DIARIO DE SESIONES DE LAS



CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1998 VI Legislatura Núm. 103



PARA LA PROFESIONALIZACION DE LAS FUERZAS ARMADAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO Y LEDO



Sesión núm. 4



celebrada el lunes, 11 de mayo de 1998,
en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:



Elección de secretarios primero y segundo de la Comisión (Número de
expediente Congreso 41/000037 y número de expediente Senado 570/000007)



Aprobación, en su caso, del dictamen, a la vista del informe de la
Ponencia y de las enmiendas presentadas al mismo (Número de expediente
Congreso 154/000010 y número de expediente Senado 573/000002)
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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




--ELECCION DE SECRETARIOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA COMISION (Número de
expediente Congreso 41/000037 y número de expediente Senado 570/000007).




El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión
Mixta para la Plena Profesionalización de las Fuerzas Armadas, de acuerdo
con el orden del día que conocen y que tiene como primer punto la
elección de los dos secretarios de la Mesa que habían dimitido
previamente.

Para el puesto de secretario primero se ha presentado la candidatura del
senador Jaime Lobo Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular, y para el
puesto de secretario segundo se ha presentado la candidatura del diputado
José Manuel Caballero Serrano, del Grupo Socialista.

Hay dos urnas, las papeletas están distribuidas y vamos a proceder a la
votación simultánea de ambos puestos. El letrado hará el llamamiento de
los diputados y senadores miembros de la Comisión, y les ruego vayan
accediendo hasta las urnas. Posteriormente, como es lógico, haremos el
escrutinio.




El señor LETRADO: Ruego me disculpen, pero como las listas están hechas
de manera que primero votan los portavoces, luego los vocales y, a
continuación, la Mesa, no se va a seguir el orden alfabético
rigurosamente, sino dentro de esas tres categorías. (Por el señor letrado
se procede al llamamiento de los miembros de la Comisión, presentes y
sustituidos, que depositan su voto en las urnas.)



Efectuada la votación y verificados los escrutinios, dijo:



El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación para el puesto de
secretario primero ha sido el siguiente: votos emitidos, 24; don Jaime
Lobo, 22; don José Manuel Caballero, dos.

En consecuencia, queda proclamado como secretario primero de la Mesa de
esta Comisión Mixta don Jaime Lobo.

El resultado de la votación para el puesto de secretario segundo ha sido
el siguiente; votos emitidos, 27; don José Manuel Caballero, 24; don
Jaime Lobo, dos; nulo, uno.

En consecuencia, queda proclamado secretario segundo de la Mesa don José
Manuel Caballero.

Ruego a los dos secretarios que acaban de ser elegidos que ocupen su
puesto en la Mesa. (Pausa.)



--APROBACION, EN SU CASO, DEL DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME DE LA
PONENCIA Y DE LAS ENMIENDAS PRESENTADAS AL MISMO (Número de expediente
Congreso 154/000010 y número de expediente Senado 573/000002).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2 del orden del día que, como
conocen SS. SS., es la aprobación, en su caso, del dictamen, a la vista
del informe de la ponencia y de las enmiendas presentadas al mismo.

Vamos a hacer un turno inicial, de mayor a menor, en el que los
portavoces defenderán las enmiendas que han presentado al informe y al
mismo tiempo podrán tomar posición, puesto que son conocidas, respecto de
las enmiendas presentadas por los otros grupos. Yo voy a dar a los
portavoces un tiempo de quince minutos para este primer turno de
intervenciones, y posteriormente haremos un turno más breve de réplica
para que los portavoces puedan responder a las posiciones de los otros
grupos.

En primer lugar, intervendrá el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: El Grupo Parlamentario Popular
quiere empezar resaltando que, desde nuestro punto de vista, el
Parlamento ha dado una respuesta ágil a una demanda social que existía,
una demanda social creciente ante un modelo cada vez más cuestionado de
servicio militar de reclutamiento forzoso para tratar de conseguir un
marco legal bajo el que estén proyectadas en el siglo XXI las Fuerzas
Armadas que en este momento el país demanda.

Desde el anuncio hecho por el presidente del Gobierno en el debate de
investidura, y de acuerdo con los socios parlamentarios para sacar
adelante un texto que gozara del más amplio consenso en este sentido, han
sido muchas las horas de trabajo de esta ponencia en la que en una
primera parte hemos podido asistir a interesantes aportaciones del
ministro, secretario de Estado, subsecretario y miembros del Ministerio
de Defensa o jefes de Estado mayor, de militares de otros países, de
sociólogos, de políticos, de periodistas, de objetores e insumisos, es
decir, una ponencia que ha estado abierta a las aportaciones que desde
todos los ámbitos sociales se hayan querido realizar para tratar de
conseguir un texto que realmente dé respuesta a lo que la sociedad
española en su conjunto viene demandando.

A continuación se abre un nuevo período, importante también, de diálogo
entre todas las fuerzas políticas para, después de organizar,
estructurar, analizar y estudiar la documentación interesante que
habíamos venido recogiendo, poder presentar un texto por cada uno de los
grupos parlamentarios para empezar a negociar y tratar de conseguir ese
texto que buscábamos entre todos, tratando de que tuviera también el más
amplio consenso de los grupos políticos de la Cámara. Ha habido un
diálogo permanente, un diálogo abierto y un diálogo sincero con las
propuestas de cada uno de los grupos políticos que en cada momento hemos
considerado lo más importante que deberíamos sumar a este texto al que
hoy nos enfrentamos.

El Grupo Parlamentario Popular entiende que, sin hacer sangre
absolutamente de nada, sin tratar de descalificar ni de poner en cuestión
ningún tipo de ley anterior que hubiera



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sido necesaria en cada momento para afrontar los retos que se nos
presentaban, era necesario dar un cambio importante a la Ley de
regulación del Servicio Militar, en este caso el servicio militar
profesional, por el cambio del escenario estratégico internacional que se
ha producido durante la última década del siglo XX, donde se han vivido
unos cambios en las relaciones internacionales como consecuencia de la
desaparición de la antigua Unión Soviética y de la recuperación de la
soberanía e independencia de los países que, tras la Segunda Guerra
Mundial, habían quedado bajo su influencia. El resultado ha sido un
entorno de seguridad europea totalmente diferente del que dio origen a la
creación de los antiguos bloques antagónicos.

Pero este cambio de la última década tampoco podemos decir que haya ido
acompañado de la ausencia de conflictos, tal y como se preveía en la
Carta de París del año 1990. Muy al contrario, no se han podido evitar la
aparición en el centro y en la periferia de Europa de una serie de
conflictos de limitada entidad, pero de notable repercusión
internacional, como hacemos constar en nuestro texto. Ahora entendemos
que se debe afrontar lo que se ha venido en denominar riesgos y desafíos
de carácter multidireccional y multifacético que exigen nuevas
soluciones. Este nuevo escenario estratégico ha hecho evolucionar los
conceptos de seguridad y de defensa occidentales.

Entendemos que es preciso tratar también el marco europeo y trasatlántico
de seguridad y defensa, basado en la cooperación internacional, en
cuestiones de defensa y seguridad, que se promueven generalmente al
amparo de instituciones como Naciones Unidas, como la OSCE, lo que
proporciona legitimidad y respaldo internacional y fuerza moral a las
operaciones que se llevan a cabo para la imposición o mantenimiento de la
paz en el mundo.

Hemos entendido también que era importante hacer una referencia al
impacto de las nuevas tecnologías en las organizaciones de defensa y de
los ejércitos, lo que hace que exista, ligada a la demanda social, una
demanda militar de una mayor cualificación de los profesionales que se
harán cargo, al fin y a la postre, de los instrumentos, del material,
cada vez más moderno y sofisticado, que los españoles pongamos en sus
manos para un mejor rendimiento. El marco nacional español, después de
los condicionantes que se exponen, creemos que exige una revisión a fondo
de los modelos de Fuerzas Armadas que en la práctica totalidad de las
naciones occidentales se encuentra ya en marcha.

En España ha tenido lugar un período de análisis y reflexión para
determinar el nuevo modelo de Fuerzas Armadas capaces de concluir y de
cumplir eficazmente con sus misiones y de construir un adecuado
instrumento de disuasión y de política exterior en el nuevo panorama
estratégico internacional del siglo XXI. Por ello creímos que era
necesario revisar el actual modelo mixto de Fuerzas Armadas, que estaba
concebido como un ejército mixto y dual, para finales de esta década,
para el año 2000, con unas características específicas, tanto desde el
punto de vista de su composición, como desde el punto de vista
presupuestario, que entendemos ha quedado superado por la nueva propuesta
que se realiza, y entendemos también que ha cumplido una función
importante durante los años en los que se ha encontrado en vigor.

Sin embargo, ante esa demanda social contrastada y verificada creciente
de unas Fuerzas Armadas profesionales capaces de asumir los retos
nacionales e internacionales que se nos presentan, nosotros entendemos
que los principios generales del nuevo modelo de Fuerzas Armadas deben
garantizar la defensa de España y actuar en escenarios situados fuera del
propio territorio nacional, o como aliados, con motivo de situaciones de
emergencia o de crisis, bien para garantizar la estabilidad internacional
o bien para la defensa de los legítimos intereses de España, compartidos
o no con el resto de países aliados, allá donde se pudieran ver afectados
por riesgos o amenazas. Creemos que deben tener una preparación a todos
los niveles que no se puede alcanzar para el personal de tropa en el
corto período de tiempo de duración del servicio militar actual. Por
ello, creemos que se precisa un tiempo y una dedicación muy superiores a
los que se exigían hace tan sólo unos pocos años y ello corrobora la
necesidad de unas Fuerzas Armadas plenamente profesionalizadas. Nosotros
entendemos que ese nuevo modelo ha de ceñirse a la plena voluntariedad y
profesionalidad de sus componentes, sin discriminación de sexos, tanto en
cuadros de mando como en tropa y marinería, una entidad que entendíamos
debería ser determinada por el Gobierno, haciendo caso no sólo a las
pretensiones de este grupo parlamentario, sino a la inmensa mayoría de
los grupos con representación parlamentaria, en torno a unos efectivos
que tendrían como máximo 170.000 profesionales; a la adaptación del
personal civil al servicio de la Administración militar; a una formación
del personal que debería satisfacer las necesidades de la institución
militar y posibilitar las aspiraciones personales de los interesados
mediante el adecuado sistema de promoción interna o de reinserción en la
vida civil; a un equipamiento de material adecuado, lo que en línea con
las tendencias actuales debe tender a medio plazo hacia una distribución
entre los gastos de personal y material en el entorno del 50 por ciento y
posteriormente hacia un 40 y un 60 por ciento respectivamente, con un
respaldo económico y financiero estable y suficiente que permita afrontar
los gastos derivados del incremento del número de militares
profesionales, de su formación y adiestramiento permanente y de los
programas de modernización de armamento y equipo, así como unos criterios
de coordinación y eficacia conjunta en el desempeño de los cometidos de
las Fuerzas Armadas precisamente en España. Se debe ir a la
racionalización y reducción de las actuales estructuras organizativas y
la mejora de los procedimientos administrativos de toda índole al
servicio de un criterio de mayor eficacia en la gestión; un sistema de
reserva y movilización para conseguir de forma progresiva o selectiva
completar las unidades de los ejércitos o llevar a cabo una eventual
generación de fuerzas para hacer frente a las necesidades en el ámbito de
la seguridad y de la defensa. Entendemos que los militares profesionales,
como ciudadanos de uniforme, son titulares de los derechos y libertades
establecidos en la Constitución, recogiendo una de las enmiendas
formuladas por Coalición Canaria, que deberán mejorar



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los mecanismos de funcionamiento, en definitiva, también a través de sus
reclamaciones en el ámbito de la justicia militar.

Entendemos, señorías, que en los rasgos básicos del nuevo modelo de tropa
y marinería deberán establecerse dos tipos de compromiso: uno de corto y
otro de larga duración. El de corta duración estará dirigido a aquellos
españoles que deseen ingresar como militares de tropa y marinería
profesionales en las Fuerzas Armadas por un período aproximado entre 12 y
18 meses y será un primer contacto con las Fuerzas Armadas, opción
voluntaria que facilita el ejercicio del derecho constitucional de la
defensa de España y que, además, les permitirá una mejor apreciación del
ámbito militar y poder adoptar posteriormente decisiones de continuidad.

El compromiso de larga duración no será inicialmente superior a tres
años, pero será susceptible de ampliaciones sucesivas. A estos
profesionales deberá diseñárseles una carrera que les permita tener un
horizonte profesional definido, progresar en el propio desempeño
profesional de su especialidad y proyectarse hacia la tropa y marinería
de carácter permanente, hacia las escalas de cuadros de mando o hacia la
recolocación en el mundo laboral civil, tanto público como privado.

Desde el punto de vista del reclutamiento y de la formación deberán
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones, desde nuestro punto de
vista: con vistas a la selección de los aspirantes a militares de tropa y
marinería profesional con los requerimientos exigibles para conseguir la
calidad necesaria, se hará una oferta anual de plazas por ejército y
especialidad. Una vez seleccionados los aspirantes, pasarán por una fase
de formación elemental, finalizada la cual tendrá lugar la firma del
compromiso inicial y el nombramiento correspondiente. Con posterioridad,
se procederá al proceso de selección, que debe regirse por criterios de
competencia y eficacia orientados a incorporar a los ejércitos a unos
soldados y marineros, hombres y mujeres, motivados y capaces de
desempeñar sus tareas. Es importante tener en cuenta toda clase de
incentivos, además del elemento puramente vocacional, para garantizar que
se cumplen los objetivos de reclutamiento.

En cuanto a los recursos financieros, según lo que anteriormente he
dicho, se busca que el modelo nos lleve a alcanzar una proporción del 50
por ciento al 50 por ciento en material y personal, sin dejar de pensar
que lo ideal sería conseguir unas Fuerzas Armadas modernas que alcanzaran
una proporción de 40 a 60 por ciento.

Respecto al período transitorio, que es otra de las cuestiones que ha
sido objeto de un mayor debate y de un más amplio análisis, entendemos
que la adopción de un nuevo modelo requiere un período transitorio que
permita construirlo sobre bases sólidas y durante el cual no se vea
reducido el nivel de operatividad de los ejércitos, un período
transitorio que todos los grupos políticos hemos coincidido en señalar
que sería el más complicado, el más complejo, y sobre el cual el Gobierno
debería actuar con mayor cautela, por lo que hemos propuesto la Comisión
que el Gobierno considere que debe realizar sus mejores esfuerzos para
conseguir que, atendiendo a las circunstancias tanto presupuestarias como
de organización, reclutamiento y formación del personal profesional, este
período transitorio sea lo mas breve posible y, en todo caso, el proceso
deberá estar terminado en su conjunto no más tarde del 31 de diciembre
del año 2002.

Por supuesto, habrá que establecer los mecanismos que permitan compensar
los efectivos globales de soldados profesionales y de reemplazo de forma
que el aumento progresivo de unos suponga el correlativo decremento de
los otros. Entendemos que dejarán de prestar el servicio militar
obligatorio los españoles a los que correspondería incorporarse con
carácter ordinario a partir del 1 de enero del año 2002, es decir, todos
los nacidos con posterioridad al 1 de enero del año 1983, que ya no serán
llamados a prestar al servicio militar obligatorio, y a los nacidos con
anterioridad al 1 de enero del año 1983 les seguirá siendo de aplicación
la legislación reguladora del servicio militar o la de la prestación
social sustitutoria.

La legislación reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación
social sustitutoria y su aplicación se irán ajustando a la evolución del
servicio militar, como hemos podido ver en las últimas resoluciones y
acuerdos adoptados en el seno de la Cámara, que han ido avanzando no sólo
en materia de objeción de conciencia sino también en materia de
insumisión.

Por supuesto, y termino, señor presidente, este turno referido al
documento que ha presentado la ponencia, es imprescindible afrontar
aquellas reformas normativas necesarias para la implantación de este
nuevo modelo.

Entiendo, señor presidente, que es en este trámite en el que he de
pronunciarme acerca de las enmiendas presentadas por el resto de los
grupos políticos que hemos conformado esta ponencia. Así, el Grupo
Parlamentario Popular ofrece una serie de enmiendas transaccionales. De
acuerdo con el orden de registro, empezaré refiriéndome a las presentadas
por Coalición Canaria.

La primera de las enmiendas, que se refiere al apartado j), en el punto
2.2, el Grupo Parlamentario Popular acepta la enmienda presentada por
Coalición Canaria, en la que se sustituye la expresión «serán titulares»
por la de «son titulares».

La enmienda número 3, que es de modificación, donde se sustituye la
expresión «revisar» por la de «reformar», también el Grupo Parlamentario
Popular la acepta.

De la misma manera aceptamos la enmienda que está señalada con el número
2, o con un número 4 encima, que hace referencia al apartado c) en su
párrafo cuarto, del punto 2.1, en la necesidad de revisar el actual
modelo mixto de Fuerzas Armadas; sin embargo, nos gustaría introducir una
modificación en el subrayado que dice: «de la democracia y de los
derechos y libertades constitucionales». Al entender que estamos hablando
de un tema internacional, nos gustaría que ahí se dijera: «de la
democracia y de los derechos humanos en su conjunto», en lugar de la
redacción propuesta por Coalición Canaria.

Aceptamos la enmienda número 3, que se refiere a los principios generales
del nuevo modelo de Fuerzas Armadas, en l punto 2.2, que es de adición,
en lo que se refiere al párrafo cuarto y que dice: «... el cumplimiento
de las misiones que el Gobierno les encomiende, con el control



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parlamentario democrático que nuestra Constitución señala». Creemos que
realmente si el Grupo de Coalición Canaria así lo entiende sobraría poner
en cuestión que el control parlamentario que nuestra Constitución señala
no sea democrático. En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Popular no
tiene ningún inconveniente en aceptar la enmienda presentada.

A la enmienda número 6 de Coalición Canaria, al apartado b) del punto 2.2
el Grupo Parlamentario Popular ofrece una enmienda transaccional en la
que, recogiendo la número 25 del Partido Nacionalista Vasco, y la número
36, de Convergència i Unió, el apartado b) quedaría redactado de la
siguiente manera: «Una entidad que será determinada por el Gobierno en un
plazo no superior a un año, de acuerdo con las misiones asignadas a las
nuevas Fuerzas Armadas, con unos efectivos situados entre 170.000 y
150.000 militares profesionales», sin que ello suponga renunciar a lo que
dice el resto del texto de la ponencia que hoy se debate en la Comisión
Mixta: «En función de la evolución del proceso de modernización de los
ejércitos y de racionalización de sus estructuras orgánicas, el Gobierno
irá efectuando en períodos quinquenales los correspondientes ajustes de
efectivos», introduciendo la palabra «ajustes», en lugar de «tendentes a
su reducción», que en otros puntos del informe de la ponencia está
recogido. «Cada vez que se determinan las plantillas de cada período
quinquenal el Gobierno informará al Parlamento sobre la situación de los
efectivos de las Fuerzas Armadas y su previsible evolución en el período
considerado.»
La enmienda número 7, que se refiere al apartado f), punto 2.2, que hace
referencia a los principios generales del nuevo modelo de Fuerzas
Armadas, nosotros entendemos, señor Mardones, que al final del párrafo,
donde se dice: «en el marco de los Presupuestos Generales del Estado»,
sobraría el final de la frase: «aprobados por las Cortes Generales»,
porque los Presupuestos Generales del Estado solamente los aprueban las
Cortes Generales. En cualquier caso, aunque no tenemos inconveniente en
aceptar la redacción propuesta por Coalición Canaria, creemos que
mejoraría el texto de lo que yo acabo de decir.

En la enmienda al apartado j), punto 2.2, ya he manifestado que el Grupo
Parlamentario Popular acepta lo de «son titulares» en lugar de «serán
titulares». El texto de la enmienda número 8 está recogido exactamente en
la enmienda número 37 presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

La número 9 la acepta el Grupo Parlamentario Popular, Pero nosotros
creemos, señor Mardones, que donde se dice: «hay que potenciar la
integración de los militares en la sociedad de la que forman parte...»
sería más correcto decir: «hay que promover la integración de los
militares en la sociedad de la que forman parte». Si le parece bien
podríamos introducir ese cambio.

En la enmienda número 10 el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
habla de los compromisos de duración, y nosotros entendemos que esa
enmienda no es necesaria, porque cuando nos referimos a los compromisos
nos referimos a algo más que simplemente a la duración de la prestación
del servicio militar. Esos compromisos en términos generales son mucho
más amplios, como se desprende del texto que hemos pasado a esta Comisión
Mixta, y como se deduce además de cada uno de sus puntos en los que se
habla de algo más que de la duración o del compromiso de los jóvenes con
las Fuerzas Armadas. Por tanto, entendemos que debe ser rechazada. En
todo caso, espero a la contestación del señor Mardones.

Nosotros entendemos que en este momento no hay actividades laborales
homologables, y me estoy refiriendo al apartado c) del punto 3.2; por
tanto, rechazaríamos la enmienda de Coalición Canaria.

Aceptamos la enmienda que se refiere al título del punto 4, de recursos
financieros, modificándolo por recursos económicos presupuestarios.

Entendemos que no merece la pena introducir, no porque no tenga razón en
lo que dice sino porque no es una cuestión en materia de defensa, sino
que lo es de la Comisión de Justicia, y que ya ha sido tratada en
diferentes ponencias y en las que hemos asistido las pasadas semanas
sobre el tema de objeción de conciencia, la enmienda del período
transitorio que hace referencia a la letra d) punto 5. La legislación
reguladora de la objeción de conciencia ha de estar situada en la
Comisión de Justicia e Interior, y allí es donde debe de ser debatida,
como ya lo ha sido durante las últimas semanas en una ponencia creada al
efecto.

De las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista
aceptamos la número 14, que se refiere al punto 2.2, de los principios
generales del nuevo modelo, página 11, donde dice que en el párrafo
primero habrá que añadir, después «estabilidad internacional», «bien para
garantizar el respeto de los derechos humanos».

La enmienda número 15, que se refiere al punto 2.2, el Grupo
Parlamentario Popular la rechaza cuando habla de unos efectivos totales
en torno a los 140.000 militares profesionales porque, entre otras cosas,
yo creo que si alguien ha hecho incidencia en que correspondería al
Gobierno en cada momento fijar el número de efectivos, ése ha sido
precisamente el Grupo Parlamentario Socialista, aunque entendemos que
tampoco ha de ser una enmienda que deba de quebrar ningún tipo de diálogo
o de posición puesto que se acerca bastante a la horquilla que, en
definitiva, ha adoptado como propuesta el Grupo Parlamentario Popular al
aceptar las enmiendas presentadas por otros grupos en este mismo trámite.

La enmienda número 16, que se refiere al punto 2.2, letra f), página 12,
pide añadir, después de «estable y suficiente», «coherente con la
evolución presupuestaria y las exigencias de financiación de las
necesidades sociales y prioritarias». Nosotros creemos que esta enmienda
está recogida en el texto al hablar de que, en cada momento, el
presupuesto deberá atender las necesidades de la defensa, por lo que
pensamos que es innecesaria y por ello la rechazamos.

En el Grupo Parlamentario Popular no tendremos inconveniente en aceptar
la sustitución de la letra g), pero entendemos que esa mejora técnica
podría serlo más todavía si en lugar de hablar de criterios acordes con
las doctrinas de acción conjunta y de estructura operativa conjunta que
garantice la coordinación y eficacia en el desempeño



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de los cometidos de las Fuerzas Armadas, esa acción conjunta y estructura
operativa conjunta pudiera escribirse con letras minúsculas, porque no
conocemos ningún texto legal, ni nacional ni internacional, que haga
mención a ningún tipo de doctrina en este sentido. Por tanto, no
tendríamos inconveniente en votarla favorablemente con esa corrección
gramatical solicitada.

Aceptamos la enmienda número 18 que se refiere a la letra h), página 13,
del mismo punto 2.2, en la que se solicita añadir, después
«procedimientos administrativos y de gestión», la frase «mayor eficacia
en la gestión y en el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y
económicos asignados», en vez de «optimización», si le parece bien el
Grupo Socialista. No tenemos inconveniente alguno en aceptarla.

Hemos presentado una enmienda transaccional a la número 19, del Partido
Socialista, también al final del punto 2.2, de la letra i), página 13, en
la que entendemos que se da una mejor redacción al texto y se ciñe a lo
planteado por el Grupo Parlamentario Socialista en su propuesta. Es
decir, en este apartado nosotros diríamos: «En este sentido, el Gobierno
presentará en el plazo de un año las propuestas legislativas
correspondientes para organizar un sistema de reserva y movilización
acorde con el nuevo modelo de profesionalización...» Recogemos lo
esencial del primer apartado y, sobre todo, algo que nos parece
especialmente significativo como es lo que en la motivación ustedes
exponen textualmente. Simplemente planteamos esa enmienda in voce en este
momento a la presentada por el Grupo Socialista.

El Grupo Parlamentario Popular acepta la enmienda número 20 al punto 2.2,
página 13, de añadir un apartado de nueva creación entre la letra i) y la
letra j), no entre la letra i) y la letra f), que diría: El desarrollo y
adecuación a la completa profesionalización de los procedimientos de
gestión de personal y de estilo de mando.

En cuanto a la enmienda número 21, en la que se habla de que al finalizar
cada año el Gobierno presentará para su debate en la Comisión de Defensa
un informe sobre el cumplimiento del proceso de profesionalización y
modernización de las Fuerzas Armadas y los objetivos fijados para el año
siguiente, el Grupo Parlamentario Popular entiende que esta petición está
perfectamente recogida en el artículo 7 del Reglamento de la Cámara,
mediante el cual cualquier grupo político puede reclamar en cualquier
momento del Gobierno cualquier tipo de informe o de comparecencia para
que explique cuál es, en este caso concreto, el grado de cumplimiento
sobre el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, entre
otras cosas porque durante estos dos años ya se ha venido realizando. No
tenemos inconveniente alguno en aceptar la enmienda que propone el Grupo
Parlamentario Socialista, pero entendemos que es redundar en lo que está
establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados.

A la enmienda número 22 el Grupo Parlamentario Popular ha planteado una
enmienda transaccional en la que, en lugar de decir «De acuerdo con el
proceso de adecuación del número de oficiales y suboficiales», sería más
oportuno decir que de acuerdo con el proceso de ajuste de los cuadros de
mando se determinará el número de plazas de las convocatorias de ingreso
en las academias, para ir adecuando el número de efectivos a las
plantillas legales. Todos somos conscientes de los problemas que se han
producido en este momento no sólo con esa bolsa de la que todavía
disponemos en la reserva transitoria, sino también de no haberse
producido ningún estancamiento o ningún recorte de las plazas de posibles
aspirantes a las academias militares durante los años precedentes.

Entendemos, por tanto, que éste es un problema que existe y proponemos
dar esa nueva redacción al texto.

En cuanto a los recursos financieros, señorías, el Grupo Parlamentario
Popular entiende que, sin duda alguna, tal y como está recogido en el
texto que presentamos es acorde con la voluntad expresada por todos los
grupos de la Cámara con una redacción, que yo creo que puede suscitar el
mayor de los consensos, en la que decimos que en cada momento el
presupuesto del Estado deberá atender las necesidades de la defensa. Por
tanto, creemos que es mucho más claro y ajustado a la realidad lo que se
propone en el texto de la ponencia que la enmienda que se nos presenta.

Señorías, respecto a la enmienda número 24, que se refiere a que el
Gobierno establecerá el procedimiento y las previsiones oportunas que
aseguren que el cumplimiento del servicio militar obligatorio concluirá
no más tarde del 31 de diciembre del año 2000, sin perjuicio de completar
el proceso de profesionalización en la fecha prevista en el segundo
párrafo, entendemos que si las Cortes aceptaran esta cuestión sin tener
en cuenta los input, las apreciaciones que en cada momento viene
realizando el Gobierno, sería una irresponsabilidad. Sin embargo,
teniendo el convencimiento de que este procedimiento ha de ser lo más
breve posible, hemos introducido en el texto de la ponencia un párrafo
que dice textualmente que se insta al Gobierno a reducir al máximo el
tiempo de período transitorio, pero que en todo caso y como mucho deberá
estar finalizado el 31 de diciembre del año 2002.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco,
entiende el Grupo Parlamentario Popular que con matizaciones y con
enmiendas que se han presentado pueden quedar cubiertas sus enmiendas.

A la enmienda número 25, teniendo en cuenta que lo que se plantea es la
necesidad de realizar planes quinquenales, hemos presentado una
transaccional en la que una entidad que será determinada por el Gobierno,
en un plazo no superior a un año, tal y como habíamos hablado en
ocasiones precedentes y en la discusión en la ponencia, de acuerdo con
las misiones asignadas a las nuevas Fuerzas Armadas, con unos efectivos
situados entre 170.000 y 150.000 militares profesionales que en otro
apartado se hace referencia con tendencia a su reducción cuando se
revisen estas plantillas, hemos introducido el apartado que el Partido
Nacionalista Vasco quiere poner en este nuevo texto y decimos que, en
función de la evolución del proceso de modernización de los ejércitos y
de racionalización de sus estructuras orgánicas, el Gobierno irá
efectuando en períodos quinquenales, tal y como propone la enmienda del
Partido Nacionalista Vasco los correspondientes ajustes de efectivos, tal
y como se hace mención en



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su propuesta, y que cada vez que se determinen las plantillas de cada
período quinquenal el Gobierno informará al Parlamento sobre la situación
de los efectivos de las Fuerzas Armadas y su previsible evolución en el
período considerado.

La enmienda número 26 hace referencia textualmente a que la Comisión sea
lo más breve posible y a estos efectos el Parlamento dispondrá anualmente
de cuantos datos precise para una correcta evaluación y, en su caso,
disminución del período transitorio previsto que, en todo caso, deberá
estar terminado en su conjunto no más tarde del 31 de diciembre del 2002.

Esto está recogido íntegramente en diferentes apartados del texto que
proponemos. Es decir, esta Comisión ha de ser lo más breve posible y a
estos efectos se dispondrá anualmente de cuantos datos se precise para
una correcta evaluación. Así se hace referencia a que el Gobierno
informará prácticamente de cuál es el proceso y la evolución de la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas. En cuanto a la referencia que
hace el Partido Nacionalista Vasco sobre la disminución del período
transitorio previsto, que en todo caso deberá estar terminado en su
conjunto no más tarde del 31 de diciembre del año 2002, está textualmente
recogido en el texto que ha presentado la ponencia.

A la enmienda número 27 el Grupo Parlamentario Popular, recogiendo lo que
en ella se plantea siendo quizá una de las enmiendas más importantes
planteadas por el Partido Nacionalista Vasco, ofrece una enmienda
transaccional. El Partido Nacionalista Vasco dice que a partir de la
aprobación de la presente ley todas las funciones relativas al
reclutamiento de la tropa se realizarán por el Ministerio de Defensa a
través de sus propias delegaciones. Durante el período transitorio el
Ministerio de Defensa y las corporaciones municipales podrán, previa
aprobación de sus plenos, convenir acuerdos de colaboración en la
materia. El Grupo Parlamentario Popular va más allá, consciente de cuál
es la intención del Partido Nacionalista Vasco, y hasta dónde se puede
llegar lo refleja de la siguiente manera. En el futuro las funciones
relativas al reclutamiento se realizarán por el Ministerio de Defensa a
través de sus propias delegaciones y no será preciso contar con los
ayuntamientos como órganos de reclutamiento --algo que no estaba en el
texto presentado por el Partido Nacionalista Vasco, concretamente en la
letra a)--, apreciando no obstante la fundamental labor que han venido
desarrollando tradicionalmente las tareas de alistamiento. El Gobierno
incluirá en el programa legislativo para la implantación del nuevo modelo
la supresión de dichas tareas, de tal forma que nos comprometemos, a un
plazo fijo, que los ayuntamientos cesen en su empeño no más tarde del 1
de septiembre del año 1999. Entendemos que recogemos el sentir de la
propuesta realizada por el Partido Nacionalista Vasco, la concretamos más
y la ampliamos en la medida de lo posible.

Señor presidente, me he excedido ampliamente en el cuarto de hora que me
correspondía, pero sí quiero decir que de las enmiendas presentadas por
Izquierda Unida y Nueva Izquierda, el Grupo Parlamentario Popular respeta
profundamente el modelo de Fuerzas Armadas que Izquierda Unida presenta
ante esta Comisión, entiende que es coherente con su discurso en esta
materia, pero también somos todos conscientes --e Izquierda Unida también
lo es-- de que es diametralmente opuesto al propuesto por la mayoría de
los grupos políticos de la Cámara. Por tanto, aunque se realiza un
esfuerzo de explicación de cuál es el nuevo modelo que pretende Izquierda
Unida, también es cierto que el Grupo Parlamentario Popular en cuantas
intervenciones ha tenido, con el máximo respeto a la iniciativa
presentada por Izquierda Unida en el caso concreto de la defensa,
discrepa diametralmente de sus propuestas. Por tanto, entendemos que
deben rechazarse todas las medidas presentadas por Izquierda Unida e
incluso, si llegara el caso, el texto que presentan. Estamos totalmente
de acuerdo con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), en la que fija una horquilla entre 150.000 y
170.000 profesionales, y en este momento hay que decir que dentro de ese
diálogo permanente y de ese texto para tratar de conseguir el más amplio
consenso ha habido una auténtica tolerancia por la mayoría de los grupos
políticos para, con un texto abierto, tratar de conseguir un modelo que
dé satisfacción y respuesta al mayor número de grupos parlamentarios del
Congreso, que es realmente la representación de la sociedad española. Por
último, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado
unas enmiendas que a lo largo de mi exposición he reflejado y que evito
su lectura para no tener que alargarme más.

Concluyo mi intervención agradeciendo nuevamente a todos los grupos
políticos el esfuerzo y el trabajo que se ha realizado con plena
satisfacción porque hemos dado respuesta a lo que en un principio decía
de esa necesidad, que todos los españoles nos reclaman, de poner en
práctica un nuevo modelo de servicio militar, un nuevo modelo de
compromiso a través de un servicio militar profesional.




El señor PRESIDENTE: Entiendo que el Grupo Socialista va a dividir su
intervención. Por tanto, en primer lugar tiene la palabra el señor Moya.




El señor MOYA MILANES: Yo creo que en conjunto las dos intervenciones no
llegarán a consumir el tiempo que ha empleado el Grupo Popular.

En mi primera intervención haré una exposición de carácter general
recordando cómo hemos llegado a este momento y los elementos principales
de nuestra oferta programática que en su día hicimos en esta materia y,
posteriormente, mi compañero el señor Marsal entrará en el detalle de las
enmiendas que hemos presentado y de la posición con respecto a las
enmiendas de los demás grupos y del propio documento.

En primer lugar quisiera recordar que el nacimiento de esta ponencia
tiene su origen en la quiebra de un proceso que veníamos ejerciendo entre
los grupos parlamentario mayoritarios en un ambiente, en un espíritu y en
una práctica de consenso en materias que eran y son importantes, como es
la seguridad y las Fuerzas Armadas, que siempre lo entendimos así y que
en la etapa final, después de las últimas elecciones, unilateralmente el
Partido Popular decidió adoptar un camino diferente en cuanto al consenso
con



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el primer grupo de la oposición, esbozó un compromiso de
profesionalización total en un momento en que todavía no tenía el
Gobierno el plan diseñado para sustentar ese compromiso y anunció para
fecha fija, finales del año 2002, la terminación de dicho proceso de
profesionalización. El Grupo Parlamentario Socialista adoptó una posición
no sólo en el congreso del Partido Socialista sino también a lo largo de
esta ponencia, en sucesivos trámites, inequívocamente en favor de la
profesionalización total de las Fuerzas Armadas. Suponía, por otra parte,
una continuidad con el principio, que habíamos empezado en nuestra etapa
anterior de Gobierno, de una profesionalización progresiva, si bien ahora
esto suponía un salto cualitativo. Insisto en que el Grupo Parlamentario
Socialista y el Partido Socialista asumimos claramente el proceso de
profesionalización total, pero al mismo tiempo considerábamos oportuno,
legítimo y conveniente expresar nuestra propia identidad y nuestra propia
voz sobre cómo se debe conducir ese proceso y cuáles deben ser los rasgos
más importantes de ese proceso, y es precisamente en el aspecto de cómo
se desarrolla el proceso en el que tenemos importantes discrepancias con
el Grupo Popular y con el Gobierno. Quiero insistir desde el principio en
que, estando claramente en desacuerdo con la manera y el modo en que el
proceso de profesionalización se está afrontando, eso de ninguna manera
significa --y sería una falsa imputación a este grupo parlamentario quien
lo hiciera-- que no estemos rotunda y claramente en favor de una
profesionalización total. Tan es así que nuestro documento de hace seis
meses presentaba como signos distintivos precisamente de este proceso de
profesionalización tres elementos fundamentales. Uno es la duración del
período de transición. Esto nos parecía y nos sigue pareciendo un
elemento esencial puesto que conecta claramente con la sensibilidad
social, la sensibilidad ciudadana, que exige un proceso de transición
corto para evitar los traumas, que hemos visto a lo largo de los últimos
tiempos, que todo proceso de profesionalización largo conlleva, y más en
una situación como la española con niveles inquietantes en materia de
objeción de conciencia y en otros terrenos. En este sentido hicimos una
oferta clara en cuanto a la duración del período de transición, la de ir
a un período de profesionalización sensiblemente más corto que el
presentado por el Gobierno. Durante un cierto tiempo estuvimos buscando
una fórmula que, por una parte, diera satisfacción a la demanda
ciudadana, legítima y al mismo tiempo razonable, de hacer un período de
profesionalización corto y la necesidad de que esa profesionalización no
entrara en riesgo precisamente por su corta duración. Afortunadamente
--así lo creo modestamente-- dimos con una fórmula que sinceramente
pensamos que iba a aceptar el Gobierno, al menos que la iba a tomar en
consideración, dado que no ponía en riesgo una eficaz transición en
cuanto al modelo y, al mismo tiempo, satisfacía las inquietudes
ciudadanas sobre la duración del proceso. Esto era lo que considerábamos
y seguimos considerando que se debe tener en cuenta y que hemos acuñado
como la profesionalización en dos tiempos: un tiempo para poner fin al
servicio militar obligatorio y un tiempo más largo para terminar el
proceso de profesionalización total. El primer tiempo, finales del año
2000, para poner fin al servicio militar obligatorio, algo que nos parece
no sólo posible viable y razonable sino que, además, con los números en
la mano y con las ofertas concretas de plazas que en nuestro documento se
esgrimían, que no se diferenciaban sustancialmente de las ofertas de
plazas que el propio Gobierno preveía, 12.500 este año, de 12.000 a
15.000 el año que viene, de 12.000 a 15.000 en el año 2000, llegábamos a
finales del año 2000 con un cómputo total de efectivos profesionales en
torno a 130.000. Nosotros creíamos que ése ya era un momento razonable
para poner fin al servicio militar obligatorio, que no se causaba ningún
daño ni ninguna lesión a la defensa del país por poner fin en ese momento
al servicio militar obligatorio y en los dos años posteriores, hasta el
año 2002, continuar con ese proceso de profesionalización y terminarlo a
finales del año 2002. Por una parte, creíamos que de esta manera la
fórmula de una profesionalización tranquila y no convulsiva se respetaba
y, al mismo tiempo, se daba satisfacción a una demanda ciudadana que yo
creo que está claramente legitimada, puesto que conecta claramente con
esa necesidad de no tener un período convulso con una profesionalización
excesivamente larga.

Pero no ha sido así, el Gobierno no lo ha querido entender de esta manera
y, sinceramente, a estas alturas mi grupo se sigue preguntando cuáles son
las razones para que el Gobierno no acepte esta fórmula de la
profesionalización en dos tiempos. Hasta ahora --no sé si a lo largo de
este debate se nos dará alguna razón más-- se nos han dado dos razones
que quisiera creer que el Grupo Popular y el Gobierno no se las acaban de
creer. Creo que cuando el Grupo Popular, a lo largo de todos estos meses
de negociaciones, han estado dando estas razones no se las cree del todo
porque no son serias. La primera que se nos ha dado en distintas
reuniones es la de decir: ¿Qué ocurriría a finales del año 2000, cuando
tuviéramos 130.000 efectivos profesionales, si en ese momento hubiese una
especie de cataclismo mundial, regional o de la órbita mediterránea y
cogiese a las Fuerzas Armadas españolas en lugar de con 150.000 con
130.000 efectivos? Sería una grave irresponsabilidad que esto pudiese
ocurrir y que nos encontrase desarmados. Creo que todos los que se ocupan
de estas materias saben perfectamente, primero, que este Gobierno, o el
que haya en ese momento, no va a tener la mala suerte de que todos los
males del mundo se conciten precisamente entre los años 2000 y 2002 y que
todos los males del mundo coincidan precisamente afectando a España y que
además España no pueda responder a todos esos males bélicos porque tiene
sólo 130.000 soldados y no 150.000. Me parece que es una razón muy poco
seria, entre otras cosas porque todas las crisis internacionales en las
que España está implicada, lo sabemos, en Bosnia y en otros muchos
escenarios, su presencia, que es la razonable con la que contribuye junto
con otros países en la medida de sus posibilidades, forma contingentes de
2.500 o de 3.000 efectivos. De ninguna manera se está pensando nunca en
que ninguna conflagración va a exigir que los 130.000 efectivos vayan a
tener que desplazarse allí a defender no se sabe qué. Esa no es una razón
seria. Como tampoco lo es



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otra que nos ha dado en ocasiones y que es la de decir: Una vez que
hayamos puesto fin al servicio militar obligatorio, ¿quién nos va a
garantizar que vamos a seguir terminando la profesionalización en los
años posteriores? No va a haber nadie que tenga que objetarlo. ¿Qué grupo
político va a poner inconvenientes a que una vez que haya terminado el
servicio militar con carácter obligatorio, que es la demanda social que
de verdad preocupa a los jóvenes, a los que están implicados en el
servicio militar y a las familias, a que en el año 2000 o en el año 2001
el Gobierno dé sus presupuestos de defensa, de unos presupuestos en torno
al billón o a los 900.000 millones de pesetas aproximadamente, pueda
dedicar 15.000 ó 20.000 millones a pasar de 130.000 a 150.000 o a 140.000
efectivos? ¿Quién iba a poner objeciones en ese sentido? El Gobierno es
perfectamente autónomo para entender que una vez alcanzada una cifra
determinada, si resulta corta de sus presupuestos, que no es
excesivamente gravoso, incrementa 5.000 ó 10.000 soldados profesionales.

En ese sentido no iba a haber ningún problema ni causaría, desde el punto
de vista social, ningún tipo de alarma a la ciudadanía. Por tanto,
tampoco entendemos ese temor a que una vez que acabara el servicio
militar obligatorio ningún gobierno pudiera contratar a ningún
profesional más. No se sabe por qué esa razón.

Sinceramente creo que no hay razones para que no se haya aceptado esa
fórmula que era innovadora, audaz, pero al mismo tiempo prudente porque
no ponía en riesgo, en absoluto, una profesionalización tranquila que en
todo su escenario se alargaba hasta finales del año 2002. En esta materia
ha ocurrido como en otras esenciales en las que hará más hincapié mi
compañero el señor Marsal. Hemos asistido en otros escenarios, sobre todo
en el presupuestario, en el económico, a algunas situaciones un poco
insólitas que al final han cuajado en una oferta que realiza este
documento bastante vaporosa; iba a decir pavorosa pero prefiero decir
vaporosa. Quiero decir con esto que en un primer momento hubo borradores
que anunciaban un coste del proceso de profesionalización del Ejército en
torno a 350.000 millones de pesetas, incluso hubo borradores anteriores
que hablaban de 500.000 y de 600.000 millones; luego se fueron centrando
las cifras y al final se quedaron en 350.000, pero el Gobierno no negaba
en ningún caso que esas cifras suponían de verdad, en la práctica,
durante estos cinco años, haciendo un simple cálculo de la anualización
de esas cifras, incrementar los presupuestos de defensa anualmente del
orden del 7 o del 8 por ciento de manera sostenida. Nosotros le decíamos
al Gobierno que no era posible asumir esto, que no había ninguna
garantía, ni con éste ni con ningún otro gobierno, de que en los próximos
cinco años hubiese presupuestos de defensa incrementados en períodos como
los actuales de ajuste, etcétera, de esa naturaleza, del 8 por ciento
anual y que, además, el propio Gobierno no lo iba a cumplir, ni siquiera
en su propio seno, y que cuando el ministro de Defensa quisiera, año tras
año, presentar esos incrementos del 8 por ciento el ministro de Economía
seguro que se lo echaría para atrás. El Gobierno pareció entender el
argumento y retiró las cifras del documento. Ya no hay cifras en el
documento. Ahora ya no hay compromiso y, por tanto, ya no hay posibilidad
de quebrarlos. Yo no sé si la solución de pasar de esa frivolidad de unas
cifras exageradas y no cumplibles al silencio total sobre las cifras
resuelve algo, puede que resuelva un poco la discusión momentánea, pero,
desde luego, no resuelve el problema porque el coste será el que tenga
que ser. Nosotros hicimos también un esfuerzo en este sentido. Yo creo
que el Gobierno no ha recogido, ni ustedes en sus enmiendas, la
diferencia entre los costes de profesionalización de los contratos, que
sí hay que asegurarlos, de los de modernización, que pueden tener un
escenario temporal más largo y no necesariamente constreñirse al período
de profesionalización, con lo cual, junto con el tamaño del Ejército más
reducido, podríamos encontrar una fórmula de financiación más asequible.

Otro elemento esencial y diferenciador es el tamaño del Ejército. No se
trata de que las cifras 140.000 ó 170.000 estén más o menos distantes. Es
un problema también de filosofía y espero que se entienda en este
sentido. Creo que todos, no solamente el Grupo Socialista sino casi todos
los grupos de la Cámara, porque forma parte de la filosofía general de
los ejércitos modernos, hemos convenido que profesionalizar significa
reducir. Todos estamos de acuerdo en que los ejércitos del futuro, por el
hecho de ir a la profesionalización, requieren menos efectivos humanos y
probablemente más modernización y más equipamiento. Pero ¿qué ha
ocurrido? Que nosotros no vemos esa filosofía traducida en la práctica
porque las cifras que teníamos para un modelo no profesional, el que
teníamos vigente, el mixto, era de 170.000. Por tanto, si 170.000 vale
para un modelo no profesional, ¿por qué van a tener que ser los mismos
170.000 para un modelo profesional completo? No tiene mucha explicación,
no hay un esfuerzo de reducción en cuanto a ser acordes con ese cambio de
filosofía. Habíamos presentado una cifra en torno a 140.000 que nos
pareció prudente y vemos que el Partido Popular en sus enmiendas tampoco
acepta. Son elementos esenciales que hoy --y concluyo mi intervención
para dar paso a la del señor Marsal-- nos hacen pensar que los hechos
acabarán dándonos la razón, y lo digo modestamente. El diseño que se ha
hecho del proceso de profesionalización al final no va a ser el que hay
en este momento. El Gobierno no podrá eternizar el proceso de
profesionalización o el final del servicio militar obligatorio hasta el
año 2003, como pretende. Tampoco la financiación podrá ser tan alegre y
vaporosa, sino que tendrá que ser más concreta y tendremos que verla año
a año en los presupuestos; tampoco va a tener esas cifras de 170.000 y si
no, ya lo verán, todos los veremos. Los hechos y su lógica van a imponer
una situación distinta mucho más cercana --estoy convencido-- a las
ofertas del Grupo Socialista que al documento del Grupo Popular. En ese
sentido, aun estando de acuerdo plenamente con la filosofía de la
profesionalización pero discrepando esencialmente con el procedimiento,
la manera de realizarse ese proceso, nosotros hoy no estaremos con el
Grupo Popular, con el Gobierno, con el documento o con los que voten a
favor del documento, sino que estaremos en contra del mismo y dejamos
para los meses posteriores una actitud abierta de negociación en la
medida en que entendemos que tendrán que venir las leyes de desarrollo de



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este documento que hoy es de intenciones y de líneas genéricas y
esperamos que, en los meses sucesivos, el Gobierno, una vez que se
convenza con el paso del tiempo que el fantasma de la guerra no está tan
cerca del año 2000, como nos dice, pueda hacer también un ejercicio de
reflexión y acercar más las posiciones que nos permitan un camino de más
encuentro que el que tenemos en este momento.




El señor PRESIDENTE: Señor Marsal.




El señor MARSAL MUNTALË: Señor presidente, el debate de hoy es sobre el
tipo de Ejército profesional que queremos, sobre cómo llegamos a él y
sobre cuánto estamos dispuestos a pagar por él, y si en la decisión de
profesionalizar --como decía mi compañero-- hay acuerdo, hay diferencias
importantes en las respuestas a las anteriores preguntas. Nuestro
objetivo es que se haga bien y de forma realista, porque no hacerlo de
forma realista sería hacerlo mal. Hay que evitar falsas expectativas que
luego se traduzcan en frustración para la sociedad, para las Fuerzas
Armadas y también para nuestra industria de defensa.

Para nosotros debe ser el modelo resultante un modelo sostenible y
coherente y el proceso de transición debe ser realista; sostenible en
cuanto a las previsiones de recursos presupuestarios y de recursos
humanos; coherente con las misiones a realizar en el futuro y con el
modelo de seguridad y defensa compartidos, en el marco de nuestros
compromisos internacionales. El modelo que nos proponen el Partido
Popular y Convergència i Unió en este momento es difícilmente sostenible.

No me voy a referir más a los aspectos económicos que ha cifrado
perfectamente el señor Moya, pero en cuanto a la sostenibilidad humana en
los próximos cuatro años deberán salir a concurso, de acuerdo con el
modelo que se nos propone, como mínimo unas 27.000 plazas cada año, unas
17.000 plazas de nueva creación y unas 10.000 plazas de reposición. Para
poder seleccionar adecuadamente debería haber unos cinco aspirantes por
plaza, es decir, unos 135.000. ¿Creen esto posible cuando la evolución de
aspirantes ha sido la siguiente? En el año 1996 se cumplió, 6,45 por
plaza; en la primera convocatoria de 1997 disminuyó a 5,5; en la segunda
convocatoria, a 3,96; en la tercera convocatoria, a 2,78; en la primera
convocatoria del año 1998 ha disminuido a 2,5. ¿Con estas cifras podemos
mantener que este modelo es sostenible en cuanto a recursos humanos? Para
que el modelo sea sostenible es necesaria una dimensión más realista que
permita realizar la profesionalización prioritariamente y adecuar en el
tiempo el proceso de modernización, que nunca acaba, ya que debe ser
constante y permanente. En este sentido presentamos un conjunto coherente
de enmiendas.

En la enmienda número 15 proponemos una dimensión final en torno a los
140.000 efectivos. La decisión de la dimensión no es técnica, es una
decisión política en la que deben tenerse en cuenta las propuestas
técnicas, pero el elemento fundamental de decisión debe ser la
perspectiva realista de recursos, tal como se hace en cualquier otra área
como la sanidad, la enseñanza o las obras públicas. Con esta dimensión es
posible cumplir las misiones prioritarias en el marco de compromisos
internacionales. Esta dimensión total debería repartirse entre tropa,
suboficiales y oficiales en función de las misiones asignadas, con unas
tasas adecuadas de encuadramiento entre tropa, oficiales, suboficiales y
también del personal civil. Seguramente deberá aumentar el número de
suboficiales y disminuir el de oficiales, por lo que, teniendo en cuenta
los mecanismos de promoción profesional, deberá adecuarse el número de
plazas anuales en las convocatorias de las academias para evitar
desajustes y frustraciones en las perspectivas de ascensos. En este
sentido presentamos la enmienda número 22, a la que el Grupo Popular ha
presentado la transaccional que en este momento aceptamos y, por tanto,
retiramos la nuestra.

Las perspectivas de financiación deben ser coherentes con la previsible
evolución general de los presupuestos y a nuestro entender no deben
hacerse a costa de la financiación de las necesidades sociales, que deben
ser prioritarias. En este sentido apunta nuestra enmienda número 16, que
el Grupo Popular ha dicho que no acepta. Nosotros la mantenemos porque
creemos que éste es un elemento fundamental también en nuestra propuesta
y que no está suficientemente recogido en el trabajo de la ponencia que
en este momento estamos discutiendo.

La financiación de la profesionalización es prioritaria y tiene una fecha
determinada, el año 2003. El proceso de modernización, como hemos
señalado, es constante y permanente y por ello no tiene una fecha
predeterminada. Para ello deben fijarse, por un lado, los escenarios
macroeconómicos con programas plurianuales realistas y, por otro, las
prioridades que permitan la adecuación a los presupuestos anuales en
función de las disponibilidades financieras. Esto debe hacerse con el
debate y el control parlamentario adecuados y suficientes. Ello deberá
permitir un planeamiento militar previsible y también la adecuación de
las perspectivas industriales. En este sentido presentamos la enmienda
número 23, que el Grupo Popular también ha avanzado que no acepta porque
entiende que ya está recogido. No es así. La filosofía que aquí
mantenemos nosotros contiene un elemento fundamental que no está en el
texto de la ponencia y es que no se fijen únicamente los escenarios
macroeconómicos sino también las prioridades. Por tanto, al fijar cada
año los presupuestos, en función ya de estas prioridades, se sepa qué
programas van a poder realizarse y cuáles diferirse en el tiempo.

Por otra parte, el modelo debe ser coherente con las misiones a realizar
en el marco de los compromisos internacionales y, por ello, debe ser
coherente también con los modelos de nuestros aliados, para garantizar la
complementariedad, la semejanza y la interoperatividad con las demás
fuerzas armadas en el marco de las alianzas a las que pertenecemos y para
garantizar una eficaz identidad de seguridad y defensa europeas. Para
ello, hemos propuesto un conjunto de enmiendas que creemos que precisan
técnicamente el texto de la ponencia.

La enmienda número 14, en la que proponíamos añadir como uno de los
principios generales que inspiran las actuaciones



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de las FAS la defensa de los derechos humanos, ha sido aceptada por el
Grupo Parlamentario Popular.

Uno de los principios generales en el nuevo marco de operatividad de las
FAS es la aplicación de la acción conjunta en las operaciones militares,
y por ello reforzamos la redacción del apartado g) en el punto 2.2 con la
enmienda número 17, que el Grupo Parlamentario Popular acepta con la
sustitución de las mayúsculas por minúsculas. Ningún inconveniente por
nuestra parte. Otra razón por la que presentamos esta enmienda es porque
observamos con preocupación que en la práctica del Ministerio se están
reforzando los cuarteles generales de cada Ejército por encima del papel
del Estado Mayor Conjunto, elemento fundamental en la aplicación de la
doctrina de operaciones conjuntas. El nuevo modelo debe reformar los
procedimientos de gestión para optimizar los recursos humanos y
económicos asignados, siguiendo el ejemplo de las reformas que se han
introducido en la gestión de recursos y de adquisiciones en países como
Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos, como hemos comprobado en las
comparecencias que los representantes de estos países han realizado. A
ello responde nuestra enmienda número 18, también aceptada por el Grupo
Parlamentario Popular con el cambio de la palabra optimización por la
expresión mayor aprovechamiento. Nos parece correcto el cambio y por lo
tanto lo aceptamos.

La sustitución del modelo mixto por otro totalmente profesional comporta
una organización diferente del componente humano, ya que todos van a ser
profesionales. Ello no debe significar únicamente una diferente gestión
de personal, sino también un estilo de mando distinto, adecuado al
carácter profesional de toda la tropa. Por ello, hemos presentado la
enmienda número 20, que también ha sido aceptada por el Grupo
Parlamentario Popular.

La significativa reducción de personal que debe realizarse coloca en
primer plano la necesidad de una reserva realmente movilizable y que
tenga un elevado grado de preparación para completar rápidamente las
unidades no totalmente cubiertas, así como la necesidad de armamento y
material bien conservados y de unos recursos materiales a disposición en
caso de necesidad. Que la reserva esté en condiciones tiene un elevado
coste que también debe contemplarse. Por ello, hemos presentado la
enmienda número 19, a la cual el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una transaccional que nosotros aceptamos, por lo que retiramos
dicha enmienda.

Finalmente --aunque no por ello menos importante--, en un modelo
totalmente profesionalizado, cobra una nueva dimensión el papel del
Parlamento en el seguimiento del proceso de profesionalización y
modernización como garantía de la participación de la sociedad en el
sistema militar de defensa. Tal como expresamos en la enmienda número 21,
es necesario que cada año el Gobierno presente, para su debate en la
Comisión de Defensa, un informe sobre el cumplimiento del proceso de
profesionalización y modernización y sobre los objetivos fijados para el
año siguiente. Como ha dicho el señor Fernández de Mesa, esto siempre es
posible a petición de un grupo parlamentario; sin embargo, nos parece
mejor que se establezca un procedimiento según el cual la iniciativa de
presentar cada año este informe, que a efectos internos tiene con toda
seguridad, parta del Gobierno. Con ello daremos institucionalmente un
mayor papel al Parlamento y, por ende, también a la sociedad. Creemos
haber entendido al señor Fernández de Mesa que si manteníamos esta
enmienda ellos también votarían a favor de la misma. Nosotros la
mantenemos y esperamos que sea votada favorablemente por el Grupo
Parlamentario Popular y los demás grupos.

En cuanto al conjunto de enmiendas de los demás grupos parlamentarios,
votaremos favorablemente aquellas que no son contradictorias con el
modelo que nosotros proponemos y no podremos votar favorablemente
aquellas que sí lo son.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Efectivamente, hoy culminamos un trabajo que es,
fundamentalmente, el resultado de la presión de la sociedad civil, que ha
obligado a todos los grupos de la Cámara a plantearnos la resolución de
la muy fuerte demanda social de acabar con el servicio obligatorio. Los
protagonista, los jóvenes, los objetores, los insumisos, han sido
indudablemente la punta de lanza de una presión social sin la que no
habríamos llegado al debate que hoy nos ocupa. Por lo tanto, en esta
primera consideración quiero hacer un reconocimiento del papel de la
presión social, de la presión civil, para encarar este debate.

Dicho esto, señorías, es por todos conocido que nosotros, a lo largo de
los trabajos de la ponencia y de las comparecencias, hemos intentado
utilizar, en el buen sentido de la palabra, esta inercia social para
entablar el debate que creemos que hubiese sido el necesario y que,
desgraciadamente, no se va a dar, un debate audaz para encarar, a partir
de de la nueva situación internacional, un nuevo modelo de seguridad.

Desgraciadamente, el debate ha ido por otros derroteros y se opta por un
modelo de seguridad continuista. Efectivamente, tanto en la propuesta de
ejército profesional como en los debates previos que hemos realizado en
la Alianza Atlántica, en la Otan, se aboga por una continuidad que
significa ni más ni menos que seguir militarizando la seguridad.

Nosotros hemos mantenido, como SS. SS. saben, que era el momento de ser
valientes y audaces planteando un período de transición que fuera
rupturista con el modelo de continuidad que basaba la seguridad
internacional en la disuasión militar. Y esto lo hacíamos enlazando un
debate abierto en la comunidad internacional que comienza en los años
ochenta con el famoso Informe Olof Palme, que hablaba de la necesidad de
adoptar un modelo pragmático para alcanzar el desarme, el punto cero, con
un nuevo concepto que ha lanzado hace relativamente poco tiempo Naciones
Unidas a través del programa para el desarrollo económico; un nuevo
concepto de seguridad que es la seguridad humana, en el que se perfila
con mucha más claridad la necesidad de ir desmilitarizando el concepto de
seguridad



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y de encarar los verdaderos problemas que tiene hoy el mundo, que no son
ni más ni menos que la necesidad de resolver el hambre, la desigualdad,
el paro, la falta de protección social, la miseria y la muerte por
enfermedad.

A partir de lo que nosotros entendemos que debería ser este modelo
alternativo, planteábamos también un concepto que técnicamente se ha
venido a denominar como período de transarme, es decir, un período de
transición que puede permitir el ir avanzando en la desmilitarización del
concepto de seguridad. Un ejército transarmado es un ejército reducido;
un ejército que, efectivamente, se convierte en una apuesta en política
exterior.

A partir de esa caracterización de la situación internacional y para
avanzar en un modelo alternativo, al aterrizar en nuestro país esa
alternativa de seguridad en lo que se refiere a ejército profesional, a
fuerza armada profesional, lo hacemos llegando a la conclusión de que,
dadas las necesidades de la defensa para el Estado español, la fuerza que
hay que anteponer ante esos nuevos riesgos internacionales debe ser un
ejército profesional reducido. Hemos apostado por un ejército de 90.000
profesionales entre jefes y oficiales, tropa y marinería. Hemos optado
por no aumentar el gasto militar y entendemos que la propuesta que nos
hace el Partido Popular y sus socios va a significar un aumento
considerable del gasto militar, y a nivel social no se va a entender que
las nuevas necesidades de la seguridad internacional, las nuevas
necesidades de la seguridad de la defensa del Estado español requieran
casi duplicar el gasto militar.

A partir de esta consideración de fondo hemos presentado una enmienda a
la totalidad con texto alternativo y diversas enmiendas parciales, para
seguir defendiendo la necesidad de aprovechar este impulso social y
avanzar en la dirección de una auténtica y verdadera alternativa en los
modelos de defensa y en los modelos de seguridad. Entendemos que ese
ejército transarmado de este período de transición podría ahorrar miles
de millones de dólares anuales susceptibles de ser empleados tanto en
programas de ayuda al Tercer Mundo como para sostener las conquistas
sociales en los países desarrollados; se trata de ir apostando a nivel de
política exterior por este concepto de seguridad que supone un ahorro,
por un modelo de seguridad que encara de verdad los problemas que generan
inseguridad en el mundo.

Desde este punto de vista, planteamos todo un concepto de defensa
alternativa, cuyos grandes rasgos son conocidos. La necesidad de
encabezar la exigencia de la desnuclearización; una defensa alternativa
no provocativa, no amenazante, que no participe en alianzas militares;
desestimular el rearme; una defensa alternativa eficaz en lo que a la
defensa del perímetro de seguridad se refiere; reducir la cultura
militarista; contribuir a la seguridad internacional; convertir los
programas industriales militares en programas civiles, convertir los
programas de investigación más desarrollo militares en programas civiles;
es decir, todo un concepto defensivo que es más o menos el concepto que
viene a defender el período de transición del transarme para ir
cimentando este modelo de seguridad alternativa.

Las cifras que la ponencia defiende no las vamos a compartir, estamos muy
lejos de las propuestas de la mayoría de las fuerzas políticas. Nuestra
propuesta de fuerza armada sería de 90.000 hombres --como decía antes--,
una cifra más que de sobra para encarar los problemas reales de la
seguridad del Estado español. Entendemos además que la sociedad española
se encuentra muy segura, que no se siente amenazada por nadie y que esa
alternativa de reducción considerable de efectivos de las Fuerzas Armadas
hasta 90.000 hombres podría ir cimentando este nuevo concepto de
seguridad.

Nuestro modelo de Fuerzas Armadas es integral, somos partidarios de que
no se incremente en más de un 1 por ciento el gasto de defensa. Nos
tememos que el modelo del Partido Popular, del Gobierno, puede incluso
duplicar el gasto de defensa actual, que se podría situar en el 2,16 por
ciento del PIB si incorporamos Guardia Civil, programas industriales
militares, investigación y desarrollo y organismos autónomos. Yo creo que
esto no va a ser bien recibido por la sociedad civil; esta ecuación de
paso del ejército obligatorio a ejército profesional igual a incremento
de gasto militar no va a ser bien recibida por la sociedad civil y, desde
luego, nosotros no la vamos a recibir bien, no la estamos recibiendo
bien. Entendemos que es el momento de una reducción progresiva tanto de
los ejércitos, ya sean profesionales o no, como del gasto militar y, por
tanto, habría que entrar en este período con mucha más audacia, con mucho
más rigor en lo que se refiere a la perspectiva de futuro.

Es el momento de ir planteando, y así lo hacemos en nuestra enmienda de
totalidad, cambios legislativos para hacer posible que las decisiones
fundamentales en todo lo relacionado con la defensa no queden reducidas a
los propios profesionales de la defensa o al Consejo de Ministros.

Entendemos que documentos como la Directiva de Defensa Nacional --que es
un documento importante, que periódicamente se aprueba por los gobiernos
para situar las necesidades de la defensa-- deberían aterrizar en las
Cortes, de la misma manera que las autorizaciones para los envíos de
tropa en misiones internacionales deberían de contar con el visto bueno
de las Cámaras y de la misma forma que esta Comisión de Defensa debería
participar más en el día a día de lo que es la defensa, muy en contacto
con las decisiones que se pueden tomar por los profesionales de la
defensa. En definitiva, un modelo alternativo --radicalmente alternativo,
diría yo-- que pretende ni más ni menos que estar muy enraizado en la
situación internacional y a la altura de los nuevos retos; un ejército
profesional --y es otra de las propuestas en titulares que planteamos--
que tenga reconocido el derecho a la libre sindicación, que sepa atender
todas las reivindicaciones y reclamaciones de los futuros profesionales
de la defensa. Ustedes conocen cuál es la posición de Izquierda Unida.

Tanto en lo que se refiere a nuestros compromisos internacionales como a
la propia defensa, planteamos una alternativa de fondo que hemos
presentado en forma de enmienda de totalidad con texto alternativo.

En lo que respecta a las enmiendas transaccionales, vamos a votar
favorablemente la transaccional a la enmienda



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número 27, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Una
reivindicación del conjunto de las corporaciones locales no de ahora,
sino desde hace mucho tiempo, era que se les evitara cumplir todas las
tareas de reclutamiento. Ha habido numerosos problemas en cantidad de
ayuntamientos en donde muchos alcaldes se han negado a cumplir esta
función. Por tanto, esta enmienda, que plantea que no más tarde del 1 de
septiembre de 1999 los ayuntamientos queden ya liberados de este
compromiso, nos parece que es una manera de resolver el problema.

Finalmente, en lo que se refiere a los derechos civiles, he de decir que
en la enmienda de totalidad seguimos planteando mantener la objeción de
conciencia en el próximo ejército profesional en tiempo de guerra.




El señor PRESIDENTE: Como había alguna incertidumbre con la hora de las
votaciones, vamos a establecer que éstas no se celebrarán antes de las
siete y media de la tarde, para información de los señores diputados y
senadores, habida cuenta que falta todavía un turno de réplica.




El señor MOYA MILANES: Señor presidente, entiendo que el turno de réplica
será mucho más breve, pero mi grupo acata lo que decida la Presidencia.




El señor PRESIDENTE: Se celebrarán a las siete y cuarto, porque no vamos
a estar muy lejos de esa hora.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
el señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADéS: Señor presidente, intervengo en nombre del
Grupo Parlamentario Catalán para fijar nuestra posición en este debate.

Hoy afrontamos ya el trabajo final de esta Comisión Mixta, que durante
todo el año 1997 y estos primeros meses de 1998 ha estado cumpliendo
aquello que le encargó el Pleno de la Cámara, y Convergència i Unió lo
hace en este período final con evidente satisfacción. El objetivo de la
supresión del servicio militar obligatorio constituyó uno de los
elementos centrales que permitieron el inicio de esta legislatura
parlamentaria, el presidente del Gobierno --a propuesta de Convergència i
Unió-- lo asumió en su programa de investidura y hoy, aquello que había
defendido Convergència i Unió desde 1989, es decir, la necesaria
profesionalización del servicio militar y la necesaria supresión del
servicio militar obligatorio, es una realidad política asumida por el
conjunto de los grupos de la Cámara. Por tanto, de entrada, manifestamos
nuestra satisfacción ante esta situación.

En segundo lugar, a lo largo de estos meses y de un proceso que
entendemos que ha sido abierto por parte de casi todos los grupos
parlamentarios, hemos sido capaces de ir perfilando las bases de este
nuevo modelo de seguridad. Por parte de Convergència i Unió hemos ido
insistiendo en una serie de ejes, que en su totalidad hemos visto
reflejados en el texto que hoy debatimos. Un nuevo modelo de Fuerzas
Armadas que responde al nuevo escenario internacional derivado del fin de
la guerra fría, que necesita nuevos tipos de ejércitos, cualificados,
capaces de participar en contingentes multinacionales y de intervenir en
operaciones de imposición y mantenimiento de la paz. Un nuevo modelo de
Fuerzas Armadas que ha de aspirar a participar en el diseño de una
verdadera política común europea de seguridad, al servicio de los valores
de la paz, la justicia, la libertad y la solidaridad. Un nuevo modelo
basado en la supresión del servicio militar, que se ha de incardinar en
la necesaria incorporación de los criterios de transparencia y control
político de las políticas de defensa y que, además, ha de permitir
continuar desarrollando conceptos basados en los valores derivados de la
Constitución en la formación de los nuevos profesionales de la defensa.

Son ideas que entendemos que se asumen en el texto que sometemos hoy al
debate de la Comisión, pero me gustaría destacar algunas cuestiones. En
primer lugar, creo que no todos los grupos somos conscientes de la
importancia que tiene el proceso que esta Comisión Mixta ha encabezado,
que es el de la supresión del servicio militar obligatorio. Desde su
perspectiva social, es evidente que millones de ciudadanos de todo el
Estado quedan afectados por la decisión que se tomara en su día por las
Cortes Generales, que ésta va a ser una de las decisiones con más
trascendencia social que se habrán tomado en esta legislatura, y el hecho
de que llevemos cerca de dos años estudiando y debatiendo sobre estas
cuestiones no debe quitar importancia a aquello que es esencial: que el
servicio militar obligatorio va a desaparecer en un plazo fijo y en un
plazo muy breve.

En segundo lugar, entendemos que el dictamen que se somete a
consideración recoge la mayoría de las propuestas que los grupos
parlamentarios han ido realizando a lo largo de estas semanas en esta
materia, y a nuestro grupo parlamentario se le escapan los motivos que
impiden al Grupo Socialista participar de este consenso. La mayoría de
las propuestas que el Grupo Socialista planteó en el seno de la ponencia
en relación con el marco de la seguridad y la defensa se han ido
asumiendo; las propuestas que hacen referencia a un mayor control
parlamentario figuraban ya en el texto inicial que se sometió a la
consideración de la Comisión e incluso el Grupo Popular, y ahora también
el Grupo Catalán, informa de la aceptación de sus enmiendas. Se nos
escapa qué motivos pueden justificar este planteamiento negativo respecto
al informe.

Las enmiendas que el Grupo Socialista mantiene vivas --al menos eso han
anunciado sus portavoces-- hacen referencia al contingente, al calendario
y a la visión presupuestaria del nuevo modelo. En cuanto al tema del
contingente, a mí me parece que la enmienda que ha presentado
Convergència i Unió --a la cual el Grupo Popular ha ofrecido una enmienda
transaccional-- tiene tres grandes virtudes. En primer lugar, enfatiza el
concepto de que el contingente no va a ser de 170.000 militares
profesionales, que eran las previsiones iniciales. La horquilla nos abre
la posibilidad de un contingente de 150.000 militares profesionales, que
está muy cercano al que propone el Grupo Socialista, que es de 140.000.

Si el Grupo Socialista tuviese voluntad de llegar a un acuerdo sobre la
enmienda que propone Convergència i Unió, ese acuerdo sería posible. En
segundo lugar, el contenido del informe de la ponencia



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abre la posibilidad de que el número de militares profesionales sea una
cifra ajustada, que permita un control parlamentario de la misma y que,
además, el calendario de ese proceso esté también en función de esa
cifra, todo lo cual puede situar el fin del proceso de profesionalización
en unas fechas cercanas a las que nos propone el Partido Socialista.

Entendemos --es normal que sea así-- que el Gobierno se quiera dar un
margen, puesto que experiencias similares iniciadas en otros Estados de
la Unión Europea aconsejan no cerrar el proceso de manera precipitada.

Por tanto, una cifra de 150.000 militares profesionales, por la banda
baja, que puede permitir llegar al año 2001 con un ejército plenamente
profesionalizado, puede servir para disipar las dudas que tiene el Grupo
Socialista, y si además garantizamos que la intervención parlamentaria va
a ser decisiva en este proceso, creo que facilita aún más el posible
consenso.

Es evidente que la cuestión del contingente va ligada al calendario. En
su enmienda, el Grupo Socialista no formula la propuesta de la que ha
hablado el señor Moya. Nos parece que el propio texto, cuando enfatiza la
necesidad e invita al Gobierno a que acelere el proceso, aclara también
buena parte de las dudas que el Grupo Socialista plantea en relación con
esta cuestión.

Finalmente, en cuanto a la visión presupuestaria del nuevo modelo, creo
que el contenido del informe lo deja marcado en sus justos términos, es
decir, que el desarrollo del nuevo modelo se hará en función de la
evolución del entorno estratégico, en función de la evolución de los
parámetros macroeconómicos y en función de las prioridades
presupuestarias que se enmarcan en cada ejercicio. Creo que hubiese sido
un error plantearlo en los mismos términos en que lo hizo el informe de
1991. Entonces, la ponencia designada por la Comisión de Defensa marcó
una referencia económica que era el 2 por ciento del PIB, y es evidente
que nunca se cumplió. En este sentido, creo que el realismo del informe
al ligar el proceso a esas tres variables --macroeconomía, necesidades y
prioridades de cada presupuesto-- nos permite afrontarlo con
tranquilidad.

Señorías --voy terminando--, la principal virtud que va a tener este
informe es que es un informe abierto, es un informe que enmarca en
grandes líneas cuál es el proceso, es un informe que no se cierra a
ninguno de los planteamientos de fondo que hacen los grupos de la
oposición y que puede dar garantías al Gobierno para desarrollar --sin
dramatismos y sin el tremendismo de alguna de las intervenciones-- un
proceso que exige nuestra sociedad. Entendemos que con el conjunto de
enmiendas que el Grupo Popular ha anunciado que va a aceptar --nuestro
grupo parlamentario se pronuncia en el mismo sentido--, estamos en
condiciones de poder cerrar esta cuestión de manera suficientemente
satisfactoria.

En relación con la transaccional a la enmienda número 6, del Grupo de
Coalición Canaria, la número 25, del Grupo Vasco (PNV), y la número 36,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió) --que anteriormente ha leído el
señor Fernández de Mesa--, nuestro grupo añadiría, en su letra b) y
después de «ajustes efectivos», «previa aprobación por las Cortes
Generales». Los grupos de Coalición Canaria, del PNV y de Convergència i
Unió hemos insistido, a lo largo de este proceso, en la necesidad de
aumentar los mecanismos de control político, de control parlamentario a
la actividad en esta materia. Esta nueva redacción de la letra b) del
punto 2.2 permitiría, en primer lugar, marcar un contingente de entre
170.000 y 150.000 militares profesionales --un contingente muy cercano al
propuesto por el Grupo Socialista--, que nos puede permitir culminar el
proceso de profesionalización antes del 31 de diciembre del año 2002
--que es también la idea que defiende la ponencia-- y, en segundo lugar,
permite el control político del proceso de supresión del servicio militar
obligatorio. Nos parece que este redactado supone un avance sustancial
sobre el texto inicialmente presentado por el Grupo Popular, incluso por
las previsiones de la actual legislación. Por tanto, ahí sería muy fácil
que el Partido Socialista se sumase a la percha del proceso de
profesionalización.

Finalmente, es evidente, como decía el señor Meyer, que es un proceso que
responde a una demanda social que los movimientos pacifistas,
especialmente los movimientos de objeción de conciencia y de insumisión,
habían reflejado desde hacía bastante tiempo. También decía el señor
Fernández de Mesa que respondíamos a una demanda social. Vamos a cerrar
en parte esta demanda social, pero seguramente en los próximos meses
vamos a poder continuar debatiendo muchísimo sobre estas cuestiones, la
propia ley de profesionalización, el desarrollo legal de muchas de las
ideas que se contienen en el informe y los nuevos retos que se van a
plantar en materia de defensa y seguridad en el Congreso invitan a que
muchísimas de las ideas que los grupos hemos planteado a lo largo de
estos debates puedan ser objeto de nuevas concreciones políticas.

Nos parece que va a ser de vital importancia que, en función del nuevo
paradigma de la defensa que supone el fin de la guerra fría, así como del
nuevo paradigma que supone la existencia de un ejército profesional,
seamos también capaces entre todos de constituir un nuevo paradigma de
consenso político, para hacer que este modelo sea socialmente asumido por
nuestra sociedad. Nuestro grupo ha procurado mantener esta filosofía en
los debates y se alegra de que en este proceso final estemos en
condiciones también de cerrarlo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Caballero.




El señor CABALLERO LASQUIBAR: En primer lugar, quisiera decir que el
Partido Nacionalista Vasco, desde las primeras elecciones democráticas
habidas, ha comparecido al sufragio universal convocado propugnando en
todos nuestros programas electorales la consecución de un nuevo modelo de
ejército profesional complementado, desde nuestra indiscutible vocación
atlantista y europea, con una doble exigencia u objetivo político, como
era la plena integración en el seno de la Alianza Atlántica y la
constante reclamación de políticas activas tendentes a la



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definición de una identidad europea de la defensa y seguridad con el
paralelo desarrollo de unas fuerzas armadas europeas.

Esta posición fue defendida por vez primera en sede parlamentaria con
ocasión del debate de la Ley Orgánica del Servicio Militar el año 1984. A
esta ley nos opusimos al entender que el modelo de ejército de
conscripción que se diseñaba entonces era no sólo una interpretación
extensiva y forzada del artículo 30 de la Constitución, sino que no
respondía a las necesidades y perspectivas entonces emergentes de un
statu quo internacional cambiante y en profunda crisis, como después el
tiempo lo ha confirmado.

Esta misma opinión o posicionamiento político nos llevó esta vez a
abstenernos a la hora de aprobación de la Ley de Plantillas o FAS 2000,
por considerar que el modelo mixto que proponía avanzaba hacia la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas, advirtiendo un hecho ya
apuntado en la anterior intervención como era la existencia de una
profunda reclamación social, no solamente personificada en la juventud
española, de denuncia y rechazo al servicio militar obligatorio.

Nos acercamos así al actual período legislativo y a la decisión sin duda
trascendental de adoptar un modelo profesional de ejército. Con ello no
podemos más que congratularnos, toda vez que supone alcanzar un objetivo
político largamente defendido por el Partido Nacionalista Vasco y, en
consecuencia, participar en la posible mejora del mismo. Este es el
sentido de las tres enmiendas que presentamos al texto.

La primera enmienda lo es respecto al contingente. Es cierto que intuimos
un continuismo en los criterios técnicos utilizados para la estimación de
la horquilla prevista. Su prácticamente mínima desviación del modelo FAS
2000 y una constante referencia a la ratio militar/habitante que existe
en nuestro entorno europeo nos llevan a pensar en la necesidad de una
revisión, dado que la previsión estimada de 170.000 efectivos nos parece,
en principio, excesiva. Entendemos que el plan debería diseñarse a partir
de un número mínimo imprescindible que, constituyendo un punto de
partida, nos permitiera alcanzar y completar sin sobresaltos y sorpresas
el contingente previsto para ese primer estadio del proceso.

Todo lo contrario sucede con la estimación del contingente máximo, cuya
tasación es técnicamente más sencilla aunque sometida a imponderables
ajenos al método utilizado, como puede ser, entre otros, el
presupuestario. Por ello, en nuestra opinión sería deseable que la
horquilla fijada de máximos y mínimos, lejos de constituir un coto
cerrado, se definiera como un proceso sometido a desarrollos de
aceleración o desaceleración según las diversas circunstancias del
momento. En este sentido debemos añadir que, aprobada por el Parlamento,
como así será, la variable que resulte, es obvio que, bajo nuestro punto
de vista, corresponde a ese mismo Parlamento fijar un contingente
concreto para un período dado y periódico que debería igualmente
precisarse.

Lo fundamental de nuestra enmienda es que esta definición del contingente
se plasme en una ley de plantillas que, tras su aprobación por el
Parlamento, determine por cada período el número de tropa de las Fuerzas
Armadas españolas. Estaríamos dispuestos a aceptar la enmienda
transaccional ofrecida por el Grupo Popular pero con la enmienda
presentada in voce por el Grupo de Convergència i Unió, toda vez que lo
esencial de nuestra enmienda, que es la participación del Parlamento, de
las Cortes Generales, en la decisión en cada momento respecto al
contingente, queda plasmada en la misma.

La segunda enmienda se refiere a la fecha prevista para la culminación
del proceso de profesionalización, que, a nuestro juicio, debería
entenderse como irrenunciable; es decir, el momento a partir del cual en
modo alguno pervivirá el servicio militar obligatorio. En consecuencia, a
diferencia del contingente, esta fecha será en todo caso revisable a la
baja, con el compromiso político de que lo será vistos los primeros
resultados del proceso de profesionalización y en concreto de respuesta a
la oferta de empleo que se genere. De ahí que consideremos necesaria una
expresa intervención parlamentaria para que, en definitiva, la reducción
del plazo que todos deseamos, y que también es una reclamación social,
sea decidida de forma racional y no perjudicial para el completo
desarrollo del proyecto por los legítimos representantes de la soberanía
popular, quienes también han decidido la supresión del actual modelo y el
nacimiento del venidero. En este sentido, reclamamos la necesidad de
residenciar la decisión del mantenimiento o reducción de dicho plazo en
el Parlamento, que dispondrá, al igual que para el resto de las
cuestiones como puede ser el propio contingente, para cada momento de
cuantos datos precise para su correcta decisión.

Nuestra tercera enmienda se refiere a la participación de los
ayuntamientos en el proceso de reclutamiento de la tropa. Es conocida la
discrepancia que mantenemos en relación al papel de los ayuntamientos en
este procedimiento de reclutamiento. Si bien desde el Derecho, y
básicamente desde la distribución de poderes que dibuja el artículo 137
de la Constitución, podría argumentarse, aunque no con la suficiente
unanimidad, la falta de competencia de la Administración local en esta
materia, es preciso reconocer que tratamos de un asunto eminentemente
político que requiere un acuerdo de igual naturaleza. Es indudable que el
Derecho, al igual que la política, ha de servir, entre otras cosas, para
pacificar situaciones dadas y este problema genera graves circunstancias
a las que debemos buscar una solución que aporte racionalidad y
normalización al sistema.

En su virtud, nuestra enmienda plantea que esta actividad cese una vez
aprobado el proyecto de profesionalización y que, desde esta
obligatoriedad suprimida, se contemple su continuidad solamente durante
el período transitorio mediante acuerdos en plano de igualdad y de
colaboración entre el Ministerio y la corporación municipal
correspondiente, todo ello para que no quede perjudicado el procedimiento
de reclutamiento en este período transitorio. Esto es lo esencial de
nuestra enmienda tercera, la supresión de la intervención de las
corporaciones municipales desde el momento mismo de la aprobación del
proyecto de profesionalización.

En todo caso, respecto a la transaccional que se ha presentado a esta
enmienda, pido un tiempo de reflexión para



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responder en nombre de mi grupo, toda vez que el texto de la
transaccional me ha sido entregado recientemente, y por esa razón no la
voy a aceptar pero tampoco la voy a rechazar.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Comienzo por hacer el juicio de valor que al
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria le merece este informe de la
ponencia sobre la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas. Mi
grupo, como también han manifestado otros portavoces que me han precedido
en el uso de la palabra, apoya plenamente este nuevo modelo de
profesionalización plena de nuestros ejércitos; profesionalización que
supone abandonar definitivamente el modelo mixto del que nos habíamos
dotado después de los acuerdos parlamentarios de 1991, y que
fundamentalmente conlleva ahora dos principios. En primer lugar, la
supresión del servicio militar obligatorio, tanto por una demanda social
como por una necesidad evidente de la propia profesionalización de los
ejércitos.

En segundo lugar, aceptar plenamente lo que se deriva de este informe,
que es que hay un binomio indisoluble entre profesionalización y
modernización; binomio que tiene todo un valor de acuerdo con la
tecnología moderna, con las exigencias que cualquier ejército moderno se
ve obligado a tener, como dependencia fundamental de todos los sistemas
científico-técnicos que le dotan de su equipamiento logístico, de apoyo,
de fuerza fundamental, etcétera, en cualquiera de los órdenes de la
tecnología, de la industria de la defensa, como contribuyente fundamental
a modernizar estas Fuerzas Armadas. Por supuesto que este binomio
profesionalización-modernización tiene una traducción que es la
económica, es decir, su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado.

Esta es nuestra postura política para apoyar en esencia todo lo que es el
fondo, en el que estamos de acuerdo, de este documento.

En cuanto a las formas, caben matices, discrepancias, dentro de una
racionalidad de otros principios que deben impregnar todo documento desde
un punto de vista teórico, pero con una doctrina importante en un sistema
democrático. Esto conlleva a una serie de enmiendas que mi grupo ha
presentado y que voy seguidamente, por ahorrar tiempo a esta Comisión, a
ir desarrollando en respuesta a lo dicho por el señor portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en su primera intervención.

La enmienda número 1 ha sido aceptada en cuanto a que se sustituya serán
titulares por son titulares, porque después de casi veinte años de estar
vigente nuestra Constitución afecta también, por supuesto, como
ciudadanos españoles que son, a todos los miembros de nuestras Fuerzas
Armadas.

Voy a dejar para un trámite final la defensa de mis enmiendas números 2 y
6, que tienen un componente fundamental ideológico más importante.

La enmienda número 3, que pretende sustituir revisar por informar, ha
sido aceptada por el Grupo Popular.

La enmienda número 4, que introducía en el texto de la ponencia las
expresiones y democráticos, en su segunda línea, y debajo «de la
democracia y de los derechos y libertades constitucionales», me señala el
señor portavoz del grupo parlamentario que estarían dispuestos a
aceptarla si donde se dice «de la democracia y de los derechos y
libertades constitucionales» se pusiera «derechos humanos». No hay ningún
inconveniente por nuestra parte. Yo mantendría «y libertades
constitucionales», porque los derechos humanos están contemplados en
nuestra Constitución. Hay otros tratados internacionales que España ha
suscrito, como las declaraciones universales de Naciones Unidas sobre
derechos humanos, ya pormenorizadas, y las libertades constitucionales,
que ya están señaladas en nuestra Constitución. ¿Por qué decimos
libertades constitucionales? En esta primera parte del documento hay una
serie de exposiciones de motivos justificativos, históricos,
sociológicos, adecuadamente redactado por el ponente del Grupo Popular.

Pero quiero enfatizar que la Constitución española afortunadamente es de
las más progresistas y avanzadas de las que existen en otros países que
pertenecen a estructuras militares de las que forma parte España, como
puede ser la OTAN o la UEO. Esto es lo que yo quiero hacer prevalecer
aquí. Tenemos que tener a gala que derechos y libertades constitucionales
que se señalan en la Constitución española no tienen nada que envidiar
con los de otros países plenamente democráticos; es decir, que los
españoles estamos mucho más avanzados en libertades constitucionales.

Esto lo dejo a la consideración del Grupo Parlamentario Popular,
aceptando plenamente lo relativo a los derechos humanos.

La enmienda número 5 también es aceptada por el Grupo Popular. Parece que
hay una especie de reticencia en decir «con el control parlamentario
democrático que nuestra Constitución señala». Efectivamente, existe un
error de transcripción de nuestro borrador manuscrito en que se puso
«control parlamentario democrático». Ya se sabe que en nuestra
Constitución el imperativo democrático está en todo procedimiento
parlamentario y, por tanto, suprimiríamos de nuestra enmienda, de acuerdo
con la petición que nos ha hecho el señor Fernández de Mesa atinadamente,
la palabra democrático, con lo cual quedaría «con el control
parlamentario que nuestra Constitución señala», porque estamos hablando
precisamente de las repercusiones que tendrá sobre los Presupuestos
Generales del Estado.

Salto la enmienda número 6 porque la dejo para el final, como he dicho, y
me voy a la número 7 que también, en principio, es aceptada por el Grupo
Parlamentario Popular, con la petición de que suprima la última parte que
dice: «aprobados por las Cortes Generales». Efectivamente, es también una
redundancia, porque los Presupuestos Generales del Estado por ley tienen
que ser aprobados por las Cortes Generales. Por tanto, suprimo de mi
enmienda, para que pueda ser aceptada por el Grupo Popular, la última
frase que dice: «aprobados por las Cortes Generales».

En la enmienda número 8 se proponen unas modificaciones sobre el apartado
j), que son prácticamente de matiz, de corrección de estilo. No he
escuchado ninguna observación



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por parte del portavoz popular. Yo lo dejaría tal como está porque son
puramente unas correcciones de estilo, al introducir las palabras
específica, señala o imprescindible disciplina. Lo dejo a la
consideración del portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Dicho esto, yo recomendaría en este punto que se revisara todo el texto
porque veo que hay muchísimas frases en que se está empleando el verbo
deber. Se sustituye deber formar por formará. Utilicemos el imperativo
categórico de nuestro castellano, sobre todo cuando estamos hablando de
militares. A los militares no se les dice que deberán formar al toque de
diana, sino que formarán. El imperativo disciplinario tiene su propia
traducción. Hay textos que al emplear deberá formar o deberá estar
parecen como traducidos del inglés, que en su gramática emplean el verbo
deber para señalar algo.

Con respecto a la enmienda número 9, también el portavoz del Grupo
Popular me significa que la aceptarían cambiando la palabra potenciar por
promover. De acuerdo. A mí me había llamado la atención el que decía que
había que integrar a los militares. Los militares afortunadamente están
integrados en la sociedad española como ciudadanos de pleno derecho,
salvo aquellas disposiciones de sus reglamentos específicos, que siempre
que no sean inconstitucionales están plenamente aceptadas.

La enmienda número 10 la ha puesto en duda el portavoz del Grupo Popular
en cuanto a que nosotros proponemos la expresión «compromisos de
duración». Me dice el señor portavoz del Grupo Popular que estos
compromisos son más allá de los de duración. Deben indicarse porque yo en
el texto del apartado 3.1 --rasgos básicos del nuevo modelo de tropa y
marinería profesionales-- no encuentro más compromisos que los de
duración. Si hay otros, yo dejaría la palabra compromisos. El texto
empieza en el primer párrafo diciendo que deberán establecerse --seguimos
aquí con el verbo deber-- dos tipos de compromisos, uno de corta y otro
de larga duración. Por ello entiendo que son compromisos de duración.

En el resto de los párrafos se está hablando del compromiso de larga
duración y del compromiso de corta duración, es decir, de la
temporalidad. Por tanto, como me dice el portavoz que hay otros
compromisos, como no sé cuáles son porque del texto no se deducen más que
los de temporalidad, es decir, el tiempo por el que se firma por el
recipiendario del servicio militar profesional la duración que quiere
estar en filas, he puesto en la enmienda compromiso de duración, pero no
tiene ninguna trascendencia si se ponen otras cuestiones de compromiso
que tienen que aceptarse. Y si son otros, díganse también para que el que
firma sepa qué es lo que firma, aparte de firmar por tres años, por seis
o por tiempo indefinido.

En cuanto a la enmienda número 11, acepto lo que dice el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular porque se refiere a unas actividades
laborales. Lo que quería mi enmienda era suprimir la expresión al
mercado. No parece una expresión muy afortunada en el mundo militar
hablar del mercado. En una ley financiera, en una ley del Ministerio de
Economía y Hacienda o de consumidores, de acuerdo, pero hablar del
mercado en el terreno militar, como no sea el mercado de armas, no parece
que tenga sentido. Nosotros pusimos «con otras actividades laborales
homologables». Quítese esto y póngase «de acuerdo con la demanda
laboral», porque si el ejército forma especialistas en determinadas
cuestiones (técnicas, electricidad, ordenadores, mecánica, motores,
etcétera) cuando se va a reincorporar a la vida civil, lo debe hacer de
acuerdo con la demanda de puestos de trabajo especializado que haya en
ese momento en la vida civil. La única intencionalidad que tenía nuestra
enmienda era suprimir la expresión al mercado y relacionarlo con las
actividades que tiene la demanda laboral.

La enmienda número 12 se refiere al epígrafe Recursos financieros. Sería
mucho más acorde con la realidad parlamentaria hablar de recursos
económicos o presupuestarios. ¿Por qué digo esto? Porque recientemente
hemos aprobado en el Parlamento una modificación de la gerencia del
patrimonio de la defensa en que sí hay recursos financieros, una vez que
vende --ya no tiene que ir al patrimonio del Estado-- cuarteles o
terrenos obsoletos, los cuales sirven de recursos financieros. Incluso
hemos hecho la extensión no sólo para financiar nuevas instalaciones de
infraestructura, cuarteles, etcétera, sino para financiar otros gastos
que tiene el Ministerio de Defensa. Esos sí son recursos financieros.

Pero a lo que se está refiriendo este párrafo es fundamentalmente a
recursos económico-presupuestarios que tienen su reflejo en los
Presupuestos Generales del Estado o en las leyes de dotaciones, como
habitualmente ha sido tradición desde la democracia en nuestras Fuerzas
Armadas.

La última enmienda de este primer bloque es la número 13, que se refiere
a la legislación reguladora de la objeción de conciencia. Lo que ha dicho
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular me convence y no tendríamos
inconveniente en retirar la enmienda, si él no observa otro texto que
considere necesario sobre la objeción de conciencia. Porque ya hemos
regulado en otra ley la cuestión de la objeción de conciencia y de
prestación social sustitutoria.

Termino con las dos enmiendas que había dejado para el final. En primer
lugar, la enmienda número 2 al apartado k) del punto 2.2, del que pedimos
su supresión por las siguientes razones. Porque está en flagrante
contradicción con lo que se ha dicho en el apartado j), que nosotros
aceptamos. Estamos hablando de una serie de derechos y libertades,
establecidos en la Constitución española, que tienen actualmente los
militares. El Grupo Popular ya ha aceptado en nuestra enmienda número uno
sustituir el tiempo del verbo y en vez de serán titulares, decir son
titulares, afortunadamente desde hace casi 20 años. Pero resulta que en
el apartado k) se introducen una serie de cuestiones que son muy
dubitativas y que, además, lo vincula al apartado anterior. Empieza
diciendo: En relación con el apartado anterior (el j, con el que, vuelvo
a decir, estamos plenamente conformes una vez aceptada la enmienda del
cambio del tiempo del verbo), se considera que dicho régimen de derechos
está regulado por ley, donde se conjugan características esenciales de
una institución disciplinada, jerarquizada y unida... Esto es una
obviedad y, además, puede dar motivo a una lectura restrictiva de
derechos que la Constitución señala a nuestros militares, como puede



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ser el derecho de asociación, estando prohibido siempre el derecho de
sindicación o aquellas agrupaciones reivindicativas contrarias al
principio militar establecido. Como esto será objeto de una intervención
por parte de mi grupo con motivo del debate del proyecto de régimen
disciplinario de las Fuerzas Armadas, la relación entre reales
ordenanzas, la Constitución española y el derecho de asociación, lo dejo
para ese momento y no molesto la atención de la Comisión. Por estas
razones, si no se acepta nuestra enmienda no votaremos a favor del
apartado k) de este artículo, por entender que está en flagrante
contradicción, vuelvo a decir, con el apartado j). Si los militares son
titulares de estos derechos constitucionales, no tenemos por qué poner en
el apartado k) matizaciones que pueden dar lugar a susceptibilidades y a
malas interpretaciones.

Finalmente, en cuanto a la enmienda número 6, como han señalado tanto el
portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), como el portavoz del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), la enmienda transaccional que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular no la aceptaríamos en sus
exactos términos. Como ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco (PNV), afortunadamente el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) ha presentado una enmienda que garantiza el control
parlamentario. Nuestra enmienda, coincidiendo con la que había presentado
el PNV, tenía como motivación suplir el déficit democrático que habíamos
visto en esta redacción. No se pueden sustraer a la competencia, tanto
legislativa como de control del Parlamento, Congreso y Senado, las
cuestiones que aquí se plantean. Es fundamental. Ya pueden los estados
mayores diseñar lo que quieran, el tamaño del contingente, la paga que le
quieren dar a no sé quién, el material que quieren comprar, si la
soberanía constitucional residenciada en el Parlamento no aprueba por ley
de plantillas esa medida --las plantillas tienen que venir al
Parlamento-- y los Presupuestos Generales del Estado no aprueban la
repercusión que tiene, porque todo aumento de plantilla se refleja en los
Presupuestos Generales del Estado y toda adquisición de material para la
modernización se hace vía Presupuestos Generales del Estado; no hay
ninguna otra vía que no sea la parlamentaria. Y después, los controles
parlamentarios permanentes de la acción de gobierno. Porque cuando el
tercer párrafo dice: cada vez que se determinen las plantillas de cada
período quinquenal, el Gobierno informará al Parlamento sobre la
situación. ¿Qué pasa, que va a informar cada cinco años? ¿Tenemos que
esperar cinco años para que el Gobierno pase a informar? Hay leyes de
plantillas y leyes de dotaciones cuya competencia es parlamentaria. Si se
introduce la propuesta que ha hecho el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y que ha aceptado el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), mi grupo aceptaría esta enmienda transaccional, aclarando la
cuestión previa de la aprobación parlamentaria de las leyes de plantillas
en correlación con los Presupuestos Generales del Estado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
la señora Rivadulla.

La señora RIVADULLA GRËCIA: Para defender la enmienda con texto
alternativo de Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda.

Desde Iniciativa per Catalunya, si bien consideramos que lo que estamos
debatiendo hoy representa un paso adelante y ha formado parte de nuestro
objetivo político, que es la supresión del servicio militar obligatorio,
pensamos que nos estamos quedando cortos y que no nos estamos ajustando a
la realidad de la sociedad española.

Sorprende la actitud, la postura, de Convergència i Unió, un partido de
una comunidad autónoma donde la mayoría de los jóvenes se han mostrado
siempre pacifistas, han participado en movimientos por la paz, y donde no
se ve una especial predilección por entrar a formar parte de las Fuerzas
Armadas. Sorprende esta actitud de Convergència i Unió y sorprende, sobre
todo, la identificación que hay con los objetivos, en este caso, del
Partido Popular. Ya sabíamos que Convergència i Unió compartía la
política fiscal que está aplicando el Partido Popular, pero ahora vemos
que también se identifica con su política de defensa, cosa que, desde
luego, desde Cataluña lamentamos.

Como diputada a la que toca hablar en último lugar, estoy muy contenta de
haber presentado un texto alternativo porque soy consciente de que hoy es
una jornada histórica. Estamos debatiendo la supresión del servicio
militar obligatorio y creemos que, conjuntamente con otros compañeros
--concretamente de Izquierda Unida-- que han manifestado otras
sensibilidades, otro modelo de ejército alternativo, representamos a una
parte --la que sea-- de la población y que también debe quedar constancia
en este debate de que hay una parte de los representantes populares que
no compartimos este modelo de ejército.

De cualquier manera, nos parece injusto, poco riguroso desde el punto de
vista teórico, que en la exposición de motivos de este informe no
aparezca para nada como causa ni origen del debate que hoy producimos el
hecho de la contestación que ha habido al servicio militar obligatorio
por parte de los movimientos de objeción de conciencia y de los
insumisos. Nos parece que es realmente injusto con un movimiento que ha
contribuido de forma yo diría que esencial a la modificación de esta ley
y a la modificación de nuestro modelo de ejército.

Nuestro texto alternativo se basa en que discrepamos del informe en
varias cuestiones, pero me centraré sobre todo en lo referente al
contingente, a los plazos, a la financiación y al proceso de
democratización que, a nuestro juicio, deberían seguir las Fuerzas
Armadas. Nos parece que el informe que presenta la ponencia, en
concordancia con la política que se está haciendo en nuestro país en
materia de defensa, se basa fundamentalmente en los conceptos de
seguridad militar. Nada se habla sobre seguridad humana ni seguridad
compartida, conceptos que nos hubiese gustado ver recogidos en el texto
del informe de la ponencia, ya que basan su acción en medios diplomáticos
y políticos más que en la seguridad militar.

Señorías, estamos debatiendo sobre la modificación del modelo de ejército
en una coyuntura, en un contexto internacional, en el que hemos superado
el concepto de guerra



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fría con la disolución del Pacto de Varsovia y la transformación de la
OTAN, y vemos que, en este momento, los conflictos que afectan a la
seguridad y a la convivencia internacional están centrados
fundamentalmente en los países pobres, donde se usa sobre todo armamento
convencional. Somos los países industrializados, por ejemplo con ocasión
de la guerra del Golfo, los que utilizamos la más alta tecnología para
atacar, pero en estas guerras que se producen en los países pobres
todavía usan armamento convencional.

Otra de las situaciones que caracterizan los conflictos actuales es que
la guerra se está produciendo ya no entre Estados, sino en el interior de
ellos, como podemos ver en conflictos que tienen lugar en el centro de
Europa y en otros países del área internacional. Son conflictos de
componente étnico y religioso y son conflictos armados que
fundamentalmente afectan a la población civil y, dentro de la población
civil, a las mujeres y a los niños.

Señorías, a mí me hubiese gustado encontrarme, en un momento en que se
están abriendo paso en los ámbitos académicos y técnicos en materia de
defensa unas propuestas que antes parecieron utópicas (las que provenían
de los movimientos pacifistas de los años ochenta, como es todo aquello
relativo a la defensa no provocativa, a la defensa no ofensiva, a la
defensa civil y a la reducción pactada de arsenales), con un informe de
la ponencia que contuviese los conceptos de seguridad basada en la
seguridad humana. Esta no se podrá producir si no atendemos a aquello en
que se apoya, como es promover el bienestar económico, social, humano,
sanitario y educativo de los pueblos, que se preserve la identidad
cultural, que se promuevan desarrollos sostenibles y que se respeten las
libertades y derechos humanos. Si nuestra acción principal no se basa en
esta seguridad humana y compartida, ya nos podemos poner como nos
pongamos, que toda la seguridad militar que queramos tener no servirá
para acabar con los conflictos que se están produciendo en el mundo en
este momento.

Saben ustedes que nuestra apuesta desde Iniciativa per Catalunya-Els
Verds y Nueva Izquierda es claramente europeísta. Queremos una política
exterior que sea propia de la Unión Europea, dentro de una OSCE, de un
contexto euroatlántico, basada en la diplomacia preventiva y cuyos
objetivos sean la consecución y el mantenimiento de la paz, la
participación en misiones de ayuda humanitaria y la interposición en los
conflictos, siempre que sea bajo el mandato del Consejo de Seguridad,
cosa que en algunos momentos no se ha producido y nosotros nos hemos
manifestado en contra.

Es en este contexto, señorías, en el que nos vemos obligados --porque
queremos y así lo hemos manifestado todas las fuerzas políticas-- a
cambiar un modelo mixto, que proviene del año 1991, que estaba haciendo
aguas, que ha sido fuertemente contestado por la juventud (quiero
recordarles que ha habido 585.000 objetores y 14.000 insumisos desde el
año 1985) y que ha producido todavía este año el reclutamiento forzoso de
194.333 jóvenes. Un modelo que todavía basa su opción política en
inversiones para la seguridad militar, sobre todo, y que, además, es poco
transparente. Aquí he oído hablar poco de este asunto; a mí me preocupa
la financiación, el porcentaje de PIB, pero me importa, sobre todo, que
sigue siendo un modelo muy poco transparente y que no es sólo lo que se
señala en los presupuestos para el Ministerio de Defensa, sino todo lo
que va a través de las actuaciones en industria armamentística militar,
con lo cual, en estos momentos, estamos situados en el dos por ciento del
PIB.

Por todo ello, señorías, el texto alternativo que hoy les presento recoge
un modelo de ejército profesional, reducido, defensivo, que esté
encaminado a actuaciones en misiones de paz y en fuerzas de
interposición; un modelo defensivo cuyas inversiones sean en eso, en
armamento defensivo, que tenga un alto nivel tecnológico para poder
participar en misiones humanitarias y de defensa.

Quiero decirles, señorías, que su modelo no es realista. Ustedes seguro
que estarán diciendo que, por lo que están proponiendo, Izquierda Unida,
Iniciativa per Catalunya y Nueva Izquierda no somos realistas. Yo quiero
decirles que somos tan realistas que estamos pidiendo, al parecer, lo
imposible por lo que veo en los consensos que se están produciendo en
esta Cámara. ¿Cómo quieren ustedes llegar a un contingente de 150.000 ó
170.000 con el poco entusiasmo que están suscitando las vacantes que se
están produciendo? ¿Cuando en todas las administraciones, cuando se
convoca por parte de administraciones públicas, hay una demanda que
multiplica por muchas cifras la cantidad de plazas que se ofrecen y, en
cambio, aquí no? Ustedes son los que no son realistas. Si queremos tener
un ejército profesional de un alto nivel tecnológico, con el contingente
formado, con unos sueldos adecuados y dignos --no caigamos en el peligro
de la marginalidad--, si queremos todo eso, señorías, tenemos que ir
hacia un modelo, hacia un contingente, que sea mucho más realista y que
nos sitúe, a nuestro entender, en unas cifras de 80.000 efectivos.

Por otra parte, en nuestra propuesta recogemos también lo que tendremos
ocasión de debatir el miércoles cuando discutamos el proyecto de ley de
régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Pensamos que tenemos que ir
hacia un proceso de democratización de las Fuerzas Armadas. Tenemos que
llegar a la jurisdicción única, acabar con la jurisdicción militar,
recoger y regular la libre sindicación y, desde luego, llegar a un
sistema más democrático de régimen disciplinario.

Nos parece que el gasto no puede ir más allá del uno por ciento del
producto interior bruto y que ese gasto tiene que ser transparente. Me
parece de un gran cinismo, y lo digo con toda amabilidad, que cuando
estamos hablando de políticas de reducción de déficit público, cuando
hemos hecho una Logse sin una ley de financiación, decimos que la
financiación será la que se requiera para atender a las necesidades de la
defensa. A mí me gustaría que la sensibilidad que están demostrando para
este proceso de modernización y profesionalización, la hubiesen tenido
también cuando estábamos hablando de reforma del sistema educativo y que
hubiesen planteado una ley de financiación del sistema educativo. Me
parece de un gran cinismo plantear esto solamente cuando estamos hablando
del Ministerio de Defensa y no para otras necesidades que seguro que la



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gente y la población las entiende como más vitales para su vida
cotidiana.

Por último, señorías, en cuanto a los plazos, pensamos que la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas tendría que estar concluida en
el año 2001 y esta propuesta está en consonancia con el contingente que
estamos proponiendo; si estamos hablando de un contingente de 80.000
efectivos, es cierto que podríamos llegar con mucha comodidad a cumplir
con esos plazos y acabar con la tensión social que se está provocando,
sobre todo en nuestros jóvenes.




El señor PRESIDENTE: Terminado el turno de intervenciones, vamos a abrir
otro con la finalidad exclusiva de aceptación de las enmiendas cuyo
contenido se ha ido precisando en las intervenciones de los distintos
portavoces.

Señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Voy a expresar la posición que
mantenemos respecto a las enmiendas planteadas por Coalición Canaria.

Sobre la supresión de la letra k) del punto 2.2 del texto, enmienda
número 2, si exclusivamente es desde en relación hasta exigir, no habría
inconveniente en votar la enmienda manteniendo el resto del texto hasta
el punto tercero.

Respecto a la enmienda número 10, nosotros hablábamos de compromisos en
general porque el apartado se refiere a otro tipo de compromisos. Tampoco
tenemos inconveniente en que se mantenga la expresión compromisos de
duración, como dice la enmienda número 10, referidos al de corto y larga
duración, porque es lo que refleja el texto.

En cuanto a la enmienda número 11, señor Mardones, estaríamos conformes
con que llegáramos, en el punto 3.2, hasta el final del apartado c), en
el que se dice «por ello constituye un objetivo fundamental la
determinación de un sistema de retribuciones dignas, acordes con las
exigencias de la función militar», y nada más, suprimiendo homologables o
adaptadas al mercado, etcétera. Es decir, exigencias de la función
militar.

Respecto a la enmienda número 8, hemos presentado una enmienda
alternativa con el número 37, y en cuanto a la enmienda número 6, a la
que hacía referencia el señor Mardones, el Grupo Parlamentario Popular
está de acuerdo con la enmienda in voce presentada por Convergència i
Unió, ratificada por el PNV y por el propio Grupo de Coalición Canaria,
que diría, al final del segundo párrafo: en función de la evolución del
proceso de modernización de los ejércitos y de racionalización de sus
estructuras orgánicas, el Gobierno irá efectuando en períodos
quinquenales los correspondientes ajustes de efectivos y --lo que también
hace referencia a lo planteado por el Partido Nacionalista Vasco-- la Ley
de plantillas será remitida por el Gobierno a las Cortes Generales para
su aprobación. Es tal como decía el senador Caballero.

Esto en cuanto a las enmiendas planteadas por Coalición Canaria. Las
restantes enmiendas ya han sido debatidas y nuestra posición ha sido
fijada sobre ellas.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, simplemente
quiero decir que aceptamos las modificaciones puntuales que se han
realizado. De las once enmiendas que se han presentado, tan sólo cuatro,
que hacen referencia al número de efectivos, al período o la
financiación, no se han aceptado. Incluso han sido aceptadas todas las
enmiendas planteadas en una de las reuniones al inicio de la ponencia.

Creemos que es un balance lo suficientemente amplio como para entender
que, poco a poco, se va consiguiendo el más amplio consenso, que es el
que se reitera permanentemente por parte de todos los grupos para
conseguir estabilidad para las Fuerzas Armadas del siglo XXI.

Señor presidente, ésta es nuestra postura.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marsal.




El señor MARSAL MUNTALË: Señor presidente, únicamente para decir que las
enmiendas que mantenemos para votación, que no son aceptadas por el Grupo
Popular, aunque cuantitativamente sólo son cuatro, son precisamente las
cuatro esenciales de diferenciación en la sostenibilidad del modelo. Por
tanto, se ha producido un acercamiento en otra serie de temas, pero las
que se refieren a los elementos fundamentales que diferencian el modelo
que se presenta y el que defendemos siguen vivas. Por tanto, debemos
seguir manteniéndolas.




El señor PRESIDENTE: ¿Quiere esto decir que las otras las aceptan con las
transaccionales que han sido propuestas por el Grupo Popular?



El señor MARSAL MUNTALË: Evidentemente. Tal como hemos señalado en
nuestra intervención, las aceptamos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muy brevemente, para responder a la demanda
que me ha hecho el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Efectivamente, nuestra enmienda a la letra k) era a ese párrafo de la
letra. Se trata del párrafo que empieza diciendo «en relación con el
apartado anterior» y que termina, como bien ha señalado el señor
Fernández de Mesa, «respetar y derecho a exigir». Ahí termina nuestra
enmienda y el párrafo en cuestión.

Respecto a las demás cuestiones, señor presidente, retiramos nuestra
enmienda 13 sobre la objeción de conciencia, porque no ha lugar, y las
otras con las observaciones que se habían hecho y que, a lo largo de mi
intervención, he señalado, incluido el compromiso de duración, que está
recogido en nuestra enmienda, y quedaría en sus propios términos, como ha
señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.




El señor PRESIDENTE: Señor Caballero.




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El señor CABALLERO LASQUIBAR: Para referirme muy brevemente a la
transaccional que se me ha propuesto al apartado 3.2 e insistir en que
para nosotros es esencial que el cese de las funciones, que hasta la
fecha están realizando los ayuntamientos en el reclutamiento, lo sea a
partir de la aprobación del dictamen de profesionalización. Como no
queremos perjudicar este procedimiento de reclutamiento, en relación con
la transaccional que dice que el Gobierno incluirá en el programa
legislativo, aceptaríamos que la fecha lo fuera a partir del 1 de enero
de 1999 y no el 1 de septiembre del mismo año.




El señor PRESIDENTE: ¿Tiene que hacer alguna precisión, señor Fernández
de Mesa, respecto de la oferta que acaba de hacer el Grupo Vasco?



El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Siendo una cuestión que
obedece estrictamente a las planificaciones del Gobierno en este sentido,
no tengo criterio en este momento para decir si sería posible o no
hacerlo a partir del día primero de enero del año 1999. Podemos hacer dos
cosas: bien que quede encima de la mesa, por supuesto votándolo, o
simplemente decir que el Gobierno incluirá en el programa legislativo
para la implantación del nuevo modelo la supresión de dichas tareas, sin
poner ninguna fecha y pendiente de que el Gobierno valore la propuesta
realizada por el Partido Nacionalista Vasco. Es lo máximo que puedo
ofrecerle en este momento.




El señor PRESIDENTE: Señor Caballero.




El señor CABALLERO LASQUIBAR: Lo dejaremos para seguir discutiéndolo
durante esta semana.




El señor PRESIDENTE: Señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Una aclaración para las votaciones, señor
presidente. Doy por retirada no solamente la enmienda número 13 sino
también la número 8, porque me ha aclarado el señor Fernández de Mesa que
estaba recogida en el texto del Grupo Popular. Por tanto, para que se
pueda votar la del Grupo Popular, retiro la número 8, dirigida a la letra
j) del punto 2.2, y retiro también la número 6, para que se pueda votar
la transaccional de acuerdo con lo que había expresado el portavoz del
Grupo Catalán y el texto que ha ofertado el señor Fernández de Mesa.




El señor PRESIDENTE: Señorías, habíamos fijado como momento para las
votaciones las siete y cuarto. Faltan escasamente cinco minutos, pero
vamos a suspender la sesión durante ese tiempo. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas y votos
particulares, pero antes rogaría a los portavoces de los grupos que
hicieran llegar a la Mesa las sustituciones habidas respecto a los
miembros originales de la Comisión. (Pausa.)
Señorías, las Comisiones mixtas tienen una regulación especial; para
información de los señores comisionados en esta Comisión, el Grupo
Popular tiene 18 miembros, el Grupo Socialista 15, Izquierda Unida tres,
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tres, el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria uno, el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) uno y el Grupo Parlamentario Mixto uno. En total, son 42 los
miembros de esta Comisión Mixta.

En primer lugar, vamos a proceder a votar las enmiendas con texto
alternativo. Como saben SS. SS., hay dos: la número 28, presentada por
Izquierda Unida, y la número 35, del Grupo Parlamentario Mixto, señora
Rivadulla.

Votación de la enmienda número 28, de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 34.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de la enmienda 35, con texto alternativo, de la señora
Rivadulla.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 34.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de las enmiendas parciales por grupos. En primer lugar, vamos a
votar las enmiendas números 37, 38 y 39, del Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en
contra, 11.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, enmienda número 14, en
su texto original; enmienda 17, con las modificaciones sugeridas por el
Grupo Parlamentario Popular; enmienda 18, también con las modificaciones
producidas; enmienda 19, con el texto de la transaccional; enmiendas 20,
21 y 22, también con el texto transaccional. (El señor Meyer Pleite pide
la palabra.)
Señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, solicito votación separada de
las enmiendas 21 y 22, en un bloque.




El señor PRESIDENTE: Muy bien.

En primer lugar, votación de las enmiendas 21 y 22, del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Pasamos a votar las que he relacionado anteriormente: 14, 17, 18, 19 y
20.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, dos.




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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

A continuación, pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 y 12, algunas de
ellas con las modificaciones sugeridas y aceptadas por dicho grupo, en
concreto las enmiendas 4, 5, 7, 9 y 11.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

A continuación votamos por separado la enmienda número 6, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, a petición del Grupo Socialista, pero
debo advertir a dicho grupo que hay una transaccional que responde a la
número 6 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la 36
del mismo grupo, a la 6 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y a
la 25 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (El señor Mardones Sevilla
pide la palabra.)
Señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, para que se pueda votar la
transaccional yo tengo que retirar la número 6, y ya había anunciado que
dicha enmienda estaba recogida en la transaccional que había ofertado el
Grupo Parlamentario Popular sobre la enmienda in voce que había
presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la transaccional de acuerdo con el
texto último que se ha presentado in voce, que añadía a la primera
sugerencia del Grupo Parlamentario Popular la frase que ha leído el señor
Fernández de Mesa, que dice: La Ley de Plantillas será remitida por el
Gobierno a las Cortes para su aprobación. Este es el texto que creo que
tienen todos los grupos parlamentarios.

Por lo tanto, votamos esa enmienda que, al mismo tiempo, responde a otras
enmiendas de otros grupos parlamentarios. (El señor Mardones Sevilla pide
la palabra.)
Señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Sólo una observación, señor presidente, y es
que los servicios de la Cámara recojan que el Gobierno no remite leyes
sino proyectos de ley.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Tomamos nota de ello.

Votamos, pues, esa redacción transaccional.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a continuación a votar las enmiendas del Grupo Socialista números
15, 16, 23 y 24. (El señor Meyer Pleite pide la palabra.)
Señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Solicito votación separada de las números 23 y 24.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Votamos las enmiendas 15 y 16.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 23; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos ahora las enmiendas 23 y 24, del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 23; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos seguidamente las enmiendas números 29 a 34, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 34.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar la enmienda número 26. (El señor Fernández de Mesa Díaz
del Río pide la palabra.)
Señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: El Grupo Parlamentario Popular
había presentado enmiendas transaccionales a las enmiendas números 25 y
27, del Grupo Parlamentario Vasco.




El señor PRESIDENTE: La número 25 está votada como transaccional y la
hemos aprobado.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: En cuanto a la 26 también había
una enmienda transaccional a la que se ha hecho referencia, y no sé cuál
es la posición del Grupo Parlamentario Vasco, porque había quedado
recogido en el texto lo referente al tiempo máximo de duración del
período transitorio y se había acordado reducirlo lo más posible por
parte del Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Señor Caballero.




El señor CABALLERO LASQUIBAR: En la enmienda a la que se refiere lo
esencial era la intervención parlamentaria en la posible decisión de la
reducción o el mantenimiento de esa fecha.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: O al control de las plantillas,
que está incluido en la enmienda 25. Por tanto, ¿la enmienda
transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la número 26 es asumida
por el Grupo Vasco? (Asentimiento.)



El señor PRESIDENTE: En la Mesa no tenemos constancia de esa
transaccional. Tenemos una enmienda transaccional a la 25 y otra a la 27,
pero respecto a la 26 no tenemos constancia de ese texto.




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Si no hemos tomado mal nota en la Mesa, el señor Fernández de Mesa decía
en su intervención que esta enmienda era reiterativa porque estaba ya
incluida en el informe, pero no había un texto alternativo.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor presidente, lo que
habíamos dicho era que, respecto a la enmienda presentada por el Grupo
Vasco, lo que se había hecho era recoger en diferentes apartados del
texto de la ponencia lo que la misma proponía, apartados del texto de la
ponencia lo que la misma proponía, pero no sabemos si esto se había
aceptado.




El señor CABALLERO LASQUIBAR: En ese sentido, la retiro.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

En consecuencia, sometemos a votación la enmienda número 27.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 31; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Marsal Muntalá pide la
palabra.)
Señor Marsal



El señor MARSAL MUNTALË: Señor presidente, respecto a la votación de las
enmiendas socialistas números 23 y 24 se han recontado 11 votos a favor,
23 en contra y dos abstenciones. Creemos que son 12 votos a favor, que se
puede comprobar haciendo la suma total.




El señor PRESIDENTE: No cambia el resultado, pero se acepta la sugerencia
y figurará así.

Deberíamos votar ahora el resto del informe no afectado por las enmiendas
presentadas. (El señor Moya Milanés pide la palabra.)
Señor Moya.




El señor MOYA MILANES: Mi grupo entiende que es el informe en bloque el
que debe votarse. El resto es difícil de saber, porque está prácticamente
todo afectado por enmiendas.




El señor PRESIDENTE: ¿El informe globalmente considerado?



El señor MOYA MILANES: El informe globalmente considerado resultante de
las enmiendas que han sido aceptadas y de las que han sido rechazadas.




El señor PRESIDENTE: Si los grupos lo estiman oportuno lo hacemos así.

(Asentimiento.)
Votamos el informe tal y como quedaría después de haber incluido las
enmiendas aprobadas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 14; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, antes de levantar la sesión les recuerdo que, de acuerdo con el
Reglamento, tienen 48 horas para presentar el escrito de mantenimiento de
enmiendas para su debate en Pleno. Muchas gracias a todos.

Se levanta la sesión.




Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.




CORRECCION DE ERROR.--En el «Diario de Sesiones» número 67,
correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión Mixta el día 30
de septiembre de 1997, figura por error como número de la sesión el 4,
cuando en realidad se trataba de la sesión número 3.