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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 84, de 17/02/1998
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1998 VI Legislatura Núm. 84
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP SANCHEZ I LLIBRE
Sesión núm. 18
celebrada el martes, 17 de febrero de 1998,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Propuestas de resolución:
--Informe de fiscalización del Instituto Nacional de Empleo (INEM),
Ejercicio 1994 (Número de expediente Congreso 251/000039 y número de
expediente Senado 771/000037) (Página 1700)
--Informe de fiscalización sobre el sistema de información de la gestión
hospitalaria del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), con especial
referencia al conjunto mínimo básico de datos (CMBD) (Número de
expediente Congreso 251/000041 y número de expediente Senado 771/000039)
(Página 1704)
--Informe de fiscalización de la legalidad de los procesos de
privatización de las acciones de Repsol, S. A., producidos en el período
1992-1995 (Número de expediente Congreso 251/000046 y número de
expediente Senado 771/000044) (Página 1707)
Vacantes Mesa de la Comisión:
--Elección de vicepresidente segundo (Número de expediente 041/000028)
(Página 1707)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de
Alba) para informar sobre:
--Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid),
ejercicios 1991, 1992 y 1993 (Número de expediente Congreso 251/000047 y
número de expediente Senado 771/000045) (Página 1708)
--Informe de fiscalización del organismo autónomo Parque Móvil
Ministerial, ejercicio 1994 (Número de expediente Congreso 251/000048 y
número de expediente Senado 771/000046) (Página 1715)
Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Señorías, vamos a iniciar la
sesión.
A lo largo de la sesión de esta Comisión se introducirá, si hay
unanimidad de todos los portavoces y de la Mesa, un punto en el orden del
día, que será la elección de un vicepresidente de la Comisión, puesto que
ha quedado vacante. En cualquier caso, mientras aparece el resto de
portavoces de los distintos grupos, iniciamos la sesión con el orden del
día que estaba establecido.
PROPUESTAS DE RESOLUCION:
--INFORME DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM),
EJERCICIO 1994 (Número de expediente Congreso 251/000039 y número de
expediente Senado 771/000037).
El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): En principio, trataremos las
propuestas de resolución en relación con el informe de fiscalización del
Instituto Nacional de Empleo.
Hay varias propuestas de resolución, que se van a defender por orden de
presentación, como se viene haciendo en la Comisión. Pido a SS. SS. que,
si es posible y lo estiman pertinente, se pronuncien en el mismo turno de
intervención sobre el conjunto de propuestas de resolución de los otros
grupos, para agilizar el debate.
El primer grupo que presenta propuestas de resolución es Izquierda Unida.
Como en estos momentos creo que no está presente su portavoz, pido a los
demás portavoces que, si a lo largo del debate de las propuestas de
resolución apareciera dicho portavoz, pueda intervenir entonces. En todo
caso, si terminado el debate de las propuestas de resolución no hubiera
aparecido, se darán por decaídas las presentadas por ese grupo.
El segundo grupo que presenta propuestas de resolución es Convergència i
Unió. Para su defensa, tiene la palabra el senador don Salvador Carreras.
En estos momentos entra el portavoz, creo, de Izquierda Unida.
El señor CARRERA I COMES: Entonces, si le parece a la Presidencia,
podemos hacer el cambio.
El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): No. Sigue teniendo la palabra don
Salvador Carreras.
El señor CARRERA I COMES: Como indique, señor presidente.
Nuestro grupo ha presentado una propuesta de resolución con dos puntos,
una vez analizado el informe del Tribunal de Cuentas sobre el Inem,
correspondiente al ejercicio de 1994. De ese análisis, nuestro grupo
encuentra de un especial interés determinadas conclusiones y
recomendaciones. Por tanto, con el mismo espíritu y casi letra, ponemos a
consideración de la Comisión una propuesta de resolución con dos puntos.
El primero recomienda al Inem que proceda a la elaboración de un
inventario valorado que sea comprensivo de todos los bienes de su
titularidad y el segundo dice que se considera conveniente la puesta en
marcha de una aplicación informática que permita consultas puntuales
sobre las deudas a la entidad.
Este es el sentido y la letra, repito, de nuestra propuesta de
resolución, acorde totalmente con el propio informe del Tribunal de
Cuentas.
El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra... (El señor Carrera i Comes pide la
palabra.)
Señor Carreras.
El señor CARRERA I COMES: Antes había indicado, señor presidente, que
podíamos fijar nuestra posición con respecto a las propuestas presentadas
por los otros grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Sí, señor Carreras, si le parece,
puede hacerlo; si no, lo dejaríamos para después, pero es cierto que en
mi primera intervención he hablado de esa posibilidad.
El señor CARRERA I COMES: Sólo me queda la duda de si debíamos esperar la
defensa de sus propuestas por parte del portavoz de Izquierda Unida, o
no.
El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Parece que el portavoz de
Izquierda Unida prefiere que se siga el debate tal y como se había
iniciado. No puedo decir nada más.
El señor CARRERA I COMES: En ese caso, sólo quería indicar que, en el
caso de que sean defendidas las propuestas de resolución 1, 2 y 3, de
Izquierda Unida, nosotros votaríamos en contra; por el contrario,
votaríamos a favor de la propuesta número 5, del Grupo Socialista, así
como de los puntos primero y segundo de la propuesta de resolución número
6, del Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra don Julio Alvarez.
El señor ALVAREZ GOMEZ: Nuestro grupo ha presentado una única propuesta
de resolución, la número 5, que hace referencia a las recomendaciones del
propio Tribunal de Cuentas en relación con el informe de gestión
fiscalizado del Instituto Nacional de Empleo, ejercicio 1994, en la que
básicamente suscribe esas recomendaciones, como no podía ser de otra
manera, salvo en lo que a continuación voy a señalar.
En primer lugar, ya hemos dicho que a nuestro grupo le parece positiva la
calificación que merece este informe, puesto que avala una gestión
limpia, en términos técnicos, cuyas salvedades no impiden en absoluto
esta consideración. Desde el punto de vista de la ejecución
presupuestaria, queda claro en el informe del Tribunal que la gestión es
correcta, aunque hay algunas diferencias en cuanto a la contabilidad
financiera. Bien es cierto que un organismo de estas características,
Instituto Nacional de Empleo, que tiene por objeto básicamente pagar las
prestaciones por desempleo, intermediar en el mercado de trabajo y
gestionar las medidas de fomento de empleo y de mejora de la formación
ocupacional diseñadas por el Gobierno, parece que debe caminar
paulatinamente hacia una contabilidad financiera que muestre claramente
que se está llevando a cabo a efecto un control de eficiencia; sin
embargo, no cabe duda de que es preciso poner de manifiesto las
dificultades que este camino de modernización de un administración
pública de estas características tiene en ese proceso de adaptación.
Nuestro grupo querría destacar en este momento un reconocimiento especial
al esfuerzo que el organismo ha venido haciendo en los últimos años,
habida cuenta cuenta sobre todo de su trayectoria histórica. No podemos
olvidar que en el año 1978, hace apenas veinte años, era un organismo que
se limitaba exclusivamente a proporcionar acciones formativas a los
parados y que, por tanto, sus técnicas de gestión, en el ámbito de la
contabilidad y en el de la gestión administrativa, eran bastante
difíciles. Todos sus funcionarios han tenido que hacen un esfuerzo
notable y este informe refleja algunas de estas prácticas, que a veces,
incluso, le colocaban en una situación difícil, como me encargaré de
decir a continuación.
De las recomendaciones que hace el propio Tribunal de Cuentas, la 7.4,
que hace referencia a las subvenciones que el Instituto Nacional de
Empleo aprobaba y pagaba a las distintas entidades promotoras de
escuelas-taller y casas de oficio, pone de manifiesto la dificultad que
en la gestión ocasionaba la aplicación literal del artículo 61 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria. Esto nos lleva a suscribir
que es preciso, de acuerdo con esta recomendación 7.4, número 2, del
informe del Tribunal, modificar el artículo 61, tal como señala. Pero no
estamos en absoluto de acuerdo con la parte final de esta recomendación.
En el número 3 de la recomendación 7.4, nuestro grupo desea destacar que
tampoco coincidimos con el informe del Tribunal, puesto que, en la
justificación de fondos de las entidades promotoras de escuelas taller y
casas de oficio, siempre es posible mejorar, siempre es posible que esa
justificación se lleve a efecto al 100 por cien de acuerdo con la
normativa vigente. Sin embargo, los extremos tan detallados que se exigen
en esta justificación motivan que a veces algunos conceptos, siendo
objeto de gasto, no coincidan exactamente en sus extremos; es decir,
siendo justificado globalmente el proyecto e íntegro todo su importe, en
algún momento ciertos conceptos se podrían venir utilizando por algunas
corporaciones locales para financiar aspectos que la propia normativa
establece de una manera un tanto dudosa y que puede motivar algunas
deficiencias. Siempre es preciso un mayor cuidado en la justificación de
estos fondos, creemos que esto siempre va a ser conveniente, pero
pretender que sea siempre extremadamente satisfactorio o satisfactorio al
100 por cien nos parece que es un objetivo deseable pero difícil de
conseguir.
Lo mismo ocurre con el número 4 de la recomendación 7.4, en cuanto que el
Tribunal recomienda un mayor control. Efectivamente, un mayor control
sobre las ayudas públicas siempre es deseable; otra cosa es si es
posible, a tenor de los medios con que cuenta cada administración. Por
esta razón no suscribimos la recomendación 7.4, número 4, entendiendo
que, al decir esto, viene nada más a abundar en lo que es obvio.
El número 5 ya lo consideramos en la propia propuesta.
En su número 6 recomienda la concurrencia competitiva de las
corporaciones locales cuando solicitan que el Instituto Nacional de
Empleo subvencione mano de obra desempleada. No podemos por menos que
estar también de acuerdo en primer lugar con el Tribunal. Lo difícil es
valorar objetivamente los distintos proyectos o las distintas propuestas
que presentan los distintos ayuntamientos. En este campo se da una
dinámica que una administración, unilateralmente, tiene escasos medios
para corregir. Me refiero a que la dinámica normal de las corporaciones
locales ha sido preocuparse de las infraestructuras básicas de sus
ayuntamientos y, por tanto, mientras estas deficientes infraestructuras
existieran, venían planteando convenios de colaboración a financiar por
el Instituto Nacional de Empleo con personas desempleadas para corregir
estas deficiencias de infraestructuras básicas, alcantarillado, conexión
de agua corriente, etcétera. Por tanto,
creo, y me atrevo a afirmarlo rotundamente, que el intento reiterado del
Instituto Nacional de Empleo en los últimos años, también en 1994, venía
a responder a un deseo de que los ayuntamientos se preocuparan por un
objetivo que había sido casi protagonizado exclusivamente por otras
administraciones o, incluso, que algunos grupos pretenden que debe
conseguir la propia dinámica de mercado, cual es generar empleo. La
preocupación de los ayuntamientos por la creación de empleo en el ámbito
local es una preocupación reciente en la vida política española, no así
en la tradición democrática de otros países, y romper esta dinámica de
mayor énfasis en aquellos proyectos que, más allá de corregir
deficiencias de infraestructura básica, se preocupen por dinamizar el
empleo y la economía local --como pretendía unilateralmente, repito, el
Instituto Nacional de Empleo-- es luchar contra una trayectoria difícil
de corregir. Nos parece que se da esa concurrencia competitiva con todas
las corporaciones locales, puesto que al principio de cada ejercicio
presupuestario el Instituto envía una circular a todos los ayuntamientos
diciéndoles que está abierto el plazo para estas solicitudes. Por la
práctica de todos los años, los mismos ayuntamientos, a veces, no esperan
siquiera a que se haga este traslado, porque conocen perfectamente la
normativa vigente y presentan sus proyectos tan pronto empieza cada
ejercicio presupuestario. Más difícil es valorar objetivamente cuáles son
los proyectos que van a ser más capaces de generar empleo, porque éste y
otro es el fin de este tipo de convenios.
Suscribimos los números 7 y 8 de la recomendación 7.4.
No estamos íntegramente de acuerdo con el número 9 de la recomendación
7.4 del Tribunal de Cuentas, por cuanto que los estudios y análisis de
resultados de las subvenciones a corporaciones locales viene haciéndolos
desde hace tiempo el Instituto Nacional de Empleo. Incluso tiene
publicaciones al efecto, que se remiten a las propias corporaciones
locales para que les sirva de referencia a la hora de presentar los
convenios o las propuestas de convenio a suscribir con el Inem para el
ejercicio siguiente; es decir, que marquen la pauta de esta concurrencia
competitiva a la que antes he hecho referencia.
Respecto al número 10 de la recomendación 7.4, nuestro grupo también está
de acuerdo en que siempre es preciso y posible aumentar los controles,
pero en todo caso requiere incrementar recursos y gestionar eficazmente,
en el contexto de otros programas que también se instrumentalizan con el
mismo fin.
En la recomendación 7.5, del Tribunal de Cuentas, nosotros suscribimos
los números 1 y 2 y matizamos el 3, en cuanto a que entendemos que el
instituto lleva a cabo procesos de revisión de las prestaciones por
desempleo reconocidas con anterioridad. Se efectúa por muestreo y éstos
pueden ser más o menos amplios, pueden tener mayor o menor fiabilidad.
Creemos que el sistema que se sigue es suficientemente significativo y
que detecta allí donde pueda haberlas bolsas importantes de fraude o de
vicios sobre diferencias de criterio del reconocimiento de este tipo de
prestaciones entre unas direcciones provinciales y otras, o incluso entre
unas direcciones provinciales y lo que viene siendo la práctica habitual
en los juzgados de lo Social y, especialmente, en las salas de justicia
de lo Social de los tribunales superiores de las comunidades autónomas o
de la doctrina del Tribunal Supremo.
En relación con la recomendación 7.6, del informe del Tribunal,
suscribimos los primeros números, no así el 5, ya que entendemos que ya
el propio instituto ha procedido a corregir las liquidaciones de los
intereses de demora por los pagos indebidos que pudiera efectuar con
anterioridad a las personas que han recibido prestaciones por desempleo.
En estos argumentos, suscribimos nuestra propuesta de resolución, que
aparece con el número 5 en las entregadas a la Mesa. Y pasaríamos a
continuación a fijar nuestra posición en cuanto a las otras propuestas de
resolución que han presentado otros grupos.
Las que presenta Izquierda Unida, las números 1, 2 y 3, nosotros
consideramos que se apartan totalmente del informe del Tribunal de
Cuentas. Especialmente grave nos parece la redacción de la propuesta de
resolución número 1, porque propone instar al Tribunal a que realice la
depuración de todas las responsabilidades que se deriven de los hechos
fiscalizados. Creemos que no hay ninguna mención a este extremo en el
propio informe del Tribunal y, además, como SS. SS. conocen, el Tribunal,
en estos casos, actúa de oficio y, por tanto, nos parece desproporcionado
totalmente que se intente una vez más en esta Comisión recordar al
Tribunal de Cuentas cuáles son sus obligaciones, puesto que ha hecho un
estudio minucioso y detallado de cuál ha sido la gestión y no ha
apreciado ningún tipo de responsabilidad.
Por iguales razones, vamos a votar negativamente las propuestas de
resolución números 2 y 3, aunque estas dos tampoco son del mismo tenor.
Nos parece que en especial la número 2 se aparta notoriamente del informe
del Tribunal. Una cosa es vulnerar tajantemente la legalidad vigente,
como se afirma en la propuesta de resolución número 2, y otra cosa es que
en la gestión haya habido deficiencias que aconsejan mejorar este tipo de
gestión, incrementar los controles o hacer un seguimiento más específico
de lo que son los fondos públicos, puesto que este organismo gestiona un
importante volumen de presupuesto público.
Las demás propuestas de resolución que han presentado los otros grupos
parlamentarios nos parecen razonables y ajustadas a lo que establece el
propio Tribunal de Cuentas en su informe y, por tanto, las votaremos
afirmativamente, tanto la número 4, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), como las del Grupo Popular, que aparecen, en dos apartados, como
una propuesta de resolución, la propuesta de resolución número 6.
El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): ¿No sé si el señor Centella, en
nombre de Izquierda Unida, desea intervenir?
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor presidente, solamente quiero hacer constar
que mantenemos nuestras
propuestas de resolución para que sean votadas en su momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Por parte del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Señor presidente, intervengo para mantener las
propuestas de resolución formuladas por el Grupo Parlamentario Popular.
Hemos pretendido resumir mucho las recomendaciones que hace el Tribunal
de Cuentas. Creemos que es importante que se complete el inventario
detallado de los bienes de que es titular el Inem, en función de que es
un organismo complejo extendido por todo el territorio y es evidente que
no es posible hacer un análisis adecuado de su contabilidad si no se
cuenta con un elemento básico para ese análisis contable, que es el
inventario detallado de bienes. Habría que lamentar que no se haya hecho
ese trabajo a lo largo del tiempo, pero recomendamos al Inem que lo
complete.
En cuanto a las ayudas a las escuelas-taller, consideramos que la
denuncia que realiza el Tribunal de que no se sigue un control riguroso
de asistencia en ellas y, sobre todo, que se extreme el cuidado en el
cumplimiento de los objetivos y en el coste real de la actividad
subvencionada, refleja el sentido claro del sistema de escuelas-taller.
Es fácil el control de asistencia en estas escuelas pues la mayoría están
en localidades pequeñas, los alumnos acogidos a estas escuelas-taller son
un pequeño número y, por tanto, no hay ninguna dificultad.
Por otra parte, en el cumplimiento de objetivos y el coste real, no debe
olvidarse que en la actividad de las escuelas-taller concurren varias
administraciones, y que, si bien la mayor parte de los fondos provienen
del Inem, existen también fondos de las diputaciones provinciales, en
algunos casos, y de los ayuntamientos, y que la actividad es positiva en
función de que concurran los esfuerzos de todas las administraciones. Si,
como ocurre en algunos supuestos, se sobredimensiona el coste de los
proyectos para, con el porcentaje que viene del Inem, cubrir la totalidad
del coste efectivo de la escuela-taller, no estamos avanzando, en esa
conjunción de esfuerzos de todas las administraciones, en una política
activa de empleo, que creo que es conveniente y que tiene un efecto
positivo, sobre todo, para zonas en las que se aprecia una mayor
depresión económica.
En cuanto al resto de las propuestas, las del Grupo Parlamentario
Socialista recogen, pensamos que con amplitud, buena parte de las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Sí pediríamos al portavoz que ha
intervenido en esta materia por parte del Grupo Socialista que no fuera
tan sintético a la hora de formular sus propuestas y que redactara con
una mayor amplitud su contenido, porque los números que se han utilizado
como referencia no coinciden exactamente con la numeración del Tribunal
de Cuentas y conlleva alguna dificultad poder ir siguiendo cada uno de
los párrafos, al no haber una coincidencia, como digo, entre el sistema
de numeración que se sigue en la propuesta de resolución y el sistema que
sigue en informe del Tribunal.
En cuanto a las propuestas formuladas por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tenemos que decir que el rechazo a los estados
financieros ya se contiene en el informe del Tribunal, que considera que
los estados financieros de 1994 no representan la imagen fiel de la
situación financiera del Inem. Entendemos que la mención que se hace a
depurar todas las responsabilidades en este caso concreto no parece que
sea totalmente adecuada a la realidad que pone de manifiesto el Tribunal
de Cuentas, pues si bien resalta un cúmulo importante de errores y de
defectos contables, no creemos que la apreciación pueda llevarse a un
concepto tan riguroso como el de depurar todas las responsabilidades.
Lo mismo diríamos respecto a la forma en la que se ha redactado la
propuesta de resolución número 2. Hablar de comportamientos infractores o
delictivos de carácter masivo resulta un poco desproporcionado con la
realidad del informe que analiza el Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la tercera propuesta, para nosotros sería perfectamente
aceptable hasta llegar a la última frase. La conclusión de que la falta
de control riguroso sobre el destino de las ayudas a la contratación
indefinida conlleva un mecanismo de abuso y sobrexplotación de los
trabajadores en beneficio de los cuales se diseñan los programas no
creemos que sea la correlación exacta de la denuncia que hace el Tribunal
de la necesidad --que por otra parte se recoge en otras propuestas de los
grupos-- de extremar el control de las subvenciones para trabajo
indefinido para que efectivamente ese empleo que se presenta como
indefinido a la hora de cobrar una subvención sea realmente en la
práctica un empleo indefinido y no otra cosa. Estas consideraciones nos
llevan a rechazar estas propuestas de resolución formuladas por Izquierda
Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Vamos a pasar a la votación de
las propuestas de resolución.
En principio, si no he deducido mal de las intervenciones, votamos
conjuntamente las tres propuestas de resolución de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 33.
El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Quedan rechazadas las propuestas
de resolución.
Pasamos a votar a continuación las propuestas de resolución presentadas
por Convergència i Unió. Concretamente hay dos propuestas de resolución
que coinciden con la número 4 de las relaciones presentadas ante la Mesa.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Quedan aprobadas por unanimidad
las propuestas de resolución de Convergència i Unió.
Pasamos a votar la propuesta de resolución número 5, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta de resolución número 6: presentada por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Queda aprobada por unanimidad.
--INFORME DE FISCALIZACION SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION
HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD), CON ESPECIAL
REFERENCIA AL CONJUNTO MINIMO BASICO DE DATOS (CMBD) (Número de
expediente Congreso 251/000041 y número de expediente Senado 771/000039).
El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Pasamos a las siguientes
propuestas de resolución en relación con el informe de fiscalización del
Instituto Nacional de la Salud.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor
Centella. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor CENTELLA GOMEZ: Intervengo muy brevemente para mantener nuestras
dos propuestas de resolución.
La primera viene a decir que de acuerdo con la recomendación del propio
Tribunal, se inste a la Administración a poner en marcha sistemas
planificados de información en los hospitales del Insalud, de forma que
se permita obtener una información integral de la gestión de estos
centros y también se consiga una mejora en la calidad de los servicios,
una más eficiente gestión de los recursos hospitalarios y un mejor
control interno y externo, rechazando de esta manera, al tiempo, las
formas de gestión que pueden adoptarse con criterios puramente
economistas, al margen de las necesidades sanitarias de la población.
La segunda propuesta de resolución viene a decir que con idéntica
finalidad se exija de la Administración sanitaria el estricto
cumplimiento de la legalidad general y específica en materia de
contratación, así como que también se normalicen los equipos
informáticos, en cuanto a que estas medidas añadirían un plus de eficacia
en la gestión pública y proporcionarían criterios plenamente sanitarios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador don Salvador Carrera i Comes.
El señor CARRERA I COMES: Por nuestra parte, hacemos un análisis parecido
al efectuado en el informe del Inem, aunque en este caso haciendo
referencia al sistema de información de la gestión hospitalaria del
Instituto Nacional de la Salud (Insalud), con especial mención al
conjunto mínimo básico de datos. En esta línea presentamos una propuesta
de resolución con dos puntos. El punto 1 hace referencia a que se
actualice la planificación del sistema de información para los hospitales
del Insalud, con el objetivo de llegar a determinar el coste por proceso,
y el punto 2 se refiere a que se elaboren criterios de normalización de
los equipos informáticos a utilizar por los hospitales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el diputado don Salvador Encina.
El señor ENCINA ORTEGA: Intervendré también con brevedad, señor
presidente.
Mi grupo ha presentado una propuesta de resolución que básicamente
coincide con las recomendaciones del propio informe del Tribunal de
Cuentas, si bien hemos optado por suprimir la primera de las
recomendaciones formuladas por él. Me parece que debemos insistir de
nuevo en que la implantación del sistema de información para la gestión
hospitalaria del Insalud se inició en el año 1988 y ello supuso el inicio
de la informatización hospitalaria en España. Al comienzo se generaron
los problemas lógicos de la implantación de un sistema de este calibre,
como no podía ser además de otra manera en cualquier proyecto importante
como fue éste. Por ello entendemos que las recomendaciones que formula el
Tribunal de Cuentas, en el punto primero, resultan innecesarias, porque
en el año 1994, con la publicación del Real Decreto 1415, de 25 de junio,
se acabó con el problema fundamental de planificación del sistema de
información de los hospitales del Insalud; por tanto esa recomendación
que hace el Tribunal de Cuentas prácticamente no tiene sentido, porque
desde entonces se le atribuyen a la Dirección General del Insalud todas
las competencias en el desarrollo de las aplicaciones informáticas. De
ahí que hayamos suprimido ese primer punto. El resto de las
recomendaciones prácticamente quedan en los términos del propio informe
del Tribunal de Cuentas.
Sobre las propuestas de resolución les planteo al resto de los grupos
suprimir --si me hacen el favor de tener la propuesta delante-- en el
cuarto renglón punto 1 desde donde dice: «así como» hasta el final de ese
párrafo. Con respecto al punto 2, suprimir desde el comienzo, donde dice:
«que», hasta «por lo que», al final de la segunda línea, con lo que
continuaría en el siguiente tenor: «Que la Secretaría General de
Asistencia Sanitaria debe adoptar...» Por último, en el punto 6
proponemos que se supriman las tres últimas líneas, desde donde dice «así
como facilite la creación en los hospitales del Insalud...». El resto
quedaría como está y consideramos que lo que hace es seguir prácticamente
las propias recomendaciones del Tribunal de Cuentas.
Respecto a las propuestas que han presentado los demás grupos
parlamentarios, simplemente queremos decir que nos parecen correctas
todas ellas, con la salvedad de la primera del Grupo Federal de Izquierda
Unida, respecto a la que nos abstendremos; las del Grupo Parlamentario
Popular
nos parecen correctas e igualmente las de CiU. Las vamos a votar porque
entendemos que detallan simplemente algunas de las reflexiones que se
pueden sacar del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que no
comprometen a nada y que, de una manera u otra, son suficientes para este
caso concreto. Por tanto, nuestra posición será también la de apoyar
estas propuestas de resolución, salvo en el caso de Izquierda Unida,
respecto a la primera de las cuales, como he dicho, nos abstendremos y
apoyaremos las restantes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el diputado don José Ignacio Echániz.
El señor ECHANIZ SALGADO: Señor presidente, señorías, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, voy a pasar a defender las propuestas de
resolución al informe de fiscalización sobre el sistema de información de
la gestión hospitalaria del Insalud, con especial referencia al conjunto
mínimo básico de datos, y también a fijar posición sobre las propuestas
de resolución del resto de los grupos.
Se trata de un informe cuyas conclusiones más significativas, ya lo
veíamos en la anterior sesión, eran los problemas de coordinación, en
planificación, gestión y control de los sistemas de información
sanitaria, que han tenido efectos negativos, a nuestro juicio, sobre la
gestión del Insalud; una insuficiente planificación, un mantenimiento de
deudas hasta casi diez años después, una importante escasez de recursos,
vulneración de la Ley General Presupuestaria, como pone de manifiesto el
informe, errores de imputación de gasto, por tanto inexistencia de
criterios armonizadores, vulneración reiterada, también, de la Ley de
Contratos del Estado y del resto de disposiciones legales que
específicamente regulan los suministros de carácter informático, falta de
inventarios, dotaciones sin contratos, incumplimiento de los objetivos,
ausencia de desarrollo normativos, asignación insuficiente de recursos
humanos para la gestión de estos recursos, poca fiabilidad de los
registros y desde luego incapacidad para obtener una información que sea
suficiente, válida y oportuna en el ámbito sanitario. Es un informe que
ponía de manifiesto importantes irregularidades, un informe en definitiva
que junto al que hemos debatido en esta misma Comisión hace unos meses
respecto de las unidades de diagnóstico por imagen, nos hace ver que
existe un hilo conductor común que podría resumirse en una mala gestión
de los recursos, incumplimiento de la ley o vulneración de la ley,
ausencia de planificación, de control, de coordinación y de elaboración
de inventarios o desarrollo normativo, escasez siempre de recursos a las
dotaciones e incumplimiento de los objetivos, junto a ineficencia en la
gestión de los recursos públicos sanitarios.
Para evitar este tipo de prácticas, el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado seis propuestas de resolución que abordan las diferentes
cuestiones a las que hace referencia el informe, que podríamos resumir en
que queremos que el Ministerio de Sanidad defina, en base a la
recomendación 12.d) del acuerdo de la subcomisión de consolidación y
modernización del Sistema Nacional de Salud, que ha trabajado durante el
último año en esta Cámara y que fue aprobada el 23 de septiembre del año
pasado, el modelo central de información, que debe tener participación,
financiación y también control común de la Administración general del
Estado y de las comunidades autónomas.
Por otra parte, queremos que el Insalud adopte las medidas oportunas para
que se liquide la deuda en caso de que estuvieran todavía pendientes los
concursos 1/1988 y 9/1990 para suministrar soportes informáticos, físico
y lógicos, diez y ocho años después respectivamente; queremos también que
el Insalud aborde de forma prioritaria la inversión y sistemas de
información sanitaria que permita a los hospitales disponer de una
información integral en la gestión, con objeto de mejorar la calidad y la
eficiencia; queremos, además, que eso se haga, de una forma muy especial
en este año, en el que el Gobierno ha hecho un esfuerzo presupuestario
muy importante con el nuevo modelo de financiación sanitaria 1998-2001,
que fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera por todas
las comunidades autónomas con competencias sanitarias el 27 de noviembre
pasado y en base a una de las líneas estratégicas diseñadas por el nuevo
plan estratégico del Insalud.
Queremos, por otra parte, que la Secretaría General de Asistencia
Sanitaria establezca indicadores de gasto y elementos de normalización en
sistemas sanitarias, que vele también por garantizar el cumplimiento de
normas específicas relativas al material informático, de acuerdo con la
legislación de contratos de las administraciones públicas y la del
Decreto 2572/73. Por último, queremos que la Secretaría General de
Asistencia Sanitaria establezca los objetivos generales y también los
específicos de los sistemas de información, incluidos los recursos
humanos que deben ser responsables de los mismos, los indicadores
necesarios para el control y evaluación de los objetivos y un conjunto
mínimo de datos homogéneos de las unidades que permita la comparación
entre ellas.
Respecto de las propuestas de resolución presentadas por otros grupos,
tenemos que decir, en cuanto a la de Convergència i Unió, que estamos de
acuerdo en principio. La propuesta número 1 coincide con la nuestra,
también numerada con el 1, pero añadiríamos en la segunda línea de esa
primera resolución la expresión entre otros, de tal suerte que quedaría:
Primero, actualice la planificación del sistema de información para los
hospitales del Insalud con el objetivo de llegar a determinar, entre
otros, el coste por proceso. Entendemos que los sistemas de información
sanitarios deben poder acometer o soportar la información relativa a la
contabilidad analítica, a la imputación de costes, a los costes por
procedimiento, etcétera, y no sólo a los costes por proceso. Por tanto,
nos parece que incluir las palabras entre otros puede mejorar la
redacción del texto. En el caso de la segunda propuesta de resolución,
estamos absolutamente de acuerdo con ella en la medida en que está
incluida en la número 4 que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Respecto de las propuestas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida,
en cuanto a la primera, tenemos que decir que estamos de acuerdo en
principio, también está incorporada en la primera que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, pero no nos parece razonable que se incluya, en la
tercera línea empezando por abajo, la frase: rechazando al tiempo las
formas de gestión que puedan adoptarse con criterios puramente
economicistas, al margen de las necesidades sanitarias de la población.
Nos parece que esta aseveración no tienen nada que ver, que no es una
propuesta de resolución y que, en cualquier caso, no es más que una
declaración política que entendemos no debe estar aquí; quizá sí en su
discurso político, pero no en una propuesta de resolución. Desde luego,
los criterios no deben ser únicamente economicistas, pero el criterio
económico en la gestión sanitaria siempre es muy importante y, de hecho,
las sociedades avanzadas invierten en sanidad en razón de la renta
disponible por parte de esas sociedades. Por tanto, nos parece que la
económica es también una de las razones importantes, no la única, para
tener en cuenta. En tanto en cuanto supriman esas tres últimas líneas de
la primera parte de la resolución; estaríamos de acuerdo y la votaríamos
a favor; en caso contrario, la votaríamos en contra.
Respecto a la segunda propuesta de resolución, estamos absolutamente de
acuerdo con ella. Respecto de la aseveración de que añaden un plus de
eficacia en la gestión pública, creemos que es cierto, aunque las leyes
están para cumplirlas y no se pueden vulnerar porque sí. En ese sentido,
creemos que quizá la redacción no sería la mejor, pero entendemos que el
espíritu es el que contemplan los puntos 4 y 5 de nuestras propuestas de
resolución y estaríamos dispuestos a votarlas también afirmativamente.
Respecto de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, toda vez que se han suprimido esas líneas que
podrían dar lugar a algún equívoco, estaríamos dispuestos a votarlas
afirmativamente en la medida en que la primera está incorporada en la
segunda nuestra, la segunda en la tercera, la tercera en la quinta, la
cuarta en la sexta del Grupo Parlamentario Popular, la quinta en la
cuarta y la sexta nuestras y la sexta en la sexta asimismo de nuestro
grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra
el señor don Salvador Carrera a fin y efecto de decir si acepta la
transaccional presentada in voce por el diputado del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor CARRERA Y COMES: Señor presidente, para manifestar nuestra
conformidad a que se añada entre otros a continuación de determinar. Por
tanto, tal como ha indicado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
quedaría: con el objetivo de llegar a determinar, entre otros, el coste
por proceso. Aceptamos esta enmienda in voce planteada por el Grupo
Popular.
Aprovecho, señor presidente, para dejar constancia de nuestra posición
respecto al resto de resoluciones presentadas. Vamos a votar que no a la
propuesta de resolución número 1 del Grupo de Izquierda Unida, sí a la
número 2 y vamos a votar favorablemente las propuestas de resolución de
los grupos Popular y Socialista una vez modificada la de este último por
parte del propio grupo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el diputado don José Luis Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor presidente, sólo quiero decir que
mantenemos nuestras propuestas de resolución tal como han sido
presentadas.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar, pues, a las votaciones.
El señor ENCINA ORTEGA: Señor presidente, solicitamos una votación
separada en la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular,
porque aunque manifesté que íbamos a apoyarlas todas, vamos a modificar
el voto en los puntos 1 y 3.
El señor PRESIDENTE: La Presidencia toma nota de estas observaciones.
En primer lugar, vamos a proceder a la votación de las propuestas de
resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida y las vamos a votar separadamente, en función de las apreciaciones
que han hecho los diferentes portavoces.
Votación de la propuesta de resolución número 1 del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 19; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la propuesta de resolución número 2 de dicho grupo.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, votaremos la propuesta de resolución, que engloba seis
puntos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con las
rectificaciones oportunas señaladas por el diputado socialista en su
intervención.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de la propuesta de resolución presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Vamos a votar ahora las propuestas de resolución presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular. Votaremos conjuntamente --si no he entendido mal--
las números 4 y 6, según la numeración de la Cámara, que se corresponden
con las números 1 y 3 según la presentación por parte del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos a proceder a la votación del resto de las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, que figuran con los
números 5, 7, 8 y 9.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
--INFORME DE FISCALIZACION DE LA LEGALIDAD DE LOS PROCESOS DE
PRIVATIZACION DE LAS ACCIONES DE REPSOL, S. A., PRODUCIDOS EN EL PERIODO
1992-1995 (Número de expediente Congreso 251/000046 y número de
expediente Senado 771/000044).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y votación de las propuestas de
resolución referentes al informe de fiscalización de la legalidad de los
procesos de privatización de las acciones de Repsol, S. A, producidos en
el período 1992-1995.
A dicho informe de fiscalización han sido presentadas unas propuestas de
resolución por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para su exposición y defensa, tiene la palabra don Mariano Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente, seré muy breve.
Lo que intenta nuestra propuesta de resolución es resaltar la práctica
constatada por el propio Tribunal consistente en la ocultación a la
Hacienda pública, a nuestro entender, por parte de los responsables del
Instituto Nacional de Hidrocarburos, de información con trascendencia
tributaria, a cuya comunicación estaban obligados por ley. Por tanto,
nuestro grupo manifiesta la importancia que tiene para la realización
efectiva del deber solidario de contribuir al estricto cumplimiento de
los deberes de colaboración para con la Hacienda pública, que creemos que
en este caso no se dio suficientemente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran fijar su
posición. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De la
Plata.
El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Señor presidente, intervengo para
manifestar nuestro posicionamiento contrario a la propuesta de resolución
de Izquierda Unida, puesto que el informe de fiscalización es positivo en
cuanto a la legalidad de los procesos, y tampoco se corresponde con la
valoración que el propio Tribunal hace respecto a la mención expresa de
que el Instituto Nacional de Hidrocarburos liquidó correctamente las
obligaciones fiscales derivadas de la enajenación de valores.
En cuanto a la obligación legal que se establece en el artículo 109 de la
Ley del Mercado de Valores, como el propio precepto indica, carece de
eficacia en cuanto a la falta de desarrollo reglamentario y por esta
razón son los intermediarios financieros y fedatarios los únicos
obligados en la práctica, y no el Instituto, quienes conservan copia de
las declaraciones anuales cuyos modelos aprueba la orden reiterada.
Este es nuestro posicionamiento y, por tanto, votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de dicha propuesta de
resolución presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dijo el siguiente resultado: votos a favor, uno;
en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
VACANTES MESA DE LA COMISION:
--ELECCION DE VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Número de expediente 041/000028).
El señor PRESIDENTE: Antes de entrar en el siguiente punto, la
Presidencia pregunta a los portavoces de los diferentes grupos
parlamentarios si existe conformidad para modificar el orden del día y
proceder a la votación para elección del vicepresidente segundo de la
Mesa de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. Si todos los
portavoces están de acuerdo, efectuaríamos la votación inmediatamente.
(Asentimiento.)
Por el señor letrado de la Comisión se procede al llamamiento de los
miembros de la Comisión, que depositan su voto en la urna preparada al
efecto.
Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo:
El señor PRESIDENTE: Ha sido elegido, por los 27 votos de los
comisionados presentes en la sala, don Agustín García Millán como
vicepresidente segundo de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, al
cual invitamos a
que ocupe su lugar en la Mesa. (Aplausos.--El señor Moreno Monrove pide
la palabra.)
Señor Moreno, ¿para qué pide la palabra?
El señor MORENO MONROVE: Quisiera hacer un brevísimo turno en relación
con una consulta respecto del registro actualizado de cuestiones
pendientes de esta Comisión, que recibí ayer mismo, sencillamente para
aclarar una duda, si lo estima procedente el presidente.
El señor PRESIDENTE: Dos minutos.
El señor MORENO MONROVE: Yo creo que va a ser menos.
Es en relación al número de expediente 189/000015, que acaba de entrar en
la Comisión, referido a la solicitud de informe al Tribunal de Cuentas
recabando los términos de la consulta que realizó, dice el propio
expediente, según varios medios de comunicación, la junta directiva
nacional del Partido Popular al Tribunal de Cuentas. Como sé que el
autor, Francisco Miguel Fernández Marugán, realizó la consulta a través
de la Mesa del Congreso y ésta la calificó y la ha remitido a esta
Comisión, la pregunta es si, tal como supongo, la Comisión no hace más
que, en función del derecho que creo que tienen los diputados a recabar
información de una institución como el Tribunal, dar trámite de ella y
recabar esa información --en vez de hacerlo la Mesa del Congreso lo esté
haciendo la Comisión-- o si, por el contrario, requiere de algún tipo de
procedimiento previo que este portavoz no conoce suficientemente y
quisiera que se pudiera aclarar.
El señor PRESIDENTE: Como sea que este punto no estaba incluido en el
orden del día, yo sugeriría que en la próxima reunión de Mesa y
portavoces pudiéramos tratar esta cuestión junto con los demás puntos del
orden del día pendientes de incorporación para su trámite en la Comisión.
Si a todas SS. SS. les parece correcto, lo trataríamos en la próxima
reunión de Mesa y portavoces.
El señor MORENO MONROVE: ¿Habría alguna posibilidad entonces, señor
presidente, de que la reunión de Mesa y portavoces fuera en el menor
plazo de tiempo posible? Pretendemos aclarar exclusivamente un puro
procedimiento, no estamos hablando ni muchísimo menos del fondo de la
cuestión, sino cómo se puede obtener esta información.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia tenía previsto convocar Mesa y
portavoces para la próxima semana al objeto de planificar las diferentes
sesiones que tenemos pendientes para incorporar las cuestiones a los
órdenes del día y por este motivo, si les parece bien a SS. SS., la
semana que viene podríamos discutir este tema en la futura reunión de
Mesa y portavoces.
Vamos a suspender durante cinco minutos la sesión para recibir al
presidente del Tribunal de Cuentas.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE
ALBA) PARA INFORMAR SOBRE:
--INFORME DE FISCALIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID),
EJERCICIOS 1991, 1992 Y 1993 (Número de expediente Congreso 251/000047 y
número de expediente Senado 771/00045).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores senadores y diputados, quiero dar
la bienvenida al recién elegido presidente del Tribunal de Cuentas, don
Ubaldo Nieto de Alba, en su primera comparecencia ante esta Comisión del
Congreso de los Diputados. Pasamos seguidamente a la segunda parte del
orden del día, que vamos a iniciar con el informe de fiscalización del
Ayuntamiento de Majadahonda, ejercicios 1991, 1992 y 1993.
Tiene la palabra el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En esta mi
primera comparecencia ante la Comisión Mixta deseo saludar al presidente,
a la Mesa, a los portavoces y a todos los vocales. Mis primeras palabras,
que van a ir dedicadas a mi predecesora doña Milagros García Crespo,
tienen que ser palabras de reconocimiento tanto a la labor realizada en
el Tribunal, como ya he tenido ocasión de decirlo públicamente el día que
nos presentamos la nueva comisión de gobierno, como a la labor realizada
en esta Comisión. Y en esta nueva etapa que comienza con mi primera
presentación pretendo continuar esta labor y estas relaciones, y a poder
se incrementadas. Por ello, tengo que expresar mi ofrecimiento y la
disposición total tanto de este presidente como del Tribunal de Cuentas a
la colaboración con esta Comisión Mixta y con el Parlamento.
En cuanto a los informes que todos ustedes conocen, esta presidencia se
va a limitar a hacer una breve presentación, procurando aclarar después
sus dudas y contestar sus preguntas, pero teniendo siempre en cuenta las
limitaciones con las que cuenta; limitaciones que afectan tanto a la
información de que dispone como a las que existen en el ámbito
institucional, puesto que aquí soy un mero portavoz del pleno. En todo
caso, procuraré transmitir al pleno sus dudas, sus preocupaciones y sus
sugerencias.
El primer informe a presentar es el de fiscalización del Ayuntamiento de
Majadahonda de los ejercicios de 1991 a 1993. Este informe fue realizado
por iniciativa de pleno, se aprobó en julio de 1997 y los objetivos de la
fiscalización eran verificar la fiabilidad de la contabilidad de la
corporación, comprobar si su gestión se adecuaba a la normativa,
comprobar el grado de implantación de la nueva instrucción de
contabilidad para la Administración local y analizar determinados
aspectos de la actividad económico-financiera de organismos autónomos y
sociedades mercantiles dependientes de los ayuntamientos. Los
presupuestos definitivos de gastos de este ayuntamiento en 1993
importaban 3.434 millones de pesetas.
El informe aprobado por el pleno recoge una serie de limitaciones que han
condicionado los trabajos de fiscalización, entre los que destaca el
retraso en la entrega de documentos y libros de contabilidad por parte
del interventor, la falta de elaboración por el ayuntamiento, al
iniciarse los trabajos de fiscalización en junio de 1995, de los estados
contables que deberían conformar la cuenta general de los ejercicios 1992
y 1993, y la carencia del balance de situación al 1 de enero de 1992, del
cual se debería partir para el nuevo sistema contable a implantar.
En cuanto al control interno y el sistema contable de la corporación, el
Tribunal ha comprobado numerosas anomalías e irregularidades como la
inexistencia de un reglamento específico de régimen interior, la carencia
de fiscalización sistemática previa y posterior por parte del
interventor, la falta de un sistema contable uniforme, la no aplicación
del principio de registro en la contabilización de diversas operaciones y
la aplicación del principio de caja y no de devengo en otros casos.
Además, la gestión de tesorería y económico-financiera de los patronatos
municipales, a pesar de ser organismos autónomos con personalidad
jurídica propia y presupuestos independientes, se ha realizado de forma
conjunta con la de la propia corporación, sin que aquéllos dispusieran de
cuentas corrientes bancarias diferenciadas. Determinadas operaciones de
ingresos y gastos carecen de la necesaria justificación, resultando
insuficiente o presentando irregularidades. Así, no se han entregado al
Tribunal, ni durante la realización de las comprobaciones ni en las
alegaciones, 63 mandamientos de pago y 251 de ingreso del ayuntamiento,
13 de pago y 147 de ingreso de los patronatos, todo ello de 1991,
señalando el informe que la corporación no disponía de ellos en sus
dependencias. Por otra parte, los saldos deudores y acreedores no cuentan
con las correspondientes relaciones nominales. En los movimientos
asociados a la tesorería, se ha verificado que la corporación elaboraba
las actas de arqueo tomando como única referencia los registros
contables, sin que resultaran de arqueos periódicos y que presentan
numerosas deficiencias de carácter formal. No se ha dispuesto durante las
actuaciones fiscalizadoras de una contabilidad cerrada para los
ejercicios 1992 y 1993, lo que ha impedido verificar si los importes de
las actas de arqueo se corresponden con las existencias reales en
tesorería. No ha existido un adecuado control y seguimiento de las
cuentas bancarias abiertas por la corporación, detectándose diferencias
entre los saldos disponibles en ellas y los obtenidos de los registros
municipales que tienen su origen, en su mayor parte, en movimientos de
ejercicios anteriores al período fiscalizado; dichas diferencias se
cifran, el 1 de enero de 1991, en 73 millones, cuantía que había sido
sensiblemente disminuida al final de los trabajos de fiscalización a 23
millones de pesetas, como consecuencia precisamente de las conciliaciones
y ajustes realizados.
Como resultados del control de legalidad, el Tribunal ha comprobado que
el ayuntamiento ha incumplido diversas normas que afectan en particular a
la rendición de cuentas. La cuenta general de presupuestos y la cuenta de
administración de patrimonio del ejercicio 1991 han sido elaboradas y
rendidas con un retraso de tres años respecto a lo previsto en la Ley
Reguladora de Haciendas Locales. Con posterioridad a la conclusión de los
trabajos de fiscalización, los responsables de la entidad han entregado
al Tribunal diversos estados entre los que se encuentra el balance al 1
de enero de 1992, confeccionado con mucho retraso respecto a la fecha de
referencia. Durante la realización de los trabajos de verificación
tampoco las cuentas generales de los ejercicios 1992 y 1993 habían sido
formadas por la intervención, aprobadas por el pleno ni rendidas al
Tribunal, incumpliéndose la instrucción de contabilidad de la
Administración local y la normativa del Tribunal. Las cuentas y
documentos pendientes de formar, aprobar y rendir de los ejercicios 1992
y 1993 han sido objeto de dichos trámites con posterioridad a la
conclusión de los trabajos de fiscalización.
También se han detectado incumplimientos de la normativa vigente en lo
que respecta a la aprobación de los presupuestos para los tres ejercicios
fiscalizados, así como haberse realizado una vez iniciados cada uno de
ellos. Los expedientes de los presupuestos han incluido de forma
incompleta la liquidación de presupuestos de ejercicios anteriores. En
determinados casos, los expedientes de tramitación de las modificaciones
de crédito no incorporan la memoria justificativa. En las bases de
ejecución de los presupuestos no se relacionaron expresa y taxativamente
las partidas aplicables, y las transferencias de crédito, en contra de lo
establecido en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, afectaron a
créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio y se minoraron
créditos previamente incrementados mediante suplementos. El Tribunal
indica en su informe que la fiabilidad y representatividad de las cuentas
anuales está condicionada por una serie de deficiencias e
irregularidades, entre las cuales destacan que la corporación no haya
contabilizado en sus presupuestos la totalidad de los derechos
reconocidos ni los ingresos efectivamente recaudados. De los préstamos
contabilizados en 1992 se registraron derechos por valor de 377 millones
de pesetas, a pesar de que aún no se han ingresado en la tesorería del
ayuntamiento durante el ejercicio. Las cuentas de recaudación rendidas
por el recaudador presentan diferencias con los registros municipales.
Por su parte, la cuenta de administración del patrimonio del ejercicio
1991 no recogía todos los bienes inventariables de la corporación, como
adquisiciones, por 61 millones; pagos por inversiones, por 286 millones,
y bajas por ventas de dos solares, uno de 57 millones y otro de 162
millones de pesetas. Los derechos que figuran como pendientes de cobro al
cierre de cada uno de los ejercicios fiscalizados no representan
fielmente, ni en el detalle de su antigüedad ni en sus cuantías, los
derechos exigibles por la corporación. Sólo se ha contabilizado una
mínima parte de las bajas aprobadas por la corporación, existiendo
importantes diferencias entre la contabilidad municipal y la del
recaudador en los derechos pendientes de cobro en vía ejecutiva, cuyo
importe es superior en todos los casos a los registros municipales en
235, 256 y 291 millones en cada uno de los ejercicios fiscalizados. La
deuda por operaciones de tesorería, que ascendía a 31 de diciembre de
1993 a 579 millones de pesetas, sólo aparecía registrada en contabilidad
por 116 millones,
y el importe de la deuda viva por operaciones de crédito, que se elevaba
en dicha fecha a 1.512 millones de pesetas, se registró por 157 millones
menos.
En relación con la contratación, quizá uno de los aspectos del informe
más exhaustivo y más completo, el Tribunal ha constatado que se ha
realizado de forma anómala, con vulneración, en la tramitación de los
expedientes, de la legislación vigente, reseñando en particular cómo han
acudido a la contratación directa sin justificación alguna, sin
fundamentar razones de urgencia, utilizando este procedimiento en el 86
por ciento del conjunto de los contratos celebrados, porcentaje que llegó
al 96 por ciento en el de obras; también coincide con el 86 por ciento en
los contratos de asistencia técnica. Se han producido aprobaciones y
posteriores adjudicaciones de expedientes por órgano incompetente, por lo
que podrían estar incursos en causa de invalidez. La comisión de
gobierno, en determinados casos, ha aprobado expedientes y adjudicado por
delegación de la alcaldía y no del pleno, que es el que tiene la
competencia. Se han apreciado asimismo fraccionamientos injustificados en
los proyectos de obras, así como continuas modificaciones sobre los
mismos, que constituían alteraciones sustanciales del objeto del contrato
y que debieran haber provocado su resolución o la exigencia de
responsabilidades a sus autores. El Tribunal concluye, respecto a la
contratación, indicando la absoluta falta de control interno en la
gestión de los expedientes desde su aprobación hasta su ejecución y
califica como especialmente significativo el incorrecto cumplimiento de
sus funciones por el secretario, el interventor y los técnicos
municipales. Si bien se ha constatado que el ayuntamiento ha subsanado
con posterioridad al cierre de los ejercicios fiscalizados y a la
conclusión de los trabajos de verificación algunas de las deficiencias
irregularidades del informe, el Tribunal ha efectuado numerosas
recomendaciones sobre el control interno, el registro de operaciones, la
llevanza de los libros y cuentas y sobre la contratación, tendentes todas
ellas a que la corporación adopte medidas y procedimientos para mejorar
su organización y control.
El señor PRESIDENTE: Corresponde a los diferentes grupos parlamentarios
formular preguntas, fijar posición, así como pedir aclaraciones respecto
a la intervención realizada por el presidente del Tribunal de Cuentas.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador don
José Luis Alegre Escudero.
El señor ALEGRE ESCUDERO: Señor Nieto de Alba, en nombre del Grupo
Socialista, permítame felicitarle por su nombramiento, darle la
bienvenida a esta casa, como ha hecho anteriormente el presidente de la
Comisión, y por su puesto desearle lo mejor en su nuevo puesto.
Dicho esto, a la vista de sus palabras y de lo que se desprende de la
lectura del informe de fiscalización referente al Ayuntamiento de
Majadahonda, queremos resaltar la gravedad de su situación puesto que el
propio informe y lo que usted acaba de decir nos confirma que la
contabilidad del citado ayuntamiento de los años 1991, 1992 y 1993 no es
fiable en modo alguno, así como tampoco lo es la representatividad de sus
cuentas. Igualmente queremos destacar --usted también ha aludido a ello--
las dificultades que ha tenido el Tribunal de Cuentas para poder llevar a
cabo la fiscalización puesto que ha habido limitaciones a la misma, ya
que no se le ha entregado los documentos requeridos y en otros casos se
ha retardado sustancialmente su entrega.
De todo lo que figura en el informe de fiscalización nos gustaría
destacar algunas de las cuestiones más llamativas, como puede ser el que
se haya ingresado y gastado dinero público sin la necesaria justificación
o con justificación insuficiente, así como algo tan peregrino como que se
hayan cobrado los impuestos de bienes inmuebles y licencia fiscal antes
de que hayan sido aprobados los padrones, lo cual significa que se han
cobrado ilegalmente cientos de millones a los vecinos de Majadahonda en
el año 1991. Queremos destacar también que no coincidan las cuentas del
recaudador ejecutivo con la propia contabilidad del ayuntamiento, así
como que no hay explicación y solución para la pérdida por prescripción
de más de 671 millones de pesetas; sin embargo, esos derechos se han
mantenido como cobrables para maquillar la situación económica real del
ayuntamiento y para ocultar el déficit real. Igualmente nos llama la
atención que existan saldos negativos en cuentas bancarias, pagos que se
hacen por más de 21 millones y no se contabilizan, se sobrevaloran las
existencia de tesorería en más de 257 millones de pesetas y además, como
usted acaba de confirmar también, no se puede comprobar si las actas de
arqueo se corresponden con las existencias reales de la tesorería por no
disponer de una contabilidad cerrada para los ejercicios 1992 y 1993.
Llama la atención igualmente que las operaciones de tesorería que se
aprueban en el Ayuntamiento de Majadahonda no son para atender
necesidades transitorias sino que se conciertan para cancelar las
anteriores, es decir, una renovación sucesiva de una situación difícil de
justificar.
Respecto a la contratación, que usted también ha mencionado y que
podíamos calificar de desastre absoluto, no consta, en su mayor parte la
existencia de crédito para poderlas llevar a cabo. Se realizan
adjudicaciones y aprobaciones por órganos que no son los competentes
porque incumben al pleno, así como proyectos de obras que no son
revisados antes de su aprobación. Se han autorizado de facto alteraciones
sustanciales al objeto del contrato que hubieran aconsejado la resolución
en lugar de la aprobación.
En cuanto a las obras más llamativas llevadas a cabo por este
ayuntamiento, una de ellas, la del conservatorio, se podría calificar
como de locura. No es preciso entrar en más detalles porque creo que es
suficiente calificación. La obra del ayuntamiento se encuentra repleta de
irregularidades, procedimientos injustificados, realizaciones de
modificación fuera de la ley que tenían que haber significado exigencia
de responsabilidades, realizaciones adicionales sin autorización, no se
imponen penalidades, falta de control municipal sobre las obras,
etcétera. Nos encontramos con algo tan llamativo igualmente como que se
emiten las certificaciones con fecha posterior a su aprobación, lo que
hace que se desvirtúe la presunción de certeza de obra ejecutada
al realizar la recepción de la obra también sin que esté totalmente
terminada, como dice el propio informe del Tribunal. Lo mismo se podría
decir de la obra de la piscina cubierta y una venta de parcela
consiguiente a la misma, llenas también de irregularidades. No se aplica
la baja de adjudicación en la modificación del proyecto, lo que ha
supuesto un consiguiente perjuicio para la tesorería del ayuntamiento, y
no se encuentra tampoco la aplicación de 150 millones de pesetas
concedidos como subvención para la construcción de la piscina cubierta.
El Tribunal de Cuentas afirma que no consta la aplicación de esa cantidad
a esa obra.
En resumen, podríamos calificar la gestión del Ayuntamiento de
Majadahonda de absolutamente deficiente, con un incumplimiento
sistemático de las leyes, fraude y arbitrariedad en la contratación,
descontrol en cuentas bancarias, en contabilidad y tesorería, perjuicio a
los fondos públicos, pagos injustificados ordenados de forma ilegal,
descontrol en servicios transcendentales, pérdida de derechos a favor del
ayuntamiento por más de 670 millones de pesetas, falta de actuación desde
la Administración para exigir responsabilidades de carácter patrimonial,
al menos, para tratar de restituir fondos públicos utilizados
indebidamente, etcétera.
Quisiera hacerle una pregunta concreta, señor Nieto. En la página 66 del
informe de fiscalización dice textualmente: En el ejercicio de 1991 se
contabilizan operaciones ficticias al considerar como derechos
reconocidos y cobros líquidos la totalidad del crédito o préstamos
concertados y como obligaciones reconocidas un importe idéntico al
anterior, si bien como pago de obligaciones solamente se considera la
cuantía del crédito no dispuesto. Quisiera preguntarle qué parecido, qué
similitud puede tener esta puntualización del Tribunal de Cuentas con
referencia a lo leído hace pocos días en prensa, ocurrido en otra
Administración local, concretamente en la Diputación de Guadalajara; qué
similitud tiene esta figura y, en cualquier caso, qué importe sería el de
estas operaciones ficticias tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de
Majadahonda.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene
la palabra don Mariano Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Quiero darle también la bienvenida al señor
presidente del Tribunal de Cuentas, esperando y confiando en que sigamos
la misma tradición que con la anterior presidenta, de la cual tenemos,
creo, un grato recuerdo en esta Comisión. Desde luego, le manifestamos la
voluntad de nuestro grupo de colaborar de la misma forma, en la medida de
nuestras posibilidades, para la mejor marcha de esta Comisión y de los
cometidos del Tribunal de Cuentas.
En cuanto al informe del Tribunal de Cuentas respecto al Ayuntamiento de
Majadahonda, creo que las conclusiones del análisis efectuado por el
Tribunal de Cuentas son elocuentes y van relatando toda la serie de
irregularidades producidas en ese municipio. Se ha resaltado también en
su intervención aquello que para mí es más definitorio del tipo de
gestión que se ha efectuado en el mismo: el hecho de que la contratación
directa haya supuesto un 86 por ciento del conjunto de los contratos, el
96 por ciento de las obras y el 86 por ciento de la asistencia técnica.
A nuestro grupo le provocan una tremenda inquietud --y en esto sí
quisiéramos conocer la opinión del presidente del Tribunal de Cuentas--
los efectos reales de este tipo de informes. El informe dice que se han
corregido algunas de las deficiencias. Nos gustaría saber si se han
corregido al menos algunas de las fundamentales. La verdad es que somos
un poco escépticos en cuanto a la virtualidad de informes que
desgraciadamente se pronuncian sobre hechos de hace varios años. Nos
preocupa de manera importante lo que refleja el informe del no
cumplimiento por parte de las personas que en principio están en las
instituciones, en este caso municipales, para velar por el cumplimiento
de la legalidad vigente, es decir, del secretario, del interventor y de
figuras similares. Nos gustaría saber si ha habido algún tipo de
exigencia de responsabilidades a estos funcionarios que están previstos
precisamente para asesorar y para vigilar el cumplimiento de la legalidad
vigente, que es obvio, tal como parece deducirse del informe, que se ha
incumplido reiteradamente, entre otras cosas --por ejemplo-- por algo tan
importante como la aprobación por órganos incompetentes, lo que podría
incluso determinar la validez de varias de las actuaciones o
adjudicaciones de obras, etcétera, que se han producido en este
municipio. Quisiéramos saber su opinión sobre si es posible estimular a
la Administración central para que puedan dictaminarse nuevas medidas
complementarias que no provoquen que nos tengamos que limitar muchas
veces simplemente a constatar o verificar los informes del Tribunal de
Cuentas, pero sin que realmente tenga consecuencias significativas en
algo tan importante como es la gestión del dinero público. Queremos
pedirle también su valoración sobre el efecto de estos informes, en qué
medida se han corregido las deficiencias, si continúa habiendo una
actitud vigilante para que al menos las fundamentales hayan podido ser
subsanadas, sobre todo aquellas que pueden producir invalidez de actos ya
producidos, y por último, reiterarle la pregunta sobre qué otro tipo de
actuaciones, si las ha habido, se han producido en función de este
informe.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra
el senador don Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: En nombre de nuestro grupo, quiero saludarle y
dar una bienvenida especial al señor Nieto de Alba por su primera
comparecencia ante esta Comisión y la enhorabuena por su elección como
presidente del Tribunal de Cuentas.
Al repasar el informe del Ayuntamiento de Majadahonda, así como siguiendo
con atención la exposición que ha hecho del mismo el propio presidente
del Tribunal, he ido pasando --y lo comentaba con mi compañera de grupo--
de la preocupación a la incredulidad por el cúmulo de irregularidades
graves, gravísimas, tanto en la gestión como en el control,
incumplimiento de normas legales, representatividad de las cuentas,
etcétera, con un
solo respiro, que es cuando se refleja en el informe del Tribunal que con
posterioridad se han regularizado algunas de las deficiencias señaladas.
Este punto dentro de la espiral de cada vez peor, podríamos decir, sin
duda es un respiro.
Antes de comentar cómo valoro este informe, quiero hacerle tres preguntas
que van un poco en la línea de lo escuchado y manifestado por otros
portavoces intervinientes. Si, cuando usted hace referencia a que se han
regularizado algunas de las deficiencias, quiere decir que son muchas
deficiencias; si se ha podido detectar si son cuantiosas o no, si éstas
pueden considerarse significativas, porque se podían haber detectado
regularizaciones no importantes, por tanto, si son significativas de cara
a nuevos ejercicios; y cómo ha podido constatar el Tribunal si se han ido
subsanando estas deficiencias con posterioridad al informe que ha
elaborado.
En cuanto al informe de referencia, nada que objetar al trabajo efectuado
por el Tribunal de Cuentas, pero sí añado una perplejidad total por el
cúmulo de irregularidades detectadas en los ejercicios 1991, 1992 y 1993.
Parece difícil hacerlo peor, ¿verdad? Digamos que es totalmente
inadmisible en una gestión pública y es, sin duda, una mala referencia la
de Majadahonda para las corporaciones locales. Operaciones de ingresos y
gastos sin justificación, padrones fiscales aprobados fuera de tiempo y
también de forma, cuentas de recaudación que no coinciden, cuentas
bancarias sin control ni seguimiento y sin balance de situación, retraso
de tres años en la rendición de la cuenta general de presupuestos del
patrimonio, cuentas de los años 1992 y 1993 en las que no ha participado
la intervención y que no han sido aprobadas por el Pleno, como ha venido
manifestando el propio presidente, ventas no incluidas en el capítulo de
enajenaciones, cuentas de recaudación que no figuran en los registros
municipales, el 47 por ciento del saldo de deudores tiene una antigüedad
superior a cinco años, por lo que pueden estar prescritos y darlos de
baja, diferencias importantes en las operaciones de tesorería, etcétera.
Por tanto, el panorama no es aleccionador sino todo lo contrario.
Ya sé que en general --yo por lo menos lo comparto-- se intenta que esta
Comisión respete lo que venimos llamando la autonomía municipal, pero
esto no priva --y lo subrayo-- para que hagamos --por lo menos yo lo
hago-- una valoración tanto desde el punto de vista de gestión política
como de gestión en sí realmente reprobatoria y una exigencia, aunque sólo
sea verbal (luego ya verá nuestro grupo si finalmente aporta alguna
propuesta de resolución) para que se regularicen no sólo algunas de las
deficiencias e irregularidades detectadas --lo que el Tribunal ha hecho--
sino todas las irregularidades.
Dejo planteadas, señor presidente del Tribunal, las tres preguntas, que
sumo a las manifestadas por otros grupos, para saber si podemos concretar
en qué punto se encuentra la situación del Ayuntamiento de Majadahonda.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra
el diputado don Jesús Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Señor presidente, haré una breve intervención
que no por breve deja de ser muy sincera; esa sinceridad la manifiesto
por la alegría de la presencia de don Ubaldo Nieto de Alba, ilustre
estadístico y hombre de la economía, para presidir el Tribunal de Cuentas
y honrarnos hoy con su presencia y sus explicaciones.
Respecto al informe sobre Majadahonda, estos tres ejercicios con tantos
defectos en los aspectos económicos, financieros y patrimoniales, con
problemas de contabilidad pública, con problemas de dación de cuentas,
con problemas que surgen a lo largo de los años y que se vienen
reiterando, uno se pregunta qué papel tiene de garantía el interventor de
fondos y la propia corporación, que tiene que estar siempre vigilante de
la marcha económica, financiera y patrimonial de la entidad. Me pregunto
también para qué sirve toda esa legislación sobre la exigencia de
responsabilidad contable. ¿Quién será el titular del derecho a exigir esa
responsabilidad contable?
No quiero seguir interviniendo porque estoy seguro de que los portavoces
de los grupos que me han precedido han incidido concretamente en detalles
de la anómala marcha de este municipio. Solamente me queda reiterar de
nuevo la satisfacción por la presencia del señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el senador don Arturo Esteban Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Sean mis primeras palabras de bienvenida al
presidente del Tribunal de Cuentas en esta su primera comparecencia ante
esta Comisión. Quiero manifestarle la felicitación de nuestro grupo por
su nombramiento y poner a su disposición el grupo y mi persona, sin
ningún tipo de cortapisas, para todo aquello en que podamos colaborar a
que el Tribunal de Cuentas y la gestión que usted tiene que realizar al
frente del mismo sea lo más eficaz y transparente posible, que en
definitiva no son ni más ni menos que los objetivos que todos nos hemos
marcado en la garantía del funcionamiento del Tribunal de Cuentas y de
esta Comisión Mixta.
Me gustaría decir que en las palabras del presidente del Tribunal de
Cuentas, que ha hecho una sinopsis de lo que el informe de fiscalización
establece y que nos ha sido remitido, y del resto de los portavoces de
los grupos políticos he visto diferentes formas de enfocar este asunto,
que sin duda es preocupante y que nos debe llamar a la mayor de las
consideraciones y de los análisis posibles. He observado, sin embargo,
que las imputaciones que se han realizado fundamentalmente por el
portavoz del Grupo Socialista, el senador Alegre, se han basado
exclusivamente en el informe de fiscalización. He hecho un recorrido
turístico por ese informe. Sin embargo, el informe de fiscalización que
se nos remite a los grupos políticos se compone de varias partes: del
propio informe de fiscalización aprobado por el pleno del Tribunal y de
las alegaciones hechas por quien ha sido fiscalizado. De todo ello no he
escuchado nada. Será porque en el celo político en cuanto a la
responsabilidad (estamos en una Cámara política y, por tanto,
tiene responsabilidades e imputaciones de tipo político) es necesario
cargar las tintas en algunos temas. Pero por encima de las imputaciones
políticas debería haberse tenido como objetivo final la aclaración de las
imputaciones que se hacen y del análisis que el informe de fiscalización
nos trae, así como de las alegaciones que se han planteado.
Quiero comentar, también en esa posición, que en el período de
fiscalización de los años 1991, 1992 y 1993 que se hace en el
Ayuntamiento de Majadahonda está al frente del mismo un equipo del
Partido Popular, el mismo titular durante los tres años. Es conveniente
decir por qué se dan esas circunstancias durante esos tres años, para lo
cual no tengo más remedio que remontarme y sacar documentos que puedan
aclarar a la Comisión Mixta y a todas SS. SS. el porqué de la situación
tan anómala, tan trivial, por no decir tan irregular, que ha habido en
ese ayuntamiento durante los años del período de fiscalización. En las
alegaciones el propio alcalde dice que accede a la alcaldía, en noviembre
de 1989, en minoría, con cuatro concejales. El día 23 de febrero de 1990,
es decir, dos meses después, convoca con carácter de urgencia la comisión
de gobierno, en sesión extraordinaria, para analizar la situación
económico-financiera del Ayuntamiento de Majadahonda, en la que el
interventor presenta un informe, que voy a resumir, en el que señala como
principales problemas del ayuntamiento la situación económica
insostenible, la no rendición de las cuentas generales de los años 1987,
1988 y 1989, la no rendición de las cuentas de recaudación voluntaria de
las deuda por recibos, no control de las deudas por liquidaciones
individuales a los contribuyentes ni las de la recaudación ejecutiva ni
de dinero existente en cajas y bancos desde hace más de un año.
Finalmente, el problema más apremiante, dice el interventor, es el
notable retraso de la contabilidad de 1989 (quiero decir que estamos
hablando de otra época política); cuentas que, por cierto, no se pueden
rendir más que en los años 1992 ó 1993 porque no aparecen mandamientos,
ni siquiera hay posibilidad de conciliar los saldos con los bancos. El
tesorero, con fecha 21 de febrero de 1990, también sobre la situación de
la contabilidad, en cuanto a su servicio se refiere, en los años 1989 y
1990, estimo que las soluciones deben ser afrontar el ejercicio de 1989
como actividad extraordinaria y continuar el ejercicio de 1990 sin
paralizaciones y dotar de más medios a la tesorería. Esa Comisión, tras
un análisis y debate, acuerda lo siguiente: Se requerirá la intervención
del Tribunal de Cuentas. Es decir, que en 1990 se pide auxilio al
Tribunal de Cuentas para poder establecer cómo son las cuentas y poder
poner en claro el maremágnum que existe en el Ayuntamiento desde 1987.
También adopta otra serie de acuerdos, a los que no me referiré para no
cansar a SS. SS., que tienen mucho que ver con los argumentos y los
instrumentos que hay que utilizar para intentar poner orden en este
asunto.
Posteriormente, hay un informe que presenta el tesorero en la Comisión de
gobierno del 1 de marzo, unos días más tarde, en el que dice que por las
circunstancias muy urgentes y graves por las que atraviesa la situación
económica contable del Ayuntamiento, que está originando daños graves a
los intereses municipales, y por vía de excepción, se transfiera hoy
mismo la totalidad de los saldos de las cuentas restringidas del
Ayuntamiento, y de recaudación, a las cuentas originales municipales, a
fin de atender con carácter inmediato las obligaciones más apremiantes.
Quiere decirse que el control que existía anteriormente sobre las cuentas
en los bancos era absolutamente nulo, y que por los funcionarios
responsables --por primera vez se les da un toque de atención-- se abra
la contabilidad municipal del actual ejercicio de 1990, con la apertura,
al menos, de todos los libros obligatorios reglamentariamente.
Se reitera la petición del cumplimiento del acuerdo, tomado en otra
Comisión de gobierno, que solicita del Tribunal de Cuentas la auditoría
de la situación económico-contable del Ayuntamiento. El Tribunal de
Cuentas contesta que no es posible auditar los años 1987, 1988 y 1989
--está en su legítimo derecho de no haberlo hecho-- y sin embargo sí
acuerda hacerlo de los años 1991, 1992 y 1993, a sabiendas de los
problemas que el Ayuntamiento padecía en aquel momento y que ya le había
expuesto al Tribunal.
En el año 1986 se firma un contrato de colaboración con una empresa
informática dependiente de la Comunidad Autónoma de Madrid, que se llama
Epinsa. Una semana después de tomar posesión el nuevo alcalde, esta
empresa es retirada por la comunidad autónoma y deja al Ayuntamiento sin
servicio informático. Por lo tanto, vuelven otra vez al contable del
manguito. En el año 1987 no se había rendido la cuenta general, y, lo que
es peor, se seguía trabajando con presupuestos prorrogados desde el año
1988.
Hubo unas conversaciones con el anterior presidente de la comunidad
autónoma, el señor Leguina, que, como pueden ustedes suponer, ni recibió
al alcalde ni le resolvió el problema.
Asimismo, el informe del tesorero y la situación económico-financiera y
contable de este Ayuntamiento se tienen que poner en funcionamiento con
la precariedad que les estoy exponiendo, lo que trae como consecuencia el
retraso en la formalización y posterior puesta en funcionamiento de los
temas que ustedes han tratado aquí.
En 1991 hay un informe del tesorero municipal, que hace un balance de la
situación económico-financiera y contable del Ayuntamiento sobre los
temas que le son competentes: recaudación, posibles recursos para atender
obligaciones, etcétera. En este informe, de 25 de junio de 1991, que
tienen aquí SS. SS. y el Tribunal de Cuentas a su disposición si lo
quieren, se pone muy a las claras la voluntad que tiene el equipo de
gobierno y su alcalde de intentar contratar, con los medios que tiene a
su alcance e, incluso, con los que no tiene, asesorías externas y
contratación de trabajos externos, para intentar poner la contabilidad en
funcionamiento, y ya en el año 1995 se han podido presentar y aprobar las
cuentas relativas a los años 1991, 1992 y 1993.
Es cierto, señor presidente, que ha habido irregularidades y que ha
habido disfunciones, pero rechazo aquí de plano la palabra fraude que ha
empleado el portavoz del Grupo Socialista, probablemente dejándose llevar
más por su ímpetu político que por la gravedad de la acusación
que eso plantea. Fíjense ustedes si eso es así que cuando se remite el
informe del Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento, éste acuerda y aprueba
--por cierto, con la abstención del Partido Socialista-- ejecutar en su
totalidad y en sus justos términos las recomendaciones que formula dicho
Tribunal en su informe, sin perjuicio de las medidas, procedimientos y
actuaciones ya adoptadas en esta administración municipal con
posterioridad al período objeto de fiscalización. Asimismo acuerda seguir
las recomendaciones y medidas concretas propuestas por el secretario
general. De aquí se deriva la voluntad del equipo de gobierno del Partido
Popular de poner fin a esta situación. ¿Esto evita los problemas que
otros compañeros, portavoces de otros grupos, han expuesto sobre las
irregularidades y las deficiencias que ha habido? No, en ningún caso. Es
necesario, y estoy conforme con ello, que se insista en saber si se han
adoptado las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y si es necesario
que éste siga su período de fiscalización en lo sucesivo.
Esta es la voluntad del Partido Popular, de nuestro grupo. Era necesario
decir aquí --no puedo demostrarlo-- que, efectivamente, más allá de la
duda razonable, en una situación tan anómala como la que se había vivido
en los años 1987, 1988, 1989 y 1990, un Ayuntamiento de la Comunidad de
Madrid no recibió la ayuda necesaria para poder establecer y poder poner
al días las cuentas, cosa tan necesaria en un Ayuntamiento. (El señor
Alegre Escuder pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Alegre Escuder, ¿por qué pide la palabra?
El señor ALEGRE ESCUDER: Muy brevemente, por alusiones del senador
Esteban Albert.
El señor PRESIDENTE: Señor Alegre Escuder, usted sabe que éste no es un
debate, sino que lo que establece el Reglamento es que los diferentes
grupos parlamentarios fijen posiciones. Si usted se ha sentido aludido en
alguna intervención del senador del Grupo Parlamento Popular, esta
Presidencia le da la palabra por dos minutos.
El señor ALEGRE ESCUDER: Quería decirle al senador Esteban Albert que de
recorrido turístico nada. Es bastante desagradable ir poco a poco,
desgranando toda esta serie de irregularidades que hemos contemplado
todos en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Majadahonda.
Ha dicho usted que existe la voluntad de poner fin a esta situación.
Reconózcame, senador, que no, que no lo han conseguido en esa
corporación.
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora al presidente del Tribunal de
Cuentas hacer sus exposiciones en función de las preguntas que le han
formulado los diferentes grupos parlamentarios.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Algunas
preguntas u observaciones son comunes a los diferentes portavoces.
En primer lugar, con carácter general, muchas gracias por la felicitación
y los buenos deseos de todos los que han intervenido.
Empezaré por la intervención del señor Alegre Escuder. Ha hecho una serie
de consideraciones que están en el informe y ha realizado una pregunta.
El párrafo que ha leído describe claramente esa deficiencia sistemática
contable y y que desvirtúa el saldo de tesorería. En la pregunta iba
explícita una comparación en la que esta Presidencia no puede entrar.
Primero, porque las cuentas de la Diputación de Guadalajara no se han
fiscalizado; segundo, porque aunque se hubieran fiscalizado, tendría que
tratarse de una comparecencia para hacer comparaciones. También pediría
que estas comparaciones no se basaran nunca en informaciones de la
prensa.
El señor Santiso del Valle, del Grupo de Izquierda Unida, puso énfasis en
la contratación y, coincidiendo con alguna otra intervención, pregunta
por las responsabilidades y cuáles son las consecuencias. Lo único que
puede hacer esta Presidencia es ponerles de manifiesto que el fiscal ha
solicitado el traslado de los hechos a la sección de enjuiciamiento, con
motivo de no haber quedado justificado el abono de 1,2 millones de
pesetas en concepto de gastos de representación y por el abono de un
sobreprecio de 20,9 millones de pesetas sin justificación en el contrato
de la construcción del campo de fútbol de Cerro El Espino. También ha
pedido apertura de pieza separada al no haberse aplicado la baja de
adjudicación del proyecto inicial de 17,8 millones en el contrato de
construcción de una piscina y reforma del polideportivo de Huerta Vieja.
En estos momentos, estos antecedentes se encuentran en estudio en el
departamento ponente.
Hay algunas preguntas que se refieren a la diferencia entre las cuentas
de recaudación y los registros municipales. Entre otros, en los
correspondientes a los años 1992 y 1993, figuran bajas aprobadas por la
corporación por 47,4 millones y 1,4 millones que no habían sido
contabilizadas por el Ayuntamiento.
Pregunta qué medidas se han tomado respecto a esos derechos e ingresos
sin aplicación presupuestaria recaudados al cierre del ejercicio de
fiscalización; entre otros, los 349,5 millones de pesetas de ingresos
recaudados y depositados en cuentas restringidas que se encontraban
pendientes de aplicación presupuestaria y los 41,8 millones de ingresos
por subvenciones de la Comunidad de Madrid que aparecían contabilizados
como conceptos que no eran precisamente presupuestarios. Se han tomado
las medidas que se desprenden de la fiscalización, e incluso esta
situación, llamémosla así, que ha producido la fiscalización la podemos
subsumir con otras preguntas que se han formulado.
El senador señor Carreras pregunta si ha habido regularizaciones. En
efecto, se han cerrado y rendido ya las cuentas de 1989, 1990, 1991, 1992
y 1993, lo que es sustancial; han tenido entrada en el Tribunal después
de la fiscalización
y algunas se han rendido en el momento en que se hizo la fiscalización.
Las consideraciones del señor Gómez, del Grupo de Coalición Canaria, no
entrañaban preguntas concretas.
En cuanto a la intervención del señor Esteban Albert, del Grupo Popular,
subsumiendo en ella la preocupación de otras señorías por el futuro, cabe
decir que siempre que el Tribunal de Cuentas hace acto de presencia en
una institución supone algo positivo. Aquí supuso un gran trabajo de
ordenación del Ayuntamiento y, gracias a esta fiscalización, la impresión
que se tiene en el Tribunal es que el Ayuntamiento ha mejorado en su
gestión, sus registros contables, su intervención y también en su
contratación.
Tampoco quisiera sustraerme a esta Comisión con alguna otra
consideración, que puede contribuir a mejorar el control externo del
Tribunal de Cuentas en la relación con el control externo político, que
ése es única y exclusivamente incumbencia de ustedes. A veces, en una
institución, en un hospital, en algo concreto y en temas muy concretos
también, aparecen problemas que tienen una dimensión más general.
Naturalmente, preocupa que aquello que pueda tener una dimensión más
general a veces recaiga sobre un gestor concreto. Esto podía resolverse
también mediante fiscalizaciones horizontales, que es ver el mismo tema
por todos. Pero también ustedes tienen en sus manos la iniciativa
fiscalizadora para, si lo estiman oportuno, seguir por este camino.
No sé si habré contestado a todos ustedes; por el repaso de las notas me
parece que sí, pero siempre estoy a su disposición. Incluso si piden
alguna aclaración por escrito, procuraré, como presidente, gestionarla
con la máxima celeridad.
--INFORME DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO AUTONOMO PARQUE MOVIL
MINISTERIAL, EJERCICIO 1994 (Número de expediente Congreso 251/000048 y
número de expediente Senado 771/000046).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir el punto número 5
del orden del día, correspondiente al informe de fiscalización del
organismo autónomo Parque Móvil Ministerial durante el ejercicio 1994.
Tiene la palabra para exponer dicho informe, en primer lugar, el
presidente del Tribunal de Cuentas, don Ubaldo Nieto de Alba.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Este informe
de fiscalización también fue a iniciativa propia. Se refiere a la
fiscalización del Parque Móvil Ministerial, organismo autónomo de
naturaleza comercial, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda,
con el objetivo de verificar los estados financieros, evaluar los
sistemas de control interno, examinar la actuación del Parque de acuerdo
con los principios de legalidad, analizar la eficacia y la eficiencia de
su gestión y todo ello referido al ejercicio 1994.
El informe del Tribunal de Cuentas concluye fundamentalmente lo
siguiente: Se han puesto de relieve numerosas deficiencias en el examen
del control interno del Parque. Respecto al control del inmovilizado, se
han detectado discrepancias de importancia en el inventario de los
elementos de transporte y la inexistencia de inventarios del resto de los
activos del inmovilizado material.
En nuestra exposición nos atendremos estrictamente al contenido del
informe que presentamos, pero si no les ha disipado algunas dudas, por
alguna información de prensa, esta Presidencia está dispuesta a
aclarárselo, si la lectura del informe no se lo ha aclarado ya.
Por lo que se refiere al control sobre las circunstancias en las que
tiene lugar la prestación de servicios, se han encontrado deficiencias
muy acusadas en el control sobre el kilometraje de los vehículos, sobre
el repostado de combustibles y, en especial, sobre las dietas y horas
extraordinarias de los conductores.
En cuanto a los estados financieros, se han presentado importantes
limitaciones de alcance en las cuentas de inmovilizado y patrimonio. No
obstante, las comprobaciones practicadas han permitido al Tribunal emitir
una opinión de auditoría desfavorable sobre la representatividad del
balance y la cuentas de resultados por el número e importancia de los
incumplimientos de principios y normas contables.
La gestión de personal. En ella se ha observado numerosos defectos
formales y de legalidad en los expedientes, destacando la utilización
reiterada de unos nombramientos denominados accidentales, desconocidos en
la normativa, que precedían a la reclasificación de los puestos de
trabajo correspondiente, y a través de los cuales 28 funcionarios y 27
laborales ocupaban en 1994 puestos de trabajo de un nivel superior al
máximo permitido por la normativa para su categoría y nivel de estudios.
En el examen de las nóminas se ha puesto de manifiesto, dentro de los
conceptos de productividad para funcionarios y disponibilidad laborales,
un número claramente excesivo de horas extraordinarias, sobrepasando en
muchos casos el límite establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Se
ha observado también la acreditación de gratificaciones extraordinarias
sin que consten todos los requisitos legales establecidos, así como de
indemnizaciones por razón de servicio por defectos en los documentos
justificativos. Por último, se ha señalado el disfrute por 19 jefes del
Parque de retribuciones en especie, consistentes en el uso gratuito de
vivienda y la compra de electrodomésticos para las mismas con cargo al
presupuesto del organismo; retribuciones respecto de las que no consta su
cobertura legal ni la existencia de criterios objetivos para su
aprobación.
En la gestión de los contratos administrativos también se han encontrado
deficiencias formales y sustanciales destacando en especial los contratos
de concesión del servicio de cafetería de los parques de Madrid y
Sevilla, en los que, además, se han detectado perjuicios económicos. En
el primero de ellos, por la defectuosa formalización de la fianza, que ha
impedido su incautación a la rescisión del contrato, así como por la
falta del ingreso del canon anual establecido. En el segundo caso, sólo
por este último concepto,
señalando el informe que, ante los indicios de responsabilidad contable
que de estos hecho se deducen, en caso de la prescripción del derecho en
favor del Parque se iniciaría la oportuna pieza separada.
Otro aspecto de legalidad a destacar es el que se refiere al proceso de
enajenación de 1.308 viviendas, propiedad del Parque, a sus empleados en
el período 1988-1994, señalando el informe la falta de competencia del
organismo para gestionar estas enajenaciones; el incumplimiento en la
tramitación de los expedientes de la legalidad del patrimonio del Estado
en aspectos relativos a la desafectación, autorización, tasación
pericial, depuración de la situación física y jurídica de los inmuebles y
justificación de la adjudicación directa; la no constancia en el Parque
de las escrituras de compraventa, de los propios contratos y de los
justificantes de los ingresos, así como el incumplimiento en casos
particulares de los requisitos establecidos para el acceso a estas
viviendas: ser empleado del organismo, tener contrato de alquiler previo
en la propia vivienda y estar destinado en la localidad en que se
encuentra situada la misma.
En el análisis de eficacia, la limitación de información presentada, así
como la inexistencia de instrumentos de planificación del Parque, ha
impedido al Tribunal desarrollar los programas de fiscalización
correspondientes. Mediante algunos indicadores indirectos, sin embargo,
se ha constatado un notable descenso del nivel de actividad del Parque.
Así, el principal de los servicios facturables, o no subvencionados,
conocido como servicios fijos mensuales, disminuyó un 40 por ciento entre
1990 y 1994.
En el análisis de eficiencia, que a nuestro entender constituye un modelo
de fiscalización de eficiencia, el informe refleja, en primer lugar, un
estudio de los costes de explotación, de los ingresos y de la
rentabilidad del organismo en el período 1990-1994. Respecto a los
costes, el principal componente es el del personal, que representa el 85
por ciento del total. El coste medio por servicio ascendió en 1994 a 4,6
millones de pesetas y, en cuanto a los ingresos, los procedentes de la
facturación por servicios cayeron un 40 por ciento, en tanto que las
subvenciones del Estado se incrementaron en un 38 por ciento. Las
subvenciones del Estado han pasado de representar el 57 por ciento de los
ingresos del Parque en 1990 al 75 por ciento en 1994, y ello a pesar de
permanecer estable el número de los servicios subvencionados y no
facturables. Al propio tiempo, el grado de recaudación de los importes
facturados no alcanzó más que el 41 por ciento. Todo ello provoca que la
rentabilidad del organismo en el período haya sufrido un importante
deterioro, pese a que las tarifas aplicadas son superiores a los precios
ofertados por las compañías privadas que prestan servicios similares.
En 1994 los servicios facturables y no subvencionados representaron un
resultado negativo de 2.922 millones de pesetas, facturación de 2.402
millones frente a costes de 5.324 millones. Este resultado negativo fue
compensado casi en su totalidad por el exceso de la subvención del Estado
respecto a los costes de los servicios subvencionados.
En el análisis de la gestión de los recursos humanos se ha comprobado la
existencia de un número muy elevado de recursos ociosos, dado que las
medidas puestas en práctica por el Parque para reducir la plantilla y
adaptarla al descenso del nivel de servicios prestados ha tenido unos
resultados insuficientes. La disminución de la plantilla entre 1990 y
1994 ha sido del 23 por ciento, en tanto que los gastos de personal han
bajado en el mismo período sólo el 2 por ciento.
El informe destaca la dimensión excesiva de las instalaciones del Parque
en la flota de vehículos y de taller. En el primer caso, un indicador
relevante es la superficie media destinada para aparcamiento y taller,
que en los parques provinciales se eleva a 138 metros cuadrados, mientras
que en el de Madrid es de 44 metros cuadrados por vehículo. En cuanto a
la flota de vehículos, baste decir que la media de kilómetros recorridos
por vehículo es de poco más de 9.000 kilómetros al año, o bien de 37
kilómetros al día, destacando especialmente el caso de vehículos de
servicios eventuales, cuya media es de 1.800 kilómetros al año y de 7
kilómetros por día. A todo esto cabe señalar la existencia de más de 200
vehículos totalmente inactivos. Por otro lado, los vehículos dados de
baja tienen una edad media de ocho años.
Por lo que se refiere al taller, el índice de ocupación real, aunque
mejoró de 1993 a 1995 de un 21 a un 38 por ciento en términos homogéneos,
muestra un alto grado de ociosidad de los recursos asignados a esta
actividad. Es de señalar también el hecho de que la Inspección Técnica de
Vehículos, la ITV, del Parque se realiza desde abril de 1994 en una
unidad propia, cuyas instalaciones no han sido homologadas, por lo que
sus informes podrían ser considerados no válidos por la autoridad
administrativa en materia de tráfico.
Respecto al procedimiento de prestación de servicios, destaca de modo
general la falta de ordenación sistemática. Con carácter particular es de
notar la existencia en 1994 de 328 vehículos y 409 conductores al
servicio exclusivo de directores generales, incumpliendo una instrucción
de la Presidencia del Gobierno que establece expresamente que estos
servicios sólo se deben prestar a los altos cargos de categoría igual o
superior a secretario de Estado o subsecretario.
En cuanto al repostado de combustibles en las estaciones de servicio, se
han puesto de relieve también deficiencias e irregularidades, entre las
que destaca la insuficiencia del control del uso de las tarjetas
empleadas y la existencia de defectos por omisiones y contradicciones en
los recibos justificativos, así como el repostado por cantidades
superiores a la capacidad de los vehículos.
Por último, hay que señalar la muy escasa rentabilidad, desde el punto de
vista económico, del proceso de enajenación de viviendas del Parque a sus
empleados. De un total de 1.308 viviendas vendidas, 885 de ellas en
Madrid y el resto en diversas provincias, se obtuvieron unos ingresos de
3.074 millones de pesetas, con in ingreso medio por vivienda de 2,3
millones de pesetas, muy por debajo del valor del mercado en esos
momentos. El coste de las obras de rehabilitación de estas viviendas,
realizadas por el Parque con carácter previo a su venta, alcanzó un
importe de 1.500 millones de pesetas, a los que hay que sumar otros
costes indirectos de 445 millones de pesetas. Todo ello da un resultado
de coste medio por vivienda de millón y medio de pesetas, al margen del
coste inicial de construcción y de la adquisición de la misma. El precio
diferencial medio por vivienda obtenido por el Parque, por tanto, resulta
inferior al millón de pesetas.
Como es habitual en estos momentos, el Tribunal termina con
recomendaciones que formula para la mejor gestión y que aparecen
escalonadas de la siguiente forma: en primer lugar, se recomienda la
definición urgente por el Gobierno de las líneas estratégicas de la
prestación de los servicios automovilísticos del Estado. El Tribunal ha
llegado a la conclusión de que el modelo de gestión actual presenta tales
ineficiencias que aconsejan su replanteamiento, redefiniéndose las
condiciones de prestación de servicios e identificado a sus usuarios
potenciales.
En segundo lugar, si se decidiera mantener el modelo de gestión actual
centralizado, se recomienda una profunda remodelación, que podía ir
dirigida a reducir o a limitar realmente su actividad a los servicios
prestados al Estado y a altos cargos del mismo.
En tercer lugar, y en tanto se estudian replanteamientos del modelo y las
reformas estructurales apuntadas en las dos primeras recomendaciones,
resulta conveniente reforzar los sistemas de control interno y corregir
los defectos de planificación y gestión detectados en el informe.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Corresponde a los diferentes grupos parlamentarios fijar posiciones,
formular preguntas y pedir aclaraciones respecto al informe y a las
manifestaciones realizadas por el presidente del Tribunal de Cuentas.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado don
José Acosta Cubero.
El señor ACOSTA CUBERO: Yo me sumo a las felicitaciones que se han hecho
a don Ubaldo Nieto y agradezco su presencia esta mañana para informarnos
sobre el Parque Móvil Ministerial.
El informe del Tribunal de Cuentas recoge dos tipos de deficiencias: las
de gestión interna del propio organismo y las de la prestación de
servicio.
Hay que decir que ya en las alegaciones, apartado séptimo, conclusiones,
el organismo pone de relieve que muchas deficiencias y debilidades
manifestadas en el informe han sido posteriormente enmendadas, que se
está en camino o en trámite de corregir parte de esas deficiencias que el
informe destaca. Eso creo que es oportuno que lo sepamos, que veamos que
nuestro trabajo ayuda a que situaciones o deficiencias anómalas se acaben
arreglando.
Señor Nieto, con este informe lo que ha sucedido es que se ha puesto
políticamente en cuestión, cuando salió a través de la prensa, se ha
deslegitimado, no ya a los que gestionaban el Parque Móvil Ministerial,
sino a los que regían políticamente la Administración, es decir, el
Gobierno socialista. Ha habido una escandalera derivada de la insinuación
del mal uso, abuso, apropiación indebida de bienes públicos, como usted
sabe. Crónicas periodística, columnistas, algunos tertulianos, escribas,
fariseos, incluso el propio secretario de Estado para la Comunicación, o
incomunicación, sale un viernes para dar la referencia del Consejo de
Ministros y agrega, al final de su intervención, en clave de cronología
marxista, del camarote de los hermanos Marx, una noche en la ópera: y
encina faltan 99 coches. Lo de los tres huevos duros.
Insisto, señor Nieto, en que, a través de este informe, no leído
seguramente por quien lo escribía, a lo mejor sí influenciado por
alguien, se hace esta interpretación de cara a atacar a la dirección
política de la Administración, que en aquel momento era un gobierno
socialista. Se dice: faltan elementos de transporte, coches, faltan otros
materiales, radiocasetes, teléfonos. Se dice que se utiliza el organismo
para engrases y para lavar coches gratis por parte de los empleados. Y
luego lo que ha dicho usted de las tarjetas Solred.
Vamos primero a los coches. Faltan 99 coches, dijo el secretario de
Estado para la Comunicación. Cuenta 204 el balance. Lo que se trata de
decir y el informe dice es que hay dos tipos de inventarios: uno, de
balance, que coge el valor de los coches, y otro, de los coches en
servicio. Y difiere el número de los dos inventarios. Es verdad. Por
ejemplo, hay 48 vehículos que no están en el inventario contable y hay 99
que están en el inventario contable, pero no están en el inventario de
servicio.
No hay en el informe ninguna afirmación de desaparición de vehículos.
Quiero que usted lo constate así, señor Nieto. Tan es así que el propio
Parque Móvil, detectada la diferencia de los dos inventarios, nombra una
comisión, con fecha 22 de abril de 1997, para determinar lo siguiente:
las diferencias existentes entre el inventario gestionado por la
subdirección general de Régimen Económico y Financiero y el registro de
la subdirección general de Servicios Móviles; el análisis de dichas
diferencias y la elaboración de una propuesta para el saneamiento de las
mismas. Y aquí va mi primera pregunta: ¿Tiene noticias el Tribunal de
Cuentas del resultado de esta comisión con respecto a los dos inventarios
contable y de servicios? Insisto, no hay en el informe de fiscalización
de este organismo ninguna afirmación de desaparición de vehículos. Si así
fuera, debiera haber una pieza separada, porque posiblemente hubiera
delito si hubiera existido la desaparición física de esos vehículos.
Sobre otros materiales, radiocasetes, teléfonos, etcétera, página 22 del
informe, apartado b, el Tribunal de Cuentas indica que no sabía si estos
activos se encontraban almacenados, contabilizados, incrementando el
valor de los vehículos, o si concurrían otras circunstancias. En las
alegaciones del Parque Móvil informa este organismo que este material se
encuentra incrementando el valor de los vehículos, en el balance. Por lo
tanto, no hay desaparición.
Utilización del organismo para engrasar y lavar coches gratis. Esto no lo
dice ni el Tribunal de Cuentas. Lo que dice es que los trabajos de
engrase y lavado, que también se prestan a vehículos oficiales de otros
organismos y a vehículos particulares de los empleados, se prestan previo
pago en caja de las tarifas aprobadas por el director general. Sobre
deficiencia en las tarjetas Solred, que usted dice,
se informó también, en las alegaciones, del mecanismo para dar causa a
las anomalías, que no pueden englobarse en la totalidad de la gestión del
Parque Móvil.
En definitiva, señor presidente, este escándalo mediático no corresponde
a ninguna realidad. Se trata del rollo que no cesa, o sea, más, de lo
mismo. Y quiero destacar esta mañana que todas estas imputaciones son
radicalmente falsas.
Con relación a las recomendaciones que hacen ustedes, también le voy a
preguntar. Indican al Gobierno que haga un plan nuevo del Parque Móvil
Ministerial. Quisiéramos saber de esta recomendación hecha al Gobierno y
que nosotros conocemos a través del dictamen, en qué estado está; si el
Gobierno está trabajando en ella, si ha trabajado ya o si ha hecho caso
omiso.
Señoras y señores diputados, señor presidente, esto es lo que había que
decir para que resplandezca la verdad y no sigamos con imputaciones que
son falsas de toda falsedad. Tal vez alguno, en su soliloquio, establezca
muchas verdades, pero habrá que recordarle aquello del heterónimo de
Mairena, Antonio Machado: En mi soledad, he visto cosas muy claras que no
son verdad. Pues en esta soledad, de quien haya sido, esto no es ninguna
verdad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Siempre es atractivo ver cómo se cambian las
valoraciones de los informes en función de a qué grupo político
supuestamente afectan. Nuestro grupo intenta aproximarse con la mayor
frialdad posible, entendiendo que los responsables de las irregularidades
no son, en muchos casos, los grupos políticos que posiblemente nombran a
esos cargos, o aquellos, en los casos municipales, que pertenecen a un
color político. Estamos hablando de actuaciones concretas, con nombres y
apellidos concretos. Cualquier grupo político, en un momento determinado,
puede verse afectado indirectamente por una mala gestión de un miembro de
ese grupo político. Yo creo, por tanto, que hay que mirarlo con un poco
de frialdad.
A mí me sorprende una cosa del informe, que tampoco me desagrada, y es
que por primera vez se entra en un análisis de la gestión, e incluso en
sugerir soluciones para el futuro. Además de hacer una valoración de las
irregularidades contables o de las irregularidades de gestión, se atreve
el informe, cosa que me parece que estaría bien que también se hiciera en
los informes sobre Renfe o sobre la sanidad, a determinar o predeterminar
cómo se debe gestionar, a qué se debe dedicar, o qué tipo de gestión hay
que hacer en el futuro. A lo mejor se llega también a conclusiones muy
peculiares que seguramente estaríamos dispuestos a discutir, por lo menos
en cuanto a las valoraciones finales de la utilidad de determinados
servicios o de determinados organismos.
Tampoco creo que en este caso, como se ha dicho en el informe anterior,
sea consecuencia de su origen, 28 de septiembre de 1935, sino que creo
que es la gestión concreta de un grupo concreto de personas. Más allá de
la posible amplificación mediática que a veces ocurre con este tipo de
casos, lo que es cierto es que lo han hecho mal. Yo nunca he supuesto que
han desaparecido 96 vehículos físicamente, como se dice en la página 25,
sino que hay diferencias entre el inventario contable y los vehículos que
realmente existían. Pero eso, desde luego, lo que demuestra es una mala
gestión, demuestra que no se corresponde un tipo de inventario con el
otro.
Igualmente sorprende que, en una muestra de 28 vehículos, haya cuatro sin
seguro, por ejemplo; que se haga el seguro de automóviles obligatorio
días más tarde de la primera fiscalización. Que un ente de la propia
Administración incumpla sus propias obligaciones me parece bastante
preocupante y me parece que lo que refleja fundamentalmente es una falta
de control en este organismo, quizá fruto de inercias que en muchos casos
se van generando en algunas administraciones, incluso en empresas
públicas, y que no se han corregido a tiempo. Efectivamente, pueden ser
anécdotas, pero, una de dos, o nos encontramos ante los inicios del
fraude de la gasolina o desde luego es llamativo que un mismo vehículo,
en poco tiempo, supere la capacidad de su depósito; es lógico que se
pueda decir que hay algún tipo de mala gestión en el uso de las tarjetas
de la gasolina.
Sorprende también que haya pagos en especie cuando la Administración es
bastante cicatera con sus propios funcionarios, excepto cuando son altos
funcionarios. Y esto es aplicable a la administración anterior y a la
actual, con hechos significativos y relevantes, determinadas subidas o
complementos salariales. Yo creo que estamos ante otra incidencia de ese
tipo, considerar que tienen derecho a vivienda y a electrodomésticos
determinados funcionarios y, si es posible, a gasolina gratis.
Insisto en que yo creo que todo esto refleja un mal estado de las cosas,
que espero que se haya corregido, y lo único que me gustaría saber, más
que nada por curiosidad, es cuál es el estado real en estos momentos de
conciliación entre el número de vehículos en inventario y el número de
vehículos reales, si se ha podido solucionar y si han aparecido, por
ejemplo, los expedientes de los cuatro vehículos que parece ser, según el
propio informe, que se habían sustraído y de los que no había denuncia o
que hasta entonces no se había presentado la denuncia correspondiente, o
no se conocía por el Tribunal de Cuentas. Si todo esto sirve para poner
patas arriba la institución y conseguir que en un futuro se gestione
mejor y sobre todo que se sepa cuál es su inventario, cuáles son sus
bienes y cómo gestionarlos mejor, bienvenido sea el informe.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i
Unió, tiene la palabra el Senador don Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Nuestra posición y valoración de este informe
va más pensando en el futuro que no, en concreto, en el propio año 1994,
motivo del informe. Sin duda, debemos hablar del mismo, sin entrar en
polémicas, que a mí me parece muy bien que existan, pero en las que,
repito, nosotros no vamos a entrar.
Pensando en esa línea de futuro más que en la de pasado, a nosotros nos
da la impresión de que la primera conclusión del Tribunal de Cuentas
define todo. Habla de numerosas debilidades y deficiencias. Nos parece
que habla más en general de esto, de debilidades, de deficiencias y de
discrepancias, más que de irregularidades; por lo menos ésta es la
impresión que hemos sacado al proceder al análisis del informe.
Por otra parte, la recomendación global 8.1 lo define todavía más cuando
dice que el Tribunal de Cuentas recomienda que con carácter previo y
urgente el Gobierno defina las líneas estratégicas que deben inspirar la
prestación de los servicios automovilísticos en el Estado, delimitando el
modelo de gestión e identificando de forma clara quiénes pueden ser
usuarios de dichos servicios y las condiciones de su disfrute. Si
quieren, añadan que, mientras, se refuerza el control interno y la
adopción de medidas de optimización de recursos.
Ya sé que carecían de inventarios y que recogían vehículos que había
causado baja. Todavía, si quieren, más grave es que los estados
financieros no reflejen la imagen fiel y que haya retribuciones en
especie y muchas cosas más, según nos decía el señor presidente.
Para el futuro es más importante para el deterioro progresivo de los
resultados de explotación y la creciente dependencia de las subvenciones
estatales --los ingresos distintos de las subvenciones financiaban en
1990 el 41 por ciento de los costes, mientras que en 1994 sólo el 26-- y
ver y estudiar el sobredimensionamiento de las instalaciones y de la
flota de vehículos.
Por todo ello, este portavoz y mi grupo damos toda la importancia a las
recomendaciones del Tribunal, en el sentido de que se replantee el
modelo, que es importante, y que se hagan las reformas estructurales
necesarias.
No hay ninguna pregunta por mi parte, señor presidente, y no tengo más
que añadir a este informe.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el diputado Jon Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Quiero que mis primeras palabras sean de
bienvenida al señor Nieto, en su calidad de presidente del Tribunal de
Cuentas, en esta su primera comparecencia ante la Comisión, ante el
Parlamento. Desde mi grupo parlamentario le deseo todo el éxito en su
gestión, y no dudamos que así va a ser, dada su preparación técnica y su
experiencia profesional, además dentro del Tribunal de Cuentas. Y deseo
ofrecerle el apoyo de mi grupo parlamentario en el futuro.
Asimismo, quiero aprovechar este momento para, aparte de todo lo
anterior, dejar encima de la mesa una cuestión que este portavoz ha
pensado desde hace tiempo: los momentos de cambio de presidentes en los
organismos suelen ser momentos oportunos para establecer una nueva etapa,
en este caso una nueva etapa en el papel que debe jugar el Tribunal de
Cuentas como apoyo al Parlamento; reflexionar sobre las necesidades de
modificación o de reforma en sus funciones y también en la normativa que
regula el propio Tribunal. Esto lo digo de pasada y como un paréntesis,
pero no quería dejar de aprovechar esta oportunidad, porque el papel que
juega el Tribunal de Cuentas es importante y, además, lo estamos
comprobando en la evolución que ha tenido en los últimos tiempos, que
está proporcionando un nivel de información a esta Cámara fundamental y
que va en beneficio de la concienciación de los poderes públicos sobre el
mayor rigor que debe existir en las cuentas públicas. Todo esto hace
necesario que pensemos que ha llegado el momento en que el Tribunal de
Cuentas tendría que tener más protagonismo como apoyo a este Parlamento.
Yo, que me he incorporado tarde a la Comisión, porque, entre otras
obligaciones, tener que ser portavoz de otras comisiones me obliga a
estar en otros sitios, venía de ver, en la Comisión de Presupuestos, la
ejecución del presupuesto del año 1997 y estaba pensando que en una
mañana hemos podido analizar --lo que se puede analizar-- la ejecución
del presupuesto de las cuentas del Estado y que hasta que el informe del
Tribunal de Cuentas venga, dentro de uno o dos años, no volveremos a ver
la cuenta general del Estado. Esto me hacía reflexionar sobre la poca
dedicación del Parlamento a la ejecución presupuestaria. Dedicamos dos o
tres meses a elaborar el presupuesto, pero, desde luego, muy poco tiempo
a controlarlo; al final, nos quedamos con ver, también en una mañana, el
informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Quizás habría que
reflexionar --digo yo-- sobre el papel que puede y debe jugar el Tribunal
de Cuentas como un órgano de apoyo al Parlamento en el conocimiento de
las cuestiones y en que podamos tener una información, no sólo en el
informe de fiscalización, sino anteriormente, sobre la marcha o la
ejecución de las cuentas del Estado.
Esta es una cuestión que dejo encima de la mesa, como digo, para que
podamos reflexionar sobre ello en el futuro. Esto es algo --ya lo sé--
que tenemos que decidir los grupos parlamentarios, pero también pediría,
en este caso, las opiniones y la ayuda del presidente del Tribunal de
Cuentas.
Centrándome en lo que ha sido la presentación de las fiscalización del
Parque Móvil Ministerial, tengo que reconocer --por carecer de tiempo--
que no he podido estudiarlo detenidamente, pero es que al final estas
cosas prefiere uno no estudiarlas detenidamente; ya es suficiente con las
manifestaciones del presidente del Tribunal en cuanto a las conclusiones
del informe de fiscalización. Estas cuentas del Parque Móvil Ministerial
del año 1994, tal y como están, no se pueden aprobar, salvo que se
establezcan las modificaciones necesarias. Además de eso, la duda es cómo
están las cuentas de los años 1995, 1996 y 1997. Veremos a ver qué pasa
cuando venga el informe de fiscalización.
Llega un momento en que ya no es cuestión de que las propuestas del
Tribunal de Cuentas sobre las irregularidades se incorporen sin más en
las cuentas; tiene que haber una mayor responsabilidad. No es suficiente
con que se detecten unas irregularidades, se incorporen y nos quedemos
tan tranquilos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay que pedir
responsabilidades. Además, creo que se están encubriendo, a través de
expresiones como gestión, deficiencias
o irregularidades, unas actuaciones que son o pueden ser delictivas. No
es mala gestión ya que no haya control en las horas extraordinarias del
personal, o en las indemnizaciones, o en el uso de la vivienda, o en el
combustible; eso no es mala gestión; eso tiene una repercusión de un
beneficio concreto, con nombres y apellidos. Por tanto, dejemos ya de
encubrir con expresiones como mala gestión o irregularidades aspectos
que, desde mi punto de vista, tienen o pueden tener unas consecuencias
que son o pueden ser delictivas. Esto es algo que permanentemente estamos
viendo en todos los informes de fiscalización y en el que hay que hacer
una traducción que va mucho más allá de su simple expresión.
Por mi parte, no tengo más que volver a desear buena suerte en su gestión
al presidente del Tribunal de Cuentas, reiterando, según decía al
principio, como grupo parlamentario, nuestro apoyo a su gestión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el diputado don Javier Iglesias.
El señor IGLESIAS GARCIA: Vaya por delante mi felicitación a nuestro
nuevo presidente del Tribunal de Cuentas, al que auguro éxito al frente
de esta importantísima institución del Estado, dada su importantísima
trayectoria profesional, demostrada a lo largo de estos últimos años.
Quisiera decir que la primera impresión que produce el análisis del
Tribunal de Cuentas, que hoy se presenta ante esta Comisión, del Parque
Móvil Ministerial, es la falta absoluta de criterios, tanto en la gestión
como en la organización, cuyos resultados pueden calificarse, sin
alarmismo alguno, de catastróficos.
Algunas de esas actuaciones recogidas en el informe pueden ser
calificadas, sin lugar a dudas, de graves o muy graves.
Conviene destacar, como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones por los
que me han precedido en el uso de la palabra, que ha existido una falta
casi absoluta de control interno a todos los niveles. Además, esa falta
de control interno se traduce en limitaciones, como pone de manifiesto el
informe, al alcance con que se ha encontrado el Tribunal, es decir, que
en muchas ocasiones no ha sido ni tan siquiera posible la comprobación de
la información contable y administrativa, por existir una falta de
soporte documental que permitiese su contraste con lo recogido en las
cuentas presentadas por el Parque Móvil Ministerial.
El informe es tajante al afirmar que las cuentas del Parque Móvil
Ministerial no reflejan esa imagen fiel, lo que significa que ni la
cuenta de resultados ni el balance de situación presentados por el Parque
Móvil Ministerial reflejan la realidad de las operaciones realizadas por
ese organismo durante 1994.
Las razones están explicitadas a lo largo y ancho de este informe sobre
valoraciones de algunas cuentas, imputaciones erróneas de saldos a
cuentas que no les corresponden, etcétera, de todo lo cual creo que se ha
hablado suficientemente en las anteriores intervenciones.
Sin lugar a dudas, en muchas de las situaciones expuestas se aprecia una
dejadez y una falta de interés sin límites en los gestores del Parque
Móvil Ministerial durante los años a los que se refiere el informe,
produciéndose situaciones de verdadero bochorno si nos atenemos a
parámetros contables, aunque estas deficiencias, a las que nos ha tenido
acostumbrados la Administración anterior, no suponen, a mi juicio, sino
la punta del iceberg de lo que ha podido ser la realidad del Parque Móvil
en los últimos años. Por ejemplo, al intentar comprobar el Tribunal de
Cuentas el saldo de la cuenta de mobiliario y enseres --cuenta 205--,
comprobación imposible, dado las limitaciones al alcance que presentaban,
se detectó el hecho de que se comprara, increíblemente, mobiliario y
electrodomésticos a responsables de algunos de los parques provinciales
que están a cargo del Parque Móvil Ministerial. No es de recibo que
dinero público, el dinero de todos los españoles, se destine a sufragar
el mobiliario de la casa de ningún funcionario, por muy alto que sea su
rango.
Asimismo, cabe destacar que esta falta de inventario tuvo repercusiones
graves en algunos de los elementos muebles, como el clasificado de otro
material, en el que se incluyen casetes, teléfonos y alarmas, sobre los
que no se ha podido determinar, según dice el Tribunal de Cuentas, si
estos activos se encuentran todavía en posesión del Parque Móvil
Ministerial.
Señor portavoz del Partido Socialista, lo que voy a decir ahora no es una
opinión, ni muchísimo menos, sino que me voy a permitir la satisfacción
de leer la página 23 del informe del Tribunal de Cuentas, textualmente.
El señor ACOSTA CUBERO: Lea usted.
El señor IGLESIAS GARCIA: Dice: Por último, respecto de los 99 vehículos
restantes, con un valor contable de 73,9 millones de pesetas y una
amortización acumulada de 58,8 millones de pesetas --lo que nos permite
pensar que estos coches tendrían del orden de cuatro o cinco años--, no
se conocen sus circunstancias. Yo le pediría al portavoz socialista que
me tradujera la frase de «no se conocen sus circunstancias», que para
este diputado no es otra cosa que desaparecieran, mientras no se
demuestre lo contrario.
El señor ACOSTA CUBERO: Pregúnteselo al presidente del Tribunal.
El señor IGLESIAS GARCIA: Por cuanto --y sigo leyendo-- el Parque Móvil
Ministerial no ha aportado la documentación oportuna o bien la presentada
es insuficiente.
Señoría, yo, a veces, he perdido o me han sustraído la cartera, incluso
el llavero, pero perder o dejarse sustraer 99 vehículos, con lo que
supone en volumen, me parece, cuando menos, sospechoso.
El señor ACOSTA CUBERO: Eso no está en el dictamen.
El señor IGLESIAS GARCIA: Simplemente, desearíamos en el Partido
Popular...
El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, yo rogaría a los señores diputados y
senadores, en primer lugar, a usted, que se dirigiera siempre a la Mesa,
y al señor Acosta, que le dejara intervenir. Sólo quería exponer estas
dos cuestiones de procedimiento de orden.
El señor IGLESIAS GARCIA: Muchísimas gracias, señor presidente.
Decía que deseamos que se esclarezca el paradero de tan abultada
desaparición. Desde luego, no queremos hacer, vuelvo a repetir, ningún
juicio de valor, sino que nos remitimos a lo estipulado y a lo puesto de
manifiesto por el informe del Tribunal de Cuentas.
Por otra parte, existen numerosos casos en los que el incumplimiento de
la legalidad es la tónica dominante, siendo además aprovechada en algunos
casos por los responsables del Parque Móvil Ministerial para sus propios
intereses personales y profesionales, amén de situaciones habituales de
trato de favor como moneda de cambio en este organismo.
En cuanto a la legalidad de la política de personal, el Tribunal de
Cuentas ha detectado innumerables deficiencias e irregularidades --léase
pucherazos-- tan graves como que, por ejemplo, en 1994 hubiera 28
funcionarios que ocupaban puestos de trabajo con un nivel de complemento
de destino superior al máximo establecido, como así explicita el informe
del Tribunal de Cuentas en su página 55; o que 27 de las 96 personas
pertenecientes al personal laboral que en 1994 ocupaban puestos de
trabajo de un grupo de titulación superior al suyo, con su correlativa
remuneración, recibieran gratificaciones extraordinarias, etcétera. No me
quiero extender más, ya que se ha puesto de manifiesto en anteriores
intervenciones.
A mi juicio, no hace falta realizar ningún ejercicio especial de
reflexión para dar una respuesta pues los hechos cantan por sí solos.
Sirva como ejemplo el asombroso traslado de una limpiadora, con derecho a
percibir las indemnizaciones por gastos de viaje y las dietas desde
Madrid a Palma de Mallorca, siendo adscrita poco después al desempeño del
puesto de subalterno vigilante; probablemente sea la primera limpiadora
que es trasladada con derecho a percepción de todas esas dietas. Quiero
decir desde aquí que, si bien tengo mucha consideración a ese dignísimo
puesto de una limpiadora, creo que no es en absoluto oportuno y
probablemente obedezca a otro tipo de intereses. Por otra parte, existen
numerosos incumplimientos de la Ley de Contratos del Estado en los
expedientes de contratación de obras para arreglo de los pisos, de
suministros, etcétera, que ponen de relieve gravísimos hechos de
adjudicaciones a dedo.
Hay unos hechos a los que, asombrosamente, no se han referido otros
grupos, a mi juicio, extremadamente graves. Nos referimos a la
enajenación de viviendas pertenecientes al Parque Móvil Ministerial. El
Parque Móvil, como ha puesto de manifiesto el señor presidente del
Tribunal de Cuentas, inicia la venta de sus viviendas en 1987 y, a 31 de
diciembre de 1994, ha vendido más de 1.300 viviendas de las más de 1.500
que poseía. Es necesario apuntar que las ventas se realizan, como ya se
ha dicho, a precios notablemente inferiores a los precios de mercado en
valores de hasta cuatro y cinco veces menores de su valor real. Pues
bien, en alguna de estas operaciones se han producido importantísimas
bolsas de fraude. En primer lugar, sorprende la ausencia de la aplicación
de la Ley de Patrimonio del Estado y, por ende, que sea el propio Parque
Móvil Ministerial, sin ser competente para ello, el encargado de la venta
de los pisos. Así, en su página 89, el informe reconoce que el
procedimiento utilizado por el Parque Móvil Ministerial ha supuesto la
eliminación de las garantías establecidas en la citada ley. Esta
eliminación de garantías se traduce en que, como apunta el mismo informe,
no existían criterios uniformes ante situaciones similares en las ventas
de pisos, como así se explicita en la página 137 del informe, por lo que
se deduce que criterios arbitrarios y personales presidían o podían
presidir muchas de las actuaciones sin posibilidad de defensa para los
agraviados.
A esto hay que añadir que en los contratos de compraventa no había
ninguna cláusula que obligase al mantenimiento en propiedad durante un
número determinado de años, debido a las ventajosas condiciones de venta,
con lo que se podía vender la vivienda a un precio muy superior al pagado
por ella a la hora siguiente de su escrituración, obteniendo así
importantes plusvalías para los compradores y, posteriormente, vendedores
de estas viviendas. Me consta que estos hechos se han dado en muchas
ocasiones, hechos, por otra parte, fácilmente comprobables.
Señor Presidente, sin duda una de las denuncias más significativas a las
que alude el propio informe del Tribunal de Cuentas es la que hace
referencia, en su página 92, a ocho casos en que un mismo empleado
adquiere dos viviendas. Es decir, se ha podido dar el caso de que un
empleado del Parque comprase dos viviendas a dos millones y medio de
pesetas cada una --un total de cinco millones-- y poderlas vender al día
siguiente a un precio aproximado de veinticinco millones, ganando esta
persona veinte millones fraudulentamente. Si esa persona no necesitaba
esos pisos, ese dinero pertenecería de derecho propio al patrimonio del
Estado español.
Conviene recordar que una familia media española realiza el mayor
esfuerzo financiero de su vida en la compra de su vivienda, de quince a
veinte años son necesarios para hacerse en propiedad con el bien de
primera necesidad que precisa de buena parte de los ingresos de las
familias españolas durante su vida laboral. Por eso el Partido Popular
pedirá que, mediante el procedimiento que se estime adecuado, se
esclarezcan los hechos denunciados por el Tribunal de Cuentas en la venta
de viviendas a empleados del Parque Móvil y se depuren las
responsabilidades políticas o jurídicas que se hayan podido derivar de
las actuaciones llevadas a cabo por anteriores responsables del Parque
Móvil. Sin duda, el carácter social de la venta de las viviendas ha
favorecido a muchos legítimos adquirientes de las mismas, pero el Parque
Móvil no puede escudarse en este carácter social --como así lo rechaza el
informe del Tribunal de Cuentas en su página 136-- para incumplir
impunemente la ley y favorecer situaciones en las que altos responsables
del Parque Móvil Ministerial hayan podido propiciar descarados pucherazos
contra los intereses del patrimonio del Estado; en definitiva, contra los
intereses de todos los españoles.
Además, sería bueno que conociésemos los nombres y cargos que ocupaban
esos ocho afortunados. Por último, hay un hecho destacable en la gestión
de la venta de las viviendas, cual es el que la empresa pública Improasa
es adjudicataria fraudulenta para la venta de viviendas del Parque Móvil
Ministerial. El informe destaca en las páginas 90 y 137 que no existe
justificación alguna sobre la necesidad del contrato, incumpliendo el
artículo 11 de la Ley de Contratos del Estado. La adjudicación prescinde
de trámites legales como la oferta pública de concurrencia de otras
ofertas, etcétera, por lo que fue realizada, a nuestro juicio, a dedo.
Además, no existe constancia documental de la actividad realizada por
Improasa en la ejecución del contrato. Lo que sí sabemos es que Improasa
cobró 90 millones de pesetas por sus servicios. Por eso, no puedo por
menos que hacerme preguntas tales como si habría otros intereses para
obtener fraudulentamente ese contrato o dónde han ido a parar esos 90
millones de pesetas en comisiones por los servicios realizados por la
empresa pública Improasa para la venta de las viviendas públicas del
Parque Móvil Ministerial. Todas estas cuestiones me llevan a pensar que
sería muy razonable la fiscalización de la actuación de Improasa en las
acciones llevadas a cabo en la venta de las viviendas del Parque Móvil
Ministerial. Finalmente, sólo me resta hacer una valoración global de la
gestión del Parque Móvil francamente negativa, plasmada en sus cuentas
anuales y en las actuaciones llevadas a cabo por sus responsables.
El organismo ha estado plagado de pequeñas corruptelas a todos los
niveles, pero también ha sido tónica general por parte de la alta
dirección anterior del Parque Móvil permitir actuaciones de ilegalidad
manifiesta que han posibilitado el que se dieran situaciones de auténtico
escándalo, como las ventas irregulares de los pisos o desapariciones --y
si lo prefieren SS. SS. aquí presentes, no se conocen las
circunstancias-- de 99 coches del Parque Móvil Ministerial
Todo ello --y termino ya, señor presidente-- conforma un panorama de
corruptelas y corrupciones generalizadas propias de modelos de gestión
pública cuyo objetivo no es la provisión de servicios al menor coste
posible sino el premeditado desbarajuste, teniendo como finalidad burlar
la ley para el aprovechamiento personal de las situaciones creadas.
El señor PRESIDENTE: Corresponde al presidente del Tribunal de Cuentas
contestar a todas aquellas formulaciones y aclaraciones que le han
solicitado los diferentes grupos parlamentarios.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas, don Ubaldo Nieto.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Comprenderán
ustedes que hay una serie de consideraciones que, por limitaciones
institucionales, esta presidencia no puede ni siquiera comentar. Esta
presidencia entiende que tiene que haber un rigor en estas dudas que se
presentan. Precisamente ese rigor es el que hace creíbles los controles y
las instituciones. Con este estricto rigor, con mejor o peor fortuna, voy
a intentar contestar, en primer lugar, al punto quizá más delicado de
esta información y valoración.
En efecto, el inventario contable no coincide con la aplicación
informática utilizada para gestionar los vehículos, lo que es una
debilidad del control interno. No cabe la menor duda de que esta
debilidad genera falta de credibilidad, pero hay que avanzar en el rigor.
Del informe y de las comprobaciones practicadas no se puede desprender
que hayan faltado o desaparecido vehículos, lo que consta es que el
inventario contable no coincide con el inventario de servicios. Tampoco
se puede decir lo contrario. De los 273 vehículos se han justificado 174,
bien sea porque eran de reciente adquisición o por bajas de venta,
mientras que no se ha entregado documentación respecto de 99, o bien la
entregada ha resultado insuficiente, lo que ha impedido aclarar las
causas de baja del servicio de estos vehículos, encontrádonos por tanto
ante una insuficiencia documental y de información. Habría que hacer lo
que se llama una comprobación física, sin la cual nunca conoceremos la
auténtica realidad. Si a eso añadimos la propensión que hay a crear la
realidad en virtud de insuficiencias de información, creo que esto debe
quedar puntualizado. La única comprobación de existencia física se
refirió a 1996, ya terminada la fiscalización. De los 28 vehículos de
cuya información se carecía, de cuatro se comprobó que uno se había
desguazado, otro estaba cedido y dos enajenados. El Tribunal no pasa, ni
puede pasar, a ninguna otra valoración.
En cuanto a los otros componentes, como radiocasetes, teléfonos y
alarmas, no pudieron ser identificados en el organismo con las claves que
figuran en el inventario, por lo que resulta imposible conocer si estos
activos se encuentran almacenados, incorporados al valor de los vehículos
o si concurre cualquier otra circunstancia que se desconoce.
El señor Acosta se refiere a que la única alusión que hace el informe del
Tribunal a la Comisión para la depuración en las páginas 21 y siguientes
es con datos referidos al 14 de diciembre de 1994, mientras que los del
Tribunal son más completos, se refieren al 31 de diciembre de 1994. En el
informe no se alude a valoraciones posteriores a dicha Comisión.
En cuanto a la intervención del señor Santiso, ha hecho consideraciones
de tipo general y creo que alguna de sus preocupaciones se puede subsumir
en qué hace el Tribunal y cuál es el estado actual. Hay que distinguir el
estado actual en lo que se refiere a los vehículos, que parece ser algo
que le importa, y en la página 24 se recoge la conciliación al 31 de
diciembre de 1995. De ella se desprende la perseverancia de las
diferencias citadas, es decir, que a esta fecha no se han mejorado.
Respecto a la intervención del senador Carrera, naturalmente es siempre
algo latente: irregularidades y responsabilidades. Se detectan muchas
irregularidades y quizá fuera conveniente, ya que hay interés por este
tema, dejar
claras las presuntas responsabilidades contables detectadas.
El fiscal se ha interesado por la apertura de pieza separada por la
imposibilidad de ejecución de la fianza provisional de ese millón y medio
de pesetas en la contratación del servicio de cafetería por haberse
congelado dicho servicio en el Parque de Madrid y por la falta de
constancia de ingreso del canon por explotación del servicio de la
cafetería del Parque de Sevilla. Ahora bien, el departamento ponente ha
verificado con posterioridad a la aprobación del informe de fiscalización
que, como consecuencia de la fiscalización, se interrumpe el plazo de
prescripción y, al interrumpirse, se ha evitado el perjuico a los fondos
públicos.
Hay también por parte del fiscal otras peticiones de pieza separada en la
compra de los electrodomésticos y mobiliario de cocina para las viviendas
de los jefes del Parque, por el abono de indemnizaciones improcedentes
por gastos de manutención del traslado del personal de sus domicilios al
Parque y por rentas de alquiler de viviendas de los jefes provinciales y
delegados territoriales. Asimismo, el servicio jurídico del Estado pide
apertura de pieza separada por un determinado número de horas
extraordinarias pagadas a los conductores de incidencias. Todo esto está
en estudio en el departamento correspondiente y, por supuesto, con mucho
gusto, cuando se disponga de los resultados definitivos, se les podrá
informar.
Paso por alto la intervención del señor Zabalía, ya que me gustaría
dejarla para el final, y vuelvo a la intervención del señor Carreras. Son
importantes las recomendaciones en cuanto al modelo de gestión. El
control, si no es para cambiar los modelos de organización y de gestión,
se queda en un control meramente formal y burocrático. La filosofía de
que primero organizamos, después gestionamos y a continuación montamos
controles para ver si esto funciona bien en las organizaciones modernas
es una filosofía trasnochada. El control es un elemento que nos tiene que
decir que la organización se condiciona a él. En tanto la organización y
la gestión no esté pensando siempre qué tipos de controles va a tener,
esas organizaciones y esas gestiones tienden a la burocratización y el
control tiende también a ser un elemento formal y más burocrático que
eficaz. Por tanto, las recomendaciones de este informe, como las de
muchos otros, desde el punto de vista de la filosofía, se consideran no
solamente interesantes. Concretando un poco más, estas recomendaciones
vienen a decir que pensemos si el Parque puede tener una organización que
presta servicios a terceros, servicios que se están haciendo a costes
menores por empresas privadas y que el Parque tiene que terminar al final
desviando subvenciones para otros servicios que debían estar quizás más
restringidos a lo que son servicios del Estado y de seguridad.
Con respecto al portavoz del Grupo Popular --repito que dejo para el
final la intervención del señor Zabalía--, ha hecho una serie de
consideraciones que no entrañan preguntas. En cuanto a aquellas que
podían entrañarlas, no se dispone de los datos; por otro lado, aun
disponiendo de los nombres, tampoco sería oportuno citarlos.
A la intervención del señor Zabalía, de tipo general, no tendría nada que
decir si actuara con esa frialdad que quizá me exija mi representación
institucional, pero, como ha tocado una fibra sensible, tengo que decir
que, en efecto, sería muy interesante meditar sobre el funcionamiento de
los controles externos, de la relación que existe entre ellos, de la
insuficiencia de la normativa, de si los procedimientos son o no los
adecuados y de si la configuración de las responsabilidades son o no
adecuadas. Este presidente, que vivió la transición e incluso fue
presidente de la Comisión de Economía y Hacienda que aprobó la Ley
Orgánica del Tribunal de Cuentas, entendió siempre que el Tribunal iba a
depurar previamente responsabilidades que procuraran el reintegro al
Tesoro público de aquellos fondos que se habían llevado y fuera al mismo
tiempo el órgano adecuado para clarificar las cuentas que precedían a su
posterior tramitación en la exigencia de otras responsabilidades, como
pueden ser las penales. Hoy tristemente estamos viendo cómo algunos
juzgados están interviniendo para clarificar este tema. El que les habla
entiende que el principio de legitimidad moral más importante de un
Estado democrático de Derecho es disponer de instituciones no solamente
eficaces sino creíbles y, sobre todo, aceptables socialmente.
Me ha agrado mucho su intervención y hago estas reflexiones desde un
principio de responsabilidad moral, que aplicaré a la presidencia del
Tribunal de Cuentas como es, por ejemplo, enviar mociones a esta Comisión
para que se estudien estas deficiencias.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia ha hecho una consulta rápida a
todos los portavoces de la Comisión para ver si era posible, dado lo
avanzado de la hora y que a las cuatro tenemos Pleno en el Congreso de
los Diputados, suspender la sesión y traspasar el punto VI del orden del
día a la próxima sesión de la Comisión Mixta. Como todos los portavoces
han dado su consentimiento, se levanta la sesión dando las gracias al
presidente del Tribunal de Cuentas por su primera comparecencia ante la
Comisión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.