DIARIO DE SESIONES DE LAS



CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1998 VI Legislatura Núm. 94



PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP SANCHEZ I LLIBRE



Sesión núm. 19



celebrada el martes, 31 de marzo de 1998,
en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:



Propuestas de Resolución:



--Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid),
ejercicios 1991, 1992 y 1993 (Número de expediente Congreso 251/000047 y
número de expediente Senado 771/000045) (Página 1946)



--Informe de fiscalización del organismo autónomo Parque Móvil
Ministerial, ejercicio 1994 (Número de expediente Congreso 251/000048 y
número de expediente Senado 771/000046) (Página 1948)



Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de
Alba) para informar sobre la Declaración definitiva de la Cuenta General
del Estado correspondiente al ejercicio 1995 (Número de expediente
Congreso 250/000005 y número de expediente Senado 770/000004) (Página 1952)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




PROPUESTAS DE RESOLUCION:



--INFORME DE FISCALIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID),
EJERCICIOS 1991, 1992 Y 1993 (Número de expediente Congreso 251/000047 y
número de expediente Senado 771/000045).




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores senadores y diputados, vamos a
iniciar la decimonovena sesión de la Comisión Mixta para las relaciones
con el Tribunal de Cuentas, con el primer punto del orden del día
respecto al informe de la fiscalización del Ayuntamiento de Majadahonda,
de Madrid, durante los ejercicios 1991, 1992 y 1993.

Siguiendo el orden de presentación de las propuestas de resolución, toca
el turno al Grupo Parlamentario Popular para debatir y defender sus
propuestas de resolución. Por dicho grupo, tiene la palabra el senador
don Arturo Esteban.




El señor ESTEBAN ALBERT: Señor presidente, señorías, respecto a las
propuestas de resolución que los distintos grupos políticos han
presentado ante la Comisión, mi grupo tiene que manifestar lo siguiente.

En la exposición que hizo el presidente es cierto que quedó bien claro
que este Ayuntamiento, por razones que no voy a repetir porque las expuse
en aquella intervención, había pasado una serie de vicisitudes hasta
poner en claro las cuentas a las que hace referencia el informe de
fiscalización en los años anteriores. También es cierto que el señor
presidente constató la puntualidad y la exigencia que el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de MAJADAHONDA había puesto en su gestión, a
los efectos de incorporar muchas de las recomendaciones que el propio
Tribunal en este informe de fiscalización realizaba. Por tanto, con el
fin de que se cumplan totalmente las recomendaciones del Tribunal de
Cuentas, mi grupo ha presentado una propuesta de resolución en la que se
dice que la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas, a la vista del informe remitido por este alto Tribunal acerca
del Ayuntamiento de Majadahonda sobre los ejercicios de 1991, 1992 y
1993, acuerda instar al Ayuntamiento de Majadahonda a que dé estricto
cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas.

Señor presidente, no sé si éste es el momento procesal oportuno para
exponer el criterio y la valoración de mi grupo sobre el resto de las
conclusiones. (Asentimiento.)
Quiero comenzar diciendo que entre las propuestas de resolución que
plantea el Grupo Izquierda Unida, en la propuesta de resolución número 1
se establece y da por sentado que se debe de rechazar la gestión
realizada por el Ayuntamiento durante esos ejercicios por haberse actuado
al margen de la legalidad. Me parece que del examen realizado por el
Tribunal de Cuentas no se puede deducir exactamente lo que esos términos
establecen sobre la legalidad, puesto que si no estaríamos ante un
procedimiento mucho más riguroso en otras actuaciones. Es cierto que se
ha detectado algún tipo de irregularidad en temas contables y es
necesario que esta Comisión tenga un conocimiento puntual. Por tanto,
nosotros propondríamos al Grupo de Izquierda Unida la aceptación de la
propuesta de resolución número 1 desde donde dice: así como la remisión a
las Cortes Generales de un informe complementario que ponga de manifiesto
si las irregularidades detectadas en aquellos años han sido o no
subsanadas en la actualidad. Es decir, aprobaríamos este último párrafo
si ellos retiraran el resto de la redacción de dicho apartado.

En cuanto a la propuesta de resolución número 2, señor presidente, mi
grupo es consciente de que todo lo que sea hacer llegar a las
corporaciones locales o a cualquier institución u organismo de la
Administración pautas de conducta, de claridad y de transparencia, es
siempre eficaz y bueno, pero solicitar del Tribunal de Cuentas que
elabore y remita un informe específico acerca de las prácticas
irregulares más comunes detectadas en el funcionamiento de las
corporaciones locales, nos parece un poco exagerado porque, si no nos
falla la memoria, los informes de fiscalización que ha realizado el
Tribunal y que han pasado por esta Comisión sobre corporaciones locales
son minoritarios. De esa manera se lograría una muestra equivocada que
pondría de manifiesto una práctica de algunos ayuntamientos que no es la
general de todas las corporaciones locales, confundiendo a la opinión
pública y produciéndose en consecuencia una intromisión dentro de las
autonomías locales en su generalidad. Por tanto, no nos parece que esta
propuesta de resolución pueda aceptarse en los términos en que viene
expuesta.

Quiero decir asimismo que compartimos plenamente, por coincidir con la
nuestra, la propuesta de resolución que ha presentado el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que estamos de acuerdo
también con la totalidad de las propuestas de resolución que presenta el
Grupo Socialista en los puntos 1, 2 y 3. El Grupo Popular es el más
interesado en estos momentos en que se investiguen aquellas
irregularidades que manifestaba el informe de fiscalización del Tribunal
en ese Ayuntamiento y quiere saber si han sido subsanadas en la
actualidad.




El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el senador don Salvador Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Nuestro grupo parlamentario ha presentado una
sola propuesta de resolución sobre el informe de fiscalización del
Ayuntamiento de Majadahonda que, tal y como consta en el propio informe,
hace referencia a los ejercicios 1991, 1992 y 1993. La propuesta está en
línea con el propio informe del Tribunal y, en consecuencia,
prácticamente con el texto de las recomendaciones que el Tribunal de
Cuentas ha formalizado sobre este informe. Por tanto, nuestra propuesta
de resolución



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dice que la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas
considera necesario que se remita al Ayuntamiento de Majadahonda la
totalidad de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, con la
finalidad de proseguir en la línea de subsanar deficiencias e
irregularidades ya iniciadas.

Entiende nuestro grupo que por parte del Ayuntamiento ya se estaba
intentando regularizar toda una serie de situaciones anómalas y de suma
importancia y, por tanto, en línea con la posición de nuestro grupo de no
interferir en el funcionamiento de las corporaciones locales, sí nos
parece que, como mínimo, debemos hacer que el Ayuntamiento siga el propio
informe del Tribunal para que, a través del mismo, valoren la importancia
de las deficiencias e irregularidades que estaban cometiendo.

En este sentido hemos planteado la propuesta de resolución número 4, con
el fin de que sea el propio Ayuntamiento de Majadahonda el que prosiga en
la línea de subsanar las deficiencias que se estaban cometiendo.




El señor PRESIDENTE: Para debatir las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Alegre Escuder.




El señor ALEGRE ESCUDER: Señor presidente, mi grupo ha presentado tres
propuestas de resolución. La primera es común a todos los grupos; la
segunda incide en que el Tribunal de Cuentas nos mantenga informados de
las actuaciones que ya anunció viene realizando y la tercera es para
profundizar en uno de los puntos sobre los que nos quedaba alguna duda
bastante razonable. La defensa de estas propuestas ha sido prácticamente
realizada por el portavoz del Grupo Popular, lo cual agradecemos.

Respecto a las propuestas presentadas tanto por el Grupo Popular como por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), estamos
perfectamente de acuerdo con ellas, ya que, como he dicho, coinciden con
la propuesta de resolución número 1 de mi grupo. Por ello, votaremos
favorablemente las propuestas del Grupo Popular y las del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En cuanto a las propuestas
del Grupo de Izquierda Unida nos abstendremos en la votación, puesto que
su contenido está inmerso en las nuestras y consideramos que es una
reiteración innecesaria en estos momentos.




El señor PRESIDENTE: Para debatir las propuestas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el diputado
señor Centella.

Quisiera anunciar a SS. SS. que las votaciones de las propuestas de
resolución no tendrán lugar antes de las doce y cuarenta y cinco minutos.




El señor CENTELLA GOMEZ: Señor presidente, voy a intentar explicar las
dos propuestas de resolución de nuestro grupo sobre el informe del
Tribunal de Cuentas referente al Ayuntamiento de Majadahonda. La primera
propuesta trata de destacar la mala gestión realizada por el ayuntamiento
durante estos ejercicios por haberse efectuado al margen de la legalidad
en repetidas ocasiones, de forma que se solicita del Tribunal de Cuentas
el agotamiento de todas las vías conducentes a las exigencias de las
responsabilidades de las autoridades y de los funcionarios implicados.

También proponemos la remisión a las Cortes Generales de un informe
complementario que ponga de manifiesto si ciertas irregularidades que se
han detectado en aquellos años han sido subsanadas en la actualidad. La
segunda propuesta de resolución solicita del Tribunal de Cuentas la
elaboración y remisión de un informe específico acerca de las prácticas
irregulares más comunes detectadas en el funcionamiento de las
corporaciones locales, con el fin de contribuir a que el Parlamento pueda
adoptar en su momento las medidas legislativas adecuadas para que se
puedan prevenir estos comportamientos y, en su caso, reprimir con
eficacia aquellas conductas que infringen de manera continua la
legalidad, así como la eficacia y la eficiencia en el manejo de fondos
públicos. (El señor Carrera i Comes pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: El senador Carrera querría fijar su posición
respecto al resto de las propuestas de resolución.

Tiene la palabra el señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Señor presidente, efectivamente querría fijar
la posición sobre las otras propuestas de resolución planteadas acerca
del Ayuntamiento de Majadahonda. Respecto a las que se acaban de defender
por parte del portavoz de Izquierda Unida, manifiesto que vamos a votar
que no a la propuesta de resolución número 3, y que a nuestro grupo le
parecería bueno que el grupo proponente intentara reducir parte de su
propuesta de resolución número 1. Sin embargo, oída la defensa que ha
hecho de la misma, entendemos que la mantiene tal y como está presentada,
y por ello la votaremos en contra. Votaríamos a favor, señor presidente,
señorías, la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular, así
como las propuestas presentadas por el Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: De la interpretación de su posición entiendo que el
Grupo Federal de Izquierda Unida no aceptaría la enmienda transaccional
presentada por el Grupo Parlamentario Popular respecto a su propuesta de
resolución número 1.




El señor CENTELLA GOMEZ: Señor presidente, al haber llegado tarde, no he
tenido ocasión de escuchar la propuesta. En principio, me he limitado a
defender nuestra propuesta tal y como la habíamos presentado. En estos
momentos no conocemos la enmienda transaccional, pero antes de la
votación la podríamos ver para votar en consecuencia.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Centella. Mientras debatimos el
segundo punto del orden del día tienen tiempo suficiente a efectos de
llegar a un acuerdo en la enmienda transaccional «in voce» presentada por
el Grupo Parlamentario Popular.




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--INFORME DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO AUTONOMO PARQUE MOVIL
MINISTERIAL, EJERCICIO 1994 (Número de expediente Congreso 251/000048 y
número de expediente Senado 771/000046).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del segundo punto del orden del
día relativo a las propuestas de resolución presentadas respecto al
informe de fiscalización del organismo autónomo Parque Móvil Ministerial
durante el ejercicio 1994.

De acuerdo con el orden de entrada de las propuestas de resolución, vamos
a debatir inicialmente las propuestas de resolución presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular. A este efecto, tiene la palabra el señor
Iglesias.




El señor IGLESIAS GARCIA: Quisiera decir, en primer lugar, que la
propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular
tiene vocación de ser una propuesta de resolución de futuro. Desde el
Grupo Parlamentario Popular pensamos que el futuro del Parque Móvil
Ministerial pasa por definir de una manera inequívoca la actuación de los
gestores y de los empleados del mismo, ya que durante los años a los que
se refiere el informe sus comportamientos han distado mucho de lo que
sería razonable pensar en un organismo público de estas características.

Por tanto, esta propuesta va en la línea de englobar de una manera
definitiva cuáles pueden ser las actuaciones de futuro del Parque Móvil
Ministerial en los próximos años.

El Partido Popular desea que se garanticen los derechos de funcionarios y
empleados del Parque Móvil Ministerial, que se garanticen los derechos de
los suministradores de los contratos y que, en definitiva, se garanticen
los derechos de todas las personas que de una manera directa o indirecta
estén relacionadas con el Parque Móvil Ministerial en los próximos años.

Por ello, el Grupo Popular quisiera, a través de esta propuesta de
resolución número 1, transaccionar con el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), así como también con el Grupo Socialista, ya que
sus propuestas van en la misma línea de que el organismo público Parque
Móvil Ministerial sea en los próximos años un organismo que esté a la
altura de las circunstancias, a la altura de lo que la sociedad española
va a demandar en el futuro.

Quisiera referirme también a las propuestas presentadas por otros grupos
parlamentarios, exponiendo la posición del Grupo Parlamentario Popular
respecto a la propuesta de resolución número 2 presentada por
Convergència i Unió, relativa a los sistemas de control interno y a la
adopción de medidas de optimización de recursos. El Grupo Parlamentario
Popular quisiera transaccionar esta propuesta de resolución ya que
entendemos que es una propuesta muy interesante pero a todas luces escasa
en el sentido de que quizá convendría acotar y definir los parámetros de
control interno del Parque Móvil Ministerial en los próximos años. El
Grupo Parlamentario Popular quisiera transaccionar con el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para que se adoptasen medidas
concretas --leo textualmente, después entregaré a la Mesa la propuesta--
en los sistemas de control del Parque Móvil Ministerial orientadas a
corregir los vicios recogidos en el informe del Tribunal de Cuentas
relativos a los procesos contables en orden a la observancia de los
principios de contabilidad a los que se refiere el vigente Plan General
de Contabilidad Español. Además, se hace preciso señalar una especial
incidencia en el control del inventario de vehículos dada su relativa
importancia dentro de este organismo y por las significativas
desviaciones producidas en los años a los que se refiere el informe.

Habría que añadir también, a nuestro juicio, que los sistemas de control
se refuercen en lo que se refiere a la gestión de las nóminas, así como a
las situaciones irregulares de retribuciones en especie que se han
producido en años anteriores, que en ambos casos se oponen a las normas
de carácter interno del Parque Móvil Ministerial o al ordenamiento
jurídico vigente. Quisiéramos transaccionar también con el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, ya que su propuesta de resolución hace
referencia a este mismo tema.

Respecto a la propuesta de resolución número 2 presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, en la que se solicita al Tribunal de
Cuentas la elaboración y remisión de un informe específico sobre el
proceso de enajenación de 1.308 viviendas propiedad del Parque Móvil,
quisiera decir que el Grupo Parlamentario Popular entiende que si bien el
proceso de enajenación en todos y cada uno de los casos se hizo sin la
observancia de la ley, en la mayoría de ellos los adquirentes de las
mismas son personas que llevaban prestando servicios en este organismo
desde hacía muchísimos años y desde luego habían adquirido unos derechos
que, a nuestro juicio, eran suficientes para que se produjese esa
adquisición. Ahora bien, ha habido un grupo de personas, tal y como pone
de manifiesto el Tribunal de Cuentas, concretamente ocho, que como
consecuencia de la no observancia de la ley aprovecharon esa situación
para adquirir más de una vivienda, lo que no se corresponde desde luego
con el espíritu de la venta, en principio razonable, dirigida a los
empleados del Parque Móvil. Por tanto, proponemos una transaccional en la
que se dice que se restrinja la elaboración y remisión del informe a esos
ocho casos en los que, de una manera manifiesta, se incumplió el espíritu
de la venta y se aprovechó la inobservancia de la ley probablemente para
obtener un beneficio personal, que por supuesto está por dirimir.

En cuanto al segundo párrafo, en el que se dice que se manifieste el
Tribunal de Cuentas respecto a si ha habido un quebranto o no del erario
público y se hace referencia a la posible existencia de casos de lucro,
creemos que el Tribunal de Cuentas no es el organismo competente ni
siquiera el responsable de manifestarse a este respecto. Por tanto,
entendemos que este párrafo debe suprimirse y que, en todo caso, la
propuesta de resolución de Izquierda Unida no pierde con la transaccional
que le propone el Grupo Parlamentario Popular ninguno de los ingredientes
que sus responsables han querido darle.

Sin más, quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular hace
fundamentalmente propuestas de futuro, propuestas que van encaminadas a
que el organismo del Parque Móvil Ministerial sea en los próximos años un
organismo



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eficiente, un organismo con responsables a la altura de las
circunstancias y un organismo, en definitiva, que cumpla con los
principios para los que fue creado, hace ya muchísimos años.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida y para debatir sus propuestas de resolución, tiene la palabra el
diputado don José Luis Centella.




El señor CENTELLA GOMEZ: Quiero defender nuestras propuestas de
resolución y manifestar nuestra postura sobre la enmienda transaccional
que se nos ha planteado.

La primera propuesta de resolución la mantendríamos tal cual, planteando
que se solicite del Tribunal de Cuentas la elaboración y remisión de un
informe complementario que permita conocer la situación actual del parque
de vehículos y la eventual mejora introducida en la gestión de los
elementos de transporte.

Respecto a la segunda propuesta de resolución aceptaríamos la enmienda
transaccional que se nos propone por parte del Grupo Popular, y quedaría
entonces tal cual, ya que, como bien se ha dicho, nuestra intención es la
de solicitar del Tribunal la emisión de un informe específico sobre el
proceso que se ha seguido para enajenar las viviendas porque,
evidentemente sin prejuzgar ninguna decisión del Tribunal de Cuentas,
creemos que ha podido suponer un quebranto del erario público y nos
gustaría determinar en qué medida ha sido. También creemos que han
existido casos de lucro de particulares, como bien acaba de determinar el
Tribunal, mediante actuaciones al margen de la legalidad. Como digo,
podemos aceptar la enmienda transaccional que nos propone el Grupo
Popular, porque respeta perfectamente el espíritu de nuestra propuesta.




El señor PRESIDENTE: Para debatir las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra don Salvador Carrera i Comes.




El señor CARRERA I COMES: Nuestro grupo presenta dos propuestas de
resolución que defiendo con el propio texto de las mismas. La propuesta
de resolución número 1 dice que la Comisión Mixta para las relaciones con
el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a que defina las líneas
estratégicas que deben inspirar la prestación de los servicios
automovilísticos en la Administración general del Estado, delimitando el
modelo de gestión y los usuarios. La número 2, número 5 de las
presentadas en esta Cámara, señala que la Comisión Mixta para las
relaciones con el Tribunal de Cuentas recomienda que, con urgencia, se
refuercen los sistemas de control interno y la adopción de medidas de
optimización de recursos en el organismo autónomo Parque Móvil
Ministerial.

Respecto a las propuestas de resolución presentadas por los distintos
grupos parlamentarios he de indicar que el Grupo Parlamentario Popular ha
ofrecido una transaccional a este grupo parlamentario en relación con su
propuesta de resolución, pero quiero decir lo siguiente. En el momento de
la exposición por parte del portavoz yo estaba arreglando y meditando mis
propios argumentos y mi propia documentación, por lo que, señor
presidente, lamento decir que desearía que el propio portavoz del Grupo
Parlamentario Popular me definiera de nuevo la propuesta de resolución
presentada, por tanto, si la número 1 cambia o no el texto de la
presentada por ellos mismos, y, asimismo, si las manifestaciones hechas
respecto a nuestra propuesta número 2, sobre la que ha habido toda una
serie de argumentaciones, eran una introducción al mismo texto final o si
realmente su transaccional contiene la totalidad de las manifestaciones
expuestas en la defensa de la transaccional. Por tanto pediría, señor
presidente, que en su momento dé la palabra al portavoz del Grupo Popular
para que aclarase esta situación.

Respecto a las propuestas presentadas por Izquierda Unida, votaríamos que
sí a las números 2 y 3, entendiendo que su portavoz ha aceptado la
transaccional ofrecida por el Grupo Parlamentario Popular, y haríamos lo
mismo con las del Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Para debatir la propuesta de resolución presentada
por el Grupo Socialista, tiene la palabra el diputado don José Acosta.




El señor ACOSTA CUBERO: El Grupo Socialista presentó una propuesta de
resolución que recoge la recomendación del Tribunal de Cuentas respecto a
lo que debiera hacerse en el organismo autónomo Parque Móvil Ministerial.

Hemos creído que ésta era nuestra mejor posición de cara a definir la
resolución en torno al informe presentado --no la voy a leer, la han
leído ya otros portavoces-- y voy a defender nuestra posición respecto a
las demás propuestas de resolución.

El portavoz del Grupo Popular ha dicho que iba a transaccionar su
propuesta con la número 4, número 1 de Convergència i Unió, y con la
propuesta socialista. No hay transacción posible, es la misma. Se transa
lo que es diferente y ésta es prácticamente la misma. Por tanto, vamos a
votar a favor de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular.

En torno a las propuestas de Izquierda Unida, vamos a votar en contra de
la número 1. ¿Por qué? Hay una resolución del Parque Móvil, del día 28 de
abril de 1997, creando una comisión para depurar los censos, sea el
informático, sea el contable. Hay una comisión creada que figura en el
dictamen, y, si hay esa comisión creada en el propio organismo, no veo la
necesidad de que el Tribunal de Cuentas entre en estos momentos a
reiterar la situación de los coches o los cochecitos.

Sobre la propuesta número 3, quisiera escuchar la propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, una vez escrita, porque, si intuyo bien qué es lo
que dice, votaríamos a favor de la transaccional.

De todas maneras, señoras y señores diputados, la práctica que a veces se
lleva en esta Comisión de ir extrayendo trocito a trocito cualquier
informe de fiscalización, como



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si fuera una cesta de cerezas, no nos parece el procedimiento más
adecuado de trabajo. No obstante votaríamos la transaccional del Grupo
Parlamentario Popular.

En torno a las propuestas de Convergència i Unió, quiero señalar que la
propuesta número 4, que es la 1 suya, es la misma que presentamos el
Grupo Popular y nosotros, por lo que votaríamos a favor.

En cuanto a la propuesta número 5 todavía no tengo claro si hay
transaccional o no, en atención a lo que ha expresado el señor Iglesias,
respecto a qué sistemas de control hay que primar o no. Nosotros la
votaríamos tal como está, porque incluye todo sistema de control en la
función de mejora, cualquiera. Por tanto, reiterar en parte o poner el
énfasis en unas más que en otras no nos parece correcto ni necesario.

También podríamos decir que lo que abunda no daña y en este sentido esta
recomendación de incremento de los mecanismos de control y eficacia para
el Parque Móvil Ministerial, aun siendo obvia, si se presenta, la
votaríamos a favor.

Nada más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Para que todos los grupos puedan conocer cuáles son
los términos exactos de las transaccionales que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular, voy a dar la palabra al diputado don Javier
Iglesias, para que pueda aclarar a todos los grupos, e incluso pudiera
hacerlo llegar a la Mesa, el detalle exacto y por escrito de la enmienda
transaccional.

Tiene la palabra el señor Iglesias.




El señor IGLESIAS GARCIA: Respecto a la propuesta de resolución número 1
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, quedaría exactamente igual
--en estos momentos estoy respondiendo al diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)--, incluyendo que defina las
líneas estratégicas en las que se debe inspirar la prestación de
servicios automovilísticos del Estado, efectuando una remodelación
estructural del organismo adoptando las medidas de transparencia de los
servicios que crean oportunas para ofrecer un mejor servicio al usuario y
que permitan un mayor grado de eficacia y un control óptimo de la
actividad. El resto quedaría exactamente igual.




El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, creo que este párrafo está
perfectamente escrito en su propuesta de resolución.




El señor IGLESIAS GARCIA: Efectivamente. Entonces la dejamos tal cual.

Respecto a la segunda de Izquierda Unida que se ha suscitado en el
debate, quisiera decir que la transaccional que propone el Grupo
Parlamentario Popular iría exactamente en los mismos términos,
excluyéndose el párrafo segundo, el que hace referencia a que el Tribunal
de Cuentas se pronuncie respecto a si ha existido quebranto del erario
público. Entendemos que este párrafo está fuera de lugar, ya que el
Tribunal de Cuentas no es el organismo apropiado para valorar este tipo
de actuaciones, por lo que quedaría como sigue: solicitar del Tribunal de
Cuentas la elaboración y remisión de un informe específico sobre el
proceso de enajenación de las ocho viviendas a las que se refiere el
Tribunal de Cuentas, en las que un mismo empleado del Parque Móvil
Ministerial ha adquirido más de una vivienda. Entendemos, y lo justifico
de nuevo, que no procede que el resto, el grueso de los adquirentes de
las viviendas, se incluya en el informe que nos deba remitir el Tribunal
de Cuentas, ya que, si bien no se observó la ley a la hora del proceso de
enajenación, creemos que en la mayoría de los casos son los adquirentes
naturales y sólo sería bueno que se recogieran en este informe estos ocho
casos en los que se pone de manifiesto por parte del Tribunal de Cuentas
una especial actuación por parte del Parque Móvil Ministerial o por parte
de los adquirentes.

Respecto a las propuestas de control interno, el Grupo Parlamentario
Popular comentaba que sería bueno que en la transaccional se hiciera
especial referencia a dos puntos: a los procesos económico-contables,
prestando especial atención dentro de dichos procesos, dada su
importancia relativa dentro de este organismo, a los inventarios de los
vehículos del Parque Móvil Ministerial y, además, al control de las
nóminas. Simplemente se trata de poner el acento sobre los controles que,
a nuestro juicio, se deberían extremar en el Parque Móvil Ministerial de
cara a un mejor funcionamiento en los próximos años.




El señor PRESIDENTE: La Mesa precisaría el detalle exacto de esta
enmienda transaccional para que después el señor Centella, de Izquierda
Unida, diga si acepta o no las enmiendas transaccionales.

Para decir si acepta las enmiendas transaccionales presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Salvador Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Le había pedido al propio portavoz que me
aclarara su propuesta número 1, que, por lo que veo, queda exactamente
con el mismo texto. Por lo tanto, aquí no hay problema, pero como está
transaccionando la número 2, de nuestro Grupo, en cuanto hace referencia
a los sistemas de control, tengo la misma posición que usted, señor
presidente, y pienso que deberíamos conocer el texto exacto para poder
valorar si aceptamos o no la transaccional.




El señor PRESIDENTE: Si les parece bien a todas SS. SS., vamos a
suspender la sesión temporalmente durante cinco minutos, a fin y efecto
de que todos los grupos parlamentarios puedan hacer llegar a esta Mesa
las transacciones correspondientes para proceder inmediatamente a su
votación.

Se suspende la sesión durante cinco minutos. (Pausa.)
Señoras y señores diputados y senadores, vamos a reanudar la sesión y a
proceder a las votaciones de las diferentes propuestas de resolución
presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

Iniciaremos formalmente las votaciones de las propuestas de resolución
referidas a la fiscalización del



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Ayuntamiento de Majadahonda. A continuación, votamos la número 1,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votación de la propuesta de resolución número 2, presentada por Izquierda
Unida. Tiene una enmienda transaccional, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, que ha sido aceptada en todos sus términos por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

Si les parece bien, leo la misma para que no puedan existir confusiones.

Quedaría redactada de la siguiente forma: Que el Tribunal de Cuentas
remita a las Cortes Generales un informe que ponga de manifiesto si las
irregularidades detectadas en aquellos años han sido o no subsanadas en
la actualidad.

Votamos la propuesta de resolución con la enmienda transaccional del
Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la votación de la propuesta de resolución número 3, presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 19; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Seguidamente, votamos la propuesta de resolución número 4, presentada por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Procedemos a la votación de la propuesta de resolución número 5,
presentada por el Grupo Socialista, que tiene tres subapartados. Por lo
que he deducido de la exposición de los diferentes grupos parlamentarios,
podemos votarlos conjuntamente.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos a la votación de las propuestas de resolución presentadas por los
distintos grupos parlamentarios respecto a la fiscalización del Parque
Móvil Ministerial en el ejercicio de 1994. Votaremos inicialmente la
número 1, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Seguidamente, votamos las propuestas de resolución del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Votaremos por separado la
número 2.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

A continuación, pasamos a la votación de la tercera propuesta de
resolución, en la cual se ha incorporado una enmienda transaccional
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, aceptada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Dicha propuesta de resolución
ha quedado redactada de la siguiente forma: solicitar del Tribunal la
elaboración y remisión de un informe específico sobre el proceso de
enajenación de las ocho viviendas en las que, según el Tribunal, un mismo
empleado adquirió más de una vivienda.




El señor CENTELLA GOMEZ: ¿Ocho viviendas?



El señor IGLESIAS GARCIA: Se refiere a los ocho supuestos.




El señor PRESIDENTE: Efectuada esta rectificación, pasamos a la votación
de la propuesta de resolución número 3.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos a continuación a la votación de las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con
los números 4 y 5, porque parece que se pueden votar conjuntamente.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.

Pasamos a la votación de la propuesta de resolución número 6, presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Suspendemos la sesión por veinte minutos, a la espera de recibir al
presidente del Tribunal de Cuentas que está citado entre las doce y
cuarto y las doce y media, ya que inicialmente preveíamos que esta sesión
duraría más tiempo. Por tanto, pueden disponer de 20 ó 25 minutos de su
precioso tiempo.




Se suspende la sesión.




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Se reanuda la sesión.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE
ALBA) PARA INFORMAR SOBRE LA DECLARACION DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL
DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1995 (Número de expediente
Congreso 250/000005 y número de expediente Senado 770/000004).




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores senadores y diputados, vamos a
reanudar la sesión.

En primer lugar, damos la bienvenida al presidente del Tribunal de
Cuentas, don Ubaldo Nieto, y pasamos al punto número 3 del orden del día,
referente a la declaración definitiva de la cuenta general del Estado
correspondiente al año 1995.

Para dicha exposición tiene la palabra, en primer lugar, el presidente
del Tribunal de Cuentas, don Ubaldo Nieto.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer
lugar, quiero dar las gracias al presidente de la Comisión.

Voy a proceder a realizar una síntesis de la cuenta general del Estado.

El Tribunal de Cuentas, por delegación de las Cortes, ha realizado el
examen y comprobación de esta cuenta general del Estado del ejercicio
1995 y el 27 de noviembre de 1997, una vez oído el fiscal, ha dictado la
declaración definitiva que le merece dicha cuenta, documento que hoy se
presenta acompañado de la fundamentación y desarrollo del propio informe
del fiscal y de las alegaciones del Gobierno.

Me van a permitir que comience destacando que concurren dos hechos en
esta presentación. Uno de ellos permite iniciar el camino hacia la
consecución de una mayor aproximación del control a la gestión y a la
eficacia de la tarea del Tribunal. Por un lado, y como reiteradamente se
ha venido solicitando, la tramitación y estudio de la declaración
definitiva en esta Comisión se va a realizar por primera vez sin esperar
al informe anual de 1995, informe que ya les anticipo que aprobó el pleno
del Tribunal de Cuentas el día 26 de este mes. Por otro lado, esta
declaración se presenta después de que el Tribunal haya aprobado, el 26
de junio de 1996, la moción referida, entre otros extremos, al contenido
y ámbito de la cuenta general del Estado y de que esta Comisión adoptara,
el 30 de septiembre de 1997, la resolución en la que insta a la
presentación al Congreso de las modificaciones legislativas que recojan
las propuestas realizadas por el Tribunal en dicha moción.

Como SS. SS. conocen, el Tribunal ha propuesto en ella revisar la
regulación del proceso de rendición de cuentas superando esa dispersión y
heterogeneidad actuales; evitar que por falta de previsión legal la
actuación de la Intervención General del Estado en la revisión y
preparación de las cuentas que deba remitir al Tribunal pueda condicionar
temporalmente la función fiscalizadora de éste más allá del plazo legal
de dos meses establecido a tal efecto; y modificar la regulación de la
cuenta general para que se amplíe su contenido hasta asegurar esa
correlación material y formal con los Presupuestos Generales del Estado y
para que se integren las cuentas individuales que la configuran para que
pueda ofrecer una representación contable consolidada de la actividad
económico-financiera y de la situación patrimonial del sector público.

El Tribunal ha emitido opinión sobre la cuenta general del Estado de 1995
en los siguientes términos. Con las excepciones que se indican en la
declaración, la cuenta presenta la estructura y contenido establecidos en
las disposiciones que le son de aplicación y es coherente internamente y
con la documentación complementaria que le sirve de fundamento. Las
salvedades e infracciones de las normas presupuestarias y contables que
se expresan en la declaración limitan el reflejo en la cuenta de la
actividad económico-financiera llevada a cabo en el ejercicio por el
Estado y los organismos autónomos, así como su situación patrimonial.

Tras este pronunciamiento, las salvedades e infracciones se recogen en
cuatro grandes apartados de la declaración. El primero se refiere a los
aspectos generales de la cuenta general del Estado; el segundo, a la
cuenta de la Administración general del Estado; el tercero, a la cuenta
de los organismos autónomos de carácter administrativo y, el cuarto, a la
de los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero
y otros.

Empezando por el primero, en relación con los aspectos generales de la
cuenta, hay que destacar que fue rendida al Tribunal con una demora
aproximada de un mes sobre el plazo legalmente establecido y que no está
completa, ya que la Intervención General de la Administración del Estado,
haciendo uso de la facultad que le confiere la normativa vigente, no ha
incluido en los estados anuales agregados, que, por tanto, no se
consideran parte de la cuenta rendida, las cuentas de once organismos
autónomos, cuatro de carácter administrativo y siete de carácter
comercial, cuyos créditos iniciales suponen respecto al total del
subsector correspondiente el 2,9 por ciento y el 5,5 por ciento
respectivamente y representan el 11 por ciento y el 18 por ciento
respectivamente, es decir, 4 sobre 35 y 7 sobre 39.

Con posterioridad a la rendición de la cuenta general, se han recibido
las cuentas de todos los organismos, salvo las del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, comprobadas de conformidad con la
Intervención General, que están siendo examinadas por el Tribunal, pero
ya fuera del ámbito de esta declaración definitiva.

En cuanto a la consistencia interna de la información contenida en las
distintas partes de la cuenta, el Tribunal indica que la información de
los balances de la cuenta de resultados económico-patrimonial y de los
cuadros de financiación comprendidos en ella es, en general, homogénea y
está adaptada al nuevo Plan de contabilidad pública aprobado por Orden
ministerial del 6 de mayo de 1994. Aunque en menor medida que en
ejercicios anteriores, falta la debida concordancia entre los datos
aportados en la cuenta por las entidades pagadoras y perceptoras
relativas a las operaciones de transferencias internas, si bien la IGAE
ha acompañado dos estados conciliatorios.




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Las modificaciones de los créditos iniciales han ascendido a 1,69
billones de pesetas, en términos netos, cifra superior a la del ejercicio
anterior, que fue de 1,4 billones, y muy por debajo de la de 1993, que
alcanzó los 4,5 billones. En el ejercicio 1995 se han rendido por primera
vez los estados de ejecución presupuestaria de los organismos autónomos
con el máximo nivel de desagregación en los programas y subconceptos, de
forma que se ha podido comprobar que el registro de las modificaciones de
crédito se ha hecho en la partida adecuada, según los correspondientes
expedientes de modificación, y que se han cumplido los límites
presupuestarios de gasto, comprobaciones que no se podían hacer en
ejercicios anteriores, al rendirse a nivel de programa y artículo lo que
había sido ya propuesto reiteradamente por el Tribunal.

Pasando ya a la cuenta de la Administración general del Estado, hay que
destacar que el resultado presupuestario de 1995, obtenido como
diferencia entre derechos y obligaciones reconocidos por operaciones
corrientes de capital y por operaciones de activos financieros, presenta
un signo negativo o un déficit por un importe de 3,33 billones de
pesetas: 1,2 billones por operaciones corrientes; 1,5 por operaciones de
capital y 0,6 billones por operaciones de activos financieros, y que el
saldo presupuestario del ejercicio, que resulta de la suma algebraica del
resultado presupuestario y de la variación neta de pasivos financieros,
fue de 3,31 billones de pesetas. Este saldo presupuestario, teniendo en
cuenta la variación neta de pasivos financieros, es negativo, aunque
ahora, al tener en cuenta el incremento de los pasivos financieros, el
saldo presupuestario queda reducido a 23.316 millones de pesetas.

Así pues, el resultado presupuestario negativo de 3,33 billones de
pesetas ha conducido a un incremento neto de pasivos financieros para
financiarlo, es decir, a un endeudamiento neto del Estado de 3,31
billones de pesetas; diferencia entre 5 y 2 billones por deuda a corto
plazo, préstamos, beneficios de acuñación de moneda, y 1,9 billones de
pesetas para atender a vencimientos de deuda. Este endeudamiento neto de
3,31 billones de pesetas hace que el saldo presupuestario quede reducido
a 23.316 millones.

Estos son los resultados y el saldo presupuestario según cuentas
rendidas, ahora vienen los ajustes que hace el Tribunal. Debe indicarse
que determinadas obligaciones originadas en el ejercicio, que ascienden a
618.133 millones de pesetas, no han sido aplicadas al presupuesto de
gastos. De éstas, 617.459 millones corresponden a operaciones
financieras. Por el contrario, 151.581 millones se han imputado a
obligaciones generadas en ejercicios anteriores. Teniendo en cuenta las
obligaciones no aplicadas al presupuesto de acuerdo con el cálculo
realizado por el Tribunal, se deduce que se ha sobrepasado el límite del
conjunto de obligaciones a reconocer por operaciones no financieras con
cargo al presupuesto del Estado --límite fijado por el artículo 11 de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año-- en un importe
que podría situarse en torno a los 350.000 millones de pesetas. Por otra
parte, no se han aplicado al presupuesto de ingresos derechos por 120.085
millones de pesetas, mientras que sí se han aplicado 11.532 millones, que
se habían originado en años anteriores.

El efecto neto de este conjunto de deficiencias --considerando
exclusivamente las operaciones de gastos e ingresos que hubieran de ser
imputados al presupuesto de 1995 por corresponder a este ejercicio el
resultado presupuestario negativo de 3,33 billones de pesetas, según
cuentas--, ahora, por estos ajustes, se vería incrementado en 352.507
millones de pesetas, y el saldo presupuestario negativo, de 23.316
millones, se vería incrementado en 358.001 millones, por lo que el
resultado y el saldo presupuestario así ajustados serían negativos por
3,61 billones y 381.317 millones respectivamente.

Esto es lo que se llama el ajuste en sentido amplio. Según el ajuste sólo
del ejercicio, pero con un criterio más estricto si se consideran tanto
las operaciones de ejercicios anteriores imputadas a 1995 al no haberlo
sido en los años en que procedía, como las pendientes de imputar al
propio ejercicio, el déficit presupuestario que debería figurar en
cuentas sería de 504.088 millones superior al realmente presentado y el
saldo presupuestario sería negativo, por un importe de 498.050 millones
también superior al presentado. Rectificados de esta forma el resultado y
el saldo presupuestario, con este sentido más estricto, serían negativos
por importe de 3,83 billones y 521.366 millones respectivamente.

En la fundamentación y en la declaración también se pone de manifiesto la
carga neta que queda pendiente de regularizar en este presupuesto.

Permanecían sin aplicar al presupuesto obligaciones originadas en 1995 y
ejercicios anteriores por un importe de 1,3 billones de pesetas, que,
junto con los derechos originados en 1995 pendientes de aplicar al
presupuesto --120.085 millones de pesetas--, suponen, según las
estimaciones del Tribunal, una carga neta presupuestaria pendiente de
regularizar a dicha fecha de 1,019 billones. Esto viene muy detallado en
el anexo 2.3.1 que acompaña a la fundamentación. De los 1,09 billones de
pesetas, 203.872 millones netos corresponden a gastos ya pagados mediante
anticipos de fondos o a ingresos efectuados en el Tesoro y están
registrados en la cuenta de la Administración general del Estado; 539.128
millones no están pagados pero sí registrados en dicha cuenta y 276.128
millones no están pagados ni contabilizados. Estos son los resultados
presupuestarios, tanto los que vienen de las cuentas como los ajustes que
ha hecho el Tribunal. A continuación pasamos al balance y a los
resultados económicos.

En el balance del Estado del ejercicio 1995, que se estructura de acuerdo
con el nuevo Plan general de contabilidad, en el que ya se han
introducido nuevos criterios contables, al margen de la repercusión que
en el mismo tienen algunos de los defectos anteriormente señalados,
destacan las siguientes anomalías contables: el inmovilizado material
pendiente de clasificar mantenía, después de varios años de existencia,
un saldo de 1,25 billones de pesetas, habiendo experimentado incluso un
aumento durante el ejercicio de 45.822 millones de pesetas. En relación
al inmovilizado material e inmuebles se observa una ausencia total de
amortizaciones. El saldo de la cuenta representativa de préstamos a largo
plazo, cuyo importe a fin de ejercicio era de 3,2 billones de pesetas,
incluye las siguientes



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partidas: 510.027 millones de pesetas son préstamos concedidos al
Consorcio de Compensación de Seguros en el período 1984/1985 para la
financiación de la gestión por cuenta del Estado del Seguro de Crédito a
la Exportación, realizado por Cesce, que son en realidad auténticas
pérdidas, aunque figuran como préstamos; 677.500 millones de pesetas son
dos préstamos a Rumasa vinculados a la cobertura de su déficit financiero
y 1,3 billones de pesetas concedidos a la Seguridad Social en el período
1992/1995, que se consideran todos ellos de difícil reembolso, no
habiéndose dotado sin embargo las oportunas provisiones. Dentro de los
préstamos al Instituto de Crédito Oficial, cuyo saldo a fin de ejercicio
asciende a 1,2 billones, se incluyen 518.957 millones relativos a la
dotación al Fondo de Ayuda Oficial al Desarrollo y 19.479 millones
correspondientes a préstamos Gobierno a Gobierno, inclusión que considera
el Tribunal de Cuentas que es incorrecta atendiendo a la auténtica y
variada naturaleza de las operaciones en donde el ICO es un mero gestor
del Tesoro público.

En relación con la tesorería, el saldo deudor de 1,63 billones de pesetas
debería disminuirse en 41.733 millones, importe agregado neto de
determinadas cuentas del Tesoro en el Banco de España que no están
incluidas en la cuenta, como tampoco lo están las de diversas
agregadurías militares por 8.343 millones de pesetas.

En la rúbrica de otras deudas (si antes hemos mencionado activos que
podemos calificar de sobrevalorados, ahora pasamos a los pasivos que
podemos calificar de infravalorados) no se incluyen las derivadas del
contrato-programa del Estado-Renfe, ni las de los convenios por los que
el Estado se comprometió a aportaciones por deudas al grupo Holsa
(Barcelona Holding Olímpico, S. A.) y por Infehsa (Infraestructuras de
Equipos Hispalenses, S. A.) por 965.933, 126.839 y 8.500 millones,
respectivamente, ni los 2.956 millones correspondientes a las pérdidas
pendientes de amortizar por la participación de CASA (Construcciones
Aeronáuticas, S. A.) en el programa Airbus. En materia de información,
prevista en el artículo 61 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, la información de compromisos de gastos adquiridos con
cargo a ejercicios posteriores no incluye los derivados de los citados
contratos-programas, los mencionados de Holsa e Infehsa, los derivados
del aplazamiento en el pago de adquisiciones de acciones aportadas a CSI,
Corporación Siderúrgica, S. A., ni los derivados de la carga financiera
de la deuda del Estado. Finalmente, en el análisis de los saldos
acreedores de obligaciones reconocidas se pone de manifiesto un evidente
retraso en la gestión de pagos que, de haberse hecho efectivos, hubieran
disminuido de forma significativa el superávit de caja del presupuesto,
que figura en la cuenta rendida por un importe de 527.778 millones.

Pasando ahora a lo que se consideran resultados económico-patrimoniales
presentados en cuentas, son negativos y ascienden a 4,14 billones de
pesetas. Pero teniendo en cuenta que habría que reducir 26.120 millones
como consecuencia de ajustes derivados de operaciones indebidamente
contabilizadas o no registradas, daría un resultado negativo
económico-patrimonial ajustado de 4,12 billones de pesetas, al margen de
la falta de amortizaciones y provisiones ya mencionadas.

Estos resultados no son comparables con los obtenidos en el ejercicio de
1994, debido al cambio de criterio contable que ha tenido lugar en 1995
por la aplicación de un nuevo Plan general de contabilidad pública que ha
afectado fundamentalmente a la dotación, por primera vez, de las
provisiones por depreciación de inversiones financieras, para
insolvencias y para la devolución de impuestos; a la consideración de la
asunción de deudas como gastos económicos del ejercicio que las asume; a
la consideración de subvenciones de capital como ingresos económicos del
ejercicio en que se reciben y a la imputación al resultado del importe
total de los recargos de apremio devengados antes de finalizado el
ejercicio.

Para concluir la parte relativa a la Administración general del Estado,
hay que indicar que las partidas de gastos e ingresos pendientes de
aplicar o incorrectamente aplicadas en 1995 habrán de regularizarse --en
cuanto no lo hayan sido todavía-- en ejercicios posteriores a dicho año.

Ello supondrá un cargo neto en las cuentas de resultados de dicha
Administración de 261.981 millones de pesetas, al margen de la
repercusión que puedan tener en ellas las regularizaciones de los
préstamos de dudosa realización y de los compromisos de gastos adquiridos
con cargo a ejercicios posteriores.

Pasamos, a continuación, a la tercera parte, relacionada con los
organismos autónomos de carácter administrativo. El Tribunal señala que
las cuentas rendidas son aritméticamente correctas e internamente
consistentes, ajustándose en lo sustancial a lo dispuesto en su
instrucción de contabilidad.

En cuanto a los resultados --distinguiendo siempre resultados en cuentas
y resultados ajustados, así como resultados presupuestarios y resultados
económicos-- y al saldo presupuestario del ejercicio, presentan un
superávit de 144.383 millones de pesetas: 136.000 millones por
operaciones corrientes; 8.189 por operaciones de capital y 304 de déficit
por operaciones de activos financieros. Sin embargo, no se han aplicado
al presupuesto de gastos obligaciones generadas en el ejercicio por
153.126 millones, fundamentalmente correspondientes al INEM por
deficiencias en la periodificación de las prestaciones por desempleo. Por
el contrario, se han imputado obligaciones generadas en ejercicios
anteriores por 283.805 millones, que corresponden en su totalidad al
INEM. Por otra parte, se han aplicado al presupuesto de ingresos derechos
del ejercicio por 43.570 millones de pesetas, la mayor parte de los
cuales corresponden a liquidaciones en vía ejecutiva de las cuotas del
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y del INEM, que tienen un bajo índice
de cobro.

Ahora vienen aquí los ajustes del resultado y del saldo presupuestario
que hace el Tribunal. Como efecto neto de las deficiencias, y si se
consideran exclusivamente las operaciones de gastos e ingresos que
debieron imputarse al presupuesto de 1995, tanto el resultado como el
saldo presupuestario se verían incrementados en 110.294 millones,
alcanzando un superávit de 254.677 millones de pesetas. Sin embargo,
considerando como resultado del ejercicio



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tanto las operaciones de ejercicios anteriores imputadas a él --al no
haberlo sido en los años anteriores que procedía-- como las pendientes de
imputar del propio ejercicio --lo que llamamos un ajuste más estricto--,
el resultado y el saldo presupuestario que debería figurar en la cuenta
sería inferior a 109.556 millones de pesetas al realmente presentado y,
en consecuencia, tanto el resultado como el saldo presupuestario serían
positivos por un importe de 34.827 millones.

En relación con el balance agregado de estos organismos, al margen de los
defectos derivados de las anomalías contables citadas, presenta otras,
entre las que destacan el clasificar presupuestariamente como
inversiones, determinados créditos que cubren, en realidad, gastos
corrientes y la falta de dotaciones y amortizaciones del inmovilizado
material e inmaterial en estos organismos. El remanente de tesorería de
dichos organismos, que ha ascendido según cuentas rendidas a 406.508
millones, debe ajustarse debido a las deficiencias contables detectadas y
a la falta de provisión por el bajo índice de cobro de las liquidaciones
en vía ejecutiva del INEM y Fogasa, reduciéndose en 145.614 millones, con
lo que debería tener un saldo de 260.894 millones.

Pasando a lo que se conoce como resultados económico-patrimoniales del
ejercicio, presentan un saldo agregado acreedor de 126.813 millones de
pesetas, importe que, como se indica al analizar el resultado del Estado,
no es comparable con el de ejercicios anteriores. Sin embargo, si se
hubieran efectuado las anotaciones contables de acuerdo con las normas de
contabilidad vigentes habría que haber ajustado dicho resultado en
137.564 millones, obteniéndose en la cuenta agregada un saldo negativo
--desahorro-- de 10.751 millones.

Pasando a la última parte en relación con la cuenta de los organismos
comerciales, industriales, financieros o análogos, se recoge también en
la declaración que estas cuentas rendidas son, en general,
aritméticamente correctas e internamente consistentes, ajustándose en lo
sustancial a lo dispuesto en la instrucción de contabilidad de los
organismos autónomos. Se destaca, sin embargo, la falta de aplicación de
criterios uniformes en la distribución de las operaciones comerciales y
presupuestarias, en parte por la insuficiencia normativa en la materia,
generándose tratamientos contables diferentes de un mismo tipo de
operaciones y posibilitando la incorrecta elusión de las limitaciones
propias de los créditos presupuestarios, al tratar como operaciones
comerciales gastos corrientes e inversiones de naturaleza presupuestaria
que ascienden, al menos, a 6.457 millones de pesetas, de los cuales 6.336
corresponden al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Así pues, el resultado presupuestario agregado para estos organismos
presenta un superávit de 16.273 millones de pesetas: 365.615 millones de
déficit por operaciones corrientes; 13.409 millones, también de déficit,
por operaciones de capital; 231 millones de superávit por operaciones con
activos financieros y, sin embargo, 395.066 millones de superávit por
operaciones comerciales. La disminución neta de los pasivos financieros
asciende a 199 millones de pesetas, por lo que el importe del saldo
presupuestario resultante fue de 16.074 millones. Hay que tener en
cuenta, sin embargo, que no se han aplicado al presupuesto de Correos y
Telégrafos obligaciones y derechos originados en el ejercicio, cuyo
importe neto asciende a 917 millones de pesetas y que, por el contrario,
se han imputado obligaciones generadas en años anteriores por un importe
global de 16.816 millones de pesetas, de los cuales 14.050 millones
corresponden al mismo organismo y 2.749 millones a la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios, Enesa. Como efecto neto y si se consideran
exclusivamente las operaciones de gastos e ingresos que debieron haber
sido imputadas al presupuesto de 1995 por corresponder a este ejercicio
tanto el resultado como el saldo presupuestario, se verían incrementados
en 15.899 millones y se situarían en 32.172 y 31.973 millones de pesetas,
respectivamente.

Sin embargo, considerando --y es un ajuste más estricto-- como resultado
del año 1995 tanto las operaciones de ejercicios anteriores imputadas a
él --al no haberlo sido en los años que procedía-- como las pendientes de
imputar del propio ejercicio, el resultado y el saldo presupuestario que
deberían figurar en las cuentas tendrían que ser reducidos en 917
millones de pesetas a los realmente presentados.

En el balance de situación de estos organismos se han puesto de
manifiesto diversas irregularidades y deficiencias contables, en el
examen realizado por el Tribunal, como el hecho de que todas la
confederaciones hidrográficas, excepto dos, no realizan la anotación
contable por la entrega al uso general de las inversiones terminadas; que
algunos organismos no dotan amortizaciones, tanto del inmovilizado
material como del inmaterial, o que las confederaciones hidrográficas,
excepto la del Júcar, no dotan provisiones para insolvencia, a pesar de
tener saldos elevados de deudores con un bajo índice de cobro. Asimismo,
el saldo neto de las inmovilizaciones inmateriales incluye 2.349 millones
de Turespaña que deben considerarse en su mayor parte activos ficticios,
y el Onlae ha cargado incorrectamente a la cuenta de resultados positivos
del ejercicio anterior 2.856 millones correspondientes a transferencias
corrientes del Estado.

El fondo de maniobra existente al inicio del ejercicio no ha sido
debidamente tratado ya que, en general, presenta cuantías que no se
utilizan como fuente de financiación. La inadecuada presupuestación y
utilización del fondo de maniobra origina situaciones de exceso o defecto
de capital circulante y dificulta la instrumentación de una política
coherente de transferencias entre el Estado y los organismos y, en
definitiva, perjudica la debida aplicación del principio de unidad de
caja. Así pues, los resultados económico-patrimoniales del ejercicio del
subsector de estos organismos comerciales, financieros, etcétera,
presenta un saldo agregado, acreedor, de 37.617 millones de pesetas, que
no es comparable con el de ejercicios anteriores, por las mismas razones
que hemos indicado para el caso del Estado. Sin embargo, como
consecuencia de las operaciones mal contabilizadas, indebidamente
periodificadas o sin contabilizar, y al margen de la falta de las
oportunas amortizaciones y provisiones a las que hemos hecho referencia,
los



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resultados económico-patrimoniales del ejercicio que figuran en las
cuentas se encuentran incorrectamente incrementadas en 25.463 millones de
pesetas, por lo que una vez ajustados pasarían a tener también un
resultado positivo por importe de 12.154 millones de pesetas.

El Tribunal finaliza la declaración proponiendo a las Cortes Generales,
en virtud del contenido de la misma, que requiera al Gobierno para que
adopte las medidas necesarias para que la cuenta general del Estado y de
las entidades que lo conforman se ajusten plenamente a la legislación
aplicable y a los principios que deben informar su elaboración y
rendición.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Corresponde a los diferentes grupos parlamentarios fijar posiciones,
formular preguntas o hacer observaciones respecto a la exposición
realizada por el presidente del Tribunal de Cuentas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado don
Sergio Moreno Monrove.




El señor MORENO MONROVE: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, en
primer lugar mi grupo quiere agradecer su presencia en esta Comisión para
informarnos del contenido de la declaración definitiva sobre la cuenta
general del Estado correspondiente al ejercicio 1995, que fue aprobada
por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 27 de noviembre de 1997. (El
señor vicepresidente, García Millán, ocupa la Presidencia.)
Quiero resaltar la fecha anterior para manifestar la satisfacción de mi
grupo parlamentario por el éxito obtenido en el proceso de aceleración
del trabajo del Tribunal de Cuentas, y por tanto del Gobierno, respecto a
la cuenta general del Estado, que esperamos culmine con que durante el
año 1998 podamos analizar en las Cortes la correspondiente a 1996 que
creo --estoy seguro-- es el objetivo que todos deseamos alcanzar y que
usted, señor presidente, lo ha puesto de manifiesto como un elemento de
enorme importancia de acercar el control de la gestión a las fechas en
que se están produciendo los acontecimientos.

El Tribunal de Cuentas nos recuerda, en el documento de fundamentación y
desarrollo de la declaración definitiva, que la cuenta general del Estado
se forma con la cuenta de la Administración general del Estado, la de los
organismos autónomos y la de los organismos de carácter financiero,
industrial y comercial, lo que representa un ámbito considerablemente más
reducido que el de los Presupuestos Generales del Estado, en los que se
incluye el presupuesto de la Seguridad Social, las sociedades estatales y
el resto de entes del sector público estatal.

Esta Comisión Mixta aprobó por unanimidad una moción del Tribunal de
Cuentas --la ha recordado también el señor presidente-- el día 30 de
septiembre de 1997, sobre diversos aspectos relativos a la rendición de
cuentas en el sector público estatal y el contenido y ámbito de la cuenta
general del Estado para ampliar su ámbito y asegurar su correlación con
los Presupuestos Generales del Estado, que no ha tenido eco en la acción
del Gobierno hasta este momento. Mi grupo, consecuentemente con su voto
en esta Comisión, tomará las iniciativas necesarias para hacer efectivo
el contenido de esta moción aprobada por la Comisión Mixta.

De la lectura de la declaración definitiva del informe del fiscal y las
alegaciones presentadas por el Gobierno y de la presentación que hoy ha
hecho usted, señor presidente, ante esta Comisión Mixta, mi grupo
considera, como primera valoración global, que las cuentas rendidas que
componen la declaración definitiva representan un avance positivo, tanto
en las cuestiones de fondo como en las formales, y que este avance
positivo es progresivo, se suma al de los años anteriores. Así se
desprende de los primeros apartados que, referidos a los aspectos
generales, componen el marco de la declaración definitiva de 1995.

La siguiente valoración, consecuente con la primera, es que existen
todavía salvedades y opiniones del Tribunal de Cuentas, en forma de
ajustes, que se expresan detalladamente en distintos apartados de la
declaración definitiva y que representan globalmente aquellos elementos
que deben seguir mejorando en el futuro, a pesar de la complejidad de las
cuentas rendidas, hasta que dichas salvedades, por mínimas, no supongan
ninguna limitación, o una limitación absolutamente pequeña, del reflejo
en la cuenta general del Estado de la actividad económico-financiera del
Estado y sus organismos autónomos.

En relación con los aspectos generales de la cuenta general del Estado,
dice el Tribunal de Cuentas que se ha ajustado básicamente a la legalidad
en cuanto al plazo de presentación (nos parece que es muy poco importante
el retraso de un mes que expresa el informe). Dice también el Tribunal
que es menos completa que la del año 1994, pero los once organismos
autónomos no incluidos en los estados anuales agregados representan un
porcentaje mínimo respecto de los créditos iniciales. Además, de estos
once organismos autónomos diez presentaron sus cuentas posteriormente,
aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado.

La concordancia entre los datos aportados por las entidades pagadoras y
perceptoras, relativos a operaciones de transferencias internas, es
prácticamente total por primera vez y sólo existe una diferencia de 65
millones de pesetas en un montante global de 1 billón 400.000 millones,
lo que representa un porcentaje insignificante. Además, por primera vez,
y siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, se explican las
discrepancias entre organismos autónomos, lo que permite una conciliación
exhaustiva.

Las modificaciones de crédito han ascendido, como nos recordaba el
presidente, a un billón 692.000 millones de pesetas que, en términos
relativos, se sitúa al mismo nivel que el año 1994, pero que es
sensiblemente inferior a los anteriores. Además, por primera vez, como
dice el informe, los estados de ejecución de los organismos autónomos se
han rendido con el máximo nivel de desagregación, lo cual ha permitido
comprobar que se han cumplido los límites presupuestarios del gasto. Un
avance formal muy importante este que expresa el Tribunal de Cuentas. En
este apartado, también es conveniente señalar que la cuenta general del
Estado de 1995 presenta globalmente la



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estructura y contenido establecidos en las disposiciones que le son de
aplicación.

Asimismo, y globalmente, en los apartados correspondientes a organismos
autónomos, de carácter administrativo y los de carácter financiero,
comercial, industrial o análogos, el Tribunal de Cuentas señala a modo de
expresión general que las cuentas rendidas por estos organismos son
aritméticamente correctas e internamente consistentes, ajustándose en lo
sustancial a lo dispuesto en la instrucción de contabilidad de los
organismos autónomos. Señala, asimismo, que los defectos formales
encontrados no se consideran individualmente relevantes, sino positivo el
resultado presupuestario de ambos grupos de organismos autónomos,
teniendo en cuenta, incluso, los ajustes realizados por el Tribunal de
Cuentas por imputaciones de operaciones de ejercicios diferentes del
analizado.

En cuanto a la liquidación de los presupuestos, señor presidente del
Tribunal de Cuentas, este apartado de la declaración definitiva siempre
ha contado con el máximo interés de esta Comisión Mixta, por cuanto que
en relación al mismo hemos discutido sobre criterios contables, devenga o
caja, criterios de imputación, disciplina presupuestaria y la incidencia
de estos factores ligados a la liquidación del presupuesto en el déficit
público. Los puntos 6 al 9 que ha descrito sintéticamente de la
declaración definitiva son descriptivos de los ajustes que el Tribunal de
Cuentas señala como gastos o ingresos indebidamente imputados al
ejercicio 1995, por pertenecer a otros ejercicios, o gastos e ingresos
que, originados en el ejercicio, no se han imputado a él.

Los volúmenes son similares a los registrados en el ejercicio anterior,
un poco superiores, con una carga neta presupuestaria pendiente de
regularización de un billón de pesetas, según criterio del Tribunal de
Cuentas en sus ajustes. Sin embargo, por vez primera, y a pesar de lo
mantenido por el Grupo Parlamentario Popular en otros debates
parlamentarios, dice el propio Tribunal de Cuentas que la carga neta
presupuestaria pendiente de regularización no debe confundirse con
magnitudes de contabilidad nacional, particularmente con el déficit, cuya
determinación responde a criterios distintos de los aquí aplicados y
sobre los que este Tribunal no se pronuncia, al ser ajenas al ámbito
objetivo de su función fiscalizadora.

Quiero también dejar constancia de que dichos desfases temporales en
algún caso responden a diferencia de criterio en cuanto a la imputación y
en otros a la propia naturaleza del gasto. Es el caso, que se repite, de
las relaciones financieras con la Unión Europea, por ejemplo, que llega a
alcanzar, en cuanto a esta carga neta presupuestaria, el importe neto de
120.000 millones de pesetas. Dichas obligaciones no reconocidas en la
liquidación presupuestaria de 1995 están recogidas en toda la
documentación aportada y además, como indica el Tribunal de Cuentas,
están contabilizadas en la cuenta general del Estado y concretamente el
conjunto de todos los anticipos de fondos netos, por valor de 203.000
millones de pesetas, y aquellos gastos no pagados, pero contabilizados,
que suponen la parte más sustancial, por valor neto también de 539.000
millones de pesetas. Y restan 276.000 millones de pesetas que no estaban
pagados ni contabilizados y que forman parte de la carga neta
presupuestaria que ajusta el propio Tribunal y que el Gobierno no incluyó
en el Decreto-ley de 26 de julio, de regularización, lo que resulta
cuando menos sorprendente después de la calificación que dio el propio
Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular a esta regularización: o era
todo un agujero o no era nada. Lo que ha quedado puesto de manifiesto,
según mi grupo, y teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas
en la declaración definitiva de 1995, es que, primero, no hay agujero y
sí problemas de imputación; segundo, no debe confundirse la carga neta
presupuestaria con déficit público, como se pretendió; y tercero, el
propio informe la Intervención General de la Administración del Estado
dice que los conceptos están justificados.

Para finalizar este apartado de la liquidación presupuestaria, quiero
señalar las letras a) y b) de la introducción general de las alegaciones
que formula el Gobierno a la cuenta general del Estado. La letra a) dice
que el anteproyecto contiene múltiples observaciones sobre operaciones
realizadas en 1995. En este caso, al haberse considerado que las
referidas observaciones no son críticas o negativas, sino descriptivas de
la realidad contable del ejercicio, no hay respuesta a las presentes
alegaciones. La letra b) dice que caso particular de lo anterior son las
referencias a operaciones realizadas en 1995 como consecuencia de la
omisión de las mismas en ejercicios anteriores. En este caso tampoco hay
respuesta ni, por tanto, alegaciones por el mismo motivo. Se ha
considerado que el anteproyecto alegado no contiene una crítica, sino más
bien lo contrario, al haber corregido la cuenta general de 1995,
deficiencias u omisiones de ejercicios anteriores.

En cuanto al balance de 1995 de esta cuenta, de la cuenta de la
Administración general del Estado, presenta la nueva estructura
establecida en el Plan general de contabilidad pública, que incluye
novedades significativas, cuya aplicación ha supuesto globalmente una
mejora importante en relación con la representatividad del balance y de
la cuenta del resultado económico-patrimonial. Sin embargo, el Tribunal
de Cuentas formula algunas observaciones al balance, no siempre nuevas,
porque se han repetido en ejercicios anteriores, que indican la necesidad
de seguir por el camino de corregir y avanzar en los aspectos señalados
por el Tribunal de Cuentas, especialmente en lo que se refiere a la
partida de inmovilizado material pendiente de clasificación, a las
amortizaciones de ambos tipos de inmovilizados, material e inmaterial, a
las dotaciones de previsión para préstamos de difícil reembolso y al
retraso en la gestión de pagos, como conceptos que contienen, creemos que
de manera estricta y global, los elementos que en el balance representan
las opiniones y las salvedades del propio Tribunal de Cuentas.

Respecto al resultado económico-patrimonial, queremos resaltar que, al
margen de la descripción de las cifras que aparecen reflejadas en la
cuenta de resultados con un saldo de desahorro negativo de 4 billones
200.000 millones de pesetas, dicho resultado, como bien ha dicho también
el presidente, no es comparable con el de ejercicios anteriores por haber
incorporado el ejercicio 1995 nuevos



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criterios contables que han supuesto modificaciones de mucha importancia
en dicha cuenta, tanto en un sentido como en otro. A modo de ejemplo
quiero citar las provisiones por depreciación de inversiones financieras
para insolvencias y para devolución de impuestos que se han dotado en
este ejercicio por primera vez con un importe global de 952.000 millones
de pesetas.

Quiero terminar esta breve intervención global, en la que, lógicamente,
no he querido descender a cada uno de los detalles que componen la cuenta
de la Administración del Estado y que se contienen en la declaración
definitiva, diciendo que nuestro grupo, en el momento oportuno, votará
favorablemente, esto es, que esta cuenta contará con nuestra aprobación.

Hacemos una valoración final de que en esta cuenta se producen, como en
la del año 1994, avances significativos en aspectos formales y en
aspectos de fondo, que suponen ir mejorando progresivamente todos los
elementos que conducen a que, finalmente, la cuenta general del Estado
refleje de manera clara la actividad económico-patrimonial del Estado.

Agradezco al Tribunal de Cuentas, de nuevo, que esté haciendo un
magnífico trabajo, no sólo en cuanto a la sistematización de su análisis
de la cuenta general del Estado, sino también, y muy fundamentalmente,
respecto de su intento claro y positivo de acercar la realidad del
momento en que se están produciendo los acontecimientos al momento del
control y de la gestión públicas, y anuncio que mi grupo, en línea con lo
apuntado por el propio Tribunal de Cuentas, presentará una propuesta de
resolución en la próxima sesión de la Comisión con el contenido básico
que el Tribunal de Cuentas recoge en el último párrafo de su declaración
definitiva, con lo cual mi grupo se apuntará al deseo y a la necesidad de
que, progresivamente y de la manera más rápida posible, se vayan
solucionando el mayor número de las cuestiones que señala, como opiniones
y como salvedades, el propio Tribunal de Cuentas.




El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el senador Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Señor presidente, dos cuestiones previas, en
las que estoy totalmente de acuerdo con el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista; quizá van a ser las únicas del resto de mi
intervención. Antes de nada, quiero agradecer la presencia del presidente
del Tribunal de Cuentas en esta Comisión, para informar sobre la
declaración definitiva de la cuenta general del Estado correspondiente al
ejercicio 1995 y, la segunda, decir que estoy de acuerdo en que, de
cumplirse el programa que tiene previsto la propia Comisión, seguro que
vamos a ganar tiempo al tiempo, por lo que hace referencia a la
presentación de las futuras cuentas generales del Estado.

El señor presidente ha hecho una exposición a mi entender muy detallada,
y lo digo no tanto a nivel de comentarios --que sí los ha habido--, sino
en cuanto a cifras. Por tanto, al menos en mi opinión, ha dejado
perfectamente encuadrada y clarificada la cuenta, lo que me permite decir
que la posición de mi grupo va a ser la de referirse más a comentarios
generales y menos a cifras puntuales. Con esta cuenta cerramos un largo
ciclo de informes sobre las cuentas generales elaboradas por un mismo
gobierno, es decir, por el Partido Socialista. Por tanto, entendiendo y
aceptando las variadas oscilaciones y las distintas coyunturas, debería
servir, en principio y entre otras cosas, para valorar la trayectoria
contable durante estos años, digamos, hasta 1995. En este sentido, señor
presidente, sin ningún interés doctrinal y sin ánimo de sentar cátedra
administrativa contable, pero sí de hacer un resumen muy escueto, yo
diría que ha habido una curva tendente a la mejora, es cierto, pero se
queda lejos, muy lejos, de lo que debería ser una correcta cuenta
general. Como muestra, un párrafo de la página 2, que dice lo siguiente:
Las salvedades de infracciones de las normas presupuestarias y contables
que se expresan limitan el reflejo en la cuenta general de la actividad
económica financiera llevada a cabo en el ejercicio por el Estado y sus
organismos autónomos, así como de su situación patrimonial.

Ya que hablamos de nuestra situación patrimonial, hay que decir que la
cuenta del resultado económico patrimonial se ha estructurado, según lo
establecido en el nuevo Plan general de contabilidad pública, con
expresión únicamente de las cifras del ejercicio de 1995 y, por tanto,
los resultados se presentan en una cuenta única que determina el
resultado global, a diferencia de ejercicios anteriores en que se
diferenciaban en corrientes extraordinarias de la cartera de valores y
modificaciones de derechos y obligaciones.

Dicho esto, de tener que remarcar alguna cuestión, éstas serían las
siguientes: La cuenta general no está completa porque hay organismos
administrativos, así como organismos comerciales, industriales y
financieros que no habían rendido la cuenta. Por otra parte, estaban
pendientes de aplicar al presupuesto de gastos otras obligaciones
originadas en el ejercicio de 1995 o incluso anteriores, clasificados --y
en la propia declaración definitiva consta-- como gastos ya pagados
mediante anticipo de fondos que están registrados, gastos que no están
pagados pero sí registrados en la contabilidad económico-patrimonial y
gastos pagados y registrados. Por tanto, en relación a lo expuesto, se
constata, al igual que en ejercicios anteriores, que se dejan de contraer
presupuestariamente obligaciones generadas posponiendo su contabilización
al ejercicio siguiente, así como al analizar el activo se observa la
ausencia total de amortizaciones en inmovilizados, tanto materiales como
inmateriales.

En cuanto a organismos autónomos integrados en la cuenta general, en
muchos de ellos falta revisión de la información, hay insuficiente
aclaración de las causas y carencia del detalle informativo, así como que
los resultados que figuran en las cuentas rendidas se ven afectados por
operaciones pendientes de aplicación.

Señor presidente, señorías, si tuviera que resumir más todavía lo que
pudieran ser, a nuestro entender, las deficiencias más notables, serían
estas cinco o seis que pongo a su consideración. Una de ellas, que
consideramos importante, es el inventario incompleto. Este hecho resta
fiabilidad al balance. Es incompleto porque no existe el inventario



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del inmovilizado y llega un momento en que se cuadra el balance porque
hay que cuadrarlo. Me llegan noticias de que éste es un tema difícil de
resolver, que se está avanzando en este sentido pero que no se va a
producir en un corto espacio de tiempo. Remarco que de cara a 1995 el
propio balance resta fiabilidad porque es incompleto. Se han dejado de
contabilizar gastos --como expresión casi cotidiana se han dejado
facturas en el cajón-- y creemos que ésta es otra cuestión a remarcar; no
se han hecho amortizaciones, de hacerse variarían las cifras que se han
dado en la cuenta definitiva; continúan existiendo cuentas corrientes
abiertas en el extranjero no registradas, y las cuentas de los organismos
autónomos presentan muchas deficiencias --y remarco que éstas son
cuestiones que se vienen reiterando año tras año, y si siguiéramos un
poco los debates lo comprobaríamos--, y falta la consolidación de
balances con organismos autónomos y sociedades mercantiles. Al aplicar el
nuevo Plan general de contabilidad podemos detectar estas cuestiones,
pero en el fondo falta la propia consideración de balances. Hablando de
esto, si hay un hecho positivo es que se ha aplicado por primera vez este
Plan de contabilidad pública, y otra cosa buena --también lo digo-- es
que se han dotado por primera vez provisiones por insolvencia --el
portavoz socialista ha hecho mención a ello--, aunque no se conocen los
criterios con que se ha hecho esta dotación y se ha dejado, por ejemplo,
sin hacer provisión de dos créditos emblemáticos: el del consorcio de
compensación del seguro y el de Rumasa, temas reincidentes y de los que
venimos haciendo la oportuna observación tanto en este año como en años
anteriores.

Quedo a la espera de la cuenta de 1996, donde veremos si hay cambios
sustanciales en la realización de la misma a raíz del cambio de mayoría
y, por tanto, de Gobierno, y con cierta expectativa sobre si se van a
producir las mejores que en el fondo siempre hemos exigido todos los
presentes en esta Comisión. Mientras, señor presidente, nuestra
conformidad con el trabajo del Tribunal de Cuentas y nada más por mi
parte.




El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por Coalición Canaria, tiene la
palabra el diputado señor Gómez.




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: En primer lugar, agradezco la comparecencia del
señor presidente del Tribunal de Cuentas y la documentación debidamente
detallada que se nos ha remitido. Quiero expresar una satisfacción
parcial porque, como se ha manifestado por los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra, estamos avanzando en el programa en el
que nos hemos comprometido de llegar a poder analizar en su momento los
dos últimos ejercicios presupuestarios, por lo menos.

Estamos aquí hoy para el introito del análisis de la declaración
definitiva sobre la cuenta general del Estado. Aún queda mucho camino
hasta llegar al Pleno, y habrá que analizar con objetividad su contenido
para ver si estamos avanzando, si estamos paralizados o en un camino de
retroceso. Sin duda alguna, estamos avanzando, se está mejorando en las
cuestiones técnicas presupuestarias contables, pero nos encontramos en
1998 --y quizá sea por deformación profesional, porque he estado más de
quince años en la Administración pública y más de veinticinco años en
entidades bancarias-- y me pregunto: ¿cuándo se va a llevar la
contabilidad en este país conforme a las leyes que se aprueban en el
Congreso y se ratifican por el Senado? ¿Para qué queremos tantos planes
generales de contabilidad y tantas instrucciones si todavía existen
funcionarios que se olvidan o no pueden remitir las documentaciones
pertinentes, a altos directivos de la Administración central que ordenan,
sin haber incrementado los ingresos, la generación de gastos
presupuestarios? Señores, si eso es de lo más elemental que estudiamos en
economía y en la Escuela de Comercio ¿cómo es posible que todavía en 1998
se estén contabilizando como créditos cobrables verdaderas pérdidas de
miles de millones de pesetas? Estamos avanzando pero lentamente, como una
tortuga, porque si fuéramos a analizar, que no voy a hacerlo, el
detallado informe que se nos remite, podríamos estar más de una hora
viendo verdaderas anomalías que originarían en un examen a un alumno el
más genérico de los suspensos.

No se puede admitir lo que ocurre con la cuenta de resultados de la
Administración general del Estado, en donde hay, como se dice aquí, nada
menos que un cargo neto que sería complementario, negativo, de 261.000
millones de pesetas. No quiero entrar en detalles, porque aquí se ha
entrado y ya tendremos tiempo para verlo, pero a ver cuándo llegamos a la
coincidencia entre los Presupuestos Generales del Estado y la cuenta
general del Estado. Me refiero a la documentación total que debe ser
realizada. Estamos en 1998 y todavía no lo hemos logrado, pese a que la
ley presupuestaria exige la aportación de los documentos referentes a las
cuentas de la Seguridad Social y a las cuentas de las sociedades
estatales y demás entes que conforman el sector público estatal. Dichas
sociedades estatales deberían acompañar sus memorias, sus balances, sus
cuentas de pérdidas y ganancias, los informes de gestión, los informes de
auditorías, conforme está marcado en la ley que los regula, que es la Ley
de Sociedades Anónimas.

Remitiéndome ahora a la segunda y tercera parte del informe sobre los
organismos autónomos, las dos vienen definidas con una calificación
reiterada: aritméticamente correctas, internamente consistentes. Pero,
luego, cuando las analizas, ves que faltan balances, que las normas de
contabilidad no se cumplen, que hay omisiones, que hay malas
contabilizaciones, deficiencias en las periodificaciones, partidas sin
contabilizar, etcétera.

Yo quisiera resumir diciendo que mi grupo va a seguir detalladamente a
través del trámite subsiguiente este importantísimo documento, que no
quiero que tenga un carácter político. A pesar de que se acabó una época
política, que podrá venir o no venir, creo que es una cuestión
administrativa contable que no depende el carácter político, que es
cuestión de la propia Administración. Ustedes me dirán que en la
Administración interviene también el carácter político. Bien, es posible,
pero yo termino diciendo lo que termina diciendo el fiscal jefe, don
Enrique Abad Fernández, en el informe que se adjunta que dice que se
requiere



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al Gobierno a que se adopten las medidas que sean necesarias, a fin de
que la cuenta general del Estado y de las entidades que la conforman se
ajusten plenamente a la legislación aplicable y a los principios que
deben informar su elaboración y rendición.

Entonces, vuelvo a recordar los estudios de contabilidad y de economía en
la Escuela de Comercio: ¿dónde están los principios de devengo?, ¿dónde
los principios de imagen fiel?



El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Para su intervención, por el
Grupo Popular, tiene la palabra el señor Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: Agradecemos al presidente del Tribunal la
presentación de este dictamen.

Antes de entrar en consideraciones globales y consideraciones
particulares sobre el contenido del mismo, para no perder el hilo con las
intervenciones, permítaseme precisar al portavoz del Grupo Socialista
tres puntos. Nos alegramos de que el Grupo Socialista vaya a exigir al
Gobierno actual que cumpla acuerdos relativos a la cuenta general de
1994, porque han tenido catorce años para cumplir las recomendaciones del
Tribunal y han esperado a no estar en el Gobierno para ser exigentes en
este planteamiento.

En cuanto a las observaciones que se hacen a las alegaciones del
Gobierno, hay que explicar que el actual Gobierno, respecto a comentarios
de actuaciones del Gobierno anterior, prácticamente lo que dice es que no
tiene comentarios que hacer sobre determinadas prácticas realizadas por
el Gobierno anterior. De ahí no extraigamos ninguna bendición a la
formulación de cuentas, entre otras cosas porque el actual Gobierno, a la
hora de hacer esas alegaciones, no tiene que defenderse de nada. Tendrá
que defenderse el anterior Gobierno, y creo que puede haber un encaje
adecuado para deslindar claramente para el futuro lo que es actuación y
lo que es herencia recibida.

En cuanto a una observación que ha hecho de que al final, después de
tantos folios y de tanta intervención, de lo que estamos hablando es de
una diferencia de 65 millones de pesetas, he de decir que a esta
diferencia de 65 millones se refiere la página 10 de la fundamentación,
pero hay que seguir a la página 11 y, cuando se ve la página 11, la
diferencia, al compensar diferencias negativas y positivas de las
transferencias, es de 3.353 millones, y sólo estamos hablando del
resultado de compensación de transferencias entre el Estado y organismos
autónomos y de organismos autónomos hacia el Estado. Por tanto, no
podemos hacer la comparación de que en veintitantos billones de pesetas
sólo hay 65 millones de diferencia. Me gustaría dejar constancia de la
precisión. (El señor Moreno Monrove: No la he hecho.)
En cuanto a las consideraciones generales --ya se han hecho buena parte
de ellas--, para nosotros está claro que las cuentas públicas deben
formularse con criterios de rigor y cumplimiento de todas las leyes, e
insisto en el concepto de todas las leyes. Un Gobierno que ha promovido
un texto legal o que acepta el ya existente, sin proponer su
modificación, debe ser el primer cumplidor del mismo, y la lectura
detenida de las salvedades e infracciones que el pleno del Tribunal de
Cuentas ha aprobado por unanimidad en la declaración definitiva del
ejercicio 1995 creo que nos permite afirmar que los fallos y errores que
se detectan son coincidentes en los conceptos con los detectados en
ejercicios anteriores, si bien debemos reconocer que los importes son más
reducidos en la mayoría de los casos.

Si se nos pidiera un catálogo --y en parte otros portavoces ya lo han
hecho-- de los defectos de las cuentas del Estado y de sus organismos
autónomos, el primer concepto que aplicaríamos sería que se han rendido
con retraso, y el concepto de que se hayan rendido con retraso de sólo un
mes no es importante. Dentro de veinte días muchos españoles van a tener
que hacer una serie de declaraciones fiscales por retenciones, por IVA y
por otra serie de conceptos. A estos españoles no se les va a permitir
llegar a la delegación de la Agencia Tributaria y decir que sólo tienen
un día de retraso; un solo día de retraso implica una sanción de un 20
por ciento más el interés correspondiente a ese solo día de retraso. El
hecho del retraso es importante señalarlo y constituye una mala actuación
de la Administración del Estado, porque por ese mismo criterio de que
sólo es un mes se nos permitiría a todos los ciudadanos, en nuestras
obligaciones tributarias y en nuestras obligaciones con la
Administración, saltarnos todos los plazos.

Las cuentas son incompletas, serán también sólo once organismos, pero son
incompletas, y volvemos aquí al sector privado: al gerente de cualquier
sociedad no se le permite, a la hora de formular su declaración del
Impuesto de Sociedades, que diga que la declaración es incompleta porque
le falta la sucursal de Mérida. Pues no, no le van a admitir esa
declaración y va a recibir una sanción por no llevar sus cuentas
completas a la Administración tributaria.

Hay falta de conciliación, ya lo remarcábamos al hablar de los famosos 65
millones de pesetas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Se han
utilizado por parte de distintos organismos y dentro del propio organismo
criterios de contabilización contradictorios. Se sigue poniendo de
manifiesto esta contradicción. Se ha alterado la cifra de déficit --los
ajustes del Tribunal ponen de manifiesto que hay una alteración contable
de la cifra de déficit-- y se desplazan gastos a ejercicios posteriores.

Es verdad que en este ejercicio, como pasó ya en 1994, se regularizan
partidas provenientes de los ejercicios pasados, pero también es cierto
que se desplazan hacia el siguiente determinados ejercicios. Y figuran,
como ya se ha resaltado en balance, activos ficticios o por mayor valor
del real. Hay una mala gestión de tesorerías, que se remarca sobre todo
en los organismos autónomos, y de algunos de estos organismos autónomos
habría que preguntarse, por lo que se pone de manifiesto en el informe,
si estos organismos son Estado o constituyen por sí mismos un Estado
independiente, porque, si no, no se explicarían las cifras de tesorería
que se manejan por las confederaciones hidrográficas y que realmente, por
el resultado de la gestión anual, no tienen ninguna justificación.

De todo lo dicho retengamos dos de los defectos. En primer lugar,
alteración de la cifra de déficit, y no me estoy



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refiriendo a una alteración maliciosa de la cifra de déficit. De la
actuación contable, una vez revisada, se produce un déficit diferente, es
una alteración de la cifra de déficit. Y hacer figurar en balance activos
ficticios o de dudoso cobro por su importe inicial, sin haber practicado
ninguna corrección a lo largo de distintos ejercicios. En algunos, como
en el caso de Rumasa, después de muchísimos ejercicios no se ha
practicado ninguna corrección. El seguro de crédito a la exportación, que
se repite de año en año, préstamos de Rumasa que vienen arrastrados
también desde hace bastantes años, fondos de ayuda al desarrollo, tanto
por los préstamos como por los préstamos Gobierno a Gobierno, que,
evidentemente, no se van a cobrar. Ninguno de estos defectos por sí
mismos puede considerarse que producen un daño patrimonial al Estado.

Ahora bien, si en vez de analizar en forma piramidal o vertical la cuenta
general del Estado realizáramos un análisis horizontal de todo el sector
público, llegaríamos a la conclusión de que los defectos señalados, casi
uno por uno, se presentan, en mayor o menor medida, siempre con importes
mucho más reducidos que los de la cuenta general del Estado, en
comunidades autónomas, corporaciones locales, diputaciones provinciales y
cabildos insulares. Si respecto a las cuentas podemos decir que al
cometer estos defectos se están incumpliendo los artículos 49 y 63 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aunque no se hayan
detectado por el Tribunal responsabilidades contables ni la consiguiente
obligación de indemnizar a la Hacienda pública por los daños y perjuicios
causados, se podría derivar, como prevé el artículo 140 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, responsabilidades de índole
penal o disciplinaria. Estas consideraciones implican, por tanto, marcar
dos campos de actuación. Debe denunciarse con energía, así lo piensa
nuestro grupo, todo incumplimiento de normas contables y presupuestarias
y exigirse responsabilidades políticas por ello o, en su caso,
responsabilidades disciplinarias, si fuera posible.

Para subir al siguiente escalón, cuando estamos hablando de la gestión de
cuentas y exigir responsabilidades penales, deben de concurrir, a nuestro
modo de ver, alguna de las circunstancias siguientes: un quebranto
económico para las arcas públicas, un aprovechamiento personal o las dos
a la vez. Creo que así podemos delimitar para todas las administraciones
el campo de juego adecuado cuando de cuentas públicas estamos hablando.

A 31 de diciembre de 1995, el Tribunal estima como pendientes de
regularizar, como ha dicho su presidente, 1,019 billones de pesetas. Nos
llama la atención esta cifra, y la ha señalado también el portavoz del
Grupo Socialista, porque el importe de los créditos extraordinarios
aprobados por el Real Decreto-ley 12/1996, de 26 de julio, fue de 721.169
millones de pesetas, por estimar el Gobierno en aquel momento que ésta
era la cantidad necesaria para atender obligaciones y regularizar
anticipos de fondos que estaban pendientes de imputar al presupuesto al
finalizar el ejercicio anterior. Por ello, tengo que preguntar al
presidente del Tribunal si puede explicar con detalle las causas que
justifican la diferencia entre la cifra que estima el Tribunal como
pendiente de regularizar y el importe total de los créditos
extraordinarios fijados en el real decreto.

En las páginas 17 a 33 de la fundamentación de la declaración definitiva
se desprende que han dejado de contraerse presupuestariamente
obligaciones generadas que debieron de reconocerse por corresponder a
gastos realizados en el ejercicio. Hay un incumplimiento del artículo
once de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y del 49 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria.

A 31 de diciembre de 1995, se encontraban pendientes de aplicar al
presupuesto de gastos obligaciones originadas en 1995 por 618.000
millones y 521.000 millones de ejercicios anteriores. Una cifra
importante a señalar es la de 276.128 millones que corresponden a gastos
que no estaban pagados ni registrados en contabilidad patrimonial. Por
tanto, aquí no estamos ante un desplazamiento a ejercicios futuros, no
estamos ante una consideración de, por un ajuste contable, dejar sin
atender determinados gastos. Estamos realmente ante 276.000 millones que
no estaban registrados en la contabilidad patrimonial; luego había
también 26.000 que no se habían reconocido en el ejercicio, a pesar de
haberse gastado, de ellos 182.000 millones en el Ministerio de Obras
Públicas, 67.000 millones en Justicia, 5.656 millones en el Ministerio de
Administraciones Públicas. Es decir, hay una serie importante de
irregularidades. Respecto a los 276.000 millones --y también enlazando
con una reflexión del portavoz del Grupo Socialista--, habría que
preguntar, cuando estamos hablando de estas cifras de gastos que ni
estaban pagados ni estaban registrados, ¿estamos realmente hablando de un
agujero en términos contables? Por ello, en consideración a estas
partidas, solicitamos al presidente que amplíe la información sobre las
operaciones a que corresponden los 188.000 millones que deja de reconocer
el Ministerio de Obras Públicas, los 67.000 de Justicia e Interior, los
5.656 millones del MAPA y el resto de los distintos importes a que se
refiere el anexo II, punto 3.2.

También habría que preguntar, en relación a estos puntos, si el Tribunal
ha iniciado ya los procedimientos fiscalizadores que anuncia en la última
página de la fundamentación, para conocer los posibles perjuicios que
esos incumplimientos han causado a los caudales públicos y, por tanto,
exigir las correspondientes responsabilidades.

Las páginas 13 y 14 de la fundamentación de la declaración definitiva se
refieren a generaciones de crédito indebidas --es decir, sin haber
obtenido previamente ingresos superiores a lo previsto y, por tanto, sin
respetar normas presupuestarias-- por un importe de 98.000 millones de
pesetas y por un importe acumulado de distintos ejercicios de 205.047
millones de pesetas. Por ello, quisiéramos preguntar al presidente si el
Tribunal ha iniciado ya alguna fiscalización que vaya a permitir conocer
los importes de cada una de las operaciones indebidas de generación de
créditos, su fecha, centros afectados, los responsables que las
autorizaron y las consecuencias que hubieran podido tener para el Tesoro
público.

Se señalaba, y ha sido quizá un punto guía en las distintas
intervenciones de los portavoces de los grupos, que nos encontramos con
reiteración desplazamientos a ejercicios



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futuros y, por tanto, un problema para determinar exactamente cuál es la
responsabilidad de un Gobierno, en consecuencia, qué herencia, positiva o
negativa, estrictamente en el aspecto económico, deja al siguiente
Gobierno y dónde empieza claramente la responsabilidad del nuevo
Gobierno. Creemos que el Tribunal no pone esto de manifiesto, puesto que,
junto a la declaración definitiva, nos aporta un balance y una cuenta del
resultado económico patrimonial de la Administración general del Estado y
de los distintos organismos autónomos. Quizá en la propuesta de
resolución estudiaremos la posibilidad de pedir al Tribunal que este
balance se presente de forma que nos permita determinar claramente cuál
es la situación que se transfiere y, por tanto, cuál es la
responsabilidad exacta que debe asumir cada Gobierno por su propia
gestión.

Finalmente, una consideración sobre las cuentas del Inem. Entre los
distintos organismos autónomos destacan excesos de gasto en el Inem; no
se aplican en el año 1995 por prestaciones de desempleo 148.000 millones;
tiene pendientes de imputar 283.000 millones que se generaron en años
anteriores, de los que sólo se imputan 192.000 al ejercicio 1995; es un
organismo en el que se detectan deficiencias tanto en el presupuesto de
ingresos como un índice de cobro muy bajo en la vía ejecutiva, en la vía
de apremio que sigue el organismo y, en paralelo, no se dotan
habitualmente provisiones, lo cual también creemos que requiere un
estudio específico.

Finalmente, le preguntaremos al Tribunal cómo se explica que desde el año
1992 siga vigente la partida a la que se refiere la página 23 de la
fundamentación de 9.173 millones de pesetas en relación al aceite de
soja, que siga pendiente desde el año 1992.

En relación a la tesorería, a pesar del principio de caja única de todos
los organismos, sigue llamando la atención la mala gestión y la mala
previsión de tesorería que realizan los organismos autónomos, y en
especial las confederaciones hidrográficas. Realmente, acabar el año con
una tesorería disponible de 57.703 millones de pesetas no parece tener
mucho sentido, porque parece que no se ha estudiado por los responsables
de estos organismos autónomos cuál es la evolución normal de sus cuentas,
puesto que repiten cierre a cierre del ejercicio, incrementando cada año
el importe de su tesorería. Habría que preguntar qué tipo de norma
establecer para que no se produzcan estos enormes desfases de tesorería y
que al final nos sigamos encontrando en 1995, como ya pasaba en
ejercicios anteriores, un Estado endeudado y un Gobierno que genera más
deudas del saldo que tenía al principio del ejercicio, y organismos
dentro de ese Estado que, por el importe de los saldos que manejan y de
la tesorería de que disponen, parece que son organismos muy ricos.




El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora al presidente del Tribunal de
Cuentas aclarar todas aquellas cuestiones que le han planteado todas SS.

SS. en sus respectivas intervenciones.

Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer
lugar, agradezco a todos los intervinientes la buena acogida y la
valoración positiva que les merece la labor realizada por el Tribunal.

En segundo lugar, voy a pasar a contestar, si bien tengo que reconocer
que han hecho muy pocas preguntas. El señor Moreno Monrove ha hecho
consideraciones generales sobre las que no parece que esta Presidencia
deba pronunciarse porque la valoración, precisamente, les incumbe a
ustedes. No obstante, al referirse al artículo once, dice que --es verdad
que lo dice-- la magnitud del déficit presupuestario no debe confundirse
ni asociarse con magnitudes del déficit de la contabilidad nacional. Sin
embargo, esta Presidencia tiene que hacer a esto alguna puntualización.

Poner límites, como ha hecho el artículo diez a partir de la Ley de
Presupuestos Generales de 1995, al reconocimiento de obligaciones que
requieren actos administrativos, no al compromiso de gasto, supone
trasladar éstos hacia el futuro. De esta manera, la contabilidad se
convierte en una manifestación formal, en lugar de ser representación de
la realidad económico-financiera. Se vulneran los principios de
universalidad y de anualidad que deben regir en la elaboración y en la
ejecución presupuestaria y, naturalmente, no permiten valorar bien,
incluso puede llegarse a cuestionar la representatividad de los
presupuestos liquidados. El Tribunal, naturalmente con buen criterio,
dice: estos déficit o resultados presupuestarios que no se confundan con
los déficit de la contabilidad nacional. Lo que no dice el Tribunal es
que no incidan; lo que sucede es que, a través de las cuentas rendidas,
no se puede, ni es tampoco su función, valorarlo.

De la intervención del señor Carrera cabe resaltar que el Tribunal no
presenta un balance ajustado ni tampoco presenta, como se está
acostumbrado en la contabilidad privada, unos resultados donde se dice:
éstos proceden del ejercicio anterior. Cuando dice ajustes en sentido más
amplio, operaciones que se debieron ajustar y no se han ajustado, al
final no diferencia ejercicios. Incluso si se rastreara el balance de la
Administración del Estado, veríamos que en el inmovilizado no hay
dotaciones para amortizaciones, luego no se cuantifica tampoco el
inmovilizado. Hay dotaciones para amortizaciones, pero tampoco se
cuantifica. Sí se cuantifican pequeñas partidas como la de las
inversiones financieras permanentes en Agesa por 7.481 millones, o las
minas de Almadén y Arrayanes. Pero inversiones de más envergadura como,
por ejemplo, los préstamos al consorcio o los préstamos al ICO, en lo que
se refiere a los FAD o los préstamos de gobierno a gobierno, o la
operación de Rumasa u operaciones de la Seguridad Social están sin
cuantificar. Hay un ajuste, por ejemplo, en tesorería. Si se refiere a
los pasivos, de la lectura se desprende que están infravalorados por los
contratos programa de la Renfe, el Grupo Holsa o pérdidas de CASA por el
airbus, pero no están ajustados. Así podríamos ver también los de los
organismos administrativos y comerciales.

En cuanto a la intervención de Coalición Canaria, han sido unas
valoraciones de tipo general en las que esta presidencia



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no debe entrar, aunque tenga que decir que, en efecto, la contabilidad
del Estado, por ese juego necesario de derecho y obligaciones, porque
tiene que estar regulado y sometido a leyes, quizá no tenga la precisión
de la contabilidad privada.

Respecto a la intervención del señor Jordano, independientemente de las
consideraciones de tipo general, hace unas preguntas que voy a ver si con
los datos de que dispongo se las puedo contestar, pero mucho me temo que
no sea así. La primera se refiere a la regularización que hace el
Tribunal en relación al real decreto de 1996. La diferencia entre la
estimación que realiza el Tribunal de la carga neta pendiente de
regularizar al 31 de diciembre de 1995, ese billón 19 millones que está
en el anexo 231, y la cuantificación que de la misma hace el citado real
decreto de 721.169 millones, se debe a las siguientes causas que aparecen
en la página 33 de la fundamentación. Por gastos correspondientes a
Feoga, anticipos de recargo municipal del IRPF, subvenciones al tráfico
marítimo y aéreo y aportaciones y cuotas a organismos internacionales y
subvenciones nominativas a empresas y entes públicos, corresponden 7.990
millones. A anticipos del Banco de España por recursos propios
tradicionales de la Unión Europea, 14.156 millones. Obligaciones no
aplicadas en el ejercicio, pero imputadas a gastos en contabilidad
económico-patrimonial, 7.200 millones. Y gastos, ni pagados ni
contabilizados, 276.128 millones. Si a esto le restamos ingresos no
aplicados por valor de 7.423 millones, aparecen 299.021 millones que,
sumados a los 721.169 del real decreto-ley, constituyen un billón 19
millones. Eso está en el anexo 2.3.1, y dentro de ese billón 19 millones
pendiente de aplicación, hay 539.190 millones de gastos no pagados pero
contabilizados, y de éstos corresponden a obligaciones no aplicadas en el
ejercicio 262.854.000 pesetas. Después hay un anexo, el 2.3.2, en donde
vienen por ministerios y por capítulos estos 262 millones, y en efecto,
corresponden al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente 188.134 millones, de los cuales, 170.107 son del capítulo 6, es
decir, de inversiones reales no imputadas a presupuesto. Ahora bien, el
detalle de estas cifras, como de los 11.060 millones del anexo, 2.3.3,
tendría que pedirlo por escrito al Tribunal porque no dispongo aquí del
mismo.

En cuanto a los créditos generados, esos créditos que sólo se justifican
cuando se han obtenido ingresos no previstos o por importe superior a los
previstos, no puede comprobarse a partir de la información rendida si el
centro que solicitó la generación rebasó o no la propia previsión
recaudatoria, máxime después de la Ley 13/1993 para los presupuestos de
1994, que amplió la posibilidad de generar créditos también al último
trimestre del año anterior. Lo que dice la declaración, el fundamento, es
que se han hecho unas previsiones de 575.933 millones, se recaudaron sólo
478.547 y hay una diferencia de 97.386, y que se han generado créditos
por valor de 98.981. Luego aquí ha habido un defecto de financiación
presupuestaria de la suma, que son 196.367 millones.

También pregunta si se han hecho --y esto enlaza quizá con la última
parte de la declaración-- fiscalizaciones específicas en relación con
este tema de los créditos generados. La declaración es formal y global y
las irregularidades las ponen en conocimiento de las Cortes quienes
naturalmente tienen también iniciativa fiscalizadora. Para que se
desprendan responsabilidades es preciso hacer fiscalizaciones
específicas. Entonces, del programa de 1998 y lo que queda pendiente de
1997 no existen fiscalizaciones específicas en relación con estos temas,
ni a iniciativa del Tribunal ni a iniciativas de las Cortes.

El señor Jordano también ha sacado el tema de la tesorería. En cuanto al
tema de tesorería, la declaración, quizá resumiendo, pone un poco de
manifiesto en efecto que no hay una política de tesorería ni para el
Estado en sí ni para ésta en relación con los organismos; exceso de
tesorería que, además, permitiría realizar pagos y devoluciones de
ingresos con más rapidez. Se presupuesta siempre al alza, aunque no llega
a ejecutarse; no se reconocen todas las obligaciones generadas en el
incremento del excedente; no se ingresan los remanentes en el Tesoro; en
el ejercicio siguiente se olvida un tanto el remanente y se presupuesta
de nuevo como si no existiera este remanente; los remanentes de tesorería
o se ingresan en el Tesoro o se consideran fuente de financiación de
obligaciones pendientes. Naturalmente, si no se evitan estos excesos y
estos defectos de financiación, no se puede mejorar ese principio de
unidad de caja. Tenemos, por ejemplo, organismos como el Inem,
deficitarios en la ejecución del presupuesto pero, al no aplicarse el
remanente de tesorería, presentan simultáneamente un déficit
presupuestario y un superávit de tesorería. Quizá es un tema que merece
estas consideraciones generales.

Por último, una consideración sobre la página 23 de la declaración sobre
el aceite de soja: que el Senpa no ha depositado los 9.173 millones en la
cuenta general del organismo correspondiente.

Como casi todo fueron consideraciones de tipo general, no sé si habré
contestado puntualmente a lo que pudiera interpretarse como preguntas,
pero tampoco quisiera esta presidencia caer en otro tipo de exposiciones
o valoraciones que no estén respondiendo a dudas que les puedan surgir y
que yo pueda contestar aquí. En todo caso, siempre pueden pedirlas por
escrito o, si las puntualizan aquí, podemos atenderlas a través de
peticiones al Tribunal.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

A la vista de las caras de los diferentes portavoces, pienso que deben
haber quedado suficientemente aclaradas todas las cuestiones que se le
habían formulado.

Agradecemos otra vez la comparecencia del presidente del Tribunal de
Cuentas en esta Comisión y recuerdo a SS. SS. que la Comisión estará
convocada para el próximo día 21 de abril.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y quince minutos de la tarde.