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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 56, de 03/06/1997
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1997 VI Legislatura Núm. 56
DE INVESTIGACION CIENTIFICA
Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PRESIDENTA: DOÑA ELENA GARCIA-ALCAÑIZ CALVO
Sesión núm. 8
celebrada el martes, 3 de junio de 1997,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DIA:
-- Debate y votación, en su caso, de las siguientes proposiciones no de
ley:
* Sobre el «efecto 2000». (Número de expediente Senado 663/000020 y
número de expediente Congreso 161/000452) (Página 1034)
* Relativa a la adaptación de lo establecido en la Ley de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado a los Organismos
Públicos de Investigación. (Número de expediente Senado 663/000021 y
número de expediente Congreso 161/000473) (Página 1043)
--Debate sobre memoria de actividades del Plan Nacional de I+D en 1994,
así como relación de acciones financiadas en 1994. (Número de expediente
Senado 701/000027 y número de expediente Congreso 49/000045) (Página 1051)
Se abre la sesión a las once horas y treinta minutos.
-- DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE
LEY:
* SOBRE EL «EFECTO 2000». (Número de expediente Senado 663/000020 y
número de expediente Congreso 161/000452)
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías, se abre la sesión.
Vamos a proceder al desarrollo del orden del día de hoy: debate y
votación, en su caso, en primer lugar, de la proposición no de ley sobre
el «efecto 2000», del Grupo Socialista.
Para la defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Muchas gracias, señora Presidenta.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista
pretende abordar un problema que puede parecer banal --y ahora explicaré
por qué--, que puede parecer una cuestión meramente técnica, pero que,
sin embargo, podría tener --y de hecho esa es la estimación
generalizada-- unas consecuencias enormemente onerosas, por una parte, y
por otra, crear una serie de distorsiones en nuestra vida cotidiana. A
las cero horas del 1 de enero del año 2000, comienzo del último año de
este siglo, asistiremos a un fenómeno que alterará la vida de los
ciudadanos, el funcionamiento de las empresas y la actividad de las
Administraciones, y pocos ámbitos de lo público o de lo privado van a
escapar a este «efecto 2000»; porque toda la información registrada que
contenga datos de fechas: edad, caducidad, operaciones bancarias,
proyecciones socioeconómicas, acciones, substracciones o plazos que
operen con fechas, etcétera, se podría ver afectada. Una persona que
desee realizar una transacción electrónica podría encontrarse con que su
cuenta está cancelada; de hecho, algunas personas ya han tenido problemas
porque la fecha de caducidad de su tarjeta de crédito era el año 2000 y
en algunos países los cajeros automáticos le han devuelto la tarjeta. En
muchos casos, los horarios de aviones, trenes, barcos o autobuses
aparecerán en blanco; una llamada de tres minutos a las 11:59 horas del
31 de diciembre de 1999, que durase cuatro o cinco minutos, podría
reflejarse --y esto lo dice la propia compañía Telefónica de España-- en
una factura de un siglo menos tres, cuatro minutos. Esto es tan absurdo
como probable si no se adoptan medidas. Las pensiones o los préstamos
podrían sufrir las consecuencias del «efecto 2000»; las graves
distorsiones de sistemas generalizados, como salud, educación, Seguridad
Social o estadística son fácilmente imaginables. Las situaciones son tan
absurdas que muchos ciudadanos aparecerán con edades negativas y muchos
jubilados figurarán como precoces pensionistas. Pequeñas y grandes
empresas, bancos, administraciones y servicios públicos y, en
consecuencia, los ciudadanos, se verán afectados.
Estamos, por tanto, ante un problema que está causado por la falta de
visión de los seres humanos y por un simple error humano. La causa es la
siguiente: los ordenadores de los años sesenta y setenta tenían una
limitada capacidad de memoria; las tarjetas perforadas que aún se
utilizaban en los setenta sólo admitían 80 caracteres, lo que llevó a
asignar sólo dos dígitos al campo correspondiente a la fecha. El trasvase
de estos datos a ordenadores y programas más potentes no alteró la
estructura de la información que hasta finales de los ochenta computaba
«00» como 1900. Para que se pueda entender mejor, es el mismo caso de los
cuentakilómetros de los coches: tienen espacio para seis dígitos, y en el
momento en que se llega a 999.999 kilómetros, se da la vuelta al
cuentakilómetros --esto lo oímos decir algunas veces a los taxistas--, y
no ocurre nada porque el conductor y el propietario saben perfectamente
cuantos kilómetros llevan y no afecta para nada al funcionamiento del
automóvil.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, sí que tiene consecuencias
importantes. El Secretario de Estado Adjunto de Defensa de Estados Unidos
lo definía ante la Comisión homóloga de ésta en el Congreso americano
diciendo: Si un sistema concreto falla, los expertos saben cómo
arreglarlo; si un problema que es común a todos los sistemas provoca
fallos en todos ellos en el mismo instante, sería una catástrofe. La
magnitud del daño que podría producirse, de no adoptarse medidas, es
ingente: se estima que la actualización de la información en todo el
mundo podría tener un coste equivalente a unos 600.000 millones de
dólares. En la mayoría de los casos, la adaptación deberá hacerse de
forma manual, línea a línea de programación, mediante técnicas de
programación que hoy están obsoletas y que, por tanto, sólo son conocidas
por un reducido número de técnicos informáticos.
Las implicaciones legales son otra dimensión de este «efecto 2000» y
serían enormemente complejas. Las compañías o las administraciones que no
hayan resuelto un problema conocido podrían ser acusadas de negligencia y
verse obligadas a pagar al cliente y usuarios por daños ocasionados:
cuentas bancarias, pensiones, salarios, etcétera. Las empresa
suministradoras de programas y sistemas podrían ser también acusadas por
empresas y usuarios de sus sistemas por haber vendido material inadecuado
y no ofrecer soluciones a los problemas. Pero también será necesario,
especialmente en el caso de las grandes empresas, que éstas acrediten
fehacientemente haber tomado las medidas para combatir el «efecto 2000»,
ya que ello podría influir decisivamente en aspectos como su cotización
en Bolsa o la suscripción de primas de seguros con los que habitualmente
funcionan estas empresas. Hay un hecho evidente: frecuentemente vemos que
determinada marca de automóviles cita a todos los propietarios de un
modelo de un año dado, incluso aunque hayan pasado cinco o seis años de
la adquisición de ese modelo, para rectificar un defecto de fábrica, y si
esto ocurre con los coches, también podría ocurrir en el caso de los
sistemas informáticos, al margen de que hubiera caducado o no la
garantía.
Las soluciones son diferentes en cada caso, en cada aplicación, en cada
programa, y deberán afectar no sólo a las aplicaciones usadas por los
sistemas centrales de cada empresa o administración, sino también a todas
las unidades de trabajo que suministren información a dichos sistemas
centrales o que las utilicen. Es evidente que en un mundo en el
que impera una economía global y donde hay un amplio intercambio
electrónico de información es necesario que el cambio de fechas y la
adaptación se produzcan de manera coordinada. Es ya habitual en nuestro
país y en otros países que grandes empresas y empresas de cierta
dimensión envíen a las Administraciones públicas, por ejemplo, a la
Seguridad Social o a Hacienda o, incluso, a sus bancos, sus datos en
soporte magnético. Un banco como el Royal Bank de Canadá afirma tener
25.000 clientes con los que intercambia datos en formato electrónico, y
tendrían que tener todos la misma estructura, porque si no, se
producirían disfunciones.
Hasta tal punto es importante y puede afectar a sistemas que son críticos
para la seguridad de los ciudadanos, que algunas compañías aéreas
europeas y americanas han anunciado ya que no volarán en las doce horas
anteriores y posteriores a las 0:00 horas del 31 de diciembre de 1999.
Las soluciones requerirán programas --«software»-- de detección de
aquellas aplicaciones en las que se produce el problema y también de
supervisión del trasvase de datos y será necesario, por supuesto,
preservar base de datos que contienen datos anteriores al año 2000, es
decir, datos de 1980, que en el caso de los censos de población,
etcétera, son habituales.
El problema, por otra parte, no sólo afecta a los sistemas informáticos,
sino también a cualquier aparato que tenga un componente electrónico con
fecha, con vista también a la infotrónica. Me refiero, por ejemplo, a
aparatos automáticos que controlan procesos desde lo cotidiano a lo más
complejo y que, a su vez, son controlados por otros aparatos automáticos.
Podemos hablar de mecanismos de precisión, que guían satélites,
telescopios, etcétera, aviones, barcos, los sistemas de posicionamiento
por satélite, plantas de producción --ha habido ya casos de empresas de
grandes almacenes en las que se ha producido una orden de devolución de
productos porque los sistemas de control no reconocían la fecha del año
2000, por lo que consideraban los productos caducados--; ha sucedido
también en laboratorios farmacéuticos; habrá problemas en ascensores, en
muchos casos, porque los ascensores tienen un microprocesador que regula
la periodicidad de las revisiones y parece que la mayoría de los sistemas
no reconocen el 2000; lo habrá en los sistemas de las centrales
telefónicas; en equipos médicos y científicos se producirá también, como
es el caso, por ejemplo, de los marcapasos, que tienen que trasvasar a un
ordenador la información que está archivada, y la mayoría de las marcas
de los marcapasos --valga la redundancia-- no reconoce el «00» como año
2000. Lo mismo ocurre con los desfibriladores cardíacos, que también
tienen mecanismos de trasvase de información, los dosímetros nucleares,
los lectores de puertas de seguridad, las puertas de los bancos con
apertura automática, el sistema de encendido y apagado de iluminación,
termostatos, microondas, aparatos de vídeo domésticos, lectores ópticos,
tarjetas de crédito, a las que ya me he referido, etcétera. El fax, un
instrumento de lo más normal, lleva al menos un componente automático de
fecha, que se verá afectado en la mayoría de las marcas.
La preocupación por el «efecto 2000» aumenta conforme se aproxima el fin
de siglo. Un número creciente de países han creado comités para afrontar
este reto en sus aspectos técnicos, económicos y jurídicos. Diversos
parlamentos se están ocupando también del «efecto 2000». El Gobierno
británico acaba de enviar cartas a 150.000 empresas pidiendo que afronten
urgentemente el problema. El Comisario europeo Martin Bangemann ha
señalado la necesidad de abordar este problema, aunque aún no se ha
logrado una acción concertada de todos los países de la Unión Europea.
En España, hasta ahora, la atención que se ha prestado al problema ha
sido bastante reducida. Se han producido algunas referencias en prensa
diaria o algunos artículos en medios especializados que, en general,
hacen referencia a las informaciones que proceden del otro lado del
Atlántico. En Francia se está despertando también ahora el interés y la
preocupación. En España, por ejemplo, una empresa como Caja Madrid
informa que estima que el coste de adaptación al 2000 se va a situar
entre 1.500 y 2.000 millones de pesetas y va a requerir unos 50
informáticos trabajando de aquí al año 2000. Telefónica ha anunciado
también que les va a costar varios cientos de millones, pero Telefónica
ya ha iniciado algunas acciones y acaba de cerrar un contrato con Indra
para evaluar el problema en sus aplicaciones, cuantificar el impacto y
proponer soluciones. Ello irá seguido por dos proyectos piloto para
evaluar el coste en tiempo y en dinero y una tercera fase con un programa
dirigido a la red de Telefónica, es decir, a todas las centrales
establecidas en todos los puntos de la geografía nacional, que, en
principio, se ven también afectadas por el mismo problema.
La estimación de los costes que originará el «efecto 2000» oscila
enormemente porque, de hecho, el grado de análisis que se ha realizado en
los sectores público y privado todavía dista de ser el necesario. En el
Reino Unido los expertos estiman que se va a situar en torno a los 20.000
millones de libras, es decir, unos 5 billones de pesetas. En España los
expertos calculan que podría muy bien situarse en torno al billón, es
decir, un 15 por ciento de lo que gastaremos este año en pensiones o todo
el presupuesto del Ministerio de Educación, unas 25.000 pesetas
aproximadamente por español. La mayoría de las empresas que están
desarrollando tecnología y formando expertos para afrontar el problema
son norteamericanas, por lo que existe una alta posibilidad de que el
«efecto 2000» incremente también considerablemente nuestro déficit
tecnológico, comercial y financiero.
Es cierto, por otra parte, que muchas empresas van a computar la
inversión necesaria para afrontar el «efecto 2000» como parte de sus
procesos de renovación tecnológica, pero aquí también los expertos dicen
que aproximadamente un 50 por ciento del gasto que destinarían las
empresas en renovación tecnológica informática de aquí al 2000 va a ser
absorbido por los programas de resolución del «efecto 2000».
Este coste, además, va a incrementar, según dicen todos los expertos,
conforme se aproxima el año 2000. Se calcula que, dado el escaso número
de expertos en estas técnicas de programación, Cobol, etcétera, que
existen en el mundo, su cotización va a ir aumentando, doblándose cada
año de manera que en el año 2000 se habrá multiplicado
prácticamente por siete.
Algunos países han ido tomando medidas. Las de Estados Unidos son quizá
las más conocidas, pero hay otras no menos importantes: en Australia se
han dictado normas para los suministradores del Gobierno y una serie de
cuestionarios para saber si las empresas que suministran al Gobierno
cumplen con la norma 2000 o, si no, cuándo estará disponible una nueva
versión adaptada del producto o si estará a tiempo para el año 2000.
Las modificaciones introducidas, por otra parte, deberán ser puestas a
prueba durante varios meses --algunos dicen que durante un año-- para
garantizar su propia fiabilidad y la interacción con otras aplicaciones
con las que se relacionan en los datos. Van a afectar también a los
ciudadanos en cuanto consumidores. Ya me he referido anteriormente a la
cantidad de aparatos de nuestra vida cotidiana que pueden estar afectados
por el problema. En el caso de los ordenadores personales, por ejemplo,
se calcula que el 80 por ciento del parque actual no cumple con los
criterios del año 2000; no reflejaría el año 2000 como un año real, lo
cual no es especialmente grave para nuestro uso del ordenador, pero es
como si en un coche no nos funciona la radio, simplemente, pero no es
positivo y habrá que hacer algún gasto para solucionarlo.
Más preocupante es quizá que el 50 por ciento de los ordenadores vendidos
en el primer trimestre en España no cumplen con los criterios del año
2000; que los ordenadores que se acaban de instalar, por ejemplo, en el
Congreso de los Diputados tampoco los cumplen, por no ir más atrás y
recordar que todas las bases de datos de iniciativas legislativas,
etcétera, de esta Cámara o del Congreso de los Diputados tendrán que ser
también modificadas para su adaptación al año 2000.
Hay otro aspecto importante que se solapa, de alguna manera, con el
«efecto 2000», que es la necesidad de adaptación de los sistemas
informáticos y de las bases de datos al euro. Como saben ustedes, ha
habido informaciones en las que algunas empresas planteaban que la
introducción del euro y su contabilidad respecto a la peseta con varios
decimales va a requerir modificaciones de sistemas informáticos y
renovación tecnológica. Nos interesaría saber en qué medida estas dos
cosas se van a solapar y si pueden cubrir unos gastos con el necesario
proceso de renovación que va a requerir el euro.
Hay otro aspecto que es también importante y que hemos introducido como
una enmienda en nuestra proposición, que es la necesidad de una norma.
Las empresas y las administraciones están reaccionando y dando nuevos
diseños a la estructura de sus nuevos datos. Tiene que haber una
estructura homogénea. La norma por la que se inclinan la mayor parte de
los expertos y la mayor parte de los países que están aplicando ya
medidas de homogeneización no es la norma de convertir el «00» en 2000,
sino la norma: siglo, año, mes y día. Sería importante que el Gobierno
publicase una norma que fuese homogénea.
Es un problema tan importante y que va a tener una repercusión tal en los
ciudadanos, que, por ejemplo, el Estado de Nebraska, en Estados Unidos,
ya ha introducido un impuesto de dos centavos sobre el tabaco, y yo estoy
seguro de que la señora Presidenta apreciará la importancia y la gravedad
de este hecho.
Finalmente, señora Presidenta, si alguna falta hay en esta iniciativa, es
una que podría considerarse egoísta. A finales del mes de abril, en una
revista inglesa se decía que el rumor que corría en Londres era que los
conservadores británicos estaban buscando la derrota porque sabían ya que
el coste de afrontar el problema del año 2000 derribaría a cualquier
Gobierno. Nosotros no queremos que pase esto en nuestro país. Queremos
que caiga el Gobierno, pero no por esta vía; lo haremos nosotros mismos,
y por tanto, con independencia de cual sea la fuerza política que en el
año 2000 tenga el respaldo mayoritario de los ciudadanos, creemos que es
necesario actuar desde ahora, ya que el tiempo disponible para aplicar
soluciones es muy limitado, menor aún si se tiene en cuenta que todo
retraso en adoptar decisiones, en concienciar a los afectados, redundará
en un mayor coste para los ciudadanos.
Es por esto que hemos presentado esta proposición no de ley, en la que se
pide al Gobierno que remita en un plazo de dos meses a la Cámara, en este
caso a esta Comisión, un informe que contemple un estudio detallado de
las consecuencias del «efecto 2000» en las distintas administraciones,
ministerios y empresas públicas, etcétera; la incidencia en los
principales ámbitos de la actividad pública y en los grandes sectores de
la actividad privada, incluyendo la evaluación de los costes de
adaptación o reforma de los sistemas actuales, así como, hemos añadido a
través de una autoenmienda, su relación con la introducción del euro.
Y en segundo lugar, que el Gobierno presente en la misma fecha un plan de
acción, con medidas de carácter nacional y acciones en el ámbito de la
Unión Europea para afrontar el «efecto 2000»; plan de acción que deberá
contener también acciones de desarrollo tecnológico y mecanismos de
asesoramiento a los afectados, tanto en aspectos técnicos como en los
jurídicos del problema.
Finalmente, hemos introducido otro párrafo, por vía de enmienda, en el
que pedimos que el Gobierno a la mayor brevedad promulgue los criterios
de una norma homogénea.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estrella.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una del
Grupo Popular y otra del Grupo Socialista. Independientemente de que el
Grupo Parlamentario Socialista ha ido defendiendo sus enmiendas a lo
largo de la exposición, tendrá, si así lo desea, su turno
correspondiente.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular y para la exposición de su punto de vista, tiene la palabra su
portavoz, señor Rodríguez Espinosa.
El señor RODRIGUEZ ESPINOSA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
defender la enmienda que mi Grupo ha presentado a la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al «efecto 2000» y que acaba de defenderse en esta
Comisión.
La enmienda, cuyo tenor literal tienen todos los grupos, pretende, ante
todo, complementar y completar la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, incluyendo un tercer punto que haga mención al impacto del
euro en los sistemas de información, aspecto éste, en nuestra opinión,
fundamental en cualquier previsión informática que se haga en España en
los próximos años y hemos visto que el propio Grupo Parlamentario
Socialista, a través de la enmienda que se ha autopresentado, también
incluye. Por lo tanto, nos felicitamos de la coincidencia.
Mi Grupo entiende que esta adición no sólo mejora la iniciativa del Grupo
proponente, sino que de alguna forma la justifica. Y digo que la
justifica porque las acciones que sobre el «efecto 2000» viene realizando
el Gobierno, como seguidamente expondré, hacía innecesaria esta propuesta
o por lo menos la despojaría de ese cierto sabor catastrofista que en el
preámbulo de la proposición no de ley se nos indica.
Efectivamente, el contenido de la proposición no de ley no hace sino
incidir en un problema para el que se están abordando en múltiples
ámbitos tanto su análisis como la puesta en marcha de actuaciones frente
a sus implicaciones. El propio texto de la proposición no de ley resulta
poco innovador al limitarse a exponer y ratificar un problema ya
percibido y a enumerar unas medidas que ya se están adoptando o se han
iniciado en la actualidad. Pero no es deseo de este Diputado minusvalorar
la iniciativa, sino recordar a sus señorías que el marco legislativo
establecido sobre el particular garantiza y obliga a la adopción e
instrumentalización de las medidas adecuadas.
Y a este respecto, recuerdo también a sus señorías que el Real Decreto
2.291/1983, de 28 de julio, sobre órganos de elaboración y desarrollo de
la política informática del Gobierno crea el Consejo Superior de
Informática como órgano encargado de la preparación, elaboración,
desarrollo y aplicación de la política informática del Gobierno y
precisamente en su artículo 2.2 establece que del Consejo Superior de
Informática dependen las comisiones especializadas y las comisiones
ministeriales de informática, que a la sazón, como sabe su señoría, son
las siguientes: la Comisión interministerial de adquisición de bienes y
servicios informáticos (Ciabsi), creada mediante el artículo 5 del citado
Real Decreto, a la que corresponde, entre otros, informar cualquier acto
y contrato relacionado con los bienes y servicios informáticos de los
departamentos y organismos de la Administración.
En segundo lugar, la Comisión nacional para la cooperación entre las
Administraciones Públicas en el campo de los sistemas y tecnologías de la
información (Coapsi), creada por orden del Ministerio de Administraciones
Públicas, de 19 de febrero de 1990, y el Grupo de usuarios de
telecomunicaciones en la Administración (GTA), creada por orden del
Ministerio de Administraciones Públicas de 28 de septiembre de 1993, que
actúa como órgano de coordinación del uso de las telecomunicaciones en la
Administración General del Estado.
Ante esta realidad normativa, el Gobierno, a través del Consejo Superior
de Informática y sus comisiones especializadas, ha llevado un conjunto de
acciones tendentes tanto a concienciar de la necesidad de adaptar los
sistemas de información como a plantear diversas acciones y estrategias
que eviten los problemas que se avecinan. Entre ellas, podemos citar las
actuaciones que el Ministerio de Industria y Energía está realizando en
coordinación con el Consejo Superior de Informática, radicado en el
Ministerio de Administraciones Públicas en las unidades adscritas a este
Departamento, donde se están adoptando ya las medidas necesarias en
relación con el «efecto 2000».
Así, por ejemplo, las empresas pertenecientes a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales llevan ya tiempo preparándose para evitar
dicho efecto. En el mismo sentido, el sistema informático del centro para
el desarrollo tecnológico industrial está preparado también para este
evento del año 2000. Por su parte, la oficina española de patentes y
marcas viene realizando en los últimos años actividades en relación con
el citado efecto y que continúan en ejecución.
Por otro lado, en lo que se refiere a la incidencia del «efecto 2000» en
los principales ámbitos de actividad privada, se conocen diversas
iniciativas de empresas de «software» y grandes usuarios para hacer
frente al problema, buscando soluciones eficaces en costo. En concreto,
el programa Esprit de la Unión Europea acaba de conceder una subvención
importante a un consorcio europeo en el que participa la Confederación
Española de Cajas de Ahorro, dedicado a los sistemas de información
necesarios para afrontar el «efecto 2000» y la futura introducción del
euro. La propia Sedisi, Asociación española de empresas de tecnología de
la información, ha creado un grupo «ad hoc» sobre esta materia. Por otra
parte, el Gobierno no descarta apoyar cualquier tipo de iniciativa o tipo
de campaña que sobre el particular contribuyan a la sensibilización.
No obstante, el Gobierno no sólo se ha preocupado del llamado «efecto
2000», sino que está estudiando en profundidad las implicaciones que
sobre los sistemas de información tendrá la introducción del euro. Y a
este respecto conviene recordar que el Real Decreto 367/1997, de 14 de
marzo, de creación de una Comisión interministerial de comisiones
ministeriales para la coordinación de las actividades relativas a la
introducción del euro, establece un marco normativo que regula la
actuación de la Administración de cara a la adopción de importantes
medidas para asegurar el éxito del cambio. Tal y como se indica en el
párrafo segundo de la exposición de motivos de este Real Decreto, la
sustitución de la peseta por el euro supondrá una transformación de tal
envergadura y complejidad que se exigirá de las Administraciones públicas
la actuación en una gran multitud de frentes no sólo como impulsoras de
su propio cambio interior, sino también como catalizadora del proceso
frente a otros agentes sociales.
Conscientes de estos problemas, el Consejo Superior de Informática por
medio de sus comisiones especializadas ha participado en los foros
comunitarios y nacionales y ha elaborado líneas de acción para mitigar el
llamado
«efecto 2000» y la introducción del euro en los sistemas de información.
Estas acciones, y con el fin de tranquilizar a sus señorías, las puedo
resumir en los siguientes puntos:
Primero, participación en el Grupo Citi para el estudio del «efecto 2000»
euro desde el 26 de junio de 1996.
Segundo, información en el pleno de Ciabsi, de 21 de marzo de 1996, sobre
el impacto del cambio de siglo en el equipo lógico en uso en la
Administración General del Estado.
Tercero, informe al pleno de Ciabsi, de 18 de diciembre de 1996, sobre la
adopción de los sistemas de información de la Administración del Estado a
la entrada en vigor del euro.
Cuarto, nota informativa al pleno de Ciabsi, de 29 de enero de 1997,
sobre el problema del año 2000.
Quinto, informe al pleno de la Comisión ministerial de tecnologías de la
información y de las comunicaciones del Ministerio de Economía y
Hacienda, de 30 de enero de 1997, sobre el impacto del euro en los
sistemas de información. En esta comisión y a petición del Presidente se
ha acordado diseñar un cuestionario para determinar la amplitud del
problema a resolver y adoptar las medidas oportunas para afrontar los
cambios necesarios.
Sexto, aprobación en el pleno de la Ciabsi, de 20 de febrero de 1997, de
la cláusula-tipo de referencia para prever y garantizar la ausencia de
errores derivados de programas en tratamientos inadecuados en el manejo
de fechas y la elaboración y difusión de un cuestionario que permita
evaluar el impacto del euro en los sistemas de información.
Séptimo, participación en la reunión del 20 de marzo, convocada por la
Comisión Europea, en concreto por la Dirección General de Asuntos
Económicos y Monetarios, sobre la Unión Económica Monetaria y la
informática administrativa.
Y por último, el informe al pleno de Ciabsi, de 21 de marzo de 1997,
sobre adaptación de los sistemas de información al euro y al año 2000. En
esta Comisión se acordó incluir de forma sistemática un punto en el orden
del día denominado: «Adaptación de los sistemas de información al euro y
al año 2000».
Queda, pues, clara, en nuestra opinión, no sólo la preocupación sino la
actuación del Gobierno. No obstante, la formalización de esta inquietud a
través de la presentación en la Cámara de un informe y de un plan de
acción puede suponer la concreción y ordenación de las actividades
diversas que se están desarrollando a tal fin, y en este sentido puede
ser positiva esta iniciativa, aunque precisamente por ampliar su campo de
acción a los efectos del euro, entendemos que deben suprimirse los plazos
que figuran en los puntos 1 y 2 de la iniciativa originaria en aras a
buscar que el Gobierno adopte las medidas adecuadas con serenidad y
sosiego para que éstas sean eficaces.
En consecuencia con lo expuesto, nuestro Grupo apoyará esta iniciativa si
se nos admiten las enmiendas presentadas. Si no fuera así, lamentándolo
muchísimo, tendríamos que abstenernos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Espinosa.
¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora de Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señora Presidenta.
Quisiera muy brevemente fijar nuestra posición.
Nos parece oportuna la proposición que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista teniendo en cuenta la influencia de lo que se ha
dado en llamar el «efecto 2000», es decir, los cambios que se van a
producir y la necesidad de prevenir los efectos de esos cambios en todos
los ámbitos y también en el del asesoramiento en todos los terrenos.
Al mismo tiempo quisiera decir que las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular nos parecen oportunas aunque no puede decirse que
aporten mucho. Sin embargo, el Gobierno, como es natural, es muy dueño de
pedir a las Comisiones los informes correspondientes; y cuando se le está
pidiendo al Gobierno que presente al Parlamento un informe en un plazo
determinado, lo que en realidad se le está pidiendo es que ese informe
sea detallado y tenga el asesoramiento de los organismos con que el
Gobierno cuenta para esos fines.
De la misma manera tengo que decir que nos parece que con estas enmiendas
se deja en el aire en cierto modo la efectividad de la proposición
presentada puesto que creemos que el plazo de dos meses es excesivamente
reducido. En cualquier caso, deberíamos fijar algún plazo.
Por eso mismo yo insto, tanto al Grupo proponente como al enmendante, a
que intenten ponerse de acuerdo puesto que cualquier proposición que se
plantee sin ninguna fijación en lo que a fechas se refiere a veces lleva
a que quede olvidada sine die. Pero no digo que eso ocurra en este caso;
no quiero decir que el Gobierno no vaya a tener en cuenta esta cuestión
ya que eso sería absolutamente suicida. En todo caso, creo que el
Parlamento y esta Comisión deben conocer esos informes dentro de un plazo
concreto.
Por esta razón, en caso de que no se fijara un plazo, el Grupo Mixto se
vería obligado, aun entendiendo las enmiendas que se han presentado
--hemos notado la falta de esa fijación en ambos planteamientos, en el
del Grupo Parlamentario Socialista y en el del Grupo Popular--, decía no
que nos veríamos obligados a apoyar la proposición del Grupo Socialista,
no sin antes insistir en que nos hubiese parecido adecuado que se tuviera
en cuenta que en el llamado Estado de las Autonomías, en el Estado
español, hay unas nacionalidades y unas regiones que también tienen un
peso específico y una problemática específica, motivo por el cual en
cualquier caso deberían intervenir junto con el Gobierno central a la
hora de tomar las medidas adecuadas en cada uno de los ámbitos que se han
propuesto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora De Boneta.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra su portavoz, señor
Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quisiera fijar brevemente la posición del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria en este interesantísimo tema relativo al umbral del año
2000.
Nosotros consideramos que la proposición no de ley que ha presentado el
Grupo Parlamentario Socialista es positiva. Supone un avance legislativo
por lo que tiene de constructivo, aunque eso no quiere decir que sea la
panacea y lo perfecto, pero sí era necesario que se trajese a esta
Comisión Mixta Congreso-Senado este tema.
Nosotros no consideramos, como ha dicho con modestia el portavoz
socialista en su intervención, que esto sea algo banal. Es una cuestión
importantísima. Lo consideramos trascendental para toda la humanidad,
para todo el globo terráqueo.
Es verdad que se trata de un efecto originado por el progreso. Es cierto
que la ciencia avanza que es una barbaridad, pero ha avanzado tanto que
por la existencia de la cibernética y de la informática tenemos este
problema. Si no se hubiese progresado tanto no tendríamos ahora este
problema; llegaríamos al año 2000 sin más. Pero lo cierto es que tenemos
este problema como consecuencia de que hemos aceptado gustosa, positiva y
favorablemente los avances tecnológicos.
Por tanto, los razonamientos y detalles que se han dado los considero
aceptables. Por ejemplo, en lo que respecta a mi persona, el que se diga
que los pensionistas podrán volverse más jóvenes, en teoría al menos, me
agrada mucho aunque en la realidad no sea así y se trate de una cuestión
sólo aparente. De todos modos, no cabe la menor duda de que se van a
producir efectos negativos, distorsionantes, molestos en la vida
económica, financiera, mercantil, social, etcétera.
También considero que en la proposición no de ley deberían haberse
recogido las iniciativas del Gobierno, y es que el trabajo que viene
realizando el Consejo Superior de Informática no es baladí, es un trabajo
sistematizado que, conjuntamente con el sector privado, y ojalá también
--como se ha dicho aquí por la portavoz del Grupo Mixto-- con la
colaboración de las Comunidades Autónomas, que son innegables en el mapa
político español, debería haberse recogido en ese Preámbulo tan detallado
y tan agradable de la proposición no de ley. Deberían haberse recogido
esos trabajos, esas actividades que se están haciendo en la actualidad en
nuestro país.
Pero también me parece acertadísimo que se haya hecho alusión al año
2001, fecha de la entrada definitiva en la Unión Monetaria, si es que
esto se cumple, porque a tenor de los últimos acontecimientos políticos
en nuestro país vecino es posible que se flexibilicen criterios y plazos
a este respecto. Pero no es ésa la cuestión ahora puesto que todos están
conformes en que para constituir esa meta de globalización económica hace
falta una Europa fuerte y unida ante la presencia de economías
potentísimas como son la norteamericana, la china o la japonesa por
ejemplo. Pero la cuestión está también en que hay unos plazos a respetar
y unas adaptaciones, no solamente contables sino contractuales y
financieras en la aplicación del euro. Nosotros vemos muy bien esta
enmienda que alude al euro. Por otra parte, también consideramos que ese
plazo de dos meses es muy breve.
La magnitud del problema no nos permite acordar que dentro de unos meses,
en septiembre, cuando pase el verano, podamos tener aquí el informe.
Seamos sensatos y tengamos en cuenta cómo se está trabajando en esto.
Demos un margen a la actuación del Gobierno, que ya está en ello.
Por eso, Coalición Canaria va a apoyar esta proposición no de ley con las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra su portavoz, señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Creo que esta proposición no de ley es de gran sentido común y muy útil y
práctica. Por tanto, en principio nuestro Grupo la va a apoyar. Pero dado
que existe también la propuesta realizada por el Grupo Parlamentario
Popular, en la que creo que también se hacen aportaciones de carácter
práctico, me voy a limitar en mi exposición a sugerir un acercamiento que
se puede dar entre los portavoces y los grupos.
En primer lugar, la importancia de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista está precisamente en que fija un plazo, lo que
no figura en las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y creo que
para este informe no debería de fijarse el plazo de dos meses propuesto
por el Grupo Parlamentario Socialista, dado que en estos momentos es
prácticamente imposible poder cumplirlo porque estamos en el mes de junio
y entramos ya en un período inhábil. El próximo período de sesiones que,
además, termina con el año, sería una fecha más adecuada, precisamente
para comenzar 1998 con el informe bien elaborado y con los últimos datos
recogidos. Por tanto, invitaría al Grupo Parlamentario Popular a que
incluyera este tipo de fechas entre sus enmiendas o aceptara las
propuestas del Grupo Parlamentario Socialista de que hubiera una fecha,
la cual coincidiera con el próximo período de sesiones.
En segundo lugar, creo que la importancia de la proposición del Grupo
Parlamentario Popular reside en que concreta quién debe de elaborar el
informe y estamos de acuerdo en que sea la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología y el Consejo Superior de Informática quienes lo
hagan para remitirlo a esta Cámara en el próximo
período de sesiones. Creo que de esa forma se llega a concretar quién
elabora y qué informe se debe de elaborar.
A tenor de las sugerencias realizadas por los compañeros que me han
precedido en el uso de la palabra, yo también creo que se debería de
incluir en ese informe de la Comisión Interministerial todos aquellos
trabajos similares que se están realizando en las Comunidades Autónomas,
sobre todo y fundamentalmente por una visión de coherencia y de
coordinación.
Desde este punto de vista animaría a los dos Grupos a que acercaran sus
posturas y pudiéramos hoy aprobar una proposición no de ley conjunta que
incluyera los aspectos que he señalado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Después de haber escuchado con mucha atención a la Senadora y al Senador
que me han precedido en el uso de la palabra, me parece, no sé si por lo
menos oportuno pero sí de interés, hacer notar a todos ustedes que
seguramente el «Diario de Sesiones» de esta Comisión formará parte de la
crónica documentada de la mitología de la historia del ser humano.
No sé si se han dado cuenta --yo creo que sí, aunque no han hablado de
ello-- de que es casi mágico que hoy estemos rememorando los ancestrales
miedos del ser humano ante la entrada de un nuevo milenio. Es casi
mágico, pero para mí es aleccionador que la llegada del segundo milenio
lleve aparejada los miedos a las máquinas casi pensantes que han sido
creadas por hombres y por mujeres sabias.
El tono pseudoapocalíptico de algunos Diputados que me han precedido en
el uso de la palabra demuestra aquellos puntos de la mitología que
señalan nuestros miedos y la historia de la civilización del ser humano.
Señalan también la casi venganza de la máquina inteligente sobre su
propio creador, y esto forma parte de la historia de la creación y de
todos los libros sagrados más antiguos.
En todo caso, lo que estamos tratando hoy aquí forma parte como una
reliquia de la historia de la máquina pensante e inteligente, cuando en
los primeros días del año 1951 cada «bit» era el almacén de datos del
ordenador y era como un tesoro precioso. Es cierto, como se ha dicho
anteriormente, que gran parte del «software» existente no va a reconocer
--qué venganza-- que cuando desaparezca el año 1999 le debe seguir el año
2000.
Esto ocurre simplemente porque aquellos hombres y mujeres sabios
incluyeron en un código, en un tipo de escritura, en unos programas marco
muy importantes, un viejo lenguaje --ahora ya lo es--, el Cóbol, que no
tiene documento y que se equivocó. Por eso cada 50 líneas aparece el
reloj del tiempo, lo que casi imposibilita analizar estos viejos
programas --sólo de casi 50 años-- y reescribir todas sus líneas.
Es cierto, como aquí se ha dicho, que podría haber una especie de
cataclismo, si no fuéramos nosotros todavía hombres y mujeres. Todavía
quedan algunos sabios y sabias. Los pasos a nivel, el tráfico aéreo, las
nóminas, las tasas, los semáforos, todo aquello que ustedes han dicho, no
funcionaría.
Europa está tan atareada tratando de introducir el gran cambio del euro,
de la moneda única sobre todo en la Europa Continental, que la
información existente que tenemos es que nadie se está ocupando de este
problema. Pero sí sabemos que hay compañías de «software», que son los
nuevos tecnólogos que antes eran los sacerdotes, que están buscando
soluciones y las están vendiendo. Esto sólo significa que va a costar
dinero y horas de trabajo, pero estoy segura de que no va a haber
cataclismos, que el Gobierno del Estado español no lo va a permitir y que
las empresas tampoco se van a permitir perder a sus clientes a través de
una máquina.
Se dice al respecto que hay dos tipos de persona: los que no están
trabajando en el problema que no se sienten preocupados, y los que sí lo
están haciendo que están aterrorizados. Felizmente, yo creo que el coste
del año 2000, como se ha dicho aquí, no va a ser el impacto 2000. Quizá
el gran problema del año 2000 va a ser qué costes sociales tiene la
unidad de Europa y cómo vamos a hacer para que no se modifique el llamado
Estado del Bienestar.
Ante todo lo que se ha dicho aquí --que es cierto, pero que estamos
seguros de que se va a solucionar--, si no se llega a un consenso, esta
vez nosotros vamos a apostar por el Gobierno del Estado español porque es
el primer interesado en que no haya un cataclismo en toda la máquina
administrativa, en la máquina económica, en el sistema vertebral de este
Estado.
Por tanto, nosotros esperamos que se llegue a un consenso, a una
transacción si es necesario y, si no, nosotros vamos a dar nuestro voto
de confianza al Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gil i Miró.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Santiso del
Valle.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente para fijar nuestra posición. Vamos a
apoyar la proposición no de ley, entendiendo que es efectivamente un
problema de actualidad, un problema importante, pero que también es
verdad que nosotros relativizamos su efecto sobre los propios ciudadanos,
salvo que a los trabajadores al día siguiente de esta fecha fatídica les
vayan a poner los salarios del año 1900, lo que realmente nos
preocuparía. Pero creemos que no va a ser así y que, por tanto, siendo un
problema grave, si tuviera la magnitud que se trasluce de la exposición
de motivos nos sorprendería que no se hubiera empezado
a trabajar en él hace ya 10 o 15 años. Creemos que esto no es así, que
efectivamente habrá una competición por colocar las soluciones, es decir,
quién la coloca más barata. Habrá una economía de mercado ágil que
funcionará e incluso ya hay programas que ofrecen soluciones
relativamente baratas.
Por tanto, creemos que sí que es importante conocer en esta Cámara y en
esta Comisión el alcance real, poder evaluarlo e intentar que el Gobierno
se preocupe precisamente de que ese impacto económico no se traduzca en
costes muy altos que puedan producir recortes en otros ámbitos de los
Presupuestos Generales del Estado, etcétera.
Por consiguiente, nuestro Grupo va a apoyar esta proposición no de ley.
Nos parece que es una pequeña venganza de la técnica, que demuestra cómo
grandes soluciones o ayudas pasan de repente factura, quizá por no
pensar; es decir, a la hora de buscar soluciones a veces falta pensar en
el futuro y demuestra que se busca una solución práctica, muy útil, pero
que no tuvo en cuenta al cabo de 50 años qué podía suceder. Yo creo que
esto es una pequeña venganza, que también es una lección y que, además,
hace humana a la máquina, cosa que me parece muy importante no perderla
de vista.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santiso del Valle.
Por el Grupo proponente, tiene la palabra el señor Estrella para la
defensa de sus propias enmiendas si así lo estima y si no, en todo caso,
para aceptar o rechazar las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Si me lo permite, señora Presidenta, haré las
dos cosas a la vez, aprovechando para decir algo que antes olvidé, y es
que hemos hecho llegar a la Mesa y a los grupos parlamentarios un
documento que es un cuestionario de lo que, a nuestro juicio, debiera
contener la información que remita el Gobierno a la Cámara. Es un
documento meramente indicativo, no pretendemos que se discuta ni que se
vote, sino simplemente, si la Presidencia no tiene inconveniente, que se
acompañe como documentación adjunta sin más relevancia, ni mayor
intención, ni mayor obligación para el Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Señor Estrella, así se hará y lo repartiremos a los
portavoces de los grupos parlamentarios, porque hay alguno que no lo
tiene en este momento.
Puede continuar, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Las autoenmiendas que hemos presentado las
hemos explicado anteriormente y solamente voy a hacer un par de
comentarios sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
aclarando, en primer lugar, que yo no he dicho en ningún momento que sea
un problema banal, sino que a algunos les puede parecer un problema
banal.
De las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y sobre todo de la
exposición que ha hecho su portavoz, se desprende que parece ser que el
Gobierno está haciendo bastantes cosas en este ámbito, lo cual entiendo
que le permitiría mandarnos cuanto antes esa información a la Cámara. Si
el Gobierno parece tener tanta información ya sobre este tema yo creo que
podría compartirla perfectamente, no ya con la Cámara o con esta
Comisión, sino con la sociedad española, porque este problema lo que
requiere es sobre todo transparencia en la información y concienciación
social y empresarial. Si uno navega por Internet puede encontrar
absolutamente toda la información de lo que están haciendo todos y cada
uno de los Ministerios en Australia, en el Reino Unido, en los Estados
Unidos, en Noruega, etcétera; éste es un factor importante para que se
resuelva el problema y se haga de la manera más eficaz y menos costosa.
Yo no conozco, hasta ese Real Decreto al que ha hecho referencia el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ningún documento ni declaración
pública; no había ninguno en la fecha en que presentamos el texto de esta
Proposición no de ley.
Señora Presidenta, entiendo que las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, aunque están estructuradas en una sola página y
como un solo texto, suponen, por una parte, la adición de un párrafo
nuevo, por otra, la supresión de dos líneas en el punto uno y en el punto
dos la simple adición de un párrafo nuevo, más luego el tercer punto, que
es un párrafo nuevo. No entiendo que sea una enmienda total de
sustitución, sino que, yendo punto a punto, lo que hace el Grupo
Parlamentario Popular es, por una parte, suprimir un párrafo --que ése sí
que es banal, es accesorio-- y, por otra, añadir exclusivamente en el
punto dos un párrafo y añadir un punto tres que coincide con el que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista en su intencionalidad,
objetivo y contenido, sólo que añadiéndole esa referencia a la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología y al Consejo Superior de
Informática, algo a lo que nosotros no nos vamos a oponer, pero nos
parece que no corresponde al Parlamento decir qué órgano de la
Administración o relacionado con la Administración tiene que realizar los
informes. Es como si aprobásemos una proposición no de ley pidiendo al
Gobierno que remita una ley y le dijéramos: previa consulta al Consejo de
Estado, etcétera; nunca lo hemos hecho. Es como si aprobásemos una
proposición no de ley pidiendo al Gobierno que nombre al Fiscal General
de la Audiencia Nacional y dijéramos: previa consulta a la Junta de
Fiscales; no se nos pasaría por la cabeza. Ahora bien, si el Grupo
Parlamentario Popular tiene interés en que eso quede manifiesto y claro,
entre otras cosas para poner de relieve el papel que tienen estos
órganos, no vamos a ser nosotros los que pongamos inconveniente a ello,
pero recordando que en realidad es el Gobierno al que le tenemos que
pedir la información y el Gobierno ya la buscará y hará las consultas que
tenga que hacer en cualquier caso.
Si me lo permite la Presidencia, querría comentar algo que se ha dicho y
que es importante. Se ha hablado de que con esta Proposición no de ley
estamos repitiendo la historia, que estamos repitiendo esa sensación de
estar bajo el peso del milenio, el milenarismo. A este respecto, yo
recordaría cómo en los ciclos de la historia hubo un momento, cuando se
produjo la eclosión de la radio y de la televisión, en el que un gran
teórico de la comunicación, Marshall MacLuhan dijo la frase famosa de
estamos en la aldea global --su hijo anda ahora por ahí dando
conferencias y habla del teatro global, porque ya involucra en esa
definición las nuevas tecnologías de la comunicación--. Pero Marshall
MacLuhan escribió también otra frase que quizá sí viene al pelo en este
caso, y es aquella de que en el país de los ciegos el tuerto no es el
rey, sino un idiota alucinado. Seríamos unos idiotas alucinados si, con
independencia de cuál sea el coste real de este «efecto 2000», con
independencia de cuál sea el esfuerzo necesario, de cómo vaya a
repercutir o no, pretendiéramos simplemente ignorarlo y confiar en que la
buena voluntad de los expertos, la buena voluntad de los gobiernos baste
por sí sola para resolverlo. Hace falta en este caso concreto una
concienciación social, hace falta anticipar soluciones porque cuanto más
se retrasen irán aumentando más las costas.
Pero hay algo que es importante también: este problema nos echa por
tierra otro mito que hemos mantenido muchos de nosotros, y es que los
ordenadores eran las llamadas máquinas inteligentes. No es cierto,
simplemente los ordenadores son máquinas capaces de hacer aquello que se
les enseña a hacer, y se les ha enseñado a hacer una serie de cosas de
una manera que no va a ser posible en muchos de ellos en el año 2000. Y
aunque, evidentemente, no provocarán que los trabajadores dejen de cobrar
sus salarios, sí provocará, si no se resuelve, retrasos porque muchos de
estos procesos habría que hacerlos de manera manual, y la verdad es que
las máquinas tienen una influencia tal en la organización de nuestra vida
que hacerlo ahora manualmente crearía distorsiones importantes.
Por todo ello, en relación con las enmiendas, entendiéndolas nuestro
Grupo como enmiendas de adición --pretenden la supresión del párrafo uno
y una adición al párrafo dos y respecto al párrafo tres aceptamos
perfectamente la formulación del Grupo Parlamentario Popular porque es
como la nuestra pero le añade la coletilla de las Comisiones
Interministeriales y del Consejo Superior-- y manteniendo la otra
enmienda nuestra que hace referencia a que en el plazo más breve posible
el Gobierno adopte una norma, creemos que podría encontrarse algún
acuerdo. Ahora bien, varios portavoces han hablado de la necesidad de
establecer un plazo y nosotros mantenemos esa necesidad. Insisto en que
si el Gobierno lo tiene todo tan preparado podría traerlo en dos meses,
pero, en cualquier caso, seríamos partidarios de que apareciese alguna
referencia de plazo, o bien diciendo a la mayor urgencia, o bien diciendo
dentro del próximo período de sesiones, de manera que tengamos todos
claro que el Gobierno tiene una obligación y que esa obligación tiene una
fecha límite.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estrella.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez Espinosa,
tiene la palabra respecto a la aceptación o no de las enmiendas
fragmentadas, tal y como ha propuesto el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
No obstante, la votación de esta Proposición no de ley, así como de la
siguiente que figura en el orden del día, se realizará al final de la
sesión y en todo caso no antes de la una. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Rodríguez Espinosa.
El señor RODRIGUEZ ESPINOSA: Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, creo que es motivo de felicitarnos por cuanto
coincidimos en lo esencial de la Proposición no de ley.
Respecto a las dos cuestiones que ha planteado, por nuestra parte
entendemos que el haber resaltado el papel de la Comisión Superior de
Informática no es ni más ni menos que darle el papel que toda
institución, cuando se crea, ha de cumplir. Y en este sentido,
independientemente de que pueda interpretarse como una cierta redundancia
o una cosa innecesaria, nosotros creemos que tampoco viene mal que sea
esa Comisión, que hasta ahora es la responsable por un Real Decreto del
año 1983, la que cumpla ese papel de coordinadora.
En cuanto a la cuestión de tiempos, insisto en lo que decía antes, es
decir, que lo importante es que se haga con calidad y eficacia, más que
tener en cuenta el constreñimiento a un tiempo preciso, como en este caso
son dos meses. De ahí, que, aunque también compartamos la conveniencia de
que se fije un plazo, estemos dispuesto a aceptar lo de «la mayor
urgencia», puesto que en este sentido su señoría no ignora que los
cambios que se van produciendo al hilo de estas cuestiones, tanto en la
Unión Europea, como con las propias iniciativas privadas, como la que
señalaba antes de la Confederación de Cajas de Ahorro, sin duda pueden
alterar los planteamientos de un mes a otro. Por tanto, creo que con
recoger lo de «la mayor urgencia» ya habremos señalado esa preocupación
que la Cámara tiene en este sentido y el Gobierno, lógicamente, se vería
obligado a acelerar sus trabajos al respecto.
La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez Espinosa, ¿aceptando «a la mayor
urgencia», se entiende que fuese específico, como ha dicho en el último
momento de su intervención, el próximo período de sesiones? (El señor
Rodríguez Espinosa: ¡No!)
Muchas gracias. (El señor Estrella Pedrola pide la palabra.)
¿Sí, señor Estrella?
El señor ESTRELLA PEDROLA: Creo que diciendo «con la mayor urgencia»
todos nos entendemos y sabemos que eso es, evidentemente, dentro del
próximo período de sesiones. Simplemente, habría que buscar el lugar
donde hacer figurar la expresión «remita a la Cámara a la mayor
urgencia».
La señora PRESIDENTA: Pase después, por favor, por escrito, el texto
final que quede de la aceptación de la enmienda, para que se proceda a la
votación en su momento.
Ñ RELATIVA A LA ADAPTACION DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ORGANIZACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO A LOS ORGANISMOS
PUBLICOS DE INVESTIGACION. (Número de expediente Senado 663/000021 y
número de expediente Congreso 161/000473.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
proposición no de ley relativa a la adaptación de lo establecido en la
Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado a los organismos públicos de investigación, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señor Pérez Rubalcaba, al que vamos a esperar unos segundos,
porque ha salido de la Sala. (El señor Santiso del Valle pide la
palabra.)
¿Sí, señoría?
El señor SANTISO DEL VALLE: Voy a plantear una cuestión de orden, a
iniciativa exclusiva de nuestro Grupo, entendiendo, precisamente, que el
consenso no está lo suficientemente consensuado, a pesar del intento, que
ha resultado positivo, y aun habiendo habido un avance en las posiciones
sobre este tema. Creo que el texto --la prueba se halla en que no están
presentes los portavoces-- no está suficientemente consensuado y, dado
que este tema está provocando una amplia inquietud en el colectivo,
propondría que pudiera quedar aplazado hasta la próxima sesión, para la
que hay también una proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Popular, a fin de ver si así tenemos tiempo para afinar, porque,
sinceramente, la propuesta que se trae creo que no soluciona realmente la
inquietud existente y quizás necesitemos un poco más de tiempo.
Por tanto, propondría que este tema se retirara del orden del día de hoy
y pasara a la próxima sesión, para la que también hay una proposición no
de ley sobre la misma cuestión, a fin de ver si nos da tiempo en estos
días a alcanzar un acuerdo deseable para todas las partes.
La señora PRESIDENTA: Me gustaría atender a su petición, pero, en vista
de que todavía están debatiendo y que la facilidad y fluidez de los
parlamentarios para el debate es ilimitada, vamos a suspender la sesión
durante cinco minutos, esperando que en ese tiempo lleguen a un acuerdo.
(Pausa.)
Para la defensa de la proposición no de ley, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz el señor Pérez
Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señora Presidenta. Le agradezco
también la flexibilidad con la que está dirigiendo esta sesión que ha
permitido a los Grupos Parlamentarios alcanzar algunos acuerdos que
posteriormente podrán exponerse.
Puesto que ya tuve ocasión en la anterior sesión de esta Comisión Mixta
de explicar el sentido de la propuesta cuando justamente compareció el
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quisiera
comentar el sentido de la proposición no de ley que vamos a pasar a
discutir a continuación.
Como todas sus señorías conocen, los llamados OPI, Organismos Públicos de
Investigación, se rigen, desde el año 1986, por la Ley de la Ciencia, la
Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica en
España, ley que supuso en su momento un avance sustantivo para estos
organismos a los que se dotó de una flexibilidad tanto organizativa como
presupuestaria, acorde con las características de la actividad que los
organismos desarrollan, que no es otra que la investigación científica y
técnica; un avance --repito-- que les permitió organizarse mejor,
contratar a su personal con más autonomía, gestionar mejor su
presupuesto, adaptarse, en definitiva, a la naturaleza singular, que
singular es, de la actividad científica y tecnológica.
Esta legislación, además, al tener un carácter común entre todos los OPI
por primera vez en España, respetando las singularidades de cada uno de
ellos, permitió asimismo establecer fórmulas de colaboración y movilidad
entre su personal, camino en el que, sin duda, todavía queda mucho por
avanzar. Pero es verdad que una regulación básica común --repito-- que
respete las singularidades de cada uno de ellos debería permitir una
relación más fluida entre los distintos organismos que hoy dependen de la
Administración del Estado.
La Lofage --Ley que acaba de aprobar estas Cámaras-- ha venido a
modificar el régimen jurídico de los organismos en general autónomos y de
los entes públicos en España, y singularmente, sin duda, el de los
organismos públicos de investigación. La Lofage, entre otras materias,
suprime o reconduce toda la multiplicidad de organismos que había en la
llamada administración institucional del Estado a dos grandes tipos, los
organismos autónomos y los entes públicos empresariales. Desaparecen --es
lo que nos interesa a los efectos de la proposición no de ley que vemos
hoy-- los organismos autónomos comerciales --que era justamente la figura
jurídica que se utilizó para definir a los OPI en la Ley de la Ciencia--
y los que hasta la entrada en vigor de la Lofage tenían esa naturaleza de
organismos autónomos comerciales se ven obligados, en virtud de la
disposición transitoria de la Lofage, a pasar bien a organismos autónomos
de nuevo tipo, o bien a entidades públicas empresariales. Las previsiones
transitorias de la Lofage dan al Gobierno la posibilidad de hacer esta
adaptación mediante una norma reglamentaria en el caso en que la misma
coincida con los siguientes criterios: cuando los organismos autónomos
comerciales pasen a organismos autónomos y los entes públicos pasen a
entidades públicas empresariales, en estos supuestos la reglamentación de
adaptación se puede hacer por decreto; por el contrario, cuando un
organismo autónomo comercial quiera pasar a ser entidad pública
empresarial o cuando un ente público pretenda pasar a ser organismo
autónomo de nuevo tipo, la regulación debería hacerse por una norma de
rango de ley; igualmente una norma de rango de ley se exige en la
disposición transitoria de la Lofage cuando se pretendan hacer
adaptaciones del marco general, que esta Ley establece para los
organismos que dependen de la Administración del Estado, para reflejar
algunas singularidades que a juicio del Gobierno y posteriormente de las
Cámaras merezcan la pena ser reflejadas.
Después de la promulgación de la Lofage nos encontramos en una situación
de indefinición de los OPI que deberían adoptar una u otra de las dos
regulaciones que la Lofage permite en el plazo máximo de dos años, que la
propia disposición transitoria de esta Ley da al Gobierno para definir,
respecto a cada organismo de los actualmente en vigor, a cuál de las dos
modalidades prefiere acogerse en su regulación futura.
Es verdad que desde el punto de vista de los OPI, de los Organismos
Públicos de Investigación, seguramente nos encontramos con que ninguna de
las dos, ni organismos autónomos ni entidad pública empresarial, permite
acoger cabalmente las singularidades de la tarea que realizan, es decir,
de la ciencia, del desarrollo de la investigación científica y de la
tecnología. Así, si los OPI optaran por ser organismos autónomos, sin
duda quedaría a salvo su régimen de personal, que se mantendría como
actualmente, y también su régimen presupuestario. No olvidemos que los
OPI dependen en su mayoría y en proporciones variables de la subvención
del Estado que en la fórmula jurídica de organismo autónomo queda
salvaguardada. Pero, no obstante, en principio podría pensarse, y yo creo
que es así, que los organismos públicos de investigación perderían
autonomía en lo que se refiere a su gestión presupuestaria; pasarían de
ser lo que son ahora, organismos autónomos comerciales, a ser simples
organismos autónomos con una regulación que, a salvo de lo que
posteriormente pudiera hacerse, en estos momentos, a mi juicio y a juicio
de mi Grupo Parlamentario, llevaría a los OPI a perder una parte de la
autonomía presupuestaria que habían conquistado --si se me permite la
expresión-- en la Ley de la Ciencia.
También es cierto que, si los organismos optaran por definir los OPI como
entidades públicas empresariales, habría dificultades, sin duda, para
mantener el régimen funcionarial de una buena parte del personal, que en
este momento trabaja en estos organismos, y habría dudas más que
razonables sobre el futuro de una subvención que, tal como está redactada
la Lofage, está concebida para organismos autónomos y no para entidades
públicas empresariales, que no deben depender, siempre de acuerdo con la
Lofage, de la financiación estable de los Presupuestos Generales del
Estado.
Con todo, alguien podría decir que estas cuestiones podrían solventarse
en una ley singular --y es verdad que podría hacerlo--, lo que
seguramente no podría hacerse sería adaptar cabalmente el nombre de los
organismos a lo que los mismos hacen. Me explico. Es cierto que la tarea
científica requiere flexibilidad; no es menos cierto que esa tarea
difícilmente puede encasillarse debajo del rótulo empresarial. Es cierto
que hoy en día los investigadores trabajan en relación estrecha con el
mundo de las empresas, incluso eventualmente éstas --cada vez más, por
suerte-- financian su investigación; que los investigadores las patentan
y éstas se colocan en el mercado, pero no es menos cierto que la
investigación no puede entenderse exclusivamente como un comercio, como
un intercambio entre lo que se hace en los centros de investigación y lo
que se demanda por el sector empresarial. Es algo más complejo, y lo es
mucho más si tenemos en cuenta que la gran mayoría de nuestros OPIs
--singularmente el CSIC-- trabaja en investigación desde el carácter más
básico hasta la parte más aplicada. A juicio del Grupo Parlamentario
Socialista, ese carácter de multidisciplinariedad, por un lado y, por
otro, esa pretensión de los OPIs de «tocar» la ciencia en su conjunto,
desde la investigación más básica hasta la aplicada, debería mantenerse.
Por esa razón, al margen de cuestiones legales --sin duda
importantísimas--, al margen de las inquietudes que podrían surgir en los
centros públicos de investigación por definirse como OPIs, sin dudas
notables, creemos que también hay un problema de adecuación nominativa
--si se me permite la expresión--, de nomenclatura, que no puede pasar
desapercibida en esta Comisión Mixta.
A nuestro juicio, ninguna de las dos figuras permite una adaptación
correcta. Hay que proceder a una adaptación que, necesariamente, tiene
que hacerse por rango de ley, puesto que hay que establecer algunas
excepciones para los OPIs en relación con lo que establece la Lofage.
Esa es la razón de fondo por la que presentamos la proposición no de ley.
Somos conscientes de que hay una cierta inquietud --tampoco quiero
dramatizar-- en los centros de investigación, en nuestros laboratorios en
relación con su futuro; de que una inmensa mayoría de los que se han
pronunciado ante esta disyuntiva lo han hecho porque los OPIs sigan
definiéndose como organismos autónomos --lo han hecho los sindicatos, la
API, los institutos colegiadamente y los propios directores de los
OPIs--, tal como pudimos comprobar aquí después de la comparecencia del
Director del INTA hace dos semanas; prácticamente lo ha hecho todo el
mundo --también lo quiere hacer nuestro grupo parlamentario-- y ésa es la
razón por la que presentamos una proposición no de ley.
Pretendemos salir al paso de la inquietud que se ha podido generar en los
centros de investigación, así como instar al Gobierno a que, a la mayor
brevedad posible
--con la flexibilidad con la que esta expresión hay que interpretarla--,
se envíe al Parlamento una ley que resuelva definitivamente esta
disyuntiva en la que hoy se encuentran los organismos públicos de
investigación, y lo haga a favor de algunos criterios que recogemos en la
propia proposición no de ley, que podríamos resumir de la siguiente
manera. Aprovechemos esta ley --que necesariamente tiene que venir al
Parlamento, puesto que hay que hacer una adaptación excepcional para los
organismos públicos de investigación en relación con lo que propone la
Lofage-- para consolidar lo mucho de bueno que ha tenido para los OPIs la
Ley de la Ciencia, pero hay que dar un paso más en aquello que, unos años
después --casi once-- de aprobar la Ley de la Ciencia, se ha demostrado
que no estaba correctamente regulado y hoy lo haríamos de otra manera.
En definitiva, aprovechemos lo que la Ley de la Ciencia supuso de
autonomía organizativa, de personal, de autonomía presupuestaria para los
OPIs, pero demos un paso más en la gestión presupuestaria. Entendemos que
debemos dotarla del máximo de flexibilidad posible, porque cada vez es
más complejo gestionar un presupuesto de investigación, entre otras cosas
porque cada vez es más diverso el origen de los fondos de esa
presupuestación en materia de I+D.
En resumen, aprovechemos la oportunidad que da la Lofage, repito, para
dar un paso más en lo que es una autonomía presupuestaria para los OPIs,
que seguramente resolvería alguno de los problemas que once años después
de la aplicación de la Ley de la Ciencia se han detectado en la gestión
cotidiana de los centros.
En suma --por ahí van los criterios que recogemos en la proposición no de
ley--, y voy terminando, pretendemos que los organismos públicos de
investigación sigan definiéndose tal como establecía la Ley de la Ciencia
como organismos autónomos, lo que garantizaría que su régimen de personal
permanece constante, tal y como está actualmente --los cambios que se
quieran hacer no hace falta que se hagan mediante una norma con rango
legal--, lo que garantizaría también que su régimen presupuestario sigue
siendo el mismo, es decir, que son organismos que se financian
sustancialmente de los Presupuestos Generales del Estado, aunque no
quiere decir en modo alguno que no traten cada vez más de
autofinanciarse, entre otras cosas, mediante su relación con el mundo
empresarial, sea éste público o privado. Son organismos esencialmente
públicos que realizan una investigación de carácter interdisciplinar que,
además, no tienen límite en cuanto a las características de esa
investigación, que puede ser desde la más básica a la más aplicada.
Creemos que ésa es la riqueza singularmente de los organismos del Consejo
que deberíamos preservar en el futuro texto legal.
En segundo lugar, pretendemos --como decía anteriormente-- que esta
regulación tenga un carácter común --añadiría razonablemente común--. No
es posible que todos los organismos tengan exactamente la misma
regulación --no era así en la Ley de la Ciencia y no debe ser así en el
futuro--, pero debe haber unas bases comunes en esa regulación en lo que
se refiere a personal, presupuestario, etcétera, que permita la movilidad
y la colaboración entre los organismos públicos de investigación. Por lo
tanto, una base común que permita esa movilidad y que, al mismo tiempo,
reconozca las singularidades que en su régimen jurídico también deben
tener organismos tan distantes como el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el Ciemat o el INTA. Es decir, una base
común con flexibilidad para que cada cual se sienta a gusto, por así
decirlo, en esa regulación.
En tercer lugar, pretendemos aprovechar esta Ley --que obligadamente
tiene que hacer el Gobierno y luego aprobar las Cámaras-- para dotar a
los organismos públicos de investigación del máximo de flexibilidad en lo
que se refiere a la gestión de su presupuesto y de su patrimonio; en
concreto, el máximo de flexibilidad para sus regímenes económico,
financiero, contable y de control. De esa manera aprovecharíamos esta
oportunidad para dar un paso más respecto al que supuso la Ley de la
Ciencia.
Señora Presidenta, éstas serían las características que creemos debería
contener el proyecto de ley que reclamamos del Gobierno, con la urgencia
que la situación requiere, aunque --repito-- entendemos que debe haber
flexibilidad para que el proyecto llegue estudiado y consensuado, entre
otros, con los sindicatos en los distintos organismos públicos de
investigación, consenso que siempre apoyaremos.
Si se aprobara la proposición no de ley en estos términos, habremos
establecido un marco en el cual, con toda seguridad, salvaríamos estas
situaciones de inquietud que puede haber hoy en algunos laboratorios y en
algunos centros de investigación, que no es buena para la tarea de
nuestros investigadores, y sentaríamos unos criterios que, como decía
anteriormente, permitirían avanzar sobre lo ya conseguido en la Ley de la
Ciencia. Estableceríamos para estos organismos científicos dependientes
de la Administración del Estado una regulación que les permitiera, en
suma, seguir siendo organismos públicos de carácter multidisciplinar,
dedicarse a todo tipo de investigación libremente, trabajar con una base
común que permita la colaboración entre ellos y con las universidades, un
sistema de financiación estable para el futuro y, finalmente, un régimen
económico presupuestario de la máxima flexibilidad, acorde con la tarea
que realizan.
Ese es el objetivo de esta proposición no de ley que espero merezca el
apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo
Popular. Para la defensa y fijación de posiciones, tiene la palabra la
señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señora Presidenta.
Pongo en su conocimiento que hemos transaccionado la enmienda con el
Grupo Socialista. Quisiera referirme
en este momento a ello, tal como queda la proposición no de ley, también
transaccionada con otros grupos que la admiten como propia. Desde luego,
es deseable que esta proposición no de ley que nos ocupa nazca dentro del
mayor consenso posible, que es lo que todos deseamos, y no ir a uña de
caballo, forzando la maquinaria en unas situaciones que nadie queremos.
Todos estamos seguros de que el mejor favor y la mejor ayuda que pueden
tener nuestros organismos públicos de investigación es que las medidas
que se tomen nazcan de la reflexión profunda, del análisis adecuado de
cada uno de sus problemas y de la ponderación de los grupos
parlamentarios implicados en la gestión de esta proposición no de ley.
Por ello, es fundamental que esta proposición no de ley tenga su sentido
en sí misma. Desde hace más de un mes nosotros estamos pulsando el sentir
de muchos organismos públicos de investigación porque entendemos que lo
que se recoge en la ley es simplemente un intento de mantener y de
potenciar un conjunto de organismos públicos de investigación que
resultan esenciales para tener, como un país moderno que somos, una
política adecuada de investigación y desarrollo en armonía y en
colaboración con los demás agentes del sistema de ciencia y tecnología
que son la base del avance científico y tecnológico de la sociedad
española y de su desarrollo económico y estructural.
Es nuestro deseo preservar la red de infraestructuras científicas
pertenecientes a las OPIs: las instalaciones, los laboratorios, las
bibliotecas, etcétera, y todos los que estamos aquí conocemos este mundo
y sabemos que prestan un apoyo esencial a la investigación española, no
solamente a la básica, sino también a la avanzada, tecnológicamente.
Incluso, desempeñan una labor de tipo informativo, que es quizás nuestro
mayor orgullo y gloria, a instancias de organismos muy diferentes,
públicos y privados, que representan un patrimonio insustituible de
enorme valor que la sociedad española ha ido generando durante muchos
años.
Por ello, es necesario que esta proposición no de ley sirva para adaptar
y modernizar la organización de los OPIs y de sus procedimientos de
gestión, tal como emana de la Ley, para hacer frente a las necesidades
actuales de la investigación. La investigación no es una cosa estática,
sino que se va adecuando a las situaciones coyunturales, políticas,
sociales y de demanda de la sociedad en su conjunto. Nadie puede regular
encorsetando los sistemas de investigación. Por eso, es necesario que se
facilite el desarrollo eficaz de las tareas científicas y tecnológicas y
que se propicien los marcos adecuados, que los tenemos, a través de la
Ley de la Ciencia y, en el caso que nos ocupa, de esta proposición no de
ley sobre la armonización de los OPIs. Esos marcos son los necesarios
para la formación de nuestro personal investigador y para el desarrollo
de esas carreras que son insustituibles.
Por todo ello, es imprescindible que esta proposición no de ley encauce
las garantías que da el Gobierno: el apoyo material y suficiente para la
investigación, la viabilidad económica necesaria para todos los
organismos públicos de investigación, que sabemos que es una prioridad de
nuestro Gobierno en este momento.
Las normas de adaptación para frenar la inquietud laboral que ha
provocado el Estatuto funcionarial del personal al servicio de los OPIs
están garantizadas actualmente. Están garantizadas y también lo están, al
hablar de la modernización de estos organismos públicos, los principios
de estímulos y de motivación de todo tipo para potenciar la investigación
científica y el desarrollo tecnológico de nuestro país.
La adaptación de estos organismos debe llevarse a cabo con el máximo
rigor jurídico. Dentro del marco de la ley hay dos salidas fundamentales:
los organismos públicos de investigación como organismos autónomos o como
entidad pública empresarial. Esta proposición no de ley deja abiertos los
dos caminos que se recogen en la ley. Por ello, nosotros pensamos que el
consenso alcanzado al dejar abiertas esas dos propuestas matiza algunas
situaciones que en este momento sería difícil enumerar organismo a
organismo. Deberían --y así se hará en su momento-- ir adaptándose a las
cuestiones esenciales que afectan a cada centro. Por eso, nosotros
creemos que es favorable que exista un marco de concordia para poder
--dentro de la ley-- instar al Gobierno a que dé unas salidas, que pueden
ser preferentes en unos casos u en otros, pero que no cierran la puerta a
ninguna de las que la ley prevé.
Por otra parte, es importante que no nos precipitemos anticipando una
serie de figuras jurídicas cuyo desarrollo legal no estaría previsto en
la Lofage, sino que debemos acomodarnos --como estamos haciendo en este
momento-- a lo que se prevé. Tenemos que apartar de una vez --yo se lo
pido, por favor, al señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista--
las dudas. No hablemos más de sembrar dudas porque nadie pretende sembrar
dudas, sino muy al contrario. Todo se hace en aras de obtener una mejora.
Nadie quiere sembrar dudas. No propaguemos por ahí esos miedos. No
hablemos de miedos porque entonces acaba uno haciendo una labor que no
desea. Señor portavoz, usted es muy sutil y reflexivo y yo diría que
también, hasta cierto punto, sibilino. Por eso, le ruego que disipe, en
la medida de lo posible, a las personas que están a su alrededor todas
las dudas. Nadie tiene dudas. Todos estamos embarcados en una empresa
que, como le he recordado muchas veces, es común y que nos interesa a
todos que salga muy bien.
No confundamos tampoco --ésa sería quizá una labor que quitaría las
dudas-- una entidad pública empresarial con una empresa pública. Si lo
hiciéramos crearíamos esa duda. De ahí la labor que tenemos que hacer los
parlamentarios. Tenemos que explicarle a los sindicatos o a las personas
afectadas las dos formas institucionales diferentes. En el texto
refundido de la Ley General Presupuestaria en relación con la Lofage esa
distinción es esencial y se mantiene y se aclara. Eso acabaría con
cualquier tipo de dudas.
Nosotros instamos al Gobierno, pero sin forzar la situación que se
contrapone, a la reflexión serena y adecuada que se necesita en este
proceso porque no es un
proceso fácil y todos lo sabemos. Nuestro Grupo está valorando, midiendo
y cuidando cada decisión, lo mismo que su Grupo --y nos consta--, para
salvaguardar la eficacia de las decisiones, para no precipitarnos en
ellas. Por eso, yo me congratulo de que en este momento estemos de
acuerdo en que no hay una urgencia absoluta, sino que se trata de
transmitir una idea, la de la reflexión tranquila y serena en beneficio
de todos estos organismos.
Esto lo decimos para que no se produzcan juegos de equívocos legales que,
a veces, se producen a la hora de hablar estos temas, como ha explicado
hace un momento. Por lo tanto, a los que estamos encargados de este tema
nos es exigible ese rigor jurídico que, a veces, no tenemos por nuestra
propia profesión, pero que sí nos es exigible como parlamentarios. Desde
luego, hay que saber que ninguna de estas decisiones va a afectar
negativamente la doble cualidad, o bien funcionarial o laboral del
personal de los OPIs que, por otra parte, nadie cuestiona.
Yo quiero hacer ahora referencia a su intervención del día pasado en la
Comisión Mixta de Investigación celebrada en el Congreso, a la del
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la mía
propia. Como digo, nadie pone en duda o cuestiona ese tema. Eso es algo
que deberemos trasmitir a nuestros Grupos, y esta proposición no de ley
debe servir para ello.
También tendremos que esforzarnos en que las propuestas que se adopten no
vayan encaminadas a adaptar la Lofage a los OPI, sino éstos a la Lofage,
que es la figura adecuada. Por eso, el período de reflexión que ahora se
abre debe servir para que todos adoptemos ese rigor jurídico, del que
carezco, como he dicho, por mi desconocimiento del tema. Deberemos poner
todo nuestro esfuerzo para conseguirlo; sobre todo, reflexionando sobre
los aspectos variables que pueden afectar a estos organismos de una
manera u otra.
Vuelvo a insistir, pues, en que nadie tiene que sentir miedo por esta
propuesta y que tampoco deberíamos tener prisa. Me congratula que su
señoría compruebe hoy que el Gobierno y los Grupos necesitamos un tiempo
adecuado para que no nos pase lo de Aquiles y la tortuga --usted sabe que
me gustan mucho las citas literarias, de las que luego hacemos
comentarios en los pasillos--. Con sus características propias, los
organismos podrán adaptarse preferentemente --como aquí se dice-- a una
forma de organismo autónomo, a otro tipo de figura, como la entidad
pública empresarial. Eso dependerá del proceso de reflexión que queda
abierto.
Por otro lado, la proposición no de ley se refiere a facilitar la
coordinación con otras Comunidades que también disponen de organismos
públicos de investigación y una política científica puntera en muchos
aspectos. El que estos organismos tengan la mayor autonomía de gestión en
aras de la eficacia, del desarrollo y de la ejecución de los proyectos,
es un sueño que siempre ha existido. Sabemos que los problemas que
padecen los organismos públicos de investigación no son de hoy, sino que
siempre ha existido cierta zozobra e inquietud. Por tanto, esa propuesta
de coordinación de los organismos públicos facilitará la integración del
personal investigador y su proyección profesional en cooperación con los
entes adecuados, entes que en estos momentos sería ocioso señalar, ya que
sería como poner puertas al campo. Como he dicho, todas estas cuestiones
hay que enmarcarlas en un régimen financiero que garantice la viabilidad
de los OPI y las situaciones funcionariales y laborales específicas. En
este caso...
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, le ruego que vaya
concluyendo.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Sí, señora Presidenta.
Con la enmienda que hemos transaccionado, que ruego que lea la señora
Letrada, aceptaríamos la proposición no de ley.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández de Capel.
Le ruego que haga llegar a la Mesa el texto de la enmienda transaccional
que han consensuado los Grupos, para dar lectura de la misma en el
momento anterior a su votación.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señora Presidenta, la señora Letrada
dispone ya del texto de la enmienda.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández de Capel.
Tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba, a quien ruego que, en la
medida de lo posible, intervenga con la mayor brevedad.
El señor PEREZ RUBALCABA: Gracias, señora Presidenta.
Voy a ser breve. En primer lugar, quiero agradecer la flexibilidad que ha
demostrado el Grupo Popular al aceptar sustancialmente los criterios de
esta proposición no de ley, con algunas matizaciones en aras a la también
flexibilidad que el Gobierno y el Grupo Popular reclaman a la hora de
adaptar los organismos públicos de investigación a lo establecido en la
Lofage. Me parece bueno que haya consenso en esta materia. En función de
dicho consenso y de que estos criterios queden reflejados en esta
proposición no de ley, ciertamente, el tiempo es menos importante.
Habiendo un acuerdo político en esta Cámara, la inquietud que sigo
sosteniendo que existe en el Consejo y en el resto de los OPI se calmará
en buena medida. Inquietud, señora portavoz del Grupo Popular, de la que
no acepto que se me pase recibo, aunque sea con palabras suaves, como ha
hecho usted, algunas de las cuales no me han gustado nada. No creo que
sea nada sibilino; antes al contrario, hay quien en su Grupo
Parlamentario dice que soy un doberman. (La señora Fernández de Capel
Baños hace signos negativos.) Sí, señoría; el
Presidente lo dijo el otro día. Por tanto, no creo que ésta sea una
cuestión de «sibilinez».
La señora PRESIDENTA: Señor Pérez Rubalcaba, remítase al tema.
El señor PEREZ RUBALCABA: ¿No le gusta la zoología, señora Presidenta?
La señora PRESIDENTA: Se trata de que el Presidente del Gobierno no está
aquí para contestarle.
El señor PEREZ RUBALCABA: No me refería al Presidente del Gobierno, sino
a alguien más cercano a usted y a mí: al Presidente de su Grupo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por la aclaración, pero le insisto
en que se ciña al tema.
El señor PEREZ RUBALCABA: Sí, señora Presidenta.
Señoría, le voy a decir lo que ya dije al Presidente del CSIC: la
intranquilidad la creó el Presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y su equipo, ya que, con fecha 14 de febrero
de 1997, remitió a los institutos del Consejo un escrito que aquí tengo,
en el que se dice textualmente: El análisis conjunto de las
características de estos organismos permite prever que la figura de
organismo público empresarial se adaptaría mejor a las características
del CSIC. Eso fue lo que creó inquietud, y no el Grupo Parlamentario
Socialista, los socialistas, o los sindicatos. Insisto, la inquietud la
creó el Presidente del CSIC, que hizo llegar un documento en el que se
decía que el CSIC iba a pasar a ser una entidad pública empresarial; y se
montó un buen lío. Pero, en fin, esto lo salva razonablemente.
Por otro lado, aunque los organismos técnicos del CSIC se empeñan en
decir que la proposición no de ley del Grupo Socialista está mal
redactada y que quien lo ha hecho carece del conocimiento jurídico
necesario --así se ha dicho por parte de su señoría, aunque no tan
crudamente, y también por el Presidente del CSIC--, eso no es así. Está
bien redactada. Es cierto que en la proposición no de ley, en un momento
dado, en lugar de hablar de entidad pública empresarial, se habla de
empresa pública. A partir de ahí, cogiendo el rábano por las hojas,
alguien ha dicho: Se confunden. Pero, señoría, eso no es así. Le aseguro
que hace mucho tiempo que los Diputados del Grupo Socialista y, desde
luego, quien le habla, que ha redactado esto, distinguir bien una empresa
pública de una entidad pública empresarial, a las que se refiere la letra
b) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley General Presupuestaria. Como
digo, de eso sé bastante.
Por tanto, no hay error jurídico alguno. Créame, está bien redactada, es
jurídicamente correcta. Hay un error mecanográfico, y a partir de ahí se
pretende inferir que se ha hecho con precipitación. Pero este tema está
bastante meditado; entre otras cosas, porque, como usted sabe, ésta no es
una reflexión que se haya hecho por primera vez en el Consejo, sino que
es de hace mucho tiempo. De hecho, hay un fantástico artículo de don
Enrique Fernández Miranda, que se publicó hace algunos años en el diario
ABC, en el que se hacen afirmaciones que considero muy sensatas respecto
del futuro del CSIC, y se habla de esta polémica. Por tanto, la polémica
es muy antigua. Le aseguro que no hay improvisación alguna; al contrario,
esto se ha meditado durante mucho tiempo, y lo que aquí se recoge es una
parte de esa meditación, que, como he dicho, comparto con alguno de sus
más preclaros miembros; en este caso, con el señor Fernández Miranda.
Estoy de acuerdo con él, sin que eso sirva de precedente.
Salvado el asunto de la inquietud, de la «sibilinez» y de si la
proposición está bien redactada --que lo está, diga lo que diga el
organismo técnico correspondiente del CSIC--, ya he dicho que creo que es
bueno que haya una cierta flexibilidad en lo que al tiempo se refiere;
máxime, cuando los criterios están consensuados. También creo que es
bueno que el Gobierno tenga una cierta flexibilidad, porque estoy de
acuerdo con su señoría --ya lo he dicho en mi anterior intervención-- que
puede haber casos singulares. Entiendo que cuando utilizamos el adverbio
«preferentemente» estamos intentando decir que se trata de casos
singulares, y que cuando la naturaleza de los organismos, de los
institutos, o de su tarea, lo aconsejen, podrían salvarse los criterios
de la presente proposición no de ley. Pero en el resto de los casos, en
los casos normales, en casi todos ellos, estamos estableciendo una
definición de organismo autónomo, que entiendo que es lo correcto desde
el punto de vista de la definición jurídica de los OPI.
Por tanto, lo que hacemos aquí es darle al Gobierno unos criterios
generales desde el punto de vista del Parlamento --que siempre es una
indicación política: el Gobierno no debe seguir necesaria y exactamente
lo que se dice en una proposición no de ley, como bien sabe su señoría--,
criterios que admiten una cierta excepcionalidad en casos singulares
porque así corresponde al mundo de la ciencia, que es un mundo diverso y
plural, como exige el trabajo que desarrollan. Eso es lo que estamos
haciendo, y, desde esa perspectiva, creo que el acuerdo salva la
inquietud que, insisto, existe en los centros de investigación y que
nadie ha creado sino la propia lógica de las cosas y alguna intervención
desgraciada de algún presidente que se quiso mover con demasiada
celeridad.
Entiendo, además, que los criterios son razonables, responden básicamente
a lo que el Grupo Parlamentario Socialista quería y, además, se incorpora
una disposición respecto a las Comunidades Autónomas que creo que también
tiene lógica, toda vez que, efectivamente, estos organismos que dependen
de la Administración del Estado se mueven en una España plural, donde las
Comunidades tienen competencias y hay que tratar por todos los medios que
dichas Comunidades con competencias y con capacidad para planificar la
ciencia y los OPI trabajen cada vez más estrechamente en función de los
intereses que puedan compartir.
Por todo ello, señorías, damos nuestro acuerdo a la transaccional pactada
y, además, agradecemos la flexibilidad del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora Presidenta. (La señora Fernández de Capel Baños
pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señora Fernández de Capel, ¿a qué efectos pide su señoría la palabra?
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señora Presidenta, voy a intentar
decirle al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista...
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, le pregunto que a qué
efectos pide usted la palabra, pero, desde luego, no se la doy para
reabrir el debate.
La señora FERNADEZ DE CAPEL BAÑOS: No, señora Presidenta, no trato de
reabrir el debate, sino de decir que no había en mi ánimo intención
hiriente alguna al referirme a la capacidad de convicción sibilina del
portavoz.
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, le ruego que no reabra
el debate.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: No quiero reabrir el debate, señora
Presidenta, sólo decir que no se trata de una cuestión ofensiva, sino
elogiosa, conociendo la capacidad de convicción del portavoz en algunos
organismos públicos.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Pasamos al punto siguiente. (Protestas.)
Disculpen sus señorías. ¿Grupos que desean intervenir?
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Entiendo perfectamente que la señora Presidenta haya llegado a olvidar a
los Grupos, porque, después de asistir a esta especie de partido de
tenis, ya ve su señoría que no hablo de fútbol, por si acaso...
La señora PRESIDENTA: Señora De Boneta, esta Presidencia no olvida jamás
a Grupo Parlamentario alguno. Lo que ocurre es que me he distraído. Como
había sido un turno excesivamente largo y se había rebasado el tiempo que
el Reglamento indica para ello, creí que habíamos finalizado el debate.
Pido disculpas de nuevo a sus señorías, pero entiendan que no se me ha
olvidado ningún Grupo.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señora Presidenta, no era mi intención que
pidiera disculpas, sólo le decía que comprendía perfectamente a esa
Presidencia tras la larga intervención de ambos grupos a la que hemos
tenido ocasión de asistir, y quería decir que, en el fragor de este
partido de tenis al que antes hacía referencia, no se ha llegado a
concretar si, al final, al consenso obtenido por los dos grupos era el
que medianamente conocíamos algunos miembros de la Comisión. En el caso
de que así fuera, como no hemos tenido ocasión, materialmente, de leer el
texto final, por parte del Grupo Parlamentario Mixto vamos a apoyar este
consenso obtenido, y ello por varias razones.
En primer lugar, creemos que era necesaria y oportuna la proposición que
se planteaba, porque había que hacer el desarrollo y adaptación
correspondiente de la Lofage a unos organismos públicos de investigación
con unas características específicas. En segundo lugar, porque con las
modificaciones introducidas se recuerda, por decirlo así, la existencia
de Comunidades Autónomas con competencias en la materia. Y en tercer
lugar, porque nos parece necesaria la solución a la que se ha llegado y
también que se realice esta adaptación mediante ley y con la mayor
urgencia, entendiendo siempre este último término como la urgencia
necesaria para que las cosas sean bien hechas.
Todo ello --quiero dejar constancia una vez más-- sin perjuicio de la
posición que esta Senadora de Eusko Alkartasuna ha mantenido, mantiene y
no puede dejar de mantener en el sentido de que el objetivo es la
transferencia que figura en el artículo 10, párrafo 16, del Estatuto de
Autonomía del País Vasco, del Estatuto de Gernika, que confiere la
competencia de investigación científica y técnica a la Comunidad Autónoma
vasca en coordinación con el Estado.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Boneta.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra su portavoz, la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, nuestro Grupo ha presentado una enmienda de viva voz que ha
sido aceptada por los dos grupos, también por el Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se intenta abrir una puerta a la Lofage respecto a
los OPI.
Nosotros creemos que el desarrollo de la Lofage es, o puede ser, una
magnífica ocasión para adecuar la Administración central a la realidad
autonómica del Estado, sobre todo cuando la propia Lofage, en su
exposición de motivos, habla de que se reordenará la Administración
Pública --esto quiere decir la Administración del Estado y también sus
organismos públicos-- atendiendo a los principios de la racionalidad y a
la necesidad de evitar duplicidades.
Como ustedes saben, la Constitución atribuye al Gobierno del Estado
español las funciones de coordinación y de fomento de la investigación, y
no se pronuncia sobre
la ejecución de la investigación. Y, por otro lado, el Estatut
d'Autonomia de Catalunya establece competencias exclusivas en
investigación a nuestro Gobierno. Pero, en este marco, la Ley de la
Ciencia también atribuye al Gobierno español competencias ejecutivas. De
esta manera, como lamentablemente ha ocurrido en distintas ocasiones en
legislaturas pasadas, la neutralización del concepto de competencia
exclusiva ha sido por la vía de competencias concurrentes.
Yo querría explicar el porqué de nuestro empeño en que exista, si no la
transferencia de estos OPI que existen en Cataluña y que ya trabajan con
las universidades y con los mismos centros de la Generalitat, la gestión
por la propia Administración autonómica o, por lo menos, que sean
cogestionados.
Existen muchos estudios al respecto, pero el más reciente, que estoy
segura de que todas y todos ustedes conocen, es el Informe Mundial de la
Ciencia de la Unesco, en el que se afirma, porque ésta lo ha estudiado y
analizado, que los sistemas más descentralizados, aquellos que operan con
los criterios de «top-down», son los que se han mostrado más eficientes
en hacer de la I+D un instrumento de generación de riqueza intelectual y
material para los países. Por ello, creemos que debería haber una nueva
política de coordinación basada en la concertación y en la
corresponsabilidad en la toma de decisiones, implementando de esta manera
fórmulas más cooperativas en el ámbito de la I+D.
Es cierto que el desarrollo de la Lofage abre la puerta para encontrar
fórmulas organizativas más eficientes. Creo que esta proposición no de
ley que ahora va a recibir, según esperamos, el consenso de todos los
grupos, y nos alegramos por ello, va a encontrar fórmulas organizativas
más eficientes para los OPI. Pero también deseamos que la enmienda que
nosotros aportamos y que ha sido aceptada abra también la puerta para que
haya fórmulas más respetuosas y más eficientes con la distribución de
competencias entre el Gobierno del Estado español y, en nuestro caso, la
Generalitat de Catalunya.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gil i Miró.
Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Santiso del Valle.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, creo que nuestra posición es conocida, sobre todo por la sesión
anterior, en la que también tocábamos de lleno cómo podría afectar la
reforma derivada de la necesidad de ajustar la Lofage a la organización
de estas entidades científicas.
Efectivamente, hay que tratar este tema con mucho rigor, porque se trata
de un colectivo que lo que menos necesita es intranquilidad. Pero, en
nuestra opinión, esta intranquilidad se ha generado, en primer lugar,
porque no conocemos realmente en profundidad cuál es la política de I+D
de este Gobierno. En segundo lugar, porque creemos --se puede hacer una
cita: hablemos claro, a las cosas hay que llamarlas por su nombre-- que
existe una importante confrontación en los ámbitos gubernamentales acerca
de qué camino seguir para esta adaptación, y éste es el fruto de esta
división de opiniones, que es legítima, pero esta inquietud se está
transfiriendo a los distintos organismos, también con distintas opiniones
en cada uno de ellos. Y fue significativa, por ejemplo, la explicación
que el Director del INTA daba en esta misma Comisión hace unos días sobre
cómo él personalmente veía más razonable la figura de organismo autónomo
pero el Secretario de Estado le había insinuado que el Gobierno había
optado por otra figura. Y es eso lo que ha generado estas dudas y esta
inquietud en este colectivo y también que se haya conseguido una
unanimidad importante en el mismo, desde los sindicatos a los órganos
directivos de los OPI, que se puede resumir en lo siguiente: la necesidad
de definir inequívocamente el carácter público de la I+D, dado que,
además, básicamente, según qué organismo, oscila entre el 60 y el 80 por
ciento los recursos públicos que recibe, por lo que hay intranquilidad en
un momento en el que los recursos vía empresarial están descendiendo,
como ustedes conocen, de una manera relativamente alarmante; por tanto,
abrir esta incertidumbre por una opción empresarial pura pondría en grave
riesgo la continuidad de muchas de las actuaciones de I+D, y más en un
momento de privatización de empresas públicas, que va a suponer, en
nuestra opinión, un descenso importante de estos recursos.
Por ello, nuestra posición es: garantía inequívoca del carácter público
del sistema, entendiendo que es una cuestión de fondo de Estado que, como
muy bien se decía antes, defendía incluso miembros significativos del
Partido Popular, como el señor Robles Piquer o el señor Fernández
Miranda, y hay posiciones públicas conocidas.
En segundo lugar, creemos que, efectivamente, los OPI deben ser
organismos autónomos con especificidades que permitan garantizar también
la flexibilidad en la gestión de sus recursos, por lo que necesita
exponerse en una ley específica para evitar los avatares de una ley de
acompañamiento en cada debate presupuestario. Por tanto, es necesario el
desarrollo de esa ley específica, que entendemos es el sentido de esta
proposición no de ley, y que además se deberían marcar plazos para
ponerla en marcha antes del 31 de diciembre. Yo creo que esa ley
específica de investigación resolvería muchas de estas incertidumbres y
que el Gobierno está en la obligación de agilizarla y definirse ya sobre
cuál es su modo real y ver, si hay alguna excepcionalidad, cuál es ésta.
Nuestra interpretación de la enmienda transaccional en la que hemos
participado, que no es del todo satisfactoria porque sabemos que se va a
prestar a esta doble lectura, es que entendemos que todos los OPI
actuales deben ser organismos autónomos y que ésa debe ser la figura
preferente. Además, para garantizar también otras consideraciones, entre
otras cosas, creemos que debe haber un modelo común a todos los OPI, de
manera que se permita la coordinación de recursos tanto de personal como
de diseño armónico, por tanto, de un estatuto de personal de
investigación
que permita, incluso, la interrelación futura e intercambio de personal
entre las distintas OPI.
Por último, creemos que ésa será también nuestra posición cuando tengamos
en nuestro poder el primer borrador del proyecto de ley, ya que pensamos
que una salida en otra dirección generaría de nuevo un grave problema en
estos organismo. Por tanto, efectivamente, queremos hacer una llamada a
la tranquilidad, pero insistimos en que en esta Cámara, en esta Comisión,
tenemos que abrir, además de un debate sobre esta futura ley, un debate
de la política de I+D, para definir adónde vamos, cómo se va a
garantizar, por esta ley y por otra, que es la de los Presupuestos del
Estado, qué dinero van a recibir en los próximos presupuestos. Y dado que
este nuevo organismo de coordinación ya se ha expuesto públicamente, y
entendiendo que la coordinación es otro de los puntos débiles que hasta
el momento existen, sobre todo con las Comunidades Autónomas, y que hay
un debate sin resolver en ese sentido, quizá la persona que ha tenido la
voluntad de que públicamente aparezca como garante de esta coordinación,
que es el señor Presidente Aznar, debería venir --y lo pediremos-- a esta
Comisión para explicarnos cómo va a coordinar esta multitud de organismos
y cuáles son las garantías de esa coordinación.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santiso.
¿Algún Grupo Parlamentario quiere intervenir de nuevo? (Pausa.)
--DEBATE SOBRE MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL PLAN NACIONAL I+D EN 1994, ASI
COMO RELACION DE ACCIONES FINANCIADAS EN 1994. (Número de expediente
Senado 701/000027 y número de expediente Congreso 49/000045.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos, pues, al siguiente punto del orden del
día: Debate sobre la memoria de actividades del Plan Nacional de I+D en
1994, así como relación de acciones financiadas en 1994.
Pido a todos los grupos parlamentarios que, por favor, se atengan a la
mayor brevedad posible en sus exposiciones, puesto que parece que el
texto que se ha remitido a esta Presidencia está consensuado por todos
los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra la señora De Boneta, por el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo muy brevemente, y como por parte de nuestro Grupo y, más
exactamente, por parte de esta Senadora de Eusko Alkartasuna se hicieron
llegar a la Presidencia las posiciones que teníamos en relación a este
informe, señalando, tanto en lo que hace referencia a la cuantía del
fondo para 1994 como a la distribución del Fondo nacional en relación a
las inquietudes que veíamos en la formación del personal investigador y
otra serie de acciones, nuestra congratulación por la participación
iniciada, incluso creciente en este momento, de los investigadores, de la
investigación y del plan con los organismos internacionales y europeos,
en particular, queríamos destacar únicamente una debilidad que
encontramos en el Plan Nacional con respecto a la capacidad para
incorporar al mismo las actuaciones propuestas por las diferentes
Comunidades Autónomas.
Con respecto al resto de nuestras observaciones, así como a las de los
distintos grupos que hemos tenido ocasión de estudiar y de analizar,
creemos que la posición consensuada que se nos ha remitido recoge parte
de los planteamientos de todos los grupos, incluido el del Grupo
Parlamentario Mixto. Por tanto, solamente nos gustaría remarcar una
cuestión y es que nos parece que es excesiva la lejanía desde el momento
en que este Plan termina su período de actividad, en 1994, y el momento
en el que estamos debatiendo su memoria, por lo que entendemos que en
otra ocasión deberíamos tener en nuestras manos la memoria con un
carácter mucho más próximo --esta es una crítica que debemos hacer en
este caso--. Entiendo que esta es una grave carencia en cuanto a las
posibilidades de pronunciamiento, incluso, sobre la memoria, no obstante,
vamos a dar nuestra aprobación a un texto consensuado que va en algunos
aspectos en la línea que nosotros habíamos presentado y que hemos
señalado.
Nada más, señora Presidenta. Espero haber cumplido su petición de
brevedad.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Boneta, por su atención a
mi petición de brevedad.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo de Izquierda Unida? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Intervengo muy brevemente para decir que
nuestro Grupo se va a abstener y que esta es nuestra pequeña protesta,
por así decirlo, por entender que esta Comisión necesita actualizar sus
debates y que éste, como siempre, llega demasiado tarde y a destiempo.
Hacemos nuestras las recomendaciones del CES y de los sindicatos y sus
conclusiones, pero queremos también mostrar de esta manera que, así como
cuando empezamos esta legislatura habíamos quedado en intentar actualizar
nuestros debates y nuestras preocupaciones, es de poca utilidad para esta
Comisión analizar esto tan tarde.
Me gustaría más poder hablar de cuál es la política de I+D en este
momento y para el futuro. Por tanto, y en ese sentido, nos vamos a
abstener.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santiso.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez
Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Gracias, señora Presidenta.
Brevemente, quiero plantear dos cuestiones iniciales.
En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular la
redacción de un texto final para el trabajo en esta Comisión, que,
efectivamente, como se ha dicho anteriormente, recoge sustancialmente las
aportaciones de los distintos grupos parlamentarios.
En segundo lugar, quisiera también hacer referencia al retraso, pero
simplemente para decir que yo también quiero hacer referencia al mismo.
He hablado tanto del retraso en esta sesión que me parece que es
innecesario que vuelva a plantearlo. Adelanto a esta Comisión que hemos
presentado una proposición no de ley para urgir al Gobierno a que nos
mande la Memoria del Plan 1995 y espero que antes de que la proposición
no de ley se trate en esta Comisión el Gobierno nos la mande, porque sé
que está hecha desde hace bastante tiempo.
En definitiva, estoy completamente de acuerdo con la posición que han
reflejado los representantes de los grupos parlamentarios que han
intervenido con anterioridad respecto a que hay que agilizar el trámite
correspondiente al informe que esta Comisión tiene, por Ley, que hacer
respecto a las memorias del Plan, lo que no quita para que no queramos
que este informe sea correcto y sea lo más razonable posible, por lo que
voy a hacer algunas sugerencias menores.
En primer lugar, en el apartado primero, de las observaciones generales,
hay una cuestión puramente de redacción, justamente referida al problema
que acabo de mencionar, cuando dice que deberíamos recibir las memorias
con celeridad, para que los trabajos de la Comisión pudieran realizarse
en tiempo más real. Entiendo que es una incorrección gramatical. Creo que
debería decir otra cosa. Por ejemplo, «para que los trabajos de la
Comisión pudieran ser considerados por los gestores del Plan, con el fin
de contribuir a la mejora del mismo», o algo así, que es lo que queremos
realmente decir. «Tiempo real» es una expresión física que en este caso
no creo que sea correcta. Es una pura cuestión de redacción y, si se
acepta por el resto de los grupos, pasaríamos la redacción alternativa a
la Letrada para que la consignara.
Más me preocupa el segundo párrafo del apartado 2, el que se refiere a
los Presupuestos del Estado y a la capacidad de coordinación del Plan
Nacional. Se dice que el programa de I+D en 1994 supone 186.000 millones
de pesetas y que sólo se coordinaron 35.000 millones por parte del Plan.
Esta cifra no es correcta. Tuve ocasión de hablar de ella cuando tuvimos
los primeros debates en el seno de la Ponencia que ha preparado este
documento y no es correcta. Sólo el presupuesto del CSIC es más de 35.000
millones de pesetas y a eso hay que sumar el presupuesto del Plan
Nacional, los distintos organismos públicos, etcétera. Por tanto, no sé
de dónde ha salido esta cifra, pero no es correcta.
Si lo que se quiere decir en el párrafo --y entiendo que es lo que se
quiere decir-- es que hay que trabajar para que el Plan Nacional sea cada
vez más capaz de coordinar al conjunto de quienes hacen ciencia y
tecnología en España, desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista está
plenamente de acuerdo; que se refleje como una intención o un criterio
político, pero que no se hagan referencias numéricas, porque,
ciertamente, no son correctas. En todo caso, este párrafo no debería ir
ahí, sino cuando se habla en el apartado 4 de la coordinación y
articulación del sistema. Creo que es ahí donde encaja perfectamente, y
ya digo que sin referencias numéricas incorrectas, sino más bien como un
criterio político. La Comisión quiere que el Plan Nacional coordine cada
vez más y me parece que ese criterio podríamos aceptarlo todos. Si eso es
lo que se quiere decir, por mi parte, estoy de acuerdo. Pero ya digo que
no es correcto lo que se dice en cuanto a presupuestos.
Igualmente, hay una cuestión puramente menor, pero creo que hay que
expresarla también, y es que en el apartado dedicado a la formación del
personal investigador, dentro de este subapartado 2, se dice que la
disminución de las becas del fondo dedicado a FPI ha quedado compensada
en parte por la aplicación de los recursos del Fondo Social. No es en
parte, es completamente; incluso, más. Es decir, se completa --en la
Memoria se dice-- esta pequeña reducción del FPI y se supera, con mucho,
gracias a los presupuestos del Fondo Social Europeo, lo que se gastó en
años anteriores.
Paso, dentro del apartado 2, a lo que se refiere a las acciones PETRI,
porque figura una crítica que creo que no debería hacerse en esos
términos, dado que la propia Memoria recoge que algunas de las acciones
PETRI no pudieron ser evaluadas a lo largo del año 1993 y que, por eso,
la cifra que aparece en la misma debería completarse en el futuro. Se
puede admitir que existe un problema de gestión, pero no debería
llevarnos a valorar negativamente las acciones PETRI, como parece que se
hace. También es un problema de redacción. Es verdad que se han
gestionado tarde. Seguramente, las razones están en la propia Memoria y
se dice porqué. En definitiva, si se quiere recoger que la gestión ha ido
mal, que se recoja, pero no se critique el programa, sino la gestión del
mismo, que son dos cosas distintas.
Finalmente, quiero mencionar dos cuestiones más, referentes al apartado 3
del documento que se nos presenta como dictamen. Concretamente, en el
párrafo segundo se habla de colaboración tangencial con el Ministerio de
Industria y se dice que no conforma un resultado esperanzador en cuanto a
lo que se suponía que iba a conseguir la Ley de la Ciencia. Yo suprimiría
la palabra «tangencial», porque creo que no es correcto. Podemos estar de
acuerdo en que nunca es suficiente la coordinación que existe entre los
dos Ministerios que pilotan sustantivamente las acciones de investigación
y desarrollo en España, que son Industria y Educación, pero no creo que
se pueda hablar de colaboración tangencial. En todo caso, si lo que se
quiere, una vez más, es recoger la idea de que hay que enfatizar o
profundizar en la coordinación, bienvenida sea, pero quizás el término
«tangencial» y la propia valoración negativa de lo que supuso la Ley de
la Ciencia y lo que en la práctica luego se ha conseguido debería ser
matizado. Tampoco es una cuestión muy de fondo.
Finalmente, creo que en el apartado tercero se debería hacer alguna
mención a los programas integrados, que
aparecían en el documento que hizo circular el Grupo Parlamentario
Socialista; y lo creo, entre otras cosas, porque uno de estos programas
integrados es el del Minisat, sobre el que tanto se ha enfatizado estos
días. Es verdad que este programa se inició en 1993 y me parece que sería
de justicia reconocer, aunque sea en una documentación que se refiera a
la Memoria de 1994, que este programa ha finalizado con éxito. Por tanto,
haría alguna mención a los programas integrados como un apartado
específico nuevo a incorporar al final del apartado tercero.
Termino ya, diciendo que, quizás por una pura cuestión de estilo, debería
haber al final del documento, un párrafo o una valoración final. Sugiero,
si el Grupo Popular y el resto de los grupos están de acuerdo, que
justamente esa pretensión de mejorar la coordinación, tanto del Plan,
como de los Ministerios que en este momento trabajan en I+D, pudiera
recogerse como colofón final, en términos que creo que podrían ser
aceptados por todos los grupos, y confío en la habilidad de la redactora
para que eso sea así.
Nada más. Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señora Fernández de Capel, le rogaría que, además de que expresase su
opinión sobre la Memoria, lo hiciese también respecto de las enmiendas in
voce que ha formulado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Esta Mesa y, por lo tanto, esta Presidencia, expresan que no son meras
correcciones técnicas las enmiendas formuladas y, por lo tanto, para su
incorporación o no al texto final, deben ser aceptadas o rechazadas por
el resto de los grupos.
Tiene la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Evidentemente, algunas consideraciones pueden haberse pasado, porque no
es fácil coordinar cinco o seis memorias alternativas. Por ejemplo,
lamento muchísimo, en lo referente al asunto de las acciones PETRI, que
se entienda como una crítica. Simplemente sugiero que debería agilizarse
la gestión de estas acciones, porque pierden efectividad, y con ello me
parecía expresar el sentir mayoritario. Asimismo, ha sido un lapsus por
mi parte el no mencionar el Minisat. Y, finalmente, cualquiera de las
otras enmiendas in voce creo que mejoran o amplían el sentir del consenso
que ha presidido esta Memoria durante la etapa de trabajo, por lo que por
parte de mi Grupo estamos dispuestos a aceptarlas de buen grado.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, quiero deducir de sus
palabras que la modificación, incluso, de las cifras es aceptada. El
señor Pérez Rubalcaba ha formulado cinco enmiendas in voce. Le rogaría,
si es tan amable, que, una a una, fuese enumerando la aceptación o no de
las mismas.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señora Presidenta, en este momento
quiero hacer una aclaración.
Por un lapsus, he olvidado el asunto de las cifras, y, como en este
momento no las tengo en la mano, si el señor Pérez Rubalcaba aceptara que
se hicieran desaparecer las mismas, quedaría zanjada la cuestión.
La señora PRESIDENTA: Señor Pérez Rubalcaba, ¿cuál es su criterio?
El señor PEREZ RUBALCABA: Sí, justamente es eso lo que proponía, es
decir, que se refleje la idea, pero que se quiten las cifras, porque no
son correctas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación de los tres puntos del orden del día
debatidos en esta Comisión.
Yo rogaría al señor Secretario de la Mesa que tenga la bondad de leer las
enmiendas que se han formulado a la primera proposición no de ley. (El
señor Santiso del Valle pide la palabra.)
Señor Santiso, ¿a qué efectos pide la palabra?
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señora Presidenta. Puesto que me ha
adivinado mi petición, no la formulo nuevamente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Me alegro de haber
expresado su sentir por telepatía.
Señor Secretario, como le decía, ¿tiene la bondad de leer las enmiendas y
la redacción de la primera proposición no de ley tal como quedan
definitivamente expresadas?
El señor SECRETARIO PRIMERO (Moreno Franco): Muchas gracias, señora
Presidenta.
El texto de la proposición no de ley 161/452 quedaría redactado del
siguiente modo:
1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previo informe
de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y del Consejo
Superior de Informática, remita a la mayor urgencia a la Cámara un
informe detallando las consecuencias para España del denominado efecto
2000, con indicación de las medidas que se están tomando en los distintos
Ministerios y empresas públicas y con expresión de la incidencia en los
principales ámbitos de la actividad pública y en los grandes sectores de
la actividad privada, incluyendo la evaluación de los costes de
adaptación o reforma de los sistemas actuales.
2. Que presente a la Cámara un plan de acción, con medidas de carácter
nacional y acciones en el ámbito de la Unión Europea, para afrontar el
efecto 2000. Dicho plan de acción deberá contener también acciones de
desarrollo tecnológico y mecanismos de asesoramiento a los afectados,
tanto en los aspectos técnicos como en los jurídicos del problema.
3. Que previo informe de la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología y del Consejo Superior de
Informática remita a la Cámara un informe, detallando las medidas que se
están tomando sobre las consecuencias de la introducción del euro en los
sistemas de información.
4. Que el Gobierno, en el plazo más breve posible, adopte una norma
unificadora para los datos correspondientes a esta fecha.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Secretario.
Vamos a proceder a la votación del texto leído por el Secretario, señor
Moreno. (La señora Fernández de Capel pide la palabra.)
Señora Fernández Capel, ¿a qué efectos pide la palabra?
La señora FERNANDEZ CAPEL BAÑOS: Me parece que sería más correcto que, en
vez del Congreso de los Diputados, puesto que ésta es una Comisión Mixta,
fuese la Comisión Mixta de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico la que instara al Gobierno; en alguna ocasión hemos hecho esa
misma observación y la Mesa, incluso, lo ha propuesto en alguna otra
Comisión.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: ¿Hay alguien en contra de la formulación de esta
propuesta? (Pausa.) Es aceptada por la Mesa y, por lo tanto, se asumiría
con la salvedad del texto que usted ha mencionado.
Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Ha sido aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación del segundo punto del orden del día, de la
proposición no de ley relativa a la adaptación de lo establecido en la
Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado a los Organismos públicos de Investigación.
Señor Secretario, ¿tiene la bondad de leer tal como quedaría el texto con
la transaccional que se ha hecho llegar a esta Mesa?
El señor SECRETARIO PRIMERO (Moreno Franco): Muchas gracias, señora
Presidenta.
El texto de esta proposición no de ley 161/473 quedaría del siguiente
tenor literal: La Comisión Mixta de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico insta al Gobierno a remitir a esta Cámara un proyecto de ley
por el que se adecuen los organismos públicos de investigación a lo
establecido en la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, tomando como referencia, entre otros,
los siguientes criterios.
1. Los organismos públicos de investigación se definirán preferentemente
como organismos autónomos, permaneciendo de esta forma inalterados su
régimen de personal y su capacidad para recibir subvenciones de los
Presupuestos Generales del Estado. Estos organismos públicos de
investigación se regirán por lo establecido en el capítulo 2 de la Ley
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica, por su legislación específica y por
la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado en cuanto no se oponga a la Ley 13/1986.
2. Los organismos públicos de investigación, a los solos efectos de su
gestión, adecuarán sus regímenes económico-financiero, contable y de
control a las disposiciones y normas por las que en cada momento se rijan
las entidades públicas empresariales, de forma que gocen en el ámbito de
la gestión presupuestaria de un máximo de flexibilidad acorde con las
características de las actividades de investigación científica y
desarrollo tecnológico que desarrollan.
3. La regulación de los organismos públicos de investigación facilitará
la coordinación, en el marco de la Ley de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, de estos organismos con la
política científica de las Comunidades Autónomas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno.
Procedemos a la votación del texto que acaba de leer el señor Secretario.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación del tercer punto del orden del día: memoria de
actividades del Plan Nacional de I+D de 1994, así como relación de
acciones financiadas en 1994. Téngase en cuenta que la aprobación final
de este texto incluye las enmiendas formuladas de viva voz por el
portavoz socialista, señor Pérez Rubalcaba, y aceptadas por todos los
Grupos Parlamentarios.
Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 27;
abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Gracias, señorías. Gracias a los funcionarios de la Cámara.
Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y cincuenta y cinco minutos.