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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 97, de 14/04/1998
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1998 VI Legislatura Núm. 97
PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA
Sesión núm. 15
celebrada el martes, 14 de abril de 1998,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor fiscal jefe de la Fiscalía especial para la
prevención y represión del tráfico ilegal de drogas (Ortiz Urculo) para
informar sobre las actuaciones de la citada Fiscalía. A solicitud del
Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente del Congreso
212/001127 y número de expediente del Senado 713/000469) (Página 2010)
Comparecencia del señor director general de la Policía (Cotino Ferrer)
para informar sobre las actuaciones sobre represión del narcotráfico. A
solicitud del mismo grupo parlamentario (Número de expediente del
Congreso 212/001129 y número de expediente del Senado 713/000471) (Página 2020)
Proposiciones no de ley:
--Sobre incidencias de los problemas derivados del alcoholismo y otras
drogodependencias en las causas del maltrato a las mujeres. Presentada
por el Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente Congreso
161/000862 y número de expediente Senado 663/000041) (Página 2027)
Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR FISCAL JEFE DE LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA
PREVENCION Y REPRESION DEL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS (ORTIZ URCULO) PARA
INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA CITADA FISCALIA. A SOLICITUD DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente del Congreso
212/001127 y número de expediente del Senado 713/000469).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.
Comenzamos la sesión de la Comisión. El primer punto del orden del día es
la comparecencia del fiscal jefe de la Fiscalía especial para la
prevención y represión del tráfico ilegal de drogas, don Juan Cesáreo
Ortiz Urculo, para que informe sobre las actuaciones de la citada
fiscalía, a petición del Grupo Parlamentario Socialista.
Como es nuestra costumbre, damos nuestra más cordial bienvenida a don
Juan Cesáreo Ortiz Urculo, fiscal especial para la droga.
Tiene la palabra para informar cuanto quiera y como quiera.
El señor FISCAL JEFE DE LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA PREVENCION Y
REPRESION DEL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS (Ortiz Urculo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señorías, tengo el honor de comparecer aquí para informar sobre la marcha
de la Fiscalía especial que, precisamente por eso, considero que tiene
una extraordinaria importancia en una materia como la del tráfico ilegal
de drogas y todo lo relacionado con este delito.
Tomé posesión de mi puesto en la Fiscalía el 5 de noviembre; es decir,
llevo aproximadamente seis meses al frente de ella. Desde entonces he
descubierto, entre los compañeros y yo mismo, la compleja trama que se
maneja respecto del tráfico de drogas y también del blanqueo de
capitales. En este tiempo he viajado a Galicia para presenciar de cerca
los efectos devastadores de los delitos cuya persecución tengo atribuida.
He viajado a Naciones Unidas, a Viena, para comprobar in situ las ideas y
propósitos que preside la puesta al día del Convenio de Viena de 1988 y
el norte que guía a las naciones que concurren en aquel lugar. He
percibido la gravedad de este fenómeno de las drogas y lo mucho que quizá
queda por andar para erradicarlas. He visto, he vivido los trabajos que
se han hecho y se hacen en la fiscalía que dirijo, escuchando a las
fuerzas de seguridad y presenciando su trabajo y he conocido también las
nuevas técnicas que han puesto o van a poner en práctica dentro de poco.
Por tanto, llego a la conclusión de que desde el 25 de abril de 1984
cuando se creó la figura del fiscal especial, por una grave preocupación
que existía precisamente entre los representantes del pueblo español, y
desde el año 1985 en que tuvo lugar el Plan Nacional de Drogas se han
producido desde luego importantes avances en esta materia. Pero no puedo
dejar de reconocer que no se debe bajar la guardia y que es necesario
afrontar con imaginación, desde el Derecho y desde los tribunales, el
cambio social y tecnológico que se está operando aceleradamente,
poniéndose a él con nuevos sistemas de investigación y nuevos medios de
trabajo.
El gran negocio que la droga supone, como lo dice ya la exposición de
motivos de la reforma del Código Penal en 1988 y después se ha venido
repitiendo, proporciona gran poder a quienes obtienen estas ganancias.
Por consiguiente, los medios de trabajo que antes tenía la policía o los
jueces y tribunales ya no valen para la investigación de estos delitos.
Es necesario dar un paso más --ya me referiré después en concreto a qué
quiero significar-- en la preparación constante del personal y en los
medios a utilizar para la persecución de esta clase de delitos.
La Fiscalía especial para la droga --me ha parecido que era conveniente
recordarlo, dado que es la primera vez que comparezco ante SS. SS. como
jefe de esta Fiscalía, porque mirando un poco hacia atrás, no mucho, nos
damos cuenta de por qué nació esta Fiscalía y cuál es, en definitiva, el
norte que persigue, dónde estamos y dónde deberíamos estar-- nació el 30
de marzo de 1988 con la idea de constituir por primera vez una fiscalía
especial --luego ya vino la Fiscalía especial anticorrupción, etcétera--,
que fue la que abrió camino en una nueva configuración del ministerio
fiscal, el de la especialización en una materia como la droga, que al
legislador le pareció conveniente, y yo lo comparto. Por lo tanto, nació,
como digo, una fiscalía especial para una materia precisa y ante unos
órganos jurisdiccionales también concretos, como es la Audiencia
Nacional.
Pero también se dio a la Fiscalía que presido un ámbito nacional porque
dice el artículo 19 del estatuto orgánico del ministerio fiscal que
extenderá sus funciones a todo el territorio del Estado. Esto significa
que el fiscal general del Estado puede encomendarle cualquier asunto en
cualquier territorio donde éste se produzca y, por consiguiente, los
fiscales de la Fiscalía especial son competentes en todo el territorio
del Estado.
Por otra parte, en el blanqueo de capitales no se habla de otras
fiscalías, sino de la Fiscalía especial, a la que se le encomienda la
investigación de los patrimonios en relación con lo que luego ha sido el
delito de blanqueo de capitales, y además se le da una función
extraordinariamente importante, que es la de coordinar a las distintas
fiscalías de todo el ámbito del Estado español, todo ello bajo la
dirección del fiscal general del Estado. Algunas afirmaciones que
entonces se hicieron y que probablemente se irán mejorando cuando se
retoque el estatuto orgánico del ministerio fiscal crean pequeños
problemas en lo que era la institución clásica del ministerio fiscal,
que, como es natural, se resuelven con buena voluntad y, sobre todo, con
conocimientos por parte de quienes estamos obligados a ejercer esta
función. Digo esto porque a la Fiscalía especial para la prevención y
represión del tráfico de drogas se le encomienda las funciones
directamente por el fiscal general del Estado, cosa que no se
hace con las demás fiscalías, si bien podría deducirse del resto del
estatuto.
No entraré en las cuestiones orgánicas internas que esta afirmación
produce porque sería muy largo, pero es obvio que, cuando se trata de
plantear una discrepancia de un fiscal con el fiscal jefe de la Fiscalía
especial, la afirmación de que depende directamente del fiscal general
del Estado crea la duda de si, en definitiva, la orden la ha dado el
fiscal general del Estado directamente o ha sido dada por el fiscal jefe
de la Fiscalía especial; esto viene siendo resuelto considerándola una
fiscalía más a estos efectos.
Las funciones fundamentales que el legislador quiso atribuir a esta
Fiscalía son las de intervenir directamente en los procesos penales
relativos al tráfico de drogas, estupefacientes, etcétera, y cualesquiera
otros que sean de la competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional y de los juzgados centrales de instrucción.
Observarán SS. SS. que una primera parte a la Fiscalía especial se le da
como primera función la de intervenir en el tráfico de drogas,
estupefacientes y sustancias psicotrópicas cometido por bandas o grupos
organizados y que produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas
audiencias, pero no se dice nada del blanqueo de capitales, entre otras
razones porque todavía este delito no había sido introducido en el Código
Penal. Esta primera función está dando lugar a algunas discrepancias
entre los fiscales, que se solucionan con interpretaciones unitarias,
como debe ser en el ámbito del ministerio fiscal, entre otras, ante la
frase de que pertenezcan a una organización o produzcan efectos en
distintas audiencias provinciales. Algunos piensan que basta con que una
droga pase o se traslade por distintos territorios, por distintas
ciudades para que pueda ser competente la Audiencia Nacional; sin
embargo, se ha llegado a la conclusión de que para que afecte o produzca
efectos en distintas ciudades es necesario que se difunda y produzca los
efectos propios del tráfico en algunas ciudades, en algunas audiencias
provinciales; de lo contrario es competencia de la audiencia donde se ha
producido el decomiso, donde se ha encontrado la droga, etcétera. Este
aspecto tiene además una connotación importante y es que, como sabemos,
se trata de un delito universal y, por lo tanto, da lugar a la aplicación
de tratados internacionales y constantes relaciones internacionales para
juzgar a personas a las que incluso se les ha incautado droga fuera del
territorio español.
La segunda función que se atribuye a esta Fiscalía es la de intervenir
directamente en los procedimientos cuando lo acuerde el fiscal general
del Estado, función que viene reforzada por la primera y que parece que,
en principio, no tiene mayor necesidad de aclaración; pero sí lo tiene la
tercera cuando afirma coordinar las actuaciones de las fiscalías para la
prevención y represión del tráfico ilegal de drogas. Y añade: Cuando el
número de procedimientos así lo acuerde, el fiscal general del Estado
podrá designar a uno o varios fiscales de las mismas fiscalías para que
actúen en relación directa con dicha Fiscalía especial. El fiscal jefe de
esta última tendrá con respecto a los fiscales así designados, y sólo en
el ámbito específico de su competencia, las mismas facultades y deberes
que corresponden a los fiscales jefe.
Como pueden deducir de esta lectura rápida, es evidente que en la
Fiscalía en la que me encuentro tiene lugar una doble jefatura: la
jefatura del fiscal que preside la Fiscalía especial para la prevención y
represión del tráfico ilegal de drogas y la de los jefes de las fiscalías
respectivas en donde está integrado orgánicamente cada uno de los
fiscales, que a su vez depende en materia de drogas funcionalmente de la
Fiscalía especial. Por eso, esta función es quizá una de las que más
problemas plantea en el ejercicio del cargo; tanto que ha dado lugar a
dos decretos --uno del año 1988 y otro de 1989--, donde se indica que el
fiscal general del Estado podrá designar en cada comunidad autónoma un
fiscal como delegado para la coordinación de las actuaciones de las
distintas fiscalías, y después ha dado lugar a dos instrucciones de la
Fiscalía General del Estado, una en el año 1991 y otra en 1995. Las
diferencias entre una y otra instrucción estriban en que en la primera se
dio el nombre de delegados a los fiscales que estaban en los distintos
territorios; en la segunda, sin embargo, se les da el nombre de fiscales
especiales. El nombramiento es distinto: en la primera instrucción se
dice que serán nombrados todos por el fiscal general del Estado,
incluidos los fiscales colaboradores de los fiscales delegados, mientras
que en la segunda se dice que los fiscales delegados serán designados por
el fiscal de la fiscalía respectiva.
La diferencia entre estas dos instrucciones se halla en que en la
segunda, que sustituye a la primera, se establece una separación grande
entre las competencias del fiscal jefe de la Fiscalía especial y las de
los fiscales especiales antidroga o fiscales delegados, para entendernos.
Se viene a decir que, en lo que se refiere al delito de blanqueo de
capitales, la coordinación y el conocimiento corresponden directamente a
la Fiscalía especial, que vamos a llamar central para entendernos, que
está situada en Madrid, en tanto que de los demás delitos de tráfico
ilegal de drogas que no sean de organización o que produzcan efectos en
distintas audiencias provinciales, y que no sean de la competencia de la
Audiencia Nacional, conocerán los fiscales de cada fiscalía respectiva y
serán coordinados por el fiscal especial o fiscal coordinador o fiscal
delegado, como se le ha dado en llamar. Estos, a su vez, se reunirán con
el fiscal jefe de la Fiscalía especial periódicamente con objeto de
cambiar impresiones, cruzar datos y, en definitiva, acentuar, que es para
lo que nació la Fiscalía especial contra la Droga, la actuación unitaria
del ministerio fiscal.
He querido tras esta breve intervención, que SS. SS. conozcan los datos
de última hora que pasarán a la memoria que dentro de unos días
presentaré en la Fiscalía General del Estado, y que, a su vez, ella
plasmará en una memoria general, como saben, que será leída en septiembre
en la apertura de tribunales. De estos datos he entresacado las
siguientes líneas generales para darles una idea de cómo está el panorama
en la actual Fiscalía especial para la prevención del tráfico de drogas.
El número de procedimientos penales incoados durante el año 1997 en
materia de tráfico de drogas es claramente superior al que se produjo en
el año anterior, pues se ha pasado
de un total de 188 en 1996 a 231 en 1997, distribuidos en distintas
diligencias previas, procedimientos abreviados y sumarios. Les recuerdo
que esto se refiere exclusivamente a delitos que se ven ante la Audiencia
Nacional, que, por lo tanto, son competencia de la Fiscalía especial
central, que tiene sede en Madrid. Teniendo en cuenta el volumen y la
complejidad que por lo general caracterizan a estas causas y a sus
procesos y el número elevado de implicados que suelen concurrir en ellos,
como después tendré ocasión de indicarles, puede decirse que el aumento
es significativo. En 1997 la Audiencia Nacional ha pronunciado, en
materia de drogas, competencia de esa Fiscalía, 53 sentencias, diez más
que en el año 1996. No tengo que recordar que las sentencias que se
dictan en esta clase de delitos proceden de juicios que a lo mejor han
durado dos o tres meses; son juicios que se celebran por la mañana y por
la tarde, asuntos que pueden tener 70 piezas, y, por lo tanto, cuando se
habla de diez asuntos más, son diez importantes asuntos más, que
corresponden, con pequeñas diferencias, por entrada y salida, a otros
tantos juicios orales. De dichas sentencias, 34 recayeron en sumarios y
19 en procedimientos abreviados.
En estas vistas orales fueron juzgados 321 acusados, 263 españoles y 58
extranjeros, de los cuales 205 fueron condenados y 116 absueltos. Si se
compara con el año anterior (225 acusados, 174 condenados y 51 absueltos)
se advierte también el incremento, que merece ser subrayado, sobre todo
si se tiene en cuenta, de un lado, que, habiendo sido enjuiciados 321
acusados en 53 juicios orales, la cifra media aproximada de acusados por
juicio oral es casi de 7, lo que significa que puede haber 2 ó 3
acusados, pero en otras ocasiones puede haber hasta 20; y, de otro lado,
que la abundante y difícil prueba que se maneja --se trata de crimen
organizado y de frecuente prueba de indicios-- alarga habitualmente las
sesiones de los juicios y, por lo tanto, entretiene aquí la labor de los
fiscales.
El número de asistencias de los fiscales de esta Fiscalía a vistas de
apelaciones ha sido de 102; el de comparecencias sobre prisiones
provisionales, conforme al artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, ha sido de 177 y, en fin, con el ligero margen que supone el
paso de un año a otro, el número total de informes emitidos por los
fiscales de esta Fiscalía especial asciende a 4.347 y el de
notificaciones firmadas a 5.625.
Quiero indicar, siquiera sea por dejarlo sobre la mesa para una
reflexión, que en estos delitos de tráfico ilegal de drogas se siguen
planteando algunas cuestiones que merecen ser pensadas, como la de las
penas a imponer en casos de gran tráfico de sustancias como el hachís, es
decir, de las que no producen grave daño a la salud, en las que, por
mucha cantidad que sea la aprehendida --y me estoy refiriendo a supuestos
de aprehensión o decomiso de toneladas de hachís--, nunca la pena puede
elevarse más allá de seis años y nueve meses, ni siquiera aplicándoles
los supuestos de organización y, además, la de jefes, que agravan las
penas, como es sabido, y las suben en uno o en otro grado.
Quisiera poner de relieve también que el blanqueo de capitales resulta
castigado cuando alcanza a miles de millones de pesetas, con una pena que
puede oscilar o ser casi igual --y, repito, incluso aplicando los
sistemas de organización y jefatura, en los casos en que se advierte o se
consigue probar-- que la que puede corresponder a una persona que es
sorprendida con una papelina de heroína, lo que indica una gran
desproporción en el establecimiento de las penas para las distintas
figuras delictivas.
Quisiera también destacar, simplemente a modo de reflexión, sin entrar a
enjuiciarlo porque esto nos llevaría más tiempo, que el artículo 369,
cuando establece los supuestos agravatorios, no distingue entre que
concurran uno o varios, de tal manera que, si concurren varios, es lo
mismo que si concurre uno. O sea, que un tráfico de drogas de notoria
importancia, si además es con organización, es lo mismo que si también es
con violencia y si es con menores. Con esto quiero decir que, cumplida
una circunstancia agravatoria, las demás resultan inoperantes. Sin
embargo, es curioso que en el tráfico ilegal de drogas, cuando concurre
con el contrabando, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha roto
una línea que hasta ahora venía siguiéndose de concurso entre el tráfico
ilegal de drogas y el contrabando. Ha llegado a la conclusión de que se
produce un concurso, pero no de delitos, sino de leyes y, por lo tanto,
que el tráfico ilegal de drogas absorbe el contrabando, cuestión que ha
sido puesta ya en conocimiento de todos los fiscales para que sigan este
criterio. Pero esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que
entonces el contrabando pudiera ser una circunstancia agravatoria,
incluida en el artículo 369, lo que permitiría dar una cierta entidad a
este plus de criminalidad que indudablemente existe con respecto a
aquellos supuestos en los que, sin contrabando, se produce el tráfico
ilegal de drogas.
Quiero entrar ahora en un aspecto que considero importante en la
actividad de la Fiscalía especial, que es la coordinación de las
distintas fiscalías por parte de la Fiscalía especial, y, por lo tanto,
por mí exactamente. Respecto a la función de coordinación, ahora mismo
resulta difícil --aunque llegará el día en que lo pueda traer ante SS.
SS.-- reducir a estadística el número de actuaciones que se han realizado
para coordinar a las distintas fiscalías, pero no cabe duda de que esta
coordinación pasa por dos cuestiones que me parecen de especial interés.
Una de ellas se refiere a las frecuentes reuniones que deben celebrarse
entre el fiscal jefe de la Fiscalía especial y los fiscales delegados o
fiscales especiales antidroga de las distintas comunidades autónomas, no
sólo para cambiar impresiones sino incluso para crear criterios de
unidad, dada la modificación jurisprudencial que con frecuencia se
produce en estos casos; y la otra, a la informatización completa de la
Fiscalía especial; y cuando digo completa me estoy refiriendo a la
informatización de todo el territorio del Estado de los distintos
fiscales antidroga o los llamados fiscales delegados con la Fiscalía
especial central, que está en Madrid. Tengo que decir que esta
informatización, que encontré comenzada ya hacía dos años, si las cosas
salen como pienso, permitirá que dentro de muy poco esté completamente
informatizada toda la Fiscalía especial y, repito, toda la Fiscalía de
España. Esto nos va a permitir un acceso directo a datos que hoy día se
venían cumplimentando a través de fichas manuales que se enviaban por los
distintos fiscales delegados y que se cruzaban después en Madrid. Es una
labor que quizá al principio fuera encomiable, pero que hoy ha quedado
relegada a los más clásicos principios de trabajo. Hoy día es necesario
avanzar y llegar a la informática y se está llegando.
Cuando tengamos el banco de datos que se refiere a las causas con nombres
de acusados, de inculpados, etcétera, podremos hacer cruces interesantes,
pruebas también cruzadas y, en definitiva, llegar a adquirir una mayor
seguridad sobre la existencia de determinadas organizaciones y de allí
arrancar en el descubrimiento de delitos, tanto de blanqueo como de
tráfico ilegal de drogas, etcétera.
Por otra parte, el acceso directo a los datos de los fiscales delegados
con respecto a la Fiscalía especial me parece de singular interés, porque
en la Fiscalía especial se ha creado ya y funciona, si bien se está
mejorando y perfeccionando, no sólo el programa informático, que lo he
puesto en marcha hace dos meses, sino también un banco de datos de
jurisprudencia del Tribunal Supremo, otro banco de datos de
jurisprudencia resumida del Tribunal Supremo, que lo elabora la propia
Fiscalía especial para lo que a nosotros nos interesa que es el tráfico
ilegal de drogas, y un banco relativo a jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, así como otro banco de datos relativo a la legislación
nacional e internacional, y todo ello afecta al tráfico ilegal de drogas.
Además, se nos ha puesto, también hace dos meses, una conexión a través
de Internet, con el programa Celex y, por tanto tenemos autopistas de
información con Europa para tener conocimiento de su legislación en
cualquier momento, si bien no he conseguido todavía entrar en el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, lo que considero de especial interés.
Respecto a la informática como a las reuniones que efectivamente se han
logrado, porque he conseguido unos fondos hace poco, tengo que decir que
estas reuniones no serán cada dos años, como venían celebrándose, sino
cada cuatro o cinco meses o, si puedo, cada tres, lo que, junto con la
informatización de toda la Fiscalía, espero que dé unos resultados muy
positivos.
Por otro lado, la coordinación en cuanto al aspecto orgánico tiene sus
dificultades. Es evidente que la existencia de dos jefes con respecto a
los fiscales es un principio desconocido dentro del ministerio fiscal, y,
aunque lleva funcionando 10 años, es tan anómalo dentro del ministerio
fiscal, repito, que sigue siendo raro dentro de la propia institución
--tengo que decirlo así.
Es verdad que desde el punto de vista o plano personal no hay problemas,
gracias a --también tengo que decirlo-- la entrega, la dedicación y las
buenas maneras de los fiscales jefes de las distintas fiscalías, pero
indudablemente plantea problemas, porque si funcionalmente dependen del
fiscal jefe de la Fiscalía especial orgánicamente están integrados en
otra fiscalía. Es decir, no hay una fiscalía orgánica antidroga sino que
hay muchas fiscalías y funcionalmente, sólo funcionalmente, existe la
Fiscalía antidroga.
Todos los problemas que se dan en el ministerio fiscal con respecto a
escasez de medios y de plantillas se traducen en la imposibilidad por
parte de los jefes de las distintas fiscalías de dedicar a uno de sus
fiscales a los asuntos de la droga solamente sino que tienen la necesidad
de atribuir otros temas al que llevar la materia de la droga porque, si
no, no podría funcionar la Fiscalía. Esto hace que en muchas de ellas el
fiscal antidroga además de dedicarse a la actividad propia de esta
Fiscalía especial lleve un juzgado con todos los demás delitos propios de
su territorio o provincia. Si a esto se une el hecho de que las ayudas en
medios materiales y personales provienen del Gobierno central o de las
comunidades autónomas, nos encontramos con casos difíciles de resolver.
Si bien es evidente que el fiscal dedicado a la droga tiene voluntad de
trabajar en su comunidad autónoma, es lo cierto que carece de coche, de
local y ni siquiera tiene un auxiliar para poder trabajar.
Hace poco hice una llamada relativa a unas actividades a las que luego me
referiré, para que se unifique y se impulse la destrucción de la droga.
Me encontré con una persona que me dijo: hago lo que puedo, pero es
evidente que no dispongo de los medios que sería deseable tener. Esto
sucedía en una comunidad autónoma. Naturalmente llamé a continuación a su
responsable. Creo que los señores diputados deben conocerlo porque es uno
de los problemas que tiene el funcionamiento de la coordinación de la
Fiscalía especial.
También me quería referir, una vez que hemos hablado del tráfico ilegal
de drogas, al blanqueo de capitales y a la investigación de patrimonios
por parte de la Fiscalía especial.
Señor presidente, no sé el tiempo de que dispongo, pero llevo
aproximadamente 35 minutos. ¿Puedo seguir?
El señor PRESIDENTE: Somos muy generosos y puede emplear el tiempo que
necesite.
El señor FISCAL JEFE DE LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA PREVENCION Y
REPRESION DEL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS (Ortiz Urculo): Muchas gracias,
señor presidente.
Como decía, me gustaría hablar un poco de la investigación de patrimonios
o blanqueo de capitales. A este respecto la Fiscalía especial ha incoado
en el año 1997 once diligencias informativas, de las cuales dos fueron
archivadas, dos se judicializaron, es decir se denunció y se trasladó la
investigación al juzgado central correspondiente, y una se remitió a la
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid,
mientras seis prosiguen en investigación en la Fiscalía especial.
Se han recibido muchas más denuncias, que han sido distribuidas en las
distintas fiscalías de España de la siguiente forma: a la Fiscalía de
Alicante se remitieron dos; a la de Barcelona, dos; a la de Bilbao, una;
a la de Cádiz, cinco; a la de Cáceres, una; a Coruña, una; a Lugo, una; a
Madrid, 31; a Málaga, una; a Orense, una; a Salamanca, una; a San
Sebastián, una; a Sevilla, tres; a Pontevedra, dos; a Valencia, dos; a
Valladolid, dos, y a Vitoria, una. A los juzgados centrales de la
Audiencia Nacional se remitieron
cinco. La cuantía de los movimientos denunciados oscila, pero entre las
que he estado rebuscando del año 1997 la que tenía un movimiento más
elevado alcanzaba la cifra de 850 millones, en el caso de lo que luego
fue un sumario, el sumario 2/97, que lo lleva el juzgado central número 1
de la Audiencia Nacional, si bien tengo que decir que esta cifra no es
una cantidad significativa porque puede incrementarse o variar durante la
investigación o la instrucción.
Estas diligencias de investigación, 11, repito, en el año 1997, más otras
tantas de lo que va de 1998, que constituyen al final un número total de
20 y que actualmente están vigentes y en investigación dentro de mi
propia Fiscalía especial, son las que la Fiscalía ha podido despachar con
los medios que tiene y con el número de fiscales de que dispone en este
momento, porque no puede con más, ya que tiene que dar preferencia a los
procedimientos judiciales antes de entrar en las diligencias de
investigación de blanqueo de capitales que, al fin y al cabo, no tienen
unos plazos tan perentorios como los pueden tener unos procesos
judiciales ya iniciados.
Se ha pedido un aumento de plantilla de la Fiscalía especial,
precisamente para la dedicación al blanqueo de capitales, y espero que en
la próxima ocasión se tenga en cuenta esta petición. Repito, aunque este
año no ha habido suerte espero que el próximo año se produzca una
ampliación de la plantilla, porque esto se solicita no sólo para el
trabajo que se está realizando sino para abarcar más, es decir para poder
entrar más a fondo en lo que es el estudio y el blanqueo de capitales a
través de la investigación de patrimonios.
En este punto quisiera decir --y estoy llegando al final porque, si no,
me parece que me voy a pasar un poco de hora-- que he reflexionado sobre
la forma de investigación de patrimonios que se viene realizando y me
parece un avance importante, sobre todo si se tiene en cuenta lo que se
hace en otros lugares. Muchas veces pensamos que vamos atrasados, pero no
en este caso. Creo que una Fiscalía especial para la prevención y
represión del tráfico ilegal de drogas no existe en casi ningún país de
Europa y, por supuesto, el hecho de que estemos hablando ya de cómo
mejoramos el actual plan de lucha contra la droga quiere decir que
estamos acertando en lo que hemos hecho, pero hay que mejorarlo
naturalmente. En esta idea de mejora se creó el servicio ejecutivo en el
Banco de España como consecuencia de la Ley del blanqueo de capitales
para que a dicho servicio fueran las denuncias procedentes de la banca
privada y pública y para que a su vez trasladara las que considerara que
procedían del narcotráfico a la Fiscalía especial de lucha contra la
droga. Prácticamente el 99 por ciento de las denuncias procede del
servicio ejecutivo del Banco de España, junto con algunas otras que
provienen del aeropuerto de Barajas o de alguna otra procedencia extraña,
pero normalmente el 99 por ciento de las denuncias por blanqueo de
capitales son de esa procedencia. Yo creo que ya es hora de dar un paso
hacia delante en esta investigación creando unos cuerpos de expertos
financieros y económicos, que no existen, no acudiendo tanto a los
inspectores de Hacienda ni a la Agencia Tributaria, que está para otras
cosas, y en definitiva evolucionando un poco en la lucha contra la
criminalidad organizada, que pienso yo que va a ser la criminalidad
propia del siglo que viene. Por eso supongo que es necesario andar por
ese camino, con el objeto de mejorar la situación en que nos encontramos.
Tengo aquí muchos más datos que con mucho gusto les haré llegar si
ustedes me los piden. Unicamente les diré que la Fiscalía especial viene
desarrollando una aceptable labor en el campo del tráfico ilegal de
drogas, que realiza un trabajo de coordinación que puede mejorarse con
más medios personales y materiales, con la informática, con los fondos
que hemos logrado recientemente para celebrar reuniones con más
periodicidad, etcétera. Efectúa investigaciones de capitales, aunque aquí
es necesario dar el paso hacia delante del que les acabo de hablar, y
atiende en la medida de sus posibilidades a los foros internacionales,
habiendo participado recientemente en el examen del GAFI en España, creo
que con buenos resultados. Asisto a las sesiones de la Comisión de
prevención de blanqueo de capitales que se creó en la Ley 19/1993 y
también a las reuniones de la Asociación Española de la Banca privada,
precisamente con el objeto de realizar una labor de prevención en la
lucha contra esta criminalidad. Impartimos cursos sobre nuestra
especialidad. Asesoramos a la policía para que sus actuaciones se sujeten
en todo caso a Derecho y, por lo tanto, al ordenamiento jurídico e
impulsamos incluso a la policía en algunas ocasiones. Hace poco ha habido
una serie de cuestiones derivadas de las autopistas de Internet en
informática por las cuales se pretendía el favorecimiento del tráfico
ilegal de drogas. Ha habido también problemas relacionados con
plantaciones no para el consumo sino para la venta y, por lo tanto, de
tráfico de estupefacientes, y en eso ha intervenido el ministerio fiscal
en su momento a través de la policía, habiéndose hecho las
investigaciones pertinentes.
Finalmente, en cuanto a los establecimientos militares, nos dan cumplida
cuenta de lo que viene ocurriendo en ellos con relación al tráfico de
drogas, si bien también creo que hay que mejorar la estadística en este
punto, por cuanto se vienen confundiendo las sanciones administrativas
con los actos de naturaleza penal, que son justamente los que a nosotros
nos interesan. Espero que esto sea solucionado el año que viene y que,
por lo tanto, también en lo que se refiere a establecimientos militares
podamos tener una idea exacta de la criminalidad que allí se produce.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Socialista, que es el que ha pedido la comparecencia, el
diputado don Joaquín Javier Gago López.
El señor GAGO LOPEZ: Señor Ortiz Urculo, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, gracias por su comparecencia y por la
información que nos ha suministrado. También quisiera desearle éxito en
su nuevo cargo y asimismo permanencia en él. Yo espero que esté lejos de
los avatares del capricho político del Gobierno en este caso, aunque dudo
mucho de que pueda ser así. Como usted ha empezado hablando de los viajes
que ha realizado
para tomar contacto con los profesionales, tanto de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado como de las fiscalías o los jueces, sobre el tema
del narcotráfico, el blanqueo de dinero, el contrabando, etcétera, y ha
situado uno de sus viajes en Galicia, a mí me gustaría empezar por ahí y
manifestarle la preocupación que tenemos por determinadas cuestiones que
voy a empezar a presentar.
No hace mucho, el director general de la Policía, en declaraciones
realizadas a medios de comunicación, cuestionaba la dureza del
narcotráfico gallego y afirmaba que la eficacia policial ha desplazado
los centros de entrada y distribución de la droga al centro de Africa y
al este de Europa. Las declaraciones son preocupantes, puesto que
contradicen los datos reflejados en las memorias del Plan Nacional sobre
Drogas y los de su Fiscalía especial y también contradicen los datos que
ofrece el Servicio de Vigilancia Aduanera en cuanto a aprehensiones. El
director general de la Guardia Civil hoy mismo por la mañana afirmaba
ante esta Comisión que la policía de Pontevedra se llevaba la palma en
las aprehensiones de cocaína. A mí me gustaría saber si los datos que
usted maneja avalan los del director general de la Policía o, por el
contrario, los contradicen y en todo caso cuál es la opinión que tiene la
Fiscalía sobre este tema.
Habla usted también de los medios de la Fiscalía. La llamada Ley del
fondo que se aprobó en el año 1995 articula un sistema legal para que
bienes procedentes de decomisos de delitos relacionados con el tráfico de
drogas puedan ser adjudicados, entre otras instituciones, a la Fiscalía
especial. Como supongo, y usted lo ha dicho, que los medios no sobran, a
mí me gustaría saber si en virtud de esta ley se han producido
adjudicaciones a esa Fiscalía, en qué han consistido y cómo las valoran.
Otra cosa que nos preocupa y bastante es el retraso en la celebración de
algunos juicios. A veces son retrasos escandalosos, que provocan que los
procesados salgan de la cárcel en libertad bajo fianza, con el riesgo
evidente de crear alarma social y favorecer que continúen cometiendo
delitos. Ese es su oficio, su profesión, lo único que saben hacer.
Necesitan continuar realizando este tipo de delitos para generar los
ingresos necesarios para mantener su nivel de vida y hacer frente a los
gastos que ello conlleva, entre otros, los propios gastos de su defensa
jurídica. ¿Qué opinión tiene sobre la causa de estos retrasos? ¿Qué puede
hacer la Fiscalía para evitarlos?
Un tema muy de actualidad sobre el que a mí me gustaría también conocer
su opinión, señor Ortiz Urculo, ha sido el reciente enfrentamiento en una
causa importante entre dos magistrados, los jueces Garzón y Gómez de
Liaño. Es evidente que ha afectado a una causa abierta, en la que están
procesadas personas importantes. La historia no deja de ser rocambolesca.
El juez Gómez de Liaño no recibe en declaración voluntaria a un imputado,
que consigue declarar por fin cuando el citado juez se encuentra de
vacaciones y es sustituido por el señor Garzón. A raíz de esta
declaración, el juez Garzón procesa a varias personas y declara para
ellas la prisión incondicional sin posibilidad de obtener la libertad
provisional bajo fianza. Retorna el juez titular, el señor Gómez de
Liaño, y los procesados son puestos en libertad, decretándose la misma
cuando está por medio la inhibición en la causa de quien adopta tal
medida. ¿Qué opinión le merecen a la Fiscalía estas actuaciones? ¿Cree la
Fiscalía que este enfrentamiento entre los dos jueces perjudica la marcha
de esta causa? ¿Ha estudiado o examinado la Fiscalía si de estas
actuaciones pudieran derivarse responsabilidades disciplinarias e incluso
penales de alguno o de ambos jueces?
Nos anuncia el Gobierno a través de sus responsables, en este caso el
director general de la Policía y el director general de la Guardia Civil,
unidades especiales para luchar contra el crimen organizado, el
narcotráfico, el blanqueo de dinero --la Udyco y la Eoga--, pero
inmediatamente avanzan que se trata de una reestructuración de los medios
sin más efectivos y sin más recursos humanos, y yo, un poco por lo que le
he escuchado ahora, creo que la Fiscalía no puede considerar que es
posible una mayor eficacia sin más medios, con igual número de recursos
humanos. Yo no sé si cuando usted se refería a que contra estos delitos
hay que actuar también con imaginación estaba hablando de la creación de
estas unidades especiales, espero que no. A nosotros nos preocupa que
frente a la configuración de numerosos sistemas informáticos y de nuevas
unidades especiales con los mismos recursos humanos, etcétera, se dé la
gran paradoja de que nos anuncien que no hay gasolina para los coches o
que a lo mejor mañana tampoco se puede pagar el recibo de la luz para que
funcionen los sistemas informáticos. ¿No considera usted que esas
demandas que usted realiza de ampliación de la plantilla y demás recursos
debieran de ser atendidas con más prontitud, en vez de simplemente, de
una manera desalentadora, decir que este año no ha habido suerte y que a
ver si para el año que viene la tenemos?
Hablaba usted, y yo creo que hacía una crítica velada, sobre determinadas
penas que contiene el Código Penal para algunos delitos. Decía usted que
independientemente de la cantidad de hachís que sea aprehendida y, por lo
tanto, que sea objeto de una causa de enjuiciamiento, la pena máxima que
se puede imponer son seis años y nueve meses. Hablaba usted de que en el
caso de los delitos de blanqueo de dinero la pena máxima es similar a la
que se puede imponer a una persona que es poseedora o trafica con una
papelina de heroína. Me gustaría saber si la Fiscalía especial ha
realizado alguna propuesta a la Fiscalía General en el sentido de
modificar estas penas del Código Penal y dar traslado al Gobierno para
que presente la oportuna iniciativa parlamentaria en ese sentido.
Por último, quisiera saber si en sus contactos con jueces, fiscales y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se dedican a la represión y
a la persecución de este tipo de delitos ha percibido usted el fenómeno
indeseable de la corrupción derivada de estos delitos y si como resultado
de esas conversaciones podemos deducir que estamos ante un fenómeno que
podemos considerar grave o menos grave y si se puede adoptar alguna
medida contra él. En todo caso, señor Ortiz Urculo, sepa que desde el
Grupo Parlamentario Socialista ofrecemos en esta materia la máxima
colaboración. Deseamos que sus aciertos sean los aciertos de la sociedad
en contra del narcotráfico y el blanqueo de dinero,
que contamina a toda la sociedad. En ese sentido ofrecemos nuestras
iniciativas siempre como vía de consenso y colaboración y nunca como vía
de contradicción o enfrentamiento.
El señor PRESIDENTE: Señor fiscal.
El señor FISCAL JEFE DE LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA PREVENCION Y
REPRESION DEL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS (Ortiz Urculo): Le contesto con
mucho gusto. Como son varias preguntas, si alguna no quedara
suficientemente contestada, no tiene más que indicármelo. Voy a ir una
por una.
Se refería usted a mi viaje a Galicia y a si había percibido allí algo
parecido a lo que según dice ha afirmado el señor director general de la
Policía, si no he entendido mal. Lo único que puedo decirle es lo que
consta en mis datos, y lo que veo en ellos es que los procedimientos que
vienen de Galicia todavía son muchos e importantes. Ahora mismo estamos a
punto de celebrar un juicio que ha salido en los medios de comunicación
y, por tanto, no hay que volver sobre él, pero ya está calificado por el
ministerio fiscal y es un asunto muy importante. Ha habido otros y en ese
sentido no es necesario explicarlo más.
Entre las comunidades autónomas donde las cifras y porcentajes sobre el
número total de procedimientos es mayor destaca Galicia. La primera es
Andalucía, con 11.150; la segunda, Galicia, con 4.619, y este año se
produce un incremento en estos procedimientos en Galicia del 13,28 por
ciento.
El fiscal especial antidroga de Galicia es persona que, sin demérito de
ninguna otra, está realizando un magnífico trabajo en su especialidad, y
las aprehensiones de droga y destrucciones inmediatas se producen en
Galicia, cosa que no ocurre en otros lugares del territorio nacional. Eso
por un lado. Por otro, tengo que decirle que, sin embargo, con respecto a
las aprehensiones de sustancias, se ha producido una variación que
probablemente afectará a Galicia --no se ha constatado todavía, porque
habrá que verlo en los distintos procedimientos-- y es que se da un
descenso de la heroína por un lado y un aumento de la cocaína por otro;
probablemente eso afecte, y lo mismo respecto del hachís, que también
aumenta considerablemente. Puede ser que esto también tenga que ver algo
con las redes y con la sensibilidad de Galicia que en el viaje que hice
percibí de una manera extraordinaria, de tal forma que me di cuenta de
cuál es el gravísimo problema de la droga, que no conocía en esos
términos, porque no había tenido la ocasión de ir por esos sitios ni de
trabajar tan específicamente en estas cuestiones.
Por lo que se refiere al fondo creado por la ley, desde que he llegado a
la Fiscalía he pedido y obtenido ocho ordenadores portátiles que me ha
entregado el otro día el Plan Nacional de Drogas, ocho dictáfonos para
poder trabajar, reproductores para las prácticas de pruebas de las
cintas, que constituyen auténticas pruebas en los juicios, un televisor y
un vídeo por la misma razón y una serie de instrumentos al efecto. Por
otro lado, le diré que en el Plan Nacional de Droga se ha aprobado a
petición mía una cantidad para que pueda celebrar reuniones periódicas
con los fiscales antidroga, cosa que no se estaba haciendo desde el año
1995 por falta de financiación. Ahora se va a financiar con el fondo y
está aprobado ya. Por eso le he dicho que era una buena noticia y puedo
darla porque vamos a recibir ahora esa cantidad. Bien es cierto que el
fondo, como es natural, no tiene sólo las necesidades de la Fiscalía
especial, y como soy consciente de ello, las peticiones van a ser las
indispensables, porque hay otras asociaciones y problemas que debe
atender el fondo y tienen preferencia a lo mejor con respecto a la
Fiscalía especial. Hay algunos problemas de atención, financieros o
económicos, de la Fiscalía especial cuya solución no puede proceder del
fondo, por ejemplo, el personal, los locales, los coches, y todo eso o
viene del Gobierno o de las comunidades autónomas o no lo tenemos. De
manera que ahí estamos en esa doble posibilidad o expectativa.
En lo que se refiere a los retrasos de los juicios orales, tiene razón, a
veces se producen graves retrasos, no tanto en la Audiencia Nacional,
donde los que se producen son por falta de espacio, es decir, porque las
salas no son suficientes para celebrar tantos juicios como a veces se
acumulan. También quiero decirle que los retrasos de los juicios orales
tienen mucho que ver con el enorme trabajo de alegaciones sobre las
garantías del proceso que conlleva esta clase de juicios, porque se
acentúa enormemente la defensa por una serie de razones que todos
conocemos, lo que hace que los juicios se compliquen y se alarguen en
gran manera y que se produzcan suspensiones y nulidades de actuaciones.
Me pregunta usted qué puede hacer el fiscal. En todo caso, aplicar la ley
estrictamente, pidiendo, si no fuera procedente la suspensión, que siga
adelante el juicio y pidiendo que se deniegue una prueba cuando sea
improcedente; en definitiva, colocando las garantías donde deben estar en
un estado de garantías no garantista y ésa es la postura del ministerio
fiscal.
En lo que se refiere al asunto del señor Garzón y del señor Gómez de
Liaño, no ha pronunciado el nombre de que se trata, pero también lo
conocemos muchos de los que estamos aquí. Es un asunto que ha tenido una
serie de incidencias procesales. En ellas la intervención del ministerio
fiscal ha sido la de utilizar los medios legales que tiene a su alcance.
Ha interpuesto recursos hasta el final y ha conseguido que se determine
perfectamente la competencia del juez y que pase al que la tiene, el juez
Garzón en este momento. Esta ha sido la actuación del ministerio fiscal.
Si detectáramos cualquier actividad que pudiera ser constitutiva de un
delito, el ministerio fiscal tomaría las medidas que le corresponden y
que la ley le obliga a tomar.
En cuanto a las Udyco y a las modificaciones que se pretenden hacer en la
policía con objeto de mejorar la forma de trabajo y la investigación en
esta clase de delitos, le diré lo siguiente. Conozco como S. S. el hecho
de que parece ser que se va a cambiar el nombre y la organización, y,
según se ha dicho, las actividades de estos grupos se van a mejorar. Lo
único que puedo afirmar es que he hecho llegar a los puntos procedentes,
es decir, a los lugares donde estas cuestiones se van a discutir, mi
consideración de que la creación de un cuerpo de expertos financieros y
económicos
de prestigio y dedicado a la actividad investigadora para la
Administración de justicia se está haciendo cada día más indispensable.
Yo pienso que se nos está ayudando a través de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria con inspectores, incluso con unidades que
tenemos adscritas, no de expertos --nosotros, no; la Fiscalía
anticorrupción sí las tiene--; tenemos una unidad de policía, pero
evidentemente lo que se necesita es dar un paso más, es decir, hay que
crear unidades de expertos, pero de expertos financieros que trabajen
constantemente en el flujo económico, que a través de cuentas corrientes
bancarias, etcétera, hagan cruces informáticos y, en definitiva, que
investiguen, que es lo mismo que hace un policía en la calle, sólo que de
una forma distinta, porque esta clase de delincuencia también lo es. Eso
es lo que he dicho y lo que pienso y espero que a lo mejor incluso en
estas nuevas unidades de policía se mejore el aspecto de expertos, que
también los hay, para la lucha contra esta criminalidad organizada.
No me quedo ahí, sino que cuando me he referido a esto no estaba pensando
en las unidades de policía, sino en una comisión que se ha creado en la
Fiscalía General del Estado, de la que formo parte, y que está trabajando
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con los fiscales
con objeto de elaborar un estudio que nos permita ver con claridad si
realmente se puede proponer la creación de estos cuerpos de expertos o
cuál es la fórmula más adecuada para implantarlos en la lucha contra el
blanqueo de capitales fundamentalmente, en la lucha que luego también
sería contra la corrupción, porque en definitiva se trata de una
actuación en la lucha contra la delincuencia económica, el delito nuevo
que hay ahora y que va a haber el siglo que viene, que es la delincuencia
económica organizada.
Efectivamente, he dicho que la pena que como máximo se puede poner por
blanqueo de capitales a veces parece benévola comparada con las penas que
corresponden por tráfico ilegal de drogas, pero esto que he dicho yo se
dijo en la memoria de la Fiscalía en el año 1995, se volvió a repetir en
1996 y este año yo lo volveré a reflejar en la memoria de 1997. Espero
que las modificaciones legales que están ahí como posibles y como buenas
para mejorar la contextura del propio Código Penal en su momento, si
procede, sean atendidas.
Finalmente, con lo bien que iba, la última pregunta que me ha hecho usted
la tengo un poco borrosa y no sé muy bien qué quería decir. Aquí pone:
contacto jueces y fiscales, me parece, pero no estoy realmente seguro de
qué quería decir usted. Probablemente se refiera a si las relaciones con
jueces y fiscales me llevan a pensar...
El señor GAGO LOPEZ: No, usted hablaba de que una de sus primeras
iniciativas fue tener esos contactos con jueces, fiscales y Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, viajar a Galicia, a Viena, en fin, llegar a un
nuevo cargo y con muy buen criterio rodearse y llenarse de la información
necesaria. Lo que le preguntaba es si en esa información ha tenido cabida
algún fenómeno de corrupción derivado de este tipo de delitos, tal y como
en ocasiones aparece en los medios de comunicación. Si usted ha evaluado
ese fenómeno, si tiene alguna opinión sobre él; si es un fenómeno grave,
leve o realmente no existe.
El señor FISCAL JEFE DE LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA PREVENCION Y
REPRESION DEL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS (Ortiz Urculo): Realmente en este
tiempo que llevo, tanto en el trato con la policía como sobre todo entre
jueces y fiscales, que es donde yo me muevo más, le puedo asegurar que,
en lo que yo conozco, puede haber diferencia de criterios, puede haber
diferencia de interpretaciones, pero no encuentro en absoluto nada que
tenga que ver con una no ya corrupción sino ni siquiera con una
improcedente actuación, salvo determinadas actuaciones de jueces, como
las que usted ha dicho, que pueden resolverse al final, y se resuelven,
jurídicamente a través de la atribución de la competencia a uno o a otro
y que después entre ellos puedan existir las actuaciones correspondientes
que la ley establece para resolver esos problemas, pero yo no aprecio de
momento nada en ese sentido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) el senador don Jaume Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Deseo agradecer la comparecencia así como la
información que el fiscal jefe de la Fiscalía especial, don Juan Ortiz
Urculo, nos ha facilitado sobre todo en lo referente al blanqueo de
capitales, porque entiendo que puede ser beneficiosa para el informe
preceptivo de la Comisión, particularmente en lo que se refiere a esa
necesidad que ha explicitado en dos ocasiones de la formación de expertos
financieros en los cuerpos inspectores para la Administración de
justicia, teniendo en cuenta la interposición de diferentes sociedades
por las cuales pasan estos capitales para su blanqueo.
Quería someter a su consideración una pregunta en concreto sobre la Ley
de medidas de prevención de blanqueo de capitales aprobada en diciembre
de 1993 y que ciertamente levantó grandes expectativas. No tiene el
tiempo de vigencia suficiente como para hacer una valoración en
profundidad, pero en cualquier caso recordemos que el reglamento que la
desarrollaba no se llevó a cabo hasta junio de 1995 y que la creación de
la Comisión de prevención que contempla la propia ley, así como el comité
permanente, son de 1997. Sea por lo que fuere, tal vez las expectativas
fueran más altas de lo que puede dar de sí esa Ley de blanqueo de
capitales o puede haber alguna circunstancia que no encaje bien con el
objetivo que se pretendía. En este sentido quiero recordarle que su
antecesor en la Fiscalía especial, señor Abad, en octubre de 1996, en
comparecencia en esta Comisión apuntaba --sólo apuntaba-- que la causa
podía estar en que el reglamento no contempla la obligatoriedad de
comunicar las operaciones en los dos casos, bien sea el del transporte
físico de dinero o el de las operaciones procedentes de los paraísos
fiscales, cuando se trataba de clientes habituales. Con la interposición
de diferentes sociedades y con los medios de que disponen
esas mafias organizadas, qué duda cabe de la necesidad de creación de
esos cuerpos de expertos financieros, para poder llegar a conocer las
pistas del recorrido que sigue ese capital para su blanqueo. Le hacíamos
esta consideración también --hay que decirlo-- al señor Leal, presidente
de la Asociación Española de Banca, en noviembre de 1997 y él decía que
no le parecía que en este caso la legislación fuera insuficiente, que
consideraba que se funcionaba bien en este sentido y que el blanqueo de
capitales cada vez más iba por otros caminos y no precisamente por el de
las entidades bancarias. En este sentido yo me permitiría solicitar su
valoración y sólo a los efectos de impulsar --si fuera el caso-- una
modificación legislativa pertinente en aras a buscar una mayor
operatividad de esta Ley de medidas de prevención de blanqueo de
capitales y naturalmente del reglamento que la desarrolla.
Nada más, sino reiterar el agradecimiento por parte de nuestro grupo por
la información que nos ha facilitado el fiscal.
El señor PRESIDENTE: Señor fiscal.
El señor FISCAL JEFE DE LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA PREVENCION Y
REPRESION DEL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS (Ortiz Urculo): Señor senador, la
pregunta que me hace es de extraordinario interés, porque efectivamente
en el blanqueo de capitales, como he dicho ya antes y ahora amplío,
prácticamente el 99 por ciento de las denuncias que vienen a la Fiscalía
proceden del servicio ejecutivo, que, como bien sabe, se ha creado por la
Ley de blanqueo de capitales justamente para que absorba las denuncias
remitidas por la banca, de tal manera que en definitiva todas las
denuncias que nos vienen prácticamente tienen esa procedencia.
Cuando yo me he referido a la necesidad de dar un paso hacia adelante soy
consciente --y en esto no me encuentro todavía, en los seis meses que
llevo, en condiciones de poder hacer una afirmación más amplia y prefiero
ser prudente-- de que quizá se pudiera retocar la Ley del blanqueo de
capitales en este sentido, pero para mí lo más importante en este momento
no es eso, sino que las investigaciones sean varias, es decir, que no
solamente procedan del servicio ejecutivo, sino que, de oficio, existan
unos señores --lo mismo que existe la policía para descubrir delitos de
otra naturaleza--, los que yo llamo expertos financieros, que
constantemente, de oficio, estén buscando la posibilidad de que existan
delitos de blanqueo, con lo cual las denuncias no vendrían sólo a través
del servicio ejecutivo de los bancos, sino que sería una investigación
ágil, real y plural en definitiva, es decir, que la podríamos efectuar
nosotros, la policía o el servicio ejecutivo. La carencia de esos medios
es lo que creo que nos obliga a sujetarnos y a encorsetarnos al sistema
que ha creado la Ley de blanqueo, que es bueno, no digo que no, y que
además está dando frutos, también es cierto, porque, por ejemplo, el año
pasado ha habido 69 denuncias de blanqueo de dinero recibidas en la
Fiscalía, lo cual supone que ha habido muchas más remitidas por los
bancos, porque el filtro del servicio ejecutivo es una realidad. En lo
que llevamos de año, hasta el día de hoy, ha habido 35 denuncias de
blanqueo del servicio ejecutivo. Por tanto, es cierto que funciona. No me
atrevo a decir si podría funcionar mejor. Lo que sí digo es que si
existiera un método de investigación aparte y distinto, los resultados yo
creo que serían espectacularmente superiores.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la diputada doña María Luisa Cava de Llano.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: En primer lugar, quiero expresar mi
felicitación al señor Ortiz Urculo por el nuevo cargo que ocupa. Ya tuve
ocasión de hacerlo de forma escrita, pero ahora, con motivo de esta
comparecencia, aprovecho para hacerlo de forma oral y desearle los
mejores éxitos en su nuevo cargo.
Después de todas las intervenciones que han tenido lugar, quiero resaltar
en cuatro palabras las manifestaciones que usted ha realizado referentes
a que no se debe bajar la guardia en materia de drogas ni aceptar la
cultura de la resignación que esta mañana nos comentaba el director
general de la Guardia Civil. No en vano el narcotráfico mueve grandes
sumas de dinero. Concretamente representa hoy en día el 8 por ciento del
comercio mundial. De ahí la necesidad que hubo de crear la Fiscalía
especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas en
el año 1988, que tiene ámbito nacional, como usted nos ha explicado.
También nos ha explicado el sistema competencial, el número de
procedimientos que se han llevado a cabo en el año 1997, la
informatización de todas las fiscalías. Esperamos y deseamos que esa
carencia que parece ser que existe en lo referente al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos pueda ser subsanada y pronto pueda haber una
comunicación. Nos ha hablado también de su preocupación por el tema del
blanqueo de capitales, de la investigación del patrimonio de los
narcotraficantes, de las once diligencias informativas incoadas en el año
1997, que si no van más rápidas en su tramitación es por la preferencia
de los procesos judiciales. Nos ha hablado de la necesidad de aumento de
la plantilla y de los medios de la Fiscalía, de las denuncias del
servicio ejecutivo del Banco de España, de la necesidad de que no sólo
sean los bancos quienes efectúen ese tipo de denuncias, de la creación de
cuerpos de expertos financieros para luchar contra el crimen económico
organizado, que será efectivamente uno de los delitos que más
proliferarán a lo largo del siglo próximo. También nos ha hablado de un
tema para mí importante, que es la información que les va facilitando el
ejército, y de la confusión que se crea entre sanciones administrativas y
penales. Entiendo que en virtud del principio del non bis in idem, por el
cual no se puede condenar una misma conducta dos veces, y de la vis
atractiva del Derecho Penal, no ocasionará problema alguno.
Aprovechando su presencia aquí, quería hacer mención a que el tráfico de
drogas es un delito de consumación anticipada. Por tanto, basta el
corpus, que es la droga, y el animus, que es la intención de destino al
tráfico, ya que el objetivo final que se persigue no pertenece a la fase
de
consumación, sino quizás a la fase de agotamiento del delito. Es un
delito de peligro abstracto, en el que el núcleo reside en el peligro de
difusión de la droga. Se trata de un delito pluriofensivo, porque afecta
a múltiples intereses. Afecta aquí al principio de solidaridad
internacional y quiebra el principio de territorialidad, que impide que
las leyes penales puedan ir más allá de la jurisdicción donde se ejerce
la soberanía del Estado, precisamente en base a esa internacionalización
que hay, a la pertenencia de este tipo de delitos a los delitos de
gentes. También me preocupa mucho la consideración de este delito como
uno en el que se contienen normas penales en blanco, porque este tipo de
delitos se remiten a normas extrapenales para completar el tipo, a
convenios internacionales, a normas administrativas, etcétera.
Concretamente el Código Penal se refiere a listas 1, 2 y 4 del Convenio
de Viena de 1971, sobre sustancias psicotrópicas, y me gustaría saber su
opinión sobre la compatibilidad de esta técnica con lo que establece el
artículo 25.1 de la Constitución, que exige que se determine de una forma
absolutamente precisa el comportamiento prohibido. Me llamó la atención
el contenido de una sentencia de 11 de septiembre de 1996, en la que se
aborda esta cuestión al resolver un recurso de casación, en el que se
denunciaba infracción de ley al haberse aplicado indebidamente el antiguo
artículo 344 del Código Penal, precisamente en relación con el principio
de legalidad penal regulada en el artículo 25.1 de la Constitución, al no
figurar incluida la MDMA en la lista del anexo 1 del Convenio de Viena de
1971 sobre sustancias psicotrópicas, faltando así el requisito de
tipicidad que, según decía esta sentencia, no podía sustentarse en una
norma administrativa como era la orden ministerial por la que se incluyó
en la lista 1 del anexo del Real Decreto de 6 de octubre dicha sustancia.
Me preocupa enormemente la inclusión en estas listas mediante órdenes
ministeriales y que luego se pueda cuestionar, como hace el Tribunal
Supremo en esta sentencia, la constitucionalidad de esta norma.
Por otro lado, quería haberle comentado la sentencia sobre el régimen
concursal del delito del tráfico de drogas con el delito de contrabando y
le traía aquí recortado un comentario del Abc sobre la forma novedosa de
castigar absorbiendo el precepto penal más amplio y complejo a los que
castiguen las infracciones consumidas dentro de él, pero esto ya lo ha
explicado usted. Quisiera saber su opinión sobre la punibilidad del
consumo compartido, del que se está hablando mucho últimamente, y también
sobre la proposición de ley que se está tramitando actualmente en el
Congreso de los Diputados sobre modificación del artículo 163 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, relativa al tratamiento de la figura del
agente encubierto.
El señor PRESIDENTE: El señor fiscal tiene la palabra.
El señor FISCAL JEFE DE LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA PREVENCION Y
REPRESION DEL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS (Ortiz Urculo): Señora diputada,
en lo que se refiere a los tipos penales en blanco, efectivamente es una
cuestión muy discutida, como es sabido, pero en la que existe una cierta
quietud jurisprudencial, salvo alguna sentencia como la que ha citado
para admitir la existencia de estos tipos penales en blanco. La verdad es
que el nuevo Código Penal abunda todavía más en tipos penales en blanco
que el anterior. Concretamente, en delitos como los ecológicos y de medio
ambiente, etcétera, hay remisiones a leyes administrativas que sin
embargo vienen justificadas por el hecho de que la vida es muy rápida
hoy, la ley iría detrás de la propia vida y es necesario darle una
celeridad mayor. Eso por una parte y, por otra, por el hecho de que en el
delito de tráfico ilegal de drogas se viene a comprender ya --se dice--
la conceptuación de todas aquellas que se consideren drogas al final de
manera internacional, porque no hay que olvidar que las órdenes o
decretos por virtud de los cuales se incorporan a las listas no son más
que una implantación de lo que internacionalmente se ha aprobado ya en
Naciones Unidas. Yo sé que el tema es discutible y quizá sea muy largo
ahora entrar en la discusión jurídico-técnica. Estoy de acuerdo con usted
en que es un tema preocupante, pero al mismo tiempo es algo que viene
siendo admitido por la jurisprudencia, salvo pequeñas crestas que se
producen, pero que no rompen la doctrina general.
En cuanto al consumo compartido, pasa lo mismo. El consumo compartido ha
sido examinado en numerosísimas sentencias del Tribunal Supremo y siempre
lo considera, también con excepciones, no delito en aquellos supuestos en
los que es en lugar cerrado y en los que no se llega a entregar droga a
otras personas, sino que simplemente va de uno a otro y se consume
juntos. Yo no creo que aquí jurisprudencialmente el problema exista hoy,
si bien es cierto que es una cuestión discutible y, por tanto, en
cualquier momento puede surgir una sentencia que avance o retroceda en
uno o en otro sentido.
En cuanto al proyecto sobre el agente encubierto, es uno de los proyectos
que estoy siguiendo muy de cerca, que me preocupa mucho y que supone una
nueva línea de investigación muy propia de los delitos de criminalidad
organizada que estamos tratando, juntamente con las entregas vigiladas,
con una serie de pruebas, incluso con la protección de los testigos, que
es otra de las cuestiones que nos causa auténticos problemas en esta
clase delincuencia y sobre todo en esta clase de juicios y de procesos.
Hay una ley de protección de testigos ya. A veces se producen, como
consecuencia de su aplicación, situaciones todavía insatisfactorias, pero
creo que lo del agente encubierto puede ser una manera de regularizar
legalmente algo que es bueno a los efectos de la investigación, siempre y
cuando respete la ley y las garantías. Es parecido a lo del delito
provocado.
Otra de las cuestiones que hay en el Código Penal, que se está utilizando
y que quizá merezca una reflexión, es lo del arrepentimiento, la figura
del arrepentido, porque los requisitos que establece el Código Penal
nuevo para ser arrepentido y poder acogerse a esa disminución de pena no
se limitan exclusivamente a la colaboración con la policía, sino que
primero hay que abandonar de forma voluntaria. Normalmente, todos estos
requisitos no se producen y, por tanto, la figura del arrepentido, al
final, resulta
difícil de aplicar. Esto lo digo desde un punto de vista práctico
simplemente, porque lo estoy viendo todos los días. Hay muchas cuestiones
que es necesario perfilar un poco más.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por su comparecencia y por su
disertación, don Juan Ortiz Urculo, fiscal jefe de la Fiscalía Especial
para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas.
Con ello damos por concluido este punto.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (COTINO FERRER),
PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES SOBRE REPRESION DEL NARCOTRAFICO. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente del
Congreso 212/001129 y número de expediente del Senado 713/000471).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día:
Comparecencia del director general de la Policía, don Juan Gabriel Cotino
Ferrer, para que informe de las actuaciones sobre represión del
narcotráfico, a petición del Grupo Parlamentario Socialista.
Es la primera vez que el señor director general de la Policía comparece
ante esta Comisión y, como es norma habitual, le damos la bienvenida,
cediéndole la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): Señor
presidente, señorías, voy a tratar de exponerles las líneas de actuación
que desde el Cuerpo Nacional de Policía se están desarrollando en esta
materia.
El problema de la drogodependencia en nuestro país preocupa en gran
medida a la sociedad, por las innumerables consecuencias que produce en
todos los órdenes, personal, familiar y social. La seguridad ciudadana,
otro de los temas que más preocupa a los españoles, también se resiente
gravemente por la presencia de las drogas en las sociedades modernas.
Parece un hecho constatado que más del 80 por ciento de los delitos y de
las faltas que se cometen en España están relacionados, de forma directa
o indirecta, con el tráfico y el consumo de drogas.
El tráfico ilícito de estupefacientes, como todos sabemos, genera
ingentes beneficios económicos, manejados finalmente por redes
organizadas de delincuentes cuyo ámbito de actuación no conoce fronteras
y afecta a varios países. Llegan a acumular tal potencial, tanto
económico como de influencias, que se convierten en una auténtica amenaza
para la sociedad.
Desde el plano de la actuación policial y en lo concerniente al Cuerpo
Nacional de Policía, de conformidad con las medidas que el Gobierno
aprobó el 24 de enero de 1997, hemos considerado plantearnos tres
objetivos prioritarios para luchar contra la droga. En primer lugar, la
potenciación de aspectos de prevención dentro de la Policía y para ello
hemos puesto en marcha un plan denominado de Policía de proximidad, en
colaboración con los ciudadanos. La creación de las unidades de droga y
crimen organizado, Udyco para perseguir e investigar fundamentalmente el
tráfico de estupefacientes a gran escala y el blanqueo de capitales
obtenidos por estos medios. Y el fomento de la cooperación policial
internacional como instrumento eficaz e indispensable para luchar contra
las redes internacionales de narcotráfico y para el intercambio de
experiencias de información en la lucha contra el tráfico de drogas y
blanqueo de capitales. Me voy a referir a la Policía de proximidad. En mi
comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los
Diputados en mayo de 1997, tuve la oportunidad de exponer las líneas
básicas y previsiones de desarrollo de lo que entonces se denominaba
proyecto de policía de proximidad, hoy felizmente una realidad. Se decía
entonces, en síntesis, que la mayor demanda de seguridad objetiva y
subjetiva de los ciudadanos hacía necesario adecuar constantemente los
dispositivos preventivos en materia de seguridad ciudadana. Estas
demandas, que en todo caso requieren una mayor presencia policial activa
en las calles, se concretan, entre otros puntos, en una mayor actuación
ante el tráfico de estupefacientes a pequeña escala. De acuerdo con ello,
las premisas de actuación de las nuevas unidades de Policía de proximidad
están constituidas por una actuación descentralizada en comisarías; mayor
cercanía entre el policía y el ciudadano; método de patrulla que
posibilite y propugne el conocimiento personal entre policías y
ciudadanos, incrementando la confianza mutua; y un diálogo con ciudadanos
en general y con representantes asociativos en particular para conocer
mejor los problemas y procurar soluciones más eficaces, abriendo
posibilidades de colaboración desde planteamientos multidisciplinares.
Inicialmente, en un proceso que contó con la colaboración y el consenso
de los propios policías encargados de ejecutar el proyecto, así como de
diferentes colectivos ciudadanos, en particular de la Confederación de
Asociaciones de Vecinos de España, CAVE, y tras ser expuesto y analizado
por el Consejo de Policía y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana,
la Policía de proximidad fue implantada en comisarías de 21 ciudades
españolas, cumpliéndose el objetivo inicial de llegar al 10 por ciento de
las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía.
A través de los correspondientes mecanismos de seguimiento, evaluación y
control en los meses de funcionamiento de las unidades de Policía de
proximidad, se ha constatado la viabilidad e idoneidad del proyecto. Un
exponente de ello lo constituye el I seminario sobre Policía de
proximidad, celebrado en Navacerrada entre los días 27 y 30 de octubre de
1997, que contó con la intervención de los propios policías que forman
las unidades, de representantes de policías extranjeras y sobre todo, en
la medida en que su opinión es un reflejo de la opinión ciudadana, de los
representantes de las asociaciones vecinales. La generalidad de las
intervenciones realizadas en dicho seminario, unidas a otras
manifestaciones procedentes de distintos ámbitos, pusieron de relieve el
alto grado de satisfacción conseguido en la primera fase de
funcionamiento de este proyecto.
A lo largo de 1998, se ampliará el proyecto progresivamente, extendiendo
las unidades de Policía de proximidad a nuevos barrios de las ciudades
que ya cuentan con este servicio e implantándose en 36 nuevas ciudades. A
título meramente de ejemplo, les puedo decir que ya se ha ampliado en
Alcalá de Henares y comenzará a hacerse en este próximo mes en los
distritos de Centro, Vallecas, Carabanchel, Arganzuela, y al mes
siguiente, en las localidades de Móstoles, Getafe, Fuenlabrada y Leganés.
Desde el punto de vista de la persecución e investigación del tráfico de
estupefacientes, de conformidad con las líneas que inspiran el plan de
medidas a que he aludido, se ha abordado un nuevo modelo de organización
operativa. Se están potenciando en todas las comisarías las unidades de
lucha contra la delincuencia urbana, sobre las que recae la represión del
pequeño tráfico, y reforzando su actuación coordinada con los servicios
de prevención de las áreas de seguridad ciudadana y en particular con las
unidades de proximidad. La mayor parte del trabajo de esta Policía de
proximidad ya se está produciendo en la percepción directa de sus
integrantes y como receptor de las demandas y requerimientos de los
vecinos y de las asociaciones de cada zona y debe ser canalizado a las
unidades operativas para que aporten la respuesta operativa al problema
planteado.
Como bien conocen ustedes, la preocupación más alarmante para nuestros
ciudadanos es lo que se viene a denominar la venta de droga a pequeña
escala, el conocido menudeo, y, por ello, el Cuerpo Nacional de Policía
ha introducido una nueva forma de trabajo dentro del concepto de
proximidad al ciudadano: que, junto con los propios ciudadanos, y en
estrecha colaboración con asociaciones, organizaciones no gubernamentales
y movimientos asociativos en general, podamos combatir al pequeño
traficante y erradicar en lo posible aquellos puntos de venta que, además
de aumentar los delitos en la zona, incrementan la sensación de
inseguridad en el problema.
En el plano de una policía especializada, hemos creado, como ustedes
conocen, las Udyco. Hoy en día, el narcotráfico aparece vinculado a otras
expresiones del crimen organizado. La respuesta policial contra el mismo
sólo será eficaz en la medida en que cuente con estructuras operativas
capaces de abordar el problema de forma global, fuertemente
especializadas y dotadas de medios adecuados. La creación de estas
unidades contra la droga y el crimen organizado viene motivada por la
necesidad de lograr que las investigaciones policiales contra el
narcotráfico lleguen más allá de la simple aprehensión de las sustancias
y detención de los responsables. Las actuaciones clásicas de las brigadas
de estupefacientes deben ser revisadas; la experiencia demuestra que la
estructura organizativa y los recursos económicos de las organizaciones
criminales que trafican con estupefacientes son lo suficientemente
sólidos y estables como para seguir actuando, aunque se logre detener a
los máximos responsables. Para una actuación eficaz, hoy resulta
imprescindible complementar las vías de investigación tradicionales con
la investigación económica y especialmente con el blanqueo de dinero. Al
objeto de hacer frente a estos retos, se ha planteado la actuación de las
nuevas unidades desde las siguientes perspectivas: potenciación de la
función básica de captación de la información, asociación de las
investigaciones sobre tráfico a las de carácter patrimonial,
intensificación de las investigaciones relativas al blanqueo de capitales
procedentes del tráfico de drogas, exclusividad y especialización de
estas unidades en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico
de drogas.
Las Udyco asumen la prevención y persecución de la delincuencia
organizada en sus más graves manifestaciones. Entre sus cometidos, se
encuentran de forma especial las actuaciones e investigaciones sobre
tráfico ilícito de estupefacientes, blanqueo de capitales y delitos
económico-financieros. En definitiva, se pretende articular brigadas
capaces de profundizar en la lucha contra el crimen organizado y el
blanqueo de capitales.
La primera fase, la puesta en funcionamiento de estas unidades ya
conocidas como Udyco, tuvo lugar a lo largo del año pasado en Madrid,
Cataluña, Galicia, Valencia, Andalucía y Canarias, coincidiendo con las
zonas que, por población, por desarrollo económico, por afluencia
turística, por ubicación geográfica u otras circunstancias similares,
constituyen puntos de asentamiento o de actuación preferente de las
organizaciones criminales. Teniendo en cuenta que la formación
especializada es un aspecto fundamental para la eficacia de estas
unidades, durante el año 1997 se llevaron a cabo 28 cursos de
especialización, dirigidos a personal de las Udyco de las diferentes
escalas y categorías del Cuerpo Nacional de Policía. Paralelamente, se
procedió a la potenciación de los medios materiales y técnicos que
requiere la lucha especializada contra el narcotráfico y el crimen
organizado. En el año 1998, la Dirección General de la Policía tiene
previsto continuar extendiendo la implantación de las unidades contra la
droga y el crimen organizado a otras zonas del territorio nacional en las
que, por la incidencia en las mismas de la delincuencia organizada, se
hace aconsejable una actuación prioritaria de esta naturaleza. En este
sentido, el pasado mes de marzo se ha constituido la Udyco de Baleares y
a lo largo de este año se implantarán en Murcia, Almería, Castellón,
Ceuta y Melilla.
He de señalar que, a pesar del poco tiempo transcurrido, la valoración de
los resultados obtenidos por estas unidades es positiva, como se
desprende tanto del número de actuaciones de gran relevancia practicadas
como del grado de profundización a que se ha llegado en la realización de
los servicios, consiguiéndose, además de la aprehensión de las drogas,
efectos y recursos utilizados en la comisión de los delitos, el
desmantelamiento de estructuras y el descubierto del patrimonio obtenido
mediante el narcotráfico.
Sin perjuicio de analizar más adelante, aunque sea de forma muy breve, la
actuación desarrollada por las unidades policiales en la lucha contra el
narcotráfico, quiero referirme a continuación a otros dos aspectos de la
actuación policial en esta materia que también se contemplan en el plan
de lucha contra las drogas: la potenciación de la coordinación y la
colaboración interna y a nivel internacional.
Dentro de la colaboración interna, ha de destacarse la potenciación de la
Oficina Central de Estupefacientes, incardinada
en la Comisaría General de Policía Judicial de la Dirección General de la
Policía, en la que se integran representantes de los tres cuerpos
estatales, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Servicio de
Vigilancia Aduanera, con competencias en la lucha contra el tráfico de
estupefacientes y a través de la cual se pretenden los siguientes
objetivos: coordinación operativa que permita conocer el nivel de
información que posee cada cuerpo; difusión de informaciones sobre
tendencias, rutas, procedimientos, etcétera; creación y explotación de
una base de datos policiales en materia de drogas; recopilación y
elaboración de estadísticas nacionales sobre intervenciones efectuadas en
materia de droga; recepción y canalización de informaciones relativas a
movimientos de organizaciones y personas vinculadas a estas materias. En
definitiva, a través de esta oficina se trata de conseguir una
optimización de los recursos existentes mediante un aprovechamiento
adecuado de la información disponible, evitando al mismo tiempo la
duplicidad de esfuerzos que puede ocasionar la incomunicación entre los
distintos cuerpos que dirigen su actividad al mismo fin. Hablando un poco
de los resultados desde que esto está en marcha, he de destacar que se
han desarrollado 44 actuaciones con participación conjunta de los tres
cuerpos a lo largo del año 1997.
En el plano internacional, la colaboración entre las policías de los
diferentes países de nuestro entorno es hoy en día un elemento esencial
en la lucha contra la droga. La internacionalización del tráfico de
estupefacientes así como la creciente especialización de las
organizaciones criminales en cada una de las fases del proceso
--producción, transporte, introducción en los países receptores,
distribución, financiación, blanqueo de capitales-- son hechos que
demandan una actuación coordinada entre las policías de los distintos
países para poder actuar con posibilidades de éxito ante esta modalidad
delictiva. En este sentido, destaca la presencia española en foros
internacionales como los constituidos por Europol, Interpol y diversas
organizaciones vinculadas a las Naciones Unidas y el Consejo de Europa.
Al mismo tiempo, se han incrementado las relaciones con las policías de
otros países mediante el intercambio de funcionarios de enlace,
especialmente con países de la antigua Europa del Este y del centro y sur
del continente americano. Durante el año 1997, a instancias del Cuerpo
Nacional de Policía, tuvieron lugar en nuestro país acontecimientos que
constituyen un claro exponente de la importancia de la cooperación
policial internacional en la lucha contra el narcotráfico. Así, del 22 al
24 de abril se celebró en Alicante la XXIII reunión europea de jefes de
servicios nacionales de drogas, en el ámbito de la organización
internacional de Policía criminal. Y entre los días 15 y 17 de septiembre
tuvo lugar, también en España, la conferencia sobre tráfico de drogas,
propiciada por la unidad de drogas de Europol.
Es de resaltar que en ambos casos ha sido la primera vez que las
respectivas conferencias se han desarrollado fuera de la sede oficial de
Interpol en Lyon y de la sede oficial de Europol en La Haya. En ambos
foros se tuvo la oportunidad de analizar la situación actual de la lucha
contra el tráfico de drogas en los países de nuestro entorno, de
intercambiar experiencias y de reflexionar sobre nuevos métodos y
procedimientos de actuación.
A lo largo de mi exposición he expuesto las líneas fundamentales de
trabajo de la Dirección General de la Policía para la persecución del
tráfico y consumo de drogas, que, en síntesis, puede resumirse en la
intensificación de la prevención y en la organización de unidades
especializadas para combatir el narcotráfico.
Refiriéndome a los servicios específicos desarrollados por las diferentes
Udycos, los medios de comunicación han recogido bastantes de ellos, pero,
a título de ejemplo, puedo citar que en los primeros tres meses de 1998
han detenido a 280 personas de diferentes nacionalidades, han incautado
unos 1.000 millones de pesetas en diferentes divisas --no hablo de kilos,
porque siempre es complicado, en el sentido de que las cifras de kilos
van aumentando o disminuyendo según las operaciones--, además de poner a
disposición judicial distintas propiedades inmobiliarias, embarcaciones,
coches, armas, que es lo habitual. También, en los últimos quince días,
las Udyco, en los distintos puntos donde están implantadas, efectuaron
seis operaciones bastante importantes, con distintos tipos de drogas, con
un total de 42 detenidos, incautación de armas de distinto tipo, cortas y
largas, bastantes propiedades inmobiliarias y 15 millones de pesetas.
Creemos, por tanto, que las Udyco están comenzando a funcionar para lo
que se han creado.
Señorías, en la exposición que acabo de realizar he tratado de informar a
grandes rasgos de la abundante labor que el Cuerpo Nacional de Policía
está desarrollando. No es nada nuevo. El Cuerpo Nacional de Policía lleva
una trayectoria de muchos años trabajando en estos campos y lo que hemos
intentado es reorganizarnos, con el fin de poder analizar mejor la
información, estar más coordinados para, al final, ser más eficaces.
Quedo a su disposición para lo que quieran preguntarme.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor director.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, que es el que ha solicitado la
comparecencia, tiene la palabra el diputado señor Encina.
El señor ENCINA ORTEGA: Como no podía ser de otra manera, señor Cotino,
quisiera empezar dándole la bienvenida a esta primera comparecencia suya
a la Comisión para el Estudio del Problema de las Drogas.
Y tengo que decirle que su exposición ha sido una exposición
voluntarista. Contrasta bastante con lo dicho esta mañana por el director
general de la Guardia Civil, reconociendo, porque no se puede esconder,
que tenemos un grave problema en España con la droga. No ha sido
triunfalista. Y no es que usted lo haya sido, no, pero me parece que su
exposición ha sido excesivamente voluntarista en relación con lo que
luego iré diciendo. Porque usted sabe mejor que nadie --y lo ha dicho--
que el problema de la droga constituye uno de los tres problemas más
importantes que tiene la sociedad española y, por tanto, tenemos que
afrontarlo de frente. Ni a usted ni a nosotros se nos escapa
que el tráfico de estupefacientes a pequeña escala, la delincuencia
organizada a gran escala, están aumentando en España de una manera
considerable. En ese encuentro al que usted se refería quedó patente --y
así lo reflejaron los medios de comunicación-- que las redes mafiosas
rusas, italianas, colombianas, como se lo hemos dicho esta mañana al
director general de la Guardia Civil, se están asentando de manera
bastante peligrosa en el litoral español, en zonas muy concretas de la
Costa del Sol, de la costa levantina, etcétera. Existe una importante
entrada de cocaína por los puertos gallegos, a pesar de que ni esta
mañana ni esta tarde ha quedado esto claro y usted manifiesta
públicamente que ya no es así, que se ha desviado a los países nórdicos y
que no coincide con lo que esta mañana nos decía el director general de
la Guardia Civil y ahora el propio fiscal. Este es un tema que me
gustaría que nos aclarara, por la importancia que tiene para los
ciudadanos gallegos. Estamos hablando de algo muy serio y ustedes, los
responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, manifiestan
cuestiones muy distintas.
Señor Cotino, nos hubiera gustado que hubiera profundizado más en
actuaciones y resultados, en análisis comparativos de los tres ejes
fundamentales, a los que yo también voy a ceñirme: Policía de proximidad,
las Udyco y las relaciones de cooperación interna y externa. Porque,
cuando, el 24 de enero de 1997, ustedes presentaron el Plan de Medidas de
Lucha contra la Droga, lo planteaban casi como, permítame la expresión,
la solución milagro para atajar el problema de la droga, y usted hoy nos
ha hecho un relato a bombo y plantillo, digo bien, a bombo y platillo, de
lo que se aprobó hace más de un año y medio, con una parafernalia
política en determinadas zonas donde este problema se da de una manera
fuerte: Galicia, Campo de Gibraltar, ciertas zonas levantinas; con un
despliegue político, pomposamente, además, de responsables del Partido
Popular en los actos de presentación de estas unidades. Y usted se ha
limitado a hacernos de nuevo una lectura, muy voluntarista por cierto, de
lo que se recogía en este plan. Me hubiera gustado que usted hubiera dado
más la cara, como ha hecho esta mañana el director general de la Guardia
Civil; que hubiera sido más profundo y más claro y que reconociera una
verdad evidente y palpable, y ahora se lo demostraré, incluso con medios
de comunicación y no precisamente cercanos al grupo parlamentario de este
portavoz que modestamente se dirige a usted, donde ponen en entredicho
muy gravemente muchas de las cuestiones que usted ha dicho. Y, además,
los que estamos día a día siguiendo este tema, desde el contacto cercano
con los funcionarios policiales, vemos que nos trasladan sus inquietudes
por la falta evidente de medios en estas unidades que se han creado.
Comenzando por la Policía de proximidad, la verdad es que después de
prácticamente un año, sigue, como usted dice, el menudeo en los barrios
en los que se daba, incrementando notablemente, hasta el punto de que en
muchas de nuestras cuidades y barrios es un gran problema, y le puedo dar
nombres y apellidos de zonas concretas; por ejemplo, en la provincia de
Cádiz, que es la que mejor conozco, y en otras, están empezando a
plantearse movilizaciones de los vecinos, brigadas de ciudadanos, porque,
hasta ahora, las medidas que ustedes han tomado no han ido acompañadas de
unos medios materiales, policiales, de acercamiento a esos barrios
--ustedes le pusieron el nombre de Policía de proximidad-- para que el
ciudadano sintiera que ese menudeo está atajándose y empezando a
disminuir, que es lo que todos pensamos que tiene que ser. Porque usted
mismo ha reconocido que entre el 80 y el 90 por ciento de las actuaciones
relacionadas con los delitos y las faltas provienen de la droga. No ha
dicho usted nada de si tiene un análisis comparativo de este último año
sobre si ha tenido eficacia la implantación de este modelo. Y es que no
lo ha habido. Usted se ciñe al seminario en Navacerrada y dice
textualmente que ése es el mejor exponente del acierto porque algunos
vecinos que estuvieron presentes manifestaron que lo había sido. Es muy
triste pensar que ése es el gran acierto, el seminario de Navacerrada,
porque así lo manifiestan algunas personas. Me gustaría que eso hubiera
ido acompañado de datos concretos, que existen, que están ahí y que
prueban que no ha habido en modo alguno un descenso. Cuando se constituye
una policía de este tipo, a bombo y platillo, como se hizo, se supone que
aunque no tenga que tener resultados inmediatamente, se tienen que ir
viendo algunos. Y en este caso, yo le puedo garantizar que no nos consta
que se estén dando reducciones.
Señor Cotino, no basta con que luzcan los policías de proximidad con unas
espectaculares motos, aunque es bueno e interesante que las tengan y que
los ciudadanos las vean, pero gastarse en motos 700, 600 ó 500 millones
de pesetas, no lo sé exactamente, pero alrededor de esa cifra, para que
se evidencien, no es precisamente lo que nosotros consideramos que debe
ser el ideal de una nueva policía que se incardine en los barrios y que
ataje el menudeo.
Por tanto, respecto al primer aspecto, tenemos que mostrar nuestra más
absoluta disconformidad por ahora. Y le puedo garantizar que le deseamos
el mejor de los éxitos, como no podía ser de otra manera. Le voy a decir
una cosa, ni siquiera hicimos la menor crítica desde el Partido
Socialista a esta puesta en escena porque consideramos que cualquier
Gobierno está legitimado para todo, siempre que esté dentro de la
legalidad, y más para llevar a cabo un nuevo modelo policial, pero los
resultados no están siendo los que se esperaba. Cierto es que se ha
puesto en marcha en veinte ciudades y usted ha anunciado ahora la puesta
en marcha en otras tantas. A lo mejor, entre otras cuestiones, se
tendrían que plantear cómo la están incardinando, porque en las ciudades
que conozco de forma cercana la están implantando en los barrios donde
menos problemática tienen para atajar el tráfico de droga, el menudeo.
Quizás por ahí puede venir alguno de los problemas.
Nos llama mucho la atención el relato que nos ha hecho sobre las Udyco.
Estas unidades nacieron, como usted expuso en la Comisión de Justicia e
Interior, con la idea de dar respuesta a las presiones delictivas de la
delincuencia organizada y en aquellos puntos calientes de nuestra
geografía española, Costa del Sol, Canarias, Campo de Gibraltar, Galicia,
etcétera. Se presumía que, después de la puesta en marcha de un plan de
este tipo, con ese despliegue,
detrás tendría que haber algo. Yo le pregunto: ¿Cree usted que la
creación de esas unidades ha estado acorde con los medios que se les ha
asignado hasta ahora?
Yo siento recordarle su visita a la provincia de Cádiz, porque, si le han
remitido los medios de comunicación, lo ha tenido que pasar mal como
director general. Que usted manifieste, el 15 de enero, después de la
presentación pomposa de la Udyco que se hizo, casi un año después de su
puesta en marcha, que fue en abril, que ahora se iniciaba la verdadera
labor de ir engendrando una policía, porque faltaban responsables y
dotación de medios, es para preguntarse si empezaron la casa por el
tejado. Le digo que es lamentable porque me imagino que le pasarían las
críticas de todos, consiguió usted la unión de todos los sindicatos
policiales, que calificaron públicamente a las Udyco como un montaje,
afirmando --leo textualmente-- que son el mismo perro con distinto
collar; son los anteriores grupos de estupefacientes rebautizados, a
cuyos miembros no se han dado ni cursillos ni materiales. Estoy hablando
de la provincia de mayor incautación de hachís. Varapalo a Cotino fue el
titular, con una crítica profundísima de todos los sindicatos, de uno y
otro signo. No continúo leyendo, porque creo que no ha lugar, pero es una
crítica feroz, en la que más o menos se manifiestan engañados, así lo
dicen, por las promesas que se les hizo y por lo que ha ocurrido desde la
presentación hasta la fecha: una absoluta falta de medios materiales y de
formación. Cuando habla de que los medios de comunicación han recogido
bien la presentación de la Udyco, ojalá no lo hayan hecho como en Cádiz,
pero me consta que en los demás sitios lo han ido haciendo por el estilo.
Por tanto, yo le pediría que veamos realmente dotada a esta unidad de la
Udyco, que esos mil agentes, como usted prometió --y está también
reflejado en los medios de comunicación--, entren en funcionamiento de
una vez por todas, que se asignen esos millones de pesetas que están en
los presupuestos, es cierto, tenemos que reconocerlo, ha habido una
mejora en los presupuestos, pero hasta ahora no se ha visto reflejada y
ha transcurrido un año, en el que ustedes han hecho una política de humo
con un tema muy grave, el de la droga, dando a entender a la sociedad que
ya teníamos la policía milagro, la que iba a poner un poco de orden en
este maremágnum que se había heredado y que, de alguna manera, se
empezaban a articular medidas, un año hasta ahora escaso en resultados
porque escasos han sido los medios y la formación que se ha dado a ese
personal especializado que tiene que haber, como también dijo bien en esa
conferencia, para tener una política acorde con la Unión Europea.
No profundizo más en este tema, porque mi intervención no iba a ir en
este sentido; pero, por sus palabras, no he tenido más remedio que
reconducirla, pues nos parece una tomadura de pelo venir a decirnos a
estas alturas que las Udyco se han dotado bien hasta ahora y se van a
seguir dotando bien, por lo menos en lo que respecta a determinadas zonas
muy importantes donde existe este problema. Espero que las próximas que
se vayan dotando lo sean de verdad y no tengamos que oír algo que estoy
cansado de tener que repetir, algo que no he dicho yo, sino los propios
funcionarios policiales: que es lamentable que, en aquellos puntos donde
mayor es el problema de la droga, lo que han hecho hasta ahora es llevar
perros adiestrados, sin formación de personal, sin medios, etcétera. Por
tanto, si estoy siendo excesivamente crítico en mi intervención, entienda
que está motivado por la realidad palpable.
Me gustaría referirme a la coordinación con los demás medios y cuerpos
policiales y con los cuerpos internacionales. Usted sabe que la Interpol
trata anualmente alrededor de 1.300.000 informaciones de carácter
delictivo de las que entre un 70 y un 80 por ciento están directamente
relacionadas con el tráfico internacional de estupefacientes y el crimen
organizado. Nos consta el aumento en los presupuestos de 1998 para que
España esté representada en organizaciones internacionales como la
Europol o la Interpol y desearíamos que ese incremento se viera reflejado
en un incremento de agentes de la Policía Nacional en esas comisiones,
porque el problema de la droga no tiene fronteras, y más en nuestro caso
que somos en parte frontera sur de Europa.
No quisiera terminar sin hacer una referencia a la necesaria coordinación
y planificación con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, como el SVA y
la Guardia Civil, que sin lugar a dudas es necesario incrementar. Esta
mañana, el director general de la Guardia Civil, en un ejercicio de
reconocimiento de la realidad, manifestaba que es necesario aún mejorar
esa coordinación. Yo no voy a repetirle los casos lamentables de
descoordinación que se han dado; el último, muy recientemente, ha
sobrepasado las fronteras de la provincia donde se ha producido,
precisamente la mía, en Cádiz, donde la Guardia Civil, patrullando, se
entera de operaciones de la Policía Nacional y se escapa el
narcotraficante porque no hay una buena coordinación. Es un ejemplo que
puede valer como botón de muestra de la necesaria coordinación con otros
cuerpos.
Por último, no me gustaría acabar sin referirme al acuerdo del Plan
nacional sobre la droga, que establecía la creación de una escuela de
alta especialización en materia de blanqueo de capitales --unido
íntimamente al tema de la droga--, que sería gestionada a través de los
recursos y los programas del fondo, dentro de la Delegación nacional del
Plan de lucha contra la droga. Me gustaría preguntarle cómo se encuentra
ese plan de formación y esa escuela de alta especialización en materia de
blanqueo de capitales, cuáles están siendo sus resultados hasta ahora y
cuál es su planificación futura.
El señor PRESIDENTE: Señor director, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): Lógicamente
tendría que decirle que en enero del año pasado el Gobierno aprobó un
plan para la lucha contra la droga, y a partir de ese momento, la
Dirección General de la Policía --en lo que a mí me corresponde-- comenzó
a trabajar para estructurar ese plan. Por tanto, sería una insensatez
(usted preguntaba qué es primero, una cosa o la otra), primero, hacer una
serie de cosas, y que luego el Gobierno las aprobara. Lo lógico y normal
es que el Gobierno marque unas directrices y que la Dirección General se
ponga en marcha para cumplir esas directrices. Es decir, desde el momento
en que el Gobierno aprobó un plan determinado para luchar contra la
droga, la Dirección General de la Policía se puso en marcha para ver cómo
aquello lo plasmaba, junto con las directrices de la Delegación del
Gobierno, que es quien había hecho el estudio, y junto con nosotros, como
es lógico.
En el presupuesto del año pasado se destinaba una cantidad de dinero para
compra de medios, como son ordenadores, equipos informáticos en general y
otros medios, que se evaluaron para poder trabajar en esas unidades de
las Udyco que se habían creado. Usted conoce la Administración igual que
yo, y sabe que desde que se toma la decisión de comprar una cosa hasta
que el expediente llega a su fin pasan cuatro o cinco meses, haciendo las
cosas como deben hacerse, es decir perfectamente bien. Desde la
aprobación del presupuesto, desde que el presupuesto es ejecutivo hasta
que se compraron esos medios, pasaron cinco o seis meses, según qué tipo
de materiales, y ese material ya fue entregado, dentro del ejercicio del
año pasado, a todas las Udyco; se entregaron todos aquellos materiales
que se necesitaban para funcionar a pleno rendimiento allá donde estaban.
Es cierto que las Udyco comenzaron a funcionar, porque tenían que
comenzar a funcionar, tenían que reagruparse, porque había que nombrar un
coordinador, porque tendríamos que montar cursos de formación para esa
gente, y paralelamente a eso iba el expediente administrativo para la
compra de ordenadores, de equipos de transmisiones y de otros medios
sofisticados que eran necesarios para luchar contra esta serie de cosas.
Por tanto, si ha habido un desfase entre la puesta en marcha o desde que
se dijo que la Udyco iba a funcionar hasta que el ordenador estaba, era
un desfase administrativo en la compra de esos productos.
Por otra parte, usted me preguntaba --también he oído la pregunta de un
compañero al señor fiscal-- si Galicia era o no la ruta básica de la
entrada de droga para Europa. Me remito a la conferencia de Interpol, y
en uno de los puntos de conclusiones se decía que además de las ya
conocidas rutas de los Balcanes --leo textualmente--, cuya vía de entrada
hacia Europa es Turquía, se ha detectado una nueva ruta denominada ruta
africana. Procedente de los países de Oriente, llega la droga a
diferentes países de Africa occidental --Nigeria, Ghana, Gambia--, desde
donde a través de varios caminos --entre otros, hasta los inmigrantes
ilegales--, se introducen en Europa las substancias estupefacientes.
España, que hasta hace dos o tres años era el puente más importante para
introducir en Europa la droga, procedente de América, ha disminuido
notablemente esta vía, desviándola hacia Africa. Por tanto, cuando yo
expresé --como antes ha nombrado-- que Galicia ya no era la vía (por lo
menos eso es lo que reflejan los expertos policiales internacionales, no
este director general sino que me remito a algunas conclusiones) decía
que quizás por la eficacia policial, tanto española en los últimos años
como la francesa, así como por la colaboración entre los policías
europeas, se estaba desviando a Africa o a antiguos países del Este la
entrada de droga de otros países, porque a los narcotraficantes les era
más fácil introducirse por otras vías. Esto era lo que yo vine a decir,
que las costas gallegas --como conocíamos habitualmente, hasta cuatro o
cinco años-- parecía que eran el punto clave de entrada de droga a
Europa.
En otro orden de cosas, usted me preguntaba respecto al tema de las
opiniones de los vecinos de los barrios. Tengo que decirle que este
director general cree muy importante la opinión de las asociaciones de
vecinos, cree que es esencial para poder trabajar de acuerdo con las
necesidades de lo que los ciudadanos piden. Eso es lo que nosotros
pretendemos. Por eso, cuando tenemos una reunión con los policías que
están trabajando en la calle y con los vecinos que están con ellos,
creemos que es la mejor forma de saber si estamos en el buen camino o no
lo estamos, y es lo que hemos hecho, no otra cosa. Quizá usted ha
preguntado en alguna zona donde la policía de proximidad no está
implantada todavía o tal vez se está desarrollando. La policía de
proximidad no va a resolver el problema de la droga en 48 horas ni en 48
meses, ni tampoco las Udyco, porque si eso lo pudiéramos hacer
radicalmente, seríamos una maravilla. Sí creo que la policía de
proximidad, junto con los ciudadanos, está trabajando por lo que debe
trabajar, que es evitar ese menudeo en la calle, ese miedo al delito, esa
pequeña delincuencia. Por otra parte, si formamos bien a la gente que
está en las Udyco para poder trabajar no solamente en coger alijos, sino
para profundizar en el análisis del planteamiento de desmantelar redes
por la vía económica --como antes se ha comentado por el fiscal-- creemos
que estamos en el camino adecuado.
Cuando usted preguntaba respecto a la escuela que el Plan está montando,
hemos citado 28 cursos que se han realizado, en colaboración con el Plan
nacional sobre la droga, para poder formar a la gente en esta línea.
Nosotros hemos organizado, se están organizando y hay una programación
amplia de aproximadamente 30 cursos más, en colaboración e impulsados por
el Plan nacional, para poder formar a la gente en estas materias. También
estamos haciendo convenios de todo tipo. Hemos mandado especialistas
nuestros, a través de Europol, para poder realizar unos cursos europeos,
con el fin de formar analistas de la información desde el punto de vista
de la droga. La información que llega a los distintos puntos policiales
es muy grande y poder tener personas que sepan cruzar esa información y
analizarla en profundidad, creemos que es uno de los caminos más
importantes que tenemos para no perder tiempo en las investigaciones. Esa
es una de las misiones básicas de las Udyco.
No sé si me queda alguna cosa por contestarle. Si es así, estoy a su
disposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en representación
del Grupo Parlamentario Popular, el senador don Miguel Barceló.
El señor BARCELO PEREZ: En primer lugar, quiero expresar mi gratitud y la
gratitud de mi grupo porque esté aquí informándonos, pues creo que hay un
conocimiento
bastante amplio del problema que nos atañe. Hoy ha sido un día muy
intenso y muy tenso. Hemos tenido un día de muchas comparecencias, todas
muy interesantes, y yo creo que ésta tal vez sea la más importante por
dos razones. Primera, por lo que suponen las drogas como drama humano,
como un azote de la sociedad, que mina la salud, que mata, que envilece,
que cautiva la libertad y, por si fuese poco, esclaviza al individuo. La
prevención para rebajar la demanda, y la persecución para rebajar la
oferta es algo fundamental y necesario que hay que hacer. En eso, señor
director general, estamos totalmente de acuerdo con lo que está haciendo
en este momento, o lo que se va a hacer dentro de pocos meses, que va a
ser mucho más ejecutivo. Sobre todo hay una cosa muy importante y es que
se tiene la conciencia --y se reconoce-- de que el problema de las
drogas, su presencia y el uso abusivo no se debe a una coyuntura; no es
nada pasajero, sino que es una peste estructural de nuestra existencia,
que es repudiable y perseguible su tráfico, pero, a su vez --y aquí lo ha
dicho el señor director general--, es una lucha que hay que combatir con
dos armas importantes: con la prevención, sin olvidar la disuasión, y la
represión del traficante.
El Gobierno, ante la magnitud de este problema y consciente de que no
sólo bastaban las actuaciones clásicas de las brigadas de estupefacientes
para perseguir el narcotráfico, ya que cada día tanto la estructura de la
delincuencia organizada, como los medios económicos, que cada vez
recaudan más, son más sólidos y sofisticados, adoptó un acuerdo, el 24 de
enero de 1997, que recogía un plan de medidas para la lucha contra la
droga --es así como lo definía--, que abarca la investigación económica y
especialmente el blanqueo de dinero, como una respuesta a la
globalización tecnológica de las comunicaciones y el uso que hace la
delincuencia organizada al tener a su disposición unos medios que usa en
su provecho y en contra de la sociedad. Por tanto, ese avance de
modernizar y especializar nuestra policía para responder a esos retos es
una acertada decisión que beneficia a todos los ciudadanos.
Señor director general, quiero manifestar una vez más la satisfacción por
su comparecencia ante esta Comisión, que por ser de estudio en su
contenido, como bien sabe, le corresponde por su incidencia conocer la
situación y las acciones policiales en la materia que nos ocupa.
Como bien conoce el señor director general y buena prueba de ello es el
contenido de la propia exposición, los sondeos efectuados a los
ciudadanos mediante encuesta demuestran que una de las quejas más
constantes es estar presente las drogas en nuestras calles. Por eso decía
el señor director general, que conoce esta situación sin duda y prueba de
ello es que se ha creado la policía de aproximación, que deseamos sea
mucho más amplia y que esté en todos los lugares, pues sin duda disuade a
la permanencia en la vía pública o al menos rebaja esa permanencia,
haciendo una función no sólo represiva contra el tráfico, también de
ayuda al drogadicto en algunos casos como avisar a los servicios sociales
para su atención, y esa presencia de todos los ciudadanos entiendo que es
también una magnífica y buena decisión.
Sin duda, señor presidente, señor director general, es una magnífica
exposición. Ha puesto el dedo en la llega al referirse a lo dañina que es
la presencia de drogas para nuestra sociedad, y al decir que no se va a
ver el milagro de que en 48 horas se pueda resolver el problema de las
drogas, ni en 48 meses, ni en 48 años, porque desgraciadamente tenemos
que acostumbrarnos a que drogas va a haber siempre y tenemos que estar
constantemente luchando contra ello en esos dos frentes que decíamos, en
principio: la prevención y, sobre todo, la represión del narcotráfico.
Las drogas evidentemente no solamente son un fenómeno maligno de la
sociedad, es un fenómeno que destruye y quiebra la unidad familiar, y a
partir de ahí inicia una escalada que llega a dañar a toda la humanidad,
no solamente a la sociedad. No en vano una de las quejas, insisto, que
los ciudadanos más reiteran es la presencia de las drogas en las vías
públicas porque supone una sensación de inseguridad y avala esto que
decimos en la manifestación que se ha hecho de que el 80 por ciento de
los delitos y faltas que se cometen en nuestro país tienen relación con
el consumo y el tráfico de drogas. Somos conscientes del enorme esfuerzo
de las fuerzas y servicios encargados de perseguir a la delincuencia
organizada, que poseen, como hemos dicho antes, unos medios técnicos y
económicos para burlar en lo posible a la acción policial, esto supone un
plus añadido de riesgos sin duda a las fuerzas de seguridad que tienen
que perseguirlos; esto supone, como hemos dicho, ese plus de riesgo, lo
que hace que ante los resultados alcanzados, tanto en los decomisos de
sustancias como en la intervención de armas, vehículos, embarcaciones,
dinero, sea motivo de felicitación por nuestra parte a todas las fuerzas
que intervienen en ello.
El señor director general también ha mencionado la importante acción de
prevención y la rehabilitación de los que han tenido la desgracia de
estar atrapados en la drogadicción, pero una de las formas más efectivas
para prevenir es la lucha contra la oferta y el blanqueo de capitales.
Coincidimos totalmente en las apreciaciones que han hecho hoy todos los
comparecientes que van dirigidas precisamente hacia esa acción. Las
tareas que según se han puesto de manifiesto tiene encomendadas Udyco
evidentemente conllevan una gran dificultad, derivada no sólo de la
propia actividad clandestina que desarrollan las organizaciones
criminales dedicadas al tráfico de drogas sino también de la complejidad
de los sistemas financieros comerciales de control de cambios y otras
actividades legales de las que se valen los traficantes para su ilícito
comercio y el blanqueo de beneficios que obtienen. Es muy complicado y
sin duda requiere una buena formación para perseguir esos delitos que son
el fin del narcotráfico, es decir convertir el dinero sucio en una
fachada de normalidad y honestidad. Por ello desearía saber, señor
director general, si los funcionarios adscritos a las Udycos cuentan con
la formación adecuada para llevar a caso su labor; también quisiera saber
si tiene algún plan o proyecto, de acuerdo con el espíritu del Consejo de
Ministros de 24 de enero de 1997, que vaya encaminado hacia la eficacia
policial en
ese terreno. Algo también que me preocupa muy especialmente es qué opina
de las célebres rutas del bakalao.
No quiero terminar sin felicitar a Udyco --no tengo la fecha pero hace
muy pocos días-- porque ha iniciado una investigación contra el blanqueo
de capital de una banda que han cogido, la llamada Los Capitos.
Enhorabuena por esa acción.
El señor PRESIDENTE: Señor Cotino.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): Ciertamente, el
planteamiento de la droga (como usted bien ha dicho ésta es una comisión
de estudio y reflexión), es complejo y difícil, por tanto creo que es el
problema más grave que tiene la sociedad moderna en este fin de siglo y
comenzaremos un siglo próximo con las mismas características.
Las medidas que las fuerzas de seguridad, que el Gobierno español tomó
para luchar contra las drogas están enmarcadas en una línea de
cooperación internacional. Yo creo que es muy importante resaltar, como
he dicho antes en mi intervención, las reuniones realizadas en España,
tanto de Interpol como de Europol, en las que expertos de todo el mundo,
en el caso de Interpol, y de toda Europa, en el caso de Europol,
estudiamos distintas posibilidades. Aquí hay un fenómeno claro, y el
fenómeno es que la lucha debe ir por dos caminos: por el camino del
narcotraficante, y con ello todo lo que supone ganar dinero el
narcotraficante, y el camino de la demanda.
En la lucha contra el tema de la demanda, en las encuestas que SS. SS.
disponen lo mismo que yo, ha habido un cambio en los últimos años
respecto a la opinión de los ciudadanos. Los ciudadanos hace unos cuantos
años, cuando había problema de droga en cualquier barrio, opinaban: que
venga la policía y lo resuelva. Ante ese fenómeno parecía que el problema
de la droga era un problema policial, hoy ha cambiado bastante esa
opinión; cuando los ciudadanos opinan a nivel de encuestas, y también
cuando pisas la realidad día a día con ellos en la calle, te das cuenta
que el fenómeno no lo puede resolver solamente la policía, es un fenómeno
más amplio y es un fenómeno que cuando ya está la gente lanzada a él
difícil arreglo tiene para retroceder. Por ello, creemos en el plan de
policía de proximidad, en la prevención, la colaboración, la formación,
que la policía de alguna manera debe meterse en la prevención del delito
porque la represión del mismo cuando uno ya es drogadicto tiene poca
eficacia.
Respecto a los planes de formación tanto para esa policía que tiene que
estar en la calle como para la policía especializada de las Udyco, la
dirección general tiene una programación, en el caso concreto de policía
de proximidad, de 43 cursos que ya han comenzado a impartirse, y respecto
a las Udyco hay un plan de formación de especialistas a nivel
internacional para formar unos analistas centrales con la información que
se relaciona con todos los países del mundo. Esas son las dos áreas más
importantes, aparte de los cursos periódicos que, como he señalado
anteriormente, se llevan a efecto en colaboración con la Delegación del
Plan nacional de la droga.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a don Juan Gabriel Cotino Ferrer,
director general de la Policía. Nuestro agradecimiento por su
comparecencia y nuestra felicitación.
Con ello, damos por terminado este punto del orden del día.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE INCIDENCIAS DE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL ALCOHOLISMO Y OTRAS
DROGODEPENDENCIAS EN LAS CAUSAS DEL MALTRATO A LAS MUJERES. PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente Congreso
161/000862 y número de expediente Senado 663/000041).
El señor PRESIDENTE: Punto tercero y último. Proposición no de ley sobre
incidencias de los problemas derivados del alcoholismo y otras
drogodependencias en las causas del maltrato a las mujeres, presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la proposición, tiene la palabra la diputada doña
Belarmina Martínez González.
La señora MARTINEZ GONZALEZ: Señorías, mi grupo ha presentado esta
proposición no de ley basándose en la alarma social que se produce por el
inmenso aumento del número de muertes de mujeres a manos de sus maridos o
de sus compañeros en el año 1997. Fíjense si el dato era confuso que,
cuando presentamos esta proposición no de ley, hablábamos de 61 mujeres
muertas y, en la segunda quincena del mes de febrero, el ministro del
Interior en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer daba la cifra
de 91, exactamente 30 mujeres más.
El día 15 de marzo, en el informativo de Televisión Española, citando
como fuente al Ministerio del Interior, se hablaba de más de 24.000
demandas presentadas por malos tratos, cuando en la información que desde
el Instituto de la Mujer se venía dando eran 14.600. La situación, por un
lado, merece una consideración; en primer lugar, yo creo que el Gobierno
ha estado ocultando los datos reales, incluso los del Ministerio de
Justicia son diferentes de los del Ministerio del Interior. Otra cosa que
me gustaría dejar clara es el gran aumento que se ha producido en 1997,
tanto en muertes como en demandas presentadas. Esto debería hacer
reflexionar al Gobierno, entiendo y entiende mi grupo, sobre la
desactivación de algunas de las políticas que estaban en marcha, sobre
todo las campañas de sensibilización social.
Ante esta situación, y leyendo con detenimiento la memoria del Plan
Nacional sobre la Droga de 1996, hemos podido ver que no aparece en
ningún momento la relación entre consumo de droga y violencia doméstica.
Según esto, y tratando de promover, de impulsar y desde luego de
colaborar para conocer mejor el fenómeno y la lacra social de la
violencia contra las mujeres, presentamos
esta proposición no de ley que persigue conocer exactamente la influencia
que el consumo de alcohol y otras drogas tienen como desencadenante en la
agresividad de los hombres contra las mujeres. Matizamos el término
desencadenante, porque, aunque no existen estudios psicosociales en
profundidad sobre la violencia contra las mujeres, pequeños estudios de
organizaciones no gubernamentales que trabajan con esta problemática
desde hace años nos informan de que los malos tratos se producen
especialmente en fines de semana, después de haber cobrado el salario y
ante la ingestión excesiva de alcohol. Estos datos no podemos
considerarlos como científicos en la medida en que no son consecuencia de
un estudio sociológico riguroso, sino que son parciales; como los hacen
organizaciones no gubernamentales son considerados parciales y, por
tanto, no podemos hacerlos extensivos a toda la sociedad y decir:
exactamente las cosas ocurren por estas razones.
También creemos, y a mí me gustaría dejarlo muy claro, que las causas de
la violencia --y no lo digo sólo porque personalmente haya estado como
trabajadora social con mujeres maltratadas durante tantos años, lo que me
ha permitido conocer muy de cerca el problema--, según ciertas
autoridades en psiquiatría mantienen --personas con un gran prestigio,
como puede ser el psiquiatra Rojas Marcos, conocido por todos, que
escribe con frecuencia sobre la violencia y sus orígenes, así como sus
colaboradores--, son endógenas, son de las personalidad, de la relación
de hombre y mujer, del ejercicio del poder que hace el hombre sobre la
mujer, y que la ingestión de alcohol y otros factores son desencadenantes
de esa agresividad que, digamos, pervive como un veneno y el alcohol
sería el alimento de la hidra que en un momento dado hace que ésta
aparezca.
El texto que presentamos es: La Comisión Mixta para el Estudio del
problema de las Drogas insta al Gobierno para que, en el plazo de tres
meses y con la finalidad de promover los recursos adecuados, realice un
estudio que, ante la existencia de malos tratos, permita valorar la
influencia del consumo de alcohol y otras drogas en el desencadenamiento
de la agresividad y de la violencia ejercida contra las mujeres.
Esta necesidad que hemos visto de presentar aquí hoy esta proposición
también se apoya en la información, que creemos que es acertada, de que
el Gobierno está realizando un estudio en el que no contempla la variable
de consumo de drogas, consumo de alcohol como uno de los desencadenantes
de la agresividad. Esta ha sido, quizá, la principal razón para que
presentáramos esta proposición no de ley. Considero que la he defendido,
y con esto termino, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador don Jaume Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Tengo conocimiento de que hay una enmienda. No
sé si lo que procede es defender primero la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Seguramente, tiene razón.
Tiene la palabra, para defender la enmienda, mi compañera doña Celinda
Sánchez, en representación del Grupo Popular.
La señora SANCHEZ GARCIA: A mí me gustaría, al mismo tiempo que hago
defensa de la enmienda, anunciar la posición de mi grupo en cuanto a esta
proposición no de ley. Me gustaría empezar poniendo de manifiesto que
debatimos hoy aquí una vez más las iniciativas que los distintos grupos
parlamentarios han venido presentando en estos últimos meses sobre un
tema que creo que nos preocupa a todos, como es el maltratado y la
violencia ejercida sobre la mujer, que en la mayoría de los casos, como
todos sabemos, se desarrolla dentro del ámbito familiar, pero que tiene
una trascendencia humana y social mucho más importante para todos fuera
de él.
Aunque pudiera parecer que éste es un tema que hubiera aflorado
recientemente, como todos saben, el problema existe desde siempre y,
merced a una mayor información sobre los derechos de la mujer y a la
sensibilización de la sociedad a través de las campañas informativas y
medios de comunicación, es posible que exista un mayor número de
denuncias por aquellas personas que las vienen padeciendo.
Hay que decir que Naciones Unidas declaraba ya en el año 1980 que la
violencia en las familias es el crimen encubierto más frecuente que se da
en el mundo y, por tanto, hacía un llamamiento a todos los países para
alertar sobre un mal endémico que, sobre todo, afectaba a los más
débiles, como son los niños, las mujeres y los mayores. Quizá por ello en
el año 1984 se publican por primera vez en nuestro país las cifras por
malos tratos, que en aquel momento ascendían a 16.070 denuncias y que
pertenecían a las que se formularon en el año 1983. Más adelante, ya en
el año 1989, concretamente el 12 de mayo, el Senado, a través de la
Comisión de Derechos Humanos, emite un informe de malos tratos a mujeres,
en el que recoge una serie de recomendaciones como, por ejemplo, la
coordinación entre las diferentes administraciones y la homologación de
mecanismos en todo el territorio nacional. Situándonos ya en1992, hay que
decir que las denuncias presentadas este año fueron 15.900, con 47
víctimas mortales como consecuencia de esta violencia. Esto es algo que
no es nuevo, que ya viene arrastrándose desde hace muchísimos años en
nuestra sociedad. Quizá por esa sensibilización el año pasado las cifras
ascendieron a 18.868. Los expertos dicen que es la punta del iceberg
porque pueden ser tan sólo un 10 por ciento de los maltratos reales. De
ellas hay que lamentar, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista,
la muerte de 91 mujeres y no olvidar que también ha habido 23 hombres que
murieron víctimas de esa violencia.
Señorías, ante estas cifras y datos de lo que no cabe la menor duda es de
que las medidas que en su día pusieron en marcha no han sido suficientes
para prevenir y erradicar esta lacra de la sociedad. Pero, como decía al
principio de mi intervención, en esta Cámara se han presentado
iniciativas sobre este tema que, a nuestro juicio, han sido positivas,
contando algunas de ellas con el apoyo de todos los
grupos parlamentarios. Por ejemplo, el 11 de noviembre de 1997 se aprobó
por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
sobre la erradicación y prevención de la violencia a las mujeres, que
contempla nueve medidas que enfocaban el problema globalmente. También el
18 de diciembre de ese mismo año se presentó otra proposición no de ley
en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, que también fue
aprobada. Y ya el 17 de febrero de este año, el Pleno de esta Cámara
aprobó la elaboración, dentro de la Comisión de los Derechos de la Mujer,
de un informe que permitiera impulsar medidas para reforzar la protección
de estas mujeres víctimas de maltratos.
Yo quiero recordarles a sus señorías que el III Plan de Igualdad, que
tiene una vigencia de cuatro años, como ustedes saben, de 1997 al 2000, y
que es el primer Plan que elabora el Gobierno del Partido Popular,
contempla entre sus objetivos, dentro de un área dedicada a la violencia
contra la mujer, medidas de prevención y erradicación. Concretamente, y
les leo a sus señorías el punto número 7.1.10, propone promover
investigaciones sobre las causas que dan lugar a esta violencia. Pues
bien, en línea con ese Plan, el propio ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, señor Arenas, propuso celebrar una conferencia sectorial
monográfica sobre la violencia, que tuvo lugar el 26 de noviembre del año
pasado. En esa conferencia estuvieron representadas las 17 comunidades
autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y personal
de los diferentes ministerios, como Justicia, Interior, Sanidad,
Educación y Cultura. En dicha conferencia se acordó elaborar un plan de
acción en el que van incluidas las 10 medidas que el Consejo de Ministros
aprobó el día 9 de enero de 1998. Igualmente, como sus señorías saben,
este mes de abril está previsto que el señor Arenas presente dicho plan
de acción sobre la violencia en la mujer, que no es ni más ni menos que
recoger los principios que la plataforma de Beijing y del informe de
grupo de especialistas europeos recomiendan para tratar de erradicar en
lo posible esta violencia.
También quiero decirles a sus señorías, que es lo que quería anunciar con
motivo de la presentación de la enmienda, que el Instituto de la Mujer
tiene encargados varios estudios para hallar las causas que generan este
comportamiento, entre ellos, el que trata de las formas y consecuencias
de la violencia contra las mujeres y se anuncia que previsiblemente
estará acabado o bien a finales de este mes o a primeros del mes de mayo.
Por tanto, señorías, yo creo que debemos congratularnos de que el
Gobierno haya afrontado la problemática de esta violencia tomando medidas
concretas. Quiero decir que no ha sido una declaración de buenos
principios con la presentación del III Plan, sino que ha dado una
respuesta y afronta estos problemas que, como bien ha dicho la compañera
que me ha precedido, conlleva sufrimientos y lágrimas a las familias que
lo padecen.
Al Grupo Parlamentario Popular, valorando muy positivamente la iniciativa
presentada, le ha parecido oportuno, por lo que estoy aduciendo,
presentar una enmienda de modificación, puesto que estos estudios ya
están en marcha, impulsados por el Gobierno a través del propio
Instituto. En ese estudio se busca la globalidad de esas causas, ya que,
desde nuestro punto de vista, no se puede parcelar por sectores el
problema que origina la causa; sería peligroso, y tendría que ser
globalizado porque sabemos que hay detonantes que desencadenan la
violencia, como pueden ser los temas familiares, sociales, de paro, de
convivencia y un largo etcétera que todas sus señorías conocen,
incluyendo la presentación que usted ha hecho de su proposición en la que
entra el alcoholismo y la drogodependencia.
Con esta intención hemos presentado esta enmienda y cualquier iniciativa
que se tome al respecto debe ser encauzada a través del propio Instituto
de la Mujer que, como su nombre indica, es el más adecuado para ello,
independientemente de la colaboración con los restantes ministerios
afectados en el problema para tratar de buscar soluciones para lo que hoy
debatimos y que ya contempla el plan de igualdad y las medidas aprobadas
por el Gobierno.
Nuestra enmienda de modificación dice textualmente que la Comisión Mixta
para el estudio del problema de la droga considera necesario que el
Gobierno continúe los esfuerzos para erradicar la violencia que sufren
las mujeres y las medidas de apoyo en pro de la igualdad de este
colectivo. Asimismo, se considera necesario que en el plazo más corto
posible se realice un estudio que permita determinar las causas
desencadenantes de los malos tratos y de la violencia contra las mujeres.
Yo espero que sus señorías apoyen esta enmienda, pues el tema de la
violencia contra la mujer no es un asunto que afecte a la mujer, sino a
la sociedad en su conjunto y, por tanto, nosotros, como representantes de
ellas, estamos aquí para tratar de dar soluciones a los problemas que en
un momento determinado les pueden afectar.
Con esto termino mi intervención, a la espera de lo que el grupo
proponente y el portavoz de Convergència i Unió tengan que decir. Espero,
en el consenso que todos estamos buscando en algo que afecta a la
sociedad en su conjunto, que haya unanimidad de criterios.
El señor PRESIDENTE: Correspondería intervenir al Grupo Parlamentario
Socialista, para ver si acepta o no la enmienda de modificación o tiene
algo que añadir, que objetar o que modificar. Tiene la palabra la señora
Martínez.
La señora MARTINEZ GONZALEZ: La intención de mi grupo no fue profundizar
en lo que se está haciendo o no en el plan de choque del ministro Arenas,
porque si hubiésemos entrado en eso, a lo mejor mi intervención hubiera
sido distinta. Yo he estudiado con detención el plan de choque y,
permítame, señor presidente, de las diez medidas, siete estaban puestas
en marcha por el Gobierno anterior. Las otras tres son novedosas y
saludamos la que proponen de atención a niños y niñas que han sido
víctimas de la violencia; rechazamos otra, la de formación específica
para mujeres maltratadas. La tercera, que en este caso sería la número
10, la de crear dentro de los colegios de abogados un turno específico,
también nos parece correcta.
Yo creo que no vamos a hablar de esto, porque si lo hiciéramos
entraríamos en otra dinámica. Por ejemplo, este plan no lleva aparejado
en los presupuestos una asignación, por lo que de momento es una
declaración de intenciones. Vamos a ver cómo se refleja esto, porque
mientras no aparezca en los Presupuestos Generales del Estado no es real.
Voy a mencionar lo que me parece a mí que nos tiene en este momento más
interesados, que es si aceptamos la enmienda. Habría que añadir que en
ese estudio se tienen que incluir las derivadas de todo tipo de
drogodependencia, porque, si no, lo que usted ha leído debería haberse
presentado en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer.
Si llegamos a este acuerdo, nosotros aceptaremos el nuevo texto en aras
al consenso, que no a la mejor redacción.
El señor PRESIDENTE: Doña Celinda, ¿acepta la adición? (Asentimiento.)
Para que no haya ningún tipo de dudas ni de malas interpretaciones, yo
creo que la enmienda al final queda de la siguiente manera: La Comisión
para el Estudio del Problema de la Droga considera necesario que el
Gobierno continúe los esfuerzos para erradicar la violencia que sufren
las mujeres y las medidas de apoyo en pro de la igualdad de este
colectivo. Asimismo, se considera necesario que en el plazo más corto
posible se realice el estudio que permita determinar las causas
desencadenantes de los malos tratos y la violencia contra las mujeres,
incluyendo las derivadas de todo tipo de drogodependencias.
El senador Cardona tiene la palabra.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor presidente, por su
aclaración. Voy a fijar brevemente la posición de nuestro grupo, que es
de apoyo al texto que ha salido de la enmienda y la transacción que se ha
hecho entre los dos grupos mayoritarios.
Yo quisiera hacer, primero, una reflexión. Si consideráramos las
enfermedades sociales, qué duda cabe que las drogodependencias y el
consumo de alcohol serían una de estas enfermedades tipo. Estas tienen
unas grandes y graves repercusiones, no sólo a nivel individual, sino a
nivel colectivo, a nivel social. Para su aparición y persistencia es
necesario que existan o que influyan de forma preeminente una serie de
factores sociales. A su vez, para su tratamiento y su prevención no es
suficiente tomar medidas individuales, sino que han de ser también
colectivas, sociales. Qué duda cabe de que las drogodependencias tienen
unas graves consecuencias sociales y sanitarias, no sólo para el
individuo, sino para el colectivo en el que está inmerso --después
hablaré de su ámbito más reducido--. Hay también unos factores sociales
que favorecen su incidencia. La marginación y el paro influyen en la
entrada en la drogodependencia. No sólo la provocan la marginación y el
paro, sino que también, aunque parezca extraño, influyen otros aspectos
ya no de marginación, sino de modas o tendencias --snobismo, sociedad de
consumo--. Por tanto, hay unos factores sociales que inciden en estas
enfermedades.
Para su prevención y tratamiento no es suficiente tampoco tomar medidas
individuales, sino otras sociales, como la lucha contra el paro, la
formación educativa en el ámbito familiar, etcétera. Por tanto, podríamos
hablar de que estas enfermedades, ya no sólo las drogodependencias sino,
diría más, el consumo de alcohol, son sociales.
Abundando más y reduciendo el ámbito, diría que el alcoholismo es una
típica enfermedad familiar. Lo digo porque es precisamente en el ambiente
familiar donde se producen las graves consecuencias no sólo del consumo
de alcohol, sino de las drogodependencias, pero fundamentalmente del
consumo de alcohol. Esto no ha surgido en los años 70, con la aparición
de las drogodependencias, sino que es anterior, en un contexto de cultura
mediterránea, donde la incidencia del alcoholismo ha sido tradicional. La
agresividad que comporta esta enfermedad, el alcoholismo, se ha centrado
fundamentalmente en el seno familiar. Esa agresividad ha llevado a esos
malos tratos para las mujeres principalmente y, en definitiva, también a
la desestructuración del núcleo familiar.
Por tanto, desde esta perspectiva nuestro grupo apoya el texto que se ha
transaccionado porque entendemos que es positivo. Nos parecería más
acorde con lo que he expuesto el incluir las derivadas del consumo del
alcohol y drogodependencias. En cualquier caso, el texto que se ha
consensuado y que aceptamos incluye todas las derivadas de todo tipo de
drogodependencias; no olvidemos que el alcoholismo es una
drogodependencia.
Nuestro grupo apoya el texto consensuado por los dos grupos mayoritarios.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada por unanimidad la
propuesta con la modificación que yo he relatado.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.