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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 119, de 15/10/1998
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1998 VI Legislatura Núm. 119
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENTE: EXCMO. SR. D. PEDRO SOLBES MIRA
Sesión núm. 29
celebrada el jueves, 15 de octubre de 1998,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores,
Excmo. Sr. don Abel Matutes Juan:
- A petición propia, para informar sobre la
Presidencia Austriaca (Núms. de expedientes
S. 711/000210; C. D. 214/000086) ... (Página 2476)
- A petición del Grupo Socialista del Congreso,
para explicar el programa de trabajo de la
Presidencia de Austria para la Unión Europea en el
segundo semestre de 1998 (Núms. de expedientes
S. 711/000207; C. D. 213/000744) ... (Página 2476)
- A petición del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, para informar sobre el programa de
trabajo de la Presidencia Austriaca en la Unión Europea
(Núms. de expedientes S. 711/000218;
C. D. 213/000771) ... (Página 2476)
- Debate y votación de la proposición no de Ley por la
que se recaba una actuación del Gobierno
español ante la Comisión Europea a efectos de la integración
de las infraestructuras canarias vinculadas al transporte
intermodal, en los contenidos de la Decisión 1692/96/CE
sobre orientaciones comunitarias para el desarrollo de
las redes transeuropeas del transporte (Núms. de expedientes
S. 663/000048; C. D. 161/001101) ... (Página 2488)
Se abre la sesión a las diez horas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Damos comienzo a la sesión de la Comisión Mixta
número 29, con la comparecencia del Ministro de Asuntos
Exteriores, cuya presencia agradezco una vez más.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE
ASUNTOS EXTERIORES
- A PETICIÓN PROPIA, PARA INFORMAR
SOBRE LA PRESIDENCIAAUSTRIACA.
(S 711/000210; CD 214/000086)
- A PETICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, PARA EXPLICAR EL PROGRAMA
DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA DE
AUSTRIA PARA LA UNIÓN EUROPEA EN EL
SEGUNDO SEMESTRE DE 1998. (S 711/000207;
CD 213/000744)
- A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, PARA INFORMAR
SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO
DE LA PRESIDENCIA AUSTRIACA EN LA
UNIÓN EUROPEA. S 711/000218; CD 213/000771)
El señor PRESIDENTE: La primera solicitud de comparecencia
es a petición propia para informar sobre la Presidencia
austriaca. La segunda es a solicitud del Grupo
Socialista del Congreso, para explicar el programa de trabajo
de la Presidencia de Austria para la Unión Europea en
el segundo semestre de 1998. Y la tercera es a petición del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para informar
sobre el programa de trabajo de la presidencia austriaca
en la Unión Europea.
Acumulamos evidentemente las tres peticiones de comparecencia
previstas: la solicitada por el propio Ministro la
del Grupo Parlamentario Socialista y la del Grupo Parlamentario
Popular. Por tanto, con estas breves palabras de
introducción, cedo la palabra al señor Ministro para que
nos haga su primera exposición sobre el programa de trabajo
de la Presidencia austriaca.
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
(Matutes Juan): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, entrando directamente en el asunto como
ustedes saben, al asumir la presidencia del Consejo, Austria
ha centrado sus trabajos en los siguientes puntos prioritarios:
La profundización en las políticas de empleo; la culminación
de los preparativos para la introducción de la
moneda única; la próxima ampliación de la Unión; la continuación
del examen del futuro marco financiero de la
Unión, es decir, las perspectivas financieras 2000/2006; las
propuestas legislativas de la Agenda 2000, especialmente
la reforma de la política estructural, de la PAC, y los nuevos
reglamentos preadhesión.
Me detendré en cada uno de esos temas. La presidencia
debe proseguir los trabajos preparatorios para la puesta en
práctica de las disposiciones del Tratado de Amsterdam,
especialmente en el ámbito PESC y JAI. En la PESC continuarán
los trabajos relativos a creación de la unidad de planificación
política y de alerta rápida, y el nombramiento
del alto representante para la PESC, que debe decidirse en
Viena.
En el tercer pilar continúan los trabajos relativos a la
integración de la Secretaria Schengen en la Secretaria
General del Consejo, a la determinación del acervo Schengen,
y a la presentación en Viena de un plan de acción para
la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia. El
primero de enero próximo se formalizará el paso a la tercera
fase de la Unión Monetaria; prácticamente todos los preparativos
para la puesta en marcha del euro han finalizado
y han sido aprobados en el transcurso del semestre anterior,
bajo presidencia británica.
Aunque la decisión sobre la fijación del tipo de cambio
definitivo entre las monedas nacionales y el euro deberá
adoptarse formalmente el citado primero de enero, la Presidencia
austriaca esta ya realizando los trabajos preparatorios
sobre esa decisión; igualmente deberán adoptarse las
últimas decisiones sobre el funcionamiento del Banco Central
Europeo y la decisión formal sobre la creación del
Comité Económico y Financiero, en sustitución del actual
Comité Monetario.
Durante ese semestre se realizará el ejercicio de supervisión
multilateral sobre la aplicación de las orientaciones
de política económica en cada Estado, y se irá definiendo
el método de trabajo y contenido del Euro 11, previo a cada
Consejo ECOFIN. El Consejo de Asuntos Generales pasado,
de 5 y 6 de octubre, decidió que el día 10 de noviembre
se inicien las negociaciones efectivas de ampliación con
Chipre, Hungría, Polonia, Estonia, Chequia y Eslovenia; se
ha aceptado el principio, que en su momento apoyó España,
de comenzar las negociaciones aun cuando no ha concluido
totalmente el ejercicio de «screening». A finales de
1998 la Comisión deberá presentar sus informes periódicos
sobre los progresos de los distintos candidatos PECO.
Debe acompañarse en su caso de recomendaciones para la
apertura eventual de negociaciones con los cinco candidatos
de la segunda ola. Esos informes serán examinados
durante el Consejo Europeo de Viena. A finales de 1998 la
Comisión presentará sus informes sobre el funcionamiento
de los partenariados para la adhesión, y cabe destacar que,
en la reunión de ministros de la Conferencia europea, Turquía
ha vuelto a ser el punto central de la misma.
La Presidencia ha presentado en este Consejo de Asuntos
Generales del 13 de julio una nota sobre recepción de
los trabajos, calendario de reuniones en los distintos niveles
e informaciones del Consejo relativas a la Agenda 2000.
Para ello, la presidencia austriaca se propone los siguientes
objetivos: Primero, identificar las principales cuestiones
políticas del paquete, y explorar posibles opciones. Segundo,
avanzar lo más posible en el examen detallado de los
distintos proyectos de textos legislativos, en particular los
referidos a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión,
a los instrumentos de preadhesión y al acuerdo interinstitucional.
Y, tercero, preparar un documento para el
Consejo Europeo de Viena, esbozando la estructura de
acuerdo final e incluyendo, donde sea posible, elementos
sustanciales.
Por otra parte, la presidencia austriaca propone que los
trabajos se desarrollen en tres fases. Primera, una fase inicial
que ha concluido a finales de septiembre y que comprende
la clarificación de una serie de cuestiones clave, así
como un esfuerzo por avanzar lo más posible en el examen
de textos legislativos. Una segunda fase hasta finales de
noviembre, durante la cual se explorarían posibles opciones
en relación con las cuestiones claves sobre la base de
un «non-paper» de la presidencia, que incluiría debates
políticos, no sólo a nivel del Consejo de Asuntos Federales,
sino también de ECOFIN y del Consejo de Agricultura,
continuando paralelo la discusión de textos legislativos. Y,
por último, la tercera fase que se desarrollaría desde finales
de noviembre hasta el Consejo Europeo de Viena, se encargarían
de la preparación del documento de la presidencia a
presentar a dicho Consejo Europeo.
Para España la idea de la presidencia de explorar opciones
sobre las cuestiones políticas claves de la Agenda 2000
no es realista, ya que intentar avanzar en temas sustanciales
en forma parcial, como sus señorías saben, porque lo he
dicho en varias ocasiones y naturalmente no hemos dejado
de repetirlo en el Consejo, no es posible y, por lo mismo,
para España no es aceptable. En vez de hablar de opciones,
concepto que tiene un sentido limitativo, habría que hablar
de posiciones nacionales que se mantendrán hasta el
momento en que se llegue a un acuerdo sobre todo el conjunto
de la Agenda 2000.
En relación con el futuro marco financiero de la Unión,
España considera que debe aplicarse una rigurosa disciplina
presupuestaria que garantice a la Unión Europea recursos
suficientes para el desarrollo de sus políticas, así como
para hacer frente a los gastos derivados de la ampliación.
Ya dejé muy claro una vez más en ese Consejo de los
días 5 y 6 que España consideraba totalmente insuficiente,
y no estaba dispuesto a aceptar, el limite del 1,27, que ustedes
conocen. Los márgenes que se dejen disponibles para
financiar la ampliación no deben implicar en ningún caso
limites a la cohesión actual. Partimos de la idea de que el
futuro marco financiero debe presentar totalmente separados
los gastos de la Europa de los Quince aquellos otros
relacionados con la ampliación. España ha reiterado en
todo momento su disconformidad con la fijación a priori de
un techo de recursos, sin que todavía conozcamos los montantes
de gastos. Esa oposición nos parece hoy aún más
fundada cuando los acontecimientos mundiales pueden
aconsejar revisar en algún momento cifras de crecimiento
económico con las que había trabajado la Comisión.
La base para determinar cuantías a asignar a las acciones
estructurales deben ser los compromisos incluidos en
las perspectivas financieras de 1999, con preferencia a la
media del período 1993-1999.
Como es sabido, la Comisión ha presentado su informe
sobre el sistema de recursos propios que ha sido debatido
en el reciente Consejo ECOFIN del día 12 de octubre. La
Comisión únicamente propone una serie de opciones intercambiables
sin tomar partido por ninguna de ellas. La conclusión
a la que llega es que, puesto que en la Agenda 2000
no hay propuesta de aumentar el techo de los 27, no es
necesaria una modificación de la decisión de recursos propios.
Podemos describir brevemente el informe de la Comisión
de la siguiente manera. Hace un análisis del funcionamiento
del sistema actual del que destaca las siguientes
afirmaciones' El actual sistema de recursos ha dado resultados
positivos; las condiciones actuales se basan en un sistema
que es justo, pues es el que más se acerca al PNB de
cada Estado miembro; las imperfecciones del actual sistema
de recursos propios se deben a una cierta falta de transparencia
en el recurso IVA, y se podría simplificar el sistema
actual basándolo únicamente en el Producto Nacional
Bruto.
Pasa después a analizar la cuestión de los desequilibrios
presupuestarios cuyos puntos fundamentales son los
siguientes: Es difícil evaluar el desequilibrio en términos
presupuestarios de cada país también es difícil definir el
desequilibrio. Se utilizan dos criterios: el criterio Fontainebleau,
teniendo en cuenta únicamente los recursos PNB e
IVA, pero con inclusión de gastos administrativos, y el criterio
de equilibrio operativo, en donde se excluyen los gastos
administrativos y se consideran todos los recursos propios.
El coste de la adhesión debe financiarse por los
Estados miembros según su capacidad. El origen del problema
de los desequilibrios está en el gasto, por lo que será
necesario una política de mayor rigor presupuestario.
La solución podría ser, en primer lugar volver a un sistema
de financiación más simple, basado en el Producto
Nacional Bruto; en segundo lugar, disminuir la financiación
de ayudas directas a los agricultores, lo que supondría
una reducción del gasto y, en tercer lugar, un sistema generalizado
de correcciones que supondría un reembolso parcial
de los desequilibrios negativos por encima de un cierto
umbral.
La posición de España en relación con este informe ha
sido manifestada reiteradamente en sucesivas declaraciones
claras y terminantes de absoluta firmeza y absoluta
oposición por mi parte y por parte también, cuando ha sido
por primera vez discutido en el Consejo, del Vicepresidente
Rato el pasado lunes 12 de octubre.
Naturalmente ambos hemos ratificado que el Gobierno
no comparte el contenido del informe de la Comisión tanto
por razones de tipo formal como de fondo. Desde el punto
de vista formal consideramos, en primer lugar, que la
Comisión se ha extralimitado del mandato aprobado en el
artículo 10 de la decisión de recursos propios, ya que entra
a estudiar otras propuestas, como es la de ayudas directas a
la PAC. Ciertamente la Comisión siempre tiene el poder de
iniciativa, pero aquí había un mandato claro y entendíamos
que políticamente era mejor no rebasarlo. Además, el informe
es claramente desequilibrado ya que dedica la mayor
parte de sus páginas a analizar las propuestas de Alemania,
Países Bajos, Austria y Suecia y dedica menos atención a
los temas acordados en el artículo 10 de la decisión de
recursos propios.
En cuanto a la cuestión de fondo, España tampoco
puede compartir el contenido del informe. La propuesta de
cofinanciación de ayudas directas supone una quiebra para
nosotros del principio de solidaridad financiera actualmente
vigente en la PAC. La cofinanciación agrícola implicaría
la obligación de pago de los agricultores con cargo a los
presupuestos nacionales de manera adicional a la decisión
de recursos propios. Olvida, por lo tanto, esa propuesta,
que los parlamentos nacionales son los únicos soberanos
para aprobar gastos, al margen de los mencionados recursos
propios, y esa opción no se presenta para mejorar la eficiencia
de la PAC sino como un simple mecanismo de la
redistribución de la carga del gasto, lo que implica una
reducción de la línea directriz agrícola y del techo de recursos
propios. España lo rechaza, pues hace imposible la
financiación de las políticas a quince y la futura ampliación
de la Unión.
En el mismo Consejo España ha reiterado su apoyo a la
propuesta de creación de un nuevo recurso progresivo, apoyada
por Portugal y Grecia, propuesta que pretende introducir
la progresividad en el sistema de recursos utilizando
el mismo modelo que siguen los presupuestos de ingresos
de todos los Estados miembros, para lo que es posible que
fuera necesario modificar el método de cálculo que la
Comisión utilizó.
Por último, señorías, quiero recordar que ayer estuvo en
España el Canciller Klima, Primer Ministro de Austria,
Presidente del Consejo Europeo, que se entreviste con el
Presidente Aznar en una entrevista cordial y constructiva
centrada en la reunión de Portschach y en las perspectivas
del próximo Consejo Europeo de Viena y en la que, naturalmente,
el Presidente Aznar tuvo ocasión de reiterarle las
posiciones del Gobierno español que yo les he detallado
ahora con mayor extensión.
Muchas gracias.
E1 señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Ministro.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por su comparecencia hoy
aquí, y por la información suministradas. Vamos a ver si
podemos acotar un poco más los temas que nos preocupan
de la Presidencia austriaca, que han sido básicamente explicados,
aunque de una forma rápida, por el Ministro.
Es verdad que las comparecencias en estos temas se
producen desgraciadamente con excesiva lentitud, porque
el objeto de la comparecencia solicitada por mi Grupo era
conocer el temario de la Presidencia. Ahora ya no sólo
conocemos el temario sino, además, parte de su desarrollo,
lo cual no la hace menos interesante, sino que nos permite
hablar quizás de más contenidos.
Es verdad que en esta Presidencia hay asuntos importantes.
El primero, el tema del empleo, en donde por primera
vez se tiene que controlar y evaluar los planes nacionales
de empleos. Por lo tanto, nosotros vamos a esperar los
resultados de esa evaluación y vamos a considerar, en cualquier
caso, los análisis que haga el Consejo de la evolución
del empleo en la Unión Europea, una evolución que es cierto
que está mejorando en el conjunto, si bien no crece al
ritmo deseado, y en donde se están produciendo, evidentemente,
diferencias sustanciales entre unos planes y otros.
Por lo tanto, habrá que ver en qué medida habrá que reformar
esos planes.
En cuanto a la Unión Monetaria, nos ha explicado muy
bien los temas pendientes, básicamente la representación
exterior del euro y la futura implementación normativa y
estructural de todo el sistema. Hay un elemento que preocupa
a mi Grupo y sobre el cual no sé si el Ministro nos
podrá informar o lo podrá hacer el Vicepresidente para
asuntos económicos en una futura reunión de la Comisión.
El tema es cómo están funcionando las reuniones previstas
para la armonización fiscal y si se continúa con la intención
de producir una mayor armonización fiscal que dé cobertura
a la Unión Monetaria y que, por tanto, fije unos elementos
similares para todos los países para impedir que existan
ventajas comparativas dentro del sistema fiscal de la Unión
Europea.
Sin duda, los temas más relevantes de la Presidencia
tienen que ver con la Agenda 2000, de la cual no será la
última vez que hablemos, ni mucho menos. Se están
poniendo sobre la mesa algunas cuestiones que yo creo que
son importantes y en las que no conseguimos abrirnos
camino como Estado para mejorar nuestras posiciones.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Costa.
Pediría que los que tengan que hablar salgan fuera, porque
con este murmullo no se puede entender nada.
El señor COSTA COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Hay una sonoridad especial en esta sala.
Decía que tenemos sobre la mesa temas realmente relevantes
para nuestro país. Dentro de la Agenda 2000, en
cuanto a las perspectivas financieras, seguimos teniendo el
límite del 1,27 por ciento, que no hemos conseguido desbloquear.
Seguimos estando ahí, no ha habido -que conozcamos-
ningún elemento nuevo respecto al desbloqueo de
esta cifra, que es un tema muy importante para España y en
el que el Gobierno cuenta con el apoyo del principal grupo
de la oposición, al que yo represento -creo que también
de otros-, y del propio Parlamento Europeo, que en su
informe fue muy prudente, pero muy inteligente en el planteamiento
de esta materia, y puso en su lugar esa cifra predeterminada,
sin que existan bajo ella los elementos que la
sustancien. Uno de los elementos era el crecimiento económico;
un crecimiento económico previsto para este período,
que se tenía que ir cumpliendo y que es la propia Comisión,
en estos momentos, quien está reconsiderándolo para
el futuro de la Unión en vista de la situación económica
internacional.
Por tanto, me parece que el Gobierno cuenta no sólo
con la razón, en cuanto a la forma en la que se ha establecido
este mecanismo, sino que, además, el tiempo y la coyuntura
le están suministrando razones adicionales; tiene que
trabajar, porque ésa es su responsabilidad, y tiene que abrir
camino en esta materia en los Consejos de Ministros respectivos.
El Gobierno no es un espectador en esos Consejos
de Ministros, es un actor importantísimo y, desde el
apoyo, le tenemos que exigir que abra camino a las posiciones
españolas y a las posiciones que convienen a la
construcción europea en estos momentos y que, en este
caso, España representa perfectamente con un gran acuerdo
interno.
En segundo lugar, aún no se han cerrado capítulos que
perjudicaban directamente a los países de la cohesión, y
particularmente a España. Seguimos estando amenazados
por la propuesta de los países ricos de la Unión para que no
obtengamos los Fondos de Cohesión en el próximo período
o para que estos se limiten a los países que participen en
la Unión Monetaria Europea. Esta propuesta sigue estando
sobre la mesa de negociación, España no la ha podido apartar.
Pero no ocurre sólo eso, sino que tenemos una propuesta
nueva, que a pesar de que se presenta -como muy bien
ha dicho el Ministro- bajo la fórmula de una opción, no
deja de ser un recorte en los gastos que afectan, precisamente,
a los países en los que la agricultura tiene más participación
en el Producto Interior Bruto, es decir, la cofinanciación
de la política agrícola común por parte de los
Estados nacionales.
El Gobierno responde correctamente a lo que plantea la
Comisión, pero lo hace como si fuera un espectador, y al
Gobierno no le corresponde el papel de espectador en esa
materia, sino el de actor, y por ello le exigimos que esas
propuestas regresivas, que las propuestas de renacionalizar
políticas como la PAC, que son plenamente comunitarias,
las frene desde el primer momento en los debates; que busque
los aliados necesarios para que esas propuestas no puedan
ni siquiera avanzar o abrirse camino en la negociación,
que se eliminen de las opciones que la Comisión plantea al
Consejo para sus debates en el mismo, y que se centren en
algunas de las otras que son más convenientes, a nuestro
entender, para los intereses no sólo de España -en este
caso también para ella-, sino para el futuro de la construcción
europea, como es una de las propuestas que plantea la
Comisión, que es el sistema de aportación de recursos propios
en base al Producto Nacional Bruto.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa, ya han pasado
los diez minutos.
Vaya terminando, por favor.
El señor COSTACOSTA: Acabo señor Presidente.
Esas son las cuestiones que más interesan a nuestro
país. Existen otras en las que tampoco conocemos avances,
si bien es cierto que se están examinando las primeras propuestas
legislativas, me estoy refiriendo a los reglamentos
para los Fondos Estructurales, para el Instrumento de
ampliación y para los Fondos de Cohesión. En esos reglamentos,
en su origen, en la propuesta de la Comisión había
elementos que no compartíamos -como le hemos dicho al
Gobierno, con cuya posición coincidíamos- como la
reserva de eficacia del 10 por ciento, por citar alguno de
ellos, o el hecho de que los recursos no adquirieran la condición
de derechos cuando pasaran dos años en el presupuesto
comunitario o que fuera la propia Comisión Europea
la que pudiera suprimir los recursos para uno de los
Estados miembros, por citar alguno solamente y no hacer
la lista exhaustiva. Lo que queremos que nos diga es si esos
elementos han sido corregidos y mejorados en esas propuestas
legislativas que se están manejando.
Para acabar, señor Presidente, y sin entrar en temas de
la política exterior y de seguridad común o del tercer pilar,
que esperamos que avancen debidamente, queremos hacer
una referencia a lo que se ha denominado el futuro de
Europa.
Nos gustaría conocer la posición del Gobierno de España
en cuanto a la necesidad de dar más legitimidad a la
política del conjunto del sistema institucional europeo. Qué
posiciones adopta el Gobierno español en los distintos
foros europeos cuando se plantea la posibilidad de dar una
mayor legitimidad al Presidente de la Comisión Europea,
del Colegio de Comisarios. Querríamos saber si el Gobierno
verla con buenos ojos avances, en la medida de lo posible,
en la dirección de vincular de una manera más clara la
Comisión al Parlamento Europeo y, por ello, dar mayor
legitimidad a la propia Comisión, mayor legitimidad política
al conjunto institucional europeo.
En segundo lugar, quisiéramos conocer en qué situación
se encuentran las reformas institucionales. Éstas quiero
recordar que son el paso previo para la ampliación y que,
por lo tanto, son una condición que los Consejos de la
Unión Europea deben abordar antes de la futura ampliación
de la Unión a los cuatro o cinco países seleccionados
previamente y, por ello, son un elemento importante respecto
del futuro de la agenda de la Unión Europea. Y quiero
recordar, además, que la Conferencia intergubernamental
que concluyó en Amsterdam tenía como mandato
principal precisamente las reformas institucionales, es
decir, aquello que no hizo, y que no se ha podido hacer,
precisamente por las discrepancias entre los países que
componen la Unión Europea. Y existen cuestiones importantísimas,
como la representación en el Colegio de Comisarios,
su número, la ponderación de votos en el Consejo o
qué elementos se van a decidir por mayoría o unanimidad
en la Unión Europea. Tenemos un ejemplo muy reciente de
cómo, cuando existen dificultades para salvar los obstáculos
producidos por las posiciones contrapuestas de los Estados
miembros, se buscan caminos paralelos -que no compartimos-
como el cofinanciar la reforma de la PAC en un
25 por ciento por fondos nacionales, porque eso si que se
puede decidir por mayoría, y no por unanimidad, en el
Consejo, si bien es verdad que hay otros elementos que
deben ser negociados por unanimidad.
Acabo, señor Presidente, señor Ministro, haciendo unas
cuantas reflexiones políticas.
En primer lugar, quisiera manifestarle una vez más que
deseamos seguir en el consenso en la política de construcción
europea. Pero le tengo que decir también que su
Gobierno la está poniendo en riesgo. No ha venido a este
Parlamento para explicar su propuesta de recursos propios.
No viene a este Parlamento cuando hay propuestas sobre la
mesa que tienen una gran incidencia nacional y, por el contrario,
se dedican a hacer de voceros ante los medios de
comunicación. El Gobierno, en vez de ser el representante
y negociador de España, con el apoyo importantísimo que
le da este Parlamento en esa materia, se lamenta constantemente
ante su propia ineficacia en la negociación. Tenemos
todos los temas que son de interés para España abiertos
sobre la mesa, sin conseguir cerrar ninguno de ellos. Yesto
no es casualidad, señor Ministro. Si esto ocurre -sin que
el Gobierno lo conozca, además, porque parece ser que
ante el último asunto el Gobierno ha sido el primer sorprendido,
se ha enterado cuando ya estaba en el informe de
la Comisión, por lo menos, aparentemente- es porque el
Gobierno no está haciendo sus deberes, alguien no está
haciendo sus deberes en Europa. Y los deberes en Europa
no se hacen cuando las cuestiones están sobre la mesa,
como usted sabe muy bien, porque es un profundo conocedor
de las instituciones europeas. Si antes de que los informes
y los dictámenes estén sobre la mesa no se ha hecho el
trabajo adecuado, sabe que es mucho más difícil cambiar
las posiciones ya establecidas. Y desde que usted está en el
Gobierno...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría,
por favor.
El señor COSTA COSTA: Acabo, señor Presidente.
... desde que el señor Aznar está en el Gobierno, los
asuntos europeos para España han ido de mal en peor. No
sólo no han sabido aplicar aquello que predicaban en la
oposición, a veces irresponsablemente y como nosotros no
vamos a hacer, sino que los asuntos conseguidos en la anterior
negociación por parte de España en las perspectivas
financieras entre 1993 y 1999 están en riesgo. Y alguien
será responsable si eso no se soluciona. Y no será el Grupo
Parlamentario Socialista, que ha apoyado plenamente al
Gobierno en esa materia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias,
señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por sus explicaciones.
Ciertamente, sabe el señor Ministro que cuenta con el
apoyo global de esta Cámara, y muy particularmente de
este Grupo, en los retos que actualmente enfrentan a España
en sede comunitaria. Por tanto, la unanimidad que tenemos
las distintas fuerzas políticas, con diferencias de matiz.
También porque comparto en buena medida algunas de las
observaciones -quizás no la forma de plantearlas- y la
lista de problemas o de inquietudes que se desprenden de la
intervención del portavoz del Grupo Socialista me ahorra
tener que ser particularmente largo en mi exposición.
Empieza a calar en la opinión pública española la percepción
de una situación de amenaza a nuestros ingresos
financieros procedentes de la Unión Europea. Ese hecho
no sé si es bueno o malo. Evidentemente, usted tiene sus
propias fuentes de información de lo que es la realidad
social, pero se lo transmito, modestamente, desde la percepción
que tiene este Diputado. Por vez primera, la opinión
pública empieza a notar que las cosas no nos van bien
en Bruselas y que podemos perder. A partir de este hecho,
la obligación del Gobierno es doble: por un lado, devolver
la confianza al ciudadano y, por otro, previo quizás en el
tiempo, intentar negociar de forma que esa percepción que
en este momento se tiene no se confirme.
Es cierto que la situación lleva más bien al pesimismo.
Tengo una cierta confianza en lo que hace referencia a
los Fondos de Cohesión, entre otras cosas porque comparto
la tesis del Gobierno, repetida hasta la saciedad, de que los
Fondos de Cohesión tienen una fundamentación jurídica y
que, por tanto, cualquier modificación de los mismos en
este caso seria una violación de los Tratados. Es una tesis
que comparte mi Grupo y, por tanto, en ese sentido, a pesar
de la dureza que pueda tener en su momento el debate político,
creo que poco tenemos que temer.
En cambio, no querría hacer desde aquí una llamada al
pesimismo, pero sí diría que la seguridad es menor si hablamos
de esta propuesta, recibida con entusiasmo por los paises
más poderosos en este momento de la Unión, de la
reforma de la financiación de la Política Agrícola Común y
esa renacionalización de ese 25 por ciento. Evidentemente,
la base para la alarma en este caso es que no hay un fundamento
jurídico, en un sentido o en otro, al que uno se pueda
agarrar y, en segundo lugar, porque existe una falta de unanimidad,
necesaria para llegar a esta reforma, y, por tanto,
la posibilidad de que se pueda acabar imponiendo por unas
determinadas mayorías.
No querría elevar el tono de crítica en este asunto, pero
sí me gustaría conocer un poco más qué es lo que ha ocurrido
para que este tema nos haya pillado a todos tan de
sorpresa. Si al Gobierno no le ha pillado tan de sorpresa, al
menos sí a este Parlamento o a estos portavoces. No digo
que no fuera una hipótesis de laboratorio el que esto se
pudiera formular, pero que haya partido de esta forma, con
esta rotundidad, como una opción planteada en el informe
de la Comisión -no sé si lo diría con las mismas palabras
que ha empleado el portavoz socialista- hace suponer que
hay algo en el engranaje de los mecanismos de influencia
-permítame la expresión- y de información que ha fallado
en este caso.
No obstante, ahí lo tenemos, ahí está la propuesta y me
gustaría que el señor Ministro se pronunciara un poco más
sobre qué perspectivas reales tenemos en este caso. ¿Cuál
es exactamente la posición francesa? La conocemos por la
prensa, pero querría saber exactamente hasta qué punto
España confía en que la posición de Francia en este tema
sea similar a la nuestra.
Es lamentable, y esto no es imputable al Gobierno pero
es una reflexión que quería hacer, el hecho de que esto esté
planteado por la Comisión y no por un Estado miembro.
No deja de ser sorprendente que la Comisión, que es quien
debe guardar los tratados e impulsar la propia integración
europea, esté en este caso defendiendo o admitiendo la
posibilidad de una renacionalización de políticas. Nos parece
absolutamente lamentable, y pensamos que tiene que
ver con la cuestión que anteriormente planteaba el portavoz
socialista, aunque sé que ahondar en esto nos llevaría a
un debate mucho más amplios. Comparto su inquietud de
conceder a la Comisión una mayor legitimación democrática
y una mayor capacidad de control, porque los contenidos
políticos de la misma son cada vez más importantes y
menos tecnocráticos. La Comisión Europea hace política y
no tiene control político, y ésa es una frase que no admite
discusión; si hace política, debe tener pleno control político,
cosa que no tiene. No creo que éste sea el foro para
entrar a debatir este tema, que habrá que hablarlo con más
calma, pero hay que tener en cuenta que con frecuencia
queda ilustrado este hecho.
Tomo nota sobre el resto de los asuntos que ha comentado,
aunque algunos ya los conocíamos. En su intervención
echo de menos fijar la posición del Gobierno sobre los
temas que forman parte de la agenda de la Presidencia austriaca
conocemos más o; menos y por eso nos gustaría que
se pronunciará un poco más sobre cuál es la posición concreta
de España en cada uno de los frentes. En concreto le
preguntaría por dos.
En primer lugar, ha mencionado la integración de
Schengen en la Secretaría General del Consejo, y sabemos
que eso genera una serie de problemas prácticos considerables;
ha tenido algunos de dimensión estrictamente funcionarias,
aunque no por eso menos importantes, que han provocado
alguna dificultad por parte del Gobierno belga en
admitir esa integración. En la medida en que eso ha tenido
cierta trascendencia política, nos gustaría que nos comentara
un poco el tema y que nos dijese si España se da por
satisfecha por cómo se está produciendo la integración del
acervo Schengen, en especial la incorporación a los mecanismos
propios de la Secretaria General del Consejo. Le
pedirla al señor Ministro una valoración al respecto.
En segundo lugar, quisiera que fijase un poco más la
posición española respecto al alto representante de la política
exterior y seguridad común, ese «mister» PESC debería
ser nombrado en Viena. Las directrices de la política
exterior europea siguen siendo patéticas, y esto es algo que
se comprueba día a día. No hay política exterior de la
Unión Europea; como máximo se manifiesta en lo que se
denomina grupos de contacto, a través de los cuales determinados
miembros pueden actuar concertadamente pero
no lo hace la Unión Europea como tal. Se supone que el
nombramiento de un alto representante a partir de Viena
podría empezar a contribuir a mejorar esto. Querría que
nos detallara qué perfil tiene en mente el Gobierno español
a la hora de defender al alto representante de la política
exterior y seguridad común que será designado en Viena,
aunque sabemos que en caso de que ya tenga un nombre no
nos lo va a comunicar ahora.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guardans.
Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor Presidente.
Quisiera agradecer al señor Ministro su comparecencia
en esta Comisión Mixta para la Unión Europea. Sé que dispone
de poco tiempo, pues tiene una cita importante con
Sus Majestades los Reyes, y por eso intentaré ser breve.
En primer lugar, me gustaría referirme a las afirmaciones
que ha hecho el señor Costa acerca de que el Gobierno
no informa y no cuenta lo suficiente con este Parlamento,
para aclararle que esto ya fue objeto de una comparecencia
anterior en la que el Secretario de Estado para Política
Exterior y Unión Europea, el señor De Miguel, se dedicó a
responder con brillantez y profundidad a estas cuestiones.
Por ese motivo me remitiré a las Actas y pasaré por alto la
demagogia habitual del señor Costa, cuyo primer efecto es
oscurecer su brillantez. (Risas.-) Es una lástima, porque
generalmente el señor Costa es muy brillante y con este
tipo de intervenciones su brillantez pasa a un segundo
lugar.
Hecha esta aclaración, pasaré al tema que me ocupa.
Quiero expresar la satisfacción y el acuerdo de mi Grupo
Parlamentario respecto al tratamiento que el Gobierno en
su conjunto, el Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministerio
y el Vicepresidente Rato, ha dado en estos últimos días
al tema candente de la financiación de la Unión. Hago esta
manifestación porque el tratamiento que dio a este tema el
Vicepresidente Segundo de1 Gobierno en coordinación con
el Ministerio de Asuntos Exteriores, concretamente en el
último Consejo Ecofin, despeja todo tipo de dudas sobre
cuál es la postura del Gobierno y los buenos oficios. Tal
como dijo el señor Rato, está claro que el Informe, que
tiene su razón de ser en un mandato del artículo 10, en la
decisión de recursos propios, y que se aprobó por unanimidad
y fue ratificado por todos los parlamentos nacionales,
se extralimita en estos mandatos. Por lo tanto, la cofinanciación
de las ayudas directas de la PAC no están recogidas
ni en el artículo 10 ni en la decisión de recursos propios ni
se derivan de las conclusiones acordadas en Cardiff, y por
eso estamos seguros de que las negociaciones del Gobierno
llegarán a buen fin.
Asimismo, me remitiré a unas declaraciones que hice la
semana pasada en el sentido de que, como dice el señor
Ministro, esto va en contra no sólo del artículo 39 del Tratado,
en el que se define como objetivo de la PAC garantizar
un nivel equitativo de rentas a los trabajadores agrícolas,
sino también del principio de suficiencia de medios y
del de cohesión económica y social. Por esta razón creemos
que simplemente se trata de un informe desequilibrado
de la Comisión; un informe del que es responsable en
gran medida la Comisión, como ha dicho el señor Guardans.
Creo que merecería la pena una reflexión sobre la
actuación en este tema de la Comisión, que, siendo independiente
como lo es, no deja de estar compuesta por representantes
de los Estados miembros de la Unión, a los cuales
deberíamos hacer llegar alguna sugerencia.
Esta comparecencia, señor Ministro, podemos situarla a
medio camino. Quizá el hecho de haber contado con su
presencia en esta Comisión cuando ya estaba avanzada la
Presidencia austriaca, nos permite tener un intercambio de
ideas con usted respecto a las dos próximas citas que no
dejan de ser muy importantes para el futuro de la Unión.
En la primera, el Consejo informal que se celebrará los días
24 y 25 en Formentor, el Gobierno aprovechará para hacer
algunas reflexiones generales sobre los objetivos de la Presidencia
y la preparación de Viena. Y en la segunda se tratará
el tema de Viena en sí.
Mi Grupo Parlamentario considera que esta reunión
informal, aparte de tratar sobre...
El señor PRESIDENTE: Perdón. Ya que no tienen la
delicadeza de desconectar los teléfonos, les rogaría que por
lo menos respondan. Estamos permanentemente escuchando
timbres telefónicos.
Continúe, señor Diputado.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Nosotros pensamos
que esta reunión informal como la de Formentor, que se
celebrará los días 24 y 25, aparte de servir para la discusión
de esos grandes temas que por ser perentorios siempre son
objeto de debate, debía centrarse en ese objetivo que señalaba
el punto 61 de las conclusiones de Cardiff, que es acercar
Europa a los ciudadanos del futuro. En este sentido, los
últimos acontecimientos en el mundo financiero nos deberían
llevar a hacer una reflexión general sobre el potencial
económico de la Unión Europea y la necesidad de su fortalecimiento
que quizá podría dar lugar también a un debate
colateral pero importante: la representación de la Unión
Europea en los órganos financieros internacionales.
Como han dicho algunos de los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra, creo que estamos en un
momento en el que mejorar la comunicación con el ciudadano
es de la máxima importancia; el proceso de construcción
europea atraviesa tiempos difíciles en los que hay que
ajustar muchos temas, los cuales llegan a ser a veces dolorosos,
y en este marco resulta extremadamente importante
comunicarse con el ciudadano, conectar con él y hacerle
participe de los trabajos y los progresos. En tercer lugar,
debo decir que Amsterdam en su conjunto debe ser objeto
de discusión en este Consejo informal.
Señor Ministro, respecto a Viena -tendremos ocasión
de hablar con usted cuando llegue el momento- el tema
de la Agenda 2000, como han dicho algunos portavoces, es
de la máxima importancia. Cuenta con el apoyo de este
Parlamento y con el Dictamen de la Comisión Mixta en el
sentido de que nuestros Grupos Parlamentarios defenderán
siempre la postura del Gobierno, cual es la globalidad de
los acuerdos y la no admisión de acuerdos parciales como
pretenden algunos países.
Respecto a la ampliación, mi Grupo Parlamentario se
satisface de la información que nos ha proporcionado el
señor Ministro sobre el adelanto de las negociaciones propiamente
dichas con los países candidatos de la primera
hora antes de la financiación del «screening». Consideramos
que es lógico y normal tanto más en cuanto que el
mismo se ha prorrogado hasta finales de 1999.
Nosotros, que hemos comenzado los trabajos de la
Comisión de Seguimiento del proceso de ampliación y
Agenda 2000, hemos comprobado un cierto desencanto
en los paises candidatos y una falta de impulso debido a
los retrasos, por otra parte lógicos y previstos por España
y nuestro Gobierno, en el calendario de la ampliación. En
ese sentido, es necesario que nuestro Gobierno siga una
política de comunicación adecuada también con los paises
candidatos que nos permita explicarles en cada
momento cuáles son los problemas de calendario, por qué
hay ciertos retrasos, que son completamente involuntarios
al deseo e interés de España pero, por otra parte,
necesarios en la consecución lógica de una ampliación
profunda y cohesionada.
Observamos con preocupación -puesto que así lo han
comunicado algunos de los países candidatos- las reformas
institucionales. Se invoca a Cardiff como pretexto para
emprender una reforma institucional profunda, que no es
necesaria de acuerdo con Amsterdam. En resumidas cuentas,
lo que afirma -leo textualmente- es que: una vez
ratificado el Tratado -todavía no lo está- se procederá a
una decisión sobre la forma y momento de hacer frente a
los aspectos institucionales no resueltos en Amsterdam.
Creo recordar que la única prioridad en Amsterdam eran
los cambios en la Comisión y la ponderación de votos en el
Consejo. Eso es lo que interesa a nuestro país, y cualquier
otro tipo de reforma institucional -aparte de no ser necesaria-,
en tanto en cuanto la ampliación no se extienda a
un número elevado de países debe pasar a un segundo
lugar.
Me gustaría saber señor Ministro, cuál es la opinión del
Gobierno respecto a la conveniencia o no de crear un grupo
de reflexión, o si debería haber un grupo de reflexión formado
por representantes de los distintos países de cara a
una reforma institucional profunda.
Por último, paso a formular tres preguntas breves, con
las que daré por finalizada mi intervención.
Señor Ministro, la fijación del tipo de cambio definitivo
-tal y como usted ha señalado en su intervención-, entre
las monedas nacionales y el euro deberá adoptase próximamente
el 1 de enero de 1999 y, por lo tanto, incumbe a la
Presidencia austriaca la realización de los trabajos preparatorios
sobre esta decisión. ¿Cómo se está desarrollando el
proceso?
Una de las prioridades de la Presidencia austriaca en
Viena será la aprobación eventual de nuevas orientaciones
sobre el empleo para 1999, tema prioritario para nuestro
país tras su presentación por la Comisión. Creo recordar
que tanto el Ministro Arenas como el Presidente del
Gobierno han presentado las ideas de nuestro Gobierno respecto
al calendario, financiación, etcétera. ¿Podría el señor
Ministro suministrarnos alguna indicación sobre los
comentarios que ha suscitado?
Respecto a la política exterior de la Unión, ¿cómo se
están realizando las negociaciones de los acuerdos entre la
Unión Europea y Mercosur y Chile, de la máxima importancia
para nuestro país? Sabemos que acaba de comenzar
la negociación del próximo convenio de Lomé en el que,
afortunadamente, Cuba ha estado presente. Cabe felicitarnos
por ello, puesto que era prioritario para nuestro país.
En relación al Mediterráneo, sabemos que están pendientes
ciertos acuerdos de asociación entre otros países
con Egipto. Considero que podríamos contemplar avances
en ese sentido, dentro del marco del proceso de Barcelona.
Por último, señor Ministro -el señor Guardans lo ha
mencionado- es del máximo interés para nuestro país lo
relativo a Justicia e Interior, Schengen, etcétera. E1 Ministro
del Interior, señor Mayor Oreja, estos últimos días presentaba
en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
en Estrasburgo la postura de España al respecto, que
recibió una acogida unánime por parte de los países miembros,
y considero que es uno de los temas en los que se
debería profundizar.
Gracias, señor Presidente; gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez
Casañ.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
(Matutes Juan): Muchas gracias, señor Presidente; muchas
gracias, señoría, por sus aportaciones.
Todos partimos de datos y de hechos sobre los que hay
una coincidencia básica, y agradezco los comentarios que
dichos datos merecen. Simplemente voy a hacer algunas
puntualizaciones para evitar injustificados alarmismos e
interpretaciones que, a mi juicio y a juicio de la Comisión,
no sólo son infundadas, sino totalmente contrarias a las que
ha sido siempre la interpretación correcta.
España, durante toda la discusión de las perspectivas
financieras y de la Agenda 2000, está en la línea global en
la que hemos permanecido desde el primer momento, que
ha sido apoyada unánimemente por este Parlamento y por
la Comisión Mixta, la línea de que es una negociación difícil,
de que nos vamos a dejar colar -expresión que define
gráficamente lo que hemos acordado siempre - ningún
acuerdo parcial hasta tanto no tengamos el acuerdo global
bien amarrado. Ésa ha sido siempre la posición de esta
Comisión. Ésa ha sido la línea con la que se ha mandatado
al Gobierno y a este Ministro en particular, y nos hemos
preocupado de llevarla la cabo hasta sus últimas consecuencias.
Por ello, ni se tienen que vil echar las campanas
al vuelo ni muchísimo menos empezar a lanzar jeremiadas.
En cuanto al 1,27, efectivamente, España hace un año
estaba sola, pero desde hace seis meses está acompañada
de Grecia y Portugal. Ahora bien, la interpretación que hay
que dar es exactamente la contraría a la que se ha dado,
pues la realidad es exactamente la contraria. No es que
España no consiga que se apruebe un límite superior al
1,27, el debate no está planteado en estos términos, sino
exactamente en los términos inversos: España ha impedido
que se fije el límite de 1,27 que quieren los grandes países
contribuyentes netos. Por lo tanto, sé que no se hace con
mala fe, pero hay una manipulación total; es exactamente
lo contrario. No es que España no haya podido colar un
tanto, sino que no se ha dejado colar un tanto en esta materia,
para la que se requiere unanimidad.
Por otra parte, debo señalar que hay que ser realistas.
España no tiene una posición teológica en contra del 1,27,
ni es una cuestión de principios. La cuestión es pura y simplemente
metodológica, de ahí nuestra buena argumentación,
que es impecable y que al final tienen que aceptar los
demás: si con el 1,27 van a estar cubiertas las necesidades a
Quince, así como las necesidades que se prevean de la
ampliación, debidamente evaluadas, si con 1,27 es suficiente,
esteremos encantados de firmar el 1,27. España se
opone a que primero se fije el limite del gasto y después se
empiece a contar cuánto dinero se va a necesitar. No. Señores,
hay que hacer bien las cuentas y, cuando tengamos evaluadas
necesidades, decidiremos si el 1,27 es suficiente o
no. Esa es la fuerza de España: sus argumentos, que son
totalmente razonables y por ello mismo hasta ahora nos
han dado la razón.
Lo mismo tengo que decir del resto de las consideraciones
que aquí se han hecho sobre fondos de cohesión y sobre
propuesta de renacionalización. No hay avances, ni por un
lado ni por otro. ¿Por qué? Porque, siguiendo el mandato
obtenido de esta Comisión Mixta, España no aceptará ningún
acuerdo parcial hasta que no tengamos un acuerdo total
y veamos nuestros intereses fundamentales debidamente
recogidos.
Cada vez que se han planteado estas cuestiones se me
dice: ¡Cuidado, no nos vayan a colar en este Consejo el
1,27!, ¡Cuidado, no nos vayan a colar ya alguna limitación
al fondo de cohesión!, ¡Cuidado! Pero, claro, señorías,
cuando se critica a la Comisión y sus propuestas en materia
de fondos estructurales, fondos de cohesión, etcétera, hay
que conocer un poco mejor las cosas, porque, realmente, si
hay un país que en estos momentos se puede sentir ciertamente
satisfecho con las propuestas de la Comisión sobre
política de cohesión en general es España.
Por parte de la Comisión se recoge el mantenimiento de
las políticas de los fondos estructurales, del fondo de cohesión
y sus montantes partiendo de los montantes destinados
en el año 1999, que son los más generosos que ha obtenido
España a lo largo de su historia; ésos son los que se toman
como base de referencia y no el promedio de los últimos
seis años. Esa es la propuesta de la Comisión, y sus señorías
pueden pensar que, naturalmente, hay muchos paises
que no están tan satisfechos como España con la propuesta
de la Comisión. Estoy de acuerdo en que tiene aspectos
mejorables, y por eso España ya le ha hecho saber a la
Comisión que no acepta esa reserva de optimización del 10
por ciento a que se refiere el señor Costa, que no le parece
bien. Ahora bien, luego se toman las decisiones según las
reglas de las mayorías; pero es que tampoco podemos pretender
ganar por goleada todas las veces. Lo cierto es que
las propuestas de la Comisión son muy buenas y siendo,
como es, una institución independiente, España se siente
muy bien tratada, y cuando no está bien tratada, naturalmente,
lo hace saber. De hecho ya hemos expresado a la
señora Wulff-Mathies, y al propio Presidente Santer yo
mismo, que era inadmisible para España este 10 por ciento;
pero, repito, luego viene el juego de mayorías, de minorías,
de discusiones, de cesiones en unos sitios para obtener ventajas
en otros, como también vienen propuestas que son
totalmente inadmisibles, por ejemplo a las que nos hemos
referido del informe de la Comisión sobre fondos propios.
No podemos olvidar que la Comisión es independiente y
que a veces habrá aspectos que nos gusten y aspectos que
nos gusten menos.
En cuanto al futuro de Europa y la legitimidad de la
política europea, yo no lo plantearía así, porque ahí sí que
tengo que manifestarle mi radical desacuerdo con lo que
apunta su propuesta. Y tengo que decirle que ese radical
desacuerdo yo lo he notado en todos los Gobiernos con los
que he hablado; no conozco en estos momentos un solo
Gobierno que se haya pronunciado en favor de modificar el
Tratado, pero supongo que habrá que modificarlo, porque
no se puede incumplir en un modo tan claro. El Tratado
encomienda la decisión de nombrar al Presidente de la
Comisión a los Quince Estados miembros, decisión que
luego, además, tiene que ser ratificada por el Parlamento.
Eso es lo que dice el Tratado, eso es lo que España, durante
los 13 años del Gobierno que nos precedió, ha aplicado sin
insinuar en ningún momento ninguna variación y eso es lo
que ayer mismo el propio Primer Ministro Klima le decía
al Presidente Aznar. Yo no conozco un solo Gobierno
-quizá haya alguno, pero yo no lo conozco- que en estos
momentos se haya pronunciado netamente en favor de esa
propuesta, repito, por dos razones, de fondo y de forma.
La razón de es que fondo hasta ahora hemos conseguido
construir Europa a base de una coalición no escrita entre
socialistas, socialdemócratas y populares, puesto que cuando
una parte de la Cámara tiene que imponer decisiones a
la otra no se consiguen mayorías suficientes y Europa se
queda bloqueada; sólo cuando los dos grandes grupos del
Parlamento, centroizquierda y centroderecha, se han puesto
de acuerdo ha sido posible sacar adelante la construcción
europea. El mecanismo por el cual el Presidente de la
Comisión sería nombrado por una parte de la Cámara en
función de los resultados rompería esa coalición natural
entre la Comisión y el Parlamento y haría que ese Parlamento
funcionase más al estilo de nuestros Parlamentos
nacionales, con lo cual esas mayorías netas serían mucho
más difíciles de obtener; habría un mayor enfrentamiento
ideológico y una mayor obstaculización a la hora de elevar
propuestas. Por tanto, ni por los Estados -que en relación
con el Presidente de la Comisión quieren tener el derecho
que les dan los Tratados a aprobarlo- ni por el propio funcionamiento
de las instituciones que se dé posteriormente,
a mi juicio, esa sería una propuesta afortunada ni, en
muchos años, defendible. Quizá, cuando ya esté terminado
ese proceso constituyente europeo se pueda hablar justamente
de cambiar el juego más en la línea que apuntaba el
señor Costa.
Pero hay también una razón formal, a la que se refería
además el señor Martínez Casan y con la que estoy totalmente
de acuerdo: el Tratado de Amsterdam ha supuesto
una gran victoria de las propuestas y de los intereses españoles,
y por ello mismo España tiene muy poco interés en
entrar en otro nuevo proceso de reforma institucional, de
ahí que lo que se ha acordado en los Consejos Europeos
haya sido: primero, ratifiquemos Amsterdam y, después,
cerremos los flecos que quedan de Amsterdam. No introduzcamos
de nuevo el debate de la reforma institucional
antes de que cierre Amsterdam, porque corremos el riesgo
de hacer capotar, de hacer naufragar la propia ratificación
de Amsterdam, pero después, una vez aprobado Amsterdam,
arreglemos los flecos que han quedado: la reforma
del número de miembros de la Comisión y la ponderación
del voto de los Estados en el Consejo. Yasí se acordó. Sólo
una vez arreglados esos temas se empezará a reflexionar
sobre cuándo procede abordar otra reforma institucional de
mayor envergadura. Mientras tanto, repito, como esa reforma
ha sido totalmente satisfactoria para España, ciertamente
no está en nuestro interés abrir en estos momentos ese
melón.
Hay algunas preguntas que se han formulado, algunos
reproches, que tienen poco sentido. ¡Que vengan a explicar
aquí la propuesta de recursos propios! ¡Pero si la propuesta
de recursos propios es la que todos ustedes conocen! Cuando
los cuatro países más netamente contribuyentes piden a
la Comisión un informe sobre la institucionalización de un
mecanismo de compensación, es decir, la generalización
del cheque, España va y dice: Nosotros queremos que ese
informe también contemple otro punto. ¿Qué otro punto?
El punto de añadir un nuevo recurso comunitario a los ya
existentes y que consiste ya no tanto en pagar en función
del IVA o en función del Producto Nacional Bruto de cada
país, sino progresivamente en función del Producto Nacional
Bruto per cápita de cada país. Pero eso no supone cambiar
lo que ya existía, no; que sigan los otros recursos y que
se introduzca. ¿En qué medida? En la medida en que consideremos
que es tolerable esa progresividad añadiendo ese
nuevo recurso. Por lo tanto, se pide a la Comisión que haga
ese informe y empezaremos a trabajar sobre él. Eso es todo
cuanto hay de ese informe y, desde luego, si hubiera querido
esa información se la habría facilitado tantas veces
como la hubiera pedido. Eso es lo que hay.
Precisamente nos hemos quejado de que el informe despacha
en cuatro lineas tanto la propuesta de los cuatro contribuyentes
netos como la propuesta española, que por eso
hemos vuelto a recuperar, pero hemos de decir que, de
entrada, un primer efecto si ha conseguido, porque yo
recuerdo que uno de los reproches que se le hizo al Gobierno
hace seis meses más o menos era: frente a esa propuesta
de esos paises que quieren un cheque generalizado, ¿cuál
será la reacción del Gobierno? Pues bien, el Gobierno presentó
su propuesta, y aunque no estamos contentos con el
trámite que se le ha dado, ya ha cumplido un primer objetivo,
que ha sido dejar sin efecto la propuesta contra la que
había que reaccionar. Y eso es lo que procede hacer, tomar
las cosas con tranquilidad sobre la base a la que yo siempre
me he referido. Es decir, estemos tranquilos; aquí no se ha
perdido nada. Ya estamos acostumbrados a ir solos cuando
defendemos las políticas de cohesión, y según respeten,
respetaremos nosotros.
En muchas ocasiones he oído a algún miembro de la
oposición, en declaraciones hechas aquí y allá, acusar al
Gobierno diciendo que se están defendiendo muy bien los
intereses nacionales -y, por cierto, que yo sepa, en los distintos
Consejos Europeos que se han celebrado hasta ahora
no nos han colado ningún tanto; lo digo sinceramente, y si
no es así, que se me informe de ello-, pero que falta un
diseño de construcción europea que no está en la mente de
los responsables de la política europea. Pero resulta que
luego nos reunimos aquí y los únicos reproches que se
hacen se refieren no a los tantos que nos hayan colado
-que todavía no ha sucedido-, sino a los que nos van a
colar. Tampoco se me ha dado ninguna idea o modelo alternativo
sobre cómo mejorar nuestras concepciones respecto
de la construcción europea, e insisto en que la que se ha
dado como reforma institucional -esa supuesta mayor
legitimidad del nuevo Presidente de la Comisión- no es
en absoluto afortunada; no la acepta este Gobiernos ni la
aceptan los demás.
En todo caso, hemos de ser conscientes de que estamos
en un momento delicado. Nosotros, que tuvimos una transición
exitosa pero delicada, y que después de la transición
fuimos demandantes de la solidaridad y la comprensión de
nuestros socios europeos, ahora hemos de ser más solidarios
que nadie. Los «incomings», los recién llegados, no
podemos ser mucho más intransigentes que los socios antiguos
y hemos de tender la mano a los nuevos países de
Europa central que también quieren consolidar sus incipientes
democracias -por cierto, con más dificultades que
nosotros; su economía la tienen en peor estado- y piden
una actitud generosa por nuestra parte, aunque hemos de
ser conscientes de que eso tendrá unos costes. Precisamente
sobre este punto todos podemos hablar de que hemos de
tener un modelo: Europa en cabeza. Por primera vez en su
historia Europa está a punto de finalizar el proceso de su
unidad, no por la vía de ningún dictador o conquistador,
llámese Carlos V o Napoleón, sino por el impulso de sus
propios pueblos, y no podemos perder esa oportunidad,
porque a la larga eso se volvería contra nosotros. Como
digo, eso tendrá un coste, y no sería justo que los países
que hasta ahora han pagado siempre, o únicamente, tengan
que pagar íntegramente ese coste, pero, desde luego, como
les he dicho en muchas ocasiones, no vamos a aceptar que
los paganos de ese mayor coste seamos los países de la
cohesión, y en particular, España.
No hay, pues, razón para la alarma. Nosotros estamos
en actitud solidaria y vigilante, y creo que hasta ahora las
cosas no han salido mal, a pesar de los intentos que han
existido en un momento dado para excluirnos del fondo de
cohesión -intentos que en estos momentos parece que han
remitido un poco, pero que seguramente están ahí-, o de
los intentos para renacionalizar parte de las ayudas agrícolas,
sistema que técnicamente no nos parece correcto. Puestos
a buscar fórmulas para ahorrar -y estoy hablando ante
un buen experto en estos temas, ex Ministro de Agricultura
y ex Secretario de Estado para la Unión Europea-, creo
que en vez de renacionalizar parte de las ayudas a los agricultores
se podría, por ejemplo, renacionalizar parte de las
restituciones a la exportación, con lo cual, quienes realmente
contribuirían al presupuesto comunitario serían
aquellos países que más excedentes tuvieran. Me parece
que esa es una buena fórmula como alternativa, suponiendo
que haya países que con buenas razones pidan que se
tengan en cuenta un poco más sus importantísimas aportaciones.
Por tanto, ruego a sus señorías -que, en todo caso,
tienen una actitud constructivas y que, como pueden ver,
yo recibo y valoro- que estén tranquilos. La presión es
grandes será mayor. Estamos en un período de ajuste de
presupuestos nacionales Un estos momentos todos tienen
interés en rebajar y reducir hasta cero sus déficit públicos,
pero la posición de España sigue siendo sólida, firme y
coherente.
En relación con la integración en Schengen, cuestión a
la que se ha referido al señor Guardans -y paso ahora a
contestar preguntas concretas-, naturalmente, pasar al primer
pilar lo que hasta ahora correspondía al tercer pilar
tiene sus dificultades, sus complejidades. Pero eso se está
logrando, y la posición española ha sido de apertura total,
aunque en su momento se opuso a la adopción de decisiones
por mayoría cualificada -sobre todo, de nuevos
miembros- y exigió que se hiciera por unanimidad, precisamente
para que con el cuento de Schengen no se nos
colaran miembros poco deseables; y todos sabemos a quién
nos estamos refiriendo. El problema belga consiste en que
Schengen Incorpora mecanismos automáticos para los cuales
la propia legislación interna belga en materia de refugio
y otras cuestiones presenta dificultades, pero eso no es más
que una demostración de lo rápido que avanzamos en todos
los temas de cooperación frente a la delincuencia internacional,
a1 narcotráfico, a1 terrorismo, etcétera.
Y en cuanto a «mister» PESC, efectivamente, esa cuestión
se va a decidir en Viena. La posición del Gobierno
español -tema decidido por el Presidente Aznar, con
quien yo he hablado- es defender un candidato español;
es decir, apoyar en principio la candidatura de Carlos Westendorp
, que ha hecho un magnifico papel en Bosnia-Herzegovina
y cuyo mandato va a finalizar en los próximos
meses. Parece que tiene interés en ello, por lo que si efectivamente
ese interés se confirma la posición española será
la de apoyarle.
Por lo que respecta a las ultimas cuestiones planteadas
por el señor Martínez Casañ, comparto totalmente sus referencias
a las reformas institucionales en el Consejo informal.
En él se hablará, naturalmente, de una política exterior
más sólida para el futuro y de la evolución político-económica
de Europa. Probablemente también exista tiempo de
plantear el debate sobre cómo introducir más transparencia
y, por tanto, más legitimidad democrática en la Unión.
Pero, ¡cuidado!, que nadie diga que la Comisión no tiene
legitimidad democrática, al igual que su Presidente, porque
desde el momento en que sus miembros son nombrados
por quince Gobiernos impecablemente democráticos, son
tan democráticos como cualquier Ministro de cualquiera de
esos quince Gobiernos. Que eso quede claro; se trata de
fórmulas distintas. En todo caso, se intentará que Portschach
sea como Formentor, es decir, que no haya conclusiones.
También se intentará que se confirmen las fechas
previstas de la Agencia 2000. Es posible que -el Presidente
Aznar está muy interesado- se realice algún análisis
sobre la crisis financiera internacional y sobre cómo la
posición sólida de Europa nos ha protegido en los pasos
serios y firmes que se han dado hacia el euro. Pero, efectivamente,
hay que pensar en el futuro así como estudiar y
seguir muy de cerca la situación en Kosovo y Rusia.
que pensar en el futuro así como estudiar y seguir muy de
cerca la situación en Kosovo y Rusia.
Por otro lado, no hay ningún retraso en relación con los
trabajos preparatorios para los tipos de cambio al euro, que
de hecho ya son definitivos, aunque no se puede descartar
que en una época de crisis monetarias hubiera una pequeña
oscilación y finalmente se impusiera algún pequeño reajuste
entre las monedas.
Pero, como digo, esos tipos de cambio prácticamente
son los que cada día nos refleja el mercado.
Los acuerdos de MERCOSUR y Chile van por muy
buen camino, así como las políticas de empleo que España
está presentando en relación con sus socios.
Por último, todos nos hemos sentido satisfechos de que
Cuba haya sido aceptada como país observador en la
negociación de la renovación de los acuerdos de Lomé. El
otro día estuve hablando con el canciller cubano, y todos
desearíamos que el próximo paso consista en considerar
que sería interesante para Cuba entrar como miembro de
pleno derecho en dicho Convenio y, por tanto, que pasara
de ser observador a ser parte negociadora en el mismo.
De nuevo les doy las gracias. Seguiremos compareciendo
y dándoles puntualmente toda la información que precisen.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señorías, el señor Ministro tiene que marcharse. Por
tanto, las intervenciones que tengan lugar a continuación
podrán ser de un minuto de tiempo como máximo.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.
Respetando los tiempos siempre escasos del Ministro
de Asuntos Exteriores, creo que los temas que hoy hemos
tratado merecen algún comentario adicional.
Quisiera resumir algunas cuestiones, y me gustaría que
la habilidad que tiene el Ministro para tergiversar las formulaciones
de algún portavoz la utilizara en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea. Nos sería de mucha más
utilidad, porque aquí lo que tiene es el apoyo del Parlamento
para hacer su trabajo, pero no hace falta que considere
mis preguntas como afirmaciones. Cuando yo formulo preguntas
no hago afirmaciones y en el capítulo institucional
ha convertido mi pregunta en una afirmación.
El Ministro me ha contestado cosas sorprendentes. Alo
mejor es que no le he entendido muy bien, pero me gustaría
que me confirmara si lo que ha dicho es que en el Tratado
de Amsterdam se reflejan las posiciones españolas y que
está de acuerdo con el dictamen que hizo esta Comisión
sobre reformas institucionales. Me ha parecido entender
esto y el Ministro sabe que no responde a la verdad, a la
realidad.
Es obvio que cuando hablamos de reformas institucionales
algunas tendrán que entrar en vigor antes de la
ampliación. Así lo establece el Tratado de Amsterdam. No
sé si me confundo. Me gustaría que me lo aclarara, porque
da la impresión de que el Gobierno está manifestando que
no debe haber reformas, que puede seguir todo tal y como
está aunque haya ampliación; que la Unión puede seguir
funcionando con el sistema actual, ya que el Gobierno está
satisfecho con ese funcionamiento, aunque haya 20 miembros.
¿Me está diciendo eso? Le rogaría que simplemente
me lo confirmara.
En cuanto a la Agenda 2000, coincidirá conmigo, señor
Ministro, en que en estos momentos tenemos todos los
frentes abiertos. Es decir, es verdad que no se ha cerrado
ninguno ni se va a cerrar ninguno hasta el final -esa es la
opción del Gobierno-, pero en estos momentos estamos
rodeados, señor Ministro, y usted nos dice que todo va muy
bien, que no nos preocupemos. Queremos creerle y pensar
que España saldrá de esa negociación mejor que entró.
El señor PRESIDENTE: Termine, por favor.
El señor COSTACOSTA: Concluyo rápidamente.
Confírmeme que me está diciendo eso. Me alegraré
profundamente, porque yo tengo la sensación de que estamos
rodeados y de que difícilmente vamos a salir de esa
negociación sin que tengamos heridas de cierta gravedad,
porque la situación no es la mejor del mundo.
En cuanto a informar al Parlamento, le recuerdo que
cuando estábamos empezando a ser rodeados preguntamos
al Gobierno cuál era su actitud, qué propuestas e iniciativas
tenía frente al acoso que se había manifestado ya en la
reforma del Tratado de Amsterdam -que, por cierto, no
tiene nada que ver Agenda 2000, como ha manifestado el
portavoz del Grupo Popular, que él lo sabe y no se lo tengo
que decir- y ustedes hicieron una propuesta, que yo no he
valorado, sin acudir al Parlamento para informar. A mí sí
que me parece grave que el Gobierno tome esas iniciativas
sin comparecer ante las Cámaras para explicarlas. Creo que
es importante. Ustedes pueden opinar lo que les parezca
oportuno, pero yo creo que el Parlamento está también para
ser informado y no sólo para apoyar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Guardans, por un minuto; el suyo de 60 segundos.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sí, señor Presidente,
intervendré con toda brevedad.
Seré muy breve, pero en estos segundos -ya volveremos
sobre el tema- no quería dejar de comentar -no he
querido entrar en ese debate, sobre todo conociendo la falta
de tiempo del señor Ministro- la cuestión institucional, ya
que me ha sorprendido profundamente la extensión que el
señor Ministro le ha dedicado y la rotundidad de sus palabras,
de las cuales se deducen dos cosas y ninguna de ellas
me gusta.
En primer lugar, da la sensación de que, efectivamente,
como decía el portavoz Socialista, el Gobierno español está
perfectamente satisfecho con el actual esquema institucional
y que no hay que modificar nada antes de la ampliación.
Creo que eso no es así y espero que lo aclare.
En segundo lugar, un tema más de fondo. Aunque este
Grupo habla con una cierta modestia de reformas institucionales
a nivel de toda la Unión -cada uno sabe el peso
que tiene y, por tanto, es claro que nuestro papel puede que
sea menor que el de otros que pueden tener otros apoyos
políticos en el exterior-, no tiene la sensación de que la
Comisión Europea -que quede claro tenga plena legitimidad
democrática tal y como está. Además, no nos parece en
absoluto desafortunada la propuesta de incrementar el control
parlamentario de la Comisión por parte del Parlamento
Europeo, mediante una u otra fórmula, ya sea la de la elección
del Presidente o cualquier otra que decidamos. Habrá
que estudiarlo, pero la descalificación que ha hecho el
señor Ministro -como poco menos que una idea de un iluminado-
de que la Comisión Europea tenga un respaldo
parlamentario político en el sentido más estricto -político-
parlamentario, señor Ministro del Parlamento Europeo
y de que, por tanto, su elección deje de estar controlada por
los Estados miembros, no nos parece una idea nueva sino
una tendencia hacia la que vamos. Cuando ésta llegue y la
construcción europea esté madura, tendrá nuestro apoyo
-insisto-, con la modestia de las aportaciones que podamos
dar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Muchas gracias, señor
Presidente.
Quiero hacer simplemente una aclaración. Quiero
recordar a sus señorías que fue nuestra Comisión la que,
debido a problemas de calendario, no pudo tener una discusión
con el Vicepresidente Rato que, sin embargo, sí nos
convocó y nos explicó en profundidad en el Ministerio de
Economía y Hacienda las distintas propuestas de recursos
propios que habían presentado algunos países miembros de
la Unión, incluida la españolas antes de presentarse, y solamente
después de discutidas con nosotros y obtenido el
apoyo de los distintos grupos parlamentarios no solamente
del Parlamento español sino del europeo, cuyos representantes
también estaban presentes, se procedió a su presentación
por parte del señor Ministro de Asuntos Exteriores y
del Vicepresidente del Gobierno.
En segundo lugar, el Ministro ha sido muy modesto en
su explicación de los logros de la propuesta española. Me
gustaría decir que nuestro Grupo parlamentario se encuentra
muy satisfecho por otros dos efectos que el Ministro
-modesto como digo, en su presentación de los logros-
no ha presentado: El primero, desterrar la idea de un cheque
generalizado para todos los países que lo pretendían. Y
el segundo, el reconocimiento en el informe de la Comisión
de que los saldos netos no reflejan los beneficios de
pertenecer a la Unión Europea y presentan problemas de
cálculo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
(Matutes Juan): Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, me alegro de recibir esas puntualizaciones,
que no hacen sino confirmar lo que han sido mis
grandes afirmaciones respecto a que en esos últimos Consejos
europeos a España no le han colado ningún tanto.
Creo que es motivo para que todos estemos satisfechos y
nadie debe sentirse molesto. Los temas que ahora requerirán
algunas precisiones son, a mi juicio, menores. Quizás,
hubieran requerido un poco más de explicación, pero yo
los he omitido por razones de tiempo.
Está claro que la Comisión Europea precisa de un control
parlamentario, pero ya lo tiene. El Parlamento europeo
puede cesar entera a la Comisión europea en cualquier
momento del mandato, simplemente reuniendo mayoría
cualificada de votos, y para que pueda entrar en funciones
tiene que ser investida por el Parlamento europeo. Es una
de las recientes reformas que se han introducido en Maastricht.
Ya son controles democráticos.
Pero, además, no olvidemos que los comisarios y su
Presidente no son simples funcionarios que han llegado allí
por méritos profesionales, por muy grandes que éstos sean,
sino que son políticos nombrados por Gobiernos democráticos
para que ejerzan unas funciones que, además, tienen
que estar investidas de una autoridad que no suponga una
dependencia directa y total de cada uno de los Gobiernos
que los nombra, porque, de otro modo, su función -que
ha sido tan importante y fructífera a lo largo del tiempo-
se habría visto mucho más limitada. Fue la gran idea que
desde el primer momento tuvieron los Schuman y los
demás padres de la construcción europea, que cuando
hablaron de institucionalizar esa creación del Tratado de
Roma enseguida dijeron que los comisarios tenían que
tener un «status» de independencia. Por eso, cuando los
comisarios hablan en las reuniones de sus respectivos países
dicen que su país es el que mejor conocen, justamente
para remarcar que están actuando desde una posición de
defensa del interés general de los ciudadanos europeos y
no recibiendo órdenes de sus respectivos gobiernos. Por lo
tanto, existen esos controles democráticos, hay un origen
democrático, pero encima, el Parlamento tiene intervención
directa en la investidura y en el posible cese, cuando
lo juzgue oportuno. ¿Qué además eso se puede modificar ?
Sí, yo no he descartado la idea, pero he dicho en etapas posteriores,
cuando el proceso constituyente esté más adelantado.
Me alegro de que las insinuaciones del señor Costa
sobre esa posible reforma constitucional para dar mayor
legitimidad fueran una pregunta. Como lo ha expuesto con
tanto énfasis, dando por hecho que le daba mayor legitimidad
a la Comisión, cosa que yo no comparto, lo he criticado,
sobre todo porque en esos momentos me parecía poco
oportuno.
No confundamos el hecho de que hasta ahora en los
Consejos europeos hayan salido las cosas bien y no nos
hayan metido ningún tanto, que es lo que yo he dicho, con
el hecho de que el Tratado de Amsterdam, en sus aspectos
institucionales, sea el desiderata para los españoles, pero es
un buen acuerdo también en este campo.
Para que podamos tener un día debate largo y explicarles
unas cuantas claves de cómo funciona ese Tratado, les
propongo que los portavoces y los miembros que lo deseen
tengamos un pequeño seminario o una reunión de varias
horas en el Ministerio. Además haré venir a un buen conocido
de ustedes, y quizá el mejor conocedor de ese Tratado
de Europa, Javier Elorza, representante permanente de
España en la Unión Europea, y entre él, el señor De Miguel
y yo mismo les daremos unas cuantas claves de por qué
decimos que ha salido bien institucionalmente.
Todos deseamos poder decir que esto ha sido otra gran
fiesta de construcción europea, pero si no hubiéramos podido
salvar algunos aspectos, como evitar el voto por mayoría
cualificada en determinadas políticas, o poder apartar
de la codecisión al Parlamento en un momento determinado
en otras políticas, ahora no es que nos encontráramos
rodeados -que es una frase dicha por un buen europeísta
como el señor Costa que quisiera matizar, porque aunque
no lo ha dicho, entiendo que se refería a que nos sentimos
rodeados de buenos amigos y aliados, de socios, no de bandoleros
que nos quieran quitar la cartera-, es que si determinadas
reformas que paramos en el Tratado de Amsterdam
no las hubiéramos podido parar, nos sentiríamos
rodeados y con riesgo de ser violados cuando hubieran querido
por mayoría. Por tanto, requieren de nuestro acuerdo y
les vuelvo a repetir que ese acuerdo no lo tendrán, señorías,
mientras yo sea Ministro hasta tanto España no tenga sus
intereses fundamentales bien preservados. Por ello mismo,
repito que, en el contexto de esa negociación tan importante,
el Tratado de Amsterdam ha sido muy buen Tratado para
España y a la hora de abordar nuevas reformas institucionales,
concentrémonos en la Comisión y el mayor peso de
España en sus votos y dejemos para más adelante nuevas
aventuras que, ciertamente como Estado en la defensa de
sus intereses, nos van a poner en una posición más débil,
cosa que hemos podido evitar en la negociación de ese Tratado
de Amsterdam.
Finalmente, no se me impute que la propuesta española
de instaurar el nuevo recurso no se consultó con esta Comisión
Mixta, porque, habiendo una petición alemana de los
famosos cuatro países de que se estudiara la posiblidad de
generalizar el cheque, lo único que pidió el Gobierno español,
mediante carta del Vicepresidente Rato y de mi mismo,
fue que en ese estudio se incluyeran también los efectos
que tendría el nuevo recurso. Por tanto, no hemos adoptado
ninguna decisión irreversible que requiriera en aquel
momento, en el que teníamos que actuar con urgencia, ninguna
autorización de ninguna Cámara, porque lo que estábamos
diciendo es: estudien eso para ver como funcionaría.
Por consiguiente, no había una propuesta formal, que
en todo caso el Gobierno podría haber hecho y después
informar, sino que se trataba de que se incluyera en el estudio
esa cuestión. Por tanto, creo que nuestro comportamiento
ha sido impecable desde el punto de vista formal y,
desde luego, desde el punto de vista de la defensa de los
intereses españoles, y ahí están los resultados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Ministro. (Pausa.)
- DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN
NO DE LEY POR LA QUE SE RECABA UNA
ACTUACIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL
ANTE LA COMISIÓN EUROPEA, A EFECTOS
DE LA INTEGRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS
CANARIAS VINCULADAS AL TRANSPORTE
INTERMODAL EN LOS CONTENIDOS
DE LADECISIÓN 1692/96/CE, SOBRE
ORIENTACIONES COMUNITARIAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS REDES TRANSEUROPEAS
DEL TRANSPORTE. (S. 663/000048; CD
161/001101)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto es el debate y
votación de la proposición no de Ley por la que se recaba
una actuación del Gobierno español ante la Comisión
Europea, a efectos de la integración de las infraestructuras
canarias vinculadas la transporte intermodal en los contenidos
de la Decisión 1692/96, sobre orientaciones comunitarias
para el desarrollo de las redes transeuropeas del transporte.
Para la defensa de la proposición no de Ley, tiene la
palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Segura.
El señor SEGURACLAVELL: Muchas gracias, señor
Presidente.
En efecto, esta proposición no de Ley por la que se recaba
una actuación del Gobierno español ante la Comisión
Europea, a efectos de la integración de las infraestructuras
canarias vinculadas al transporte intermodal en los contenidos
de la Decisión comunitaria 1692/96, del Consejo, sobre
orientaciones comunitarias para el desarrollo de las redes
transeuropeas del transporte, que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista para su debate en esta Comisión,
tiene una secuencia temporal que marca la coherencia del
Grupo Parlamentario Socialista en el tema que hoy sometemos
a la consideración de esta Comisión Mixta. Esa
secuencia temporal se recoge en diversos «Diarios de
Sesiones» y este interviniente considera oportuno no dejar
de hacer referencia a la misma por cuanto constituye su
motivación principal.
Así, en efecto, tal como puede verse en el «Diario de
Sesiones» de las Cortes Generales, Comisiones Mixtas
para la Unión Europea, número 84, sesión que se celebró el
día 6 de julio de 1995, según el orden del día comparecía, a
petición del Grupo Parlamentario Socialista, reitero, el 6 de
julio de 1995, el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, señor Borrell, para informar
sobre el criterio del Gobierno de España en relación con las
redes transeuropeas, con especial atención a la situación de
Baleares y Canarias, así como las medidas al respecto para
esta última derivadas de la condición de región ultraperiférica
de la Unión Europea.
Naturalmente se recoge en ese «Diario de Sesiones» la
intervención previa del señor Borrell, entonces Ministro de
Obras Públicas, que hace referencia a toda la posición del
Gobierno español en cuanto a las redes transeuropeas del
transporte, las actuaciones que el Gobierno estaba llevando
a cabo, los contenidos del Tratado de la Unión Europea
referidos al hecho insular, recogidos como una especificidad
digna de tenerse en consideración en el desarrollo de
las redes, haciendo referencia a que los archipiélagos balear
y canario tienen una especificidad justificada en base al
artículo 129.b) del Tratado de la Unión, donde se dice que
deberá tenerse en cuenta la necesidad de establecer enlaces
entre regiones insulares sin litoral y periféricas, y las regiones
centrales de la Comunidad.
También hacía referencia el señor Ministro en aquel
momento a los contenidos legislativos internos del Estado
español que marcan una especificidad vinculada al régimen
económico y fiscal de Canarias, y en la intervención
posterior del portavoz socialista -el mismo que en estos
momentos les habla- se indicaba que los contenidos del
Capítulo III del Libro Blanco -en aquel momento, estamos
en 1995, se concedía a las redes transeuropeas un destacado
protagonismo para impulsar el crecimiento económico
y combatir el desempleo en la Unión Europea-
posibilitaban que las decisiones comunitarias que posteriormente
se adoptasen para el desarrollo de las redes transeuropeas
del transporte, los reglamentos que las deberían
regular, las normas generales para la concesión de ayudas
financieras, etcétera, marcarían un camino directriz en el
que las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, y
específicamente la única región ultraperiférica del Estado
español, las islas Canarias, podrían y deberían verse favorecidas
por un tratamiento singular.
En consecuencia, señorías, ya el 6 de julio de 1995, en
esa petición del Grupo Parlamentario Socialista de comparecencia
del Ministro de Obras Públicas, se produjo -
durante un período casi de dos horas- un debate sobre las
redes transeuropeas del transporte y su aplicabilidad a las
regiones insulares del Estado español, con singularidad
específica a la región ultraperiférica de las islas Canarias.
Es suficientemente conocido que se produjo la disolución
de las Cortes Generales en los primeros meses de 1996, se
celebraron elecciones y se constituyó un nuevo Gobierno
en función de una nueva mayoría parlamentaria, y el 9 de
septiembre de 1996 el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» publicó la Decisión Comunitaria 1692/96, del
Consejo y del Parlamento Europeo, de 23 de julio de 1996,
sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de
la red transeuropea del transporte.
Esa Decisión comunitaria recoge una serie de conceptos
que inspiraron la elaboración de la misma, en función
de los posicionamientos de los distintos Gobiernos comunitarios,
y ya en la consideración número 13 establece que
conviene crear en el seno de la Comisión un comité que se
encargue de prestar ayuda a la Comisión cuando ésta proceda
a la aplicación y al desarrollo de las presentes orientaciones.
Las sucesivas orientaciones, recogidas en distintos
artículos, hablan de la composición de la red, grandes lineas
de actuación, prioridades, redes de paises terceros, redes
de carreteras, redes ferroviarias, puertos marítimos, y en el
artículo 12 se dice que los puertos marítimos permitirán el
desarrollo del transporte marítimo y constituirán los puntos
de acceso marítimo a las islas y los puntos de interconexión
entre éste y los demás medios de transporte. Los puertos
ofrecerán equipos y servicios de operadores del transporte;
sus infraestructuras proporcionarán una serie de
servicios... etcétera. Es decir, hace referencia en distintos
artículos -no solamente en este número 12, sino en
otros- a la singularidad de las islas, y concretamente en el
artículo 21, el referido a la revisión de las orientaciones, en
el punto primero indica que cada cinco años, a partir de la
entrada en vigor de la presente Decisión y por primera vez
antes del 1 de julio de 1999, la Comisión presentará al Parlamento
Europeo y al Consejo un informe que indique si
las orientaciones deben ser adaptadas al desarrollo de la
economía y a la evolución de las tecnologías en los transportes,
sobre todo en el transporte ferroviario.
Señorías, es suficientemente conocido que el tren de
alta velocidad constituye una política notablemente prioritaria
de la Unión Europea. Si se me permite, desde el punto
de vista metafórico, las inversiones equivalentes que en
territorio continental se realizan para la generación de
infraestructuras modernas, como pueda ser el tren de alta
velocidad, no solamente en nuestro países sino en los restantes
países comunitarios, tienen que tener un paralelismo
conceptual, financiero, de reflejo precisamente de esas
políticas de cohesión, en los archipiélagos, y específicamente
en archipiélagos singulares, como el canario, ya que
en el nuevo Tratado de la Unión Europea se recoge de
manera muy singular el carácter, ya como derecho primario,
de la ultraperificidad. Por ello, en coherencia conceptual
y en coherencia secuencial política del trabajo que el
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales
viene manteniendo a lo largo de las dos últimas legislaturas,
es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta
a la consideración de esta Comisión Mixta esta proposición
no de ley en la que nosotros ponemos de manifiesto
que la Decisión comunitaria 1692/96, a la que estamos
haciendo referencia, núcleo central precisamente del contenido
del proyecto de resolución, dejó fuera la calificación y
las infraestructuras, esencialmente puertos y aeropuertos,
necesarias en cada una de las islas para posibilitar esa cohesión.
A modo de curiosidad, señorías, en el proyecto de ley
de presupuestos generales del Estado para el año 1999 se
recogen partidas presupuestarias específicas y el desarrollo
de proyectos especificas, como puede ser el puerto industrial
de Granadilla, en la isla de Tenerife, o como puede ser
puertos comerciales en la isla de Tenerife, específicamente
en el sur de la Isla, en el municipio de Guía de Isora, a efectos
de posibilitar una mejor fluidez en las comunicaciones
tanto de ciudadanos como de mercancías entre las diferentes
islas que allí denominamos coloquialmente menores.
Como es obvio, la financiación de infraestructuras de esa
dimensión requerirá del pertinente apoyo solidario comunitario.
Igual ocurre con los aeropuertos, en los que es
menester llevar a cabo una inversión de más de 100.000
millones de pesetas en los años próximos, efectos de integrar
en una auténtica red comunitaria de aeropuertos de
primera categoría los principales aeropuertos de la Comunidad
Canaria, que cuenta con un número global de pasajeros
superior a los 25 millones, es decir, un número de pasajeros
global superior al que soporta el aeropuerto de
Madrid-Barajas.
El nuevo Tratado de la Unión Europea recoge en el pertinente
artículo 299, apartado segundo, el concepto claro de
ultraperificidad, en el que se dice textualmente: Teniendo
en cuenta la situación estructural, social y económica de
los departamentos franceses de ultramar, las Azores,
Madeira y las Islas Canarias, caracterizados por su gran
lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima
adversos y dependencia económica de un reducido número
de productos, factores cuya persistencia y combinación
perjudican gravemente a su desarrollo, el Consejo, por
mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa
consulta al Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas
orientadas, en particular, a fijar las condiciones para
la aplicación del presente Tratado en dichas regiones,
incluidas las políticas comunes. Es decir, señorías, por primera
vez en la historia Canarias figura específicamente
recogida en un Tratado internacional de la importancia y
del calado del Tratado de la Unión Europea.
Sabemos, y no somos ingenuos, que esta definición, si
no se ve acompañada por una serie de políticas permanentes,
perseverantes, del Gobierno español en todos y cada
uno de los ámbitos de la economía, será una definición
puramente teórica, puramente retórica, conceptual, que no
se plasmará de forma gráfica y concreta en políticas concretas.
En consecuencia, desde esa óptica, y viendo lo que
esté ocurriendo en los últimos años en lo que se refiere a
las redes de infraestructura del transporte en la propia
Unión Europea -y con ello voy terminando, señor Presidente-,
tengo en mis manos, por ejemplo, un documento
orientativo, el Libro Verde sobre los puertos y la infraestructura
marítima, publicado en diciembre de 1997, que se
va a convertir el año próximo en un documento de mucho
calado que fijará la posición comunitaria en el tema de los
puertos. Y miren, señorías, los puertos de la Unión Europea,
la política común de transporte. Por ejemplo, en el
punto 3.2 de este Libro Verde, se dice: Los artículos 129,
apartados b) y c) del Tratado de la Unión Europea, rigen el
desarrollo de la red transeuropea del transporte. La Unión
Europea debe fomentar la interconexión e interoperabilidad
de las redes nacionales y el acceso a las mismas, para
lo cual -remarco esta frase-, tendrá en cuenta la necesidad
de comunicar las regiones insulares aisladas y periféricas
con las regiones centrales de la Unión. Y continúa,
naturalmente, con un contenido expositivo largo, concreto,
potenciados en sus contenidos y en su filosofía, precisamente
de la consolidación de infraestructuras modernas,
portuarias y aeroportuarias que posibiliten esa cohesión,
ese acceso a ese mercado único y ese mecanismo igualitario
que deriva precisamente de la propia filosofía de toda la
normativa comunitaria, no sólo del Tratado de la Unión
Europea sino del Acta Única y del Mercado único.
Yo quisiera indicar a sus señorías que también el Parlamento
de Canarias, en sesión celebrada el 21 de abril de
1998, por unanimidad, aprobó una resolución relativamente
equivalente en sus contenidos al proyecto de resolución
que el Grupo Parlamentario Socialista somete a la consideración
de la Cámara,, en el sentido de que las Cortes Generales
insten al Gobierno para que defienda ante los órganos
competentes de la Unión Europea la aplicación en las Islas
Canarias de los criterios para la red transeuropea del transporte
recogidos en la decisión comunitaria 1692/96, del
Parlamento Europeo y del Consejo, y se incorporen en los
correspondientes anexos de la misma aquellas infraestructuras
necesarias para la vertebración de un modelo integrado
para el transporte intermodal en el archipiélago canario
y de éste con el resto del Estado español. Señorías, creemos
que la oportunidad temporal de esta propuesta está
justificada en el propio contenido expositivo de la decisión
comunitaria que señala que a finales de este año, es decir,
en un par de meses, la Comisión Europea y el Parlamento
tendrán que introducir en los anexos correspondientes
(donde se recogen las instalaciones portuarias, aeroportuarias,
la red de carreteras, los sistemas de ayuda a la navegación
aérea y marítima) los sistemas de control, de seguridad,
etcétera, en las redes de transporte, todos los
mecanismos mundiales -a los que España se tiene que ir
incorporando- de control, de seguridad, de salvamento,
de salvaguardia de la vida en la mar. Esas inversiones tendrán
prioridad conceptual a aquellas que figuren recogidas
en los catálogos anexas de la decisión comunitaria que los
distintos paises comunitarias van a intentar introducir, perfilar,
retocar a finales de este año, y de ahí la propuesta de
que se incluyan esas infraestructuras que, a lo largo de la
defensa de la proposición no de ley este interviniente ha
tenido la oportunidad de indicar. Con ello creemos que
damos un pasito adelante en la defensa de los planteamientos
de cohesión no solamente en nuestro país, sino naturalmente
en el seno de la Unión Europea sobre la base de lo
que el Tratado de la Unión Europea de Amsterdam específicamente
indica para las regiones ultraperiféricas.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Segura.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En nombre
del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias,
señor Presidente.
Una vez más, el señor Segura contribuye con su iniciativa
y su intervención a ir convirtiendo esta Comisión
Mixta para la Unión Europea en la Comisión Mixta para
la Unión Europea y para las Islas Canarias, que deberla
ser el nombre definitivo con el que se podría conocer en
adelante.
Nos parece perfectamente oportuno, no sólo el contenido
de esta iniciativa, sino el mismo hecho de que se plantee.
Ami Grupo, y en particular a este interviniente, le parece
muy oportuno que se traigan a esta Comisión no sólo
comparecencias periódicas de los ministros, sino iniciativas
puntuales de carácter político, en las cuales se fiscalice
una determinada decisión de la Comisión o del Consejo, ya
sea a iniciativa de la Comisión o del Parlamento, o se fuerce
al Gobierno a interesarse o a modificar una decisión concreta.
Nos parece que ésa es una parte de las funciones que
atribuye la ley que dio lugar a esta Comisión Mixta y que,
como tantas veces hemos denunciado, unas veces por falta
de información, otras veces por exceso de trabajo o falta de
medios de los portavoces y otras por la propia rigidez parlamentaria,
no llegamos a desempeñar con toda la frecuencia
que deberíamos. Por tanto, antes de entrar en el propio
contenido de la iniciativa, querría felicitar al portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, por el hecho mismo de
plantearla y de sostenerla en esta Comisión.
Dicho esto, mi Grupo va a apoyar la iniciativa por su
propio contenido, no sólo porque nos parezca oportuno el
hecho de su presentación. Nos parece absolutamente lógico,
y una laguna cuyos antecedentes no acabamos de entender,
que la política de transporte -lo que se refiere a la
integración de las infraestructuras canarias de transporte,
concretamente intermodal, tierra y mar- forme parte del
conjunto de las orientaciones en el ámbito del transporte de
toda la Unión Europea; nos parece algo obvio. Es sorprendente
que, en su momento, en la Decisión 1692/96, sobre
orientaciones para el desarrollo de una red transeuropea de
transporte, faltaran las Islas Canarias. Por tanto, no sólo en
el marco de la protección de las regiones ultraperiféricas y
en el marco más global de la cohesión, sino, por pura lógica,
en el marco de las propias redes transeuropeas de transporte,
nos parece absolutamente oportuno el hecho de instar
al Gobierno español, como haremos en esta Comisión
esta mañana, a que proceda a pedir la modificación de esa
decisión, de forma que en ella quede también cubierto lo
que hace referencia a las infraestructuras canarias y a su
vinculación al conjunto de las infraestructuras europeas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Muchas
gracias, señor Presidente.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, tan brillantemente defendida por el Diputado
Segura, tiene como objetivo, en síntesis, que el Gobierno
español defienda la inclusión de las infraestructuras de
transporte del archipiélago canario en los anexos de la tan
repetida Decisión 1692, de 23 de julio de 1996, sobre las
orientaciones para el de la red transeuropea de transporte, a
fin de promover el transporte intermodal.
Debe señalarse que durante las largas discusiones que
dieron lugar a la aprobación de dicha Decisión, que fue
-reparemos en la fecha- el 23 de julio de 1996, la postura
española, tanto del anterior Gobierno -que indudablemente
tuvo que intervenir dada la fecha en que fue aprobada-
como del actual, fue la de defender exactamente el
contenido que propone esta proposición no de ley.
Es cierto que en el anexo de dicha decisión no se incluye
ninguna relación de puertos, por lo que no están ni los
de Canarias ni los de ningún Estado miembro. En consecuencia,
no hay que entender que sólo son los puertos
canarios los que no figuran, porque, en realidad, no figuran
los puertos de ningún Estado miembro. Sí se incluyen
los aeropuertos, y todos los de forman parte de los anexos
de dicha Decisión. En todo Canarias o caso, el próximo
año es preciso revisar la Decisión y se tendrán que incluir
los puertos, pues los Ministros de transportes ya han dado
su conformidad a dicha inclusión, y se está trabajando ya
en ese sentido.
Efectivamente, después de una serie de trabajos elaborados
por la Comisión y discutidos en el grupo de trabajo
de puertos, se ha elaborado una propuesta de decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se incluyen
los puertos marítimos, puertos interiores y terminales intermodales
en las redes transeuropeas, modificándose así la
anterior decisión que está en estos momentos en estudio y
tramitación con vistas a su modificación el próximo año.
En la discusión de esta modificación, al igual que en las
anteriores, la delegación española ha venido defendiendo
la inclusión de las infraestructuras más significativas del
archipiélago canario desde el punto de vista de la intermodalidad,
como son los puertos y los aeropuertos. Los accesos
terrestres a estas infraestructuras puntuales también se
han contemplado en las discusiones, y me parece que éste
es un tema importante, existiendo un alto consenso en considerar
estos accesos terrestres como parte integrante de las
redes transeuropeas.
Por todo ello, cabe concluir que la proposición no de
ley está en línea con la postura mantenida por la delegación
española, tanto durante el Gobierno anterior como durante
el actual, en las discusiones anteriores y posteriores a la
decisión a la que se ha hecho referencia sobre las orientaciones
de las redes transeuropeas de transporte.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular
anuncia su voto favorable a esta proposición no de ley, que
espero y deseo que cuente también con el voto favorable de
los restantes miembros de la Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Dado que en este momento no tenemos quórum, ya que
faltan dos personas, suspendemos la sesión durante cinco
minutos. (Pausa.)
Comprobado que existe quórum, procedemos a la votación.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las doce horas y quince minutos.