DIARIO DE SESIONES DE LAS



CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1997 VI Legislatura Núm. 45



PARA LA UNION EUROPEA



PRESIDENTE: DON PEDRO SOLBES MIRA



Sesión núm. 11



celebrada el martes, 8 de abril de 1997,
en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y
Hacienda (De Rato Figaredo), para informar sobre:



--Los temas tratados en el Consejo de Economía y Finanzas (ECOFIN), de la
situación de los fondos de cohesión, así como del recorte de los fondos
estructurales en el presupuesto de la Unión Europea (UE). A solicitud del
Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente Congreso 213/000139
y número de expediente Senado 711/000063.)



--Los temas tratados en el último Consejo de Economía y Finanzas
(ECOFIN), sobre la situación de los fondos de cohesión, sobre el recorte
de los fondos estructurales en el presupuesto de la Unión, así como sobre
las negociaciones sobre el euro. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente Congreso 213/000222 y número de expediente
Senado 711/000091.)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días.

Iniciamos la comparecencia del Vicepresidente segundo y Ministro de
Economía y Hacienda, don Rodrigo Rato, ante la Comisión Mixta para la
Unión Europea.

Además del punto inicialmente incluido en el orden del día, por parte del
Grupo Parlamentario Popular se ha pedido que se incorporara su petición
referida a información de los temas tratados en el último Consejo de
Economía y Finanzas, Ecofin, sobre la situación de los fondos de
cohesión, sobre el recorte de los fondos estructurales en el presupuesto
de la Unión, así como sobre las negociaciones sobre el euro. Si no hay
ningún inconveniente por parte de ningún grupo parlamentario, se
incorporaría esta segunda comparecencia a la primera, de tal forma que se
plantease la situación global de las relaciones entre España y la Unión
Europea en los aspectos financieros.

¿Hay inconveniente por parte de algún grupo? (Pausa.)
Si no es así, daríamos por acumuladas ambas peticiones de comparecencia y
cedería la palabra al Vicepresidente segundo.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Señoras y señores Diputados, buenos días. Como ha
recordado el Presidente, esta comparecencia ante la Comisión Mixta tiene
por objeto informar de tres asuntos diferenciados. Por un lado, de los
temas tratados en los consejos de economía y finanzas de 27 de enero, 17
de febrero y 17 de marzo, así como del Ecofin informal que se celebró
durante el último fin de semana en Noordwijk; en segundo lugar, de la
situación de los fondos de cohesión, y en tercer lugar, del recorte de
los fondos estructurales en el presupuesto de la Unión Europea. Si les
parece, voy a pasar a informar de todos estos temas en ese orden.

Temas tratados en los sucesivos ecofines. No voy a hacer un relato
cronológico de cada uno de ellos, puesto que muchos temas se van
finalizando en cada uno de los ecofines, sino que trataré los temas por
bloques. Quisiera, en primer lugar, referirme al programa de la
presidencia holandesa en el Ecofin de enero; a los debates sobre la
situación económica de la Unión; a la presentación de los programas de
convergencia de Bélgica, Alemania y Francia; a la asistencia financiera a
terceros países; al diálogo estructurado con los países de la Europa
oriental, los pecos; al informe anual del Tribunal de Cuentas para el año
1995; al régimen fiscal de los productos energéticos; a las
características técnicas y proceso de selección de las monedas; a los
temas relativos a la Unión Económica y Monetaria debatidos en Noordwijk
en el Ecofin informal, y, por último, a las discusiones sobre la
disciplina presupuestaria en el presupuesto comunitario.

Empezando por el programa de la presidencia holandesa, diré que, como es
tradición, en el Ecofin de enero, y en sesión abierta, se plantearon los
asuntos prioritarios del país que va a ostentar la presidencia y que se
resumen de la siguiente manera. Según la presidencia, y desde luego en
coincidencia con España, 1997 se configura como el año crucial para el
paso a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y los Estados
miembros están llevando a cabo todas las medidas necesarias para cumplir
con los criterios de convergencia. En enero, la presidencia holandesa
presentaba como objetivo la finalización de los trabajos comenzados en el
semestre anterior y, en particular, las regulaciones sobre el estatuto
jurídico del euro, las disposiciones sobre el pacto de estabilidad y
crecimiento, la resolución sobre el sistema monetario europeo --podríamos
llamarlo el mecanismo de cambios numero 2-- y el diseño de las monedas
euro. Sobre todos estos asuntos, los puntos principales, con respecto al
estatuto jurídico del euro, y especialmente el reglamento con base en el
artículo 109.L.4, era, por un lado, como ustedes recordarán porque ya les
informé, que existía una decisión del Consejo de Dublín de utilizar el
artículo 235, que permitiría tomar medidas y decisiones jurídicas ahora,
aunque por todos los países miembros, no sólo por los países in y, por
otro, utilizar el artículo 109.L.4 para tomar decisiones ya en el año
1998 por parte de los países que fueran a formar parte del euro en un
primer momento.

Con respecto al artículo 235, se van a regular las cuestiones más
urgentes en la adopción del euro con el fin de eliminar incertidumbres en
los mercados en este proceso, como son el tipo de conversión eco-euro, la
continuidad de los contratos y el redondeo de las monedas. La decisión se
toma por unanimidad, previo informe del Parlamento Europeo. Tanto el
Instituto Monetario Europeo como el Parlamento ya han remitido sus
informes preceptivos y, por tanto, sólo queda la aprobación formal que se
producirá probablemente después de las elecciones británicas, ya que el
Reino Unido mantiene una reserva parlamentaria sobre estos asuntos hasta
que se lleven a cabo sus elecciones y se forme un nuevo Gobierno.

Con respecto a los aspectos relativos al reglamento jurídico del euro, a
los que se aplicará el artículo 109.L.4, y que podríamos ya calificar
como la lex monete de la Unión, se adopta por unanimidad de los Estados
miembros que pasen a formar parte del euro previa consulta con el Banco
Central Europeo, por lo que habrá que esperar, desde el punto de vista
formal, a 1998 para su adopción. Para zanjar las cuestiones de carácter
técnico que quedaron pendientes en Dublín, la Comisión ha creado un grupo
de trabajo de forma que el texto quede consensuado para su posterior
adopción formal en 1998.

Respecto a las cuestiones sobre disciplina fiscal en la tercera fase, era
objetivo de la presidencia holandesa abordar la elaboración de un
reglamento sobre vigilancia multilateral, el reglamento sobre déficit
excesivo y la redacción de la resolución del Consejo Europeo sobre el
pacto de estabilidad, derivando los tres de los acuerdos de la cumbre de
Dublín. Con respecto al reglamento sobre supervisión y coordinación de
políticas presupuestarias, éste debe estar basado en el artículo 103.5
del Tratado y se aprueba por el procedimiento de cooperación con el
Parlamento Europeo, que ya ha emitido su primer dictamen. La presidencia
holandesa quiere adoptar formalmente el reglamento en el Consejo Europeo
de Amsterdam.




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Con respecto al reglamento por el que se agiliza y clarifica la
aplicación del procedimiento de déficit excesivo, que está basado en el
artículo 104.C.14, segundo párrafo del Tratado, la decisión se toma por
unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo y al Banco Central
Europeo. El Parlamento ya ha emitido su informe preceptivo. En cuanto a
la resolución del Consejo Europeo sobre el pacto de estabilidad y
crecimiento, su objetivo, como SS. SS. recuerdan, es expresar el solemne
compromiso político del Consejo y de los Estados miembros para la
aplicación estricta del pacto de estabilidad. Además, la presidencia
holandesa tenía y tiene como uno de los objetivos, que expresó en el
Ecofin de enero, la resolución sobre el nuevo mecanismo de cambios y las
relaciones entre los países in y los países out, así como el diseño de
monedas.

Desde el punto de vista de actividades regulares de los ecofines, en el
del mes de enero se produjo el principio del debate sobre las
orientaciones generales de política económica, que serán definitivamente
planteadas y evaluadas en el Ecofin del 9 de junio, que evaluará el
cumplimiento de las orientaciones generales de política económica del año
pasado y elevará un informe al Consejo Europeo de Amsterdam sobre las
orientaciones de este año. En el Consejo del Ecofin del 23 de junio, si
es que se celebra, se aprobarán formalmente las orientaciones generales.

Con respecto al procedimiento de déficit excesivo, al que ya he hecho
mención, los países deberán presentar, a principios de marzo de 1997, sus
datos de déficit y deuda para 1996, y está previsto que en el próximo
Ecofin del mes de mayo se debatan los déficit y las situaciones de deuda
de todos los países, adelantando, por tanto, el calendario habitual
porque normalmente este tema se trataba en junio. Como SS. SS.

comprobarán más adelante, el nuevo procedimiento de déficit excesivo y la
elección de los países que vayan a formar parte del euro aconsejan que
este debate se adelante al mes de mayo a partir de ahora.

También dentro de la presidencia holandesa están los asuntos relativos a
empleo, en cuanto al examen y revisión de los programas de convergencia.

La presidencia presentará un informe de la situación sobre el empleo,
informe que se presenta anualmente en aplicación de las áreas de acción
aprobadas por el Consejo de Essen. Este informe es un ejercicio de
seguimiento de las políticas de empleo seguidas por los Estados miembros
y se presenta conjuntamente por la Comisión, el Consejo de Asuntos
Sociales y el Ecofin. El comité de política económica preparará los
trabajos para el Ecofin. Asimismo, durante la presidencia holandesa, en
el mes de enero se determinó el seguimiento de las gestiones y trabajos
realizados por la Comisión para la eliminación del fraude y para la
mejora de la gestión financiera en lo que ha venido a denominarse el
SEM-2000.

Desde el punto de vista de fiscalidad, la presidencia holandesa planteó
la continuación de los trabajos del grupo Monti sobre el análisis de los
sistemas fiscales europeos, con vistas a eliminar las distorsiones
existentes. También planteó las propuestas de la Comisión sobre abscisas,
sobre un impuesto al CO2 en el que España tiene claras reticencias, desde
el punto de vista de la competitividad; propuestas de la Comisión sobre
el IVA; impuestos indirectos y propuestas de extensión de la directiva
sobre matrices y filiales en los temas que se refieren a la fiscalidad.

Desde el punto de vista de los préstamos a terceros países, como ustedes
recordarán, la presidencia irlandesa finalizó su mandato sin haber
conseguido un acuerdo del Ecofin con respecto a los mandatos y garantías
del Banco Europeo de Inversiones. Este punto se solucionó en el Ecofin de
enero, que pasaré a comentar posteriormente, y también se estudiaron
préstamos de ayuda macrofinanciera a Ucrania, Macedonia, Georgia y
Moldavia, así como la solución a los atrasos de Armenia, Georgia y
Tadzhikistán.

Con respecto a los servicios financieros, la presidencia holandesa
planteó en enero que tiene intención de avanzar en la aprobación de una
serie de directivas que se estaban discutiendo en el Coreper y que se
dirigían a la directiva sobre el coeficiente de solvencia, sobre
saneamiento y liquidación de entidades de crédito; directiva por la que
se modifica la directiva sobre adecuación de capital de las empresas de
inversión y las entidades de crédito; directiva sobre servicios de
inversión en el ámbito de valores negociables; la modificación de varias
directivas relativas al sector bancario, al mercado de valores; y
directivas sobre firmeza de la liquidación y constitución de garantías.

Como último tema, en el semestre de la presidencia holandesa se
plantearon las propuestas para abordar los temas de la disciplina
presupuestaria, que han sido objeto de debate y de acuerdos en el
almuerzo del Ecofin formal y también en la sesión de la tarde, de los que
pasaré a informar a SS. SS. en su momento. Desde el mes de enero, España
reiteró que, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de
Madrid, los aspectos presupuestarios a medio plazo, es decir, los nuevos
marcos financieros de la Unión, no deberían ser discutidos hasta que
concluyera la Conferencia Intergubernamental para disipar cualquier
intento por parte de la presidencia holandesa de anticipar un debate
complejo que puede tener importantes implicaciones no sólo para España,
sino para todos los países miembros.

Paso a exponer a SS. SS. cuál fue el análisis, en el Ecofin de febrero,
de la situación económica de la Unión Europea. Se mantuvo en el Consejo
un intercambio de puntos de vista sobre la situación económica de la
Unión. Ese debate sirve como base para que la Comisión prepare los
documentos sobre las grandes líneas de política económica que se
presentarán y aprobarán en la cumbre de Amsterdam. Como principales
conclusiones del debate podemos resaltar, por un lado, que el crecimiento
económico de la Unión se consolida acercándose a las previsiones
presentadas por la Comisión. Este crecimiento no es igual en todos los
países, en algunos es especialmente modesto, pero se asienta en bases
sólidas y tiene suficiente potencial para continuar y reforzarse en los
próximos años, por lo que la mayor parte de los Estados miembros se
consideraron moderadamente optimistas.

La situación de empleo se consideró en el conjunto de la Unión como no
satisfactoria, siendo éste el problema más grave que afronta la Unión
Europea, por lo que se reiteró la necesidad de seguir tomando medidas
estructurales



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en cada uno de los países miembros que mejoren el funcionamiento de los
mercados de trabajo y de bienes.

En lo que respecta a la situación fiscal, se apreciaron los esfuerzos y
resultados que están consiguiendo gran número de países miembros,
señalando que vamos en la dirección adecuada de la convergencia, lo que
ayudaría sin duda a estabilizar los tipos de interés a niveles bajos, lo
que permite consolidar los procesos de crecimiento sostenido en curso.

En el Ecofin de febrero se abordaron los programas de convergencia de
Bélgica y, en el de marzo, los de Alemania y Francia. Simplemente
quisiera mencionar ante
SS. SS. que en el paso a la tercera etapa de la Unión Económica y
Monetaria, cuando entre en vigor la normativa relativa al llamado pacto
de estabilidad y crecimiento, la presentación y actualización anual de
programas de convergencia será obligatoria, tanto en el caso de
convergencia como en el de estabilidad. No obstante, en el momento
presente los programas de convergencia se presentan sobre una base
voluntaria, es decir, durante el período --en el caso español-- de 1998,
ya que el Tratado sólo preveía su presentación en la primera etapa de la
Unión Económica y Monetaria, al objeto de facilitar el análisis del
estado de la convergencia en la Comunidad.

No voy a mencionar los detalles de los programas de convergencia de estos
tres países, a expensas de que después SS. SS. me puedan pedir alguna
aclaración sobre los mismos, que, como saben no son formalmente
aprobados, sino simplemente discutidos por el Ecofin que los acogió
favorablemente, y en las próximas sesiones del Ecofin, seguramente en las
sesiones de mayo y de junio, se debatirán otros programas de convergencia
referentes a otros países y también a España. Como ya he dicho, cuando
comience la Unión Económica y Monetaria tanto unos Estados como otros
estarán obligados a presentar programas de convergencia o, en el caso de
Estados miembros, programas de estabilidad.

Con respecto a la asistencia financiera a terceros países, había quedado
abierto durante la presidencia holandesa produciendo una gran
preocupación en los directivos del Banco Europeo de Inversiones. En el
primer Ecofin, del mes de enero, se llegó a una serie de acuerdos que
paso a mencionar a SS. SS. Por un lado, el nivel de garantía del
presupuesto comunitario para los préstamos que concede el BEI a terceros
países queda fijado en el 70 por ciento. En cuanto a los mandatos por
regiones, han quedado fijados en las siguientes cantidades: para los
pecos, 3.520 mecus, lo que supone un incremento de 70 mecus con respecto
a la propuesta inicial de la Comisión y un incremento del 17,3 con
respecto al mandato anterior. Por lo que se refiere a los países
mediterráneos, tema en el que España tenía un gran interés y así fue
demostrado, se ha fijado la cantidad de 2.310 mecus, con un incremento de
210 mecus respecto a la propuesta inicial de la Comisión y un crecimiento
del 24,2 en relación con el mandato anterior, cifra que España considera
satisfactoria.

Otro grupo de países de gran importancia para España y que llevaba
bloqueado todo el año 1996 como consecuencia de la falta de acuerdo es el
que se refiere a América Latina y Asia. La cifra final ha quedado en 900
mecus, con un incremento del 20 por ciento con respecto al período
anterior, lo cual es una cifra satisfactoria desde el punto de vista del
análisis del Gobierno español. En cuanto a Sudáfrica, la cifra es de 370
mecus, lo que supone una pequeña reducción frente al mandato anterior y
se reservan 1.050 mecus para asistencia macrofinanciera, teniendo
presentes los 750 mecus necesarios para los préstamos euroatom. El máximo
destinado a asistencia macrofinanciera ascenderá a 1.200 mecus siempre
que los préstamos euroatom no excedan de los 600 mecus en el período en
cuestión. Por otra parte, los Estados miembros y la Comisión Europea
acordamos la creación de un instrumento especial para los pecos de apoyo
a la preadhesión, instrumento que entrará en vigor tan pronto como sea
posible la futura adhesión.

En resumen, quiero decir sobre los préstamos a terceros países que éstos
reflejan las posiciones españolas, que nosotros los consideramos
satisfactorios, y que estamos especialmente satisfechos de las cantidades
que, al final, han quedado plasmadas con respecto a los países
mediterráneos y América Latina.

Respecto a decisiones de asistencia financiera a terceros países --y sólo
me gustaría mencionar las fechas y los países, después si SS. SS. quieren
aclaraciones, estaré muy gustoso de dárselas--, están los casos de
Ucrania, que se decidió el 27 de enero; de Armenia y Georgia, el 17 de
febrero; de la antigua República yugoslava de Macedonia, el 17 de
febrero; de Rumania, el 17 de marzo; de Bulgaria, y el Consejo también ha
discutido la necesidad de otorgar ayuda alimentaria a Albania dada la
situación extrema en que se encuentra. Cuando se estabilice la situación,
la Comisión ha estudiado la posibilidad de plantear ayudas a sus balanzas
de pago. El tema de Bulgaria se discutió en el último Ecofin informal y,
probablemente, se producirá el acuerdo en el Ecofin del mes de mayo.

Respecto al diálogo estructurado con los pecos, muy someramente, este
diálogo, como saben SS. SS., se lleva a cabo dos veces al año, es decir,
en cada una de las presidencias. En el diálogo de la presidencia
holandesa sobre todo se discutieron políticas presupuestarias que se
trataron en el almuerzo del Ecofin de enero. Hubo una posición unánime de
que la consolidación presupuestaria es una condición indispensable para
el crecimiento económico sostenible, y muchos de los países asociados han
adoptado la misma línea de consolidación presupuestaria que los Estados
miembros, reduciendo sus respectivos déficit presupuestarios por debajo
del 3 por ciento del producto interior bruto. Se acordó que en la
siguiente reunión del diálogo estructurado con los pecos, que tendrá
lugar en Luxemburgo en el segundo semestre de 1997, se tratarían sobre
todo temas referentes a los mercados financieros y a la liberalización de
los movimientos de capital en los países asociados.

Paso a informarles del informe del Tribunal de Cuentas, la aprobación de
la gestión de la Comisión durante 1995, declaración de fiabilidad de las
cuentas y programa SEM-2000. El Consejo aprobó la gestión de la Comisión
durante1995, una vez estudiado el informe presentado por el Tribunal de
Cuentas, así como una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la
legalidad y regularidad de las



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transacciones correspondientes al ejercicio financiero de 1995. La
recomendación respalda las observaciones del Tribunal de Cuentas y toma
nota, al mismo tiempo, del esfuerzo que realizó la Comisión en 1996, que
sigue realizando con energía en la reforma de la gestión financiera de
los recursos comunitarios y que tiene por objeto racionalizar sus propios
procedimientos financieros y la organización de sus servicios
financieros, es decir, el llamado programa SEM-2000, que son las siglas
de las palabras en inglés que se refieren a una gestión económica sólida.

He mencionado como uno de los objetivos de la presidencia holandesa el
que se refiere al régimen fiscal, es decir, a los trabajos del grupo
Monti. Me gustaría detallar algunas de estas cuestiones que me parecen
especialmente importantes y relevantes, en las que España tiene
posiciones muy concretas. La Comisión presentó la propuesta de directiva
sobre el régimen fiscal de productos energéticos, aprobado por el Colegio
de comisarios. El motivo expuesto por la Comisión para la presentación de
esta propuesta de directiva era la necesidad, dentro del Mercado Unico,
de evitar distorsiones fiscales en el ámbito de los productos
energéticos, la necesidad de que los sistemas fiscales constituyan un
elemento a favor de las políticas medioambientales y el cumplimiento del
mandato dado a la Comisión por el Consejo Europeo de Essen. Sin embargo,
el contenido de la propuesta no se limita a actualizar los tipos mínimos
vigentes de aceites minerales, sino que amplía el ámbito objetivo de la
misma a las restantes fuentes energéticas, es decir, electricidad, gas y
carbón, lo que, desde el punto de vista español y de otros países,
incumple el principio de subsidiariedad. Asimismo, en opinión de España y
de otros países, la propuesta de la Comisión incumple el principio de
subsidiaridad al incluir una tasa medioambiental en los nuevos tipos
propuestos, al elevar los tipos mínimos y al extender el ámbito de otras
fuentes de energía que, como digo, en opinión de España y de otros países
tendría efectos nocivos sobre la inflación, que afectarían a la
competitividad de los Estados miembros y al cumplimiento de los criterios
de convergencia. Además, la propuesta inicial de la Comisión incorporaba
el principio de neutralidad financiera en virtud del cual el incremento
recaudatorio derivado de la aplicación de la directiva debería
compensarse con una reducción de las cargas salariales, con lo que se
cubriría el objetivo de facilitar el crecimiento del empleo. Sin embargo,
en opinión de varios países esto sólo afectaría a los Estados miembros
que tienen menores tipos mínimos y que, por tanto, observarían un
incremento de sus recaudaciones, y, además, se rompe el principio de
unidad de caja y la no afectación de ingresos a gastos o a otros
ingresos. Las razones medioambientales expuestas por la Comisión no
establecen ninguna diferenciación entre los países que tienen menor
responsabilidad en materia de contaminación como es, claramente, el caso
de España, y los efectos inducidos sobre el sector transporte del carbón
serían muy preocupantes.

Esta propuesta --que ya pueden suponer SS. SS. por mis comentarios que no
fue aprobada y que tampoco fue pacíficamente respaldada-- obtuvo la
posición a favor de varios países, aunque no aceptándola en su totalidad,
pero mantuvimos posiciones totalmente en contra el Reino Unido, Grecia,
Luxemburgo y España. Por lo que respecta a nuestro país, expresamos una
gran preocupación por el contenido de esta propuesta destacando que el
Consejo de Essen había hecho hincapié en el carácter voluntario del
establecimiento de los nuevos impuestos sobre la energía. Después de este
debate se dieron instrucciones al Coreper para que siguiera estudiando la
propuesta con el fin de debatirla en un próximo Ecofin. Por último, me
gustaría recordar a SS. SS. que este tipo de propuestas deben ser
adoptadas por unanimidad.

Pasaré ahora a informarles sobre la evolución del tema de la selección de
monedas. El Consejo Europeo de Amsterdam debe elegir los diseños finales
para las monedas del euro. El caso de las monedas, contrariamente al de
los billetes, es una decisión de los Gobiernos y no de los Bancos
centrales. En este tema hay dos aspectos diferenciados. En primer lugar,
lo que podríamos denominar los aspectos técnicos que los directores de
las fábricas de las monedas han estado discutiendo sobre especificaciones
técnicas. En este tema quedan todavía dos cuestiones por dilucidar y que
todavía no han sido decididas ni tampoco lo fueron en el Ecofin informal
de Noordwijk. Por un lado, está el tema de la inclusión del níquel en las
monedas, cuestión a la que se opone sólo Suecia con argumentaciones que
no han sido respaldadas por ningún otro país. Y, sen segundo lugar, está
el tema de la forma de las monedas, en el caso de las monedas de veinte
céntimos, para que puedan tener uso en las máquinas recreativas, y el
hecho de que puedan existir monedas que tengan nueve lados. Esta cuestión
está siendo debatida técnicamente y la posición unánime de los países es
que debe tomarse una decisión que en cualquier caso garantice la
utilización por parte de personas con minusvalías. Y espero que, desde el
punto de vista técnico, ambas cuestiones, la del níquel y la de las
monedas de veinte céntimos, puedan estar terminadas antes del Ecofin del
mes de mayo.

Por otro lado, está el aspecto de los diseños de las monedas. Aquí se ha
formado un jurado europeo, compuesto por un miembro por cada país, salvo
Dinamarca que se ha inhibido del proceso --en el caso español, es una
catedrática española de numismática--, encargado de hacer una selección
de nueve series de los diseños que han presentado los Estados miembros;
cada Estado miembro ha presentado tres. Una vez seleccionadas estas nueve
series se llevará a cabo una encuesta entre grandes usuarios de monedas y
el Ecofin, en base a la selección del jurado y a los resultados de la
encuesta, aprobará el diseño final, que será presentado a los jefes de
Estado y de Gobierno para su elección definitiva en la cumbre de
Amsterdam. Recordarán SS. SS. que los gobernadores de los Bancos
Centrales presentaron el diseño de los billetes en la cumbre de Dublín y
que quedó a expensas de algunas modificaciones también técnicas sobre los
mapas que se presentaban del conjunto territorial de la Unión Europea.

Paso a informar de la evolución de todos estos temas en el último Ecofin
informal de Noordwijk. Después del Consejo de Dublín se han puesto en
marcha, en el seno del comité monetario, grupos de trabajo encargados de
redactar



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los reglamentos y resoluciones en los que se plasmarían los acuerdos
alcanzados en Dublín, principalmente los que se refieren al pacto de
estabilidad, al sistema de vigilancia multilateral, al estatuto jurídico
del euro y al nuevo sistema de cambios, con el fin de que estos textos
legislativos pudieran aprobarse en el Consejo de Amsterdam. En Noordwijk
hemos tenido la oportunidad de repasar el estado de los textos legales
negociados en los grupos de trabajo y de cerrar algunos de los temas que
habían quedado abiertos en los textos propuestos.

Antes de pasar a explicarlos concretamente, quisiera decir que las
decisiones tomadas cumplen en todos sus puntos las posturas mantenidas
por España y que nosotros las consideramos satisfactorias en su
totalidad.

Empezaré por comentarles el reglamento relativo al reforzamiento de la
supervisión de las situaciones presupuestarias y la supervisión y
coordinación de las políticas económicas. En este reglamento se hace
referencia al proceso puesto en marcha para supervisar la evolución de
las políticas económicas y, particularmente, presupuestarias de los
Estados miembros. El reglamento recoge la obligación para los países in
de presentar programas de estabilidad y detalla el contenido de los
mismos. Al mismo tiempo, y para aquellos países que no accedan a la Unión
Económica y Monetaria en un primer momento, indica la obligación, como ya
he mencionado, de presentar programas de convergencia que ayuden a la
consecución de los criterios que posteriormente les permitan formar parte
del euro.

En este punto me gustaría hacer referencia a una cuestión que, en opinión
del Gobierno, era de vital importancia para nuestro país y que hemos
conseguido recoger satisfactoriamente, tras una discusión importante, en
los considerandos que preceden al articulado del Reglamento. Era esencial
para España que no se pusiera en duda en ningún momento el cumplimiento
de los criterios de convergencia y, por tanto, el paso a la Unión
Económica y Monetaria, con la consiguiente obligación de presentar no ya
programas de convergencia, sino programas de estabilidad; es decir que
ese proceso permitiera a los Estados miembros de la cohesión seguir
recibiendo los fondos de cohesión. Como SS. SS. son conscientes, estos
países estaban ligados a la evolución de los programas de convergencia,
tras haberse puesto en duda en algún momento la legitimidad de que, una
vez conseguida la convergencia nominal, algún Estado miembro siguiera
recibiendo la financiación tendente a conseguir la convergencia real, con
el paso de la presentación de programas de convergencia a programas de
estabilidad. Sin embargo, el reglamento de los fondos de cohesión
establece claramente las condiciones bajo las cuales un Estado miembro
puede ser beneficiario de estos fondos, es decir, que la rente per cápita
esté por debajo del 90 por ciento de la media comunitaria, sin que esto
tenga nada que ver con el cumplimiento de los criterios de convergencia
nominales del Tratado. Pero si en algún momento se pudiera poner en duda,
España ha incluido un considerando que preserva perfectamente la
posibilidad de seguir recibiendo fondos de cohesión dentro de la Unión
Económica y Monetaria, que es el considerando número 16, que dice lo
siguiente: Considerando que los programas de convergencia y de
estabilidad... --y después el texto que sigue es el literal que aparece
en el protocolo-- persiguen el objetivo de cumplir las condiciones de
convergencia económica a que se refiere el artículo 104 C del Tratado. En
ese sentido, si hubiera alguna duda --y creemos que alguna duda había, al
menos en algún país--, ha quedado recogido en el nuevo reglamento de
supervisión y coordinación de las políticas económicas y presupuestarias.

El contenido de este reglamento llegó al Ecofin informal de Noordwijk
casi totalmente consensuado y no hubo demasiados problemas en su
discusión. En él se establece que los programas de estabilidad
presentarán objetivos a medio plazo en términos de situación
presupuestaria, cercana al equilibrio, y el plan de ajuste para alcanzar
ese objetivo, así como la tendencia prevista para la ratio de
endeudamiento público. También presentarán las principales hipótesis
sobre evolución de la situación económica y las variables económicas
importantes, así como la descripción de las medidas presupuestarias y de
política económica propuestas para alcanzar el plan y el análisis de los
efectos de la modificación de las hipótesis económicas.

Estos programas se presentarán antes del 1 de enero de 1999, se
actualizarán anualmente y servirán como base para el proceso de
vigilancia multilateral. Mediante este proceso, como SS. SS. saben, se
pretende, por medio de un análisis casi permanente de la evolución
económica de los Estados miembros, anticipar las situaciones que puedan
poner en peligro las previsiones y, por tanto, anticipar las medidas
necesarias para evitar entrar en el procedimiento de déficit excesivo que
se detalla en el segundo de los reglamentos y al que haré mención a
continuación.

Para los países pre-in se plantea la obligación de presentar programas de
convergencia con los mismos objetivos que los programas de estabilidad,
haciendo hincapié en la convergencia hacia los criterios de Maastricht
que permita a estos países acceder posteriormente a la Unión Económica y
Monetaria.

El segundo reglamento es el relativo al procedimiento de déficit
excesivo. En este reglamento, siguiendo las instrucciones de la cumbre de
Dublín, se agiliza y clarifica la aplicación del procedimiento de déficit
excesivo. El reglamento negociado mantiene en todo su articulado el
espíritu de los acuerdos alcanzados en Dublín y, en particular, quiero
subrayar uno que es esencial y que fue una parte importante del debate
político en Dublín: el reconocimiento expreso, como no podía ser de otra
manera, de la discrecionalidad política del Consejo en la toma de
decisiones sobre la imposición o no de sanciones. Y en este reglamento se
respeta literalmente lo que ya viene expresado en el Tratado.

En este reglamento el Ecofin de Noordwijk debía pronunciarse sobre tres
asuntos que no habían sido contemplados en Dublín, pero que revisten
importancia en la instrumentación del proceso: la posibilidad de
acumulación de sanciones, el destino de las multas impuestas y la
consideración especial del calendario presupuestario inglés, que difiere
del de los demás países. En lo que respecta al calendario



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inglés, que va de marzo a marzo, como es habitual, el Gobierno inglés no
pretendía proponer una adecuación de su calendario al de los demás
países. El conjunto de los países encontró normal que se produjeran estas
situaciones diversas respecto a las prácticas británicas y se reconoció
el derecho del Reino Unido a respetar sus calendarios presupuestarios,
entendiendo que esto no afectaría a la apreciación de déficit excesivos.

Entro ahora en otras cuestiones que despertaron el interés del Ecofin: el
reparto de sanciones. Se acordó que las multas recaudadas como
consecuencia del incumplimiento de algún Estado miembro se repartan entre
los países in. Este es un principio, en opinión de la mayor parte de los
países, bastante sensato. Quiere decir que los países que pueden ser
objeto de multa sean sólo los que se beneficien de las multas que se
puedan producir. Existe un problema que no ha quedado resuelto y que la
Comisión está estudiando: el hecho de que el presupuesto comunitario es
único y que, por lo tanto, no existe un presupuesto para un tipo de
países y, otro, para otro tipo de países. Por lo tanto, la Comisión está
estudiando en este momento el sistema jurídico por el cual estas
cantidades que pudieran producirse en el procedimiento de déficit
excesivo, en el caso de que los depósitos sin interés pasasen a
convertirse en multas, estas multas se afectarían --y en esto hay un
consenso generalizado-- a los países in, es decir a los países que pueden
ser objeto de una multa. Espero que en el Ecofin del mes de mayo la
Comisión pueda entregarnos el documento jurídico que, por un lado,
respete la unidad de presupuesto y, por otro, introduzca esta
especificidad respecto a las multas.

Y pasamos ahora al tema de la acumulación de sanciones. Como SS. SS.

recuerdan, el procedimiento de déficit excesivo establece que deberán
fijarse sanciones en el caso de que se produzca un déficit excesivo que
no esté originado por circunstancias excepcionales. Estas sanciones
pueden ser --y aquí empiezan los considerandos políticos-- pecuniarias.

En el caso de que sean sanciones pecuniarias, un país que tiene un
déficit excesivo, superior al 3 por ciento, estaría obligado, por acuerdo
del Consejo, manteniendo todas las discrecionalidades políticas que fija
el Consejo, después de los informes de la Comisión y el debate en el
Ecofin, a un depósito equivalente en el primer año a un 0,2 por ciento de
su producto interior bruto más un 0,1 por cada punto que superara el 3
por ciento. Lo que no quedó establecido en Dublín es qué sucede si un
país, en el segundo año, mantiene un déficit excesivo, es decir, el
problema de la acumulación de sanciones. Como SS. SS. saben, para un país
que mantenga durante dos años un déficit excesivo y que sea objeto de
sanción pecuniaria, esa sanción pecuniaria, en el tercer año, se
convertiría no en depósito sin interés, sino en multa. ¿Qué sucedería con
la sanción en el segundo año? El acuerdo del Ecofin de
Noordwijk es que en el segundo año el elemento fijo de la sanción no se
produciría y que sólo existiría el elemento variable, es decir, el
depósito sin interés evolucionaría en función de la diferencia entre el
déficit del segundo año y el 3 por ciento, en un 0,1 por ciento por cada
punto de diferencia con el 3 por ciento. Y en el tercer año, si es que
eso se produce y el país en cuestión no modifica su situación
presupuestaria, el primer depósito se convertiría en multa.

Quiero llamar la atención de SS. SS. sobre el hecho de que desde el punto
de vista económico y financiero, durante los años de depósito, el único
perjuicio que tiene el país es la financiación de la cantidad. Es decir,
lo que realmente el país deja de percibir no es la cantidad que deposita,
sino el interés de esa cantidad. Por tanto, la sanción económica que un
país financia durante los dos primeros años de déficit excesivo no es la
cantidad equis de su producto interior bruto, sino el tipo de interés que
deja de percibir por esa cantidad. Por tanto, estamos hablando de
cantidades muy pequeñas. Sin embargo, cuando se produzca la conversión de
depósito en multa entonces sí hablaremos de esa cantidad. Además, y
siguiendo el espíritu y la letra de los acuerdos de Dublín, se mantuvo
que en ningún caso ninguno de los dos depósitos, ni el del primer año ni
el del segundo, pueden superar en cada año el equivalente al 0,5 por
ciento del producto interior bruto.

También se abordó en el consejo de Norwich la declaración que deberá
realizar el Consejo Europeo sobre el pacto de estabilidad y crecimiento.

Mediante esta declaración lo que se pretende claramente es dar un
espaldarazo político al pacto de estabilidad y crecimiento por parte de
los jefes de Estado y de gobierno, comprometiéndose a una aplicación
estricta del pacto. Esta declaración en su misma esencia y por su misma
existencia reconoce la discrecionalidad política del Consejo y, por
tanto, creo que en ese sentido es plenamente satisfactoria. El texto de
la declaración llegó al Ecofin informal prácticamente cerrado, con unos
pequeños añadidos que no han modificado su espíritu, y no hubo
prácticamente discusión por lo que a él se refiere.

Respecto al nuevo sistema de cambios, el texto consensuado recoge todos
los puntos acordados en Dublín y en concreto uno que seguramente SS. SS.

recordarán que hemos mencionado en más de una ocasión, y es que el nuevo
sistema de cambios sea, no sólo equivalente al actual, sino, como ya se
fija en los acuerdos del consejo de Norwich, que las bandas sean del 15
por ciento, es decir, exactamente iguales que las actuales. Pueden
existir acuerdos bilaterales que, en cualquier caso, serán informarles
entre los países pre in y el Banco Central Europeo y, por tanto, el texto
de la resolución recoge el principio de igualdad de trato para los países
pre in respecto a los países in, en una segunda fase de incorporación al
euro, y no se establecen diferencias entre los países que en este momento
están consiguiendo la convergencia y los que tengan que conseguirla en
una segunda etapa.

Otro tema que fue abordado en el consejo de Norwich y que ha sido
especialmente resaltado por la opinión pública es el calendario de la
selección de países, y éste es un asunto que hasta ahora yo creo que no
había sido precisado de manera tan exhaustiva.

El Ecofin informal discutió sobre el calendario para la selección de
países que formarán parte de la Unión Económica y Monetaria, de acuerdo
con los procedimientos establecidos en el tratado, en la primavera de
1998. Como ustedes saben, el proceso de selección tiene que estar
concluido,



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según dice el propio tratado, antes del 1 de julio de 1998 y consta de
varias fases. Me parece importante que recordemos que el proceso de
selección tiene que estar finalizado antes del 1 de julio de 1998, porque
creo que esto también puede disipar algunas de las especulaciones que se
han hecho en los últimos días sobre cuándo hay que cerrar el proceso.

¿Cuáles son las fases? La primera sería que la Comisión y el Instituto
Monetario Europeo deberían presentar sendos informes sobre el
cumplimiento de los criterios de convergencia por parte de los Estados
miembros, basándose en las cifras del año 1997 y de acuerdo con el
artículo 109 j) del tratado. También en esas fechas la Comisión debe
presentar al Ecofin una recomendación sobre la derogación o no del
procedimiento de déficit excesivo para aquellos países que se encontraran
en dicho proceso en el año 1997. Es decir, hay dos informes, uno de la
Comisión y del Instituto Monetario Europeo sobre el cumplimiento de
criterios de convergencia, y otro informe de la Comisión sobre derogación
o no de los procedimientos de déficit excesivo. Por último, la Comisión
debe presentar al Ecofin una recomendación sobre los países que cumplen
las condiciones necesarias para acceder a la Unión Económica y Monetaria
en 1999.

A su vez, el Parlamento Europeo debe debatir los informes presentados por
la Comisión y el Instituto Monetario Europeo y debe formular su opinión
y, desde luego, los parlamentos nacionales de cada uno de los países
(depende ya de las prácticas parlamentarias o de las obligaciones
parlamentarias de cada uno) también celebrarán sus debates.

Por último, el Ecofin, recibidos esos informes de la Comisión y del
Instituto Monetario Europeo, debe decidir sobre la derogación o no del
proceso de déficit excesivo en aquellos países que estuvieran inmersos en
él en 1997 y, a su vez, el Ecofin formulará su recomendación al Consejo
Europeo sobre qué países cumplen las condiciones necesarias para entrar
en la UEM, y el Consejo, en su formación de jefes de Estado y de
gobierno, conformará la lista de países que formarán parte del euro en
una primera fase.

Hay todavía otra decisión que puede tomarse en ese momento o
posteriormente, que es la propuesta del Ecofin sobre los miembros del
nuevo Consejo ejecutivo del Banco Central Europeo que, como ustedes
saben, son un total de seis, aparte de los gobernadores de los bancos
centrales, y el Consejo Europeo tomará una decisión sobre esa cuestión.

Por tanto, para simplificar, habría una primera fase de decisiones y de
informes de la Comisión y del Instituto Monetario Europeo, una segunda
fase de debate del Parlamento Europeo, y probablemente de debates
parlamentarios nacionales, unas decisiones del Ecofin referentes a los
informes de la Comisión y del Instituto Monetario Europeo sobre qué
países pueden formar parte del euro, una decisión del Consejo Europeo
sobre esa cuestión y, en paralela o posteriormente, una propuesta del
Ecofin al Consejo y una decisión de éste sobre los miembros del Banco
Central Europeo.

Desde el punto de vista del Ecofin de Norwich, la posición unánime de los
países ha sido, por un lado, unificar en un mismo momento el conocimiento
de los informes de la Comisión y del Instituto Monetario Europeo. Por
tanto, en una fecha de finales de marzo, principios de abril de 1998,
esos informes se conocerían.

En segundo lugar, en opinión de los ministros de economía y finanzas de
la Unión, la segunda fase debería estar dedicada al debate del Parlamento
Europeo, cuya duración se calcula en no menos de cuatro semanas y,
coincidiendo con ella, a los debates de los parlamentos nacionales en los
casos en que se produjeran. Y, por último, la opinión unánime es que
debería irse, si ustedes me permiten la expresión que ya ha sido
utilizada, a un consejo jumbo, finalizado el debate del Parlamento
Europeo y de los parlamentos nacionales, sin solución de continuidad, en
que el Ecofin tomaría la decisión, en función de los informes de la
Comisión y del Instituto Monetario Europeo, sobre los países con
capacidad para formar parte de la Unión Económica y Monetaria, decisión
que sería trasladada en un mismo período temporal, digamos un fin de
semana, al Consejo Europeo, que tomaría la decisión sobre los países.

La última cuestión es si en ese mismo consejo jumbo o en otro posterior
se adoptaría o se tomaría la decisión acerca de cuáles sean los miembros
del Banco Central Europeo, decisión que puede agotarse, es decir, que
pueden elegirse los seis, presidente, vicepresidente y cuatro vocales, o
dejar la designación del número de vocales, según los países que formen
parte de él, para una segunda sesión. Existen opiniones diferenciadas,
porque hay países que creen que esa decisión debería tomarse en el
consejo jumbo y países que creen que ya va a ser bastante el tema de la
formación del grupo de países del euro y que, por tanto, seguramente el
Consejo Europeo debería reservar para una segunda sesión el tema de los
miembros del Banco Central Europeo. En cualquier caso, creo que es un
asunto que va a depender, como es natural, de la situación política y de
los debates en ese momento.

Paso ahora, en esta primera fase de explicación de los temas tratados en
los diversos ecofines, a comentarles a SS. SS. el tema de la disciplina
presupuestaria, que había sido, como les recordé al principio, objeto de
especial interés por parte de la presidencia holandesa. España desde un
principio, considerándolo un tema muy importante, insistió en que no
debería referirse para nada a las perspectivas financieras a partir del
año 1999, que deben estar planteadas, por acuerdo del consejo de Madrid,
después del cierre de la conferencia intergubernamental.

Quisiera decir que, también desde el punto de vista español, había sido
expresada, como no podía de ser de otra manera, la necesidad de
garantizar el cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales, es
decir, de los que se refieren a la cumbre de Edimburgo. Durante la
discusión se acordó una mayor dedicación del Ecofin a los asuntos
presupuestarios, especificando ya que se produciría un primer debate en
enero, que ha venido a ser habitual, en el que los países que lo crean
pertinente --así se dice textualmente en la memoria escrita del
almuerzo-- plantearán sus visiones presupuestarias del año anterior y del
año en curso en la sesión del Ecofin de enero que, como ustedes saben, es
una sesión pública, y enero se elige porque es el momento final en que



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la Comisión está terminando sus apreciaciones sobre el presupuesto del
ejercicio de 1998, es decir, en este caso sobre el presupuesto que va a
presentar para el año siguiente. También se acordó que en todos los
ecofines de mayo, y previa presentación de un documento de la Comisión,
se produciría un debate sobre el presupuesto preparado para el año
siguiente, es decir, en este caso, en el Ecofin de mayo habrá un debate
sobre el presupuesto del año 1998.

Se insistió en la necesidad de aplicar criterios de austeridad a los
presupuestos europeos y en la necesidad de que estos presupuestos
europeos no tengan por qué alcanzar los niveles máximos en las
perspectivas financieras mientras se cumplan --y se dice literalmente
también-- los acuerdos interinstitucionales, que son los que afectan a
los acuerdos de Edimburgo.

Se acordó también un seguimiento más estrecho y con mayores ahorros
posibles, mencionando literalmente la evolución de la categoría 3,
políticas internas, y categoría 4, acciones exteriores, que, como SS.

SS., saben no son especialmente relevantes en nuestro caso, y se acordó
asimismo aumentar la relación en el tema presupuestario entre el Ecofin y
el Parlamento Europeo.

No se entró en ningún caso en cuáles deban ser las perspectivas
financieras para los años siguientes, perspectivas financieras que
seguramente tendrán que ser debatidas también desde el punto de vista de
los países, teniendo en cuenta los efectos de la ampliación, por tanto,
manteniendo las posiciones que habían sido acordadas en la cumbre de
Madrid.

Paso ahora a informar, señor Presidente, de la situación de los fondos de
cohesión, como segundo punto del orden del día de esta sesión de la
Comisión Mixta, una vez que creo que he informado de los temas tratados
en los sucesivos ecofines.

La cuantía total de las ayudas previstas para el Fondo de Cohesión
asciende, como saben SS. SS., a 15.150 millones de ecus de 1992 para el
período 1993-1999. Teniendo en cuenta que corresponden a España entre un
52 y un 58 por ciento del total de recursos y efectuando una
actualización aproximada, se obtiene que corresponden a España algo menos
de 1,5 billones de pesetas para el período contemplado. De este total ya
han sido aprobados proyectos que suponen una ayuda de 812.014 millones de
pesetas, algo más de la mitad del mismo, y como proyectos presentados en
1996 pendientes de aprobar existe una cantidad de 137.905 millones de
pesetas, con lo que queda un remanente de 515.867 millones de pesetas
pendientes de programar y aprobar.

Entre lo aprobado y presentado se han cubierto adecuadamente todas las
dotaciones del Fondo hasta 1996. Asimismo, con los proyectos presentados
en años anteriores, se han comprometido recursos de años futuros, de modo
que los proyectos a presentar sólo deben cubrir una parte de las
dotaciones previstas para el Fondo de Cohesión entre 1997 y 1999.

En lo que respecta al reparto sectorial de los recursos entre medio
ambiente y redes transeuropeas del transporte, se está intentando
mantener un equilibrio, dedicando un 50 por ciento de los recursos a cada
uno de los objetivos. España ha defendido la necesidad de una cierta
flexibilidad para poder dedicar más recursos al transporte, ya que estos
proyectos suelen ser más grandes y caros. De momento, se han aprobado
proyectos de transporte que suponen ayudas por importe de 463.554
millones de pesetas que, junto a los 98.818 millones correspondientes a
los proyectos presentados pendientes de aprobación, suponen más de
560.000 millones de pesetas dedicados al sector del transporte.

En medio ambiente se han aprobado proyectos que suponen una ayuda de
348.459 millones de pesetas. Si se suman los 39.086 millones presentados,
se han dedicado a proyectos de medio ambiente alrededor de 390.000
millones de pesetas, es decir, 560.000 millones a transporte y 390.000
millones a medio ambiente.

Durante los dos primeros años de existencia del Fondo de Cohesión éste se
dedicó fundamentalmente a financiar proyectos de la Administración
central. La razón básica era que el Fondo fue creado como un mecanismo de
compensación a la mayor aportación que proporcionalmente efectuaban los
países más pobres al presupuesto comunitario. Como dicha aportación era
fundamentalmente realizada por la Administración central, parecía lógico
que fuera dicha Administración la que se resarciera en gran medida de los
retornos del Fondo de Cohesión. Este modo de proceder presentaba cierto
grado de contradicción en el caso del medio ambiente, al estar
transferidas la mayoría de las competencias a las administraciones
autonómicas y locales. Esta contradicción se resuelve señalando que no
hay ningún inconveniente en la cesión de una parte del Fondo de Cohesión
a las administraciones territoriales, siempre que se haga de manera
reglada, mediante la incorporación del Fondo de Cohesión a los
respectivos sistemas de financiación de dichas administraciones. Este fue
el caso de las administraciones locales, con las que se acordó, en el
marco del acuerdo de financiación para el período 1994-1998, que se
financiarían con 15.000 millones de pesetas anuales (16.106 millones
actualizados con el deflactor del ecu y el tipo de cambio peseta-ecu)
proyectos de medio ambiente con cargo al Fondo de Cohesión.

Asimismo, una parte del Fondo se destinó, a partir de 1995, a la
financiación de los proyectos de las comunidades autónomas, en concreto
40.000 millones de pesetas que, actualizados, ascienden a 43.587 millones
de pesetas. Dicha cantidad suponía el 10 por ciento de la cuantía de
transportes y el 40 por ciento de la correspondiente a medio ambiente.

Para 1996 y siguientes se han prorrogado las cuantías para las
comunidades autónomas establecidas en 1995, con independencia de los
porcentajes aproximados de participación de cada sector.

Permítanme comentar a SS. SS. que, entre los proyectos presentados por la
Administración central y pendientes de aprobar, figuran los primeros
tramos de Calatayud-Ricla, y Zaragoza-Lérida de la nueva línea de alta
velocidad Madrid-Barcelona, que supone una ayuda de 57.000 millones de
pesetas del Fondo de Cohesión. En estos momentos se está procediendo a
cerrar la presentación de proyectos de la Administración central de modo
que se cubran los 390.697 millones de pesetas que restan por ser
financiados por el Fondo para el período 1997-1999.




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En el sector del transporte se prevé que la mayor parte de los 163.320
millones que reste se concentren en la financiación de nuevos tramos en
la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que se ejecutarían a través
del nuevo ente recientemente creado del grupo de infraestructuras
ferroviarias. Aparte, se presentarán algunos proyectos complementarios de
ferrocarriles en el corredor Mediterráneo y en las cercanías
metropolitanas de Madrid y, eventualmente, algún proyecto de carreteras
de la red transeuropea que complete y agote la programación prevista.

En el sector del medio ambiente se prevé la financiación de obras
hidráulicas de abastecimiento, acondicionamiento de cauce y regulación de
avenidas por un importe de ayudas de 97.000 millones. Un importe de
aproximadamente 100.000 millones de pesetas de ayudas se dedicará a obras
de presas con carácter multifuncional y se completará la programación con
proyectos de infraestructura urbana, de saneamiento y calidad de agua, de
actuaciones en la costa.

En resumen, la evolución del Fondo de Cohesión es muy positiva, con una
utilización completa de los fondos asignados y perspectivas de
presentación y programación de ayudas que nos permitirán agotar
adecuadamente el volumen de recursos puestos a nuestra disposición.

Paso ahora, señor Presidente, a comentar los temas relativos al recorte
de fondos estructurales en el presupuesto comunitario, que es el último
punto de mi informe.

En la documentación que les entregué en el mes de diciembre, al serme
imposible entonces la comparecencia (y quiero agradecer ahora la
amabilidad de la Comisión al entenderlo), se informaba del recorte de los
fondos estructurales en el presupuesto comunitario para 1997. Por tanto,
quisiera ahora dar por entregada esa información referida al año 1997 y
comentar cuáles son en este momento las perspectivas de futuro.

Como consecuencia del llamado triálogo entre la Comisión, el Consejo y el
Parlamento Europeo, que se celebrará, como viene siendo habitual, en el
mes de abril, algunas delegaciones han presentado oralmente una serie de
propuestas entre las que destaca la posibilidad de aprobar un presupuesto
con crecimiento cero para 1998 que me gustaría comentar.

España exige, como ya hemos mencionado en otras ocasiones. Y no podría
ser de otra manera, que se respeten las cantidades acordadas e incluidas
en el acuerdo del consejo de Edimburgo de 1992 y en los acuerdos
interinstitucionales de 1993 y que, por tanto, se incorporen los 1.000
mecus de créditos de compromiso añadidos en 1998 por la modificación de
las perspectivas financieras acordadas
en 1996.

En efecto, los acuerdos del consejo de Edimburgo responden a una actitud
política fundamental en la Unión Europea dirigida a garantizar la
cohesión económica y social. Así, dicho acuerdo recogió las perspectivas
financieras de 1993 a 1999 con un desglose, año por año, de los créditos
de compromiso, distinguiendo entre cuantías para los fondos estructurales
y para los fondos de cohesión. Además, esas cuantías se establecen como
objetivos de gasto y no como límites.

El acuerdo interinstitucional de 1993 estableció que anualmente se
procediese a las llamadas adaptaciones a las condiciones de ejecución de
los créditos de compromiso y de pago, las cuales suponen, por un lado,
transferir a años posteriores las dotaciones de fondos estructurales y de
cohesión no utilizadas en el ejercicio anterior y, por otro lado, adaptar
el importe de créditos de pago que se estimen necesarios para garantizar
la evolución ordenada en relación con los créditos para compromisos. Así,
una vez aprobadas las siguientes adaptaciones, que suponen nuevas cifras
de las perspectivas financieras, éstas se consideran adaptadas y son de
obligado cumplimiento. De acuerdo con ello, en 1996 se acordó que, de los
créditos de compromiso del presupuesto de 1995 no ejecutados, y que
ascendían a 2.013 mecus, se traspasarían 390 mecus a 1997, 1.000 mecus a
1998 y 693 mecus a 1999. España, desde el punto de vista del presupuesto
de 1998, no cree respaldable, y no lo hará, un presupuesto cero si no se
cumplen los acuerdos tomados, y la Comisión, que todavía no ha presentado
su anteproyecto de presupuesto para 1998, por las informaciones oficiosas
que hemos recibido, también coincide en que el presupuesto para 1998 no
puede ser cero, sino que tendrá que moverse en una cifra que permita la
aplicación de los acuerdos interinstitucionales.

Por otro lado, y en relación con la gestión de los fondos estructurales
que revierten directamente en España, podemos afirmar que existe un alto
grado de ejecución de los gastos programados, alrededor del 78,6, lo cual
nos sitúa en un lugar destacado entre los países miembros, puesto que
estamos por encima de la media del conjunto de los mismos.

Con respecto al presupuesto para el año 1998, como ya les he dicho
anteriormente, será debatido en el Ecofin de mayo, previo informe y
anteproyecto de la Comisión, como también será objeto de debate en el
Parlamento Europeo y, por tanto, a partir de entonces tendré ocasión de
informar a la Comisión Mixta.

Señor Presidente, creo que, a expensas de las intervenciones de SS. SS.,
he abordado los temas concernientes a esta comparecencia. Por un lado,
todos los temas que han sido tratados sucesivamente en los ecofines de
enero, febrero, marzo, y en el Ecofin informal del mes de abril, así como
la situación de los fondos de cohesión, también lo que respecta a los
fondos estructurales y a lo que puede ser el adelanto de un debate sobre
el presupuesto europeo del año 1998. Por tanto, señor Presidente,
agradeciendo la atención de la Comisión, estoy a disposición de los
grupos parlamentarios.




El señor PRESIDENTE: Terminada la intervención del señor Vicepresidente,
¿grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.)
Por Eusko Alkartasuna, del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.




La señor LASAGABASTER OLAZABAL: Quiero dar las gracias al Vicepresidente
Segundo por la extensa información que nos ha facilitado, información
que, además, abarca una serie de reuniones del Ecofin, que normalmente



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suelen ser tensas y técnicamente difíciles de comprender para los que no
seguimos día a día estos temas, y que he intentado asimilar, cosa que no
sé si he conseguido. Por tanto, me perdonará si vuelvo a repetir
cuestiones que considere que ya ha explicado y que yo no las haya
entendido correctamente, porque creo que es conveniente que quede claro.

Voy a hacer referencia a los temas claves del último Ecofin informal: la
acumulación de las sanciones y el destino de las mismas. En primer lugar,
en cuanto al destino de las sanciones, parece que ha quedado claro que
sólo sean los países in aquellos que se vayan a beneficiar de las
probables o posibles multas, ya que parece lógico que aquellos que hacen
los esfuerzos se puedan beneficiar. Por eso me gustaría preguntarle si ha
existido algún tipo de concreción respecto a qué se van a destinar,
dentro de esos Estados miembros.

¿Existe alguna condición, respecto a alguna cuestión concreta, ya sea de
políticas de cohesión o políticas relativas a cuestiones de
desfavorecimiento, o simplemente se deja al libre albedrío del propio
Estado miembro para decidir a qué lo dedica? ¿Ha habido alguna concreción
dentro de ese destino? ¿Tiene que estar dedicado a algún objetivo
concreto o simplemente se ha dejado, hoy por hoy, en ese punto?
En segundo lugar, ha hecho hincapié, y creo que es vital en ese
reconocimiento del Ecofin, en la discrecionalidad del Consejo para
determinar si se toma o no la decisión de las sanciones. Me gustaría
saber si esa discrecionalidad hace referencia al primer año o si es para
siempre, para el primer año, para el segundo, y que incluso al final pase
de depósito sin interés a multa.

En tercer lugar, quiero hacer una pregunta en relación a los distintos
informes que tiene que realizar la Comisión y el Instituto Monetario
Europeo respecto a los Estados miembros en función de las cifras de 1997
y en relación a los criterios del artículo 109j) del tratado y también a
los informes que tiene que debatir el Parlamento Europeo y dar su
opinión. ¿Qué grado de vinculación puede tener la opinión del Parlamento
Europeo y, si se ha concretado el grado de vinculación --ya sé que no lo
tiene--, si se ha hablado un poco de ese posible debate de los
parlamentos de los Estados miembros; qué grado va a tener, cara al
Consejo de Europa, si va a ser simplemente una recomendación o se dejan
ahí e incluso si no se celebran, no se celebran?
Por último, por lo que se refiere a los seis vocales del Banco Central
Europeo, que no se sabe muy bien si va a ser en el consejo jumbo donde se
va a decidir quiénes van a ser, o si se decidirá posteriormente (a lo
mejor esto ya se ha aclarado, pero lo pregunto porque no lo sé) me
gustaría saber si el Parlamento Europeo va a tener alguna participación;
es decir, si se le va a preguntar respecto a la propuesta de esas
personas o no, si se considera oportuno que den su opinión, o si
simplemente no se hace nada en este tema.

En relación a los fondos de cohesión, es bueno el hecho de que se haya
añadido en ese reglamento a los países que presenten plan de convergencia
y estabilidad para que no haya ninguna duda. Me gustaría saber si nos
puede facilitar (y ha dicho claramente que no había ninguna obligación de
que hubiera una participación de las autoridades llamadas regionales, a
diferencia de lo que ocurría con los fondos estructurales) la
diferenciación por comunidades autónomas, no sectorial. Me imagino que
habrá algunos proyectos en los que no es fácil hacerlo, pero sí me
gustaría saber, si puede ser factible conocerlo en este momento y a
grosso modo, lo que ya se ha ejecutado, con una diferenciación o una
clasificación por comunidades autónomas. En segundo lugar, me gustaría
saber también si en alta velocidad --ha hablado usted de
Madrid-Barcelona-- también se va a incluir en lo que falta por recibir
del Fondo de Cohesión el Madrid-Dax, que creo que es como se llama el
segundo tramo de alta velocidad hacia el norte en las redes
transeuropeas.

Estas son todas las preguntas que tengo. Le vuelvo a agradecer todo lo
que nos ha explicado ya y lo que nos pueda explicar.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, por la información que
nos ha dado, pero quisiera que me concretara algunas cuestiones. Es
sabido el apoyo que mi grupo parlamentario viene dando en el pacto de
Gobierno a todas estas líneas en el área de la Unión Europea, pero
quisiera, señor Vicepresidente, que usted me informase aquí de si en las
agendas de trabajo de los ecofines, de los que usted nos ha dado puntual
información, de enero, febrero, marzo y el extraordinario, ha figurado
algún tema específico relativo a los problemas que la fiscalidad especial
de Canarias está planteando. Le pediría que la delegación española en
estos ecofines reactivara este tema, porque en estos momentos en Canarias
estamos muy preocupados y decepcionados con la posición de Holanda, con
el mandato de la presidencia holandesa, que parece que ni está por la
labor ni quiere oír hablar de la situación de los compromisos que hay
entre el propio Gobierno español y Coalición Canaria sobre el tema del
régimen económico y fiscal de Canarias, afectado por la zona especial
canaria y la duración de la misma. Sabemos, señor Vicepresidente del
Gobierno, que en este momento son muy fluidos los contactos entre el
Gobierno autónomo de Canarias, su Secretario de Estado de Hacienda y los
que llevan la responsabilidad directa de negociaciones, pero desde luego
ante esta situación de incertidumbre creemos que en las agendas de
trabajo y en el orden del día de los próximos ecofines debe figurar el
que se despeje esta incógnita de incertidumbre sobre la zona especial
canaria, sobre el reglamento del REFC y sobre las objeciones que se está
poniendo a nivel del Consejo Europeo a esta situación, que no puede
continuar, porque si estas incógnitas no se despejan, todo lo hecho en
nuestra legislación concordante y sobre todo en la legislación española
no conduce a nada. Por tanto, nos gustaría que usted nos informara de si
en esas agendas se está tratando ese tema, si se puede llevar a un
próximo Ecofin, si el consejo



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jumbo lo puede tratar, si se le puede estimular a la presidencia
holandesa sobre este tema, y si eso se está relacionando con la
conferencia intergubernamental, porque nos encontramos ante un triángulo
de producción de decisiones o de noticias, conferencia
intergubernamental, el Ecofin respectivo y la cuestión de la presidencia
holandesa. Por tanto, nos gustaría que en los órdenes del día se
incluyeran los aspectos económicos y financieros. Esta era la
preocupación que quería trasladarle, señor Vicepresidente, pedir la
insistencia de la delegación española en esta cuestión, y que sea por
todas las vías, entre ellas la del Ecofin, por supuesto, y las
relacionadas con el mismo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Quiero agradecer al señor Vicepresidente del
Gobierno su presencia en esta Comisión y la información que nos ha
facilitado. Trataré de ser bastante concreto en las cuestiones que voy a
plantearle.

En primer lugar, ha hablado de que tanto Bélgica, como Alemania, como
Francia, han presentado unos planes de convergencia. Me gustaría saber,
si el Ministro tiene ahí los datos, en esos planes de convergencia que
han presentado cuál es la deuda que presentan Bélgica y Alemania como
objetivo dentro de ese plan y cuál es también el déficit que presentan
Alemania y Francia al respecto.

Un segundo punto es el tema de las sanciones. En este tema, y un poco en
la línea también de lo que ha planteado la Diputada de Eusko Alkartasuna,
nos gustaría saber cómo se va a repartir ese dinero entre los Estados in.

Por otro lado, también nos gustaría conocer si el dinero de las sanciones
del que se vayan a beneficiar los Estados in será un dinero supletorio
del presupuesto comunitario o será un dinero adicional a los fondos y a
las cantidades que reciban esos Estados.

En tercer lugar, hay un tema que nos preocupa y que yo creo que preocupa
a todo el mundo: el tipo de cambio irrevocable que se tomará de cada una
de las monedas respecto al euro. En este sentido, todos somos conscientes
de que esta decisión va a ser fundamental. Me gustaría saber si existe
una idea respecto de cuándo se tomará esta decisión y cuál va a ser la
fórmula que se va a seguir para esa fijación de tipos de cambio
irrevocable de cada una de las monedas respecto del euro, porque a nadie
se le escapa que, si no se toma una decisión realmente apropiada, podemos
asistir, en vísperas de esa fijación de tipos de cambio irrevocables, a
tormentas monetarias importantes o a devaluaciones que puedan llevar a
cabo algunos Estados con objeto de entrar en una situación mejor.

En cuarto lugar, precisamente ayer la prensa se hacía eco de que el Fondo
Monetario Internacional va a hacer público un documento en el cual las
perspectivas para nuestra incorporación al euro son realmente favorables.

En este sentido, me felicito de que la situación de la economía vaya por
ese camino. Ahora bien, en ese informe se habla también de que es
necesario continuar con reformas estructurales y de que es necesario
continuar el camino de liberalización y desregularización de nuestra
economía. Y, aunque no es un tema comunitario, pero sí está ligado, ya
que usted también es el Ministro económico, me gustaría preguntarle, si
el Gobierno tiene pensado continuar en la línea de la liberalización y
desregularización de la economía, con la cual nosotros estamos
completamente de acuerdo, qué sectores prioritarios habría al respecto y
si más o menos puede haber un calendario.

Otra pregunta que quisiera plantearle es si, a nivel comunitario, se ha
hecho un estudio sobre el redondeo de las cantidades con la entrada en
vigor del euro. Es decir, parece ser que la moneda de valor más pequeña
va a ser la de veinte céntimos, una cantidad que yo creo está alrededor
de las 35 pesetas en estos momentos. Me gustaría conocer si el que esa
moneda vaya a ser la más pequeña y luego el redondeo que se va a producir
en las cifras puede generar algún tipo de inflación en la economía
europea.

Por último, y con esto acabo, señor Presidente, el tema del Fondo de
Cohesión. Yo le felicito al señor Ministro por el logro que ha habido a
este respecto y que nos ha explicado, y querría plantearle una pregunta.

En el caso de que Irlanda, que es un caso que no es descartable,
alcanzase el 90 por ciento del PIB de la media comunitaria antes de la
finalización del período de vida del Fondo de Cohesión, ¿las cantidades
que corresponden a Irlanda se repartirían o se sumarían a las de los
otros tres Estados, o simplemente los tres Estados que no hubiéramos
llegado al 90 por ciento seguiríamos con las cantidades que tenemos
atribuidas en estos momentos?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Vicepresidente segundo y Ministro
de Economía por la información que nos ha transmitido; casi podríamos
decir que se ha puesto usted al día ante esta Comisión en relación con
los tres últimos Ecofin; pero también nos ha dicho algunas cuestiones
sobre los fondos de cohesión y fondos estructurales sobre los que mi
grupo tiene interés en transmitirle algunas observaciones.

En primer lugar, quisiera decirle que de su intervención la primera
conclusión que extraemos es que, sin duda, la construcción de la Unión
Económica y Monetaria y la puesta en funcionamiento ya del euro avanza a
una gran velocidad. Podríamos afirmar que estamos casi en la etapa final
del proceso, estamos entrando en el último ciclo del proceso, y
constatamos, por toda la información que nos transmite, que Europa se
está desarrollando en estos momentos a una velocidad tremenda en cuanto a
la construcción de la Unión Económica y Monetaria, y estamos ya llegando
a tomar las decisiones claves para definir las reglas del juego de esa
Unión Monetaria para un futuro inmediato. Nuestro grupo está
políticamente comprometido con este proceso y sabemos que el Gobierno
también. El Gobierno español está dando claras muestras de voluntad
política de plena permanencia en el Sistema Monetario y de plena
permanencia en el proceso de construcción de la



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Unión Económica y Monetaria. Por tanto, si todas las previsiones que se
están realizando se llevan a cabo, es casi seguro que España podrá
incorporarse en enero de 1999 al euro. En ese sentido no hay fisuras, no
hay dudas; las voluntades políticas son clarísimas: el Gobierno --y este
grupo parlamentario coincide con la posición del Gobierno-- está
decidido, y creemos que es bueno para los ciudadanos de este país, a que
España se prepare con firmeza para entrar en la Unión Económica y
Monetaria.

Ahora bien, hay inquietudes, señor Ministro, expresadas por muchos
gobiernos --tenemos a nuestro alcance informes sobre las posiciones de
determinados gobiernos, por otra parte lógicas--, en torno a cómo va a
terminar este proceso de incorporación plena al sistema monetario y de
conversión de las monedas al euro. Hay países que a menudo levantan voces
cautelares sobre si determinados países van a cumplir o no las
condiciones. Como hoy todavía tenemos un amplio margen de cuestiones a
definir en relación con los criterios que se van a utilizar para
cuantificar y valorar si la cuatro reglas se van a cumplir en un sentido
u otro, hay varias posibles interpretaciones sobre si se van a incorporar
o no todos los países, los quince, a la Unión Económica y Monetaria.

Yo quisiera, señor Ministro, trasladarle una observación. No se trata de
una propuesta firme, sino, como digo, de una observación, y, en cualquier
caso, me gustaría conocer su opinión. Estamos a punto de realizar una
nueva conferencia intergubernamental que va a revisar aspectos
sustanciales de los tratados, y eso va a cabalgar, ya que será anterior
en el tiempo, sobre las decisiones en torno a la creación de la Unión
Económica y Monetaria. No sé, señor Ministro, si sería oportuno vincular
esos dos momentos; no sé si sería oportuno políticamente interrelacionar
claramente estos dos momentos. Europa va a decidir políticamente si
revisa aspectos funcionales y aspectos, digamos, centrales de todo el
proceso político y económico de la Unión y, a la vez, al cabo de unos
meses van a tener que tomarse decisiones valorativas sobre qué criterios
se van a tener en cuenta para entrar en la Unión Monetaria y cómo se van
a juzgar esos criterios. ¿No podríamos integrar todo en un mismo momento?
¿No se podría integrar todo en una misma etapa de valoración política?
Porque unas cosas van vinculadas a otras y el que unas vayan antes que
otras es muy importante, y creo, señor Ministro, que usted me está
entendiendo cuando le hablo con estos términos un poco genéricos, sin
entrar en particularidades.

Creo que, políticamente, sería interesante que España, siendo uno de los
países que podía estar liderando unas posiciones muy concretas en este
proceso, distintas y con matices propios en relación con otros países de
Europa Central, pudiera integrar ese momento político y condicionar,
establecer unas reglas de debate y de reflexión para que todo ello
conformara un mismo momento en la historia, para poder dar un paso en la
recepción de las reformas que hay que hacer en el ámbito de los tratados
y, a la vez, dar seguridades sobre los criterios y procesos de
construcción de la Unión Económica y Monetaria. Esta es, pues, nuestra
primera reflexión política, que quizá nos genera algunas incertidumbres
porque empezamos a ver estrategias políticas de determinados países y nos
gustaría, cuando menos, compartir con usted, trasladarle nuestras
incertidumbres en torno a ese momento.

En cuanto a las cosas concretas que usted nos ha expuesto, que nos ha
explicado, quisiera hacerle algunas preguntas con el fin de que amplíe un
poco más la información que nos ha transmitido. Nos ha explicado que se
van a adelantar los plazos para el debate sobre los déficit excesivos,
pasando del mes de junio al mes de mayo. Nos parece muy bien; creo que
era lógico que se diera ese paso en previsión de lo que va a ser el año
1998 y que nos va a ayudar en el tiempo a administrar las decisiones con
más, digamos, flexibilidad. Repito, nos parece muy bien y quiero decir
que ese adelanto no nos genera ninguna inquietud.

Ha hablado usted de la disciplina presupuestaria a medio plazo y de los
programas de convergencia y de los programas de estabilidad económica. Me
parece bien vincular ambos programas y establecer unas condiciones que
permitan que los puntos de referencia no solamente sean los programas de
convergencia, sino los programas de estabilidad económica, porque eso da
más flexibilidad. Y queda por saber qué criterios se van a aplicar para
juzgar el cumplimiento de esos programas de estabilidad económica. De eso
ha dicho usted muy poca cosa. Sé que todavía se sabe poco de ello, pero
me gustaría conocer cómo se van a juzgar y cómo se van a analizar
técnicamente los grados de cumplimiento. Quizá ahí están los márgenes del
proceso para permitir la permanencia en el sistema más cómoda y
establemente una vez que España se haya incorporado. En ese sentido,
quisiera decirle, señor Ministro, que hemos conocido por los medios de
comunicación y por informaciones del Gobierno los contenidos de nuestro
programa de estabilidad económica y no quisiera dejar de transmitirle
nuestra posición al respecto.

Por la información que tenemos, valoramos positivamente ese programa que,
en principio, diseña una etapa trianual con expectativas muy positivas
para la economía española. Nuestro grupo va a dar apoyo a este diseño; es
lo que desearíamos. Creemos que es un programa posible; es un poco
optimista, pero posible, ya que está en la onda de todas las previsiones
económicas que están haciendo los países de Europa, por lo que, como
digo, creemos que España puede realizarlo. Tiene elementos importantes
desde el análisis estrictamente económico, porque volver a tener tasas
positivas de inversión o volver a tener tasas de crecimiento medio del
2,2 por ciento de creación de empleo genera unas grandes expectativas
económicas y sociales para la sociedad española. Nuestro grupo va a
apoyarlo.

Ahora bien, esa reducción del déficit público, que también vamos a apoyar
e insistimos en que es conveniente para el futuro económico del país,
debería saberse combinar, debería saberse administrar de forma cautelosa,
porque no todo el gasto público que en estos momentos tiene la economía
española podrá evolucionar de la misma forma en un futuro inmediato. Es
verdad que, globalmente, hemos de reducir el déficit público y, en ese
sentido, nosotros no vamos a dudar, pero no todo el gasto va a poder
soportar ese esfuerzo de contención que se desprendería de un esfuerzo
general de reducción de ese déficit público y,



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como usted sabe, me estoy refiriendo a la sanidad. En los próximos dos,
tres o cuatro años el gasto de la sanidad en España no va a poder
evolucionar de la misma forma que el gasto público en general, porque,
señor Ministro, a nosotros no nos pasa lo mismo que a los demás países de
Europa, ya que Alemania o Francia no tienen la misma pirámide de edad que
tiene España, que en estos momentos entra en un ciclo creciente de
envejecimiento de nuestra población. Ese crecimiento del envejecimiento
nos va a generar unas presiones al laza en cuanto a necesidades del gasto
público que no vamos a poder obviar. Por tanto, habrá que saber combinar
ese esfuerzo de contención del déficit público con la evolución del
gasto, que no podrá ser igual en todas sus magnitudes y en todas sus
expresiones, especialmente el de la sanidad.

Tampoco podemos aceptar, señor Ministro, porque haya que contener el
déficit público, que en la próxima etapa podamos entrar en un proceso de
centrifugación del déficit público a las demás administraciones públicas.

Es decir, que el Estado, toda la sociedad española, tienen la obligación
de que nuestras administraciones públicas administren cada vez mejor, de
forma más eficiente, los recursos públicos, sin duda; vamos a tener que
cumplir los contenidos de los compromisos de la Unión Europea, sin duda;
vamos a tener que reducir el déficit público, sin duda; pero que esto se
haga de forma que no se centrifuguen los problemas a las demás
administraciones públicas españolas. Esto es, que, como usted muy bien
sabe, hay que afrontar una reforma de las haciendas locales, y ya hay en
perspectiva una reforma de la ley, que va a definir las fuentes de
financiación de las haciendas locales. Hasta que esto no se haga, señor
Ministro, debemos ser muy cautelosos para no centrifugar el problema a
estas administraciones. Lo mismo pasa con las administraciones
autonómicas; hasta que no terminemos, por ejemplo, la reforma del sistema
de financiación de la sanidad no podríamos imponer a todo el sistema unas
exigencias derivadas del proceso de integración a la Unión Económica y
Monetaria.

Me permito también comentarle, en cuanto a las sanciones, que a nuestro
grupo le parecen muy bien los criterios, la información que nos ha
transmitido, y que, en ese sentido, no nos causa problema comprender las
complicidades y las complicaciones que tiene ese asunto. Si, al final, el
reparto de esos depósitos revierte en beneficio de España, muy bien.

Nuestro grupo vería bien que fueran a los fondos de cohesión; quizá lo
más sensato sería que esos fondos de cohesión se vieran nutridos por esos
depósitos, pero en principio ahí no tenemos muchos reparos.

Sin embargo, hay una cuestión que nos preocupa, y es cómo se van a
distribuir internamente esas multas en las administraciones públicas.

Usted, sobre ello, no ha dicho nada. Quisiera que nos dijera algo sobre
esas obligaciones a las que nos vamos a tener que someter si no cumplimos
y que, ojalá, siempre cumplamos, cómo vamos a repartir esas sanciones si
son imputables a otras administraciones. Ello nos obliga, señor Ministro,
con anterioridad a entrar en este ciclo, en 1999, a afrontar
definitivamente las reformas de las haciendas locales y de las haciendas
de las comunidades autónomas en todos sus extremos. Por ello, yo creo que
no puede hablarse del reparto interno en cascada de esas obligaciones si
no afrontamos reformas como la de la sanidad o como la de las haciendas
locales, porque estaríamos sometiendo injustamente a unas tensiones
internas a la Administración pública no estatal, a la Administración
pública restante. Estas son algunas de las cautelas sobre las sanciones
que queríamos expresarle.

También queríamos hablarle de eliminar extorsiones, según ha dicho, sobre
fiscalidad, y comentarle las observaciones que ha hecho sobre la
fiscalidad en los productos energéticos. Sobre electricidad, gas, carbón
y aceites, pocas cosas tenemos que decirle. Queremos apoyarle en la
cautela del Gobierno español en torno a la tasa medioambiental, porque
soportaríamos injustamente unas exigencias que revertirían positivamente,
supongo, en otros países que tienen un mayor desarrollo tecnológico en
estos momentos sobre el grado de control de los aspectos
medioambientales. En ese sentido, compartimos con usted todo lo que ha
dicho al respecto. Sin embargo, en cuanto a la fiscalidad, nos gustaría
ampliar algunas cuestiones más. Hay otras cuestiones sobre fiscalidad que
nos inquietan, como la armonización fiscal en la Unión Europea, y nos
gustaría que usted nos expusiera si se está tratando en el Ecofin de los
compromisos sobre armonización fiscal en impuestos como puede ser el IVA
o en impuestos especiales, porque en el ámbito de los impuestos
especiales hay muchas desigualdades y, en el campo de los impuestos
indirectos, también, todo lo cual deberíamos contemplar, pero también en
la fiscalidad directa, en el IRPF. Está anunciada por el Gobierno la
reforma del IRPF. Es una reforma que debería abordarse antes de 1999,
porque estas diferencias que hay en el trato en determinados tributos
directos requieren, si entramos en la Unión Monetaria, un ajuste rápido e
inmediato. Nos gustaría que nos dijera algo al respecto.

Nuestro grupo --y voy terminando, señor Presidente-- quisiera transmitir
al Ministro de Economía y Hacienda que no nos van a encontrar en
actitudes dubitativas para apoyar al Gobierno en ese proceso de
integración en la Unión Monetaria. No tuvimos duda alguna con el anterior
Gobierno socialista y mucho menos vamos a tenerla con el Gobierno del
Partido Popular, en momentos cruciales y finales de la etapa. Pero, señor
Ministro, a la vez que va a tener esos apoyos, le urgimos para que se
aceleren al máximo los ajustes internos que hay que hacer en la economía
española. Por ello, apoyamos su plan de estabilidad económica y los
elementos que nos ha dado a conocer sobre ese plan pero, a la vez, esa
perspectiva positiva de crecimiento anual del 3,2 por ciento del PIB para
los próximos tres años nos obliga a afrontar, como ha dicho algún otro
portavoz, las reformas estructurales internas y todo lo relativo a
estabilizar el crecimiento económico en lo que nosotros podíamos decir la
realidad económica más productiva del país, y expresamente a las pequeñas
empresas. Hay que priorizar hoy para las pequeñas empresas todos los
cambios estructurales que hemos de impulsar en los próximos dos años. Por
ello, le animamos, en ese proceso que apoyamos y compartimos
conjuntamente, a acelerarlo al máximo y a abordar en los próximos meses
esas reformas que



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puedan tener como destinatario ese ámbito económico, que es el que nos va
a poder generar la mayor estabilidad económica y las mayores
posibilidades de creación de empleo, que son las pequeñas empresas.

Señor Ministro, en cuanto a los fondos de cohesión y a los fondos
estructurales, mi grupo quisiera sensibilizarle en esta cuestión, toda
vez que en 1999 entra una nueva fase de dichos fondos. Europa ha empezado
ya a moverse en cuanto a revisar los elementos que van a definir la nueva
etapa de los fondos estructurales y de los fondos de cohesión, por lo que
yo quisiera motivar al Gobierno español a que acelerara todas sus
reflexiones y trabajos internos para dar a conocer nuestras posiciones en
la reforma de esos fondos. Sabe el señor Ministro que en Europa ya se ha
creado una comisión de estudio, con unos 40 expertos. Ninguno es español
y deberíamos estar nosotros en esta comisión. No es una comisión
deliberatoria, sino de reflexión no institucionalizada. Como digo, se ha
creado ya una comisión de unas 40 personas para empezar a reflexionar
sobre los contenidos de los fondos de cohesión. España debería estar ahí.

Nosotros deberíamos empezar a reflexionar. En este sentido, mi grupo
quería proponerle, señor Ministro, si fuera posible, que se presentara a
esta Cámara, por iniciativa del Gobierno, a finales del presente año, un
informe balance de lo que han sido estos tres años de fondos
estructurales y de fondos de cohesión, 1995, 1996 y 1997, en previsión de
que 1998 pueda ser el año en que conformemos cuáles deberían ser nuestros
criterios para poder entrar en una reforma de los fondos estructurales.

España es uno de los principales países receptores de recursos de los
fondos estructurales y de los fondos de cohesión, y deberíamos liberar la
reforma de los reglamentos de los futuros fondos. Por ello, nos inquieta
esta cuestión porque, según como se desarrollen los reglamentos futuros
de los fondos estructurales, podría repercutir en España. Se habla de
simplificación de los cuatro fondos estructurales; se habla de cuantías.

Hasta la fecha hemos tenido una buena evolución; hasta la fecha todo el
ciclo de los fondos estructurales y de los fondos de cohesión han sido
positivos para la sociedad española, pero Europa se está planteando una
reforma de esos fondos, basándose en la futura ampliación de la Unión
Europea, y ahí nos inquieta ver cómo se conducirá toda esa nueva etapa de
los fondos estructurales. Le quería motivar para ese próximo quinquenio.

Quizá podríamos empezar a reflexionar en esta Comisión, sobre la base de
un informe realizado por el Gobierno acerca de lo que han sido los
últimos tres años, sobre esta nueva etapa de reforma de los fondos
estructurales y de los fondos de cohesión.

No entienda mis palabras como una reflexión crítica porque no lo es en
absoluto. Repito, valoramos muy positivamente la evolución que ha tenido.

Ha sido una primera fase de fondos de cohesión de tres años que, en
principio, ha dejado buenos resultados y balances. Nos gustaría
territorializar mucho más todos esos fondos, pero el tiempo ya lo está
haciendo progresivamente en comunidades autónomas y en administraciones
locales. Por tanto, el ciclo es territorializar cada vez más los fondos
estructurales y los fondos de cohesión, en lo que estamos de acuerdo. Sin
embargo, nos inquieta la nueva etapa que entra, porque los países de la
Europa central están planteándose reformas profundas de los elementos
reglamentarios de los fondos de cohesión y de los fondos estructurales, y
debíamos vigilar con mucho celo esta nueva fase.

Señor Presidente, quiero felicitar al señor Ministro por la información
que nos ha dado y decirle que vamos a continuar en la misma posición
política en que hemos estado siempre, que es la de dar pleno apoyo en el
momento actual al Gobierno, para que España entre en la Unión Económica y
Monetaria, y que sepan los ciudadanos y, especialmente, los demás países
de Europa, que vamos a hacer todo lo posible y se van a tomar todas las
decisiones en esta Cámara, y estoy seguro de que el Gobierno lo va a
hacer, para que España entre en la Unión Económica y Monetaria, porque su
futuro depende de ello.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, agradecemos su presencia en
esta Comisión al señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y
Hacienda, aunque he de decirle desde el principio que Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya no comparte la problemática adoptada de
cara a la convergencia europea. Tampoco comparte el diseño concreto que
se está haciendo de cara a la alternativa, muy modesta por lo que
conocemos, que se va a plantear en la Conferencia Intergubernamental con
respecto al Tratado de la Unión Europea. Desde ese punto de vista, usted
conoce que vamos a plantear, en el marco de lo posible, a nuestro juicio,
de lo auténticamente necesario de cara a la creación de empleo y a una
auténtica unidad europea, unidad económica antes que monetaria, un texto
concreto pidiendo, al mismo tiempo, que se celebre un referéndum en este
país para la integración que se va a plantear a partir del mes de marzo
de 1998.

Por tanto, ésa es nuestra posición que ustedes conocen perfectamente;
posición clara que vamos a desgranar tranquilamente, pero de manera
rotunda y contundente con los distintos tramos que usted ha destacado hoy
aquí. Hoy vamos a ver el tema económico, cómo nos estamos acercando a esa
convergencia europea, a ese examen de marzo de 1998, teniendo en cuenta
parámetros económicos, fundamentalmente monetarios de convergencia. Esto
es lo que vamos a tratar hoy aquí y me voy a ceñir a este tema, no sin
antes aludir al marco político en que se desarrolla esta convergencia
desde la óptica española.

Ustedes están consiguiendo coordenadas de aproximación en el terreno de
lo monetario, de lo económico y financiero, pero no pensamos que esto sea
correlativo al clima político que estamos viviendo y que puede afectar a
este trayecto que usted ha detallado aquí. Por tanto, quiero hacer esa
referencia al terreno de lo político, de la política pura, porque es
cierto que hay un amplio bloque de apoyo a Maastricht, al Tratado de la
Unión Europea y al examen de convergencia de mayo de 1998; pero en
función de dialécticas políticas que se están desarrollando públicamente,



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quiero decir profusamente publicadas en los medios de comunicación, ese
apoyo político no existe de la misma manera, señor Rato, porque incluso
se anuncian dinámicas de adelanto de campañas electorales y a veces el
apoyo político concreto, real que se produce desde el mayor partido de la
oposición, efectivamente, en los principios coincide con ustedes de cara
a la convergencia y de cara al examen de 1998, pero a nivel político no
existe esa confianza real, material. Quiero dejar sobre la mesa esta
dicotomía, esta disyuntiva de que no concuerda el terreno de lo político
con esa convergencia que a nivel monetario y a nivel económico usted ha
diseñado desde perspectivas optimistas, no diría yo objetivas sino
optimistas.

En el terreno de lo económico nos encontramos ante una problemática de
ajuste permanente y duro, precisamente en los parámetros que aún no
cumplimos, esos indicadores van a exigir una política de ajuste duro que,
de cara al Estado del bienestar, y como no se puede seguir con el actual
nivel de gasto, va a afectar, sin duda, a las pensiones. Ya ha afectado
en ese pacto que se ha hecho hace poco tiempo, o en el tema de la
sanidad, empezando por las deudas sanitarias que no se van a poder
cumplimentar si se reduce el actual nivel de gasto. Esta política de
ajuste permanente iría complementada con esa recomendación que ustedes
hacen continuamente y que han cumplido en el tema de la congelación de
los salarios del sector público, de la moderación salarial en el sector
privado. Todo esto parte de ese último acuerdo que ustedes han hecho hace
poco más de seis meses, me refiero al pacto de estabilidad y a la
necesidad de aplicarlo de manera rigurosa; tan rigurosa, que supone
multas muy importantes y supone etapas a cumplir de manera tremendamente
concreta de cara a la convergencia y al examen de 1998.

A partir de aquí el ajuste macroeconómico se va a desenvolver a través de
condiciones muy duras en todos los países de la Unión Europea, y nos
encontramos con un diseño --que yo ya le criticaba cuando usted informó
sobre el Ecofin de Dublín, que se celebró en septiembre del año pasado--,
con un marco que completa toda la estrategia neoliberal. Por una parte,
la transferencia tremenda de soberanía que se hace con respecto al
sistema de bancos centrales europeos y el Banco Central Europeo que se va
a crear el año que viene, y, de otra parte, el tema de que la política
presupuestaria de los distintos países queda tremendamente intervenida
como consecuencia de que los parlamentos de los distintos países quedan
también intervenidos en este camino que ustedes están diseñando y que
siguen de manera muy rigurosa.

Por tanto, lo que se persigue fundamentalmente es el equilibrio
presupuestario a través de medidas de enorme importancia y acabo de citar
la creación de los bancos centrales. Esto se puede conseguir de dos o
tres maneras --todo el mundo lo sabe-- o a través de la reducción del
gasto público, o a través del aumento de los ingresos públicos, o
mediante una combinación de ambas posibilidades. Señor Rato, en este
momento nos encontramos --lo que va a suscitar una primera pregunta por
parte de este portavoz-- en una situación en la que parece muy probable
que de cara a la inversión pública y al consumo público ustedes tiendan a
establecer restricciones de cara a conseguir reducir el déficit para la
convergencia europea y pasar el examen de marzo de 1998. En consecuencia,
es posible que ustedes tengan en cartera una reducción drástica del
déficit, en estos momentos es su primera prioridad, y a tal fin están
actuando en todo el proceso de privatizaciones; un proceso profundo para
intentar reducir el déficit, que no van a conseguirlo a través del
proceso de privatizaciones, como usted sabe muy bien. Simplemente harán
ahí un poco de cosmética con respecto a intereses, con respecto a otras
cosas, pero no irán al fondo de la cuestión; y el fondo de la cuestión
tampoco vendrá por el tema del aumento de los ingresos fiscales, tal y
como estamos viendo. Hay un enorme fraude que ustedes no están
persiguiendo de hecho, y los beneficios fiscales que ustedes están
aprobando no conducen a que el problema de la reducción del déficit se
solucione a través del mayor ingreso de la fiscalidad.

Parece claro que nos vemos abocados a un nuevo ajuste presupuestario,
señor Rato. Si no es así, le ruego que me aclare cómo van a conseguir
reducir drásticamente el déficit público. Si en el próximo período
ustedes están abocados a una reducción, que sin duda va a afectar a la
inversión pública --y, por descontado, al consumo público, porque, si no
no se entiende el escenario macroeconómico con respecto a las fechas 1997
y el año 2000 que acaban de publicar--, ello no cuadra exactamente si no
se tiene en cuenta la necesidad de ese recorte presupuestario al que
nosotros pensamos que ustedes están abocados a corto plazo, en los
próximos meses, antes de que finalice este año. Le ruego que me aclare
esta situación y que, si no, me hable de la estrategia de cara a la
reducción del déficit en función de esta cita que tenemos en marzo de
1998.

Nosotros no estamos de acuerdo (en este sentido tenemos posiciones
diferentes que venimos exponiendo y que sintetizaremos en un documento
como alternativa al que se plantee en función del enorme consenso que
existe en esta Cámara para la reforma del Tratado de la Unión Europea en
la Conferencia Intergubernamental) con las escasas matizaciones que se
van a hacer al Tratado de la Unión Europea. En todo caso las matizaciones
fuertes empeoran la situación, y me remito a lo que acabo de nombrar, al
pacto de estabilidad que viene aplicándose de manera rigurosa en los
últimos meses. Nosotros queremos situar, fundamentalmente en primer
lugar, los objetivos económicos, y dentro de ellos el tema de la creación
de empleo y, como consecuencia, la mejor distribución de la riqueza y la
renta como prioridad absoluta de la necesidad de una convergencia, de una
unidad europea diferente. En ese sentido queremos orientar los
instrumentos económicos hacia la creación de empleo, porque no se está
creando empleo; al contrario, se está destruyendo la posibilidad de
creación de empleo estable a través de otras políticas que arrojan a lo
mejor unos datos que en muchos casos son discutibles, por ejemplo, los
35.000 nuevos empleos, según se dice, respecto a marzo, sin tener en
cuenta que 22.000 de esos empleos han sido en el sector terciario y que
afectan al cambio de fecha con respecto a la Semana Santa en algunos de
sus parámetros fundamentales. Por lo tanto, la precariedad aumenta y
seguimos con un volumen de desempleo tremendo



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que está afectando a sectores muy importantes de manera estructural.

A partir de las sucesivas reformas de desregulación y descausalización de
la contratación, en especial la de 1984 y la de 1994, se ha conseguido en
nuestro país un mercado de trabajo que sigue empeorando, señor De Rato, y
no tiene su punto de referencia en la necesaria articulación para hacer
del Tratado de la Unión Europea otra cosa de cara a este objetivo número
1, a nuestro juicio, que no lo es en todo lo que se está haciendo de cara
a ese examen de marzo de 1998. Existen altas tasas de desempleo y
temporalidad que doblan en España las de cualquier país de la Unión
Europea, Hay un enorme avance de los fenómenos de precarización en España
y altísimas tasas de siniestralidad laboral que no se logran corregir y
que están muy por encima de los países de nuestro entorno. Al mismo
tiempo hay un reforzamiento extraordinario de los poderes de dirección y
organización empresariales en la fase de entrada, permanencia y salida
del mercado de trabajo, y se va a ver posiblemente cuando mañana o pasado
conozcamos el texto del último acuerdo con respecto al cambio del mercado
laboral en esta última etapa.

Esta situación --le voy a dar un dato-- está afectando a los colectivos
de jóvenes y mujeres, protagonistas fundamentalmente de la temporalidad y
de la rotación en el empleo, como lo demuestra, por ejemplo, el análisis
que se ha hecho en algún sindicato con respecto a los últimos nueve meses
de los asalariados y asalariadas jóvenes menores de 25 años. En 1987
había 793.300 asalariados fijos en este tramo de edad. En el primer
trimestre de 1996 ha habido 310.900, es decir, un 24 por ciento, teniendo
en cuenta que en 1987 había un 53 por ciento. Respecto a los asalariados
temporales, diré que en 1987 había 705.400 en este tramo de edad y
963.900 en el primer trimestre de 1996, es decir, un 76 por ciento,
subiendo por lo tanto mucho respecto al 47 por ciento que existía en
1987. Por lo tanto, no se puede culpar a la rigidez de nuestro mercado de
trabajo del desempleo existente, sino que este tipo de desempleo se va
acentuando y se van agudizando las condiciones precarias del desempleo,
fenómeno que no se soluciona en absoluto con las sucesivas reformas que
ustedes están realizando. La política que ustedes vienen practicando no
conduce a la creación de empleo. Estamos en el año del empleo, según
dijeron ustedes en el seno de este último tramo para el examen de marzo
de 1998. Sin embargo, no se está creando empleo.

Yo le pediría que nos dijera si ustedes han contemplado en algún momento
la posibilidad, que incluso se ha discutido en la mesa de negociación
entre sindicatos y patronal, de un pacto global para la reducción de la
jornada de trabajo en este país y de las horas extraordinarias, así como
la posibilidad de negociar la edad de jubilación e incluso el tiempo de
vacaciones, porque si no no es posible hablar con seriedad de una
estructura distinta de cara a la creación de empleo como tema esencial.

Ustedes fundamentalmente hablan de que disminuyen los tipos de interés
--esto es cierto-- y se crea empleo --esto no es cierto--, y mucho menos
empleo real, porque incluso está disminuyendo la protección a niveles
insoportables. Solamente la tercera parte de los parados tiene hoy
protección social de desempleo, según los datos que estamos viendo en
todas las estadísticas; un 32 o un 33 por ciento de los desempleados.

Disminuyen los tipos, pero no se crea empleo; disminuyen los tipos, pero
no se repercute tampoco de manera adecuada en el consumo real, en la vida
cotidiana, en la microeconomía constante que estamos viviendo. Es cierto
que a veces se bajan las hipotecas, los créditos personales, pero al
nivel en el que disminuyen los tipos de interés. Eso sí, en los depósitos
que se hacen a través de una circular, que sale el mismo día en que
disminuyen los tipos, sí se baja el interés. Esos depósitos de los
particulares estaban al 8 o al 8,5 por ciento y ahora el interés que
reciben de la banca o de las cajas de ahorro es del 4 ó 4,5 por ciento.

Ahí sí bajan los tipos de interés al día siguiente en que se produce la
reducción por parte del Banco de España.

Por lo tanto, señor De Rato, le pregunto si tiene alguna previsión con
respecto a la reducción del tiempo de trabajo, la posibilidad de algún
acuerdo real, no empresa por empresa, no a través del debate de los
convenios colectivos considerados uno por uno (que además no tiene esa
vinculación que anteriormente tenían, aunque figuran en la Constitución
Española como elementos vinculantes en la negociación, pero ya no existen
como tales), y si están realizando alguna gestión o van a establecer
alguna política concreta de cara a la repercusión de la bajada de los
tipos de interés en la vida cotidiana, en los créditos, en las hipotecas
normales.

Le hago la cuarta pregunta. Usted dijo hace poco tiempo --y me parece que
no se ha solucionado el tema-- que la macroeconomía va bien para que la
microeconomía no vaya bien, no disfrute de la repercusión real de esa
política que ustedes tanto saludan a nivel macroeconómico. Se les está
lanzando a los ciudadanos el mensaje de que hay que sacrificarse para que
la macroeconomía vaya bien, aunque con ello vaya peor la microeconomía y
siga estancada la demanda, que además no puede subir ya que podría
repercutir en una subida de la inflación. Por tanto, yo le pregunto si
esa crítica que usted hacía --autocrítica, mejor dicho-- ante los medios
de comunicación ha suscitado algún ejercicio gubernamental para intentar
solucionar el divorcio entre la macro y la microeconomía.

En quinto lugar, señor De Rato, y ya ya sido suscitado anteriormente este
tema por el portavoz del Grupo Vasco (EAJ-PNV), estamos viendo desde el
exterior, porque hay una política de comunicación muy cerrada y parece
lógico que sea así, distintos movimientos, muchos de los cuales, los más
importantes, proceden de Alemania; movimientos que a veces no nos
explicamos. Alemania tiene dificultades a la hora de contener el déficit,
pero fundamentalmente tiene dificultades a la hora de entregar el marco
en este proceso. Eso es lo que parece. Solamente lo «entregaría» --entre
comillas-- en manos del euro en función de determinadas condiciones de
convergencia, algunas no escritas, que cumplieran el resto de los países.

Fundamentalmente está el tema de los tipos de cambio. Nos da la impresión
a veces que se está presionando de manera subterránea de cara a los tipos
de cambio irrevocables y al proceso de tipos



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de cambio que se va a establecer con respecto a los distintos países de
la Unión Europea. No consideramos que exista un tipo de cambio neutral en
estos momentos, pero se puede corregir. Sin embargo, a partir de cierto
período ya no se podrá corregir de la misma forma y desde el mismo poder
político o económico. Se tendrá que corregir de otra manera y de forma
muy limitada. Es decir, si España no consigue un tipo de cambio neutral
(las noticias que se dan se refieren a si Alemania cumple o no cumple, si
se van a tener en cuenta o no de manera rigurosa los criterios de
convergencia de Maastricht, si va a haber otros criterios complementarios
no dichos, criterios políticos) pensamos nosotros que las fortísimas
presiones que hay van a repercutir a la hora de ver los tipos de cambio
irrevocables que se vayan a conceder, a estructurar, a plasmar cuando
llegue el momento. En este sentido, le quiero preguntar cómo va a enfocar
este tema el Gobierno y cuáles son los problemas que existen.

Respecto a los fondos estructurales de cohesión --termino, señor
Presidente-- para el ejercicio presupuestario de 1997, a propuesta del
Consejo, la Comisión en su anteproyecto preveía un aumento del 8 por
ciento, sin embargo, el Parlamento Europeo votó una reducción de 2.500
mecus: 1.000 mecus en los fondos estructurales, 1.000 con respecto a la
PAC y 500 en las otras políticas contempladas.

A nuestro juicio, la importancia de esta decisión está en que, por
primera vez en la historia de la Unión Europea, se vulneran los
principios establecidos en el Consejo de Europa de Edimburgo; me refiero
a las perspectivas financieras de la Unión Europea 1994-1999. Aquí hay
que destacar, señor De Rato, que el grupo parlamentario europeo del
Partido Popular, incluida la delegación española, votó a favor de esa
reducción.

Esta decisión política tiene distintas lecturas. Por un lado, en estos
dos años de austeridad, de enorme recorte financiero-económico, en los
que se quiere ahorrar el máximo posible para el examen de marzo de 1998,
nos encontramos con que esto puede suponer un recorte complementario en
los presupuestos españoles de 1997; no para 1998, sino ya en 1997. Hay
que recordar que los fondos estucturales funcionan en un régimen de
cofinanciación, es decir, las administraciones adicionan un porcentaje
entre el 50 y el 30 por ciento del coste total del proyecto. Es, por lo
tanto, un recorte que tiene en cuenta esta dialéctica de la
cofinanciación.

En segundo lugar, esta decisión va en perjuicio de las políticas
estructurales, que si tienen algún sentido es precisamente el de reducir
las diferencias, las disparidades regionales, aspecto que va a verse
agravado con la puesta en marcha en la Unión Europea del mercado único
interior. Finalmente, los fondos estucturales, tal como hoy los
conocemos, teniendo en cuenta sus objetivos, sus criterios de
elegibilidad, etcétera, en función del proceso que yo he diseñado
brevísimamente pero que usted ha tocado descriptivamente no entrando en
el fondo de la cuestión, corren en riesgo de desaparecer.

En el informe del Parlamento Europeo sobre las orientaciones
presupuestarias para 1998 --nosotros lo enmendamos, desde luego-- se
anunciaba una reducción para ese ejercicio de los créditos para las
atenciones de pago, lo que significa una reducción efectiva en lo que
realmente se está gastando en fondos estucturales. Aquí, aparece el tema
muy importante del carácter condicional, porque los fondos de cohesión
están sujetos a los déficit excesivos, otra vez el déficit que va a
aparecer en el próximo período en este país de manera obsesiva, por eso
hablaba yo de la posibilidad de que tengan ustedes en mente un recorte
presupuestario para este año. Si el déficit de un Estado es mayor a lo
acordado en el Consejo del Ecofin, el fondo se suspendería
automáticamente.

Este criterio, en función de lo que vemos en las instituciones europeas,
es el que puede estar en la mente de algunos miembros de la Comisión, si
no aplicable en los próximos ejercicios, sí para la reforma de los fondos
estructurales después de 1999. Precisamente el comisario de asuntos
económicos y monetarios está trabajando con una propuesta según la cual
aquellos Estados que no cumplan con los criterios de convergencia verían
supeditados los pagos de los fondos europeos.




El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya terminando ya, señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Sí, termino inmediatamente, señor Presidente.

Estas propuestas confunden los objetivos de los recursos, señor De Rato,
porque, mientras los fondos estructurales tienen por objeto la
consecución de la cohesión económica y social, el fondo de cohesión
persigue la compensación a los Estados con un PIB inferior al 9 por
ciento de la media comunitaria, como aquí se ha dicho anteriormente.

Señor De Rato, le ruego que me aclare si esto es así y si esta reducción
que se ha operado en los fondos estructurales estaba pensada
sistemáticamente debido a los recortes financieros y presupuestarios que
se van a operar en el futuro en este país ante el examen de marzo de
1998.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Costa.




El señor COSTA COSTA: Señor Ministro de Economía y Hacienda, en primer
lugar, deseo agradecerle la información que nos ha suministrado; una
información, sin duda, densa en su contenido y quizás excesivamente
espaciada en el tiempo. Si bien es verdad que no se pudo producir la
comparecencia prevista en diciembre, aunque los portavoces obtuvimos
alguna información, es también cierto que la acumulación de temas que por
sí mismos darían lugar a una reunión de esta Comisión, hace difícilmente
debatible en profundidad cada uno de los mismos. Yo no sé si ha utilizado
la técnica de contárnoslo todo para que lo que tiene contenido quede
inmerso dentro de la maraña de información que nos ha suministrado, pero,
en cualquier caso, la información que nos ha dado ha sido exhaustiva y ha
pasado bastante por encima de los temas más conflictivos o interesantes
para nuestro país y para las decisiones



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que su Gobierno, que el Gobierno de España debe adoptar en los próximos
años.

Si nos atenemos a los temas de mayor interés, sin despreciar ninguno, yo
intentaría entrar en alguno de ellos como es, básicamente, el relativo a
la Unión Monetaria Europea, que es el que ha captado la mayor atención a
los consejos del Ecofin desde que usted compareció en esta Comisión
también para explicar asuntos sobre la Unión Monetaria y el relativo a
las perspectivas financieras. Es verdad que en la agenda 2000 hay una
previsión de no acumular a la vez todos los debates europeos, de seguir
un orden determinado cronológico, de ir solucionando un tema después de
otro, pero se están discutiendo algunas cuestiones desde nuestro punto de
vista inquietantes, tales como el desbloqueo, el acuerdo sobre los
préstamos del BEI para acciones de política exterior; los trabajos en los
ámbitos dependientes del Ecofin referentes a la Conferencia
Intergubernamental y el presupuesto de 1998. Yo intentaría entrar en esas
cuestiones con un poquito más de detalle, procurando no ser excesivamente
extenso en mi exposición.

En cuanto a la Unión Monetaria, el Consejo Europeo de Dublín ya fijó
básicamente una serie de acuerdos que podríamos clasificar en dos
aspectos: un calendario de procedimientos y la aplicación de los
compromisos políticos adquiridos en Dublín. Por la información que nos ha
suministrado, vemos que estos calendarios se están cumpliendo
razonablemente, por lo que debemos congratularnos. Razonablemente, en el
Consejo de Amsterdam se estará en condiciones de cumplir el calendario de
compromisos adquirido y la aplicación de las decisiones políticas allí
adoptadas, particularmente el pacto de estabilidad. El Gobierno español
apoyó una posición que no ha sido la que finalmente se ha acordado, se
ciñó muy estrechamente a la posición alemana y, finalmente, esta posición
no fue exactamente aprobada. Además, hay un acuerdo sobre el que, sin
entrar a valorar extensamente ahora, deberíamos reflexionar cuál es el
hecho de que las sanciones se distribuyan entre los países in. Yo creo
que éste es un elemento muy coyuntural, en una posición que nosotros
compartimos de que España debe estar dentro de los países in. Pero si
atendemos a la filosofía de la Unión Monetaria, seguramente lo que hace
esto es dificultar todavía más que los países out tengan mayores
mecanismos para acceder a la Unión Monetaria Europea, con lo cual se
debilita de alguna manera (porque los países in serán los que sin duda
tendrán una mejor situación económica) la cohesión europea en ese
aspecto. Habría que analizar algún mecanismo para que las sanciones
aplicadas por un déficit excesivo sirvan a la cohesión y no sean
devueltas a los países que, de hecho, han sido sancionados. No parece muy
razonable que los mismos países, los in, los que están sancionados, sean
los que se repartan una sanción que es una penalización por un
incumplimiento de unas condiciones.

Respecto a la Unión Monetaria, nos mostramos de acuerdo con todo lo que
se está llevando a cabo y vemos que el calendario se está cumpliendo
correctamente, pero quisiéramos hacer alguna reflexión y suscitar algunas
dudas que se nos plantean. En primer lugar, la reflexión es que estamos
en una buena situación económica --los datos así lo avalan-- y que la
misma, curiosamente, es fruto de un año en que el Partido Popular, el
Gobierno, no aprobó su presupuesto; es fruto de una política originada en
el año 1996; por tanto, es fruto de la herencia recibida en gran parte
por el Gobierno, ya que no quiso aprobar un presupuesto. Es la base de la
actual situación y la base para poder estar en la Unión Monetaria.

Siendo la situación económica favorable para los intereses de España, que
nosotros queremos seguir apoyando, queremos felicitarnos, en primer
lugar, porque su Ministerio haya conseguido que las múltiples dudas,
incluso reticencias que había en su grupo respecto a ese proyecto de
Unión Monetaria Europea, hayan sido superadas y podamos ahora estar todos
de acuerdo en que éste es uno de los proyectos más interesantes e
importantes para nuestro país en los próximos años.

Las dudas que me surgen respecto al cumplimiento que España va a tener
para estar en la Unión Monetaria no lo son tanto por el cumplimiento de
las cifras en sí mismas en el momento de la entrada, como por el
mantenimiento del déficit en la economía española. Podríamos decir que
las dudas se refieren básicamente a dos cuestiones. Siendo cierto que la
inflación está en un momento especiamente bueno, es verdad también que
quedan flecos en algunos sectores donde la inflación está muy por encima
de la media (básicamente en servicios, transportes o educación). Y aunque
con la revalorización que se está produciendo del dólar podemos tener
algunos problemas derivados del encarecimiento que lógicamente se va a
producir en los productos petrolíferos, es verdad, insisto, que la
situación en inflación es buena para nuestro país en términos históricos.

La cuestión que más nos preocupa es el mantenimiento del déficit en
términos del programa de convergencia y del llamado programa de
estabilidad, que estos días hemos visto en los medios de comunicación. Es
verdad que en el año 1997 ustedes hacen input importantísimos al pasado,
pero también es verdad que son razonables las dudas que surgen sobre las
previsiones de ingresos que se van a necesitar para cumplir las que el
propio presupuesto establece. Además, en el horizonte inmediato están los
mayores efectos sobre regularización de balances que ustedes han aprobado
y, por lo que hemos visto en los medios de comunicación, ustedes fijan en
el plan de estabilidad un crecimiento medio del 3,3 por ciento anual
hasta el año 2000, con un déficit público situado en el 1,6 por ciento.

Esto, visto en un cuadro y sin ninguna explicación, es lógico que genere
serias dudas. Antes decía algún portavoz que ustedes van a tener que
realizar recortes presupuestarios. Creo que eso no sería suficiente. Lo
que nos gustaría oír del Ministro, para poder seguir apoyando esas
políticas que compartimos de integrar a España en la Unión Monetaria
Europea, son los elementos por los cuales España va a cumplir esas
condiciones; cómo se va a producir, qué reformas se van a impulsar; qué
recortes de gasto o qué incrementos de ingresos van a realizar para que
todo esto cuadre.

Para fijarnos un déficit del 1,6 por ciento en el horizonte del año 2000,
necesariamente tienen ustedes que recortar lo que se ha llamado el Estado
de bienestar, es decir,



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las políticas de bienestar de nuestro país. Sin que se recorten esas
políticas es prácticamente impensable que se dé un escenario de ese tipo,
aun con los crecimientos ciertamente optimistas que ustedes prevén. Estas
serían mis dudas más importantes respecto a la economía española en el
año 2000.

El segundo tema que quería tratar es el de las perspectivas financieras.

Ya ha dicho usted que las han dejado de lado, que han acordado, tal como
estaba previsto en la agenda 2000, alcanzada en la cumbre informal de
Formentor, no acumular el debate de temas que pudieran bloquearse unos a
otros y, por tanto, hacer difícil su resolución. También es verdad que se
está produciendo ya un debate en muchos países de la Unión Europea,
debate que se publica en los medios de comunicación y, por tanto, crea
opinión en países de la Unión Europea que no están interesados en
mantener algunas de las políticas que hoy son el eje fundamental de la
política europea de nuestro país, tales como fondos estructurales, fondos
de cohesión o política agrícola común. Yo he leído declaraciones del
Ministro de Economía que preside en estos momentos el Consejo Europeo
mostrando su voluntad firme de que haya reformas radicales --cito
textualmente-- en los fondos estructurales, fondos de cohesión y política
agrícola común. Cuando se habla de reformas radicales, temas que han sido
tratados en los consejos informales y que no son objeto de actas
aparentemente, quisiera saber cuál es la posición del Gobierno español en
esa materia, si puede confirmarnos que esos temas no están siendo
tratados en los consejos, ni siquiera en los informales. En cualquier
caso, me gustaría saber qué acciones está realizando el Gobierno, porque
éste es un elemento que va calando, no sólo en la opinión pública, sino
también en los responsables políticos de muchos países que ven en el
mantenimiento de esas políticas algún obstáculo en la ampliación a los
países del Este o en el mantenimiento de su statu quo en la aportación al
presupuesto comunitario. Esos son los temas que le preocupan sin duda a
nuestro país y que deben tener un seguimiento muy estrecho ya que podrían
tener consecuencias muy negativas para España. Respecto a esas mismas
perspectivas financieras, si me da tiempo, entraré después en el tema
presupuestario.

En cuanto a la cobertura de los préstamos del BEI, creo que se ha
resuelto razonablemente para nuestro país. Ha continuado el acuerdo ya
adoptado en consejos europeos de una distribución política y equilibrada
entre el Mediterráneo y el este de Europa. Se ha conseguido una buena
cobertura para América Latina y Asia. Por lo tanto, queremos solamente
congratularnos de que se haya producido un acuerdo y de que el nivel de
cobertura sea razonablemente bueno para los efectos que nosotros
queremos, que es contribuir a la estabilidad económica, social y a la
seguridad en las zonas en las que la Unión Europea está interviniendo.

Respecto a la Conferencia Intergubernamental, nos gustaría que nos
informara específicamente de los temas del ámbito del Ecofin,
concretamente, del empleo, prioridad política para nuestro grupo y
prioridad política también para la Unión Europea. Queremos saber cómo se
está abordando el tratamiento de este asunto en el Ecofin, si se está
vinculando de alguna manera a la Unión Económica y Monetaria y si hay
algún tipo de vinculación a través de orientaciones financieras o de
otras líneas políticas que pudieran incluir el empleo como uno de los
elementos a considerar en el futuro en políticas de la Unión Monetaria o
en políticas estructurales de la Unión Europea. Queremos conocer, por lo
tanto, si hay alguna información que nos pudiera suministrar al respecto
y que nos aclarara esta situación. También dentro de la Conferencia
Intergubernamental y vinculado a las perspectivas financieras, queremos
saber si nuestro país está proponiendo que se modifique el sistema de
ingresos de la Unión Europea para hacerlo más equitativo, más justo, más
progresivo, y para que se vaya sustituyendo el recurso IVA por el recurso
producto interior bruto, lo cual crearía unas condiciones mejores para
nuestro país y más justas para el conjunto de la Unión Europea.

Finalmente, el tema del presupuesto de 1998. Ya ha dicho el Ministro que
está preocupado por la orientación que se está dando a ese presupuesto,
que se opone a algunas de las orientaciones que se pretenden dar, lo cual
siempre es grato escucharlo, pero estamos ya en el segundo año en el que
se proponen recortes en políticas que afectan de manera importante a
nuestro país. Aparentemente, hay algunas orientaciones para recortar otra
vez los fondos de la política agrícola común, de las ayudas
estructurales, en políticas internas y acciones exteriores, en esos
cuatro ámbitos, pero, particularmente, en los dos primeros tienen una
importancia para nuestro país. Se ha producido ya un recorte en el
presupuesto de 1997, en la ejecución de gastos, en ayudas estructurales,
así nos lo ha manifestado usted mismo hace un momento. Las perspectivas
financieras que se acordaron en Edimburgo terminan en el año 1999. Luego,
ya no será posible ir posponiendo en el tiempo, indefinidamente, la parte
de gastos que no hayan sido comprometidos por los países miembros.

Aparentemente ahí hay un fleco en el que resulta fácil poder extraer
algunas cantidades suplementarias para otras políticas. Así se ha
producido en el año 1997 y parece que es la misma intención para el año
1998, con el agravante de que, aparentemente, lo que se está tratando es
de recortar ayudas a cereales en la política agrícola común o de hacer un
recorte nominal, otra vez, en las acciones estructurales de la Unión
Europea. Y todo ello, ¿a qué conduce? Conduce, básicamente, a una
situación en donde las políticas internas de cohesión de la Unión Europea
se van debilitando, en donde las posiciones más favorables para nuestro
país pierden contenido. Ustedes tienen una fe inmensa en el mercado,
nosotros creemos en él, pero no tenemos la fe de que todo lo resuelve.

Esas políticas han dado unos frutos muy importantes para la modernización
y la creación de infraestructuras en nuestro país. Lo que queremos oír de
sus manifestaciones es que no va a permitir que las perspectivas
financieras de Edimburgo disminuyan con recortes sistemáticos a los
presupuestos de la Unión Europea hasta el año 1999 y que usted va a
luchar para que esto no sea así.

Esos son los temas de máximo interés para nuestro grupo. Efectivamente,
en nuestra solicitud de comparecencia



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había algunas preocupaciones añadidas sobre los fondos de cohesión, ya
que estaba en cuestión si España sería sancionada o no por no cumplir con
las condiciones para obtener dichos fondos. Eso se resolvió
favorablemente. El Ministro no ha hecho referencia a ello porque está
superado por el tiempo y nos ha explicado cómo se están gestionando esos
fondos de cohesión que, básicamente, coincide con lo que se venía
haciendo ya en la etapa anterior, con un nuevo programa para llegar a
1999 y utilizar el conjunto de estos fondos.

Ya le anuncio que vamos a pedirle el máximo de información y de
transparencia en este tema. Creo que es de interés de todos el que estos
fondos se utilicen en su totalidad, y mostramos nuestra preocupación
respecto a los fondos estructurales en el sentido de que no se están
utilizando todas las posibilidades que daría a nuestro país ese
instrumento, precisamente por las dificultades de cofinanciación que
pueden tener algunas de estas políticas para nuestro país.

Queremos preguntarle si en el nivel de inversión del Estado en estos
momentos las previsiones de inversión, sea a través de recorte o no, se
produzcan por una política específicamente dirigida a no realizar gasto
en inversiones públicas o mediante un recorte explícito de las
inversiones previstas, van a afectar a la posibilidad que esos fondos
tienen para nuestro país.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Bienvenido, señor Vicepresidente, a esta
Comisión. Quiero agradecerle la información que ha facilitado a todos los
grupos. No seré yo, con el reloj en la mano, quien intente mecer más la
somnolencia que se haya podido producir, fundamentalmente por la falta de
crítica, porque si algo podemos anotar, una vez repasadas y escuchadas
las intervenciones de las personas que me han precedido en el uso de la
palabra, es que hay que buscar un común denominador, y ese común
denominador es la ausencia de críticas. No ha habido críticas en relación
a cómo se están llevando a cabo las gestiones, la administración y la
defensa de los intereses de España en toda la negociación en el marco de
la Unión Económica Europea. No obstante, este portavoz no ha podido, por
supuesto, tomar nota de alguna voz que tiene el perfil de intentar
recuperar posiciones de aislamiento que no sería bueno reproducir. No
quisiéramos en ningún caso estar al lado de este tipo de posiciones, y
queremos mostrar nuestra frontal oposición a que se pueda volver a
repetir en España una situación aislacionista de nuestro entorno europeo.

Desde luego, no vamos a entrar en este turno a hacer valoraciones de
debates que probablemente entrarán en breve en esta Cámara, como son los
debates concernientes al plan de estabilidad; nos vamos a concretar a la
intervención del señor Vicepresidente.

El Grupo Parlamentario Popular no puede más que ver con serena
satisfacción y optimismo objetivo y fundado el avance que se está
produciendo con la presidencia holandesa. Mi grupo considera que las
precisiones que se están alcanzando en los temas que se van cerrando poco
a poco, sin ningún tinte de hostilidad para los intereses de España, nos
hacen pensar que estamos ante un proceso político, por la vertiente de
negociación que tiene, y ante un proceso de unión económica que goza de
buena salud. No obstante, debo reconocer que la satisfacción se ve
reforzada cuando comprobamos que en España, que hace un año estaba en una
posición difícil ante la convergencia con Europa, algunas de esas
dificultades están desapareciendo y hoy nos encontramos situados en una
sala de espera ante el examen de convergencia de la primavera de 1998,
donde nuestra posición goza de confianza y credibilidad en los mercados.

Sin embargo, debemos significar que no todos los indicios hablan en
positivo. Hay que anotar que algunos indicios levantan preocupación en
este grupo y no podemos dejar de mencionar que tenemos que situarlos en
las tensiones monetarias que se han vivido en las últimas semanas y que
curiosamente siempre vienen asociadas a declaraciones que están
cuestionando desde Centroeuropa la viabilidad del proyecto, unas veces en
torno a los criterios y otras veces en torno al calendario. En este
sentido, mi grupo quiere hacer una declaración política reafirmando
nuestro compromiso con el cumplimiento de esos criterios y con el firme
cumplimiento --y perdonen la redundancia-- del calendario.

La presidencia holandesa es sin duda, hoy por hoy, y a la vista de lo que
nos ha informado el señor Vicepresidente, un período en el que se están
logrando serios avances. Aquellos acuerdos de Dublín que todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara consideraron como una de las cumbres más
importantes, el estatuto jurídico del euro, el pacto de estabilidad y
crecimiento, el Sistema Monetario Europeo 2, son acuerdos que la
presidencia de Holanda está cerrando prácticamente durante su mandato. Se
podría definir que los tres aspectos aprobados en Dublín estarán
pendientes de una aprobación formal con la sola excepción, por lo que
hemos podido escuchar, de las resoluciones que haya que tomar respecto al
SME2 sobre las que la Comisión y los ecofines seguirán trabajando. Hemos
podido anotar que la situación económica del marco europeo goza también
de una salud aceptable, con un crecimiento económico consolidado. Bien es
verdad que podemos entender que se trata de un crecimiento económico
modesto pero suficientemente potenciado. Probablemente sólo tendremos que
anotar uno de esos elementos que están introduciendo un mayor grado de
dificultad, que es la situación del desempleo en el marco europeo.

Coincidimos en que se trata de una situación que no es satisfactoria, y
en cambio podemos anotar que los esfuerzos que se están realizando en
materia fiscal por todos los países están situando a Europa en el buen
camino.

Nos ha parecido oír hablar al señor Vicepresidente de los programas de
convergencia de Bélgica, Alemania y Francia y nos gustaría que hiciera
alguna precisión más en torno a estos programas de convergencia, sobre
todo en lo que concierne al capítulo de deuda pública en el caso muy
concreto de Bélgica, y qué opinión le merece que un país como Bélgica
tenga situada su deuda pública en el entorno



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del 130 por ciento. También nos interesaría conocer, porque ya ha sido
publicado por muchos medios de comunicación, cuáles son las nuevas
políticas presupuestarias que están alentando Alemania y Francia, donde
comienza a nacer una figura --no diría que novedosa, pero sí digna de ser
observada-- como son las políticas presupuestarias asimétricas, es decir,
esas políticas presupuestarias en las que se produce al mismo tiempo una
contención en el gasto y un descenso en la presión fiscal. Nos gustaría
conocer cuál es la opinión del señor Vicepresidente sobre esas políticas
asimétricas en materia presupuestaria que están llevando a cabo Alemania
y Francia. Al Grupo Popular le interesa el próximo debate que tendremos
en esta Cámara sobre el plan de estabilidad, no sólo por el contenido,
que ya tendremos ocasión de poder abordar aunque hoy algunos portavoces
nos han anticipado sus posiciones, sino porque nos interesa ver el
ejemplo alemán sobre el pacto de estabilidad que está siendo reflejado de
manera matemática en torno a los Länder, de igual grado de compromiso
para las regiones alemanas y para la nación alemana. En ese sentido
quisiéramos conocer su opinión sobre si esta operación que está llevando
a cabo Alemania podría tener en España algún tipo de traducción para
comprometer no sólo la política presupuestaria de la nación sino también
la política presupuestaria de las comunidades autónomas en el horizonte
de este pacto de estabilidad.

Considero, señor Presidente, que uno de los elementos que más
incertidumbre está introduciendo en este proceso de convergencia es el
grado de compromiso que muestran los países miembros, sobre todo cuando
desde algunas de sus tribunas se pone en cuestión alguno de los
cumplimientos del calendario o de los criterios. Mi grupo tiene que
mostrar aquí su satisfacción por la postura firme que ha guardado el
Gobierno español en relación con las posibilidades que tendría un nuevo
impuesto sobre la energía, y nos gustaría escuchar al Vicepresidente
hablar de lo que hemos tenido que subrayar acerca de que cualquier
decisión que haya que adoptar en materia de impuestos sobre la energía
tiene que ser adoptada por unanimidad. Quisiéramos que nos dé una
previsión de cómo puede evolucionar el estudio que se está realizando
sobre la implantación de este nuevo impuesto.

Mi grupo tiene que felicitarse porque se haya logrado que los países que
cumplan los criterios y entren en el pelotón de cabeza en la Unión
Económica y Monetaria, puedan todavía ser beneficiarios de los fondos de
cohesión. Creo que el considerando número 16 que se ha conseguido
incorporar es un gran logro de la gestión del Gobierno español y, por
tanto, mi grupo lo saluda y felicita por estas cuestiones.

Tenemos la impresión de que el Consejo de Europa de Amsterdam va a dejar
cerrados multitud de los elementos que quedaron abiertos y pendientes de
discusión desde Dublín y que este Consejo de Europa va a ser la puerta de
la fase final del proceso de convergencia. No nos preocupa el calendario
que ha sido expuesto por el señor Vicepresidente, en el bien entendido de
que hemos podido anotar que todos los mecanismos y los indicadores
tendrán que estar dispuestos, y serán puestos a examen, a finales de
abril o principios de mayo. Creo que esta precisión es buena para el
proceso de la Unión Económica Europea, como creo que sería bueno que no
se volvieran a repetir ningún tipo de declaraciones que pongan en duda
algo en torno a este calendario y en torno a los criterios.

Sin más asuntos a los que referirme, simplemente quiero reiterar mi
felicitación al Gobierno por la muy buena marcha que está teniendo la
posición española de cara al próximo examen de la primavera de 1997. Mi
grupo espera con expectación el próximo debate de lo que creemos que es
importante en todo este proceso, que es el debate del pacto de
estabilidad, porque si es importante acceder en la primera fase,
consideramos que es más importante conocer cuáles van a ser las
condiciones de mantenimiento en la Unión Económica y Monetaria y cuáles
van a ser las derivaciones en lo que no dudamos va a empezar a ser un
debate en torno a la posible armonización de políticas fiscales y de
cobertura social.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente, señores
Diputados. Quiero, ante todo, agradecer el tono, como no podía ser de
otra manera, de todas las intervenciones y el detalle con las que éstas
se han producido.

Me gustaría en esta segunda intervención poder aportar, desde mi punto de
vista, las matizaciones a mi propia intervención, que han suscitado dudas
en SS. SS., y responder a aquellas cuestiones que han sido planteadas por
SS. SS. en nombre de sus grupos parlamentarios.

Se ha planteado el tema del destino de las multas en varias
intervenciones. Quisiera insistir primero en que las multas se producen
al tercer año del mantenimiento de un déficit excesivo y el criterio
general que se está planteando es que los países que pueden ser multados
son aquellos que van a recibir el retorno de las multas. Aquellos países
que nunca pueden ser multados, porque no son parte del euro, no
recibirían el retorno de las multas. Las multas, en cualquier caso,
tienen que comprender SS. SS. que son un ingreso extraordinario del
presupuesto comunitario, que no estará previsto en los acuerdos de las
perspectivas financieras del año 1999 y siguientes y que, por tanto, será
un dinero extra, si quieren llamarlo así. Parece lógico que el país
multado no reciba el dinero. Quiero decir que entre los países in el que
no va a recibir el dinero es el multado, porque ya comprenderán ustedes
que esto carecería de demasiada lógica. Por tanto, el universo de los
países beneficiarios de esas multas sería el de los países que pueden ser
multados pero que no lo han sido y que, por tanto, sí están cumpliendo
los criterios de estabilidad, los planes de estabilidad.

¿Cuál es el destino lógico que yo creo que va a haber? Creo que va a ser
un extorno que van a recibir esos países, que además tiene su lógica.

Pensemos: España, miembro de la Unión Económica y Monetaria, está
haciendo un esfuerzo presupuestario. Otro miembro de la Unión Económica



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y Monetaria no lo está haciendo. España es un país que puede ser multado,
pero no lo es porque cumple con sus obligaciones y, sin embargo, es
perjudicada, junto con los demás miembros que cumplen con sus
obligaciones de la Unión Económica y Monetaria, por un país que tiene un
déficit excesivo y, por tanto, compromete la política monetaria de los
países euro. En ese sentido, España y los demás países euro que cumplen
con su compromiso reciben en sus presupuestos un extorno que sería la
consecuencia de la multa que se le impusiera al país euro que no hubiera
cumplido. La posibilidad de que ese extorno fuera a todos los países,
también a los no miembros del euro, parece que no tiene respaldo en este
momento y quiero decir que me parece lógico que no lo tenga. Piensen
ustedes que hay países que no quieren formar parte del euro por razones
políticas absolutamente legítimas pero que claramente han dicho que
tienen una cláusula de opt out. Y hay otros países que aunque quieran
pueden encontrarse con dificultades para serlo. Esos países nunca podrían
ser multados. Por tanto, no parece lógico que puedan estar sometidos a lo
que pudiera ser un extorno, que vuelvo a insistir --aunque he visto que
ha llamado mucho la atención de SS. SS.-- que es un extorno al tercer año
de déficit excesivo. Por tanto, no creamos que ahí se va a producir una
acumulación de loterías imprevisibles, no lo creo. Pienso que si ha
llamado la atención a SS. SS. es porque debe llamársela pero no me parece
que tengamos que fijarnos en este tema para resolver problemas que
también han sido planteados respecto a las perspectivas financieras. En
este momento digamos que hay prácticamente una unanimidad sobre estos
criterios, es decir, que las multas cuando se generen reviertan a los
países que pueden ser multados y que no lo han sido y se está buscando la
fórmula de conseguir ese camino. El que si eso formara parte de políticas
comunitarias --ha sido planteado al final por el Grupo Socialista, pero
lo incorporo ahora--, tendría que ser aplicado a todos los países,
incluidos los que no quieren ser parte del euro, parece que no tiene
respaldo en este momento. Parece que lo más lógico y lo que en este
momento tiene más respaldo es que esto repercuta en los países que
cumplen sus objetivos de estabilidad y que son perjudicados, porque no
sólo hay que tener en cuenta que las multas deberían --hay un consenso
generalizado-- ser un retorno para los países que pueden ser multados, es
que además de ser los multados son los perjudicados, porque no olvidemos
que los países que tienen ya una moneda común y que tienen, por tanto,
una política monetaria común y unos tipos de interés comunes se ven
perjudicados porque hay un país que no cumple sus criterios de déficit y,
por tanto, desestabiliza la política monetaria común. O sea que no sólo
son los países que pueden ser multados, es que son los únicos que pueden
ser perjudicados, porque los demás países al no tener una política
monetaria común se encuentran con que el hecho de que haya un déficit
excesivo en un país euro ni les afecta ni les compromete. Esa es la
posición --y he recogido las opiniones de SS. SS.-- en la que se mueve en
este momento el Ecofin, respaldada tanto por los países que pretenden
formar parte del euro como por los países que no lo pretenden o por algún
país que en este momento plantea esa pretensión a medio plazo, que creo
que tiene una cierta racionalidad.

Siguiendo con las intervenciones de la portavoz de Eusko Alkartasuna, la
señora Lasagabaster, la discrecionalidad del Consejo existe, es decir, el
Consejo toma decisiones teniendo en cuenta todos los elementos que
quiera. Es verdad que la declaración institucional que se ha acordado
implica una voluntariedad política de los países miembros para cumplir el
procedimiento de déficit excesivo, pero no es menos cierto que en
concreto el artículo 104 del Tratado claramente introduce amplios
criterios de discrecionalidad política. Por tanto, el Consejo tomará sus
decisiones en función --y creo que se dice textualmente en el Tratado--
de todos los elementos que tenga a su alcance, como son los informes de
los países, los informes de la Comisión, informe del Ecofin y lo que al
Consejo en ese momento le parezca. Es verdad que el Consejo tiene ya una
serie de declaraciones y sobre todo va a tener una declaración que de
alguna manera indica un deseo de cumplir, salvo en circunstancias que el
Consejo apreciará, los procedimientos establecidos para el déficit
excesivo. Pero, en cualquier caso, el Consejo mantiene su
discrecionalidad política. Este ha sido un tema crucial desde el punto de
vista político --creo que el tema más importante--, y pienso que es un
tema no sólo legalmente lógico sino que además, desde el punto de vista
político, me parece imprescindible.

Los informes de la Comisión no son vinculantes. Nada es vinculante,
puesto que el Consejo toma sus decisiones por razones políticas; lo que
sí es cierto es que estamos en un mundo real, es decir, los países que
cumplan sus criterios o los que no lo cumplan. Pensemos además que la
Unión va a seguir existiendo y, por tanto, las decisiones se tomarán
dentro de lo que ha sido un juego de entendimiento entre los países
miembros. Tampoco son vinculantes los informes de los parlamentos; es
decir, no está previsto que los parlamentos nacionales informen, lo que
pasa es que parece lógico que cuando se produzca el debate del Parlamento
Europeo, cuyo informe no es vinculante pero que es un debate que
seguramente va a pesar políticamente sobre el Consejo, habrá muchos
países que hagan un debate. Algunos están obligados legalmente a producir
ese debate y me da la sensación, me atrevería a decir, que políticamente
todos los países van a producir un debate sobre esta cuestión. Me parece
difícil pensar que no se va a producir un debate sobre el momento de la
entrada en la Unión Económica y Monetaria que SS. SS. piensen que va a
suponer no sólo la posición de cada uno de los países, sino la posición
que nosotros tendremos con respecto a los demás países. En ese sentido me
parece que incluso algunas de las preguntas de SS. SS. en este caso ya
indican que SS. SS. están interesadas en cuestiones concretas de otros
países. El Parlamento Europeo es escuchado --sigo con sus preguntas,
señora Lasagabaster-- en el tema de los nombramientos del Banco Central
Europeo, pero la decisión es del Consejo, como es escuchado el Instituto
Monetario Europeo.

Los fondos de cohesión son fondos nacionales. Es verdad que hay acuerdos
políticos, establecidos en los años 1994 y 1995, en los que el Gobierno
central acuerda, con



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ayuntamientos y comunidades autónomas, asignar unas cantidades globales a
proyectos que le presentan directamente ayuntamientos y comunidades
autónomas, proyectos que no han sido territorializados y que son elegidos
en función de su calidad. Ese es el criterio que había hasta ahora y es
el criterio que este Gobierno ha mantenido. Además, parece lógico que los
fondos de cohesión sean nacionales, puesto que es el presupuesto nacional
el que aporta fondos a la Unión Europea, no son los presupuestos
territoriales de comunidades autónomas y ayuntamientos. Por lo tanto,
parece lógico que sea el presupuesto nacional el que pueda beneficiarse.

También parece lógico que el Estado central no sólo responda a sus
criterios políticos sino que esté dispuesto a aceptar prioridades
políticas en medio ambiente y en redes de transporte transeuropeas,
aunque ése es un tema más delicado, que también se está solucionando, de
las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Creo que en estos
momentos hay una situación satisfactoria, entendiendo siempre que éstos
son fondos nacionales y que hay una parte que está asignada por acuerdos
del Consejo de Política Fiscal y Financiera a propuesta de las
comunidades autónomas, aunque tampoco territorializadas. Supongo que cada
Gobierno trata de mantener un equilibrio al final del proceso. Este será
un proceso protagonizado por dos gobiernos de signo distinto; espero que,
cuando finalice el proceso en el año 1999 podamos mostrar que ha habido
un equilibrio entre comunidades autónomas, pero no existe un criterio de
reparto de los fondos de cohesión y se ha mantenido el criterio del
Gobierno anterior de que esos fondos se asignan a las comunidades
autónomas en función de la calidad de los proyectos. No está previsto en
este momento, en los fondos de cohesión, la financiación de Madrid-Dax.

Por tanto, no es una de las previsiones planteadas en este momento.

El señor Mardones, de Coalición Canaria, me plantea los temas referidos
al REF y a la ZEC. Quisiera decir que este tema no es debatido en los
ecofines, es un tema debatido entre el Gobierno español y la Comisión. En
ese sentido, quiero insistir en que el Gobierno ya ha transmitido
claramente a los comisarios más involucrados en este tema, los señores
Van Miert y Monti, que considera este tema prioritario, que además no
estamos ante unas ayudas nuevas, que la situación fiscal de Canarias
siempre ha sido distinta de la de la Península, y, en ese sentido,
estamos ante una novación o una situación de puesta al día de
instrumentos fiscales que ya existían en la relación interna fiscal
española. Por tanto, no estamos ante un programa de nuevas ayudas. El
segundo principio que hemos introducido es el de las zonas
ultraperiféricas, que son reconocidas en la Unión y también en la propia
Conferencia Intergubernamental, de la que Canarias es un claro ejemplo.

El tercer principio que hemos introducido es que hay precedentes en la
Unión Europea, como es el caso de Madeira o de Irlanda, y hay otros
precedentes menores, pero que también nos están sirviendo para discutir
esta cuestión. Desde luego, nosotros hemos transmitido, como sabe el
Gobierno canario, que éste es un tema de máxima importancia para el
Gobierno español, que lo estamos siguiendo muy de cerca. Creo que la fase
de intercambio de papeles técnicos está a punto de finalizar, si no ha
finalizado ya, y espero que en las conversaciones que mantenemos con los
comisarios Van Miert y Monti podamos llegar a un acuerdo, pues soy
plenamente consciente de la importancia de disipar incertidumbres sobre
este tema.

El señor Gangoiti me ha planteado algunas cuestiones que paso a
contestar. También me ha hablado de las multas. Vuelvo a insistir en el
criterio que en este momento goza del máximo consenso, que además creo
que es el que tiene sentido. Me ha planteado la fijación del tipo de
cambio. La fijación del tipo de cambio no está decidida, es un tema que
está por debatir en este momento. La posibilidad de que nos encontremos
ante países que produzcan devaluaciones en sus monedas para estar en una
mejor situación de tipo de cambio me parece difícil, primero, porque no
creo que el tipo de cambio sea el del día anterior aunque, vuelvo a
insistir, este tema no se ha debatido. Habrá que buscar una fórmula por
la cual el tipo de cambio reconozca la realidad de una economía,
independientemente de las situaciones de los mercados muy cerca de la
fecha. En ese sentido, no es fácil que los países miembros vayan a
aceptar situaciones absolutamente coyunturales. Segundo, y hablando desde
nuestro punto de vista, nuestra situación de mucha estabilidad cambiaria
se ha mantenido a lo largo del último año o del último año y medio y, al
mismo tiempo, está coincidiendo con una capacidad de exportación de
nuestra economía extraordinariamente importante. Quiero recordar a los
señores miembros de la Comisión que los datos del último mes de febrero
con respecto a ventas a la Unión Europea son extraordinariamente altos,
los más altos desde que nos incorporamos al Mercado Común en el año 1986.

En ese sentido, también hay que poner de relieve que se produce en un
momento en que los principales clientes, como son los países centrales o
grandes, no están en su mejor momento económico o están todavía en un
principio del ciclo y, sin embargo, la penetración española es
considerable, lo cual demuestra que la competitividad de nuestra economía
está creciendo por fórmulas mucho más estables y sanas, como son las
reformas estructurales y la disminución de los desequilibrios, mucho más
que por el tipo de cambio. En cualquier caso, éste es un tema pendiente
de debate, que sin duda es muy importante y al que el Gobierno español
dedica y va a dedicar una gran atención. Vuelvo a insistir en que creo
que en ningún caso ningún país va a pretender que sea el tipo de cambio
del día anterior. Creo que ésa es una posición difícilmente mantenible
por razones obvias. El día anterior puede haber movimiento de mercados
muy marcados que desvirtúen absolutamente la posición de los países en
una dirección y en otra.

En cuanto al redondeo, no creo que debamos tener una gran preocupación.

El redondeo va a ser de hasta seis décimas, por tanto bastante amplio. No
veo que vaya a afectar directamente a la inflación y va a haber monedas
de 20 y de 10 céntimos. Por tanto, no vería grandes problemas en la
cuestión del redondeo.

Coincido con el señor Gangoiti en el sentido de que la liberalización y
la desregulación es un tema esencial. Quisiera recordar a la Comisión que
el Gobierno, el pasado



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mes de febrero, aprobó un calendario de liberalización y desregulación
para el año 1997, con medidas concretas que el Gobierno está cumpliendo
en función del calendario. Creemos que es un plan de liberalización que
afecta principalmente a sectores energéticos, telecomunicaciones y al
sector del suelo. El Gobierno ya ha insistido en su preocupación por la
evolución que puedan tener los precios de algunos servicios, y estamos
vigilantes en esa cuestión. Coincido ampliamente con el señor Gangoiti,
primero, en que la sostenibilidad de nuestro proceso de convergencia está
en la liberalización y desregulación de mercados. Por ejemplo, uno de los
temas que en este momento se está poniendo sobre la mesa, un acuerdo para
una mayor liberalización de nuestro mercado laboral, es un elemento
esencial, que sin duda se suma a otras cuestiones como las que se
refieren a los adelantos que el Gobierno ha planteado y aprobado respecto
a las telecomunicaciones, adelantando los plazos de liberalización total
a las privatizaciones totales, como es el caso de Telefónica, y a los
procesos generales de desregulación en los mercados energéticos que se
desprenden del nuevo protocolo eléctrico.

En cuanto al Fondo de Cohesión, tiene vigencia hasta el año 1999. En el
caso de Irlanda, me pregunta S. S. qué sucedería si Irlanda antes de 1999
superara el 90 por ciento de renta, tengo la impresión de que no sucederá
mucho, porque seguramente Irlanda estará haciendo lo que estamos haciendo
todos los países, que es mandar proyectos plurianuales que garanticen
suficientemente el cumplimiento y la absorción del fondo de cohesión. No
descubro ningún secreto si les indico a SS. SS. que el año 1999, dados
los plazos que tiene normalmente la Comisión para aprobar un proyecto de
medio ambiente o de redes transeuropeas, no es el momento de presentar
los planes. Estos, como muy tarde, se presentarían en 1998. Eso es lo que
nosotros estamos haciendo y seguramente también los demás países. Por
tanto, creo que la suspensión de los fondos de cohesión asignados a
Irlanda, en el caso hipotético de que en la primavera de 1999 llegase al
90 por ciento de la renta europea, seguramente sería una declaración
formal más que en otro sentido. Si se produjese esa situación, en
cualquier caso nosotros tendríamos derecho a nuestro porcentaje del total
de los fondos de cohesión. Me da la sensación de que estamos ante una
discusión más teórica que práctica. Otra cosa es cuál sea la discusión de
las políticas de cohesión social a partir de 1999, que ha sido planteada
por otros portavoces y a la que me referiré más adelante.

El señor Homs me ha expuesto algunas cuestiones que paso a comentar y que
creo que son de interés general. Una de ellas es vincular la Conferencia
Intergubernamental con la negociación de la UEM. No están vinculadas y,
por tanto, no es tan fácil vincular formalmente una cosa con la otra. Los
acuerdos sobre la Conferencia Intergubernamental provienen de otros
acuerdos de los diversos consejos, como los de la UEM. Son, en principio,
repito, dos procesos paralelos pero no vinculados.

¿Cuál será la evolución en el tiempo? Si me preguntan SS. SS. si la
Conferencia Intergubernamental va a acabar sus trabajos en junio de 1997,
en este momento no me atrevería a pronunciarme. Debemos de tener en
cuenta, por otra parte, que hay un país que va a tener elecciones
prácticamente a principios de mayo, puede haber un cambio de gobierno y
en su política. Me refiero a Gran Bretaña. Veremos cuál es su posición en
la Conferencia Intergubernamental. También hay otros países que por
razones no electorales sino de fondo tienen posiciones sobre la citada
conferencia. No me atrevo a pronunciarme en este momento sobre si la
finalización es la prevista o si continuará durante la presidencia de
Luxemburgo. Lo que veo muy difícil de plantear políticamente, y que haya
un acuerdo entre los países, es vincular el proceso de Unión Monetaria
con el proceso de Conferencia Intergubernamental. Las estrategias que
cada país tenga seguramente son otra cuestión, pero me parece que la
vinculación formal de un proceso a otro en este momento es absolutamente
imposible, independientemente de si debió de serlo o no, si era
satisfactorio o no para los intereses de unos y de otros.

El señor Homs ha mencionado el programa de estabilidad español. Quiero
decirle que está siendo discutido con las comunidades autónomas y será
aprobado por el Gobierno en fechas próximas. Y está siendo discutido con
las comunidades autónomas por razones obvias, porque una parte del
déficit público les compete, y el Gobierno, como es natural, quiere
conocer su opinión. El señor Homs ha dicho que era optimista y posible.

Hablar sobre optimismo y pesimismo es siempre una discusión de difícil
concreción política. Probablemente es el menos optimista de los que hemos
conocido. Hemos conocido programas mucho más optimistas. Los crecimientos
medios del PIB de los programas anteriores eran superiores al que ahora
se prevé. La realidad de la que se partía y que se describía era
absolutamente distinta de la de ahora. Para que seamos más conscientes de
eso, le indicaré que la característica de los dos programas de
convergencia anteriores era que las realizaciones y los logros se daban
siempre al final del período y en éste va a ser justamente al contrario.

Por tanto, el compromiso político del gobierno que lo presenta va a ser
bastante más fuerte en este caso que en otros anteriores, en los que su
consecución siempre se fiaba a la última parte del período. Probablemente
esto tiene que ver con que nunca se hayan cumplido por los gobiernos que
los presentaban. En cualquier caso, ése es un debate que indudablemente
nos va a llevar tiempo. El Gobierno lo aprobará, lo remitirá al
Parlamento para su debate, como se ha producido en ocasiones anteriores,
y conoceremos entonces la posición de los diversos grupos parlamentarios
sobre el tema.

La reducción del déficit público ha sido planteada por el señor Homs
respecto a actuar de forma cautelosa bien por problemas que puedan tener
bien las comunidades autónomas, bien por políticas compartidas como la
sanidad. Yo quiero poner de relieve, primero, que en los cuadros que han
sido conocidos públicamente está claro que el Gobierno prevé una
reducción del déficit público con un mantenimiento importante de las
políticas sociales como consecuencia de una nueva situación de la
economía española, que no es nueva desde el punto de vista del año 1997,
pero sí respecto a 1996. Somos una economía que está creciendo hacia el 3
por ciento con muy baja inflación y con una contención del gasto público
que permite la reducción



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del déficit público. Esta circunstancia es nueva respecto al pasado pero
no al presente. Por eso, prever un plan de convergencia en el que sucedan
ese tipo de cosas, a este Gobierno le parece simplemente responder a su
propia política económica, que ya en este momento está produciendo ese
tipo de efectos. Por tanto, SS. SS. conocerán seguro el plan de
convergencia del Gobierno, pero les anuncio que lo que va a contener es
la política económica que ya estamos realizando. No vamos a traer aquí un
plan de convergencia para asegurar a SS. SS. que haremos otra política
económica para conseguirlo. Ese ejercicio ya lo hemos hecho en otras
ocasiones; nunca nos ha servido para nada, hablo desde el punto de vista
de los españoles, y creo que es mejor ir a otro en que un gobierno
presente un plan de convergencia que engarce con su política actual, no
con la que dice que va a hacer dos años más tarde.

Desde el punto de vista de la sanidad, quiero insistir en que en 1997 el
Gobierno ya ha aumentado su financiación por encima de lo que eran los
compromisos a los que estaba obligado; no sólo ha aumentado la sanidad
por la evolución del PIB, sino que ha aumentado 75.000 millones más. Y
respecto a los acuerdos que son objeto de debate en esta Cámara, yo no
quisiera ahora anticiparme, pero sin duda la evolución del gasto
sanitario tendrá que ver con los índices de su propia evolución, y el
Gobierno espera las conclusiones de la Comisión de Sanidad para efectuar
el debate acerca de cuál deba ser la base sobre la que se establezca el
gasto sanitario. Como el señor Homs estaba preocupado porque nosotros lo
estuviéramos a nuestra vez por este tema, quiero transmitirle, cosa que
él ya sabe, que en el año 1997 hemos demostrado nuestra firme voluntad de
asegurar una financiación de la sanidad pública suficiente que garantice
las prestaciones a los ciudadanos.

Respecto a las comunidades autónomas, se está llegando a acuerdos en
tiempo y plazo con todas ellas sobre la financiación autonómica. Algunas
no están de acuerdo con un determinado sistema de financiación, pero en
cualquier caso hay un sistema nuevo de financiación de las
administraciones públicas de régimen común. Y lo que sí quisiera poner de
manifiesto es que la evolución de la financiación de las comunidades
autónomas va a ir ligada al crecimiento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas o de una cesta de tributos que sin duda les va a
situar en crecimientos de su financiación similares a los que tenga el
Estado, por tanto, en un sistema de financiación mejor que el que había
hasta este momento. Eso indica que el mayor esfuerzo de reducción del
déficit público, ya en los propios programas que el Gobierno ha ofrecido
y en los que está trabajando, no recaen sobre las administraciones
territoriales, sino sobre el Estado central. En ese sentido me parece que
aunque deba haber un esfuerzo coordinado, conjunto, como el que ha habido
hasta ahora, los objetivos de reducción del déficit público por unos y
por otros van a ser equilibrados y claramente el Estado central va a
hacer un esfuerzo yo diría que sustancial en ese tema.

Quisiera poner de relieve a SS. SS., porque creo que es un tema
importante, que cuando hablamos de reducciones del déficit público en
términos de PIB no estamos hablando en términos monetarios. Algunas
veces, cuando se ven estos cuadros, puede darse esa confusión. Cuando
hablamos de reducciones de déficit público en términos de PIB podemos
estar hablando, y estamos hablando realmente, de aumentos del gasto
público en términos monetarios. Nosotros esperamos que la evolución de la
inflación en España en los próximos años permita aumentos de gasto
público un poco superiores al aumento de los precios, lo que supone que
la combinación de crecimientos económicos sostenidos en la línea en la
que estamos en este momento, con reducciones de los precios y contención
del gasto, pueda dar una mezcla de política económica en la cual podamos
reducir el déficit público sin aumentar la presión fiscal y, al mismo
tiempo, mantener las políticas de cohesión. Esto que les describo es lo
que está pasando en el año 1997 y puedo decirlo con la seguridad de quien
lo está realizando y no lo plantea simplemente como un ejercicio hacia el
futuro de posibilidades o simplemente de voluntarismo.

Desde el punto de vista de las sanciones y la distribución de las mismas
entre las administraciones públicas, el señor Homs ha planteado este
tema, y yo quiero recordar a SS. SS. que en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera del mes de enero hubo un acuerdo por unanimidad de todas las
administraciones, las autonómicas y la nacional, para respaldar los
criterios que tienden a una estabilidad macroeconómica conseguida a
través de una estabilidad presupuestaria, y también para establecer un
sistema de déficit excesivo en el cual ya está trabajando el Consejo de
Política Fiscal y Financiera en una comisión creada al efecto el pasado
mes de enero. Por tanto, debemos ser conscientes de que hay una voluntad
por parte de las administraciones territoriales españolas de someterse a
unos criterios de disciplina presupuestaria, por cierto voluntad que no
ha surgido ahora, sino que ya surgió en los actuales planes de
convergencia, y que los mayores incumplimientos de esos planes de
convergencia, desde el punto de vista del déficit público, no han venido
en el pasado de las administraciones territoriales, y aunque no sea mi
función defenderlas en este momento sí quiero decir que la Administración
central ha incumplido en más ocasiones, no en el año 1996 ni en el año
1997, pero sí en ejercicios anteriores. En este momento creo que el
Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene su expresa intención de
someterse a los criterios de estabilidad y de establecer un procedimiento
de déficit excesivo interno en España, y habrá que ver cuáles son las
conclusiones a las que llega la voluntad del Gobierno central y de las
administraciones territoriales.

Creo que tanto en el caso del PNV como de CiU me han hecho preguntas
sobre el tema de Bélgica que también me han hecho después algunos otros
portavoces. Los programas de convergencia de Bélgica prevén una evolución
de la deuda desde el 124.1 en el año 1998 al 117.8 en el año 2000. Prevé,
por tanto, una evolución del déficit público desde el 2 por ciento en el
año 1998 al 1,1 en el año 2000; un crecimiento del PIB del 2,6, 2,7 y
2,5, y un superávit primario muy fuerte, del 6,2, del 6,5 y del 6,5,
imprescindible para un país que tiene este nivel de deuda pública y que
por tanto necesita niveles de superávit primario extraordinariamente
fuertes. Este es el escenario macroeconómico



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probable, hay otro denominado prudente por parte de las autoridades
belgas que paso a comentarles, en el cual la deuda pública bajaría no a
117, sino a 120 en el año 2000, el crecimiento sería lineal del 2 por
ciento y el déficit público se quedaría en el 1,4 en el mismo año, en vez
de en el 1,1 en el escenario probable, como situaban anteriormente. Eso
por lo que se refiere al caso belga.

El señor Homs ha hecho algunas referencias a las perspectivas financieras
y a los fondos de cohesión en el futuro que también ha hecho el señor
Costa y que voy a contestar cuando me refiera a la intervención del señor
Costa.

Paso a comentar la intervención del señor Alcaraz, que dice de entrada
(cosa que por otra parte su grupo ha dicho en muchas ocasiones y él mismo
en esta Comisión, al menos que yo recuerde) que no comparte el proceso de
convergencia ni la modestia de la Conferencia intergubernamental.

Partimos de posiciones no coincidentes con respecto al proceso de
convergencia y también plantea que su grupo va a pedir un referéndum
sobre la Unión Económica y Monetaria. Yo quisiera decir que mi grupo
tampoco comparte esa previsión. Creemos que el debate sobre la Unión
Económica y Monetaria, como el del Tratado de Maastricht, deben ser
debates que se produzcan en el Parlamento, que es donde están los
instrumentos posibles para plantearlos. Probablemente los españoles ya
tenemos constancia de que el sistema de referéndum no siempre produce los
efectos que se solicitan de él. En cualquier caso, hay una voluntad, que
ya está expresada en la votación del Tratado de la Unión, de formar parte
de la Unión Económica y Monetaria, puesto que España no han planteado en
la negociación del Tratado de Maastricht una cláusula op-out ni ha sido
planteada en el Parlamento español; por tanto, nosotros, en principio,
formamos parte del grupo de países que en el año 1999, y si cumplimos los
requisitos, que los vamos a cumplir, formaremos parte de la Unión
Económica y Monetaria, no como otros países, como es el caso de Dinamarca
y de Inglaterra, que claramente habían dicho ya en la negociación del
Tratado de Maastricht que, independientemente de su cumplimiento de los
requisitos, querían estar liberados de la situación automática de formar
parte de la Unión Económica y Monetaria.

En resumen, hay una decisión en esta Cámara del Tratado de Maastricht,
votado ampliamente, que indica esa voluntad, y por consiguiente plantear
un referéndum en este momento es una decisión política que yo, como es
natural, respeto, pero que no comparto, entre otras cosas porque la
decisión política ya está tomada por esta Cámara, y tengo la impresión de
que además será ratificada si España cumple las condiciones, de manera
política, aunque legalmente nosotros tenemos ya un compromiso en el
Tratado de Maastricht, que fue aprobado parlamentariamente con una amplia
mayoría y que ha sido ratificado en sucesivas elecciones generales por
los partidos que llevaban como uno de sus objetivos primordiales en sus
programas la convergencia en la Unión Económica y Monetaria para España.

En cualquier caso, cuando su grupo plantee el referéndum, ya tendremos un
debate sobre el mismo, no sé si conmigo, con los grupos o con el Gobierno
y los grupos, pero en cualquier caso yo ya le adelanto cuál es la
posición del Gobierno.

Ha dicho que en terreno monetario hay una convergencia, pero no en el
político. Yo discrepo de su señoría. En este momento hay una convergencia
en el terreno monetario; nuestros tipos de interés están bajando, pero
hay una convergencia clara en el terreno real; nuestra inflación está
bajando; nuestro déficit público se está aproximando al de los países más
estables; nuestro crecimiento es superior al de los países más estables,
y nuestra creación de empleo es superior a la de los países más estables.

La intensidad de la creación de empleo en España en este momento, del 2
por ciento, es bastante superior a la de otros países, por tanto, S. S.

puede tener las valoraciones políticas que quiera, faltaría más, pero
desde luego desde el punto de vista económico no podemos coincidir al
decirme que estamos simplemente en un proceso de convergencia monetaria,
para nada; estamos en un proceso claro de convergencia real desde el
punto de vista de las realidades macroeconómicas de nuestro país.

La economía española es hoy una economía mucho más estable de lo que era
hace muy poco tiempo, y no sólo es mucho más estable desde el punto de
vista macroeconómico, sino que los ciudadanos perciben que hoy un aumento
de negociación salarial del 3 por ciento supone una ganancia de poder
adquisitivo, y me parece que eso sí es importante. Y que los pensionistas
españoles en 1996 han ganado poder adquisitivo como consecuencia de que
la inflación ha sido inferior a la prevista. En ese sentido me parece que
estamos ante ganancias reales y que el ritmo de creación de empleo en el
último trimestre de 1996 y en el primero de 1997 demuestra claramente que
estamos ante una intensidad de creación de empleo notable y muy superior
a la de nuestros competidores europeos. Por tanto, S. S. puede hacer las
valoraciones políticas que quiera, para eso estamos, pero desde el punto
de vista económico no puedo coincidir en que estamos simplemente ante una
aproximación monetaria, si es que se refiere a tipos de interés.

En cuanto al clima político, yo creo que en este momento la estabilidad
del Gobierno es máxima y, por tanto, no sé qué determina el clima
político más que la estabilidad del Gobierno. A partir de ahí, las
divergencias políticas me parecen --no sé si la palabra es
imprescindibles-- lógicas; los partidos no coincidimos, especialmente los
que están en la oposición y los que están en el Gobierno, pero me parece
que el clima político no puede ser más estable.

Respecto a adelanto de campañas electorales, no sé en qué se basa S. S.

para prever un adelanto de campañas electorales a nivel nacional. Si se
refiere a otro tipo de campañas electorales, comprenderá que yo no puedo
hacer en este momento, desde el punto de vista nacional, ninguna
valoración sobre esas cuestiones, que competen a otras administraciones y
a otros parlamentos.

Creo que esto ya lo discutimos en mi última comparecencia, no estamos
ante un ajuste permanente. Estábamos antes ante políticas de ajuste
permanente porque estábamos permanentemente desajustados. Las políticas
de expansión



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de la demanda a base de déficit públicos crecientes, de falta de
regulación y de falta de liberalización de mercados nos han llevado a los
españoles a vivir perpetuamente en ajustes que nunca producían efectos,
porque estábamos siempre desajustados. En este momento nuestras rentas
crecen por encima de la inflación, la economía está ajustada y estamos
creciendo en empleo y en crecimiento del producto interior bruto por
encima de nuestros competidores. Por tanto, no estamos en ningún ajuste.

Si a lo que S. S. llama ajuste es que el déficit público en España
decrece, sí, pero eso no me parece una política de ajuste, sino una
política imprescindible para crear empleo. Me parece imposible crear
empleo en este momento, no ya en Europa sino en el mundo, con políticas
en las que el déficit público crezca, porque automáticamente tendrá usted
desajustes, y si tiene usted desajustes, antes o después tendrá que
intentar ajustarlos. Ahí es donde vienen las políticas de ajustes. Por
tanto, no espere S. S. políticas de ajuste del Gobierno del Partido
Popular. Puede esperarlas de otros. Si la experiencia es la madre del
conocimiento, la experiencia nos puede decir que hay otros que sí nos han
llevado a políticas de ajustes. El Partido Popular no está en una
política de ajuste. Estamos en una política de estabilidad
macroeconómica, que es la que nos puede permitir crecer establemente a lo
largo de los próximos años, crear empleo y además mejorar el poder
adquisitivo de nuestros ciudadanos. En ese sentido, no estamos ante
ajustes duros ni ajustes permanentes ni nada parecido. El sector público
está reduciendo el déficit público y eso me parece extraordinariamente
positivo para la credibilidad y para el bienestar de los ciudadanos. Con
un presupuesto tan estricto como el del año 1997, quiero recordar a S.

S., y especialmente al señor Alcaraz, que ni pensiones ni sanidad han
sufrido ningún tipo de recorte. Además, cuando debatamos el programa de
convergencia y de estabilidad del Gobierno podremos ver claramente lo
bueno que es para la cohesión social interna y para las políticas de
solidaridad tener economías estables.

¿Hay una transferencia de soberanía al Banco Central Europeo? La hay, es
cierto. Pero ha habido una mayoría parlamentaria en esta Cámara que es
partidaria de esa transferencia de soberanía en un proceso de integración
europea. ¿Por qué somos partidarios? Voy a poder contestarle al menos en
nombre del Gobierno. Porque si la economía europea quiere tener una
identidad propia que sea reflejo de su peso internacional, claramente
tiene que tener un proceso de integración financiero y real creciente. La
última semana nos demuestra claramente que aunque tengamos un PIB
acumulado similar al de Estados Unidos y el número de ciudadanos europeos
y su renta per capita sea comparable a la de Estados Unidos, los mercados
financieros americanos tienen todavía una influencia no siempre
entendible sobre la realidad europea. Si Europa quiere tener una
evolución de su política monetaria que responda a sus necesidades y a su
propio ciclo, claramente tiene que ir a procesos de integración. Si no,
se encontrará con situaciones como las que hemos vivido la semana pasada,
o todavía se han vivido con más intensidad en 1994 y en 1987. En ese
sentido, a mí no me cabe ninguna duda que la respuesta europea al proceso
de globalización mundial es el proceso de integración. España está tan
interesada como el resto de los países europeos en que Europa, que forma
ya una entidad económica cada vez más integrada, tiene que tener una
respuesta que garantice que su tamaño económico al mismo tiempo tiene el
suficiente peso, desde el punto de vista de los mercados financieros,
para poder tener su propio ciclo económico, que no se vea absolutamente
determinado por decisiones tomadas en otros lugares en función de los
propios ciclos económicos, en este caso, y sobre todo, el de Estados
Unidos.

Me plantea S. S. la posibilidad de que haya restricciones en la inversión
pública. No las veo si el Gobierno mantiene su política económica que
garantiza el crecimiento. Como vamos a poder comprobar en el debate del
plan de estabilidad, no es esa la previsión que tenemos. Si plantea S. S.

el que haya un recorte presupuestario en el año 1997, en este momento el
Gobierno tampoco lo ve. La evolución del presupuesto en los tres primeros
meses es satisfactoria y el Gobierno ve que esa evolución, tanto en los
ingresos como en los gastos, es la prevista. Es verdad que es un
presupuesto muy ambicioso desde el punto de vista de la contención del
déficit, del nuevo aumento de la presión fiscal y del mantenimiento de
las políticas de solidaridad social, pero el Gobierno está para hacer
presupuestos ambiciosos no para hacer presupuestos que produzcan
desajustes. Por tanto, el Gobierno lo que tiene que hacer es cumplir ese
presupuesto ambicioso, y lo está haciendo.

No comparto la afirmación de S. S. de que el fraude está sin persecución.

Hay un plan muy importante de lucha contra el fraude, y cuando veamos las
cifras de evolución de los ingresos en el año 1997, su señoría podrá
tener una opinión más fundada sobre esta nueva cuestión.

Ha hablado de un matiz coyuntural. Es verdad que los datos de creación de
empleo y de aumento de cotizantes a la Seguridad Social en el mes de
marzo están influenciados por la Semana Santa. Pero también es verdad que
están influenciados por el 31 de marzo, y esta fecha ha caído al
finalizar la Semana Santa. El 31 de marzo es cuando la gente se apunta al
desempleo como consecuencia de la finalización de los contratos
temporales. Por tanto, aunque no voy a discutir los efectos positivos de
la Semana Santa, en este año hay un dato que también hay que tener en
cuenta.

Independientemente de las matizaciones temporales que queramos hacer, que
sin duda todas ellas deben ser hechas, de lo que no cabe duda es que la
creación de empleo en este momento en España es más alta que la de
nuestros competidores y más alta que la del año anterior. En ese sentido
todos debemos estar satisfechos de esa intensidad de creación de empleo.

Todavía es más importante que en un ambiente como este los interlocutores
sociales sean capaces de dar una respuesta en España a lo que es la
necesidad de aumentar las posibilidades de empleo, modernizando nuestro
sistema de contratación. Y como el Gobierno ha puesto de manifiesto, y
aprovecho esta ocasión para hacerlo una vez más, el hecho de que los
interlocutores sociales españoles sean capaces de producir modificaciones
y modernizaciones del mercado laboral nos sitúa en el caso en el que
todos los demás países europeos tienen.




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El inmovilismo de algunas situaciones sociales en Europa no es el que se
está produciendo en España. Eso me parece que también es un elemento
importante que demuestra la capacidad de la sociedad española, y no de un
determinado gobierno, de responder a los desafíos que en ese momento se
están produciendo y que sin duda están ligados a un proceso de
internacionalización y de globalización de la economía.

Ha dicho S. S. que Alemania puede imponer condiciones no escritas. Ni
Alemania ni nadie está poniendo condiciones. Las condiciones están
escritas en el Tratado y están votadas por los países, y son las
condiciones de convergencia en los plazos establecidos en el Tratado; no
hay ninguna otra condición. Por tanto, no hay condiciones no escritas de
nadie, ni nadie las ha planteado, ni creo que nadie las va a aceptar.

Vuelvo a insistir en el tema de los tipos de cambio porque S. S. lo ha
mencionado como una posibilidad de que fuera una compensación. En los
tipos de cambio de conversión de las monedas nacionales al euro todavía
no han sido fijados los criterios. Estos tendrán que ser, primero,
iguales para todos, como es natural, y, segundo, no pueden depender de
una circunstancia coyuntural de mercados. En ese sentido, se podrá llegar
a un acuerdo razonable entre los países que permita una incorporación de
cada realidad económica a un tipo de cambio que haya demostrado su
efectividad.

Con respecto a los fondos estructurales del año 1997, quisiera insistir
en algo que remití a la Cámara en mi informe, ya que no pude traerlo
personalmente, pero que vuelvo ahora a resaltar. Aceptamos un presupuesto
de 1997, pero exigimos, primero, que para condicionar nuestro voto
favorable el Consejo reiterara su compromiso de reformar las OCM de
productos agrícolas mediterráneos, sin discriminarlas por razones
financieras, y también a que se excluyeran del recorte en fondos
estructurales los créditos de pago vinculados a los marcos comunitarios
de apoyo del objetivo uno: fomentar el desarrollo y el ajuste estructural
en las regiones menos desarrolladas. Esta solución fue la que finalmente
se aprobó. Por tanto, nosotros, en el año 1997, que contribuimos a un
voto de un presupuesto comunitario muy estricto, sin embargo garantizamos
que nuestros intereses iban a estar protegidos.

Esta decisión respeta los acuerdos de Edimburgo, ya que no ha modificado
los créditos de compromiso propuestos por la Comisión en el anteproyecto.

Los créditos de compromiso no se están recortando en el año 1997, son los
que determinan el nivel de ayudas y, por tanto, la decisión no perjudica
a España. En ese sentido, quiero aclarar, como ya lo hice por escrito
pero lo vuelvo a reiterar en este momento, que nuestros intereses, que
están sobre todo en los créditos que garantizan la cohesión y que están
respaldados por la Cumbre de Edimburgo en un acuerdo interinstitucional,
no han sido perjudicados en el año 1997 y no lo van a ser en 1998. Nadie
lo ha planteado y no hay manera de que se pueda plantear. El Gobierno
español tiene ahí una posición no sólo firme sino sólida. Porque hay que
tener posiciones firmes que sean sólidas. Esa es una posición firme y
sólida que proviene de acuerdos anteriores. Este gobierno no tiene por
qué decir que son acuerdos que ha conseguido él exclusivamente, pero son
acuerdos que nos dan una solidez a la que en este momento no tenemos por
qué renunciar, y no creo que nadie vaya a pedirnos que renunciemos a
ella.

La posibilidad --y con esto termino de responder al señor Alcaraz-- de
condicionar los fondos de cohesión a los déficit es una discusión en la
que España siempre ha mantenido una posición --es verdad que no una
posición unánimemente compartida por otros países-- y es que los
programas de convergencia obligan al final del proceso. La Comisión y la
mayor parte de los países entienden que los programas de convergencia
obligan en cada año del proceso. La discusión hubiera estado, en el caso
español --y con esto contesto también a una referencia del señor Costa--,
habida cuenta de que el Gobierno español incumplió el Programa de
Convergencia en el año 1995, en que podrían habernos sancionado con los
fondos de cohesión del año 1996. La garantía del cumplimiento del
Programa de Convervencia en el año 1996 ha obviado ese debate. Desde el
punto de vista legal, España mantiene su posición de que los fondos de
cohesión sólo pueden ser afectados por la totalidad del incumplimiento
del Programa de Convergencia, por su incumplimiento al final y no a lo
largo de unos determinados años, pero ese debate en este momento no está
planteado, habida cuenta de que España sí está cumpliendo en los años
1996 y 1997 su Programa de Convergencia.

Paso ya a contestar al señor Costa, del Grupo Socialista. Me dice S. S.

que debería informar de cada uno de los ecofines. Yo estoy a lo que me
diga la Comisión, pero hay algunos ecofines en los que no cerramos
asuntos y creo que le he hecho un resumen completo a SS. SS. Ha dicho que
he pasado por encima de los temas más conflictivos para España. Pues si
ha sido así, ya él ha tratado de que me centrara en ellos y, por lo
tanto, le agradezco su ayuda para que no se pase por encima de ese tipo
de temas.

Respecto a las perspectivas financieras del próximo presupuesto, no de
las que ya están cubiertas, España ha mantenido la posición de que esas
perspectivas no pueden negociarse hasta que no finalice la Conferencia
Intergubernamental. Esa posición es la que nos conviene y lo que no
podemos pedir es que no se discutan las perspectivas financieras hasta
que no finalice la Conferencia Intergubernamental, pero que sí se
discutan. Eso es muy difícil y, además, creo que entraríamos en un debate
que en este momento no nos interesa. Es indudable que las perspectivas
financieras a partir del año 1999 van a estar marcadas por posiciones
políticas de los países y algunos países ya las están exponiendo. Hacen
bien en decirlas, ya veremos si las mantienen. Sin duda, una parte
sustancial de las perspectivas financieras del próximo presupuesto
comunitario es la ampliación. Son plenamente conscientes SS. SS. de que
la ampliación está por definir en muchos temas. Todos somos partidarios
de la ampliación pero, ¿cuántos países van a entrar, van a ser objeto de
la ampliación? ¿En qué condiciones? ¿Va a cambiarse el acquis comunitario
para la ampliación o van a acomodarse los nuevos países al acquis
comunitario? Este es un debate básico. Todos estos



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debates están por hacer. ¿Que interesan a España? Sin duda, pero no sólo
a España. Nosotros tenemos nuestros compromisos establecidos hasta el año
1999 y hemos impuesto en la Cumbre de Madrid que no se discuta nada hasta
que no finalice la Conferencia Intergubernamental. Probablemente --y yo
creo que con razón-- esa imposición nos beneficia; sin duda se va a abrir
un debate, pero un debate que en parte está marcado por la situación
presupuestaria actual de algunos países y, en parte, está marcado por
algo que todavía nadie puede definir, que es el proceso de ampliación. Yo
pienso que lo que España tiene que hacer es mantener sus posiciones, no
permitiendo que se puedan incumplir los compromisos ya adquiridos --cosa
que puede hacer, en el presupuesto de 1997 lo ha hecho, en los
presupuestos de 1998 y de 1999-- y cuando comience la discusión de las
perspectivas financieras veremos todos los temas que entonces se ponen
encima de la mesa. Sin duda se van a poner las políticas de cohesión
interna de la Unión, se va a poner encima de la mesa la contribución de
los países, cuál sea el presupuesto comunitario en relación al PIB, cuál
sea la ampliación, quiénes sean los miembros de la ampliación, en qué
condiciones entren, qué políticas comunes haya que variar como
consecuencia de la ampliación y quién esté dispuesto a variarlas. Ese es
un debate con el que sin duda nos vamos a encontrar y SS. SS. van a tener
oportunidades yo me atrevería a decir que más que suficientes para
profundizar en este tema con el gobierno que entonces sea responsable,
que seguramente será el del Partido Popular, pero en cualquier caso es un
debate que los españoles hemos elegido --yo creo que acertadamente-- no
adelantarlo. En este momento no veo ninguna razón para que nosotros
estemos planteando, en el Ecofin ni en ningún otro lugar, un debate que
otros países sí querrían adelantar y que nosotros estamos exigiendo que
no se adelante. Porque no queremos aceptar ahora compromisos que no
sabemos en qué condiciones se van a producir. Vuelvo a repetir que la
ampliación es un elemento determinante del próximo presupuesto. En ese
sentido, yo creo que España debe ser un socio leal, como lo es;
garantizar que es un socio solidario, como lo es; exigir que las
políticas de solidaridad y de cohesión sean políticas estables de la
Unión Europea, como deben serlo, pero también hay que ser consciente de
que nos vamos a encontrar en unas circunstancias distintas, no por lo que
ya vemos que está sucediendo en cada uno de nuestros países, sino porque,
además, hay un proceso de ampliación y en este momento tenemos que ver
exactamente cómo va a ser, qué países van a formar parte, qué efectos va
a tener sobre las políticas comunes, qué plazos de adaptación se va a dar
a esos países y si al final nos encontramos con un presupuesto
comunitario que represente el 1,27 del PIB, como quieren algunos países,
o más. Yo creo que menos no va a ser fácil. En ese sentido creo que
España debe realizar sus trabajos internos y la Administración central
los está haciendo, como no podía ser de otra manera, pero no creo,
sinceramente, que nos interese adelantar ese debate.

Ya he hecho referencia al tema de las multas. Creo que las multas no
forman parte del presupuesto comunitario, sino que son un extorno que
recibe el presupuesto por unas circunstancias que afectan sólo a unos
determinados países y, por lo tanto, el consenso sobre eso, que yo
comparto y que el Gobierno comparte, es que deben referirse a esos
países. Y hay que ver, desde un presupuesto comunitario, cómo pueden esos
países recibir unas determinadas cantidades que probablemente puedan
estar asignadas a determinadas políticas pero que seguramente estarán
asignadas a mejorar sus situaciones presupuestarias internas que, al fin
y al cabo también tiene relación con el perjuicio, que ha podido
causarles el país que no ha tenido esa política de cumplimiento de su
programa de estabilidad.

El señor Costa dice que tenemos una buena situación económica respecto a
la herencia recibida. Ese es un debate que vamos a dejarlo para otro
momento. No le haré la relación de la herencia recibida, pero si
simplemente nos fijamos en el diferencial de intereses con Alemania, será
usted consciente de que el presente es bastante mejor que la herencia,
aunque no creo que a las dos menos cuarto de la tarde el señor Costa me
tome a mal que le diga que no estoy de acuerdo con él, pero que ese
debate lo tendremos pronto, cuando presentemos el plan de convergencia; y
seguramente será un debate recurrente entre su grupo y el mío y entre
otros grupos.

Hay algo que sí le tengo que comentar. Dice: dudas del Grupo Popular
superadas. No, las dudas que se han superado son que la economía española
pudiera formar parte de la Unión Económica y Monetaria, que eran muchas,
y en este momento parece ser que usted no las tiene y que se han reducido
notablemente. El Grupo Popular ¿tenía dudas de que con la política
económica anterior formáramos parte de la Unión Económica y Monetaria?
Sí, muchas. ¿En este momento tiene dudas? Bastantes menos. ¿Esta es una
posición que comparten la mayor parte de los mercados y de las
instituciones nacionales e internacionales? Sí. Tenían muchas dudas antes
y tienen muchas menos ahora. Pero sobre el Grupo Popular, con respecto a
la Unión Económica y Monetaria, creo que S. S. no puede afirmar que
nosotros tuviéramos más dudas que las que se generaban de la gestión
económica del anterior gobierno.

Sostenibilidad. La sostenibilidad, que preocupa al Grupo Socialista --y
yo le agradezco esa preocupación--, va mejorando. Porque en los años
1993, 1994 y 1995 teníamos déficit públicos superiores al 6 por ciento y
ahora son inferiores. Por tanto, va mejorando. Yo espero que la
preocupación de S. S. se mantenga a lo largo de los próximos años, puesto
que la preocupación del primer grupo de la oposición en la sostenibilidad
del presupuesto es estupenda, y si, además de preocupación, dieran un
paso más e hicieran alguna propuesta, seguramente nos enriquecerían
mucho.

Expone S. S. su preocupación sobre el encarecimiento del petróleo. Sin
duda éste es un tema preocupante para una economía tan dependiente de la
energía exterior como es la española. Sin embargo, está produciéndose un
encarecimiento del precio del petróleo, para ser estrictos, como
consecuencia de la apreciación del dólar, que, por otra parte, parece que
no está en una evolución sin fin, pero al mismo tiempo se está
produciendo un abaratamiento del precio en dólares del petróleo. Digamos
que la conjunción



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de la apreciación del dólar está coincidiendo con una rebaja del precio
del petróleo que sin duda nos beneficia; si una primera situación nos
perjudica, la otra nos beneficia. En este momento el Gobierno no ve
problemas desde el punto de vista del efecto de la energía en el coste o
en la evolución del índice de precios al consumo.

Ha manifestado S. S. --lo ha dicho el señor Alcaraz antes-- que tenía
dudas sobre las previsiones de ingresos. Las dudas son libres,
indudablemente, pero en este momento no comparto esas dudas; la evolución
de los ingresos es satisfactoria. En ese sentido, es bueno que la Cámara
mantenga su control sobre el Gobierno en estas cuestiones, pero le
insisto en que la evolución de los ingresos y de los gastos, pero en
concreto de los ingresos --que S. S. ha dicho que le preocupaban--, es
satisfactoria.

En cuanto al Programa de Convergencia, que ha sido objeto también de
referencia por parte de S. S., así como de otras, ha preguntado qué
políticas. Las que estamos aplicando. La diferencia de este Programa de
Convergencia con anteriores es que no supone un cambio de política del
Gobierno. Lo que va a pasar es lo que está pasando. Por eso podemos hacer
un programa en el que digamos que la mayor parte de las mejoras
macroeconómicas se van a producir en los años 1997 y 1998 y no vamos a
dejar las grandes mejoras, desde el punto de vista del déficit público o
de la inflación, para la última parte del Programa de Convergencia, cosa
que era una constante en programas de convergencia anteriores.

Ha dicho una frase que no quisiera sacar de contexto, pero sí quiero
enfatizar mi desacuerdo. No es necesario recortar el Estado del bienestar
para reducir el déficit público. No lo es. Por tanto, no tratemos de
transmitir a la opinión pública española que en las circunstancias
actuales y con la previsión económica en la que nos encontramos, con la
reducción de los desequilibrios y el asentamiento de una situación de
estabilidad, es necesario un recorte del Estado del bienestar. No es así,
no lo es; por tanto, no lo digamos. Es más, si la evolución de la
economía europea es la que prevén otros países --y acabo de leerles a
ustedes lo que prevén crecer los belgas o los alemanes, lo puedo comentar
también; por tanto, nuestro diferencial de crecimiento con ellos va a ser
el que en este momento se está produciendo, no muy distinto-- si la
previsión del crecimiento europeo es la que en este momento defienden la
mayor parte de los gobiernos europeos, vamos a poder tener una evolución
cada vez más estable de la financiación de la Seguridad Social, que
demuestre a los ciudadanos que estamos mejorando esa financiación de la
Seguridad Social, al mismo tiempo que reducimos el déficit público. Por
tanto, creo que no debe decirse que hay que recortar el Estado del
bienestar como necesidad de un programa de estabilidad. Si algún grupo
cree que debe hacerlo, que lo proponga él, pero nosotros no lo
proponemos. Quisiera dejarlo bien claro desde el punto de vista del
Gobierno y del Partido Popular.

Ya he hecho referencia a las perspectivas financieras, pero el señor
Costa ha dedicado a ello buena parte de su intervención. Desde luego, en
cuanto al año 1998 --y con esto paso a su último punto-- no estoy
preocupado. Creo que tenemos una posición firme y sólida, como ya hemos
demostrado en el año 1997, y la vamos a mantener, sin que eso quiera
decir, como es natural, que vamos a estar en un ambiente en el que va a
haber --y España coincide-- una presión cada vez mayor o un diseño cada
vez mayor, también a nivel europeo, de políticas presupuestarias eficaces
y restrictivas, que sean capaces de aprovechar los recursos de la mejor
manera posible. Pero en lo que interesa a España, que es la categoría 2,
no veo en este momento razones para estar preocupado más allá de los
debates que puedan producirse; no veo ninguna razón.

De cara al futuro, el debate de las perspectivas financieras, después de
la Conferencia Intergubernamental, será muy importante. Pero vuelvo a
repetir los argumentos que he dado antes. España decidió, y yo coincido
con esa decisión, que no debería adelantarse, creo que no nos interesa
adelantarlo, y cuando se plantee habrá que tener en la mix de decisiones
muchas cuestiones, incluso cuando muchas de ellas no están decididas,
como es la de la ampliación.

Me alegro de que S. S. considere razonable los acuerdos del BEI, han sido
costosos, han tardado casi un año, pero creo que efectivamente son
razonables. Con respecto a la Conferencia Intergubernamental y el empleo,
diré que el Ecofin no está entrando en temas de la Conferencia
Intergubernamental, pero sobre el debate del empleo España es partidaria
de que haya un título en el Tratado, con la creación de un grupo de
trabajo, sobre este tema del empleo. Hay otros países que están en
contra, pero nosotros somos partidarios de que sea así. En cualquier
caso, las políticas de empleo son políticas nacionales, ésa ha sido
históricamente la posición española y, desde luego, es la que yo creo que
nos conviene. La posición histórica española, repito, que creo que es la
que nos conviene, es que no debe fijarse como criterio de convergencia la
situación del desempleo. Otra cosa es que nosotros seamos partidarios de
que, desde el punto de vista político, el Tratado de la Unión debe
recoger un capítulo del empleo, entre otras cosas, porque todos los
países han coincidido, en los ecofines en los que se han tratado los
temas del empleo, en que éste es el problema que más preocupa a los
ciudadanos europeos. En ese sentido, no compartimos la posición de los
países que no quieren un título del empleo, manteniendo, sin embargo --y
creo que es perfectamente compatible--, que las políticas de empleo son
políticas nacionales.

Con respecto al IVA, ya hay un mecanismo para evitar que los ingresos de
los países más pobres o con una renta per capita tengan un techo y creo
que, desde el punto de vista del marco financiero de cuál sea el nuevo
sistema de financiación de la Unión Europea, ése va a ser uno de los
puntos a plantear: si hay que tener en cuenta o no el producto interior
bruto. Eso tendrá mucho que ver con qué políticas de cohesión sean las
que se diseñen. No me atrevo en este momento a pronunciarme y vuelvo a
dar el argumento de que éste es un debate que no podemos adelantar, no
nos interesa adelantarlo. Es verdad que hay algunos países que ya han
dicho que, desde el punto de vista de recursos propios, son partidarios
de mantener el techo del 1,27. Ellos lo han dicho, nosotros no hemos
dicho nada y, además, no estoy seguro de que los que lo hayan dicho hoy
lo



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vayan a mantener dentro de dos años. Hemos escuchado a los que lo han
dicho, pero no hemos entrado en ese debate; probablemente había alguna
intención de que entrásemos ya a definir posiciones que nos pudieran atar
las manos de cara al futuro.

Creo que sobre el presupuesto de 1998 he sido suficientemente extenso.

Desde el punto de vista de que pueda haber recortes en otras categorías,
como la 3 o la 4, no son las que más nos afectan; y desde el punto de
vista de la cofinanciación no veo en este momento problemas en el
mantenimiento de nuestros grados de cumplimiento de los fondos
estructurales y de los fondos de cohesión. En los fondos estructurales
tenemos, como he dicho en mi primera intervención, un alto grado de
cumplimiento, casi el 79 por ciento, uno de los más altos de la Unión, y
en los fondos de cohesión estamos cumpliendo y vamos a cumplir el 100 por
cien de los fondos de cohesión a los que tiene derecho España.

Paso ya brevemente, señor Presidente, a los comentarios que ha hecho el
portavoz del Grupo Popular. Coincido con el señor Aguirre en que ha
habido declaraciones en los últimos meses, desde el punto de vista de
algunos responsables europeos, que han creado inestabilidad en los
mercados. Creo que esas declaraciones no deberían haberse producido, lo
he dicho públicamente y lo reitero, y que los responsables económicos y
políticos europeos deben hacer declaraciones que no sean especulativas y
que no sean tampoco declaraciones abiertas. Declaraciones sobre si se
adelanta la fecha de entrada o si se retrasa me parecen declaraciones
especulativas y abiertas y en muchos casos legalmente imposibles. La
discusión sobre las realidades económicas de otros países me han parecido
siempre irresponsables. Creo que los responsables económicos de cada país
europeo deben responder de sus políticas y de sus países y que es una
mala practica --que espero que se esté desterrando-- que se puedan hacer
declaraciones sobre otros países, porque todos los países están haciendo
sus esfuerzos y ya veremos lo que tenemos que opinar sobre la realidad
económica de otros países en el momento de las decisiones que, como les
he dicho, estará en torno a la primavera del año 1998. Me parece
absolutamente inútil y además irresponsable hacerlo en este momento. Y la
mayor parte de los responsables económicos europeos no las están
haciendo, pero se han hecho algunas que no son extraordinariamente
útiles.

Es verdad que la presidencia holandesa va a cumplir con los objetivos
marcados en enero y creo que eso es bueno. Los objetivos creo que
incluirán el nuevo SM-2, en el que se está trabajando. También creo que
el debate que a nosotros nos podía haber preocupado más, que es el de
adelantar el debate de las perspectivas financieras después de 1999, en
este momento está zanjado. Por tanto, en ese sentido creo que no
deberíamos tener demasiadas sorpresas, aparte de que el debate de mayo
sobre el presupuesto de 1998 seguramente será intenso. Pero creo que
España, vuelvo a repetirlo, tiene una posición firme y sólida que podemos
y debemos mantener.

El crecimiento económico europeo, al que ha hecho referencia el señor
Aguirre, es cada vez más sólido, no sólo en el caso español, sino en el
de nuestros socios. Podemos ver cómo las perspectivas de crecimiento de
Alemania, de Francia, de Bélgica, son sólidas; les he comentado el plan
de convergencia belga, que se mueve en un entorno del 2 como mínimo o el
2 largo, 2,6 ó 2,7 de crecimiento en el período. Esa es una previsión
absolutamente razonable y que además indica claramente la recuperación
del ciclo económico europeo que ya se está produciendo en el conjunto de
los países, según la información que cada uno de ellos estamos
suministrando y que claramente se está produciendo en España.

En cuanto a problemas de convergencia en general, pienso que es un tema
muy importante, porque la solidez del proceso de convergencia europea no
se basa sólo en las voluntades políticas. Los mercados nos han demostrado
claramente que no se trata exclusivamente de tener la voluntad política
de formar parte de un determinado núcleo de países; se trata de las
realidades económicas. En ese sentido, si hoy vemos el grado de
convergencia en tipos de interés, en inflación y en déficit público, de
los países europeos, somos conscientes, o debemos serlo, en mi opinión,
de que la convergencia se está produciendo. Hoy podemos decir que para
los próximos años Bélgica, Alemania, España y Francia prevén evoluciones
del PIB, del déficit público y de la inflación muy convergentes, que,
además, son las que se están produciendo en el año 1997, y ésa es la
solidez del proceso. Por eso, aunque haya situaciones en los mercados que
puedan evolucionar momentáneamente con mayor o menor tensión, sí hemos
podido comprobar cómo, pese a los últimos tres meses en que los mercados,
por razones de todo tipo, han estado en una situación menos estable que
en el último trimestre de 1996, sin embargo, la economía española, la
moneda española y el tipo de interés español se han movido en las
circunstancias en que estaban a finales del año 1996, hacia el mes de
noviembre o principios de diciembre, y ya en estos días estamos entrando
en situaciones como las que teníamos a principios de enero, que eran
extraordinariamente positivas.

Eso demuestra que los mercados, independientemente de que, como es
natural, no siempre están en la misma posición y no lo van a estar a lo
largo de los próximos meses --estarán unas veces en unas posiciones y
otras veces en otras, no siempre dependiendo exclusivamente de la
realidad europea-- desde el punto de vista español, tenemos una creciente
posición de credibilidad en los mercados y creo que las cifras
macroeconómicas que conoceremos en el próximo futuro podrán reafirmar
esta posición.

Es cierto, señor Aguirre, que los países que están discutiendo sus planes
de convergencia plantean presupuestos futuros de sus economías con
contención del déficit público, también con reformas fiscales que
produzcan disminuciones de la presión fiscal, así como modificaciones de
los impuestos más importantes, y y coincido con que ése es un elemento
básico de la competitividad para el futuro, en el que España está inmersa
y va a continuar estándolo, por lo menos mientras haya un Gobierno del
Partido Popular.

Sobre el plan de convergencia español respecto al alemán creo que he
hecho algunos comentarios, pero puedo hacer algunos más. Alemania prevé
crecer en el ciclo un



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2,5 por ciento y nosotros un 3,2, que es una diferencial de crecimiento
muy razonable y, además, históricamente, perfectamente sostenible.

Alemania va a tener una evolución del déficit público muy similar a la
nuestra, un poco por debajo de nuestras previsiones, lo cual también me
parece razonable. Alemania pretende acabar con el 1,5 y nosotros estamos
pensando en movernos en cifras de alrededor del 1,6, lo que también me
parece absolutamente razonable. Ellos tienen una situación de partida
mucho mejor que la nuestra en deuda pública, lo que indudablemente les da
un margen que nosotros no tenemos. Francia prevé también un crecimiento
del 2,5 en el mismo período, con un déficit público que evolucionará de
forma muy similar al de Alemania y con una deuda pública que también es
mejor que la nuestra, puesto que está por debajo del 60 por ciento.

Los crecimientos en términos de producto interior bruto que se plantean
entre los países europeos son bastante similares, con algunos
diferenciales que creo perfectamente justificados en el caso de España,
puesto que se están produciendo en este momento y ya se han producido en
1996.

Con respecto a las negociaciones sobre unos nuevos marcos tributarios,
efectivamente éste es un tema en el que no hay consenso. Nosotros creemos
que la propuesta inicial de la Comisión iba mucho más allá de lo que
debería ir. En los temas que afectan a la energía, España es claramente
reticente, puesto que no tenemos los problemas medioambientales que
tienen otros países, y mantendremos esas posiciones. Sin duda somos parte
del grupo Monti, representados al máximo nivel político por el Secretario
de Estado de Hacienda, pero tenemos claramente nuestra posición, no en
solitaro, sobre cuestiones tributarias y ya veremos cómo se puede llegar
a acuerdos en este tema. He hecho ya referencia al tema de los fondos de
cohesión y al programa de estabilidad. Es verdad que a nosotros nos
interesaba y nos interesa ir dejando sentado que las políticas de
cohesión no se ven afectadas por la convergencia nominal --lo hemos
plasmado en un documento y lo haremos en todos los que podamos-- y creo
que ése es un hecho que debemos mantener como una prioridad de nuestra
política europea. Después de 1999 ya debatiremos cómo se plasman estas
políticas de cohesión, pero la Unión Europea tendrá unas políticas de
cohesión, sin duda, esas políticas de cohesión tendrán que definirse en
la nueva Unión Europea y España tendrá mucho que decir en esas
cuestiones.

Efectivamente, creo que no hay que poner en duda ni el calendario ni los
criteros, ni para pensar que se pueda adelantar ni para pensar que se
pueda atrasar. A España le conviene este calendario, le convienen estos
criterios, vamos a cumplir el calendario y los criterios y creo que a
Europa, en su conjunto, le conviene un proceso que responda a lo acordado
y a lo tratado, lo cual dará credibilidad a la Unión Europea y al proceso
de Unión Monetaria.

Me parece, señor Presidente, que he respondido --al menos era mi
intención-- a todas las cuestiones, pero, como es natural, si hay algún
punto concreto que haya dejado de contestar o algo que quiera
manifestarme algún portavoz, estoy a disposición de lo que diga la
Presidencia.

El señor PRESIDENTE: Señor Costa, tiene medio minuto.




El señor COSTA COSTA: Ha contestado en efecto a todos mis planteamientos
y se lo agradezco. Simplemente ha habido algunas contradicciones, que me
gustaría poder especificar.

En primer lugar, no he dicho que su grupo no estuviera de acuerdo o
tuviera dudas respecto al cumplimiento del Gobierno. No. En su grupo
había personas escépticas respecto al proceso de Unión Monetaria europeo
que ahora ocupan altos cargos en su ministerio; lo manifestaban
públicamente y hay numerosas citas al respecto. Si usted ha conseguido
que estas personas crean en este proceso, bienvenido sea; esto hemos
logrado y nos alegramos de ello.

Las cifras que estamos discutiendo hoy, la situación económica que hoy
estamos discutiendo, es fruto del presupuesto de 1996, de un presupuesto
prorrogado del anterior Gobierno. Eso no es opinable por mucho que usted
ahora quiera decir que no vamos a entrar en cosas del pasado. Sólo han
entrado en cosas del pasado, hasta ahora, que les ha convenido, pero
ahora que ya no les conviene, no les interesa. Yo creo que ésas son
cuestiones menores, quizá, a efectos prácticos, pero que forman parte del
debate político y que no se deberían tergiversar.

En las tormentas en los tipos de cambio, cuando se producían con el
Gobierno anterior, para ustedes era el mercado y era la incompetencia del
Gobierno; cuando se producen ahora, son... ¿qué son? No voy a
calificarlas yo porque no quiero contribuir con elementos que favorezcan
a países o a grupos que tal vez no tienen un interés específico en que
España forme parte desde el primer momento de la Unión Monetaria Europea.

Respecto a la sostenibilidad, ya tendremos ocasión de debatir, no es el
momento ahora, pero usted conoce perfectamente, mucho mejor que yo,
porque lo ha elaborado, que el presupuesto para 1997 no es sostenible en
el tiempo, porque se dan una serie de circunstancias --que yo no voy a
reiterar, porque han sido ampliamente debatidas en la Cámara-- no
repetibles en 1998, no repetibles, y menos, seguramente, en 1999, con
algunos elementos de políticas que ustedes han implementado, como la
regulación de balances y otras, que van a tener unos efectos sobre los
ingresos, especialmente en esos años. Esos son elementos a considerar en
una discusión, que no la vamos a hacer ahora, pero que tampoco hay que
confundirse. Una cuestión es que nosotros discutamos sobre las
perspectivas financieras con otros países de la Unión Europea en estos
momentos, que seguramente no nos conviene, y otra cuestión es que
nosotros internamente, como país, no empecemos a tener un debate sobre
cuál es la posición de nuestro país respecto a las perspectivas
financieras a partir de 1999. Si con todos esos elementos España ve
además sustancialmente recortadas sus ayudas por fondos estructurales, se
acaba el Fondo de Cohesión y se reforma la política agrícola común en
1999. Además de esa reducción que usted propone en el déficit público, ya
me contará cómo va a financiar esas políticas, a no ser que estén
pensando en mayores ingresos, por tanto en incrementar la fiscalidad,
cosa



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perfectamente posible, realista y a lo mejor necesaria en algún caso,
pero ésas son las cuestiones.

Respecto a 1995-1996, a pesar de que la Unión Europea hace una buena
valoración de la situación económica de Europa, hay que recordar que
mientras el crecimiento en España en 1995 fue de 2,78 por ciento, en la
Unión Europea era del 2,17, es decir, España estaba por encima de la
media de crecimiento de la Unión Europea, y en 1996, en España fue del
2,17 por ciento y en la Unión Europea del 1,59, es decir, que ha habido
una caída del crecimiento económico en la Unión Europea en el último año.

Luego las valoraciones que se puedan hacer son libres, pero las cifras
están ahí y se producen en países que tienen una gran importancia
socioeconómica sobre las políticas y las orientaciones políticas y
económicas de la Unión Europea. Por tanto, son también elementos a
considerar.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, también por un minuto, señor
Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Efectivamente, el señor De Rato vislumbra
inmediatamente el perfil de nuestro discurso, que es contrario al Tratado
de la Unión Europea y a la política de convergencia que se está
realizando, no así el señor Aguirre, que siempre habla de consenso total
en el Ecofin de Dublín. No distingue que hay aquí representantes de
2.700.000 votos que no estamos de acuerdo, pero no para aislarnos en una
perspectiva de la que por cierto él no ha huido, aunque ha distribuido
galletas sin oír la intervención, sino que vamos a plantear un texto
alternativo concretísimo que cabría como otra perspectiva en el texto de
la Unión Europea de Maastricht, y pedimos el referéndum correspondiente
porque creemos que no está España para entrar en Maastricht
automáticamente. En las encuestas lo van a ver: la mitad de la gente no
está de acuerdo y la otra mitad está de acuerdo y no sabe bien por qué.

Esa es la estructura de todas las encuestas que se han hecho en torno al
tema de Maastricht. Lo dejo ahí recordando al señor Aguirre que nosotros
no estamos de acuerdo ni lo vamos a estar. Permítame mantener este
discurso en este tono de si bemol y no aceptar ese abrazo del oso que
usted siempre me ofrece, porque no creo que tenga que elevar la voz para
demostrar que no estoy de acuerdo. Creo que es un tono con el que se
puede decir que no estoy de acuerdo sin elevar excesivamente la voz.

Le agradezco ese dato, señor De Rato, de que no hay ninguna inestabilidad
política. Yo creo que sí la hay, ahí está el problema del aro.

Efectivamente hay un problema en el sentido de que pueden precipitarse
elecciones territoriales en un momento en que estamos de cara al examen
de Maastricht o de las posteriores consecuencias a la hora de discutir la
política financiera. Yo creo que sí hay problema. Simplemente se lo
preguntaba en plan casi periodístico para que usted pueda estimular a
esta Comisión, donde intentamos mantener un tono que por lo visto no
gusta excesivamente.

Otro tema de fondo. Ustedes dicen que no practican la política de ajuste
permanente --y tú me lo preguntas, que diría Bécquer--, pero si han
aprobado el presupuesto que han aprobado, ésa es la política de ajuste
permanente. No me lo enfoque desde un punto de vista técnico, académico.

Si aprobaron es política de ajuste de las inversiones y del consumo
público, teniendo en cuenta que no sabemos los elementos estimuladores de
la recaudación, ésa es la política de ajuste permanente. Es de lógica
pensar que en un país como el nuestro, donde hay mayores desequilibrios y
menor desarrollo productivo y tecnológico que en el resto de los países
de la Unión Europea, el esfuerzo de ajuste económico será mayor. Por
tanto, creemos que la aplicación de ese presupuesto, el plan de
privatización constante y profunda, las consecuencias, ya, sobre las
nuevas pensiones, los anuncios que se hacen respecto a sanidad y al
Estado del bienestar, van a fórmulas de disminución de ese ya escaso, en
función de su estructura, Estado del bienestar.

Termino, señor Presidente, porque a la hora de comentar los fondos
estructurales y otros temas correspondientes, usted ha hablado de
posiciones firmes y sólidas del Gobierno respecto al futuro de esos
fondos estructurales y a la participación española. Ya lo veremos;
esperemos que no sean posiciones firmes que encubran organización de
derrota, como en la OCM del aceite, porque ahí se nos está organizando
una derrota, no se está haciendo una política de iniciativa diplomática
de cara a intentar la minoría del bloqueo o anunciar ya un bloqueo en
este terreno, por muy simbólico que fuese. Efectivamente, la aplicación
que ustedes hacen del artículo 113, tal como se está enfocando en estos
momentos, que es la asunción total del antiguo GATT de la Organización
Mundial del Comercio, en el fondo encubre que en este tema, por muchas
manifestaciones que encabecemos, vamos a una derrota anunciada que
nosotros tampoco aceptaremos.

Termino con el tema del empleo. Usted ya pone sobre la mesa la
contradicción que contempla la política económica que ustedes están
llevando adelante. Ustedes son maestros en lanzarles señales a los
mercados, pero no en lanzar señales a la sociedad, no. El día en que le
examine el señor Aznar antes de marzo de 1998 y le pregunte cómo va la
economía, usted podrá decir: Muy bien. Si acto seguido le pregunta cómo
va la sociedad, usted, posiblemente le tendría que contestar: Mal, o:
Sigue igual. Ese es el problema de fondo entre la macroeconomía o la
política de convergencia de cara a marzo de 1998 y la realidad. Cuando le
pregunto por el empleo y de cara a conseguirlo como objetivo fundamental
en la política de convergencia, un objetivo concatenado, armónico, de
todos los países, usted dice: No, el empleo es política nacional. ¿Cómo
lleva usted todos los instrumentos fuera de la política nacional? Ahí
están el plan de estabilidad y los bancos centrales, incluso con
transferencia de soberanía. ¿Se lleva usted todos los instrumentos
económicos fundamentales fuera y sin embargo el empleo es objetivo
nacional? ¿Cómo se come eso, señor De Rato? Ahí está la contradicción. La
economía puede ir muy bien, podemos estar muy cerca de la convergencia,
pero cada vez más lejos de una convergencia real en la cuestión del
empleo con respecto a las medias europeas.




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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Alcaraz, sabe S. S. que este portavoz
es partidario de que los tonos sean pausados y, por tanto, en ellos
intervengo y así lo interpreto. Confío en no haber repartido ninguna
galleta que no fuera puro pastel, pero tengo que decirle que he atendido
puntualmente su intervención. Si quiere, incluso le repaso, titular a
titular, los puntos que ha tocado. En cualquier caso, quiero decirle que
mi grupo opina que si tuviéramos que seguir las recetas de su programa
político en materia económica relativo a la Unión Europea estaríamos
posicionándonos claramente a favor de aislarnos de ese proceso de
integración y mi grupo está en contra de que España permanezca aislada de
un proceso de integración tan importante como el que estamos viviendo; en
ningún caso queremos repetir períodos de aislamiento que España tuvo
anteriormente.

En relación con las alusiones al Grupo Popular y su, parece ser, dudosa
voluntad en tiempos pasados, le voy a hacer una invitación al portavoz
del Grupo Socialista, y es que se repase las intervenciones que se han
celebrado en esta Cámara en todos los temas y materias relativos a la
Unión Europea y verá cómo todas y cada una de ellas han sido apoyadas,
con su voto favorable por el Grupo Popular.

Tengo que reconocer que sí hay una diferencia entre la etapa del mandato
socialista y la del Partido Popular. En aquella ocasión los cuatro
criterios de convergencia, déficit de inflación y tipos de interés, no se
cumplían y se cumplía el de deuda. Cuando terminó el mandato socialista
inclusive el de deuda se había lesionado y ya tampoco se cumplía. A
partir de que el Grupo Popular y su Gobierno asumieron las tareas de
responsabilidad de esta Administración tengo que reconocer, y podrá usted
reconocerlo conmigo, que esto de la inflación va bien, lo de los tipos de
interés va mejor, el tipo de déficit que tiene España está muy de acuerdo
con los criterios de convergencia y todavía mantenemos la deuda pública
en los niveles en los que la heredamos de ustedes.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Sobre las contradicciones del Grupo
Popular, si éramos escépticos y las citas, no se cohíba, déme las citas.

Si hay personas en puestos de responsabilidad en el Ministerio de
Economía y Hacienda actual que eran escépticos --cosa de la que yo no
tengo ninguna constancia, más bien la contraria--, están teniendo
resultados a favor de la convergencia mucho mejores que los de los que
eran apasionados. Así pues, desde el punto de vista de los intereses
nacionales, probablemente lo que juega es la capacidad y no el
voluntarismo. En cualquier caso las citas siempre son muy útiles en el
Parlamento para demostrar las afirmaciones y como tendremos muchas
ocasiones de debatir estos temas estoy seguro de que las escucharé.

Tengo que decir que el Grupo Parlamentario Popular ha sido siempre
partidario de la integración europea y ha sido crítico ante las políticas
que no nos llevaban a la integración europea. Pero puestos en 1996 lo que
hemos hecho ha sido cumplir los presupuestos, lo cual es novedoso. No se
cumplían nunca los presupuestos. Se han cumplido con nosotros y quiero
recordarle a S. S. que el cien por cien del ajuste presupuestario para
reducir el déficit público y formar parte de la Unión Europea lo ha hecho
este Gobierno, con unos presupuestos heredados, pero ha sido este
Gobierno. No querría incidir más en el tema porque nos llevaría mucho
tiempo, pero simplemente se lo apunto para que tengamos ocasión de ver en
otro momento cuál era el cuadro macroeconómico que nos presentaron en los
presupuestos para 1996, aunque fueron prorrogados, y la realidad; ése es
un debate que S. S. tendrá ocasión de tener conmigo y con mis compañeros
en más de una ocasión.

Tormentas en los mercados. Devaluaciones de 400 puntos básicos de
diferencia con el bono alemán e inestabilidad política de verdad, como la
que ha habido aquí a finales de 1995, sí son tormentas de los mercados.

Yo comprendo que desde el punto de vista de los experimentados se diga
que lo de ahora es cosa de niños. ¡Sin duda! No se ha devaluado la
peseta, no tenemos al Gobierno en una situación de inestabilidad política
creciente por razón de las cuestiones políticas y además nuestro
diferencial de tipos de interés con Alemania se mueve entre por debajo de
100 y alrededor de 120. Por tanto, estamos aguantando mucho mejor la
situación de credibilidad en los mercados.

Sostenibilidad del presupuesto de 1997. Usted con ello me plantea el
presupuesto de 1998. ¡Ya tendrá usted ocasión de debatir el presupuesto
de 1998!
En cuanto a la regularización de balances, le insisto a S. S. en lo que
ya he dicho a muchos de sus compañeros: que este año la Hacienda pública
va a ganar dinero con la regularización de balances, y bastante, y que a
partir del año que viene la actividad económica y los efectos positivos
de la mejora de financiación de las empresas van a ser más que
suficientes para producir los efectos beneficiosos en la recaudación; por
cierto, lo mismo que sucedió en otras regularizaciones de balances
anteriores.

Perspectivas financieras, el debate interno. Sin duda hay que tener un
debate interno y la Administración lo está teniendo. Nosotros estamos
trabajando ya en cuáles son las perspectivas financieras, es nuestra
obligación, y seguramente tenemos que tener escenarios distintos. Yo no
creo --ni creo que sea una posición política que debamos aceptar-- que la
Unión Europea no tenga políticas de cohesión social internas ni políticas
agrícolas, lo que pasa es que va a haber un debate muy importante que en
mi opinión no debemos adelantar y no sólo porque no nos interesa, ya que
la situación en la que estamos ahora la tenemos comprometida a nuestro
favor, sino también porque en este momento hay una cierta presión en
todos los países más centrada en la reducción del déficit público que en
otros temas, cosa absolutamente lógica en el proceso en el que estamos.

En el año 1999 ya veremos cuáles son las prioridades



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políticas en muchos países y cuáles son las cuestiones que hay que
negociar políticamente con ellos. Yo creo que nosotros debemos esperar a
ese momento. Seguramente la ampliación, una vez creada la Unión Monetaria
en el año 1999, será una necesidad política mucho más clara, perceptible
y medible de lo que es hoy y, por lo tanto, yo creo que a nosotros no nos
corre nadie, si me permite la expresión. Es indudable que la
Administración tiene que hacer sus trabajos internos, así como los grupos
políticos y sobre todo los que tienen responsabilidades en el Parlamento
Europeo, y ése es un tema que nos va a llevar tiempo y debates.

Las posiciones de los países cambian, como es natural, porque las
prioridades políticas cambian. Conseguida la Unión Monetaria nos
centraremos en otras prioridades políticas y veremos cuáles son. Las
prioridades políticas españolas las veremos en ese momento y tendrán que
ser parte de un consenso. Desde luego la Unión Europea tiene un trasfondo
importante de cohesión y de políticas de solidaridad, como lo tiene de
políticas agrícolas, que no va a desaparecer en las perspectivas de 1999.

Cuál sea su materialización seguramente será una cuestión de debate
importante, pero le repito que creo que debemos esperar a ver cuáles son
entonces las prioridades políticas de algunos de nuestros socios, que a
lo mejor no son exactamente las que vemos hoy, y eso puede ser ventajoso
o no. Aunque el tema sea muy importante no lo vamos a mejorar por
adelantarlo. Es posible que incluso lo empeoráramos si nosotros ahora
estableciéramos posiciones políticas que nos comprometieran en la
negociación futura. Con esto no trato de ocultar nada de lo que los
grupos, especialmente el suyo que ha tenido responsabilidades de
Gobierno, no sean plenamente conscientes.

El señor Alcaraz me habla de la inestabilidad política. Yo quiero decirle
que en esta Comisión ha habido intervenciones de todos los grupos y me
parece que el Gobierno tiene una estabilidad política no sólo suficiente
sino envidiable y, por lo tanto, no tengo ninguna duda del mantenimiento
de esta estabilidad y creo que además es lógico. Es lógico porque los
partidos que apostaron por un Gobierno del Partido Popular, cuyos dos
principales objetivos eran asentar la financiación autonómica de los
territorios comunes en un proceso de corresponsabilidad y garantizar la
convergencia, tienen más que motivos para estar satisfechos, porque hemos
hecho esas dos cosas y, por tanto, es lógico. Los apoyos no son mágicos,
los apoyos son porque sí, porque las cosas funcionan y los éxitos de la
política económica del Gobierno deben compartirlos los grupos que apoyan
al Gobierno; me parece que lo hacen y además me parece completamente
lógico. Por tanto, estabilidad hay y yo creo que va a haber más como
consecuencia de que la estabilidad es algo que proviene de la realidad y
me da la sensación que los objetivos políticos compartidos, que son los
que esta mañana se han debatido aquí, son cada vez más creíbles.

Su señoría insiste --y perdóneme que yo también tenga que insistir-- en
que estamos ante un ajuste permanente y yo le digo que no. El ajuste se
produce cuando hay inestabilidad macroeconómica. Cuando hay estabilidad
macroeconómica lo que puede haber es una política de austeridad que puede
provenir --como ha dicho S. S. en su primera intervención-- de una
disminución de los gastos o de un aumento de los ingresos o de ambas
cosas. Pero no estamos ante una situación de ajuste permanente. La
economía española en este momento no está desajustada. Mire usted la
situación que tenemos por balanza por cuenta corriente, mire usted
nuestra situación de inflación, mire usted la credibilidad que tenemos en
los mercados y no hable de ajuste, porque no estamos en una política de
ajuste. Es verdad que el papel del Estado está cambiando y va a seguir
cambiando. Ahí seguramente S. S. y yo no estemos de acuerdo o a lo mejor
en una cosas sí y en otras no, porque cuando se estudian los detalles se
ve hasta qué punto uno está en acuerdo o en desacuerdo; por tanto tampoco
quiero anticipar demasiados desacuerdos. No estamos en una política de
ajuste permanente. Estamos en una política de estabilidad creciente y
cuanta más estabilidad menos riesgos de ajuste.

Fondos estructurales. No estamos ante una organización de la derrota,
señor Alcaraz. Para los años 1998 y 1999 España tiene una posición firme
y además efectiva y sólida --lo he dicho antes y lo reitero ahora-- y,
por tanto, no veo ningún riesgo en las perspectivas financieras en este
momento.

La negociación a partir del año 1999 será una negociación importante, sin
duda, como todas lo han sido, marcada por las prioridades políticas del
futuro, que estarán muy ligadas a la ampliación y, por tanto, nosotros
tendremos muchas cosas que decir, como otros muchos --somos quince países
y todos tendremos muchas cosas que decir--, pero yo no me precipitaría en
esa cuestión, como no me precipitaría en el aceite de oliva. Lo que
tenemos que hacer es defender nuestros intereses y nuestros derechos
claramente; creo que tenemos base para hacerlo, y lo estamos haciendo en
el tema de las OCM de productos mediterráneos, en concreto del aceite de
oliva. Estoy seguro de que para ello contaremos con el respaldo de su
señoría.

Respecto al empleo, S. S. ha dicho que van bien los mercados y va mal la
sociedad. Yo me conformo con que el empleo en España aumente, el consumo
aumente, el ahorro aumente y la confianza aumente. Usted, a lo mejor,
cree que eso no es suficiente. Si esas cuatro cosas aumentan, aumentan
mediblemente, es decir, si hay más gente empleada, si el consumo aumenta,
si hay más ahorro privado en las familias y si hay más confianza, yo creo
que la sociedad estará mejor, mucho mejor. Si hay otras variables que S.

S. quiere introducir, estoy dispuesto a verlas, pero declaraciones
genéricas sobre la sociedad reconocerá S. S. que me son difíciles de
contestar o, al revés, muy fáciles de contestar, por lo tanto, preferiría
centrarme en esas cuatro metas, que son todas ellas medibles y lo podemos
comprobar a lo largo de los meses.

El empleo es una política nacional; sin duda, es una política nacional.

Es más, en España las políticas activas están siendo no sólo nacionales
sino autonómicas, y me parece lógico. Nosotros defendemos que el empleo
es una política nacional. Otra cosa es que S. S. me diga: Es que hemos
renunciado a toda política económica. Su señoría está completamente
equivocado. Hemos renunciado o estamos



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aceptando una cosoberanía o una integración en Europa de decisiones sobre
política monetaria que en este momento tampoco dependen exclusivamente de
los países. El tipo de cambio no depende exclusivamente de los países,
hace mucho tiempo que dejó de depender de los países. Depende de los
mercados y, probablemente, estamos mucho más sólidos frente a los
mercados en una integración europea que no exclusivamente solos; y he
hecho referencia a eso antes, hablando del conjunto de Europa respecto a
la política americana. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer: la
liberalización de mercados o no, la modernización de mercados, la
reestructuración de lo que es el funcionamiento de la competencia, el
abrir la competencia cada vez más en nuestro país, la reforma de los
tributos. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. No crea usted que
porque se cree el Banco Central Europeo no vamos a tener mucho trabajo
que hacer si queremos mejorar la vida concreta de los españoles. En ese
sentido, creo que todas las ayudas son pocas.

Señor Presidente, quiero finalizar --creo que he contestado a todo lo que
me han planteado-- agradeciendo a los grupos parlamentarios de la
Comisión su atención y su amabilidad. Espero que podamos mantener en el
futuro mayores grados de colaboración y, sobre todo, de información por
parte del Gobierno de las futuras decisiones que se produzcan durante la
presidencia holandesa y el principio de la presidencia de Luxemburgo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.