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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 42, de 20/03/1997
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1997 VI Legislatura Núm. 42
PARA LA UNION EUROPEA
PRESIDENTE: DON PEDRO SOLBES MIRA
Sesión núm. 10
celebrada el jueves, 20 de marzo de 1997,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DIA:
--Moción (proposición no de ley) por la que se insta al Gobierno a
solicitar y defender ante la Unión Europea la modificación y adaptación
del Acuerdo Pesquero de Groenlandia y a la aplicación del principio de
igualdad en la política pesquera común, en concordancia y respeto con las
actividades y derechos tradicionales e históricos de la flota española en
aguas de Groenlandia. Autor: Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. (Número de expediente 161/000283) (Página 668)
--Proposición no de ley sobre medidas para que la Unión Europea (UE)
asuma la defensa y protección de la flota española que faena en aguas de
la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO). Autor: Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000355) (Página 668)
--Proposición no de ley de modificación del Tratado de la Unión Europea
(UE) en el ámbito de la protección de la infancia. Autor: Grupos
Parlamentarios Popular, Socialista, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV), Coalición Canaria
y Mixto. (Número de expediente 161/000322) (Página 675)
Se abre la sesión a las 17 horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión Mixta.
Tenemos tres puntos en el orden del día: una moción referente a los
derechos tradicionales e históricos de la flota española en Groenlandia;
otra también sobre temas pesqueros referente a la protección de la flota
pesquera española en aguas NAFO, y una tercera sobre la protección de la
infancia.
El problema es si acumulamos o no el debate de las dos cuestiones
pesqueras, aunque son temas de naturaleza radicalmente distinta, de tal
forma que podamos acelerar al máximo la reunión. Si les parece bien a los
distintos Grupos, acumularíamos los dos temas pesqueros en un primer
debate, y luego nos centraríamos en un segundo debate en el tema
referente a la protección de la infancia.
El señor ORTIZ CLIMENT: Eso significaría que después del debate se
votarían ambas.
El señor PRESIDENTE: Se votarían los tres temas, evidentemente, cada uno
de acuerdo con sus propias características. (Asentimiento.)
--MOCION (PROPOSICION NO DE LEY) POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
SOLICITAR Y DEFENDER ANTE LA UNION EUROPEA LA MODIFICACION Y ADAPTACION
DEL ACUERDO PESQUERO DE GROENLANDIA Y A LA APLICACION DEL PRINCIPIO DE
IGUALDAD EN LA POLITICA PESQUERA COMUN, EN CONCORDANCIA Y RESPETO CON LAS
ACTIVIDADES Y DERECHOS TRADICIONALES E HISTORICOS DE LA FLOTA ESPAÑOLA EN
AGUAS DE GROENLANDIA. (161/000283.)
--PROPOSICION NO DE LEY SOBRE MEDIDAS PARA QUE LA UNION EUROPEA (UE)
ASUMA LA DEFENSA Y PROTECCION DE LA FLOTA ESPAÑOLA QUE FAENA EN AGUAS DE
LA ORGANIZACION DE PESQUERIAS DEL ATLANTICO NOROESTE (NAFO).
(161/000355.)
El señor PRESIDENTE: Empezamos con la primera moción (proposición no de
ley) por la que se insta al Gobierno a solicitar y defender ante la Unión
Europea la modificación y adaptación del Acuerdo Pesquero de Groenlandia
y a la aplicación del principio de igualdad en la política pesquera
común, en concordancia y respeto con las actividades y derechos
tradicionales e históricos de la flota española en aguas de Groenlandia,
cuyo Grupo proponente es el de Senadores Nacionalistas Vascos. Por tanto,
el Senador Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, nuestro Grupo ha presentado una moción --que es la
denominación jurídico-parlamentaria correcta en este caso, puesto que se
ha presentado en el Senado-- en relación con la problemática de los
derechos históricos de la flota española en aguas del Artico, de
Groenlandia, en concreto.
La flota bacaladera española es importante en el País Vasco,
fundamentalmente en el puerto de Pasajes, y en Galicia, especialmente en
Vigo. Ha faenado tradicionalmente en la costa oeste de Groenlandia desde
antiguo, tanto en aguas de Groenlandia como en aguas del Canadá, de
Terranova, y posteriormente fuera del límite de las 200 millas fijado por
el organismo internacional NAFO.
Señor Presidente, esta pesquería tradicional se vio truncada por la
extensión de las aguas jurisdiccionales hasta las 200 millas en 1977 y
una configuración completamente distinta del ejercicio de la actividad
económica de pesca, de conformidad con esa nueva disciplina del Derecho
Internacional del Mar que surgió en el año 1977. Posteriormente ha ido
modulándose con la aplicación de la Convención del Derecho del Mar de
1982, que recientemente tuvimos ocasión de debatir en esta Cámara, una
vez que diferentes Estados miembros han ido ratificando este convenio
internacional y, evidentemente, España no ha tenido más remedio que
hacerlo también porque ya era costumbre internacional aceptada por el
Tribunal de Justicia de La Haya y entraba en vigor.
Pues bien, señor Presidente, los caladeros de Groenlandia son ricos en
recursos pesqueros, entre los cuales es el bacalao la especie matriz, la
especie madre, la columna dorsal de las especies pesqueras que allí se
capturan, y hay otras especies asociadas o afines como la platija, el
carbonero, el merlán.
Geográficamente, Groenlandia es la isla más grande del mundo, si
consideramos a Australia como continente. Tiene 2.175.600 kilómetros
cuadrados de extensión, cuatro veces la superficie de España, con una
población de 53.000 habitantes y el 95 por ciento de su superficie
deshabitada por su configuración física, pues un enorme glaciar cubre en
un 85 por ciento su área. Sus zonas habitadas son las cercanas a las
costas y el 85 por ciento de la población, de raza esquimal danesa, se
dedica a la actividad pesquera. Políticamente, para fijar los parámetros
de discusión, es un territorio perteneciente a Dinamarca, pero dotado de
gran autonomía política desde 1979, y desde 1985 no está integrado en la
Unión Europea. Su actividad principal, aparte de la minería, son las
250.000 toneladas anuales, poco más o menos, de pesca que captura su
flota.
Es curioso, y usted lo sabe, señor Presidente, porque ha tenido
representación política muy importante, que se da un hecho singular, y es
que la defensa de los intereses pesqueros de Groenlandia se realiza por
el Gobierno central del Estado del cual forma parte como región autónoma
política, que es Dinamarca. Y da la casualidad de que Dinamarca
participa, aun siendo un país miembro de la Unión Europea, al margen de
ésta, en foros internacionales como NAFO, en los cuales Groenlandia
participa a través de su Estado matriz, que es Dinamarca, y éste a su vez
participa al margen de la Unión Europea, aunque sea país miembro.
Se da esa peculiaridad de la defensa de los intereses pesqueros de
Groenlandia. Lo mismo ocurre con las Islas Feroe, que son también
representadas políticamente por el Gobierno danés.
Como decía, tradicionalmente la flota española ha faenado en esas aguas.
Me remito al año 1984, a la cronología más reciente, cuando la Comunidad
Europea, ahora Unión Europea, concertó un acuerdo pesquero por diez años
que se caracterizaba, al margen del acuerdo con Marruecos, por ser el más
gravoso financieramente de los suscritos en materia de pesca, teniendo en
cuenta las posibilidades pesqueras que implicaba, como bacalao, especie
madre, y otras especies asociadas de menor trascendencia o valor
comercial, como el fletán negro, la gallineta, el merlán y el granadero.
España entra en 1986 en la Unión Europea y todos sabemos las
negociaciones, las disquisiciones y el contexto político en que se
produjo.
El año 1988, estando en vigor el acuerdo de 1984, la Comunidad acuerda,
en base al primer protocolo, la adquisición a Groenlandia de 4.000
toneladas adicionales y suplementarias de bacalao, además de las pactadas
en el convenio de 1984. Es en este momento cuando el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación de España y su homónimo portugués
solicitan de las autoridades de la Unión Europea que se produzca un
reparto equitativo en base a la habitualidad, que es un criterio
jurisprudencialmente admitido en cuanto al reparto de derechos en materia
de pesca. En ese momento, en contra de la opinión de Manuel Marín, que a
la sazón era el Comisario español en materia de pesca, es denegado por el
Consejo de Ministros europeo ese reparto proporcional de cuotas
suplementarias de bacalao pactadas y compradas por la Unión Europea en
1988. Eso origina un conflicto jurídico y el Gobierno español y el
Gobierno de la República de Portugal recurren al Tribunal de Luxemburgo,
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Es muy interesante analizar --nuestro Grupo ha tenido oportunidad de
hacerlo-- la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo cuando
modula y analiza el principio de estabilidad relativa. En definitiva, si
se analiza rigurosamente --y creo que la defensa que se hizo por parte
del servicio jurídico del Estado, que hemos tenido oportunidad de leer,
es brillante--, la fundamentación jurídica del Tribunal de Luxemburgo
verdaderamente es muy pobre. Es una sentencia de carácter político. Se
hizo una buena defensa jurídica, pero se perdió ante el Tribunal de
Luxemburgo y, por tanto, a España no se le reconoció la posibilidad de
participar en ese reparto de posibilidades pesqueras complementarias.
Ello originó también que hubiera otras presiones: como sabe el señor
Presidente, el eterno conflicto norte-sur, la influencia de países como
Alemania, el Reino Unido y Dinamarca que, evidentemente, se aprovecharon
del reparto de esas posibilidades pesqueras ese año 1988. Esa posición
política tuvo su refrendo en los argumentos del Tribunal de Justicia de
Luxemburgo, legalizando y dando carta de validez al Reglamento de la
Unión Europea que repartía esos suplementos en cuanto a la pesquería del
bacalao y especies afines.
Esto supuso, señor Presidente, en base a esta sentencia, la aplicación
del principio de estabilidad relativa en sus dos vertientes: interna y
externa. Conocemos perfectamente cómo padece la vertiente interna la
flota gran-solera, pero no es en este caso el objeto del debate. Sí lo es
la aplicación del principio de estabilidad relativa en cuanto a su
vertiente externa, es decir, en la aplicación a aquellas actividades
pesqueras distintas de las que se ejercen en la Unión Europea pero
sustentadas en acuerdos con terceros países. Este principio se establece
en base a las actividades pesqueras tradicionales realizadas por los
países entre 1973 y 1977 y se fija cuando se instaura la Política
Pesquera Común. España en ese momento no era miembro y, en definitiva, el
Tribunal con sus argumentaciones da carta de naturaleza a esos
planteamientos de otros países y triunfaron estas tesis.
España, por otra parte, cuando ingresó en la Unión Europea aportó una
serie de acuerdos con terceros países, como Marruecos, Guinea-Bissau,
Mauritania, Senegal. España es contribuyente de la Unión Europea pero no
recibe, en esta confrontación de intereses políticos de 1988 ni en años
posteriores, como tenemos ocasión de ver en mi intervención, ningún tipo
de contrapartida en el reparto de estas especies pesqueras. Esta cuestión
es suscitada también por el contexto en que se produjo la negociación. El
Tribunal viene a decir: mire, usted ingresó en estas condiciones --usted
lo sabe, señor Presidente, porque ha tenido oportunidad de debatir, en
esta Cámara y en la otra, con este Grupo Parlamentario sobre esta
cuestión-- y no hubiera podido entrar invocando el principio de
estabilidad relativa y la apertura de los coeficientes o las claves de
reparto a los nuevos países. Entonces, se hizo una renuncia en un
contexto político --no voy a entrar en valoraciones de cómo se hizo-- y,
en definitiva, constatamos la enorme insolidaridad de los países nórdicos
con los países del sur. Cuando ese reparto se realiza, Reino Unido,
Alemania, Dinamarca quieren que se sea muy estricto en la aplicación de
ese principio y no tenemos ninguna contrapartida.
En cambio, Groenlandia, que, como decía, es un territorio dotado de
autonomía política, perteneciente al Reino de Dinamarca, no está
integrada en la Unión Europea, pero se beneficia del tratamiento
preferencial que recibe esta región por su anexión al espacio económico
europeo y al libre comercio del mercado pesquero. Es decir, España no
puede acceder a los recursos de Groenlandia pero Groenlandia, región
dotada políticamente de autonomía, perteneciente a Dinamarca, goza de los
beneficios del espacio económico europeo y de todas las preferencias que
ahí se establecen.
En definitiva, no se nos escapa a nadie que es una cuestión de enorme
trascendencia política. ¿Por qué? Porque a Groenlandia se le ha querido
dar un trato especial, un trato de favor por parte de los países
nórdicos. Pero fundamentalmente eso se ve, señor Presidente, cuando el
año 1994 se suscribe el tercer protocolo, que es como el anexo al Acuerdo
de 1984. Pues bien, ése es un ejemplo palmario de una financiación y un
tratamiento favorable en un acuerdo con terceros países. Porque muchas de
las cuestiones que ahí se plantean, por ejemplo, el reparto de cuotas,
a veces son lo que se llama cuotas de papel. Se da en el tercer protocolo
de 1994, que está vigente hasta el 1.º de enero del año 2000, una ayuda
financiera por parte de la Unión Europea, de la Comisión, de 38.500.000
ecus. ¿Y cuál es la contrapartida? Se le dice a la Unión Europea que la
contrapartida es que en el caso de que haya suplementos o excesos,
pesquerías no capturadas por la flota de Groenlandia, lo podremos vender
a la Unión Europea y ustedes van a tener preferencia.
¿Qué le pasa a España? En base a las sentencias que he citado, la Unión
Europea no le admite el reparto. Entonces, las cuotas que se compran se
reparten nuevamente entre los países a doce, es decir, no entran ni
España ni Portugal. Y entonces, si no lo compra la Unión Europea --dice
el protocolo--, lo podemos vender a terceros países. Va España y quiere
comprar, y a España le dicen: no, no, usted no puede comprar porque usted
no es tercer país, usted es miembro de la Unión Europea. Vemos el
contrasentido y la discriminación flagrante que sufrimos: por estar
dentro no tenemos acceso a las cuotas porque se nos aplica la estabilidad
relativa. Por estar fuera, no podemos comprar esas cuotas porque no somos
tercer país. Pero lo más grave de todo eso, señor Presidente --y aquí
viene la sobrefinanciación encubierta que se da a Groenlandia-- es que el
protocolo añade un artículo 8.º bis al acuerdo de 1984 en el que se dice
que esta financiación es por la previsión en este acuerdo de la
constitución de asociaciones temporales de empresas y sociedades mixtas.
Pues bien, se le da esta sobrefinanciación y no se ha constituido ninguna
sociedad mixta. ¿Por qué? Porque es una sobrefinanciación que se le da de
manera genérica, no condicionada a la constitución de una asociación
temporal de empresas o de una sociedad mixta.
Por tanto, cuando las posibilidades pesqueras de Groenlandia no son
capturadas por su flota, Groenlandia no propone aplicar el acuerdo y
entonces se constituyen las sociedades mixtas y esas sociedades mixtas
van a capturar. No, porque ese dinero ya lo tiene en base al protocolo y,
al no estar condicionada la ayuda a la existencia o a la constitución de
sociedades mixtas, sino que es genérica y enbloque por la simple firma
del protocolo, evidentemente Groenlandia acude al otro mecanismo: yo le
ofrezco, pero con un precio suplementario; y si usted no lo quiere, me lo
compra un tercer país. Pero en ninguna de las tres posibilidades España
es partícipe.
Por tanto, ésta es, señor Presidente, una discriminación muy palmaria que
está sufriendo el sector pequero español, que recibió carta de
naturaleza, que recibió un refrendo del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea por la interpretación que se ha hecho del PER pesquero, del
principio de estabilidad relativa, como clave de reparto que se determina
para una concreta zona pesquera de la Unión Europea, la interna y la
externa, de terceros países, sobre cada una de las pesquerías en base a
actividades realizadas entre 1973 y 1977.
Nuestra iniciativa parlamentaria pretende sensibilizar a los Grupos de la
Cámara y al Gobierno, para que se realicen --sabemos cómo está en este
momento el ámbito jurídico, pero que se realicen-- gestiones políticas
para que España tenga acceso a posibilidades pesqueras en aguas de
Groenlancia. Contamos con un elemento importante, y es que podemos
demostrar la habitualidad: ahí están los datos de la Dirección General de
Recursos Pesqueros, la Subdirección General de Relaciones Pesqueras
Internacionales, sobre las actividades de la flota pesquera española.
Por eso nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una autoenmienda a la
moción, que se ha redactado en base a la solicitud que nos ha hecho
amablemente el Grupo Parlamentario Popular. Nos ha parecido bien aceptar
esa sugerencia y hemos presentado una autoenmienda de manera que se insta
al Gobierno a realizar las gestiones que estime oportunas. Sabemos que
las judiciales están en este momento cerradas, porque es cosa juzgada a
efectos jurisprudenciales de la Unión Europea, pero se puede, en
determinados ámbitos y en base a las coyunturas políticas de cada
momento, intentar obtener, en algún momento en que se estime política o
procedimentalmente oportuno, la concesión de estas posibilidades
pesqueras a nuestra flota.
Ese es el sentido, el espíritu y el alcance de nuestra moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Pasamos a la proposición no de ley sobre medidas para que la Unión
Europea asuma la defensa y protección de la flota española que faena en
aguas de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO).
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En ésta mi primera intervención en esta Comisión Mixta para la Unión
Europea quisiera empezar recordando la importancia, que sus señorías
supongo que ya conocen, que la pesca española en general y la gallega en
particular tienen desde el punto de vista económico y social. Conviene
recordar que, a pesar de que muchas veces en el contexto global este peso
económico es relativo, en determinadas zonas la actividad económica gira
alrededor de este sector y genera gran cantidad de puestos de trabajo
directos o indirectos.
Estamos ante una batalla a nivel europeo y a nivel mundial por hacerse
con el control de recursos pesqueros y, por tanto, con los mercados.
Desde nuestro punto de vista es evidente que el peso de la política
pesquera debe ser mayor de lo que es en la actualidad, tanto desde la
perspectiva del Gobierno español como de la Unión Europea; que cada vez
más hay una percepción de que la Unión Europea no defiende con fuerza los
intereses pesqueros españoles, que son en muchas ocasiones utilizados
como moneda de cambio, y que estamos, curiosamente, ante un sector
moderno, competitivo, que tiene tradición y experiencia y, sin embargo,
nos parece que es injustamente tratado y va perdiendo posiciones
relativas poco a poco.
Y a cambio de todo esto, el mercado español está abierto a todo tipo de
importaciones pesqueras. La flota que faena en aguas reguladas por la
NAFO vive con mucha preocupación la evolución de los acontecimientos en
esa zona. Después de la denominada «guerra del fletán», de marzo de 1995,
el conflicto se cerró en falso tras el acuerdo de la Unión Europea y
Canadá de abril de 1995 y las decisiones adoptadas en la reunión de San
Petersburgo de septiembre de 1996. Canadá está vulnerando las normas de
Derecho del Mar establecidas en 1982, asumiendo de forma unilateral la
gestión de los stocks transzonales y migratorios y haciendo valer su
autoridad fuera de las 200 millas. Y ahora Canadá pretende aprobar una
nueva ley de pesquerías que va a suponer un paso más en sus intentos de
control unilateral fuera de las 200 millas de su zona económica
exclusiva.
A este nuevo intento estamos convencidos de que deben oponerse con todas
sus fuerzas el Gobierno español y la Unión Europea, porque este intento
va en serio, no sólo porque la ley se está tramitando, sino porque
existen declaraciones públicas por parte de personalidades canadienses,
como su Embajador ante la Unión Europea, que el pasado diciembre señalaba
su no renuncia a aplicar sus leyes extraterritorialmente, en concreto a
los barcos de la Unión Europea, a pesar de lo que se denominó en su día
el «Pacto de Dublín».
Nos parece que conviene suprimir de raíz esas intenciones porque van a
tener consecuencias muy negativas para nuestra flota --así lo expresan
las asociaciones de armadores-- y también porque desde nuestro punto de
vista abre una vía muy peligrosa. Si la Unión Europea no actúa con
firmeza ante Canadá, la pregunta es qué impedirá que otros Estados
apliquen normas o leyes semejantes.
Conviene recordar también que el Tratado de la Unión faculta al Consejo
para adoptar medidas eficaces para salvaguardar los intereses de la Unión
Europea y sus ciudadanos. En ese sentido adoptó en el pasado resoluciones
respecto a otros problemas, y en la pesca debe hacerlo y hacerlo en
serio. Esa seriedad para nosotros pasa por advertir a Canadá de las
consecuencias que tendría para sus relaciones con la Unión Europea el no
respeto a las normas del Derecho Marítimo internacional. Por tanto,
conviene exigir a los canadienses que deroguen las normas legales
unilateralmente establecidas en su día sobre las que basa «su derecho»,
entre comillas, a efectuar apresamientos más allá de las 200 millas, así
como la gestión de los recursos transzonales, y que desista de aprobar la
nueva ley de pesquerías.
Estamos ante un problema político ante el que nada vale esconder la
cabeza, mirar para otro lado o lamentarnos de que no se puede hacer nada
más. Desde nuestro punto de vista es evidente que las actitudes pasivas o
timoratas no harán más que ir contra nuestros intereses. Hay que
enfrentar, por tanto, el problema en serio y, desde luego, cabe hacerse
la pregunta de si la Unión Europea defiende nuestros intereses pesqueros
y, si no es así, actuar en consecuencia.
En el seno de la Unión Europea, además --y eso tampoco se debe desconocer
o ignorar--, y hay Estados interesados en destruir nuestra capacidad
pesquera --es una evidencia cada vez más clara-- restringir nuestra
actividad en aguas comunitarias o incluso expulsarnos de ellas. Ahora
estamos asistiendo a un nuevo episodio de sucesivos apresamientos en
aguas irlandesas. Por cierto, Estados que no vacilan en aliarse con
Canadá contra nuestros intereses.
Por tanto, creemos que estamos ante un problema grave y que hay que tomar
medidas al respecto. Por eso nosotros, el Bloque Nacionalista Galego,
solicitábamos con la proposición no de ley que presentamos en el Congreso
instar al Gobierno a adoptar cuantas iniciativas sean precisas para que
la Unión Europea asuma la defensa y protección de la flota española que
faena en aguas de la NAFO, oponiéndose a cualquier avance en las
relaciones con Canadá en tanto que este país no renuncie, con las
precisas garantías jurídicas, a su pretensión de aplicar medidas de
extraterritorialidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Empezamos de nuevo, brevemente, con el Bloque Nacionalista Galego.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Simplemente para decir, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, que la
argumentación que acaba de exponer el Senador Gatzagaetxebarría respecto
de la situación de nuestra flota bacaladera en la zona que tratamos es
suficientemente clara. Por tanto, anunciamos que vamos a votar
favorablemente la moción presentada por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Companys.
El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.
También en aras a la brevedad quiero pronunciar unas palabras sobre la
posición de nuestro Grupo con referencia a la moción presentada por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Desde luego, después de su
intervención, la detallada y amplia intervención del señor
Gatzagaetxebarría, nos queda poco que decir. Básicamente estamos de
acuerdo en su línea.
No insistiremos en la situación en que se encuentran los países del sur
de la Unión Europea; no continuaremos tampoco insistiendo en la paradoja
de dar un trato diferente a situaciones prácticamente idénticas. Y
tampoco insistiremos más, porque ya lo hemos hecho en varias ocasiones,
sobre cómo se proyecta el espíritu real de la Unión Europea. Me atrevería
a decir que si hiciésemos una recopilación de los textos legales, más que
un compendio legislativo que expresase una línea compacta de acción del
Gobierno comunitario, observaríamos que la realidad es bien diferente y,
con toda seguridad, nos sorprenderíamos al comprobar que las normativas
comunitarias no se ajustan generalmente al interés de la Unión Europea,
sino que responden a intereses sectoriales de los países más influyentes.
Vemos, por ejemplo, cómo en este momento pescadores holandeses pueden
faenar en aguas de Marruecos aprovechándose del convenio firmado entre
Marruecos y la Unión Europea, y esa gente nunca había faenado antes allí,
mientras que nuestros pescadores, que tradicionalmente habían pescado en
aguas de Groenlandia, tienen verdaderos problemas, como ya se ha
explicado por el portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
No entraremos en otros temas que nos parecen absolutamente
discriminatorios, como el de la OCM del vino, donde se ve perfectamente
que no se nos da un tratamiento paralelo. Pero, en todo caso, creo que
sería bueno que nosotros no renunciásemos a nuestro papel y se hiciese un
esfuerzo adicional de carácter técnico, y sobre todo de carácter
diplomático, intentando en la medida de lo posible que se imparta
justicia. Por tanto, estaríamos en la línea de apoyar esa transacción que
se ha hecho sobre la moción, en la cual se insta al Gobierno a realizar
las acciones que crea oportunas para intentar solucionar esa grave
problemática del sector pesquero, sobre todo en lo que respecta a
Groenlandia.
La proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, por los
nacionalistas gallegos, pone sobre la mesa una preocupación sentida por
todos y que hace referencia a las pesquerías en aguas NAFO y, sobre todo,
al posicionamiento de Canadá al respecto después del conflicto por la
actuación de sus patrulleras en aguas internacionales. Me parece recordar
que una proposición no de ley redactada en términos parecidos ya se
discutió en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados,
hecho que demuestra el interés que suscita ese tema.
A nuestro Grupo no le consta que en este momento el Gobierno del Canadá
esté legislando en contra del Derecho Marítimo Internacional. Estamos
convencidos de que la propia NAFO tiene que estar vigilante para que no
se legisle ni, en todo caso, se actúe contra una normativa de carácter
internacional. Por tanto, creo que pedir en este momento a la Unión
Europea que adopte iniciativas es precipitado y, a nuestro entender,
demostraría una cierta fragilidad por parte del Gobierno español. Otra
cosa es que el Gobierno, en cumplimiento de sus obligaciones y en defensa
de los intereses del sector, mantenga alerta a los representantes de
estas instituciones y que nuestros servicios diplomáticos estén a la
altura de nuestras necesidades.
Por tanto, valoramos positivamente la proposición no de ley que se ha
presentado, reconociendo la preocupación de aquellas familias y
empresarios que se pueden ver involucrados en esos problemas. Entendemos
que esta iniciativa en estos momentos no es el mejor camino para actuar y
eso no es obstáculo, como ya he dicho antes, para que el Gobierno cumpla
con su obligación en defensa de los intereses del sector.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores
Diputados y Senadores.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Companys.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González
Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Gracias, señor Presidente.
Después de la explicación de los representantes del PNV y del Grupo Mixto
en temas diferentes, como son el de Groenlandia y el de NAFO, paso a
referirme al primero, el acuerdo entre la Comunidad Europea y
Groenlandia.
Con los 22 considerandos de la moción del PNV no se discute, simplemente
hacen historia de las opiniones a lo largo del tiempo de las posiciones
comunitarias. Estando de acuerdo en la parte dispositiva, simplemente
quiero referirme a dos cuestiones para poner nuestra posición sobre la
mesa.
En primer lugar, que toda crítica al acuerdo entre la Unión Europea y
Groenlandia, formulada por mucha gente, se encuadra dentro de lo que son
las paradojas de la Europa azul. La Europa azul es una política común,
pero esto no significa que sea correcta; se puede cuestionar aunque sea
comunitaria, y se debe cuestionar en aquellos casos en los que se
producen evidentes paradojas. Y una de las paradojas más evidentes, fruto
de acuerdos políticos, es el concepto de la estabilidad relativa, que
lleva consigo que se exploten en demasía determinados recursos y que
otros no se exploten. Y justamente se da también la paradoja más
flagrante --sobre la que yo creo que todos los responsables pesqueros
españoles actúan, como los propios armadores y tripulantes y marineros--
que consiste en que a algunos países se les adjudican cuotas de pesca,
sean de papel o no, que luego no utilizan, y lo único que buscan es
encontrar un mercado de arrendamiento de esas cuotas. Con lo cual da la
impresión de que se es muy rígido en la política de gestión y se es muy
laxo en la política comercial. Se produce también otra evidente paradoja:
se acepta la estabilidad relativa, pero no a los dos últimos países que
han entrado a formar parte de la Unión Europea, España y Portugal.
Ha reconocido el señor Gatzagaetxebarría todas las discusiones jurídicas
y el papel que ha jugado el antiguo Comisario, señor Marín. Es evidente,
como conclusión, que a todos nos produce gran insatisfacción ese «fait
accompli» de la Comunidad.
También se ha puesto de manifiesto que la exclusión de España y Portugal
de forma directa de la adjudicación de cuotas no es de recibo, así como
que la compensación económica que sube del primero al segundo y al tercer
protocolo en términos del 30 por ciento no tiene correlación con las
posibilidades de pesca, que están por debajo del 20 por ciento. También
es evidente que la relación coste-beneficio es desventajosa para la Unión
Europea.
Se han utilizado todos los criterios. Esa paradoja de la Europa Azul se
pone de manifiesto incluso en las propias publicaciones de la Unión
Europea, en ese, digamos, libro no distribuido que se llama «Manual de la
Política Pesquera», editado por los servicios de la Comisión. Da la
impresión, y parece mentira, de que a veces los propios servicios
técnicos reflejan las paradojas pero después no llegan a conclusiones,
digamos, correctas.
La segunda cuestión es que lo importante de la pesca no solamente son los
recursos, sino también la distribución, la industrialización y el
mercado. Ciertos elementos que aparecen en los protocolos, como la
posibilidad de que sociedades mixtas y asociaciones temporales de
empresas pesquen, podrían ser utilizados por los propios armadores
españoles. En ocasiones, y lo digo con mucha sinceridad, el sector
pesquero tendrá que defender lo suyo, pero también tendrá que ganar
posiciones de cara al futuro. A veces no consiste en buscar la
rentabilidad al día siguiente, sino estar situados en esa permanente
lucha por el control, la apropiación y la gestión de un recurso. En
ocasiones, flotas pesqueras españolas, francesas o portuguesas renuncian
a pescar en determinadas áreas y perdemos el concepto de la habitualidad
y, por tanto, no podemos estar en condiciones de decir que allí tenemos
unos derechos utilizados de tiempo atrás. Yo creo que el Gobierno español
en los años noventa ha desarrollado unas campañas experimentales
interesante para conseguir esa garantía histórica de haber faenado ahí.
Hago estas simples consideraciones, que pueden comprobar que son menos
que 22, pero estamos de acuerdo con la parte dispositiva.
El tema de NAFO se puede resumir en una fase que en su día, cuando surgió
el conflicto con el barco con base en Vigo en aguas históricas del otro
lado del Atlántico, Brian Tobin, en aquel momento Ministro de Pesca de
Canadá, declaraba: Los nuevos mercados suponen una nueva concurrencia y
nuevas ocasiones de las que nosotros debemos sacar partido. Más claro y
con menos palabras es imposible definir cuál fue la posición de Tobin en
aquel conflicto y en aquellas decisiones que otros países, siguiendo a
Canadá, como Argentina, como Islandia, como Noruega, han tratado de
aplicar en la extensión de su zona económica exclusiva más allá de las
200 millas.
También el Gobierno español, en su momento, mantuvo una posición firme y
rotunda en lo tocante a las leyes y a las decisiones del Gobierno de
Canadá y de Terranova: criterios de extraterritorialidad, actuaciones en
contra del Derecho del Mar y sobre todo, algo más importante, la
ocultación de que los recursos pesqueros en la zona gestionada por los
canadienses eran justamente aquellos que estaban depauperados,
sobreexplotados. Se acusaba a las flotas extranjeras que estaban faenando
allí de ser las causantes de dicho deterioro y es evidente --y ahí están
los informes científicos para avalarlo-- que en las zonas 2J o 3KL, el 95
por ciento de las reservas de estas especies se encuentran en las zonas
canadienses y sólo el 5 por ciento en aguas internacionales. Si
analizamos las cifras, podemos ver la caída pronunciada de las capturas
canadienses y, como consecuencia, de una pésima regulación pesquera en
dichas aguas.
En estos momentos, el plano de discusión del tema de NAFO hay que
plantearlo en tres niveles: primero, la lucha por la apropiación
territorial de los recursos existentes en dicha zona, bien sean a corto o
a largo plazo: en segundo lugar, la problemática de la gestión de los
recursos migratorios, transfronterizos y en aguas internacionales,
problemática que ha sido discutida recientemente en la Conferencia de
Naciones Unidas sobre dichos recursos, y, en tercer lugar, el problema de
la gestión vinculado con la rentabilidad y la conservación de los
recursos. Si en esos planos la Unión Europea tiene una posición común,
por ahí podemos avanzar. Si, por el contrario, la Unión Europea no es
capaz de mantener una posición común en sus relaciones y acuerdos
pesqueros con otros países, evidentemente se deteriora la capacidad y la
fortaleza del sector pesquero español.
Saben sus señorías que hace pocas fechas, el 30 de octubre de 1996, en un
documento de la Unión Europea, el 468, relativo a los acuerdos de pesca,
situación actual y perspectivas, según la comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento Europeo, los asuntos referidos tanto a
Groenlandia y aguas de NAFO como al caso de Rusia ocupan un solo renglón:
no se pone un énfasis especial donde existen conflictos. El Gobierno
español, el sector pesquero español y los sindicatos de trabajadores del
mar españoles deberían buscar la acción sólida y reforzada para que los
acuerdos de pesca y las relaciones internacionales de la Unión Europea
vayan en beneficio de aquellos países productores y no tanto de aquellos
países que luego ponen todo tipo de objeciones a la renovación de
acuerdos pesqueros con otros Estados por ser muy onerosos.
Yo creo que esto es una cultura del mar importante y que hay que mantener
la pesca. Muchas poblaciones viven de este tipo de actividad, que fue y
sigue siendo emergente, con gran potencialidad de futuro. En este
sentido, mi Grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, apoyará cuantas
iniciativas vayan en la línea de defender los intereses del sector y
promover que la Unión Europea también defienda con ahínco y solidez sus
posiciones internacionales.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Laxe.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABON: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con
la proposición no de ley del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos
sobre la actuación de la flota española en aguas de Groenlandia. Después,
mi compañero el Senador Leopoldo Ortiz fijará la posición de nuestro
Grupo en relación con el tema de la NAFO.
Como sus señorías saben, el primer acuerdo pesquero con Groenlandia se
firma en 1984 por un plazo de diez años. Este acuerdo implicaba la
posibilidad de capturar especies pesqueras tan relevantes como el
bacalao, el fletán negro, la gallineta, etcétera. España ingresó en la
entonces Comunidad Económica Europea en 1986, por lo que quedó fuera del
acuerdo de 1984.
Durante las negociaciones del segundo protocolo en 1989, año en el que
durante el primer semestre España ostentó la Presidencia comunitaria, la
Administración española
hizo todos los intentos para que en el marco del acuerdo Comunidad
Económica Europea-Groenlandia, a diez, se reconsiderara la nueva
situación de la Comunidad ampliada con España y Portugal con objeto de
conseguir la reincorporación a la actividad pesquera de la flota española
en aguas groenlandesas. Pero la esperanza puesta en esta negociación,
dado que concurrían todas las circunstancias para que los nuevos Estados
miembros se integraran, se vieron defraudadas con el resultado del
Consejo de Ministros de Pesca de 18 de diciembre de 1989, manteniendo la
participación de los Estados miembros que se beneficiaban en el primer
protocolo, a pesar de la declaración de intenciones del Comisario de
Pesca en el Consejo de junio de ese mismo año. La falta de apoyo del
Consejo en ese objetivo fue motivada por el criterio de que la aplicación
del principio de estabilidad relativa es contraria a la participación de
España tanto en las cuotas obtenidas en el protocolo como en las posibles
cuotas suplementarias o en las infrautilizadas.
Esa interpretación motivó que España recurriera ante el Tribunal de
Justicia de Luxemburgo el 19 de febrero de 1990 impugnando el Reglamento
4.054/1989 por el que se efectuaba el primer protocolo. Portugal se sumó
a esta demanda interponiendo asimismo otro recurso.
El 13 de octubre de 1992 el Tribunal de Justicia de Luxemburgo dictó
sentencia en los asuntos 63/90 y 67/90, recursos interpuestos
respectivamente por la República de Portugal y el Reino de España,
sentencia que declaró la validez del Reglamento impugnado. En esta
sentencia se añade que estos Estados miembros tendrán derecho a
participar en el reparto de las nuevas posibilidades de pesca que puedan
resultar disponibles con arreglo a acuerdos con países terceros
celebrados después de la adhesión y que tengan por objeto recursos
pesqueros que deban repartirse aún.
Ante esa realidad judicial, durante las negociaciones del tercer
protocolo, que tiene vigencia del 1.º de enero de 1995 a 31 de diciembre
del año 2000, España promovió la incorporación en el acuerdo de elementos
de segunda generación, como sociedades mixtas y asociaciones temporales
de empresas, en las que el principio de estabilidad relativa no se
aplica, modificándose el referido acuerdo para su adaptación a estas
nuevas fórmulas de cooperación que quedaron reguladas en su nuevo
artículo 8 bis. Como consecuencia de esta modificación del acuerdo, la
actividad pesquera de la flota española en aguas de Groenlandia puede
desarrollarse en el marco de asociaciones temporales de empresas y por
empresas mixtas.
En este contexto, el sector ha solicitado de la Administración pesquera
se estudie la vía de acuerdos entre empresas españolas y empresas de
otros Estados miembros que tienen cuotas de pesca en aguas de Groenlandia
para la constitución de asociaciones temporales entre socios europeos y
de ese país. Esta propuesta se está analizando en el marco del acuerdo de
pesca Unión Europea-Groenlandia y posteriormente podría ser trasladada a
los servicios de la Comisión.
Por último, y con respecto a las cuotas todavía no repartidas entre los
Estados miembros y sólo asignadas para la realización de campañas
experimentales y a las que España tiene acceso, granadero y bacalao
polar, por ejemplo, ha quedado clara nuestra oposición ante la Comisión
en los grupos de política exterior de la pesca sobre las condiciones y
limitaciones en que debe llevarse a cabo esta actividad, especialmente en
lo relativo al tope de capturas accesorias de fletán negro, especie
asociada al granadero, y la exploración en fondos superiores a 1.500
metros. En este sentido, en la última reunión del grupo, que se celebró
el 21 de febrero pasado, se solicitó a la Comisión información para, en
su caso, revisar las condiciones impuestas por parte groenlandesa en lo
concerniente a la posibilidad de explorar el tramo entre 800 y 1.500
metros de profundidad.
Por todo ello, señor Presidente, no se debe descartar la posibilidad de
incrementar la presencia de la flota española en aguas de Groenlandia y
mi Grupo apoya la enmienda introducida a su proposición no de ley por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que dice literalmente: Se insta
al Gobierno para que realice las gestiones que estime oportunas para
lograr posibilidades pesqueras para la flota española en aguas de
Groenlandia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Señor Ortiz, tiene la palabra.
El señor ORTIZ CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en esta Comisión
sobre la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego en relación
con la defensa y protección de la flota española que faena en aguas de la
NAFO.
Esta proposición no de ley está precedida por una cantidad importante de
iniciativas parlamentarias que demuestra la sensibilidad de muchos grupos
parlamentarios a este respecto y en particular del Partido en el
Gobierno, del propio Gobierno, que ya en su programa electoral definía
como compromiso que el Gobierno del Partido Popular emprenderá una firme
defensa exterior de nuestros intereses pesqueros. En esa línea es en la
que el Gobierno del Partido Popular está actuando desde que accedió al
mismo.
El Gobierno del Partido Popular en estos momentos es partidario de no
hacer declaraciones grandilocuentes, sino de actuar con rigor y con
conocimiento de las trabas y las limitaciones que existen, sobre todo en
aspectos como el pesquero. En nuestra opinión, el sector pesquero debe
ser tratado como una cuestión de Estado por la importancia económica,
social, histórica y cultural que tiene para muchas regiones peculiares de
nuestro territorio. Esa sensibilidad sí que la tenemos desde el Grupo
Popular y sí que la tiene el Gobierno. Y en esa línea de sensibilidad
reconocemos que preferimos actuar como se está actuando en este breve
plazo de tiempo en el que el Gobierno Popular está gobernando España, con
conocimiento de la situación de la Unión Europea y a su vez de lo que
supone negociar como bloque de Unión Europea con otras organizaciones
internacionales como la NAFO que, a su vez, lo que pretende,
como es lógico, es defender el Derecho marítimo pesquero internacional y
evitar que se viole.
El Gobierno español ha realizado todas las gestiones a su alcance a fin
de evitar la puesta en práctica de la nueva ley de pesquería canadiense.
Estamos en contra, es evidente. De una parte se ha logrado que se recoja,
tras gestiones en Consejos de Ministros en la Unión Europea, en el marco
de las declaraciones transatlánticas en el plan de acción Unión
Europea-Canadá, adoptados en diciembre de 1996, el compromiso canadiense
de no aplicar las leyes extraterritoriales y de trabajar junto a la Unión
Europea para evitar dicha aplicación en las relaciones internacionales.
Este compromiso ha sido valorado de forma muy positiva, pues elimina la
incertidumbre jurídica en la que podía encontrarse nuestra flota pesquera
que, en ocasiones, ha sufrido situaciones límite teniendo en cuenta el
ambiguo contenido que en algunos aspectos presenta la legislación
canadiense. Supone, además, una mejora de las condiciones en que se faena
en la NAFO, un paso adelante en el reconocimiento a las tesis jurídicas
españoles y, por último, la reafirmación de NAFO como organización
competente en la región.
De otra parte, España ha promovido la elaboración de posiciones comunes
en el seno del Grupo de Política Exterior de Pesca del Consejo de la
Unión. Es decir, que el Gobierno español sigue activo y bueno es
recordarlo; pero a veces no es necesario insistir, aunque sea un tema que
nosotros consideramos vital para nuestro país.
El pasado día 21 de octubre de 1996 ya se debatió una moción de contenido
similar. ¿Y qué es lo que está haciendo el Gobierno? Pues actuando;
actuando en los foros donde tiene que actuar y con el riguroso propósito
de defender seriamente los intereses pesqueros españoles en cualquier
parte del mundo y en particular en la zona de la NAFO.
En estos últimos tiempos, en corto espacio de tiempo, el Gobierno español
está realizando estudios en la zona, estudios científicos con datos
propios, para utilizarlos en las negociaciones tanto en la Unión Europea
como con Canadá. Es decir, que no nos basta con ir con los argumentos que
nos aporten los canadienses; en estos momentos se están realizando
estudios científicos, como digo, para poder utilizar con rigor argumentos
que permiten la defensa del sector pesquero español.
Otra medida importante del Gobierno es el rigor en el control de la
propia flota pesquera española. Es evidente que no podemos olvidar que
nuestra flota también debe, como se ha dicho en esta sala, ganar
posiciones cada día, tratar de reestructurarse y, a su vez, cumplir
absoluta e íntegramente las normas internacionales de pesca para impedir
las represalias contra nuestros pescadores.
Igualmente, la actitud ante el marco de las declaraciones transatlánticas
en el plan de acción Unión Europea-Canadá hasta que Canadá acepte
entenderse con la Unión Europea ha supuesto un esfuerzo del Gobierno
español en sus negociaciones en el contexto de la Unión Europea.
Como resultado de lo anteriormente dicho, se ha conseguido un consenso en
el sentido de considerar que la normativa contiene numerosas
disposiciones que vulneran el Derecho internacional, Derecho
internacional que el Gobierno español tiene la obligación de contemplar.
En cuanto la negociación no se pueden pedir, como todas sus señorías
saben, grandes precipitaciones, porque los intereses son múltiples y, en
consecuencia, la labor diplomática, la labor técnica, la labor
negociadora tiene que ser intensa.
En esa línea, y tratándose en estos momentos la posibilidad de realizar
una gestión comunitaria ante Canadá que conlleve la protesta sobre el
contenido de dicha ley, dejando patente que, en todo caso, este país ya
se ha comprometido políticamente a no aplicar la misma a la Unión Europea
en el precitado plan de acción Unión Europea-Canadá, con todos estos
antecedentes, nos parece al Grupo Popular que no procede apoyar la moción
o proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego por
considerar que el Gobierno está ya actuando intensamente en este proceso
internacional en defensa de algo que para el Partido Popular y para el
Grupo Parlamentario Popular es fundamental en el contexto de los
intereses del mundo pesquero español y forma parte de nuestros
compromisos de Gobierno. Por tanto, consideramos que no es necesaria esta
moción y vamos a votar en contra de la misma.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz.
--PROPOSICION NO DE LEY DE MODIFICACION DEL TRATADO DE LA UNION EUROPEA
(UE) EN EL AMBITO DE LA PROTECCION DE LA INFANCIA. (161/000322.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es
la proposición no de ley de modificación del Tratado de la Unión Europea
en el ámbito de la protección de la infancia.
Es una propuesta de distintos Grupos. Por tanto, ¿quién desea intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Teresa Fernández de la
Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias, Presidente.
Señorías, el Grupo Socialista ha presentado, junto con otros Grupos de
esta Cámara, esta proposición no de ley en el convencimiento de que nos
encontramos ante un tema de la máxima importancia política y
trascendencia social. Y creemos que es así porque estimamos que la
reforma del Tratado que va abordarse en el ámbito de la Conferencia
Intergubernamental debe contribuir de forma prioritaria a desarrollar el
Estatuto de Ciudadanía. Mediante la catalogación de los derechos
fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, mediante la mejora
del funcionamiento del sistema de garantías en el ámbito de los derechos
de libertad de circulación y de seguridad de los ciudadanos, debe
favorecer la adhesión del ciudadano respecto del cumplimiento de los
deberes comunitarios y aumentar al propio tiempo la confianza en el
funcionamiento de las instituciones de modo más transparente, cercano y
próximo al ciudadano.
Europa, señorías, debe ponerse al servicio del ciudadano y debe también,
y sobre todo, facilitar la vida del ciudadano. Y si hablamos de
ciudadanía, de desarrollo y contenido del Estatuto de Ciudadanía, de
acercamiento, tenemos que dedicar una atención especial a un sector muy
amplio, que es el compuesto por los niños y los jóvenes. Es evidente que
el Tratado no contiene una regulación específica y adecuada que permita
abordar correctamente los temas que afectan a la infancia y a la
juventud, un marco legal que permita traducir en la práctica los derechos
de la infancia tal y como están recogidos en la Convención de Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, y por ello constituye una auténtica
laguna que es primordial colmar, una necesidad que es preciso satisfacer,
la fijación en el Tratado de disposiciones precisas que nos permitan
tener en cuenta y defender como prioridad política los intereses de los
niños como ciudadanos de la sociedad de hoy y representantes de la
sociedad del mañana.
Durante mucho tiempo, los niños han sido percibidos por los adultos como
unos seres aparte a los que hay que satisfacer determinadas necesidades
que ellos no pueden por sí solos. Hoy, felizmente, existe una visión
nueva de la infancia. El niño es un ser humano titular de derechos
propios y de responsabilidades y reivindica una participación efectiva en
la vida familiar y social. Pero, a pesar de constituir uno de los grupos
más importantes de la sociedad, a diferencia de otros sectores como, por
ejemplo, el de la tercera edad, los niños no pueden constituir un grupo
de presión; no son titulares del derecho al voto, carecen de instrumentos
políticos que defiendan de manera propia sus derechos o intereses, son a
menudo políticamente invisibles, yo diría que en todos los niveles de
decisión están escasamente representados.
No podemos hacer progresar la causa de la infancia y la juventud en tanto
que ciudadanos de hoy y del mañana si no damos mayor visibilidad a su
existencia, a su presencia, y para ello es imprescindible que sus
derechos civiles y políticos sean reconocidos explícitamente en el texto
del Tratado de la Unión a fin de poder garantizar su ejercicio y su
defensa.
Se nos olvida con demasiada frecuencia, posiblemente debido a una
concepción trasnochada de lo que es la infancia y la juventud, que los
niños hoy tienen derecho a un nombre, derecho a una nacionalidad, derecho
a la salvaguarda de su identidad, a que su punto de vista sea tomado en
consideración, a la libertad de expresión e información, de pensamiento,
de religión, a la protección de su intimidad, de su vida privada, de su
integridad física, y un largo etcétera. Y que estos derechos
fundamentales y muchos más, en la Europa de los Derechos Humanos, si
tienen que estar reconocidos a todos, deben estarlo con mayor intensidad
para quienes objetivamente tienen menos posibilidad y capacidad para
reivindicarlos. Creo que no hemos llegado tan lejos en el reconocimiento
y protección de nuestros niños y jóvenes como para poder decir que no es
preciso llevar a cabo políticas europeas comunes. Es más, yo creo que la
Unión Europea debería definir una estrategia para la infancia y la
juventud para los próximos años, dotando de contenido que abarque tanto
el desarrollo y potenciación de los derechos políticos civiles de la
infancia como de los derechos económicos y sociales. Porque si
importantes son los primeros, en el caso de este sector de la población
que carece de autonomía los derechos económicos y sociales cobra todavía
mayor relieve. El derecho a la educación, a la vivienda, a la sanidad, el
derecho a alimentos, el derecho a participación, a la información.
Derechos universales, señorías, que aun cuando puedan estar reconocidos
en las legislaciones internas no siempre aparecen garantizados con el
mismo nivel e intensidad.
Como dice el preámbulo de la proposición no de ley que estamos
debatiendo, hay muchas maneras de hacer frente a esta cuestión, pero si
no aprovechamos esta ocasión para introducir disposiciones que puedan ser
de directa aplicación, seguiremos estando al albur de la oportunidad y la
conveniencia del momento para abordar problemas específicos y
priorizarlos. No puede ser que se excluya la no discriminación por
razones de edad cuando sabemos por experiencia histórica la importancia
que la prohibición de no discriminación cobra para hacer prosperar
cualquier causa. Ahí están, señorías, los avances en materia de igualdad
de sexos. El Grupo Parlamentario Socialista considera que ésta debe ser
una batalla prioritaria en el marco de la Conferencia Intergubernamental.
Es necesario combatir con todos los instrumentos que estén a nuestra mano
para conseguir la eliminación de diferencias injustificadas entre las
generaciones. Favorecer la democracia es propiciar una mayor igualdad
entre adultos y niños.
Quiero hacer llegar al Gobierno que todos los esfuerzos que invierta en
la defensa de la inclusión de disposiciones normativas en el texto del
Tratado para proteger los derechos políticos, civiles, sociales y
económicos de los niños; en el establecimiento de mecanismos de garantía
y protección, con mención específica de la Convención de Derechos del
Niño de las Naciones Unidas y con una disposición expresa que establezca
la prohibición o eliminación de toda discriminación por razón de edad,
contarán con todo el apoyo de mi Grupo.
Por todo ello, solicitamos apoyo a la proposición no de ley que estamos
debatiendo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández de la Vega.
Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Pilar Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
En primer lugar quiero facilitar a la Diputación señora Fernández de la
Vega por su magnífica intervención y por la sensibilidad demostrada en
este tema, que plenamente comparto.
Esta proposición no de ley, cuya finalidad última es intensificar la
proteccion de la infancia a nivel europeo, pone de manifiesto el
convencimiento generalizado de que la salvaguarda de los derechos de los
niños constituye una base imprescindible para el desarrollo de la Europa
del futuro. Así, en esta línea, con ocasión de las negociaciones que se
están llevando a cabo en la Conferencia Intergubernamental,
especialmente constituida para revisar el Tratado de la Unión Europea, se
han presentado numerosas iniciativas para dar cabida a la infancia en el
ámbito comunitario. Puede citarse, entre otras, la Declaración de Madrid
aprobada en el Seminario sobre Políticas de la Infancia en Europa,
organizado por el Ministerio de Asuntos Sociales con ocasión de la
Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, del 18 y 19 de
diciembre del año 1995. En este encuentro participaron representantes del
Consejo de Europa, de UNICEF, del Comité de las Naciones Unidas para el
Derecho de la Infancia, representantes de la Red Sueca de Parlamentarios
por los Derechos de la Infancia y miembros de varias organizaciones no
gubernamentales españolas y extranjeras.
La Declaración de Madrid hace un llamamiento para que Europa se sitúe en
la vanguardia de la promoción y cumplimiento de los derechos de la
infancia y se hagan todos los esfuerzos posibles para que el Tratado de
la Unión Europea, con motivo de su revisión en la Conferencia
Intergubernamental, incorpore una referencia clara y específica a la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia, según la
cual los niños sean claramente reconocidos como ciudadanos de la Unión
Europea y en la que se aplique el principio de no discriminación con
independencia de la edad.
El actual Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, considerando la
protección del menor como una de sus prioridades fundamentales, ha
impulsado, a través de su Secretaría General de Asuntos Sociales, la
inclusión de una serie de propuestas sobre la infancia en la agenda de la
Conferencia Intergubernamental: mención expresa y formal de la Convención
sobre los Derechos del Niño, prohibición de discriminación por razón de
edad, ciudadanía de los niños, y otras cuestiones sobre la promoción de
sus derechos y su calidad de vida.
El Grupo Parlamentario Popular votará, por supuesto, favorablemente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pulgar.
Pasamos a las votaciones. (El señor Cardona i Vila pide la palabra.)
Señor Cardona, no le he visto que pidiera la palabra antes. Son todos
Grupos proponentes y, en consecuencia, era el primero que tenía que haber
intervenido. Pero en fin, no hay ningún problema.
Tiene la palabra.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias y dispense, señor Presidente.
Señorías, en la IV Reunión de la Comisión Interparlamentaria
Latinoamericana de los Derechos Humanos celebrada en Chile el 31 de mayo
y 1 y 2 de junio de 1996, en la sesión plenaria inaugural, la Directora
Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, la señora Marta
Maurás, en su discurso titulado «La Convención Internacional de Derechos
del Niño sobre Derecho, democracia y realidad», empezaba diciendo: Hasta
no hace mucho, desde el punto de vista del Derecho, los problemas de la
infancia no constituían otra cosa que problemas de menores, es decir,
problemas menores.
Continuaba a lo largo de su intervención expresando: Desde la perspectiva
de la democracia entendida como valor absoluto y única forma pacífica de
convivencia político-social posible el tema de la participación juvenil
remite con igual intensidad al tema de la voz de los niños y los oídos de
los adultos. En otras palabras: los niños y adolescentes tienen voz,
tienen una visión del mundo y una perspectiva de futuro creativa y nueva
que aportar y, además, tienen el derecho de expresarla y a ser
escuchados. En el ejercicio de este derecho podemos también señalar que
los niños son buenos para la democracia.
Y terminaba su alocución con estas palabras: Si los problemas de la
infancia no se transforman en razón de Estado, corremos el riesgo de
precipitarnos en el abismo de un Estado sin razón.
Evidentemente, existe una conciencia generalizada de que los derechos de
los niños y los jóvenes no están correctamente recogidos en la actual
versión del Tratado de la Unión Europea cuando sí se recogen los derechos
de otros colectivos, aunque realmente sea un grupo de gran importancia.
El momento actual es especialmente indicado para subsanar este olvido al
celebrarse la Conferencia Intergubernamental de la Unión Europea, ya que
se debe proceder a la elaboración de un nuevo tratado. Esta inclusión de
menciones específicas a niños y jóvenes en la nueva versión revisada del
Tratado de la Unión puede adoptar formas muy diversas, efectivamente.
Existe un elevado número de normas del Consejo de Europa promulgadas a
través de sus comités, de ministerios o Asamblea de parlamentarios que
han de ser tenidas en cuenta a la hora de reformar el Tratado de la
Unión. También se han de considerar los convenios y tratados ratificados
por todos o parte de los Estados miembros. Todo este cuerpo normativo,
vinculante o recomendado, no puede ser contradictorio con el nuevo
Tratado.
Entendemos que hay unos aspectos básicos de protección a la infancia que
pueden y deben ser considerados en el nuevo Tratado de la Unión Europea.
Entre ellos, la prostitución y abuso sexual infantil, unificando
criterios en la persecución de la prostitución infantil efectuada dentro
de los Estados miembros, tanto de sus inductores como de los usuarios, y,
asimismo, penalizando a los ciudadanos de la Unión que ejerzan alguna
actividad pasiva o activa de prostitución infantil en terceros países.
El derecho a que la infancia sea tenida en cuenta, como he dicho
anteriormente: la infancia, como colectivo con personalidad propia, tiene
que ser escuchada y tenida en cuenta en todos aquellos aspectos
personales o sociales que le afecten directa o indirectamente.
La explotación laboral de la infancia: ningún niño o niña autóctono o
emigrado deberá tener un trabajo asalariado permanente antes de los 16
años sin haber completado su escolarización obligatoria. Y no se
separarán tampoco los niños o niñas extranjeros de sus familias, bien sea
que puedan residir con ellas, bien se encuentren con sus
padres, bien tengan éstos residencia legal o estén en proceso
administrativo o judicial para obtenerla.
Lo mismo podemos decir de la protección especial de la infancia respecto
de sectas o grupúsculos, protección que debe extremarse por las
consecuencias muy graves y de difícil previsión que puede tener su
captación por ellas.
El derecho a participar en el intercambio social de ideas y de opiniones;
el derecho a la educación, a la cultura propia, la religión y lengua. Y
un derecho también especial a la salud: la infancia debe disponer de unas
mejores condiciones ambientales, recibiendo una atención sanitaria
especial y, siempre que sea posible desde una perspectiva médica, los
niños estarán acompañados de sus padres. La infancia no deberá sufrir
ninguna discriminación por razones de enfermedad.
Algunos otros aspectos cabría también tener en cuenta, como la creación
de un «ombudsman» europeo de la infancia con jurisdicción en todos los
países de la Unión; la aprobación de la Carta Europea de los Derechos del
Niño en la línea de la Convención y profundice en ella; la creación de un
observatorio europeo de la infancia con métodos sociológicos que redacte
los informes anuales por países.
En definitiva, señor Presidente, señorías, nos satisface apoyar esta
proposición no de ley de una manera muy especial porque, además de que ha
sido presentada por todos los Grupos, viene a solucionar una cuestión que
en cierta forma debería hacernos sonrojar a todos a estas alturas.
Esperamos que nuestra aportación sea lo suficientemente importante para
conseguir esta Europa de los ciudadanos que todos deseamos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona.
Si no hay ninguna intervención adicional, pasaríamos a las votaciones.
Empezamos por el primer punto del orden del día, la moción del PNV, en
los términos recogidos en la enmienda de modificación. Entiendo, señor
Gatzagaetxebarría, que cuando dice «se insta al Gobierno» debe decir «la
Comisión Mixta insta al Gobierno». Me refiero a la Comisión Mixta para la
Unión Europea. (Asentimiento.) Con esta matización, pasamos a votar la
moción del PNV.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Aprobada por unanimidad.
Pasamos a la segunda, votación de la proposición no de ley sobre medidas
para que la Unión Europea asuma la defensa y protección de la flota
española que faena en aguas de la Organización de Pesquerías del
Atlántico Noroeste (NAFO), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Tercer punto del orden del día, inicialmente el segundo: proposición no
de ley de modificación del Tratado de la Unión Europea en el ámbito de la
protección de la infancia.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Aprobada por unanimidad.
Muy bien. Entonces, quedan aprobadas la propuesta primera y segunda del
orden del día por unanimidad y la tercera queda rechazada por mayoría.
Muchas gracias.
Buenas vacaciones.
Se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y quince minutos.