DIARIO DE SESIONES DE LAS



CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1997 VI Legislatura Núm. 58



DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO



PRESIDENTE: DON ROGELIO BAON RAMIREZ



Sesión núm. 5



celebrada el martes, 10 de junio de 1997,
en el Palacio del Senado



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del Defensor del Pueblo, Exmo. Sr. don Fernando Alvarez de
Miranda y Torres, para informar:



--Acerca del estudio y recomendaciones sobre seguridad y prevención de
accidentes en áreas de juego infantil, realizado por dicha institución.

(Número de expediente Senado 713/000299 y número de expediente Congreso
212/000620 y 261/000001) (Página 1082)



--Sobre la II Asamblea de la Federación Iberoamericana de Defensores del
Pueblo. (Número de expediente Senado 713/000299 y número de expediente
269/000009) (Página 1092)
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Se abre la sesión a las once horas y diez minutos.




-- COMPARECENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO



-- INFORME ACERCA DEL ESTUDIO Y RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD Y
PREVENCION DE ACCIDENTES EN AREAS DE JUEGO INFANTIL, REALIZADO POR DICHA
INSTITUCION (Número de expediente Senado 713/000299 y número de
expediente Congreso 212/000620 y 261/000001.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

Se reúne en el Senado la Comisión Mixta de relaciones con el Defensor del
Pueblo que por ser una Comisión Mixta atiende a las dos Cámaras. Es una
sesión ordinaria, a petición del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso, para ver el informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre
la seguridad y prevención de accidentes en áreas de juego infantil, tema
que nutre principalmente el contenido de esta reunión.

Como segundo punto del orden del día también se ha pedido al Defensor del
Pueblo que informe de la reunión celebrada en Toledo por la Federación
Iberoamericana de Ombudsmen aunque sólo sea para que conste en el «Diario
de Sesiones» de esta Cámara ese importante encuentro con una Institución
como la nuestra, la del Defensor del Pueblo, que está siendo exportada
como tantas otras Instituciones de Derecho Público.

En ese sentido, la metodología del debate es como siempre: va a
intervenir, en primer lugar, el Defensor; a continuación, el portavoz del
Grupo que ha pedido la comparecencia y, seguidamente, de menos a más los
restantes portavoces de los distintos Grupos.

Tiene la palabra el Defensor del Pueblo.




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda y Torres): Muchas
gracias, señor Presidente.

El orden del día, como acaba de indicarnos el Presidente de la Comisión,
está formado por dos puntos, a los que este Defensor procurará dar debido
cumplimiento.

De todas formas, quería hacer una breve alusión para decir que la semana
pasada tuvo lugar, como sus señorías conocen, la presentación del Informe
general del Defensor del Pueblo ante las Cámaras, ante el Presidente del
Congreso de los Diputados y ante el Presidente del Senado, tal como está
ordenado por el Reglamento y por la Ley. El Defensor creo que cumplió, y
sus señorías están absolutamente convencidos de ello, con su obligación
de presentarlo en la debida forma. Lo presentamos, por otro lado, en
cuanto nos fue posible porque teníamos interés, precisamente este año, de
hacerlo en un tiempo razonable y no como el año pasado que el informe de
1995 se trajo en el mes de noviembre de 1996 debido a razones de orden
parlamentario y de cambio dentro de la propia Defensoría de la estructura
del Defensor del Pueblo. Por esto, la Defensoría, en cuanto lo tuvo
terminado, le pareció que su obligación era llevarlo donde corresponde,
ya que no es un documento para exhibir por el Defensor del Pueblo como un
trofeo. Es un informe para sus señorías, para la soberanía nacional, para
el Parlamento y, como muy bien explica perfectamente tanto la Ley del
Defensor del Pueblo como los reglamentos, corresponde a los órganos
parlamentarios determinar el momento de su publicación. El Defensor no
puede determinar la publicación; la publicación corresponde a las Cortes
Generales. Nosotros somos, como ustedes saben bien, el Alto Comisionado
de las Cortes. Así se hizo y así se cumplió.

Si ustedes, en algún momento, quisieran algún tipo de aclaración sobre lo
que les acabo de decir con mucho gusto se la daría, porque no tenemos
nada que ocultar, y ustedes lo saben. El Defensor del Pueblo que les
habla ha demostrado a lo largo de su ya dilatada vida política y
parlamentaria --hubo alguna temporada que estuve ajeno de las Cámaras--
que siempre fue partidario de que éstas eran el lugar idóneo donde debían
debatirse los problemas que afectaban a los Grupos políticos, al
pluralismo político.

Creo que tienen este interesante informe que se ha realizado desde el
Defensor del Pueblo, a lo largo de unos cuantos meses, con la ayuda del
Comité español de Unicef, de la Fundación Funcoe, de acuerdo con el
convenio que se firmó con este Comité español en febrero de 1995. Este
informe se refiere fundamentalmente al estudio y recomendaciones sobre la
seguridad y la prevención de los accidentes en las áreas de juegos
infantiles, que ha sido realizado en este marco del convenio suscrito
entre esas instituciones.

Es curioso, y se lo voy a contar como anécdota, que cuando hace una
semana tuve el honor de presentar la biografía de Violeta Chamorro, ex
Presidenta de la República de Nicaragua, al leer esa biografía
apasionante, muy humana, me encontré con un dato que me sorprendió y me
chocó. Cuenta ella que uno de los dramas importantes de su vida fue
cuando siendo una niña se encontró con que su hermano en Nicaragua, al
bajar por un tobogán --toboganes que examinamos en el Informe--, chocó
con otro de los niños que también bajaban por él y murió en aquel
accidente. Esta ex Presidenta y gran señora de la democracia
centroamericana decía hasta qué punto le había impresionado el dato, y lo
relataba con mucho detalle.

Estaba yo entonces examinando este informe y, evidentemente, me hizo
pensar que muchas veces quizá no nos damos cuenta de la trascendencia de
alguno de estos elementos de juego infantiles, que se están poniendo en
los parques públicos españoles, fuera, que pueden producir accidentes de
esta naturaleza y hasta la muerte de un niño. Aun cuando no todo debe de
ser tan dramático, del informe, con el estudio detenido por la Fundación
Funcoe que ha sido quien ha hecho la totalidad de las numerosas
fotografías, el propio Comité español de la Unicef y el Defensor del
Pueblo hemos podido llegar a conclusiones que sus señorías, si han tenido
ocasión de examinarlo, habrán podido constatar, porque una fotografía
muchas veces vale más que mil páginas y lo que nos viene a decir tiene su
importancia. Además, de hecho, hemos



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notado que el resultado del informe ha tenido ya sus efectos prácticos.

Debo reconocer, porque así es, que el primero de los ayuntamientos que ha
respondido al requerimiento que en su día se hizo en el Informe es el de
Cáceres. Este ayuntamiento se ha dirigido al Defensor del Pueblo diciendo
que había recogido los defectos detectados en los parques infantiles que
iban a procurar mejorar.

Al plantearnos cómo debíamos hacer este estudio lo primero que decidimos
fue hacer una selección de 34 municipios, dos por cada Comunidad
Autónoma, teniendo en cuenta que uno de ellos debía ser capital de
provincia. Los dos municipios seleccionados pertenecían, salvo alguna
excepción, a diferentes provincias, por lo que debían ser comunidades
pluriprovinciales. De acuerdo con este criterio se hizo la selección. En
Andalucía se eligió a Almería y a Jerez de la Frontera, aunque por
razones que podríamos después comentar en el último momento se incluyó
también al Puerto de Santa María. Hubo un error de transcripción en las
fotografías, pues habían aparecido equivocadas en el informe provisional
que se preparó, pero ya están debidamente corregidas y adaptadas a la
realidad en el documento que se les presenta después de la impresión
gráfica. Por consiguiente, se añadieron al de Jerez y al de Almería el
del Puerto de Santa María.

En Aragón se eligió Huesca y Alcañiz. En Asturias, Oviedo y Mieres. En
las islas Baleares, Palma de Mallorca y Santa Eulalia del Río. En
Canarias, Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal de la Laguna. En
Cantabria, Santander y Reinosa. En Castilla-La Mancha, Guadalajara y
Alcázar de San Juan. En Castilla y León, Palencia y Ponferrada. En
Cataluña, Lleida y Sabadell. En Extremadura, Cáceres y Trujillo. En
Galicia, Coruña y Vigo. Yo no sé si tiene demasiado sentido que les lea
la relación, puesto que la tienen ustedes perfectamente determinada en el
informe. Además de los municipios de cada una de las Comunidades, se hizo
una investigación independiente, especial, en los municipios de
Barcelona, de Puerto de Santa María, como ya les dije, y de Tudela.

Aparte de las fotografías hechas por la Fundación Funcoe, se pensó,
lógicamente, que había que contar con los propios municipios afectados
que tenían la responsabilidad en la mayor parte de los parques
municipales de atender su buen mantenimiento. Solicitamos por escrito los
informes que pudieran afectar a las condiciones de seguridad de las
actividades de ocio y esparcimiento de la infancia. Pedimos también
información al entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente y al Consejo Superior de Deportes.

De todo ello, se sacaron unas conclusiones. La primera observación que me
parece justo comunicarles a sus señorías es que los municipios
seleccionados, en general, prestaron su colaboración a la institución del
Defensor del Pueblo remitiendo los informes que se les habían solicitado.

En algún caso, quizás más de los que hubiéramos deseado, tuvimos que
requerir, concretamente en dos ocasiones, la remisión de estos informes.

Siete de los 34 los remitieron sin necesidad del requerimiento. Es de
justicia, por tanto, decir que esos siete municipios cumplieron de una
manera diligente con la solicitud que se les había formulado. Y como las
cosas que son favorables deben mencionarse, me voy a permitir nombrarlos.

Fueron Palma de Mallorca, Alcázar de San Juan, Vigo, Cartagena, Murcia,
Vitoria y Castellón de la Plana. En alguno de los otros casos se tuvo que
pedir en varios requerimientos la colaboración de los ayuntamientos.

También tenemos que decir que lo mismo que hubo ayuntamientos que
contestaron de una manera muy diligente hubo algunos que no han
respondido. Por lo tanto, se ha tenido que hacer el informe, después de
haber hecho reiterados requerimientos, sin la contestación de algunos
ayuntamientos que podemos decir que han incurrido en una falta de
colaboración. El deber del Defensor es el de exponer datos y son ustedes
quienes deben formular el juicio político, pues éste no lo formula el
Defensor. Los que no contestaron a este requerimiento fueron los
ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santander y Elche.

Después de exponer el método, tenemos que indicar que estas actuaciones
de oficio del Defensor no son las primeras que se hacen. Desde que la
institución existe se han ido haciendo informes sectoriales que, a mi
juicio, tuvieron una gran trascendencia e importancia, pues fueron
considerados como documentos de primera calidad. En el año 1988 se hizo
un estudio sobre la situación penitenciaria. En el año 1989 se hizo un
estudio sobre las residencias públicas y privadas de la Tercera Edad. En
el año 1991 se realizó un estudio sobre la situación jurídica y
asistencia del enfermo mental en España. En 1994 se realizó otro estudio
sobre la situación jurídica y asistencial de los extranjeros en nuestro
país. En 1996 se hizo un nuevo estudio sobre la situación residencial de
las personas con discapacidad. Y en el presente año 1997, como ustedes
saben, se ha realizado un estudio más extenso, una revisión o una
comparación del estudio correspondiente a la situación penitenciaria que
se había hecho, como les decía, en el año 1988.

La elección como objeto de investigación está plenamente justificada, por
una parte, porque el juego, como elemento esencial para el desarrollo del
menor, es importante, es esencial y, por otra parte, porque forma parte
de la vida del menor, de su educación, de la conformación de su
personalidad. Es un asunto que hasta ahora, al parecer, no había sido
conocido en un grado suficiente.

Poco a poco, el conocimiento estadístico sobre la naturaleza de los
accidentes infantiles en el marco del sistema comunitario de información
sobre los accidentes del hogar y del tiempo libre, reconocido por la
denominación Ehlass, ha implantado para la Unión Europea este tipo de
estadística, y en la parte introductoria del estudio sobre seguridad y
prevención de accidentes en áreas infantiles se recogen precisamente los
datos obtenidos en la aplicación del sistema estadístico Ehlass.

Por otro lado, también sería interesante recordar los antecedentes
parlamentarios sobre este asunto, porque fue precisamente en esta Cámara,
en el Senado, donde el día 14 de 1995, se aprobó una moción por la que se
instaba al Gobierno, y en general a las Administraciones públicas,



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a que se establecieran los criterios de normalización y homologación del
equipamiento deportivo, de los equipos deportivos fijos y móviles, con el
fin de salir al paso de los posibles riesgos que pudieran derivarse de la
utilización de unos materiales inadecuados.

En diversos estamentos internacionales se reconoce el derecho del niño al
juego y a las actividades recreativas, derechos que pueden ser
vinculantes y no vinculantes. Entre los vinculantes está la Convención de
Derechos del Niño, y entre los no vinculantes la Declaración de los
Derechos del Niño y las Resoluciones del Parlamento Europeo sobre la
Carta Europea de los Derechos del Niño además de la Carta Europea de los
niños hospitalizados.

En el ámbito del ordenamiento español puede citarse la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de junio, de Protección Jurídica del Menor, por la que,
como ustedes saben, se modifica parcialmente la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en la que se recogen los principios rectores para la acción
administrativa en relación con los menores de edad, entre los que figuran
el control sobre los espacios libres en las ciudades, con especial
mención de aquellos en los que permanecen habitualmente niños y niñas, es
decir, los espacios en que los niños juegan y permanecen y que,
normalmente, suelen ser parques o espacios acotados para ellos.

Diversas leyes de Comunidades Autónomas, como las aprobadas en Cataluña y
Madrid, hacen alusión al derecho de la infancia al juego y concretan
algunos de los requisitos que las zonas recreativas deben reunir. Sin
embargo, aunque la preocupación por esta seguridad infantil se ha
plasmado en disposiciones legales, como les digo, lo cierto es que todas
las disposiciones sobre la materia excluyen expresamente de su ámbito de
aplicación, entre otros, de los equipos destinados a la utilización
colectiva en terrenos de juego. Del mismo modo, se ha podido constatar la
carencia de criterios uniformes sobre normalización y homologación de los
equipos destinados a dicha utilización, así como la existencia de unas
pautas mínimas referidas a la forma en que deben estar ubicados, la
utilización y el mantenimiento, circunstancia ésta que ha propiciado que
las Administraciones competentes hayan suplido en cada caso esta laguna
en forma dispar.

En este sentido, de los informes que han remitido los distintos
ayuntamientos se desprende que no existe un programa de actuación general
respecto de áreas de juegos infantiles en las que se tengan en cuenta
estas necesidades de los menores, ni la concepción de los espacios
destinados a los niños como elemento que pueda coadyuvar al desarrollo
integral de los menores en los planos individual y social.

El estudio que se ha realizado y que hoy se presenta al examen de sus
señorías creo que nos permite llegar a una serie de conclusiones. La
primera, como ya he dicho, la existencia de una laguna, la falta de
criterios uniformes en cuanto a las medidas de seguridad en las áreas de
juegos infantiles. Retengamos este dato.

Por otra parte, las circunstancias concretas de estas áreas, que pueden
citarse, son, entre otras, su adecuada distribución en cada uno de los
municipios, la existencia de elementos adicionales tales como arbolado,
bancos y fuentes --aunque este último elemento, las fuentes, por algún
problema que existió debido a la falta de potabilidad del agua que se
utilizaba en estas fuentes en algunos parques infantiles fue eliminado
por razones de salubridad e higiene-- y, asimismo, la fácil
accesibilidad, a pesar de que sólo en algunos casos se ha tenido en
cuenta la necesidad de facilitar el acceso, y aunque esto me duela, creo
que es importante decirlo.

Precisamente, hace poco se celebró en Sevilla un simposium sobre el
problema de la accesibilidad, sobre las barreras arquitectónicas,
cuestiones éstas que fueron estudiadas por un conjunto de especialistas
desde una perspectiva que a mí me pareció de rigor y competencia. Se
estudió cómo estaban las barreras arquitectónicas desde los distintos
planos que planteaba el problema, y asimismo se estudiaron las
dificultades que tienen los minusválidos en muchas ocasiones para poder
acceder a edificios, a juzgados e incluso a la Oficina del Defensor del
Pueblo, por qué no decirlo. Este es un problema que tenemos pendiente y
que tendremos que resolverlo --así lo he dicho-- antes de 1998, y es que,
no tendríamos fuerza moral para seguir insistiendo en todas estas
cuestiones de no iniciar, al menos, las obras de accesibilidad de los
incapacitados a la Oficina del Defensor del Pueblo.

Decía que en gran parte de estos parques infantiles no se ha tenido
demasiado en cuenta la necesidad de facilitar el acceso de menores con
dificultades de movilidad. Por el contrario, hay algunos aspectos que
debemos señalar como deficiencias más o menos acusadas, entre las que se
puede incluir la práctica ausencia de información sobre los centros
sanitarios a los que habría que acudir en caso de que, desgraciadamente,
se produzca un accidente. Parece que en los parques infantiles no existe
esa posibilidad, lo que provoca y ha provocado una cierta inquietud y en
algunos casos también protestas por parte de quienes tienen que acudir a
un centro sanitario para que en él procedan a la curación de las heridas
que hayan podido producirse en esos parques o para que atiendan a algunos
accidentes que a veces tienen lugar en ellos. Pues bien, estas personas
se encuentran con que no se les facilita nada; no saben a qué centros
sanitarios pueden acudir en caso de accidente, como digo, dentro del
capítulo de la información que el parque debe facilitar.

Por otro lado, también existe la misma dificultad para comunicar los
desperfectos en las instalaciones, las deficiencias observadas en cuanto
a la higiene y conservación se refiere en algunas áreas. Ciertamente, no
hay más que ver algunas de las fotografías que se recogen en el estudio
para poder constatar perfectamente esa falta de higiene. Y se da una
situación parecida en lo que atañe a los elementos de defensa frente al
tráfico de vehículos, ya que, si bien en algunos casos es cierto que este
problema está resuelto puesto que hay setos, hay separaciones entre los
parques infantiles y las vías de circulación y, por tanto, no existe el
riesgo bien porque la ubicación de las áreas está lejos de las calzadas,
bien por los cerramientos por medios naturales, como decía antes, en
otros



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casos la proximidad de estas calzadas, la ausencia de cerramientos,
implica un riesgo para esta población infantil.

En términos generales, los mayores problemas, indudablemente, atañen al
mantenimiento de las áreas de juegos infantiles, tanto en lo que se
refiere a su conservación, como en lo que tiene que ver con la higiene
del entorno en que estas áreas están instaladas.

Tras estas conclusiones, llegamos al convencimiento de actuar con una
serie de recomendaciones dirigidas, en primer término, a solicitar que se
completara el marco normativo --recordarán ustedes que antes señalaba que
no existía--, a través de la aprobación o adhesión a las reglas técnicas
para una normalización de estos equipamientos de zonas de juego para
niños, cuya elaboración por el Comité Europeo de Normalización parece que
se encuentra en una fase avanzada, según los informes que nos llegan.

Por otra parte, también se efectuaron recomendaciones de carácter
general, dirigidas tanto a los ayuntamientos seleccionados como a
cualquier otro ayuntamiento en cuyo término municipal pudieran existir
áreas de juegos infantiles con idénticas o similares deficiencias a las
que se habían reseñado en el estudio, esto es: protección frente al
tráfico rodado, accesibilidad a las áreas de juego de los menores con
dificultades de movilidad, pavimento con características necesarias para
amortiguar golpes y caídas, mantenimiento adecuado de estos pavimentos
--que a veces aparecen deteriorados en la práctica--, conservación de
elementos de juego con retirada inmediata de los que resulten
susceptibles de producir riesgos, inclusión de indicaciones relativas a
los centros sanitarios próximos --que antes mencionaba--, procedimiento
para comunicar desperfectos, diferenciación de uso de los equipos en
razón de la edad de los usuarios. Por último, en el estudio se destaca la
necesidad de adoptar medidas urgentes para subsanar las deficiencias más
graves puestas de manifiesto en el material gráfico que se ha obtenido
--son 334 fotografías las que se contienen en el informe.

Debe señalarse que, tras la elaboración de este estudio, tenemos la
satisfacción de haber comprobado que se han comenzado a adoptar por los
ayuntamientos las medidas recomendadas. Antes les enunciaba el
Ayuntamiento de Cáceres, el cual, en sesión celebrada el 26 de mayo,
emitió un dictamen en el que se propone que se retiren todos los
elementos existentes en una de las áreas de juego de la ciudad que se
denunciaba y se instalen otros con material homologado. Por lo tanto, el
Defensor del Pueblo se complace en destacarlo.

En suma, con el estudio y con las recomendaciones sobre seguridad y
prevención de accidentes la institución del Defensor del Pueblo ha
pretendido contribuir a que la infancia pueda ejercitar su derecho al
juego y a las actividades recreativas en condiciones de seguridad. En un
momento en que parece atisbarse una tendencia hacia la creación de los
«ombudsmen» específicos de carácter sectorial, esta actuación, junto con
las demás que viene llevando a cabo la institución del Defensor del
Pueblo en relación con los problemas de menores, muestra que los derechos
de la infancia pueden tener un lugar primordial, y lo tienen, en el
conjunto de las actuaciones de un Defensor con un ámbito de competencia
general. De hecho, como ustedes saben, desde que se creó la Ley de
Protección del Menor tenemos en este marco una de las adjuntías, la
primera, específicamente dedicada al menor, estudiando la situación de
los menores y los derechos que pueden ser perfectamente protegidos, con
la ventaja cierta de evitar el riesgo que conllevaría la saturación
derivada de la multiplicación de «ombudsmen», yo no sé si llamarlos
clónicos, o de cualquier otra manera, que pueda sugerir esta idea.

Y, señorías, éste es el Informe. Ciertamente en el mismo hay un apartado
de recomendaciones específicas que tienen ustedes incluido en la página
153 y que se refiere de manera muy específica a distintos ayuntamientos.

Ahora bien, como está por escrito, sus señorías lo tienen a su
disposición y lo conocen los propios ayuntamientos, a los que se les ha
comunicado, no me parece oportuno hacer ahora una referencia puntual de
la docena de ayuntamientos que tienen este problema y que lo conocen.

Confiamos seriamente en que puedan suplirlos y que dentro de poco
comuniquen, como ha hecho el Ayuntamiento de Cáceres, que se han superado
esos defectos.

Dicho esto, señor Presidente, señorías, creo que sería conveniente hablar
sobre este tema antes de pasar al informe sobre la II Asamblea, porque
son temas tan dispares que no tendría demasiada homogeneidad el diálogo
que se iba a entablar. De manera que estoy a su disposición, señor
Presidente, señorías, para lo que precisen.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alvarez de Miranda, por esta
información exhaustiva.

En el turno de grupos, corresponde la palabra a la peticionaria de la
comparecencia, la representante del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso de los Diputados, doña Dolores García-Hierro. A continuación
intervendrán, de menos a más, el resto de grupos.

Tiene la palabra la señora García-Hierro.




La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, Senadores y Senadoras, buenos días. En
primer lugar, deseo agradecer la comparecencia del Defensor del Pueblo,
don Fernando Alvarez de Miranda, y de su equipo y, sobre todo, en nombre
de mi Grupo, la celeridad con la que ha respondido a nuestra petición de
comparecencia.

La petición de comparecencia por parte de nuestro Grupo se suscita al
tener conocimiento de la elaboración por parte del Defensor del Pueblo
del informe aquí expuesto sobre la seguridad y la prevención infantil en
las áreas de juego y deporte, tanto públicas como privadas, y de las
condiciones en que éstas se encuentran y, por tanto, de las garantías de
seguridad e higiene para niños y niñas, que son, en definitiva, los
usuarios de las mismas. Queríamos tener la oportunidad con esta
comparecencia de compartir y abundar en los datos que nos permitan
conocer mejor cuál es la situación y provocar, junto con el



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resto de los grupos parlamentarios, en estas instituciones del Congreso
de los Diputados y del Senado, una reflexión conjunta que al menos
permita llamar la atención, al igual que lo hace el Defensor del Pueblo,
a la opinión pública, es decir, a la sociedad y a las Administraciones
Públicas, sobre las responsabilidades que todos tenemos para garantizar
de manera efectiva lo promulgado por nuestra Constitución y la
Declaración de Derechos de los niños y niñas: el derecho a disfrutar
plenamente de actividades deportivas, juegos y ocio orientados al
desarrollo integral de los niños y las niñas en condiciones físicas,
ambientales, de seguridad e higiénicas y sanitarias adecuadas. Una
reflexión que se quiere aportar desde la serenidad y que nos permite
constatar, gracias a la lectura de este informe y al desarrollo expuesto
en la mañana de hoy por el Defensor del Pueblo, que, efectivamente, no
debe cundir la alarma, ya que los datos que se nos ofrecen así lo
aconsejan, comparando cuál era la situación hace tan sólo una década.

Sin embargo, esos datos sí muestran que debemos mantener una alerta, una
preocupación, porque la situación, aunque en el tipo de materiales que se
vienen utilizando en los equipos de juego y en la conservación también de
estas zonas haya mejorado, no deja de ser preocupante, como podemos
observar en las fotografías y en los diversos análisis que se detallan a
lo largo del informe.

Se plantean situaciones muy diversas. El informe y los documentos que lo
acompañan han sido posibles como ya se ha dicho, gracias a la
colaboración de la Unicef y Funcoe, a través del Convenio firmado en
1995. Por tanto, mi Grupo desea hacer constar su agradecimiento por el
interés que por nuestros menores mantienen día a día estas organizaciones
no gubernamentales.

Dicho esto, querría referirme a los contenidos del mismo. La muestra se
ha hecho sobre un total de 34 ayuntamientos, como se ha dicho, la mitad
de ellos aproximadamente capitales de provincia; de ellos habían
contestado, según el informe --parece ser que se ha corregido--, un total
de 27 después de un segundo requerimiento, y en esto voy a ser menos
benevolente que el Defensor del Pueblo a la hora de valorar cuál ha sido
el comportamiento de estas instituciones en su colaboración con el
Defensor del Pueblo.

En primer lugar, quiero llamar la atención porque, después de varias
reiteraciones, finalmente se haya facilitado la información que, como
hemos podido observar, ha sido muy desigual, por la escasa receptividad
que a veces se muestra a la hora de colaborar con una institución como la
del Defensor del Pueblo, que tiene entre sus obligaciones la de actuar de
oficio en defensa de los derechos de las personas, en este caso asumiendo
la defensa de los derechos de nuestros menores.

La respuesta al cuestionario ha sido muy desigual, en algunos casos sólo
se detallan las zonas deportivas, en otros no disponen del inventario de
las zonas de juego --cuestión ésta que no deja de sorprenderme--, en
otros no contestan, en general, sobre las zonas de juegos en las escuelas
infantiles, en los colegios públicos, concertados y privados, siendo, en
el caso de los públicos, competencia de los ayuntamientos el
mantenimiento, conservación y limpieza de los mismos; siendo, además,
estos lugares donde más proporción de niños en poco espacio de tiempo,
durante los recreos y de manera intensiva, utilizan equipamientos de
juego y de deporte. Por consiguiente, hay mayor riesgo de accidente.

Por lo tanto, los datos son preocupantes, porque son insuficientes,
porque son genéricos, como se hace constar en el informe en muchos casos,
no en todos, salvando las excepciones que se citan en el informe y que el
Defensor del Pueblo ha hecho aquí esta mañana. Pero si profundizamos en
los mismos, contrastándolos con las visitas e inspecciones hechas por el
equipo que realizó el estudio, se observa, no sólo en las fotografías,
que en muchos casos no responden a la realidad. Por tanto, habrá que
hacer una primera crítica o llamada de atención, a través de la
Federación Española de Municipios, para que se llame a la responsabilidad
en estos casos que se citan a los ayuntamientos.

Compruébese que no se trata de criticar a ningún ayuntamiento en
particular, no se trata del color político, desafortunadamente hay de
todos los colores; se trata de que asuman la necesidad de llevar a cabo
una gestión adecuada, que permita el uso y disfrute de los juegos por los
niños y niñas en plenas garantías de seguridad, higiene y salubridad.

Vaya por delante nuestra más enérgica crítica a los ayuntamientos que ni
tan siquiera se han dignado a contestar.

Dicho esto, se observa también cómo hay una disparidad de criterios y
falta de programación a la hora de decidir qué materiales y qué lugares
escoger para la instalación de los juegos.

Cierto es que aún no existe una normativa europea vinculante que
normalice y homogeneice y, sin embargo, se observa cómo en los últimos
años, en algunos ayuntamientos, en general en casi todos, se están
modificando los materiales por unos más seguros y de mayor calidad, que
eviten accidentes, que eviten riesgos, ya que, como se dice en el
informe, no es un tema banal. Se desconoce también el número de
accidentes al no haberse llevado hasta el año 1991, y posteriormente en
1993, una estadística que España viene aplicando, junto con Alemania y
Luxemburgo, como se dice en el informe, en los hogares y en los lugares
de tiempo libre. Y se observa cómo el número de accidentes que se
producen por caídas o por choques en áreas de juego ha disminuido, pero
sigue siendo la mitad del total de la mortalidad infantil entre 1 y 4
años, según dice el informe. Luego es un dato suficientemente preocupante
como para que todos asumamos la máxima responsabilidad a la hora de
abordar las soluciones a este problema.

Estos datos --nuestro Grupo coincide con el Defensor del Pueblo-- avalan
por sí mismos la inquietud y la necesidad que se plantea a la hora de
elaborar este informe, de iniciar esta investigación.

Por ello, de nuevo volvemos a agradecer la enorme sensibilidad y
preocupación que demuestra el Defensor del Pueblo, junto con la Unicef y
Funcoe, coherentes



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también con una trayectoria de defensa de los derechos humanos y de la
infancia. Todos queremos que siga actuando en esa dirección a lo largo de
su mandato como Defensor del Pueblo, porque somos conscientes de que es
fundamental que haya instituciones, como el Defensor del Pueblo, que nos
llamen la atención a las Administraciones Públicas, también a la
sociedad, a los particulares, cuando con nuestras actuaciones o con
nuestra falta de actuación en algunos casos, se están produciendo
situaciones de este tipo.

Por ello, queremos proponer que se establezca en el Congreso de los
Diputados, a través de los mecanismos que contempla el Reglamento, que
las conclusiones y las recomendaciones que se hacen en el informe, 16
conclusiones y 10 recomendaciones, se lleven a efecto de manera urgente e
inmediata, tanto por los Ministerios responsables de Educación, Cultura y
Deporte, Industria y Tecnología y de Medio Ambiente, como por los
Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. Que se proceda de manera
urgente a regular una norma jurídica española en tanto en cuanto se
terminan en la Comisión Europea los trabajos de normalización y
homogeneización de los equipos que se tienen que instalar en las áreas de
juego, que permita ir abordando esta problemática de manera urgente y con
plenas garantías para la seguridad, para la higiene y salubridad de estas
zonas.

En este sentido, hay que constatar que en estos momentos, en un número
muy importante de ciudades, es el caso de Madrid y de otras muchas, se
están redactando los planes de urbanismo, y sería conveniente que en
estos planes de urbanismo, al igual que lo recoge en su articulado la Ley
del Menor de Madrid y de Cataluña, se contemplara que los espacios
abiertos, los espacios para el juego, para el recreo, para la diversión,
no sólo de los niños, sino también de uso y disfrute de nuestros mayores,
que son el grupo social que más los utiliza, estuvieran alejados del
tráfico, que tuvieran unas instalaciones adecuadas, seguras, que
estuvieran limpios, que hubiera una permanente vigilancia para evitar
situaciones que lamentablemente se producen y que hacen tener cierto
temor a la hora de utilizar este tipo de espacios en lugares que no
quedan muy próximos de las urbanizaciones o de las zonas de residencia.

En ese sentido, quiero felicitarle, aunque no voy a caer en la casuística
o en la anécdota de mencionar a quienes, teniendo unos servicios técnicos
y unos medios humanos y materiales a su disposición, podrían haber
facilitado al Defensor del Pueblo de manera mucho más detallada cuál es
la situación en los parques y también en los colegios públicos, por
supuesto. Creo que es chocante, pues cuando se tiene una cierta
experiencia en la gestión municipal se sabe que esto forma parte del
inventario municipal, y tanto la inversión nueva, como la conservación y
el mantenimiento, las medidas de seguridad como las de vigilancia es una
competencia plena de la corporación municipal. Ese desconocimiento a la
hora de ofrecer datos concretos sobre los accidentes no deja de
sorprender cuando existen partes municipales diarios que hablan de los
accidentes y de los incidentes.

Por mi experiencia personal, puedo decir que no creo que sea porque no se
denuncia cuando sucede un hecho grave, como el hecho de que un niño pueda
caer de un tobogán desde una determinada altura y tener un determinado
accidente, puesto que en estos casos siempre hay un parte de urgencias
que se remite a las instituciones municipales. Es verdad que está ahí, y
se citan dos sentencias de Tribunales Superiores de Justicia en donde
hacen responsables de una indemnización a las administraciones por el
hecho de no haber mantenido esa zona en perfectas condiciones de
seguridad. Ese no es el recurso que vamos a sugerir ningún grupo político
a los ciudadanos, sino, por el contrario, que se lleven a cabo cada una
de las recomendaciones que se hacen en el Informe del Defensor del
Pueblo.

De manera muy particular se debe estudiar la posibilidad de que se firme
un convenio por la Administración Central, por el Gobierno del Estado
español, con la Federación Española de Municipios o con aquellos
ayuntamientos que carecen de presupuesto suficiente, para ir adaptando y
mejorando el conjunto de las áreas de juego de zonas infantiles a lo que
son las recomendaciones del Defensor, hasta que se apruebe la normativa a
la que hemos hecho referencia.

En ese sentido, sería fundamental que las recomendaciones números 3, 4, 5
y 6, las cuales se justifican razonablemente como muy urgentes, pudieran
llevarse a cabo de manera inmediata.




El señor PRESIDENTE: Ruego a la señora Diputada que vaya terminando.




La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Voy terminando, señor Presidente.

Dentro de ese marco de recomendaciones y colaboración que tiene que tener
el desarrollo del Pacto local, sería más que aconsejable que todos
tuviéramos la sensibilidad suficiente par detraer de los Presupuestos
Generales del Estado una partida que permitiera, de una manera inmediata,
la financiación a los ayuntamientos para ir reponiendo el material
anticuado, que plantea problemas de seguridad y de conservación, por el
nuevo que evite el menor riesgo posible.

Como se nos ha pedido que hagamos un juicio político, porque es a quienes
nos corresponde, para terminar mi intervención he de manifestar que he
vertido algunos broches de lo que creo que, con absoluta lógica y
benevolencia por parte del Defensor del Pueblo, no ha querido transmitir
sino sólo en cifras y datos que, objetivamente, cada uno podemos analizar
de una forma distinta.

El ánimo de mi grupo al solicitar la comparecencia del Defensor no era
enfatizar la crítica en un determinado ayuntamiento, sino constatar una
situación que es lamentable y que es responsabilidad de todos, por lo que
debemos hacer un esfuerzo inmediato y urgente para que no se siga
manteniendo. No podemos estar permanentemente aludiendo al futuro de los
menores, de los jóvenes, si luego no ponemos el acento en estas cosas,
que pueden parecer pequeñas para la gran política, cuando la preocupación



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por las cosas pequeñas es lo que va haciendo --personalmente así lo
comparto con los redactores de este Informe-- que nuestra sociedad sea
para todos mucho más justa, más libre y donde nos podamos desarrollar
mucho mejor.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora García-Hierro.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora doña
Inmaculada de Boneta.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Intervengo en representación del Grupo Parlamentario Mixto del Congreso y
del Senado porque, como saben sus señorías, tenemos una única
representación, alternativamente llevada por cada uno de ellos. En nombre
del Grupo Parlamentario Mixto y de esta Senadora de Eusko Alkartasuna,
agradecemos al Defensor del Pueblo su exhaustiva explicación en torno a
este interesante Informe, puesto que estimamos que esta labor es
importante.

Compartimos en este caso la visión de la representante del Grupo
Parlamentario Socialista, que ha hecho uso de la palabra anteriormente,
en el sentido de que cuando hablamos permanentemente del futuro de
nuestros niños y de nuestra juventud tenemos que contribuir y aportar
todas las soluciones necesarias para que éstos se desarrollen en las
mejores condiciones, pues, a mi entender, de la forma en que sea su
desarrollo así será su futuro.

Voy a exponer algunas pinceladas en torno a lo manifestado por el señor
Defensor del Pueblo. Me ha parecido importante todo lo que ha señalado,
pero, por mencionar alguna cuestión que atañe a la responsabilidad
política de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras, diría que sería
necesario tomar alguna determinación, incidir en la solución de esa
carencia que el Defensor del Pueblo ha señalado, que es la laguna
existente en torno a la homologación y normalización de criterios sobre
los materiales, condiciones, utilización y forma de mantenimiento que
tienen que tener estos parques infantiles y lugares de juego de los
niños, puesto que realmente no existe un planteamiento legal o normativa
de ningún tipo --no la conozco a nivel municipal ni tampoco a nivel
general--, con acciones puntuales y concretas. Es necesario que se tome
alguna determinación en este sentido y que, como en otros ámbitos, haya
una regulación que plantee unas condiciones mínimas para estos parques y
lugares de juego que evite esos posibles accidentes que, si bien a través
del Informe no parece que sean demasiados, del mismo también se desprende
que los ayuntamientos no tienen conocimiento directo de su existencia.

Asimismo, me ha parecido muy importante la precisión que ha realizado en
relación a la falta de información en esos parques de los lugares a donde
se puede acudir en caso de accidente, porque el nerviosismo que puede
producir una situación en un momento dado se vería paliado si
inmediatamente se supiera, de una forma rápida, a dónde se puede acudir
con el niño accidentado.

Por otra parte, por lo que hace referencia a la higiene y limpieza de los
parques, todos somos conscientes --sobre todo los que procedemos de
algunas ciudades en las que hay escasos parques, más o menos bien
cuidados-- de que, en ocasiones, no están suficientemente bien cuidados.

No me refiero ya a los materiales e instalaciones, sino al mantenimiento,
higiene y limpieza de esos parques, por lo que me parece importante
incidir en estas cuestiones.

Por último, debo agradecer la mención favorable que ha hecho a una de las
ciudades que este Informe ha chequeado --por decirlo de alguna manera--
en la Comunidad Autónoma Vasca, Vitoria y Portugalete. Se ha referido
favorablemente a la ciudad de Vitoria, Gasteiz, capital de la Comunidad
Autónoma Vasca.

Quiero darle las gracias de nuevo y decirle que este tema es muy
importante, no es un tema trivial. Tomamos buena nota de aquellos
aspectos en los cuales tenemos alguna responsabilidad y que tendremos que
tratar de corregir, como las lagunas existentes en la homologación y las
condiciones necesarias para que estos juegos de los niños se realicen en
perfectas condiciones de salubridad e higiene, además de evitar en lo
posible los accidentes.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador señor Capdevila.




El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Ante todo, nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió se suma a los demás portavoces que me han precedido
en el uso de la palabra y, por tanto, quiero agradecer y, a la vez,
felicitar al Defensor del Pueblo y a su equipo por su comparecencia en
esta Cámara y en esta Comisión y por este estudio, ciertamente importante
y exhaustivo, con el que nos ha informado sobre la situación de la
seguridad y prevención de accidentes en áreas de juegos infantiles.

Felicitación y agradecimiento que deseamos hacer extensivo, por su
estrecha colaboración, al Comité español de Unicef y a la Fundación
Cooperación y Educación, Funcoe.

Este análisis del que nos ha informado el Defensor del Pueblo y que
abarca a 34 municipios, concretamente dos por cada una de las Comunidades
y uno coincidente con la capitalidad de provincia, es un muestreo que nos
da una idea sobre la situación en que se encuentran dichas instalaciones,
máxime cuando son complementadas, tal como nos ha puesto de manifiesto el
Defensor del Pueblo, por informes emitidos por el Ministerio de Obras
Públicas, aeropuertos y estaciones de Ferrocarril, Consejo Superior de
Deportes, y, además, con las visitas a algunas de dichas áreas de juego
en las poblaciones seleccionadas.




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El informe, con sus conclusiones y recomendaciones, a nuestro juicio, es
de gran valía, con un gran interés por el conocimiento de las condiciones
de seguridad de las instalaciones municipales destinadas fundamentalmente
a los menores de catorce años. Hemos de aplaudir la gestión del Defensor
del Pueblo por su intervención de oficio en la protección de ese
colectivo infantil en defensa de sus derechos, tal como establece el
artículo 9.1 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, y, asimismo,
garantiza el artículo 39.4 de la Constitución Española, según consta en
su informe. Del mismo modo, estos derechos del niño vienen avalados por
la Declaración de 20 de noviembre de 1959, en su principio séptimo, al
establecer que el niño debe disfrutar plenamente de los juegos y
recreaciones, que deben estar orientados hacia los fines perseguidos por
la educación de la sociedad, y las autoridades públicas se esforzarán por
promocionar el goce de este derecho. Todo esto, junto con los estudios
previos que ha hecho públicos la Organización de Consumidores y Usuarios
en los años 1991 y 1994, poniendo de manifiesto estas deficiencias y
anomalías en las áreas observadas y objeto de investigación, y las
intervenciones en el Congreso de los Diputados, y asimismo en esta Cámara
del Senado, a propósito de la moción a que he hecho alusión, avalan la
intervención del Defensor del Pueblo y el análisis efectuado en las
poblaciones previamente seleccionadas.

Nuestro grupo coincide plenamente con el informe emitido por el Defensor
del Pueblo, con las conclusiones y recomendaciones a las que se ha
llegado. No obstante, para no cansar a la Comisión, voy a resaltar tan
sólo unos puntos, ya que prácticamente todos los grupos coinciden con sus
conclusiones y recomendaciones. Nosotros echamos en falta en la mayoría
de estos estudios y en las fotografías que incluyen los elementos de
diseño para niños discapacitados. Usted ha puesto de manifiesto que en
algunas de estas áreas se ha previsto algún acceso para dichos niños con
problemas físicos. No obstante, en la mayoría de los juegos se observa
esta falta de elementos para poder proporcionar el deleite del juego a
este sector. Como ha puesto de manifiesto la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, se observan ciertas discrepancias entre los
informes y las fotografías emitidos por los diversos ayuntamientos y las
inspecciones efectuadas por el Defensor del Pueblo. Obviamente, hemos de
poner en tela de juicio algunos de estos informes de los ayuntamientos.

Además, echamos en falta esta diferenciación de uso por edades en la
mayoría de las áreas infantiles. Respecto a la higiene y conservación de
estas áreas infantiles, en general, es regular o mala y falta un buen
drenaje, tal como se observa en algunas fotografías en las que se ve el
agua estancada y, por lo tanto, de imposible utilización. Hay que señalar
también la existencia de accesos abiertos y los consiguientes peligros
que, en cierto modo, engendran ante la proximidad de las vías públicas y,
por tanto, es fácil que pueda haber accidentes y atropellos. Normalmente
estas áreas carecen de una vigilancia especial, ya que la efectúa la
Policía Municipal en un recorrido normal o rutinario. Por tanto, se
precisaría una vigilancia específica en estas áreas. Respecto al tema de
los elementos móviles, prácticamente no se especifica en los informes la
necesidad de cambiar estos elementos por el peligro que comportan.

Quiero poner de manifiesto que, hace ya un cierto tiempo que en Cataluña
se ha creado por el «Sindic de Greuges» el Adjunto Defensor del Menor
que, evidentemente, ha tomado en consideración el informe emitido por el
Defensor del Pueblo y lo va a aplicar como modelo en la propia Cataluña.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Alicia Castro
Masaveu.




La señora CASTRO MASAVEU: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, yo quisiera agradecer al Defensor del Pueblo su
comparecencia hoy aquí, en el Senado, por iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, para informarnos sobre estas zonas de juego y
áreas infantiles en los distintos municipios. Pero quisiera que este
agradecimiento fuese sincero hasta el final. Con ello quiero decir que
muchas veces esos agradecimientos parecen más una fórmula protocolaria
que una manifestación total y absolutamente sincera. Y éste es el caso
que quiero poner de manifiesto aquí, porque estoy convencida de que el
Defensor del Pueblo es un ejemplo de persona dispuesta siempre a
comparecer en las Cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado, para
informar a los Diputados de cuantas cosas le solicitemos o de aquellos
temas que, a iniciativa propia, nos quiera plantear. Por lo tanto, le
agradezco, señor Alvarez de Miranda, su actitud hacia estas Cámaras y
también, por supuesto, su comparecencia de hoy.

Después de su informe tan exhaustivo y tan completo, mucho se ha hablado
ya por parte de los grupos sobre la situación en la que se encuentran
estos parques en los distintos municipios analizados. Yo no voy a entrar
a detallar el informe, puesto que ya ha sido aquí mencionado, pero sí
quisiera poner de manifiesto su importancia para sensibilizar a las
autoridades locales sobre cuál debe ser su actitud hacia estas zonas de
juegos infantiles, porque yo creo que la responsabilidad de las
autoridades locales en este tema es fundamental. Sería muy beneficioso
hacer llegar este informe a las autoridades locales de forma tal que no
fuese solamente a título informativo, sino que pudiera llegar a ser
prácticamente exigible el cumplimiento de las recomendaciones que hace el
Defensor del Pueblo.

Es importante destacar también la colaboración del Defensor del Pueblo
con Funcoe y con la Unicef, muy especialmente con esta última, porque
creo que es una de las organizaciones que más se ocupa de defender los
derechos del niño.




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Asimismo, es importante destacar el hecho de que este informe se haga de
oficio, porque, efectivamente, los derechos del niño --y no voy a entrar
a analizar la legislación que recoge todos estos derechos porque creo que
ya se ha mencionado por parte del Defensor, incluso por alguno de los
portavoces de los grupos que han intervenido-- deben defenderlos los
adultos, puesto que, evidentemente, ellos ni los conocen tan siquiera,
ni, por supuesto, tienen posibilidad alguna de defenderlos, sobre todo
los más pequeños, que en muchos casos son los que verdaderamente
disfrutan de estas áreas de juegos infantiles.

En el informe que nos presenta hay de todo. Creo que hemos mejorado, si
bien todavía queda mucho por mejorar. Pido permiso al señor Presidente y
a sus señorías para hacer alusión a la Comunidad Autónoma por la que soy
Diputada, que es Asturias, y, sinceramente, creo que las condiciones en
que se encuentran tanto Mieres como Oviedo son buenas. Pero quisiera
referirme a algún aspecto concreto a este respecto porque me compete,
además de la responsabilidad de ser Diputada por Asturias, la de ser
Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, por lo que me toca una
parte bastante directa en este tema, y es que hay que hacer hincapié en
que, si bien el diseño y el mobiliario de estos juegos es muy importante
en cuanto a materiales utilizados y su homologación, lo es por igual el
pavimento. De poco sirve que los materiales empleados en los parques sean
los más adecuados según las más recientes tecnologías, que no existan
clavos, vértices, aristas o materiales que puedan dañar a los niños, si
el suelo no es el adecuado. Si es arenero, normalmente es una auténtica
porquería, puesto que resulta muy difícil su limpieza. Si el pavimento es
de cemento, como se observa en la mayor parte de las fotografías que
constan en el informe, aquél suele producir raspaduras y golpes en los
niños, por lo que de poco sirve tener esos magníficos juegos, aparte de
que también cabe la posibilidad de que haya zonas encharcadas. En
definitiva, existe un pavimento, una especie de corcho --desconozco cuál
es exactamente su denominación-- que no solamente evita los golpes en los
niños que se caen, sino que, además, es un material cálido, de modo que
en pleno invierno y con una temperatura cercana a los cero grados este
pavimento continúa caliente. Y, como ya he dicho, esto es tan
imprescindible como los juegos.

En segundo lugar, desearía que se observase el hecho de que en muchas
ocasiones, en determinados ayuntamientos y por parte de las autoridades
locales, los juegos infantiles se aglutinan en las zonas más céntricas,
por lo que haría una llamada de atención a las autoridades locales puesto
que los barrios periféricos y los pueblos de los municipios tienen la
misma importancia que el centro. Los niños también juegan en estas áreas
infantiles, participando del juego con otros compañeros, en los barrios
periféricos y he podido comprobar que en algunas ciudades, si bien en el
centro tienen buenas instalaciones, en otros barrios esta situación deja
mucho que desear. Por tanto, creo que es un aspecto en el que deberíamos
hacer hincapié.

Muy especialmente, también hay que significar el hecho de que la limpieza
y la higiene son fundamentales en estas áreas, una de las
recomendaciones, a mi entender, fundamentales, puesto que, efectivamente,
de poco serviría todo lo demás si éstas no existiesen.

Por otra parte, quisiera manifestar que lo que deberíamos conseguir tras
esta comparecencia del Defensor del Pueblo en esta Comisión es el
objetivo fundamental de que transcienda el informe, a fin de que se
puedan cumplir las recomendaciones. Por ello, quisiera hacer también una
llamada de atención porque en muchas ocasiones, como se destaca en el
informe y como, benévolamente, se ha mencionado por parte del Defensor
del Pueblo, los ayuntamientos no prestan la debida atención a los
informes que se recaban desde la institución del Defensor. Quizás ello es
así porque vemos en esta institución una ayuda, una colaboración, y nunca
algo que pueda ser condenatorio o sancionador, por lo que en muchas
ocasiones se desatienden sus manifestaciones. Por tanto, debería hacerse
una llamada de atención a fin de que los municipios que no han
respondido, así como los que no lo han hecho a la primera --como Oviedo y
Mieres, aunque, al fin, por lo menos, lo hemos hecho--, prestasen mayor
rigor y seriedad cuando el Defensor del Pueblo recaba de ellos un
informe, puesto que lo hace por el bien de los ciudadanos, que, en
definitiva, es a quienes defiende.

Finalmente, deseo felicitarle por esta labor, tan importante, y que,
respecto de que aquellos que se sienten más indefensos ante la sociedad,
usted, de oficio, inicie trabajos como el que hoy nos ha presentado.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Castro Masaveu.

A continuación, para dar respuesta a las distintas intervenciones, tiene
la palabra el Defensor del Pueblo.




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda y Torres): Muchas
gracias, señor Presidente.

Muy brevemente, porque, en líneas generales, todas sus señorías han
coincidido en la valoración del informe que se ha presentado esta mañana
y las observaciones que se han realizado entiendo que están en la misma
línea de lo que han sido las recomendaciones y consideraciones del
informe.

De todas formas, sería una descortesía por mi parte no decirles a cada
uno de ustedes de qué manera les agradezco el aliento que recibe la
institución, porque, como ustedes muy bien dicen, ha sido una labor
conjunta con dos ONG, pero una labor también de un equipo de la
institución, la cual, como ustedes saben, tienen un organigrama muy
definido pero también complicado, y en algunas áreas se solapan temas.

Pero creo que todos los funcionarios que han intervenido en la
elaboración de este informe lo han hecho con un enorme entusiasmo y,
cuando, finalmente, lo hemos visto terminado, hemos sentido la gran
satisfacción, que ustedes comparten, de poder ver que realmente pueda
servir, si bien con la esperanza



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también de que los ayuntamientos no se sientan aludidos de una forma
directa. El Defensor del Pueblo jamás ha pretendido con esto hacer un
documento acusatorio y convertirlo en una especie de requisitoria a las
actuaciones de los ayuntamientos. Unicamente ha pretendido recordarles
sus obligaciones, las cuales entiendo que puedan estar supeditadas a
otras prioridades, por lo que a este orden de temas no hayan podido
prestar la atención que merecen.

En este sentido, pues, esperamos una respuesta oportuna --creo que
podemos estar seguros de ello-- de la mayor parte de los ayuntamientos
que han recibido nuestras recomendaciones, como de aquellos otros incluso
que no lo han recibido pero que han tenido a través de los medios de
comunicación la noticia de que respecto de sus parques infantiles existe
una cierta inquietud y vigilancia, no sólo por parte de los ciudadanos,
sino también por parte del Defensor del Pueblo. El otro día me contaban
un caso que les voy a relatar como anécdota. En el Puerto de Santa María
había habido, como ustedes saben, un cierto error en la fotografía. El
Asesor del Defensor del Pueblo que fue a examinar la situación de algunos
de los parques se encontró con que se le acercó un señor y le hizo
observar que dos de los tres tornillos que tenía el soporte del columpio
estaban sueltos, y había miedo de que el tercero se soltase y fuera a
caerse alguien. El decía que estaban intentando llegar por todos los
medios a las autoridades para hacer esta reclamación, y que no encontraba
a quién hacérsela. Aquello se resolvió, se hizo llegar a la autoridad
competente que, en efecto, había un tornillo que tenían que sujetar, y
que no lo entendieran en modo alguno como una actuación descortés y
hostil hacia el Ayuntamiento de esa bella ciudad andaluza, sino que lo
que queríamos en aquel momento era ayudarlos, y vemos que se está
respondiendo.

Deseo agradecer a Dolores García-Hierro toda la serie de observaciones
que ha hecho, porque me parece que lo que ella ha dicho es cierto, son
datos de alerta que nos deben hacer reflexionar a todos, a los
municipios, a aquellas instituciones que, en otro orden, también están
obligadas al mantenimiento, por ejemplo, los aeropuertos o las grandes
estaciones de ferrocarril, donde hay algunas zonas de esparcimiento de
parques infantiles y que, en general, están en buen estado según el
informe que nos llega. Sin embargo, hay otras cosas que se señala que se
les advierta que los lugares accesorios se pueden tener, diríamos, más
limpios y más al día. Creo que todo eso es un documento de datos de
alerta que, como tal, entiendo que debemos entender y que así lo
admitirán indudablemente las instituciones a las que llegue.

Sí que es verdad que se ha actuado de oficio por parte del Defensor,
porque, como les explicaba, creíamos que la nueva fase de intervención
del Defensor en el área del menor era una zona que quedaba un poco
oscura, lo cual, junto con otros elementos, nos hacía tomar esto en
consideración y dimos el paso adelante, aun cuando ello nos ha llevado
tiempo y dinero. Contamos con la colaboración de unas ONG, y ahí está el
resultado.

Hay, además --y ha sido señalado por diversas señoras Senadoras que han
intervenido--, la sentencia de Almería y de La Coruña que, efectivamente,
nos recuerdan --aunque no sea más que eso-- que no deja de haber
accidentes, y que eso, en algunos casos, no es ninguna broma. En el caso
de Almería, una pobre niña tuvo un accidente grave que le costó la
pérdida del bazo y, en el otro caso, también se produjo una discapacidad
menor, pero son accidentes que están ahí y que pueden seguir ocurriendo
si no se toman en consideración las observaciones que ustedes mismos
hacen y que se recogen en el informe.

Yo creo que en cuanto a las advertencias que se hace a los ayuntamientos
hay una referencia a que tienen que unificar criterios. Me parece muy
bien la propuesta de que la Federación de Municipios y los ayuntamientos
hicieran una especie de convenio respecto de las áreas de juego. Me
parece que es una sugerencia que ustedes, indudablemente, están en
condiciones de hacer llegar a estas instituciones, y sería muy importante
que existiera una coordinación a todos estos efectos, que redundaría en
beneficio tanto de los materiales como de la misma materia en sí.

El desconocimiento de accidentes, como decía la señora García-Hierro,
debe ser subsanado ciertamente, y lo intentamos. Ustedes habrán visto que
en el informe del Defensor del Pueblo se ha intentado, por un lado,
recibir datos que han sido solicitados a algunos de los centros
hospitalarios españoles, que se nos han facilitado, y que nosotros
reflejamos en el informe. En cualquier caso, hay también ese otro intento
europeo que pienso que será positivo y que debemos apoyar. El
conocimiento de esos accidentes es sin duda uno de los datos que nos
podrán ayudar en el futuro y en el que yo creo que todos deberemos poner
un cuidado muy especial. Le repito el agradecimiento por todo el aliento
que se da a la Defensoría. Pienso que, en efecto, hay que buscar esa
normativa adecuada y hay que mantener una vigilancia en esos espacios. La
Senadora del Grupo Parlamentario Popular señalaba la importancia de que,
en los planes de urbanización, no sólo se vigilaran los parques
centrales, sino incluso las zonas marginales. ¡Cuánta razón tiene su
señoría! Desgraciadamente, las zonas marginales son auténticos lodazales,
y los parques que existen casi no pueden ser exhibidos, porque no se
encuentran. Por tanto, me parece que esa exigencia se ciñe a una justicia
en sus pretensiones.

Una vez que ya hemos hablado sobre vigilancia, paso a responder a doña
Inmaculada Boneta, del Grupo Mixto, a la que agradezco de una manera muy
sincera sus frases de aliento y que nos estimulan. Es evidente que
tendremos que ir a una homologación de los criterios por las diferencias
competenciales que existen entre los distintos organismos
responsabilizados de la cuestión.

Al Senador Capdevila deseo decirle que, como es lógico, estoy totalmente
de acuerdo tanto con sus razonamientos de orden general como con sus
consideraciones de orden particular respecto de los niños discapacitados,
respecto de las discrepancias que puedan existir con los ayuntamientos y
respecto a la diferencia de la utilización



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por edades o los elementos móviles. Ha sido fundamentalmente del Consejo
Superior de Deportes de donde han venido esas diferenciaciones respecto
de la utilización de los elementos móviles que se han recogido en los
distintos documentos que obran en el informe.

Finalmente, a doña Alicia Castro quiero decirle que lo que ha dicho me ha
llegado a lo más hondo de mis sentimientos. Sé que su agradecimiento es
sincero, y como tal lo devuelvo. Creo que la colaboración entre Unicef y
Funcoe ha sido fundamental para poder elaborar este informe. Cuando hemos
tenido algún tipo de error lo hemos podido subsanar de una manera
correcta. Es verdad que los niños son los que menos se pueden quejar y,
por consiguiente, como muy bien señala su señoría, es a los que más
debemos de atender.

Me alegra que usted haya insistido, señoría, en la importancia del
pavimento. Yo no lo había hecho, pero es cierto. Recientemente he tenido
la ocasión de visitar algunos de los parques públicos de Madrid y he
visto que el pavimento es bastante detestable, no lo cuidan. No sé si es
que resulta caro, o si, por estar expuesto a la acción de los elementos
naturales, tiene dificultades, pero es cierto que el pavimento es uno de
los elementos que causa mayores accidentes, aunque sean menores. En
cuanto a las zonas infantiles de los barrios marginales, como usted ha
señalado, llamaremos la atención a los ayuntamientos.

Espero que este libro sea, como decía antes, no sólo leído sino atendido
tanto por los ayuntamientos que se ven incluidos en el mismo como por
aquellos otros que no figuran en él pero que, sin duda, se harán cargo de
las necesidades de cada uno de los centros a los que afecta.

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señorías, por la
atención que han prestado al informe y a la exposición de este Defensor.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alvarez de Miranda.

Voy a conceder cinco minutos de descanso y, a continuación, pasaremos a
contemplar el segundo punto del orden del día, que es el informe sobre el
II Congreso Anual del FIO, Federación de Ombudsman de Iberoamérica.

(Pausa.)



-- INFORME SOBRE LA II ASAMBLEA DE LA FEDERACION IBEROAMERICANA DE
DEFENSORES DEL PUEBLO. (Número de expediente Senado 713/000299 y número
de expediente Congreso 269/000009.)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión para abordar el segundo punto
del orden del día, que es el informe del Defensor del Pueblo sobre la II
Asamblea de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo,
reunión --su segundo congreso anual-- que ha tenido lugar en Toledo,
durante los días 14 al 16 de abril del año en curso. No es un informe que
entrañe debate, sino meramente informativo, a los efectos de que conste
en los anales del «Diario de Sesiones» de esta Cámara.

Tiene la palabra el señor Alvarez de Miranda.

El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda y Torres): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señorías, yo había preparado un informe que, por lo que estoy viendo, es
muy extenso dado lo avanzado de la hora. Por lo tanto, voy a procurar
reducirlo, pero dejo el informe completo con el fin de facilitar la labor
de transcripción taquigráfica.

La verdad es que hablarles del II Congreso anual de la Federación
Iberoamericana del Defensor del Pueblo es para este Defensor muy
satisfactorio, porque considero, de una manera objetiva, que ha sido un
éxito. Hemos tenido una asistencia que no esperábamos, más numerosa de la
que prácticamente nuestros medios materiales nos permitían, y el
resultado final ha respondido a todas las expectativas e ilusiones que en
el mismo habíamos puesto.

Yo creo que, de todas formas, sí sería interesante, quizá para que
pudiéramos centrarnos un poco en lo que es la Federación Iberoamericana
de Defensores del Pueblo, de Ombudsman --como más vulgarmente es
conocida--, reseñar los antecedentes que dieron lugar a esta Federación.

En junio de 1994, con ocasión de una reunión celebrada en San José de
Costa Rica, y a la que asistieron adjuntos del Defensor del Pueblo, las
distintas Defensorías de la región y del Defensor del Pueblo --insisto--
español llegaron a la conclusión de que era necesario crear una entidad
que coordinase la cooperación horizontal entre todas las instituciones
que ya habían nacido, es decir todas las Defensorías del Pueblo de los
distintos países iberoamericanos.

Poco después, en diciembre de aquel mismo año, se promulgó la Declaración
de Madrid, que había sido convocada por el entonces Adjunto segundo.

Dicho documento no sólo sentó las bases de la futura creación de la
Federación Iberoamericana de Ombudsman, sino que esbozó, por primera vez,
un programa ambicioso de capacitación de derechos humanos a nivel
iberoamericano.

Todavía resultó necesario celebrar una tercera reunión en el mes de abril
de 1995, en esta ocasión fue en la ciudad de Antigua, en Guatemala, a fin
de que se consensuaran los principios básicos de esta Federación, que
serían finalmente incorporados a los Estatutos, cuya sanción tuvo lugar
en agosto de 1995 en Cartagena de Indias, en Colombia.

Como socios fundadores, firmaron los Estatutos nueve titulares de
Defensorías Nacionales Iberoamericanas y algunos de los Defensores
adjuntos que habían participado de manera importante en toda la
elaboración de la misma Organización y de los Estatutos.

Los Estatutos fueron publicados en octubre de 1995 y su difusión resultó
tan efectiva que, a los pocos meses, había ya más de cuarenta solicitudes
de adhesión que fueron formalizadas, y a ello contribuyó el carácter
flexible de los requisitos que se requieren para pasar a formar parte de
esta Federación, requisitos que, de acuerdo con las características que
contiene el artículo 1º, aluden a la necesidad de ser un organismo
nacional, estatal, autonómico, provincial o regional del área
iberoamericana, independientemente



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de la denominación que reciba en cada país, siempre y cuando reúna el
perfil básico del Ombudsman y esté previsto en la Constitución de su
Estado o haya sido creado por una Ley específica, aprobada por el órgano
legislativo competente.

Una vez que se integró este primer Comité Directivo de la Federación,
cuya Presidencia recayó en el entonces Presidente de la Comisión Nacional
Mexicana, Jorge Madrazo, se convocó el Primer Congreso Anual de la
Federación Iberoamericana de Ombudsman, en abril de 1996 en la ciudad de
Querétaro. Fue un Congreso importante, en el que se puso de manifiesto la
necesidad de que los distintos Defensores iberoamericanos que iban
adhiriéndose a los Estatutos tuvieran un foro adecuado donde reunirse
para intercambiar experiencias, apoyarse mutuamente en las gestiones,
fortalecer la cultura de los derechos humanos en los países
iberoamericanos, sin olvidar la conveniencia de utilizar dicho foro para
estrechar los lazos de cooperación con otros organismos internacionales.

De este modo, 66 delegaciones provenientes de todo el mundo estuvieron
dos días reunidas en un diálogo constructivo y enriquecedor sobre los
distintos aspectos, incluyendo cuestiones fundamentales para la región
como eran los derechos indígenas, las migraciones y el compromiso de
impulsar la creación de la figura del Ombudsman en los países
iberoamericanos que no la tuvieran. Esa tarea fue proseguida, de acuerdo
con los Estatutos, y se decidió convocar el año siguiente un nuevo
Congreso de la Federación, recayendo en España esta responsabilidad.

Como lugar para este II Congreso Anual de la FIO elegimos Toledo. Su
cercanía a Madrid lo hacía más fácil, con independencia de las
características históricas y de la belleza que tiene la ciudad. Yo creo
que su elección fue un acierto. Al menos, esto se deduce de las
manifestaciones de todos los asistentes que estuvieron en este Congreso.

El Presidente del Congreso de los Diputados y el Presidente del Senado
--tengo que reconocerlo-- nos brindaron todo el apoyo para poder
concretar la convocatoria de este II Congreso. Lo mismo he de decir
respecto de esta Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor del
Pueblo que, a través de su Presidente, me ofreció su total colaboración.

Adicionalmente, obtuvimos, en parte, el respaldo financiero de la Unión
Europea, que ya había colaborado en el I Congreso de Querétaro, celebrado
en Méjico. Asimismo, para las cuestiones logísticas, incluida la serie
donde debía desarrollarse la sesión de trabajo, pude contar también
--esto es importante reconocerlo-- con la asistencia desinteresada de la
Universidad de Castilla-La Mancha, con el apoyo institucional de la
Presidencia de la Comunidad de Castilla-La Mancha, de las Cortes
castellano-manchegas, de la Delegación del Gobierno y del Ayuntamiento de
Toledo.

A la hora de cursar las correspondientes invitaciones tuvimos un triple
criterio. En primer lugar, asegurar la máxima asistencia posible con
objeto de dar a este foro la importancia necesaria para que la FIO
adquiriera la velocidad de crucero que deseamos y lograr
institucionalizarlo mediante esta convocatoria de reuniones anuales. En
segundo lugar, impulsar la figura del Defensor del Pueblo en la región
mediante la presencia en Toledo de representantes de aquellos países que
pudieran tener alguna responsabilidad en la promulgación de la
correspondiente ley. Y, por último, estrechar las relaciones de
cooperación con organismos internacionales que están dedicados a este
cometido.

De acuerdo con este triple criterio se cursó una invitación a todos los
titulares de las Defensorías del Pueblo iberoamericano estatales,
regionales o provinciales, incluyendo, claro está, a los ocho
comisionados autonómicos españoles. Como observadores --bien por carecer
de una Defensoría a nivel nacional o bien porque habiendo promulgado una
legislación pertinente carecían todavía de titular--, se invitó a
representantes de Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En los casos
de Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y Venezuela, se invitó a los
Presidentes de los llamados «Capítulos de Derechos Humanos», que, de
alguna manera, sustituyen a las Defensorías hasta que las mismas sean
creadas. Como instituciones iberoamericanas invitadas cabe citar, por su
importancia, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el cual,
además, de acuerdo con los Estatutos de la FIO, actúa como Secretaría
Técnica del Comité Directivo, al Instituto Latinoamericano del Ombudsman
y a la Comisión Andina de Juristas.

En calidad de invitados especiales, se extendieron invitaciones al
Vicepresidente de la Comisión Europea, representado finalmente por su
Director General Adjunto, al Director General de la Unesco, al Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al
Presidente del Instituto Internacional del Ombudsman, Marten Oosting, al
Defensor del Pueblo Europeo, Jacob SÜderman, al Director General para
América Latina y el Caribe del PNUD, a los ex Defensores de países
iberoamericanos, entre ellos, al ex Presidente de Guatemala y ex
Procurador de Derechos Humanos, Ramiro de León. A todos ellos habría que
añadir, por supuesto, los invitados nacionales, incluidos todos los ex
Defensores del Pueblo de España: Ruiz-Giménez, Gil-Robles y, en
funciones, Margarita Retuerto.

Si el total de los participantes en Querétaco fue de 66, con la
convocatoria de Toledo alcanzamos más del centenar de congresistas, cifra
que habría que incrementar hasta 150 si contamos con los miembros de cada
delegación. Solamente hubo tres países que no enviaron representante:
Cuba, República Dominicana y Uruguay. Tampoco recibimos ninguna
argumentación que justificara su ausencia.

Como temas generales para este Congreso se eligieron los siguientes: «Los
derechos económicos, sociales y culturales ante las instituciones que
componen la Federación Iberoamericana» y «Los derechos fundamentales y
las poblaciones indígenas en América Latina».

El acto de inauguración tuvo lugar el 14 de abril bajo la presidencia del
Presidente del Congreso de los Diputados. Todos los actos del Congreso
fueron muy significativos.




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Nos recibió el Alcalde de Toledo. Se expresó nuestro agradecimiento a las
distintas instituciones que había colaborado en el éxito del Congreso.

Intervinieron, por este orden --quiero destacarlo--, el entonces
Presidente en funciones de la Federación Iberoamericana de Ombudsman,
Rodrigo Alberto Carazo, ex Defensor de los habitantes de Costa Rica, el
Director General Adjunto de la Comisión Europea, Santiago Gómez Reino, y
el Presidente del Congreso de los Diputados --como decía-- Federico
Trillo, que cerró el acto.

El señor Carazo centró su intervención en subrayar la consolidación
institucional y orgánica de la FIO. El señor Gómez Reino --lo digo porque
creo que el compromiso que asumió es importante-- anunció que la
propuesta de Reglamento que próximamente presentará la Comisión al
Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre la consolidación de la
democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos
integrará entre sus objetivos el apoyo a la figura de los Ombudsman y de
los Procuradores de derechos humanos en los países terceros. Finalmente,
el Presidente Trillo destacó la capacidad de adaptación de la Institución
del Defensor del Pueblo en la comunidad iberoamericana, que desde hace
poco tiempo ha arraigado con fuerza en sociedades con muy diverso nivel
de desarrollo político, social y económico.

El programa de trabajo del Congreso se desarrolló los días 14, 15 y 16.

Estuvo distribuido en seis sesiones y cinco ponencias. El Sindic de
Greuges de la Comunidad Autónoma Valenciana realizó una exposición sobre
los derechos económicos y sociales. La ponencia sobre los derechos de la
mujer corrió a cargo de la Procuradora para la Defensa de los Derechos
Humanos de El Salvador, Victoria Velásquez. El Procurador Adjunto de
Guatemala fue el encargado de presentar la ponencia «Los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas en Iberoamérica», a la que siguió
la intervención del Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, Juan Méndez, relativa a «La relación entre el Ombudsman
y el derecho internacional de los derechos humanos». La última ponencia,
cuyo moderador fue el Adjunto primero del Defensor del Pueblo y que
llevaba por título «La Administración de Justicia y el Defensor del
Pueblo», fue dictada por el Defensor del Pueblo de Argentina, Jorge Luis
Maiorano. Finalmente, el miércoles 16 tuvo lugar la redacción y el debate
de las conclusiones del Congreso bajo la moderación del Sindic de Greuges
de Cataluña, Antón Cañellas.

En el documento de conclusiones se resumen los puntos principales de cada
una de las ponencias, los cuales dieron lugar a la Declaración de Toledo,
que es el segundo documento emanado del Congreso. Vamos a ver cuáles son
las disposiciones más importantes de esta Declaración de Toledo.

Primera. Los Ombudsman iberoamericanos se comprometen a jugar un papel
primordial de garantía y defensa de los derechos económicos, sociales y
culturales en cuanto, en función integradora, permiten el ejercicio
efectivo de los derechos políticos y civiles en sus respectivos países.

Segunda. Que acuerdan incorporar, en sus respectivas instituciones, un
área o sección que, en la medida de lo posible, se ocupe de forma
específica de los derechos de la mujer. (Este era un tema que estaba aún
sin definir del todo y que concretamos en Toledo como uno de los puntos
de la Declaración que nos compromete a la FIO.)
Tercera. Reafirmar como una de las funciones más importantes del
Ombudsman iberoamericano el fortalecimiento de los derechos de las
poblaciones indígenas.

Cuarta. Favorecer y respetar la adopción del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos por parte de los poderes públicos.

Quinta. Considerar que, dado el carácter fundamental que tiene el derecho
a la tutela judicial efectiva, todos los Ombudsman deberían estar
facultados para abordar la supervisión de las disfunciones de los
servicios públicos judiciales.

Sexta. Condenar todo tipo de comportamientos y normas discriminatorias y
xenófobas respecto a las personas migrantes.

Séptima. Adquirir el compromiso de incluir en los programas a desarrollar
en el futuro los temas que se refieren a la atención, protección y
cuidado de los menores, así como las cuestiones que afectan a las
personas mayores en todos los ámbitos de su vida.

Octava. El repudio enérgico sobre toda violación de los derechos
fundamentales, solidarizándose con las personas que sufren secuestro y
privación ilegítima de libertad.

Novena. La ratificación del compromiso de exhortar a los Estados
iberoamericanos que aún no tienen institucionalizada la figura del
Ombudsman a que la establezcan a la mayor brevedad posible.

Décima. Elevar a la consideración de los Jefes de Estado y de Gobierno
que conforman la Conferencia Iberoamericana para que en su próxima Cumbre
--que va a celebrarse, como ustedes saben, en la Isla de Margarita, en
Venezuela, en octubre próximo--, continúen apoyando a los Defensores del
Pueblo, Procuradores, Proveedores, Comisionados --los nombres son
variados según los diferentes países--, Presidentes de Comisiones
Públicas de Derechos Humanos, e impulsen la creación de esas
instituciones en la Comunidad Iberoamericana.

Con ocasión del Congreso, y según lo dispuesto en el artículo 13 del
Estatuto, se celebró la reunión de la Asamblea General de la FIO en
sesión ordinaria. Durante la misma se recibió la solicitud de adhesión
del Defensor del Estado brasileño de Paraná. Se analizó la situación de
inseguridad jurídica que atraviesa el Defensor del Estado venezolano de
Mérida a causa de algún intento por parte de algunas autoridades de
subrogarse a nivel nacional de las cuestiones relativas a la defensa de
los Derechos Humanos. Se aprobó el informe elaborado por el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos en su calidad de Secretaría Técnica
del Comité Directivo. Se realizó un análisis preliminar sobre una
propuesta argentina para reformar los Estatutos de la FIO --no está aún
aprobado, está en estos momentos en proceso de estudio por una Comisión--
y para permitirle a dicha Federación la adhesión



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de los Defensores municipales. No parece que ese tema haya tenido una
amplia acogida, a pesar de lo cual nos hemos comprometido a estudiarlo en
la próxima reunión de la Directiva.

Se acordó asimismo que el III Congreso de la Federación tenga lugar en
Lima el próximo mes de abril. A este respecto, la Asamblea General de la
OEA tiene previsto aprobar una resolución de apoyo a la celebración de
este III Congreso habida cuenta la importancia y difusión que viene
adquiriendo la figura del Ombudsman.

Asimismo, en el marco de la Asamblea General, los titulares de los
organismos nacionales miembros de la Federación y los tres representantes
designados por los Ombudsman, celebraron una reunión con objeto de
designar un nuevo Comité. Quisiera aclarar a sus señorías que esta
designación vino motivada, no tanto por el hecho de que había expirado el
mandato del anterior Presidente, que es de dos años, como porque fue
nombrado Procurador General de la República de Méjico. Por otra parte, el
Primer Vicepresidente, Rodrigo Alberto Carazo, quien ejerció durante el
Congreso como Presidente en funciones, había sido sustituido hacía apenas
unos días, como lo había sido también el Segundo Vicepresidente, el
colombiano Jaime Córdoba Triviño.

El nuevo órgano rector está conformado por un Tercer Vicepresidente,
Nelson Filippi, Defensor de la provincia de Córdoba; por una Segunda
Vicepresidenta, Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos en Méjico, y por el Primer Vicepresidente, Leo
Valladares, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras. En
cuanto a la Presidencia se refiere, quien les habla tuvo el honor de ser
elegido para ese cargo por un período de dos años, con el compromiso,
además de las funciones que los Estatutos atribuyen al Presidente, de
establecer una oficina para la Federación por todo el tiempo que dure el
mandato.

Antes de exponer a sus señorías una valoración sobre lo que puede suponer
en el futuro la Presidencia española del Comité Directivo de la
Federación, quisiera resaltar el gran significado que tuvo para el
Congreso la asistencia de Sus Majestades los Reyes, no sólo por su
presencia en sí y que reveló el respaldo de la Corona Española a «este
ejemplo de colaboración interinstitucional» --expresión con que el propio
Rey definió a la FIO--, sino también por las palabras de aliento a la
Federación en cuanto que afirmó que era «el foro adecuado para fomentar
la cooperación, intercambiar experiencias, desarrollar proyectos
conjuntos y difundir una cultura de respeto a los Derechos Humanos de
alcance universal».

Tuvo, además, mucha importancia la referencia que Su Majestad el Rey hizo
a la inclusión en la Declaración final de la VI Cumbre Iberoamericana,
que se celebró en Chile en 1996, de la figura del Ombudsman
Iberoamericano como una institución básica para la buena gobernabilidad
en democracia y para una defensa más eficaz de los derechos y garantías
fundamentales dentro de la región iberoamericana.

Finalmente, no sé qué más podría decir sobre este Congreso. Creo que
yendo un poco más allá, podría decirles que la Federación, como ya he
comentado, puede constituir el apoyo adecuado en materia de derechos
humanos a ese foro eminentemente de cooperación política que es la
Conferencia Iberoamericana. Estoy convencido de que desde la FIO los
Defensores Iberoamericanos podremos contribuir de modo importante a una
de las aspiraciones que tiene esta Cumbre, la de que se adopte una Agenda
Iberoamericana de protección de los derechos humanos que, según reza el
párrafo 12 del proyecto de declaración, «sintetice la suma de acciones
colectivas e individuales, de corto y medio plazo, necesarias para
mejorar el clima de respeto y de garantías a los derechos humanos de
todas nuestras sociedades y, por ello mismo, de fortalecimiento de la
ética democrática y de sus valores básicos».

Dentro de estos objetivos generales que pretendo impulsar desde la
Presidencia, quisiera hacer hincapié en tres de ellos. En primer lugar,
denunciar ante la opinión pública internacional las violaciones de los
derechos humanos que por su especial gravedad así lo requieran.

En estos momentos soy sincero al decirles que pienso de forma muy
particular en la situación de los derechos humanos en Perú y en Colombia,
cuyo respeto pasa por uno de los momentos más delicados de la historia
reciente de ambos países a tenor de las distintas informaciones que, a
través de las ONGs y otras instancias de la propia Federación, nos han
ido llegando a la Presidencia de la FIO. En consecuencia, me propongo
analizar ambas situaciones en la reunión que se ha convocado para el
próximo mes de septiembre en Madrid, reunión donde se abordará también la
enmienda argentina a que antes aludía sobre la posibilidad de reforma de
los Estatutos.

En segundo lugar, mi propósito es fomentar, ampliar y fortalecer la
cultura de los derechos humanos en los países iberoamericanos, con
especial incidencia en los derechos de las poblaciones indígenas, que hoy
en día suman un total de más de 40 millones de personas en ese
continente. Con este fin, iniciaremos una estrategia de apoyo a la
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, en línea también de lo que dispone el proyecto de Declaración
de la VII Cumbre Iberoamericana, y a la Declaración Interamericana de los
Derechos de los Pueblos Indígenas, que debe ser aprobada por la Asamblea
de la OEA.

Creo de verdad que ha llegado el momento de que las poblaciones indígenas
puedan contar con un marco jurídico internacional que proteja sus
intereses, y dentro de este segundo objetivo enmarcaría la promoción del
Ombudsman en los países de la región que no cuenten con esta institución.

En este sentido, para la FIO ha sido un motivo de gran satisfacción el
hecho de que pocos días después del Congreso de Toledo hayamos recibido
de Ecuador la noticia de que no solamente se ha creado ya la Institución
--que en cierto modo podíamos decir que había sido alentada y orientada
por algunos de los Adjuntos Españoles--, sino que se ha nombrado a su
primer titular.

En tercer término, deseo que desde la FIO se estrechen los lazos de
cooperación entre los «ombudsman» de Europa y América, para lo cual se
necesitaría contar --y



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de hecho contamos-- con la ayuda de Portugal, nuestro aliado por
excelencia en Europa y también dentro de la Comunidad Iberoamericana. La
Unión Europea debe ser eje fundamental de este campo de actuación y la
firma de acuerdos entre los Defensores de una y otra ribera puede ser un
buen principio.

Como objetivos más específicos no debemos desperdiciar la posibilidad de
hacer una labor de apoyo en el Instituto Iberoamericano de Derechos
Humanos, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité Directivo, en lo
que se refiere a la organización de actividades, de proyectos concretos,
misiones técnicas, cursos de capacitación, acciones académicas y
elaboración de documentos informativos. Para ello, evidentemente, será
necesario recabar la ayuda de sus señorías, la ayuda del Parlamento, para
que entre todos podamos acometer financiera y espiritualmente esta labor.

A fin de ayudar a esta coordinación, me encuentro en el proceso de
establecer esta oficina de la Federación, para la cual hemos diseñado el
logotipo, en el que está incluido todo el continente iberoamericano,
desde el río Grande hacia el sur, y la Península Ibérica, con todos los
territorios portugueses y españoles. Es un logotipo que va a quedar digno
y que va a representar lo que queremos que sea la FIO y esa Comunidad
Iberoamericana.

Finalmente, señorías, confío en la colaboración de estas Cámaras y en
concreto de esta Comisión. Desde la Presidencia de la FIO podremos hacer
algo que pueda llevarse a efecto en la Comunidad Iberoamericana en el
campo de la colaboración y en un tema que a todos los que aquí estamos no
es particularmente querido: el respeto, la promoción y la defensa de los
derechos humanos.

Muchas gracias y aquí les dejo este texto para que ustedes lo puedan
estudiar con más detenimiento.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alvarez de Miranda.

Como saben, este informe no tiene debate, pero sí quiero interpretar el
sentimiento de los señores comisionados en el sentido de, en primer
lugar, felicitarle porque creemos que va a ostentar con mucha dignidad y
altura la Presidencia de la Federación durante este bienio que le queda
encargado y, asimismo, por el informe exhaustivo que ha hecho de lo que
pretende la misma institución internacional --y además que se diga aquí,
en esta Cámara, que en otro tiempo ha tenido vocación americana--. Por
eso muchas gracias, aunque sólo sea a los efectos de que quede para los
estudiosos de este tema.

Agradezco la presencia de todos los Senadores, Senadoras, Diputados y
Diputadas y levanto la sesión.




Eran las trece horas y veinticinco minutos.