DIARIO DE SESIONES DE LAS



CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1998 VI Legislatura Núm. 96



PARA LA UNION EUROPEA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE RAMON PASCUAL MONZO,
VICEPRESIDENTE PRIMERO



Sesión núm. 23



celebrada el martes, 14 de abril de 1998,
en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor secretario de Estado de Política Exterior y para
la Unión Europea (De Miguel y Egea) para informar sobre la propuesta de
la Comisión sobre la Agenda 2000. A petición propia (Número de expediente
Congreso 212/001080 y número de expediente Senado 713/000551).




Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.




El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Buenos días, señoras y señores
diputados y senadores. Vamos a empezar la sesión número 23 de la Comisión
Mixta para la Unión Europea con la comparecencia del secretario de Estado
de Política Exterior y para la Unión Europea para informar sobre la
propuesta de la Comisión sobre la Agenda 2000.

Ante todo doy la bienvenida al señor secretario de Estado y, sin más
dilación, le cedo la palabra para que haga su intervención.

Posteriormente intervendrán los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios.

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El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): Gracias, señor presidente.

Para mí siempre es una satisfacción comparecer en esta Comisión Mixta,
pero reconozco que hoy, martes de Pascua, y después de volver de las
vacaciones, no es precisamente el día más adecuado para hablar de algo
tan árido y largo como es la Agenda 2000. Por lo tanto, con la venia de
SS. SS., trataré de ser lo más breve posible, pero no lo garantizo porque
esto es largo y farragoso.

La verdad es que no me parece necesario hacer una introducción sobre lo
que es la Agenda 2000, porque lo hemos debatido muchas veces en esta
Comisión Mixta, desde julio de 1997, cuando la Comisión lanzó las
primeras propuestas, que fueron la consecuencia de haber terminado el
proceso de la Conferencia Intergubernamental en Amsterdam y que ponían en
marcha lo que tantas veces hemos dicho que fue una concepción española,
la Agenda 2000, que consiste en poner en una secuencia los retos que
tenía la Unión Europea para hacer frente al objetivo último, que es la
ampliación. En las propuestas de julio de 1997 de la Agenda 2000 se
introducían todos los elementos sobre las perspectivas financieras, sobre
los fondos estructurales y sobre los fondos de cohesión, y lo que hace
fundamentalmente la nueva comunicación de marzo de 1998 es desarrollar y
completar las propuestas que se hicieron en julio de 1997. Me referiré,
por tanto, a estas últimas propuestas que, como he dicho anteriormente,
desarrollan y completan lo que ya estaba encima de la mesa y trataré de
hacer un análisis lo más somero posible de los cuatro grandes paquetes
que tiene el conjunto de las propuestas de la Comisión.

Los cuatro grupos de estas propuestas son el conjunto de reglamentos
agrícolas, que contiene los cuatro reglamentos sobre las revisiones de
las organizaciones comunes de mercado agrícolas a efectos del IVA
(cereales, leche y carne) y tres reglamentos horizontales agrícolas sobre
desarrollo rural, medio ambiente y medidas sobre la subsidiariedad. La
segunda parte del parquete son los reglamentos relativos a los fondos
estructurales y al Fondo de Cohesión, reglamento general de los fondos
estructurales, los tres reglamentos respectivos del Fondo de Desarrollo
Regional, Fondo Social Europeo, Feoga-Orientación y el reglamento del
Fondo de Cohesión. La tercera parte del paquete son los reglamentos
relativos a la ayuda preadhesión, que contiene el reglamento general de
coordinación de la ayuda preadhesión al Este y a Chipre, el instrumento
agrícola preadhesión y el instrumento preadhesión para las políticas
estructurales. Además de estos tres grandes paquetes de reglamentos hay
un último con dos textos, que son los relativos a las perspectivas
financieras, informe sobre el acuerdo interinstitucional de disciplina
presupuestaria y propuesta de un nuevo acuerdo y la comunicación de la
Comisión sobre el establecimiento de las nuevas perspectivas financieras
para el período 2000-2006. Dentro también de este misceláneo final está
el reglamento de financiación de las redes transeuropeas, y una propuesta
de revisión del Fondo de Garantía de Préstamos Exteriores, además del
compromiso de presentar en el otoño de este año un informe detallado
sobre el sistema de recursos propios. Este es el paquete que fue
presentado formalmente por el presidente Santer al Consejo de Asuntos
Generales el día 30 de marzo de 1998, al Ecofin (Consejo de Economía y
Finanzas) informal del 20 y 22 de marzo y la parte agrícola que fue
presentada por el comisario Fischler en el Consejo de Agricultura el 31
de marzo de 1998. Estamos, por tanto, ante un paquete aprobado el 18 de
marzo, que ha sido ya presentado formalmente al Consejo, y por eso me
parecía que, por la proximidad de la comparecencia con la reciente
presentación de este paquete, era más interesante concentrar nuestro
debate hoy sobre estas últimas propuestas de la Comisión.

La idea central que me parece importante destacar en las propuestas
aprobadas, que como ya he dicho completan y desarrollan la Agenda 2000,
es que respetan toda la filosofía de la propuesta original de julio de
1997, y la respetan puesto que no se ha modificado ninguna de las cifras
que figuraban en esta primera propuesta de la Agenda 2000 y que por tanto
siguen siendo válidas. La Agenda 2000 únicamente ha sido completada en
algunas partes que mantenían silencio, es decir cómo se iban a aplicar
algunas partes de los fondos estructurales, y luego desarrollada
incorporando elementos adicionales que no estaban presentes en julio
pasado.

Voy a mencionar las propuestas que completan la Agenda 2000. En primer
lugar, aquellas propuestas en las que la Comisión publica las regiones
del Objetivo 1 que van a salir de la lista. En el caso español podrían
salir Valencia y Cantabria, que representan respectivamente el 18 y el 3
por ciento del total del Objetivo 1 español. Se define también el peso
específico y la clave de reparto del Objetivo 2, que pasa del 26 por
ciento de la población total de la Unión al 18 por ciento de dicha
población, así como la clave de reparto, que pasa de ser la proporción de
la renta per cápita en el desempleo respecto de la media comunitaria.

Igualmente se concretan los criterios de reparto del Objetivo 3. Se
introduce también una innovación, que es la posibilidad de mezclar
subvenciones y créditos. Hasta el momento todos los fondos estructurales
estaban estructurados en torno a subvenciones y no había posibilidad de
utilizar otros instrumentos financieros. En estas propuestas la Comisión
abre la posibilidad de utilizar créditos, y al desarrollar el contenido
del futuro acuerdo institucional entre Consejo, Parlamento y Comisión se
propone que no se puedan reconducir los créditos de compromiso no
utilizados en el ejercicio anual correspondiente al presupuesto del año
siguiente. Este es un tema particularmente importante porque hasta ahora
los créditos de compromiso de la categoría 2, al tener consideración de
privilegiados, podían pasarse, si no se utilizaban, de un ejercicio
presupuestario a otro. En este momento, con las nuevas propuestas, se
anula la posibilidad de transferirlos de un ejercicio a otro. Otra
característica que completa alguno de los preceptos de julio de 1997 es
que se confirma para el Fondo de Cohesión una nueva exigencia de carácter
macroeconómico consistente en que los países de la cohesión que pasen a
la moneda única deben respetar las cifras de déficit público a las que se
hayan comprometido en sus respectivos programas



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de estabilidad, lo que añade un elemento condicionante más para los
países de la cohesión, más que el propio pacto de estabilidad, que es el
compromiso que aceptaron desde el principio.

Por lo que se refiere al desarrollo de las propuestas de la Agenda 2000,
en los tres fondos estructurales se precisan con todo detalle las reglas
de programación, aprobación, gestión y control de los fondos. En el Fondo
de Cohesión, como ya he dicho, se desarrolla la nueva condicionalidad
exigida de respetar no solamente el 3 por ciento del déficit público, el
máximo establecido en el actual protocolo de déficit excesivo del Tratado
de Maastricht, sino que se añade la obligación, para los países de la
cohesión que pasan a la moneda única, de respetar los compromisos de sus
respectivos pactos de estabilidad. Se desarrollan también los
instrumentos de preadhesión propuestos en la Agenda 2000 para el Este y
Chipre, así como las ideas de la Comisión para reformar las
organizaciones comunes de mercado de cereales, leche y carne. Por tanto
en este paquete hay unas partes que completan y otras partes que
desarrollan.

A continuación, pasaré a examinar con algún detalle cada una de las
partes en las que se agrupan las propuestas legislativas aprobadas por el
Colegio de Comisarios. En primer lugar, agricultura. Las principales
propuestas de la Comisión, en lo que concierne a los nuevos reglamentos
agrícolas son las siguientes: revisión de los reglamentos del Consejo
relativos a las organizaciones comunes de los mercados de cereales, carne
de bovino y leche; revisión del reglamento del Consejo sobre el aceite de
oliva; adopción de un reglamento horizontal que define las posiciones
comunes sobre la vinculación de las ayudas al respecto a los criterios
medioambientales y a unos niveles de empleo, y la introducción de un
elemento de degresión en las ayudas importantes; revisión del reglamento
de financiación del Feoga; adopción de un nuevo reglamento relativo a la
ayuda del desarrollo rural. En líneas generales, estas propuestas de la
Comisión siguen la pauta marcada para la reforma de la PAC indicada en la
Agenda 2000 y, como tal, el planteamiento de la Comisión es la
continuación de la reforma abordada en 1992. La Comisión también hace un
intento de consolidar y simplificar, en la medida de lo posible, los
reglamentos existentes y, conforme con el principio de subsidiariedad, se
les otorga a los Estados miembros un mayor poder de apreciación a la hora
de decidir sobre la atribución de parte de las ayudas directas a los
criadores de bovino y de vacas lecheras.

El reglamento horizontal permitirá a los Estados reducir las ayudas en
los casos en los que no se respeten los criterios medioambientales
nacionales o en aquellos otros en los que la mano de obra haya descendido
por debajo de un nivel predeterminado. Las cantidades así detraídas de
las ayudas directas podrán ser destinadas a la puesta en práctica de
medidas nacionales en favor del medio ambiente. El reglamento horizontal
agrícola también introduce un elemento de degresión para reducir los
fondos que perciben las explotaciones que sobrepasen los 100.000 euros de
ayuda. Este montante se reducirá en un 20 por ciento para el tramo
comprendido entre 100.000 y 200.000 euros, y en un 25 por ciento en las
cantidades con exceso de 200.000 euros.

Respecto del reglamento general (segundo paquete) de los fondos
estructurales y del Fondo de Cohesión, las propuestas de la Comisión se
fundan sobre los tres principios que habían sido enunciados en las
propuestas de julio de 1997 de la Agenda 2000. Estos son: concentración,
simplificación y clarificación. Los textos legales propuestos son los
siguientes: nuevo reglamento general, aplicable a todos los fondos;
nuevos reglamentos verticales para cada uno de los cuatro fondos; versión
revisada del reglamento relativo al Fondo de Cohesión. Los elementos
clave de estas propuestas, que sería muy farragoso describir, son:
aplicación estricta del criterio de elegibilidad para el Objetivo 1, que
continúa en el 75 por ciento del PIB por habitante; concentración de las
ayudas en las regiones del Objetivo 2, limitando al 18 por ciento la
proporción de población de la Unión Europea que pueda beneficiarse de
estas ayudas. Y respecto del Objetivo 3, disposición para que sirva
únicamente para financiar programas en materia de recursos humanos;
disposiciones relativas a la reconversión de las flotas de pesca y la
puesta en marcha de medidas de acompañamiento socioeconómico en las zonas
dependientes de la pesca; aplicación de medidas de lo que se llama
phasing out, es decir, salida progresiva para las regiones que salgan de
los objetivos 1 y 2, proponiendo períodos de seis a siete años y cuatro
años, respectivamente, para estas salidas; eliminación progresiva de las
ayudas; fomento de la combinación de los recursos de los fondos
estructurales con instrumentos de ingeniería financiera (que ya había
mencionado al principio); creación de una reserva, reteniendo un 10 por
ciento sobre las ayudas, cuyos fondos irían destinados a recompensar a
las regiones que hayan gestionado eficazmente sus programas y, como
también había mencionado, introducción de una condición macroeconómica
para la concesión de fondos de cohesión a los países que están recibiendo
el mismo y sean miembros de la Unión Económica y Monetaria.

Ciertas cuestiones clave sobre la elegibilidad de las regiones para los
distintos objetivos no podrán ser resueltas hasta el otoño, momento en el
que la Comisión dispondrá de los datos que le permitan identificar las
regiones susceptibles de cumplir con las condiciones exigidas por cada
uno de los objetivos.

La intención de la Comisión es mantener el paquete global para las
políticas estructurales y de cohesión al nivel del 0,46 por ciento del
producto nacional bruto comunitario para el período 2000-2006, lo que
supone mantener el mismo porcentaje que en el período anterior y un
montante de alrededor de 287.000 millones de euros. De esta suma, 240.000
millones estarán a disposición de los Estados miembros actuales. En el
período 1993-1999 esta suma era de 208.000 millones de euros. Por lo
tanto, hay un aumento de más de 30.000 millones de euros a precios
constantes. Los restantes 47.000 millones, entre 240.000 y 280.0000
millones, son los que se destinan a intervenciones estructurales en los
nuevos Estados miembros y en los países candidatos. Tampoco voy a hacer
una valoración exhaustiva de estas propuestas, porque si entrara en las
valoraciones



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creo que sería muy extenso y podría hacerlo después en el turno de
respuesta a las intervenciones de los portavoces. Por lo tanto, voy a
permitirme seguir con la descripción del paquete.

El punto siguiente son los nuevos instrumentos de ayuda preadhesión
agrícola y estructural. Esto se refiere a los instrumentos de ayuda para
los nuevos países candidatos. Los instrumentos de ayuda preadhesión son
los siguientes: un reglamento que coordina los tres instrumentos de ayuda
preadhesión; un instrumento agrícola preadhesión y un instrumento de
preadhesión para las políticas estructurales. Los tres instrumentos serán
aplicables en el marco de lo que se han venido llamando, con una palabra
de dudoso linaje castellano, partenariados, para la adhesión que se va a
firmar con cada uno de los países candidatos. Estos partenariados o
asociaciones deberán proporcionar un marco único en el que se establezcan
las prioridades para cada país y se indiquen los recursos financieros que
la Comunidad puede poner a su disposición para ayudar a los procesos de
adhesión. A cada país candidato se le invita a elaborar un programa
nacional para la adopción del acervo de la Unión Europea.

Respecto de los instrumentos mencionados, parece oportuno destacar que,
por lo que se refiere a la preadhesión agrícola, para el período
2000-2006 se proponen 520 millones de ecus anuales para los diez países,
a precios de 1999, financiados por el Feoga-Garantía. La asignación
individual para cada país candidato se fijará por la Comisión según
criterios objetivos, como población agrícola, superficie agrícola,
producto interior bruto en paridad con el poder adquisitivo, situación
territorial específica, etcétera. Si un país candidato se adhiere a la
Unión Europea antes del año 2000 evidentemente ya no tendrá derecho a
esta ayuda, pero esta hipótesis es totalmente impensable.

El objetivo de esta ayuda preadhesión es ayudar a transformar y movilizar
el sector agrícola y las zonas rurales de los países de Europa Central y
Oriental para que puedan adoptar el acervo comunitario de la política
agrícola común. Estas ayudas deben ser complementadas por la aportación
del Estado candidato en un montante de un 25 por ciento. Es decir, el
Feoga aporta el 75 por ciento y cada Estado candidato debe elaborar y
someter a la Comisión un plan plurianual de desarrollo rural. Las medidas
apoyadas deben ajustarse a las prioridades mencionadas en los
partenariados de adhesión, ya que han sido aprobados por el último
Consejo. En función de los textos aprobados por el Consejo se medirán las
prioridades y se fijarán las ayudas. Teniendo en cuenta las propuestas de
los países candidatos, la Comisión elaborará un programa de desarrollo
rural para cada uno de ellos.

Respecto al otro instrumento, que es el instrumento estructural de
preadhesión, llamado ISPA, hay mil millones de ecus anuales para los diez
países; se distribuye entre los diez países de Europa Central y Oriental,
basándose en criterios objetivos, como son producto interior bruto y
superficie, y su objetivo es ayudar a los países candidatos a alinearse
con las normas de la Unión Europea en materia de infraestructuras,
transporte y medio ambiente, pero estos fondos no se destinarán para
telecomunicaciones ni para seguridad nuclear. En el ISPA la Comunidad
aportará el 85 por ciento y el 15 por ciento restante lo aportan los
países candidatos. La Comisión elegirá los proyectos a financiar,
teniendo en cuenta los programas nacionales relativos a la adopción del
acervo comunitario y a las prioridades mencionadas en los partenariados
de adhesión. Un comité consultivo asesorará a la Comisión en la
aplicación del reglamento.

El siguiente instrumento es el proyecto de reglamento de coordinación de
la ayuda preadhesión. El objetivo de este reglamento es asegurar la
coordinación y complementariedad de los dos nuevos instrumentos, con el
FAD y con las intervenciones de otras instituciones internacionales como
son el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Este reglamento establece
una serie de pautas generales en la aplicación de dos instrumentos, tales
como la condicionalidad y la cofinanciación. Se crea un comité de
coordinación compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por la Comisión. El Banco Europeo de Inversiones designa un
representante sin voto y la Comisión tiene ampliamente en cuenta sus
dictámenes en la decisión y ejecución de las medidas.

Por último, en el cuarto apartado de este paquete, que completa y
desarrolla la Agenda 2000, está todo lo que se refiere a las perspectivas
financieras. Se han presentado dos textos, uno constituido por la
comunicación de la Comisión sobre el establecimiento de las nuevas
perspectivas financieras para el período 2000-2006, y otro que es un
informe sobre el acuerdo interinstitucional de disciplina presupuestaria
y una propuesta de nuevo acuerdo. En relación con el primero de estos
textos, cabe señalar que la Comisión mantiene el 1,27 por ciento del PNB
de la Unión como techo de los recursos propios, argumentado que es
posible asegurar el desarrollo de las políticas comunitarias para los
Estados miembros actuales, así como la financiación, bajo ciertas
condiciones de adhesión de un cierto número de países de Europa Central y
Oriental, así como Chipre. Para ello, la Comisión sigue partiendo de las
mismas hipótesis económicas que se habían contemplado en julio de 1997,
es decir, crecimiento económico del 2,5 por ciento anual durante todo el
período del año 2000 a 2006 y un deflactor del 2 por ciento.

Por lo que se refiere a la estructura de las perspectivas financieras
propuestas, es la misma que la actual, pero con una doble programación.

Se introduce el concepto de la doble programación, tal y como fue
acordado en la cumbre de Luxemburgo en el mes de diciembre pasado,
distinguiendo para cada categoría de gastos los montantes destinados a
los Quince, de los destinados a los candidatos en concepto de ayudas
preadhesión y de adhesión. Las cifras que se consignaban en la
comunicación Agenda 2000 de julio de 1997 se mantienen invariables, si
bien se han actualizado al expresarse ahora en precios de 1999.

Con respecto al otro texto propuesto, la revisión del acuerdo
interinstitucional, el informe de la Comisión analiza su funcionamiento
desde 1993 y propone, entre otras modificaciones, la eliminación de la
represupuestación de los créditos de compromiso de los fondos
estructurales,



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por lo que los créditos de la categoría 2 pasan a calificarse de
relativamente privilegiados, frente al carácter privilegiado que tenían
hasta ahora, y se desvirtúa su carácter de objetivo de gasto, que a
nosotros nos parece una innovación difícil de aceptar; que en el momento
de las adhesiones se financien los gastos suplementarios con cargo a los
márgenes disponibles, sin modificar en ningún caso el límite de recursos
propios, lo que también va en contra de nuestro concepto de mantener las
cifras de las políticas a quince en un sitio y el gasto de adhesión por
otro; y la simplificación de la regla de prórroga de las perspectivas
financieras para garantizar que no aumente el techo de recursos
productivos del 1,27. Este planteamiento de nuevo choca con nuestro
concepto de no admitir el techo del 1,27 para los recursos propios.

De todo este paquete que he señalado, en esta descripción verdaderamente
farragosa, he omitido hablar de las propuestas agrícolas,
fundamentalmente de la propuesta de aceite de oliva, porque me parece que
ha sido objeto de debate en este Congreso. El tema del nuevo reglamento
del aceite de oliva ha sido de sobra analizado por los medios de
comunicación y por la ministra de Agricultura en el Congreso. Es evidente
que existía esta nueva propuesta de modificar la organización común de
mercado del aceite de oliva por un período transitorio de tres años, con
las características que todo el mundo conoce y con las limitaciones para
las aspiraciones legítimas que tiene el Gobierno español sobre este
importante sector de nuestra agricultura.

No quisiera entrar en el detalle, aunque no tengo ningún problema, sobre
estas propuestas agrícolas, pero preferiría, si algún diputado lo desea,
entrar en las respuestas de las preguntas que se me planteen sobre estos
temas. No quisiera continuar mi exposición porque he intervenido durante
30 minutos; creo que la descripción general de los reglamentos que han
sido puestos encima de la mesa está hecha. Quedo a disposición de SS.

SS., señor presidente, para responder a las preguntas que me planteen los
diferentes portavoces de los grupos parlamentarios.




El señor VICEPRESIDENTE: A continuación pasamos al turno de
intervenciones por parte de los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios.

En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor
Costa Costa.




El señor COSTA COSTA: Le agradezco su comparecencia hoy aquí, señor
secretario de Estado, en un tema sin duda muy importante para nuestro
país, a pesar del escaso interés que ha suscitado en esta Comisión, pero
eso no significa que el tema no sea interesante y que permita
aproximaciones diferentes al mismo, aun pudiendo compartir, en los
debates que se deben producir en torno a él, bastantes elementos de lo
que debe configurar la posición de España ante este importante documento.

Antes de entrar en el análisis de las propuestas de la Comisión, que, por
otra parte, ha sido una narración breve de un documento muy amplio y que
no se puede explicar de manera intensiva, porque sería una comparecencia
de horas poderlo hacer, quiero apuntar algún elemento, porque lo que nos
ha venido a decir es lo que todos conocemos por los documentos de la
Comisión. Creo que sería mucho más interesante --y por tanto pido que sea
así en una segunda intervención, si ha lugar-- que en vez de narrarnos
las propuestas de la Comisión, que creo que son importantes y que se las
debe prestar atención, se nos diga cuál es la posición del Gobierno ante
esas propuestas y que se nos explique cómo se van a sustentar esas
posiciones, cuáles son las alianzas que se van a llevar a cabo ante esas
posiciones y cuál es, al fin y al cabo, el papel del Gobierno en esa
importante negociación que, insisto, al entender del Grupo Parlamentario
Socialista es muy importante para nuestro país. Pero antes quisiera
abordar algunas cuestiones previas. En primer lugar, ante la Agenda 2000
caben diferentes actitudes. Cabe perfectamente la actitud de pasar de
puntillas sobre ella, de intentar que sea un tema para un grupo de
elegidos --diría yo-- que conocen profundamente la política europea, o
cabe la implicación de las instituciones, de los sectores económicos y
sociales y de las fuerzas políticas en su debate. A mí me gustaría que se
eligiera la segunda posibilidad y no la primera; que de verdad hubiera un
debate, como está realizándose en otros países de la Unión Europea, sobre
lo que comporta la Agenda 2000, sobre las propuestas de la Comisión en la
misma y sobre la actitud de los diferentes Estados; es decir la
aproximación de los diferentes Estados, a veces con intereses
contradictorios, ante la Agenda 2000.

En segundo lugar, quisiera expresar claramente la posición de mi grupo en
un tema que consideramos importante, la solidaridad para con los países
que se incorporan a la Unión Europea, es decir con los países objeto de
la ampliación. Entendemos que durante el Tratado de Maastricht, España,
el Gobierno socialista de Felipe González, hizo una gran aportación,
introdujo el concepto de cohesión económica y social en la Unión Europea.

Y lo introdujo no sólo como concepto, sino cuantificándolo después en
unas perspectivas financieras que han tenido como resultado una política
exitosa en la Unión Europea en los últimos años. Ahora, ante esta nueva
ampliación, entendemos que no cabe recortarla sino que hay que
profundizar en ella. El concepto de cohesión económica y social, que
parece asentado en el Tratado, está siendo atacado en sus principios por
algunos países para acercarse a los debates del Consejo, y están siendo
mucho más atacadas las orientaciones, las perspectivas financieras
necesarias para llenar de contenido este importante precepto, ante esa
nueva fase de la Unión Europea, ante esa nueva ampliación donde sin duda
se va a exigir más cohesión económica y social y, por tanto, se va a
exigir una cuantificación mayor de la cohesión económica y social si
queremos ser realistas para aproximarnos a este debate.

En tercer lugar, quisiera dar una opinión sobre la actitud del Gobierno
ante la Agenda 2000, y si me lo permiten, una visión crítica. Creo que ha
faltado visión ante la situación que se nos viene encima, ante la
ampliación. España no ha sabido poner sobre la mesa propuestas que le
permitan aproximarse a esa negociación con unas ciertas garantías. Otros
países lo están haciendo en el sentido opuesto o inverso a los intereses
de nuestro país. Ha faltado --creo



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yo-- difinición y participación tanto sobre la ampliación de la Unión
Europea y lo que va a comportar como en la definición de las perspectivas
financieras, consecuencia sin duda del agotamiento del actual período
pero también consecuencia de las nuevas necesidades financieras que va a
comportar la ampliación.

En cuarto lugar, está el debate democrático a que hacía referencia con
antelación. Es verdad que en esta Comisión se han tenido varias
comparecencias para informar sobre los diferentes consejos, pero ésta es
prácticamente la primera en que se viene a informar exclusivamente sobre
la Agenda 2000. Y en un tema de esta importancia para nuestro país, tanto
a nivel político como económico para la construcción europea, no
entendemos por qué el Gobierno español no promueve un debate con una
comunicación en Pleno, en el que sea posible marcar unas orientaciones
generales de la posición de nuestro país ante este importante
acontecimiento.

Esos son los elementos previos. Por tanto, dicho todo esto, voy a entrar
en algunos aspectos propios de la Agenda 2000 y lo voy a hacer en el
mismo nivel en que lo ha hecho el secretario de Estado; no voy a entrar
en todos y cada uno de los temas pero sí voy a señalar algunos que a
nosotros nos parecen especialmente relevantes para nuestro país. Si me lo
permiten, me voy a ahorrar el reiterar el documento de la Comisión. Lo
doy por conocido y por compartido con el secretario de Estado en su
primera intervención, porque creo que se ajusta en todo lo que ha dicho a
la realidad, y las cosas que no ha explicado figuran en documentos
escritos que están al alcance de todos y cada uno de los diputados.

Empezaré por las perspectivas financieras. No seguiré el mismo orden que
ha seguido el secretario de Estado pero sí intentaré plantear la posición
de nuestro grupo en todos y cada uno de los temas que se han suscitado.

En las perspectivas financieras es verdad que en todo el documento la
Comisión mantiene sus tesis iniciales prácticamente, aunque con ciertas
variaciones, alguna quizá importante, pero, repito, no son grandes las
variaciones que se han producido respecto al primer documento. En
cualquier caso, mantiene lo que para nosotros es un elemento
importantísimo, el techo de recursos propios de la Unión Europea en el
1,27 por ciento. Además, el Grupo Socialista comparte la posición del
Parlamento Europeo de que el 1,27 por ciento de recursos propios de la
Unión debe ser revisable, y debe ser revisable en función de elementos
objetivables; y los elementos objetivables son, en primer lugar, el coste
de las futuras ampliaciones; en segundo lugar, un menor crecimiento del
previsto en una hipótesis de crecimiento para la Unión Europea que supera
en mucho la que se ha producido en los cuatro últimos años y que nosotros
deseamos que sea así, porque será bueno para el conjunto de la Unión,
pero nada nos garantiza que sea así; y, en tercer lugar, que se cumplan
las propias cifras de la Comisión para las reformas tanto en la PAC como
en los fondos estructurales y de cohesión que la propia Comisión señala
para que esas cifras cuadren. En la política agrícola común esas cifras
no están cuadrando en las reformas que se han producido y nada hace
prever que, después de pasar por el Consejo, ni en la política agrícola
común ni en los fondos estructurales o de cohesión esas cifras sean las
mismas. El 1,27 por ciento puede ser una cifra válida pero debemos exigir
que se pueda revisar en el transcurso de los seis años que duran las
perspectivas financieras, que se pueda revisar en base a alguno de los
elementos que antes he suscitado y, por tanto, que esa posición sea
mantenida con firmeza por parte del Gobierno español.

En segundo lugar, creo que resulta inaceptable que la única categoría de
gasto sacrificada en el presupuesto de la Unión sea la cohesión económica
y social. Desde el Grupo Socialista no podemos avalar que, mientras se
aumentan los gastos administrativos, las políticas internas, la
agricultura o las políticas externas, se produzca una disminución
importante, del 1,4 por ciento, en cohesión económica y social en el
preciso momento en el que la Unión se prepara para la ampliación. Creemos
que esas cifras no son buenas para la construcción europea, no
contribuyen al concepto de cohesión económica y social que nosotros
queremos para la Unión Europea. Por tanto, creemos que hay que oponerse
firmemente a ellas.

Por otra parte, la Comisión propone un techo de créditos de pago que
representa un porcentaje del producto nacional bruto de la Unión que pasa
del 1,23 por ciento en 1999, año en el que las cifras del presupuesto
comunitario con mayores por la aplicación de porcentajes, al 1,13 en el
año 2006. Este techo deja un importante margen de recursos propios, que
aumentará progresivamente hasta alcanzar el 0,14 por ciento en el 2006.

No voy a entrar en la distribución de este porcentaje, pero ello
significa una importante disminución de los recursos para los actuales
quince Estados miembros, muy por debajo de lo pactado en Edimburgo y
prácticamente con cargo exclusivamente a las políticas de cohesión. Por
tanto, espero, deseo, estoy seguro de que el Gobierno acordará con
nosotros que es necesario contribuir a modificar también este elemento.

Otra cuestión es la posición de los diferentes Estados miembros respecto
a las aportaciones financieras. Es verdad que España está ahora muy
equilibrada, que en los últimos años se ha producido un equilibrio entre
el PIB español y la aportación de España a la Unión Europea, pero también
es verdad que ese sistema es mejorable y, en cualquier caso, no tiene por
qué hacerse todo el coste de la ampliación con cargo a los actuales
receptores de fondos estructurales o de cohesión. Veríamos con interés
que el Gobierno al menos pusiera sobre la mesa de la negociación que la
futura aportación de los Estados miembros a los Unión Europea sea en
función de los diferenciales del nivel de renta per cápita. Creo que ése
sería un elemento de interés que se podría contraponer políticamente a la
posición de Alemania, Austria, Holanda y Suecia, que están defendiendo
posiciones absolutamente contrarias a la que termino de explicar y que no
sólo pretenden mantener su actual aportación sin incrementarla en un solo
céntimo, sino que pretenden generalizar el cheque inglés en un documento
suscrito por los mismos, el secretario de Estado tiene mayor conocimiento
de ello porque se está discutiendo en el Consejo.




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Respecto a las perspectivas financieras y a algún otro elemento en el que
no voy a entrar ahora, pero tendremos ocasión de debatirlo en el futuro,
creo que debe ser explicada claramente la posición del Gobierno y, sobre
todo, debe ser explicada la posición política del Gobierno o con qué
alianzas cuenta para lograr su modificación.

En lo que a los fondos estructurales se refiere, la Comisión, como se ha
dicho antes, mantiene básicamente las tesis iniciales, es decir: limitar
la aportación, incluida la ampliación al 46 por ciento PIB, dejando para
los quince Estados miembros actuales el 0,39 por ciento del total del PIB
comunitario. Esto supone que la aportación total se congela en el límite
alcanzado en el último año, en 1999, y que las cifras finales se situarán
para todo el período en los 240.000 millones de ecus que ha citado antes
el secretario de Estado, de los que 218.000 serían para fondos
estructurales y 21.000 para el fondo de cohesión, reservándose una cifra
de 45.000 millones de ecus para la ampliación. Se reducen los siete
objetivos a tres, básicamente en regiones con especiales dificultades,
como el Objetivo 1, un Objetivo horizontal para actuar en función de la
situación de desempleo y un Objetivo 2 para regiones con declive
industrial, agrícola, etcétera.

En cualquier caso, es la parte sustancial la que interesa, no la parte
exponencial de la Comisión. La parte sustancial es que fija alrededor de
los dos tercios de los recursos comunitarios para regiones del Objetivo
1, que en las cifras que estamos manejando puede ser muchísimo dinero,
por lo que habría que fijar cuantías. Es obvio que, según las cifras
actuales de que disponemos, dos regiones españolas, que representan el 21
por ciento de la población actualmente atendida y de los fondos
recibidos, como Cantabria y Valencia, quedan excluidas prácticamente
desde el principio, por lo que pasan al sistema transitorio de salida que
se prevé. No es previsible que otras regiones salgan del Objetivo 1, al
menos en estas perspectivas financieras, siempre que no se aplique un
sistema de negociación de la ampliación diferente del previsto en la
actual Agenda 2000, cuestión que no queda clara hasta que se finalice. Es
evidente que retrocede la cohesión económica y social al dedicar sólo el
0,39 por ciento del PIB comunitario a fondos estructurales y a la
cohesión económica y social en su conjunto, pero las cifras pueden ser
engañosas en tanto en cuanto permitirían maquillar ese porcentaje, dado
que el último año es el que mayores aportaciones ha recibido nuestro
país. Por tanto, no debemos hablar de cifras sino de porcentajes y en
porcentajes estamos empeorando claramente respecto a la situación actual
y a las previsiones que se realizaron en Edimburgo.

En síntesis, podríamos afirmar con rotundidad que, de no variarse el
sistema actual, pagaremos la cohesión económica y social y las futuras
ampliaciones dejando de recibir fondos estructurales y de cohesión los
Estados miembros de la actual Unión a Quince que menos renta per cápita
tienen en la actualidad, básicamente los países de la cohesión.

Respecto a ese tema, hay una serie de elementos puntuales que quiero
añadir. En primer lugar, conocer la posición del Gobierno sobre la mayor
participación que se da a los poderes territoriales y a los agentes
sociales, las ONG, conocer la opinión del Gobierno respecto a lo que ello
puede significar para el proceso de gestión y planificación de los
propios fondos. Creo que es un elemento importante y, según como se
aplique, puede complicar el proceso de gestión. Queremos conocer cuál es
la posición del Gobierno respecto al 10 por ciento del montante total de
fondos estructurales que se reserva la Comisión. Mi grupo opina que el
establecimiento de esta reserva inicialmente no debe ser aceptado, ya que
reduce exactamente en el 10 por ciento el nivel de cohesión económica y
social de 1999 pactado en Edimburgo, además de que la redistribución de
esta cifra por la Comisión puede generar algunas dificultades añadidas
que nosotros no compartimos ni queremos avalar.

Queremos conocer la opinión del Gobierno respecto a las dificultades que
pueda plantear el control por la Comisión de proyectos de fondos de
Objetivo 1 o de cohesión que tengan un coste superior a 50 millones de
ecus. Es un tema que afectaría, por varios tipos de razones, a proyectos
importantes que se han realizado en nuestro país y a otros que se tienen
que efectuar en el futuro; algunos de los que se han realizado hubieran
tenido muchas más dificultades de estar en vigor este elemento.

Queremos conocer, igualmente, cuál es la posición negociadora del
Gobierno respecto a la nueva condición que modifica los requisitos del
Fondo de Cohesión; por qué se está aceptando que, sobre los programas de
estabilidad, añadiendo una nueva condición a la prevista en el Tratado de
Maastricht, la Comisión Europea --y es otra novedad-- decida la
paralización de esos fondos. Este es otro elemento que nosotros vemos
como negativo, porque el Consejo no interviene en la paralización de los
fondos, según la propuesta que está actualmente sobre la mesa, por parte
de la Comisión. Queremos saber cuál es la posición del Gobierno respecto
a esta postura.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Costa, le ruego que vaya concluyendo.




El señor COSTA COSTA: Voy concluyendo, señor presidente, pero el
documento que estamos debatiendo --no recuerdo el número exacto-- creo
que tiene más de 800 páginas. Solamente estoy tratando los elementos que
son motivo de preocupación de mi grupo parlamentario. Si quiere concluyo,
pero lo plantearemos en otra Comisión.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Costa, estoy de acuerdo con usted, pero el
reloj no conoce de documentos ni de informes ni de su dilación.




El señor COSTA COSTA: Pero el sentido común de la Presidencia, sí.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Costa, lleva ya más de 20 minutos, cuando
sabe que reglamentariamente dispone de 10. Además, hay otros portavoces
que también tienen que intervenir. Le agradecería que fuera concluyendo.




Página 1998



El señor COSTA COSTA: Gracias, señor presidente.

En cuanto a la gestión financiera, la propuesta establece la pérdida de
las cantidades comprometidas, como ha dicho el secretario de Estado, si
no se han solicitado los pagos a la Comisión en el plazo de dos años
desde la fecha del compromiso. Por lo tanto, éste es un elemento más de
dificultad de gestión de esos fondos, que sin duda tiene que ser objeto
de modificación, a nuestro entender. Además, la Comisión prevé un
anticipo de un máximo del 10 por ciento de la cuantía total en el inicio
de la aprobación de un proyecto, pero ese 10 por ciento lo puede dividir
entre diferentes ejercicios presupuestarios y además lo condiciona
claramente a la existencia de dotación presupuestaria, lo cual genera,
sin duda, excesivas incertidumbres. Por lo tanto, todos esos elementos de
gestión financiera son claramente mejorables y lo que pedimos es que el
conjunto de elementos que vienen a complicar, a hacer más difícil, a que
no se pueda cumplir con los compromisos adquiridos en la gestión de los
fondos estructurales sean objeto de una posición del Gobierno que los
agilice.

En cualquier caso, queremos dejar constancia de que del conjunto de las
reformas que se proponen sí que se deduce políticamente que el Gobierno
ha hecho como objetivo principal de su labor en las reformas que se están
llevando a cabo en la Unión Europea el mantener como ideal lo conseguido
en Edimburgo. Por lo tanto, algún miembro del Gobierno, y en primer lugar
su presidente, el señor Aznar, se va a tener que arrepentir de las
palabras que pronunció ante las negociaciones de Edimburgo respecto a que
nuestro país hacía el pedigüeño. Ahora resulta que ser pedigüeño es lo
ideal, porque no parece, al menos de los documentos que están en estos
momentos sobre la mesa de la Comisión ni de las propuestas del Gobierno
español, que sea objetivo mejorar en ningún caso alguna de las
situaciones que teníamos antes de esa importante negociación de la Agenda
2000.

La política agrícola común, como ya ha dicho el secretario de Estado, se
ha tratado en otras Comisiones, pero no renunciamos a tratarlo, con más
detalle en otra ocasión. En cualquier caso, podríamos coincidir en
algunos elementos: en que si no es posible llevar a cabo todas las
reformas de OCM previstas para el primer trimestre del año, incluida la
del vino, y hacer de ellas un paquete de negociación global, lo más
probable es que nuestro país salga muy perjudicado en algunos elementos,
como ha ocurrido y está ocurriendo ya con el aceite de oliva, aunque
todavía no ha concluido la negociación, como está ocurriendo con el
tabaco, como puede ocurrir con el vino en cuanto se produzca y que vienen
a perjudicar claramente la agricultura española. El tema agrícola es el
ejemplo de una mala negociación en la Unión Europea, es el mejor ejemplo
de lo que decía al principio sobre las actitudes del Gobierno ante la
política europea.

Acabo, señor presidente, cumpliendo sus deseos, pero dejándome en el
tintero algunos elementos sobre la ampliación que son también de interés
y otros respecto a políticas puntuales. No obstante, quisiera acabar
dejando bien clara una cuestión: nosotros queremos mantener el consenso
que España ha venido teniendo en la política europea, pero no confundan
ustedes consenso con asentimiento a las propuestas o a la inexistencia de
propuestas del Gobierno ante las reformas que se están acercando. No es
incompatible el debate, la crítica a una actitud que puede perjudicar a
nuestro país, con alcanzar consensos en esas políticas. Nosotros deseamos
el consenso, pero sobre algo. Que nos diga el Gobierno, por favor, cuál
es la posición de España ante ese conjunto de reformas, que nos la
explique, que diga cuál es su posición negociadora y que la traiga a esta
Cámara para poder debatirla abiertamente, transparentemente, sin miedo al
debate. Nosotros ya hemos mostrado, durante bastantes años, cuál es
nuestra responsabilidad en los temas de Estado, cuál es la
responsabilidad de los socialistas en la Unión Europea y en los intereses
de España en la Unión Europea. Por lo tanto, no oculten sus políticas, no
oculten su falta de iniciativa, su falta de propuesta, su falta de
trabajo para negociar los importantes temas que se están tratando en un
elemento tan importante para nuestro país como es el consenso, porque el
consenso no sale de la nada; el consenso se hace sobre propuestas
concretas y conocidas de un Gobierno capaz de dejar a España en Europea
en una buena situación, tal como lo hizo el anterior.




El señor VICEPRESIDENTE: Esta Presidencia está de acuerdo en que la
Agenda 2000 es un tema importantísimo, pero no hay que olvidar que hay
muchas iniciativas sobre este tema en el Congreso de los Diputados y
vamos a poder seguir debatiendo sobre ellas.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Coalición Canaria, señor
Mardones Sevilla.




El señor MARDONES SEVILLA: Comienzo señalando, como ha solicitado el
portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), este cambio para poder
atender compromisos urgentes en este momento.

Paso seguidamente y con gran brevedad a hacer las reflexiones de
Coalición Canaria al hilo de la intervención del señor secretario de
Estado, al que comienzo por agradecer la información que ha suministrado
a la Comisión en el día de hoy, que se sustenta en verdad dentro de lo
esquemático, como él mismo ha dicho, por la amplia documentación que los
portavoces venimos recibiendo de su departamento, amplia y muy formativa
para el conocimiento de los diputados miembros de esta Comisión, al menos
de sus portavoces.

Me circunscribo fundamentalmente al ámbito de mayor repercusión de
Canarias, en el que hemos estado buscando siempre que no quedaran fuera
de la Agenda 2000, dentro de la importancia que Coalición Canaria da
siempre al principio de solidaridad en todo el planteamiento de la Agenda
2000, aquellos aspectos que más nos preocupan, temas de cohesión y temas
de la reforma de la política agrícola común. A este respecto quiero
solicitarle una vez más, señor secretario de Estado, que los negociadores
españoles por parte de su departamento tengan presente la necesidad de
afianzar la OCM del plátano, que, aunque no está explícitamente en la
Agenda 2000, sí está en cima de la mesa, como usted bien conoce, por las
exigencias



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de la Organización Mundial del Comercio con respecto al replanteamiento
de los temas relativos a las licencias. Lo que no querríamos sería que
estas OCM no tuvieran el apoyo de la Agenda 2000, en su sentido literal y
comprensivo de la política agrícola común, donde la directiva o el
principio de prioridad comunitaria debe mantenerse.

Segundo punto, mantener abierta la negociación, que no sea la Agenda 2000
un motivo de distracción para los temas específicos del régimen jurídico
que ante la Unión Europea tiene la parte del territorio español llamada
Canarias con respecto al perfeccionamiento de los aspectos del régimen
económico y fiscal que quedan por dilucidar, especialmente lo que está
abierto, aunque nuestras conversaciones son más directas en este momento
con el Ministerio de Economía y Hacienda, por los aspectos fiscales de la
zona especial canaria.

Finalmente, señor secretario de Estado, un tema muy concreto dentro de la
Agenda 2000, que es la cuestión de los fondos de cohesión con respecto a
las regiones de Objetivo 1, que pueden dejar de serlo por alcanzarse o
superarse los niveles porcentuales de renta que señala la norma de la
Unión Europea. Ha señalado el señor secretario de Estado las
posibilidades de que comunidades autónomas como Cantabria o Valencia
salgan de ahí, y queremos que en lo referente a Canarias el Gobierno
mantenga el criterio de que, aunque no hayamos sancionado
parlamentariamente el Tratado de Amsterdam, Canarias es región
ultraperiférica, y entendemos que como región ultraperiférica no le
afectan los criterios de niveles de renta, sino fundamentalmente lo que
se ha dicho en la modificación del Tratado para el reconocimiento de
región ultraperiférica, y que pueda seguir, por todas esas razones de
lejanía, distancia, insularidad, etcétera, que bien conoce el señor
secretario de Estado, con los fondos de cohesión, como cualquier otro de
los fondos de ayuda que están contribuyendo en el archipiélago canario a
unas dotaciones de infraestructuras que --quiero decirlo una vez más-- no
solamente son utilizadas o disfrutadas por los españoles en Canarias o
por los residentes en Canarias, porque en una comunidad autónoma que
sobre una población de 1.600.000 habitantes de derecho, residentes,
recibe unos diez millones de turistas de la Unión Europea, son estos
mismos ciudadanos de la Unión Europea los que pueden disfrutar de las
infraestructuras de transportes, etcétera, de las que con fondos
estructurales o con fondos de cohesión se benefician las islas Canarias.

Quiero obtener este compromiso --y con esto termino, señor presidente--
de que Canarias quedará en la consideración de región ultraperiférica
para que no se vea afectada por estos criterios de restricción de las
ayudas comunitarias, fundamentalmente en los fondos de cohesión, los que
vienen recibiendo las regiones de Objetivo 1.

Nosotros estamos en la línea de apoyar la política que se está
desarrollando por su departamento, como bien sabe el señor secretario de
Estado, en estas actuaciones ante la Unión Europea, y por tanto tiene
nuestro voto de confianza y al mismo tiempo de exigencia de firmeza en la
negociación.

El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones, sobre todo por
la brevedad y el esfuerzo de síntesis que ha realizado.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el señor Guardans i Cambó.




El señor GUARDANS I CAMBO: Yo también le daré la satisfacción de ser
breve.

Yo quería empezar agradeciendo al señor secretario de Estado la
información que nos ha dado, porque ya he comentado alguna vez que lo que
caracteriza a los grupos pequeños en este caso y en este contexto es que
evidentemente tenemos menos facilidades de tener información de primera
mano, como puedan tener otros grupos grandes por sus propias relaciones a
nivel de Parlamento Europeo o por sus propios equipos, y de ahí que no
haga la más mínima crítica al hecho de que haya centrado la primera parte
de su intervención en darnos la información sobre las propuestas de
instrumentos que desarrolla la Agenda 2000.

Dicho eso, y sin la más mínima crítica al respecto, sí comparto la
observación del portavoz del Grupo Socialista de que se echa de menos, y
por tanto me limito a pedirlo para esta segunda intervención del
secretario de Estado, el balance político de todo ello. Aquí hay una
serie de propuestas que hace la Comisión, y en una comparecencia en el
Congreso de los Diputados, en este caso ante la Comisión Mixta, nuestro
papel no es el de hacer de think tank o de célula de reflexión, no
estamos aquí para hacer de células de reflexión, ni siquiera para hacer
los cálculos de lo que eso nos va a suponer o una serie de balances más
propios de la academia y del examen académico-económico de las
consecuencias y las prospectivas que eso pueda tener. Todo eso hay que
hacerlo, pero siempre como instrumento de algo más de fondo, que es el
posicionamiento político de cada uno de los grupos, del conjunto de los
grupos y por tanto de la Cámara como tal y del Gobierno que recibe la
mayoría de esos grupos, y eso es lo que no sólo en esta comparecencia
--aunque insisto en que debe ser relativamente sencillo de corregir--,
sino un poco más a fondo, se echa de menos. Estamos planteando todo el
debate de la Agenda 2000 en unos términos tremendamente técnicos, que lo
son, tecnocráticos --que ya me gusta menos--, y dejando un poco de lado
el contenido de fondo y todo lo que tenemos en juego.

Las inquietudes del Gobierno en este tema son las nuestras, y ésa es una
frase muy clara en la que no le voy a poner excepciones; lo que nos
consta que son los principales puntos de preocupación del Gobierno
respecto de los múltiples frentes abiertos por la Agenda 2000 en un
primer momento, en julio, y posteriormente con las propuestas de
instrumentos que la desarrollan, esos puntos de inquietud son claramente
los nuestros. Lo que no nos convence, o por lo menos no lo sabemos
exactamente, es si ese toro se está toreando de la forma que nosotros lo
torearíamos, o al menos con qué instrumentos va a ser toreado ese toro.

La Agenda 2000 está empezando a coger unos aires de amenaza desde el
punto de vista de España, y es cierto que tiene elementos de amenaza,
pero no es correcto, y es responsabilidad



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del Gobierno impedir que la sociedad española, la prensa española, los
medios de comunicación españoles, los sectores económicos, incluyendo ahí
evidentemente los agrícolas, pero también los demás, perciban todo lo que
supone la Agenda 2000 como una especie de amenaza a la supervivencia
económica de España en el seno de la Unión Europea de la que debemos
defendernos como podamos. Eso es algo que nos haría profundo daño a
corto, medio y sobre todo a largo plazo.

Tenemos un precedente de eso en todo lo que ha sido y está siendo el tema
del aceite de oliva, sobre el cual no vamos a volver ahora, pero ya hemos
dicho muchas veces que, compartiendo el fondo, nunca hemos compartido la
forma en que eso se ha presentado. Compartimos las inquietudes sobre las
cuestiones fundamentales que pone la Agenda 2000 sobre la mesa, como son,
quién debe financiar la ampliación, qué pasa con esa reforma de los
fondos estructurales --que posiblemente es la parte menos discutible en
sí misma porque hay que ser solidarios con la ampliación--, qué ocurre
con la reducción de la cohesión, por qué esa limitación al techo del
1,27, qué se va a hacer para impedir que se mantenga esa limitación, qué
ocurre con la reforma de la política agrícola común, cómo se va a impedir
mantener la primacía de los productos del norte en detrimento de los
productos mediterráneos, etcétera. Los puntos de inquietud los
compartimos todos y, por tanto, me parece ridículo vender miel al
colmenero, dar lecciones al señor secretario de Estado y explicarle
nuestras opiniones porque son prácticamente las mismas, pero queremos
saber cómo se van a defender, porque quien las tiene que defender es casi
personalmente el secretario de Estado y en todo caso el Gobierno, no
nosotros; quien nos va a representar en cada una de las reuniones en
Bruselas, en los consejos, en las negociaciones con la Comisión y
posteriormente en el Consejo Europeo de Cardiff, va a ser el Gobierno
español. Queremos saber cómo lo va a hacer, queremos saber qué estrategia
ha planteado; queremos compartir esa estrategia desde el primer momento y
seguirla muy de cerca, porque nosotros no estamos aportando una
solidaridad externa sino que seremos corresponsables del éxito o del
fracaso, señor secretario de Estado, y no se nos puede pedir
responsabilidad posteriormente si no estamos muy implicados, día a día,
en lo que esté ocurriendo en esas negociaciones y en el propio
planteamiento de las negociaciones, insisto. No queremos repetir, en cada
uno de los frentes que tenemos aquí abiertos, las fórmulas que se han
utilizado en la reforma de la organización común de mercado del aceite de
oliva. Ese es un precedente a evitar que tiene sus propias
condicionantes. Evidentemente no hay que tomarlo literalmente, cada
situación es distinta, pero algo tiene que sonar de fondo. Una cosa es
discutir cuestiones que perjudican gravemente los intereses españoles y
otra cosa es convertirlo en una especie de huida de Europa, en una
renacionalización de políticas a efectos estéticos y de opinión pública,
en crear la impresión ante los ciudadanos españoles de que lo que hasta
ahora eran ventajas a partir de ahora se han convertido en
inconvenientes, y en ir creando suspicacias a nivel de sindicatos, a
nivel de organizaciones agrarias en este caso, a nivel de asociaciones de
todo tipo, de que los vientos en Europa corren en nuestra contra y
tenemos que defendernos como El Quijote contra los molinos. No es ésa una
buena política y hay que saber conjugar (efectivamente es un arte, pero
ésa es la responsabilidad de quien gobierna) la defensa de los intereses
españoles, que son muchos y muy graves, y saber vender que todo ello es
por el bien del conjunto de los ciudadanos españoles, que es mucho más lo
que hay en favor que lo que hay en contra, y que nos estamos (ni siquiera
hay quedar esa imagen ante nuestros socios europeos; imagen, señor
secretario de Estado, que está calando) yendo hacia atrás en nuestra
dimensión y en nuestra orientación europea. El señor secretario de Estado
lo sabe bien porque tiene sus propias fuentes de información, los
diputados cada uno a título individual y como grupo tenemos las nuestras,
pero las percepciones son las que son, independientemente de la realidad
que las sustenten. La percepción que se va generalizando entre gobiernos
de distintos Estados de la Unión es que España está yendo hacia atrás en
su entusiasmo europeo. Es una percepción que le transmito con toda la
gravedad y la seriedad que me da el hecho de haberla recibido como
portavoz para estos asuntos de un grupo que sostiene al Gobierno. Esa
sensación se ha percibido por representaciones diplomáticas y por muchos
otros conductos, todos se preguntan qué está pasando. El señor secretario
de Estado podrá acreditar que no es así, pero no basta; en este tema no
basta porque la imagen pesa tanto como los hechos a los que esa imagen se
refiere.

Por ello yo quería centrar mi intervención más en el plano netamente
político que en la discusión de cuáles son los puntos que hay que
corregir. Insisto en que sabemos que el Gobierno sabe --valga la
redundancia-- cuáles son los puntos en los que no hay que ceder y sabe
que tiene nuestro pleno apoyo, pero pedimos que nos explique cómo lo va a
hacer aquí y en otros foros, en la medida en que pueda perjudicar las
negociaciones, pues queremos ser cómplices de ello desde el primer
momento y tampoco queremos que esto se convierta en sublevar a los
ciudadanos españoles --insisto-- contra algo que viene de Europa y que
nos va a perjudicar a todos. De ahí que aunque éste no es el foro --se
supone que yo me tengo que dirigir al secretario de Estado-- me dirija
también por una vez a las demás fuerzas políticas y muy especialmente a
la fuerza mayoritaria de la oposición, que tiene en esto un papel muy
grave. Todo esto tiene que pasar por el Parlamento y los intereses que
hay en juego exigen del partido mayoritario de la oposición una actuación
muy responsable, que no estoy diciendo que no la haya tenido hasta ahora,
pero, en todo caso, a partir de ahora la tiene que tener. No la tiene
cuando, por ejemplo, se dedica a recordar constantemente el error --grave
sí, pero pasado-- que cometió el entonces diputado y líder de la
oposición, José María Aznar, llamando pedigüeño al presidente González.

Fue un error que ya ha pagado y que la opinión pública ya lo sabe. No
contribuye en nada a la unidad que en este momento necesitan las fuerzas
políticas en estos temas dedicarse a humillar --valga la expresión-- al
presidente del Gobierno recordándole el error que en su momento cometió,
del que todo el mundo es consciente y lo sabe. No sé qué victoria espera



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sacar el Grupo Socialista al insistir en que todo lo que haga a partir de
ahora no será más que dejar las cosas tal y como las dejó el Grupo
Socialista. No sé si realmente los ciudadanos españoles y los intereses
que están en juego van a salir beneficiados mínimamente por ese punto de
orgullo colectivo que pueda tener la oposición, quizá legítimo pero que
en este momento debe ceder ante otros intereses y no insistir en decir:
miren ustedes, lo más que van a llegar a tener es aquello que nosotros ya
les dimos. Esta reflexión, desde el punto de vista de la generosidad
política, no es la más adecuada para lograr lo que todos queremos.

Concluyo, señor secretario de Estado. Compartimos los objetivos,
compartimos los puntos de alarma, compartimos los puntos de inquietud,
pero queremos saber cómo van a ser afrontados y queremos ser cómplices de
ello en todo momento.




El señor VICEPRESIDENTE: Por último, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Martínez Casañ.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Quiero agradecer al secretario de Estado su
intervención, que es especialmente importante porque marca el inicio en
esta Comisión del estudio del proceso de ampliación y Agenda 2000. Tras
la intervención del secretario de Estado esta Comisión va a proceder a
constituir la subcomisión de seguimiento del proceso de ampliación y
Agenda 2000, tal como hicimos en otras ocasiones con procesos similares
en conferencias intergubernamentales. Quiero que sepa el secretario de
Estado que los grupos que han apoyado la constitución de esta
subcomisión, el Popular, el Catalán (Convergència i Unió), el Vasco (PNV)
y Coalición Canaria, tienen especial interés en que dicha subcomisión sea
el foro adecuado para que este Parlamento ejerza el control democrático
que le corresponde en el desarrollo de todo este proceso y que constituya
un flujo en ambas direcciones, ascendente y descendente, en el sentido de
que podamos saber y podamos analizar, por un lado, cuál es la postura del
Gobierno en cada momento para cada sector y, por otro lado, que el
Gobierno sea consciente de cuáles son las inquietudes de los distintos
grupos parlamentarios y, por ende, de los distintos sectores de la
sociedad en un tema tan importante como es la ampliación y la Agenda
2000. Por tanto, señor secretario de Estado, esperamos su ayuda y su
colaboración, como ha sido en el pasado, para que este foro funcione como
todos esperamos y para que mediante la colaboración entre este Parlamento
y el Ministerio de Asuntos Exteriores, en particular su Secretaría de
Estado, podamos llevar a cabo de una manera ordenada, democrática y
constructiva lo que todos deseamos que sea un éxito. Quizá haya otros
grupos parlamentarios que entiendan que éste no es un método adecuado y
lógico, pero repito que los grupos parlamentarios que hemos expresado una
opinión favorable a este respecto tenemos la esperanza y la seguridad de
que funcionará y será un éxito.

El secretario de Estado nos ha comentado cómo, a su entender, el
liderazgo español en la confección del primer temario de la Agenda 2000,
en julio de 1997, está siendo una constante a lo largo de lo que ha
transcurrido de 1998 y cómo el Gobierno español continúa ejerciendo una
labor de liderazgo y defendiendo lo que en aquel momento fue una postura
coincidente del Gobierno y del Parlamento, del Gobierno y la sociedad.

Por ello, a mí y creo que al conjunto de la Comisión nos interesaría que
nos dijera, si es posible, cuáles han sido la actitud y la propuesta del
Gobierno del Partido Popular en el primer Consejo de Asuntos Generales,
tras el comienzo del proceso de ampliación el 30 de marzo de este año.

¿Ha habido algún cambio sustancial en la postura española desde 1997
hasta el presente o, por el contrario, el Gobierno se hace fuerte en las
propuestas iniciales y profundiza en los argumentos, que en el fondo es
lo que nos va a dar una cierta línea de continuidad y nos va a permitir
ir contribuyendo, con nuestra propuesta, a que la Agenda 2000 y el
proceso de ampliación respeten las prioridades y las necesidades
españolas? Si el secretario de Estado tiene tiempo y considera oportuno
informarnos sobre esto, su contestación será ilustrativa de la postura
española y servirá para despejar algunas dudas que se han expresado al
respecto.

Señor secretario de Estado, yo creo que en este momento España es un país
que, tras diez años de pertenencia a la Unión Europea, ha pasado --valga
la redundancia-- lo que se llama el paso del Ecuador, por lo que ya no se
deben esperar actitudes propias del que acaba de llegar sino el ejercicio
de responsabilidades. Me atrevería a decir que la línea de actuación de
nuestro país, que debe ser constante de ahora en adelante, es la de un
país serio que asume sus responsabilidades y que está dispuesto a hacer
los sacrificios necesarios para contribuir a que el proyecto de
construcción comunitaria sea para los demás lo que desde el principio
hemos pedido que sea para nosotros. En este sentido, lo que interesa a
España es ser un país cada vez más rico y necesitar, por ello, cada vez
menos. Dicho de otra manera, bendito sea el momento en que España vaya
alcanzando las cotas de riqueza de otros países miembros para necesitar
menos de la cohesión y contribuir más a ella, para mediante el buen
desarrollo de sus políticas y de sus programas, contribuir más al
presupuesto comunitario y al proyecto de cohesión europeo. Evidentemente,
no estamos en ese punto todavía, pero ojalá lo estuviésemos. No se trata
de pedir más, sino de pedir lo necesario, lo que nos corresponde para
alcanzar la cota de la media comunitaria, para utilizar bien los dineros
que se nos dan y desarrollar las políticas oportunas que nos permitan las
cotas de progreso necesarias.

Ha habido últimamente una gran polémica, que el señor secretario de
Estado ha mencionado, sobre la posible salida o no de algunas regiones
españolas del Objetivo 1. Nuestro grupo parlamentario cree que si algunas
regiones españolas, mediante unas políticas acertadas y una buena gestión
de sus gobiernos autónomos y central, llegan a esa situación en la que,
superando el 75 por ciento del PIB comunitario, deben abandonar esta
categoría, lo que tenemos que hacer es felicitarnos y aprovechar la nueva
situación que se nos brinda para continuar en la senda del progreso y del
crecimiento económico. Lo que sí es interesante saber es de qué manera
esas regiones, que mediante esas políticas



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acertadas y esa buena gestión de sus gobiernos autónomos y central han
conseguido abandonar el pelotón de cola del progreso comunitario, van a
negociar eso que se llama en la jerga comunitaria el phasing out. Sería
interesante saber si el Gobierno tiene previstas políticas de phasing out
y fondos suficientes que permitan a estas regiones salir de una forma
escalonada y no traumática de lo que hasta este momento ha sido una
política un tanto peculiar, pero que en el ejercicio de nuestras
responsabilidades y de nuestra seriedad como país debemos ir abandonando
poco a poco. Repito que a mí la salida de algunas regiones de ese
objetivo me parece un éxito, no me parece ninguna desgracia. Ojalá todas
las regiones españolas pudiesen, de aquí a unos cuantos años, superar el
techo del 75 por ciento de media del PIB comunitario.

El secretario de Estado ha mencionado que se va a presentar este año un
informe detallado sobre el sistema de recursos propios y algunos de los
que estamos aquí hemos identificado ciertos movimientos tendentes a
rectificar el actual sistema de aportaciones. Hace pocos días reflejaba
la prensa que la comisaría de Política Regional de la Unión Europea
aseguró que la ampliación no la pagarían los pobres, sino que se pagaría
de una forma proporcional. Nosotros entendemos que es así porque ningún
país con una renta per cápita inferior puede pagar más que los que, en
términos relativos, tienen un nivel de renta superior. En este sentido me
gustaría saber --algo que también han preguntado algunos portavoces que
me han precedido en el uso de la palabra-- cuál es la postura del
Gobierno español. ¿Estamos donde estábamos antes o hemos rectificado de
alguna manera nuestra pretensión, que es una cuestión de principio?
A nosotros nos parece un éxito --y perdón por volver al punto anterior--
que en la previsión de concentración de recursos las dos terceras partes
se concentren en el Objetivo 1, porque esto beneficia claramente a
nuestro país. He mencionado anteriormente que algunas regiones españolas
previsiblemente porque han alcanzado unas cotas de progreso suficiente,
saldrán del Objetivo 1, pero es cierto que en la actualidad la mayor
parte de nuestras regiones se encuentran en ese objetivo. En este
sentido, me parece que es interesante que en los años a venir los flujos
financieros, mediante el sistema de concentración de fondos, se centren
en este objetivo. Felicito al secretario de Estado por lo que creo que ha
sido una buena negociación española. No creo que ningún otro país de la
Unión Europea esté más interesado en esto, y por eso me da la impresión
de que el que haya sido así debe haber sido fruto de la iniciativa de
nuestro país.

En otro orden de cosas, me gustaría que nos aclarase el secretario de
Estado, en este proceso de ampliación que se abrió formalmente hace unas
cuantas semanas, cuál piensa que va a ser el futuro de las negociaciones
con Chipre, porque, según tengo entendido, ya desde el principio es un
proceso que de alguna manera está viciado pues no asistió más que una de
las delegaciones que representan a la isla. ¿Cree el secretario de Estado
que las negociaciones con Chipre para la ampliación, si no se soluciona
de alguna manera la falta de representatividad de los dos sectores
implicados, puede llegar a buen término? En segundo lugar, ¿se prevé o
piensa el secretario de Estado, por la información con que cuenta al
respecto, que pueda haber algún tipo de rectificación en las previsiones
para la conclusión de las negociaciones, tras el comienzo oficial de las
mismas, sobre la ampliación? Porque hace unos meses algunos países de la
Unión Europea pensaban que estas negociaciones concluirían en un período
de tiempo que a nosotros nos parecía extremadamente corto. España siempre
había dicho que las negociaciones eran largas y escalonadas y algunos
países decían que no, que serían cortas, que se llevarían a cabo con
cierta celeridad y que los primeros candidatos entrarían en la Unión
Europea en un período razonablemente corto de tiempo. ¿Ha habido alguna
rectificación? Alemania, que era uno de los grandes defensores de una
ampliación rápida, piensa el secretario de Estado que está viendo ya las
dificultades que se pueden presentar al respecto. Yo creo que esto es
importante, no solamente per se sino también a la hora de estudiar cuál
podría ser la distinta distribución de los fondos comunitarios con
respecto a los actuales componentes de la Unión o a la nueva Unión
ampliada.

El señor secretario de Estado nos ha hablado de los nuevos instrumentos
de ayuda agrícola y preadhesión para los países candidatos, así como de
los fondos aplicables como ayuda preadhesión para el instrumento
estructural. Nos ha hablado de la cofinanciación, que por lo que hace
referencia al Feoga es 75/25 y en el ISPA 85/15. A nosotros nos parece
que la gran innovación de la ampliación en la que estamos inmersos en
estos momentos es precisamente el instrumento preadhesión, puesto que se
trata de países con circunstancias diversas y que tienen unas
desigualdades patentes con el resto de países de la Unión Europea y con
la Unión Europea en su conjunto. Por ello, estos nuevos instrumentos de
ayuda preadhesión deben jugar un papel decisivo en el acortamiento de
distancias. Pero tan importante como los fondos que se destinen a la
preadhesión, señor secretario de Estado, será el control que se haga de
ellos. En este sentido me gustaría preguntar al secretario de Estado si
el Gobierno de España tiene previsto sugerir o apoyar, si ya existe, que
los instrumentos de control en la distribución y aplicación de estos
fondos sean lo suficientemente estrictos para que los fondos que se
destinan a estos programas sean ejecutados de una forma seria y eficaz
que redunde en beneficio de los países candidatos y redunde también en
beneficio de las arcas comunitarias y de los países de la Unión Europea.

Acabo mi intervención agradeciendo de nuevo al secretario de Estado su
comparecencia y esperando, como el resto de mis compañeros, que la misma
marque el inicio de una colaboración eficaz a nivel de subcomisión en lo
que se refiere al seguimiento y colaboración entre el Gobierno y este
Parlamento en el proceso de ampliación y la Agenda 2000.




El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a las distintas cuestiones
planteadas por los diferentes portavoces, tiene la palabra el señor
secretario de Estado.




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El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): La verdad es que esta comparecencia, en su
sustancia, no hace más que empezar, y ya ha pasado una hora y treinta y
siete minutos desde su inicio. Por eso estoy totalmente de acuerdo con
las afirmaciones realizadas por diferentes portavoces que han señalado
que les gustaría conocer la valoración y la posición del Gobierno sobre
las diferentes partes de esta Agenda 2000.

Yo les confieso que no he hecho con ningún gusto una intervención larga,
farragosa y aburrida, que yo mismo me estaba aburriendo de hacerla,
resumiendo las famosas 800 páginas (que no son 800 sino más, señor
diputado Costa) de lo que han desarrollado y completado la propuesta de
la Comisión de julio de 1997, pero después de haberlo debatido con mis
colaboradores me parecía que, por la forma, yo no podía llegar al
Congreso de los Diputados dando por hecho y por sabido un farragoso
informe de 1.000 páginas de la Comisión, por lo que creí que debía hacer
un resumen de los tres o cuatro paquetes fundamentales de propuestas de
la Comisión. Yo les aseguro que no siento la más mínima satisfacción en
hacer un resumen de esos paquetes y, desde luego, estoy de acuerdo en que
es mucho más sustancial dar contenidos y hacer valoraciones. Para eso
estoy dispuesto, como naturalmente estoy dispuesto al debate público,
pero el debate público, sobre todo entre políticos, empieza aquí. Yo debo
decir que estoy dispuesto a comparecer ante esta Comisión cuantas veces
me llamen; si me llaman todas las semanas, vendré todas las semanas, y si
tengo que venir todos los días, vendré todos los días; no sé cómo me las
arreglaré pero vendré todos los días. Lo que no es posible es hacer un
debate público cuando la última vez que debatimos la Agenda 2000 en esta
Comisión fue el año pasado. Creo recordar que una de las veces en que se
debatió la Agenda 2000 fue a iniciativa propia, invitando a almorzar a
los portavoces de los grupos parlamentarios, para tener la oportunidad de
contarles las propuestas de la Comisión. Yo deseo que todo el mundo sepa,
principalmente el portavoz del partido mayoritario de la oposición, que
es el que parece que tiene más deseo de participar en ese consenso de
política exterior a base de diálogo, que el diálogo se practica
dialogando, y desde luego el ministro en primer lugar y yo como
secretario de Estado estamos siempre dispuestos a a acudir a esta
Comisión a la que yo francamente creo que no acudo con la regularidad y
la frecuencia que debería, pero no es por mi culpa; yo acudo siempre que
me convocan. Los honorables parlamentarios me dirán si me van a convocar
más frecuentemente y entonces trataremos todos los puntos, si yo debo
tomar la iniciativa pidiendo cada 15 días una comparecencia en esta
Comisión, o hacer una cosa que ya hemos hecho en alguna otra ocasión, que
es reunir a los portavoces de los grupos parlamentarios para tratar de
los temas en profundidad.

Yo quisiera transmitir, señorías --y lo digo con toda la sinceridad, con
toda la seriedad y con toda la honestidad de alguien que tiene el deber
de ejercer la función de gobierno--, que no concebimos realizar una
política en la Unión Europea sin el apoyo de todos los grupos
parlamentarios. Ha sido siempre así y va a seguir siendo así.

Francamente, el tema de la Agenda 2000 no es particularmente grave
porque, a pesar de que sobre el mismo ya hemos hablado mucho y vamos a
hablar mucho más, no es de pasado mañana. Todo el mundo debe saber que lo
que está puesto encima de la mesa tiene un desarrollo que terminará
cuando concluyan las perspectivas financieras actuales, es decir, a
finales del año que viene, lo cual no quiere decir que no se puedan ir
discutiendo los temas y que el Gobierno no tenga planteadas sus
estrategias. De hecho, sus señorías conocen las estrategias que
desarrolla el Gobierno y de la misma manera que hemos hablado hasta la
saciedad de la Conferencia Intergubernamental previamente a Amsterdam y
estuvimos de acuerdo en los presupuestos principales de la misma, después
hemos visto el Consejo Europeo de Luxemburgo sobre la ampliación, y ahora
este Consejo de Cardiff que no va a ser el de las perspectivas
financieras ni el de la ampliación, sino el gran consejo del empleo,
porque son los planes nacionales de empleo los que tendrán el
protagonismo. Quizás a final de año, en el Consejo Europeo de Viena,
empiecen a ponerse peones sobre algunas cuestiones de la Agenda 2000,
incluso sobre algunas de las negociaciones de ampliación cuando hayan
rodado lo suficiente como para verlas en perspectiva. Hasta ahora nada ha
rodado lo suficiente. El tema de perspectivas financieras no ha podido
rodar puesto que faltaban los reglamentos que completaban los fondos
estructurales y el capítulo agrícola. Nos falta todavía la comunicación
de la Comisión sobre recursos propios, tema nada baladí, importantísimo,
como han dicho varios portavoces, puesto que en él está todo el
planteamiento y los recursos propios tienen que ver con la financiación
de la ampliación, con los techos de gasto y con la equitativa
distribución de las cargas de la Unión Europea. Bien es sabido que la
posición del Gobierno español no ha variado y sigue manteniéndose en la
misma línea, que se formalizará el día que haya una propuesta sobre
recursos propios, pero nosotros hemos repetido lo mismo que en ocasiones
anteriores, que somos partidarios de ese famoso quinto recurso que es ir
a un sistema de contribución por el cual el PIB, matizado por la renta
per cápita, sea el elemento fundamental para ver cuáles son las
aportaciones que cada país miembro debe hacer al presupuesto comunitario.

Pero éstos son temas teóricos. El informe de la Comisión sobre recursos
propios todavía no está sobre la mesa. Veremos a ver qué es lo que nos
dicen. En cualquier caso nosotros nos hemos manifestado claramente, y no
sólo respecto al techo del 1,27. Sus señorías recordarán que en el
anterior Consejo Europeo de Luxemburgo el objetivo de varias delegaciones
poderosas era introducir en las conclusiones una resolución firme sobre
el mantenimiento del techo del 1,27. También recordarán sus señorías que
la intervención de la delegación española, muy particularmente la del
presidente del Gobierno, que la presidía, en aquel Consejo Europeo
impidió que ese techo de recursos propios quedara consagrado, y sí quedó
consagrado algo que es fundamental y que ahora desarrolla la Comisión, la
doble programación. Es decir, que los gastos se programan, por lo menos
para estas perspectivas financieras, para los Quince, por un lado, y para
los candidatos, por otro, para que no se mezclen los temas. Aun así, en



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ciertas cosas, como SS. SS. conocen porque lo hemos debatido aquí, España
tiene bloqueada la línea directriz agrícola precisamente porque hasta el
momento la Comisión no ha aclarado ni ha dado cifras de ningún tipo sobre
cuál va a ser el coste de los gastos agrícolas en los países candidatos
en el caso de que entraran algunos, los más avanzados, antes del año
2006, por ejemplo, Polonia, Hungría y República Checa. ¿Cuál sería el
costo si entraran esos tres países? Recuerdo al diputado Costa, porque lo
sabe, que el único país que ha puesto cifras sobre la mesa, aunque sean
aventuradas, ha sido España, que ha hecho una tarea que debería haber
hecho la Comisión y que no ha querido hacer, precisamente para dar una
idea orientativa de lo que podría costar y para reforzar la posición de
bloqueo que tenemos sobre la línea directriz agrícola a la idea del techo
del 1,27.

Este debate con esta Comisión no ha sido todo lo frecuente que debería
haber sido y yo, en este día, me pongo a su disposición totalmente para
hacerlo todo lo frecuente que SS. SS. deseen e ir punto por punto y poder
hablar en una sesión de agricultura, en la siguiente de fondos de
cohesión, en la siguiente de fondos estructurales, en la siguiente de
recursos propios, y así sucesivamente de todo lo que SS. SS. deseen
hablar, porque yo estoy de acuerdo en que los consensos se basan
precisamente en la información compartida y en el diálogo, y no en el
asentimiento a las posiciones, como decía el diputado señor Costa,
asentimiento que este Gobierno nunca ha pedido. Siempre que hemos pedido
el consenso de las fuerzas políticas ha sido explicando oportunamente
todas las posiciones y escuchando todas las opiniones. Como el señor
Costa conoce, tanto este Gobierno como yo somos profundamente respetuosos
con las opiniones que nos vienen de todos los grupos políticos en todas
estas cuestiones que conciernen a la construcción europea.

El señor Guardans ha apuntado en ese debate público algo que es
preocupante, y es una cierta deriva de matiz en la opinión pública de
frustración en la construcción europea. Ese movimiento es normal. No era
normal el entusiasmo delirante de la población española en general por la
Unión Europea en los primeros años, explicable solamente por la
identificación que había hecho la opinión pública española de la adhesión
de España a la Unión Europea con el restablecimiento del sistema
pluralista y de libertades y encontrarnos en un mundo del cual nunca
debíamos habernos separado. Habíamos recuperado nuestro objetivo que era
volver a colocarnos en el centro de la acción europea, y por tanto, había
un movimiento psicológico muy favorable a la Unión Europea. Han pasado 12
años, y en ese tiempo han ocurrido muchas cosas. Una de ellas es la
constatación y el descubrimiento por parte de los agentes sociales, de
las empresas, de las personas y del público en general de que la Unión
Europea no es una panacea sino un foro de intereses donde todo el mundo
tiene que luchar por defender su propio interés y donde nadie está
satisfecho, porque nosotros no estamos a favor de parte de estas
propuestas, pero cada vez que hay una vuelta a la mesa en un consejo de
ministros sobre la Agenda 2000 absolutamente todos los países por razones
diferentes, se quejan. Unos, porque creen que pagan mucho; otros, porque
creen que les han disminuido el Objetivo 2, por ejemplo, todas las
regiones industriales; otros, porque creen que les van a quitar del
Objetivo 1; otros, porque se quejan de que no reciben los retornos
necesarios en gastos del Feoga-Garantía; otros, porque no se les ha
reconocido plenamente el derecho al justo retorno o al cheque; otros,
porque quieren estar en una posición de renacionalización de las
políticas comunitarias. Tenemos una situación generalizada en Europa de
una cierta desilusión con el proyecto comunitario, que no es más que la
expresión de la dificultad que supone vivir en un mundo entre quince, en
el que nunca las cosas te salen como quieres que te salgan. A nadie le
salen las cosas bien. Es más, las propuestas de la Comisión parten casi
siempre de la base de que hay que distribuir la insatisfacción de manera
igual, porque cuando en una propuesta de la Comisión hay cuatro países
que están encantados y once que no lo están, eso va mal. O cuando hay
siete que están bien y ocho que están mal, siempre hay una sensación de
injusticia.

Normalmente, las propuestas de la Comisión --y ésa es la sabiduría de la
Comisión desde hace ya 50 años-- se hacen repartiendo con cierta equidad
el grado de insatisfacción entre los países miembros. Naturalmente, en
las propuestas que hoy están encima de la mesa hay muchas cosas que para
nosotros suponen una insatisfacción y para otros suponen una
satisfacción. Por ejemplo, nosotros no estamos satisfechos de que no se
concrete que dos tercios de todos los fondos estructurales vayan al
Objetivo 1, eso no está concretado, se dice: aproximadamente dos tercios.

Sin embargo, la mayor parte de los países que no tienen Objetivo 1 están
felices de que no se concreten los dos tercios porque creen que así se
verá incrementado el Objetivo 2, que es el que a ellos les interesa. En
el fondo, hay un juego de intereses: los países con Objetivo 1 lo que
quieren es amarrar claramente que los dos tercios de los fondos
estructurales vayan al Objetivo 1, sin embargo hay otros países que lo
que quieren es que se diga: los dos tercios aproximadamente. Me atrevería
a decir que incluso en nuestro propio país puede haber regiones que
prefieran que los dos tercios no se concreten, porque no son Objetivo 1 y
les interesaría más que se incrementara el Objetivo 2. Es decir, ese
debate a nivel europeo lo podemos incluso tener a nivel nacional con
respecto a las regiones que son Objetivo 1 y Objetivo 2; por tanto, lo
que es satisfacción para unos es insatisfacción para otros. A nosotros
nos parece extraordinario que se mantenga el 0,46 del PNB total; es
decir, del 1,27 por ciento que el 0,46 vaya a los fondos estructurales.

Hay otros países que piensan que eso es una cantidad exagerada y que se
podría designar más dinero a otras categorías del presupuesto que no sea
la categoría 2, por ejemplo, a investigación y desarrollo, porque
obtienen del I + D más retornos del que obtenemos nosotros.

Hay que tener cuidado para no exacerbar esa sensación de insatisfacción y
no hacer de ella un instrumento de política nacional, porque todos
aquellos que han hecho de ella un instrumento de política nacional les ha
salido mal. El ejemplo de libro es el caso del Reino Unido, en el que un
partido ha hecho de esa insatisfacción y de esa reivindicación



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ante Europa un instrumento de política nacional y al final no solamente
ha pasado lo que ha pasado, sino que el nuevo Gobierno está en una
campaña para darle la vuelta al péndulo y tratar de equilibrar la
situación.

Por tanto, la primera gran lección que tenemos que aprender nosotros, y
sobre todo las fuerzas políticas, es que hemos de tener muy claro que el
mundo en el que vivimos en la Unión Europea no es un mundo ideal, no es
un mundo en el que vamos a obtener satisfacción, no es un mundo en el que
los partidos se ganan por cinco a cero; los partidos se ganan con empate
en casa y gracias. Todos aquellos que dicen que España tiene que tener no
sé cuántos millones de toneladas en el aceite de oliva han de saber que
por ponerse objetivos maximalistas no se llega a la plena satisfacción.

Por tanto, tenemos que moderarnos muchas veces y no poner ante la opinión
pública objetivos que son claramente incumplibles y, al mismo tiempo,
tenemos que saber que, a pesar de las dificultades que haya, se está
mucho mejor dentro de la construcción europea, y luchando por los
intereses en cada uno de los temas, que no diciendo: Es imposible, nos
tienen abandonados, no somos capaces de sacar los objetivos y, por tanto,
esto es un desastre y España está discriminada. Esa no es, ni ha sido
hasta ahora la política del Gobierno y me alegro de que este tema salga
aquí en un foro en el que están representados todos los grupos políticos
para que cada uno de nosotros, Gobierno por su parte y los grupos
políticos también por la suya, sepamos que en este debate europeo hay que
tener muchísimo cuidado en moderar las aspiraciones que cada uno tiene y
saber que las cosas nunca se presentan de color de rosa, que hay que
luchar por cada uno de los temas y en cada uno de los temas y que no es
posible ponerse objetivos maximalistas porque lo único que va a producir
es una frustración en la opinión pública.

La posición del Gobierno sobre los fondos estructurales, que es la parte
más sustancial de lo que hemos hablado, ya que no voy a entrar en los
temas preadhesión ni en los temas agrícolas, porque supondría un debate
aparte, pero para no desaprovechar esta ocasión y dar unas pinceladas en
general sobre los grandes temas que se han planteado, me gustaría
mencionar qué es lo que vemos de positivo y de negativo en estos
reglamentos que completan y desarrollan la Agenda 2000. De un primer
análisis podemos concluir que los aspectos positivos son: que el
mantenimiento del nivel de la cohesión económica y social en un 0,46 por
ciento del PNB comunitario es una buena cosa; que en la aplicación
estricta del criterio del 75 por ciento de la renta media para el
Objetivo 1 es una buena cosa definir claramente ese techo del 75 por
ciento; la inclusión automática de las regiones ultraperiféricas dentro
del Objetivo 1, se cual sea su porcentaje sobre el PNB comunitario,
también es una cosa positiva --y así respondo a la pregunta del diputado,
señor Mardones, que se preguntaba qué pasaba con las regiones
ultraperiféricas--, ya que están incluidas dentro del Objetivo 1 pase lo
que pase, porque independientemente de que estén por encima de la renta
del 75 van a tener siempre las características estructurales de
alejamiento, insularidad, etcétera, de las que hemos hablado tantas veces
y sobre las que no me voy a extender; que la inclusión del desempleo como
criterio de reparto de las cifras del Objetivo 2 también es una buena
cosa y también está en las nuevas propuestas; que el establecimiento de
un sistema --si me permiten la expresión inglesa-- de phasing out, de
salida progresiva para las regiones que salen tanto del Objetivo 1 como
del Objetivo 2, también es una buena cosa, porque después de haber
llegado al 75 por ciento no se termina, hay un período de seis años para
los que salgan del Objetivo 1 y de cuatro años para los que salgan del
Objetivo 2. El mantenimiento del Fondo de Cohesión, que a todo el mundo
en esta casa le parece muy normal, pero que en Europa es como poner una
pica en Flandes, es también un elemento positivo porque hay una gran
mayoría de países, fundamentalmente países contribuyentes, que cuestionan
el Fondo de Cohesión y, sobre todo, para los países que cumplen los
criterios de convergencia. Sin embargo, en la propuesta de la Comisión
está el mantenimiento del Fondo de Cohesión.

¿Cuáles son los elementos, a nuestro juicio discutibles, negativos, que
habrá que negociar, que habrá que pelear, que habrá que tratar en todos
los foros, que ya han sido destacados por el ministro de Asuntos
Exteriores el día 30 de marzo, cuando Santer le presentó el paquete y que
han sido y serán repetidos continuamente a todos los niveles de grupos de
trabajo de Coreper, de consejos? Por ejemplo, la nueva introducción, la
nueva condición exigible para el Fondo de Cohesión, a la que me he
referido, nos parece de todo punto rechazable. Que esta condición de que
las ayudas del Fondo de Cohesión queden vinculadas, en los países que
están dentro de la Unión Económica y Monetaria, al cumplimiento del
objetivo de déficit público fijado por el propio Estado en el Pacto de
Estabilidad nos parece añadir una condición más a loqueyadice claramente
el artículo 104 C del Tratado con respecto al Pacto de Estabilidad.

Otra cosa negativa, que ya he mencionado aquí, es la inconcreción de la
cifra asignada al Objetivo 1, porque se dice que es alrededor de los dos
tercios y no los dos tercios, como nosotros querríamos, lo que puede
suponer, a nuestro juicio, una falta de seguridad jurídica respecto a las
cantidades asignadas a este objetivo de importancia fundamental para
España, como todo el mundo sabe. En cuanto al Objetivo 2, nos parece que
cabe señalar que es excesivamente amplio, y la inclusión de zonas urbanas
densamente pobladas. Asimismo, el hecho de que la Comisión establezca un
techo de población por Estado miembro, compatible con el techo global del
18 por ciento de la población comunitaria, es peligroso, porque puede
tener implicaciones en el reparto de recursos. Por ejemplo, en el
Objetivo 2 se dice que el Feoga-Garantía financiará las acciones del
Objetivo 2, desapareciendo la financiación del Feoga-Orientación, lo que
para nosotros es criticable, porque hay un principio, que nosotros
siempre hemos mantenido, que es el de separar la financiación de lo que
son gastos de garantía agrícola de lo que son acciones estructurales. A
nosotros nos parece que el Feoga-Garantía no es un fondo estructural.

Feoga-Orientación sí es un fondo estructural, pero el Feoga-Garantía no.

En cuanto a la delimitación del Objetivo 3 propuesta en el reglamento,
aplicable a



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las zonas no incluidas en los Objetivos 1 y 2, no responde al carácter
horizontal de dicho fondo.

Asimismo, lo que ha mencionado el diputado señor Costa, sobre la reserva
de eficacia del 10 por ciento puede llegar a suponer una sanción a los
países de la cohesión y reducir inicialmente en un 10 por ciento el nivel
de cohesión de Edimburgo, que para nosotros sigue siendo el baremo, es
nuestro punto de referencia y fue el de las últimas perspectivas
financieras en las que, además, salió un resultado muy interesante con
respecto a la cohesión económica y social, que nosotros tenemos verdadero
interés en mantener. Hay todavía otras cosas más concretas y más de
detalle, pero me ha parecido conveniente dar unas pinceladas para señalar
cuáles son las cosas de bulto, las que vemos con mayor dificultad. Todos
estos puntos serán, repito, defendidos en todos los consejos y en toda su
evolución. En este momento lo que yo quisiera decir es que el tema de
fondos estructurales y de perspectivas financieras está bastante parado
en el Consejo. No hay en este momento grandes debates, más que a nivel de
grupos, y tengo la impresión de que el Gobierno británico no desea
introducir el tema de las perspectivas financieras en el Consejo Europeo
de Cardiff, a pesar de que ya hay iniciativas de la Comisión en el
sentido de querer ir resolviendo algunas de las partes. Por ejemplo,
desearía que en Cardiff se aprobaran ya los 47.000 millones que van
destinados a los fondos preadhesión. Sin embargo de nuevo nos preguntamos
si es bueno, en un tema que forma parte del paquete, ir empezando a
partir trozos, a llevar a cabo el fenómeno de cortar rodajas. No sabemos
si este tema se planteará, pero si se planteara el Gobierno tendría
verdaderamente que preguntarse si conviene ya aprobar una parte
importante, 47.000 millones para las ayudas de preadhesión, mientras no
se han aprobado partes importantes, como el Fondo de Cohesión o el
Objetivo 1.

Quisiera señalar al diputado señor Costa la firmeza de este Gobierno en
el mantenimiento del acervo comunitario en lo que se refiere a la
cohesión económica y social, y ése es precisamente el gran debate que
está hoy encima de la mesa. Nosotros tenemos la idea de que la Unión
Europea no se puede lanzar al mayor proyecto de solidaridad continental
que ha habido desde la fundación de la Comunidad Económica Europea, hace
50 años, si se lamina uno de los principios fundamentales del acervo que
es la cohesión económica y social. Y frente a los que predican la
ampliación hay muchos que, al mismo tiempo, están queriendo que el
principio de cohesión económica y social se sacrifique dentro de los
Quince para financiar al resto. Ya no es una cuestión de que con el Fondo
de Cohesión o con parte de los fondos estructurales se pague la
ampliación. Se podría hacer, pero el día que se hiciera, aparte de que
causaría un perjuicio muy grave a todos los países que se están
beneficiando, produciría el perjuicio todavía más grave de anular uno de
los principios fundamentales del acervo comunitario, principio de derecho
primario, que cuando se elimina una vez queda eliminado para siempre.

Muchas veces se habla de ese concepto raro de la solidaridad Oeste-Este
que se oye en estos debates en Europa. Antes ha habido una solidaridad
Norte-Sur y ahora tiene que haber una solidaridad Oeste-Este, que hace
que países como España, Portugal y Grecia, que han recibido durante
muchos años, ahora tienen que renunciar a lo que han recibido o a lo que
tienen derecho a recibir para dárselo a los países del Este. Eso es una
falacia. Ese es el argumento que utilizan todos los países que pretenden
que la ampliación no les cueste un céntimo, y ante esto España siempre ha
mantenido la misma posición: la ampliación tendrá que costar y España
está dispuesta a contribuir en la medida en que le corresponda, pero no a
base de sacrificar la cohesión económica y social, porque en el momento
en que se sacrifica la cohesión económica y social se sacrifican no sólo
unos recursos financieros a los que España tiene derecho por el acervo
comunitario sino que, además, se sacrifica el principio mismo de la
cohesión económica y social, con lo cual queda sacrificado para siempre
cuando más falta hace, porque la cohesión económica y social va a hacer
muchísima falta en los años venideros si queremos lanzarnos a este gran
proyecto de solidaridad continental. Por eso nuestra posición siempre ha
sido que si hay que aumentar los recursos, y si todo el mundo aumenta
proporcionalmente, nosotros aumentaremos también. España está dispuesta a
contribuir con lo que le corresponda proporcionalmente, si todo el mundo
contribuye. Lo que no es aceptable es que nadie esté dispuesto a
contribuir y que la parte de la ampliación tenga que ser pagada con los
fondos que a España y a otros países de la cohesión les corresponden por
el acervo comunitario. Este es un mensaje importante que quería dejar
encima de la mesa para asegurar a todos aquellos que puedan pensar que
ese gran principio de la cohesión económica y social pudiera quedar
comprometido por falta de defensa o por falta de convicción de este
Gobierno en mantenerlo, que es todo lo contrario.

Señor presidente, creo que este debate podría durar mucho más tiempo y me
temo que no he respondido a alguna de las preguntas que me han planteado
los grupos parlamentarios. Me gustaría poder contestar a la pregunta que
me ha planteado el diputado señor Martínez Casañ sobre las negociaciones
de ampliación, el control de los instrumentos para la adhesión, pero creo
que eso nos llevaría muy lejos. Creo haber respondido al diputado Ignacio
Guardans respecto a sus preocupaciones sobre el debate político y sobre
las derivas de un mal planteamiento ante la opinión pública sobre cuál es
nuestra posición de negociación en la construcción europea. También creo
haber respondido a la mayor parte de las inquietudes planteadas por el
señor Costa y al señor Mardones respecto a las regiones ultraperiféricas.

Me ha preguntado también sobre la OCM del plátano, pero al no ser un tema
propiamente de Agenda 2000 y no estando presente en la sala, se lo
responderé particularmente el primer día que le vea.

Concluyo, señor presidente, a mi pesar; no tengo ningún problema en
seguir este debate todo el tiempo que sea necesario, pero no me parece
razonable, a las dos y veinte de la tarde, seguir hablando sobre estos
temas. Quiero ofrecer, señor presidente, a todos los grupos
parlamentarios mi disponibilidad total para entrar en estos temas de una
manera monográfica, para hacerlo en el



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seno de esa subcomisión a la que se ha referido el señor Martínez Casañ o
para hacerlo en Pleno, cuando sea necesario, ahora que tenemos toda la
Agenda 2000 encima de la mesa, las propuestas de julio de 1997, las de
ahora y todas las propuestas agrícolas; ver cómo vamos a ir preparando el
debate, que es largo, que no es de pasado mañana. No es una cosa que haya
que decidir ahora mismo, pero no hay duda de que el debate de las
perspectivas financieras está empezando a tomar madurez, y tomará ritmo
después de las elecciones en Alemania, es decir después de octubre, y
entrará en plena velocidad de crucero seguramente en el primer semestre
del año que viene, con la presidencia alemana. Me sorprendería que se
pudiera resolver durante la presidencia alemana, pero podría ser; si no,
desde luego duraría hasta el final de la presidencia finlandesa, que es
justo el final de este siglo, en diciembre de 1999.

Por tanto, como creo que, de aquí a esas fechas, tendremos muchas
ocasiones de hablar de todos estos temas, termino mi intervención y me
pongo a su disposición, señor presidente, para cualquier otra
comparecencia, cuando usted y los grupos lo deseen. (El señor Costa Costa
pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE: ¿Para qué pide la palabra, señor Costa?



El señor COSTA COSTA: Para un turno de réplica breve, si es posible.




El señor VICEPRESIDENTE: Dada la trascendencia del tema, daremos tres
minutos como máximo por portavoz.




El señor COSTA COSTA: Muy brevemente, para no entrar en los temas
concretos, pues tendremos ocasión de hacerlo en otras comparecencias,
quiero hablar sobre algunas de las ideas que ha expuesto el secretario de
Estado, la mayoría de las cuales me he alegrado de oírselas al secretario
de Estado.

Creo que algunos de los problemas que tenemos en la actualidad y la
debilidad de nuestra posición no nacen del Gobierno actual, ni nacen hoy.

Cuando me refiero a la posición del señor Aznar en Edimburgo no lo hago
por repetirlo sino porque creo que no es que sólo debilitara entonces al
Gobierno español en la negociación, es que debilita ahora a quien tiene
que protagonizar esta negociación, porque justamente, como ha dicho muy
bien el secretario de Estado, la cohesión económica y social es el
elemento central de toda la negociación que estamos llevando a cabo. No
somos nosotros los que debilitamos, se debilita el que hace esas
manifestaciones y el que va sacando pecho por Europa sabiendo y
conociendo que no estamos en condiciones de sacar pecho. Estamos en una
buena situación económica, en una buena coyuntura, en el buen camino,
pero no estamos en condiciones de ir sacando pecho; eso va siempre en
contra de nuestro resultado final; otros Estados mucho más ricos que
nosotros, con mayor capacidad económica, no tienen esas actitudes. El
secretario de Estado ha dicho que no es ésta la actitud del Gobierno; me
alegro de oírlo, pero lo queremos ver en las actitudes diarias.

¿Qué perjudica más el prestigio europeo de España, un debate transparente
en el Congreso de los Diputados, con posiciones claras sobre cada uno de
los temas o la ministra de Agricultura amenazando al comisario Fischler
con convocar un referéndum para salir de la Unión Europea, o los rumores
que apuntan a que no estamos dispuestos a ratificar el Tratado de
Amsterdam, que no se desmienten con rotundidad por el Gobierno? ¿Qué es
lo que perjudica más a la seriedad de un país ante un proyecto de
construcción europea? Esos son los elementos respecto de los que no nos
corresponsabilizamos porque no los compartimos, por si a alguien le cabe
alguna duda. Me gustaría que esos elementos fueran aclarados y que no se
hable aquí como si eso estuviera en la calle, sin que nadie sea
responsable. Que el responsable de solucionar los problemas, en vez de
estar negociando con las personas que tienen que acordar las soluciones,
se ponga delante de las manifestaciones, sean razonables o no --y yo creo
que lo eran--, para arreglar el problema, no ayuda a descartar esa idea,
que yo no comparto, de que Europa es un núcleo o un espacio de intereses
contrapuestos. Es eso y mucho más; también es un espacio de bienestar, de
paz y de seguridad. Entre esas dos definiciones, entre las que hay
diferencias sustanciales, yo me quedo con la segunda, porque bajo el
paraguas de esa definición seremos capaces de construir otras cosas y de
negociar los intereses razonablemente, no perdiendo todos sino ganando
todos un poco. Ese es el error fundamental de la política del Gobierno.

Aquí no se trata de perder, porque en Europa ganamos, ganamos en
seguridad, ganamos en estabilidad, ganamos en bienestar. Si ganamos en
todo esto, ¿cómo podemos perder? Podemos no obtener plena satisfacción en
algún elemento, pero nunca perder. Creo que esa política no está bastante
aclarada ante la opinión pública por parte del Gobierno.

No voy a entrar en ninguna cuestión concreta porque ya tendremos ocasión.




El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular
señor Martínez Casañ.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Tampoco voy a entrar en grandes peroratas ni
defensas a ultranza de nadie, simplemente quiero decir, para que conste
en el «Diario de Sesiones», primero, que el gran problema que tiene la
agricultura española lo dijo bien el comisario Fischler a la ministra de
Agricultura doña Loyola de Palacio no hace mucho tiempo, en el contexto
de la negociación sobre el aceite de oliva. Dijo: Señora ministra de
Agricultura, su verdadero problema es que es la primera vez que su país,
España, tiene un ministro de Agricultura. A buen entendedor, pocas
palabras bastan.

En segundo lugar, si algún portavoz de algún grupo parlamentario no ha
comprendido bien, a tenor de las explicaciones del secretario de Estado,
el liderazgo que el presidente Aznar tiene a nivel europeo, no va a ser
este humilde portavoz el que prolongue el debate a las dos y media de la



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tarde, porque si no lo ha entendido todavía es porque no lo quiere
entender.

En tercer lugar y para acabar, quiero decir que el hecho de que esta sala
esté vacía y el hecho de que en esta comparecencia importantísima del
secretario de Estado no hayan intervenido todos los grupos
parlamentarios, que hubieran podido hacerlo, demuestran la sabiduría
infinita de esta Comisión al crear una subcomisión de seguimiento del
proceso de ampliación y de la Agenda 2000, que es en definitiva donde se
tiene que estructurar y seguir el debate en el que, como es lógico y ha
expresado el secretario de Estado, contaremos con todo el apoyo del
Ministerio de Asuntos Exteriores, de su persona y de su equipo.




El señor VICEPRESIDENTE: Para réplica, tiene la palabra el señor
secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): Voy a ser telegráfico. Simplemente quiero
tranquilizar al diputado señor Costa. No tenga la más mínima inquietud.

Los intereses de España están bien representados y la política española
dentro de la Unión está conducida por mano firme y serena, que es la mano
del presidente del Gobierno español, que, además, por cierto, es tan
europeísta como el que más y que comparte esa idea de que estamos creando
un gran espacio de prosperidad, de justicia, de libertad y de
convivencia. Esa ha sido la línea que ha tenido el presidente del
Gobierno en todas sus intervenciones públicas, no solamente en los
consejos europeos, sino también en las reuniones de su grupo
parlamentario. Yo creo que nadie puede hacer un reproche al presidente
del Gobierno español por su política europea ni tampoco al equipo, en el
sentido de no haber defendido los intereses. Yo no creo que haya habido
ningún interés vulnerado. En este momento puede haber debate sobre
algunos temas porque son difíciles. Precisamente el tema que S. S. ha
citado, que es el del aceite de oliva, no es fácil. De todas formas, no
está ni mucho menos resuelto. Estamos empezando a andar el camino y lo
que hay que hacer es ver cuál será el resultado final.

Yo creo que el balance de estos dos años de política comunitaria del
Gobierno actual tiene muchas más luces que sombras. Tanto en los
resultados de los consejos europeos como de la Conferencia
Intergubernamental y del Tratado de Amsterdam, no creo que haya sombras
con respecto a los intereses fundamentales que teníamos que defender o en
la defensa de los objetivos finales de los que estamos hablando ahora,
aunque en algunos casos incluso hemos contado con la incomprensión de
algunos grupos políticos. Aquí se han recordado algunas cosas que dijo el
presidente Aznar en Edimburgo. Yo no quisiera recordar cosas que se han
dicho cuando este Gobierno decidió bloquear la directiva agrícola en
noviembre pasado, posición que era plenamente coherente con lo que el
diputado señor Costa nos está diciendo, que hay que guardarse todos los
triunfos y que hay que hacer una negociación larga, global y llegar hasta
el final. ¿Qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos empezado a ceder?
Muchas posiciones de firmeza no han tenido la suficiente comprensión,
pero no pasa nada porque la política comunitaria es así, compleja,
difícil; arrieros somos y en el camino nos encontraremos, y lo que
queremos es recorrer ese camino conjuntamente con todos los grupos
políticos y naturalmente con el grupo principal de la oposición, que
además tiene una experiencia comunitaria porque la ha ejercido durante
muchos años y sabemos que tiene un acervo de conocimientos del que nos
beneficiamos todos. Esta política europea es de Estado y no de un
partido; es una política de todos los españoles, porque en ella va la
prosperidad de nuestra patria y el bienestar de todos.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor secretario de Estado, esta Presidencia le
agradece el talante democrático y dialogante que ha mostrado y, sobre
todo, el ofrecimiento que ha hecho de comparecer todas las veces que sean
necesarias en la Cámara. Quiero remachar que predica con el ejemplo
porque la comparecencia de hoy era a petición del propio secretario de
Estado.

Nada más y muchas gracias.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.