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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 92, de 10/03/1998
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1998 VI Legislatura Núm. 92
DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ELENA GARCIA-ALCAÑIZ CALVO
Sesión núm. 14
celebrada el martes, 10 de marzo de 1998,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DIA:
Debate sobre la Memoria de actividades del Plan Nacional de I+D en 1995
(Número de expediente S. 701/000038; C. D. 491/000006).
Debate y votación, en su caso, de la Proposición no de ley por la que se
insta al Gobierno a incrementar la aportación económica del Estado para
el mantenimiento y mejora de las instalaciones y gastos de personal del
Observatori de l'Ebre, dentro de los límites presupuestarios previstos en
los Organismos de la Administración del Estado de los que depende el
Centro (Número de expediente S. 661/000129; C. D. 161/000785) (Página 18965
)
Comparecencia del Secretario de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo, Excmo. Sr. don Manuel Jesús González González, para informar:
--De la política del Gobierno en Investigación y Desarrollo (I+D) (Número
de expediente S. 713/000529; C. D. 212/001077) (Página 1900)
--Sobre las líneas generales de actuación de la Secretaría de Estado de
la que es titular (Número de expediente S. 713/000530; C. D. 212/001079)
(Página 1901)
--Sobre la política de su Departamento en esta materia (Número de
expediente S. 713/000362; C. D. 222/000002) (Página 1901)
Se abre la sesión a las once horas y treinta minutos.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías, se abre la sesión.
He de comunicarles las modificaciones que se han efectuado en el orden
del día por acuerdo unánime en la reunión celebrada hace unos momentos de
la Mesa y Portavoces. El primer punto del orden del día, es decir, debate
sobre la Memoria de actividades del Plan Nacional de I+D en 1995, número
de expediente 49/000106, queda retirado del orden del día de hoy y pasará
a celebrarse en la siguiente reunión de la Comisión. Por lo tanto, el
primer punto del orden del día será debate y votación, en su caso, de la
siguiente Proposición no de ley: por la que se insta al Gobierno a
incrementar la aportación económica del Estado para el mantenimiento y
mejora de las instalaciones y gastos de personal del Observatorio del
Ebro, dentro de los límites presupuestarios previstos en los organismos
de la Administración del Estado de los que depende el Centro, Senado,
Grupo Socialista, número de expediente 661/000129, número de expediente
del Congreso 161/000785.
Se mantiene el siguiente punto del orden del día --que figura con el
número 3 y, por lo tanto, pasa a ser el número 2--, que es la
comparecencia del señor Secretario de Estado de Universidades,
Investigación y Desarrollo y que tendrá lugar a la una.
El siguiente punto, la contestación a las preguntas, se ha retirado
asimismo del orden del día de hoy y pasaría a celebrarse en sucesivas
Comisiones.
--DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LA PROPOSICION NO DE LEY POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A INCREMENTAR LA APORTACION ECONOMICA DEL ESTADO
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y GASTOS DE PERSONAL
DEL OBSERVATORI DE L'EBRE, DENTRO DE LOS LIMITES PRESUPUESTARIOS
PREVISTOS EN LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DE LOS QUE
DEPENDE EL CENTRO (C. D. 161/000785; S. 661/000129).
La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos a considerar el primer punto del
orden del día: debate y votación, en su caso, de la Proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado.
Tiene la palabra la señora Virgili.
La señora VIRGILI I RODON: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a presentar la Proposición no de ley, moción para el Senado,
Proposición no de ley para el Congreso y, por tanto, para esta Comisión,
sobre el Observatorio del Ebro.
Es bien conocido el interés y la especial sensibilidad de esta Comisión
para todos los institutos y organismos científicos que desarrollan una
tarea importante y que, por alguna razón, necesitan un apoyo especial en
un momento determinado. Por ello, espero no sólo el apoyo de toda la
Comisión a esta moción, sino también, estoy segura, su mejora gracias a
las aportaciones de los distintos grupos en el debate.
No quiero cansarles excesivamente con información técnica, pero sí les
expondré brevemente la importante tarea investigadora que realiza el
Observatorio del Ebro y la grave crisis que está atravesando, por lo que
es indispensable un apoyo que asegure su continuidad.
El Observatorio del Ebro está situado en Roquetas, al sur de la provincia
de Tarragona, donde la depresión del Ebro se abre al mar y donde la
cadena costero catalana enlaza con las estribaciones más orientales de la
Cordillera Ibérica. Por ello, es un punto de especial interés, tanto por
sus características climáticas y meteorológicas como por sus
características geológicas estructurales, así como por la distancia
considerable que se encuentra de otros observatorios que realizan
experimentaciones análogas. Este valor estratégico representa un valor
añadido a la calidad científica.
Este Centro fue fundado por la Compañía de Jesús en 1904 y declarado
inmediatamente de utilidad pública. Cuando se abrió estaba orientado al
estudio del sistema sol-tierra, que entonces era una de las
investigaciones más avanzadas, y poseía un gran interés en vista al
eclipse solar total que iba a suceder en España en 1905.
Además, el Observatorio asumió la investigación geofísica, especialmente
las perturbaciones del campo magnético por la actividad solar y la
investigación meteorológica clásica, continuando con ella una tarea que
ya se venía realizando en el Centro desde 1870, con lo que los datos
meteorológicos que posee este Centro tiene más de un siglo.
En 1912 se crea una Fundación de Observatorio del Ebro, con personalidad
jurídica, a la que se transmite la propiedad de los terrenos y de los
locales del Centro. En 1910 empieza a publicarse el boletín y en 1912 se
crea la revista «Iberia» --revista que sigue publicándose-- lo que
permite un intercambio con centros, bibliotecas e instituciones
científicas de todo el mundo, a la vez que un incremento de su colección,
la cual ya era bastante rica.
A partir de 1940 se integra en el Consejo de Investigaciones y en 1970 se
establece un convenio por el que se le reconoce como centro coordinado.
Un punto importante en la trayectoria científica del Centro tiene lugar
en el año 1955 en el que se inaugura la primera sonda ionosférica que
existe en España y se crea así la Sección de Investigación de la
Ionosfera, a la que me referiré posteriormente.
A lo largo de estos años son extraordinarias las relaciones científicas
que posee con las instituciones nacionales e internacionales, como de
ello da una idea un par de cartas que me he permitido pasar a los señores
portavoces sobre una propuesta de la Real Academia de Ciencias Físicas y
Naturales en las que insiste en el gran valor científico del trabajo que
realiza el Centro y en la importancia de su continuidad. También --y sólo
he tomado un ejemplo de un organismo internacional-- la Internacional
Association of Geomagnetism and Aeronomy insiste en la importancia de las
tareas que realiza el Centro de Investigación.
Fruto de las colaboraciones con las universidades son las numerosas tesis
doctorales. En el año 1994 el Consejo de Universidades aprueba el título
de Doctor en Física, especialidad Geofísica, de acuerdo con el programa
del observatorio y para la Universidad Ramon Llull. Actualmente tienen
especial interés el Cost 251, que se refiere a la relación de la
ionosfera con telecomunicaciones, así como el Programa Antártida, en
colaboración con el Consejo y las universidades, gracias al cual hay
instalado un observatorio en la isla Livingstone, cuyo seguimiento hace
el observatorio del Ebro.
En resumen, actualmente, este Centro es una fundación privada,
propietaria de los terrenos e instalaciones, regido por un patronato del
que forman parte miembros de la Compañía de Jesús del Consejo de
Investigaciones Científicas y también otros científicos de diversos
organismos; es un centro coordinado del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y posee convenios de colaboración estable con
el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento, con el
Instituto Nacional de Meteorología del Ministerio del Medio Ambiente y
con el Instituto Geográfico y Cartográfico de la Generalitat de Cataluña.
Asimismo, colabora con el Instituto de Técnicas Aeroespaciales y realiza
cursos de doctorado con la Universidad Ramón Llull.
Está estructurado en cinco secciones, aparte del Archivo de Registros y
Medidas y de su importante biblioteca. La de Investigación Solar es la
más antigua y sus trabajos se realizan en colaboración con el
Observatorio de Bruselas y el de Meudon, en Francia. La Sección de
Geomagnetismo, cuyos trabajos realiza en colaboración con el Consejo de
Investigaciones Científicas, tiene, además, importantes responsabilidades
de coordinación y recogida de datos de los efectos magnéticos de las
fulguraciones solares; es la Asociación Internacional de Geomagnetismo y
Aeronomía, a la que antes me he referido. La Sección de Investigación de
la Ionosfera, que actualmente tiene 3 sondas, realiza trabajos en
colaboración con el World Data Center, Boulder (Estados Unidos), con el
Obinsk (Rusia) y con Tokio. Es especialmente importante, dado que en
España es el único Centro que existe de investigación de la ionosfera,
además del de Huelva, que está mantenido por INTA y cuya investigación es
imprescindible para la navegación aérea, para la radiocomunicación y para
el lanzamiento de satélites; El Observatorio del Ebro ha colaborado en el
Satélite Mariner. Es muy importante también la Sección de sísmica que,
sobre todo, colabora con el Instituto Geográfico y Catastral, así como
con el Instituto Geográfico y Cartográfico de la Generalitat de Cataluña.
Finalmente, está la Sección de Meteorología, porque el Centro está
integrado en las redes del Instituto Nacional de Meteorología y realiza,
además, interesantes trabajos de contaminación.
Aunque sólo sea de pasada, quiero referirme al Archivo de Registros y
Medidas, que tiene datos de observaciones de más de un siglo, así como a
su biblioteca, que cuenta con uno de los fondos documentales más
importantes de España sobre Geofísica, Astronomía y Astrofísica. También
es muy importante para la Historia de la Ciencia, ya que posee
monografías y revistas del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta
biblioteca tiene 45.000 volúmenes, 10.000 monografías y 1.500
publicaciones periódicas, de las que 400 siguen como revistas vivas.
Entre las series antiguas, muy numerosas, porque este Centro recibió un
legado de un astrónomo y geólogo del siglo pasado llamado Landerer, que
dejó una gran cantidad de libros de los siglos XVIII y XIX, así como una
serie de manuscritos, quiero referirme, sólo a título anecdótico, a tres
revistas: «Astrofisical Journal», una de las más importantes en
Astrofísica, que se encuentra en este Centro desde el año 1898; «Nature»,
que está desde 1864 y que, probablemente, es la serie más antigua de
España; y «Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity», que hoy
continúa con el «Journal of Geophisical Research» desde 1896. Esta
biblioteca está integrada en la red de bibliotecas del Consejo de
Investigaciones Científicas, dispone de un préstamo interbibliotecario y
es consultada por muchos investigadores. Evidentemente, el servicio que
puede prestar está limitado, como muchas otras actividades del Centro,
por la falta de medios que hace que no se puedan catalogar y expurgar
muchas de las reservas.
En resumen, el Observatorio del Ebro es un centro importante por el
prestigio científico de las relaciones internacionales y nacionales, por
las tareas de investigación que realiza, por la continuidad y antigüedad
de sus series de observaciones y de los documentos que posee y por el
punto estratégico de observación que tiene y que resulta indispensable
para redes y mapas magnéticos, sismológicos y meteorológicos, y es,
además, un centro cuyo eficaz funcionamiento y continuidad está en grave
peligro por sus problemas financieros.
Hoy su financiación proviene de la aportación de la fundación privada del
Observatorio, de una pequeña aportación--dos millones-- del Instituto
Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento, que además asegura el
mantenimiento de la estación sismológica, y de dotaciones de personal que
vienen aseguradas, por una parte, por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, que paga cuatro auxiliares científicas --una
de ellas para la biblioteca-- y un titulado superior, y, por otra, por el
Instituto
Nacional de Meteorología, que paga a tres personas que mantienen el
Observatorio meteorológico. Todo esto cubre apenas el 50 por ciento de un
presupuesto ordinario absolutamente restrictivo. Para el año 1998 el
presupuesto que el centro ha hecho de la manera más restrictiva es de 106
millones. Este presupuesto restrictivo mantiene solamente la continuidad,
pero no contempla otras necesidades urgentes y básicas, como son la
renovación indispensable de las infraestructuras, que han llegado a un
grado de necesidad. Esta renovación de infraestructuras abarca, por
ejemplo, todos los edificios, que necesitan pintura, revisión del sistema
de electricidad y de conducciones de aguas, así como la limpieza del
bosque que rodea a las edificaciones por el peligro de incendios --que
podrían dañar no solamente al mismo centro, sino a instalaciones
exteriores--, para lo cual el único apoyo que tiene es del Ayuntamiento
de Roquetas, que siempre ha ayudado al centro y hace algo de desbroce,
pero necesitaría un apoyo mucho más eficaz. Deben renovarse otras
infraestructuras básicas, como la centralita telefónica, que es
indispensable para la transmisión del instrumental científico, y además
es necesaria una renovación de datos científicos, porque aunque hay
instalaciones de gran calidad otras deben ser cambiadas. También hay que
tener en cuenta todo el capítulo de gastos de personal, tanto científico
como de apoyo a la investigación, que es cada vez más indispensable, ya
que el relevo de las generaciones hace que este servicio de apoyo y
científico no pueda ser asegurado benévolamente, como lo ha sido durante
mucho tiempo, por miembros de La Compañía de Jesús. Luego es necesaria
también una mayor dotación de personal.
Este centro está, en fin, a punto de entrar en una situación de no
retorno y este problema no puede ser resuelto con aportaciones puntuales,
por bienvenidas que éstas sean, como es bienvenida la enmienda a los
Presupuestos por iniciativa de Convergència i Unió --que fue apoyada por
muchos grupos, entre otros el nuestro--, que permitió que 10 millones de
pesetas fueran al centro a través del Ministerio de Fomento,
concretamente del Instituto Geográfico. También ha habido apoyos
puntuales de las Corporaciones Locales y creo que es de resaltar el gran
apoyo que el Ayuntamiento de Roquetas da en todo momento a este centro y
que hace que ahora se esté tramitando, y quizá se pueda conseguir, un
apoyo económico de la Diputación de Tarragona. Pero estos apoyos
puntuales no son suficientes y la situación exige un compromiso de una
financiación regular y continua a través de los organismos del Estado a
los que está ligado este centro, que son el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, del cual es centro coordinado; el Instituto
Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento, con el cual colabora en
muchos trabajos, y el Instituto Nacional de Meteorología, que depende del
Ministerio de Medio Ambiente y que también se beneficia de su
colaboración a través de la estación meteorológica. Es evidente que el
Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Nacional de Meteorología y el
Consejo dan algún apoyo, pero éste no es suficiente y deben contribuir
definitivamente a su sostenimiento, sin excluir, evidentemente, apoyos
que puedan recibir de otros organismos locales y de organismos como la
Generalitat de Cataluña, del Instituto Geográfico y del Instituto
Cartográfico, con los que también colabora. Por eso he presentado esta
propuesta, mediante la que solicito un compromiso presupuestario de la
Administración del Estado, pero un compromiso presupuestario regular a
través de estos organismos. En la propuesta se dice «dentro de los
límites presupuestarios de los organismos» porque, evidentemente, siendo
muy importante para el centro la cantidad que necesita, no lo es en
cambio para los presupuestos de los organismos, que podían absorberlo o
quizá pedir una propuesta para el año siguiente.
Sin embargo, soy consciente de que la formulación final de la propuesta a
la Comisión quizá no es muy feliz, entre otras cosas porque se dice «en
los organismos del Estado de los que depende el centro». Evidentemente,
el centro depende del Consejo, no se puede decir que dependa del
Instituto Geográfico Nacional ni del de Meteorología, y creo que hay una
enmienda a la formulación final que anticipo que aceptaría con tal de que
quedara claro que la aportación no debe ser solamente del Consejo, sino
de los organismos del Estado con los que colabora, y que se trata de una
aportación regular para asegurar la supervivencia del centro.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Virgili.
Ha habido una comunicación por parte de la señora Fernández de Capel a la
Mesa de la existencia de una enmienda. La Mesa no tiene constancia de que
esta enmienda haya pasado por el Registro; no obstante, se podría
presentar como una enmienda transaccional si todos los grupos
parlamentarios de esta Comisión están de acuerdo en que así sea.
¿Hay algún inconveniente por parte de los grupos parlamentarios para que
sea presentada como una transaccional? (Pausa.) No hay ninguna
comunicación en contra y, por lo tanto, la señora Fernández de Capel
puede pasar a exponer la enmienda propuesta. Le hago saber que, caso de
no haberlo hecho ya, deberá pasarla por escrito también a los grupos.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Hemos hablado con los demás grupos
parlamentarios y están de acuerdo en que la enmienda sea admitida in
voce. Su defensa la hará el doctor Zambrano.
El señor ZAMBRANO VAZQUEZ: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo muy brevemente en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
defender esta enmienda a la Proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista relativa a incrementar la aportación económica
del Estado para el mantenimiento y mejora del Observatori de l'Ebre.
Como saben sus señorías, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas posee una serie de centros propios a los que, por lógica,
tiene que financiar y mantener
directamente y, por otra parte, también tiene que financiar
indirectamente, aunque no en su totalidad, a otra serie de centros
coordinados vinculados a través de convenios, entre los que se encuentra
el Observatori de l'Ebre, razón por la que en el mismo, y en virtud de
esa relación jurídica, se encuentran destinadas cinco personas cuya
financiación corre directamente a cargo del citado Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Creemos que esto supone para el referido
centro coordinado una importante aportación para cubrir parte de los
gastos de personal, de forma que se asegure la continuidad en el
mantenimiento del material científico y la toma de datos, tal y como se
expresa en la exposición de motivos de esta Proposición.
Como también saben sus señorías, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, como todos los centros e instituciones de la Administración,
está sujeto a una serie de presupuestos limitados y ajustados por
partidas, es decir, está sujeto a una determinada disponibilidad
presupuestaria distribuida por capítulos con la que tiene que atender
fundamentalmente, como ya hemos dicho, de forma directa las necesidades
de financiación de sus centros propios y también las aportaciones
económicas y de medios que destina a los centros coordinados, como el
Observatori de l'Ebre, así como las asignaciones destinadas a las
convocatorias de proyectos científicos, de forma que se cubren
sobradamente la totalidad de los mismos.
No obstante, reconociendo la importancia del Observatori de l'Ebre, tanto
por la antigüedad, calidad y continuidad de sus investigaciones y del
fondo documental tan numeroso que posee su Biblioteca, con 46.000
volúmenes y 1.500 títulos de publicaciones periódicas seriadas, así como
por ser un punto de observación muy importante para las redes y
cartografía magnética, sismológicas y meteorológicas a pesar de que una
posible salida al grave problema de financiación que se plantea en esta
moción sobre el Observatori de l'Ebre podía ser la concurrencia de este
Centro Coordinado a las convocatorias de proyecto científico, al objeto
de incrementar su financiación de forma competitiva e indirecta, que se
efectúan bien por la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación
y Desarrollo o por el propio Centro Superior de Investigaciones
Científicas o también por otros organismos públicos, comunitarios o
españoles, en igualdad de condiciones y, por tanto, sin ningún trato
discriminatorio ni preferente que el resto de los centros coordinados, no
obstante esta serie de argumentos, el Grupo Parlamentario Popular,
estando de acuerdo con la moción, debido, como hemos dicho, a la
importancia que tiene este Centro Coordinado, cree conveniente introducir
una enmienda in voce, que ya conocen los demás grupos, que añada un
estudio del problema suscitado, en el que se recojan carencias y
necesidades, así como las posibilidades de asignación presupuestaria y
con ello tratar de conseguir que se revise el convenio establecido entre
el Observatori de l'Ebre y el Centro Superior de Investigaciones
Científicas.
La enmienda diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados y el Senado
instan al Gobierno a realizar un estudio sobre las necesidades económicas
del Centro Coordinado del Observatori de l'Ebre para, una vez finalizado
el mismo y en función de las disponibilidades presupuestarias, revisar el
convenio de colaboración de cara a incrementar la aportación económica
anual que el Centro recibe de la Administración estatal. Está claro que
se amplía a toda la Administración estatal, como pedía la ponente de la
proposición no de ley.
De esta forma, creemos que avanzamos en el mismo sentido que la
proposición no de ley, pero llegando un poco más que a un simple
incremento de la aportación presupuestaria, sin precisar que podría
salvarse con una exigua cantidad para saldar la petición, de forma que
con el estudio pudiera incrementarse la financiación con una asignación
que salve la crítica situación económica del Centro que, según la moción,
pone en peligro su supervivencia y que cubra sus necesidades expuestas de
renovación de instrumental, mantenimiento de instalaciones y carencia de
personal, para que se asegure la continuidad y la calidad en el futuro
funcionamiento del mismo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Zambrano, portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.
¿Grupos Parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Mi Grupo ha de dar la conformidad entusiasta a esta propuesta. También
aceptamos la enmienda, si es la fórmula para dar viabilidad a la
propuesta. Y no puedo agregar mucho más, porque la Senadora Virgili ha
hecho una exposición muy clara, muy detallada, muy documentada y, al
mismo tiempo, muy convincente.
En todo caso, por una cuestión sentimental, este Senador desea decir que
es Senador por Tarragona, que tiene su residencia en Tortosa, a un
kilómetro o kilómetro y medio del Observatori de l'Ebre, que está en
Roquetes, como sus señorías saben, y que es un centro --aunque no sea
agregar mucho más a la excelente exposición de la Senadora Virgili, pero
sí se lo puedo ratificar-- que goza de un gran prestigio.
Puede que sea el primer centro científico que yo mismo visité, recuerdo,
cuando efectuaba el curso preuniversitario. De la historia del
Observatori de l'Ebre, que conozco desde su fundador, el Padre Sirera,
hasta quienes pasaron por allí --uno de ellos el Padre Romañá, el Padre
Cardús, ahora el Padre Alberca, el Padre Vitori, fundador luego del
Instituto Químico de Sarriá--, se desprende que ha sido siempre un Centro
de un prestigio máximo y que la gente de las comarcas del Observatori de
l'Ebre lo considera como una institución propia.
Por ello, cualquier medida que llegue a tomarse para garantizar el
futuro, nosotros la vemos como el futuro de nuestras comarcas. Pero creo
que todos, y sobre todo en esta Comisión, lo tenemos que ver como el
futuro de la investigación española. No les quepa duda de que a través de
las ayudas que se consigan, la aportación que unánimemente
aprobó el Senado en la propuesta de Convergència i Unió, a la que hacía
referencia la Senadora Virgili en los presupuestos de 1998, y la solución
que pueda adoptarse, si se consigue canalizar de un modo claro la
propuesta que hoy también se consensua, el Observatori será no sólo
beneficioso, sino que puede llegar a dar ciento por uno en beneficio a la
ciencia española. Por tanto, mi Grupo se adhiere a esta propuesta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Beguer.
¿Hay algún grupo más que desee intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Virgili.
La señora VIRGILI I RODON: Intervengo muy brevemente. Acepto la enmienda,
pero, si es posible, quiero hacer una matización. Me parece muy
importante decirles que el Centro participa en proyectos, y he citado el
proyecto Antártida, pero la financiación que necesita es para el día a
día, para el presupuesto anual, para la pintura, electricidad y teléfono.
Y esto no hay proyecto que lo financie.
Además, el Centro es más que un Centro Coordinado. Me parece muy bien
incitar al Consejo para que se preocupe del Centro. Por esto, cuando se
dice Administración del Estado, se podría citar al Instituto Geográfico
Nacional, que depende del Ministerio de Fomento --por lo tanto, de otro
Ministerio--, y al Instituto Nacional de Meteorología, que depende del
Ministerio de Medio Ambiente, porque estos dos organismos tienen con
ellos una coordinación y también participan. El Instituto Nacional de
Meteorología destina allí a tres personas que paga y el Ministerio de
Fomento da dos millones al Instituto Geográfico Nacional; en concreto,
los 10 millones que han recibido no son a través del Consejo, sino a
través del Ministerio de Fomento. Entonces, donde se dice centros de
Administración del Estado, especialmente el Instituto Geográfico Nacional
y el Instituto Nacional de Meteorología, pediría que diéramos una pista
más, indicando --y por todas las razones que usted ha dado el Consejo no
puede asumir todo el peso de este Centro-- que el peso de este Centro
quedara repartido entre los tres organismos. Yo así aceptaría muy bien la
enmienda.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Zambrano.
El señor ZAMBRANO VAZQUEZ: Respecto a lo que plantea la portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, he de precisarle que, entendiendo que
decimos Administración estatal, quedaría recogido perfectamente lo que
pide. Eso podía ir incluido en el estudio de viabilidad que proponemos,
en el que, dentro de la Administración estatal, se recogerían los tres
centros que usted menciona. (La señora Virgili i Rodón: De acuerdo, y el
Consejo serviría de coordinación.) El Consejo además, por supuesto.
La señora PRESIDENTA: Si están de acuerdo, de todas maneras y para mayor
claridad, pido al Secretario de la Mesa, señor Bueno, que tenga la bondad
de leer la enmienda que se ha presentado.
El señor SECRETARIO SEGUNDO (Bueno Fernández): Paso a leer la enmienda.
Es la parte primera y dice:
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 194 del Reglamento de la Cámara, presenta la enmienda de
sustitución a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se
insta al Gobierno a incrementar la aportación económica del Estado para
el mantenimiento y mejora de las instalaciones y gastos de personal del
Observatori de l'Ebre, dentro de los límites presupuestarios previstos en
los organismos de la Administración del Estado de los que depende el
Centro.
Texto:
El Congreso de los Diputados y el Senado instan al Gobierno a realizar un
estudio sobre las necesidades económicas del Centro Coordinado del
Observatori de l'Ebre para, una vez finalizado el mismo y en función de
las disponibilidades presupuestarias, revisar el convenio de
colaboración, de cara a incrementar la aportación económica anual que el
Centro recibe de la Administración estatal.
Creo que el texto queda perfectamente y la justificación ya no es preciso
hacerla.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueno.
Vamos a pasar a la votación de la proposición no de ley en los términos
resultantes, habiendo sido admitida la transaccional presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad de todos los grupos
parlamentarios.
Señorías, como el orden del día ha sufrido la modificación realizada por
la reunión de Mesa y portavoces, interrumpimos la sesión hasta las trece
horas, en que tendrá lugar la comparecencia del señor Secretario de
Estado. Al retirar los puntos del orden del día previstos, nos queda un
tiempo hasta la hora acordada para la comparecencia del señor Secretario
de Estado de Universidades.
Por lo tanto, se interrumpe la sesión hasta la hora citada.
Gracias. (Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACION Y
DESARROLLO PARA INFORMAR:
--DE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D) (S.
713/000529; C. D. 212/001077).
--SOBRE LAS LINEAS GENERALES DE ACTUACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE
LA QUE ES TITULAR (S. 713/000530; C. D. 212/001079).
--SOBRE LA POLITICA DE SU DEPARTAMENTO EN ESTA MATERIA (S. 713/000362; C.
D. 222/000002).
La señora PRESIDENTA: Segundo punto del orden del día, comparecencia del
señor Secretario de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo,
a petición del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario
Mixto y del propio Gobierno.
Las tres solicitudes de comparecencia las vamos a agrupar, de tal manera
que el señor Secretario de Estado hará la exposición tanto por la
petición propia del Gobierno, como de los otros grupos parlamentarios que
han solicitado su comparecencia.
Señor Secretario de Estado, le doy la bienvenida a esta Comisión, en
nombre de la Mesa, agradecemos su presencia y disfrutaremos con su
intervención.
Muchas gracias, señor Secretario. Tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACION Y
DESARROLLO (González González): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, deseo expresar, ante todo, mi reconocimiento por el honor que
me otorgan al comparecer ante esta Comisión para exponer las líneas
básicas de actuación de la Secretaría de Estado en materia de
investigación y desarrollo.
La forma más inmediata de abordar el tema de la política de I+D quizá
consista en zambullirse, como el viejo filósofo, in media res,
preguntándonos por qué el Gobierno necesita, después de todo, gastar en
investigación y desarrollo los fondos de los contribuyentes.
Es frecuente distinguir entre dos especies de investigación: la
investigación básica y la investigación aplicada. A esta distinción
recientemente se le ha añadido una tercera categoría: la investigación
orientada.
La diversificación, en dos o tres categorías, de la investigación
--básica y aplicada, orientada, o dirigida, como se denomina a veces--
resulta altamente abstracta como fotografía capaz de reflejar con
fidelidad el mundo de la investigación, pues en este mundo nos
encontramos, de hecho, con un «continuum», que va desde la investigación
pura a la investigación de más inmediata aplicación. Sin embargo, el
modelo abstracto resulta útil todavía como herramienta analítica para
entender la compleja realidad de la investigación.
Así pues, en términos del modelo teórico, suele entenderse por
investigación básica la mera producción de conocimiento, concebida como
fase previa y habitualmente distinta de la de su posible aplicación.
Esta producción de conocimiento se diferencia de otros tipos de
producción --como la producción de una máquina, o de un edificio-- en que
los gastos de producir investigación básica tienen efectos económicos más
inciertos que los gastos de producción física. Además, una vez producido
el conocimiento, las demás empresas pueden apropiárselo a bajo coste, por
lo que, aun beneficiando a todas las empresas del país, ninguna empresa
individual tiene incentivos suficientes para producir la cantidad
socialmente óptima de conocimientos. Y, naturalmente, atribuir derechos
de propiedad eficientes sobre los nuevos conocimientos producidos a
menudo resulta técnicamente difícil o plantea problemas de explotación
monopolística, que tampoco está exenta de costes sociales, los costes
sociales tradicionalmente asociados al monopolio, aunque sean concebibles
casos en los que las ventajas sociales de un nuevo conocimiento excedan a
los costes que implicaría su explotación temporal en régimen de
monopolio. Imagínese el caso de un nuevo antibiótico, que requiere la
protección de una patente a fin de resarcir al descubridor de los altos
costes de investigación, antes de que su vecino competidor lo copie a
coste nulo o muy bajo.
En todos estos casos al sector privado pueden faltarle los incentivos
adecuados para generar el nivel de investigación y desarrollo óptimo para
la propia empresa y, desde luego, para la sociedad como un todo. La razón
estriba en que la empresa inversora en I+D no captura en su cuenta de
resultados la totalidad de los beneficios sociales generado por su
inversión en investigación y desarrollo, principalmente, en investigación
básica. Como es bien sabido, los gastos de I+D derraman sus beneficiosos
efectos sobre el conjunto de la economía, efectos sobre el bienestar y
sobre el empleo que quizá ni el propio descubridor llegó nunca a
imaginar. Un inocuo algoritmo, pongo por caso, descubierto por algún
oscuro investigador matemático de una universidad, puede encontrar años
más tarde el Von Neuman de turno capaz de convertirle en la base de toda
una teoría de juegos y estrategias, con múltiples aplicaciones en
numerosos órdenes de la economía. Se trata de los efectos spillover o
efectos de desbordamiento. Estos efectos, de los que el descubridor o
empresario individual sólo puede obtener una magra fracción del total de
retornos sociales de su descubrimiento, nacen de las características del
nuevo conocimiento, que beneficia a más personas que al propio
descubridor original, quien a menudo no resulta plenamente compensado por
la totalidad de los beneficios sociales.
Situaciones como éstas suelen ilustrarse con descubrimientos conocidos:
el rayo láser, la innovación de superconductores. Ni siquiera los
inventores eran conscientes de que sus prístinos descubrimientos
acabarían sirviendo para corregir defectos de visión, operar de
cataratas, para deleitar los oídos de tanto melómano, o para mover los
flexibles cuerpos de nuestros hijos e hijas quinceañeras, que gozan o
bailan al son de la música producida en un sencillo aparato de compact
disc.
Si se les hubiera dicho en 1948 a los inventores del transistor empleados
en los laboratorios de la Bell que su ingenio daría vida a un chorro de
artefactos electrónicos, artefactos que van desde el humilde aparato de
radio hasta los refinados mecanismos utilizados en viajes
interplanetarios, o en las modernas y temibles máquinas de guerra, se
hubieran creído transportados al mundo de la más desbordada fantasía.
Tal es la fuerza de los spillovers, que a veces llega a mutar las líneas
de investigación de los continuadores del primer afortunado descubridor.
Y los ejemplos de la trascendencia de la investigación básica, sólo
aparente divertimento de científicos semichalados, se multiplican por
doquier. Fue un resultado de la investigación básica, por poner un nuevo
ejemplo conocido, el descubrimiento de la resonancia nuclear magnética
que en 1946 hicieron dos físicos entregados a la opaca tarea
investigadora. Desconocían absolutamente la enorme potencialidad de su
descubrimiento, que cristalizaría años más tarde en los sistemas de
scanner utilizados en todos los grandes hospitales modernos como
resultado de una legión de explotadores y exploradores posteriores de
nuevas aplicaciones de aquel originario descubrimiento.
Esta es la razón, señorías, por la que el Gobierno ha de financiar el
grueso de la investigación básica y orientada, de universidades y centros
de investigación como el CSIC y tantos otros aparentemente dedicados a la
producción de conocimiento per se. Y a eso hay que añadir que estos
núcleos de investigación tienden a potenciar la comunidad científicamente
educada, la cual alimenta y realimenta numerosos grupos de científicos o
ingenieros capaces de aplicar y hacer avanzar la frontera de nuestros
conocimientos y, lo que no es menos importante, capaces de posibilitar el
torrente de aplicaciones posteriores.
Una reciente investigación americana pone de relieve que en las empresas
estudiadas un apreciable porcentaje de sus nuevos productos no podría
haberse desarrollado sin la investigación previa realizada en el entorno
de la investigación académica. Y en el mismo estudio se muestra que la
tasa de retorno social de la investigación realizada en círculos de
investigación académicos o en organismos de investigación no era menor
del 28 por ciento.
Por eso, la investigación realizada en los organismos públicos de
investigación desempeña un papel crucial en la innovación industrial, y
eso sin considerar todas las áreas en las que la investigación básica
opera como uno de los input partícipes en la investigación aplicada.
Sencillamente, no estamos contando las sinergias multidireccionales entre
investigación básica y aplicada que se producen en numerosos procesos de
innovación industrial o de servicios. Por eso, un reciente trabajo
econométrico encontraba alta y significativa correlación entre el
incremento del gasto en investigación básica y el crecimiento de la
productividad de las empresas, poniendo de relieve la trascendencia del
gasto en I+D para el crecimiento de la producción y del empleo.
Estos trabajos empíricos han venido a avalar la sólida intuición de los
economistas, quienes desde los tiempos de Schumpeter venían reconociendo
el importante papel de la I+D, o actividad innovadora en los procesos de
crecimiento de las economías, facilitando el progreso técnico al mejorar
la productividad de los factores, por un lado, y al generar nuevos y
mejores productos, por otro. Desde la década de los ochenta comenzaron
los economistas a explicar las diversas tasas de crecimiento de las
economías sobre la base de la acumulación de conocimientos --un bien
público con efectos spillover, no monopolizable fácilmente por nadie-- y
sobre la base del papel crítico que desempeña el capital humano. Tal fue
el mensaje central de los primeros modelos de Lucas y de Romer de finales
de los ochenta. Vino luego una segunda generación de explicaciones
asociadas a los nombres de Romer, otra vez, Grossman y Helpman, en las
que las empresas, operando en mercados de competencia imperfecta, tenían
incentivos a través de las patentes, por ejemplo, para obtener beneficios
invirtiendo en I+D y produciendo, por tanto, el deseado descubrimiento
económico y el deseado crecimiento y desarrollo de los pueblos.
Por último, el más reciente bloque de investigaciones, en el que a los
autores anteriores se añaden los nombres de Aghion y Howitt del año 1992,
insiste en un efecto adicional al aumento del número de productos por
obra del cambio tecnológico: se trata de la mejora de la calidad en los
productos ya existentes. Los modelos de esta generación subrayan el
concepto de la escalera de calidad, que quiere decir que un producto
puede ser mejorado un número ilimitado de veces, de modo que el bien que
se encuentre en un peldaño superior tendrá mayor calidad que el bien
ubicado en un peldaño inferior. Y por esta vía también se beneficiará el
crecimiento, pues el crecimiento económico no consiste sólo en mayor
cantidad de productos sino, además, en mejora de la calidad.
Esta literatura económica delimita, en definitiva, dos tipos de efectos:
el mencionado efecto spillover o desbordamiento, y el efecto escala.
Ambos efectos cuentan ya con sólido aval de trabajos empíricos. Por obra
del primero, la inversión en I+D se traduce en conocimiento común no
totalmente apropiable por la empresa inversora, lo que parece reclamar la
atención del Gobierno; y la consecuencia del efecto escala es que si el
volumen de recursos, medido, por ejemplo, por el número de científicos
dedicados a I+D o por el gasto en I+D, aumenta, aumenta por ello la tasa
de crecimiento económico, el bienestar y el empleo de los pueblos.
En fin, también vienen reconociendo los economistas que la inversión en
I+D ha elevado la competitividad internacional de los países al originar
en quienes lo hacen notables ventajas competitivas. Y es ésta una de las
vías por las que ha mejorado, ciertamente, el bienestar y el nivel de
vida de los pueblos. Por eso vemos que el gasto en I+D, tanto público
como privado, es objeto de la más delicada atención de los gobiernos.
Como señalaba Helpman en 1992, «algunas de las mayores compañías
japonesas ahora invierten más en investigación y desarrollo que en
plantas y equipamientos».
Preguntémonos, pues, cuál ha sido el papel de los gobiernos en este país.
La historia del impulso gubernamental al sistema de ciencia y tecnología
en nuestro país, aunque no carece de antecedentes remotos, es
relativamente joven. El impulso articulado y sistemático del sistema
español de ciencia y tecnología nace de la Ley de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica del año 1986, la Ley
13/1986, del 14 de abril, conocida como Ley de la Ciencia.
La primera novedad de aquella ley fue el engarce de las diversas
actividades de investigación pública en el marco de un Plan Nacional de
I+D como medio de programación, fomento y coordinación dentro del Sistema
Español de Ciencia y Tecnología. En el Plan Nacional se trataba de
establecer objetivos y prioridades en materia de investigación, con el
fin de estimular la capacidad de innovación de las empresas y de asignar
los recursos en áreas prioritarias de especial interés estratégico, y se
dotaba de un fondo nacional para la investigación científica y técnica
con el cual impulsar el sistema de I+D.
En su primera convocatoria pública del año 1988 se establecieron 17
programas nacionales de investigación orientada y el Programa Nacional de
Formación del Personal Investigador. En dicho plan nacional se integraba
también el Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento, el
PGC, con el objetivo de fomentar la investigación básica. Por último, se
incluyeron en los programas nacionales los llamados proyectos concertados
entre empresas y centros públicos de investigación.
En 1989 se introdujeron cuatro programas nacionales nuevos y dos
programas de Comunidades Autónomas, con ánimo, además, de coordinar las
diversas actuaciones, tanto a nivel sectorial como entre los diversos
centros directivos de la Administración. El avance registrado en estas
dos convocatorias no era pequeño.
Transcurridas las dos primeras fases del Plan Nacional de I+D, 1988-1991
y 1992-1995, muy centradas en el estímulo de la investigación básica y, a
mi entender, bien centradas, nos encontramos ahora en la ejecución de la
tercera, que corresponde al período 1996-1999. Como es bien sabido, el
Plan Nacional consta de una colección de programas, de los cuales unos
son nacionales, propiamente dichos, y otros horizontales. Los programas
nacionales se concentran en tres grandes áreas: calidad de vida y
recursos naturales, con nueve programas; tecnología de la producción y
las comunicaciones, con seis programas, y una colección de programas
horizontales y especiales: articulación del sistema de ciencia y
tecnología, estudios socioeconómicos, formación del personal investigador
y física de altas energías. Junto a estos programas nacionales, contempla
el Plan Nacional un grupo de cinco programas sectoriales desarrollados
por determinados ministerios, y a ellos se añaden los llamados proyectos
integrados, que inciden en áreas más amplias que las propias de una sola
institución, o que gozan de un alto interés estratégico para el Sistema
Español de Ciencia y Tecnología. En realidad, se trata de proyectos
concretos, dotados de presupuesto único de gestión simplificada y
abordados mediante consorcio entre centros públicos y empresas.
Este tercer plan es, sin duda, el más ambicioso proyecto que se ha puesto
en marcha en nuestro país para estimular la movilización de recursos
públicos y privados en materia de investigación y desarrollo. Muestra de
ello es el magno esfuerzo presupuestario que se ha de realizar este año.
El esfuerzo presupuestario asignado a financiar programas de
investigación y desarrollo en el período de 1990 a 1996 oscilaba entre
los 182.130 y los 209.203 millones de pesetas, y algunos años de caída
del ciclo económico apenas sobrepasó los 186.000 millones. Pues bien, en
el presupuesto de 1997 este esfuerzo se había situado ya en la cifra de
235.488 millones de pesetas, y esta cifra, con no ser desdeñable, se ha
convertido nada menos que en 310.808 millones de pesetas para el
presupuesto del año 1998. Y si medimos el gasto en I+D sobre PIB, aunque
las cifras no son tan brillantes, no se puede ocultar que no habrá de ser
en vano el esfuerzo invertido. En 1975, el gasto español en I+D
representaba apenas el 0,35 por ciento del PIB, cuando Alemania ya
dedicaba un 2,15 por ciento, Francia un 1,8 e Italia un 0,85. En el
período 1989-1994 la media del gasto de las Administraciones Públicas en
I+D sobre PIB oscilaba en torno al 0,52 por ciento. Pues bien, en el año
1997 esta cifra se hallaba en torno al 0,9 por ciento, reflejando el
esfuerzo realizado, aunque esta cifra, con la que no podemos sentirnos
satisfechos, al tratarse de una ratio con variables afectadas por
hipótesis paramétricas, que pueden resultar volátiles, ha de tomarse con
delicado cuidado.
Para analizar el grado de ejecución del Plan Nacional I+D que financia el
Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y
Técnica, permítanme que me refiera, señorías, a la nueva estructura de la
Secretaría de Estado. Como saben sus señorías, el pasado día 3 de febrero
se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el Real Decreto 111/1998,
en el que se contemplaba la creación de la Oficina de Ciencia y
Tecnología en la Presidencia del Gobierno, como consecuencia de un
acuerdo adoptado en la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología,
en su sesión del día 11 de diciembre de 1997. Esta Oficina prestará su
asistencia a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología para el
desarrollo de las competencias que a esta institución le atribuye la Ley
13/1986, de 14 de abril, la llamada Ley de la Ciencia, asumiendo, por
tanto, esta Oficina de Ciencia y Tecnología funciones coordinadoras y de
apoyo a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.
La creación de esta Oficina supuso la necesidad de articular por Real
Decreto 121/1998, de 30 de enero, una nueva estructura orgánica básica
del Ministerio de Educación y Cultura. Esta reorganización atribuye a la
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, entre
otras funciones, la de impulso, coordinación y seguimiento de las
actividades del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, así como la de la Vicepresidencia Primera de la Comisión
Permanente de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología,
creándose en esta Secretaría de Estado la Dirección General de Enseñanza
Superior e Investigación Científica, que asume, entre otras competencias,
las de gestión de los programas del Plan Nacional de I+D, financiados con
cargo al Fondo Nacional, y de los fondos estructurales de investigación y
desarrollo, de los fondos destinados al mismo fin procedentes de la Unión
Europea, y de aquellos otros cuya administración le encomiende la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.
Con la organización anteriormente expuesta se pretende alcanzar una mejor
coordinación del sistema de ciencia y tecnología de nuestro país y una
mejor gestión, a la
vez que se garantiza una gestión eficaz de las actividades de I+D
coordinadas por la Comisión Interministerial, que se plasman
específicamente en el Plan Nacional de I+D y en los programas sectoriales
que competen al Ministerio de Educación y Cultura. Tanto las actividades
relacionadas con el citado Plan Nacional como las que se refieren a los
programas sectoriales continuarán desarrollándose de acuerdo con las
previsiones que existen actualmente y bajo la superior dirección de la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, a quien compete
establecer las directrices presentes y futuras que han de regular estas
actividades.
Como saben sus señorías, cuatro competencias diferenciadas, en lo que
toca a I+D, contempla el citado Real Decreto 121/1998, en su apartado 3:
uno, el fomento y difusión del conocimiento científico. Dos, la formación
y movilidad del personal docente universitario y del personal
investigador. Tres, la gestión de los programas del Plan Nacional de I+D
financiados con cargo al Fondo Nacional, y, cuatro, la gestión de fondos
estructurales de investigación y desarrollo, de los fondos destinados al
mismo fin procedentes de la Unión Europea, y de aquellos cuya
administración les encomiende la CICYT.
Descendiendo a dichas competencias, hemos de centrarnos en los
principales programas que gestiona la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación y Desarrollo, es decir, los programas
denominados «Promoción general del conocimiento», el programa sectorial
«Formación, perfeccionamiento y movilidad de personal investigador», y
los que se ejecutan en el marco del Plan Nacional de I+D, entre los que
en este año figuran los proyectos de investigación cuya financiación
correrá a cargo de los Fondos FEDER, en las regiones objetivos 1 y 2,
gestión que se realiza a través de la Dirección General de Enseñanza
Superior e Investigación Científica.
Pasemos a detallar dichos cometidos. El objetivo del programa de
«Promoción general del conocimiento» es el fomento y consolidación de la
investigación científica de la calidad, cuya temática no esté incluida en
los programas nacionales específicos que componen el Plan Nacional de
I+D. El título del programa recoge diversas iniciativas destinadas a
aportar recursos al desarrollo de la investigación básica de calidad, en
el convencimiento de que únicamente conservando un sistema de
investigación básica suficiente en volumen y calidad, mediante una
financiación constante y en crecimiento sostenido, se puede asegurar el
desarrollo de resultados científicos cercanos a la aplicación industrial,
la innovación y el desarrollo.
La consecución del objetivo se canaliza a través de actuaciones de
financiación, en concurrencia competitiva, por medio de convocatorias
públicas anuales. La financiación puede ser puntual o en un programa
plurianual previamente establecido. La actuación más importante, por el
volumen de financiación, es la de proyectos de investigación de carácter
plurianual por períodos de tres años y excepcionalmente de cinco, aunque
la convocatoria del presente año, en aras a mejorar la eficacia de
gestión del programa, tan sólo contempla proyectos de tres años.
El desarrollo de un proyecto de investigación se considera el eje central
de la actividad investigadora, y, como tal, atrae el mayor esfuerzo
financiador del programa, por la importancia cualitativa del mismo, por
la serie de actividades interrelacionadas que promueve, desde la
movilidad de los investigadores hasta las reuniones científicas y las
derivadas de publicaciones. En el último año 1997, se aprobaron 1.072
nuevos proyectos, que al tener una proyección temporal de tres años
requerirán para su financiación 5.579 millones de pesetas. En esta
actuación se han gastado, en 1997, 7.182 millones de pesetas, cifra que
incluye la financiación de proyectos anteriores y la primera anualidad de
los aprobados en este ejercicio, 2.482 millones de pesetas.
Existen, junto a los proyectos citados, acciones de promoción científica,
actividades de relevancia científica que por su carácter excepcional, por
razones de oportunidad o por sus especiales circunstancias de desarrollo
no tienen cabida en la financiación regular de actividades. En el último
año se han realizado 119, con un coste total de 447 millones de pesetas.
Además, dichos proyectos requieren actuaciones complementarias para
mejorar la eficacia del uso de los recursos, contempladas en la rúbrica
denominada «Utilización de recursos científicos». Financia el
desplazamiento esta rúbrica de investigadores por períodos cortos de
tiempo para utilizar grandes instalaciones científicas, se han
contabilizado 59 actuaciones en el año 1997, con un coste total de casi
12 millones de pesetas.
El segundo gran programa, la formación, perfeccionamiento y movilidad del
profesorado y personal investigador, es el otro programa dedicado a la
movilización de recursos de la investigación. La formación del
profesorado y del personal investigador se inicia en el ciclo de
enseñanza superior con el grado de Licenciatura, mediante la concesión de
becas que permiten al destinatario dedicarse a la preparación de una
tesis doctoral por un máximo de cuatro años, es decir, es una
financiación de becas predoctorales. Esta actuación tiene su continuidad
con el programa de becas y perfeccionamiento en el extranjero, becas
postdoctorales, programa que permite a nuestros doctores disfrutar de una
ayuda por un período máximo de dos años para complementar su formación.
Se solicitaron 655 becas predoctorales en España durante 1997; se
concedieron 421, que arrojaron un gasto de 5.546 millones de pesetas. De
las 1.160 solicitudes para estancias breves se concedieron 1.120; el
monto total del gasto supuso 333 millones de pesetas. Se pidieron 701
becas extranjeras para postdoctores y tecnólogos, de las que se otorgaron
258, gastándose 2.553 millones de pesetas.
La incorporación de doctores y tecnólogos españoles formados en el
extranjero es otra actuación de la Secretaría de Estado que pretende
generar un mecanismo para encauzar la labor investigadora de los
beneficiarios de este programa hacia la búsqueda de un trabajo estable en
el sector público o privado en nuestro país. La incorporación de estos
doctores, que deberán haber participado en un programa de investigación
en el extranjero como mínimo durante dos años, se realiza por medio de
contratos de trabajo por obra o servicio, cuya duración máxima no podrá
superar
los 36 meses. La incorporación de doctores a grupos de investigación
supone en 1997 la concesión de 533 nuevos contratos y un gasto total de
2.463 millones de pesetas.
La última etapa del programa se refiere al mantenimiento de la
competitividad y la capacidad profesional de los investigadores ya
formados y con puestos permanentes en las universidades y organismos
públicos de investigación facilitando desplazamientos y estancias de
duración variable en centros de investigación extranjeros de reconocido
prestigio; la participación en congresos y seminarios científicos, como
mecanismos de permanente confrontación y actualización de conocimientos.
En este campo de actuaciones cabe destacar las ayudas para la estancia de
profesores extranjeros en España, en régimen de año sabático, y para que
colaboren con grupos españoles en proyectos concretos de investigación.
En 1997 se financiaron 142 concesiones y se gastó un total de 353
millones de pesetas.
La estancia de profesores españoles en centros de investigación
extranjeros, que tiene por objeto facilitar la actualización de
conocimientos, el aprendizaje de alguna técnica o la posible modificación
de la línea de investigación, facilita el permanente reciclaje de los
investigadores del sector público. El gasto total fue de 266 millones de
pesetas para las 211 concesiones aprobadas en 1997.
Finalmente, es preciso destacar otras actuaciones encaminadas a este
mismo fin como son los programas bilaterales de movilidad, el apoyo
financiero a las reuniones científicas y las acciones integradas, que,
cofinanciadas con el Ministerio de Asuntos Exteriores, permiten financiar
desplazamientos de corta duración a los investigadores integrados en
equipos conjuntos de investigación con los siguientes países de la Unión
Europea: Alemania, Francia, Italia, Austria, Portugal y Reino Unido.
Estas actuaciones suponen 502 ayudas, con un monto total de 264 millones
de pesetas.
Me referiré a continuación a las actuaciones más notables que se están
ejecutando actualmente en el marco del Plan Nacional de I+D, una vez
desarrollados los dos grandes programas directamente financiados por el
presupuesto de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
y de la Secretaría de Estado, y señalaré algunas de las cifras más
relevantes del estado de ejecución del Plan Nacional de 1997.
La primera cuestión que deseo resaltar es que el presupuesto del Plan
Nacional para 1998, que aparece recogido en el epígrafe del presupuesto
del Ministerio de Educación y Cultura, denominado «Fondo Nacional para el
Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica», será en el presente
ejercicio de 21.847 millones de pesetas, tras las enmiendas que fueron
presentadas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el
Congreso y en el Senado, y que han permitido un aumento neto en el
crédito de 2.400 millones de pesetas. Esto supone un aumento, en términos
absolutos, de 3.839 millones de pesetas sobre el crédito aprobado en el
pasado ejercicio, que se traduce en un crecimiento del 21,32 por ciento
sobre el año anterior. Con esta partida presupuestaria atenderemos la
cofinanciación de los fondos estructurales europeos destinados a
proyectos de I+D, los proyectos de I+D que se financian con cargo a los
programas nacionales de I+D, las ayudas para la adquisición de
infraestructura científico-técnica, así como otras actividades de I+D de
menor importancia cuantitativa, que no cualitativa, como son los
proyectos integrados, las acciones de incorporación de doctores a
empresas, entre otras.
Una parte sustancial de este incremento presupuestario irá destinada,
como les digo, señorías, a la cofinanciación de los fondos estructurales
europeos destinados a proyectos de I+D que, como consecuencia de la
organización anteriormente descrita, serán gestionados por la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, dependiente de
la Secretaría de Estado. Como es conocido, en el mes de agosto del año
pasado se publicaron las convocatorias de ayudas para la realización de
proyectos de I+D e innovación en regiones de objetivo 1 y objetivo 2,
cofinanciadas con fondos FEDER y que cubren también las modalidades de
proyectos de transferencia de resultados de investigación, proyectos de
demostración o proyectos piloto de nuevas tecnologías. Esta es una
iniciativa nueva que va a permitir disponer, sobre todo a las regiones de
objetivo 1, de una cantidad muy importante de recursos con el objetivo de
que puedan aprovechar al máximo las capacidades científico-tecnológicas
de sus centros de investigación y mejorar las interrelaciones de los
agentes que intervienen en los procesos de innovación.
Las finalidades de esta convocatoria, cuyo plazo de presentación de
solicitudes está abierto hasta finales de junio del año 1999, son:
contribuir al desarrollo regional a través del fomento de la capacidad
científica, tecnológica y de innovación de la región; fomentar la
colaboración entre los centros públicos de investigación, los centros de
innovación y tecnología y las empresas de la región, y contribuir al
desarrollo de los sectores industriales, de servicios o unidades de las
Administraciones Públicas en esta región.
La inversión total prevista en los correspondientes programas operativos
para el período 1997-99 supone un total de 24.885 millones de pesetas en
zonas de objetivo 1, de los que el 30 por ciento será cofinanciación
española, y de 3.000 millones en zonas objetivo 2, de los que el grado de
cofinanciación española es del 50 por ciento. Esta cofinanciación será
atendida con cargo al crédito del Fondo Nacional para el desarrollo de la
investigación científica y técnica.
Esta convocatoria ha tenido una excelente respuesta por parte de los
grupos de investigación. Esta actuación tiene, además, el valor añadido
de embarcarse en el proceso de coordinación y concertación con las
Comunidades Autónomas, que han contribuido de una manera decisiva y
entusiasta a difundir la convocatoria y a movilizar a las empresas de su
ámbito territorial. Hasta el momento se han recibido unas 450
solicitudes, que en algunos casos corresponden a proyectos coordinados
entre varias instituciones, por un presupuesto total solicitado de 15.500
millones de pesetas. De todas las solicitudes, el 83 por ciento proviene
de las regiones objetivo 1, y las áreas con mayor peso relativo son las
de las ciencias agrarias, salud y tecnología de los alimentos. Las
convocatorias establecían como requisitos
la participación en los proyectos de, al menos, una empresa, que debería
aportar recursos humanos, económicos o materiales para la realización de
los proyectos. En este sentido, la cofinanciación empresarial que se
aporta en las solicitudes recibidas supera los 5.800 millones de pesetas.
El coste medio de los proyectos es, por tanto, de unos 60 millones de
pesetas, lo que indica que se trata de proyectos de cierta envergadura,
con objetivos ambiciosos. En un breve plazo, comenzaremos a resolver un
primer bloque de solicitudes, participando también las Comunidades
Autónomas en este proceso a través de tres mecanismos: en primer lugar,
proponiendo expertos para las comisiones temáticas de las distintas áreas
que se han considerado prioritarias; en segundo lugar, elaborando un
informe sobre los criterios de oportunidad de cada uno de los proyectos
que correspondan a los centros de investigación ubicados en su territorio
y, en tercer lugar, analizando las propuestas de su Comunidad en
reuniones previas a la resolución.
En relación con los proyectos de I+D que se financian habitualmente con
cargo a los programas nacionales del Plan Nacional, actualmente se está
gestionando la convocatoria que se publicó en noviembre del año pasado y
que se resolverá antes del verano, de acuerdo con el calendario habitual
en este tipo de convocatorias. El año pasado se gestionaron 1.851
solicitudes de proyectos, de los que se concedieron 998, lo que supuso
una inversión de 11.593 millones de pesetas para la duración total de los
proyectos.
En relación con este eje de actuaciones, ya se ha puesto en marcha una
nueva experiencia piloto para mejorar el procedimiento de seguimiento
científico-técnico de los proyectos financiados, mediante comités de
expertos que se reunirán periódicamente con los correspondientes grupos
de investigación. Se han seleccionado cerca de 60 proyectos de los
diversos programas nacionales en razón del interés o la relevancia de los
objetivos propuestos en los mismos. Esta experiencia permitirá, por una
parte, dar apoyo al grupo de investigación para garantizar la buena
marcha del proyecto y, por otra, tener una mejor visibilidad de los temas
concretos que se están desarrollando, facilitando al mismo tiempo la
transferencia y la difusión de resultados que se obtengan a los sectores
socioeconómicos interesados.
En fin, como complemento a las ayudas para proyectos de I+D, el año
pasado se gestionó también la convocatoria de ayudas para la adquisición
de infraestructura científico-técnica, abierta a todas las áreas de los
programas nacionales y que se planteó en un marco de corresponsabilidad y
cofinanciación con los centros de investigación solicitantes y las
Comunidades Autónomas. De acuerdo con este esquema, con cargo al
presupuesto del Plan Nacional se financia el 50 por ciento del coste del
equipo, el otro 50 debe aportarse a partes iguales por el centro de
investigación y por la correspondiente Comunidad Autónoma, quien
interviene además en el proceso de selección estableciendo criterios de
oportunidad y priorización respecto a las solicitudes de su ámbito
territorial. La inversión en equipamiento por parte del Plan Nacional ha
supuesto, así, un total de 821 millones de pesetas, que se complementan
con una cifra equivalente de cofinanciación.
Brevemente deseo aludir a la incorporación de doctores a empresas. Se ha
puesto en marcha una nueva iniciativa en el marco del Programa Nacional
de Fomento de la Articulación del Sistema Ciencia-Tecnología-Industria
con el fin de fomentar la innovación en empresas españolas mediante la
incorporación a las mismas de personal altamente cualificado, cuya misión
principal consista en iniciar en la empresa un proceso innovador,
reforzar una línea innovadora ya existente o impulsar la creación de
nuevas actividades innovadoras. La convocatoria establece la concesión de
ayudas para la contratación temporal, por un período mínimo de un año, de
doctores de reciente graduación, que, en un futuro, podrán llegar a
incorporarse a las empresas con carácter estable. La iniciativa tiene un
doble propósito: por una parte, se pretende rentabilizar los importantes
esfuerzos que se han realizado en la formación de personal cualificado,
con capacidad y preparación para la investigación y para el desarrollo de
actividades innovadoras. Nuestro país dispone en la actualidad de un
importante activo de doctores formados en las diversas áreas
científico-tecnológicas. Por otra parte, la incorporación de este
colectivo de profesionales a las empresas debe inducir, creemos,
actitudes y actividades innovadoras en los sectores productivos.
Dentro del sistema científico español la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación y Desarrollo tiene también adscrita una
parte sustancial de la comunidad científica española, es decir, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que, desde la
promulgación de la Ley de la ciencia se configura como un organismo
autónomo de carácter comercial dependiente de la Administración Central.
Es hora ya de que nos refiramos al Consejo Superior en el Sistema Español
de Ciencia y Tecnología. El sistema público de ciencia y tecnología
español está integrado fundamentalmente por el sector de la enseñanza
superior, por varios organismos públicos de investigación (OPIs)
vinculados a distintos Ministerios. Entre estos últimos figura el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, cuyo objetivo básico es el de la
ejecución de investigación científica y técnica de alta calidad y el
desarrollo y la transferencia de tecnología. Al CSIC se le ha atribuido
recientemente una función relevante en el Comité de Coordinación
Funcional de Organismos Autónomos de Investigación y Experimentación,
creado por el Real Decreto 574/1997, de 18 de abril, en el seno de la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, con el objeto de
optimizar el aprovechamiento de recursos humanos, materiales y económicos
del conjunto de los organismos públicos de investigación.
Este lugar destacado, que indudablemente ocupa el CSIC dentro del Sistema
Español de Ciencia y Tecnología, se basa en tres aspectos fundamentales:
primero, el carácter pluridisciplinar de las actividades del CSIC, que
abarca desde la investigación básica hasta la aplicada y la orientada, y
que versa sobre ocho grandes campos temáticos: humanidades y ciencias
sociales, biología y biomedicina, recursos naturales, ciencias agrarias,
ciencias y tecnologías físicas, ciencia y tecnología de los materiales,
ciencia
y tecnología de los alimentos y ciencia y tecnologías químicas.
Segundo, la capacidad del CSIC para contribuir a la vertebración de la
actividad científica en España, dado las relaciones que mantiene con las
universidades, con otros organismos públicos de investigación y con
centros de las Comunidades Autónomas con los que mantiene una activa
cooperación, así como con las empresas en el ámbito de la investigación,
es indudable. En entramado institucional del CSIC está constituido por
107 centros e institutos repartidos por toda la geografía española
--existen en el territorio de 12 Comunidades Autónomas-- y dispone de una
importante infraestructura que abarca desde fincas experimentales,
embarcaciones, observatorios, grandes equipos e instalaciones singulares,
hasta la red de bibliotecas especializadas más extensa del país.
Tercero, la notable productividad científico-técnica del CSIC, que
participa en la generación de un 20 por ciento de la ciencia española
según todos los estudios más fiables, a pesar de que la plantilla
científica del CSIC no pasa del 6 por ciento del total nacional de
investigadores, es también incuestionable. Si se tiene en cuenta que en
España se genera aproximadamente el 2,2 por ciento de la producción
científica mundial, el CSIC sería responsable de la nada despreciable
proporción del 0,44 por ciento de la ciencia producida en el mundo. Esta
productividad del CSIC y su valoración en términos relativos dentro de la
producción científica española está basada en estimaciones fiables de
carácter bibliométrico, número de científicos, número de publicaciones,
índice de citaciones, etcétera.
Existen otros índices que pueden ser utilizados para evaluar la
productividad de los científicos del CSIC que también arrojan, hablando
en general, un balance satisfactorio, aunque los grupos de investigación
del CSIC, dada su dedicación exclusiva y los medios de que disponen, es
natural que obtengan una mayor productividad.
El CSIC es, asimismo, un organismo básico a la hora de generar recursos
de carácter competitivo, de origen tanto nacional, como de la Unión
Europea, como de contratos con empresas. Este aspecto se está viendo
reforzado con la actual gestión de la Presidencia, que arroja un
incremento de un 15 por ciento en los recursos captados en operaciones
comerciales en 1997 con respecto al año 1996.
El CSIC se configura, por tanto, como un instrumento decisivo de la
política científica y tecnológica nacional y desempeña un papel
marcadamente activo, bien fomentando la investigación básica en sectores
estratégicos, bien apoyando la solución de los problemas técnicos y
socioeconómicos del entorno, o promoviendo la investigación más
orientada. El CSIC es, y puede ser mucho más, un instrumento flexible
para la instrumentación de nuestra política científica.
Desde que España ingreso en la Unión Europea, el CSIC ha participado de
forma muy activa en los programas de I+D, obteniendo, gracias a su
competitividad y a su proyección internacional, un 25 por ciento
aproximadamente de la financiación que llega a España procedente de
dichos programas. El número de proyectos desarrollados con financiación
europea ha ido en aumento de forma exponencial, llegando a tener vigentes
del orden de 500 proyectos dentro del actual IV Programa Marco de
investigación de la Unión Europea, y actuando como coordinador de un 20
por ciento de ellos. Teniendo en cuenta que en cada proyecto participa un
solo investigador, esto implica que al menos un 25 por ciento de los
investigadores del CSIC están incluidos en proyectos multinacionales de
interés europeo y, por tanto, que el Organismo ha tenido capacidad
suficiente para asumir objetivos comunes con los países de nuestro
entorno. La cuantía económica de los recursos procedentes de la Unión
Europea en 1997 alcanza una cifra aproximada de unos 5.300 millones de
pesetas, lo que supone un crecimiento cercano al 30 por ciento con
respecto al ejercicio anterior.
Si realizamos una comparación entre el CSIC y algunos de sus homólogos
europeos, advertiremos la elevada capacidad de autofinanciación mediante
la obtención de recursos competitivos que ha alcanzado el CSIC, ya que su
financiación supone algo más del 40 por ciento de los recursos que maneja
anualmente, mientras que, por ejemplo, en el CNRS francés es el 95 por
ciento y en el Max Plank alemán el 4,5 por ciento. Estos datos confirman
que el CSIC es una institución competitiva, tanto a nivel nacional como
internacional, y que está en condiciones de enfrentarse a los retos
futuros planteados por la Unión Europea, como es la propuesta por el V
Programa Marco, que definirá la política europea de I+D hasta el año
2002.
El CSIC es, por tanto, un organismo vivo, activo, pero, como todo en este
mundo, no está exento de una serie de problemas y desajustes que nos
proponemos mejorar.
Desde el punto de vista institucional, se abordará en las próximas fechas
la adaptación a la LOFAGE, siguiendo las líneas marcadas por la
proposición no de ley aprobada por esta Comisión Mixta Congreso-Senado.
Se han elaborado unos planteamientos bastante similares para el conjunto
de las OPIs y se trabajará para dotar a estos organismos autónomos de las
especialidades que requiere una gestión moderna de la investigación.
El CSIC es un organismo esencial para las tareas de la CICYT, no sólo por
la participación de su personal científico en proyectos del Plan
Nacional, sino por llevar a cabo la gestión de instalaciones, servicios
de especial impacto sobre la comunidad científica (buques oceanográficos,
base Antártica, sala blanca de microelectrónica, participación del CSIC
en grandes instalaciones como The European Synchrotron Facility,
etcétera).
El CSIC, que manejará en este ejercicio un conjunto de recursos próximos
a los 60.000 millones de pesetas, cuenta con una doble vía de
financiación: por una parte, los créditos consignados en los Presupuestos
Generales del Estado, y, por otra, la financiación procedente de recursos
propios, que aparecen bajo el epígrafe de operaciones comerciales,
constando de ingresos patrimoniales, ventas del ejercicio, financiación
competitiva de proyectos, etcétera. La financiación presupuestaria
constituye el 58 por ciento de su financiación total, siendo el 42 por
ciento restante fruto de la actividad propia del organismo que, a su vez,
representa el 15 del total de lo que el Estado dedica a financiar
actividades de I+D.
Dentro de los programas de la Función 54, que gestiona el Ministerio de
Educación y Cultura, destaca el 541 A, que se denomina Investigación
Científica. Es el único programa de dicha Función en el que participa el
CSIC y representa el 67,5 por ciento del total del gasto del Ministerio
en 1997; pues bien, la participación del CSIC en el mismo ronda los
34.000 millones de pesetas. Esta cifra representa, a su vez, el 15,1 por
ciento de la inversión pública total en I+D y el 42,3 por ciento de los
gastos de esta naturaleza que absorben los organismos autónomos
comerciales, lo que da una idea de la gran entidad del CSIC en los
recursos de investigación comprometidos en el entorno del Ministerio de
Educación y Cultura.
El personal dedicado a la investigación científica, técnica y aplicada
presentaba una tendencia de crecimiento que ha dado signos de fatiga en
el último trienio, por lo que he de decir que, en todo caso, los
esfuerzos realizados por la Administración actual en el ejercicio de 1997
y la programación presupuestaria para 1998 permiten ya apreciar una
cierta corrección de esta tendencia que se pretende consolidar iniciando
un despegue en la forma más eficaz posible. Los recursos humanos que
actualmente prestan servicios en el CSIC están constituidos
aproximadamente por casi 2.000 científicos investigadores de plantilla,
1.800 funcionarios dedicados a actividades técnicas conexas con la
investigación y unos 680 funcionarios administrativos. El colectivo del
personal laboral fijo está constituido por 987 efectivos, el de personal
laboral temporal por 1.145, y el personal en formación, fundamentalmente
becarios, lo constituyen 1.214 efectivos. Dentro del personal laboral
temporal destaca la existencia de unos 450 científicos contratados con
carácter formativo, por obra y servicio, a través de programas del
Ministerio de Educación y Cultura, mediante los contratos de reinserción
a los que me he referido, financiados por la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación y Desarrollo y el propio CSIC con cargo a su
programa de inversiones.
La situación del personal y la evolución de las plantillas a lo largo de
los últimos seis años obliga a formular unas políticas de personal que,
siendo realistas y compatibles con las exigencias generales de
restricción presupuestaria, permiten abordar una incorporación estable de
nuevos doctores, una evolución del personal conexo o acorde con estas
incorporaciones y unas posibilidades adecuadas de promoción del personal
de plantilla que abran expectativas suficientes a aquellos que realizan
trabajos de mayor calidad y son capaces de generar recursos externos.
Por ello, el CSIC trabaja en los siguientes objetivos: uno, lograr una
oferta pública de empleo que permita una entrada neta lo más alta posible
de científicos doctores a nivel de colaborador científico, dada la
notable cantera de investigadores que existe entre los doctores con
contratos de reinserción, así como becarios postdoctorales que
constituyen excelentes candidatos.
Dos, desarrollar nuevas fórmulas de incorporación contractual al
organismo que, basadas en la contratación de científicos jóvenes,
permitan un acceso a la tarea de investigación en el organismo sin que
todo esté supeditado a la condición funcionarial. Estas fórmulas han de
basarse, bien en la incorporación con carácter interino, bien en nuevas
posibilidades de tipo contratación laboral que surjan de la adaptación a
la LOFAGE, el Estatuto de la Función Pública y las subsiguientes
disposiciones de desarrollo normativo.
Tres, ofrecer también un cierto número de plazas de promoción al personal
de las diferentes escalas. Ni que decir tiene que la oferta de todos
estos puestos debe llevar aparejado un proceso de selección transparente,
basado en la libre concurrencia y en los principios de igualdad, mérito y
capacidad. Al mismo tiempo, hemos de seguir fomentando que una parte del
personal científico formado en nuestras universidades y centros públicos
pueda nutrir también las plantillas de la investigación industrial en las
empresas implicadas en las tareas de I+D. Se pretende que las medidas
señaladas posibiliten una expansión del sistema científico del CSIC
acorde con el crecimiento de la actividad científica española que el
Gobierno quiere promover y que representa, creemos, un objetivo asumido
por todos.
Señorías, no quisiera terminar esta comparecencia sin dar brevísima
cuenta de la situación actual en la que se desenvuelve el V Programa
Marco Europeo, en ciernes.
Como bien saben sus señorías, en estos momentos se encuentra en fase de
discusión con nuestros socios europeos la estructura y contenido del
Programa Marco de I+D. En el último Consejo de Ministros, celebrado en
Bruselas el pasado 12 de febrero, se aprobó la estructura de dicho
programa. Quedó configurado en cuatro grandes programas temáticos y tres
programas horizontales. Los cuatro programas temáticos corresponden a:
uno, calidad de vida y recursos vivos; dos, sociedad de la información;
tres, crecimiento competitivo y sostenible; y, cuatro, energía, medio
ambiente y desarrollo. Este último dividido, por un lado, en medio
ambiente y desarrollo sostenible y, por otro, energía. Los tres programas
horizontales son: cooperación internacional, innovación y PYMEs y, por
último, capital humano e investigación socioeconómica.
El presupuesto global acordado provisionalmente para financiar los
programas anteriormente indicados, el Centro Común de Investigación y el
V Programa Marco EURATOM se eleva a 14.000 millones de ecus. Recuerdo a
sus señorías que dicho presupuesto es de cuantía menor al aprobado en
diciembre de 1997 en su primera lectura por el Parlamento Europeo, que
ascendía a 16.700 millones de ecus. Dado que el V Programa Marco se
aprueba por codecisión del Parlamento Europeo y del Consejo, es preciso
que ambas instituciones traten de buscar un acuerdo, procedimiento que ya
se está arbitrando.
Para resumir, señorías, las líneas básicas de la política de
investigación de la Secretaría de Estado se centrarán en los siguientes
objetivos: el primero consistirá en mantener un nivel de investigación
básica de calidad, sin el cual no es concebible un volumen sostenido de
investigación aplicada u orientada en el futuro. Las fuentes de
financiación presupuestaria que gestiona la Secretaría de Estado son
tres, como recordarán sus señorías: El Fondo Nacional, el PGC y el
Programa de Formación, Perfeccionamiento y Movilidad de Investigadores.
El Fondo Nacional atiende 17 programas nacionales, 4 horizontales y 5
proyectos integrados. La investigación básica se combina en casi todos
ellos con la aplicada, pero algunos, como el de Formación del Personal
Investigador, tiene un estricto perfil de investigación básica. Además,
existen 2 programas sectoriales, con fuentes de financiación propia --que
lucen tímidamente en los Presupuestos del Estado--, que son el programa
General del Conocimiento y el de Formación, Perfeccionamiento y Movilidad
del Personal Investigador. Estos dos programas sectoriales son también
programas de investigación básica. El Programa General del Conocimiento
alcanzó el 1997 un montante de 8.218 millones de pesetas; el de Movilidad
del Personal Investigador, 3.529 millones de pesetas. Ambas rúbricas
crecen en torno al 5 por ciento sobre el presupuesto de años anteriores.
El segundo objetivo es de índole organizativa. Como les decía, señorías,
se ha creado la Oficina de Ciencia y Tecnología que apoya a la CICYT. Con
la reorganización de la Secretaría de Estado, Universidades,
Investigación y Desarrollo, responsable del impulso, coordinación y
seguimiento del Plan Nacional I+D, así como de la gestión de sus
Programas Nacionales, del Fondo Nacional y de los fondos procedentes de
la Unión Europea, y con la creación de esta oficina, se pretende alcanzar
una coordinación mejor del sistema de ciencia y tecnología español. En
ella ha de colaborar la Secretaría de Estado --quien, además, ocupa el
puesto de Vicepresidente Primero de la Comisión Permanente--, y se
pretende garantizar una gestión eficaz de estas actividades.
Finalmente, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación
Científica y Técnica contará en 1998 con un incremento del 21,32 por
ciento, ya que asciende a 21.000 millones de pesetas, lo que supone en
términos absolutos 3.839 millones de pesetas más que en 1997.
Este Plan Nacional financia proyectos de los Programas Nacionales
--12.200 millones de pesetas--, infraestructura científico-técnica y, de
manera especialmente importante, para el sector industrial proyectos para
generación de conocimientos. Son especialmente relevantes los proyectos
de I+D cofinanciados con los Fondos FEDER para zonas Objetivo 1 y
Objetivo 2, a los que me he referido. Por lo tanto, hemos de seguir en
esta línea. Por último, se prevén 16.000 millones de pesetas financiados
entre la Unión Europea y las Comunidades Autónomas para infraestructuras
científicas.
Por lo que respecta al CSIC, la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación y Desarrollo pretende impulsar el papel del Consejo
Superior con el sistema español de ciencia y tecnología, ya que genera, a
pesar de la plantilla exigua, como les he señalado, el 20 por ciento de
la ciencia que se produce en este país.
El CSIC es el principal organismo de investigación español, cuenta con
numerosos institutos, como he señalado, y está trabajando con el apoyo de
la Secretaría de Estado y del Ministerio de Educación y Cultura para
abordar una incorporación estable de nuevos doctores y ofrecer una
promoción adecuada a sus investigadores más cualificados.
Los objetivos del Consejo en materia de personal son los siguientes.
Resumo: Lograr una oferta pública de empleo que permita una elevada
entrada neta de científicos doctores, a nivel de colaborador científico,
dada la excelente cantera de jóvenes contratados y becarios
postdoctorales; y desarrollar nuevas fórmulas de incorporación
contractual no funcionariales que permitan el desarrollo de una actividad
científica estable. Todas estas nuevas ofertas de incorporación al CSIC
se llevarán a cabo mediante un proceso de selección transparente --como
he señalado--, basado en la libre concurrencia y en los principios de
mérito, igualdad y capacidad.
Pues bien, señorías, éstas son las líneas y objetivos que se plantea
desarrollar y reforzar la Secretaría de Estado en política de
investigación y desarrollo.
Muchas gracias por su atención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por su
intervención.
La primera solicitud de comparecencia fue realizada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Por lo tanto, tiene la palabra su portavoz, la
señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Muchas gracias, señora Presidenta; señorías.
Señor Secretario de Estado, muchas gracias por comparecer ante esta
Comisión y por las explicaciones que nos ha dado, que le aseguro podemos
compartir a nivel teórico. Lástima que su buena música --recogiendo el
símil que usted ha hecho al principio de su intervención-- no vaya
siempre acompañada, en lo que se refiere a la política científica del
Partido Popular, de una buena letra. Y la política, señor González, no es
música, sino letra. Vamos pues a ver si, entre todos, ponemos un poco de
buena letra a esta música con la que usted nos ha deleitado, sobre todo
al principio de su intervención.
De entrada, debería decirle que sus referencias a los recientes cambios
que se han producido en lo que podríamos llamar la nueva organización
política por parte del Gobierno nos parecen escasas y no suficientemente
aclaratorias. A nuestro entender, ustedes han hecho importantes cambios,
no muy afortunados, y con consecuencias que pueden afectar enormemente a
nuestro sistema de ciencia y tecnología. Por ello, nos gustaría, en
primer lugar, que nos aclarara algunas cuestiones relativas a esta
materia y que yo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, le voy a
plantear.
Ante todo, señor Secretario de Estado, le voy a recordar que el Grupo
Parlamentario Socialista pidió su comparecencia ante esta Comisión el
pasado mes de octubre, justo a los pocos días de haberse producido su
nombramiento como Secretario de Estado, y tras el cese --a nuestro
entender un tanto impropio-- de su antecesor en el cargo, el profesor
Tejerina.
Naturalmente, señor González, no solicitamos su comparecencia en esta
Comisión para aclarar las extrañas circunstancias que rodearon el cese de
su antecesor en el cargo --obviamente es una cuestión de la que usted no
es en absoluto responsable--, sino para conocer cuáles eran
sus planes al frente de la nueva responsabilidad que acababa de asumir.
La propia dinámica parlamentaria ha hecho que su comparecencia no pudiera
realizarse hasta hoy, pero me atrevería a decirle, señor González, que se
produce en un momento especialmente adecuado. Porque hoy, con la
perspectiva de haber transcurrido unos pocos meses desde que solicitamos
su comparecencia, nuestro Grupo tiene bien claro que lo que parecía una
simple sustitución del Secretario de Estado marcó en realidad un punto de
inflexión en lo que hasta el momento había sido la política científica
del Gobierno del Partido Popular.
Señor González, si algo ha caracterizado la política científica de este
país en todo momento ha sido el consenso. La Ley de la Ciencia, que usted
ha citado, fue consensuada y aprobada por unanimidad. El Plan Nacional ha
sido siempre un instrumento muy valorado, tanto a nivel nacional como
internacional, incluso copiado por otros países. Y, viendo el avance que
había experimentado la ciencia y los buenos resultados obtenidos, entre
la comunidad científica se había llegado también a un consenso y a un
hábito en la forma de funcionar. Ciertamente, señor González, todo es
mejorable. Pero usted, como miembro de esta comunidad científica, no
puede negar que esto ha sido así.
Pues bien, primero, con los presupuestos de 1998, y ahora con los
importantes cambios que han hecho en la organización de la ciencia,
ustedes han roto este consenso. Porque son cambios que desvirtúan la Ley
de la Ciencia, son cambios que ponen en peligro todo el sistema ciencia y
tecnología de este país, y los han hecho sin consenso, sin dar
información, ni al Parlamento ni a la comunidad científica, y sin la
debida reflexión sobre las consecuencias, extremadamente negativas, que
pueden tener para nuestro sistema ciencia y tecnología.
Al separar ustedes la planificación y la coordinación de la gestión,
rompen una de las principales virtudes que tenía el Plan Nacional: la
unidad, y agravan una de las mayores dificultades que tiene el Plan
Nacional: la coordinación. Porque es obvio, señor González, que romper la
unidad de acción va en contra de una mejor coordinación. Por lo tanto, no
entiendo que usted pueda obrar ahora una mejor coordinación.
Para las tareas de planificación y coordinación, como usted muy bien ha
explicado, han creado, a propuesta de la CICYT, la Oficina de Ciencia y
Tecnología, la OCYT, con rango de Dirección General adscrita a la
Presidencia del Gobierno. Señor González, de entrada, parece dudoso que
éste sea el rango adecuado para una oficina que debe desempeñar las
importantes funciones que le asigna el Decreto de creación.
A usted, señor Secretario de Estado, como Vicepresidente Primero de la
Comisión Permanente de la CICYT --como así es y lo ha reconocido--, nos
gustaría preguntarle lo siguiente: ¿De qué recursos económicos va a
disponer esta oficina? ¿Dispondrá de todos los recursos de toda la
Función 54, o bien la Función 54 va a depender íntegramente o en parte de
la Secretaría de Estado? ¿El presupuesto del Plan Nacional dependerá de
la Secretaría de Estado o de esta nueva oficina de Presidencia?
Le aseguro, señor González, que esto no lo tiene claro el Grupo
Parlamentario Socialista, ni siquiera después de su intervención, como
tampoco lo tiene claro ningún miembro de la comunidad científica de este
país.
Esperamos que, al menos, usted como responsable político nos lo pueda
dejar claro y explicar en su siguiente intervención.
En segundo lugar, señor Secretario de Estado, por qué reconociendo, como
parece que ustedes así lo han hecho, el valor estratégico de la ciencia y
la tecnología, no se ha creado una oficina con rango de Secretario de
Estado, como ustedes mismos hicieron, por ejemplo, en el caso de la
Oficina Presupuestaria que dirige el señor Barea. La respuesta incluso se
la pueda dar yo: a la hora de la verdad esta Oficina no va a tener tantas
atribuciones como parece, sobre todo si se la siguen rebajando a golpe de
corrección de errores.
¿Podría explicarnos, señor González, por qué a los dos días de la
publicación del Decreto de creación de la Oficina, ustedes se cargan, vía
corrección de errores, una de las dos funciones más importantes de la
Oficina, nada más y nada menos que la de coordinar las actividades de las
otras instituciones en materia de Investigación y Desarrollo? Como
vulgarmente se dice, de un plumazo cambiaron, mediante corrección de
errores --una corrección de errores publicada dos días después--, las
palabras «coordinar las actividades de», por «coordinar sus actividades
con», y así de un plumazo --repito-- colocaron la Oficina de Ciencia y
Tecnología al mismo nivel de las demás direcciones generales, con las
que, además, tiene la obligación de coordinarse.
Señor González, también es muy curioso, y yo diría que a la vez
alarmante, el hecho de que en todo el Decreto de creación de la Oficina
de Ciencia y Tecnología no aparece ni una vez la palabra Plan Nacional.
¿Se puede coordinar la ciencia en nuestro país al margen del Plan
Nacional?
El Plan Nacional fue pensado, como usted muy bien ha reconocido y
explicado, como el eje fundamental de la Ley de la Ciencia. En su
artículo 1.º --no en cualquier artículo, sino en el primero-- la propia
Ley dice: Para el fomento y la coordinación de la investigación
científica y técnica que la Constitución encomienda al Estado, se
establece el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico. Me gustaría que me dijese cómo se va a coordinar la ciencia
española desde la OCYT obviando al Plan Nacional.
Lo que sí deja claro el Decreto es que el Plan Nacional es
responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Estado; si es así --me
gustaría que me lo aclarase si no lo es-- le pregunto, ¿piensa realmente
que un Plan Nacional de Investigación que afecta a toda la Administración
Pública, que tiene mecanismos de interacción con las Comunidades
Autónomas, que debe tener interacción con la investigación privada, puede
ser gestionado y coordinado por una Dirección General del Ministerio de
Educación y Cultura que, además, como usted muy bien ha explicado, tiene
otras responsabilidades, de las que voy a hablar más tarde? ¿Realmente
puede pensar alguien que esto es posible?
Le diré, señor González, que por la línea que llevan creemos que el Plan
Nacional podría acabar siendo una especie de programa sectorial del
Ministerio de Educación y Cultura, una especie de programa de promoción
general del conocimiento, una especie de PGC, que en la práctica acabara
únicamente afectando a las universidades y al CSIC. Esto, señor González,
es debilitar de una manera muy sutil el Plan Nacional y, a la vez,
cargarse bajo mano la Ley de la Ciencia, porque están debilitando su
instrumento fundamental que es el Plan Nacional. Desde luego, nuestro
Grupo no va a estar en absoluto de acuerdo con esta política y, en la
medida de nuestras posibilidades, no lo vamos a tolerar. Ni tan sólo
figura en ninguno de los dos decretos quién es el responsable de elaborar
el Plan Nacional. ¿Es que no piensan elaborar un cuarto plan de I+D? Para
que nos quede claro, señor González, si en esta Comisión tuviéramos que
llamar a comparecer al responsable de la elaboración del próximo Plan
Nacional, ¿a quién tendríamos que llamar?
Señor González, en los últimos Presupuestos ustedes empezaron
disminuyendo las previsiones del Fondo Nacional, dando menos dinero para
la formación de personal investigador, dando menos dinero para proyectos
competitivos --afortunadamente esto se ha paliado un poco--, menos dinero
para el fomento de la investigación en las empresas, para las acciones
PETRI, para la OTRI, y todo ello enmascarando el presupuesto global con
fondos europeos, fondos FEDER --que usted nos los ha detallado, por
cierto, conseguidos durante el mandato socialista, es decir, fondos ya
comprometidos--, para poder decir que el presupuesto global del Plan
Nacional aumentaba, pero en el fondo usted sabe perfectamente que esto no
es así.
Con los presupuestos dieron el primer paso: menos dinero para el Plan
Nacional; el segundo paso lo están dando ahora: ir reduciendo el Plan
Nacional a un simple programa sectorial del Ministerio de Educación y
Cultura. ¿Cuál va a ser el tercer paso? Esperemos que no sea la
desaparición total del Plan Nacional. Con todo esto, señor González, no
le sorprenderá si le digo que la comunidad científica está muy
preocupada.
Aparte de todas estas importantes cuestiones en relación al Plan
Nacional, hay otras que recoge el Real Decreto 121, del pasado 30 de
marzo, que afectan a otras competencias también asignadas a su Secretaría
de Estado --algunas ya las ha comentado--, pero, aprovechando su
presencia en esta Comisión, aunque sea brevemente, también me gustaría
incidir en ellas.
Hay una cuestión que usted no ha citado, o al menos como ha comentado
muchas cosas se me ha pasado, sobre la Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva. ¿Cómo es posible que un organismo clave para cualquier
sistema de ciencia y tecnología, como es el caso de la Agencia Nacional
de Evaluación y Prospectiva, la ANEP, no dependa de la Oficina de Ciencia
y Tecnología que acaban de crear y quede reducida al Ministerio de
Educación y Cultura? Le agradecería una respuesta sincera y clara a esta
cuestión.
El mismo Decreto encarga a la Dirección General de Enseñanza Superior e
Investigación Científica las relaciones internacionales --usted lo ha
citado--; concretamente dice que se encarga a la Dirección General las
relaciones internacionales en el ámbito de su competencia --lógicamente
se refiere a las competencias de la Dirección General--. ¿Cuáles son
exactamente estas competencias --me refiero a competencias
internacionales-- de la Dirección General? Se lo pregunto porque no nos
ha quedado claro, sobre todo teniendo en cuenta que el Decreto de
creación de la OCYT también hace referencia a las relaciones
internacionales como una de las competencias de la Oficina.
Hablando de las relaciones internacionales, usted se ha referido a
Europa, y le agradecemos la información que nos ha dado, pero nuestro
Grupo quiere poner de relieve una cuestión muy importante: ha sido una
preocupación durante los últimos meses para el Grupo Parlamentario
Socialista y para toda la Comunidad Científica la amenaza del veto
español al V Programa Marco de la Unión Europea. Sorprendentemente, en la
pasada reunión del Consejo, el día 12, no hubo finalmente problema. Nos
consta --y usted, además, ahora lo ha confirmado-- que estuvo allí.
¿Podría explicarnos las razones por las que se pensaba en un veto y por
qué en tan poco tiempo se cambió de opinión?
Otro tema citado por usted, que es competencia de la Dirección General de
Enseñanza Superior e Investigación Científica, es el de la formación y la
movilidad del personal investigador.
En relación a la movilidad, señor González, parece que compartimos la
preocupación sobre una cuestión que preocupa también enormemente a
nuestros equipos de investigación, y es que durante los últimos años en
nuestro país se ha hecho una inversión muy importante en recursos humanos
que empieza a dar sus frutos. Numerosos investigadores han ido a formarse
a centros de excelencia en otros países tecnológica y científicamente más
avanzados que el nuestro con la idea de que los beneficios de esta
inversión repercutieran en nuestro sistema. Deduzco de su intervención,
señor González, que usted es absolutamente consciente de que uno de los
principales cuellos de botella de nuestro sistema es justamente la falta
de personal investigador, pero creo que éste es un buen ejemplo de que su
buena música no va acompañada de una buena letra. Porque los
investigadores ya formados tienen ahora auténticos problemas para
regresar, y muchos de los que han regresado están trabajando en pésimas
condiciones laborales, con contratos de tiempo muy limitado y sin ver en
un plazo razonable la posibilidad de optar a una plaza estable de
investigador.
Por otra parte, la convocatoria anual de plazas dentro del programa de
reincorporación del personal investigador --que usted ha citado-- este
año todavía no se ha hecho pública, y la convocatoria de científicos y
tecnólogos extranjeros para venir a España se ha publicado con mucho
retraso. Le diré más: los que se desplazaron en virtud de la convocatoria
anterior todavía no han cobrado, y le agradecería, señor Secretario de
Estado, que pudiera hacer algo en este sentido. Porque no basta con
conseguir que regrese don Mariano Barbacid, por ejemplo. Obviamente,
nuestro Grupo no tiene nada que objetar al regreso de Barbacid, pero
estamos hablando de cientos de investigadores jóvenes,
excelentemente formados, que desearían regresar y que su regreso es
fundamental para el futuro de nuestro Sistema Ciencia-Tecnología. Y los
que ya regresaron, señor González, necesitan estabilidad, pero esto va a
ser muy difícil si ustedes prometen crear plazas estables --como han
hecho en repetidas ocasiones-- y luego lo van aplazando o no cumplen sus
promesas. Sólo el CSIC --usted lo ha citado-- tiene en estos momentos una
gran bolsa de investigadores contratados: los datos que nosotros tenemos
no coinciden exactamente con los suyos, pues a nosotros nos consta que
son unos 750, de los cuales unos 200 tienen un contrato a punto de
finalizar y están pendientes de conseguir una situación laboral estable.
Ustedes deben dar una respuesta inmediata a este problema si no quieren
destrozar muchos de los equipos de investigación que vienen funcionando
en nuestro país y si quieren evitar que estas personas vuelvan a los
países donde se formaron, en detrimento de nuestro Sistema
Ciencia-Tecnología.
Contésteme con sinceridad, señor González, no con buenas palabras: ¿tiene
su Secretaría de Estado la voluntad política de paliar esta perentoria
situación en la que viven tantos cientos de excelentes investigadores?
¿Cuáles son las medidas concretas que piensan tomar desde la Secretaría
de Estado para solventar este problema y en qué tiempo?
Y ya que estamos en el CSIC, permítame que le plantee un par de
cuestiones más en relación con este organismo público de investigación
que, juntamente, con el Instituto Astrofísico de Canarias --como usted ha
dicho muy bien-- son los dos organismos públicos de investigación que
continúan adscritos a la Secretaría de Estado que usted dirige, de
Universidades, Investigación y Desarrollo.
Realmente, el CSIC merecería una comparecencia especial de su Gobierno,
y, de hecho, le agradecemos los datos que nos ha dado en torno a la
organización del CSIC y a la producción científica de sus investigadores.
No nos cabe ninguna duda de que nuestros científicos son extremadamente
competentes, pero nos gustaría que nos dijera, aunque fuera a grandes
trazos, el plan real de actuación que tiene pensado a corto y a medio
plazo en relación con el CSIC. Ciertamente, nuestro Grupo ha presentado
ya unas cuantas iniciativas parlamentarias --que tendremos ocasión de
debatir-- dirigidas directamente a resolver los problemas que tiene
planteados el CSIC y que usted ha tratado brevemente --la LOFAGE, las
plazas--, pero nos gustaría que nos contara, aunque fuera a grandes
trazos, cuál es el futuro político del CISC que usted se plantea.
Voy a hacer alusión a una cuestión que aparecía en la prensa el pasado 1
de marzo, y, aunque es de un alcance más general que el propio ámbito del
CSIC, puede que afecte en gran medida a este organismo. El pasado 1 de
marzo, hablando de las transferencias a las Comunidades Autónomas y de la
nueva fase en la que parece que el Gobierno ha anunciado que van a entrar
en estas cuestiones, en un medio de comunicación se hacía referencia a
que la Generalitat de Cataluña y el Gobierno están cerrando las
transferencias de becas y de investigación. De ser cierta, esta cuestión
afecta enormemente a numerosos centros del CSIC. ¿Qué puede decirnos,
señor González, sobre este punto?
Y en relación con el Instituto Astrofísico de Canarias, que es el otro
organismo público de investigación que cae plenamente dentro de su
Secretaría de Estado, también quisiera plantearle un par de cuestiones.
¿Ha dado ya el Gobierno el visto bueno definitivo a la construcción del
Grantecan? De hecho, piense que es un proyecto en el que están
involucrados numerosos científicos, numerosas empresas, y ya es hora de
que el Gobierno tome una decisión definitiva porque, si no, incluso nos
consta que hay peligro de que se puedan perder los fondos europeos. ¿Ha
nombrado ya el Gobierno sus representantes en el Consejo de
Administración de la empresa Grantecan, Sociedad Anónima, de la que,
todos conocemos, el Gobierno es accionista? Esto nos parecería un primer
paso de cara a que el Gobierno mostrara realmente la voluntad política de
apoyar este proyecto.
Nada más de momento, señor Secretario de Estado, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Como hemos agrupado las solicitudes de comparecencia, vamos a dar la
palabra a la portavoz del Grupo Mixto, señora De Boneta, para que,
posteriormente, conteste el señor Secretario de Estado.
Señora De Boneta, tiene la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
También me corresponde agradecer al señor Secretario de Estado su
intervención y sus explicaciones por mucho que haya algunos puntos que,
de alguna manera, hayan quedado pendientes, como ya se ha manifestado
aquí por la Diputada que me ha precedido en el uso de la palabra,
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión, señora Riera.
A este respecto, voy a intentar no reiterar demasiado algunas cuestiones
que ya han sido planteadas por la Diputada Riera y de las cuales espero
que nos informe, por lo que yo no las voy a repetir y, obviamente, me voy
a referir a algunos otros aspectos.
Señor Secretario de Estado, lo primero que tengo que manifestar es una
cuestión relacionada con razones estrictamente competenciales, y en este
caso sí tengo que plantear una discrepancia o, al menos, una matización a
lo que se ha dicho anteriormente por la Diputada que me ha precedido en
el uso de la palabra, porque la Ley de la ciencia no fue aprobada por
unanimidad; al menos los representantes de la Comunidad Autónoma vasca
plantearon algunas reservas.
En todo caso, quiero comenzar por algo con lo que siempre he empezado
puesto que, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de esta
Senadora, perteneciente a Eusko Alkartasuna --por tanto, perteneciente al
mismo partido que el actual Consejero de Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno vasco-- la cuestión competencial no está
aclarada. Desde nuestro punto de vista está bien claro que el Estatuto de
Autonomía del
País Vasco, en el sistema de triple lista y en el listado correspondiente
a las competencias exclusivas en su artículo 10 tiene establecida como
competencia exclusiva la investigación científica y técnica, eso sí, en
coordinación con el Estado. Esta es una pregunta que yo le tengo que
plantear como nuevo titular de la Secretaría de Estado, aunque supongo
cuál va a ser su respuesta, pero se lo tengo que plantear aquí porque
nuestra posición en este tema no ha variado y estimamos que la Comunidad
Autónoma vasca tiene competencia exclusiva en materia de investigación,
sin perjuicio de esa coordinación, que ya no sólo tiene que ser con el
Estado, sino a otros niveles más amplios, de Unión Europea, etcétera. En
todo caso, todos sabemos que la investigación no puede ser algo tan
pequeño y tan sectorial que solamente se plantee desde una determinada
comunidad, pues excede incluso al marco de construcción política que
actualmente nos estamos dando, que es la Unión Europea.
Dicho esto, tengo que coincidir con la Diputada Riera en ese
planteamiento de ruptura del consenso o, al menos, de cambio en la
política del Departamento sin previo conocimiento ni consulta, con lo
cual ese consenso se rompe de alguna manera o, al menos, no puede darse
por existente toda vez que hay un cambio sustancial en la política de la
Secretaría a partir del cese del señor Tejerina y su entrada en la
Secretaría.
Tengo que decir que, al margen de la cuestión competencial a la que ya me
he referido, estuvimos bastante de acuerdo con lo planteado por el señor
Tejerina y, sin embargo, no podemos coincidir tanto con la política de su
Secretaría que nos acaba de explicar.
En primer lugar, ya se ha señalado aquí, la creación de esta Oficina crea
una nebulosa --y perdóneme si es desconocimiento, aunque he tratado de
enterarme por todos los medios-- en los límites de la competencia de la
Oficina y de la Secretaría, sobre todo, como ya se ha señalado con
anterioridad, en relación con el Plan Nacional. Esta es una cuestión que
me gustaría que usted nos aclarara.
Se ha hablado de la función 54 y me gustaría reiterar la pregunta
formulada porque me parece importante, porque, al final, no se sabe --al
menos yo no lo tengo claro-- si va a ser competencia de su Secretaría o
de la Oficina.
Por otra parte, el señor Secretario de Estado nos ha planteado la
evolución del porcentaje de inversión en política de investigación en su
conjunto, tanto básica como aplicada. No voy a entrar en polémica con el
señor Secretario en relación con la primera parte de su exposición.
Naturalmente que la investigación básica es muy necesaria pues de ella
surgen distintas posibilidades. Usted ha hablado de la amplia utilización
de los «scanners» que tienen su origen en la investigación básica; hay
otros muchos ejemplos, pero éste es muy importante porque, además, creo
que todos los ciudadanos hemos tenido algún contacto con este avance
científico y técnico en la práctica, promovido precisamente por una
investigación básica. Repito, no voy a entrar en polémica porque es
cierto que la investigación básica es muy necesaria y, además, tiene unos
porcentajes de inversión en cuestiones que ya están muy avanzadas. Sin
embargo, los caminos tomados no llevan a las conclusiones que se pensaba
debería llegarse y a veces son investigaciones de alguna manera
frustradas --de alguna manera-- y, por tanto, el sector público tiene que
invertir allí puesto que el sector privado, lógicamente, quiere conseguir
efectos inmediatos de sus intereses de producción o de cualquier otro
tipo. Por tanto, en este aspecto, estoy absolutamente de acuerdo con lo
manifestado por el señor Secretario de Estado.
Sin embargo, esos porcentajes de inversión en relación al PIB quedan
todavía muy lejos no sólo de los porcentajes medios de la Unión Europea,
de los países de nuestro entorno, de los países desarrollados sino --nos
ha hablado del 0,9 por ciento en 1997-- incluso de las inversiones que
las nacionalidades y regiones del Estado español están realizando. Creo
que el porcentaje que actualmente se está invirtiendo en la Comunidad
Autónoma Vasca es del 1,2 por ciento. Por ello, entendemos que, en este
caso, nadie puede --supongo que el señor Secretario de Estado el
primero-- mostrarse satisfecho con dicho porcentaje.
Quisiera plantearle otras cuestiones. Usted ha hablado de la
participación de las Comunidades Autónomas en general. Creo que usted
hablaba en términos generales, nos ha hablado de su participación a
través del nombramiento de expertos, de las manifestaciones de criterios
de oportunidad sobre los proyectos y del análisis previo a la toma de
decisiones. En este caso, tengo que preguntarle directamente ¿cuál es el
grado de participación de la Comunidad Autónoma Vasca a pesar de las
importantes inversiones que conjuntamente el sector público y el privado
están realizando, como conocerá, no lo dudo, a través del Plan Vasco de
Ciencia y Tecnología? En la Comunidad Autónoma Vasca no hay centros del
CSIC.
Otra pregunta sería la siguiente: ¿cuáles son los proyectos concretos que
se han financiado o cofinanciado? ¿Cuál es el montante económico? Hago
esta pregunta para que se vea claramente que, además de estar planteando
una cuestión competencial, estamos aportando, vía cupo, unas cantidades
importantes al conjunto en este aspecto, como corresponde a la aportación
del 6,24 por ciento también en este Capítulo. Sin embargo, la percepción
de la Comunidad Autónoma Vasca no se corresponde ni de lejos con estas
aportaciones y, sobre todo, exige que el propio desarrollo de la
Comunidad tenga que hacer por su cuenta importantes inversiones, puesto
que estamos absolutamente convencidos --en esto estoy segura de que
coincidimos con el señor Secretario de Estado-- de que la investigación
es el motor del desarrollo, con lo cual, si no viene por una vía habrá
que sacarlo de donde se pueda y llevarlo por otra, y perdóneme que en un
planteamiento tan científico como éste le hable con unas palabras tan
coloquiales. ¿De quién es competencia el Plan Nacional? ¿De la Secretaría
de Estado? Es otra de las nebulosas que encontramos.
En materia de personal, y especialmente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, tengo que reiterar los planteamientos de la
Diputada Riera. Me parece que usted ha hecho referencia a la política de
personal, a la incorporación de nuevos doctores, a la promoción del
personal existente. También ha hablado de objetivos como la oferta
pública de empleo, así como de nuevas líneas
de incorporación contractual para facilitar no sólo la entrada de savia
nueva en la investigación en general, sino también la recuperación de
investigadores, cuestión en la que, por cierto, hizo mucho hincapié su
antecesor en el cargo, y con la que estábamos muy de acuerdo, como
también lo estamos con la Diputada Riera en que no se trata de que una u
otra determinada figura a nivel mundial sea recuperada sino de todos
aquellos que han salido y tienen dificultades para volver y que se
encuentran tanto por su edad como por su formación en un momento muy
bueno para ayudar a conseguir los objetivos que pienso son comunes.
Por último, quería plantearle una cuestión sobre la que su antecesor en
el cargo hizo mucha incidencia y en la que tanto el Grupo al que
represento como yo misma y mi partido coincidíamos plenamente. Usted no
se ha referido con carácter muy especial al desequilibrio existente en el
conjunto del Estado español --en unas Comunidades más que en otras-- en
las inversiones en I+D por parte del sector público en el montante total,
así como por parte de las empresas que, en este caso, suelen ser las
beneficiarias directas de los procesos de investigación que
automáticamente revierten en avances técnicos aplicados a sus propios
intereses.
Nos ha hablado como novedad de un nuevo programa de incorporación de
doctores a las empresas. Me gustaría preguntarle: ¿su Secretaría de
Estado tiene la intención de incorporar estos doctores a aquellas
empresas cuyos proyectos estén financiados por fondos públicos a fin de
corregir esos desequilibrios? Me gustaría saber si es así, si puede ser
una forma de, si no invertir, sí mejorar este desequilibrio existente
entre inversión pública e inversión privada en lo que se refiere a I+D,
sobre todo, en este caso porque, además de ser un desequilibrio real,
está en relación con el porcentaje que en países de nuestro entorno se
viene produciendo. Esta es una cuestión que a mí me parece importante.
En relación con el V Programa Marco, no voy a reiterar algunas de las
preguntas planteadas, pero sí me gustaría que nos explicara --si puede
hacerse-- este cambio de posición. Yo estaba convencida de que se iba a
vetar desde la representación del Estado español y, sin embargo, parece
que, al final, no hubo ningún problema. Creo que esto ya está dicho.
Me he dejado muchas cosas en el tintero y, además, las he mezclado porque
he intentado repetir lo menos posible lo que aquí se ha planteado. En
todo caso, le agradeceré mucho sus explicaciones y le vuelvo a agradecer
su presencia, aunque no haya sido con la inmediatez que la solicitud de
comparecencia de este Grupo hubiera requerido.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Boneta.
¿Otros grupos parlamentarios que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández
de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Bienvenido, señor Secretario de Estado de Universidades e Investigación.
Como estamos en esta sala --voy a ser muy breve porque creo que muchas de
las cuestiones han quedado totalmente claras-- tan sugerente, me estaba
acordando de aquello que en el Renacimiento se le enseñaba a los
pintores, a los que acudían a las grandes escuelas de pintura, y es que
cuando ya creían que captaban toda la luz, todo el color, todos los
matices, cuando creían que podían saber todo lo que se sabía de pintura,
estaban agotados. Igual pasa en la ciencia. Si algún día todos
estuviéramos contentos y satisfechos con todas las actuaciones en I+D,
seguro que lo estábamos haciendo mal. Siempre necesitaremos más, siempre
tendremos horizonte, y eso es el propio avance científico el que lo
genera.
No voy a hacer una intervención larga porque el señor Secretario de
Estado ha tenido una intervención brillantísima, muy clara en algunos
puntos, que yo quiero resaltar. Por ejemplo, cuando ha hablado de
investigación básica, al margen de como portavoz del Grupo Parlamentario
Popular de esta Comisión y personalmente como investigador básico, me
siento enormemente satisfecha de ver la actuación que en política de
investigación básica se está llevando. Si no hay investigación básica en
un país --y ese tipo de investigación, evidentemente, se está apoyando
desde todos los Estados, pero también desde otros puntos de vista--,
difícilmente habrá investigación aplicada.
Ya se están valorando en algunos sectores empresariales esos gastos
inciertos que las nuevas normas de balance llaman intangibles, en los que
se recoge la investigación básica, porque solamente se innova cuando se
está investigando, solamente se avanza más o menos cuando se está
investigando. Todo conocimiento, desde las nuevas contabilidades, se
considera rentable y la inversión en investigación básica también es
rentable. No rompamos una lanza en ese sentido. Ya está habiendo esa
tendencia de investigación básica empresarial, enormemente impulsada en
los últimos años, los beneficios sociales son tan importantes que
valorarlos económicamente de forma general es perder el valor que en sí
tiene, porque nunca hay investigación no rentable. Y así ha quedado
expuesto en su brillante intervención.
A continuación, usted ha pasado a hablarnos, cuando ha aclarado estos
puntos de la investigación básica, de la necesidad de España de ser un
país competitivo y cómo ese avance en I+D intenta situarnos a la altura
de los países de la Unión Europea más desarrollados en investigación
científica y tecnológica. Evidentemente, sin I+D y sin innovación no se
puede avanzar en ese aspecto. Pero hoy hay otra valoración de otros
aspectos. Esa medición es una preocupación tanto de los gobiernos como de
los propios agentes implicados, en este caso de las empresas, y en el
ámbito internacional la OCDE ha sido el organismo impulsor de los nuevos
estudios de medición de la innovación, plasmados, como todos ustedes
saben, en el Manual de Oslo, donde se valora ya toda esta inversión en
materia básica y en materia tecnológica, esa inversión muchas veces no
tangible.
En cuanto al Plan Nacional de I+D, nosotros creemos que la Secretaría de
Estado está en el camino adecuado. También quiero hacer hincapié, como ya
lo hemos hecho todos, en algo importante, y es que en los últimos años se
ha cambiado la tendencia presupuestaria enormemente y también en este
último año, porque, a pesar de estar en años de control presupuestario
para otras muchas actuaciones gubernamentales, sin embargo, se ha
cambiado el año pasado con un aumento de 235.000 millones y este año se
han sobrepasado los 310.000, casi los 311.000 millones de pesetas más
para I+D. Es importante resaltar esto porque pone de manifiesto el
interés no solamente de la Secretaría de Estado, sino de toda una acción
de Gobierno conjunta, que apuesta por esa política de investigación y
desarrollo.
El señor Secretario de Estado también ha hecho un análisis pormenorizado
de las mejoras que suponen en el sistema de I+D la creación de la Oficina
de Ciencia y Tecnología y la reorganización de la propia Secretaría de
Estado en ese sentido. Y esto es importante porque, quizá, esto viene
marcado por una organización que dio lugar a la dispersión, y considero
que esa Oficina debe ser, como ha dicho el señor Secretario de Estado, de
apoyo a la CICYT y debe ejercer esa acción coordinadora. Yo creo que
nadie ha roto el consenso en ciencia. El consenso se podría haber roto
cuando se empezó a tener un cambio descendente en la cuestión
presupuestaria. Pero si se abre otro camino no se puede decir que se ha
roto el consenso. Si alguien lo considera roto, será su responsabilidad.
Pensar que en ciencia todo se ha aprendido es caer en el error de
aquellos pintores noveles que creían que todo lo sabían. En ciencia todo
es mejorable. Los métodos también son mejorables y nada es desechable. Y
no basta hacer futuribles sobre actuaciones de las que sólo se puede
hablar. Habrá que hacer análisis de hechos. Una vez analizados los hechos
y tomado el contacto en algo tan incipiente, que lleva sólo un mes, hay
que pensar por qué se ha tenido que crear esta Oficina, porque en I+D las
cosas van tan rápidamente que en algunos momentos el anquilosamiento se
ha producido, y lo hemos visto a partir de algunos años no muy lejanos.
Yo pienso que es obvio hablar del rango de la Oficina. Vamos a esperar
esos resultados y parte de las cuestiones que aquí se han planteado yo
creo que serían mucho más oportunas si las aclarara en la comparecencia
del Director General de la Oficina, que está citado en esta Comisión y
que será, en definitiva, el que tendría que hablar de estas cuestiones.
El Secretario de Estado también ha llevado a cabo una descripción del
programa de promoción general del conocimiento y la formación y la
movilidad del personal investigador, así como de las becas que nosotros
vemos oportunas en todas las áreas del conocimiento, porque esa formación
del profesorado, respecto a la que él ha sido amplio en su exposición, se
ha tomado en la sociedad y también desde los gobiernos, que quizá son un
poco los más atrasados. Quizá las empresas valoran esto antes, pero
también se ha tomado conciencia desde la Secretaría de Estado y desde el
Gobierno de que no son siempre los activos materiales los determinantes
de un beneficio futuro, sino que esos elementos, que yo antes he llamado
intangibles, son con los que cuentan las organizaciones, son la capacidad
innovadora y son los que dan la credibilidad de sus proyectos y la
incentivación para impulsar los informes. Y esa formación del elemento
humano es importantísima para el investigador.
A nosotros nos ha parecido interesantísimo, y sabemos que el Gobierno
tiene un amplio interés en este asunto, integrar a los doctores formados
en el extranjero. Esa es una asignatura pendiente que este país lleva
arrastrando desde hace muchos años. Yo diría, en relación con esos
personajes que vuelven formados de los centros de excelencia y que no
encuentran salida en el sistema de ciencia y tecnología español, que no
es una enfermedad infecciosa que aparece rápidamente --y perdóneseme el
símil corporativo--, sino que es una enfermedad crónica, casi endémica,
que España arrastra desde hace muchos años y desde hace unos años se está
haciendo ese esfuerzo de recuperación. No podemos lograr que una
enfermedad crónica y endémica remita al primer síntoma tratado. Es un
amplio camino el que hay que recorrer y vemos que se está en ese camino
importante.
El señor Secretario de Estado se ha referido también al incremento
presupuestario del Fondo Nacional para el Desarrollo de Investigación
Científica y Técnica, cuestión ciertamente importante --no quiero ser más
reiterativa en este asunto--, sobre todo, para personas que, como yo,
representamos a ciudadanos de las Comunidades donde se han abierto
convocatorias especiales, Comunidades 1 y 2. Ello supone que la
investigación tiene en estos momentos en España otras vertientes, aparte
de la propia investigación, como intentar captar y desarrollar ciertas
zonas en aras de evitar la desigualdad, es decir, el desarrollo
científico de dichas Comunidades Autónomas, lo que ha supuesto también un
desarrollo presupuestario para algunos de los centros de investigación,
así como la descentralización de los proyectos, proyectos que, como el
señor Secretario de Estado ha dicho, son de gran envergadura. Y esto es
importante, porque la investigación debe ser un motor de cohesión también
entre las diferentes Comunidades Autónomas, lo que desde Andalucía se
valora notablemente y se espera el resultado de estas convocatorias de
proyectos con gran interés.
Los objetivos del Plan para 1998, a lo que ya se ha referido el señor
Secretario, son un capítulo importante y han quedado suficientemente
claros. Los podríamos resumir diciendo que nos parece razonable toda la
participación de investigadores del sector público en la investigación
aplicada, ese sistema de articular la ciencia y la tecnología y coordinar
los programas internacionales con participación española, que tan alto
deja el pabellón español de nuestros científicos, así como la propia
intención del Estado español de participar en esos proyectos.
Sus palabras sobre el Consejo han sido muy importantes, porque los que
nos movemos en el mundo de la investigación sabemos que el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas ocupa un lugar destacadísimo en
el sistema español de ciencia y tecnología y la adaptación a la LOFAGE
supone su modernización y aplicación a la gestión. Este Consejo es un
orgullo para todos nosotros y es importante
que sea un objetivo prioritario de perfeccionamiento. Estamos enormemente
satisfechos y sabemos que se avanza en este terreno.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista decía que existiría la
necesidad de que hubiera una comparecencia por parte del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Su señoría no recuerda que se celebró una
hace muy pocos meses. Quizá todavía hay petición de comparecencias de
aquella época, antes de que compareciera el Presidente del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Fue una comparecencia
extensísima, que consta en el «Diario de Sesiones», referente a la
coordinación, aunque todas serían siempre bienvenidas y acogidas con
enorme satisfacción por esta Comisión.
Por último, quisiera decirle a la señora De Boneta que hoy día todo el
mundo valora los activos básicos. Hay una nueva tendencia en la economía
internacional sobre la valoración de los activos de la investigación
básica muy por encima de cómo se han valorado con anterioridad. Y si eso
lo hace el mundo empresarial, cómo no va a hacerlo el propio Estado, las
Secretarías de Estado y los Ministerios.
Por último, señor Secretario de Estado, quisiera hacerle una pregunta con
relación a la financiación procedente de los fondos FEDER para los
próximos años. ¿Tenemos esperanzas de que sean importantes? ¿Cómo ve
usted esta posible ayuda, siempre estimada?
Muchísimas gracias, señor Secretario de Estado, por su comparecencia, y
sólo me resta felicitarle por ella.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Señor Secretario de Estado, antes de concederle la palabra, permítame que
le formule un ruego. Y es que, dada la hora en que nos encontramos y
habida cuenta de que habrá sesión plenaria, tanto en el Congreso como en
el Senado, le rogaría, si fuera posible, la máxima brevedad. En todo
caso, para completar las respuestas a las preguntas que se le han
formulado, siempre tiene la posibilidad de hacerlo por escrito, a través
de la Presidencia de esta Comisión.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACION Y
DESARROLLO (González González): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias por las observaciones, aun por las observaciones críticas
que se me han dirigido. No pretendo demostrar que mi adversario se
encuentra en el error, sino intentar encontrar con él una base de
coincidencia más profunda, por encima de las aparentes discrepancias.
Procuraré seguir el consejo, señora Presidenta, de la brevedad y
responder a las principales líneas de objeciones y observaciones que se
me han hecho.
En primer lugar, quiero hacer una pequeña observación introductoria. La
Senadora Riera se ha referido a que he hablado de buena música y buena
letra y que compartía la música, pero no la letra. La verdad es que, por
mi creencia en los derechos de propiedad, he de decir que esta opinión es
de un Senador del Grupo Parlamentario Socialista, señoría, y hay que
darle al señor Lissavetzky lo que es suyo. No me lo atribuya a mí, que no
me lo merezco. Ha sido una afortunada opinión del señor Lissavetzky,
respecto de la cual recuerdo que le contesté que, al menos, cuando dos
hombres oyen la misma música quizá sea que, sin saberlo, están siguiendo
el mismo paso, o el mismo tambor y, si llevan distinto paso, es que están
oyendo distinta música. Pero agradezco que, al menos, haya alguna
coincidencia en la música.
Me complacen la mayoría de sus observaciones y objeciones, aún
aparentemente discrepantes. Y quisiera encontrar debajo de esa
discrepancia aparente una coincidencia, en cuanto consiga explicarle mis
argumentos, en la que espero fundamentar un futuro consenso, tanto con su
señoría como con las demás señorías intervinientes.
Hay un tema que he visto que suscita gran preocupación, que es la
creación de la Oficina y la confusión existente entre qué va a gestionar
la Oficina y qué va a gestionar la Dirección General de Investigación y
Desarrollo, dependiente del Ministerio de Educación. Y creo que ahí
existe una interpretación derivada de cierta ambigüedad en el uso de una
misma palabra. Lo aclaro para que podamos entenderlo.
Cuando la Ley de la Ciencia se refiere al Plan Nacional, está
refiriéndose a todo el gasto presupuestario en investigación, a toda la
Función 54, a los 311.000 millones de pesetas, en números redondos --en
concreto 310.888 millones de pesetas--. Pero, habitualmente, usamos la
palabra Plan Nacional --y se ha venido usando así en los últimos planes--
para referirnos al Fondo Nacional que gestiona el plan, y ese Fondo lo
gestiona el Ministerio de Educación y lo seguirá gestionando.
¿Qué ha pasado con la Oficina y con la separación de funciones? Los
problemas de coordinación de cualquier política --y de la política de
investigación también-- son enormemente difíciles y delicados, porque
parece que siempre tienen una vocación de intromisión en territorios de
cada uno de los departamentos de cualquier gobierno, sea del gobierno de
la legislatura anterior, de éste, o de cualquier otro.
Estos problemas ya se planteaban hace mucho tiempo, son problemas de
coordinación de políticas. Y recuerdo que en esta tarea de investigación
--me permitirá esta pequeña vanidad de profesor-- estudié los problemas
de coordinación en un mecanismo que parecía tener voluntad coordinadora
por su propia estructura, pues era un mecanismo autoritario --felizmente
superado-- en el régimen anterior. Entonces, había un problema de
coordinación de las políticas de los Ministerios. Por ello, se creó,
primero, una oficina, después, un plan de desarrollo, se buscaron
mecanismos de coordinación, porque no parecían poder coordinarse, aunque
el mando era único. De modo que existen esos problemas porque cada
Ministerio, por la fuerza natural de las cosas, tiende a defender su
territorio y sus competencias.
A la hora de coordinar desde un Ministerio como el de Educación, que es
un Ministerio en pie de igualdad con los demás, se presentaban
dificultades de seguimiento por parte de los demás Ministerios
coordinados. De modo que,
si las funciones de coordinación se extraían y se elevaban de rango,
parecía más natural que, dado que la Presidencia del Gobierno tenía un
rango superior a los demás Ministerios, la Oficina debería depender,
naturalmente, de este nivel y debería asumir funciones coordinadoras, no
funciones de gestión.
Todos los fondos de investigación que son capturados en proyectos
competitivos por los investigadores, las empresas, es decir, todo el
Fondo Nacional que financie el Plan Nacional depende del Ministerio de
Educación y Cultura. Sólo las funciones de coordinación, que son
estrictamente técnicas y, naturalmente, con algo de auctoritas, para
forzar la coordinación si no lo hacen espontáneamente, son las que se
cristalizan en esa Oficina, más la gestión de las grandes instalaciones o
la representación en grandes instalaciones nacionales e internacionales.
Pero, en realidad, el Fondo Nacional, en sentido lato, es lo que va a
coordinar esa Oficina, es decir, la Función 54, pero el fondo nacional en
sentido pequeño, con «f» pequeña --el Plan Nacional, con «P» grande, en
el sentido de la Ley de la Ciencia, es toda la Función 54--, es el que
está residenciado, y seguirá residenciado, de forma natural, en el
Ministerio de Educación. Por eso, en el presupuesto del Ministerio de
Educación verá usted el Fondo Nacional que sigue financiando los
correspondientes rubros. El Plan Nacional de I+D tiene en el área de
calidad de vida nueve programas: tecnología, salud, tecnología I+D
agraria, medio ambiente, etcétera; y en las áreas de tecnología de la
producción, seis programas; en total, 19 programas nacionales. Luego hay
unos programas horizontales especiales y unos programas sectoriales.
Todos estos componen el Plan Nacional, financiado con el Fondo Nacional,
y pueden recibir otros fondos de los demás ministerios.
La financiación de todo el gasto presupuestario de toda la Función 54
sería, en el teórico sentido de la Ley de la Ciencia, lo que la Ley
aludía del Plan al final, pero con el paso del tiempo se vino hablando de
Fondo Nacional y de plan nacional, con «p» pequeña, en el sentido del
plan nacional financiado con el Fondo Nacional, que está residenciado en
el Ministerio de Educación.
Una vez aclarada esta confusión, tal vez se pueda encontrar más consenso
del que aparentemente mostraban las discrepantes palabras de alguno de
mis objetores. Pero, además, se ha dicho que no había crecido este plan
nacional, pero no es exacto, si me permite su señoría. El Fondo Nacional
para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica alcanzaba en
1997 18.000 millones de pesetas; en 1998, el presupuesto era de 21.000
millones de pesetas. Esto supone un crecimiento de un 21 por ciento, pero
la importancia que se concede a la investigación revelada por esta cifra
sólo se ve si observamos no ya lo que ha crecido, que no es poco, sino
también cómo contribuye al total de las transferencias de capital. El
Fondo Nacional contribuye nada menos que con un 78,7 por ciento, es
decir, es el fondo estrella financiador en cuanto a contribución al total
del rubro de las transferencias de capital para investigación. La
importancia se mide por la contribución. La importancia del aporte
económico en una familia de uno, dos o tres sueldos se mide por la
contribución del sueldo al total de ingresos de la familia. El Fondo
Nacional ha crecido, contribuye notablemente, y en este punto quizá las
discrepancias son también aparentes. Los números cantan, miramos los
números y vemos que son los que son. Les puedo dar los grados de
ejecución, pero no creo que deba fatigarles con más cifras, que bastante
he fatigado a sus señorías ya.
Una segunda cuestión también planteada es la de las competencias. Se me
pregunta, señoría, si en el Decreto 121/98, de 30 de enero, las
competencias asignadas a la Dirección General del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas no quedan vacías de contenido. Esta es una
pregunta pertinente. Las competencias vienen recogidas en el Decreto que
aquí tengo, en su artículo 3, que resulta modificado por el apartado J.
Dice que a la Dirección General en cuestión, la de Enseñanza Superior de
Investigaciones Científicas, se le atribuyen las relaciones
internacionales en el ámbito de las competencias de la Dirección General.
Pues bien, las competencias de esta Dirección General están, por una
parte, delimitadas por las propias competencias de la Oficina. La Oficina
tiene como competencia la coordinación de nuestra presencia en organismos
internacionales, pero en las relaciones internacionales tanto el
Ministerio como la Secretaría de Estado como nuestras embajadas
representan a España en el extranjero, en este caso en la Unión Europea,
y el Director General asume las antiguas obligaciones de la antigua
Dirección General de Enseñanza Superior por la presencia y defensa de los
intereses concretos de los investigadores, porque los investigadores
también compiten por proyectos europeos, y es la Dirección General la que
defiende a esos investigadores, y no la Oficina. La Oficina sólo coordina
la presencia de España en los organismos internacionales, en las grandes
instalaciones internacionales. La representación en el Consejo de
Ministros de la Ciencia la tiene, precisamente, la Ministra de Educación
y Cultura o el Secretario de Estado, por delegación. La representación no
la tiene la Oficina, sino que tiene rango de ministro o de secretario de
Estado. La presencia en las grandes instalaciones la tiene la Oficina
para coordinar la asignación de los fondos, las cuotas que aportamos en
las grandes instalaciones. Esa es su función, ahí se agota la suya y ahí
comienza la función de la Dirección General cuando tiene que defender a
sus investigadores, que siguen dependiendo del Ministerio de Educación y
Cultura para la presencia en Europa y en la búsqueda de proyectos
competitivos. Defiende a los investigadores del CSIC, del sistema
universitario general, etcétera. De modo que ésa es la delimitación de
competencias, y esta pregunta me complace especialmente porque es muy
pertinente y puede dar lugar a cierta nebulosa si no se reflexiona en la
parte que queda y la parte que se va. Es natural, sucede a veces con las
separaciones de cualquier parte de un conjunto.
También se me pregunta sobre la posibilidad de transferencia --que, al
parecer, ha salido en la prensa--, bien a la Generalitat o a algún otro
organismo, de las becas y de los organismos de investigación. En
realidad, hasta el momento no hay negociaciones en ese sentido ni se ha
cerrado ninguna transferencia de ese tipo, ni proyecto. Nuestras
actuaciones
se orientan a convocatorias competitivas, es decir, no hay cupos. El
nuevo programa de proyectos de I+D busca una mejor coordinación con las
Comunidades Autónomas, ciertamente, pero no hay que olvidar que son
convocatorias competitivas para todo el Estado y que se pueden presentar
a esas convocatorias competidores de las distintas Comunidades Autónomas
y, por supuesto, la Generalitat, la Comunidad Autónoma Vasca. El
representante del Consejo General de la Ciencia y Tecnología, Félix Goñi,
que es el Director General de Investigación del Gobierno Vasco, tiene
plena conciencia de la naturaleza de este tipo de convocatorias
competitivas.
En realidad, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en
conflictos de competencias en investigación científica entre el Estado y
las Comunidades Autónomas, estableciendo una concurrencia de competencias
entre Administraciones, sin atribuciones exclusivas o excluyentes de unas
sobre otras, derivándose la necesidad de una adecuada coordinación. Me
permitirá, puesto que este tema se ha planteado reiteradamente, que lea
el artículo 44, apartado 2, de la Constitución Española, que dice que los
poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y
técnica en beneficio del interés general. El artículo 149.15 también
señala que el Estado tiene competencia exclusiva sobre determinadas
materias, y en el 15 d) sobre fomento y coordinación general de la
investigación científica y técnica. De modo que, en principio, no veo más
que cuestiones que son, fundamentalmente, de cooperación y de
competencia.
En el caso de la Comunidad Autónoma vasca, por ejemplo, esta cooperación
y esta competencia han sido muy fluidas. El Consejo ha culminado, a
través de diversos órganos, el proceso de aprobación de centros mixtos
con la Comunidad vasca. El Ministerio de Educación y Cultura garantiza
toda la financiación que se había pedido en el curso de las
conversaciones. La Universidad del País Vasco todavía no ha contestado,
pero todo depende de la decisión de esta Universidad y la correspondiente
contraparte del País Vasco, pero en todo caso se ha producido la
contratación en el mes de enero de un joven doctor por parte del Consejo,
con destino a la unidad asociada, que dirige el doctor Echenique, puesto
que el régimen de dicha unidad así lo permite. En el caso, por ejemplo,
de la Comunidad Autónoma Catalana la implicación del Consejo es muy
significativa, y el equipo directivo del CISC plantea todo tipo de
cooperación --ésta es la palabra clave-- con el Gobierno autónomo, existe
una relación muy productiva, muy fluida, que se instrumenta a través del
coordinador institucional de la Comisión Mixta Consejo Superior de
Investigaciones Científicas-Generalitat, y otras Comisiones Mixtas con
universidades catalanas, así como otras muchas instancias.
Por tanto, simplemente me atrevería a señalar que ahí no hay un cupo,
sino una cooperación, una coordinación, una gran flexibilidad y, sobre
todo, una delimitación notablemente nítida de las competencias.
Se han planteado algunos problemas con los retrasos de los pagos a los
sabáticos, que ya están solucionados. La convocatoria de los sabáticos en
realidad no provocó ningún retraso jurídico, porque estas convocatorias
eran abiertas y, aunque no se hubiera publicado la convocatoria, los
investigadores extranjeros siguen incorporándose, pero se ha solucionado
el retraso de los pagos a los sabáticos.
Finalmente, se me ha preguntado también por una cuestión que preocupa
notablemente, que es la de los contratos de incorporación, la estabilidad
de los contratos de investigadores, etcétera. Estos contratos de
incorporación no son 700; nosotros tenemos contabilizados 450 ó 460,
porque depende del momento del contrato, en el año 1993; 300 son del
programa del Ministerio y 150 del programa del CSIC. Desde el inicio de
ambos programas ha habido aproximadamente unos 800 contratos, y los 450
están actualmente vivos. Estos 450 contratos están en proceso de
estabilización sucesiva, dependiendo también de cómo vaya la oferta de
empleo. Estamos pendientes de la Oferta Pública de Empleo que va a sacar
el Ministerio de Administraciones Públicas, y estamos negociando muy
intensamente para ofertar lo máximo posible a estos investigadores.
Es verdad, señoría, que, al menos en pura doctrina, todos quisiéramos que
todos los investigadores tuvieran la máxima estabilidad posible; pero
todos los investigadores, todos los profesores, todos los torneros, todos
los mandriladores, todos los trabajadores de muchas empresas, todos
buscamos la estabilidad, pero dentro de lo óptimo tenemos las
restricciones derivadas de las posibilidades de nuestros recursos; de que
los recursos están gobernados por la escasez; podemos aumentarlos lo que
podamos en tiempos de austeridad, e intentamos aumentarlos, si no es con
estabilidad al principio, mejor será aumentarlos, aunque no tengan
estabilidad, y luego ya intentaremos buscar esa estabilidad. Pero,
realmente, las medidas en este año quizá pudieran afectar a un 25 por
ciento del colectivo afectado, por lo que hay que esperar que en 3 ó 4
años resolvamos el problema totalmente. No puedo decirle a usted que
vamos a contratar mañana a todos en empleo fijo y estable, porque el
empleo fijo, además, no es una característica del mundo que se asoma de
puntillas en la frontera del próximo siglo. En realidad, estamos en la
aldea global --esa palabra de mal gusto--, en una mundialización donde el
empleo fijo es un ave rara, y es muy difícil de conseguir. Lo intentamos,
señoría, lo buscamos y lo comprendemos, pero no podemos garantizar lo que
no garantizan nuestros homólogos en el resto de la Comunidad.
Bien, señorías, creo que no ha quedado ninguna pregunta específica sin
contestar. Si alguna hubiera quedado, estoy dispuesto a contestar por
escrito a todas las que se me hagan. Simplemente quiero contestar a una
pregunta de cierta importancia, que me parece también muy pertinente y
que agradezco. Es la relativa a los Fondos FEDER que realmente se van a
gestionar.
Señoría, hay dos tipos de convocatorias para los Fondos FEDER: las
convocatorias para infraestructuras científicas tradicionales, en las que
nosotros no aportamos cofinanciación alguna, sólo somos gestores de las
mismas, y que son para regiones Objetivo 1, es decir, regiones en las que
se promueve el desarrollo, y para regiones de Objetivo 2. En estas
convocatorias convencionales donde España no
aporta cofinanciación, para el período 1994-1999 hemos recibido y hemos
de recibir --ya que hablamos de los años 1994/1999-- 74.309 millones de
pesetas, es decir, el 70 por ciento por parte de la Unión Europea y el 30
por ciento de las OPIs beneficiadas. Para las regiones de Objetivo 2 sólo
somos una parte del conjunto de las actividades; son regiones que
promueven la reconversión en zonas en declive industrial; en este caso
hemos de recibir 16.341 millones de pesetas en el período 1997/1999. Esta
es la financiación tradicional que nos viene de fondos estructurales;
pero, además, hay una financiación por un mecanismo nuevo, al que ya me
he referido, pero al que me volveré a referir muy brevemente. Esta es una
novedad del año 1998, que tiene aportación presupuestaria de la propia
Secretaría del Estado.
En las regiones de Objetivo 1 la Comunidad Europea financia el 70 por
ciento y la Secretaría de Estado el 30 por ciento. Pues bien, en las
regiones de Objetivo 1 para el período 1998-1999 se han de cofinanciar
24.886 millones de pesetas, en números redondos 25.000 millones de
pesetas, de los cuales, la Secretaría de Estado, como es natural,
cofinancia el 30 por ciento, que serán 7.466 millones de pesetas. Para
las regiones de Objetivo 2 la Secretaría de Estado financia el 50 por
ciento y la Unión Europea el otro 50. Si son 3.000 millones de pesetas,
cada uno financia 1.500 millones de pesetas; es decir, en total, la
Secretaría del Estado con 9.000 millones de pesetas captura 27.886
millones de pesetas en dos años; o sea, con 4.500 millones de pesetas
cada año se capturan en los dos años 27.886 millones de pesetas, lo cual
es una esperanza muy grande, no sólo para infraestructuras científicas,
sino para los proyectos de investigación. Eso sin contar las becas de
formación de personal investigador, que proceden del Fondo Social
Europeo, de las cuales en las regiones de Objetivo 1 para el período
1994/1999 capturamos 15.200 millones de pesetas, con un 70 por ciento
financiado por el Fondo Social Europeo y un 30 por ciento por la
Secretaría de Estado; y en las regiones de Objetivo 2 capturamos
precisamente 19.069 millones de pesetas para el mismo período, con un
porcentaje del 50 por ciento cada uno, sin contar una pequeña
financiación para «masters» de 85 millones en el período 1994/1999.
Por tanto, le agradezco, señoría, la pregunta y su intervención, y les
agradezco a todos ustedes las intervenciones y las reflexiones sobre la
delicada estructura --porque he visto que en todas las intervenciones
hemos concordado-- entre investigación básica e investigación orientada o
aplicada. Esa delicada estructura indica que no se pueden separar, que es
un matrimonio indisoluble, de los pocos que existen que no se pueden
disolver, y si se disuelven pierden los dos, en este caso. Es un
matrimonio indisoluble porque no es concebible una investigación aplicada
sin previa investigación básica, no es concebible, y normalmente es más
un «continuum» que una separación nítida, que sólo existe como un ente de
razón en las mentes de los economistas que utilizan un modelo teórico
para entender el mundo, porque el mundo es mayor que nuestros pequeños
cerebros; necesitamos un pequeño modelo para entenderlo, que simplifique,
que represente simplificadamente el mundo. Pero el mundo es un
«continuum». Por tanto, yo encuentro bastante artificiosa la distinción
cuando se usa como arma arrojadiza. Es una distinción analítica, no es
una distinción política, aunque los políticos la usen.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Secretario de Estado.
Señorías, les voy a conceder la palabra, pero no más allá de tres minutos
a cada portavoz que la ha solicitado. Al mismo tiempo que he hecho el
ruego al señor Secretario de Estado, que ha cumplido en la medida de lo
posible, les rogaría a sus señorías también la mayor brevedad.
Tiene la palabra, Senadora Riera Madurell.
La señora RIERA MADURELL: Muchas gracias, señora Presidenta. Lo
intentaré.
Señor Secretario de Estado, quizá sí que emitamos la misma música, pero
son dos altavoces absolutamente separados, y tendríamos que hacer alguna
cosa para sintonizarlos, no tanto su altavoz y el nuestro, sino el suyo y
el de los investigadores de este país. Por tanto, yo creo que podemos
encontrar vías, pero tendríamos que hacer un esfuerzo.
Voy a pedirle alguna matización sobre alguna de las explicaciones que
usted nos ha dado, explicaciones que le agradezco, pero,
desgraciadamente, al menos a nuestro modo de entender, son explicaciones
que a veces se contradicen con los hechos.
En relación con la Oficina, señor González, usted ha dicho que su
Secretaría de Estado tiene el Plan Nacional, tiene el Fondo Nacional. La
función 54, que afecta a distintos ministerios, seguirá afectando a
distintos ministerios. Entonces, vuelvo a mi pregunta porque no me queda
claro: ¿de qué recursos va a disponer la Oficina?
También me gustaría que me dijera algo en relación
--para ir rápidamente al grano-- con la corrección de errores, que
nos parece que cambia sustancialmente el contenido de esta Oficina.
Nosotros no estamos en contra, señor González, de que la ciencia dependa
de Presidencia, ni mucho menos. Sí estamos en contra de que se debilite
el Plan Nacional porque nosotros pensamos --y mucha gente con nosotros--
que es una herramienta válida y fundamental. Estamos en contra de que
rompan la unidad de acción. No puedo entender cómo rompiendo la unidad de
acción se puede conseguir una mejor coordinación y, lógicamente, también
estamos en contra de que rebajen el presupuesto. Por tanto, estamos en
contra de que dejen sin contenido la Ley de la ciencia. Esto es así, esto
lo han hecho ustedes. Ciertamente, quedaban asignaturas pendientes en
nuestra época pero, como ha dicho la señora portavoz del Grupo Popular,
me tiene que reconocer que éste es un momento de bonanza económica, y le
preguntaría si se acuerda de todo lo que los socialistas hicimos por la
ciencia en nuestro momento de bonanza económica.
Por tanto, nosotros estamos en contra de que se debilite el Plan
Nacional, y esto sí que es una política que los socialistas
vamos a combatir, no por nada, sino simplemente porque pensamos que no es
bueno para el país.
No me ha dicho nada de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.
De todas maneras, siguiendo las indicaciones de la Presidenta, me parece
muy bien que nos lo conteste por escrito.
En cuanto a las relaciones internacionales, me gustaría que, por ejemplo,
me concretara quién llevaba la relación con el programa marco, si la
Oficina o usted. Voy a leer con mucho detenimiento la explicación que
usted nos ha dado, debo confesar que me ha costado un poco seguirle en
este aspecto concreto, pero la verdad es que su intervención ha sido muy
densa y voy a leer con mucha atención todo lo que nos ha dicho.
Permítame que insista también en el tema de las plazas del CSIC y en la
necesidad urgente de arreglar la situación, absolutamente en precario, de
este colectivo de investigadores contratados. Insisto, señor González, en
que la inversión que se ha hecho en capital humano ha sido muy
importante. Ha sido una apuesta de futuro que ahora empieza a dar sus
frutos. Tenemos muchos investigadores, muy bien preparados, que quieren y
que deben regresar a nuestro país por el bien de nuestro país y para
mantener el prestigio y el nivel que hemos alcanzado en muchos campos.
Estamos, repito, en un momento de bonanza económica --esto es muy
importante-- y, por tanto, inviertan en investigación, porque invertir en
investigación es invertir en futuro, en progreso y en modernidad.
Arreglen, señor Secretario de Estado, la situación de estos
investigadores contratados porque, si no, van a regresar a los países
donde se han formado y nuestra inversión en capital humano se va a
perder.
Para terminar, sólo dos palabras sobre el consenso. El consenso es
fundamental en toda la política de Estado. Nosotros pensamos que la
política científica debe ser una política de Estado. Cuando hablamos de
romper el consenso creo que en este momento lo decimos con propiedad.
Ustedes, con las últimas actuaciones, decimos que han roto el consenso
porque han actuado de forma unilateral y arbitraria. Pensamos, y esto me
parece quizá lo más importante de hoy, que están desmontando algo que
estaba funcionando sin dar un modelo alternativo. Creo que deben escuchar
a los científicos españoles porque están muy descontentos y reclaman más
y mejores inversiones en investigación, más y mejores inversiones en
ciencia. Los rectores de la Universidad, los profesores, los
investigadores, el personal contratado, los becarios piden una política
científica más rigurosa y mejor dotada en personal y en presupuesto.
Señor Secretario de Estado, deberían poner remedio a todas estas
cuestiones por el bien del país.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera Madurell.
Tiene la palabra la señora De Boneta, a la que también le ruego, por
favor, brevedad.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señora Presidenta. Voy a intentar
intervenir casi telegráficamente.
En primer lugar, efectivamente, me ha releído el señor Secretario de
Estado la Constitución --la conozco-- y yo lamento no poderle leer, pero
se lo digo de memoria, el artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del
País Vasco. Es competencia exclusiva del País Vasco --dice el artículo
10.16-- la investigación científica y técnica en coordinación con el
Estado. En todo caso, en esto vamos a discrepar siempre, aunque no sea ni
su culpa ni la mía, puesto que son las Cortes Generales las que han
aprobado, con las mismas palabras, las mismas competencias exclusivas que
no concurrentes ni compartidas. Yo defiendo la interpretación que creo
que me asiste en Derecho en función del Estatuto de Autonomía del País
Vasco.
Espero que me conteste por escrito en relación con los proyectos y
financiación de proyectos con la Comunidad Autónoma Vasca y sobre la
situación de las relaciones con la propia UPV. Me ha dicho que en este
momento no hay nada, y yo sé que en este momento no es que no haya
relaciones, sino que no hay una concreción en los proyectos, y conozco,
efectivamente, unos proyectos que se me han explicado con reiteración,
puesto que siempre que se me ha hablado desde la Secretaría de Estado,
anterior y ésta, y por parte de la propia señora Ministra, siempre se me
ha hablado de los proyectos de los doctores Echenique y Goñi, que conozco
perfectamente puesto que los conozco no sólo a nivel científico, sino a
nivel de amistad con ambos.
En todo caso, me voy a referir a dos cuestiones muy concretas nada más.
Es verdad que en ciencia todo es mejorable, como decía la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, pero por sus explicaciones sobre la Oficina
y el sentido de creación de la misma, de esta coordinación y la
administración o la gestión del Fondo Nacional, de todas estas cuestiones
que nos ha planteado, aunque quedan todavía algunas no muy claras --lo ha
indicado la Diputada Riera--, yo creo que de la lectura de lo que ha
dicho se nos aclararán y con las explicaciones que nos envíe por escrito
lo entenderemos mejor, pero lo que es evidente es que la coordinación de
unos fondos o de su aplicación exige también el que haya una estructura y
unos medios materiales para llevar a cabo esa coordinación. Yo creo que
hay que saber con qué recursos cuenta esa Oficina para llevar a cabo la
función que se le asigna.
En cuanto a la política de personal, especialmente del CSIC, quiero
incidir en la necesidad de resolver, en la medida de lo posible, la
situación de los investigadores o de muchos de ellos, y también en que,
ante esta situación tan favorable de la economía, hay que aumentar los
fondos destinados a investigación.
Señor Secretario de Estado, quizá usted no lo conozca, pero en el momento
en que usted comparecía aquí hoy, a la misma hora en que nos reuníamos
aquí todos, se reunían también, probablemente equivocados, delante del
Congreso de los Diputados, un buen número de investigadores
manifestándose, y supongo que manifiestan su descontento, lo único que
ocurre es que se han equivocado de lugar y han ido al Congreso en vez de
al Senado, donde hoy se celebra la Comisión Mixta. Hay un problema, y es
un problema de fondo que hay que resolver.
Por último, y por referirme a su última explicación en relación con la
pregunta planteada por la portavoz Popular, una pregunta muy oportuna por
cierto, en este caso, para usted, quiero decirle que nos congratulamos o,
al menos, yo me congratulo por el hecho de que con 9.000 millones se
puedan capturar 27.886 millones de pesetas para objetivos que a todos nos
importan.
Insisto en que el consenso se produciría con más facilidad si se hubiera
dado la explicación de la política desde la Secretaría de Estado. Yo no
hablo de rupturas sino de conseguir adhesiones a la política, y hubiera
sido más apropiado que su explicación se hubiera producido antes de
encontrarnos en el Boletín Oficial con una oficina nueva.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Senadora.
Tiene la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero agradecer una vez más las aclaraciones del señor Secretario de
Estado y hacer ver cómo en el fondo, quizá, todos estamos de acuerdo en
que éste es un carro del que todos tenemos que tirar y que,
indudablemente, los problemas que se manifiestan y las dudas en torno a
ciertas actuaciones de la Secretaría de Estado están más en armonía a
cómo se va a administrar la situación que en relación al objetivo, que es
el prioritario, de coordinar e impulsar la ciencia en España.
Quizá con esta comparecencia hemos conocido que es razonable el
desarrollo de esa oficina y que es razonable también el objetivo que esté
marcado; los medios habrá que arbitrarlos en su momento de la forma que
todos sabemos que se está haciendo, puesto que es una cosa tan novedosa y
tan recientemente creada que casi no ha dado tiempo a poner en marcha.
Por último, quiero agradecer, una vez más, la generosidad en el tiempo y
la dedicación que el Secretario de Estado, la Presidencia y la Mesa han
tenido con esta Comisión.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Señor Secretario de Estado, tiene usted la palabra, si así lo estima
oportuno.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACION Y
DESARROLLO (González González): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, por todas las intervenciones. En primer lugar, la
Senadora Riera ha hablado de que tenemos altavoces que emiten sonidos
distintos, espero encontrar lo que hay para estos casos, que se llaman un
ecualizador, para mezclar los sonidos y llegar a una música que no sea
disonante ni distorsionada, que no distorsione ni la realidad de los
hechos, ni la verdad.
Me ha preguntado por los recursos de la Oficina, y he de decirle que
estará dotada con los recursos que requiere solamente para coordinar la
Función 54, recursos materiales, técnicos y personales y la gestión de
las cuotas de las grandes instalaciones internacionales. Esos son los
recursos que tendrá la Oficina, los demás quedan en el Ministerio. Quizá
no se ha dicho aquí, yo le diré, aunque no lo sé de memoria, que el
número de personas está en torno a 20. El gran porcentaje de recursos
queda en la gestión de los fondos porque gran parte del trabajo es
gestión, de proyectos competitivos, de proyectos de empresas, etcétera,
requiere unas cuantas personas para coordinar, para trabajo informático,
algunos medios materiales, más la gestión de las cuotas de las grandes
instalaciones; en realidad coordina la aportación de esas cuotas a las
grandes instalaciones.
Doña María Teresa Riera ha afirmado que se debilita el Plan Nacional. Yo
sé que debajo de esas palabras hay cosas que están en el guión y tiene
que decirlas, pero le he dicho las cifras, en las que no hay
debilitamiento del Plan Nacional, y no se rompe la unidad de acción
porque, señoría, todo dependía hasta ahora de la Dirección Superior de la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y sigue dependiendo de
ella, es decir, el órgano que tiene la jurisdicción y la unidad de acción
es la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Lo que sucede es
que ahora una oficina apoyará en esas funciones coordinadoras
--porque es un órgano grande, incluso la propia permanente lo es--
que antes llevaba directamente la propia Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología, y ahora técnicamente se las aportará, delimitará y
desbrozará la propia oficina, pero de la CICYT dependía, de la CICYT
depende y de ella dependerá mientras tenga vida el Plan de la Ciencia y
la Ley de la ciencia siga funcionando.
Me preguntaba que de quién es competencia el V Programa Marco;
jurídicamente es competencia de la CICYT. La representación en el Consejo
de Ministros de la Unión Europea, de los ministros de la ciencia, la
tiene la Ministra de Educación y Cultura. De modo que ésa es la
competencia correspondiente en el Programa marco.
En el tema de la ANEP le diré que es como la joya de la corona. Señoría,
estoy muy orgulloso, tengo un santo a su frente y con voto de pobreza,
realmente es una maravilla y no tengo ni una sola crítica, ni un solo
malestar respecto a la ANEP. Tiene tal neutralidad en su cabeza
evaluadora que es algo que, por la fuerza del peso de los hechos, debe
quedar en el seno del departamento que se ocupa de la cultura y de la
ciencia, en el Ministerio de Educación. Dependía y depende directamente
de la Secretaría de Estado y sigue evaluando, como es natural, los
proyectos competitivos, los proyectos que quieran mostrar las distintas
universidades, evaluando incluso perfiles de investigación, pero depende
de quien dependía. Si usted fuera Secretaria de Estado, señoría, ¿de
quién cree que debería depender la ANEP? De la Secretaría de Estado,
señoría. En realidad la ANEP dependía de la Secretaría de Estado y
seguirá dependiendo de ella y estoy muy orgulloso de ella, de su
director, de ese santo varón que tenemos ahí. No tenemos dirección
general de relaciones con la Iglesia pero he pedido
su canalización en cuanto la tengamos. Realmente la ANEP es un órgano
propio de la educación y la cultura y es la institución más objetiva que
tenemos, es el buque insignia, aunque muy callada y con pocos medios.
Coincido con doña María Teresa Riera en que la inversión en capital
humano es importante, y coincido con un amigo mío, del siglo pasado, que
se murió y que se llamaba Alfred Marshall, y con gran parte de los
economistas en que la inversión en capital humano es el motor del
crecimiento y del desarrollo. Estoy muy de acuerdo. Lo que sucede es que
el presupuesto del Estado se parece a una dama requerida por muchos
amores, que no puede atenderlos a todos y, entonces, si atiende a uno
desatiende a alguien. De modo que, con lo que tenemos, con la presión
fiscal existente, que es alta, atendemos cuanto podemos y priorizamos en
cuanto podemos. Nadie más que yo, que he escrito sobre ello mil veces,
defiende la importancia del capital humano como variable esencial y clave
del crecimiento económico.
Me dice usted que estamos en un momento de bonanza económica. Es cierto
que estamos en un momento, técnicamente hablando, alcista del ciclo
económico, pero tenemos unos retos y unos compromisos en los que tenemos
un órdago importante: tenemos que reducir nuestro déficit, reducir
nuestra carga de la deuda, controlar nuestra inflación, es decir, no
estamos en el mejor de los mundos. No creo ni que mi Gobierno, ni ningún
Gobierno sea tan triunfalista como para creerse que estamos en un mundo
de Jauja; estamos en un mundo donde están mejorando las cosas, ha
cambiado el sentido del ciclo, estamos en la parte alcista del ciclo, los
ciclos no duran eternamente y estamos intentando que cuando venga el
cambio de ciclo nos pille económicamente ajustados, es decir, que nos
pille con la casa saneada y no con la casa patas arriba; ajustado el
déficit, la inflación y la carga de la deuda. Por tanto, ese reto no lo
podemos perder de vista porque es una exigencia para entrar con la cabeza
digna en el concierto económico de la Unión Europea.
He de decirle a la señora De Boneta que, efectivamente, yo seré último en
negar que el artículo 10 del Estatuto Vasco dice lo que dice. No lo tengo
a mano. Hubiera sido un buen ejercicio académico --aunque éste no es el
lugar adecuado-- para leer los dos textos legales. No lo niego, señoría.
Simplemente digo que, a la vista de los textos que tengo a mano, no creo
que mis palabras pierdan vigencia, sino que se corresponden con el sentir
general de esos textos que he leído.
Muchísimas gracias a la señora Fernández de Capel por las cálidas
palabras que me ha dedicado y por las alabanzas por la aclaración que he
hecho.
Si me hubiera dejado alguna pregunta sin contestar, les prometo a ustedes
que tendrán una puntual contestación por escrito.
Muchas gracias, a todos, señorías. Buenas tardes.
La señora PRESIDENTA: En nombre de esta Mesa le damos las gracias, señor
Secretario de Estado, por su comparecencia.
Agradeciendo a sus señorías y a los servicios de la Cámara el trabajo
realizado, se levanta la sesión.
Eran las quince horas y treinta minutos.