VI LEGISLATURA

Serie A: 6 de julio de 1998 Núm. 231

actividades parlamentarias

ÍNDICE

Páginas

Control de la acción del Gobierno

Proposiciones no de Ley/Mociones

Comisión Mixta para la Unión Europea

161/001101 (CD) Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista

del Congreso, por la que se

663/000048 (S) recaba una actuación del Gobierno español ante la

Comisión Europea a efectos de la integración de las infraestructuras

canarias vinculadas al transporte intermodal, en los contenidos de la

Decisión 1692/96/CE sobre orientaciones comunitarias para el desarrollo

de las redes transeuropeas del transporte

2

Otros textos

Comisiones, Subcomisiones y Ponencias

154/000010 (CD) Aprobación por los Plenos del Congreso de los Diputados

y del Senado del Dictamen

652/000003 (S) de la Comisión Mixta, no Permanente, para establecer la

fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización de las

Fuerzas Armadas, lo que conllevará la no exigencia de la prestación del

servicio militar obligatorio

3

proposiciones no de ley/mociones

Comisión Mixta para la Unión Europea

161/001101 (CD)

663/000048 (S)

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

161/001101.

AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.

Proposición no de Ley por la que se recaba una actuación del Gobierno

español ante la Comisión Europea a efectos de la integración de las

infraestructuras canarias vinculadas al transporte intermodal, en los

contenidos de la Decisión 1692/96/CE sobre orientaciones comunitarias

para el desarrollo de las redes transeuropeas del transporte.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la

Unión Europea.

Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo

proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme

a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y

siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

presentar la siguiente Pronosición no de Ley, por la que se recaba una

actuación del Gobiemo español ante la Comisión Europea a efectos de la

integración de las infraestructuras canarias vinculadas al transporte

intermodal, en los contenidos de la Decisión 1692/96/CE sobre

orientaciones comunitarias para el desarrollo de las redes transeuropeas

del transporte, para su debate en la Comisión Mixta para la Unión

Europea.

Exposición de motivos

La Decisión número 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23

de julio de 1996 sobre las orientaciones para el desarrollo de la red

transeuropea de transporte, entre otros considerandos, establece que:

- El establecimiento y desarrollo de redes transeuropeas contribuyen a

la consecución de importantes objetivos comunitarios, como el buen

funcionamiento del mercado interior y el fortalecimiento de la cohesión

económica y social.

- El establecimiento y desarrollo en todo el territorio de la Comunidad

de redes transeuropeas en el sector de transportes tiene también como

objetivos específicos garantizar la movilidad duradera de las personas y

bienes en las mejores condiciones sociales, ambientales y de seguridad

posibles e integrar todos los modos de transporte, teniendo en cuenta

sus respectivas ventajas comparativas.

También entre otras consideraciones establece que esta Decisión número

1692/96/CE tiene por objeto esencial el establecimiento en cuanto a los

objetivos, prioridades y grandes líneas de acción previstas en el ámbito

de la red transeuropea de transporte, con la determinación de proyectos

de interés común cuya ejecución deba contribuir al desarrollo de dicha

red a escala comunitaria y se indica la conveniencia de que cada dos

años, la Comisión presente un informe sobre la aplicación de tal

Decisión y cada cinco años un informe en el que se haga saber si debe

procederse a una revisión de las orientaciones.

El Grupo Parlamentario Socialista de Cortes Generales, consciente de la

importancia de los criterios que debieran integrar tal Decisión,

solicitó en su momento

la comparecencia del ministro de Obras Públicas,

Transportes y Medio Ambiente para informar sobre el criterio del

Gobierno de España en relación con las

redes transeuropeas del transporte con especial atención a la situación

de Baleares y Canarias, así como las medidas al respecto para esta

última derivadas de la condición de región ultraperiférica de la Unión

Europea. Tal comparecencia se produjo el 6 de julio de 1995 y se recoge

en el Diario de Sesiones la posición que al respecto había defendido en

los respectivos Consejos de Ministros el Gobierno español.

La realidad objetiva es que en la Decisión 1692/96/CE no aparece

referencia alguna a la inserción de Baleares y de Canarias en los

criterios que desarrollan la definición de las redes transeuropeas, y

ante el informe preceptivo que la Comisión debe presentar en los

próximos meses sobre la aplicación de dicha Decisión, así como el

reconocimiento que el

Tratado de la Unión Europea otorga a las islas Canarias como región

ultraperiférica, en el que textualmente en el apartado 2 del artículo

299 se indica: «Teniendo en cuenta la situación estructural, social y

económica de los departamentos franceses de Ultramar, las Azores,

Madeira y las islas Canarias, caracterizada por su gran lejanía,

insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia

económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia

y combinación perjudican gravemente a su desarrollo, el Consejo, por

mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al

Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas orientadas, en

particular, a fijar las condiciones para la aplicación del presente

Tratado en dichas regiones, incluidas las políticas comunes».

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que defienda ante

los órganos competentes de la Unión Europea, la aplicación en las islas

Canarias, de los criterios para la red transeuropea del transporte

recogidos en la Decisión 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

de 23 de julio de 1996 y se incorporen en los correspondientes anexos de

la misma aquellas infraestructuras necesarias para la vertebración de un

modelo integrado para el transporte intermodal en el archipiélago

canario y de éste con el resto del Estado español.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 1998.-José Segura

Clavell. Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

comisiones, subcomisiones

y ponencias

154/000010 (CD)

652/000003 (S)

Los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones

de 28 de mayo de 1998 y 9 de junio de 1998, respectivamente, han

aprobado en sus propios términos el Dictamen de la Comisión Mixta, no

Permanente, para establecer la fórmula y plazos para alcanzar la plena

profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo que conllevará la no

exigencia de la prestación del servicio militar obligatorio.

Lo que se publica junto con el Dictamen de la citada Comisión, en

cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la

Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.

DICTAMEN APROBADO POR LA COMISIÓN MIXTA, NO PERMANENTE, PARA ESTABLECER

LA FÓRMULA Y PLAZOS PARA ALCANZAR LA PLENA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS

FUERZAS ARMADAS, LO QUE CONLLEVARÁ LA NO EXIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, EN SU SESIÓN DEL DÍA 11 DE MAYO DE 1998

1. MARCO GENERAL: DEFENSA Y SEGURIDAD EN EL MUNDO

1.1 El cambio del escenario estratégico internacional.

En la última década del siglo XX, Europa ha vivido una época de

profundos cambios en las relaciones internacionales como consecuencia de

la desaparición de la antigua Unión Soviética y de la recuperación de la

soberanía e independencia de los países que, tras la Segunda Guerra

Mundial, habían quedado bajo su influencia. El resultado ha sido un

entorno de seguridad europea totalmente diferente del que dio origen a

la creación de los antiguos bloques antagónicos.

El declive de la amenaza militar soviética, que afectaba de forma

generalizada e inmediata a la seguridad de los aliados occidentales,

marcó el fin de la bipolaridad y permitió que la situación política y

estratégica europea cambiara, en términos generales, hacia una era de

mayor estabilidad que se va consolidando paulatinamente gracias a las

medidas de transparencia y de fomento de la confianza y seguridad

puestas en práctica en los últimos años. Estas medidas han favorecido el

establecimiento de unas nuevas relaciones basadas en el diálogo y la

cooperación entre los antiguos adversarios, han conseguido alejar la

amenaza de un ataque masivo e inmediato y, en consecuencia, han

transformado el escenario estratégico internacional.

Sin embargo, la desaparición de la bipolaridad, característica de la

Guerra Fría, no ha ido acompañada de la ausencia de conflictos, tal y

como se preveía en la Carta de París de 1990. Muy al contrario, no ha

podido evitar la aparición, en el centro y en la periferia de Europa, de

una serie de conflictos de limitada entidad pero de notable repercusión

internacional.

Paradójicamente, la desaparición de un enemigo de gran entidad no ha

tenido como consecuencia la deseada estabilidad porque la aparición de

pequeños conflictos ha dado lugar a una situación de incertidumbre más

compleja que la que presentaba la anterior amenaza única y monolítica.

Ahora se debe afrontar lo que se ha venido en denominar riesgos y

desafíos de carácter multidireccional y multifacético, que exigen nuevas

soluciones.

Este nuevo escenario estratégico ha hecho evolucionar los conceptos de

seguridad y defensa occidentales. El concepto tradicional de seguridad

se centraba básicamente en aspectos militares; con los cambios

acaecidos, el nuevo concepto se basa en una visión más global de la

seguridad que tiene presentes los conceptos de estabilidad y

cooperación, incluyendo factores sociales, económicos, ecológicos, etc.

En el ámbito interno, se ha alcanzado una estabilidad de las estructuras

sociales y un grado de bienestar y madurez en las sociedades que por sí

mismo inspira seguridad y protección. En el aspecto exterior, las

naciones han logrado un grado de confianza suficiente con los países

vecinos mediante acuerdos bilaterales o por la pertenencia a las mismas

organizaciones supranacionales en las que el diálogo prima sobre

cualquier otra forma de dirimir las diferencias.

En consecuencia, la defensa nacional, aunque responsabilidad primaria de

cada Estado, no tiende a abordarse individualmente sino en un ámbito

supranacional, desde el convencimiento de que la seguridad es cosa de

todos y sus problemas se resuelven entre todos. Aparece así el nuevo

concepto de seguridad compartida.

Por ello, sin descuidar la capacidad de autodefensa, se exige de las

naciones un esfuerzo para responder a los riesgos y desafíos más

probables y se les imponen nuevas misiones que, generalmente, se van a

resolver en el ámbito internacional en respuesta a mandatos de

organizaciones supranacionales.

En búsqueda del llamado «dividendo de la paz», en todas las naciones

aparece una tendencia a reducir la entidad de sus fuerzas y una mayor

dependencia de las organizaciones multinacionales en aspectos de defensa

y seguridad, por considerarlas mejor dotadas para responder de la manera

más eficaz a los condicionantes de la nueva situación estratégica.

1.2 El marco europeo y transatlántico de seguridad y defensa.

Es, pues, un hecho que una de las consecuencias más importantes de los

cambios estratégicos experimentados durante los últimos diez años es la

potenciación de las organizaciones colectivas de seguridad y defensa. Se

han superado los planteamientos defensivos autárquicos fundados en la

autosuficiencia nacional y, aunque siguen siendo válidas las

concepciones de seguridad y defensa fundamentadas en las capacidades

militares propias, se busca la cooperación política y militar entre las

naciones como medio de obtener una mayor seguridad y a un menor coste.

Esta cooperación internacional en cuestiones de defensa y seguridad se

promueve generalmente al amparo de instituciones como Naciones Unidas

(NNUU) o la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa

(OSCE), lo que proporciona legitimidad, respaldo internacional y fuerza

moral a las operaciones militares que se llevan a cabo para la

imposición o mantenimiento de la paz en el mundo. Es también la mejor

forma de satisfacer los intereses comunes de seguridad y defensa,

mediante la acción multinacional, lo que constituye la razón de ser de

organizaciones como la Alianza Atlántica (OTAN) o la Unión Europea

Occidental (UEO). En tercer lugar, fomenta el mutuo conocimiento entre

países que comparten y respetan los mismos principios y, por último, ya

en el plano nacional interno, impulsa una entidad y una estructura de

Fuerzas Armadas compatibles, interoperables y coherentes con el entorno

exterior, en el que podrían ser llamadas a actuar, si bien deben

mantener en todo caso la capacidad de responder a las propias

necesidades defensivas nacionales.

Las Naciones Unidas, aunque albergan y legitiman iniciativas globales en

materia de seguridad y desarme, carecen de capacidad militar, lo que

limita seriamente su posibilidad de intervención y la Organización para

la Seguridad y Cooperación en Europa presenta las mismas limitaciones de

medios militares, presupuestarios y de decisión. Por ello, su actuación

está siempre condicionada a la voluntad de las naciones miembro de

responder, individual o colectivamente, a las solicitudes que dichas

Organizaciones formulan para conseguir el mantenimiento de la paz y de

la seguridad en el mundo.

Ello no obsta para reconocer el papel que ambos organismos vienen

desempeñando en el ámbito del mantenimiento o de la imposición de la paz

y en el de la prevención de conflictos, en los que España, desde hace

una década, ha tenido una importante participación activa, en múltiples

acciones internacionales, de acuerdo con el capítulo IV de la Carta de

las Naciones Unidas, que señala que las fuerzas bajo mandato de la ONU

serán empleadas sólo con el consentimiento de las partes involucradas,

siendo su objetivo el mantenimiento de la paz, la ayuda al cese de las

hostilidades y la prevención de su reanudación.

Por otra parte, la Alianza Atlántica es la principal organización de

seguridad en Europa y en el mundo. La OTAN aporta, además, una dimensión

transatlántica al marco de la seguridad europea.

A1 mismo tiempo, la Alianza, ha sabido renovarse abriendo sus puertas a

nuevos países, y definiendo una estructura militar para adecuarse a las

nuevas circunstancias.

La OTAN, aunque es una organización de naciones soberanas donde el

principio fundamental es el consenso, se caracteriza por el alto grado

de integración y de seriedad en los compromisos adquiridos. Aunque la

participación en operaciones militares no es automática -ni siquiera en

el supuesto de defensa colectiva-, la coordinación de la planificación

militar y el reparto de cargas y responsabilidades mantiene una

vigilancia colectiva, una especie de auditoría externa, sobre el grado

de cumplimiento de los objetivos de fuerza y colaboración previamente

establecidos de mutuo acuerdo. De esta forma, a la tradicional

preocupación de la Alianza por evitar un reparto desigual de las cargas

colectivas, se une la voluntad de que ningún miembro de la misma se

convierta en un receptor neto de seguridad.

La Unión Europea Occidental es una organización de seguridad

genuinamente europea cuyos lazos con la Unión Europea (UE) se siguen

estrechando. El Tratado de Amsterdam, como anteriormente el de

Maastricht, impulsa la posibilidad de convergencia entre la UE y

la UEO en temas de seguridad y defensa. La Unión

Europea Occidental concede también gran importancia al mantenimiento de

un fuerte vínculo transatlántico.

La flexibilidad de la OTAN ha permitido que los Estados miembros de la

Unión Europea Occidental (UEO) desarrollen dentro de la Alianza la

denominada Identidad Europea de Seguridad y Defensa (IESD) para atender

al desarrollo de aquellas misiones humanitarias, de rescate o de

operaciones de mantenimiento de la paz que individualmente o coligados

con otros miembros o terceros, lleven a cabo y en las que no desean

participar todos los aliados.

Para ello ha sido fundamental la definición del nuevo concepto de

Fuerzas Operativas Conjunto-Combinadas (CJTF), que también permitirá la

participación de otros países en la realización de misiones.

Ambas organizaciones, OTAN y UEO, están comprometidas en mantener la

complementariedad y transparencia entre ellas. La complementariedad

supone no duplicar esfuerzos y, por ello, ambas organizaciones han

establecido los procedimientos que permitan a la UEO ejecutar

operaciones, empleando medios de la OTAN.

Ahora bien, mejorar la capacidad operativa de la Unión Europea

Occidental ha de ser nuestra aspiración. Este propósito ha de impulsar

la organización de los ejércitos europeos desde la lógica de la

complementariedad entre ellos, haciendo un esfuerzo para evitar

duplicidades, coordinando la política de adquisición de nuevo material,

desarrollando políticas de I + D comunes y concretando programas de

formación conjunta para los oficiales y suboficiales.

En el caso concreto de la estabilidad y seguridad en el Mediterráneo,

hay que continuar con la línea iniciada en la conferencia de Barcelona

de noviembre de 1995. El objetivo de impulsar la creación de una

conferencia para la Seguridad y la Cooperación en el Mediterráneo,

continúa siendo oportuno desde esta perspectiva.

1.3 El impacto de las nuevas tecnologías en las organizaciones de

defensa y en los ejércitos.

Un panorama estratégico distinto, donde el ambiente aparece más

complejo, en el que surgen nuevas misiones añadidas a las tradicionales

de autodefensa y donde la convergencia de esfuerzos impone la necesidad

de entenderse con los aliados, es indudablemente más exigente en cuanto

al factor humano. Pero buscar la solución a esta exigencia en el aumento

de efectivos sería tratar de resolver el futuro con visión de pasado. La

solución no está sólo en el número sino en la conjunción de éste con la

calidad y la preparación.

Tanto las situaciones de crisis como el recurso a la fuerza siguen

representando el tradicional enfrentamiento de voluntades pero, aunque

el fondo sea el mismo, la revolución tecnológica ha introducido cambios

drásticos en la forma de resolverlas. La posibilidad de tomar decisiones

en tiempo real y, llegado el caso, el uso de armas inteligentes y la

opción de elegir objetivos con precisión y sin daños colaterales,

plantean un tipo de operaciones donde priva la calidad y donde la

preparación está sometida a prueba de forma permanente.

Formar ejércitos capaces, en un momento dado, de manejar con prudencia y

acierto los nuevos medios que la innovación tecnológica pone a su

disposición, es un reto al que hoy se enfrentan las sociedades modernas,

tanto en el aspecto de su propia seguridad y defensa como en el de su

aportación a la seguridad compartida dentro de organizaciones

internacionales.

No aceptar esta dinámica implica quedarse al margen de una realidad y de

un proceso de modernización que hoy viven las sociedades de nuestro

entorno. Aceptarla significa el primer paso en el lógico camino que debe

conducir a las Fuerzas Armadas que se van a necesitar en el siglo XXI.

Las Fuerzas Armadas que hayan asumido esta revolución tecnológica podrán

imponer su superioridad desde los primeros momentos de un hipotético

conflicto. De ahí la necesidad de que todas las naciones miembros de una

organización de defensa colectiva mantengan unos niveles de

modernización similares que impidan la desconexión tecnológica, lo cual

dificultaría seriamente su interoperabilidad.

La industria de defensa europea está muy fragmentada en contraste con la

de los Estados Unidos, donde existe un mercado único. El mantenimiento

de una industria de defensa europea moderna, eficaz y competitiva deberá

ser un elemento primordial de la política de seguridad europea.

Además, el esfuerzo de innovación tecnológica debe hacerse sosteniendo

también un adecuado grado de

instrucción y de mantenimiento del material, porque su utilidad final no

depende de la disponibilidad física del armamento y equipo, sino de su

grado real de operatividad.

Ello no disminuye la importancia del factor humano. Al contrario, la

orienta más en la dirección de su calidad que en la de su cantidad. Lo

importante es pues, no sólo disponer del número de hombres y mujeres

necesario para el desarrollo de las misiones de las Fuerzas Armadas,

sino, sobre todo, su preparación, dedicación y capacidad profesional

para manejar unos medios cada día más complejos técnicamente.

2. MARCO NACIONAL ESPAÑOL

Los condicionantes expuestos exigen una revisión a fondo de los modelos

de Fuerzas Armadas que en la práctica totalidad de las naciones

occidentales se encuentra ya en marcha. En España ha tenido lugar,

también, un período de análisis y reflexión par determinar el nuevo

modelo de Fuerzas Armadas, capaces de cumplir eficazmente con sus

misiones y de constituir un adecuado instrumento de disuasión y de

política exterior en el nuevo panorama estratégico internacional del

siglo XXI y dentro del marco de seguridad compartida que disfruta

España, mediante su participación en organizaciones colectivas de

seguridad como 1a Organización de Naciones Unidas, la Organización para

la Segurida y Cooperación en Europa, la Alianza Atlántica, en la que

España acaba de integrarse en su estructura militar integrada, y la

Unión Europea Occidental.

Los españoles estamos convencidos de la necesidad de dotarnos de una

defensa eficaz que garantice el ámbito de seguridad imprescindible para

seguir construyendo el sistema de libertades, el ámbito de bienestar

económico y de igualdad social que nuestra Constitución proclama como

modelo desde su primer artículo.

A1 mismo tiempo, somos conscientes de que la defensa tiene un coste, el

precio de la libertad, y supone un compromiso de contribuir, dentro de

nuestras posibilidades, al mantenimiento de la paz mundial y a la

defensa del sistema de valores y libertades que nuestra Constitución

representa.

Para considerar el impacto en la opinión pública de los aspectos de

seguridad y defensa hay que entender dos hechos clave: en primer lugar,

la nuestra es una sociedad abierta al ambiente internacional que quiere

que España ocupe el sitio que 1e corresponde de acuerdo con su historia

y su peso político como nación, pero por otra parte no desea que

soldados de reemplazo tengan que cumplir misiones en el exterior.

Estos dos hechos explican por qué una mayoría de españoles se muestra

partidaria de unas Fuerzas Armadas profesionales e incluso se declara

dispuesta a afrontar el necesario esfuerzo presupuestario.

2.1 Necesidad de reformar el actual modelo mixto de Fuerzas Armadas.

En este sentido el diseño del nuevo modelo de Fuerza sArmadas, además de

apoyarse en razones operativas y funcionales, debe tener el valor

añadido de constituir una respuesta válida, una demanda social, lo que

hace que razonablemente quepa esperar la necesaria comprensión y apoyo

de la sociedad española para este modelo.

La opinión pública tiene, pues, una clara percepción del entorno

estratégico antes descrito y de sus requerimientos y está convencida de

que el mundo de las relaciones internacionales debe estar basado

primariamente en el diálogo y en la tolerancia, así como en la

progresiva corrección de los desequilibrios económicos, generadores de

la injusticia en la que se enraíza el origen de muchos de los conflictos

que amenazan o asolan a la humanidad.

Este convencimiento de la opinión pública que lleva a la conclusión de

la necesidad de dotarnos de unas Fuerzas Armadas profesionales, capaces

no sólo de la defensa de nuestro territorio, independencia y soberanía,

sino de participar en operaciones de mantenimiento o imposición de la

paz, o de ayuda humanitaria, se refleja inequívocamente en las últimas

encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas, en

particular la celebrada sobre la defensa nacional y la

profesionalización del ejército en enero-febrero de 1997 y de la que ha

tenido conocimiento esta Comisión a lo largo de sus trabajos.

España es igualmente consciente de que vivimos en un mundo inmerso en

cambios acelerados y en el que el éxito se fundamenta cada vez más en la

capacidad de adaptarse con la flexibilidad y la rapidez necesaria a esos

cambios. Ello es así también en el campo de la defensa pues, en este

ámbito, el futuro pertenece a las naciones capaces de pensar antes,

pensar más y pensar mejor que las demás.

El modelo de Fuerzas Armadas 2000, modelo mixto vigente, fue aprobado en

el Pleno del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 27 de

junio de 1991, por una amplísima mayoría y se encuentra aún hoy en sus

últimas fases de implantación, que el Gobierno ha acelerado para el año

1998. Este modelo supuso un hito importante en el enorme esfuerzo de

modernización y ajuste de efectivos que, bajo la dirección de los

Gobiernos de la democracia, han realizado nuestras Fuerzas Armadas

durante los últimos veinte años.

A pesar de su juventud y de que ha cubierto satisfactoriamente los

objetivos propuestos, es decir, las necesidades defensivas de España

durante estos últimos años, debe ser revisado y superado por un nuevo

modelo de Fuerzas Armadas plenamente profesionales que nos permita

adaptarnos a los requerimientos estratégicos y de índole política

sucintamente descritos anteriormente y que han sido objeto de amplio

debate en esta Comisión Mixta.

En breve resumen, las razones para el cambio son las siguientes:

a) La situación estratégica actual requiere unas Fuerzas Armadas más

operativas, más flexibles, más polivalentes y orientadas a la acción

conjunta.

b) El factor tecnológico ha hecho que el énfasis en relación con el

factor humano se haya trasladado de la cantidad a la calidad. Es decir,

las Fuerzas Armadas son progresivamente más reducidas pero requieren

hombres y mujeres cada vez mejor preparados profesionalmente, con plena

dedicación al desarrollo de sus tareas y plena disponibilidad de

actuación allá donde se les requiera.

c) Este camino hacia nuestro nuevo modelo está, además, refrendado y

contrastado por decisiones similares en otros países de nuestro entorno,

que han manifestado en su conjunto, ante esta Comisión Mixta, un estado

de opinión favorable hacia el resultado obtenido de unas Fuerzas Armadas

profesionales.

Así, pues, se considera que el nuevo modelo dará cumplida respuesta a

una clara aspiración social de los españoles reflejada en un estado

general de opinión que, si bien se sustenta en parte en el rechazo al

concepto obligatorio del servicio militar, fundamentalmente se basa en

la percepción generalizada en el mundo occidental de que las guerras,

los conflictos y las crisis de próximo futuro se desarrollarán en un

ambiente tecnológico avanzado, y que para ello se necesita personal

altamente cualificado y profesional. En otras palabras, la sociedad

demanda un nuevo modelo de Fuerzas Armadas acorde con los tiempos

actuales y con la evolución de la misma sociedad, pues entiende que en

la era de la especialización en todos los ámbitos es necesario también

que la defensa descanse sobre especialistas profesionales.

Modelo profesional que, además, se irá imponiendo en todos los países de

la Unión Europea, lo que facilitará la cooperación de los respectivos

ejércitos, puede ayudar a avanzar en la vía de una política común de

defensa y, en consecuencia, hará más factible la integración política de

Europa, que redundará en beneficio de los ciudadanos europeos.

Esa integración en Europa obliga a difundir en el ámbito militar valores

que, sin cuestionar los esencialmente patrióticos y democráticos de cada

Estado, los haga compatibles con una idea de cooperación internacional

en la búsqueda de la paz. En este sentido, desarrollar un concepto de

Fuerzas Armadas al servicio de los valores de la paz, de la solidaridad,

de la democracia y de los derechos y libertades constitucionales

garantiza el compromiso del conjunto de la sociedad y, especialmente, de

la juventud con esas Fuerzas Armadas.

2.2 Principios generales del nuevo modelo de Fuerzas Armadas.

Las nuevas Fuerzas Armadas españolas necesitarán una mentalización,

despliegue y preparación específica para, además de garantizar la

defensa de España, actuar en escenarios situados fuera del propio

territorio nacional o aliado, con motivo de situaciones de emergencia o

crisis, bien para garantizar la estabilidad internacional, bien para

garantizar el respeto a los Derechos Humanos o bien para la defensa de

los legítimos intereses de España, compartidos o no con el resto de

países aliados, allá donde se pudieran ver afectados por riesgos o

amenazas. Ello supone que deben disponer de una capacidad de proyección

exterior, que exige, entre otras, unas características tales como

flexibilidad, alta disponibilidad, rapidez de actuación, capacidad de

transporte y medios sofisticados de combate o de apoyo. Deben disponer

también de la interoperabilidad necesaria para actuar con los ejércitos

de otras naciones, especialmente las aliadas.

Todo esto obliga, obviamente, a una preparación a todos los niveles que

no se puede alcanzar para el personal de tropa en el corto período de

tiempo de duración del servicio militar. Se precisa un tiempo y una

dedicación muy superiores a los que se exigían hace tan sólo unos pocos

años y ello corrobora la necesidad de unas Fuerzas Armadas plenamente

profesionales.

Estas Fuerzas deberán tener una entidad, estructura, equipamiento y

grado de disponibilidad que las capaciten para disuadir a los

potenciales adversarios de cualquier agresión contra la soberanía o los

intereses nacionales y para contribuir, en proporción a nuestro

potencial económico y político, a la defensa colectiva dentro de las

Alianzas a las que pertenecemos.

Ello supone alcanzar un punto de compromiso y equilibrio entre la

entidad de la fuerza, la necesidad de mantener la inversión en

modernización y el grado de adiestramiento y operatividad necesarios,

dentro de las previsibles disponibilidades presupuestarias para el

futuro. Sólo así se conseguirá disponer de unas Fuerzas Armadas

plenamente operativas y dispuestas para garantizar el cumplimiento de

las misiones que el Gobierno les encomiende, con el control

parlamentario que nuestra Constitución señala.

El nuevo modelo de Fuerzas Armadas profesionales, capaz de responder a

las exigencias y circunstancias anteriormente expuestas, debe

sustentarse, para dar plena satisfacción a las razones que lo motivan,

en los siguientes principios generales:

a) La plena voluntariedad y profesionalidad de sus componentes, sin

discriminación de sexos, tanto en cuadros de mando como en tropa y

marinería.

b) Una entidad, que será determinada por el Gobierno en un plazo no

superior a un año, de acuerdo con las misiones asignadas a las nuevas

Fuerzas Armadas con unos efectivos situados entre 170.000 y 150.000

militares profesionales.

En función de la evolución del proceso de modernización de los ejércitos

y de racionalización de sus estructuras orgánicas el Gobierno irá

efectuando en períodos quinquenales los correspondientes ajustes de

efectivos, y el Proyecto de Ley de Plantillas será remitido por el

Gobierno a las Cortes Generales para su aprobación.

Cada vez que se determinen las plantillas de cada período quinquenal, el

Gobierno informará al Parlamento sobre la situación de los efectivos de

las Fuerzas Armadas y su previsible evolución en el período considerado.

c) La adaptación del personal civil al servicio de la Administración

Militar a los requerimientos del modelo de plena profesionalización de

las Fuerzas Armadas, lo que hace necesario reconsiderar tanto su número

como sus características de formación y especialidad.

d) Una formación del personal, que deberá satisfacer las necesidades de

la institución militar y posibilitar las aspiraciones personales de los

interesados, mediante el adecuado sistema de promoción interna o de

reinserción en la vida civil. Al mismo tiempo la propia sociedad se

beneficiará de unos profesionales bien preparados y con experiencia.

e) Un equipamiento material adecuado, lo que, en línea con las

tendencias actuales, debe tender a medio plazo hacia una distribución

entre gastos de personal y material en el entorno del 50 por 100 y,

posteriormente, hacia un 40 y un 60 por 100, respectivamente.

f) Un respaldo económico-presupuestario, estable y suficiente, que

permita afrontar los gastos derivados del incremento del número de

militares profesionales, de su formación y adiestramiento permanente y

de los programas de modernización de armamento y equipo, en el marco de

los Presupuestos Generales del Estado.

g) Criterios acordes con las doctrinas de acción conjunta y de

estructura operativa conjunta que garantice la coordinación y eficacia

en el desempeño de los cometidos de las Fuerzas Armadas.

h) La racionalización y reducción de las actuales estructuras

organizativas y la mejora de los procedimientos administrativos de toda

índole al servicio de un criterio de mayor eficacia en la gestión, y en

el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y económicos asignados.

i) Un sistema de reserva y movilización para conseguir, de forma

progresiva o selectiva, completar las unidades de los ejércitos o llevar

a cabo una eventual generación de fuerzas para hacer frente a las

necesidades en el ámbito de la seguridad y la defensa. En este sentido

el Gobierno presentará en el plazo de un año las propuestas legislativas

correspondientes para organizar un sistema de reserva y movilización

acorde con el nuevo modelo de profesionalización.

j) El desarrollo y adecuación a la completa profesionalización de los

procedimientos de gestión de personal y de estilo de mando.

k) Los militares profesionales, como ciudadanos de uniforme, son

titulares de los derechos y libertades establecidos en la Constitución,

con las imprescindibles restricciones o limitaciones en su ejercicio que

la propia Constitución y las disposiciones de desarrollo de la misma

contemplen, como respuesta a las exigencias derivadas de los rasgos

esenciales de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que se resumen en

la necesaria disciplina. Se deberán buscar vías que faciliten cauces

para la presentación de propuestas, peticiones y reclamaciones en el

ámbito militar, al mismo tiempo que se sigue profundizando en los

objetivos de vertebrar la justicia militar con la ordinaria, en

aplicación del principio constitucional de unidad jurisdiccional, y de

dar celeridad a la Administración de Justicia y claridad y

simplificación a los mecanismos para su aplicación.

Es conveniente incorporar a nuestro acervo una cultura de defensa que al

igual que otros objetivos de paz, justicia, libertad, solidaridad y

prosperidad permitan construir un sugestivo proyecto de vida en común,

un programa de futuro que estimule a todos los ciudadanos.

En ese mismo sentido, al concretar el modelo plenamente profesional, hay

que promover la integración de los militares en la sociedad de la que

forman parte, a la que sirven y de la que también deben recibir el

máximo estímulo y apoyo. El sistema de enseñanza militar, las

retribuciones, el apoyo a la movilidad, la atención a la salud y acción

social, todo el ejercicio profesional, deben ajustarse sin duda a las

características singulares de la actividad militar pero evitando el

aislamiento social de unos profesionales que deben encontrar su correcto

acomodo en ámbitos sociales y culturales acordes con su preparación y

ejercicio profesionales.

Otra de las formas de mejorar la integración de las Fuerzas Armadas en

la sociedad, es la transparencia en su actuación, con una buena

información y comunicación con los ciudadanos y con las instituciones.

Habrá que impulsar las reformas legislativas necesarias para permitir

una mayor participación de las Cortes Generales en el impulso y control

de la política de seguridad y defensa, especialmente en el ciclo de

planeamiento y en la definición de los programas de armamento con sus

correspondientes inversiones a corto, medio y largo plazo. En este

sentido, al finalizar cada año el Gobierno presentará, para su debate en

la Comisión de Defensa, un informe sobre el cumplimiento del proceso de

profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas y sobre los

objetivos fijados para el año siguiente.

El proceso de formación personal y profesional de los militares deberá

incorporar expresamente los valores y principios del ordenamiento

constitucional, contemplando la pluralidad cultural del Estado.

3. RASGOS BÁSICOS DEL NUEVO MODELO DE TROPA Y MARINERÍA PROFESIONALES

3.1 Compromisos de duración.

Deberán establecerse dos tipos de compromisos, uno de corta y otro de

larga duración.

El compromiso de corta duración estará dirigido a aquellos españoles que

deseen ingresar como militares de tropa y marinería profesionales en las

Fuerzas Armadas por un período aproximado de entre 12 y 18 meses. Será

un primer contacto con las Fuerzas Armadas, opción voluntaria que

facilita el ejercicio del derecho constitucional de la defensa de

España, y que además les permitirá una mejor apreciación del ámbito

militar y poder adoptar posteriormente decisiones de continuidad.

Los que adquieran este compromiso, además de ser beneficiarios de los

incentivos que más adelante se indican, deberán tener preferencia para

optar al modelo de larga duración de tropa y marinería profesionales.

El compromiso de larga duración no será inicialmente superior a tres

años, pero será susceptible de ampliaciones sucesivas.

A estos profesionales se les deberá diseñar una carrera, que les permita

tener un horizonte profesional definido, progresar en el propio

desempeño profesional de su especialidad y proyectarse hacia la tropa y

marinería de carácter permanente, hacia las escalas de cuadros de mando

o hacia la recolocación en el mundo laboral civil, tanto público como

privado.

El diseño de carrera de la tropa y marinería podrá culminar, dentro de

la propia categoría, al alcanzar la condición de permanente.

3.2 Reclutamiento y formación.

En cuanto al reclutamiento y la formación deberán tenerse en cuenta las

siguientes consideraciones:

a) Con vistas a la selección de los aspirantes a militares de la tropa

y marinería profesionales, con los requerimientos exigibles para

conseguir la calidad necesaria, se hará una oferta anual de plazas por

ejército y especialidad. Deberán estudiarse los mecanismos para ir

implantando progresivamente un sistema continuado de selección.

b) Una vez seleccionados los aspirantes, pasarán por una fase de

formación elemental. Una vez finalizada la misma, tendrá lugar la firma

del compromiso inicial y el nombramiento correspondiente.

Posteriormente, para aquellas especialidades que lo necesiten, deberán

existir unas fases de formación complementaria en las que se

profundizará en los conocimientos necesarios para el ejercicio de las

citadas especialidades.

c) El proceso de selección se debe regir por criterios de competencia y

eficacia orientados a incorporar a los ejércitos a unos soldados y

marineros motivados y capaces de desempeñar sus tareas, al igual que en

cualquier otra actividad profesional en la que se exijan parámetros de

eficiencia. Una buena selección y formación es la que debe hacer posible

que las Fuerzas Armadas dispongan de los profesionales debidamente

capacitados y que éstos, a su vez, estén preparados para competir en el

mercado de trabajo. Profesionales motivados, debidamente remunerados y

dotados de los medios suficientes. Esa remuneración adecuada constituye

una pieza clave como se ha demostrado en la evolución del voluntariado

especial y en el modelo mixto; por ello constituye un objetivo

fundamental la determinación de un sistema de retribuciones dignas,

acordes con las exigencias de la función militar.

d) Deben tenerse en cuenta toda clase de incentivos, además del

elemento puramente vocacional, para garantizar que se cumplen los

objetivos del reclutamiento.

e) De acuerdo con el proceso de ajuste de los cuadros de mando, se

determinará el número de plazas de las convocatorias de ingreso en las

academias, para ir adecuando el número de efectivos a las plantillas

legales.

f) El sistema deberá ofrecer al militar profesional la respuesta a la

lógica expectativa de los jóvenes hacia un empleo o salida profesional

de carácter permanente, tanto en las Fuerzas Armadas como fuera de

ellas, en el campo público o privado, al superar un determinado tiempo

de servicio.

Para ello, los profesionales de tropa y marinería tendrán la posibilidad

de continuar en las Fuerzas Armadas mediante promoción interna.

El cumplimiento de algún compromiso en las Fuerzas Armadas

profesionales, teniendo en cuenta el tiempo de servicio, las aptitudes o

cualificaciones profesionales, así como titulaciones adquiridas durante

el mismo será considerado como mérito en los sistemas de selección del

personal, funcionario o laboral, al servicio de las Administraciones

Públicas.

Se establecerán los mecanismos adecuados para posibilitar y favorecer la

integración laboral en el mundo de la empresa privada de los soldados y

marineros profesionales que concluyan sus compromisos.

4. RECURSOS FINANCIEROS

Como es lógico, un estudio económico de las futuras Fuerzas Armadas

profesionales debe incluir no sólo el coste en sí de la

profesionalización, sino inexcusablemente los costes de modernización

del armamento, material y equipo.

Profesionalización y modernización son conceptos indisociables. De

acuerdo con los datos con que cuenta esta Comisión Mixta, actualmente el

presupuesto de Defensa se distribuye en un 57 por 100 para gastos de

personal y un 43 por 100 para gastos de material.

Siendo conscientes de que, idealmente, para conseguir unas Fuerzas

Armadas modernas sería preciso alcanzar una proporción de un 40/60, las

estimaciones presupuestarias previstas en el período de implantación del

modelo nos llevan a que se deba alcanzar la proporción 50/50.

Todo ello requiere la aplicación de la financiación precisa para

asegurar los procesos de profesionalización y modernización de las

Fuerzas Armadas, que se debe concretar en un incremento progresivo de

los Presupuestos de Defensa hasta alcanzar en el período de cinco años

los objetivos de dicho modelo. El Gobierno incluirá en el escenario

macroeconómico de los próximos ejercicios dichas previsiones y efectuará

el planeamiento de los procesos de profesionalización y modernización de

las Fuerzas Armadas en el citado período definiendo unos programas

plurianuales realistas para garantizar un notable grado de seguridad en

su cumplimiento.

5. PERÍODO TRANSITORIO

La adopción de un nuevo modelo requiere un período transitorio, que

permita construirlo sobre bases sólidas y durante el cual no se vea

reducido el nivel de operatividad de los ejércitos.

La Comisión considera que el Gobierno debe de realizar sus mejores

esfuerzos para conseguir que, atendiendo a las circunstancias tanto

presupuestarias como de organización, reclutamiento y formación del

personal profesional, este período transitorio sea lo más breve posible.

En todo caso el proceso deberá estar terminado en su conjunto no más

tarde del 31 de diciembre del año 2002.

Como en todo cambio, el paso de un sistema a otro es un momento crítico,

porque, a lo largo del proceso, podría producirse una deslegitimación

progresiva del servicio militar obligatorio que, de no tomar las

oportunas medidas, pondría en riesgo el objetivo propuesto y, en

consecuencia, la defensa de España. Para realizar una buena gestión del

período transitorio se deberán adoptar las siguientes medidas:

a) Establecer los mecanismos que permitan compensar los efectivos

globales de soldados profesionales y de reemplazo de forma que el

aumento progresivo de unos suponga el correlativo decremento de los

otros. Concretamente, las Fuerzas Armadas necesitarán un número menor de

soldados de reemplazo, por lo que habrá que buscar fórmulas que permitan

excluir de la prestación del servicio militar a porcentajes

progresivamente crecientes de los reemplazos anuales, aplicando

criterios de la mayor objetividad posible. A estos efectos, se procederá

a revisar los supuestos de exclusión por cuadro médico o razones

familiares, así como a adaptar los procedimientos de sorteo a la

evolución de la situación.

b) Dejarán de prestar el servicio militar obligatorio los españoles a

los que correspondería incorporarse con carácter ordinario a partir del

1 de enero del año 2002, es decir, todos los nacidos con posterioridad

al 1 de enero de 1983 no serán llamados a prestar el servicio militar

obligatorio.

c) A los nacidos con anterioridad al 1 de enero

de 1983, les seguirá siendo de aplicación la legislación reguladora del

servicio militar o la de la prestación social sustitutoria.

d) La legislación reguladora de la objeción de conciencia y de la

prestación social sustitutoria y su aplicación se irán ajustando a la

evolución del servicio militar.

e) Por otro lado, y previsiblemente, las Fuerzas Armadas van a

necesitar un número menor de soldados de reemplazo, resultado del propio

proceso de profesionalización. Lógicamente habrá que buscar las fórmulas

que permitan excluir de la obligación legal a un determinado contingente

de jóvenes.

6. REFORMAS NORMATIVAS NECESARIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO

La implantación del nuevo modelo de Fuerzas Armadas requerirá la

modificación o derogación de normas de carácter legal y reglamentario,

así como la redacción de otras nuevas. La Comisión insta al Gobierno a

presentar ante las Cámaras, en el menor plazo posible, los Proyectos de

Ley que permitan la efectiva implantación del modelo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 1998.-El Presidente

de la Comisión, Alejandro Muñoz-Alonso y Ledo.-El Secretario de la

Comisión, Jaime Lobo Asenjo.