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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 15, de 08/10/1996
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1996 VI Legislatura Núm. 15
PARA LA UNION EUROPEA
PRESIDENTE: DON PEDRO SOLBES MIRA
Sesión núm. 4
celebrada el martes, 8 de octubre de 1996,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo), para informar sobre:
--Acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas
de la Comunidad Europea (ECOFIN), y particularmente sobre las
orientaciones económicas, en base a lo previsto en el artículo 1 de la
Ley 8/1994. A solicitud del Grupo Socialista. (Número de expediente
Congreso 213/000053 y número de expediente Senado 711/000049) (Página 2143
)
--El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Comunidad Europea
(ECOFIN), celebrado el 8-7-1996. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente Congreso 213/000068 y número de expediente
Senado 711/000050) (Página 214)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE
ECONOMIA Y HACIENDA (DE RATO Y FIGAREDO), PARA INFORMAR SOBRE:
--ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE MINISTROS DE ECONOMIA Y FINANZAS
DE LA COMUNIDAD EUROPEA (ECOFIN), Y PARTICULARMENTE SOBRE LAS
ORIENTACIONES ECONOMICAS, EN BASE A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 1 DE LA
LEY 8/1994. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente Congreso 213/000053 y número de expediente Senado 711/000049.)
--EL CONSEJO DE MINISTROS DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA
(ECOFIN), CELEBRADO EL 8-7-96. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente Congreso 213/000068 y número de expediente
Senado 711/000050.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Vamos a iniciar la comparecencia del excelentísimo señor Vicepresidente
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, don Rodrigo de Rato y
Figaredo.
Querría, en primer lugar, agradecerle el que haya tenido la amabilidad de
venir a esta Comisión para analizar el problema de la Unión Económica y
Monetaria, de interés para todos, y, en segundo lugar, querría desearle
todo lo mejor en esta primera comparecencia en nuestra Comisión.
Sin más preámbulos, le dejo la palabra para responder tanto a la petición
de comparecencia del Grupo Socialista, como a la del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Buenos días a todos.
Mis primeras palabras tienen que ser, primero, de agradecimiento por la
oportunidad de poder plantear esta mañana, ante la Comisión Mixta para
las relaciones de la Unión Europea, cuestiones de máxima importancia para
el futuro económico, social y político de nuestro país y, desde luego,
cuestiones de máxima importancia en el desarrollo del proceso de
integración europea.
Quiero subrayar la posición del Gobierno. Esta es una Comisión que ha
realizado en el pasado, y con otros gobiernos, trabajos importantes de
consenso y de análisis del proceso de integración europea, Comisión que
fue creada por ley para aunar posiciones y conocer, además, la labor del
Gobierno en el proceso europeo. Y es, desde luego, firme voluntad del
Gobierno, no sólo, como es nuestra obligación, comparecer e informar a la
Comisión de todo aquello que le parezca pertinente, sino también
solicitar de la Comisión y buscar en ella, a través de los grupos
parlamentarios que respaldan al Gobierno y de la posición del propio
Gobierno, un consenso que nos parece esencial en la política europea.
Como podrán ustedes comprobar por el informe que voy a relatarles de los
trabajos del Ecofin, que es el objeto concreto de mi comparecencia, y los
temas de la importancia que están siendo abordados, no por conocidos (y
tratados ya desde antes de las elecciones del 3 de marzo, y algunos de
ellos definidos precisamente bajo la presidencia española) menos
importantes, que indudablemente comportan decisiones de un alcance y
calado político muy relevante, como casi todas aquellas que han supuesto
el proceso de integración europea y, por tanto, cuestiones que, en muchos
casos (a mí me gustaría que fueran los más posibles), sin ninguna duda,
suponen lo que hemos definido muchas veces como políticas de Estado.
En ese sentido, vuelvo a resaltar el deseo del Gobierno no sólo de
mantener a los grupos parlamentarios con el máximo de información, sino
de promover los consensos políticos en nuestra opinión imprescindibles
desde el punto de vista de la evolución de la posición española en el
proceso de integración europea y, en concreto, en el proceso de
integración económica y monetaria.
Desde mi asunción de responsabilidades como ministro, he asistido a tres
reuniones del Ecofin: la última, la de Dublín; las dos anteriores, una de
ellas la última de la presidencia italiana, que vino a recoger los frutos
del Ecofin informal de Verona, en la cual participaba el Presidente de la
Comisión como ministro español; y a la primera de la presidencia
irlandesa, celebrada en Luxemburgo, en la cual se presentó por parte de
la presidencia irlandesa su programa de actuaciones.
Los puntos claves de este programa presentado por la presidencia
irlandesa eran la Unión Económica y Monetaria, dentro de los cuales está
el pacto de estabilidad, las relaciones entre los países llamados in y
los países llamados out o pre-in; el estatuto jurídico del euro y la
finalización de los concursos para el diseño de billetes y monedas.
También se plantearon, como programa de la presidencia irlandesa, las
cuestiones relacionadas con el empleo y la revisión de las perspectivas
financieras para las grandes redes transeuropeas. Al mismo tiempo, como
tercer punto, se trató el fraude y mejora de la gestión financiera, los
temas referentes a los servicios financieros. Y, en último lugar, las
cuestiones referidas a temas fiscales, régimen definitivo del IVA e
informe sobre el desarrollo de los sistemas fiscales de la Unión.
Asimismo, se planteó el tema de los préstamos comunitarios a terceros
países, con especial importancia en el sistema de garantías del
presupuesto comunitario, por el Banco Europeo de Inversiones.
De todas estas cuestiones, el Ecofin informal de Dublín del pasado 20 de
septiembre centró sus trabajos principalmente en lo que se refiere a los
temas relacionados con la Unión Económica y Monetaria. Por tanto, voy a
centrar mi intervención esta mañana aquí precisamente en los temas
relacionados con la Unión Económica y Monetaria, que
son indudablemente los que, en mi opinión, van a protagonizar las
decisiones más importantes de los próximos meses y que darán lugar a
otros tres Ecofines más antes de la cumbre de Dublín, prácticamente uno
al mes; el próximo se celebrará precisamente el lunes que viene, el
siguiente se celebrará en el mes de noviembre y habrá uno a principios de
diciembre. Con este calendario son SS. SS. conscientes, por tanto, del
ritmo de trabajo y de la importancia de los temas que pueden quedar
decididos y que, en mi opinión, en muchos casos van a quedar decididos en
la cumbre de Dublín.
Paso, por tanto, a informar en detalle a la Comisión Mixta (y que
coincide, como es natural, con la petición de los grupos parlamentarios)
del objeto del Ecofin informal de la Cumbre de Dublín. Como todos ustedes
saben, a principios de 1998 el Consejo Europeo tomará la decisión
trascendental sobre los países que formen parte, en una primera
instancia, de la Unión Económica y Monetaria el 1 de enero de 1999. Hasta
entonces, el Consejo Ecofin, la Comisión del Instituto Monetario Europeo
y el Comité Monetario tienen una agenda extraordinariamente apretada. El
Consejo Europeo de Madrid, tras decidir el plan para la introducción del
euro, encargó al Consejo Ecofin, en colaboración con la Comisión y el
Instituto Monetario Europeo, culminar durante 1996 los preparativos para
la Unión Monetaria en las siguientes áreas: primero, la definición de los
mecanismos para garantizar la disciplina presupuestaria en la Unión
Monetaria. Segundo, la definición de las relaciones cambiarias entre las
monedas de los países con derogación y el euro. Y, tercero, la redacción
del reglamento del Consejo que establecerá el marco legal para el uso del
euro. Posteriormente, habrá que determinar el marco normativo, logístico
y organizativo para el futuro Banco Central Europeo, que desempeñará las
tareas de cerrar la legislación relacionada con el Banco Central Europeo
y la introducción de la moneda única, y, una vez decidido los Estados
miembros participantes, nombrar el Comité Ejecutivo del Banco Central
Europeo, fijar la fecha de la introducción de billetes y monedas en euro,
y comienzo de la emisión y acuñación de los mismos. En definitiva, el
proceso hacia la Unión Económica y Monetaria está, sin duda,
acelerándose, y las decisiones a tomar tendrán tal relevancia en el
futuro, para nuestro país y para el resto de los países europeos, que
considero, como ya he dicho, absolutamente imprescindible mantener el
mayor nivel de información entre los representantes del Parlamento y el
Gobierno.
El pasado 21 de septiembre, los ministros de Economía y Hacienda, en una
reunión informal celebrada en Dublín, trataron estas tres cuestiones que
ya había encargado el Consejo de Madrid. El Consejo convino un
determinado número de orientaciones políticas a fin de guiar, en los
próximos meses, los trabajos técnicos a llevar a cabo por la Comisión,
por el Instituto Monetario Europeo y en el seno del Comité Monetario;
trabajos que desembocarán, previsiblemente, en propuestas concretas que
el Consejo Ecofin elevará al próximo Consejo Europeo a celebrar en Dublín
en diciembre de 1996.
Por tanto, voy a entrar a hablar de las tres cuestiones concretas. La
primera, las relaciones cambiarias entre los países in y los países
pre-in o out. La primera gran cuestión tratada en Dublín, y que seguirá
analizándose para presentar las conclusiones al Consejo Europeo, es la
referida a la definición de las relaciones cambiarias que se
instrumentarán entre el euro y las monedas de los países que no entren en
el primer momento en la tercera fase. Si bien el tratado no contempla
explícitamente el mantenimiento de un sistema de relaciones cambiarias
entre in y pre-in, es evidente y necesario establecer una cooperación
monetaria a fin de preservar la estabilidad cambiaria entre los países
del conjunto de la Unión Europea. Desde el Consejo Europeo de Madrid, y
de acuerdo con su mandato, el Comité Monetario, el Instituto Monetario y
la Comisión han ido presentando propuestas para orientar el debate en
torno al diseño de un modelo para ordenar dicha cooperación y que se ha
estructurado en dos apartados: primero, un marco general para facilitar
la convergencia económica y, dentro de este marco, en segundo lugar, un
nuevo acuerdo cambiario continuador del actual mecanismo de tipos de
cambio del Sistema Monetario Europeo. El marco general para la
cooperación y los acuerdos que lo compongan deberá observar los
siguientes elementos básicos: garantizar que los Estados miembros traten
su política de tipos de cambio como una cuestión de interés común, de
acuerdo con el artículo 109, M. del tratado; evitar que las fluctuaciones
de tipos de cambio entre los Estados miembros participantes y no
participantes en la Unión Económica y Monetaria distorsionen el buen
funcionamiento del mercado único; asegurar que los Estados miembros que
se incorporen con posterioridad al euro lo puedan hacer en los mismos
términos y condiciones que los que se apliquen en 1998. Y éste es un tema
(como todos los anteriores) que quisiera subrayar, porque creo que tiene
una gran importancia política y, desde luego, es uno de los temas que ha
sido repetido por España como posición básica en muchas ocasiones.
Asimismo, los acuerdos que se adopten en modo alguno comprometerán los
objetivos de estabilidad de precios del Banco Central Europeo, y también
habrá que ofrecer cierta protección a los Estados miembros no
participantes frente a las presiones de los mercados no justificadas por
sus respetivos fundamentos económicos; es decir, las colaboraciones, las
intervenciones del Banco Central Europeo, así como facilitar el logro y
el mantenimiento de la convergencia económica mediante un nuevo mecanismo
de cambios e intervención.
Sobre el nuevo acuerdo cambiario, es decir, lo que podríamos llamar el
SME 2, se han consensuado ya los siguientes puntos: primero, la
naturaleza institucional del acuerdo será similar a la del mecanismo de
cambios e intervención del anterior Sistema Monetario. Es decir, un
acuerdo intergubernamental y entre el Banco Central y los bancos
centrales de los países no participantes. La participación en el Sistema
Monetario Europeo será voluntaria, aunque altamente recomendable. Está
claro que ahí hay una cuestión que ha venido arrastrándose del sistema
anterior, que es principalmente la posición de Gran Bretaña. En cualquier
caso, la decisión en este momento es que hay una
recomendación política por parte de la Comisión y del Consejo, pero la
pertenencia a este sistema será voluntaria. Es indudable que el requisito
del tratado de la estabilidad cambiaria dos años antes de la
incorporación al sistema, al euro, se mantiene como consecuencia del
principio de que las condiciones de los países pre-in no podrán ser
distintas, ni los requisitos serán mayores ni menores, que las de los
países que se incorporen en una primera etapa.
Atendiendo a los principios anteriores, el Sistema Monetario Europeo 2,
acordado en Dublín, tendrá el siguiente diseño. El euro será el ancla del
sistema, lo que implica que el mecanismo de cambios estará basado en unos
cambios centrales de cada una de las monedas no integrantes frente al
euro. Este es un tema especialmente importante y ha representado la
posición española desde el principio de estas conversaciones.
Alrededor de este tipo de cambio se establecerá una única banda de
fluctuación --también éste es un tema de gran relevancia y ha sido
posición española-- y esta banda será una banda ancha. Se contempla la
posibilidad de que los Estados miembros no integrantes puedan
eventualmente establecer, sobre una base bilateral e informal, bandas de
fluctuación entre sus propias monedas, y también los Estados miembros no
integrantes podrán establecer, de manera voluntaria e informal,
relaciones más estrechas en la zona del euro. Ambas cuestiones no podrán
suponer --y esto ha sido reiterado por España en todas las ocasiones--
que exista un sistema de sucesivas bandas, sino que habrá una única banda
ancha --ésa será la banda formal y legal-- sin que pueda impedirse que
haya acuerdos informales bilaterales entre las monedas, o acuerdos más
estrechos entre una de las monedas y el Banco Central Europeo, pero, en
ningún caso, podrán suponer la existencia de un sistema de muchas bandas;
por varias razones, la más importante, porque eso supondría un
endurecimiento de las condiciones de los países pre-in sobre los países
in en el proceso de integración al euro.
Los tipos de cambios centrales y la banda ancha, así como la modificación
de las mismas, se determinarán por mutuo acuerdo según el procedimiento
multilateral vigente en el actual Sistema Monetario Europeo; es decir, en
este proceso en el que se puedan modificar los cambios centrales
intervendrán los Estados miembros, sus bancos centrales y el Banco
Central Europeo.
Los mecanismos de intervención y de financiación serán básicamente
idénticos a los actualmente existentes en el Sistema Monetario Europeo;
es decir, existirán intervenciones automáticas e ilimitadas en el margen
de la banda ancha y podrán realizarse de mutuo acuerdo intervenciones
intramarginales coordinadas.
Este diseño supone, por tanto, la continuidad con el actual mecanismo de
cambios del Sistema Monetario Europeo y responde en todos sus puntos --ya
lo he dicho-- a las posturas defendidas por España en sucesivos Ecofines.
En particular, quisiera subrayar dos cuestiones: la existencia de bandas
anchas y la posibilidad de llevar a cabo intervenciones intramarginales.
Algunas características se alejan, sin embargo, del actual sistema de
cambios y quisiera mencionarlas. El nuevo mecanismo no implica la
creación de una parrilla de cambios bilaterales entre todas las monedas
participantes, como en el modelo actual. El sistema se basa en el euro y
en la banda ancha de fluctuación. Por eso pueden establecerse, como he
mencionado, acuerdos informales y bilaterales entre las monedas pre-in. Y
la segunda diferencia, notable indudablemente, con el sistema actual es
la participación en el acuerdo del futuro Banco Central Europeo.
Los trabajos del Ecofin en este tema deberán centrarse en un futuro sobre
algunos detalles que quedan por definir. El primero es la determinación
de la amplitud de la banda de fluctuación.
Seguramente la existencia de una banda similar a la actual --es decir, de
15 puntos por arriba y por abajo-- tiene muchas ventajas. Probablemente,
la mejor de todas es que ha funcionado, y ésa sería, en principio, la
posición española. Es indudable que puede haber otras propuestas que
todavía no se han puesto sobre la mesa y, por tanto, no puedo definirme
sobre ellas, pero sí está definido que será una banda ancha y que será
una única banda. Creo que eso responde a nuestros intereses. Desde luego,
en principio, la posición del Gobierno --como es natural, a expensas de
otras opiniones que podamos escuchar y también de lo que puedan
aportarnos los grupos parlamentarios-- es que el actual sistema de bandas
de 15 por ciento es un sistema que ha funcionado razonablemente, ha
dotado de credibilidad y también de estabilidad al sistema y, por tanto,
deberíamos continuar con la misma amplitud de bandas.
En segundo lugar, por los principios de continuidad e igualdad de trato
que defiende España y que deben regir la construcción del Sistema
Monetario Europeo. El principio de igualdad de trato también parece
indicar que deberíamos de ir a una banda similar a la actual, de manera
que los países pre-in no se encuentren en una situación de Sistema
Monetario Europeo 2 distinta del que se encontraron los países que ya van
a formar parte del euro en una primera instancia.
En cuanto a las relaciones cambiarias más estrechas --lo he dicho antes,
quiero reiterarlo--, se ha reconocido la posibilidad de realizarlas, como
no podía ser de otra manera, pero serán siempre acuerdos oficiosos e
informales con el Banco Central Europeo.
Es indudable que hay algunos detalles que deben esperar a la plena
constitución del Banco Central. En ese momento, se analizarán algunos
aspectos pendientes, como el papel del propio Banco Central en eventuales
procesos de realineamiento de las monedas en el Sistema Monetario Europeo
2 y otros aspectos relativos a los límites de intervención en defensa de
las monedas.
Se ha comentado en algunas opiniones que los países pre-in van a perder
soberanía en la gestión de su tipo de cambio y se ha llegado a decir,
incluso, que el Banco Central Europeo podría producir realineamientos
unilateralmente. Quiero decir que ésta es una información totalmente
inexacta y errónea. No es así. El Banco Central Europeo tiene aspectos
por definir, pero la potestad de realinear una moneda respecto al euro
pertenece a los Estados miembros y en ningún caso será competencia plena
del Banco Central Europeo.
Quiero también resaltar que en Dublín no se han tratado propuestas como
algunas que han circulado en la opinión pública y en las posiciones
políticas europeas en cuanto a la no utilización del euro para los pagos
a los Estados miembros con cargo al presupuesto comunitario. Esta
propuesta, junto con otra que también ha circulado, que es la de ligar la
financiación con cargo a los fondos estructurales a la estabilidad
cambiaria, no han sido debatidas ni formal ni informalmente. Alguna
incluso ya ha sido descartada por informes de la Comisión. En cualquier
caso, España sería contraria a cualquiera de esas dos propuestas.
Por tanto, resumiendo, los acuerdos adoptados en Dublín sobre el futuro
del Sistema Monetario Europeo 2 han sentado las bases que determinarán la
estabilidad cambiaria dentro de la Unión a partir de 1999. Además, el
diseño acordado responde plenamente a nuestra postura, es decir, se basa
en un principio de igualdad de trato, bandas anchas, relaciones
cambiarias más estrechas, que serán oficiosas y formales.
Para acabar este punto, quiero resaltar que el modelo de relaciones
cambiarias que estamos diseñando para la base posterior de la Unión
Económica y Monetaria antepone la convergencia en los fundamentos
económicos. Este sistema, cuyo objetivo básico es dotar de estabilidad al
comportamiento de los tipos de cambio dentro de la Unión Europea, se
completa, asienta y desarrolla en un marco donde regirán mecanismos de
coordinación y supervisión de las políticas económicas de los Estados
miembros que determinarán, en última instancia, la propia estabilidad
cambiaria. Esta coordinación y supervisión se llevarán a cabo en el
consejo general del futuro Banco Central Europeo en materia de política
monetaria y, en lo que respecta a política fiscal, con el establecimiento
de mecanismos de supervisión presupuestaria que enlazan con el pacto de
estabilidad al que me referiré en tercer lugar.
Quisiera abordar en segundo lugar la información referida al estatuto
jurídico del euro, que es el segundo tema que forma parte del paquete
sobre la Unión Económica y Monetaria que fue abordada en el Ecofin
informal de Dublín.
Este proyecto de reglamento, de acuerdo con el mandato otorgado por el
Consejo Europeo de Madrid, deberá presentarse formalmente por la Comisión
antes del final de 1996. El Consejo de Madrid fijó los elementos básicos
que deberá incluir el futuro estatuto: el primero, la equivalencia,
legalmente obligatoria irrevocable, entre el euro y las monedas de los
países participantes; en segundo lugar, el carácter de pleno poder
liberatorio para los billetes de bancos nacionales de los países que
accedan a la Unión hasta su total sustitución física por el euro; en
tercer lugar, los principios aplicables durante el período de
coexistencia monetaria entre el euro y las monedas nacionales de los
países inicialmente participantes. Estos principios serán: el primero, la
no prohibición del uso del euro por agentes privados; el segundo, la no
obligatoriedad del uso del euro en contra de la voluntad de los agentes,
y el tercero, la coordinación comunitaria para modificar las
legislaciones nacionales, de forma que se permita el uso generalizado del
euro en las operaciones del sector público con cierto margen de libertad
para los Estados.
En este anteproyecto vienen trabajando desde principios de año el
Instituto Monetario Europeo; la Comisión, que es la encargada de
presentar el informe formal; los Estados miembros, a través del Comité
Monetario, e incluso el sector privado, ya que se ha procedido a
numerosas consultas, en especial al sector financiero en nuestro país a
través del sistema financiero y de las cajas de ahorro.
No quiero analizar ahora detenidamente el contenido del citado
anteproyecto, cuya redacción es preciso ultimar desde el punto de vista
técnico y jurídico, pero el Consejo del Ecofin de Dublín pudo constatar
la existencia de un elevado consenso político y la posibilidad, por
tanto, de dar cumplimiento en los próximos meses al mandato del Consejo
Europeo de Madrid, que quiero volver a repetir que es la presentación de
un anteproyecto por la Comisión sobre el estatuto jurídico del euro.
De forma resumida, el proyecto de reglamento al que me estoy refiriendo,
que establecerá el estatuto jurídico del euro, regula las siguientes
cuestiones que son de orden diverso. En primer lugar, el régimen
permanente del euro, aplicable a partir del año 2002, es decir, lo que
podríamos llamar la futura ley monetaria de la Unión Europea, que defina
al euro como moneda de los Estados miembros participantes en sustitución
de sus monedas nacionales; e, igualmente, el cambio jurídico que se
deriva del cambio de signo monetario, contractual, etcétera. En segundo
lugar, el régimen transitorio aplicado al euro y a las unidades
nacionales durante el período transitorio de coexistencia de las mismas
definido en Madrid, que va desde el 1 de enero de 1999 hasta el 1 de
enero del 2002. Se trata de definir las normas de utilización de unas y
otras unidades monetarias, de acuerdo con los principios de no
prohibición y no obligación definidos en Madrid. Se trata también de
establecer la equivalencia legalmente exigible, definida también en
Madrid, es decir, el reconocimiento jurídico de la fijeza del tipo de
conversión entre el euro y las unidades monetarias nacionales. Estas
normas transitorias son las más complejas desde el punto de vista
jurídico y es inédita la regulación de coexistencia monetaria de dos
unidades monetarias diferenciadas, pero tengo que decir que se ha
avanzado significativamente en una definición técnica satisfactoria. En
tercer lugar, la cuestión fundamental de la continuidad de los contratos,
tanto de los contratos expresados en moneda nacional, que se convertirán
en euros, como de los contratos expresados en ecus, que se convertirían
en contratos y obligaciones expresadas en euros al tipo de cambio de uno
por uno. La cuestión es fundamental, como SS. SS. pueden comprender,
desde el punto de vista de la credibilidad del proceso y de su recepción
por parte de los agentes privados, porque la Unión Monetaria no puede
presentarse como un elemento de restricción o de renegociación masiva de
contratos y obligaciones establecidos por los agentes privados. Para
asegurar esta continuidad, es absolutamente necesario dar seguridad al
mundo financiero y mercantil y es, al mismo tiempo, como SS. SS.
seguramente podrán comprobar, una cuestión jurídica muy compleja.
En este sentido, en el Consejo del Ecofin de Dublín se planteó,
prácticamente por unanimidad, el convencimiento de que no bastaba con una
declaración política desde el punto de vista de la voluntad de la
existencia de un anteproyecto de euro, sino que era imprescindible elegir
caminos que dieran estabilidad jurídica y legal al proceso.
La complejidad de este tema tiene varias vertientes; la primera, porque
los contratos cuya continuidad se debe asegurar pertenecen, primero, al
área del derecho privado, donde rige el principio de libertad
contractual; segundo, porque muchos de estos contratos no están
exclusivamente en jurisdicciones comunitarias, sino que están en
jurisdicciones extracomunitarias, como es el caso, muy común, de la ley
del Estado de Nueva York; pero también cuestiones que están en la
legislación de Gran Bretaña, que precisamente puede ser un país que no
forme parte del euro y que, además, tiene una cláusula de opt out, y, en
ese sentido, el tema es jurídicamente complejo.
Un aspecto fundamental del establecimiento del estatuto jurídico del euro
es la de determinar la base legal por la que éste se desarrolla, base
legal que debe surgir del propio Tratado de la Unión Europea. Hasta
ahora, se han estado barajando dos artículos del tratado, que permiten
dar base jurídica al euro. El primero, el artículo 109, L, 4, que dice lo
siguiente: En la fecha en que entre en vigor la tercera fase --éste es un
tema crucial que limita la eficacia de este artículo--, el Consejo, por
unanimidad de los Estados miembros no acogidos a una excepción, a
propuesta de la Comisión y previa consulta del Banco Central Europeo,
aceptarán los tipos de conversión a los que quedarán irrevocablemente
fijadas las monedas respectivas de los Estados miembros y el tipo,
irrevocablemente fijo, al cual el euro sustituirá dichas monedas. No leo
el resto, pero éste es el artículo aplicable, salvo por la primera parte
que les he leído, y es que este artículo se pondrá en vigor en la fecha
que entre en vigor la tercera fase, no ahora; por tanto no produciría los
efectos deseados por los Estados miembros de, desde este mismo momento,
poder llevar a cabo definiciones jurídicas que den garantía a los
particulares en sus relaciones financieras. Desde luego, es el artículo
más natural por el resto de su texto, pero tiene esa dificultad, que ha
de demorarse su aplicación hasta ver quiénes sean los países que formen
parte de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.
Por tanto, se ha planteado la utilización del artículo 235, que dice lo
siguiente: Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para
lograr, en el funcionamiento del Mercado Común, uno de los objetivos de
la Comunidad, sin que el presente tratado haya previsto los poderes de
acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de
la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las
disposiciones pertinentes. Este artículo indudablemente, como SS. SS.
comprobarán, sirve para todo, pero, si sirve para todo, sirve también
para esto. No es un artículo exclusivamente pensado para el proceso de la
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, pero sí produce y puede
producir efectos jurídicos desde el mismo momento, desde ahora. La
utilización de este artículo permite, por tanto, ir adoptando, con
anterioridad a la determinación de los países participantes en la UEM, la
regulación de cuestiones más urgentes, como la continuidad de los
contratos antes del final de 1996 o principios de 1997.
Con el fin de dar seguridad a los mercados y a los particulares e
introducir elementos de irreversibilidad en el proceso de adopción de la
moneda única, España abogó en principio por utilizar el artículo 235,
mientras que otros países veían imprescindible también utilizar el
artículo 109 L. El Consejo de Dublín llegó a una solución, que quizá SS.
SS. podrían pensar que es salomónica, aunque en este caso no se trató de
cortar nada sino de unirlo, y acordó utilizar los dos artículos. Por
tanto, el procedimiento supondrá que habrá dos reglamentos sucesivos, y
las cuestiones más urgentes se decidirán por el artículo 235 y, en
particular, el nombre de la moneda, la continuidad de los contratos, el
tipo de conversión ecu-euro y el redondeo en el cambio de monedas, y se
esperará a los primeros meses de 1998 para, a través del artículo 109,
regular las restantes cuestiones legales.
Este ha sido un consenso que satisface a todos los países y que además
soluciona los problemas jurídicos inmediatos, que es imprescindible desde
el punto de vista de dar seguridad a los agentes privados y, al mismo
tiempo, también dar tranquilidad a los mercados y otorgar al proceso de
integración monetaria la seguridad y la eficacia necesarias.
Quiero pasar ya a la tercera cuestión, que es el pacto de estabilidad, la
disciplina presupuestaria en la Unión Monetaria. Este quizá es uno de los
temas, no diré el más importante, ni mucho menos (creo que los dos
anteriores son extraordinariamente importantes) en los que se ha avanzado
más, en los que ya hay elementos de consenso más elaborados; en el
primero de ellos, el Sistema Monetario, ya tenemos una experiencia
anterior del sistema monetario que ha regido y rige todavía el
funcionamiento de la Unión, y por tanto las experiencias nos permiten
tomar decisiones quizá de manera más rápida, y en los temas jurídicos,
sobre el estatuto legal del euro, creo que, como ya saben SS. SS., se ha
llegado a unas fórmulas que dan estabilidad y que se satisfacen a todos
los países. Esta es una cuestión, la que planteó la disciplina
presupuestaria, extraordinariamente importante, a la que seguramente
dedicaremos en los siguientes Ecofines y, por tanto, en mis siguientes
comparecencias, una gran cantidad de trabajo.
En el otoño de 1995, como SS. SS. recordarán, el Gobierno alemán --al que
no hay que quitar su protagonismo en la primera elaboración de esta
idea-- planteó propuestas sobre el establecimiento de mecanismos para
garantizar la disciplina presupuestaria una vez puesta en marcha la
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. El Consejo Europeo de
Madrid aceptó el principio de disciplina presupuestaria como fundamental
y encargó a la Comisión que presentara, antes del término de 1996,
propuestas concretas sobre los mecanismos para garantizar la disciplina
presupuestaria y la coordinación en la Unión Monetaria, de acuerdo con
los procedimientos y principios del tratado.
En el transcurso de 1996, mediante el diálogo permanente entre el Comité
Monetario, la Comisión y los Estados miembros, han ido avanzando una
serie de propuestas concretas. Todavía no se ha presentado ninguna
propuesta formal sobre el pacto de estabilidad, pero creo que,
precisamente tras el Consejo del que vengo a informar, se pueden
adelantar algunas cuestiones sobre cuál va a ser el contenido básico de
esta propuesta formal.
En este sentido, quiero decir que, previsiblemente, el pacto de
estabilidad tendrá dos componentes básicos. El primero, una legislación
derivada, que desarrolle el artículo 103 del tratado, sobre la vigilancia
multilateral, en concreto los aspectos presupuestarios de la misma. Se
utilizaría para ello el párrafo quinto de dicho artículo, que habilita al
Consejo a aprobar por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y
tras consulta con el Parlamento Europeo, normas que desarrollen la
denominada vigilancia multilateral definida en el artículo 103 del
tratado.
El segundo componente del pacto de estabilidad será un reforzamiento,
mediante un procedimiento jurídico que todavía está por definir, del
artículo 104 C, que obliga a los Estados miembros de la Unión Monetaria a
no incurrir en déficit presupuestarios excesivos --textualmente en el
tratado--, tal y como se definen en ese mismo artículo y en el protocolo
número 5 del anejo al tratado y que, asimismo, prevé la posibilidad de
imponer sanciones al Estado miembro que incurra en el incumplimiento de
la citada obligación.
Sobre el primero de los dos componentes --quiero recordar a SS. SS. que
es el que se refiere a la vigilancia multilateral, según el artículo 103
del Tratado-- ya existe un acuerdo muy amplio, diría que prácticamente
pleno. La propuesta consistiría en obligar, mediante la citada
legislación derivada, a los Estados miembros integrantes del euro a
presentar ante el Consejo programas de estabilidad que incorporasen
objetivos presupuestarios a medio plazo cercanos al equilibrio. Dichos
programas de estabilidad constituirían la base para una vigilancia
multilateral reforzada por parte del Consejo en relación con el
cumplimiento del objetivo de equilibrio presupuestario a medio plazo. Se
establecería así un sistema de alerta anticipada (si quieren SS. SS.),
mediante el cual el Consejo podría detectar desviaciones en el
cumplimiento de los objetivos presupuestarios por parte de los países
integrantes de la Unión y formular, en su caso, recomendaciones para que
los países en cuestión adoptasen medidas con suficiente antelación, a fin
de evitar incurrir en déficit excesivos. Se impediría así, por tanto, el
riesgo de déficit presupuestarios que excedieran el valor de referencia
del tratado, es decir, el tres por ciento del producto interior bruto, en
situaciones normales del ciclo normal económico.
Como es natural, la razón por la que en este primer componente del pacto
de estabilidad se está avanzando con más celeridad, quizá, que en el
segundo --ya lo he mencionado y se produce también en el Sistema
Monetario--, es que existen precedentes, aunque no exactos, como es el
hecho de los programas de convergencia. Los programas de convergencia no
son obligatorios y, además, no producen efectos desde el punto de vista
de que las recomendaciones puedan tener la misma importancia --y he aquí
el segundo componente del pacto de estabilidad--, pero indudablemente ya
hay una experiencia previa en las relaciones entre los Estados y en el
propio Consejo y las relaciones de los Estados con la Comisión a través
de los programas de convergencia, que se consideran valiosos y que sirven
como base de experiencia, aunque no sean exactamente lo mismo que estos
programas de estabilidad que, como digo, serán obligatorios para los
países in y que, además, tendrán otras consecuencias en el caso de que
sean incumplidos, pero que producen, y en este sentido creo que hay que
valorarlo muy positivamente, un sistema --y vuelvo a subrayarlo-- de
alerta previa de los problemas presupuestarios que pueda ir encontrando
un país. Un sistema que puede ser muy útil, desde el punto de vista no
sólo de las recomendaciones del Consejo, sino de la propia política
presupuestaria de cada uno de los Estados.
Este mecanismo de prevención se vería complementado por el segundo
componente del pacto de estabilidad, el componente sobre las
penalizaciones de los déficit excesivos. Este aspecto no está todavía
completo y, desde luego, aunque no se prevén en este momento diferencias
políticas esenciales, es decir, ningún país se ha mostrado contrario a
que la existencia de déficit excesivos que no tengan una justificación
por razones extraordinarias y que tengan nada más que un comportamiento
temporal, esto es, cuando no se produzcan situaciones ni temporales ni
extraordinarias, hay un consenso político sobre que la propia
credibilidad del sistema exige que el no cumplimiento de los programas de
estabilidad debe llevar aparejado algún sistema de sanciones, algún
sistema penalizador. El objetivo político es reforzar el artículo 104 C
del tratado, a fin de hacer efectiva la prohibición de que los Estados
miembros incurran en déficit excesivos y que establece este mismo
artículo. Este artículo tiene actualmente una redacción que produce
demasiadas dilaciones en el proceso y que mencionaré más adelante. Por
tanto, analizado el artículo 104 C en su literalidad, y habida cuenta de
que, aunque recoge el principio político de prohibir los déficit
excesivos no introduce un mecanismo ni creíble ni eficaz, existe un
consenso de todoslosEstados de robustecer o --si ustedes prefieren-- de
blindar el artículo 104 C del tratado.
Estos elementos de mayor fortaleza del artículo serían los siguientes:
Primero, en cuanto a lo que se define como déficit excesivo. Actualmente
el artículo 104 C y el protocolo número 5 establecen una definición
imprecisa, puesto que literalmente puede no ser déficit excesivo --puede
no ser-- un déficit superior al 3 por ciento, por razones excepcionales y
temporales. Esta definición otorga, por tanto, al Consejo un considerable
margen de laxitud que, en opinión de los Estados miembros de la Unión
Monetaria, perjudica la credibilidad del proceso. Por tanto, hay una
opinión unánime respecto a establecer una definición más precisa de lo
que quiere decir excepcional y temporal. Probablemente la parte esencial
de definición es la excepcional. La excepcionalidad es, sin duda, en mi
opinión al menos, el tema crucial que tenemos que aceptar. Y ahí hay dos
posiciones: la de los Estados que pretenden una cuantificación
exacta de lo que quiere decir excepcional y la de los Estados que
consideran que, aunque hay que ir a una definición más rigurosa, esa
excepcionalidad no puede ser cuantificada o, al menos, no puede ser
cuantificada de manera cerrada. Este es un tema que está abierto y que
será objeto de debate y seguramente será uno de los temas cruciales.
El segundo blindaje se refiere a los plazos para la aplicación del
procedimiento de déficit excesivo del artículo 104. Como he dicho, los
plazos son indeterminados y el procedimiento es muy complejo, tal y como
está redactado. Tal y como está redactado el artículo, y espero poderlo
sintetizar, el procedimiento se iniciaría con una comunicación a la
Comisión, en el año uno, sobre las situaciones de déficit público de los
Estados miembros en el año anterior. A ello siguen, sucesivamente, un
informe de la Comisión, un informe del Comité Monetario, una decisión del
Consejo sobre la existencia de déficit excesivo de un determinado Estado
miembro, un primer aviso, en forma de recomendación del Consejo al Estado
miembro en cuestión, seguidamente la constatación de que el Estado
miembro en cuestión tiene un déficit excesivo, posteriormente la
constatación de que el Estado miembro no ha realizado actuaciones
efectivas, y, a continuación, un segundo aviso público por parte del
Consejo a dicho Estado miembro y hasta un tercero en caso de demora por
parte del Estado miembro en cuestión en dar cumplimiento a las
recomendaciones del Consejo. Por tanto, si SS. SS. van sumando las
posibilidades de dilación, nos encontraríamos con que un Estado que
tuviera un déficit excesivo en el año 1996, probablemente hasta el tercer
aviso del Consejo estaríamos planteándonos más de dos y más de tres años.
Es, por tanto, un procedimiento extraordinariamente indeterminado en
cuanto a sus plazos y, además, poco efectivo, y sólo al término de este
largo proceso contempla el artículo 104 C la posibilidad de que el
Consejo pueda imponer sanciones.
En la reunión de Dublín se ha tratado de definir estos plazos y este
procedimiento y también de simplificarlo. Se ha pedido a la Comisión y al
Comité Monetario que realicen propuestas concretas en los próximos meses,
por lo que probablemente serán conocidas en los Ecofines de octubre y
noviembre, a los que he hecho mención al principio de mi intervención.
Indudablemente, ha habido debates sobre cuáles pueden ser los plazos.
¿Qué plazos se están barajando? En este momento, las posiciones se mueven
entre nueve y doce meses. Es decir, respecto a un déficit excesivo que
fuese declarado por el Consejo en marzo de un año, que se referiría, como
es natural, al año anterior, el Consejo podría decretar sanciones entre
nueve y doce meses; por tanto, entre finales del año y marzo del año
siguiente. La decisión respecto de estos plazos depende de la
interpretación que se haga de actuación efectiva del artículo 104 C. Si
se entiende por actuación efectiva las medidas adoptadas por el Gobierno
y propuestas por el Gobierno al Parlamento en cada país, daría lugar a
hablar de un plazo mínimo, es decir, un plazo que comenzaría en marzo del
año uno y finalizaría en diciembre del año uno, entendiendo por año uno
aquel en que se detecta el déficit y por año cero en el que se produce el
déficit; si entendemos que las medidas no deberían ser sólo propuestas
por el Gobierno al Parlamento, sino adoptadas por el Parlamento,
estaríamos hablando del plazo máximo, que sería marzo del año dos. Vuelvo
a poner el ejemplo, el déficit excesivo en que hubiera incurrido un
Estado en el ejercicio de 1996 sería detectado por el Gobierno en marzo
de 1997 y el Estado miembro tendría que proponer y aprobar en el
Parlamento medidas que fueran consideradas suficientes antes de marzo de
1998, en el plazo máximo, y antes de diciembre de 1997, en el plazo
mínimo. Como SS. SS. pueden apreciar, las diferencias son
extraordinariamente cortas y yo diría que políticamente poco relevantes,
puesto que se considera no sólo la necesidad de que el Gobierno reaccione
y ponga en marcha medidas, sino que estas medidas sean adoptadas por el
Parlamento seguramente en el siguiente presupuesto, como exige el sistema
parlamentario, como es natural, en la mayor parte de los países, me
parece que en todos ellos. Estaríamos hablando ya de dos presupuestos
después de aquel en que se haya incurrido en déficit excesivo.
El tercer elemento de robustecimiento del artículo 104 es el que se
refiere a las sanciones. Actualmente, dicho párrafo, el 11 del artículo
104, contempla una mera posibilidad, a decidir en su caso por el Consejo.
Existe ahora ya un acuerdo político en el seno del Ecofin para que, en el
caso de que no haya una acción afectiva, que he definido anteriormente,
en la corrección del déficit excesivo, exista a priori la presunción, la
fuerte presunción, de sanciones. Es importante, porque esto fue objeto de
debate creo que en el Ecofin informal de Verona; desde luego lo fue en el
Ecofin de Luxemburgo, previo a la cumbre de Florencia. Estamos hablando
de presunción, fuerte presunción, no de automatismo, lo cual supone que
siempre hay un margen político en el Consejo para decidir las sanciones.
Es decir, no estamos, en ningún caso, ante un sistema automático de
imposición de sanciones; habrá una decisión política, que tendrá que
valorar cuestiones que indudablemente tendrán que ser muy relevantes para
que un Estado que haya incumplido los criterios de temporalidad, de
excepcionalidad y de déficit excesivo no incurra en sanciones, por
razones que tendrán que ser apreciadas por el Consejo.
Creo que, desde el punto de vista político, se están conjugando dos
cuestiones que SS. SS. deben valorar y que a mí me parecen esenciales.
Por una lado, la credibilidad de la Unión Monetaria y, por otro lado, la
decisión política final que debe tomar el Consejo. En este sentido, ya en
la cumbre de Florencia se aceptó la propuesta de que se hablase de
presunciones, fuertes presunciones, pero no de automatismo.
Además, a fin de objetivar mejor la forma en que el artículo 104 habrá de
aplicarse, es necesario definir a priori la forma y la cuantía de las
sanciones susceptibles de ser impuestas para el Estado que no corrija su
déficit excesivo. Tras la reunión de Dublín, existe acuerdo de que la
sanción inicial consistirá en la obligación de realizar un depósito sin
interés ante las instituciones comunitarias por el Estado miembro
sancionado y, transcurrido el plazo de unos dos años sin que se hubiese
corregido la situación de déficit excesivo,
el Estado miembro sería sometido a una sanción que supondría la
conversión de esa multa en la sanción. Se ha discutido en la reunión de
Dublín la cuantía; ha habido algunas propuestas avanzadas por algunos
Estados y también por la propia Comisión y no se han acordado fórmulas
concretas que deberán ser propuestas por la Comisión y por el Comité
Monetario.
Sin embargo, se ha alcanzado un principio de acuerdo sobre el orden de
magnitud y se habla en este momento de las siguientes magnitudes. El
depósito sería, aproximadamente, de un 0,2 por ciento, dos décimas del
PIB, que podría incrementarse por cada punto porcentual de aumento del
déficit sobre el 3 por ciento, con un límite que, en ningún caso, podría
ser superior a cinco décimas del producto interior bruto. Vuelvo a
repetir que éstas son propuestas que no tienen consenso, que no han sido
acordadas y sobre las que tendrá que producirse un trabajo de la
Comisión, del Comité Monetario y, desde luego, tendrá que producirse un
debate en el Ecofin; pero éstas son las cifras que han sido puestas en
circulación por la propia Comisión. Esto quiere decir que, con un déficit
del 6 por ciento del producto interior bruto, es decir, el doble del
déficit de referencia, se alcanzaría el máximo posible de depósito y de
sanción dos años después si eso no se ha corregido.
Este es, en forma resumida, el contenido del pacto de estabilidad que, en
síntesis, supondrá la obligación por cada Estado de comprometerse con una
política de rigor presupuestario que debe plasmarse en programas de
estabilidad. En segundo lugar, el establecimiento a nivel europeo de un
mecanismo de vigilancia multilateral del cumplimiento por cada Estado de
sus objetivos del pacto de estabilidad y de prevención. En tercer lugar,
el establecimiento de un sistema sancionador por los déficit mantenidos
excesivos que sean superiores al 3 por ciento en un período del ciclo
económico normal.
Está claro, y quiero reiterarlo, que el pacto de estabilidad es un
sistema que se aplica exclusivamente a los países que forman parte de la
Unión Monetaria en la tercera fase y que, en ningún caso, puede
considerarse como una nueva condición para los países pre-in, porque eso
vincularía el principio de igualdad de trato al que he hecho mención en
varias ocasiones y que está perfectamente claro en todos los debates del
Ecofin.
La última cuestión a perfilar, políticamente muy compleja y jurídicamente
también, es la que se refiere a cómo se puede plasmar jurídicamente, cómo
se puede instrumentar, el pacto de estabilidad. La cuestión está
pendiente y está claro que todos los países coinciden en que debe
instrumentarse dentro del tratado. En este sentido, se abandonan
posiciones, que habían sido barajadas en la opinión pública, de que
hubiese un pacto de estabilidad que se formalizase por un acuerdo
internacional fuera del tratado. Esa posición ya no es defendida y creo
que es bueno que no lo sea, porque creo que el que todas las cuestiones
se acuerden a través de los procedimientos previstos en el tratado da
garantías del proceso de integración europea.
Dentro del tratado, el propio artículo 104, en su párrafo 14, brinda dos
posibles fórmulas. La primera, en el párrafo dos del artículo 104, C, 14,
permitiría modificar, y subrayo la palabra modificar, el protocolo número
5 mediante un Reglamento del Consejo aprobado por unanimidad; la segunda,
que sería en el mismo artículo 104, C, 14, subpárrafo 3, modificaría las
reglas de aplicación del actual protocolo número 5, también mediante un
reglamento del Consejo, pero éste aprobado por mayoría cualificada.
La primera de las vías, es decir, la que prevé el subpárrafo 2, que
modificaría el protocolo, permitiría un pacto de cláusulas más extensas y
precisas; pero la modificación del protocolo supone la modificación del
Tratado, y no es una cuestión baladí desde el punto de vista político, y
en algunos Estados puede ser incluso una cuestión de difícil aceptación,
aunque, al mismo tiempo, seguramente, es el párrafo que permite mayores y
más extensas concreciones.
La posición española con respecto a esta cuestión, que está abierta, es
que en ningún caso, si se produjese la modificación del protocolo, no de
las reglas de aplicación sino del protocolo, podrá alterar nunca lo
relativo a los criterios de entrada en la Unión Económica y Monetaria que
van fijados en ese mismo protocolo. De cualquier manera, ésta es una
cuestión que está siendo objeto de debate y que, seguramente, tendrá que
ser uno de los temas de máxima relevancia en los próximos Ecofin a
celebrar de aquí a finales de año.
Con esto, señorías, creo que he hecho una descripción y he dado una
información, yo diría que quizá demasiado prolija pero imprescindible, en
tres temas de esta complejidad e importancia, que van a centrar una gran
parte del trabajo de los Ecofin futuros y que, desde luego, yo creo que
tienen relevancia política más que suficiente como para que sean objeto
de información a esta Comisión y de información periódica por parte del
Gobierno.
Vuelvo a reiterar, para terminar, nuestra posición de no sólo suministrar
al Parlamento, como es nuestra obligación, toda la información precisa,
sino también de alentar, desde el Gobierno y desde los grupos
parlamentarios que le respaldan, la posibilidad de establecer los más
amplios consensos en el debate sobre estas cuestiones que van a afectar
de manera estructural el futuro de la política española, el futuro de
nuestra propia política presupuestaria y el futuro de nuestras relaciones
con el resto de los países de la Unión Monetaria. En ese sentido, no me
queda más que resaltar la importancia de estos temas y agradecer, una vez
más, a la Comisión, señor Presidente, la oportunidad que me ha dado de
exponerlos y ponerme a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente, por su
detallada exposición, que yo creo que ha sido muy útil y deja exactamente
clara cuál es la situación del debate sobre estos temas en el momento
actual.
¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, he solicitado, en primer lugar,
el uso de ese turno inicial por tener que ausentarme, señor
Vicepresidente, al tener otra Comisión en curso en estos momentos, la de
Presupuestos, que está en fase de votaciones, por lo que tendré que
marcharme
tras mi intervención. Voy a ser breve, señor Presidente.
Usted ha comenzado su explicación expresando la voluntad de consenso del
Gobierno para conducir todo este proceso. Sin duda, ésta es una posición
política significativa, desde nuestra óptica. Nuestro grupo le reitera
que también expresamos nuestra voluntad de consenso en determinar las
posiciones españolas en este proceso de incorporación de nuestra peseta
en la tercera fase del Sistema Monetario Europeo. Espero que ese proceso,
que usted desea que se vaya conduciendo políticamente con voluntad de
consenso, no sólo lo sea con mi grupo parlamentario, sino también con
todos los grupos de esta Cámara; ésa sería la voluntad del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al que represento.
Entrando en los aspectos más concretos de su exposición, hay una cuestión
previa que quisiera transmitirle: si va a haber decisiones que puedan
modificar puntualmente, no significativamente pero sí marginalmente,
mediante interpretaciones de criterios de aplicación, las cuatro
condiciones previas que establece el Tratado para incorporarse a la
tercera fase del Sistema Monetario Europeo. Es decir, España está en
estos momentos en la encrucijada de cumplir o no cumplir esas exigencias
que nos impone el Tratado. Nuestro grupo tiene voluntad política de tomar
las decisiones que nos garanticen estar en condiciones de cumplir esas
cuatro exigencias previas; el Gobierno parece que también, así lo ha
expresado reiteradamente. Los recientes presupuestos presentados en la
Cámara van en esa dirección, es decir, nos permiten garantizar el
cumplimiento de esas cuatro condiciones, pero pudiera ser que no todos
los países estuvieran en condiciones de cumplirlas. Podría ser que
España, en alguna de las cuatro variables, tampoco estuviera literalmente
cumpliendo los límites establecidos, porque algunos de ellos incluso
están sometidos al grado de reducción de determinadas variables de otros
países, con lo cual no se altera el margen de fluctuación de nuestras
variables, por lo que podría ser que, a la hora de la verdad, la
valoración de esos cuatro elementos requieran una cierta flexibilidad
interpretativa.
Desearía preguntarle, señor Ministro y Vicepresidente, si las reuniones
del Ecofin apuntan algunos criterios interpretativos sobre alguna de las
variables en cuestión, porque sería bueno saber si, al final, habrá
también no digo un cambio de criterios sobre esas cuatro variables, pero
sí alguna interpretación sobre el grado de cumplimiento de esas cuatro
exigencias, teniendo en cuenta que las tendencias deben ser las que marca
el proceso, sin duda, pero si estamos en el 63 o en el 64 o en el 57 de
deuda acumulada sobre el PIB, y la tendencia ha sido la de ir
reduciéndolo, creo que las interpretaciones deberían ser flexibles en
este punto. Por tanto, me gustaría conocer, antes de entrar en lo
relativo a las consecuencias de incorporarnos en la tercera fase, si el
Ecofin está considerando algunas decisiones sobre cómo flexibilizar
algunas interpretaciones para poder garantizar una más amplia
incorporación de países miembros al proceso.
Segunda cuestión que me gustaría comentarle. Dice usted que el proceso se
está acelerando; sin duda que sí. Su exposición de esta mañana nos
transmite la complejidad de todos los mecanismos que se ponen en
funcionamiento cada vez que nos acercamos a la decisión de incorporarnos
a la tercera fase; sin duda que sí. Nos ha descrito el Sistema Monetario
Europeo 2, sistema que va a prevalecer a partir de la incorporación. Ahí
coincido con su exposición. Creo que la tesis española es perfectamente
asumible. Sobre el modelo que usted ha dibujado, puedo transmitirle que
podemos compartirlo. Pienso que nos conviene ir hacia unas bandas anchas
de determinación dentro del sistema; las reglas y bases de los elementos
que define este Sistema Monetario 2 son aceptables. Este diseño no tiene
problemas importantes para cuestionarlo; podemos compartir con usted los
elementos que ha definido y la estrategia española. Creo que coincide lo
que se está diseñando con la estrategia que, hasta la fecha, llevaba
España. Quizá la clave sean las normas transitorias, lo cual pienso que
es importante y, en ese sentido, quisiera preguntarle cómo va a quedar
afectado el mecanismo de determinación de los tipos de interés. Me
gustaría conocer, si se puede, por dónde se está orientando la alteración
del mecanismo. La determinación de los tipos de interés en el nuevo
sistema será un tema básico para poder intervenir y regular la incidencia
que pueda tener sobre el crecimiento económico y sobre el futuro proceso
de inversión en el país, en Europa, en todo sistema europeo. Sería
interesante conocer los detalles de cómo pueden quedar afectados en la
nueva realidad monetaria europea los mecanismos de determinación de los
tipos de interés. Si pudiera hacer alguna reflexión al respecto, se lo
agradeceríamos.
En cuanto al pacto de estabilidad, éste es un tema clave. Usted ha
hablado de varios elementos que se están considerando dentro del pacto de
estabilidad, y la excepcionalidad o la temporalidad sin duda van a ser
los criterios que van a permitir que al final este pacto pueda ser
apoyado o no. De entrada, la existencia de tal pacto de estabilidad ya es
un reto para la economía española, y un peligroso reto, porque el punto
de salida que tienen los distintos países miembros no es igual y cuando
entremos en la tercera fase el punto de salida para Alemania o para
España no va a ser el mismo. Las economías no tienen el mismo grado de
maduración y, por tanto, si adoptamos un pacto de estabilidad con
excesivas exigencias y con excesivas y rigurosas precisiones y
compromisos, creo que habrá que estudiarlo porque a lo mejor dicho pacto
no conviene a la economía española y sí a otros países de Europa.
Ese pacto de estabilidad va a ser uno de los elementos importantes,
porque por ahí van a fijarse un poco las reglas de juego de cómo se
cumple estar en el Sistema Monetario y cómo se garantiza permanecer en
él. Los problemas ahí pueden ser importantes.
Usted ha sido muy expositivo. Nos ha señalado los elementos que están en
cuestión: no hay decisiones tomadas; se inicia un proceso, pero se marca
una tendencia muy clara. La tendencia es clarísima. Pero hay criterios
que hay que precisar y concretar: la excepcionalidad; la temporalidad;
qué plazos deben reconocerse; qué déficit es excesivo. Todo eso va a ser
importantísimo, porque de ahí se van a desprender las consecuencias de no
sufrir penalizaciones
o sanciones que van a gravitar negativamente sobre el desarrollo en estas
economías.
Para nosotros hay un elemento importante a tener siempre en cuenta,
defendiendo los intereses de la economía española. España en los próximos
diez años ¿va a necesitar el mismo volumen de inversión que Alemania,
Francia, Bélgica o Luxemburgo?
España para ponerse al nivel de maduración de las economías más
desarrolladas en Europa, o para ponerse al mismo nivel, por ejemplo, del
Estado del bienestar que tienen los demás países de Europa, o para
ponerse al mismo nivel del grado de desarrollo de las infraestructuras
que tienen los países de Europa, ¿va a necesitar el mismo volumen de
inversión que los otros países más desarrollados? Es evidente que no, se
necesitará un poco más. Si nosotros necesitamos un mayor esfuerzo de
desarrollo inversor para ponernos al mismo nivel y para acelerar el
proceso de maduración de nuestra economía, ¿cómo se va a financiar ese
proceso de crecimiento y de inversión por encima del que en términos
medios van a desarrollar otros países?
Este proceso sólo se financia con cargo a nuestros recursos propios o con
deuda, porque no creo que como diseño económico deseemos que nos lo
financien los demás países. Como estrategia no deberíamos tener esta
preferencia. Por tanto, creyendo en nuestras propias capacidades o lo
financiamos con recursos propios y con inversión interna, o con mayor
deuda. Esta reflexión creo que nos lleva a que estos criterios que deben
interpretar las excepcionalidades o las temporalidades, señor Ministro,
son un tema clave. Yo creo que ahí debemos de ser muy cautos y muy
recelosos.
Estoy de acuerdo en ir a un pacto de estabilidad; también estoy de
acuerdo en establecer mecanismos de garantía, pero hay que ir con
cuidado, porque nuestra situación de salida no es la misma que la de
otros países en Europa. En este sentido creo que para España es
importante que estos criterios de excepcionalidad o temporalidad sean lo
suficientemente amplios o cómodos como para poder atender el proceso que
tenemos que afrontar en los próximos diez años.
Yo creo que el peso relativo de los gastos financieros sobre el
presupuesto público puede ser un tema a considerar. La deuda acumulada y
su implicación sobre el presupuesto público y los gastos financieros que
soporta el mismo puede ser un tema a tener en cuenta. La forma en que se
puede afrontar o financiar esa deuda también debe tenerse en cuenta.
Podemos nosotros requerir mayores obligaciones de deuda, pero financiarla
con un sistema que nos permita perfectamente desarrollar nuestro
crecimiento económico, desplazando al largo plazo la financiación de esa
deuda, pero garantizando al corto la mejora de nuestras infraestructuras
y de nuestro nivel de desarrollo. Creo que ahí está un poco la clave de
lo que va a ser el después de la incorporación en el sistema.
Todo el mecanismo que usted nos ha descrito en principio tiene nuestra
voluntad política de apoyo a este proceso; cuenta usted con nuestra
favorable consideración a las reflexiones que usted ha hecho. Le
agradecemos la información que nos ha transmitido y nos emplazamos a ser
muy precisos en los elementos de ese pacto de estabilidad, que yo creo
que va a ser en el futuro la clave del desarrollo económico en España, ya
no tanto el propio sistema de incorporar la peseta a la tercera fase, que
eso ya está muy definido, y los esquemas están muy consolidados, sino
respecto a qué va a suceder luego, cómo nos vamos a mantener dentro del
sistema, que yo creo que es el tema importante y clave que ha expuesto
esta mañana y que le agradezco.
Ese pacto de estabilidad va a dar lugar a mucha discusión en esta
Comisión en el Congreso de los Diputados y creo que ahí podemos empezar
una relación de aproximar criterios y buscar unanimidades entre todas las
fuerzas políticas de España para defender lo mejor posible los intereses
españoles.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Rato, esta reunión que tuvieron ustedes en
Dublín en el mes de septiembre es sin duda la más cargada política e
ideológicamente de las que ha tenido el Ecofin o cualquier otro organismo
de la Unión Europea en el último período. Sin embargo, a través de su
exposición, relajada y sometida al dictado de lo técnico y de lo
tecnocrático, da la impresión de que no había un tuétano político e
ideológico, y lo hay de enorme importancia. Aunque usted ahora me va a
decir que quedan tres reuniones de cara a finales de diciembre y que, en
todo caso, las cosas se están analizando, permítame que utilice también
mi alerta anticipada con respecto a la estructura profunda de las cosas
que se están aprobando y al camino que se ha iniciado en este reunión del
Ecofin.
A nuestro juicio --y perdóneme que se lo diga, señor Rato, porque usted
está transmitiendo tranquilidad y buen hacer desde el punto de vista de
su proyecto político-- está empezando a aparecer el rostro de una especie
de nuevo autoritarismo europeo. No sólo lo digo yo, como usted bien sabe
--si conoce todos los medios de comunicación que se han expresado a
partir de la reunión de Dublín--, que lo hago en representación de
Izquierda Unida, en función de la resolución que incluso hemos aprobado
en el último Consejo, sino que lo dice mucha gente, incluso liberales no
intervenidos desde la posición creciente del Bundesbank y toda la
dinámica de los bancos centrales nacionales.
Por tanto, a nuestro juicio está apareciendo la cara de una nueva
situación muy preocupante con respecto a temas económicos y financieros
--y esto lo hemos oído expresar de manera recurrente en esta Comisión y
de cara al debate social que debe establecerse-- y preocupante ahora en
función de los contenidos políticos e ideológicos que se han barajado. Se
ha dicho, y yo lo comparto en cierto modo, que aparece una reducción de
las soberanías nacionales, un inicio de reducción --estoy utilizando mi
alerta anticipada, señor Rato--, que aparece sometido todo a la necesidad
de que el euro cambie bien a partir de enero
de 1999 --Maastricht aparece reducida a esa dinámica monetarista
exclusiva, total--, y que en función de eso se empieza a dibujar una
política económica que nos puede hacer converger en criterios
macroeconómicos, pero nos puede hacer diverger en criterios sociales
reales, de vida cotidiana, a niveles como nunca se ha distanciado España
de la media europea.
En todo caso, todo puede empezar a estar sometido, una vez se cree en
1998, a la autoridad financiera, por supuesto al Banco Central Europeo,
con sede en Franckfurt, todo parece estar sometido a eso, repito, a
partir de ahora o cuando llegue el momento de crearse, en un proceso de
nueva acumulación de capital y de nuevas formas de circular el capital en
Europa en el seno de una cierta involución democrática. Como usted sabe,
nosotros vamos a solicitar una revisión profunda del Tratado de la Unión
Europea aprobado en Maastricht y al hilo de esta revisión, teniendo en
cuenta lo que nos jugamos a partir de ahora, vamos a solicitar la
convocatoria de un referéndum para que el país tome posición, porque a
partir del 1 de enero de 1999 todas las resoluciones serán irreversibles,
habrá un punto de no retorno; y si las cosas siguen por el camino actual
creemos que va a ser absolutamente negativo.
Hace poco más de un año --voy a aludir a la filosofía de lo que estoy
explicando a vuela pluma-- ya lo dijo en Davos el señor Hans Tietmeyer,
Presidente del Bundesbank. Relataba de forma directa, a veces, incluso,
hasta obscena, la matriz filosófica, ideológica y política en la que
debiera asentarse la nueva situación económica y financiera. El señor
Tietmeyer dijo que había que subordinar --lo indicaba así, no voy a
utilizar palabras textuales-- la política a la lógica de la economía:
aparecía toda la razón política, razón democrática de la vieja Europa
reducida a la razón económica. Indudablemente, en sus palabras se
contenía una limitación de los parlamentos y de los gobiernos a los
intereses financieros y a los de un mercado supuestamente libre, pero que
va a estar más intervenido que nunca a partir de las medidas que se están
adoptando. En este sentido, la reunión que ustedes han tenido en Dublín
es una vuelta de tuerca en el proceso antidemocrático que se ha iniciado.
Esperemos que el debate que ha saltado en toda Europa, que tiene que
saltar en este país, intente limitar la situación a la que nos abocamos
en función de supuestos intereses generales, de supuestos intereses
nacionales.
El propio Ministro de Finanzas británico, al oír los acuerdos, tanto con
respecto a los países del núcleo duro, como con respecto a los out, llegó
a decir: ¿Y para qué sirven los parlamentos a partir de ahora, a partir
de que se acepten estas medidas? El propio Kenneth Clarke llegó a
decirlo, como muchos en su entorno, desde unos puntos de vista o desde
otros, pero alarmando anticipadamente a la población sobre algo que
tenemos que discutir entre todos, que se puede aprobar de manera
burocrática o con debates reducidos, a través de una democracia de bajo
voltaje, de baja intensidad, y que nos puede conducir a situaciones
irreversibles en lo social, en lo político, en lo económico y en lo
financiero.
Por tanto, usted ve que yo no estoy matizando, como ha hecho el señor
Homs --siento que se haya ido--, desde un cierto miedo a perder votos; la
última encuesta ha sembrado el pánico. Incluso él, al final, ha apoyado
el pacto de estabilidad y los controles presupuestarios que se pueden
derivar de él, pero también ha metido una cierta duda en las
consecuencias sociales, económicas y electorales que se pueden derivar y
que parece ser que se están derivando ya en función de los recortes y del
ajuste presupuestario, del ajuste económico que se deriva de la actual
posición del Partido Popular. Nuestra posición es frontal, nítida y
clara. Sabemos que en este sentido parlamentaria e institucionalmente
estamos solos, pero creemos que socialmente cada vez vamos a estar menos
solos. No estoy hablando ya de votos, a mí no me preocupan tanto los
votos como a otros grupos. Creo que socialmente, en función de las
medidas, de las consecuencias, incluso políticas que se van a derivar de
estos acuerdos, poco a poco estaremos menos solos.
A través del pacto de estabilidad --usted lo ha dicho--, los distintos
países, de cara al euro y su funcionamiento a partir del 1 de enero de
1999, se comprometen a políticas presupuestarias de ajuste permanente, un
ajuste permanente que por ahora, en el caso de ustedes, está referido a
la posibilidad de no pasar el 3 por ciento en cuanto al déficit, pero que
apunta a un ajuste permanente que nos puede llevar a un presupuesto cero
en cuanto al déficit, lo que supondría un ajuste permanente aún más duro
que el que actualmente se está utilizando. Incluso usted lo acaba de
decir, pero no nos ha dicho cuál sería el grado de las sanciones, el
punto de referencia para adoptar las sanciones; en todo caso, se
adoptarían sanciones superando incluso el índice de probabilidad,
bastante confuso y difuso al que alude el Tratado de la Unión Europea, si
se supera el déficit acordado. Se ha llegado a hablar incluso del 0,5 por
ciento del PIB para sanciones con respecto a los países que superaran
este límite, que en el caso de España podría llegar a suponer unos
350.000 millones de pesetas aproximadamente. Quiero preguntarle si esto
coincide con lo que se está barajando internamente en las reuniones a las
que usted asiste.
En todo caso, en este aspecto, para los países que entren en el núcleo
duro, los países in, que afecta, por tanto, al fondo de la cuestión,
habrá un control tremendo desde el Banco Central Europeo, cuya estructura
no es democrática, no tendrá ningún control democrático, y que se
instaurará como primera autoridad no sólo financiera, sino monetaria,
señor Rato, y si su posición implica presupuestos determinados o si su
posición determina fundamentalmente los presupuestos --creo recordar que
los parlamentos en Europa se constituyeron en función del debate
presupuestario, de la entrada y salida de dinero del Estado, y el debate
se hacía de manera soberana y era el primer principio de la instauración
democrática-- esto quiere decir que aquí hay una intervención muy directa
--de ahí la expresión del señor Clarke con respecto a la propia soberanía
de los parlamentos.
En todo caso, con respecto a los países out, pero que también afecta, ya
lo he dicho anteriormente, a los países que entren en el núcleo duro,
habrá potestad para devaluar moneda. Usted ha dicho: No, en los nuevos
alineamientos no tendrá potestad totalmente el Banco Central Europeo.
Es lo que ha dicho usted exactamente --luego lo veremos en el «Diario de
Sesiones»--. Pero si usted me pone una autoridad monetaria a la hora de
determinar no totalmente una decisión de este tipo, yo le digo que habrá
potestad para nuevos alineamientos monetarios desde el Banco Central
Europeo, sin duda alguna, aunque formalmente se pueda decir que no es una
potestad o una capacidad total. La capacidad de sancionar con multa y con
multa muy alta, a pesar de ese plazo de carencia de dos años; la potestad
de marcar disciplinas presupuestarias muy duras, e incluso,
consecuentemente, la posibilidad de retirar los derechos de voto con
respecto a temas clave, a temas fundamentales, que también es una
cuestión que ustedes han tocado, han rozado al menos en esta última
reunión del Ecofin en Dublín.
Por tanto, nos encontramos con una nueva autoridad, no sólo monetaria,
que no sólo marca el funcionamiento, los viajes de los capitales en el
seno de la Unión Europea, sino que es una autoridad directamente política
--claro, radicada en una matriz ideológica a la que no voy a aludir
ahora--, que es el Banco Central Europeo. Este es el problema que
nosotros vemos de manera directa, y no sólo nosotros, usted lo sabe.
Excepto España, donde el debate está gripado, el debate con respecto a
este tema que yo estoy tocando tiene una enorme potencialidad de cara al
próximo futuro, ya que todos aquellos, de una matriz ideológica o de
otra, que hayan luchado por la libertad y la pluralidad, se ven
convocados a este debate, cosa que, a nuestro juicio, habrá que relanzar
--desde nuestra humilde fuerza así lo estamos intentando-- en España en
el próximo período.
La constitucionalización, tal como se está haciendo en el Tratado de la
Unión Europea, del Banco Central Europeo nos parece un recorte muy serio
de las libertades en las convergencias no nomilanes sino sociales y
económicas en el seno de la Europa que se está diseñando a partir del 1.º
de enero de 1999.
Si todo esto se mezcla con la política económica de la tradición liberal
o con la que se está empezando a aplicar aquí, en función de los
criterios de convergencia del Tratado de la Unión, nos encontramos no con
dudas, como el señor Homs, sino con una confrontación política,
financiera y económica, muy seria, como he expresado otras veces y le
señalé al señor Rojo el otro día en su comparecencia ante la Comisión de
Economía. Es decir, para compensar la caída de los ingresos públicos todo
se va a centrar en el tema de los salarios y en el de la reducción de
inversiones, como aquí se ha dicho, con consecuencias de todo tipo con
respecto al empleo, a la protección social y al mantenimiento, aunque sea
en los niveles españoles del Estado social y democrático del Derecho, es
decir, del Estado del bienestar, con consecuencias, repito, de enorme
gravedad. Todo conduce a esto porque no hay forma de explicar lo
contrario, excepto con titulares que triunfan en los medios de
comunicación pero no triunfan en la lógica de las cosas, cuando se dice
que aquí la política va a tener un soporte y un motor fundamental que va
a ser el aumento de la demanda efectiva, el aumento de la demanda privada
(por descontado la pública no es posible con los recortes que ustedes
están haciendo). Es decir, no tiene lógica posible, es una lógica
tronchada, rota, la política que ustedes están manteniendo, que en todo
caso nos puede llevar a un principio muy serio de recesión económica en
función de esta serie de prioridades que se marcan de cara al próximo
futuro, que se pueden reducir simplemente en la idea de que el euro tiene
que empezar a cambiar bien a partir del 1.º de enero de 1999, y las
consecuencias ya se irán viendo.
Por lo tanto, señor Rato, Izquierda Unida se opone totalmente a que el
futuro Banco Central Europeo esté desprovisto de un efectivo control
democrático, atento sólo a la estabilidad de la variable monetaria y
financiera, y todo al margen de los problemas de la economía real y sus
efectos sociales, que ya se están derivando de manera muy rotunda y están
alarmando a la población, alarma aún más grande teniendo en cuenta la
política de comunicación, en la que no voy a entrar, que ustedes están
llevando a cabo en estos momentos. Por lo tanto, tenemos una posición muy
clara, no es de duda, con respecto a si el plan de estabilidad fuese
demasiado duro para nuestra inmadurez económica. No, nuestra posición es
de rechazo absoluto.
En todo caso, quería preguntarle si es cierto que se está barajando
--puesto que algunas condiciones de los criterios de convergencia es
posible que no se cumplan por algunos de los países, no sólo por España--
la posibilidad de tener en cuenta no el déficit real sino el déficit
estructural a la hora de sufrir el examen correspondiente, a mediados de
1998, con respecto a la constitución del núcleo duro de la tercera fase.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Costa.
El señor COSTA COSTA. Quisiera, en primer lugar, dar la bienvenida al
Ministro de Economía y Hacienda ante la Comisión Mixta de Relaciones con
la Unión Europea, en nombre de mi grupo, y agradecerle la exposición
eminentemente didáctica que nos ha dado y la información suministrada,
nunca mejor expresado, ya que lo que nos ha dado ha sido básicamente
información, y eso es lo que esta Comisión requiere para hacer su trabajo
correctamente.
Dicho esto, quisiera citar al señor Delors, porque, además de la
información en los términos estrictos, deberíamos ser capaces de
trascender el debate en el Parlamento, y hacer partícipes a los
ciudadanos de lo que está en juego en este proceso del que hoy estamos
hablando. Decía Delors que las personas y los ciudadanos de la Unión no
están en contra de la Unión Monetaria, pero no saben por qué están a
favor, y ésa es una cuestión que nos debería ocupar, especialmente al
Gobierno, pero también al conjunto de grupos políticos, de agentes
económicos y financieros, que están a favor de este proyecto, para dar
las razones por las cuales este proyecto es necesario.
A mí se me ocurren algunas. En primer lugar, este proyecto es necesario
para seguir construyendo la Unión Europea sin duda, pero además es
necesario para que la Unión Europea sea un espacio estable, seguro,
competitivo, que pueda mantener los sistemas de cooperación y pueda
ejercer la solidaridad en su interior y en su exterior,
muy en grandes líneas. Podíamos, sin duda, explicarlo más concretamente
ante sectores de una manera más precisa.
Dicho esto, antes de hacer un repaso a las cuestiones que nos ha
explicado el Ministro de Economía y Hacienda, quiero hacer una
declaración también. Ante su petición de acuerdo para este reto que tiene
nuestro país de participar en el área que genera mayor bienestar del
mundo, quiero expresarle nuestro compromiso firme, una vez más, de seguir
contribuyendo, como lo hemos hecho desde el Gobierno, para lograr el
objetivo de la Unión Monetaria, sin que ello signifique que no tengamos
discrepancias en el camino a seguir, porque las tenemos y las vamos a
poner en evidencia en el marco adecuado y, básicamente, en el debate
presupuestario, que es el que determinará la forma de conseguir los
objetivos a los que la Unión Económica Europea nos lleva en el año 1998.
Quisiera hacer un repaso a lo que nos ha venido a explicar. Básicamente,
me voy a referir a los mecanismos de cambio, estatuto jurídico, pacto de
estabilidad (que es lo que nos explicaba), y voy a entrar en tres
cuestiones nuevas, que le agradecería nos diera la máxima información que
disponga: la reducción en créditos de pago de mil millones de mecus en
acciones estructurales de la Unión Europea, si es cierto que España ha
apoyado esta reducción, y qué valoración y consecuencias puede tener para
nuestro país la suspensión de los fondos de cohesión durante un período
de tiempo indeterminado (aunque hemos visto en algunos sitios de un mes).
En cualquier caso, deseamos información respecto a esa suspensión más
allá de lo que hemos visto en los medios de comunicación. Finalmente,
queremos saber cómo se encuentra todo el problema de financiación al que
ha hecho referencia en su introducción, pero que después no nos ha
explicado, de las redes transeuropeas. Estos son los tres elementos
nuevos sobre los que le solicito información.
Sobre el mecanismo de cambio, nos ha explicado perfectamente cómo va a
funcionar ese mecanismo, que los tipos se definirán respecto de la moneda
única, de una banda única. Nos ha dicho que se mantendrá una banda
amplia, aunque hay países en los que parece que puede prosperar que la
banda sea más estrecha, y usted ha abogado por la banda del 15 por ciento
de fluctuación, la que está en funcionamiento actualmente. Nos ha contado
que por relaciones bilaterales los países pre-in, los que se queden fuera
de la moneda única en su primera fase, pueden adoptar bandas más
estrechas entre sí. Nos gustaría saber si esto va a responder a una
decisión común o a un pacto bilateral entre ellos, porque aparentemente
no está definido si esto sería objeto de una decisión común. Nos ha dicho
que esos acuerdos serían oficiosos y formales y que no estarían sujetos,
por tanto, a acuerdos formales del Banco Central Europeo, y nos ha
explicado el papel del Banco Central Europeo, que no podrá establecer
peticiones de realineamiento, pero ¿podrán establecerlas todos los
participantes en el sistema monetario europeo, junto con el Banco
Europeo? Eso sería la clave, el saber, no sólo para los países que se
quedan dentro sino también para los que se queden fuera, si se podrá
establecer este tipo de realineamiento.
Nos ha explicado que se ha conseguido el objetivo de que puedan estar en
la Unión Monetaria todos aquellos que lo deseen, es decir, que sea un
proceso al que se puedan incorporar, cumpliendo las condiciones, en
cualquier momento. Por tanto, ahí seguimos en la posición en que había
estado nuestro país y poco más tenemos que añadir.
Respecto del estatuto jurídico quiero hacer dos reflexiones. Es evidente
que tiene una trascendencia jurídica y económica fundamental para las
economías de la Unión Europea. Para nuestro grupo la mayor preocupación
respecto al estatuto jurídico es que los operadores financieros y
económicos lo conozcan con tiempo suficiente, es decir, que no se
instrumenten las medidas necesarias y que se esté dando participación a
esos operadores en términos que les permitan cumplir con los plazos que
este marco jurídico vaya determinando para las diferentes fases de
aplicación que va a tener la moneda única europea. Y es cierto que hay
problemas jurídicos, cuya solución es evidente que hay que buscarla en el
marco jurídico, y las soluciones que ha apuntado el señor Ministro de
Economía nos parecen correctas, en principio. Insisto en que en el
estatuto jurídico la máxima preocupación de nuestro grupo estaría en la
implicación de los actores financieros y económicos, en el conocimiento
de las medidas que se tienen que adoptar y, por tanto, en la información
en tiempo real de los procesos que se deban establecer.
En tercer lugar está el pacto de estabilidad, que fue el núcleo --diría
yo-- del Ecofin de Dublín. Nos ha dicho que el pacto de estabilidad
marca, de alguna manera, las obligaciones que van a tener los
participantes en la Unión Monetaria Europea, pero también las de los
países out, las de los que no se incorporen a la Unión Monetaria en la
primera fase. Si no es así, me gustaría una aclaración. Tengo entendido
que los países que participen, los países in en la terminología
establecida, tendrán la obligación de presentar los programas de
estabilidad que busquen una situación de equilibrio presupuestario a
medio plazo --es una cuestión sobre la que convendría reflexionar en esta
y en otras comisiones, en el momento actual, en el Parlamento en su
conjunto--, y los que no estén in se seguirán sometiendo a los programas
de convergencia. Esa es la información que me gustaría obtener, en
cualquier caso, sin otro interés que intentar aclarar si también afecta a
los que se quedan fuera.
Usted ha explicado el programa de estabilidad. El programa de
estabilidad, básicamente, lo que hace es dotar de instrumentos de
vigilancia la convergencia real de los países, una vez que se produce la
Unión Monetaria. Es decir se busca la cooperación, se busca un marco
final más estable de las economías y, por tanto, dotar a la Unión
Monetaria de estabilidad económica y hacer que haya estabilidad en las
cifras macroeconómicas de la Unión, que se tienda a converger, que se
siga convergiendo, que se sigan saneando las economías de los países que
estén en la primera fase de la Unión Monetaria. Para ello establece una
serie de procedimientos y un sistema sancionador, que creo que nos ha
explicado en gran medida y al que tengo poco que añadir, aunque lo que
podría es hacer un repaso. Básicamente, si se determina la existencia de
un déficit excesivo en alguno de los países
que están en la Unión Monetaria, se comunica a la Comisión y, a partir de
ahí, se establece todo un mecanismo que tiene --lo ha dicho usted y estoy
de acuerdo-- tres fases: un plan de medidas correctoras aprobadas por el
Consejo, un programa ratificado por el Parlamento nacional --y me
gustaría conocer si ésta es nuestra posición, porque no es lo mismo
comunicado que acordado, ratificado por el Parlamento nacional, cosa que
me parece correcta y que puede ir en el buen sentido de establecer
acuerdos sobre las direcciones en que nuestra economía debe encaminarse--
y en la tercera y última fase un sistema de sanciones y básicamente un
procedimiento establecido para evitar que se llegue al sistema de
sanciones. Es decir, todo el sistema lo que comporta, para los Estados
que incurran en déficit excesivo --que, por otro lado, no están muy
precisadas las circunstancias en que se incurre en dicho déficit
excesivo--, es un procedimiento tendente a corregirlo sin que se tengan
que imponer sanciones a los Estados miembros. Sin embargo, en última
circunstancia, es verdad que se fijan sanciones, y sanciones que pueden
llegar a ser relevantes, si el déficit excesivo en el tiempo y en su
magnitud es importante. No sé si se ha explicado bien, pero yo tengo
entendido que hay dos partes en la sanción por el déficit excesivo: la
parte fija que sería el 0,2 por ciento del PIB y una parte variable que
es un porcentaje establecido sobre la magnitud y que efectivamente podría
llegar a duplicar el déficit y llegar a cifras importantes, todo ello
basado sobre un depósito sin intereses que los Estados deben realizar
sobre un porcentaje de su producto interior bruto.
La cuestión en ese tema es que nos ha dicho que hay un techo del 0,5 por
ciento del PIB y yo pregunto ¿está establecido ya? Y hay una segunda
cuestión que es de interés para nosotros y es que se había barajado en
algún momento si se incorporaría al déficit excesivo el criterio de deuda
sobre el PIB. Quisiera saber si esta posición está avanzando. Esto es,
básicamente, lo que le podría decir sobre su intervención, y son las
preguntas que dicha intervención me suscita.
Dicho todo esto, muy brevemente señalaré que tenemos un mecanismo de
cambios que, aparentemente, es eficaz y que va a ser útil para la moneda;
estamos en la discusión de un estatuto jurídico que va a tener su primera
versión en Dublín y probablemente será aprobado en Amsterdam --y nos
gustaría que lo confirmara, porque de alguna forma he entendido que
podría ir y ser aprobado en el Consejo europeo de Dublín--, y ante un
pacto de estabilidad. Ante esta situación, sin duda estamos avanzando en
el objetivo de la Unión Monetaria pero, paralelamente a esto, no puedo
dejar de fijarme en nuestra situación interior para estar efectivamente
en la moneda única.
Si me lo permite, voy a dar mi opinión personal, que es compartida
ampliamente en mi grupo y que después podrá ser debatida en los próximos
días en los presupuestos. No me parece que nos estemos dotando de los
instrumentos capaces de cumplir y de estar en la moneda única sin
incurrir en el sistema de déficit excesivo y, por tanto, entrar en
complicaciones serias en el futuro respecto del pacto de estabilidad.
Las cifras para 1997 que presentan los Presupuestos Generales del Estado
nos parece que están cuadradas muy forzadamente --en ingresos, en la no
contemplación de algunos gastos que se van a producir-- y nos tememos que
en 1998 (que ya van a estar funcionando y analizaremos si cumplimos las
condiciones de pertenecer a la moneda única, pues, además, estarán ya
aprobados los presupuestos de 1998 y, por tanto, tendremos las políticas
tendenciales que van a ser aplicadas en ese año) tendremos serias
dificultades si los Presupuestos Generales del Estado no se cambian
profundamente en su tramitación en el Congreso de los Diputados.
En bien de nuestro país, en bien del objetivo que compartimos, sería
bueno que su Gobierno adoptara una posición inteligente y fuera permeable
a las críticas, creo que muy razonadas, que se están haciendo al
presupuesto, que es el máximo instrumento que tienen el Gobierno y el
Parlamento para cumplir los objetivos que se fija.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor vicepresidente, por la
intervención detallada sobre el contenido del Ecofin de Dublín.
Mi grupo se ve en la necesidad de consumir un primer turno para volver a
hacer una declaración política al principio de esta comparecencia. El
Grupo Popular no puede por más que volver a expresar su voluntad firme de
preservar y fortalecer todo lo relativo al proceso de la Unión Económica
y Monetaria. Puede ser que haya otros portavoces que todavía no estén en
la unidad de acción que requiere esta voluntad política, pero a mí se me
ocurre recordar que España cometió un error histórico cuando no se
incorporó al proceso del Mercado Común por razones, que no obedecían a
otras, de una política claramente aislacionista. Hoy no podemos volver a
cometer el mismo error de intentar incurrir en una posición también
aislacionista cuando se está generando todo un movimiento en torno a la
Unión Económica y Monetaria de Europa. Por tanto, volver a cometer
errores que costaron un retraso en la economía española, que costaron un
retraso en la modernización de la sociedad española y que costaron un
retraso en el bienestar español sería perjudicial; sería perjudicial
volver sobre aquellas políticas de aislacionismo e intentar hoy volver a
levantar la bandera de quedar aislados de este proceso de Unión Europea.
Mi grupo no está en esa posición y estará siempre al lado de aquellos que
quieran romper, fortalecer y preservar todos los esfuerzos que sean
necesarios para apostar por esta Unión Europea, en el bien entendido de
que esos esfuerzos tienen que estar siempre compatibilizando la política
económica necesaria para llevar a cabo esos objetivos con un crecimiento
económico creador de empleo. Se trata de seguir trabajando en la línea de
alcanzar la armonización entre lo que llamamos la convergencia nominal
con la convergencia real.
Consideramos desde mi grupo --y seguimos en esta declaración-- que ésta
es misión no sólo del Gobierno, sino también de la Cámara para poder
crear los grados de confianza
y poder impulsar la ilusión de todos los ciudadanos en torno a este
proyecto europeo. De igual manera entendemos que Europa se construye
desde los países miembros y se armoniza en las reuniones que pivotan
sobre Bruselas, pero fundamentalmente se construye desde los países
miembros.
Hecha esta declaración inicial, señor vicepresidente, nos ha sorprendido
que el Ecofin de Dublín casi haya pasado desapercibido, cuando mi grupo
entiende, y de su intervención se desprende, que probablemente estamos
ante uno de los Ecofin en donde se han formulado propuestas que tienen
mayor carácter básico para el desarrollo de la Unión Europea. Estamos
ante un Ecofin que sin ningún género de dudas ha venido a desarrollar y a
respaldar las decisiones adoptadas en otros anteriores y, sobre todo, en
los celebrados durante el mandato español de la Comisión.
En este Ecofin, como ya se ha dicho, se establecen los mecanismos
cambiarios del euro, el estatuto jurídico del euro y la disciplina
presupuestaria de la Unión. Por tanto, hemos podido deducir de su propia
intervención --y me parece que sería bueno subrayarlo ahora-- que el
Ecofin ha tomado una serie de directrices políticas que prácticamente
representan al cien por cien la posición guardada por España en los temas
de los que hemos tratado. Un Ecofin que introduce sin ningún género de
dudas garantías en el período transitorio para que dicho período
transitorio de la moneda única no suponga ningún grado de perturbación;
un Ecofin que introduce garantías para que aquellos que no se incorporen
a la tercera fase en su primer momento puedan hacerlo en un futuro, y un
Ecofin que introduce también garantías para que el calendario de la
moneda única pueda cumplirse.
En definitiva, mi grupo considera que estamos ante un Ecofin básico y en
el que se han logrado grandísimos avances. Le damos mayor relevancia al
carácter básico y a los avances logrados en este Ecofin por el alto grado
de consenso con el que se han aprobado todas las medidas en torno a las
directrices políticas que componen los tres apartados tratados en el
mismo. Sin ningún género de dudas estamos respaldando desde mi grupo la
determinación de la amplitud de la banda de fluctuación, el principio de
continuidad y de igualdad y la posibilidad de acuerdos oficiosos e
informales con el Banco Central Europeo. Sin ningún género de dudas
estamos en la confirmación de que el estatuto jurídico del euro introduce
garantías jurídicas necesarias para todo lo que se define como el
calendario de la redacción definitiva de dicho estatuto, el régimen
permanente del euro, el régimen transitorio; en definitiva, la base legal
del euro, como se ha dicho aquí, creemos que debe surgir del Tratado de
la Unión.
Probablemente donde se pueda encontrar un mayor grado de debate sea en
todo lo concerniente a la disciplina presupuestaria, y aquí también
queremos hacer una declaración desde mi grupo. La voluntad del Grupo
Popular no es sólo que el Gobierno de España y España entre en el proceso
de la primera fase de la Unión Monetaria, sino que lo haga con vocación
de mantenerse. Si para entrar hemos tenido que estar vigilantes del
cumplimiento de unos programas de convergencia y vigilantes del
cumplimiento de unos criterios de convergencia, lógicamente para tener
vocación de mantenerse en la Unión Europea habrá que estar también
vigilantes del cumplimiento de una estabilidad económica. Ese plan de
estabilidad no es otro que el marco donde se pueda crear esa estabilidad
que haga marchar las economías de los Estados miembros por la misma senda
sin que se produzcan rupturas ni relajaciones que vuelvan a provocar los
desequilibrios que se pretenden corregir con todo el proceso de la Unión
Europea.
Señor Presidente, mi grupo no puede por más que sumarse a todos aquellos
que se encuentran en la voluntad de consenso para unir esfuerzos de cara
al proceso que, como ya se ha dicho aquí, se encuentra en una fase muy
avanzada. En ese sentido, le queremos expresar nuestra voluntad política
de estar siempre atentos a redoblar esos esfuerzos para lograr que España
esté en la foto, participando de todos los beneficios y servicios que
haya que hacer en esa Unión Europea de 1999.
El señor PRESIDENTE: El señor Vicepresidente del Gobierno tiene la
palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Quiero, en primer lugar, manifestar mi gratitud por los
agradecimientos a mi presencia en esta Comisión, y, en segundo lugar, el
tono de las intervenciones. Desde luego, deseo reiterar la voluntad del
Gobierno, que ha sido compartida por los grupos parlamentarios que
respaldan al Gobierno, aunque no se trata de que haya una política de
consenso en estos temas, y en el caso del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que ha manifestado su posición contraria,
yo también valoro muy positivamente la profundidad del debate. La
alternativa al consenso es que tengamos debates sobre las diferentes
posiciones, de manera que, aunque no contribuyamos a un consenso
efectivo, contribuyamos al menos a la creación de una opinión pública
nacional, cada uno con nuestras ideas. Aunque entiendo que no se nos está
aceptando una política de consenso porque sería contradictoria con la
posición del grupo, sí valoro mucho el hecho de que debatamos en
profundidad.
Quisiera también aprovechar este turno para responder a las cuestiones
que han suscitado los señores portavoces. Al señor Homs, que ya nos
anunció que no iba a poder participar en esta segunda parte de la
Comisión, le agradezco --quiero que conste en acta-- su oferta de
consenso. Comparto con él el que ése no es simplemente un consenso para
unos determinados grupos sino un ideal para todos. Habida cuenta de la
amplitud y complejidad de temas que se están tratando --y esto no es un
consejo para quien no me lo ha pedido, tampoco me siento con la autoridad
para darlo--, creo que se pueden establecer acuerdos sobre cuestiones
concretas incluso para aquellos grupos que no compartan todo el proceso.
Podemos estar de acuerdo en el estatuto jurídico del euro, podemos estar
de acuerdo en el sistema monetario-2, e incluso podemos estar de acuerdo
en que existan unos planes de estabilidad, pero podemos no estar de
acuerdo en otras cuestiones. En esta Comisión, de la
que yo he sido miembro cuando estaba en la oposición, podemos avanzar en
un proceso en el que podemos establecer acuerdos y también claras
divergencias. Por tanto, es posible que se establezcan acuerdos con todos
los grupos, aunque no en todos los temas. En ese sentido, la posición del
Gobierno es completamente abierta.
Planteaba el señor Homs algunas cuestiones que él calificaba de previas y
que después han sido suscitadas por el señor Alcaraz. Señorías, no hay
ningún debate en este momento sobre la modificación de las condiciones.
Ese es un debate absolutamente superado, si es que en algún momento se
quiso plantear, un debate absolutamente desterrado desde el punto de
vista oficioso, formal u oficial de los gobiernos en las reuniones, en
pasillos y en conversaciones bilaterales. La voluntad de los Gobiernos en
este momento, hasta donde yo la conozco --desde luego, la del Gobierno
español, pero también la de los demás gobiernos--, es cumplir los
criterios de convergencia tal y como están expresados en los plazos
establecidos en el Tratado y no hay ningún planteamiento alternativo a
esa cuestión. La propia estabilidad cambiaria que estamos viviendo en los
últimos meses y la convergencia en tipos de interés a largo plazo que se
está produciendo --por lo menos en algunos países y, desde luego, con
respecto a España-- indican claramente que los mercados han apreciado la
voluntad política de los gobiernos. No voy a establecer un debate sobre
la voluntad política de mi Gobierno, que está claramente expresada, pero
tenemos que reconocer que en otros países, como por ejemplo Alemania,
Francia, Italia o Austria, se han tomado decisiones presupuestarias que
indican claramente una voluntad política --he puesto algunos ejemplos,
pero podría añadir otros muchos-- de que se cumplan los criterios en el
momento que está establecido en el Tratado. Ese es un debate que no
existe --no es que yo esté cerrado, es que no existe-- y que en nada
enriquece las posibilidades de análisis de la Comisión y del Parlamento
de cara a lo que España tenga que decidir o no en el futuro.
Decía el señor Homs que el proceso se ha acelerado. Yo creo que no. El
proceso está siguiendo sus plazos. Recordemos los acuerdos de la Cumbre
de Madrid, que establecían unos plazos para este mismo año. Por lo tanto,
lo que está cumpliendo a un ritmo razonable son sus plazos.
Se ha hablado de la fijación de los tipos de interés. Los tipos de
interés de los países in los fijará el Banco Central Europeo, en el cual
van a estar los bancos centrales representados por los gobernadores y los
países partícipes. La política monetaria será fijada por el Banco Central
Europeo en cuanto al euro y, por tanto, la política monetaria tiene que
tener instrumentos de fijación de tipos de interés de intervención, como
los que tiene en este momento el banco central español o el banco central
francés. En ese sentido, el Banco Central Europeo fijará unos tipos de
intervención como los que acaban de ser modificados por el Banco de
España, tipos de intervención sobre los que, como es natural, los
mercados tendrán mucho que decir desde el punto de vista de su traslado a
la propia efectividad del mercado y, sobre todo, desde el punto de vista
de los tipos de interés a largo plazo, que se conforman claramente ya
como uno de los puntos de referencia más importantes de la credibilidad
de los países.
El pacto de estabilidad es un reto para la economía española, pero si
ustedes me permiten les diré que lo que es un reto para la economía
española es la estabilidad, no el pacto de estabilidad. No nos planteamos
la estabilidad como consecuencia de que haya un pacto de estabilidad,
sino que nos planteamos la estabilidad como requisito para el
crecimiento. Ahí hay una divergencia política con el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, al que respeto sus opiniones pero no
comparto en absoluto. La estabilidad en este momento es una necesidad
imperiosa para que un país pueda alcanzar tasas de crecimiento sostenido
en una economía abierta y globalizada. Sin pretender abrumar a SS. SS.
con los viajes que realiza un Ministro de Economía, quiero decirles que
por el cargo que ostento he tenido la oportunidad de participar en el
Fondo Monetario Internacional y en este momento no hay voces que aboguen
en ningún continente, salvo los países que están aislados económicamente,
por fórmulas de crecimiento económico basadas en la inestabilidad
macroeconómica. No existen. Da igual que estemos hablando de los países
del cono sur, que estemos hablando de las democracias del este de Europa,
que estemos hablando de los países europeos o que estemos hablando de los
países de Asia. Nadie está planteando en este momento algo que, con todos
mis respetos, está superado desde el punto de vista del debate económico
en el mundo y es que la estabilidad macroeconómica es imprescindible para
el crecimiento, imprescindible para la atracción de capitales,
imprescindible para el ahorro e imprescindible para la competitividad.
Vivimos, gracias a Dios, en un mundo globalizado, porque la globalización
está suponiendo que los países del Tercer Mundo tengan cada vez mayores
oportunidades de comercio. Hemos de ser consecuentes con nuestras
decisiones políticas de país solidario con nuestros vecinos más próximos
y más lejanos. Es decir, la ayuda al Tercer Mundo es, sobre todo, una
ayuda para que abramos nuestras fronteras al comercio; ése es el efecto
beneficioso que se produce en este momento en el mundo y lo que ha
llevado a una definición prácticamente unánime de la estabilidad
macroeconómica como un instrumento básico del crecimiento. No estamos
hablando de un reto para la economía española como consecuencia del pacto
de estabilidad, estamos hablando de un reto para la economía española
como consecuencia de la globalización; un reto para el que la economía
española está perfectamente preparada para responder, y la prueba es que
está entrando en fases crecientes de estabilidad en precios y en déficit
público, sin que ello haya supuesto cambio alguno, desde el punto de
vista de los consensos básicos, en la sociedad española y sin que, en mi
opinión, deba producirse, lo cual quiere decir que hay márgenes
indudables para la aplicación de políticas distintas desde el punto de
vista político, dentro de unas definiciones económicas de estabilidad hoy
compartidas por la mayor cantidad no sólo de países sino de tendencias
ideológicas en la mayor parte de los países.
Es cierto que no partimos del mismo punto de salida que otros países.
Esto ha sido planteado también por el señor
Costa en su intervención sobre el efecto de la deuda, intervención que
considero muy interesante, pero que, en este momento, no está compartida
prácticamente más que por España. Nosotros creemos que el nivel de deuda
de los países juega un papel desde el punto de vista del déficit público
y de la situación de estabilidad de los países. Vamos a defender esa
posición, en mi opinión inexplicablemente defendida por otros países, que
será mantenida, desde luego, por nosotros.
Sin embargo hemos sido conscientes de que, junto con estas cuestiones,
también se está planteando --ha sido defendido por España
tradicionalmente y en este momento es aceptado-- que la ampliación de la
Unión no va a suponer recorte alguno de los fondos de cohesión y de los
fondos estructurales, de los cuales nosotros somos beneficiarios y que
indudablemente juegan un papel de redistribución de las opciones de
infraestructuras por parte del conjunto de los países de la Unión, de lo
cual nosotros no podemos negar su existencia, entre otras cosas, porque
somos claros beneficiarios. Con ello no quiero decir que no debamos
defender cuestiones concretas que a nosotros nos beneficien, sino que
tenemos que valorarlas en conjunto.
El señor Alcaraz, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, ha dicho que la reunión de Dublín es una reunión cargada
políticamente. No comparto esa apreciación. Puede entenderse que lo que
se ha decidido en Dublín tiene, como todo lo que se decide en una reunión
política, antecedentes políticos, pero no creo que en Dublín se haya
incorporado ningún antecedente político a lo que ya estaba decidido por
la Cumbre de Madrid, por las cumbres anteriores, por la Cumbre de
Florencia y por el propio Tratado. La Unión Europea, incluso antes del
Tratado de Maastricht, en el Mercado Unico, en el año 1988, apunta
claramente por un sistema económico basado en la estabilidad, en la libre
competencia y en la apertura de mercados. Eso puede definirse como una
posición ideológica, pero, desde luego, de lo que no cabe duda es de que
viene desde hace mucho tiempo. No es ninguna sorpresa que la
independencia de los bancos centrales, la libertad de movimientos de
capitales, la necesidad de reducir el déficit público, la necesidad de
homogeneizar las políticas macroeconómicas de los países, es una realidad
que no viene de la Cumbre de Dublín, ni muchísimo menos. La Cumbre de
Dublín ha podido avanzar en algunas cuestiones que he explicado, pero no
comparto la apreciación de que en Dublín, de repente, han aparecido una
serie de cuestiones que antes no figuraban; no, estaban todas ahí,
incluso muchas de ellas definidas con fechas. Vuelvo a reiterar que hay
algunas fechas aprobadas por cumbres anteriores que obligan a aprobar los
temas antes de finales del año 1996.
Yo no creo que estemos hablando del autoritarismo europeo en la reducción
de las soberanías nacionales. No creo sinceramente que estemos entrando
en una dinámica monetarista exclusiva. Hay una Conferencia
Intergubernamental, de la cual yo no he informado aunque esta Comisión
está siendo informada, que está abordando temas muy importantes, pero no
creo que la estabilidad monetaria, cambiaria, se pueda definir como
autoritarismo monetario. Nosotros, que hemos sido un país que ha
incorporado la independencia del Banco de España a su sistema
institucional en fechas muy recientes --si la memoria no me falla, la ley
entra en vigor en el año 1994 y, por tanto, somos neófitos en esa
cuestión--, no podemos ignorar los efectos beneficiosos, desde el punto
de vista de la estabilidad de precios y de la credibilidad de la
economía, que ha tenido la autonomía del Banco de España. Tampoco es
justo afirmar que el Banco de España se ha convertido en un instrumento
que no tiene control desde el punto de vista parlamentario. No tiene el
control que tiene el Gobierno ni debe tenerlo, pero la política monetaria
se debate políticamente y el Banco de España comparece en esta Cámara. No
creo que se pueda ligar autonomía de los bancos centrales con
autoritarismo monetario. Voy a poner dos ejemplos de dos países que
tienen sistemas federales y bancos con política monetaria autónoma:
Estados Unidos y Alemania. Podrá gustarnos la política interna de esos
países en mayor o menor grado o en ningún grado, pero no podemos negar
que son dos países con una evolución democrática superior a la media o,
por lo menos, muy presentable. No podemos equiparar que la existencia de
autoridades monetarias independientes del ejecutivo suponga una pérdida
ni de eficacia ni de soberanía por parte de los representantes del
pueblo. No puedo aceptar que haya una involución democrática; lo lamento.
La propuesta de un referéndum me parece legítima. España ya ha tenido
referendos sobre cuestiones básicas y en este sentido a cada ciudadano le
va a marcar la experiencia. Me parece bien. Si hay una fuerza política
que quiera un referéndum sobre una cuestión como ésta o sobre cualquier
otra, es muy dueña de hacerlo, pero también los demás, que podemos no
compartir ese instrumento, podemos apelar no ya a los argumentos actuales
sino incluso a la propia experiencia de los referendos que antes hemos
tenido. En cualquier caso, como es natural, no soy quién para juzgar, en
este acto en el que vengo a informar a la Comisión Mixta, de una decisión
política de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que me parece
absolutamente legítima, aunque no la comparta.
Respecto al ajuste permanente, es una idea que me gustaría discutir. No
se trata del ajuste permanente, se trata de la estabilidad permanente. Es
precisamente lo contrario. No se trata del ajuste permanente, se trata
del no desajuste permanente. Las políticas de ajuste, que tan conocidas
han sido como consecuencia de las intervenciones de instituciones
internacionales en países con grandes desequilibrios macroeconómicos, se
producen por los desajustes permanentes, y ahora no quiero entrar en un
debate extenso sobre cuál ha sido la política económica de los países del
Tercer Mundo y sus razones. De lo que no cabe duda es de que en una
democracia y en una sociedad industrial avanzada como la española, el
peor mensaje que podemos lanzar a los ciudadanos es el de que sus ahorros
se van a depreciar como consecuencia de la inflación, el de que sus
posibilidades de salario se van a depreciar como consecuencia de la
inflación, el de que sus posibilidades de empleo se van a ver afectadas
porque el sector público va a tener grandes desequilibrios que serán
sufragados con crecientes impuestos o deudas que tendrán que ser
financiadas
en el mercado de capitales, eso es exactamente lo que a los ciudadanos no
les conviene. Lo que conviene a los ciudadanos es la estabilidad
macroeconómica, dentro de la cual, vuelvo a repetir, hay posibilidades
políticas claras de opciones políticas que pueden ser distintas, y que lo
son de hecho; pero, para nada, estamos hablando del ajuste permanente. No
hay un concepto de ajuste permanente por el que España mantenga un
déficit público inferior al 3 por ciento en el período normal de
evolución del ciclo económico, porque ello nos va a permitir mantener
unos tipos de interés reales extraordinariamente bajos, que van a tener
unos beneficios extraordinariamente positivos sobre el empleo; y la otra
alternativa, que es tener tipos de interés reales extraordinariamente
altos, es mortal para el empleo y, por tanto, la estabilidad es nuestro
mejor mensaje desde el punto de vista del crecimiento del empelo.
Por lo que se refiere a que el Banco Central Europeo no tendrá controles
democráticos, no estoy de acuerdo, señoría: ¡Claro que los tendrá! Los
deberá de tener. Esa es una cuestión esencial, no sólo porque los
gobernadores de los bancos centrales van a formar parte del Banco Central
Europeo, sino porque el Banco Central Europeo, al tener una autoridad
monetaria que va a ser la que afecte a las políticas monetarias de los
países miembros, tendrá que tener un control democrático, a través de un
Parlamento Europeo y a través de los Parlamentos nacionales.
Cuando uno se va familiarizando --en mi caso, es muy temprano-- con la
existencia de todo el engranaje europeo observa que existen mecanismos
más que suficientes --y los tendrá que haber-- para que el Banco Central
Europeo, igual que los bancos nacionales en este momento esté sometido a
un control democrático de los Parlamentos nacionales y del Parlamento
Europeo. Ese proceso, que algunos pueden considerar de complejidad
institucional europeo, es muy consecuente con la manera en que se está
construyendo Europa en términos políticos, geopolíticos, defensivos y
económicos. Los europeos hemos construido un engranaje de instituciones
supranacionales y multilaterales que han dotado al continente europeo de
una creciente estabilidad, envidiada por otras zonas del mundo, que
permite que posiciones históricamente tan divergentes, posiciones
nacionales tan tradicionalmente poco coordinadas, como las que ha habido
en Europa, se estén coordinando a través de múltiples instituciones
supranacionales que nos afectan y que nos están comprometiendo. Qué duda
cabe que la existencia de alianzas, como la Alianza Atlántica, o el
Mercado Común y después la Unión Europea, han supuesto límites a las
decisiones individuales de cada uno de los países. No cabe ninguna duda.
¿Eso ha sido malo para la estabilidad europea? ¿Eso ha sido contrario a
los intereses de los ciudadanos? ¿Eso ha sido contrario al control
democrático? Yo no lo comparto. La experiencia no es así ni en el campo
económico, ni en el campo político, ni en el campo defensivo. Este es un
debate básico que no debemos hurtar y que debemos plantear cuantas veces
sea necesario.
Las sanciones --lo han preguntado antes otros portavoces-- no están
fijadas. Es verdad que hay, en principio, una posición de que haya una
parte fija y una parte variable. Eso respondería al criterio de que no es
la misma la situación de un país que tiene un déficit muy pequeño, por
encima del 3 por ciento, del que lo tiene muy grande, pero los
porcentajes están por fijar. Yo he mencionado unos a título --no diré de
ejemplo, porque no lo es-- de los porcentajes que en este momento la
Comisión ha hecho circular, pero que no están ni aprobados, y están
siendo debatidos precisamente hoy por el Comité Monetario porque es un
tema esencial.
No hay ninguna propuesta de retirada de derechos de voto a ningún país
por déficit excesivo. Las sanciones son puramente económicas. No es
posible que un país pierda sus derechos de voto, como consecuencia de
decisiones que tienen que tener un trasfondo económico, pero no pueden
tener un trasfondo de pérdida de derechos. Eso sería políticamente
inaceptable. Yo no comparto que el sistema de estabilidad cree recesión
económica, sino todo lo contrario.
Ya he hablado del déficit estructural como uno de los criterios de
Maastricht cuando he contestado a la pregunta del señor Homs sobre la
estabilidad de los criterios. No será el déficit estructural, será el
déficit en términos de contabilidad nacional, que recojan las cuentas
SEC. Ese criterio que está rigiendo en este momento será el utilizado.
El señor Costa dice que la información es imprescindible en esta
Comisión. Efectivamente, ésta es una Comisión no diré informativa, porque
no lo es, pero sí una Comisión en la que el Gobierno aporta una serie de
datos que, al no formar parte exclusivamente de la información nacional,
es imprescindible que el Gobierno los aporte aquí, porque si no los
grupos no los podrían tener de la misma manera. Me ha parecido que mi
intervención tenía que ser eminentemente informativa, más que de defensa
de posiciones del Gobierno, aunque, quizás, en la segunda intervención
las defiendo más que en la primera como consecuencia de las preguntas de
sus señorías.
Estoy de acuerdo con el señor Costa. El debate debe trascender al
Parlamento. Una campaña del euro, que está siendo ya instrumentada por
agentes privados, debe ser realizada por el Gobierno y en la que deben
formar parte los grupos parlamentarios. Esta es una cuestión sobre la que
el Gobierno informará a la Comisión Mixta. A través de fundaciones,
universidades, debates públicos, va a ser no sólo importante y
enriquecedor, sino imprescindible la contribución del debate político o
de las posiciones de los grupos parlamentarios, no sólo dentro de la
Cámara, sino fuera de ella. El Gobierno coadyuvará y hará todos los
esfuerzos que estén en su mano para poderlo trasladar, aunque yo estoy
convencido de que, a través de instituciones como las universidades
españolas, las cámaras de comercio, etcétera, ese debate se va a abrir a
la sociedad española por razones obvias y de interés de los ciudadanos.
El proyecto es necesario. Comparto lo que ha dicho el señor Costa.
Conozco la posición firme de su grupo de contribuir a la Unión Europea.
Me formulaba S. S. tres preguntas sobre mi intervención. Respecto a la
reducción de los fondos de cohesión, interpreto que se refiere S. S. a
qué ha sucedido una vez conocida por la Comisión la existencia
de un déficit superior en España en 1995. Ha sucedido que la Comisión ha
conocido ese déficit y lo ha aceptado en 1995.
En este momento yo no creo que vaya a haber perjuicios para los intereses
españoles, y aunque no puedo hablar rotundamente porque sería contrario a
nuestros propios intereses, la posición del Gobierno es que la evolución
del presupuesto en el año 1996 está garantizando perfectamente el
cumplimiento de nuestros compromisos de convergencia. Aquí quiero decir
que hay una posición tradicional española y es que los compromisos que
ligan los fondos de cohesión a los programas de convergencia son al
conjunto del programa de convergencia, no a un año determinado. Es la
consecución del programa de convergencia, es decir, del 3 por ciento a
finales de 1997, lo que está en juego en relación a los fondos de
cohesión.
También es cierto que esa posición que ha sido mantenida tradicionalmente
por los países que recibimos fondos de cohesión, no ha sido mantenida por
la Comisión. Pero ésa es la posición española que tiene fundamentos
jurídicos importantes, que la Comisión conoce, que claramente es
defendible desde el punto de vista no sólo jurídico, sino político, y que
sigue siendo nuestra posición en este momento.
Sobre las redes transeuropeas, según la información que la Presidencia de
la Comisión nos ha dado, de los 14 proyectos iniciales siete se van a
mantener.
En cuanto a la reducción, señor Presidente, ¿me lo podría aclarar el
señor Diputado porque no he entendido la segunda pregunta?
El señor COSTA COSTA: La segunda pregunta era una reducción de mil ecus
respecto de los pagos previstos en fondos estructurales.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): No hay ninguna propuesta formal sobre ese tema, que no
sería aceptada por nosotros en ningún caso. Lo que en este momento se
está planteando es que si hay ahorros en algunos capítulos, esos ahorros
reviertan a los Estados nacionales, pero no en reducción de fondos
estructurales.
Entro ya en las cuestiones concretas que se me han planteado. Respecto a
la banda ancha (quiero aclararlo por si no ha quedado suficientemente
claro en mi primera intervención), en este momento no está fijado si el
porcentaje será el 15 por ciento. Lo que he dicho es que el 15 por ciento
es un punto de referencia que el Gobierno español considera válido, a
expensas de que pueda plantearse otro, pero éste tiene una gran ventaja,
y es que es conocido, ha sido testado y ha producido efectos positivos.
Una banda de 20 o de 10 por ciento, seguramente sería posible, pero, en
principio, cuando hablamos de banda ancha hay una tendencia a repetir la
ya existente en el sistema monetario.
Esa sería en principio nuestra posición. Subrayo en principio, porque es
indudable que pueden producirse propuestas que quieran matizar esa banda.
En ese sentido, no puedo anticiparlas. Hasta ahora no se han hecho. Por
tanto, estaríamos bajo la presunción de que banda ancha equivale a 15 por
ciento, pero es una presunción que todavía no ha sido establecida y
tendrá que serlo en fechas próximas.
Además de la banda ancha se pueden producir dos tipos de relaciones
distintas. La diferencia --como me parece que he tratado de explicar--
entre el sistema monetario-1 y el sistema monetario-2, es que el sistema
monetario-2 es la relación entre las monedas pre-in y el euro, no hay
relaciones de parrilla. Si embargo, existe la posibilidad, indudable
además, de que un país pre-in quiera establecer relaciones cambiarias
dentro del sistema monetario con otro país pre-in, y las establezca. Esas
serán bilaterales e informales. Estarán informados los demás Gobiernos,
sin duda, pero no serán relaciones formales para evitar que fuéramos a un
sistema de multibandas, mucho más en el caso de las relaciones más
estrechas que un país pre-in quisiera establecer con el Banco Central
Europeo. En ese caso, también serán relaciones informales y no estarán
sometidas a un procedimiento común como el actual, aunque serán conocidas
por el conjunto de los países. Hay ahí un matiz muy importante que es el
que España ha defendido tradicionalmente y el que seguimos defendiendo.
No es posible decir que el sistema será de bandas anchas y después
aceptar que formalmente vayamos colocando bandas cada vez más estrechas,
que podrían obligar a los países a pasar sucesivos exámenes antes de
llegar a la situación de entrada en el euro, exámenes que no se han
producido en los países que entran en la primera fase. Esa es la
situación y creo que está básicamente cerrada.
Al realineamiento se le aplica el procedimiento actual. Con esto contesto
al señor Alcaraz. ¿Qué sucede en un realineamiento? Que un país que
voluntariamente forma parte de un sistema monetario, por razones ajenas o
relacionadas con sus fundamentos, plantea a los miembros del sistema la
necesidad de devaluar su moneda, como ya ha sucedido. Cuando España tuvo
que plantear sus devaluaciones de moneda tuvo que negociarlas en el
sistema monetario europeo con los bancos centrales y los gobiernos de los
demás países. Eso va a seguir sucediendo de la misma manera, pero en vez
de haber quince bancos centrales, va a haber un banco central que
representará a un número equis de países que serán los países in. No hay
un sistema distinto. Es indudable que será iniciativa del país que se ve
afectado o que puede ser requerido por los demás países si la situación
interna del país o sus fundamentos son extraordinariamente negativos para
el conjunto del sistema, pero tendrá que ser aceptado por el país en
cuestión. Es exactamente el mismo sistema en el que nos estamos moviendo
en este momento.
En cuanto al instituto jurídico del euro, coincido absolutamente con su
señoría. De ahí que la posición española fuera más favorable al artículo
235 porque producía efectos inmediatos, aunque entendemos que el artículo
109 es el artículo natural del proceso. En ese sentido, la decisión es
relativamente sabia por parte del Ecofin, si ustedes me permiten decirlo.
Pacto de estabilidad. No marca obligaciones para los out. Eso iría en
contra del principio de igualdad. El pacto de estabilidad sólo se aplica
a los países in. Otra cosa es que, además de los planes de estabilidad,
haya planes de
convergencia. Pero no confundamos la existencia de planes de convergencia
con que el país que presente un plan de convergencia, que por definición
será un país out, va a estar obligado por sanciones o por sistemas de
seguimiento multilateral similares a los que van a estar aplicados a los
países in y, por tanto, los que sí estarán obligados a presentar pactos
de estabilidad.
Quisiera insistir en una idea que ha sido apuntada por alguna de sus
señorías. Estamos ante un sistema en el que, primero, hay un compromiso
voluntario de los gobiernos y de los países de formar parte de los
sistemas monetarios o de la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria y, después, una serie de avisos que van anticipando los
problemas que un gobierno pueda tener. Hemos visto cómo en el caso
español, sobre el que ha preguntado el Grupo Socialista, la existencia de
problemas que no se adaptan a nuestro proyecto de programa de
convergencia ya nos anticipan unos problemas sobre los que el gobierno
tiene que tomar decisiones para modificarlos. Esa decisión tiene que ser
mucho más importante cuando se comparte la política monetaria. No cabe
duda que España, formando parte de la Unión Monetaria en la tercera fase
con una moneda única, no podría contemplar plácidamente que un país, que
también formara parte de la moneda única y que afectase a nuestra
política monetaria, realizara unas políticas expansivas del gasto público
y del déficit público que fueran contrarias a la estabilidad de precios,
que afectaran a nuestros precios y a nuestros tipos de interés, cuando
nosotros estamos realizando una política de estabilidad. Eso sería
imposible de aceptar por España. Y cuando digo por España digo por
cualquiera de los países que formarán parte del euro.
Tiene sentido pensar que los países que vamos a compartir una política
monetaria tengamos unos compromisos de estabilidad que cada país definirá
en sus programas de estabilidad. Hay un margen importante de
discrecionalidad política y de políticas internas, desde el punto de
vista de los márgenes de estabilidad que se va a producir entre los
países que opten por una reducción a cero del déficit público y aquellos
que puedan optar por fórmulas distintas dentro del margen del 3 por
ciento de punto de referencia fijado por el Tratado de Maastricht. En
este sentido, los sistemas de vigilancia multilateral son
extraordinariamente útiles para evitar las posibilidades finales de
sanción que prevé ya el Tratado y que el pacto de estabilidad desarrolla.
El señor Costa pregunta qué es acción efectiva: la que realiza el
Gobierno o la que realiza el Parlamento. Dado el avance del debate en el
Ecofin, es claramente la que realiza el Parlamento. El Ecofin entiende
--cosa que, además, me parece absolutamente lógica, dada la experiencia
parlamentaria de la mayoría, por no decir del cien por cien de los países
que formamos parte-- que, por mucho que un Gobierno quiera plantear
acciones efectivas, si no tiene el respaldo del Parlamento,
indudablemente su capacidad para hacerlo es cero. Es cierto que se
presupone que un Gobierno tiene el respaldo del Parlamento porque por eso
es Gobierno, pero es lógico también, si no queremos encontrarnos con
problemas institucionales, que las acciones efectivas queden respaldadas
por el Parlamento. Esa sería nuestra posición. En ese sentido, el plazo
de nueve o doce meses respeta a ambos, puesto que casi todos los
presupuestos son aprobados en los países en los años naturales, lo cual
quiere decir que, a 31 de diciembre, sabremos si un país que tiene
déficit excesivo ha tomado las decisiones aprobadas por su Parlamento
antes del 31 de diciembre o no. Me parece que ésta ya es una discusión
muy matizada.
He contestado ya a la parte de sanciones fijas o variables.
Efectivamente, el depósito es sin interés, lo ha dicho el señor Diputado.
Respecto al techo, está aceptado el principio de que haya un techo aunque
no está establecido cuál, entre otras cosas, porque tampoco está
establecido cuál será el montante de las sanciones. Pero sí debe haber un
techo, lo cual me parece absolutamente razonable. Vuelvo a reiterar
--comparto la posición del señor Costa-- que la deuda, que es un criterio
de Maastricht, debe jugar un papel en estas cuestiones.
El señor Costa --creo que he contestado a todas sus preguntas-- ha hecho
una intervención absolutamente legítima sobre cuestiones de política
interna y sobre sus dudas en cuanto al presupuesto. Ha dicho que el
Gobierno debe tener posiciones inteligentes ante las críticas razonables.
Creo que esos son dos conceptos políticos indeterminados. Yo matizaría lo
que el señor Costa considera en este momento un Gobierno inteligente y lo
que él considera posiciones críticas razonables, también lo matizaría.
Pero quizás a lo largo del debate --no me refiero al debate de hoy, sino
al presupuestario-- seamos capaces de acercar lo inteligente a lo
razonable, en un proceso que a mí me parecería muy positivo.
Sin querer abrir el debate, quisiera decir que el señor Costa ha
introducido la idea --como comprenderán, tengo que hacerme eco de lo que
dice y contestarlo-- de que estamos labrando un presupuesto que ya
incluye déficit excesivos. Sin querer dar argumentos hacia atrás, que
seguramente serán muy enriquecedores del debate presupuestario, sí quiero
decir que en estos presupuestos se incluye un elemento de control interno
que quiero poner de relieve precisamente para atajar el problema que el
señor Costa plantea. Ya no hay un artículo 10 como el que hasta ahora
conocíamos y que no ha dado los resultados que sus autores preveían, sino
que en este momento el presupuesto liquidado debe responder al
presupuestos aprobado. Este Gobierno en este momento lo va a hacer así, y
si los gobiernos que nos sucedan mantienen esta posición, el gobierno que
se encuentre con que por razones coyunturales o no previstas su
presupuesto no va a responder al presupuesto aprobado, tendrá que tomar
durante el ejercicio medidas de recorte de gastos. Si a eso se suman los
límites impuestos recientemente por el Gobierno a las posibilidades de
ampliación e incorporación de créditos, esos riesgos de ir incubando
déficit en ejercicios posteriores --que, como digo, es un debate que
seguramente nos dará su entretenimiento en su momento-- tienen que tener
corrección y creo que en este presupuesto la tiene. Todavía no hemos
hecho siquiera el debate de totalidad. Espero que en el debate de las
enmiendas esas posiciones inteligentes del Gobierno sean enriquecidas por
las críticas razonables que
vamos a obtener y por las enmiendas al presupuesto, que es un presupuesto
esencial para el conjunto de la sociedad española.
Señor Presidente, quiero ahora pasar a contestar al señor Aguirre.
Comparto con el señor Aguirre no sólo el respaldo a la Unión Económica y
Monetaria sino el recuerdo a lo que debe ser un rechazo a posiciones que
pretendan que la economía española pueda tener evoluciones aisladas, no
sólo por la experiencia histórica española --quizás en el año 1998 sea
relevante ponerla de relieve desde el punto histórico--, sino incluso
desde el punto de vista de la experiencia de otros y de la propia. Las
reactivaciones económicas aisladas ya eran muy difíciles de hacer a
principios de los años 80, como puso de relieve el primer Gobierno
francés del señor Mitterrand. Las políticas presupuestarias expansivas
han sido extraordinariamente costosas, como puso de relieve la
experiencia española del año 1993, de los años anteriores.
Las posibilidades que tiene un país con una economía abierta de realizar
políticas presupuestarias aisladas era ya en esos momentos
extraordinariamente pequeña y va a ser prácticamente ninguna --lo es en
este momento-- con los nuevos acuerdos del GATT y con lo que va a suponer
la existencia de una moneda única en Europa.
Estoy absolutamente de acuerdo --lo he dicho y lo reitero-- en que la
estabilidad es la base del crecimiento económico y de la creación de
empleo. Europa se va a construir, efectivamente, sobre los países
miembros que contribuyan a ello. España ha sido un actor importante en la
construcción europea desde que entramos en ella en el año 1986. Es un
papel que estamos continuando.
¿El Ecofin de Dublín ha sido importante? Ha sido importante. Tenía que
serlo porque los mandatos que había recibido de los consejos anteriores
exigían que durante este trimestre se avanzara positivamente.
Es en el tema de la disciplina presupuestaria donde se plantean las
cuestiones más relevantes. Ahí me gustaría, para finalizar, señor
Presidente, centrar mis últimos comentarios. El pacto de estabilidad
contiene varias cuestiones, en algunas de las cuales podemos incluso
encontrarnos todos en posiciones muy próximas. Por un lado, que los
países que formemos parte de la Unión del euro tengamos programas de
estabilidad que propongamos y que nos permitan un sistema de vigilancia
múltiple. Ese es un elemento positivo que garantiza que un país tiene un
proyecto presupuestario a medio plazo y que puede ser y es compartido
dentro de las obligaciones europeas por más que una mayoría
parlamentaria.
Segunda cuestión, que exista un sistema por el cual no se admita la
existencia de déficit excesivos, si no son excepcionales sino temporales,
por encima del 3 por ciento. Hay un debate importante en el término
excepcional. Posiciones exclusivamente cuantitativas van a ser muy
difíciles de encontrar. No puedo avanzar que no sea así, pero estimo que
van a ser muy difíciles de encontrar. Esto quiere decir que se pueden dar
circunstancias aceptadas por el Consejo --vuelvo a repetir que las
sanciones no serán nunca automáticas sino que tendrán un alto grado de
presunción--, se puede dar el caso de que un país tenga razones claras
para tener déficit excesivos por situaciones excepcionales, desde
términos naturales a económicos, que puedan producir una mutación --si
ustedes permiten la expresión-- en la situación económica de un
determinado país que sufre las consecuencias de una industria básica por
razones absolutamente fuera de su control.
Por último, entramos en la parte más novedosa, que es la aplicación del
artículo 104, con unas modificaciones relativas al sistema de sanciones,
al menos en su interpretación, para hacerlo más efectivo. Podemos estar
de acuerdo o no con que exista el sistema de sanciones, pero, una vez de
acuerdo en que exista, creo que los plazos que se están estableciendo,
respetando lo que debe ser el debate político en un país y lo que debe
ser el debate parlamentario, son razonables. Si estamos de acuerdo en que
existan sanciones, tenemos que aceptar que existan sanciones que tengan
un componente fijo y un componente variable, que tengan claramente un
límite y que, además, no tengan efectos permanentes --por tanto, sólo
serán depósitos no remunerados-- sino al cabo de dos años desde la
imposición de la sanción, lo cual supone cuatro años desde el año en que
el déficit fue excesivo. Sin duda, es un proceso importante, se trata de
un paso significativo, pero también debemos darnos cuenta de que estamos
hablando de plazos en los que un país puede tomar decisiones y más
teniendo en cuenta que ese mismo país ha presentado antes, durante la
legislatura, un proyecto de estabilidad que, si se empieza a corregir, si
empieza a tener dificultades, ya le anuncia qué problemas presupuestarios
está teniendo. En las previsiones del pacto de estabilidad existe la
necesidad de responder a situaciones de emergencia económica o social de
cualquier tipo.
Todo esto nos indica que estamos en un proceso muy complejo, muy
importante, pero que, en mi opinión, se está moviendo dentro de los
límites de lo absolutamente razonable y de lo necesario. Vuelvo a repetir
que sería muy difícil de aceptar por España que los esfuerzos que
nosotros realicemos en beneficio de los ciudadanos, desde el punto de
vista del gasto público, para mantener un sistema de estabilidad que nos
permita reducir los tipos de interés se vieran afectados por el hecho de
que otro país miembro del euro se negase a hacer esas mismas políticas de
estabilidad. Para protegernos a nosotros mismos y para garantizar que
nuestra vocación de estabilidad es compartida por todos aquellos que van
a participar en la política monetaria con nosotros, tenemos que entender
que esa vocación de estabilidad tiene que tener instrumentos que la doten
de credibilidad y de estabilidad a medio plazo.
Señor Presidente, una vez más quiero agradecer su amabilidad a los grupos
parlamentarios, así como la oportunidad que me han dado de informar.
Estoy a disposición del Presidente de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Si no hay ningún comentario más, agradezco sus
intervenciones a todos los portavoces y al Vicepresidente Segundo tanto
su presentación inicial como sus respuestas.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.