DIARIO DE SESIONES DE LAS



CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1997 VI Legislatura Núm. 57



PARA LA UNION EUROPEA



PRESIDENTE: DON PEDRO SOLBES MIRA



Sesión núm. 13



celebrada el miércoles, 4 de junio de 1997,
en el Palacio del Senado



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Excmo. Sr. don Abel
Matutes Juan, para informar sobre el Consejo Europeo correspondiente al
semestre de Presidencia holandesa. (Número de expediente 711/000112.)



Se abre la sesión a las diez horas.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

Vamos a iniciar la reunión agradeciendo al Ministro de Asuntos Exteriores
que, en su cargado calendario en estos momentos, haya tenido la gentileza
de comparecer ante la Comisión Mixta para la Unión Europea con el fin de
hablar de los asuntos que creo que a todos nos interesan actualmente. En
el momento de la convocatoria nuestra gran preocupación era la
Conferencia Intergubernamental

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vinculada al Consejo Europeo de Amsterdam, pero han surgido
acontecimientos adicionales que hacen que, si ya la cuestión era
importante, se haya convertido en apasionante.

Muchas gracias de nuevo al Ministro por su presencia, y le cedo la
palabra.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señorías, comparezco hoy ante esta Comisión Mixta para presentar la
posición del Gobierno en un tema que, como acaba de decir el Presidente,
es vital para los intereses de España. Intentaré ser lo más completo y
sucinto posible en este momento clave de la negociación, que debería
llevarnos a su conclusión en el próximo Consejo Europeo de Amsterdam que
tendrá lugar el 16 y el 17 de junio.

No oculto a sus señorías --lo ha dicho el Presidente-- que el cambio de
Gobierno en Francia podría obligar a un cierto retraso en la
finalización. En todo caso, el Gobierno español espera que la demora, de
confirmarse, sea sólo de unas semanas. Nos encontramos, por tanto, ante
una cita muy importante, que exige una clara y completa explicación al
Parlamento por parte del Gobierno. Entiende el Gobierno esta explicación,
como lo hizo el anterior, no sólo como una necesidad de control
parlamentario, sino también, al propio tiempo, como un medio de
reforzamiento de la posición española ante nuestros socios comunitarios
gracias al amplio consenso existente en los asuntos relativos al proceso
de construcción europea.

La participación española en la Conferencia ha tenido un singular
protagonismo ya desde su inicio formal en marzo de 1996, y antes, si me
apuran, dado que el grupo de reflexión que preparó la Conferencia y el
informe fue presidido por un español. Este informe marcó el contenido de
la Conferencia Intergubernamental y se ha concretado en las siguientes
seis grandes áreas del proyecto de los tratados: libertad, seguridad y
justicia; la Unión y el ciudadano; política exterior; la reforma de las
instituciones; cooperación reforzada, y simplificación y codificación de
los tratados.

El dictamen de esa Comisión Mixta emitido el 29 de diciembre de 1995
sobre la Conferencia ha constituido la base de la posición española en
ella. Quiero destacar aquí la labor realizada durante todo este período
por esta Comisión que, tras crear una subcomisión que ha seguido con todo
detalle la marcha de la Conferencia, acaba de aprobar un nuevo dictamen
con el que ha cumplido de un modo impecable, a mi entender, su
importantísima labor de impulso, control y ayuda al Gobierno previa a la
propia finalización de la Conferencia.

Hace tan sólo dos días que la Presidencia ha distribuido un proyecto
consolidado ya de revisión de los tratados que hemos remitido también por
la vía de urgencia a sus señorías --espero que lo habrán recibido--, y
que previsiblemente todavía sufrirá algunas modificaciones antes de su
presentación formal al Consejo Europeo de Amsterdam. Por tanto, en la
exposición que voy a hacer sobre los elementos principales de la función
española seguiré la estructura del propio proyecto de la Presidencia:
libertad, seguridad y justicia, derechos fundamentales y no
discriminación. En ese punto, el proyecto de la Presidencia refleja en
grandísima medida las tesis que defiende España, que es la modificación
del artículo L del Tratado para extender el control del Tribunal de
Justicia sobre el respeto de los principios democráticos y los derechos
fundamentales, en línea con la propuesta presentada en su día. El nuevo
artículo creará la posibilidad de suspender ciertos derechos en la Unión
del Estado miembro que atente contra los principios de libertad,
democracia, respeto a los derechos y libertades fundamentales y del
Estado de Derecho, una cláusula en el Tratado que permita al Consejo
emprender acciones para combatir la discriminación por diversas causas,
sean de sexo, religión, creencias, origen, la incapacidad o la edad y las
nuevas disposiciones, sobre todo para reforzar la igualdad hombre-mujer,
con la posibilidad de adoptar medidas de discriminación positiva en favor
del sexo subrepresentado, siguiendo las propuestas de varios países,
entre ellos el nuestro. Finalmente, una declaración sobre la abolición de
la pena de muerte, cuya inclusión ya había sido sugerida por España e
Italia.

Progresivo establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y
justicia. Creo que podemos sentirnos satisfechos de lo logrado en este
ámbito, que, como saben sus señorías, ha sido desde el principio de la
conferencia una gran prioridad para España. Esa satisfacción creo que no
es exagerada si comparamos el nivel de ambición de los textos iniciales
con el proyecto de Presidencia que acaba de ser distribuido. Sin duda,
este proyecto es aún mejorable en muchos aspectos, pero debemos reconocer
que supone un salto cualitativo en relación con la situación actual y
permite dar respuesta a una de las demandas más acuciantes, más justas,
por parte de la opinión pública española en relación con el proceso de
construcción europea.

Creemos, pues, que los principales elementos de enfoque de la Presidencia
permiten mirar con cierto optimismo la consecución de un acuerdo en
Amsterdam. Este enfoque se basa en los siguientes puntos.

Creación de un nuevo título sobre libertad de circulación de personas,
asilo, e inmigración. Aceptamos ese esquema, pero siempre que se mantenga
la unanimidad en el apartado relativo a la ausencia de controles de las
personas en las fronteras interiores y el establecimiento de normas y
procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para la realización
de los controles de personas en el cruce de fronteras exteriores.

Llamo la atención de sus señorías sobre una importante novedad que, de
aceptarse por todos, nos permitirá asociarnos plenamente a la
comunitarización --porque de eso es de lo que se trata-- de este nuevo
Título. Me refiero a la propuesta de Protocolo sobre las fronteras de los
Estados miembros, que la presidencia, a instancia nuestra, ha incluido en
su proyecto consolidado. Dicho Protocolo establece que ninguna
disposición del tratado



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confiere competencias a la comunidad en relación con la adopción de
disposiciones que determinen la delimitación de fronteras entre Estados
miembros, o entre Estados miembros y terceros países. Sus señorías son
perfectamente conscientes de la importancia que para nosotros tiene una
disposición de esta naturaleza en el futuro Tratado revisado.

Fortalecimiento de las disposiciones de cooperación policial y judicial
en los asuntos penales, en el Título VI del Tratado de la Unión. Creo que
hay que felicitarse por el amplio consenso que se percibe hoy en torno a
la adopción de medidas destinadas a favorecer la cooperación policial, y
en particular, a la aceptación de que Europol pase a tener competencias
operativas, en plena sintonía con la propuesta presentada por España en
su día sobre la cuestión.

En materia de cooperación judicial, entendemos que las propuestas de la
Presidencia son aún insuficientes, y por ello insistiremos hasta el
último momento en la conveniencia de que en el Tratado se incorpore una
disposición para que en un futuro puedan desarrollarse de modo gradual
formas de cooperación judicial inspiradas en el principio del trato
nacional, aunque todavía hay muchas reticencias al respecto.

Incorporación de los acuerdos de Schengen en el marco de la Unión Europea
bajo la modalidad de cooperación reforzada. España puede aceptar el
proyecto de Protocolo de la Presidencia, siempre que la opción finalmente
retenida para una eventual incorporación futura de Irlanda y el Reino
Unido a alguna de las partes del acervo Schengen sea la de exigir la
unanimidad de los Trece.

Para España ésta es una cuestión esencial para poder preservar, en primer
lugar, el actual nivel de desarrollo de Schengen y, en segundo lugar,
para no hipotecar su futuro desarrollo en cuanto a operación reforzada en
el marco de la Unión Europea.

Protocolo anejo al Tratado sobre el asilo para nacionales de los Estados
miembros. Tras largas y laboriosas negociaciones con la Presidencia, ésta
finalmente ha aceptado incluir en el proyecto un Protocolo sobre esa
materia, cuyo contenido, sin ser perfecto, satisface básicamente los
objetivos que sobre esa cuestión nos marcamos desde un primer momento, y
que esencialmente se resumen en impedir que la institución del asilo, que
se mantiene, no pueda ser utilizada para fines distintos de los que le
son propios.

Sus señorías saben perfectamente que el problema al que nos enfrentamos
no es tanto evitar la posibilidad de la concesión de asilo en un Estado
miembro de un ciudadano de la Unión, supuesto que no se ha dado en mucho
tiempo, sino impedir que una demanda de asilo en la tramitación
subsiguiente se utilice para paralizar la cooperación judicial normal
entre Estados miembros, retrasando, por ejemplo, la concesión de una
extradición.

El Protocolo ahora propuesto por la Presidencia permitirá evitar esa
manipulación procesal, puesto que, partiendo del principio de que la
admisión a trámite de una demanda de asilo solamente será posible en los
casos de hipotética violación por un Estado miembro de los derechos
fundamentales, la posibilidad que en dicho Protocolo se reconoce a un
Estado miembro de decidir unilateralmente respecto de la solicitud de un
nacional de un Estado miembro se supedita a la notificación inmediata al
Consejo, lo cual pondrá a dicho Estado miembro en la difícil tesitura de
justificar ante los demás socios tal actuación y, lógicamente,
constituirá un importante factor disuasorio para evitar la repetición de
situaciones tan injustificadas como las que hemos vivido en alguna
ocasión en estos últimos años.

Pasemos a un segundo aspecto: la Unión y el ciudadano, empezando por el
empleo. Ayer mismo, en la reunión ministerial de Luxemburgo tuvimos
ocasión de intercambiar puntos de vista sobre esa cuestión esencial para
todos y avanzar en la formulación de un capítulo sobre el empleo que
respete las tres hipótesis de negociación acordadas: el mantenimiento de
las competencias nacionales en este ámbito, la no incidencia, aunque
fuera indirecta, en la Unión Económica y Monetaria, y que no tenga
incidencia sobre el presupuesto comunitario.

Lógicamente, el nivel de ambición que podríamos aceptar en este capítulo
sería mayor si se aceptaran recursos adicionales, lo que parece estar
fuera de las posibilidades actuales. Por todo ello, España defiende su
propuesta, basada en la práctica desarrollada por los Consejos europeos
desde Essen.

Con respecto a la política social, el Gobierno ha defendido desde el
primer momento la incorporación del acuerdo sobre política social del
Tratado, lo que ya es plenamente realizable tras el cambio de posición
del Reino Unido. Creemos que el texto debe mantenerse en sus términos
actuales, salvo en lo relativo a la extensión del principio de igualdad
hombre-mujer, ya que entendemos que también debería extenderse también a
todas las condiciones laborales.

En relación con el medio ambiente, España apoya la inclusión de una
referencia al desarrollo sostenible en el Tratado, con el fin de
incorporar el nuevo concepto acuñado tras la Conferencia de Río. En la
reunión ministerial celebrada anteayer y ayer discutimos sobre las
propuestas de alguna delegación para modificar el artículo 100.A), que
ustedes conocen.

Creo que la tesis de las delegaciones que defendemos la necesidad de
preservar la unidad del mercado interior prevalecerá sobre las de
aquellos que insisten en reabrir la difícil negociación que ya tuvo lugar
durante la discusión del Acta Unica.

En cuanto a la salud pública y la protección de los consumidores, la
Presidencia incorpora en su texto sendas propuestas sobre ambas
cuestiones, que preocupan de un modo particular a la opinión pública, y
cuyos objetivos compartimos plenamente.

De las diversas cuestiones que también abarca ese Capítulo sobre otras
políticas de la Comunidad, me referiré brevemente a las siguientes. En
primer lugar, la ciudadanía. En este sentido, insistiremos para que la
Presidencia



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incorpore en el proyecto final nuestra propuesta sobre voluntariado, que
ha merecido un amplio apoyo por parte de las delegaciones.

En relación con las regiones ultraperiféricas, estamos comprobando con
satisfacción cómo la Presidencia, en la última versión de su proyecto, ha
introducido algunas mejoras significativas sobre el texto anterior, y
además ha añadido un Protocolo sobre el artículo 227.2 en la línea de la
propuesta que presentamos conjuntamente con Francia y Portugal. No
obstante, creemos que el texto del artículo y el Protocolo pueden ser aún
mejorados, y continuaremos trabajando en esta línea hasta el final de la
negociación.

Respecto a las regiones insulares, la Presidencia reproduce en su
literalidad la propuesta de la declaración que en su día presentamos, lo
que consideramos satisfactorio. Además, ha introducido una referencia a
las islas en el artículo 130.A, que creemos que puede ser aceptada por
todos sin dificultades.

En cuanto a la subsidiariedad, el proyecto de Protocolo sobre la
aplicación de ese importante principio debe reflejar en lo esencial el
contenido de las declaraciones ya formuladas en Edimburgo y Birmingham,
sin que sea posible reabrir la difícil negociación y compromiso que
entonces logramos cerrar. Nos opondremos a cualquier intento de última
hora de alterar dicho compromiso, que abra la vía a una posible
renacionalización de las políticas comunitarias.

En lo relativo a la trasparencia, la consagración en el Tratado del
derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos elaborados por el
Parlamento, el Consejo y la Comisión dentro de los límites que en ese
momento deberán ser regulados constituye un elemento importante en el
acercamiento de la Unión a los ciudadanos, lo que España apoya
plenamente.

En cuanto al mercado interior, quiero informarles que España presentó
ayer una propuesta que complementa y refuerza la de la delegación
italiana sobre una aplicación uniforme y eficaz de las disposiciones
relativas al mercado interior. El objetivo de esa propuesta, que entiendo
que se les ha repartido, es la de añadir un nuevo apartado al artículo
100.A, para que se permita a la Comisión, por derogación del artículo
189, tomar una decisión en el supuesto en que un Estado miembro haya
faltado a una de las obligaciones relativas al mercado interior y que
afecte a los intercambios entre Estados miembros. La Comisión en su
decisión puede, además, imponer al Estado miembro afectado la obligación
de pagar sanciones, de hacer frente a sanciones. Vemos que esta medida es
necesaria para contribuir a poner fin a las acciones vandálicas llevadas
a cabo, desgraciadamente, con excesiva frecuencia por agricultores
franceses contra frutas y hortalizas procedentes de España.

En relación a la acción exterior de la Unión Europea, el reforzamiento de
esa política, que queda plasmado en el proyecto de la Presidencia, está
en línea con las aspiraciones de nuestro país. Si se recuerdan los
párrafos que la política exterior dedicaba al anterior dictamen de esta
Comisión sobre la Conferencia, se podrá constatar que parece haberse
llegado a un consenso sobre puntos que entonces se evocaban, tales como
la unidad de análisis y previsión en la Secretaría General del Consejo,
la puesta a punto de los instrumentos PESC con la suavización de la regla
de la unanimidad y la introducción de la nueva figura de la abstención
constructiva, sin perjuicio de que en circunstancias excepcionales un
país pueda impedir la adopción de una decisión por mayoría cualificada si
considera que afecta a sus intereses vitales.

En lo que afecta a la seguridad y defensa común, también los sucesivos
documentos de la Presidencia se han ido acercando a las tesis defendidas
en anteriores dictámenes por esa Comisión Mixta. Nuestro país se ha
expresado en este terreno conjuntamente con Francia, Alemania, Italia,
Bélgica y Luxemburgo y además aboga por la puesta en marcha de una
integración gradual de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea.

Hoy existe ya consenso para dar un contenido inicial a esa política de
defensa común mediante la inclusión de las tareas de las misiones
Petersberg en el Tratado.

En cuanto a las relaciones económicas exteriores, el punto fundamental
que deberá decidirse en Amsterdam es la propuesta de la Comisión Europea,
con el apoyo de algunos Estados miembros, y que la Presidencia ha
incorporado a su proyecto parcialmente para dar nuevas competencias a la
Unión en la negociación y conclusión de acuerdos internacionales en
ciertos sectores de los servicios y de la propiedad intelectual. Yo
entiendo que en ese sector debemos actuar con mucha prudencia, dada la
importante trascendencia económica que pueden tener estos cambios. Es
conveniente que la Comunidad pueda hablar con una sola voz en las
negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, pero a la vez
resulta asimismo esencial garantizar previamente que los intereses
propios de nuestro país, en esos sectores a negociar, sean tenidos
debidamente en cuenta.

En relación con la reforma institucional, como sus señorías bien saben la
cuestión más sensible y difícil de la Conferencia y la que, en
consecuencia, requerirá una especial atención por parte de jefes de
Estado y de Gobierno en Amsterdam, punto crucial que se plantea en el
ámbito del Consejo, es el de la reponderación de votos entre los Estados
miembros. Esta reponderación es necesaria, en primer lugar, porque hay un
asunto pendiente. Ustedes conocen el famoso compromiso de Ioánnina, ya
que el equilibrio del Consejo se rompió al pasar de doce a quince y, en
segundo lugar, porque se requiere un nuevo ajuste para asumir la
ampliación al Este y al Mediterráneo, donde sólo hay un país muy poblado,
Polonia, y existe, por lo tanto, el riesgo de que esos desequilibrios
vayan incrementándose. Aunque el objetivo ideal sería restablecer el
equilibrio mediante una reponderación suficiente de los votos, no
descartamos, si ello fuera necesario, una solución basada en la doble
mayoría, siempre que se garantizara que toda decisión del Consejo
adoptada por mayoría cualificada tuviera el apoyo mínimo indispensable de
una parte importante de la población de la Unión.




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En cuanto a la extensión de la mayoría cualificada, hemos defendido
siempre la necesidad de analizar caso por caso y según los méritos
propios de cada sector sin aceptar planteamientos generales
preconcebidos. Hoy creo que el asunto está mejor encauzado y que será
posible lograr un acuerdo satisfactorio que respete nuestros intereses en
Amsterdam. De ahí que el Gobierno comparta las consideraciones de los
dictámenes de esta Comisión en lo que se refiere al mantenimiento de la
unanimidad en determinadas cuestiones básicas del Tratado, y la opinión
del Gobierno ha sido que con el fin de mantener su colegialidad y su
eficacia sería conveniente limitar el número de comisarios ante la
perspectiva de la ampliación. La solución que en su momento se encuentre
debe tener en cuenta la necesidad de mantener el equilibrio global que se
refleja hoy también en una presencia diferenciada de los Estados en la
Comisión. Como sus señorías saben, a raíz de la Cumbre de Noorwijk, la
pasada semana, se vislumbra un principio de acuerdo para mantener hasta
la ampliación el número actual de comisarios. El posible establecimiento
de un techo máximo del número de comisarios en el Tratado requeriría que
llegado el momento se encuentren fórmulas adecuadas para la designación
de los comisarios, teniendo en cuenta la necesidad de preservar los
equilibrios a que antes me refería.

En lo que afecta al Parlamento Europeo, además de sumarnos a la propuesta
del propio Parlamento de limitar su número máximo de miembros a 700,
apoyamos las que propugnan reducir el número de procedimientos y ampliar
la codecisión, al mismo tiempo que se simplifica el propio procedimiento.

También sería deseable que aumentara su papel en las cuestiones relativas
al segundo y tercer pilar.

En cuestiones presupuestarias, es importante destacar la idea aportada
por la Presidencia para un acuerdo interinstitucional sobre las
cuestiones PESC. Creemos que esta idea merece ser apoyada.

Por lo que respecta al Tribunal de Justicia, España ha defendido las
actuales prerrogativas e independencia del Tribunal. Sus competencias
deben ser extendidas en relación con el control de los derechos humanos y
sobre ciertas cuestiones relativas a justicia e interior. El Gobierno,
por otra parte, apoya la propuesta de la Presidencia de reforzar las
competencias del Tribunal de Cuentas, especialmente en materia de lucha
contra el fraude y el presupuesto comunitario. Una cuestión en la que la
delegación española también ha tenido un singular protagonismo es la que
se refiere al reforzamiento del Comité de las Regiones. El Gobierno
presentó en su momento una propuesta en la Conferencia para fortalecer
este órgano, llamado a adquirir un mayor papel en la Unión, que en lo
esencial ha sido incorporado al proyecto de la Presidencia.

Una última cuestión sobre asuntos institucionales es la relativa al papel
de los parlamentos nacionales, en la que el Gobierno apoya plenamente el
proyecto de protocolo que sobre esa cuestión someterá la Presidencia al
Consejo Europeo.

En cuanto a la flexibilidad o cooperación reforzada, creo que el
tratamiento de esa cuestión, de gran importancia para el futuro de la
Unión, se ha ido encauzando a lo largo de la Conferencia en el sentido
que España ha pretendido desde el primer momento, y se ha batido por él,
de manera que cabe ser razonablemente optimistas sobre la posibilidad de
un acuerdo en Amsterdam.

España trató desde el primer momento de que las iniciativas tomadas por
varias delegaciones en ningún caso pudieran conducir a una fragmentación
de la Unión; por eso, en relación al primer pilar comunitario, hemos
defendido un enfoque basado en la adopción de la decisión del Consejo
para autorizar una cooperación reforzada por mayoría cualificada, pero
excluyendo una serie de sectores que constituyen el núcleo del mercado
interior y las políticas comunes que, en ningún caso, pueden ser objeto
de flexibilidad. En el ámbito de la Unión Monetaria, si se considera
necesario aplicar la flexibilidad, debería ser autorizada por unanimidad.

La cooperación reforzada parece un mecanismo más adecuado, en cambio,
para el segundo y el tercer pilar, y en este último el Protocolo para la
integración Schengen nos muestra ya su virtualidad inmediata.

Finalmente, en relación con la simplificación y codificación del Tratado,
las propuestas que serán presentadas por la Conferencia para simplificar
los Tratados, y que constituirán la segunda parte del Tratado de
Amsterdam, son importantes en la medida en que puedan facilitar una mejor
comprensión de los Tratados a los ciudadanos de la Unión, lo cual no es,
precisamente, un tema sencillo.

Este trabajo de simplificación debería completarse después con una
codificación de todos los Tratados, ejercicio que, aunque no es posible
completar ahora, debe continuar de forma decidida tras la firma del
Tratado revisado.

Para concluir, quiero insistir ante esta Comisión en la trascendencia de
la negociación en la que estamos embarcados. No me cabe duda de que esta
Comisión seguirá ejerciendo su responsabilidad y que, por tanto, seguirá
exigiendo del Gobierno y apoyando al Gobierno en la defensa del interés
español y del europeo. Creo firmemente en que ambos intereses son
plenamente complementarios y coincidentes, incluso. Estoy seguro de que
sus señorías comparten conmigo esta convicción y les doy las gracias por
ese apoyo y por su presencia hoy aquí.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Costa.




El señor COSTA COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señor Ministro, por la información suministrada, y una
vez más gracias a todo su Gabinete y a la Secretaría de Estado por la
diligencia en hacernos llegar la información referida a la Conferencia
Intergubernamental. Es su obligación, pero cuando esa obligación se
cumple con diligencia facilita los trabajos de los grupos parlamentarios,
y es algo que no me duele reconocer



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que se está produciendo en términos adecuados para los trabajos del
Parlamento, por lo tanto, para los trabajos de los grupos parlamentarios
y del interés español.

Nos ha dado usted una explicación amplia, que complementa los documentos
que nos han ido mandando y las comparecencias habidas en la Subcomisión
creada a tal efecto sobre la Conferencia Intergubernamental, y lo ha
hecho en un momento político que yo no quisiera dejar pasar sin valorar y
sin recibir de usted alguna apreciación al respecto. Entraremos en alguno
de los elementos que usted nos ha explicado, pero sustancialmente esta
comparecencia tiene interés en la medida en que pudiéramos, de alguna
manera, hacer una prospección sobre los cambios que ha habido durante el
mes de mayo en países socios de la Unión Europea y, por lo tanto, creo
que se han producido mucho más profundamente en el clima que envuelve el
conjunto de la construcción europea. Me estoy refiriendo de manera muy
particular a los cambios de mayoría que ha protagonizado un cambio de
gobierno en el Reino Unido y en Francia, dos de los países con gran peso
dentro de la Unión Europea y con posiciones diferentes en el seno de la
misma, que han afrontado sus elecciones internas en clave europea en
ambos casos y, por lo tanto, con consecuencias, sin duda, para el proceso
de reforma del Tratado que estamos viviendo. Si a esto añadimos las
inseguridades que se han ido produciendo en Alemania, en la situación
política particularmente, con la revalorización de las reservas en oro
del Bundesbank y el conflicto político que ello ha producido, incluso de
una cierta inestabilidad política de la mayoría que da apoyo al Gobierno,
nos encontramos con un clima que, sin duda, afectará a las negociaciones
de los textos del Tratado y que es de máximo interés conocer por parte de
esta Cámara.

Señor Ministro, señor Presidente, quisiera apuntar algunas de las
cuestiones que me parece que están cambiando en Europa y, por lo tanto,
saber si tienen ya algún efecto sobre la negociación de la reforma del
Tratado o si cree el Ministro, que está mucho más en contacto con esta
realidad, que lo van a tener en el futuro inmediato.

Tanto desde el Reino Unido como desde Francia se ha insistido en dos
cuestiones en este caso coincidentes: que el modelo de construcción
europea no se puede limitar a una moneda, no se puede limitar a un
espacio económico, a un mercado único, que Europa tiene que tener una
dimensión social, que tiene que profundizar en la dimensión social
europea y que se tienen que instrumentar contrapesos para que la moneda
única no sea algo que se produzca al margen de los ciudadanos o que pueda
afectar a lo que es uno de los objetivos principales de la Unión, que es
la creación de empleo.

Ya nos ha explicado que en alguna cuestión se han dado pasos positivos,
que nosotros esperamos que se mantengan por los nuevos gobiernos del
Reino Unido y de Francia, como es la incorporación del capítulo social al
Tratado, que no parece que tenga mayores problemas; sin embargo,
subsisten problemas serios en otras materias que me gustaría abordar. No
voy a seguir el orden del documento de la Presidencia, si me permite ser
un poco más anárquico en la exposición, para hacerla también quizá más
sugerente a los efectos de nuestros intereses como parlamentarios.

Si hacemos esta valoración global y los efectos que puede tener sobre los
aspectos de reforma del Tratado que usted nos ha ido desglosando,
respecto del primer pilar tenemos pocos problemas, quizá alguno que a mí
se me ha ocurrido en torno a la propuesta española que nos han presentado
ahora mismo al inicio de esta Comisión, y es que, por un lado, en el tema
medioambiental no queremos que se abra el artículo 100.A del Tratado y,
por otro lado, proponemos que ese artículo se abra, es decir, se someta a
debate para un tema que nosotros compartimos y que hace referencia a
salvaguardar la libre circulación de mercancías frente a acciones
unilaterales de un Estado miembro.

Es verdad que se puede abordar ese artículo para un aspecto y no hacerlo
para otros, pero es cierto que cuando se discuta, los países, sobre todo
los del norte de Europa, que tienen una mayor preocupación por los temas
medioambientales, van a intentar que se abra en todos los sentidos y, por
lo tanto, en alguno que, a lo mejor, no viene tan bien a los intereses
españoles en esa materia si no se parte del reconocimiento de una
situación diferente en los países de la Unión en el tema medioambiental.

Le decía que me quería referir a los temas que, a mi entender, se están
cuestionando después de los cambios sucedidos en Europa. En cuanto al
modelo social que Gran Bretaña acepta plenamente tenemos la incorporación
al Tratado del texto anexo al protocolo social. Por tanto, ahí no parece
haber problemas. Nosotros estamos de acuerdo con esa posición.

Aparentemente no hay países discrepantes en este modelo y la única
condición del Reino Unido es que no se avance más en ese sentido aunque
no sé si ese no avanzar más incluye la igualdad de tratamiento entre
hombre y mujer en las condiciones de trabajo, por ejemplo, en las
remuneraciones.

En lo que a la posición francesa se refiere, nos encontramos, sin saber
exactamente cómo se puede manifestar eso concretamente, con que se quiere
reequilibrar la Unión Monetaria con un mayor peso social en la
construcción europea, por tanto, sin saber a qué se refiere concretamente
eso --repito--, intuimos que se va a pedir un reforzamiento de las
políticas de empleo aparentemente más allá de las derivadas de los
Consejos Europeos de Essen y Madrid e intuimos también que eso va a tener
algún efecto en las negociaciones de la reforma del Tratado.

En el Reino Unido nos encontramos con unas posiciones en relación con una
serie de temas, posiciones en algunas de las cuales coincidimos aunque en
otras no coinciden una gran mayoría de países de la Unión y que afectan
todas ellas a la reforma. Tenemos en el segundo pilar alguna dificultad
por parte del Reino Unido. Tenemos un bloqueo especialmente dentro de
este pilar referido a política exterior y a seguridad común en relación
con la integración por fases de la Unión Europea Occidental, que nuestro
país ha defendido y que podría ser aceptada por Francia aunque no parece



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que pueda prosperar. En cualquier caso, nos gustaría conocer en qué
términos se puede llegar a un acuerdo en esos aspectos.

En el tercer pilar tenemos la incorporación de los acuerdos de Schengen.

Ya nos ha dicho el señor Ministro que se ha llegado a un acuerdo que nos
parece viable si es que se trata de un acuerdo de flexibilidad y de
incorporación posterior por unanimidad --eso he creído entender-- del
Reino Unido y de Irlanda al Tratado, por tanto, con la capacidad de veto
de cualesquiera de los Estados miembros que se puedan incorporar por esa
flexibilidad.

Y tenemos algún problema y de tipo bilateral con el Reino Unido como es
la Quota Hopping, respecto de la que desearíamos saber en qué términos ha
quedado establecida puesto que se trata de una cuestión que puede afectar
a la política común de pesca de la Unión Europea y muy especialmente a
los intereses pesqueros de nuestro país.

Si analizamos algún otro aspecto de la Conferencia, nos encontramos ya
ante elementos de tipo nacional cuya solución podríamos ir analizando. En
primer lugar, la política de asilo. El señor Ministro nos ha dicho, en mi
opinión con un cierto realismo, que éste no era el proyecto que España
presentó en un primer momento pero que resultaba satisfactorio. El
Ministro de Asuntos Exteriores, que se caracteriza por su diplomacia,
creo que lo ha explicado perfectamente en términos diplomáticos. Es
decir, no es lo que el Presidente del Gobierno expuso ante el Pleno del
Congreso de los Diputados en su comparecencia de diciembre de 1996, pero
es un paso más, un paso importante en una política de asilo dentro de la
Unión Europea. Pues bien, siendo este paso importante, a nadie se le
escapa que políticamente los errores siempre tienen un coste, y si el
error es que se vende la piel del oso antes de haberlo cazado, sería
conveniente que ese error quede reflejado y sea reconocido expresamente
por quien lo ha cometido y por quien imprudentemente avanzó unas
posiciones que después no se han visto refrendadas en la propia
Conferencia, en la propia reforma del Tratado de la Unión.

Hay también una serie de preocupaciones respecto a la ponderación de voto
en el Consejo. Nos ha dicho el señor Ministro que esto sería asumible por
nuestro país, y también ha hecho referencia al dictamen de la Comisión
Mixta para la Unión Europea, emitido la semana pasada, respecto a
cualquiera de los dos sistemas, el de reponderación de voto en el Consejo
o el de doble mayoría. Nos gustaría conocer con mayor precisión, no ya
tanto el texto, puesto que éste aparece en el informe consolidado de la
Presidencia, sino la situación en que se encuentra la negociación en esta
materia. Desearíamos conocerlo de una manera más expresa si eso es
posible sin que afecte a la propia negociación.

Hemos visto muy pocos avances en lo que se refiere al Comité de las
Regiones. Se trata de cuestiones que quizá no supongan gran preocupación
a nivel de negociación de la reforma del Tratado de la Unión, pero sin
duda tienen un calado político profundo en nuestro país dada su
configuración y descentralización política en Comunidades Autónomas.

También nos ha hablado de la Comisión, y cuando se ha referido al Consejo
ha mencionado un elemento que yo considero especialmente importante, el
paso de la unanimidad a la mayoría cualificada. El Ministro ha dicho que
todos los elementos que son constitucionales del Tratado de la Unión
quedarían excluidos de ese paso de la unanimidad a la mayoría
cualificada. En cualquier caso, si recuerdo bien, establecíamos dos
condiciones para que algunas de las políticas pasaran de la unanimidad a
la mayoría cualificada, y es que se hubiera conseguido que la minoría de
bloqueo estuviera en condiciones asequibles para nuestro país por
cuestiones de posibilidad de negociación con otros países, o en cualquier
caso estuviera en condiciones de hacer que algunas propuestas que no
contaran con un apoyo de un segmento muy importante de la población de la
Unión Europea no pudieran avanzar sin ese acuerdo.

No nos ha hablado de la subsidiariedad o lo ha hecho de modo muy breve.

Esa es una preocupación que nosotros tenemos dado que hay países que
quieren modificar el concepto de subsidiariedad en la Unión Europea.

Nosotros querríamos conocer si este tema va a quedar en los términos de
la Declaración de Edimburgo y de Birminghan --básicamente en la de
Birminghan--, donde se establece que la Unión no debe entrar en la
distribución de competencias internas de los países miembros.

También nos ha explicado el señor Ministro las garantías en que se sitúa
la flexibilidad, flexibilidad que, entiendo, sería excluida básicamente
del primer pilar y que solamente tendría aplicación en función de las
cláusulas y condiciones que se establecen en algunos casos en el segundo
pilar y particularmente en el tercero, flexibilidad que en cualquier caso
tiene unos mecanismos para su aplicación que permiten a todos los países
miembros opinar a través de informes de la propia Comisión y del Consejo.

En cualquier caso, quisiera conocer a este respecto de la flexibilidad si
existen todavía países que no aceptan esta fórmula y que exijan la
unanimidad de origen o si esas posiciones han ido matizándose y, por
tanto, no existen ya trabas para que el texto de la Presidencia se sitúe
en el Tratado.

Creo que son bastante satisfactorios los avances que se producen en
relación con los derechos fundamentales y de no discriminación. El
Ministro ha hecho una referencia específica a la posibilidad de acciones
positivas en materia de igualdad hombre-mujer. Nos gustaría conocer si
ésta ha sido la posición española en las negociaciones para la reforma.

Existen, sin duda, avances en el área de libertad, seguridad y justicia,
y quizá la preocupación mayor de nuestro Grupo en esta área sea la del
hecho de que haya un desequilibrio entre seguridad y libertad. Nos ha
parecido, por su exposición y por los textos de que disponemos, que se
está mejorando de una forma satisfactoria en seguridad, pero no se está
mejorando en la misma medida en garantías jurídicas y en libertad.




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En el capítulo social y de empleo, también nos ha parecido satisfactoria
la posición y los acuerdos que contiene el Tratado, si bien es verdad que
en esas dos materias sería conveniente profundizar más, particularmente
en el capítulo social, donde todavía queda un campo importante en el que
avanzar, y, en general, la reforma viene a satisfacer las necesidades
actuales de reforma de la Unión Europea en la medida en que los Estados
miembros están preparados para avanzar.

Tenemos nuestras dudas de que esa reforma, especialmente pendiente de
finalizar el capítulo institucional, sirva para lo que era el fundamento
de la misma, es decir, hacer una Unión eficaz que pudiera acoger a la
nueva ampliación manteniendo su eficacia en la toma de decisiones y
manteniendo, por tanto, su eficacia en la elaboración de políticas para
el conjunto de los países miembros de la Unión.

Nada más en esta intervención, muchas gracias, y esperamos una valoración
de la situación general y, por tanto, de las perspectivas de cierre de
esta reforma institucional en la nueva situación política.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Costa.

En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.

(El señor Guardans i Cambó pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señor Guardans?



El señor GUARDANS I CAMBO: Entiendo, señor Presidente, que, si el orden
es de mayor a menor, me corresponde intervenir en esta Comisión Mixta.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: El número de representantes de las dos formaciones
es exactamente el mismo, y de acuerdo con la nota que me han pasado...

(El señor Alcaraz Ramos: Nosotros tenemos más número de votos.)



El señor GUARDANS I CAMBO: Perdón, señor Presidente, en las Comisiones
Mixtas está así definido, y tiene un efecto simbólico. En las Comisiones
Mixtas, el Grupo de Convergència i Unió de Congreso y Senado tiene más
representantes a todos los efectos y es el tercer Grupo de la Cámara,
después del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario
Socialista.

El señor PRESIDENTE: Yo pediría que, con independencia de que analicemos
esta cuestión posteriormente en reunión de Mesa y Portavoces, mantengamos
la estructura. Tomo nota de la petición del señor Guardans, y mantendría
el orden actual, aunque discutiremos este punto en reunión posterior de
Mesa y Portavoces.

En este momento, lo que tengo es una nota de los Letrados con esta
definición de Grupos. Entiendo la petición del señor Guardans...




El señor GUARDANS I CAMBO: Es que incluso en la última sesión de esta
comisión Mixta se ha respetado este orden. Se ha respetado en todas las
sesiones, hasta hoy, de la Comisión Mixta, señor Presidente. Perdón por
hacer un incidente de un tema formal, pero tiene su valor.




El señor PRESIDENTE: ¿El señor Alcaraz tiene algún inconveniente en que
intervenga antes CiU? Es cierto, como dice el señor Guardans, que en
anteriores convocatorias el Grupo Parlamentario Catalán ha intervenido
antes que Izquierda Unida.




El señor ALCARAZ RAMOS: Señor Presidente, yo pediría que este asunto se
solventara en reunión de la Mesa definitivamente, pero no aquí a bote
pronto, y por tanto que se respete hasta ahora que somos el mismo número
de integrantes en la Comisión, pero que Izquierda Unida tiene casi el
triple de votos.




El señor PRESIDENTE: Yo pediría al señor Guardans que, con independencia
de tomar nota de su petición, que veremos cuando termine esta Comisión, a
efectos del día de hoy, única y exclusivamente, mantengamos el orden
establecido por el Letrado.

El señor Alcaraz tiene la palabra.




El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor Presidente, y muchas
gracias por su información, señor Matutes.

Usted conoce perfectamente nuestra posición. El dictamen de la Comisión
ha salido con los votos y el consenso, previa negociación, del Partido
Popular, del Partido Socialista Obrero Español, Convergència i Unió, PNV
y Coalición Canaria, y con nuestro voto en contra, pero no sólo hemos
emitido un voto en contra, sino que hemos presentado un texto alternativo
perfectamente estructurado, completo --el dictamen tiene unas 13 páginas
y nuestro texto tiene unas 35--, que es posible desde el punto de vista
económico, social, jurídico y político, por tanto, con los pies en la
tierra, es una alternativa que yo voy a defender en este momento.

Nosotros solicitamos que cambie en profundidad el Tratado de la Unión
Europea que va a empezar a analizarse los días 16 y 17 de junio, cuya
reflexión posiblemente se dilate --tanto es así, que hay que prever una
posible próxima cumbre en Luxemburgo que terminará estas negociaciones--,
y al mismo tiempo pedimos que --y Blair ya nos acompaña en esta
petición-- se celebren referendos en todos los países de la Unión Europea
con vistas a establecer la posición popular en esta nueva etapa, en esta
tercera fase que va a afectar, si duda, a la vida cotidiana de la gente
en Europa.

Todo se está moviendo con muchísima velocidad, señor Matutes, y me parece
que hay que adaptarse, queramos o no, a este son de la música nueva que
suena tanto en Suecia como en el Reino Unido, en Francia o en Alemania, e
incluso en Italia, teniendo en cuenta que posiblemente



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flexibilicen los indicadores para que Italia también se incorpore a esta
primera velocidad en la tercera fase.

Por tanto, a nuestro juicio, este dictamen suscrito en torno al acuerdo
PP y PSOE, que es un documento de mínimos, como se diría en lenguaje
popular, «lo menos que se despacha en botica», está absolutamente
desfasado ya, y nació el 28 o 29 de este mes, respecto a lo que está
pasando en Europa con vistas a la preparación de la recta final de los
indicadores de convergencia nominal para el examen de marzo o abril de
1998.

Es cierto que nosotros estamos solos en esta Comisión con respecto a
nuestro voto y teniendo en cuenta nuestra posición y la petición de
referendo. Pero también le digo, señor Matutes, y usted comprenderá que
no estoy exagerando, que cada vez nos sentimos menos solos en función de
lo que está ocurriendo desde el punto de vista social --recuerdo las
manifestaciones en toda Europa del día 29-- e, incluso, respecto a las
propuestas gubernamentales y de las posiciones que se están adoptando en
cuanto a las consecuencias que va a tener la aplicación dogmática del
Tratado de la Unión Europea a partir de su revisión, sea en Amsterdam en
junio o julio, sea en Luxemburgo, en un Consejo especial.

La posición de Blair pidiendo un referendo, y mucho más la posición de
Jospin, que accede al puesto de Primer Ministro del Gobierno francés, nos
deben llevar a todos a una reflexión nueva, porque, efectivamente, el
dictamen aprobado por amplia mayoría en la Cámara, con el voto en contra
de Izquierda Unida, está hecho desde el punto de vista más estricto a la
hora de la observancia de los indicadores nominales de convergencia y sin
tener para nada en cuenta la Europa social y el problema del empleo. Y
digo para nada en cuenta porque en este documento hay cinco líneas
referidas a la política social y exactamente diez líneas --no estoy
exagerando, señor Matutes-- referidas a la política de empleo, líneas
totalmente retóricas que en absoluto va a incidir en la necesidad de
incluir como objetivo fundamental de política coordinada en toda Europa
la creación de empleo.

Nosotros echamos de menos en España, se lo confieso señor Matutes, a un
político como Lionel Jospin. Desde ese punto de vista se destrabarían
muchas situaciones, en función de las cuales últimamente se nos viene
acusando hasta de la muerte de Manolete. Porque, efectivamente, la
declaración común que suscribieron el 29 de abril los socialistas y
comunistas franceses de cara a una política de izquierdas y a una mayoría
y un gobierno de toda la izquierda es un documento que nosotros
hubiéramos suscrito aquí en España tranquilamente. Se lo digo con total
claridad, como lo diré esta tarde en el Pleno del Congreso de los
Diputados. No sólo la campaña electoral, sino los documentos conjuntos,
el del 29 de abril singularmente, y naturalmente la posición que está
adoptando Jospin, ahora ya como Primer Ministro, de cara al Consejo de
Amsterdam, nos hace sentirnos, por estas razones y por otras, menos solos
en el concierto europeo, en el sentido de que las mismas dudas en
Alemania, en Suecia o en Inglaterra nos hacen ver que previsiones que
nosotros habíamos tomado, en función de indicadores férreos de
convergencia, están teniendo como consecuencia esta realidad cambiante y
esa previsión de tormenta que se cierne sobre la construcción monetarista
europea.

Nosotros, en el documento alternativo, en coincidencia con lo que se ha
firmado en Francia, con las líneas fundamentales que van a integrar el
Gobierno de coalición con comunistas y con verdes, rechazamos nuevos
sacrificios sociales en función de la observancia dogmática del
fetichismo de los indicadores de convergencia, tal como se contienen en
el Tratado de la Unión Europea. Indicadores de convergencia que en
función de los documentos conocemos no se van a reformar y en función del
dictamen de esta comisión que está en absoluta consonancia --hoy lo hemos
comprobado aquí, así como en el documento que se nos remitió-- con la
posición del Gobierno español. Para nada se roza el tema económico.

Estaba previsto en Maastricht --previsto queda y escrito está, tampoco se
va a rectificar-- la posibilidad de la revisión económica. El tema de la
unión monetaria está congelado en el Consejo; no se discute, y no sólo no
se discute la posibilidad de una reforma del Tratado de la Unión en los
temas económicos y fiscales, sino que, además, sin discusión previa, se
ha puesto en marcha un pacto de estabilidad y convergencia que se derrama
en el resto de los países a través de programas de convergencia y
crecimiento -- como el que aquí hemos tenido la oportunidad de votar en
contra-- para el horizonte 1997-2000, que desarrollan políticas que ni
siquiera están previstas en el Tratado de la Unión Europea. Aquí volvemos
a coincidir con el señor Jospin cuando distingue entre Tratado de
Maastricht y lectura férrea de los indicadores de convergencia y los
pactos de estabilidad que se están aplicando con sacrificios sociales y
ajustes permanentes de las políticas presupuestarias. Por tanto, todo se
está moviendo a una velocidad que en Europa últimamente incluso afectó a
fronteras y parece que ello no afecta en España, porque estamos
manteniendo el mismo discurso que el día 29 de abril, cuando han cambiado
muchísimas cosas desde ese día hasta la fecha. Suecia, Alemania,
Inglaterra y Francia son los ejemplos y no hay que ahondar más en las
características de este cambio porque todos lo tenemos presente. Sin
embargo, repito, este dictamen que mandamos o que vamos a defender en
Amsterdam el día 17, en la reunión posterior, posiblemente a la semana
siguiente, y probablemente en el Consejo de Luxemburgo, si no se llega a
un acuerdo previamente, nos parece absolutamente desfasado, señor
Matutes.

Nosotros cuestionamos los indicadores de convergencia tal como están
contenidos en el Tratado de la Unión Europea y cuestionamos la lectura
rígida, dogmática, que se está haciendo de ellos. Se están convirtiendo
en un fetiche, sin tener en cuenta las consecuencias sociales y las
consecuencias sobre la creación de empleo.

Frente al pacto de estabilidad, nosotros solicitamos una coordinación de
las políticas económicas y que el empleo sea el objetivo básico
fundamental, coordinado a través de esta situación que, en absoluto, se
contempla en



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el Tratado. En ese sentido, compartimos la necesidad de leyes marco como
la que se propugna en el programa común francés de cara a reducir la
jornada laboral a 35 horas. Esto nos parece que se debiera abordar de
inmediato y no sólo a través de fórmulas retóricas como las que se
contienen en todos los documentos que se van a presentar en Amsterdam.

Naturalmente, también concebimos la necesidad --y cuando la presentamos
aquí hace cuatro años se nos habló de que éramos de otra galaxia-- de la
reducción del tiempo de trabajo o de la jornada y la distribución del
empleo a través de ella, la reducción de la edad de jubilación y la
eliminación de las horas extraordinarias.

Señor Matutes, respecto a la política exterior de seguridad común, la
política exterior y de defensa, nosotros pensamos que no se va a una PESC
completa para Europa, en absoluto; se va a una fórmula muy limitada y
dependiente. Y no sólo limitada y dependiente, sino que a través de la
creación «del señor de la PESC» o de «Mister PESC», se va a una solución
representativa, en absoluto aceptable para el grupo de Izquierda Unida.

Nosotros, como usted bien sabe, abogamos por un desarrollo de las OSCE de
cara a una seguridad compartida, donde la Unión Europea se disuelva y
donde no se contenga la previsión de la creación de un euroejército, para
lograr efectivamente una posición de paz y una posición distinta a la que
se contiene, en función de una determinación que marca la política
exterior de los Estados Unidos a través de la OTAN, de esa ampliación de
la OTAN que, en absoluto, compartimos y a través de una reactivación de
una serie de cuestiones que, incluso, afectan a nuestras bases
bilaterales o bases extranjeras en nuestro país.

Creemos que Europa tiene que tener una iniciativa distinta a la que ha
tenido en temas como Bosnia, el Zaire y, en general, en la cooperación al
desarrollo. Ante estos temas el papel de Europa ha sido el de esperar y
ver, no ha habido iniciativa real; ese papel de Europa se ha disuelto y
hemos perdido mucho perfil. En este sentido, la personalidad de Europa
está por los suelos respecto a estos temas concretos y al tema en general
de la cooperación al desarrollo. Pensamos que la cooperación tiene que
ser vinculante a través del 0,7 por ciento de los presupuestos, que hay
que crear el Consejo de la Cooperación y que el papel de esta cooperación
y de dicho Consejo no esté subordinado políticamente por vinculaciones
presupuestarias y económicas que determinan giros que conducen a una
falta total de iniciativa de Europa en estos terrenos.

Señor Matutes, uno de los objetivos fundamentales de la reforma del
Tratado y una de las aspiraciones básicas de todos los pueblos de Europa
era darle un papel protagonista al Parlamento Europeo y a las
instituciones, haciendo que fueran instituciones absolutamente
democráticas. Pero ante las reformas que se contienen que, en absoluto,
afectan al déficit democrático que sufrimos, habría que decir un poco lo
que decía Groucho Marx: No aceptaré un club que en su interior acepte
socios como yo. En ese sentido, el otro día se citaba aquí a un político
italiano que decía que si la Unión Europea como nación pidiera la entrada
en la Unión Europea no podría dársele por su déficit democrático. Y esto,
en absoluto, se soluciona; en absoluto se roza la posibilidad de un papel
determinante, de un papel motor, controlador, democrático, de los
organismos de ejecución, incluso respecto a los propios presupuestos
comunitarios. Por lo tanto, esa revisión institucional en nuestro
documento es profunda, asignándole ese papel de cara al control y a la
dinamización de los poderes ejecutivos, y al papel de codecisión, de
colegislador, con respecto a la Comisión, que debe asumir el Parlamento
Europeo.

Finalmente, señor Matutes, tampoco se hace una revisión profunda de temas
como el de la ciudadanía europea, que está muy restringida en el Tratado
de la Unión, casi reducida al tema de elegir o ser elegido en los
comicios municipales, aparte de ciertos derechos consulares a los que
usted también me parece que ha hecho referencia. Por tanto, nuestra
revisión ahí también es mucho más profunda.

Asimismo, abordamos de manera más directa y concreta --creo que habría
que hacer una referencia más profunda que la que se ha hecho en este
acto-- el tema de la cooperación judicial en la lucha contra el
terrorismo y el derecho de asilo. Para nosotros es un derecho que hay que
conservar, sin que ello sirva en ningún caso de refugio para problemas de
terrorismo, tal y como está planteado en estos momentos en distintos
países de la Unión Europea, no sólo en España.

Desde luego, a nuestro juicio, hay que distinguir de manera absolutamente
rotunda y clara los problemas relativos al terrorismo y al narcotráfico
frente al problema gravísimo de la inmigración. Son temas que no se
distinguen, no se diferencian, no aparece una línea divisoria clara entre
ellos y, a nuestro juicio, insisto, debe ser así, debe establecerse una
diferenciación profunda entre los mismos, por razones que se explican
directamente y en las que no me voy a detener.

En definitiva, señor Matutes, esta tarde, en el Congreso de los
Diputados, como posteriormente también en el Senado, vamos a defender una
alternativa completa, pormenorizada y posible; cada vez más posible, a la
luz de los nuevos acontecimientos, y cada vez menos aislada, en función
de algunos hechos que están sucediendo, así como del giro a la izquierda
que últimamente se está produciendo en Europa, y cada vez también menos
distanciada de la realidad, según las previsiones que habíamos realizado
de cara a esta constitución férrea y dogmática de la Unión Monetaria.

Incluso, las nuevas posiciones que vendrán con respecto a Italia a través
de una interpretación muy flexible, o el intento de una economía
imaginativa, creativa --que, al final, parece ser que no va a tomar
cuerpo en Alemania, en función también de la revalorización de las
reservas--, o cuestiones directa, concreta y rotundamente planteadas por
parte de Suecia, o, desde el Reino Unido y con puntos reales de
encuentro, por parte de Blair, nos hacen ver que nuestras previsiones no
eran de otro



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mundo, sino reales. Incluso, es posible, tal y como se prevé, que para
septiembre u octubre se sepa ya que países pueden entrar en esta primera
fase, antes de que se discuta en el Parlamento Europeo, en marzo o abril
del próximo año, en los propios Parlamentos nacionales.

No obstante, queda ahí también la previsión sobre dos temas de enorme
profundidad, que en gran parte son los que han llevado a algún país a
adoptar criterios contradictorios a última hora. Me refiero al tipo de
cambio que se va a asignar a cada país y las tormentas financieras que se
pueden desatar durante el próximo otoño y que, incluso, pueden hacer
cambiar condiciones, no tanto en el examen, como en las consecuencias que
se van a derivar de la aplicación mecánica de los indicadores nominales
de convergencia.

En definitiva, esta es nuestra posición, señor Matutes, que defenderemos
con total claridad y rotundidad. Vamos a solicitar un referéndum en este
país porque pensamos que las consecuencias sociales derivadas de los
programas de estabilidad y crecimiento con respecto a los ajustes
presupuestarios, y que no se haya asumido el objetivo de la creación de
empleo nos parecen temas que van a afectar a la cotidianidad de España y
del resto de los países europeos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias, señor Presidente.

Brevísimamente y sin perjuicio de que esto se trate posteriormente en la
reunión de Mesa y Portavoces, sólo quería dejar constancia de que
únicamente por respeto al señor Ministro de Asuntos Exteriores no he
pedido la suspensión de esta sesión para que se aclarara este tema.

Entiendo que en el sistema parlamentario, que es el nuestro, los símbolos
y los gestos tienen un peso enorme, tienen mucha trascendencia, y, en
este caso, en las Cortes Generales es la representación la que cuenta y
así está acreditado: la representación no el número de votos. Por tanto,
en las Comisiones Mixtas, en todas ellas, señor Presidente, mi Grupo
Parlamentario es la tercera fuerza política sin excepción --debe quedar
claro-- y eso se traduce en determinados detalles, como es la
precedencia, la prelación en el momento de tomar la palabra. Lo
aclararemos después, si le parece, pero quería dejar constancia de mi
protesta por lo que considero un error de los servicios de la Cámara. Por
respeto al señor Ministro, me ha parecido oportuno ceder el turno.

Evidentemente, uno no se representan a sí mismo, sino a un Grupo
Parlamentario y creo que en este caso y en un detalle menor --puede
parecer muy menor-- su papel ha sido minusvalorado.

Dicho eso, entro en lo que es el objeto de esta comparecencia. Además,
como ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quería
también de forma muy clara, felicitar, en primer lugar, al Ministerio de
Asuntos Exteriores, o, más concretamente, al equipo que acompaña o que ha
estado acompañando hasta este momento al Ministro de Asuntos Exteriores
en su relación con esta Cámara y en el seguimiento, en general, de los
trabajos de la Conferencia Intergubernamental. No es la primera vez que
lo hacemos, pero creemos que es de justicia decir las cosas cuando
funcionan bien, como también lo es decirlas cuando funcionan mal. Y en
este caso, la información constante facilitada a las Cámaras durante
todos los trabajos de la subcomisión de seguimiento de la Conferencia
Intergubernamental hasta este último momento, la transmisión muy puntual
de documentación, la facilitación de información es algo que se agradece,
quizás tanto más cuanto que a veces contrasta con la labor de algún otro
Ministerio, y, por tanto, creo que es muy oportuno empezar mi
intervención dejando clara la felicitación a las personas, porque, en el
fondo, las instituciones sólo funcionan cuando detrás hay personas que
funcionan.

En segundo lugar, querría discrepar, porque así se deduce de la
intervención del señor Ministro --no discrepar del señor Ministro--, de
aquellas voces que se han podido oír últimamente donde se dice que España
ha tenido un papel menor en la Conferencia Intergubernamental, o que no
ha tenido iniciativas o propuestas. Creo que eso no es correcto. Y en
estos tiempos en los que puede parecer que a lo mejor en otros frentes
existe falta de sintonía parlamentaria entre mi Grupo y el Grupo de la
mayoría o el Gobierno, creo muy importante dejar claro que globalmente,
sin perjuicio de alguna pequeña observación que pueda hacer, el Gobierno
sabe, debe saber que tiene nuestro más pleno, claro e indiscutido apoyo
en lo que está siendo su papel y su negociación en la Conferencia
Intergubernamental de Reforma de los Tratados, y que no tenemos duda
alguna de que está ejerciendo un papel no sólo correcto, sino mucho más
que correcto; no es que se le dé un aprobado, sino una muy buena nota en
lo que son los trabajos de la Conferencia Intergubernamental y, por
tanto, no nos parecen oportunas, ni siquiera --y me atrevo a decirlo--
nos aparecen elegantes algunas voces que se han dejado oír por parte de
destacados y muy ilustrados portavoces del Grupo mayoritario de la
oposición intentando poner en tela de juicio o minusvalorando lo que esta
siendo la voz de España en al Conferencia Intergubernamental. Por tanto,
que sepa que tiene claramente nuestro apoyo, sin duda alguna y sin que
eso sea fruto de una coyuntura mayor o menor.

Efectivamente, me gustaría oír una valoración más política por parte del
Ministro acerca de la situación que se ha planteado a raíz de las últimas
elecciones. Entiendo que, de hecho, las elecciones británicas y francesas
son elecciones europeas parciales y como tales deben ser examinadas.

Estamos ante una sucesión de elecciones europeas parciales, entendiendo
por tales no las elecciones al Parlamento Europeo, porque esas no son las
únicas elecciones europeas. Desde el momento en que tenemos



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un Consejo de la Unión Europea y un Consejo de Ministros que tienen
auténtica potestad legislativa, desde el momento en que los
representantes de los Ejecutivos, es decir, los representantes de los
Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea son el auténtico
poder legislativo de la Unión, evidentemente, cada una de las elecciones
en las cuales se eligen los miembros de esos Gobiernos directa o
indirectamente son elecciones europeas parciales que nos afectan
directísimamente y que no son política exterior, o, al menos, no son sólo
eso, sino auténtica política interior que nos afecta a todos. Nos afecta
la elección del señor Blair y nos afecta la elección del señor Jospin,
porque ello supone un reequilibrio, una cierta --mayor o menor, no lo
sabemos todavía-- transformación de los actuales equilibrios políticos en
un órgano de Gobierno que es nuestro, puesto que el Consejo de la Unión
Europea es un órgano de Gobierno nuestro, no un órgano de Gobierno de una
institución ajena.

Creo que es absolutamente básico no perder de vista esa dimensión
política, porque, efectivamente, podría ocurrir que nosotros estuviéramos
en esa situación dentro de un tiempo.

Es decir que, en España, el peso del elemento europeo en las elecciones
ha sido bastante menor de lo que debería, y aquí políticamente
concentramos nuestras energías, tanto a nivel mediático como a nivel
parlamentario, en algunas cuestiones que tienen trascendencia, otras
tienen muy poca, pero, en todo caso, no son las nucleares, las más
trascendentes desde una perspectiva histórica y eu-ropea. En cambio, es
muy evidente que tanto en el Reino Unido como más recientemente en
Francia, los electores, con razón o sin ella --se entiende que con razón,
porque se supone que los electores siempre la tienen, al menos tomados en
su conjunto, no cada uno de ellos--, han hecho una determinada votación
en términos europeos porque entendían que, en efecto, estábamos
construyendo una Europa muy separada del día a día de los ciudadanos, una
Europa basada en fetichismos de fecha, como ha dicho el señor Ministro y
también ha citado el portavoz de Izquierda Unida, en una construcción
absolutamente alejada de los intereses de los ciudadanos, en unos
planteamientos muy tecnocráticos y, al menos tendencialmente, muy
alejados y remotos respecto de lo que es la preocupación cotidiana de los
ciudadanos. Creo que en este contexto hay que incluir también la decisión
de Suecia de no incorporarse a la moneda única en una primera fase,
porque en el fondo se podría interpretar como una reacción anterior a las
elecciones por un cierto temor a que sus electores no le perdonaran
determinados sacrificios, sin otra justificación que la simple
incorporación a la moneda única. Por tanto, aunque la situación política
pueda parecer quizá perjudicial en la medida en que estas elecciones
francesas puedan suponer un freno para la velocidad que estaba tomando la
integración europea --y ya veremos si es así--, yo sí me felicito, y creo
que debemos felicitarnos todos, por lo que supone en cuanto a recordarnos
a todos --y estamos hablando en una comparecencia en sede parlamentaria--
que la construcción europea no es una construcción hecha por profesores
de Derecho Constitucional o por grandes expertos en cuestiones acerca de
si las mayorías cualificadas deben ser de esta forma o de esta otra, si
tal artículo puede estar o no en contradicción con el otro, sino que
estamos construyendo una institución política, y eso, en democracia, no
se puede hacer de espaldas a los ciudadanos. Son éstos los que, en
primera y última instancia, tienen la única y exclusiva legitimidad para
marcar la velocidad a la que debemos ir y los contenidos que debemos
darle. Desde esta perspectiva, yo sí me felicito del resultado de las
elecciones francesas, porque creo que, de forma clara, nos ha dado a
todos un cierto toque de humildad política, evidentemente tanto mayor
cuanto mayor sea la responsabilidad que se tenga en el plano político
europeo, y porque tampoco creo que, a medio plazo, suponga una alteración
fundamental de la situación, sino sencillamente un recordatorio de lo que
es la democracia y de que en Europa también debe funcionar la democracia
en el día a día.

A partir de ahí no voy a entrar a detallar o a valorar cada una de las
propuestas que el Gobierno presenta o las posiciones que tienen sobre lo
que es la Conferencia Intergubernamental, lo ha hecho el señor Ministro y
ya le he dicho que, sustancialmente, compartimos el conjunto de las
posiciones. Nosotros hemos contribuido de forma modesta con nuestras
aportaciones a la redacción del informe aprobado por la Comisión Mixta
para la Unión Europea, y ahí quedan muy netamente reflejadas nuestras
posiciones. Sí destacaría algunos puntos, por no referirme a cada uno de
ellos, como son la importancia que damos a los avances, quizá todavía
escasos, pero alguno son en materia de libertad, a la creación de un
espacio único de libertad, seguridad y justicia, y a la importancia que
concedemos a la propuesta española en materia de asilo. Nosotros
entendemos, y este portavoz ha tenido ocasión de manifestarlo muchas
veces, que la propuesta española inicial era una buena propuesta que, por
razones jurídicas y políticas, evidentemente, en el curso de una
negociación puede verse matizada y modificada y que, finalmente, todos
debemos felicitarnos porque el sentido inicial de la propuesta haya
quedado al final mantenida y conservada la redacción final del Tratado.

Eso va sin perjuicio de que algún elemento de verdad puedan tener alguna
de las palabras del portavoz socialista en el sentido de animar a la
prudencia cuando se habla de una propuesta que todavía debe ser examinada
por otros foros, que no está consagrada, y quizá sea oportuno no lanzarla
a los cuatro vientos como si ya estuviese perfectamente aprobada, cuando
no es así.

Pero sin insistir demasiado en ese punto, diré que el balance final, que
es lo que realmente interesa, es que yo no creo que España haya perdido
ninguna batalla. Pienso que España, en este punto concreto de lo que es
el asilo para los ciudadanos de la Unión, ha ganado la batalla iniciada
por el Gobierno socialista, que fue el que empezó la lucha, y que ha ido
siendo perfilada. Es un asunto de suficiente entidad como para que las
cosas no puedan resumirse



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entre un blanco o un negro, y finalmente, como no podía ser de otra
manera, ha salido la propuesta que merece nuestro apoyo.

Nuestro apoyo tiene también, como es evidente, el empeño del Gobierno
español, junto con otros, por reforzar la política exterior y de
seguridad común y hacerla institucionalmente más clara, con el detalle de
las propuestas que están sobre la mesa. Nos parece algo de una enorme
importancia --lo hemos hablado muchas veces en esta comisión mixta y en
otros foros-- la necesidad de que, efectivamente, Europa no sea sólo una
potencia económica sino que sea una auténtica potencia política. Nos
interesa a todos, interesa a todos y cada uno de los españoles, nos
interesa a nosotros como catalanes, interesa a todo el mundo que Europa
no sea sencillamente un mercado interior, un mercado común, un simple
lugar para la libre circulación de mercancías, capitales o servicios,
sino una auténtica potencia política en el escenario internacional, y eso
exige la puesta en práctica de determinados instrumentos, probablemente
más incluso de lo que va a ser aprobado previsiblemente en la
Conferencia, pero en cualquier caso es un paso adelante que debe ser
valorado positivamente.

En la misma línea también damos nuestro claro e indiscutido apoyo a la
posición española en materia de reforma institucional. La cuestión de la
presencia de España en la Comisión Europea ha quedado aparcada en la
medida en que no se reforma, en principio, el número de miembros de la
Comisión Europea, pero sí le damos toda la importancia que ya le ha dado
el Ministro y que me consta que le está dando el Gobierno a la necesidad
de reequilibrar los votos en el seno del Consejo, de forma que
determinadas decisiones no puedan ser tomadas por minorías que no
representen una población suficiente de la Unión. Las propuestas que
están sobre la mesa, en cuyo detalle tampoco quiero entrar, merecen
nuestra aprobación, y creemos que deben ser defendidas con firmeza,
porque, en efecto, hay mucho en juego, y es importante hacerlo llegar así
a los ciudadanos. No estamos hablando de un problema institucional, de un
problema meramente para expertos constitucionalistas o
administrativistas, sino que estamos hablando de cuál es nuestra política
medioambiental, de cuál es nuestra política agrícola. Estamos hablando
desde el olivo hasta los problemas de nuestra industria turística, y de
nuestro tratamiento de residuos o de nuestra protección de los
consumidores. De eso es de lo que estamos hablando, y defender ahí los
intereses de España es defender los intereses de cada uno de nosotros y
los de los ciudadanos que tenemos detrás cada uno de los que estamos
aquí.

No puedo terminar sin manifestar un cierto lamento en algún ámbito. Todo
no podía ser pleno entusiasmo, señor Ministro. Es un lamento que tiene
dos niveles de intensidad. Me refiero a lo que es el papel que deben
tener, a nuestro juicio, las regiones en la construcción europea. Digo
que hay dos niveles de intensidad porque, efectivamente, hay una parte de
lo que podrían ser nuestras aspiraciones que somos conscientes de que,
hoy por hoy, difícilmente podrán ser aceptadas por el conjunto de los
Estados de la Unión y, por tanto, mientras que no haya una cierta
perspectiva de que la apoyan los demás Estados que deben dar su
aprobación para su inclusión en el Tratado y no haya posibilidad de que
eso pueda salir adelante, tampoco vamos a ser nosotros quienes exijamos
al Gobierno una virulencia, un consumirse o quemarse políticamente --si
se me permite la expresión-- en batallas que ya se pueden dar por
perdidas antes de ser iniciadas. Nuestro pragmatismo nos lleva a ser
razonables en este punto, aun dejando claro que nosotros, en algunos
aspectos como, por ejemplo, el reconocimiento de las regiones con
capacidades legislativas propias, su diferenciación a todos los efectos
dentro de la Unión Europea, su posibilidad de recurrir directamente ante
el Tribunal de Justicia de las Comunidades, todos esos son puntos que
creemos que sería oportuno que fueran incluidos en el Tratado de la Unión
Europea, pero también sabemos que no depende sólo del Gobierno español.

En cambio, hay otros puntos respeto a los cuales creemos que si el
Gobierno los defiende con mayor firmeza sí pueden ser recogidos en el
Tratado de la Unión Europea, y en ese sentido sí nos atrevemos a exigir
un poco más de compromiso en esos aspectos.

Como bien sabe el señor Ministro, la Conferencia de Comunidades Autónomas
para la Unión Europea elaboró un amplio documento en el que se contenían
numerosas propuestas para que el Gobierno las hiciera propias y
posteriormente las presentara en la conferencia Intergubernamental. El
Gobierno, como informó tanto a esta Comisión Mixta como a la Conferencia
Sectorial, sólo hizo propias algunas de esas propuestas, en parte por las
razones que yo mismo acabo de exponer. Tengo la impresión de que incluso
algunas de esas propuestas, tal y como formalmente han sido acogidas por
el Gobierno, no puede decirse que estén siendo defendidas con todo el
entusiasmo que se podría esperar.

Por poner un ejemplo --y no quiero entrar en el detalle de la lista de lo
que se comunicó a la Conferencia Sectorial que el Gobierno iba a
defender--, nosotros, y con nosotros, todas las Comunidades Autónomas
--pero, evidentemente, más aún aquéllas a las que esto afecta más
directamente--, hemos dado siempre mucha importancia a la cooperación
transfronteriza y a la oportunidad de recoger en el Tratado de la Unión
Europea --tal como aparezca reformado-- la realidad, ante todo, y
posteriormente, la posibilidad jurídica, de una cooperación regional
transfronteriza.

En ese dictamen o informe de la Conferencia de las Comunidades Autónomas
para asuntos de la Unión Europea existía una propuesta muy concreta,
incluso en lo referente a su redacción y sobre el artículo que debería
ser modificado. Pero el Gobierno estimó oportuno que, en lugar de recoger
la cooperación trasnfronteriza en el apartado que se proponía en ese
momento, se hiciera como parte de las competencias del Comité de
Regiones. Es decir, al Gobierno le pareció más oportuno que, en lugar de
que figurara un artículo expreso en otro ámbito del Tratado, en el primer
pilar, apareciera en el ámbito institucional, como uno de los sectores en
los que el Comité



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de Regiones podía ser oído, considerando que era un cauce para introducir
la cooperación transfronteriza en el Tratado de la Unión Europea. Pero en
los últimos textos que hemos recibido ese tema no aparece como un reforma
de las competencias del Comité de Regiones. Este, tampoco figura todo lo
reforzado que querríamos, aunque es cierto que el Comité de Regiones, tal
como está configurado, no es una institución de nuestro máximo agrado.

Como digo, este punto no aparece recogido. Por tanto, quisiera saber si
el Gobierno está dispuesto a volver a la propuesta inicial, consistente
en que, si hay un rechazo a la modificación de las competencias del
Comité de Regiones, se vuelva a incluir en otro lugar del Tratado un
artículo que expresamente mencione la conveniencia, la oportunidad y la
posibilidad --y usted sabe que eso se puede hacer con muy pocas
palabras-- de una cooperación transfronteriza a nivel regional.

Se trata de un punto muy concreto, pero el señor Ministro --de quien me
consta que conoce bien de qué estoy hablando-- comprende su importancia
política y la importancia que tiene que sea reflejado finalmente en el
Tratado de la Unión Europea.

Salvo este detalle, y algunos más --que, insisto, tiene su importancia--,
termino como empecé, diciendo que el Gobierno tiene, evidentemente,
nuestro pleno apoyo parlamentario en lo que sea necesario, así como
nuestro apoyo político en su conjunto. Estamos seguros de que, tanto en
la conferencia de Amsterdam, como cuando ésta acabe, el Gobierno
desarrollará un papel tan correcto como el que ha estado desarrollando
hasta estos momentos en la defensa de los intereses de España.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guardans.

En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
tiene la palabra el señor Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias señor Presidente.

En primer lugar, quiero sumarme a los merecidos elogios y agradecimientos
por parte de los portavoces del resto de los Grupos parlamentarios al
señor Ministro, tanto por su detallada y amplia explicación, como por
toda la información que está suministrando a esta Comisión.

Nos encontramos ante una Conferencia Intergubernamental que va a dar de
sí lo que pueda dar, y mucho menos de lo que esperábamos cuando se aprobó
el Tratado de Maastricht. Pensamos que, desgraciadamente, en estos
momento Europa se encuentra en una situación de «impasse», que el salto
cualitativo y cuantitativo de esta Conferencia, tal como decía, va a ser
escaso, y que, desde la creación de la CECA, hasta el Tratado de
Maastricht, estamos progresando única y exclusivamente en los temas
económicos. Con la CECA progresamos en la creación de un mercado común
del carbón y del acero; con el Tratado de la CEE, básicamente, en la
creación de una política agrícola y de ordenación aduanera; con el Acta
Unica, en la libertad de circulación de mercancías y de capitales, pero
no de personas, y con el Tratado de Maastricht, donde verdaderamente
parece que se está progresando es en el tema monetario, pero no en otros
aspectos políticos.

Por tanto, creemos que son importantes los pasos que se han dado en el
ámbito económico y los que esperamos que se van a dar en el ámbito
monetario. Pero un proyecto político exige muchos más; exige, como se ha
dicho, la creación de una Europa social y de un verdadero proyecto
cultural, integrador de las diferentes sensibilidades europeas.

Dicho esto, voy a plantear brevemente una serie de cuestiones al señor
Ministro. En primer lugar, me referiré al empleo. En este sentido, nos
congratula que, por primera vez, en los tratados se haga una referencia
al empleo. Este es, sino el primero, uno de los mayores problemas que hoy
tiene planteada la sociedad europea. Creo recordar, señoría, que en una
de sus primeras intervenciones como Ministro nos expuso que el problema
de Europa consistía en que en las épocas de crecimiento económico, a
pesar del aumento de la economía, costaba mucho generar empleo, mientras
que eso no ocurría, por ejemplo, en la economía americana. Incluso creo
que nos dio unos datos bastante escalofriantes sobre la proporción de
generación de empleo entre Estados Unidos y la Unión Europea, que era más
o menos de 5 a 1.

En consecuencia, como Grupo político, estamos muy sensibilizados a este
tema. Por tanto, quisiera saber si, a partir del capítulo que se va a
introducir, de esta pequeña referencia al empleo, existe la voluntad
posterior a la Conferencia Intergubernamental de abordar en profundidad
el problema del empleo. Sabemos que éste no puede ser un tema única y
exclusivamente comunitario, sino en el que deben trabajar los Gobierno
estatales, los Gobiernos autonómicos, e incluso los propios municipios.

Desde nuestro punto de vista, por el problema que genera en sí el
desempleo, y por la desilusión que está creando en el proceso de unidad
europea, no voy a decir que esta materia deba abordarse como un Schengen
o como un acta única, pero sí celebrarse una conferencia y posteriormente
elaborar un documento en profundidad para tratar de generar empleo y que
las épocas de crecimiento económico en nuestro continente puedan llevar
aparejado un aumento del empleo, como ocurre en Estados Unidos y no aquí.

En segundo lugar, tenemos el tema de la UEO-Unión Europea, y me gustaría
que nos ampliara un poco más la información al respecto. Cuando se aprobó
el Tratado de Maastricht, pensábamos que en la Conferencia
Intergubernamental se iba a dar un salto más importante. En estos
momentos, quizá la prioridad sea la ampliación de la OTAN, su nueva
formulación. En ese sentido, quisiera saber si vamos a tener que esperar
a una ampliación y un nuevo enfoque de la OTAN para progresar en el tema
Unión Europea Occidental-Unión Europea.

Otro punto es el de las relaciones comerciales internacionales. Estoy de
acuerdo con el planteamiento del señor Ministro acerca de que en la
organización mundial del comercio Europa debe hablar con una sola voz,
pero



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también creo necesario defender nuestros intereses en ese ámbito. En
consecuencia, me gustaría que el señor Ministro explicase qué fórmula se
va a adoptar al final, si Europa hablará en al organización mundial del
comercio con una sola voz y si, en este caso, las decisiones serán
tomadas por unanimidad, por mayoría cualificada, o por algún sistema
mixto.

En cuanto al Parlamento europeo, quisiera saber si la codecisión se va a
ampliar a temas de una cierta importancia, o sólo va a suponer un brindis
al sol. También me gustaría conocer si el Parlamento europeo va a tener o
no una cierta influencia en la toma de decisiones comunitarias en el
segundo y tercer pilar. Al fin y al cabo --usted lo sabe mejor que nadie,
ya que ha sido Comisario y parlamentario europeo--, el déficit
democrático que sufre Europa pienso que es, junto con el problema del
empleo y la falta de transparencia, uno de los tres puntos básicos que
está creando esta ola de euroescepticismo que se extiende peligrosamente
por el continente.

Otra cuestión --en la que incidiré en lo dicho por el señor Guardans-- es
la cooperación trasnfronteriza. A nosotros nos da exactamente igual que
se incluya en el Comité de Regiones, o que figure aparte. Pero creemos
que la cooperación trasnfronteriza debe ser reforzada. Y debe serlo,
porque pensamos que hay tres puntos importantes en este aspecto. Por un
lado, no cabe duda de que la cooperación transfronteriza es un elemento
fundamental de la integración de los ciudadanos y los pueblos europeos.

En segundo lugar, usted sabe que en las zonas fronterizas existe una gran
complementariedad económica, que es necesario desarrollar. Y, en tercer
lugar, en muchos casos también existe una afinidad cultural que se podría
desarrollar mejor con una cooperación trasnfronteriza superior, a nivel
comunitario.

El siguiente punto de la simplificación de los tratados nos parece un
acierto importante. Esperemos que llegue a buen fin. Pensamos que este es
el primer paso, pero nos permitimos hacer una sugerencia. Una vez que se
haya hecho la simplificación de los tratados, creo que es fundamental,
por parte de los 15 Estados, una fuerte campaña didáctica de información
al ciudadano con el objeto de frenar esa ola de euroescepticismo que
señalaba anteriormente.

Por último, y con esto acabo, señor Presidente, quiero mencionar un
asunto que no está relacionado directamente con la Conferencia
Intergubernamental, pero que sí está en el Tratado de Maastricht y que es
el tema que está avanzando más, y es el de la unión económica y
monetaria. Hoy nos hemos despertado con la noticia de que Suecia no va a
entrar en la primera fase del euro. Me gustaría que el señor Ministro nos
hiciese un pequeño comentario, un pequeño balance de qué puede significar
eso de cara a la consecución de la moneda única el primero de enero de
1999.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gangoiti.

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero felicitar al conjunto del Ministerio que lidera el señor Matutes
por la trasmisión puntual de todas las informaciones, a diferencia de
otros Ministerios, ya que este asunto es muy importante, sobre todo por
darnos una idea clara de cómo están las situaciones y qué es lo que se
está llevando a cabo en todas estas negociaciones.

Mi intervención va a ser breve porque entiendo que se han tocado la
mayoría de los puntos por parte de los representantes de otros grupos
parlamentarios. Me voy a centrar en realizar una serie de reflexiones
generales sobre lo que está siendo la Conferencia Intergubernamental. Es
evidente que la Conferencia Intergubernamental o esta reforma del Tratado
se considera necesaria. En el Tratado de Maastricht hay muchas cuestiones
que quedan pendientes. Pienso que es una reforma necesaria porque se
produce algo que no se esperaba, y es una especie de salto relámpago o
salto de todos los ciudadanos europeos que nadie esperaba. Creo que los
dirigentes que negociaron o firmaron el Tratado de Maastricht no
esperaban que fuera tan contundente, porque no estaban de acuerdo ni con
el procedimiento ni con el contenido de muchos asuntos. Creo que es
importante tener esto en cuenta ahora, porque de alguna manera se está
volviendo a caer en esa especie de error, y es que toda esta negociación,
absolutamente compleja y difícil, no está llegando a los ciudadanos de
manera clara.

Y es curioso, porque en este asunto la Comisión en aquel momento entonó
una especie de «mea culpa». La Comisión, como tal, tenía un grado
importante de responsabilidad por no haber sabido trasmitir lo que se
estaba negociando, lo que estaba encima de la mesa. En este momento --y
pienso que es necesario decirlo aquí-- tampoco ha realizado los esfuerzos
suficientes para llevar los ciudadanos lo que se estaba negociando o lo
que se estaba intentando reformar. Esto es curioso, porque en otros
temas, por ejemplo, en el de la unión económica y monetaria ha habido
campañas de sensibilización, de información con presupuesto comunitario;
sin embargo, en la Conferencia Intergubernamental apenas ha habido
esfuerzo alguno, quiero decir esfuerzo serio, para trasmitir a los
ciudadanos qué es los que estaba en juego, qué se quería reformar o qué
es lo que finalmente se podía reformar. Yo creo que esta cuestión pasará
factura cuando nos encontremos con la ratificación de lo que se decida,
ya sea en Amsterdam o en Luxemburgo.

En este sentido, la segunda parte de culpa, no sé si en cantidad o en
calidad, cae en los responsables de los Estados miembros. Digo
responsables genéricamente, porque me imagino que aquí todos tenemos
parte. No se trata de echar la culpa solamente al Gobierno, que tiene
más, por supuesto, en la medida en que tiene más responsabilidad. Nos
vamos a encontrar con que nos va a ser difícil --y la verdad es que lo
expreso de manera personal-- explicar a los ciudadanos qué es lo que está
siendo



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reformado, qué es lo que se va a reformar. Ni tan siquiera podremos
dejarles para leer las conclusiones finales, porque serán absolutamente
incomprensibles para cualquier ciudadano con una inteligencia media. Mi
primera reflexión es que este problema no se ha solventado; no sé si no
es posible o no se han realizado los esfuerzos necesarios para superar la
primera dificultad y el primer reproche que realizaron el conjunto de los
ciudadanos europeos, sin excepción de fronteras o sin excepción alguna en
los Estados miembros. Esta primera reflexión va a ser difícil superarla,
ya que no se ha hablado demasiado de este asunto ni a lo largo de toda la
negociación ni en este momento.

La segunda reflexión es la siguiente: cuando se habló de la reforma del
Tratado de Maastricht, concretamente en el Consejo Europeo de Turín, se
delimitaron cuáles podían ser los objetivos para la culminación de esta
reforma. En concreto, podrían ser cuatro los principales objetivos: un
acercamiento de la Unión a los ciudadanos; una mayor democracia en al
Unión; una mejora de las instituciones con vistas a su posible ampliación
y unas políticas de seguridad y una política exterior común que fuera
eficaz.

Yo creo que la segunda reflexión nos tendría que llevar a determinar si
realmente se van a poder cumplimentar de una manera considerable, ya no
digo de la mejor manera o con los mejores objetivos, sino de una manera
correcta. Yo tengo mis más sinceras dudas, porque, en primer lugar, veo
difícil que los ciudadanos se interesen por esta reforma que no
entienden, y si a los que estamos obligados a tratar con ella a veces
--lo he de señalar-- se nos hace complicado o complejo entender de lo que
se está hablando o negociando, a los ciudadanos aún mucho más. Y en
segundo lugar, porque no se van a modificar las instituciones para hacer
frente a la ampliación ni van a ser más eficaces ni tan siquiera se va a
entrar en este asunto. Con lo cual, el segundo objetivo tampoco se va a
cumplir o no va a estar ni tan siquiera en una proporción cercana al
posible cumplimiento.

Si hablamos de la democracia en al Unión, creo que nos volveremos a
encontrar con lo mismo que teníamos anteriormente, es decir, con la
famosa trasparencia, ya que aunque se incluyen determinados puntos, creo
que no los suficientes como para garantizarla. Que determinados
documentos sean públicos, que determinadas reuniones del Consejo puedan
ser públicas, etcétera, está bien, pero no nos garantiza la debida
trasparencia y tampoco creo que por ejemplo, el Tribunal de Justicia o el
Parlamento Europeo, que son dos órganos que con su diferente naturaleza
pudieran garantizar un control, garanticen esa trasparencia, por no
hablar de los cambios en lo que son las instituciones, por ejemplo, en el
Parlamento Europeo.

Pienso que es absolutamente necesario simplificar los procedimientos. Es
imposible seguir con mayores procedimientos. Cada vez que hay una
reforma, se añade un procedimiento parlamentario nuevo y cada vez es más
complicado, con más vueltas y revueltas y al final nadie sabe dónde se
está. Entiendo que es bueno que se simplifquen los procedimientos, pero
estaremos de acuerdo con el hecho de que ampliando el procedimiento de
codecisión no se amplía ni en cantidad ni en calidad, porque de los
cuarenta y tantos puntos que solicitaba el Parlamento Europeo apenas van
a quedar veinte y pico. Por otra parte, hay políticas muy importantes en
las cuales no se va a producir ese cambio de procedimiento de cooperación
a procedimiento de codecisión, con lo cual tampoco se habrá llegado a ese
objetivo que se pretendía en el Consejo Europeo de Turín.

Esta reforma va a ser minimalista, va a ser una reforma difícilmente
entendible por los ciudadanos porque toca aspectos importantes para la
vida de todos nosotros, pero quizá no son aquellos aspectos en los que el
ciudadano se mueve día a día. En este sentido, creo que no va a ser
posible hacer llegar al ciudadano la importancia, si es que la tiene, de
las cuestiones que se están debatiendo.

Sí quiero hacer referencia a las conclusiones a las que se llegó en la
Comisión Constitucional del Parlamento Europeo el pasado lunes 2 de
junio. Curiosamente --y esta portavoz está de acuerdo--, el Parlamento
Europeo señalaba que el proyecto de Tratado que presenta la Presidencia
el 30 de mayo no cumple los objetivos pretendidos. Señala que el proyecto
no conduce a un equilibrio institucional entre democracia y eficacia en
las instituciones, no profundiza en las instituciones, pero, sobre todo
--y en esto quiero hacer hincapié--, no dota a la Unión Europea de una
dimensión correcta en materia política, económica o social; y, de alguna
manera, no hace hincapié en las dimensiones políticas y sociales de la
Unión Europea frente a la dimensión monetaria, cuestión en la que sí
incide. Creo que estas tres conclusiones someras a las que se llegó en la
Comisión Constitucional del Parlamento Europeo el pasado lunes resumen
perfectamente, al menos, el punto de vista de la portavoz que les habla.

¿Qué va a pasar respecto a los puntos concretos que se van a negociar?
Creo que, efectivamente, va a haber muchas incertidumbres, como se ha
señalado con anterioridad por otros representantes de otros grupos,
debido, lógicamente, a los cambios y evoluciones habidos en los distintos
gobierno europeos, llámese Francia, Suecia, etcétera.

Sí quiero señalar, y no voy a hacer hincapié en lo que ya se ha dicho
antes, que comparto algunas cosas de manera muy clara, que va a haber una
cierta incertidumbre, que va a haber que cambiar y ponerse el «chip»
respecto a qué es lo que puede suceder en las próximas semanas, pero hay
una reflexión, desde mi punto de vista importante, que no se ha realizado
en esta Cámara, y es que, junto con las elecciones celebradas, por
ejemplo, en el Reino Unido, ha habido un cambio sustancial y cualitativo,
que es el tema de Escocia y Gales o, al menos, la política que va a
llevar el nuevo Gobierno laborista respecto a Escocia y Gales que,
efectivamente, es un paso muy pequeño desde el punto de vista al menos
nacionalista, pero que supone un quebranto de la línea que existía
anteriormente.

El hecho de que haya dos referendos ya en el mes de septiembre, primero
en Escocia y luego en Gales, respecto



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a posibles parlamentos y posibles competencias --y hay que recalcar que,
por ejemplo, en Escocia, no en Gales, algunas de las cuestiones que se
van a someter a referéndum son importantes, por ejemplo, en materias
fiscales--, nos tiene que llevar también a reflexionar qué es lo que se
está debatiendo en Europa, porque está existiendo un cambio importante
sobre cómo queremos que se desarrolle esta Europa.

Es cierto que hoy por hoy priman los Estados y seguirán primando los
Estados como tales, pero también es cierto --y en este sentido discrepo
de lo que ha dicho el señor Guardans-- que en Europa se está produciendo
un pequeño, pequeñísimo cambio respecto a cómo se tienen que articular
los Estados o, mejor dicho, cómo se tienen que articular determinados
entes subestatales dentro de lo que es el mecanismo de funcionamiento
político, jurídico y administrativo de Europa. No voy a hacer una
definición que nos complicaría la vida, pero vamos a llamarles entes
subestatales con competencias propias, por no hablar de dimensión
cultural y política.

Esto es importante porque no solamente hablamos del Estado español en
cuanto a Comunidades Autónomas, podemos hablar de Alemania, de Austria,
podemos hablar probablemente del Estado italiano con un fenómeno
absolutamente diferente al nuestro y de difícil entendimiento, pero que
también supone un quebranto de lo que era el famoso Estado italiano, por
no hablar del Reino Unido con las cuestiones que se han planteado a raíz
de las últimas elecciones. ¿Qué quiero decir con todo ello? Quiero decir
que el punto de vista, llamémosle regional, es un punto de vista al que
quizá no se le da ninguna importancia, lógicamente teniendo en cuenta las
ideologías de cada uno, algunos le damos mucha, otros no le dan ninguna,
pero objetivamente también tiene que estar encima de la mesa y no se
puede quitar de un manotazo sin hacer reflexión alguna, como hemos visto
en alguna ocasión en esta Comisión o en la Subcomisión.

Con todo ello, y no voy a hacer más reflexiones --ya tendremos tiempo
cuando veamos qué es lo que ocurre--, sí me gustaría señalar tres
cuestiones claves de los seis puntos que hoy por hoy están en la mesa de
negociación. Uno podría pensar que la mera denominación de los seis
puntos cubre el todo, es decir, hablar de seguridad, de libertad, de
justicia, de unión y ciudadano, de instituciones europeas, de política
exterior y de seguridad, de cooperaciones reforzadas o simplificación y
codificación de los Tratados, podría hacer pensar que incluye casi todo.

Sin embargo, vemos que a la hora de la verdad hay muy pocos puntos de
estos grandes objetivos que se hayan tocado o que, al parecer, vayan a
poder ser objeto de un acuerdo.

En primer lugar, en cuanto al tema del espacio de justicia, libertad y
seguridad --creo que ya lo dijimos, en concreto lo dijo esta portavoz
cuando el Presidente del Gobierno informó respecto a los resultados de la
Cumbre de Dublín--, a nuestro entender, este espacio de seguridad,
justicia y libertad tiene que ser una especie de trinomio absolutamente
inseparable y, desde luego, tiene que estar siempre equilibrado. En este
sentido, de lo que ha sido la propuesta más ambiciosa del Gobierno --o,
al menos, así se ha pretendido señalar a la opinión pública--, el famoso
tema del asilo, discrepamos por razones procedimentales y por razones de
contenido.

Respecto a las razones procedimentales, aunque podemos entender qué es lo
que subyace en esta propuesta, no creemos que el tema sea tan vital como
para haberlo planteado como la cuestión clave o la propuesta clave del
Estado español, hasta habiendo llegado a plantearse, o al menos así se ha
dicho en los medios de comunicación, la posibilidad de veto. Es decir,
creemos que el tema puede ser importante, no dudamos que hay que evitar
que se produzca la utilización fraudulenta de determinados derechos, pero
creemos que procedimentalmente no tenía por qué haber sido el punto
estrella de las solicitudes del Gobierno del Estado español.

En cuanto al tema del contenido, ¿qué nos parece o qué no nos parece?
Desde nuestro punto de vista, aunque ya lo señalaré también por la tarde,
creemos que puede ser razonable el hecho de tratar de evitar una
utilización fraudulenta, lo que no es razonable es el hecho de suprimir
el derecho de asilo dentro de la Unión Europea. Es decir, comprendemos
los objetivos que llevaban al Gobierno a plantear este tema, pero no
compartimos los contenidos para conseguir esos objetivos. En este sentido
estamos mucho más cercanos a la nueva propuesta holandesa que a la
primera propuesta que planteaba el Gobierno del Estado.

Creemos que el derecho de asilo es un derecho muy importante y que por
razones coyunturales --y cuando hablo de coyunturales no significa que
sean menos graves o menos importantes, pero siempre coyunturales-- no
puede desaparecer de nuestro marco jurídico o no puede desaparecer de
manera que pueda verse involucrado o pueda tener consecuencias que hoy
por hoy, a lo mejor, no vislumbramos de manera directa.

Por eso en este tema discrepamos, como ya lo dijimos en su momento, en el
procedimiento y también en el contenido, aunque entendemos lo que se
pretendía y, evidentemente, tampoco apoyamos unas utilizaciones en fraude
de ley de un derecho de asilo que, por otra parte --hay que recordar--,
nunca se ha concedido en los últimos años. Con lo cual, aquí no se trata
de que no se conceda, porque nunca se ha concedido, sino de evitar una
cierta publicidad que creemos que no puede ser tan importante, aunque
puede ser perjudicial, como para plantear el tema como primera propuesta
o como estrella de la negociación del Gobierno del Estado.

Otro tema era la participación de las regiones o en este caso de las
Comunidades Autónomas. Ya lo han señalado dos compañeros anteriormente,
el señor Guardans y el señor Gangoiti, y en este sentido fuimos muy
claros y rotundos. A la hora de elaborar y de trabajar en el dictamen de
la Subcomisión planteábamos enmiendas dirigidas, básicamente, a
introducir algo que ha sido común en las Comunidades Autónomas, es decir,
no hemos ido más allá de lo que todas las Comunidades Autónomas han
negociado, y era el reconocer de una u otra manera que el Estado español
tiene una estructura jurídico-política-administrativa



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diferente y que tiene que respetarse no sólo de forma interna en el
Estado español, sino también en la dimensión de integración Europea.

Y recogíamos de manera clara cuestiones que, a nuestro entender, tendrían
que haberse recogido ya en el proyecto o tendrían que haber sido
presentadas por el Gobierno, por ejemplo, en el artículo 3.b), del
principio de subsidiariedad, incluyendo en él simplemente una expresión
por la que se estableciera el principio expreso de respeto a la
estructura jurídico-política de los diferentes Estados, con lo cual
estaríamos salvaguardando, en lo que al principio de subsidiariedad se
refiere, la estructura jurídico-política del Estado español, que no es,
por supuesto, centralista --entendemos nosotros-- o no debiera serlo.

En segundo lugar, aparte de otra serie de cuestiones tales como que el
Comité de Regiones tenga determinadas competencias, aumente sus
competencias consultivas o tenga posibilidad de legitimación activa ante
el Tribunal de Justicia y algunas otras, entendíamos también que debería
haber algún párrafo en el que se establecieran, por ejemplo, el principio
del derecho al uso de la lengua propia, el principio del derecho a la
diversidad cultural o la cooperación transfronteriza, tema éste muy
particular y que nos es muy propio por las razones que ya se han
indicado, y tema que, desde luego, a la que esto suscribe le es todavía
más propio puesto que vive y ha estudiado a 200 metros --nosotros no le
llamamos frontera--, es decir, a un lado y a otro del Estado español y
del Estado francés, con lo cual, sabemos que muchas veces una posibilidad
de cooperación transfronteriza importante solventaría, no solamente desde
el punto de vista social sino también económico, muchísimos de los
problemas que se están produciendo.

Finalmente, una de las enmiendas que esta portavoz presentó en esa
Subcomisión era un enmienda que considero clave en la que se introduce
una propuesta que entiendo es perfectamente aceptable, el reconocimiento
de determinadas regiones, de determinadas comunidades autónomas o
regiones del Estado italiano, del Estado belga, de los «länder» o de
nuestras Comunidades Autónomas, etcétera, que tienen competencias
legislativas, es decir, que tendrían algo que decir en muchos casos sobre
temas que se discuten en Bruselas y que de alguna manera no cuentan con
mecanismos de participación directa.

Creo que una declaración aneja podría ser una manera de recordar algo que
es absolutamente legal, algo que ya existe --no pretendemos ir más
allá--, pero que, hoy por hoy, de una u otra manera, está siendo
influenciado perjudicialmente y está viendo menoscabadas esas
competencias que, en virtud de las respectivas Constituciones, le han
sido otorgadas. Considero que especialmente este último tema podía ser
importante y por eso he querido resaltarlo ante esta Comisión.

En cualquier caso, creo que tendremos que estar a la espera de lo que
ocurra, pero, al final, lo que podamos obtener, desde luego no será lo
que al menos mi formación parlamentaria pretendía con la reforma de 1996
o de 1997. Vuelvo a señalar que nos va a ser muy difícil explicarles a
los ciudadanos cómo van a afectar estas cuestiones a su vida diaria y por
qué no se van a poder enterar de casi nada si leen los Tratados. Me
refiero a que tampoco se está haciendo un trabajo claro en relación con
la simplificación y codificación, y quiero decir que, desde luego,
tampoco se puede seguir haciendo reformas que hagan imposible que lo que
se discute, se negocia y se acuerda pueda llegar al ciudadano, porque les
aseguro que a esta portavoz, que ha tenido que ver con temas europeos
--quiero ser sincera--, cada vez le cuesta más leer los textos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.

Para finalizar, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, el señor Martínez Casañ.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar quiero decir que voy a dividir mi intervención en dos
partes. Una parte general, en la que haré referencia a unos cuantos
puntos específicos que considero dignos de una mención especial, y una
parte en relación con el último punto --no por ser el último es el menos
importante-- que se refiere a las regiones ultraperiféricas lo comentará
el Senador del Grupo Parlamentario Popular, don Pedro Galván.

Dicho esto, quiero agradecer en primer lugar al Ministro de Asuntos
Exteriores, don Abel Matutes, la colaboración que hemos recibido por
parte de todo el Ministerio, no solamente en esta Comisión, sino en todo
el trámite de la Ponencia y en el de la Subcomisión de seguimiento de la
Conferencia Intergubernamental, sin cuya ayuda puntual y constante no
hubiese sido posible para nosotros contar con la información necesaria
para llevar a cabo nuestros trabajos.

Considero que lo que debe hacer en ese momento esta Subcomisión --que por
otra parte la semana pasada tuvo la gran sensatez y la gran virtud de
ponerse de acuerdo para que se aprobase un documento con una postura
mayoritaria-- es apoyar al Gobierno en esta fase última y difícil de la
negociación. Y digo fase última y difícil de la negociación porque creo
que una de las satisfacciones que debemos tener todos los miembros de
esta Comisión Mixta para la Unión Europea es el poder comprobar que el
Gobierno ha seguido en la negociación, no solamente ahora sino desde el
principio, las conclusiones del dictamen que emitió esta Comisión en
diciembre de 1995. Todos éramos conscientes en aquella fecha, cuando
aprobamos ese dictamen, de que estábamos llevando a cabo algo importante
aunque quizá no nos dábamos cuenta hasta qué punto este dictamen iba a
suponer la base doctrinal para la negociación del Gobierno.

En ese sentido, creo que esta constatación debe ser motivo de
satisfacción y, entre otras cosas, porque también significa que existe
una colaboración constante, ya iniciada por el Gobierno anterior, entre
el Gobierno y el Parlamento, el Parlamento y el Gobierno en una doble



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corriente: apoyar al Gobierno por un lado y por otro hacerle partícipe de
las preocupaciones de la sociedad, de la que nosotros, los políticos,
debemos ser instrumento de transmisión.

Cuando trabajábamos en la elaboración del dictamen anterior --recuerdo
aún aquel documento del grupo de reflexión que aportó un insigne español
que en este momento tiene competencias de gran responsabilidad en la
antigua Yugoslavia--, analizábamos en una ocasión lo que de alguna manera
queríamos que fuesen las bases de actuación de nuestro Gobierno, bases
que pensábamos defenderían los intereses generales de España, de sus
gentes, de sus Comunidades Autónomas y de su ciudadanía en general. Y,
como bien ha dicho el Ministro, fue aquel informe del grupo de reflexión
--en el que nosotros tuvimos un «input», no en vano estaba presidido por
un español-- el que marcó el inicio de la Conferencia y el que también
marcó los temas de discusión. O sea, que de alguna manera todo esto forma
parte de un proceso largo que no se ha iniciado ahora sino que ya se
inició en la pasada legislatura, un proceso en el que ha habido luces y
sombras, un proceso en el que al final, como sucede siempre en
democracia, triunfan unas tesis y fracasan otras aunque siempre triunfa
la democracia y triunfa el proceso de construcción europea.

En este sentido, me gustaría recordar aquel momento que marcó la
Conferencia de Turín, en la que, efectivamente, como han dicho algunos
portavoces de otros grupos parlamentarios, un tema que preocupaba a
España era el de ese gran espacio de libertad, seguridad y justicia en el
seno de la Unión que España ya hizo suyo desde el principio. Desde que
comenzó la Conferencia de Turín, y como parte de las conclusiones del
grupo de reflexión, en el tema de la seguridad España se erigía en
portavoz frente a otros países que pensaban que el tema estrella de la
negociación sería la política exterior y de seguridad común, así como
también otros temas sobre los que España ya pensaba en aquellos momentos
que no eran quizá los más importantes puesto que no significaban un mayor
acercamiento de la Unión al ciudadano.

Y como comentábamos nosotros, y así figura en las conclusiones del
dictamen de diciembre de 1995, lo que era importante para España y para
las Cortes Generales era profundizar en un espacio de democracia, de
transparencia, de eficacia, en un espacio de seguridad y justicia, y por
eso nosotros fuimos los defensores de que la seguridad fuese uno de los
temas importantes en la negociación española.

Yo creo que nos podemos considerar satisfechos porque de lo que se
trataba es de que al final de la negociación se diese cumplimiento al
mandato del Consejo Europeo de Dublín de 1996 sobre el asilo de
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea teniendo en cuenta
los tratados internacionales y evitar la manipulación del derecho de
asilo, que ha dado lugar en muchas ocasiones a enfrentamientos entre los
Estados miembros, a procesos difíciles y a falta de eficacia en el
tratamiento de la lucha contra el terrorismo. Yo no puedo más que
congratularme con la señora Lasagabaster, amiga desde hace mucho tiempo,
porque esto se haya conseguido sin violar los tratados internacionales
que daban regulación a esta figura que tan grandes servicios ha prestado
en el pasado.

Respecto a la reforma institucional, señor Ministro, yo entiendo que éste
es un tema que no se cerrará hasta el final, como es lógico; de hecho
estaba previsto desde el principio que no se pudiese cerrar hasta el
final porque es uno de los temas importantes, sobre todo para España. En
el fondo en lo que consiste, o en lo que debería consistir para los
españoles la reforma institucional es en permitir que España mantuviese
el peso específico que le corresponde en las instituciones y, de alguna
manera, incrementar en la medida de lo posible su participación en el
proceso de toma de decisiones. Las exigencias de la reforma institucional
--sintetizadas de nuevo en mayor eficacia, mayor democracia y mayor
transparencia-- significan que los Estados deben tener el peso que les da
su peso demográfico --valga la redundancia-- y, por otro lado, su
importancia política. Este es un tema trascendente porque, además de ser
necesario en estos momentos, si no se le encuentra una solución no se
podría proceder a la próxima ampliación. La verdad es que mi Grupo
Parlamentario y yo personalmente pensamos que vamos en la buena dirección
y apoyamos al Gobierno en la negociación de este paquete, en el que
deberá consistir la solución, tanto en el Consejo como en la Comisión. En
cualquier caso, pensamos que la conclusión a la que se llegue será
incluso mejor que esa solución de compromiso a la que fuimos capaces de
llegar a última hora y que se llamó Compromiso de Ioánnina.

Respecto al Comité de las Regiones, a mí me gustaría decir que yo veo con
satisfacción la propuesta española en la Conferencia Intergubernamental
porque, en primer lugar, supone un adelanto sustancial, un avance
respecto a las tesis que defendíamos en nuestro dictamen de diciembre de
1995. Supone un avance con el cual estoy perfectamente de acuerdo y con
el cual mi Grupo Parlamentario está completamente de acuerdo, avance que
se ha hecho posible, entre otras cosas, porque cuando discutíamos algunos
de los portavoces aquí presentes la Proposición no de ley sobre la
Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas se
planteó que éste es un tema en el que de lo que trata es de alcanzar lo
posible --lo ha mencionado el señor Guardans muy acertadamente--. Hay una
serie de elementos de negociación, hay una serie de posibilidades y la
solución al final se encuentra a medio camino en esta Comunidad, que es
una Comunidad de Estados pero en la que, evidentemente, cada Estado tiene
sus particularidades propias. La propuesta española defiende las
peculiaridades propias del Estado español y de su división territorial en
Comunidades Autónomas y del hecho diferencial de algunas de sus
Comunidades y de sus nacionalidades históricas, y a mí me gustaría
mencionar el avance que significa en la protección de la legitimación
democrática de sus representantes, en el fortalecimiento de su capacidad
administrativa y organizativa, en la ampliación de sus funciones
consultivas, especialmente en aquellas cuestiones que hacen



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referencia a la cooperación trasfronteriza, y, finalmente, en el
reconocimiento de su legitimación activa ante el Tribunal de Justicia en
defensa de sus propias competencias.

En otro orden de cosas, señor Ministro, señor Presidente, mi Grupo
Parlamentario se encuentra satisfecho del tratamiento que se le está
dando a la protección del mercado interior. Esta mañana su equipo del
Ministerio de Asuntos Exteriores nos ha hecho entrega de la última
propuesta española para la modificación del artículo 110.A del Tratado de
la Comunidad Europea, modificación para una aplicación uniforme y eficaz
de las disposiciones relativas al mercado interior y que desde el punto
de vista español se pone especialmente de manifiesto para salvaguardar la
libre circulación de mercancías frente a acciones unilaterales por parte
de otros ciudadanos de otros Estados. Este es un tema recurrente, viejo,
que causa malestar en la sociedad española desde 1986 en que entramos en
la Comunidad Europea, y por ello yo me congratulo, mi Grupo Parlamentario
también y supongo que los demás grupos de la Cámara, de que por fin
seamos capaces de presentar una propuesta equilibrada. Esperemos que esta
propuesta tenga la acogida que todos deseamos y que sea el principio de
una solución duradera para un problema que nos preocupa a todos los
españoles, porque, efectivamente, las violaciones del mercado interior y
la quema de frutas y hortalizas no es un buen precedente en este momento
en que tratamos de ahondar, de profundizar mucho más en el proceso de
construcción europea.

Asimismo, creemos que el tratamiento dado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, como portavoz del Gobierno del Estado español, a la propuesta
británica sobre la política pesquera ha sido valiente y eficaz. El Reino
Unido presentó, como todos sabemos, en la Conferencia una propuesta de
protocolo anejo al Tratado que establecía que la participación
mayoritaria de la propiedad y la tripulación de los barcos que faenan en
la cuota de un Estado miembro de la Unión sea de la propiedad de éste.

Nosotros apoyamos especialmente la réplica española al contramemorándum
británico dentro de la más justa doctrina del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea y de la defensa de los intereses españoles. Y estoy
convencido de que la excelente coordinación entre los distintos
Ministerios de este Gobierno --en este caso entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Asuntos Exteriores,
entre don Abel Matutes y doña Loyola de Palacio dará los resultados que
todos esperamos en defensa de nuestros intereses.

Yo no puedo más que estar de acuerdo con el tratamiento que se ha dado al
protocolo social y al tema del empleo. Creo que, efectivamente, la
propuesta que apoya España de equipar a la mujer respecto al hombre en
todos aquellos asuntos que le son propios en el mercado laboral tendrá un
gran efecto integrador.

Y respecto a la ciudadanía de la Unión, apoyamos la propuesta española
para potenciar las actividades del voluntariado. Creemos que el
voluntariado cumplirá a nivel europeo, en caso de prosperar la propuesta
española --y todos esperamos que así sea--, una importante función
integradora y esperamos que de alguna manera, al final, quede plasmada en
las conclusiones de la Presidencia.

También querría hacer una mención a lo acertado de la propuesta sobre las
regiones insulares. La Declaración de Mahón ha sido una buena propuesta
que contrarrestaba otra de otro país de la Unión que, evidentemente, no
era la que mejor defendía los intereses españoles; sin embargo ésta sí
que es una propuesta eficaz, sensible a nuestros intereses y, por otra
parte, realista. Por lo tanto, pensamos que al final será bueno, si lo
logramos, que se tomen medidas específicas en favor de las regiones
insulares con miras a integrarlas mejor en el mercado interior en
condiciones equitativas.

Quiero agradecer al señor Ministro esta larga comparecencia y la atención
que hemos recibido por parte de él. Sin más, con permiso del Presidente,
le paso la palabra a mi compañero don Pedro Galván para que haga una
pequeña referencia a las regiones ultraperiféricas.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muy bien, espero que sea una intervención muy corta
porque hoy andamos muy justos de tiempo.




El señor GALVAN DE URZAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, le agradezco esta larga comparecencia y yo procuraré ser
lo más breve posible.

Sabemos todos, sus señorías lo conocen perfectamente, y a buen seguro
también el Ministro, que el proceso de integración de Canarias en la
Unión Europea fue un proceso bastante complejo. Se pasó de un protocolo
II a una mayor integración que dio lugar, no solamente a un
pronunciamiento de todas las fuerzas políticas de Canarias y de la
opinión pública, sino, además, a un conjunto de normativa europea que,
partiendo del artículo 25, apartado tercero del Tratado de Adhesión, se
concretó precisamente en el Reglamento comunitario 1.911, Programa
Poseicán, Declaración 26 del Tratado de Maastricht, OCM del plátano, Ley
20/1991 y, finalmente, la Ley 19/1994 de modificación del REF.

Hoy estamos en un momento trascendental de la vida de la Unión Europea.

Estamos abordando la Conferencia Intergubernamental y, nuevamente, por
sus especificidades y fundamentalmente por su lejanía, Canarias está en
un momento francamente importante. Importante porque, obviamente, sus
especificidades no encontraban en el pasado un suficiente apoyo jurídico
en el conjunto normativo del derecho comunitario y precisamente hoy
tenemos la oportunidad, a través de la Conferencia Intergubernamental y
sobre todo de la reforma del Tratado, de consolidar ese modelo
específico, que no es un pedir por pedir, sino que responde a unas
circunstancias específicas de lejanía y de insularidad de esa región o
Comunidad Autónoma española.

Desde esa perspectiva, yo realmente agradezco que el señor Ministro se
haya referido a la posible inclusión de un artículo en la reforma del
Tratado que haga específica



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referencia a las regiones ultraperiféricas entre las que se encuentran no
solamente Canarias sino también Madeira, Guadalupe y Martinica. Creo que
es muy importante porque en este momento, ya hace prácticamente dos
meses, ha cobrado una auténtica realidad pública, un gran debate social
en las Islas, la posibilidad de que la Ley 19/1994, es decir, la que
corresponde al REF, al Régimen Económico y Fiscal de Canarias, pueda
quedar en entredicho, a la vista de los reparos que está recibiendo por
parte de los servicios de la Unión Europea. Evidentemente, eso podría
generar nuevas dificultades que, obviamente, ninguno de los canarios
deseamos bajo ningún concepto, porque precisamente esa ley se encuentra
protegida constitucionalmente, protegida por el Estatuto de Autonomía y,
sobre todo, porque tuvo un informe preceptivo votado por la gran mayoría
del Parlamento de Canarias en el momento de su aprobación. Concretamente,
en la exposición de motivos de la Ley y del Real Decreto legislativo
3/1996, que se aprobó para adaptarla, se hacía específica mención a que
el proceso de negociación con la Unión Europea había culminado.

Por lo tanto, agradezco la referencia que ha hecho el señor Ministro
porque creo haber entendido, por una parte, que se había mejorado la
propuesta de redacción, en su día formulada por Holanda, que se
aproximaba bastante a la propuesta de redacción que habían presentado de
forma consensuada España, Portugal y Francia y, por otra parte, creo que
es la primera vez que lo oigo, también se hacía referencia a un
protocolo. Creo que ese conjunto de menciones quizás podrían darnos una
mayor esperanza en estos momentos en que la sociedad canaria está algo
inquieta. Por tanto, sí me gustaría que hiciese una mención específica al
respecto.

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galván.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.

Permítame empezar dando también las gracias a todas sus señorías y en
especial a todos los portavoces por lo constructivo de sus aportaciones,
independientemente de que haya o no haya acuerdo, que constato que, una
vez más, sí existe en lo esencial. Tengan la seguridad, además, de que
trasladaré sus palabras de felicitación y agradecimiento a mis
colaboradores y de que este será el mejor premio que pueden recibir por
ese trabajo que se han esforzado en desarrollar con la mayor
transparencia, así como con la mayor diligencia.

Quiero aprovechar la ocasión, antes de que se me vaya el santo al cielo,
para excusar mi presencia esta tarde a todo o parte del debate por cuanto
tenemos una reunión de alto nivel con el Primer Ministro y Ministro de
Asuntos Exteriores de Marruecos y yo intentaré, si puedo, acelerar y
terminar la reunión antes de lo previsto para poder asistir a todo el
debate o, al menos, a parte de él, pero, en todo caso, quisiera lanzar
por delante esta explicación para el supuesto de que mis deseos no
pudieran corresponderse con la realidad.

Creo que efectivamente estamos viviendo unos momentos clave y todos los
portavoces, sin excepción, se han referido a los cambios producidos en el
Reino Unido y Francia. Concretamente, el señor Guardans quería una
reflexión política respecto a este tema, pero las mismas palabras me han
pedido todos los portavoces. Yo quiero insistir, con toda la
provisionalidad de una reflexión tan a bote pronto y que, por tanto, se
presta más a especulaciones que a razonamientos sobre bases sólidas o
sobre declaraciones, en que tienen características comunes. Tanto en uno
como en otro país han ganado partidos moderados, partidos que en todo
caso han hecho durante la campaña de la moderación bandera y que han
hecho bandera no sólo de un cierto europeísmo, sino de un europeísmo
cierto, siempre en términos relativos y teniendo en cuenta que el debate
se producía en términos distintos en ambos países. Por estas razones, no
sólo en el medio o largo plazo, como ya se ha dicho, ello no va a
perjudicar el proceso de integración europea, sino que mi primera
reflexión, a bote pronto, es que tampoco le va a afectar en el corto
plazo. Por lo tanto, vamos a seguir en este proceso que tiene tantas
cosas que mejorar y muy en particular en el campo de las explicaciones al
ciudadano de todo lo que ello representa, cuestión en la que también creo
que estamos todos de acuerdo.

Como decía el señor Costa, es verdad que Europa no puede limitarse a ser
un mercado, ni siquiera, una moneda. Poco avanzaríamos si sólo fuéramos
esto, nadie es capaz de enamorarse de una moneda, sí de una idea, mucho
más de un proyecto. Y, por ello mismo, estamos haciendo avances
importantes en el segundo y el tercer pilar y estamos intentando
comunitarizar buena parte de este segundo y tercer pilar --de ahí que no
crea que pueda calificarse esa Conferencia como una Conferencia de
mínimos-- es decir, judicializarlo y llevarlo al primer pilar en muchos
aspectos, lo que realmente representa un salto cualitativo, como no se
había dado nunca antes en ninguna de las reformas, algunas de ellas
importantes, a las que se ha visto sometido ya el proceso de integración
europea. Además, por ello se incorpora un capítulo social al Tratado.

Empezando por el primer pilar y contestando al señor Costa, coincido con
él en que por el momento el Tratado presenta pocos problemas y le voy a
explicar además esa cuestión que se formula a sí mismo y que me pregunta
respecto a la apertura del artículo 100.A. Efectivamente, España, por un
lado, es contraria a la apertura del artículo 100.A en relación con los
temas de medio ambiente y salud de los consumidores y, en cambio, sí abre
dicho artículo cuando se trata de proteger mejor la libre circulación y,
en este caso, los intereses de los transportistas y productores de frutas
y hortalizas. En realidad, ambas posiciones, que podrían parecer
contradictoras obedecen al mismo objetivo: que en ningún caso se produzca
ruptura ni debilitamiento del gran mercado interior, porque el peligro de
abrir el 100.A, como quieren los países nórdicos,



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es el de que se vayan creando espacios especialísimamente protegidos con
el pretexto de mejorar el medio ambiente o mejorar la salud de los
consumidores y, en definitiva, que estén sometidos en exclusiva a ciertos
productos de determinados países en perjuicio de los demás, y casi
siempre de los países del sur. A ello nos oponemos porque entendemos que,
siendo altamente respetable todo lo que sea mejorar el medio ambiente y
todo lo que sea favorecer la salud de los consumidores, debemos acudir
todos los ciudadanos de la Unión y no dejar que ese tema quede
exclusivamente en las manos de un gobierno, de un país o de una región.

Por ello nos oponemos a que se abra el 100.A en ese aspecto y, en cambio
sí queremos que se abra cuando se trata de reforzar la capacidad
sancionadora de la Comisión a la hora de defender lo que es un pilar
básico de toda la construcción europea, cual es la libre circulación de
mercancías. En cuanto al modelo social, ¿cuáles pueden ser las
diferencias? El Reino Unido acepta la incorporación al Protocolo y no
quiere que se avance más por el momento, justamente porque lo que aquí
nos jugamos es el gran objetivo que todos hemos puesto en primer lugar:
el empleo. España está dispuesta a ir más allá incluso que el Reino Unido
y que el Gobierno actual en el capítulo social, siempre y cuando se
respeten dos principios: primero, que no cueste más dinero sin que se
aporten nuevos recursos; si se aportan nuevos recursos, adelante, si no,
evidentemente nos opondremos a cualquier mejora del capítulo social que
suponga deducción o sustracción de esos fondos, de esas ayudas en forma
de incentivos a otros países en perjuicio de los fondos estructurales que
recibe España, y también nos opondríamos, como se oponen la inmensa
mayoría de los países miembros y en particular el nuevo Gobierno del
Reino Unido, en la medida en que esa mejora del modelo social supusiera
una disminución de la competitividad de la economía europea, porque en un
contexto abierto y mundializado, como en el que estamos hoy, si queremos
realmente hacer del empleo la gran prioridad, hemos de ser coherentes y,
por tanto, no podemos disminuir la competitividad porque es tanto como
destruir puestos de trabajo en el seno de la Unión. Por tanto, en el
capítulo social estamos dispuestos a ir más allá, siempre y cuando se
cumplan esas dos condiciones.

El Reino Unido tiene posiciones comunes, en muchos ámbitos ha demostrado
quizá una mayor sensibilidad por el tema europeo que el anterior
Gobierno, pero, al propio tiempo, tiene sus especificidades, y por ello
no hemos de esperar grandes cambios ni de Francia ni del Reino Unido
porque, como todo gran país, mantienen una estabilidad y una gran
permanencia en lo que son sus líneas básicas de política exterior, en
este caso de política europea.

En relación con la posible comunitarización de Schengen, argumentan su
condición de isla, que eso requiere un tratamiento específico, y reclaman
un «opting out», igual que reclaman un «opting out» en otros aspectos de
la comunitarización del segundo y tercer pilar. También han solicitado, y
se han referido a esa cuestión varios portavoces, una revisión del
sistema actual de la política pesquera, llamado Quota Hopping. La
posición de España, como ya ha referido el portavoz popular, ha sido
firme, como lo ha venido siendo en gobiernos anteriores. No podemos ceder
porque, siendo un problema sensible, y lo entendemos, para el Gobierno
británico, también es un problema sensible para el Gobierno español que,
además, está asistido en este caso nada menos que por cuatro sentencias
del Tribunal Superior de Justicia, que demuestran que la posición
española simplemente está haciendo uso de las libertades que le ofrece el
Tratado de la Unión y, por tanto, siendo igualmente sensible para ambos,
todavía hay menos capacidad de maniobra para el Gobierno español porque
además tiene en su favor el Tratado y las propias sentencias del Tribunal
Superior, por lo cual siendo nuestra posición en este sentido de
comprensión para las dificultades del Gobierno británico, aceptando
siempre que todo aquello que convengan libremente con los armadores
españoles el Gobierno español no hará otra cosa que bendecirlo, en ningún
caso va a presionar a nuestros armadores y va a defenderlos en el libre
ejercicio de los derechos que le reconoce el Tratado.

También creo que en la política de asilo podemos ser todos bastante
optimistas. El señor Alcaraz ha pedido precisiones al respecto, las ha
pedido el señor Costa y los demás intervinientes, porque es justamente un
equilibrio entre libertad y seguridad. Yo creo, sinceramente, que lo que
piden los ciudadanos europeos en ese Tratado, al margen de que tengamos
una Europa más eficaz, una Europa capaz de asumir las ampliaciones, es
fundamentalmente que se traduzcan en mayor empleo --veremos si es
posible, en todo caso es lo que deseamos-- y mayor seguridad interna y
externa para nuestros ciudadanos. Justamente, tal como se regula el
derecho de asilo, creo que se dan esas condiciones en lo que el Gobierno
español solicitaba, y al propio tiempo se mantiene un principio y una
práctica tan arraigada en Europa como es la del derecho de asilo.

Creo que no debemos aprovechar esta matización que finalmente ha
introducido la Presidencia holandesa sobre la posición española ni para
una crítica política en un tema que es tan de Estado ni desde luego para
desvirtuar el gran logro que supone para España. Lo que ha dicho el
Presidente Aznar --y creo que justamente-- es que se alegraba de que lo
que venía siendo una larga petición de España, y creo que esa petición se
viene produciendo en los distintos Consejos Europeos desde que se
constituye la Mesa de Ajuria Enea: que no se pudiera utilizar el derecho
de asilo para impedir que se castigue lo que son simples delitos, lo
recogiera por fin el Consejo Europeo de Dublín y la tradujera en un
mandato imperativo a la Conferencia Intergubernamental, a los Ministros
de Asuntos Exteriores, para que lo materialicen en la práctica.

Habida cuenta de que en la práctica la materialización de ese mandato
implicaba para algunos países reformas constitucionales que hubieran
supuesto larguísimas tramitaciones y dificultades políticas para la
mayoría de ellas, lo que se hace es pura y simplemente recoger
exactamente el mandato en lo que es su espíritu e introducir



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unas simples limitaciones a esa no aceptación del derecho de asilo.

¿Cuáles son? Ciertamente, que si uno de los países de la Unión Europea en
un momento determinado no respeta lo que son los derechos humanos y las
libertades fundamentales, tiene que poder reconsiderarse el derecho de
asilo para los nacionales de aquel país, lo cual entra dentro de la más
pura lógica y mejora el equilibrio que todos queremos --y el Partido
Popular y el Gobierno, como es lógico, en primer lugar-- ese equilibrio
entre libertad y seguridad --esa es una modificación introducida por la
delegación española-- y, en segundo lugar, la presidencia holandesa lo
que hace es decir: en última instancia no se le puede prohibir a un
Estado, no ya a un juez, sino a un Gobierno, y en un momento determinado
considerar la petición de un derecho de asilo.

Lo que se hace en este caso es someter esa posible aceptación a una serie
de filtros y precauciones que cualquier Gobierno, cualquier Estado,
porque repito que ya no se trata de un juez, antes de aceptarlo, tendrá
que tentarse muy mucho la ropa y estar seguro de que no está
desvirtuando, precisamente, una institución tan respetable como es la del
derecho de asilo.

Por lo tanto, antes de que se inicie el procedimiento para aceptar el
derecho de asilo, ese Estado, ese gobierno, tiene, primero, que
comunicárselo a todos sus socios de la Unión Europea, al propio Consejo.

Tiene que decir, en este caso, que va a aceptar que se inicie la
tramitación porque se consideran unas u otras circunstancias, con lo
cual, evidentemente, estamos presuponiendo que hay razones muy sólidas
para hacerlo. Sólo a partir de ese momento, sólo cuando ese Estado ha
comunicado esa aceptación, puede iniciarse el procedimiento interno por
el cual el juez encargado de la tramitación puede iniciarlo. Para ello,
ha de partir de la presunción --y así lo establece el propio texto
holandés-- de que la petición es, a priori, infundada. Evidentemente, yo
creo que todos hemos de concluir que la Presidencia holandesa ha hecho un
esfuerzo para superar las dificultades que tenían algunos Estados
miembros. Por lo tanto, aún aceptando que no es la fórmula ideal y que,
en algún caso, podría desvirtuarse la figura, esto supone un salto
cualitativo tan importante que todos debemos felicitarnos de que una
petición largamente deseada, acariciada y solicitada por España,
finalmente, haya sido aceptada en sus términos básicos y esenciales.

Creo, por lo dicho, que ha quedado explicado en qué términos queda el
derecho de asilo. Por lo tanto, no hay por qué sentir temores de que
pueda ser, finalmente, mal utilizada la figura. El propio proyecto dice
que siempre se seguirá mejorando esa figura en el supuesto en el que
hubiera intentos de manipulación.

En cuanto a la reponderación del voto, he de decir que está claro que ésa
es la cuestión esencial, no hay acuerdo todavía. Lo que quiere España,
naturalmente, es lograr un equilibrio justo mediante una reponderación
suficiente y, si fuera necesario, además, complementado con una doble
mayoría, siempre que se garantizara que toda decisión del Consejo,
aceptada por mayoría cualificada, tendría un apoyo importante de la
población de la Unión Europea. En definitiva, no se trata más que de dar
más transparencia y más democracia a las decisiones de la Unión. Desde
luego, para pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada la condición
era y sigue siendo --como muy bien ha recordado el señor Costa-- el
acuerdo sobre reponderación de votos.

En relación con la subsidiariedad voy a intentar ser muy claro para que
no haya malentendidos, porque varios portavoces de Grupos nacionalistas
han solicitado precisión. Como ha habido también un cierto proceso de
intoxicación por parte de algunas personas o instituciones no neutrales,
no españolas, quiero explicar que la posición del Gobierno español en
relación con la subsidiariedad es que en ningún caso el pretexto de la
subsidiariedad sirva para romper una vez más la unidad del mercado.

Nos hemos encontrado en algunas ocasiones que en un momento determinado
un «Länder» o una región autónoma de cualquier otro país, con el pretexto
de normas técnicas, ha pretendido impedir la libre circulación de
mercancías. En Alemania se dio el caso que todos conocemos de la cerveza.

Por lo tanto, la posición del Gobierno español en el tema de la
subsidiaridad ha sido la de vigilar muy mucho que en ningún caso pudiera
utilizarse el pretexto de la competencia de un «Länder» para, una vez
más, impedir el acceso y la libre circulación de productos. Al propio
tiempo, se ha intentado que cada país regule, de acuerdo con su
Constitución, el acceso y la representación en las instituciones de la
Unión.

La flexibilidad es un tema que no está cerrado, pero al respecto se ha
producido, afortunadamente, una progresiva toma de conciencia de que la
posición española era la única aceptable. Esa flexibilidad o cooperación
reforzada tenía mucho sentido en temas del segundo y tercer pilar. De
hecho, en el segundo pilar ya se produce con la figura de la abstención
constructiva o positiva. En cambio, en relación con el primer pilar era
muy peligrosa y, en todo caso, inaceptable siempre que se refiriera a las
políticas comunes y a las grandes libertades.

En relación con la igualdad hombre-mujer he de decir que no sólo se ha
mantenido la posición española, sino que se trata de iniciativa española
que también ha hecho su camino y ha sido aceptada. Ciertamente, todos
estamos de acuerdo en que el gran reto de esa reforma es conseguir que dé
como resultado una Unión eficaz, sin perjuicio de su representatividad y
transparencia.

Yo conozco, naturalmente, la posición de Izquierda Unida y la respeto.

Simplemente quiero significar que, de acuerdo con lo dispuesto con
nuestra Constitución, el referéndum, que es siempre una posibilidad, no
se exige por nuestra Constitución para tomar determinadas decisiones como
las que se están tomando en esa Conferencia. Por lo tanto, todas las
posturas son respetables, empezando, en este caso, por la que han asumido
la gran mayoría de las fuerzas políticas españolas a la hora de encarar
los procedimientos para ratificar, en el supuesto que se dé el acuerdo,
la Conferencia Intergubernamental.

Ya me he referido a la política social. Todos queremos esa mejora y, al
propio tiempo, debemos acometerla de un modo ambicioso, siempre y cuando
no vaya ni en perjuicio



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del empleo ni en perjuicio de los recursos que corresponden a España
dentro de los fondos estructurales.

Ciertamente, la política exterior y de seguridad común que se está
diseñando es limitada. Realmente, en la Unión Europea los Estados
miembros y, sobre todo, los Estados miembros grandes, son Estados que
tienen una gran tradición de soberanía, que tienen una política exterior
propia. Por ello, éste va a ser un proceso que tendrá unos grandes
componentes de cooperación intergubernamental durante muchos años.

Es evidente que nuestra ambición es reforzar al máximo la Unión Europea
Occidental, pero ello va a requerir tiempo, entre otras cosas, porque ni
son todos los que están ni están todos los que son. Hay miembros de la
Unión Europea, como Dinamarca, Austria, Suecia y Finlandia, que no son
miembros de la Unión Europea Occidental y hay miembros de la Unión
Europea Occidental, como Turquía, por ejemplo, que nos son miembros de la
Unión Europea. Por lo tanto, este proceso de fusión, que se ha iniciado
como consecuencia de una propuesta conjunta hispano-franco-alemana, a la
que se han añadido otros países, va a requerir su tiempo. Mientras tanto,
un pilar fundamental para la estabilidad y la seguridad en Europa sigue
siendo la OTAN. Gracias, justamente, al papel que está jugando la OTAN,
estamos consiguiendo que la OSCE, a largo plazo, pensando ya en los
próximos decenios, será, probablemente, otro buen mecanismo para asegurar
la seguridad en Europa y la estabilidad de las nuevas democracias de la
Europa central y oriental.

Finalmente, quisiera simplemente recordar, con todas las limitaciones que
tiene la Unión Europea, que las tiene en el práctica, que la Unión
Europea no es sólo un conjunto de valores morales e históricos que a
todos nos interesa seguir agrupando, reforzando y proyectando hacia el
futuro, sino que, en la práctica, si echamos una mirada al resto del
mundo, hemos de constatar que, probablemente, en ninguna otra parte se da
una mayor presencia de los grandes valores que todos deseamos para
nuestras sociedades. En muy pocas regiones del mundo se da, mejor que en
la Unión Europea, un florecimiento de las libertades y de respeto a los
derechos humanos en el campo de la política, una mayor eficacia y
productividad en el ámbito económico y, probablemente también en muy
pocas otras zonas delmundo se dan unas mayores dosis de solidaridad en el
campo de lo social.

Por tanto, y con todos sus defectos, tanto si la juzgamos desde el punto
de vista de sus logros políticos, como econmómicos, como de solidaridad
social, la Unión Europea --repito,en la práctica-- sigue siendo el menos
malo de todos los ejemplos a los que nos podemos referir en el mundo.

Comparto prácticamente todas las observaciones que ha hecho el señor
Guardans. Creo que dentro de la estructuración temática que he hecho ya
he contestado a la mayoría de sus cuestiones. En relación con su lamento,
quisiera decirle que yo, desde luego, le doy la razón y que España quiere
incrementar, en primer lugar, el papel del Comité de las Regiones. Esa es
al intención firme, y en la reunión de representantes personales que va a
tener lugar mañana y pasado en Bruselas, mi representante personal ha
recibido instrucciones de insistir muy especialmente en algunos aspectos
de nuestra propuesta sobre el Comité de las Regiones y, en particular, en
el reconocimiento de una competencia consultiva especial de dicho órgano
en relación con la cooperación transfronteriza.Y, desde luego, le doy la
razón --así como se la doy a la representante del Grupo Parlamentario
Mixto, la señora Lasagabaster--, en el sentido de que si no fuera posible
en el contexto de una mayor relevancia del Comité de las Regiones, el
tema de la cooperación transfronteriza es tan impartente para el futuro
de Europa, para la construcción de esa Europa de las regiones, que vamos
a intentar introducir, fuera y al margen del Comité de las Regiones, el
principio de apoyo a todo lo que sea incrementar la cooperación
transfronteriza. Les habla un convencido, porque precisamente en mi
primer mandato como Comisario, desde 1986 a 1989, unos de mis grandes
ejes de acción en el programa para la empresa europea era el de fomentar
justamente la cooperacióin transfronteriza a lo largo y a lo ancho del
continente. Por tanto, no es una simple cuestión de oportunismo político,
sino que creo que es una de las maneras de crear empleo y de construir
esa Europa más solidaria y más integrada que todos queremos y, desde
luego, le doy las gracias por ese análisis que ha hecho de que España ha
jugado un gran papel en esa Conferencia, cuestión con la que yo coindido
y, como ya se ha dicho, desde el principio, desde antes de que se abriera
formalmente, con una magnífica Presidencia del grupo de expertos,
efectuada por Carlos Westendorp, continuada por el Gobierno que nos
precedió y culminada o a punto de culminar por el actual.

Quisiera asegurar al portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, señor Gangoiti, que no nos encontramos ante una
Conferencia de mínimos, sino que realmente y habida cuenta de cuanto
acabo de explicarles es muy posible que se produzcan grandes saltos
cualitativos, especialmente si conseguimos la judicialización y la
comunitarización de esas parcelas importantes del segundo y del tercer
pilar.

Ya he dado precisiones en relación con la integración que también
queremos de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea, que, en todo
caso, va a requerir tiempo. En cuanto a esas precisiones que me pide
sobre la Organización Mundial de Comercio, es evidente que nuestra fuerza
es que hablemos con una sola voz y, de hecho, ya lo estamos haciendo. Es
decir, la Comisión Europea tiene delegadas las competencias de los
Estados Miembros en la Organización Mundial de Comercio en lo referente a
temas comerciales y ahora estamos en los temas de propiedad intelectual y
servicios. Es un tema que afecta a intereses muy sensibles de España y,
por tanto, lo mismo que en el caso de comercio, antes de aceptar adoptar
las decisiones por mayoría cualificada, antes de soltar la unanimidad
requerida para servicios y propiedad intelectual, queremos ver las cosas
muy claras justamente para que --repito-- importantes intereses españoles
no puedan quedar desguarnecidos.




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Creo que han quedado contestadas sus cuestiones referidas al segundo y
tercer pilar y la cooperación transfronteriza.

Por tanto, queda por contestar a la señora Lasagabaster y al señor
Gangoiti sobre la cuestión de la codecisión. España es partidaria de
extenderla a los supuestos que actualmente se rigen, con el Parlamento
Europeo, por el procedimiento de cooperación, y nos oponemos a la
codecisión en fondos estructurales y de cohesión y en el artículo 43, es
decir, política agrícola, porque es un tema en el que una vez más los
intereses nacionales importantes pueden ser batidos fácilmente, como ya
se ha visto en algunas cuestiones muy importantes para nuestro país.

Por lo demás, estoy totalmente de acuerdo en que falta un esfuerzo de
explicación sobre la Conferencia Intergubernamental. El gran reto es que,
una vez lograda la Conferencia, se nos va a abrir a todos el tema de la
simplificación y la codificación porque va a plantear unos problemas que
no son sólo técnicos, sino políticos. En cuanto hablemos de ese tema se
abrirá la caja de pandora y habrá muchos Estados que querrán renegociar
algunos aspectos, pero, desde luego, es fundamental porque hemos de
reconocer que incluso los propios expertos que estamos trabajando todos
los días con esos textos legales tenemos muchas veces dificultades para
entenderlos.

En todo caso, creo que el binomio libertad-seguridad ha quedado bien
explicado y no nos engañemos, es imprescindible hacer ese progreso mínimo
en el campo de la segudidad si queremos proceder a ese desmantelamiento
total de fronteras interiores, pues de lo contrario ese binomio quedaría
desequilibrado, precisamente en el capítulo de seguridad y creo que las
fórmulas con las que nos estamos moviendo dan satisfación a todas las
sensibilidades al respecto.

Coincido con el señor Martínez Casañ en su apreciación de lo positivo que
resulta para los intereses generales de España que se venga produciendo
ese acuerdo entre la inmensa mayoría de las fuerzas políticas porque,
realmente, además de contribuir, como es lógico, a un control más
exhaustivo de la actividad del Gobierno, yo les aseguro que el Gobierno
se siente mucho más fuerte y respaldado a la hora de defender posiciones
que no son siempre fáciles de defender cuando estás en otros foros donde
justamente tus posiciones se enfrentan frontalmente --valga la
redundancia-- con las de otros países que también tienen su razones. Por
ello, es intención de este Ministro el mantener esa constante
comunicación, esa agilidad y esa transparencia que, repito, es útil en
primer lugar para el Gobierno y para los intereses de España.

Creo que ya he contestado a los temas relativos a la Quota Hopping y al
incremento de las competencias, incluyendo las sancionadoras, de la
Comisión.

En relación con el último capítulo, ciertamente el nuevo texto ofrecido
por la Presidencia para las regiones ultraperiféricas se acerca mucho a
la redacción presentada por España conjuntamente con Portugal y Francia.

En relación con el Régimen Económico y Fiscal, el esfuerzo del Gobierno
español, tanto del de antes como del de ahora, es total. El problema es
que la Comisión es reticente a aceptar estos regímenes con una carácter
permanente e indefinido. Precisamente, como tanto el señor Presidente de
esta Comisión, como el Ministro que les habla ya tuvimos ocasión de jugar
un papel de gran protagonismo en todo ese proceso de mayor integración de
Canarias, al que el Senador Galván se ha referido, y que, por cierto,
culminó muy satisfactoriamente porque el 99 por ciento de las peticiones
que se recibieron del Parlamento canario pudieron ser atendidas, aquí en
lo que hay que plantearse, si realmente queremos ser eficaces, es
naturalmente la conveniencia de, manteniendo las actuales ventajas que
ese Régimen tiene, aceptar el principio, del cual la Comisión está
haciendo «conditio sine qua non», de que vayan por períodos de cuatro o
cinco años, que sean prorrogables, y que yo estoy convencido de que se
iban a prorrogar, porque el gran riesgo que se corre --dicho sea entre
nosotros-- es que, mientras esto no sea aceptado así, se está en una
situación ilegal y, si en un momento determinado hay un enfrentamiento
entre España y la Comisión, puede decidir pura y simplemente el Comisario
competente, abrir un expediente de infracción y obligar a que en un
momento determinado se tenga que devolver todas las exenciones que se han
ido otorgando al amparo de ese Régimen que todavía no está siendo
reconocido. Por lo tanto, como ocurre tantas veces, lo mejor es enemigo
de lo bueno. Estoy refiriéndome, por lo tanto, no tanto al Estatuto de
las Regiones periféricas, que estoy convencido de que vamos a lograr ese
protocolo permanente, cuanto al REF a los efectos de cuanto antes
legalizar una situación que a mí como a cualquier español, y sobre todo
si es canario, le debería preocupar, en tanto encuanto no esté totalmente
regularizada.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. (El señor Costa i
Costa pide la palabra.)
Señor Costa, le doy medio minuto si es para realizar alguna precisión
porque son las trece horas ya y tenemos después reunión de Mesa y
Portavoces. Tiene su señoría la palabra.




El señor COSTA I COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.

No sé si iniciar el turno, porque lo abriré para todos, pero tengo
interés en dos cuestiones muy específicas y muy concretas. Ya que otros
portavoces han hecho referencia a ellas, yo no quiero dejarlas de lado
porque no siendo seguramente lo fundamental para el proceso de
construcción europea, sí son importantes para las posiciones políticas de
nuestro país. Me estoy refiriendo al Estatuto permanente para Canarias en
donde en el texto de la Presidencia holandesa yo creo que no queda
garantizado el que las figuras que tiene Canarias en estos momentos de
ayudas a su economía y a su especificidad figuren de manera permanente,
como bien ha dicho ya el Ministro.

En cuanto al proyecto de declaración de regiones insulares yo quisiera
que me dijera si lo considera vinculado con el artículo 130 A, aquel que
dice que la Comunidad



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se propondrá en particular reducir las diferencias entre los niveles de
desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas,
que se introduce, menos favorecidas, incluidas las zonas rurales. Creo
que es de especial importancia para la claridad política y de información
que se pueda transmitir a los territorios insulares de España.

Respecto del asilo voy a solicituarle una concreción al señor Ministro
dada la magnanimidad de la que ha hecho gala.Yo estoy de acuerdo en que
esos elementos no deberán ser de discrepancia política, pero comprenderá
usted que la responsabilidad política existe en diferentes grados y que
este humilde portavoz que les habla no puede ser igual de responsable que
el Presidente del Gobierno en estos casos, cuando formula propuestas y
las da como ciertas en un debate tan importante como es la presentación
de los consejos al Pleno del Congreso de los Diputados. Yo le voy a leer
lo que el Presidente del Gobierno dijo, para que no haya ninguna duda. En
una réplica, intentando especificar todavía más las dificultades que
había tenido para introducir el tema del asilo en el Consejo de Dublín,
manifestaba: Tengo que decir, señorías, que no fue fácil en absoluto
llegar a la conclusión, respecto del asilo, a la eliminación del asilo
político. Eso es lo que dijo el Presidente del Gobierno, no lo he dicho
yo.

Por lo tanto, en cuanto a la responsabilidad que asuma cada uno la que
tiene. Nosotros no queremos romper el mensaje de la necesidad que existe
de que se tomen medidas para que hechos delictivos cometidos en un país
no puedan ser objeto de protección, bajo al amparo de la figura del
asilo, en otros país de la Unión Europea, pero creemos que la
responsabilidad básica es de quien transmite ideas equivocadas. Nosotros
estamos porque las fronteras exteriores de la Unión se complementen con
una figura de inmigración y de asilo dentro de la Unión y, por lo tanto,
no con la eliminación de esta figura, sino con un nueva dimensión del
asilo en una unión política europea y en una unión ciudadana europea.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Alguna otra señoría quiere intervenir? (Pausa.)
El señor Ministro de Asuntos Exteriores tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.

Yo creo que es un tema que ya ha quedado suficientemente explicado y
sobre el que no creo que sea bueno enzarzarnos, precisamente por lo
importante que es. Lo cierto es que lo que dijo el Presidente del
Gobierno en ese debate correspondía a la verdad, al mandato que dio el
Consejo Europeo de Dublín al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y
a la Conferencia Intergubernamental. Lo que ha ocurrido después, como ya
he explicado, es que la eliminación de tal derecho implicaba unas demoras
tan grades y unas dificultades políticas tan grandes que se ha optado por
una fórmula distinta que, a juicio del Gobierno español, es aceptable y
hubiera sido mejor si se hubieran aceptado íntegramente los supuestos y
la fórmula presentada por el Gobierno. Se le ha añadido, además a la
fórmula presentada por el Gobierno español y recogida íntegramente por la
Presidencia holandesa, otro supuesto. Pero realmente no creo que ante la
tesitura de decir seguimos aquí pidiendo el todo y no aceptamos ningún
tipo de flexibilidad, o aceptamos ese gran salto hacia adelante que
supone el 90 y pico por ciento, por no decir el cien por cien de lo que
queríamos, yo creo sinceramente que no es para que sigamos haciendo de
ello motivo de desacuerdo, sino para que nos felicitemos todos, porque es
un logro de España, repito, largamente acariciado por España.

En relación a las regiones insulares, efectivamente hay, por una parte,
una mención, introducida por orden de quien les habla, donde se tenga en
cuenta la condición de isla a efectos de siempre estar cubiertos o con
base jurídica en la Unión Europea para que las islas y su vida pueda
discurrir en condiciones de equiparación y de igualdad de oportunidades
con los demás territorios insulares y continentales y, luego, está el
tema referido al 130.A que ya se refiere a islas o territorios con unas
especiales condiciones de atraso.

Finalmente, en relación con el Estatuto permanente de Canarias hay dos
cuestiones: la mención a su condición de Estatuto permanente, que por su
mención de ultraperiférica implica --valga la redundancia-- una doble
insularidad, es decir, la de ser, por un lado, isla y, por otro, la de
estar extremadamente alejada, lo que conlleva la necesidad automática de
unas ayudas, que es lo que se reconoce justamente en el texto holandés
--que se parece mucho más a la petición española, francesa y portuguesa
que el texto primitivo--, y luego los temas referidos a exenciones
fiscales y a determinados aspectos del régimen económico y fiscal, que no
tienen que ver con la cuestión ultraperiférica --que es al a que me he
referido--, a los efectos de que sea sancionada y convalidada por la
Comisión Europea, sobre la que he dado mi parecer de cómo podría
obtenerse el mejor resultado. Por lo tanto, son cuestiones diferentes.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Antes de despedir al Ministro de Asuntos Exteriores, querría recordar a
sus señorías que tenemos reunión de Mesa de Portavoces inmediantamente
después de finalizar esta sesión.

Agradezco nuevamente al Ministro su comparecencia, su paciencia, y la
información y colaboración que el Ministerio nos ha prestado en todo este
proceso.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.




Eran las trece horas y quince minutos.