DIARIO DE SESIONES DE LAS



CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1997 VI Legislatura Núm. 69



PARA LA UNION EUROPEA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO SOLBES MIRA



Sesión núm. 16



celebrada el martes, 7 de octubre de 1997,
en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo), para explicar la propuesta de
la Comisión Europea para las nuevas perspectivas financieras de la Unión
Europea (UE) del 2000 al 2006, así como para dar cuenta de los asuntos
tratados en los Consejos de Economía y Finanzas (Ecofin). A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
Congreso 213/000326 y número de expediente Senado 711/000124.)



Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Iniciamos la sesión número 16
de la Comisión Mixta para la Unión Europea con un único punto del orden
del día: la comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía y Hacienda para explicar la propuesta de la Comisión
Europea para las nuevas perspectivas financieras de la Unión, así como
para dar cuenta de los asuntos tratados en los consejos de economía y
finanzas. Quiero señalar a los componentes de la Comisión que el señor
vicepresidente tendrá que dejarnos aproximadamente a las dos de la tarde,
por tanto les rogaría que las intervenciones no se alargaran
excesivamente, aunque soy consciente de que el contenido de la materia es
amplio, por lo que intentemos aprovechar lo mejor posible el tiempo hasta
ese momento.

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El señor vicepresidente tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor presidente, quiero agradecer a la
Comisión la oportunidad que me da de comparecer después de varias
reuniones del Consejo Ecofin, así como de la cumbre de Amsterdam. Como
ustedes saben, desde que tuve la ocasión de estar en esta Comisión se ha
celebrado el Ecofin informal de Noordwijk, los consejos de mayo, junio y
julio y el Ecofin informal de Mondorf, ya bajo la Presidencia de
Luxemburgo. Por tanto, informaré no tanto de cada uno de ellos como de
los temas a los que el señor presidente ha hecho referencia y de los que
me gustaría hacer un pequeño repaso. Se refieren a la Unión Económica y
Monetaria, a las políticas de empleo, a los ejercicios de coordinación
habituales y a los programas de convergencia. Haré una mención muy breve
de algunas cuestiones como son los asuntos fiscales, el programa SEM 2000
y lucha contra el fraude, el diálogo estructurado con los pecos, el
presupuesto comunitario de 1998 y la Agenda 2000. Pido a SS. SS. excusas
porque en algunos momentos el repaso de temas será casi esquemático y
después, indudablemente, si en esta ocasión o en otra los señores
diputados quieren una ampliación sobre estas cuestiones estoy a su
disposición, como no podía ser de otra manera.

Empezando por la primera cuestión, Unión Económica y Monetaria, podemos
distinguir tres fases en los consejos que estoy informado en este
momento. En el Consejo de junio se pretendía cerrar todos los temas
pendientes para que el Consejo Europeo de Amsterdam ratificara los textos
legales que definen la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria; la
segunda fase, la ratificación de estos textos en el Consejo Europeo de
Amsterdam, y la tercera, los aspectos tocados en el Ecofin informal de
Mondorf, en el que se trataron algunos temas nuevos que afectan a la
puesta en práctica de la Unión Económica y Monetaria.

En los ecofines anteriores a Amsterdam se aprobó el reglamento sobre
reforzamiento de vigilancia de las situaciones presupuestarias y
supervisión de la coordinación de políticas económicas, así como el
reglamento sobre agilización y clarificación del procedimiento de déficit
excesivo, la resolución del Consejo Europeo sobre el Pacto de estabilidad
y crecimiento, la resolución sobre el nuevo mecanismo de cambios del
Sistema Monetario Europeo y el reglamento del euro. Los grupos de trabajo
estudiaron estos temas así como algunas cuestiones que habían quedado
pendientes y que mencioné en mi última comparecencia, principalmente qué
sucedería, en el caso del procedimiento del déficit excesivo, con las
multas si se producen o, en cualquier caso, con los depósitos sin
interés, los intereses que generasen a favor de la Unión Europea. Como
recordarán SS. SS., la posición general era que estos ingresos
extraordinarios deberían integrarse en el presupuesto, pero sólo
beneficiar a los países in que no hubieran incurrido en déficit excesivo.

Esto tenía problemas jurídicos y, en ese sentido, la posibilidad de que
aumentasen los recursos propios por encima de los techos fijados, y
también problemas que podrían deducirse de una interpretación de que
estos recursos eran una nueva categoría de ingresos dentro de ese límite
y que tendrían que disminuir los créditos de otras partidas
presupuestarias para respetar ese techo. Este problema se solventó
mediante la inclusión de un texto en las conclusiones del Consejo de
Amsterdam en el que se deja bien claro que estos ingresos no afectarán a
los límites de los recursos propios. Textualmente dice: «queda acordado
que las sanciones relativas al artículo 104.c) no tendrán efectos sobre
el techo del 1,335 del producto nacional bruto para los créditos de
compromiso referidos en el artículo 3, párrafo 2, de la Decisión sobre
recursos propios ni sobre los techos de gasto recogidos en las
Perspectivas Financieras». Por otro lado, y recogiendo las observaciones
del Parlamento Europeo, se modificaron algunos aspectos de los
reglamentos del Pacto de estabilidad y crecimiento en el sentido de
introducir el gasto de inversión pública como variable económica
relevante para la realización de los programas de estabilidad y, al
hablar de los depósitos que se pudieran producir en un procedimiento de
déficit excesivo, se introduce la expresión «Si se decide la imposición
de un depósito adicional», con lo cual se introduce todavía un mayor
grado de condicionalidad a la posibilidad de que existan o no depósitos
sin interés como consecuencia de procedimientos de déficit excesivo.

Finalmente, los consejos anteriores a la cumbre de Amsterdam estuvieron
caracterizados por la presencia de un nuevo representante del nuevo
Gobierno francés, del ministro de Economía recién nombrado, que planteó
la imposibilidad de su Gobierno de poder tomar una posición definitiva
sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento. Al mismo tiempo, planteó la
necesidad de ampliar los debates sobre el empleo en base a los artículos
102.A y 103 del Tratado y también solicitó una discusión sobre la
coordinación de políticas económicas en los Estados miembros en la
tercera fase. A partir de ahí, en la cumbre de Amsterdam se produjeron
una serie de acuerdos y, en concreto, se completaron los textos relativos
al Pacto de estabilidad y crecimiento y se introdujo una nueva resolución
sobre crecimiento y empleo. Todos estos temas fueron conocidos por el
Parlamento con la presencia del presidente del Gobierno después de la
cumbre de Amsterdam.

Por tanto, paso a informar sobre los trabajos después de Amsterdam,
especialmente el Ecofin de julio y el Ecofin informal de Mondorf. En
julio se hizo la presentación de la Presidencia luxemburguesa, que centró
los trabajos a llevar a cabo en el semestre bajo su responsabilidad con
el fin de completar los preparativos para la puesta en marcha de la
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Entre los objetivos
básicos estarían, primero, la coordinación económica en la tercera fase
de la Unión Económica y Monetaria, recogiendo la petición que se hizo por
parte de Francia antes de la cumbre de Amsterdam, y se trataría de
estudiar la creación o no de un consejo informal entre los países in o,
dicho de otra manera, cuál sería la relación en la coordinación de
políticas económicas que se produciría para los países miembros y,
también, cómo se instrumentaría la relación entre el Ecofin y el Banco
Central Europeo en casos en que la presidencia del Ecofin recaiga sobre
un país que no



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sea miembro del euro. El segundo objetivo de la Presidencia luxemburguesa
es la puesta en práctica del artículo 109 del Tratado, que incluye dos
temas diferenciados: en primer lugar, las orientaciones generales del
tipo de cambio frente a terceras monedas, establecimiento de los
mecanismos y procedimientos de acuerdo con el artículo 109, párrafo 2,
del Tratado, y, en segundo lugar, los aspectos externos del euro, la
posición común de los países miembros en temas de especial relevancia,
representación del euro en foros internacionales en temas de política
monetaria y cambiaria, así como la representación de la Comunidad en los
organismos financieros internacionales. El tercer objetivo de la
Presidencia luxemburguesa es la organización del diálogo con el Banco
Central Europeo. Y el cuarto objetivo es el método de fijación de
paridades bilaterales y de la paridad euro-moneda nacional, método para
fijar estas paridades y el timing para hacerlo. Estos asuntos, que fueron
planteados por la Presidencia de Luxemburgo en el Ecofin de julio,
formaron parte del núcleo de debate sobre la Unión Económica y Monetaria
del Ecofin informal de Mondorf.

Empezando por el último tema, es decir, la fijación de las paridades, se
acordó en Mondorf anunciar los tipos de cambios bilaterales entre las
monedas que participen en el euro en el momento en que se fije la lista
de países que pasan a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria
desde el principio. Por tanto, no se ha expresado todavía cuál será el
método, pero sí el momento en el que será público. La razón para hacer
coincidir el método de fijación de paridades y, por tanto, cuáles serán
las paridades bilaterales a finales de año y el anuncio de los países que
formarán parte del euro en el primer momento tiene mucha lógica, como SS.

SS. pueden comprender, y es evitar cualquier tipo de especulación que
pudiera producirse una vez que se conozca qué países van a formar parte
pero aún no se hubiera anunciado cuál es el método por el que se van a
fijar las paridades bilaterales entre las monedas. Por tanto, en
principio y si no hay modificaciones que en este momento yo no puedo
prever, a principios de mayo, cuando se produzcan las reuniones seguidas
del Ecofin y el Consejo y se anuncien los países que pasen a formar parte
del euro el 1 de enero de 1999, se fijará también el método de fijación
de paridades en la misma reunión.

Respecto a la coordinación de políticas económicas se discutió la
propuesta francesa, a la que ya he hecho referencia, que se llamaba con
el Gobierno anterior Consejo de estabilidad y que el Gobierno actual
denomina Consejo del euro, que al final es la misma cuestión y que viene
a plantear cómo serán las relaciones entre los países in en la
coordinación de sus políticas económicas y si estas relaciones deben
realizarse en un foro estrictamente de países in, y por tanto en un foro
informal pero recurrente y que tenga reuniones periódicas fuera del
Ecofin, o si pueden realizarse dentro del Ecofin. Eso es lo que se está
debatiendo. Los argumentos a favor de un grupo de estas características
en el que tendría, en principio, que estar presente la Comisión, lo cual
hace que sea un foro informal pero muy sui generis, que son los que
defiende Francia, son que los países comparten un destino monetario común
y, por tanto, se prepararían las decisiones del Ecofin donde no vayan a
votar los países out, como por ejemplo las que se refieren a las
sanciones que he hecho mención respecto al procedimiento de déficit
excesivo, también las orientaciones de política de cambio y, en general,
hablar con una sola voz en representación de la moneda común. Sin
embargo, esta propuesta tiene algunos problemas a los que ya he hecho
referencia, me parece, en alguna de mis comparecencias ante esta
Comisión, que hay que tener en cuenta y que, además, han sido puestos de
relieve no sólo por España sino por la mayor parte de los países.

Primero, si la existencia de un consejo de estas características puede
suponer una división dentro de la propia Unión Europea, porque se va a
dejar fuera de determinadas decisiones no sólo la opinión sino incluso la
presencia de los países miembros de la Unión Europea aunque no miembros
del euro; también lo que otros países consideran que este consejo
informal podría suponer de intromisión en la necesaria y estatutaria
independencia del Banco Central Europeo. Por tanto, en este momento la
situación del debate es la siguiente. Desde el punto de vista del
conjunto de los quince países ha habido declaraciones, y van a continuar,
resaltando que el Banco Central Europeo debe ser absolutamente
independiente y, por tanto, debe buscarse y cuidarse cualquier fórmula
que pudiera transmitir una pretensión de intromisión en sus decisiones;
que hará falta, sin duda, una mayor coordinación de las políticas
económicas en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria --esta
referencia se hace no sólo a los países in pero desde luego a los países
in--; que el cometido central en lo que respecta a la coordinación
corresponde al Ecofin --eso ha sido aceptado por Francia-- y que el
Comité Monetario y la Comisión deberán presentar propuestas que,
ahondando en estos principios básicos, puedan plantear opciones de la
coordinación entre los países in.

Por tanto, estamos todavía en un momento relativamente inicial del debate
en el que, cualquiera que sea la solución final, es claro que los
principios de evitar cualquier apariencia de intromisión y de descafeinar
el funcionamiento del Ecofin han quedado completamente descartados. A
partir de ahí, la posición española ha sido, desde luego, apoyar la
necesidad de coordinación de políticas económicas entre los países
miembros del euro, pero también hemos planteado desde un principio en
reuniones bilaterales, informales o formales, a Francia nuestra
preocupación por lo que esto podría suponer de debilitamiento del Ecofin
y, mucho más, de desunión entre los países miembros de la Unión Europea.

No es un tema en este momento prioritario políticamente para España, pero
es un tema en el que, sin duda, no sólo estamos obligados sino que
tenemos una posición que es la que acabo de expresar a SS. SS.

Respecto a las orientaciones de política de cambio, la posición del
Ecofin informal, mantenida también por la mayor parte de los países y con
la que nosotros coincidimos, es que estas orientaciones que están
previstas en el Tratado y que, además, pueden tener sentido en
determinados momentos no pueden ser un instrumento de política económica.

Es decir, primero, los países miembros de la Unión Europea no consideran
que la fijación del tipo de



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cambio deba ser un instrumento de política económica sino que es la
consecuencia de las políticas económicas. El tipo de cambio de un país o
el tipo de cambio del euro será la consecuencia de las políticas
económicas de los países europeos y no puede considerarse una
manipulación del tipo de cambio para ganancias de competitividad. En
segundo lugar, las orientaciones de este tipo deberán realizarse cuando
sean necesarias pero no de manera sistemática y continuada en cada uno de
los Ecofin y, por tanto, se producirán probablemente en casos especiales,
no siempre alrededor de una crisis. Piensen SS. SS. que en el caso de que
se vaya a producir una discusión en otro foro, el Fondo Monetario
Internacional o el G-7, que afecte a las paridades de cambio, es lógico
que los países europeos presenten una posición unánime, y es lógico que
esa posición unánime sobre la estabilidad cambiaria a nivel internacional
sea debatida en el Ecofin. También en situaciones de crisis cambiarias,
no relacionadas con nosotros pero sí en terceros países o en terceros
mercados, será un tema que se planteará en los debates dentro del Ecofin.

Ha habido también una posición unánime en que habrá un seguimiento
continuado de la situación de cambios por la repercusión que tiene, sin
duda, en la evolución de las economías de los países miembros.

Respecto a la coordinación con el Banco Central Europeo, este asunto
todavía no ha sido tratado en profundidad por el Ecofin. El Comité
Monetario debe plantearnos una propuesta en los próximos consejos y yo
informaré a la Comisión, cuando esta propuesta se plantee, de cómo se
establezca esa coordinación en la que hay que tener en cuenta lo que ya
he puesto de manifiesto y es que puede darse la situación de que haya un
presidente del Ecofin cuyo país no sea miembro del euro, en cuyo caso su
presencia en el consejo del Banco Central Europeo podría producir algún
tipo de disfuncionalidad y estamos en este momento a la espera de los
informes del Comité Monetario para abordar esta cuestión.

Pasando, señor presidente, a otro tema, el diseño de las monedas, que es
responsabilidad de los gobiernos, así como los billetes son
responsabilidad de los bancos centrales, recuerdo a SS. SS. que ya hubo
un debate muy largo sobre los materiales y también sobre la forma que al
final estaba centrado sobre la propuesta o, mejor dicho, la reticencia de
Suecia respecto a la utilización de zinc y aluminio. Al final se ha
llegado a un acuerdo por el cual se utilizará el material denominado oro
nórdico para las monedas de 50, 20 y 10 céntimos de euro, una aleación de
cobre con aluminio y zinc para el que existe claramente producción
nacional en España. Solamente quisiera reseñar que se ha utilizado la
forma de nuestra moneda de 50 pesetas, llamada flor española, para las
monedas de 20 céntimos del euro. En todas las representaciones
geográficas en que sea posible aparecerán claramente todos los
territorios de islas españolas, tanto Canarias como Baleares, que han
sido objeto de inclusión en los billetes, pero yo les hablo ahora de las
monedas. Creo que podremos hacer llegar a la Comisión los modelos
definitivos cuando estén aprobados técnicamente en las próximas semanas.

Quisiera ahora pasar, señor presidente, al tema del empleo. Quiero hacer
mención a un informe recurrente, el informe único del empleo, que se
presentó en el Consejo de Amsterdam. El Consejo de junio del Ecofin, de
cara al Consejo de Amsterdam, revisó la preparación del informe único
sobre el empleo que, como recuerdan SS. SS., se aprueba con carácter
regular en cada fin de año; por tanto será aprobado en el Consejo de
Luxemburgo de finales de año. Esta es una práctica que se lleva
planteando por los consejos europeos desde Essen y efectúa
recomendaciones para disminuir la tasa de desempleo en Europa y también
para mejorar la situación del mercado laboral europeo. Los mensajes clave
que presenta el informe son los siguientes: Primero, que la lucha contra
el desempleo necesita de una estrategia integrada que comprenda políticas
macroeconómicas y reformas estructurales. Segundo, que se urge a los
gobiernos para aplicar políticas macroeconómicas dirigidas a la
estabilidad que faciliten un crecimiento sostenible y políticas de
mercado de trabajo modernas y activas. Tercero, que las empresas deben
aprovechar la situación económica reinvirtiendo sus beneficios y creando
empleo y dedicando recursos a la formación de los trabajadores. Cuarto,
que los agentes económicos deben promover la moderación salarial y
concluir acuerdos con mayor diferenciación de los costes laborales en
función de la cualificación y de los aspectos regionales, de forma que se
reflejen las diferencias de productividad y se facilite la inversión y la
creación de empleo. Y quinto, que las autoridades locales deben impulsar
la cooperación con los agentes sociales a través de los pactos
territoriales de empleo. Como he dicho, este informe será aprobado
definitivamente en el Consejo europeo de Luxemburgo.

Como he mencionado anteriormente y a propuesta inicial de Francia, se
planteó la posibilidad de incluir en el Consejo de Amsterdam, junto con
la resolución del Pacto de estabilidad y crecimiento, una segunda
resolución sobre crecimiento y empleo. Esta fue acordada en una cena de
los miembros del Ecofin, en la misma sesión de la cumbre de Amsterdam, y
fue remitida al Consejo para su aprobación. En esta resolución se reitera
la necesidad de mantener el empleo como prioridad de la agenda política
de la Unión Europea; se amplía el ámbito del empleo de los ejercicios de
coordinación de las políticas económicas, si bien reconociendo que la
política de empleo es una política nacional; se desarrollan las
orientaciones generales de política económica hasta alcanzar un
instrumento eficaz para garantizar una convergencia sostenida. Según esta
resolución, se prestará una mayor atención a cuestiones como la
competitividad, la eficacia de los mercados de trabajo y productos, la
innovación tecnológica y las pequeñas y medianas empresas, así como a los
sistemas de formación, incentivos laborales en los regímenes fiscales y
reducción de los costes no salariales. También en esta resolución sobre
el crecimiento y el empleo se pone de manifiesto la necesidad de tomar en
cuenta los programas plurianuales de empleo en el momento de formular las
grandes orientaciones de política económica y la revisión de todas las
políticas comunitarias para asegurarse de que son adecuadas a la creación
de empleo. Asimismo en esta resolución se refuerza



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el papel del Banco Europeo de Inversiones para que fomente proyectos de
inversión, en particular proyectos de alta tecnología, proyectos
relacionados con las pequeñas y medianas empresas y la utilización de
capital-riesgo, y se amplía el ámbito de actuación del Banco Europeo de
Inversiones en campos nuevos como son la sanidad, la educación, el
entorno urbano y la protección del medio ambiente. También se plantea en
esta resolución sobre el empleo y crecimiento que a la expiración del
Tratado CECA, en el año 2002, se podrá hacer uso de sus reservas para
fondos de investigación destinados a los sectores del carbón y del acero,
que son, como ustedes saben, los que están amparados por este tratado. En
esta recomendación también se insiste en la importancia del diálogo
social y en la implicación de los interlocutores sociales para sustentar
los trabajos del Consejo. Por último, se acordó en la Presidencia
luxemburguesa la celebración de una cumbre especial sobre el empleo que
tendrá lugar probablemente el próximo mes de noviembre.

Con respecto al empleo, en la cumbre de Amsterdam, como ha sido informada
esta Cámara, se incluyó un nuevo capítulo sobre este tema, del cual no
voy a hacer mención ahora puesto que fue informada no sólo esta Comisión
sino el Pleno del Congreso. Tengo que decir que desde el punto de vista
español la propuesta sobre crecimiento y empleo no es contradictoria sino
que, al contrario, con las iniciativas que están planteándose en nuestro
país y de la enumeración que he hecho de las propuestas que contiene
tanto el empleo en su análisis anual y las recomendaciones del informe
único del empleo como, en concreto, las que se desprenden de esta nueva
resolución sobre crecimiento y empleo, SS. SS. podrán comprobar que
estamos ante una posición de plena coincidencia con las recomendaciones
europeas y que ya estábamos planteando este tipo de políticas antes de
que se sistematizaran a través de esta resolución.

Es posible que SS. SS. quieran saber --por lo que voy a hacer una muy
breve mención, señor presidente-- lo que de más novedoso tiene la
resolución sobre el empleo de Amsterdam, que son las nuevas
responsabilidades que se dan al Banco Europeo de Inversiones. En este
sentido, el paquete de la acción especial de Amsterdam, que afecta al
Banco Europeo de Inversiones, supone que éste deba dedicar una parte
importante de sus recursos, en un cambio que puede considerarse realmente
copernicano de la actuación del banco, a la financiación de operaciones
relacionadas con las pymes; también un aumento de las posibilidades de
invertir en cuestiones relacionadas con la educación, salud, desarrollo
urbano y medio ambiente, lo cual supone un cambio sustancial desde el
punto de vista de las acciones del banco (sorprendentemente esta
ampliación de su campo de actividad había sido impedida hasta ahora
precisamente por Francia y este cambio de posición del Gobierno francés
lo celebramos puesto que lo habíamos defendido en consejos anteriores del
BEI) y la creación de nuevos productos para pymes innovadoras, mediante
una ventanilla especial que utilizará recursos derivados del beneficio
del banco para financiar nuevos instrumentos, en particular
capital-riesgo a través de intermediarios.

Tengo que decir que la nueva orientación de algunas de las actividades
del banco Europeo de Inversiones es plenamente coincidente con las que
estamos desarrollando nosotros a nivel nacional y los cambios que se
producen de nuevos campos de actividad, como he dicho, habían sido ya
planteados por España en el Consejo del BEI en anteriores ocasiones.

Estas nuevas labores coinciden también con una posición de los países en
el sentido de que el banco no debe esperar nuevas ampliaciones de capital
y va a tener, por tanto, consecuencias desde el punto de vista del
reparto de dividendos; consecuencias de las que se mencionan dos cifras
en estos momentos: 200 mecus en lo que queda de 1997, en que se reducirán
los dividendos del BEI, y 1.000 mecus hasta el año 2000. Hemos de tener
en cuenta que los dividendos del BEI van a ser reducidos, por un lado,
por la ampliación de capital que ya se acordó para que pudiera responder
mejor a sus obligaciones y, segundo, por estas nuevas responsabilidades
que se le otorgan. Nosotros hubiéramos preferido que no se hubieran
asignado cantidades congeladas desde un principio, habida cuenta de que
muchos de estos programas no se van a poner en marcha inmediatamente
--quiero decir el 1.º de enero de 1998 o el 30 de junio de 1997--, pero
la posición francesa era una posición claramente política de necesidad de
presentar unas cifras cerradas, se utilicen o no, y en ese sentido, al
final, en aras del consenso aceptamos que estas cifras aparecieran como
he mencionado.

Paso ahora, señor presidente, a hablar de los ejercicios de coordinación
de políticas económicas de los Estados miembros y a mencionar la posición
a la que se ha llegado sobre el mercado único de servicios financieros.

Los últimos consejos de ministros de economía y finanzas de la
Presidencia holandesa y en el primero de la Presidencia de Luxemburgo
también se dedicaron a diversos ejercicios de coordinación de políticas
económicas de los Estados miembros. Concretamente se aprobaron las
orientaciones generales de política económica, se hicieron las
recomendaciones de reducción de déficit excesivos y se discutieron
algunos nuevos programas de convergencia.

Con respecto a las orientaciones generales de política económica, como
saben SS. SS., éste es un ejercicio que viene haciéndose desde la entrada
en vigor del Tratado de Maastricht, con regularidad anual y se finaliza
en la primera mitad del año con el objetivo de que los gobiernos las
tengan en cuenta para la elaboración de los presupuestos de los Estados
miembros para el siguiente ejercicio. Este ejercicio de orientaciones
generales de política económica empieza con el examen del grado de
cumplimiento de las orientaciones elaboradas el año anterior y
concretamente se confirmó el cumplimiento de las orientaciones generales
que se habían formulado en junio del año pasado. Se constató que el marco
macroeconómico había sido adecuado para facilitar un crecimiento
sostenido y que las reformas estructurales iniciadas ayudarían a hacer
que dicho crecimiento fuese más generador de empleo. Se estimó que las
políticas monetarias se habían orientado de forma creíble hacia la
estabilidad de precios y que la inflación media en el conjunto de la
Unión Europea estaba descendiendo hasta situarse en el 2,4 por ciento en
ese momento,



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quedando al mismo tiempo en las condiciones propicias para un crecimiento
del producto interior bruto en la Comunidad. Los tipos de interés a corto
habían alcanzado mínimos históricos gracias a una presión moderada de los
precios y a una evolución presupuestaria y salarial favorables. La buena
combinación de políticas macroeconómicas unida a la moderación salarial
hicieron que tras los desajustes de tipos de cambios producidos en el año
1995 se volviera a la estabilidad cambiaria y que los tipos de interés a
largo plazo fueran convergiendo a su nivel más bajo. Estas situaciones
han sido especialmente relevantes, como conocen SS. SS., en el caso
español. Todo esto ha incidido positivamente en la confianza y se
iniciaba una recuperación económica que se ha ido consolidando a lo largo
de 1996 y que se afianza claramente en el primer semestre de 1997. Con
ello varios países han comenzado a experimentar reducciones en la tasa de
desempleo como Reino Unido, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca y
España, y no es coincidencia que se trate de países en los que
simultáneamente se ha producido una importante consolidación fiscal, con
lo que yo creo que aquí se pone una vez más de manifiesto la necesidad de
afianzar la posición de aquellos que creemos que la reducción del déficit
público es un elemento esencial para la creación de empleo. Igualmente,
la Comisión cumplió con su compromiso de intensificar el diálogo con los
interlocutores sociales, llegándose a un consenso favorable sobre la
estrategia económica marcada por las orientaciones generales de política
económica, la conveniencia de la realización de la Unión Económica y
Monetaria, así como compromisos concretos sobre el desempleo juvenil y la
formación permanente. No obstante, se observa que los progresos no habían
sido suficientes en materia de déficit público y de reformas
estructurales y se incentiva a los países para que continúen en un
proceso de reducción de déficit excesivo, hasta el 3 por ciento, y de
reformas estructurales en los principales mercados.

El Ecofin de julio aprobó formalmente las nuevas orientaciones tras el
acuerdo del Consejo Europeo de Amsterdam, y en las nuevas orientaciones,
como en años anteriores, se indica la necesidad de adoptar una adecuada
combinación de políticas macroeconómicas acompañada de una profundización
en las reformas estructurales. Concretamente se indica que la política
monetaria debe estar orientada a la estabilidad de precios y tipos de
cambio y que su funcionamiento no debe verse comprometido por una
evolución presupuestaria o salarial inadecuada. Se recuerda también la
necesidad de una evolución de los salarios nominales compatible con la
estabilidad de precios y una evolución de los salarios reales inferior al
aumento de la productividad. Con esta adecuada combinación de políticas
macroeconómicas se crean las condiciones favorables para unos bajos tipos
de interés y una elevada rentabilidad que estimule la inversión y permita
el incremento de la capacidad productiva necesario para alcanzar un alto
nivel de empleo. La proximidad de la fecha de inicio de la Unión
Económica y Monetaria ha influido en las orientaciones aprobadas para
este año. Concretamente, se recuerda que el 1 de enero de 1999 comienza
la Unión Económica y Monetaria, y que se hará con la aplicación estricta
de los criterios del Tratado de Maastricht, con objeto de que los
ciudadanos y los empresarios tengan la seguridad de que van a
aprovecharse las oportunidades que ofrece el inicio de la moneda única.

Hay dos aspectos de estas orientaciones para este año que merecen ser
destacados. Uno de ellos es la necesidad de evitar la competencia en la
desfiscalización en la Comunidad --del que haré mención después al hablar
de temas tributarios--, porque esta desfiscalización de rentas en la
Comunidad no sólo tiene efectos sobre la recaudación de los Estados, sino
también sobre el empleo. Y las nuevas orientaciones se refieren a esta
cuestión.

El segundo punto que quisiera destacar es el relativo a la evolución de
los salarios. En este sentido, los países miembros destacan que, una vez
que estemos en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, con una
única moneda para la mayor parte de los países, los ajustes de
competitividad ya no podrán realizarse a través del tipo de cambio, y
tendrá que hacerse a través de reducciones de empleo. Y se insiste en
estas recomendaciones en que la competitividad debe ser uno de los
elementos básicos de las políticas económicas y de las políticas
salariales de los próximos años.

Es importante, por tanto, que cada cual asuma las responsabilidades y, en
este sentido, el Gobierno español está cumpliendo con los presupuestos
que está ejecutando en el año 1997 así como en los que presenta para el
año 1998, en el sentido de reducir claramente el déficit público y el
peso de los gastos públicos en el conjunto de la economía.

Con respecto al procedimiento de déficit excesivo, que es otro ejercicio
recurrente de coordinación de políticas económicas y que se instrumentó
desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993, se trata de
un ejercicio más vinculante que el anterior, que el de recomendaciones de
política económica, de grandes orientaciones de política económica, en la
medida en que prevé unas sanciones para los Estados que participen en el
euro.

En primer lugar, quisiera mencionar la salida del procedimiento de los
Países Bajos y de Finlandia, y en segundo lugar, el cumplimiento del
criterio de déficit por Holanda, lo cual confirma que se está planteando
ya una clara interpretación flexible del criterio de deuda, en el sentido
de no fijarlo en una cifra, sino en una tendencia decreciente, hacia el
60 por ciento del producto interior bruto. En este momento sólo cinco
Estados han cumplido en 1996 el criterio de déficit excesivo. Sin
embargo, es importante poner de relieve que todos los Estados miembros,
excepto Grecia, se han comprometido en sus programas de convergencia a
que el déficit del año 1997, que es el pertinente para la creación de la
moneda única, se sitúe en el 3 por ciento a finales de ese año.

También es importante tener en cuenta que las recomendaciones no se
limitan a establecer el cumplimiento de un objetivo de déficit público,
sino que inciden asimismo en la necesidad de adoptar medidas concretas
que ayuden al cumplimiento de dicho déficit. En el caso español se ha
mencionado por parte de la Comisión la necesidad de sanear y aumentar la
eficiencia del gasto en sanidad pública,



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alcanzar un compromiso firme de saneamiento presupuestario con los
gobiernos autónomos y continuar el proceso de privatización de empresas
públicas.

Otra cuestión de interés para España fue el cumplimiento de la
condicionalidad establecida en el reglamento del Fondo de Cohesión. Al
cumplir con el objetivo previsto en nuestro Programa de Convergencia de
déficit público para el año 1996, del 4,4, despejábamos cualquier riesgo
de posible sanción de la pérdida de financiación adicional del Fondo de
Cohesión, que se había originado por el incumplimiento del Programa de
Convergencia en el año 1995.

Con respecto a la presentación de nuevos programas de convergencia, se
conocieron en los Ecofines a los que estoy haciendo referencia en esta
comparecencia los programas de convergencia español, portugués, irlandés
e italiano. Estos programas amplían el período de cobertura, pasando de
los años 1996 ó 1997, en los que finalizaban la mayor parte de ellos,
hasta el año 2000, y por tanto ya se aplican a partir de 1997 a todos
ellos los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No quisiera
detenerme en esta cuestión y no sé si alguna de sus señorías quiere algún
comentario sobre los programas de convergencia de otros países. El de
nuestro país fue ampliamente debatido en la Comisión de Economía y con un
respaldo muy amplio de ella y del Congreso y en este momento supongo que
los miembros de la Comisión lo conocen.

Quisiera pasar ahora, señor presidente, a mencionar alguno de los temas
fiscales que han sido objeto de diversas decisiones en ecofines y, en
especial, acuerdos que pueden afectar a códigos de conducta sobre estas
cuestiones, que se han planteado ya en el Ecofin informal de Mondorf y
que lo serán en próximos ecofines.

Se ha planteado la reforma del régimen de tránsito de aduanas, en el que
el comisario Monti presentó un plan de acción para el tránsito en Europa,
a fin de reducir lo que en este momento claramente es un problema de
aumento del fraude fiscal en el tránsito en aduanas. Este plan de acción
consiste en un conjunto de medidas que deberá presentar la Comisión con
arreglo a un calendario preciso, con el fin de hacer efectivo y seguro el
tránsito aduanero y alcanzar un equilibrio adecuado entre la facilitación
de los trámites aduaneros de los operadores y la protección de los
intereses financieros de la Unión Europea y de los países miembros. Esta
ha sido una petición recurrente por parte de España y, por tanto, estamos
satisfechos de que se plantee este plan de acción.

Con respecto a la imposición de productos energéticos, se ha vuelto a
tratar esta cuestión. España mantiene la posición que conoce esta
Comisión de oposición al establecimiento de esta directiva y, además,
hemos hecho hincapié una vez más en la necesidad de evaluar la adecuación
de la propuesta a la estabilización de las emisiones de gases que
provocan efecto invernadero, teniendo en cuenta el principio de reparto
equitativo de la carga y de la voluntariedad de la aplicación del
impuesto, tal y como se recogió en el Consejo Europeo de Essen.

Voy a mencionar también, sin hacer ningún detalle, la ampliación de la
directiva de sociedades matrices filiales y el estado de los trabajos que
se ha abordado en diversos ecofines, el programa Fiscalis, el informe
sobre la cooperación administrativa en materia de IVA, las derogaciones
de accisas sobre aceites minerales.

Por último, sí haré hincapié en la discusión sobre aspectos generales de
la armonización fiscal a nivel comunitario. En el Ecofin informal de
Mondorf, y siguiendo la voluntad de la presidencia de Luxemburgo de dar
un impulso durante este semestre a los asuntos de índole fiscal, tuvimos
la oportunidad de mantener una reflexión conjunta sobre la fiscalidad a
nivel europeo desde un punto de vista global. Estas discusiones se están
llevando a cabo en el seno de un grupo de alto nivel, el denominado Grupo
Monti, constituido para analizar los aspectos perjudiciales de la
competencia fiscal y sus consecuencias, tanto recaudatorias como
económicas y sociales. Se trata de un asunto que preocupa a los Estados
miembros, ya que, en la medida en la que puede provocar la
deslocalización de inversiones por motivos fiscales, impide por un lado
el correcto funcionamiento del mercado único, genera una pérdida de
ingresos fiscales para la Comunidad, y produce también competencias
desleales que afectan al empleo.

En ese sentido, la Comisión propuso instrumentar el debate en el seno del
Grupo Monti, comenzando por identificar aquellos supuestos que impliquen
una competencia fiscal perjudicial y a continuación seleccionar las
medidas comunes para combatir este fenómeno. La Comisión ha agrupado
estas posibles medidas en un denominado paquete que comprende las
siguientes: primero, un código de conducta sobre la tributación de
empresas para evitar prácticas que puedan considerarse desleales y
tendentes a la deslocalización de rentas. Existe, en principio, un
acuerdo general de los países miembros sobre la conveniencia de poner en
práctica este código, si bien todavía está en discusión su configuración,
tanto material como formal. En particular, queda por decidir su ámbito de
aplicación, que de momento se ciñe al gravamen del beneficio empresarial,
aunque se podría extender a otras áreas como las cargas sociales, su
forma jurídica, ya sea vinculante o un simple acuerdo de caballeros, y la
posibilidad de exigir el desmantelamiento de las medidas que se
consideren transgresoras del código.

Se planteó también la posibilidad de que, en esta política de
coordinación o de armonización fiscal, la eliminación de las distorsiones
en la tributación del ahorro, dada la libertad de movimientos de
capitales dentro de la Unión Europea, existe el riesgo de pérdida de
ingresos fiscales por parte de un Estado miembro en favor de otro por la
aplicación de mejores condiciones fiscales, así como el riesgo de
incremento de fraude y de evasión fiscal. Este peligro se acentuará con
la puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria al aumentar la
comparabilidad para los particulares de los productos financieros
ofrecidos por los Estados miembros. La discusión está todavía en una fase
más embrionaria; lo que sí parece que podría producirse es un aumento del
grado de intercambio de información entre los países miembros, que
garantice, al menos, un grado mayor de transparencia en el funcionamiento
del mercado de capitales.




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Se habló asimismo --aunque no hay ninguna decisión sobre el tema y
quisiera simplemente mencionarlo a la Comisión para que lo tuviera
presente-- de la eliminación de las retenciones en el pago de intereses y
cánones entre empresas de diferentes Estados miembros, la eliminación de
las distorsiones significativas en el área de la imposición indirecta. Y
como he dicho, en este momento, desde el punto de vista temporal y de
consenso político, mi opinión es que lo primero que se va a producir en
este proceso de armonización tributaria será la concreción del código de
conducta, del que aún hay aspectos, como he mencionado, muy importantes,
que son objeto de discusión en el grupo de alto nivel y que serán objeto
de discusión y de planteamiento en el Ecofin del próximo lunes y en
ecofines subsiguientes. Como los señores diputados saben, los temas
tributarios requieren unanimidad y, por tanto, el avance en estas
cuestiones siempre es extraordinariamente complejo.

Quisiera hacer una mención breve al SEM 2000, que se dirige a la mejora
de la ejecución presupuestaria. Algunas de las recomendaciones que sobre
este tema se presentaron al Consejo Europeo de Dublín necesitaban un
examen adicional, en particular en lo que se refiere a la elegibilidad de
los gastos y a las correcciones financieras en los fondos estructurales.

Tras posteriores reuniones sobre esta cuestión del grupo de trabajo se ha
llegado a un consenso sobre los criterios de elegibilidad de los gastos
de fondos estructurales, aprobando la Comisión unas líneas directrices
que entraron en vigor el pasado 1 de mayo. Sin embargo, todavía no se ha
llegado a un acuerdo en lo que respecta a las llamadas correcciones
financieras, es decir, pérdidas de fondos en determinados supuestos de
irregularidades o negligencia e incluso, más allá, la devolución de
aquellas cantidades que se demuestre que se recibieron en una situación
fraudulenta. España, junto a otras delegaciones --en este caso Francia y
Austria--, se mostró en desacuerdo con la propuesta de la Comisión sobre
esta cuestión relativa a las correcciones financieras, entendiendo que
las medidas propuestas por la Comisión para la pérdida de fondos eran
desproporcionadas, que no existe base jurídica para las correcciones
propuestas y que los conceptos utilizados para proceder a estas
correcciones financieras son demasiado imprecisos, lo cual puede producir
una situación de indefensión de los Estado miembros. Esta es una cuestión
que está abierta y de la que mantendré informada a la Comisión, como no
puede ser de otra manera. Estas orientaciones no se han aprobado y han
vuelto al grupo de trabajo para seguir discutiéndolas entre los Estados
miembros y la Comisión.

He de mencionar la lucha contra el fraude. Hay un informe del año 1996 y
un programa para los años 1997 y 1998. Este proyecto de conclusiones
sobre el informe anual de 1996 y el programa de trabajo fue presentado al
Consejo y, si SS. SS. lo consideran relevante, en otro momento puedo
hacer mención más detallada. También se produjo, como es tradición, un
diálogo estructurado con los pecos al principio de la Presidencia de
Luxemburgo, en el que se abordó como tema monográfico la liberalización
del movimiento de capitales y la reforma del sector financiero y en el
que participaron como ponentes por parte de los pecos la República Checa,
la República Eslovaca y Polonia. Quiero destacar que la experiencia en
materia de liberalización de capitales ha sido positiva, ya que la
disminución de las restricciones a los movimientos de capital se ha
llevado a cabo ordenadamente y, en líneas generales, sin plantear mayores
dificultades para las balanzas de pago. La Unión Europea, las
instituciones financieras internacionales y los Estados miembros de la
Unión Europea han prestado a los países asociados importante ayuda
financiera y técnica, que éstos consideran de especial utilidad.

Paso, señor presidente, a mencionar algunas cuestiones relacionadas con
el presupuestos comunitario del año 1998, cuestión que también fue
abordada por el Ecofin informal de Noordwij. La posición de todos los
países, coincidente, es la necesidad de que el presupuesto comunitario,
no sólo el del año 1998, sino de años siguientes, esté enmarcado en un
proceso de disciplina presupuestaria a nivel europeo y que sea
coincidente con los esfuerzos de consolidación presupuestaria que están
llevando a cabo los Estados miembros. El anteproyecto presentado por la
Comisión suponía un incremento del 2,4 en créditos de compromiso y del
2,9 en créditos de pago, lo que ascendía a 91.307 millones de ecus en
compromisos y 84.727 millones de ecus en pagos. Tales cifras
representaban el 1,15 del producto interior bruto de los Estados miembros
en el apartado de pagos, muy por debajo de las perspectivas financieras
de Edimburgo y del límite máximo de recursos propios, el 1,26.

Dentro de este esfuerzo de rigor por parte de la Comisión, y de acuerdo
con los compromisos asumidos en el acuerdo interinstitucional de 1993,
los créditos para acciones estructurales crecían el 8 por ciento,
agotando por tanto el techo máximo. Como bien saben, este acuerdo, el
acuerdo interinstitucional del año 1993, subraya que los créditos para
acciones estructurales consignados en las perspectivas financieras son
objetivos y no techos de gasto al preservar la política de cohesión
económica y social dentro de la Unión Europea.

En el curso del debate sobre el presupuesto comunitario para 1998, España
recordó estas cuestiones que acabo de mencionar respecto a las
características de los fondos estructurales y si bien está claro que
España respalda, tanto desde el punto de vista nacional como europeo, una
política de disciplina presupuestaria, también recalcamos la necesidad de
honrar los compromisos asumidos en relación con los gastos en acciones
estructurales y la importancia de la política de cohesión como una
política definitoria de la esencia de la Unión Europea.

Tras este debate preliminar, el Consejo aprobó el presupuesto en primera
lectura en el mes de julio, con algunos compromisos, ya que había países
que planteaban la necesidad de congelar todas las partidas del
presupuesto. Hemos de ser conscientes de que éste es un debate que se
plantea por mayoría cualificada y por tanto era imprescindible llegar a
un consenso y, si no, correr el riesgo de tener una votación cualificada
en contra de nuestros intereses. En consecuencia, nosotros aceptamos una
solución similar a la del año 1997, ya que, como he dicho, una mayoría de
las delegaciones se inclinaba por la congelación del presupuesto



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en todas sus partidas, incluyendo los gastos estructurales. Finalmente,
el presupuesto aprobado mantiene las cantidades de las perspectivas
financieras en los gastos estructurales relativos a los fondos de
cohesión y al objetivo 1, que son los que más nos afectan a nosotros. El
resto de los objetivos ven sus cantidades congeladas; sin embargo, se ha
establecido el firme compromiso de que, en el caso de que las cantidades
consignadas para estos objetivos fueran insuficientes para llevar a cabo
los gastos necesarios, la Comisión presentará rápidamente un presupuesto
rectificativo y los países miembros se han comprometido a que el Consejo
lo apruebe por vía rápida, de manera que esos gastos que no tendrían
cantidades presupuestarias puedan ser realizados antes de la finalización
del ejercicio. España aceptó esta resolución final de compromiso, ya que,
por un lado, manteníamos las cantidades para los fondos de cohesión y el
objetivo 1, que son nuestro máximo interés, y, por otro lado, no existía
ningún riesgo de pérdida de fondos para los demás objetivos, ya que, en
caso de necesidad, se proveería un presupuesto adicional que consigue las
cantidades necesarias. Este presupuesto del año 1998 ha ido al Parlamento
Europeo; seguramente se van a producir mejoras en la dirección de los
intereses españoles y, por tanto, la aprobación definitiva del
presupuesto probablemente irá todavía en mejor dirección de la que se
obtuvo en el consenso para su aprobación.

En cuanto a la Agenda 2000, tengo que decir que, como SS. SS. saben, se
refiere a las perspectivas financieras del año 2000 al 2006 y también a
la ampliación. Primero, quiero poner de relieve que ésta es una cuestión
que será recurrente en las comparecencias del Gobierno ante esta
Comisión, puesto que seguramente será un debate que se planteará a lo
largo de varias presidencias. Estamos simplemente al inicio del mismo; en
este momento está siendo objeto de discusión en el Parlamento Europeo y
tendremos ocasión de conocer no sólo cómo está la cuestión, sino las
aportaciones de los grupos parlamentarios a lo largo de un proceso en el
que, desde luego, el Gobierno está a disposición de la Comisión para
instrumentar las fórmulas de colaboración o de conocimiento más inmediato
que quieran plantear los grupos parlamentarios.

En cumplimiento del Consejo Europeo de Madrid, la Comisión de la Unión
Europea, el 16 de julio, presentó ante el Parlamento Europeo el documento
Agenda 2000. Esta propuesta de perspectivas financieras, que cubre el
período 2000-2006, deberá ser sometida a la aprobación del Consejo y del
Parlamento Europeo. El calendario previsto inicialmente es que durante la
perspectiva de Luxemburgo y en el próximo Consejo Europeo de diciembre se
acuerden los elementos básicos de dichas perspectivas financieras y que
el desarrollo de las mismas, el debate y aprobación definitiva, se hagan
durante 1998.

La presentación de la propuesta de la Comisión de las nuevas perspectivas
financieras viene acompañada de una declaración sobre la voluntad
política de mantener la prioridad del objetivo de cohesión económica y
social. Inicialmente, tenemos que hacer una valoración provisional,
puesto que estamos al principio del debate, y tengo que anticipar que no
totalmente satisfactoria para España.

Quisiera mencionar los aspectos más destacados de dichas perspectivas
financieras en relación al objetivo de cohesión económica y social y a
los recursos financieros. Son los que menciono a continuación. Se
mantiene el techo máximo de recursos propios en el actual 1,27 del
producto nacional bruto comunitario y el esfuerzo financiero para las
acciones estructurales se mantendrá a lo largo del período en el mismo
nivel previsto para 1999; es decir, un 0,46 del PNB comunitario. Ello
supone que los recursos totales previstos por la Comisión para el período
2000-2006 ascienden a 275.000 millones de ecus de 1997. La propuesta de
mantener el techo de 1999 responde, según la Comisión, a su preocupación
por aplicar a la evolución del presupuesto comunitario la disciplina
presupuestaria que se está aplicando en los propios Estados miembros. No
obstante, se supone que el propio crecimiento económico permitirá generar
una cantidad adicional del orden de 20.000 mecus y se cuenta asimismo con
los posibles márgenes de recursos no utilizados bajo el techo de los
recursos propios. Como he dicho, nuestra valoración no es positiva ni de
respaldo total a esta propuesta, primero, porque no se refuerza la
política de cohesión, sino que se mantiene en los niveles del año 1999 y,
por tanto, en el período 2000-2006 no se produce un aumento de la
política de cohesión. Segundo, porque desde el punto de vista de los
Estados miembros actuales se produce una disminución, puesto que en estos
275.000 millones de ecus, que es, en términos de producto nacional bruto,
el equivalente a la cifra de 1999, el 0,46 por ciento, se introduce ya un
paquete diferenciado para la ampliación de 45.000 mecus, de los cuales
7.000 irán como ayuda a la preadhesión y 35.000 se producirán como
políticas de cohesión una vez que se haya producido la ampliación a
partir del año 2003 ó 2002.

La existencia de un paquete financiero diferenciado sí nos satisface;
entendemos que es bueno que exista un paquete diferenciado asignado a los
países objeto de la ampliación, aunque no respaldamos que este paquete
diferenciado se integre en el conjunto del techo del 0,46. Esa es nuestra
posición con respecto a la propuesta de la Comisión.

El montante que plantea la Comisión para las políticas de cohesión son
275.000 mecus menos 45.000; 230.000 mecus para los Quince, a precios de
1997; de ellos, 210.000 irían a fondos estructurales y 20.000 al Fondo de
Cohesión. Si comparamos esta cantidad --230.000 mecus-- con los recursos
establecidos en las perspectivas financieras actuales tenemos, por un
lado, que la media anual en el período 2000-2006 ascendería a 34.285
mecus de 1997, frente a 31.541 también de precios de 1997. Por tanto, se
produce en la media de los dos períodos un incremento de las políticas de
cohesión, pero no con respecto al año 1999. De ese hecho creo que debemos
ser conscientes desde el punto de vista de nuestros intereses como
nación.

También seguirá existiendo el objetivo 1 de los fondos estructurales
europeos, con características muy similares a los actuales y absorberá,
según la propuesta de la Comisión, aproximadamente, y lo dice así
textualmente, dos tercios del total de los 210.000 mecus, que van a
fondos estructurales. En este sentido, esta propuesta es favorable a



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España, ya que la mayor parte de los fondos estructurales que nosotros
recibimos son del objetivo 1; aproximadamente el 76 por ciento de los
fondos estructurales que nosotros recibimos proviene del objetivo 1 y,
por tanto, su mantenimiento no nos crea problemas.

En este momento, y según los datos oficiales que maneja la Comisión, del
año 1994, se mantendrían la totalidad de las regiones españolas que están
incluidas en este objetivo y Canarias también quedaría incluida de forma
automática, en tanto que región ultraperiférica. En cualquier caso,
plantea la propia Comisión que para aquellas regiones que dejen de ser
elegibles por el objetivo 1 se producirá un proceso escalonado de pérdida
de las ayudas que todavía está por discutir y que seguramente será objeto
de discusiones importantes entre los Estados miembros.

Las orientaciones sobre los criterios de reparto entre los Estados
miembros de los recursos asignados al objetivo 1 en este momento indican
el mantenimiento de los actuales, siendo éstos beneficiosos para España:
la población elegible, la renta per capita regional y nacional en
relación con la media comunitaria y los demás criterios. En cualquier
caso, sí quiero mencionar a la Comisión que todas estas cuestiones tienen
que ser objeto de desarrollo en reglamentos, por tanto, es muy prematuro
y debe ser condicional cualquier valoración que hagamos sobre cualquiera
de los objetivos, puesto que en principio sólo tenemos referencia de los
criterios que después deben ser desarrollados en los reglamentos, y todos
somos conscientes de la importancia que este desarrollo tiene a efectos
prácticos.

Por lo que respecta al Fondo de Cohesión para aquellos Estados miembros,
se mantiene el criterio de los Estados miembros cuyo producto nacional
bruto sea inferior al 90 por ciento del producto medio por habitante
comunitario y que no están inmersos en procedimientos de déficit
excesivo; es decir, los criterios que en este momento rigen en los fondos
de cohesión y para nada se incorpora ninguna mención por parte de la
Comisión a que exista alguna relación entre fondos de cohesión y
pertenencia a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Subrayo
que no se hace esa mención por parte de la Comisión; ya tendré ocasión de
mencionar a los señores diputados que sí se hace por parte de algunos
países miembros. Se mantienen, por tanto, las características del Fondo
de Cohesión incluyendo la que ya existía de que se proceda a una revisión
a mitad del período respecto al cumplimiento del criterio de
elegibilidad. En este sentido, la propuesta de la Comisión es plenamente
coincidente con la que nosotros manteníamos. El montante previsto es de
20.000 mecus de 1997
--como ya he dicho-- y supone mantener una media anual y en términos
reales la cuantía prevista para 1999. No obstante, en términos anuales y
en relación con el período anterior representa un incremento del 16 por
ciento. Por tanto, con respecto a los fondos de cohesión la propuesta de
la Comisión no es contradictoria con la que mantiene España.

Conviene tener presente el tema irlandés, hasta qué punto Irlanda va a
entrar en una fase de ayudas decrecientes, como consecuencia de no estar
ya en un criterio de elegibilidad, aunque en este momento parece que la
posición es mantener a los cuatro países que se benefician de la
cohesión. El precedente irlandés, sin duda, es un precedente interesante
para España; por tanto, creo que debemos contemplarlo con una visión a
medio plazo.

La propuesta de la Comisión incluye la reducción del número de objetivos
de fondos estructurales en aras a una mayor simplificación. Los siete
objetivos actuales quedarán reducidos a tres; además del objetivo uno
habrá un objetivo número dos y un objetivo número tres. El nuevo objetivo
número dos beneficiará a las regiones sometidas a procesos de
reestructuración en sectores industriales, de servicios y pesca, así como
zonas rurales atrasadas o en declive y zonas urbanas con especiales
dificultades. En principio, este nuevo objetivo parece incluir parte de
las problemáticas consideradas en los actuales objetivos número 2 y
número 5b, pero es imposible que en este momento podamos dar a la
Comisión mayores precisiones hasta que no veamos exactamente la posición
de los reglamentos.

El nuevo objetivo 3 propuesto tiene un carácter horizontal y va dirigido
a favorecer el empleo en las regiones no beneficiables por los objetivos
1 y 2. La modernización del mercado de trabajo, la educación y la
formación, la lucha contra el paro y la exclusión social son los ejes de
actuación básicos en que se apoyará este nuevo objetivo.

No se apuntan orientaciones sobre criterios de reparto entre países y,
por tanto, tendremos que esperar a que el debate se amplíe a lo largo de
1998. Estas orientaciones de perspectivas financieras de la Comisión
suponen un crecimiento económico del 2,5 para el conjunto de la Unión
Europea. Nosotros hemos puesto de relieve que ésta es una previsión que,
como todas las previsiones, puede ser juzgada de realista, optimista o
pesimista, pero que en cualquier caso hemos también de ligarla a los
acuerdos; es decir, si no se produjera esta situación de crecimiento en
el conjunto de la Unión, las perspectivas financieras deberían tener
modificaciones al respecto.

Paso ya, brevemente, señor presidente, a mencionar la política de
ingresos que plantean las perspectivas financieras y algunas conclusiones
preliminares que hace el Gobierno sobre esta cuestión. Desde el punto de
vista de los ingresos, el sistema de financiación del presupuesto
comunitario, la Comisión no ha propuesto ningún cambio, es absolutamente
continuista. En ese sentido, nuestra posición es bastante crítica; por un
lado, nosotros consideramos insatisfactorio y además poco realista el
mantenimiento de un techo máximo de ingresos del 1,27, que tenga también
en cuenta la ampliación. Es indudable que pretender que se fije un techo
de ingresos, sin conocer ni cuántos países van a ser objeto de
ampliación, ni cuáles van a ser las condiciones de ampliación, nos parece
que es una propuesta irreal, que puede responder a determinadas presiones
políticas --sin duda responde--, pero que también será objeto de profunda
discusión entre los países miembros y que ya lo ha sido por parte de
algunos países, entre ellos España. No contempla la Comisión ningún tipo
de propuesta de una mayor progresividad en el sistema de ingresos, cosa
que nosotros consideramos ineficaz e injusto y mantenemos y reiteramos
nuestras posiciones de rechazo a cualquier mecanismo corrector, ya sea el
cheque británico, ya



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sean nuevos cheques similares, el caso alemán u holandés, que han sido
planteados al menos de manera tentativa por algunos de estos países.

Como les he mencionado, en el Ecofin informal de Mondorf, los ministros
de Finanzas, junto con la Comisión, tuvimos una cena sobre la cuestión de
las perspectivas financieras 2000-2006, en la cual hubo un intercambio de
opiniones; para nada hubo un detalle sobre estas cuestiones. Sí quisiera
mencionar lo que me parece más destacable: las posturas mantenidas por
Alemania y Holanda. Manifestaron la necesidad de equilibrar sus
contribuciones al presupuesto comunitario y consideraron excesivas las
cantidades que se daban del fondo de cohesión; también manifestaron la
necesidad de ligar el fondo de cohesión a la pertenencia o no al euro.

Tengo que decir que hubo una mayoría de países que consideraron, primero,
extraordinariamente peligroso políticamente plantear un debate europeo en
términos de retornos netos. Incluso los dos países que lo habían
planteado aclararon, en su segunda intervención, que ellos no exponían
como una política de retornos netos su relación con la Unión Europea.

Segundo, también tengo que decir que la mayor parte de los países
consideró que no es posible simplificar las relaciones financieras entre
un Estado miembro y la Unión Europea en términos presupuestarios. No todo
lo que recibe un Estado miembro es lo que recibe en términos
presupuestarios y no todo lo que aporta es lo que recibe en términos
presupuestarios. En ese sentido, hay un ejemplo recurrente, y por eso lo
voy a poner. En este momento, el proyecto más importante financiado por
fondos estructurales es el aeropuerto de Atenas, pero no serán empresas
griegas las que lo realicen, sino alemanas. Por tanto, si hay que hacer
un flujo de fondos europeos, no puede hacerse simplemente en términos
presupuestarios --probablemente, eso es igual de profundo en términos
agrícolas-- y muchos Estados miembros, no sólo los Estados de la
cohesión, plantearon claramente que éste era un debate
extraordinariamente complejo y políticamente muy complicado desde el
punto de vista de la evolución de la Unión Europea.

El presidente de la Comisión y la propia Comisión, presentes en esta
cena, se manifestaron en la dirección, primero, de rechazar cualquier
análisis de retornos netos como básicos desde el punto de vista de las
relaciones europeas; segundo, considerar que los flujos financieros no se
agotan en los flujos presupuestarios y, tercero, destacar la dificultad
técnica de establecer de manera clara cuánto aporta un país y cuánto
recibe del conjunto de las políticas o de las decisiones europeas. Tengo
que decir que fue un debate esclarecedor y, desde el punto de vista
español, coincidente con lo que nosotros estábamos defendiendo allí. Creo
que España tiene razones de equidad para mantener que su aportación a la
Unión Europea, en términos de su renta per cápita, es absolutamente
razonable. Respecto a las políticas de cohesión, son decisiones políticas
de consenso que han sido parte de acuerdos políticos más amplios y que en
ningún caso es posible aceptar, porque además iría en contra del propio
tratado, ligar los fondos de cohesión con la pertenencia al euro. Para
nada puede considerarse, ni hay base jurídica ni política ni económica
para entenderlo, que un país que pertenezca al euro no tiene derecho a
beneficiarse de políticas que no están relacionadas con la convergencia
nominal ni con la pertenencia al euro, sino con la convergencia real y
con las diferencias de renta per cápita.

Las conclusiones sobre esta cuestión, como no podía ser de otra manera,
son que el debate de las perspectivas financieras será largo y complejo,
para el que el Gobierno español solicita la colaboración de la Cámara en
el análisis de las diversas orientaciones. Será un debate que se
planteará no sólo entre Estados sino también en el Parlamento Europeo. Es
un debate que, además, se produce en un momento de claras políticas
restrictivas en materia presupuestaria y también tiene que englobar en sí
mismo las previsiones financieras para la ampliación. Por tanto, es un
debate muy complejo, muy importante y que no ha hecho nada más que
comenzar, en el que, como he puesto de relieve, hay cuestiones que nos
satisfacen y cuestiones que no nos satisfacen. Claramente, el techo del
1,27 no nos satisface y claramente la financiación de la ampliación a
costa de las políticas generales de cohesión, no de las del fondo de
cohesión, tampoco la consideramos adecuada. Tendremos que esperar mayores
discusiones y ver las posiciones que se van determinando por parte de los
países. Sí tenemos que resaltar algo que los señores diputados conocen, y
es que las perspectivas financieras se aprueban por unanimidad y que al
final tendremos que encontrar una fórmula de consenso en la que España,
una vez más, hará esfuerzos para entender las posiciones de los demás y
para contribuir a un proceso de integración y de ampliación de la Unión
Europea, del que somos no sólo absolutamente solidarios, sino impulsores,
dentro también del reconocimiento de que la Unión Europea representa una
serie de principios: la estabilidad macro-económica, la libertad
económica, pero también la cohesión social, y que esos principios deben
ser objeto de ampliación y no de reducción. En ese contexto, y esperando
las posiciones de los grupos parlamentarios, no necesariamente hoy, sino
a lo largo de todo este debate, el Gobierno defenderá los intereses
españoles.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.




El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Rato, por su extensa explicación,
que no ha estado en consonancia con el ahorro de tiempo que se nos ha
pedido al principio. Más que una comparecencia para el debate y
explicación, parece un monólogo o una conferencia, porque por su
extensión podrían ser varias juntas. Pero ésa no es la cuestión, y
tendremos que resolver los problemas de horario a que nos vemos
sometidos, ya que resulta absolutamente imposible entrar con el mínimo
rigor y profundidad en todas las cuestiones que aquí se han planteado.

Eso es obvio para cualquiera que haya oído la comparecencia. Por tanto,
no voy a tener otro remedio que, haciendo un esfuerzo, centrarme en
algunos de los temas que considero de mayor interés,



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agradecerle la información que nos ha dado de otros y ver si en otras
comparecencias podemos retomar algunos de ellos, que sin duda también son
importantes, tanto para España como para la construcción europea.

Si me permite, voy a centrar básicamente mi intervención en la Agenda
2000. No voy a hacer referencia, pues, a otros elementos tan importantes
como los tratados en el Ecofin, de los que teníamos ya información por
los medios de comunicación en muchos casos y en algún otro por la
comparecencia del presidente del Gobierno en el Parlamento, en la que
algunos de los acuerdos fueron explicitados. Sin embargo, quisiera hacer
mención a lo que es obvio para todos: el debate celebrado en el Consejo
informal de Mondorf sobre fiscalidad. No hay acuerdos todavía;
aparentemente se sigue avanzando en la necesaria coordinación de las
políticas fiscales, algo que se va a incrementar, sin duda, en el futuro
inmediato con la moneda única, con la que tiene una relación muy directa.

Tampoco vamos a hacer uso de nuestro tiempo para el proceso de
convergencia, en el que se están cumpliendo satisfactoriamente los
calendarios previstos. No hay problemas aparentes para nuestro país y,
por tanto, simplemente debemos felicitarnos de que se cumplan las
condiciones para estar en la Unión Monetaria en el plazo previsto y sin
que necesitemos de ayudas, de interpretaciones políticas sobre los
criterios de convergencia.

Respecto de la Agenda 2000, que creo que es el tema más interesante
abierto por la Comisión y discutido ya en una primera fase en el Ecofin,
hay una serie de elementos que sí nos preocupan de una manera profunda,
por lo que implican para el futuro de la construcción europea y para el
futuro de nuestro país en la Unión Europea. En la Agenda 2000 juegan
todos los elementos que hacen que España esté, de una manera o de otra,
en la construcción europea dentro de la Unión Europea. El primer elemento
es, sin duda, el acuerdo de Amsterdam, donde se aprueba el nuevo tratado,
pero sin cerrar el objetivo principal de la Conferencia
Intergubernamental de 1996, que era la reforma de las instituciones. Se
pospone esta reforma y, por tanto, se deja abierto un flanco
importantísimo, a la vez que se abre la puerta a las ampliaciones a los
países del este, sin duda una necesidad compartida, una necesidad
política, un compromiso ético, político y moral con las nuevas
democracias del este, pero que se ha abierto sin tener cerrado lo que, a
nuestro entender, era el objeto fundamental de la Conferencia
Intergubernamental. Con ello se abre paso a la Agenda 2000. Era cuestión
necesaria, primero, cerrar la Conferencia Intergubernamental y, a partir
de ahí, abrir paso a lo que se denominan las nuevas perspectivas
financieras de la Unión Europea.

El Ministro de Economía ya ha citado elementos importantes de esas
perspectivas financieras, pero yo quiero incidir en algunos de ellos
porque nos parecen de especial importancia para nuestro país y para la
construcción europea o el modelo de construcción europea que nosotros
queremos. Nosotros hemos estado en la Unión Europea defendiendo una
construcción cohesionada de Europa, por tanto, una Europa en donde las
políticas de cohesión social tenían una gran importancia e iban
incrementándose y haciéndose progresivas en el tiempo. Yo creo que el
planteamiento de la Agenda 2000 en esas materias es regresivo. Hemos
convertido en ideal la situación que estamos viviendo este año y
viviremos el siguiente para, a partir de ella, derivada de las
perspectivas 1993-1999, ir cayendo en todos y cada uno de los elementos
que conforman la Unión Europea.

Si me permite, utilizando un título de un libro de Francisco Candel
titulado Donde la ciudad pierde su nombre, diré que yo creo que en la
Agenda 2000 hay un elemento importantísimo: la terminología, que es donde
adquiere toda su dimensión. La terminología de la Agenda 2000 deja
abiertas muchas de las cuestiones que deben preocuparnos. Es evidente que
todavía está en una fase inicial, pero también es verdad que el informe
de la Comisión va a condicionar mucho el futuro financiero de esas
perspectivas, el futuro de la cohesión económica y social dentro de la
Unión Europea, el futuro de la política agrícola común, el futuro de los
ingresos de la Unión Europea. Explica claramente que la política de
cohesión dentro de la Unión Europea en el año 1999 alcanzará el 0,46 del
PIB y lo que dice no es que se mantenga en el futuro, sino que no lo
superará. Por tanto, lo más lógico de prever es que no se mantendrá,
utilizando la terminología de la Unión Europea.

En el informe de la Comisión se establece la necesidad de la pertinencia
del sistema de apoyo estructural comunitario y constata claramente que
las políticas de solidaridad (los fondos estructurales, los fondos de
cohesión) han conseguido su objetivo, es decir, han realizado la
convergencia real, una convergencia real entre países y regiones de la
Unión. En el futuro se limitan los medios suplementarios que puedan
obtenerse en base al crecimiento y a un uso más eficaz de los recursos
disponibles. No hay nuevos recursos para financiar las políticas
estructurales de la Unión a quince. Dice usted que se mantienen; se
mantienen, efectivamente, los de la media de las últimas perspectivas
financieras, pero se olvidan de que en esas perspectivas financieras la
media no debe ser lo que cuenta, porque iba incrementándose
progresivamente la cifra --como usted mismo ha dicho-- dedicada a fondos
estructurales y a fondos de cohesión. Por tanto, la cifra de salida no
debe ser la media del período comprendido por las anteriores perspectivas
financieras, sino la del año 1999, que en ningún caso se va a superar en
el futuro. Esto quiere decir que estamos ante una caída de fondos; una
caída de la magnitud global que se dedica a la cohesión económica y
social.

No voy a repetir las cifras que usted nos ha dado de 275.000 millones
globalmente, con una separación de un paquete para los países del este,
pero sí que voy a intentar hacer un análisis de lo que puede significar
para nuestro país. Creo que la preocupación no está sólo en las cifras,
que son preocupantes, porque el límite del 97 por ciento ya lo es en sí
para nuestro país porque no se consigue mantener la filosofía que
nosotros tenemos de la construcción europea, de que sea una construcción
que tenga la cohesión económica y social como su eje, y que sea una
construcción integrada.

Creo que hay dos elementos importantes para nuestro país en esta materia.

En primer lugar, que España es la máxima



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receptora de ayudas del Objetivo 1 y de los fondos de cohesión. Una
disminución de su cuantía, por tanto, no nos afecta en igual medida que a
los demás miembros de la Unión Europea; nos afecta, evidentemente, en
mayor medida. Si hay un parón, un frenazo, una caída de las cuantías que
están bajo el epígrafe del Objetivo 1, o en los fondos de cohesión,
nuestro país no va a ser igual de perjudicado que otros, sino que va a
ser más perjudicado.

En segundo lugar, es verdad que la Comisión propone una mayor
concentración de los recursos. Nos ha explicado que pasan de los siete
objetivos actuales a tres y que se fija como objetivo una reducción del
porcentaje de población subvencionable, que deberá pasar del 51 por
ciento actual a una cifra situada entre el 35 por ciento y el 40 por
ciento. Usted nos acaba de decir que la Comisión mantiene que no van a
afectar a ninguna de las regiones españolas los cambios de criterio que
se van a producir en el Objetivo 1 de los fondos estructurales de la
Unión Europea; he creído entender esto, y me gustaría que lo repitiera
para que tengamos todos la seguridad de que nuestra política en la Unión
Europea está dirigida con mano firme a mantener aquella situación --que
nosotros no la consideramos ideal, pero que ustedes la están haciendo
así-- de nuestro país dentro de la Unión Europea. Todo esto no casa con
los propios análisis y evidencias que la Comisión fija en la Agenda 2000,
en algo que está al alcance de cualquiera que quiera verlo; ahí tenemos
un segundo elemento muy importante. En ningún caso dice que el criterio
por el que se fija el 90 por ciento será de los quince actuales. Se puede
dar por supuesto por algunas de las interpretaciones colaterales que
establece en su dictamen la Comisión, pero en ningún caso dice que éste
será el criterio. Si el porcentaje de referencia del PIB se establece en
relación a los Quince actuales, evidentemente España lo cumplirá, pero si
se establece en el momento de la integración de nuevos países que puede
estar situado en la mitad del nuevo período de perspectivas financieras,
muchas de las regiones españolas no van a cumplir con los criterios ni
del fondo de cohesión, 90 por ciento, ni del 75 por ciento --algunas
regiones-- para fondos estructurales, es decir, para el Objetivo 1. Por
tanto, dos elementos que inciden especialmente en esa materia.

En tercer lugar, cuando habla de destinar dos tercios de los recursos al
Objetivo 1, no lo dice taxativamente, dice alrededor. Alrededor podemos
estar desde un 60 por ciento a un 75 por ciento, pero me temo que la
dirección de ese alrededor no se sitúa nunca por encima, ni siquiera
manteniendo ese porcentaje respecto al período, especialmente respecto a
las cifras de 1999. Si fuera así, hay algo muy preocupante, y es que en
el presupuesto de 1997 vemos que de los fondos de cohesión para nuestro
país han caído los ingresos, han caído los gastos producidos en casi
100.000 millones de pesetas. Esto seguramente se debe a políticas
coyunturales del Gobierno actual que creemos que deben ser rápidamente
enmendadas.

Después propone la aplicación estricta, y así lo especifica la Comisión,
del umbral del 75 por ciento del PIB por habitante medio comunitario. Es
decir, que cuando usted dice que ninguna región española va a caer del
Objetivo 1, lo que está diciendo es que no habrá esa aplicación estricta
del umbral del 75 por ciento, porque si la hay es probable que alguna
región caiga. En cualquier caso, estamos hablando de un período que va
desde el año 2000 al año 2006. Por tanto, en la situación actual, y según
el informe de la Comisión, es dudoso que eso no se produzca y que se
mantengan todas las regiones que están actualmente integradas en el
Objetivo 1.

Finalmente, no fija en qué términos, como ya ha dicho el señor ministro,
se producirá la retirada progresiva de las ayudas para las regiones
excluidas del Objetivo 1. Aunque obviamente hay que esperar los
reglamentos, ya que estamos en una primera fase, sería deseable que antes
de dar un sí a esas propuestas, las mismas fueran implementadas.

Hay un elemento que me preocupa en el conjunto de la negociación. Usted
ha dicho que alguno de estos elementos --no las perspectivas financieras,
que se aprueban por unanimidad-- se aprueban por mayoría, y es que este
elemento en particular se aprueba por unanimidad. No me preocupa su
negociación, que creo que está bien planteada en los términos que se
discuten en cada momento, lo que me preocupa son las relaciones del
Gobierno de España, en su conjunto, con la Unión Europea. Ustedes no
pierden ocasión para saltarse a la torera, cuando les conviene, las
normativas comunitarias. Se han creado ustedes más enemigos en menos de
dos años de gestión en el Gobierno, han roto más vínculos con la Unión
Europea de los que el más pesimista podría haber pensado al principio de
su mandato. Creo que tienen más dificultades de negociación, menos
credibilidad para llevar a cabo nuestras propuestas de las que ha tenido
ningún Gobierno español desde la preadhesión. Están perdiendo
credibilidad a raudales, porque ustedes, en vez de resolver los
problemas, prefieren ponerse al frente de las manifestaciones, sin querer
comprender, sin querer entrar en lo que debe ser un proyecto global que
están exigiendo y demandando todos los países de la Unión Europea. No se
puede estar en la construcción europea a la vez que uno se desentiende de
los compromisos que ésta va adoptando en sus instituciones y en sus
reglas de juego. Es muy difícil tener credibilidad para hacerlo, y
permítanme, por tanto, que cuestionemos, que pongamos en duda que el
sistema que ustedes utilizan sea el mejor para conseguir, no los
objetivos que yo le digo, sino los que usted mismo ha expresado y que
nosotros compartimos. Por tanto, creemos que es necesario que revisen su
sistema.




El señor PRESIDENTE: Vaya terminando. Ha consumido quince minutos y sólo
le corresponden diez.




El señor COSTA COSTA: Soy muy obediente, pero después de la intervención
de hora y cuarto del vicepresidente económico, en la que ha dado datos
muy interesantes...




El señor PRESIDENTE: Vamos al grano porque con esto no ganamos tiempo.




El señor COSTA COSTA: Continúo, señor Presidente.




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Respecto al propio fondo de cohesión, se propone una dotación anual que
es la que usted ha dicho, pero se prevé también una revisión intermedia
de la subvencionalidad según un criterio del producto nacional bruto por
debajo del 90 por ciento de la media comunitaria, y tampoco sabemos
cuándo se aplica ese criterio, esa revisión intermedia, y si afecta o no
a nuestro país, sin entrar en las discusiones que otros Estados miembros
están planteando respecto a si España, por estar en la Unión Monetaria
Europea, debe tener o no fondos de cohesión. Es decir, la propia Comisión
parte de este principio que usted apunta de que está pensado para
Irlanda. Está pensado para todos, aunque a Irlanda le puede afectar por
las cifras de una manera más directa.

Finalmente, ha consumido el tiempo en otras cosas para no explicarnos lo
que afecta a uno de los capítulos de gasto más importantes de la Unión
Europea: la política agrícola común. En esta política se dan dos
circunstancias que hay que considerar. En primer lugar, hay una bajada de
los precios en un 20 por ciento en materia de cereales, acompañada de un
incremento de las ayudas directas que sólo cubre el 50 por ciento de la
baja anterior. Pero lo más grave está en el tratamiento que apunta el
informe de la Comisión, tratamiento diferenciado entre los productos
continentales, para los que se proponen claramente incrementos en las
ayudas compensatorias, y la separación de los productos mediterráneos,
para los que se da una congelación o una caída de las ayudas.

Además de esto, en la política agrícola común se abre la puerta a una
renacionalización de sus políticas, permitiendo las ayudas a los Estados
miembros, aunque sea aprobadas por organismos de la Unión Europea, pero
introduciendo criterios de diferenciación o suplementos nacionales que en
la práctica suponen esa renacionalización de la política agrícola común,
una renacionalización que, de producirse, provocaría distorsiones y
discriminaciones graves que ésta misma pretende evitar.

Estamos ante un reto muy importante para nuestro país, que no es sólo el
reto de su Gobierno, sino del resto de España en su conjunto. La política
europea ha sido siempre objeto de amplio consenso, pero ustedes lo están
usando mal para hacer políticas partidistas, incomprensibles para
nosotros, y yo diría que incomprendidas por los organismos comunitarios,
que no van a facilitar obtener los objetivos que deseamos ver todos
hechos realidad ante este período interesante que se abre en la
construcción europea. Le pedimos que desde su responsabilidad, que es
especial en el Gobierno de nuestro país, haga todo lo posible para que
concluyamos esas negociaciones con España en la misma situación, por lo
menos, que está ahora; en esa situación que ustedes han convertido en
ideal y que no perdía ocasión de criticar cuando usted ocupaba el asiento
que yo ocupo ahora. Un ejercicio de humildad y de serenidad tal vez les
vaya bien. Si reflexionan respecto al pasado, a lo mejor no volvemos a
cometer en el futuro errores que hemos estado aguantando desde nuestras
filas durante demasiado tiempo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Navas.

El señor NAVAS AMORES: Señor Rato, bienvenido a esta comisión. Vamos a
tener que hablar de cosas reincidentes, porque su intervención ha sido lo
suficientemente amplia y genérica como para abordar los asuntos
sustanciales. Algunos, como los que ha reflejado el anterior
interviniente, han quedado en el tintero, pero va a tener ocasión en la
réplica de hablarnos algo de la política agrícola común.

Algunas consideraciones generales de mi grupo serían que es necesario
apreciar en su justo labor el trabajo realizado por la comisión. En un
contexto político particularmente delicado, marcado por una indiferencia
preocupante ante el largo plazo y un nacionalismo presupuestario en la
actual coyuntura de austeridad, se ha esforzado en presentar un marco
coherente para la intervención financiera de la Unión Europea en el
primer septenio del siglo XXI. Pero la coherencia de un programa se mide
en relación con sus medios y con sus objetivos, y hay que destacar que la
precisión en los objetivos es muy desigual. El objetivo político de
reforma de la política agrícola común parece suficientemente definido,
aunque es muy discutible por las consecuencias que va a acarrear a
España. La Comisión propugna una reforma librecambista de la PAC que
conduciría a su desmantenimiento y en la que se maltrata a la mayoría de
los productos mediterráneos, como ya está ocurriendo con el aceite de
oliva. En cambio, los objetivos estructurales parecen mucho menos
precisos. Por un lado, se prevé una concentración temática y geográfica
de los fondos, pero esta racionalización parece apuntar hacia una
comprensión del gasto para hacerlo compatible con el marco financiero
actual, en lugar de perseguir el relanzamiento de la política
estructural, en la perspectiva de ampliación de la Unión Europea. La
propia Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo afirma que las
perspectivas financieras para el período 2000-2006 no representan un
verdadero documento de programación. En lugar de proponer objetivos
coherentes y destinar a éstos los medios necesarios, son más bien una
especie de jaula creada para contener el esfuerzo financiero que la
ampliación va a hacer necesario.

El nuevo paquete Santer mantiene el presupuesto de la Unión en el 1,27
por ciento del producto interior bruto comunitario, limitándose a
prolongar el que estaba previsto para 1999. Se nos dice que esto basta
para afrontar los objetivos de la Unión porque las perspectivas de
crecimiento económico supondrán una aportación suplementaria de 20.000
millones de ecus, como usted mismo ha dicho. En este caso, ¿no se está
pasando por alto el riesgo de un crecimiento inferior de las
previsiones?, ¿no será necesario proceder sobre la marcha a una revisión
de las expectativas financieras?, ¿cómo resolver la cuadratura del
círculo de financiar la ampliación en los límites del 1,27 por ciento del
PIB comunitario, si se revisan a la baja la contribución financiera de
países tan fundamentales como el caso de Alemania?
El presupuesto es el mejor revelador de toda política, y las cifras que
se manejan en la agenda 2000 son una brillante ilustración, no de lo que
va a costar la ampliación --que no lo sabe nadie ni parece interesar
demasiado--,



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sino de lo que no va a costarle a cada uno. La ampliación es un gran
objetivo político de la Unión al que debemos dar todo nuestro apoyo, pero
el coste de la ampliación debe ser soportado de forma equitativa por
todos los Estados miembros, de forma proporcional al peso de sus
economías pero, en ningún caso, a costa de los fondos estructurales ni de
la PAC; a costa, en definitiva, de los países mediterráneos y en
primerísimo lugar, a costa de los españoles. En esta pelea sobre las
perspectivas financieras de la Unión, muchas cuestiones interesan
directamente a España, porque en casi todos los frentes tenemos
posiciones importantes que defender y hemos de tener cuidado para que no
nos roben la cartera. En este sentido, ¿cómo valora el señor
vicepresidente del Gobierno la existencia del Canciller alemán, Helmut
Kohl, compartida por la oposición socialdemócrata, de reducir la
aportación alemana al presupuesto de la Unión? ¿No estima el señor
vicepresidente que el debate sobre los llamados saldos netos y sobre la
teoría del justo retorno que enfrenta a Alemania y España por las ayudas
a la cohesión, además de quebrar los principios de solidaridad entre los
países miembros, resulta estéril y peligroso en un momento clave que la
Unión Europea debe adoptar el euro y ampliarse al este, y que incluso
podría poner en peligro la aprobación del nuevo marco financiero?
A este propósito, nos gustaría conocer la opinión del vicepresidente
sobre las recientes declaraciones del ministro alemán de Finanzas, Theo
Waigel, afirmando que los países receptores del Fondo de Cohesión que
accedan al euro deben dejar de beneficiarse de los fondos de cohesión.

¿No se podía llegar entonces a la paradoja de que los países que no hayan
hecho el esfuerzo de convergencia nominal sean premiados por el Fondo de
Cohesión?
Por último, en esta misma línea, dos interrogantes. La primera, ¿en qué
perspectivas financieras toman en consideración el objetivo del empleo,
ahora que estamos en vísperas de la cumbre extraordinaria sobre el
crecimiento y el empleo a celebrar en Luxemburgo el próximo día 21 de
noviembre? Y la segunda, ¿cómo entiende, señor vicepresidente, la
oportunidad o la conveniencia de asociar los interlocutores sociales a
estos grandes objetivos de la Unión Europea, y a un conocimiento en
profundidad de las consecuencias para nuestras comunidades autónomas y
para los sectores económicos e industriales afectados por la ampliación,
por la reforma de la PAC, y demás cuestiones que subyacen en el debate
sobre las perspectivas financieras de la Unión?
El Consejo Ecofin había hecho hasta ahora oídos sordos al tema de la
armonización fiscal. Por primera vez en muchos años se ha mencionado en
el Consejo Ecofin la necesidad de este objetivo. En Izquierda Unida
siempre hemos abogado por la armonización fiscal, con la correspondiente
justicia social y territorial, que ha de ir en paralelo con el mercado
único y con la Unión Económica y Monetaria. ¿Qué perspectivas realistas
de armonización fiscal pueden abrirse en un próximo futuro en el seno de
la Unión? Y de cara a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria,
¿cómo piensa abordar el Consejo Ecofin, en el próximo mes de mayo, el
delicado momento de la fijación de paridades de cara al euro? ¿Cómo
podremos evitar las maniobras especulativas contra determinadas monedas
de la Unión? En ese contexto, también me gustaría saber si la peseta
corre algún peligro.

Sobre las perspectivas financieras para el período 2000-2006, quiero
incidir sobre los aspectos más preocupantes desde el punto de vista
presupuestario. El nuevo marco financiero, también llamado paquete
Santer, se va a mantener en el umbral del 1,27, como hemos dicho.

Conviene destacar que ése era el límite de 1999, como usted mismo ha
dicho. Estamos hablando de cifras que no van a tener ningún aumento en un
período realmente importante, como es el de la ampliación. De entre estos
recursos, el 0,46 por ciento será destinado a políticas estructurales. Es
importante recordar de nuevo que son cifras, son umbrales que estaban
previstos para el período hasta 1999.

En cuanto a la concentración de todas las acciones, la Comisión ha
previsto una reducción de siete objetivos a tres. De entre estos
objetivos los dos primeros tendrán un carácter regional, mientras que el
tercero tendrá carácter horizontal. Básicamente en el Objetivo 1, como
usted mismo ha dicho, uno de los que más interesan a nuestro país para
las regiones menos desarrolladas, es donde voy a hacer hincapié. Las
regiones del nivel Nuts 2, elegibles actualmente, se van a ver reducidas
a partir de la aplicación estricta del criterio del 75 por ciento del PIB
comunitario, porque en la actualidad hay una aplicación flexible de este
criterio. La población cubierta por este objetivo no debería superar el
20 por ciento de la población total de la Unión; no obstante, con el
inicio de la aplicación de estos criterios a partir del año 2000, para
aquellas regiones que habiendo sido Objetivo 1 se sitúen por encima del
75 por ciento del PIB, se establece un período transitorio de dos años ,
en el que seguirán recibiendo financiación con cargo a este objetivo, y a
partir del tercer año pasarán automáticamente a formar parte del Objetivo
2. Como les he dicho con anterioridad, nosotros queremos hacerle una
pregunta más concreta de la que se le ha hecho anteriormente, y es si va
a haber alguna región española que se vea fuera de este objetivo.

Nosotros queremos preguntarle si realmente eso se va a producir y, sobre
todo, si se podría concretar en la comunidad autónoma de Cantabria y en
la Comunidad Valenciana. Nos gustaría que nos aclarara este aspecto que
pensamos es fundamental.

Las iniciativas comunitarias se han visto reducidas de las 13 actuales a
tres programas: cooperación transfronteriza e interregional para
estimular la ordenación del territorio, el desarrollo rural y la
valoración de los recursos humanos. Mientras que la iniciativa
comunitaria Urban pasa a formar parte de los programas del Objetivo 2,
quisiera llamar la atención sobre la desaparición de iniciativas como
Retex, reconversión de la industria textil; Rechard, reconversión de las
zonas dependientes del carbón, o Konver, reconversión de la industria
militar. Los recursos destinados a las iniciativas comunitarias pasan del
actual 9 por ciento de los fondos estructurales, al 5 por ciento.

Sobre los fondos de cohesión se mantienen los mismos criterios para ser
beneficiario de este fondo, los Estados cuyo PIB sea inferior al 90 por
ciento de la media comunitaria.




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El criterio de la condicionalidad se mantiene para aquellos Estados que
formando parte de la tercera fase de la UEM, no respeten lo dispuesto en
los pactos de estabilidad. Nuestro argumento fundamental para defender la
continuidad de las ayudas del Fondo de Cohesión para aquellos Estados que
se incorporen en la primera fase de la Unión Económica y Monetaria, caso
probable de España, es que si bien el fondo tenía sentido para paliar los
esfuerzos de la puesta en marcha de los planes de convergencia en la
moneda única, los esfuerzos van a ser mayores, si cabe, para acomodarse a
lo establecido en el Pacto de Estabilidad. Ante las propuestas
presentadas por la Comisión Europea en la agenda 2000 en relación con los
fondos estructurales, ¿puede informar el ministerio de las repercusiones
que la reducción de los objetivos, concretamente los que hemos comentado,
van a tener sobre algunas regiones españolas?
¿Considera el ministro que la solución propuesta por la Comisión,
estableciendo un período transitorio de dos años para incorporarse al
nuevo Objetivo 2, satisface las necesidades de inversiones estructurales
de estas comunidades autónomas? ¿Cómo evalúa la propuesta de la Comisión
de reducir de catorce a tres los programas de iniciativa comunitaria?
¿Considera el Gobierno que la suspensión de ayudas europeas a las cuencas
mineras responde a que los problemas de estas zonas quizá ya han sido
solucionados? De no ser así, ¿contempla el Gobierno la posibilidad de
habilitar en el futuro líneas de crédito con el objeto de cubrir la
pérdida de financiación por parte de la Unión Europea? Y, en relación con
el Fondo de Cohesión, ¿cómo se encuentran las discusiones en el seno de
Ecofin en relación a la continuación del fondo después de 1999?
Nosotros vamos a responder a la petición suya de que las distintas
fuerzas políticas trabajemos en un gran consenso alrededor de la defensa
de los intereses españoles en el seno de la Unión Europea. También le
llamamos a que abra ese consenso a la política de lucha contra el paro,
sobre todo en un escenario tan importante como la conferencia del mes de
noviembre.

Queremos resaltar una cuestión que ha salido recientemente en los medios
de comunicación, como es el plan Santer para crear 12 millones de empleos
en cinco años en la Unión Europea, y cuál es (algo un tanto novedoso para
nosotros, y creo que para todos) una de las condiciones que incluye ese
plan es situar --como usted también ha dicho, son políticas de empleo,
son políticas nacionales-- una serie de objetivos por país para la
creación de empleo. Algo parecido a lo que podrían ser los criterios de
convergencia individualizados por países, y que incorpora ese criterio
para alcanzar cotas de creación de empleo, lo que supone también alcanzar
cotas de disminución del paro en cada país. Algo realmente novedoso y que
en la práctica sí supone trabajar de cara a una cohesión social,
verdaderamente social.

Pensamos que estamos atravesando una de las etapas más duras para lo que
venimos en llamar la unión social. Creemos que los países del norte están
sometiendo a una gran presión a los países del sur. En este momento,
nuestro grupo al menos va a seguir en la línea de esta intervención,
defendiendo aquellos criterios de cohesión social que están ya
perfectamente recogidos en la construcción europea, no estamos innovando
nada.

En esa línea nos va a encontrar y reclamamos su petición de aunar fuerzas
para que conjuntamente podamos hacer una gran política de lucha contra el
paro.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, tiene la palabra el señor Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Siguiendo el consejo que ha dado de que seamos
breves, trataré de ser lo más telegráfico posible.

Agradezco al señor vicepresidente su exposición y, a partir de aquí, paso
a plantear una serie de temas. En primer lugar, la explicación que nos ha
dado sobre fijación de los tipos de cambio bilaterales que se harán en el
mes de mayo, cuando se anuncie qué países entran en el euro y qué países
no entran, creo que es la postura más sensata para evitar turbulencias en
los mercados. Ahora bien, al hilo de esto, me gustaría preguntarle al
vicepresidente económico. Desde su punto de vista, ¿cuál debería de ser
el tipo de cambio de la peseta respecto al marco cuando se haga ese tipo
de cambio bilateral irrevocable? En segundo lugar, y teniendo en cuenta
que a partir del 1.º de enero de 1999 ya no funcionaremos en pesetas,
sino en euros, si la Comisión tiene hecho algún tipo de estudio de cuál
debería ser el tipo de cambio apropiado para nuestra economía del euro
respecto al dólar.

La segunda pregunta va en la dirección de las ayudas preadhesión. El
dinero de las ayudas preadhesión, al final, de dónde va a salir, ¿de que
se da por supuesto que va a haber un crecimiento económico importante y
entonces van a sobrar unos remanentes sobre los fondos existentes en
estos momentos? Si esa situación no se diese, ¿de dónde sale la ayuda
preadhesión? ¿Del Objetivo 1? ¿Del Objetivo 2? ¿Del Objetivo 3? ¿De los
fondos de cohesión? De dónde van a salir esas ayudas preadhesión para los
países candidatos.

En tercer lugar, el Fondo de Cohesión. Como muy bien ha dicho el señor
vicepresidente del Gobierno, y nosotros estamos de acuerdo, la filosofía
de la Comisión es una filosofía correcta en el sentido de que el acceso
al euro no tiene absolutamente nada que ver con la pérdida de los fondos
de cohesión. El Fondo de Cohesión se creó para que se dé una convergencia
no nominal sino real; ahora bien, todos sabemos que en estos momentos
existen algunos países, como Alemania, que quizá hayan entrado ya en
contacto o estén tratando de crear un núcleo junto, por ejemplo, con
Holanda, Austria y Suecia para oponerse a esa continuidad de los fondos
de cohesión que iría en contra de nuestros intereses y de la filosofía de
la propia Comisión. Por eso me gustaría que el señor ministro nos dijese
cuál es en estos momentos la actitud de Alemania y también de esos otros
tres países que he citado, Austria, Suecia y Holanda, respecto a sus
planteamientos por lo que se refiere al Fondo de Cohesión.

Cuarto punto. En la agenda 2000 hay una cosa muy curiosa en el reparto de
los fondos estructurales. Por un lado



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todos somos conscientes, y todos los gobiernos son conscientes, de que el
mayor problema que existe hoy día es el desempleo y, consecuentemente, va
a haber una cumbre extraordinaria este semestre sobre el desempleo. Allí
se tomarán una serie de medidas, pero con esto quiero decir que siendo el
desempleo el problema más importante al que se enfrentan las sociedades
europeas, el nivel de desempleo, desde el punto de vista de nuestro grupo
parlamentario, debería ser también un instrumento a tener en cuenta en el
reparto de los fondos estructurales, no sólo el PIB sino también el nivel
de desempleo. Lógicamente los más favorecidos seríamos nosotros, porque
tenemos el mayor porcentaje de desempleo, pero creo que desde luego si
realmente se quiere atacar el tema del desempleo en los fondos
estructurales habría que tener también en cuenta el nivel de desempleo
que se da en cada uno de los Estados de cara al reparto de los fondos
estructurales.

El siguiente punto es que he oído hablar mucho del tema de la PAC, del
Objetivo 1, que evidentemente es muy importante para el Estado español y
para muchas regiones, pero he oído hablar poco del Objetivo 2 y quiero
decir que en el Objetivo 2 también existen regiones y no sólo la
Comunidad Autónoma vasca o navarra, sino Cataluña, Madrid y otra serie de
regiones y en este sentido quiero decir que nuestro grupo parlamentario
va a defender también hasta el final la importancia no sólo del Objetivo
1 sino también, lógicamente, del Objetivo 2.

Por último --y con esto acabo, señor presidente-- estoy de acuerdo con el
planteamiento que ha hecho usted y el Gobierno de elevar el techo del
1,27; si hay una ampliación es necesario elevar el techo del 1,27. Me
acuerdo de que cuando se elaboró el Tratado de Maastricht, en base al
mercado interior que se había conseguido ya con el Acta Unica y a la
creación de la moneda única, el euro, que entrará en vigor el 1.º de
enero de 1999, había otro eje fundamental que era la cohesión en el seno
de la Unión Europea, y en ese sentido realmente para aquellos Estados que
todavía no llegamos al cien por cien el PIB, que no llegamos a una
convergencia real, es necesario un incremento de ese techo del 1,27 para
que podamos seguir progresando; si no se podría dar la paradoja de que en
una Comunidad ampliada al final con un detraimiento de recursos para
aquellos Estados que todavía hoy no llegamos a la media comunitaria, más
la incorporación de otros Estados con un producto interior bruto y con
una renta per cápita muy inferior a la nuestra, lejos de ir hacia una
cohesión se fuese hacia una Europa de tres velocidades.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Coalición Canaria, el señor
Mardones tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, comienzo también por
agradecer la amplia y extensa información que el señor ministro de
Economía y Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno ha expuesto
ante esta Comisión.

Paso seguidamente al análisis, primero global, diciéndole que por parte
de nuestro grupo, señor ministro, nos encontramos satisfechos y
concordantes con la línea de posición defensiva de los intereses
económicos y financieros españoles y, concretamente, con algunas
particularidades que más adelante haré del caso específico fiscal y
económico de Canarias. En esa línea y con las matizaciones que haré en
algunos puntos, tiene usted nuestra concordancia y apoyo a su actuación.

En el primer punto, respecto a la política de cambios, esperamos hacer,
señor ministro, un seguimiento importante a este aspecto. Sabe usted que
en una región que mueve su producto interior bruto en las cifras
fundamentales superiores al 70 por ciento, como es Canarias, ver el
seguimiento de toda política cambiaria --sobre todo, cuando el componente
turístico es de ciudadanos de Alemania y de Inglaterra-- es muy
interesante, no tanto respecto al marco, por supuesto, sino respecto a la
situación cambiaria de la libra esterlina. Mi primera pregunta sería si
se ha tocado algo respecto a la situación de la libra esterlina dentro
del Sistema Monetario Europeo, porque si no tendríamos alguna distorsión
en las consecuencias económicas de la política cambiaria --en su momento,
para el control de cambios-- dada la sensibilidad del sector turístico al
valor de la divisa respectiva.

En segundo lugar, nos congratulamos de que por parte de los responsables
de los gobiernos el diseño de las monedas esté contemplado, evitando
aquel primer problema que existió con los bancos cuando se diseñó el
billete papel del euro con la exclusión del territorio de Canarias, y me
alegro de la observación directa que ha hecho el señor ministro.

Respecto al punto del empleo, señor De Rato, la pregunta que me asalta es
que usted ha hablado de una innovación o de alguna fórmula del Banco
Europeo de Inversiones. Estamos de acuerdo en que si hay una política,
una estrategia integrada con aspectos macroeconómicos y estructurales
--sobre todo los estructurales--, si han acordado que no habrá
ampliaciones de capital en el Banco Europeo de Inversiones, y no va a
haber, por tanto, reparto de dividendos, ¿cómo se puede abordar, si no
hay ampliaciones de capital, una política de atención financiera a las
pymes, al sector de la educación, de la salud y del medio ambiente, con
lo que esto lleva en sí de fuertes cargas económicas? No son sectores,
digamos, que se financien con pocos recursos sino todo lo contrario,
sobre todo, no solamente los aspectos cualitativos de los subsectores
citados por el señor ministro, sino de todos los aspectos cuantitativos,
de la suma total de todas las pymes que puedan ser financiadas, de todos
los sectores o demandas sanitarias, educacionales o medioambientales que
se puedan plantear, y trato de buscar congruencia con la política de no
hacer ampliaciones de capital del banco, y por tanto, tampoco habrá
reparto de dividendos. Me preocupa menos el reparto de dividendos; lo que
me preocupa es que la cartera de disponibilidades crediticias del banco
pueda atender estas nuevas demandas.

Entro en el tema del código de conducta, tema verdaderamente sensible
--como usted bien sabe, señor vicepresidente del Gobierno-- en el aspecto
tributario, financiero y económico de Canarias. Si han hablado ustedes de
este código de conducta que nos parece, en un principio, plenamente



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razonable, tal como lo ha planteado España, pero ver qué respuesta de
este código de conducta va a tener para el tratamiento del régimen
especial económico y fiscal canario y de la zona especial canaria porque
me parece que Alemania, Luxemburgo y Holanda están pensando en otro
código de conducta o en otra vara de medir cuando se trata de aplicar ese
código de conducta para el régimen especial canario.

Dice usted que es un debate abierto, sabe que tiene nuestro apoyo;
estamos bien informados incluso en las conversaciones ya de contacto de
la Administración autónoma canaria con su departamento, pero quisiéramos
llevar al ánimo de los responsables alemanes, de Luxemburgo y de Holanda
que no apliquen dos varas de medir ni se inventen paraísos fiscales que a
ellos ya de por sí, dentro de su propia estructura financiera, habría
mucho que decirles.

Respecto, señor ministro, a los fondos de cohesión --en las perspectivas
sobre todo del año 2000 a 2006-- sabe usted que esto ha sido también una
sensibilidad y una preocupación en el ámbito del archipiélago canario y
aquí hoy --como portavoz también de Coalición Canaria-- igual que en el
anterior punto del código de conducta quisiera traerlo en las
perspectivas financieras. Celebro que el señor De Rato haya invocado lo
que se aprobó recientemente en Amsterdam de la situación del régimen de
región ultraperiférica de Canarias --junto con Madeira, Azores y los
territorios franceses de ultramar del Caribe--, para invocar precisamente
este principio porque nos había surgido en una primeras noticias, sobre
todo de la posición alemana, la alarma ante la posible exclusión de
Canarias como región de Objetivo número 1 de acceso a los fondos de
cohesión.

Participamos plenamente de unas primeras declaraciones tranquilizadoras
que hizo el presidente del Gobierno, señor Aznar, echándoles en cara a
estos socios comunitarios si los países que cumplen con los programas de
convergencia van a ser los penalizados con la retirada de los fondos de
cohesión y, por tanto, la desaparición de regiones de Objetivo número 1,
cuando se está en unas circunstancias muy difíciles en estos aspectos.

Celebro y coincido con el señor vicepresidente del Gobierno, y apoyamos
la postura que está defendiendo de no aceptar mecanismos correctores,
porque, como usted bien ha citado, después del cheque británico, si ahora
los alemanes y los holandeses pretenden otra fórmula correctora, desde la
no participación o replantear ellos fundamentalmente lo que llama el
ministro de Finanzas alemán «reequilibrar sus aportaciones» a la Unión
Europea y, por tanto, tocar la repercusión en los fondos de cohesión,
nosotros, señor ministro, apoyamos la postura que está manteniendo de que
no se deben aceptar mecanismos correctores en lo que pretenden estos
países para lo que ellos llaman reequilibrar sus aportaciones.

Me parece afortunado incluso el ejemplo que ha puesto el señor De Rato de
decir: miren ustedes, no todo se está resolviendo por vía presupuestaria,
sino por los flujos financieros que tienen ustedes, las empresas
contratistas alemanas, que van a construir el aeropuerto principal de
Atenas. Igual está ocurriendo, por ejemplo, con Canarias, donde, por
estar estructurado el sector de los operadores turísticos,
fundamentalmente ubicados financiera y fiscalmente en Alemania o en el
Reino Unido, están manejando todas las cifras de recursos que pudiera
tener la economía española canaria allí ubicada y son ustedes los que
están haciendo en Canarias el aeropuerto de Atenas, valga la expresión,
respecto a ello. Se lo digo abundando en sus argumentos, señor De Rato,
con los que coincido plenamente, porque poner en la misma identidad los
flujos financieros y los flujos presupuestarios podría colocar a Canarias
en situación difícil cuando nos vemos agravados con los intentos que
tiene la Unión Europea, en lo que afecta al artículo 27, que usted bien
conoce, del régimen económico y fiscal de Canarias: vamos a perder hasta
el 40 por ciento de unas líneas de ayuda en los sectores agrícolas,
pesqueros y agroalimentarios, en mi condición de región ultraperiférica,
dígame usted de qué me sirve si no tengo compensaciones y me encuentro
con la cicatería de Alemania, de Luxemburgo, de Holanda, de Austria o de
algún otro país nórdico, que no están dispuestos a aceptar para ellos
mismos el código de conducta que a nosotros nos quieren aplicar.

En esta línea, le ratifico, señor vicepresidente y ministro de Economía y
Hacienda --y termino, señor presidente--, tiene usted nuestro apoyo y el
aliento para mantenerse en lo que consideramos legítimos y justos
derechos dentro de la legislación del acervo comunitario.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor presidente, en primer lugar, quiero dar
la bienvenida al señor vicepresidente en esta Comisión Mixta para la
Unión Europea y agradecerle la exposición que nos ha hecho sobre lo que
creo es una vastísima relación de asuntos tratados en las diferentes
cumbres y reuniones Ecofin.

Mi grupo considera que, a la vista de lo que aquí se ha podido escuchar
por parte del vicepresidente e inclusive por otros portavoces, pareciera
que todo ha sido fácil y que aquí hemos llegado prácticamente sin
realizar esfuerzos. Yo creo que en el punto en que nos encontramos, en el
tiempo que media hasta el horizonte del examen de la primavera de 1998,
sería muy prudente volver a recalcar de dónde venimos y en dónde estamos.

Es cierto que hace año y medio, hace dos años, había que tener las
alarmas encendidas, por cuanto España en aquella ocasión no cumplía
prácticamente muchos de los criterios de convergencia que hoy todo el
mundo da por un valor seguro, nadie pone en discusión cuál es nuestra
posición de solvencia en ese proceso de integración, y hay que reconocer
que hasta pasar de aquel punto en el que prácticamente no contábamos para
la integración europea a hoy, que somos un valor seguro, se han realizado
un conjunto de esfuerzos sumados a los que anteriormente se habían
realizado. Eso nos lleva a decir que lo importante en este proceso no
sólo es alcanzar el punto de integración, sino, más importante inclusive,
el crear las condiciones óptimas



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para podernos mantener con solvencia en la tercera fase. Por tanto,
considero que sería bueno que la voluntad política de todos los grupos
parlamentarios insistiera en que no es el momento, en ningún caso, de
producir ningún relajamiento en las disciplinas que nos hemos impuesto en
nuestra política económica, en nuestra política monetaria, en nuestra
política presupuestaria; en todo caso, hay que reforzar esos esfuerzos
que hemos llevado a cabo hasta este punto.

Señor vicepresidente, el buen vino lo ha servido usted en los postres de
la intervención y así ha parecido a todos los portavoces de esta
Comisión. Sin ningún género de dudas es cierto que todo lo tratado en la
Agenda 2000 ha llamado la atención de los distintos portavoces de esta
Comisión y tengo que reconocer que hace escasamente unas semanas los
pronunciamientos más críticos respecto a cuál era la situación española
en el concierto europeo se hacían la llamada de: cuidado, que podríamos
estar perdiendo los fondos de cohesión. Hablaban de la cuantía de los
fondos de cohesión como una posibilidad que pudiéramos perder por
posiciones que se guardaban por otros países Estados miembros. Hoy,
gracias a lo que hemos podido escuchar aquí y a lo que ya se ha tratado
en las últimas cumbres, ya no se puede discutir que vayamos a perder esos
fondos de cohesión. Ahora, en todo caso, lo que parece ser que ya
preocupa es que alguna parte de esos fondos de cohesión se puedan perder,
porque hay cierta tendencia a ir decreciendo la intensidad de estos
fondos de cohesión, pero ya nadie pone en discusión que los fondos de
cohesión vayan a permanecer inclusive en el momento en el que nos
integremos en la tercera fase. Es una buena noticia, la recibimos con
satisfacción y así estaremos discutiendo a partir de ahora no sobre si
están o no están los fondos de cohesión, sino sobre cuánto montante
alcanzarán; es una discusión bien distinta la de las cuantías. Por tanto,
nos satisface que hoy usted nos haya despejado esta duda, recibiendo con
felicitaciones que en todo lo relativo a fondos de cohesión, a fondos
estructurales, y más concretamente al Objetivo 1, no va a haber ningún
tipo de congelación en la Agenda 2000. En todo caso, se van a mantener
siempre las mismas condiciones de eligibilidad y selección de estos
fondos y regiones beneficiarias de ellos.

Hemos visto con satisfacción que ha sido resuelto el destino de los
ingresos por multas, y, por tanto, tenemos que saludar el avance que se
ha producido en este apartado. Pero sí hay algo que nos merece un
subrayado especial, unido a que por fin queda ya descartada del debate la
opción de los fondos de cohesión y al tratamiento de los fondos
estructurales, y ha sido su exposición en torno al empleo. Cada día
observamos que en el debate europeo el empleo centra la prioridad de las
opciones políticas. Por tanto, desde mi grupo queremos decir que la
compatibilización de todo el proceso de integración europea, sumado a la
creación de empleo como derivada principal del crecimiento sostenido y
estable de la economía de los países integrantes, es para nosotros uno de
los objetivos primordiales, y observamos con aplauso que se esté
planteando en estos mismos términos en la Unión Europea. Y observamos con
aplauso también, como hemos visto desde lo que usted nos ha referido
aquí, un casi calcado paralelismo entre lo que ha mandatado la Comisión y
el Consejo sobre los programas plurianuales de empleo y lo que el
programa plurianual de empleo, aprobado por el Gobierno recientemente,
contiene. De hecho, vemos con satisfacción que tengamos que avanzar en la
construcción de los pactos territoriales para el empleo con las
comunidades autónomas. Creo que es muy preciso para llevar a cabo el
mandato de la Comisión y del Consejo Europeo el que estos pactos
territoriales para el empleo se vayan a suscribir como derivada principal
del programa plurianual de empleo que ha aprobado el Gobierno de la
nación, que, como he dicho, no es una ley, sino un acuerdo del Consejo de
Ministros, que guarda un paralelismo absoluto con todo lo concerniente y
mandatado por la Comisión y el Consejo Europeo.

Hay una cuestión, señor presidente, que me gustaría que me la despejara
porque yo no la he entendido bien. Cuando en el apartado relativo al
déficit excesivo usted ha pasado a hablar de que quedan fuera del
procedimiento de déficit excesivo Finlandia y los Países Bajos, me
gustaría que me explicara, si es tan amable, en qué consiste esta
posición de Finlandia y los Países Bajos. Esta es la única duda que nos
ha quedado de su exposición.

Es buena la interpretación que se está haciendo y se va a hacer sobre el
criterio de deuda y consideramos, después de la exposición que usted ha
hecho aquí, que hoy ya nadie duda que España va a cumplir sus objetivos
de déficit, hoy ya nadie duda que España está llevando a cabo el paquete
de reformas estructurales que conviene y a las que, de alguna manera,
insta permanentemente la Comisión, hoy ya nadie duda de que podamos estar
saneando los presupuestos de los gobiernos autónomos con los pactos que
se han firmado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y hoy ya
nadie duda de que continuamos en nuestro proceso de privatizaciones, e
insisto en que nos han instado desde la Unión Europea a que profundicemos
en todos estos objetivos.

No existe hoy ninguna duda de que España cumple los objetivos del
Programa de Convergencia; vemos con algún grado de preocupación, pero
entendemos que esta cuestión va a tener alguna lentitud en alcanzar
coincidencias, todo lo relativo a la armonización fiscal, como usted nos
ha dicho; nosotros hemos visto pocos acuerdos, pero comprendemos que la
reflexión que hoy nos ha traído usted a esta Comisión es un primer paso
para poder llegar a esa armonización que tiene que impedir, ante todo,
que se produzcan flujos indeseados de los movimientos de capitales.

Hemos visto también con alguna preocupación, señor vicepresidente, que en
todo lo relativo a la ejecución presupuestaria no se solventan con
rapidez lo que vamos a llamar incorrecciones financieras, aunque
inclusive me ha parecido en su intervención que usted ha hablado de
situaciones de fraude. Nos gustaría que, de ahora en adelante, la
intensidad de solventar estas incorrecciones financieras no pesara sobre
la ejecución presupuestaria y, por el contrario, estuviéramos ante una
ejecución del presupuesto de la Unión Europea que no tuviera estas
salvedades que con tanta frecuencia se están detectando.




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Por tanto, satisfacción porque se han despejado dudas en el debate de la
Agenda 2000. Quiero decir, ante algunos pronunciamientos inquietos, que
la elaboración de la Agenda 2000 es un proceso muy largo y que estamos
asistiendo a las primeras escaramuzas y debates sobre su contenido, y
mostramos nuestra satisfacción porque comprendemos que se han despejado
dudas muy concretas respecto a los fondos de cohesión y a los fondos
estructurales. Y ¿por qué no decirlo y reiterarlo?, vemos muy importante
que el empleo sea --insisto-- el centro de las prioridades políticas en
los debates que se están llevando a cabo en la Unión Europea y que las
soluciones al empleo estén guardando el paralelismo que guardan con el
programa plurianual de empleo aprobado por el Gobierno español.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias a todos los intervinientes
por el tono y el contenido de sus intervenciones.

Efectivamente, mi primera intervención ha sido larga, es verdad que me he
referido a varios consejos de Ecofin y he considerado que debía mencionar
los temas, aunque muchos de ellos ya han sido citados en muchas
ocasiones, no sólo por mi parte, sino en los debates de Pleno, pero me
parecía importante hacer una relación de asuntos que quizá en este
momento pueden parecernos menos importantes, pero que han sido asuntos
muy importantes, como, por ejemplo, la coordinación de políticas
económicas, el sistema monetario europeo, los sistemas de déficit
excesivos, el pacto de estabilidad que, sin duda, van a ser objeto de
interés político por parte de SS. SS. en el futuro. Comprendo que el
debate de la Agenda 2000 ha centrado el interés político de la Comisión,
y por ello entiendo perfectamente la atención unánime en este tema.

Paso a contestar, señor presidente, con detalle pero espero que
brevemente también, a los distintos portavoces. El señor Costa ha hecho
unas referencias a la fiscalidad, sobre la necesidad de coordinación de
políticas fiscales, con las que coincido, y como otros portavoces han
hecho intervenciones un poco más detalladas sobre este tema, por razones
locales o generales, reiteraré alguna información a lo largo de mi
intervención.

Me congratulo con el señor Costa de que nuestro proceso de convergencia
nominal para pertenecer al euro se esté haciendo sin ninguna
interpretación política y, en ese sentido, creo que los esfuerzos que el
señor Aguirre ha puesto de relieve es imprescindible tenerlos en cuenta
para que los españoles entendamos cuál ha sido el camino que hemos
recorrido para llegar a una posición en la que nuestra pertenencia al
euro no sea ya una cuestión de pactos políticos, sino una cuestión de
realidades económicas españolas.

Paso a comentar sus consideraciones sobre la Agenda 2000, no sin antes
decir que es cierto que en Amsterdam no se cerró el tema institucional y
que eso ha sido considerado por la opinión pública como un fracaso de la
cumbre; sin duda puede considerarse así, era un objetivo que no se ha
conseguido. También tengo que decir que desde el punto de vista español
no se puede cerrar un acuerdo institucional en cualquier condición,
seguramente en esto coincidimos y, por tanto, nuestra posición es que el
cambio institucional, que va a afectar a nuestros equilibrios, a nuestras
posiciones y a la capacidad que tengamos de defender nuestros intereses
en la Unión Europea, es un tema en el que España mantiene posiciones de
acuerdo y consenso abiertas, pero también firmes, en lo que son
imprescindibles modificaciones y consideraciones del tamaño de nuestro
país en consonancia con su peso institucional.

Coincido plenamente con el señor Costa --lo he dicho, y lo reitero, a
raíz de su intervención-- en que el modelo de construcción europea es un
modelo de cohesión social, además de otras cuestiones, como es la
libertad económica o la estabilidad macroeconómica, pero sin duda la
cohesión social forma parte de uno de los elementos básicos de la
política de integración europea y del propio Tratado de la Unión Europea.

Así lo entiende España y por eso creo que no debemos simplemente hacer un
debate --que también-- sobre cuánto viene a España o deja de venir; ése
es un debate seguramente muy interesante, pero también tenemos que tener
en cuenta que el principio que defendemos es el principio de cohesión, no
un principio estrictamente de flujos financieros, porque si criticamos
que otros defiendan --y no digo que S. S. lo haya dicho-- flujos
financieros, debemos ser conscientes de ello.

Al señor Costa le preocupa lo mismo que nos preocupa a nosotros. Creo que
es bueno que vayamos centrando nuestras preocupaciones. Es verdad que
somos el mayor receptor de los fondos de cohesión y de los fondos
estructurales. En principio, la propuesta de la Comisión sobre fondos de
cohesión no nos afecta, aunque nos afecta en el sentido que el señor
Costa plantea, y es que no aumentan en el futuro, pero no nos afecta en
el sentido de que el objetivo de 1999 se mantenga, lo he dicho en mi
intervención, y reitero que coincido con la posición del señor Costa.

Respecto al conjunto del 0,46, no compartimos la posición de la Comisión.

No creemos que el 0,46 deba integrar las políticas de ampliación. Ya
hemos expresado a la Comisión y a los demás países que España no respalda
esa posición y, por tanto, tendremos que ver cómo evolucionan las
distintas cuestiones para que España tome posición, pero no veo fácil que
vayamos a cambiar nuestra posición respecto de este tema, porque creo que
nos apoya una explicación que SS. SS. han utilizado y que es
absolutamente cierta: la ampliación ha de financiarse cuando sepamos
cuántos países se van a ampliar, en qué condiciones y no a costa de una
determinada política, y mucho menos a costa de una política tan
importante como la de cohesión. En ese sentido coincido con las
reticencias que el señor Costa y otros portavoces han planteado respecto
a este techo del 0,46 y lo que eso supone de decrecimiento en el conjunto
de las políticas de cohesión.

Con respecto a las regiones afectadas por el Objetivo 1 de los fondos
estructurales, lo que yo he dicho, y quiero



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que quede muy claro, es que en las actuales estadísticas oficiales de la
Unión Europea ninguna de las regiones españolas está afectada. Como es
natural, y creo que todos nos entendemos perfectamente, la evolución de
las condiciones económicas de las regiones pueden o no pueden afectarnos,
pero no me parece que en este momento debamos ser alarmistas. Como
nosotros mismos comprobamos en nuestros debates de relaciones entre el
Estado central y las autonomías, los índice estadísticos acaban siendo
índices políticos y, por tanto, no se aplican con criterios estrictamente
estadísticos, sino que forman parte de un acuerdo. En este momento no
tenemos un problema en esa cuestión con los índices oficiales, si SS. SS.

plantean si podemos tener o no un problema en el futuro, yo no me
atrevería ahora a contestarles, pero es indudable que hoy no lo tenemos.

¿Cuál será el proceso de reducción paulatina de los fondos cohesión, si
es que éste se produce en el caso irlandés, por ejemplo, o de
determinadas regiones? Todo eso está por debatir, todo eso está por poner
encima de la mesa, y en eso tengo que decir que no somos el país
únicamente afectado, hay muchas regiones en Europea que van a estar
afectadas por esta cuestión. El hecho de que en el Objetivo 1 se integre
el criterio de desempleo, creo que no nos perjudica para nada, sino al
contrario; a eso hay que sumar que el nuevo Objetivo 3, para las regiones
que queden fuera del Objetivo 1, es un fondo especialmente dedicado al
desempleo.

Por tanto, el argumento que se ha dado a España --miradas las cosas en
detalle-- de que hay muchos criterios que nos benefician, no debemos
echarlo en saco roto, aunque no compartamos el techo del 0,46 y aunque no
compartamos que en ese 0,46 se integren las políticas de ampliación; pero
también tenemos que escuchar otros argumentos, no sobre esa cuestión,
pero sí sobre los detalles, en los que no tenemos que ser
extraordinariamente pesimistas --diría yo--, más bien me inclino a pensar
que podemos ser moderadamente realistas, si me lo permiten ustedes.

Por tanto, en los fondos de cohesión se mantienen el nivel del 99, lo
cual yo diría que es el mínimo que nosotros podemos entender que es
satisfactorio, aunque no es totalmente satisfactorio en la filosofía que
el señor Costa ha dicho y que yo comparto, y que es aumentar la cohesión.

Y en los fondos estructurales no estamos de acuerdo en el techo, ni el
señor Costa ni el Gobierno, y por tanto seguirá nuestra discrepancia con
la Comisión y con otros países, si es que la mantienen.

Con respecto a lo que podríamos llamar la convergencia estadística, que
el señor Costa ha planteado, es decir, qué sucede si empezamos a
considerar que los nuevos países que se integran reducen la media, eso
está descartado; en principio, no hay un efecto de convergencia
estadística y España no lo aceptará; pero en este momento creo que
tenemos suficientes debates reales como para entrar en debates que no se
han planteado; la convergencia estadística no está planteada; es decir,
estamos hablando de los niveles de renta de los Quince, que son los que
juegan para el período 2000-2006. A partir de ahí, es indudable que cada
país puede hacer las propuestas que le parezcan convenientes, pero
también tengo que decir que, probablemente, en este tema haya muchos más
países que los países de cohesión que no estén interesados en
contemplarlo, porque esa reducción de niveles afectaría a muchos países.

En cuanto a los dos tercios del Objetivo 1, quiero recordar que en este
momento ni siquiera son dos tercios, es el 61,7; estamos, por tanto,
alrededor de dos tercios. ¿Que debemos tratar de que ese alrededor o
aproximadamente --me parece que son las palabras literales-- de dos
tercios sean dos tercios? Estoy de acuerdo con el señor Costa; pero
seamos conscientes también de que en este momento tampoco estamos en dos
tercios, estamos en alrededor de dos tercios, o en aproximadamente dos
tercios, siendo el aproximadamente hacia abajo, que seguramente es como
siempre funcionan este tipo de afirmaciones; pero el 61,7 es el que hay
en este momento. El primer documento de la Comisión mantiene esa posición
y creo que debemos intentar, al menos, subir hacia arriba.

En cuanto a la caída de gastos de cohesión, faltan por presupuestar
390.696 miles de millones de pesetas del fondo de cohesión. Por tanto, en
este momento no creo que se pueda hablar de pérdidas de los fondos de
cohesión. El señor Costa sabe que, en cuanto a los fondos de cohesión,
hay un calendario que es plurianual y, al final, tendremos que ver cuál
ha sido la ejecución. Yo creo que en este momento hay suficientes
proyectos en España como para que no tengamos problemas de utilización de
los fondos de cohesión y, por tanto, no tengamos que aceptar la crítica
de que no hemos sido capaces de utilizar el dinero que teníamos a nuestra
disposición, lo que me parecería una crítica grave de cara al debate
futuro.

Me preguntan cuál va a ser el procedimiento de retirada escalonada de
fondos. Todo eso está por debatir y ahí puede que haya otras regiones y
otros países más interesados en que eso se haga de una determinada
manera; por eso he dicho antes que, si se mantiene el principio de que
Irlanda sea país de fondo de cohesión durante este período, se está
abriendo un precedente que no estoy seguro de que nos perjudique, desde
el punto de vista de lo que pueda sucedernos a lo largo del tiempo.

Quiero recordar que en los fondos de cohesión está prevista una
evaluación a mitad de período. Eso es parte de las reglas y, por tanto,
no creo que España, en este momento, deba decir que no quiere que
continúe esa regla. Además, dentro del debate de los principios --y creo
que España debe hacer los dos debates, el de los principios y el de las
concreciones--, hay que aceptar que los fondos de cohesión están pensados
para unos determinados niveles de renta. Es verdad que la interpretación
flexible permite períodos transitorios muy largos, por eso digo que el
caso irlandés no es un precedente que nos vaya mal si va en la dirección
que parece.

Antes de entrar en las manifestaciones políticas en las que no coincido
con el señor Costa, quisiera acabar con las que sí coincido. Con respecto
a la PAC, tengo que decir que no la he mencionado en mi intervención
porque he entendido que ése era un debate muy sectorial, pero, desde
luego, la posición del Gobierno no es respaldar las propuestas de la PAC
que contiene la Agenda 2000, puesto que ahí se olvidan cuestiones
esenciales para nosotros,



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como las que se refieren a las OCM del vino, del aceite, de productos
mediterráneos, que están pendientes de las reformas, y también es
imprescindible que el tratamiento del conjunto de los productos
mediterráneos sea tenido en cuenta en las perspectivas financieras.

En cuanto a la Comisión, como sabemos, ésta cree que es posible cubrir
sin dificultad los gastos agrarios con el techo de la línea directriz
actual y con eso hay margen creciente a partir del 2003, que permitiría
hacer frente a imprevistos en los mercados. En cualquier caso, éste es un
debate que está empezando y en el que, sin duda, las posiciones críticas
que han expresado no sólo el señor Costa, sino algunos otros portavoces,
en muchos casos son compartidas por el Gobierno.

Paso ahora a contestar a algo que me ha planteado el señor Costa y que,
sinceramente, creo que es injusto. Que las relaciones de España con la UE
son malas, eso no es cierto. Nosotros tenemos una relación con la
Comisión lo suficientemente buena como para resolver temas como el REF,
la zona ZEC, las OCM, Airtel y nuestra pertenencia al euro, temas que
ustedes, pese a su buena voluntad, no dejaron resueltos. Ya sé que
ustedes nos querían dejar todo resuelto, pero así, a vuela pluma, esas
cuestiones --y no he hecho una lista de esas cuestiones pendientes-- no
pudieron resolverlas, pese a sus excelentes relaciones con la Comisión.

Yo creo que los países mantienen buenas relaciones con la Comisión y
España las mantiene, la prueba es que tiene capacidad para resolver
problemas. Dentro del respeto --y no voy a hacer de eso un debate, ni me
parece que éste sea el sitio adecuado-- a las posiciones de cada uno de
los grupos parlamentarios en debates relacionados con la televisión
digital o con la emisión del fútbol, no creo que podamos pretender que
eso vaya a afectar a las relaciones de ningún país con la Comisión en una
u otra dirección. Con la Comisión tenemos muchísimos temas; en unos
estamos de acuerdo con la Comisión y en otros estamos en desacuerdo. Yo
sólo querría hacer una matización de fondo a lo que ha dicho el señor
Costa: que Europa somos todos, no es la Comisión. Eso de que queramos
convertir a la Comisión en el Tribunal Superior de Justicia Europeo es
una gran equivocación, y fíjese lo fácil que nos sería sacar una lista de
todos los contenciosos que España ha tenido con la Comisión, los que ha
ganado y los que ha perdido; pero ésa no es la cuestión, la cuestión es
no sacralizar la Comisión. Tampoco hay que tratar de quitarle su
importancia; la Comisión tiene una gran importancia y el Gobierno de
España mantiene unas excelentes relaciones de confianza con la Comisión;
por cierto, que nuestra capacidad de cumplir los objetivos del euro no
nos han quitado precisamente credibilidad. A partir de ahí, el que un
Estado miembro no comparta una interpretación de la Comisión sobre la
legislación comunitaria no sólo es el pan nuestro de cada día de todos
los Estados miembros sino que, además, faltaría más, el Parlamento
español o una mayoría parlamentaria española tienen todo el derecho a
hacer sus interpretaciones, que no siempre serán coincidentes con las que
haga la Comisión sobre la legislación comunitaria, y el Tribunal Superior
de Justicia comunitario determinará. La Comisión tiene su importancia y
desde luego nosotros se la damos, no me atrevo a decir más que le daban
ustedes, pero tanta como ustedes le daban, pero no sacralicemos las
posiciones de la Comisión. La Comisión hace su papel en el reparto de
papeles que cualquier equilibrio democrático exige; el Parlamento
Europeo, por cierto, debe ser una de las instituciones más críticas con
la Comisión, y no creo que podamos decir que el Parlamento Europeo no es
una institución básica, y los Estados miembros y los parlamentos de los
Estados miembros tienen sus posiciones. Ese es el juego democrático; por
tanto, mantengamos el equilibrio del juego democrático. Creo que miembros
del Parlamento español deben entender que el Parlamento y las mayorías
parlamentarias tienen el derecho de interpretar y de creer que cumplen
con el Derecho comunitario, independientemente de cuál sea la posición de
la Comisión, tratando de no violentar las relaciones institucionales que
para nada están en una situación de violencia ni van a estarlo, como no
podía ser de otra manera.

Paso a contestar al señor Navas en algunas cuestiones como las de la PAC,
a las que ya he hecho referencia, y en otras cuestiones en las que
coincido. Es decir, el plantear objetivos y después la asignación de
medios sería el sistema racional de responder al proceso de ampliación.

La Comisión, por razones políticas que no son nada secretas, plantea las
cosas al revés, plantea la asignación de medios y después dice que van a
tener que cumplir los objetivos. En eso no estamos de acuerdo nosotros
con la Comisión, y creo que tampoco los demás. Por tanto, ése es un
debate que está abierto, sin duda. Entre paréntesis, he de decir que el
proceso de ampliación es un proceso muy complejo, ya lo estamos viendo en
la reforma institucional y lo vamos a ver en las perspectivas
financieras. No va a ser un proceso fácil. Es un proceso imprescindible y
es un proceso ambicioso en el que España va a hacer todos los esfuerzos
necesarios, porque creemos que la ampliación es uno de los grandes
elementos de la integración europea. A partir de ahí, como es natural,
cada país va a defender detalles y yo coincido con el señor Costa, con el
señor Navas y con los demás portavoces en el sentido de que el límite del
1,27 que ha planteado la Comisión es un límite que tiene fallos
conceptuales de planteamiento que nosotros ya hemos dicho.

¿Qué sucede si crecemos menos del 2,5? Esa es una pregunta que creo que
he contestado en mi primera intervención y que reitero ahora. Hemos
planteado a la Comisión que no se puede hacer un escenario financiero con
un único crecimiento. ¿Qué sucede si crecemos menos; o qué sucede si
crecemos más, como es natural? Eso va a ser parte del debate que tenga
que plantearse a lo largo de los próximos meses e incluso de los próximos
años sobre estas cuestiones.

Estamos de acuerdo en que la ampliación no puede hacerse a costa de los
fondos de cohesión o de la política de cohesión como elemento financiador
de la ampliación y tampoco a costa de la política agrícola, porque eso
sería tanto como aceptar que para hacer la ampliación cambiamos la Unión
Europea en vez de incorporar a la Unión Europea otros países. Ese no es
el proceso que se siguió



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cuando nos incorporamos nosotros ni cuando se han incorporado otros
países y además sería un cambio político que nosotros no consideramos
adecuado y que además creemos es muy negativo. En eso coincido con usted
y creo que ése es un debate en el que tenemos grandes elementos de
defensa.

Alemania. Ustedes comprendan que yo no vaya a hacer juicios aquí sobre
las declaraciones de otros responsables políticos europeos. No por nada,
quiero decir que tampoco debemos sacralizar lo que digan los demás, sino
porque me parece que el debate interno de un país en un período
preelectoral yo creo que debemos contemplarlo sosegadamente, si ustedes
me lo permiten. Si en algún momento tenemos que hacer valoraciones sobre
declaraciones políticas de otros políticos europeos las haremos,
seguramente ustedes las harán contundentemente y el Gobierno está
dispuesto a hacerlas.

En este momento se ha hablado por parte del responsable del Gobierno
alemán de ligar los fondos de cohesión y la pertenencia al euro, pero
también se ha dicho por parte del responsable del Gobierno español que
eso no tiene ninguna posibilidad ni ninguna base jurídica en el Tratado.

Ya no es una cuestión de acuerdos políticos; es que el Tratado especifica
las condiciones de los fondos de cohesión. Igual que el Tratado
especifica que un país que incumpla el 3 por ciento está en un
procedimiento de déficit excesivo, igual que los acuerdos de estabilidad
especifican que si no se cumplen los programas de estabilidad un país
puede ser objeto de sanciones, todavía más contundentemente el Tratado
dice qué países tienen derecho a los fondos de cohesión. Por tanto,
tenemos una posición sólida política, jurídica y económicamente. Podemos
defender perfectamente nuestra posición yendo a las dos cuestiones, a la
defensa de los principios y a la defensa de nuestras concreciones más
prácticas.

Tenemos que reconocer que la propuesta de la Comisión con respecto al
empleo es mejor que la que había. Incorpora el criterio del empleo del
Objetivo 1 y crea un objetivo del empleo en el 3. También es verdad que
no podemos en este momento hacer un pronunciamiento radical o total sobre
esa cuestión porque no hemos visto los reglamentos, y eso es una parte
esencial de la negociación. Alguno de ustedes, me parece que el señor
Costa, me planteaba el tema de los criterios de población. Eso va a ser
parte también de la negociación. Al final, todas estas cuestiones no
serán decisiones automáticas sino que habrá equilibrios como consecuencia
de la negociación, que se augura larga, técnicamente compleja y
políticamente muy importante y, por tanto, tendremos que dedicarle mucho
trabajo todos los aquí presentes.

La armonización fiscal empieza con dificultades, como no puede ser de
otra manera. Es una política nacional que hay que decidir por unanimidad
y tiene repercusiones muy importantes entre unos países y otros. Si el
código de conducta es un buen vehículo que aún le faltan muchas
definiciones, ¿va a haber una vinculación jurídica o simplemente
política? ¿Qué sucede a aquellos que los incumplen? ¿Cuál va a ser su
ámbito inicial, sólo el Impuesto sobre Sociedades? Empezamos un camino en
el cual se plantea la necesidad de evitar la deslocalización de rentas, y
es un camino en el que no podemos pretender que el mundo se agota en
Europa. El problema de la deslocalización de rentas no es sólo un
problema de que pactemos entre los países de la Unión Europea. Existen
otros países en los que se pueden plantear iniciativas fiscales que
compitan con las nuestras. No es que se puedan plantear, es que se están
planteando y no debemos negarnos a la evidencia.

Aprovecho ya para contestar al señor Mardones. España no aceptará un
código de conducta en el cual no se tengan en cuenta las especificidades
ya existentes; son puestas al día del REF y las propuestas de la ZEC,
entre otras cosas porque no sería defendible que se pretendiera que
regímenes ya existentes y aceptados en el código de conducta como muy
próximos incluso geográficamente a las islas Canarias sean respetados y
no los de las islas Canarias. Esa es una posición conocida por parte de
la Comisión, no creo que vaya a sorprender a nadie y, además, se deriva
de la justicia y del sentido común.

¿Qué va a suceder con las monedas? No sé hasta qué punto podemos
especular sobre esta pregunta. Lo que sí puedo decir es que el hecho de
que se anuncie --y el señor Gangoiti también lo ha preguntado-- cuál va a
ser el método de la fijación de los cambios bilaterales, es decir, de la
peseta con el marco, de la peseta con el franco, etcétera, el 1 de mayo
de 1998, es una medida que claramente desincentiva la especulación, y ya
sabemos que el 1 de enero de 1999 ése será el cambio y los bancos
centrales se comprometen a que ése sea el cambio. ¿Cuál será el método de
ese cambio? En este momento no lo puedo decir, no porque no lo pueda
decir, sino porque no está fijado. Actualmente hay propuestas conocidas,
desde la fijación de calendarios de dos, tres, diez años a la propuesta
de los actuales tipos medios. Es algo que está abierto a debate. No
quiero hacer anticipaciones sobre esa cuestión, pero lo que puedo decir
es que desde el punto de vista del Gobierno, y no sólo del Gobierno
español, no es posible aceptar pérdidas de competitividad en esa
situación. Creo que puede ser un debate no excesivamente complicado en la
mayor parte de los países. Es posible que para alguno en concreto, no el
caso español, una fórmula fácil de aceptar por los demás no fuera tan
fácil de aceptar por él. Creo que por parte de los gobiernos se está
haciendo todo lo posible para evitar las especulaciones, y éstas también
tendrán mucho que ver con la realidad de las economías. Es decir, si lo
mercados creen que el tipo de cambio es irreal habrá especulaciones; si
el tipo de cambio responde a las fundamentales de los países, esas
especulaciones serán mucho menores. El 1 de enero de 1999 se fijarán no
sólo esos tipos de cambio bilaterales, sino también los tipos de cambio
de esas monedas con las que queden fuera y definitivamente los tipos de
cambio de todas ellas, de la cesta, con la nueva moneda euro, que en
teoría será igual a un ecu. Esa es la posición teórica en la que estamos
en este momento.

El señor Navajas me ha planteado la cuestión de qué regiones españolas
podrían quedar fuera del Objetivo-1. En este momento, con los datos
oficiales del año 1994, la respuesta es ninguna. A partir de ahí la
negociación sobre los índices, vuelvo a repetir nuestra experiencia
propia nacional



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con las comunidades autónomas es que también los índices son objeto de
negociación en las negociaciones políticas --para qué nos vamos a
engañar--, por tanto, nosotros partimos de esa base. En cuanto a cuál sea
el proceso de escalonamiento de salidas de percepción de fondos, pues
éste será relativo. En el fondo, en las regiones de Objetivo-1 incorporar
el criterio de desempleo no nos perjudica. En este sentido, tenemos que
ser conscientes de lo que nos perjudica y de lo que no nos perjudica. Ha
hecho algunas referencias a la desaparición de determinadas iniciativas.

Creo que aún es pronto, puesto que están por ver los reglamentos, cuáles
van a ser los reglamentos de los nuevos Objetivo-2 y Objetivo-1 como
consecuencia de algunos criterios nuevos como el de desempleo. Creo que
no es posible en este momento hacer una concreción de qué iniciativas
desaparecen o si son sustituidas por otras similares. Pero el nuevo
Objetivo-2, que tiene en cuenta reestructuraciones industriales,
reestructuraciones agrícolas y situaciones urbanas, también ofrece claras
posibilidades desde el punto de vista de nuestras propias realidades.

Por último, señor Navas, en la lucha contra el paro considero muy
importante que haya un consenso en la lucha contra el desempleo en
nuestro país. Creo que existe en parte en algunas medidas, no en todas,
en la política económica y en el Plan plurianual de empleo que el
Gobierno acaba de aprobar y que, como ha mencionado el señor Aguirre,
desde luego, en el debate europeo no nos sitúa en una posición
precisamente incómoda. En cuanto a que se fijen criterios numéricos de
desempleo, ésta ha sido una posición que España no ha aceptado. Ligar la
situación de desempleo de un país a políticas comunitarias no ha sido una
posición española, es una política nacional y creo que hay razones
objetivas para que España considere, no sólo España, pero España desde
luego, que ésta es una cuestión que hay que estudiar con mucho
detenimiento. Que se condicionen, por ejemplo, las políticas de ayuda de
convergencia real a una determinada evolución del desempleo en un país
con la tasa de actividad que nosotros tenemos, hay que pensárselo varias
veces, ya que nosotros estamos en un proceso de crecimiento de la
población activa. Debemos cuestionarnos hasta qué punto queremos que esas
cosas sucedan así y hasta qué punto también queremos abandonar que sean
políticas nacionales las políticas de empleo. Esta es una posición no
sólo española sino general. Otra cosa es que las políticas europeas,
aunque no sean competencia europea las políticas de empleo, vayan
dirigidas a crear empleo. En ese sentido, el cambio de misiones que se
han puesto al BEI y la introducción del debate en lo que son las
perspectivas económicas a España le interesa, entre otras razones, porque
creemos que nuestras experiencias de empleo en este momento son muy
positivas. Estamos creando empleo con una intensidad notable, nuestros
interlocutores sociales llegan a acuerdos para modernizar el mercado
laboral, y en ese sentido creo que tenemos un modelo de creación de
empleo que está funcionando adecuadamente aunque venimos de una evolución
del paro muy importante y, vuelvo a repetir, nuestra tasa de actividad
nos sitúa en una posición delicada de la que todos somos conscientes, así
como algunas de nuestras posiciones en cuanto al empleo temporal,
etcétera, que han sido objeto de modificación, en las últimas realidades
de las que tengo reflejo estadístico, como consecuencia de las
modificaciones del mercado laboral, pero todavía tenemos un largo camino
que recorrer.

Al señor Gangoiti creo que ya le he contestado respecto a la fijación de
los tipos. En cuanto a cómo se financia la preadhesión, es decir, cuáles
son los márgenes, efectivamente la Comisión plantea que el margen es el
crecimiento económico y que haya reducciones de gastos. Nosotros pensamos
que debe haber varias hipótesis de crecimiento; si no, tiene que haber
alguna posición que nos indique qué sucede si la media comunitaria no
crece al 2,5. Ese es un tema que está claramente abierto.

En cuanto al núcleo --que ha mencionado el señor Gangoiti-- Alemania,
Holanda, Suecia y Austria, hay que decir claramente que Alemania y
Holanda, al menos en la cena de Mondorf, de Luxemburgo, fueron muy
críticas respecto al Fondo de Cohesión. Vuelvo a repetir que en ese
debate hubo una primera ronda y después una segunda --como pasa siempre
con las segundas rondas-- más matizada, en el sentido de que ambos países
reconocieron que no estaban defendiendo una política de saldos netos,
aunque habían utilizado ese argumento, y hubo una muy numerosa
intervención en contra de esa mentalidad. Tengo que decir que el ejemplo
del aeropuerto de Atenas no lo puse yo, lo puso el señor Santer, y que el
propio señor Santer intervino para explicar la complejidad que suponía
tener la radiografía de qué recibe un país y qué aporta, por las razones
que todos hemos puesto de relieve y que les he explicado. Como es
natural, los países se enfrentan y eso no debe sorprendernos. Es decir,
la posición inicial negociadora de todos los países ante las perspectivas
financieras 2000/2006 es tratar de aumentar lo que les beneficia y
reducir lo que les perjudica. No me parece que debamos escandalizarnos
por ello. Al fin y al cabo estamos hablando de un debate presupuestario.

No creo que debamos considerar deslealtad alguna que ésa sea la posición.

Queda un largo trecho, hay muchos temas políticamente muy delicados y
cada cual irá viendo cuál es la lealtad con la que se mantiene en la
Unión Europea.

Yo creo --debemos reconocerlo y seguramente los españoles hemos de
hacerlo intensamente-- que estos países que usted ha mencionado u otros,
al final, siempre han sido países con un gran sentido de la integración
europea. Considerar que Holanda, Austria o Alemania no son países que
tienen un gran sentido de la integración europea me parece injusto, lo
cual no quiere decir que no vayamos a tener discusiones profundas con
ellos sobre temas presupuestarios --una cosa no quita la otra--, pero hay
que reconocer que son países que han demostrado un alto grado de
solidaridad y que ahora están planteando los argumentos que les convienen
y que son parciales, como casi todos los argumentos cuando uno plantea
exclusivamente lo que le conviene. En cualquier caso, tenemos que
reconocer que la voluntad de integración europea es suficientemente
amplia y compartida como para que de esto no tengamos que sacar una
lectura negativa sino una lectura realista en el comienzo de un proceso
muy largo.




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La cumbre del empleo que se celebrará en Luxemburgo va a girar en torno a
las nuevas experiencias de políticas de empleo. Creo que los españoles
podemos aportar experiencias recientes. Hemos sido un país que ha
modificado su mercado laboral en los últimos años de manera intensa; se
acaba de producir un acuerdo muy importante en el mes de abril para
modernizar una vez más el mercado laboral; se está produciendo un aumento
de la creación de empleo estable y tenemos que seguir recorriendo ese
camino, pero creo que muchas de nuestras experiencias son perfectamente
encuadrables en lo que recomienda la Comisión y ya veremos lo que otros
países nos aportan. Creo que en el tema del desempleo tenemos que estar
siempre dispuestos a escuchar y a aprender de lo que hagan otros, pero
también debemos ser conscientes de que si estamos haciendo cosas que
funcionan eficientemente debemos insistir en lo que estamos haciendo,
cada uno de nosotros, en un debate muy importante para los ciudadanos y
que debe mostrar la preocupación del proyecto de integración europea a
nivel de las preocupaciones del ciudadano de la calle.

Se incorporan los conceptos de desempleo --lo he dicho-- a los objetivos
1 y 3, y eso me parece muy positivo. El nuevo Objetivo-2, que preocupa a
su grupo y a usted, también nos preocupa a nosotros. En términos
porcentuales nos afecta menos en el conjunto de España, pero no cabe duda
de que el Objetivo-2 nos va a ser muy útil, puesto que afecta a
cuestiones como es la reestructuración industrial o las políticas
agrícolas o las zonas urbanas en las que vive una gran parte de la
población española, para nosotros es muy interesante, y también las
regiones rurales en declive nos son importantes.

Tengo que empezar diciendo al señor Mardones que en este momento la libra
esterlina no pertenece al Sistema Monetario Europeo, del que se salió en
el año 1992. Me parecería muy arriesgado por mi parte hacer algún juicio
sobre qué va a hacer el Gobierno británico respecto a esta cuestión. Creo
que hay un hecho indudable. El euro hoy no es una realidad porque lo será
el 1 de enero de 1999, pero es una gran certeza, y eso seguramente cambia
estrategias de aquellos que pudieron pensar que la cosa podría salir o no
podría salir. Yo no quiero decir más. Creo que tampoco somos nosotros los
que debemos hacer el debate que harán los ingleses, ése es su debate, y
lo único que tenemos que desearles es que acierten para ellos y para el
conjunto de la integración europea.

Desde el punto de vista de la competencia, hemos de tener en cuenta que
Inglaterra como Dinamarca o como Suecia son países que en este momento
han dicho que no están planteando su candidatura inicial al euro, son
países estables. Por tanto, no vamos a estar ahí ante países que jueguen
a una devaluación competitiva, sino más bien al contrario. La propia
decisión del Gobierno laborista británico de dar autonomía al banco
central inglés también es un paso en una dirección que nosotros hemos
recorrido ya y que sabemos que es la adecuada.

Europa no es una zona económica en la que podamos contemplar políticas
cambiarias como elementos básicos de competitividad, dentro y fuera del
euro. Por tanto, tendremos que competir en el mercado turístico. Creo que
lo hacemos suficientemente bien hasta ahora. Somos la segunda industria
mundial del turismo, pero no cabe duda de que eso hay que serlo todos los
años y cada año tendrá sus exigencias. La reducción de los costes en
España de todo tipo, la modernización de nuestro sistema tributario, la
adecuación de los incrementos salariales a la realidad de la inflación,
todo eso nos va a ayudar, como también las políticas de calidad
medioambientales y otro tipo de cuestiones que afectan al sector
turístico.

Lo que le pasa al BEI es que va a reducir los dividendos que nos venían a
los accionistas, es decir, a los Estados miembros. La última ampliación
de capital se ha hecho a costa de dividendos y las nuevas políticas se
van a hacer a costa de dividendos. Por tanto, tenemos que tener en cuenta
que hay un perjuicio para las políticas nacionales, puesto que va a haber
una política europea que va a tener posibilidades financieras a costa de
que los Estados recibamos menos dividendos del BEI. Bien es cierto que no
todo van a ser financiaciones a fondo perdido, sino que va a haber
préstamos. En cuanto a las pymes se presupuestan 1.200 mecus, que es
aproximadamente el 20 por ciento de las reservas del banco. Hace tres
años hubo una ampliación de capital en el banco. Y en cuanto a los
sectores nuevos de infraestructuras de sanidad y educación lo que va a
haber son subvenciones a tipos de interés bajo, pero no serán
aportaciones a fondo perdido por parte del BEI. De lo que no cabe duda es
que los Estados miembros van a hacer un esfuerzo presupuestario en ese
tema, no aportando dinero pero sí reduciendo las aportaciones que hacía
el BEI a los presupuestos estatales, que tampoco eran despreciables.

Ya he dicho claramente cuál es la posición española respecto al código de
conducta, que no podía ser de otra manera y además me parecería difícil
de entender que la Comisión nos planteara otra cuestión. No creo que la
plantee y si la plantea no la podremos aceptar. Hay que reconocer que,
además, no sólo está el código de conducta y nuestra posición sino el
Tratado de Amsterdam que en su artículo 227 reconoce los efectos de la
ultraperificidad. Por tanto, creo que la situación de Canarias ha salido
reforzada en las últimas decisiones institucionales, lo cual nos
garantiza que no puede ser excluida del Objetivo-1 precisamente por su
carácter ultraperiférico, y eso yo creo que es una buena noticia para
todos.

Una vez más vuelvo a repetir lo que he dicho en otras intervenciones. La
posición de querer ligar fondos de cohesión al euro no tiene sentido, ni
económico ni político ni jurídico. Es una posición planteada dentro de un
debate nacional muy concreto, pero creo que no tiene ninguna posibilidad
de prosperar ni tampoco tiene apoyos generalizados. Desde luego, la
posición española es muy firme. No creo que nadie vaya a confundirse con
respecto a eso.

Tengo que decir algo que ha dicho también antes el señor Aguirre. De
momento el primer escollo --si queremos plantearlo así-- son las
propuestas de la Comisión, que de ninguna manera han afectado a los
fondos de cohesión, ni siquiera en cuanto a la cifra del año 1999. Es
verdad que esto es una primera propuesta, pero es una propuesta. Más
adelante veremos qué otras cosas se plantean. En un momento hubo noticias
de que la Comisión iba a plantear ya



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esta cuestión sobre el euro. Desde el punto de vista del Tratado no hay
posibilidad de plantearla. Por tanto, dudo que se nos pueda tratar de
imponer y, desde luego, no lo vamos a aceptar.

Por último, el señor Aguirre me ha planteado algunas cuestiones. Creo que
es bueno que reconozcamos la importancia del camino recorrido en cuanto a
nuestro proceso de convergencia y de credibilidad. Ello, en mi opinión,
debe llevarnos a una decisión de profundizar en las políticas llevadas a
cabo hasta ahora. La discusión de la Agenda 2000 no ha hecho más que
empezar. Es larga, técnicamente muy compleja, políticamente muy
importante, en la que la colaboración de los grupos parlamentarios será
de una valía inestimable para el Gobierno. Además, creo que es
imprescindible que sea así.

Vuelvo a repetir que desde el punto de vista de la Agenda 2000 el empleo
es un elemento que se ha incorporado a dos objetivos. Desde el punto de
vista del Consejo especial sobre el empleo podemos hablar de un modelo
español, pues se ha conseguido estar en la lista de los países que crean
empleo --no todos los países de Europa están creando empleo en este
momento, incluso con crecimientos económicos-- y que han reducido
sustancialmente la relación entre empleo y crecimiento, lo cual también
nos beneficia. Por tanto, creo que tenemos capacidad para explicar
nuestra experiencia, desde luego que con el espíritu de aprender de las
experiencias de los demás.

Efectivamente, Finlandia y los Países Bajos cumplen el 3 por ciento. Por
eso han salido del procedimiento de déficit excesivo. El procedimiento de
déficit excesivo se viene aplicando desde la aprobación del Tratado de
Maastricht para poner de relieve qué países se encuentran cumpliendo el 3
por ciento, que es el déficit que fija dicho Tratado. En este momento, si
no me falla la memoria, son cinco. Finlandia y Países Bajos se han
incorporado al cumplir este año el déficit excesivo. Se ha considerado
que Holanda, dentro de los Países Bajos, cumple el procedimiento de
déficit excesivo aunque su deuda, el 78 por ciento del producto interior
bruto si la memoria no me falla, como también en el caso de Bélgica, está
en un proceso decreciente, lo cual hace pensar que va a plantear la
Comisión respecto a la deuda un criterio decreciente y no del 60 por
ciento estricto. Nosotros no podemos considerarnos perjudicados por esa
cuestión puesto que estamos en una situación no igual pero sí parecida.

El debate de la armonización fiscal es muy importante. Creo que ya he
mencionado cuál es la posición que se puede plantear en este momento.

Nosotros hemos expuesto varias quejas y hemos pedido a la Comisión que
realizara esfuerzos en la lucha contra el fraude en el IVA y en aduanas.

Eso perjudica a los Estados miembros, perjudica al presupuesto
comunitario y, además, es un elemento de distorsión de la competencia en
Europa. Las posiciones de la Comisión y el plan de acción que ha
planteado nos parecen positivos, siempre que se cumplan, y estaremos
vigilantes sobre esta cuestión.

Creo, señor presidente, que con esto he contestado a las preguntas de los
señores diputados a quienes, una vez más, agradezco el tono y el
contenido de sus intervenciones, y estoy a disposición de la Comisión.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Se levanta la sesión, dada la hora.




Eran las tres y cinco minutos de la tarde.