administraciones públicas y también, lo que considero muy importante,
del sector privado, que por primera vez intervenía en estas jornadas
que se organizan cada dos años por el Ministerio que yo dirijo.

En materia de formación de empleados públicos, la intensificación de
las actividades prevista en el acuerdo del Consejo de Ministros se ha
plasmado en un programa que se está llevando a cabo en el Instituto
Nacional de Administración Pública a lo largo del segundo semestre de
este año y que incluye las siguientes acciones formativas: cuatro
jornadas de movilización, 20 seminarios y dos cursos. Las jornadas
están dirigidas a movilizar a los agentes responsables, directa o
indirectamente, de adaptar los sistemas. Los seminarios prácticos o
talleres se orientan a preparar a los agentes encargados de la
realización de proyectos de adaptación, dotándoles de un saber hacer
específico. Por último, los dos cursos pretenden formar a los
asistentes en gestión de proyectos de adaptación al año 2000, con
ayuda de la guía metodológica ASÍ-2000.

En lo que concierne al campo internacional, estamos participando
activamente en actividades relacionadas con el efecto 2000 puestas en
marcha por la Comisión Europea y la OCDE, organizaciones éstas que
están efectuando un seguimiento muy estrecho del desarrollo del
proceso de adaptación en los Estados miembros a partir de las
informaciones proporcionadas por éstos y que en el caso español
todavía presentan algunas lagunas, principalmente en relación con lo
que ocurre en el sector privado y en las administraciones
territoriales, que estamos intentado subsanar, y en cualquier caso
debemos hacerlo en el futuro.

También es de destacar que en la reunión de ministros de
Administraciones Públicas de la Unión Europea que tuvo lugar el 20 de
mayo en Londres se acordó examinar, a propuesta de la representación
española que yo encabezaba, en la siguiente reunión que vamos a tener
en Viena el 12 de noviembre, el grado de avance de los trabajos de
adaptación al año 2000 emprendidos por las administraciones de los
países miembros, con el fin de compartir información sobre la forma
en que cada Estado está afrontando el problema.

Asimismo, en esta vertiente internacional, la Conferencia de
autoridades iberoamericanas de informática, que se



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ha reunido en Lisboa del 22 al 25 de septiembre, ha tratado el efecto
2000 como uno de los grandes temas de dicha Conferencia, junto con el
de la administración electrónica, a propuesta de la delegación
española, que tiene atribuida la secretaría ejecutiva de la
Conferencia. En la Conferencia se puso de manifiesto que diversos
países de habla hispana, entre los que se puede destacar a Perú,
Argentina y Panamá, se han inspirado para sus acciones de
neutralización del efecto 2000 en el modelo español y en las
estrategias desarrolladas por el Consejo Superior de Informática.

Tengo que decir con un cierto orgullo que todos los documentos que se
están haciendo en los países iberoamericanos son -y creo que es bueno
que se haga así, porque es bueno copiar cuando no hay nada que
inventar- transcripción literal de los documentos elaborados por el
propio Gobierno español.

Finalmente, el Consejo directivo del Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD), reunido en Madrid el pasado
14 de octubre, ha acordado convertir el tema de la innovación
tecnológica aplicado al sector público en un eje de trabajo del
mismo, para lo cual se han constituido ya dos grupos de trabajo, uno
de ellos relacionado con el efecto 2000, que será coordinado por
España.

Paso ahora a hacer una breve exposición de las medidas de
colaboración con el sector privado, porque, como he dicho, la pieza
clave prevista en el acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de junio
para garantizar esta colaboración es la Comisión nacional del efecto
2000, cuya constitución formal llevamos a cabo el pasado 9 de
septiembre, bajo la presidencia del vicepresidente segundo y ministro
de Economía y Hacienda.

El arranque de las actividades de la Comisión nacional del efecto
2000 supone un paso decisivo en el objeto de concienciar y apoyar a
los usuarios en la resolución de este problema, dado que en ella
están representados los principales agentes del sector privado, tales
como las organizaciones empresariales CEOE, AEB, Confemetal, Anged,
Cepyme y Aniel, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación y el Consejo de Consumidores y Usuarios. Asimismo
participan en la comisión nacional otras administraciones públicas
distintas de la del Estado, atendiendo a la posibilidad que abría el
acuerdo del Consejo de Ministros antes citado para aquellas
comunidades autónomas y asociación de entidades locales de ámbito
estatal de mayor implantación que expresaran su interés en participar
en la Comisión nacional. Por parte de la Administración General del
Estado participan en la Comisión el ya mencionado vicepresidente
segundo y los ministros de Administraciones Públicas, Industria y
Energía, Fomento, Sanidad y Consumo y Trabajo y Asuntos Sociales,
además de la secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, que
se ocupa de la Secretaría de la Comisión.

En la sesión constitutiva del pasado 9 de septiembre, después de
proceder a su constitución formal y recordar sus objetivos,
examinamos la situación del proceso de adaptación, tanto en el sector
público como en el sector privado, para identificar a continuación
grandes líneas de colaboración y terminar con la formulación por
parte del presidente de las conclusiones.

Permítanme, señorías, que les resuma las principales conclusiones de
la reunión. Primero, solicitar a los representantes del sector
privado información sobre la marcha del proceso de adaptación en sus
respectivos ámbitos de actividad, de modo que sobre esta base se
pueda recoger información relevante para trasladar a la Comisión
Europea de cara a las decisiones que deban adoptarse en el ámbito de
la Unión Europea. Esta solicitud se extendió asimismo a los
representantes de las administraciones autonómicas y locales en la
Comisión nacional. Segundo, solicitar a las restantes
administraciones públicas que adopten, en la medida de lo posible, el
calendario de adaptación aprobado por la Administración general del
Estado en el acuerdo del Consejo de Ministros, esto es: finalización
del análisis del impacto, 31 de julio de 1998; finalización de la
conversión, 31 de marzo de 1999; finalización de las pruebas, 30 de
junio de 1999. Tercero, constituir, antes de que finalice el mes de
septiembre, un grupo de trabajo técnico -que ya está en marcha-
encargado de desarrollar los trabajos que le encomiende la Comisión
nacional. Y cuarto, celebrar una segunda reunión plenaria en la
primera quincena de diciembre.

Sin embargo, quiero señalar que las actuaciones de colaboración entre
el sector público y el privado no han tenido que esperar para
iniciarse a la constitución formal de la Comisión nacional. Así, el
pasado 24 de junio tuve la oportunidad de presidir una jornada de
sensibilización sobre el efecto 2000 para empresas, administraciones
públicas y usuarios de tecnologías de información, que contó con la
participación de representantes cualificados del sector privado:
Consejo Superior de Cámaras, CEOE, Sedisi y Consejo de Consumidores y
Usuarios, junto con otros del sector público: Ministerio de Industria
y Energía y Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa.

En lo que toca a las actuaciones de los órganos de supervisión de
infraestructuras y sistemas críticos, el Consejo de Seguridad Nuclear
se dirigió el pasado mes de julio a las centrales nucleares españolas
requiriendo que cada central le remitiera con carácter urgente su
programa de actuaciones y la confirmación de que la instalación está
o estará preparada para afrontar adecuadamente el año 2000 no más
tarde del 1 de julio de 1999. Por su parte, la Secretaría de Estado
de Industria y Energía, en colaboración con la patronal Unesa, está
trabajando para que este asunto se resuelva en el sector eléctrico.

Tengo que decir que en algunos casos la fase de trabajos de
adaptación está finalizada y en otros a punto de terminar.

Respecto al sector de hidrocarburos, la información disponible nos
indica que todas las empresas del sector se encuentran en plena fase
de conversión o de sustitución de todos aquellos elementos en los
cuales se han detectado disfunciones como consecuencia del cambio de
milenio. Además, empresas como Repsol, en las que ya se ha modificado
buena parte de su equipamiento, están en fase de pruebas.

El Ministerio de Fomento se ha dirigido, dentro de sus competencias y
dentro del ámbito de actuaciones de colaboración con el sector
privado, a las asociaciones empresariales y grandes empresas de los
sectores en que se desarrollan las actividades de este departamento,
solicitando



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información sobre los planes para poder efectuar un seguimiento. En
particular, esta actuación se ha desarrollado en relación con los
sectores de ingeniería civil, mediante colaboración con Tecniberia,
Asince y Seopan, y de telecomunicaciones.




No voy a entrar ya en un análisis excesivamente detallado, porque, si
no, no iba a terminar nunca, pero quiero que sepan todas las señoras
y señores miembros de la Comisión que también está trabajando en el
ámbito de su responsabilidad el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas y particularmente la Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y de las Pymes, que ha puesto en marcha un importante plan de
sensibilización para pequeñas y medianas empresas que incluye
actuaciones en las siguientes áreas: mailing, campaña de medios,
jornadas, seminarios y reuniones, información directa a las pymes,
material divulgatorio, realización de estudios y observatorio de las
pymes. Dentro de este plan, es de destacar que la iniciativa Pyme de
desarrollo empresarial 1998-1999, en la que se integran recursos de
la Administración y de la Unión Europea por un montante de 25.000
millones de pesetas, tiene como uno de sus objetivos ayudar a las
pequeñas y medianas empresas a afrontar los retos del nuevo milenio,
contribuyendo así a la adaptación de sus equipos y sistemas al salto
al año 2000 y a la entrada en vigor de la moneda única.

También hay que destacar que la colaboración del Ministerio de
Administraciones Públicas con la Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y Pymes y dos empresas suministradoras de informática ha
permitido la publicación por parte del diario económico Cinco Días
del día 28 de julio de esta Guía práctica para la adaptación de los
sistemas de información de las empresas al año 2000, con una tirada
de 40.000 ejemplares. De esta guía, aparte de remitirse a todas las
administraciones públicas, a todas las cámaras de comercio, a todas
las instituciones a las que antes he hecho referencia, se han tirado
40.000 ejemplares en colaboración con un medio de comunicación
económico. Por su parte, también ha desarrollado una importante
actividad la Dirección General del Tesoro y Política Financiera -y no
voy a entrar en los detalles para no abrumarles- y el Ministerio de
Medio Ambiente.

Quisiera señalar, en cuanto al sector de la salud, que el Insalud ha
llevado a cabo un proyecto para la determinación del impacto de la
llegada del año 2000 en los equipos electro-médicos e instalaciones
generales de las instituciones sanitarias. Este proyecto ha permitido
identificar que el 13,4 por ciento de estos equipos están afectados
en grado variable. En la mayoría de los casos puede lograrse la
adaptación con modificaciones cuyo coste se ha estimado en unos 2.416
millones de pesetas. El Insalud ya tiene en marcha un plan de acción
para resolver este problema.

Finalmente, también la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha
tomado una serie de iniciativas. Si ustedes tienen interés, se las
explico, pero por las razones antes señaladas no voy a entrar en su
detalle.

Hasta aquí, en esta parte de mi exposición les he manifestado cuáles
son las acciones que hemos llevado a cabo en el proceso de adaptación
del año 2000, e un modo más amplio en el caso de las anteriores al
acuerdo del Consejo de Ministros y con bastante detalle las llevadas
a cabo después
del acuerdo del Consejo de Ministros. Voy a intentar resumir
ahora, en la medida que es posible resumir toda esta información, la
situación de la Administración general del Estado.

Me referiré, en primer lugar, al cumplimiento de los plazos. De
acuerdo con los datos de que disponemos en el Ministerio, se ha
producido un avance notable en el proceso con relación a la situación
a principios del año 1998. Este avance es más significativo en las
primeras fases del proceso de adaptación. No obstante ello, por las
razones que a continuación expondré, creemos que es preciso
intensificar el ritmo de los trabajos. En este momento, la mayor
parte de los órganos, una gran mayoría, ha concluido el análisis del
impacto objeto de la primera fase del proyecto de adaptación. El
resto lo está llevando a cabo, si bien la complejidad de sus sistemas
les exige más tiempo del previsto. Las previsiones efectuadas por los
responsables de ministerios y organismos indican que la práctica
totalidad de los mismos consideran que las fases de conversión y
prueba serán finalizadas en los plazos acordados por el Consejo de
Ministros -plazos a los que antes me refería, 30 de junio de 1999-.

Todo ello indica que el proceso ha experimentado un notable impulso
en los últimos meses, y esperamos que este impulso se vaya
consolidando en las próximas semanas y meses. Para ello estamos
trabajando intensamente, como muestra el conjunto de acciones del que
he dado cuenta a todos ustedes.

En lo que se refiere al costo del proceso, conforme vamos avanzando
las estimaciones son más precisas y va cambiando la cifra inicial,
que situábamos a finales del primer trimestre de 1998 en unos 15.000
millones de pesetas para el conjunto de la Administración general del
Estado. La investigación detallada realizada en el mes de julio
revela una situación de costes que alcanza la cifra de 18.372
millones de pesetas, sin incluir los sistemas automatizados, sobre
los que todavía no tenemos datos definitivos. Este coste se
descompone del siguiente modo: aplicaciones, 9.500 millones;
licencias de software, 2.519; equipos físicos, 6.344. En total, la
cifra de 18.000 millones largos a que antes he hecho referencia.

Es importante señalar que parte de este coste se va a abordar con
recursos humanos propios de la Administración general del Estado, en
concreto, 5.132 millones, con lo que el coste de la contratación
externa de bienes y servicios ascendería a 13.000 millones, lo que
supone el 7,2 por ciento del coste total. También cabe hacer notar
que, en ocasiones, aplicaciones y equipos afectados por el efecto
2000 habrían sido reemplazados por otros, aun en el supuesto de que
no se hubiera producido este efecto como consecuencia de la
renovación natural del parque informático. Por ello, siempre será
discutible el criterio que se adopte a la hora de identificar un
gasto como el causado por el efecto 2000, de la misma manera que los
criterios de estimación que se utilizan son de lo más diverso.

En cualquier caso, es ilustrativo situar las cifras anteriores en el
marco de lo que supone el presupuesto anual de gastos en tecnologías
de la información y de las comunicaciones de la Administración
general del Estado. Este presupuesto ha ascendido en el año 1998 a la
cifra de 155.922 millones, por lo que el costo total estimado para
subsanarel efecto 2000 supone el 11,8 del gasto anual en TIC. Quiero



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señalar que este gasto de 155.922 millones, que es ciertamente una
cifra importante, es lo que se gasta la Administración general del
Estado en tecnologías de la información y ésta es la auténtica y
verdadera reforma de la Administración pública. Siempre que les
pregunten a ustedes -naturalmente, es una recomendación a la que no
tienen ustedes por qué hacer ningún caso, pero yo ya lo he dicho en
muchas ocasiones en la Comisión de Administraciones Públicas- cuál es
la reforma de la Administración, tienen que decir que la reforma de
la Administración, de verdad, es ésta. Es decir, que la
Administración sea puntera en las nuevas tecnologías de la
información; otra cosa es que lo consigamos, pero es evidente que
aquí está el futuro, aquí está la eficacia y la mejora de las
relaciones entre ciudadanos y Administración, que es lo único que se
pretende. Reformar la Administración, ¿qué es? Pues que mejore y que
las relaciones de los ciudadanos con la Administración sean mejores.

Otra cosa es que se consiga o no.

Voy a concluir diciendo lo siguiente: El acuerdo del Consejo de
Ministros, tantas veces citado en mi intervención, ha supuesto una
llamada muy importante a la acción por parte de todos los agentes,
tanto públicos como privados, potencialmente afectados por este
problema, y buena parte de estos agentes han desarrollado acciones
significativas para minimizar los riesgos del efecto 2000 en el plazo
que ha transcurrido desde la aprobación del acuerdo. Tengo que decir
que, al igual que la Administración general del Estado, muchos otros
agentes, particularmente administraciones autonómicas, grandes
ayuntamientos y empresas importantes, ya habían comenzando desde el
año 1996 a trabajar en este asunto, pero creo que el acuerdo ha sido
una llamada de atención muy importante porque, al fin y a la postre,
la labor fundamental de la Administración en esta materia, aparte de
cumplir sus propios deberes, es hacer una presión colosal sobre todos
los agentes privados. Auna pequeña y mediana empresa o se le está
bombardeando constantemente desde sus organizaciones y desde la
Administración con programas especializados o no van a hacer nada. Lo
que es evidente es que la Administración no puede hacerlo por sí. Por
tanto, la labor de difusión es enormemente importante.

En segundo lugar, hay que señalar que el esfuerzo que se ha exigido a
la sociedad ha generado una respuesta desigual. Entre los logros más
destacables cabe citar la puesta en marcha de la Comisión nacional
del efecto 2000, el plan de sensibilización en las pymes, la
cooperación con otras administraciones públicas, que ya están
trabajando en serio, las medidas relacionadas con la contabilidad y
la auditoría, la agilización de la contratación o las actuaciones en
relación con los mercados de valores.

En el sector privado, los sistemas de información de las áreas de
seguros, finanzas, comunicaciones y grandes empresas, en general,
parecen seguir un ritmo adecuado en el proceso de adaptación. Pero
junto a éstas hay otros sectores que están reaccionando más
lentamente o en los que ha calado menos el mensaje de sensibilización
y de llamada a la acción lanzada por el Gobierno. Este sería el caso
de las pequeñas y medianas empresas y algunas empresas industriales.

Este asunto, que me preocupa y pienso que nos debe preocupar a todos,
tiene una importancia menor, porque las pequeñas y medianas empresas
se pueden adaptar
en un plazo muy breve de tiempo. Lo que no sería deseable es que
todas esperasen al último trimestre del año 1999 porque nos podríamos
encontrar con problemas de personal para producir la adaptación. Por
ello estamos en una labor de presiión continuada a través de las
cámaras de Comercio, de las organizaciones empresariales, de la
organización de cursos, formación, etcétera. Intentamos que los
medios de comunicación hablen en lo posible del efecto 2000, aunque
sea criticando al Gobierno, pero créanme que esto no es ciertamente
fácil porque uno participa en unas jornadas sobre el efecto 2000,
moviliza a unas 1.500 personas, presenta a los mayores especialistas
sobre esta materia que existan en España, al final da una rueda de
prensa y le preguntan que qué opina sobre la detención de Pinochet.

En cualquier caso, seguiremos haciendo los mayores esfuerzos de que
seamos capaces para que la prensa, que tiene una labor muy importante
que hacer en este mundo, sensibilice a la opinión pública. Si se nos
critica con mucha dureza que ya se hace por lo poco que hacemos,
probablemente se salga más, porque eso siempre tiene más interés y se
vende más que lo que puede hacer el Gobierno contando lo que hace,
que ya se sabe que es difícil que nadie se lo crea.

En cuanto al grado de preparación de los sistemas propios de la
Administración general del Estado, algunas de las conclusiones más
significativas que ofrece el análisis son las siguientes: Un pequeño
porcentaje, muy pequeño, de los órganos de la Administración general
del Estado no ha terminado la fase de análisis del impacto
establecida en el acuerdo del Consejo de Ministros -no lo ha
terminado y así hay que decirlo- y es preciso que lleven a cabo un
esfuerzo importante para incorporarse al ritmo del conjunto. Tengo
que decir que los que no lo han terminado reciben una llamada diaria
del Ministerio de Administraciones Públicas, salvo los sábados y
domingos, para que la terminen. Los sistemas automatizados
constituyen un tema en el que se está avanzando, pero deben ser
objeto de una atención específica.

Los planes de contingencia constituyen también otra tarea clave a
culminar o a abordar en los próximos meses. Es importante tener en
cuenta que, aunque hayamos sido muy rigurosos en la conversión,
siempre existirá una probabilidad de que se produzcan errores, por lo
que los órganos necesitan planificar la gestión del impacto de fallos
no previstos. En este punto debemos aplicar el principio de
prepararnos para el peor de los escenarios posibles pero trabajando
para lograr el mejor escenario de los deseables.

Asimismo, un sector de especial preocupación, no sólo en España sino
en todos los países, lo constituyen las administraciones locales y,
más en concreto, los pequeños y medianos municipios, dados los
servicios esenciales que prestan en muchos casos, como los
abastecimientos y saneamiento de agua, el alumbrado, recogida de
basuras, control de tráfico, etcétera. Un objetivo de las próximas
actuaciones debería ser promover la elaboración de planes municipales
para abordar el efecto 2000 en estos servicios estatales.

Por todo ello, consideramos -y probablemente esto sea lo más
importante de lo que voy a decir- que es muy importante mantener la
presión administrativa y reforzarlas acciones de concienciación y la
colaboración con el sector



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privado y las demás administraciones públicas. Esto es lo más
importante, mantener la presión administrativa y hacer el mayor
esfuerzo de que se sea capaz para concienciar y sensibilizar al
conjunto de las administraciones.

Con esto termino mi intervención, que probablemente haya resultado
atropellada. Créanme que no es fácil resumir toda esta compleja y
difícil materia. He intervenido a lo largo de 40 minutos. Sé que la
exposición ha sido muy larga, pero es que no sé hacerlo de otra
forma. Les pido a ustedes disculpas si les he abrumado con exceso de
datos o si no se me ha comprendido bien. Hemos intentado hacer una
exposición lo más entendible y clara posible, dentro de lo complicado
que es explicar todas estas cosas, pero con mucho gusto me pongo a su
disposición para las preguntas que quieran hacerme, inquietudes que
ustedes quieran manifestar o críticas, a buen seguro muy
justificables, que ustedes puedan dirigirme. Tampoco rechazo el que
haya aplausos a la intervención, como es natural. (Risas.)
Muchas gracias. (La señora Heras Pablo pide la palabra.)



La señora PRESIDENTA: ¿Por qué motivo pide la palabra?



La señora HERAS PABLO: Para hacer una petición al ministro antes de
que empiecen las intervenciones.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra.




La señora HERAS PABLO: Señor ministro, en nombre del Grupo
Socialista, quiero solicitarle que nos haga llegar a los miembros de
la Comisión a través de la Mesa o como estime oportuno los libros que
nos ha mostrado; y si tiene las conclusiones de las jornadas de
innovación, o alguna de las ponencias que allí se reflejaron, también
nos interesaría mucho poder disponer de ellas.




La señora PRESIDENTA: El señor ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rajoy Brey): Ya he
dado las instrucciones oportunas a una persona que está aquí dentro.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro, por su
exposición, y esperemos que por la abundancia de datos que nos ha
dado y por la claridad de su exposición sean más los aplausos, aunque
no estén exentos de críticas. En todo caso, miraremos siempre el lado
positivo.

En cuanto a la intervención de la diputada socialista, el señor
ministro a su exposición ya había anunciado que se extrañaba de que
no hubiera llegado a la Cámara la información pero que, en todo caso,
iba a subsanar el error mandándola inmediatamente.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Que mis primeras palabras sean para
felicitar al ministro, sobre todo agradeciéndole que haya librado a
esta Comisión del complejo de Casandra, porque hace ya un año y medio
que esta Comisión aprobaba una proposición no de ley en la que se le
pedía al Gobierno que, a la mayor brevedad, remitiera a la Cámara, y
a esta Comisión, un informe detallado con la información que tenía el
Gobierno sobre las consecuencias del efecto 2000, en la que se pedían
además una serie de acciones concretas, de sensibilización, etcétera.

Probablemente si el ministro se hubiera leído en aquel entonces
aquella proposición no de ley, buena parte de lo que ahora ha tenido
que redactar de su intervención lo hubiera podido hacer hace año y
medio, y hubiéramos ganado un año y medio en algo en lo que el tiempo
es fundamental, porque el ministro es consciente de que la fecha
límite -y luego hablaré de cómo algunos fallos pueden aparecer
incluso antes de la fecha límite- es esencial, esencial para asegurar
un mayor margen de acierto, de corrección, es esencial también para
asegurar unos costes menores, estamos viendo cómo los costes de
programador/hora se están multiplicando meteóricamente; aquellos
países que lo han afrontado con anterioridad han tenido una mejor
perspectiva y, al mismo tiempo, han podido recoger a los expertos que
hay en el mercado. Por tanto, mis primeras palabras son de queja
porque el Gobierno todavía al día de hoy (porque no entendemos que
esta comparecencia sea ese informe que pedimos hace año y medio) no
haya sido capaz de remitir a la Cámara el informe que esta Comisión
solicitó a la mayor brevedad, probablemente porque el Gobierno hace
año y medio era vagamente consciente del problema pero confiaba en
que se resolvería de alguna manera, quizá porque otros nos ayudarían
a resolverlo, o quizá el Gobierno confiaba en esa posibilidad a la
que con cierta frecuencia se recurre de elevar a categoría política
la tradicional improvisación española.

Yo creo que el Gobierno ha enfocado el problema, en términos
generales, correctamente. Estamos ante uno de los problemas más
serios que afronta no sólo la economía española sino la economía
mundial y, por tanto, no se puede subestimar el impacto del efecto
2000. El problema es tanto sobre los sistemas informáticos como sobre
los procesadores integrados, los procesadores que están dentro de
otros sistemas. No estamos, desde luego, ante un reto meramente
técnico, sería un error afrontarlo sólo como un problema técnico; se
debe afrontar como un problema de gestión y también como un problema
político, e incluso como un problema diplomático; en una economía
como la nuestra, que tiene cada vez más interrelaciones con otros
países -para empezar, con la Unión Europea a la que se está
transfiriendo información por procesos automatizados permanentemente-
eso es una obviedad. Pero también es un reto desde el punto de vista
de la Administración, de la gestión de las empresas, en lo que se
refiere a sus interdependencias. Hoy ya parece que está claro, y se
desprende de las palabras del ministro, que no basta con solucionar
nuestro problema en casa si no solucionamos todos y cada uno de los
elementos del proceso. Se ha hecho referencia a las pymes; las pymes
no son por sí solas elementos críticos de la solución del problema,
sino que pueden ser de las últimas en resolverlo, salvo en algunos
casos, porque hay pymes que forman parte esencial como proveedores de
elementos centrales del sistema, en el sector energético, en el
sector industrial, en la propia Administración, porque suministran
componentes o porque procesan información. Por tanto, la visión tiene
que ser global, se requiere un liderazgo



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que impulse, y entiende que ése es el objetivo de la Comisión
nacional, la adopción de medidas, la sensibilización y yo diría,
señor ministro, que también la movilización. Yaquí hay que ser muy
prudente a la hora de establecer la frontera entre la alarma y la
movilización, y no está en absoluto en el ánimo de nuestro grupo, no
lo estuvo desde el primer momento, el crear ningún tipo de alarma.

Cuando se habla de costes probablemente el coste más preocupante del
impacto del efecto 2000 es el que pueda derivarse de la no resolución
de problemas, el coste que veremos a partir del 1 de enero del 2000,
porque está claro que va a haber sistemas que van a fallar, en el
sector público y en el sector privado. Sencillamente se trata de que
exista la movilización y la sensibilización suficiente como para que
aquellos elementos que van a ser críticos estén resueltos y para que
se minimice el impacto al máximo posible en aquellos que no son
críticos. Eso requiere llegar hasta la última pequeña y mediana
empresa.

Ha hecho usted referencia a la acción de otros gobiernos. Yo creo que
España ha perdido año y medio porque cuando este Parlamento llamaba
la atención sobre el problema, a los pocos meses otros países como
los países nórdicos, Bélgica, etcétera, estaban adoptando ya las
medidas que el Gobierno ha adoptado a comienzos del verano, y no haya
nada más que leer las palabras del presidente del Consejo
presidencial de Estados Unidos, señor Koskine, que dice: El Gobierno
tiene un plan que está muy bien, el problema es que ha empezado
tarde, con un programa diseñado y aprobado -decía él-, en mayo de
este año. No se refería a España, se refería a Rusia, pero se podrían
trasladar sus palabras literalmente al caso de España.

Hay una serie de sectores críticos cuya adaptación o no va a afectar
a la percepción del ciudadano. Dentro de un año vamos a estar ante un
estado psicológico en la sociedad española, porque, no se engañe,
señor ministro, la poca atención que puede conseguir hoy en los
medios de comunicación va a ser inmensa, casi agobiante, en los meses
y días previos al final de 1999. Por lo tanto, es importante no sólo
que los ciudadanos sean conscientes de la cuestión, sino que sean
conscientes de qué es lo que afecta y qué lo que no afecta. Por
ejemplo, en una casa particular. Estoy seguro que el ministro, igual
que yo, tiene ahora mismo en su casa más capacidad de proceso que la
que tenía la Universidad de Madrid hace 20 años. Llevo en el
bolsillo, como usted, varias unidades de capacidad de proceso. Pero
es importante que el ciudadano sepa qué es lo que puede o no fallar
para no crear alarma. Que sepa, por ejemplo, que el aire
acondicionado de una casa no tiene por qué fallar, pero que sí puede
fallar el apartado de vídeo, o que sí pueden fallar en un edificio
sofisticado como éste los sistemas de ascensores por los procesos de
revisión. No basta con decir que estamos arreglando lo de la
Administración, que lo que ocurra con las empresas públicas que estén
ya vendidas es problema de ellas. No, el Gobierno tiene una
responsabilidad, siquiera sea política en lograr que se preste la
máxima atención y que se adopten el máximo número de medidas. Le voy
a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre si el 31 de diciembre, a las 11:59 de
la noche, cuando empieza a caer la bola del reloj de la Puerta del
Sol, hay un fallo eléctrico, hay un fallo de los sistemas de
telecomunicaciones, hay un fallo de los sistemas de telefonía? ¿Qué
ocurre esa
noche? Eso general el pánico. El Gobierno tiene que adoptar medidas
que eviten situaciones de pánico. Por eso, me sorprende no encontrar
en la Comisión nacional a un Ministerio que debe juzgar un papel
importante y que tiene también problemas como es el Ministerio del
Interior.

Me voy a referir a la Comisión. Querría saber, señor ministro, por
qué algunos ministerios, que en otros países formar parte de estas
acciones y que dentro de una acción integrada de la Administración
debieran de estar, no están en la Comisión interministerial. Me
refiero a un Ministerio como el de Defensa, que tiene problemas
específicos, además de los problemas comunes al resto de las
administraciones. Tiene una serie de sistemas que normalmente no son
comerciales, que procesan información con referentes de fecha, que
podrán fallar el 1 de enero de 2000, y que si se producen esos
fallos, podrían tener consecuencias para la seguridad y en términos
económicos. Me sorprende que no esté el Ministerio de Defensa y nos
gustaría saber en qué grado se está adaptando. Como nos sorprende que
no estén el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior o el
Ministerio de Justicia. ¿Por qué no están todos los órganos
responsables de la Administración? ¿Por qué no están todas las
comunidades autónomas? Espero que la razón sea simplemente la
ausencia en el momento de la constitución, pero sorprende que no esté
el País Vasco, que no esté Castilla-La Mancha, Extremadura o Ceuta y
Melilla, sin ir más lejos. Por ejemplo, a Ceuta y Melilla les
interesa mucho saber si los sistemas de navegación van a funcionar
ese día o no, porque podría crearse un estado de opinión en el
sentido de que corren un riesgo de quedarse aislados ese día. Su
presencia en la Comisión garantiza que se preste atención al problema
de estas ciudades.

Habla usted de la pequeña y mediana empresa. Es el sector donde se
debe producir la mayor preocupación. Es el sector donde la falta de
información es mayor, la falta de sensibilización es mayor y el
sector donde todavía se registra un mayor índice de respuestas en las
que se dice que, o bien no conocen el problema o, si lo conocen,
esperan que alguien se lo va a arreglar porque piensan que no les va
a afectar directamente. El grado de indefensión de las pymes es
enorme.

Habla el señor ministro de los 25.000 millones para las pymes. Tengo
aquí el programa de financiación de las pymes y no se habla para nada
del efecto 2000. Se habla de cantidades que pueden recibir a un tipo
de interés del 3 por ciento para dos cuestiones, para ésta y para
inversiones en activos fijos nuevos dirigidos a mejorar la
competitividad, y los límites son hasta el 80 por ciento de la
inversión en inmuebles y el 20 por ciento en activos y materiales. Es
decir, para el efecto 2000 el tipo es del 20 por ciento. Díganlo así,
y no digan que han aprobado 25.000 millones para que la pequeña y
mediana empresa afronte el efecto 2000, porque están generando
frustración y sensación de que las están engañando.

Habla del gasto por parte de las administraciones. Me ha sorprendido
que en el acuerdo del Consejo de Ministros se diga que no se autoriza
dinero extra para afrontar estos problemas. Se dice que el gasto que
comporten estas adaptaciones, en la parte que no pueda tener cabida
en el actual nivel de las dotaciones destinadas a sistemas que puedan
verse afectados por el efecto 2000, será compensado con



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reducciones equivalentes en gastos de otra naturaleza, que
simultáneamente deberán proponerse por los respectivos departamentos
de acuerdo con sus prioridades. Es decir, no aumente usted el gasto
informático, afronte usted el efecto 2000 con los recursos que ya
tiene para tecnología y, si tiene que aumentar, como el caso que ha
citado usted del Ministerio de Sanidad, reduzca otras partidas. Esto
es así, señor ministro.

Quería hacer alguna referencia a los costes. Ha dado el ministro
algunas cifras, el informe de la consultora Gardner, que habla de
entre 300.000 y 600.000 millones de dólares, unos márgenes que
permiten afinar poco. La Reserva Federal de Estados Unidos prevé
gastar por sí sola la mitad de lo que espera gastar el Gobierno
español para resolver el problema en el conjunto de sus
administraciones, 8.000 millones de pesetas. El Gobierno de Estados
Unidos va a gastar en el conjunto de su Administración, y es una
apreciación bastante ajustada, 750.000 millones de pesetas, frente a
los 18.000 que hace un momento anunciaba usted. No sé si ustedes se
quedan cortos o no, ahora le leeré lo que me dicen algunos expertos
de las agencias de consultoría españolas. Sabemos ya que Iberia ha
acordado destinar 1.000 millones y que incluso está recontratando a
jubilados de la compañía. El Gobierno británico estima el impacto en
el conjunto del país por encima de los 750.000 millones y para las
administraciones en 70.000 millones. Pero estos costes se pueden
disparar, y lo decía el propio informa de la CEOE. Decía que una
empresa con 300 trabajadores precisó doce meses para abordar el
problema con una dedicación de 24 horas. Caja Madrid habla de 1.500 a
2.000 millones; Telefónica, habla de 1.000 millones; el Banco
Popular, de 2.000 millones. En todo esto, señor ministro, existe un
temor a alarmar al ciudadano; muchas de las empresas que cotizan en
Bolsa, y por lo tanto tienen accionistas cuyos intereses se pueden
ver o no afectado por las consecuencias del efecto 2.000, son
enormemente reticentes a informar a sus accionistas de en qué medida
van resolviendo el problema y de cuánto dinero de los recursos del
banco, de la empresa eléctrica o de lo que sea, que son también de
los accionistas, se están destinando a la solución del efecto 2000.

Todo esto se traduce en una mayor desconfianza, y cuanto más nos
acerquemos a la fecha fatídica, mayor inquietud va a haber. No sé
cuál va a ser el gasto definitivo de la Administración, pero, según
todos los expertos y también según la Comisión Europea, el 5 por
ciento del gasto total que se estime irá a la detección, el 45 por
ciento a la reparación y el 50 por ciento a las pruebas, tanto en
recursos económicos como en tiempo dedicado a estas acciones. Me
gustaría saber si esas proporciones -5, 45, 50- son válidas o no para
la comisión nacional.

Los últimos estudios de consultoras sitúan el impacto para el
conjunto de la economía española en unos 400.000 millones. Si esto
fuera sí, habría una gran desproporción con el gasto de la
Administración, pero, en cualquier caso, estaríamos hablando de una
cifra que equivale a medio punto del PIB. No es un índice
despreciable, sobre todo si tenemos en cuenta que el gasto de la
Administración norteamericana, al que me he referido antes, se va a
realizar a lo largo de cuatro años, desde 1996 hasta 1999; en España,
el gasto se va a producir entre 1998 y 199, con lo cual el impacto va
a ser mucho más intenso.

Habrá gastos después del año 2000 que son previsibles. Solamente en
Estados Unidos, se habla de que se van a producir gastos del orden de
los 100.000 millones de dólares como consecuencia de litigios. Habla
usted del ámbito legal y dice que está a punto de producirse el
informe. Esperamos conocerlo para saber exactamente qué va a ocurrir.

Decía, señor ministro, que tenemos la sensación de que existe el
temor de trasladar a los consumidores la situación real. Creo que los
consumidores tendrían que ser los primeros aliados de la
Administración para afrontar el problema del año 2000. Ellos son los
que están más indefensos. No basta con decir, como el Instituto de
Consumo, que no tienen por qué preocuparse, puesto que ésta prohibida
la venta de aparatos no adaptados al efecto 2000, a menos que lo
adviertan expresamente. ¿Qué pasa con todo aquello que hemos comprado
antes de que el Gobierno se diera cuenta de que había un problema y
aprobase una resolución en el Consejo de Ministros? ¿Está protegido
eso por ley o no? ¿Qué pasa con las consecuencias indirectas que se
pueda producir?
El ámbito de lo que puede verse afectado es amplísimo. Ha hablado
usted del Ministerio de Sanidad. El servicio de salud británico
advertía hace muy pocos días de que podrían producirse situaciones de
grave riesgo para los pacientes del sistema, que había situaciones
que no eran siquiera previsibles. Si eso ocurre en un ministerio como
el de Sanidad, donde las cosas complejas, imaginemos lo que ocurre en
los oleoductos o en los gasoductos, que tienen integrados mecanismos
chip que dirigen procesos de estampación de hora.

Me molesté en pedir información a una serie de expertos y consultoras
sobre las propuestas que hizo usted en el mes de marzo y sobre la
información que estaba apareciendo en relación con su Ministerio. Le
leo simplemente una de ellas que dice: Llaman poderosamente la
atención los presupuestos tan bajos que se manejan en los contratos
de la Administración, sobre todo si se comparan con los que otros
sectores tienen para proyectos de similar o incluso menor
envergadura. Esta empresa -La empresa que me contesta- ha decidido no
licitar hasta ahora por ninguno de estos proyectos, por encontrarlos
insuficientemente dotados económicamente. Por otro lado, el número de
organismos que han iniciado estos procesos de contratación son una
minoría en relación con el total de organismos de la Administración.

Es posible que muchos organismos estén poco afectados debido a que en
los últimos años la Administración ha adquirido equipos nuevos que no
estarán afectados, pero se echa en falta la realización de un
análisis de impacto generalizado. Desde algunos organismos nos han
comunicado que, al no tener presupuestos previstos para esto, se va a
hacer con cargo a los de mantenimiento. Entendemos que es un gran
error, ya que el asunto requiere ser tratado como proyecto
independiente, y así se está haciendo en otros sectores y otros
países. Hemos constatado en otros sectores que las previsiones
iniciales con respecto al nivel de impacto, plazo, recursos,
etcétera, se han visto desbordadas por la realidad. No hay
suficientes programadores en el mercado para atender todos los
requerimientos del año 2000 y del euro, situación que empeorará en
los próximos meses. Tenemos una reacción



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tardía de la Administración, la cual suponemos que se producirá (era
junio de 1998 cuando nos daban esta contestación). Las tarifas medias
a las que sigue contratando la Administración no se corresponden con
la realidad del mercado, que está experimentando un crecimiento de
salarios espectacular.

Hay otro ejemplo de que aún les queda bastante por hacer: Consumo
exige saber -es una noticia de anteayer- qué productos pueden ser
afectados. Se ha dirigido a unos 50 fabricantes de informática para
que, en 45 días, le informen sobre qué productos dirigidos al
consumidor final en los años 1996, 1997 y 1998, pueden resultar
afectados por el efecto 2000. Está bien; un año más tarde de lo que
lo hizo, por ejemplo, la Administración sueca y con la mitad de
empresas proveedoras de las que lo ha hecho la Administración
británica.

Decía usted que se estaban produciendo algunos retrasos en las fechas
de aplicación de los planes. Se decía que en junio tenía que estar
hecha la determinación de impacto. Le puede decir sobre ese análisis
de impacto que, en determinados órganos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, donde hay numerosos sistemas que pueden
estar afectados por el efecto 2000, hace tan sólo dos semanas que ha
llegado a alguno de los directores de departamento y a través de una
fórmula que en nada refleja la existencia de un plan. Se les decía
simplemente: dígame usted si tiene sistemas informáticos, o sistemas
vinculados con los mismos, que puedan estar afectados por el efecto
2000.

Algo está fallando, señor ministro. Tiene usted todo nuestro apoyo y
solidaridad, sinceramente, pero algo está fallando porque en la
Administración hay retrasos y formas bastante vagas y genéricas de
plantear el problema. Habla usted de 700.000 consultas; imagino que
eso les tendrá prácticamente bloqueados. Después de escucharle, tengo
la sensación de que, en lo que queda de década, poco tiempo va a
poder dedicar a traspaso de competencias.

Habla usted del modelo, del seguimiento y del liderazgo español en
América latina. Le podría citar países de América latina que han
empezado antes que España y que están siguiendo otros modelos, pero
no voy a polemizar con usted sobre esa cuestión. Hay modelos
presidenciales donde el presidente del Gobierno se ha implicado
directamente y ha sido el que los ha liderado. En España, el Gobierno
ha optado por otro modelo; a mi me parece bien. En cualquier caso, lo
importante es que aparezca como referente aquella persona o personas
que inspiren mayor confianza a los ciudadanos y sectores económicos.

Si son el ministro de Economía y usted, por mí encantado. Creo que
ustedes inspiran más confianza que el presidente del Gobierno para
abordar este problema; por tanto, la decisión del Gobierno me parece
perfecta.

Para terminar, señora presidenta, quiero indicar que quedan muchas
incógnitas después de escuchar al ministro. Queda, por supuesto, el
malestar de saber que hace ya año y medio que el Gobierno podía haber
abordado este problema, en una comparecencia ante esta Comisión o con
la presentación de un informe detallado a la misma. Ese informe lo
seguimos esperando. En el mes de marzo se pidió la comparecencia que
se está produciendo hoy, lo que denota también la atención o la
preparación que tenía el Gobierno en esta cuestión. Sin duda ha
mejorado bastante, pero me
da la impresión, señor ministro, de que todavía no han sido capaces
de crear conciencia del efecto dominó de estos problemas. Estamos en
un Estado que llamamos de las autonomías, en el que el tráfico de
información y la integración de sistemas entre la Administración
central y las administraciones de las comunidades autónomas -habla
usted también de los ayuntamientos- es tremenda. Insisto en que no
basta con arreglar el problema de los ordenadores de la
Administración central, sino que también hay que hacerlo en las
aplicaciones de las comunidades autónomas, tanto las que tienen
interacción con la Administración central como las que no la tienen.

Eso nos parece que es evidente y creo que todavía sigue siendo una
carencia muy importante.

Permítame referirme a una pequeña cuestión personal. Creo que ustedes
incluso han actuado con cierta mezquindad. Soy el único parlamentario
que tiene una página en Internet. En mi página, desde hace casi dos
años, tengo dedicado un espacio al efecto 2000, con una amplia
colección de enlaces, que van desde el G-8, a la Unión Europea,
etcétera. Hasta marzo o abril del año pasado aparecía como único
referente de lo que se estaba haciendo en España, aunque yo hablaba
poco allí de lo que se estaba haciendo en España, aparte de la
iniciativa parlamentaria. Me sorprende que ni siquiera ese enlace
-que está ahí para información de los ciudadanos- aparezca entre la
colección de enlaces de su Ministerio o del Ministerio de Industria.

Es una pequeña mezquindad, y no tengo más que decir sobre esa
cuestión.

Finalmente, señora presidenta, señor ministros, el Grupo Socialista
desde que planteamos hace año y medio nuestra iniciativa, no tenía
otra intención, no tenía otro objetivo que impulsar al Gobierno a
adoptar una decisión cuanto antes para abordar un problema que va más
allá de lo tecnológico, que tiene incidencia política y económica,
que si hacemos caso a los expertos podría costar a este país medio
punto del PIB y que podría, además, provocar disfunciones importantes
en sistemas como el transporte, la energía, etcétera.




La señora PRESIDENTA: Señor Estrella, le ruego que vaya concluyendo.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Termino ya, señora presidenta.

Por tanto, señor ministro, esa oferta sigue en pie. El Gobierno es
muy libre de elegir el ámbito de relación con el Parlamento para
abordar esta cuestión, pero reo que es importante que el Gobierno
considere que en esta cuestión el Parlamento es no solamente el
órgano que controla su actividad, sino que también, ante el problema
del efecto 2000, es su aliado y el que de mejor manera puede
contribuir a difundir, a sensibilizar y a movilizar a la sociedad
española. Esa es la oferta que ponemos a su disposición.




La señora PRESIDENTA: Señor ministro, le rogaría que, en la medida de
lo posible, contestase con brevedad y si también fuera posible, y así
lo estimase, que contestase por escrito a las preguntas para dar un
tiempo equitativo al resto de los portavoces de otros grupos
parlamentarios, dado que tiene que ausentarse de Madrid. Contestará
libremente,



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señor Estrella, pero también le ruega esta Presidencia, puesto que el
tiempo del ministro es ajustado, que aquellas preguntas que tenga que
precisar las haga por escrito, para que pueda intervenir el resto de
los portavoces.




Tiene la palabra el señor ministro.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rajoy Brey): En
cualquier caso, remitiré el informe. Pero sí quisiera hacer algunos
comentarios -que tampoco son comentarios técnicos- sobre le
intervención del señor Estrella. Me gustaría comenzar con uno sobre
algo que me ha dejado realmente preocupado -se lo digo en serio-, que
es sobre la mezquindad. Tengo que decirle con franqueza que no sé lo
que son las colecciones de enlace ni conozco bien todas esas cosas,
pero puede asegurarle que desde luego yo no he tenido el más mínimo
deseo de hacerle a usted nada. Sabía que tenía usted una página en
Internet, pero tenga la absoluta certeza de que no ha habido mala
intención. No sé lo que hemos hecho, pero sin duda alguna alguien
habrá hecho algo, porque si no usted no se quejaría, aunque puedo
asegurarle que no respondía a ninguna instrucción política. No
conozco bien este asunto, pero procuraré arreglarlo. Por tanto, le
pido que me disculpe si hemos hecho algo, repito, sin ninguna
intención, reconociendo que efectivamente es usted el primero que ha
dado información sobre este asunto en Internet.

Dicho esto, tengo que decir, en segundo lugar, como comentario
general, que es verdad que hace año y medio se había pedido mi
comparecencia para hablar del efecto 2000 y también tengo que decirle
que yo no comparecí porque no lo sabía, por sorprendente que pueda
resultar, pero le ruego que me crea. En cualquier caso -ya sé que el
Gobierno tiene la obligación de comparecer cuando se le cite y yo de
hecho procuro hacerlo-, no hubiera tenido ningún inconveniente en
hacerlo y probablemente no me hubiera venido mal, como usted bien ha
señalado.

Dicho esto, estoy sustancialmente de acuerdo con el contenido de su
intervención. Es decir, al final la discrepancia que yo he detectado
es que usted entiende que nosotros hemos empezado tarde. Creo que esa
es la discrepancia fundamental, porque en el resto hay unas
discrepancias sobre temas más puntuales y concretos, sobre el costo,
sobre la composición de la comisión, etcétera. Por tanto, pienso que
la principal discrepancia que usted ha manifestado es que hemos
empezado tarde. En este tipo de asuntos las cosas son opinables; a
uno le puede parecer que se ha empezado tarde y a otro que se ha
empezado pronto. Eso probablemente sea cierto. En el Consejo Superior
de Informática empezamos a trabajar en el año 1996 y ya a principios
de de 1997 aprobamos la cláusula para que todos los productos fueran
conforme al 2000. Pudimos haberlo hecho antes, sin duda alguna, no le
quito a usted la razón, pero tenga en cuenta también que la
percepción de este problema ha ido variando con el transcurso del
tiempo. Creo haberlo dicho, aunque fuera de pasada, en mi
intervención: en un principio, la Administración era un mero usuario,
luego ya en todas partes comenzaron a tener la idea, y por tanto a
generalizarla, de que la Administración también debería liderar este
proceso por las razones que usted ha apuntado, porque si funciona muy
bien la Administración
pero no funcionan las pequeñas y medianas empresas o las grandes
empresas, habremos hecho una mala operación. Ahí no le doy la razón
ni se la quito, pero desde el año 1996 estamos trabajando en este
tema y hemos tomado decisiones. También es verdad que hemos empezado
con fuerza y presionando más, pero no se puede trabajar al mismo
ritmo cuando quedan tres años y pico y cuando es muy difícil que la
gente haga caso, que después. En cualquier caso, acepto su crítica.

También quiero señalar que lo que a mí me preocupa fundamentalmente
es que podamos abordar el problema, y estamos a tiempo. Usted ha
dicho, y yo estoy de acuerdo, que se debe movilizar pero no se debe
generar alarma. Es verdad, lo que pasa es que plasmar esa declaración
general en decisiones concretas no es ciertamente fácil. Creo que
estamos a tiempo y que lo tenemos bien planificado. La Administración
prácticamente tiene terminado el análisis de impacto. Es verdad, como
usted ha dicho -y ha citado un caso concreto-que hay un caso en el
que no está terminado, que es el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, pero en general está enormemente avanzado y el
compromiso que tienen los distintos subsecretarios de los
departamentos es tener terminadas las pruebas en junio de 1999. Yo
tengo la firme convicción de que va a ser así. Es evidente que se
puede producir algún retraso en algún tema puntual y concreto, pero
sinceramente en la Administración hay conciencia de que esto no debe
ser así; por tanto, se está trabajando muy a fondo.

Como resumen de estas consideraciones generales, entiendo, en primer
lugar, que usted diga que hemos empezado tarde; yo no lo veo así, no
hemos empezado más tarde que otros países, hay algunos que empezaron
antes, sobre Estados Unidos y Canadá, pero hay otros que empezaron
bastante después, incluso algunos países de nuestro entorno, como
pueden ser Francia e Italia.

En segundo lugar, creo que la Administración general del Estado, y
pienso que también el sector privado, están en condiciones de
resolver este tema.

En tercer lugar, voy a contestarle a tres o cuatro puntos a los que
ha hecho referencia. ¿Por qué no están en la Comisión algunos
ministerios, como Defensa, Interior o Justicia? Por ninguna razón
especial. Podrían estar, pero es que la Comisión nacional del efecto
2000 está creada fundamentalmente de cara a lo que no es la
Administración, es decir, en colaboración con lo que no es
Administración. Hay una, que es la de la Administración, que está
ubicada en el Ministerio de Administraciones Públicas, donde están
los subsecretarios de todos los ministerios, y hay otra, que es la
que se relaciona con el resto, donde están las comunidades autónomas
-que ya le digo que están todas, si alguna no fue a la sesión
constitutiva no se debió a ninguna razón especial, supongo que sería
porque no podría venir-, donde están representados los ayuntamientos
y donde están todos los sectores sociales, las asociaciones a las que
nos hemos referido usted y yo en nuestras intervenciones. Pero el
Ministerio de Defensa tampoco tiene grandes cosas que hacer en
relación con el sector privado; lo que tiene que hacer es ocuparse de
lo suyo. Es evidente que es muy importante -usted lo ha dicho-lo
relativo al Ministerio de Defensa y puedo asegurarle que es uno de
los ministerios que genera más atención y presión por parte del
Ministerio



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de Administraciones Públicas, es decir, que coincido absolutamente
con lo que usted ha dicho. Probablemente debiera estar el Ministerio
del Interior, no hay ningún inconveniente en que esté y no obedece a
ninguna razón concreta.

También quisiera hacer dos comentarios sobre el gasto y las pymes. Es
verdad que donde estamos peor es en las pymes, pero también es verdad
-creo haberlo dicho de pasada en mi intervención-que se puede
resolver con mayor facilidad por una razón, porque tampoco son muchos
los aparatos que tienen las pequeñas y medianas empresas, es decir,
eso es algo que se puede resolver muy rápidamente. Ahora, en lo que
yo siempre insisto, igual que en relación con los pequeños
ayuntamientos, es en que si todo el mundo quiere hacerlo en diciembre
del año 1999, no va a haber personas que puedan promover esta
conversión. Yo hago lo que puedo, probablemente se podría hacer más,
pero hacemos una gran presión sobre las pymes. Aún no hemos editado
el último libro -un folleto que creo que se entiende perfectamente
para estas pequeñas y medianas empresas, pero es verdad que hay que
seguir haciendo una gran campaña de sensibilización, de difusión, con
organización de jornadas, porque, al final, esto es, fundamentalmente
presión. Por tanto, a mí lo que más me preocupa son, sin duda alguna,
las pequeñas y medianas empresas.

Le voy a decir lo que pienso en cuanto al costo, porque no tengo por
qué no decírselo. Yo no sé si el gobierno USA se gastará 750.000
millones de pesetas -no tengo datos-ni si el gobierno británico se
gastará 70.000 millones de pesetas, que es lo que han presupuestado.

Nosotros hemos hablado de 18.000 millones de pesetas. He visto que la
compañía Telefónica habla de 1.000 millones de pesetas y que también
figuran otras empresas públicas. Pero hay un dato muy importante, y
es que en los países más avanzados, fundamentalmente Estados Unidos y
Canadá, todo este proceso de nuevas tecnologías se hizo antes que en
España. España lo ha hecho muy al final, lo cual no es bueno para
España, pero sí es bueno a efectos del año 2000. Imagínese los
aparatos de este tipo que había en un ayuntamiento en el año 1980.

Ninguno tenían máquinas de escribir, si es que las tenían, porque lo
normal es que escribieran a mano. Por tanto, desde ese punto de
vista, nosotros tenemos una gran ventaja. Por ejemplo, en cuanto a
los sistemas empotrados del Insalud, que es un tema ciertamente
complejo -y coincido con lo que usted ha dicho-, el 71,7 por ciento
ya estaban adaptados, el 19,8 por ciento eran de muy fácil adaptación
y ahora se están revisando el 7,9 por ciento. Sólo hay un 0,6 por
ciento que no son válidos. Esa es la ventaja que tiene
paradójicamente, el haber llegado tarde como país.

Como decía, el gasto previsto en España es de 18.000 millones de
pesetas. En el acuerdo hemos dicho que no habría una partida
específica para el efecto 2000, asunto que es discutible. Usted cree
que debería haberla y yo probablemente también lo habría creído. El
asunto es discutible, pero, en cualquier caso, la cantidad que vamos
a dedicar al efecto 2000, de los 155.000 millones de pesetas,
representa un 11,8 por ciento del gasto, que tampoco es excesivo. Ya
sabe que a mí me hubiera gustado que hubiera más dinero para planes
provinciales de obras y servicios y para otras muchas cosas, pero hay
que conseguir un déficit
público del 1,3 por ciento. La vida es muy dura y si no, cuéntemelo
usted a mí.

No hemos querido plantear voluntariamente el tema de la
responsabilidad o no con respecto a los consumidores. El servicio
jurídico está determinando el asunto, pero a mí me preocupaba más,
por lo menos en un primer momento, el que se tomase conciencia y el
que se actuase en consecuencia. Apartir de ahí, es evidente que cada
uno puede hacer lo que desee. Yo desde luego, como ministro, no soy
partidario -creo que no es el mensaje que debo dar, lo cual no quiere
decir que otros no lo puedan dar-de que se inicie una serie de
reclamaciones en cascada. Yo no lo puedo dar y no lo voy a dar. Yo
creo que esa es una decisión de los particulares. Pienso que el
mensaje que debe dar el Gobierno es el siguiente: Aquí hay un
problema y esto es lo que hay que hacer para resolverlo. Otra cosa es
que luego lo consigamos.




Los modelos de liderazgo son también discutibles. Efectivamente, en
el Reino Unido se ha hecho una campaña con la cara del señor Blair y
en otros países, como Alemania, Italia o Francia, no se ha hecho nada
de eso. En Estados Unidos creo que lo lleva el Consejo Presidencial,
aquí lo llevan el vicepresidente segundo y el ministro de
Administraciones Públicas. No me parece un tema esencial, aunque, qué
duda cabe, siempre lo que dice el presidente se oye más que lo que
dice un ministro, pero, en fin, yo creo que el Gobierno tiene los
suficientes medios para que esto sea conocido por la opinión pública.

Agradezco su colaboración y se la acepto, porque, además, pienso que
usted cree en este asunto y se lo ha tomado en serio, ya que, es el
primero que se ha dedicado a ello; por tanto, tengo que decirlo así.

Por ello termino como empecé. Me resulta especialmente molesto que
hayamos podido fastidiarle con esa mezquindad. Yo, en particular, que
no sé ni una palabra de todas estas cosas, le pido disculpas en
nombre de toda nuestra amplia organización, pero no había ninguna
mala intención hacia usted, que, por otra parte, lo único que estaba
diciendo es que cuanto más rápido se hiciera mejor, cosa que es
verdad, por qué no vamos a decirlo.




La señora PRESIDENTA: ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir?
(Pausa).

La señora De Boneta tiene la palabra por el Grupo Mixto.




La señora DE BONETAY PIEDRA: Intervengo para agradecer al señor
ministro la amplitud de sus explicaciones y para felicitarle porque
yo creo que ha sido muy claro y ha dado unos datos que consideramos
necesarios en esta Comisión. También quiero felicitarle porque creo
haber percibido un acelerón, un deseo de quemar etapas ante una
situación producida por una actuación tardía de la Administración
pública, que probablemente viene provocada por ese desenfoque, que ha
señalado el señor ministro, en la percepción del fondo del problema
del efecto 2000 desde el punto de vista de la responsabilidad del
Gobierno y de las administraciones públicas, en este caso, de la
Administración central; es decir, una primera percepción de la
repercusión del efecto 2000 sobre la propia Administración como
usuaria y luego la percepción de que la Administración



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debe dar prioridad a algunas actuaciones de cara al conjunto de las
ciudadanía y de los sectores tanto públicos como privados.

En este sentido, quiero decir también que otros países y se han
citado ya Estados Unidos y Canadá-habían comenzado antes,
independientemente de que en avance y en implantación de equipos
fueran muy superiores, sobre todo en las administraciones públicas, a
los del conjunto europeo, y que el año 2000 estaba próximo al inicio
de los noventa y también en el año 1995. Por lo tanto, a mí no me
duelen prendas decir que esas responsabilidades no son solamente de
este Gobierno, sino también del anterior, por no haber tenido esa
percepción de la oportunidad, como luego se ha demostrado a través de
la iniciativa del Grupo Socialista, de la proposición no de ley
aprobada hace año y medio, de la cual, como se ha indicado, es
sorprendente que el señor ministro no tuviera conocimiento.

Permítame, señor ministro, que eso me sorprenda una barbaridad,
aunque no dudo que, en caso de haberla conocido -porque nos tiene
habituados a comparecer siempre que se le pide-, no habría evitado
una comparecencia. Pero es verdad que algo falla cuando el señor
ministro no ha conocido esa petición y esa preocupación expresada por
esta Comisión Mixta, que aprobó por unanimidad esa proposición no de
ley, a mi juicio, muy bien traída por el Grupo Socialista. En este
sentido, yo creo que esta concienciación tardía del problema puede
influir también en el aumento del coste, puesto que, a más rapidez,
estimo yo, se producen unos costes superiores en la adaptación y
también, de haber tenido esa previsión, no se hubieran adquirido los
equipos a lo largo de los años noventa o hubieran sido otras las
condiciones, con lo cual se hubiera evitado el tener que readaptarlos
en este momento. En todo caso, yo creo que no es cuestión de mirar
para atrás, sino de mirar hacia adelante y de intentar que esas
contingencias que pueden ocurrir en el año 2000 (yo, entre
paréntesis, le diré que evitaré el 31 de diciembre de 1999, a partir
de las 9 de la mañana, subirme en un ascensor, sobre todo porque soy
especialista en quedarme en los ascensores y fíjese usted en esas
circunstancias) sean las menos posibles y de que no haya -no se trata
de crear ningún tipo de preocupación especial a la ciudadanía-un
pequeño caos en determinados servicios.

Por último, quiero decirle, señor ministro, que a mí sí me preocupa
algo a lo que también se ha referido el Grupo Socialista, aunque por
su dimensión sea de más fácil adaptación: todo lo relacionado con la
evitación de los problemas que pueda tener el efecto 2000 en las
pequeñas y medianas empresas y pequeños ayuntamientos, porque si bien
es cierto -como ha dicho el señor ministro y al menos por lo que yo
conozco de las corporaciones locales, de la Administración municipal-
que en los años ochenta, sobre todo en ayuntamientos y municipios de
determinadas dimensiones, había poca informatización, a partir de
últimos de los ochenta y primeros de los noventa la informatización
ha tenido una implantación rapidísima, al menos por lo que yo conozco
de las administraciones públicas. En este sentido, se trata de que,
sobre todo estos pequeños ayuntamientos -porque pueden verse
afectados muchos ciudadanos; la suma de muchos pequeños hacen una
cantidad grande de ciudadanos-, tengan las mayores facilidades para
poderse adaptar y los medios necesarios, y al decir
esto me estoy refiriendo al coste de las inversiones y las ayudas
correspondientes, porque, naturalmente, los pequeños ayuntamientos y
las pequeñas y medianas empresas tienen menos capacidad de inversión,
y sobre todo de adaptación, con la rapidez que requiere el caso,
puesto que estamos a finales de 1998.

En todo caso, señor ministro, quiero agradecerle otra vez su
presencia y pedirle que se comprometa a comparecer sin que tengamos
que pedírselo, es decir, que lo haga a petición propia, en los
sucesivos períodos de sesiones, para, desde aquí, efectuar el
seguimiento de cómo se cumplen los plazos, cuál es el coste de las
inversiones y cómo se van quemando esas etapas, que, como bien ha
dicho el señor ministro, deben ser cubiertas con mayor rapidez e
incluso ya se les ha imprimido un ritmo más acelerado de lo que se
había planteado al principio.




La señora PRESIDENTA: Si les parece y le parece al señor ministro,
intervendrán todos los portavoces y así abreviamos un poco el
trámite. (Asentimiento).

Tiene la palabra la señora Gil i Miró, por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).




El señor GIL I MIRÓ: Sea usted bienvenido, señor ministro.




Ésta ha sido una sesión milenarista, ya lo hemos visto y oído todos;
nada parecido ha sucedido antes y probablemente jamás volverá a
suceder: la tecnología, el sueño de la modernidad, nueva ha estado
tan amenazada como hoy, ya que unas máquinas que en su momento fueron
creadas por el ser humano no van a distinguir la diferencia entre las
fechas de este siglo y las del próximo. Por su banalidad, esto casi
parece grotesco, pero todos sabemos que es temible por lo
impredecible de sus consecuencias. Por eso, el llamado efecto 2000
es, en la cultura de la globalización, la mayor preocupación de la
tecnoinformática mundial. Además, añadido a la complejidad e
interconexión de los sistemas, hará más vulnerable el sistema por sus
efectos multiplicadores.




Por lo que usted nos ha explicado, creo que el calendario que
presenta usted, su Gobierno, es apretado y corto, porque todos
sabemos que un 60 por ciento del tiempo que se necesita para la
adaptación se debe dedicar a un sistema de pruebas con el fin de
evitar fallos o errores. Pero también debe decirse que se han leído
muy pocas líneas en política en todo Europea, que los responsables
políticos de Europa han hablado muy poco al respecto, aunque en el
caso de los Estados Unidos es distinto. Yo diría que sólo han hablado
Blair y Clinton y lo han hecho, primero, porque ellos no están
agobiados, claro está, por la adaptación a la moneda única y,
segundo, porque sentían un gran temor sobre cómo podría afectar a las
armas y estaciones nucleares de la antigua URSS y de otros países el
efecto 2000; ésta ha sido su principal reacción. También debo decir
-lo creo sinceramente por los informes de consultorías externas que
he leído al respecto- que el Estado español es el que ha equilibrado
mejor, y más que los países vecinos, su interés entre adaptarse al
efecto euro y al efecto 2000; al contrario que, por ejemplo, Francia
y Alemania, que han



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priorizado, y mucho, la adaptación al euro, y esto es importante
reconocerlo.

Tras su explicación, yo diría que ustedes han cumplido con creces lo
que se habían impuesto, esto es, dar formación para la gestión de
proyectos y ocuparse de la difusión e información, pero sigo creyendo
que el tiempo es corto. Tampoco he visto claro -quizá porque
seguramente han adoptado distintas estrategias dependiendo de los
departamentos- si están reconvirtiendo o reemplazando. Reemplazar,
sustituir sistemas software es bastante más caro, pero mucho más
rápido; reconvertir es mucho más trabajoso y necesita por lo menos
dos años, por lo que, repito, supongo que, dependiendo del
departamento, seguirán una u otra estrategia.

No ha dicho usted, y yo creo que sería interesante saberlo -da igual
que sea ahora que en otra comparecencia; tiempo habrá para hablar de
ello-, si se establecen prioridades sobre los sistemas claves, sobre
todo en el período de pruebas, porque, como ya se ha apuntado, no es
lo mismo un fallo en un departamento administrativo que en una unidad
de cuidados intensivos; en un caso es una molestia y en el otro puede
traer la muerte. Por tanto, debería saberse si se van a presentar
prioridades, porque los intereses de la gente son intereses sociales
y lo que más les va a interesar son los servicios que atañen a la
seguridad pública, y ahí sí creo que se debería hacer una campaña de
difusión y que se supiera, por ejemplo, que los hospitales no van a
tener ningún fallo. Amí, como ciudadana de a pie, me gustaría tener
la seguridad de que no habrá problemas si enfermo en los últimos días
del año 1999, que puedo viajar en avión o en tren y, ya que va a ser
Navidad, si puedo usar la tarjeta magnética y si voy a cobrar la
nómina. Todo esto, que depende del efecto 2000, creo que debería
estar asegurado.

Además, y cambiando de tema, quería decirle que si sigue siendo
ministro a finales de 1999 -supongo que así será- cruce usted los
dedos con fuerza, porque ya ve que el tercer milenio se anuncia con
la rebelión de las máquinas en el planeta; en el cielo -no se dice,
pero se sabe-, las Leónidas nos van a procurar la más grande lluvia
de meteoros de los 30 últimos años, que va a tener lugar en noviembre
del próximo año, lo que puede llegar a dañar la comunicación por
satélite; en Europa va a estar circulando la moneda única, y aquí, en
el Estado español, va a tener también un efecto 2000 político: la
expansión y la adopción de una nueva cultura política, la del Estado
plurinacional, más allá de la visión reduccionista de hoy. Éste va a
ser el efecto 2000 para el futuro de este país, que va a ser muy
importante y que, precisamente en su caso, en el de su Gobierno, en
el de su partido, y también en el de algún otro partido, va a
requerir un cambio rotundo, y nunca mejor dicho, de chip.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, ¿se van a
repetir el tiempo?
Señora Fernández de Capel.




La señora FERNÁNDEZ DE CAPELBAÑOS: Señora presidenta, solamente
quiero hacer una precisión que nos hubiera permitido -y sobre todo al
señor ministro le hubiera tranquilizado- saber que algunas de las
cosas que aquí se han dicho no responden a falta de interés por parte
de la Administración, y es que esta comparecencia ha sufrido también
ese maleficio del efecto 2000 y en el primer momento fue mal
planteada. Se pidió la comparecencia del secretario de Estado de
Consumo y, como resulta que en la Administración no hay un secretario
de Estado de Consumo, la señora letrada y la Mesa saben que hubo que
volver a replantear la comparecencia; eso la ha retrasado. Sólo
quería hacer esta aclaración. Sobre el tema, hablará el señor
Rodríguez.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández de Capel, pero al
parecer del ministro no era necesaria esa aclaración, puesto que son
dos cosas diferentes, que, en principio, creo que no tienen nada que
ver.




La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Pero en cierta manera, señora
presidenta, algún retraso ha habido por este motivo.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Rodríguez Espinosa.




El señor RODRÍGUEZ ESPINOSA: Sean mis primeras palabras para
agradecer al señor ministro de Administraciones Públicas su presencia
en esta Comisión, así como la exposición y la información que nos ha
proporcionado sobre unos temas, el llamado efecto 2000 y la
problemática de la adaptación de los sistemas informáticos ante la
introducción del euro, que han sido motivo de preocupación y trabajo
para todos los grupos de esta Cámara y concretamente de esta Comisión
desde hace unos años, como queda patente a través de las numerosas y
diversas iniciativas que se han tramitado en ella.

Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos de manifestar en primer
lugar nuestra satisfacción y nuestra tranquilidad por sus palabras,
ya que de ellas se desprende que el Gobierno, y concretamente el
Ministerio de Administraciones Públicas que usted dirige, ha tomado y
está tomando las medidas adecuadas para que estos dos
acontecimientos, coincidentes en el tiempo y de importantísimas
repercusiones sociales, económicas y de gestión, no tengan efectos
negativos ni en el conjunto de la sociedad ni en la Administración
pública. La adopción y puesta en práctica de las medidas que nos ha
indicado son una garantía de que el cambio de siglo, desde el punto
de vista de la fecha en los sistemas de información y las
implicaciones informáticas de la puesta en circulación del euro, se
va a producir con normalidad, con tranquilidad y con eficacia.

Quiero resaltar, desde esta perspectiva de serenidad y eficacia,
señor ministro, dos conjuntos de actuaciones del Gobierno que, en
nuestra opinión, son los responsables de la normalidad y de la
tranquilidad a que antes me refería. Se trata, por una parte, de los
estudios que podríamos calificar de preventivos, llevados a cabo en
los dos últimos años por los órganos competentes de la Administración
a instancias del Gobierno, y, por otra, las actuaciones derivadas del
acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 12 de junio, en el que se
fijan cometidos, responsabilidades, objetivos y plazos a los
trabajos.

Dentro del primer bloque de trabajos indicados, creo que merecen la
pena destacarse dos iniciativas del Gobierno:



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una, la llevada a cabo a través de los órganos existentes en la
Administración para afrontar los problemas que nos ocupan, y otra, la
creación, el 14 de marzo de 1997, de la Comisión interministerial y
de las comisiones ministeriales para la coordinación de todos los
aspectos relativos a la introducción del euro. Con relación a la
puesta en funcionamiento de programas de estudio, difusión y
aplicación en los organismos existentes, podemos recordar los
llevados a cabo por el Consejo Superior de Informática y sus
comisiones especializadas, tales como la Ciabsi o la Coapsi, que,
precisamente en la duodécima sesión plenaria del Consejo Superior de
Informática, celebrada en mayo de 1997 -como ha recordado el señor
ministro-, tuvo entre sus temas centrales de discusión los graves
problemas de adaptación de las administraciones públicas a los
efectos 2000 y al euro, dado que afectaban a buena parte de los
sistemas y servicios informatizados y podrían repercutir seriamente
en su funcionamiento, máxime cuando las eventuales correcciones que
se previesen habían de hacerse a fecha fija y en un plazo
improrrogable. Como consecuencia de este debate, el CSI amplió el
ámbito de su programa marco con el efecto 2000 e incluyó actuaciones
de interés general que pudieran beneficiar no sólo a las
administraciones públicas afectadas, sino también al sector privado,
evitando la duplicidad de esfuerzos y favoreciendo la creación de
sinergias.

A los trabajos de metodología desarrollados por este organismo
siguieron el desarrollo de actuaciones tales como: la creación del
Centro de servicios de información 2000/euro y del Centro de soporte
del efecto 2000; la publicación de El problema del año 2000 en los
sistemas de información de las administraciones públicas, ASÍ 2000,
la guía para la adaptación de los sistemas de información de las
administraciones públicas al año 2000, RIS2K, el método para el
análisis de riesgos y elaboración de planes decontingencia en
proyectos de adaptación al año 2000. Además, la participación en
distintos foros, comunitarios y nacionales, como los plenos de la
Ciabsi en marzo y diciembre de 1996 o enero, febrero y marzo de 1997,
el Grupo Citi para el estudio del efecto 2000/euro desde el 26 de
junio de 1996, el informe al pleno de la Comisión ministerial de
tecnologías de la información y de las comunicaciones del Ministerio
de Economía y Hacienda, de 30 de enero de 1997, sobre el impacto del
euro en los sistemas de información y la participación en la reunión
del 20 de marzo, convocada por la Comisión Europea, en concreto por
la Dirección General de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la
unión económica monetaria y la informática administrativa.

En cuanto al desarrollo del Real Decreto de 14 de marzo de 1997, se
han creado la Comisión interministerial, adscrita al Ministerio de
Economía y Hacienda, como órgano encargado de la coordinación de
acciones en la introducción del euro, y las comisiones ministeriales,
encargadas de preparar los correspondientes planes ministeriales que
recojan los problemas que se plantean en el ámbito de cada
departamento con la introducción del euro; también se han creado
comisiones especiales dentro de la Comisión interministerial, para
analizar cuestiones que afecten a varios ministerios, como la
Comisión de sistemas y tecnologías de la información, que ha sido una
de las primeras
en crearse y cuyos trabajos iniciales han consistido en la
realización, a través de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, de un estudio sobre
el impacto, junto con la estimación del coste de la adaptación al
euro de los sistemas de información de la Administración, y en la
realización de un documento metodológico titulado El euro y los
sistemas y tecnologías de la información en las administraciones
públicas.

En último lugar, quiero referirme al acuerdo del Consejo de Ministros
del pasado día 12 de junio por el que se establecieron una serie de
medidas con relación al efecto 2000, parte de ellas dirigidas al
sector público y otras de colaboración con el sector privado y que de
alguna forma son la concreción práctica de todos los estudios y
medidas tomadas con carácter preventivo. De ellas quiero resaltar, en
el aspecto organizativo, el encomendar la coordinación general de
estas actividades, en el ámbito de la Administración General del
Estado, al Ministerio que usted dirige y a los subsecretarios de los
distintos departamentos, la dirección y coordinación de los proyectos
de adaptación al año 2000 en sus respectivos ministerios; la fijación
de unos plazos para la adaptación de los sistemas de la
Administración General del Estado, que van desde la fijación el
pasado 31 de junio de 1998 para la finalización del análisis del
impacto hasta el 30 de junio de 1999 para la finalización de las
pruebas, pasando por el 31 de marzo de 1999 para la finalización de
la conversión y dejando el último semestre de 1999 para la
realización de las pruebas de integración entre sistemas y el
intercambio de datos con agentes externos. En este acuerdo del
Consejo de Ministros también se abordan otros aspectos del máximo
interés para las administraciones públicas, tales como el intercambio
de fechas con entidades externas, los planes de contingencia, las
cuestiones jurídicas, los sistemas informáticos de gestión económico-
financiera, la contratación administrativa, la formación de empleados
públicos y un largo etcétera. Se han completado las acciones del
Gobierno con la implementación de enfoques y soluciones en algunas
unidades administrativas para afrontar el problema euro/2000,
incluyendo prescripciones técnicas en los contratos cuando ha sido
necesario recurrir a ayuda externa, con la doble finalidad de ir
creando un fondo documental de referencias que pueda compartirse por
toda la Administración y de satisfacer las necesidades específicas de
los centros respectivos. Este es el caso de Correos y Telégrafos,
Imserso, Insalud, Oficina española de patentes y marcas, etcétera,
cuyos proyectos están, en su mayor parte, adjudicados o convocados en
el BOE.

Finalmente, creo necesario hacer una breve referencia a las acciones
llevadas a cabo en los principales ámbitos de actividad privada para
afrontar las incidencias del efecto 2000, tanto las iniciativas de
empresas de software y grandes usuarios para hacer frente al
problema, buscando soluciones eficaces con un costo razonable, como
las de la propia Sedisi y las del Gobierno. Entre las primeras,
quiero señalar el programa Esprit, de la Unión Europea, que ha
concedido una subveción importante a un consorcio europeo en el que
participa la Confederación Española de Cajas de Ahorro, dedicado a
los sistemas de información necesarios para afrontar el efecto 2000 y
la futura introducción



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del euro; entre las segundas, puedo recordar la acción de Sedisi al
crear un grupo ad hoc sobre esta materia y, en cuanto al Gobierno,
como se ha indicado, no descarta apoyar cualquier tipo de iniciativa
o de campaña que contribuyan a la sensibilización sobre el
particular. Sirva de muestra al respecto, la iniciativa PYME que ya
ha sido comentada anteriormente y que ha destinado una parte
importante de los 25.000 millones con que está dotada, para ayudar a
las pymes y a sus asociaciones a afrontar los retos del nuevo
milenio. Con estas previsiones y con estas medidas, desde el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso creemos que está suficientemente
garantizado tanto el control del efecto 2000 como la implantación del
euro en los sistemas informáticos.

Quiero concluir como comencé, diciendo que la transición se va a
producir con normalidad, con tranquilidad y con eficacia. Por ello,
señor ministro, le felicitamos y le estimulamos a que siga trabajando
en esta línea para hacerlo realidad. (El señor Estrella Pedrola pide
la palabra.)



La señora PRESIDENTA: Señor Estrella, ha dispuesto de tiempo
suficiente, pues esta Presidencia ha sido más que generosa, como es
habitual. Sabe que el señor ministro tiene que salir de viaje y
tenemos el tiempo muy ajustado.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Señora presidenta, mi grupo ha sido el
promotor de la comparecencia y le pediría dos minutos simplemente.




La señora PRESIDENTA: Esta Presidencia ha sido muy generosa, pero
tiene usted un minuto antes de que conteste el ministro.




El señor ESTRELLA PEDROLA: No entro entonces en el optimismo del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Quiero hacerle una petición, señor ministro. Hay un sector del que no
se ha hablado hasta ahora, que es vital en la economía española y que
podría estar afectado de muy diversas maneras. Me refiere al sector
del turismo, de la hostelería. España es un país que recibe más de 50
millones de visitantes y el efecto 2000 puede tener incidencias en lo
que son las compañías aéreas, los turoperadores, las agencias de
viaje, los sistemas de facturación, los sistemas de los edificios, el
transporte, los sistemas eléctricos y de seguridad de esos
establecimientos, el ocio, etcétera. Yo le pediría que hiciese una
especie de análisis modelo de cómo abordar en un sector el
tratamiento del efecto 2000, con todas sus derivaciones e
implicaciones. Puedo decir, me consta, que el sector del turismo está
absolutamente perdido ante estos problemas.

Señor ministro, si usted no ha estado aquí en su debido tiempo no es
porque no se pidiera su comparecencia, se pidió en el mes de marzo;
es simplemente porque alguien no le había informado de ello.

Parece que la Administración opta por comprar más que por adaptar,
probablemente por falta de tiempo, pero, como decía la señora Gil, va
a costar más dinero. Señora Gil, usted podrá volar en esas fechas,
pero hoy no podría hacer su reserva porque en Iberia las
posibilidades de reserva no van más allá de septiembre de 1999. He de
recordar que es
tan complejo que, por ejemplo, los sistemas GPS, Global Position in
System, que se utilizan en navegación y en muchas más cosas que en
navegación, van a necesitar ser reprocesados, ser reprogramados en su
inmensa mayoría. Todo eso requiere información al consumidor, a los
ciudadanos y a las empresas.

Y quiero felicitarle, señor ministro, porque creo que la primera
iniciativa consistente que se ha planteado el Gobierno es la
información que aparece en las páginas de ASÍ 2000. Tengo que
reconocerlo.




La señora PRESIDENTA: Señor ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rajoy Brey): Voy a
contestar brevemente a las cuatro intervenciones que se han
producido.

La señora Boneta ha hecho en su intervención, como ya lo hicieron
también otros portavoces de los distintos grupos, un breve resumen
del pasado y un planteamiento de cara al futuro. En cuanto al pasado,
no puedo sino reiterar lo que ya he señalado con anterioridad. Es
discutible si había que haber empezado en 1994, en 1995, en 1996 o en
1997. Durante 1996 el Consejo Superior de Informática empezó a fondo
y después lo hizo el Consejo de Ministros, pero en el bien entendido
de que, como decía la señora Gil i Miró en su intervención, éste es
un asunto donde la responsabilidad de la Administración ha ido
cambiando y no se sabe hoy exactamente cuál es a lo largo de los
tiempos. En un primer momento, y lo dije en mi intervención inicial,
la Administración era un usuario más, pero luego nos hemos dado
cuenta de que tenemos que tener un cierto papel de liderazgo. A
partir de ahí, nosotros no hemos sido partidarios de subvencionar ni
a pequeños municipios ni a pymes mas que con una ayuda, porque
tampoco creemos que esa sea la función básica de la Administración.

La función de la Administración es dar a conocer, intentar poner los
medios y ayudar, pero no subvencionar, porque dedica sus propios
recursos a eso. De cualquier forma, el tema de las pymes es el más
complejo, aunque luego hablaré de alguna otra cosa.

Respecto a los pequeños municipios, hemos tenido una reunión con los
presidentes de las distintas diputaciones provinciales para que sepan
que ahí tienen una función importante que desarrollar, porque si
algún sentido tiene la institución diputación provincial es la
asistencia técnica y la ayuda a los pequeños municipios en sus
servicios públicos fundamentales. Si en algún caso parece lógico que
se haga la asistencia técnica es en el caso del efecto 2000. Si por
algo se justifican las diputaciones provinciales es por esto y yo
tengo la firme convicción de que las diputaciones tienen que hacer un
esfuerzo en relación con los pequeños municipios. Es verdad que ya
tienen equipos, pero por suerte son de principios de los noventa o
noventa y tantos y están en mejor situación que si se hubiesen
comprado en los años ochenta, pero en cualquier caso hay que seguir
en ese tema.

Yo compareceré. Me ha pedido un compromiso de que comparezca cada
período de sesiones y lo asumo. No tengo ningún inconveniente, más
bien al contrario, en hacerlo y,



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por tanto, no hace falta que pidan ustedes mi comparecencia. Si
quieren la piden, como es natural.

En la intervención de la señora Gil i Miró hay dos o tres asuntos en
los que coincidimos. Que hay que darse prisa. Es cierto. Estamos
haciéndolo a la mayor celeridad posible. Lo que pasa es que nosotros
podemos darnos prisa en la Administración central del EStado, en el
resto lo que podemos hacer e intentamos hacer es una fuerte labor de
presión. Coincido en que también en Europa hay países que lo han
hecho. No creo yo que Alemania, Francia o Italia puedan presumir de
estar mejor que nosotros en todo esto, lo cual no es ni bueno ni
malo, pero es un hecho que permite juzgar con cierta equidad lo que
ha hecho la Administración española.

Dice que si estamos reconvirtiendo o reemplazando. La verdad es que
yo no lo sé porque cada uno lo hace de manera diferente. Es cierto
también que se están reemplazando muchos equipos muy antiguos, porque
con una inversión de 155.000 millones de pesetas anuales se está
aprovechando para reemplazar muchos equipos muy antiguos. Sobre si
puede haber más coste o menos, no estoy en condiciones de precisar.

Lo que sí quiero decir es que prestamos especial atención a eso que
se llaman sistemas críticos, desde luego, la sanidad, el transporte y
el Ministerio de Defensa al que antes hacía usted referencia. Nos
ocupa todo, pero la sanidad y el transporte son enormemente
importantes y también, en fin, la defensa, por las razones que todos
conocemos.




El efecto 2000. Cruzaré los dedos con fuerza. Dentro de los sistemas
empotrados hay uno muy importante que es el chip nacionalista, donde
es precisa la conversión, porque llevamos veinte años pidiendo más
autogobierno, más estatuto, más competencias, pero, como ya ha
llegado un momento en que España es el país con más autogobierno de
Europa y nunca en la historia de España ha habido tal nivel de
autogobierno, es preciso cambiar el chip y situarse en el año 2000,
que es situarse en Europa, en el progreso y en el futuro. Ahí estoy
dispuesto a ayudar, incluso a cambiar yo el chip personalmente, a
estar allí ayudando a que se cambie.

Estoy de acuerdo con la intervención del señor Rodríguez Espinosa. No
sé si hay una garantía total, hay una garantía de que las cosas se
están haciendo razonablemente bien y de que podemos llegar al final
sin mayores problemas. Lo creo, aunque es probable que se produzcan
algunas disfunciones y algunos problemas. Me gustaría que no fuera
así en lo que antes hemos llamado sistemas críticos, pero puedo
asegurarles que vamos a hacer el mayor esfuerzo que seamos capaces de
hacer e insisto en que el mayor esfuerzo que hay que hacer es
publicitarlo. En la Administración puede haber algún insensato, pero
está sometido a gran presión y sabe que tiene que adaptar sus
equipos. Sin embargo, es difícil ver cómo se puede resolver todo esto
en el mundo tan complicado de la pequeña y mediana empresa. Nosotros
vamos a ir presionando y desde luego estamos trabajando en los planes
de contingencia porque hay que prever qué es lo que puede ocurrir en
el supuesto de que esto no salga bien.

Por último, la intervención del señor Estrella. Ya he hablado de la
compra o adaptación y, en cuanto al turismo, me ocuparé de ese tema,
sí que lo haré. Creo que es un sector
muy importante, que engloba muchas cosas: los hoteles, las
agencias de viaje, las compañías aéreas, los ferrocarriles y muchos
otros temas.

Termino. Quiero agradecer a todos el tono de sus intervenciones. Este
es un asunto que no es excesivamente político, pero que al final
puede serlo enormemente, porque si el Gobierno consigue que no pase
nada, no pasa nada, y si las cosas funcionan mal, la responsabilidad
del Gobierno, como fácilmente puede entenderse, es colosal. Yo
volveré por aquí en el próximo período de sesiones y procuraremos
aplicarnos a que las cosas vayan de la manera más razonable posible.

(El señor Martinón pide la palabra.)



La señora PRESIDENTA: Señor Martinón.




El señor MARTINÓN CEJAS: Si me lo permite, quisiera, acogiéndome al
artículo 203.3 del Reglamento, hacer un ruego al señor ministro de
Administraciones Públicas.




La señora PRESIDENTA: Dispone de un minuto, si es posible, para ello.




El señor MARTINÓN CEJAS: Creo que será suficiente, señora presidenta.

Señor ministro, en la pasada legislatura se aprobó en esta Cámara una
proposición no de ley sobre la ubicación de Canarias en los mapas
nacionales. Como recordará, lo habitual es que Canarias aparezca en
un recuadro situado en el sureste del mapa, es decir, abajo y a la
derecha. En aquella proposición no de ley esta Cámara consideró que
era más adecuado que figurara en la parte inferior a la izquierda, en
el suroeste. Las razones no las voy a reproducir ahora; fue una
decisión adoptada por unanimidad, todos los grupos creyeron que era
preferible así. Sin embargo, en la página web que tiene el Gobierno
-aprovecho que se está hablando algo de informática- se sigue
colocando a Canarias a la derecha y abajo, y en un mapa que ha sacado
una de las secretarías de Estado de su Ministerio han vuelto a
colocar a Canarias a la derecha y abajo. Se lo ruego encarecidamente,
señor ministro.




La señora PRESIDENTA: En todo caso, abusamos un poco de la
generosidad del señor ministro. Es un tema muy colateral al que hoy
nos ocupa.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rajoy Brey): Será
corregido, señor Martinón. No se preocupe usted, tiene razón.




La señora PRESIDENTA: Lamento no poder permitir más intervenciones.

Agradezco al señor ministro su comparecencia y, cómo no, que se haya
comprometido a comparecer para seguir este tema a lo largo de la
legislatura.

Se levanta la sesión.




Eran las doce y veinticinco minutos del mediodía.