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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 11, de 18/09/1996
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1996 VI Legislatura Núm. 11
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS
PRESIDENTE: DON JOSEP SANCHEZ I LLIBRE
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles, 18 de septiembre de 1996,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de la Presidenta del Tribunal de Cuentas, Excma. Sra. D.ª
Milagros García Crespo, para informar sobre el Informe anual del Tribunal
de Cuentas referido al ejercicio de 1992 y Declaración definitiva de la
Cuenta General del Estado de 1992. (Número de expediente Senado
770/000001 y número de expediente Congreso 250/000001) (Página 116)
Propuestas de resolución sobre los siguientes asuntos:
--Informe de fiscalización del «Boletín Oficial del Estado», ejercicios
1989-1990-1991. (Número de expediente Senado 771/000007 y número de
expediente Congreso 251/000001) (Página 121)
--Informe de fiscalización de las sociedades estatales que integran el
Grupo «Barcelona Holding Olímpico, S. A. (HOLSA)». (Número de expediente
Senado 771/000004 y número de expediente Congreso 251/000002)
(Página 124)
--Informe de fiscalización selectiva de la entidad «Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE)», ejercicio de 1989. (Número de
expediente Senado 771/000005 y número de expediente Congreso 251/000003)
(Página 125)
--Informe de fiscalización especial sobre las relaciones con la «Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)» con las empresas
EQUIDESA; DATSA; CATERTREN, S. A., y MEDICALIA, S. A. (Número de
expediente Senado 771/000006 y número de expediente Congreso 251/000004)
(Página 129)
--Informe de fiscalización especial sobre determinación y seguimiento de
las operaciones recíprocas Instituto Nacional de Empleo-Tesorería General
de la Seguridad Social. (Número de expediente Senado 771/000002 y número
de expediente Congreso 251/000016) (Página 133)
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
--COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, EXCELENTISIMA
SEÑORA DOÑA MILAGROS GARCIA CRESPO, PARA INFORMAR SOBRE EL INFORME ANUAL
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS REFERIDO AL EJERCICIO DE 1992 Y DECLARACION
DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DE 1992. (Número de expediente
Senado 770/000001 y número de expediente Congreso 250/000001.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Senadores y Diputados, buenos
días.
Vamos a iniciar los trabajos de la Comisión con el primer punto del orden
del día: la comparecencia de la excelentísima señora Presidenta del
Tribunal de Cuentas para informar sobre el ejercicio del año 1992 y
declaración definitiva de la Cuenta General del Estado.
Deseo agradecer la comparecencia de doña Milagros García Crespo, que nos
informará detalladamente de este asunto, sobre el cual, por otra parte,
ya se informó en la anterior legislatura.
Tiene la palabra la Presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Buenos
días.
Creo que tanto por las características de su actividad parlamentaria como
por mi antigua profesión de profesora de Universidad, saludamos un nuevo
curso, en el que nos vemos en estas tareas que espero que nos tengan que
reunir aquí varias veces, porque, si no me equivoco, el Tribunal de
Cuentas va enviando numerosos informes que esperan su presentación en
esta Comisión. Sin embargo, sabiendo que la lista de informes pendientes
es larga, permítanme que les diga que me sorprendió que tuviera que
volver a presentarles la Cuenta General del año 1992, que fue presentada
el 4 de diciembre de 1995, y que entiendo, porque así se me dijo, que,
como no pudo ser llevada a los plenos del Congreso y del Senado, tiene
que iniciar nuevamente su procedimiento.
Decía al Presidente de la Comisión, cuando estuvimos hablando de esta
comparecencia, que en las normas de la Mesa del Congreso y del Senado se
dejaba abierta la posibilidad de que yo no viniera, porque el punto
tercero de las normas dice que el debate de la Comisión se iniciará con
la presentación del informe sobre la Cuenta General del Estado por el
Presidente del Tribunal de Cuentas si así lo decidiera la Comisión, y
como ésta ha decidido que venga, lo hago muy a gusto, como siempre; es
una satisfacción, pero sí les agradecería que, dado que en el «Diario de
Sesiones» de las Cortes Generales está la comparecencia entera y las
preguntas que muchos de ustedes me hicieron y que yo, tal vez con más
voluntad que acierto, contesté, si me lo permiten, dé por presentado el
informe de la Cuenta General del Estado del año 1992.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Corresponde ahora que pasemos al turno de los portavoces de los
diferentes grupos parlamentarios para fijar posiciones o pedir
aclaraciones. Siguiendo la técnica reglamentaria, vamos a proceder a la
intervención de dichos grupos parlamentarios, por orden de mayor a menor,
iniciando su intervención el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Pérez Touriño.
El señor PEREZ TOURIÑO: Buenos días. Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias también por su comparecencia, señora Presidenta del Tribunal de
Cuentas.
Como es obvio, por mi parte no hay ningún inconveniente respecto al
sentido de su exposición.
Voy a empezar mi intervención, en relación con las cuentas de 1992, con
una precisión de concepto que me parece oportuna resaltar al inicio del
análisis de la liquidación de las cuentas del Estado para 1992. Es algo
lógicamente conocido que, desde el punto de vista del conocimiento y de
la valoración de la situación económica de un país y de sus cuentas, el
concepto económicamente relevante en términos de contabilidad nacional y,
por tanto, en términos de las comparaciones en el marco de la Unión
Europea y de las comparaciones internacionales, es el concepto de déficit
público entendido como la necesidad de financiación de las
administraciones públicas.
Es evidente que las actuaciones de las administraciones públicas que
tienen repercusiones económicas, todas, tienen su reflejo en la
contabilidad nacional y, por tanto, en la determinación de las
necesidades de financiación. Otra cosa es cómo aparece su reflejo en la
contabilidad presupuestaria
y en la contabilidad económico-patrimonial, que tiene, o puede tener,
otros criterios de imputación respecto a la imputación de gastos y otros
criterios a los que luego me referiré.
Quería simplemente subrayar esto como precisión conceptual dado que, en
términos económicos, en términos de déficit público, de acuerdo con la
Intervención General de la Administración del Estado y el correspondiente
informe anual del Banco de España, la necesidad de financiación del
Estado fue de 1,3 --1 billón 345.000 millones de pesetas-- en el año
1992, esto es, el 2,3 por ciento del producto interior bruto, y la
necesidad de financiación del conjunto de las administraciones públicas,
por lo tanto, el déficit público, tal y como es conocido en la literatura
y en los conceptos económicos, fue de 2,4 billones de pesetas, lo que
viene siendo un 4,2 por ciento del producto interior bruto.
Paso ya a lo que es la valoración de mi Grupo, entrando en términos de
contabilidad presupuestaria, en definitiva, a la valoración de los
resultados en la gestión del presupuesto. Entrando, pues, de lleno en la
valoración de la liquidación de las cuentas del Estado para 1992, está
claro que existen discrepancias entre el Tribunal de Cuentas, el Gobierno
y la IGAE respecto a la liquidación; discrepancias que trataré de acotar
refiriéndome a ellas en términos de poder precisar exactamente en qué
consisten y cuáles son las salvedades desde nuestro punto de vista.
Para el Tribunal de Cuentas, se entiende exactamente --creo-- que no se
han aplicado al presupuesto de gastos determinadas obligaciones
originadas en el ejercicio, y cifra esa cantidad en 755.000 millones de
pesetas aproximadamente. Por el contrario, entiende que se han imputado a
ese ejercicio obligaciones generadas en años anteriores por un importe
global de 626.000 millones de pesetas. En consecuencia, los gastos
presupuestarios reflejados en la Cuenta de la Administración General del
Estado, que eran de 18 billones en números redondos, se encontrarían
incorrectamente minorados en 128.000 millones de pesetas, casi 129.000,
es decir, sobre 18 billones, 129.000 millones de pesetas.
La otra salvedad que me parece relevante es la misma y con el mismo
criterio, pero aplicado a la perspectiva de los ingresos. Se han
determinado derechos del ejercicio por un importe de 19.000 millones de
pesetas, casi 20.000, mientras que se han aplicado 78.000 millones de
pesetas de ingresos que se habían originado en años anteriores. La
consecuencia, en definitiva, en el balance correcto, según los criterios
del Tribunal de Cuentas, sería que varían los ingresos aumentados en
58.456 millones de pesetas.
De acuerdo, en definitiva --si entiendo bien--, con el criterio del
Tribunal de Cuentas, en la Cuenta de la Administración General del Estado
se vería disminuido el amplio superávit que presentan en total el
conjunto de todos los capítulos en 187.360 millones de pesetas.
En relación con los organismos autónomos administrativos, por cifrar las
cosas en sus justos términos, aplicando el mismo tipo de criterios, es
decir, de acuerdo con los criterios del Tribunal de Cuentas y en palabras
del Tribunal de Cuentas, se estima que el déficit sería de 281.000
millones de pesetas, en este caso 61.408 menos de lo declarado por el
Estado. Y para el caso de los organismos comerciales, industriales,
financieros o análogos del Estado, la discrepancia nos lleva a establecer
un mayor déficit de 1.857 millones de pesetas, es decir, habría que
disminuir el superávit global al menos en una cantidad en torno a los
12.848 millones de pesetas.
Si hiciéramos el ejercicio de seguir la sistemática completa con los
criterios, a los que luego me referiré, del informe anual del Tribunal de
Cuentas, en definitiva, si nos refiriésemos al saldo de ingresos y gastos
en la liquidación excluyendo el capítulo IX de pasivos financieros, que
el propio Tribunal excluye por su naturaleza específica cuando hace el
informe anual, por lo tanto excluyendo los gastos y los ingresos de
ejercicios anteriores, los resultados negativos salen en una cuenta que
no es precisa y exacta, pero en torno a un déficit, a un resultado
presupuestario negativo de 1,9 billones de pesetas, por debajo de los 2
billones de pesetas, si no me he confundido al hacer la cuenta con los
propios criterios al completo del Tribunal.
Desde nuestro punto de vista la cuestión reside en parte, respecto a este
tema que es nuclear --y por eso me estoy refiriendo a él, porque
entendemos que es uno de los más importantes--, en cuáles sean los
criterios que se apliquen. En ese sentido existen diversidad de
criterios, hay criterios diferentes entre el Tribunal de Cuentas y el
Gobierno y la IGAE respecto a la imputación de gastos; hay criterios
diferentes también respecto a los requisitos administrativos para la
aplicación presupuestaria. Existen algunas discrepancias concretas, quizá
menores, a las que también me voy a referir.
Conviene subrayar, desde nuestra perspectiva por lo menos, que hasta el
año 1994 en la contabilidad general financiera no se han aplicado
criterios de devengo, se han aplicado los criterios de caja tanto a la
devolución de impuestos como a los intereses devengados y no vencidos de
la deuda pública. ¿Por qué? La razón es clara, porque así estaba en el
antiguo plan de contabilidad. La IGAE, como no podía ser menos, y el
Gobierno lo que hacían era aplicar la legalidad, la normativa vigente.
Con el nuevo Plan de contabilidad pública, aprobado en el ejercicio 1995,
se van a empezar a aplicar criterios distintos porque cambia la normativa
vigente.
En cuanto a lo que es la contabilidad no general financiera, sino ya
estrictamente la contabilidad que se entiende como presupuestaria, a
juicio del Gobierno y del IGAE --y aquí existe una discrepancia
permanente con el Tribunal de Cuentas--, el criterio es el de caja. En
definitiva, pensamos que mientras no haya presupuestos no se puede hacer
imputación con rigor y no se puede aplicar el gasto salvo cuando hay
crédito. Por lo tanto, difícilmente desde el punto de vista de gestión
del presupuesto entendemos que en contabilidad y en gestión
presupuestaria se pueda hacer con otro criterio que no sea el de caja.
Otra cosa bien distinta, como es conocido, es que desde la perspectiva de
la contabilidad nacional el criterio establecido es el de devengo y el
que se aplica. Cuando se hace la contabilidad nacional hay que ajustar
los datos procedentes de la contabilidad presupuestaria y así se hace.
Esto es importante reseñarlo desde nuestra perspectiva porque, en
definitiva, es lo que permite delimitar en sus justos términos hasta
dónde llegan y lo fundamental de las discrepancias en relación con cuáles
sean las cantidades y los resultados más relevantes de la liquidación en
términos presupuestarios.
Obviamente existen otras discrepancias de índole menor, como pueden ser
en las cuentas de 1992 las aportaciones de España al Fondo Monetario
Internacional, donde el Tribunal de Cuentas consideraba que eran
obligaciones del Estado y el Gobierno entendía que eran obligaciones del
Banco de España. Se va a cambiar el criterio por el propio Tribunal de
Cuentas a partir del año 1993.
Asimismo, existen también discrepancias en el caso de los préstamos del
Estado al Consorcio de Compensación de Seguros o en los préstamos del
Estado a la Seguridad Social. Se registran como préstamos porque así lo
ha aprobado el Parlamento, así lo ha aprobado el Legislativo, y no se
registran como transferencias, que es el criterio que el Tribunal de
Cuentas entiende, con sus razones, que se debería aplicar. Lo que hace el
Gobierno es aplicar el criterio fijado por el Parlamento.
Por otra parte, también existen diferencias --me voy a referir solamente
a la fijación de posición, a algunos temas que me parecen más nucleares--
en cuanto a los desfases temporales. En esta cuestión quiero expresar con
toda claridad y rotundidad desde el Grupo Parlamentario Socialista que
con el informe del Tribunal de Cuentas delante no se puede decir, según
nuestro criterio, que se hayan ocultado cifras, en absoluto, las cifras
están a disposición y constan en la información remitida al Tribunal de
Cuentas, algunas de ellas en las rúbricas no presupuestarias.
Efectivamente existen desfases temporales en lo que pueden ser las
operaciones de desempleo, que aparecen como rúbrica no presupuestaria en
las relaciones u operaciones entre la Tesorería de la Seguridad Social y
el INEM; esto se va a regularizar en el año 1993. Existen también
problemas de ese tipo en cuanto a anticipos a Comunidades Autónomas. Lo
que quiero resaltar es que los desfases temporales no se ocultan, existen
y depende del criterio de imputación con el que se plantee, y el que ha
efectuado el Gobierno y el IGAE es aquel que está en la normativa
contable y vigente a la altura del año 1992.
Una cuestión más sobre la liquidación presupuestaria; básicamente me
refiero al tema de las modificaciones presupuestarias, también por
acotarlo en lo que creo que son sus términos fundamentales, si se
excluyen las operaciones financieras por las características que éstas
tienen, el propio Tribunal en principio razona excluyéndolas --me refiero
a los capítulos VIII y IX--, las modificaciones presupuestarias son de
índode de 1,97 billones, no alcanzan los 2 billones de pesetas. Eso viene
siendo en términos porcentuales modificaciones en torno al 11 por ciento
de incremento respecto a los créditos iniciales.
No quiero decir que sea una cifra brillante, nada más lejos de mi
intención, pero sí que puede parecer una cifra razonable en la gestión de
un presupuesto tan importante y que, en todo caso, supone una mejora
significativa respecto a años precedentes. La mayoría se efectúa mediante
ampliaciones de crédito que podrían evitarse si se fuese capaz de ir
mejorando con mayor rigor en la presupuestación.
Por lo demás, y acabo diciendo porque no quiero extenderme excesivamente
a estas alturas del trámite parlamentario, por cuanto sustantivamente no
tengo que formular ninguna pregunta concreta a la Presidenta del Tribunal
de Cuentas, que la información que he podido leer en la comparecencia del
año anterior me parece suficientemente rigurosa y aclaratoria en todos
sus términos. Por tanto, no me veo en la ocasión de tener que preguntarle
nada nuevo, tan sólo valorar y agradecer a la Presidenta el informe que
se presenta, un informe completo, exhaustivo, y que en líneas generales
el Grupo Parlamentario Socialista cree que revela mejoras y avances; es
decir, la tendencia es de mejora y avance en la mayor parte de los
elementos de gestión y se van recogiendo, en alguna medida, no en todas,
buena parte de las recomendaciones que ha ido fijando el Tribunal de
Cuentas.
En líneas generales, la Cuenta es conforme en plazo, estructura y
contenido. Literalmente, dice el informe del Tribunal de Cuentas que
tiene problemas puntuales; en concreto, en doce organismos autónomos:
uno, administrativo; once, comerciales, que son un porcentaje ínfimo
respecto al total de su grupo que no han presentado la Cuenta en plazo;
encuentra defectos formales en cinco entes públicos. A juicio del
Tribunal, la homogeneidad y la consistencia interna es clara respecto a
la liquidación presupuestaria, es decir, que las liquidaciones
presupuestarias son homogéneas. Sin embargo, no es totalmente correcta ni
puede darlas como satisfactoriamente correctas en la medida en que hay
algunos elementos de indefinición normativa, precisamente en los temas de
transferencias internas entre distintos organismos.
En líneas generales, creo que se ha producido un avance a lo largo del
tiempo en temas en los que el propio Tribunal ha recomendado a través de
la Ley de Contratos del Estado --hoy ya en vigor--, que recoge buena
parte de las demandas que se habían planteado por los diversos Grupos, y
en particular por el Tribunal de Cuentas, en relación con los problemas
ligados a la contratación pública administrativa, así como el
establecimiento de criterios nuevos en la contabilidad pública aplicables
a partir del ejercicio de 1995 o algunos intentos --en este caso
frustrados-- como el de la aprobación, que no pudo efectuarse, de una
nueva ley general presupuestaria, por problemas con la oposición en
relación con el anteproyecto de ley en la última fase de la anterior
legislatura.
Por mi parte, nada más. A estas alturas del trámite, ésta es la posición
de mi Grupo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Touriño.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra el Senador don Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Antes que nada desearía saludar y agradecer a la señora Presidenta del
Tribunal de Cuentas su comparecencia para informar de nuevo sobre el
informe anual de dicha Institución referido al ejercicio de 1992 y su
declaración definitiva.
La comparecencia y el debate correspondiente ya se produjo en diciembre
de 1995, pero no hubo tiempo en su momento de debatirlo en el Pleno y,
por lo tanto, las propuestas de resolución y el informe no pudieron
seguir el trámite correspondiente. Aunque a mi entender hoy está fuera de
lugar, reemprendemos el trámite, toda vez que reconocemos que debe
hacerse.
Por mi parte, pocas aportaciones nuevas puedo hacer a lo que ya manifesté
en la sesión del día 4 de diciembre de 1995. Aceptando el criterio de la
señora Presidenta, quien entonces nos llamó la atención respecto a que
cuando estamos hablando de los informes de fiscalización y de las cuentas
definitivas no podemos basarnos sólo en el propio informe del fiscal, sin
duda volverán a ser estas valoraciones la base de mis consideraciones
sobre estas cuentas de 1992.
Para empezar --y así lo hice también en la sesión de referencia--, debo
hacer una valoración de principio. Entiende la Fiscalía que sólo la
perfección y la exactitud es válida para merecer el aprobado, y no cabe
aceptar que algunos cuentadantes olviden, retrasen o incumplan sus
obligaciones. En este sentido, la propia normativa del Tribunal de
Cuentas no autoriza en ningún punto a transigir, consentir u olvidar
fallos o defectos en las cuentas que se presenten mientras que, por el
contrario, se exige que se hagan constar cuantas infracciones, abusos o
prácticas irregulares se hayan observado.
Dije entonces, y me reafirmo en ello, que esto es lo que se ha hecho;
prueba de ello es que son la tipificación de 18 clases de anomalías, la
mayoría de las cuales generan los correspondientes reflejos contables y
que pueden incluso clasificarse --se deduce por el propio informe-- de
graves. Por lo tanto, repito --y así dejo constancia-- que el Tribunal de
Cuentas ha hecho lo que tenía que hacer; otra cosa es que a uno le
preocupe el resultado final de este informe.
Entre las dieciocho clases de anomalías se hablaba, y se habla, de falta
de rendimiento de cuentas por parte de doce organismos autónomos;
defectos formales en la contabilidad; falta de coordinación entre las
contabilidades; discrepancias contables; errores en la cuenta de
inmovilizado; falta de amortización de estos inmovilizados; confusión
entre la cuenta de préstamos y la asunción de deudas; no reconocimiento
de derechos contraídos; excedentes de capital injustificables; activos
ficticios; cuentas bancarias no registradas; falta de periodificación;
partidas inadecuadas, etcétera. El resultado final es lo que nos asusta y
yo diría que nos preocupa un poco y que, en su conjunto, hace que las
cuentas --y se deduce del propio informe-- no se puedan considerar
fiables al no reflejar la imagen fiel de la situación financiera del
Estado.
Señora Presidenta, hacer esta consideración con referencia a 1992,
después de unas elecciones, con cambio de Gobierno, de mayorías
parlamentarias y con otras perspectivas uno cree que está fuera de lugar
--pero no puedo dejar de hacerla--, seguida de las preguntas que hice en
su momento y que la señora Presidenta ya tuvo a bien responder en su
comparecencia antes citada.
¿Se podían haber evitado tantas irregularidades si la propia Intervención
del Estado hubiera sido más estricta en la aplicación del artículo 93 de
la Ley General Presupuestaria? En este caso, ¿se han impuesto las multas
correspondientes por falta de presentación de las cuentas de los
organismos autónomos? Finalmente, ¿a quién se pide responsabilidades por
tantas anomalías?
Por mi parte, siendo importante --y lo remarco--, no voy a entrar en la
cuestión del déficit. Sin duda, volveremos a hacerlo --y lo volverá hacer
este portavoz cuando veamos las cuentas de 1993 y 1994--, que espero
resolvamos pronto. Pero por lo menos quiero dejar constancia de lo que ya
manifesté en la sesión de diciembre. A nosotros nos sale un mayor déficit
del reflejado y nuestros cálculos incluso apuntan a prácticamente el
doble de la liquidación presupuestaria. Repito, no voy a entrar más en
esta cuestión, sin duda será un punto importante a analizar en las
próximas cuentas generales que veamos.
Termino, señor Presidente, diciendo que el informe del propio Fiscal
habla de que la Cuenta no es completa, que hay múltiples infracciones,
incluso habla de abusos y prácticas irregulares, y acaba haciendo
referencia a que se requiera -- y es cierto-- al Gobierno para que adopte
las medidas necesarias. Asimismo, termina diciendo que es lamentable
--expresión que yo también hago mía porque es la que me preocupa-- que se
tengan que hacer este tipo de recomendaciones para que se cumplan todas
las normativas existentes. Será cuestión de comprobar si habrá mejoras
--esperemos que sí-- en los años próximos, ya no digo en los actuales,
sino a partir de 1992, que serán los que vamos a analizar a continuación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Diputado don
Diego Jordano Salinas.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
Saludo a la Presidenta del Tribunal en este trámite bis de la Cuenta de
1992. Debo ratificar lo que ya se dijo en su momento, salvo en lo
referente a las propuestas de resolución que presentó este Grupo que,
evidentemente, no vamos a poder repetir porque lo que pretendíamos era
rechazar las cuentas y encargar al Gobierno socialista que volviera a
redactarlas de acuerdo con los criterios contables y de rigor
recomendados por el Tribunal. Evidentemente, no le vamos a cargar al
nuevo Gobierno esté mayor trabajo respecto a la Cuenta de 1992.
Quisiera hacer algunos comentarios que, en definitiva, es comparar la
situación de un Gobierno socialista en el año 1992, ejecutando un
presupuesto y presentando las cuentas de liquidación de ese presupuesto,
y las actuaciones del Gobierno recién llegado para corregir todo lo que
no se ha hecho en todos los años, todo lo que se ha desplazado, incluso
hasta el año 1996.
Una contabilidad, sea pública, sea empresarial, sea doméstica, tiene que
tender a reflejar la imagen fiel del sector que está contemplando. Si la
imagen fiel de ese sector, de esa empresa, de ese domicilio, no está
reflejado en las cuentas, la contabilidad es defectuosa. Con lo que nos
encontramos en el ejercicio 1992 es que precisamente las cuentas del
Estado no reflejan la imagen fiel de éste. Manifestando con rigor que
estamos hablando de una contabilidad presupuestaria, que parte de unas
cifras aprobadas por el Parlamento y entregadas al Gobierno para que las
desarrolle, lo primero que llama la atención en el ejercicio 1992 --y
tiene que ser una reflexión seria para todos los Gobiernos y lo está
siendo para el Gobierno actual-- es que no es posible modificar créditos
en un ejercicio por un importe de más de cuatro billones de pesetas
porque, evidentemente, lo liquidado por el Gobierno en ese ejercicio no
se parece en nada al presupuesto que aprobó el Parlamento. Este rigor
presupuestario de atenerse cada organismo público a las líneas marcadas
en el presupuesto es el esfuerzo que se está haciendo por el nuevo
Gobierno para lograr adaptar el gasto público a lo que las Cortes han
aprobado, y no presentar algo que no tiene nada que ver con lo aprobado
en ellas, como pasó en el año 1992.
En cuanto a los criterios contables, puede discutirse la idoneidad de un
criterio u otro y desde el punto de vista de la contabilidad, la
utilización de un criterio u otro permitirá contar con una contabilidad
más o menos completa, pero lo que no puede hacerse dentro de un
ejercicio, dentro de un mismo organismo público es mantener
alternativamente el criterio de caja o el contable, según convenga para
maquillar la cifra de déficit público.
Tampoco puedo compartir el concepto de que déficit público de un
ejercicio es estrictamente el dinero que se ha pedido para cubrir los
desequilibrios, porque una práctica utilizada con reiteración y casi con
abuso de desplazar a ejercicios posteriores compromisos de pago de un
ejercicio, no reconocer gastos contraídos, guardar, en definitiva, las
facturas en el cajón, no exige una demanda de crédito. El Gobierno está
obteniendo una financiación complementaria a costa del crédito de sus
proveedores, pero realmente no puede decirse que déficit es la llamada al
Banco de España para cubrir con créditos o con una emisión de deuda lo no
recogido en los presupuestos.
Con este criterio, en el año 1992 nos encontramos un desplazamiento
detalladamente contemplado por el Tribunal de Cuentas de más de 2
billones de pesetas, 2 billones 188.000 millones de pesetas, que se
desplazan a ejercicios posteriores con el criterio de contabilizar mal
ingresos o gastos, con el criterio de no considerar como gastos del
ejercicio los intereses de la deuda, llevando las devoluciones de IRPF o
del Impuesto sobre Sociedades justo al día siguiente del ejercicio
posterior para que de esa forma no caigan sobre el ejercicio que se está
liquidando, es decir, una serie de prácticas que no se resuelven en 1992,
que no se resuelven en 1993 y que han llegado hasta 1996, obligando a una
regularización de las cuentas del Estado de 741.000 millones de pesetas
por el mecanismo correcto, es decir, emitiendo deuda para poder
regularizar todo y partir de cero.
En definitiva, yo creo que la enseñanza que hay que sacar de 1992 es la
de ser un poco humildes, aceptar los criterios y las recomendaciones que
se hacen y saber que para que las cuentas del Estado reflejen la imagen
fiel no puede haber ningún tipo de desplazamiento de gastos a ejercicios
posteriores y que todo lo que exceda de la cobertura presupuestaria tiene
que traerse de nuevo al Parlamento, por la vía de créditos
extraordinarios, para cubrir lo no contemplado en el presupuesto. Todo lo
demás es tener una serie de números --los números son muy sufridos--,
pero números que no reflejan la imagen fiel ni exacta del sector público.
Es evidente que en 1992 no había las exigencias de rigor, desde el punto
de vista de la Unión Europea, que existen en los ejercicios posteriores y
especialmente en el ejercicio 1996-1997, pero esto no puede servir de
excusa para hacer cuentas muy genéricas y plagadas de defectos. Una
peseta no es nada, pero basta con que las dos columnas básicas de una
contabilidad, el debe y el haber, tengan una diferencia de una peseta
para que esa diferencia de peseta nos esté diciendo que las cuentas están
mal hechas. No vale decir: como es poco dinero en proporción a todo el
que ha manejado el Gobierno durante este año, no tiene tanta importancia.
Contablemente tiene importancia una peseta, porque demuestra que esas
cuentas no son exactas.
Por otra parte, también se observa en el ejercicio de 1992 algo que ya no
son meras disquisiciones contables, y lo pone de manifiesto sobre todo el
Ministerio Fiscal en el informe que une al del pleno, y es una serie de
prácticas contrarias a la transparencia contable. Si se toman las cuentas
que el Gobierno presentó al ejercicio de 1992, había una serie de
maniobras contables para que no aparecieran reflejadas o no hubiera
pistas de una serie de modificaciones de crédito, de obligaciones
originadas en el ejercicio, de cuentas de titularidad estatal que no
están incorporadas a la cuenta general de pérdidas corrientes no
incluidas en la cuenta general.
Por lo tanto, la cuenta de 1992 merecía el reproche total que en su
momento hicimos como propuesta de que se volvieran a hacer esas cuentas,
de que se rechazaran por el Parlamento unas cuentas mal hechas.
Actualmente no es el momento de encargar a un nuevo Gobierno que redacte
esas cuentas, pero creo que debemos ser rigurosos y saber que si las
cuentas de 1992 tenían tan pocos defectos, poco sentido tuvo la
regularización que se hizo en 1993, que los 743.000 millones del INEM,
que no tenía tanta importancia que se desplazaran, hubo que
regularizarlos en la cuenta de 1993 a pesar de todo el esfuerzo que se
hizo para regularidad desplazamientos anteriores en 1996. Desde 1996 sí
partimos de una cuenta a cero. Por consiguiente, pienso que en ese
momento podemos hablar de pequeños defectos contables, de pequeños
retrasos, de otra serie de cosas que serían --llamémoslas así-- pecados
veniales contables, pero en las cuentas de 1992 lo que aparecen no son
pecados veniales contables, sino pecados muy graves
desde el punto de vista de la contabilidad, del rigor que tiene que
llevar toda contabilidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jordano.
Tiene la palabra la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas, dado que
algún portavoz que ha intervenido le ha formulado algunas preguntas
respecto al estado de cuentas del año 1992.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): El señor
Carrera me pregunta si se podrían evitar tantas irregularidades. Yo el
dije y le repito que no estoy de acuerdo con esa manifestación primera de
que sólo la perfección es aceptable y que todos los defectos quieren
decir que las cosas están mal. Creo que todos cometemos defectos y que se
pueden evitar irregularidades siempre. Partiendo de la base de que todos
tenemos irregularidades contables, podríamos hablar de establecer un
«quantum» a partir del cual las irregularidades son mayores o menores.
Pienso que muchas irregularidades se pueden evitar, si es lo que usted me
pregunta, pero todas, es imposible.
También le quería contestar a un aspecto concreto. Me pregunta sobre si
se han impuesto multas o a quién se piden las responsabilidades por las
anomalías. Como sabe, el Tribunal de Cuentas tiene dos secciones, la
Sección de Fiscalización y la de Enjuiciamiento. Cuando la Sección de
Fiscalización encuentra defectos graves que pueden afectar a la
responsabilidad civil de los administradores, tiene que dar tanto y parte
a la Sección de Enjuiciamiento y se hace un juicio de cuentas, como usted
sabe. Yo creo que el señor fiscal, que es el que usted ha puesto de
testigo al hablar de cómo se hizo la cuenta de 1992, no pidió ninguna
apertura de pieza separada o ningún juicio de cuentas. En consecuencia,
si no nos han pedido responsabilidades sobre la cuenta de 1992 es porque
no han sido solicitadas por ninguno de los consejeros que han intervenido
en distintas de sus partes en la confección final ni por el propio fiscal
o el abogado del Estado con servicio en el Tribunal de Cuentas. Creo que
no la hay. Si me equivoco y en su momento se hizo alguna solicitud de
pieza separada, evidentemente habrá pasado por el proceso correspondiente
y en su día --ustedes saben que los procesos judiciales son lentos-- se
emitirá la sentencia. Creo que el fiscal no pidió ninguna responsabilidad
de tipo contable; si la hay, el Tribunal de Cuentas en su Sección de
Enjuiciamiento dará parte de ella en su momento. Esto con toda seguridad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a suspender los trabajos de la Comisión durante cinco minutos para
proceder a la clasificación de las propuestas de resolución presentadas
por los diferentes grupos parlamentarios y quiero recordarles que tienen
que designar, a la mayor brevedad posible, a los ponentes
correspondientes para elaborar el informe del estado de cuentas del año
1992.
Muchas gracias. (Pausa.)
PROPUESTAS DE RESOLUCION SOBRE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
--INFORME DE FISCALIZACION DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, EJERCICIOS
1989-1990-1991. (Número de expediente Senado 771/000007 y número de
expediente Congreso 251/000001.)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con el punto segundo del orden
del día, relativo al informe de fiscalización del Boletín Oficial del
Estado, ejercicios 1989, 1990 y 1991.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor don
Emilio Pérez Touriño.
El señor PEREZ TOURIÑO: En relación con las propuestas de resolución
respecto a la gestión del Boletín Oficial del Estado, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista se ha presentado una resolución que, en
definitiva, consiste esencialmente en proponer que se acepten en su tenor
literal las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, por lo que se insta
al Gobierno a su cumplimiento. En todo caso, con la particularidad que
debe ser resaltada de que, según el informe y las conclusiones del
Tribunal de Cuentas, dado el tiempo transcurrido, y en función también
del criterio del Tribunal y de su valoración, las recomendaciones del
Tribunal, en este caso concreto, son de muy escaso contenido. Lo que
sugiere el Tribunal es que si queda alguna cuestión pendiente de
aplicación todavía, que se aplique por parte del Gobierno. Esto es lo que
se quiere decir, por ser breve.
En cuanto a las propuestas de resolución presentadas por otros grupos, sí
quisiera exponer algunas cuestiones.
En primer lugar, quiero referirme a la propuesta de resolución que tengo
delante, que es la que presenta el Grupo de Izquierda Unida. Nuestro
criterio es totalmente negativo a la aceptación de esta propuesta de
resolución, fundamentalmente porque entendemos que no estamos ante una
propuesta de resolución, sino ante una valoración, un juicio de valor o
una exposición de opinión. El primer punto dice: La gestión del BOE ha
causado grave perjuicio, al tiempo que ha originado una pérdida de
credibilidad. Estemos o no de acuerdo con esto, entendemos que esto no es
propio de una resolución. Ya se ha expresado la opinión de cada grupo
respecto a la gestión del BOE; nosotros también la hemos expuesto en los
términos que nos han parecido oportunos en la sesión correspondiente, y
no nos parece que ésta sea una resolución, bajo ningún concepto.
En cuanto al otro punto, consistente en exigir o pedir responsabilidades
políticas por esta Comisión, a quien era el máximo responsable del
Ministerio y del Consejo, en definitiva, sobre el Ministro del
Departamento a la sazón, nos parece, en primer lugar, que formalmente
tampoco es una Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas el ámbito para
exigir responsabilidades políticas y que la reprobación política debe
producirse, en su caso, si la quiere plantear un grupo parlamentario, en
el seno del debate parlamentario en
Pleno. Por tanto, no nos parece que sea algo que se derive para nada del
informe del Tribunal de Cuentas.
En segundo lugar, también quiero decir con claridad que nos parece, sobre
todo, además de los problemas formales, algo esencialmente desajustado y
que no se deriva, en absoluto, del informe del Tribunal de Cuentas. El
Tribunal de Cuentas en ningún caso ni en ningún momento establece la
existencia o no de responsabilidades políticas por parte del Ministro del
Departamento; un Departamento que, como ha quedado claro --al menos para
nosotros-- del informe del Tribunal de Cuentas, fue precisamente el que,
a través de la actuación de la Intervención y de la actuación del
Subsecretario del Ministerio, puso en conocimiento y denunció los hechos
ante el Juzgado de Instrucción correspondiente, ante el Fiscal General
del Estado, y posteriormente el tema está en manos del Juzgado de
Instrucción número 16.
Por tanto, creemos que no ha lugar ni en términos formales ni sustantivos
o reales, a pedir responsabilidades, cuando es precisamente la dirección
máxima del Ministerio la que ha tomado las medidas oportunas para
corregir una situación tanto en términos procesales, para poner en marcha
las actuaciones judiciales, como en términos también políticos, mediante
el cese de la responsable a la sazón del Boletín Oficial del Estado.
En relación con la otra propuesta de resolución que se presenta, la del
Grupo Parlamentario Popular, también nos parece que nuestra posición debe
ser negativa --aparte de algún problema formal, meramente de redacción,
como es que el Congreso de los Diputados no insta al Gobierno, sino esta
Comisión Mixta, que es el marco en el que estamos-- fundamentalmente
porque se insta al Gobierno para que remita un informe sobre las acciones
judiciales que haya emprendido.
El Gobierno --ya lo dice el informe del Tribunal de Cuentas-- informó a
este Parlamento, a petición del propio Departamento de Relaciones con las
Cortes, en la sesión correspondiente; en su momento emprendió las
acciones judiciales, dando cuenta a la Fiscalía General del Estado, como
acabo de citar. Es decir, el Gobierno hizo lo que tenía que hacer, lo
puso en conocimiento de la Fiscalía y desencadenó el procedimiento
oportuno. Eso obra en conocimiento de este Parlamento y, a su vez, en
conocimiento del Tribunal de Cuentas, que así lo informa en su
fiscalización.
Respecto al tema de que se reintegren o no las cantidades presuntamente
defraudadas y se paguen los daños causados al erario público, será algo
que debe establecerlo, en su caso, el expediente de cuenta separada, como
en relación con otro tema nos explicaba la Presidenta del Tribunal hace
breves minutos. Sabiendo que en el Tribunal de Cuentas está presente la
Fiscalía General del Estado, es decir, que el Fiscal está allí sentado,
será el propio Tribunal de Cuentas, a través del mecanismo oportuno,
quien determine si hay expediente de alcance contable, si hay pieza
separada y si se determinan o no responsabilidades en ese sentido.
Yo creo que han funcionado los mecanismos. El Gobierno ha actuado
demandando las acciones judiciales oportunas; y el Tribunal de Cuentas ha
cumplido con su obligación. No creemos que, desde esta Comisión Mixta,
haya que plantear nada que no sea, en definitiva, exigir el cumplimiento
de las resoluciones y de las recomendaciones establecidas por el propio
Tribunal de Cuentas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Touriño.
Corresponde el uso de la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, al Diputado don José Luis Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente, en primer lugar, para explicar
nuestra propuesta de resolución. No voy a repetir los argumentos que
dimos en el debate que tuvimos en su día, solamente señalar la
importancia de que esta Comisión se posicione sobre dos aspectos que para
nosotros son fundamentales y se desprenden del propio informe del
Tribunal de Cuentas. En este sentido, deseo recalcar que en dicho informe
se evidencia --quien no lo quiera ver es que no lo quiere ver-- que las
responsabilidades no estaban en una sola persona, sino que la falta de
actividad del Consejo Rector no le puede eximir nunca de responsabilidad.
Al contrario, esa dejación de funciones hace que dicho Consejo Rector sea
más responsable, si cabe, de los desastres ocurridos en el «Boletín
Oficial del Estado». Por otra parte, nosotros creemos, tal y como dice la
constitución de este órgano Rector, que la máxima responsabilidad estaba
en el máximo responsable de dicho Consejo rector. Máximo responsable que,
se diga lo que se diga, era el propio Ministro de Relaciones con las
Cortes.
Por lo tanto, la situación creada en el BOE, que causó problemas, no sólo
perjuicios económicos, sino también una pérdida de credibilidad de la
Administración, en concreto en un tema tan importante como es el BOE, no
puede quedar en una simple recomendación. Por eso, nosotros hemos
planteado esta propuesta de resolución: para que constase la opinión, no
de un Grupo Parlamentario, no de un Grupo de esta Comisión, sino la
opinión recalcada de toda la Comisión, o de la mayoría de ella.
De ahí que nosotros consideremos favorable una propuesta de resolución
que se ajusta a las necesidades de este momento. Porque, como se decía en
el informe, posiblemente ya no se puedan tomar en estos momentos medidas
adecuadas, pero sí puede quedar claro, al final, que han existido
responsabilidades que no están en una sola persona, sino que están en el
Consejo Rector y, dentro de éste, en su máximo responsable. Creemos, por
lo tanto, que se debe votar favorablemente esta propuesta de resolución,
quedando de esta manera constancia de los hechos.
Por otra parte, respecto de las otras resoluciones planteadas, vamos a
votar favorablemente la presentada por el Partido Popular y nos vamos a
abstener en la presentada por el Partido Socialista, que nos parece un
intento de mirar para otro lado, de eludir responsabilidades cuando es
evidente en estos momentos que éstas han existido y que las mismas deben
ser asumidas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador don Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, mi intervención la centraría
en el turno de fijación de posiciones respecto a las propuestas de
resolución presentadas, porque, como su señoría sabe, nuestro Grupo no ha
presentado ninguna propuesta. Por lo tanto, señoría, si éste es el turno
de fijación, lo haría ahora. (Asentimiento de la Presidencia.)
Gracias, señor Presidente.
Sobre las propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos,
haré un breve comentario previo. Salvo procedimientos que estén en curso,
el análisis de la gestión de siete años atrás, que es lo que estamos
analizando ahora, queramos o no, queda minimizado. No obstante, sí habría
que decir que realmente hubo una nefasta gestión con una estructura
organizativa nula; que incluso el Consejo rector renunció a sus
responsabilidades, con un abuso, elevando al 93,5 por ciento la
contratación directa y una concentración excesiva de contratos, etcétera.
Por todo ello, vamos a apoyar la propuesta de resolución del Grupo
Parlamentario Socialista, que, en definitiva, va en la línea de
aceptación de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, así como la
del Grupo Parlamentario Popular.
Al escuchar la intervención del Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista casi tenía dudas acerca de si finalmente íbamos a cambiar o no
el sentido del voto. Yo creo que es cierto que no es el Congreso de los
Diputados quien debe instar al Gobierno. No sé, señor Presidente, si
sobre la marcha deberíamos modificar este inicio de propuesta y dejar
puramente «instar al Gobierno para que remita un informe». Lo dejo en
manos de la Presidencia y del señor Letrado. En el fondo, se viene a
pedir que se remita un informe sobre las acciones judiciales que haya
emprendido. Por lo tanto, como va en el sentido de pedir una ampliación y
tener más información sobre algo hace que, finalmente, nuestro Grupo
apoye también la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Carrera.
Consultada la Mesa respecto a la aclaración que mencionaba, si no tuviera
inconveniente el Grupo Parlamentario Popular, sería interesante cambiar
«el Congreso de los Diputados» por «la Comisión», referido a las
relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor don Diego
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Atendemos la recomendación del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista y rectificamos el encabezamiento de la propuesta de resolución
sin ningún problema.
Respeto de la propuesta que ha formulado nuestro Grupo, es consecuencia
de un auténtico desastre de gestión en el «Boletín Oficial del Estado»,
durante los años analizados por el Tribunal de Cuentas sobre todo, porque
la lectura detenida del informe y de las conclusiones del Tribunal ponen
de manifiesto que hubo una voluntad defraudatoria inicial y que se creó
realmente una trama defraudatoria en el Boletín, por una parte, dando de
lado --y aquí sí hubo una pasividad inicial del Ministerio para las
Relaciones de las Cortes-- al Consejo Rector, asumiendo competencias y
funciones que eran de otros organismos, de organismos colegiados y, por
otra parte, diseñando una trama defraudatoria para la adquisición
fraudulenta de papel prensa: desde la fijación de condiciones técnicas
«ad hoc» para que recayeran en una sola empresa determinada, hasta la
eliminación de todos los mecanismos de control, como la destrucción
--como pone de manifiesto el Tribunal-- de registros informáticos o como
el hecho de no haber báscula en el almacén de recepción de papel para
pesarlo a la llegada. Es decir, realmente había una trama defraudatoria.
En este sentido, partiendo del conocimiento de que existe un
procedimiento penal y que existen unos procedimientos administrativos en
el Tribunal de Cuentas respecto de la gestión de estos años, lo que
pedimos no es que se inicien nuevos procedimientos. Lo que pedimos es que
por parte del Gobierno se informe a la Comisión de cuál es el estado
actual de las acciones judiciales que ha emprendido y que entra dentro de
las competencias lógicas de esta Comisión. Por otra parte, matizamos al
Gobierno que la acción que tiene que ejercitar en estos temas no es una
mera acción de denuncia y de llevar a la cárcel a la persona que ha
vulnerado la ley, sino que la gestión tiene que dirigirse también, por
parte del Gobierno, a través de la acción civil correspondiente y, por
parte del Tribunal de Cuentas, a través de la acción administrativa, a
lograr que se reintegren las cantidades defraudadas y que se paguen los
daños que se han causado al organismos. Creo que no basta con señalar una
responsabilidad política, no basta con iniciar una acción porque creamos
que se ha cometido delito, sino que también hay que conseguir que lo
defraudado, el perjuicio que ha sufrido un organismo del Estado, se
reintegre por los responsables.
Respecto a las propuestas que en este punto formulan los otros grupos
parlamentarios, las del Grupo Parlamentario Socialista, que son de estilo
en el conjunto de todos los informes que vemos hoy, ni dicen nada, ni
afirman nada, ni niegan nada; realmente son propuestas muy neutras.
Respecto a la primera de ellas diré que, en este caso concreto, es lógico
aprobar que se acepten las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. En
cuanto a la segunda, teniendo en cuenta que hace siete años que se
produjeron estos hechos y que no hay una recomendación estricta al
Gobierno en el informe del Tribunal, nos vemos muy forzados al aceptarla,
por lo que votaremos en contra, ya que no creemos que este tipo de
propuestas genéricas encajen en la materia en que nos encontramos.
En cuanto a las propuestas de resolución de Izquierda Unida, asumimos la
primera de ellas y vemos defectos técnicos en la segunda. Realmente
creemos que hubo responsabilidades políticas por parte del Ministerio de
Relaciones con las Cortes que, quizás, no se lavaron del todo con el
inicio de acciones judiciales y con la denuncia formulada, puesto que,
evidentemente, existió una pasividad. lo que sí es cierto es que
coincidimos en que el ámbito de la Comisión no parece adecuado para la
reprobación de un Ministro, máxime cuando ni siquiera está ya en el
ejercicio de su cargo. Por las razones expuestas, votaremos en contra de
la segunda propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jordano.
Vamos a proceder inmediatamente a la votación de las diferentes
resoluciones presentadas por los grupos parlamentarios. Partiendo de la
base de que no se han presentado enmiendas transaccionales, votaremos
globalmente, si a sus señorías les parece conveniente, las propuestas
presentadas por cada grupo parlamentario.
Me apunta el señor Letrado que para las propuestas de Izquierda Unida y
las del Grupo Parlamentario Socialista se ha pedido votación separada.
Por tanto, vamos a votar la propuesta de resolución número uno del Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 30;
abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a continuación a la propuesta de resolución número dos del Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en
contra, 15; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: La propuesta número dos del Grupo Parlamentario
Socialista no ha prosperado.
Ahora votamos las propuestas de resolución presentadas por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Votación de la propuesta de
resolución número uno presentada por dicho Grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Ha prosperado dicha propuesta de resolución.
A continuación votamos la segunda propuesta presentada por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres;
en contra, 29.
El señor PRESIDENTE: No prospera dicha iniciativa.
Pasamos a votar la propuesta de resolución presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 19; en
contra, 10.
El señor PRESIDENTE: Prospera dicha iniciativa.
--INFORME DE FISCALIZACION DE LAS SOCIEDADES ESTATALES QUE INTEGRAN EL
GRUPO «BARCELONA HOLDING OLIMPICO, S. A. (HOLSA)». (Número de expediente
Senado 771/000004 y número de expediente Congreso 251/000002.)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al debate del siguiente punto
del orden del día con la exposición por parte de los diferentes grupos
parlamentarios de las propuestas de resolución presentadas respecto al
informe de fiscalización de las sociedades estatales que integran el
Grupo «Barcelona Holding Olímpico, S. A. (HOLSA)».
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Diputado
Emilio Pérez Touriño. (El señor Jordano Salinas pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Señor Presidente, yo sugeriría una ordenación
distinta del debate. Como sólo se ha presentado una propuesta por parte
del Grupo Parlamentario Popular en relación a este informe, sugeriríamos
que se diera la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Popular antes
de los otros grupos puesto que es posible que sea innecesaria la
intervención de los mismos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jordano. Con la
autocomplacencia de los demás portavoces, vamos a proceder al cambio de
intervenciones de los diferentes ponentes parlamentarios.
Tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CAMARA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a explicar brevemente cuál es el objeto de las dos propuestas de
resolución relacionadas con el informe de HOLSA que presentó en su día la
presidencia del Tribunal de Cuentas. La primera, como ya se dijo,
destinada a recabar la opinión del Tribunal de Cuentas sobre la forma en
que se había constituido el entramado institucional compuesto por AOMOSA,
VOSA, NISA, POBASA, IMPV, que se encargaron de realizar las obras que
dieron lugar después a todo el entramado olímpico de Barcelona 92. En
aquel momento se hizo una referencia especial a la necesidad de conocer
cómo se había recabado por parte del Ayuntamiento de Barcelona la
iniciativa privada para las sociedades NISA y POBASA porque nuestro Grupo
entendía que en la constitución de este entramado institucional
podía producirse una figura conocida del Derecho Administrativo como es
la huida del Derecho Administrativo y, por tanto, creímos necesario
recabar la opinión del Tribunal ya que esta cuestión no se ponía de
manifiesto en el cuerpo del informe.
Asimismo, con relación a la fórmula contractual utilizada por las
filiales de Holsa para acometer las obras del entramado olímpico, que se
calificaba en el propio informe del tribunal como contrato de llaves en
mano, y que, según se relataba en el propio informe, suponía que ambas
partes aceptaban la inevitabilidad del precio fijado en el contrato,
admitiendo su consecuencia, el perjuicio o ventura derivado de los
errores u omisiones del proyecto. Como quiera que a lo largo del informe
se ponía de manifiesto la existencia de múltiples referencias a excesos
sobre el precio del contrato y resultando que en muchos de ellos los
incrementos, de seguirse procedimientos de contratación de las
licitaciones públicas, darían como consecuencia algún tipo de
responsabilidad, y sobre esto no había una calificación clara de tales
incumplimientos en el informe, se solicitaba, a través de las dos
propuestas de resolución, el recabar la opinión del Tribunal sobre si
aparecería incumplimiento o no por la fórmula contractual utilizada por
las filiales de Holsa y, asimismo, si podían dar como resultado
responsabilidades por parte de las administraciones implicadas en la
contratación de las obras. Pero, como quiera que ambas propuestas de
resolución más bien tratan de aspectos novedosos no contemplados dentro
del informe, nuestro Grupo lo que hace es retirar las dos propuestas de
resolución al informe de Holsa, lo que será objeto de una petición
específica y pormenorizada sobre ambos asuntos en una próxima ocasión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.
Según su actuación parlamentaria, no procede ninguna votación al
respecto, ya que ha sido retirada dicha propuesta de resolución.
--INFORME DE FISCALIZACION SELECTIVA DE LA ENTIDAD RED NACIONAL DE LOS
FERROCARRILES ESPAÑOLES (RENFE), EJERCICIO DE 1989. (Número de expediente
Senado 771/000005 y número de expediente Congreso 251/000003.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2c) del orden del día, sobre la
fiscalización respecto a los informes presentados sobre la Red Nacional
de Ferrocarriles Españoles, RENFE, a través de las diferentes propuestas
de resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manuel
de la Plata.
El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Además de reiterar la valoración positiva del informe y el propio
reconocimiento durante estos años a la voluntad de RENFE en la mejora de
los mecanismos de control, presentamos la propuesta de resolución de
aceptar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en cuanto al
cumplimiento de lo preceptuado en el Código de Comercio, el reflejo de la
situación patrimonial y operaciones efectuadas en cada ejercicio, así
como encomendar la tarea de revisar y verificar los saldos de las
distintas cuentas a determinadas personas como único objetivo, además del
establecimiento de programas informáticos de forma complementaria.
Igualmente, determinar la deuda de terceros a su favor vencida y
pendiente de cobro, estableciendo medidas oportunas para hacerla efectiva
y conciliando periódicamente los saldos de cuentas de terceros con sus
titulares. Finalmente, se insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para el cumplimiento de dichas recomendaciones. Y en esto
también pedimos la aceptación por parte del Grupo Popular, porque
independientemente de que el Gobierno haya cambiado de signo, lo que en
este caso se hace es instar al Gobierno a que efectúe el control y el
seguimiento de estos mecanismos que han aparecido como irregulares según
el propio Tribunal de Cuentas.
Después de siete años desde la fiscalización hay lógicos avances en la
empresa en cuanto a organización, sistemas de control, sistemas
informáticos, además de la modificación del marco normativo por el que
RENFE debía actuar y que en algunos casos, como se puso de manifiesto
anteriormente y en el propio informe, ha supuesto algunas contradicciones
entre el criterio de la empresa y el del propio Tribunal de Cuentas.
Refiriéndome concretamente ya a las propuestas de resolución de otros
grupos, las propuestas del Grupo Popular nos parecen más bien peticiones
puntuales de aclaración al propio Tribunal de Cuentas en el sentido de
ampliación de informes. Quizás debieron ser presentadas el día de la
comparecencia o en días posteriores a la señora Presidenta. En cualquier
caso, no estaríamos en contra de solicitar estas aclaraciones, aunque no
llevan consigo la pauta a seguir por la empresa y su control por parte
del Gobierno, como parece que debiera ser el sentido de una resolución,
sino que más bien, como digo, parecen ser solicitudes de meras
aclaraciones.
En cuanto a las propuestas de resolución de Izquierda Unida --hay tres
referidas a RENFE--, no estamos a favor, sino, por el contrario,
radicalmente en contra, por cuanto que son declaración de opiniones que,
aunque respetables, no compartimos. Y, en otro sentido, alguna de ellas
supone una dificultad a la tarea del propio Tribunal, debido a la
solicitud de fiscalización específica de operaciones de los últimos diez
años. Entendemos que no se aportan mecanismos positivos que deban llevar
a la empresa a una mejor gestión.
Diré, por último y genéricamente, que debemos seguir en la tarea de
unificar criterios, modificar aquella normativa que pueda llevar a
posibles contradicciones entre la gestión de una empresa pública, que
debe regirse por la línea de actuación que se le vaya marcando, y, por
otra parte,
la fiscalización de sus actuaciones y el seguimiento de la consecución de
sus objetivos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Le corresponde el uso de la palabra, para defender sus posiciones
respecto a las propuestas de resolución presentadas, al Diputado por
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya don Mariano César Santiso del
Valle.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor Presidente.
No voy a reiterar todos los argumentos que ya se dieron en la
comparecencia anterior y pido anticipadamente disculpas si en algunas
expresiones soy demasiado duro para el uso parlamentario.
Nuestro Grupo se niega rotundamente a pasar página sobre uno de los
episodios de corrupción, en nuestra opinión, más claros que se han dado
en cuanto a gestión de lo público y, al mismo tiempo --y es una
opinión--, a un episodio también de malversación de patrimonio público y
enriquecimiento de terceras personas a costa del erario público.
Creemos --y ése es el primer argumento para la primera propuesta de
resolución-- que eso ha hecho un daño tremendo a lo público como tal y
que ha servido también como elemento para que los ciudadanos pudieran
percibir que lo público es sinónimo de mala gestión, cuando nosotros no
compartimos eso, sino que entendemos que la buena o mala gestión depende
de los gestores y no de la titularidad pública o no de una empresa.
Y no son opiniones ni valoraciones. Hay varios sumarios abiertos a raíz
de denuncias de Izquierda Unida: uno, en poder del señor Moreiras,
relativo a la compra-venta de terrenos por parte de Equidesa. Ahora mismo
está de nuevo abierto un sumario o unas diligencias en torno a las
comisiones del AVE, de Siemens, y es motivo de otra de las resoluciones.
Y sería llamativo que, teniendo como tenemos creo que un buen informe del
Tribunal de Cuentas, no procediésemos de este modo. A la vista del propio
informe, lógicamente, se ve la necesidad, en nuestra opinión, de
profundizar más en algunos aspectos y creo que quedaríamos en bastante
mal lugar si al cabo de un tiempo nos encontramos con hechos
presuntamente delictivos, por ejemplo, en torno a las comisiones del AVE,
y aquí no hubiésemos visto nada, o nos hubiésemos hecho los locos como si
no hubiera pasado nada.
En cuanto a la segunda resolución que proponemos, relativa a la
compra-venta de terrenos, hay una parte que está muy estudiada, que es la
compra en función de la empresa Equidesa, porque, por suerte, se pudo
detectar a tiempo, y faltan más de trescientos millones de pesetas, que
nos gustaría saber dónde han ido a parar. Y me niego a pensar que en este
país sólo pagan realmente los delincuentes de pocas cantidades, o de poca
entidad, y que, sin embargo, cuando hablamos de cientos de millones, se
pasa página y se convierte en una especie de pseudo-debate político. Aquí
hay responsabilidades ante Hacienda, hay responsabilidades ante los
ciudadanos y sigue existiendo el desconocimiento real sobre dónde han ido
a parar más de trescientos millones de pesetas solamente en esa
operación.
Pero para que se vea que, además, no son especulaciones, voy a hablar de
por qué pedimos también la fiscalización de la venta de terrenos. Algo
dije el otro día, pero voy a dar algún dato más.
El propio informe dice que el inventario es deficiente y que en la
contabilidad figuran valores no actualizados y, por tanto, muy por debajo
de los valores de mercado. Ello dio lugar a que más del 40 por ciento de
los terrenos propiedad de Renfe se los llevaran dos empresas, Lugarma y
Lugaresma, que se puede ver en el Registro Mercantil que tienen un
capital social de 100.000 pesetas; sus propietarios son el señor don
Hilario Hernández Marqués, Letrado de las Cortes, creo recordar, que
además tuvo responsabilidades en distintas administraciones del Gobierno
anterior, y el señor Revilla Villar, propietario también de la empresa
Señalizaciones Villar, y con contratos con el Ministerio de Transportes.
Estas empresas se llevaron, insisto, el 40 por ciento de los terrenos de
Renfe a valor de inventario. Por poner el ejemplo de una sola operación,
pero podíamos hablar de más, recuerdo la operación de Zaragoza: Lugarma,
en concurso restringido por invitación en la que figuran varias empresas
de los mismos propietarios, compra por 250 millones unos terrenos que a
los dos meses se venden en 1.100 millones de pesetas. Por tanto, creemos
que hay indicios racionales suficientes para, por lo menos, evaluar qué
es lo que sucedió con ese patrimonio de Renfe. Son hechos y datos que se
pueden contrastar en la propia documentación e Izquierda Unida puede
aportar algún dato más.
Por último, la tercera propuesta de resolución va en el sentido de que
nos parece necesario revisar qué pasó exactamente en las contrataciones
del AVE. En primer lugar, hablamos de la compra de material y tecnología,
pero podemos recordar, incluso en las hemerotecas, qué sucedió en aquel
momento cuando se hizo un cambio de posición, por ejemplo, sobre el ancho
de vía, que produjo una pérdida importante en el contrato firmado para la
compra de material ferroviario. Seguimos pensando que, incluso
técnicamente, ha sido un error que pagaremos durante muchos años, el
haber hecho con ancho europeo el Madrid-Sevilla, que supuso, al mismo
tiempo, una pérdida, ya que las unidades del AVE no se pueden utilizar,
están cautivas de ese tramo ferroviario, y, por tanto, no pueden pasar al
resto de la red. Y, como Izquierda Unida decía, al final ha sido Talgo,
que fue marginado en aquel proceso, no se contó con él, el que hoy está
intentando resolver o paliar ese problema, entre otros. Podíamos hablar
también del contrato de locomotoras de alta potencia que hubo que
reconvertir sobre la marcha produciendo una pérdida importante de la red,
y hay muchas más cuestiones relativas a cómo se hicieron las
expropiaciones y adjudicaciones de obras que en su momento se verán,
porque no tenemos prisa, pero seguimos trabajando también en esos temas;
podríamos hablar, por ejemplo, de las adjudicaciones a la empresa AZVI,
antigua viuda de Contreras.
Vamos a apoyar también las propuestas del Grupo Parlamentario Popular
porque entendemos que intentan profundizar
en estos temas y estamos de acuerdo en que se inste al Gobierno para que
continúe impulsando las medidas y recomendaciones que hace el propio
Tribunal de Cuentas.
De momento nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso.
Le corresponde fijar posición respecto a las propuestas de resolución
presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, ya que su grupo no
ha presentado propuesta de resolución al respecto, al Senador del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don Salvador
Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes se ha dicho, y remarco que es cierto, que ha habido y hay una
voluntad de mejora en la gestión de Renfe, pero aun existiendo esta
voluntad, en el año 1989, que es el motivo de las propuestas de
resolución que ahora debatimos, realmente hubo una gestión francamente
mala.
Del informe se deduce que hubo, por ejemplo, omisión del registro de sus
operaciones en libros oficiales legalizados, problemas de interpretación
de los principios de contabilidad de la famosa disputa de caja o devengo,
también problemas en el inventario, necesidad de traslado, por tanto, al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como también al de Economía
y Hacienda de una serie de infracciones que en el propio informe quedan
constatadas, y, por tanto, debería seguirse este camino. Todo ello hace
que nosotros, a la hora de analizar las propuestas de resolución, fijemos
la siguiente posición: vamos a votar favorablemente las propuestas de
resolución del Grupo Parlamentario Socialista, porque van en la línea de
aceptación de las recomendaciones del informe del propio Tribunal, así
como las del Grupo Parlamentario Popular. En definitiva, queremos centrar
las cuatro propuestas de resolución en una sola con cuatro puntos que van
en la línea de ampliación de informes, de aclaración de contradicciones,
aclaración de informes y concreción de informes. En esta línea de
ampliación, aclaración y concreciones, creo que deberíamos votar que sí,
y así lo haremos.
Hasta el final he tenido mis dudas respecto a las propuestas de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya entendiendo, y lo remarco, que se refieren
a las números 1, 3 y 4 de las dos hojas que se han presentado como
propuestas de resolución, que abarcan también a las sociedades
relacionadas con Renfe, y en este caso sólo se refieren a Renfe; yo me
posiciono en las números 1, 3 y 4, en las cuales nuestro Grupo se va a
abstener. La número 1 va en la misma línea que la que hacía referencia el
BOE, a la que votamos en contra. En este caso nos vamos a abstener para
dejar constancia de una apreciación de criterio de lo que ha sido una
gestión perjudicial no solamente para la propia sociedad, sino, en
general, para un servicio público de esas características. Con respecto a
la número 3, entendemos que la fiscalización que pide de las operaciones
de compra-venta de terrenos por parte de Renfe a lo largo de los diez
últimos años, por el período que abarca, será complicada, difícil y
compleja, aunque realmente es un punto importante. La propuesta número 4
hace referencia a todo lo que es la alta velocidad. Se pide una auditoría
de gestión que no deja de ser, por parte incluso de esta propia Comisión,
difícil de acotar, y además añade: en lo que respecta a la política de
compras. Yo digo que, si acaso, se debería hablar de casos concretos,
porque podemos estar de acuerdo o no con la política de compras que haya
seguido la empresa, en este caso Renfe, a la hora de decidir qué es lo
que compra, pero poca cosa más sacaríamos de este informe si realmente va
en la línea de saber cuál ha sido su política de compras.
Respetando que las propuestas 1, 3 y 4 son importantes, nuestro Grupo,
por las razones expuestas, se va a abstener.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Amador
Alvarez Alvarez.
El señor ALVAREZ ALVAREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para argumentar las propuestas de resolución que el Grupo
Parlamentario Popular presenta a esta Comisión.
Cuando se nos presentó el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente
al año 1989 ya manifestamos que se hacían referencias contables, pero que
no se profundizaba en la gestión. Así, al hacer un análisis de las
cuentas de resultados, se hacía una descripción contable muy somera,
entendíamos que se reflejaban algunas observaciones de contabilidad que
eran graves, y así lo reconocía el propio informe, pero en ningún caso se
hacía ese análisis de fiscalización necesario en una empresa pública, y
que, por otra parte, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Cuentas establece como de su competencia.
Considerábamos que era necesario ampliar tal análisis de gestión y
fiscalización, y en aquella Comisión advertimos que no quedábamos
satisfechos. Por eso ahora, nosotros quisiéramos que se profundizara más
en el informe de gestión, sobre todo teniendo en cuenta que todos los
grupos conocen que el informe del año 1989 sobre la gestión de Renfe dio
lugar a escándalos y a sumarios que en este momento están en los
tribunales de justicia.
Nuestra idea es que se llegue al conocimiento final de los hechos y,
desde luego, estamos de acuerdo con lo que algún Grupo ha manifestado
porque no quisiéramos vernos sorprendido en el futuro por alguna
situación que dejara en entredicho la actuación de esta Comisión en
cuanto a tener o a exigir un conocimiento profundo del análisis de la
situación de Renfe. No se puede dar por cerrada una cuenta de resultados
tan importante de 190.000 millones sin antes haber pedido todas las
explicaciones posibles que desde el Tribunal de Cuentas se nos puedan
ofrecer. Por eso, la primera propuesta de nuestro Grupo es ampliar este
informe de gestión por los medios que el Tribunal considere
necesarios para --repito-- esclarecer de una vez por todas, que no quede
ninguna duda de la gestión de Renfe del año 1989.
La segunda propuesta de resolución del Grupo Popular se refiere a que ha
observado una contradición en los ceses pactados en el IMAC como despidos
improcedentes. Esta propuesta el Grupo la va a retirar por considerar que
en este momento no viene al caso.
En cuanto a la tercera propuesta de resolución, nosotros hemos observado
que en el informe no se hace una expresa referencia a los gastos de
publicidad, cuando hemos visto que había empresas que se llevaban la
mayor parte de los contratos de Renfe en un momento en el que se había
multiplicado hasta por seis el presupuesto de publicidad, y que podía
haber alguna relación entre consejeros de una empresa filial con
funcionarios de la entidad. Por ello, quisiéramos también que esta
circunstancia se aclarara por si diera lugar a alguna responsabilidad en
cuanto a la incompatibilidad de estos funcionarios de Renfe y empresas
filiales a las que se les hacía contrataciones de publicidad.
En cuanto a la última propuesta, en el propio informe del Tribunal se
dice que Catertren había establecido unos contratos con empresas
filiales. De todas formas en la auditoría no se ha comprobado
suficientemente, no se determina en el informe si esas facturas por valor
de 523 millones de pesetas se habían justificado plenamente. Como no se
sabe si el servicio se ha abonado y se ha recibido, queda una duda y
nosotros quisiéramos que este aspecto también quedara suficientemente
claro.
Vamos a apoyar las propuestas presentadas por los Grupos Socialista e
Izquierda Unida, especialmente las de Izquierda Unida, porque en este
asunto no quisiéramos vernos sorprendidos, como he dicho antes, por las
actuaciones de algún tribunal y que en algún caso quedara en entredicho
la actuación de esta Comisión.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alvarez.
Si sus señorías lo creen oportuno, vamos a proceder a continuación a la
votación de las propuestas de resolución presentadas por los diferentes
Grupos Parlamentarios. (Pausa.)
En primer lugar, votaremos conjuntamente, si no me equivoco, a raíz de
las manifestaciones hechas por los portavoces de los diferentes Grupos
Parlamentarios, las dos propuestas de resolución presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor SANTISO DEL VALLE: Solicitamos que sea separada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso.
Vamos a proceder a la votación por separado de las propuestas de
resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Pasamos a
la votación de la propuesta de resolución número uno, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 28;
abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos, a continuación, a la votación de la propuesta de resolución
número dos del Partido Socialista. (Pausa.)
Queda aprobada por unanimidad la propuesta de resolución número dos del
Partido Socialista.
A continuación, pasamos a la votación de las propuestas de resolución del
Grupo Popular. Si mi memoria no me falla, creo que podríamos votar
conjuntamente la número uno, tres y cuatro, dado que la número dos el
señor Amador, del Partido Popular, la ha retirado en su intervención.
(Pausa.)
Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos, a continuación, a la votación de las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señor Carrera, me queda aquí la duda de si hemos de votar la uno, tres y
cuatro por separado del resto de las demás propuestas, o las podemos
votar conjuntamente.
El señor Carrera tiene la palabra.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
En este primer trámite, puesto que estamos hablando sólo de Renfe,
incluso por la misma numeración que nos llegó de la Comisión, entendí que
eran la uno, tres y cuatro. El resto, y algunas son de ámbito general,
entendí que iban en el segundo trámite, cuando se hablaba de la relación
de Renfe con distintas sociedades.
Nuestro Grupo se ha posicionado en principio sólo respecto de la una,
tres y cuatro, ya que nos pareció que ésta era la línea de defensa de las
propuestas que hacía el grupo proponente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Carrera.
El señor Jordano tiene la palabra.
El señor JORDANO SALINAS: Coincido con el Grupo Parlamentario Catalán en
el sentido de que parece que las otras propuestas se refieren al
siguiente informe.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Estoy absolutamente de acuerdo; además, al
margen derecho pone precisamente el número a la que corresponde la copia
de las resoluciones. La 2.513 es la que estamos ahora mismo discutiendo.
Luego ya discutiremos el resto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso.
Así, procederemos a la votación de las propuestas de resolución uno, tres
y cuatro, presentadas por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y dejaremos las restantes propuestas para los siguientes
informes de fiscalización.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 19; en
contra, 10; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
--INFORME DE FISCALIZACION ESPECIAL SOBRE LAS RELACIONES DE LA «RED
NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES (RENFE)» CON LAS EMPRESAS
EQUIDESA, DATSA, CATERTREN, S. A., Y MEDICALIA, S. A. (Número de
expediente Senado 771/000006 y número de expediente Congreso 251/000004.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al punto 2 d) del orden del
día. Intervenciones de los diferentes portavoces parlamentarios para
defender y fijar su posición respecto al informe de fiscalización
especial sobre las relaciones de la «Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles (RENFE)» con las empresas EQUIDESA, DATSA, CATERTREN y
MEDICALIA, S. A.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Diputado don
Julio Alvarez.
El señor ALVAREZ GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, fijar la
posición sobre las propuestas de resolución que han presentado los
distintos grupos parlamentarios en relación con los expedientes de
fiscalización de las empresas aludidas.
Deseo señalar que nuestro Grupo no ha presentado propuesta de resolución
alguna sobre este expediente básicamente por considerar que el informe
del Tribunal de Cuentas hace un análisis pormenorizado de los hechos y
que el mismo no formula recomendaciones ni deriva tampoco ningún tipo de
responsabilidad añadida que considere que no esté ya suficientemente en
marcha a través de los distintos procesos judiciales que están abiertos
en este momento.
Fijando ya la posición respecto a las propuestas de resolución, debo
manifestar que acogeríamos favorablemente las presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular. Respecto a la número uno, lo haríamos en su
integridad, aun cuando consideramos que pudiera ser discutible si el
importe real de las plusvalías es el que aparece reflejado formalmente
por las distintas cuantías que aparecen en las escrituras públicas de
compra y venta, aunque formalmente no hay nada que objetar, y así figura.
Pero repito que acogeríamos en su integridad la propuesta de resolución,
votando a favor.
Respecto a la proposición número dos, del Grupo Parlamentario Popular,
deseo decir que también acogeríamos íntegramente esta propuesta de
resolución, si bien matizando, no la propuesta, sino el antecedente que
razona para elaborar esta propuesta el Grupo Parlamentario Popular de que
el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales sí ha sido ingresado por
Equidesa, de acuerdo con la resolución del Consejo de Administración de
esa sociedad, tomado el 22 de mayo de 1992, y procediendo el 11 de marzo
siguiente al ingreso en el Tesoro Público del referido impuesto, por un
importe de 60 millones de pesetas.
En cualquier caso, sobre el último punto de esta resolución, relativo a
que si se confirma --leo textualmente-- cualquiera de estas dos
circunstancias se debería poner en conocimiento del Ministerio Fiscal,
pensamos que sólo sería abundar en una obligación que los propios
funcionarios, la propia Inspección de Hacienda --no nos cabe la menor
duda-- va a cumplir en cualquier caso si advierte algún tipo de
irregularidad en el ámbito que sea. Por lo tanto, es --digamos-- un
reforzamiento que consideramos que es innecesario puesto que así nos
consta, y confiamos en que, en esta cuestión, los funcionarios y los
órganos ordinarios del Ministerio de Hacienda tomarán, sin duda, la
medida más acertada en ese sentido.
Respecto a la propuesta número tres, del Grupo Parlamentario Popular,
diré que consideramos que puede haber un error sobre el importe recibido
por el Consorcio Eléctrico Madrileño en relación con las cantidades
percibidas en concepto de rescisión de los arrendamientos, en cuanto que,
en el antecedente de la propuesta de resolución, se cifra en 364,5
millones de pesetas, y en el informe del Tribunal de Cuentas se hace
referencia a un importe de 204 millones de pesetas. Es posible que el
Consorcio, por otros conceptos, pudiera haber percibido otras cantidades,
pero en concreto sobre las cantidades percibidas por el Consorcio en
concepto de rescisión de los arrendamientos existentes o inexistentes
--que es algo que en algunos casos se comprueba, pero que en otros parece
que no está tan claro-- la cifra que señala el Tribunal es de 204
millones de pesetas.
También acogeríamos favorablemente la propuesta número cuatro, del Grupo
Parlamentario Popular, aunque arroja la duda de si los 541,3 millones de
pesetas pendientes de regularizar sobre facturas emitidas por Catertrén
están pendientes de regularizar en el momento en que el Tribunal de
Cuentas efectúa su informe o si todavía hoy, según la redacción que le da
el Grupo Parlamentario Popular, están pendientes de regularización.
Tenemos esa duda. No obstante, acogeremos favorablemente en su integridad
la propuesta de resolución.
Respecto a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Grupo
Parlamentario Socialista desea expresar, en primer lugar, que no vamos a
acoger ninguna de las propuestas que formula, al considerar básicamente
que las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de estos
expediente fueron asumidas ya en su día. He de recordar que el propio
Presidente de RENFE presentó su dimisión, que le fue aceptada, a raíz del
expediente que nos ocupa, por las irregularidades o las anomalías
detectadas en relación con estas empresas.
En cuanto a las responsabilidades penales, consideramos que debe dejarse
que los órganos judiciales actúen bajo la estricta independencia que
procede y que, por lo tanto, en las propuestas de resolución,
concretamente en la número cinco, en la número seis y en la número siete,
únicamente habría que añadir dudas o aclaraciones sobre procesos
judiciales que están en marcha. Y no nos cabe la menor duda de que si el
Tribunal de Cuentas, a través de la sección de enjuiciamiento, previo
conocimiento por la sección de fiscalización, que es la que ha analizado
estos expedientes, hubiera considerado que era conveniente poner en
conocimiento del Ministerio Fiscal o de cualquier órgano que esté
entendiendo del enjuiciamiento de cuanto se lleva arrastrado en relación
con estas empresas, lo habría hecho. Del informe del Tribunal no nos
consta que eso haya sido así, y no consideramos que sea necesario
hacerlo, es decir, que aceptamos íntegramente el criterio del Tribunal de
Cuentas por considerar que ha hecho un examen exhaustivo de todos los
expedientes, y no he encontrado razón alguna para hacerlo.
Finalmente, en cuento a la resolución número dos de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, debo anunciar que también la
rechazaremos, porque no consideramos que sea una resolución, sino que más
bien es una declaración en la que se hacen valoraciones que no se
corresponden con el trámite parlamentario en el que nos encontramos. Por
esa razón exclusivamente, porque son valoraciones legítimas, sin duda, de
este Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
pero que no se corresponden en absoluto con una propuesta de resolución,
la rechazaremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Diputado.
Corresponde ahora la intervención del Diputado del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, don Mariano César Santiso del
Valle.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, deseo decir, respecto a la propuesta de resolución
número dos, que entendemos que éste es el lugar y el momento adecuado,
porque hemos visto y oído muchas veces que cuando se piden
responsabilidades políticas en otros momentos procesales, o incluso
cuando se pidieron en su día sobre esta misma cuestión --yo recuerdo las
primeras declaraciones y nuestra propia denuncia, que recoge
prácticamente el contenido básico, sobre todo en el asunto de Equidesa--
se nos decía que esperásemos tanto a la fiscalización del Tribunal de
Cuentas como a la resolución de los procesos judiciales. Creo que
precisamente ahora, que tenemos el informe del Tribunal de Cuentas que
avala las denuncias que en su día hizo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, es el momento en el que con mayor serenidad y mayor rigor se
puede hablar también de responsabilidades políticas, puesto que pienso
que una de las funciones, tanto de esta Comisión como de los
parlamentarios, es también el control del Ejecutivo y de sus acciones.
Por lo tanto, nos parece que es procedente y que, además, es el momento
en el que, en efecto, hay más datos, facilitados por un organismo
absolutamente autónomo, para evaluar lo que sucedió en estas empresas.
Ese es el motivo de la resolución número 2 precisamente intentando
introducir el mayor rigor y los máximos datos posibles para poder hacer
estas valoraciones.
En segundo lugar, respecto a las cuatro empresas analizadas, en Equidesa
hay un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, que está en manos
del juez Moreiras, y creemos que es conveniente que tenga los datos que
aporta este informe para una mayor claridad a la hora de resolver
judicialmente este tema.
En el caso de Datsa el propio Tribunal pregunta por qué no se pidieron
responsabilidades al Presidente, señor López Linares, exigiendo la
aplicación del artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas, porque
curiosamente Renfe en aquel momento por desidia lo único que hizo fue
despedirle por razones absolutamente ajenas a la fiscalización que aquí
se ha presentado perdiendo incluso el juicio y suponiéndole tener que
abonar más de 22 millones de pesetas a los dos o tres directivos que
fueron despedidos en aquel momento. Por lo tanto, creemos que el propio
Tribunal detecta indicios racionales para trasladarlos también a otra vía
penal o judicial.
En el caso de Catertren, que además anuncio que vamos a apoyar las
iniciativas del Grupo Parlamentario Popular, está claro que ahí hay una
zona oscura, de unos 500 millones de pesetas que no se sabe muy bien en
concepto de qué había esa petición de compensación. Lo que en aquel
momento se analizó fue simplemente que Catertren era incapaz de efectuar
un servicio en los términos pactados verbalmente porque jamás hubo
contrato definitivo, es decir, pasó al servicio de Wagon-Lists que tenía
una subvención en torno a 700 millones; el Presidente en aquel momento
consideraba que eso se podía hacer sin subvención y el señor Carbó,
Presidente de Catertren, al cabo de un tiempo detectó que era imposible
para él como empresa sostener ese servicio sin la subvención. Por tanto,
entendemos que ahí hay una cierta ficción en esos supuestos 500 millones
y es conveniente analizarlos e investigarlos.
En el caso de Medicalia creo que el Grupo Parlamentario Socialista quizá
no ha leído con detenimiento el informe. Detecta claramente
irregularidades graves porque del informe se deduce que ha habido fraude
de ley en los despidos pactados porque, en definitiva, Medicalia era una
agencia intermediaria para que los trabajadores acudieran a ellos con una
tabla que se les presentaba para enganchar su período de baja, es decir,
de desempleo con el período ya de jubilación. Si analizáramos
estadísticamente el índice de incapacidades o invalideces conseguidas por
Medicalia, no se sabe muy bien por qué procedimiento --y desde luego es
una de las partes más preocupantes--, se verá que es muy llamativo el
índice de invalidez de Renfe en esos años y supuso también, en nuestra
opinión, otro mecanismo en fraude de ley para generar o incentivar las
incapacidades. Además nos preocupa porque esta empresa ha actuado en
muchos ámbitos públicos y privados también en otros procesos de
reconversión, por ejemplo de Enfersa, y parece ser que continúa actuando.
Nos preocupa seriamente porque luego oímos reiteradamente las quejas de
que nuestro país tiene un índice y un coste muy alto para estos procesos
de incapacidad e invalidez.
Al mismo tiempo el propio informe revela determinados incumplimientos en
cuanto a abono de cantidades importantes a la Seguridad Social, etcétera.
Por tanto creo que hay indicios suficientes.
Suponemos que el propio Tribunal de Cuentas tomará las medidas oportunas,
además creo que así se deducía de las propias palabras de la intervención
de la Presidenta en su comparecencia, porque creemos que es conveniente
que estos organismos tengan una visión global de los temas y, por tanto,
ese análisis es necesario.
En el último punto sí es cierto que hay una duda razonable en cuanto a su
aplicación estricta en esos términos puesto que Renfe tiene un «status»
especial, es una entidad de derecho público que actúa en el ámbito del
derecho privado, pero sí creemos que, dado que se le exigen
responsabilidades, por ejemplo, por ese artículo como filial de Renfe al
Presidente de Datsa, también nos parece razonable exigir algún tipo de
responsabilidades a quien era el responsable máximo de la gestión en
Renfe y que permitió fundamentalmente, mientras no se demuestre lo
contrario, por desidia, este tipo de actuaciones. Por añadidura, el
propio Consejo de Administración --creo que es otra lección que hay que
aprender-- debería ejercer sus competencias y no delegar permanentemente
todas las actuaciones en el presidente de una empresa pública porque
luego, lógicamente, puede exigírseles también responsabilidades.
Es verdad que se asumieron responsabilidades políticas desde el momento
en que dimitió, no como Presidente de Renfe, sino ya como Ministro de
Sanidad, pero también es curioso que así como al Presidente de Datsa creo
que, razonablemente, se le despidió e incluso se mantuvo la
indemnización, a pesar de perder el juicio, al Presidente de Renfe, señor
García Valverde, se le envía a un exilio dorado, creo que a la embajada
de Londres, donde me temo que todavía continúa. Por tanto, ahí también
hay un trato desigual ya que la persona máxima responsable de todo este
desaguisado continúa en un cierto exilio dorado trabajando para la
Administración mientras otros responsables menores, aunque también
responsables, están en este momento en el desempleo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y para fijar
sus posiciones respecto a las propuestas de resolución presentadas por
los grupos parlamentarios, tiene la palabra el Senador don Salvador
Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Uno, una vez visto el informe de estas sociedades y el cúmulo de
irregularidades que han sucedido, se llega a preocupar de verdad. Ha sido
gravísimo todo lo referente a Equidesa; Datsa es otro enredo monumental;
de Catertren hay demandas en curso. Imagínense pues, señorías, de qué
estamos hablando. No diría nada con respecto Medicalia, pero sí es cierto
que en su conjunto ha habido una actuación nefasta, mala y preocupante.
Vistas las propuestas de resolución nuestro Grupo va a dar el voto
favorable a las del Grupo Parlamentario Popular por lo que hacen
referencia a que se amplíe la investigación a otras empresas; a que si el
IVA ha sido compensado; a las plusvalías eludidas a través de argucias
utilizadas; a investigación sobre operaciones a regularizar porque
entendemos que entran de lleno en un asunto que a esta propia Comisión
interesa, que es ampliar la información y tener más datos sobre unas
cuestiones realmente graves.
Nos queda la fijación de posición con respecto a las propuestas de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Vamos a votar no a la propuesta número 2, quizá por una cuestión de
forma.
Nuestro voto favorable va a ser a la número 5 porque, en definitiva, pide
que para los sumarios abiertos por la autoridad judicial se remita toda
la información en posesión del Tribunal de Cuentas. Nos parece correcto.
Vamos a votar no a las propuestas números 6 y 7. Respecto a la número 6
porque entendemos que ya están en curso una serie de procedimientos
judiciales, por lo tanto que sigan. Y a la número 7 porque, tal como ha
dicho el propio portavoz del Grupo proponente de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, pueden existir sus dudas sobre si es
correcto o no pedir la aplicación de la Ley de Sociedades Anónimas en
este caso referido a Renfe que tiene un «status» especial.
Por todo ello, vamos a votar favorablemente las propuestas del Grupo
Parlamentario Popular, también la número 5 de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y negativamente a las restantes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, abre el turno para fijar su posición
respecto a las propuestas presentadas, así como para las presentadas por
los diferentes grupos parlamentarios, el Diputado don Javier Gómez
Darmendrail.
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor Presidente.
De las cuatro propuestas de resolución que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, tres tratan diferentes aspectos referentes a la
compra de terrenos por parte de Equidesa. Quiero dejar claro antes de
nada que las operaciones de compra de terrenos efectuadas por esta
sociedad fueron promovidas y dirigidas por Renfe y que su filial Equidesa
sólo tuvo en su realización un carácter meramente instrumental.
Pues bien, en lo que se refiere a la compra de terrenos de Equidesa,
decir que formaliza la compra en diez escrituras y en tres de ellas hace
constar que la parte vendedora había adquirido dichos terrenos el mismo
día y ante el mismo notario generando unas plusvalías de 256,7 millones
de pesetas. Sorprendentemente, por parte del Gobierno en su momento sólo
se hizo una actuación --no sé si ha habido otras actuaciones, yo desde
luego no las conozco aunque quizá se produjesen--, que fue la
investigación del notario por parte de la Dirección General de Registros.
Pues bien, a nosotros nos parece que ésa no era la fórmula, y por eso
pedimos en esta primera propuesta de resolución que se investigue por
parte de Hacienda si hay alguna irregularidad en las dos empresas, la
Malagueña de Obras y Proyectos, S. A., que generó 42 millones de
plusvalía, y Toher, S. A., que generó 214,7 millones de plusvalía.
Efectivamente, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho
que quizá no sea ésta la cifra exacta. Yo estoy de acuerdo con él en el
sentido de que quizá no sean exactas, pero pienso que no puede haber
mucha variación en las plusvalías que se han generado.
En cuanto a la propuesta de resolución número 2, siguiendo con las
escrituras y la compra de terrenos, debo decir que en nueve de las diez
escrituras se especifica que las fincas tienen el carácter de rústico,
viña, tierra de labor o suelo no urbanizable y, además, en seis de ellas
se especifica que los respectivos terrenos están calificados como de
reserva municipal de suelo por acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes, en fecha 21 de diciembre de 1989.
Sabemos que las ventas de terrenos que no tienen la condición de
edificables están exentas de IVA y, sin embargo, en todas las escrituras
de compraventa de terrenos ya aludidas se hace constar el devengo y el
pago de dicho impuesto por un importe total de 121 millones de pesetas. A
mayor abundamiento, en tres de las citadas escrituras se hace constar que
la parte vendedora carecía de profesión especial y que en dos de ellas
actuaba conjuntamente con un agricultor, por lo que no estaban sujetos a
este impuesto, aun prescindiendo de la exención que les afectaba. Hay que
recordar y resaltar con claridad que no hay evidencia de que hayan sido
reclamadas a sus perceptores ni reintegrados al Tesoro público.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista dice que no está de
acuerdo en algunas cuestiones con los antecedentes, y en la propuesta de
resolución le gustaría eliminar el último punto y aparte; es decir, le
parece que es abundar en una obligación que ya tiene la Inspección de
Hacienda. Estoy de acuerdo con él y no tengo ningún inconveniente en
eliminar ese último punto.
Lo que sí le diría al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que no
está de acuerdo con los antecedentes, es que Equidesa, después de conocer
el pago indebido del IVA, acordó liquidar el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, lo que hizo en marzo de 1993 por un importe de 60
millones, como muy bien ha dicho. Evidentemente, dicho pago implica que
lo ingresado por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados tuvo el
carácter de ingreso indebido. No obstante, no se ha tenido constancia de
que Equidesa haya reclamado la devolución de dicho gravamen. En todo
caso, señor portavoz, no tengo ningún inconveniente en eliminar el último
punto porque, como bien ha dicho usted, es abundar en una obligación que
ya existe.
En lo que se refiere a la propuesta de resolución número 3, en seis de
las diez escrituras se manifiesta que los terrenos objeto de la
transacción estaban arrendados a una sociedad llamada Consorcio Eléctrico
Madrileño, S. A., pero no se ha aportado ninguna prueba documental ni
tampoco hay constancia de que se haya abonado renta alguna.
Estos singulares e inexistentes arrendamientos se habrían suscrito sólo
unos meses antes de efectuarse la compraventa, concretamente el 1 de
noviembre de 1989, cuando la compraventa se realizó en marzo de 1990.
Además de que no existe nada al respecto, sí hay un ejemplo sangrante,
como es una escritura donde se hace constar que estaba libre de
arrendatarios en una fecha posterior a la que dicen que tenían
contratados los arrendamientos --la fecha concreta de esta escritura es
del 20 de diciembre de 1989--. Por ello, en la propuesta de resolución se
insta a la Inspección de Hacienda a que compruebe la operación efectuada
para cobrar el impuesto correspondiente a las plusvalías eludidas a
través de la argucia utilizada. Al portavoz del Grupo Socialista no le
gusta la expresión «argucia utilizada». Yo creo que es una palabra muy
suave para calificar esta situación. No obstante, si quiere sustituirla
no tengo inconveniente, aunque creo que la expresión es ciertamente suave
para describir lo que ha sucedido.
En cuanto a la última propuesta de resolución referida a Catertren, S.
A., debo decir que, efectivamente, las relaciones de Renfe con Catertren
se iniciaron con excesiva precipitación y que había una inadecuada
regulación jurídica. Es cierto que por parte de Renfe se efectúan pagos
al grupo Catertren, S. A., por un importe de 826,7 millones de pesetas,
de los que sólo 32,4 millones constituyeron pagos de facturas
conformadas, mientras que el resto, es decir, casi 800 millones de
pesetas, se entregaron en concepto de anticipos, por facturas concretas o
no, estando hasta fecha de hoy pendientes de regularizar 511,3 millones
de pesetas.
Efectivamente, yo no tendría inconveniente en cambiar la expresión: a
fecha de hoy --no sé si ya se han regularizado--, refiriéndose a la fecha
en que el Tribunal de Cuentas envía al Congreso el informe. Por
consiguiente, no sé si está o no regularizado, pero el hecho es que ha
habido que hacerlo y no tendría inconveniente en aceptar lo solicitado
por el Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a eliminar la palabra
«hoy», aunque ha habido que regularizar 511,3 millones de pesetas. Por
ello, en la propuesta de resolución solicitamos que la Intervención del
Estado investigue la operación que se hizo para regularizar el pago de
los 511,3 millones de pesetas pendientes. Además, hay que tener en cuenta
que esta situación ha obligado a Renfe a dotar de una provisión de 810
millones de pesetas, importe de los referidos anticipos pendientes, más
el principal de una sentencia adversa a esta sociedad.
Señor Presidente, en cuanto a las propuestas de Izquierda Unida --y con
esto termino--, debo decir que votaremos favorablemente a los números 2,
5 y 6 y nos abstendremos en la número 7, porque aunque estamos de acuerdo
en el fondo la redacción no nos parece técnicamente precisa.
Finalmente, señor Presidente, quiero dar las gracias a los Grupos que van
a votar favorablemente nuestras propuestas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.
De su intervención deduzco que de la propuesta de resolución número 2
presentada por su Grupo se puede proceder a la exclusión del siguiente
párrafo: Si se confirmara cualquiera de estas dos circunstancias, se
debería poner en conocimiento del Ministerio Fiscal. (Asentimiento.)
Respecto a la posibilidad de denominar desde otra perspectiva gramatical
la palabra «argucia», ¿tiene algún inconveniente en sustituirla por el
término «procedimiento»?
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Señor Presidente, acepto la argucia
parlamentaria de sustituirla por «procedimiento».
El señor PRESIDENTE: También excluiríamos de la propuesta de resolución
número 4 presentada por su Grupo la expresión: a fecha de hoy.
Asimismo, sería interesante poder rectificar las propuestas de resolución
presentadas por su Grupo cuando ustedes manifiestan: «El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno...», por: «La Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas insta...», para dar la importancia
que se merece a esta Comisión.
A continuación, procederemos a la votación conjunta de las propuestas de
resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, números 1, 2,
3 y 4. (Pausa.)
Quedan aprobadas las propuestas de resolución números 1, 2, 3 y 4 por
unanimidad.
A continuación, pasamos a la votación de las propuestas de resolución del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Procederemos a la
votación por separado de las diferentes propuestas.
Propuesta de resolución número 2, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18; en
contra, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta de resolución número 2.
Pasamos a la votación de la propuesta de resolución número 5, presentada
por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 21; en
contra, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta de resolución número 5.
Votamos la propuesta de resolución número 6, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18; en
contra, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta de resolución número 6
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Pasamos a la votación de la propuesta de resolución número 7, presentada
por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres;
en contra, 11; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de resolución número 7.
--INFORME DE FISCALIZACION ESPECIAL SOBRE DETERMINACION Y SEGUIMIENTO DE
LAS OPERACIONES RECIPROCAS INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO-TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente Senado 771/000002 y número
de expediente Congreso 251/000016.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto
2e), respecto al informe de las propuestas de resolución presentadas por
los diferentes grupos parlamentarios sobre la fiscalización especial
sobre determinación y seguimiento de las operaciones recíprocas
propiciadas por el Instituto Nacional de Empleo-Tesorería General de la
Seguridad Social.
Para la defensa de dichas propuestas de resolución, tiene la palabra el
Diputado don José Emilio Pérez Touriño.
El señor PEREZ TOURIÑO: Dado que mi Grupo es el único que ha presentado
propuestas de resolución y que no hay otros Grupos, valorando que han
pasado muchos años y que ha habido cambios importantes desde el punto de
vista normativo en relación con esta materia, quiero proponer, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, la retirada de la propuesta de
resolución que se había planteado, por lo que no la someteremos a
votación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Antes de finalizar los trabajos de la Comisión, quisiera informar a sus
señorías de dos cuestiones referidas a la misma. En primer lugar, mañana
convocaremos Junta de Mesa y Portavoces en el Congreso de los Diputados
sobre las doce de la mañana.
También quiero informar a sus señorías de que provisionalmente tendrían
que reservar en sus agendas particulares el día 24, ya que es posible que
dicho día hiciéramos la visita al Tribunal de Cuentas a fin de hacer
pedagogía sobre el funcionamiento de dicho Tribunal, preguntar y
relacionarnos con los diferentes miembros del mismo y así profundizar más
en nuestros conocimientos sobre esta materia tan interesante. De todas
formas, repito, se lo comunicaré cuando la Presidenta me confirme esta
tarde si tiene en su agenda ese día disponible.
También quiero informarles de que como existe poca disposición de salas
en el Congreso de los Diputados, si a sus señorías les parece oportuno y
de acuerdo con la resolución que tomamos en la Junta de Mesa y
Portavoces, simultanearemos los trabajos de Comisión en el edificio del
Senado. Como la Comisión es Mixta, interesa que la misma sea itinerante y
se alterne el Congreso de los Diputados con el Senado.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las doce horas y treinta minutos.