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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 48, de 22/04/1997
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1997 VI Legislatura Núm. 48
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
PRESIDENTA: DOÑA ISABEL SAN BALDOMERO OCHOA
Sesión núm. 10
celebrada el martes, 22 de abril de 1997,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--De la señora Almeida Castro (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya del Congreso de los Diputados), sobre las
medidas en relación con la prohibición a las mujeres para visitar
determinadas obras de Goya existentes en la Cartuja Aula-Dei de Zaragoza.
(Número de expediente Congreso 181/000528 y número de expediente Senado
683/000018) (Página 834)
--De la señora Alberdi Alonso (Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados), sobre le interés del Gobierno español en la
consideración de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
la Conferencia Intergubernamental. (Número de expediente Congreso
181/000587 y número de expediente Senado 683/000023) (Página 835)
--De la señora Almeida Castro (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya del Congreso de los Diputados), sobre las
reformas en las leyes electorales para que en el acceso a los organismos
y entidades se garantice la necesaria paridad en la representación de
hombres y mujeres. (Número de expediente Congreso 181/000519 y número de
expediente Senado 683/000009) (Página 837)
--De la misma señora Diputada, sobre profundización en la aplicación de
la Directiva sobre maternidad prohibiendo en todo caso el despido de las
mujeres embarazadas durante el embarazo y las excedencias de maternidad.
(Número de expediente Congreso 181/000525 y número de expediente Senado
683/000015) (Página 838)
--De la misma señora Diputada, sobre la medida para el desarrollo,
información, prevención y sanción en relación con el código de conducta
para combatir el acoso sexual y cumplir la Directiva comunitaria de
protección de la dignidad del hombre y de la mujer en el trabajo. (Número
de expediente Congreso 181/000531 y número de expediente Senado
683/000021) (Página 840)
Comparecencia de la señora Vicepresidenta de C. F. Agrícolas de Bruselas
y Secretaria General de AFAMMER (Pruna Esteve), a petición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para informar sobre las
últimas iniciativas impulsadas en el ámbito de la Unión Europea a favor
del colectivo de mujeres del ámbito rural. (Número de expediente Congreso
219/000123 y número de expediente Senado 715/000035) (Página 841)
Proposiciones no de ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados, sobre el III Plan
para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres. (Número de expediente
Congreso 161/000292 y número de expediente Senado 663/000014) (Página 851)
--Del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados, relativa a la
prohibición de que las mujeres visiten las pinturas murales de Goya en la
Cartuja de Aula-Dei de Zaragoza y de mediación del Gobierno ante la Santa
Sede. (Número de expediente Congreso 161/000332 y número de expediente
Senado 663/000016) (Página 853)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Por parte de la señora letrada se comprobará la asistencia a la Comisión.
(Por la señora letrada se procede a dar lectura de la lista de miembros
de la Comisión, presentes y sustituidos.)
Las señoras portavoces tendrán el acta de la sesión anterior, por lo que
deseo saber si puede ser aprobada. (Asentimiento.)
PREGUNTAS:
--DE LA SEÑORA ALMEIDA CASTRO (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE LAS MEDIDAS EN RELACION CON LA
PROHIBICION A LAS MUJERES PARA VISITAR DETERMINADAS OBRAS DE GOYA
EXISTENTES EN LA CARTUJA AULA-DEI, DE ZARAGOZA. (Número de expediente
Congreso 181/000528 y número de expediente Senado 683/000018.)
La señora PRESIDENTA: Doña Cristina Almeida Castro, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya del
Congreso de los Diputados, ha presentado una pregunta sobre las medidas
en relación con la prohibición a las mujeres para visitar determinadas
obras de Goya existentes en la Cartuja Aula-Dei, de Zaragoza.
La señora Almeida tiene la palabra.
La señora ALMEIDA CASTRO: Señora Presidenta, cuando está terminando el
centenario de Goya, parece que las cosas no han cambiado mucho. Goya
pintó a mujeres desnudas, vestidas, etcétera, pero el hecho de pintar a
las mujeres no significa que podamos observarnos para ver nuestra belleza
y el ánimo que llevaba a Goya a tener tanta fidelidad. La Cartuja
Aula-Dei, por una tradición cultural no avalada por el tiempo, prohibió
la entrada de mujeres a la visita de este centenario de Goya, lo que
causó bastante indignación a grupos de mujeres y a cualquier persona
razonable. En el Pleno del Congreso de los Diputados ya se formuló una
pregunta sobre este tema, y en la respuesta el Gobierno se comprometió a
hablar tanto con la Santa Sede como con el Ministerio de Educación y
Cultura e incluso a hacer gestiones para evitar esta discriminación.
En el año 1995, cuando estuvimos en la Conferencia de Pekín había
distintas tradiciones culturales de otros países que causaban asombro a
todos los asistentes, que decían que ninguna tradición cultural podía ser
objeto de discriminación ni de agresión hacia las mujeres. A nosotros nos
parece que, por mucha tradición cultural, llega un momento
en que la Santa Sede y todo el mundo se tiene que adaptar a la
Constitución, y que esas tradiciones culturales demuestran la pervivencia
de unos signos de discriminación muy evidentes.
Queríamos saber qué gestiones se han hecho a partir de aquel compromiso
que se tomó en el mes de diciembre en el Congreso de los Diputados para
permitir que las mujeres accedan con normalidad a estas pinturas. También
hemos preguntado por otras cuestiones, porque estimamos que es mejor una
sociedad más colectiva y tolerante que una sociedad que discrimine por el
sexo, incluso para ver obras de arte.
La señora PRESIDENTA: Para contestar a su pregunta nos acompaña hoy el
Secretario de Estado de Cultura, don Miguel Angel Cortés, a quien damos
la bienvenida. Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señora
Presidenta, como bien ha dicho la señora Diputada, el día 9 de octubre la
Ministra de Educación y Cultura, a pregunta del señor Bayona Aznar,
contestó y se comprometió a hacer las gestiones y a colaborar en todo lo
posible para evitar esta discriminación.
Las gestiones se han hecho. Tengo copia de la correspondencia que ha
habido con la Santa Sede, con monseñor Vicente Segura, de la Casa
Internacional del Clero, a quien se ha dirigido el consejero de Educación
y Cultura del Gobierno de Aragón, y la contestación del mismo de que el
diálogo debía ser con el prior de la Cartuja y el arzobispo de Zaragoza,
los cuales, después de ponderar todas las razones, podrían considerar la
conveniencia de presentar la solicitud de dispensa a la Santa Sede por
medio de los canales adecuados.
Las gestiones, según nos informan, van bien. Quizás el tiempo de la
Iglesia es distinto del de otras personas. En cualquier caso, la
proposición no de ley que se va a debatir en esta Comisión después del
turno de preguntas perfila bien las cuestiones. Se insta al Gobierno a
colaborar con la Consejería de Cultura y Educación de la Diputación
General de Aragón, que es quien tiene la responsabilidad, y se pide que
se dirija directamente a Su Santidad el Papa, Juan Pablo II, con el fin
de solicitar la dispensa para que las pinturas murales de Goya puedan ser
visitadas por las mujeres.
Sí me atrevo a aportar a la Comisión el dato que ha manifestado la Santa
Sede, relativo a que el canal adecuado es que la solicitud de la dispensa
al Santo Padre la dirija el prior de la Cartuja y el arzobispo de
Zaragoza. Al parecer, ésos son los procedimientos canónicos, y por esta
línea se debe proceder.
En cualquier caso, sí hay algo positivo en la celebración del Año Goya,
y es que esas pinturas murales de enorme valor se han restaurado; ese
patrimonio se ha salvado, y ahora se trata de que sea accesible a todos,
puesto que una de las obligaciones que tienen los poderes públicos es
facilitar el acceso a la cultura de todos los españoles sin
discriminación de ningún tipo.
La señora PRESIDENTA: La señora Almeida tiene la palabra.
La señora ALMEIDA CASTRO: Señor Secretario de Estado, le agradeceríamos
que nos diera esa correspondencia para seguir los pasos a este asunto.
Somos conscientes de que es la comunidad autónoma la que tiene la
responsabilidad. Sólo me resta decir que la restauración de los murales
se ha hecho con los impuestos de las mujeres y que, además de tener que
contribuir a la restauración, no la podemos ver y comprobar cómo se ha
empleado nuestro dinero.
A partir de esto, tenemos que tener una mayor sensibilidad porque todavía
hay muchos sentimientos culturales que se basan en la discriminación,
como si las mujeres tuviéramos menos derecho a la cultura, aunque en este
caso se debe a una traba religiosa que demuestra una cierta
intransigencia de la propia Iglesia con respecto a las mujeres.
Estamos de acuerdo con la proposición no de ley que se va a discutir y
esperamos noticias --no habíamos tenido noticia oficial alguna que nos
llegara a todos los grupos de cuáles han sido estas gestiones, que era lo
que nos preocupaba-- para evitar que, cuando pase este centenario, venga
el próximo y tengamos los mismos problemas. Como decía, vamos a apoyar la
proposición no de ley.
Muchas gracias por su presencia y por su contestación.
La señora PRESIDENTA: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señora
Presidenta, a través de la Presidencia enviaré a la Comisión Mixta esta
correspondencia que me ha hecho llegar la Comunidad Autónoma de Aragón.
La señora PRESIDENTA: Tal vez no sea el momento procesal oportuno, pero
quiero decirle al Secretario de Estado que cuando todas estas
conversaciones lleguen a buen puerto --como espero suceda--, la Comisión
Mixta de la Mujer será la primera que vaya al Aula-Dei de Zaragoza para
poder visitar las pinturas murales, si así le parece bien a la Comisión.
La señora ALMEIDA CASTRO: Incluso con el Vicepresidente.
La señora PRESIDENTA: Con el Vicepresidente. Con mucho gusto, el Senador
Varela nos acompañará.
Gracias, señor Secretario de Estado.
--DE LA SEÑORA ALBERDI ALONSO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE EL
INTERES DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN LA CONSIDERACION DE LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
EN LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL. (Número de expediente Congreso
181/000587 y número de expediente Senado 683/000023.)
La señora PRESIDENTA: Invitamos a la Secretaria General de Asuntos
Sociales, doña Amalia Gómez, a que comparta la mesa con nosotros. Como
siempre, damos la bienvenida y las gracias por comparecer ante esta
Comisión a la señora Secretaria General de Asuntos Sociales.
Doña Cristina Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, tiene una pregunta sobre el interés del
Gobierno español en la consideración de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en la Conferencia Intergubernamental.
La señora Alberdi tiene la palabra.
La señora ALBERDI ALONSO: Este es un tema de enorme interés para todas
las mujeres de la Unión Europea y, desde luego, para las españolas que
trabajamos activamente en la construcción europea, sobre todo, en la
etapa de la presidencia española de la Unión Europea en el segundo
semestre de 1995.
El grupo de reflexión para la Conferencia Intergubernamental que
preparaba la reforma del Tratado, que se reunió en Messina, consideró que
era muy necesaria la promoción de los valores europeos como introducción
del principio de ciudadanía de la Unión y refuerzo del concepto de
servicios públicos de interés general y de no discriminación.
De esta forma, se trabajó en la línea de considerar que debería existir
en el Tratado una cláusula general que prohibiera la discriminación,
considerando --en el tema de la mujer, que es el que hoy nos ocupa-- que
la ampliación debería darse en todas la áreas, no sólo en la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor, que deriva del artículo 119 del
Tratado de Roma, sino del principio general de igualdad entre hombres y
mujeres, que debería formularse de modo positivo en el Tratado y no
simplemente como resultado de la prohibición de discriminación, que ha
sido la tradición. En este contexto, la mayoría de los miembros estaban
a favor de incluir en el Tratado una referencia a la integración de la
perspectiva de género en todas las políticas y programas de la Unión.
Por eso, España, en enero de 1996, todavía en la anterior legislatura,
propuso diversas adiciones y modificaciones a introducir en el Tratado.
Una de ellas aludía al artículo 3, en cuanto que contenía una cláusula
añadiendo una política de igualdad de oportunidades entre las mujeres y
los hombres que implicara su participación equilibrada en todos los
ámbitos de la vida pública, económica, social y cultural, incluida la
toma de decisiones. También proponíamos un artículo 116.a), que contenía
una cláusula relativa a que los Estados miembros reconocerán y firmarán
la necesidad de hacer efectivo el principio de igualdad entre las mujeres
y los hombres en todos los órdenes y, especialmente, en el acceso al
empleo, la remuneración, las condiciones de trabajo, la protección
social, la educación, la formación y promoción profesionales, así como la
toma de decisiones. Por último, el artículo 119, por el que cada Estado
miembro garantizaría la aplicación de ese principio de igualdad al que se
refiere el tema del empleo, la retribución y las demás condiciones de
trabajo.
Nuestra pregunta al Gobierno viene derivada por haber recibido
--esperamos que erróneamente-- la noticia de que el Gobierno actual había
reducido ese planteamiento tan sólido y seguro que habíamos tenido con el
Gobierno anterior y que se había retirado la prioridad a la igualdad de
oportunidades en los trabajos para la reforma del Tratado. Este es el
motivo de esta pregunta: recibir de la responsable pública del Gobierno
la contestación a una información que esperamos sea errónea.
La señora PRESIDENTA: La señora Secretaria General de Asuntos Sociales
tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Tengo que
tranquilizar a S. S. porque los artículos propuestos por el Gobierno para
la modificación del Tratado de la Unión Europea responden textualmente a
los enunciados que S. S. ha dicho, como no podía ser menos, porque los
cambios de Gobierno no deben implicar retrocesos en lo que son políticas
seguras y compartidas.
En el artículo 3, la adición de un nuevo apartado se hace en los términos
en los que usted ha citado: añadir una política de igualdad de
oportunidades entre las mujeres y los hombres que implique su
participación equilibrada en todos los ámbitos de la vida política,
económica, social y cultural, incluida la toma de decisiones. Igualmente,
el nuevo artículo 116.a), en los términos en los que S. S. ha leído y que
yo repito para que así conste en el «Diario de Sesiones» de la Cámara,
diría: Los Estados miembros reconocerán y afirmarán la necesidad de hacer
efectivo el principio de igualdad entre las mujeres y los hombres en
todos los órdenes y, especialmente, en el acceso al empleo, la
remuneración, las condiciones de trabajo, la protección social, la
educación, la formación y promoción profesionales, así como la toma de
decisiones. El Consejo adoptará, con arreglo al procedimiento previsto en
el artículo 1898 y previa consulta al Comité Económico y Social, acciones
que apoyen y complementen la política llevada a cabo por los Estados
miembros. Igualmente, por mayoría cualificada, a propuesta de la
Comisión, se adoptarán las recomendaciones. Luego, como decía S. S.,
irían las modificaciones relativas al artículo 119. Por otro lado, quiero
decirle a S. S. que estamos buscando la posibilidad de introducir en el
Tratado una cláusula de no discriminación en todas las circunstancias que
puedan provocar comportamiento discriminatorio, entre las que incluiría
también el sexo.
Con esta respuesta espero haber disipado las dudas de su señoría.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Quiero agradecer a la Secretaria General de
Asuntos Sociales que haya contestado
a la pregunta en estos términos, que implican una continuidad con las
políticas que se han seguido en los últimos años en relación con la
modificación del Tratado de la Unión y la introducción, como derecho
positivo, de la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres.
La señora PRESIDENTA: ¿Desea contestar la señora Secretaria General a la
señora Diputada?
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Quiero
darle las gracias a la señora Diputada por el beneficio de creer, que yo
creo es importante. Quiero manifestarle también que esta Secretaría
General no tiene problemas a la hora de asumir propuestas del Gobierno
anterior o del que le precedió, como en este caso, que mejoran no sólo la
situación y el marco jurídico de la mujer en la Unión Europea, sino que
puede servir de impulso a otros Gobiernos.
Nosotros pensamos que se debe seguir avanzando. Quiero decirle que en la
próxima conferencia de La Haya sobre el tráfico de mujeres estamos
pensando en impulsar iniciativas relativas a que los Estados de la Unión
realicen una labor conjunta para acabar con las redes de tráfico de
mujeres, tema que no estaba contemplado. No puedo asegurarle nada en este
momento hasta ver qué aceptación y apoyo tiene la iniciativa española.
Con mucho gusto, tendré informada a su señoría.
--DE LA SEÑORA ALMEIDA CASTRO (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE LAS REFORMAS EN LAS LEYES
ELECTORALES PARA QUE EN EL ACCESO A LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES SE
GARANTICE LA NECESARIA PARIDAD EN LA REPRESENTACION DE HOMBRES Y MUJERES.
(Número de expediente Congreso 181/000519 y número de expediente Senado
683/000009.)
La señora PRESIDENTA: Doña Cristina Almeida Castro, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya del Congreso de
los Diputados, tiene una pregunta, sobre las reformas en las leyes
electorales para que en el acceso a los organismos y entidades se
garantice la necesaria paridad en la representación de hombres y mujeres.
Tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Señora Secretaria General de Asuntos Sociales,
esta pregunta tiene que ver con la necesidad de impulsar el plan de
igualdad, donde se han tomado principalmente medidas teóricas, y de
concretar esas medidas en necesidades prácticas. La paridad no es sólo
una estrategia que podamos utilizar unos partidos de una manera y otros
de otra, sino que es una aspiración colectiva de mayor presencia en la
vida política para enriquecer la democracia y favorecer que esa
democracia sea representativa de los hombres y mujeres que viven y han
luchado por ella. Sin embargo, esto no se consigue fácilmente,
Preguntamos si hay alguna normativa prevista que modifique las normas
electorales o, incluso, la designación de determinados altos cargos para
que la paridad o mayor representación de hombres y mujeres sea un hecho
que no dependa sólo de la voluntad, sino que sea algo más forzado desde
al democracia. Usted sabe, que en algunos países, como Bélgica o
Argentina ya se han dictado normas positivas para integrar a las mujeres
en las listas electorales y para que la representación de los ciudadanos
sea más equitativa entre hombres y mujeres. Esta fue una de las
pretensiones de la conferencia «Mujeres al Poder», celebrada en Atenas en
1992, con lo cual se pretende fortalecer una democracia más paritaria.
¿Tiene previsto el Ministerio del que depende esta Secretaría general
promocionar algún tipo de reforma para hacer más evidente la
participación de mujeres?
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Secretaria General.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Como S.
S. sabe, la plena participación en política de hombres y mujeres es un
objetivo prioritario y un debate de los poderes públicos desde hace mucho
tiempo. Es cierto que la Constitución, en sus artículos 14 y 9.2, así lo
consagra. También es verdad que la marcha hacia lo que debe ser la
participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres viene
impulsada desde la declaración de la conferencia mundial de derechos
humanos, de 1993, a la convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer. Yo creo que S. S. ha citado el
documento más importante, que es el aprobado en la cuarta conferencia
mundial sobre las mujeres en Beijing, sobre el poder y, la toma de
decisiones.
Para mí, señoría, supone una tranquilidad que el actual Gobierno, el 2 de
diciembre de 1996, aprobara en el Consejo de Política Social de Europa la
recomendación para que exista una participación equilibrada entre hombres
y mujeres en la toma de decisiones. Como usted sabe, España fue uno de
los pocos países que recibió -- tengo que decirlo públicamente-- la
felicitación del lobby europeo de mujeres.
¿Qué piensa hacer el Gobierno? El tercer plan de igualdad puede estar
formado por objetivos teóricos, puestos que no son realidad hasta que no
están conseguidos. Sin embargo, difícilmente podemos hacerlo por ley.
Usted se preguntará por qué no se establee que haya tantas mujeres en
unos sitios y tantas mujeres en otros. La opinión del Gobierno y la de
esta Secretaria General es que lo primero que hay que conseguir y hacer
verdad a través de los convenios colectivos, del ejercicio de la ley, es
que exista igualdad de oportunidades. No tiene por qué existir, a mi modo
de ver, un intervencionismo tan fuerte que tengamos que hacer la paridad
por ley, cuando tendría que ser natural puesto que hombres y mujeres
somos iguales en dignidad. En esta divergencia nos vamos a encontrar
siempre, señoría,
porque nosotros pensamos que nacemos iguales en dignidad, que tenemos que
seguir impulsando medidas para que esa igualdad de verdad se convierta en
hechos, pero difícilmente lo podemos hacer por ley, porque eso no sería
ni siquiera reconocer la dignidad y capacidad de las mujeres para, en
igualdad de condiciones, competir con los hombres.
Puede tener seguridad, señoría, de que estamos trabajando con el
Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Trabajo, en el área de
empleo, para conseguir que no haya cláusula, interpretación o resquicio
alguno que impidan a las mujeres, en igualdad de condiciones, competir.
Desde luego, el Gobierno no comparte la visión paritaria que usted tiene
por decreto. Consideramos que es una intromisión o ejercicio del poder
del Gobierno. Es una aspiración a la que no renunciamos, aunque por otro
camino.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Es verdad que podemos decir qué comparte y qué
no comparte el Gobierno. No estábamos intentando que el método fuera
obligatorio, para todo el mundo, pero sí tiene que serlo la finalidad, y
yo no comparto que la finalidad se pueda conseguir con esa abstracción de
que la que vale vale, ya vendrá la buena voluntad, todos somos muy
buenos, las mujeres tenemos tanta dignidad que vamos a terminar
imponiéndola y que nos la reconozcan porque no van a poder eludir ese
encanto que tenemos para demostrarlo.
Tenemos todos los obstáculos, no por la falta de igualdad de
oportunidades, sino por la falta de cambios y de transformación de un
modelo social que nos carga de muchas cosas. Influir en estos temas es
muy importante, pero también lo es hacer ver a la ciudadanía que la
democracia es algo más que palabras o una mera representación, que es
también una identificación de géneros, de hombres y mujeres que la
enriquezcan. Es verdad que en países muy democráticos, donde no se
establece ningún ataque a la dignidad de las mujeres, hay normas que
obligan a que en cargos de designación democrática (en nuestro país por
ejemplo, el consejo de Radiotelevisión, el Consejo de Universidades, el
Consejo General del Poder Judicial, que son cargos de representación)
tenga que haber representación de los hombres y de las mujeres, porque
ésa es la forma de integrar la democracia. Yo no quiero que las cosas se
hagan por decreto, pero sí que se aplique la ley de la igualdad y hacer
de verdad de la igualdad ley, porque es ya ley constitucional, es un
derecho y una obligación constitucional. Es cierto que ustedes van a
decir que nunca van a obligar a nada porque la buena voluntad va a
existir. Las Naciones Unidas dicen que para el año 2400 a lo mejor existe
la igualdad, pero como no vamos a vivir para verlo, y yo ya se lo he
dicho otras veces, queremos acelerarlo un poco más, y no estaría nada mal
que se buscara la norma --no tiene que ser por decreto-- por la que exija
que se tenga esta paridad de opción en la representación, que permita a
los ciudadanos elegir, porque hoy los ciudadanos no eligen porque sí, ya
que a lo mejor las mujeres podríamos suponer otra opción, sino que eligen
porque se les convoque a una determinada forma de elegir, y si esa forma
de elegir pudiera se paritaria, yo creo que los ciudadanos tendrían
ocasión de elegir la paridad. Si no, me parece que vamos a andar mucho
más despacio, y todas estas preguntas --el otro día decía con terror la
Directora del Instituto de la Mujer que por qué habíamos hecho tantas--
son para intentar provocar precisamente que vayamos ya legislando sobre
estos temas, que no nos quedemos en el plano de la buena voluntad, sino
en el plano de hacer realidad los derechos, que a mí me parece muy
importante y lo va a ver por el resto de las preguntas que tenemos en
este día.
La señora PRESIDENTA: La señora Secretaria General tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Hay una
parte de su pregunta en la que sí estoy de acuerdo con usted y sobre la
que estoy dispuesta a ayudar. Yo querría ahorrarme mencionar lo que ya
les dijo a ustedes la Directora General del Instituto de la Mujer
respecto a la medidas que se prevén e el tercer plan para ayudar a que la
igualdad de oportunidades sea una realidad. Hay una cosa en la que sí
estoy de acuerdo con usted. Si hay órganos de representación para los que
se supone que existen mujeres cualificadas, y cuando digo cualificadas no
me refiero en exclusiva al punto de vista académico, sino también al
profesional, yo creo que sería una buena tarea de esta Comisión y de
todos los grupos políticos impulsar propuestas, porque entiendo que ya no
se trata de forzar mediante ley, sino de que se imponga la realidad. A
ese respecto señoría, cuando usted hablaba de órganos de representación
se me ha encendido la luz. No es ya lo mismo que decir: en este lugar,
tantos hombres y tantas mujeres, sean o no sean, sirvan ellos o sirvan
ellas. Lo sensato será siempre lo que nos pueda servir para avanzar y en
ese sentido sería bueno, lo mismo que lo sería para avanzar en este tema
hacerlo en el ámbito de los partidos políticos, lo que también es
importante porque de alguna manera somos vanguardias conscientes de la
sociedad y referente. Por eso, desde la Secretaría General, de una forma
específica y concreta, no genérica --que es en lo que tengo que decir con
todo el cariño que no estoy de acuerdo con usted, en lo genérico, pero sí
en los específico--, creo que aquí sí tenemos que avanzar, porque es
verdad que el voluntarismo es la coartada de la desilusión y la
ineficacia. Yo tengo que decirle que no soy voluntarista. Lo que pasa es
que, en lo genérico, a usted no se le ocultará que no puedo estar de
acuerdo con usted y en lo específico, sí. (La señora Almeida Castro
pronuncia palabras que no se perciben.) No, género, no; genérico, de
global; género, total, a tope.
--DE LA SEÑORA ALMEIDA CASTRO (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE LA PROFUNDIZACION EN LA APLICACION
DE LA DIRECTIVA SOBRE MATERNIDAD PROHIBIENDO EN TODO CASO EL DESPIDO DE
LAS MUJERES EMBARAZADAS DURANTE EL EMBARAZO Y LAS EXCEDENCIAS DE
MATERNIDAD. (Número de expediente Congreso 181/000525 y número de
expediente Senado 683/000015.)
La señora PRESIDENTA: También la señora Almeida tiene una pregunta sobre
la profundización en la aplicación de la directiva sobre maternidad
prohibiendo en todo caso el despido de las mujeres embarazadas durante el
embarazo y las excedencias de maternidad.
Su señoría tiene la palabra.
La señora ALMEIDA CASTRO: Sabe que soy muy insistente en este tema,
porque aunque es verdad que cuando se hizo la directiva sobre maternidad
por parte del anterior Gobierno español ya se habían superado aspectos
tales como el permiso de descanso maternal, etcétera, no se ha conseguido
la consideración de la maternidad no como incapacidad laboral transitoria
sino como una declaración específica, y había otros derechos sujetos a
protección que se explicaban en esa directiva y uno de ellos, que a mí me
parece fundamental, es la prohibición del despido de la mujer embarazada.
Sabemos que hoy es difícil que te den una carta de despido por estar
embarazada, pero es verdad que la precariedad y la temporalidad del
empleo de las mujeres, los tiempos parciales y demás permiten unas causas
de sustitución de los contratos que, sin ser discriminatorias, obedecen
fundamentalmente a la condición de embarazada. Yo en este momento tengo
tres recursos en el Tribunal Constitucional y bastantes pleitos
precisamente de mujeres despedidas por su situación de embarazo y vamos
a llegar a Estrasburgo si es necesario.
En todo este tema de la maternidad no es sólo decir tengan hijos, como
decía el señor Fraga, ni todas estas cosas. Me gustaría saber qué
política se va a hacer para la protección de un derecho, de una función
social que tendremos que cumplir y si el Gobierno piensa profundizar en
la adaptación de esa normativa en tres aspectos: uno, en la prohibición
del despido de la mujer embarazada; dos, en no considerar la maternidad
como incapacidad laboral transitoria, porque no es ninguna enfermedad y
se debe catalogar en función de otras consideraciones, y, por último, y
ya lo explicaremos más detalladamente porque tengo otra pregunta sobre
ello, en lo relativo a los permisos parentales, porque creemos que en
este momento hay una nueva directiva en Europa en la que se va a tratar
de estos asuntos, fundamentalmente y en lo relativo a la maternidad, el
despido, la consideración y la vigilancia del tiempo de excedencia.
Otro tema objeto de trasposición es el cambio de puestos de trabajo y los
riesgos que la maternidad pueda tener en determinados trabajos, en lo que
tampoco nos hemos equiparado, aunque en la nueva ley de salud laboral se
han incluido algunas cosas, pero no están identificados todos estos
riesgos, y nos gustaría saber si el Gobierno piensa tomar alguna medida
para profundizar en la aplicación de esta directiva.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Secretaria General.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Con
muchísimo gusto paso a responderle, puesto que ha habido un acuerdo
reciente de la Secretaría General de Empleo sobre el particular y traigo
el informe de la Directora General de Trabajo.
Como usted ha dicho muy bien, primero, la maternidad no debe considerarse
una enfermedad. Yo creo que es una aportación social más de la mujer a la
sociedad. Por tanto, la propuesta incluida va a permitir una mayor
cobertura en el empleo de las mujeres embarazadas, ya que la actual
normativa española regula, como usted sabe, como despido nulo el de la
mujer embarazada cuando se produce por causa de discriminación, pero
usted ha dicho muy bien que se disfraza de otras cosas. Ahora lo que
pretendemos es que no pueda ser ni siquiera por causas objetivas o por
despido colectivo siempre que se encuentre en la situación de embarazada.
Esto ya tiene el visto bueno de la Dirección General de Trabajo y por
tanto se incluirá. Asimismo en una de las actuaciones del tercer plan se
amplía la prohibición de despido de las mujeres embarazadas en los casos
que le he dicho, y de esta forma también se cumplirían el convenio con la
OIT, que está ratificado por España y que es vinculante, y la Carta
Social Europea, que protegen a las mujeres embarazadas y prohíben su
despido aunque no concurran causas de discriminación. Por otra parte,
estamos tratando de ampliar la protección a los trabajadores cuando el
despido se produce como consecuencia del ejercicio del derecho a
disfrutar los permisos parentales, en el marco de la trasposición de la
Directiva de la Unión Europea sobre permisos parentales 96/34,
consecuencia del acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales en
esta materia. Por tanto, con el acuerdo al que hemos llegado en el ámbito
de la Secretaría General de Empleo, en los puntos más importantes de su
pregunta, queda de alguna manera satisfecha su inquietud, que era
compartida.
Tengo que añadir algo más. Estoy de acuerdo con usted, las políticas
natalistas puras y duras son propias de regímenes totalitarios y, por
tanto, pensamos que la paternidad y la maternidad son ejercicio de la
libertad individual. En este caso yo creo que la maternidad tiene una
dimensión social, como usted muy bien ha dicho, que tiene que ser tenida
en cuenta por los gobiernos, no sólo por el nuestro sino también por los
de la Unión Europea.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Cualquier avance en este ámbito va a ser
siempre compartido. Aunque nuestra preocupación queda salvada, lo que sí
le rogamos es que cuando haya disposiciones de este tipo, que tienen
mucho interés para esta Comisión y nos permiten poder trabajar sobre
datos, tengamos conocimiento de ellas. Por lo menos,
de cara a lo que no puede resolver, me parecería estupendo contar con
ello, aunque tendremos la obligación de conocer esos acuerdos cuando sean
públicos, pero en tanto no se publiquen, estaría bien saber por dónde
vamos, qué es lo que queremos conseguir con esta serie de preguntas.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Secretaria General.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Le voy a
hacer llegar, señora Almeida, el texto de la Dirección General de Trabajo
con muchísimo gusto.
--DE LA SEÑORA ALMEIDA CASTRO (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE LA MEDIDA PARA EL DESARROLLO,
INFORMACION, PREVENCION Y SANCION EN RELACION CON EL CODIGO DE CONDUCTA
PARA COMBATIR EL ACOSO SEXUAL Y CUMPLIR LA DIRECTIVA COMUNITARIA DE
PROTECCION DE LA DIGNIDAD DEL HOMBRE Y DE LA MUJER EN EL TRABAJO. (Número
de expediente Congreso 181/000531 y número de expediente Senado
683/000021.)
La señora PRESIDENTA: Señora Almeida, también S. S. tiene una pregunta
sobre medidas para el desarrollo, información, prevención y sanción en
relación con el código de conducta para combatir el acoso sexual y
cumplir la directiva comunitaria de protección de la dignidad del hombre
y de la mujer en el trabajo.
Su señoría tiene la palabra.
La señora ALMEIDA CASTRO: Este es un tema que hemos tratado en varias
ocasiones, incluso en legislaturas pasadas --no en la última--, en que
estuvo presente esta Diputada. Trabajamos precisamente para desarrollar
lo que era el código de conducta para proteger la dignidad de la mujer en
el trabajo. Lo hicimos desde dos frentes, intentando modificar el
Estatuto de los Trabajadores --lo que se hizo a través de una reforma de
la Ley del procedimiento laboral incorporando la protección contra el
acoso sexual en el trabajo dentro de las sanciones-- y formulando una
enmienda al proyecto de Código Penal anterior e incluida en el siguiente,
incorporando el acoso sexual dentro de dicho Código Penal como una
agresión al ambiente de trabajo y como un ataque a la libertad sexual de
las mujeres.
Sin embargo, la protección en este tema no está del todo conseguida,
desde el punto de vista laboral, no está bien desarrollada. En el acoso
sexual muchas veces no entra la inversión de la carga de la prueba,
porque ésta, en nuestro procedimiento, se hace a partir de aspectos
discriminatorios, y por entender que el acoso es para ambos sexos y no se
debe considerar discriminatorio en su formulación, tampoco se debe
aplicar la inversión de la carga de la prueba. Por otro lado, la
consideración del acoso sexual en el trabajo se hace desde el punto de
vista de la dependencia laboral y no desde la igualdad laboral, es decir,
está previsto el acoso del jefe a la subordinada, pero no la protección
contra el acoso entre compañeros, entre iguales, porque la iniciativa de
la protección la tiene siempre el empresario. Ese tipo de situaciones
hace que contra la figura del acoso no haya suficiente protección y
creemos que debemos profundizar en ese código de conducta que tuvo su
reflejo parcial aquí para tomar una mayor conciencia, y no sólo lo
pretendemos hacer con la modificación y la adaptación de este código de
conducta, sino también con otras preguntas que hemos hecho sobre la
posibilidad de que haya inspectores vigilantes de la igualdad en la
Inspección de Trabajo, en los comités de empresa, etcétera, que ayuden a
crear un clima de comprensión del problema del acoso, que es gravísimo y
que no tiene una formulación jurídica suficientemente tipificada.
Nuestro grupo quisiera saber si hay alguna medida para intentar dar un
amparo legal mayor y poder traspasar a nuestro ordenamiento jurídico este
código de conducta, que tiene mucho de cultural, de educacional, pero
también de legal, aspecto este último sobre el que le preguntamos en este
momento.
La señora PRESIDENTA: Señora Secretaria General.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Señoría,
respecto a esta pregunta tengo que decirle que el otro día la Directora
del Instituto de la Mujer ya hablaba sobre lo que en el conjunto de
actuaciones se pensaba hacer sobre este asunto, por ejemplo, impulsar la
legislación laboral para que recoja lo que es el acoso sexual, es decir,
hay una declaración de intenciones que queremos materializar.
Su señoría ha dicho algo que compartimos todas las mujeres que hemos
trabajado, aunque no hayamos sido, en el caso de la que le habla, objeto
de acoso sexual, imagino que sería porque se podían esperar lo que podía
venir y pienso que a S. S. le pasaría igual que a mí. Quiero decir que no
íbamos a quedarnos pasivas, salvo que --lo voy a decir aunque quede
constancia en el «Diario de Sesiones»-- fuera de nuestro agrado, con lo
cual ya no sería acoso.
El quid de la cuestión está en que habría que estudiar una explicación
del artículo 96.11 del Estatuto de los Trabajadores. En ese punto se
dice: Son infracciones muy graves los actos del empresario que fueren
contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la
dignidad de los trabajadores. Ahí habría que aclarar, porque usted ha
dicho muy bien que sólo si el acoso es entre un superior y un inferior se
entiende como acoso, que el acoso, cuando son hombres los que tienen que
interpretarlo, generalmente no lo interpretan. Por tanto, creo que
tendríamos que ir a la modificación de ese artículo porque ahí se hace
responsable al empresario de cualquier ataque a la dignidad en el ámbito
de trabajadores en igualdad de condiciones y tendríamos que tratar de
incluir algo referente a lo que es el acoso sexual.
Esta actuación es muy importante porque se siguen dando muchos acosos
sexuales en el ámbito laboral, y más a nivel de igualdad de condiciones
que en lo que está mejor tipificado, de superior a inferior. Tenemos que
hacer una cultura de la denuncia, pero a todo riesgo. En este sentido
estamos trabajando mucho con el movimiento Asociativo para crear un
ambiente de rechazo, pero de rechazo activo. Pedimos la colaboración de
SS. SS. para poder llevar a cabo la reforma de este artículo del
estatuto, donde se explicite. Para empezar habría que involucrar a la
persona responsable de la empresa --el empresario-- en situaciones que,
como S. S. sabe, son muy conocidas en el ámbito laboral, porque lo
acosadores sexuales tienen nombre y apellidos, todo el mundo lo sabe,
pero al final muy pocos los denuncian.
La señora PRESIDENTA: Señora Almeida, tiene la palabra.
La señora ALMEIDA CASTRO: Quiero decirle, señora Secretaria, que ante
cualquier mujer yo también me siento acosada. (La señora Secretaria
General de Asuntos Sociales --Gómez Gómez--: Yo también.) No necesito
tener una vivencia personal porque tengo una vivencia colectiva.
La normativa que se está haciendo sobre el acoso me parece bien. Por eso
he dicho que se debe crear un ambiente cultural, que se debe conocer bien
y que hay que hacer estudios para saber cuál es la gravedad en cada
centro, y tiene que haber un apoyo.
El procedimiento de la denuncia no está bien tipificado, porque
legalmente tiene tanto costo que muchas veces, en los delitos de
violación, por ejemplo hemos tenido que luchar para que no haya un juicio
paralelo de la víctima. Son varias cosas las que hay que modificar. El
procedimiento laboral no está bien desarrollado. La inversión de la carga
prueba no se debe aplicar por obligación a este tipo de conductas, donde
una tiene que demostrar lo que se hace siempre en el ámbito de lo oculto.
La falta de dignidad del empresario hacia sus subordinados está
tipificada y, sin embargo, no lo está cuando ocurre entre subordinados,
porque la dirección de la empresa la tiene el empresario. Por tanto, hay
que incidir en la modificación legal. Además la denuncia activa tiene que
contar con mecanismos que amparen esa protección. Eso motiva las
preguntas que hemos hecho sobre la necesidad de que existan en la
Inspección de Trabajo unas inspectoras que velen por la igualdad, que se
preparen y se formen al respecto.
La última vez que estuve en Valencia, invitada por el Instituto de la
Mujer de la comunidad autónoma, con motivo de las jornadas sobre
violencia, la inspectora de Trabajo responsable de la Delegación de
Trabajo habló de lo importante que sería contar con inspectoras o
inspectores con esa formación que vigilaran esa cuestión de la igualdad
con el fin de que el proceso de la denuncia esté protegido y no
desamparado, tanto en lo que afecta a la prueba como a lo que es la
imposibilidad legal de estar protegidas frente a un compañero. Por eso
hemos incidido más en el aspecto legal que en las buenas intenciones que
puedan estar recogidas en el plan de igualdad, en el plan comunitario y
en la plataforma de Pekín, pero que nosotros tenemos que llevarlas al
Derecho positivo.
La señora PRESIDENTA: La señora Secretaria General tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Por cada
mujer maltratada yo también me siento maltratada, lo comparto con su
señoría. Al hablar de mi experiencia personal lo hacía en cuanto a lo que
suponía de rebeldía y de impotencia ante esa situación.
Cuando hablaba de estudiar la reforma del artículo 96.11 del Estatuto de
los Trabajadores me refería a explicitar en ese artículo la situación de
acoso entre iguales en el marco de una empresa. Vamos a trasladar la
propuesta que usted hace al área de empleo, porque se puede incluir, ya
que no aparece recogida, en los formularios de las inspecciones de
Trabajo a los centros. Tan pronto como tengamos algún marco de
entendimiento o de acuerdo en ese sentido, prometo trasladárselo. Estamos
trabajando sobre el Estatuto de los Trabajadores, pero la vía que usted
propone me parece razonable, vamos a profundizar en ella y le diré lo que
podamos conseguir.
La señora PRESIDENTA: Señora Secretaria General, sabe que siempre es
bienvenida a esta Comisión. Esperamos verla muchas veces, no sólo a
petición de cualquier grupo parlamentario, sino también a petición suya.
Esta es su Comisión para cuando quiera venir.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Muchas
gracias.
--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DE C. F. AGRICOLAS DE
BRUSELAS Y SECRETARIA GENERAL DE AFAMMER (PRUNA ESTEVE), A PETICION DEL
GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), PARA INFORMAR SOBRE
LAS ULTIMAS INICIATIVAS IMPULSADAS EN EL AMBITO DE LA UNION EUROPEA A
FAVOR DEL COLECTIVO DE MUJERES DEL AMBITO RURAL. (Número de expediente
Congreso 219/123 y número de expediente Senado 715/000035.)
La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) ha pedido la comparecencia de doña Rosa María Pruna Esteve,
Vicepresidenta de la Comisión Femenina del Comité Profesional Agrario de
Bruselas y Secretaria General de Afammer, para informar sobre las últimas
iniciativas impulsadas en el ámbito de la Unión Europea a favor del
colectivo de mujeres del ámbito rural.
Le invitamos a compartir la mesa con nosotros y le damos la bienvenida.
Señora Pruna, estamos deseando oírle y
estamos seguros de que nos podrá ofrecer datos importantes. Tiene la
palabra.
La señora VICEPRESIDENTA DE C. F. AGRICOLAS DE BRUSELAS Y SECRETARIA
GENERAL DE AFAMMER (Pruna Esteve): Muchas gracias, señora Presidenta,
señor Vicepresidente, señoras y señores Diputados, así como al Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por citarme hoy aquí.
He escuchado todas las intervenciones que ha habido sobre el tema de los
derechos de las mujeres y es para mí un honor poder venir a hablar aquí
hoy sobre las mujeres agricultoras, las mujeres que vivimos en el mundo
rural. Hay gente que puede confundir qué es mundo rural y qué es
agricultura, porque todo es lo mismo, pero el mundo rural en la Unión
Europea ocupa el 80 por ciento de su territorio mientras sólo un 20 por
ciento es urbano. ¿Qué es la agricultura? La agricultura es la espina
dorsal del mundo rural, es decir, sin agricultura no hay mundo rural, y
por eso hoy estoy aquí, porque soy agricultora, soy ganadera y en estos
momentos ostento la presidencia de la Comisión Femenina del Copa, Comité
de Organizaciones Profesionales Agrarias, en Bruselas, que agrupa las
organizaciones de los quince Estados miembros --hay unas 50
organizaciones agrarias--. Allí existe una comisión que es de hombres y
mujeres pero luego hay otra específica, que es donde estamos, Afammer,
que es una comisión para debatir temas sociales, de formación, jurídicos,
que atañen a la mujer y a la familia de los agricultores, y formamos
parte de Afammer desde 1986, en que entramos en la Unión Europea,
entonces Mercado Común.
Desde que entramos en esta comisión han pasado muchas cosas. Todos
sabemos que en 1957 hubo algo muy importante para la agricultura de
Europa, que fue el Tratado de Roma, sobre el que hoy he escuchado hablar
aquí al tratar el tema de la igualdad de oportunidades. Fue un tratado
que entonces hicieron seis países para garantizar la alimentación de los
ciudadanos de Europa en caso de otra guerra mundial, pero también para
garantizar las rentas de sus agricultores. Creo que hoy, en 1997, este
Tratado de Roma se ha ido decantando hacia otros aspectos y no está en la
misma línea que cuanto nació, porque pienso que hay veces que ya no se
garantiza la renta de los agricultores. El papel y las funciones de la
agricultura no son suficientemente conocidos por toda la sociedad, aunque
son primordiales e insustituibles para la población humana. La
agricultura constituye el equilibrio biológico, ecológico, social y
humano de nuestro planeta.
Todos sabemos que para la agricultura española la entrada en el Mercado
Común en 1986 no fue lo que se dice una buena negociación, pero fue
importante entrar en la Comunidad Europea. Las explotaciones agrarias han
tenido un despegue de modernización y de reestructuración, pero también
han tenido una pérdida de su actividad agraria y de sus rentas, y cuando
más se ha notado ha sido desde el 20 de mayo de 1992, con la reforma de
la PAC, política agraria común, que terminó con el libro comercio, el
GATT, en 1993, con repercusiones que ya nos estamos encontrando y cuyo
alcance es difícil poder llegar a saber, porque pronto, en 1999,
tendremos una revisión de este tratado que nos dirá cómo queda la
agricultura no ya de España sino de Europa.
Pues bien, la internacionalización de los mercados es un hecho real, con
estos cambios ha habido una organización nueva de mercados muy importante
y la mujer ha sido la primera en comprender la necesidad de adaptarse a
estas nuevas realidades. Creo que en situaciones difíciles las mujeres
siempre somos capaces de adaptarnos a lo que sea para seguir adelante, y
la mujer ha emprendido nuevas actividades para mantener los ingresos de
la explotación; incluso, muchas veces con reticencias de toda la familia,
ella ha sido la gran artífice del agroturismo en España y en toda Europa,
para llevar rentas complementarias a la explotación. La mujer, que ha
asumido sin dificultades este papel y se ha adherido a estos nuevos
retos, no tiene el apoyo suficiente en el reconocimiento de su trabajo,
hasta hoy invisible; especialmente a las agriculturas españolas les falta
mucha formación e información para poder desarrollar adecuadamente estas
nuevas aspiraciones.
En las últimas estadísticas de 1993 se nos dice que en España trabajan en
la agricultura 1.255.927 mujeres; de éstas, 530.528 son titulares de
explotación, y cónyuges colaboradoras, 508.773, pero resulta que las
estadísticas comunitarias nos indican que el número de mujeres que son
titulares de explotación varían según los Estados miembros y en función
del retraso estructural que tienen. Por ejemplo, en Portugal y España
--por este orden-- es donde hay más titulares de explotación pero con una
salvedad, que son explotaciones casi inviables y que sus titulares son
mujeres de edad avanzada que han quedado al frente de la explotación
porque han muerto sus maridos. También las hay jóvenes, pero son las
menos. ¿Y qué nos dicen los informes comunitarios? Que en los países con
más tecnología, con más formación y con más riqueza, como son Alemania,
Dinamarca y Holanda, sólo hay un 9, un 15 y un 14 por ciento de
titulares, respectivamente. Es decir, por una parte te sientes orgullosa
de ver que en España hay tantas titulares de explotación, pero tenemos
que saber por qué y cuál es la realidad. Ya me gustaría a mí que fueran
de explotaciones competitivas. Según Mazariegos, en 1993, de las mujeres
cónyuges colaboradoras, sólo cotizaba al régimen especial agrario un 25,9
por ciento y al de autónomos sólo un 1,8 por ciento, es decir, tenemos un
74,2 por ciento de cónyuges colaboradoras que no cotizan a la Seguridad
Social y esto es muy preocupante porque estas mujeres cuando les llega el
momento de la jubilación han trabajado toda su vida, han ayudado a formar
las rentas de su explotación, pero no tienen nada.
¿Quién sabe realmente cuántas cónyuges colaboradoras hay, quién lo sabe,
hay un censo fiable? Hasta el momento, no. En la Comisión Femenina del
Copa hemos acogido con satisfacción la modificación de la Directiva
86/613 con respecto al trabajo de los cónyuges colaboradores autónomos.
Las modificaciones de esta directiva implican el registro obligatorio de
todos los cónyuges colaboradores. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí?
Hemos llegado hasta aquí porque desde 1986, en que se publicó esta
Directiva, la 68/613, el 11 de diciembre, no se ha avanzado lo que se
debiera. Hay países en que el avance ha sido nulo y hay países que la han
adoptado, pero muy pocos. ¿Qué ha pasado?
Que Francia sí la adoptó, pero los otros países sólo han cogido lo que
más les convenía, porque suponía cambiar la legislación, y en vista de
que habíamos llegado a 1996 y no había habido muchos cambios, hemos
pedido esta revisión. Además, creo que esta directiva nació un poco con
mal pie, aunque con muy buenas intenciones y muy buenas voluntades. ¿Qué
pasó? Que ya antes de ser ratificada por el Consejo de Ministros, en el
año 1989, tuvimos que encararnos en el Parlamento Europeo con un
eurodiputado, el señor Pierce, que no quería que las mujeres cónyuges
tuviéramos un estatuto de mujer agricultora. El decía que lo mejor era
que recibiéramos un salario por nuestro trabajo. Yo creo que allí la
comisión femenina del Copa hizo un gran trabajo; fuimos al Parlamento a
debatir y el Parlamento nos dio la razón. Una de las ponentes, que tuve
que ser yo, le dijo: ¿Cómo quiere usted que seamos empleadas de nuestro
marido si la explotación es de ambos? Si estamos conviviendo, si somos
marido y mujer, ¿por qué tengo que ser yo la empleada de mi marido? Hay
otra cosa y es que si, al final de la semana, me da un salario, cuando
llegue el lunes, mi marido, para comprar la harina y el pienso, me pedirá
otra vez ese dinero para sacar la explotación adelante.
Le convencimos. Esta directiva salió adelante, se ratificó en diciembre
de 1989, la aprobaron todos los ministros de la Unión Europea, y se dio
un plazo máximo hasta junio de 1991. Durante ese tiempo, nosotras,
Afammer, vinimos a España a hablar con el Ministro de Trabajo, el señor
Chaves, para exponerle la situación. La contestación fue que se cumplía
la directiva. Es verdad, en una cosa se cumplía, en la igualdad de
oportunidades. España es uno de los países de la Unión Europea que mejor
está en el tema de igualdad de oportunidades. Están mucho peor el Reino
Unido, Irlanda. En muchos países no está tan bien adecuado el tema de
igualdad de oportunidades. Y como esta directiva se refiere a la igualdad
de oportunidades para aquellos que ejerzan el trabajo de autónomos, la
contestación fue que había que condicionar la legislación, que eso
siempre duele y que no es fácil nunca.
Nosotras le pedíamos que fuera como en Alemania, como en Bélgica --hay
muchos países--, donde el titular que tiene la Seguridad Social paga un
plus cada mes y luego, cuando se jubilan los dos cónyuges, cobran los dos
la pensión de jubilación. No hubo unanimidad en la Unión Europea, porque
se decía que esto eran derechos derivados y no derechos propios. Es
verdad, lo sabemos, pero a veces vale más esto que quedarse absolutamente
sin nada, como les está pasando a las cónyuges españolas y de otros
países; no de todos, ya que nosotras, en el Copa, lo que sí estudiamos es
cómo están los otros países. En Bélgica, por ejemplo, cuando salió esta
directiva, las mujeres cónyuges no se podían afiliar a la Seguridad
Social, porque estaba prohibido; solamente podía hacerlo el titular. Y en
Portugal, tampoco. Por eso salió esta directiva. Hoy día pueden acceder
en toda la Unión Europea.
Nos fijamos en unos modelos que creemos que pueden ser viables para todos
los Estados miembros. Estos modelos son, por ejemplo, el que rige en
Luxemburgo, en Dinamarca o en Holanda. ¿Por qué nos fijamos en estos
regímenes? Porque en Francia, que cumple la directiva al cien por cien y
que ya en el año 1989 dispuso todas estas medidas, el estatuto de cónyuge
colaborador o el de cotitular no ha funcionado, porque tienen que pagar
una Seguridad Social completa. Hoy por hoy, las rentas de los
agricultores --no sólo en España, sino en toda Europa-- han bajado tanto
que no se pueden permitir el lujo de pagar una Seguridad Social completa;
en Francia hay buenas retribuciones, pero también es cara la Seguridad
Social. Viendo todo esto, fue cuando dijimos que los modelos de
Luxemburgo, de Dinamarca y de Holanda están en función de las rentas que
tiene la persona. Yo creo que esto es lo mejor, y así quedó ya reflejado
en la modificación que la comisión femenina del Copa hicimos en el año
1994, en la que pedíamos cotización única por explotación en función de
las rentas de trabajo que haya dentro de la misma.
Llegamos al año 1996 y no había nada. En octubre de 1996, la Comisión de
Derechos de la Mujer de la Unión Europea presentó una propuesta de
modificación de esta directiva para 1997, modificación que fue aprobada
el 3 de diciembre en el Parlamento y que ya está vigente. Se refiere a lo
que he dicho antes, al registro obligatorio de todos los cónyuges
colaboradores.
En España, después de 1994, entre 1994 y 1995, esta directiva encontró un
eco especial en las jornadas que se hicieron sobre las mujeres
protagonistas en el desarrollo rural. Se confeccionó la carta de igualdad
de oportunidades de las mujeres en el ámbito rural, una iniciativa que
había pedido Afammer en varias ocasiones, y pudimos participar todas las
organizaciones agrarias españolas, con un gran consenso entre todas. Esta
carta ya reflejaba lo que estamos pidiendo. Lo que pasa es que siempre
hay muy buena voluntad por parte de todo el mundo, pero no avanzamos.
Unánimemente, las mujeres de todas las organizaciones agrarias ya
pedíamos, sin saber lo que saldría de esa modificación, primero, una
revisión del censo agrario, para obtener unas estadísticas fiables de la
participación de la mujer en la agricultura. Segundo, una cotización
única proveniente de una cotitularidad con igualdad de prestaciones,
calculando el número de unidades de trabajo dentro de la explotación y
teniendo en cuenta su renta. Tercero, que era imprescindible contar con
la colaboración de las organizaciones y asociaciones agrarias antes de
iniciar cualquier proyecto destinado al desarrollo profesional de las
agricultoras.
Estamos en 1997 y aún no hemos podido ver una luz que nos diga que esto
va muy bien, pero, después de toda esta directiva, que hasta el momento
ha sido bastante descafeinada, sí podemos decir que el 15 de julio de
1995 España aprobó una ley sobre explotaciones prioritarias que favorece
la transmisión patrimonial. Esto fue una buena noticia, porque esta nueva
ley da a la mujer prioridad, cuando muere el marido a la hora de
transmitirle la explotación sin fiscalidad; cero pesetas. Cuando es
traspasada
de padres a hijos, es un 10 por ciento. Esto lo habíamos pedido
reiteradamente y hoy por hoy España es el único país de la Unión Europea
que ha tratado el tema de transmisiones patrimoniales, que la Directiva
86/613 también elude. Algo bueno hemos sacado; de forma descafeinada,
pero ha supuesto grandes cambios, especialmente en la mentalidad de las
personas del mundo agrícola y rural.
Hoy me gustaría pedir un esfuerzo por parte de todas y de todos para
analizar y estudiar cómo afectaría administrativa y legislativamente una
Seguridad Social única por explotación y en función de las rentas. La
calidad de vida es un objetivo humano, nosotras la queremos, y, para que
siga vivo el mundo rural, tiene que haber calidad de vida, pero también
tiene que haber rentas. Nuestros hijos no se van a quedar si no hay
calidad de vida ni rentas. Por eso, me gustaría hacer unas propuestas,
pero con la voluntad de todos. No me gusta exigir, porque sabemos todos
que, hoy por hoy, en Europa, en España, estamos en un momento más bien de
recesión económica; aunque digan que la economía va mejorando, todos
sabemos que la moneda única, Maastricht, nos está recortando presupuestos
en todos los países. Nos parece que no es un momento de pedir mucho, pero
sí, yo creo, de hacer un esfuerzo, porque en los momentos difíciles es
cuando se pueden arreglar las cosas. Nosotras propondríamos que se
impulsara, dentro de la agricultura, del mundo rural, la creación de
empresas de transformación agraria, dando prioridad al producto,
facilitando su comercialización, potenciando los productos autóctonos.
Aquí las mujeres tenemos un gran papel. Las mujeres, que somos grandes
trabajadoras en el mundo rural y agrícola, también sabemos ser buenas
comerciantes. Sería muy bueno que este trabajo no fuera hecho por
terceras personas, sino por las que trabajan y viven en la agricultura.
Nos gustaría que se llevaran a cabo acciones integradas para la puesta en
marcha de infraestructuras sociales, en particular en lo que se refiere
a la salud, a la cultura y a la educación, y que los hijos de los
agricultores pudieran acceder a estudios superiores con las mismas
ventajas y costes que los de la ciudad, porque hasta hoy la adjudicación
de becas es totalmente discriminatoria. Y aquí no hay cambios. Desde el
año 1988 estamos pidiendo que se cambie y cada año nos suben un poquitín
el tope de personas que están en la familia para poder acceder a becas,
pero, a la hora de la verdad, siempre nos cogen desprevenidos por el
patrimonio, un patrimonio que es nuestra herramienta de trabajo, como lo
puede ser la máquina de escribir para otra persona. Las vacas, las
tierras, los tractores, constituyen un patrimonio que siempre vale
millones, pero es un patrimonio que pasa de padres a hijos y es para
seguir trabajando. Pues bien, las becas no nos llegan y luego se ve que
personas con mucho más poder económico que los agricultores las están
obteniendo. Solamente pedimos que los costes sean iguales, porque la
gente del campo paga los impuestos exactamente igual. Y, siendo así, ¿por
qué al agricultor le tiene que salir no caro sino carísimo ir a la
Universidad o acceder a cualquier formación continua o superior? Porque
hay que decir dos cosas importantes. No solamente se trata del coste de
los estudios, es que además el hijo o la hija se tiene que desplazar a
las ciudades más próximas, tiene que dejar a la familia y fijar allí su
residencia, por lo que a veces no puede ayudar en la explotación. Un
coste muy alto.
Por último, la cotización única, proveniente de una cotitularidad, con
igualdad de prestaciones y que las diversas actividades dentro de la
explotación familiar se consideren como actividades agrarias. Digo esto
ya que el agroturismo, la venta directa, influyen en las rentas de la
agricultora, porque es ella quien lo hace. Pero hay un vacío legal, no se
ha legislado bien y lo que se vende se considera ingresos industriales;
si se quiere hacer una venta directa, no se puede hacer porque la
normativa española no lo permite o, si se hace, se está fuera de la ley,
por decirlo así. En cambio, en otros países de la Unión Europea,
especialmente Francia, Holanda, Alemania, cualquiera, en su casa, puede
matar sus patos, puede hacer paté y venderlo directamente en la
explotación sin ningún problema; evidentemente siguiendo las
correspondientes normas de sanidad. Aquí no se puede hacer; hay que sacar
una licencia industrial e ir a los mataderos. Parece que éstas son
pequeñas cosas, pero todo esto ayuda a que la mujer y el hombre puedan
vivir dignamente en la explotación agraria.
Para terminar, quiero decir que creo que es importantísimo el papel de
las mujeres en el desarrollo rural. Los políticos europeos y españoles
siempre nos dicen que quieren hacer una política agrícola y rural
coherente. Bien. Nosotras, las mujeres, les ayudaremos a hacer esta
política rural coherente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Ha sido interesantísimo y creo que
para todas nosotras ha sido de gran importancia su aportación.
Por el Grupo de Convergència i Unió, que ha solicitado su comparecencia,
tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: En primer lugar, en nombre de mi grupo, quiero
dar las gracias a la señora doña Rosa María Pruna, experta europea en
temas de agricultura, sobre todo en lo que se refiere a la mujer rural.
Agradecemos mucho su comparecencia y las explicaciones que nos ha dado
respecto a la situación de la mujer en el ámbito rural.
La mayoría de las mujeres que trabajan en el medio rural lo hacen en
empleos no regulares, en empresas familiares de las que no son titulares,
en empleos temporales o a tiempo parcial. En algunos casos, como nos han
dicho, ni siquiera cotizan a la Seguridad Social; en otros, las
cotizaciones son insuficientes para garantizar derechos propios a
prestaciones por desempleo, maternidad, accidentes de trabajo, invalidez,
servicios de sustitución, pensiones por jubilación, etcétera. En función
de la edad y de la relación que tengan en el mercado de trabajo, están en
una u otra situación.
Las mujeres que trabajan en la economía sumergida son un colectivo muy
amplio en el mundo rural. Estas mujeres carecen totalmente de derechos
laborales, puesto que las empresas no las dan de alta en la Seguridad
Social, por lo que no tienen acceso a las distintas prestaciones. Por
otro
lado, las mujeres que colaboran en la empresa familiar son mujeres que
trabajan en el sector agrario, industrial o de servicios. Al no aparecer
recogido su trabajo en las estadísticas, como ya nos ha expuesto la
compareciente, su aportación no se refleja, queda invisible, tanto para
el conjunto de la sociedad como para la regulación laboral.
Para eliminar esta situación, se ha establecido la posibilidad de que
tanto el marido como la mujer coticen como titulares de la explotación en
los sistemas de la Seguridad Social que regulan a los autónomos. Sin
embargo, existen dos problemas, ya expuestos, que dificultan esto en la
práctica. Por una parte, los ingresos de estas empresas no siempre
permiten el pago de dos cotizaciones a la Seguridad Social, en cuyo caso
se paga sólo la del marido. Incluso cuando la renta de la explotación
permite asumir el pago de las dos cotizaciones, no se efectúa, ya que se
considera más necesario cualquier otro gasto que la cotización de la
mujer. Si observamos las características descritas, hay una conclusión
evidente: el colectivo de mujeres lo tiene más difícil; son mujeres que
están próximas a la edad de jubilación, como se ha dicho, y es complicado
que lleguen a cotizar lo suficiente para tener derecho a una pensión
propia. Para el colectivo de mujeres que se encuentra en la mitad de su
vida laboral, hay que plantear las soluciones para que logren ser
titulares de sus propios derechos. Es fundamental reflexionar sobre la
posibilidad de arbitrar el pago de las cuotas de la Seguridad Social sin
que ello suponga una sobrecarga familiar. No es reconocida la aportación
laboral de las esposas de los agricultores a la empresa familiar, lo que
les imposibilita acceder a un nivel de prestaciones parecido al de los
trabajadores asalariados. Bajo la denominación genérica de mujeres
rurales, no se tiene una visión real de la situación; todo lo más figuran
en las estadísticas bajo el epígrafe de cónyuge o de ayuda familiar. Por
tanto, tienen una muy difícil regulación laboral.
Como se nos ha expuesto, hay una carta de igualdad de oportunidades para
las mujeres del ámbito rural. Creo que es necesario aplicar esta carta,
pero, para que se puedan aplicar estos medios, es necesario, primero, una
revisión del formulario del censo agrario y de la EPA, la encuesta de
población activa, para obtener unas estadísticas fiables de la
participación de las mujeres en el trabajo agrario. También hay que
conseguir esta cotización única, proveniente de una cotitularidad con
igualdad de prestaciones, es decir, cotización única por explotación,
calculada de acuerdo con el número de unidades de trabajo dentro de la
explotación agraria y teniendo en cuenta su renta de ésta. Hay que velar
asimismo para que las diversas actividades dentro de la explotación
familiar se consideren todas como agrarias, contar con las organizaciones
profesionales agrarias, clarificar el estatuto jurídico y las
prestaciones sociales, garantizar los derechos de la Seguridad Social
para la agricultora colaboradora y ampliar todo lo posible las
prestaciones económicas y sociales, como el permiso de maternidad, las
bajas por enfermedad y las sustituciones.
Señorías, en España, más de 15 millones de mujeres viven en el mundo
rural. Mejorar su calidad de vida sería mejorar la calidad de vida de un
gran número de mujeres. Aprobamos y agradecemos las propuestas que nos ha
presentado la representante en la Unión Europea, Rosa María Pruna, y
trabajaremos desde aquí para poder llevarlas adelante con la colaboración
de todos ustedes.
La señora PRESIDENTA: Como la señora Costa, del Grupo Mixto, no está en
este momento, la señora Almeida tiene la palabra.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias a doña Rosa María Pruna por esa
interesante aportación que nos ha hecho desde el punto de vista de las
mujeres agricultoras, no mujeres de agricultores, sino mujeres
agricultoras; mayoritariamente se tiende a calificarlas como mujeres de
agricultores y pocas veces se las da la primera titularidad.
La verdad es que hemos tratado ya estos temas en esta Comisión, han
venido representantes de la COAG y de otras organizaciones, pero oír a la
parte institucional nos ayuda a saber por dónde van. Yo precisamente
tengo la carta para la igualdad de oportunidades. Nosotros entendíamos
que en el tercer plan de acción, como tuvimos ocasión de escuchar con
motivo de la comparecencia de la directora del Instituto de la Mujer, se
tendrían que haber incluido más asuntos, dado el amplio consenso
alcanzado.
De todas maneras, nosotros hemos tomado nota de las propuestas, que nos
parecen importantísimas. Uno de los temas que ya nos había llegado al
grupo es el de las becas. Es verdad que la consideración patrimonial en
estos casos se tiene en cuenta, pero también todos sabemos que la
consideración de rentas se hace por abajo, por lo que es necesario
impulsar una nueva fórmula que no discrimine el acceso a los estudios de
la gente rural, estudios que, como usted ha dicho, se encarecen mucho más
con los desplazamientos. La previsión de las becas tendría que tener en
cuenta la carencia de servicios sociales, culturales, etcétera, carencia
que hace más grave todavía la formación profesional. En eso vamos a
trabajar en nuestro grupo con más ánimo que el que se ha demostrado hasta
ahora, tanto en la trasposición de la directiva, como en iniciativas de
este tipo. Ya hemos hecho alguna pregunta sobre la situación de las
mujeres en la agricultura.
En cuanto a la necesidad de crear empresas transformadoras, sabemos que,
si no creamos industria que acompañe a la agricultura, difícilmente vamos
a conseguir que mejore la calidad de vida y de rentas en el medio rural,
de forma que sea posible que los jóvenes y las jóvenes se queden allí y
que la formación que obtengan, bien en veterinaria, bien en ciencias
forestales, redunde en un aumento de su calidad. Todo esto está muy
condicionado por nuestra integración en Europa y por la falta de voluntad
política de llevar a cabo este tipo de inversiones, aunque creemos que es
la única fórmula que podemos utilizar.
Por lo que se refiere a la cotización única, sabe que hay una polémica
entre determinadas organizaciones de mujeres sobre cómo podemos hacer que
lo que es una apuesta familiar lo sea de todos y no solamente del cabeza
de familia, que generalmente es un cabezón, porque no hay dos cabezas de
familia, sino una sola gran cabeza de familia. Eso está limitando las
posibilidades de reparto de las cotizaciones.
Algunos están proponiendo una cotización individualizada para las amas de
casa, que a lo mejor se puede hacer extensivo a las agricultoras, cosa
que a mí me parecería mal, porque no estamos reconociendo el espíritu
inversor del ama de casa en la aportación familiar, pero fundamentalmente
en la explotación agrícola, que también puede darse. Eso hace que
tengamos que estar muy en contacto, porque una de las cosas que quiero
destacar en esta Comisión Mixta es que las mujeres que estamos en el
Parlamento, en la política en general, estamos para apoyar las propuestas
de otras mujeres y para trabajar en conjunto. Ese consenso ha dado lugar
a la carta de igualdad de oportunidades y a que las mujeres gocen de la
mejor consideración. En ese sentido, le queremos ofrecer, por lo menos
desde nuestro grupo, el apoyo para llevar a cabo iniciativas que,
mediante un estudio y no solamente por una mera presunción, creen esa
deseada calidad de vida de la mujer y de los hombres en el medio rural y
que propicie que los jóvenes no tengan que huir y abandonarlo, con una
supervaloración de lo urbano frente a la calidad de vida que tiene que
tener lo rústico. Me parece tan importante crear estas condiciones que
quiero poner de manifiesto nuestro compromiso.
En el problema de la venta directa, todos sabemos que no solamente hay
grandes industrias. Las pequeñas explotaciones, hoy en día casi
inviables, tiene muchas titulares mujeres. Las grandes explotaciones,
negocios abiertos, en general, ya empiezan a entrar en multinacionales,
ni siquiera ya en manos nacionales, y, desde luego, no en manos de las
mujeres. Por eso sería muy importante que la denominación de origen, los
productos autóctonos, todo lo que está generando una calidad de oferta
para el turismo, que viene tan bien para la atracción de la gente,
pudiera estar mucho más en manos de mujeres. A mí me parece que sería un
punto muy interesante para la creación de una industria de nuevo tipo,
que yo creo que afecta muy directamente a las mujeres, que están muy
metidas en el sector servicios, y que en el campo están muy escondidas en
el sector privado; allí es donde podían encontrar una salida. Es una idea
que nos ha parecido muy destacable, cómo podemos iniciar algún tipo de
leyes, para que esto tenga un control más inmediato en la propia
autonomía, en lo más cercano posible, y no unas reglas generales que
dispersan su oportunidad. A mí me parece que este asunto habría que
llevarlo por ahí y en ese sentido vamos a trabajar.
El importante papel que llevan a cabo las mujeres en el desarrollo rural
tiene una evidencia en la vida cotidiana, pero culturalmente esto no se
aprecia, ni a nivel rural ni a nivel urbano. Y para eso tenemos que tener
capacidad de organización, de fortalecer el asociacionismo de las mujeres
en la mayoría de los pueblos, que es de lo poco que se está haciendo hoy.
Sin embargo, no tiene la trascendencia de formación y de apoyo que yo
creo que usted ha exigido y que nosotros debíamos considerar. Ahí es
donde se está desarrollando la vida de una gran cantidad de mujeres y
donde se puede predecir que en un futuro habrá otra forma de crear empleo
para las jóvenes y los jóvenes que están en el mundo rural. Nosotros
hemos tomado nota de sus pretensiones, aunque ya las conocíamos.
Ayer estuve en Zaragoza para hablar del medio rural y me parece muy
importante que sepa que, con su aportación y con nuestra propia
investigación, intentaremos que las necesidades que ha detectado y que
nosotros compartimos tengan una cobertura legal que mejore la situación
de las mujeres, tanto titulares como colaboradoras. Colaboradoras no
quiere decir colaboradoras con, sino colaboradoras en la explotación y no
colaboradoras con el marido. Parece que los méritos se los lleva él y
nosotras nos llevamos nuestra gloriosa colaboración y agradecimiento,
pero ninguno de los derechos.
Cuente con nuestro grupo, después de haber escuchado su intervención.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Ballester.
La señora BALLESTER ANGULO: En primer lugar, quiero agradecer a la señora
Pruna la exposición que nos ha hecho de la problemática de las mujeres
agricultoras en el marco de las propuestas que se están desarrollando en
la Unión Europea.
Yo, que pertenezco también al ámbito rural y que comparto la exposición
en cuanto a los problemas y las necesidades que viven las mujeres de las
zonas rurales, quiero poner de manifiesto el profundo cambio que se ha
producido en todos los pueblos. Desde luego, en Andalucía --y vivo en un
pueblo con una actividad agricultora prioritaria--, eso se comprueba en
el cambio de las infraestructuras, en la mejora de la calidad de vida, de
las casas, de la familia y, por lo tanto, en la transformación de los
valores. También es verdad que el cambio social, sobre todo el cambio de
valores, llega con mucho más retraso, con más resistencia, a todas estas
zonas.
A lo largo de estos años, la población que se dedica a la agricultura ha
disminuido mucho y ése es un cambio que yo creo que es irresistible. Por
lo tanto, cabe, y se está planteando ya, la diversificación en cuanto a
la actividad en este ámbito. Yo creo que en Andalucía y en otras zonas de
España hay muchas mujeres implicadas en las explotaciones familiares,
pero también hay un gran número de mujeres contratadas, mujeres
temporeras, que sufren unos niveles de discriminación y de penosidad en
el trabajo que cabría considerar. Aunque quizás esta cuestión está fuera
de su intervención, habría que abordar ese tipo de problemáticas
laborales que afectan primordialmente a estas mujeres. Pienso que es
importantísimo para el cambio en los valores, para la penetración de
planteamientos mucho más igualitarios, seguir profundizando en ese tejido
social de asociaciones, de redes de mujeres, que se apoyen mutuamente,
que se produzcan marcos de intercambio de experiencias que puedan
acelerar ese cambio en cuanto a las actitudes y a la valoración de la
aportación de las mujeres en el ámbito de desarrollo rural.
Existen muchos problemas. Es cierto que el trabajo de las mujeres, como
bien ha dicho usted, es muchas veces invisible o, por lo menos, no está
valorado ni contabilizado en las grandes estadísticas públicas, por lo
que cabría resaltar la necesidad de que se evidencie esa aportación de
las mujeres a las rentas familiares y a las rentas del ámbito rural.
También es importante la participación de las mujeres en la definición de
las políticas de desarrollo rural, así como en la ampliación de esos
espacios de realización personal, de libertad, que creo que, a veces,
también hace que muchos y muchas jóvenes hayan de los ámbitos rurales.
Desde el Grupo Socialista recogemos las propuestas que nos formula usted
hoy. Creo que sería muy importante avanzar en la cotización única por
explotación, pero también en la individualización de los derechos que se
generen con esas cotizaciones en el marco de la cobertura de la Seguridad
Social.
Hay que profundizar en cuanto a dar cobertura en servicios e
infraestucturas en el ámbito rural; hay que mejorar los servicios de
salud, de educación, así como las becas, porque creo que es importante
que nos replanteemos la necesidad de aportar algunas propuestas que
puedan mejorar el acceso de los jóvenes de los pueblos a las carreras
universitarias o a los estudios superiores y, sobre todo, me parece
importantísima la participación de las mujeres en los lugares de toma de
decisiones para que se tengan en cuenta sus planteamientos a la hora de
diseñar las políticas concretas a desarrollar.
Desde el Grupo Socialista consideramos sus iniciativas, como es natural,
e intentamos que se mejoren en cuanto al censo, al conocimiento concreto
de qué supone la participación de las mujeres en las explotaciones
agrícolas y en otras actividades que se desarrollan en este marco, y
trataremos de que se plasmen en propuestas que apoyaremos en su momento.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Sánchez García.
La señora SANCHEZ GARCIA: Quiero dar las gracias a la señora Pruna, en
nombre de mi grupo, por su presencia en esta Comisión y por la exposición
seria y rigurosa que ha hecho sobre las necesidades del medio al que
usted está muy ligada y que tan bien conoce.
Usted ha sido pionera, desde hace ya muchísimos años, en la defensa de
las necesidades de las mujeres que viven en el ámbito rural. A través de
su asociación y de muchas más han conseguido unos objetivos que, nadie
pone en duda, a nivel individual hubieran sido mucho más difíciles, por
no decir imposibles.
En el año 1989, usted hizo una valoración de la situación y las
necesidades de este colectivo y curiosamente, echando un vistazo, hoy
siguen todavía vigentes. A nuestro juicio, es fundamental todo lo que
exponía para que no desaparezcan nuestros pequeños municipios y pueblos.
En dicha valoración, definía usted a la mujer rural como aquella que
depende de su entorno agrícola, pesquero o minero, para vivir ella y su
familia. Pero también incluía usted a la que habita fuera de la ciudad,
ya que agricultora y mujer rural, aun compartiendo las mismas formas de
vida, no plantean los mismos problemas de ámbito laboral, aunque sí en
temas genéricos, que aquí se han puesto de manifiesto y en los que no
quería extenderme porque, como bien han dicho las compañeras que me han
precedido en el uso de la palabra, ha habido varias comparecencias antes
que la suya, muy recientes, donde se ha hablado ya sobre todos estos
temas. Hay unos temas, concretamente, que todos conocemos y que siempre
tenemos que volver a sacar a la palestra, como puede ser la educación, la
sanidad, el ocio, la cultura, la formación y la información, porque las
cosas que estamos tratando aquí y que afectan al mundo de la mujer rural
afectan también a casi todas las mujeres; lo que sucede es que en el tema
de la mujer rural se complica por las distancias, por lo diseminado de
nuestros pequeños núcleos y dificulta todo lo que en zona urbana podría
estar a tiro de piedra.
El sector agrícola, como usted ha dicho y me ha encantado oírselo, es muy
importante porque sin él a lo mejor no podría existir el mundo rural, al
ser el que lo sostiene. Hace 40 años era muy importante en España porque
con cerca de 28 millones de habitantes representaba el 50 por ciento.
Creo que había unos 14 ó 15 millones de personas que vivían en el ámbito
rural, mientras que en el año 1991, según el último censo, con cerca de
40 millones de habitantes, pasábamos a un 24 por ciento, de los cuales
unos 9 millones y pico de personas, aproximadamente, vivían en esos
núcleos considerados como menores de 5.000 habitantes, aunque también en
Europa cada país tiene una forma diferente de entender lo que es el
núcleo rural. Se apunta un incremento muy tímido, es verdad, del censo en
estas pequeñas poblaciones como consecuencia de la crisis laboral que
hemos sufrido.
No sé si usted conoce el estudio de Benjamín García Sanz sobre la
sociedad rural del siglo XXI --está muy bien--, donde deja perfectamente
claras estas problemáticas y por qué estamos asistiendo a este cambio
paulatino. Dice que está surgiendo una valoración de la vida rural a
tenor de los problemas en el mundo urbano, como son el paro, los bajos
salarios, el estrés, un largo etcétera, incluyendo el encarecimiento de
la vida y, por tanto, como contrapartida, tendríamos la tranquilidad de
los pueblos, la vida sana, la accesibilidad a viviendas en propiedad,
pudiendo realizar pequeños trabajos, lo que, según García Sanz, hace
mucho más atractivo el mundo rural. Tengo que decirle a usted que, aun
compartiendo en parte lo que indica el señor García Sanz, creemos que
ello puede ser coyuntural y, por los motivos que él aduce, debemos poner
todos los medios a nuestro alcance para que sea estructural, porque es
fundamental para la pervivencia de todos los habitantes de esos núcleos.
En el Grupo Popular siempre hemos sido muy sensibles a este mundo cuando
hemos sido oposición y, por supuesto, ahora que tenemos la
responsabilidad de Gobierno. Por ello, el III Plan para la Igualdad de
Oportunidad de las Mujeres, aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de
marzo de 1997, introduce nueve actuaciones para promover el desarrollo de
las mujeres en el ámbito rural. A mí me ha encantado escuchar su
exposición, porque estos nueve puntos --me imagino que usted los conoce--
vienen a dar respuesta a ciertos problemas que usted acaba de mencionar
y que, en definitiva, desde nuestro punto de vista, es la aplicación de
la carta de las mujeres rurales. Estos nueve puntos creo que recogen las
iniciativas y lo que las mujeres
de las asociaciones del mundo rural, después de las reuniones mantenidas
con el Ministerio, han tenido a bien exponer para hacer hincapié en las
dificultades por las que atraviesan. Dicho de otra forma, me sorprende
que en estos momentos, después que han pasado las tres representantes de
las asociaciones de mujeres del ámbito rural por la subcomisión de la
familia --fue en el mes de diciembre de 1996--, donde se está estudiando
la problemática de la familia desde el año 1994 (como es lógico, la
familia no sólo engloba a mujer y hombre, sino al grupo en general:
mujer, hombre, niño, anciano), todo lo que usted ha puesto de manifiesto
han vuelto a recalcarlo. Digo que nos sorprende porque ya son muchos años
los que han transcurrido y parece que no hemos avanzado en este tema.
El tercer plan pretende ayudar directamente al colectivo con su inserción
laboral como asalariadas o empresarias con formación y ayudas económicas;
plan que, además, tengo que decir que ha sido aprobado por todas las
comunidades autónomas y, por tanto, creo que en un breve plazo de tiempo
empezará a dar frutos. Es cierto que hay que hacer un seguimiento
riguroso, porque, si no, todo ello pueden ser declaraciones de buenos
principios. Se hacen muchos libros verdes, muchos planes de igualdad,
pero se quedan en eso: en declaraciones de buenas intenciones. Le puedo
asegurar que el Gobierno del Partido Popular quiere que esto sea una
realidad, para lo que va a hacer un seguimiento riguroso de este tercer
plan.
Me congratula decir hoy aquí que la Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Loyola de Palacio, que usted conoce, es una mujer muy
vinculada al sector agrario. El otro día dijo en una comparecencia que
los hombres y mujeres del sector agrario son los auténticos centinelas
del equilibrio natural, y que en este sentido merecería la pena que
dedicásemos a sus tareas una reflexión seria. Quiero decir esto porque no
son meras palabras, sino que usted verá que la actuación de casi todos
los representantes del Gobierno Popular va en esa línea. Pues bien, a
través de su Ministerio, en 1996 ha concedido ayudas a las organizaciones
de mujeres rurales por valor de 55,5 millones, frente a los 15 millones
en 1995, que fue el primer año de ayudas organizadas por este Ministerio,
dando 176 cursos de formación a 5.925 alumnas, con un grado de
cumplimiento extraordinario, porque es del 92 por ciento, frente a los 12
cursos y 308 alumnas que tuvieron en el año 1995. Por tanto, yo creo que
hemos avanzado y mucho.
Después de dos planes de igualdad de oportunidades, con cuatro años de
vigencia cada uno, llegamos a los ocho años, y a finales del año 1995,
según datos del Instituto de la Mujer, teníamos el siguiente panorama:
había 1.200.000 analfabetas, 2.800.000 mujeres sin ningún tipo de
educación, 6 millones con educación primaria, 4 millones con educación
media y universitaria, lo que suponía la escalofriante cifra de 14
millones de mujeres sin cualificación profesional, algo que en estos
momentos, como usted bien ha dicho, con el tema de una economía
globalizada, independientemente del mundo rural o urbano, es fundamental
e imprescindible. La tasa de paro femenino también en aquella época
estaba en el 31,4, frente al 24 respecto del masculino, y el de larga
duración en la mujer, que ha sido denunciado muchísimas veces, era del
59, frente al 46.
Por tanto, en nuestro grupo creemos que el Estado debe dar las
herramientas adecuadas, como al educación, la formación, pero deben ir
acompañadas de unas políticas económicas y fiscales adecuadas que
posibiliten la inversión productiva, ya que todos sabemos que los puestos
de trabajo no crecen por generación espontánea, sino gracias al capital
riesgo, y ahí también entra un poco lo del mundo rural, que es el
autoempleo y las diferentes cooperativas.
En estos momentos se están convocando unas elecciones a cámaras agrarias,
que es algo muy importante para este mundo del que usted está hablando,
algo que no sabemos por qué estaba durmiendo en el cajón del olvido y que
el Gobierno del Partido Popular está impulsando, puesto que consideramos
que es la mejor plataforma que han tenido estos hombres y mujeres.
Sabemos también los problemas de la transmisión --usted lo acaba de
decir-- de pequeñas explotaciones de padres a hijos. Es cierto que se
redujo entonces, pero ahora mismo también, dentro del paquete de medidas
fiscales, se han quedado en un 5 por ciento. La transmisión de estas
explotaciones de padres a hijos está en un 5 por ciento. Algo también
hemos ganado, aunque sea una pequeña parte, pero ahí estamos, porque
sabemos perfectamente que lo más importante es tratar de que los hijos se
hagan otra vez cargo de las explotaciones de sus padres, ya que lo tienen
bastante difícil para poder salir fuera.
Señora Pruna, usted ha demostrado continuamente su interés en que el
Gobierno español traspusiera la Directiva 86/613. Acaba de añadir ahora
algo en cuanto a la aplicación de igualdad sobre el tema de los cónyuges
autónomos, y, sobre todo, respecto a la agricultura. A la vista de la
legislación vigente, yo le pregunto cuál es, en su opinión, el grado de
cumplimiento de esta Directiva en nuestro país. ¿Se han producido avances
al respecto?
Al mismo tiempo me gustaría saber su valoración sobre la resolución que
acaba usted de citar del Parlamento Europeo, de fecha 12 de febrero de
1997, en la que hace saber que muchísimos Estados miembros no han tenido
muy en cuenta esta Directiva. ¿Usted cree que en ese campo también puede
estar España? ¿Ha hecho caso omiso, o ha habido avances en este tema?
Nos gustaría saber qué grado de participación tienen las mujeres rurales
en las acciones y programas europeos. Aunque usted lo ha dicho, nos
gustaría saber cuál es su grado de participación y si se tiene en cuenta.
Cuál es también su participación en las políticas económicas y sociales
europeas sobre empleo y desarrollo rural, así como el estado actual en lo
relativo a la protección a la maternidad, incapacidad temporal, invalidez
y jubilación de las mujeres agrarias.
He leído en la prensa de mi región el otro día --lo que me ha dado una
gran alegría porque soy de Tierra de Campos y vivo en la zona rural-- que
hay una asociación de mujeres rurales que ha presentado su candidatura a
las elecciones de las cajas de ahorro, y lo ha hecho como impositora.
Esta es una excepción, aunque tendría que ser la norma. Ahí tiene usted
muchísimo que ver, junto con las
asociaciones. Esto quiere decir que las asociaciones rurales han tenido
un trabajo serio y riguroso y está siendo en estos momentos reconocido.
Creo que lo importante es avanzar consiguiendo objetivos. No vale decir
si se ha hecho mejor o peor. Estamos aquí. Hay que avanzar. Tenemos que
conseguir esa igualdad real en todos los campos entre hombres y mujeres,
y en esta Comisión lo estamos intentando. Creo que su presencia hoy aquí
ha contribuido a informarnos para que esto sea mucho más fácil de hacer.
No quería terminar sin hacerle también otra pregunta. Sé que el 17 de
septiembre en Bruselas se celebró el Día de la Mujer Agricultora. A mí me
gustaría saber qué decisiones se tomaron al respecto, si es usted tan
amable y las tiene a mano, porque también nos podrían venir bien para
nuestro trabajo.
Señora Pruna, le deseo mucha suerte, y desde nuestro grupo le puedo
asegurar que vamos a ser sensibles a lo que usted ha pedido aquí. Creo
que son unas propuestas lógicas y razonables, que no tienen nada que ver
con una ideología u otra, sino que de lo que se trata es de tener
sensatez y sentido común. Eso es algo que no da la universidad y que debe
tenerse en cuenta con mucha frecuencia, sobre todo en el ámbito político.
Le puedo asegurar que vamos a mirar con muchísimo cariño sus propuestas
y quiero decirle que cuenta usted, en nombre de mi grupo, con todo
nuestro apoyo para lo que necesite.
La señora PRESIDENTA: Para responder a todos los grupos políticos y a
todas las portavoces, tiene la palabra la señora Pruna.
La señora VICEPRESIDENTA DE C. F. AGRICOLAS DE BRUSELAS Y SECRETARIA
GENERAL DE AFAMMER (Pruna Esteve): Muchísimas gracias a todas. Podríamos
estar aquí todo el día hablando porque se han dicho muchas cosas
interesantes a las que habría que contestar.
Quiero dar las gracias a doña Carmen Solsona, del Grupo Convergència i
Unió, por el hecho de que yo hoy pueda estar aquí.
Si el tema de los derechos de la mujer en el ámbito agrícola y rural es
importante, creo que es muchísimo más lo relativo a transmisiones
patrimoniales porque fue una idea que surgió y Convergència i Unió lo
llevó al Parlamento, debido a que nuestras organizaciones lo habían
pedido reiteradamente. Ya me gustaría que hoy hubiera un consenso para
que se haga este estudio a fin de saber realmente qué es lo que puede
costar al Estado.
Contestando a doña Cristina Almeida, me encantaría que de verdad se
hiciera este estudio por parte de todos. Creo que el primer acto de buena
voluntad sería hacer un estudio sobre qué sería lo mejor y luego llegar
a un entendimiento, que es lo más razonable.
Respecto a la transformación, que a mí es lo que me gustaría, si lo he
dicho es porque he visto con mis propios ojos que los países que hoy han
adelantado más en la Unión Europea (antes eran Alemania y Francia los
reyes de la agricultura) son Irlanda y Holanda. ¿Por qué? Porque no han
hecho muchos alardes de ruidos y manifestaciones, pero sus políticos sí
que han dado prioridad a la agricultura, han sabido darle lo que se
merecía y en Irlanda han constituido, por ejemplo, cooperativas de
transformación en el mismo mundo rural; cooperativas que tanto
transforman productos del mar, como de la tierra, como del ganado y,
chapeau, han sabido salir. Hoy, en economía, Irlanda y Holanda son los
primeros países. Ya sabéis todas vosotras que Holanda, sin tierra, es el
país que más produce, porque investigan constantemente, pero investigan
porque están apoyados. En caso contrario no sería posible.
Me he referido a la transformación porque he visto que es lo que mejor
funciona en otros países. España lo puede hacer porque es uno de los
países que tiene mayor riqueza en la tierra. Hoy es el día de la tierra,
un buen día para estar aquí. España es un país rico en sol y en
climatología. Tiene de todo, tiene zonas húmedas y secas. Podemos tener
unos productos que son la envidia de Europa y tenemos que seguir
siéndolo, porque estamos perdiendo comba. Tenemos un libre comercio y
será muy difícil sobrevivir si no elaboramos productos de calidad, y
podemos lograrlo en el mundo agrícola y rural transformando dichos
productos.
Respecto al asociacionismo, doy toda la razón a SS. SS. La última
interviniente ha hecho referencia a este tema. Yo creo que una de las
bazas más importante es asociarse. Mediante el asociacionismo se conocen
los problemas y se hace formación, indiscutiblemente es lo mejor. Todo
cuanto yo he podido aprender ha sido gracias a una asociación. En nuestra
asociación hemos visto cómo las mujeres han prosperado tanto en
información como en formación. Creo que he contestado a todas las
preguntas que me ha hecho S. S.
La portavoz del Grupo Socialista ha dicho algo muy importante, y es que
la entrada en la Unión Europea ha servido para algo. Y tanto que sí. Lo
he dicho al empezar mi intervención. Quizá la agricultura no se negoció
bien debido a los muchos problemas que había, no solamente por parte de
los políticos, sino también por parte de los agricultores. Mea culpa.
Muchos agricultores en algunas regiones no expusieron realmente sus
problemas por miedo a pagar, pero cuando después supieron que era para
cobrar se arrepintieron, pero ya estaba hecho. Yo siempre soy positiva.
No miro nunca atrás y digo que lo que teníamos antes era mejor. Siempre
me gusta mirar hacia adelante.
Hemos ganado muchísimo. Hemos ganado en el cambio de mentalidades a que
ante me he referido y lo palpamos diariamente. Las mujeres hace treinta
años no podíamos pensar en ir a Bruselas y venir, hacer reuniones, formar
parte de las cámaras agrarias; como ahora en Aragón, que después de las
elecciones hay tres mujeres que forman parte de las cámaras agrarias.
Esto era impensable. Este cambio ha ocurrido gracias a nuestra entrada en
la Unión Europea. Ha hecho S. S. referencia a las asalariadas. No he
tocado este tema y le diré por qué. Es cierto que en España hay un 23 por
ciento de mujeres agricultoras asalariadas, pero la directiva comunitaria
no es para las asalariadas, sino para los trabajadores autónomos de la
agricultura. A las mujeres asalariadas se las tiene en cuenta, pero, de
momento,
ellas están acogidas al régimen especial de trabajadores por cuenta
ajena, por lo que el tema está resuelto. Sabemos que hay dificultades. Y,
¿por qué? Porque las rentas han descendido y como consecuencia de ello el
propietario contrata a menos trabajadores. Ocurre lo mismo que con la
falta de renta a que antes me he referido. Las trabajadoras agrarias
están incluidas en el régimen especial por cuenta ajena y la Seguridad
Social española las ha colocado en el lugar adecuado. En esta directiva
no se contemplaba su caso y por ello no las he mencionado.
Tema relativo a las becas. Se ha referido S. S. a las asociaciones. Creo
que es un tema importantísimo. Llevamos muchos años hablando de becas y
me gustaría que este esfuerzo fuera realidad algún día. Si en lugar de
acceder a ellas en base a la declaración del patrimonio lo fuera por la
declaración de la renta, ya tendríamos becas. Debería haber un apartado
específico en la ley relativo a los trabajadores agropecuarios. De hecho
existe este apartado, pero se dice que se concederán considerando el
patrimonio. El día que esto cambie y se concedan considerando las rentas,
el problema se habrá solucionado.
Contesto a continuación a la portavoz del Grupo Popular. Ha enumerado
tantas cosas y ha reflexionado tanto que he tomado muchas notas. Poder de
la asociación. Soy la primera agradecida de pertenecer a Afammer. Esta
asociación nació en el año 1982 y creo que todas las mujeres que la han
conocido y están en ella han visto cómo muchas cosas han cambiado. La
asociación me ha dado la oportunidad de conocer cómo está la agricultura
en Europa y desde allí he podido trabajar para nuestro país.
Censo agrario. Ha mencionado S. S. también el censo agrario. Hoy todos
están de acuerdo en que es realmente importante tener el censo agrario.
Evidentemente, el censo debe ser fiable, pero, como decía antes, los
cónyuges no salen en el censo, figuran como titulares en las cuentas.
Queremos tener este censo para saber cuántos cónyuges colaboradores hay.
Hay un problema, no sólo en España, sino en toda Europa, y es que hay
algún país en el que la gente es reticente por miedo a que ello suponga
pagar obligatoriamente. En la reforma de la directiva aprobada ya se dice
que la cotización sea facultativa, porque podría ser un arma de doble
filo, ya que muchas personas no podrían apuntarse por miedo a no tener el
dinero para pagar.
Carta de igualdad. Esta carta de igualdad fue confeccionada por todas las
organizaciones agrarias. Las mujeres siempre estamos de acuerdo en las
organizaciones agrarias. Son los hombres los que tienen diferentes puntos
de opinión. Me encantó el protagonismo que tuvimos porque por primera vez
las agricultoras y mujeres rurales fuimos protagonistas. Europa ha sido
el primer continente donde se ha elaborado una carta de igualdad de
oportunidades para el mundo agrícola y rural. Estoy muy contenta. Hemos
trabajado juntas Cristina Alberdi y yo, que hoy también está aquí, y
estoy muy contenta de la existencia de la carta de oportunidades. Esta
carta es una declaración de buenas intenciones, pero espero que algún día
sean realidad. Ya se han aprobado nueve puntos de esta carta de igualdad
de oportunidades y ello es importantísimo para poder seguir trabajando.
Yo creo que esta carta se hizo entre todos, y todas las organizaciones
coincidimos en que tenemos los mismos problemas y necesitamos lo mismo.
Ha hecho referencia S. S. a la formación. El año pasado se ha gastado en
formación más que nunca. Es verdad. Nos hacía mucha falta, porque la
formación agraria para las mujeres en España era lo que peor estaba
contemplado en esta directiva en relación con los programas de igualdad
vigentes en Bruselas. En el año 1982 se hizo un estudio y los resultados
era escalofriantes, porque en Castilla-La Mancha, en Aragón y en Castilla
y León, las mujeres no recibían ningún tipo de formación agraria, y no
porque se discriminara a la mujer, sino porque a esa formación asistía el
hombre y no la mujer. Actualmente se hacen programas de formación
específicos para las mujeres y las asociaciones se han podido beneficiar
del dinero para llevar a cabo la formación, porque sin formación no hay
futuro.
Me pregunta S. S. si se cumple la directiva. Podemos decir que España
cumple en muchas cosas de la directiva, y en otras no. Uno de los puntos
que cumple España es que todos los trabajadores agrícolas estén
integrados en la Seguridad Social, tema que muchos países no pudieron
lograr cuando se hizo la directiva. En nuestro país lo que falta es
dinero, porque se puede cotizar, mejor en autónomos que en el régimen
especial agrario. El problema está en que cada miembro de la explotación
--el padre, la madre y el hijo-- no puede pagar 30.000 pesetas. Esto es
imposible. ¿En qué puntos no se cumple la directiva? En temas relativos
a sustitución por maternidad, enfermedad, vacaciones, etcétera. Este tema
es importante y la directiva lo recoge, pero solamente se cumple en
Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Dinamarca. No lo
cumplen ni el Reino Unido, ni Portugal, ni Irlanda, ni Grecia, ni Italia,
ni España. Se cumple a medias. Me encantaría poderlo decir muy pronto,
porque hay ayudas comunitarias para la sustitución, pero España lo
aprovecha para otros temas estructurales que son más importantes. Espero
que algún día se pueda encontrar la fórmula para que tengan sustitución
las mujeres y hombres en la agricultura. La hay, ya empieza a haber
sustitución, pero de cooperativas privadas, pagando bastante dinero. Me
gustaría que fuera como en otros países. Esto se estudia país por país.
Es una normativa europea y, luego, cada país tiene que ver la manera de
que pueda ser más viable.
Por último, usted me pregunta cómo nos ven desde Europa en formación, en
programas comunitarios de mujeres; y cómo estamos implicados en temas
comunitarios. Somos uno de los países que más nos hemos implicado, no ya
sólo en el programa NOW, porque antes las agricultoras no accedíamos a
los NOW, había problemas burocráticos, de instituciones, y en estos
momentos las agricultoras también hemos accedido a los NOW. Ahora que han
salido programas concretos para mujeres agricultoras --el año pasado
Fischler dio órdenes de que hubiera programas específicos para mujeres--,
para iniciativas innovadoras, España ha presentado muchos proyectos, y no
sólo en éste sino en muchos sobre igualdad de oportunidades. Por ejemplo,
en 1996 se aprobaron 125 programas de igualdad de oportunidades en toda
Europa, y me parece que España tiene tres o cuatro aprobados. Yo creo que
está bien. Ahora
hay 404 iniciativas para las mujeres agricultoras presentadas en toda
Europa, y España ha llevado más de 20. Yo confío en que alguno pueda ser
realidad.
Espero haberles contestado, y estoy encantada de estar aquí con ustedes.
La señora PRESIDENTA: Señora Pruna, espero que el consenso y las
aportaciones que han podido hacer los portavoces de todos los grupos
parlamentarios le puedan servir tanto como nos ha servido su
comparecencia. Puede venir a la Comisión a petición propia, como usted
quiera y cuando quiera. Nos gustaría que la próxima vez cualquiera de
estos objetivos que usted hoy nos ha propuesto aquí haya salido adelante
por todas y todos nosotros. Esta es su casa, muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, SOBRE EL III PLAN
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES. (Número de expediente
Congreso 161/000292 y número de expediente Senado 663/000014.)
La señora PRESIDENTA: El siguiente punto del orden del día son las dos
proposiciones no de ley que ha presentado el Grupo Socialista. La Mesa ha
recibido distintos mensajes. Por un lado, me dicen los grupos
parlamentarios, como es lógico, sobre todo las Diputadas y Diputados, que
quieren asistir al acto al que viene el Príncipe de Asturias. Por otro
lado, no quieren acortar un debate de una proposición no de ley. Como SS.
SS. pueden comprender, si nunca he puesto el reloj sobre la mesa, en este
caso tampoco lo voy a hacer. Yo pediría, si les parece a SS. SS., que,
después de esta proposición no de ley, interrumpamos la Comisión, y que
después del acto del Príncipe --me gustaría saber en qué consiste--
debatamos la proposición del Aula-Dei. En el caso de que seamos capaces
de hacer las cosas en una hora, podemos ver las dos proposiciones no de
ley.
En este momento empieza el debate de la proposición no de ley sobre el
III Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres, que ha
presentado el Grupo Socialista ante esta Comisión. Tiene la palabra la
señora Martín i Vigil.
La señora MARTIN I VIGIL: Me facilita usted mucho esta mi primera
intervención en la Comisión haciendo esa reflexión respecto del tiempo.
Yo comparto con usted la opinión de que hay que rentabilizar al máximo el
tiempo, en esta ocasión también, y yo intentaré contribuir a que se pueda
asistir al acto que usted ha mencionado no extendiéndome mucho y
sintetizando mis posibilidades.
Al hilo de esa misma reflexión, lo cierto es que el tiempo nos ha jugado
una mala pasada en la proposición no de ley que hoy ve esta Comisión. Es
una proposición no de ley, como muy bien ha anunciado la señora
Presidenta, que fue presentada en el mes de diciembre y que,
desgraciadamente, viene aquí con unos meses de retraso. El tiempo es oro
y el tiempo de las mujeres, tema interesante que alguna vez hemos
comentado en muchos foros de debate y reflexión, tiene un valor añadido
especial, aunque hay asuntos en los que parece que el tiempo tiene otro
valor y que también afecta a las mujeres, según ha comentado el
Secretario de Estado de Cultura refiriéndose a la Cartuja Aula-Dei.
Al margen de esta pequeña licencia, la verdad es que el tiempo
transcurrido desde la presentación de esta proposición no de ley referida
al debate y aprobación por parte de esta Comisión del III Plan para la
igualdad de oportunidades de las mujeres la sitúa en otro planteamiento
que intentaremos ajustar. De cualquier manera, la proposición llega
cuando llega y mi grupo tiene que hacer las reflexiones pertinentes al
hilo de la preocupación que nos llevó a su presentación.
La proposición venía fundamentada, básicamente y por resumir, en dos
cuestiones: primera, recoger la aportación que habían hecho
organizaciones de mujeres en cuanto a su participación para propiciar el
consenso con la Administración pública en el seguimiento del plan; y,
segunda, contribuir a la profundización en el trabajo y en la entidad que
debe tener --en eso hemos coincidido todos los grupos parlamentarios--
esta Comisión.
No ha podido ser, repito, y llegamos a la aprobación por el Consejo de
Ministros del III Plan para la igualdad de oportunidades el día 7 de
marzo, y a la presentación de dicho plan en esta Comisión Mixta para los
Derechos de la Mujer por parte de la Directora General del Instituto de
la Mujer, la señora Dancausa, el día 8 de abril.
El debate que suscitó la presentación del plan dará mucho de sí, y quiero
remitirme precisamente a las primeras palabras de presentación del plan
por la señora Dancausa, cuando dijo que era un documento inicial, un
punto de partida, y expresó el deseo de que en su aplicación el Instituto
de la Mujer pudiera contar con la participación de todas. Ya se dio buena
muestra de esa voluntad, de esas posibilidades de participación en esta
Comisión Mixta en el debate que se produjo, como digo, el propio 8 de
abril, donde --por resumir también, intentando cumplir con mi compromiso
de sintetizar al máximo-- todos los grupos que formamos parte de esta
Comisión estuvimos de acuerdo en que, si bien el plan expresa de una
forma profusa una serie extensa de buenas intenciones, la verdad es que
adolece de concreción, por cuanto no contiene medidas de acción, no tiene
compromiso de temporalidad ni cuantificación económica y no señala qué
ministerios o departamentos aparecerán como responsables de las
diferentes medidas o actuaciones.
Dicho de una u otra forma y en un grado distinto, la mayoría de los
grupos coincidimos en esa observación. Ello quiere decir --y así se ha
empezado a demostrar-- que todos los grupos presentes en esta Comisión
nos comprometimos a colaborar, a través de la actividad parlamentaria, en
esta Comisión o en las Cortes Generales, en la concreción de las medidas,
del desarrollo y de la profundización en ese plan. Creo recordar, entre
otras cosas, que nuestra
portavoz en aquel tema en esta Comisión, la señora Díez de Baldeón,
observó con preocupación que solamente un 18 por ciento del contenido de
dicho plan son medidas concretas, que se pueden cuantificar, que
facilitan su ejecución y su evaluación. Expresión de esta preocupación
mayoritaria de todos los grupos son las iniciativas parlamentarias de mi
grupo y de otros grupos, lo cual favorecerá la concreción y el desarrollo
de ese plan.
Creo que era la portavoz en esta Comisión del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), la señora Solsona, la que entre sus preocupaciones
manifestaba hace unos días la distancia que había en algunos aspectos
entre lo que refleja el plan y el referente necesario del mismo, como son
la plataforma de acción de la cuarta conferencia y el plan comunitario.
Era ella quien se refería a las llamadas cuentas-satélite, a que no
aparece el compromiso de contabilización del trabajo no remunerado de las
mujeres.
A título de ejemplo, quiero señalar que nuestro grupo ya presentó, hace
varios meses en el Congreso de los Diputados, una iniciativa que espero
se vea pronto y que todos los grupos con esa preocupación puedan tomar
posición en sentido positivo. Quiero comentar, además, que en el
Parlamento de Catalunya hace muy pocos días se aprobó una propuesta en
ese sentido de forma unánime.
Hay muchas otras consideraciones y propuestas que tuvieron lugar en el
debate que se produjo en la presentación que la señora Dancausa nos hizo
del tercer plan. Como decía al inicio de mi intervención, el tiempo ha
quitado sentido a la proposición no de ley, que en su momento habría
servido no sólo para recoger unas aportaciones interesantes, sino para
darle entidad, contenido y más solvencia --algo en lo que hemos
coincidido siempre todas-- a esta Comisión.
Quiero anunciar que intentaremos actualizar esa proposición no de ley a
partir de las mismas consideraciones y preocupaciones, y que tendrá dos
líneas: recoger, en desarrollo y aplicación del plan aprobado, las
aportaciones que hicieron más de trescientas organizaciones feministas de
mujeres, e implicar a la más alta responsabilidad ministerial en este
tema, es decir, al ministro, a que periódicamente asista a esta Comisión
para dar cuenta del desarrollo y de las dificultades que dicha aplicación
puede tener para la Administración, de manera que podamos ayudar, como es
obligación de esta Comisión, a que un plan genérico se convierta en un
plan de actuación que sea más fácil de aplicar y de evaluar. (La señora
Sainz García pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: ¿En base a qué consideración pide S. S. la palabra?
La señora SAINZ GARCIA: Por una cuestión de orden, señora Presidenta.
De las palabras de la portavoz del Grupo Socialista parece desprenderse
que retira la proposición no de ley. Queríamos preguntarle, antes de
entrar en el debate, si es así.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTIN I VIGIL: Efectivamente, lo he anunciado de forma
implícita. Tiene razón la señora Sainz. Procede la retirada de la
proposición no de ley. También he querido decir de forma implícita que
resolveremos la situación con la presentación de una nueva proposición no
de ley.
La señora PRESIDENTA: Querría saber si las portavoces quieren intervenir
después de oír a la señora Martín i Vigil, para expresar su criterio.
Tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Solamente quiero decir que este plan del
Gobierno debe ser desarrollado a través de esta Comisión y de cada uno de
sus miembros con iniciativas parlamentarias que lo pongan en marcha.
La señora PRESIDENTA: La señora Almeida tiene la palabra.
La señora ALMEIDA CASTRO: Con la venia, señora Presidenta.
Quiero decir que era una iniciativa del Grupo Socialista que no vamos a
asumir puesto que la han retirado, pero estamos de acuerdo en que la
discusión de esta proposición no de ley ha llegado con tanto retraso que
ya se ha discutido el plan y ahora tendremos que mejorarlo a través de
propuestas. En ese sentido, nuestro grupo está dispuesto a concretar el
citado plan mediante propuestas legislativas.
La señora PRESIDENTA: La señora Sainz tiene la palabra.
La señora SAINZ GARCIA: Voy a ser muy breve.
Por las consideraciones hechas por la portavoz del Grupo Socialista, que
entró en el debate a pesar de haber retirado la iniciativa, he de decir
que la aprobación por el Consejo de Ministros fue el camino que siguió el
Gobierno actual --el mismo que siguió el Gobierno socialista en los
anteriores planes-- porque es una competencia inequívoca del Gobierno.
Así lo reconocía la portavoz socialista en sus manifestaciones; así lo
entendió claramente el Gobierno socialista mientras gobernó y así lo
entiende en las comunidades autónomas en las que actualmente gobierna.
Por otro lado, el Gobierno ha considerado que el plan de igualdad de
oportunidades es un instrumento de acción, que considera al Parlamento
centro esencial de la vida política. El Ministro, la Secretaria General
de Asuntos Sociales y la Directora del Instituto han expresado ya su
voluntad de tener en cuenta aquellas iniciativas positivas que los
distintos grupos políticos vayan aportando durante la aplicación de este
plan cuatrienal. La posición del Grupo Popular es la de llegar, a través
del diálogo, al mayor acuerdo y consenso posibles en ese objetivo de
igualdad de oportunidades en el que, con entusiasmo, todos los grupos
políticos estamos trabajando en esta importante Comisión.
La señora PRESIDENTA: Consultada la letrada, quiero decir, señora Martín
i Vigil, que la propuesta es de
diciembre, pero que entró en la Comisión el 21 de enero. Cuando la Mesa
y la Junta de Portavoces decidió cómo se desarrollaban los debates, se
produjo este retraso. No obstante, puedo asegurarle que la Mesa y la
Junta de Portavoces de la Comisión procurarán ir atendiendo las
iniciativas conforme entendamos que es prioritario.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, RELATIVA A LA
PROHIBICION DE QUE LAS MUJERES VISITEN LAS PINTURAS MURALES DE GOYA EN LA
CARTUJA DE AULA-DEI DE ZARAGOZA Y DE MEDIACION DEL GOBIERNO ANTE LA SANTA
SEDE. (Número de expediente Congreso 161/000332 y número de expediente
Senado 663/000016.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto, proposición no de ley
que ha presentado el Grupo Socialista sobre las pinturas murales de Goya
en la Cartuja de Aula-Dei de Zaragoza y de la mediación del Gobierno ante
la Santa Sede.
Quiero decir al portavoz del Grupo Socialista, el Diputado Bayona, que
hay una enmienda del Grupo Popular.
El Diputado Bayona tiene la palabra.
El señor BAYONA AZNAR: Ha terminado el Año de Goya y ha pasado ya más de
medio año desde que formulé una pregunta en el Pleno del Congreso, que
era recordada esta mañana.
Debo decir que me ha sorprendido el tono condescendiente e irónico con el
que este tema se ha tratado a primera hora de hoy. A veces la ironía
también puede ser una forma inteligente, sin duda, de enmascarar la
discriminación. Las mujeres siguen sin poder entrar a la Cartuja de
Aula-Dei a ver estas pinturas de Goya. Esa es la cuestión. No era el Año
de Goya, el conflicto de fondo es entre dos normas: una norma que es la
ley democráticamente aceptada, y otra que son los estatutos de una orden
religiosa, en este caso, la regla de la Cartuja que, por muy venerable
que sea, pertenece al ámbito privado.
Respecto a la primera, las leyes son muy claras. En la motivación de la
proposición no de ley está suficientemente razonada. La catalogación de
un bien como BIC (bien de interés cultural) es plenamente aplicable a los
bienes de propiedad privada. Cuando esto sucede, esos bienes se
encuentran sometidos a una serie de limitaciones legalmente reguladas por
estas Cortes Generales cuando se hizo la Ley del Patrimonio en el año
1985 y, por tanto, suponen unas obligaciones para los titulares de esos
BIC, aunque sean privados. Esa es la legislación y, por tanto, esta ley
plasma inequívocamente cuáles son los derechos y los deberes de los
propietarios y cuáles son los derechos y deberes de la Administración
competente, de lo cual hablaré después.
Los estatutos de la Cartuja, por su parte, en el punto 1.6.14 dicen que
en las casas de la orden, convenientemente constituidas, se guardará
estricta clausura. Según la tradición de la orden, no se puede admitir
dentro de la clausura a mujeres. Ese es el conflicto entre una ley
democráticamente aprobada y una regla venerable, tradicional, pero del
ámbito religioso y privado.
Podríamos hablar de cuál es el origen de esta regla de los cartujos. Creo
que en el fondo hay una prevención frente a la mujer. La mujer es vista
como fuente de pecado; hay una fobia, en el sentido de temor fóbico, a la
sexualidad, y a la mujer en particular. Este es el trasfondo cultural.
Esta es nuestra realidad histórica, de la que podemos o no estar
orgullosos, pero es nuestra realidad cultural e histórica, es nuestra
tradición, es la concepción moral y religiosa de la mujer en otros
tiempos. Primera cuestión que tenemos que tener en cuenta: en otros
tiempos.
En segundo lugar, no defendemos esta concepción hoy, no podemos
defenderla. ¿Por qué? Porque es vejatorio ver a la mujer como fuente de
tentación. Es legítimo respetar la tradición; es legítimo respetar las
normas privadas, religiosas, de una colectividad, normas que forman parte
de nuestra historia cultural, y más aún cuando forman parte de una
tradición cultural tan importante como es la de los cartujos. Pero estas
tradiciones y estas normas no pueden --y así se defendió en la
conferencia de Pekín-- entrar en conflicto o hacerse a costa de
determinados derechos fundamentales. Esta es, me parece, la cuestión.
La ley obliga a los propietarios de los BIC a abrirlos, al menos alguna
vez, en determinadas condiciones y fechas, para que haya una visita
pública de esos BIC. Pública, evidentemente, porque no podemos aceptar
que sea pública a hombres sí y a mujeres no, que es lo que realmente
sucede hoy. También existe la posibilidad --y ahí es donde se entra ya en
la proposición no de ley-- de la dispensa. Es decir, hay algunas causas
que pueden ser motivo de dispensa. Pero, evidentemente, los motivos de
dispensa, por mandato constitucional, no pueden crear situaciones de
discriminación, no pueden vulnerar derechos fundamentales, como es el
caso de no discriminación por razón de sexo, que figura en el artículo 14
de nuestra Constitución.
Así es como hay que plantear los términos de la proposición. No es que el
Gobierno respete o no, que las administraciones quebranten o no las
normas de los cartujos, sino que los cartujos de ninguna manera están
legitimados a desentenderse de las leyes vigentes en España y, muy
especialmente, de la Constitución. Por consiguiente, no es cuestión de
respeto de la tradición, la de los cartujos, que es respetable y
venerable; tampoco es cuestión de conflicto entre dos derechos, el de
cartujos y el de las mujeres --creo que no se puede plantear en esos
términos--; ni siquiera se trata de delimitación competencial, puesto que
lo que está aquí en cuestión va más allá de quién es la administración
competente en la materia cultural. Yo creo que es una cuestión de
principio y, como tal, no se trata de que la Cartuja esté abierta
permanentemente, se trata de que --como cuestión de principio, repito--
no exista discriminación entre hombres y mujeres. El objetivo de esta
proposición no de ley del Grupo Socialista no es buscar el
enfrentamiento, no es buscar el conflicto, no es provocar, es resolver el
problema. Que se entienda así.
Puesto que la competencia cultural es de la Diputación General de Aragón,
primero, hay que decir que la Diputación
General de Aragón --donde, como es sabido, quien gobierna no es el
Partido Socialista-- ha hecho algunos esfuerzos, ha hecho bastantes
intentos de resolver la cuestión, pero esos esfuerzos son infructuosos
puesto que no han producido todavía resultados. No sé si el tiempo de la
Iglesia es lento, como decía el Secretario de Estado, pero el problema es
que en los derechos, cuando son derechos inalienables, no cuenta el
tiempo; son derechos fundamentales que constitucionalmente se deben
defender más allá del tiempo.
El Justicia de Aragón hizo un informe sobre esta cuestión y concluyó que
la Diputación de Aragón deberá asegurar la visita pública, sin que pueda
existir ningún tipo de discriminación por razón de sexo para la
realización de tales visitas. Es la posición del Justicia de Aragón.
Puesto que las competencias son de la comunidad autónoma que afectan a un
derecho fundamental y puesto que, al final, la dispensa es papal, es
decir, sólo el Papa puede conceder esa dispensa para que puedan entrar
mujeres a contemplar las pinturas de la Cartuja de Aula-Dei, una de las
dos peticiones que se hacen en la proposición no de ley es que el
Gobierno colabore, apoye, no sólo de palabra (que no diga: sí nos parece
muy bien, porque han pasado seis meses desde aquella respuesta de la
señora ministra), sino que realmente se vuelque para garantizar que no
continúa por más tiempo esta discriminación. Porque entre las
competencias del Gobierno está también la de fomentar y tutelar el acceso
de todos los ciudadanos a los bienes que componen el patrimonio
histórico, así como la adopción de medidas necesarias que faciliten la
colaboración con los restantes poderes públicos. Parece evidente que la
Diputación General de Aragón no puede resolver sola el problema, por más
que quiera. Por tanto, el Gobierno debe apoyar de verdad, debe implicarse
y comprometerse en resolver esta cuestión.
El segundo punto que se pide, y que la enmienda del Grupo Popular
elimina, es que el Gobierno haga también gestiones con la Santa Sede. El
Grupo Popular pide que se elimine el punto segundo --y voy terminando--,
pero no lo podemos aceptar. Es verdad que la Diputación General de Aragón
se ha dirigido a la Santa Sede y que la Santa Sede --como hemos oído esta
mañana por boca del Secretario de Estado-- ha dicho: Esto es cuestión del
prior, arréglense ustedes con el prior y con el arzobispo de Zaragoza.
Por cierto, arzobispo que es el presidente de la Conferencia Episcopal
Española y no sólo un arzobispo del lugar. Es el presidente de la
Conferencia Episcopal Española y me consta, además, que tiene voluntad de
resolverlo. Se encuentra con un problema de hace mil años y tiene que ver
cómo se puede resolver hoy.
El Gobierno debe implicarse porque las relaciones internacionales y las
relaciones con la Iglesia o con la Santa Sede --con las iglesias, en este
caso con el Estado del Vaticano-- pertenecen a las competencias del
Gobierno, y aunque ya lo haya hecho la Diputación General de Aragón,
parece que no ha sido suficiente. Y no sólo eso sino que hay una
respuesta a otro Diputado, en enero, donde el Gobierno dice que
colaborará en todo lo posible y que continuará las gestiones con la Santa
Sede para ello. Por tanto, el Gobierno acepta, en respuesta escrita, que
debe hacer gestiones con la Santa Sede, por lo que la proposición no pide
sino lo que el Gobierno reconoce que debe hacer.
Termino. Mientras a las mujeres no les sea permitido, precisamente por
ser mujeres, el acceso a la contemplación de un BIC, de un bien de
interés cultural, como las pinturas de Goya de Aula-Dei, restauradas
--como decía la Diputada Cristina Almeida-- con impuestos que también han
pagado las mujeres, se lesionan derechos constitucionales. Creo que es
vejatorio para todas las mujeres y para todas las personas que defendemos
la igualdad de derechos. Mientras esto ocurra, ni el Gobierno de España
ni las Cortes Generales debemos dejar de trabajar para solucionarlo. Ya
sé que en otros países ocurre también; ya sé que en otras cartujas
también ocurre, pero estamos en las puertas del siglo XXI y son
cuestiones que con buena voluntad se pueden resolver. No buscamos el
conflicto, buscamos superar una situación histórica de otra cultura, de
otra mentalidad, que hoy es inaceptable y que choca frontalmente con la
Constitución.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda que ha presentado el
Grupo Popular, tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Está claro que la proposición no de ley que hoy
estamos tratando no es baladí. Estoy seguro de que interesa no sólo a la
Comunidad Autónoma de Aragón sino a todos, hombres y mujeres, jóvenes y
mayores, y que, de una forma u otra, nos implica a todos. Esta es una
ocasión que nos debe llevar a aproximar posturas, a reflexionar, a
plantearnos la modernidad de ciertos hechos y la conveniencia de que se
acorten diferencias, distancias e, incluso, se rompan tabúes que ya no
son seguramente de nuestro tiempo, pero, sobre todo, con respeto a la
intimidad y con respeto a los modos de vida de distintos colectivos de
vario signo y no forzosamente de la religión católica, sino de cualquier
o de cualquier creencia, credo o pensamiento filosófico, siempre y cuando
éstos no quebranten la legalidad y no incurran en desorden ni alteren el
orden público. Es un problema, está claro, que es en este momento de
difícil solución y no porque, como decía el buen Sancho, con la Iglesia
hemos topado, sino sencillamente porque son temas que están enquistados
en nuestra cultura, en nuestra forma de ver las cosas, son temas que han
creado carácter en la cultura occidental. Y suponemos que pasará igual en
otras culturas como puede ser el budismo y sobre todo ocurre en otra
cultura como es el islamismo, y eso no quita para estar en desacuerdo con
determinados planteamientos que aportan.
Las reglas de San Bruno, que son las que en estos momentos rigen la
Cartuja de Aula-Dei, son del siglo XI y prohíben tajantemente, es cierto,
el acceso de las mujeres. Por ello hay que recordar que son reglas
vigentes que entrañan una sustancia, una forma de ver las cosas, una
forma de vivir para los monjes que las cumplen, pero, al mismo tiempo,
estamos en las postrimerías del siglo XX. Tenemos unos bienes culturales
que no deben ser negados a nadie y, mucho menos, por razones de sexo.
Existe un derecho
a la cultura que tampoco puede ser negado a nadie y, al mismo tiempo,
tenemos unas reglas en juego como es la Constitución, que, en su artículo
14, prohíbe cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza,
religión u opinión y por cualquier otra condición o circunstancia
personal o profesional. Por otra parte, la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 12.2., aplicable en este
caso por figurar el complejo arquitectónico de la Cartuja como monumento
histórico-artístico de carácter nacional, determina que los propietarios
y, en su caso, los titulares de los bienes de dominio privado están
obligados a permitir y facilitar su visita pública en las condiciones que
se determinen y, a su vez, prevé que el cumplimiento de esta obligación
puede ser dispensado total o parcialmente por la Administración
competente cuando medie causa justificada.
Pues bien, como decía antes, la solución no es fácil porque en democracia
las cosas no suelen ser sencillas, puesto que las soluciones tienen que
ser respetuosas. Estas cosas en dictadura se resuelven fácilmente, pero
en democracia está claro que no. En democracia no hay otro mecanismo que
no sea la negociación y la conciliación, y eso es lo que ha estado y está
haciendo en estos momentos tanto el Instituto Aragonés de la Mujer como
el Gobierno de Aragón y, más concretamente, el departamento de Educación
y Cultura. Por enumerar alguna de las actuaciones desarrolladas hasta el
día de hoy por la Administración competente, que no olvidemos que es la
Diputación General de Aragón, les diré que se han mantenido numerosos
contactos con el prior de la cartuja, ofreciéndole múltiples alternativas
para permitir el acceso a las pinturas, bien mediante un paso subterráneo
u otros métodos que permitieran conciliar ambos derechos. El consejero de
Educación y Cultura igualmente se ha dirigido a la secretaría de Estado
de la Ciudad del Vaticano. Ha recibido a los distintos colectivos de
mujeres que han surgido en defensa de este problema. El Justicia en
Aragón ha elaborado un informe que basándose en las normativas vigentes,
marca la dirección que debe seguir y así lo está haciendo el Gobierno de
la comunidad autónoma. A su vez, el departamento de Educación y Cultura
ha planteado la retirada de la publicidad de las pinturas de la Cartuja,
se ha suprimido el guía y el propio consejero de Educación se ha
comprometido a no visitar las pinturas mientras no se levante ete veto.
Por otra parte, se siguen manteniendo nuevos contactos con el arzobispo
de Zaragoza y con el prior del monasterio tal y como se ha indicado desde
la secretaría de Estado de la Ciudad del Vaticano. En eso están, en el
convencimiento de acercar posturas, respetando las posiciones de las
partes negociantes. Siempre hay factores de contacto que hay que
potenciar al máximo, al margen de que haya sido el año de Goya, que eso
es completamente accidental. No hay que desesperarse ni sacar, entiendo,
las cosas de quicio si no se consigue resolver de un día para otro este
tipo de hechos que se arrastran, no olvidemos, desde el siglo XI, porque
no sé quién decía hace ya algún tiempo que las cosas de palacio van
despacio y las cosas de la iglesia todavía más. Tengan la seguridad de
que el problema se resolverá, pero no porque en este caso el Gobierno de
Aragón tenga especial bandera o porque haya cogido esta reivindicación
como suya o bien porque algún partido político lo reclame, sino
sencillamente porque quien lo reclama y lo demanda es la propia sociedad,
y como hay pleno convencimiento de que es un legítimo derecho, y esto que
quede bien claro, que se acomoda a la Constitución y que no se puede ir
contra el signo de los tiempos ni nadar contracorriente, tengan, como
decía antes, la seguridad de que se resolverá y tendrá una solución
acomodada, armónica y respetuosa para los intereses de todos.
En conclusión, es conveniente matizar que la colaboración del Ministerio
de Educación y Cultura con la Consejería de Educación y Cultura de la
Diputación General de Aragón para la adopción de las medias que aseguren
el acceso de las mujeres a la Cartuja se está realizando dentro de los
límites habituales en la colaboración conjunta, como no podía ser de otra
forma, independientemente del resultado final y por los cauces adecuados.
Así lo aseguraba la Ministra de Educación y Cultura manifestando en
reiteradas ocasiones, entre otras al portavoz del Grupo Socialista en
contestación a una pregunta, que, aunque la competencia de este hecho es
de la Diputación General de Aragón, el Gobierno va a seguir colaborando
en todo lo posible para evitar esta discriminación.
El consejero de Educación y Cultura, quiero recordar, con fecha 10 de
julio de 1996, se dirigió a la secretaría de Estado del Vaticano
solicitando la dispensa necesaria para que las mujeres pudieran visitar
las pinturas murales de Goya. A finales del mes de agosto se tuvo
respuesta, reconociendo nuevamente la competencia para la solicitud del
posible permiso al prior de la Cartuja y al arzobispo de Zaragoza,
autoridades con las que el consejero de Educación y Cultura está
estableciendo nuevos contactos para avanzar en la búsqueda de soluciones.
Por ello, entendiendo que tango el Gobierno como la Comunidad Autónoma de
Aragón, sobre la que recae la competencia en la materia, se están
ocupando ya de la realización de las acciones que se consideran acordes
con el cumplimiento de los objetivos finales planteados, con las
matizaciones aludidas, es por lo que hemos presentado esta enmienda al
texto inicial de la proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Vamos a abrir un turno de portavoces para conocer
lo que opinan todos los grupos parlamentarios.
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: Sería deseable que todas las discriminaciones
que las mujeres sufrimos aún desgraciadamente en nuestra sociedad fueran
erradicadas totalmente y conseguirlo es tarea de todas y todos.
Señorías, es evidente la incongruencia de que todos los ciudadanos y
todas las ciudadanas tengamos derecho al acceso a la cultura y que se nos
niegue el derecho a poder visitar unas obras catalogadas de bien de
interés cultural, aun más teniendo en cuenta que celebramos el año
dedicado al insigne pintor Francisco de Goya, autor de los frescos objeto
de la proposición no de ley que nos ocupa. También es
cierto que nos encontramos ante unas competencias distintas; por una
parte, y la más evidente, la competencia exclusiva del Gobierno autónomo
de Aragón en todo el ámbito cultural de la comunidad autónoma y, por
otra, nos encontramos con la competencia del arzobispado de Zaragoza y,
al final, con el respeto hacia las reglas de una orden religiosa en las
que no tenemos ningún derecho a inmiscuirnos.
Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) pediría la votación separada de los dos puntos por entender que
es intención de la Consejería de Educación y Cultura de la Diputación
General de Aragón propiciar y alentar el consenso entre todas las partes
--el arzobispado, el prior de la Cartuja y el mismo Gobierno de Aragón--
para que así puedan participar todas las ciudadanas y todos los
ciudadanos de un bien cultural de tal relevancia. Por este motivo, como
he dicho antes, pedimos la votación separada de los puntos 1 y 2.
Señorías, no quisiera terminar mi intervención sin hacer una reflexión en
voz alta. Es necesario defender los derechos de las mujeres ante temas
como éste, pero también sería necesario desde esta Comisión mediar ante
otras culturas y religiones que conviven en nuestro Estado y que son
mucho más discriminatorias con las libertades e igualdades de
oportunidades de las mujeres y las niñas en el libre acceso a la cultura
y a la educación.
La señora PRESIDENTA: Para centrar el tema a la hora de las votaciones,
querría que S. S. me aclarara lo siguiente en relación con la proposición
no de ley del Grupo Socialista, que tiene dos puntos.
La señora AMOROS I SANS: Tengo entendido que no han aceptado la enmienda
del Grupo Popular de supresión del segundo punto. Entonces, el Grupo de
Convergència i Unió pediría la votación separada del punto 1 y del punto
2. En el punto 1 estamos a favor y en el punto 2 estamos en contra.
La señora PRESIDENTA: Muy bien.
Tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: He oído, en palabras del representante del
Grupo Popular, que no hay que sacar de quicio este tema. Siempre que se
habla de cosas de mujeres se dice que no hay que sacar el tema de quicio.
Quiero aclarar que las mujeres no hemos sacado de quicio nada; nos han
sacado de quicio los señores de la Cartuja de Zaragoza, que son los que
nos sacan de sus normas o nos meten en ellas. Si tuviéramos que decir
algo, ninguna de las mujeres queremos ver a los cartujos. Que se
escondan, que hagan lo que quieran. No tenemos ninguna intención de
agredir su intimidad. Queremos ver los frescos y las pinturas de Goya. En
ese sentido, que a nosotros nos metan en su historia nos impide ejercer
nuestro derecho constitucional.
No se trata de un hecho parcial sino de un hecho que está en la cultura
de muchas tierras. En China --y él lo ha dicho--, cuando estuvimos en
Pekín, oíamos cosas mucho más duras. Dice que las cosas de palacio van
despacio, pero es que hay tradiciones culturales religiosas de otros
países que suponen la ablación del clítoris de las mujeres; irán muy
despacio, pero a la que le vaya a tocar quiere que lo eliminemos
totalmente. No estamos intentando dar tiempo al tiempo, sino tratando de
ejercer unos derechos constitucionales. Por eso hago la aclaración de que
las cuestiones culturales son muchas. Desde luego, ésta no es tan dura
como la otra de la que he hablado, pero en la cultura que tenemos está
tan sacada de quicio como para pensar que las mujeres no podemos entrar
a ver unas pinturas de Goya. Me parece que dar marcha atrás en eso supone
supeditar la sociedad civil a unos valores religiosos minoritarios que no
tienen que afectar a la igualdad. Es parte de nuestra esencia jurídica
cultural hacer de la igualdad una base de comportamiento. Por eso, no nos
parece un tema nimio ni que hayamos sacado nada de quicio. Se trata de
exigir la aplicación constitucional de nuestros derechos.
En segundo lugar, en cuanto a las competencias, me remito a la
presentación que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista. La
competencia tiene una parte de autonomía en cuanto a lo que es la
experiencia cultural y a poder dirigir cómo se va a llevar la fase
cultural de la propia autonomía de Aragón --por eso, el primer punto nos
parece respetuoso--, pero aquí entra en discusión también un tema con la
Santa Sede, y los convenios con la Santa Sede no los hace la Comunidad
Autónoma de Aragón ni ninguna autonomía; los hace un Estado que quiere
dar una oportunidad de trabajo a una parte de los miembros de una
religión y les reconoce una serie de facultades a través de esos
convenios. No creo que ninguno de esos convenios permita establecer
diferencias ni discriminación. Por tanto, el cumplimiento de esos
convenios exige que también nos dirijamos a la Santa Sede. Nos han dicho
antes que el Gobierno se tiene que dirigir, en vez de a la Santa Sede, al
arzobispo o al obispo; que lo haga a quien quiera. Nosotros no podemos
instar al arzobispo o al obispo; instamos al Gobierno para que lo haga a
través de los cauces de los convenios con la Santa Sede. Por tanto, la
eliminación de la segunda parte conduce a dejar indefenso el aspecto del
respeto autonómico y el aspecto de la obligación a un convenio, que no
tiene nada que ver, como ha dicho la portavoz de Convergència i Unió, con
que haya otras posturas más discriminatorias. Es verdad que la comunidad
gitana ha intentado no dar escolaridad a las niñas; igualmente lo hemos
denunciado y se ha prohibido. Hay muchos aspectos de la virginidad y de
los matrimonios que también hemos denunciado. Por tanto, no estamos
hablando de que sea la única discriminación existente, sino que hay
muchísimas y tenemos que estar vigilantes sobre todas; vigilantes desde
la solidaridad, como lo hemos hecho en la Conferencia de Pekín con otras
tradiciones culturales que nos han parecido abominables pidiendo que se
eliminen.
Para que vea que no solamente la Iglesia es un poco tarda en enterarse,
vamos a presentar una pregunta en esta Comisión sobre las fiestas del
Alarde, de Irún. En muchas fiestas culturales se ha considerado que los
únicos que se deben divertir son los hombres, porque son estupendos, y
las mujeres tenemos que ir a aplaudirlos; cuando algunas
han intentado el año pasado divertirse con ellos, las han apedreado, las
han tirado huevos y las han hecho apartarse. Vamos a dar la batalla y, a
lo mejor, una de las batallas sería que nos fuéramos todas las
pertenecientes a la Comisión, en un autobús que nos pusieran, a ver el
Aula-Dei de Zaragoza y montar un cirio allí (Aplausos.), porque ya está
bien que, para aplicar la Constitución, tengamos que esperar a que nos lo
diga la Santa Sede.
Nuestro grupo va a apoyar la proposición no de ley porque me parece que
los dos puntos son necesarios para acabar con situaciones de exclusión en
una sociedad igualitaria cuando no se permite la igualdad.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Pido la palabra exclusivamente a efectos de
centrarnos ya en la, al parecer, discrepancia que existe sobre el punto
segundo.
Creo que esta proposición no de ley debe salir por unanimidad si queremos
que tenga eficacia. No se trata tanto de ver quién se lleva el gato al
agua ni de qué decimos después fuera de aquí, sino que preferiría que lo
que salga fuera por unanimidad. Me consta, además, porque lo he
reconocido en mi primera intervención, que la Diputación General de
Aragón está a favor de esto, es decir, conocía el texto; yo conocía los
pasos que ha dado la Diputación General de Aragón y creo que necesita
este apoyo.
El segundo punto es necesario y creo que podríamos llegar, si así lo
estima el Grupo Popular, a algún otro tipo de redacción, a alguna
transacción, pero es necesario apoyar desde el Gobierno las relaciones
con la Iglesia; con la Iglesia en su doble vertiente en este caso, la
Santa Sede y el arzobispo de Zaragoza. Por tanto, yo estaría abierto a
una redacción transaccional, pero no estoy a favor de eliminar el punto
segundo. Si no estamos buscando el conflicto sino que se respeten los
derechos constitucionales, sin perjuicio del cumplimiento de las reglas
de la Cartuja, la única solución es que haya una dispensa papal.
Volquemos los esfuerzos en conseguir esa dispensa papal. ¿Qué puede hacer
el Gobierno? Dirigirse a la Santa Sede, aunque lo haya hecho una vez, que
no lo ha hecho, pues lo ha hecho la Diputación General de Aragón, no el
Gobierno, que reconoce en una pregunta escrita que está dispuesto a
hacerlo. Pues digámosle que lo haga. ¿Qué más puede hacer? Dirigirse al
arzobispo de Zaragoza para que éste pida la dispensa. Parece que es la
línea de la intervención del Grupo Popular. Yo estaría dispuesto a
modificar el texto en esa línea, que el Gobierno se dirija al arzobispo
de Zaragoza y al prior de La Cartuja instándoles a que soliciten dispensa
papal. Serviría cualquier fórmula, pero creo que no sería bueno votar en
contra del punto dos, ni para los que votasen en contra ni para el
objetivo, que creo que es común, de resolver esta situación.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: En nombre del Grupo Popular, pediría tres minutos
de suspensión para tratar de fijar esa enmienda transaccional, pues
nuestro grupo también desea que la votación se produzca con el mayor
consenso posible.
La señora PRESIDENTA: Señorías, de las dos primeras proposiciones no de
ley que han venido a esta Comisión, una ha sido retirada por estar fuera
de tiempo. Respecto de la otra, no desearía que hubiera una votación en
la que no pudiéramos estar todos de acuerdo cuando en el fondo lo
estamos.
Señor Bayona, usted que ha sido Senador y comprende todas las cuestiones
de las comunidades autónomas, vamos a ver cómo podemos buscar ese punto
en común y que nadie se sienta mediatizado en sus competencias
culturales.
Vamos a dar tres minutos de receso. (Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, quiero informar a todos los miembros de
esta Comisión que el primer punto queda conforme figura en la proposición
no de ley y el segundo queda así: Que con el objeto de respetar los
derechos constitucionales, sin perjuicio de las obligaciones que las
reglas de la Cartuja imponen a sus miembros, se dirija al arzobispo de
Zaragoza y al prior de la Cartuja de Aula-Dei con el fin de que soliciten
dispensa papal para que las pinturas murales de Goya puedan ser visitadas
por las mujeres.
¿Estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.