DIARIO DE SESIONES DE LAS



CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1998 VI Legislatura Núm. 102



DE LOS DERECHOS DE LA MUJER



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARIA ISABEL SAN BALDOMERO OCHOA



Sesión núm. 17



celebrada el martes, 28 de abril de 1998,
en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia de la señora secretaria general de Asuntos Sociales (Gómez
Gómez), para informar sobre el Plan de acción contra la violencia
doméstica aprobado por el Gobierno. A petición del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida (Número de expediente Congreso 212/001335 y
número de expediente Senado 713/000555).




Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.




La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.

Ruego a las señoras portavoces, que tendrán el acta de la sesión
anterior, que indiquen a esta Presidencia si puede ser aprobada.

(Asentimiento.)
Queda aprobada.

Muchas gracias, señorías.

El orden del día de hoy es la comparecencia de la secretaria general de
Asuntos Sociales, doña Amalia Gómez, para informar sobre el Plan de
acción contra la violencia doméstica, aprobado por el Gobierno. Esta
comparecencia ha sido solicitada por el Grupo de Izquierda Unida, que
entendemos que ha sido oportuna, así como la rapidez con la que ha
contestado el Gobierno, porque estamos en un momento en que se deben
emprender acciones para todas las mujeres que sufren los malos tratos y
la violencia doméstica,

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cuestión que es muy importante para todas las mujeres de este país.

Señora secretaria general, una vez más le damos la bienvenida a esta
Comisión que sabe que especialmente es su Comisión, la Comisión en la que
todas las mujeres intentamos avanzar en la igualdad y en la que todas
juntas estamos trabajando para que las mujeres de este país consigan las
cuotas, dentro de la sociedad y dentro de la legalidad, que todas
deseamos.

Su señoría tiene la palabra.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Con la
venia, señora presidenta.

Señoras y señores, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales era la
persona que quería y que iba a comparecer hoy. Sin embargo, está
realizando un viaje oficial a Suecia en el que abordará a lo largo de su
estancia, no sólo temas de trabajo sino precisamente también temas de
mujer, de políticas de igualdad y, por tanto, para mí es un honor venir
aquí hoy en sustitución del ministro para informar de lo que ha sido la
génesis, el trabajo, la elaboración y la decisión política final de este
Plan de acción para la erradicación de los malos tratos.

Sus señorías saben que los malos tratos, como un problema de la sociedad,
se detectan en una fecha muy tardía; se detectan a nivel de conciencia
institucional porque sí existían en los datos aislados que se ubicaban
--fundamentalmente en España-- en las comisarías de policía, en las
comandancias de la Guardia Civil e incluso en las sentencias judiciales
que, como ustedes saben, hasta ahora no eran objeto de publicación
específica en la memoria del fiscal general.

Naciones Unidas, en el año 1975, habla por primera vez de la violencia
doméstica, es decir, en la convivencia en pareja del hombre y la mujer. Y
sólo es cinco años más tarde, en el año 1980, cuando se llega a hablar
incluso de crimen contra la sociedad. Por tanto, repito, la conciencia
institucional de este delito, de esta felonía, es tardía.

Es verdad que es en la década de los noventa --y ése es un logro
importante-- cuando se toma conciencia de que la violencia doméstica es
un ataque no sólo contra la sociedad, sino contra lo que podríamos llamar
los derechos humanos en su sentido más amplio y universal.

Ya en la Conferencia de Beijing, en el apartado 4, sector d), los números
113 al 130 abordan la violencia doméstica. Pero antes de Beijing hay
algunas conferencias que quiero recordar, donde se habla y explicita la
necesidad de actuar en este sentido, aunque no tengamos en Europa un plan
europeo para la erradicación, sino recomendaciones.

La Conferencia de Naciones Unidas de 1993, incluso el encuentro
interamericano, habla de la necesidad de sensibilizar a la sociedad,
porque también hay que reconocer que hasta hace poco tiempo existía ese
respeto, en algunos casos torpe o posiblemente por falta de conciencia, a
que cualquier agravio o agresión que se producía en el ámbito de lo
privado, era privado y nada más. Y también hay que reconocer que hasta
hace relativamente poco tiempo --y aún existen casos aislados y si no lo
dijera estaría mintiendo-- cuando una mujer iba a presentar una denuncia
de malos tratos se encontraba con personas que le decían: Hazlo por tus
hijos, aguanta. Por tanto, tenemos que trabajar en muchos frentes.

Esa conciencia de necesidad de actuación estaba en la sociedad española,
en todas las comunidades autónomas y en todos los grupos políticos. Y eso
dio lugar --lo voy a relatar con mucho detalle-- a que en la conferencia
sectorial de políticas de igualdad de la mujer, que se celebró el 16 de
septiembre, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales propusiera --lo
cual se acordó por unanimidad-- celebrar un pleno de conferencia
específico para hablar sobre malos tratos. Esto fue en septiembre; las
comunidades autónomas venían trabajando sin la existencia de un plan,
pero sí con medidas, unas del área propia del organismo de igualdad y
otras articuladas en otras dependencias de lo que es la Administración
autonómica. Pero todos partíamos de no tener un diagnóstico completo y
articulado. El 26 de diciembre tuvo lugar una conferencia sectorial, en
Madrid, con el tema monográfico de los malos tratos.

En la comparecencia del ministro el día 18 de febrero --y quiero leerlo
textualmente--, habla de lo que ha sido esa comisión especial, esa
conferencia sectorial, y que allí se acuerda hacer un plan que sirva de
plataforma a nivel del Estado para la erradicación de los malos tratos.

¿Qué se pretende? Conseguir el consenso en un ámbito de actuación que lo
que requiere es sumar esfuerzos, concentrar recursos, pero siempre desde
el respeto a las competencias de las comunidades autónomas.

En la conferencia sectorial se crea una comisión de trabajo en la que
estuvieron presentes: Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña,
Madrid, Murcia y el País Vasco. Esa comisión fue la encargada de recoger
propuestas de las propias comunidades autónomas. Por otra parte, se crea
una Comisión interministerial en la que estaban presentes el Ministerio
de Educación y Cultura, el Ministerio de Interior, el Ministerio de
Justicia, el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

Quiero felicitar a esta Comisión para que se traslade a todas las mujeres
presentes en la Cámara, por la magnífica, solidaria y oportuna, que en
política también es muy importante la oportunidad, reacción de las
diputadas y senadoras a raíz del último suceso que en aquel momento fue
la muerte trágica de una mujer en Granada.

Entre los días 16 y 19 de diciembre se constituye el grupo de trabajo y
se elabora un primer borrador, que tengo que decir que apenas sufre
modificaciones, salvo --y las voy a matizar muy bien-- que se desestima
una propuesta de mediación, porque esa propuesta de mediación, que la
hacen dos comunidades autónomas, puede dar la impresión de dejar a la
mujer en una situación de dependencia y, por otra parte, se decide quitar
del plan unas actuaciones relacionadas con lo que podían ser abusos
sexuales. Eso se hace a petición también de dos comunidades autónomas que
entienden que, estando ese proceso abierto en el ámbito legislativo de
esta Cámara, era mejor no incluirlas hasta que se cerrara el debate, se
llegara a una conclusión y fuera plasmado en ley. El contenido --repito--
es el propuesto por las comunidades autónomas y, por otra



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parte, se recogen en el plan las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Indudablemente ha sido un trabajo laborioso y a ustedes no se les oculta
que, aunque partíamos del consenso y del compromiso, partíamos de
comunidades autónomas que tenían unas necesidades y unas urgencias que no
eran iguales para todas.

Esto nos lleva a que una semana antes de celebrarse la conferencia
sectorial donde se presenta el plan, tomemos una decisión política que yo
creo que era interesante y que ha sido oportuna a pesar de las críticas
recibidas. Y esas decisiones se incluyen en el plan sólo los que son
competencia de la Administración del Estado, por las razones que paso a
explicar.

En primer lugar, la sociedad demandaba una solución rápida; la sociedad
estaba en una situación de alerta y de alguna manera de angustia, y muy
especialmente el colectivo, tan oculto pero tan evidente, de mujeres
maltratadas. Las comunidades autónomas no estaban todas en la misma
situación en lo que se refiere a la elaboración de planes: alguna lo
había presentado y otra acaba de presentarlo. Además, las políticas de
igualdad no estaban ubicadas en todas las comunidades autónomas en los
mismos ámbitos de gestión y, por otra parte, la mayoría de las
comunidades autónomas no habían cerrado lo que era su memoria de
financiación.

En este sentido, había dos opciones: esperar o tomar una decisión que, a
pesar de las críticas, podría conseguir tranquilizar a la sociedad y dar
respuesta, desde el Gobierno, a una demanda que estaba en la calle. Y por
ello optamos por incluir en el plan sólo las medidas que el Gobierno se
compromete a realizar, con una memoria presupuestaria que puede ser
objeto de todas las preguntas escritas del mundo, porque se ha hecho un
estudio de costos en los tres años, de lo que se va a invertir y a qué
medidas se va a aplicar.

Por otra parte, se dejaba abierta una puerta que las comunidades
autónomas aceptaron, que consistía en una memoria en la que se fueran
incorporando los planes que se elaboran en las comunidades autónomas.

¿Por qué? Porque indudablemente a sus señorías no se les oculta que,
salvo los temas --no en todas, pero en la mayoría-- de fuerzas de
seguridad del Estado, de justicia, de territorio MEC, por lo que se
refiere a educación, y de territorio Insalud, por lo que se refiere a
salud, la mayoría de las comunidades autónomas, sobre todo las del 151,
tienen transferida incluso justicia.

Por lo tanto, no era conveniente retrasar el plan o esperar a que cada
comunidad tuviera su plan elaborado, cuando ya podían estar en
funcionamiento, a partir de su aprobación, algunas medidas que iban a
redundar en beneficio de las mujeres maltratadas. En la última
conferencia sectorial, que se celebró el pasado 20 de abril, tengo que
decir que hubo la protesta en aquel momento de Andalucía que dijo
textualmente --y así consta en el acta-- respaldar el plan en un 80 por
ciento; su protesta era porque, según la Comunidad Autónoma Andaluza, se
perdía la oportunidad de hacer un plan en el que se incorporaran los
planes de las demás comunidades autónomas.

Castilla-La Mancha en aquel momento no opinó, pero en los medios de
comunicación ha dicho que tampoco se ha tenido en cuenta la incorporación
de un plan que, a lo largo de las reuniones, nunca se dijo que estuviera
hecho. Pero, señorías, a veces en política es necesario arrostrar el
coste que ello suponga si se sabe que se está cumpliendo con una
obligación importante, ya porque no son dos comunidades autónomas sino
que son diecinueve, con las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla, las
que tienen que tener un plan. Esa es la explicación de que el plan tenga
el mismo contenido y solamente se haya modificado lo que es la
articulación y el procedimiento de aplicación. Se empezará a aplicar tan
pronto pase por Consejo de Ministros --que esperamos que sea
próximamente-- y de ninguna manera retrasa ni entorpece los planes que,
en su día, cuando se elaboren, se tendrán que incorporar a lo que el
ministro textualmente dijo que era una plataforma para incardinar el
trabajo de las demás comunidades autónomas.

Tengo que decir también, señorías, que, con respecto a las políticas
asistenciales --que es el tema común, porque lo relativo a fuerzas de
seguridad del Estado, Poder Judicial y Poder Legislativo, repito, es
competencia del Estado, salvo en el caso de las comunidades autónomas que
lo tienen transferido--, hay muchas coincidencias, salvo en el caso de un
fiscal especial, como después explicaré.

Creo que es un plan que responde a dos cuestiones: en primer lugar,
estamos ante un problema de Estado, no es un problema de partido ni de
Gobierno; y, en segundo lugar, creo que hemos colaborado --y puede ser
mejorado incluso en sede parlamentaria-- a responder a esa angustia y a
esa demanda social que había de actuaciones.

No olvidemos, señorías, que ya desde el año 1987, culminando en 1989, una
Comisión de derechos humanos de esta casa había creado una ponencia de
investigación de malos tratos a mujeres, y emitió un informe magnífico
que ha servido para recoger sugerencias a la hora de elaborar este plan.

Es verdad que en el año 1987, el fiscal general del Estado de aquel
momento instaba en una circular a la persecución de los malos tratos a
mujeres y niños. Es decir, han pasado muchos años desde 1989 y hacía
falta hacer un primer plan, porque algo para ser mejorado tiene que
existir y algo para ser evaluado tiene que ponerse en marcha. Por tanto,
anticipando el agradecimiento a las críticas, hay algo que sus señorías
tendrán que reconocer: hemos tenido el sentido de responsabilidad para
elaborar un texto que dé respuesta y tranquilidad a una sociedad que se
encuentra preocupada.

Respecto al contenido del plan, tengo que decir que son cincuenta y cinco
actuaciones en seis áreas, que unas siguen siendo más necesarias y
urgentes que otras, pero ninguna sobra.

La primera área, que es el área de sensibilización y prevención, sigue
siendo importante porque no olvidemos que estamos en una sociedad donde
aún hay una masculinización muy importante de roles, y estamos en una
sociedad en donde no solamente sufre la mujer que es maltratada, sino
también los hijos y las hijas que están en ese entorno, que a lo mejor no
sufren malos tratos, pero que indudablemente



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reciben unas lecciones de conducta y comportamiento que son generadoras
de violencia de cara al futuro.

Por tanto, en el texto hemos querido recoger en cada área no sólo las
actuaciones, sino también el organismo responsable de aplicarlas y
llevarlas a cabo. Lo hemos hecho de esa manera para que en esa Comisión
interministerial, que se sigue reuniendo y trabajando, podamos ver cuál
es el grado de cumplimiento y de realización de los compromisos
adquiridos. Por eso, repito, en la edición del plan, que está próxima,
verán ustedes que al margen de cada medida viene el organismo del
Gobierno que se compromete a llevarla a cabo.

Las medidas de sensibilización, sobre todo, trabajan en tres ámbitos:
sensibilizar a través de los centros escolares, a los profesionales que
tienen que atender a mujeres maltratadas, que son, sobre todo, fuerzas de
seguridad, jueces, fiscales, pero también trabajadores sociales y
psicólogos. A nadie se le oculta que el plan concertado, a partir de la
flexibilización de 1994, con sus pisos de acogida y sus servicios de
base, es el primer paso en el itinerario de la mujer que en cualquier
sitio se siente maltratada.

Tengo que decirles que desde diciembre, que hubo unas jornadas
organizadas por el Instituto de la Mujer junto con el Consejo General del
Poder Judicial, ya se han celebrado sesiones de formación y
sensibilización a fiscales y a jueces y se van a seguir haciendo a lo
largo de 1998, como se explica en la memoria.

También una acción que no es testimonial, sino que es interesante es la
de declarar el 25 de noviembre como día para combatir la violencia contra
las mujeres, instando, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, a
Naciones Unidas. Pero queremos algo más, queremos aprovechar el Consejo
de Ministros de la Unión Europea del próximo mes de mayo, en Belfast,
para que España proponga a la Unión Europea que haga lo mismo, es decir,
un marco o plan para la erradicación de la violencia en relación con los
malos tratos. No se trata de que Europa haga el marco asistencial, pero
sí interesa que Europa inste a ese marco legislativo que nos hace falta a
todos los países, teniendo en cuenta las peculiaridades del maltrato en
cuanto a la forma en que se produce.

En cuanto a las campañas de sensibilización, tengo que comunicarles que a
finales de mes va a haber una campaña de ámbito estatal que fue
presentada en la última conferencia sectorial. Había dos maquetas. La
primera, en algunos casos suscitó serias dudas, porque era muy cruda en
lo que respecta a la visualización y, a propuesta de algunas comunidades
autónomas, se consultó con los colegios de sociólogos, de psicólogos y de
expertos y se decidió optar por la segunda, que tiene como final del
itinerario no sólo la denuncia y sensibilización, sino también la salida
de la esperanza. Saldrá en televisión, en radio, en prensa y,
posiblemente, pueda estar a finales de abril, cumpliendo el calendario al
que se comprometió el Ministro en la conferencia sectorial; el 30 de
abril estará.

La segunda área es educación y formación. Hay que reconocer que se ha
hecho un trabajo muy importante desde la recuperación de la democracia en
lo que es la formación, la educación en valores, pero también la
educación en igualdad. Y eso hay que decirlo porque ha llegado a todos
los niveles del sistema educativo.

Sin embargo, como el instrumento de formación es el profesorado, tenemos
que seguir insistiendo, adaptando a todos los niveles lo que deben ser
estas políticas de igualdad, estas políticas de género, pero al mismo
tiempo introduciendo el vector de violencia, porque en los centros
escolares también se percibe, en los niños y niñas que viven en estos
ambientes, dificultades a la hora de la educación, pero también
dificultades para la convivencia. Por tanto, tenemos que seguir
trabajando y, en este sentido, habida cuenta de que educación está en su
mayor parte transferida, ahí residía una de las dificultades.

Era muy difícil tratar de evitar el solapamiento o la reiteración y, por
ello, se van a crear grupos de cooperación entre las comunidades
autónomas y la Administración del Estado para que en aquelos sitios donde
la educación esté transferida, como saben ustedes que hay fondos para
formación del profesorado a nivel del Estado, se pueda llegar a acuerdos
de manera que se homologuen las campañas y los trabajos, y no haya ni
reiteración ni solapamiento. Por tanto, la fórmula de aplicación del plan
en lo que respecta a las comunidades autónomas será el convenio de
cooperación, que, por otra parte, salva algo que yo comparto y es ese
celo por preservar la identidad y la competencia autonómica.

Yo destacaría de esta área de educación y formación, sobre todo la
creación de una red de trabajo preventivo para la detección y atención de
los casos de violencia contra las mujeres. Esto es muy interesante porque
muchas veces se puede detectar una situación de malos tratos a partir de
la información e incluso del comportamiento de los niños. Esto va a
significar una ósmosis de experiencias y también de actuaciones que puede
enriquecer, sobre todo a los municipios, que son sujetos importantes de
este proyecto de ley, y que es donde menos mecanismos, menos instrumentos
y --cómo no-- menos recursos hay para abordar este problema.

Hay que incrementar el número de módulos formativos dirigidos a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero, en este plan, como no
podíamos incluirlo por no ser competencia del Estado, se establece la
posibilidad de convenios de cooperación para que en las comunidades
autónomas se impartan módulos de formación a la Policía local, que es la
más cercana y la que primero llega a atender las necesidades de las
mujeres víctimas.

Respecto a los recursos sociales, y en concreto en relación a los pisos
de acogida, tenemos que abordar tres cosas. En primer lugar, que el único
recurso social no sea el piso de acogida, sino que podamos tener centros
de día o alquileres de pisos en el medio rural, porque es más fácil y
posibilitamos a la mujer la cobertura de esa necesidad que ella pide. Yo
sé que hay algunas personas que piensan que es cruel sacar de la casa a
la mujer y dejar al agresor. Tengo que decir que esa misma cuestión la
hemos trasladado a los órganos competentes de justicia y, en ese sentido,
no renunciamos a estudiar la posibilidad de que sea el agresor el que
abandone la casa. Si la casa es un bien ganancial, ahí podríamos tener
menos problemas. Si la casa fuera heredada



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o comprada por el agresor y fuera propiedad suya privada, eso tendría más
complicaciones, pero, repito, no renunciamos a seguir estudiando y
analizando esa posibilidad. Aunque en tantos años de democracia no se
había abordado, por lo menos nosotros ponemos el problema sobre la mesa y
pensamos que habrá que ir abordándolo.

También tenemos que reconocer el esfuerzo o, por lo menos, la buena
respuesta del Ministerio de Interior, porque tengo que decir que oficinas
de asistencia a las víctimas de violencia, en lo que son comisarías de
policía, en 1998, se van a crear --algunas están ya prácticamente
creadas-- en Cádiz, Tenerife, Valladolid, Vigo, Córdoba, Almería,
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Murcia. Y, por otra parte,
se han creado equipos para la atención de la mujer y el niño, en la 55.ª
Comandancia de la Guardia Civil, pero se va a incrementar el personal.

Ademas, creemos que los pisos de acogida --y esto fue un acuerdo de todas
las comunidades autónomas-- no deben ser sólo lugares de residencia donde
la mujer acentúa su situación de dependencia o de desánimo, sino que
queremos que se estudien programas para que en estos centros puedan
colaborar y trabajar habitualmente abogados, trabajadores sociales,
psicólogas y psiquiatras; psicólogas y psicólogos porque tampoco voy a
caer yo en la discriminación de los hombres, que algunos ya empiezan a
colaborar. Repito, psicólogas, psicólogos y psiquiatras, porque es muy
importante. Además, estamos viendo en algunos estudios puntuales que
estamos haciendo que, como ustedes conocen, existe un problema grave de
dependencia y de falta de autonomía, aparte de una ausencia larga de
actividad laboral, y que las mujeres no sólo necesitan que alguien les
anime y les haga recobrar el entusiasmo y la confianza en sí mismas, sino
también alguien que les asesore y que les pueda inducir al mejor camino
para defender sus derechos. Dentro del área de recursos sociales también
se va a implantar el servicio telefónico de emergencia 24 horas, que
sirva de medio de información y canalización para atender a las mujeres
víctimas. Ustedes saben que se están introduciendo los teléfonos 112; en
la Comunidad de Madrid ya existen. Eso es interesante porque el 112, al
final, tiene que derivar hacia los recursos. En este momento, las
comunidades autónomas y el Gobierno del Estado estamos intentando que,
por ejemplo, el teléfono que tiene el Instituto de la Mujer, que es el
919 10 10, esté en la memoria del 112, de manera que si llaman para una
cuestión muy específica, se pueda derivar en la misma llamada, sin que
haya una segunda llamada. Es decir, queremos potenciar los teléfonos que
tienen las comunidades e incluso hay alguna comunidad que al no tener su
teléfono 24 horas, como el teléfono del Instituto de la Mujer sí lo
tiene, a partir de una determinada hora de la tarde, ya la llamada se
deriva, sin otra llamada añadida, al teléfono de asistencia permanente.

También este año se implantan oficinas de asistencia a víctimas de
violencia en órganos judiciales y fiscales. En 1998 se van a crear 12; en
1999, 23, y en el 2000, 53. Tenemos el compromiso de dotación
presupuestaria e, incluso, un diseño. Posiblemente en una semana ya
habremos dilucidado con la ministra de Justicia dónde se van a crear. Lo
que sí tenemos es el compromiso del número y de la dotación
presupuestaria, en la que va a colaborar a medias el Instituto de la
Mujer y el Ministerio de Justicia.

Se va a publicar una guía para todo el Estado, con los recursos que hay
ahora mismo disponibles. Esto es importante porque esta guía tiene que
estar no sólo en las comisarías de policía, en los centros básicos de
servicios sociales, en las comandancias de la Guardia Civil, en los
juzgados, sino también en los servicios de atención al cliente de
hospitales, y en poder de todas las organizaciones no gubernamentales,
porque ahí figuran los recursos que hay en todas y cada una de las
comunidades autónomas. Posiblemente se van a hacer con hojas que puedan
sustituirse, de manera que, una vez que las comunidades autónomas tengan
sus planes y haya más recursos, puedan cambiarse rápidamente sin
necesidad de hacer otra guía.

A mí me parece que es importante la coordinación de los servicios
sanitarios, sociales, policiales y judiciales, porque ése es un problema
con el que se encuentran muchas mujeres, con que el itinerario se les
corta en un lugar o en otro. Ya digo que, en muchos casos, la puesta en
marcha del plan es más un ejercicio de coordinación y de compromiso de
concentración de recursos que de innovaciones, que hacen falta, pero
previamente es necesaria la coordinación de lo que ya existe.

También hablamos de impulsar, porque saben ustedes que, aunque no es
competencia del Estado, a través del IRPF financia pisos de acogida, o
casas y pisos tutelados. Por eso, queremos entre todos que se elabore una
normativa que fije los criterios y requisitos que deben cumplir las casas
de acogida y los pisos tutelados, distinguiendo desde luego lo que son
casas de acogida con carácter de urgencia y los centros de recuperación
integral, porque las casas de acogida con carácter de urgencia, señorías,
siguen haciendo falta, aunque, repito, el modelo de casa de acogida pueda
verse superado por la problemática y también por la situación
individualizada de cada mujer maltratada.

Es verdad que entre las comunidades autónomas se está tratando de hacer
algo interesante y solidario, que es crear una especie de itinerario, de
manera que si una mujer en su provincia o en su comunidad autónoma no
tiene plaza, pueda ser derivada a otra. Creo que eso dice mucho de las
responsables de los organismos de igualdad de las comunidades autónomas
que, de esta manera, resuelven la situación de una mujer que no quiere
volver a su casa. También queremos --y en eso estamos-- que en el acceso
a viviendas sociales se incluyan en los baremos, como una cuestión
preferencial, la situación de una mujer que haya sufrido malos tratos y
que, por tanto, viva sola.

Creo que ha sido interesante que se considere por primera vez que la
formación ocupacional es algo prioritario para las mujeres maltratadas. Y
dirán: ¿Y por qué no para todas? Porque todo el mundo sabe que el
principal problema de la mujer maltratada, en el 90 por ciento de los
casos, es su falta de autonomía. En algunos casos, su ausencia larga del
mercado laboral. No sólo se trata de darle formación ocupacional, sino de
que esto la vincula y la liga a los órganos de mediación para el acceso
al empleo. Y, por otra parte, queremos que se haga un estudio sobre el
empleo



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--que lo haría el INEM-- de las mujeres que están en casas de acogida; no
de las que lo estarán, sino de las que ahora mismo lo están. Tengo que
decirles, señorías, que la directora del Instituto de la Mujer y yo hemos
visitado centros a lo largo de toda la geografía española y es muy
difícil que un porcentaje alto de las mujeres que están en estos pisos
pueda acceder en estos momentos a empleos que les permitan sobrevivir con
sus recursos. Por tanto, nosotros pensamos que es necesario hacer un
estudio sobre el empleo que, de alguna manera, nos dé un perfil de cuál
es la situación de estas mujeres. Por cierto, hay un dato que quiero que
sepan, y es que la mayoría de estas mujeres no se apuntan al paro, es
decir, muchas de ellas no han ido a las oficinas del INEM para darse de
alta como personas en paro o demandantes de empleo.

Este año se va a dar prioridad a los programas destinados no sólo a la
atención a mujeres maltratadas, sino también a la prevención, y hemos
querido que aparezcan de forma específica los de menores, es decir, para
los hijos o hijas de mujeres maltratadas, porque sufren una violencia
distinta, ya que, además de poder sufrir violencia física por parte de un
progenitor, son testigos de un comportamiento que puede crear en ellos
hábito.

Y también tengo que trasladarles, señorías, nuestra preocupación por la
situación de las mujeres inmigrantes maltratadas. En algunas comunidades
autónomas, las responsables de organismos de igualdad nos hablan de malos
tratos que las mujeres no quieren denunciar porque se encuentran en
situación de irregularidad y, por tanto, no saben qué es peor, si sufrir
los malos tratos o que sean expulsadas de España.

Llamo la atención a sus señorías sobre este problema porque empieza a
aflorar, porque empiezan a recurrir centros básicos de servicios sociales
y a organizaciones no gubernamentales. No sabemos la magnitud, pero sí
sabemos que en algunas comunidades autónomas se puede hablar ya de una
situación que empieza a ser preocupante; preocupante es ya una sola mujer
maltratada, pero en estos casos es preocupante la magnitud del problema
en cuanto a las complicaciones que lleva el resolverlo. Lo denuncio aquí
en cuanto que es un objetivo y una inquietud.

También en materia de sanidad, para respetar las competencias de las
comunidades autónomas, se va a proponer en el Consejo Interterritorial de
Salud, aunque se va a aplicar en territorio Insalud, la elaboración de un
protocolo sanitario como respuesta al tratamiento integral de malos
tratos. Ustedes saben que para la mujer, para la víctima, la apreciación
y el informe del forense son fundamentales, pero en cualquier caso es
importante que haya un protocolo integrado para articular mejor la
atención, y desde luego, para defender mejor los derechos de la mujer. Es
verdad que en los programas de escuela para salud se dan cursos de
sensibilización y formación, y ya había dicho que en los servicios de
atención al paciente del Sistema Nacional de la Salud se dará
información.

En cuanto a legislación y práctica jurídica, creo que lo que se ha
pretendido ha sido recoger lo más emergente y conseguir que el Ministerio
de Justicia incorporara a lo que es su trabajo, algunas de las demandas
que nos habían llegado. En primer lugar, incluir en el artículo 153 del
Código Penal el castigo por la violencia habitual psíquica, pero, habida
cuenta de que, como SS. SS. saben, ello podía plantear algunas
dificultades, la ministra de Justicia nos dio la posibilidad alternativa
de que si los expertos decían que no se podía ubicar ahí, fuera ubicado
en otro artículo. Como saben ustedes, para nosotros es fundamental
reconocer la habitualidad, que es un arma muy importante de la mujer
maltratada.

Por otra parte, vamos a modificar el artículo 57 del Código Penal para
que se incluya como pena accesoria la prohibición de aproximación a la
víctima, es decir, que no sólo se incluya como pena principal, sino
también como pena accesoria. Está contemplada también, entre las medidas
cautelares, la posibilidad de la prohibición del acercamiento a la
víctima. También se pretende reformar el artículo 104 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y el 620 del Código Penal para que el fiscal
pueda actuar de oficio. Habría que suprimir de aquel artículo la
expresión «desobediencia de las mujeres hacia los maridos» que aún
aparece en el texto legal y que, indudablemente, es un anacronismo aparte
de una injusticia.

La señora Almeida hablaba de medida cautelar, y pensamos incluir también
como primera diligencia del distanciamiento físico entre el agresor y la
víctima.

Hemos querido incluir la medida 5.1.5, porque muchas veces los arrestos
de fin de semana pueden significar un problema para la economía
doméstica, con lo cual se perjudica a la mujer. En este sentido, lo que
queremos es que, en el caso de faltas, las multas y los arrestos se hagan
de manera que no perjudiquen a la mujer. En muchos casos se dice que lo
meten dentro de casa, y es el primer contrasentido. En otros casos, si el
marido tiene trabajo los fines de semana y le arrestan y no trabaja, eso
incide negativamente en la economía doméstica.

En cuanto a las medidas judiciales, en primer lugar, la competencia es
del Consejo General, por lo que no se puede hacer una declaración de
intenciones y, luego, quien tiene que aplicarlas y es el competente en
decidirlas, no estar de acuerdo. Por lo tanto, en cuanto a las medidas
judiciales, queremos trasladar al Consejo General del Poder Judicial la
necesidad de que los órganos judiciales dicten, con la mayor celeridad
posible, todas las medidas provisionales a que aluden los artículos 103 y
104 del Código Civil, y los artículos 1886 y concordantes, de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Tengo que decir que no sólo en las jornadas de diciembre, sino
precisamente en unas que se están desarrollando ayer y hoy en el Consejo
General del Poder Judicial, la receptividad ha sido muy grande. Quiero
también dejar constancia aquí de la sensibilidad y, entre comillas, la
complicidad de las mujeres que están en el Consejo General del Poder
Judicial, desde Elisa a otras personas, como la jueza Manuela Carmena, a
la que quiero dar las gracias por sus sugerencias y, entre otras cosas,
por los buenos consejos que nos ha dado a lo largo de la elaboración del
plan y que quiero agradecer aquí porque, a veces, las buenas ideas tienen
nombre y apellidos y hay que darlos.




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Es verdad que aquí lo más importante --y era una demanda que el Gobierno
no ha entendido y por eso no ha aplicado-- era la creación de una
fiscalía. Sí ha aceptado la ministra de Justicia, por entenderlo más
operativo, la especialización de fiscales, entendiendo que la creación de
una fiscalía podía crear una especie de embudo. En cualquier caso, vamos
a ver cómo funciona el sistema de fiscales especializados, si es más
ágil, si es más operativo. Creo que lo más interesante va a ser ese
registro que se va a crear, ese plan informático que va a poner en
comunicación a fiscales y a juzgados, de manera que las causas de las
mujeres no anden dispersas por un juzgado y por otro, que eso es lo que
hace que se dilaten.

Por otra parte, hemos solicitado que el ministerio fiscal, en su memoria
anual, a partir de 1998 --y así ha accedido a hacerlo--, dedique un
apartado específico a la violencia contra las mujeres, cosa que hasta
ahora no existía.

Por otro lado, en colaboración con los colegios de abogados, se va a
crear un turno de oficio especializado en este tema y se ha trasladado,
para que en el ámbito de sus competencias así lo recojan, a las
comisiones de asistencia jurídica gratuita, la necesidad de establecer un
turno prioritario para garantizar una rápida asistencia a las víctimas de
malos tratos. El Ministerio de Interior también se ha comprometido a
dictar una instrucción, porque es muy importante que las fuerzas de
seguridad del Estado guarden la confidencialidad necesaria en lo que es
el trato de estas situaciones.

Nos hemos encontrado con el caso de una señora de Toledo, cuyo marido
había sido sentenciado por una causa de malos tratos, y que en el papel
en que se citaba a los dos venían las direcciones del marido y de la
mujer y del centro de acogida de Toledo. Eso se va a evitar mediante esta
instrucción, que queremos que garantice esa confidencialidad. Algunas
veces son errores y no malas intenciones, pero esos errores ponen de
manifiesto que falta en algunos casos y en algunos lugares una
sensibilidad que nos es necesaria. Es muy importante en este caso la
confidencialidad.

Y, finalmente, la última área es el área de investigación. Es muy
importante investigar, porque, señorías, los únicos datos que tenemos,
aparte de ese magnífico informe que se hizo en esta casa en 1989, son los
datos de fuerzas de seguridad del Estado; no hay datos elaborados, aunque
existan en los registros, de sentencias ni tampoco hay una información
del seguimiento del cumplimiento de las penas. Por tanto, es muy
importante seguir investigando en tres direcciones: la primera, en el
mejor conocimiento de la situación de los malos tratos; la segunda, en el
perfil de los agresores, y la tercera, en el perfil de la víctima. Por
otra parte, también hay que investigar la incidencia, la frecuencia del
maltrato en España, pero también hay que estudiar cuál es la situación
del maltrato en el ámbito de lo jurídico, de lo legal, es decir, las
sentencias, el cumplimiento de las penas, además de la evaluación de las
casas de acogida, porque no se ha hecho un estudio para ver de qué manera
los sistemas y las prestaciones que tenemos resuelven el problema y no
sólo hay que partir de la opinión y de la valoración de los expertos, que
no están dentro, tendrán que hablar las propias interesadas.

Como ustedes saben, el plan es a tres años, evaluable cada uno y, por
cierto, próximamente la directora del Instituto de la Mujer, a petición
propia, comparecerá para evaluar el primer año del tercer plan de
igualdad. Con éste pretendemos hacer lo mismo, que anualmente se evalúe.

Y en los mecanismos de evaluación entra la transversalidad y la
horizontalidad, que es lo que va a hacer que la gente cumpla al saber que
tiene que dar la cara como Gobierno, pero también como departamento. Creo
que eso es sano para el Gobierno, para el Ejecutivo, pero también para la
sociedad y para el Legislativo, que de esa manera va a tener más fácil
hacer un seguimiento.

Ha sido un trabajo serio de las comunidades, del Gobierno y de los
expertos que han colaborado: trabajadores sociales, psicólogas, abogadas,
abogados, todos los que han trabajado en este ámbito. Creo que es un
punto de partida que tiene dos virtudes, si se puede llamar virtudes a
dos perfiles, por emplear un término que no es de ensalzamiento, sino que
es de descripción. Una de ellas es que este plan es una realidad, y una
cosa para valorarla tiene que existir y para mejorarla tiene que estar
definida. Pues esto existe y está definido.

Les doy las gracias tanto por las críticas que puedan hacer, si
enriquecen el plan, como por los apoyos que pueda recibir, porque quiere
decir que comparten o reconocen el esfuerzo que se ha hecho. En cualquier
caso, creo que el que el plan pueda ser debatido hoy es una buenísima
idea, y le doy las gracias al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que
es quien ha solicitado la comparecencia. Desde luego, hay una cosa muy
clara: la competencia de las Cámaras puede permitir la existencia de
mecanismos para mejorarlo. Estoy segura de que cualquier cosa es
mejorable. Pero, desde luego, yo apreciaría más que fuera, por lo menos
la intención y el objetivo, compartido.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señora directora general,
por esta exhaustiva explicación, como no podía ser de otra manera, del
Plan sobre malos tratos del Gobierno. Como usted muy bien ha indicado y
como todas sus señorías conocen, ha sido Izquierda Unida el Grupo
Parlamentario que ha pedido esta comparecencia, por lo que la señora
Aramburu tiene la palabra.




La señora ARAMBURU DEL RIO: Es un placer tenerla aquí y lo digo con
conocimiento de causa, porque es una de las pocas personas de este país
con las que se puede debatir con seriedad y con rigor. Le doy las gracias
también por la rapidez con que ha comparecido, lo que es absolutamente
inusual en cualquier Gobierno hasta el día de hoy.

Independientemente de lo dicho, quiero mostrarle mi preocupación por
haber tenido el conocimiento explícito, a través de los medios de
comunicación, del Plan de acción contra violencia doméstica y no
institucionalmente. Igualmente quiero manifestarle nuestro malestar por
no haber consensuado con los grupos políticos de representación en la
Cámara dicho plan. Del mismo modo, quiero trasladarle mi sorpresa por no
haber incluido el ministro de Trabajo



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ninguna de las aportaciones --o algunas muy leves-- hechas en la
interpelación y la moción, vistas en el Congreso de los Diputados, y
terminar la tabla de agravios planteándole que siento profundamente, como
representante de más de dos millones de ciudadanos y ciudadanas, tener
que mendigar la documentación y que sería bueno que tuviera un gesto su
departamento a partir de ahora, y fuera tremendamente ágil en el
suministro de toda la documentación.

Dicho esto, permítame que haga algunas reflexiones con mucha brevedad. En
primer lugar, quiero plantear cómo la violencia es un fenómeno universal,
presente en todos los estratos sociales pero que se detiene con especial
virulencia en la clase de las desposeídas. La violencia contra las
mujeres tiene una larga tradición y un único propósito, y es someter a
las mujeres; es el recurso más inmediato para controlarlas y constituye
el medio más común para reducir sus autonomías.

Su origen y su continuidad se encuentra en la existencia de una relación
de poder desigual entre hombres y mujeres que persiste y que se hace
visible cuando se producen víctimas mortales. Este ejercicio ha tenido un
status legal donde las acciones sólo se establecían en el caso de un uso
desmedido de las mismas. Ya en los albores del siglo XXI nos estamos
encontrando con un aumento de la violencia, conviviendo con una
constatable tolerancia judicial que, a la vez que se confronta con el
Derecho, se reviste de los valores culturales socialmente operantes,
consistentes en concebir la fuerza como un instrumento válido para
solucionar los conflictos, estereotipo referencial por el cual la
capacidad de imponerse sustituye al consenso.

La violencia no puede ser explicada sólo en términos exógenos; los
condicionamientos sociales son catalizadores. Usted sabe que la
Organización de Naciones Unidas calcula que 60 millones de mujeres
padecen violencia de género y, a pesar de ello, sólo 44 países del mundo
tiene legislación aprobada suficiente contra la violencia doméstica.

Hay gobiernos que rechazan, en nombre de las tradiciones jurídicas
particulares, la universalidad de los derechos humanos, y otros que,
aceptando su universalidad, se muestran incapaces para garantizar el
libre ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de las
mujeres.

En el año 1985, el Consejo de Europa formula una recomendación eligiendo
un enfoque dual para tratar la violencia: medidas sociales y medidas
jurídicas; es decir, medidas de prevención y medidas de penalización. Y
aparece ya, aquí entrecomillado y subrayados, la antesala de la
Conferencia Mundial de Viena del 93 sobre el macrotema, afirmándose la
responsabilidad del Estado en un tema de esta magnitud. Y es en este
tramo de la reflexión donde me detengo para instalarme en la acción
gubernamental y plantearle, tras una detallada lectura del plan y atenta
audición de sus informaciones en esta comparecencia, las siguientes
consideraciones.

En primer lugar, y para ser razonablemente objetiva, reconozco el
esfuerzo hecho por su Gobierno y liderado en concreto por doña Amalia,
posiblemente fruto de la presión social.

En segundo lugar, quiero preguntarle las razones de la ausencia del
ministro de Economía siendo el garante de un equipo, de un plan de estas
características.

En tercer lugar, quiero preguntarle para qué cuantía de mujeres está
prevista la aplicación del plan.

Quiero preguntarle igualmente cuáles son las magnitudes que se han
utilizado para cuantificar dicho plan; cuáles las razones por las que
alguna comunidad, y en concreto Andalucía, no suscriben el plan más allá
de las razones de procedimiento; por qué se renuncia a la fiscalía
especial, como instancia superior depositaria y resolutiva de los
conflictos, siendo una reivindicación planteada por el conjunto de las
ONG, por la propia formación a la que represento, además de la mayoría de
las instancias sociales en su conjunto, aun sabiendo que la respuesta
suya de que pueda ser un embudo es insuficiente; por qué la inhibición a
crear comités coordinadores en las administraciones que sustancien los
protocolos para la intervención en los casos de malos tratos, el punto
5.2.7.

En esta línea de zonas blancas, respecto a las medidas jurídicas me
gustaría conocer las dificultades o la no comprensión del texto en lo
referente al desarrollo y aplicación del artículo 13 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, referido a la protección de los perjudicados,
cuando en consecuencia por el juez instructor se deberían adoptar medidas
cautelares para la salvaguarda de las víctimas, no expresándose en estos
términos. ¿Por qué se renuncia a la expulsión del agresor del domicilio o
a la prohibición de acceso al mismo, a la presentación periódica del
agresor o a la conexión del teléfono de la víctima al circuito de
llamadas de riesgo? ¿Por qué se renuncia a abordar el tema de la
retención de armas? ¿Por qué la introducción de los malos tratos
psíquicos en el Código Penal sigue abordándose sin el requisito de la
habitualidad, actuando la relación de parentesco como agravante? ¿Por qué
no se incluye en las causas de separación del artículo 82 del Código
Civil el reconocimiento de la desaparición del afecto entre los cónyuges?
Detecto que sigue sin resolverse el fondo de garantía, cuya misión es
satisfacer la pensión alimenticia a todo acreedor de una decisión
judicial ejecutiva, en el marco del artículo 227 del Código Penal, el
tema del impago de pensiones. Tampoco observo que se cree un salario de
emergencias para aquellas víctimas sin recursos y los dependientes
económicamente del maltratador. Igualmente echo de menos la creación de
becas específicas para el acceso a cursos generales de formación
profesional.

Hay otras medidas que le sugerí al ministro y que veo ha desconsiderado,
como sin la habilitación de los conciertos oportunos para una línea de
créditos blandos para las mujeres afectadas por los malos tratos que
demuestren sus carencias o la reelaboración de un código ético que
arbitre los mecanismos pertinentes en los medios de comunicación para que
se respeten los valores del no sexismo y la igualdad entre los sexos. No
aparece tampoco la concesión de asilo político a las mujeres procedentes
de zonas donde no se respetan los derechos de las mujeres y/o están
perseguidas por su aplicación. Doña Amalia, usted sabe que cualquier
análisis apunta en la misma dirección: los cambios legales son
insuficientes pero, además, han resultado



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absolutamente inaplicados. De un estudio realizado, que es posible que
usted conozca, a través de casi doscientos asuntos penales seguidos por
violencia familiar se ha constatado que sólo en un caso la sentencia
aplicaba el tipo penal creado al efecto y en los demás casos las
resoluciones se referían al delito o, en su caso, a falta de lesiones.

Voy terminando con un dato que me parece demoledor y que sería del máximo
interés constatar con la secretaria de Estado, y es el siguiente. Si el
plan está dotado de una cifra redondeada en torno a los 9.000 millones de
pesetas, con una duración de tres años, y las mujeres afectadas por la
violencia doméstica son aproximadamente 185.000; si efectivamente las
denuncias suponen un diez por ciento y han denunciado 18.500, la cantidad
resultante que se destine individualmente para este concepto es de 16.216
pesetas por año y por mujer. En el caso de que esta cifra sea errónea en
términos globales, yo estoy dispuesta a revisarla; pero si se aproximan
los números, creo que estaríamos en condiciones de no cuestionar el plan
pero sí de plantearnos la inviabilidad de su aplicación y de su
efectividad.

Ahora sí concluyo instándole a que se cree un organismo permanente de
control y seguimiento con las fuerzas políticas, sindicales y sociales,
las ONG de mujeres e instancias implicadas, para el correcto
funcionamiento del plan. Estoy convencida, como todas ustedes y como
usted, doña Amalia, de que no se puede ceder, de que no podemos bajar la
guardia. Es necesario y urgente, inmediato, el consenso para la defensa
de un tema apartidario como es el de las mujeres, pero no se puede
olvidar que tan culpable es quien lo hace como quien lo consiente. Esta
lacra social necesita un tratamiento superior en la medida en que su
calificación es de terrorismo doméstico, por lo que sin un soporte
presupuestario solvente tendría que creer que su plan, el del Gobierno
del Partido Popular, es sólo una declaración de principios, de buenos
principios electorales, lo que me posicionará irreductiblemente enfrente,
con las mujeres, denunciando la permisividad y la pasividad ante el
fenómeno de mayor degradación humana que producen los desequilibrios
sociales, territoriales y de género. De lo contrario, doña Amalia, si su
acción es firme y generosa, me tendrá firmemente a su lado, codo con
codo, luchando para paralizar la epidemia social del siglo XX, que es la
violencia contra las mujeres que envilece hasta matar.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto tiene la palabra la senadora
Costa.




La señora COSTA SERRA: Muchas gracias a la señora Gómez, secretaria
general de Asuntos Sociales, por esta rápida comparecencia para
exponernos el Plan de acción del Gobierno contra la violencia doméstica.

Yo me sumo también a la crítica y lamento, al igual que la compañera de
Izquierda Unida, que no hayamos tenido la posibilidad de ver y estudiar
el plan previamente a esta comparecencia, porque creo que de una lectura
y un estudio previo hubiéramos podido hacer unas reflexiones un poco más
profundas en esta Comisión, si bien no voy a dejar pasar la oportunidad
para comentar algunos de los puntos que de forma exhaustiva nos ha
expuesto. Vaya por delante que cualquier crítica que se pueda vertir es,
desde mi punto de vista, siempre con ánimo constructivo, para que desde
la reflexión podamos llevar adelante todas aquellas medidas necesarias
para paliar e ir en contra de la violencia doméstica.

Ha hablado usted de medidas que recoge el plan sobre la justicia
gratuita. Este es uno de los temas que más me preocupa. Hay que tener en
cuenta que la mayoría de los procedimientos que se siguen como
consecuencia de la violencia contra las mujeres desemboca en juicios de
faltas, y nos encontramos con el problema de que en ellos no es necesaria
la asistencia de abogado ni de procurador. Las víctimas de estos delitos
se encuentran con que simplemente les envían una citación para el juicio
y allí se enteran, en ese mismo momento, de que si hubieran querido
hubieran podido ir asistidas de un profesional, de un abogado o una
abogada. Y no sólo van completamente desasistidas a estos juicios, sino
que van sin las pruebas que en ese momento tendrían que aportar porque lo
desconocen totalmente. Por eso me parece muy importante que respecto a la
justicia gratuita no sólo se informara a las mujeres sino que se tomaran
medidas para que en estos juicios, a pesar de que no es necesaria la
asistencia de abogado o abogada, se otorgara esta asistencia profesional
a las víctimas de estos delitos.

Otro de los temas sobre el que quería reflexionar es el de la convivencia
del agresor con la víctima. Ha mencionado usted --y es cierto-- que son
necesarios los pisos de acogida, que probablemente los centros de día
serían más adecuados para estas situaciones, pero yo creo que tenemos que
seguir profundizando en el tema de que es el agresor quien tiene que
separarse de su ambiente, del domicilio familiar. Si no he entendido mal,
decía usted que nos podemos encontrar con un problema incluso jurídico,
en el caso de que el domicilio familiar sea un bien ganancial o un bien
privativo. Creo que esto no es un problema. El juez tiene la facultad,
como lo hace en las medidas provisionales o en las sentencias, de otorgar
el domicilio familiar en la mayoría de los casos al cónyuge que vaya a
convivir con los hijos menores, que vaya a tener la guarda y custodia.

Además es una duda que se plantea muchas veces: tienen miedo de que si el
piso no es suyo, si es del suegro o del padre, o si están como
arrendatarios, tienen miedo --digo-- a que se las pueda echar del
domicilio familiar. Tiene que quedar claro que el juez tiene la facultad
de otorgar el domicilio familiar al cónyuge que va a vivir con los
menores y, por tanto, la mujer --y en este caso si hablamos de víctimas--
no tiene que ser expulsada de su domicilio familiar, independientemente
de que sea un bien ganancial o privativo, o nos encontremos ante una
separación de bienes.

Todos estamos de acuerdo en que lo relativo a la violencia doméstica ha
de tener carácter prioritario y urgente. Creo que las víctimas necesitan
una protección no solamente formal sino real. Con eso quiero decir que
una de las medidas que me parece muy positiva y que se recoge en el plan
es la de poder apartar al agresor; es decir, que no se pueda acercar el
agresor a la víctima, como medida cautelar



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inmediata, sin tener que esperar a una sentencia o a los autos de medidas
provisionales o de medidas provisionalísimas que muchas veces se
eternizan en el tiempo y no llegan con la rapidez que deberían llegar.

Creo que desde el momento en que la policía o el profesional conoce de un
acto de violencia contra las mujeres debería ponerse en marcha
rápidamente toda la maquinaria judicial y que el fiscal --como usted ha
dicho que recoge el plan-- pueda incluso actuar de oficio para prohibir
inmediatamente el acercamiento del agresor a la víctima, porque esos
primeros momentos probablemente sean los más difíciles y delicados y en
los que se produce una mayor violencia y, a veces, consecuencias
irremediables, desgraciadamente.

Son muchas las medidas que usted ha mencionado del plan; la mayoría de
ellas no son innovadoras porque ya se recogen en el Plan de igualdad y
otras en planes anteriores, pero sí es importante que el Gobierno se
sensibilice en la coordinación de todas esas medidas, a lo que usted ha
hecho referencia y con lo que yo estoy completamente de acuerdo. Como
digo, muchas veces lo importante no son las innovaciones, que creo que
hay algunas y positivas, pero lo que destacaría sobre todo es la
necesidad de la coordinación de todos los sectores implicados. Y por
encima de todas las novedades y reformas legislativas, por encima de
todas las medidas que vayamos a tomar, creo que no tenemos que dejar
nunca de lado el punto de vista de las mujeres agredidas, de las mujeres
implicadas. Me da miedo que pongamos en marcha toda esta maquinaria
judicial, a la que antes hacía referencia, toda esta maquinaria legal y
fría, y nos olvidemos de que las mujeres en esos momentos necesitan
apoyo, necesitan sentir comprensión por parte de los organismos y de las
instituciones que les están aconsejando bien legalmente, bien
psicológicamente, etcétera.

No querría alargarme mucho más porque tengo algunas preguntas que
formularle, pero sí quería hacer referencia a lo que usted ha dicho de
que el plan obedecía a la demanda social de una solución rápida a este
problema. Creo que debemos ir con cuidado. Estoy segura de que a nadie se
le escapa que este problema no tiene una solución rápida. Es un problema
con marcado carácter social --como usted ha dicho--, arraigado en nuestra
sociedad desde hace muchísimos años, y no podemos decir a la sociedad que
tenemos una varita mágica y que podemos solucionar rápidamente este
problema. Lo que sí es cierto es que podemos trabajar con acciones
rápidas y contundentes para atajar el problema. Me preocupa que cualquier
reforma legislativa, sobre todo si afecta al Código Penal o a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, como sucede con este plan, no se consensue con
todas las fuerzas parlamentarias, con todas las fuerzas políticas, y que
no se tenga en cuenta la opinión del Consejo General del Poder Judicial.

Usted ha hecho referencia a que sí que ha habido consulta al Consejo
General del Poder Judicial, pero recuerdo que en la ponencia sobre el
tráfico internacional de mujeres, uno de los catedráticos de Derecho
penal que comparecía se quejaba de que el Consejo General del Poder
Judicial no tenía conocimiento de qué reformas legislativas que afectaban
al Código Penal iban a tener lugar. Por eso me preocupa que ante reformas
de la envergadura de la del Código Penal no se consensue y no se tenga en
cuenta a los profesionales, en este caso al Consejo General del Poder
Judicial.

Para ir acabando quería plantear, como manifestaba la compañera Cristina
Almeida (como usted decía, muchas veces las buenas ideas hay que darlas
con nombres y apellidos), la posibilidad de crear un juez de guardia para
los asuntos de familia específicamente. Es cierto, y mucho más en los
partidos judiciales, aquellos en los que ni siquiera existe juzgado de
familia, con lo cual se complican mucho más las cosas, es cierto que
muchas veces las mujeres que acuden a los juzgados para denunciar o para
pedir medidas provisionalísimas --en esos momentos ellas no saben qué es
lo que van a pedir--, esas medidas no llegan con la celeridad que
tendrían que llegar. Por tanto, me parece importante que se tenga en
cuenta la posibilidad de designar un juez de guardia para los asuntos de
familia.

Finalmente, una de las modificaciones que no me canso de repetir en todas
las comparecencias ante esta Comisión y que creo que se debería estudiar
y tener en cuenta es la Ley de separación y divorcio, que sigue siendo
causal. Una persona en este país no se puede separar simplemente por su
voluntad de querer separarse, sin ninguna otra causa, porque no parece
suficiente el que una persona no quiera seguir conviviendo con otra. Esto
tendría que ser suficiente para finalizar una relación y poder acceder a
la separación y al divorcio, porque a estas alturas todavía estamos ante
un sistema y una legislación causal y culpabilizadora. El cónyuge que
pide la separación o el divorcio tiene que demostrar que el otro cónyuge
está inmerso en una de las causas de separación o de divorcio, que muchas
veces complica todo el proceso porque salen a relucir cosas muy íntimas
que no tendrían por qué salir en un proceso de estas características. La
simple voluntad de una de las partes tendría que ser suficiente.

Una vez más quiero reiterarle que, a pesar de que no se nos ha hecho
llegar el plan antes de la comparecencia, lo estamos esperando aunque sea
después. Nos gustaría saber qué participación han tenido las asociaciones
de mujeres, las organizaciones no gubernamentales y el Consejo General
del Poder Judicial en las medidas que prevé el Plan del Gobierno contra
la violencia doméstica. Muchas gracias otra vez por su comparecencia.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la
palabra la señora Solsona.




La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias a la secretaria general por su
comparecencia. Nos congratulamos de la presentación de este plan del
Gobierno, que responde a una demanda social relativa a la necesidad de
articular medidas para erradicar la violencia doméstica, que ha pasado de
ser un tema de ámbito privado a una necesidad social.

Valoramos como positivo, señora secretaria general, el plan que el
Gobierno presenta con sus seis apartados. Entre las medidas más
destacables hemos anotado la propuesta de aplicación de la pena accesoria
de prohibición de aproximación a la víctima, la posibilidad de que los
maltratos



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sean perseguidos de oficio, la reforma del artículo 104 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, la adecuación de las penas en los casos de falta
para que las multas y los arrestos de fines de semana no afecten a las
víctimas, y la de instar a los órganos judiciales a una mayor agilidad en
la resolución y la ejecución de las sentencias, así como también la
contemplación de la violencia psíquica (recordamos la comparecencia de un
forense que nos hablaba de la personalidad bonsai que la mujer va
adquiriendo ante esta violencia), también la incorporación del sistema
informático para centralizar las denuncias y el protocolo para los
médicos forenses.

Concretando más en las medidas de tipo legislativo, queremos remarcar que
la modificación del artículo 57 del Código Penal para incluir la pena
accesoria de prohibición de aproximación a la víctima fue presentada ya
por nuestro Grupo de Convergència i Unió. También en las medidas
cautelares sobre distanciamiento físico y de protección a la víctima CIU
tiene ya preparadas unas enmiendas para presentar a la proposición de ley
de tutela cautelar. Hemos dicho que valoramos que tanto las multas como
los arrestos de fin de semana no redunden en perjuicio de la víctima, y
pensamos que debería estudiarse cada caso introduciendo otras conductas y
otras penas a fin de que esto no repercuta en la economía familiar o en
la economía de la víctima precisamente.

En nuestro grupo, a pesar de las enmiendas presentadas al Código Penal,
somos partidarios de que la solución no debe encontrarse en las reformas
generales del Código Penal y no debe contemplarse tampoco la creación de
comisarías específicas o de fiscalías especiales. Optamos más por la
formación de los cuerpos policiales y judiciales para que se dé una
atención adecuada y en todo momento. Pensamos en lo que se llama la
aclaración del Código Penal y en buscar recursos dentro del mismo para su
aplicación y la solución de estos temas. Somos partidarios de crear un
turno de abogados de oficio especializados para el tema. A esto han
respondido ya los distintos colegios de abogados de Cataluña, por ejemplo
el de Girona y el de Barcelona, tanto para las causas civiles como para
las penales. También aconsejaríamos que hubiera un único letrado de
oficio desde las faltas hasta el proceso de separación, si llega el caso,
así como que en la asistencia gratuita a las víctimas se revisara cada
caso --como ya ha dicho su señoría-- a fin de atender a las necesidades
individualizadas de cada víctima.

En general, valoramos positivamente el trabajo del Gobierno en la
presentación de este plan. Quiero decir también que desde el Gobierno de
la Generalitat de Cataluña se está trabajando en la elaboración de un
plan, que se presentará en el mes de junio a través de un protocolo que
marca las pautas a seguir por todas las administraciones implicadas en la
prevención de la violencia y en la asistencia a las mujeres que son
víctimas, de manera coordinada y aprovechando todos los recursos
existentes. Se acompaña este plan también, como el del Gobierno del
Estado, de una campaña de sensibilización en la que colabora sobre todo
el Consell Nacional de Donas de Catalunya, que es el organismo que agrupa
a las asociaciones de mujeres. Quisiera dar un toque de atención al
Gobierno para que implicara más a las asociaciones de mujeres en estos
temas, a fin de que respondiera más a la demanda social. Apostamos desde
el Gobierno de la Generalitat de Cataluña por el principio de
transversalidad en el diseño y en la aplicación de estas políticas
encaminadas a conseguir este objetivo, porque seguimos las directrices
aprobadas en la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, de Pekín,
en 1995. Pensamos que, a fin de que la aplicación de este plan del
Gobierno pueda compatibilizarse con las necesidades de las comunidades
autónomas, debe llevarse a cabo --como ya ha dicho su señoría-- a través
de unos convenios que respeten las competencias de las comunidades
autónomas y que no haya duplicidad de actuaciones entre las distintas
administraciones públicas. La necesidad de establecer este tipo de
convenios viene dada porque hay comunidades autónomas que han presentado
o están trabajando en estos planes a fin de erradicar la violencia de las
mujeres, y que todas ellas lo hacen de acuerdo con las necesidades
específicas de cada territorio.

Señorías, señora secretaria general, nunca se había dado en el ámbito de
la mujer una demanda y una posición en la sociedad tan fuertes, pero hay
que ser prudentes en los cambios legales y procurar que el alud de
denuncias no encalle aún más los juzgados y los servicios sociales. Hay
pues que tener respuestas y estar preparadas para poder responder con
eficacia a esta demanda. La presentación de este plan y su aplicación
inmediata esperamos que sirva para dar soluciones adecuadas al tema.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra la senadora Navarro.




La señora NAVARRO GARZON: Señora secretaria general, yo también quiero
agradecerle su comparecencia hoy y sumarme, como ya lo han hecho las
compañeras de los diferentes grupos políticos, a esa crítica por no haber
tenido el plan previamente.

Cuando el problema de la violencia doméstica saltó a la primera página de
los periódicos, a raíz de la sucesión de muertes en situaciones bastante
dramáticas y lamentables, todos los partidos políticos, las asociaciones
de mujeres y la sociedad en general pidió en voz alta al Gobierno medidas
contundentes para combatir esta lacra social; una lacra social que si
bien ha estado ahí durante largo tiempo era la primera vez que la
sociedad empezaba a mirar de frente, ayudada por los medios de
comunicación que han sabido, a lo largo de estos meses, reflejarla en
toda su crudeza. Ante este problema social de primer orden, la sociedad
en su conjunto y especialmente las asociaciones de mujeres clamaron el
«Basta ya.» A la vista de los acontecimientos el Gobierno no paró, en un
primer momento, de hacer promesas y propuestas en una nube de
declaraciones, algunas de ellas poco afortunadas como la del señor
Alvarez-Cascos. Fruto de esas declaraciones fueron las diez medidas de
carácter urgente que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros, el 16
de enero, que anunció el ministro Arenas en rueda de prensa y de las que
nunca más se supo. Creo que al margen de una jornada en La Coruña sobre
violencia



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doméstica y otra dirigida a mandos superiores de la Policía y la Guardia
Civil, en Madrid, nada más se ha hecho. De los once nuevos servicios SAM
que anunciaron en enero sólo se ha puesto en marcha uno, que es el de
Murcia, y les recuerdo que eran medidas anunciadas con carácter urgente.

Pues bien, el Plan de acción contra la violencia doméstica que nos
presentan hoy, que en un principio iba a ser un plan de choque contra la
violencia hacia la mujer, es también fruto de esas prisas del Gobierno
por salir al paso de un problema que ha causado cierta alarma social y no
de una preocupación política seria de poner en marcha unas acciones que
vayan encaminadas a erradicar el problema de la violencia de género.

Usted sabe además, señora secretaria, que la forma y el procedimiento de
elaborar este plan no han sido los adecuados, porque si realmente al
Gobierno le preocupaba elaborar un plan eficaz y contundente debería
haber contado con los agentes sociales y buscado el consenso en esas
medidas. Su Gobierno, señora Gómez, ha roto el diálogo que desde la
transición siempre se ha mantenido con las asociaciones de mujeres en
temas que les importan y les afectan directamente.

Yo le pregunto si este comportamiento con los agentes sociales hubiera
sido el mismo si se hubiera tratado de otro plan o de otro colectivo al
que nos estuviéramos refiriendo y no el de las mujeres, como es el caso.

El Gobierno ha perdido la oportunidad, desde nuestro punto de vista, de
elaborar un plan de acción contra la violencia consensuado y eficaz. Y es
lamentable perder la oportunidad de un consenso entre todas las
comunidades autónomas, partidos políticos y asociaciones en un tema tan
importante como el de la violencia que se ejerce sobre las mujeres y que
tiene consecuencias tan negativas para nuestra sociedad.

Cada quince segundos una mujer es maltratada en nuestro país. El maltrato
es la mayor causa de lesiones a la mujer; prevalece sobre la violencia
callejera, los asaltos o los accidentes de coches. De tres a cuatro
millones de mujeres son maltratadas cada año y ante esta situación el
Gobierno, la Administración, no puede seguir mirando a otro lado. Somos
conscientes, desde nuestro grupo parlamentario, de que es un problema de
gran envergadura, pero usted sabe que el Gobierno no está siendo lo
suficientemente serio al abordarlo. Está claro que no es para el Gobierno
una prioridad política. Ha estado dando bandazos, hasta el último
momento, con un plan que da la impresión de que aún hoy no tienen claro
cuándo poner en marcha. Hasta el viernes 17, por la larde, estuvieron
enviando a las comunidades autónomas borradores de un plan que se
aprobaba el lunes siguiente, el día 20. En un principio el objetivo del
Gobierno --y usted nos lo ha aclarado en su intervención-- parece que era
elaborar un plan consensuado entre todas las comunidades autónomas y
hasta llegaron en un momento a solicitar por carta una aportación
económica para las acciones del plan, pero al final se decide que sea un
plan del Gobierno central sin ninguna aportación directa de las
comunidades autónomas, a las que se ha limitado a dar cuenta en la
conferencia sectorial. Pero un plan de estas características no puede
obviar, señora secretaria general, la colaboración necesaria con las
comunidades autónomas y los ayuntamientos para ver cómo se van a llevar a
cabo las actuaciones y acciones del plan. Usted ya ha comentado algunas
medidas que piensan tomar para hacerlo en colaboración con las
comunidades autónomas y con qué presupuesto, cuando algunas de esas
actuaciones corresponden a las administraciones con transferencia plena a
la autonomía. Todo esto no nos parece excesivamente serio.

Sobre el contenido del plan tengo que lamentar de nuevo que las medidas
aporten poca novedad a lo que se ha venido desarrollando a lo largo de
los últimos años, pero después de las investigaciones recientes es el
momento de avanzar y dar un paso más en muchos campos. Un plan que
pretende ser de choque --como en un primer momento anunció el ministro
Arenas-- tendría que tener en primer lugar carácter urgente y las medidas
tendrían que ser más específicas y concretas y responder a la situación
inmediata que muchas mujeres tienen. La mayoría de las medidas no están
dirigidas, además, a erradicar el fenómeno de la violencia con acciones
tendentes a un cambio social. De las cincuenta y siete acciones que
propone el plan, con un simple análisis de las mismas se comprueba que
menos del diez por ciento son medidas concretas que pueden llevarse a
cabo; el resto no se sabe cómo se van a desarrollar a corto o medio
plazo. Reitero que, desde nuestro punto de vista, parece una mera
declaración de intenciones, parecen más objetivos que acciones concretas
porque muchas de ellas se limitan a instar, elaborar, difundir y otras
expresiones que son bastante vagas.

Aún más preocupante nos parece el presupuesto. ¿Con qué dinero va a dotar
el Gobierno estas acciones? El presupuesto total estimado, que según se
nos informa asciende a 9.000 millones, se distribuirá en los tres años de
vigencia del plan. Resulta curioso que precisamente el año que menos se
va a invertir es 1998 y se irá incrementando la cifra en los años
siguientes. Si es un plan urgente creo que se debería empezar con una
apuesta importante y con un presupuesto importante; de todos modos, el
dinero destinado nos parece insuficiente para abordar el problema con
seriedad. Además, el presupuesto no está especificado por acciones, por
lo que es difícil conocer cómo ha pensado el Gobierno ejecutarlo. No
sabemos si es dinero adicional que cada ministerio aporta; si es así, nos
tendrá que decir el Gobierno si habilitará créditos extraordinarios o de
dónde va a restar el dinero, porque los presupuestos de 1998 están
aprobados, o si será en detrimento de otras políticas o programas de
igualdad. No vemos claro el asunto presupuestario que, como sabe, es lo
más importante. Por ello, le pediría que nos especificara de qué dinero
se va a disponer para cada una de las acciones previstas, si es que
piensan especificarlo, y dígame también si las van a poner en marcha de
manera inmediata.

Sobre las medidas legislativas tengo que decirle que una vez más son pura
propaganda y tienen como única finalidad mantener la idea de la necesidad
de reformas legales, en especial del Código Penal. No dicen nada nuevo y
todas las propuestas están ya contenidas en proyectos de ley remitidos a
la Cámara o están ya en estos momentos en trámite, como la reforma del
artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite aplicar en
el momento



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mismo de la denuncia la figura del alejamiento del agresor y que ahora
está en fase de ponencia en el Congreso. Otra de las medidas que ustedes
anuncian como novedad es la inclusión de los malos tratos psíquicos
habituales en el artículo 153. Desde nuestro punto de vista resulta
innecesaria, ya que esta conducta está castigada con carácter más amplio
en el artículo 163, que recoge atentados contra la integridad moral.

El Gobierno debería ser consciente de que la reforma por la reforma tiene
escasas posibilidades de solucionar los problemas de la violencia contra
las mujeres; éstos sólo podrán resolverse con la creación de nuevas
relaciones sociales, no patriarcales. En eso creo que está todo el mundo
de acuerdo. Las leyes han de tener los suficientes instrumentos para dar
seguridad a las mujeres desde el momento en que se deciden a interponer
la denuncia. Si decimos a las mujeres que tienen que denunciar debemos
ofrecerles los suficientes mecanismos de seguridad, porque si al final
acuden a las comisarías, interponen la denuncia y vuelven nuevamente a su
casa, algunas ese mismo día podrán ser asesinadas. Las mujeres deben
saber que existen los suficientes mecanismos de protección desde el
momento en que denuncian hasta la finalización del proceso. El código
vigente ofrece mecanismos suficientes si se aplican adecuadamente;
establece además de forma clara que el juez de vigilancia podrá ordenar
la prohibición de vivir en el mismo sitio, residir cerca, etcétera. Es
decir, este código prevé prácticamente todas las posibilidades. Debía
haber tenido en cuenta que fuera del ámbito del código está quien lo
aplica, y es verdad que a veces no hay sensibilidad ni por parte del juez
ni por parte del fiscal para que todos estos instrumentos que están en el
código se apliquen y sirvan para proteger a las mujeres contra los malos
tratos. Hace meses instamos al Gobierno, desde el Grupo Socialista, para
que se diera una instrucción por el fiscal general del Estado y remitiera
a los fiscales una metodología de funcionamiento, pero el fiscal lo que
hizo fue declarar en vigor la instrucción ya existente en el año 1988 y
que, como saben, es anterior al nuevo Código Penal. Es decir, no se tomó
la molestia de hacer una instrucción después de que se haya aprobado el
nuevo código.

Son muchas las disposiciones de la ley vigente, tanto civil como penal,
que de hecho no se cumplen y que de cumplirse permitirían combatir con
eficacia los malos tratos a las mujeres. No sigan diciendo a las mujeres
que esperen, que su problema se soluciona cambiando la ley. No se podrá
obtener una eficaz colaboración en la Administración de justicia por
parte de los profesionales de diferentes ramas científicas, desde jueces,
magistrados y fiscales hasta abogados, psicólogos y trabajadores
sociales, si no se complementa la formación de esos profesionales. Un
plan de acción como el que se presenta debería haber dado un paso más y
no hablar sólo de cursos y módulos que se han venido haciendo hasta este
momento, sino abordar de manera definitiva esta problemática en la
formación reglada de cada colectivo, como paso a una sensibilización
acorde y mayor formación para el futuro.

En cuanto a los recursos sociales, teniendo en cuenta la complejidad de
la violencia de género, las llamadas casas de acogida deben arbitrarse
con firmes criterios de técnica selectiva y deben gestionarse en lo
posible por mujeres expertas en el problema de la violencia de género y
que tengan experiencia en este tipo de tratamiento. No olvidemos que
estos recursos tienen una doble finalidad, la del acogimiento con
carácter de urgencia y la recuperación emocional de las secuelas que esta
violencia engendra, que usted misma ha puesto de manifiesto en su
intervención. No podemos plantear más centros sin redefinir primero sus
funciones porque hay que recordar --y usted también lo ha hecho en su
intervención-- que las primeras casas de acogida se crearon hace más de
diez años y ha llegado el momento de redefinir esos recursos. Respecto a
las campañas publicitarias tengo que decirle que deben reactivarse en
forma reiterada y con tiempo suficiente, porque una campaña singular de
un par de meses no serviría para nada.

Señora secretaria, a finales del siglo XX nos encontramos con una
sociedad que potencia la violencia y la violencia contra las mujeres no
es fortuita; el factor riesgo en este caso es ser mujer, y luchar contra
la violencia doméstica es fundamental si queremos conseguir una sociedad
igualitaria, basada en relaciones de igualdad dentro y fuera del hogar.

Usted sabe que las secuelas que el maltrato deja en la mujer son tan
graves como las propias del terrorismo y algunas consecuencias pueden ser
irreversibles. Hay que terminar con el abuso y la humillación, dejar
atrás el miedo y el peligro, recuperar la salud de las mujeres, rescatar
a los hijos de esa vida violenta y reconstruir la esperanza de miles de
mujeres en un proyecto de vida mejor que puedan disfrutar sin tener que
pedir permiso o sentir culpa. Por eso y porque estoy convencida que hoy
es el problema más importante que tienen muchas mujeres dentro de nuestro
país, yo le invito a que su Gobierno considere la violencia contra las
mujeres como un problema de Estado, lo asuma en la agenda de sus
prioridades, y nuestro grupo apoyará esas medidas que creamos
sinceramente que van a terminar y a erradicar de una vez por todas la
violencia contra las mujeres.




La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra su
portavoz la señora Sainz.




La señora SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señora secretaria de Asuntos
Sociales, por comparecer hoy ante esta Comisión con la celeridad que ya
otras compañeras portavoces de otros grupos parlamentarios han señalado.

Quiero decirle, en primer lugar, que nuestro grupo valora positivamente
el que hoy se presente un plan de acción para buscar soluciones a un tema
grave que siempre nuestro grupo ha señalado como importante problema
social y que como conocemos no es nuevo, existe desde tiempo inmemorial
en nuestro país, ya que tiene su origen en la desigualdad histórica que
sufren las mujeres. Es un problema que no es privado, sino social y muy
antiguo. Tengo que señalar que la grandeza precisamente de una sociedad
democrática estriba en que debe dar respuesta, en cada momento, a aquello
que es un problema grave, y los poderes públicos deben hacerlo de una
manera sistemática y constante. Esto es lo que hasta la fecha no se ha
hecho y lo que



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precisamente nuestro grupo valora muy positivamente porque de manera
acertada el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y
dando también trámite de audiencia a las organizaciones no
gubernamentales, ha elaborado un primer plan de acción contra la
violencia, un tema social grave que estaba ahí desde hace muchos años y
que otros gobiernos no fueron capaces de abordar. Es, señorías, el primer
plan que se hace, pero no sólo en España, es también el primer plan que
se hace en Europa --que nuestro grupo al menos conozca-- sobre este tema.

Por ello, para nuestro grupo es algo muy importante que valoramos, como
no podía ser menos, de manera muy positiva. Responde al compromiso del
Gobierno con las políticas de igualdad y de solidaridad, porque las dos
van íntimamente unidas, y no podemos menos que lamentar que antes no se
hubiese sido capaz de abordar este problema cuando el tema, repito, es
antiguo y el hecho de ser mujer venía siendo y viene siendo causa de que
demasiadas mujeres sufran la peor de las discriminaciones, la de los
malos tratos, la de la violencia, claro atentado a los derechos humanos.

Como sus señorías saben, las cifras relativas a las denuncias por malos
tratos en las comisarías de la Policía Nacional no se publicaron hasta
1984, pero desde entonces cifras rondando los 15.000, 16.000, 17.000 ó
18.000 casos de denuncias fueron una constante a lo largo de los años.

Precisamente por esto, en 1989, en el Senado se constituyó una ponencia
que elaboró un informe sobre los malos tratos y nuestro grupo no puede
menos que lamentar que no se haya tenido en cuenta a pesar de que se
incluían en él, como aquí se ha dicho, importantes recomendaciones. Por
ello nos parece doblemente importante lo que hoy aquí se ha presentado.

Esas medidas que aparecían en el informe de 1989 tienen que saber sus
señorías que afectaban a las fuerzas de seguridad, al Poder Judicial, a
los servicios sociales, a las reformas legales necesarias que ya se
apuntaban y que recientemente el Defensor del Pueblo también ha pedido y
que él mismo recordaba cómo la situación actual evidenciaba que aquellas
recomendaciones no habían sido puestas en práctica. Por ello, señorías,
insisto, nuestro grupo no puede menos que felicitar a la secretaria de
Asuntos Sociales y transmitir también a la directora del Instituto de la
Mujer su felicitación porque hoy se presenta en esta Comisión el primer
Plan de lucha contra la violencia, nuevo testimonio del avance y del
apoyo decidido que en políticas de igualdad este Gobierno está
realizando.

Nos parece doblemente importante que el Gobierno aborde de forma decidida
y eficaz la elaboración de este plan, pero que además sea un trabajo
integral en el que como aquí se ha dicho, y tal vez algunos grupos no se
han enterado, participaron activamente con el Instituto de la Mujer, los
ministerios de Interior, de Justicia, de Sanidad y las comunidades
autónomas, se escuchó al consejo rector del Instituto de la Mujer y se
transmitió y se escuchó a las organizaciones no gubernamentales. Estamos
sin duda ante un trabajo de visión integral sin exclusión de nadie,
frente, en cambio, a políticas anteriores claramente excluyentes y que
por eso nos parecían mucho más antiguas, y lo cierto es que han sido
estériles porque el problema lo tenemos aquí encima de la mesa. Es un
plan en el que hay que destacar que se acompaña por primera vez de una
memoria económica y está valorado en cerca de 9.000 millones de pesetas
--extremo que le da el máximo de credibilidad--, una cuantía económica
que ha sido descalificada por algunas portavoces de los grupos políticos.

Tengo que decir que nuestro grupo cree que, aun cuando siempre nos parece
todo escaso o poco, sin duda es una cuantía más que extraordinaria si la
ponemos en referencia con los escasos 2.000 millones de pesetas que el
Instituto de la Mujer, en los años 1994 y 1995, tenía como objetivo para
todas las políticas de igualdad. Señorías, ésta es la realidad.

Reconocemos, porque es de justicia, el esfuerzo presupuestario que el
plan supone, al que como se sabe habrá que sumar la participación
económica de las comunidades autónomas, que van a participar mediante la
articulación de una serie de convenios --como no podía ser menos-- de
colaboración, ya que, como se ha señalado, muchas de las actuaciones
están ya transferidas y son competencia de las comunidades autónomas.

Nos parecen muy acertados los seis apartados en que se articulan las
acciones del plan que parten de la necesidad de dos cosas fundamentales:
por una parte, erradicar la violencia y, por otra, prevenirla. La primera
de las áreas es la de la sensibilización y prevención. Pensamos que el
que la sociedad tome plena conciencia de la gravedad del maltrato es algo
no sólo fundamental para mejor articular el rechazo social, sino también
para que a la mujer le resulte más fácil denunciar estos hechos sin que
al hacerlo se convierta casi en un acto de heroicidad, porque recordemos
que el anterior Gobierno, cuyos representantes políticos dicen que se ha
incrementado la cifra de malos tratos, señalaba que los malos tratos
estaban ocultos porque las mujeres no se atrevían a denunciar. Por tanto,
si aparece en este último año un incremento de cifras de malos tratos
responde también a que cada vez más la sociedad toma conciencia de la
gravedad de estos hechos y anima a las mujeres de alguna manera porque
pretende protegerlas para que denuncien lo que es un atentado a los
derechos humanos. Por ello nos parecen de gran importancia todas las
acciones que veníamos pidiendo todos los grupos políticos encaminados a
sensibilizar a la población en general y a los grupos profesionales que
tienen relación con las víctimas, desde los policías hasta los médicos,
pasando por los jueces, los fiscales y los abogados, porque esto es lo
que se oía a las mujeres que eran víctimas, a las mujeres que trabajaban
con ellos, a todas las mujeres de los grupos políticos y a todos los
grupos políticos responsables.

Se articulan, por tanto, importantes acciones en el área de educación en
la escuela, en los contenidos y en la formación del profesorado. ¿Por
qué? Porque hasta la fecha las que había resultaron claramente
ineficaces; de lo contrario no tendríamos que estar ahora insistiendo en
ello. Me parece fundamental la necesidad de aprovechar el tirón de los
medios de comunicación y, por tanto, hay acciones muy importantes
dirigidas a la colaboración con los medios de comunicación. El apartado
de prevención apunta, a nuestro juicio, a lo fundamental, pensando en la
solución del problema a medio y largo plazo a través, repito, de la



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educación, con mayúsculas. Es cierto que se dirige al sistema educativo
que podíamos calificar reglado y que abarca no solamente el ámbito del
niño, del joven, sino también del profesorado, clave fundamental en un
sistema educativo, y que esas medidas de educación, como también veníamos
siempre demandando, hacen fuerza en las personas que están rozando el
ámbito de la mujer que tiene estos problemas, desde los policías,
guardias civiles, jueces, fiscales, abogados, etcétera, algo que
demandábamos y que ahora se convierte en una realidad en este importante
plan. La educación y la formación son, por tanto, pilares del plan que
nuestro grupo considera fundamental y que debe ser realizado de acuerdo
con todos los ministerios, desde el Ministerio de Trabajo y su pilar
fundamental que es el Instituto de la Mujer hasta el de Educación, el de
Interior cuando se trata de policías, el de Justicia y, por supuesto, en
colaboración con las comunidades autónomas porque la policía local juega
un papel muy importante porque es a la que inmediatamente acude la mujer
cuando es víctima de malos tratos. Por consiguiente, estos grupos de
colaboración para llegar a acuerdos nos parecen fundamentales evitando,
por otro lado, la reiteración, la duplicidad y buscando lo que tiene que
ser fundamental, que es la eficacia.

En relación con el área de recursos sociales, nos parece muy acertado, de
acuerdo con lo que hemos podido ver en la memoria que acaban de
presentarnos de evaluación económica, que se destine el mayor presupuesto
del plan. Es algo lógico porque no sólo es el área que contiene más
medidas, sino también porque éstas están dirigidas a crear una
infraestructura suficiente para cubrir la necesidad de las mujeres
víctimas de la violencia. El coste para los tres años asciende, según
hemos podido ver, a 7.846 millones, en cifras redondas, a lo que habrá
que añadir lo que aporten las comunidades autónomas. Estamos hablando,
señorías, de unas cifras muy importantes, unas cifras históricas en el
trabajo asistencial a la mujer víctima de malos tratos. Hay que señalar,
por otra parte, que la fórmula de dar esa cobertura no puede ser
criticada en el Gobierno central porque son precisamente las comunidades
autónomas, en el marco de sus competencias, las que van a articular la
mejor fórmula de dar esa cobertura y, por tanto, señorías, junto a la
eficacia se habla también de un respeto competencial. Por otro lado, son
servicios necesarios que se articulan encauzados por cada comunidad
autónoma con una importante ayuda económica. Nadie duda de que se han
creado ya servicios de atención a la mujer. Otra cosa es que este
Gobierno haya puesto sobre la mesa unas partidas económicas muy
importantes y que se haya marcado el reto de una fuerte inversión
económica en medios para reforzarlo y buscar la asistencia integral.

En el área de recursos sociales no podemos dejar de destacar las medidas
que el Ministerio de Interior va a tomar incrementando el número de las
unidades específicas de atención a las mujeres víctimas de la violencia
en las comisarías, en los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, que estarán integradas en la medida de los posible
principalmente por mujeres. En 1998 se ha hablado de 26, en 1999 de 36 y
en el 2000 de 46. Esto será complementado con un incremento de personas
en los equipos de mujeres y menores en las 55 comandancias de la Guardia
Civil, ejemplo claro, señorías, de una concreción; si esto no es
concreción en un plan, no sé qué habrá sido lo que antes se haya hecho.

De gran interés son también las oficinas de asistencia a las víctimas de
violencia en los órganos judiciales y fiscales, que llegarán en tres años
a 53. Estamos de nuevo ante unas concreciones de unas acciones claramente
demandadas hasta la fecha pero ignoradas y que ahora se van a poner en
marcha.

Por razones de tiempo no me voy a detener en las medidas de tipo
sanitario, pero sí quiero destacar la elaboración de un protocolo
sanitario, como respuesta integral para estos casos, que ayudará mucho a
las mujeres y que en el seno de la Comisión Mixta precisamente se puso
por expertos sobre la mesa como algo fundamental. Esto no existía hasta
la fecha. Ha sido este Gobierno el que ahora, por primera vez, ha
entendido la necesidad de evitar a las mujeres ese calvario tantas veces
de declarar y, por otro lado, el que pueda con esas acciones colaborarse
a que las pruebas al final, cuando viene el juicio, sirvan para conseguir
el fin que nosotros pretendemos.

El plan se completa, señorías, con algo importante: el área de la
legislación y de la práctica jurídica. No podemos olvidar que a las
dificultades propias de la prueba en estos asuntos se unen otras de
naturaleza jurídica que tienen especial relevancia y trascendencia. En
nuestro país muchas veces se ha expresado la preocupación tanto en cuanto
al marco legislativo como en relación a los procedimientos legales y a
las sentencias que se dictan. Eso lo hemos oído de todos los portavoces
de los grupos políticos. Hemos denunciado que muchas mujeres sufrían la
falta de protección al verse obligadas a compartir vivienda con el
violento. Se solicitaba que pudiese ser aplicada también como medida
cautelar, durante la tramitación de la diligencia de investigación, la
prohibición de estancia y residencia en determinados lugares o proximidad
a la víctima. Esto era demandado por las propias víctimas, por todos los
grupos políticos y estos extremos, señorías, son los que se pretenden
corregir con las medidas contenidas en el apartado legislativo. Por eso,
naturalmente, nuestro grupo tiene que felicitarse de que sea así. Nuestro
grupo entiende que resulta de gran interés introducir esas pequeñas, a lo
mejor, pero importantes y oportunas reformas legales que se recogen en el
plan, extremo por otro lado que no es nuevo en nuestro grupo porque el 17
de febrero, en el Congreso de los Diputados, la portavoz que hoy les
habla también lo decía y así se pronunciaba. Las medidas son necesarias y
eran demandadas por la sociedad, por las mujeres, por lo que difícilmente
podemos aceptar algunas de las manifestaciones que hoy hemos oído aquí
diciendo que no van a ser aplicadas porque aún no se han puesto en
marcha.

Nos felicitamos de que se puedan introducir estas medidas legislativas,
de que el agresor pueda ser alejado del domicilio de la víctima, de que
por primera vez cualquier persona tenga autoridad jurídica para denunciar
casos de malos tratos, porque todo esto va a ayudar a estas mujeres. El
que la violencia psíquica se tipifique era algo que veníamos



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señalando y denunciando. ¿Por qué se puede amenazar y la amenaza, cuando
no se trata del ámbito familiar, puede constituir una falta o un delito
y, en cambio, en el ámbito familiar no? Y en la necesidad de que se
impulse una mayor celeridad en las medidas provisionales nos parece
importante esa coordinación con el Consejo General del Poder Judicial.

Tenemos que decir también que en relación a una demanda que se ha puesto
sobre la mesa de creación de fiscalías especiales, nuestro grupo piensa
que éstas están dirigidas a delitos de difícil investigación (la droga,
el menor, etcétera) por lo que pensamos que en este caso es mejor
establecer medidas de coordinación con el Consejo General del Poder
Judicial que hablen de agilización porque serán mucho más eficaces.

Afortunadamente tenemos que decir que las estrategias de
descalificaciones gratuitas que dudaban de la existencia de un plan, con
la comparecencia de la secretaria de Asuntos Sociales, doña Amalia Gómez,
y con el compromiso económico del Gobierno tienen sus días contados.

Cincuenta y cinco medidas son el mejor aval de un plan. Recordemos, por
otro lado, que el anterior Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista,
en catorce años hizo sólo dos planes de igualdad, sin que hubiese
introducido ningún área específica de la violencia familiar, con seis
escasas medidas todas ellas mucho más inconcretas que las que figuran en
el plan de violencia y de las que tan sólo ahondaron en dos. Tal vez
resulte duro a este grupo aceptar que tuvo que venir el Gobierno del
Partido Popular para introducir en el tercer plan un área específica y
para que se elaborase por primera vez un plan que fuese no a remolque de
ningún hecho verdaderamente duro y sangrante, sino desde un compromiso
muy claro en Galicia precisamente, en mi tierra, en el mes de septiembre,
cuando se tomó la decisión, de común acuerdo con todas las comunidades
autónomas donde están representados los partidos políticos --y no se
puede hablar de que no se haya consensuado la inmensa mayoría de las
acciones con todos los grupos políticos-- de celebrar una conferencia
sectorial monográfica y, luego, todos los compromisos que la secretaria
de Asuntos Sociales ha ido señalando perfectamente. Creemos que todos
ellos hacen que el plan marque un hito en la política del Gobierno, que
es un compromiso real con la política de igualdad y de solidaridad, como
decía al principio, fruto de la participación y de la colaboración
decidida con las comunidades autónomas. Creo sinceramente que el espíritu
de colaboración debería movernos también, señorías, a todos los grupos
políticos para aunar esfuerzos ante un grave problema, recordando que es
esta Comisión el mejor órgano de control ya creado para el plan de
violencia que hoy nos ocupa.

Por todo ello, piensa nuestro grupo que el plan es oportuno, que responde
a una demanda social, que es innovador por ser no sólo el primero sino
porque contempla nuevas medidas y tiene credibilidad --con ello termino,
señora presidenta-- porque por primera vez se dice a dónde se destina el
dinero y por ello también es concreto. Termino señalando que la
colaboración y apoyo es el ánimo que mueve a nuestro grupo, convencidos
de que en este plan se establecen claras estrategias, objetivos, acciones
y medidas que confiamos sean eficaces para solucionar un importe problema
social.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la secretaria general de Asuntos
Sociales para contestar a todos los grupos parlamentarios.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Muchas
gracias, señorías, en primer por el tono de las intervenciones y, en
segundo lugar, una gratitud muy especial al Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida que ha solicitado esta comparecencia.

El plan --he repartido un ejemplar-- no ha ido aún a Consejo de Ministros
y, por tanto, lo conocen sus señorías antes que el Consejo de Ministros.

Es verdad que hasta hace veinticuatro horas llegaba el plan por fax, pero
también es verdad, o no es menos cierto, que el contenido era el mismo,
salvo la eliminación de las medidas referidas a abusos sexuales, habida
cuenta de que algunas comunidades autónomas insistían en que era mejor
obviar ese tema por estar en debate en Cortes Generales, pero repito que
el resto del contenido es el mismo y eso es que es lo único que se
cambia. Aparte de ser mujeres, que es lo más importante y primero, somos
políticos y sabíamos que corríamos el riesgo de que el plan pudiera verse
rechazado por la vertiente autonómica de las competencias. En ese momento
lo único que se varía es la introducción y evaluación, dejando a las
comunidades autónomas, como es lógico, la competencia y responsabilidad
de hacer sus propios planes y de abordar nosotros el plan en el ámbito de
las competencias del Estado. El debate de hoy respalda el acierto de su
decisión porque, si no, no estaríamos aquí. Repito que eso --y quería
decirlo antes de pasar a responder a la señora Aramburu, que es la
promotora de esta comparecencia y, después, a las demás portavoces-- hoy
queda de manifiesto, queda puesto en evidencia. Muchos años esperando. Es
mejor empezar y empezar con algo que puede ser valorado porque va a
existir y que va a ser mejorado porque existe una voluntad de diálogo y
de consenso.

Ya la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hablado del trabajo que
hemos hecho con otros grupos políticos representados en las autonomías;
es verdad que nos quedan fuera algunos grupos, pero entiendo que, a
través de esta Comisión y de iniciativas parlamentarias, se puede
reconducir esta participación. Sí han tenido conocimiento del plan y han
enviado propuestas todas las organizaciones que trabajaban con mujeres
maltratadas y con mujeres vulnerables o en riesgo. Y ha sido informado el
Consejo Rector de la Mujer que, como ustedes saben, en los dos años que
lleva este Gobierno funcionando ha sido más consultado, por lo menos
convocado, que en los cuatro años anteriores.

Tengo que darle las gracias porque hay algunas sugerencias que usted hace
que las vamos a estudiar. El ministro de Economía entiendo que
comparecerá, según la posibilidad de su agenda, porque es voluntad del
Gobierno que todos los ministros que tengan algo que decir sobre este
plan comparezcan.




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Como usted hablaba del Fondo de Garantía de Pensiones, le puedo decir que
va por buen camino y que nosotros esperamos que las cuantificaciones
estén hechas antes de junio. Ustedes dirán: Es que tarda mucho. Mire
usted, llevaba catorce años esperando y si ahora somos capaces de sacarlo
en dos será un éxito de todos los grupos, no solamente del grupo que está
en el Gobierno, sino de todos los grupos, porque no existía ninguna
cuantificación. Ahora, por lo menos en este momento, sí tenemos
estimaciones que aún no son certeras pero que se mueven entre 3.000 y
9.000 millones, y eso hay que apuntarlo, eso hay que cerrarlo, pero con
datos, no dando pasos en falso.

En cuanto a la cobertura sobre la que me preguntaba la señora Aramburu,
respecto a las que podrían ser beneficiadas de este plan, en primer lugar
estimamos que deben serlo las mujeres que están acogidas en centros pero
también muchas de esas mujeres que plantean denuncias, porque
indudablemente de esa manera no sólo podemos hacer la prevención de un
mal mayor, sino que se beneficien de las medidas que hay de prevención y
apoyo antes de. En ese sentido estaríamos hablando de entre 20 y 25.000
mujeres en todo el Estado, cifra pequeña, porque tenemos que ir a las
bolsas en donde existen y que, posiblemente, con la mejor coordinación
con las trabajadoras y trabajadores sociales que están en el plan
concertado, podríamos ampliar el espectro, indudablemente, incorporando
ayuntamientos con financiación propia o derivada.

Me pregunta usted por qué no suscribió el plan Andalucía. Tengo que
reconocer también que usted es de las que mejor conoce la situación de la
mujer en Andalucía porque fue diputada y conoce la andadura del segundo
plan. El segundo Plan de igualdad está prorrogado por no haber conseguido
sus objetivos y tengo que decirle que del borrador del plan de acción,
que no ha sido presentado aún en el Parlamento andaluz pero que sí
conocemos por haberse publicado íntegro en los medios de comunicación, de
las quince medidas aprobadas, todas están recogidas en este plan, sólo
hay una que no se recoge que también tiene que ver con una pregunta de
usted, y es que el plan andaluz establece un programa de ayudas
económicas por un valor de veinticinco millones de pesetas. Por otra
parte, habla de becas-salarios no cuantificados para formación. Nosotros
lo de la beca-salario lo hemos resuelto a partir de lo que es la
prioridad en los planes de formación ocupacional en un convenio con el
INEM y pensamos que lo de la dotación de ayudas económicas a mujeres no
se debe quedar sólo en una fórmula nueva, sino que debemos estudiar la
mejora de la aplicación del salario social, de manera que no solamente
sea para familias con pocos recursos, sino que se estudie la posibilidad
de reconducir e introducir en el salario social --y nunca mejor dicho
salario social-- a las mujeres maltratadas.

Habla usted de dos temas que vamos a estudiar. Un tema importante es la
retención de armas que, como usted sabe, no está resuelto; también lo de
la expulsión del agresor del domicilio, así como todo lo referente al
artículo 82 del Código civil por el que usted se interesaba, lo mismo que
esa conexión que sería importante pero que hay que estudiar, señora
Aramburu, porque muchas veces hay cosas que uno sabe que se pueden hacer
pero que presupuestariamente son imposibles, gobierne quien gobierne.

Pero hay que estudiarlo, porque se podría hacer un plan piloto y ver
cuánto cuesta y, sobre todo, qué eficacia tiene, cómo sería la
interconexión de los teléfonos de las víctimas o, por lo menos, algún
mecanismo de tele-alarma en relación con los centros donde hay fuerzas de
seguridad del Estado.

Nos parece muy importante, porque es cierto que los problemas de
violencia se han producido muchas veces después de sentencias, y otras
veces como consecuencia inmediata de la presentación de denuncias.

Verdaderamente es un problema que tendremos que estudiar y ver qué
significa.

Salario de emergencia. Podríamos estudiar lo del salario social porque,
si no, va a haber muchas fórmulas paliativas que al final se consolidan y
no resuelven sino que enquistan problemas.

En cuanto a lo del código ético con los medios de comunicación, tengo que
decirle que en el mes de septiembre --se acordó también en conferencia
sectorial-- va a haber un congreso nacional de medios de comunicación y
violencia que se está elaborando en el seno de la conferencia sectorial
de las comunidades autónomas, organismos de igualdad, porque queremos que
sea no solamente un diagnóstico de cómo ven los medios de comunicación la
violencia sino que también se haga una evaluación de qué manera reciben
el ciudadano y la ciudadana esos mensajes de violencia. Es decir, la
violencia con lo que es el condicionante del morbo; la violencia con lo
que supone luego ubicar a unas comunidades autónomas más violentas que
otras, y queremos llegar a la conclusión de un código. Usted sabe que
existe un código respecto a lo que es el tratamiento de las políticas de
género, pero tengo que decirle que es un código difícil de cumplir por
parte de los medios de comunicación y difícil de hacer cumplir por parte
de las administraciones, porque hay una frontera muy difícil entre lo que
es la libertad de expresión y lo que debe ser el tratamiento correcto de
los temas de género. Pero, repito, tenemos muchas esperanzas en esas
jornadas que ya se anunciaron en la conferencia sectorial el pasado 20 de
abril.

La habilitación del crédito blando es un tema que necesitaría ser
estudiado, porque usted sabe que la mayoría de las mujeres difícilmente
pueden acceder a un crédito blando en función de algún proyecto de tipo
empresarial o de futuro económico. Por lo tanto, tendríamos que ver esa
posibilidad y estudiarla con lo que hablaríamos de mínimo de subsistencia
a través del salario social. Y, sobre todo, sí tendríamos que tener más
en cuenta lo que son los instrumentos que hay hoy, como viveros de
empresas, el programa Optima, el programa Innova, lo que son las IPES en
los municipios; lo que usted conoce muy bien en Andalucía, como ámbitos
donde estas mujeres pudieran tener una prioridad o preferencia o, al
menos, un trato de igualdad. Y hay una cosa que quiero decir: en estos
momentos estamos modificando la orden ministerial de profesiones
subrepresentadas, muy interesante porque vamos por 301 --no sé en cuántas
quedará-- y esto también va a ser importante para dar salida a estas
mujeres, porque significa una bonificación



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del 60% de las cuotas de la Seguridad Social durante dos años a empresas
que tengan puestos de trabajo donde las mujeres están subrepresentadas,
de toda la graduación en lo que es la formación. Estoy hablando de temas
que pueden ser desde servicios o trabajos del sector primario que
requieren una cualificación media-baja, hasta otro tipo de trabajos donde
pueden requerir una cualificación media-alta; no olvidemos que las
maltratadas son de todos los estratos sociales, aunque, estoy de acuerdo
con usted, la desprotección de las desposeídas es mucho más grave, porque
incluso en el análisis de los expertos se hace una especie de
concomitancia entre progreso y violencia y es añadir la pobreza a una
violencia que es aún mucho más indefensa.

Cuando habla usted de la financiación, en el cuadro que les hemos pasado
(que podrán estudiar y que puede ser objeto de preguntas o de futuras
comparecencias) viene por años lo que aporta cada ministerio. Yo no sé
cómo se llamará en el Reglamento de las Cortes Generales o en los
parlamentos autonómicos. En el nuestro es el artículo 7. Siempre hay un
artículo por el cual usted puede decir: Expliciteme dónde va a invertir
usted, esto, esto y esto. Ahí lo hemos puesto por año y por ministerio
porque era la mejor forma de amarrar los compromisos presupuestarios.

Es verdad, es el primer plan que tiene una memoria económica y tiene una
memoria económica porque la experiencia de las que hemos sido
parlamentarias nos dice que un plan sin memoria económica muchas veces
tiene menos credibilidad o hay menos voluntad, escrita en negro sobre
blanco, de cumplirlo. De esta manera, nosotros pensamos que es mucho más
posible. Y me dicen ustedes: Es que hay algunas medidas que aún no están.

El plan aún no ha llegado al Consejo de Ministros, y el año 1998, que yo
sepa, acaba el 31 de diciembre. Y no olvidemos que cuando se está
empezando a elaborar el plan hay previsiones de lo que pueda costar, pero
los presupuestos estaban cerrados. Es decir, quedaba el debate
presupuestario ulterior, pero tampoco eso puede preocupar a ojo de buen
cubero, siendo el ojo de buen cubero el mejor de los ojos. Aquí estamos
hablando de unas partidas presupuestarias que se preveían y eso ha
permitido tener la cobertura presupuestaria del año 1998.

Habla usted de un organismo que haga un seguimiento. Dentro del
Observatorio de la mujer se va a establecer precisamente un área
destinada a ello. Sin embargo, yo creo que en esta Comisión se puede
establecer un acuerdo para que trimestralmente vengamos a dar cuenta.

¿Qué mejor observatorio que la representación soberana del pueblo? Es
mucho mejor porque indudablemente lo que aquí queda escrito, queda
escrito, como después demostraré, en lo que es el uso que por otra parte,
es también una especie de deformación del oficio de historiador y
documentalista; es muy bueno tener el libro.

Y le quiero dar las gracias, primero, porque usted tiene la rara virtud
de hacer las críticas más duras desde el conocimiento y siempre desde un
afán constructivo y se agradece el tono, señora Aramburu. Y le digo que
hay algunas sugerencias que usted hace que posiblemente puedan ser
incorporadas porque éste es un plan que no nace ni con derechos de copy
right ni tampoco nace con una visión estática. Por lo tanto, pueden
ustedes tener la seguridad de que, salvo en lo del fiscal especial, que
hemos encontrado un argumento por parte del Ministerio de Justicia que es
el que puede impulsarlo y que, por otra parte, no ha dado una alternativa
estable, indudablemente, cuando son cosas cerradas no podemos
intentarlas. Pero todo lo que ustedes propongan que sea viable, que sea
sensato y que sea razonable, si no puede ser en 1998 será en l999 porque,
a pesar de todo, sí estoy convencida de que a todas ustedes les duele,
les preocupa y quieren resolverlo.

Gracias a la senadora Costa. Comparto con usted su crítica. Posiblemente
sea ese hábito de traer las cosas después de, pero también es verdad que
es más cómodo traerlas cuando ya están cerradas. Muchas veces introducir
muchas personas cuando hay representatividad suficiente y conocimiento
suficiente, es verdad, es una alternativa. Espero que podamos resolver
ese retraso en la llegada de la documentación.

Usted preguntaba por la justicia gratuita en materia de juicios de
faltas; está previsto en el plan. Lo verá usted cuando tenga ocasión de
estudiarlo con más detalle.

También habla usted de que la convivencia del agresor con la víctima es
posiblemente el reto más grande que tengamos. ¿Que el juez puede
aplicar...? Claro que sí, pero usted sabe que la realidad no es ésa; en
la realidad estamos teniendo casos de convivencia y, lo que es más
difícil, casos en los que en las medidas cautelares eso no se contempla.

Y es una realidad importante. Y dice usted: Es que se puede quedar la
víctima con los hijos al cuidado de la casa. ¿Sabe usted cuál es la
vulnerabilidad de la mujer en ese momento? Que el agresor no tiene que
preguntarse dónde está, porque sabe dónde está.

Por eso, cuando ustedes decían: --y es respetable, porque yo comparto en
parte esa crítica-- ¿Por qué tienen que abandonar la casa e ir a la casas
de acogida? Mire usted, cuando se habla --y estoy segura de que usted ha
hablado con muchas-- con mujeres en centros de acogida, lo primero que le
dicen a una cuando van a preguntarle qué hacer es: Sáquenme de mi casa.

Porque muchas veces ante una decisión del juez de dejarla en el hogar y
echar al agresor, el agresor tiene algo muy claro: dónde está la víctima.

Por eso digo que tenemos que combinar las medidas que aquí se establecen
para que articulándolas bien, todas sirvan al mismo objetivo. Es decir,
si pisos de acogida no, a lo mejor con el alejamiento y la permanencia de
la mujer en el domicilio, desde la convivencia, puede resolverse. Pero en
estos momentos, sin estar esa medida puesta en práctica, dejar a la mujer
en el domicilio familiar es tener el agresor clarísimo dónde está cuando
quiera cogerla. Por eso digo que hay que articular la aplicación.

Tiene usted razón, la protección no debe ser sólo formal, sino real, pero
usted sabe que recogemos que los fiscales puedan actuar de oficio. Y
usted, que sabe muy bien lo que es la mecánica de la jurisprudencia, sabe
que algunas cosas tenemos que hacerlas tomando la decisión el Consejo
General del Poder Judicial, porque nosotros no podemos tomar medidas, ya
que existe esa autonomía de los poderes que de alguna manera garantizan
lo que es un



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Estado de Derecho. Imagínese lo que sería el Ejecutivo diciéndoles a los
jueces lo que tienen que hacer.

Sin embargo, yo quiero que tenga usted la tranquilidad de que se ha
abierto un período nuevo, porque es la primera vez en la democracia que
una Administración del Estado se ha puesto en contacto con el Consejo
General del Poder Judicial, no para hacer unas jornadas, el nombre es lo
de menos, sino porque a través de las jornadas se ha creado una vía de
intercambio de información, incluso de intercambio de sugerencias y
propuestas y eso es lo que ha posibilitado lo que yo aludía en mi
información: tener un lujo de asesores y asesoras que lo han hecho desde
la buena voluntad y desde un conocimiento del ejercicio de la judicatura
de mucho tiempo. Creo que estamos en un buen camino y precisamente hoy
voy a clausurar otras jornadas que se hacen también en colaboración con
el Consejo General del Poder Judicial.

En cuanto a qué innovamos y qué no innovamos, es verdad que no hay nada
nuevo bajo el sol, pero sí es innovadora la voluntad política de hacerlo.

Es innovador que se hagan realidades lo que en otros momentos estoy
segura de que fueron intenciones serias de llevarlo acabo. No se trata
tanto de innovar como de hacer realidad cosas que habían dicho muchas
personas, muchas entidades, muchas instituciones. Y tiene usted razón, lo
importante es resolverlo, aunque creo que algunas veces innovar puede
romper inercias o puede romper comportamientos consolidados y reacios a
hacer cambios.

Dicen los expertos en materia de leyes que no se deben cambiar los
códigos porque cambiar los códigos sobre la oportunidad es abrir una
brecha que no es buena para lo que tiene que ser la solidez de la
justicia. Creo que en este caso, habiendo consultado con el Ministerio de
Justicia, con los expertos que lo tienen que llevar a cabo y, por
supuesto, con una Cámara legislativa que va a poder opinar, preguntar y
solicitar comparecencias, lo haremos de la mejor manera posible, que será
pensando siempre que no se ha hecho el hombre para la ley sino la ley
para el hombre y para cubrir ese objetivo que queremos de blindaje de la
seguridad de la mujer.

También dice usted --y yo estoy de acuerdo con usted-- que espera que se
haga dentro del consenso con las fuerzas políticas todo lo que afecte a
la reforma de los códigos.

Hablaba usted de juez de guardia recogiendo una iniciativa..., pues la
vamos a estudiar. Me parece interesante, sobre todo --como usted ha
dicho-- en los partidos judiciales donde no hay juzgados de familia. Esta
es otra de las sugerencias que recojo para trasladar y también para
defender porque me parece interesante.

Y estoy de acuerdo con usted en que de alguna manera habrá que revisar la
ley de separación y divorcio porque creo que si uno para unirse sólo hace
un ejercicio de libertad, debe ser un ejercicio de libertad, salvo
compromisos de otra índole a la hora de establecer una convivencia, el
que también disuelva ese compromiso.

Y, desde luego, la participación de las mujeres me parece importante, así
como reforzar el movimiento asociativo de mujeres, lo he dicho en este
foro varias veces, pero entiendo que la mejor forma de reforzarlo es
involucrarlas, de manera que hoy con mujeres más formadas, mejor
preparadas y cada vez más libres, el movimiento asociativo será cada vez
más fuerte y más autónomo. Eso es muy importante.

A la señora Solsona quiero darle las gracias por su intervención. Es
verdad que muchas de las medidas incorporadas habían sido propuestas por
la Comunidad Autónoma de Cataluña. Hay coincidencias muy grandes, y si
quiere la información se la podemos remitir, en las propuestas de todas
las comunidades.

En cuanto a los turnos de abogado especializado, usted habrá visto que
está recogida su necesidad, y también hay que estudiar lo de un letrado
de oficio de las faltas. Preguntaba alguien si van a tener esa
asistencia. La van a tener, como viene recogido en el plan.

Los protocolos. Se están haciendo también, además de en la Comunidad
Autónoma de Cataluña, en la de Murcia. Es decir, las comunidades
autónomas están viendo las iniciativas y están poniéndose en marcha. Lo
que pasa es que usted sabe que el plan catalán que sale en junio será el
tercero, aún quedan los planes de las demás comunidades autónomas.

Castilla-La Mancha parece que lo tiene; Andalucía también; Cataluña muy
elaborado, y las demás se encuentran en una fase que no sabemos
exactamente en qué mes va a ser a lo largo del año. Pero todos estos son
acuerdos que yo creo que se van a aplicar en todas las comunidades
autónomas.

Los convenios de cooperación era la fórmula que podía respetar el ámbito
competencial de las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, garantizar
que no hubiera reiteración ni solapamiento.

A la señora portavoz del PSOE le doy las gracias por la reflexión, por
las propuestas, que voy a valorarle, pero antes tengo que decirle dos
cosas: una, que los carnés de solidaridad y de trabajo por la igualdad de
la mujer en una democracia no los reparte ningún grupo político, hay que
ganarlos. Y yo creo que si no hemos ganado el carné --también habría que
preguntar quién los reparte--, de alguna manera sí habríamos ganado la
confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas, porque ninguna de las
medidas que se recogen en el plan es obvia ni gratuita en el sentido de
innecesaria. Y también, señora Navarro, haciendo un ejercicio riguroso y
serio le voy a dejar a la presidenta la referencia a los malos tratos que
había en el primer plan de igualdad 1988-1990 y el compromiso que había
para desarrollar programas dirigidos a mujeres maltratadas en el segundo,
1993-1995. Es decir, en años en los que estábamos soportando denuncias de
15.000 más o menos --como ya ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular--, había sólo dos objetivos, y de las siete actuaciones, del año
1988-1990 solamente se puso en marcha una. Voy a decirle algunas
actuaciones porque le van a sonar familiarmente: Modificar los mecanismos
sancionadores hoy existentes para prevenir y combatir el problema de los
malos tratos entre cónyuges. Sustituir la actual rúbrica de los delitos
recogidos en el título 9 del libro II del Código Penal por otra que
aglutine con mayor rigor la realidad que subyace a este tipo de delitos.

La del delito de violación



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no la voy a incluir ni como cumplimiento ni como incumplimiento. Otra, la
reforma del delito de estupro, que también tenía que ver con lo sexual,
pero habida en el seno de la unidad familiar de cara a lo que son malos
tratos domésticos. Otra, agravamiento de las penas en los delitos
distintos de estupro cuando se han cometido con personas de la familia en
el ámbito de delitos domésticos.

Y en el segundo plan solamente había un objetivo y había seis
actuaciones, no era tampoco área. Hablaba de la creación de un grupo de
trabajo interministerial, grupo de trabajo que no se había creado nunca y
que se creó con este Gobierno. Hablar de la homologación de criterios de
actuación en las casas de acogida para mujeres maltratadas y de
mecanismos de seguimiento posteriores por dificultades, no se ha hecho, y
usted ha visto que en nuestro plan no hemos dicho homologar, sino
impulsar el que se homologue a partir del ejercicio de responsabilidad de
la Administración que va a hacer el primer texto.

Hablaba de impulsar medidas de sensibilización sobre la situación de las
mujeres que sufran violencia. Usted sabe mejor que yo cuántas campañas se
han hecho y cuántos folletos, y lo conocen todas sus señorías. Continuar
participando activamente en el plan concertado de servicios sociales,
usted sabe que lo único que se hizo fue flexibilizar el plan en el año
1994 para permitir la existencia de piso de acogida a mujeres, pero no
sólo a mujeres maltratadas, sino a mujeres solas, a mujeres que estaban
en situación de exclusión social y algunas de ellas incluso con un
período de estancia muy corto. Y, por último, elaborar un modelo de
formación para impartir a los profesionales que trabajan en el plan
concertado. Yo les rogaría a SS. SS. que vieran la memoria de los
programas de formación y verán ustedes que en este caso no han llegado ni
al 0,5 por ciento.

Quiero decir con esto que cuando usted habla de que este Gobierno hace
poco, yo comprendo, porque he sido también portavoz de oposición, que la
oposición no sólo hace oposición por desgastar al Gobierno, y además me
consta su buena fue, hace oposición por conseguir cosas que a lo mejor le
parecerían más realizables o más interesantes. Lo que pasa, señoría, es
que cuando se está catorce años apoyando a un Gobierno y se pasa a la
oposición tiene usted el papel mucho más difícil que los demás miembros
de los grupos de la oposición que no han tenido al partido que apoyan en
el Gobierno. Llega un momento en que usted habla de que no tenemos
preocupación política, de que no es una prioridad; usted está haciendo
juicios de valor, aunque usted dirá que son valoraciones de un talante.

Pues ahí hay un presupuesto que ustedes pueden seguir, ahí hay unas
medidas que están puestas desde el compromiso de los ministerios que van
va revisarlas; no tienen más que mirar sus márgenes y si el plan llega al
Consejo de Ministros esta semana, como parece va a ser (porque no lo sé
seguro), indudablemente tiene usted de aquí al final de año para ver si
lo que se ha dicho este año se va a cumplir.

¿Cómo va a haber innovación si ha tenido usted también que pasar del
silencio de 1989 a 1998? Porque el plan que hizo la Comisión de Derechos
Humanos estaba; yo he podido acceder a él y hemos recogido la inmensa
mayoría de las peticiones. Luego, por lo tanto, creo que tiene que haber
un respeto a la verdad, aunque a usted no le guste o no le parezca bien
que sea el Gobierno del Partido Popular el que tenga que hacer esto, pero
esa memoria estaba en 1989. No creo que haya tenido usted un problema de
anmesia, yo creo que no porque usted es una mujer viva, valiente e
inteligente; tendrá que haber tenido usted otras prioridades u otros
trabajos que le han impedido no acordarse de que ese informe estaba ahí
desde 1989.

Habla usted de los presupuestos cerrados. Es que en los presupuestos de
1998 se tuvo la precaución de pensar que íbamos a necesitar unas partidas
para poner en marcha el plan, y ahí está. Y ustedes nos deben pedir grado
de desarrollo y de ejecución cuando el plan esté en marcha. Ahora, poner
en duda que hay una voluntad política de hacerlo cuando se ha hecho y se
le han puesto números detrás, creo que en este momento es gastar un
instrumento de trabajo político cuando usted lo puede utilizar más tarde
para ver si se ha cumplido o no.

Cuando hablamos de que medidas a corto y medio plazo son declaración de
intenciones, creo que la declaración de intenciones está aquí. En este
momento hay algo que no se puede negar, y es la voluntad de hacerlo. Yo
espero (y si no sucediera así puede usted tener la certeza de que no
estaría sentada en esta mesa, estaría en Sevilla) que pueda dar el año
que viene explicaciones serias de haberlo cumplido; no digo que lo
cumpliré en un cien por cien, pero espero llegar a un grado de
cumplimiento importante, que es lo que al final hace que los políticos se
puedan sentar en los sitios y decir las cosas sin renunciar al espectro
ideológico en que una milita pero, por supuesto, sin faltar a la verdad,
que es lo que vale en los políticos, se esté en un lugar o se esté en
otro.

Creo que es mejorable el plan, pues claro que es mejorable. Fíjese si es
mejorable que yo he recogido hoy ya propuestas, una, de la señora Almeida
y la señora Costa; varias de las que ha dicho la señora Aramburu, y
también voy a recoger alguna de usted, claro que sí, porque hay algo que
usted ha dicho que yo voy a recoger, y es explicitar más el cumplimiento
de las medidas a corto y medio plazo. Tiene usted razón, pero eso dicho
de una manera es distinto a decirlo de otra. Su usted lo dice --solamente
incluso en la semántica-- desde una voluntad de clarificar y de amarrar
al Gobierno para que cumpla cuanto antes, estoy de acuerdo con usted.

¿Sabe por qué? Porque creo que las mujeres, incluso por encima de los
propios partidos políticos, tenemos que tener unos compromisos
irrenunciables, porque fíjese el esfuerzo que se ha hecho en la
democracia, el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de UCD y, muy
especialmente, el Gobierno socialista, y fíjese aún cómo quedan estas
cosas.

Usted decía que estamos haciendo medidas de propaganda, que no decimos
nada nuevo. Pero es que esto es claramente una definición de actos
fallidos. Nosotros empezamos a hablar en septiembre; se constituyó la
comisión; ha habido los grupos de trabajo; usted dirá: «Es que mandaron
fax...» Sí hasta el último momento, pero con lo mismo, lo único que
variaba era la articulación, porque si no podíamos poner en riesgo que
comunidades del 151 y



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del 143, que no tenían los planes, se descolgaran, y es mejor sumar que
restar.

Habla usted de propaganda política, de dar la cara y de decir que aquí
está lo que vamos a hacer. Que lo juzgue la sociedad, que lo juzguen
ustedes. Pero una cosa deja de ser verdad y se convierte en propaganda
cuando no se realiza. Y un plan que aún no está aprobado por el Gobierno
por lo menos concédanos usted lo que en un Estado de Derecho se concede,
que es el beneficio de la duda, el beneficio de las buenas intenciones.

Lo de la recomendación del fiscal también lo comentaba. Creo que sí es
importante el fiscal, que solamente hizo una circular para recordar la
instrucción de 1988; estoy de acuerdo con ustedes. En este momento ya le
digo que vamos a trasladar al Consejo General del Poder Judicial, al
fiscal general y a la ministra, la necesidad de que cambie esa
instrucción porque han cambiado las circunstancias.

Y usted habla de formación de profesionales, de replantear el factor
riesgo. Yo estoy de acuerdo, pero también tenemos que tener memoria.

Usted sabe que hablan de que tenemos que consultar... Ha habido
fundaciones muy cercanas a partidos que pusieron en marcha pisos de
acogida, que se fueron, que están en proceso de extinción y que, además,
han dejado pequeños problemas en relación con los acreedores. Por eso
digo que en esta Comisión, señorías, tenemos que hacer un ejercicio
(sobre todo tratándose de políticas de género y de políticas de igualdad)
de, como diríamos vulgarmente, machacar lo machacable, pero me parece que
hay algo que usted no va a conseguir hoy: empañar lo que tiene de
realismo, lo que tiene de obligación y deber cumplido ante esa sociedad
que estaba angustiada pidiendo algo.

Es verdad --lo ha dicho la señora Costa y me parece que también lo han
dicho las señoras Aramburu y Solsona-- que hay cosas que no se pueden
hacer deprisa. Pero lo que no podemos hacer es utilizar la velocidad para
atacar cuando convenga y alabar cuando interese. ¿Que hay cosas en las
que no podemos ir deprisa? Pues claro, pero hay cosas que también los
agresores necesitan saber para tener la certeza de que no van a quedar
impunes. Y también conviene que muchas víctimas conozcan esto para que
sepan que va a haber más mecanismos para que estén tranquilas.

Yo les doy las gracias a todas (y especialmente a la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, que ha tenido un trabajo muy arduo; ha entrado
incluso en más detalles que yo) tanto a la que lo han comprendido más
como a las que lo han comprendido menos. Pero le doy también las gracias
a usted, señora Navarro, porque sé lo difícil que es muchas veces hacer
de portavoz de la oposición y porque sé que en el fondo usted sabe que
éste es el plan que al Grupo Parlamentario Socialista le hubiera gustado
hacer.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora secretaria general, muchas
gracias a todas las portavoces y a todos los miembros de esta Comisión.

Me gustaría informar a SS. SS. y a la secretaria general, aprovechando
que estamos aquí (aunque ahora habrá reunión de Mesa y portavoces), que
viene una comisión del Parlamento de Finlandia, y ruego que, como va a
ser día de no pleno, transmitan a sus portavoces quién quiere participar
en una reunión de trabajo; no voy a convocar la Comisión para hablarles
de esta reunión, sino que les ruego que si alguien quiere participar lo
haga.

Y también quiero informar a la secretaria general y a todas SS. SS. que
hemos estado el otro día en Lisboa para el tema de la conferencia de
comisiones de todos los parlamentos europeos que trabajan en la igualdad
entre mujeres y hombres que, como saben SS. SS., las Cortes Generales de
España quieren presidir durante 1999. Las comisiones parlamentarias han
aceptado la propuesta de España y esperamos que el día 5 de junio la
Comisión Europea lo acepte también.

Les digo esto sólo a título de información y porque, a pesar de que hoy
ha sido una jornada monográfica importantísima para todas las mujeres de
España, especialmente para las mujeres que sufren violencia doméstica,
también estamos avanzando en temas en los que cualquier mujer se tiene
que sentir responsable y especialmente nosotras, al trabajar por todas
las mujeres como lo estamos haciendo.

Señora secretaria general, yo le ruego que sigamos entre todas haciendo
oposición, apoyando al Gobierno o haciendo las críticas o las
aportaciones necesarias; que venga a esta Comisión cuantas veces quiera,
que diga al Gobierno que sustenta el Grupo Popular que esperamos a todos
los ministros para que sigan hablando del tema mujer, porque creo que
estamos en un momento importante, estamos avanzando de una manera
importante y eso lo tenemos que conseguir entre todos.

Se levanta la sesión.




Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.