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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 14, de 03/10/1996
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1996 VI Legislatura Núm. 14
PARA LA UNION EUROPEA
PRESIDENTE: DON PEDRO SOLBES MIRA
Sesión núm. 3
celebrada el jueves, 3 de octubre de 1996,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DIA:
--Elección de Vicepresidente Primero de la Mesa de la Comisión. (Número
de expediente Congreso 041/000029 y número de expediente Senado
571/000005) (Página 180)
--Comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores Excmo. Sr. D. Abel
Matutes Juan para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de
la Ley 8/1994, informe sobre el programa de trabajo de la Presidencia de
la Unión Europea de Irlanda en el próximo semestre. (Número de expediente
Congreso 213/000041 y número de expediente Senado 711/000047) (Página 180)
--Comparecencia de la Ministra de Justicia, Excma Sra. Dña. Margarita
Mariscal de Gante y Mirón, para que, en base a lo previsto en el artículo
1 de la Ley 8/1994, informe sobre los acuerdos adoptados por el Consejo
de Justicia e Interior y, particularmente, sobre convenios de
extradición. (Número de expediente Congreso 213/000054 y número de
expediente Senado 711/000048) (Página 194)
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
--ELECCION DE VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA MESA DE LA COMISION. (Número
de expediente Congreso 041/000029 y número de expediente Senado
571/000005.)
El señor PRESIDENTE: Antes de la comparecencia del Ministro de Asuntos
Exteriores, debemos proceder a la elección del Vicepresidente Primero de
la Mesa de la Comisión. El nombramiento se produce en sustitución del
anterior Vicepresidente, don Miguel Ramírez, que ha dejado la Cámara. Por
tanto, en principio esta Vicepresidencia correspondería al Grupo Popular,
que propone como Vicepresidente a don José Ramón Pascual Monzó.
Existen dos posibilidades: bien efectuar la votación formal o, si
existiera unanimidad y nadie tiene inconveniente, proceder al
nombramiento por asentimiento. ¿Hay algún problema? (Pausa.) Si no es
así, procederíamos al nombramiento por asentimiento, y con eso daríamos
por cerrado el primer punto del orden del día. (El señor Costa Costa pide
la palabra.) Tiene la palabra, señoría.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.
Simplemente, quiero señalar que no ponemos ningún inconveniente, siempre
que lo permita el Reglamento.
El señor PRESIDENTE: Hemos planteado especialmente este problema al
Letrado, quien me indica que no lo hay.
Ruego, pues, al nuevo Vicepresidente que ocupe su puesto en la Mesa.
(Pausa.)
Solicito a los portavoces que se acerquen a la Mesa, porque tenemos un
segundo problema por resolver, cual es la representación en la COSAC para
la próxima semana. Me gustaría que en los próximos minutos, hasta la
llegada del Ministro de Asuntos Exteriores, pudiéramos debatir cómo vamos
a funcionar de cara al futuro. (Pausa.)
--COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES PARA QUE, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 1 DE LA LEY 8/1994, INFORME
SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA DE LA UNION EUROPEA DE
IRLANDA EN EL PROXIMO SEMESTRE. (Número de expediente Congreso 213/000041
y número de expediente Senado 711/000047.)
El señor PRESIDENTE: Proseguimos con el orden del día. Comparecencia del
Ministro de Asuntos Exteriores, don Abel Matutes, para informar sobre el
programa de trabajo de la Presidencia de la Unión Europea en el próximo
semestre, a petición del Grupo Parlamentario Socialista.
Previamente quería comentarles que el señor Ministro, por razones
surgidas posteriormente, desearía que no alargásemos la sesión más de lo
necesario. Tenemos el tiempo suficiente para desarrollar un buen debate,
pero sí pediría que nos ciñéramos a los temas objeto de la comparecencia.
Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo simplemente para motivar la solicitud de esta comparecencia,
que en su momento se pidió para que se explicaran los objetivos de la
Presidencia irlandesa de la Unión Europea, solicitud que ha estado cierto
tiempo en el cajón de esta Comisión.
Por tanto, yo pediría que el motivo no sea ahora conocer el programa de
la Presidencia --que ya lo sabemos más o menos--, sino que se nos
expliquen algunas de las cuestiones objeto de la Presidencia y que están
siendo tratadas en diferentes Consejos europeos, formales o informales,
como el del próximo fin de semana. Esperamos que el Ministro de Asuntos
Exteriores nos pueda dar la información deseable para el buen trabajo de
esta Comisión.
Para ser breve voy a intentar ceñirme a los temas que mi Grupo considera
más relevantes para la información de esta Comisión en este momento
concreto y sin menospreciar otros aspectos que tendremos ocasión de
analizar en comparecencias posteriores.
En cuanto a la Presidencia irlandesa, nos interesaría conocer
concretamente cuál es la situación de los trabajos de la Conferencia
Intergubernamental, que es uno de los temas más relevantes de esa
Presidencia. Además, nos gustaría que se nos informara sobre cómo van los
aspectos institucionales, cómo va el debatido tema de la flexibilidad,
propuesto por Francia y Alemania y, dentro el aspecto institucional, cómo
se va desarrollando el concepto de subsidiariedad y si se desarrolla en
los términos que España ha planteado históricamente.
Nos interesan esos tres temas, porque el resto los podremos conocer.
Pero, por parte de nuestro Grupo, existe una preocupación importante
respecto a cómo quede todo el abanico institucional, que hará posible la
futura ampliación de la Unión Europea y su eficacia. Nos interesa conocer
el concepto de flexibilidad que se está manejando por parte de Francia y
Alemania, si España participa en esas reuniones, y cómo ve el Ministro de
Asuntos Exteriores de España ese concepto, porque a nosotros nunca nos ha
parecido excesivamente claro.
No entendemos si el concepto de flexibilidad afecta a los bloques
normativos, cómo se van a adoptar las decisiones, cómo van a afectar en
el resto de las decisiones que adopten aquellos que quieran avanzar más
en la Unión Europea, si el concepto de flexibilidad se instrumenta
mediante convenios internacionales bilaterales con los países o si de lo
que estamos hablando es de un concepto de flexibilidad que pasa por
períodos transitorios, pero manteniendo el acervo común de la Unión
Europea. Este es un asunto muy relevante para nuestro país, especialmente
por
nuestra propia dimensión y, por lo tanto, creemos que de los elementos
que se están manejando es uno de los más preocupantes para nosotros.
En el aspecto institucional nos preocupa el resultado que puedan tener
las diferentes reformas, pero particularmente la aplicación que hemos
visto por parte de algunos países importantes del concepto de
subsidiariedad. Hemos defendido un concepto de subsidiariedad que cumplía
con los intereses de España. Estamos viendo otros conceptos que pueden
desvirtuar profundamente algunas de las políticas de la Unión Europea y
que pueden significar un paso regresivo en la construcción europea y
también nos gustaría conocer cuál es la posición de España al respecto.
Otros dos elementos más son relevantes --no queremos profundizar en este
momento, ya que lo trataremos en el futuro--, y es cómo se piensa
introducir el tema del empleo, sobre el que sin duda hay opiniones muy
diversas, y cómo van las negociaciones para algo que nos parece
consustancial a la Unión Europea, y particularmente importante para el
conjunto de los ciudadanos, como es la construcción de la Europa de los
ciudadanos, vinculada a un espacio territorial y, por lo tanto, a un
espacio fronterizo que se debe ir desarrollando sobre el tercer pilar de
la Unión Europea. Por consiguiente, convenios de extradición, fronteras
comunes, lucha contra los estupefacientes, lucha contra el terrorismo,
etcétera.
El segundo elemento que nos parece relevante, y las dudas que nos
gustaría disipar son más de orden interno que externo, es el de la Unión
Monetaria. Efectivamente, en el Consejo de Dublín está previsto que se
apruebe el marco normativo y organizativo del Banco Central Europeo y del
sistema europeo de bancos centrales. Sabemos que esto está funcionando
correctamente. Son elementos muy importantes para el funcionamiento de la
Unión Monetaria, pero elementos de unos grandes tecnicismos y sabiendo
que se están resolviendo correctamente, nos preocupan menos.
Sin embargo, sí nos preocupa la posición interna ante la Unión Monetaria
Europea, y particularmente nos preocupa que España pueda mantener el
concepto del pacto de estabilidad propuesto por Weigel, aceptado ya,
aparentemente, por nuestro país, y nos preocupa porque del avance que
conocemos de los Presupuestos Generales del Estado, dudamos de su
sostenibilidad, dudamos que las cifras del Estado puedan ser sostenibles
en el tiempo y, por lo tanto, no logren no sólo cumplir los objetivos
diseñados en el Tratado de la Unión Europea, sino mantenerlos en el
tiempo una vez pasado el examen de Maastricht, el examen de los grandes
datos de las cinco magnitudes macroeconómicas previstas en el Tratado de
la Unión.
También nos preocupan otros aspectos que han pasado en este tiempo, y es
cómo avanzan las negociaciones para la ampliación, cómo se está
desarrollando el diálogo estructurado con los países del Este, cómo
funciona o si hay algún elemento relevante en el proceso de integración
de esos países hacia el mercado interior, que también está vinculado al
desarrollo y a los acuerdos que se adopten en la conferencia
intergubernamental y, en consecuencia, tiene una faceta importante en el
calendario de esa conferencia y en el futuro de otros elementos, como
puede ser la negociación de las perspectivas financieras, ya que las
actuales se agotan en 1999 y, por lo tanto, habrá que abrir una nueva
negociación, en la que España tiene grandes cosas que defender, ya que
tiene grandes posibilidades de resultar perjudicada si no se llega a una
negociación correcta, si no se llega en unas condiciones correctas a esa
negociación. Ahí estaríamos entre los países que tienen como interés
principal no ampliar los presupuestos de la Unión Europea, es decir, que
la ampliación no suponga ningún nuevo coste para las políticas de la
Unión Europea. Además, está la otra posición, en la que España debería
estar, que es la de que para ampliar la Unión se requieren ampliaciones
presupuestarias, una mayor dotación presupuestaria.
Respecto a la Política Exterior y de Seguridad Común, nos gustaría
conocer en mayor profundidad todos los aspectos relacionados con la ex
Yugoslavia, particularmente el último proceso electoral; qué opina el
Ministro de Asuntos Exteriores de los resultados de este proceso; cómo ve
el futuro funcionamiento de esa Presidencia compartida; si podemos dar la
estabilidad y la paz en esta zona como un hecho real de cara al futuro.
Más allá de lo que hemos visto en los medios de comunicación, y
felicitándonos por la posición que ha mantenido la Unión Europea respecto
a Oriente Medio, nos gustaría saber por qué no ha sido posible que la
Unión Europea estuviera en la entrevista que se ha mantenido en la Casa
Blanca con los principales líderes palestino e israelí y, en cualquier
caso, querríamos saber si hay más información respecto al resultado: si
es un resultado de imagen, de maquillaje o si de esas conversaciones
además de la pacificación que de momento ha supuesto, yo diría el bálsamo
que para la opinión pública han supuesto, hay un resultado que se pueda
prever como más duradero.
Nos gustaría conocer por qué España ha ido a remolque en lo relativo a
Cuba respecto de las políticas de la Unión Europea. Históricamente,
España ha liderado la política latinoamericana en la Unión Europea y
también la política cubana. En este caso hemos visto cómo otros países
han estado en posiciones mucho más avanzadas que el nuestro, mientras
nosotros nos quedábamos a remolque de posiciones que adoptaba la Unión
Europea, antes más progresivas que las de nuestro país. Y nos gustaría
conocer cómo se está desarrollando la política aprobada para el
Mediterráneo, si se está avanzando en las negociaciones entre países y,
en cualquier caso, cuál es el marco concreto de esa política.
En Justicia e Interior, nos gustaría conocer cómo valora, aunque después
tenemos una comparecencia para profundizar más en esta materia, el
Ministro de Asuntos Exteriores el acuerdo sobre extradición firmado por
todos los países de la Unión.
En cuanto a la Política Agrícola Común, nos gustaría también saber cómo
valora el cierre de la organización común de mercado de frutas y
hortalizas; si hay soluciones para el problema de la avellana, que sigue
estando presente en las políticas de la Unión Europa; qué opinión le
merecen las sanciones a nuestro país por exceso de la cuota lechera y si
cree --yo pienso que no, sin duda-- que tiene alguna
influencia respecto a los problemas que tenemos en cuanto al aceite de
oliva las declaraciones del Presidente de Gobierno relativas a
conversaciones privadas con el Presidente de la República italiana. Estoy
convencido de que no tiene ninguna, pero me encantaría oír del Ministro
de Asuntos Exteriores que es así, que no hay ninguna repercusión.
Le agradeceríamos su información sobre éstos y sobre cualquier otro
asunto que crea relevante para el trabajo de la Comisión.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Costa.
Tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero decir que quizá a otros grupos políticos aquí
representados les interese escuchar lo que el señor Ministro nos tiene
que contar sobre el programa de trabajo de la Presidencia irlandesa de la
Unión Europea, que es el objeto de esta comparecencia. Le agradeceríamos,
en concreto mi Grupo, que nos hiciese una exposición y si después el
Ministro tiene a bien contestar las preguntas al señor Costa o cualquier
otra, que lo haga.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente, en primer lugar, por su invitación. En segundo lugar,
gracias por el ruego que ha hecho trasladando uno mío a la Comisión en el
sentido de intentar no alargarnos mucho por cuanto, precisamente, esta
tarde era el único momento disponible del Presidente del Gobierno y mío
mismo --puesto que el mes pasado me parece que he dormido sólo dos noches
en España-- para preparar a fondo la próxima cumbre de pasado mañana, y
por esa razón yo había pedido, si era posible, que no nos alargáramos
demasiado.
En tercer lugar, simplemente quisiera hacer una observación. El motivo de
la comparecencia, tal como yo la he recibido, era informar sobre el
programa de trabajo de la Presidencia irlandesa de la Unión Europea sobre
el trimestre en curso. Sin embargo, muchas preguntas se refieren a las
declaraciones del señor Jefe del Gobierno italiano, que no Presidente de
la República, y otras a Cuba y a otras cuestiones de Oriente Medio, ex
Yugoslavia y demás --que me parecen muy bien y que hasta cierto punto
alguna de ellas puede tener relación, aunque no directa, con el programa
de la Presidencia irlandesa--, lo que, naturalmente, nos pone ante la
tesitura de atenernos o no al programa original.
Para el programa original, yo les traía una intervención bien completa en
la que profundizaba en los cinco objetivos declarados de la Presidencia
irlandesa: primero, acercar la Unión a los ciudadanos; segundo, concluir
la Conferencia Intergubernamental para los próximos años, porque no se va
a concluir en la Presidencia, y por tanto dar un gran avance; tercero,
hacer realidad la Unión Europea y Monetaria, dentro de los próximos años,
pero en todo caso eran los temas a los que se había referido la
Presidencia en su programa; cuarto, ir preparando la ampliación de la
Comunidad a los países de Europa del Este y central y a Malta y Chipre, y
quinto, asegurar a Europa un lugar en el mundo. Pero, ciertamente, siendo
ése un tema que, como el propio señor Costa ha dicho, ya es bastante
conocido porque ya llevamos tres meses de Presidencia irlandesa, si los
portavoces de los demás grupos no tienen inconveniente, lo que voy a
hacer, que puede ser quizá más interesante y más ilustrativo, es ir
respondiendo a todas y cada una de las cuestiones que ha formulado el
portavoz socialista, y yo espero que quizá ello nos dé tiempo para
profundizar en aquellas otras cuestiones o puntos que los portavoces
crean oportunos, relacionados con la Presidencia irlandesa o con
cualquier otro aspecto, puesto que yo siempre que voy a una comparecencia
voy en una actitud abierta y entendiendo que debemos hacer todo menos
burocratizar las comparecencias de los ministros. De forma que, si no hay
inconveniente, iré contestando las distintas cuestiones que se me han
formulado por el señor Costa, procurando no dejar ninguna en el tintero.
En cuanto a los objetivos, que forman parte de la primera cuestión que ha
planteado el portavoz, los acabo de enunciar. En cuanto a los resultados
que se esperan de este Consejo informal, que, como sus señorías saben, es
un tipo de Consejo que se inició bajo Presidencia española --y ese Dublín
I ya se ha bautizado también como Formentor II-- no se espera otra cosa,
como en el primero, que el que haya un debate totalmente informal de los
Jefes de Estado y de Gobierno, por una parte, y de los Ministros de
Asuntos Exteriores, por otra, en sendas comida y cena, por separado,
junto con una reunión conjunta que tendrá lugar después de la comida del
próximo sábado. Incluso se ha avanzado que, como en la anterior reunión
de Formentor, no habrá comunicado, cuestión que, finalmente, se llevará a
término o no --pienso yo, pero no es más que una reflexión personal-- en
función de que se produjera o no cualquier acontecimiento en la escena
internacional que mereciera, que exigiera incluso, un pronunciamiento de
la Unión Europea, puesto que estarían en aquel momento reunidos sus
máximos mandatarios. Pero incluso este aspecto, como no sea muy exigible,
la idea es que no se produzca, precisamente porque, en ausencia de
comunicado --y como ocurrió en Formentor--, no pueda interpretarse que es
que no ha habido acuerdos.
En esas conversaciones se van a tocar fundamentalmente los aspectos
referidos a la Conferencia Intergubernamental, pero no únicamente porque
cada Jefe de Estado y de Gobierno tendrá libertad para hablar de los
temas que en aquel momento crea que merecen más la atención de sus
colegas y del Consejo Europeo.
En cuanto a los aspectos institucionales y la Conferencia
Intergubernamental, yo quiero decir, en primer lugar, que, efectivamente,
son de sobra conocidos los distintos aspectos institucionales y de otro
carácter que se están discutiendo en el seno de la Conferencia
Intergubernamental.
Yo tuve ocasión de explicarles en julio que desde la apertura de la
Conferencia lo único que se había producido eran justamente las
declaraciones de cada uno de los gobiernos respecto de lo que entendían
que eran sus prioridades, y no se había entrado en la fase de debate y de
negociación. Son estas Conferencias muy complejas, en las que lo
importante es que al final se logre un acuerdo y que todos entendamos
obtener nuestros mejores resultados en función de la parte alícuota que
nos corresponde de un avance sustancial y equilibrado de la construcción
europea. Acabamos de iniciar la fase de debate, que ha empezado en el mes
de septiembre, puesto que el mes de agosto, como ustedes saben, no fue
útil a estos efectos, y ahí una serie de posiciones claras del Gobierno
español, tema importante que nos distingue de otros, en el que yo creo
que vamos a tener el apoyo de Portugal, que se encuentra con una
situación parecida, y de Francia. A este respecto, no hemos dejado de
hablar del tema en cuantas ocasiones ha habido para ello; ayer mismo y
anteayer he estado hablando con mi colega Hervé de Charette y con el
propio Presidente de la República, señor Chirac, con motivo de la visita
oficial del Príncipe Felipe, que nos dio lugar a tratar de esos temas.
Hay una serie de cuestiones institucionales en las que también las
posiciones del Gobierno español son conocidas, como la importancia del
número de votos de cada país en función de que el peso relativo del mismo
en el Consejo se verá disminuido con la previsible ampliación a otros
países, y por tanto éste es un tema que tendrá que ser revisado, sobre
todo teniendo en cuenta la importancia demográfica de los distintos
países, del mayor número de Comisarios, que no puede seguir aumentando al
mismo ritmo que el de los países, por lo que habrá, por razones de
operatividad y de eficacia, que reducir el número de Comisarios. España
está a favor de este punto y, al mismo tiempo, exige, como país
importante que es, que al menos le quede un Comisario, puesto que, si no,
todos los países van a tener su propio Comisario y, desde luego, los que
tienen dos van a perder uno. España, como país que gozaba en su Estatuto
de dos Comisarios, pretende al menos mantener uno, y para el resto habrá
que establecer fórmulas que permitan a varios países compartir un
Comisario.
En cuanto al tema de la subsidiaridad, España está como ha estado desde
el primer momento. Nosotros, naturalmente, estamos a favor de que el
principio de subsidiaridad se aplique, en el buen sentido de la palabra,
es decir, que no se haga a escala comunitaria lo que bien, o mejor, puede
hacerse a escala nacional, a escala incluso regional o municipal, y, si
es posible, haya un aligeramiento de las funciones de la Unión Europea
para que se ocupe de las verdaderamente importantes, pero todo ello, al
propio tiempo, sin que entremos a renacionalizar políticas y sin que vaya
en perjuicio de los poderes de las actuales instituciones.
El papel de los Parlamentos nacionales nos parece correcto que se
aumente, sin olvidar que, al propio tiempo, los Gobiernos que están en el
Consejo son, a su vez, Gobiernos democráticos que tienen que dar cuenta
en los Parlamentos nacionales de las decisiones que voten y que adopten
y, por lo tanto, todo ello sin perjuicio del necesario papel que
corresponde al Parlamento Europeo.
Y en cuanto a la cuestión central de la flexibilidad o cooperación
reforzada, como habitualmente se denomina, aquí nos encontramos ante un
gran tema para el futuro de esta Conferencia Intergubernamental. Si la
Europa a Quince ya no funciona con la misma eficacia y rapidez en su toma
de decisiones y en la ejecución de las mismas como funcionaba cuando era
a Doce o incluso cuando era a menos, si hoy un simple «tour de table»,
una ronda de intervenciones puntual en el Consejo de Ministros se lleva
toda una mañana o toda una tarde, esa Europa que estamos proyectando de
20 ó 25 Estados miembros necesita ciertamente de fórmulas que en un
momento de falta de rumbo, en un momento de confusión o de bloqueo
permitan a aquellos países que quieran y estén en condiciones de hacerlo
acometer tareas más ambiciosas. Ese ha sido el caso en el pasado del
Grupo de Schengen; ése está siendo el caso en el presente de la Unión
Económica y Monetaria donde en un determinado momento un número de países
decide ir más allá de lo que establece el Tratado. Y España, como
siempre, no está en contra de ese principio. No se puede pretender
imponer la regla a todos los demás de que marque el ritmo el que más
atrasado va, aquello del cojo que decía «no corráis, que es peor». Por
ello mismo, no ponemos obstáculos a ese principio siempre y cuando
procuremos definir lo mejor posible las reglas de juego que van a regular
esas cooperaciones reforzadas, a los efectos --y eso sí tiene que quedar
muy claro-- de que en ningún momento pueda quedar afectado el acervo
comunitario al que ya se ha referido el señor portavoz.
Otro principio muy claro, en relación con los fondos y la subsidiariedad,
es que no se desvirtúen políticas comunitarias que están funcionando, que
no se adopten obligaciones respecto de nuevas políticas sin que, al
propio tiempo, se arbitren los fondos necesarios para desarrollarlas. Y,
en cuanto al tema del empleo, España considera que debe figurar en el
Tratado no en tanto que nuevo criterio que tenga que ver con la Unión
Económica y Monetaria que, ciertamente, situaría a España en una posición
muy difícil, sino en cuanto instrumento de coordinación de las políticas
entre Estados miembros y como reflejo de la preocupación que tiene la
propia Unión respecto de la situación del empleo de la misma.
En relación con la Unión Económica y Monetaria, podría decirle que en
esos momentos no hay novedades ni respecto del calendario ni respecto de
los criterios de Convergencia que en su momento se establecieron. España,
por lo tanto, tal como dijo en su día el Presidente Aznar, está
acometiendo un esfuerzo grande de ajuste, de rectificación de lo que eran
nuestros desequilibrios macroeconómicos, en algunos casos crecientes,
para intentar cumplir esos criterios en tiempo y forma.
Respecto del pacto para la estabilidad --no es concepto para la
estabilidad, sino pacto para la estabilidad-- entendemos que es una buena
idea, fundamental para que Europa pueda seguir creciendo y creando empleo
en condiciones de estabilidad y de permanencia, y para que los países de
la Unión intenten controlar sus desequilibrios,
estén o no estén en el seno de la Unión Monetaria. Naturalmente, a lo que
se opone España es a que ese criterio, que debemos entender que debe
aplicarse en el medio y largo plazo, lleve a cabo aparejadas sanciones
puesto que estos desequilibrios ya los sanciona por sí mismo el mercado y
la propia realidad.
Por lo tanto, contemplando con simpatía la necesidad de un progresivo
rigor en la conducción de las políticas económicas, repito, no deben ser
motivo para que pongan en peligro ni la solidaridad ni la cohesión en el
seno de la Unión. Y es muy cierto, como muy bien decía el portavoz del
Grupo Socialista, que tan importante y quizá más difícil que llegar a
cumplir y alcanzar los criterios de Convergencia será mantenerlos en el
tiempo, porque ésa es justamente la gran prueba a la que se van a someter
los países que se integren en la Unión Monetaria. La razón es sencilla:
si uno de los países integrantes de la Unión, en un momento determinado
tiene una inflación mayor --ejemplo más claro-- es evidente que sus
costes de producción y su competitividad se verán seriamente afectadas
respecto de los demás países que forman parte de ese núcleo, porque los
productos que fabrique ese país resultarán más caros en un mercado en el
que no hay más que una sola moneda y, por lo mismo, no podrá recurrir ni
a la devaluación competitiva ni a esa depreciación que se hace de una
moneda en los mercados cuando los datos macroeconómicos de un país no son
buenos, lo que quiere decir que en el caso de que un país no se mantenga
dentro de la disciplina que establece esos criterios el ajuste se va a
producir por la pérdida de empleo y por la destrucción del tejido
productivo del país en cuestión. Esto quiere decir que ello va a exigir
un esfuerzo especial del Gobierno español, tanto del actual como de los
Gobiernos de otros colores que ha habido y que va a haber en el futuro y
que quizá no han tenido tanta suerte en el cumplimiento de esos
equilibrios de un modo riguroso.
En cuanto a la negociación para la ampliación, como sus señorías saben,
en estos momentos no se ha producido tal negociación. Hay un diálogo
estructurado. Está previsto que en la Cumbre Dublín II se produzca una
reunión con países en expectativa de ampliarse pero, ciertamente, está
acordado que tal negociación no empezará hasta tanto la Conferencia
Intergubernamental haya terminado sus trabajos y haya preparado la
reforma necesaria en el seno de la Unión para acoger a estos países;
países con los cuales todos quisiéramos que la negociación fuera corta
aunque también todos somos conscientes de que aunque lo logremos después
se requerirán, seguramente, largos períodos transitorios en el seno de la
Unión.
Un tema en el que España tendrá especial cuidado es el que se refiere a
las perspectivas financieras por cuanto ciertamente la introducción, la
ampliación a esos nuevos países con unas rentas per cápita muy inferiores
a las de España, a las de la media de la Unión, van a bajar sensiblemente
la renta media de la Unión Europea, con lo cual, si no atamos muy bien
todos los cabos, podría efectivamente ocurrir que las ayudas de cohesión
que España está recibiendo justamente en función de su menor riqueza por
habitante, como ya estará en torno a la media o incluso superior, según
el número de adherentes que se haya producido, podría no tener derecho.
Ese es un tema, naturalmente, al que se va a prestar, se está prestando
ya la máxima atención.
En cuanto a la Política Exterior de Seguridad Común es evidente que va a
requerir mucho tiempo para su plena implantación. Está claro que la
política exterior de un país es la muestra más clara de la soberanía del
mismo y no es fácil que renuncie a su ejercicio, y algunos países dentro
de la Unión hacen una especial consideración de esta soberanía, por lo
que va a ser un período en el que tiene que haber una cierta cooperación
intergubernamental durante un cierto tiempo en el que lo fundamental es
conseguir trazar la unanimidad en lo que son las grandes orientaciones
generales de la política exterior y luego ir introduciendo el voto
mayoritario progresivamente, no tanto en la definición de esos grandes
ejes, cuanto en la aplicación concreta y práctica a los casos específicos
de esas líneas generales de acción que tendrán que haber sido acordadas
por unanimidad.
Los resultados del proceso de la ex Yugoslavia, con toda la dificultad
que ello comporta, yo diría que son razonablemente esperanzadores --hace
menos de un año todavía se estaban matando por doquier--; ha habido un
período en el que se ha conseguido, por lo menos, pacificar el país en el
sentido de detener la violencia y se han podido celebrar las elecciones
en un clima de calma. La auténtica paz no está en vigor. La auténtica paz
no es aquella que tiene que ser impuesta por presencia militar en la
zona, sino aquella que nace del funcionamiento de las instituciones, de
unos mínimos niveles de solidaridad y de cohesión social, y no estamos
ahí. De modo que nuestra previsión, la de España, es la de que ese
proceso necesita de un acompañamiento, incluso cuando finalice el actual
mandato de IFOR que puede prolongarse quizá por un año o por dos, ya con
una menor presencia de fuerzas en el campo --del orden de un tercio
podría ser una cifra correcta, se decidirá en su momento--, y mientras
tanto nos estamos esforzando en insuflar contenido a las instituciones
que se han creado en estas elecciones y en ir creando ese clima de
confianza tan imprescindible para que se organice una auténtica
convivencia en esa zona.
En relación con Oriente Medio, ¿por qué no ha sido invitada la Unión
Europea? Lo raro aquí es que ni siquiera ha sido invitada Rusia que era
un tradicional actor de este escenario. La Unión Europea en el proceso
árabe-israelí propiamente dicho no ha sido nunca un actor importante. Ese
era un escenario más de la guerra fría. Los dos grandes actores, además
de las propias partes directamente implicadas, eran la ex Unión Soviética
y los Estados Unidos. Lo cierto es que en estos momentos por distintas
razones, a las que no me voy a referir, el proceso está ciertamente, si
no estancado, ralentizado. No se están cumpliendo acuerdos ya alcanzados
en Oslo y en Washington. Están incluso siendo cuestionados los principios
del Acuerdo de Madrid que sirvieron para inspirar esa negociación y es, a
mi juicio, una gran equivocación --y así lo he dicho públicamente en
varias ocasiones y en el propio Consejo-- que a Europa no se le dé un
mayor protagonismo, primero, porque
tiene una mayor sensibilidad, yo diría, a la hora de entablar
negociaciones --no está tan influido quizá por una de las partes-- y, en
segundo lugar, porque es el actor económico principal en la zona. La
Unión Europea es la que provee aproximadamente el 50 por ciento de la
ayuda que reciben los territorios ocupados; la Unión Europea es el
principal socio comercial de Israel: más del 50 por ciento del comercio
exterior de Israel se realiza con la Unión Europea, aproximadamente el 15
por ciento lo realiza con los Estados Unidos; Europa, además, tiene
acuerdos de comercio preferenciales con Israel, un tratado de libre
comercio ya en vigor y en estos momentos está en proceso de ratificación
el Tratado Euromediterráneo. Lo exigible, lo lógico es que Europa
estuviera presente como un interlocutor esencial e importante.
Creo que el comunicado realizado por el Consejo de la Unión Europea
anteayer en Luxemburgo refleja claramente cuál es la posición de Europa
y, ciertamente, los títulos que tiene para estar allí. La propia
presencia del señor Arafat en la reunión celebrada con los representantes
de la Unión en Luxemburgo constituye otro ejemplo de la voluntad
palestina, y yo diría de la generalidad de los países árabes, para que
esté ahí. Esa invitación era una invitación del Presidente Clinton y cada
cual invita a quien quiere. Ya conocemos que el resultado, hoy por hoy,
no es todo lo satisfactorio que desearíamos. Tampoco es un fracaso en la
medida que se ha decidido continuar negociando, pero ciertamente lo
exigible es, como decía, que si ambas partes han dicho que el proceso de
paz se iba a mantener, lo exigible, repito, es que haya acciones
concretas y tangibles que demuestren que ese proceso de paz se quiere
llevar adelante, y ello exigiría que no se hagan nuevos asentamientos en
territorios palestinos porque crean una situación difícilmente reversible
después de que no se acometieran acciones unilaterales que denoten
explícitamente una voluntad de mantener indefinidamente la ocupación de
Jerusalén Este, que salieran las tropas del valle de Hebrón, tal como
está acordado y, además, que no se mantuvieran cerrados y cercados
militarmente los territorios palestinos. Por lo tanto, y siendo ese un
proceso delicado en el que hay que exigir un esfuerzo a las dos partes,
la opinión del Gobierno español es que la pelota está fundamentalmente en
el campo israelí. En todo caso, como ven sus señorías, la Unión Europea
no ha permanecido ausente de este proceso reclamando más protagonismo del
que las propias circunstancias y algunos actores le querían conceder.
Y en relación con Cuba me permitirá que le diga, señoría, que su
información, desde luego, no es buena. Yo le diría que, como sé de su
buena fe y de su amor a la verdad, ha estado muy mal informado porque da
la casualidad de que España nunca ha ido a remolque de la Unión Europea;
al contrario, la ha liderado. A instancia de España, el Consejo Europeo
de Florencia en su comunicado se refirió a Cuba y a la necesidad de que
continuaran progresivamente aceleradas las tímidas reformas para
conseguir una democracia, unas elecciones libres y un mayor respeto a los
derechos humanos. La Unión Europea fue la que constató, a instancias de
la Comisión, que en aquel momento no se daban las condiciones para ese
acuerdo de cooperación que comporta la cláusula democrática
necesariamente, a petición del propio Vicepresidente de la Comisión,
señor Marín. Quiero recordar a su señoría que fue España, como Estado
miembro, el que desde el primer momento encabezó una firme oposición a la
Ley Helms-Burton, declarando su inadmisibilidad por contravenir
principios tan importantes como la no unilateralidad y la no
extraterritorialidad de las leyes. Quiero recordarle que la postura
adoptada por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, reunido el
pasado 15 de julio, cuando decidió las acciones antiboicot de todos
conocidas y la postura firme de la Unión Europea, fue liderada por España
y por el Ministro que les habla, y creo que fue un factor fundamental
para que, a los pocos días, me llamara el Secretario de Estado, Warren
Christofer, para anunciarme que el Presidente Clinton había acordado
posponer otros seis meses la aplicación del capítulo III. Yo mismo, a
instancias y por delegación, ya que así me lo pidieron mis colegas de la
Unión Europea la pasada semana en Nueva York, en la reunión que
tradicionalmente mantenemos los quince con el Grupo de Río, me ocupé de
la cuestión de Cuba y de la Ley Helms-Burton. Entendieron que, debido a
mis conocimientos y a una cierta autoridad moral que se nos otorga en ese
campo, yo era el más indicado para ostentar la representación y para
presentar las posiciones de la Unión Europea.
Tampoco es que la política mediterránea tenga mucho que ver con el
programa de la Presidencia irlandesa, pero seguimos trabajando. Hay
varios grupos de trabajo sectoriales que están preparando la próxima
cumbre, que deseamos que se efectúe el próximo año, tal y como está
previsto, en un país del Mediterráneo sur. El candidato propuesto por
España es Marruecos. En estos momentos está claro que esa reunión,
derivada de la negativa de varios países árabes a sentarse en la misma
mesa que Israel, se enfrenta a algunas dificultades, pero seguimos
trabajando para que, en cualquier caso, no sea la política mediterránea
la que resulte perjudicada por ese conflicto que se produce muy a pesar
nuestro.
Los asuntos de Justicia e Interior siguen progresando después de la
creación de Europol. Se ha firmado ya el convenio de extradiciones. Su
señoría pregunta cuál es mi opinión. Mi opinión es bien conocida: es un
gran éxito de España, que llevaba ocho años detrás del convenio que por
fin se ha conseguido.
Respecto de las distintas organizaciones comunes de mercado a las que
usted se refiere, debo decirle que tampoco tienen nada que ver con las
prioridades establecidas por la Presidencia holandesa. Me voy a referir
brevemente a ellas.
En frutas y hortalizas, no puedo decir que sea el reglamento ideal. Sí
mejora la situación anterior. En cuanto a la del aceite, deseo manifestar
que estamos trabajando para mentalizar a otros socios mediterráneos que
no lo estaban suficientemente, con el fin de que aporten mayor energía en
la negociación de este convenio.
¿Qué me parecen las sanciones por haber excedido España la cuota lechera?
¡Pues qué me va a parecer! El señor Presidente de esta Comisión conoce
muy bien el problema
porque también le tocó hacer frente a una sanción muchísimo más
importante. Ahí nos batimos todos para reducirla, pero nos encontramos
ante una comunidad donde, ciertamente, se aplica el derecho. Y eso es lo
único que tengo que decirle: que ese exceso en la cuota se había
producido antes, concretamente el año pasado, y por eso nos penalizan. La
razón última de eso, en efecto, fue que no se consiguió una cuota
suficiente. ¿Que era o no posible mejorarla? Pues no lo sé, sinceramente.
¿Que nos vamos a esforzar por conseguirlo? Ciertamente que sí, pero no es
fácil modificar el «statu quo» consolidado en esta zona.
En cuanto a las declaraciones del Presidente de la República italiana,
que repito que no fueron de él sino de su Jefe de Gobierno, es un
malentendido que ha sido aclarado por completo después de la conversación
que tuvieron ambos jefes de gobierno. Yo mismo tuve ocasión, también en
el Consejo de Ministros del pasado martes, de hablar largamente de la
cuestión con mi colega italiano, el señor Dini, y ambos acordamos que el
asunto no merecía mayores comentarios. Había quedado suficientemente
aclarado el malentendido, y lo que en verdad era importante era que ambos
países estábamos firmemente decididos y comprometidos a llegar a tiempo a
la cita de la Unión Monetaria, y yo así lo creo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Martínez
Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Grupo Parlamentario Popular le agradece su presencia
en esta Comisión Mixta para la Unión Europea, así como la información que
nos ha facilitado.
El Grupo Parlamentario Popular se felicita al comprobar, por el tenor de
sus palabras, que el primero de los objetivos de la Presidencia irlandesa
sea el de acercar la Unión Europea a los ciudadanos, y que para ello se
aborde seriamente la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan
la vida cotidiana. Y nos alegramos doblemente porque estos problemas
coinciden por completo con aquellos que el Gobierno español considera
prioritarios, a saber: la seguridad ciudadana, la seguridad en el empleo,
la seguridad dentro de nuestras fronteras --y el Ministro sabe del éxito
de la delegación española en la cuestión de la lucha contra el terrorismo
y el Tratado de Extradición firmado en Dublín, que usted acaba de
mencionar-- y la estabilidad económica y monetaria. Siendo así que el
establecimiento de un espacio único de libertad, de seguridad y de
justicia, se configura como uno de los objetivos fundamentales de la
Presidencia irlandesa, ¿podría el señor Ministro profundizar un poco en
esto y explicarnos si se ha presentado alguna propuesta concreta en la
Conferencia sobre Asuntos de Justicia e Interior?
En cuanto al tercero de los objetivos de la Presidencia irlandesa que
usted ha mencionado --hacer realidad la Unión Económica y Monetaria--,
nos satisface comprobar igualmente que coincide plenamente con el
nuestro.
Señor Ministro, los criterios de convergencia no son más que principios
elementales de buena administración, que cualquier Estado debería cumplir
aunque no existiese la Unión Económica y Monetaria. Ojalá hubiésemos
llevado a la práctica estos criterios mucho antes.
En su anterior comparecencia ante esta Comisión Mixta para la Unión
Europea, señor Ministro, se le expresaba desde el Grupo Parlamentario
Popular nuestra preocupación por el bloqueo de los Fondos MEDA,
indispensables parta la ejecución de los acuerdos adoptados en la
Conferencia Euromediterránea de Barcelona, bloqueo que era debido en
aquel momento al contencioso entre Grecia y Turquía. En aquella ocasión,
usted se comprometió, en nombre del Gobierno, a usar de sus buenos
oficios para solucionarlo. Hoy vemos con satisfacción que la aprobación
del Reglamento MEDA, el pasado mes de julio, va a permitir el desarrollo
de la cooperación financiera con los países asociados del Mediterráneo.
Señor Ministro, ¿se va a ver esto afectado de alguna manera por las
vicisitudes por las que atraviesa el proceso de paz en Oriente Medio?
Sabemos que el Consejo ha fijado ya el mandato negociador para el nuevo
acuerdo con Cisjordania y Gaza. ¿Cuál va a ser el calendario? ¿Se va a
ver afectado por los problemas actuales?
En cuanto a los asuntos de carácter sectorial que tienen una mayor
importancia para España en materia comercial, las prioridades de la
Presidencia irlandesa van a estar centradas en la preparación de la
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que
tendrá lugar en Singapur, del 9 al 13 de diciembre de este año. Esta
Conferencia será la primera de la Organización Mundial de Comercio y
España está participando en su preparación activamente en el marco de la
Unión Europea. Al señor Ministro no se le escapa la estrecha relación que
existe entre comercio y competencia, derechos laborales e inversiones,
todo lo relativo al «dumping» social y, cada vez más, el medio ambiente,
que preocupa a todos los Estados miembros de la Unión Europea, y en
especial a España, y que supone limitaciones importantes en el uso de los
recursos económicos, asumidas, desde luego, por todos nosotros. ¿Se va a
hacer algo al respecto en la Conferencia de singapur? ¿Cómo se encuentran
los calendarios y el cumplimiento del desarme arancelario y de otro tipo
de barreras tan importantes para facilitar la penetración de las empresas
españolas en terceros países? ¿Qué medidas se van a tomar para que los
sectores españoles de la agricultura y del textil no queden
desprotegidos?
Para finalizar, señor Ministro, porque sé que anda usted corto de tiempo,
creo sinceramente que los encuentros bilaterales que está realizando el
Gobierno español desde hace ya varios meses al más alto nivel y, en
concreto, Presidencia del Gobierno con los demás jefes de Ejecutivo
europeos y sus ministros de exteriores y de otras carteras, no son sólo
de la máxima importancia para España en su negociación de los grandes
objetivos de la Unión Europea, sino que son una fórmula de ayuda a
nuestros socios europeos
para que puedan, una vez que conozcan nuestros planteamientos
particulares, sumarse, según sus prioridades y posibilidades, al proyecto
común. Y cito literalmente las palabras del señor Prodi, del Partido del
Olivo, publicadas el día 2 de octubre en el «Financial Times». Decía:
«Cuando vi que otros países estaban realizando serios esfuerzos para
enderezar sus déficit presupuestarios me di cuenta de que Italia no
podía, de ninguna manera, perder su cita con Europa. Valencia fue muy
importante en cuanto yo quería saber lo que pensaba Aznar. La reunión fue
muy útil para tomar nuestras decisiones.» Por ello, señor Ministro,
nuestro Grupo le felicita y le pide que continúe con estos encuentros que
están resultando de tanta utilidad no solamente para nuestro Gobierno,
sino para nuestros socios comunitarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente, quiero aclarar algunas cuestiones de la intervención del
señor Ministro de Asuntos Exteriores. En primer lugar, quiero agradecerle
la información que nos ha suministrado. El Ministro coincidirá conmigo
--ya lo ha hecho-- en que no tenía demasiado sentido tratar hoy el
programa de la Presidencia irlandesa cuando ya se está aplicando. Los
temas que he suscitado están todos ellos incorporados a los trabajos
propios de la Presidencia irlandesa. En su listado --que he repasado-- no
había ninguno que estuviera fuera del contexto que yo he planteado,
aunque de otra forma. Por lo tanto, me congratulo de que hayamos podido
tener una reunión de trabajo más útil.
Querría hacer algunas reflexiones sobre sus respuestas. Empezaré con la
reunión informal de este próximo fin de semana, del día cinco. La primera
cuestión que se suscita es si es necesaria o conveniente. Numerosos
países de la Unión han mantenido posturas contrarias a que se celebre
esta reunión porque creen que es prematura e inconveniente en estos
momentos y que no se va a conseguir, en cualquier caso, avanzar en las
materias objeto de la misma. Por lo tanto, permítanos que tengamos poca
fe en sus resultados.
La segunda cuestión que se suscita es más bien una sensación que me
gustaría que fuera disipada, la de que puede haber pérdida de peso y de
orientación de las políticas de España en la Unión Europea. Y eso nos
preocupa mucho más. Porque tenemos la sensación de que hay una cierta
desorientación, aparte de algunas meteduras de remo --si me permite la
expresión popular-- bastante notables. Puede ser que hayan arreglado
algunos malentendidos, pero, la sensación que queda ante la opinión
pública, al hacerse uso de conversaciones privadas públicamente, no
favorece, desde luego, la confianza en los dirigentes de nuestro país. Y
esto es preocupante, no para el Gobierno, sino para España, porque podría
ocurrir que dejaran de contar con nosotros para cuestiones relevantes y
delicadas para el futuro de la Unión, cosa que hasta ahora,
aparentemente, no había sucedido.
Voy a insistir en uno de los temas planteados, porque no lo he entendido
muy bien. Creo que nos podemos perder en la terminología. El concepto de
flexibilidad o de cooperación reforzada --«solidaridad reforzada»
decíamos nosotros en una ponencia que aprobó unas directrices para España
respecto de la Conferencia Intergubernamental--, como planteaba el propio
Congreso, puede hacer que nos perdamos. Y yo quisiera que no nos
perdiéramos en la terminología para saber si estamos, efectivamente,
diciendo lo mismo. Los ejemplos que ha puesto no son los que están
planteando, aparentemente, Alemania y Francia que quieren que haya un
grupo de países que puedan avanzar al margen del resto. Y ésta no es la
cuestión que usted ha planteado. Usted ha manifestado que el concepto de
flexibilidad ya existe en la Unión Europea, en Shengen y en la Unión
Monetaria Europea. Shengen no es propiamente un instrumento de la Unión
Europea. Está basado en un convenio de cooperación bilateral entre
países.
Yo lo que quiero saber es si el concepto de «flexibilidad» que se está
manejando significa que los países de la Unión Europea puedan, además de
pertenecer a la Unión Europea, conformar políticas conjuntas,
bilaterales, para avanzar en otros temas, lo cual no me crea ninguna
reserva, o si estamos hablando, que me parece que es el planteamiento
franco-alemán, de que dentro de la Unión Europea haya un grupo de países
que puedan hacer políticas diferentes del resto, con lo cual estaríamos
quebrando la unidad de acción institucional, es decir, el acervo
comunitario y, por lo tanto, el propio concepto de cohesión económica y
social de la Unión Europea. Eso es lo que realmente preocupa al Grupo
Parlamentario Socialista. Nos preocupa que no se tenga suficientemente
claro desde el Ejecutivo que el interés de España está en que no se rompa
este concepto, en que se mantenga. Si la flexibilidad es entendida como
convenios bilaterales para avanzar bilateralmente en cuestiones que
afectan a dos, a cuatro o a un grupo de países fuera del marco de la
Unión, no tenemos nada que decir, pero si es en el marco de la Unión,
tenemos serias reservas de que esto rompa la propia Unión en sí misma.
Pasemos al tema de la Unión Monetaria Europea. En efecto, ya conocíamos
que en el calendario los criterios se mantenían. Nos felicitamos por ello
porque en un primer momento parecía que España estaba entre los que
querían revisar alguna de esas cuestiones. Yo creo que la sensatez ha
iluminado al Gobierno y que ahora ya estamos donde estábamos antes de que
hubiera un cambio de gobierno: que España debía estar entre los países
que cumplieran los criterios de convergencia y, por lo tanto, que
estuvieran desde el primer momento en la Unión Monetaria Europea. Me
interesa dejar fijado claramente que el Grupo Parlamentario Socialista es
de los que cree que se tiene que estar ahí.
A continuación, dice el Ministro que para ello se han corregido los
desequilibrios macroeconómicos de nuestra economía. Mire usted, el papel
lo aguanta todo. El análisis del papel aguanta menos en algunas
cuestiones. Para corregir desequilibrios macroeconómicos se requieren
reformas
estructurales que ustedes hasta ahora no han producido ni parece que las
vayan a producir a la vista de los Presupuestos Generales del Estado para
1997.
No sé si me he confundido y en lugar de «pacto de estabilidad» debería
hablar de «concepto de estabilidad», en cualquier caso, hablaré de «pacto
de estabilidad». El pacto de estabilidad comporta, necesariamente, la
sostenibilidad de las cuentas del Estado cuyo límite es el tres por
ciento de déficit respecto del Producto Interior Bruto. Esta cuestión es
la que nos preocupa y a esta cuestión es a la que ustedes no responden
correctamente, a nuestro entender, con los Presupuestos Generales del
Estado que han presentado en el Congreso de los Diputados. No la
responden. Y lo vamos a poder discutir. (Un señor Diputado: No es la
discusión del Presupuesto.) Nuestra preocupación se centra en estar y en
seguir manteniéndonos en la Unión Monetaria. Nosotros queremos estar ahí;
queremos que ustedes hagan el trabajo para que España no pierda la
ocasión histórica de estar y de mantenerse en ella, no sea que a mitad de
camino nos demos cuenta de que nos hemos equivocado de políticas, y que
por cuestiones partidistas o electorales nos quedemos al margen de este
reto histórico.
Respecto de las otras informaciones, quiero simplemente agradecérselas.
Efectivamente, no hay una negociación con los países del Este. El diálogo
está estructurado. Conocemos perfectamente que desde el Consejo de
Copenhague existen unas condiciones para adherirse a la Unión Europea.
Además, la Conferencia Intergubernamental tiene que terminar antes de que
esta negociación se inicie. Por tanto, estamos ante un largo camino en el
que, eso sí, es conveniente no perder el paso en ningún momento. Porque
los caminos son largos, los horizontes están ahí, pero en esos caminos
debemos ir en la dirección que más convenga a nuestro país.
¿Qué se está discutiendo? Lo que de verdad se discute es si el coste de
la integración lo van a pagar los países más pobres de la Unión, para qué
engañarnos; por qué no decirlo con palabras que todo el mundo entiende.
Si no hay ampliación de recursos de la Unión Europea, los actuales
recursos están en porcentajes muy importantes en la política agrícola
común. Algunos de estos países tienen una agricultura con una dimensión
que duplica y triplica los porcentajes de población empleada en países de
la Unión Europea como puede ser Polonia, están en las políticas
estructurales y también están en las políticas de cohesión.
Pues ahí están los recursos de la Unión Europea. Si estos países entran
en ella y resulta que donde se recorta es en esas políticas, los que
saldrán más perjudicados no serán los países más ricos de la Unión sino
los más pobres, con lo cual estaríamos haciendo una ampliación de la
Unión Europea a costa de los países más pobres pertenecientes a ella. Por
tanto, no hay que perder pie en esto, sino seguir en la dirección debida
para que se incrementen los recursos de la Unión y no sean los países más
pobres los que paguen la ampliación.
Y dejo los otros temas para referirme ahora a una cuestión concreta.
Considero que hay una confusión, seguramente no intencionada, respecto a
la política de Cuba. Esta política, efectivamente, ha sido liderada
históricamente por nuestro país, incluyendo en ello al Comisario español
en la Comisión, señor Marín, pero respecto de la Ley Helms-Burton no creo
que podamos decir lo mismo.
Creo que nuestro país ha mantenido una postura ambigua, confusa,
inconveniente y negativa para los intereses de las empresas españolas en
Cuba, postura, además, incomprensible no sólo para mi Grupo
Parlamentario, sino para la opinión pública internacional. Esta postura
ha significado un paso atrás respecto de la posición que históricamente
mantenía nuestro país.
Nada más. Le agradezco las informaciones que nos ha dado.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Gracias, señor Presidente, por concederme el uso
de la palabra.
Me acojo a su venia para pedirle que conste en acta la protesta de mi
Grupo Parlamentario por el procedimiento que se ha seguido en esta
comparecencia.
El procedimiento adecuado a seguir hubiese sido, en primer lugar, una
intervención del señor Ministro, después la del Grupo solicitante de la
comparecencia, a continuación las intervenciones de los demás grupos
parlamentarios seguidas de la contestación del señor Ministro y, si ha
lugar, finalmente un turno de réplica.
No creo que sea un buen precedente para la Comisión el que uno de los
grupos parlamentarios se vea beneficiado del doble de tiempo en el uso de
la palabra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Costa Costa pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, intervengo para una cuestión de
orden.
El Reglamento del Congreso de los Diputados, que es el que rige cuando
algo no está regulado por la Ley que a su vez regula esta propia
Comisión, permite, si no estoy equivocado, que el Grupo solicitante
intervenga en primer lugar, a continuación intervenga el compareciente,
teniendo lugar después una réplica por parte del Grupo solicitante de la
comparecencia. Es decir, que en cualquier caso debe haber una segunda
intervención, aunque es posible que no inmediatamente después de la de un
Grupo mayoritario, lo que no creo que afecte a la cuestión. En cualquier
caso, si lo que se quiere es que el Grupo principal de la oposición no
hable, seguramente habrá otros sistemas para lograrlo sin tener que
recurrir a esa práctica de citar el Reglamento cuando lo que interesa es
hablar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La Presidencia ha considerado que, dado que había una petición de
comparecencia por parte de un determinado
Grupo, dicho Grupo debería hablar inicialmente para formular su petición
de comparecencia. En todo caso, tomaremos nota de ello y constará en acta
la referencia del señor Martínez Casañ.
Por otra parte, canalizaremos este problema para decidir sobre el mismo
de forma correcta en el futuro.
Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señor Ministro.
Nuestro Grupo Parlamentario, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, celebra la iniciativa del Grupo
Socialista, y no puede manifestar gran sorpresa ante el resultado de esta
comparecencia ni ante el debate que estamos manteniendo sino, al
contrario, se confirma en unas iniciales apreciaciones.
En primer lugar, tomamos nota del abnegado esfuerzo del señor Ministro,
que le ha llevado a dormir sólo dos días en España en este último
período. Si nuestro Grupo puede aliviarle de semejante carga, no le quepa
la menor duda de que estamos completamente dispuestos a ello porque,
pensemos como pensemos, creemos que hay que llevar a cabo medidas de
protección de la familia. (El señor Ministro de Asuntos Exteriores,
Matutes Juan: Muchas gracias.--Risas.)
Es evidente que en este tema del proceso de construcción de Europa no se
puede pedir que se marquen grandes hitos, pero también lo es que se debe
constatar, con una cierta tristeza, un balance de ilusiones muy pobre,
casi se diría la instalación en la resignación en la que se encuentran
precisamente los que podrían llamarse europeístas acríticos, con lo que
va a resultar paradójico que los europeístas críticos tengamos que decir
sinceramente que es necesario recuperar y renovar el esfuerzo.
No es nada satisfactorio --lo entenderá el señor Ministro-- que se nos
diga que la próxima reunión va a ser, como él mismo ha dicho, algo así
como la continuación de la parafernalia de Formentor I, que acabó,
efectivamente, con aquella famosa frase de que no se hacía ningún
comunicado porque no había nada que comunicar ni nada que pensar. Creemos
sinceramente que este homenaje a la eurocracia sin sentido se debe
corregir, entre otras cosas --usted mismo lo ha dicho, y yo no voy a
poner el acento en los festines que suelen adornar estas reuniones--
porque eso lo acabamos pagando todos. Si están ustedes predicando una
política de austeridad, no estaría mal que traspasara nuestras fronteras
para que esa Europa que queremos llevar todos adelante, unos de una
manera y otros de otra, unos con una inclinación y otros con otra, no se
convierta, lo digo sinceramente, en un esfuerzo dispendiador.
Constatamos lo que ya hemos puesto de manifiesto en algún momento, que
había una determinada velocidad en la marcha de lo económico con un
aparcamiento de lo político. Pues resulta que ni siquiera en la marcha de
lo económico esa velocidad está adquiriendo el ritmo que debería
alcanzar.
Tomamos nota de las dificultades que supone la ampliación de la Unión
Europea, pero antes que preocuparnos de si tenemos uno, dos o tres
Comisarios con motivo de esa ampliación, nos gustaría saber para qué los
queremos, porque a lo mejor resulta que, dada la política que se está
desarrollando, no tener tanto Comisario a lo mejor significa tener menos
responsabilidad en lo que está ocurriendo.
En todo caso, y puesto que el señor Ministro nos ha dicho que no funciona
la Europa a quince, sería bueno que nos dijera por qué no funciona. Y
también sería bueno que, dentro de esa lógica valoración del criterio de
subsidiariedad para que quede lógicamente un margen de soberanía para
todos y cada uno de los países, ese criterio de subsidiariedad no sea el
reconocimiento de que se está en un proceso de auténtico estopamiento en
la marcha de lo que tiene que ser la Unión Europea.
Hay una supervaloración, lo hemos dicho muchas veces, por eso yo me
reitero en ello, de temas como el Tratado de Schengen y de aspectos como
el monetario, pero no hemos oído ni una referencia, querido señor
Ministro, a una cosa que venimos, no voy a decir denunciando, sino
reclamando hace mucho tiempo, que es el ritmo suficiente en la
construcción de la Europa democrática y social. Es muy cómodo, y queda
muy bien sobre el papel, hablar de acercar Europa a los ciudadanos, pero
vemos que día a día lo que se está haciendo es fortalecer la Europa de
los gobiernos y muy poco la Europa de los pueblos o la de los ciudadanos;
hay una hipervaloración de las decisiones gubernamentales.
Mientras tanto, vamos avanzando, es cierto, con un esfuerzo importante de
ajuste. Lo que ocurre es que muchos de nuestros ciudadanos se preguntan
cuando soportan sobre sus espaldas las consecuencias del ajuste cuál es
el auténtico objetivo sobre el cual nadie quiere pronunciarse. Todo el
mundo acude a la retórica de que hemos iniciado un determinado camino que
nadie sabe a lo que va a conducir, pero no somos capaces de decir a los
ciudadanos cuál es concretamente ese objetivo. Es más, resulta alarmante
que un grupo importante como es el socialista, que ha sido el impulsor de
todo este proceso de integración en la Comunidad Económica Europea y de
construcción de la Unión Monetaria, nos diga que tiene un enorme temor en
que a lo largo de todo este proceso el llamado coste de la integración lo
vayan a pagar los países pobres. O sea, que ya hay recelos precisamente
en uno de los pilares en los que las fuerzas políticas más han
contribuido a avanzar en este proceso.
En todo caso, cuando se habla de solidaridad y cohesión nos gustaría
saber, dentro de ese intento de enriquecimiento del acervo comunitario,
qué medidas contempla, bien sea la Conferencia Intergubernamental en su
día, o la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores, para cortar de
raíz algo de lo que no se suele hablar nunca o de lo que no se quiere
hablar, que es la profusión de actividades especulativas con motivo del
proceso europeo. De eso no se quiere hablar. Es preferible hablar de una
retórica europeísta con una terminología grandilocuente, pero cuando
llega el momento de penetrar de verdad en qué está ocurriendo
económicamente al socaire y en paralelo al proceso de integración
europea, no hay ni una sola referencia a un proceso de actividades
especulativas bastante grave ni a un proceso de concentración de empresas
que en un momento determinado puede hacer absolutamente ilusorio, no ya
el papel del Parlamento Europeo, sino todo el papel de la soberanía
europea.
La política de seguridad, entenderá, señor Ministro --y vamos siguiendo,
lógicamente, el mismo orden con el que ha respondido a la solicitud de
comparecencia--, es algo más que la presencia o no del Ifor de la antigua
Yugoslavia. Ha de concretarse de una forma más seria.
Voy a ir acabando. El mismo defecto que se apreció en otra época cuando
se produjo el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea se
aprecia en el desarrollo de todo este proceso, y es la carencia absoluta
de un gran debate. Se dio por supuesto la bondad en sí y per se de estar
presentes en el proceso de integración, no hubo ninguna actitud de
discusión sobre este tema, pero seguimos en el mismo estadio. No se
quiere de verdad organizar un gran debate. Es más, cuando algún grupo
político, como al que yo tengo en este momento la inmodestia de
representar, ha solicitado que hubiera una reflexión colectiva sobre
Maastricht --¿por qué no?-- que hasta pudiera culminar en un referéndum,
ha sido objeto de toda clase de descalificaciones porque parece ser que
cometemos el famoso delito de lesa europeidad cuando nos queremos
preguntar el porqué y el para qué, sobre lo cual parece ser que nadie
tiene ningunas ganas de discutir. A lo mejor resulta que no se tiene
ninguna gana de discutirlo, señor Ministro, porque, como usted mismo ha
dicho, hay una queja acerca del protagonismo europeo en temas muy
importantes.
Usted ha puesto el ejemplo de la situación grave en Oriente y del
conflicto palestino. Ese protagonismo político, cuya deficiencia se
constata, también aparece en lo que significa la marcha económica de
nuestro mundo occidental, quizá porque no queda todavía la suficiente
entereza, serenidad y sinceridad para reconocer que este proceso de
interacción europea tiene una cuota excesiva de dependencia americana, de
la cual tampoco se quiere hablar. Igual que no se quiere hablar, cuando
mencionamos los temas que se van rozando en este proceso de integración
europea y en el que van apareciendo todo un conjunto de problemas, de
algo que es muy preocupante en este año 1996 con respecto a otras épocas,
y es la situación de los derechos humanos. Está muy bien poner de
manifiesto una preocupación por los derechos humanos en Yugoslavia, o
poner encima de la mesa una preocupación sobre la situación de los
derechos humanos en cualquier parte del globo, pero sería malo estar
viendo la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, cuando hay
estallidos realmente preocupantes de xenofobia en esta Europa que todos,
unos de una manera y otros de otra, queremos ir construyendo; cuando se
está incurriendo en un eurocentrismo absolutamente insolidario. No puede
haber solidaridad interna en Europa si no hay una solidaridad con el
resto del mundo al que pertenecemos, y cuando incluso se está utilizando
ese eurocentrismo europeo para exacerbar más la diferencia entre unos
países y otros.
Señor Ministro, en el diagnóstico que usted está haciendo, que --repito--
es poco esperanzador, coincidimos. Es muy poco alentador, pero cada vez
que nos reunimos y tocamos estos temas nos sigue faltando al lado de la
queja, de la constatación de las insuficiencias, el análisis crítico de
las causas y, sobre todo, el ofrecimiento de soluciones que no sean pura
retórica.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro, por su intervención.
Sin afán reglamentista, querría decir brevemente unas palabras sobre lo
que ha sido motivo de la última intervención del Grupo Parlamentario
Popular, para dejar constancia, no sé si de mi queja, pero sí por lo
menos de mi disconformidad con cómo se ha desarrollado esta
comparecencia. Creo que la razón de ser de la comparecencia es una y la
de las preguntas en Comisiones otra. Por tanto, creo que no es
exactamente correcto, incluso en el caso de que lo tolerara el Reglamento
--cosa que dudo--, que se pueda trastocar una comparecencia que tenía un
tema muy concreto, dando la palabra al proponente, al requirente en este
caso, para que formule una batería de preguntas, y poniendo en la
disyuntiva al compareciente entre plantear la conferencia tal y como la
tenía formulada o contestar a las preguntas. En este caso concreto el
señor Ministro, amablemente, ha contestado la sucesión de preguntas, y el
resultado quizás no haya sido muy distinto de lo que hubiera sido la
comparecencia. Pero me parece un precedente peligroso, y así lo quiero
hacer constar.
Dicho esto, voy a ser muy breve, señor Ministro, no sólo en atención a su
petición, sino porque básicamente creo que el objetivo de esta
comparecencia era recibir información, y a eso he venido. Por tanto, voy
a hacer un par de comentarios sobre la información que usted nos ha dado.
Sí haría un primer comentario general. Usted ha comentado entre los
objetivos planteados en la Presidencia de Irlanda, el acercar la Unión
Europea a los ciudadanos, lo que nos parece un objetivo claramente
importante, y lo pondría en relación con algo que creo que el Gobierno
debería examinar, algo que han puesto de relieve algunos medios de
comunicación, y que, con un tono quizá algo exagerado, ha puesto de
relieve el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: las cosas no sólo
han de ser buenas sino que han de parecerlo. Es cierto, o, por lo menos,
compartimos esa visión --no me atrevo ni siquiera a decir que sea
cierta--, que puede parecer que este Gobierno tiene un menor empuje
europeo que gobiernos anteriores.
Es público y notorio que nosotros hemos dado como Grupo nuestro absoluto
apoyo, globalmente, sin perjuicio de pequeñas discrepancias, a los
Gobiernos anteriores en su política europea. Evidentemente, no sólo
estaremos dispuestos, sino que estaremos encantados de seguir dando
ese pleno apoyo, como lo estamos haciendo en otros ámbitos, a la política
europea de este Gobierno. Pero nos gustaría que se superara una fase, que
se puede dar, por lo menos en la percepción que llega a la opinión
pública. Insisto, las cosas a veces pueden ser distintas. Una cosa es lo
que parecen y otra lo que son. El señor Ministro sabrá lo que son, los
demás sabemos qué es lo que parece. Y parece, en efecto, que hay una
cierta tendencia, como ponía de relieve un medio de comunicación
recientemente, a una nacionalización de los planteamientos europeos que
nos parece negativa, a una instrumentalización de las políticas europeas,
demostrando la conveniencia de aquello que se alcanza sólo en la medida
en que beneficie directamente a los intereses españoles tal o cual logro,
pero sí sería malo reducir toda la política europea y la forma de
transmitir sus logros a esa nacionalización y a esa mayor o menor
conveniencia para España en particular, puesto que, por esa vía, lo que
se hace es ir retirando a una opinión pública, más desilusionada respecto
de Europa de lo que estaba hace unos años, el ideal de lo que supone una
unificación europea y todo pasa a ser examinado estrictamente desde el
punto de vista de si conviene o no a los intereses españoles.
Creemos que eso es malo. Porque, la unidad europea, desde la unidad
monetaria, hasta la unidad en política exterior y de seguridad común, es
decir, todo el proceso de unificación europea, es bueno por sí mismo. Y
así conviene que sea transmitido, sin perjuicio de que tal o cual logro
pueda ser presentado complementariamente como un bien específico, o como
algo beneficioso específicamente para los ciudadanos españoles.
Quiero dejar muy claro que es posible que esto no sea más que una
percepción absolutamente errónea. Si es así, hemos formado parte de ella,
y animo al señor Ministro, como máximo responsable de este tema en el
Gobierno, a que lo estudie y ponga los medios para que esa percepción sea
corregida.
En cuanto a los temas concretos que usted ha planteado, sólo voy a hacer
una breve referencia a dos de ellos. Por un lado, creo que al señor
Ministro le constan las profundas críticas que ha recibido la Ley
Helms-Burton por parte de mi Grupo y, en algún caso, las críticas
--mayores o menores-- que ha recibido alguna conducta, declaración, o
acto esporádico o concreto de este Gobierno.
Pero en este caso creo que nuestra obligación consiste en destacar lo
positivo. En este sentido, en la resolución del Consejo que ha decidido
plantear el tema de la Ley Helms-Burton ante el Sistema de Resolución de
Controversias de la Organización Mundial de Comercio --que finalmente ha
dado el paso positivo de aprobar el Reglamento planteado por la
Comisión-- no sé hasta qué punto ha habido una intervención española, o
se ha ido a remolque, aunque me cuesta creer esto último. Otra cosa es
que, efectivamente, pueda haber habido una mayor sintonía con otros
Estados. En todo caso, mi obligación en estos momentos es felicitarle en
la cuota parte que le corresponde, desde el punto de vista de parte del
Consejo, por el hecho de que éste haya adoptado esta decisión, valiente
en lo que supone crear un cierto o posible perjuicio electoral, según se
mire, para el principal autor de esa Ley.
Por otro lado, quiero dejar constancia de nuestro apoyo, no sólo a sus
declaraciones, sino a lo que éstas suponen --porque las declaraciones en
sí mismas no son más que el reflejo de una política-- sobre la necesidad
de que la Unión Europea tenga el máximo papel posible en el proceso de
pacificación de Oriente Medio. Me refiero a sus recientes declaraciones
acerca de que si la Unión Europea hubiera tenido un mayor papel, quizá no
estaríamos donde estamos. Suscribimos absolutamente ese planteamiento y
le apoyamos --iba a decir para que se tomara muy en serio la situación,
pero creo que no hace falta decirlo; la situación nos parece
extremadamente delicada y le damos toda su importancia a la crisis en que
se encuentra Oriente Medio y, por tanto, el Mediterráneo y todos
nosotros-- para que España adopte su papel y, para tener mayor fuerza, lo
haga en el seno de la Unión Europea.
Con respecto a la Conferencia Intergubernamental, poco más hay que decir,
porque en una comparecencia anterior ya pusimos de relieve nuestra
coincidencia con los objetivos planteados por el Gobierno español, que
son los que sustancialmente planteó esta Comisión en su momento. Por
tanto, sólo nos queda reiterar que estamos absolutamente de acuerdo con
esos objetivos.
Por último, en cuanto a la unión económica y monetaria, no tenemos --ni
hemos tenido-- ninguna duda acerca de que España hará todo cuanto esté en
su mano para estar el día D en el lugar oportuno. Es público y notorio
que vamos a dar nuestro apoyo a las medidas presupuestarias concretas que
ahora están sobre la mesa para lograr ese objetivo. Por tanto, quiero
dejar constancia de que, como Grupo, damos nuestro pleno apoyo al
Gobierno para el logro de ese objetivo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, reciba nuestra bienvenida a esta Comisión. Para atender a
la petición de la Presidencia y los compromisos del señor Ministro, paso
a formular rápidamente una serie de preguntas relativas al programa de
trabajo de la Presidencia irlandesa.
La primera, se refiere a si en el programa de la Presidencia irlandesa
existe alguna prioridad manifiesta del Gobierno irlandés para una
reconsideración de la política de los fondos de cohesión y los fondos
estructurales. Dadas las peculiaridades con que Irlanda recibe dichos
fondos y al ser muchas veces competitivos, no es la primera vez que
surgen discrepancias en el seno del Consejo de Ministros y Jefes de
Gobierno de la Unión Europea entre España e Irlanda en lo que respecta a
los fondos estructurales.
También quisiera saber si ustedes han podido influir en la agenda de
trabajo para pedir al Gobierno irlandés que no decaiga la presión sobre
el tema de la pesca. Por poner un ejemplo, si se avecinan de nuevo
contenciosos entre la Unión Europea y Canadá en materia de caladeros,
quisiera
saber si ese problema y las relaciones con el Gobierno de Canadá ocupan
un lugar destacado en la agenda de trabajo de Irlanda, o no existen.
La tercera pregunta consiste en saber si se ha recuperado el interés
--aunque parece ser que a Irlanda este tema le preocupa menos-- sobre
aquellas instituciones que el Tratado de Maastricht ya había consagrado
como, por ejemplo, el Comité de las Regiones. Es decir, si la Presidencia
irlandesa piensa que se tiene que seguir avanzando en ese tema, o no lo
considera como una prioridad.
Con respecto a la política común exterior y de defensa de la Unión
Europea, usted se ha referido --y se conoce por la prensa-- a la reunión
que han mantenido los quince Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea en la recientemente celebrada Asamblea de las Naciones Unidas en
Nueva York. Quisiéramos saber si en esa proyección de la política
exterior europea han tratado ustedes alguna posición sobre la renovación
del Secretario de las Naciones Unidas. Digo esto porque, ante la pregunta
relativa a la foto del Presidente Clinton con los líderes palestinos e
israelíes y el Rey Hussein de Jordania, no sólo resulta escandalosa la
ausencia de un representante de la Unión Europea, sino que provoca el
sarcasmo internacional la ausencia de un representante de las Naciones
Unidas, salvo que el Presidente Clinton buscara nada más que una foto
electoral, dando la razón al líder israelí. No sé los votos palestinos a
favor de Clinton que habrá en Estados Unidos, pero la poderosa minoría
judía y de los medios de información pueden inclinar bastante la balanza
al presentarse él como único árbitro mundial.
Sabemos también de las tendencias del señor Clinton y de la
Administración norteamericana sobre la renovación del señor Butros Gali
como Secretario de las Naciones Unidas. Pero mi pregunta, insisto, se
refiere a si en la reunión que han tenido los quince Ministros de la
Unión Europea --como se hace habitualmente en todas las asambleas de
estos órganos internacionales, como las Naciones Unidas-- se ha planteado
este tema.
Finalmente, existe una pregunta relativa a mi Comunidad Autónoma,
Canarias. Sabe usted que el tema estrella, el que nosotros hemos pedido
siempre, insistentemente, como todas las fuerzas políticas de esta
Cámara, es que en la agenda de trabajo de la Conferencia
Intergubernamental figurase el estatuto permanente de regiones
ultraperiféricas. Quisiera saber si, con el apoyo francés y portugués y
las relaciones que usted haya podido mantener hasta estos momentos, se
piensa que la agenda irlandesa tiene que impulsar la Conferencia
Intergubernamental. Y para nosotros es primordial saber si en la agenda
de la Conferencia Intergubernamental se ha avanzado en el documento del
estatuto permanente de regiones ultraperiféricas. Insisto, es un tema
importantísimo para Canarias, como usted sabe muy bien, señor Ministro,
porque lo viene impulsando. En él tiene todo nuestro apoyo, para que no
decaiga en ninguna agenda de trabajo de estos organismos.
Muchas gracias, señor Ministro, por su atención y por la información que
pueda facilitarme.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para finalizar, tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.
Intentaré contestar a las distintas preguntas con la mayor brevedad.
Quiero confirmar al portavoz del Grupo Popular que, efectivamente, se han
presentado propuestas sobre asuntos de justicia interior; no sólo en
términos de reforzar la cooperación policial y judicial, haciendo que sea
mucho más operativa en la práctica la actual y futura Europol, sino
estableciendo el objetivo claro de crear un espacio judicial único. Creo
que ése es el gran objetivo en estos momentos, que en el campo judicial
se corresponde, por una parte, con el mercado único y, por otra, con la
necesidad de reforzar los medios de actuación que exigen las democracias
modernas frente a las amenazas del terrorismo y las mafias,
especialmente, del narcotráfico, que se mueven con enormes medios
técnicos y económicos y, por tanto, exigen, además de dotar de más medios
a nuestras Administraciones de seguridad y justicia, una mayor
cooperación y una integración --si es posible-- de la acción en un
espacio único. Efectivamente, se han desbloqueado los fondos MEDA y yo
creo que esos acuerdos mediterráneos que hemos negociado no se van a ver
afectados por el proceso de paz.
En relación con la Conferencia de Singapur, en el seno de la Organización
Mundial de Comercio, es evidente que, además de la revisión del
cumplimiento de los acuerdos adoptados en su día, es importante ir
introduciendo en las relaciones comerciales entre los países --no sin
dificultad-- elementos y variables, como son los derechos laborales y
sociales y el respeto al medio ambiente, que hasta ahora habían
permanecido ajenos a dichas relaciones, pero que cada día afectan más y
tienen que tener su importancia cuando se discute la liberalización del
comercio en un marco multilateral. Los países occidentales, sobre todo,
vienen insistiendo en ello desde la firma del Acuerdo de Marrakesh,
porque algunas formas de «dumping» social que se practican, sobre todo,
en algunos países --no únicamente del Extremo Oriente--, no sólo restan
competitividad a las economías occidentales, sino que, al propio tiempo,
empobrecen la situación en que se encuentran las clases trabajadoras. Se
trata de conseguir ese gran objetivo de la liberalización del comercio
mundial a fin de conseguir esa globalización tan conveniente para
mantener el crecimiento económico, procurando que ello no vaya en
perjuicio del bienestar de las clases más desfavorecidas ni del medio
ambiente.
En efecto, uno de los puntos preferenciales será, naturalmente, examinar
muy a fondo toda clase de barreras, distintas de las arancelarias, que
hoy todavía existen, principalmente en algunos de los países que he
nombrado anteriormente. Quiero referirme al hecho de que con una gestión
permanente y de presión, España ha conseguido levantar --hace
aproximadamente diez días-- la prohibición que siempre ha existido de
exportar las naranjas españolas a un mercado tan importante como es el
del Japón. Es un clásico ejemplo de barreras no arancelarias. Finalmente,
buscándole las vueltas a los necesarios procedimientos para asegurar su
transporte, se ha conseguido resolver el problema. Es simplemente un
ejemplo de acción tendente a suprimir barreras no tarifarias.
No quisiera prolongar más de lo necesario el debate con el señor Costa.
¿Es necesaria esa reunión informal? Evidentemente, como ya le he dicho
antes, lo mismo que podría ser considerada necesaria la reunión de
Formentor. Es cierto que algunos países --conozco uno especialmente y
otro que le ha seguido-- consideraban que no era conveniente la fecha ni
necesaria la reunión. Por otra parte, eran justamente más reticentes a
esa reunión los países que, por razones legítimas, tenían elecciones en
el ínterin, a pocas semanas de la fecha en que se había previsto cerrar
la conferencia, y otros países tenían interés en retrasar el fin de la
misma. Repito, que sin ser estrictamente necesaria, tampoco es superflua,
puesto que no es malo que los Jefes de Estado y de Gobierno se reúnan a
hablar sin orden del día previo, porque permite ampliar el debate y no
estar siempre concentrados en los temas más urgentes, que no son
necesariamente los más importantes.
Permítame que le diga que no creo tener desorientación al respecto; puedo
estar mal orientado, pero no desorientado; a veces lo que me desorienta
es la desorientación que encuentran algunos.
En cuanto a la flexibilidad, la clave --como ya le he dicho antes y usted
me lo ha reafirmado por dos veces-- es que quede bien asegurado el pleno
respeto al acervo comunitario, sea cual sea la salida final, es decir,
que se vea el tema de la flexibilidad o la cooperación reforzada.
Respecto a lo que es necesario hacer para llegar a tiempo a la cita sobre
la Unión Económica y Monetaria, yo no he dicho que estén corregidos los
desequilibrios. Lo que he dicho es que este Gobierno está corrigiéndolos,
y no soy el único que lo dice. Permítame, señor Costa, que le añada una
prueba clara: se lo cree el mercado. ¿Cómo? El diferencial a largo plazo
de la deuda pública alemana y la española ha estado en torno a los cuatro
o cuatro puntos y medio en los últimos años y en estos momentos está en
torno a los dos puntos. Por tanto, no son simplemente palabras al viento,
sino que son hechos comprobables cada día por los mercados y ya tendremos
mucho cuidado en que esa ampliación tan necesaria --como muy bien ha
dicho el representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-- no se
haga a costa de los países actualmente más pobres.
En cuanto a la Ley Helms-Burton, señor Costa, puede usted creer lo que
quiera; puede ignorar la ley de la gravedad, pero si se tira desde un
tercer piso seguro que se pega una castaña contra el suelo. Cíteme, por
favor, una sola declaración de un miembro de este Gobierno --incluido su
Presidente-- que no haya sido taxativamente clara respecto a la no
admisibilidad y condena de esa Ley. Lo demás son simples procesos de
intenciones que, repito, no vienen apoyados por los hechos.
Señor Castellano, le agradezco infinitamente su interés por mi vida
familiar. Viniendo de usted es doblemente de agradecer. Quisiera
precisarle que yo no he dicho que no funcione la Europa a 15, sino que
funciona con más dificultad que la Europa a 12 y que hay que dotarla de
instituciones más flexibles y eficaces si queremos que no se estanque
cuando seamos 20 ó 25.
Respecto a la subsidiaridad --y con ello contesto también al señor
Guardans--, no se trata de ir renacionalizando políticas, sino de
intentar hacer en cada nivel la política que pueda ser más eficaz. Sería
tan absurdo pretender que una autonomía tuviera entre sus competencias la
política monetaria, como lo sería el que se pretendiera llevar a cabo la
ordenación de un territorio desde la Unión Europea. Asimismo, la defensa
y la seguridad se hace mejor a una escala europea. Cuando hablamos de
aceptar algunos principios de la subsidiariedad, nos referimos, por
ejemplo, a aligerar los reglamentos que en esos momentos regulan a escala
europea comisiones técnicas de múltiples funcionarios, como la forma en
que deben viajar los cerdos en un transporte de los mismos, con toda la
simpatía que tengo a ese animal que, además, es listo. Pero no es
probablemente a escala comunitaria donde tiene que decidirse esa
cuestión.
El portavoz del Grupo de Izquierda Unida pregunta que cuál es el objetivo
del ajuste. Simplemente crecer en términos de estabilidad, sin tener que
estar en una permanente política de aceleración y frenada, de «stop and
go», que finalmente tiene unos costes en términos de empleo y de
paralización de la economía muy superiores. Quiero decir que al margen de
poder estar en el grupo de países que tienen una mayor influencia, lo
cual es bueno para Europa y España, son condiciones buenas en sí mismas.
Agradezco algunas de sus observaciones, pero no las comparto.
El señor Castellano me pregunta qué está ocurriendo en Europa. La Europa
que estamos construyendo tiene muchos flancos vulnerables por los que
merece ser atacada. Sin embargo, con todos sus defectos, yo me permito
llamar la atención de esta Comisión sobre el hecho de que en el campo de
la realidad económica, política y social sigue siendo, probablemente, el
ejemplo más acabado para presentar al resto del mundo, porque en el plano
político es donde, con todos sus defectos, se tiene un mayor respeto por
las libertades democráticas y los derechos humanos; porque en el campo
económico, con todos sus defectos, es donde se produce un ejemplo más
acabado de eficacia y de capacidad de producción de riqueza y porque en
el campo de lo social también, con todos sus defectos, es seguramente el
ejemplo más acabado en la práctica de solidaridad entre los hombres y no
sólo entre los ciudadanos europeos, sino también de los ciudadanos
europeos hacia el resto del mundo. Al respecto sólo quiero añadir el dato
de que en estos momentos el cuarenta y pico por ciento de toda la ayuda
que en el mundo se da al tercer mundo la financia la Unión Europea y sus
Estados miembros, y ese porcentaje de solidaridad con el resto del mundo
es, siendo insuficiente, muchísimo mayor del que corresponde a la
capacidad económica de Europa en el conjunto de los países ricos.
Al señor Guardans quiero agradecerle su intervención. Tenga la seguridad
de que una de las grandes necesidades que compartimos todos es cómo
acercar más la Unión Europea a los ciudadanos y tenga también la
seguridad de
que a este Gobierno no le falta empuje europeo. Pero tan malo sería
resistirse por una numantina defensa de intereses nacionales, por muy
respetables que éstos sean pero que a veces tienen que compatibilizarse
con otros y yo comparto esta idea, como malo sería embarcarse en un
papapanatismo proeuropeísta, en el cual al final todos los que se llevan
los empleos son los otros y nosotros nos quedamos aquí aplaudiendo y de
invitados de la función. Hay que buscar el necesario equilibrio entre una
cosa y otra. Yo estoy de acuerdo, y así lo he dicho en mi primera
intervención, en la necesidad de que no sólo tengamos en cuenta el
interés nacional, sino el dividendo europeo que finalmente nos
corresponde percibir en tanto que miembros de esa compañía estimulante y
solidaria al propio tiempo de los países más avanzados del mundo.
Y le repito lo que le he dicho al señor Costa: repase bien las
hemerotecas y al margen de lo que han dicho algunos que hemos dicho,
cíteme una sola actitud ambigua del Gobierno o de su Presidente respecto
a Helms-Burton. Yo ya he dado datos más que sobrados respecto de cuál ha
sido nuestra actitud --la posición de quien les habla, muy en
particular-- en los distintos foros y porque yo creo en la buena fe de
las personas, le quiero comunicar un dato que probablemente es el que ha
originado en ese aspecto algún malentendido, porque a quien se acusaba
injustamente de esta blandura fue al Presidente Aznar y su actitud fue
clara y terminante. Con motivo de la rueda de prensa que mantuvo con el
Vicepresidente Al Gore después de la comida --eso era sobre las tres y
media de la tarde, recuerdo perfectamente los términos--, un periodista
americano --que además hizo la pregunta en inglés y quizá eso pudiera
confundir a alguno de los periodistas españoles presentes-- dijo: señor
Presidente Aznar, acabamos de oír en el telediario unas declaraciones de
su Ministro de Asuntos Exteriores diciendo que era terminantemente
inaceptable y rechazable la ley Helms-Burton. ¿Qué tiene que decir a eso?
El Presidente Aznar empezó contestando: nada tengo que añadir a lo que
acaba de decir mi Ministro de Asuntos Exteriores. Nada tengo que añadir.
Lo cierto es que durante la comida el propio Presidente Aznar había
atacado duramente al Vicepresidente Gore en relación con este tema. El
señor González Laxe está afirmando con la cabeza, porque tuve ocasión de
explicar eso en el Senado la pasada semana y se conoce la historia --la
repito en los mismos términos--, y como había estado atacando duramente
el señor Aznar al Vicepresidente Gore dijo: nos queremos ocupar de ese
asunto, déme un margen de tiempo razonable para ver qué es lo que podemos
hacer. Entonces, después de haber dicho que nada tenía que añadir a esta
condena, añadió: vamos a dar un margen de unos días para ver si se
resuelve ese problema. Así han sido las cosas y, por lo tanto, en ningún
momento ha habido --y lo repito para que quede muy claro-- ninguna
actitud de duda ni de debilidad en cuanto a las posiciones del Gobierno
español respecto a esta materia. Por otra parte, gracias por su apoyo.
En relación con las cuestiones que ha formulado el señor Mardones, que
seguramente se ha tenido que ir, tengo que decirle que la presión sobre
pesca, y en lo relativo a Canadá, no la vamos a dejar decaer. Yo mismo
estoy, así como la Ministra del ramo, presionando constantemente a la
Presidencia irlandesa. Yo mismo tuve ocasión de reunirme la semana pasada
con el Ministro de Exteriores de Canadá para hacerle saber que
seguiríamos teniendo problemas en la firma de esa declaración
transatlántica y en establecer una auténtica cooperación entre la Unión
Europea y Canadá. Como ustedes saben, España la vetó en la pasada cumbre
europea si antes no se resolvía el problema de la aplicación de leyes
extraterritoriales a los pesqueros españoles por parte de Canadá. No está
fuera del orden del día ni tampoco es objeto de especial consideración
por parte de Irlanda por razones obvias. No hay novedad en este campo.
En relación con la renovación del Secretario General de las Naciones
Unidas, todavía no hay una posición común. Las votaciones empezarán a
tener lugar a partir del próximo 4 ó 5 de noviembre. Yo espero que pueda
haberla. Ustedes saben que ha una posición de veto por parte de Estados
Unidos. Francia ha dicho enérgicamente que vetaría cualquier otro
candidato distinto, con lo cual nos encontramos con una situación
aparentemente de bloqueo. En esas circunstancias, y no habiendo un
candidato mejor a la vista, el Gobieno español, y así lo he dicho en la
Asamblea, es partidario de renovar el apoyo al señor Butros Gali. Pero
probablemente, y eso no es más que una expectativa en estos momentos, a
partir del próximo mes de noviembre se pueda encontrar una solución de
compromiso que permita la renovación, por un tiempo más que prudencial y
que no sea en ningún caso humillante, para el señor Butros Gali y si hay
un compromiso aceptado por el propio señor Gali, estoy convencido de que
habrá una posición común de la Unión Europea.
Respecto al hecho del estatuto permanente para las regiones
ultraperiféricas, ya me he referido a ello en la introducción inicial,
puesto que ha sido a instancias del propio Presidente Aznar el que ese
asunto esté en la agenda de la conferencia.
Lamento que nos haya llevado un poco más de tiempo de lo que yo hubiera
deseado pero, en todo caso, les agradezco sus positivas aportaciones a
este debate.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, por su comparecencia
y por la información facilitada. Esperamos poder tener la ocasión de
volver a hablar de estos temas pronto. (Pausa.) --COMPARECENCIA DE LA
MINISTRA DE JUSTICIA PARA QUE, EN BASE A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 1 DE
LA LEY 8/1994, INFORME SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE
JUSTICIA E INTERIOR Y, PARTICULARMENTE, SOBRE CONVENIOS DE EXTRADICION.
(Número de expediente Congreso 213/000054 y número de expediente Senado
711/000048.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos con el orden del día de la Comisión, cuyo
punto tercero es la comparecencia de la señora Ministra de Justicia, doña
Margarita Mariscal
de Gante, para que informe sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de
Justicia e Interior, y particularmente sobre los convenios de
extradición.
La señora Ministra de Justicia tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Con la venia
del señor Presidente.
Constituye para mí un honor comparecer por primera vez ante esta comisión
para informar a sus señorías sobre los acuerdos adoptados por el Consejo
de Justicia y Asuntos de Interior, y en especial sobre el nuevo Convenio
de Extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Como saben sus señorías, la cooperación entre los Estados miembros de la
Unión Europea en materia de justicia se inserta en el marco de las
previsiones del título cuatro del Tratado de la Unión Europea. Esta
cooperación se proyecta sobre una serie de materias que el Tratado define
como ámbitos de interés común. De estas materias, las que directamente
enlazan con las competencias del Ministerio de Justicia son las
comprendidas en los números 6 y 7 del artículo K1 del Tratado, es decir,
la cooperación judicial en materia civil y la cooperación judicial en
materia penal. Por tanto, mi informe se ceñirá a aquellos aspectos de la
actuación del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior que guardan
relación con la cooperación judicial entre los Estados miembros de la
Unión.
El acuerdo más importante adoptado en el seno del Consejo de Justicia y
Asuntos de Interior durante estos primeros meses de mi gestión al frente
del Departamento es, sin duda, la adopción del Convenio relativo a la
mejora de la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Este Convenio supone, ante todo --y quiero insistir especialmente en esta
idea--, un cambio radical de orientación en la filosofía inspiradora de
las relaciones entre Estados en materia de extradición.
A este respecto, conviene recordar que la concepción tradicional de la
extradición tiene su punto de partida en un principio de desconfianza
hacia los sistemas de justicia penal foráneos. De esa desconfianza deriva
el marcado tinte protector que ha presentado siempre la extradición
pasiva. El Estado requerido, que desconfía del sistema de justicia penal
del Estado requirente, se considera obligado a proteger a la persona
reclamada frente a las eventuales injusticias a las que podría verse
sometida en caso de ser entregada. Por eso, antes de acceder a la
solicitud de extradición, realiza determinadas comprobaciones para
asegurarse de que, en caso de entrega de la persona requerida, ésta va a
ser sometida a un juicio justo, con todas las garantías, y de que la ley
penal que se le va a aplicar en el Estado requirente es, igualmente,
justa y razonable.
Sólo desde este principio de desconfianza hacia los sistemas de justicia
penal foráneos se encuentra justificaciones a instituciones tan
tradicionales en materia de extradición como son la exclusión de la
extradición por delitos considerados políticos, los principios de doble
encriminación y de especialidad o la exclusión de la extradición por
delitos que en el Estado requirente estén castigados con pena de muerte.
El Convenio Europeo de 1957 responde sustancialmente a esta concepción
tradicional de la extradición. Sólo permite la extradición por delitos
castigados, tanto en el Estado requirente como en el requerido con pena
de privación de libertad de duración superior a un año. Se excluye la
extradición por delitos que el Estado requerido considere delitos
políticos o hechos conexos con delitos políticos. Se permite al Estado
requerido denegar la extradición si el delito estuviese castigado con
pena capital por la ley penal del Estado requirente y, en fin, se
establece el principio de especialidad en virtud del cual la persona
entregada no podrá ser perseguida ni castigada en el Estado requirente
por hechos anteriores a la entrega distintos del que motivó la
extradición salvo que así lo consienta expresamente el estado requerido o
la propia persona entregada.
El alcance de la exclusión de los delitos políticos se vio reducido
posteriormente como consecuencia del Protocolo Adicional de 1975, y muy
especialmente como consecuencia del Convenio Europeo para la Represión
del Terrorismo de 1977. El Protocolo Adicional al Convenio Europeo de
extradición impide a los Estados considerar delito político a cualquier
hecho constitutivo de delito de genocidio conforme al Derecho
Internacional, así como a los hechos constitutivos de violación de las
normas internacionales sobre tratamiento de heridos, enfermos,
prisioneros y sobre protección de personas civiles en tiempo de guerra.
Por su parte, el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo impide
a los Estados parte considerar delito político o delito conexo con un
delito político o delito inspirado por móviles políticos determinados
actos violentos especialmente graves como son la captura ilícita de
aeronaves, los actos ilícitos dirigidos contra la seguridad de la
aviación civil, los ataques contra la vida y la integridad de personas
que tengan derecho a una protección internacional, los actos que supongan
rapto, toma de rehenes o secuestro arbitrario o la utilización de bombas,
granadas, cohetes, armas de fuego automáticas o cartas o paquetes bomba
con peligro para las personas.
Aunque este convenio, ciertamente, supuso notable avance en materia de
extradición por delitos de terrorismo, conviene observar que su
aplicación se limita a ciertos actos terroristas que se consideran
especialmente graves. Por lo tanto, de acuerdo con el convenio de 1977,
los Estados pueden seguir considerando delito político y, por tanto,
denegar la extradición, cuando ésta se solicite por actos graves de
violencia contra la vida, integridad y libertad de las personas o actos
graves contra los bienes, siempre que estos actos no estén comprendidos
en el caso anteriormente reseñado y que el Estado requirente considere
que han sido cometidos con fines políticos. Y hay que considerar, además,
que muchos Estados hicieron importantes reservas al Convenio que
limitaban aún más su ámbito de aplicación.
En cualquier caso, ni el Protocolo al Convenio Europeo de Extradición ni
el Convenio Europeo para la represión del Terrorismo comportaron cambio
sustancial alguno en la filosofía de las relaciones entre Estados en
materia de extradición. Estas relaciones seguían ancladas en la
concepción tradicional basada en la desconfianza del Estado requerido
respecto del sistema de justicia penal del Estado
requirente. En esta situación incide el nuevo Convenio relativo a la
mejora de la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea
aprobado por el Consejo de la Unión Europea en el mes de julio pasado y
firmado por los representantes de todos los Estados de la Unión durante
el Consejo informal de Justicia y Asuntos de Interior celebrado la semana
pasada en Dublín.
El nuevo Convenio incluye en su preámbulo unas declaraciones que
considero de excepcional importancia y que me van a permitir sus señorías
que les traslade literalmente. Dice el preámbulo que los Estados miembros
tienen un interés común en garantizar que los procedimientos de
extradición funcionen de manera eficaz y rápida en la medida en que sus
sistemas de gobierno se basan en principios democráticos y en que los
Estados miembros respetan las obligaciones que establece el Convenio para
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950. Y, sobre la base de esta
declaración general, añade el preámbulo que todos los Estados miembros de
la Unión Europea expresan su confianza en la estructura y el
funcionamiento de sus respectivos sistemas judiciales y en la capacidad
de todos los Estados miembros para garantizar un proceso equitativo.
Se plasma así un novedoso principio en materia de extradición. Frente a
la tradicional desconfianza hacia los sistemas de justicia penal
extranjeros que latía tras la concepción clásica de la extradición se
afirma el principio opuesto de la confianza de todos los Estados miembros
de la Unión Europea en que sus respectivos sistemas de gobierno son
democráticos, en que en todos los Estados miembros se respetan los
derechos humanos y en que las libertades fundamentales y, en fin, los
sistemas judiciales de todos los Estados miembros aseguran un proceso
equitativo a cualquier persona que se vea sometido a ellos.
En este nuevo marco de confianza la extradición entre los Estados
miembros de la Unión Europea se ve extraordinariamente facilitada al
desaparecer o, cuando menos, debilitarse en gran medida muchas de las
barreras tradicionales basadas en la desconfianza hacia los sistemas
penales y judiciales extranjeros.
Me parece importante subrayar ante esta Comisión que el Gobierno español
--me refiero al Gobierno al que pertenezco y también a los anteriores
Gobiernos socialistas-- ha jugado un papel decisivo como impulsor de este
cambio radical de la filosofía inspiradora de las relaciones entre los
Estados de la Unión Europea en materia de extradición.
La primera iniciativa en esta materia se remonta al Consejo de Ministros
de Justicia de Funchal durante la Presidencia portuguesa. En este
Consejo, el Gobierno español presentó un documento en el que ya se
planteaba articular las relaciones entre los Estados miembros en materia
de extradición sobre bases nuevas, partiendo del principio de confianza
recíproca entre los sistemas legales judiciales y de tal forma que la
extradición dejara de contemplarse como un problema de choque entre
soberanías estatales y pasara a verse como un problema ordinario de
cooperación judicial.
En 1993, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior aprobó la
Declaración de Limelette en la que se subrayaba que era de interés común
concluir un convenio de extradición que completase y modificase las
disposiciones del Convenio Europeo de 1957 para facilitar la extradición
entre los Estados de la Unión. A raíz de esta Declaración se iniciaron
los trabajos, que tuvieron como primer fruto el Convenio Relativo al
Procedimiento Simplificado de Extradición entre los Estados Miembros de
la Unión Europea, aprobado por el Consejo de Justicia y Asuntos de
Interior el 10 de marzo de 1995.
Para lograr el resto de los objetivos señalados en dicha Declaración, la
Presidencia española presentó un proyecto de convenio relativo a la
mejora de la extradición, logrando el acuerdo de los Estados miembros
sobre una parte sustancial del articulado. Quedaron pendientes sólo los
temas relacionados con la exclusión del principio de doble incriminación
respecto de las conductas de conspiración o asociación con propósito
delictivo y la limitación de los presupuestos en que la extradición puede
denegarse al amparo del concepto de delito político. En el Consejo de
Justicia y de Asuntos de Interior de 4 de junio pasado se logró
finalmente un sustancial acuerdo entre los Estados miembros sobre estas
dos cuestiones pendientes. Esto permitió la aprobación del texto del
Convenio el pasado mes de julio y la firma por los representantes de
todos los Estados miembros en el Consejo de Dublín de la pasada semana,
como he dicho anteriormente.
Las disposiciones del Convenio reflejan la nueva filosofía de la
extradición en el ámbito de la Unión Europea. El nuevo planteamiento,
basado en la confianza recíproca en los sistemas penales y judiciales de
los Estados ha permitido, por ejemplo, ampliar el número de delitos
sujetos a extradición por la vía de rebajar la pena mínima exigible en el
Estado requerido, que pasa a ser de seis meses en lugar de la de un año
exigida por el Convenio Europeo de 1957.
Esta rebaja del umbral de pena exigible para la extradición es
especialmente significativa en el caso de Francia. Al suscribir el
Convenio Europeo de 1957, Francia se había reservado el derecho de
denegar la extradición cuando el delito que motivara la solicitud
estuviera castigado tanto en el Estado requirente como en la legislación
interna francesa con una pena de privación de libertad de duración
ingferior a dos años. En el Convenio de Schengen, Francia rebajó a un año
la exigencia respecto de la legislación del Estado requirente pero
mantuvo el listón de los dos años en su legislación interna. Es decir,
hasta ahora Francia deniega sistemáticamente la extradicción cuando el
delito por el que se solicita está castigado por la Ley Penal francesa
con una pena máxima que no supera los dos años de privación de libertad.
Pues bien, el nuevo Convenio de Extradición rompe definitivamente con
esta posición tradicional francesa. A partir del momento en que el nuevo
Convenio sea aplicable en las relaciones con Francia sólo podrá denegar
la extradición cuando la pena señalada al delito por su Ley Penal interna
no exceda de seis meses de privación de libertad. Por lo que se refiere a
Francia se ha pasado de dos años a seis meses, lo que significa una
ampliación muy sustancial del número de delitos por los que el Estado
francés se compromete a conceder la extradición.
En la misma línea ampliatoria y siguiendo la pauta marcada por el segundo
protocolo al Convenio Europeo de 1957, se prevé la posibilidad de
extender la extradición incluso a delitos castigados con pena de multa,
siempre que la petición se refiera también a algún delito castigado con
privación de libertad de la duración mínima exigida.
Otra importante manifestación de la nueva filosofía imprimida a las
relaciones de extradición entre los Estados de la Unión Europea es la
ruptura del principio de no extradición de los nacionales. En el nuevo
Convenio la regla general pasa a ser la de que no se podrá denegar la
extradición por el motivo de que la persona reclamada sea nacional del
Estado miembro requerido, regla a la que los Estados sólo podrán
sustraerse formulando una reserva que habrá de ser renovada cada cinco
años.
La regla tradicional, según la cual el Estado requerido puede denegar la
extradición basándose en la prescripción del delito conforme a su Ley
interna, también se rompe en el nuevo Convenio. A partir de su entrada en
vigor ningún Estado-parte podrá denegar la extradición por el motivo de
que la acción o la pena hayan prescrito con arreglo a la legislación del
Estado requerido. Esto puede repercutir de manera muy positiva,
especialmente en las relaciones con Francia, ya que como es sabido muchas
extradiciones solicitadas a las autoridades francesas han sido denegadas
por aplicación de los plazos de prescripción previstos por la legislación
del país vecino, más breve que los establecidos por nuestro ordenamiento
jurídico.
El principio de especialidad también se debilita ya que, por un lado, se
prescinde de la exigencia del consentimiento del Estado requerido para
que el extraditado pueda ser perseguido y juzgado por delitos distintos a
los que hayan motivado la extradición, siempre que ello no comporte
privación de libertad. Tampoco es necesario el consentimiento del Estado
requerido cuando el extraditado haya renunciado expresamente después de
la entrega a acogerse al principio de especialidad. Para los demás
supuestos sigue siendo preciso el consentimiento del Estado requerido,
pero el Convenio permite que los Estados-parte mediante una declaración
acepten que su consentimiento se presuma, salvo indicación expresa en
contrario al conceder la extradición.
Se facilita también la reextradición, eliminándose, salvo reserva, la
exigencia del consentimiento del Estado requerido, establecida por el
Convenio de 1957.
Se agiliza la tramitación de las solicitudes de extradición,
estableciéndose una autoridad central en cada Estado y contemplándose la
transmisión de documentos mediante telecopia.
Se prevé también para el Estado que hagan una declaración en tal sentido
la comunicación directa entre autoridades judiciales de los Estados
requirente y requerido a fin de obtener información complementaria.
Se facilita, asimismo, el tránsito simplificado de la información que
debe facilitarse junto a la solicitud.
Siendo importante todo lo anterior y, sin duda, revelador de ese nuevo
clima de confianza recíproca en el que se enmarcan la relaciones entre
los Estados de la Unión Europea en materia de extradición, las novedades
de más trascendencia y las que más interesan a España son las que se
refieren al alcance del requisito de doble incriminación y a la
limitación del juego del concepto de delito político como obstáculo a la
extradición. Las disposiciones del Convenio sobre estas dos cuestiones
son especialmente importantes porque inciden directamente en el régimen
de la extradición por delitos de tanta gravedad como son los de
terrorismo y los relacionados con el tráfico de drogas.
En relación con el principio de doble incriminación, el artículo 3 del
Convenio excluye el juego de dicho principio para denegar la extradición
cuando ésta se solicite por delito de conspiración o asociación con
propósito delictivo, siempre que la conspiración o asociación sean para
acometer alguno de los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 del
Convenio Europeo para la represión del terrorismo.
Quiero destacar la amplitud del precepto, ya que los citados artículos 1
y 2 del Convenio Europeo para la represión del terrorismo comprenden
cualquier acto grave de violencia contra la vida, la integridad corporal
o la libertad de las personas, así como cualquier acto grave contra los
bienes que haya creado un peligro colectivo para las personas. Según
esto, la conspiración o asociación con propósito de cometer cualquiera de
estos delitos dará lugar siempre a la extradición, aunque la legislación
del Estado requerido no castigue penalmente la conspiración o la
asociación con propósito delictivo.
En la práctica, y con referencia a nuestros intereses en materia de
represión del terrorismo, esta disposición en unión con la del artículo
5, sobre la que inmediatamente informaré a sus señorías, permitirá
obtener la extradición de terroristas, incluso en los casos en que
únicamente se pida por delito de pertenencia a banda armada de los
artículos 515.2 y 516 del Código Penal vigente. El Estado requerido no
podrá en estos casos denegar la extradición basándose en que su
legislación no castiga como delito la conducta de asociación con
propósito de cometer delitos de terrorismo.
El mismo esquema se aplica a la conspiración y asociación con propósito
de cometer delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras
formas de delincuencia organizada u otros actos de violencia contra la
vida, la integridad física o la libertad de una persona o que representen
un peligro colectivo para las personas. Tampoco podrá denegarse, en estos
supuestos, la extradición, aunque en el Estado requerido no se castigue
como delito la conspiración y la asociación con propósito delictivo.
El Convenio prevé la formulación de reservas de no aplicación o de
aplicación sólo en determinadas condiciones de las disposiciones a las
que me acabo de referir. Esto significa que se permite a los Estados
declarar que seguirán aplicando el principio de doble incriminación a las
peticiones de extradición, basadas en delitos de conspiración o
asociación con propósito delictivo.
Las reservas se formularán, en su caso, por cada Estado en el momento de
comunicar oficialmente la ratificación del Convenio. Todavía no pueden
hacerse previsiones acerca de si algún Estado se acogerá a esta
posibilidad de formular reserva a la aplicación del artículo 3. Ahora
bien,
incluso los Estados que hayan formulado reserva al artículo 3 quedan
obligados, según el Convenio, a conceder la extradición cuando se
solicite respecto de cualquier persona que contribuya a la comisión por
parte de un grupo de personas que actúen con un objetivo común de uno o
más delitos en el ámbito del terrorismo, siempre que la colaboración sea
intencional y con pleno conocimiento bien del objetivo y de la actividad
delictiva general del grupo, bien de la intención del grupo de cometer el
delito o delitos de que se trate. Es decir, según esto y con referencia a
nuestro ordenamiento, un Estado europeo que haya formulado reserva al
artículo 3 del Convenio podrá denegar la extradición por el delito de
pertenencia a banda armada, pero no podrá denegar la extradición por el
delito de colaboración con banda armada del artículo 576 del Código
Penal. La extradición por este delito de colaboración con banda armada,
que ha planteado problemas en el pasado, queda así asegurada en todo caso
una vez que el Convenio entre en vigor.
El mismo régimen se aplica a las conductas de colaboración con
organizaciones delictivas en el ámbito del tráfico de estupefacientes y
otras formas de criminalidad organizada, así como a la colaboración para
acometer actos de violencia contra la vida, la integridad física o la
libertad de las personas, o que representen un peligro colectivo para las
personas.
El otro precepto, sobre el que reclamo especialmente la atención de sus
señorías, es el artículo 5 del Convenio. Este artículo afecta al
tradicional principio de exclusión de la extradición por delitos
políticos y establece, como regla general, que ningún Estado miembro
podrá denegar la extradición solicitada por otro Estado miembro,
basándose en la consideración de que el delito que motiva la solicitud es
un delito político o un delito relacionado con un delito político o un
delito inspirado por móviles políticos.
Este principio general es de extraordinaria importancia porque implica la
renuncia de todos los Estados miembros a considerar que en los demás
Estados-parte se persigue penalmente a las personas por motivos
políticos. Aquí se manifiesta con especial intensidad ese nuevo marco de
confianza recíproca en el que se sitúa el régimen de extradición diseñado
en el Convenio.
Si como dice el preámbulo todos los Estados miembros de la Unión Europea
confían en que sus Gobiernos se basan en principios democráticos y
respetan plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales,
sería absurdo que un Estado pudiera considerar que otro pretende
perseguir a un ciudadano por razones de tipo político.
Ahora bien, el Convenio también permite a los Estados-parte formular
reserva a este principio general. Lo decisivo, sin embargo, es que las
eventuales reservas que se formulen no podrán afectar a los delitos de
terrorismo, incluyendo el de colaboración con banda armada, organización
o grupo terrorista. Estos delitos de terrorismo y colaboración con
organización terrorista en ningún caso podrán ser considerados delitos
políticos a efectos de denegar la extradición, ni siquiera por los
Estados que hayan formulado reserva al artículo 5 del Convenio.
Se produce así un avance muy sustancial respecto de la situación
anterior, puesto que conviene recordar que aunque el Convenio Europeo
sobre Represión del Terrorismo de 1977 pretendía también excluir al
terrorismo del concepto de delito político, sus resultados en la práctica
fueron muy pobres, en primer lugar, porque sólo afectaba a cierto tipo de
actos terroristas de especial gravedad, secuestros de aeronaves, toma de
rehenes y otros actos similares y, en segundo término, porque muchos
Estados formularon una reserva que les permitía seguir considerando
delito político incluso estos actos terroristas de especial gravedad.
Este era el caso, con referencia únicamente a los Estados miembros de la
Unión Europea, de Dinamarca, Italia, Suecia, Bélgica, Francia y Países
Bajos, que formularon una declaración al Convenio sobre represión del
terrorismo, reservándose el derecho de considerar delito político y, por
tanto, denegar la extradición, incluso respecto de los actos terroristas
especialmente graves, enumerados en el artículo 1 del Convenio. Estas
reservas, de hecho, suponían una práctica desvinculación de estos Estados
respecto de las previsiones más importantes del Convenio Europeo para la
Represión del Terrorismo. El nuevo convenio significa, por tanto, un giro
radical. Una vez que entre en vigor, ninguno de los Estados a los que me
acabo de referir podrá invocar frente a los demás Estados-parte la
reserva formulada al Convenio sobre Represión del Terrorismo. Además, los
delitos de terrorismo sujetos a extradición no son sólo los especialmente
graves contemplados en el artículo 1 del Convenio de 1977, sino, en
general, cualquier acto terrorista que implique violencia grave contra
las personas o contra los bienes. Y, en fin, ninguno de estos actos podrá
ser considerado en el futuro, por ningún Estado de la Unión Europea, como
delito político a efectos de denegar la extradición.
Puede decirse, por tanto, que el Convenio relativo a la mejora de la
extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, enmarcado en
un nuevo clima de confianza recíproca en los sistemas políticos, penales
y judiciales de los Estados miembros, comporta un avance sustancial en
materia de extradición, y con ello contribuye de manera decisiva a
asegurar la eficacia de la represión de la criminalidad en el ámbito de
la Unión Europea, con especial incidencia en los delitos de terrorismo,
tráfico de drogas y, en general, delincuencia organizada.
Por lo que se refiere a los intereses específicos de España, creo que
debe destacarse especialmente que, con el nuevo convenio, ningún Estado
de la Unión Europea podrá denegar la extradición de terroristas, ni
siquiera cuando sólo se les impute colaboración con banda armada sin
participación en ningún acto terrorista concreto. Estos delitos quedan en
todo caso excluidos del concepto de delito político, y respecto de ellos
queda excluida también la aplicación del principio de doble
incriminación.
Ciertamente, el convenio no entrará en vigor hasta transcurridos noventa
días desde que se notifique al Secretario General del Consejo de la Unión
Europea su ratificación por los quince Estados que hoy pertenecen a la
Unión. En este momento, sólo puedo expresar mi confianza en que los
trámites de ratificación en los quince Estados se
cumplimenten en un tiempo razonable. Ahora bien, el propio convenio
permite que los Estados, al ratificarlo, declaren que será aplicable en
sus relaciones con los demás Estados que hagan igual declaración, sin
esperar a que se produzcan las quince ratificaciones. En este sentido, me
complace informar a sus señorías del acuerdo alcanzado en la reunión que
se celebró el pasado día 24 de septiembre, en el Ministerio de Justicia,
con el Ministerio belga de Justicia, y a la que asistió también el
Ministro del Interior, señor Mayor Oreja. En dicha reunión, se suscribió
una Declaración conjunta mediante la que se convino en que ambos Estados
procederían, en el plazo más breve posible, a la ratificación del
Convenio de la Unión Europea relativo a la Mejora de Extradición, y se
acordó también que ambos Estados aplicarían el artículo 18.4 del
Convenio, a fin de que sea aplicable de manera anticipada entre los dos
países desde que lo ratifiquen ambos, y sin esperar a su entrada en vigor
en el conjunto de los quince Estados de la Unión Europea.
Quiero subrayar la importancia de este acuerdo, que permitirá que en el
futuro no vuelvan a surgir los problemas bilaterales que se han planteado
como consecuencia de la denegación por parte de Bélgica de la extradición
de los terroristas Moreno y García.
Un último aspecto del Convenio, que me parece importante resaltar, es el
de su aplicación a todas las peticiones de extradición que se formulen
tras su entrada en vigor, incluso aquellas que se realicen por delitos
cometidos con anterioridad a la vigencia del Convenio. Con el fin de
asegurar la inmediata adaptación de nuestra legislación interna a las
disposiciones del nuevo Convenio, el Ministerio de Justicia ha preparado
ya un borrador de ley de cooperación jurídica internacional en materia
penal, que será presentado al Consejo de Ministros dentro de este mismo
trimestre. El alcance de este borrador es más amplio, puesto que lo que
se pretende es llenar una laguna de nuestro ordenamiento jurídico en el
que actualmente las disposiciones relativas a la cooperación jurídica en
materia penal son escasas y se encuentran dispersas en diferentes textos
legales. Con la nueva ley se regularán de una manera unitaria y armónica
no sólo las cuestiones relativas a la extradición, sino también los
traslados de personas condenadas, la transmisión de procesos penales, la
ejecución de sentencias penales extranjeras y el auxilio judicial
internacional. Esta ley contribuirá sin duda a facilitar el
desenvolvimiento de la cooperación jurídica internacional en materia
penal entre España y los demás Estados de la comunidad internacional, y
en especial con los demás Estados de la Unión Europea.
Paso a continuación a informar brevemente acerca de otras cuestiones
relacionadas con la cooperación europea en el ámbito de la justicia, y
que han sido objeto de las últimas reuniones del Consejo de Justicia y
Asuntos de Interior, o sobre las que se está trabajando en el marco de
las disposiciones del Título IV del Tratado de la Unión Europea.
En el Consejo informal de Dublín se ha firmado también el primer
protocolo sobre el Convenio relativo a la Protección de los Intereses
Financieros de las Comunidades Europeas por el que los Estados miembros
se comprometen a tipificar como delito, en sus respectivas legislaciones
internas, los hechos que el Convenio define como corrupción pasiva y
corrupción activa, en relación con las conductas ilícitas de funcionarios
que causen o puedan causar perjuicio a los intereses financieros de las
Comunidades Europeas. Este Protocolo queda sujeto a ratificación por los
quince Estados miembros, y entrará en vigor una vez que se hayan
comunicado oficialmente las quince ratificaciones.
En el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, el Consejo de
Justicia y Asuntos de Interior, de 4 de junio pasado, examinó el proyecto
de convenio sobre el traslado de documentos judiciales y extrajudiciales
en materia civil y mercantil. Se produjeron algunos avances en las
principales cuestiones pendientes: descentralización del sistema de
transmisión de documentos y aceptación del uso de telecopia, y se encargó
al Grupo que continuara los trabajos.
Otro convenio que se encuentra en avanzado estado de elaboración es el
llamado Convenio de Bruselas II, con el que se pretende incluir las
cuestiones relativas al matrimonio y a la custodia de menores en el
ámbito del Convenio de Bruselas sobre Competencia Internacional y
Ejecución de Resoluciones en Materia Civil y Mercantil. En el consejo
informal de Dublín se pudo detectar la voluntad de los Estados miembros
de avanzar sustancialmente en la negociación de estos dos importantes
convenios con vistas al próximo Consejo de Justicia y Asuntos de
Interior, que se celebrará a finales de noviembre.
El Grupo Director III está trabajando también en un proyecto de convenio
sobre asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de
la Unión. Uno de los aspectos que contempla este proyecto es el de la
audición de testigos a distancia. Sobre esta cuestión, los ministerios de
Justicia de España, Francia e Italia, con apoyo financiero comunitario,
han organizado un seminario que se desarrollará en Madrid el próximo mes
de febrero.
Quiero hacer referencia a las iniciativas del Gobierno belga relacionadas
con la lucha contra el tráfico de seres humanos y la explotación sexual
de jóvenes, que han sido presentadas al último consejo informal de Dublín
y que cuentan con el apoyo del Gobierno español. Se trata de propuestas
de acción común encaminadas a asegurar un tratamiento jurídico-penal
adecuado de estas conductas en todos los Estados miembros, así como a
facilitar la persecución de estos delitos, introduciendo criterios de
extraterritorialidad en la determinación de la competencia penal
internacional y acentuando la cooperación judicial entre los Estados. Se
propone también el establecimiento de un programa de desarrollo e
intercambio destinado a los responsables de la acción contra el tráfico
de seres humanos y a la explotación sexual de menores, así como a la
adopción de una posición común de los Estados miembros de la Unión
Europea para defender ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la
declaración de Estocolmo de 31 de agosto pasado. En el consejo de Dublín,
estas propuestas lograron el apoyo político de los ministros asistentes,
quedando pendiente su discusión y eventual adopción por el próximo
Consejo de Justicia y Asuntos de Interior previsto para finales de
noviembre.
Señor Presidente, señorías, gracias por su atención. Estoy a su
disposición para contestar las preguntas que deseen efectuarme.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Iniciamos este turno con el Grupo
Parlamentario Socialista, demandante de la comparecencia.
Tiene la palabra su señoría.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA: Muchas gracias, Presidente.
Señora Ministra, bienvenida a esta Comisión. Quiero que mis primeras
palabras sean de agradecimiento por las informaciones que nos ha
facilitado sobre la marcha y el estado de las cuestiones tratados en el
Consejo JAI, de ministros de Justicia y Asuntos de Interior, referido
evidentemente a las cuestiones que hoy son competencia de su
Departamento, que son las de Justicia.
Compruebo sin demasiada satisfacción que, con independencia de lo
relativo a la extradición, a la que luego me referiré, son escasos los
avances que se han producido durante estos meses en el ámbito del tercer
pilar, cuya estructura y funcionamiento todos sabemos que han sido
puestos de manifiesto en múltiples ocasiones. Por lo tanto, confiamos en
que su Gobierno y su Ministerio apoye, en el marco de la Conferencia
Intergubernamental, el conjunto de las reformas reclamadas por todos los
que creemos que es imprescindible avanzar en la Unión Europea.
En la Europa de los ciudadanos no es posible avanzar sin conformar un
auténtico espacio común jurídico y judicial. Para ello, es, desde luego,
necesario remover obstáculos de fondo y de forma; de fondo en cuanto a la
desconfianza que sigue existiendo en todos los países sobre los sistemas
judiciales de cada uno de los Estados miembros y de forma en cuanto que
es necesario introducir en el Título VI del Tratado mecanismos que
agilicen la toma de decisiones para hacer más eficaz la creación del
espacio judicial y jurídico europeo.
Nos ha hablado usted con detenimiento del tema que es, evidentemente, el
más importante en la construcción de ese espacio jurídico y judicial
europeo: el de la extradición. Llevamos muchos años luchando por llegar a
concluir un convenio que sea instrumento eficaz en la lucha, sobre todo,
contra la delincuencia organizada y contra el terrorismo. Y son muchas
las dificultades que ha habido, precisamente, derivadas de las
desconfianza a la que usted ha hecho mención.
En principio, señora Ministra, con el texto en la mano del convenio que
tenemos aquí, me gustaría que nos hiciera usted algunas aclaraciones
respecto de lo que ha dicho y respecto de lo que dice dicho texto. Al
Grupo Parlamentario Socialista le hubiera gustado mucho venir hoy aquí
para mostrar su satisfacción por haber llegado a concluir un convenio que
sea instrumento eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada y,
sobre todo, en nuestro país, contra el terrorismo. Yo no creo que éste
sea un tema del que haya que hacer una utilización partidista, pues es lo
suficientemente importante como para no hacerlo. En definitiva, si, al
final, el convenio no es eficaz, los únicos que se van a beneficiar van a
ser, desde luego, los delincuentes y los terroristas y nadie más.
Usted sabe que va a tener siempre el apoyo de nuestro Grupo para trabajar
en este ámbito, aunque nos gustaría saber, exactamente, si el convenio ha
quedado como creemos que ha quedado, en cuyo caso no vamos a estar de
acuerdo porque pensamos que se habría perdido una magnífica oportunidad
para suscribir un acuerdo eficaz. Si es así, evidentemente me reservo la
posibilidad de poner de manifiesto que creemos que es posible que ustedes
se hayan equivocado o que se hayan precipitado al suscribir el convenio.
¿Es un instrumento endemoniado? Desde luego, es un instrumento
dificilísimo de interpretar. Téngase en cuenta que es un instrumento que
va dirigido a que lo utilicen los jueces: todo menos transparencia.
Del conjunto de los artículos se podrían establecer algunas conclusiones.
En primer lugar, se establece en el artículo 2 del convenio la regla
general de la exigencia de la doble incriminación. Aquí había dos
problemas, como usted muy bien ha explicado, dos escollos que quedaron
pendientes en el mes de abril: el delito político y la doble
incriminación. Dicho esto, no me entretengo más en hablar de esos dos
temas porque usted ya los ha explicado muy bien.
En el convenio se establece, en primer lugar, la regla general de la
doble incriminación para todos los supuestos de extradición, es decir,
cualquier solicitud de extradición que se efectúe por un país tiene que
estar tipificada en el Código Penal del país que la solicita y en el país
al que se la solicita. Ese es el principio general. En segundo lugar, se
establece una segunda regla general que excepciona la anterior cuando los
hechos que estén tipificados se refieren a conspiración o a asociación
para delinquir. En este caso, la regla general es que no se exige la
doble incriminación o identidad normativa. Cuando los hechos que dan
lugar a la extradición sean la asociación de malhechores, la conspiración
con el propósito de cometer actos delictivos graves o cualquier otro que
afecte a la vida, los que están incluidos en los artículos 1 y 2 del
Convenio Europeo de Extradición, existe una derogación del principio de
doble incriminación.
Hasta aquí bien, porque hemos conseguido lo que queríamos. En lo que yo
discrepo es en lo que viene a continuación, porque se establece la
posibilidad de que cualquier Estado miembro tenga las reservas que estime
oportunas y como las estime oportunas. Es decir, cada Estado miembro se
reserva la posibilidad de no aplicar este artículo y de mantener el
principio general de exigencia de identidad normativa. Y esto no es
desvirtuado suficientemente por otros preceptos del convenio porque los
mismos preceptos del convenio, aun cuando establecen una declaración, que
yo creo que jurídicamente no se podría calificar más que como una
declaración de intenciones o de buena voluntad, tienen el compromiso de
hacer extraditable los hechos que sean constitutivos de delito y que
afecten a la asociación del malhechores, no sólo en su modalidad
ejecutiva, sino también en su modalidad meramente participativa, es
decir, la mera colaboración, y están remitiéndose siempre al principio
general del convenio, o sea, a
la doble incriminación. Por lo tanto, única y exclusivamente, aquellos
Estados miembros que tengan tipificados en sus códigos penales el delito
de asociación de malhechores, en todas sus variantes, no sólo en su
variante o en su modalidad de ejecución, sino también de mera
colaboración, solamente esos Estados, si efectúan reserva, van a ser
obligados por este convenio a proceder a la extradición.
Hay muchos países en Europa que no tienen tipificada la asociación de
malhechores y hay otros que la tienen tipificada, pero únicamente en sus
modalidades ejecutivas. Esto, como la señora Ministra sabe muy bien y ha
puesto de manifiesto, nos ha creado muchísimos problemas. Concretamente,
con Francia fue lo que determinó que, hasta que no modificaron su Código
Penal en el año 1994, se denegaran multitud de extradiciones a España,
sobre todo, aquellas extradiciones que consistían en hechos no
ejecutivos, sino referidos a la mera colaboración o participación en
banda armada, como ha sido, además, el caso concreto de Bélgica. En este
caso, los dos presuntos terroristas están acusados de colaboración con el
comando Vizcaya. Lo que dijo la Justicia belga en su momento fue que el
acto de mera colaboración estaba excluido, además, de que el tema se
podía calificar como delito político.
Si esto es así, y me gustaría realmente que no lo fuese, señora Ministra,
el Grupo Parlamentario Socialista cree que hemos avanzado muy poco. Es
verdad que se ha creado una nueva filosofía para la extradición y en esto
se ha avanzado. Es verdad que se ha cogido todo el marco del convenio que
España presentó en la Presidencia Europea y que se ha cambiado la
filosofía. Y es verdad que se avanza en el tema de la prescripción, en el
tema del delito fiscal y en el tema de la extradición de nacionales. Pero
si esto es así, si queda condicionado el principio de doble
incriminación, es decir, la necesidad de que los hechos delictivos estén
tipificados en todos los códigos penales, evidentemente, hasta que esa
armonización o esa tipificación no se produzca en el conjunto de los
Estados miembros de la Unión, vamos a estar siempre sujetos a la
posibilidad de que nuestras demandas de extradición no prosperen.
Yo creo que, además, el hecho de que se haya admitido la posibilidad de
tantas reservas redunda en perjuicio de la propia institución de la
extradición. Hemos hecho un convenio a la carta. Mire usted, yo pienso
que así no se avanza mucho tampoco en ese espacio judicial y jurídico
europeo que todos queremos crear. Cada Estado va a coger del convenio lo
que quiera y cuando quiera, en lo que se refiere, fundamentalmente, al
tema de la asociación de malhechores. Creamos el queso gruyère, como se
diría usando una terminología comunitaria. Sigue habiendo agujeros en
esta materia; por tanto, ha habido probablemente una cierta
precipitación. Por el hecho de querer obtener resultados inmediatos, no
sería muy positivo que, al final, en los temas que realmente son más
importantes, porque son los que producen mayor alarma social, vayamos a
seguir teniendo problemas en el futuro con las demandas de extradición.
Por tanto, señora Ministra, me gustaría que me concretara si en el
artículo 2 bis del Convenio, cuando se establece que los Estados que
hayan hecho reservas harán extraditables las conductas relativas a la
comisión de cualquier acto terrorista, se incluye la frase que hace
remisión al artículo 2, donde se dice: con arreglo a las condiciones
generales del Convenio, o lo que es lo mismo, con arreglo a las
condiciones del apartado 1 del artículo 2, es decir, a la regla general
de la doble incriminación.
Si eso es así, la verdad es que el Grupo Parlamentario Socialista va a
lamentar mucho la precipitación en la conclusión de este Convenio.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, quisiera comenzar mi intervención con una
felicitación, no sólo al Gobierno por la firma de este Convenio, sino
también extensible al conjunto de la sociedad española, habida cuenta de
lo que este instrumento jurídico va a significar para nuestro país,
felicitación que, desde luego, igualmente debe entenderse aplicada a lo
que podríamos denominar como continuidad en la tarea de Estado, dado que
el trabajo ahora culminado tuvo su esfuerzo inicial durante el último
semestre de Presidencia española.
Y es de bien así reconocerlo y así expresarlo, como desde la misma
vertiente es igualmente de bien que otros no dejen de reconocer que el
desbloqueo en dos aspectos fundamentales del Convenio, esto es, lo que
afecta al delito político y a la aplicación matizada del principio de
doble incriminación, corresponden estrictamente al haber de este
Gobierno, aspectos, además, sin los cuales este Convenio no tendría la
significación capital presente.
Y yo, desde la convicción de mi Grupo Parlamentario de que estamos ante
una cuestión de singular trascendencia para España, donde con toda
seguridad España va a poder encontrar unos beneficios jurídicos y
prácticos inmediatos, no quiero establecer ninguna polémica especial en
esta comparecencia, aunque sí señalar que, en todo caso, parece evidente
que la situación que se va a crear a partir de la entrada en vigor en su
momento de este Convenio será sustancialmente mejor para los intereses
del conjunto de la Unión, pero particularmente para los intereses de
España que la situación presente, con lo que, en este caso, establecer
dudas o matizaciones sobre ese fondo mejor parece, cuando menos,
sorprendente.
Pero, en todo caso, lo que para nosotros es fundamental, y se desprende
de la intervención de la señora Ministra, es que el valor de este nuevo
Convenio, amén de su significación práctica, gira sobre la afirmación de
un principio capital para la construcción de la Unión Europea, no sólo
como un proyecto económico, sino como un proyecto político, jurídico e
intelectual, esto es, la constatación del principio de confianza
recíproca de los Estados miembros en orden a una identidad democrática,
lo que conlleva a su vez una confianza en la estructura y funcionamiento
de sus respectivos sistemas judiciales y en la capacidad de esos Estados
para garantizar un proceso equitativo.
Es evidente que este nuevo instrumento jurídico permite vislumbrar un
futuro mejor en lo concerniente al reforzamiento de la cooperación
judicial entre los Estados miembros a través de ese cauce técnico
esencial que es la extradición como vía para ahondar en la eficacia de la
lucha contra todas las formas de criminalidad organizada transnacional y
con mención especial, desde luego, del terrorismo.
Parece obvio a estas alturas recordar que la historia no es un fenómeno
estático y que, por tanto, la propia naturaleza dinámica del devenir
histórico impone la necesidad de revisar y hacer evolucionar las ideas,
los conceptos y las instituciones conforme al ritmo, a las necesidades, a
los objetivos y a la descripción misma de cada momento dado.
Así, la concepción de las limitaciones a la extradición, como conquista
del Estado liberal y del Estado de Derecho, deben servir, sirven y
servirán todavía como una expresión de principios garantistas, pero, sin
duda, deberían ser sometidas a precisión en su aparataje técnico en el
contexto de una Europa que busca su unidad y que se construye
indubitadamente sobre los cimientos del más escrupuloso respeto político
al conjunto de valores que dan cuerpo a la doctrina de los derechos
humanos y de las libertades públicas.
Por ello, la propia realidad del proyecto de la Unión Europea aconsejaba
hacer posible que principios tales como el de la necesidad de la doble
incriminación, la constatación de la punibilidad, el principio de
especialidad, la no extradición de nacionales o la exclusión del delito
político, tuvieran una manifestación conforme a su intención jurídica de
origen, desde luego, siempre conforme a su intención jurídica-histórica
de origen, pero evitando a la vez que por una desfasada normativación de
los mismos pudieran seguir siendo operados negativamente como elementos
de desencuentro entre Estados como paradójico lastre en detrimento de la
prevalencia constante del imperio de la ley y, en su consecuencia, en el
solo beneficio de algunos delincuentes.
Sin necesidad de ser más explícitos, baste simplemente como constatación
de lo dicho --y se ha apuntado en esta sesión-- la evocación del
contencioso surgido entre España y Bélgica a propósito de la denegación
de extradición de los presuntos etarras Moreno Ramajo y García Arranz,
situación ésta que seguramente ya no volverá a producirse una vez entre
en vigor el presente Convenio. De ahí su eficacia.
Conviene destacar esencialmente la dicción literal del artículo 5 del
texto de referencia, por cuanto que la misma incorpora una dimensión
nueva que ha de redundar, no sólo en la persecución jurídica, sino
también en el aislamiento político --y esta idea es fundamental--, no
sólo en la persecución jurídica, sino también en el aislamiento político
del terrorismo en el conjunto de los territorios de la Unión.
Así, la citada norma prevé que, a efectos de la aplicación del presente
Convenio, el Estado miembro requerido no concederá a ningún delito la
consideración de delito político, de delito relacionado con un delito
político o de delito inspirado por móviles políticos, lo que a todas
luces implica, por ejemplo, que ETA ya no va a poder seguir construyendo
su discurso --su siempre falso discurso, desde luego-- sobre la dicotomía
de afirmar que la valoración de su significado y de sus estrategias era
distinta por parte del Estado español en relación con otros Estados
europeos, porque el Convenio viene, en definitiva, a desterrar del
espacio jurídico de la Unión toda posibilidad de dar cobertura a
cualquier manifestación violenta que se articule en contra de cualquiera
de los Estados firmantes bajo la pretensión de una causa de naturaleza
ideológica o política.
Debe entenderse, además, que en la razón de ser de este Convenio subyace
una voluntad de los Estados miembros de la Unión por avanzar en una
concepción supranacional de Europa, en tanto en cuanto --y es, desde
luego un avance histórico-- el factor de la nacionalidad ya no opera como
causa excluyente absoluta de la extradición, incluso porque se incorporan
mecanismos temporales de revisión de esta previsión a efectos de poder
superar aquellas limitaciones que en el momento de la firma del Convenio
puedan venir impuestas por la previsión constitucional de alguno de los
Estados.
Pero, sobre todo, el avance sustancial que representa este Convenio se
ciñe a la determinación de un instrumento preciso que haga efectiva lo
que es una realidad incontestable y que afecta a la necesidad de
posibilitar una respuesta unitaria europea a la capacidad operativa de la
gran delincuencia organizada de modo que aquélla no pueda seguir
utilizando las particularidades o singularidades de cada una de las
legislaciones para evitar así la acción de la justicia.
Sin embargo, la satisfacción por este Convenio no debe dar por terminada
la tarea, que en el seno de la Unión Europea es preciso continuar
avanzando, en pro de reforzar todas las posibilidades de prevención,
investigación y esclarecimiento del delito. Y en este sentido sí
quisiéramos esbozar también alguna breve consideración, más con
orientación de futuro, más pensando en esa tarea complementaria a la ya
hecha.
Así, en la línea de lo que este Convenio posibilita como significado de
fondo, parece coherente también tratar de impulsar en la Conferencia
Intergubernamental para la revisión del Tratado de Maastricht la
plasmación expresa del principio de no admisibilidad de solicitudes de
asilo de ciudadanos de países de la Unión Europea en cualquier otro
Estado miembro igualmente de la Unión, posibilidad que, afortunadamente,
nos consta que ya está en fase de proyecto de resolución a través de
determinados estudios en el Parlamento Europeo.
Por lo mismo, conviene reivindicar la necesidad de que en el texto
resultante de la Conferencia Intergubernamental la política de lucha
contra el terrorismo sea identificada en el futuro y diferenciada como
una política común dentro de la cooperación del tercer pilar, de tal modo
que pasara a constituir un objetivo singularizado y prioritario del
mismo.
Es obvio que la importancia de lo dicho se atiene a la universalización
del fenómeno terrorista, a las diversas manifestaciones e intereses del
mismo y a sus objetivos y escenarios cambiantes, de manera que no es
posible entenderlo
sólo como un problema local, como un problema de alguien, y de ahí la
urgencia de utilizar todos los medios adecuados para que en un marco
caracterizado por la cooperación entre Estados democráticos y de derecho,
dotados de unos sistemas políticos, sociales y jurídicos afines, como es
el caso de la Unión Europea, no quepan lagunas en los límites definidores
de esa cooperación, bien por obsolescencia de los instrumentos ya
existentes, bien, si ese fuera el caso, por falta de un decidido impulso
político para adecuarlos y renovarlos.
Esa es una tarea de todos, y desde esta vertiente es claro que cuanto el
Convenio de extradición supone de progreso en el ámbito de la cooperación
judicial, deberá ser complementado en el futuro en un área tan esencial
como lo es también la de la cooperación policial.
Sin duda, construir Europa comporta acabar con recelos y tabúes, y quizá
la perentoriedad de ese gran requerimiento resulta esencialmente sensible
en el contexto de lo que debe ser esa cooperación policial, si es que de
la misma se quiere hacer un valor efectivo y eficaz. Entendemos que esta
referencia constituye, sin lugar a dudas, un complemento, una segunda
fase de futuro a los logros que representa este Convenio de extradición.
Para ello hay que entender que la cooperación policial no podrá reducirse
al inútil simplismo de tener o de temer una invasión o injerencia por
extranjeros, entre comillas, de lo que son las competencias propias y
exclusivas de las policías nacionales, porque concebir la cooperación
como una mera fórmula testimonial o de gestos a fin de evitar teóricas
usurpaciones, también entre comillas, constituye, en todo caso y sin
excusa, un anacronismo reaccionario impropio de la tarea que hay que
actuar.
Se trata, de la misma forma que se ha avanzado en lo concerniente al
Convenio de extradición y, por tanto, en el marco de la cooperación
judicial, de esbozar también en el marco de la cooperación policial un
modelo común que facilite la aplicación de un principio de
especialización y de coparticipación de las diversas policías en función
de la naturaleza del delito perseguido en cada caso, a efecto de que cada
una de estas policías admita y reciba la presencia y el apoyo
investigador directo de otros colegas de la Unión, en virtud de los
especiales conocimientos de cada Cuerpo nacional y con vocación, pues, de
no plasmar una cooperación meramente testimonial o decorativa, sino de
articular líneas que faculten a una cooperación de presencia contributiva
y operacional dentro de un escenario jurídico y práctico, que en ningún
momento pueda plantear dudas en el orden competencial o legal.
La carencia de límites en su acción es una característica que define la
actuación de los delincuentes, la esencia misma de la naturaleza del
delito de manera muy notable, y por ello esa necesidad es especialmente
sensible cuando se trata de prevenir los efectos de la gran delincuencia
organizada. Eso comporta tener que revisar, como se ha hecho ahora a
propósito de los principios, criterios y requisitos operacionales que
afectaban a la institución de la extradición, aquello que en el terreno
práctico, en este caso en el terreno operacional, en el de la cooperación
policial, pueden y deben perfeccionar también quienes tienen atribuido
legítimamente el compromiso de la defensa de la Ley, y por eso sólo cabe
una respuesta legal multinacional a quienes proyectan multinacionalmente
el horizonte de su actividad criminal.
Si España sabe sobre ETA más que cualquier otra policía de la Unión, por
razones obvias; si Francia sabe sobre integrismo islámico más que
cualquier otra policía; si Bélgica sabe sobre redes de explotación sexual
de menores más que cualquier otra policía; si Italia sabe sobre mafia más
que cualquier otra policía; o si Holanda sabe sobre tráfico de
estupefacientes más que cualquier otra policía de la Unión, es
indiscutible que comúnmente hay que explotar, en beneficio de toda la
Unión, esas experiencias, y ya no sólo desde el intercambio de la
información, sino también desde cada operativo singular que se produzca,
porque, de lo contrario, quienes se sitúan fuera de la Ley siempre
ganarán la partida.
Insisto que estas consideraciones vienen a complementar como retos de
futuro el singular e importante camino avanzado en materia de cooperación
judicial a partir de lo que significa este Convenio de extradición. Amén
de fórmulas bilaterales que nunca se excluyen, y en este sentido es de
celebrar por todos --supongo que no hará falta realizar ninguna mención
especial-- el acuerdo suscrito entre los Gobiernos de España y de
Bélgica, lo cierto es que, tras la nueva y positiva realidad que abre el
Convenio de extradición, hay que ir a la definitiva puesta en marcha del
Convenio de Europol, superando cuantas barreras se aprecien en la
actualidad y dando también a Europol viabilidad en el terreno de la lucha
contra el terrorismo. Una vez se logre este objetivo, es evidente que se
estará más cerca de dotar de consistencia sólida a cuanto entraña la
definición del tercer pilar de la Unión.
También en esto debe haber una tarea compartida y respaldada por todos
los grupos parlamentarios, y en ello nunca faltará la voluntad de
cooperación y de diálogo de mi grupo para que ese diálogo en el seno de
las Cámaras sea posible. Pero es evidente también que esa voluntad de
diálogo nos obliga a todos a asumir determinados compromisos y un
compromiso fundamental en nuestras relaciones políticas específicas con
nuestros respectivos homólogos europeos, los de cada grupo parlamentario,
para poder crear las condiciones políticas de conjunto que faciliten el
acceso a tales fines, es decir, que permitan el absoluto
perfeccionamiento a los efectos de la aplicación práctica de este
Convenio de extradición, y que nos permita también, como he querido
apuntar, avanzar en el más inmediato futuro en todos los temas
concernientes a la cooperación policial. Ese es el mejor servicio que en
este momento podemos prestar a la construcción de ese tercer pilar de la
Unión y, sin lugar a dudas, dentro de ese marco, a los intereses de
nuestro país. No establecer polémicas, probablemente inútiles, si se
quieren simplemente verbalizar, a propósito de este convenio o de los
retos de futuro, sino plantearnos cómo cada cual, desde nuestras
respectivas posiciones, podemos contribuir a trabajar juntos en pro
precisamente de hacer efectivos esos fines.
Concluyo, señor Presidente, señalando que entendemos que Dublín puede y
debe ser una referencia de futuro que
permita un cambio trascendental para la proyección de la Unión Europea.
El Convenio de extradición y las subsiguientes tareas pendientes que
someramente hemos querido apuntar son, sin lugar a dudas, pasos
fundamentales para aproximarnos a la consecución de un logro
trascendental, esto es, hacer de la Unión un espacio para la seguridad
desde el cual poder garantizar que la Unión sea, ante todo, un espacio
para la convivencia, el pluralismo, la tolerancia y la libertad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra
el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señora Ministra, por la información y la valoración que
ha realizado el Convenio de extradición recientemente alcanzado en el
marco del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de Europa. Nos
felicitamos, y felicitamos, lógicamente, a su Gobierno, por haber
ultimado todo lo que había sido un camino anteriormente iniciado, y
destacamos la honradez con la que su propia señoría ha reconocido que
este fruto no se recibe por ensalmo sino que es, a su vez, la
consecuencia del esfuerzo del anterior equipo.
Nuestro Grupo político, sin despreciar en modo alguno las atinentes y
pertinentes valoraciones de orden técnico-jurídico que se han hecho por
doña María Teresa Fernández Vega, quiere insistir en una valoración
política, quizá utilizando ese viejo aforismo que dice que más vale un
acuerdo perfectible que un vacío. En consecuencia, estimamos que el
desarrollo de la aplicación de este convenio conducirá a ir subsanando
sus posibles insuficiencias.
El espacio judicial europeo, como su señoría ha destacado, es un espacio
que no nace pura y exclusivamente de una voluntad armonizadora de
carácter académico, sino que nace de una profunda necesidad política. La
necesidad política de que ese sistema de libre circulación de ideas,
hombres y capitales, se manifieste a lo largo de toda Europa y en todos y
en cada uno de sus países en un clima que su señoría ha llamado de
confianza mutua pero que a nosotros nos parece que además, y sin
despreciar ese término, deberíamos añadir de seguridad jurídica dentro de
unos principios fundamentales del derecho.
Es evidente que ha de combatirse de forma muy seria todo proceso de
desconfianza. Ahora bien, señora Ministra, eso lleva lógicamente a que
usted haga una reflexión en el seno de su Gobierno acerca de en qué
medida puede ser aceptable una doble conducta que trate de inspirar
confianza fuera, si no inspira confianza dentro. Me refiero
clarísimamente a con qué autoridad moral se puede mantener y alentar la
confianza en un sistema judicial por un Gobierno que niega su
colaboración interna a la propia Justicia. Hay una profunda contradicción
entre estar reclamando de los demás esa actitud y, cuando llegan temas
importantes, que también tienen que ver con una determinada manifestación
del terrorismo, obstruir la acción de la Justicia.
Si constituyó un auténtico escándalo la actitud de la judicatura belga,
en contraste con la de su Gobierno, cuando llegó el momento de proceder a
conceder la extradición de dos miembros de una organización terrorista,
también está provocando en Europa un cierto nivel de escándalo --que no
quiero magnificar-- el que aquellos que reclaman la confianza en los
sistemas judiciales tengan tan poca confianza en los propios que, en
lugar de facilitar el conocimiento hasta el último rincón y del último
papel, estén procediendo, pura y sencillamente, a algunas actitudes que
se podrían denominar, también pura y sencillamente, de intentos de
encubrición de determinadas conductas.
Pero dejando de lado esta contradición --que ustedes tendrán a bien
administrarse porque, al fin y al cabo, está en su mano y son los que han
incurrido en ella--, nos felicitamos de ir avanzando, repito, en este
proceso de concreción de un espacio judicial y jurídico. Coincidimos con
su señoría en que no se ha alcanzado la meta. Si es importante la lucha
contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la delincuencia
común internacionalmente organizada y la delincuencia económica --y usted
misma ha hecho referencia a un avance en la lucha contra la corrupción
funcionarial--, también es importante que vayan desapareciendo trabas en
nuestro sistema judicial que, sinceramente, no lo hacen merecedor de
confianza.
Por su experiencia judicial, sabe usted mejor que nadie que todavía
tenemos un conjunto de barreras procesales, civiles y mercantiles que
actúan como elemento disuasorio en lo que se refiere a la seguridad
jurídica y a alcanzar una recta reparación del Derecho conculcado con
respecto a la agilidad y la modernidad de otros sistemas. Sinceramente,
nuestro sistema judicial en materia procesal, civil, mercantil, y para
algo tan elemental como es la seguridad del tráfico comercial, está
anclado en actitudes calificables de decimonónicas. Y sería conveniente
que en este tema hiciéramos un serio esfuerzo, ateniéndonos además a las
recomendaciones que muchas veces se producen desde las Cámaras de
Comercio de los países con los que compartimos ese anhelo europeo, cuando
se asoman a nuestro panorama judicial. Guste o no, podemos decir en el
mejor de los sentidos que se nos ve como muy peculiares.
Señor Presidente, no vea en lo que voy a decir ninguna digresión
reglamentaria sino, pura y simplemente, un comentario. Creo que el
Reglamento del Congreso es muy sabio cuando, llegadas estas
comparecencias, hace intervenir en primer lugar al Grupo que reclama la
comparecencia, y después, de menor a mayor, al resto de los Grupos, para
que acabe utilizando la palabra el último Grupo, que generalmente es el
que apoya al Gobierno, porque eso deja muy buen sabor de boca el
botafumeiro. Pero de esta manera, interviniendo yo después del
representante del Grupo Popular queda hecho un bocadillo y se diluye en
una actitud crítica. Hubiera sido preferible que se hubiera llevado usted
ese buen sabor de boca.
En todo caso, vamos a contribuir a que se sienta usted satisfecha de su
presencia en esta Casa reiterándole, como siempre, nuestra más absoluta
predisposición a colaborar
con usted en la solución de todos los problemas en esta materia. Aunque
le reitero que en lo relativo a las contradicciones de su Gobierno no
podemos hacer más que ponérselas de manifiesto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Tiene la palabra el señor Guardans, en representación del Grupo de
Convergència i Unió.
El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias, señor Presidente, y muchas
gracias, señora Ministra, por su detallada exposición.
Quiero empezar dejando claro --puesto que después tendré que separarme de
este inicio-- el absoluto acuerdo acerca de la importancia de desarrollar
el tercer pilar de la Unión Europea y, en conjunto, de la necesidad de
mejorar sustancialmente la cooperación judicial. Somos absolutamente
partidarios, como no podía ser menos, de cualquier esfuerzo que vaya en
la línea de remover obstáculos para lograr un verdadero espacio judicial
europeo.
Esta comparecencia se ha centrado sustancialmente en un texto concreto,
el llamado Convenio de Extradición de la Unión Europea. No es frecuente
convertir una sesión política como es ésta en un foro de debate entre
juristas, o en un ámbito de discusión estrictamente técnico-jurídica. Sin
embargo, creo que algo de eso es necesario, aunque éste no sea el momento
del debate sobre el texto en sí, es decir, del destinado a su
ratificación.
Estamos absolutamente de acuerdo en la conveniencia de este texto y nos
felicitamos por lo que supone de avance en lo que tiene de declaración
política, de confirmación de unas intenciones comunes de todos los
Estados firmantes y, posteriormente, de todos los que serán Estados
parte, tan pronto el Convenio sea ratificado.
Sin embargo, nuestro entusiasmo político y, más globalmente, la necesidad
de dejar claro que políticamente es necesario llegar a este espacio
judicial europeo no nos puede cegar y a mí personalmente no me ciega mi
razonamiento jurídico. Y éste no casa con la explicación de la señora
Ministra ni con la valoración de este Convenio por parte del Gobierno y
de algún otro portavoz que ya ha intervenido. No veo en este Convenio,
tal como ha sido firmado --que no ratificado--, el avance que se está
intentando vender a la opinión pública; por lo menos, no lo veo en la
dimensión en que se está intentando vender a la opinión pública. Insisto
en que la necesidad de dejar claro que es un cierto logro y que a todos
conviene que lleguemos a una situación en que la extradición en la Unión
Europea sea prácticamente equivalente a la simple entrega de un
delincuente, o incluso presunto delincuente, entre dos partes del propio
territorio nacional --eso sería el ideal al que habría que llegar si
realmente hubiera confianza entre los jueces de los distintos Estados--
no es, ni mucho menos, la situación a la que hemos llegado.
Si me permite entrar en el detalle jurídico, me voy a limitar a repetir
el argumento utilizado por la portavoz del grupo Socialista; y lamento
seriamente --por la consecuencia que de ahí se deriva-- tener que decir
que estoy absolutamente de acuerdo con la argumentación jurídica
sostenida por la portavoz del Grupo Socialista.
Tal como está redactado el artículo 2 bis), en su párrafo cuarto, del
Convenio, para todos aquellos Estados que en su momento formulen reserva
al artículo 2 del Convenio, relativo a la asociación de malhechores,
básicamente, sigue estando vigente el principio de la doble
incriminación. Por tanto, hay una mejora, de acuerdo; hay una declaración
acerca de que se rechaza el delito político y la alegación de éste como
obstáculo a la extradición, de acuerdo. Pero, salvo mejor opinión --como
se suele decir en los dictámenes jurídicos--, creo que no es
jurídicamente cierto decir que se ha superado el principio de doble
incriminación en Europa. No es así. Y la lamentable consecuencia es que
cuando este Convenio esté en vigor, en los Estados que decidan formular
una reserva, si no tienen recogida en su propia legislación el delito de
asociación de malhechores, con una pena de privación de libertad superior
a los seis meses, seguirá habiendo paraísos terroristas en el territorio
europeo.
Con este texto en la mano eso sí, salvo que --y es una salvedad que hago
mía en los mismos términos expresados por la portavoz socialista-- en el
texto al que hemos tenido acceso, que es el proyecto de convenio tal como
fue finalmente llevado al debate, en el último momento haya desaparecido
--y, por tanto, el que disponemos no sea correcto-- un pequeño inciso,
unas pocas palabras introducidas en el párrafo cuarto del artículo 2
bis), aquel que dice: Los Estados miembros que hayan formulado una
reserva con arreglo al apartado 3 harán extraditable con arreglo a las
condiciones del apartado 1 del artículo 2 la conducta de cualquier
persona. Si hubiera desaparecido: «... con arreglo a las condiciones del
apartado 1 del artículo 2...» --no nos consta--, considero que,
efectivamente, habría una mejora; si, como me temo, seguirá incluido
dicho párrafo en el texto que va a ser sometido a ratificación por parte
de todos los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea, el
avance es menor de lo que se está intentando justificar.
Respecto de los demás temas que han sido objeto de la comparecencia
--aunque el sustancial era éste--, en aras de la brevedad, simplemente
quiero reiterar que apoyaremos plenamente todo lo que constituyan medidas
internas, no sólo internacionales o convencionales, en aras a la mejora
de la existencia judicial internacional como, por ejemplo, nuestra
iniciativa de crear una ley de asistencia judicial internacional que
facilite este tema, tanto en el ámbito penal como en el civil; o esa otra
iniciativa que, en el ámbito estrictamente civil, recibimos muy
positivamente, cual es la posibilidad de que se llegue a un auténtico
Convenio de Bruselas II, es decir, de reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales en el ámbito del matrimonio y de custodia de
menores, como la tutela y la patria potestad. Todo lo que vaya en esa
línea tendrá nuestro pleno apoyo y animamos a la señora Ministra a que
siga impulsándolo.
Me gustaría terminar mi intervención diciendo que todo esto, no sólo lo
relativo a la extradición --sobre el cual
agradeceré los comentarios de la Ministra-- sino todo lo relativo a la
asistencia judicial internacional en su momento es posible que motive
--no sé si en este foro o en la sede de la Comisión de Justicia e
Interior-- una comparecencia exclusiva para dedicarnos a hablar con un
poco más de calma de este amplio problema y no exclusivamente de la
extradición. Y aprovechando que esto es, en el fondo, de lo que estamos
hablando, querría subrayar la importancia de que, junto con la firma de
textos --más o menos técnicamente correctos--, se mejore, se perfeccione,
se incremente sustancialmente la formación de los jueces.
La señora Ministra sabe tan bien como los que estamos aquí que somos
juristas, y especialmente los que hemos sido abogados en activo, cómo
muchos textos que teóricamente abren vías muy importantes para la
asistencia judicial internacional y la cooperación judicial internacional
en general, tanto en el ámbito penal como en el civil, quedan finalmente
en papel mojado porque no llegan --y es escandaloso decirlo así porque
contradice principios elementales de un Estado de Derecho-- al
conocimiento --entre comillas-- de los jueces. Algunos no conocen
nuestros convenios internacionales, no conocen el derecho convencional,
por lo que no lo aplican. Usted me puede decir que eso admite sus vías de
recurso --y tendré que darle toda la razón--, pero en primera instancia y
también en los jueces de instrucción, tanto en el ámbito civil como en el
penal, cada uno con sus particularidades, hay lagunas escandalosas --y no
me importa utilizar esta expresión--, en el conocimiento que tienen
muchos jueces, algunos formados evidentemente y otro con mucha
experiencia, por lo que no tiene mucho que ver con su antigüedad en el
cargo, lagunas escandalosas --digo-- acerca del conocimiento de nuestros
convenios internacionales, y en concreto los referentes a los distintos
medios que tienen a su alcance de notificaciones internacionales,
asistencia, actos de comunicación, y de reconocimiento y ejecución de
sentencias.
Por tanto, concluyo. ¿Valoración globalmente positiva? Sí. ¿Es un paso
adelante? Sí, y efectivamente hay muchas situaciones que quizá no
quedaban cubiertas por el Convenio Europeo de Extradición hasta ahora
vigente y que, a partir de ahora, probablemente queden cubiertas. De
acuerdo. Pero, por favor, no exageremos el alcance de este texto, porque
es imperfecto y en su redacción --la que conozco y creo que es la que
finalmente ha sido aprobada, porque ha sido firmada y sometida a
ratificación-- sigue dejando lagunas importantes, por lo que no se
corresponde su literalidad con la valoración política que se ha hecho del
mismo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones
Sevilla.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Justicia, le agradezco la información tan exhaustiva
que ha dado sobre el tema fundamental de su comparecencia, que es el
Convenio europeo de Extradición.
Mi Grupo quiere decirle, señora Ministra, que valora la lucha contra el
terrorismo como uno de los problemas de mayor prioridad en este momento
en España. En ese marco político hacemos nosotros la valoración de este
paso importantísimo que se ha dado. Es un problema de tal magnitud, que
todo avance que en el espacio judicial europeo y en el marco de la Unión
Europea, como de cualquier otro marco internacional, se pueda hacer, será
bienvenido. Las cotas máximas se tendrán que alcanzar, no solamente con
el voluntarismo de un gobierno, sino de todos los testimonios que van a
un principio de legalidad.
Entiendo, señora Ministra, las observaciones que se le han hecho aquí
sobre este Convenio, pero no puedo basar el principio de desconfianza en
mi propio Gobierno. Lo puedo tener en el Gobierno irlandés, en si
entregará o no terroristas del IRA al Gobierno británico, o en cualquier
otro gobierno europeo, pero no puedo desconfiar de mi Gobierno.
Creo que para empezar a hacer bueno este Convenio se tiene que ver la
voluntad de nuestro Gobierno de cumplir su espíritu y su letra. Aunque
esté dentro de la duda, ese beneficio lo tiene el Gobierno español,
señora Ministra, por parte del Grupo de Coalición Canaria.
Pensamos que este Convenio se ha hecho en un marco puramente político,
porque lo han suscrito políticos, que son los Ministros de Justicia
--dentro del Consejo de Justicia y de Asuntos de Interior-- de los 15
países miembros de la Unión Europea. Dicho marco político indica una
voluntad política, pero puede parecerse a las directivas de la Unión
Europea que posteriormente el Derecho de cada país tiene que
materializarlas en su pieza jurídica para dar cabida a un principio de
legalidad y tengan efectividad.
Quiero hacer una primera pregunta a la señora Ministra. ¿Qué estimaciones
tiene usted en cuanto a la entrada en vigor de este Convenio? Porque
estoy interpretando que el Convenio será precedido por unos pasos medidos
de protocolización, es decir, por un protocolo de tramitación, por lo que
entiendo que primero tiene que ser ratificado por los respectivos
Parlamentos de los países miembros. Desconozco si se ha incluido alguna
cláusula, como en otros convenios internacionales, que estipule un número
mínimo de países que lo ratifiquen para que entre en vigor. Pienso que si
hay un país que tiene perentoriedad de la entrada en vigor de este
Convenio es España y, por tanto, el Gobierno español es de los primeros
que tiene que ratificarlo en el Parlamento. Como la señora Ministra
también ha hablado de un proyecto de ley, entiendo que se va a dar el
segundo paso de un principio de legalidad, que la legislación española de
todos los órdenes --penal, etcétera-- recoja la posibilidad de que haya
reciprocidad en otros países para que funcione el principio de la doble
incriminación. De lo contrario, como han dicho otros portavoces, sería
papel mojado, un documento de buenas intenciones, pero sin aplicación
práctica; y no voy a entrar en las formulaciones de reserva al artículo
tercero, porque no quiero tener esa desconfianza en el Gobierno español,
puesto que estoy seguro
de que no va a formular dicha reserva ni va a tratar de bloquear el
principio de la doble incriminación.
Por tanto, señora Ministra, le damos nuestro apoyo, acorde con la
satisfacción que tenemos de que se haya dado este paso político;
posiblemente pequeño, pero que significa que ya se está tomando
conciencia a nivel de los 15 países miembros de la Unión Europea de que
la realidad del espacio judicial europeo en el tema del terrorismo se
tiene que hacer a partir de este tipo de documento. Es decir, a partir de
un acuerdo, de unas ratificaciones, de unas leyes se verá qué resultado
tiene su aplicación. Cuando el Parlamento español lo haya ratificado --si
este es el protocolo; por eso he formulado antes esta pregunta--, y
posteriormente se apruebe la ley correspondiente para regular estos
aspectos y se empiecen a solicitar extradiciones --para España el
problema es perentorio--, será cuando el Gobierno español tendrá todas
las razones políticas y morales para denunciar en el Foro de la Unión
Europea a los países que están incumpliendo el espíritu con que mi Grupo
entiende que se ha planteado este Convenio.
Con esto termino, señor Presidente, deseándole la mejor andadura en la
lucha contra el terrorismo con todos estos documentos jurídicos.
Nada más y muchas gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Voy a contestar por el mismo orden en el que se han realizado las
intervenciones.
A la señora Fernández de la Vega le agradezco muy sinceramente la
bienvenida que me ha dado a esta Comisión. Pero al mismo tiempo que le
agradezco la bienvenida, tengo que ponerle de manifiesto que no estoy de
acuerdo con la manifestación efectuada respecto a los escasos avances
habidos en el convenio de extradición. La señora Fernández de la Vega
sabe, porque ha estado en los foros internacionales defendiendo la
posición española, qué difícil era hacer trasladar y asumir a países como
Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica el concepto de exclusión de delito
político, que queda excluido, y lo sabe porque hasta el 18 de junio de
este año se estaba planteando el problema del delito político, y qué
problemático era trasladar la cuestión del terrorismo en España y que no
se entendiera que el movimiento ETA correspondía a una represión política
efectuada por el Gobierno en los tribunales españoles y en base a ello se
le concediera el concepto de asilo político.
Creo que solamente esta plasmación en el convenio europeo merecería que
el Grupo Parlamentario Socialista lo hubiera apoyado un poco más, aparte
de las discrepancias lógicas que podemos mantener. Merecería que lo
hubiera apoyado un poco más. No ha sido así y vamos a ir a una discusión
técnica que, por otro lado, tendrá que darse cuando se ratifique o no el
convenio suscrito, porque ésa va a ser la sede en la que se examinen
todos y cada uno de los artículos recogidos en el convenio.
Estoy de acuerdo en que aquí no se han acabado los avances en el tercer
pilar. La posición del Gobierno español, como creo que ha sido puesto de
manifiesto, es impulsar, en la medida que pueda, en la conferencia
intergubernamental un avance sistemático de todo aquello que constituye
un espacio jurídico común y, por supuesto, también estoy de acuerdo con
la señora Fernández de la Vega respecto a las modificaciones que a lo
mejor es preciso establecer en el Título VI del Tratado.
La señora Fernández de la Vega me ha recordado que se ha luchado mucho
tiempo. Como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, la primera que lo
ha puesto sobre la mesa he sido yo. No he venido aquí --como no fui en su
día cuando hice la comparecencia en el Congreso de los Diputados para
exponer cómo se encontraba el asunto del convenio-- a decir: señores, el
Gobierno del Partido Popular ha conseguido en cuatro meses lo que no se
había logrado a lo largo de años y años. No. El Gobierno del Partido
Popular simplemente ha conseguido en cuatro meses desarrollar y culminar
un trabajo iniciado por los anteriores gobiernos. Y como me parecía de
justicia decirlo, he empezado mi intervención con esas palabras.
Duda que sea un instrumento eficaz. A lo mejor, o a lo peor, resulta que
no es un instrumento eficaz, pero lo que no se me puede negar es que es
un instrumento y que el artículo dice lo que dice y que salvo que haya
reservas, todos los artículos van a ser puestos en vigor y van a ser
interpretados así por los respectivos gobiernos.
La señora Fernández de la Vega me dice que van a hacer reservas. Yo le
pediría al Grupo Parlamentario Socialista y a todos los grupos que
trasladásemos la idea contraria: No va a haber reservas, porque de esa
forma ayudamos a que los propios países no las hagan. Pero a lo mejor es
pedir demasiado en un tema como el terrorismo.
Voy a intentar contestar a sus temores concretos sobre el artículo 3, no
el artículo 2 bis. Es claro que los estados pueden, mediante reserva,
declarar que no aplicarán la excepción al principio de doble
incriminación respecto del delito de asociación con propósito delictivo.
Esto puede generar dificultades en las solicitudes de extradición basadas
exclusivamente en el delito de pertenencia a banda armada que se formulen
a Estados en los que tal conducta no esté penalmente sancionada, siempre
y cuando dichos estados formulen tal reserva, lo que en este momento no
se puede predecir.
En segundo lugar, los estados que formulen una reserva de no aplicación
del artículo 3.1 del convenio quedan sujetos, en todo caso, a lo
dispuesto por el artículo 3.4. Este último precepto no se refiere ya al
delito de asociación con propósito delictivo, sino a la conducta
consistente en contribuir a la comisión, por parte de un grupo de
personas que actúen con un objetivo común, de uno o más delitos en el
ámbito del terrorismo, sin exigir que la contribución consista en tomar
parte en la ejecución material del delito o delitos de que se trate, sino
solamente que la contribución sea intencional y con pleno conocimiento,
bien del objetivo de la actividad delictiva general del grupo, bien de la
intención del grupo de cometer el delito o delitos de que se trate. Esta
conducta va más allá de la mera pertenencia al grupo terrorista, puesto
que exige una colaboración con la actividad delictiva del mismo.
Para entendernos un poco más, con referencia en nuestro Código Penal,
estaríamos en el artículo 576 del mismo, que es el precepto que permite
perseguir y castigar, por ejemplo, a quienes vigilan y proporcionan
información sobre posibles víctimas de los terroristas, aunque la persona
vigilada no sea posteriormente objeto de ningún atentado, o el que
permite castigar a quienes construyen zulos, aunque no participen luego
en la ejecución material de ningún secuestro, o a quienes prestan apoyo
económico a la banda terrorista, aunque no participen materialmente en la
ejecución de ningún acto violento.
Lo que significa el apartado 4 del artículo 3 del convenio es que todos
los estados, incluso los que hayan formulado reservas sobre el delito de
asociación con propósito delictivo, se comprometen a conceder la
extradición por el delito de colaboración con banda armada en los
términos antes mencionados. Y esto, aunque a usted le parezca
insuficiente, creo, sinceramente, que significa un gran proceso respecto
al convenio europeo para la represión del terrorismo de 1977. No sé si se
lo he aclarado, pero por lo menos lo he intentado.
Me dice que el convenio ha quedado al final como un queso de Gruyère.
Supongo que se referirá nada más que a los artículos que excluyen el
delito político y la doble incriminación, porque lo demás, como he puesto
de manifiesto, había sido negociado con anterioridad a mi llegada al
Departamento de Justicia. Insisto nuevamente en que creo que no cabe que
de la reserva se haga la norma general y no la excepción, que es lo que
el propio convenio establece. La voluntad política de todos y cada uno de
los miembros del Consejo JAI, los Ministros de Justicia en este caso, de
los 15 Estados miembros, es que no exista ningún territorio en el que el
terrorismo quede sin ser castigado por no concederse la extradición. Esa
es la voluntad política. A lo mejor tampoco es suficiente, pero yo no he
podido conseguir más que esa voluntad política firmemente expresada.
Por cierto, sí me gustaría mencionar un artículo publicado el día 2 de
octubre en un periódico belga, en el que un Diputado del Partido
Nacionalista Flamenco Moderado escribe frases como la siguiente: El
Tratado llega muy lejos. Se suprime la doble incriminación como condición
para la extradición. Se suprime toda excepción política en materia de
extradiciones y se impone la obligación de extraditar incluso a propios
nacionales.
El Parlamento flamenco, el Parlamento federal y el Parlamento europeo
pueden lanzar un llamamiento a favor de este amplio diálogo de paz, pero
nunca asumir cuestiones como las sugeridas por el Tratado. Entre tanto,
circulan todo tipo de especulaciones sobre el futuro de la pareja
Moreno-García.
La Ministra española de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, declaró su
intención de presentar, si fuera posible, una nueva solicitud de
extradición. Mientras aún se desconoce el dictamen definitivo del Consejo
de Estado, el Ministro De Clerck, ya aseguró a su homólogo español que el
Gobierno Dehaene tiene la voluntad política de extraditar a la pareja
vasca.
A lo mejor esto tampoco es importante. A la Ministra que tiene el honor
de dirigirles la palabra sí le parece muy importante que el Ministro de
Justicia belga se pronuncie en estos términos.
Señor Gil Lázaro, como no podía ser menos, tengo que coincidir en
prácticamente todo lo que ha dicho. Le agradezco que haya resaltado los
aspectos favorables del Tratado, el conjunto de lo que significa, así
como que haya puesto de manifiesto que hay que seguir avanzando en el
tercer pilar, fundamentalmente en el convenio Europol. Es cierto, y yo
creo que va a ser uno de los asuntos que se van a tratar en la
conferencia intergubernamental, que el Presidente del Gobierno lleva en
su agenda adelantar lo máximo posible la cooperación policial,
exactamente igual que se ha hecho en el terreno judicial.
Señor Castellanos, muchas gracias; no me ha dejado mal sabor de boca el
que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular interviniera antes que
usted.
Su intervención ha puesto de manifiesto que, evidentemente, los tratados
internacionales lo que demuestran es la voluntad política, más allá de
tecnicismos jurídicos de los que no sería posible hablar si no se hubiera
puesto de manifiesto primero la voluntad de llevar a cabo los adelantos
que este Tratado encierra.
Como ha dicho, supongo que los posibles --y probables, incluso-- defectos
que tiene el Tratado vamos a irlos subsanando entre todos, y yo hago
votos para que, efectivamente, no haya esas reservas que se me han echado
en cara, como si las fuera a poner yo. Yo no voy a poner --puedo asegurar
a sus señorías-- ninguna reserva ni al artículo 3 ni al artículo 5 ni a
ninguno de los artículos del Tratado.
Comprendo su crítica respecto a lo que usted califica de incoherencia
porque propugnamos fuera de España, en su opinión, la confianza en los
tribunales españoles y parece que no la demostramos. No puedo ir más allá
de decir que comprendo su crítica y agradezco que me lo haya dicho en el
tono en que lo ha hecho y en el seno de una Comisión parlamentaria.
Respecto a los avances procesales que me ha sugerido, deben efectuarse
porque la lentitud de la justicia en todos los órdenes ya no puede
aguantar más. Su señoría recordará que, efectivamente, me comprometí a
una serie de anteproyectos legislativos que espero poder cumplir en el
plazo que en el mes de junio sugerí a sus señorías que iba a ser el
calendario legislativo.
Señor Guardans, muchas gracias también por su intervención. Comprendo que
esté de acuerdo con la declaración política contenida en el preámbulo del
Convenio y comprendo que técnicamente no le satisfaga la articulación.
Pero le tengo que remitir a la contestación que he dado respecto al
artículo 3, no el 2 bis, a la señora Fernández de la Vega, porque no
tengo otra explicación más que ésa. El artículo dice lo que dice, el
Gobierno lo entiende como lo entiende y el resto de los gobiernos parece
que lo entienden de la misma forma que el Gobierno español,
porque, evidentemente, las declaraciones provenientes tanto de Bélgica
como de Francia como de Irlanda coinciden con la interpretación que da el
Gobierno español a la importancia del Tratado.
Sí quiero dejar constancia de que en ningún momento me he pronunciado
acerca de que este Convenio de Extradición equivale a que entre los
Estados miembros de la Unión no va a haber extradiciones, sino simples
entregas. si hablamos en técnica jurídica, extradición, en España, es
extradición judicial; no equivaldría nunca este Convenio a una simple
entrega entre Estados miembros.
Debo insistir en que creo que no van a seguir existiendo paraísos
terroristas; lo creo firmemente y así lo he defendido. Cabe la
posibilidad de que me equivoque, pero también cabe la posibilidad de que
se equivoquen los que en este momento dicen que van a existir paraísos
terroristas.
Agradezco muy sinceramente las manifestaciones de apoyo que me ha hecho
acerca de las modificaciones de derecho interno. Respecto a la deficiente
formación de jueces, como sabe su señoría, la selección y la formación de
jueces no dependen del Ministerio de Justicia, pero me consta que en la
nueva Escuela Judicial el tema internacional y el traslado de todos y
cada uno de los tratados, desarrollo y estudios monográficos sobre los
mismos son temas que están en los programas que se impartirán a partir de
la puesta en funcionamiento de la Escuela.
Evidente, el Tratado es imperfecto; si fuera perfecto, no sería un
Tratado entre quince países distintos. Ni siquiera entre grupos políticos
distintos. Cuando se aporta mucho por muchas partes, se conduce a ciertas
imperfecciones, pero puedo asegurar a su señoría que voy a seguir
trabajando para que exista el menor número de reservas posible, que no he
dado por terminado el trabajo respecto al Tratado de Extradición, y para
ese trabajo que me queda por hacer todavía rogaría de sus señorías el
mayor apoyo posible, lo que no excluye las críticas que sean necesarias,
pero sí es necesario el apoyo para desarrollarlo en la forma mejor para
el Gobierno y el Estado español.
Señor Mardones, muchas gracias, igualmente, porque ha puesto de
manifiesto que su Grupo valora especialmente cualquier avance en lo que
sea un marco judicial europeo que impida un mayor desarrollo de
objeciones a la aplicación del derecho interno por la comisión de
delitos.
Es evidente que la ratificación del Tratado conllevará la obligación a
los países firmantes de adecuar su legislación interna. Me ha efectuado
una pregunta, y es que si la Ley de Cooperación Jurídica Internacional
que estoy proponiendo va a significar una adecuación. Pretende, desde
luego, significar una adecuación.
Me ha preguntado, igualmente, cuántos países tienen que ratificar el
Tratado para su entrada en vigor. En principio, no entraría en vigor
hasta que fuera ratificado por todos, pero el artículo 18.2 establece la
excepción de la entrada anticipada entre los países que así lo hagan
constar en el momento de la ratificación y comunicación al Secretario
General.
Respecto a la doble incriminación y a la aplicación práctica del mismo,
tengo que decirle que la aplicación práctica solamente sabremos cómo se
produce cuando se aplique. No puedo hacer predicciones acerca de ello.
Creo que no me he dejado ninguna pregunta, pero si hubiera algo más,
pueden plantearlo. Agradezco a sus señorías la atención que han prestado
a un tema que es arduo, pero, en mi opinión, bastante interesante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Yo preferiría no abrir ningún nuevo turno, pero parece que hay dos
peticiones de palabra. Les pediría, por favor, que no emplearan más de
dos minutos.
Señora Fernández de la Vega, tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señora Ministra, por sus explicaciones. Quisiera
puntualizar algunos temas que quizá no han quedado lo suficientemente
claros.
Señora Ministra, le he dicho desde el primer momento de mi intervención
que nos hubiera gustado venir aquí a expresar nuestra satisfacción por
tener un nuevo Convenio Europeo de Extradición y que si no lo hacíamos
así, era porque nos temíamos --y luego usted me ha dado la razón al
contestar a la pregunta que yo le he formulado-- que con el nuevo
Convenio no se iban a conseguir la eficacia ni las expectativas en él
puestas.
Señora Ministra, en abril de 1986 había dos problemas pendientes: la
exclusión del delito político y la derogación del principio de doble
incriminación. Se ha avanzado, evidentemente, en la exclusión del delito
político; no se ha avanzado, se ha retrocedido, en la derogación del
principio de doble incriminación. En abril de 1996 se permitían sólo
reservas respecto de la asociación de malhechores en su modalidad de mera
colaboración, ni siquiera en la ejecución; hoy, la ampliación de las
reservas es muy grande, y yo, señora Ministra, no le imputo a usted que
haya reservas, evidentemente, yo sé que usted no va a formular reservas,
pero sí creo --y ahí viene mi confirmación de la afirmación inicial-- que
ustedes se han precipitado al firmar este Convenio. Esta fórmula ya fue
rechazada con anterioridad; fue propuesta por Francia y fue rechazada por
delegaciones españolas con anterioridad a abril de 1996 porque creíamos
que se podía seguir avanzando. Y tanto se había avanzado que en abril de
1996 se había llegado a un compromiso firme de los Estados miembros de
buscar una fórmula en virtud de la cual se excluyese el delito político,
porque todos los países miembros estaban de acuerdo en que ningún acto
terrorista fuese calificado como delito político, y todos estaban de
acuerdo en que había que flexibilizar el principio de doble
incriminación.
El problema es que con este texto el Grupo Parlamentario Socialista cree
que no se ha flexibilizado el principio de doble incriminación. Y la
consecuencia que va a determinar es que en tanto no se produzcan las
armonizaciones de los códigos penales, los países que no tienen
tipificado este delito no van a poder acceder a la extradición por mucha
voluntad política que tengan, porque en casi todos los países
el procedimiento de extradición es mixto y no está tanto en función de la
voluntad política de los países como de lo que decidan los tribunales, y
éstos van a utilizar el requisito de doble incriminación, y usted lo sabe
muy bien, como un requisito de procedibilidad y, por lo tanto, «ad
limine» van a rechazar las demandas de extradición cuando no tengan
tipificado ese delito. Y eso, al Grupo Parlamentario Socialista no le
gusta, no le parece bien. Le hubiera gustado más que hubiera sido de otra
manera.
En definitiva, en clave de garantía de eficacia, el criterio de
valoración ha de ser el de la predecibilidad de éxito de las demandas de
extradición que puedan ser promovidas por los jueces españoles. Y yo creo
que en esta dirección, señora Ministra --usted lo sabe como yo--, con
este Convenio, tal como usted misma lo ha explicado, en la medida en la
que se mantiene inflexible el principio de doble incriminación, cabe
predecir que estas demandas extradicionales seguirán teniendo
dificultades de éxito cuando se refieran al enjuiciamiento o cumplimiento
de condena de personas acusadas o condenadas por actos de participación,
colaboración, ayuda o mediación con organizaciones terroristas.
Y esto no es una cuestión técnico-jurídica. Esto es una cuestión
política. Abrimos el Convenio o no lo abrimos. Yo creo que ha quedado
debilitado el objetivo general de ofrecer una regulación cerrada. Y
cuando me refería a los agujeros del queso gruyère, evidentemente que
éstos se producen en los temas de delincuencia organizada y de
terrorismo, no en los temas menores, porque los problemas que han surgido
en este Convenio son precisamente con esas cuestiones. Y esto determina
la utilización en el futuro espacio judicial europeo de normas de
geometría variable que tampoco me gustan.
Pero lamento de verdad, y nuestro Grupo también, que las cosas sean así.
Vuelvo a repetir la predisposición favorable del Grupo Parlamentario
Socialista y usted sabe que va a tener todo nuestro apoyo en esta lucha y
para conseguir instrumentos eficaces. Sigo y seguimos pensando que en
esto ustedes han lanzado las campanas al vuelo demasiado pronto. Me
gustaría que no fuese así, y hago votos por que no haya ninguna reserva,
señora Ministra. Pero me temo que en la medida en la que sabemos cuál es
la posición de Francia, del Reino Unido, de Irlanda y de muchos otros
países, cuando han luchado tanto para que haya reservas, hasta que no han
conseguido meter en el texto del Convenio una amplia posibilidad de
introducción de las mismas, tampoco han suscrito el convenio. Yo hago
votos por que no hagan reservas, pero, si las hacen, creo que poco
habremos ganado. En cualquier caso, ahora tenemos que esperar a ver qué
es lo que ocurre. Ojalá todo vaya por el buen camino. Ojalá no se formule
una sola reserva, en cuyo caso sí que habremos avanzado. Si es así, el
Grupo Parlamentario Socialista le va a felicitar en ese momento, señora
Ministra. En estos momentos lamentamos no poder hacerlo. Creo que ustedes
han sido demasiado triunfalistas y, desde luego, ahora creo que no se
pueden hacer afirmaciones como las que han hecho --si no usted-- muchos
miembros de su Gobierno, empezando por su Presidente, quien, en la
comparecencia ante el Congreso de los Diputados el día 26 de junio, a
respuestas de las preguntas formuladas en varias ocasiones por el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, dijo: cualquier solicitud de
extradición basada en hechos de mera colaboración o participación en
banda armada va a ser otorgada por cualquier país de la Unión Europea.
Eso, con este Convenio, hoy no lo podemos saber, porque todavía no
sabemos ni siquiera qué países van a formular reservas.
Yo lo lamento, señora Ministra. Me hubiera gustado que las cosas no
hubieran sido así, porque de esto, en definitiva, no se beneficia nadie.
Podemos seguir dejando abierta la puerta a que haya territorios en donde
la impunidad para los terroristas pueda seguir existiendo y, por lo
tanto, sí convendría --y usted que está en el Gobierno tiene más
posibilidades-- que avisase a sus socios europeos de que si formulan
reservas no es de descartar que en sus territorios se sigan asentando las
cúpulas de la organización terrorista ETA. Y eso sería muy de lamentar.
Por lo tanto, creo que una buena conclusión sería que el Gobierno hiciese
ahora lo que pudiera. Y si está en nuestras manos hacer algo para que los
países no formulen reservas, cuente con nuestro apoyo, señora Ministra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández de la Vega.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con la brevedad que nos ha sugerido.
Yo creo que no es maximalizar la naturaleza del acto de esta tarde si lo
calificamos como una sesión de Estado, en el sentido de que con toda
seguridad todo lo que hoy hemos dicho aquí será detenidamente estudiado,
probablemente fuera de nuestras fronteras. Y eso obliga a hacer dos
consideraciones finales por parte de mi Grupo.
En primer lugar, a reclamar que todos seamos excepcionalmente prudentes
en nuestras valoraciones públicas porque, de lo contrario, sin quererlo
desde luego, quizá podamos alentar posiciones reticentes de otros, que
estoy seguro ningún Grupo desea. Y, en segundo lugar, que es
imprescindible ahondar en la tarea de facilitar el tránsito, el decurso
de este Convenio, a través de nuestros contactos con fuerzas homologadas
europeas. Y eso es una tarea que no solamente incumbe al Gobierno, sino
que incumbe a todos, y conviene que esa labor no choque, no pueda llegar
a chocar con algunasvaloraciones que al final se planteen --sin lugar a
dudas, llenas de buenas intenciones-- como disfuncionalidades para ese
fin.
Concluyo, señor Presidente, diciendo que el Grupo Parlamentario Popular,
como no puede ser de otra forma, no podía dejar de manifestar que desde
el más profundo respeto, como es natural, insisto, a la valoración que
puede formular cualquier Grupo Parlamentario, no comparte en absoluto, de
una manera firme, rotunda, tajante y clara, alguna valoración hecha por
algún portavoz en cuanto a una hipotética actitud del Gobierno de España
como obstruccionista para la labor de la Justicia.
Yo comprendo que esa afirmación se puede hacer en el plano de la pura
metodología política, pero si se quiere ahondar con precisiones técnicas,
convendrá saber y decir, y que todo el mundo lo deje suficientemente
claro, que cuando un Gobierno o un particular, en este caso un Gobierno,
adopta decisiones plenamente sujetas al marco de legalidad, esas
decisiones podrán ser compartidas o no por unos u otros grupos
parlamentarios, pero, por estar plenamente sujetas a ese marco de
legalidad, no se pueden calificar como de obstruccionistas para la acción
de la Justicia.
Y yo estoy seguro de que éste es un Gobierno --y quiero que quede
constancia pública de la posición de mi Grupo, porque ésa es la posición
del Grupo Parlamentario que lo apoya-- que tiene expresadas su plena
confianza y su pleno respeto a la acción de los tribunales y a la función
que a los mismos corresponde en el contexto de la sociedad española.
Dudar de eso es admisible desde el punto de vista del debate ideológico.
No debiera serlo, pero, por desgracia, es instrumento que algún grupo
político quiere utilizar. Pero no lo es, sin lugar a dudas, desde un
punto de vista técnico y jurídico. Y mi Grupo Parlamentario no podía
permanecer hoy en silencio ante una afirmación como la que se ha hecho.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
No había pedido la palabra porque no pensaba que la intervención que me
ha precedido iba a convertir la comparecencia de la señora Ministra en un
debate entre los grupos parlamentarios, puesto que no parece ser el lugar
más adecuado. Pero este Grupo Parlamentario tampoco puede permitirse
quedar en silencio ante las afirmaciones que se han vertido.
Señor Gil Lázaro, creo que estimar que obedece a criterios ideológicos la
apuesta pura y simplemente en relevancia a determinadas contradicciones
sí que es una actitud superideoligizada. En todo caso, que no cunda el
pánico, señor Gil Lázaro. Ahí está la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Vamos a esperar pacientemente, los que tenemos confianza en los
tribunales, a ver cómo se pronuncia. Mi esperanza es tal, que estoy
absolutamente convencido de que se va a tragar usted todo lo que ha
dicho. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Pediría, por favor, que no establezcamos un debate
cruzado por alusiones.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, efectivamente, yo había hecho una
valoración sin hacer mención de ningún Grupo Parlamentario. En la medida
en la que aquí se ha hecho después una mención no solamente a un Grupo
Parlamentario sino a mí personalmente, quiero señalar una cosa: tenga por
seguro, señor Castellano, desde el profundo respeto de mi Grupo
Parlamentario hacia el suyo y personalmente hacia usted, que este
portavoz jamás se tendrá que tragar, como ha vaticinado, lo que su
señoría dice que yo he dicho, por la sencilla razón de que yo he dicho
que este Gobierno respeta y respetará profundamente la acción y la
independencia de los tribunales, y por la sencilla razón de que yo he
dicho que este Gobierno no puede ser calificado como un gobierno
obstruccionista a la acción de la justicia en la medida en que todas sus
decisiones presentes y las de futuro lo serán siempre atendidas al más
escrupuloso respeto al marco de la legalidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
El señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo brevísimamente para agradecer la explicación de la señora
Ministra y, una vez aclarado que efectivamente el Convenio,
lamentablemente, admite reservas que tendrán el efecto que hemos puesto
de relieve y aun deseando que tales reservas no se produzcan, lo que sí
hago, tal como hacía también la portavoz del Grupo Socialista con quien
me ha correspondido coincidir en este caso, es animarla, siguiendo sus
propias palabras, animarla muy francamente a que dedique todo el esfuerzo
político que esté en su mano, en su caso con el apoyo correspondiente del
Ministro de Asuntos Exteriores, para evitar que los países que tienen la
facultad de hacerlo, y que son sospechosos de hacerlo, planteen reservas
y, por tanto, no nos quedemos con un texto y esperemos a ver qué ocurre,
sino que se vuelque todo el esfuerzo político que esté a su alcance con
los distintos medios de presión --si me permiten esta palabra y con todos
los matices que ha de tener en este contexto-- para evitar que los países
que pueden tener interés en formular reservas las formulen porque si las
formulan, este Convenio perderá todo su sentido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
La señora Ministra de Justicia tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Como las intervenciones prácticamente han sido reproducción
fundamentalmente de las iniciales, yo siento nuevamente discrepar de la
intervención de la señora Fernández de la Vega y del señor Guardans.
Miren ustedes, el artículo 3.1 efectivamente puede ser objeto de reserva
por parte de los países y exigir la doble incriminación. Eso es cierto,
puede ser objeto de reserva. Pero lo que ocurre es que el apartado 4 del
artículo 3 establece que en el supuesto caso de que se hiciera la reserva
de la doble incriminación nunca podrá denegarse la extradición por hechos
que supongan colaboración con banda armada. Esa es la opinión técnica de
los que hemos suscrito el Convenio.
Evidentemente, en Derecho todo es opinable, pero yo no comparto la
lectura que ustedes hacen del artículo 3 apartados 1 y 4. La lectura que
se hace por los miembros firmantes
del Convenio es la que acabo de decir en este momento, y eso a mí me
parece suficientemente importante.
El artículo 5 excluye la noción de delito político, y también me parece
suficientemente importante.
No sé lo que ocurría en el mes de abril. Lo que sí sé es que existía la
noción de delito político y lo que sí también sé es que existía la noción
de la doble incriminación. Lo he visto, sé que existía y sé que no
existía la obligación de extraditar en el supuesto caso de que se
requiera la doble incriminación, y ahora sí que existe la obligación de
extraditar.
Usted puede decirme que exige la doble incriminación, pero en todo caso,
si hace esa reserva, usted va a extraditar por colaborar con banda
armada.
A la Ministra que les habla le parece el tema de gran importancia y le
parece que ha sido un éxito de España. No he venido aquí, en absoluto, a
alardear de una gestión fuera de serie. No lo he hecho, pero no me
aprieten ustedes tanto, porque efectivamente lo que se ha conseguido sí
es muy importante.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra por su cooperación y
por su franqueza en el debate que hoy hemos tenido. Se levanta la sesión.
Eran las veinte horas y quince minutos.