DIARIO DE SESIONES DE LAS



CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1998 VI Legislatura Núm. 88



PARA LAS RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROGELIO BAON RAMIREZ



Sesión núm. 8



celebrada el martes, 3 de marzo de 1998,
en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:



Vacantes Mesa Comisión.




--Elección de secretario segundo (Número de expediente Congreso
041/000027 y números de expedientes Senado 570/000006 y 571/000004)
(Página 1786)



Comparecencia del señor Defensor del Pueblo (Alvarez de Miranda y Torres)
para:



--Explicar monográficamente la parte del Informe del año 1996 relativa a
la inseguridad ciudadana, quejas recibidas y propuestas. A solicitud del
Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente Congreso 212/001155 y
número de expediente Senado 713/000495) (Página 1786)



--Informar sobre el estado del informe monográfico de la violencia contra
las mujeres en el ámbito familiar. A solicitud del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente Congreso 212/001173
y número de expediente Senado 713/000504) (Página 1794)



--Informar sobre la situación de los derechos fundamentales de los
telespectadores. A solicitud del Grupo Socialista del Senado (Número de
expediente Congreso 222/000004 y número de expediente Senado 713/000380)
(Página 1808)

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Se abre la sesión a las nueve y veinte minutos de la mañana.




VACANTES MESA COMISION.




--ELECCION DE SECRETARIO SEGUNDO (Número de expediente Congreso
041/000027 y números de expediente Senado 570/000006 y 571/000004).




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores comisionados.

Se abre la sesión.

Vamos a proceder, en primer lugar, conforme al orden del día que les ha
sido remitido, a la elección, a la provisión por elección de la plaza de
secretario segundo que estaba vacante como consecuencia de la dimisión de
don José Luis Baltar.

Efectuaremos la votación por llamamiento, pero no por orden alfabético.

Yo había pedido la lista conforme al Reglamento, y espero que sea obviado
ese problema, lo haremos conforme al listado que tenemos ahora mismo. El
secretario va a proceder a llamar, en primer lugar, a los portavoces y,
luego, a los demás vocales miembros para terminar votando los miembros de
la Mesa. (Por el señor secretario primero, Martínez Laseca, se procede a
dar lectura de la lista de los señores miembros de la Comisión presentes
y sustituidos.)



El señor PRESIDENTE: Ha resultado elegido el único candidato, por 24
votos, don Manuel Prado López, que se debe incorporar a la Mesa para
ejercer su función. (Aplausos.)
Señoras y señores comisionados, vamos a suspender dos minutos para
recibir al Defensor del Pueblo. Anuncio que en la primera o la segunda de
las intervenciones de SS. SS., dependerá también de la duración de las
comparecencias, suspenderemos para darle también un respiro al
compareciente, porque es una sesión larga.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO (ALVAREZ DE MIRANDA Y
TORRES) PARA:



--EXPLICAR MONOGRAFICAMENTE LA PARTE DEL INFORME DEL AÑO 1996 RELATIVA A
LA INSEGURIDAD CIUDADANA, QUEJAS RECIBIDAS Y PROPUESTAS. A SOLICITUD DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente Congreso 212/001155 y
número de expediente Senado 713/000495).




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Aunque es un orden del día nutrido, yo voy a utilizar la misma norma de
siempre de dejar hablar con absoluta libertad a los portavoces en la idea
de que ejerzan el autocontrol, para que esto no vaya demasiado lejos y en
el curso de la mañana podamos ver las tres comparecencias.

Quiero empezar con la primera, dando las gracias a don Fernando Alvarez
de Miranda porque somos conscientes, todos lo conocemos, de que está
pasado por un proceso de enfermedad; lo hemos leído en los periódicos. Ha
adquirido una gripe, que yo creí que era asiática, pero resulta que es
africana y, por lo visto, redobla la incidencia. Por eso hay que
agradecerle que esté aquí.

La primera comparecencia se refiere al informe del año 1996 relativo a la
inseguridad ciudadana, quejas recibidas y propuestas, y fue pedida por el
Grupo Socialista del Congreso.

El Defensor del Pueblo tiene la palabra.




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda y Torres): Señorías, he
sido convocado por esta Comisión para exponerles las actuaciones
realizadas y el planteamiento que desde la institución del Defensor del
Pueblo se tiene acerca de problemas que por su actualidad merecen --y yo
creo que correctamente lo merecen-- un tratamiento monográfico y
detallado. En concreto el señor presidente se refería a la primera de
ellas, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
inseguridad ciudadana correspondiente al informe de 1996. Se hace
preciso, con carácter previo a un desarrollo más pormenorizado de este
tema, concretar el tipo de quejas que abarca el apartado correspondiente
a la inseguridad ciudadana que corresponde al informe del año 1996.

Dentro de la segunda parte del informe se encuentra el apartado tercero
que denominamos «Seguridad pública». El primer epígrafe de este apartado
se refiere a las intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
englobándose dentro del mismo las quejas que aluden a inseguridad
ciudadana. La razón de ser de esta estructura obedece al hecho de que los
sujetos activos, frente al tradicional binomio seguridad-inseguridad
ciudadana, son naturalmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y, por tanto, el denominador común de estas quejas agrupadas en este
apartado se refieren fundamentalmente a la percepción que los ciudadanos
tienen de una posible falta de seguridad en sus lugares actuales de
residencia. Este tipo de quejas suele ser planteada por colectivos de
ciudadanos; también por particulares, aunque en menor medida. Junto a
ello existe un pequeño número de quejas, que llamaríamos individuales,
que muestran su disconformidad con las sanciones impuestas al amparo de
la Ley de Seguridad Ciudadana.

Básicamente, como se señalaba en el informe, la causa más general de
sensación de inseguridad gira en torno a la existencia del tráfico de
estupefacientes, no tanto a gran escala como en relación al denominado
menudeo, y a la falta de presencia policial en las zonas en que se
practica que pueda disuadir a las personas implicadas en el tráfico que
se lleva a cabo. Precisamente como complemento a la labor de recopilación
de quejas en materia de inseguridad ciudadana conviene hacer una breve
referencia al apartado que dentro del mismo capítulo figura en el informe
de 1996 y que se refiere a un plan de visitas a comisarías de



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polícia que se inició en ese año 1996 y que ha continuado durante 1997.

La importancia de esta materia radica en que a la hora de analizar la
eficacia de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación al
servicio público que prestan y en el que se concentran precisamente el
binomio al que antes me refería, seguridad-inseguridad, yo creo que es
importante conocer con qué medios cuentan estas fuerzas en el desempeño
de su labor, puesto que, debemos señalarlo con el máximo respeto al
servicio público, deberían evitarse problemas de descoordinación,
disfunciones y carencias. En nuestra relación con los representantes
sindicales de estos funcionarios y de las visitas giradas se han podido
deducir algunas conclusiones que quedaron reflejadas en el informe y que
resumiré de la siguiente manera.

Primero, si bien el Ministerio del Interior está realizando un esfuerzo
presupuestario notable para renovar y mejorar las dependencias policiales
y las comisarías, subsisten todavía algunas con infraestructura
inadecuada; y a título de ejemplo señalábamos las de Coslada y Aranjuez.

Segundo, el tiempo de espera para formular denuncias constituye un punto
negro todavía sin resolver, siendo habitualmente superior a las dos
horas. Tercero, el número de funcionarios policiales uniformados para
misiones de patrulla y los medios materiales disponibles como vehículos o
elementos de transmisión no son suficientes para el servicio de atención
ciudadana y prevención de la delincuencia, siendo dentro de las dos la
más preocupante la situación del parque móvil. Cuarto, existen
dificultades en las detenciones de ciudadanos extranjeros para su
asistencia por intérpretes cualificados. Quinto, deben señalarse los
problemas que se detectan para recibir una asistencia médica preventiva
que evite las autolesiones y otros riesgos, sobre todo en el caso de los
detenidos que presenten trastornos por sus drogodependencias o
alteraciones psíquicas. Sexto, las condiciones materiales de los
calabozos son deficientes: inadecuada ventilación, ausencia de
calefacción, escasez de recursos para la higiene personal, mal estado del
equipamiento de las celdas (como las colchonetas y las mantas), escasez
de iluminación y material inadecuado para el revestimiento de las mismas
celdas. Séptimo, se ha prestado especial atención al uso del libro
registro de identificaciones previsto en la Ley Orgánica 1/1992, de 2 de
febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, dada la especial
incidencia que esta materia tiene dentro del contexto de los derechos y
garantías en una detención.

Esta breve introducción pienso que nos va a servir para situarnos mejor
en toda la compleja situación que denominamos inseguridad ciudadana.

Durante 1996 se recibieron un total de 29 quejas y se iniciaron dos de
oficio, lo que hace un total de 31 quejas. De ellas se han tramitado 22 y
no han sido admitidas a trámite nueve, quedando sólo una pendiente de ser
concluida al haber tenido un trámite más prolongado en el tiempo y
formularse en el mes de noviembre pasado una sugerencia a la Secretaría
General Técnica del Ministerio del Interior para que deje sin efecto una
sanción impuesta al amparo de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana,
sugerencia que todavía no ha sido contestada por la Administración. En el
caso de las quejas no admitidas a trámite se ha enviado la oportuna
información respecto de los cauces necesarios para ejercer el derecho de
los ciudadanos y los motivos que pueden tener respecto de una posible
intervención del Defensor del Pueblo, teniendo en cuenta que en tres de
ellas existía además un procedimiento judicial en trámite. Para la mejor
comprensión de los criterios aplicados en la admisión o no admisión de
las quejas que se hace mención debemos puntualizar lo siguiente. Primero,
que han sido admitidas a trámite todas aquellas quejas planteadas por
colectivos, bien sean asociaciones de vecinos, bien grupos de ciudadanos.

El 99 por ciento de estas quejas planteadas por grupos aluden a dos
aspectos. Por un lado, al tráfico de estupefacientes en la zona habitual
de residencia y, por otro, la falta a juicio de estos colectivos de una
suficiente respuesta por parte de las autoridades en general a sus
demandas de una mayor presencia policial en los barrios afectados. A este
grupo de quejas igualmente en el 99 por ciento de los casos se les ha
dado un trámite consistente, básicamente, en solicitar información del
gobierno civil o de la Delegación del Gobierno correspondiente, y en
algún caso incluso de los responsables policiales directos, trasladándose
esta información a los propios interesados. En un porcentaje que puede
estimarse entre el 60 y el 70 por cien de estos casos, la respuesta a la
solicitud de informe ha consistido en señalar las actuaciones llevadas a
cabo hasta el momento con el compromiso de incrementarlas. Igualmente en
porcentaje similar al que ha quedado reflejado antes respecto de las
quejas de colectivos, las respuestas de los gobiernos civiles o
delegaciones del Gobierno cuentan con una variable común, que son las
reuniones de los responsables policiales con las asociaciones de vecinos
correspondientes a fin de que se puedan concretar las medidas a adoptar.

En las quejas no admitidas a trámite, prácticamente todas ellas de
ciudadanos a título individual, los problemas que se han planteado
abarcan aspectos que se refieren a las sanciones impuestas con arreglo a
la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana por posesión de estupefacientes en
pequeñas cantidades y a problemas concretos con vecinos de los inmuebles
que habitan y que a su juicio pudieran estar relacionados con las drogas.

En estos casos se les ha recomendado inicialmente que se procediera a
denunciar estos hechos y, caso de no ser tramitada su denuncia o no tener
una respuesta satisfactoria o en el tiempo adecuado, indicarles que
pueden dirigirse de nuevo al Defensor del Pueblo para una nueva
valoración de los hechos. La procedencia de las quejas es de lo más
variada con respecto a todo el territorio nacional, aunque debemos decir
que destacan por su número las de las asociaciones de vecinos de
ciudadanos a título individual del barrio de San Blas de Madrid.

Vamos a hacer a continuación un informe sintético de las quejas de
oficio, de las quejas más representativas de los grupos vecinales y de
los grupos de ciudadanos a título individual que han sido admitidas a
trámite y no admitidas a trámite. Como les indicaba, son dos las quejas
de oficio tramitadas por la institución con motivo de estas noticias
aparecidas en medios de comunicación. Una de ellas hacía referencia a
unos incidentes sucedidos en Melilla (parece que Melilla es una ciudad
que tiene especial sensibilidad para los incidentes porque ayer volvíamos
a leer que se han



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vuelto a repetir, pero en otras condiciones), en los que intervinieron
unos legionarios del cuartel Millán Astray, que como represalia de la
muerte de un compañero en el barrio musulmán de la ciudad causaron
destrozos en la vía pública agrediendo a varios transeúntes. La
Delegación del Gobierno de Melilla nos informó que había tomado medidas
para restablecer el orden y para investigar e identificar a los
responsables de estos hechos, quienes habían sido puestos a disposición
de la autoridad judicial, por lo que el Defensor hubo de suspender la
investigación iniciada.

La otra queja de oficio se inició al tener conocimiento esta institución
de que un grupo de vecinos de Madrid estaba organizando (no olviden SS.

SS. que en la convocatoria se hace referencia al período correspondiente
al informe de 1996) patrullas de ciudadanos para impedir el ejercicio de
la prostitución y la presencia de drogodependientes en la zona de Méndez
Alvaro, ocasionando la correspondiente alteración del orden público.

Desde la institución se envió a un asesor que se desplazó para conocer la
situación en la zona, manteniendo una entrevista con los responsables
policiales que coordinaban la vigilancia en el lugar a fin de evitar
precisamente los aludidos desórdenes. Posteriormente se solicitó la
información a la Delegación del Gobierno, que nos informó de los
contactos que se llevaban a cabo al objeto de disuadir a los vecinos de
que continuasen con esta actividad de patrulla en la zona.

Por otra parte, en lo relativo a las quejas que se plantearon por
asociaciones de vecinos y particulares, he de significar que las mismas
se refieren a la inseguridad ciudadana provocada por el tráfico de
estupefacientes, que venimos repitiendo desde el comienzo de nuestra
intervención. Así, se han presentado a esta institución quejas de las
asociaciones de vecinos de Valdepeñas, en Ciudad Real, Narón, en La
Coruña, Puebla del Río, en Sevilla, y Boadilla del Monte, en Madrid. Es
de significar la posición activa de estas asociaciones que generalmente
acuden a esta institución después de haber planteado el problema a las
distintas autoridades con competencias en la materia. En todos estos
casos hemos solicitado información a los entonces gobiernos civiles, las
delegaciones o subdelegaciones del Gobierno actualmente, acerca de la
realidad de las situaciones denunciadas y de las actuaciones que se
habían llevado a cabo para evitarlas. De las respuestas facilitadas se
desprende que en la generidad de los casos las autoridades, conscientes
de la gravedad del problema que se había planteado, mantuvieron cuantas
reuniones fueron consideradas necesarias con las asociaciones, al objeto
de informar puntualmente a las mismas de las actuaciones bien de carácter
policial, bien de otra índole, encaminadas a paliar la situación
denunciada. En relación a la información concreta que sobre estos casos
se ha facilitado a la institución podemos significar que, en el caso de
Valdepeñas, el Gobierno Civil de Ciudad Real nos informó que desde 1995
se había iniciado la presencia y control policial en la zona situada en
la ciudad que señalamos y cuya situación persiste en la actualidad,
señalándose que las aprehensiones han dado lugar a procedimientos penales
y en estos momentos también tienen lugar los procedimientos sancionadores
en aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

Por lo que se refiere a la queja planteada en relación al tráfico de
estupefacientes en Boadilla del Monte, esta institución solicitó
información tanto de la Dirección General de la Guardia Civil como del
Ayuntamiento de la citada localidad, habida cuenta de la queja que aludía
a la falta de dotación de Policía local en esta población. En la
respuesta facilitada por el Ayuntamiento se nos informa que se tenía
prevista la aprobación de cinco nuevas plazas de policías locales y una
de cabo para el año 1996. No obstante, afirmaba que existe una buena
colaboración con la Guardia Civil, cooperando estrechamente en labores de
protección ciudadana, lo que a juicio de los informantes del Ayuntamiento
resultaba suficiente para preservar la seguridad en el municipio.

Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil ha informado de
las detenciones prácticas durante el año 1996 en relación a hechos
conexos con el tráfico de estupefacientes, destacando la colaboración con
el Cuerpo Nacional de Policía en lo que se refiere al control de personas
que pueden desplazarse a la zona para la adquisición de la droga. Debemos
reseñar que en el caso de Narón, por ser una zona especialmente castigada
por el problema del tráfico de estupefacientes esta institución consideró
necesario solicitar la colaboración del delegado del Gobierno para el
Plan nacional sobre las drogas, quien nos ha remitido un extenso informe
respecto de todas las actuaciones realizadas en la zona, no sólo de
carácter policial sino también de carácter social. De dicho informe se
desprende que la colaboración --y esto es importante-- entre las
asociaciones antidroga y los responsables de la Administración está
empezando a dar frutos con el descenso del número de drogodependientes,
si bien no puede considerarse que el problema esté erradicado.

Dentro de este apartado hay también que destacar las quejas recibidas en
relación con el tráfico de estupefacientes en distintos sectores de
Madrid. Y así, se han recibido quejas en relación al deterioro padecido
en el Pozo del Tío Raimundo y en el barrio de San Blas, en concreto en la
antigua avenida de Guadalajara, lugares ampliamente conocidos por el
tráfico de estupefacientes. En el primero de los casos, el del Pozo del
Tío Raimundo, la Delegación del Gobierno informó que este barrio es un
lugar de paso para quienes se acercan al poblado marginal de la Celsa,
punto estratégico en el tráfico de drogas en esta capital. También se ha
informado que la comisaría de Entrevías, que es la encargada de este
sector, ha adoptado medidas tanto en el aspecto social como policial para
intentar controlar este tráfico en colaboración con la brigada provincial
de seguridad ciudadana. Y respecto al barrio de San Blas, la Delegación
del Gobierno ha informado que junto al grave problema del tráfico de
estupefacientes existe un problema general de convivencia entre los
residentes en viviendas de pisos y las personas que residen --si se puede
decir--, que habitan o viven en chabolas. A este respecto, la Delegación
del Gobierno nos informó de las actuaciones que se estaban proyectando en
materia urbanística y que fueron iniciadas en el año 1996, por lo que se
prevé un descenso



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de la presencia de personas dedicadas al tráfico de estupefacientes. Por
otra parte se informó --ustedes lo recordarán-- sobre el operativo
policial que se llevó a cabo por esta comisaría de San Blas y que fue
conocido como Operación verano 1996. Como ha pasado tanto tiempo desde
entonces, no tenemos que confundir esa operación del año 1996 con la que
posteriormente tuvo lugar, precisamente realizada por el Ayuntamiento en
otras zonas y que dio lugar a incidentes acometidos, como es lógico, en
el informe correspondiente al año 1997; pero nos estamos refiriendo,
puesto que así me lo exige la solicitud de comparecencia, al informe de
1996. Esta acción policial preventiva duró 24 horas al día y fue llevada
a cabo para impedir el acceso de drogodependientes.

Hasta aquí llega el relato de las quejas que han sido tramitadas en
relación con el tráfico de drogas. Pero también se han recibido otras
quejas en las que el problema de la inseguridad ciudadana viene provocado
por la difícil convivencia entre distintos colectivos. Así, se dirigió a
esta institución una asociación de vecinos de Palencia manifestando la
disconformidad que tenía con el acuerdo adoptado por Ayuntamiento de esa
ciudad en virtud del cual se trasladaba a una zona próxima a sus
viviendas a un número indeterminado de familias gitanas, lo que a su
juicio iba a provocar problemas de convivencia que ya se habían traducido
en altercados entre los vecinos y los gitanos. La asociación hacía
constar que se había procedido a impugnar ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León este acuerdo municipal. La queja, por consiguiente, no
pudimos admitirla a trámite por existir un procedimiento judicial que,
como ustedes saben, impide al Defensor del Pueblo entrar en el examen de
la queja a tenor del artículo 17 de nuestra ley orgánica, pero también
porque el planteamiento de la queja dejaba entrever una cierta
resistencia a la presencia de los gitanos como problema fundamental, lo
que lógicamente no podría considerarse en sí mismo un elemento de queja
sino un enfrentamiento entre las dos comunidades, con otras
características distintas a las que se señalaban en la queja presentada
por la asociación de vecinos de este barrio palentino. En todo caso, en
el escrito de información se indicó a la asociación que, en el supuesto
de que las denuncias formuladas con motivo de los posibles altercados no
fueran diligentemente tramitadas por las autoridades policiales, se
pusiera en conocimiento de esta institución a fin de que pudiéramos
adoptar las medidas oportunas tendentes a instar de las autoridades
competentes el mantenimiento de esta seguridad ciudadana a la que ellos
apelaban.

En relación con la prostitución se recibió una queja en la que se
manifestaba la presencia de prostitutas en una determinada zona de
Almería. La queja se refería a la inseguridad creada en la zona con
frecuentes peleas callejeras y tráfico de estupefacientes. El Gobierno
Civil de Almería informó a esta institución de que se habían efectuado
operaciones para erradicar este tráfico de estupefacientes y para evitar
las alteraciones del orden público mediante una mayor presencia policial,
dando resultados positivos de acuerdo con el informe de Almería.

Finalmente se han recibido en esta institución quejas relativas a los
problemas de orden público que se originan en las zonas frecuentadas por
jóvenes. Así sucedió en la localidad de Los Belones, en Cartagena, zona
turística, en la que algunos jóvenes protagonizaron actos de vandalismo y
gamberrismo a altas horas de la noche. La Delegación del Gobierno en
Murcia informó de que la Guardia Civil conocía el problema y se había
procedido a establecer patrullas en la localidad, lo que había erradicado
en alguna medida este problema sin que se hayan reproducido estos hechos,
al menos en lo que se refería el informe que nos llegó. Situación similar
a la expuesta fue la que nos planteó una asociación de vecinos en
Santander, que manifestaba venir denunciando desde hacía varios años la
inseguridad que padecían en sus barrios sin que al parecer se hubieran
tomado las medidas oportunas para evitar los desórdenes que se cometían.

Se solicitó a la Delegación del Gobierno el oportuno informe, señalándose
que se habían llevado a cabo reuniones por parte de los responsables de
contactos ciudadanos de la comisión provincial con la asociación a fin de
conocer exactamente los motivos de la queja, el tipo de hechos que a su
juicio suponía el clima de inseguridad ciudadana denunciada. El delegado
nos informaba que la brigada provincial de seguridad ciudadana había
cursado los oportunos dispositivos de servicios para que en las áreas de
atención al ciudadano y por los grupos de policía contra la delincuencia
juvenil se controlase la zona y los objetivos señalados al efecto de que
los vecinos tuviesen una percepción de clima de mayor seguridad.

Por hacer un poco de resumen me vuelvo a referir a las dos quejas de
oficio, la de los legionarios de Millán Astray, de Melilla, y la
prostitución de Méndez Alvaro, de Madrid; a las quejas de asociaciones de
vecinos de Valdepeñas, Boadilla del Monte, Narón, en Coruña, El Pozo del
Tío Raimundo, en Madrid, y San Blas, en la antigua avenida de
Guadalajara, en Madrid también; y a los problemas de inseguridad
ciudadana como consecuencia de la convivencia entre distintos colectivos,
de las asociaciones de vecinos de Palencia, de Los Belones, en Cartagena,
Murcia, y de Santander.

Sus señorías me permitirán que yo entienda que con esta exposición --que
es a fin de cuentas la ampliación de lo que figuraba de manera mucho más
sucinta, casi telegráfica, en el informe de 1996-- haya dado cumplimiento
al encargo recibido de trasladarles una ampliación de los problemas de
inseguridad ciudadana correspondientes a este informe --insisto-- del año
1996.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Defensor del Pueblo, por la
información que nos ha proporcionado. En orden a fijar posición o a hacer
comentarios a este informe ¿grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el grupo promotor de la comparecencia, tiene la palabra el señor
Pedret.




El señor PEDRET I GRENZNER: Señoras y señores comisionados, el
autocontrol al que nos ha excitado previamente el presidente de la
comisión no va, en mi caso, a excluir el dedicar un tiempo cortísimo,
pero le aseguro que



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sentido, a agradecer al Defensor del Pueblo su presencia en la mañana de
hoy entre nosotros, más teniendo conocimiento, también por la
comunicación del presidente, de la situación física en la que se
encuentra, por lo cual le aseguro que voy a intentar ser lo más breve
posible, porque me parece que tampoco es bueno, desde ningún punto de
vista, mantener a un ciudadano tan ilustre como el Defensor del Pueblo en
una situación incómoda ante el Parlamento. Por ello, con brevedad
absoluta quiero agradecerle el exhaustivo informe, muy ampliado desde
luego respecto al escrito y también a las manifestaciones verbales que
nos expuso en el informe de 1996. Entienda también que es muy lógica la
preocupación o el interés de quien habla en este momento por el hecho de
pertenecer a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso y tratarse
de temas absolutamente conexos.

A nosotros nos interesaba mucho --y por eso la solicitamos-- la
información detallada de lo que había ocurrido en 1996 --a aquel ámbito
temporal nos referíamos-- pero nos interesaba también --y así constaba en
la solicitud de comparecencia-- la existencia, si las había, de
propuestas por parte de la institución respecto a los temas de seguridad
o inseguridad ciudadana. De todas formas considero que de la exhaustiva
--repito-- exposición del Defensor del Pueblo aparecen, al menos por vía
negativa, propuestas interesantes. Digo por vía negativa porque me ha
parecido detectar que, en la mayoría de ocasiones, al referirse a las
quejas concretas se hablaba del contacto producido a consecuencia de la
queja entre las autoridades encargadas de la materia y los afectados,
básicamente las asociaciones de vecinos.

Desde nuestra perspectiva de la seguridad o inseguridad ciudadana, que es
básicamente social en el sentido que nuestra Constitución nos obliga a
entender nuestra seguridad ciudadana, es decir, aquel ámbito de paz y
libertad en que se sienten los ciudadanos individual y colectivamente
para poder ejercer amplia e ilimitadamente sus derechos, entendemos que
la participación ciudadana, el contacto permanente y organizado entre las
autoridades encargadas de la materia y las personas afectadas, y también
los representantes sociales de estas personas afectadas, es el eje
fundamental para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Y no es
sólo, señor Defensor del Pueblo, una formulación teórica que realicemos.

Entendemos que de los datos de la realidad aparece que, cuando este
esquema de participación, contacto, prevención, conocimiento, intercambio
de información se produce, los índices de victimización descienden;
cuando estos contactos se interrumpen, dejan de funcionar los consejos de
seguridad, se produce la actuación aislada, independiente, de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, no existe la comunicación previa
permanente y fluida con las organizaciones sociales, los índices
aumentan. Y desde la perspectiva social a que me refería antes de la
seguridad ciudadana, de este ánimo libre que deben tener los ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos, la victimización es dato fundamental, no
tanto el número de actuaciones que se han producido contra la seguridad
ciudadana, no tanto el importe económico que ello suponga, sino la
sensación de libertad de los ciudadanos. Decía por ello que por vía
negativa o al contrario había deducido la existencia de una recomendación
no formulada expresamente; recomendación que si es así en el ánimo del
Defensor del Pueblo quiere decir que tiene la adhesión completa de
nuestro grupo porque los datos, como había dicho antes, son absolutamente
contundentes. Si comparamos datos no referidos a las quejas presentadas,
pero al hilo de estas quejas, datos por ejemplo de la victimización en el
año 1996 en la ciudad de Madrid, en la villa de Madrid, o en la ciudad de
Barcelona, observamos un diferencial importante de 4 puntos, 14 puntos en
la ciudad de Barcelona, 18 puntos en la villa de Madrid.

No puede desde luego mi grupo dejar de relacionar este hecho importante
(cuatro puntos, cuando hablamos de 14 y 18, es un porcentaje
importantísimo que afecta realmente a la sensación de libertad y de
seguridad) con la existencia de mecanismos de participación actuantes en
la ciudad de Barcelona, con un consejo de seguridad y con unos consejos
de prevención y seguridad de los distritos, con las mesas de coordinación
policial, con la intervención no sólo de las todas las fuerzas de
seguridad, sino de gremios, asociaciones de comerciantes, asociaciones de
vecinos, representantes políticos, etcétera, con la práctica desaparición
(no teórica, pero sí práctica) del Consejo de Seguridad de Madrid, cuya
última reunión data de hace más de 7 meses en este momento, pero ya se
producía antes la espaciosidad excesiva de convocatoria para reuniones de
trabajo.

Se trata, por tanto, a nuestro entender, no sólo de una cuestión de
participación teórica, sino de una cuestión de repercusión práctica real.

Sólo en la participación, sólo en el conocimiento previo, en la confianza
entre todos los que tienen que intervenir en el tema, desde los
ciudadanos hasta la autoridades, desde la autoridad represiva (como debe
ser también la policía, evidentemente) a las autoridades civiles, podemos
crear un clima que podíamos considerar conveniente. Esta es por nuestra
parte la conclusión que más nos interesa de la comparecencia de hoy.

Y ha habido también unas referencias del Defensor del Pueblo en relación
a una de las quejas de oficio formuladas que no podemos dejar de recoger
también para su constancia, al menos en el «Diario de Sesiones», aunque
ciertamente no se ha referido al período temporal del año 1996. Se ha
referido el Defensor del Pueblo a la queja de oficio tramitada respecto a
la actuación de determinados legionarios del cuartel Millán Astray, en
Melilla. Es lo cierto que en los últimos días hemos visto un par de
incidentes (no sólo uno, sino un par de incidentes) en la ciudad de
Melilla que creemos que ponen de manifiesto también la existencia de unas
condiciones de seguridad ciudadana deficientes en aquella ciudad autónoma
y que deben llamar nuestra atención, y desde luego estoy convencido que
llaman la atención del Defensor del Pueblo. Me estoy refiriendo al
descubrimiento el día 23 de febrero, el lunes pasado, del cadáver
calcinado de una inmigrante en el absolutamente indignante campamento
espontáneo del cementerio de automóviles de los terrenos de la Granja
Agrícola de Melilla, en donde viven inmigrantes en unas condiciones
absolutamente contrarias al mínimo respeto de los derechos humanos,



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y está absolutamente convencido este portavoz de que están también
relacionados con el tema de los incidentes de anteayer en el centro de
Melilla. Digo absolutamente relacionado porque sólo conociendo cuáles son
las situaciones físicas reales de la vivienda, con todas las comillas
necesarias, que se procuran de una forma u otra los inmigrantes en el
cementerio de automóviles puede entenderse realmente lo que pudo ocurrir
anteayer en Melilla y lo que puede ocurrir en cualquier momento si no se
establece este sistema de participación de todos los afectados y,
evidentemente, en el caso de Melilla, la erradicación absoluta de las
condiciones físicas del cementerio de automóviles de la Granja Agrícola,
que es tema que sabemos perfectamente preocupa al Defensor del Pueblo.

Con ello y no haciendo, como nos ocurre casi siempre, excesivo honor a la
promesa de brevedad, pero procurando no extenderme más allá de lo que
consideraba imprescindible, acabo la intervención, repitiendo, como no
podía ser de otra forma, el agradecimiento al Defensor del Pueblo por su
comparecencia.




El señor PRESIDENTE: A continuación, los distintos grupos de menor a
mayor intervendrán también para fijar su posición. En este sentido, el
portavoz y vicepresidente de la Mesa, don Luis Mardones, por el Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Me atendré también a su recomendación inicial
de la brevedad. Agradecemos al señor Defensor del Pueblo el informe que
sobre este punto a iniciativa del Grupo Socialista nos ha traído, y creo
que es importante cualquier reflexión que hagamos en esta Cámara al
respecto.

Pero voy a ceñirme en estos aspectos en cuanto estén dentro de una
información y actuaciones del Defensor del Pueblo, dado que de aquí se
pueden derivar las observaciones pertinentes pero que tendrían mejor
cabida en una comparecencia del señor Ministro del Interior, a los
efectos que le correspondan.

Yo quiero, en primer lugar, destacar que la oficina del Defensor del
Pueblo no ha sido ajena ni insensible, sino todo lo contrario, a las
quejas que han llegado de los ciudadanos en una materia en que lo que
llama en verdad la atención es su parquedad. Parquedad frente a lo que es
después una exposición en los medios de comunicación social de distintos
aspectos relacionados con la inseguridad ciudadana.

Como bien señala el informe de 1996 del Defensor del Pueblo, lo que se ha
recogido en él son una serie de denuncias ocurridas en barrios de Madrid
y de algunas localidades, como ha señalado el Defensor del Pueblo, y
curiosamente referidos a temas de drogas, tráfico de estupefacientes, a
la carencia de iluminación callejera y a la poca presencia policial. Esto
ya nos sitúa en un problema muy complejo, cuya resolución no es solamente
de una única administración, sea la que sea que esté llamada a resolver
el asunto, porque desde luego la iluminación callejera es una cuestión de
la Administración local, de los ayuntamientos respectivos; la lucha
contra la droga plantea problemas de competencias interministeriales e
incluso interadministrativas, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, Cuerpo de Policía Nacional o Guardia Civil, y las policías
autonómicas de aquellas comunidades autónomas que las tienen, caso de
Cataluña, País Vasco y Galicia.

Todo lo relacionado con la presencia policial, como bien conoce el señor
Defensor del Pueblo, es un problema todavía mucho más complejo. Aquí
habría que hacer una observación; creo que ha sido atinada la observación
que ha hecho el portavoz socialista con respecto a una institución o un
aparato orgánico que a veces funciona con graves deficiencias en cuanto a
sus reuniones en el tiempo, que son las comisiones o juntas de seguridad
ciudadana, bajo la presencia del delegado del Gobierno o del subdelegado
respectivo en la provincia, de la que tienen que formar parte, por
supuesto, los representantes de las policías autonómicas y de las
policías locales.

Yo creo que estas observaciones del Defensor del Pueblo pueden ser muy
interesantes. En este momento desconozco si ha habido ya comparecencia,
pero en cualquier caso la habrá, si no la hubiera habido, acogiéndonos
siempre a la grata benevolencia y colaboración del señor Defensor del
Pueblo y de todos sus adjuntos, ante la subcomisión que en esta Cámara
está formada para buscar la definición de un nuevo modelo policial. Nuevo
modelo policial donde fundamentalmente la práctica es atender, entre
otras cuestiones, a esta inseguridad ciudadana, porque estamos viendo que
el ciudadano en casos de atracos, violaciones, tironeros, no recurre, por
la incidencia que nos ha señalado don Fernando Alvarez de Miranda, a la
institución del Defensor del Pueblo, porque se va por las vías ordinarias
bien de los juzgados, de la Administración de justicia, bien por la vía
de las denuncias pertinentes en las comisarías de policías.

Sí sería conveniente una recomendación de la oficina del Defensor del
Pueblo en base a la casuística que le pudiera llegar, y también de esas
actuaciones de imagen que viene muy acertadamente haciendo la institución
del Defensor del Pueblo a través de los medios de comunicación social,
visitas a comisarías, etcétera; habría que hacer a los ciudadanos una
oferta de la receptividad que tiene para cualquier tema social la
institución del Defensor del Pueblo, de forma que también llegasen esas
denuncias, y que, de una manera muy genérica, y me agarro al caso de la
poca presencia policial, fuera motivo de una recomendación interesante de
la institución del Defensor del Pueblo al Gobierno que, para corregir los
déficit de poca presencia policial, se inste a estas juntas de seguridad
ciudadana, formadas por las distintas administraciones, a que hagan una
labor que, a juicio de este diputado y de mi grupo, es la deficiencia más
notoria hoy en día, porque no hay coordinación entre las distintas
policías (la estatal, la autonómica y la de administración local), que
todas tienen, como dice el ciudadano, muchos guardias y muchos policías
y, sin embargo, se ven deficiencias de la presencia policial, porque a
fin de cuentas al ciudadano le tiene sin cuidado que la presencia
policial tenga el uniforme de un color o de otro, sino que vaya
directamente a resolverle los problemas.




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Hay que sacar partido, señor Defensor del Pueblo, a la Ley Orgánica de
Protección de la Seguridad Ciudadana, bien invocada en uno de los
informes que trae la memoria de 1996 del Defensor del Pueblo, como a la
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero yo creo
que en estas dos leyes orgánicas y en la competencia del Defensor del
Pueblo hay instrumentos para que la alarma social no exista y la
incidencia sea la que las estadísticas señalen en cualquier país
ordinario, pero tenemos que estimular la presencia policial, exigiéndoles
a las administraciones coordinación entre ellas, y no que cada cuerpo
vaya por su lado, como muchas veces ocurre.

Coalición Canaria ha estimulado a su propia Administración autonómica de
Canarias modelos policiales que no vayan por la vía del aumento del gasto
de inventarnos nuevas policías, sino en coordinar a las que ya existen.

En esta línea, nuestro grupo le ofrece su máxima colaboración, como es
habitual, al señor Defensor del Pueblo, a toda la institución y a los
colaboradores que la forman.




El señor PRESIDENTE: Seguidamente, como no hay ningún grupo intermedio,
el portavoz del Grupo Popular, don Francisco Murcia, tiene la palabra.




El señor MURCIA BARCELO: En primer lugar, quiero agradecer también al
señor Defensor del Pueblo su presencia y su información en relación con
el informe del año 1996.

Quisiera iniciar mi intervención manifestando algo que me ha causado
francamente alegría, y es la facilidad que existe para poder conectarse
entre los representantes del Gobierno y el Defensor del Pueblo para que a
su vez sean los representantes del Gobierno, en su caso, policía,
delegados del Gobierno, etcétera, los que se conecten con la ciudadanía,
que es, en definitiva, a quien va dirigida la seguridad ciudadana y de
donde parte también la inseguridad ciudadana, porque también de
ciudadanos parte este problema.

Del pequeño informe que tenemos y que venía reflejado en el boletín de 12
de junio de 1997 acerca de la seguridad ciudadana, tenemos que manifestar
que tanto cuando se puso de manifiesto que representantes de varias
asociaciones de vecinos de populares barriadas de Madrid, como en otros
casos correspondientes a distintas zonas del territorio nacional, también
se habían planteado quejas respecto a la problemática del tráfico de
estupefacientes, con una dimensión más allá de la meramente policial que,
a juicio del Defensor del Pueblo, exigía que durante 1997 se procediera a
hacer un seguimiento más particularizado de estos supuestos, con el
objetivo de tratar de coordinar a todas las administraciones afectadas
para dar una respuesta más eficaz a este problema.

Pues bien, a lo largo de 1997 nos consta que la Dirección General de la
Policía ha orientado las líneas generales de actuación a dar respuesta y
satisfacer en la medida de lo posible las necesidades que plantea la
sociedad española, aproximando los servicios policiales al cuidando para
conseguir las más altas cotas de seguridad ciudadana y especializar en el
sentido de adaptar unidades específicas del Cuerpo Nacional de Policía
para hacer frente a la moderna delincuencia en sus manifestaciones más
evolucionadas y complejas.

Desde del segundo semestre de 1996, la Dirección General de la Policía
viene desarrollando, y así nos consta, un proyecto llamado de policía de
proximidad, con los objetivos fundamentales de acercar la policía al
ciudadano, incrementando la presencia policial en las calles hasta
alcanzar la plena integración de los mismos en la comunidad a la que
sirven para en definitiva mejorar las condiciones de la seguridad
ciudadana.

Este proyecto se ha puesto en marcha en determinados barrios de 21
ciudades españolas, destinándose a ellas un total de 490 funcionarios,
así como el equipamiento necesario, consistente fundamentalmente en
motocicletas y equipos de comunicación.

Debemos significar que el resultado obtenido hasta la fecha es al parecer
altamente satisfactorio, tanto por el grado de aceptación de los
ciudadanos en las ciudades en que prestan servicio, como por el grado de
satisfacción profesional de los propios policías, así como por la
eficacia demostrada en la prevención de la inseguridad.

En relación con los grupos de atención a la mujer, se ha procedido a la
creación de nuevas unidades en las localidades de Oviedo, Toledo y
Murcia, que vienen a unirse a las 13 ciudades españolas que ya contaban
con este servicio. También durante 1997 se han creado nuevos grupos de
menores en las plantillas de Toledo y Jaén.

En la actualidad, el Ministerio del Interior tiene suscritos convenios de
colaboración en materia policial con la Comunidad Autónoma de Galicia,
Comunidad Valenciana y Comunidad de Andalucía para la adscripción de
unidades del Cuerpo Nacional de Policía de conformidad con lo establecido
en el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. En el marco del convenio de colaboración
del 25 de noviembre de 1996 suscrito entre el Ministerio del Interior y
la Federación Española de Municipios y Provincias, con el objetivo
fundamental de fomentar la coordinación y la colaboración policial tanto
de las instituciones como de los cuerpos y fuerzas de seguridad que
actúan en un mismo municipio, a lo largo de 1997 se han firmado acuerdos
específicos de colaboración con los siguientes municipios: Valencia,
Granada, Santiago de Compostela, Toledo y El Egido.

Con el fin de lograr una mayor eficacia en la lucha contra la
delincuencia organizada, en particular en lo que atañe al tráfico de
estupefacientes, crimen organizado y blanqueo de capitales, el Consejo de
Ministros de 24 de enero de 1997 aprobó un plan de medidas para luchar
contra las drogas y el crimen organizado. En cumplimiento de dicho plan,
la Dirección General de la Policía ha puesto en marcha un proceso de
creación de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (Udyco), que en una
primera fase se ha aplicado en las jefaturas superiores de Madrid,
Cataluña, Galicia, Valencia, Andalucía y Canarias, coincidiendo con las
ciudades que por su población o por su actividad turística constituyen
puntos de asentamiento y actuación de estas organizaciones criminales.




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Actualmente se encuentran integradas en estas unidades 1.077 policías, y
en lo relativo a medios materiales y técnicos se ha llevado a cabo una
inversión de 220 millones de pesetas. Los resultados de su funcionamiento
ya se han evidenciado tanto por los servicios operativos realizados como
por el grado de aceptación y estima puesto de manifiesto en las
conclusiones de diversos foros entre los que podemos citar Congreso
Interpol (en Alicante), Europol (en Valencia) o las primeras jornadas de
Udyco en Madrid.

La lucha contra el tráfico de drogas continúa siendo una prioridad
operativa sobre la que se ha actuado intensamente, tanto desde la mejora
de coordinación informática como en la ejecución de operativos
policiales. Los decomisos logrados referidos sólo a las tres principales
sustancias de narcotráfico arrojan resultados altamente positivos, aunque
provisionales demomento. Heroína: 371 kg; cocaína: 9.224; hachís: 91.654.

Estas incautaciones de droga han supuesto 9.269 actuaciones policiales,
con un total de 14.250 personas detenidas por esta causa.

Durante 1997 las distintas unidades operativas del Cuerpo Nacional de
Policía han continuado desplegando una intensa labor tanto a nivel
central como periférico para el mantenimiento de la seguridad ciudadana,
acentuando la faceta preventiva y asistencial, y para la persecución e
investigación de los delitos y faltas. Podríamos señalar algunos, quizás
los más significativos en algunas áreas, como podrían ser, en el área de
información, la detención de 29 miembros relacionados con la banda
terrorista ETA; detención de 109 personas relacionadas con los taldes «y»
repartidos de distinta forma entre Pamplona, San Sebastián, Bilbao,
Vitoria; detención de 11 personas de nacionalidad argelina, que
constituían un comando de apoyo a infraestructuras del GIA argelino; la
desarticulación en Barcelona de una red de apoyo a organizaciones
integristas de carácter islámico, así como otras áreas y servicios
realizados por las unidades de policía judicial y en particular las
Udyco, conforme se relaciona anteriormente.

También tenemos en el área de seguridad ciudadana la elaboración,
desarrollo y participación de los correspondientes dispositivos de
seguridad realizados con ocasión de la cumbre del Consejo de la OTAN,
celebrado en Madrid, de la celebración en Sotogrande de la Rider Cup, de
la celebración en Barcelona del enlace matrimonial de su Alteza Real la
Infanta doña Cristina, así como del desarrollo entre los días 1 y 2 de
diciembre de la cumbre hispanofrancesa en Salamanca.

Yo sí quisiera terminar, para no hacerlo largo, y que no parezca
simplemente que estoy haciendo un poco de autobombo al comportamiento del
Gobierno ante sus obligaciones en relación con la seguridad ciudadana,
diciendo que mi grupo, el que sustenta al Gobierno, tiene la confianza de
que éste va a conseguir que nuestro país sea seguro y que se garantice la
libertad. ¿Cómo? Como el propio Defensor del Pueblo a lo largo de su
intervención ha venido diciendo: reforzando los medios, incrementando la
prevención en general de la delincuencia, aproximando la policía al
ciudadano, aumentando la coordinación e información entre los distintos
cuerpos de seguridad, incrementando la cooperación entre todos los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto del Gobierno central
como de las comunidades autónomas y de los municipios y, por supuesto,
con el diálogo entre las autoridades, entre la policía, entre los
ciudadanos, entre la sociedad civil, en definitiva, y los políticos.

Agradeciéndole nuevamente su presencia, yo termino.




El señor PRESIDENTE: Tiene de nuevo la palabra el Defensor del Pueblo
para contestar a las distintas intervenciones.




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda y Torres): Muchas
gracias, señor presidente, muchas gracias, señorías que han querido hacer
una serie de puntualizaciones y observaciones a esta ampliación del
informe de hace más de dos años que en algunas cosas evidentemente se ha
quedado un poco retrasado. Bueno, así han sido las cosas y deberíamos
procurar evitarlas.

Mi primera sensación después de oírles a SS. SS. es que todo lo que han
dicho me parece perfectamente razonable y que lo suscribo plenamente.

En relación con lo que el representante del Grupo Socialista nos sugiere
respecto de un contacto permanente y organizado entre las personas
afectadas y las fuerzas de seguridad, que de alguna manera ha quedado
traslucido en parte del informe, le diré que, como él mismo ha subrayado,
me parece esencial. Sin ese contacto entre la sociedad civil afectada por
estos temas de inseguridad y las propias fuerzas o cuerpos que están
encargados de mantener la seguridad, poco se podría hacer. De manera que
eso es absolutamente esencial, absolutamente primordial. Y todo lo que se
pueda decir en ese aspecto, como S. S. nos ha indicado, tenemos que,
desde el Defensor del Pueblo, no solamente subrayarlo, sino aplaudirlo y
sumarnos a ese tipo de contactos para que efectivamente esos consejos que
en algunos supuestos parece que cuesta poner en marcha, y en otros, una
vez que se ponen parece que luego se abandonan, no se dejen en el olvido.

El aumento de la inseguridad por falta de contactos yo creo que es
bastante cierto, como S. S. ha señalado.

El porcentaje de lo que ocurre en Barcelona, al que hacía alusión, donde
las aproximaciones de contactos se llevan con mucha más frecuencia que en
otras ciudades, nos demuestra lo beneficioso de esos contactos, y lo
beneficioso --a mi juicio-- de un aspecto que han subrayado los tres
señores que han intervenido: la coordinación de las fuerzas de seguridad.

Acabamos de hacer alusión a un tema que afecta también a otro que al
Defensor del Pueblo le ha dejado en ocasiones con la sensación de que
algo no marcha bien. Yo estoy seguro de que las fuerzas de seguridad y
otros organismos del Estado quieren tener en cuenta la importancia y el
valor de la coordinación. Nosotros, ante casos que realmente nos han
parecido alarmantes y que en cierto modo nos debían movilizar, como nos
han movilizado, nos hemos dirigido a las autoridades correspondientes
(Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Fiscalía General del
Estado) pidiendo primero y sobre todo que las fuerzas de



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seguridad del Estado y las policías autónomas y locales se coordinen y
que no actúen cada una por su lado, con el fin de que no lleguen luego a
producirse sucesos lamentables como los que se están produciendo, sin
culpa de nadie, sino simplemente porque no ha habido esa coordinación.

Esa recomendación la hemos efectuado recientemente, después de tener
constancia de los hechos, la propia Administración la ha reconocido. No
es algo que el Defensor del Pueblo se esté inventando, tendrá su reflejo
en el informe correspondiente, pero es algo a lo que ustedes se están
anticipando, porque efectivamente es así: la coordinación es fundamental,
y pasa y surge precisamente porque las fuerzas que deban coordinarse
tengan esa conciencia.

Por consiguiente, al representante del Grupo Parlamentario Socialista le
agradezco lo que él indica. Yo participo fundamentalmente en todo lo que
nos dice sobre el Consejo de Seguridad de Madrid; en ese sentido, habría
que hacer algún tipo de gestión, que yo le aseguro que el Defensor hará
llegar al delegado del Gobierno para que, lo mismo que en otras ocasiones
el Defensor se ofrece de una manera voluntaria, si por otros
procedimientos no se puede llegar a hacer este tipo de convocatorias
entre los distintos sectores afectados, podamos convocarles y escuchar a
las distintas partes los problemas que se pueden plantear; igual que ha
ocurrido en aspectos sobre inmigración, puede ocurrir con la seguridad
ciudadana.

Se acaba de referir a los problemas de Melilla. Yo acabo de venir de
Ceuta, que es otro aspecto distinto del de Melilla, y resulta que nada
más irnos vuelven a producirse estos hechos. Hay que hacer algo, hay que
volver allí, hay que estar presente, hay que excitar a las autoridades
correspondientes de estas ciudades un poco emblemáticas, que están
representando un poco nuestra frontera sur, que se están preparando para
una impermeabilización que va a ser difícil de conseguir, porque nadie
pone puertas al campo, ni a la libertad, ni al hambre. Y a eso no se le
pone puertas ni hay quien quiera ponerlas. Tenemos que tomar nuestras
medidas. Evidentemente es muy cómodo para Europa decir que el sur de
nuestras fronteras se impermeabilice para no dejar llegar allí a toda
esta gente sucia, maloliente que viene desde el sur. Bueno, eso no lo
podemos nosotros tolerar y debemos hacer algo desde el punto de vista
político y desde el punto de vista sobre todo de derechos humanos, pero
la realidad es que esto existe y hay que buscar las fórmulas que
señalaba: estar allí presentes, dar ánimos a quienes padecen más
directamente esa inseguridad y decirles que Melilla y Ceuta no están
ajenas a las preocupaciones del Defensor del Pueblo.

Y don Luis Mardones, que siempre es absolutamente conciso, oportuno y
puntual, nos decía lo mismo: falta coordinación, esa subcomisión para
buscar un nuevo modelo policial... Yo creo que efectivamente hay que ir a
un nuevo modelo policial. El Defensor hasta ahora no ha sido convocado
para asistir a esa subcomisión, pero pienso que desde luego sobre esto
tiene la institución ideas y ha trabajado el tema, y no es una cosa que
hayamos improvisado en este momento; se viene trabajando desde hace
tiempo, se viene dando vueltas y, con mucho gusto, si la subcomisión hace
esa convocatoria, se asistirá.

En cuanto al representante del Grupo Popular, efectivamente, los
contactos con la Administración existen. Esa directiva política que se ha
proyectado sobre un plan de prevención de inseguridad, él nos ha dado
mejor que nadie una serie de datos que yo creo que son bastante
elocuentes y que yo le agradezco que queden reflejados además para poder
dejar constancia de lo que se ha hecho. Pero yo creo que todo lo que se
hace es insuficiente, siempre --él mismo lo decía-- hay que hacer un poco
más. Y en esa línea estaremos nosotros para apoyar las acciones que sobre
esta materia podamos llevar adelante.




-- INFORMAR SOBRE EL ESTADO DEL INFORME MONOGRAFICO DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES EN EL AMBITO FAMILIAR. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO) (Número de expediente
Congreso 212/001173 y número de expediente Senado 713/000504).




El señor PRESIDENTE: Siguiendo el orden del día, procede, si les parece a
los señores y señoras comisionados, que responda a la primera
comparecencia, la siguiente, respecto a los malos tratos a la mujer en el
ámbito de la familia, y después que interrumpamos un momento para que
intervengan a continuación los demás portavoces.




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda y Torres): Creo que de
los tres temas, me adelanto a decirlo, éste es el más extenso, porque
tiene hoy mayor contenido, o por lo menos el Defensor le ha dado mayor
contenido en vista de la situación que se ha planteado, y son SS. SS. las
que, a la vista de lo que el Defensor exponga, pueden hacer todas las
aportaciones que consideren oportunas.

Como comentamos en una de las primeras oportunidades que el Defensor tuvo
el honor de venir ante esta Comisión, comparecencias como ésta que vamos
a hacer ahora, o como las que se hacen en la mañana de hoy, de alguna
manera llenan de contenido la figura del defensor del Pueblo, porque lo
que veníamos haciendo hasta ahora era una especie de rito un poco
absurdo. Anualmente nos veíamos las caras, que para mí era siempre una
satisfacción volver a verles después de que se presentaba oficialmente el
informe ante el presidente del Congreso y se repartía a todas SS. SS.;
nos veíamos las caras, hablábamos y, bueno, ¡hasta más ver!
Ya desde el primer momento SS. SS. señalaban que la forma correcta de
poder actuar sería trocear, si se puede decir la expresión, alguno de los
temas, aquellos temas que ustedes consideraran que podían tener mayor
interés para poder discutir sobre ellos y poder hacer variaciones y
reflexiones sobre su contenido, porque de esa manera podíamos detallar
problemas, pero de la manera condensada con la que en el informe se
recoge todo lo que se ha hecho durante un año, es muy difícil el detalle.




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Entro ya en el problema de la violencia contra las mujeres en el ámbito
familiar, y quiero empezar informándoles que de forma habitual se vienen
recibiendo quejas en las que las mujeres plantean situaciones de amenazas
de malos tratos (malos tratos físicos y psíquicos), agresiones sexuales
que sufren por parte de las personas con las que conviven o con las que
han convivido. Al encontrarse estos hechos, en la mayoría de los casos
denunciados, pendientes de procedimientos judiciales, también le ocurre
al Defensor que en muchos de estos casos no tiene la posibilidad desde la
institución de realizar (en los supuestos concretos, me estoy refiriendo)
ningún tipo de actuación respecto al principio de independencia judicial.

La grave situación expuesta en los escritos de queja que se reciben en la
institución, reflejada también en numerosas noticias aparecidas en los
periódicos, produjo por parte de las estructuras y de los responsables de
la institución del Defensor del Pueblo la adopción de la determinación de
que se iniciara una investigación de carácter general ante las distintas
administraciones públicas que estaban implicadas en el tema, solicitando
también la colaboración de la Fiscalía General del Estado al objeto de
conocer, primero, cuál es la dimensión real de este problema y poder
proponer más tarde las medidas que fueran pertinentes para prevenir y
sancionar estas lesiones, estos malos tratos a mujeres en el ámbito
familiar, en el ámbito de pareja o de cualquier otro tipo de convivencia.

La justificación para iniciar esta investigación con carácter general
viene, como ustedes saben, determinada en función de la propia
competencia que el artículo 54 de la Constitución y de la ley orgánica le
atribuyen al Defensor, una institución cuyo fin es la defensa de los
derechos comprendidos en el Título I del texto constitucional, que no
puede permanecer impasible ante situaciones reiteradas en las que se pone
en peligro la integridad física de un grupo de personas que en muchos
casos ha llevado a la pérdida de la vida.

El problema no es nuevo ni para el Parlamento Europeo ni para estas
Cortes Generales. El Parlamento Europeo en el año 1996 y en el pasado año
1997 adoptó dos resoluciones en las que de forma exhaustiva pedía a todos
los Estados miembros la aprobación de medidas eficaces con las que poder
erradicar la violencia contra las mujeres.

Las Cortes Generales con fecha 12 de mayo de 1989, en la Comisión de
Relaciones con el Defensor del Pueblo y los Derechos Humanos, emitió un
informe en el que se hacía una serie de consideraciones acerca de todos y
cada uno de los aspectos que inciden en los malos tratos de las mujeres.

Este informe, que SS. SS. sin duda conocen, finalizaba con una serie de
recomendaciones que afectaban a las fuerzas de seguridad, al Poder
Judicial, a los servicios sociales, a las reformas legales necesarias
para que nuestra legislación pudiera hacer frente de una forma adecuada a
esta situación.

De la lectura de este informe, teniendo en cuenta la acritud en que nos
encontramos actualmente, se deduce sin lugar a dudas que el problema
continúa vigente, y que buena parte de las recomendaciones que ahí se
hicieron no han sido puestas en práctica o lo han sido de forma
deficiente.

Partiendo tanto de estos pronunciamientos efectuados por el Parlamento
Europeo como por la comisión antes citada de las Cortes Generales, esta
institución, el Defensor del Pueblo, solicitó a finales del año 1997 la
colaboración de los siguientes ministerios: Ministerio de Justicia,
Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
asimismo también la Fiscalía General del Estado, con el fin de poder
conocer la realidad de los problemas desde estas administraciones con
alguna competencia en el asunto al que nos venimos refiriendo.

Primero vamos a hacer referencia a las contestaciones que hemos recibido,
sin negarles a ustedes que, como complemento de estos informes a los
cuatro organismos a los que me he referido, nos hemos dirigido también a
las distintas comunidades autónomas solicitando esta información, que
todavía no nos ha sido suministrada, para poder así elaborar en su
plenitud el informe que aspiramos a poder presentar a ustedes en breve,
con una visión global del problema y unas propuestas ya concretas,
formales y más elaboradas, precisamente por la información total y global
de los temas.

Desde el Ministerio del Interior se han facilitado unos datos
estadísticos que en términos generales se pueden resumir en que algo más
de 15.000 denuncias anuales por malos tratos y agresiones han sido
efectuadas en los años 1994, 1995 y 1996.

Igualmente se ha reconocido por el Ministerio, y antes lo señalaban, que
se dedican actuaciones prioritarias a cada uno de los aspectos
relacionados con la violencia contra las mujeres, fundamentalmente desde
dos áreas complementarias: la formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y la atención, investigación y represión de este tipo de
delitos.

En lo que se refiere a la formación, se nos indica por el Ministerio del
Interior que ésta se orienta tanto a sus componentes de nuevo ingreso
como a los que ya vienen perteneciendo a los cuerpos de seguridad
mediante la celebración de cursos de formación, cursos de actualización y
perfeccionamiento, con los que se mantiene un nivel constante de
preocupación, un nivel de sensibilización hacia estos problemas.

El área de atención, de investigación y de represión de este tipo de
delitos se desarrolla fundamentalmente a través de los servicios de
atención a la mujer existentes en la Dirección General de Policía. Según
dicho Ministerio, en los servicios aludidos se abordan los aspectos
psicológicos, asistenciales y legales que presentan las mujeres que han
sido objeto de agresión o maltrato, viéndose esta labor complementada con
la investigación policial encaminada al esclarecimiento de los delitos y
a la detención de los culpables.

En la comunicación enviada por este Ministerio, se indica igualmente que
se encuentran en la actualidad en funcionamiento servicios de atención a
la mujer en 16 localidades del territorio nacional, estando prevista la
próxima puesta en funcionamiento de otros 12 servicios en distintas
ciudades, pero como indico ésta es una atención



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que se enfoca de una manera global desde el Ministerio.

El Ministerio concluye participando que esta institución, en el curso de
los últimos años, ha dictado sucesivas circulares cuyo contenido está
directamente relacionado con la violencia y el maltrato a las mujeres en
el ámbito familiar. Estas circulares hacen referencia a las normas de
actuación ante la denuncia de mujeres maltratadas y a la salvaguarda de
su intimidad, habiéndose establecido también normas sobre la
centralización de las estadísticas de dichas denuncias y la ayuda
policial necesaria para la formulación de las mismas, así como
información de los derechos que asisten a las mujeres víctimas de la
violencia doméstica, dándose la máxima prioridad a las denuncias
formuladas por mujeres en relación con delitos de violación y agresiones
sexuales.

Desde el Ministerio de Justicia se nos ha informado de la reforma que en
estos momentos se está tramitando en relación con determinados artículos
sobre delitos contra la libertad sexual. En este sentido se apuntó que se
recuperará el término de violación por entender que está más consagrado
doctrinalmente que el de agresión sexual, al que se aludía en el artículo
178 del Código Penal.

Hay también una referencia a la agilización de los procedimientos
judiciales, ya que entiende el Ministerio de Justicia que la mayoría de
las agresiones podrían ser tramitadas a través del denominado juicio
rápido previsto en el artículo 790.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
en atención a las circunstancias de flagrancia o evidencia de los hechos
y a la alarma social producida.

En cuanto a la utilización en estos casos de la Ley 35/1995, de ayudas a
víctimas de delitos violentos, desde el Ministerio de Justicia se nos
hace constar que la tramitación, el reconocimiento y el abono de estas
ayudas corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda. Ese fue el
motivo por el que desde el Defensor del Pueblo se haya interesado de la
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas que nos
informen de estas ayudas que hayan podido conceder con motivo de malos
tratos o de agresiones cometidos dentro del ámbito familiar. Debo
informarles que hasta el momento esta información está pendiente de ser
recibida. Esta ley de ayudas asigna en su artículo 16 al Ministerio de
Justicia la implantación decidida de asistencia a las víctimas, y en tal
sentido se ha solicitado que se nos informe también del número de
oficinas existentes en estos momentos, así como de las que se tengan en
proyecto implantar. Por último, se ha solicitado del Ministerio de
Justicia que nos participe las medidas concretas que se han adoptado o
piensan adoptarse como consecuencia del convenio marco que se firmó con
el Instituto de la Mujer.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales nos ha
comunicado que desde 1984 está funcionando un servicio de información,
que consta de 9 centros, en los que se presta asesoramiento a las mujeres
agredidas física, psíquica o sexualmente; y que también existen 321
centros similares a los anteriores en todo el territorio nacional, que
dependen de ayuntamientos o de comunidades autónomas, correspondiendo el
mayor número de ellos a Andalucía, con 127, un 39,55 por ciento de los
centros, y Madrid, con 43, un 13,40 por ciento. Existe también, como
ustedes conocen, un servicio de atención telefónica durante las 24 horas,
dependiente del Instituto de la Mujer, al que se puede llamar de forma
gratuita.

Durante 1997, la ayuda asignada a las asociaciones de mujeres han
alcanzado los 500 millones de pesetas, teniendo constancia el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la existencia de ONG que también
desarrollan servicios de ayuda y apoyo a estas mujeres, junto con los
ayuntamientos y las comunidades autónomas.

El número de casas de acogida ha pasado, según los datos que facilita el
propio Ministerio, de 46 en el año 1991 a 129 en 1997. A pesar de todo el
esfuerzo, el propio Ministerio reconoce que los efectos de la violencia y
las denuncias que se formulan van aumentando paulatinamente, y el número
de mujeres muertas anualmente a manos de sus maridos o compañeros se ha
incrementado de manera notable en los últimos años, motivo por el cual es
necesario hacer desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un plan
de actuación en el que todas las administraciones públicas con alguna
responsabilidad desarrollen de forma eficaz sus competencias.

Dentro de estas nuevas acciones a realizar desde el Ministerio al que nos
vamos refiriendo, se nos ha informado de la aprobación por el Consejo de
Ministros, en su reunión del 7 de marzo de 1997, de una serie de medidas
para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, que forman parte
del tercer plan para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
y que, en principio, podríamos resumirlas como las siguientes: Realizar
campañas de información a fin de que pueda sensibilizarse a la sociedad
contra la violencia que sufren mujeres y niñas. Potenciar la creación de
servicios dirigidos a mujeres víctimas de violencia. Introducir en los
cuerpos de formación del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado módulos específicos para una mejor atención y asistencia a
mujeres víctimas de violencia. Impulsar que en las comisarías y en
servicios de la Guardia Civil existan unidades específicas de atención a
mujeres víctimas de agresión sexual, malos tratos, integrados
especialmente estos cuerpos por mujeres. Facilitar a mujeres víctimas de
abusos y agresiones sexuales una guía de recursos disponibles en la
Administración. Impulsar el desarrollo de programas de asesoramiento,
rehabilitación y apoyo para mujeres, niñas y adolescentes que hayan sido
objeto de abusos y agresión sexual. Estudiar la aplicación de la
legislación sobre agresiones sexuales y malos tratos, con el fin de
impulsar aquellas modificaciones normativas que procedieran. Introducir
en los procesos de formación de la judicatura módulos específicos sobre
la violencia contra las mujeres. Promover investigaciones sobre las
causas que dan lugar a ejercer la violencia contra las mujeres.

Perfeccionar las estadísticas utilizadas a partir de las denuncias de
violencia en los distintos ámbitos, de manera que se pueda tener un
conocimiento más preciso de la situación real.

Todos los datos recibidos desde este Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, lo anunciaba a SS. SS. al comienzo de mi intervención, serán
completados, serán ampliados



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con los que ya han sido solicitados al Instituto de la Mujer y a los
organismos homólogos de cada comunidad autónoma que en los momentos
actuales no han sido recibidos.

Por parte de la Fiscalía General del Estado se nos ha informado que los
datos estadísticos obrantes en la misma no han sido objeto de un
tratamiento unificado en la memoria general.

Desde la reforma realizada en el Código Penal con la Ley 3/1989 existe,
como saben SS. SS., en el artículo 153 un delito específico de malos
tratos en el ámbito familiar, teniendo constancia en la mencionada
Fiscalía que durante los últimos años se han incoado por este delito los
siguientes procedimientos: En el año 1994, 3.196; en el año 1995, 3.531;
en el año 1996, 4.826 procedimientos. Estas cifras se refieren en
exclusiva al delito mencionado, sin incluir ni las faltas ni los delitos
de lesiones en el ámbito familiar. Con el fin de tener un conocimiento
más correcto de la situación, desde la fiscalía se ha solicitado a los
fiscales jefes que en el año 1997 se incluya de forma expresa por cada
fiscalía las apreciaciones, valoraciones, que se consideren convenientes
en relación con el problema al que nos venimos refiriendo.

Finalmente, desde la fiscalía, como consecuencia de la instrucción
2/1980, de 8 de marzo, se consideró que el artículo 104 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal debe ser interpretado en el sentido de estimar
que las faltas por maltrato físico al cónyuge son perseguibles de oficio
en nuestro ordenamiento y que, por consiguiente, ese enjuiciamiento debe
hacerse con la presencia del fiscal.

Toda esta información anterior está siendo debidamente compulsada,
valorada en estos momentos, a la espera de recibir los datos solicitados
de las comunidades autónomas. Una vez tengamos toda la documentación
solicitada en nuestro poder, podremos concluir el informe monográfico que
yo me comprometí a presentar. Todos ustedes recibirán puntualmente esa
información en pocas semanas.

Además de los departamentos de la Administración a los que se ha hecho
referencia, desde el Defensor nos ha parecido que era fundamental
mantener entrevistas con distintas ONG: con la Asociación de Mujeres
Juristas, con el lobby de Dones de Mallorca, con la Federación de
Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, con la Asociación de
Asistencia a Mujeres Violadas. Debemos señalar el trabajo que nos fue
aportado sobre esta materia por el Defensor del Pueblo andaluz.

De la información que hemos recibido hasta el momento, sin perjuicio de
las consideraciones que se incluirán de forma definitiva en el informe,
es posible adelantarles a SS. SS. algunas consideraciones, especialmente
lo que pudiéramos llamar aspectos sociológicos que influyen en este tipo
de comportamientos y también respecto de la respuesta que pueda darse
desde el punto de vista legal a este problema.

En primer lugar hay que admitir que los datos conocidos son una mínima
expresión de la magnitud del problema. Estamos viendo, si se me permite
la expresión, la punta de un iceberg cuyo verdadero alcance no estamos en
condiciones de conocer. A pesar de todo, existe un 18 por ciento de
españoles, unos 5,5 millones de personas, que conocen algún caso de malos
tratos físicos a la mujer por parte de su pareja, entre sus familiares o
conocidos. Todo ello según el barómetro de opinión que ha sido elaborado
por encargo del Defensor del Pueblo en este mes de enero de 1998.

En este mismo estudio se estima que un 86 por ciento de los entrevistados
considera que las situaciones de malos tratos nunca salen a la luz. ¿Por
qué? Por el enfoque eminentemente privado que se da a este problema. Se
parte de la base de que las relaciones entre los miembros de la familia
no deben trascender, lo que en la práctica las hace más complejas, menos
transparentes y, en consecuencia, más difíciles de conocer, de prevenir,
de erradicar. El ámbito doméstico, por su privacidad, proporciona otra
variable de este fenómeno en el tratamiento judicial y policial como
delito contra las personas, que es la dificultad de la prueba, lo que
beneficia la impunidad del delito.

El fenómeno de la violencia doméstica que sufren las mujeres está muy
relacionado con el que sufren los menores dentro del mismo núcleo
familiar. En muchas ocasiones se producen coetáneamente; en otros, los
daños para los menores, que se derivan de la contemplación del maltrato
cotidiano de su madre, son daños psíquicos, con graves consecuencias para
su estabilidad emocional, para su aprendizaje de actitudes ante la vida.

Los jóvenes se socializan en un ambiente de violencia; una violencia que
se aprende y se transmite de un miembro de la familia a otro y de
generación a generación, haciendo que las víctimas a veces acaben por ser
verdugos creando sus propias víctimas.

Por todo ello, este tipo de malos tratos y agresiones debemos abordarlo
como un problema social, como un delito que rebasa el ámbito privado para
ser considerado como un auténtico problema social por su magnitud y por
sus repercusiones.

Estudios realizados en Estados Unidos, en Inglaterra, en distintos
países, indican que la violencia es un comportamiento aprendido, que el
81 por ciento de los hombres llamémosles maltratadores --a mí no me gusta
la expresión porque les deberían llamar miserables-- fueron testigos o
víctimas de malos tratos en su niñez. Uno de los factores que inciden en
que las mujeres y los niños sean objeto de malos tratos es el apoyo de
principios culturales y costumbres sociales que han defendido, que han
inculcado tradicionalmente la dependencia casi absoluta de la mujer al
hombre y de los pequeños a sus progenitores.

El número de denuncias de mujeres que han sido víctimas de malos tratos
ha ido en aumento. Este incremento que se ha experimentado desde 1984 no
significa que haya aumentado el número de mujeres maltratadas en general,
sino que algunas mujeres han tenido acceso a la información y han ido
conociendo los cambios legislativos, han ido conociendo sus derechos, los
recursos sociales que existen a su disposición, generándoles unas
expectativas de resolución que a veces se han visto truncadas llevándolas
hasta la muerte.

La mayoría de las 91 mujeres muertas por malos tratos en 1997 habían
presentado varias denuncias, habían intentado



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salir de su situación privada y se sintieron indefensas, obteniendo el
resultado por todos conocido. Con el conocimiento y defensa de sus
derechos como personas, las mujeres van abandonando su posición de
víctimas y van intentando que el hombre las respete, pretendiendo
restablecer una relación de igualdad con el compañero. El hombre por su
parte se va adaptando a esta nueva y más igualitaria dinámica pareja. Los
nuevos modelos de relación se prestan menos a la violencia porque se
basan, al menos teóricamente, en expectativas de igualdad.

De los estudios realizados, de los datos suministrados, se puede deducir
que no existe una causa única que provoque los malos tratos, pero sí una
serie de factores de riesgo que pueden favorecer la aparición y el
mantenimiento de estos malos tratos a la mujer en el hogar. La principal
variable es la situación estructural de desigualdad real en la que se
puede encontrar la mujer. Esa es la verdadera variable principal.

Existen otros factores de riesgo, eso es cierto. La mujer económicamente
independiente, culturalmente formada, tiene muchas menos probabilidades
de mantener una relación violenta durante largo tiempo. Aunque llegue a
continuar la relación después de los malos tratos, suele terminarla en
breve período. Otra razón muy importante que mantiene los malos tratos es
el reparto de papeles y de funciones dentro de la familia, en la que la
mujer sigue teniendo la condición de subordinada.

Un factor importante es que las mujeres maltratadas por su pareja
frecuentemente también lo fueron por sus padres. Fueron unas niñas
golpeadas o abusadas emocionalmente por la madre, el padre, o por ambos
progenitores. Han sido testigos del sufrimiento de una madre maltratada y
de ellos aprendieron el rol pasivo, la respuesta de sometimiento a la
violencia. Pertenecieron a una familia en la que la forma de interacción
habitual era la violencia. Es difícil observar a una mujer que haya
vivido en un ambiente familiar afectuoso y cálido y que tolere ser
maltratada.

La documentación recibida con ocasión de la investigación abierta nos
permite --y voy a transmitírselo, aunque quizá sea un poco excesivo
dentro de la comparecencia, pero me parece que el tema lo merece-- poner
de relieve los rasgos que presentan las mujeres objeto de estos malos
tratos: baja autoestima. Se sienten culpables por haber sido agredidas;
se sienten fracasadas como mujeres, como esposas y como madres. Sienten
terror, pánico; sienten que no tienen control sobre su vida. Sienten gran
ambivalencia, sentimientos encontrados: rabia por haber sido agredidas,
pero también que la pegaron por su culpa, que se lo merecía. Se sienten
completamente incapaces e impotentes para resolver su situación debido a
que siempre han sido controladas y dominadas. Son tradicionales en cuanto
al hogar, la unidad familiar y los roles sexuales femeninos. Han sido
socializadas para pensar que los golpes son cosa normal en el matrimonio.

Creen que nadie les podrá ayudar a resolver sus problemas, excepto ellas
mismas. Se sienten responsables por la conducta del agresor. Exhiben o
demuestran una gran resistencia y una actitud de aceptación pasiva.

Abrigan esperanzas irreales de que el cambio es inminente. Se vuelven
aisladas desde el punto de vista social. Se definen asimismo en términos
de las necesidades de las demás. Poseen un alto riesgo de volverse
adictas a drogas o al alcohol. Exhiben desórdenes de estrés, depresiones
y condiciones psicosomáticas. Basan sus sentimientos y autovalía en la
habitualidad de conquistar y mantener a un hombre a su lado. Aceptan el
mito de la superioridad masculina. Subestiman el peligro de su situación.

Aceptan la visión de la realidad que tiene su compañero. Sienten que no
tienen derecho a defenderse. Dudan de su propia salud mental. Temen el
estigma del divorcio.

Según un estudio elaborado por la Universidad de Zaragoza, la edad media
en las mujeres víctimas de la violencia doméstica es de 42 años,
situándose la mayoría de las víctimas entre los 24 y 65 años. Su estado
civil es el de casada o con relación estable en un 79,31 por ciento.

Nueve de cada 10 mujeres agredidas tienen hijos.

En cuanto al hombre violento, su prototipo no es exclusivo de una
determinada clase social. Existe y se encuentra en cualquier ciudad,
pequeña o grande, y cualquier barrio de esta ciudad, pero tienen quizás
algunas características en común. La mayoría de ellos proceden de
familias donde existían malos tratos. Por tanto, fueron víctimas y/o
testigos de violencia, adquiriéndola como una forma normalizada de
relacionarse. Han vivido la violencia como sistema de poder. Aprendieron
que ejerciéndola en el hogar obtienen poder y consiguen lo que quieren.

Así el hombre violento puede no sólo haber sido un niño maltratado, sino
que también es el producto de un sistema social que ofrece los
ingredientes para alimentar esa forma de ser. Los hombres violentos
aspiran a ejercer un poder y control absoluto sobre su pareja, no sólo en
lo que hace o deja de hacer, sino también en sus pensamientos y
sentimientos más íntimos. No ve a su pareja como una persona, sino como
una cosa de la que tiene que saber todo, controlar todo. No puede ignorar
nada.

Otra de las características de estos hombres es su baja autoestima.

Suelen tener una imagen muy negativa de sí mismos, se sienten miserables
y fracasados como personas. Precisamente esta baja opinión de sí mismo
coexiste con sus actitudes amenazantes y omnipotentes, que se van a
reforzar y confirmar con cada uno de los actos de violencia. Para el
hombre violento, cada situación que interpreta como desafío la vive como
un aniquilamiento de su ser; es entonces cuando supera esos estados por
medio de actos violentos. Suele ser profunda y patológicamente celoso.

Ansía la exclusividad. Quiere ser el primero y el único en la atención de
su mujer. Por ello la gran parte de los actos de violencia se inician
ante la percepción errónea de que ella, su mujer, les puede dejar. Desean
tenerla en casa aislada, dependiente.

Se han determinado una serie de rasgos que también podrían ayudar a
distinguir a un hombre que maltrata. Estos rasgos serían: incapacidad
para tolerar frustración o situaciones de gran estrés; incapacidad para
aceptar responsabilidades por sus actos. Son estrictamente celosos,
quieren controlar la vida de sus esposas conjuntamente. Temen que su
esposa los abandone y tratan de evitarlo por medio del temor. Se sienten
en situación de poder y creen conservarla. Fueron a su vez maltratados o
sufrieron de negligencia



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cuando eran niños. Utilizan el sexo como un acto de agresión para
sobreponerse a la impotencia o bisexualidad. Tienen dificultad en
reconocer o describir sentimientos. A menudo presentan doble
personalidad: amorosos y violentos. Son tradicionales, creen en la
supremacía del hombre y en los roles sexuales estereotipados. Mantienen
una relación de intensa dependencia con la víctima. Utilizan el alcohol
como excusa para agredir, no agreden a causa del alcohol. Han vivido en
un ambiente donde es habitual agredir a la mujer. Tienen una baja
autoestima y necesitan validar su ego a través de su esposa. Creen que es
el hombre el que tiene el poder. Nunca piensan que tienen un problema, no
creen que su conducta sea violenta y que tenga consecuencias negativas.

Tienen problemas de índole sexual, miedo a la impotencia, por lo que
buscan demostrar su hombría a la fuerza. Tienen un control de sus
impulsos, pero un temperamento explosivo. Aísla a su pareja para
controlarla. Han tenido en muchos casos problemas previos con la ley y
niegan haber agredido.

Ante esta situación social reprochable, a la que no se encuentra una
fácil solución, parece inevitable, en una primera aproximación
provisional, plantear la necesidad de dar una respuesta diferente a la
que tenemos actualmente en cuanto al tratamiento legal que se ofrece a
este problema en nuestro ordenamiento. La solución auténtica pasaría por
conseguir que las soluciones no se produjeran, y para ello sería
necesario introducir en la formación y en la educación de jóvenes
contenidos programáticos no sexistas para que, desde posturas críticas,
se fomente el desarrollo integral de la personalidad, al margen de la
pertenencia a uno u otro sexo. Como quiera que esta situación ideal es
difícil lograr, siempre será necesario que desde el Derecho se
establezcan unas directrices para todo aquello que no son capaces de
respetar las más elementales pautas de convivencia.

Debo expresar a SS. SS. en este momento el descontento generalizado que
me han transmitido las asociaciones de mujeres en relación con la
intepretación y aplicación que algunos tribunales hacen de los preceptos
del Código Penal en los que se sancionan estas conductas. Como ejemplo
ilustrativo de ese descontento, les puedo citar que en alguna resolución
judicial, ante graves agresiones sexuales, el tribunal estimó que en la
comisión del delito concurría el atenuante muy cualificado de obcecación,
al haberse probado que la mujer agredida mantenía una relación con otra
persona, hecho que obnubiló, de acuerdo con el tribunal sentenciador, la
mente del agresor haciéndole perder su autocontrol.

En lo que afecta exclusivamente a la regulación legal, hay que reconocer
en primer lugar que el nuevo Código Penal amplía el ámbito de las
personas protegidas contra delitos y faltas de lesiones en el ámbito
familiar con respecto al Código anterior. Lo mismo sucede en cuanto a las
faltas. Actualmente se penan los malos tratos sin lesión, hecho que antes
no sucedía.

En términos generales, no parece estimarse necesaria una reforma amplia
de la legislación que afecta a estos casos de reserva, como decía, de
toda la información que en su momento tengamos a nuestra consideración.

No obstante, sería muy positivo realizar pequeñas reformas para lograr
una mayor eficacia en la sanción y corrección de estos comportamientos.

Debe dejarse constancia de que un 70 por ciento de las personas
entrevistadas en ese barómetro de opinión de comienzos de año, encargado
por el Defensor a que hice referencia, considera que los malos tratos a
las mujeres son perseguidos y castigados de forma insuficiente, estimando
el 70 por ciento que las causas de ese castigo insuficiente se encuentra
en la excesiva benevolencia de las instancias judiciales y en la
inadecuación de la legislación penal vigente.

Haciendo un estudio de los textos legales a que antes nos hemos referido,
podemos apreciar que algunos de sus preceptos pueden ser ostensiblemente
mejorados. Por ejemplo, el artículo 153 del Código Penal, que habla
únicamente de malos tratos físicos, tendría que haber incluido los
psíquicos, debiendo haber descrito de forma más adecuada el concepto de
habitualidad, que a estos efectos podría ser considerada como toda
actuación repetida en el mismo sentido con o sin condenas previas.

Trataríamos de esta manera de dar al término habitualidad una
intepretación social criminológica, no como concepto jurídico formal.

En el caso del delito de lesiones, artículo 147, podría ampliarse también
su ámbito de aplicación si expresamente se incluyera en concepto de
perjudicados o víctimas a los esposos, al cónyuge, ex cónyuge o persona
unida de forma permanente por análoga relación de afectividad, incluso si
la convivencia hubiera ya cesado.

En cuanto a las faltas, en los supuestos a los que nos venimos refiriendo
parece aconsejable suprimir la posibilidad de sancionar con pena de multa
este tipo de ilícitos, ya que en definitiva esta sanción repercutiría más
en la propia víctima que en el condenado, puesto que la cantidad con la
que se hace frente a la multa se detrae del patrimonio de la propia
unidad de convivencia. También parece poco adecuado el requisito de
procedibilidad que impone el último párrafo del artículo 620 del Código
Penal, que solamente permite que los herederos sean perseguibles mediante
la denuncia de la persona agraviada.

Otro texto que tiene especial importancia es la Ley de Enjuiciamiento,
cuyo artículo 103 impide la personación en causas penales de parientes
próximos y contiene sin embargo una anacrónica mención al adulterio y al
amancebamiento. Precepto que también precisa una reforma a fondo es el
artículo 104 del citado texto, que todavía alude al derecho de corrección
del marido y a la obligatoriedad de obediencia de la esposa, exigiendo
como requisito de perseguimiento la acción directa de los particulares.

Respecto a las medidas cautelares, convenía ampliar el actual artículo 13
para que de forma expresa los tribunales, haciendo uso de dicho precepto,
pudieran ordenar la protección de la víctima e imponer al imputado la
prohibición de visitar determinados lugares. Precisamente en estos
momentos se encuentra en tramitación parlamentaria una proposición de ley
reguladora de la tutela cautelar penal en cuyo texto estaría bien
introducir precisamente las medidas cautelares que acaban de citarse
anteriormente. En relación



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con estas medidas cautelares para este tipo de actuaciones en Derecho
comparado ya se han ofrecido soluciones. Citaremos dos leyes que han
incluido en sus respectivas legislaciones buena parte de estas medidas
que acabamos de exponer: la Ley 54, para la prevención e intervención con
violencia doméstica, de agosto de 1989, de Puerto Rico y la Ley 19325
chilena, en la que se establecen normas sobre procedimientos y sanciones
relativas a los actos de violencia intrafamiliar.

Respecto del Código Civil, la práctica demuestra que las medidas urgentes
previstas en el artículo 104 de dicho texto legal no son utilizadas con
la agilidad y frecuencia que sería deseable; incluso no sería descartable
que el uso del citado artículo pudiera ser aplicado por jueces de
instrucción que en sus funciones de guardia adoptaran de forma inmediata
las medidas necesarias encaminadas fundamentalmente a salvaguardar la
integridad física de la vida de las personas en peligro. Dentro de estas
medidas previstas en los artículos 92 y 103 del Código Civil, podría
resultar también positiva la previsión legal para que los jueces
estuvieran habilitados para dictar medidas de protección que garanticen
el régimen de visitas cuando se producen situaciones de malos tratos en
los cónyuges.

Debe hacerse mención, ya lo hemos hecho antes, a la Ley de ayudas y
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad
sexual, porque si bien los datos facilitados por las asociaciones de
mujeres ponen de manifiesto que esta ley no está siendo utilizada para
indemnizar los casos de violencia doméstica a los que nos venimos
refiriendo, parece evidente que ante la reiteración de hechos delictivos
como los que venimos señalando y que se vienen produciendo, deberían
realizarse las reformas oportunas para que esta ley diera también
cobertura de forma más eficaz a aquellas personas que son víctimas de
estos comportamientos, y aunque el período de vigencia de la mencionada
norma todavía es escaso, lo cierto es que los datos, los preceptos y las
posibilidades que se contienen en la misma son insuficientes, ya que los
criterios bajo los que se indemniza no responden a la reparación efectiva
del daño causado, sino que se limitan a suplir parte de las deficiencias
del sistema público asistencial. La reiteración de los hechos violentos
dentro del ámbito familiar creo que hacen imprescindible hacer extensivo
todo este tipo de medidas de ayuda a las víctimas de este tipo de
violencias, tanto por lo referido a las ayudas de tipo psicoterapéutico
como de índole económica. Por último, tratándose de una ley reparadora es
indiferente para la víctima si el resultado lesivo se produce por delito
doloso, culposo o negligente, por lo que parecería procedente suprimir en
el artículo 1 de esta ley el calificativo de doloso. Igualmente sería
deseable dar un nuevo enfoque al artículo 2 en cuanto a la regulación que
hacemos de los beneficiarios de esta ley cuando se refiere a los
extranjeros no comunitarios o extranjeros que no residan habitualmente en
nuestro país.

Señorías, éstas son algunas de las inclusiones que me he permitido
adelantarles, sin perjuicio de que cuando terminemos el informe que se
está efectuando todos ustedes puedan no sólo conocer la visión del
problema en toda su magnitud, sino también las recomendaciones que desde
la Defensoría del Pueblo puedan efectuarse confiando, yo creo que con el
apoyo de todos, en que puedan de una vez para siempre erradicarse o al
menos disminuir las actuaciones de violencia a las que se encuentran
sometidas tantas mujeres.




El señor PRESIDENTE: Le damos las gracias al Defensor del Pueblo por este
completo y lucido informe. Como había anunciado antes, concedemos un
cuarto de hora de descanso y justo al mediodía se reanudará la sesión.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora que sean los grupos parlamentarios
los que intervengan para exponer su opinión respecto del informe que
hemos oído del Defensor del Pueblo.

En este sentido, en primer lugar interviene la peticionaria de la
comparecencia, doña María Mercè Amorós, portavoz de Convergència i Unió.




La señora AMOROS I SANS: Agradezco al Defensor del Pueblo esta
avanzadilla sobre el informe que nos va a presentar en breve, así como su
sensibilidad hacia el tema, tal como ya le manifestamos en su
comparecencia el 16 de septiembre pasado cuando nos vino a presentar el
informe anual de su institución, y le animamos a que continúe con esa
sensibilidad haciendo gala de la efectividad y de la imparcialidad con
las que está actuando en este tema.Yo quería empezar mi intervención con
una frase, que es la de que nadie será sometido a torturas ni a penas o a
tratos crueles inhumanos o degradantes. Así, señorías, reza el artículo 5
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que este año
celebramos su 50 aniversario, cincuenta años de una declaración de
principios que desgraciadamente son incumplidos reiteradamente en muchos
lugares del mundo, y aunque en ocasiones tengamos la errónea sensación de
que estos incumplimientos sólo se producen en aquellos países en
conflicto generalmente lejanos y de los que tenemos conocimiento a través
de los medios de comunicación, la realidad es otra y nos despierta con un
jarro de agua fría y nos muestra aquí mismo en nuestro entorno la más
cruel e indigna de las torturas; una tortura difícil de denunciar y
difícil de asumir; una crueldad que anula al ser humano por ser ejercida
en el seno del hogar; una violencia intolerable, pues no sólo es el dolor
físico y gravísimo en muchas ocasiones, sino que es más cruel el dolor
que produce la indefensión, la degradación, la frustración de un sueño de
vida en común, la rotura de un respeto mutuo y la soledad con la que
sufre la mayoría de las víctimas al no poder denunciar esta violencia por
vergüenza, por pudor, por aceptación de un destino heredado de la mujer.

Son agresiones que un mal día empiezan sin saber por qué, en silencio, en
el lugar donde todo ser humano espera recibir protección, apoyo y amor
incondicional,



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en definitiva, en un lugar donde por naturaleza vamos en busca de ayuda
cuando nos sentimos agredidos.

Las denuncias por malos tratos que diariamente reciben en silencio y
soportan muchas mujeres, algunos hombres y sus hijos e hijas son sólo,
como usted ha dicho, la punta del iceberg. El abuso del alcohol, las
drogas o el estado anímico causado por el desempleo son hechos que con
demasiada frecuencia se aducen para explicar las razones que llevan al
hombre a ejercer malos tratos hacia su compañera. A todas luces, señor
Defensor, son burdas patrañas y falsas excusas, pues desgraciadamente la
violencia contra la mujer viene de lejos y ha sido ejercida durante
siglos al amparo de una aceptación social. El hombre ha ejercido malos
tratos porque se le ha educado en el erróneo derecho de actuar
violentamente ante cualquier insinuación de rebeldía de la mujer. Se le
ha educado en el convencimiento de la posesión de la mujer, ya que es
objeto de su propiedad, y la mujer no es libre, no se posee a ella misma,
es propiedad primero del padre y después del esposo y ha sido educada en
estos principios de aceptación y sumisión de su destino.

La emancipación de la mujer y la toma de conciencia de ésta ha propiciado
la ruptura de valores heredados de sumisión. La no aceptación de un
destino conyugal lleno de agresiones y vejaciones ha desencadenado este
aumento de denuncias por malos tratos dentro del hogar. No es que se
produzcan más, sino que han salido de la privacidad del hogar y han
pasado a formar parte del ámbito público. En ese sentido, cuando la mujer
rompe con esta tortura y este modo de violenta convivencia es cuando en
demasiadas ocasiones las víctimas acaban perdiendo la vida a manos de su
agresor, que no acepta este hecho.

De los datos estadísticos podemos deducir que la mujer víctima de malos
tratos soporta 35 agresiones antes de decidirse a denunciar la violencia
de que es víctima por parte de su compañero y a emprender acciones contra
él. Esta situación que puede parecer extraña obedece a varios motivos
culturales y económicos: la dependencia económica de la mujer, la falta
de apoyo familiar, el desconocimiento por parte de la mujer de las ayudas
que ofrecen las instituciones y el deseo de evitar disgustos a hijos e
hijas o represalias y la vergüenza de explicar la situación a las
personas a las que pide ayuda; o la dependencia afectiva del agresor,
pues es muy frecuente que a un episodio de violencia siga un episodio de
arrepentimiento por parte de éste, una promesa de cambio de actitud, con
el compromiso de no agredirla más en lo sucesivo, desgraciadamente buenas
intenciones que en la triste realidad de la mujer nunca se cumplen, pues
no van acompañadas de un tratamiento encaminado a proporcionar un cambio
de comportamiento y la rehabilitación del agresor.

Es imprescindible tomar y poner en marcha medidas que luchen abiertamente
para erradicar este tipo de violencia. El primer paso para esto ya está
hecho: el conocimiento social y el consecuente rechazo y también el
compromiso de las instituciones para paliar las consecuencias, pero
tenemos que tener presente que no estamos ante la resolución de un
conflicto violento entre extraños sino todo lo contrario; los
protagonistas son miembros de un mismo núcleo familiar y esta relación
comporta un problema añadido a la prevención y erradicación de unas
prácticas violentas en la resolución de un conflicto, puesto que la idea
de privacidad por parte de la víctima hace casi imposible la actuación
externa en los comienzos de las primeras agresiones. Debe ser un objetivo
primordial de este informe hacer emerger la raíz del conflicto, poniendo
al servicio de la víctima un punto de información al cual acudir ante los
primeros síntomas, teniendo muy en cuenta la necesidad de transmitir a la
mujer la sensación de apoyo y eficacia para erradicar una costumbre
aceptada durante tanto tiempo en la relación cotidiana, y concienciar a
todos los ciudadanos y ciudadanas de la no aceptación social de esta
práctica de violencia debe ser prioritario.

Señor Defensor del Pueblo, en principio, de la presentación de su
informe, yo tengo la sensación de que todas las actuaciones van
encaminadas a conseguir la denuncia de la mujer, pero tenemos que tener
en cuenta un paso muy importante y es que hay otro vía crucis que empieza
cuando la mujer va a denunciar, cuando se atreve y cuando tiene la
valentía de denunciar, que es tener que aceptar y tener que enfrentarse a
que se la saque de un ámbito familiar a ella y a sus hijos y se la
esconda como si ella fuera la causante de este conflicto. Por esta razón
a esta diputada y al grupo parlamentario que representa nos gustaría que
en su informe también tuviera en cuenta cuántas veces una mujer denuncia
por la misma agresión, cuántas veces ingresa una misma mujer en un centro
de acogida porque reiteradamente se ha repetido este tipo de agresiones
sobre ella y sobre sus hijos; qué tratamientos de rehabilitación se
realizan, si es que se realiza alguno, encaminados a la reeducación y a
la reinserción social del agresor para que no continúe con tales
agresiones. Hechos demostrados hay de que aunque haya una separación,
como no se trate al agresor, en sucesivas relaciones continúa agrediendo
a la siguiente mujer. Otra parte que también me preocupa es qué ofrecemos
a la mujer cuando denuncia, qué grado de inserción laboral y social tiene
la mujer después de pasar por un centro de acogida, cómo afronta esta
nueva manera de vivir, pues cuántas veces se reanuda la vida conyugal con
el agresor, porque no tienen salida.

Son temas, señor Defensor, que como usted ve van un poquito hacia lo que
es el día después de haber denunciado, de haber tenido la valentía de
denunciar y decir: voy a terminar con esta tortura, voy a acabar con este
sufrimiento mío y de mis hijos, ¿pero qué voy a hacer con ellos y quién
va a cuidar de mí o cómo voy a poder mantener a mis hijos después de esta
situación?
Le agradezco, como he dicho antes, su intervención. Creo que es
importante que estemos hablando hoy en esta Comisión del Defensor del
Pueblo de estos temas y que intentemos buscar soluciones reales y
efectivas y darles un camino a las víctimas para que no sólo tengan la
valentía de denunciar sino también la valentía de afrontar y de empezar
una nueva vida después de la denuncia. Debemos poner todos los medios
para que de una vez por todas erradiquemos de nuestra cultura y de
nuestras costumbres este tipo de violencia y de comportamientos.




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El señor PRESIDENTE: A continuación, de menos a más, por el Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra doña Cristina Almeida.




La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente, y además unas
gracias especiales, porque aun sabiendo que mi vinculación con esta
Comisión a través de estos avatares políticos, siempre ha sido una
permanente vinculación con el Defensor del Pueblo a lo largo de todos los
años, y desde luego hoy, tenga vinculación de portavoz o no, en nombre
del Grupo Mixto, que no ha podido venir ningún compañero, quería estar
para hablar de un tema que a mí me parece absolutamente importante. Por
eso, gracias señor presidente por dejarme tomar este turno de palabra, y
gracias al Defensor del Pueblo por haber traído también un tema al que
nosotros estamos dándole vueltas, dando vueltas a los sentimientos,
dándole vueltas a las cosas, pero sin que tengamos esa luz colectiva y
globalizada que necesitamos para hacer una buena política de cara a esto.

Entiendo que todavía no ha terminado el informe. Lo entiendo y además
deseo que eso tenga una escritura, tenga una edición, tenga un reparto y
una llamada de atención a todos los poderes públicos. Cuando empezó su
informe dije: Ojalá el Defensor del Pueblo no se haya quedado en hablar
con las instituciones, porque como es un mediador entre las instituciones
y el pueblo, que escuche también al pueblo. Cuando ya luego en su informe
nos ha avanzado que ha hablado con las asociaciones de mujeres, con las
organizaciones no gubernamentales, se ha notado muchísimo en las
conclusiones, porque si no me temo que no iban a pasar las mismas cosas,
y yo tengo que decir que oyéndole los datos de cómo es el maltratador,
cómo es la víctima, sé que hay una evolución.

Sí le quiero sugerir con todo respeto que antes de terminar el informe
vea también las casas de acogida y quizá visite las casas de acogida. Hay
casas de acogida que se están cerrando. Hoy usted nos ha dado datos, por
ejemplo en Andalucía hay 127, en Madrid, cuarenta y tantas. Hay una
desproporción; pero es que además por el propio sentido, se están
produciendo cambios en la dirección de las casas de acogida,
responsabilidad en esas casas de acogida, donde se puede hacer una
política distinta de ayuda, para amortiguar el caso, o a fin de que no
tengan que volver las mujeres, como de hecho está pasando, a su propio
núcleo familiar, esperando a ver si se cambian las cosas. Hay mujeres, y
yo he estado el otro día en un debate en el que estaba también Cristina
Alberdi con una inspectora de policía, y ellas mismas contaban que la
salida de la víctima con los hijos de la casa de acogida y dejar al
maltratador a sus anchas en el piso o vivienda familiar, que muchas veces
vende los muebles y todas estas cosas, es una desigualdad tremenda y
tendríamos que percibir si sería mejor otro tipo de medidas, si se
podrían crear unos centros, que se pusieran las penas con obligaciones de
someterse a determinado tipo de tratamiento, porque sabemos que es donde
pueden encontrar la ayuda; a lo mejor la mujer no se la puede dar, pero
se la pueden dar instituciones al maltratador y acabar de verdad con el
problema.

Para poder hacer una reflexión sobre estos temas quizá sería importante
que alguien de la institución del Defensor del Pueblo tuviera ese
contacto, que no creo lo haya habido, para ver qué tipo de personas, qué
tipo de actividades y cómo se vive en las casas de acogida. Sería bueno
que las visitara a lo largo del territorio, y sobre todo ver si han
cambiado la vinculación, cómo se han adjudicado, si no son
institucionales la explotación o el funcionamiento de esas casas, ver
también qué tipo de instituciones o qué tipo de cosas se han ido
cambiando para llevarlas adelante, las que se han cerrado, los medios que
tienen. De ahí también va a sacar conclusiones, yo creo, por la
experiencia que tenemos.

Sí le digo que en cuanto tenga el informe nos lo mande, porque llevamos
varias semanas en el Congreso de los Diputados, desde noviembre; hemos
tenido interpelaciones urgentes, proposiciones no de ley; hemos aprobado
una instrucción a la fiscalía, que todavía no se ha hecho, aunque dice
que sí, pero es la que usted ha citado del año ochenta y tantos para la
presencia fiscal y el espíritu que hay. Hemos visto cómo están las leyes,
y es verdad que hay malos tratos, pero la aplicación de las leyes está
dejando indefensas a las mujeres, no porque no haya leyes sino por cómo
se aplican.

Todo eso lo hemos de tener reflejado en alguien y que no venga sólo de un
partido político o de otro, que parece se siente apresurado, sino que
venga del Defensor del Pueblo y podamos decir: Vamos a trabajar sobre
este informe, la sensibilización ya la tenemos, pero vamos a aprovechar
medios y vamos a adaptar los medios que tenemos a la solución del
problema y hacerlo de forma colectiva. Igual que se quiere hacer una
subcomisión dentro de la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer, si ya
hay un problema detectado a través del Defensor del Pueblo, ese trabajo
no lo hacemos y podemos dedicarnos a buscar soluciones.

Soy de las que más se alegra, y usted lo sabe, de que tengamos una
relación directa en la Comisión y que no sea sólo para el informe que le
llevan a usted como alma en pena a la Comisión del Congreso, a la
Comisión del Senado, al pleno del Senado, al pleno del Congreso, y ya se
sabe usted de memoria el informe. Nosotros también lo vamos a empezar a
explicar, después de ese informe general, con las comparecencias y
encuentros que tendremos en el Congreso donde están las dos partes: aquí
está el Gobierno con las instituciones, los distintos gobiernos, y
estamos los representantes de los ciudadanos, por tanto, con lo que usted
nos traiga podríamos obtener mayor información.

Le he sugerido esto para intentar que haya posibilidad de sacar nuevos
elementos que estén en el informe, porque creo que va a ser un informe de
trabajo muy importante para todos los grupos políticos que han
manifestado en la Cámara la necesidad de buscar soluciones reales,
también presupuestarias. A la mujer no se le puede decir: denuncia,
denuncia, pues como decía la compañera de Convergència i Unió, denuncio,
pero ¿qué hago por las noches?, ¿me vuelvo a acostar con el que acabo de
denunciar para que me dé otra, y encima peor porque le he denunciado?, ¡o
me voy cuatro días a la casa de socorro, mejor dicho, a la casa de
acogida (a la casa de socorro tienes que ir antes, a la



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casa de acogida vas después) y tengo que volver al cabo de esos cuatro
días a pedir perdón a todo el mundo como si hubiera hecho una cosa mala?
Todas esas cosas las tenemos que ver porque el problema de los malos
tratos, como usted dice, se tiene que ver en la escuela, se tiene que ver
en el comportamiento y en las relaciones, se tiene que ver en lo que
estamos buscando a nivel de relaciones de igualdad, un nuevo
comportamiento entre hombres y mujeres para sentirnos iguales, para
podernos querer en igualdad, y no para tenernos que someter en el
maltrato.

Creo que eso tiene tantas cosas que hacer que la reflexión que usted nos
ha pasado es una visión muy globalizada. Si le añadimos estos elementos,
por parte del Grupo Mixto y por parte del grupo que represento de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya-Los Verdes, pero también creo que del
conjunto de la Cámara, vamos a encontrar las bases para poder hacer un
trabajo mucho más organizado entre lo que usted representa precisamente,
entre los que redactan los presupuestos que se han de aprobar y los que
tenemos la representación para exigir que esos presupuestos ayuden a
resolver los problemas de la ciudadanía.

Muchas gracias por su intervención, y de verdad esperamos con gran
esperanza al saber que nos pueden venir unas normas que necesitamos en
este momento para el conjunto de problemas. Contará siempre con nuestra
ayuda para llevar adelante sus conclusiones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra a
continuación doña Cristina Alberdi.




La señora ALBERDI ALONSO: En primer lugar, agradezco al Defensor del
Pueblo su comparecencia y hago votos para que en sucesivas ediciones del
informe seamos capaces de pormenorizar y profundizar en temas concretos,
como hacemos en esta ocasión, que han merecido la atención de la
ciudadanía que tienen actualidad y que son importantes para los
representantes en el Parlamento, los representantes de la soberanía
popular, para poder ir solucionando y dando alternativas que sean más
eficaces y más favorables a las necesidades de los ciudadanos.

En cuanto al tema que nos ocupa de la violencia doméstica, ya se ha dicho
que es tremenda la situación, se ha puesto de actualidad, ha tenido
presencia extraordinaria en los medios de comunicación, y parece que
debido a ello ha tenido valoración social en cuanto a la necesidad de
modificar las respuestas que se venían dando a este tema por
considerarlas a veces insuficientes; respuestas que empiezan desde luego
por la socialización, la educación, los valores y atención de las
instituciones, pero ciertamente es un hecho que viene de años y de siglos
atrás.

El maltrato a las mujeres, la violencia doméstica, las agresiones de todo
tipo, físicas, psíquicas y sexuales, que padecen y han padecido las
mujeres vienen derivadas de un papel de la mujer en la sociedad
subordinado al del varón, un papel que se ha perpetuado a lo largo de los
siglos, y desde luego un papel que ha considerado que estas agresiones y
estas actitudes de los hombres hacia las mujeres eran un problema
privado, un problema que involucraba únicamente el ámbito familiar, que
afectaba únicamente a ese espacio íntimo de la familia y que sólo en
ocasiones excepcionales había una respuesta social o había una respuesta
de tipo penal o de tipo sancionador porque las cosas habían desbordado
ese ámbito del que nunca debieran haber salido en lo que ha sido la
concepción tradicional.

Pero el cambio del papel de la mujer en la sociedad, sobre todo en
sociedades como la nuestra, no así desgraciadamente en la mayoría de las
zonas del mundo donde hay auténticos retrocesos y en otros no ha salido
la mujer de la situación de desigualdady de atropello, ciertamente en
países como el nuestro, que responden ya a otros valores incipientes,
todavía no consolidados en la sociedad pero que ya están representando un
cambio social extraordinario porque empieza a haber un cambio de
mentalidad sobre el papel de la mujer, la igualdad entre hombres y
mujeres, los nuevos valores, la nueva educación, ciertamente ese cambio
está haciendo que haya un rechazo colectivo firme frente a las agresiones
que han padecido siempre las mujeres y que hoy salen a la luz una vez
más, pero ya salen con una respuesta colectiva, ya hay un rechazo que no
había hace unos años y que hemos vivido en el ejercicio profesional y en
etapas que a algunos de los que estamos aquí trabajando en esta materias,
han permitido ver cómo había unas leyes que respondían a esas coordenadas
y que hoy afortunadamente ya no responden a eso, pero todavía estamos en
esa etapa de crisis, de cambio, de cambio de valores, de nueva forma de
organización social en la que no se responde tampoco de una forma eficaz,
porque no se responde, para empezar, por la educación, por la
socialización, por los nuevos valores, y ésa es la clave de todo.

Me permitirá, señor presidente, que cite la importancia de la cumbre de
Pekín y la previa de Derechos Humanos de Ginebra, que volvió a plantearse
otra vez en la cumbre de Pekín, sobre los derechos de la mujer cuando se
ponía en cuestión que los derechos humanos afectaran a las mujeres,
cuando era un tema de la dignidad de las mujeres, y se ratificó lo
acordado en Ginebra en 1993 con gran discusión y debate, porque no todo
el mundo estaba de acuerdo que los derechos humanos de las mujeres
también formaban parte de los derechos humanos fundamentales, que eran
parte inalienable de los derechos humanos fundamentales y que no se
podían alegar tradiciones, costumbres, estabilidades familiares o
circunstancias de cualquier tipo que pusieran límite a esos derechos
fundamentales. Es importante la presencia del Defensor del Pueblo, que es
el alto comisionado de nuestro país para la defensa de los derechos
humanos, y es tan importante que el Defensor del Pueblo nos haya traído
el informe contra la violencia que sufre la mujer en el ámbito doméstico,
porque estamos hablando, señorías, de derechos humanos; estamos hablando
de derechos humanos de las mujeres a las cuales se les ha negado
históricamente que tuvieran derechos humanos y que también ellas fueran
acreedoras de esos derechos humanos, pero todo esto implica un cambio de
siglos y no vamos a pretender que con unas reformas o con otras se vaya a
reformar este tema. Vamos a ir paliando los efectos de una educación
ancestral, y con las alternativas que entre



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todos vamos construyendo vamos a ir intentando dar respuesta eficaz, pero
la respuesta más eficaz es el cambio de mentalidad, la educación, los
nuevos valores. Los nuevos valores que se enseñan en la escuela, pero
también se ense-ñan a través de la televisión y a través de la
publicidad.

A continuación tenemos precisamente otro informe que es el relativo a los
contenidos televisivos, y la famosa ley de televisión sin fronteras, todo
el tema de la directiva comunitaria que hubo que incorporar a España en
la anterior legislatura con el desarrollo legislativo correspondiente,
ahí ya se aludía no sólo al tema de los menores, se aludía a la imagen de
igualdad de oportunidades, al respeto, a la valoración, porque cuando no
se valora a una mujer, se la insulta, se la desprecia y se la veja, se
está contribuyendo a los malos tratos, y si a alguno le dijéramos que
cuando veja a una mujer o no la respeta, cuando no respeta lo que esa
mujer está diciendo o el papel que está representando, está contribuyendo
a los malos tratos, diría que no, pero implícitamente está contribuyendo,
y todos en esta sociedad tenemos que velar por esos nuevos valores que
son los que van a permitir construir respuestas eficaces, porque todos
tendremos ese rechazo y actuaremos en la forma más eficaz. Precisamente
cuando el Defensor del Pueblo ha aludido a un estudio de perfiles, tanto
del perfil de la persona maltratada, que no quiere decir naturalmente que
todo el mundo que se encuentre en ese perfil vaya a ser víctima sino que
ese perfil es mayoritario, y el perfil del maltratador son perfiles que
responden a una sociedad establecida en base a parámetros de superioridad
y de inferioridad simplemente, señorías, por la pertenencia a un sexo.

¿Hay mayor injusticia que por el hecho de nacer, en el que tú no tienes
ninguna decisión, seas considerada de forma inferior o superior y seas ya
predeterminada, como ha sido históricamente la mujer, a tener unas
funciones y unos papeles sociales? Pues ciertamente, señorías, ése es uno
de los extraordinarios cambios, quizá el más importante que se ha
producido en este siglo, y además es un cambio o una transformación de
estos vestigios del pasado, pero vestigios desgraciadamente actuales y
excesivamente numerosos, tan numerosos como las víctimas por delitos de
terrorismo, y más incluso en el último ejercicio, en el año 1997.

Todos nos hemos alarmado, pero esa alarma tiene que traer y llevar
consigo una respuesta. Como ha dicho muy bien nuestra compañera Cristina
Almeida, llevamos desde el mes de noviembre haciendo declaraciones,
interpelaciones, proposiciones no de ley, todo tipo de resoluciones que
se han llevado a cabo en el Congreso de los Diputados, y también ha
habido mociones en el Senado, relativas a este tema; encuentros también
en los partidos políticos, encuentros de las responsables y los
responsables con las ONG y el movimiento asociativo. Por tanto, sabemos
que hay un diagnóstico, tenemos la voluntad de cambiar la situación, y
tenemos que ser capaces de dar la respuesta. De ahí la importancia que
sea el Defensor del Pueblo desde una instancia que es defensora de los
derechos humanos y una instancia que no está en el ámbito del nivel
partidista, quien venga a darnos también una valoración, un camino y una
orientación, que será o no encauzada por la mayoría de los partidos, pero
que siempre servirá porque tiene los elementos de juicio, y no sólo ha
pedido que informaran el Ministerio de Interior, como él mismo nos ha
contado muy bien, y los de Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales, sino que
ha tenido comparecencias y reuniones, que me constan además, con las
asociaciones de mujeres que llevan a cabo la defensa, el tratamiento y el
estudio de las mujeres maltratadas desde hace muchos años. Quería decir
esto por delante, porque lo importante es que se trata de un tema
público, una cuestión que empieza a considerarse como un tema público.

Todavía yo recuerdo que cuando empecé a ejercer la profesión venían las
mujeres y decían que en las comisarías de policía les decían: Señora,
arréglese con su marido, vaya a su casa, si a veces es cuestión de cómo
se le lleve. Este es un tema que no...; no traiga usted estos temas.

Intentaban convencer a las mujeres de que fueran a su casa, de que no
siguieran con la denuncia.

Afortunadamente, eso cambió en los años ochenta, 1983 y 1984. Ya hubo una
circular, no recuerdo la fecha exacta, del Ministerio del Interior
diciendo que en todas las comisarías se informara a las mujeres de sus
derechos y que se las atendiera y no se las devolviera a su casa. Otra
cosa es, según ha señalado la compañera de Convergència i Unió, cómo la
propia mujer, muchas veces por un problema de independencia económica,
por el problema de no tener capacitación para poder atender a esos hijos
que de ella dependen y que si no van a quedar totalmente desprotegidos, a
veces aguanta lo que no está escrito y aguanta lo que muchas veces por
dignidad no debería aguantar ningún ser humano. Yo creo que esto por lo
menos ha cambiado, ha cambiado la situación, ha cambiado la percepción, y
sí hay un rechazo colectivo enorme.

Quiero referirme a temas que son ciertamente, quizá, muy resumidos, los
que más nos pueden orientar en el camino acertado. En la proposición no
de ley de hace me parece que fueron dos semanas, que además apoyamos
todos los grupos de la Cámara y que fue iniciativa del grupo
parlamentario que represento, del Grupo Socialista, se pedía al fiscal
del Estado que realizara una instrucción explicativa de los tipos penales
que aparecen, algunos nuevos y otros más reforzados, como el del nuevo
tipo de malos tratos habituales, a que se ha referido el Defensor, que
además entra en 1989; los malos tratos estaban penados con arresto mayor,
con 6 meses, y ahora está penado con hasta 3 años. Pero se ha referido el
Defensor a algo que también dijimos nosotros en esa actuación
parlamentaria, y fue que hay que darle la interpretación social
criminológica, no la jurídico-formal, porque nos podemos encontrar con la
pega que ya nos pusieron muchos juristas en la aplicación de 1989,
respecto a la habitualidad. Ciertamente ese tema, el tema de las medidas
cautelares, todo eso iba en la proposición no de ley. De hecho ya hay en
trámite una modificación en ese sentido donde el grupo parlamentario que
represento ha formulado algunas enmiendas.

Es importante que dé el fiscal esa instrucción porque así habrá una línea
de trabajo para los fiscales, para que no pueda haber interpretaciones
que no sean firmes ni rigurosas y que respondan a una sociedad, porque no
en vano los



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jueces y los fiscales son miembros de una sociedad, una sociedad que
todavía tiene muchos rasgos de desigualdad porque, como ha dicho muy bien
el Defensor, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una
expectativa, no es real hoy, y somos uno de los países más avanzados del
mundo. Pero esa expectativa que muchas veces es inconsciente o implícita
no es la misma para los hombres que para las mujeres. Es una expectativa
de igualdad la que tenemos, no es desgraciadamente una realidad. Por eso
es importante que esa instrucción del fiscal analice qué instrumentos
jurídicos tenemos para la actuación, y dado que tiene las atribuciones
correspondientes, lógicamente puede indicar a todos los fiscales jefes
qué han de hacer en torno a la actuación y la petición de penas. Así no
nos veremos con actuaciones a veces de los fiscales que no piden la pena
correspondiente, o luego de los jueces que dan una resolución inadecuada.

Esa instrucción no puede ser lo que hizo en diciembre el fiscal general,
que se remitió a la instrucción de 1988, que simplemente tenía una línea
en torno a los malos tratos y decía: aplíquese la ley en este sentido con
rigor y ejemplaridad. Eso es lo que dice la instrucción de 1988, y hay
normas nuevas que aparecieron en la reforma de 1989. Es verdaderamente
limitada, por no llamarlo con una calificación más fuerte, la actuación
que tuvo el fiscal; por eso le pedimos, y ahora todos los grupos de la
Cámara, que haga una instrucción, que realice un estudio a fondo y que dé
la interpretación, como en tantas cosas se hace, máxime cuando hay una
norma nueva para que todos los fiscales actúen en esa línea.

A otro tema se ha referido el Defensor que no se ha tocado
suficientemente. Recuerdo que cuando estuve en el Consejo del Poder
Judicial como vocal pedimos desde el Consejo y a través de la inspección
que se pudiera hacer una estadística pormenorizada de los temas de malos
tratos, tanto malos tratos como en el tipo de lesiones, esto era muy
difícil, por un lado por el desbordamiento que existe en los juzgados, y
por otro lado era difícil también sobre todo en los juzgados de
instrucción; en aquel momento todavía no había juzgados de lo penal.

Ahora sea más difícil o menos difícil, esa estadística la tenemos que
tener, es necesaria. En casi todos los países de nuestro entorno de la
Unión Europea tienen esas estadísticas. Nosotros tenemos también que
disponer de esas estadísticas; y es bueno que desde la defensoría del
pueblo se haga esta petición.

Respecto a la coordinación entre los responsables de aplicar todas estas
medidas, eso es fundamental. Tiene que haber coordinación de los fiscales
con los jueces, de los distintos juzgados entre sí, y de las distintas
audiencias entre sí. También los propios abogados, psicólogos y
trabajadores sociales, pero sobre todo los abogados deben tener una
coordinación. Sobre los abogados de oficio, ese turno de oficio, tiene
que haber un turno específico para estos temas, tienen que tomar carta
los colegios de abogados para de verdad hacer una atención en este tema
mucho más eficaz por parte de los abogados.

Naturalmente, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
ya lo hemos comentado y lo ha dicho el Defensor, en la línea de que el
Ministerio de Interior haga una actuación de formación, que es
continuación. Ciertamente se viene haciendo, como se ha comentado, se ha
contestado desde el Ministerio de Interior y se viene haciendo esa
formación. También formación de jueces y de fiscales, formación de todas
las personas aplicadoras de las normas, que no son sólo aplicadoras del
derecho, son también aplicadoras en temas de psicología o trabajadores
sociales. También las oficinas de asistencia a las víctimas. Se ha
referido el Defensor a este tema. Eso hay que ponerlo en marcha, ¿cuántas
oficinas hay en marcha? Esas oficinas de asistencias a las víctimas de
los delitos violentos que están en la ley que se aprobó en la anterior
legislatura no se han puesto en funcionamiento y hay que ponerlas en
marcha. Eso también lo pedimos precisamente en la proposición no de ley
que aprobamos todos los grupos parlamentarios recientemente. Y luego
extender a todas las provincias los servicios de atención a la mujer.

El Defensor también se ha referido a las medidas sociales, las casas de
acogida. Es llamativo; se ha dicho y ciertamente es una desproporción
entre Andalucía y Madrid, por poner los dos ejemplos que ha citado el
Defensor. Esto tiene que estar mucho más equilibrado, es una desigualdad
de los ciudadanos y de las ciudadanas, que por vivir en un sitio tenga
más o menos recursos dependiendo de la sensibilidad de quien está
gobernando en un lugar o en el otro. Algunos temas han de estar por
encima de quien gobierne en una zona o en otra; tienen que ser temas
centrales que sean atendidos con igualdad en todo el territorio nacional.

También ha dicho él una cosa importante que tiene que ver con las casas
de acogida. El artículo 104 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las
medidas provisionalísimas no se aplican. No se venían aplicando ya desde
la entrada en vigor de la ley que reformó todo el derecho de familia,
cuando se introdujo en divorcio; no se venían aplicando con
posterioridad, y sobre esta ley o bien se inicia una reforma en
profundidad o hay que aplicar esas medidas provisionalísimas. El Defensor
ha hablado incluso de aplicar esas medidas provisionalísimas en casos de
que llegue una persona al juzgado de guardia, es decir, que pudieran ser
aplicadas por el juez que está tomando otro tipo de medidas respecto a
esas agresiones. Me parece positivo y vamos a estudiarlo. Creo que ese
tema puede dar salida a un problema que tiene que ver también con aquella
falta de independencia económica. Parece mentira, como decía otro día una
compañera andaluza, la directora del Instituto de la Mujer, que se tengan
que ocultar las mujeres; las víctimas de un delito se tienen que ocultar
mientras el agresor y el delincuente campa a sus anchas. Ellos campan a
sus anchas y la mujer oculta en una casa de acogida. Algo está cambiando,
señorías, desde luego, porque hoy ese ocultamiento de la mujer para no
seguir siendo agredida está puesto en cuestión. Afortunadamente algo
estamos consiguiendo cambiar.

Luego el tema del apoyo. También se ha referido a sus relaciones con el
movimiento asociativo, el apoyo a las ONG, todo lo que son las redes de
mujeres y los centros de información. Es fundamental que la mujer se
sienta apoyada, que tenga el apoyo de la sociedad y de las instituciones,
porque en otro caso no tomará las medidas. Todas las medidas preventivas,
que ya he comentado, que comentaré



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quizás más ampliamente en la siguiente intervención, todo lo que son
campañas públicas de sensibilización en los medios informativos, con
rechazo a la publicidad sexista, a la publicidad que veja a la mujer y
que atropella su dignidad.

Naturalmente recursos presupuestarios. Todo esto forma parte de un elenco
de medidas que creemos hay que ir tomando, una vez que afortunadamente
hemos llegado a un punto de sensibilización colectiva en esta materia,
que debe ser la oportunidad y el momento para dar respuesta eficaz a
todas aquellas situaciones de agresiones a las mujeres, que desde luego
son agresiones a los derechos fundamentales de las personas.




El señor PRESIDENTE: Cierra el turno de los grupos parlamentarios la
portavoz del Grupo Popular, doña María José Camilleri.




La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Me uno en el agradecimiento por su
presencia aquí hoy; hoy y siempre diría yo, ya que es un placer recibirle
en esta casa.

Efectivamente, el día 23 de diciembre de 1997, Convergència i Unió
solicita la comparecencia del Defensor en relación con el informe
monográfico de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar,
informe que si la presentación que hoy nos ha hecho es así, nos augura un
espléndido informe como nos tiene acostumbrados, informe que todos
esperamos por su actualidad e importancia, y porque yo creo que mejor que
muchos conozco la experiencia de esta institución que usted preside tiene
como receptores de quejas y autoridad para hacer recomendaciones y
sugerencias a la luz de los casos tratados y de las quejas recibidas por
tantas mujeres, mujeres que es posible que no se atrevan a ir a un
juzgado, pero sí se quieren mantener en el anonimato que el Defensor les
ampara. Incluso dos años y pico después de dejar la institución del
Defensor del Pueblo Andaluz, donde estuve 11 años, tengo en mis manos la
queja de una mujer que se ha dirigido también al Defensor del Pueblo
Andaluz y dice textualmente: Tras mi conversación telefónica que mantuve
el día de ayer, me dirijo a usted para pedirle ayuda ante la situación de
indefensión en que me encuentro. Me he dirigido recabando ayuda al
Consejo General del Poder Judicial, al Defensor del Pueblo Andaluz, y en
Córdoba a la recién creada Comisión de Ayuda a Mujeres Maltratadas como
víctima de una situación de secuestro de mi hijo menor y coacción y
amenazas a mí misma que me hacen temer por la integridad física de mis
hijos y la mía, por parte de mi ex marido y su familia, etcétera.

Efectivamente muchas mujeres están conviviendo con sus maridos o parejas
y saben que son maltratadas. También lo saben sus familias, sus vecinos,
pero nadie dice nada. Un día ocurre la desgracia y el resultado el año
pasado, en 1997, ha sido de 91 mujeres muertas y 23 hombres muertos. Pero
éstas no son las únicas víctimas. Estamos hablando aquí de mujeres
muertas, pero ésas no son las únicas víctimas, puesto que 350 sufrieron a
lo largo de 1997 lesiones de consideración y muchísimas, que ahora
citaré, fueron las denuncias como consecuencia de malos tratos.

Cuando el caso de Ana Orante saltó a los medios de comunicación a medidos
de diciembre pareció como si fuese la primera y única mujer que había
sido quemada viva por su pareja. Pues bien, era la tercera que en el año
1997 fue quemada viva por su marido. Este caso tuvo una enorme
repercusión porque días antes esta granadina había denunciado en un
programa de televisión las palizas sufridas durante 40 años, que se dice
pronto, 40 años.

Desde entonces ha habido muchas manifestaciones de protestas, e
iniciativas de los distintos grupos parlamentarios, todo ello en una
Europa que se prepara para celebrar en 1999 el año europeo contra la
violencia de las mujeres. Hay quien dice que al airear en los medios de
comunicación estas cuestiones se están produciendo conductas de
imitación. No es del todo cierto, pues ha habido años en los que las
víctimas han sido más que en 1997, concretamente en el año 1996.

Como decía antes, durante 1997 se registraron en España 18.868 denuncias
por malos tratos. Teniendo en cuenta, según dicen, que sólo el 5 por
ciento de las agresiones son las que se denuncian, el número real de
mujeres víctimas será de 400.000. La única forma de que dejen de ocurrir
es que se les denuncie, pero para que estas denuncias resulten eficaces
es necesario que las mujeres encuentren una respuesta a esas denuncias.

Por ello, Defensor, señorías, como ya saben, el Gobierno aprobó en
Consejo de Ministros de 7 de marzo de 1997 (y ahora le diré por qué estoy
resaltando las fechas expresamente) el Tercer Plan para la igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres, que dedica un área específica a la
violencia contra las mujeres en la que se contemplan medidas para
prevenir y eliminar la violencia.

El 11 de noviembre de 1997 se aprobó por unanimidad una proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la prevención y
erradicación de la violencia a las mujeres, a la que se incorporaron dos
apartados fruto de una transaccional con los grupos Socialista y Federal
de Izquierda Unida, y el 18 de diciembre de 1997 nuestro grupo presentó
una proposición no de ley en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos
de la Mujer. A su vez, el 16 de septiembre, en la Conferencia Sectorial
de la Mujer se acordó a propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales celebrar una conferencia sectorial monográfica sobre la
violencia contra las mujeres, que tuvo lugar el 26 de noviembre del mismo
año, a la que asistieron representantes de los ministerios de Justicia,
Interior, Sanidad, Educación y Cultura. En dicha conferencia se presentó
un amplio informe y se tomó el acuerdo de elaborar un plan de acción a
tres años con objetivos y medidas específicas y cuantificación económica
que será revisado anualmente.

En línea con el plan de acción, el Gobierno aprobó en el Consejo de
Ministros de 16 de enero de 1998 diez medidas a las que usted también ha
aludido. Estas diez medidas promueven la creación de más casas de acogida
y centros de orientación y consulta, así como de servicios de atención a
la mujer en comisarías de policía; además, se pretende la instauración de
juicios rápidos y la colaboración con los colegios de abogados para crear
turnos de oficio específicos para los casos de la violencia en el ámbito
familiar.




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También para la reinserción laboral de la mujer se crearán cursos
específicos de formación en el plan de empleo para 1998.

Además, como hacía alusión Cristina Alberdi, se ha enviado a los fiscales
un recordatorio de la instrucción de la Fiscalía, que ya existía desde
1988, sobre persecución de malos tratos ocasionados a personas
desamparadas y con necesidad. Tengo que decirle que no son sólo dos
líneas, que es un poquito más, aunque simplemente es una avanzadilla de
una instrucción que se está elaborando por la Fiscalía.

También existe una instrucción, la número 6 de 1997 de la Secretaría de
Estado de Seguridad sobre la atención e información a las víctimas de
determinados delitos de las gestiones e investigaciones realizadas para
su esclarecimiento, que es de 10 de abril de 1997.

Sigo citando fechas. El 17 de enero de 1998 se aprobaron dos
proposiciones no de ley, dirigidas en el mismo sentido, por el Grupo
Popular y el Grupo Socialista. El 18 de febrero de 1998 se debatió una
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
acerca de la política a llevar a cabo para erradicar la violencia de la
que son víctimas las mujeres. Y el 24 del mismo mes, la moción
consecuencia de la anterior interpelación, donde se aprobó la enmienda
presentada por los Grupos Popular y Catalán, por la que se instaba al
Gobierno, en primer lugar, a continuar desarrollando las cuatro
propuestas efectuadas en la conferencia sectorial extraordinaria dedicada
a la violencia contra las mujeres, que se celebró el 26 de noviembre de
1997, y, en segundo lugar, a aplicar las diez medidas contra los malos
tratos a mujeres aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 16 de
enero de 1998.

Cualquier otra medida que se recomiende en el informe que se elabore por
la institución que usted preside será desde luego valorada y por supuesto
tenida en cuenta, si es que hasta ahora no se han puesto ya en marcha las
medidas que usted vaya a recomendar. No obstante, se debe seguir
insistiendo en sensibilizar a la sociedad en general, y a algunos
colectivos de profesionales en particular, sobre la gravedad del
problema. A estos últimos, entre los que se encuentran profesores,
sanitarios, policías, psicólogos, abogados y jueces, no sólo hay que
sensibilizarlos, sino que además hay que prepararlos para que puedan
atender y tratar esta problemática en sus justos términos.

He hecho hincapié en las fechas para demostrar que todos los grupos
parlamentarios hemos presentado iniciativas. Todos estamos
sensibilizados, por lo que voy a terminar haciendo alusión a una frase de
la madre Teresa de Calcuta que dice así: Lo que yo hago, tú no puedes
hacerlo, y lo que tú haces, yo no puedo hacerlo. Pero podemos hacer
juntos muchas cosas: ayudar a la gente.




El señor PRESIDENTE: Para rematar esta comparecencia, el Defensor del
Pueblo se referirá a todas las intervenciones.




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda y Torres): Las sucesivas
intervenciones que han tenido lugar en relación con este tema de alguna
manera han venido a completar el informe, que evidentemente tenía que ser
en muchos aspectos parcial porque, como se ha dicho, no tenemos todavía
una evaluación ni un estudio ni unos datos ni unos complementos que nos
puedan servir para que se indique desde este momento lo que debe de ser
la acción del Defensor del Pueblo en relación con un tema de principal
trascendencia.

Se ha dicho, y es verdad, que este año en que celebramos el cincuenta
aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos no puede quedar sin
que esta Cámara trate este asunto y haga un esfuerzo, como se está
haciendo, y me alegro de haber escuchado a los distintos grupos
parlamentarios, dentro de este espíritu, a veces, de mantener cada uno su
iniciativa. Se lo agradezco a todos, porque efectivamente lo que han
demostrado y han puesto sobre el tapete que no estamos hablando de algo
que no se esté haciendo, sino que se está llevando a la práctica. Por
consiguiente, el Defensor del Pueblo no puede sino felicitarse de todas
estas manifestaciones, de todas estas observaciones, de todos estos
puntos de vista que se han expuesto y, desde luego, vamos a intentar que
en el plazo más breve posible SS. SS. tengan constancia de que
efectivamente el informe ha sido completado con las propuestas y las
acciones de orden legislativo que sólo a SS. SS. competen. Por
consiguiente, en esta sede legislativa es donde se va a poder resolver, y
el Defensor del Pueblo lo que puede es coadyuvar, de la manera que lo
está haciendo, a estas actuaciones que se están llevando a la práctica y
a las sugerencias que efectivamente pueden tener su sentido y su
repercusión, de lege ferenda, que completarán la información que nos
llegue.

Sí quería asegurar a Cristina Almeida, a la representante del Grupo
Mixto, su preocupación sobre las visitas de casas de acogida. Quiero
decirle que, efectivamente, el Defensor tiene ya en proyecto y preparada
una visita a un centro de tratamiento integral de mujeres aquí en Madrid,
en Coslada, que en estos momentos está siendo visitada por representantes
europeos debido a sus características innovadoras. Nos interesará mucho
conocer las características innovadoras de este centro que hasta el
momento no hemos podido visitar. Lo vamos a hacer y confío en que
respecto a esa desigualdad que señalaba la señora Camilleri que se da
entre centros de acogida en las distintas comunidades autónomas, se podrá
de alguna manera establecer el equilibrio necesario para actuar de una
manera global, coordinada y, yo diría, proporcional en todo lo que es la
problemática que estamos examinando dentro de nuestro territorio porque
en todas partes y en todas las comunidades están ocurriendo estos hechos.

Hay algo que sí se ha señalado y con lo que vuelvo a estar totalmente de
acuerdo, porque no puedo discrepar en nada de todo lo que he escuchado a
sus señorías: la luz colectiva, esta aplicación de las leyes, este cambio
del papel de la mujer, lo que se ha hecho, lo que se ha conseguido, lo
que se ha avanzado, esta coordinación, estas proposiciones que se han
venido haciendo de un tiempo a esta parte, esta oficina de asistencia a
las víctimas que no está teniendo el efecto deseado y que vamos a
intentar por todos los medios que se consiga, esta campaña publicitaria y
su importancia,



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etcétera. Es cierto que a través de los medios de comunicación se está
conociendo la labor de esas asociaciones absolutamente heroicas que han
venido luchando durante tantos años casi en la oscuridad y casi en la
clandestinidad, un poco exagerado, pero que al final han tenido un
resultado y han hecho salir a la luz unas situaciones que eran
absolutamente intolerables e indeseables. Esas asociaciones no
gubernamentales tienen que tener todo el apoyo de la sociedad, de todos,
para que realmente sigan haciendo esta labor.

Estos cursos específicos de formación a los que se refería doña María
José Camilleri sirven para saber lo que tenemos que hacer todos en este
momento y que ella lo ha terminado con la palabra sensibilizarnos. Esta
sensibilización, en la que todas SS. SS. han hecho hincapié, la tenemos
que tener muy presente y no dejar de pasar esta ocasión. No dejemos pasar
este año, aunque 1999 sea el año señalado por Naciones Unidas. ¿Por qué
vamos a dejar pasar 1998 sin hacer ya, desde ahora, lo que estamos
haciendo? Sus señorías están fomentando esa sensibilización para que no
pase ya más tiempo en esta situación que hemos venido describiendo,
porque cuando uno se va adentrando en ella realmente le produce la
sensación de indignidad en que ha vivido una parte de los seres humanos
al aceptarla. Somos indignos como hombres y como mujeres si continuamos
aceptando que esto continúe así.




--INFORMAR SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS
TELESPECTADORES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL
SENADO (Número de expediente del Congreso 222/000004 y número de
expediente del Senado 713/000380).




El señor PRESIDENTE: Iniciamos el tercer punto del orden del día, que es
también a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, en torno a
solicitar del Defensor del Pueblo que informe sobre la situación de los
derechos fundamentales de los telespectadores.




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda y Torres): La
importancia de este otro tema indica el acierto de SS. SS. al señalar
estos tres puntos para la comparecencia y así hacernos reflexionar a
todos sobre por dónde van en estos momentos las preocupaciones no
solamente de una sociedad, sino de una representación ciudadana como la
que ustedes sustentan.

Se trata de la situación y defensa de los derechos fundamentales de los
espectadores. Tengo que reconocer que ésa es una tarea de la que no es
fácil salir airoso, y por razones aparentemente contradictorias. De un
lado, desde un punto de vista estrictamente técnico, cabría suponer que
no existen, así dicho, derechos fundamentales de telespectadores, ya que
la Constitución hasta ahora, y no creo que se vaya a reformar fácilmente
por el momento, no hace referencia a ellos. Pero, por otro lado,
prácticamente todos los ciudadanos, casi todos los ciudadanos, son
diariamente telespectadores y, en medio de esa difusión, la televisión,
esa caja mágica, es el cauce activo-pasivo de muchos de estos derechos
fundamentales.

Como punto de referencia para expresar la amplitud del campo que debemos
de tratar, debo de referirme a lo que se afirmaba en el preámbulo de lo
que ya es vieja ley, la ley 4/1980 por la que se aprueba el Estatuto de
la Radio y la Televisión. Se decía en la ley de 1980: La radiodifusión y
la televisión, configuradas como servicio público esencial, cuya
titularidad corresponde al Estado, se concibe como vehículo también
esencial de información, participación política de los ciudadanos,
información de la opinión pública, cooperación con el sistema educativo,
difusión de la cultura española y de sus nacionalidades y regiones, así
como medio capital para contribuir a que la libertad y la igualdad sean
reales y efectivas, con especial atención a la protección de los
marginados y a la no discriminación de la mujer. Se decía ya en la ley de
1980.

Creo que aquí están recogidos los derechos de información, el derecho de
expresión y el derecho de creación artística, y también la participación
política está incluida directamente en el texto al que me he referido y
no hace falta insistir en ello. El derecho fundamental a la educación y
el derecho de los ciudadanos a la cultura precisan en ocasiones,
irremediablemente, de este medio de difusión para que una oferta que no
puede proporcionar el sistema educativo tradicional ni las instituciones
culturales estáticas que generalmente se ubican en núcleos de población
importantes alcance así a todos los ciudadanos. En definitiva, un medio
de comunicación al que el legislador considera de capital importancia
para contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas,
contiene en sí mismo necesariamente un compendio de derechos
fundamentales, cuya situación sería imposible de describir en el tiempo
limitado del que vamos a disponer en esta comparecencia última.

Así pues, quisiera resumir este campo de trabajo tan amplio, con el
permiso de SS. SS., y apuntar algunas cuestiones concretas de entre las
que con mayor insistencia, con mayor frecuencia, con mayor habitualidad
se plantean al Defensor y que a mi juicio son del mayor interés.

En primer lugar, haré referencia a la problemática del acceso a este
importante medio de difusión de los grupos sociales y de los grupos
políticos significativos en los términos prescritos en el artículo 20.3
de la Constitución española. Mencionaré también el asunto de la
supervisión y control del contenido de la programación televisiva, con
especial referencia a la debida protección a la juventud y a la infancia,
de acuerdo con el número 4 del artículo 20 de nuestra Constitución. Se
podría comenzar diciendo que el acceso de los grupos sociales y políticos
significativos a los medios de comunicación social dependientes del
Estado y, por tanto, el acceso a la televisión, previsto como se ha dicho
en el artículo 20.3 de la Constitución, quizás desde una perspectiva del
Defensor del Pueblo, es una cuestión no resuelta y así tengo que
reconocerlo. Es al legislador a quien corresponde directamente, no a otro
poder público, es al legislador a quien la Constitución le encomienda la
garantía de este acceso al imponer que precisamente



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se haga por medio de una ley como vehículo de esa garantía.

El mandato sólo impone que se respete, en la forma de acceso que se
decida, el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

Sin embargo, hasta el presente tan sólo en el ámbito de la legislación
electoral se ha producido un desarrollo suficiente del mandato
constitucional que posibilita el acceso ordenado y preciso de los grupos
políticos a los espacios televisivos, de acuerdo con criterios objetivos
que en general están vinculados a la representatividad alcanzada en
anteriores procesos electorales. Es la legislación electoral la que ha
producido este desarrollo, la que ha producido este resultado. En lo
demás, en el resto del campo no electoral, la regulación de rango
electoral es somera, estricta, casi inexistente, y desde luego no
configura un marco normativo suficiente, en el que se pueda desarrollar
de una manera eficaz el acceso a la televisión de los grupos políticos y
sociales representativos, tal como la Constitución ordena que se
garantice.

Así, en concreto, el Estatuto de la Radio y la Televisión, esa Ley
4/1980, limita la regulación de esta materia a la atribución al consejo
de administración de la competencia para determinar semestralmente el
porcentaje de horas de programación destinadas a los grupos políticos y
sociales significativos, fijando los criterios de distribución entre
ellos en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la
Constitución. Este mandato se completa con lo dispuesto en el artículo 24
de la misma ley, en el que se ordena que la disposición de espacios, en
este caso en TVE, se concreta de modo que accedan los grupos sociales y
políticos más significativos. Para ello el consejo de administración y el
director general habrán de tener en cuenta, insisto, criterios objetivos
tales como representación parlamentaria, implantación sindical, ámbito
territorial de actuación y otros similares.

En su momento, a raíz de una queja presentada por diversas organizaciones
no gubernamentales y la coordinadora en la que éstas se agrupaban,
suscritas así mismo por las secciones españolas de Greenpeace, de
Amnistía Internacional y también por la coordinación de organizaciones de
defensa ambiental, se trasladó a la Dirección General de Radiotelevisión
Española la problemática que nos planteaban estas organizaciones, según
las cuales la falta de desarrollo normativo de los preceptos que se
mencionaban del Estatuto de radiotelevisión impedía una plena efectividad
del derecho que se proclamaba.

Desde el primer momento la dirección de Radiotelevisión Española, en los
informes remitidos al Defensor del Pueblo, nos aludió a la necesidad de
llevar a cabo algunos estudios con carácter previo a la adopción de
medidas que hiciesen efectivo este derecho de acceso, informando
posteriormente al Defensor de que en la sesión ordinaria del consejo de
administración de 20 de diciembre de 1996 se había planteado la cuestión
a dicho consejo para una toma de decisión de la que habría de informarse
posteriormente al Defensor. Sin embargo, no se recibió nueva comunicación
hasta octubre del pasado año 1997, que es cuando finalmente la Dirección
General de Radiotelevisión Española, al margen de otras consideraciones,
plantea la dificultad de articular el sistema de acceso de los grupos
políticos y sociales representativos por la ausencia de una suficiente
regulación con rango de ley que aclare y detalle los criterios objetivos
que hubieran de emplearse y el modo en que tal acceso deba producirse.

Esta es la contestación que recibe el Defensor.

Entiendo que la opinión expresada por la Dirección General de
Radiotelevisión, aunque tardía, tiene un fundamento, que no debe ser ni
el consejo de administración, ni la Dirección General de Radiotelevisión
Española, ni los correspondientes de las restantes cadenas de televisión
quienes articulen este sistema de acceso sobre la base de los escasos
mandatos legales existentes. Pero con independencia de todo, lo cierto es
que casi 20 años después de haberse aprobado el Estatuto de la Radio y la
Televisión, en TVE, por no tratar ahora de otras televisiones de
titularidad pública, no está resuelto el problema del acceso de los
grupos políticos y sociales significativos, lo que implica en alguna
medida, señorías, un incumplimiento del artículo 20.3 de la Constitución.

Así pues, ya que el precepto constitucional citado ordena que sea la ley
la que garantice el acceso de estos grupos sociales y políticos a los
medios de comunicación social dependientes del Estado, y entre ellos a la
televisión que, no lo olvidemos, está configurada como un servicio
público esencial de titularidad estatal, puede ser esta ocasión un
momento propicio para que SS. SS. tomen nota de la cuestión y
perfeccionen y completen la legislación vigente en la materia. Otra cosa
no les puedo decir.

Los contenidos y mensajes de la programación y la publicidad en la
televisión son sin duda también el motivo más frecuente de queja al
Defensor del Pueblo en relación con este medio de difusión. Sus señorías
pueden imaginar que muchas de estas quejas únicamente se sustentan en
opiniones políticas, en criterios éticos o morales de carácter personal o
incluso en simples opiniones estéticas que de ningún modo deben de
condicionar, ni mucho menos impedir, el ejercicio de derechos de tan
amplio reconocimiento constitucional como los de expresión, información,
opinión o creación, y así se lo hacemos saber a los reclamantes cuando
nos llegan estas reclamaciones. Esta suele ser la contestación que se da
a quienes nos formulan estas quejas. Sin embargo, ni siquiera derechos
tan fundamentales como los citados, cuyo pleno ejercicio hay que
salvaguardar a toda costa, ni siquiera estos derechos fundamentales están
exentos de algunos límites que expresamente el legislador constituyente
ha hecho constar en el número 4 del artículo 20 de la Constitución, y que
son: el respeto a los demás, que el título I de la Constitución reconoce,
especialmente el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y
la protección de la juventud y de la infancia.

Hoy en día es frecuente oír, especialmente en ámbitos próximos a los
medios de comunicación, que la mejor defensa del telespectador frente a
estos contenidos y mensajes de la programación y publicidad es el mando a
distancia. Quizá, si se piensa en el telespectador adulto, formado e
informado, que tiene a su disposición diferentes mecanismos de
protección, que incluyen hasta acciones judiciales, civiles y penales
para proteger sus derechos,



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podríamos admitir, aunque con muchos matices, esta afirmación, pero no me
parece en cambio que pueda admitirse en ningún caso si pensamos en el
telespectador infantil y juvenil que dedica buena parte, yo diría que
demasiada parte de su ocio, probablemente más de lo deseable, a ver esta
televisión, que no conoce los mecanismos de los que dispone para defender
sus derechos o intereses, que no sabe cómo ponerlos en marcha; quien
ignora incluso en la mayor parte de las ocasiones que está siendo
agredido o perturbado en su derecho a un adecuado desarrollo físico,
mental y moral no puede ser responsabilizado de su propia defensa. Por
ello, la Constitución señala que la protección de la juventud y de la
infancia es el límite expreso a derechos fundamentalísimos como los de
expresión, opinión e información, y también por lo mismo el Defensor del
Pueblo que les habla tiene un interés especial en esta problemática, como
en general la tiene respecto de cualquier tema que afecte a aquellos
sectores sociales que por cualquier motivo merezcan una protección
especial.

Como ya he apuntado, son los contenidos y mensajes de la programación y
la publicidad los que motivan la mayor parte de quejas en esta materia.

Aunque las cifras no sean especialmente indicativas en relación con el
número total de telespectadores, su remisión al Defensor del Pueblo, a mi
juicio, tiene una doble significación, por un lado, la evidente
disconformidad con algunos contenidos de esta programación televisiva,
aun cuando a menudo esta disconformidad no tenga más sustento que los
criterios u opiniones personales; por otro, que al margen de esta
institución, los ciudadanos no conocen o no creen disponer de otras
instancias más adecuadas para la satisfacción de sus reclamaciones.

Como SS. SS. no ignoran, la protección de la infancia y la adolescencia
es uno de los criterios que han de informar necesariamente el contenido
de la programación, según se reconoce en el Estatuto de la Radio y la
Televisión, aprobado hemos dicho por la Ley 4/1980 y a través de la Ley
10/1988 se aplica también a la televisión privada, en base a su
consideración como servicio público o de esencial titularidad estatal.

Por su parte, la Ley 25/1994, de 12 de julio, que incorporó al
ordenamiento jurídico español la Directiva conocida como de Televisión
sin Fronteras, la Directiva 89/552 de la Comunidad, incide también en la
protección de los menores frente a la publicidad y frente a la
programación prohibiendo la inclusión de imágenes o mensajes que pudieran
perjudicarles moral o físicamente, y la emisión de programas o de escenas
de cualquier tipo susceptibles de producir perjuicios de la índole antes
citada o de fomentar el odio, el desprecio o la discriminación por
motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o
cualquier otra circunstancia personal o social. El artículo 16 de la Ley
25/1994, que ya hemos citado, establece ciertos límites a los que debe
someterse la publicidad dirigida a menores y prohíbe, en lo que se
refiere a la programación, la emisión de contenidos inadecuados para
ellos entre las 6 y las 22 horas de cada día, teniendo consideración de
infracciones muy graves las violaciones de estos límites y encomendando
la inspección y sanción al Ministerio de Fomento y al Consejo de
Ministros, respectivamente.

Para no reiterar aquí lo que ya expuse en el informe anual
correspondiente a 1996 presentado en su momento a las Cortes Generales,
me limitaré a decir que las actuaciones llevadas a cabo ante el
Ministerio de Fomento a raíz de algunas de las quejas recibidas
evidencian una escasa operatividad del sistema tutelar vigente
actualmente, pues la constancia de reiteradas infracciones por parte de
las distintas cadenas de televisión en muy contadas ocasiones han dado
lugar no ya a la imposición de sanciones, sino a la apertura de
expedientes disciplinarios. Ello ocurre así en base a una denominada
política de persuasión que la Administración pretende aplicar a lo que
todavía se considera la primera fase de implantación de la televisión
privada en España. Esta institución apoyó en su momento la suscripción en
abril de 1993 del código de autorregulación de las distintas cadenas de
televisión, tanto públicas como privadas, que tendía a favorecer los
valores constitucionales y a respaldar el potencial formativo de la
televisión, evitando la violencia gratuita y los mensajes que atentan
contra la dignidad de las personas. Sin embargo, este código
deontológico, fruto del compromiso adquirido entre las cadenas de
televisión, los representantes de las distintas comunidades autónomas y
el entonces Ministerio de Educación y Ciencia, no parece haber dado los
frutos deseados. Por otra parte, esta institución es plenamente
consciente, como hizo constar en el informe de 1996, del problema que
representa el grado elevado de subjetividad que necesariamente entraña la
apreciación de si determinadas imágenes, escenas o contenidos violan o no
las normas de protección al menor. También es consciente el Defensor del
Pueblo del temor casi reverencial que las autoridades políticas y
administrativas tienen a que sus iniciativas, especialmente las de
carácter coactivo o sancionador en el ámbito de las libertades de
opinión, expresión e información, sean asimiladas a la afortunadamente
desterrada y constitucionalmente prohibida censura previa, de tan
aplastante vigencia en nuestro país hasta tiempo todavía reciente, por lo
menos en el recuerdo de muchos. No obstante, la evidencia de estas
dificultades no puede llevar a la desprotección de la juventud, no puede
llevar a la desprotección de la infancia frente a la televisión,
desconociéndose así el mandato expreso del artículo 20.4 de la
Constitución.

En base a estas consideraciones y a algunas otras sobre las que no quiero
volver ni extenderme para no alargar ya esta comparecencia, se sugirió en
el informe anual correspondiente a 1996 que se designara de manera
inmediata alguna autoridad u organismo independiente desvinculado
jerárquicamente de la Administración, dotado de un alto grado de
autorictas en la materia, al que entre otras competencias que pudieran
atribuírsele se le asignara la misión de aplicar el régimen sancionador
previsto en la normativa vigente a las infracciones en materias de
protección a la juventud y la infancia en las emisiones de televisión.

Esta propuesta, que por otra parte se limitaba a seguir la iniciativa
adoptada ya por la Comisión especial sobre los contenidos televisivos,
creada en 1993 en el Senado de acuerdo con el Pleno de la Cámara de 19 de
noviembre, se reiterará



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ante las Cortes Generales en este informe correspondiente a 1997, en el
que volveremos a abordar de nuevo la problemática de la protección de la
juventud y la infancia, no sólo ya frente a la televisión sino también en
relación con los restantes medios de difusión. Una vez que he formulado
esta propuesta, no me parece que deba insistir más para no interferir en
las decisiones que considere oportuno adoptar el poder público en el
ámbito de su autonomía ni la formulación jurídica que le quiera dar el
legislador con la aprobación de la norma correspondiente. Es público y
notorio que en los últimos tiempos se han barajado diversas alternativas
más próximas o más lejanas, según los casos, a esta propuesta que se
inició por el Defensor del Pueblo, y están en trámites proposiciones y
proyectos normativos que las Cámaras habrán de debatir.

Estaremos, por lo tanto, atentos a lo que el legislador decida y
únicamente quiero dejar constancia expresa aquí y ahora del interés que
el Defensor del Pueblo que les habla tiene de que se dote al ordenamiento
jurídico de mecanismos ágiles y eficaces para proteger en todos los
ámbitos de su vida y frente a la televisión en concreto a nuestros
menores y a nuestros jóvenes. La reforma de la Ley 25/1994, esa reforma
que debe producirse antes del 30 de diciembre de este año para incorporar
al ordenamiento especial la nueva Directiva de Televisión sin Fronteras,
puede ser una magnífica ocasión para ello.




El señor PRESIDENTE: A continuación la peticionaria de la comparecencia,
la portavoz del Grupo Socialista, doña Ana Arnáiz, tiene la palabra.




La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Le doy las gracias, Defensor,
por los dos últimos informes --con permiso del presidente me quiero
referir también someramente al anterior, por lo que tiene de relación con
el tema que tratamos en este momento--, que me llevan a pensar como
ciudadana y como representante de una parte de la soberanía popular que
la gloria de las instituciones democráticas a veces está muy relacionada
con los organismos de que se trate, lógicamente, pero también con las
personas que en un momento determinado los pueden llenar de contenido, de
altura, de independencia y de lo que es, fuera de la pugna política o del
sentido partidista, la visión que nos pueda abrir el camino para poder
construir una sociedad algo más justa y menos hostil en todo lo que son
nuestros derechos fundamentales, en definitiva, lo contrario a lo que yo
vengo a decir aquí, acercarnos a las leyes y a las normas fundamentales
que nos protegen y que en la práctica cada vez están más devaluadas y
cuyo ejercicio es menos eficaz y menos real.

Por tanto, este agradecimiento al Defensor conllevaría prácticamente
asumir las cosas que ha dicho, pero antes de entrar en lo que es la
crisis que puede haber de medios de comunicación y que en parte viene
dada por las nuevas tecnologías y en la crisis de lo que son
incumplimientos de legalidad de los derechos fundamentales, quisiera
definir la televisión y los medios de comunicación en general como un
instrumento de socialización y de divulgación de la cultura que tiene que
ver con la conformación de todos nuestros valores, de nuestras formas de
vida y de nuestras relaciones personales y de instituciones como la
familia.

Hemos hablado antes de las relaciones familiares. Quizá la introducción
más moderna y más masiva de pautas y conducta y de estereotipos sociales
sea la televisión. En una televisión en la que un niño ve antes de llegar
a la edad escolar un promedio de 8.000 crímenes y muchos más actos
delictivos y violentos, ese proceso de aprendizaje de los malos tratos,
ese proceso de aprendizaje de lo que es el rÖle de su masculinidad con
respecto a una femineidad sometida, que es lo que hemos heredado, se va
perpetuando con instrumentos muchísimo más masivos, más sugerentes y más
peligrosos en definitiva que lo que es simple ejemplo de la familia. No
se puede decir simplemente que se perpetúan las mentalidades en la
familia o en el colegio y negar la función socializadora y educadora a la
televisión. Tampoco se puede atribuir toda la responsabilidad a la
televisión y hay que desdramatizar y ver que es un simple instrumento y
que está en manos de los poderes públicos cómo se utilice. Los poderes
públicos no pueden hacer dejación, no pueden dimitir de su obligación de
respaldar y proteger los derechos constitucionales, fundamentalmente de
los menores, de los más débiles, de los más desprotegidos, porque frente
al pensamiento único o al pensamiento ultraliberal que dice que cada uno
tiene libertad para elegir la educación, la formación, el canal que
compra, debo decir que cuando uno compra un televisor no está comprando
contenido específico, salvo que se acoja al pago por visión.

La característica más común de los malos tratos en la familia y de la
violencia en los medios de comunicación es que se producen en el lugar
donde más desprevenido o desprotegido pueda estar el individuo, que es en
el hogar; donde puede haber más solidaridad, donde puede haber más amor,
más relación humana es donde se puede producir esa vulneración pillando
desprevenido y a traición, sin que esté en una actitud de defensa, y eso
es algo que los poderes públicos no pueden dejar simplemente a criterios
de las leyes del mercado o a criterios de otros valores o de otros
intereses políticos. En definitiva, detrás de los contenidos televisivos
siempre hay derechos fundamentales y los contenidos televisivos, con todo
lo de que derechos humanos, éticos y sociales comportan, no se pueden
subordinar o aplicar solamente como objeto de transacción.

Si no hay una legislación, si no hay un ordenamiento, ese espacio que los
poderes públicos dejan vacío va a quedar ocupado por otra lógica que
puede ser absolutamente legítima, pero si no tiene límites --los derechos
constitucionales son innegables, pero como ha dicho el Defensor no son
ilimitados--, el derecho a la información o el derecho al libre mercado
son derechos que pueden ocupar el de otros valores esenciales y
fundamentales, con lo que los menores fundamentalmente y la imagen de la
mujer y de las minorías, religiosas o sociales, pueden verse sometidos a
una situación de absoluta indefensión.

Ha habido a lo largo de todos estos años un vacío legal, es cierto, pero
también es cierto que ha habido un consenso esencial entre todos los
partidos políticos. No ha habido ley importante con respecto a la
televisión



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--que en principio fue un monopolio, luego se liberalizó y posteriormente
ha habido diversos avances tecnológicos cambiando el panorama audiovisual
llegando a lo que ahora consideramos la crisis de los medios-- que no
haya sido absolutamente consensuada por todas las fuerzas políticas. Si
ha habido alguna disensión, ha sido minoritaria y no significativa. Ese
vacío legal se ha ocupado de alguna manera por un consenso político
amplísimo. Ese consenso político se ha roto a raíz de la Comisión
especial de contenidos televisivos en el Senado, cuyas conclusiones hemos
analizado multitud de veces en la Comisión Constitucional del Senado,
pero se ha roto ese consenso unilateralmente por parte del Gobierno
actual. El Partido Popular fue quien solicitó la creación de esa Comisión
especial de contenidos televisivos y quien suscribió absolutamente todas
las medidas que en ella se recogen, que no fueron confeccionadas por uno
ni otros sino, como digo, consensuadamente. Entre ellas está la creación
de un consejo superior de lo audiovisual, y se dice de lo audiovisual, no
de lo televisivo, porque en lo audiovisual pueden entrar también Internet
y muchas otras nuevas tecnologías que ahora mismo no conocemos y que
creemos que deben estar también sujetas y sometidas a la Constitución. Lo
mismo que pensamos que las televisiones públicas y también las
televisiones privadas no pueden estar al margen de preceptos
constitucionales relativos a los derechos a la intimidad, la libertad de
expresión, la protección de los menores o la imagen de la mujer. Por lo
tanto, ya que el Defensor se ha pronunciado en favor de ese consejo
superior de lo audiovisual, se debería buscar la fórmula. Ese consejo no
sería otra cosa sino un defensor del telespectador, dada la complejidad y
la amplitud de preceptos básicos de nuestra Constitución que afectarían
al derecho del ciudadano por verse sometido a un medio tan potente de
comunicación y de difusión de cultura.

Quiero poner ejemplos concretos de algunas conclusiones de esta Comisión
especial del contenido televisivos que pueden dar un poco de luz sobre
por dónde debemos de ir y cómo debemos de recuperar un consenso, pues
cualquier negociación sobre una legislación o una norma si no está
absolutamente consensuada, por encima del interés partidista y al
servicio del interés social, no va a tener posibilidad de futuro y va a
contribuir simplemente a crispar mucho más nuestra vida política y social
y a devaluar y a deteriorar nuestro sentido de la ciudadanía.

Una de las conclusiones de los contenidos televisivos es que más
contenidos televisivos no suponen más pluralidad sino más homogeneidad;
más homogeneidad por el fenómeno de la contraprogramación y por la lucha
por el mercado. Antes había dos cadenas simplemente y una daba un espacio
cultural y otra uno de deportes. Ahora en la misma franja horaria, los
mismos días de la semana, hay diferentes espacios de deporte, diferentes
magazines, pero no hay verdadera posibilidad de elegir. Existe menos
posibilidad de elección de la persona, que, como digo, no está comprando
contenidos televisivos, sino que solamente ha comprado un televisor a
través del cual entra en su casa lo que quiere y lo que no quiere.

El problema de atraer a las audiencias está distorsionado además por dos
cuestiones fundamentales, por los intereses comerciales y legítimos
además de las empresas, pero sobre las que no existe por parte de los
poderes públicos suficiente tope o límite, y por el interés del control
político de la información, que viene siendo una absoluta sacralización
en los últimos tiempos, en los dos últimos años, que nos tiene sometidos
a situaciones cuando menos ridículas, como podré enumerar si tengo
suficiente tiempo. Con la Constitución en la mano la obligación de
defender al ciudadano de poderes ilimitados está fundamentalmente en los
poderes públicos. También la sociedad puede regularse. Yo propongo y
proponemos la autorregulación y los códigos deontológicos, pero eso no
puede sustituir sino complementar lo que es la acción de los poderes
públicos en la protección de la infancia, la intimidad, los valores
democráticos, la igualdad ante la ley, y, como digo, para las
televisiones públicas y también para las privadas, puesto que se trata de
derechos fundamentales.

No puede ser que la intimidad de los menores no se proteja y hablo de un
programa de ayer mismo en que en esta situación en la que todo está
permitido con tal de ganar audiencia, en Televisión Española en sendos
programas en las noticias de La Primera y de La 2 aparece una información
sobre la situación de los niños en Colombia. En el informativo de La 2
sale distorsionada la cara de esos menores: un niño de 13 años y una niña
de 16 que sobreviven prostituyéndose y cada uno de ellos declara cómo lo
hacen a preguntas de quien les entrevista. El niño declara haber matado a
una persona a la edad de 12 años, robar habitualmente como forma de
subsistencia y tomar drogas, y la niña declara prostituirse, haber sido
violada con 9 años por unos policías, y el informador le pregunta que
cómo y por dónde ha sido violada, y la niña contesta. Esta misma
información se da en La Primera sin que las caras de los niños estén
distorsionadas. Se hace ese informe sacando la cara de los niños.

Probablemente no hay nadie que haya pedido a un juez, como en el caso de
algún periodista famoso, que secuestre esos documentos. Probablemente el
hecho de ser extranjeros, de ser menores, o de prostituirse haga que,
bajo la excusa de aleccionar, lo que no debe ocurrir, como una
conferencia de protección a los niños, se dé una información fuera de
contexto, absolutamente atroz y absolutamente disgregadora de cualquier
principio dentro de la televisión pública española, sobre la que
supuestamente tenemos algún control democrático a través del control
parlamentario. Ese es un episodio de ayer mismo.

Otro episodio de cómo se da la información política viene señalado con
motivo de la prórroga de una concesión de autopistas, la de
Sevilla-Jerez, durante 25 años, en contra de la opinión de mi partido,
por ejemplo. Televisión Española dice: El Gobierno ha conseguido rebajar
un 15 por ciento --creo que era-- el precio de la autopista de peaje que
acabará en el año 2025. Eso desde mi punto de vista es una manipulación y
atenta al derecho a una información veraz.

Así, repasando el título de derechos fundamentales de la Constitución,
prácticamente no hay ni uno solo que no se vea afectado por un medio
importantísimo para nuestra



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convivencia e importantísimo para el futuro, como es la radiotelevisión
pública y la radiotelevisión privada. Estos son los medios de
comunicación social, y si todo vale, si no hay ningún límite ético, si
todo se somete al pensamiento único, a la ley de la oferta y la demanda o
al indeterminado afán y avidez de control político de la información, lo
que estamos degradando son nuestros principios éticos, nuestra ciudadanía
y nuestra convivencia.

Hay otras conclusiones de la Comisión especial de contenidos televisivos
en las que se trata de alguna reforma o adaptación de la ley...




El señor PRESIDENTE: Señora Arnáiz, no es norma de la Presidencia poner
límites en el tiempo; lo que sí le digo es que lo está sobrepasando en
gran medida y sobre todo lo que quería prevenir es que pueda transferir
lo que fue el estudio de la Comisión del Senado, que la mayoría de los
comisionados conocen o tienen la obligación de conocer.




La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Voy a terminar a la mayor
brevedad, agradezco al presidente la magnanimidad que está teniendo y voy
a ser todo lo breve y concisa que pueda.

Los derechos fundamentales están regulados no solamente en nuestro país
sino también en Europa. La Directiva europea de Televisión sin Fronteras,
cuya trasposición fue efectuada, no se ha cumplido en los dos últimos
años por el Gobierno y he hecho preguntas al Ejecutivo sobre este asunto.

Hay un problema de competencias dentro del Gobierno. El Gobierno ha
llevado a la Comisión Constitucional del Senado la Ley del fútbol y el
portavoz del Gobierno se niega a comparecer a hablar de la ley que está
preparando sobre contenidos televisivos. Dice que es competencia de
Fomento. Fomento, a su vez, no ha hecho seguimiento suficiente sobre los
incumplimientos, que son generalizados, de la televisión sin fronteras.

Por lo tanto, quisiera añadir que ese consejo superior de lo audiovisual,
que tiene que ser independiente del Gobierno, porque si no, ni sería
eficaz ni cumpliría con la protección de derechos fundamentales, tiene
que tener una suficiencia financiera también independiente del Gobierno.

Para estrangular su eficacia, bastaría con negarle la posibilidad de
controlar todas las parrillas de programación de todos los medios, porque
tiene que ser un control generalizado de todos los contenidos televisivos
y todos aquellos que pudieran venir a través dela Ley del cable; por eso
hablo del consejo superior de lo audiovisual, de cuya independencia y
suficiencia financiera dependen, como hemos visto aquí, muchas cosas,
entre otras el futuro de los jóvenes que tengamos, si se van a educar en
la violencia o si se van a educar en la solidaridad, en la cohesión
territorial, en el respeto a la pluralidad, en el respeto a la propia
cultura, o si vamos a seguir creando un simple mercado audiovisual, que
además no está ni siquiera produciendo los frutos deseados, y un simple
mercado de votos, de creación de opinión de esa realidad virtual de
propaganda política que en definitiva está perjudicando a derechos
fundamentales.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene
la palabra la señora Amorós.




La señora AMOROS I SANS: Voy a ser muy breve, pero no quería dejar de
reflexionar sobre un tema. A mí me ha preocupado la frase que ha dicho el
Defensor de que como protección ante los medios de comunicación tenemos
el telemando. (El señor Defensor del Pueblo, Alvarez de Miranda y Torres,
hace signos de denegación.) Usted se ha referido a una información que
muchos medios han dado. Es verdad y durante muchos años hemos luchado
muchísimos de nosotros para que haya una verdadera libertad de expresión,
pero es que en este momento la libertad de expresión de unos coarta la
libertad de expresión de otros.

Me voy a referir solamente al tema de los menores, dado que a lo mejor
tenemos que propiciar un cambio de cultura y dejar de ver a la televisión
como un enemigo y empezar a utilizarla como un utensilio para la
educación y la formación de nuestros menores. Repasando el informe que
han hecho en el Senado sobre los derechos del telespectador, me he parado
en una de las comparecencias de Narciso Ibáñez Serrador en la que hay una
frase que a mí me ha hecho reflexionar: «La televisión es un fenómeno que
no se puede controlar. No puede eliminarse la televisión como canguro o
como cuidador de la infancia y, por tanto, lo que debe hacerse es
encontrar a una buena canguro y asegurarse de que la labor de esta
canguro es formativa o de entretenimiento, pero nunca deformante, y para
ello es necesario un filtro, para desalojar todo lo que deforme la
televisión.»
Es verdad. Tenemos una realidad: nuestros menores, cuando llegan a casa,
la única actividad de ocio que tienen es enchufar la televisión, y lo que
tenemos que exigir entre todas y todos, lo que le pedimos desde este
grupo parlamentario al Defensor del Pueblo es que haga cumplir la ley y
que no sea la única solución. El único medio que hay hoy en día de que un
programa se retire es que baje la audiencia, no que sea mejor o peor su
contenido, sino que simplemente tenga un bajón de audiencia, y éste
verdaderamente es el drama de nuestra televisión, es el drama de nuestros
medios de comunicación y es el drama de no utilizarla para formar y para
ayudarnos a formar a nuestros hijos; es una pena que no se les enseñe a
ser críticos a través de la televisión y que sean ellos los que un buen
día sepan utilizar el telemando.

Simplemente quería hacer esta corta reflexión.




El señor PRESIDENTE: A continuación, cerrando también el turno de grupos,
don José Ramón Calpe tiene la palabra.




El señor CALPE SAERA: Quisiera empezar mi intervención expresando mi
gratitud al Defensor del Pueblo por su presencia una vez más ante esta
Comisión, especialmente en este día en que por motivos de salud quizá no
esté en las mejores condiciones.

De cuanto ha expuesto y de cuanto exponía en su informe relativo al año
1996, me ha parecido muy sugerente



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el repaso que ha hecho de los principios que informan la Ley 4/1980, de
Radiotelevisión, y de lo que supone el servicio público esencial de
televisión. Me ha parecido muy sugerente porque cuando discutimos estos
temas nos centramos en si los contenidos que se emiten en las
televisiones vulneran directamente derechos fundamentales o en si
presentan quizá con demasiada normalidad situaciones en las que esos
derechos fundamentales se están vulnerando. El Defensor ha hecho una
sugerencia que ciertamente no es novedosa pero que es infrecuente, y ha
sido muy oportuno que aquí se haga, sobre la televisión, especialmente
sobre la televisión pública (puesto que se refería a la Ley 4/1980), como
un instrumento de satisfacción o de ejercicio de derechos fundamentales,
recordando que es vehículo esencial de información, participación
política, educación y cultura, un medio para contribuir a la igualdad y a
la libertad. Todos los miembros de esta Comisión y de las Cámaras
legislativas debiéramos reflexionar un poco sobre estas palabras y buscar
que los medios de difusión fueran no sólo un medio de entretenimiento,
como muchas veces parece que los tomamos, sino un vehículo de ejercicio y
de satisfacción de derechos fundamentales, y entre ellos, naturalmente,
el de la educación para la convivencia social.

Pero, ciertamente, si nos referimos a los derechos de los
telespectadores, como hace el Defensor en su informe y como ha hecho en
su anterior intervención, hemos de hablar de los contenidos, y si bien
las quejas se referían a tres aspectos básicamente: la publicidad, la
programación y la protección de la infancia y de la juventud, es
indudablemente este último aspecto el que más ha preocupado no sólo al
Defensor sino a los demás intervinientes y también a este portavoz. Yo no
voy a comentar supuestos concretos a los que ha hecho alusión la portavoz
socialista, porque ésta en definitiva es una Comisión Mixta de Relaciones
con el Defensor del Pueblo para estudiar sus propuestas, sus sugerencias,
para hallar soluciones y no para controlar si tal ministro quiere o no
quiere comparecer en el Senado, que para eso hay otros vehículos y una
acción política adecuada. Cuando menos, me parece una indelicadeza
traerlo aquí.

Y hablando ya de los contenidos, el análisis del Defensor, tanto en su
informe como en su intervención aquí, parte, como suele ser habitual en
él, de un diagnóstico certero de la situación y de la colisión que supone
el derecho a la libertad y el límite que a ese derecho a la libertad de
expresión impone el propio artículo 20 de la Constitución. En principio,
nosotros entendemos que el derecho a la libertad está ahí, pero también
el derecho a la libertad de empresa. No creemos que los límites a los
contenidos televisivos hayan de llegar hasta el punto de tratar que las
cadenas que entran en competencia no puedan programar a la misma hora el
mismo tipo de programas. Esa es una decisión empresarial libre y corren
su riesgo de captación de audiencia. Lo que sí que nos importa es que,
programen lo que programen, los contenidos sean adecuados y no lesionen
los derechos de los menores.

Aquí se ha hecho alusión a una circunstancia por parte de todos los
portavoces, y por supuesto por el propio Defensor, que me parece
fundamental y que por ello voy a reiterar, aun abusando del tiempo de
todos los miembros de esta Comisión y del propio Defensor, y es la
situación en la que se encuentra el joven, y especialmente el niño, ante
el televisor, y ahora también los jóvenes internautas ante su ordenador;
una reflexión sobre el comportamiento social que tenemos los padres, que
estamos sometiendo cada vez a mayores tutelas a nuestros hijos cuando se
trata de salir a calle, de buscar que alguien les acompañe o que no
acudan solos a su centro de enseñanza hasta que tengan una determinada
edad. Sin embargo, abandonamos muchas veces esa tutela una vez que los
tenemos dentro de casa y no compartimos con ellos los programas que están
viendo en televisión. Y esto es ciertamente importante, porque estamos
pidiendo una respuesta de los poderes públicos a los contenidos
televisivos y gran parte de esa respuesta la debiéramos dar los propios
padres, los tutores y los educadores; y lo que quizá podrían hacer los
poderes públicos en campañas al efecto, parecidas a las que la señora
Alberdi antes sugería para la promoción de la igualdad de la mujer, es no
sólo hacer ver que hay que buscar alternativas al ocio que la televisión
supone para los niños, sino también la importancia de que los padres y
los educadores compartan con sus hijos las horas que dedican a la
televisión y comenten con ellos el contenido de los programas.

De todas formas, en cuanto a lo que afecta a los poderes públicos,
nuestro grupo tiene una larga tradición en interesarse por la regulación
de los contenidos de los programas televisivos. Ya en el año 1993 se
debatió en el Pleno del Congreso una proposición no de ley de nuestro
grupo por la que se instaba al Gobierno a adoptar determinadas medidas
con objeto de garantizar la protección de la juventud y la infancia
frente a la proliferación de películas y series con alto contenido de
violencia, xenofobia y cualquier otro planteamiento que atentase contra
la dignidad de las personas en la programación de televisiones públicas y
privadas; proposición que gozó prácticamente del respaldo unánime de la
Cámara. Nuestro grupo apoyó una proposición posterior de Izquierda Unida
y, como ha indicado la portavoz socialista, siempre ha existido un
ambiente de consenso que no tiene por qué romperse. Las proposiciones de
ley entran en la Cámara para ser discutidas y para hallar entre todos la
mayoría más amplia posible; si se puede llegar a la unanimidad, tanto
mejor. En cualquier caso, dentro del juego democrático, hallar la mayoría
que permita aprobar las leyes precisamente para proteger los derechos de
los ciudadanos, y en este caso de los menores.

Creemos que el Grupo Popular y el Gobierno del Partido Popular están
actuando en este sentido. De hecho, la nueva directiva que reforma la de
Televisión sin Fronteras ha sido ya estudiada por el Gobierno, hasta el
punto de que el Consejo de Ministros del pasado día 6 de febrero aprobó
el proyecto de ley --que será remitido a la Cámara y que ya ha sido
publicado por el Boletín de las Cortes-- para incorporar al Derecho
interno la nueva directiva, que modifica la Ley 25/1994. Precisamente de
esta nueva ley, que ha iniciado recientemente su tramitación, cabe
esperar,



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primero, que resuelva algunas de las quejas, menores pero quejas en
definitiva, que recibe el Defensor, como es la variación de la
programación, puesto que consagra como derecho de los espectadores el
conocer con antelación suficiente la programación. Asimismo, creemos que
va a permitir una mayor claridad en el régimen sancionador. La ley
actualmente vigente se remite a otra ley para la imposición de sanciones,
es muy poco concreta en la tipificación, de tal manera que prácticamente
distingue tres acciones graves o muy graves en función de que haya o no
reiteración. En cambio, en el proyecto de ley se fijan unas cuantías y se
tipifica con mucha mayor claridad lo que son faltas graves y muy graves.

En este sentido, cabe esperar que en la tramitación parlamentaria se
puede mejorar todavía más porque se va a poder trabajar mucho más en esta
dirección.

Finalmente, en cuanto a la propuesta que hizo la Comisión del Senado, y
que el Defensor del Pueblo hizo suya en su informe de 1996, de creación
de un comité o un consejo de los medios audiovisuales que, entre otras
cosas, tuviera como función el estudio de los contenidos televisivos y la
imposición de sanciones, nuestro grupo, como otros grupos parlamentarios,
ha presentado ya en la Cámara la oportuna proposición de ley. Confiamos
que a lo largo de la tramitación de nuestra proposición y de las otras, y
con la aportación de todos los grupos, este consejo sea una realidad y
ayude de manera eficaz a resolver los problemas que los contenidos
televisivos puedan plantear para la adecuada formación y educación de
nuestros jóvenes y de nuestros niños.




La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Señor presidente, al amparo del
artículo 87 del Reglamento del Senado, no sé si en este momento o en el
momento que el presidente diga, quisiera disponer del turno previsto en
dicho artículo del Reglamento del Senado, al que tampoco sé si se acoge
esta Comisión Mixta Congreso-Senado. Si no, le pediría la palabra por
alusiones.




El señor PRESIDENTE: Las intervenciones en esta Comisión no son
contradictorias. Evidentemente, ha podido haber algún punto de
contradicción o de réplica por parte del representante del Grupo Popular;
bien es cierto que usted también ha desnaturalizado el contenido de esta
Comisión y ha hecho su intervención como un discurso de control al
Gobierno, y en ese sentido yo creo que una cosa se puede compensar con la
otra. Pero como no quiero ser cicatero, le concedo dos minutos para que
intervenga.




La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Me van a sobrar, señor
presidente. Yo también defiendo la libertad de empresa, pero no
ilimitada, pero precisamente en un momento en el que en el panorama
audiovisual las televisiones públicas están acusando a la televisión
estatal de hacer dumping publicitario con cargo al erario público, usted
es quien no debiera hablar de libertad de empresa. Y también hay otro
derecho del que yo hablo, y es el derecho de igualdad ante la ley. En la
televisión, los juicios paralelos han vulnerado ese derecho de unas
menores y de algunas otras personas. Es cierto, la libertad de empresa,
la igualdad ante la ley, además de prácticamente todos los derechos
contenidos en el título dedicado a los derechos fundamentales, se ven
afectados por la evolución de la tecnología audiovisual.




El señor PRESIDENTE: Señor Alvarez de Miranda.




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda y Torres): Este tema de
alguna manera tenía que suscitar puntos de vista distintos, yo entiendo
que dentro de un consenso general que se ha mantenido, aun cuando haya
habido criterios expuestos con absoluta sinceridad por cada una de las
personas que representan a los grupos parlamentarios.

Yo creo que la línea argumental fundamental del informe del Defensor del
Pueblo que les he presentado esta mañana está dentro del espíritu de lo
que cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios han
expuesto. Quitemos los aspectos que puedan afectar a las posiciones de
los grupos políticos, que en estos momentos evidentemente son legítimos
de mantener en el sitio adecuado y en el momento oportuno. Aquí hemos
venido a informar a SS.SS. de dos temas fundamentales, y de una manera
muy específica de ese contraste que SS. SS. señalaban entre libertades
reconocidas como derechos fundamentales. Todos hemos estado trabajando en
este país por conseguir esas libertades y, por tanto, nadie puede
decirnos en este momento que estamos contra la libertad de expresión,
contra la libertad de información o contra la libertad más amplia que se
pueda mantener dentro de las televisiones. Ahora, es evidente que no se
puede en ningún momento atentar contra el derecho de los menores, que la
propia Constitución en su artículo 20.4 nos dice que debemos respetar, y
yo entiendo que con carácter prioritario a cualquier otro derecho de
información. Y eso es lo que he venido a expresar ante SS. SS., la
preocupación de que no existiera ninguna ley que enmarcara de qué manera
ese conflicto entre los dos derechos se va a resolver en el futuro. Sus
señorías están en este momento haciendo un esfuerzo legislativo
importante, así lo demuestran tanto la Comisión del Senado como las
distintas proposiciones que se están llevando a delante en el Congreso o
la misma inclusión en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la
aplicación de la Directiva de Televisión sin Fronteras, que era una
asignatura pendiente. Debemos tener efectivamente la tranquilidad en la
conciencia de todos los telespectadores y de todos los españoles de que
nuestros jóvenes, nuestra infancia, no se va a ver afectada por esa
especie de libertad sin límites que podría significar un atentado a su
propia dignidad, a la propia dignidad de nuestros menores y de nuestra
infancia.

Y nada más. Quiero agradecerles el enorme esfuerzo de paciencia que han
tenido que realizar esta mañana aquí, aguantando las cosas que he venido
desgranando con mayor o menor acierto, porque la verdad es que hoy estaba
en condiciones, como ustedes han visto, poco gratas para hablar, pero
siempre procuro estar en el sitio que debo de estar.




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Muchas gracias, señorías, y hasta otra.




El señor PRESIDENTE: Creo resumir la opinión de todos los comisionados
agradeciéndole al señor Alvarez de Miranda, que se encuentra
convaleciente, la maratoniana comparecencia que ha tenido en esta
Comisión, y quiero también transmitirles mi reconocimiento por el alto
nivel que ha tenido esta comisión, que yo espero que tenga repetición en
otras ediciones.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y diez minutos de la tarde.