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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 89, de 04/03/1998
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1998 VI Legislatura Núm. 89
PARA LA UNION EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO SOLBES MIRA
Sesión núm. 21
celebrada el miércoles, 4 de marzo de 1998,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Comunicación del acuerdo de la Mesa del Senado por el que se admite a
trámite la moción del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, por la que se insta al Gobierno a defender y gestionar el inicio
de negociaciones inmediatas con Rusia, en aras de la celebración de un
acuerdo pesquero que posibilite el ejercicio de la actividad pesquera en
el océano Artico, en aguas de la zona económica rusa del mar de Barents y
Svalbard (Número de expediente Congreso 161/000412 y número de expediente
Senado 661/000056) (Página 1818)
--En relación con la participación de las Comunidades Europeas en la
delegación del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.
Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (Número de
expediente Congreso 161/000713 y número de expediente Senado 663/000034)
(Página 1823)
--Por la que se insta al Gobierno a que recabe de la Comisión Europea la
creación de un comité técnico especializado que lleve a cabo el
seguimiento de la adaptación singularizada de las políticas comunitarias
en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Presentada por el
Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente Congreso 161/000788 y
número de expediente Senado 663/000038) (Página 1830)
Solicitud de creación de una Subcomisión de seguimiento, encargada de
estudiar y discutir el proceso de ampliación de la Unión Europea (UE)
hacia los países del Este de Europa y del Mediterráneo. Formulada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente Congreso
158/000032 y número de expediente Senado 573/000004) (Página 1835)
Proposición no de ley sobre la cumbre del empleo, celebrada en Luxemburgo
en noviembre de 1997. Presentada por el Grupo anterior (Número de
expediente Congreso 161/000723 y número de expediente Senado 663/000035)
(Página 1839)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión número 21 de la Comisión Mixta
para la Unión Europea.
Antes de entrar en los diferentes puntos del orden del día, les recuerdo,
a efectos de la mejor organización del trabajo por parte de los grupos,
que las votaciones no tendrán lugar antes de las 13 horas.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--COMUNICACION DEL ACUERDO DE LA MESA DEL SENADO POR EL QUE SE ADMITE A
TRAMITE LA MOCION DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS
VASCOS, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DEFENDER Y GESTIONAR EL INICIO
DE NEGOCIACIONES INMEDIATAS CON RUSIA, EN ARAS DE LA CELEBRACION DE UN
ACUERDO PESQUERO QUE POSIBILITE EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN
EL OCEANO ARTICO, EN AGUAS DE LA ZONA ECONOMICA RUSA DEL MAR DE BARENTS Y
SVALBARD (Número de expediente del Congreso 161/000412 y número de
expediente del Senado 661/000056).
El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día es la comunicación
del acuerdo de la Mesa del Senado, por la que se admite a trámite la
moción del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que se
insta al Gobierno a defender y gestionar el inicio de negociaciones
inmediatas con Rusia, en aras a la celebración de un acuerdo pesquero que
posibilite el ejercicio de la actividad pesquera en el océano Artico, en
aguas de la zona económica rusa del mar de Barents y en Svalbard.
Para presentar la proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Nuestro grupo parlamentario presenta
esta proposición no de ley en relación con la problemática del ejercicio
de la actividad pesquera en aguas de Rusia. Esta cuestión se enmarca,
dentro de la política pesquera común, en la esfera relativa a los
recursos internacionales y en concreto en lo que se ha venido en llamar
la política de acuerdos con terceros países que, como sabe, señor
presidente, pueden ser de diversas modalidades: de primera, de segunda, e
incluso se está hablando ya de tercera generación. De primera generación
si simplemente es una correspondencia o equivalencia del principio de
acceso a recursos a cambio de acceso a mercados, de segunda generación se
refiere al acceso a los recursos a cambio de realizar inversiones en
sociedades mixtas o sociedades temporales de empresas y de tercera
generación, como se está planteando en estos momentos en Namibia, para
que aparte de estas sociedades temporales o sociedades mixtas, se
realicen inversiones en industria transformadora o plantas congeladoras,
en definitiva en el proceso de transformación de los productos pesqueros
en la cadena de valor.
Estos acuerdos constituyen una herramienta, un instrumento de la política
pesquera que tiene diferentes finalidades, una de las cuales es el
abastecimiento de productos pesqueros al mercado de la Unión. En estos
momentos, el mercado español se abastece en un 50 por ciento de productos
provenientes de terceros países. Por ello esta figura de los acuerdos
permite que flota pesquera española pueda diversificarse y estar ubicada
en aguas de terceros países para suministrar productos pesqueros al
mercado de la Unión y al mercado español. Tiene también otra finalidad,
que es el mantenimiento de la flota, de la capacidad productiva española
y de las inversiones en estructuras pesqueras, con lo que ello origina de
mantenimiento de capital, de mantenimiento de las estructuras inversoras,
en definitiva de la riqueza que eso supone. Por último, supone el
mantenimiento del empleo, cuestión fundamental para toda la cornisa
cantábrica y para el sur español en la medida en que hay sociedades
mixtas con países africanos y con países americanos y, sobre todo, para
la consolidación del régimen de la Seguridad Social porque estos
trabajadores y estas empresas siguen cotizando al sistema público de la
Seguridad Social española. Por eso es importante esta cuestión que forma
parte de la esfera competencial de la Unión Europea. Es una materia
tradicional de la Unión la celebración de estos acuerdos en aras a poder
consolidar estos cuatro objetivos que he dicho anteriormente.
Nosotros creemos que se debe impulsar un acuerdo pesquero con Rusia,
principalmente sobre la base de las posibilidades
pesqueras que este país dispone en la zona económica exclusiva del mar de
Barents, en el océano Artico. En los años 1994, 1995 y 1996, el TAC, el
total de capturas admisibles en el Artico, océano muy rico en especies
demersales, en especies de fondo, era de 700.000 y en 1997 ha sido de
850.000. Ese TAC era distribuido en un 96,6 por ciento entre Noruega,
Rusia y las Islas Feroe y el 3,4 era lo que correspondía a la Unión
Europea. Un dato curioso es que en el año 1997 dentro del 3,4 de la Unión
Europea --principio de estabilidad relativa que correspondía de las
850.000 toneladas del TAC del Artico--, que suponía alrededor de 25.000
toneladas, 12.820 eran adjudicadas a la flota pesquera española.
El problema político, señor presidente, es que la pesquería en el Artico
es regulada por el Consejo del Artico en el que dominan Noruega y Rusia.
Vemos que para el año 1998 se ha acordado la reducción del TAC por parte
de este organismo y a uno le llama la atención cómo se disminuye
nuevamente el TAC para 1998 fijando en 650.000 toneladas. Es obvio que
siguiendo la clave de reparto también perjudicaría a Noruega y Rusia,
pero el meollo está en que la actividad controladora o inspectora de la
pesca en aguas del Océano Artico es realizada por Rusia y Noruega y, al
ser esto así --tengo aquí datos concretos de cómo se produce una
explotación por parte de ambas flotas en la medida en que pertenecen a
los dos países que controlan la actividad que inspeccionan--, pueden
sobrepescar. De la flota europea, aunque está formada fundamentalmente
por la española y en menor medida por la portuguesa que son las que están
sujetas a restricciones, hay un resto compuesto por las flotas alemana,
británica y francesa que no están sujetas a tales limitaciones. Este es
un dato a tener en cuenta y, si no se conociera la explicación, llamaría
la atención cómo puede interesar a los países que dirigen el Consejo del
Artico la reducción del TAC para 1998.
Nosotros lo enlazamos con la política internacional y de comercio que se
tiene con terceros países. Esta Cámara ha suscrito un convenio
internacional de colaboración, cooperación y asistencia con la Federación
Rusa hace dos años donde la Unión --y España dentro de la Unión-- se
compromete a otorgar asistencia social, económica, industrial,
científica, etcétera. Ese tratado, enorme, que debatimos en el Congreso y
en el Senado no contenía ninguna regulación, ninguna previsión de
contrapartidas pesqueras para la Unión Europea. Si lo estudiamos, hay una
serie de elementos interesantes para la Unión en materia de industria, de
servicios, pero como ha reconocido valientemente la comisaria Bonino, la
pesca ha quedado en tercer lugar y no se tiene en cuenta en las
relaciones políticas y comerciales con terceros países. Cosa distinta fue
y usted señor presidente lo sabe porque en su día estuvo en el Gobierno,
que la suscripción del último acuerdo pesquero de 1995 con Marruecos tuvo
un nivel de vinculación con el acuerdo de adhesión o de cooperación
comercial con la Unión Europea. Eso no ha ocurrido con Rusia.
En definitiva, es un problema importantísimo y nuestro grupo conoce
gestiones que han hecho empresas españolas. El año pasado fue una
delegación del nuevo Gobierno del Partido Popular a Rusia y la posición
de Rusia es: si yo ya tengo todas las contrapartidas que me ha dado la
Unión Europea y si disfruto de un convenio de colaboración comercial,
industrial, etcétera, ¿qué otras contrapartidas hay?
Usted también sabe, señor presidente, y apelamos a usted porque los
conoce por haber sido ministro en su día, que con ocasión de lo que se
llamó --entre comillas-- la plena integración de España en la política
pesquera común --cosa que no fue auténtica y verdadera porque las
restricciones se siguen manteniendo--, hubo un proceso de adjudicación de
una serie de medidas --las medidas pesqueras de cohesión-- para la Unión
Europea y fundamentalmente para España. Ahí se preveía la posibilidad de
destinar 2,4 millones de ecus anuales para la adquisición entre 5.000 y
8.000 toneladas de cuotas pesqueras de especies de fondo en terceros
países que esencialmente eran para Rusia, de las cuales 4.000 hubieran
correspondido a España. Esa previsión presupuestaria que tenía la Unión
Europea no ha sido utilizada y es importante que esas medidas de cohesión
que se adoptaron con ocasión de los países nórdicos y con la ampliación
del Tratado del Espacio Económico Europeo, se pudieran poner en marcha,
porque esa línea financiera existía y además de este tenor. Mientras la
situación continúe así, vemos que lo que está ocurriendo es que el statu
quo está favoreciendo a los países del Atlántico Norte. En definitiva, el
tradicional conflicto que ya se ha planteado desde nuestro grupo
parlamentario, el conflicto norte-sur, en el cual los países del
Atlántico Norte, bien sean del Atlántico Norte americano o europeo,
tienen una serie de intereses comunes como se vio el año 1995 con ocasión
de la problemática en aguas de NAFO, en Canadá, y porque se da la
paradoja de que países nórdicos europeos, socios de España en la Unión
Europea como Reino Unido, Alemania y Dinamarca, no tienen tanto interés.
¿Por qué? Porque estos países ya ejercen y tienen posibilidades pesqueras
en aguas nórdicas de Groenlandia, cosa que España no tiene.
Consecuentemente, no les preocupa tanto abrir la pesquería del Artico
porque ya tienen esa posibilidad.
También hay que decir que, además de que esos países no tienen tanto
interés como España y Portugal, se da la paradoja de que Rusia vive en
una posición pesquera muy cómoda: todo el bacalao que captura su flota se
descarga en Noruega, miembro del Espacio Económico Europeo, y este
producto, por ejemplo, accede libre de todo tipo de aranceles al mercado
de la Unión. Lo mismo ocurre con los desembarcos realizados en Dinamarca,
miembro de la Unión Europea. Por tanto, ahí sí hay un conflicto económico
latente entre el norte y el sur. Al sur le interesa este acuerdo y al
norte no, y España no tiene aliados suficientes porque los alemanes,
británicos y daneses ya pescan en Groenlandia y no sienten esa necesidad,
al contrario que España. Ese es un dato político a tener en cuenta para
entender cómo está funcionando esta cuestión en aras a poder resolver las
posibilidades tan constreñidas que tiene la flota pesquera española en el
Artico.
Quiero señalar que sin perjuicio de lo que he expuesto en relación con
las posibilidades de pescar en el Artico, provenientes de las medidas de
cohesión del Tratado del Espacio Económico Europeo, existen las
posibilidades
pesqueras en la zona de Noruega que complementarían a la pesquería del
Artico. Mientras como he dicho anteriormente la cuota de España en la
zona de Noruega sería de 11.052 toneladas para 1998, en la zona
correspondiente al mar de Noruega, al que España tiene acceso desde 1994
por las razones que he expuesto anteriormente, serían 3.649, pero
nuestros socios europeos ya lo tenían con anterioridad.
Este es el contexto en el que hay que realizar gestiones de intereses,
incluso tenemos conocimiento de que se han constituido ya algunas
sociedades mixtas de capital español en la Federación Rusa, pero sin que
se hayan podido adjudicar posibilidades pesqueras en aguas del océano
Artico.
De ahí el sentido de la iniciativa parlamentaria que plantea nuestro
grupo parlamentario, que es importantísima en aras a poder ubicar flotas
dedicadas a especies demersales y de fondo en esta zona, y que va a ser
objeto de una modificación puntual según un texto que hemos suministrado
a los portavoces de los grupos parlamentarios, por la que ampliaríamos la
posibilidad no sólo a la zona rusa del océano Artico concerniente al mar
de Barents, sino también a la zona rusa correspondiente al Pacífico
oriental, porque ahí también hay posibilidades pesqueras.
En definitiva, ése es el espíritu y la razón por la que hemos presentado
esta moción en aras a resolver esta posibilidad. A principios de este año
1998, el Ministerio de Agricultura y Pesca español ha tenido algún
contacto técnico con la autoridades rusas en el marco de la delegación
europea para indagar y ver la posibilidad de llegar a un acuerdo pesquero
sobre esta cuestión. Por tanto, con esta iniciativa se pretende dar un
impulso político a esta posibilidad que se ofrece en estos momentos de un
acuerdo con la Federación Rusa, en la medida en que --como he dicho
anteriormente-- la zona del océano Artico es enormemente rica y daría
estabilidad y empleo a la flota pesquera que opera en esas aguas.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al
querido compañero Gatzagaetxebarría, en esta casa otra vez, quien nos ha
vuelto a ilustrar con una de sus intervenciones, tan magnífica, tan
ilustrada y tan amplia como las que nos tenía acostumbrados en la pasada
legislatura.
En nombre el Grupo Parlamentario Popular querría decir que en líneas
generales estamos de acuerdo con la proposición no de ley presentada por
el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que ha defendido el señor
Gatzagaetxebarría, sobre todo en lo que se refiere al espíritu de
alcanzar estas posibilidades de mejora de pesca. Al mismo tiempo,
señorías, me gustaría precisar ciertos aspectos tanto del fundamento de
su intervención como de la proposición no de ley que vamos a votar y
sobre la que creo que va a haber un acuerdo unánime que va a ser
importante para el sector pesquero español.
Señorías, el Consejo de Ministros celebrado el 21 de diciembre de 1995
autorizó a la Comisión Europea a negociar un acuerdo con la Federación
Rusa limitado a las posibilidades de pesca en el mar Báltico. Este
acuerdo incluía los siguientes elementos: un intercambio equilibrado de
posibilidades de pesca, el acceso recíproco a las zonas de pesca en el
mar Báltico, el intercambio de excedentes, la posibilidad de
contribuciones financieras a cambio de cuotas de pesca en el mar Báltico,
el posible establecimiento de asociaciones temporales de empresas y,
finalmente, la posibilidad de contribución financiera a cambio de cuotas
de pesca obtenida por los Estados costeros en aguas internacionales.
En relación con el mandato de negociación del acuerdo de la Unión Europea
con Rusia no se contemplan cuotas para las flotas comunitarias en el mar
de Barents, ya que Rusia exige a cambio el acceso de su flota en aguas
comunitarias de la NEAF, el noroeste del Atlántico, zona donde opera la
denominada flota de los trescientos y en la que no hay excedentes. En
este sentido, hay que decir que la petición formulada por Rusia no es
aceptada por los Estados miembros de la Unión Europea.
En cuanto a la aspiración contemplada en el fundamento de la moción sobre
la petición tradicional del sector pesquero español, de la adaptación del
porcentaje de participación del 3,4 por ciento sobre el TAC, sobre el
total admisible de capturas en el Artico, hay que decir que no se puede
pretender que España se adjudique de forma unilateral más cuota para su
flota, porque si se variase ese TAC, variarían también los porcentajes
que corresponden a cada país, por lo que es seguro que los demás países
no aceptarían detrimentos de sus cuotas de pesca a favor de España. Por
tanto, España no puede de forma unilateral aumentar sus cuotas sin más,
porque esto va en detrimento de los demás países y con toda seguridad
éstos no van a tolerar que les perjudiquemos. No obstante, está pendiente
la celebración de una nueva ronda de consultas de la Unión Europea con
Rusia en la que posiblemente pudiera negociarse un acuerdo más amplio que
el propuesto en un principio, aunque hay que advertir que las evidencias
de los problemas políticos que hay en Rusia afectan también al desarrollo
de este acuerdo.
Es verdad que España ha suscrito con Rusia un acuerdo internacional de
colaboración y cooperación por el que la Unión Europea y los Estados
miembros se comprometen a otorgar a Rusia cooperación económica y
financiera. Sin embargo, en el citado acuerdo no se contienen previsiones
sobre el acceso a caladeros de Rusia por parte de la flota pesquera
española, que antes de la extensión de la jurisdicción de las aguas a 200
millas faenaba en el mar de Barents sobre determinadas especies pesqueras
como el fletán, la platija o el bacalao.
Tampoco es exacto, señorías, que la cuota española de bacalao ártico en
Barents y Noruega no corresponda al nivel de capturas tradicionales, ya
que a la cuota de Svalbard, casi 13.000 toneladas en 1997, hay que sumar
las cuotas de la zona económica exclusiva de Noruega contenidas en la
negociación del espacio económico europeo, 4.975 toneladas, más otras 300
cedidas por Noruega.
En el acuerdo de cooperación hispano-ruso no pueden negociarse cuotas de
pesca para España por ser competencia exclusiva de la Unión Europea.
Además el fletán y la platija no han sido especies objeto de pesca
dirigida tradicionalmente por la flota bacaladera que opera en Barents.
En el marco de este mismo acuerdo hispano-ruso me consta que es interés
del Gobierno español que la cooperación prestada en virtud del mismo
sirva de baza negociadora para conseguir la apertura rusa al
establecimiento de sociedades mixtas en las que el socio ruso aporte
cuotas de bacalao en el mar de Barents y en las que el socio español
aporte el buque y la tecnología.
Dicho esto --y corroborando lo que ha expuesto el portavoz proponente--,
el Grupo Parlamentario Popular estaría totalmente de acuerdo con esta
enmienda transaccional que hemos presentado en la que se dice que la
Comisión Mixta para la Unión Europea insta al Gobierno a que continúe
gestionando ante la Unión Europea la suscripción de un acuerdo pesquero
con Rusia que amplíe las posibilidades pesqueras para la flota española
en aguas del océano Pacífico y del mar de Barents, sin perjudicar la
actividad de dicha flota en aguas comunitarias y en el marco de la
cooperación económica que la Unión Europea y España ofrecen a Rusia.
Sólo me cabe esperar que los demás grupos apoyen esta enmienda y se pueda
votar por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Después de escuchar las intervenciones de los
representantes de los grupos, Nacionalista Vasco y Popular, enmarcar la
posición del Grupo Socialista resulta sencillo.
En primer lugar, a nadie se le oculta que el Grupo Socialista va a
defender dos de las grandes pautas que se han venido desarrollando a lo
largo de los últimos años: una, incrementar el número y el nivel de las
posibilidades de pesca para la flota pesquera española y, dos, defender
los intereses de la misma en cualquier tipo de negociación. En este
sentido, lo que se propone con la iniciativa presentada reflejada en la
moción del día de hoy, debemos de enmarcarlo en un plazo mucho más
amplio.
En primer lugar, es cierto que la Unión Europea tiene la competencia
exclusiva de la negociación con terceros países, pero también es cierto
--y sería cuestión de intensificar y hacer mucho énfasis-- que si bien la
Unión Europea tiene esa competencia de negociación con terceros países
sería bueno, recomendable y saludable que hubiera una posición común de
la propia política pesquera comunitaria a la hora de negociar con
terceros países y con otros países. Ciertas experiencias vinculadas a la
defensa de los intereses pesqueros españoles han supuesto que alguno de
los países miembros de la Unión Europea se haya descolgado de ciertas
posiciones mayoritarias en la negociación pesquera y así hubo ciertos
problemas que otros países han utilizado como mecanismos para doblegar el
interés comunitario. Por ello creo que la iniciativa es correcta en el
sentido de defender y gestionar un nuevo acuerdo con la Federación Rusa
para la defensa de nuestros intereses y el incremento de nuestras
posibilidades de pesca.
En segundo lugar, también enmarcando este tema, debemos ser conscientes
de que las posibilidades de pesca de la Unión Europea pueden quedar
menoscabadas si en el momento actual no somos capaces de combinar de
forma correcta y eficiente lo que es nuestra política de recursos con lo
que es nuestra política de mercados. Dicho de otra forma, si necesitamos
recursos para abastecer nuestro mercado, si somos capaces de tener una
política pesquera en materia exterior tendente a la negociación de nuevos
acuerdos, aun cuando éstos lleven acarreados consigo unos costes
económicos y comerciales importantes, también es cierto que esta política
de rigidez en lo que hace referencia a la conservación de los recursos
contrasta con una cierta política de laxitud en lo que hace referencia a
la política de mercados.
A veces, la Unión Europea en su negociación da la impresión de que
favorece mucho más la parte de la liberalización comercial, es decir la
posibilidad de que terceros países tengan la capacidad de entrar con sus
productos en los mercados comunitarios, aun cuando nosotros no tengamos
la capacidad de incrementar nuestra presencia en lo que son las cuotas
pesqueras. Tanto es así que, hoy por hoy, el ratio de las importaciones
comunitarias sobre las capturas comunitarias asciende al 54 por ciento,
lo cual quiere decir que necesitamos importar muchos productos pesqueros
para abastecer tanto el consumo como las necesidades de las fábricas.
Digo esto porque, como es bien conocido y ha sido ya repetido, existen
determinados acuerdos comerciales entre Rusia y la Unión Europea, y esto
no se ha traducido en acuerdos que permitan la capacidad de pesca de
nuestras embarcaciones en las aguas que han sido objeto de mención en la
iniciativa parlamentaria.
En tercer lugar, porque si la Unión Europea quiere negociar con la
Federación Rusa para el acceso de nuestros barcos pesqueros sería bueno,
en el aspecto de la cooperación internacional, que nuestros científicos
también coparticiparan con los científicos rusos a la hora de la
determinación de los TAC. Hoy en día, a la vista de la experiencia
reciente, tenemos una cierta sensación de que determinados científicos de
los países que hoy gestionan los recursos pesqueros en su zona económica
exclusiva, tienden, cuando viene al caso, a decir que los recursos están
muy sobreexplotados, y ése es el argumento que utilizan determinados
países para evitar que la Unión Europea consiga acceder a un excedente de
esa flota. Así, el propio senador nacionalista vasco mostraba su sorpresa
respecto a cómo los TAC pueden variar de año a año en 200.000 toneladas.
Creo que la Unión Europea debía fortalecer, de entrada y como primera
iniciativa, esa cooperación científico-técnica a la hora de la
evaluación.
En último lugar, citaré una de las tendencias que la Unión Europea debía
de marcar hoy claramente. Hay una cierta tendencia por parte de algunos
países, sobre todo
nórdicos, hacia la privatización de los recursos pesqueros. Esto de las
200 millas, de la zona económica exclusiva, del mar preferencial, está
llevando consigo que, amparados bajo una teoría económica, conlleve la
privatización de los mares. Espero que el Partido Popular, con su ansia
de la privatización, no se haga aliado de esa privatización de los mares,
espero que privatice otras cosas pero no los mares, porque si fuera así
esa tendencia llevaría a la aplicación de las cuotas individuales de
pesca. Y como bien sabe el senador del PNV, las cuotas individuales de
pesca, en determinadas circunstancias, pueden llevar consigo la expulsión
de aquellas flotas tradicionalmente pesqueras, como son las de los países
del sur de Europa. De esta forma se reforzaría el proceso de
concentración económica y la vinculación de las políticas extractivas con
las políticas de industrialización y de distribución tan defendidas por
los países nórdicos.
Por tanto, las consecuencias son paradójicas. Si, por un lado, abrimos el
mercado a los productos rusos y, por otro, no tenemos posibilidades de
pescar en dichas zonas, lo que estamos haciendo es poniendo en peligro la
estabilidad de las rentas de los productores, así como de las empresas
pesqueras. Si, además, la Unión Europea no reclama ni defiende ni
gestiona acuerdos pesqueros con Rusia para el acceso de las flotas
pesqueras europeas, lo que estamos haciendo es reducir nuestra capacidad
competencial.
En tercer lugar, si el Gobierno español no actúa como locomotora y
catalizador de los intereses del sector pesquero español, estaríamos en
condiciones de decir que hemos abandonado una de las posibilidades de
irradiación y presencia internacional de nuestra flota pesquera.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista no tiene inconveniente
alguno en apoyar y votar favorablemente la transaccional puesta sobre el
papel en el día de hoy. Sabemos claramente que respecto de la palabra
continúe no tenemos todavía explicación por parte del Gobierno sobre qué
es lo que ha hecho hasta el momento, pero estamos dispuestos a apoyarlo,
así como toda la defensa y la gestión de nuestros intereses se amplíe a
todas las áreas en las que la Federación Rusa tiene mar. Por tanto, no
habría inconveniente alguno den decir que sean el océano Artico, el
océano Pacífico y el mar de Barents en los que podíamos desarrollar
cierto tipo de actividades si efectivamente podemos compensar, equilibrar
y cohesionar las políticas de recursos con las políticas comerciales y
las políticas de negociación internacional.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANTFELIU: Señor presidente, señoras y señores
diputados, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha
puesto encima de la mesa un tema que no por viejo ha perdido actualidad,
que es la problemática de nuestros pescadores a la hora de que puedan
continuar realizando las labores que les son propias. En el caso que
estamos debatiendo se trata de que éstos puedan faenar en el océano
Artico, en las aguas económicas rusas del mar de Barents y de Svalbard.
De hecho se trata, de alguna manera, de que el Gobierno planifique con
seriedad el futuro de la pesca de altura, con un programa claro, con una
estrategia perfectamente definida, que conlleve la apertura de
negociaciones con los Estados que disponen de recursos pesqueros en el
marco de una política económica general.
Creo que no voy a descubrir nada nuevo si afirmo que a lo largo de la
historia reciente, en general y por desgracia, el sector pesquero ha sido
uno de los grandes ausentes en el momento de esas grandes negociaciones.
De hecho, la importancia de la pesca se hizo más patente, si cabe, en el
momento del ingreso en la Unión Europea de los países nórdicos.
La exposición del representante del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos de su proposición no de ley ha sido amplia y desde nuestro grupo
la suscribiríamos en toda su integridad. Ha sido extensa, ha sido
detallada, por lo que no entraremos de nuevo a enunciar una parte de
ella. Me gustaría recordar que hace unos meses, también en una Comisión
de la Unión Europea, se discutió un tema parecido con la Unión Soviética,
pero en aquel momento hablábamos de las aguas de Groenlandia, creo
recordar, y se instaba a la Unión Europea a hacer una acción parecida a
la que hoy se está instando. Por tanto, nos parece positivo, pero sobre
todo creo que estas acciones las tiene que efectuar el Gobierno sin
necesidad de que sean las comisiones o el propio Congreso de los
Diputados quienes le insten a hacerlo.
Entendemos que el Gobierno no ha tenido mucho interés en el sector
pesquero, por lo que en este momento daremos soporte a la proposición no
de ley. Tenemos conocimiento de que el Grupo Popular ha presentado una
enmienda transaccional en la cual insta a que esta acción se haga a
través de la Unión Europea, a la que también vamos a dar soporte.
El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, tiene la palabra a efectos
de decir si acepta o no la enmienda transaccional planteada por el Grupo
Popular.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: La enmienda transaccional la plantean
el Grupo Popular y el Grupo Vasco.
En relación con la enmienda que sustituiría a la parte dispositiva de la
proposición, he de señalar un matiz que es muy importante, y es el sin
perjuicio para el ejercicio de la actividad en aguas comunitarias. Hay
que tener en cuenta que, sobre la base de ese sin perjuicio, la Comisión
de Pesquerías del Atlántico Nordeste, la NEAFC, que contingenta, regula
y, en definitiva, establece la distribución del TAC y cuotas en aguas
comunitarias, en función del principio de estabilidad relativa, supone
que es un caladero muy limitado, con muchas restricciones. Tanto es así
que España misma tiene restricciones. Por eso, el sin perjuicio es muy
importante porque, con la contrapartida a la Federación rusa, de ninguna
manera podrían darse posibilidades pesqueras en aguas de la NEAFC. La
contrapartida
tiene que darse a través de alguno de los acuerdos, de primera, de
segunda o de tercera generación, pero no a través de posibilidades
pesqueras, por las razones que usted bien conoce de la contingentación
del caladero regulado por la NEAFC.
El señor PRESIDENTE: Damos por terminado el debate sobre el primer punto.
--EN RELACION CON LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA
DELEGACION DEL ESTADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA UNION EUROPEA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV) (Número de
expediente Congreso 161/000713 y número de expediente Senado 663/000034).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es
la proposición no de ley en relación con la participación de las
comunidades autónomas en la delegación del Estado en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea.
Para exponer su posición, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Vasco, el señor Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Nuestro grupo parlamentario ha presentado esta
proposición no de ley con la intención de que las comunidades autónomas
puedan participar en los Consejos de Ministros de la Unión Europea.
De acuerdo con la definición que en su momento hizo el Tribunal
Constitucional, y que denominó bloque constitucional tanto a la
Constitución como a los estatutos de autonomía, las comunidades autónomas
son Estado, son competentes en una serie de materias. Por lo tanto, en
este Estado asimétrico, defendemos que, en aquellos temas que sean
competencia de las comunidades autónomas, haya una representación de las
comunidades autónomas dentro de la delegación estatal ante el Consejo de
Ministros.
Este es un caso que no es nuevo a nivel de la Unión Europea. De hecho,
Austria lo puso en marcha desde su adhesión a la Unión Europea, la
República Federal Alemana también lo contempla y Bélgica también, hasta
el extremo, incluso, de que en la última Presidencia belga, la
Presidencia del Consejo de Ministros de Cultura fue ejercida,
alternativamente, por el ministro del Gobierno regional de Flandes de la
Cultura y por el ministro del Gobierno regional valón de la Cultura.
Incluso el mismo Tribunal Constitucional, ya hace tiempo, dijo que las
relaciones entre España y la Unión Europea no son de orden internacional
en sentido estricto.
Por otro lado, el Parlamento Europeo, ya en 1993, se pronunció en esta
dirección tomando como base el que en Maastricht se reformó el artículo
146 para permitir la participación de länder, comunidades autónomas,
regiones, en las delegaciones estatales.
Incluir a representantes de las comunidades autónomas en aquellos temas
que son de su competencia en la delegación estatal ante el Consejo de
Ministros refleja adecuadamente el reparto competencial que existe a
nivel de Estado; refleja esa estructura y que el Gobierno central, sea el
que sea en cada momento, no usurpa, vía Unión Europea, competencias que
son propias de comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos de
autonomía.
Por lo tanto, señorías, ésta es la filosofía que ha llevado a nuestro
grupo a presentar esta proposición no de ley.
Con esto, doy por acabada mi intervención diciendo que, en efecto, tengo
constancia de que hay dos textos alternativos, uno presentado por el
Partido Socialista y otro por el Partido Popular y que, tras la
intervención de sus portavoces, me pronunciaré al respecto.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas planteadas por el Partido
Socialista y por el Partido Popular.
Para la defensa de la enmienda del Partido Socialista, tiene la palabra
el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Entiendo que el turno es para fijar la posición
respecto a la proposición del PNV, para la defensa de la enmienda y para
la fijación de posición respecto a la enmienda del Partido Popular, en un
único turno. ¿Es correcto?
El señor PRESIDENTE: En principio, es un único turno, porque es verdad
que la propuesta del Partido Popular se presentó ayer a última hora o
esta mañana, se ha distribuido, ustedes la conocen y, en consecuencia,
pueden fijar posición sobre este punto.
El señor COSTA COSTA: Señorías, podría reiterar hoy, aquí, exactamente la
misma posición que el Grupo Parlamentario Socialista defendió en la
interpelación provocada por la señora Lasagabaster el pasado miércoles en
el Pleno de la Cámara, pero como ésta es una Comisión compuesta por
senadores y diputados, voy a reiterar algunas partes de mi intervención
que tienen un origen similar al que ha expuesto el portavoz del PNV, pero
que se sustentan sobre bases diferentes.
Nuestra posición se sustenta en la experiencia cotidiana, en la evolución
que están teniendo las diferentes instituciones de la Unión Europea y en
la evolución que nuestro Estado ha venido desarrollando también sobre la
base de la Constitución de 1978.
Es verdad que se produce, como ya dije en mi intervención en el Pleno,
una doble centrifugación del Estado-nación. Por un lado, existe la
necesidad de dar respuesta a nuevos problemas que superan las fronteras
del Estado-nación, tal como se conocen y, por otro lado, dando esas
respuestas, se requiere también una mayor proximidad en la aplicación de
las decisiones a los ciudadanos. Esa es la dinámica que genera la
construcción europea. Sin duda, ambas fuerzas están en juego y es nuestra
responsabilidad encontrar el adecuado equilibrio entre eficacia,
transparencia, proximidad y democracia, desde que España participa en su
calidad de miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Eso ha sido así
en Gobiernos anteriores y esperamos
que continúe siendo así en el futuro. No es eso lo que nos hacía
presagiar la intervención del ministro de Asuntos Exteriores en el pasado
Pleno del Congreso de los Diputados. Yo quisiera, señorías, reiterarles
algunas de las frases que el ministro argumentó en la fijación de
posición de su Gobierno. Se refería el ministro a un hecho
incuestionable. Decía que las comunidades autónomas tienen ya a su
disposición todos los instrumentos necesarios para hacer valer sus
posiciones, a fin de ser tenidas en cuenta en las instancias
comunitarias. Decía, además, que el ejercicio por parte del Estado de su
ámbito de competencias se refiere siempre a ese procedimiento interno,
haciendo compatible la defensa de intereses de las comunidades autónomas
con el interés general. Y venía a añadir lo siguiente: Como no creemos
que el sistema pudiera funcionar mejor de otra manera, y como S. S. --se
refería a la portavoz del Grupo Mixto, señora Lasagabaster-- lo ha
referido, el sistema sería ingobernable, sería simplemente un patio de
enfrentamiento entre intereses contrapuestos de distintas comunidades
autónomas y, por tanto, el Estado perdería su derecho de arbitrar y, en
consecuencia, su derecho de hacer prevalecer el interés general, al
margen del deterioro de su autoridad, a la hora de defender sus
posiciones en el seno del Consejo de Ministros de la Unión Europea.
Señorías, es evidente --y así quedó reflejado en nuestra fijación de
posición ante el Pleno-- que ésta no era nuestra posición. Nosotros
consideramos que estamos en un sistema evolutivo, que ha venido
evolucionando desde la misma incorporación de España, primero, a las
Comunidades Europeas y, después, a la Unión Europea. Es obvio que desde
1989 se viene implementando un sistema de participación de las
comunidades autónomas en las políticas de la Unión Europea, y que ese
sistema ha ido evolucionando hacia fórmulas mejores para contribuir a
crear la voluntad del Estado respecto a las políticas de la Unión Europea
que son objeto de debate en los diferentes consejos de la Unión.
Esto ha sido así y ha venido funcionando de forma totalmente
satisfactoria, pero no es óbice para que en estos momentos podamos seguir
avanzando en la misma dirección, y nosotros queremos dejar clara y
manifiesta nuestra voluntad política de seguir avanzando en este camino
para lograr que las comunidades autónomas o la Conferencia para asuntos
europeos puedan tener un representante en los consejos de ministros que
debatan temas que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
También queremos dejar claro que la voz del Estado será la que ejercerá
en esos consejos. La posición de la Conferencia sectorial o del
representante de las comunidades autónomas se ajustará a los acuerdos
previos en esa materia y, por lo tanto, será el Estado quien seguirá
representando a España en estos consejos. Creo que eso no es ninguna
novedad. Así lo dijimos en el pasado Pleno, en nuestra fijación de
posición, y así lo vamos a mantener en el futuro. La novedad se establece
aquí por el cambio de posición, entre el miércoles pasado y el día de
hoy, del Partido Popular a través de su enmienda, y queremos dar la
bienvenida a este cambio de posición. Yo creo que el mantenerse en una
postura inmóvil en unas instituciones que están sufriendo unas
variaciones muy dinámicas en su composición y en su forma de tomar
decisiones, no es inteligente. Estamos convencidos de que el Partido
Popular, en su cambio de posición, no atiende solamente a intereses
coyunturales respecto del resultado final de la votación que se va a
efectuar en esta Comisión, sino que se ha producido un debate en el seno
del Gobierno y en el propio Partido Popular, que le han llevado al
convencimiento profundo y, por tanto, a la defensa de la necesidad de
evolucionar en el sistema de representación y de configuración de la
voluntad del Estado con las comunidades autónomas en la Unión Europea. Si
eso es así, bienvenida sea esa posición.
Nosotros hemos presentado una enmienda que viene a constituir tres
elementos básicos. En primer lugar, la necesidad de seguir profundizando
en la multilateralidad de las relaciones entre las comunidades autónomas
y el Estado en la Conferencia para asuntos europeos, y de seguir
incidiendo en la creación de la voluntad del Estado para ser defendida
ante la Unión Europea. En segundo lugar, que la bilateralidad se
establezca cuando las condiciones competenciales de alguna comunidad
autónoma así lo requiera y que, por tanto, se siga manteniendo abierta
esta vía de bilateralidad siempre y cuando la distribución interna de las
competencias lo requiera en asuntos que vayan a ser tratados por la Unión
Europea. En tercer lugar, entendemos que se debe avanzar en el análisis y
que sería conveniente que un representante de las comunidades autónomas o
de la Conferencia para asuntos europeos esté presente en los consejos de
ministros que traten competencias propias de las comunidades autónomas y,
para ello, establecemos que se fijará una regulación específica en esa
materia. Finalmente (y creemos que de una forma relevante para la futura
organización y para la futura configuración de la voluntad de España ante
la Unión Europea), creemos que sería conveniente adecuar las reformas que
se están produciendo respecto del Senado a las nuevas circunstancias que
vive nuestro país, que son sensiblemente diferentes de las que había
cuando se redactó la Constitución Española y se implantó el Senado en
nuestro país. Esa es la contribución del Grupo Parlamentario Popular.
Por último, debo decir que en estos elementos, que no son partidistas o
que tengan que ser aprobados por una mayoría frente a otros, sería
deseable el acuerdo y el consenso, sería deseable que hubiera un marco en
el que encontraran satisfacción las diferentes partes del conflicto.
Nosotros sumaremos nuestros votos a aquellas posiciones que puedan
encontrar un mayor grado de acuerdo en esta Comisión Mixta.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Señor presidente, señorías, la integración de
España en las Comunidades Europeas supuso la atribución a éstas del
ejercicio de competencias que en el bloque de constitucionalidad estaban
distribuidas entre el Estado y las comunidades autónomas, de
manera que los efectos de la adhesión de 1986 repercutieron
competencialmente --como todos sabemos-- tanto sobre los órganos del
Estado como sobre las comunidades autónomas. La organización territorial
del Estado español ha planteado, por lo tanto, a partir del momento de la
adhesión, la necesidad de encontrar unos cauces para hacer efectiva la
participación de las comunidades autónomas en los asuntos comunitarios
europeos que afectan a las competencias que estas mismas comunidades han
asumido, bien desde el principio o bien de forma progresiva.
Si recordamos un poco, durante los doce años que han transcurrido desde
el 1 de enero de 1986 en que España se incorpora a las Comunidades
Europeas, el tratamiento de esta participación ha experimentado un
proceso de búsqueda de soluciones, que ha alcanzado compromisos y logros
pragmáticos a los que recientemente se ha dado estabilidad jurídica. Me
refiero --y tal ha sido la idea subyacente-- a la ley por la que se
regula la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades
Europeas, que aprobamos recientemente.
Asistimos, pues, a un proceso evolutivo que, poco a poco, unas veces
desde el consenso total y otras a través de soluciones que han permitido
excepciones transitorias para algunas comunidades (las cuales, debido a
sus propias circunstancias, necesitaban métodos específicos), ha llevado,
en la actualidad, a la consolidación de un marco de participación interna
en la creación de la voluntad estatal, que intentamos desarrollar. El
camino escogido por gobiernos anteriores, y reforzado durante la actual
legislatura, pensamos que es el que más conviene al interés general de
España en la Unión y, en este sentido, cabe destacar los esfuerzos
realizados por el Gobierno para reforzar la cooperación interna en los
asuntos comunitarios. Pongo varios ejemplos. En primer lugar, la
elevación a rango de ley de la Conferencia para asuntos relacionados con
las Comunidades Europeas, cuyo objetivo fundamental es atender al buen
funcionamiento de las diferentes conferencias sectoriales y tratar
cuestiones de naturaleza horizontal o que no tengan acomodo específico en
una conferencia sectorial. En segundo lugar, la mejora de los mecanismos
de información a las comunidades autónomas a través de nuestra
representación permanente en Bruselas, y especialmente mediante la
creación de la nueva figura del consejero para asuntos económicos. En
tercer lugar, la formalización de un acuerdo que regula la participación
de las comunidades autónomas en los procedimientos ante el Tribunal de
justicia de las Comunidades Europeas, ampliando de forma sustancial los
supuestos que contemplaba el acuerdo de 1990 a todos los casos en los que
exista un interés autonómico. Por último, y en virtud de lo contenido en
el pacto de gobernabilidad Partido Popular-Convergència i Unió, se ha
puesto en marcha la presencia de representantes autonómicos en los
comités de la Comisión. No hay que olvidar que estos comités tienen como
labor primordial desarrollar las modalidades técnicas de ejecución de los
reglamentos comunitarios, que en muchos casos corresponde aplicar a las
comunidades autónomas.
Tengo que decir que este reparto de comités se hizo en fecha reciente, el
26 de mayo de 1997, y se distribuyeron 55 comités seleccionados por la
Administración del Estado para la primera etapa de este nuevo instrumento
de participación autonómica en los asuntos europeos. Es cierto que hay
muchos más comités a repartir, pero de momento hay que reconocer que la
primera etapa se está cumpliendo satisfactoriamente.
El representante de la comunidad autónoma encargado del seguimiento de
cada comité deberá, a partir de ahora, mantener una colaboración estrecha
con el responsable del mismo en la Administración central y el consejero
que se ocupa de estas cuestiones en la representación permanente, y para
que este nivel de cooperación pueda funcionar, hemos de convenir que es
necesario que la CIAUE esté en todo momento informado del desarrollo de
la participación autonómica y de los problemas que podían plantearse, con
vistas a encontrar una solución.
Por lo tanto, señor presidente, señorías, yo tengo que decir que la
voluntad del Gobierno del Partido Popular ha sido la de, por un lado,
continuar en este proceso evolutivo comenzado con gobiernos anteriores,
desde 1986, y, por otra parte, mejorar y perfeccionar el procedimiento,
como lo pone de manifiesto el hecho de haber sido objeto de consideración
en los pactos de gobernabilidad con nuestros socios de gobierno.
En estos momentos, discutimos en esta Comisión la proposición no de ley
del Partido Nacionalista Vasco referente a la participación directa de
las comunidades autónomas en los consejos de la Unión Europea. Yo
agradezco al Partido Nacionalista Vasco la oportunidad que nos ofrece de
discutir un asunto tan importante y de tanta relevancia en el seno de
esta Comisión, convencido de que nos permitirá continuar contribuyendo al
perfeccionamiento del modelo y, por consiguiente, a la búsqueda de
soluciones.
Como el señor Gangoiti sabe, al igual que los demás portavoces de los
grupos parlamentarios, el tema de la participación directa es un tema que
los distintos países miembros de la Unión Europea, con un estado
descentralizado o con un estado federal, han tenido que afrontar de forma
diferente e imaginativa según sus características propias. En algunos
casos, como Bélgica, esto ha llevado incluso a grandes reformas de orden
constitucional. En otros países, como Alemania, a unas atribuciones
institucionales al Bundesrat, o Cámara de los länder, que no poseía con
carácter previo.
El caso específico español, en el que, por señalar algunos elementos, nos
encontramos con un Estado de las autonomías todavía sin cerrar, con una
reforma del Senado todavía por cerrar, con un proceso de participación
interna, al que he hecho referencia al principio de mi intervención, en
el que todavía no se han desarrollado todas las posibilidades existentes
y no se han agotado todas las vías, hace que nos parezca aconsejable
afrontar este nuevo reto, que nos parece bueno, nos parece aceptable y
que será uno de los retos más importantes que afrontaremos en estos
próximos años, de una forma mucho más cauta de lo que en otro orden de
circunstancias hubiésemos querido afrontar.
Yo le diría al señor Costa que este Gobierno no ha cambiado de posición.
La intervención del ministro la semana pasada en el Pleno se centró
principalmente en las vías de
participación interna, que es lo que contemplaba en su discurso, desde la
convicción de que las vías de participación interna de formación de la
voluntad estatal y de participación de la ejecución de los compromisos
adquiridos con posterioridad no estaba agotada.
Este Gobierno respeta los pactos de gobernabilidad, es un gobierno
dialogante y abierto cuyo único interés es ir avanzando, poco a poco, tal
como lo expresó el presidente del Gobierno en el discurso de investidura,
en la participación cada vez mayor de las distintas comunidades autónomas
en los temas de la Unión Europea, tanto a nivel interno como a cualquier
nivel que se pueda desarrollar, con los únicos límites que señala la
Constitución y la cohesión entre todas las comunidades españolas, con los
únicos límites que señala en este momento la necesidad de encontrar
métodos y quizás en algunas ocasiones, si es conveniente, reformas
institucionales que permitan una participación progresiva.
Es por ello, que desde el deseo de contribuir, en este caso, con el
Partido Nacionalista Vasco en la consagración de un modelo y en la
búsqueda y encuentro de soluciones más perfectas a la participación
autonómica, nos hemos permitido presentar un texto alternativo en la
esperanza de que el Partido Nacionalista Vasco y el señor Gangoiti, como
su portavoz, estimen conveniente aceptarlo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans i Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBO: Yo creo que cuando se empieza a debatir este
tema es bueno salirse, aunque sea por un momento, de la cotidianidad
política, de la bronca política inmediata y subir un poco la perspectiva,
insisto, aunque sea sólo para fijar exactamente el marco de lo que
estamos aquí discutiendo.
Hay algunas ideas madre que es bueno no perder de vista, que han sido
comentadas de paso por algunos de los portavoces. Estamos en este momento
inmersos en un proceso de reforma a nivel de toda Europa, y muy
particularmente en España, que tiene dos direcciones. Tiene una dirección
ascendente, en la cual el Estado español, el Reino de España, decidió
soberanamente --lo sigue haciendo, cotidianamente, día a día, en sus
negociaciones-- ceder una serie de competencias a un organismo
supraestatal, como era la entonces Comunidad Económica Europa, hoy Unión
Europea. Una cesión de competencias que no es una simple delegación de
determinadas competencias, sino que es una auténtica transferencia de
poder, una verdadera transferencia de soberanía, consentida, asumida por
los órganos que representaban en ese momento la soberanía, como eran las
Cortes Generales, y que tiene un profundo calado político. Por tanto, se
ha cedido ese elemento de soberanía a una serie de estructuras, a una
serie de organismos de poder, como son la Comisión Europea, en su plano,
o el Consejo de Ministros de la Unión, en el suyo, que toman decisiones,
que elaboran normas y que tienen un profundo y creciente peso político y
una influencia muy directa en la vida de todos y cada uno de los
ciudadanos de la Unión.
Eso puede parecer una perogrullada, pero no está de más tener presente
que de eso estamos hablando, porque, en perfecta simultaneidad con ese
proceso, España --y no sólo España, insisto--, Alemania, Bélgica, Austria
y dentro de poco nada menos que el Reino Unido, muy centralista, aunque
no lo pareciera en las formas, tremendamente centralista en su práctica
política hasta hoy, inician un proceso en el que nosotros llevamos ya
bastante tiempo, concretamente desde el año 1978 con la aprobación de la
Constitución, de transferencia de soberanía no hacia un organismo
superior, sino hacia organismos inferiores al propio Estado.
Estamos creando una estructura nueva, que va más allá de la simple
descentralización, por ejemplo, propia del modelo francés, que es
auténtica transferencia, transmisión, cambio, cesión de soberanía del
poder central a lo que aquí hemos dado en llamar comunidades autónomas.
Podía haberse hecho sólo respecto a tres comunidades autónomas, que son
las que, por distintos elementos históricos, así lo venían exigiendo; se
optó --no es el momento de enjuiciar esa opción-- por hacerlo de esa
forma generalizada a favor de 17 entidades distintas, como eran las 17
comunidades autónomas.
En todo caso, aunque éste no es ahora el punto de discusión, es obvio que
hay esa transferencia de soberanía y que estamos en este momento con tres
niveles de poder, cada uno soberano en su propio marco, en su propio
plano: un nivel de soberanía que se mueve a nivel de la Unión Europea, un
nivel de soberanía que se mueve a nivel del Gobierno central del Reino de
España y un tercer nivel de soberanía que se mueve a nivel de las
comunidades autónomas. La relación entre los tres --y no se trata de
meterse aquí en berenjenales técnico-jurídicos o de gran discusión
política-- ha de ser de profundo respeto entre los tres planos de la
soberanía, que, además, se deben regir por el principio de
subsidiariedad.
En todo caso lo importante es que ni la Unión Europea debe estar
interfiriendo en planos que no forman parte de su propio ámbito de
competencias ni el Gobierno central debe estar interfiriendo en
competencias que son de la Unión Europea ni tampoco en competencias que
están cedidas a las comunidades autónomas. El cruce de esta cesión hacia
arriba, hacia la Unión Europea, y de esta cesión hacia abajo, hacia las
comunidades autónomas, provoca distorsiones. De esas distorsiones es de
las que estamos hablando hoy aquí. Porque las relaciones con la Unión
Europea, que aunque no sean estrictamente relaciones internacionales
tienen muchos de los elementos formales de las relaciones exteriores de
un Estado, están protagonizadas por el Gobierno central y, sin embargo,
ese Gobierno central, en sus relaciones con la Unión Europea, está
actuando e incidiendo, en muchas ocasiones, en competencias que ya no son
suyas y sobre las que ya no tiene, en muchos casos, el 100 por cien de la
facultad de decidir y, en algunos casos, ninguna facultad de decidir por
tratarse de competencias cedidas en su integridad a las comunidades
autónomas.
Esa tensión por lo que el Gobierno central, el Gobierno del Estado decide
en Bruselas, que afecta a competencias que ya no son suyas, sino que son
de las comunidades autónomas, es algo que debe ser resuelto. Es cierto
que progresivamente se han ido haciendo avances en este campo, intentando
inspirarse en modelos de otros Estados descentralizados, modelos de tipo
federal, pero, dado que nuestro sistema autonómico tampoco es un calco de
ninguno de los sistemas federales que existen en Europa, es obvio que
nuestro modelo de relación con la Unión Europea tampoco puede ser un
calco de los distintos sistemas federales. Por tanto, hay que ir a una
fórmula distinta que se adapte a la actual, la de las autonomías, que
nace de la Constitución de 1978, y que sea aceptada no sólo por el
Gobierno central, no sólo por el principal partido de la oposición, el
que sea en cada momento, a nivel de todo el Estado español, sino también
por las distintas fuerzas políticas que representan, en algunos casos, la
mayoría en alguna de las comunidades autónomas.
Por tanto, ése es el problema y ése es el marco en el que estamos. En
este marco se presenta una proposición no de ley del Partido Nacionalista
Vasco que ofrece una solución a uno de los problemas. No es ni la
solución, porque tampoco quedaría resuelto todo, ni afecta a todos los
problemas que hay en ese juego de competencias en los distintos planos, a
nivel de Bruselas, Madrid y cada una de las capitales de las distintas
comunidades autónomas. Sin embargo, es una propuesta audaz, inspirada en
otros modelos, básicamente en los modelos alemán y belga, aunque tampoco
tomados literalmente, que a nosotros nos parece claramente positiva; pero
es cierto que en su aplicación estricta podría tener algunas dificultades
prácticas que tampoco quedaban resueltas en la propia proposición no de
ley, pero que quedaban ahí apuntadas y que por lo menos explicaban, si no
justificaban, el resquemor o el temor que, en un primer momento, podía
tener el Gobierno, el Partido Popular, para asumir en su literalidad el
texto propuesto por el Partido Nacionalista Vasco.
Nosotros creemos que ese temor es infundado, aunque, en su dimensión más
práctica, puede que tenga alguna explicación. Pero decir, como parece que
ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores --y no oí directamente esas
declaraciones--, que, si se aceptara directamente la propuesta del
Partido Nacionalista Vasco, se convertiría aquello en una jaula de
grillos, ciertamente nos parece una expresión desafortunada.
En todo caso, miremos hacia el presente y el futuro y olvidemos el
pasado. El presente es que tenemos sobre la mesa una enmienda del Partido
Popular, que hoy hemos conocido, que, sin duda, rectifica un poco --por
más que ahora el Partido Popular diga que no-- el planteamiento, el
enfoque inicial que quería dar el Gobierno a este tema y que nos parece
aceptable en la medida en que deja claro dos cosas: En primer lugar, que
la cuestión de la relación de las comunidades autónomas con lo que son
los órganos de poder de la Unión Europea es una cuestión que no está
resuelta. Esa es la primera conclusión que creemos que se debe sacar de
la votación que va a celebrar hoy esta Comisión Mixta. Aquí hay un
problema y ese problema no está resuelto. En segundo lugar, la propia
enmienda presentada por el Partido Popular, previsiblemente aceptada por
el Partido Nacionalista Vasco, a la cual nosotros, en todo caso, le
daríamos nuestro apoyo, deja claro también que ese problema pasa por
articular una presencia más clara, más concreta, más precisa de las
comunidades autónomas en los consejos de ministros de la Unión Europea.
Cómo debe funcionar, cuál debe ser la letra pequeña, cómo se articula en
detalle, es algo que queda abierto con la proposición no de ley que
votaremos hoy. Pero es evidente que no estamos haciendo sólo un brindis
al sol, no estamos haciendo sólo un texto político aprobado por esta
Comisión en el que se venga a decir aquello de que alguien haga algo,
sino que damos un paso más, y es que eso de que alguien haga algo, lo
materializamos, dejando claro, según el texto de esa enmienda que ha
presentado el Grupo Popular y que, insisto, a nosotros nos parece
positiva, que debe establecerse la presencia de un representante de las
comunidades autónomas en la delegación del Gobierno en aquellas reuniones
de los consejos de ministros de la Unión en que se traten asuntos para
los cuales tengan competencia exclusiva las comunidades autónomas. Esto
no es música celestial, no son palabras que se pueda llevar el viento, es
un compromiso político que va a asumir el Gobierno con la votación que se
va a celebrar hoy, compromiso que nosotros seguiremos muy de cerca y
abiertos a las fórmulas jurídico-políticas concretas que permitan la
articulación de lo que aquí se pide.
En estos términos --y acabo, señor presidente--, nosotros votaremos
favorablemente, siempre y cuando la acepte el Partido Nacionalista Vasco,
esa enmienda de sustitución que ha presentado el Partido Popular, porque
nos parece que es un primer paso para arreglar un problema que la propia
votación de hoy acredita.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: La proposición no de ley que estamos debatiendo es
para nosotros de sumo interés, tanto por el tema que trata, el método de
formación de voluntad estatal y la expresión de ésta en los foros
comunitarios, como por el momento en que vamos a acometer este debate,
período de la historia de Europa en el que estamos irremediablemente
obligados a conciliar cesiones de soberanía desde el Estado hacia las
comunidades naturales y desde ese mismo Estado hacia instancias
supraestatales, en nuestro caso, como europeos, hacia la Unión Europea.
Este es un debate apasionante para las comunidades autónomas, en cuyo
seno convive un fuerte deseo de autogobierno con una voluntad de
pertenencia a un Estado y una tradicional e inquebrantable vocación
europea e internacional.
Hoy la mundialización de la vida política y la exigencia de soluciones a
escala global relativizan, aún más, el grado de soberanía que ejercen los
Estados actuales y, sobre todo, los pueblos en su ámbito respectivo. No
obstante, esos procesos están conduciendo a que determinadas
competencias, hasta ahora consideradas núcleo central de cada
Estado, tiendan a escapar de él, como es el caso de la política
monetaria, medio ambiente, las comunicaciones, defensa, etcétera. De la
misma manera, como señala acertadamente la exposición de motivos,
importantes competencias de las comunidades autónomas, y muy
especialmente de la comunidad autónoma del País Vasco, están asistiendo a
la entrada en ese ámbito competencial del poder de estas organizaciones
supraestatales. Estamos hablando de las actuaciones de la Unión Europea
en educación, salud, cultura, juventud, consumidores, industria, medio
ambiente, políticas sociales, cohesión económica y social, I+D, empleo,
formación profesional, fiscalidad, etcétera.
Como se puede apreciar, la zona de concomitancia entre el poder
competencial de la comunidad autónoma y la Unión Europea no es menor. Más
bien al contrario, toca casi todas las parcelas de actuación de las
administraciones públicas, y en algunos casos, algunas de las más
significativas, tanto desde el punto de vista presupuestario como social.
Debemos conseguir un juego armónico entre las tres piezas del puzzle: la
comunidad natural, el Estado y el proyecto europeo. Debemos avanzar, a
juicio de Izquierda Unida, hacia una situación en la que el poder se
ejerza con normalidad, en pie de igualdad entre comunidades autónomas y
la Administración del Estado, en virtud del principio de competencia y no
del de jerarquía.
Como consecuencia de todo lo anterior, tanto la Administración del
Estado, como las administraciones de las comunidades autónomas deben, en
todos los casos, cogenerar la voluntad estatal en foros supranacionales,
especialmente en la Unión Europea, siendo esta necesidad de cogeneración
de la voluntad estatal mucho más evidente, si cabe, en el caso de que el
tema a debate en Europa sea competencia exclusiva de alguna de las
comunidades autónomas.
El núcleo central de este debate está situado en el reconocimiento del
carácter complejo del Estado español y, por tanto, en la necesaria
articulación de mecanismos de generación de la voluntad estatal como un
todo que no puede circunscribirse a la decisión unilateral de las
autoridades estatales ni a las simples conferencias sectoriales entre
éstas y las comunidades autónomas.
Como consecuencia del pacto de gobernabilidad alcanzado entre el Partido
Popular y Convergència i Unió tras las elecciones del 3 de marzo, se
procedió al nombramiento de un consejero para asuntos autonómicos en la
representación permanente de España ante la Unión Europea. El papel de
este consejero es el de informar a las comunidades autónomas de los
asuntos europeos, así como propiciar apoyo a las oficinas autonómicas con
sede en Bruselas. Esta situación, que sin duda constituye un paso en la
participación de las comunidades autónomas en los asuntos comunitarios,
dista mucho de ser una participación plena con voz y voto de las regiones
en la institución realmente decisoria, que es el Consejo. En la
actualidad, la participación se circunscribe a formar parte de
determinados comités técnicos de la Comisión Europea, que es la primera
instancia que prepara las propuestas que deberá aprobar la Comisión para
su sometimiento al Consejo. Nosotros hemos defendido históricamente, en
sintonía con las resoluciones del propio Parlamento Europeo, la propuesta
de las comunidades autónomas de que participen en las reuniones del
Consejo.
Para finalizar, resumimos en tres puntos nuestra posición: primero, que
la falta de participación está dificultando el seguimiento y la
intervención de las comunidades autónomas en aquellas decisiones que les
afectan directamente, tanto en cuanto a su región como en cuanto a su
competencia exclusiva; segundo, que existen ya en la Unión Europea países
que están desarrollando participaciones como las que estamos reclamando
en ete momento; y, tercero, que esta propuesta tiene perfecto encaje en
el ordenamiento comunitario y español.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la
señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER: Tengo la suerte de ser la última persona que va a
intervenir. Por tanto, resultará difícil decir algo nuevo pero, sin
embargo, podré extenderme en las opiniones que represento de Eusko
Alkartasuna del debate del pasado miércoles. Voy a intentar resumir
--todos me lo agradecerán-- las razones por las cuales estamos
absolutamente a favor de esta proposición del Partido Nacionalista Vasco.
Ciertamente, los dos procesos complejos de transformación del Estado
centralista en un Estado autonómico y de adhesión a la Unión Europea
llevan consigo necesidades de transformación y de acompasar cuáles son
las realidades, las posiciones y los mecanismos de intervención en los
foros de decisión, en este caso, en la Unión Europea. Creemos que la
cesión de competencias ha venido compensada, por parte del Gobierno del
Estado, por la posibilidad de intervenir en todos los foros, incluido el
Consejo de Ministros, como órgano más decisorio, pero no ha ocurrido lo
mismo en lo que se refiere a las comunidades autónomas. Esto, desde
nuestro punto de vista, puede afectar negativamente al equilibrio del
reparto competencial diseñado en la Constitución y en los diferentes
estatutos de autonomía. Ya han expuesto otros portavoces la situación
comparada en otros estados miembros europeos con ordenamientos jurídicos,
con estructuras jurídicas administrativas descentralizadas y cómo han
tratado de encontrar todos ellos, Alemania, Austria, Bélgica o incluso
Escocia, de acuerdo con lo previsto en el libro blanco para Escocia, los
mejores mecanismos para articular esta participación. Nosotros tenemos
que encontrar el nuestro y no voy a narrar las diferentes evoluciones que
se han sucedido en los últimos doce años: las conferencias de asuntos
europeos, aquel proyecto de convenio de 1986, cómo esas conferencias de
asuntos europeos han tenido rango de ley, el consejero en la
representación permanente para asuntos autonómicos o los 55 comités a los
que pueden asistir los representantes de comunidades autónomas. En
cualquier caso, creemos que sigue faltando una cuestión clave: la
participación de las comunidades autónomas. Sin entrar, como ha dicho el
señor Guardans, a hablar de las diferencias de las comunidades autónomas,
que dejamos para otra ocasión, faltaba esa posibilidad de participación
en la delegación
del Estado ante el Consejo de Ministros. Creemos que no hay ningún
impedimento legal, ni en el Derecho comunitario ni en ningún otro orden
jurídico, para que pueda existir esa participación y, por tanto, el
Partido Nacionalista Vasco planteaba, y seguimos planteándolo, esa
posibilidad.
Desde el miércoles pasado hemos observado que el Partido Popular ha
cambiado de posición, de lo que nos congratulamos profundamente, y ya
contestamos al ministro, en cuanto a su principal objeción, que desde
luego no compartimos, que la participación de las comunidades autónomas
podría crear un sistema ingobernable, en la medida en que podía
producirse un enfrentamiento de intereses entre distintas comunidades
autónomas. Pensamos, y lo dijimos el miércoles pasado, que no se va a
producir esa situación, sobre todo, porque nos ampara la propia
experiencia. Aquellos que hemos participado en la subcomisión de todo lo
que ha sido la Conferencia Intergubernamental, que ha dado lugar al
Tratado de Amsterdam, hemos visto cómo las comunidades autónomas han
hecho un gran trabajo, con posiciones comunes respecto a qué cuestiones
consideraban susceptibles de ser modificadas en los tratados. Realmente,
la experiencia avala que el sistema, muy al contrario de lo que decía el
señor ministro, no va a ser ingobernable. Creemos que puede ser
perfectamente gobernable y tan bien o tan mal como se ha estado
realizando hasta ahora. No es ésa ninguna razón de peso y nos
congratulamos de que el Partido Popular haya cambiado de opinión. Veremos
qué dice el Partido Nacionalista Vasco respecto a las enmiendas, si
acepta la enmienda del Partido Popular. Consideramos que puede ser un
inicio importante, un cambio significativo que, como decían otros
portavoces, no se puede quedar ahí.
Ya se ha señalado anteriormente que el proceso puede ser complejo. Nadie
duda que hay que buscar soluciones o fórmulas imaginativas. Requiere un
cierto tiempo, pero lo que no se puede hacer es que, al socaire de la
complejidad y la tecnicidad, pueda llevarse esta cuestión ad calendas
graecas. Esa es nuestra posición y esperamos que, dado que el Gobierno y
el partido que lo sustenta ha cambiado tanto del miércoles al martes, la
posición actual del Partido Popular pueda avanzar un poquito más de hoy
miércoles al martes que viene.
Con todo, tendremos ocasión de pronunciarnos el martes que viene.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el
señor Gangoiti, para fijar su posición respecto a las enmiendas.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muy brevemente. Quiero agradecer a los dos
grupos parlamentarios el esfuerzo que han hecho. Desgraciadamente, no se
aprobará nuestro texto, aunque seguimos creyendo en él. Sin embargo,
reconocemos que tanto desde el Grupo Socialista como desde el Grupo
Popular, se ha hecho un esfuerzo importante.
Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, vemos en su
artículo dos un elemento de indeterminación que nos da un cierto miedo.
De todas maneras, quiero agradecerle el esfuerzo que ha hecho. Incluso
creo que si esto se hubiese hecho cuando el Partido Socialista estaba en
el poder, hoy no estaríamos discutiendo este tema, sino que habríamos
avanzado mucho más.
Sobre la enmienda del Grupo Popular, voy a pedir a su portavoz tres
aclaraciones del punto número 4. Primera, cuando se habla de
representantes de las comunidades autónomas, entiendo que se tratará no
de un representante para todas las reuniones, sino en función de los
intereses que en ese momento afecten a una o a otra comunidad autónoma.
Por ejemplo, si se trata un tema del aceite, lo lógico es que esté un
representante del Gobierno de Andalucía; si se trata de un tema pesquero,
que afecta a todo el conflicto que estamos teniendo constantemente con
los buques franceses y británicos, lo lógico será que esté un consejero
de uno de los gobiernos de la cornisa cantábrica. Me gustaría que me
dijera si ésa es realmente la filosofía. Segunda, cuando habla de
competencias exclusivas, yo entiendo que son competencias exclusivas en
todo su ámbito y que al final no quedará solapado por el artículo 131 de
la Constitución. Y, tercera, me ha parecido entender al portavoz del
Grupo Popular que éste no es un proceso cerrado, que es un proceso
evolutivo y abierto.
Espero las explicaciones del portavoz del Grupo Popular y, en el caso de
que sean afirmativas, repito que, aunque seguimos manteniendo nuestra
filosofía y creemos que nuestra proposición es más completa, votaríamos
favorablemente el texto del Grupo Popular, porque reconocemos que ha
habido por parte del Grupo Popular un esfuerzo muy importante.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Señor presidente, me permitirá que me extienda
un poquito más y que no me limite a responder a las cuestiones que me ha
planteado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco.
El señor PRESIDENTE: Yo sí le pediría que no reabra el debate y no
volvamos a temas que ya se han expuesto.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Simplemente, señor presidente, me voy a limitar
a concretar.
Quiero empezar diciendo que este portavoz parlamentario no intervino en
la discusión del pasado miércoles en el Pleno y que el señor ministro
hizo referencia a un proceso de participación interna que todos
entendemos que se puede mejorar, que se debe mejorar, y agotar en su
funcionamiento. En segundo lugar, lo que busca este Gobierno, tal y como
creo, estoy convencido de que lo han buscado los sucesivos gobiernos
anteriores, es el logro de un consenso, porque solamente desde un
consenso entre el Gobierno central y las distintas administraciones
autonómicas se puede llegar a una conclusión válida y efectiva. Y, en
tercer lugar, efectivamente se trata de un proceso evolutivo. Aquí ni se
rectifica ni se deja de rectificar, se va profundizando, se va
concretando y se van logrando nuevos consensos y soluciones.
Continuamos diciendo que el caso español es un caso específico, que hay
que mejorar y agotar el proceso de participación interna; que,
efectivamente, hay otras vías de participación, que son las que nos
ocupan en este momento, participación directa, que no son excluyentes,
sino que son y deben ser complementarias con las vías de participación
interna, de las que ya disponemos; que no sabemos en estos momentos cómo
se puede articular --porque no hay cauces-- este proceso de participación
directa y que hay que buscar una forma de hacerlo; que esta búsqueda,
como es lógico, habrá que hacerla y consensuarla en el marco de la
Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas y que
la solución deberá encontrarse dentro de los parámetros que marca la
Constitución y los estatutos de autonomía.
En respuesta a la pregunta que me ha formulado el señor Gangoiti, tengo
que decir que, por supuesto, la fórmula adoptada debe ser consensuada. De
lo que se trata es de conseguir que haya una defensa unitaria de los
intereses del Reino de España y que esto no ponga en peligro la capacidad
negociadora de nuestro Gobierno. Por lo tanto, cuando nos referimos al
representante, evidentemente nos estamos refiriendo al representante que
se acuerde en cada momento y en función de los intereses específicos que
haya que defender; en unos casos, será uno, y, en otros, será otro;
dependerá del mandato emanado del órgano o la institución que se
considere competente cuando hayamos concluido en la búsqueda de este
marco de participación.
Respecto a su segunda pregunta, he de decir que yo me estoy refiriendo a
competencias exclusivas en el sentido de defender y respetar el reparto
competencial. No se trata de poner cortapisas. Estamos tratando de
encontrar una fórmula de participación directa y en ningún momento hemos
pensado, al hablar de competencias exclusivas, que íbamos a invocar un
principio que cortara de raíz la participación de las comunidades
autónomas en esta nueva vía.
Finalmente, quiero asegurar, tanto al portavoz del Partido Nacionalista
Vasco, señor Gangoiti, como a los demás portavoces parlamentarios, que,
como se dijo desde el principio y como figura en la Ley reguladora de la
Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, este
proceso es evolutivo; es un proceso que tuvo un principio y no sabemos
cuál será el final, es un proceso en el que todos estamos inmersos y en
el que todos debemos hacer gala de buena voluntad, de realismo, de
pragmatismo y de eficacia.
No quiero terminar mi intervención sin agradecer a todos los portavoces
parlamentarios y en particular al señor Gangoiti, portavoz del Partido
Nacionalista Vasco, el esfuerzo realizado en la búsqueda de un consenso.
El señor PRESIDENTE: Si he entendido bien, haremos la votación sobre la
base de la enmienda presentada por el Grupo Popular.
Con estoy doy por terminado el debate sobre este punto.
Pasaríamos al punto siguiente: Proposición no de ley sobre la Cumbre del
Empleo, que tendrá lugar en Luxemburgo, decíamos entonces, en noviembre
de 1997.
Para exponer su punto de vista, tiene la palabra el Grupo Parlamentario
Popular. (Pausa.)
¿No hay intervenciones? (Pausa.)
¿Lo dejamos para votación?
El señor MARTINEZ CASAÑ: Podríamos, señor presidente, pasar al siguiente
punto del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto.
En principio, éste pasará a votación sin debate, a no ser que algún grupo
quisiera intervenir. (El señor Costa Costa pide la palabra.)
Señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, no tenemos inconveniente en que
se modifique el orden del debate, pero en su momento nos gustaría fijar
nuestra posición respecto de este texto, si se mantiene para votación.
El señor PRESIDENTE: Se mantiene para votación. Lo dejamos para un
momento posterior. (El señor Martínez Casañ pide la palabra.)
Señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Señor presidente, yo agradecería que nos
permitiese hacer las averiguaciones oportunas, porque como ha habido tal
lío en la organización de este debate...
El señor PRESIDENTE: No hay ningún problema. Lo que pasa es que como yo
creo que, dado que está incluido en el orden del día, sí debe ser
sometido a votación, habrá que dar a los grupos la posibilidad de exponer
sus puntos de vista. (El señor Saura Laporta pide la palabra.)
Izquierda Unida.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, quería manifestar nuestra
voluntad de que se produzca un debate y que no se pase a votación sin él.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE RECABE DE LA COMISION EUROPEA LA
CREACION DE UN COMITE TECNICO ESPECIALIZADO QUE LLEVE A CABO EL
SEGUIMIENTO DE LA ADAPTACION SINGULARIZADA DE LAS POLITICAS COMUNITARIAS
EN LAS REGIONES ULTRAPERIFERICAS DE LA UNION EUROPEA. PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente del Congreso
161/000788 y número de expediente del Senado 663/000038).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4 del orden del día proposición no
de ley por la que se insta al Gobierno a que recabe de la Comisión
Europea la creación de un comité técnico especializado que lleve a cabo
el seguimiento de la adaptación singularizada de las políticas
comunitarias
en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. (Rumores.)
Suspendemos la sesión un minuto y reiniciamos el tema. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Volvemos al punto cuarto del orden del día.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Esta es una proposición no de ley que el Grupo
Parlamentario Socialista plantea en línea con las que, sobre temas
equivalentes al que hoy vamos a defender, hemos hecho en anteriores
ocasiones en esta comisión.
El contenido del Tratado de la Unión Europea por lo que se refiere a las
regiones ultraperiféricas, el pasado más inmediato de los últimos años,
el reconocimiento de la singularidad de una región ultraperiférica
española como es la Comunidad Autónoma de Canarias, justifican que, en
reiteradas ocasiones, en el seno de esta Comisión Mixta para la Unión
Europea de las Cortes Generales Españolas, se hagan planteamientos al
respecto.
Parece conveniente, para fundamentarla con el mayor rigor posible dentro
del tiempo razonable de que se dispone siempre en la defensa de una
proposición no de ley, que hagamos referencia al pasado más inmediato. Es
suficientemente conocido por los miembros de esta comisión que, por
decisión personal del que fue presidente de la Comisión Europea, señor
Delors, allá por los años 1987-1988, la Comisión decidió formar un grupo
técnico de expertos que se denominó grupo interservicios. Grupo de
expertos de naturaleza técnica --queremos reiterarlo-- que, bajo la
dependencia directa del presidente de la Comisión Europea, desde los años
1987-1988 hasta muy reciente fecha, ha jugado un importante papel de
coordinación y asesoramiento a la propia Comisión Europea, esencialmente
en materias que afectan de manera directa a la especificidad de aquellas
regiones que con posterioridad fueron denominadas regiones
ultraperiféricas de la Comunidad.
Señorías, la utilidad de este grupo interservicios de la Comisión Europea
se ha demostrado en reiteradas ocasiones. Su creación en aquellas fechas
se produjo como consecuencia de la necesidad de llevar a cabo un análisis
de las especificidades de las regiones francesas de ultramar y, en
consecuencia, se generó una serie de propuestas que vertebraron lo que se
denominó Poseidon.
Posteriormente, el grupo interservicios jugó un papel capital en la
modificación del esquema de integración de las islas Canarias en las
Comunidades Europeas, en particular durante el año 1990, al final de cuyo
ejercicio la Comisión presentó las propuestas, que satisficieron a la
comunidad canaria y al propio Estado español, que se denominaron
Poseican, para su posterior debate en el Consejo Europeo. El grupo
interservicios desempeñó un papel relevante en el desarrollo de los
trabajos relativos a la organización común de mercado del plátano, dado
el carácter interdisciplinar con el que se configuró ese grupo técnico,
que afectaba a las competencias de varias direcciones generales de la
Comisión, y me estoy refiriendo en este caso también al carácter
interdisciplinar de los contenidos de lo que sería luego la organización
común de mercado.
El papel del grupo interservicios se puso también de manifiesto durante
el período de tiempo de la negociación de las dos leyes que regulan
actualmente la fiscalidad y el desarrollo económico en la configuración
legislativa del régimen económico fiscal de Canarias y en cuyos
respectivos desarrollos el grupo interservicios debió actuar coordinando
trabajos de diferentes direcciones generales de la Comisión, como la
DG-2, de Asuntos Económicos; la DG-4, de la Competencia; la DG-15, de
Fiscalidad Directa y Mercado Interior --hoy con otra denominación--; la
DG-21, Aduanas y Fiscalidad Indirecta; y aquellas otras como la DG-6, de
Agricultura, y la DG-14, de Pesca, que tan importantes actuaciones
llevaron a cabo de cara a consolidar sectores industriales canarios, como
el del tabaco, y sectores extractivos, como el de la pesca.
La experiencia, señorías, consiguientemente, ha puesto de manifiesto la
eficacia y necesidad de un ente coordinador, de naturaleza técnica, como
la Secretaría General de la Comisión, que, a través de un grupo de
expertos, como ha sido el grupo interservicios, y bajo la dependencia
directa del presidente de la Comisión, ejerciera con autoridad reforzada
el papel impulsor de las propuestas de la propia Comisión. Ello ha sido
así no solamente para las que se han llamado con posterioridad regiones
ultraperiféricas, una de ellas las islas Canarias, sino también para
otras regiones, para otras zonas de la Unión Europea. Y creemos oportuno
citar a modo de ejemplo, en un momento en el que la zona especial canaria
se encuentra sometida a un análisis exhaustivo y a discusión por parte de
la Comisión, el papel que el grupo interservicios jugó para conseguir la
aprobación de la ayuda de Estado número E-19/94, relativa a la zona
franca de Madeira, o la número 562/94, relativa a la de Irlanda y
referente al Centro internacional de Servicios Financieros de Dublín,
cuya reconducción y consolidación se debió en buena medida a las
recomendaciones y propuestas del grupo interservicios.
Señorías, el nuevo texto del Tratado de la Unión Europea, derivado
--digamos-- de los acuerdos de Amsterdam, recoge en un artículo concreto
--anteriormente era el 227.2 y hoy es el 299.2-- que el Consejo, por
mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al
Parlamento Europeo, puede adoptar medidas específicas orientadas a fijar
las condiciones de aplicación del Tratado en las regiones
ultraperiféricas; en particular en los ámbitos de políticas comunes de la
Unión, tales como la política comercial y aduanera, la política fiscal,
zonas francas, políticas agrícola y pesquera, condiciones de
abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales,
ayudas de Estado y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y
a los programas horizontales comunitarios.
Consiguientemente, no puede ponerse en tela de juicio el papel que en los
casi diez últimos años ha jugado el grupo interservicios y la importancia
que en el futuro revestirán las propuestas dimanadas de la Comisión en
dominios
de naturaleza política como estos a los que estamos haciendo referencia.
Por eso, señorías, es conveniente la existencia de un órgano técnico,
impulsor de propuestas, dotado de la suficiente autoridad y conocimiento
de los temas, que, con la experiencia adquirida en las negociaciones
pasadas relativas a las regiones ultraperiféricas, sea capaz de llevar a
buen término tanto la elaboración de las propuestas como su posterior
presentación y defensa en el seno del Consejo.
El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales estima que ese
grupo técnico, el grupo interservicios, fue capaz en el pasado de
introducir las necesarias dosis de sensibilidad e impulso técnico y
político a favor de unas regiones ultraperiféricas que necesitan de la
solidaridad de la Unión Europea. De ahí la necesidad de su reforzamiento
y relanzamiento o, si fuese necesario, la recreación de un comité
equivalente que jugase el papel, en los próximos años, que jugó el grupo
interservicios en los años anteriores.
Señorías, existen también razones de naturaleza política que nos llevan a
reiterar un planteamiento de este tipo. El Consejo Económico y Social de
la Unión Europea, en su sesión plenaria número 338, planteó que buena
parte de las buenas medidas referidas a las regiones ultraperiféricas
--dice textualmente-- conllevan la necesidad de derogaciones y de
aplicaciones específicas de la PAC y de otras políticas comunes, como,
por ejemplo, la política comercial y la fiscalidad, y del establecimiento
de condiciones de acceso adecuadas a las características de estas
regiones en los programas horizontales comunitarios, especialmente los
relacionados con la sociedad de la información, medio ambiente, formación
profesional y apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico.
En esa misma sesión plenaria, repito, la número 338, el Comité Económico
y Social constato que el problema de los territorios árticos de los
nuevos Estados miembros, a semejanza de las regiones ultraperiféricas, se
caracteriza por una situación de desventaja permanente para la producción
y la comercialización que conduce a una menor competitividad en el sector
agrario.
Por ello, el Comité Económico y Social propugna la adaptación de los
reglamentos e instrumentos de la PAC así como intervenciones en I+D, en
favor de las producciones típicas y específicas de dichas regiones.
Continúa diciendo este Comité: Para los territorios árticos la Comisión
debería estudiar en los Estados miembros afectados las posibilidades, en
el marco de sus protocolos de adhesión, del establecimiento de un
programa integrado específico en favor de su agricultura y actividades
afines.
Señorías, aparece un nuevo campo de actuación, el Artico, de las llamadas
regiones ultraperiféricas del norte de la Unión Europea. Parece abrir y
ampliar las futuras actuaciones del grupo interservicios, que se sumaría
a las actuaciones en las regiones ultraperiféricas a las que estamos
haciendo referencia en esta proposición no de ley. Ello constituye otro
argumento en favor de su reforzamiento si de verdad se quiere llevar a la
práctica el espíritu de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de
no discriminar al tratar de manera idéntica situaciones que son
diferentes, y las situaciones económicas, sociales, medioambientales de
las regiones ultraperiféricas requieren ese reconocimiento diferenciado.
En consecuencia, en el ámbito agroalimentario, el referido dictamen del
Consejo Económico y Social sobre los problemas de la agricultura en las
regiones e islas periféricas de la Unión Europea, publicado en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», al que estoy haciendo referencia y
citando alguna transcripción, concluye diciendo: La respuesta comunitaria
a través de los programas Posei debe mejorarse por cuanto incluyen ayudas
a algunas producciones que resultan insuficientes desde el punto de vista
de la competitividad. Convendría, pues, extender ciertas ayudas a la
comercialización, al mercado local, mantener ciertas derogaciones de las
actuales organizaciones comunes de mercado, sobre todo del vino y
lácteos, relativas a limitar el incremento de la producción, y algunas
excepciones en determinadas medidas de la política estructural.
En resumen, la reforma de los Posei --dice ese dictamen--, las
adaptaciones del REA, la evolución de las organizaciones comunes de
mercado del plátano y otras frutas y hortalizas, el REF, el régimen
económico y fiscal, y la zona especial canaria, la ZEC, en la nueva
perspectiva comunitaria de la Agencia 2000, abren un extenso abanico de
opciones que justifica la acción reforzada del grupo interservicios.
Termino, señor presidente, si se me permite, haciendo referencia a un
documento que a este interviniente le ha llamado la atención. El Comité
de las Regiones de la Unión Europea el 20 de noviembre de 1997, hace tres
o cuatro meses, elabora una serie de conclusiones derivadas de un debate
y un análisis que se producen y dice entre otras cosas: A fin de poner en
práctica una política europea que reconozca la vulnerabilidad de las
zonas periféricas y fomente un desarrollo generado a escala local, es
necesario un nuevo examen de las disposiciones del artículo 92 del
Tratado de la Unión Europea, relativo a las ayudas otorgadas por los
Estados.
Este artículo podría modificarse por medio de la inclusión de una nueva
letra d) que se refiera de forma específica a las zonas periféricas de la
Unión Europea, estipulando que las ayudas otorgadas en favor de su
economía y desarrollo deben considerarse compatibles con el mercado
común, puesto que son necesarias para compensar los perjuicios económicos
ocasionados por su desventaja natural. Mientras no se introduzca dicha
modificación, la Comisión y el Consejo deberían aplicar el apartado 3 del
artículo 92 a todas las regiones ultraperiféricas. Continúa diciendo:
Habida cuenta de la declaración sobre el artículo 130.a), relativo a la
política de cohesión incluida en el anexo del Tratado de Amsterdam, se
recomienda una acción coordinada de forma global y administrada por una
unidad de política especial. Permítanme que reitere y recalque esta
frase, señoría: Se recomienda una acción coordinada de forma global y
administrada por una unidad de política especial constituida en el seno
de la DG-16. Y así continúa con un texto de conclusiones que obviamente
no voy a reproducir por la posible extensión de mi intervención.
Estas resoluciones a las que estoy haciendo referencia respaldan
políticamente desde el Consejo Económico y Social, desde el Comité de la
Regiones de la Unión Europea, la propuesta que el Grupo Parlamentario
Socialista trae a la consideración de esta Comisión Mixta en forma de
proyecto de resolución.
La propuesta que sometemos a consideración de la Comisión es: Las Cortes
Generales Españolas, a través de su Comisión Mixta Congreso-Senado para
la Unión Europea, instan al Gobierno de la nación para que plantee en los
órganos de la Comisión Europea la revitalización del grupo interservicios
o, en su defecto, la constitución en su seno con carácter permanente de
un comité especializado que lleve a cabo el seguimiento de la adaptación
singularizada de la políticas comunitarias en las regiones
ultraperiféricas de la Unión Europea, tal como recoge el artículo
referido de las mismas que proporciona el Consejo la capacidad de
adopción de medidas específicas orientadas a fijar la condición de
aplicación del Tratado en los ámbitos de las políticas comunes de la
Unión, tales como la comercial y aduanera, fiscal, zona franca, agrícola
y pesquera, de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumos
esenciales, ayudas de Estado, así como las condiciones de acceso a los
fondos estructurales ya los programas horizontales comunitarios.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo de Coalición Canaria,
para cuya defensa tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: En nombre de Coalición Canaria y como su
portavoz en esta Comisión, comienzo por decir que a nuestro juicio es muy
oportuna y conveniente esta proposición no de ley que ha presentado el
señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
respecto a las regiones ultraperiféricas. Nuestra enmienda tiene un
carácter puramente complementario y explicito de algo que es necesario
que la Comisión Europea conozca de una manera formal, si se aprueba esta
proposición no de ley.
Recordaremos aquí que a raíz del ingreso de España en la Unión Europea en
1986 se empezaron a producir ciertos problemas con respecto al régimen
específico, económico y fiscal de Canarias. Los representantes del
Gobierno español hicieron las gestiones. Como éste es un tema bien
conocido por el presidente de esta Comisión, yo quiero aquí dejar
constancia, en honor a la persona, de la extraordinaria labor del
entonces representante don Pedro Solbes, que hoy nos preside, para lograr
un instrumento, que llevó a feliz término el entonces presidente de la
Comisión Europea, Jacques Delors, creando el denominado grupo
interservicios para que los temas específicos de Canarias tuvieran una
comisión de expertos en el seno de la Comisión, como un órgano derivado
de la misma, para darles solución y adecuación. Fruto de todo aquello fue
el establecimiento del denominado Poseican.
Hoy esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista trata,
con el apoyo que va a tener de nuestro grupo y con nuestra enmienda, de
resolver el problema que tiene en este momento la Comisión Europea. Ella
trabaja sobre el Derecho positivo y él está presente en los tratados de
la Unión, aprobados y ratificados por los respectivos parlamentos de
países miembros de la Unión Europea.
Nos encontramos con el fenómeno de que el grupo interservicios ha estado
pasando un largo período letárgico y es necesario actualizarlo. De ahí
que en este punto nuestro grupo aconsejaría siempre que en la toma en
consideración de esta proposición de ley el Gobierno español se incline
por algo que será más fácil de conseguir en el seno de la Comisión
Europea, que es revitalizar lo que ya tiene, el grupo interservicios, y
no ir a la alternativa que propone el Grupo Socialista --aunque está bien
que figure--, que es la constitución en su seno, con carácter permanente,
de un comité especializado. Esto sería un invento ex novo. Vamos a dejar
el grupo interservicios que en estos últimos tiempos ya ha empezado a
tener una revitalización, precisamente trabajando en temas del Poseican
agrícola, es decir, los programas de opciones específicas por la lejanía
e insularidad, en esta caso del archipiélago canario, y del Poseican de
la pesca, de nuevos artículos del régimen específico de abastecimientos
del archipiélago canario y de las medidas que hay que ir tomando con
respecto al descreste fiscal del denominado impuesto APIM, específico del
archipiélago canario.
Pues bien, ya está trabajando el grupo interservicios, pero ahora ocurre
un fenómeno, que la Comisión Europea, por trabajar solamente sobre
Derecho positivo, se encuentra con que el que maneja no es el que
nosotros denominamos Tratado de Amsterdam sino el Tratado de Maastricht.
Terminábamos entonces en el artículo 227 de este tratado, que está
vigente. Afortunadamente el año pasado los ministros de Asuntos
Exteriores firman el nuevo texto del que va a ser Tratado de Amsterdam.
Su artículo 299.2 específicamente está relacionado con las regiones
ultraperiféricas de España, y en el caso que nos ocupa, y que nos
corresponde defender a nosotros, el archipiélago canario.
Como el texto de la proposición no de ley tiene que llegar --de ser
aprobado, y así lo esperamos, y por eso anticipo nuestro voto favorable--
a las instancias de la Comisión Europea, deseamos que sirva esta enmienda
por partida doble: por un lado, estimule al Gobierno español a que, una
vez que entre ya en la dinámica de los plazos, traiga cuanto antes al
Parlamento, a las Cortes Generales españolas, Congreso y Senado, la
ratificación del nuevo Tratado de Amsterdam y, por otro, se inste a los
demás socios europeos a que lo lleven cuanto antes a sus parlamentos,
para que cuanto se dice en el nuevo artículo 299.2, que literalmente
recoge el texto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sea Derecho positivo y la Comisión no lo ignore por
considerarlo en el día de hoy un texto inexistente.
Lo que a nosotros nos interesa es que este grupo interservicios tome en
su agenda de trabajo todas esas condiciones de aplicación del nuevo
tratado en las políticas comunes de la unión comercial, aduanera, fiscal,
zonas francas, agrícola, pesquera, abastecimiento de materias primas y de
bienes de consumo, ayudas del Estado, así como las condiciones de acceso
a los fondos estructurales y a los programas horizontales comunitarios.
Como en el texto del grupo proponente, el Socialista, hacia la mitad,
después de «ultraperiféricas de la Unión Europea», dice: «tal como recoge
el artículo referido a las mismas», y el artículo no aparece reflejado en
la proposición no de ley, nuestra enmienda sencillamente cubre esta
omisión y dice: a tenor de lo establecido en el nuevo artículo 299.2 del
Tratado de Amsterdam.
Nada más, señor presidente, sino reiterar que, de ser aceptada nuestra
enmienda puramente técnica, pero importante en cuanto a su referencia,
votaremos favorablemente esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista por parecernos muy oportuna.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Después de la detallada exposición que ha hecho de
la proposición no de ley don José Segura, sólo le queda a nuestro grupo
manifestar el apoyo que vamos a darle. Evidentemente coincidimos en el
análisis que ha hecho sobre las circunstancias especiales de las regiones
ultraperiféricas, que siempre la propia Unión Europea las ha tenido en
consideración desde la elaboración y aprobación del Tratado de
Maastricht, donde ya se introdujo esa declaración anexa, hasta nuevo
Tratado de Amsterdam, donde se introdujo un artículo que otorgaba una
base jurídica permanente para un tratamiento diferenciado. (El señor
Vicepresidente, Cardona i Vila, ocupa la Presidencia.)
Por tanto, pensamos que es bueno para los intereses nacionales seguir
recordando a la Unión Europea que en esos preceptos ya recogidos en el
ordenamiento jurídico se deben articular los mecanismos necesarios para
que se puedan desarrollar. Coincidimos con el Grupo Socialista en que el
grupo interservicios es uno de los mecanismos que actualmente ha sido
útil y ha conseguido no sólo desarrollar aquellos conceptos y preceptos
que estaban recogidos en los tratados europeos, sino que incluso ha
llegado a sensibilizar al conjunto de la comunidad alrededor de esa
singularidad de las regiones ultraperiféricas. Entendemos que debemos de
subrayar la necesidad de la revitalización del mantenimiento e incluso de
la posibilidad de que se le pueda definir ya como un órgano permanente
dentro de la Unión Europea, como un comité especializado, como dice la
proposición no de ley, para tratar los asuntos relacionados con las
regiones ultraperiféricas. Se ha avanzado mucho en la adecuación a esa
singularidad de los preceptos europeos, pero evidentemente a la Unión
Europea, como no puede ser de otra forma, le queda mucho proceso
legislativo, mucho proceso de adecuación. Hoy vamos a apoyar una de las
propuestas que entendemos que puede ser una gran satisfacción para las
regiones ultraperiféricas.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Indudablemente, después de la amplia y
documentada exposición del diputado señor Segura, justificando la
oportunidad de esta proposición no de ley, poco cabe añadir a las
intervenciones habidas.
Por otro lado, la enmienda a la que se ha hecho referencia por Coalición
Canaria nos parece también acertada y en consecuencia, anticipamos ya el
voto favorable del Grupo Popular, no sólo a la proposición no de ley sino
incluso a la enmienda presentada por Coalición Canaria.
Brevemente y como se indica en la motivación que acompaña a la
proposición no de ley, señalaré que el grupo interservicios, cuyo
funcionamiento se inició en 1987, ha venido jugando un papel de
considerable importancia en la Comisión, en lo que se refiere a la
coordinación de sus servicios para la aplicación de las políticas
comunitarias. En lo que respecta a los intereses españoles, puede
considerarse que en términos globales ha permitido que la problemática de
las islas Canarias en diferentes ámbitos haya sido, en general,
razonablemente atendida. Sin embargo, en los últimos tiempos y por los
motivos que se desconocen en términos exactos, pero que parecen de índole
interna de los servicios de la Comisión, la actividad de este comité
parece haber decaído significativamente, como ya se ha puesto de relieve
con anterioridad.
Se considera que la motivación que acompaña a la proposición no de ley
resulta razonable, tanto más cuando las gestiones que debería realizar el
Gobierno en caso de apoyarla tienen un claro sostén jurídico, por la
inclusión en el Tratado de Amsterdam de un nuevo estatuto permanente para
las regiones ultraperiféricas, mal llamado estatuto permanente; en
realidad es un estatuto específico para las regiones ultraperiféricas,
como ya se ha puesto de relieve anteriormente, que abre la posibilidad,
por tanto, de proponer medidas específicas a favor de dichas regiones.
Por otra parte, el texto de la proposición no de ley nos parece que es lo
bastante flexible en tanto que deja abierta la doble posibilidad de
plantear una revitalización del grupo interservicios o alternativamente
la constitución de un comité especializado que se encargue de las
cuestiones relacionadas con este tipo de regiones.
En conclusión, se considera acertada la proposición no de ley, lo que
aconseja que el Grupo Popular bote favorablemente. Deberíamos tener
presente también, por lo que respecta al Poseican agrícola, y es preciso
señalar, lo que el grupo interservicios no ha dejado de funcionar. En
este momento --conviene dejar constancia de ello-- está trabajando de
acuerdo con el artículo 30.2 del Reglamento 1601/92 del Consejo en la
elaboración de un informe general sobre la situación económica de las
islas, en el que se destacarán los efectos de las medidas aplicadas en
ejecución del presente reglamento.
En consecuencia --insistiendo una vez más--, para no abusar de la
atención de S. S., haciendo mías las palabras dichas anteriormente por
los otros portavoces, anunciamos el voto favorable de nuestro grupo,
tanto a la proposición no de ley como a la enmienda presentada por el
grupo de Coalición Canaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Para manifestar la aceptación o
no de la enmienda de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Nosotros comunicamos a la Comisión que la
aceptamos porque nos parece razonable. Además, matiza y especifica un
hecho que nos satisface, que es que figure como Derecho comunitario
propio consolidado en el Tratado de la Unión Europea el artículo 229.2.
En consecuencia, se sustituye el párrafo que dice: «tal como recoge el
artículo referido a las mismas» por: «a tenor de lo establecido en el
artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam», y continuaría: «Que proporciona
al Consejo», etcétera.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Con esta intervención se da por
concluido el debate de este cuarto punto del orden del día de la
proposición no de ley sobre seguimiento de la adaptación singularizada de
las políticas comunitarias.
--SOLICITUD DE CREACION DE UNA SUBCOMISION DE SEGUIMIENTO, ENCARGADA DE
ESTUDIAR Y DISCUTIR EL PROCESO DE AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA (UE)
HACIA LOS PAISES DEL ESTE DE EUROPA Y DEL MEDITERRANEO. FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente Congreso
158/000032, número de expediente Senado 573/000004).
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Pasamos al punto 5 del orden
del día, solicitud de creación de una subcomisión de seguimiento,
encargada de estudiar y discutir el proceso de ampliación de la Unión
Europea hacia los países del Este de Europa y del Mediterráneo,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez Casañ. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor MARTINEZ CASAÑ: Este grupo parlamentario solicitó la creación de
una subcomisión de seguimiento, encargada de estudiar y discutir el
proceso de ampliación de la Unión Europea hacia los países del Este de
Europa y del Mediterráneo.
Efectivamente, el interés de este grupo parlamentario, en consonancia con
el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, don José María
Aznar, en el discurso de investidura, es acercar en la mayor medida
posible este Parlamento a todo el proceso de la próxima ampliación de la
Unión Europea, tal como se hizo por gobiernos anteriores para la
Conferencia de Maastricht y también con posterioridad con motivo de la
Conferencia de Amsterdan. Nosotros estimamos que el asociar de forma
íntima este Parlamento, esta Comisión y, y sobre todo, una subcomisión
especializada nos permite, por una parte, conocer las intenciones y los
planes del Gobierno en los procesos de ampliación, y, por otra parte,
servir de vía para que el Gobierno conozca en cada momento cuáles son las
inquietudes de la sociedad y de este Parlamento respecto a temas
trascendentales en el proceso de ampliación.
Hace ya varios meses que debería haberse constituido esta subcomisión de
seguimiento o ponencia, que parece ser es el término adecuado, y en este
momento yo creo que ya hay cierta premura por hacerlo, puesto que el día
12 de marzo se va a proceder en Londres por la Presidencia británica al
inicio formal de las negociaciones.
Con posterioridad a nuestra proposición de creación de esta subcomisión
de seguimiento en el proceso de ampliación, el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) presentó otra para el estudio de la Agenda
2000. Nosotros pensamos que la ampliación y la Agenda 2000 son dos temas
que van íntimamente unidos y, por lo tanto, pensamos que sería útil y
eficaz unir ambas propuestas y ampliar el objeto de la subcomisión o la
ponencia de seguimiento, tanto a la ampliación como a la Agenda 2000.
Creo que los dos procesos se complementan y no sería útil estudiar uno
sin el otro al mismo tiempo.
Respecto al formato de la subcomisión, es la opinión de este grupo
parlamentario que debería respetarse el tradicional para el resto de las
comisiones mixtas de seguimiento, en las que participa el Congreso y el
Senado. Por todo ello, defendemos un formato semejante al que tuvieron
las otras subcomisiones de seguimiento de la última ampliación y de la
Conferencia de Amsterdan.
Yo no sé si éste es el momento de valorar el documento que nos presentó
al Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que convendría ir acumulando todos los
debates para que exista la intervención por grupos y limitar al máximo el
tiempo de debate para no alargar excesivamente los temas, con
independencia de que luego se pueda volver a ellos. Por lo tanto, el
documento de la Presidencia sólo tendría valor como documento de debate,
pero cualquier comentario sobre el mismo puede ser útil debatirlo ahora.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Entonces, paso a comentar el documento de la
Presidencia.
Dentro del formato clásico, por llamarlo de alguna manera, de
subcomisión, de una comisión mixta, yo creo que, tal como ha sucedido en
otras subcomisiones anteriores o ponencias anteriores, se debería
desligar los temas objeto de discusión en la Comisión y los de la
ponencia o subcomisión y, por lo tanto, no se debería limitar el tipo de
cargo, de altos cargos, o de miembros del Gobierno que pueden participar
en una y en otra. Yo creo que la subcomisión de seguimiento del proceso
de ampliación y de la Agenda 2000 debe estar abierta a nivel ministerial,
de secretario de Estado, etcétera, según la especificidad del tema de que
se trate, puesto que son ámbitos, foros distintos y las discusiones que
se tienen en uno y otro nivel son de diversa índole.
Creo también que la composición de la subcomisión debería seguir el
modelo que se adoptó en el pasado y que, en cualquier caso, si hay
discrepancias sobre este modelo en cuanto a la composición, se debería
remitir el tema a la Mesa conjunta Congreso-Senado para que adoptase una
decisión al respecto.
Por último, debido a la multiplicidad o divergencia de opiniones que
podrían ocasionarse, si el debate no se agotase en subcomisión con el
consiguiente trámite de aprobación en Comisión, podríamos llegar a
conclusiones distintas en el Senado o en el Congreso al prolongarse el
debate.
Por tanto, pediría también que el ámbito de discusión fuera el de la
subcomisión o ponencia y que se procediese después a un trámite de
aprobación en Comisión, como se ha hecho en el pasado y, en cualquier
caso, si después se considera oportuno, que se trasladase los resultados
al Pleno de este Parlamento por los cauces reglamentarios.
Termino aquí mi intervención y si, en un trámite posterior lo considerase
oportuno, le volvería a pedir el uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Siguiendo la lógica de acumular el debate de ambas
propuestas, pediría al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
que hiciera la presentación de su solicitud, para pasar después la
palabra a los restantes portavoces.
El señor GUARDANS I CAMBO: Efectivamente, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) presentó en el Registro de la Cámara, nada menos
que el 2 de septiembre de 1997 --la fecha es importante porque ya se ve
que las cosas de palacio van despacio--, una propuesta de creación de una
subcomisión para el estudio y discusión del proceso abierto por el
programa Agenda 2000.
Entendíamos que el documento que había sido presentado en ese momento con
el nombre de Agenda 2000, que engloba no sólo lo que es el proceso de
ampliación, lo que originariamente se había llamado Agenda 2000, sino
también otras cuestiones, como el propio marco financiero de la Unión
hasta el año 2006, las distintas consecuencias de la ampliación, el
reforzamiento de la estrategia preadhesión, y luego el análisis
pormenorizado de cada uno de los candidatos a la adhesión; entendíamos,
repito, que todo eso no podía pasar desapercibido para las Cortes
Generales, para los representantes de la soberanía, por las directísimas
y profundísimas consecuencias que eso tenía para nuestro país.
Pensábamos, ciñéndonos muy concretamente a la ampliación, que no tiene
sentido que este Parlamento fije su posición --posición que, al fin y al
cabo, será la del Gobierno-- con informaciones de prensa. No quiero
llevar las cosas al ridículo, pero ésa sería la situación a la que
llegaríamos, si no profundizamos en el estudio de cuáles son en cada caso
las consecuencias que para España se derivan de la ampliación y nos
ceñimos a las opiniones que nos puedan llegar por distintos cauces, quizá
en algún caso, es cierto, a través del ministerio de Asuntos Exteriores
y, en otros, por lo que los medios de comunicación en sus informes puedan
decir sobre las repercusiones que tiene tal o cual sector. Eso sería casi
kafkiano, aparte de ser muy poco democrático. Sencillamente por eso,
entendemos que el Parlamento tiene que estar directísimamente implicado
en lo que es el proceso de ampliación, en la obtención de información
sobre ese proceso, en el análisis de esa información y, finalmente, y a
la luz de todo lo anterior, en la elaboración de un informe que fije la
postura que adopta la mayoría de esta Cámara, si es que no puede llegar a
ser por unanimidad, respecto de la ampliación y de cuál ha de ser la
postura que España adopte en su momento. Por todo ello, nosotros pedimos
que se estableciera esta subcomisión.
El portavoz del Grupo Popular, y tiene razón si adopta el texto literal
de nuestra propuesta, entendió que nosotros no sólo pedíamos una
subcomisión que tuviera como objeto la ampliación de la Unión Europea,
sino también los demás puntos que aparecían en la Agenda 2000; y yo
querría precisarlo. Es cierto que nosotros íbamos un poco más allá de lo
que era el tenor literal de la propuesta de subcomisión del Grupo
Popular, pero querríamos dejar claro, si se me permiten términos
jurídicos, casi procesales, que aquí habría un proceso principal, que
sería el de la ampliación, y procesos incidentales, que serían las
distintas consecuencias que tendría la ampliación en otros frentes, como
puede ser la reforma del planteamiento del marco financiero de la Unión o
las consecuencias, por ejemplo, que puede tener en la política agrícola
común. No pretendemos, porque sería muy poco consciente por nuestra
parte, que una subcomisión pueda seguir en paralelo y con el mismo grado
de profundidad todos esos frentes a la misma velocidad. Creemos que sería
absurdo pretender que la subcomisión siguiera la reforma de la política
en el mercado común, la reforma, posible o eventual, del sistema de los
fondos de cohesión, las nuevas perspectivas financieras, la ampliación,
todo en el mismo paquete, todo a la misma velocidad y con la misma
intensidad. Eso, que sería materialmente imposible, llevaría a la muerte
a la propia subcomisión cuya creación proponemos.
Por tanto, nosotros lo que sí querríamos es que cuando se haga el
seguimiento de los distintos temas de la ampliación y aparezcan
necesariamente otras cuestiones, como puedan ser las consecuencias que
tiene la adhesión de tal país, en el que todos podemos estar pensando,
respecto a la política agrícola común, o de tal otro, respecto de las
perspectivas financieras, no se pueda decir: sobre esto no puede usted
intervenir; sobre esto no se puede llamar a nadie a comparecer porque se
está saliendo de lo que es el objetivo de la subcomisión. Para evitar ese
riesgo es por lo que nosotros querríamos dejar claro que la subcomisión
ha de tener como objeto principal, nuclear, la ampliación e
incidentalmente todo aquello que está alrededor y que le afecta, pero el
eje del estudio, el eje de lo que debemos examinar es la ampliación de la
Unión Europea que repercute en otros muchos frentes.
Nosotros entendemos que la creación de esta subcomisión no implica
sustraer a esta Comisión Mixta su función. Estamos abiertos a la
propuesta que hizo en su momento la Presidencia de la Comisión Mixta, que
nos pareció un documento muy bien elaborado y mereció todo nuestro
respeto,
y estamos abiertos a la posición que sea más próxima al consenso.
Querríamos que esta subcomisión fuera aprobada por consenso y también que
el Grupo Socialista se añadiera a la voluntad mayoritaria en favor de su
creación. Por tanto, nosotros no seremos quienes pongamos obstáculo a
otras formas novedosas en las que se llegara a términos medios entre
comparecencias en la subcomisión y en la Comisión Mixta. Si finalmente
ese consenso no es posible alcanzarlo, anuncio desde este momento que
lamentablemente iremos a la creación de la subcomisión no por consenso
sino por una mayoría y en ella nos integraríamos, siguiendo la propuesta
que en este momento está sobre la mesa del Grupo Parlamentario Popular,
que sería volver a un esquema de subcomisión, similar al que existió
respecto a la Conferencia Intergubernamental que llevó al Tratado de
Amsterdam o previamente al Tratado de Maastricht. Insisto, lamentaríamos
que fuera así, que se rompa el consenso en lo que es el método de trabajo
pero, si no hay más remedio, tampoco tendremos más solución que sumarnos
a la mayoría porque creemos que, por discusiones de forma, no puede
quedar paralizada la creación de este instrumento de trabajo.
No es menos cierto que el Grupo Socialista, como cualquier otro grupo de
la Cámara, en todo caso tendrá y seguirá teniendo a su disposición los
demás instrumentos parlamentarios que la creación de una subcomisión no
modifica; es decir, siempre será posible llamar a una comparecencia en la
Comisión Mixta propiamente o incluir una interpelación, en su caso, en el
Pleno de la Cámara sobre tal o cual tema que afecte al objeto de la
subcomisión. Por tanto, creemos que la creación de la subcomisión no
modificaría la posibilidad de control.
Finalmente, respecto al tema procedimental que ha mencionado también el
portavoz del Grupo Popular, creemos que, mientras siga existiendo esta
Comisión Mixta con su actual estructura --cuestión que podría ser
debatida y creo que deberá serlo en otro momento--, que integra
proporcionalmente a miembros del Congreso y del Senado, no tiene sentido
que las votaciones que se lleven a cabo en esta Comisión Mixta deban ser
revisadas posteriormente con ulteriores votaciones en el Pleno del
Congreso y del Senado. Eso tendría su lógica si existiera una Comisión
para asuntos de la Unión Europea en el Congreso y otra igual en el
Senado; opción que tiene su razón de ser y, a lo mejor, es la que deberá
acabar prevaleciendo. Pero mientras eso no sea así y exista esta Comisión
Mixta, lo lógico es que ella represente la voluntad del Congreso y del
Senado. La materialización de eso es que el informe que salga de esta
subcomisión, lo mismo que ha ocurrido hasta ahora, sea votado en esta
Comisión Mixta tras un debate de claro carácter político. Si
posteriormente se desea elevar al Pleno de una u otra Cámara, muy bien;
es perfectamente posible, pero no tendría ningún sentido. Además sería
muy difícil de explicar a los demás parlamentarios de la Unión Europea,
el que, al final, de un documento nacido de la Comisión Mixta, de las dos
Cámaras, se llegue a votaciones distintas en los plenos de cada una de
ellas. Nos parece que sería entrar en una contradicción que sólo tendría
como solución el disolver esta Comisión Mixta y crear dos comisiones
distintas, una del Congreso y una del Senado, aspecto que, hoy por hoy,
no está todavía sobre la mesa, aunque nadie descarta que pueda llegar.
Para terminar, apoyamos la subcomisión y la composición que para ella
propone el Grupo Parlamentario Popular. Obviamente, estamos hablando de
una sola subcomisión creada por dos iniciativas paralelas, y debería
producirse en su momento un informe y ser votado en esta Comisión Mixta.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Intervengo para fijar la posición de mi grupo
respecto a la creación de una nueva subcomisión que trate temas que
preocupan a los ciudadanos y al Gobierno de nuestro país, además de a las
Cortes.
Para fijar dicha posición, quería matizar algunas cuestiones previas y
referirme, a ser posible, al fondo de la cuestión, que no es otro que
desde junio de 1997 la Comisión Europea emitió la llamada Agenda 2000, y
desde esa fecha hasta hoy no conocemos todavía cuál es la posición del
Gobierno de España al respecto. No ha habido un debate en el Pleno de la
Cámara, previa comunicación del Gobierno, sobre algo tan importante como
es el fondo de creación de esta subcomisión. Señorías, me estoy
refiriendo, para los que no conozcan esa iniciativa, a cómo va a
participar España dentro de la Unión Europea, cómo le va a afectar el
nuevo sistema de financiación de la Unión Europea, que va a ser alterado
por las distintas reformas que están en curso en la misma,
particularmente la PAC: fondos estructurales, fondos de cohesión y
sistema de financiación, que van íntimamente ligados a la ampliación de
la Unión Europea a los países del centro y este de Europa, además de
Chipre.
De lo que estamos hablando aquí es de crear una subcomisión cuando el
Gobierno de España todavía no ha manifestado cuál es su posición respecto
de esos importantes temas para el futuro económico, para la cohesión
económica y social de nuestro país. Esto no tiene antecedentes, no se
extrañen SS. SS. Cuando hemos debatido anteriores ampliaciones, antes de
crear la subcomisión o la ponencia correspondiente, hemos tenido un
documento de la posición del Gobierno de España en torno a esas
ampliaciones y a las posiciones que serían convenientes para nuestro país
en cada uno de los temas objeto de debate.
Quiero dejar claro que con la propuesta del Grupo Popular no estamos ante
una acción de continuidad de los trabajos que se venían produciendo en
esta Comisión de forma normal. Si no se modifica, se está rompiendo el
modelo al no haber un documento de posición del Gobierno español en esa
materia. Y no estamos discutiendo, insisto, que exista un documento de la
posición de España ante esas importantes reformas días después de que el
debate se haya suscitado; estamos debatiéndolo demasiados meses después
de que conozcamos cuáles son las orientaciones que la Comisión establece
para la ampliación y las perspectivas financieras, así como las reformas
de fondos estructurales
y de la política agrícola común, y lo estamos haciendo cuando este tema
ha sido ya discutido en los consejos Ecofin y en los de asuntos generales
por ministros del Gobierno de nuestro país.
Por todo ello, entendemos que crear esa subcomisión, sin que exista esa
posición previa del Gobierno, sería intentar ocultar a la opinión pública
española cuáles son las consecuencias y la inexistente posición de
nuestro Gobierno en una materia que va a afectar tan directamente a las
finanzas de nuestro país, como es la financiación derivada de la Unión
Europea y, particularmente, los retornos que España obtiene en estos
momentos del sistema de financiación de la Unión Europea. Quiero recordar
que, para el último período negociado, en nuestro país se superan los
siete billones de pesetas en fondos estructurales y fondos de cohesión,
es decir, los diferentes programas que adopta la Unión Europea y que van
a ser reformados en la Agenda 2000 en torno a la futura ampliación.
Conviene dejar claro que la subcomisión puede crearse, pero si
previamente conocemos la posición del Gobierno; si no, se hurta al
Parlamento dicha posición. El Gobierno debe explicar que tiene una
posición, junto con la ofrecida en el Parlamento, y va a defender ante la
opinión pública su actitud política, lo que no está ocurriendo en estos
momentos y quiero llamar la atención sobre ello. Existen varias regiones
de nuestro país que pueden quedar fuera de los fondos estructurales.
Existe la duda motivada por las presiones de algún país de la Unión
Europea, como Alemania, respecto al futuro de los fondos de cohesión para
los países que van a participar en la Unión Monetaria. Existen reformas
en la política agrícola común, en las que España se ha quedado ya aislada
y sola sin capacidad ni siquiera de bloquear esas reformas. Y existe, en
torno a todo ello, una posición de sumisión del Gobierno ante alguno de
los socios comunitarios que nosotros de ninguna manera podemos compartir.
Por tanto, no vamos a estar de acuerdo en la creación de instrumentos que
oculten a la opinión pública el futuro inmediato que nuestro país tiene
que afrontar y que nuestro Gobierno tiene que decidir. Si se crea esa
subcomisión sin que se reúnan las condiciones suficientes, vamos a exigir
en el Pleno de la Cámara y en esta misma Comisión el control que la
Constitución Española y el Reglamento de las Cámaras permiten de la
acción del Gobierno.
Quiero señalar que nuestro grupo parlamentario, para aquellos que no lo
conozcan, han presentado ya una iniciativa, publicada el 12 de diciembre,
para que el Gobierno mande a la Cámara el establecimiento de la posición
de España en el proceso de negociación abierto sobre la Agenda 2000,
singularmente sobre los siguientes aspectos: consecuencias para España,
la Unión Europea y los países candidatos del modelo de negociación de la
ampliación a los Estados candidatos; los efectos de la revisión de las
perspectivas financieras para el período 2000-2006, particularmente la
fijación de un techo en las aportaciones a la financiación de la Unión,
el 1,27 por ciento del PIB, y a las políticas de cohesión, el 0,46 por
ciento del PIB; las incidencias previsibles para España de las reformas
en las políticas de gastos y la fijación de la posición española en las
siguientes materias: política agrícola común, fondos estructurales y de
cohesión y cualquier otro que, dentro de la Agenda 2000, pueda afectar al
futuro de la cohesión económica y social en el proceso de ampliación que
incluya las políticas horizontales de la Unión Europea.
Es decir, tenemos una iniciativa planteada en el Pleno de la Cámara para
que el Gobierno fije de una vez, por escrito y ante quien representa la
soberanía popular, su posición en tan importantes materias; deje de
eludir el debate ante la opinión pública; explique a los ciudadanos cuál
es su posición y cuál va a ser el resultado de esas difíciles
negociaciones que España va a tener que afrontar en el futuro y, como
quien tiene la capacidad de establecer y de negociar los resultados
finales de esta importante Agenda es el Gobierno del Estado, no se escude
detrás de comisiones para no hacer frente a las responsabilidades que los
ciudadanos con su voto han delegado en el Partido Popular y en quienes lo
apoyan.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra el señor Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muy brevemente, señor presidente, para
expresar nuestro apoyo a la iniciativa tanto del Grupo Popular como del
Grupo Catalán (Convergència i Unió). Nosotros vamos a apoyar esas
iniciativas. Nos hubiese gustado que fuera por consenso, pero si ello no
es posible, nosotros votaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: A efectos de la ordenación y posterior votación,
entiendo que las dos se subsumen en una. Lo que me queda por definir es
si se refiere a la ampliación de la Unión Europea o a la Agenda 2000.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Se refiere a la ampliación de la Unión Europea y
de la Agenda 2000.
El señor PRESIDENTE: Conforme. (El señor Martínez Casañ pide la palabra.)
¿A qué efectos?
El señor MARTINEZ CASAÑ: Me gustaría contestar al señor Costa y despejar
un poco sus inquietudes.
El señor PRESIDENTE: No hay que contestar nada. Yo creo que el tema está
debatido y no hay que reabrir el debate.
Tiene dos minutos.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Simplemente quería decir que en ningún caso y de
ninguna manera el Grupo Popular intenta sustraer a esta Comisión, ni
muchísimo menos al debate público, temas que por su importancia deben ser
objeto de discusión en el Parlamento y deben ser conocidos por la opinión
pública.
Estamos hablando de niveles distintos de competencia. Yo creo que el
Gobierno ha transmitido con una diligencia exquisita todos aquellos
documentos que son del
interés de este Parlamento. Evidentemente, el sistema no es perfecto,
pero se está perfeccionando y de eso podemos dar fe algunos portavoces
parlamentarios. Si en algún momento ha habido negociaciones sobre temas
sensibles a nivel comunitario que por su especificidad requieren un alto
nivel de confidencialidad, SS. SS. han tenido ocasión de conocerlos en el
marco que brinda una subcomisión o ponencia y que no brinda una comisión
o el Pleno del Congreso. Se trata de que pueda continuar siendo así y de
que, a través del Pleno de la Cámara, de la Comisión y de las
subcomisiones o ponencias cuando los temas a tratar así lo requieran,
podamos estar íntimamente asociados al proceso legislativo y al proceso
negociador del Gobierno. Se trata, por tanto, de niveles distintos de
participación.
Quería decirle al señor Costa que la función de control y de
fiscalización del Gobierno es esta Comisión Mixta. Esta Comisión es la
competente para controlar y fiscalizar al Gobierno, como es lógico y
razonable que así sea. El objetivo de cualquier parlamento es controlar y
fiscalizar. Para eso está la Comisión Mixta y el Pleno. Pero el objeto de
una subcomisión es distinto, es muchísimo más especializada, más
confidencial y pragmática. Requerir en estos momentos una comunicación
previa del Gobierno para iniciar los trabajos de la subcomisión, es pedir
algo completamente ilógico. Primero, porque no hay un documento
horizontal --y de eso puedo dar fe-- del Gobierno y no se puede
presentar. Si SS. SS. recuerdan, cuando nosotros discutíamos en la
subcomisión encargada del proceso de seguimiento del Tratado de
Amsterdam, e incluso anteriormente con el grupo de reflexión, la postura
de España en dicho grupo se fue configurando en algunas ocasiones con la
colaboración de este Parlamento a través de la subcomisión de
seguimiento. Por lo tanto, se trataba también de tener un input, y eso es
lo que consideramos oportuno, que esta nueva subcomisión pueda tener
también un input en la formación de la voluntad del Gobierno.
Por todo ello, quisiera despejar las dudas al señor Costa. No se trata de
sustraer nada; nos encantaría que el Grupo Socialista se asociase desde
el principio a esta subcomisión, porque si no esta subcomisión tendrá una
carencia y yo le pediría comprensión, esfuerzo y reflexión para que si no
se asocia desde el principio, reconsidere su posición. (El señor Costa
Costa pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Costa, tiene un minuto.
El señor MARTINEZ COSTA: Me bastará, señor presidente.
Quería decir al portavoz del Grupo Popular que las palabras no pueden
esconder los hechos, y que yo no he dudado de la documentación remitida
por el Gobierno ni de la diligencia y la oportunidad de las informaciones
que nos son remitidas. Lo que he dicho claramente es que el Gobierno no
ha presentado a la Cámara una posición escrita sobre el objeto para el
que se forma esa comisión. He expresado mi voluntad de que existiera este
informe antes de iniciar los trabajos de la comisión, tal como sucedió
antes de la reforma del Tratado de Amsterdam, incluso con el grupo de
reflexión.
Si el Grupo Popular admite que los trabajos de la comisión se inicien con
un documento escrito en el que el Gobierno del Estado español fija su
posición respecto de las materias objeto de la subcomisión, nuestro voto
sería favorable. Me parece que lo he dejado bastante claro. Pero no
estamos dispuestos a discutir en el Parlamento sin que exista una
posición escrita y conocida del Gobierno del Estado respecto a las
diferentes reformas que se van a producir en torno a la Agenda 2000.
Insisto en que no nos oponemos a la comisión por el simple hecho de estar
en contra; nos oponemos porque se rompe un método de trabajo que se había
llevado a cabo en esta Comisión. Se rompe, por lo tanto, un modelo para
ir configurando, en torno a la posición del Gobierno, la voluntad de la
Cámara y la opinión del Estado español sobre la política europea. Si se
crea esta subcomisión en las condiciones que se está proponiendo, lo que
se hace es romper el modelo que ha venido funcionando --creo que muy
satisfactoriamente para la Cámara y para los intereses de España en
Europa-- en este Parlamento.
Simplemente quería aclarar esos elementos por si no habían quedado
suficientemente claros.
El señor PRESIDENTE: Creo que han quedado muy claras una y otra posición.
--SOBRE LA CUMBRE DEL EMPLEO EN LUXEMBURGO, EN NOVIEMBRE DE 1997.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de
expediente del Congreso 161/000723 y número de expediente del Senado
663/000035).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día: Proposición no
de ley sobre la Cumbre del Empleo que tendrá lugar en Luxemburgo, en
noviembre de 1997.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Rafael Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, el desempleo se ha convertido
en uno de los principales problemas desde los años setenta en la Unión
Europea, y buena muestra de ello ha sido que en 1994 en el Consejo
Europeo de Essen, se establecieron una serie de áreas de intervención de
lucha contra el desempleo y de reformas del mercado de trabajo. Era la
primera vez que el asunto tomaba una trascendencia tan significativa en
un Consejo Europeo y no iba a ser, sin duda, la última vez que así lo
fuera.
A raíz de este Consejo Europeo (en el que se solicitaba a los países que
elaboraran planes plurianuales para luchar contra el desempleo,
fundamentalmente en asuntos como formación profesional, la
flexibilización de la organización del empleo, la reducción de los costes
no salariales, las medidas para los sectores más desfavorecidos o la
mejora del mercado de trabajo), se vino gestando lo que constituyó
en el mes de noviembre un hecho a nuestro juicio histórico: la primera
cumbre de jefes de Estado en la que se iba a debatir específicamente el
problema del empleo en la Unión Europea. Eso demostraba y hace ver que en
estos momentos es la primera preocupación de los jefes de Estado. Cuando
nosotros presentamos nuestra proposición no de ley eran los días previos
a esta cumbre y lo que pretendíamos era respaldar un compromiso de la
Cámara en general y forzar, apoyar y respaldar al Gobierno, en lo que sin
duda en nuestro país, por las cifras, no sólo es una preocupación, sino
que constituye una auténtica obsesión.
España tiene en estos momentos las tasas más altas de paro de la Unión
Europea. Es un paro específicamente determinado por unas condiciones
concretas: es un paro femenino, de larga duración y joven. Todos los
países, en esa cumbre, llegaron a un acuerdo y firmaron un documento con
una serie de obligaciones, entre las cuales se encuentra la necesidad de
dar formación, ocupación u orientación a todos los parados en un plazo de
cinco años y a las que nuestro Gobierno se sumó de forma unánime con el
resto de los países de la Unión Europea. Además, avalado porque durante
los últimos tiempos se han obtenido importantes éxitos, a mi juicio, en
la lucha contra el desempleo en nuestro país. A ello han ayudado las
medidas y las reformas económicas adoptadas, que han permitido la
reducción del déficit y de la deuda y una política presupuestaria de
austeridad, que ha permitido la reducción de los tipos de interés en
nuestro país, la situación de la inflación en tasas auténticamente
históricas, la reducción de los préstamos y el apoyo a las pequeñas y
medianas empresas, que son elementos necesarios para generar actividad en
nuestro país. Eso ha permitido y favorecido la competitividad de nuestras
empresas y, como decía antes, generar empleo de forma intensa.
A ello se ha unido, además, el diálogo social, elemento esencial para
conseguir estabilidad económica. Y ha permitido acometer una reforma
laboral que, por los resultados alcanzados, podemos calificar de exitosa,
sobre todo en lo que era su objetivo fundamental: conseguir una mayor
estabilidad en el empleo, elemento fundamental para la proyección de la
vida de cualquier ciudadano.
En nuestro país, según los últimos datos de la encuesta de población
activa, en 1997 se han creado 370.000 nuevos puestos de trabajo; en 1996,
400.000 y una cifra similar en 1995. Pero está cambiando algo, y es que
el número de puestos de trabajo que se destruyen va siendo cada vez
menor. Así, en 1997 se destruyeron solamente 30.000 empleos y el número
de puestos de trabajo netos fue de 340.000, frente a los 170.000 de 1996.
Eso, señorías, es una buena noticia para todos. Puede discutirse en estos
momentos si la intensidad en la creación de empleo podría ser mayor o
menor, pero lo que ningún observador puede negar es que en estos momentos
nuestro país es uno de los países de la Unión Europea en los que con
mayor intensidad se está creando empleo. Hoy trabajan más españoles,
según las estadísticas, de los que nunca han trabajado en nuestro país.
Buena muestra de ello no sólo son los datos de la EPA, sino también el
número de parados registrados o el incremento impresionante de cotizantes
a la Seguridad Social.
Es indudable que esto no es motivo de autosatisfacción, sino de reflexión
y de acometer nuevas medidas y nuevas reformas que permitan seguir
generando empleo con esta intensidad, a fin de combatir la actual
situación de desempleo, porque, como decía al principio, todavía sigue
siendo el país europeo con mayor tasa de paro.
El Gobierno tiene una obligación y en ese sentido es en el que va nuestra
enmienda: solicitar al Gobierno que presente un plan de empleo en
Cardiff, que debe ser discutido en el mes de junio, y que tenga el
respaldo del Parlamento, respetando las discrepancias que sobre el
contenido pueda tener cada grupo parlamentario. Se ha abierto un proceso
de negociación por parte del Gobierno con las comunidades autónomas para
elaborar este plan de empleo, con la Federación Española de Municipios y
Provincias, y en estos momentos se está discutiendo con las distintas
fuerzas políticas y se hará, asimismo, con los agentes sociales, de forma
que en el mes de abril el Gobierno pueda presentar en Cardiff este plan
de empleo para debatirlo en el mes de junio con los planes de empleo de
los distintos países de la Unión Europea.
Asuntos como la formación profesional o la formación reglada y
ocupacional y su forma de adecuar este mundo a lo que es el mundo laboral
son elementos de extraordinaria importancia y que deben ir marcados en
este plan de Cardiff.
La reorganización del tiempo de trabajo y el desarrollo de la
contratación a tiempo parcial son un elemento específico de nuestra
situación y de nuestra ordenación del tiempo de trabajo que tenemos que
desarrollar, en lo cual coinciden los agentes sociales.
Los nuevos nichos de empleo, las iniciativas locales de empleo, el papel
de la negociación colectiva y su marcado carácter de cara a establecer
nuevas formas y modalidades de reorganización del tiempo de trabajo
tienen también un interés extraordinario. Las políticas activas, las
políticas pasivas, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas son
elementos de extraordinaria relevancia para seguir teniendo unas tasas de
creación de empleo como las que en estos momentos tenemos. Todo eso,
reforzando medidas y reformas económicas que favorezcan la competitividad
de nuestras empresas y de nuestros productos en el exterior, son las
claves esenciales para hacer que nuestro país pueda seguir creando empleo
a esta intensa tasa.
Lo que queríamos con esta enmienda y, en su día, con la proposición no de
ley --y para eso pedimos el apoyo al resto de los grupos-- es reafirmar
la necesidad y el interés del Parlamento por lo que en estos momentos, y
desde hace ya muchos años, viene siendo el principal problema de este
país, como es el paro y la forma de generar y crear nuevos puestos de
trabajo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mòdol.
El señor MODOL I PIFARRE: He de decir en primer lugar que quien les habla
no sé si es el portavoz adecuado para discutir este texto, porque, como
saben SS. SS., soy
senador y el encabezamiento del mismo reza: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno... Quizás debería decir: Las Cortes Generales, a través
de la Comisión Mixta Congreso-Senado, instan al Gobierno...
También debo decir que a la vista del orden del día que hoy estamos
debatiendo, este senador se llenó de perplejidad al ver el título de la
proposición, perplejidad que venía de hace tiempo. El día 20 de
noviembre, es decir, el mismo día en que se empezaban a redactar las
conclusiones finales de la Cumbre de Luxemburgo, leí en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales» del día 18, es decir, de dos días antes,
la presentación de esta proposición. Y la verdad es que uno no pudo más
que recordar las novelas del señor Wells y su máquina del espacio.
Leyendo el texto de la misma, uno entendió finalmente por qué se había
presentado así, de forma que era imposible su discusión en esta Comisión.
Lo entendí porque el anterior texto decía literalmente: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a desempeñar un papel activo en el
Consejo Europeo.
Pues bien, lo entendí porque si por algo se caracterizó la actuación
española en aquella cumbre fue por la pasividad absoluta del Gobierno en
este tema. Y digo pasividad porque no durante días, sino semanas antes,
se pudo oír, se pudo escuchar, se pudo leer propuestas del señor Prodi,
se pudo discutir sobre las propuestas del señor Blair, del señor Jospin o
incluso de los señores Kohl o Kok. Nadie pudo debatir esos días las
propuestas del señor Aznar. Simplemente, no existieron.
¿Qué se decía? ¿De qué se hablaba entonces? De algo trascendental, de
algo fundamental, que, por primera vez, ocurre en el marco de la Unión
Europea. Se decía que no era suficiente, por fin, hablar de una Unión
Económica y Monetaria; que no era suficiente hablar de temas económicos
en ese marco y que era absolutamente prioritario empezar a construir lo
que se ha venido en llamar la unión social europea. De alguna manera
había que incorporar la Europa de los ciudadanos y ciudadanas a esos
procesos que hasta ahora había. ¿Cuál era y es el problema principal que
existe en este momento en la Unión Europea y que así lo perciben los
ciudadanos? Efectivamente, el desempleo, y no es un problema que afecte a
nuestro país exclusivamente, sino a los Quince.
¿Qué se decía en esas conclusiones? Por no cansar a SS. SS., haremos
simplemente un recordatorio. Había cuatro ejes fundamentales. El primero
hablaba de mejorar la capacidad e inserción profesional y, sobre todo, de
los problemas de los jóvenes, de los parados de larga duración y, sobre
todo, de sustituir medidas pasivas por medidas activas. Un segundo eje
hablaba de desarrollar el espíritu de empresa, adaptarlo al régimen
fiscal para hacerlo más favorable al empleo. Un tercer eje comentaba la
necesidad de fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y de
las empresas, y hablaba, sobre todo, de algo que el Gobierno no quiere
discutir y que hoy los catorce ya discuten, y es la posibilidad de
reducir el tiempo de trabajo, la posibilidad de hablar de las jornadas
laborales distintas, de entrar a fondo en la discusión de cómo hay que
plantear los trabajos a tiempo parcial. El Gobierno se empeña en
continuar sin discutir este tema. Y un cuarto eje que hablaba de reforzar
la política de igualdad de oportunidades, especialmente en lo que se
refiere a la relación hombre-mujer, a la necesidad de armonizar el
trabajo con la vida familiar y a intentar insertar en el trabajo laboral
a los minusválidos.
¿Cuáles han sido las medidas concretas y puntuales que el Gobierno ha
tomado desde el 20 y 21 de noviembre hasta ahora? Aumentar el sueldo de
los altos cargos ministeriales en un 30 por ciento y recomendar un máximo
de un dos por ciento al conjunto de los trabajadores de este país, y poco
más. Mientras los Estados miembros se han dado cuenta de que es
absolutamente necesario, de que es imprescindible frenar la inflación, de
que es necesario reducir el déficit público, de que es necesario tener
una economía potente y que es necesario tener un mercado real, sin
embargo eso no es suficiente, ni significa nada si no garantiza que
nuestros ciudadanos y ciudadanas tengan un nivel económico suficiente.
Eso no garantiza el drama que está viviendo hoy Europa con 57 millones de
personas en un estado económico preocupante, por no hablar de pobreza.
Volviendo a la proposición, Europa ha dado un paso adelante en la
creación de un espacio social. Incluso sus socios, señores del Partido
Popular, aunque la verdad es que ya les van quedando pocos, se han dado
cuenta de que se abre un nuevo camino y que comienza una nueva etapa en
todo este proceso. En esa cumbre de los días 20 y 21 el Gobierno parecía
el llanero solitario, callando permanentemente respecto de esas
propuestas. Pero está bien que, por fin, se haga alguna cosa. Como decía
el señor Almunia en el debate del 26 de noviembre, por primera vez desde
1986 nos quedamos fuera de juego en Europa. Sería bueno que volviéramos a
entrar a jugar en todo ello. Casi todo el mundo aportó ideas para el
futuro, ideas en políticas de empleo; ustedes no abrieron la boca.
Quisiera hacer una reflexión. ¿A quiénes benefician en este momento los
magníficos indicadores económicos que nos recuerdan a menudo? ¿A quiénes
benefician los ingresos de las privatizaciones? ¿Cuánto dinero de esas
privatizaciones ha ido o irá en este ejercicio presupuestario, por
ejemplo, a formación profesional? Se lo voy a decir: la cuarta parte que
hace dos años. ¿Cuánto de ese dinero revierte en el reequilibrio social?
¿De qué sirven esas medidas fiscales que van a rebajar algunos puntos a
algunos declarantes? ¿Benefician al conjunto de la población? ¿Son esas
medidas las que sirven para que los ricos sean un poco menos ricos y los
pobres sean un poco menos pobres? ¿A quién afecta el medicamentazo? ¿A
quiénes afectan, en definitiva, las medidas que ustedes proponen?
Señores del Partido Popular, no es la producción de riqueza la que no
marcha, sino su distribución equitativa. No se trata de un problema
económico, sino de una cuestión de voluntad política y de concepción de
la democracia. Decía Ignacio Ramonet este año en la revista Le monde
diplomatique: Cómo no entender que ante la extensión actual del
sufrimiento social sólo es justo lo que es humano.
Vamos a votar a favor de su proposición, pero nos parece un despropósito.
La proposición dice algo así como que el Gobierno haga lo que tiene
obligación de hacer. El propio texto final de la cumbre de los días 20 y
21 dice lo siguiente en el punto 3: Los planes nacionales de acción para
el empleo fijarán los plazos para lograr el resultado
pretendido, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los medios
administrativos y financieros de que dispongan. Cada Estado miembro
remitirá anualmente al Consejo y a la Comisión un plan nacional de acción
para el empleo. Se invita a los Estados miembros a que en 1998, con la
suficiente antelación, antes del Consejo de Cardiff, presenten al Consejo
y a la Comisión su primer plan nacional de acción para el empleo, basado
en las presentes directrices. Y finalmente, el punto 9 dice: El Consejo
afirma que se contará con los interlocutores sociales a todos los
niveles, en todas las fases de esta acción, en lo que contribuirán de
forma importante a la aplicación de las presentes directrices y al
fomento de un nivel de empleo elevado. Se evaluará regularmente esta
contribución.
El Grupo Popular ha presentado esta proposición y el Grupo Socialista va
a decir que se haga lo que se tenía que hacer. En cualquier caso,
bienvenida sea si es que significa que el Partido Popular también se va a
sumar a las políticas sociales y no se va a quedar simplemente en el
baile jactancioso, a veces, de unas cifras macroeconómicas, que me alegro
que sean buenas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Voy a ser muy breve. El Grupo Parlamentario
Catalán se alegra y se felicita de que el Grupo Parlamentario Popular
estimule al Gobierno a cumplir con sus obligaciones. Creemos que es muy
bueno que sus socios mayoritarios recuerden al Gobierno del Partido
Popular, que son básicamente el Partido Popular en el Congreso y en el
Senado, que debe ser activo en el Consejo Europeo de Cardiff. Por tanto,
no nos opondremos a que el partido mayoritario inste a su Gobierno a
cumplir con lo que tiene que hacer.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Al día siguiente de la Cumbre de Luxemburgo,
uno de los dirigentes de los sindicatos mayoritarios de este país
afirmaba en la prensa que el Gobierno español había hecho el ridículo. No
creo que el Gobierno español hiciera el ridículo, sencillamente es que se
había posicionado mal. Al releer la proposición no de ley que hoy se
autoenmienda al Grupo Popular, comprendemos por qué el Gobierno estaba en
una posición en precario. Iba a exhibir los logros de la política de esta
Gobierno respecto al empleo en España, en función de que se había creído
su propia propaganda. El acuerdo sobre la estabilidad suscrito con los
sindicatos y la patronal, que había avalado a través de los proyectos de
ley correspondientes, iba a significar la panacea, el logro fundamental
respecto al empleo en este país. Hoy vemos cómo documentos más realistas,
también de los mismos sindicatos que suscribieron el acuerdo, manifiestan
que ese acuerdo podía significar pasos adelante respecto a la
estabilidad, pero en ningún momento pretendían como objetivo la creación
de empleo, siendo este el problema número uno de este país.
Lo cierto es que en los últimos 20 años, en las últimas dos décadas,
nuestro sistema económico no ha logrado absorber los dos millones y medio
de nuevos activos que tenemos mientras que en esas dos últimas décadas se
ha incrementado el 39 por ciento de la productividad en este país y el 65
por ciento del producto interior bruto. Esta es la realidad de este país.
Se iba a dar lecciones a Europa y, sin embargo, nos dieron la lección de
que había que concretar y hacer algo más que confiar meramente en el
crecimiento económico, como lo hacía, y posiblemente lo sigue haciendo,
este Gobierno. Había que hacer todavía más y comprometerse a algo a lo
que no se comprometió el Gobierno que, a lo largo de la cumbre de
Luxemburgo, consiguió evadirse del plazo de los cinco años que solicitaba
el resto de los Estados miembros de la Unión Europea respecto a los
compromisos para cubrir las necesidades de los parados de larga duración
y de los jóvenes, fundamentalmente.
La victoria que obtuvo el Gobierno en la cumbre de Luxemburgo fue una
victoria pírrica, en la medida en que mostró a la faz del mundo cómo este
país, alumno aplicado respecto a los parámetros de la convergencia
nominal y monetaria europea, no solamente no era bueno, sino que era un
alumno rácano que hacía novillos respecto a la creación de empleo e
intentaba hurtarse y escurrir el bulto de las responsabilidades que esa
cumbre otorgaba al conjunto de los Estados miembros.
Bueno es lo que bien acaba. No es que nosotros hayamos estado de acuerdo
con todos los resultados de la cumbre de Luxemburgo, porque no estamos de
acuerdo con ese principio de subsidiaridad que también el Gobierno
planteó y que, en último término, ponía en solfa la posible creación de
un auténtico plan de empleo de toda la Unión Europea, cuando se
reivindicaba, como hace también la proposición no de ley con la que hoy
se autoenmienda el Grupo Popular, que las políticas de empleo quedasen
circunscritas estrictamente a las competencias de cada Estado, de cada
Gobierno. No estábamos de acuerdo con que no se controlasen las
inversiones especulativas, con que se propiciase que toda política de
empleo tiene que estar supeditada al marco de la convergencia, al Pacto
de Estabilidad, que es una auténtica rémora para la creación de empleo.
No estábamos de acuerdo tampoco con que no se incrementase el presupuesto
de la Unión Europea ni se relanzase el gasto social, que es la única
forma de garantizar la redistribución, ni se revisase la fiscalidad. Sin
embargo, en la cumbre de Luxemburgo, se obtuvo algo enormemente positivo
como son los compromisos concretos que precisamente el Gobierno español
intentó eludir a través del alargamiento del plazo de los cinco años.
Si ésta es la posición que mantiene el Gobierno, lógicamente en la
concreción de los planes anuales de empleo vamos a encontrarnos con las
mismas dificultades. De hecho, los plazos para la realización del primer
plan anual después de la cumbre, que es el de este año, empiezan a
incumplirse, vamos atrasados.
Esta proposición no de ley interfiere en el camino trazado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que
está haciendo un careo con los distintos grupos parlamentarios y agentes
sociales y económicos. Lo que correspondería respecto a esta proposición
no de ley no es reconvertirla, a través de una enmienda, en la
ratificación de las obligaciones y compromisos que tiene el Gobierno
español respecto a la cumbre de Luxemburgo, sino pura y simplemente, por
vergüenza torera, retirarla. Como el Grupo Popular no ha querido hacerlo
así, sino que pretende decir pelillos a la mar y mantiene una enmienda,
nosotros, también por vergüenza torera, vamos a abstenernos porque esto
sencillamente no es serio, señorías. (El señor Hernando Fraile pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, ¿en base a qué quiere usted
intervenir?
El señor HERNANDO FRAILE: En primer lugar, se han hecho alusiones a
asuntos que no tienen nada que ver con la propuesta del Partido Popular,
y, en segundo lugar, para aclarar lo que acepto como transformación en el
texto, sugerido por el senador del Grupo Socialista, al cambiar, en el
inicio de la enmienda, el Congreso de los Diputados por las Cortes
Generales.
Me gustaría que me diera, si es posible, un tiempo escaso para contestar
a asuntos que no tienen nada que ver con la proposición no de ley, como
pueden ser los relativos al medicamentazo, formación profesional,
presupuestos y demás.
El señor PRESIDENTE: Sabe usted que, si le doy el tiempo, reabro el
debate y, desde luego, no lo cierra usted. Creo que no tiene sentido, a
las dos menos cuarto, que reiniciemos un debate que no es el del día de
hoy. Preferiría que se ciñera S. S. exclusivamente al punto de la
modificación de la propuesta, si es que hay alguna modificación.
El señor HERNANDO FRAILE: Ya lo he hecho, señor presidente. (El señor
Costa Costa pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Para una cuestión de orden. No son las Cortes
Generales, el encabezamiento correcto del texto sería la Comisión Mixta
Congreso-Senado para la Unión Europea.
El señor MODOL I PIFARRE: El texto correcto sería exactamente el mismo
que el de la anterior proposición del Grupo Socialista, es decir, diría:
Las Cortes Generales, a través de su Comisión Mixta Congreso-Senado.
El señor PRESIDENTE: ¿Acepta esa propuesta?
El señor HERNANDO FRAILE: Sí, correcto.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Pasamos a las votaciones. Pido a los
portavoces y a la Mesa que cuando terminemos las mismas dediquen un
minuto para un par de temas que tenemos pendientes.
Empezaríamos con el primer punto del orden del día, relativo a la
proposición no de ley sobre negociaciones inmediatas con Rusia para el
ejercicio de la actividad pesquera.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Segundo tema. Proposición no de ley en relación con la participación de
las comunidades autónomas en la delegación del Estado en el Consejo de
Ministros de la Unión europea, sobre la base de la última propuesta del
Partido Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Tercer punto. Proposición no de ley sobre la cumbre del empleo que tuvo
lugar en Luxemburgo en noviembre de 1997.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38;
abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por mayoría.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que recabe de la
Comisión Europea la formación de un comité técnico especializado sobre
regiones ultraperiféricas.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Creación de una subcomisión en base a las propuestas realizadas por el
Partido Popular, con la única variación solicitada por Partido Popular y
Convergència i Unió, en la que se modifica el ámbito que no sólo será de
la ampliación de la Unión Europea, sino también de la Agenda 2000.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por mayoría.
Terminamos la sesión y pediría a los portavoces que se acercaran. (El
señor Mardones Sevilla pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Se ha entendido que la votación del punto
número cuatro era con la incorporación de la enmienda de Coalición
Canaria, aunque no se ha señalado.
El señor PRESIDENTE: Así es.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.