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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 27, de 07/11/1996
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1996 VI Legislatura Núm. 27
DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESIDENTE: DON ROGELIO BAON RAMIREZ
Sesión núm. 3
celebrada el jueves, 7 de noviembre de 1996, en el
Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Debate del Informe Anual del Defensor del Pueblo. (Número de expediente
Congreso 260/000001 y número de expediente Senado 780/000001.)
Aprobación de la delegación en favor de la Mesa a la que hace referencia
la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983,
en relación con el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los
Diputados. (Número de expediente 042/000004.)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
--DEBATE DEL INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. (Número de expediente
Congreso 260/000001. Número de expediente Senado 780/000001.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión.
Conforme al orden del día, que han de tener todos ustedes, corresponde,
en primer lugar, la exposición y debate del informe del Defensor del
Pueblo sobre el ejercicio de 1995. Debo decirles que se ve a estas
alturas del año porque, como no se les oculta a ustedes, ha habido
elecciones generales en marzo, no se constituyeron las Cámaras hasta
iniciado el verano
y no se ha completado la institución con los adjuntos al Defensor hasta
recientemente. Quiero aprovechar el momento para dar la bienvenida a los
señores Rovira y Uribarri, que son adjuntos primero y segundo
respectivamente del Defensor del Pueblo, y asimismo dedicar un recuerdo
de reconocimiento a doña Margarita Retuerto, que ocupa plaza de vocal en
el Consejo General del Poder Judicial.
Este es un debate ya clásico, con unas normas precisas para su regulación
y no hay más que dar la palabra al Defensor del Pueblo, no sin antes,
como norma metodológica, decir que, una vez que haya expuesto su informe
a la Comisión, se suspenderá la sesión por un tiempo de diez minutos
para, a continuación, que sean los portavoces de los distintos grupos los
que intervengan, así como cuantos Diputados y Diputadas, Senadores y
Senadoras quieran formular preguntas.
Sin nada más por parte de la presidencia, tiene la palabra el Defensor
del Pueblo, don Fernando Alvarez de Miranda.
El señor ALVAREZ DE MIRANDA TORRES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señores miembros de la Mesa, señoras y señores
Diputados y Senadores, la comparecencia que realizo hoy ante esta
Comisión para rendir cuentas del informe del año 1995 responde a la
necesidad de cumplir con el mandato contenido en el artículo 54 de la
Constitución y las previsiones legales establecidas también en el
artículo 32 de la Ley orgánica reguladora de la institución que presido.
Es ésta mi primera intervención ante la Comisión Mixta de la nueva
legislatura y deseo por ello comenzar con unas palabras de bienvenida y
agradecimiento a SS. SS. por su presencia en esta sala. Pero quisiera que
ese agradecimiento a cada uno de los parlamentarios presentes y a los
diferentes grupos se considerara no como una manifestación protocolaria,
de mera cortesía, sino como la expresión reconfortada de sabernos
especialmente reforzados en nuestra misión por la confianza con que SS.
SS. nos honran y a la que procuraremos corresponder con lealtad y entrega
a la encomienda recibida.
Antes de entrar en el análisis del contenido específico del informe,
considero inexcusable hacer una referencia a la demora --lo decía el
Presidente de la Comisión-- con la que ha sido convocada esta
comparecencia y que se ha debido, como SS. SS. saben, a la disolución de
las Cámaras, sobrevenida como consecuencia de la consulta electoral
celebrada el pasado mes de marzo, y al lapso de tiempo transcurrido desde
el cese de la adjunta primera hasta la fecha del nombramiento de los
nuevos adjuntos. Desde aquí, también yo, por mi parte, quiero sumarme a
las palabras del Presidente de la Comisión, dedicando un recuerdo a
Margarita Retuerto, antigua adjunta primera y durante dos años adjunta en
funciones de Defensor del Pueblo, que se ha incorporado, como ustedes
saben, recientemente al Consejo General del Poder Judicial, y a la que
deseo y auguro toda suerte de venturas en el desempeño de su labor.
Esta cita con la Comisión Mixta para debatir el informe del año 1995
tiene un cierto aire de cambio. Se trata del primer informe que se ha
realizado íntegramente por el actual Defensor del Pueblo, pero también
hay una novedad en la misma composición de la Comisión, en la que se
refleja el resultado de la última consulta electoral, aire de novedad en
el que se reúnen, por un lado, la experiencia de los que durante años,
incluso en diversas legislaturas, han aportado su contribución a esta
Comisión y, por otro, la ilusión de los que, estrenando actividad
parlamentaria, pueden aportar nuevos criterios para encarar la tarea de
defensa de los derechos humanos.
No cabe duda de que la presentación del informe, y más específicamente su
preparación, constituye una oportunidad de reflexión crítica para la
propia institución del Defensor, reflexión que traslado a esta Comisión
como responsable del mandato que las Cortes nos hicieron. Esta reflexión
debe efectuarse, a mi entender, según una línea metodológica, en tres
campos perfectamente diferenciados.
En primer lugar estaría la reflexión y el discernimiento sobre las quejas
de los ciudadanos, sus características, su origen desde una perspectiva
geográfica, la fuente de donde surgen, su número y su magnitud social,
económica y cultural, el carácter reiterativo de algunas quejas y el
manifiesto silencio de otras.
Un segundo plano de reflexión lo constituiría toda la tarea realizada en
relación con la Administración, las comunicaciones, las mediaciones
intentadas y conseguidas, las respuestas adecuadas de los distintos entes
administrativos, así como las contestaciones desajustadas, morosas o
simplemente inexistentes, es decir, la respuesta de la Administración
ante las quejas de los ciudadanos y también ante las sugerencias,
recomendaciones y recordatorios de deberes legales que han sido
formulados desde nuestra intención.
Por último, una reflexión sobre la misma actuación del Defensor, desde
una perspectiva autocrítica, tratando de buscar un criterio de
objetividad e imparcialidad en el análisis del trabajo realizado, tanto
para estimularnos con los éxitos como para adquirir conciencia del
déficit en nuestro funcionamiento.
La eficacia en la tarea asignada por la Constitución y la Ley Orgánica
del Defensor del Pueblo es la única garantía de solidez de la institución
y los tres campos de reflexión indicados son los que nos darán las claves
de esta eficacia. Así, habrá que preguntarse si las quejas que llegan al
Defensor responden a auténticas carencias en la sociedad y en los
individuos en materia de derechos y libertades; si las deficiencias
reales de estos derechos son la fuente principal de estas quejas o, por
el contrario, se siguen manteniendo en silencio muchas lagunas en el
ejercicio de las libertades y los derechos reconocidos
constitucionalmente. Si la Administración responde con agilidad, buena
voluntad y deseo de hacer desaparecer los motivos de las quejas, o si, en
los casos en que la petición de los ciudadanos no es adecuada o no
responde a una mala práctica, la respuesta de la Administración es
igualmente ágil y oportuna para hacer saber esa inadecuación. Si la
institución del Defensor del Pueblo cuenta con los medios suficientes
para llevar a cabo su tarea y usa de ellos correctamente.
Todo este análisis en su conjunto es el que nos permitirá discernir sobre
la oportunidad y eficacia de nuestra labor.
Y de él, del conocimiento de los aciertos y las carencias, es de donde
debe surgir la capacidad de innovación, al ritmo que marquen las
circunstancias reseñadas.
En la misma presentación del informe se hace una referencia expresa a los
conceptos de permanencia y cambio. Fiel a esa vocación dual, la
institución del Defensor del Pueblo ha estado siempre abierta a las
modificaciones que en cada momento ha requerido su misión de servir a las
demandas de los ciudadanos, a las necesidades de gestión y a la creciente
sensibilidad que, en materia de derechos humanos, corresponde a una
sociedad democráticamente avanzada, como la española, cada día más
consolidada.
La reestructuración de las distintas áreas de trabajo existentes en la
institución, realizada en 1995 y comunicada a estas Cortes con fecha 26
de julio de ese mismo año, sería el cambio más importante producido en
este período. Es necesario aclarar que todo ello se ha efectuado,
prácticamente, con los mismos medios personales y financieros que desde
el año 1993 tiene asignados la institución que presido. Esto lo debo
subrayar por la importancia que puede tener para el futuro de la propia
institución.
Tal vez, señorías, podría ser éste el momento adecuado para hacer una
reflexión en relación con la necesidad de tener en cuenta las demandas
que, en materia de derechos humanos, nos están planteando permanentemente
los cambios tecnológicos, sociológicos y medioambientales.
La dualidad, permanencia y cambio a lo que anteriormente he hecho
referencia, afecta también al informe presentado en las Cortes Generales.
Permanencia en el estricto cumplimiento de la norma constitucional y
orgánica, cambio en la metodología del informe, para satisfacer dos
observaciones insistentemente reiteradas en esta Comisión. La primera,
que se trataba de un informe muy pormenorizado, quizá con demasiado
detalle, y, la segunda, que era excesivamente extenso. Estos dos
aspectos, que suponían un acopio de datos, una precisión jurídica y una
riqueza indiscutible para el estudio, dificultaban, sin embargo,
enormemente su examen. En razón a ellos se ha ensayado un nuevo modelo de
informe, de más fácil lectura, que pretende ser un instrumento más útil,
que ofrezca una síntesis de las quejas, una valoración de las conductas
administrativas.
La primera parte del informe dedica un epígrafe al tema de las relaciones
institucionales. Incluye también un estudio monográfico de determinados
temas que han suscitado la preocupación sustancial de la institución y
recoge asimismo todas las recomendaciones que han sido formuladas a las
distintas administraciones públicas a lo largo de 1995, para concluir con
un análisis estadístico de los datos esenciales de las quejas.
En la segunda parte, el informe examina con amplitud la problemática que
subyace detrás de las quejas, lo que nos lleva indefectiblemente a
realizar una estimación de las distintas conductas administrativas.
El informe concluye con una tercera parte, en la que se recoge lo que
podríamos denominar un cuerpo de doctrina, conteniendo las resoluciones
del Defensor del Pueblo sobre las solicitudes de recursos de
inconstitucionalidad recibidas a lo largo de 1995 y sobre las peticiones
de recurso de amparo. La especial relevancia jurídica de este apartado
viene determinada por las materias sobre las que versan las distintas
resoluciones y también por el enriquecimiento que, en su conjunto,
aportan a la base doctrinal de la institución del Defensor.
En este capítulo, que mantiene la estructura de años anteriores, han
podido encontrar SS. SS. los fundamentos de las resoluciones, en los que
se comunicaba a los solicitantes los motivos por los que el Defensor del
Pueblo, oída la Junta de coordinación, resolvió no interponer los
recursos de inconstitucionalidad solicitados.
Se ha interesado la formulación de recurso contra determinados preceptos
de cuatro leyes orgánicas: la Ley Orgánica de Reforma del Poder Judicial,
la de los Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla, la del Tribunal del
Jurado y la Reguladora de los Delitos contra la Hacienda Pública. Contra
siete leyes ordinarias: la que completa el Régimen Personal de la Guardia
Civil, la de Arrendamientos Urbanos, la Prórroga de Vigencia de la
Gerencia e Infraestructura de Defensa, la de Medidas Fiscales
Administrativas y de Orden Social, la de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, Contratos y Administraciones Públicas, la modificación parcial
de la Ley General Tributaria. Contra ocho leyes autonómicas y contra el
Real Decreto de Medidas Urgentes para la Financiación de las Cámaras
Oficiales de Comercio y Navegación.
No quiero cansar a SS. SS. con la exposición de las razones por las que
este Defensor consideró que no apreciaba motivos para ejercer la
legitimidad que le confieren las normas vigentes, porque tanto éstos como
los valores en los supuestos de solicitud de recursos de amparo se
encuentran puntualmente recogidos en la tercera parte de este informe,
que ahora les resumo y que está a su disposición.
Señorías, a la hora de analizar la tarea que se recoge en el informe, es
imprescindible examinar las quejas. Y un dato esencial en relación con
ellas es el del perfil sociológico de los usuarios de la institución, es
decir, quién, cómo y por qué acude al Defensor del Pueblo con sus quejas
y, consecuentemente, quién no acude nunca o casi nunca y por qué.
Eludiendo los datos numéricos que siempre son farragosos diré que las
personas que han acudido a la institución son abrumadoramente de
nacionalidad española, aunque hay un cierto número de extranjeros,
incluso en situación ilegal. Los hombres plantean muchas más quejas que
las mujeres, pero cuando la mujer tiene que asumir la responsabilidad
familiar iguala a los hombres en sus demandas. La edad adulta entre 20 y
60 años es ampliamente mayoritaria. Son más escasos los jóvenes que las
personas mayores.
En el aspecto cultural y de estudios han comparecido ante la institución
ciudadanos de un amplio espectro que comprenden desde universitarios
hasta quienes tienen dificultades para leer y escribir.
La situación laboral, profesional o económica de los usuarios decanta lo
que ya he venido afirmando otros años. Los funcionarios y las personas
con situación económica medio-alta son más proclives a dirigirse a la
institución, aunque debe afirmarse que ni los parados ni las clases más
desfavorecidas están excluidos, si bien acuden en menor proporción que la
que correspondería conforme a la estadística de población activa.
Entremos, pues, en el análisis de las quejas. Se han recibido 13.060
quejas --refiriéndonos al ejercicio, como decimos, del año 1995--
directamente de los ciudadanos. De ellas, hay 870 que los comisionados
autonómicos han hecho llegar hasta el Defensor del Pueblo. Si a estas
13.060 quejas recibidas añadimos las 1.870 que quedaron pendientes del
año anterior, más las 154 que se abrieron de oficio y descontamos las que
han quedado pendientes a 31 de diciembre de 1995, que fueron 999,
obtendremos el número definitivo de quejas examinadas a lo largo del
pasado año: 14.155. De éstas, fueron admitidas 5.022, es decir, un 35,82
por ciento, y no lo fueron 8.722, el 64,18 por ciento restante. La otras
415 quejas, en el momento de cerrar la estadística, estaban pendientes de
aportación de datos por parte de los interesados.
Otro concepto distinto de quejas examinadas y admitidas es el de quejas
investigadas, que comprenden las pendientes de tramitación de años
anteriores y las admitidas en 1995, y todas ellas arrojan un total de
15.130, sobre las que la institución ha llevado a cargo el
correspondiente proceso de indagación.
En cuanto a las inadmisiones, que, según señalaba antes, ascienden a
8.722, hay que destacar que el 50 por ciento obedece a que, tras el
oportuno examen, o bien no se ha apreciado irregularidad administrativa o
se trata de asuntos en los que el envío de información sobre la cuestión
planteada podría resolver los problemas del ciudadano. El otro 50 por
ciento se refiere a quejas de cuestiones sobre las que ya ha recaído una
sentencia firme, a quejas que reflejan problemas sin intervención de los
poderes públicos o a las que se encuentran sometidas a un procedimiento
judicial.
Parece que no es ocioso dedicar unas palabras a las denominadas quejas no
admitidas. En este año, de un volumen de 14.000, más de 8.000 no han sido
admitidas. Esta desproporción suele producir cierta extrañeza cuando por
primera vez se conocen los datos de las quejas formuladas al Defensor.
Quizás la denominación de «no admitidas» crea una sensación de rechazo,
que estaría en contradicción con la idea de la función del Defensor. Esta
sensación desaparece cuando se conocen los motivos de inadmisión que
responden a criterios a los que acabo de referirme, claramente ponderados
en la elaboración de la ley orgánica y el reglamento del Defensor. No
obstante, aunque ya es sabido, hay que repetir que no admisión no
significa rechazo. En cada caso se contesta al demandante, explicando las
razones de la inadmisión, acompañando información complementaria sobre
los cauces y pasos a dar para la resolución de la queja. He de reconocer,
sin embargo, que es ésta una cuestión que me preocupa.
El elevado número de quejas no admitidas significa, evidentemente, que el
ciudadano acude muchas veces a la institución por causas que, de estar
bien informado, se habría abstenido de hacerlo. Sigo por ello pensando
que es necesario aumentar la pedagogía y la información sobre la
institución del Defensor del Pueblo para evitar que se acuda
inadecuadamente en proporción tan elevada. También para que quienes no
acuden, quizás por desconocimiento, teniendo razones para ello, sepan
realmente lo que la institución significa en el marco constitucional,
garante de los derechos individuales. Y me propongo decididamente iniciar
una campaña a nivel de educación primaria, para fomentar el conocimiento
de una cultura de paz, de los derechos humanos y de la participación en
este campo del Defensor del Pueblo.
Ha proseguido la tendencia a la disminución de las quejas colectivas,
aunque la solicitud de un solo recurso de inconstitucionalidad, el de los
estatutos de Ceuta y Melilla, concretamente el de Ceuta, acumuló más de
17.000 adhesiones, que no contabilizamos individualmente, sino como una
sola queja.
Quiero dedicar aquí una especial atención a las denominadas quejas de
oficio, es decir, aquellos expedientes abiertos directamente y sin
petición de parte por el Defensor del Pueblo. Pueden ser representativos
los ciudadanos que no acuden con sus quejas al Defensor, teniendo
sobradas razones para hacerlo. La relación detallada, señorías, la tienen
en el informe y no quiero cansarles con ella. Unicamente diré que estos
expedientes pueden abarcar desde un suceso fácilmente investigable hasta
algo tan complejo como la supervisión de la atención residencial a
personas con discapacidades con la consiguiente visita a 38 centros, 24
oficinas de empleo, 20 ayuntamientos y solicitud de datos sobre situación
de menores con discapacidad bajo la guarda de la Administración.
Cuestiones que pueden afectar a derechos de individualidades como la de
un polizón o a derechos de colectividades como los casos de deficiencias
en promociones de viviendas, la construcción de un gasoducto en las
proximidades del Parque de Doñana, una estación transcontinental de
transformación de energía eléctrica en Tarifa o, por último, las escuchas
telefónicas del Cesid, y en un número elevado a situaciones de posible
vulneración de los derechos de inmigrantes, sean éstos legales o
ilegales.
En cuanto a la procedencia de las quejas, ya lo decía, sólo hay un 1,4
por ciento de origen extranjero. Dentro de España, al igual que en años
anteriores, el mayor número de quejas, 3.842, corresponde a Madrid; le
sigue Andalucía, con 1.726; Castilla y León, con 1.333. Las comunidades
con menor número de quejas han sido Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla.
En anteriores comparecencias, SS. SS. mostraron un interés por conocer el
contenido de las recomendaciones efectuadas a las distintas
administraciones. Por ello, el informe incluye este año un apartado en el
que se reflejan todas ellas, indicando cuáles habían sido aceptadas o
rechazadas por la administración competente en el momento de la
presentación del informe ante las Cortes y haciendo una breve síntesis de
su contenido. Así habrán podido comprobar SS. SS. que el Defensor del
Pueblo ha abarcado un amplio campo de actuación, en el que, tras el
estudio de determinados supuestos, ha considerado oportuno recomendar
diversos cambios, bien legislativos, bien de interpretación de normas,
bien de modificación de actuaciones de las
distintas administraciones. Sirvan como ejemplo, la recomendación sobre
admisión de pruebas selectivas en la Función pública a los nacionales de
la Unión Europea, recogida por el Real Decreto 800, de 1995; la que se
realizó sobre adaptación de la legislación española a la normativa
europea en materia de turismo, también plasmada en la Ley 21/1995,
reguladora de los viajes combinados; la recomendación sobre la asistencia
social y de intérprete en las dependencias policiales del aeropuerto de
Madrid-Barajas, aceptada por el Ministerio del Interior, que facilita
intérpretes a los extranjeros que lo soliciten; la realizada sobre la
obligación de cumplimentar todos los requisitos de las inscripciones de
nacimiento en el Registro Civil antes de la firma de los declarantes, que
motivó que se impartieran instrucciones para el efectivo cumplimiento de
la misma, y tantas otras, hasta el número de 54, que fueron aceptadas
total o parcialmente por la Administración destinataria.
Después de cerrar el informe, han llegado otras tres aceptaciones de la
Administración respecto de los casos que estaban pendientes en aquel
momento.
Ha habido algunos casos, 12 en el momento de realizar el informe, en los
que la Administración no ha aceptado los criterios del Defensor del
Pueblo. En otros los ha aceptado con posterioridad. Esto ha ocurrido, por
ejemplo, en supuestos tales como el referido a la modificación del
reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la
adquisición de nuevas viviendas, si bien tengo que decir que acabo de
recibir una comunicación del Ministro de Hacienda en el sentido de
justificar esta posición de la Agencia tributaria en cuanto a la posible
repercusión que pueda tener esta adquisición de nueva vivienda habitual
cuando las que se ocupan son por razón de cargo. Hace una distinción
entre la ocupación obligatoria de la ocupación voluntaria que llama de
oficio, en la respuesta que me acaba de enviar el Ministro de Hacienda,
como digo, que puede afectar de alguna manera a la declaración del
impuesto. Tampoco se aceptó la recomendación sobre el sistema de
baremación en las convocatorias del servicio militar, en la modalidad de
formación de cuadros de mando y en las otras que figuran en el apartado
correspondiente del informe.
Por último, quiero poner en conocimiento de esta Comisión que, de las
doce recomendaciones que se encontraban pendientes --como he dicho hace
un momento--, tres de ellas han sido aceptadas, mientras que la
Administración todavía no se ha pronunciado en los nueve casos restantes.
Las tres aceptadas se refieren a la información que facilitan las
oficinas consulares a los ciudadanos españoles en el extranjero; a la
mejora de los sistemas de coordinación --y esto era muy importante--
entre los tribunales económico-administrativos y las delegaciones de la
Agencia estatal de la Administración tributaria, porque a veces se
producía el caso de que se solicitaba la suspensión de las actuaciones,
la Agencia tributaria iniciaba el procedimiento de apremio y el ciudadano
se encontraba con el embargo de los bienes, cuando tenía reconocido por
el Tribunal económico-administrativo derecho a la suspensión. Nos
informan que admitida la queja del Defensor, parece que en estos momentos
ya ha habido una solución en la mayor parte de los tribunales
económico-administrativos.
Sobre la improcedencia en la anticipación del pago del período voluntario
del Impuesto de Bienes Inmuebles, alguna Agencia tributaria solicitaba
con anticipación el pago del impuesto; los ciudadanos, lógicamente,
acudían al Defensor exponiendo que eso no les parecía correcto. En
consecuencia, el Defensor, al hacer llegar esta queja, después de pasar
bastante tiempo, ha recibido una respuesta favorable diciendo que se va a
tomar en consideración esta recomendación.
Es notorio --ustedes lo saben-- que el Defensor no posee autoridad
ejecutiva, ni legislativa, ni judicial, sino simplemente una magistratura
de persuasión. En el ejercicio de esta autoridad moral, la ley orgánica
permite la inclusión en el informe de aquellas administraciones que han
incumplido el deber legal de colaborar con el Defensor del Pueblo. Por
ello, el informe recoge un listado de las administraciones que no han
contestado a los escritos del Defensor. Si bien es verdad que su número
es mínimo en relación con el volumen total de expedientes y que se trata
casi en su totalidad de administraciones locales, seguramente con escasos
medios, hemos creído conveniente esta inclusión expresa en el informe
para su conocimiento por parte de la Comisión.
Señorías, a lo largo del año 1995 ha habido una serie de temas que han
preocupado profundamente al Defensor, bien porque afectaban a los
derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, bien por su
especial relevancia jurídica, bien por la repercusión que han tenido en
la sociedad. Estos temas han sido objeto de un tratamiento monográfico en
el informe y todos ellos han alcanzado --pienso-- alguna notoriedad en
nuestros días.
Así, por ejemplo, la problemática suscitada en torno a la Ley de secretos
oficiales ha sido una de las materias escogidas para ser tratada de forma
singular y no puede negarse que la actualidad del asunto desborda lo
estrictamente jurídico, convirtiéndose en una cuestión de trascendencia
pública, en la que se ven afectados derechos fundamentales.
La Ley 9/1968, modificada por la Ley 48/1978, reguladora de los secretos
oficiales, es, como cronológicamente se observa, preconstitucional,
aunque esta circunstancia no implica necesariamente su
inconstitucionalidad. Sin embargo, una interpretación estricta y literal
de esa norma puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales
consagrados en los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la Constitución,
relativos a la tutela judicial efectiva y a la utilización de medios de
prueba pertinentes para la defensa. De igual manera, la citada ley
dificulta el deber de colaborar con la Administración de justicia,
proclamado en el artículo 118 de la Constitución, y, por último, impide
el sometimiento de la actuación de la Administración al control de los
tribunales, en los términos previstos en el artículo 106 de la norma
suprema.
Todas estas circunstancias determinaron que el pasado 23 de enero de 1996
se hiciera llegar por el Defensor al Presidente del Congreso de los
Diputados una comunicación en la que se expresaba la grave preocupación
por el contenido de la actual legislación sobre secretos oficiales,
al tiempo que se le participaba que las carencias detectadas serían
abordadas en el informe anual.
Así, pues, el Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes
Generales para la defensa de los derechos que pueden verse afectados por
esa ley, considera que la nueva disposición que venga a sustituir a la
actual Ley de secretos oficiales debería ajustarse a una serie de puntos
que se recogen en el informe y que yo concretaría en los siguientes:
Primero, la actual legislación no responde ni se adapta a la situación
jurídica creada tras la Constitución de 1978. Segundo, ningún reparo
constitucional puede oponerse a que el Estado proteja determinadas
materias, bajo la denominación de secretos oficiales. Tercero, cualquiera
que sea el modelo de ley de secretos oficiales deberá tener como última
referencia las garantías que exige todo Estado de Derecho, sin que puedan
en ningún caso existir zonas de impunidad. Cuarto, como resultado de los
puntos anteriores, pueden deducirse que las materias clasificadas no
deberían estar exentas de algún tipo de control específico, bien sea
parlamentario, a través de un órgano o comisión ad hoc, bien de carácter
judicial, a través del procedimiento que se considere adecuado. Acabamos
de saber esta mañana por los medios de comunicación que el Consejo del
Poder Judicial entiende que este órgano judicial adecuado sería el
Tribunal Supremo.
En todo caso, lo que el Defensor quiere decir es que es necesario evitar,
como ya ha establecido el Tribunal Constitucional, que derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución puedan verse afectados e
incluso vulnerados por la existencia de ciertos ámbitos de secreto y
reserva.
Otra de las cuestiones elegidas para ser tratada de forma singular en el
informe ha sido la problemática de los inmigrantes, con entrada o
permanencia ilegal en España. Más concretamente el tema monográfico que
se refiere a los sucesos que tuvieron lugar en relación con los
inmigrantes centroafricanos en las murallas de Ceuta. La repetición de
éstos o similares acontecimientos en Melilla o de otros casos, como la
entrada de los magrebíes a través del riesgo y la esperanzada locura de
las pateras que cruzan el Estrecho, plantea múltiples cuestiones
relativas a los derechos humanos, que se sitúan en muy variados niveles.
Hay un primer nivel que afecta directamente a la misión del Defensor del
Pueblo: Velar para que dentro de la más estricta legalidad se respeten
los derechos de estas personas, con incidencia en dos aspectos
fundamentales que durante todo el proceso de toma de decisiones acerca de
su admisión en nuestro país se garanticen unas condiciones de
alimentación, higiene, cobijo, trato y salud acordes con la dignidad
humana y que esta toma de decisión se realice lo más rápidamente posible,
aumentando en todo lo que sea necesario la utilización de los medios e
instrumentos informáticos, documentales, consulares, etcétera, que se
necesiten para su agilidad y prontitud, con el fin de evitar la
prolongación de situaciones de indeterminación sobre el futuro de las
personas, fuente continua de sufrimientos y causa de alarmas sociales
innecesarias.
El análisis de estas situaciones nos lleva a otros planos de referencia
de los derechos fundamentales, ya que el verdadero problema de fondo
continúa siendo la falta de infraestructura suficiente que permita dar
una respuesta ágil y eficaz a la cuestión de entrada de los inmigrantes
extranjeros a través de nuestras fronteras.
La institución del Defensor del Pueblo solicitó del entonces Ministerio
de Justicia e Interior un incremento de efectivos humanos y de los medios
materiales, para lograr que la aplicación de la legislación vigente en
materia de extranjería y asilo se efectuase de la manera más correcta
posible, bien facilitando la entrada de aquellos extranjeros que cumplían
los requisitos establecidos, bien procediendo a su devolución a los
países de origen, sin que una prolongada estancia en la frontera haga más
conflictiva la ya de por sí difícil situación de estas personas.
Toda el Africa subsahariana es en estos momentos un hervidero de
presiones, de esperanzas y expectativas respecto al mundo desarrollado.
Los casos de los inmigrantes de Ceuta, de Melilla o lo magrebíes del
estrecho son sólo un síntoma y presumiblemente la primera avanzadilla de
esta oleada que se anuncia. Creo que ésta es, señorías, una reflexión
conocida por todos ustedes, que plantea una nueva exigencia también para
esta Comisión.
Querría simplemente añadir que, en relación con una de las sesiones
informativas que últimamente se realizó en el Pleno, con el Ministro del
Interior donde además hubo la intervención de un destacado miembro de
esta Comisión, don Luis Mardones, en cuanto a lo que el Defensor del
Pueblo mantenía respecto de las cuotas del contingente de inmigrantes. Se
decía que el Defensor del Pueblo mantenía un criterio de establecimiento
de cuotas respecto de las nacionalidades. En realidad --aquí tengo el
texto de la recomendación que enviamos-- nosotros no nos referíamos a las
comunidades autónomas ni a las nacionalidades del Estado español; lo que
decíamos era que no se fijara una cuota por nacionalidades de origen, de
modo que unas determinadas nacionales por ejemplo de Perú o República
Dominicana, fueran adscritas al servicio doméstico o los marroquíes a
tareas agrícolas. Lo que nosotros sugeríamos es que esto no fuera rígido,
que hubiera una actitud de flexibilidad para que las cuotas fueran
entendidas en un sentido mucho más flexible; por supuesto, en ningún caso
nos referíamos a nacionalidades del Estado español. Quizá fue un error de
interpretación, quizá no acabamos de sintonizar en la interpretación de
esta recomendación que elevamos al Ministerio de Interior pero, en ningún
caso --quiero dejarlo claro-- por parte del Defensor se ha dicho en
escrito o en declaración que había que hacer una determinación de las
cuotas de inmigrantes por nacionalidades del Estado español. Lo único que
pedíamos --insisto--, es que a las personas que vienen a trabajar a
España no se les atribuya de una manera rígida, de modo que las
dominicanas sólo puedan ir al servicio doméstico o que los únicos que se
puedan dedicar a la agricultura sean los marroquíes. Me parece que se
podría tener un criterio un poco flexible, que es lo que en nuestra
recomendación sugeríamos al Ministerio de Interior. Quiero dejar esto
aquí sentado y aclarárselo a don Luis Mardones, porque él intervino en
aquella sesión interpretando de distinta manera la expresión que había
reflejado el Defensor del Pueblo en su recomendación.
El tercer tema que por su importancia hemos considerado oportuno tratar
individualmente es el referido a la negativa de los jóvenes a realizar el
servicio militar y la prestación social sustitutoria, la llamada
insumisión. En relación con este tema quiero informar a SS. SS. que en
las jornadas de coordinación de todos los comisionados autonómicos,
celebradas en el año 1995, se estudió este tema con carácter especial, a
petición del Ararteko y del Sindic de Greuges y se extrajeron tres
conclusiones que textualmente expongo a sus señorías.
«Los defensores manifestamos nuestra preocupación por la respuesta legal
que se da en la actualidad a aquellas personas que se niegan a efectuar
el servicio militar o la prestación social sustitutoria. Los defensores
pensamos que el valor de la corresponsabilidad en la construcción de la
sociedad que un servicio social ejemplifica, no se ve favorecido por la
criminalización de los que lo niegan; en consecuencia, abogamos por la
adopción de aquellas medidas que estimulen su libre cumplimiento. En este
sentido los defensores del pueblo sugerimos que debería emprenderse el
estudio para desarrollar las previsiones del artículo 30.3 de la
Constitución sobre el servicio civil y configurar la prestación social
como una medida alternativa, en lugar de sustitutoria del servicio
militar. Mientras tanto, entendemos que el incumplimiento de la
prestación militar o social sustitutoria no debe conllevar pena de
prisión y la sanción que dicha conducta merezca debe ser proporcionada a
la lesión que supone para los intereses generales.
Posteriormente, ya en el presente año, diversos colectivos solicitaron la
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los preceptos del
nuevo Código Penal que sancionan estas conductas. Recurso que no lo
interpusimos. Sin embargo, determinadas circunstancias como son la
tendencia observada en los países de nuestro entorno hacia la supresión
del servicio militar obligatorio, y el anuncio de nuestro país de lograr
el objetivo de una compleja profesionalización del ejército, han
aconsejado incluir en este informe esta referencia específica, por
entender que se ha acelerado la necesidad de debatir de nuevo este
sistema en profundidad. Sé que hace no mucho también se debatió una
moción presentada por un grupo parlamentario que fue rechazada o, por lo
menos, dejada en suspenso.
El Defensor del Pueblo considera que es a estas Cortes Generales a las
que debo transmitir las observaciones deducidas de las demandas de
determinados sectores de la sociedad en relación con las normas que
regulan las distintas formas de contribución de los ciudadanos a la
defensa nacional, ya que creo que en este órgano de representación de la
soberanía popular, en el que se recoge la pluralidad de opiniones de
todos los ciudadanos, deben abordarse todas sus dimensiones, incluso su
tratamiento penal.
Otro tema que ha sido objeto de estudio dentro de las monografías
recogidas es el de la protección de datos personales ante su tratamiento
informatizado. La protección del honor y la intimidad personal y familiar
de los ciudadanos frente a la informática, exigen sin duda una atención
preferente en esta época de vertiginosos avances tecnológicos. Dado que
existe ya en funcionamiento una administración independiente, la Agencia
de Protección de Datos, creada por ley orgánica 5/1992, de 29 de octubre,
hacia ella se derivan las quejas que la institución recibe en esta
materia, sin perjuicio de la supervisión que corresponde al Defensor del
Pueblo.
En el ejercicio correspondiente al año 1995 se puso de manifiesto nuestra
discrepancia con el criterio sostenido por la Agencia de Protección de
Datos, en relación con la fórmula empleada, por ejemplo, por las empresas
que disponen de ficheros automatizados de carácter privado, concretamente
bancos, entidades financieras y entidades de crédito, para obtener el
consentimiento de los titulares de los datos personales a efectos de su
cesión a otros ficheros. En contra del criterio mantenido por la citada
agencia, la institución que presido entiende que la protección a la
intimidad personal exige, como mínimo, que exista constancia fehaciente
de que al titular de los datos le ha sido solicitada expresamente, y en
los términos y condiciones exigidos por la ley, su autorización para
ceder tales datos personales, sin que sea suficiente considerar que la
mera inactividad del interesado frente al deseo del titular del fichero
de ceder los datos a otra entidad, constituye indicación suficiente para
considerar otorgada la autorización.
La discrepancia mantenida por esta institución con el criterio sustentado
por la agencia de datos, ha dejado ya de tener relevancia de cara a
futuros contratos que establezcan las entidades financieras con sus
clientes, ya que en los nuevos formularios de contratación de tales
empresas --creo que en ese sentido algo tuvo que influir la recomendación
del Defensor del Pueblo-- incorporan una cláusula en la que el interesado
debe manifestar expresamente si autoriza o no la transferencia de sus
datos a otras entidades.
La repercusión que «el consumo de alcohol por menores» tiene en la vida
de nuestra juventud y en el presente y futuro de nuestra sociedad, fue
decisiva para considerarlo un problema prevalente y emblemático en este
ensayo de valoración de los derechos fundamentales que constituye el
informe anual del Defensor del Pueblo. En el tratamiento legal de este
problema convergen desde distintas perspectivas, tanto la legislación
estatal como la normativa autonómica y creo que sería importante realizar
un esfuerzo no sólo para homogeneizar las disposiciones actualmente
existentes, sino también para adoptar las medidas oportunas encaminadas a
solucionar este problema y salir al paso de sus graves consecuencias.
No sabría calibrar, señorías, si las dolorosas y hasta terribles noticias
que implican a menores, niños o adolescentes en episodios de violencia,
en manipulaciones y explotaciones de todo tipo, incluso las más nefandas,
han sido más frecuentes en 1995 que en años anteriores. En todo caso me
parece que han sido terribles en sí mismas y constituyen justificación
más que suficiente para avanzar un paso en la defensa de los derechos del
menor, que son los derechos humanos más frágiles.
Pero incluso pasando de los hechos a las categorías, más allá de lo que
pueda haber ocurrido este año o los precedentes, resulta que el principio
de que los derechos del niño y del adolescente son derechos humanos, es
axioma
que fácilmente se olvida. De hecho la realidad social así parece
confirmarlo demasiadas veces, digo demasiadas veces porque en esta
materia una sola vez ya me parece multitud. Quiero decir con esto que los
hombres somos desmemoriados, despreocupados con la realidad o inclinados
a postergar lo que no se nos exige y nada hay más indefenso, menos
exigente y reivindicativo que un niño. Nos solidarizamos íntegra y
expresamente con el llamamiento dirigido desde Estocolmo por ochenta y
dos laureados con el Premio Nobel para «poner fin al sacrificio de los
miembros más vulnerables de la sociedad --los niños-- en beneficio del
placer sexual y del provecho comercial de los adultos». He visto
recientemente que también en la Comisión correspondiente de estas Cortes
Generales se ha abordado el tema de los niños y me tengo que felicitar
por ello; sé la preocupación que tienen algunas de SS. SS. que han tenido
responsabilidades muy directas en estos temas y, por consiguiente, lo que
estoy diciendo lo entienden perfectamente.
Otro tema de especial trascendencia por el número de quejas recibidas por
los graves trastornos que ha producido en muchas economías domésticas,
así como por la dificultad en que se encuentran los abonados para tener
un control efectivo sobre las llamadas telefónicas por parte de los
menores, ha sido también elegido para su estudio monográfico: el de los
servicios telefónicos de valor añadido a través de la línea 07
internacional. En realidad se trata de un problema similar al que en su
día presentaron las líneas 903, pero con mayores dificultades técnicas
para su control por los usuarios, porque la desconexión voluntaria no es
tan fácil como en el caso anterior. Se ha dirigido una recomendación a la
Secretaría General de Comunicaciones, a fin de que se adopten las medidas
necesarias para establecer, con carácter provisional, la desconexión de
dicha red internacional a los abonados que lo solicitan, facilitando de
forma gratuita los equipos necesarios en los casos de las líneas que
están conectadas a centrales analógicas puesto que la digitalización
total de la red no se llevará a efecto, según las previsiones actuales,
hasta el 1.º de enero de 1998. Hasta ahora no hemos recibido contestación
sobre la aceptación de esta recomendación.
En esta parte del informe dedicada a estudios monográficos se incluye la
investigación realizada acerca de la situación de deterioro del sistema
acuífero de La Mancha occidental, sobre la que se asienta el parque
nacional de las Tablas de Daimiel. Sin entrar en las características de
la investigación, que el estudio presentado trata de poner en claro, se
puede deducir que por efecto de tecnologías recientes, del espíritu de
explotación intensiva surgidos de los criterios desarrollistas y por la
aplicación indiscriminada por unos y otros en un marco normativo
obsoleto, se produce el mismo efecto negativo que causaría una voluntad
declaradamente decidida de hacer daño a este espacio natural. La
recomendación por la que se sugería a las administraciones implicadas en
la gestión del sistema acuífero la adopción de una nueva política de
aguas fue efectivamente aceptada por el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, lo cual ponía de manifiesto, no obstante, la
adopción de un nuevo modelo organizativo y de gestión de las aguas
subterráneas implicaba la adopción de decisiones que serían de su
competencia.
El cambio producido en la antigua Secretaría de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda y la reestructuración departamental asignando las competencias
de aquella secretaría de Estado a un nuevo Ministerio de Medio Ambiente,
ha dado lugar a que el Secretario de Estado de Costas y Aguas, a quien
correspondería en principio ese tema, no se haya pronunciado todavía
sobre el contenido de la recomendación.
La regulación del aparcamiento de vehículos en determinadas calles,
conocida como ORA, OTA, OLA, etcétera, ha sido también singularmente
estudiada en el informe. Cabe decir que no existe uniformidad en la
normativa que utilizan los ayuntamientos para establecer esta regulación
en sus vías públicas, ya que unos se amparan en las normas del tráfico,
otros en las normas de carácter fiscal y otros en el uso de bienes de
dominio público. La aprobación de ordenanzas municipales fiscales que
pretenden amparar la potestad de cobrar por estos estacionamientos (como
precio público) y la de sancionar las infracciones cometidas contra las
mismas (siguiendo el procedimiento de las infracciones de tráfico en vez
de utilizar la vía de apremio) está creando una confusa situación
jurídica, incrementada con evidentes discrepancias interpretativas de la
actual legislación. Ello origina la necesidad de que se dicte una norma
legal que evite las nulidades de los procedimientos o las desviaciones de
poder en que actualmente están incurriendo algunos ayuntamientos. De las
quejas presentadas se deducen una serie de irregularidades. Así, las
meras denuncias efectuadas por los encargados de controlar el pago del
precio público son equiparadas por las administraciones locales a las
realizadas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia
del tráfico, a pesar de que no hacen fe de los hechos denunciados al
tener el carácter de denuncias voluntarias, hechas por particulares según
criterio jurisprudencial. Igualmente en ocasiones se remiten
notificaciones a los antiguos propietarios de los vehículos que han
cometido las infracciones y que ya habían comunicado sus transferencias a
las respectivas jefaturas provinciales de tráfico. A este respecto se
considera conveniente que se modifique el artículo 78.1 de la Ley de
Seguridad Vial, para que también se comuniquen a los ayuntamientos los
respectivos cambios de titularidad de los vehículos, así como los
domicilios de los titulares y conductores. Precisamente la no
actualización por los ayuntamientos de las bases de datos de los
ayuntamientos sobre los titulares y conductores y de sus domicilios está
dando lugar a un elevado porcentaje de notificaciones infructuosas, con
la consiguiente imposibilidad de sancionar las infracciones cometidas por
la prescripción de las mismas o la caducidad del expediente, dada la
complejidad de este último.
Finalmente, aunque no exista amparo legal alguno en determinados
ayuntamientos se procede a la retirada por la grúa de los vehículos que
no han pagado el importe de este tipo de estacionamiento vial, y ello
aunque no perturben gravemente el tráfico, ya que se considera como tal
cobertura lo que no es sino una regulación del aparcamiento en
determinadas calles. De ahí que entendamos que se precise una norma legal
que regule esta materia de forma detallada, con la que se puedan subsanar
las deficiencias enumeradas.
Hasta aquí, señorías y no sé si me he extendido demasiado, señor
Presidente, he expuesto los temas que han sido objeto de un tratamiento
monográfico en el informe. Quisiera ahora referirme, de la manera más
sucinta posible, a la labor realizada por la institución en el camino de
controlar la Administración para evitar posibles excesos o anomalías en
su funcionamiento. Toda la segunda parte del informe está dedicada a la
actuación de Defensor del Pueblo en el desempeño de esa función
constitucional de supervisar la actuación de las distintas
administraciones. No vamos a hacer un análisis pormenorizado de cada
caso, vamos a hacer una referencia genérica de los temas que puedan tener
mayor interés y desde cierto distanciamiento que nos permita una
valoración global de las conductas administrativas.
En el ámbito de la Administración de justicia, las quejas recibidas
inciden, sobre todo, en la situación de retraso en algunos tribunales, lo
que en el informe se denomina disfunciones de los órganos
jurisdiccionales y que determinan las dilaciones procesales endémicas en
nuestro sistema.
Es cierto que de alguna manera esas dilaciones son hijas precisamente de
las garantías procesales propias de un Estado de Derecho, pero estos
retrasos se ven en algunos casos agravados y en otros directamente
producidos por causas estructurales que, en su conjunto, dificultan
cuando no impiden el derecho o la tutela judicial efectiva. Especialmente
preocupante es la situación de la jurisdicción contencioso-administrativa
en todos sus órdenes jurisdiccionales, alcanzándose en la Sala Tercera
del Tribunal Supremo la cifra de 25.733 asuntos pendientes al acabar el
año 1995, según datos publicados en la memoria anual del Consejo General
del Poder Judicial.
En parecidos términos hay que hablar de la Sala Primera del citado
Tribunal, en la que se tardan tres años para resolver los recursos
pendientes. Estas circunstancias han motivado que se hayan efectuado
sendas recomendaciones en orden a solucionar las disfunciones que padecen
estas dos salas del Tribunal Supremo. En el informe verán SS. SS.
relacionados los demás órganos judiciales con colapsos generalizados a
los que no me voy a referir para no hacer esto interminable.
Otro importante número de quejas se refieren al incumplimiento de las
resoluciones judiciales en materia de pensiones o prestaciones para
alimentos dentro de los procesos matrimoniales. Las graves consecuencias
que se derivan de estos incumplimientos no son imputables, obviamente, a
ninguna actuación administrativa, ya que incluso en la actividad
jurisdiccional de los juzgados de familia no se observan dilaciones
generalizadas respecto a la tramitación de estos procesos, salvando,
claro está, algunos atrasos puntuales de determinados juzgados que son
debidamente investigados. El problema supera, con creces, las facultades
que esta institución tiene encomendadas; por ello, el informe presentado
tras examinar algunos sistemas de derecho comparado plantea la
posibilidad legal de crear un fondo de garantía de pensiones y alimentos
para que el Estado asuma una cobertura mínima, una vez acreditada la
insolvencia del obligado al pago.
También sé por informaciones parlamentarias que en otra Comisión se ha
afrontado este tema y se ha quedado, por el momento, sin resolver, debido
a dificultades presupuestarias. El problema existe y, a la larga, desde
la perspectiva del Defensor del Pueblo, sería deseable que se tuviera esa
cobertura mínima para los menores, que no deben sufrir los problemas que
puedan tener quienes dan lugar a esa situación.
En lo que se refiere a la Administración penitenciaria, la
infraestructura, higiene, sanidad, alimentación, derecho a la intimidad
de los internos y cuestiones referidas a malos tratos, al trabajo y a la
asistencia social, constituyen aspectos muy frecuentes de las quejas.
Se han efectuado, hasta el momento en que se redactaba el informe, 44
visitas a distintos centros penitenciarios españoles que nos han
permitido apreciar que la masificación continúa siendo un problema
importante, destacando especialmente el incremento habido dentro de la
población femenina, especialmente en los departamentos de mujeres en las
prisiones de La Coruña, Alicante y Zaragoza. En algunos de ellos los
asesores del Defensor del Pueblo vieron que las reclusas tenían que
dormir sobre colchones en el suelo.
En lo relativo al estado sanitario de la población reclusa española hay
que decir que la salud de los internos se encuentra condicionada por la
incidencia de las drogodependencias y enfermedades derivadas de ellas.
Respecto a la alimentación de los presos, se hizo llegar a la
Administración penitenciaria la preocupación por la falta de
actualización del importe económico destinado a este concepto que
permanece invariable desde el 1.º de noviembre de 1990, siendo de 438
pesetas al día por interno sano, en centros de más de 500 presos.
En cuanto a los traslados de personas privadas de libertad a centros
penitenciarios próximos a su lugar de residencia, el informe se refiere
expresamente a este problema que, de forma directa, se encuentra
condicionado por la masificación de determinadas prisiones, lo que impide
que cada recluso pueda cumplir su condena cerca de su domicilio habitual.
Con independencia de que la masificación condicione el cumplimiento de
las penas en lugares próximos al domicilio del condenado, entiendo que
alejar a los internos de sus lugares habituales de residencia puede
producir una desvinculación familiar y un desarraigo social que afecta al
tratamiento individualizado de cada interno.
Las quejas referidas a las cuestiones de seguridad pública inciden, sobre
todo, en las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, con toda una larga problemática que se extiende desde algún caso
de malos tratos, hasta las condiciones de las dependencias policiales,
las actuaciones de las mismas fuerzas de seguridad, realizadas en el
marco de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, particularmente en
cuestiones de identificación. También es necesario mencionar quejas
relativas a actuaciones de vigilantes de seguridad privada.
Hay un aspecto del informe que, por su especial importancia, el Defensor
del Pueblo quisiera someter a la consideración y mejor criterio de SS.
SS. Me refiero a las quejas, no muy numerosas pero significativas, de
aquellos ciudadanos que plantean los problemas derivados de la
indemnización por actos de terrorismo.
Parece claro que, con independencia de las disposiciones específicas
vigentes en la materia, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1992 amplió el concepto de daños resarcibles a los ocasionados en la
vivienda habitual de las personas físicas, como consecuencia de actos
terroristas. Sin embargo, dentro de dicho concepto de bienes
indemnizables no se encuentra el de los vehículos sustraídos a sus
legítimos propietarios y que fueron utilizados para cometer atentados
--los conocidos como «coches bomba»--, ni tampoco son indemnizables los
daños sufridos en las estructuras o elementos esenciales de las
edificaciones que no sean vivienda habitual de las personas; no existe
cobertura específica para estos supuestos, con independencia de lo que
pueda establecerse a través del consorcio de compensación de seguros. Al
interesarse esta institución por si había prevista alguna modificación
para llenar esta laguna legal, el Ministerio de Justicia e Interior
respondió que entre sus previsiones no se encontraba modificar la
legislación vigente en materia de indemnizaciones por atentado
terrorista, no obstante lo cual, hemos podido conocer recientemente que
el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social
que acompaña a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997,
considera resarcibles, además de los daños materiales causados en la
vivienda habitual de las personas físicas y los producidos en
establecimientos mercantiles o industriales o elementos productivos de
las empresas, los causados en vehículos cuando éstos se dediquen al
transporte de personas o mercancías o, en general, constituyan un
elemento indispensable para el ejercicio de una profesión o actividad
mercantil o laboral. Evidentemente, no dice que estas normas tengan
efectos retroactivos, cosa que no deja de tener su importancia.
Por último, este Defensor se siente en la obligación moral de llamar la
atención de SS. SS. por la situación en que se encuentra una queja,
remitida por el Ararteko, relativa a la denegación de las pensiones de
viudedad y orfandad extraordinarias por causas de terrorismo, solicitada
al amparo del título II del Real Decreto 851/1992, por la viuda de un
ciudadano español que falleció a consecuencia de la explosión de un
artefacto en Francia el 24 de julio de 1987. A la queja originaria se
sumaron posteriormente otras en el mismo sentido. La institución
pretendía que se estableciera la necesaria relación de causalidad entre
el fallecimiento y el acto de terrorismo que lo ocasionó, a fin de
permitir el reconocimiento de las aludidas pensiones. Por ello, se
remitió una sugerencia, el 3 de noviembre de 1995, que no fue aceptada
por la Secretaría de Estado de Interior, por considerar que los hechos se
produjeron en el extranjero y que la Audiencia Nacional había dictado
sentencia, no reconociéndose la existencia de un responsable directo en
la muerte del causante de las pensiones. Este Defensor se dirigió
nuevamente al departamento ministerial, poniendo de relieve la necesidad
de atender este tipo de solicitudes en razón a la creciente inquietud que
despierta el fenómeno terrorista en general y que ha originado que se
haya solicitado por el Gobierno español la necesidad de combatir el hecho
terrorista con independencia de las fronteras nacionales, en consonancia
con el Convenio europeo sobre represión de terrorismo de 21 de enero de
1977, ratificado por España el 9 de mayo de 1980, cuya traducción
práctica debe ser eliminar los obstáculos, para que los familiares de un
nacional español muerto fuera de las fronteras del territorio nacional,
puedan solicitar los beneficios de la legislación en materia de
protección a víctimas del terrorismo. En el momento de cerrar este
informe y de exponerlo ante esta Comisión, no se ha recibido ninguna
contestación oficial y esta situación nos ha impulsado a exponerla con
especial énfasis ante SS. SS.
En el ámbito educativo se debe hacer una mención directa a los problemas
suscitados por la implantación de la ESO. Con el deseo de aclarar y
situar convenientemente estas dificultades o quejas que llegan al
Defensor, hay que destacar los avances constantes que vienen
experimentándose en la adecuación del sistema educativo para hacer más
efectivo el derecho fundamental de la educación; pero debo insistir en
las deficiencias, en especial en las condiciones materiales de los
centros, transporte, comedores escolares, dotaciones de profesorado,
etcétera, que todavía subsisten preferentemente en el mundo rural.
También la educación universitaria plantea sus conflictos, entre los que
destaca la gran dificultad, casi imposibilidad de acceso a los estudios
universitarios que desearían elegir los alumnos, y la carencia de medios
de la UNED.
Entre los problemas detectados en relación con la Hacienda pública,
sobresalen los derivados de las notificaciones remitidas a los
contribuyentes en los procedimientos tributarios de apremio. Muchas de
estas notificaciones no cumplen los requisitos legales establecidos en el
Reglamento General de Recaudación, que exige la inclusión en las mismas
de todos los datos identificativos de la deuda, no solamente con dígitos
o números, así como los correspondientes datos identificativos de los
ciudadanos afectados, por lo que se ha efectuado una recomendación, a la
que ya aludía antes al tratar de las recomendaciones.
Las quejas referidas al medio ambiente revelan, en primer lugar, el
creciente interés en la sensibilidad de la sociedad española de proteger
y prevenir el deterioro y la degradación ambiental. Si bien es cierto que
esta degradación y deterioro se han hecho más patentes en las últimas
décadas, debemos proclamar que es cada vez mayor la conciencia crítica
ante tales abusos, incluso es evidente la aparición de una actitud y
demanda conservacionista, formada quizás ante la contemplación de
catástrofes, desgracias, o accidentes ecológicos y ante la certidumbre de
que determinados aspectos del deterioro medioambiental pueden ser --y de
hecho lo son ya-- históricamente irrecuperables. En el informe
encontrarán SS. SS. unas consideraciones generales que ajustan el
problema en sus términos jurídicos y competenciales, cuestiones referidas
a la contaminación atmosférica, los espacios naturales, la gestión de un
recurso escaso como es el agua, la difícil problemática de los residuos
en una sociedad industrial y urbana y cuestiones
relativas a las denominadas actividades clasificadas, tema que enfrenta
al individuo y a los grupos con lo que podemos denominar el medio
ambiente cotidiano, el entorno, en definitiva, que puede alterar la
convivencia y la calidad de vida en nuestra sociedad. Respecto a esto
último es obligado decir, señorías, que el análisis de una gran cantidad
de quejas recibidas permite afirmar que es fundamental la aprobación de
una Ley de ruidos que regule toda una serie de actividades que generan
sin duda riqueza y bienestar económico, pero que deben compaginarse y
tener en cuenta la salud, la intimidad y el descanso de los ciudadanos y,
sobre todo, que especifique claramente las competencias administrativas
en todos los niveles.
Los problemas de los consumidores ocupan también un espacio importante en
las quejas recibidas. Una mayoría se centra en el incumplimiento de los
servicios técnicos postventa de empresas de electrodomésticos y de
compraventa de automóviles, así como la negativa de aquellos a devolver
el precio cobrado.
Se han recibido otras quejas en relación con la responsabilidad
patrimonial de las administraciones públicas, y especialmente en relación
con la pasividad en la defensa de los bienes de su patrimonio por las
entidades locales.
El silencio administrativo de ayuntamientos en las relaciones efectuadas
por los ciudadanos sobre servicios públicos, las dificultades y
perjuicios que plantean a las familias numerosas las restricciones en el
suministro de agua potable, los litigios suscitados por los puestos de
venta en las vías públicas, son cuestiones que afectan, asimismo, a la
Administración local.
Señor Presidente, señores miembros de la Mesa, señoras y señores
Diputados y Senadores, en esta ya larga disertación quiero recordar la
moción aprobada en el Pleno de las Cortes Generales el 26 de septiembre
de 1995, con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, por la
que se instaba al Gobierno a que promueva las reformas legislativas que
«hagan posible que, en un plazo no superior a tres meses a partir de la
fecha del debate del próximo informe anual del Defensor del Pueblo, dé
contestación escrita, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, de aquellos
contenidos de la misma que afecten a la Administración del Estado».
Confío que así se cumplirá.
Creo que no me dejo nada sustancial, ya es hora de concluir sin abusar
más de su benevolencia, pero sí deseo reiterar un propósito y añadir una
palabra final de solicitud a esta Comisión.
Como propósito, quiero expresar a SS. SS. mi intención de incrementar las
actuaciones de la institución, y así espero hacerlo, intensificando una
tarea ya iniciada por mis antecesores. Tras la implantación y la
consolidación del Defensor del Pueblo, urge la necesidad de que los pasos
que se den en este sentido sean cada vez más audaces, crecientes y
decididos. Estamos embarcados en el mismo proyecto y debemos trabajar
juntos en la misma dirección para conseguir el perfeccionamiento de
nuestra democracia y el pleno logro de los principios de libertad,
justicia y solidaridad que se proclaman en el artículo 1.º de la
Constitución. Este común destino, señorías, entiendo, que ha de ser una
de nuestras principales señas de identidad.
Para lograr este objetivo es necesario una mejor cooperación de la
Administración con el Defensor, una mayor difusión de esta figura ante la
ciudadanía y unos medios que permitan investigar, analizar y llegar a
conclusiones válidas sin demora. Sólo así se conseguirá una Defensoría
del Pueblo que proteja a todos y cada uno de los ciudadanos.
Permítanme concluir con la petición de que SS. SS. intensifiquen, como lo
vienen haciendo, el apoyo a esta institución, que no es ningún lujo
superfluo, sino garantía de defensa y goce de los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución. Para que el Defensor del Pueblo pueda ser
eficaz y, sobre todo, verdaderamente independiente, necesita contar con
el respaldo y la colaboración permanente de todos ustedes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Creo interpretar el sentimiento de las señoras y
señores comisionados al darle las gracias al Defensor del Pueblo por su
exhaustivo y detallado informe, al que, en la segunda parte de esta
sesión, se referirán los distintos portavoces de los grupos.
Se suspende la sesión por diez minutos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión.
¿Grupos parlamentarios que desean intervenir para petición de
aclaraciones? (Pausa.) Por tanto, de menor a mayor, tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, don Luis
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con toda cordialidad y afecto quiero dar la
bienvenida al Defensor del Pueblo en su primera comparecencia, como él
bien ha señalado, en esta nueva legislatura del Congreso de los
Diputados. Comienzo por agradecerle, señor Defensor del Pueblo, el
exhaustivo resumen que ha hecho del informe que se ha presentado en las
Cortes Generales y ante esta Comisión y que paso seguidamente a comentar.
En primer lugar, debemos felicitarle porque observamos que con el informe
general se ha producido un avance positivo en la exposición del sumario
de los trabajos realizados por el Defensor del Pueblo, que complementan
los anteriores. Es una medida de innovación que quisiera destacar, sobre
todo por lo que más adelante diré con respecto al apartado de las
recomendaciones. En términos generales, señor Defensor del Pueblo, es
importante --para darle un valor político-- que en esta exposición nos
encontremos, por ejemplo, el tema de los convenios de cooperación. Yo
creo que esa línea es positiva, señor Defensor del Pueblo, le animo a
mantenerla, a seguirla y a perfeccionarla con todos los organismos e
instituciones. Los convenios de cooperación enriquecen no solamente el
prestigio en sí de la institución, sino la eficacia de la misma.
Y paso al tema de los tratamientos monográficos que se citan, comenzando
por el problema, candente en este momento
en esta Cámara, en la opinión pública española e incluso en las
instancias institucionales y jurisdiccionales, que suscita la actual
regulación de los secretos oficiales. Es positivo que el Defensor del
Pueblo no haya eludido este tema, ya que aunque hasta el momento no ha
sido objeto de ningún recurso de inconstitucionalidad, sí nos consta la
posición de análisis que está manteniendo el Consejo General del Poder
Judicial estos días. Creemos que es oportuna la recomendación que aquí se
nos hace por el Defensor del Pueblo en el sentido de que es necesaria una
nueva ley de secretos oficiales. No puede seguir existiendo una ley
preconstitucional que se aplica en período constitucional como la vieja
ley de secretos oficiales del régimen anterior, del año 68. De ninguna
manera esto puede suponer conculcación de derechos humanos ni inseguridad
jurídica de las instituciones ni recaer el planteamiento en contenciosos
interjurisdiccionales ni por supuesto hacer recaer una responsabilidad en
los Diputados miembros de la Comisión de Secretos Oficiales --y le hablo
con conocimiento de causa, señor Defensor del Pueblo--, responsabilidad
que les sitúa en un marco de inseguridad jurídica que es totalmente
inadmisible. A fin de cuentas, los Diputados miembros de la Comisión de
Secretos Oficiales que pueden acceder a los mismos son unos comisionados
del Pleno del Congreso de los Diputados. Para ser nominados a esa
innominada Comisión o grupo de Diputados se requiere incluso de mayorías
cualificadas. Creo que la doctrina que se expone en el informe del
Defensor del Pueblo es muy oportuna y acertada y, sobre todo, la
coletilla final al decir: señores legisladores, hace falta una nueva ley
de secretos oficiales que ponga las cosas en su sitio, con los
equilibrios que debe haber siempre, por supuesto, entre las tres
instituciones básicas: el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial,
y que el interés del Estado no quede menoscabado en lo que se refiere a
estos secretos.
Paso a otros aspectos y me voy al de la insumisión. También es acertado,
señor Defensor del Pueblo, que se haya tratado aquí este tema de candente
actualidad. Si no adquiere mayor relevancia es porque los tribunales
encargados de solventar el tema de la insumisión derivada de la negativa
a la prestación sustitutoria ni dan abasto ni quieren darlo. Tampoco
podemos transformar determinadas prisiones del país en campos de
concentración de insumisos. Las circunstancias en este momento han
cambiado con el anuncio de un servicio militar profesional. Hace pocos
días la señora Ministra de Justicia nos ha facilitado el número de
objetores y el número de insumisos por comunidades autónomas que hay en
este momento y las cifras son muy preocupantes, sobre todo en lo que hace
referencia a la defensa de unos derechos constitucionales. Ratificamos y
compartimos, señor Defensor del Pueblo, el planteamiento de tipo legal,
desde una exquisita sensibilidad a interpretar los derechos humanos en el
marco de nuestra Constitución, que honran a la institución del Defensor
del Pueblo.
Y relacionado con esa misma defensa de derechos constitucionales, me
congratulo también, señor Defensor del Pueblo, de que haya abierto una
línea de análisis y de crítica sobre el tema preocupante, a veces con su
silencio, de la protección de datos personales y su tratamiento
automatizado. Estamos alcanzando unas cotas de tal relieve, en una serie
de instituciones públicas y privadas, que nos hacen tener que aportar una
serie de datos personales que superan, por supuesto, el marco del
documento nacional de identidad. No existen garantías sobre el
cumplimiento de las leyes que nos hemos venido dando para el tratamiento
de estos datos personales en las máquinas y en los ordenadores, lo que
está creando dudas y suspicacias. Con una acción como la que se propone
aquí, con el respaldo que tiene que encontrar en esta Cámara, en el
Gobierno y en el Poder Judicial se pueden despejar las dudas y las
conculcaciones que de hecho están ocurriendo, yo diría que diariamente,
por el tratamiento de los datos que figuran en estos ordenadores, sin
autorización de los afectados.
Creemos que ha respondido a un clamor popular que el Defensor del Pueblo
se acerque a unos problemas domésticos y familiares. Ahí está el drama de
tantas familias con el dichoso prefijo 07 de la Telefónica y el servicio
de valor añadido prestado a través de la red telefónica internacional.
Hay que tomar una serie de determinaciones, posiblemente de tipo legal y
de tipo administrativo, y un compromiso respecto a estas compañías, en
las que siempre ha existido un delegado del Gobierno, aunque se hable de
su privatización. El delegado del Gobierno no está solamente para
comprobar el grado de fiabilidad en el cobro de tasas y de impuestos y la
prestación de un servicio de seguridad estatal, sino también para velar
por los derechos que las leyes puedan encomendar a los órganos de la
Administración; en este caso, el delegado representa al Gobierno en la
Compañía Telefónica. No pueden prevalecer los criterios economicistas y
mercantiles de una compañía y lavarse las manos con lo que pueda hacer un
menor de edad marcando el prefijo 07, con lo que eso repercute en la
economía familiar. La simple aplicación de las leyes penales exonera a la
Telefónica y penaliza a la familia que haya padecido este problema.
Creo que va a tener usted trabajo, señor Defensor del Pueblo, con la
regulación del aparcamiento de vehículos en determinadas calles. Me
alegraré de que se solucione este grave problema en nombre del ciudadano
de a pie que sufre estas agresiones. Incluso del personal de la ORA que
no tiene el carácter de agente de la autoridad. En este momento, en la
Cámara se está tramitando un proyecto de ley para modificar cuestiones
relativas al aparcamiento. Hay grupos que ya han presentado sus enmiendas
rechazando posiciones de este anteproyecto, porque se trata incluso de
endurecer la ya de por sí insegura legislación actual. Por tanto, le hago
la advertencia, en sentido de vigilancia de lo que se viene encima,
porque me parece que en el próximo informe anual del Defensor del Pueblo
el epígrafe del tráfico urbano y la regulación del aparcamiento de
vehículos en determinadas calles va a tener que seguir siendo tratado a
fin de evitar la voracidad municipal de cobrar una nueva tasa para sus
arcas.
Y termino, señor Presidente, haciéndole una pregunta al señor Defensor
del Pueblo --me he sentido muy satisfecho al ver esa tremenda radiografía
de la actividad y de la sensibilidad de nuestra institución y de nuestro
Defensor
--sobre el tema de las recomendaciones, salvando aquellas que de las
noventa y pico que se especifican sólo aparezcan setenta y pico porque
van a otros órganos jurisdiccionales. Creo que este capítulo ha sido muy
acertado ponerlo en el sumario para el análisis que he venido haciendo de
determinadas recomendaciones. Solamente me cabe una pregunta. A esta
fecha, y sobre el dictamen del ejercicio de 1995 --esta memoria se
imprime en junio de 1996--, ¿qué grado de receptividad está encontrando
el Defensor del Pueblo en la Administración del Estado, civil o militar,
con estas recomendaciones? Sería muy importante, y espero que así se esté
haciendo en esa institución, efectuar un seguimiento muy puntual, muy
pormenorizado, para ver el grado de cumplimiento ante estas
recomendaciones. Tiene mi apoyo, mi voto y el de mi grupo, señor Defensor
del Pueblo, para que esto no quede en papel mojado ni en agua de
borrajas, como se dice en lenguaje popular. Las recomendaciones que
realiza el Defensor del Pueblo constituyen el aspecto práctico, el
aspecto que el ciudadano entiende respecto a aquellos temas generales que
no se refieran a casuísticas puramente individualizadas, sino a
colectivos, se tienen que resolver.
Nada más. Sólo quiero reiterar mi satisfacción y apoyo a esta línea que
ha establecido el señor Alvarez de Miranda con todos sus colaboradores.
Quiero felicitar a los dos nuevos adjuntos que van a trabajar en esta
legislatura, tanto al que repite como al que entra de nuevo, y a todo el
equipo de la figura institucional del Defensor del Pueblo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), don
Salvador Capdevila i Bas tiene la palabra.
El señor CAPDEVILA I BAS: También quiero manifestar mi felicitación al
Defensor del Pueblo y a los adjuntos primero, señor Rovira, y segundo,
señor Uribarri, y mi agradecimiento por la comparecencia que han
efectuado, como en cada legislatura y cada año.
Aunque no quiero reincidir en los temas que ha tocado el Diputado que me
ha precedido en el uso de la palabra, deseo, en primer lugar,
felicitarles por la organización del informe al haber resumido el gran
mamotreto que aparecía en las anualidades anteriores. Lo han hecho mucho
más legible, mucho más fácil y asequible para todos los parlamentarios.
Me embarga una preocupación respecto a la gran cantidad de quejas que se
han venido rechazando o retirando y no tanto por la falta de información,
sino por el exceso de trabajo que está suponiendo el alto comisionado,
porque evidentemente, tal como ha relatado el Defensor del Pueblo, han
tenido que dedicar cierta cantidad de tiempo y encima han tenido que dar
una información complementaria. Es muy loable la posibilidad de que esta
información, tal como ha manifestado en la exposición de motivos, se
pueda incardinar dentro de los estudios de enseñanza secundaria para así
empezar a motivar la los ciudadanos y encauzarlos correctamente.
Existe también una preocupación, ligada a esa falta de información, ya
que en el informe anual se hace referencia a que incluso tienen ocupadas
las salas de visita y han habilitado un teléfono 900 para estas
consultas. Hay una gran cantidad de consultas, unas 3.000 aproximadamente
en el año 1995, que prácticamente vienen a solicitar información
administrativa general, en definitiva, para saber cómo funciona la
institución del Defensor del Pueblo.
Hay unas quejas que se van repitiendo anualmente y una de ellas es
respecto a la Administración de justicia. Ha hecho mención a que en el
contencioso-administrativo existen unos 25.000 recursos pendientes de
resolver. En la Sala Primera del Tribunal Supremo hay una demora de cerca
de tres años para resolver los expedientes. A mí me consta que en los
juzgados y audiencias provinciales existe una demora casi parecida y hay
múltiples asuntos pendientes de resolver.
En el informe anual se dan varias soluciones. Una de ellas es la de
destacar unos magistrados y auxiliares complementarios para que de una
forma provisional puedan ayudar en ciertos momentos en los juzgados y
audiencias. Esto no deja de ser eventual, ya que el problema subsiste.
Otra es introducir la posibilidad de modificación de las leyes
procesales, hecho que, Dios mediante, probablemente se va a resolver
dentro de esta legislatura, ya que la señora ministra así nos lo ha
confirmado. Por último, apuntan en una parte del informe anual la
posibilidad de unificar la legislación tendente a los accidentes de
circulación. Los accidentes de circulación ocupan el 80 ó 90 por ciento
de los asuntos en los juzgados. Creo que sería conveniente que se pudiera
reunificar toda esta legislación y, tal como dice el informe, simplificar
estas peticiones de los ciudadanos que se encuentran afectados por
accidentes de circulación. Habría que arbitrar un sistema complementario
a los juzgados. Sería loable que fuera con el de arbitraje, para así
evitar todo este gran número de procedimientos que año tras año se va
acumulando en los diversos juzgados y audiencias provinciales de lo
civil. Con esto lograríamos una reducción enorme en la problemática de
los juzgados, y entre esta circunstancia y la posibilidad de que entren
en vigor dentro de esta legislatura estas leyes procesales, tanto civiles
como penales y administrativas, obviamente se reduciría esta magnitud de
asuntos que se están acumulando constantemente en los juzgados.
Con respecto a la Ley Orgánica General Penitenciaria hay varios
problemas, pero todos ellos casi siempre están afectados por las
estructuras de los propios centros penitenciarios. La mayoría son
vetustos y con la creación de nuevos centros se lograría una gran mejora;
evidentemente el esfuerzo administrativo va por ahí. De todas formas este
esfuerzo tendría que estar constantemente presente en la Administración,
para que se aplicara en una mayor atención al trabajo dentro de estos
centros penitenciarios y para que no se llegase a lo que el informe
manifiesta de patios llenos de internos inactivos, paseando, y
paralelamente talleres vacíos prácticamente parados. Creemos que habría
que evitar esto y dar una posibilidad a los internos para poder rehacer
su vida laboral.
Por último, no nos queda más que felicitar de nuevo a SS. SS. por el
trabajo que han venido realizando.
El tema de objeción de conciencia, del que ya ha hablado el señor
Mardones, también es importante. Convendría
que las plazas para dichos servicios fueran realmente previsibles y no
hubiera esta disparidad entre las plazas solicitadas y las plazas libres.
En cuanto al tema de la Logse también el informe toca dos temas de vital
importancia, cual es el del servicio escolar y el servicio de los
comedores, y en los que se debería incidir constantemente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor don Manuel
Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: También quiero dar las gracias al Defensor del
Pueblo por su magnífica exposición. Creo que esta felicitación se hace al
Defensor y a todo su equipo, pero también es una ocasión para
felicitarnos todos porque el informe viene a mostrar la utilidad
creciente de una institución central en nuestro sistema constitucional.
Asimismo quiero sumarme a las felicitaciones por los cambios introducidos
en la estructura, a la que se alude en el informe y que permite agilizar
y dar mayor eficacia a su estudio.
También quiero agradecer, como no podía ser de otra manera, la mención
que se hace en el informe y que ha hecho en su intervención el Defensor
del Pueblo respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y aprobada por
el Pleno el 26 de noviembre de 1995. Sin duda nuestro grupo, como creo
que todos, pero quizá él con más responsabilidad, estará vigilante para
el cumplimiento de lo allí acordado sin renunciar a presentar las
iniciativas posteriores que vayan surgiendo. Quizá habría que plantearse
alguna reforma de la ley reguladora del Defensor del Pueblo que
consiguiera favorecer la utilidad de la institución y su función de
engarce entre la Administración y la sociedad.
Quiero también agradecer la ampliación y matización sobre diversas
cuestiones en esta comparecencia. Voy a citar dos que creo que han sido
muy interesantes, como son las cuotas de inmigrantes y el terrible estado
de algunos centros penitenciarios o, quizá, por desgracia, de la mayoría.
A otros temas me voy a referir ahora con algún detenimiento, aunque sin
sobrepasar los límites que exige la cortesía.
Respecto a lo que se indica en el informe sobre la regulación de los
secretos oficiales, quiero insistir en la importancia que se da a la
cuestión --en lo que coincide mi grupo--, en el sentido de aceptar todas
las consideraciones jurídicas ofrecidas en el informe acerca de la dudosa
constitucionalidad --por no hablar claramente de la
inconstitucionalidad-- de la Ley de Secretos Oficiales y de apoyar la
propuesta explícita que el Defensor hace para que las Cortes modifiquen
la legislación sobre secretos. No quiero extenderme más. Suscribo las
opiniones del señor Mardones sobre este tema y ello me libera de tener
que insistir.
En cuanto a la insumisión, me ha parecido especialmente revelador el
texto leído por el señor Defensor del Pueblo en esa conferencia de
defensores autonómicos. Sin embargo, aceptará el señor Defensor que ese
texto no está exactamente reflejado en el informe o que en el informe se
contienen otra serie de argumentaciones de carácter social y jurídico que
de alguna manera difuminan la claridad de lo que ahora nos ha anunciado.
Yo creo que los argumentos jurídicos ofrecidos son ajustados en cuanto a
la descripción de una normativa vigente. Sin embargo, entendemos que ese
carácter de magistratura de persuasión que el Defensor del Pueblo tiene
no puede ni debe ignorar --y creo que se está en la vía de no ignorar--
el hecho de que existen jóvenes en prisión por defender valores
plenamente enraizados en la cultura de paz y además por acciones que van
a dejar de ser delito cuando se produzca la anunciada profesionalización
de la Fuerzas Armadas. Por lo tanto, desde cualquier concepción
filosófica de la justicia, estos hechos constituyen una injusticia que el
sistema legal contribuye a perpetuar, negándose así uno de sus
fundamentos primordiales. Por ello rogamos y animamos al Defensor del
Pueblo a que siga en la línea que ahora en esta Comisión ha practicado y
que en futuras reflexiones se centre precisamente en la línea del texto
aquí leído.
Respecto a la protección de datos personales ante su tratamiento
automatizado, aceptando esa matización que se ha incluido en la
intervención que supone un paso positivo, he de decirle que coincidimos
con los criterios defendidos por el informe y que las discrepancias
detectadas, aunque parece ser que están en curso de superación entre el
Defensor y la Agencia de Protección de Datos, serán planteadas en una
comparecencia del director de la citada Agencia, que este grupo ya ha
solicitado.
Sobre las recomendaciones, simplemente mostraré un acuerdo general con
todas las recomendaciones incluidas y también anuncio que en algunos
casos el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
ejercerá funciones de control del Gobierno sobre el cumplimiento real de
esas recomendaciones. Es seguramente la mejor forma de colaborar con el
Defensor.
Respecto a los datos estadísticos, aparte de lamentar públicamente --como
no puede ser de otra forma-- la falta de colaboración de algunas
instituciones públicas y la desatención de otras a las sugerencias del
Defensor, hay un dato que nos ha llamado un poco la atención y que
lamentamos, y es el escaso número de quejas provenientes de jóvenes,
fundamentalmente menores de 20 años. En este sentido, nos permitiríamos
sugerir al Defensor que en esa línea de mayor publicidad de la
institución y de realización de convenios se pudieran establecer campañas
de difusión dirigidas específicamente a este segmento de la población,
seguramente a través de instituciones académicas o de los propios
consejos de la juventud.
De la segunda parte de su exposición solamente citaré algunos temas, los
que más nos llaman la atención. Respecto a la seguridad pública, quiero
recordar la preocupación por las reiteradas quejas referentes a
actuaciones de vigilantes de seguridad de compañías privadas, sobre todo
cuando se exceden en sus funciones, llegando reiteradamente a malos
tratos, como se indica en la página 98. Nos gustaría, si es posible, que
el Defensor amplíe sus opiniones en esta materia y sugiera, si lo cree
conveniente, algún tipo de reformas legales.
Respecto a los visados consulares, coincidimos también en la preocupación
manifestada en el informe por los retrasos o negativas a conceder
algunos, en particular cuando se solicita para contraer matrimonio. Hemos
tenido ocasión de detectar recientemente algunos casos en los que opera
una especie de presunción de que ese visado que se solicita para un
matrimonio es para una especie de matrimonio fraudulento, cosa que
realmente no se pretende y entendemos que desde un punto de vista
jurídico se invierte lo que debe ser una presunción. Creemos que, dada la
reiteración del problema, sería bueno que el Defensor abundara más en la
materia, se realizara una investigación general y, en su caso, el
Defensor hiciera sugerencias también de reformas administrativas o
legislativas. Lo mismo, obviamente, cabe decir de la necesidad de aplicar
políticas no restrictivas sobre visados en casos de cónyuges o menores o
por otros motivos humanitarios.
En cuanto a la administración militar, me voy a limitar a apreciar
positivamente la preocupación reiterada en el informe de este año, y
también reflejada en informes anteriores, por la falta de información que
reciben los militares de reemplazo sobre sus derechos tanto antes como
después de su incorporación a filas. Todo ello va unido a un anacronismo
del sistema legal español en cuanto a la realización del servicio
militar, que seguramente deberá ser revisado a la luz de los planes
anunciados de profesionalización del ejército, como es esa negativa a que
pueda ejercerse en el ámbito de los soldados algún tipo de ejercicio del
derecho de asociación. Nos parece un límite de difícil entendimiento a la
luz del desarrollo constitucional y del asentamiento de la democracia en
España, que incide en que esos derechos no encuentren cauces adecuados de
defensa en la actividad normal de los soldados. Rogaría al Defensor que,
si lo considera oportuno, amplíe la información sobre las gestiones
realizadas en esta cuestión ante el Ministerio de Defensa.
Finalmente, para terminar y respecto al capítulo dedicado a la ordenación
de la actividad económica, me gustaría que el Defensor ampliara su
opinión sobre lo indicado en el informe acerca de las quejas recibidas
por la adscripción obligatoria de ciertos profesionales a las Cámaras de
Comercio y, por lo tanto, la posible vulneración de la libertad de
asociación fijada en el artículo 22 de nuestro texto constitucional, con
independencia de lo que hayan decidido en algún caso particular
sentencias del Tribunal Constitucional.
Reitero la felicitación y el ofrecimiento de este grupo a colaborar en la
medida de sus posibilidades en los fines que entendemos tiene esta
institución que son servir de engarce entre la Administración y la
sociedad en la salvaguarda de derechos fundamentales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña
Cristina Alberdi Alonso.
La señora ALBERDI ALONSO: En primer lugar, señor Presidente, quiero dar
la bienvenida al Defensor y a sus dos adjuntos, señores Rovira y
Uribarri, y a estos dos últimos felicitarles por el inicio de su nueva
andadura en la responsabilidad que han asumido, y el agradecimiento del
Grupo Socialista por la exhaustiva presentación y por el nivel de
eficacia que puede conseguirse con el nuevo planteamiento que tiene el
informe del Defensor.
Como ha dicho el Defensor al inicio de su intervención, los grupos
parlamentarios habían formulado peticiones para una mayor agilidad y
simplificación del informe para ser más útil en cuanto a detectar los
problemas y desarrollar las alternativas de solución. En este sentido
creo que es positivo que se haya cambiado la estructura y que ahora se
establezca una fórmula nueva que quizá nos haga ganar en visión de
conjunto, como dice el propio informe.
El informe tiene una utilidad extraordinaria como observatorio de la
realidad y en el ámbito de competencias del Defensor tiene una
virtualidad en cuanto a la eficacia de los instrumentos que tiene, desde
las recomendaciones o la eventualidad de interposición de recursos, hasta
una eficacia muy positiva en cuanto a la utilización, cuando sea precisa,
de esos instrumentos.
Dicho esto, voy a referirme a continuación a la línea general de
intervenciones en los puntos que considero más importantes, a lo que se
ha referido el Defensor en la segunda parte de su exposición, para pasar
posteriormente a los ocho temas emblemáticos que ha considerado el
Defensor que merecían un tratamiento especial.
Por lo que se refiere a la primera parte quiero destacar el aspecto de la
Administración de justicia. Alude el Defensor a algo que conocemos todos,
desde hace muchos años desgraciadamente; a las causas estructurales de
las dilaciones. Es lo que se llamaba en el Consejo General del Poder
Judicial retraso objetivo. Este retraso objetivo afecta claramente a la
tutela judicial efectiva.
Una justicia que no llega en el momento adecuado es una justicia que, en
ocasiones desgraciadamente, no existe. Por tanto, tendríamos que ser
capaces de atacar esos retrasos de forma directa e ir a la raíz y a la
causa de esos problemas, que son estructurales, pero que se deben también
a un exceso en la utilización de la Administración de justicia que hace
que no se pueda dar abasto a todos los asuntos que se someten a su
consideración. Un caso llamativo es el colapso que existe en la
jurisdicción contencioso-administrativa, y no sé si con la reforma de la
jurisdicción vamos a ser capaces de reducir ese colapso. De hecho en la
anterior legislatura estuvimos a punto de plantear la reforma de la
jurisdicción contencioso-administrativa. Creo que esta legislatura será
una buena ocasión para estudiar, desde el punto de vista de la reforma,
cómo se puede atajar ese problema tan grave.
En lo que se refiere a los juzgados de familia, el Defensor ha dicho que
no hay un retraso llamativo. Yo creo que sí lo ha habido. En Madrid ha
habido una paralización de más de un año. Quizá, en otras zonas de
España, en términos generales, se podrá decir que los juzgados de familia
no han padecido ese retraso tan llamativo. Lo que sí es cierto es que lo
más grave que se produce en este terreno afecta a los menores, y es el
incumplimiento de las resoluciones judiciales, sobre todo en cuanto al
impago de pensiones y alimentos.
En este sentido al inicio de esta legislatura el Grupo Parlamentario
Socialista planteó un proyecto de ley para desarrollar
ese fondo de pago de alimentos y el Grupo Parlamentario Popular dijo que
en septiembre, puede ser todavía a lo largo de este trimestre, iba a
plantear una reforma para desarrollar precisamente el fondo de garantía
de pago de pensiones y alimentos. Ahora el Defensor ha aludido a algunas
noticias referentes a la dificultad de establecer una cuantía
presupuestaria al respecto. Por tanto, no sé si es que esto implica una
demora del desarrollo legislativo en ese terreno; terreno en el que el
grupo del Gobierno, si toma la iniciativa, tendrá el apoyo de este grupo
parlamentario.
En cuanto a la valoración que se hace de la Administración penitenciaria,
en general, es buena en cuanto a higiene y seguridad; pero es verdad que
subsisten una serie de problemas a los que se ha referido el Defensor.
Por lo que se refiere a las mujeres presas ha aumentado el número de la
población femenina penitenciaria, aunque sigue siendo infinitamente
inferior a la población masculina, por supuesto, pero hay que intentar
que el tratamiento sea acorde con los principios elementales aunque la
persona haya perdido la libertad.
En el tema de la seguridad pública me preocupan especialmente las
garantías para los menores extranjeros. Esto se introdujo en la reforma
de la ley del menor, se aludía también a ello en las reformas parciales
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y se introdujo en
la reforma del reglamento de extranjería, donde hay una serie de normas
con respecto a las garantías de los menores extranjeros. A mí me gustaría
que el Defensor ampliara, si es posible, lo que se refiere a esta materia
porque creo que es un tema que nos preocupa a todos.
Dentro de la seguridad pública se ha referido al tema de la indemnización
por actos de terrorismo. No se nos oculta que la petición se refiere al
tema de García Goena, ciudadano español que falleció por la explosión de
un artefacto, respecto al que Interior alegó que el delito se había
producido en el extranjero y la Audiencia Nacional, al dictar sentencia
no reconoció la existencia de un responsable directo en la muerte. Se
insiste ahora en el informe que se estaba a la espera de un nuevo
estudio. Entiendo que este tema es muy delicado y que la causalidad, en
los casos en que se produzca, tiene que estudiarse muy detenidamente y no
debería generalizarse.
También hay un tema que en el ámbito de la seguridad pública no plantea
el Defensor, ni nosotros lo venimos planteando, pero es una realidad
social. Me refiero al problema de la seguridad ciudadana en las grandes
capitales, en las zonas urbanas. Me gustaría que el Defensor se refiriera
a las inadmisiones, que ocupan el cuarto lugar y que son un 5,32, y que
se plantean cuando no existe intervención de los poderes públicos. No sé
si las inadmisiones estarán en esa cifra o es que no llegan esos
problemas, porque creo que podría intervenirse, no sé si de oficio o a
instancia de alguna queja, en el sentido de que se distribuya o se
atienda la seguridad ciudadana en aquellas zonas más conflictivas de los
núcleos urbanos. A mí me consta, por haberlo leído en los medios de
comunicación que hay peticiones al Ministerio del Interior, a las
comisarías, con respecto a zonas de mayor dificultad para los ciudadanos.
Este es un problema que preocupa y deberíamos de incidir en él.
También quería mencionar algo sobre la Administración de la Seguridad
Social y acción social. Se ha mencionado el tema de los salarios sociales
y se hace una recomendación muy interesante para que se analice en cada
anualidad y no haya devoluciones, y también para que se luche contra el
fraude, --¿por qué no considerarlo también?--, pero fundamentalmente
porque son economías pequeñas, modestas, que si tienen que hacer la
devolución de una cantidad indebidamente percibida no tiene medios
económicos para poderlo atender. De ahí la oportunidad de esa
recomendación que me parece muy acertada y que además ha sido aceptada.
Sin embargo, en este ámbito de la acción social se alude en el tema de
tutela y adopción, a deficiencias y a problemas legales, que creo que
podrán y deberán subsanarse con la reforma del Código Civil, que entró en
vigor en enero de 1996 y fue una de las últimas leyes que aprobamos en la
anterior legislatura.
En cuanto al medio ambiente, al que luego me referiré de una forma
específica al tratar el tema monográfico que se comenta en términos
generales tengo que decir que me parece que es importante que se haya
incorporado porque es de enorme importancia para todos.
Quiero dejar sobre la mesa la queja respecto al vertedero de
Valdemingómez. El Defensor ha aludido a los excesivos impedimentos que ha
habido con respecto a las administraciones concernidas, concretamente se
ha referido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. El tema del
vertedero de Valdemingómez es uno de los temas que más nos ha preocupado
y creo que se debería trabajar para intentar solucionar los problemas que
ha generado.
En cuanto a urbanismo y vivienda quiero destacar que el anterior Gobierno
puede estar orgulloso del trabajo realizado con el plan de vivienda
1992-1995, tan denostado y tan criticado, a veces, porque el Defensor del
Pueblo reconoce y recoge el enorme grado de aceptación que ha tenido por
parte de los ciudadanos, y que las deficiencias que ha habido han tenido
que ver con un problema de gestión de las comunidades autónomas afectadas
por este plan de vivienda.
En urbanismo y vivienda también nos preocupa el realojo de la población
marginada. Tenemos que tener en cuenta que en el asentamiento de los
inmigrantes los problemas más graves se han producido, qué duda cabe, en
los grandes núcleos urbanos, concretamente en Madrid. También hay una
crítica al Ayuntamiento de Madrid por lo que se refiere al asentamiento
de la población española marginada, del pueblo gitano. Me gustaría que
esto nos lo ampliara un poco más para ver qué posibilidades de solución
tenemos.
En cuanto al régimen electoral alude al voto por correo de los españoles
residentes en el extranjero. Con la reforma que hemos llevado a cabo creo
que va a mejorar la situación en los años sucesivos. La reforma del censo
de residentes ausentes, que llevamos a cabo a final de la última
legislatura, era una vieja aspiración de nuestros emigrantes.
Por lo que se refiere al régimen electoral quiero decir que la Junta
Electoral Central todavía expide las actas de Diputados y de Diputadas
únicamente como Diputados. Yo tuve ocasión de mandar una carta a la Junta
Electoral
Central para pedirles que, por favor, rectificaran para que a las
Diputadas no nos dieran el acta de Diputado. Esto viene al caso, y luego
me extenderé cuando me refiera al tema de la igualdad de hombres y de
mujeres, porque en el régimen electoral puede introducirse esta
terminología y de que así en esta materia vaya normalizándose la
situación.
En cuanto al procedimiento de actividad administrativa, habla de la
explotación forzosa y los retrasos en el justiprecio. Creo que este tema
también es importante, sobre todo con las últimas reformas habidas, por
todo lo que puede afectar en el futuro.
A continuación, voy a entrar en los temas monográficos o los temas que ha
considerado el Defensor este año que eran emblemáticos, representativos
de problemas, y además ha querido que cada uno de ellos se refiera a un
área de intervención. Eso me parece también significativo y digno de
reconocimiento, porque así en cada una de las áreas sobre las que actúa
el Defensor, se destaca uno de los problemas existentes.
El primer tema al que se alude y que además fue objeto, como el Defensor
ha dicho, de una carta especial al Presidente del Congreso de los
Diputados enviada en enero de este año, es el de los secretos oficiales.
Nadie niega que los secretos oficiales son un instrumento necesario para
velar por la seguridad y la defensa nacional. La Constitución, en el
artículo 105 b), además --se alude poco a esto--, respalda su existencia
claramente y exceptúa del principio general de transparencia
administrativa lo que afecta a la seguridad y defensa del Estado. Hay un
bien jurídico protegido, que es la seguridad y la defensa nacional, y
naturalmente hay otro bien jurídico protegido que es la tutela judicial
efectiva. Ahora bien, se determina quién es el que puede tener atribuida
la competencia para marcar qué son los secretos oficiales, y ahí se da un
amplio margen de discrecionalidad al Gobierno, que es lo que hemos venido
teniendo. El hecho de que sea anterior a la Constitución no tendría por
qué significar de una forma autonómica que fuera inconstitucional; siguen
estando en vigor muchas leyes anteriores a la Constitución que no son
inconstitucionales. ¿Que puede mejorarse la ley? Qué duda cabe. Pero yo
no creo que sea inconstitucional. De hecho, la existencia y
reconocimiento de la ley no significa que no estén sometidos al control
los secretos oficiales. En nuestro ordenamiento jurídico corresponde al
Parlamento, a la Comisión de Secretos Oficiales, por el momento. Quizá
ese control pueda ampliarse en una eventual reforma. De hecho, ahora el
Gobierno ha enviado al Consejo General del Poder Judicial para informe un
nuevo proyecto de ley, un proyecto de ley que, cuando salió en los medios
de comunicación, cuando lo conocimos, fue objeto de muchas críticas. Se
aludió a la censura previa, se aludió a que las multas eran muy altas, se
aludió a que era un exceso de años en el que se permanecía en secreto;
pues bien, puede haber un punto intermedio. De hecho, ayer se ha conocido
--yo todavía no he tenido ocasión de estudiarlo a fondo-- el informe del
Consejo General del Poder Judicial sobre el proyecto de la ley de
secretos oficiales del Gobierno. Han rechazado por unanimidad el que esta
ley en determinados puntos pueda ir adelante. Consideran que debe
intervenir el Supremo; habrá que estudiar de qué forma, porque el control
judicial no procede en este tipo de temas, y eso lo sabemos los juristas,
porque la naturaleza del propio proceso, que es público y contradictorio,
impide el que este tipo de asuntos, si entran en el ámbito judicial, no
salgan a la luz. Es decir, que si se quiere preservar el secreto, si
quiere el Consejo General del Poder Judicial, o quien corresponda, si
luego los legisladores aprobamos una ley en ese sentido; si interviene el
Supremo, tendrá que ser también de una forma restringida, pero no en el
ámbito del proceso público con los requisitos que tiene. Y desde luego
que un juez puede solicitar --y es el debate que ha habido-- una
desclasificación, pero también la decisión política corresponde al
Gobierno. En este sentido, a mí me parece que la resolución del tribunal
de conflictos de jurisdicción que se produjo en la anterior legislatura
es importante, y también en esos equilibrios que hay entre los bienes
jurídicos protegidos ocurre (y ha ocurrido con muchos bienes jurídicos
protegidos) que hay puntos en los que entras en conflicto, y ahí hay que
ponderar los bienes jurídicos en conflicto y decidir lo que sea más
equilibrado y más adecuado para el interés general. Hay un bien jurídico
protegido que es la seguridad y la defensa nacionales, y hay otro bien
jurídico protegido, qué duda cabe, que es la tutela judicial efectiva.
Pero también esa tutela efectiva tiene muchas veces límites, y yo
simplemente quiero aludir a algo que está en la profesión que he ejercido
durante tanto tiempo, el secreto profesional. El secreto profesional es
un límite. Las personas, periodistas, abogados, que hemos tenido el
desempeño de esos trabajos profesionales sabemos que el secreto
profesional es un límite. Está ahí preservado y es un derecho también.
Por tanto, ponderación de bienes jurídicos en conflicto y todo ello bajo
el prisma del interés general.
El segundo tema monográfico al que alude el Defensor es el relativo a la
inmigración. Este tema nos preocupa especialmente. El tema de Ceuta, al
que se ha referido, fue el que se produjo en la anterior legislatura
siendo Gobierno del Partido Socialista. Yo estuve muy cerca de ese
problema, por el tema de Asuntos Sociales y, efectivamente, es difícil, y
hoy seguimos teniéndolo sobre la mesa. Tenemos los problemas en Melilla;
en Ceuta mismo hay ahora también personas que están entrando. Se está
intentando construir una frontera real entre Africa y estas dos zonas de
Ceuta y Melilla, pero tenemos que ser responsables y saber que tiene que
haber un equilibrio entre la seguridad pública, entre esas obligaciones
que tenemos como territorio Schengen de la Unión Europea, obligaciones
que tenemos con respecto a todos los países de la Unión Europea, al tener
nosotros una frontera muy grande, y a la vez el respeto a los derechos
fundamentales. Y aquí entra el tema que ha comentado el Defensor del
contingente de cuotas. Cuando se establece ese número de personas para
venir, unas específicamente para la obtención de la fruta, por ejemplo,
otras específicamente para el servicio doméstico, es que los flujos
existentes están condicionados por esa situación, y en los movimientos
migratorios --históricamente siempre ha sido así-- viene a veces muy
condicionado el número de las personas que vienen de un determinado
lugar,
y vienen además para algo muy concreto, y de ahí que se establecieran los
contingentes, los cupos, de acuerdo con esas posibilidades; pero qué duda
cabe que podría estudiarse la flexibilización en ese terreno.
En cuanto al tema de la insumisión, ya nos constaba el problema por las
jornadas de coordinación de los defensores autonómicos. Creo que es muy
importante esa labor que está haciendo el Defensor del Pueblo con los
defensores de las distintas comunidades autónomas, que además, según la
singularidad y las especificidades de cada región, de cada autonomía, son
distintas. Qué duda cabe que el Ararteko tiene en este tema de la
insumisión unos problemas muy específicos y mucho mayores que los que
pueda haber en otras zonas de España, porque allí hay un número muy alto
de personas que objetan y que, además de objetar, no se acogen a la
prestación social sustitutoria, no están de acuerdo con realizarla y
entran en el terreno de la insumisión; terreno el de la insumisión que,
por mayoría, los grupos parlamentarios decidieron mantener tipificado en
el Código Penal recientemente aprobado. Me consta que el Defensor tuvo
peticiones de interponer recurso. No lo entendió así, pero sí entendió
que debía traerlo aquí. Yo creo que el tema de la insumisión es muy
problemático y que, además, teniendo prevista la objeción de conciencia y
la prestación social sustitutoria, lo lógico es acudir a esos sistemas.
Ha aludido al 30.3 de la Constitución, servicio civil, pero es que el
servicio civil no es ni sustitutivo ni alternativo; el 30.1 y el 30.2 de
la Constitución establece el servicio militar obligatorio y, en segundo
lugar, la alternativa cuando se objete el de la prestación social
sustitutoria. Si pudiéramos irnos al servicio civil sin cambiar la
Constitución..., pero no es posible.
Es decir, es un tema muy interesante, importante, incluso aquí se está
haciendo algo desde Europa. La responsable de este tema, Edith Cresson,
Comisaria de la Unión Europea, ya planteó el año pasado la posibilidad de
hacer un servicio civil europeo con todos los jóvenes europeos, y había
el problema de que Grecia no tiene la objeción de conciencia. Pero quizá
por el salto a algo unitario dentro de la Unión Europea podamos resolver
este problema que sigue estando ahí, y me parece muy acertado y muy
oportuno que le haya dado esta significación el Defensor destacándolo
como uno de los temas emblemáticos.
El señor PRESIDENTE: Señora Alberdi, yo le rogaría que hiciese un
esfuerzo de síntesis.
La señora ALBERDI ALONSO: Lo que ocurre es que yo no quería dejar de
comentar los temas más significativos, y como es una acasión anual la del
informe del Defensor del Pueblo, estoy haciendo ese esfuerzo y espero de
su benevolencia que pueda terminar con la intervención sin dejarme nada
en el tintero.
El señor PRESIDENTE: Prosiga, prosiga.
La señora ALBERDI ALONSO: En cuanto al siguiente tema, la protección de
datos, efectivamente hay una discrepancia de la Agencia de Protección de
Datos con el informe del Defensor. Creo que es una de las cosas que
pueden resolverse, pero no olvidemos el tema de la competitividad, que
destaca la Agencia de Protección de Datos, que es un tema clave. Debemos
tener una normativa armonizada con la Unión Europea y quizá en la Unión
Europea se considera que cuando esa cesión es expresa o tácita vale, pero
creo que se debería profundizar en la armonización.
El siguiente punto --y voy muy rápidamente, señor Presidente-- es el del
consumo de alcohol por menores. Sobre el consumo de alcohol por menores
ha habido hasta concursos y competiciones. Es uno de los temas que más
nos preocupa, porque da lugar a una situación problemática con respecto a
los menores. Además, tenemos el problema de la disparidad de normativas,
lo que alguien ha denominado turismo etílico. Hay una situación muy
distinta en cuanto a las sanciones y en cuanto a la normativa. Creo que
aquí tendríamos que hacer un esfuerzo, y yo pondría el ejemplo de la
dirección provincial de Soria, que trabajo activamente en estos temas en
coordinación con las asociaciones de padres. Pienso que aquí se podría
profundizar; es uno de los temas en que se ha trabajado bien desde el
ámbito educativo, el ámbito de Interior y el ámbito de las asociaciones
de padres, para que también haya una responsabilidad familiar en esta
materia.
El siguiente asunto que quería comentar es el de las líneas eróticas. Ha
comentado el Defensor que por la tecnología digital no se podrá extender
la red hasta enero de 1998, pero creo que también podríamos fomentar el
que también haya un esfuerzo por parte de los usuarios, y si desconectar
la red únicamente cuesta 500 pesetas, como me parece que figura en el
propio informe del Defensor, fomentar también el que pueda llevarse a
cabo esta desconexión por vía voluntaria, pagando un pequeño canon.
Por último, y con eso termino en este área, tenemos el sistema acuífero
de La Mancha occidental. La oportunidad de entrar en los temas de
ecología, de medio ambiente, es muy destacada y muy positiva, pero, como
ha dicho el Defensor, tenemos el problema de que se está llevando a cabo
una actuación en esa zona que parece que lo que busca es la esquilmación
de los recursos y la desertización de la zona. ¿Cómo han podido aumentar
las superficies puestas en regadío desde 1963, con 14.000 hectáreas,
hasta 1989, con 127.000? Todo ello ha generado una situación a la que hay
que poner coto. Yo creo que el significado que tiene el que el Defensor
entre en esta materia es, sobre todo, la toma de conciencia, que ya es a
nivel mundial; el desarrollo tiene que ser sostenible. No podemos
esquilmar los recursos, no podemos llegar a una situación en la que
dejemos una naturaleza que no pueda producir, en un futuro, lo que
lógicamente en el equilibrio ecológico tiene que producir.
De tráfico urbano ya se ha hablado; creo que éste es otro problema de
unificación de la normativa, que, como ha dicho el señor Mardones,
representante de Coalición Canaria, quizá le dará mucho trabajo en el
futuro.
Por último y termino, señor Presidente, quiero referirme --y lo he
mencionado al principio-- al valor que tienen los instrumentos, que el
Defensor puede desarrollar. De esos
instrumentos, para mí, el que más juego puede dar son las
recomendaciones. Los recursos al Tribunal son mucho más puntuales, más
excepcionales, pueden generar una situación de menos armonización, y el
Defensor tiene una función de mediación, de equilibrio, de buscar
consensos, de buscar caminos por los que discurramos todos, para una
mayor eficacia, y ahí sí que veo el camino de las recomendaciones. Las
recomendaciones son un instrumento cada vez más útil, un instrumento que
puede y debe dar un enorme juego y, como ha dicho el representante de
Izquierda Unida, también los parlamentarios podremos y debemos reclamar
del Gobierno el cumplimiento de las recomendaciones en todos los temas
que el Defensor ha ido planteando.
El señor PRESIDENTE: La también Diputada, en este caso del Grupo Popular,
doña María José Camilleri, tiene la palabra.
La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Quisiera que mis primeras palabras fueran
de saludo y de agradecimiento en este acto de presentación del informe
anual de la institución del Defensor del Pueblo ante esta Cámara. También
quisiera que mis palabras iniciales fueran de felicitación para la
institución, los adjuntos, asesores y demás personal de la misma, por el
trabajo realizado que se condensa en esa memoria.
Es preciso destacar, en primer lugar, que el conjunto de quejas y
cuestiones que se plantean en el informe objeto de debate atiende a un
período, 1995, en el que el Partido Socialista era quien gobernaba y la
composición de esta Cámara era diferente. Asimismo, es la primera vez
que, como ha dicho el señor Alvarez de Miranda, es este Defensor el que
presenta y firma un informe que se refiere exclusivamente al período de
tiempo de su propia responsabilidad, no así de Gobierno --como he dicho
antes-- del grupo al que represento.
Terminado el capítulo de agradecimientos y ya ante el informe anual del
Defensor del Pueblo, presentado, como es preceptuado por el artículo 32
de la Ley Orgánica 3981, a las Cortes Generales y que recoge un denso y
voluminoso resumen sistematizado de sus actuaciones, caben varias
actitudes. Una de ellas puede ser la de darle un trámite rutinario, con
las felicitaciones, los parabienes y los alientos propios para pensar que
todos hemos cumplido con nuestro deber, deseando que el año próximo, sean
unos u otros los que la valoren, la situación sea mejor y que, por tanto,
los derechos y libertades fundamentales se respeten más y se acaben las
disfunciones administrativas. Otra actitud --y ésa es la que defiende el
Partido Popular-- es la de considerar el informe del Defensor del Pueblo
no como un punto de llegada, sino como un punto de partida. Por tanto, el
informe, que describe la realidad a la que el Defensor tiene acceso y
conocimiento, que no será total pero sí muy significativa, debe dar paso,
en el ámbito parlamentario, a un impulso comprometido de todos los grupos
políticos para mejorar progresivamente esa realidad.
Centrándonos en el informe en sí, creemos que han sido oportunos los
cambios y modificaciones que se han producido en la misma institución. La
reestructuración de las distintas áreas de trabajo de seis a ocho es
importante, y alabamos la creación del área de medio ambiente, ya que el
derecho fundamental a un medio ambiente adecuado, unido al deber de
conservarlo, es algo que cada vez demanda más la sociedad, como se
refleja también en el Gobierno, con la existencia de un Ministerio de
Medio Ambiente.
También es importante destacar el tratamiento especial que recibe el
menor por parte del Defensor del Pueblo, que le ha llevado al cambio de
denominación del área de trabajo, pasando a llamarse de bienestar social,
trabajo y atención al menor.
Por otra parte, la variación que este año se introduce en la estructura
del informe, con el objetivo de hacer más útil este documento de trabajo,
nos parece adecuada y provechosa. Se ha cambiado la primera parte, en la
que se reflejaban todas las quejas recibidas con relación a los derechos
fundamentales, sustituyéndola por un apartado monográfico en el que se
resumen ocho temas significativos para conocer la situación de los
derechos fundamentales, y en el que encontramos una oportuna referencia
al funcionamiento de la Administración.
Hemos estado hablando --y a ellos han aludido los portavoces-- de esos
ocho temas monográficos, y con relación a los problemas que suscita la
actual regulación de secretos oficiales, tengo que decir que es voluntad
del Gobierno promover una regulación que garantice el ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución. Para ello, ya se han pedido, y
están en manos del Gobierno, dictámenes al Consejo de Estado y al Consejo
General del Poder Judicial, que tenía un plazo me parece que hasta el día
10 de noviembre, pero que ya ha sido evacuados, y, una vez estudiados, se
presentará un proyecto de ley que tendrá en cuenta los derechos
constitucionales y, por supuesto, el derecho a una tutela judicial
efectiva.
En la parte general de la estructura del informe no se hace, como en los
informes anteriores, un detalle de las quejas a las que se refiere el
informe, ni de su tratamiento y los resultados logrados, sino una
valoración general de los temas tratados durante el año. Se ha suprimido
la tercera parte, donde se agrupaban todas las quejas relacionadas con
las actuaciones de las comunidades autónomas; permanecen los datos
estadísticos, y es interesante la encuesta realizada entre los usuarios
para ayudar a conocer la valoración y eficacia de la institución.
Destacan, asimismo, las resoluciones por las que el Defensor expresa el
criterio de la institución con respecto a las solicitudes formuladas para
que se interpusiesen recursos de inconstitucionalidad contra determinadas
leyes.
Es importante también el capítulo de recomendaciones --creo recordar que
son 93-- con las que el Defensor se ha dirigido a las distintas
administraciones, y el epígrafe de administraciones que han incumplido el
deber de contestar a las solicitudes de informes que se les requieren
desde la institución. Llama la atención que, de las 20 administraciones
que no contestan, 19 son ayuntamientos, la mayoría pequeños municipios, y
le preguntaría al Defensor cuál cree él que es la causa de la no
contestación, si es por desconocimiento
de la ley orgánica que regula la institución del Defensor, que le obliga
a contestar a sus requerimientos, o porque no tienen medios o
asesoramiento jurídico para ello. Si es por desobediencia, habría que
recordarles, a partir de ahora, el artículo 502.2 del Código Penal, que
vino a derogar el artículo 24.2 de la Ley Orgánica del Defensor del
Pueblo y que dice textualmente: En las mismas penas incurrirá la
autoridad o funcionario que obstaculizase la investigación del Defensor
del Pueblo, negando o dilatando indebidamente el envío de los informes
que éste solicitare.
En cuanto al contenido en sí de las áreas, se incluye una cuestión que
viene siendo ya recurrente y a la que se ha aludido en esta presentación
del informe: la débil salud que se aprecia desde años en nuestro país del
derecho a la tutela judicial efectiva. Pensamos que sobre ese aspecto
tiene que haber una actitud comprometida, decidida y consensuada de todos
los grupos parlamentarios para poder llevar adelante una revisión
profunda y absoluta de esta situación.
Con referencia a la administración penitenciaria, hemos oído --y se
comprueba en el informe-- la masificación que existe, principalmente en
las prisiones de mujeres, pero, en general, se hace una buena valoración
: mejoras en la higiene, la seguridad, etcétera. Y hay también una
interesante recomendación sobre el derecho a la intimidad en los centros
penitenciarios.
En materia de menores se observa que se mantienen las quejas por defectos
formales en los procedimientos de desamparo. Se trata de conjugar el
derecho de los padres sobre los hijos con el ejercicio por la
Administración de la política proteccionista de los menores. Es de
recomendar que la institución continúe en esta línea de defensa y que, en
general, en temas de menores, mantenga una vigilia permanente en aras a
los derechos de los niños, incrementando si cabe las quejas e
investigaciones de oficio sobre la protección jurídica constitucional de
los niños.
Diversos acontecimientos en torno al menor han ocupado las primeras
páginas de los periódicos, como, por ejemplo, el caso Arny, abuso de
menores, que es objeto de un sumario en un juzgado de Sevilla, mi
provincia, y, asimismo, la emisión, en Internet, de programas
pornográficos que tienen como protagonista víctima al menor.
En materia de menores también me gustaría destacar el problema de los
menores con trastornos de la personalidad, conductas conflictivas o
menores drogodependientes, y significar, junto con el Defensor, la
importancia de crear centros específicos para atender esta difícil
realidad social.
Respecto a la tercera edad, sorprende la excesiva parquedad del informe
del Defensor. Se insiste en la realidad de las listas de espera para el
acceso de la población anciana a las residencia públicas o concertadas y
se analizan otros aspectos conexos, pero el informe se abstiene de
destacar otros puntos relativos a las a veces difíciles situaciones por
las que atraviesan nuestros mayores. Se echa de menos el tratamiento de
temas que afectan directamente a los ancianos: la protección jurídica de
los mismos, el abandono de ancianos, el servicio de ayuda a domicilio, la
vivienda de los ancianos, etcétera. Sería deseable que el Defensor
intensificara su labor en defensa de este amplio sector de la población y
se pudieran abordar otros asuntos relativos a los problemas sociales de
la tercera edad. La pirámide poblacional de España nos invita a pensar
que, lejos de disminuir, este problema va a aumentar en años venideros
con el envejecimiento de la población y un mayor alargamiento de la vida.
Sin embargo, respecto a las personas con minusvalías, se destaca la
amplitud de los temas tratados por el Defensor, y en especial habría que
felicitar a la Oficina por la presentación del último informe especial
sobre atención residencial a las personas con discapacidad y otros
aspectos conexos por la seriedad del planteamiento y la rigurosidad del
trabajo ejecutado.
En materia sanitaria destaca el mantenimiento de los asuntos reiterados
en años pasados, que representan verdaderas patologías crónicas del
sistema sanitario: las listas de espera, la baja implantación de los
derechos de los usuarios, las deficiencias en las prestaciones
sanitarias, la situación de los enfermos mentales, las demoras en los
reintegros de gastos, las restricciones en la libertad de instalación de
oficinas de farmacia, etcétera. En definitiva, un conjunto de problemas
estructurales que han venido pesando sobre el sistema sanitario y que
esperamos que a partir de la nueva orientación dada por el Ministerio de
Sanidad comience una andadura de resolución o, al menos, de mitigación.
Se valora positivamente el amplio tratamiento y seguimiento que se
realizan en el informe del Defensor de los derechos de los usuarios. Es
necesario que el Defensor se muestre firme en su labor de supervisión de
los derechos de los ciudadanos y que trate de garantizar la efectiva
aplicación del catálogo de derechos reconocidos en el artículo 10 de la
Ley General de Sanidad y, de este modo, remover las trabas o dificultades
que padecen los usuarios cuando ejercen sus derechos como pacientes, en
especial a elegir centro y profesionales sanitarios, a recibir la
información sanitaria adecuada, a acceder a su historia clínica, a
obtener el informe de alta y contestación a las reclamaciones que se
presentan.
Respecto a las listas de espera, llama la atención el elevado alcance de
las mismas y las importantes demoras que se llegan a soportar. Asimismo,
llama la atención el incremento de las quejas sobre los conflictos de la
praxis médica ejercitada por los profesionales sanitarios.
Invitaríamos a la Oficina del Defensor a seguir en el camino desarrollado
en materia sanitaria, intentando intensificar, si cabe, la labor de
supervisión de la administración sanitaria y garantizando los derechos
derivados de la protección de la salud de los usuarios del sistema, tan
internamente conectado con el derecho a la vida y a la dignidad humana.
Respecto a la educación, en cuanto a la función pública docente, resulta
significativo el elevado número de quejas remitidas por los funcionarios
docentes. Esto no es de extrañar porque, como usted bien ha dicho, los
funcionarios tienen mayor conocimiento de la institución que los
ciudadanos corrientes; estos funcionarios docentes ponen de manifiesto el
especial conocimiento que este estamento
profesional tiene de la institución del Defensor del Pueblo y de la
eficacia de su intervención para solventar numerosos problemas que no
encuentran oportuna respuesta a través de los cauces ordinarios de
reclamación: sindicatos, recursos y tribunales.
De entre los problemas de los funcionarios docentes analizados en el
presente informe nos parecen especialmente significativos los relativos a
los profesores itinerantes, cuya función resulta esencial para asegurar
una enseñanza de calidad en los ámbitos rurales, por lo que nos parece
especialmente oportuna la defensa que la institución hace de sus
reclamaciones de mejora profesional.
En cuanto a la enseñanza no universitaria, resulta especialmente
destacable del informe anual de 1995 la especial incidencia que las
condiciones de implantación del sistema educativo diseñado por la Logse
están teniendo en el número y causa de las quejas recibidas. En efecto,
un somero análisis de las cuestiones tratadas por la institución en
relación a los niveles no universitarios pone de manifiesto que un
elevado porcentaje de las quejas recibidas tiene relación directa o
indirecta con los problemas originados por la implantación de la Logse.
El asunto más importante que ha sido analizado por el informe es, a
nuestro juicio, el relativo a la aprobación de una nueva red de centros
derivada de la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria. Las
consecuencias que la implantación de la ESO va a tener para el actual
sistema educativo son especialmente importantes en el ámbito rural, por
lo que entendemos muy acertado el enfoque que el Defensor del Pueblo ha
utilizado al examinar esa cuestión, ya que pone el énfasis en aquellos
aspectos que mayor incidencia pueden tener para los centros rurales, como
puede ser el relativo al transporte escolar, ya que es necesario impedir
que los niños de los pueblos pequeños se vean forzados a largos y
peligrosos desplazamientos en autobús, como consecuencia de la
implantación del primer ciclo de la ESO en los institutos, o el relativo
a los comedores escolares, un servicio del que no deben verse privados
los alumnos forzados a matricularse en los institutos.
En cuanto a la enseñanza universitaria, debemos destacar, en primer
lugar, la necesidad de proceder a una modificación del sistema de acceso
a la universidad, para lo cual coincidimos con el Defensor en su
propuesta de una ampliación del distrito compartido, e incluso creemos
que podría estudiarse la conveniencia a medio o largo plazo de instaurar
un sistema de distrito único universitario.
También nos parece muy interesante la petición realizada por el Defensor
para que se reforme la obsoleta regulación del régimen disciplinario de
los alumnos universitarios. Y otros dos asuntos estudiados en el informe
y que creemos necesario destacar, por cuanto desvelan la inadecuada
gestión administrativa, son los relativos a los retrasos de la
administración educativa en la homologación de los títulos académicos
obtenidos en el extranjero y el referido al inaceptable retraso en el
abono de las becas y ayudas al estudio, que tanto daño hacen a la
economía de los estudiantes beneficiarios.
Podríamos estar mucho tiempo --y no lo tenemos-- hablando de los
problemas de planeamiento, de los problemas de vivienda, de los problemas
de la Hacienda pública, etcétera, que, lógicamente, también nos plantea
en su informe el Defensor y que aquí se han tratado, pero, para terminar,
quisiera hacer una llamada de atención y manifestar que este trabajo que
hoy nos presenta el Defensor no puede quedarse en una mera comparecencia
y luego ir a parar a un cajón o a un archivo, en el que se quede sin
valorar, sin desarrollar y sin ejecutar, porque es trabajo en el que
merece la pena que profundicemos; por eso, en las próximas semanas
plantearemos iniciativas que espero tengan el concurso y el acuerdo del
resto de los grupos, porque es deseable que este informe no sea un
trámite único, que se ventile en una sesión en Comisión y otra en Pleno
anualmente, sin que tenga el tratamiento y seguimiento que corresponde a
una voluntad que quiere resolver problemas y no sólo plantearlos.
El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta, formular aclaraciones o replicar
a las intervenciones de los distintos portavoces, tienen la palabra de
nuevo el Defensor del Pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda Torres): Gracias,
señoras y señores Diputados y Senadores. Agradezco la colaboración que
han prestado a este Defensor los portavoces de los distintos grupos que
han intervenido en la mañana de hoy con sus sugerencias, con sus
coincidencias, con algunos déficit que nos señalan en relación con el
informe.
Me gustaría ir contestando a cada uno en relación con las observaciones
que han planteado, aunque no sé si de alguna manera, como ha habido
repeticiones de temas, puede resultar en algún caso innecesario.
Empezando por el portavoz de Coalición Canaria, don Luis Mardones, ha
hecho al principio una exhortación a los convenios de cooperación. Me
parece muy oportuna esa referencia no solamente en cuanto pueda suponer
una mayor coordinación en la cooperación que tienen los comisionados
autonómicos y el Defensor del Pueblo; de hecho estamos revisando y
ampliando en estos momentos los convenios que hasta ahora existen y
también lo estamos ampliando a otras organizaciones, a otros
departamentos.
La portavoz del Grupo Socialista se refería a la posibilidad de hacer un
estudio sobre la juventud y me parece que sería muy importante hacer con
el Instituto de la Juventud algún tipo de convenio de cooperación como el
que tenemos con la Unicef. Pienso que es una buena sugerencia que
tomaremos muy en cuenta desde la institución.
La Ley de Secretos Oficiales creo que ha sido afrontada y examinada por
todos los portavoces que han intervenido en la mañana de hoy. Creo que
todos han coincidido, en líneas generales, con la opinión que también ha
expresado el Defensor del Pueblo y que ha reflejado no sólo en el
informe, sino en las palabras pronunciadas esta mañana durante la
comparecencia, lo que demuestra la preocupación que nos suscitaba por lo
delicado del tema. Nos hablaban de que hay confluencia de derechos que
tienen que ser examinados con enorme cuidado. Aun cuando es cierto que no
por ser preconstitucional la Ley de Secretos Oficiales
puede ser inconstitucional --ahí tenemos el Código Civil que es
preconstitucional y sigue en algunos aspectos sin modificar--, entiendo
que esta ley sí afecta a derechos fundamentales que hay que tener en
cuenta, como el de la tutela judicial efectiva.
Me parece que el sistema jurídico-político del que España se ha dotado
con la Constitución --lo recuerdo porque además era un tema que a los
constituyentes nos tenía muy preocupados-- y el problema de los controles
democráticos son piezas esenciales del sistema democrático. No solamente
de la división de poderes, sino también del ejercicio de los controles
democráticos. En el ejercicio de esos controles democráticos, dentro de
la Ley de Secretos Oficiales y con toda la prudencia que el caso requiere
--estoy de acuerdo con la señora Alberdi--, no debe darse una facilidad
de examen con absoluta ingenuidad o desconocimiento, de estos documentos
clasificados, por lo delicado de la materia, pero sí creo que las Cortes
Generales, como representante de la soberanía popular, tienen en este
momento la oportunidad y la obligación de replantearse este problema; de
estudiarlo en su profundidad y de ver de qué manera estos documentos
clasificados podrían tener una comisión ad hoc dentro del Parlamento o,
dentro del sistema jurisdiccional, unos jueces especialmente calificados
para ello que pudieran tener el acceso que no se debería dar al resto de
la ciudadanía.
Como ustedes saben, el Defensor del Pueblo tiene en principio el
reconocimiento de poder acceder a todos los documentos, salvo que por su
carácter el Consejo de Ministros y de manera motivada, nos lo niegue. De
hecho, que yo sepa, no hemos tenido ningún planteamiento de solicitud de
documentos que nos hayan sido negados. En el último período sí se ha
solicitado, más que una desclasificación de documentos clasificados, la
determinación de a qué podían afectar concretamente los documentos del
Cesid que no se entregaban. En ese sentido se recibió una contestación en
la que nos explicaban cuáles eran los temas que afectaban al terrorismo,
pero el Defensor del Pueblo no hizo ninguna petición sobre los documentos
clasificados porque entendía que afectaban a una materia que estaba sub
iudice.
En cuanto a la insumisión, que también es un asunto en el que han
coincidido todos los intervinientes en la mañana de hoy, el problema lo
planteamos el Defensor y los comisionados autonómicos en la reunión que
tuvimos en 1995, y está reflejada textualmente en el informe, incluso
entrecomillada, cuál fue la posición de los mismos. Lo que ocurre es que
después de esa posición que se nos planteaba por algunos comisionados
autonómicos con mayor énfasis ha habido una serie de circunstancias que
de alguna manera han modificado esa situación: el anuncio por parte del
Partido Popular al acceder al Gobierno del estudio de la supresión del
servicio militar obligatorio y, consiguientemente, el planteamiento que
tendrá que hacerse ante estas Cortes Generales de unas nuevas leyes y un
nuevo tratamiento en cuanto al servicio militar y a la insumisión.
Yo participo de la preocupación que señalaban algunos de ustedes en
relación con que la insumisión es un problema creciente, que está
produciendo un aumento de quejas al Defensor, de lo que se ocupa el
informe, y hay que abordarlo con la misma delicadeza y sinceridad que nos
merece.
Los Defensores podemos apuntar los problemas que nos preocupan en
relación con la criminalización de las conductas de los insumisos. Ahora
bien, son las Cortes Generales las que tienen la facultad de sugerir una
reforma del artículo del Código Penal que establece esta criminalización
en algunos supuestos.
Se nos recordaba que se había solicitado la interposición de un recurso
de inconstitucionalidad. El algunos casos nos hemos negado --diría que en
algunos muy significativos--, pero el Defensor del Pueblo, al negarse a
interponer el recurso, acompañaba a la resolución denegatoria de esa
solicitud una recomendación: que se trajera a las Cortes Generales el
estudio del tema para que los parlamentarios pudieran, en las nuevas
circunstancias que están ocurriendo, no sólo en nuestro país sino también
en los de nuestro entorno y en España con carácter cada vez más agudo,
plantearlo con conocimiento de causa. Creo que en la nueva legislatura se
hará así, y se estudiará este problema porque ya he visto que se ha
planteado reuniones de la Comisión de Defensa y en los plenos. Sé que es
un tema que SS. SS. tienen muy presente y, por supuesto, el Defensor del
Pueblo estará también en este aspecto vigilante para desplegar toda la
actividad que nos corresponda y, si llegara el caso, impulsar algún tipo
de recomendación o sugerencia.
En cuanto a la ley de protección de datos, efectivamente se produce una
situación no absolutamente correcta cuando en algunas agencias y
servicios se realiza esa transferencia de los datos, suponiendo la
concesión de permiso por parte del ciudadano sometido a este control. No
obstante, el Defensor está en condiciones de decir que la situación ha
mejorado. Estamos en contacto con la Agencia de Protección de Datos, y en
concreto respecto a un tema que también está de actualidad, como es el
problema del reparto de notificaciones de las multas de tráfico. El
Defensor del Pueblo, sabiendo que la Agencia de Protección de Datos en
Madrid ha hecho un estudio exhaustivo del problema, se ha dirigido a ella
para pedirle que nos envíe sus datos y podamos conocer las conclusiones a
que ha llegado.
Voy a ir haciendo un repaso rápido de los otros temas. Respecto de los
problemas de los servicios añadidos y del prefijo 07 estamos totalmente
de acuerdo; en cuanto al problema de la ORA, hay una inseguridad
jurídica. También han coincidido todos ustedes en la importancia que
tienen las recomendaciones porque, efectivamente, en primer lugar, son
mucho más ágiles que el recurso de inconstitucionalidad. Si se plantea un
recurso de inconstitucionalidad, como ha hecho este Defensor del Pueblo
en relación con el tema de la defensa gratuita para los inmigrantes no
documentados, probablemente puede ocurrir que este Defensor no conozca la
resolución de ese recurso en todo su mandato. En cambio ha habido temas
que se han planteado a través de recomendaciones, como ha ocurrido, por
ejemplo, con la modificación del artículo 113 de la Ley General
Tributaria, que también nos fue solicitada por una determinada
jueza de familia de los juzgados de Madrid. Se hizo un estudio profundo
del problema que representaba el hecho de que la Agencia Tributaria no
suministre a los jueces más datos que aquellos que se puedan referir a
temas sometidos al Derecho Penal. Nosotros a través de la recomendación,
porque era el tema que nos preocupaba, queríamos que esa entrega de datos
se ampliara también para los supuestos de menores o de incapacitados. En
un primer momento la respuesta que nos llegaba no era satisfactoria, pero
tengo que decir que recientemente he recibido una contestación del
Ministro de Economía y Hacienda en la que me dice que están
reconsiderándolo y que probablemente se van a modificar las disposiciones
en relación con esta entrega de datos, que evidentemente sean solicitados
por el fiscal o por los jueces, en aquellos supuestos que afecten a casos
de menores o incapacitados. Si eso lo hemos conseguido con una
recomendación, yo me doy por satisfecho. No tendré que esperar a que pase
todo mi mandato sin enterarme de si por fin se acepta o no el recurso de
inconstitucionalidad que hubiéramos podido plantear.
Por eso creo que SS. SS. tienen razón al decir que las recomendaciones
las debemos estudiar puntualmente, las debemos de utilizar, porque es el
sistema fundamental de trabajo que tiene el Defensor. De las 93
recomendaciones que el Defensor ha planteado, hemos recibido 69
aceptadas, 15 rechazadas y otras nueve que están en este momento en
trámite y supongo que en alguna se nos hará caso. Evidentemente hay otros
casos en los que la Administración ha discrepado y nosotros no vamos a
poder hacer más que lamentarlo. Acepto y asumo plenamente la indicación
que me hacen sus señorías. Vamos a tener un especial cuidado en el
planteamiento de las recomendaciones, como consecuencia de los problemas
que se hayan detectado en quejas que se planteen ante el Defensor.
El representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor
Capdevila, se extraña --y yo se lo agradezco porque coincido enteramente
con él-- del gran número de quejas rechazadas. Al principio expliqué
cuáles eran las razones. Probablemente es por falta de conocimiento por
parte del ciudadano de lo que es la institución del Defensor del Pueblo.
En 1995 nos llegó un sesenta y tantos por ciento de quejas que afectaban
a temas que o tenían falta de legitimación porque la Administración había
actuado bien o se trataba de problemas privados o de asuntos sub iudice o
las personas que planteaban las quejas no estaban perfectamente
informados con las competencias del Defensor. Yo creo que ocurre el
fenómeno de que muchas veces el ciudadano que ha intentado solucionar su
problema por todos los medios, incluso acudiendo a los tribunales, y no
le dan la razón, al final se acuerda de que existe el Defensor del Pueblo
y dice: vamos a dirigirnos a él a ver si ahí suena la flauta. Pero,
claro, se dirigen sin ningún fundamento que legitime el conocimiento y la
admisión de esa queja por el Defensor. La única manera que tenemos de
evitarlo, ya lo hemos dicho y ustedes también lo han sugerido, es
aplicando una pedagogía que sea suficientemente expresiva de cuál es la
función del Defensor.
En ese sentido nosotros estamos en estos momentos en un primer contacto
con el Ministerio de Educación para poder hacer esa especie de fórmula
transversal en la educación primaria, que sería la educación para la paz,
la educación sobre derechos humanos, y dentro de ello, lo que significa
el Defensor del Pueblo, qué es lo que piensa un escolar sobre qué es el
Defensor del Pueblo. A mí me parece que eso es positivo y estamos
bastante animados para llevar adelante este proyecto.
En cuanto a los retrasos en la Administración de justicia, tienen ustedes
razón. En algunos casos hay causas estructurales, en otros quizá no hemos
puesto el énfasis suficiente, como en los juzgados de familia, donde es
evidente que existen también retrasos. Nos hemos dirigido al Consejo
General del Poder Judicial para hacerle ver esta situación tan angustiosa
que muchas veces se plantea a personas que se encuentran con que pasan
los años y no se resuelven sus pleitos. Yo recuerdo el caso de un
ciudadano de Alicante, con ochenta y tantos años, casi noventa, que
estaba desesperado porque le habían señalado la vista de su recurso de
jubilación que había planteado en lo contencioso-administrativo para tres
años después. Y me decía: «Señor Defensor, cuando llegue esta resolución
yo ya no voy a vivir. ¿De qué me va a servir que me den la razón?» En ese
sentido es cierto que quizá la modificación --y coincido con la señora
Alberdi-- de la ley de lo contencioso-administrativo, con la creación de
los juzgados unipersonales, pueda descargar un poco ese cúmulo, esa
especie de tapón que tiene el Tribunal Supremo en la Sala Tercera. Cuando
uno lee que son 25.000 los casos pendientes, de acuerdo con la propia
memoria del Consejo General del Poder Judicial, no sabe cómo se podrá
resolver eso.
El señor Capdevila también me hablaba de la situación en los centros
penitenciarios, y debo decirle que hemos podido comprobar sobre el
terreno que hay talleres magníficos, donde realmente los reclusos podrían
trabajar, que no se están utilizando, y hemos denunciado este hecho.
Llevamos bastante avanzado el estudio sobre la situación de todos los
centros penitenciarios españoles, y creo que a finales de este año
podremos presentar una actualización del informe que se hizo en el año
1991. Dirijo la mirada hacia el adjunto primero, porque realmente de él y
del equipo que está trabajando en ello va a depender en gran parte la
posibilidad de poder presentar la actualización de ese informe sobre
todas las prisiones españolas, porque se están visitando todas. En ese
sentido, hay que reconocer que el trabajo que están haciendo los asesores
es valiosísimo y confío en que pronto lo puedan conocer sus señorías.
Incluso, le pediría al Presidente de la Comisión que, en cuanto tengamos
este informe y a solicitud del propio Defensor, se pudiera celebrar una
sesión monográfica para poder estudiarlo, porque creo que merecería la
pena. También coincido con el señor Capdevila en sus manifestaciones
sobre el tema escolar.
Al señor Alcaraz le agradezco todas sus palabras, porque además quiero
recordar que Izquierda Unida ha tenido la sensibilidad de anticiparse a
muchas de las recomendaciones y de los problemas que planteaba el
Defensor del Pueblo. Creo que el problema de la cuota de inmigrantes ha
quedado antes aclarado. El Defensor del Pueblo comprende que en el caso
de algunas nacionalidades haya que
acudir a esa especialidad de conocimiento, por ejemplo, de trabajadores
agrícolas que van al Maresme, pero lo único que se pedía por parte del
Defensor, en la recomendación al Ministerio --aquí la tengo--, era: «Que
no se establezca una relación rígida entre nacionalidad y puesto de
trabajo a desarrollar.» No hacíamos otro tipo de consideración. A lo
mejor, en ese campo, podría haber un mayor intercambio respecto de los
nacionales y los puestos a ocupar, pero yo creo que hubo una mala
interpretación y el señor ministro, en su comparecencia, atribuía al
Defensor del Pueblo unas intenciones que, como ven ustedes, no estaban en
la recomendación. Nosotros no estamos pidiendo, ni mucho menos, que el
tema afecte a las nacionalidades del Estado español, pero ni siquiera a
las nacionalidades de origen de los inmigrantes.
El señor Alcaraz se ha referido también a los temas penitenciaros, de los
que ya hemos hablado; a la insumisión y a la penalización de objetores,
respecto a los que ya he expresado mi criterio en el sentido de que tiene
que revisarse necesariamente en esta legislatura; y al escaso número de
quejas que formulan los jóvenes. Yo creo que tiene razón. Quizás son más
las que nos llegan de personas de la tercera edad, pero tampoco hay un
gran número. Hay una banda, que es la de la madurez, que es la que más se
dirige al Defensor del Pueblo.
Creo que los servicios sociales y el consejo de la juventud desarrollan
una gran labor entre esa juventud, a veces, tan desorientada y, sin
embargo, con tantas ganas de ayudar y tan generosa, porque lo mismo que
hay que reconocer que hay grupos de jóvenes violentos que incluso
atemorizan --luego me referiré al problema de la seguridad ciudadana--,
tampoco podemos olvidar que hay muchos jóvenes españoles que son
admirables en su entrega al voluntariado, en su entrega a las ONG, que
están trabajando en servicios de cooperación en todo el mundo, allí donde
son necesarios. A veces sólo vemos la cara horrible de los jóvenes
violentos, pero no nos fijamos en esa juventud generosa que se entrega y
que es capaz de ir a Zaire o a Centroamérica a trabajar y a entregar
muchos años y muchas esperanzas de su vida. Quiero rendirles un homenaje
porque he podido comprobar de qué manera trabajan. En mi etapa de
embajador he encontrado por las montañas centroamericanas a muchos
jóvenes españoles, de ambos sexos, que estaban trabajando en condiciones
realmente admirables y ejemplares, y no pedían allí más que su
colaboración, su sentido de entrega a una causa en la que creían, que era
la de la solidaridad. Creo que es necesario resaltar también el sentido
solidario de esta juventud española.
Efectivamente, tendremos que tener más contacto con el consejo de la
juventud, tendríamos que extremar nuestras acciones cerca de la juventud,
pero, desde la perspectiva del Defensor del Pueblo, no me atrevería a
decir que la juventud esté totalmente perdida. (Rumores.) Sé que éstas no
han sido tampoco las palabras del señor Alcaraz. Por lo tanto, que me
perdone si, de alguna manera, he utilizado su planteamiento para hacer
esta declaración.
Respecto a la actuación de las fuerzas de seguridad y vigilantes
privados, tengo que decirle, señor Alcaraz, que en ese aspecto somos
enormemente cuidadosos; le diría que no solamente cuidadosos, sino
diligentes. En la institución del Defensor del Pueblo existe un servicio
permanente, como un servicio de guardia de los juzgados, al que acuden,
los sábado, los domingos, a la hora que sea, personas que tienen un
problema urgente. A veces, acuden también personas que se sienten, de
alguna manera, violentados por las fuerzas de seguridad, como, por
ejemplo, un inmigrante al que no dejan entrar en Barajas por una mala
interpretación de las fuerzas de seguridad, que entiende que no viene con
sus documentos en condiciones. El Defensor del Pueblo, inmediatamente,
pone en marcha los instrumentos que tiene a su servicio, y que únicamente
puede ser la comprobación de ese hecho porque, como ustedes conocen bien,
nosotros no tenemos ningún tipo de facultad decisoria. En el supuesto de
que comprobemos que ha habido una actuación irregular, podremos
recomendar a las autoridades, como hacemos, que se termine ese tipo de
actuación. Pero con las fuerzas de seguridad somos especialmente,
diríamos, diligentes en cuanto se nos presenta cualquier tipo de queja.
Respecto a los vigilantes privados, tengo que decirle que, en algunos
casos, hemos abierto quejas de oficio cuando hemos tenido noticia de
algunas actuaciones, incluso en las afueras de Madrid, que no eran
correctas. No es necesario que se nos plantee la queja. Somos nosotros
quienes, cuando conocemos estos supuestos por los medios de comunicación,
iniciamos esas quejas de oficio.
Por lo que se refiere a los visados consulares, creo que, de alguna
manera, ha mejorado la interpretación estricta que antes existía de la
petición personal que se exigía para la tramitación de un visado. Por
ejemplo, a una persona que tenía un puesto de trabajo en España, se le
decía: Tiene usted que presentar personalmente, en el consulado de
origen, la solicitud del visado. Y una persona que estaba en España,
tenía que irse a lo mejor hasta Perú para solicitar ese visado. En
relación con este tema falto de toda lógica, tanto por parte del
Ministerio de Asuntos Exteriores como del Ministerio del Interior, se han
dado facilidades para que pueda actuar un representante de la persona,
para que no sea necesario el traslado hasta Perú, por ejemplo, para
solicitar el visado de quienes quieren entrar como inmigrantes en España.
¿Falta de información a los militares de reemplazo? Yo creo que los
militares de reemplazo, señor Alcaraz, están bastante informados sobre el
Defensor del Pueblo. Recientemente hemos mandado unos 15.000 pequeños
folletos, que nos ha solicitado el propio Ministerio de Defensa, para
repartir en todos sus centros, con el fin de que el militar de reemplazo
sepa quién es el Defensor del Pueblo, qué puede hacer el Defensor del
Pueblo, para que se dirijan a él, en el supuesto de que alguno de los
soldados tuviera quejas que pudieran afectarle.
A lo que usted se refería del asociacionismo en el interior de los
establecimientos militares, por un lado, la norma que limita el número de
asociaciones hasta ahora no ha sido objeto de impugnación y, por otro
lado, el Defensor del Pueblo tampoco ha recibido queja alguna relativa al
asocianismo militar.
La portavoz del Grupo Socialista nos ha dicho tantas cosas, en las que
coincidimos casi en el 90 por ciento, que me
parece inútil insistir. Ha hablado de los retrasos en justicia y de la
conformidad en la nueva estructura del informe. ¡Señora Alberdi!, le
agradecemos el apoyo por su parte a la estructura del informe y al
trabajo que se ha hecho en la institución del Defensor del Pueblo. El
tema puntual al que ha aludido, que el Defensor del Pueblo señalaba y que
ha planteado porque no deja de seguir preocupándole, sobre el español
muerto por un acto de terrorismo en el extranjero, comprendo que es un
tema delicadísimo y en el que el Defensor del Pueblo lo único que puede
hacer es plantearlo y pedir lo que me parece que puede ser una solución a
quien corresponda, concretamente a quien pueda estudiar esa relación de
causalidad que pueda existir en el acto de la muerte del español. Porque
en estos momentos hay que tener en cuenta que existe una viuda y tres
hijas que están absolutamente desamparadas, sin tipo alguno de pensión,
lo que me parece que no es justo que quede así, por lo cual he tenido
especial interés en señalárselo a sus señorías.
Seguridad ciudadana. ¿Hay zonas conflictivas en centros urbanos? Claro
que sí, y yo le diría, señora Alberdi, que se han admitido varias quejas
de problemas que afectan a estos grupos de vecinos frente al incremento
de la delincuencia en los barrios. Desde la institución del Defensor del
Pueblo, por ejemplo, cuando se ha tenido conocimiento de que en la zona
de la calle madrileña de Méndez Alvaro actuaban grupos de ciudadanos para
defenderse de agresiones a su convivencia pacífica, se ha intentado hacer
una labor de mediación, que es la más adecuada al Defensor del Pueblo.
Desde el Defensor del Pueblo se solicita a la Delegación del Gobierno
toda clase de medidas para evitar este tipo de confrontaciones y de
violencias contra la seguridad ciudadana.
De la acción social sabe mucho la señor Alberdi. Ha hablado de medio
ambiente, de Valdemingómez, etcétera. La incineradora de Valdemingómez es
uno de los asuntos que tenemos clavados en el Defensor del Pueblo, no
resuelto en estos momentos. Constantemente estamos examinando los
informes que desde el punto de vista técnico se nos envían por las
empresas, por la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento, y tenga la
seguridad S. S. de que es un tema que no olvidamos. Hay un aspecto en el
que se nos asegura que la central de tratamiento de basuras en
Valdemingómez es una de las más avanzadas en Europa, según informes
técnicos y según los documentos que se nos aportan al Defensor del
Pueblo. Sin embargo, lo cierto es que con todas esas bendiciones técnicas
no hay quién pare al lado de esa central, y comprendo que el ciudadano
que vive allí y al que se le dice que hay una documentación que explica
que esto está hecho con todas las garantías técnicas, si su vida allí
resulta verdaderamente penosa, no quede tranquilo. Existe preocupación
por parte de las autoridades --y me consta-- tanto por parte de la
Comunidad Autónoma de Madrid, en la Consejería de Medio Ambiente, como
por parte del Ayuntamiento, pero tenemos que resolver el problema, aunque
todavía no sé cómo. El Defensor del Pueblo sigue con este tema abierto, y
no cejará hasta que se encuentre una solución que pueda satisfacer la
lícita pretensión de los ciudadanos de los alrededores de Valdemingómez.
En los asentamientos de inmigrantes hay un problema de vivienda. El plan
realizado por el Gobierno anterior ha sido bastante acertado y ha tenido
unas consecuencias muy positivas. Tenemos que estudiarlo. De hecho,
estamos buscando la fórmula para que los asentamientos de inmigrantes y
de gitanos no tengan los rechazos que han tenido, en muchos casos, donde
se ha planteado este problema. Porque como siempre ocurre en este país,
cuando llega la hora nadie quiere reconocerse xenófobo. No hay ningún
español que diga que es racista o xenófobo; pero cuando llega el momento
de que viva un gitano en el portal de al lado no le gusta. No sé cómo
llamar a esa figura, pero en ello estamos.
Se ha pedido la actualización del censo electoral de extranjeros. En
estos momentos está actualizado. Lo ha mejorado de forma notable la Junta
Electoral.
Señoría, estoy de acuerdo con usted en cuanto a la normalización
terminológica. Me alegro de que me lo diga. Porque lo mismo que
conseguimos en su día que existiera el título de licenciado y licenciada,
que se modificó a solicitud del Defensor del Pueblo, nos dirigiremos a la
Oficina de la Junta Electoral para que las credenciales sean expedidas a
Diputados y Diputadas.
Sobre Ceuta y Melilla creo que lo hemos dicho todo ya. El Ministro de
Interior ha aceptado la recomendación del Defensor del Pueblo de crear
oficinas de extranjería tanto en Ceuta como en Melilla, aunque el
problema subsiste, pues hay una acumulación de inmigrantes no sé si
creciente. El problema, como señalaba el Ministro del Interior en su
comparecencia tanto ante el Congreso como ante el Senado, radica en cómo
va a resolverse en nuestras relaciones con Marruecos, porque es Marruecos
quien deja pasar, a través de las fronteras, a todos los inmigrantes
subsaharianos. Mientras no se llegue a un acuerdo con Marruecos en
relación a este problema va a ser muy difícil que aquello no siga siendo
una especie de paso permeable, por el que, aunque sea de una manera
pacífica, van infiltrándose, porque buscan algo tan importante como es
poder vivir, poder comer y poder estar en paz. Esta es la imagen que
Europa, que no debe ser la Europa fortaleza sino la Europa solidaria,
tiene la obligación de dar, con Schengen o sin Schengen. Creo que debemos
ser una Europa solidaria y no una Europa insolidaria. Eso es fundamental
a la hora de plantearse el problema de los inmigrantes. Sin que esto
quiera decir que aquí exista una permisividad absoluta, que las fronteras
se abran de manera total y pueda entrar todo el que quiera venir, sin
respetar el Convenio de Schengen.
Respecto al consumo de alcohol tiene razón la señora Alberdi. Hay normas
distintas. ¿Cómo es posible que en estos momentos no haya una
normalización entre las comunidades autónomas y no existan unas leyes de
protección al menor frente al consumo de alcohol que sean homogéneas? De
esta forma lo que ocurre es que los jóvenes se van de una comunidad a
otra, pues en una comunidad el consumo de alcohol lo limitan a los 16
años, en otra a los 18 y en otra a los 20. Eso es el turismo alcohólico,
que no sé si los jóvenes lo hacen conscientemente, pero que en cualquier
caso debería tratarse legalmente de manera homogénea.
El tema de los acuíferos de la Mancha es particularmente delicado para el
Defensor porque, como dice muy bien, se nos estaban quedando las líneas
freáticas por debajo de mínimos. También existía el grave problema de que
no se volviera a ver el espectáculo maravilloso de las Tablas de Daimiel
con la riqueza ornitológica y la riqueza ambiental que allí existe. Este
tema no corresponde sólo a un organismo, sino que afecta a las
confederaciones hidrográficas, a la propia Junta de Castilla-La Mancha y,
cómo no, al Ministerio de Medio Ambiente. Lo que ocurre es que se ha
producido una adecuación entre las distintas dependencias
administrativas, que antes estaban en otros departamentos, al nuevo
Ministerio de Medio Ambiente. Esperamos que ahora este tema lo afronten
de manera directa y total.
Estoy totalmente de acuerdo también con la utilización adecuada de las
recomendaciones. Con esto creo que ya he contestado a todo lo que me ha
planteado la señora Alberdi.
Finalmente, quiero dirigirme de una manera muy cariñosa a la Diputada
señora Camilleri porque ella sabe bastante de la institución del Defensor
del Pueblo. No en vano, durante varios años, estuvo al frente de una de
las adjuntías del Defensor del Pueblo andaluz y, por consiguiente, conoce
el tema en profundidad y de corazón. Coincido bastante en todas las cosas
que ha expuesto, pero me ha dejado preocupado al recordarme algo que nos
faltaba y de lo que he tomado buena nota. No hemos hecho el estudio
respecto de la tercera edad que debíamos hacer. Tomo buena nota, señora
Camilleri, porque tenemos que entrar más de lleno en el tema de la
tercera edad. Lo mismo que hemos hecho un estudio de menores, de
discapacitados, tenemos que estudiar el problema de la tercera edad, que
no consiste solamente en el ingreso en las residencias, sino que tenemos
que estudiar las fórmulas de acogida, de viviendas, que durante muchos
años se han sugerido desde el Ministerio de Bienestar Social, para que el
anciano, el hombre de la tercera edad no se considere absolutamente
marginado de la sociedad y que no sólo se le entretenga sino se le dé un
puesto en nuestra sociedad. En este sentido el Defensor del Pueblo debe
intensificar su investigación. Le agradezco mucho su recuerdo sobre este
tema.
Por lo que se refiere a la sanidad, ha habido un tratamiento de choque en
las listas de espera en los hospitales por parte del Ministro de Sanidad
y se han reducido de manera notable. El Defensor del Pueblo, al
inaugurarse la nueva Administración, visitó al Ministro de Sanidad para
expresarle la preocupación que nos producían esas largas listas de
espera. El ministro entonces nos dijo que iba a buscar una fórmula de
choque para poder reducir esa acumulación que se hacía interminable.
En cuanto a la educación en los niveles no universitarios, S. S. tiene
toda la razón, hasta el punto de que uno de los temas que vamos a
estudiar monográficamente es la repercusión que ha tenido la educación
secundaria obligatoria, la ESO, en algún distrito provincial de
educación, fundamentalmente rural, porque es de allí de donde nos llegan
las quejas. Nos llegan quejas sobre los problemas de transportes, ya que
las familias se resisten a dejar que sus hijos se trasladen, aunque por
otro lado tienen el deseo y la obligación de darles educación. Por lo que
se refiere a este tema, si las previsiones presupuestarias de las Cortes
Generales, que es de quien dependemos, nos permiten utilizar estos
medios, nos proponemos hacer un estudio sobre la repercusión de la ESO en
alguna delegación provincial, que es lo que sería práctico para poder
reconocer qué es lo que está ocurriendo.
Por lo que se refiere a los retrasos en el pago de las becas y en la
dispensación de los títulos, tengo que decir que estos problemas se han
mejorado bastante. No es que hayamos conseguido de manera total que se
pongan al día, pero cada vez que nos llega una queja, tanto en la
expedición de títulos a extranjeros como en las becas, nos hemos movido y
creo que hemos obtenido algún éxito en la respuesta que recibimos de la
Administración al conseguir acelerar ese proceso.
No sé si olvido alguna cosa. Ustedes me perdonarán, pero creo que he
abusado ya tanto de su tiempo que me van a comprender perfectamente si
termino agradeciéndoles la cooperación que han tenido en el día de hoy
con este Defensor del Pueblo al escuchar sus consejos, sus opiniones y
sus sugerencias. También ustedes me hacen a mí sugerencias y
recomendaciones que, naturalmente, he de tomar en consideración.
Muchas gracias a todos. Espero que no tardemos en vernos si el sistema,
que creo es el más útil para el futuro, puede ponerse en marcha, es
decir, el tratamiento sectorial de algunos de los problemas que el
Defensor del Pueblo pueda traer a la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alvarez de Miranda. Tomamos
buena nota de esa sugerencia, en orden a poder celebrar debates
monográficos en ocasiones posteriores. Aun cuando ha terminado el primer
punto del orden del día, pero tenemos en el aspecto procesal algunos
otros puntos que tratar, le ruego que no se marche.
APROBACION DE LA DELEGACION EN FAVOR DE LA MESA A LA QUE HACE REFERENCIA
LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA, DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983,
EN RELACION CON EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000004.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, procede informar que, a reserva de
que decida la institución otra cosa, la distribución de áreas por lo que
respecta a los adjuntos sigue tal como venía rigiendo en la legislatura
anterior. En ese sentido, salvo que haya una comunicación por parte de la
institución, nosotros, a los efectos de comunicación, tenemos por
conocida esa distribución.
En segundo lugar, debo rogar a los grupos parlamentarios que cumplan un
trámite obligado, que es remitir el escrito a la oficina de la Comisión
designando la portavocía.
Por último someto a la aprobación de la Comisión la delegación que se
prevé en la Mesa, en relación con el artículo 44 del Reglamento, en orden
a pedir comparecencias y no tener que reunir para ello a toda la
Comisión. Asimismo, la designación del Congreso de los Diputados para que
en él resida la oficina de esta Comisión, con independencia de que en
alguna ocasión celebremos también reuniones en el Senado, para no ser
discriminatorios.
Someto a votación estos dos últimos puntos, el de la delegación en los
miembros de la Mesa y la designación de la sede.
¿Hay alguna objeción o algún voto en contra? (Pausa.) Queda aprobado por
asentimiento.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.