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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 93, de 17/03/1998
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1998 VI Legislatura Núm. 93
PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA
Sesión núm. 13
celebrada el martes, 17 de marzo de 1998,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor director del Servicio de Vigilancia Aduanera
(González García), para informar sobre la coordinación del Servicio de
Vigilancia Aduanera con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
las actuaciones contra el narcotráfico. A solicitud del Grupo Socialista
del Congreso (Número de expediente del Congreso 212/001131 y número de
expediente del Senado 713/000473) (Página 1924)
Comparecencia del señor secretario del Plan Nacional sobre el Sida (Parra
Vázquez), para informar sobre la última conferencia sobre Sida y Droga. A
solicitud del Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente del
Congreso 212/001132 y número de expediente del Senado 713/000474) (Página 1932)
Proposiciones no de ley:
--Sobre elaboración de un nuevo Plan Nacional sobre Drogas. Presentada
por el Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente del Congreso
161/000854 y número de expediente del Senado 163/000042) (Página 1940)
Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA
(GONZALEZ GARCIA), PARA INFORMAR SOBRE LA COORDINACION DEL SERVICIO DE
VIGILANCIA ADUANERA CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN
LAS ACTUACIONES CONTRA EL NARCOTRAFICO. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO (Número de expediente del Congreso 212/001131 y número de
expediente del Senado 713/000473).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión con el primer punto del orden
del día, que es la comparecencia del director del Servicio de Vigilancia
Aduanera, don Ignacio Miguel González García, para que informe sobre la
coordinación del Servicio de Vigilancia Aduanera con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en las actuaciones contra el
narcotráfico, a petición del Grupo Parlamentario Socialista.
Doy la bienvenida a don Ignacio que me parece que es la primera vez que
comparece en el Parlamento español.
Tiene la palabra el señor director del Servicio de Vigilancia Aduanera.
El señor DIRECTOR DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA (González García):
Muchas gracias, señor presidente.
Ante todo, señoras y señores diputados, deseo agradecer la oportunidad
que dan al Servicio de Vigilancia Aduanera para expresar su punto de
vista en la cuestión que hoy es objeto de debate. Por otra parte, como ha
sido anunciado por el presidente, hoy tengo el honor de comparecer ante
SS. SS. como consecuencia de haber relevado a don Luis Rubí Blanc el 17
de enero y, por tanto, así debe entenderse modificada la iniciativa.
Centrándome en la cuestión que hoy se plantea, que es la coordinación del
Servicio de Vigilancia Aduanera con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en las actuaciones contra el narcotráfico, y para intentar
responder con precisión a la cuestión planteada, voy a desarrollar tres
puntos. En primer lugar, cuántas y cuáles son las actuaciones del
Servicio de Vigilancia Aduanera; en segundo lugar, específicamente
cuántas y cuáles son las actuaciones que se realizan en la lucha contra
el narcotráfico y, en tercer lugar, el detalle para estas actuaciones de
lucha contra el narcotráfico, cuáles son los distintos tipos de acciones
de coordinación que se realizan y su número.
En primer lugar, y como antecedente, el Servicio de Vigilancia Aduanera
data, como ustedes saben, del año 1956 en que fue denominado Servicio
Especial de Vigilancia Fiscal con consideración y carácter de organismo
autónomo. En el año 1982 pasa a integrarse en el Ministerio de Hacienda,
dependiendo de la Subsecretaría, ya con el nombre actual de Servicio de
Vigilancia Aduanera. Al crearse la Agencia Tributaria, en el año 1992, se
integra en ella como Subdirección del departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales y, por último, en el año 1994, es elevada al rango de
dirección adjunta dentro del departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales. Por tanto, lo que habitualmente ha sido denominado Servicio
de Vigilancia Aduanera en la actualidad es una dirección adjunta del
departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria. Sus competencias, sin embargo, fueron las
establecidas por el Real Decreto 319/1982, de 12 de febrero, y esas
competencias se pueden agrupar en dos grandes categorías. La primera de
ellas el descubrimiento, la persecución y la represión del contrabando en
el territorio nacional, en las aguas jurisdiccionales y en el espacio
aéreo y para ello, por ostentar la consideración de resguardo aduanero,
tiene encomendada la vigilancia terrestre, la vigilancia marítima y la
vigilancia aérea. En segundo lugar, tiene como misión la participación en
operaciones de vigilancia de inspección bajo la dirección de Inspección
de Aduanas en la represión del fraude fiscal, del fraude aduanero y del
fraude de impuestos especiales. La Ley de medidas de 31 de diciembre del
año 1977, en su artículo 13,2, lo que mantiene es el nivel competencial
existente hasta este momento y establece que, sin perjuicio de las
competencias existentes hasta este momento, el servicio desarrollará las
funciones que tiene encomendadas en el ámbito de la persecución e
investigación de la economía sumergida y del fraude fiscal.
Hecho este breve resumen sobre cuáles son las competencias, la
coordinación que hoy se plantea no es simplemente deseada sino que está
reflejada en la ley y, de hecho, la Ley orgánica 12/1995, de contrabando,
en su disposición primera establece que en la investigación, persecución
y represión de delitos de contrabando actuará en coordinación con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tras esta breve exposición, voy a iniciar el desarrollo relativo a las
actuaciones del servicio en este ámbito. La dirección de la Agencia
Tributaria establece anualmente para todas sus unidades unos objetivos.
Para el año 1998, la dirección de la Agencia Tributaria ha establecido,
para el Servicio de Vigilancia Aduanera, la realización de 79.375
actuaciones, de las que 46.375 lo serán en materia de contrabando. Puede
apreciarse que del total de las actuaciones que realiza el servicio el 63
por ciento tienen por objetivo la represión del contrabando, estando las
restantes --el 38 por ciento-- dirigidas a la represión del fraude
aduanero, del fraude de impuestos especiales y otros tipos de fraude.
Algunas de las actuaciones en materia de contrabando se realizan en el
ámbito terrestre y otras, como les he indicado, se realizan en el ámbito
marítimo. El objetivo establecido para 1998 es la realización de 6.015
actuaciones de vigilancia marítima y 1.510 reconocimientos de
embarcaciones en el mar. Lógicamente realizar este número de actuaciones
no es un objetivo en sí mismo, sino que persigue un fin concreto; y, los
objetivos que han sido establecidos por la Agencia Tributaria para el
Servicio se concretan en la incautación de géneros por un valor de
250.000 millones de pesetas; de los 250.000 millones de
pesetas que constituyen nuestros objetivos, 238.000 millones corresponden
a contrabando y, concretamente, 230.000 millones de pesetas al
contrabando de estupefacientes, siendo complementados con 2.800 millones
de represión del contrabando de tabaco, lo que equivale a ocho millones
de cajetillas. Resumiendo el ámbito de nuestras actuaciones, las 46.375
actuaciones que debemos realizar en la represión del contrabando suponen
el 63 por ciento de nuestras actuaciones totales y, en términos
monetarios, el 92 por ciento de los 250.000 millones de pesetas de
objetivos que nos han sido establecidos se centran en la lucha contra el
narcotráfico.
Una vez cuantificado el ámbito de nuestras actuaciones, voy a
desarrollar, con permiso de SS. SS., las formas de coordinación que son
requeridas. Cada uno de los tipos de actuaciones que debe realizar el
Servicio de Vigilancia Aduanera tiene un ámbito y una naturaleza
específicos y, por tanto, las acciones de coordinación que es necesario
realizar en cada uno de los casos es distinta. Hay que considerar que el
tráfico de estupefacientes es una actividad penada por el Código Penal y
también por el artículo 2.3 de la Ley de contrabando. La represión e
investigación de esta actividad penada se encomienda, en general, a los
servicios aduaneros y ello en razón de nuestra historia
--tradicionalmente ha sido así-- y se aprecia al analizar la organización
de estos servicios en los países de nuestro entorno.
La actividad que realiza el Servicio en la lucha contra el narcotráfico
es consecuencia de que el Servicio de Vigilancia Aduanera es el órgano
que específicamente tiene encomendada la investigación de la lucha y
persecución del contrabando y, por tanto, el tráfico de estupefacientes
se encuadra dentro de este objetivo. Partimos de una actividad que es
netamente aduanera y, como caso particular, el contrabando de
estupefacientes. En el ejercicio de esta actividad el Servicio emplea sus
medios navales, que en la actualidad consisten en 44 barcos; pero las
actividades desarrolladas con este objetivo común se pueden centrar en
tres categorías distintas. En primer lugar, actuaciones de investigación.
Como les he indicado, el Servicio de Vigilancia Aduanera es el órgano que
tiene específicamente encomendada la investigación en materia de
contrabando y a medida que las redes de contrabandistas han visto
dificultada su actividad en el contrabando de tabaco, como consecuencia
de la actuación tanto del Servicio como de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, se han ido incrementando o han ido desviando su
actuación hacia el contrabando de otro tipo de productos, concretamente
de estupefacientes. Por tanto, el Servicio, a medida que se ha producido
esta evolución, ha participado cada vez más en investigaciones de
contrabando, no ya de tabaco sino de estupefacientes.
Un segundo tipo de actuaciones que realiza el Servicio son operaciones de
patrulla y de reconocimiento; en primer lugar, actuaciones de
investigación y, en segundo lugar, operaciones de patrulla y
reconocimiento. Durante 1997 se han realizado 6.650 patrullas con un
total de 46.334 horas navegadas, lo que supone aproximadamente 18,2
servicios diarios, con una media de 6,92 horas de navegación por cada
servicio. Se trata fundamentalmente de operaciones nocturnas, ya que la
mayor parte de nuestras aprehensiones en el mar se producen entre las
cuatro y las cinco de la madrugada. En este tipo de operaciones no se
persigue un objetivo concreto sino que lo que se realiza es una patrulla
de nuestras lanchas rápidas y patrulleros por sus zonas navales, en un
recorrido y en una zona encomendada y, a partir de este momento, su
misión consiste en el avistamiento de objetos que estén en el mar --como
puedan ser las boyas de los barcos pesqueros o de recreo-- y el análisis
de los ecos del radar, para determinar si algunos de ellos son
sospechosos de ser ecos de barcos que se dediquen al contrabando para, en
este caso, proceder al reconocimiento. Durante 1997 se han realizado
1.050 reconocimientos, entendiendo como tales la comprobación directa,
por funcionarios del Servicio, de los buques objeto de la inspección.
Una tercera categoría de las actuaciones que realiza el Servicio son las
operaciones especiales. En este caso se trata de actuaciones que culminan
largos períodos de investigación y que frecuentemente son realizadas en
coordinación con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Nuestros barcos se hacen al mar con el objeto de interceptar un blanco
definido y, en este caso, acogiéndose a las condiciones establecidas por
la legislación internacional, proceder al abordaje. Hay que tener en
cuenta que se realizan en puntos tan alejados como las Malvinas, y que se
trata de operaciones complejas y peligrosas donde los funcionarios de la
Agencia Tributaria deben realizar estas misiones con enorme riesgo y
enormes distancias. Algunas de ellas suponen la culminación de
actividades totalmente realizadas por el Servicio --como por ejemplo la
aprehensión de los buques Zwanet, con 890 kilos de cocaína, o el Siva con
1.691 kilos de cocaína-- mientras que en otros casos se trata de
actividades realizadas en coordinación con otras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Como resultado total, en los últimos cinco años se
han realizado aprehensiones de 13.000 kilo de cocaína y 300.000 kilos de
hachís, lo que puede valorarse en un billón de pesetas. El objetivo para
este año, que ya ha sido indicado, supone un incremento de un 50 por
ciento sobre la media de los últimos cinco años.
Como ven SS. SS., partiendo de una actividad que en su objeto es
aduanera, puede apreciarse que el esfuerzo de coordinación es distinto en
función de cuál sea la naturaleza de la actividad. En las actividades de
análisis e investigación lo fundamental es coordinar la transmisión de
información y las actividades de inteligencia con objeto de evitar que
existan acciones concurrentes, para optimizar el grado de conocimiento
sobre las redes de narcotraficantes y para diseñar las operaciones de la
forma más eficiente. En las actividades de patrulla el problema es
distinto y lo más importante es coordinar, de forma previa a la
actuación, todas las situaciones imaginables que se pueden producir en el
mar a lo largo de la patrulla y que se derivan de la coexistencia en un
mismo paraje de colectivos que tienen una misión distinta y que deben
realizar a su vez su actuación con extremo sigilo. En las operaciones
especiales, como ya les he dicho, en la utilización de barcos
en alta mar, lo más importante es la coordinación táctica en el teatro de
operaciones. Además, en el análisis de las actividades de coordinación
deberemos diferenciar si se trata de actividades de coordinación
nacionales o internacionales. En el ámbito internacional realizamos
actividades de colaboración en cooperación con instituciones con
competencias equivalentes de países pertenecientes a la Unión Europea o
bien a terceros países.
En resumen, se trata de tres tipos de actuaciones. En primer lugar,
entregas controladas de estupefacientes que, en su mayor parte, se
realizan en coordinación con las autoridades aduaneras alemanas y que han
conducido durante los años 1996 y 1997 a la detención de 125 individuos.
En otros casos se trata de operaciones conjuntas aeronavales, a las que
el Servicio aporta sus helicópteros, sus barcos y sus aviones. Se han
realizado seis en los últimos años dirigidas al control de barcos
sospechosos del tráfico de estupefacientes y, en este caso, la
coordinación se realiza a través de un órgano de coordinación integrado,
fijo durante el período de la operación. En último lugar, tercera
categoría, actuaciones diseñadas para dar cumplimiento al programa del
grupo de cooperación aduanera, para detectar pequeños envíos de cocaína,
de heroína y tráfico en contenedores.
El objeto de esta comparecencia no es entrar en detalles sobre la
cooperación internacional, sino específicamente sobre la coordinación que
se realiza en el ámbito nacional con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
En nuestro país hay una pluralidad de colectivos encuadrados en
instituciones de distinta naturaleza que persiguen esta lucha contra el
narcotráfico. Se trata de una consecuencia de nuestra historia y es una
situación, en mi opinión, afortunada. La eficacia de las actuaciones de
los colectivos pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y nuestras relaciones con ellos serán tanto mejores cuanto mayor
sea este grado de coordinación. Analizaré, por tanto, la coordinación en
el ámbito nacional con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de
forma específica.
Primero, coordinación en labores de investigación. Mediante el Real
Decreto 2314/1993, de 29 de diciembre, el Plan Nacional sobre Drogas pasó
a depender del Ministerio de Interior. El Servicio de Vigilancia Aduanera
se ha encuadrado gustosamente en este esfuerzo coordinador, hasta el
punto de que todas nuestras investigaciones en materia de lucha contra el
narcotráfico son comunicadas y se realizan con conocimiento previo al
Plan Nacional sobre Drogas con un doble objetivo. En primer lugar,
detectar posibles relaciones o conexiones con otras investigaciones en
curso para almacenar, en el mayor grado posible, la información necesaria
para el éxito de la operación y, en segundo lugar, por el Plan Nacional
sobre Drogas se determine para cada caso concreto cuál es el cuerpo o
conjunto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que deben
intervenir en una operación concreta, atendiendo a su especialidad y a
sus medios. Un funcionario del máximo nivel del Servicio de Vigilancia
Aduanera desarrolla permanentemente su actividad en el Plan.
Durante 1997 las relaciones con el Plan Nacional sobre Drogas se han
traducido en 262 comunicaciones; de ellas 176 fueron dirigidas por el
Plan al Servicio, y a las restantes 86 fueron recibidas. Como pueden
apreciar ustedes, se trata de un ritmo de comunicaciones de 5,02 por
semana --más de una comunicación diaria-- y, por tanto, entendemos que es
satisfactoria. La naturaleza de las comunicaciones se refiere a cuatro
aspectos. En primer lugar, traslados de información relacionados con el
tráfico de estupefacientes. En segundo lugar, inicio de investigaciones
en la materia del narcotráfico. En tercer lugar, propuestas de entregas
controladas y, en último lugar, resultados de actuaciones.
El Servicio de Vigilancia Aduanera participa regularmente en reuniones
convocadas por el Plan con funcionarios de la Policía, de la Guardia
Civil y del Cesid para diseñar operativos en actuaciones de esta
naturaleza. En paralelo el Servicio de Vigilancia Aduanera tiene
destinado un enlace en la Oficina Central Nacional de Estupefacientes
que, como saben, es la unidad encargada de la centralización de toda la
información destinada a dicho tráfico, así como un funcionario de enlace
para optimizar la coordinación en la transmisión e interpretación de
estos datos. Esto en cuanto a la coordinación en el ámbito de la
investigación, en el ámbito táctico.
A continuación me referiré a la coordinación en el ámbito operativo. El
Servicio de Vigilancia Aduanera hoy colabora ilusionadamente y sin
reservas con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aportando
lealmente los medios de que dispone. Con la Guardia Civil en los últimos
cinco años se han realizado 112 operaciones conjuntas, con el resultado
de la incautación de 11.412 kilos de hachís, 1.709 kilos de cocaína y la
detención de 138 individuos. Con la Policía Nacional se han realizado 107
operaciones conjuntas, con la incautación de 114.672 kilos de hachís,
15.174 kilos de cocaína y la detención de 480 individuos. Si se analizan
los datos estadísticos puede apreciarse que, como media, a lo largo de
los últimos cinco años cada semana ha habido una actuación conjunta con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Respecto a las operaciones
especiales se produce también esta colaboración, como ya les he
anticipado. Ejemplos son la captura del Archangelo con 2.713 kilos de
cocaína; el Ran, con 1.013 kilos de cocaína; el Bongo, con 1.196; el Mar
Tere, con 1.332, el Martínez Alvarez, con 1.086; el Anita, con 1.010
kilos de cocaína y el Mäe Yemajá, con 2.580.
En esta tarea se trata de coordinar tácticamente operaciones complejas
que se realizan en alta mar, alejadas de nuestras costas, y en las que
los funcionarios de la Agencia Tributaria deben abordar barcos,
conducidos por tripulaciones armadas, en los que los estupefacientes son
transportados en contenedores que pueden ser arrojados al mar en
cualquier momento y, por tanto, es fundamental el sigilo en la operación.
La cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se
traduce en otras iniciativas que están teniendo éxito, como ocurre con la
operación Montaña, que se está realizando en la frontera
hispano-andorrana y donde la acción combinada de la Guardia Civil, del
Servicio de Vigilancia Aduanera y de los servicios
de Inspección de Aduanas han dado resultados espectaculares. La acción
prosigue y en el día de hoy funcionarios de la Uclaf, de la Guardia
Civil, de la Inspección de Aduanas y del Servicio de Vigilancia Aduanera
realizan una actividad en coordinación con las autoridades andorranas en
la represión del tráfico de contrabando de tabaco. Un ejemplo de
operación coordinada especial dirigida en el ámbito terrestre por el Plan
nacional sobre drogas fue la operación Pirineos, en octubre del año 1997,
que supuso la participación de funcionarios de la Inspección de Aduanas,
del Servicio de Vigilancia Aduanera, de la Guardia Civil y de la
Gendarmería francesa, interviniendo 600 individuos. Analizados estos
datos, voy a señalarles a continuación, con su permiso, el presente y el
futuro, así como el resultado de estas acciones de coordinación y voy a
poner, lógicamente, una especial atención, tras haber analizado el
período 1997, en los resultados obtenidos durante los dos primeros meses
del año, que es el período en el que tengo responsabilidad directa sobre
el servicio. Las acciones las voy a clasificar en tres tipos: acciones
organizativas, acciones de coordinación y acciones en inversión y
tecnología.
Desde el punto de vista organizativo, se ha comenzado por la
reorganización de los servicios centrales del Servicio de Vigilancia
Aduanera, diferenciando un área específica de planificación. En segundo
lugar, se ha elevado desde el nivel de servicio al nivel de área la
función encargada de la coordinación nacional en el ámbito operativo y se
han señalado dos servicios con dos misiones distintas: por una parte,
asegurar el exquisito cumplimiento de la normativa en estas actuaciones
de coordinación y, por otra parte, la planificación y coordinación, tanto
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como con el resto de
órganos de la Agencia Tributaria. Estas modificaciones que ya están
operativas de facto se van a ver reflejadas --y ya lo están-- en el
proyecto de relación de puestos de trabajo del departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales, que incluye no solamente estas medidas sino las que
son necesarias para aplicar la reorganización del Servicio de Vigilancia
Aduanera, que fue establecida en la Ley de medidas de 31 de diciembre de
1997. Todo lo expuesto anteriormente se refiere a las actuaciones
coordinadas realizadas, insisto, en los dos últimos meses y en el ámbito
operativo.
Se ha incrementado el ritmo de actuaciones en régimen de cooperación y se
han producido doce actuaciones coordinadas en ocho semanas, algunas de
ellas con la Policía, otras con la Guardia Civil y otra combinadas. Esto
supone un 50 por ciento de incremento en el ritmo frente a la serie
histórica. Son ejemplos las del 20 de enero en San Pedro del Pinatar; la
del 23 de enero en Chipiona; la del 24 de enero en Alicante; la del 26 de
febrero en La Garrucha; la del 5 de marzo en Málaga; la de 7 de marzo en
Alcantarilla, la del 6 de marzo en Roquetas o la del 11 de marzo en
Chipiona. La última actuación en coordinación ha tenido lugar el domingo
pasado, que ha culminado una operación denominada Pinguero, realizada
conjuntamente por el grupo de estupefacientes de Almería y el Servicio de
Vigilancia Aduanera.
Respecto a las actuaciones de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado no solamente hemos procurado incrementar el ritmo
sino también incrementar su profundidad y su contenido. El 12 de febrero
tuvo lugar una reunión convocada por el delegado del Gobierno para el
Plan nacional sobre drogas a la que asistió el director del departamento
de Aduanas, el director de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y quien hoy les informa, en la que, junto con el repaso de las
actuaciones en curso, se impulsó la aprobación de dos protocolos que
darán lugar, en su momento, a sendas instrucciones conjuntas de ambos
departamentos ministeriales. La Agencia Tributaria ya ha manifestado su
conformidad al texto de estos protocolos y han sido remitidos a los
gabinetes de los respectivos ministerios.
El 23 de enero, y por iniciativa del director de la Guardia Civil, se
celebró una reunión entre responsables de la institución, del
departamento de Aduanas y también de quien hoy les informa, para impulsar
estas tareas de coordinación. El 29 de enero el delegado de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y el general jefe de zona en
Andalucía realizaron, como culminación de un conjunto de contactos, una
jornada de confraternización en el puerto de Algeciras. En esta jornada
no solamente las lanchas de los servicios navegaron juntas, sino que se
dio adecuada comunicación a la prensa, para que existiese conocimiento
público de este esfuerzo de cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, hasta el punto de que en el puerto de Algeciras
ambas instituciones comparten la línea de atraque.
Durante la primera quincena de febrero se ha realizado una actividad
similar con la Policía, que ha conducido a la oferta, por parte de esta
institución, de la posibilidad de compartir el helipuerto de Algeciras.
En este momento, los técnicos y los pilotos del Servicio de Vigilancia
Aduanera están analizando esta posibilidad.
El 3 de marzo, convocada por el excelentísimo señor fiscal general del
Estado, tuvo lugar una reunión de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, encabezada por su director general, con el director en España
de la Uclaf --Unidad Central de la Lucha Antifraude--, para analizar la
mejor forma de coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía
Antidrogas, y ha sido creado un grupo de trabajo, presidido por el
director del Departamento de Aduanas y con un calendario específico, para
avanzar en esta materia.
Por último, hablaré de la tecnología. El comité de inversiones de la
Agencia Tributaria, en la sección del 9 de marzo, aprobó el plan de
inversiones para el servicio, que asciende a 2.160 millones de pesetas y
supone un cambio fundamental frente al ritmo de inversiones de nuestras
unidades durante los últimos años.
Como les he indicado, hay que tener en cuenta que los errores en las
operaciones de patrulla se producen por tres causas principales: falta de
información; falta de recursos, lo que obliga a la adopción de medidas
que no son las óptimas, y, en último lugar, fallos del material que, al
generar un imprevisto, alteran la planificación existente. Dado que en
las actuaciones de patrulla el mayor riesgo deriva de la
incertidumbre, una parte fundamental de nuestras inversiones se concentra
en alejar estos riesgos. Por una parte, se van a invertir 400 millones de
pesetas en remotorización de la flota, lo que aumentará sustancialmente
la tasa de operatividad de nuestros barcos y, por tanto, disminuirá los
riesgos operativos derivados de la incertidumbre sobre cuál es la
patrulla concreta que en un determinado momento se va a hacer a la mar,
así como la seguridad de los patrones sobre las maniobras que deban
realizar. Se adquieren dos equipos de visión nocturna para helicópteros
por un importe de 130 millones de pesetas, lo que permitirá disponer de
visión, incluso en condiciones de visibilidad nula, a los colectivos
situados en el teatro de operaciones y, por otra parte, no solamente el
conocimiento exacto de la realidad, sino la conciencia por parte de los
funcionarios de que las actuaciones que están realizando están siendo
filmadas. Se dota de radares de 360 grados y equipos de visión nocturna a
los aviones del servicio, así como de tanques adicionales de combustible.
Esto supone 405 millones de pesetas para los radares y equipos de visión
nocturna y 46 millones para los equipos suplementarios, lo que permitirá
que nuestros aviones tengan mayor autonomía, que se pueda realizar un
mejor control de comunicaciones y la filmación de las operaciones
especiales en condiciones de baja visibilidad. Por último, dentro de este
apartado significativo relacionado con la operatividad, se invierten 250
millones de pesetas en la mejora de las comunicaciones, donde era
necesario hacer este esfuerzo.
Analizadas las acciones de coordinación realizadas, paso a exponer a SS.
SS. el resumen de los resultados.
Durante 1997 fueron realizadas 163 actas en materia de estupefacientes e
incautados 92.555 kilos de hachís y 3.684 kilos de cocaína. La valoración
total de las mercancías objeto de contrabando que fueron descubiertas o
aprehendidas por el servicio se incrementó en un 15,16 por ciento
respecto al año anterior.
Para terminar, les voy a dar los datos de los dos últimos meses, que,
como he indicado, es el período del que soy directamente responsable. En
los dos últimos meses, primeros de 1998, se han realizado incautaciones o
descubrimientos de géneros por importe de 104.301 millones de pesetas, lo
que supone un incremento del 17,27 por ciento respecto a igual período
del año anterior. La incautación de estupefacientes ha alcanzado la cifra
de 63.921 millones de pesetas, esto es, un incremento del 14,77 por
ciento respecto a los 55.967 millones del igual período del año anterior.
Las aprehensiones de tabaco se han multiplicado por 28, llegando a
4.585.000 cajetillas, cubriendo con ello el 57 por ciento de los
objetivos de todo el año. Durante 1998 --en estos dos meses y medio
transcurridos-- se han realizado 54 actuaciones destacadas y durante los
días transcurridos del mes de marzo la valoración de las aprehensiones
alcanza los 14.865 millones de pesetas. En nuestra opinión, los
resultados durante los primeros meses de 1998 ponen de manifiesto ha
eficacia de la estrategia planteada y hacen que hoy parezca evidente la
superación de los objetivos establecidos, 250.000 millones, que suponían
un 50 por ciento de incremento respecto a la media histórica y una subida
sustancial frente a 1997. De hecho, a mediados de marzo, concretamente
ayer, se ha alcanzado el 50 por ciento de los objetivos anuales del
servicio y prosiguen nuestros esfuerzos para superarlos ampliamente.
En los datos presentados puede apreciarse --y con ello concluyo-- que la
participación del Servicio de Vigilancia Aduanera en la Lucha contra el
Narcotráfico supone la obtención de resultados satisfactorios y que el
esfuerzo realizado prosigue con creciente intensidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del grupo peticionario,
el Grupo Parlamentario Socialista, don José Fernández Chacón.
El señor FERNANDEZ CHACON: Muchas gracias, señor director del Servicio de
Vigilancia Aduanera y bienvenido a la Comisión. Le agradecemos las
explicaciones que nos ha dado sobre el funcionamiento, la composición y
la coordinación de dicho Servicio con otras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. No obstante, sí quiero adelantarle que vemos una
cierta autocomplacencia, sobre todo en la explicación de los resultados,
y no vemos una sana autocrítica, que sería necesario que usted hiciera,
asumiendo la responsabilidad que le compete en este momento como nuevo
director.
Señor director, el 24 de enero de 1997 el Gobierno dio luz verde al
denominado Plan de medidas para luchar contra las drogas, en el que se
contemplaban varias medidas: medidas de lucha contra la oferta, el
narcotráfico y el blanqueo de capitales; medidas asistenciales y de
reinserción; medidas de prevención; constitución del Observatorio Español
de Drogas; medidas de cooperación exterior y composición del grupo
interministerial. Dentro del bloque de medidas de lucha contra la oferta,
contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales --dice la documentación
que se nos presentó entonces--, el Gobierno, a través de la Delegación
para el Plan Nacional sobre Drogas, crea la Oficina Central Nacional,
cuyo fin es, y quiero recalcarlo, potenciar la coordinación operativa
entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Servicio de
Vigilancia Aduanera. Dicha Oficina está adscrita a la Comisaría General
de Policía Judicial e integrada por miembros funcionarios de los tres
cuerpos: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Servicio de
Vigilancia Aduanera. En el informe que presentó la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en junio de 1997, en el
apartado de coordinación operativa, se decía: Respecto a la Oficina
Central Nacional de Estupefacientes, que se integra en la ventana única
--entre comillas--, dentro de la Dirección General de Policía, se ha
puesto en marcha los trabajos de la misma para potenciar la coordinación
--vuelvo a recalcar lo de coordinación-- de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y el Servicio de Vigilancia Aduanera, con el
objetivo prioritario de establecer los canales de comunicación e
información y antecedentes entre los distintos cuerpos para una mejor
coordinación. Dentro de este ámbito se decía que se había firmado un
protocolo de coordinación con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria para la represión del
tráfico ilícito de drogas. Pero los hechos conocidos y divulgados
por los medios de comunicación --de la teoría a la práctica-- señor
director, son los siguientes --ya que usted ha hecho memoria, yo también
la voy a hacer--. En febrero de 1997, días después de anunciar el
Gobierno la puesta en marcha de este Plan de medidas, de estas medidas de
coordinación, aparece en varios medios de comunicación la noticia de que
la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera se disputan en la
playa de Los Lances de Tarifa el alijo y los detenidos. Como resultado de
esto, sobrevino una gran bronca, con insultos y agresiones físicas. Ambos
cuerpos se imputan la intervención de la otra parte en la misión, y lo
que se evidencia --decía el medio de comunicación-- es que había una
fuerte tensión y una nula coordinación en la operación.
Yendo más allá, a finales de octubre de 1997, pocos meses después de la
firma del protocolo de coordinación que he mencionado anteriormente
--según dice el informe del Plan Nacional sobre Drogas--, se pone de
manifiesto lo contrario con el caso Orto 1. Curiosamente, entre todos los
actos de coordinación entre su Servicio y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que usted ha relatado no ha mencionado el caso del
Orto 1; ha mencionado un sinfín de casos pero no el del Orto 1, y nos
gustaría que en el seno de esta Comisión y en su comparecencia se hablara
también de dicho caso, porque llueve sobre mojado. Es lo mismo que le
decía anteriormente, que hay una operación y que la Guardia Civil, según
denuncias de fuentes de la misma y de los medios de comunicación, no del
que les habla, parece que se queda al margen de la operación, parece que
a la Guardia Civil no se le informa de esta operación, como ya ocurriera
en la operación de la playa de Tarifa.
Seguimos en el tiempo y volvemos hasta hace unos días. El 11 de marzo de
1998 --usted hacía mención a este caso, pero pasando de puntillas-- se
monta una gran operación antidroga en Sanlúcar, en la playa del Coto, y
sucede lo mismo: la Guardia Civil se entera cuando ya la operación ha
finalizado y --hay que decirlo-- es un completo fracaso, porque hay
varios narcotraficantes que eluden el control policial. La Guardia Civil
se entera in situ, en una patrulla ordinaria de reconocimiento, sin saber
que allí se estaba llevando a cabo una operación por parte del Servicio
de Vigilancia Aduanera. Señor director, nos gustaría que también nos
hablara de estos casos y nos dijera por qué ha habido esta patente falta
de coordinación entre su Servicio y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, porque, como decía al principio, es necesario ejercer una
sana autocrítica. Sigo. Según los medios de comunicación, el Servicio de
Vigilancia Aduanera no alertó al cuerpo responsable de la vigilancia
costera, en este caso la Guardia Civil, y esta circunstancia permitió que
cinco narcotraficantes eludieran el cerco policial porque no se había
montado dispositivo alguno de la Guardia Civil en la costa del coto de
Doñana. Según el mismo medio, citando fuentes de la propia Guardia Civil,
el Cuerpo Nacional de Policía sí tenía conocimiento con antelación del
operativo del Servicio de Vigilancia Aduanera. Es decir, sí lo sabía la
Policía Nacional, no lo sabía la Guardia Civil.
Por eso, me gustaría que usted nos explicara qué está pasando en el seno
del Servicio de Vigilancia Aduanera y qué piensa usted que habría que
hacer para evitar estos casos que yo he relatado y que nos gustaría que
usted nos contara con más detalle en su próxima explicación. Asimismo,
quién es el responsable de esta falta de coordinación y, en su opinión,
qué habría que hacer, aparte de lo que ya nos ha dicho, para evitar estos
casos en lo sucesivo. Porque decir que se han montado unas jornadas de
confraternización está muy bien, pero decir que comparten hasta la línea
de atraque, ante estos hechos que he relatado, de verdad, nos parece
lamentable, porque si eso es lo que se está consiguiendo --de acuerdo con
lo que he entendido de sus palabras-- después de hacer todos los
esfuerzos de coordinación que están en su mano, después de haber firmado
un protocolo, según dice también la documentación que nos aporta el
propio Gobierno, etcétera, si esto es lo que se está consiguiendo,
repito, entendemos que éste no es el camino. Con el ánimo de colaborar y
de no hacer una crítica que salga más allá de estas paredes, nos gustaría
que nos dijera cómo se podría coordinar de una manera efectiva al
Servicio de Vigilancia Aduanera con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. Nos jugamos mucho en este tipo de operaciones y España,
desgraciadamente, se está convirtiendo en un almacén de narcotraficantes
que tienen dificultades para operar en países originarios como podrían
ser --y de hecho han sido-- países hispanoamericanos como Colombia.
Aparte de exponer los resultados que usted ha reseñado, y por los que le
felicito, aparte también de señalar las buenas intenciones, que deduzco
de sus palabras y que nos transmiten por segunda vez --el anterior
director del Servicio de Vigilancia Aduanera, antecesor suyo en el cargo,
nos decía lo mismo--, nos gustaría que la coordinación se afrontara de
verdad, para que no sucedieran los hechos lamentables que he relatado
anteriormente.
El señor PRESIDENTE: El señor director tiene la palabra.
El señor DIRECTOR DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA (González García):
Le agradezco su intervención.
Voy a intentar responder a las tres cuestiones que he anotado. Hace S. S.
mención a tres situaciones distintas. La primera, la producida en enero o
febrero del año pasado en Los Lances, en la que existió el enfrentamiento
a que ha hecho mención. Concretamente el 30 de enero de 1998, hace un
mes, esta acción ha sido cerrada con la condena de los traficantes que
fueron testigos del desafortunado incidente que indica. Pero después de
decir que el incidente es desafortunado y que dio lugar a la intervención
--si no estoy equivocado-- ante esta Cámara del director de la Guardia
Civil, tengo que hacer mías sus palabras cuando hace poco, el 6 de marzo,
indicó que la colaboración entre los organismos es notable y que se puede
comprobar en numerosas operaciones de éxito conjuntas entre la Guardia
Civil, la Policía y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Y lo noticioso
--y cito textualmente al director de la Guardia Civil-- es que haya casos
de descoordinación.
Si analizamos las cifras que he indicado, de aproximadamente una
operación semanal en coordinación con estas instituciones, vemos que a lo
largo de de un año y medio se han producido tres casos significativos,
preocupantes --tres de ellos que ha citado usted, dos el año pasado, uno
que no ha citado en Gandía y el que se ha producido en marzo--, vemos que
frente a 1.050 operaciones que se producen en un año, 400 llevamos en
este año, la existencia de tres casos evidentemente supone una situación
que no nos produce autocomplacencia alguna y que tenemos que corregir,
pero no deja de ser una situación reducida en su número. Dicho esto, el
que sea reducida en su número no quiere decir que no pueda disminuir.
Tenemos que hacer un esfuerzo intenso para conseguir que esta cifra sea
menor. Y el primer elemento dentro de este esfuerzo intenso es
diagnosticar adecuadamente cuál es la situación.
Hay tres cosas distintas que concurren en los tres casos que ha
mencionado usted, el primero de ellos el ocurrido en las playas de
Tarifa, con la presencia concurrente de la acción de las fuerzas de la
Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera, en el que
--interpretaciones aparte, y repito que hago mías las palabras del
director de la Guardia Civil-- el Servicio, dentro de su actuación, filmó
los hechos. Luego la interpretación es libre, pero queda la realidad de
los hechos materialmente filmada para que se puedan sacar conclusiones de
ella.
El caso del Orto creo que es distinto. Es cierto que nosotros realizamos
una actividad compleja, una actividad que inevitablemente tiene un riesgo
de fracaso. Me explico. Nosotros disponemos exclusivamente de un buque de
operaciones de altura de 74 metros y disponemos de patrulleros que están
en la banda de hasta los 20 o los 30 metros. En la realización de
operaciones de altura, abordar un barco en alta mar con un solo barco es
una situación compleja, más aún cuando los tripulante de la embarcación
que tiene que ser objeto de abordaje son profesionales que razonablemente
tienen una posible sospecha de que esta acción de intervención se
produzca. Por tanto, en cada caso concreto lo que hay que diagnosticar es
si el elemento es exclusivamente la falta de coordinación --que pudiera
ser-- o si es la falta de medios. Si una operación se pudiese hacer en
vez de con un barco con tres, mejor sería; si en vez de tener aviones con
cuatro horas de autonomía pudiésemos tenerlos con nueve, mejor aún. Sin
discutir que las cosas se pueden coordinar mejor, también es cierto que
con mejores medios es posible realizar una operación especial con más
garantías de éxito.
En el último de los casos a que ha hecho mención y que aparece reflejado
en la prensa del día 2 de marzo, como muy bien ha indicado, el Cuerpo
Nacional de Policía y el Servicio de Vigilancia Aduanera estaban
trabajando conjuntamente en la operación. En ese momento, efectivamente,
dentro del teatro de operaciones existían fuerzas del Cuerpo de la
Guardia Civil que dieron lugar a la situación que usted ha comentado.
Personalmente --independientemente de asumir la crítica que recojo y que
debo analizar y estudiar--, tampoco entiendo que fuese la operación un
fracaso total, puesto que fueron intervenidos 1.400 kilos de hachís y se
detuvo a cuatro personas, aunque podía haber ido mejor.
En resumen, dentro de la opinión que le transmito, si pueden
interpretarse mis palabras como autocomplacencia, pido disculpas porque
no es en absoluto el objetivo, pero sí el orgullo de transmitir a SS. SS.
los resultados obtenidos por el Servicio.
Por otra parte, en un año y medio hemos tenido los tres casos que ha
mencionado usted y un cuarto en Gandía. Tenemos que mejorar, pero
entiendo que el esfuerzo que se ha realizado durante el último año ha
sido provechoso, como lo demuestra el hecho de que se hayan incrementado
en el 50 por ciento durante dos meses el conjunto de operaciones
coordinadas, que en operaciones coordinadas hayamos realizado ocho
aprehensiones en los dos meses que va de año y que se hayan conseguido en
dos meses y medio el 50 por ciento de los objetivos del año. Sin marginar
en absoluto la autocrítica, entiendo que el esfuerzo progresivo de todas
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su colaboración con
nosotros está permitiendo avanzar en este camino, pero asumo la crítica
que nos realiza.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), el senador Cardona i Vila.
El señor CARDONA I VILA: Agradezco, en primer lugar, al director del
Servicio de Vigilancia Aduanera, don Ignacio González, su comparecencia,
y además la información y exposición que nos ha hecho.
Voy a someter a su consideración un par de cuestiones: la primera es un
tema puntual y hasta cierto punto territorializado. Ha hablado de la
operación montaña, aparte de la operación Pirineos, en la frontera de
Andorra. Efectivamente, hace unos meses se ha constituido un grupo
especial de montaña en esta frontera con Andorra. Basándome en las
informaciones que han trascendido a la opinión pública, ha tenido una
gran efectividad en lo que se refiere al contrabando de tabaco, y también
parece que en cuanto a la evasión de capitales, etcétera. No tengo
constancia, porque no ha trascendido tanto a la opinión pública, no se ha
publicado, no se ha dicho o no las ha habido, de que se hayan producido
incautaciones, aprehensiones o decomisos de drogas. Hemos de pensar que
puede ser consecuencia de que la frontera de Andorra no es una vía de
entrada de Europa a la Península, porque, por decirlo de alguna forma, el
flujo es a la inversa, la entrada a España es por vía marítima, y después
la vía lógica y normal del tráfico es su introducción en Europa. Por
tanto, España es una vía de entrada de droga a Europa. Aquí tenemos
constancia de los decomisos, de las incautaciones que se pueden hacer en
territorio español, no de lo que ocurre en el otro lado, porque el flujo
es a la inversa. Someto a su consideración esta pregunta para que nos
diga si esa frontera se puede considerar una vía de paso de droga de
España a Europa.
Voy a hacer una reflexión y después una pregunta. Cada vez son necesarios
más recursos, tanto humanos como
económicos, para hacer frente a las grandes organizaciones, a esas mafias
internacionales, que cuentan cada vez con mayores efectivos para burlar
la vigilancia de los gobiernos. En ese sentido, ¿considera que tiene los
recursos humanos y económicos para que la lucha sea eficaz? Naturalmente,
todo es mejorable, pero si se produce un incremento con la
internacionalización de esas mafias, los gobiernos tienen que aportar los
recursos presupuestarios pero también humanos para llevar a cabo una
lucha eficaz contra el narcotráfico.
El señor PRESIDENTE: Señor director.
El señor DIRECTOR DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA (González García):
En relación con los dos temas que me plantea S. S., le responderé por
separado.
En primer lugar, es cierto que existe la posibilidad de tráfico de drogas
a través de cualquiera de nuestras fronteras. Si, por ejemplo, tomamos la
operación Pirineos, a la que hemos hecho referencia anteriormente, en un
solo día, aunque es verdad que fue realizada en distintos puntos, fueron
interceptados 840 kilos de hachís, 60 cartones de cigarrillos, se
inspeccionaron 2.514 vehículos y 5.317 personas. En resumen, los puntos
comprobados en la frontera norte fueron Jonquera, Camprodón, Puigcerdà,
Viella, Valcarlos, Dancharinea e Irún. En operaciones que prácticamente
son de cierre, operaciones en las que interviene un número enorme de
efectivos con colaboración de las autoridades francesas, se obtienen 840
kilos de hachís cuando en una operación marítima concreta es normal
aprehender 4.000 ó 5.000 kilos y en ningún caso el abordamiento de un
buque con 1.000 kilos de cocaína.
Por tanto, sin duda que existe un flujo y que en este flujo hay que estar
vigilante, pero también entendemos que la repercusión que tiene para los
ciudadanos una operación de cierre permanente con este rendimiento sería
desaconsejable. Entonces, como primera contestación a su pregunta,
entendemos que existe un tráfico menor por las fronteras que usted ha
indicado, pero que no es significativo comparado con el resto de
Andalucía, ya que aproximadamente se producen el 55 ó 60 por ciento de
las aprehensiones totales del Servicio.
En cuanto a la segunda consideración, referente a los recursos de que
dispone el Servicio, como indica S. S., siempre existe la voluntad de
disponer de más recursos, pero lo dramático para una institución es
encontrar un hundimiento en la serie de las inversiones previstas, porque
destruye sus planes de inversión, destruye su planificación. El Servicio
disponía de un ritmo de inversiones en el período hasta el año 1992, y
luego, progresivamente, se fue produciendo un decaimiento. Las cifras de
inversiones para el Servicio de los años 1992 en adelante fueron 605
millones en 1992; 200 millones en 1993; 145 millones en 1994; 221
millones en 1995; 83 millones en 1996, y 379 millones en 1997. En este
año se incrementa a 2.160 millones, luego nosotros este año estamos muy
satisfechos y, sin perjuicio de que pudiesen abordarse otros proyectos,
volvemos al ritmo de inversiones que existió en el período de 1985 a
1991.
Como consecuencia de haber tenido que realizar una política de austeridad
durante estos años, hay datos que son significativos. La media de
nuestros vehículos de operaciones tienen 100.000 kilómetros, hay barcos
patrulleros de gama media con 20 a 25 años de casco, hay motores de
algunos de nuestros barcos que ya no están en serie y es necesario
obtener piezas a medida cuando hay que hacer una reparación. Entendemos
que con el esfuerzo inversor de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y del Gobierno en este año se da un balón de oxígeno
fundamental a la actividad del Servicio.
El señor PRESIDENTE: A continuación, la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, doña María Luisa Cava de Llano, tiene la palabra.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: En primer lugar, quisiera agradecer a
don Ignacio Miguel González García su presencia en esta Comisión y
desearle los mejores éxitos en esta nueva responsabilidad que le ha sido
encomendada.
Se le ha requerido hoy por parte del Grupo Parlamentario Socialista para
que explicara cuál es la coordinación del Servicio de Vigilancia Aduanera
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lo que a
narcotráfico se refiere. Su explicación ha sido tan abundante que pocas
dudas han podido quedar en nuestra mente. Sin embargo, sí me gustaría
hacer algún tipo de manifestación.
Nos ha explicado que las funciones del Servicio de Vigilancia Aduanera,
dependiente del Ministerio de Hacienda, son fundamentalmente la
investigación, el descubrimiento de acciones relacionadas con el
contrabando y también las relacionadas con los impuestos especiales, esto
es lo que se le encomienda al Servicio de Vigilancia Aduanera por el Real
Decreto de 1982, sin perjuicio de que hayan aumentado sus funciones,
concretamente desde el año 1997, ampliándolas también al conocimiento,
persecución e investigación de todo lo referente al fraude fiscal y a la
economía sumergida. Lo cierto es que la misión fundamental del Servicio
de Vigilancia Aduanera es todo lo relacionado con el contrabando. Ahí sí
que hay una expresa obligación por parte del Servicio de Vigilancia
Aduanera de trabajar de forma coordinada con las otras Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, obligación que les viene impuesta por la Ley
Orgánica 12/1995, de represión del contrabando.
Efectivamente, con alguna de las manifestaciones que ha efectuado el que
hoy ha actuado como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista tengo que
estar, desgraciadamente, de acuerdo, en el sentido de que en muchas
ocasiones esas acciones concurrentes por parte de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y del Servicio de Vigilancia Aduanera han
propiciado una impresión ante la opinión pública nefasta; me refiero a
esa especie de pelea para ver quién se podía poner la medalla en
operaciones como
las que ha mencionado el compañero efectuadas en Tarifa en otros lugares
de la geografía española.
Una de las premisas fundamentales que contenía el plan de choque aprobado
en el Consejo de Ministros del 24 de enero de 1997 era la coordinación
entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Servicio de
Vigilancia Aduanera. La coordinación puede que no haya sido perfecta, y
seguramente esto continúe siendo así. De todas formas, me ha parecido muy
interesante todo lo que nos ha manifestado acerca del papel que ha
asumido la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, por un lado, de
informarse e incluso de organizar prácticamente todas las operaciones que
en materia del narcotráfico se realizan, con el doble objetivo de
detectar las posibles relaciones o conexiones con otras actuaciones de
investigación que se puedan realizar por otros cuerpos; y, por otro, de
ser el que determine cuál es el cuerpo que debe proseguir con
determinadas actuaciones de investigación. Espero que esta coordinación
sea cada vez mejor, a sabiendas de las dificultades que comparta, entre
otras cosas, por el distinto encuadre que tiene el Servicio de Vigilancia
Aduanera dentro del Ministerio de Hacienda y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado dentro del Ministerio de Interior. Esto no es óbice
para que las cosas no funcionen bien, ni mucho menos, pero sí es una
dificultad más para conseguir esa coordinación que todos deseamos.
No he podido tomar nota de las cifras que me ha dado sobre los objetivos,
pero tengo que decir que los que tienen previstos para el 1998 me han
parecido ambiciosos. De todas formas, usted debe ser consciente de que,
aunque ésa sea la forma habitual de programar el trabajo, lo que a
nosotros nos gustaría es que lo que guiara estos objetivos que ustedes se
trazan no fuera la cantidad de operaciones sino la importancia de las
mismas.
Nos ha hablado de las distintas formas de coordinación, de las
actividades de investigación, de las operaciones de patrulla, de las
operaciones especiales y también de las actuaciones que se han llevado a
cabo en lo que llevamos del año 1998, que, como no podía ser de otra
manera, son las coincidentes con las declaraciones del director general
de Aduanas en un periódico de Cádiz en las que manifestaba que se han
cumplido los objetivos de 1998 en un 25 por ciento en lo que llevamos de
año.
Por último, nos ha hablado de las actuaciones llevadas a cabo en estos
dos últimos meses en los que usted es directamente responsable. Le
felicito por ellas y no atribuyo a la autocomplacencia lo que usted nos
ha dicho, sino a datos reales y objetivos cifrados numéricamente. En
consecuencia, aunque usted no se puede autocomplacer, los demás lo
hacemos por usted. Lo único que le deseo es que esos éxitos se prolonguen
en el tiempo.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo, señor director?
El señor DIRECTOR DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA (González García):
Solamente agradecerles su atención. Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director del Servicio de
Vigilancia Aduanera, don Ignacio Miguel González García.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA
(PARRAS VAZQUEZ) PARA INFORMAR SOBRE LA ULTIMA CONFERENCIA SOBRE SIDA Y
DROGA. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de
expediente del Congreso 212/001132 y número de expediente del Senado
713/000474).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es
la comparecencia del secretario del Plan Nacional sobre el Sida, don
Francisco Parras Vázquez, para que informe sobre la última conferencia
sobre sida y droga, a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Le
damos nuestra más cordial bienvenida al señor Parras Vázquez, quien tiene
la palabra.
El señor SECRETARIO DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA (Parras Vázquez):
Buenos días, señorías. Es un placer volver al Parlamento a explicar e
informarles de nuestro trabajo diario, en este caso con un tema puntual
que voy a aprovechar para ampliar alguna información y algunos datos y
enmarcar lo que fue la conferencia de sida y droga sobre programas de
metadona (hubo otra de programas de intercambio de jeringuillas a la que
no haré referencia), para lo cual voy a poner unas transparencias.
(Pausa.) Trataré de ser lo más breve posible.
Desde el año 1981, en España se han diagnosticado aproximadamente 49.000
casos de sida. En esta transparencia pueden apreciar la evolución de los
mismos desde el principio de la epidemia en España hasta el año 1997. Es
importante que vean el cambio tan trascendente que ha habido una vez que
se ha corregido el retraso en la notificación en relación con los casos
de sida, que luego podremos cuantificar en un descenso aproximado en el
año 1997, con respecto al año 1996, de un 22 por ciento. En España la
epidemia de sida tiene unas connotaciones absolutamente diferentes que en
el resto de los países de la Unión Europea. El intercambio de material de
inyección no estéril entre usuarios de drogas por vía intravenosa es la
primera causa de la transmisión de infección por VIH, computando el 64
por ciento de todos los casos diagnosticados. Teniendo en cuenta que más
del 70 por ciento de los casos de transmisión heterosexual tienen
relación con una pareja infectada que ha sido usuaria de drogas y que el
80 por ciento de la transmisión de madre a hijo tiene que ver con que
estas madres son drogadictas seropositivas o son parejas de drogadictos
infectados por el VIH, el dato más importante de la epidemia de sida en
España es que el 80 por ciento de todos los casos de sida tienen relación
directa o indirecta con el consumo de drogas por vía intravenosa.
En esta transparencia se desglosa la evolución de los casos de sida por
mecanismo de transmisión. Todos los mecanismos de transmisión, incluyendo
la heterosexual,
en el año 1997 han descendido. Globalmente el descenso se puede resumir
en, aproximadamente, un 22 por ciento de todos estos casos, lo cual es
muy importante. ¿Cuáles son los motivos por los que explicamos el
descenso de los casos de sida en España? La eficacia de las estrategias
de prevención desarrolladas a lo largo de todo el Estado en estos años de
lucha contra la epidemia, muy especialmente, como luego verán, en los
últimos 4 ó 5 años, y también la eficacia del tratamiento
antirretroviral, que es muy importante tener en cuenta. Como saben, desde
primeros del año 1996 las terapias combinadas logran una disminución de
la replicación del virus del sida en sangre de los enfermos y a partir de
aquí se logran dos cosas muy importantes: un descenso de la mortalidad,
que está sobrepasando en España y en todos los países de la Unión Europea
con creces las expectativas del tratamiento, y un retraso en la evolución
de la enfermedad, de tal manera que los enfermos que tenían antes
infección por VIH, al ser tratados precozmente, de acuerdo con las
recomendaciones del consejo asesor clínico del Plan Nacional sobre el
Sida, lo que hacen es retrasar su paso a sida y, por tanto, aumentan su
supervivencia. Desde el Ministerio de Sanidad, desde la Secretaría del
Plan Nacional sobre el Sida y desde los planes autonómicos del sida, uno
de los objetivos importantes de transmitir a la opinión pública en este
momento es que, aunque es patente la eficacia de los tratamientos en el
retraso de los casos de sida, no se puede considerar una victoria neta
sobre la enfermedad y sobre la epidemia, y es ahora cuando las
estrategias de prevención tiene que ser más reforzadas y mucho más
impulsadas, si cabe. En este contexto de la epidemia merece la pena
considerar toda las estrategias de prevención en reducción del daño. Si
consideramos que el 80 por ciento de los casos de sida tienen relación
directa o indirecta con el consumo de drogas, entenderán ustedes que gran
parte de la estrategia a desarrollar, que tiene que ser un impacto muy
importante en el desarrollo de la epidemia, es la prevención de la
infección de VIH en los usuarios de drogas por vía intravenosa. Es decir
que, tanto para el Plan Nacional sobre el Sida como para el Plan Nacional
sobre Drogas, todas las estrategias de mejora, desarrollo, incremento de
recursos, optimización, avances en el conocimiento para la reducción del
daño y muy concretamente la metadona como paradigma de los programas
sustitutivos y los programas de intercambio de jeringuillas, tienen que
ser la base fundamental de la lucha contra el sida junto con todas las
otras medidas de prevención, pero, por impacto epidemiológico, ésta tiene
que ser una de las más importantes.
Quisiera mostrarles ahora la evolución que han sufrido los programas de
metadona en España. Yo conozco mejor las iniciativas que se desarrollaron
en ambos planes desde el año 1994 porque es cuando asumo la
responsabilidad de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida. Lo
importante de esta transparencia es que ustedes vean el incremento tan
importante de recursos asistenciales que ha habido en los programas de
metadona, que tienen como ya he explicado antes una importancia capital
en la prevención del sida en usuarios de droga por vía intravenosa. En el
año 1993 había 113 programas de centros prescriptores y dispensadores y a
finales de 1996 --son datos de la Delegación del Plan Nacional sobre
Drogas-- hay aproximadamente 717. Tienen ustedes que actualizarla
probablemente con un incremento sustancial también en lo que va de año,
aunque son datos todavía no conocidos. Lo mismo ocurre con el número de
usuarios, que de una cifra aproximada de 15.000 en 1993 sobrepasan los
42.000 en 1996. Esta es una estrategia que tiene que seguir progresando.
En la Delegación del Plan Nacional sobre el Sida y del Plan Nacional
sobre Drogas somos conscientes de que, en este momento, los programas de
reducción del daño tienen que seguir siendo impulsados, tienen que seguir
siendo incrementados y mejorados para lograr una mayor eficacia en la
prevención del sida. En esta transparencia pueden ver la evolución de los
programas de reducción del daño, programas de metadona en instituciones
penitenciarias; ustedes pueden observar el cambio sobre todo
cuantitativo, aunque también cualitativo, de los programas en
instituciones penitenciarias. Ha sido un esfuerzo muy importante el que
hemos vivido en los últimos tres años. Por último, quisiera también que
observaran el incremento tan importante que ha habido en los tres últimos
años de los programas de intercambio de jeringuillas en todo el Estado.
Son un total de 84 programas que cada vez están más diversificados y
suponen a finales del año 1996, que es cuando estaba hecho el último
control, más de 405 puntos de intercambio de jeringuillas en diferentes
modalidades: centros sanitarios, puntos móviles, ex drogodependientes
tomando el papel de agentes de salud, etcétera. Esto es en lo que se
refiere a la perspectiva del problema del sida, su relación con las
drogas y la importancia que tiene la política de reducción de daño en el
control de la infección por VIH entre drogodependientes por vía
intravenosa.
Dentro de la estrategia conjunta del Plan Nacional sobre Drogas y el Plan
Nacional sobre el Sida venimos desarrollando, en los últimos cuatro años,
diferentes conferencias. Se pretende acercar a profesionales
institucionales y de organizaciones no gubernamentales de los dos planes
para poder conocer experiencias en todo el territorio del Estado,
intercambiar conocimientos y mejorar de alguna forma la eficacia de estas
intervenciones. La tercera conferencia nacional sobre sida y drogas, que
tenía como lema Mantenimiento con metadona, basta con dispensar, tuvo
lugar en Madrid los días 2 y 3 de octubre del año pasado. Tenemos un
mecanismo según el cual cada año organiza uno de los planes y corre con
toda la infraestructura del programa, pero son conferencias que
desarrollamos desde el inicio los dos planes de forma conjunta. Este año
correspondió la organización y el desarrollo del mismo, así como su
financiación y la supervisión de toda la conferencia, a la Secretaría del
Plan Nacional sobre el Sida. En términos generales, para que tengan una
idea del impacto de esta conferencia, la distribución geográfica,
profesional y por área de trabajo de los asistentes respondió a todos los
objetivos previstos. Estaba prevista para un máximo de 200 personas, pero
ante el número de solicitudes presentadas se tuvo que ampliar a 300, y
finalmente participaron 300 profesionales de las 19 comunidades y
ciudades autónomas, destacando la participación de Andalucía, Cataluña y
Madrid,
que cubrieron casi el 50 por ciento de todas las plazas. Por profesiones
la distribución también fue muy diversa: médicos un 55 por ciento,
psicólogos un 12 por ciento, personal de enfermería un 9 por ciento,
trabajadores sociales y educadores un 8 por ciento y farmacéuticos un 4
por ciento. Esa distribución de profesionales, sin embargo, tiene un
patrón distinto al de otras conferencias, ya que cada tema es evidente
que interesa más a unos profesionales que a otros que trabajan directa o
indirectamente en el campo de las drogas. Por áreas de trabajo primó la
presencia de profesionales sanitarios de centros de atención a
drogodependientes, un 73 por ciento, especialmente de aquellos con
programas de mantenimiento con metadona. Entre ellos destacó la
participación de los equipos sanitarios de los centros penitenciarios,
que alcanzó un 15 por ciento del global, y ya han visto ustedes el porqué
de este interés tan notable de estos profesionales. Cabe destacar que un
4 por ciento de los asistentes procedían de centros de atención primaria,
la mayoría de Cataluña. Finalmente, un 14 por ciento de asistentes eran
responsables de distintas administraciones sanitarias, local, autonómica
y central. Todo esto de alguna forma da una idea no solamente del interés
que suscitan estas conferencias, sino también de la diversidad de las
personas que asisten a las mismas.
La conferencia se organizó como un foro para el debate e intercambio de
información y la estructura se adaptó perfectamente a estos fines. Todas
las mesas se cerraron con un interesante debate que se prolongó durante
el tiempo asignado en el programa y, como era de esperar, el mayor nivel
de participación se dio en el debate sobre la efectividad en el
tratamiento y, sobre todo, en el que trató los modelos de gestión. El
principal objetivo de la conferencia era aumentar el enfoque de salud
pública y la implicación sanitaria de los centros y programas que
atienden a drogodependientes, que deben desempeñar un papel esencial en
la prevención y seguimiento de la patología de sus pacientes y, por
tanto, en la prevención de la infección por VIH y otras enfermedades
transmisibles. Esto se pretendía mediante la difusión de los criterios
actuales de efectividad de los tratamientos con metadona y mediante el
análisis de los distintos modelos de gestión posibles para ofrecer a los
toxicómanos un tratamiento integrado de su patología sociosanitaria.
Aunque no es posible hacer una valoración del impacto de la conferencia,
sí se puede afirmar, dado el elevado número de solicitudes, que el tema
elegido despertó un gran interés entre los profesionales involucrados en
tratamientos con sustitutivos opiáceos y especialmente el de
instituciones penitenciarias. La calidad de casi la totalidad de las
ponencias, específicamente centradas en los temas objetos del encuentro y
elaboradas por el mismo, contribuyó en gran medida a dar vitalidad al
debate. La mesa sobre la situación de los programas de mantenimiento con
metadona en España ofreció el marco epidemiológico necesario para
encuadrar el resto de los temas, el análisis de la administración de
metadona en situaciones especiales y, sobre todo, un examen riguroso de
los criterios de efectividad de este tipo de tratamientos que
contribuirán a incrementar su calidad. En cuanto a las modalidades de
gestión, los argumentos para una mayor implicación de la atención
primaria en el tratamiento de usuarios de metadona fueron los que se
examinaron con mayor profundidad. Las intervenciones de los asistentes
aportaron numerosas experiencias de distintos puntos del país y de las
diferentes maneras en las que se ha ido resolviendo la coordinación entre
las redes asistenciales específicas de atención a drogodependientes y
generales. Finalmente, se analizaron las nuevas tendencias en los
tratamientos con sustitutivos opiáceos, planteándose el dilema reducción
de daño versus tratamiento farmacológico, que condicionará el futuro de
los mismos.
En conjunto, la conferencia creemos que ha contribuido a incorporar a la
atención a los toxicómanos y, en concreto, a las estrategias de reducción
de daños los avances de la investigación internacional y las lecciones
aprendidas en la experiencia española. La conferencia pretendía analizar
dos cuestiones claves: primero, las características funcionales que
garantizan la calidad de los tratamientos y, segundo, los diferentes
modelos de gestión de una atención integrada al toxicómano. Al término
del encuentro se presentó un resumen de las conclusiones de las
conferencias a las preguntas planteadas. ¿Qué dificultades hay para que
los programas de mantenimiento con metadona ofrezcan las características
que hoy damos por buenas? Las conclusiones fueron las siguientes.
Primero, el incremento espectacular del número de pacientes en programas
de mantenimiento con metadona en estos últimos años refleja el esfuerzo
realizado para implantar y promocionar este tipo de programas. Segundo,
la existencia de tasas elevadas de prácticas de riesgo para la
transmisión del VIH entre las personas que se inyectan drogas en un
contexto de prevalencia de infección todavía muy altas y los elevados
porcentajes de casos de sida relacionados con el consumo de drogas por
vía parenteral indican que el esfuerzo por dar respuesta a este problema
debe continuar. Tercero, al planificar este esfuerzo se deberá tener en
cuenta que los nuevos tratamientos antirretrovirales mejoran las
expectativas de vida de los enfermos de sida y, por tanto, tendrán como
efecto sobre los programas de mantenimiento con metadona la reducción del
número de altas por defunción, prolongándose así el tiempo de
tratamiento. Cuarto, la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida
facilitará una revisión de las interacciones de la metadona con los
nuevos fármacos antirretrovirales, sobre todo los inhibidores de
proteasa, para facilitar la utilización de los mismos por los
profesionales que entran en contacto con estos pacientes. Quinto, es
importante garantizar que un paciente pueda continuar su tratamiento de
mantenimiento con metadona en situaciones de encarcelamiento u
hospitalización. El gran incremento del número de estos programas en
prisiones permite ya a muchos toxicómanos continuar su tratamiento
iniciado en un programa comunitario. Es también muy importante garantizar
que todos los hospitales generales aseguren la continuidad del
tratamiento con metadona a los pacientes ingresados por otra patología
orgánica. Por último, es necesario evaluar los programas de mantenimiento
con metadona, ver cómo se están haciendo y planificar cómo deberán
desarrollarse en el futuro. En este sentido, hay dos interesantes
iniciativas del Plan Nacional
sobre Drogas que se completarán a lo largo de este año y que tratarán de
estudiar las características estructurales y funcionales de los centros
de metadona en España, cuyo resultado --repito-- será conocido de forma
inmediata.
La segunda pregunta clave era cómo conseguir ofrecer a los toxicómanos un
tratamiento integral de su patología sociosanitaria y las conclusiones
que se recogieron en esta jornada fueron las siguientes. Primero, la
dispensación de un sustitutivo no es suficiente pero es mucho más que
nada; ésta debe aprovecharse para ofrecer otras intervenciones que
mejoren la calidad de vida del paciente. Segundo, existe acuerdo general
sobre la necesidad de proporcionar una atención integral al paciente
toxicómano. Tercero, debe aumentar la permeabilización entre la red
general de asistencia sanitaria y la red especializada de asistencia a
drododependientes en ambas direcciones y en todos los niveles de
atención. Cuarto, la experiencia de la que disponemos sugiere que
aquellos centros de atención a toxicómanos que prestan servicios
generales de salud como la vacunación contra la hepatitis b, la
profilaxis y el tratamiento supervisado de tuberculosis y otros obtienen
importantes mejoras en la salud de los pacientes y deberían incrementarse
estos programas en los centros de atención a drogodependientes. Quinto,
los servicios generales de salud deben atender al toxicómano desde una
perspectiva integral y no sólo en atención primaria sino también en la
especializada y en la hospitalaria. Sexto, la ordenación de la
participación de la atención primaria en los programas de mantenimiento
con metadona deberá tomar en consideración las diferencias territoriales
y llevarse a cabo de forma programada y protocolizada.
Como ven, la intención del Plan Nacional sobre el Sida y el Plan Nacional
sobre Drogas cuando planteamos este tipo de conferencias es, una vez
analizada la realidad del medio en el que nos movemos, en este caso los
programas de reducción del daño con metadona, intentar ver, en un debate
abierto y público con gran participación de personas que trabajan en
organizaciones ciudadanas o en diferentes instituciones, qué es lo que
hay que hacer hacia adelante y cuáles son las cosas que habría que
mejorar no tanto en cantidad sino también en calidad. Creo que esto era
lo que pretendíamos con esta conferencia. Se nos han marcado una serie de
conclusiones que es nuestra intención desarrollar e ir buscando la mejor
forma de hacer más eficaces, en lo que se refiere a la lucha contra el
sida, los programas de reducción del daño como una medida de prevención
no solamente de la transmisión parenteral sino también como un mecanismo
para lograr una disminución de la transmisión sexual en este colectivo.
No tengo más que contarles. Mucha gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, que es quien ha pedido su comparecencia, doña Coral Rodríguez
Fouz.
La señora RODRIGUEZ FOUZ: Señor Presidente, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, quiero agradecer al señor Parras su
comparecencia ante esta Comisión. Con esta solicitud de comparecencia del
secretario del Plan Nacional sobre el Sida para que informe sobre la
tercera conferencia nacional sobre sida y drogas que se celebró en Madrid
el pasado mes de octubre, los parlamentarios del Grupo Socialista hemos
pretendido alejarnos de la estricta y más habitual labor de control al
Gobierno para centrarnos en la tarea de estudio, una tarea que es
fundamental en esta Comisión Mixta para el estudio del problema de las
drogas.
Cuando en 1994 el propio señor Parras, ya secretario del Plan Nacional
sobre el Sida, anunció la celebración de la primera de estas conferencias
en el marco de colaboración entre el Plan Nacional sobre el Sida y el
Plan Nacional sobre Drogas, habló de una conferencia de análisis. Precisó
que con ella se trataba de proporcionar un servicio de intercambio de
información y aprendizaje entre los diferentes profesionales que trabajan
en el campo del sida y de las drogas, que se trataba de intercambiar
experiencias entre los profesionales de las distintas administraciones
públicas, de las diferentes comunidades autónomas y de organizaciones no
gubernamentales. Conscientes de que esta tercera conferencia nacional
sobre sida y drogas perseguía esos mismos objetivos, que quería ser como
las anteriores un foro para el debate --ya lo ha dicho el señor Parras--,
hemos considerado oportuno que las conclusiones de ese intercambio de
información y experiencias fueran trasladadas a esta Comisión. Por eso el
Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado esta comparecencia.
Conociendo que los participantes en la conferencia han tratado en esas
cuatro mesas redondas cuestiones relacionadas con el futuro de los
programas de mantenimiento con metadona, hemos considerado muy importante
que esta Comisión para el estudio del problema de las drogas tuviera
información precisa y detallada sobre esas cuestiones, sobre todo
teniendo en cuenta que hoy parece incuestionable la eficacia de estos
tratamientos con sustitutivos opiáceos en la estrategia de prevención de
la infección del VIH en los usuarios de drogas inyectadas.
Ya nos ha dicho el señor Parras que el planteamiento inicial de la
conferencia era Mantenimiento con metadona, basta con dispensar. Hemos
querido conocer la respuesta dada por los expertos a este interrogante;
un interrogante que desde el Grupo Socialista hemos planteado en más de
una ocasión. Así, por ejemplo, ante el gran incremento de los programas
de mantenimiento con metadona en los centros penitenciarios producido en
el último año, hemos dudado de que esos programas tengan un enfoque
multifacético y sean conducidos por equipos mixtos de personal
penitenciario y extrapenitenciario, lo que consideramos fundamental.
Hemos manifestado nuestra impresión de que dichos programas están basados
en muchos casos en la simple dispensación, por eso hemos querido conocer
las opiniones que han manifestado en esa conferencia los expertos sobre
esta cuestión. Hemos querido conocer también las respuestas que han dado
los profesionales y los expertos a esas dos preguntas planteadas en esa
conferencia: por un lado, la de cómo proporcionar una atención integral a
los toxicómanos que están en un programa de mantenimiento
con metadona y, por otro, las características o los criterios que deben
garantizar la calidad de estos tratamientos con metadona. Hemos querido
también saber lo que se habló sobre la profundización en la adaptación y
ordenación de los programas de mantenimiento con metadona, sobre la
diversificación y estructuración de esos programas, sobre la integración
de los programas con agonistas opiáceos en las redes específicas de
atención a drogodependientes y sobre la coordinación y cooperación entre
esas redes específicas y las redes generales sanitarias y sociales.
Esto es lo que pretendíamos con esa iniciativa, por lo que agradecemos la
información que nos ha aportado, pero quisiéramos destacar dos de las
ponencias presentadas en la conferencia. Una es la referida a las
interacciones farmacológicas con la metadona y sus consecuencias
clínicas, que en muchos casos son imprevisibles. Creemos que esto tiene
una gran trascendencia en el caso de los pacientes en tratamiento con
metadona y que a su vez están enfermos con sida o con infecciones
relacionadas. Consideramos muy importante el estudio de esas posibles
interacciones farmacológicas, sobre todo las de la metadona con los
tratamientos antirretrovirales. Ya ha anunciado el señor Parras que se va
a hacer esa revisión desde el Plan Nacional sobre el Sida. La otra
ponencia que queremos destacar es la referida a la implicación de la
atención primaria en el tratamiento de los adictos a drogas por vía
parenteral y, en especial, en los programas de mantenimiento con
metadona. En esa ponencia se reflexionó sobre los argumentos favorables a
esa mayor implicación de los médicos de atención primaria y se aportaron
una serie de recomendaciones para llevar a cabo ese mantenimiento con
metadona en la atención primara como, por ejemplo, formar a los médicos
de atención primaria en el manejo de los usuarios de drogas por vía
parenteral, promover servicios de apoyo específicos para esos médicos y
favorecer el contacto entre los equipos especializados de atención a los
drogodependientes y los equipos de atención primaria. Se recomendó,
asimismo, establecer un sistema de colaboración en el que el médico
general se implique preferentemente en los casos de tratamiento de
pacientes estabilizados, delegando a los servicios especializados los
pacientes que requieren un mayor nivel de especialización. Queríamos
conocer cuáles de esas recomendaciones van a ser tomadas en consideración
y en qué medida.
Termino agradeciendo al señor Parras toda la información que nos ha
facilitado sobre esta conferencia, que es una información valiosísima que
analizaremos y estudiaremos con detenimiento para próximas ocasiones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario.
El señor SECRETARIO DEL PLAN NACIONAL SOBRE SIDA (Parras Vázquez):
Intervengo muy brevemente. Respecto a las interacciones farmacológicas de
los antirretrovirales con la metadona, quiero decir que éste es un tema
importante y difícil; tan difícil como que no existe información en la
literatura científica de algunos de los antirretrovirales y sus
interacciones con este tipo de fármacos, porque la mayoría de los ensayos
clínicos que hay en marcha o con los que se ha adquirido experiencia no
incluyen enfermos drogodependientes y mucho menos si están tomando
metadona porque precisamente pueden artefactar los efectos farmacológicos
de los antirretrovirales. Repito que es un tema complicado, pero estamos
trabajando al unísono con las compañías farmacéuticas que tienen este
tipo de productos para que, a medida que vaya surgiendo alguna
información, aun fuera de los circuitos de la literatura científica,
integrada y poder proporcionarla de forma rápida a todos los
profesionales. Hay algunas que son bien conocidas y otras que
desgraciadamente no lo son. Lo normal hubiera sido que los estudios
hubieran estado hechos antes de tiempo, pero en un mundo como el del
antirretroviral, en el que lo que se requiere son fármacos que aumenten
la supervivencia de forma rápida, esto se considera un problema de
segunda línea y en ello están de acuerdo la mayoría de los expertos y
sobre todo los potenciales usuarios de estas drogas, aunque estén tomando
metadona.
Respecto a la implantación de atención primaria, a una mayor implicación
de la atención a los pacientes drogodependientes, es un objetivo que
perseguimos desde hace mucho tiempo. De hecho, la ponencia de Miguel del
Río, a la que ha hecho usted referencia, fue de alguna forma arrastrada
por nuestro interés, pues creemos que éste es un elemento importante para
el debate. Por la mayor implicación de los centros de atención primaria
en la asistencia a los pacientes drogodependientes necesita tiempo,
necesita que que se discuta en foros como esta conferencia entre los
profesionales, necesita probablemente una mayor formación y necesita
también que se desbloquee una estructura de atención al paciente
drogodependiente que en los últimos quince años ha sido muy monolítica y
específica en centros de atención al drogodependiente e ir fusionando de
alguna forma los programas. En ese sentido, desde la Secretaría del Plan
Nacional sobre el Sida y en coordinación con la Delegación estamos
pretendiendo desarrollar un programa para que los técnicos de los centros
de atención a drogodependientes se impliquen más en elementos claves,
como es el de la prevención de la transmisión sexual del VIH en estos
centros, y a lo largo de este año vamos a desarrollar toda una
estrategia, también en coordinación con las comunidades autónomas, que
está priorizada en los planes autonómicos de lucha contra el sida dentro
del plan multisectorial que hemos desarrollado para el año 1998
específicamente. También hay una serie de iniciativas en fase de estudio
piloto, en este momento, que pretenden conocer y estudiar bien los
problemas que puede tener el dispensar metadona en un centro de atención
sanitaria. Hay experiencias diversas en diferentes comunidades autónomas,
en Andalucía, en Cataluña, en Madrid, en Murcia, en Castilla y León, y lo
que necesitamos es valorar en profundidad qué tipo de conflictividad, qué
tipo de problemas, qué necesidades hay para poder extrapolar poco a poco
toda esta estrategia que es una necesidad, entendiendo que pueden ser de
utilidad pacientes que referidos ya, con un trabajo previo, bien
detallado y con custodia familiar, de los centros de atención al
drogodependiente de esa red específica
puedan pasar a ser controlados, en algún momento, por la atención
sanitaria.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
tiene la palabra doña Inés Sabanés Nadal.
La señora SABANES NADAL: Agradezco la comparecencia del señor secretario
del Plan Nacional sobre el Sida. Con mucha brevedad quería plantearle
algunas dudas que me ha suscitado su exposición.
Mi grupo lleva reflexionando mucho tiempo sobre lo que significa en
nuestro país la proporción entre sida y droga y la diferencia en relación
con otros países de nuestro entorno. Nos ha planteado que la causa de la
reducción del sida son los tratamientos de lucha contra la propia
epidemia. Me gustaría saber si tenemos ya datos sobre qué nivel de
evolución tiene el 80 por ciento de conexión entre el sida y la
transmisión a través de la drogodependencia y, sobre todo, si en el marco
de esas conferencias o en el marco de la propia Secretaría del Plan
Nacional sobre el Sida se tiene un objetivo a medio plazo y una
proyección de evolución de este dato del 80 por ciento relacionado y
cohesionado con el aumento de los programas de reducción de daño. Es
decir, ¿tenemos fijado algún objetivo para que cuantitativamente este 80
por ciento se reduzca a medio plazo?
Respecto a los tratamientos sustitutivos, a los programas de reducción de
daño como la metadona o el intercambio de jeringuillas, ¿se han
adelantado algunas posibilidades más sobre programas de reducción de
daños en el marco de estas conferencias? La administración de metadona no
es válida para todo el conjunto de la población drogodependiente, sobre
todo porque en los casos de un mayor nivel no se acepta ese tratamiento.
¿Hemos adelantado alguna posibilidad más de trabajar sobre programas de
reducción de daños como se está planteando en algunas comunidades
autónomas, se está intentando por lo menos tener el debate sobre la
posibilidad de otros programas de reducción de daños centrados en
población de más alto riesgo o menos susceptible al tratamiento con
metadona?
Por último, quizá no he entendido bien los datos, pero ¿existe una
desproporción clara de la atención primaria entre comunidades? Se ha
hablado de que los centros de atención primaria en Cataluña tienen una
mayor vinculación con tratamientos de metadona que en otras comunidades.
Quiero saber los niveles de proporción entre comunidades porque la
atención primaria significa la garantía de un trabajo más integrado, de
un trabajo con unas características más enfocadas al conjunto de la
población o, por lo menos, a una población en mayor nivel de dificultad.
¿Existe una desproporción clara de actuación entre comunidades?
El señor PRESIDENTE: Señor secretario.
El señor SECRETARIO DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA (Parras Vázquez):
Intervengo muy brevemente para intentar contestar a sus preguntas. Me han
parecido algo confusas, sobre todo dos de ellas, pero voy a tratar de
contestarlas como pueda.
Respecto al problema del sida y drogas, me pregunta por qué hay en España
proporcionalmente más casos de sida. Seguramente me habrán oído alguna
vez e incluso ustedes probablemente lo habrán debatido. La proporción del
80 por ciento en una infección como el VIH, que causa el sida y que tiene
un período de latencia de casi diez años de media, probablemente no vamos
a disminuirla de ninguna manera en mucho tiempo, porque el impacto de los
tratamientos, al ser universal, va a hacer descender proporcionalmente
todos. En ese sentido, la idea es conseguir que con los tratamientos
antirretrovirales haya menos casos de sida. En términos de epidemia tiene
importancia, sobre todo por lo que supone de mejora de calidad de vida y
mejora de supervivencia, pero en términos de epidemia lo que tiene más
importancia es la seroprevalencia de infección por VIH. La evolución en
los últimos años ha ido formando una curva claramente descendente, y eso
es muy importante, pero lo que yo trataba de explicarles es que los casos
de sida también deberían haber ido en paralelo de forma descendente,
puesto que estamos hablando de dos fenómenos que hasta hace dos o tres
años teóricamente se superponían y eran paralelos. Al haber roto este
equilibrio con unos tratamientos muy eficaces, hay que ver los casos de
sida, pero también nos interesa mucho ver la seroprevalencia. Los datos
de seroprevalencia también son buenos si tiene usted en cuenta, por
ejemplo, que, según la memoria del Plan de drogas, el 80 por ciento de
los usuarios de drogas en el año 1985 de Madrid, Valencia o Barcelona
tenían anticuerpos frente al VIH y que a finales del año 1996, en los
últimos estudios, estos datos están en torno al 24 por ciento, lo que
quiere decir que las medidas preventivas están funcionando. Además, eso
se confirma con la constatación de los cambios de utilización de heroína
por los usuarios de drogas, con un mayor peso específico de la vía
inhalada y fumada en contra de la inyectada. Por ello, en términos
globales y parciales, tanto en los términos de seroprevalencia como en
los términos de sida, gracias a la estrategia de prevención en conjunto
con los tratamientos, la evolución es favorable y va a ser homogénea en
términos de proporción de 80 por ciento de factores de riesgo etcétera.
Esta evolución es absolutamente superponible a cualquier país de la Unión
Europea o a Estados Unidos, en los centros que se utiliza de forma
mayoritaria tratamiento antirretroviral de forma agresiva.
En relación a si en la conferencia se habló de otro tipo de dispensación
de programa de reducción del daño, he de decirle que no, porque el tema
de la conferencia era muy focal y muy concreto. Repito que en el primer
trimestre de este mismo año se celebró otra conferencia dentro de este
mismo contexto, que versaba exclusivamente sobre programas de intercambio
de jeringuillas. Pretendíamos, de alguna forma, centrar los puntos. El
debate abierto sobre otras posibilidades que usted no ha querido nombrar
y yo tampoco, como bien sabe S. S. está abierto, hay un informe de la
Organización Mundial de la Salud pendiente y son los programas
autonómicos de drogas y la Delegación del Gobierno para Drogas quienes
tendrán que tomar la decisión
conveniente y en términos cuantitativos; en relación con la epidemia de
sida, no nos plantea ninguna incertidumbre ese aspecto, nosotros
pretendemos que haya más recursos para programas de reducción del daño y
que éstos se apliquen con mayor eficacia.
Respecto a la implicación de las comunidades autónomas en programas de
atención primaria y dispensación de sustitutivos de opiáceos la que mayor
peso específico tiene, sin ninguna duda, es Andalucía, con una
desproporción muy importante en relación con otro tipo de programas. En
relación con el trabajo integrado se pretende tanto que los programas de
drogodependientes se preocupen un poco más de la asistencia sanitaria,
como que los programas sanitarios se preocupen un poco más del problema
de la droga. En eso estamos intentando trabajar, tarea nada fácil, porque
son dos bloques que inicialmente han estado separados, pero
afortunadamente se va progresando poco a poco y es una tarea que tenemos
que desarrollar desde los profesionales que trabajan en esos programas,
hasta las instituciones. Esta es la tarea que tenemos para el futuro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Jaume Cardona, senador por
Convergència i Unió.
El señor CARDONA I VILA: Quiero agradecer, cómo no, la comparecencia del
secretario del Plan sobre el sida, el doctor don Francisco Parras, así
como la información que nos ha facilitado y los datos suministrados sobre
las conclusiones de la conferencia.
No cabe duda que la ausencia de una vacuna sobre el sida hace que la
lucha sea menos efectiva. El día que contemos con una vacuna (no sabemos
los años que podrá tardar, por desgracia demasiados, porque aunque sean
pocos siempre serán demasiados) la lucha será menos difícil. Es cierto
que ahora parece que estamos en una etapa de buenas expectativas al
aplicar el tratamiento triple combinado, de cuya efectividad no sólo se
ha hablado mucho en esta conferencia sino también en otras reuniones,
simposios, etcétera, de forma que podríamos decir que, gracias a este
tratamiento, esa enfermedad incurable, un síndrome indefectiblemente
mortal, lo hemos convertido en un síndrome con cierta supervivencia.
Podríamos decir que estamos ante un síndrome crónico y que con los medios
de que disponemos hoy día ya no se trata de un síndrome mortal, sino de
un síndrome crónico. Ha hecho referencia también el señor secretario a la
prevención y al tratamiento, lo cual comporta un incremento del gasto
sanitario, por ello yo le pregunto. ¿Podría decirme el coste estimativo
que puede representar para el conjunto de los sistemas nacionales de
salud?
Otra cuestión que quisiera considerar es respecto de la prevalencia del
sida en los usuarios de drogas vía parenteral, que indefectiblemente
arroja desde hace muchos años unas cifras alrededor del 60 por ciento.
Nos ha dicho que el mecanismo de transmisión en los usuarios de drogas
vía parenteral representa el 64 por ciento de los casos --a pesar de que
han descendido-- y si tuviéramos en cuenta las diferentes combinaciones
posibles de contagio entre vía sexual y vía parenteral por uso de drogas,
casi todos estos enfermos han tenido contacto con las drogas vía
intravenosa.
Se ha conseguido que el número de afectados homosexuales haya descendido
porcentualmente más que los otros casos, bien sean por vía sexual o
heterosexual, fundamentalmente los usuarios de drogas. Si hacemos una
reflexión sobre estos hechos, aparte del efecto que tiene la terapia
utilizando los medicamentos actuales, indudablemente respecto a la
prevención de los homosexuales se ha conseguido cierto éxito debido a las
precauciones tomadas. No ha sido así por las dificultades de control en
la prevención de los heterosexuales y menos aún por el constante
porcentaje de prevalencia en los usuarios de drogas, debido a la falta de
precauciones que toman estos enfermos.
Teniendo en cuenta la importancia de la reinfección del sida para
desarrollar la enfermedad en los casos seropositivos, el señor secretario
ha hecho referencia a los programas de reducción del daño, especialmente
con metadona en las prisiones, además de la aplicación de los programas
de intercambio de jeringuillas, y le quiero preguntar su opinión más que
por su cargo institucional, como experto y conocedor del sida y su
relación con las drogas, ¿qué opinión le merecen no sólo los programas
con metadona, sino los programas con sustitutivos, con las mismas drogas,
entiéndase heroína, como proponen desde diferentes ángulos muchos
expertos en el tema, sobre todo teniendo en cuenta las consideraciones
realizadas anteriormente respecto a la importancia de la reinfección para
desarrollar el sida y por la constante prevalencia del sida en los
usuarios de drogas vía parenteral?
Quiero reiterar el agradecimiento de nuestro grupo por su comparecencia,
así como la información que nos ha facilitado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario.
El señor SECRETARIO DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA (Parras Vázquez): El
coste actual del tratamiento antirretroviral, yo creo que ya lo he
repetido en más de una ocasión, está aproximadamente alrededor de
1.250.000/1.300.000 pesetas por paciente/año. Ello supone, una estimación
aproximada --y hago hincapié en la palabra estimación-- de que en el año
1998 estaríamos en torno a 35.000 millones de pesetas solamente en
tratamiento antirretroviral. Es muy complicado realizar una estimación
fidedigna debido a los cambios tan importantes que hay en la evolución de
la terapia; además hay que tener en cuenta que un importante porcentaje
de pacientes tiene efectos secundarios e intolerancias añadidas, tienen
que continuar el tratamiento bajo control médico y, desgraciadamente, hay
también pacientes que siguen inyectándose sustancias opiáceas. Por tanto,
hay un porcentaje de interrupciones en los tratamientos, y por ello es
difícil hacer una estimación real, pero nos aproximaríamos un poco a
estas cifras.
Las cifras de seroprevalencia son variables, dependiendo de que ciudad se
escoja para estudiar y qué grupo de drogodependientes o de homosexuales.
Globalmente,
los datos que nosotros manejamos de las cohortes de seguimiento que hay
de conductas, de hábitos de riesgo en diferente poblaciones, tanto en
homosexuales como en usuarios de drogas, y en la población heterosexual,
las conductas evolucionan favorablemente hacia menor riesgo, desde la
utilización de preservativos en adolescentes o en el colectivo homosexual
hasta el cambio de la vía en el colectivo de drogodependientes, etcétera,
y también la seroprevalencia. Por tanto, en este sentido los datos son
buenos, lo que quiere decir que todas estas estrategias de prevención
funcionan, pero estamos hablando de un problema que tiene un amplio
impacto en España y, en consecuencia, esta interpretación de las
tendencias de seroprevalencia no puede entenderse como un elemento
triunfalista, sino todo lo contrario. En este sentido retomo algo que
comentaba al principio de mi intervención: que la Secretaría del Plan
Nacional sobre el Sida y el Ministerio de Sanidad y Consumo, en lo que
llamamos Plan multisectorial, que muchos de ustedes conocen porque he
tenido oportunidad de comentarlo en el Parlamento en un par de ocasiones,
hemos hecho especial hincapié en reforzar todas las estrategias de
prevención y establecer un plan conjunto con las comunidades autónomas, a
las que se van a transferir una serie de recursos importantes, para
centrarnos en seis o siete estrategias de prevención claras y diáfanas,
que no tienen discusión, sobre las que estamos totalmente de acuerdo y en
las que es necesario seguir interviniendo.
Respecto a los programas sustitutivos de heroína, le doy la misma
respuesta que he dado antes. A ninguno de ustedes, por pertenecer a una
Comisión como ésta, se les escapa la dificultad que puede tener una
medida de este tipo y hay que ser muy cautos, lo mismo que cuando
hablamos de los programas de intercambio de jeringuillas en las cárceles
después de la primera experiencia de la prisión de Hindelbank, en Suiza.
Que haya una experiencia no quiere decir que todo esté resuelto y hay que
ir poco a poco. En ese sentido, la experiencia de Instituciones
Penitenciarias ha sido muy favorable y ha puesto en marcha un programa
que se acabará de estudiar, de cerrar y de evaluar. Es decir, me remito a
mi respuesta anterior; me parece una opción sensata.
Y no tengo nada más que comentar.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, doña María Luisa Cava
de Llano tiene la palabra.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: En nombre del Grupo Parlamentario
Popular, agradezco al secretario del Plan Nacional sobre el sida su
presencia en esta Comisión, sobre todo para hablar de algo tan importante
como es el sida, que en España representa uno de los problemas más
importantes de salud pública y que, por desgracia, constituye la primera
causa de muerte de los jóvenes españoles entre 25 y 44 años, incluso muy
por encima de los accidentes de circulación. Además, tenemos el
desgraciado récord de ser el país de la Unión Europea que tiene más casos
por millón de habitantes, muy por encima de otros países inmediatamente
seguidores, como pueden ser Italia, Francia o Portugal. Afortunadamente,
en estos últimos tiempos se está viendo una estabilización de la epidemia
del sida en España, por lo que parece que al final del túnel se ve cierta
luz.
Efectivamente, el sida es una enfermedad de transmisión sexual, pero en
España es también una enfermedad muy relacionada con el consumo de drogas
por vía parenteral, correspondiendo a este mecanismo la transmisión del
65 por ciento de todos los casos; el 14 por ciento corresponde a la
transmisión homo/bisexual, el 11 por ciento a la transmisión heterosexual
y el resto son proporciones pequeñas. Las estimaciones de nuevos casos de
sida, según los datos que se me han facilitado, reflejan que desde el año
1997 hay una disminución de más del 20 por ciento con respecto al año
anterior y con ello se consolida, por tercer año consecutivo, esa
tendencia descendente de la que hablábamos. Desde el año 1981 en que
comenzó la epidemia, el total de casos notificados ha ascendido a 48.989,
y en el 54 por ciento se ha notificado ya su fallecimiento. Respecto a
1995 se ha reducido a la mitad el número de casos de transmisión madre a
hijo, además de detectarse descensos importantes en la incidencia del
sida en 1997 en todas las comunidades autónomas. No obstante, todavía
persisten las grandes diferencias geográficas, dándose las mayores tasas
de enfermos en Madrid, Baleares, País Vasco y Cataluña.
Como usted comentaba antes, nosotros entendemos que el hecho de que la
infección por VIH tarde en producirse entre ocho y diez años, hace que no
se pueda ver de forma clara si la labor de prevención que se está
efectuando es todo lo buena que se quiere, ya que, como digo, los efectos
se verán a largo plazo. De todas formas estamos de acuerdo con usted en
que la mejor política a seguir en el asunto del sida es, como en materia
de drogas, una buena política de prevención.
Nos parece importante --y no ha hecho usted mención; a lo mejor, mi dato
no es correcto-- que el Ministerio de Sanidad y Consumo, en los
presupuestos de este año, haya incrementado la partida presupuestaria
para actividades de lucha contra el sida en casi un 300 por ciento. Me
gustaría que refrendara si este dato es real.
Nos preocupa cuál va a ser el abordaje del sida ante las novedades que
están apareciendo, así como lo que manifiesta la Organización de Naciones
Unidas de que España corre el riesgo de alcanzar altas tasas en materia
de sida, sin perjuicio de que la posición geográfica de nuestro país,
como punto de entrada del narcotráfico y, por tanto, vía de acceso
privilegiada a esta conducta de riesgo que es la drogadicción
intravenosa, sea un efecto a tener en cuenta.
Entrando ya en el contenido del III Conferencia Nacional sobre Sida y
Drogas que se celebró en el mes de octubre, diré que he leído algunas de
las ponencias que se presentaron en su día y he visto que casi todas
hacen una mención concreta a lo que es metadona. Me alegran los datos que
usted nos ha facilitado de que ha habido un incremento en los centros de
dispensación y en los usuarios, que según usted han pasado de 15.000 en
1993 a 42.000 en 1996, y tal y como ha dicho la compañera del Grupo
Parlamentario Socialista me preocupan enormemente las interacciones
farmacológicas en el tratamiento de la politoxicomanía,
sobre todo la posible asociación de la metadona con los antirretrovirales
y antituberculosos, con antidepresivos, benzodiacepinas, antipsicóticos y
otros fármacos. Usted ya ha manifestado que esto está en estudio y que
muchas veces estas combinaciones pueden --creo que usted ha utilizado ese
término-- artefactar los resultados.
También quisiera hacer mención especial de una de las ponencias que se
debatieron en la conferencia, cuyo título era: Se acaba el monopolio de
la metadona. En esta ponencia se hablaba de si la creciente
revalorización de los programas de mantenimiento con metadona se debía
más al miedo que provoca la expansión del sida que a una auténtica
reflexión científica que justificase la indicación de estos tratamientos
en el grupo de pacientes heroinómanos que recaen sistemáticamente, a
pesar de haber seguido casi siempre sin éxito programas de
desintoxicación. En esta ponencia se cuestionaba si la dispensación de
metadona supone menos programas en el sentido amplio de la palabra y más
dispensación. También se hablaba en esta ponencia de las recomendaciones
de la Declaración de Hawai de 1993, en la que se decía que los pacientes
heroinómanos deberían poder recibir todas las medicaciones que puedan
aliviar mejor sus dolencias y normalizar su conducta, y se hablaba no
sólo de la metadona --de ahí el título de la ponencia: Se acaba el
monopolio de la metadona--, sino también del LAAM y de la buprenorcina,
que quizá representan una opción medicamentosa más satisfactoria. Me
gustaría saber su opinión sobre este punto.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario.
El señor SECRETARIO DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA (Parras Vázquez):
Respecto al presupuesto, tengo que decir que las cifras que usted tiene
son correctas. Hay un incremento del 300 por ciento en nuestro
presupuesto de este año con relación al del año anterior,
fundamentalmente destinado a actividades de prevención, y hay una
transferencia de 770 millones de capítulo 2 a las comunidades autónomas
de régimen general para el desarrollo de seis o siete estrategias de
prevención ya pactadas, ya consensuadas, para llevar a cabo a lo largo de
este año.
El enfoque tiene que ser el mismo, ya que se trata de una enfermedad
transmisible cuyos mecanismos de transmisión son bien conocidos, la
prevención también es bien conocida, y lo que hace falta, habiéndose
demostrado en gran parte de todas estas estrategias que son medidas
eficaces, es insistir en las mismas, emplear más recursos y mejorar un
poco en la eficacia. Sin embargo, el enfoque futuro sigue siendo el
mismo. Hemos elaborado un documento consensuado y en colaboración con las
comunidades autónomas --que creo es muy valioso, porque está muy aplicado
al terreno--, pero en términos generales siguen siendo las mismas
recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud hizo en los años
ochenta para la lucha contra el sida. Son las mismas que se desarrollan
en todas las naciones afectadas por este problema, pero en España tiene
la connotación especial del mayor impacto entre drogodependientes.
Con relación a Naciones Unidas, ya tuve oportunidad de contestar más
enfadado de lo que lo voy a hacer ahora en una de estas salas en el
Congreso, porque aquel informe no existió, no había tal advertencia ni
estamos en riesgo de nada. Sí hay que ser conscientes de que tenemos un
problema muy importante de salud pública, que creo viene explicado por la
historia del inicio de consumo de drogas, de heroína, y la epidemia de
sida en España, pero repito creo que esto no fue más que una
desafortunadísima intervención de los responsables de un congreso
internacional de enfermedades de transmisión sexual, que tuvo un eco
desproporcionado en los medios de comunicación. Posteriormente, el día
1.º de diciembre del año 1997, sí hubo un informe de Naciones Unidas en
el que se reflejaba claramente que el problema, porque hay falta de
recursos para la prevención y para el tratamiento, lo tienen los países
en desarrollo, especialmente los subsaharianos, pero nada más.
Respecto a las ponencias, las cifras son las que aporta la Delegación del
Plan sobre Drogas, no son nuestras, y las interacciones farmacológicas ya
he comentado que son importantes pero pasan a un segundo plano habida
cuenta la necesidad imperiosa de contar con nuevos fármacos que impidan
la replicación del virus. Por último, en mi modesta opinión, ya que no
soy un experto en drogas, creo que la metadona va a seguir si no
monopolizando sí teniendo un peso específico muy importante en todos los
programas sustitutivos, pero con una estrategia abierta y crítica a
cualquier otra posibilidad, como los programas de buprenorcina que en
Francia tienen mucho mayor peso que la propia metadona, por razones poco
científicas, pero es otra alternativa que habrá que escoger a qué
pacientes hay que suministrarla. No hace falta hablar de monopolio, al
final hablamos de pacientes y a cada uno le viene mejor un tratamiento
que hay que individualizar en su propio régimen personal.
Estos son los comentarios que puedo hacer.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Francisco Parras Vázquez,
secretario del Plan Nacional sobre el Sida. Con mayor cariño y respeto,
si cabe, que le hemos acogido le despedimos.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE ELABORACION DE UN NUEVO PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente Congreso
161/000854 y número de expediente Senado 163/000042).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
sobre la elaboración de un nuevo Plan Nacional sobre Drogas.
Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, don Antonio Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Señoras y señores senadores, señoras y señores
diputados, el actual Plan Nacional sobre Drogas fue en la respuesta que
desde las instituciones públicas se dio en 1985 a los problemas de las
drogas. Aquel plan nació tras un amplio debate, debate que tuvo lugar en
el ámbito parlamentario pero también en el seno de la sociedad. Fue un
auténtico plan, es decir, fue un conjunto de políticas coordinadas, con
programas de actuación concretos, con asignación de recursos, con
atribución de funciones a distintas instituciones, y el paso del tiempo
ha permitido que todos hagamos hoy una valoración positiva de aquella
respuesta institucional que fue el plan. El plan además fue nacional, fue
un plan de todos, no fue un plan del Gobierno ni del partido del
Gobierno; fue un plan de la sociedad en su conjunto.
El Grupo Parlamentario Socialista considera, y es lo que hoy proponemos
en esta Comisión, que ese plan debe ser revisado y actualizado. No es una
opinión nueva, es una vieja idea que hoy volvemos a poner encima de la
mesa. El anterior Gobierno, a finales del año 1994, inició las
discusiones tendentes a actualizar el plan nacional. Esta misma Comisión,
a finales de la legislatura pasada, se pronunció en idéntico sentido,
manifestando la necesidad de actualizar el plan. El actual Gobierno, por
boca del delegado del Gobierno en esta misma Comisión, en su primera
comparecencia en esta legislatura en junio del año 1996, anunció que en
la primavera del año 1997 presentaría el nuevo Plan Nacional sobre
Drogas. Le daba un nombre algo distinto, le llamaba estrategia nacional
sobre las drogas.
Yo creo que las razones que aconsejan la necesidad de que haya un nuevo
plan podemos resumirlas en dos, igual que las leyes que Moisés recibió en
el Sinaí pueden resumirse en dos. Una, que el sistema competencial entre
el Estado y las comunidades autónomas se ha visto modificado de forma muy
sustancial e importante a lo largo de estos trece años; y, otra, que los
problemas que la sociedad española vivía en el año 1985 en relación con
las drogas no son los mismos que hoy se viven. Hace falta modernizar,
revisar, actualizar el viejo plan o, si se prefiere --nosotros así lo
preferimos--, debemos hablar de un auténtico nuevo Plan Nacional sobre
Drogas.
Esta Comisión Mixta ha jugado siempre un papel importante, las Cortes en
general lo han hecho desde la II Legislatura, cuando en el Senado se
constituyó una Comisión especial. Yo creo que también ahora es un momento
adecuado para que esta Comisión diga algo. Si hablamos de hacer un nuevo
plan, esta Comisión, la Comisión que las Cortes tienen para tratar de
forma específica este asunto, algo debe decir. Nosotros proponemos la
constitución de una ponencia en el seno de esta Comisión. Con ello no
estamos pretendiendo sustraer al conjunto de la Comisión del debate sobre
este asunto. Creemos que un ponencia facilitará el diálogo, la discusión,
y será más ágil en su funcionamiento. Tenemos la idea de que esa ponencia
dialogue con todos, oiga a todos los que algo tienen que decir. En el
texto que hemos presentado en nuestra propuesta hablábamos del plazo del
30 de junio de este año 1998 como plazo en el que deben finalizar los
trabajos de la ponencia, pero hacemos una modificación de nuestra propia
propuesta, ampliando ese plazo al 31 de marzo de 1999, es decir, dentro
de un año, como nos han pedido los demás grupos parlamentarios. Siendo
conscientes de que el plazo que inicialmente habíamos previsto, el 30 de
junio, es un plazo corto, y considerando que quizá ese nuevo plazo puede
ser excesivamente largo, en cualquier caso, pensamos que es preferible la
conformidad general de todos. Sin embargo, señor presidente, señoras y
señores senadores, señoras y señores diputados, también confiamos en que
un plazo tan largo no haga que los trabajos de la Comisión se desarrollen
a un ritmo lento. Yo creo que debemos aprovechar ese plazo de un año para
que los trabajos de la Comisión sean más amplios, más extensos, más
profundos; en una palabra, más útiles a la sociedad.
Nosotros creemos que la opinión de esa ponencia debe volver a esta
Comisión, que debe ser la que, finalmente, dé la opinión definitiva, en
el bienentendido de que quien hace el plan no es la Comisión, que quien
hace el plan es el Gobierno de la nación, que es el responsable. Por lo
tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es que esta Comisión oriente,
marque líneas directrices de por dónde debe ir el nuevo plan, aunque sin
duda debe corresponder al Gobierno la elaboración de ese nuevo plan.
Quizás sea adelantar algo el trabajo de esa ponencia, pero no me resisto,
señor presidente, siendo consciente de su petición de brevedad, a la que
pretendo ajustarme, a hablar de una serie de asuntos que a mí me parece
que debemos considerar en el seno de esa ponencia. No se trata de
elaborar un nuevo informe --hace un año y medio que esta Comisión elaboró
ya un nuevo informe--, no se trata de repetir o de actualizar aquel
informe; se trata de incidir en aspectos que son esenciales, que son
claves, que permitan a la sociedad percibir con claridad y nitidez que la
sociedad española avanza en la resolución de este problema.
Yo creo que en la nueva etapa la investigación debe ser un asunto
central, investigación de todo tipo, investigación médica sobre los
efectos de las drogas, investigación médica acerca de los tratamientos
más eficaces en la atención a los drogodependientes, investigación
psicológica, investigación social; en una palabra, investigación en todos
los órdenes. La prevención debe ser un pilar de la nueva etapa,
especialmente la educación para la salud en el ámbito escolar. Creemos
que la asistencia sanitaria y social debe ser revisada. Hoy los
drogodependientes son asistidos por una red asistencial que está atendida
principalmente por organizaciones no gubernamentales, que deben conseguir
los recursos en convocatorias anuales y que, año a año, se está jugando
su propia supervivencia; no es una forma razonable de tener una red
asistencial.
Resumiendo, señor presidente, debemos avanzar en la normalización de la
asistencia, en la normalización de la prevención y en una mayor eficacia
en la lucha contra el narcotráfico. En esta ponencia debemos marcar
alguna línea para que la integración de políticas en una misma zona
geográfica, especialmente en aquellas zonas de mayor riesgo, sea una
realidad, para que eso de que las políticas deben integrarse y
coordinarse sea algo más que palabras.
Si el papel de esta Comisión, como he señalado, debe ser el de orientar a
la sociedad, a las instituciones, a las ONG, y hacerlo desde el consenso,
si ése es nuestro papel, creemos que el trabajo principal de esta
Comisión debe ser dar respuesta a las demandas ciudadanas. Hoy los
ciudadanos me parece que perciben que las políticas sobre los problemas
de las drogas no avanzan lo suficiente. El problema de las drogas golpea
individualmente a quienes lo sufren, a sus familias, sin duda; golpea
colectivamente a la sociedad, afecta a muchos. Nos enfrentamos a
organizaciones de narcotraficantes con un enorme poder que generan una
delincuencia grave, capaces de generar corrupción y con vinculaciones con
las bandas terroristas. Para ese tipo de problemas los ciudadanos
demandan mayor eficacia. En una palabra, queremos que desde esta
Comisión, señor presidente, se responda a esa demanda ciudadana.
La Constitución define el papel de las Cortes de una forma magnífica,
empieza diciendo: Las Cortes Generales representan al pueblo español.
Luego dice otras cosas, pero empieza así. Nuestra aspiración es que las
Cortes Generales no sólo representen políticamente a los ciudadanos
españoles y que sean fiel reflejo de sus aspiraciones en el ámbito
económico y social; yo creo que los parlamentarios también debemos
representar a los ciudadanos en sus angustias, pequeñas o grandes. En una
palabra, representar a los ciudadanos de forma integral. Por eso, señor
presidente, señoras y señores senadores, señoras y señores diputados,
invitamos a los miembros de esta Comisión a que asuman esa representación
integral de los ciudadanos con todas sus consecuencias y voten a favor de
esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En la proposición no de ley, si no he entendido mal,
se sustituye: «antes de finalizar el actual período de sesiones» por «el
31 de marzo de 1999». ¿No es así? (Asentimiento.)
Tiene la palabra la diputada de Izquierda Unida señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, para fijar nuestra posición sobre la
proposición no de ley que trata de constituir una ponencia que estudie
las líneas básicas de formulación de un nuevo plan de drogas.
Nosotros entendemos que un plan de drogas es un elemento que deber ser
dinámico y debe de poder adaptarse en cada momento a las nuevas
situaciones, a los nuevos patrones de consumo, a los objetivos cumplidos
y a los nuevos objetivos que pudiéramos plantearnos. Nuestro grupo ha
planteado la necesidad de ajustarse no sólo a un proceso de armonización
legal internacional, sino también a que, desde este instrumento del plan
y de sus líneas generales, pudiéramos fijar la posición y las estrategias
de nuestro país en su conjunto y hacia el exterior, sobre todo en el seno
de la Unión Europea.
Nuestro grupo está también interesado en iniciar un debate sobre la
exploración de nuevas posibilidades en estrategias de reducción del daño,
todo ello coordinado con la mejora de la educación para la salud,
fundamentalmente desde la escuela. También estamos preocupados por
desarrollar de forma sistemática el necesario equilibrio entre la
prevención, el nivel asistencial, la integración de los drogodependientes
y la represión del narcotráfico, así como por que se evalúen los
resultados que en términos globales están teniendo las estrategias que
estamos desarrollando en este momento. Concluyendo, entendemos que es un
buen momento para abrir nuevos debates, para buscar nuevas soluciones que
son, sin duda, necesarias en este momento y que demanda la sociedad. Por
tanto, vamos a apoyar la proposición no de ley que plantea el Grupo
Socialista, proposición que hubiéramos apoyado en los términos exactos en
que venía formulada, si bien es cierto que a nuestro grupo le representa
más dificultades que a otros grupos asumir plazos muy ajustados en el
tiempo. En este sentido, apoyaremos lo que significa una nueva propuesta,
un término medio que signifique la necesaria agilidad para poder
presentar resultados en un tiempo razonable. El plazo inicial que marcaba
la propia proposición no de ley hubiera significado no poder asumir en
profundidad el trabajo. Por tanto, apoyaremos el consenso final en cuanto
a la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Para fijar la posición de nuestro grupo hemos de
empezar diciendo que el Plan Nacional sobre Drogas es de 1985 y se
configuró a raíz del informe de una Comisión del Senado que estudió estos
temas. Aquello fue la raíz, la fuente, el nacimiento del Plan Nacional
sobre Drogas. Tal como se ha dicho, los efectos han sido, en general, muy
positivos, por lo que ha representado de coordinación con las diferentes
administraciones afectadas. Qué duda cabe que desde entonces --han pasado
cerca de 14 años-- se han producido muchos cambios sociales y cambios en
los patrones de consumo de drogas. De manera que parece que siempre vamos
por detrás de la sociedad; mejor dicho, las pautas de actuación de los
administraciones e incluso la legislación, la forma de ir aprobando el
ordenamiento jurídico que nos ampara a todos, siguen las tendencias
sociales que marcan la pauta por la que todos nos tenemos que conducir.
Entendemos que el Plan Nacional sobre Drogas tiene que tener una
evolución constante, aunque sólo sea porque tiene que ir evolucionando
constantemente en función de los cambios que se planteen. Lo que se nos
propone es una especie de alto en el camino por la vía de una ponencia
que, en principio, a nosotros nos parece más efectiva y operativa que una
Comisión Mixta. ¿Con qué finalidad, con qué objetivos? Pues para pedir
opiniones, como reza en el enunciado, de las administraciones afectadas,
bien sea del Estado, de las comunidades autónomas, de los municipios, de
las organizaciones no gubernamentales e incluso de los agentes económicos
y sociales, y fundamentalmente para que formemos nuestra opinión con las
informaciones de los expertos que se dedican al mismo, con la finalidad
de reflexionar en temas tan actuales como los programas libres de droga,
los programas de reducción del daño, y hemos tenido un ejemplo en el
pronunciamiento
del compareciente anterior. Hay que ir con mucha cautela para manifestar
de forma categórica una opinión favorable a la aplicación de ciertas
pautas, hoy en día promulgadas por muchos expertos, en cuanto a los
programas de reducción del daño; la ponencia tiene que sacar una
conclusiones al respecto que se confirmen luego por la Comisión, hay que
evaluar si se ha llevado a cabo la actualización del plan en consonancia
con las necesidades de hoy en día, emitiendo un informe que consista en
reformar el plan con las directrices que sean o manifestarnos para que la
Administración elabore uno nuevo.
En principio, todo ello nos parece bien y lo vamos a apoyar. Pero no
queremos dejar pasar la ocasión sin hacer una manifestación sobre la
necesidad de llegar a unos acuerdos por parte de los grupos
parlamentarios en un tema tan importante como es el de las drogas.
Recuerdo que en alguna comparecencia del ministro de Interior el portavoz
del Grupo Socialista, el diputado señor Martinón, hablaba de si se podría
constituir una mesa sobre política consensuada de drogas; hablaban de una
mesa de Madrid, una mesa estatal, etcétera. Eso creo que es lo
fundamental, más importante que hagamos unas reflexiones sobre si hace
falta el nuevo plan. Si nosotros estamos de acuerdo y encontramos un
máximo común denominador en temas tan importantes que afectan a la
política de drogas como la prevención, sea en el ámbito de la familia, de
la educación, de la formación o incluso de las administraciones
afectadas, la evaluación de programas, bien sean de prevención o de
tratamiento, programas de reducción del daño, la racionalización de penas
de delitos por tráfico de drogas y otros tantos temas relacionados, desde
el punto de vista del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió habremos
dado el primer paso positivo para llegar a los otros acuerdos y para que
el informe de la ponencia tenga una efectividad de cara a lo que
pretendemos.
El señor PRESIDENTE: Doña Sandra Moneo Díez, por el Grupo Parlamento
Popular, tiene la palabra.
La señora MONEO DIEZ: Señorías, nos encontramos hoy, en esta Comisión
Mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de la droga,
debatiendo una proposición no de ley del Grupo Socialista sobre la
elaboración de un nuevo Plan Nacional sobre Drogas. Dentro del profundo
respeto y consenso que mi grupo siempre ha buscado respecto a las
iniciativas del resto de grupos parlamentarios en un tema tan importante
y de tanta trascendencia como es el problema de la droga, quisiera
matizar una serie de cuestiones planteadas en la proposición no de ley
del Grupo Socialista antes de fijar la posición de mi grupo.
Ciertamente, desde que el 24 de julio de 1985 el Gobierno aprobara el
Plan Nacional sobre Drogas, son algunas las variables que han ido
incrementando y condicionando este plan nacional a lo largo de los doce
años de vigencia. Estamos de acuerdo con el grupo proponente en que el
primero y quizá más importante de estos cambios ha incidido, lógicamente,
en los hábitos y las pautas de consumo. En lo que se refiere a la
heroína, que durante más de una década ha sido la droga que más atención
ha suscitado, los últimos datos confirman que su consumo está
estabilizado en descenso. A cambio, el consumo de las denominadas drogas
de síntesis ha irrumpido en España en los últimos años liderando una
constelación más amplia en la que se encuentran anfetaminas,
alucinógenos, cannabis, cocaínas y, por supuesto, el alcohol, dotando al
conjunto de especial peligrosidad, sobre todo en un sector de la
población especialmente sensible a este consumo como son los jóvenes.
La conferencia sectorial y la comisión autonómica que reúne a los
delegados de todas las comunidades autónomas en materia de drogas, junto
al delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ha dado
respuesta a estos nuevos consumos mediante la aplicación y revisión de
sus tratamientos. De igual modo, la Delegación del Gobierno, de acuerdo
con las funciones que le competen en la dirección, impulso, coordinación
general y supervisión de los servicios encargados y la actualización y
ejecución del Plan Nacional sobre Drogas, ha desarrollado una serie de
actividades, podríamos mencionar la firma de convenios entre el
Ministerio de Interior, Ministerio de Sanidad y Consumo y Ministerio de
Cultura para promover la educación para la salud en la escuela, lo que ha
posibilitado que sólo en el año 1996 más de 200.000 alumnos participaron
en actividades encaminadas a la prevención del uso y abuso de las drogas.
Asimismo, el profesorado fue objeto de programas de información, más de
32.000 profesores participaron en estos programas sólo en el año 1996,
dada la importancia que nosotros damos a los profesores como agentes
preventivos dentro de la enseñanza; campañas de prevención y otro tipo de
actividades realizadas a través de los medios de comunicación.
Igualmente, se ha dado respuesta a una demanda social respecto a la
ampliación de los programas de metadona y, por supuesto, dentro de una
magnífica coordinación policial, los decomisos de droga realizados en
España durante los dos últimos años se han incrementado en un 80 por
ciento. De hecho, Estados Unidos en fechas recientes, dentro del informe
anual que elabora el Departamento de Estado, ha elaborado el plan español
de la lucha contra la droga. También el informe realizado por la ONU
señala la importancia de la política en esta materia ejecutada por el
Gobierno español.
No obstante --es evidente--, la experiencia de estos doce años
transcurridos desde la puesta en marcha del plan nos enseña que muchos de
los presupuestos que estuvieron en el origen del plan han cambiado, que
es necesario abordarlo con nuevas estrategias. Si bien la coordinación
entre las Administraciones responsables (entiéndase Administración
central, autonómica y local) debe de seguir siendo, como lo ha sido hasta
ahora, un elemento fundamental en la política del Plan Nacional sobre
Drogas, tampoco se puede olvidar que durante este tiempo se han ido
abordando los problemas que han ido surgiendo y que los objetivos
iniciales han venido siendo revisados oportunamente en cada momento a
través de los propios mecanismos diseñados en sus orígenes. A este
respecto hemos de recordar que a los pocos meses de su toma de posesión,
el Gobierno, como muestra de la preocupación que se tiene por
abordar con eficacia del problema de la droga, aprobó el 24 de enero de
1997 un plan de medidas, que venía a dar cumplimiento a numerosas
cuestiones planteadas por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el
estudio del problema de la droga de la pasada legislatura y que al día de
hoy está prácticamente cumplida en su totalidad. Ahora bien, cualquier
tipo de iniciativa que sirva para renovar y mejorar las conclusiones
encaminadas a dar solución al problema que hoy nos ocupa será bien
recibida por nuestro grupo. No obstante, consideramos que la calidad de
estas propuestas no debe estar condicionada a un reducido período de
tiempo, por lo que agradecemos la generosidad del grupo proponente en
aceptar la ampliación de ese plazo y, lógicamente, apoyamos la ampliación
del plazo de un año para la elaboración del informe de la ponencia.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se aprueba la proposición no de ley
por unanimidad, con la modificación hecha por S. S. ¿Es así?
(Asentimiento.)
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.