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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 281, de 15/12/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 281
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 271
celebrada el miércoles, 15 de diciembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento:
- Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento, para
informar sobre el Consejo Europeo celebrado los días 9, 10 y 11 de
diciembre en Helsinki (Finlandia). (Número de expediente 210/000047.)
. . . (Página 15119)
Preguntas . . . (Página 15150)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política de
privatizaciones realizada por el Gobierno a lo largo de la VI
Legislatura. (Número de expediente 172/000198.) . . . (Página 15175)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política general del
Departamento de Fomento y actuaciones de interés general en la red
ferroviaria de alta velocidad española entre Madrid y la Comunidad
Valenciana. (Número de expediente 172/000199.) . . . (Página 15183)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
problemática de las prejubilaciones y su relación con el mercado de
trabajo. (Número de expediente 172/000200.) . . . (Página 15190)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento . . . (Página 15119)
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento para informar
sobre el Consejo Europeo celebrado los días 9, 10 y 11 de diciembre
en Helsinki (Finlandia) . . . (Página 15119)
Comparece ante el Pleno de la Cámara el señor presidente del Gobierno
(Aznar López), para dar cuenta de las negociaciones y resultados del
Consejo Europeo celebrado en Helsinki los pasados días 10 y 11.
Manifiesta que Helsinki ha sido un digno colofón para un año que
califica de útil para los intereses colectivos de la Unión Europea y
hace el balance de lo realizado en el año 1999, comenzando con la
puesta en marcha de la moneda única y siguiendo con el acuerdo para
asegurar la financiación de las políticas comunes de la Unión durante
los próximos siete años, la entrada en vigor del Tratado de
Amsterdam, el Pacto europeo para el empleo y el establecimiento de
las condiciones para hacer efectivo el espacio de libertad, seguridad
y justicia. Helsinki, afirma, ha dado paso a nuevos caminos en la
historia de la Unión, que van a marcar sus próximos años, en la
primera década del siglo, refiriéndose a la voluntad de abrir la
Unión Europea a todos los candidatos a la adhesión, reconociendo a
Turquía tal condición; a la nueva política común de seguridad
y defensa, como instrumento para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, y a las nuevas orientaciones de las
economías, para hacerlas competitivas y generadoras de empleos
sostenibles, dando lugar a una dinámica reformista que se verá
confirmada a lo largo de la próxima Presidencia portuguesa.
A continuación explica detalladamente los distintos puntos abordados en
el Consejo Europeo: la ampliación de la Unión Europea, con Turquía
como candidato; la Conferencia Intergubernamental para la reforma
institucional; la Conferencia Intergubernamental y el Parlamento
Europeo; la política común de seguridad y defensa; la economía
competitiva, nuevas tecnologías y el pleno empleo; la fiscalidad y
lucha contra el fraude, así como otros problemas
más cotidianos: la protección del medio ambiente, la seguridad de los
alimentos, la lucha contra la delincuencia organizada y la droga.
También, y como era obligado, los jefes de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea trataron el conflicto de Chechenia; la paz y
estabilidad en Kosovo; la situación del Mediterráneo y el problema de
Oriente Medio. Por último el señor presidente anuncia que la primera
cita del Consejo Europeo tendrá lugar en Lisboa los días 23 y 24 de
marzo próximo, Consejo que podrá empezar a fijar las nuevas
realidades por donde avanzará la Unión Europea en la primera década
del siglo XXI: la realidad de una Unión ampliada, inclusiva de las
nuevas democracias surgidas tras la caída del Muro; la realidad de
una unión reforzada, perfeccionada en su interior como un espacio de
libertades, seguridad y justicia y proyectada al exterior mediante la
nueva política común de seguridad y defensa, y la realidad de una
Unión que sirva a la cohesión social de sus respectivos países,
guiada por la ambición del pleno empleo como la mejor garantía de
integración social, ambiciosos y exigentes objetivos que, confía,
compartirá la Cámara.
Intervienen en el debate los señores Almunia Amann, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso;
Anguita González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Rodríguez Sánchez, la señora Lasagabaster Olazábal, los señores
Peralta Ortega y Serrano Vinué, del Grupo Parlamentario Mixto, y De
Grandes Pascual, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate el señor presidente del Gobierno (Aznar López).
Preguntas . . . (Página 15150)
Del Diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Qué iniciativas piensa adoptar de cara al
proceso de paz de Euskadi? (Número de expediente 180/002089.) . . .
(Página 15150)
Del Diputado don José Joaquín Almunia Amann, del Grupo Socialista del
Congreso,
que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué
opinión le merece a Vd. el funcionamiento actual de los servicios
públicos? (Número de expediente 180/002090.) . . . (Página 15151)
Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cómo justifica el Sr.
Rato que junto al monumental enriquecimiento de algunos directivos de
Telefónica, autorice el Gobierno una regulación de empleo que afecta
a más de 10.000 trabajadores de dicha Compañía y que tiene un coste
público de 185.000 millones de pesetas? (Número de expediente 180/
002092.) . . . (Página 15152)
Del Diputado don José Segura Clavell, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué opinión le merece al
Gobierno el contenido de los acuerdos comerciales entre la Compañía
Trasmediterránea de la Dirección General de Patrimonio y la Naviera
PITRA? (Número de expediente 180/002093.) . . . (Página 15153)
Del Diputado don Francisco Fuentes Gallardo, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Tiene previsto el Gobierno
encargar al ex-Secretario General de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), D. Luis Espinosa, la gestión de los
microcréditos u otros asuntos relacionados con la Cooperación?
(Número de expediente 180/002091.) . . . (Página 15155)
Del Diputado don Pedro Moya Milanés, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Defensa: ¿Le preocupa
al Gobierno que los aspirantes a soldados profesionales
puedan superar pruebas de admisión con calificaciones de 0,5 puntos
sobre 10? (Número de expediente 180/002096.) . . . (Página 15156)
Del Diputado don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Interior: ¿Cómo
justifica el Gobierno el incremento de la delincuencia durante los
años de su Legislatura 1996-1999? (Número de expediente 180/002097.)
. . . (Página 15157)
Del Diputado don Luis Alberto Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Interior: ¿Por
qué el Gobierno no ha adaptado legalmente la estructura de la policía
al Plan de Policía 2000? (Número de expediente 180/002098.) . . .
(Página 15158)
Del Diputado don Pedro Jover Presa, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Interior: ¿Cómo
explica el Gobierno la conflictividad sindical permanente en el
ámbito de la seguridad pública? (Número de expediente 180/002099.) .
. . (Página 15159)
Del Diputado don Jesús López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas
concretas ha impulsado el Gobierno dentro del Plan de Calidad
y Mejora de los Servicios Públicos anunciado por el Ministro de
Administraciones Públicas en su comparecencia, tras su toma de
posesión? (Número de expediente 180/002101.) . . . (Página 15160)
De la Diputada doña María Mercé Amorós i Sans, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Sanidad y Consumo: ¿En qué fase se encuentra el
estudio que debía elaborar el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud para posibilitar el establecimiento
de un fondo especial de financiación para cubrir las prestaciones
sanitarias específicas que provocan las enfermedades de anorexia y
bulimia, aprobado el día 23 de abril de 1999 en la Comisión de
Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, mediante Proposición
no de Ley? (Número de expediente 180/002112.) . . . (Página 15161)
De la Diputada doña Rosa Conde Gutiérrez del Álamo, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Industria y Energía y Portavoz del Gobierno: ¿Considera
el Sr.
Ministro que el Gobierno vela en los medios de comunicación públicos
por el pleno respeto de los derechos y libertades consagradas en el
artículo 20 de la Constitución? (Número de expediente 180/002094.) .
. . (Página 15162)
Del Diputado don Antonio Cuevas Delgado, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria y Energía y
Portavoz del Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno el reciente informe
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), que, entre otras cuestiones, señala que la tarifa doméstica
de la electricidad -la que pagamos todos- es una de las más altas de
todos los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)? (Número de expediente 180/002095.) . . .
(Página 15164)
Del Diputado don Antonio Landeta Álvarez- Valdés, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
balance hace el Gobierno de los resultados de la política industrial,
en materia de empleo, durante la presente Legislatura? (Número de
expediente 180/002104.) . . . (Página 15165)
Del Diputado don Ángel Escudero Franco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cómo valora el Gobierno la integración de la empresa aeronáutica
Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA) en el Consorcio Europeo EADS
(European Aeronautic Defense and Space Company)? (Número de
expediente 180/002110.) . . . (Página 15166)
Del Diputado don Antonio Jesús Serrano Vinué, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno
para que se aproveche al máximo el paso del tren de alta velocidad
(AVE), por la Comunidad Autónoma de Aragón? (Número de expediente
180/002087.) . . . (Página 15167)
Del Diputado don Andrés Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué tiempo se
invertiría en el trayecto ferroviario Granada-Madrid, de cumplirse
los planes del Gobierno? (Número de expediente 180/002105.) . . .
(Página 15168)
Del Diputado don Javier Ignacio García Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha
tomado el Gobierno durante la presente Legislatura en beneficio de
las infraestructuras de comunicaciones, en el ámbito de su
competencia en Andalucía? (Número de expediente 180/002106.) . . .
(Página 15169)
Del Diputado don Javier Gómez Darmendrail,del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información
puede facilitar el Gobierno sobre la adjudicación de las autopistas
Madrid-Ávila y Madrid-Segovia? (Número de expediente 180/002108.) . .
. (Página 15170)
De la Diputada doña María José Camilleri Hernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede
informar el Gobierno del calendario de realización de la
presa de Melonares? (Número de expediente 180/002107.) . . . (Página 15171)
Del Diputado don Juan José Ortiz Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
líneas básicas que propone el Libro Blanco de Educación
Medioambiental, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente?
(Número de expediente 180/002109.) . . . (Página 15172)
De la Diputada doña Lucita Villar Jar, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el objetivo
del protocolo recientemente firmado entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Xunta de Galicia sobre obras hidráulicas de interés
general? (Número de expediente 180/002111.) . . . (Página 15173)
Del Diputado don Ricardo Peralta Ortega, del Grupo Mixto, que formula
al Gobierno: ¿Qué actuaciones va a llevar a cabo el Gobierno en
relación con la revisión y fijación del salario mínimo
interprofesional garantizado? (Número de expediente 180/002114.) . .
. (Página 15174)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 15175)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política de
privatizaciones realizada por el Gobierno a lo largo de la VI
Legislatura . . . (Página 15175)
Presenta la interpelación urgente el señor Martínez Noval, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Dado lo avanzado de
la hora, anuncia que no va a incidir en lo que ha venido siendo el
discurso de su grupo a lo largo de toda la legislatura en relación
con la política de privatizaciones del Gobierno, que en realidad fue
la puesta en manos privadas de cuarenta empresas públicas, según
opinión de su grupo, pero considera que ya ha transcurrido el tiempo
suficiente para poder hablar
de la privatización de las empresas públicas en términos teóricos,
contrastándolo con lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos
años. Desarrolla el contenido de su interpelación en este sentido,
pretendiendo demostrar que al elenco de formas empresariales
existentes en nuestro país hay que añadir la empresa popular, no en
el sentido del pueblo, sino del Partido Popular, refiriéndose en
especial a Telefónica y a la inoperancia de los mercados de valores,
de empresas y de productos y servicios a la hora de corregir las
situaciones acaecidas en Endesa o Argentaria. Finaliza su
interpelación afirmando que el argumento de los buenos resultados de
las empresas otrora públicas sólo es válido cuando hay competencia,
no cuando hay monopolio o duopolio, porque en ese caso lo único que
reflejan los resultados son las rentas del monopolio.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Industria y
Energía y portavoz del Gobierno (Piqué i Camps). Comienza su
intervención aludiendo al escaso auditorio y seguimiento de los
medios de comunicación, mostrando su intención de hablar para el
«Diario de Sesiones», introduciendo así rigor y seriedad, como lo han
venido haciendo a lo largo de toda la legislatura, en un debate muy
importante, y dejando de lado anécdotas y chascarrillos como hablar
de la empresa popular o de la empresa socialista, que por definición
es una contradicción y un fracaso. Considera mucho más interesante
hacer un debate serio sobre el proceso de privatizaciones y de
modernización del sector público, afirmando que éste ha sido serio,
riguroso y ha supuesto un cambio sustancial de la estructura del
sector público en España, pasando a recordar sus características
básicas.
Replica el señor Martínez Noval, duplicando el señor ministro de
Industria y Energía y portavoz del Gobierno (Piqué i Camps).
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política general del
Departamento de Fomento y actuaciones de interés general en la red
ferroviaria de alta velocidad española entre Madrid y la Comunidad
Valenciana . . . (Página 15183)
Presenta la interpelación urgente el señor Chiquillo Barber, del
Grupo Parlamentario Mixto. Se refiere a la ya conocida reivindicación
valenciana de un proyecto ferroviario de futuro que permitiera su
conexión por medio de la red de alta velocidad con la capital de
España, como elemento básico para su desarrollo económico. Considera
que, puesto que en el próximo Pleno no se van a presentar mociones,
el carácter de su interpelación es más bien simbólico,
pero no quiere dejar pasar la ocasión de poder hablar de trazados, de
la financiación y de los plazos de ejecución, porque hasta ahora sólo
ha habido demagogia e incumplimientos en todo lo concerniente al AVE
Madrid-Valencia.
Contesta el señor ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo), en
nombre del Gobierno. Manifiesta que este Gobierno ya ha pasado a la
historia por ser el Gobierno que ha terminado la autovía
Madrid-Valencia y lo hará también por poner en marcha el tren de alta
velocidad. Hace referencia a la situación en que se encontraba la
conexión entre Madrid y Valencia cuando el Gobierno de Partido
Popular llegó al poder y al Plan director de infraestructuras del año
1993, donde se apostaba por «la posible ampliación de la red de alta
velocidad a aquellos corredores que como en el caso del eje Madrid-
Valencia unan a su dinamismo la importancia de sus flujos de
tráfico». Continúa refiriéndose a las actuaciones contenidas en el
Plan director de infraestructuras, de las que saca la conclusión de
que antes de la llegada al poder del Partido Popular no se había
optado por la construcción de una red de alta velocidad entre Madrid
y el arco mediterráneo, y explica que la construcción del tren de
alta velocidad Madrid-Comunidad Valenciana está en un período de
debate público sobre las diversas alternativas de trazado, que tienen
todas ellas ventajas e inconvenientes, afirmando que cualquiera que
sea la solución que se adopte tendrá que ser una solución solidaria
con Valencia, con Castellón, con Alicante y con Murcia.
Replica el señor Chiquillo Barber, duplicando el señor ministro de
Fomento.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Bevía Pastor,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y la señora Díez de
la Lastra Barbadillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
problemática de las prejubilaciones y su relación con el mercado de
trabajo . . . (Página 15190)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, el señor Vaquero del Pozo. Muestra su
satisfacción por tener la ocasión de presentar el problema de las
jubilaciones forzosas, a pesar de la hora, porque considera que es
algo que hay que resolver, como lo reconoció incluso el señor Cuevas
en su comparecencia del día 13 en la Comisión no permanente del Pacto
de Toledo. Da una serie de datos sobre las jubilaciones en los
últimos diez años y sobre las que se producirán
en los próximos seis o siete, pasando a analizar los aspectos
negativos que conllevan estas prejubilaciones. A continuación
pregunta al Gobierno que está haciendo y qué va a hacer sobre el
particular, refiriéndose a las manifestaciones del señor ministro de
Trabajo sobre las regulaciones de empleo con prejubilaciones
forzosas.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Pimentel Siles). Está de acuerdo en que el tema
tiene extraordinaria importancia, aunque se debata a una hora
avanzada y sea la última interpelación de la legislatura, porque es
un problema que tiene un coste económico, supone un derroche de
energía y se transmite un mensaje muy negativo a la sociedad al
mandar a casa a personas totalmente válidas para su trabajo. Pasa a
analizar en su raíz el concepto de prejubilado, que no tiene base
jurídica, y aclara que los expedientes de regulación de empleo suelen
acompañarse del acuerdo de las partes -los sindicatos y los
empresarios- y las posibilidades de actuación de la Administración
son escasas. Explica que los expedientes de regulación de empleo se
suelen dar en sectores en crisis, cosa que es comprensible, pero lo
que choca a la opinión pública, y a él mismo, es que empresas con
beneficios digan a los mayores de 52 años que prescinden de ellos.
A continuación pasa a contestar a la pregunta del interpelante sobre
qué haría el ministro en caso de salir otra vez elegido. No encuentra
razonable impedir todas las regulaciones de empleo, porque son una
salida que se ha utilizado y se seguirá utilizando, pero opina que se
deben incorporar unos principios éticos que no admitan la
discriminación por edad y que refuercen la voluntariedad en las
empresas que obtengan beneficios. Explica que este mismo debate ya se
ha presentado en Europa y ahora surge en España, donde se ha pedido
un dictamen al Consejo Económico y Social sobre las prejubilaciones,
uso, condiciones, estipulaciones, etcétera, para sentar las bases de
un futuro código de conducta entre empresarios y sindicatos, donde
los agentes sociales tienen mucho que decir, y de un futuro debate
sobre la dudosa idoneidad de que la Administración invierta dinero
público, a través de las prestaciones, en empresas que tengan un
determinado beneficio.
Replica el señor Vaquero del Pozo, duplicando el señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Gimeno Marín,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Camps Devesa, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Finalmente interviene el señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, para agradecer, en nombre del Gobierno, a todos los grupos
parlamentarios las
interpelaciones presentadas a lo largo de la legislatura, porque
considera que siempre se enriquece el debate público y la acción del
Gobierno.
Se suspende la sesión a las once y cuarenta minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 203 DEL REGLAMENTO:
- COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 203 DEL REGLAMENTO, PARA
INFORMAR SOBRE EL CONSEJO EUROPEO CELEBRADO LOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE
DICIEMBRE EN HELSINKI (FINLANDIA). (Número de expediente 210/000047.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día, comparecencia del Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del
Reglamento, a efectos de informar sobre el Consejo Europeo celebrado
los pasados días 9, 10 y 11 de diciembre en Helsinki, Finlandia.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra su presidente, don José
María Aznar López.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señorías, comparezco ante el Pleno para dar cuenta de las
conclusiones y resultados del Consejo Europeo celebrado en Helsinki
los pasados días 10 y 11 de diciembre.
Entiendo que la cumbre ha sido un digno colofón para un año que yo
calificaría de útil para los intereses colectivos de la Unión
Europea. Empezamos 1999 poniendo en marcha la moneda única. En marzo
conseguimos un acuerdo para asegurar la financiación de las políticas
comunes de la Unión durante los próximos siete años, la llamada
Agenda 2000, que debo recordar que es muy ventajosa para nuestro
país. En mayo entró en vigor el Tratado de Amsterdam, que aporta a la
Unión un valor añadido importante, especialmente en materia de empleo
y de libertad, seguridad y justicia, preocupaciones todas ellas
compartidas por los ciudadanos europeos. En Colonia, en el mes de
junio, pusimos en pie el Pacto europeo para el empleo, construido
sobre la base de los procesos de Cardiff y Luxemburgo. En Junio
celebramos en Río la primera cumbre de la Unión Europea con los
países de Iberoamérica y el Caribe y muy especialmente el comienzo de
una nueva relación entre la Unión Europea y Mercosur.
En octubre, en Tampere, en un Consejo propuesto por España, hemos
sentado las condiciones para hacer efectivo el espacio de libertad,
seguridad y justicia, que ha sido una preocupación caracterizadamente
española dentro de la Unión.
Pues bien, señorías, Helsinki ha dado paso a nuevos caminos en la
historia de la Unión que van a marcar sus próximos años y que van a
marcar la primera década del nuevo siglo. Ha quedado ratificada la
voluntad de abrir la Unión Europea a todos los candidatos a la
adhesión, reconociendo a Turquía tal condición. Hemos delimitado el
alcance y el ritmo de la reforma institucional que permita albergar a
esos países candidatos. Hemos iniciado una política común de
seguridad y defensa que sea instrumento de la contribución europea al
mantenimiento de la paz y a la seguridad internacionales, de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Por último, pero no
es lo menos importante, hemos enfocado las orientaciones para que
nuestras economías sean competitivas, generadoras de empleo y
sostenibles, dando lugar a una dinámica reformista que se verá
confirmada a lo largo de la próxima Presidencia portuguesa, sobre
todo en el Consejo Europeo de Lisboa, dedicado a la competitividad,
el empleo y la cohesión social.
Señorías, vayamos al detalle, pues, de lo habido en este Consejo
Europeo. Seguramente Helsinki pasará a la historia de la integración
europea por el acuerdo que se ha creado en torno a las dimensiones de
la ampliación. La Unión ampliada es un compromiso político, antes que
económico, con el que el Gobierno español está indudablemente
comprometido. Los ideales fundacionales de una comunidad en paz y
prosperidad compartidas difícilmente podrían quedar reducidos a un
minoritario y selecto club de Estados europeos. Tras la caída del
muro, teníamos el mandato histórico de recibir a las nuevas
democracias europeas. En consonancia con ello, hemos reafirmado el
carácter global del proceso de adhesión y hemos decidido abrir
negociaciones con seis nuevos Estados que ya eran considerados
candidatos y hemos decidido también otorgar la condición de candidato
a Turquía. De este modo se ha consagrado el llamado enfoque regata,
defendido por España desde el primer momento. Todos los países,
merced a ese enfoque, recorrerán el camino de la adhesión según sus
méritos individuales y en función de sus progresos. En mi opinión, la
estrategia que hemos definido mejora sustancialmente las conclusiones
del Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997. Se evita la
artificial división en bloques, al tiempo que se reafirman los
criterios políticos y económicos que deben cumplir todos los países
candidatos. Hemos evitado, además, establecer condiciones específicas
previas a la apertura de negociaciones con los países que estaban
situados en la llamada segunda ola. Los Estados candidatos que se
incorporan ahora al proceso de negociación tendrán así la posibilidad
de alcanzar a los que ya están negociando, si avanzan suficientemente
en sus preparativos.
La Unión, por su parte, ha contraído el compromiso de estar en
condiciones de acoger a nuevos Estados miembros a partir del año
2003, lo que significa que las reformas institucionales
imprescindibles para la puesta en marcha de la ampliación deberían de
haber sido ratificadas por todos los Estados miembros a no más tardar
a finales del año 2002. Naturalmente, el ingreso efectivo de nuevos
Estados miembros dependerá además de que estos demuestren que están
en condiciones de asumir las obligaciones de la adhesión y de que
haya culminado con éxito el respectivo proceso de negociación.
Señorías, mención especial, dentro del capítulo de la ampliación,
merece el caso de Turquía. La decisión de reconocer a Turquía el
derecho a participar en la Unión Europea no ha sido una decisión
fácil ni es, por supuesto, baladí. España ha cuidado en todo momento
que no se discriminase a Turquía, de tal manera que se le exigiese el
cumplimiento de los mismos criterios que a los demás Estados que
aspiran a formar parte de la Unión, pero que también se le diesen las
mismas oportunidades. Estamos satisfechos y seguros de contribuir
mediante este acuerdo a la estabilidad y a los intereses del
continente europeo.
Es de sobra conocido por SS.SS. que el reconocimiento a Turquía se
enfrentaba, entre otros, con dos obstáculos, uno, relativo a la
propia Turquía y consistente en su grado de cumplimiento de las
condiciones políticas fijadas en Copenhague para aspirar a ser
miembro de la Unión Europea; el otro, tocante a las relaciones de
Turquía con un Estado miembro de la Unión, Grecia. En lo que respecta
al primero de ellos, el Consejo Europeo acoge con satisfacción los
positivos acontecimientos registrados recientemente en dicho Estado y
su propósito de proseguir las reformas con el fin de cumplir los
criterios de Copenhague. Para ello este país recibirá además todo el
apoyo de la Unión y de sus Estados miembros mediante una estrategia
de preadhesión, la participación en programas y organismos
comunitarios y la elaboración de una asociación para la adhesión. Por
lo que se refiere a las relaciones con Grecia, el Consejo Europeo ha
destacado la importancia de la resolución pacífica de controversias y
ha hecho un llamamiento para que si estas no pueden resolverse por
otros medios, se sometan al Tribunal Internacional de Justicia,
máximo órgano jurisdiccional internacional. En fin, el Consejo
Europeo ha acordado que llegado el momento decidirá sobre la adhesión
de Chipre sin que la solución del conflicto que divide la isla
constituya una condición previa. Con todo ello creo que hemos
alcanzado un justo equilibrio que reconoce las legítimas expectativas
de unos y otros y que permite poner en marcha un proceso
verdaderamente a escala continental.
Para adaptar la Unión a esta gran ampliación asegurando los
equilibrios institucionales, que por otra parte hacen posible su
legitimidad y su eficacia, el Consejo Europeo ha decidido convocar
una Conferencia Intergubernamental para la reforma institucional el
próximo mes de febrero, que deberá finalizar sus trabajos en el
mes de diciembre del año 2000. Hemos convenido, de acuerdo con el
mandato de Colonia, concentrarnos en tres asuntos vitales para el
buen funcionamiento de la Unión ampliada: la composición de la
Comisión, la reponderación de los votos en el Consejo y la posible
extensión, caso por caso, de la toma de decisiones por mayoría
cualificada a nuevas áreas. Asimismo, se tratarán en la Conferencia
Intergubernamental algunas cuestiones institucionales vinculadas a
ésta y que sean necesarias a efectos de la puesta en práctica del
Tratado de Amsterdam con vistas a la ampliación. Cabe pensar, por
ejemplo, en las reformas necesarias a introducir en el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea que le permitan seguir desarrollando
de una manera eficaz su función de garante de la supremacía del
derecho en una Unión ampliada. La próxima Presidencia de la Unión ha
recibido el encargo de informar al Consejo Europeo sobre el
desarrollo de la conferencia y ha sido facultada para proponer otros
asuntos en el orden del día de la misma.
Me congratulo del realismo del Consejo Europeo a la hora de abordar
la reforma del Tratado de Amsterdam, que lleva apenas unos meses en
vigor. Ha prevalecido la tesis de que el objetivo de la Conferencia
Intergubernamental es colmar las lagunas dejadas en Amsterdam y no
reabrir el tratado. Entre los jefes de Estado y de Gobierno ha
imperado también el deseo de no retrasar la preparación de la Unión a
la ampliación, algo que podría haber ocurrido si nos hubiésemos
embarcado en una revisión demasiado detallada y cuya necesidad, por
cierto, sólo podrá apreciarse a la luz de la experiencia.
El Consejo también optó por vincular más estrechamente al Parlamento
Europeo en los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. Así, y
a diferencia de lo ocurrido en la conferencia de 1996, el Parlamento
participará directamente en todas las reuniones del grupo
preparatorio con dos observadores; además, su presidenta
intercambiará puntos de vista con los ministros de los Estados
miembros antes de cada una de las sesiones de dicha conferencia.
Incluso las reuniones de jefes de Estado o de Gobierno dedicadas a la
Conferencia Intergubernamental estarán precedidas de este cambio de
impresiones con la Presidencia del Parlamento Europeo.
La conferencia para la reforma institucional era sin duda necesaria,
pero el aumento en eficacia de la Unión no vendrá sólo por la
adecuación de los tratados, sino gracias, igualmente, a la mejora del
trabajo ordinario de dichas instituciones. Tanto el Consejo como la
Comisión están inmersos en una revisión de sus actividades hasta
llegar, si fuera preciso, a unas modificaciones que el Consejo
Europeo anima y respalda en su continuación.
Señorías, el Gobierno tiene una posición conocida sobre las
responsabilidades que la Unión Europea debe tomar sobre sí en cuanto
a la seguridad y defensa propias. El hecho de que el Consejo Europeo
de Helsinki haya presentado una propuesta, en mi opinión valiente,
sobre la futura política común de seguridad y defensa
es una buena noticia, de profundo calado para nosotros. Quiero
felicitar expresamente a la Presidencia finlandesa por su acertada
labor coordinadora en los dos importantes informes aprobados:
refuerzo de una política común europea de seguridad y defensa y
gestión no militar de las crisis. Con las decisiones de Helsinki la
Unión Europea empieza a tener capacidad para la conducción de estas
crisis en sus aspectos civiles y militares. Sobresale claramente el
acuerdo que nos permitirá, no más allá del año 2003, poder desplegar
un cuerpo de Ejército de entre 50.000 y 60.000 hombres en un plazo de
60 días y por un mínimo de un año, con el fin de ejercer cualesquiera
de las misiones tipo Petersberg, es decir, misiones humanitarias y de
rescate, misiones de mantenimiento de la paz y misiones de gestión de
crisis, incluido el restablecimiento de la paz.
Con el fin de garantizar el control político y la dirección
estratégica de las operaciones, hemos decidido establecer en el
Consejo nuevos órganos y estructuras de carácter político y militar.
Me refiero al Comité Político y de Seguridad, al Comité Militar y a
su correspondiente Estado Mayor. Toda esta nueva organización
requerirá de tiempo, de compromisos y de constancia para ponerla en
pie. Asimismo exige no duplicar los cometidos de la OTAN y contemplar
la participación de Estados que no son miembros de la Unión Europea.
Como es lógico, creo que el papel que desempeñan los respectivos
ministros de Defensa será decisivo para llevar a buen fin este
proyecto.
La Presidencia portuguesa elaborará un primer informe para su examen
en el Consejo de marzo en Lisboa y otro informe final, ya con
recomendaciones y propuestas, para el Consejo de junio. Entonces
podremos valorar si son imprescindibles las modificaciones de los
tratados, en cuyo caso podrían incorporarse los resultados a la
Conferencia Intergubernamental. También a partir del mes de marzo y
para ir precisando objetivos, tareas y plazos de esta emergente
política de seguridad y defensa europea, comenzará a trabajar un
comité político y de seguridad provisional, asesorado por un órgano
también provisional de representantes militares, y se reforzará la
Secretaría del Consejo con especialistas militares.
Señorías, el Consejo pudo examinar también la estrategia europea para
el establecimiento de una economía competitiva capaz de crear empleo
y mantener nuestro sistema de cohesión social. Los miembros del
Consejo Europeo hemos coincidido en que las reformas económicas, la
apertura comercial y el uso masivo de las nuevas tecnologías marcan
las pautas para obtener empleos de calidad en una economía global.
Estos principios han sido proclamados formalmente en la Declaración
del Milenio, aprobada formalmente en el Consejo Europeo de Helsinki.
Seguimos consolidando la puesta en práctica, pues, de la estrategia
de empleo de Luxemburgo, lo que tiene una particular repercusión en
España. Por primera vez se aplican todas las previsiones del tratado
en la materia. Además de las directivas de empleo para el 2000,
tenemos recomendaciones a los
Estados miembros para mejorar el funcionamiento de los distintos
mercados de trabajo.
Todos los documentos aprobados recogen los buenos resultados de
nuestro país en creación de puestos de trabajo y en orientación
acertada de las políticas de empleo hacia las políticas activas. En
este momento la tasa de creación de empleo de España triplica la
media europea y así se recoge en dichos documentos. Es un dato
prometedor y, sin duda, es un logro importante para España, pero eso
no nos puede hacer caer en ningún momento en un exceso de optimismo,
ni mucho menos en el triunfalismo. El desafío sigue siendo
fundamental para nuestro país, que quiere caminar de forma decidida
hacia el pleno empleo en el curso de la próxima década. Esta,
señorías, es una apuesta decisiva, es un excelente ejemplo de una
Unión Europea que avanza, de una Unión Europea que se ha puesto en
marcha. En los próximos meses, durante la Presidencia portuguesa,
debemos consolidar estos avances y para ello es fundamental impulsar
una economía basada en el conocimiento. Planteamos y demandamos que
Europa lidere la nueva sociedad de la información e invierta cada vez
más en innovación y en educación. El Consejo extraordinario de
Lisboa, el 23 y 24 de marzo próximos, será la oportunidad para
abordar este desafío. España se propone tener una participación muy
activa en la preparación de este Consejo. No podemos olvidar que su
convocatoria surge precisamente de la propuesta conjunta hispano-
británica el pasado mes de abril en Chequers realizada por el primer
ministro Blair y por mí mismo. En relación con este asunto ya se ha
comenzado el trabajo de preparación del Consejo con la Presidencia
portuguesa.
El Consejo discutió también sobre la fiscalidad. Es importante
subrayar en este sentido que todos los miembros del Consejo estamos
de acuerdo en que los residentes de la Unión, sin excepciones, deben
pagar los impuestos aplicables a todos los rendimientos del ahorro, y
los miembros del Consejo, sin que haya tampoco excepciones, estamos
de acuerdo en alcanzar un sistema tributario equitativo que grave de
forma efectiva el capital, que luche contra el fraude y la evasión
fiscales y evite formas desleales de competencia fiscal. Es cierto
que no pudo alcanzarse un acuerdo pleno en el plazo previsto por el
Consejo de Viena, por las razones que SS.SS. bien conocen. Sin
embargo, se ha creado un grupo de trabajo de alto nivel que deberá
presentar sus conclusiones antes de junio del próximo año. Creo que
con esta fórmula se encuentra una vía sensata y compartible para tan
complejo asunto, y como tal fue acogida por todos los miembros del
Consejo.
Señorías, el Consejo Europeo también prestó su atención a problemas
más cotidianos. Me refiero a la protección del medio ambiente, a la
seguridad de los alimentos y a la lucha contra la delincuencia
organizada y la droga. Resalto aquí el acuerdo de estudiar con la
mayor urgencia el próximo Libro Blanco de la Comisión sobre la
seguridad de los alimentos y examinar la creación de una agencia de
alimentos independiente.
Señorías, como era obligado, los jefes de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea no podíamos dejar pasar esta cumbre sin abordar la
situación en Chechenia y formular una posición que desea contribuir a
la resolución de este conflicto. En primer lugar quedó muy claro el
rechazo al uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, los
ataques contra la población civil y la necesidad de que esta reciba
urgentemente y sin trabas la ayuda internacional. Simultáneamente se
hace un llamamiento a los líderes chechenos para que contribuyan al
imprescindible diálogo, respeten los principios del derecho
humanitario y condenen el terrorismo. Si desgraciadamente la
situación no se desarrollara de la forma que esperamos, hemos
acordado una serie de medidas que suponen la posibilidad de revisar
la aplicación de la estrategia común en relación con Rusia, la
suspensión de algunas cláusulas del acuerdo de asociación y
cooperación, la aplicación más estricta de las cláusulas comerciales
del mismo y la eventualidad de transferir algunos fondos del programa
Tacis a la asistencia humanitaria. Sin menoscabo de esta condena y
sintiendo una honda preocupación por el curso de la crisis que el
Gobierno ruso está llevando a cabo, quiero insistir en que Rusia es
un aliado estratégico de capital importancia para la Unión, que su
estabilidad afecta a la nuestra y que todos en Europa tenemos mucho
que ganar o mucho que perder, según lo que acontezca en la situación
interna de este país.
La Unión Europea sigue comprometida con la paz y la estabilidad en
los Balcanes, y el Pacto de Estabilidad firmado en Sarajevo a finales
del pasado mes de julio es el mejor ejemplo. Hemos revisado la
situación en Kosovo sin dejar de advertir que nos preocupa que aún
estamos lejos de la sociedad multiétnica, plural y democrática por la
que de manera categórica ha luchado la comunidad internacional.
El Consejo no ha dejado de tratar la situación del Mediterráneo y el
problema del Oriente Medio. En particular ha tomado nota del avanzado
estado de preparación de la futura estrategia común para la región
mediterránea, iniciativa de interés específico para España. La Unión
Europea, por otra parte, ni puede ni debe sentirse ajena a lo que
sucede en una región del mundo por cuya paz y estabilidad ha
apostado, apuesta y contribuye con tantos recursos. Por ello nos
congratulamos de la perspectiva favorable que se abre al proceso de
paz en Oriente Medio, sobre todo por lo que se refiere a la banda
siriolibanesa del citado proceso. Confiemos en que los esfuerzos de
todos no malogren una dinámica de entendimiento y de negociaciones,
que, no nos engañemos, tiene aún que superar no pocos obstáculos para
cristalizar en una paz justa, general y duradera para la región. Me
complace decir que el Consejo Europeo acogió favorablemente y se
congratuló del acuerdo de libre comercio al que ha llegado la Unión
Europea con Méjico, en cuya consecución la aportación y participación
española han sido totalmente determinantes.
Señorías, a punto de terminar 1999, año cargado de resoluciones que
definen seriamente el porvenir de la
Unión Europea, no hay que perder mucho tiempo en felicitaciones
mutuas ni pensar que ya hemos cumplido con nuestra responsabilidad de
preparar el futuro. El año 2000 deparará numerosos encuentros a
desarrollar con la vista puesta en las necesidades del proyecto
europeo. La primera cita será, como he dicho, el Consejo
extraordinario de Lisboa, los días 23 y 24 de marzo próximo. Como
tuve ocasión de tratar personalmente con el primer ministro
portugués, Guterres, la semana pasada en Toledo, este Consejo puede
empezar a fijar las nuevas realidades por donde avanzará la Unión
Europea en la primera década del siglo XXI. Creo que en el horizonte
de esa primera década, del año 2010, asoman tres grandes realidades:
una Unión ampliada, inclusiva de las nuevas democracias surgidas tras
la caída del muro y en la que el euro desempeñe un papel de acicate
para la modernización y unificación de nuestras economías, también
para la de las economías de aquellos países que hoy todavía no han
decidido formar parte de él; una Unión reforzada, perfeccionada en su
interior como un espacio de libertades, seguridad y justicia y
proyectada al exterior, ahora mediante la nueva política común de
seguridad y defensa; y una Unión que sirva a la cohesión social de
sus respectivos países, guiada por la ambición del pleno empleo como
la mejor garantía de integración social, gracias al cual podamos
sostener finalmente nuestros sistemas de protección social.
Confío en que este Cámara comparta y preste su voluntad política para
la consecución de estos ambiciosos y exigentes objetivos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.
De acuerdo con el formato habitual, que es el acordado por la Junta
de Portavoces, intervendrán ahora los presidentes o portavoces de los
grupos parlamentarios, comenzando por el primer partido de la
oposición, el Grupo Socialista, en cuyo nombre tiene la palabra su
presidente, don Joaquín Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señorías, quienes creemos que el
proyecto de construcción europea debe avanzar hemos visto con
satisfacción que el Consejo Europeo, cuyas conclusiones hoy
debatimos, haya decidido abrir un proceso de negociación para la
integración de trece nuevos Estados miembros. También es muy
estimable el impulso dado en Helsinki a la política europea de
seguridad y defensa como un componente esencial de nuestra actuación
exterior como europeos y de nuestro compromiso por la paz como
demócratas. En cambio, el entusiasmo que me suscita la cumbre es
mucho menor al valorar la agenda marcada para la próxima Conferencia
Intergubernamental o al tomar nota de los desacuerdos que todavía se
mantienen, casi dos años después de la decisión de crear el euro, en
materias
tan importantes para una efectiva unión económica y monetaria como
son las relativas a la armonización fiscal.
Como no se pueden comentar todos y cada uno de los aspectos tratados
en la cumbre, me voy a referir a los principales. Antes de entrar en
cada uno de ellos, debo decirles que, a mi juicio, en una valoración
global, Helsinki ha sido una buena cumbre, pero a pesar de los pasos
que ha dado hacia adelante, no consigue infundir en los ciudadanos la
sensación de que los máximos responsables de la Unión Europea, los
jefes de Estado y de Gobierno, están a la altura de los enormes
desafíos que los europeos y la Unión Europea tenemos que afrontar en
los próximos años en este cambio de siglo.
Empiezo comentando la ampliación, que supone sin lugar a dudas un
importante paso adelante. Por una parte, la Unión refuerza gracias a
ella su carácter de garantía de estabilidad para el conjunto del
continente y para todos los países que formamos parte de Europa. En
la medida que en Europa se amplía el número de países que pertenecen
a la Unión, disminuyen simultáneamente de manera muy considerable las
posibilidades de conflicto en nuestro territorio. Además, la Unión es
una garantía de estabilidad para los nuevos países candidatos, que
les sirve desde ahora mismo, desde el inicio de su proceso de
acercamiento, desde el inicio de su proceso de adhesión, como acicate
para cumplir con los requisitos y condiciones que se les exigen, y a
través de ellos para modernizarse y en su caso para profundizar y
completar su proceso de democratización. Lo sabemos muy bien los
españoles, que durante años, en el inicio de nuestra transición,
utilizamos y nos servimos del proceso de acercamiento a la entonces
Comunidad Europea, utilizamos la necesidad de aceptar sus códigos
políticos, económicos y sociales como un poderoso impulso, un
poderoso argumento para acometer reformas muy importantes de cara a
la consolidación de nuestra democracia y a la modernización de
nuestro sistema, social, económico, de nuestro sistema productivo en
general. La ampliación es también una garantía para nuestra propia
Unión, para la Unión a quince, para la Unión antes de recibir nuevos
miembros, porque empezamos a vislumbrar con ella y nos obliga a
pensar gracias a ella cuál será definitivamente nuestro espacio
europeo, cuáles serán las fronteras definitivas de nuestro proyecto
común. Por tanto, la ampliación es un factor de estabilidad que es
bien venido y por el cual debemos felicitarnos. En este sentido, la
decisión más discutida de todas, la de otorgar a Turquía ahora lo que
no se le quiso dar hace dos años en Luxemburgo, su condición de
candidata a la adhesión, es una buena noticia, es una decisión que
cuenta con nuestro pleno apoyo, con los términos y las condiciones,
por supuesto, con que ha sido acordada y que figuran claramente
explicitadas en las conclusiones de la cumbre. España ha hecho bien,
el Gobierno ha hecho bien en apoyar el proceso de ampliación y en
apoyar el número de países que están ya inmersos en
ese proceso de ampliación. La apuesta de España por la ampliación de
la Unión Europea a nuevos miembros debe hacerse sin recelos basados
en una visión egoísta acerca de cuál es la manera de defender mejor
nuestros intereses en el seno de una Europa ampliada. Quienes tenemos
la visión de Europa de que es un proyecto político y ciudadano por
encima de cualquier otra consideración; quienes pensamos que los
países o las naciones siempre salen ganando con su apertura hacia el
exterior y con el refuerzo de sus intercambios de toda índole con
otros países y con otras naciones; quienes queremos que Europa no se
reduzca a un mercado o a una moneda, saludamos con optimismo el
impulso que ha dado Helsinki y las decisiones que ha tomado la cumbre
en torno a la ampliación. Dicho esto, que es lo más importante,
también hay que decir siendo sinceros, que hay aspectos esenciales,
incluso algunos aspectos de principio que se plantean con la
ampliación, y que desgraciadamente no están resueltos antes de
Helsinki ni Helsinki los ha resuelto.
Lo primero de todo me gustaría escuchar una explicación del
presidente del Gobierno acerca de por qué, con qué razones, con qué
argumentos el Consejo ha decidido abrir un proceso de negociación con
trece Estados con una precariedad de medios tan evidente y tan
palmaria. Antes de esa explicación, quizá nos debiera aclarar también
algo más acerca de las razones por las que se ha cambiado el método
que se había elegido en Luxemburgo. Este método, en virtud del cual
todos los países candidatos inician una carrera, en la medida que
cumplen las condiciones mínimas para ver quién llega antes a la meta
de la integración efectiva, puede ser tan válido como cualquier otro,
tan válido como el que se había decidido en Luxemburgo; pero imagino
que todos somos conscientes de que junto a ventajas evidentes de ese
método también lleva implícito un riesgo de frustración en la medida
que se incumplan las expectativas que abrimos y despertamos en
numerosos países de nuestro entorno que quieren estar cuanto antes
sentados con nosotros en las instituciones de la Unión Europea.
Seguro que el Consejo ha calculado ese riesgo, porque de lo contrario
el objetivo de estabilidad, que me parece el más importante para
defender y justificar el proceso de ampliación, podría correr riesgos
y podría incluso convertirse en una pura inestabilidad en la medida
que las expectativas ahora despertadas no se fuesen concretando en
los próximos años, y esa inestabilidad no afectaría sólo a los países
que frustrasen su candidatura sino que nos afectaría a todos los
europeos.
Por eso, por este riesgo de frustración es por lo que entiendo menos
cuál ha sido la razón del Consejo para tomar una decisión tan
trascendente con tan pocos medios a disposición de la decisión que se
adopta. Da la impresión de que no se han analizado a fondo todas las
implicaciones inherentes a la decisión de iniciar este nuevo proceso
de ampliación, porque se equivocan quienes piensan que la ampliación
se puede reducir a una mera suma de Estados. La ampliación no puede
ser
simplemente un fenómeno geográfico de extensión del territorio de la
Unión Europea. La ampliación sólo cobra su pleno sentido si responde
a una idea previa de Europa que no sufre por el proceso de
ampliación. Sólo si sabemos qué Europa queremos estaremos en
condiciones de hacer una ampliación que signifique la integración
real y efectiva de los países que se incorporan en un espacio que es
exactamente el espacio que nosotros queremos seguir construyendo. A
todos nos alegra que Europa se consolide como ámbito geográfico; pero
me preocupa y creo que nos preocupa a muchos europeístas que se haya
decidido la ampliación sin pensar en las medidas necesarias para que
esa Europa ampliada pueda funcionar, y la Unión Europea tiene en
estos momentos medios muy escasos por comparación con los objetivos
que tiene planteados y con los desafíos que tiene que abordar en los
próximos años.
El presidente acaba de relatar, entre las grandes decisiones que han
jalonado el año 1999 en los consejos europeos, las perspectivas
financieras acordadas en Berlín; pero pocos meses después ya sabemos
que esas perspectivas financieras no tenían recursos suficientes para
financiar las actuaciones de la Unión Europea en Kosovo. Y en estos
días se ha discutido acerca de cómo poder pagar la nómina de algunas
o muchas de las personas que gracias a la Unión Europea y gracias al
esfuerzo que queremos hacer los europeos están trabajando por la
reconstrucción de Kosovo. Tampoco parece que hay recursos suficientes
para financiar actuaciones en política pesquera que satisfagan a
muchos de los países miembros y desde luego al nuestro, y hoy tenemos
en la prensa española malas noticias al respecto. Tampoco puede
decirse que las perspectivas financieras sean un gran éxito mirando
al futuro si las ponemos en comparación o al lado de los recursos que
el proceso de ampliación decidido en Helsinki va a necesitar para que
esa ampliación pueda realizarse a satisfacción de unos y de otros. O
cuando sabemos que la política agrícola común, no sólo en la
Organización Mundial del Comercio -vamos a ver qué pasa con las
nuevas negociaciones, que realmente no se abrieron en Seattle hace
pocos días- pero sí, en todo caso, con independencia de la OMC y de
su nueva Ronda del Milenio, la política agrícola común necesariamente
tiene que sufrir alteraciones importantes para que un país como
Polonia se pueda sentar como miembro de pleno derecho de la Unión
Europea en la mesa del Consejo de Ministros, y ello sin tener en
cuenta que la ampliación, ya lo sabemos, supone un incremento de la
población de la Unión Europea aproximadamente del 30 por ciento, pero
el PIB de los países que quieren integrarse sólo representa el 9 por
ciento de nuestro producto bruto y por tanto las necesidades de
potenciación de las políticas de cohesión en la Unión Europea
ampliada son evidentes, y de no tenerse en cuenta todos pagaremos
negativamente el coste de la imprevisión, el coste de la incapacidad
de poner al
servicio de una decisión política acertada los recursos necesarios.
Pero aun peor que la insuficiencia de recursos para hacer frente a la
ampliación es el hecho de que las actuales instituciones de la Unión
no pueden cumplir, lo sabemos todos, el papel que los tratados les
otorgan y el papel para el que han sido concebidas una vez que se
produzca una ampliación de la dimensión de la que se ha acordado
definitivamente en Helsinki. Las ansias de integración de los países
candidatos ponen de manifiesto que cada vez son más conscientes de la
importancia que tiene formar parte de una Unión; pero a su vez los
que conocemos la Unión sabemos que ésta tiene que ser una Unión
eficaz, una Unión que funcione. Es importante la solidaridad, pero
tan importante como afirmar el principio de solidaridad es siempre y
también a escala europea definir los instrumentos necesarios para que
esa solidaridad sea efectiva. Es importante no crear falsas
expectativas con grandes gestos.
Tenemos la obligación de conseguir borrar las huellas de décadas de
autoritarismo, de falta de democracia y de ausencia de libertades en
esos países, de la misma manera que Europa nos ha ayudado y todavía
nos sigue ayudando a nosotros, a Portugal o a Grecia a borrar las
huellas de nuestro propio pasado, pero para eso el proceso de
ampliación no puede suponer al cabo de pocos años una gran
frustración. Por eso me preocupa especialmente -a mi modo de ver es
el aspecto negativo de la cumbre- que la conferencia
intergubernamental que se ha convocado sólo haya decidido, y cito
literalmente, estudiar el tamaño y la composición de la Comisión
Europea, la ponderación de los votos en el Consejo y la posible
extensión de la votación por mayoría cualificada en el Consejo.
Parece contradictorio que al tiempo que se decide abrir un proceso de
ampliación se haya sido tan restrictivo con las reformas que son
necesarias para que esa ampliación tenga éxito. Quedan muchas
cuestiones por resolver. La agenda marcada en la conferencia
intergubernamental, el tipo de reforma institucional a que se aspira
es insuficiente. Tenía razón el presidente de la Comisión Europea
cuando pidió al Consejo Europeo, a los jefes de Estado y de Gobierno
una conferencia intergubernamental con una agenda más amplia y
ustedes, los jefes de Estado y de Gobierno, no han tenido razón al
tratar de quitársela al presidente de la Comisión Europea.
Es necesario atender una reforma más profunda de la que se plantea en
esta cumbre. Si no se hace ahora se tendrá que hacer antes de que se
produzcan la mayoría de las ampliaciones que ahora se comprometen,
porque además de aumentar el número de Estados miembros el mundo
actual es muy diferente al que había cuando se aprobaron en los años
cincuenta o a lo largo de los años sesenta las bases que todavía
siguen presidiendo la arquitectura institucional y el funcionamiento
de las principales instituciones de la Unión Europea. Con el euro,
con la ampliación, con la globalización se corre el riesgo de que una
Unión Europea con más de 25 miembros llegue pronto en sus condiciones
actuales a un estancamiento funcional, salvo que antes de llegar a un
punto de no retorno se tomen medidas orgánicas, se adopten acuerdos
que impidan ese bloqueo institucional, porque ya se puede uno
imaginar, sabiendo cómo se funciona a 15, cómo se funcionaría a 22, a
24 ó 27. La solución minimalista por la que ha optado el Consejo
Europeo es verdad que facilita los problemas de calendario, porque el
nuevo tratado podrá ser elaborado durante el año 2000 y ser
ratificado para que entre en vigor el 1º de enero del 2002, antes de
que finalice cualquiera de las negociaciones de ampliación, pero esa
agenda corta deja abierto el interrogante fundamental: ¿Seremos
capaces de manejar una Unión con casi el doble de miembros que la
actual o será necesaria una nueva revisión del tratado a medida que
alguno de los países que ahora inician su camino de cara a la
ampliación o a la integración vayan llegando a la meta de esa regata
con la que se denomina el método elegido? En el supuesto de que sea
necesaria una nueva revisión del tratado a mitad de camino de la
ampliación que ahora se proyecta, será más difícil renegociar el
tratado que en este momento, porque habrá más países en la mesa, con
diferencias mayores entre ellos y con menos experiencia para
facilitar consensos. El riesgo todos sabemos cuál es. El riesgo de un
fracaso en las reformas institucionales no será quizás el que frene
definitivamente la ampliación, sino que para no frenar
definitivamente la ampliación, el modelo de integración europea,
nuestro proyecto europeo vaya perdiendo peso específico y se vaya
diluyendo. Sin duda se ha optado en Helsinki por la solución más
cómoda, pero no por la mejor solución a los ojos de quienes queremos
que Europa avance no sólo desde el punto de vista mercantil o
monetario, sino desde el punto de vista de su construcción política y
de su espacio de ciudadanía.
Quedan por resolver cuestiones importantes y en Helsinki se han
aplazado sine die. Por ejemplo, la llamada cooperación reforzada, es
decir la regulación que se necesita y no tenemos para organizar de
manera ordenada aquellos espacios donde algunos de los Estados
miembros de la Unión Europea queramos avanzar a más velocidad que el
resto. Había propuestas por parte de la Comisión Europea para incluir
la regulación de la cooperación reforzada en el nuevo tratado y se
han desechado en el Consejo Europeo.
Es cierto que hay una coletilla final en las conclusiones de Helsinki
que permite alguna ampliación más de la agenda, estrictamente
limitada a tres problemas institucionales, pero esa coletilla no va a
permitir, lo sabemos ya, ni la reorganización de los tratados que
algunos proponían, ni el desarrollo de la cooperación reforzada ni la
incorporación de una carta europea de derechos humanos.
No estoy de acuerdo con la posición que ha mantenido usted, señor
Aznar, a este respecto. Me preocupa que usted haya defendido una vez
más una idea estrecha y poco elevada de Europa. Esa posición cicatera
no es la que conviene a los españoles, y a mi modo de ver
tampoco es la que Europa debe ofrecer a sus ciudadanos, ni por
supuesto al resto del mundo.
Señor Aznar, yo no sé si su actitud se debe simplemente a que no cree
en un proyecto europeo con hondo contenido político o si obedece -lo
que aún sería más grave- a que no le preocupa tener un proyecto
definido para orientar su política europea. (Un señor diputado: Es
eso.) ¿Cuál es su modelo europeo? Cuando se es tan restrictivo, no
basta con decir que otros también lo eran, sino que hay que decir en
el Parlamento de su país por qué ha sido restrictivo, cuáles son las
ventajas, cuáles son las razones por las que usted ha adoptado una
posición que tradicionalmente no ha beneficiado para nada a España y
que tradicionalmente no ha sido la que ha defendido España en
anteriores conferencias intergubernamentales, en anteriores reformas
de los tratados.
A nadie se le oculta que en una Europa de 27 miembros, si no cambian
las cosas España perdería peso relativo y quedaría disminuida en su
participación y en su influencia. En una Europa de 27 miembros, en su
concepción institucional actual, seremos más periféricos de lo que
somos. Una Europa que se amplía hacia el Este, que no ha sido un
marco tradicional de relaciones con España, nos obliga a plantearnos
cuáles deben ser hoy nuestros socios más cercanos, nuestra política
de alianzas, qué convergencias debemos buscar y cómo debemos defender
nuestros intereses en consonancia con el interés global de Europa.
¿Cuáles son, cuáles han sido sus propuestas, señor Aznar? ¿Cuál cree
usted que debiera ser el papel de España de cara al futuro que nos
aguarda como europeos? Optar, como hace usted, por buscar
habitualmente apoyos y alianzas en el seno del Consejo con los países
más periféricos del proyecto europeo, con los países que menos creen
en el contenido político del proyecto europeo y que más dificultades
ponen al avance de la construcción europea, nos sitúan más en la
periferia de lo que la geografía nos ha puesto, y a nadie le pueden
extrañar después las consecuencias de esa actuación. Las más de las
veces estamos excluidos del núcleo donde se toman las decisiones,
como consecuencia de no tener un diseño de política europea para
saber qué decisiones hay que tomar y anticiparnos a que otros decidan
tomarlas. Como consecuencia de sus ambigüedades en unos casos, de sus
silencios en otros, de sus posiciones numantinas en algunos pocos
asuntos, no estamos donde podíamos, donde debíamos estar y donde
imagino que queremos estar.
Hoy tenemos un ejemplo más de las consecuencias negativas a las que
conduce su política. Usted, su Gobierno, tratan por todos los medios
de que la Comisión Europea no le saque tarjeta roja por el billón de
las eléctricas, pero ustedes han sido incapaces de evitar una
propuesta en materia de pesca comunitaria como la que hoy ha sido
dada a conocer y que es totalmente contraria a la defensa de los
intereses de nuestros pescadores y de nuestro sector. (Aplausos.)
En tercer lugar, la cumbre de Helsinki ha dado avances en materia de
política de seguridad y defensa, y ha dado pasos muy relevantes en
esta materia. Le adelanto mi apoyo a las decisiones que allí se han
tomado. Es importante el acuerdo para crear un contingente militar
para intervenciones rápidas en misiones Petersberg. Aunque esto no
signifique todavía un ejército europeo -y bien que lo ponen de
manifiesto las conclusiones de la cumbre- sí supone un paso real para
la puesta en marcha efectiva de una política de seguridad europea.
Para mí, y me imagino que para todos nosotros es una gran
satisfacción que los avances que se han producido en materia de
política exterior y de seguridad en Helsinki y antes de Helsinki se
deben en buena medida a la capacidad, a la personalidad y al empeño
de nuestro compatriota y compañero Javier Solana. (Un señor diputado
¡Muy bien! Aplausos.) Su labor está cobrando cada día una dimensión
más importante y el respeto que ha sabido ganarse ante la comunidad
internacional, aunque quizás no entre algunos de ustedes, va a
redundar sin duda en beneficio del conjunto de la Unión Europea y
también en beneficio de los intereses generales de nuestro país.
Solana ha conseguido en poco tiempo realzar la visibilidad de una
Unión que estaba ausente demasiadas veces fuera de nuestras fronteras
y ha comenzado a jugar un papel clave en asuntos tan delicados como
Turquía, Chipre o las relaciones con Rusia, lo cual es
extraordinariamente alentador. Eso significa, más allá de la
personalidad del alto representante de la Unión Europea y secretario
general del Consejo, que algo profundo está empezando a cambiar en la
acción exterior de la Unión Europea, en la política de seguridad
europea. La pregunta correspondiente es si estamos aquí preparados
para los cambios que empiezan a producirse en materia de seguridad y
defensa y en general en la acción exterior, si estamos preparados
como país, como España, para estar en cabeza y en vanguardia de las
evoluciones que se empiezan a producir a escala europea en este
terreno.
Permítame que exprese algunas dudas. A juzgar por lo que hasta ahora
hemos debatido en este Parlamento, quedan todavía muchas
interrogantes por despejar y un largo camino por recorrer para
precisar las posiciones españolas en muchos aspectos que ya están
sobre la mesa, y desde luego para consensuar en este Parlamento las
decisiones más importantes de esa naturaleza. Hace dos años en los
debates que mantuvimos sobre la reforma de la Alianza Atlántica tuve
ocasión de insistir en esta tribuna acerca de la necesidad de revisar
en el año 1999 el decálogo que en 1984 presentó a esta Cámara el
entonces presidente del Gobierno para marcar las líneas prioritarias
de nuestra política de paz y seguridad. Entonces manifesté que
habiendo transcurrido 13 años -hoy ya llevamos 15 desde aquel
momento-, ese decálogo estaba cumplido en su integridad, que
necesitaba ser revisado, que teníamos necesidad de hacerlo y de
definir aquí de nuevo en el Parlamento las grandes orientaciones, los
grandes principios que
nos unen, si es posible que nos unen a todos los miembros de esta
Cámara y si no es posible la unanimidad de todos por lo menos que nos
unan a la inmensa mayoría en los compromisos y en las líneas
prioritarias de nuestra acción exterior y de nuestra política de paz
y seguridad. Fue una llamada poco útil o inútil. Hemos obtenido el
silencio por parte del Gobierno, un silencio que se mantiene hasta
hoy en el último debate de la legislatura sobre estas cuestiones.
Desde 1996 no tenemos como país un marco en el que desenvolvernos de
forma estable para asumir compromisos y formular propuestas en
materia de política exterior y de seguridad de la Unión, lo que es
tanto como decir en relación con nuestra propia política exterior y
nuestra propia seguridad, y con ello pienso que se está debilitando
objetivamente el papel internacional de España. Pero aún sucede algo
más importante con su negativa a afrontar un debate sereno sobre las
grandes líneas de nuestra política exterior y de seguridad. Ustedes
en esta legislatura han dificultado la continuidad razonable de un
consenso que venía manteniéndose desde muy atrás en un área que
siempre debe quedar sometida a nuestro modo de ver al consenso entre
las fuerzas parlamentarias.
Me resisto a creer que la ruptura del consenso o el deterioro del
consenso sea un propósito del Gobierno, pero en todo caso es el
resultado de su gestión en estos cuatro años en este tema de la
política exterior y de seguridad, en otros que también exigen
consenso y que son igual o más importantes que éste. Lamento que no
hayan prestado atención al Parlamento y al consenso en este asunto
tan importante, porque España tiene obligación de contribuir y
orientar la política exterior de la Unión Europea. No somos un país
tan pequeño como para prescindir de esa responsabilidad y de esa
obligación, y para ello el Gobierno y el Parlamento deben actuar
coordinados y con un marco de prioridades preciso, si no es así
sucede lo que nos está ocurriendo ahora: España no hace aportaciones
en el seno de la Unión y ello rebaja nuestro nivel de influencia e
incluso se vuelve en contra de nuestros intereses y objetivos. Le
pondré un ejemplo, España tiene la obligación de proponer y liderar
una política europea en el Mediterráneo, en particular con los países
del Magreb y más en particular con Marruecos que es nuestra frontera
con África. Es nuestro deber; como ha sido el de Alemania presionar y
obtener al cabo de dos años desde Luxemburgo que Turquía vuelva a ser
considerada como un país candidato, es nuestro deber insistir ante el
resto de los miembros de la Unión Europea que ésta debe privilegiar
la relación con Marruecos. Y no hablo sólo del acuerdo de pesca y de
su renegociación que va a iniciarse el próximo día 20, hablo de un
marco global y estable de cooperación y de relación con ese país tan
importante para nosotros y tan importante para todos los europeos
porque es un país clave para la seguridad del conjunto del
Mediterráneo. Algo similar cabe decir de América Latina. ¿Cuál es
nuestra propuesta ante el resto de los Estados miembros de la Unión
sobre la relación que debe existir entre América Latina y Europa?
Parece obvio que es a España a quien corresponde proponer la
intensificación del diálogo entre unos y otros y al no hacerlo o no
hacerlo suficientemente se pone de manifiesto la carencia de un
proyecto de política exterior propio y la resignación ante la
fijación de otros objetivos y prioridades por parte de otros Estados
que sí tienen su proyecto propio de política exterior y que sí
aportan la dimensión de su proyecto exterior a la hora de configurar
las prioridades y las estrategias de la Unión Europea en su política
exterior y de seguridad.
Los socialistas siempre hemos concebido la construcción europea como
una prioridad. Estamos convencidos de que su progreso sirve a los
objetivos de paz y estabilidad de todos los países que integramos la
Unión. El progreso de España desde nuestro ingreso en la CEE hace 14
años ha sido evidente y por ello deseamos que otros países tengan las
mismas oportunidades que nosotros tuvimos. Deseamos compartir nuestra
experiencia con los países candidatos y precisamente por ello
reclamamos un mayor compromiso político que haga posible que las
incorporaciones futuras redunden en beneficio de todos y eviten la
frustración de cualquiera de ellos.
Usted, señor Aznar, en cambio se suele alinear casi siempre con las
posiciones que quieren menos Europa, o la menor Europa posible. En
vez de querer avanzar se suele poner del lado de los que quedan
rezagados o de los que simplemente creen que su función es pisar el
freno del proceso de la construcción europea. Lejos de impulsar las
reformas que permitan a España desarrollar su capacidad competitiva y
situar sus intereses en el contexto de una Unión fuerte, en relación
a Europa usted ha protagonizado demasiadas veces un simple ejercicio
de propaganda o de reivindicación. Por cierto, hablando de propaganda
en su campaña sobre el euro (en esas campañas que ya hemos comentado
aquí que financia tan generosamente el señor Rato) no nos dice que
según la Comisión Europea el déficit público español superó en 1997
el 3 por ciento. Es decir, según los datos actuales que ofrece la
Comisión Europea, a finales de 1997 España no cumplía el criterio de
convergencia en materia de déficit. No es sólo el Tribunal de Cuentas
español el que descubre algunos pequeños ajustes contables por valor
de cuatrocientos y pico mil millones de pesetas para no aumentar el
déficit que nos habían contado, sino que la Comisión Europea ha dicho
que España, y sólo España entre los países que formamos parte del
euro, no cumplió el criterio de déficit público el 31 de diciembre de
1997. Hoy también hemos tenido la desgracia de comprobar que con
nuestro índice de precios al consumo seguimos sin cumplir en España
-es verdad que ya no nos lo pueden exigir ellos, pero nos hace daño a
nosotros- el criterio de convergencia en materia de crecimiento de
precios, y tenemos una inflación que casi duplica la del resto de
nuestros competidores europeos.
Volviendo a la política europea -y acabando-, en los dos asuntos
fundamentales que hay que resolver para enfocar una ampliación como
la que ha sido decidida en Helsinki, la reforma institucional y la
suficiencia financiera, usted se ha situado con los que frenan, con
los que posponen las soluciones frente a un futuro incierto y cada
vez más complejo. Usted ha apoyado a quienes se ponían a la cabeza de
la asunción de pocas responsabilidades y de ningún riesgo ante
decisiones tan importantes.
Señor Aznar, sus posiciones europeas (y ya ha tenido ocasión de
participar en ocho consejos europeos ordinarios y en varios
extraordinarios) me ratifican en la necesidad para nuestro país de
impulsar un cambio en la orientación de la política europea seguida
por sus gobiernos. Es importante dar a la política europea en España
un nuevo impulso; un impulso que requiere renovar y actualizar los
ejes prioritarios de nuestra política exterior, y a tal efecto
celebrar cuanto antes, al inicio de la próxima legislatura, un debate
de política exterior que renueve el decálogo de hace 15 años que ya
no nos sirve; un impulso que en el ámbito de la Unión Europea nos
lleve a defender una reforma de las instituciones que profundice en
la democracia y en la eficacia de las mismas, así como a demandar
recursos suficientes para abordar la ampliación con éxito; un impulso
que reclame un rápido desarrollo político e institucional de la
política exterior y de seguridad común, así como la dotación de los
recursos humanos y materiales que necesite; un impulso que complete
la introducción del euro con el desarrollo de una auténtica Unión
Económica y Monetaria, tal como fue diseñada y no tal como se está
desarrollando exclusivamente desde el punto de vista de la
integración monetaria; un impulso que defina una política exterior de
la Unión Europea, reconociendo y desarrollando que es prioridad
europea la cooperación con el conjunto de los países del Mediterráneo
y el establecimiento de relaciones más profundas con el continente
latinoamericano; un impulso que se proponga la construcción de un
espacio cívico europeo; el impulso de una ciudadanía europea para que
los ciudadanos sientan como propios los objetivos, los desafíos y las
ambiciones de un proceso de construcción europea que -lo sepan o no y
algunos de ellos quizá todavía no lo perciben en toda su dimensión-
condiciona y va a condicionar en los próximos años su vida cotidiana.
Señor presidente, de todo esto seguiremos hablando en la próxima
legislatura. Antes, vamos a afrontar unas elecciones, vamos a elegir
un nuevo Parlamento y del nuevo Parlamento surgirá un nuevo Gobierno,
pero antes de esas elecciones -y para acabar- los españoles creo que
deben saber que usted, señor Aznar, no ha impulsado la política
europea que España necesita y que un gran número de españoles quieren
que el Gobierno de nuestro país impulse, o no ha querido o no ha
sabido hacerlo. En todo caso, confío en que los electores saquen las
conclusiones oportunas.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra su presidente, don Julio Anguita.
El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señorías, yo renegaría de mi condición
de representante del pueblo si esta tarde no trajese aquí una
reflexión sobre este debate. ¿Han notado SS.SS. la diferencia abisal
que hay entre la importancia de los contenidos, la importancia de lo
que se acuerda en las conferencias intergubernamentales y también de
lo que no se acuerda, de lo que se deja sin tocar, y el tedio, yo
diría, incluso, la modorra con que estos debates -por llamarlos
debates, que tampoco lo son- son seguidos por el pueblo español?
Señorías, ¿se han percatado de cómo esto se está transformando
simplemente en un rito cansino? En la calle -y SS.SS. hacen
referencia a ello- agricultores y pescadores protestando por
decisiones que se toman en Europa. En la calle, y en esta Cámara,
discusiones sobre la ley de extranjería y su cambio en el Senado que,
al fin y a la postre, obedece, ni más ni menos, a Schengen, a los
acuerdos que compartimos con otros países de la Unión Europea. Es
decir, señorías, venimos aquí cada seis meses a que el presidente del
Gobierno nos explique un fotograma de lo que se ha acordado en cada
cumbre europea; sin embargo, falta la visión del proceso, y esta
Cámara está silenciosa, no se pronuncia, entre otras cosas, porque
usted no quiere y porque la inmensa mayoría no se preocupa en
exigirlo. Así que, como se viene aquí cada seis meses a contar lo que
se ha acordado y lo que no se ha acordado, no es de extrañar que a
los medios de comunicación y a la opinión pública les importe un
bledo lo que aquí se está diciendo. Y es urgente porque aquí, nuestro
país, nuestra gente se está beneficiando o sufriendo las
consecuencias de un proceso de construcción de la moneda única, y se
está construyendo algo muy importante en la medida en que pueda
afectar a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas. Sin embargo,
cada seis meses lo mismo: El presidente del Gobierno plantea aquí el
resumen de la cumbre, los portavoces subimos a la tribuna y hacemos
una serie de monólogos, el presidente del Gobierno hace una faena de
aliño y de apaño, y a otra cosa. Al día siguiente no hay ni un
reflejo en los medios de comunicación; eso sí, la calle llena de
gente como consecuencia de las decisiones que se toman en Europa.
Señorías, compañeros y compañeras de escaño, ¿no creéis que ha
llegado ya el momento de tomar esto más en serio? ¿No creéis que ha
llegado el momento, por la parte que le corresponde a estas Cortes
Generales, de que debatamos de una vez sobre todo el proceso europeo?
Vuelvo a traer aquí la propuesta de que hagamos todos los años un
debate sobre el estado de la Unión Europea, lo mismo que hacemos un
debate sobre el estado de la Nación, con resoluciones, con toda la
gama de intervenciones que reflejan la pasión y las propuestas
alternativas, y que se traslade fuera lo que aquí se está
discutiendo. El debate también ha sido llevado a otros países porque
otros ciudadanos de otros países han podido participar en referendos,
se les ha consultado en todo este enorme proceso; aquí no ha habido
ni una sola consulta. Traslado esta preocupación porque cuando SS.SS.
se quejan, y con razón, de que parece que la población no responde o
no se entera de lo que está ocurriendo aquí, tenemos una parte
importante de responsabilidad; que cada cual asuma la parte que le
toca. Si no, veamos qué es lo que tenemos por delante.
Señorías, la cumbre de Helsinki es importante, todas lo son. El señor
presidente del Gobierno ha planteado que es importante por lo que se
ha aprobado y yo también planteo que es importante por lo que no ha
aprobado, por lo que se sigue callando, por lo que obvia, por lo que
abandona, por lo que no se atreve a tocar. Señorías, una de las cosas
más importantes que tendremos que combatir aquí es ese mal de la
política que se llama la política virtual, donde no importa el
contenido, el programa ni el mensaje, sino la pura apariencia, lo que
deslumbra, lo que impacta 24 horas en un periódico, lo que hace que
aparezca la noticia en un informativo y al día siguiente, otra cosa.
Hay que reconocer, por tanto, que muchas veces estamos ante una
política de pirotecnia, de fuegos artificiales. Veamos esta cumbre en
concreto. ¿Quién, viendo titulares, va a negar que es muy importante
hablar de la ampliación de la Unión Europea? Dicho así, es algo
extraordinariamente positivo. Los que soñamos con la Europa desde la
isla de Hierro hasta los Urales pensamos o podemos pensar, por mor
del titular, que estamos en ese proceso. ¿Quién no puede sentir
alegría al pensar que se puede homologar a la democracia el régimen
turco? ¿Quién no puede sentir que vamos en camino de rectificar los
tremendos errores de la construcción de una moneda única sin política
de defensa cuando aparece en los discursos: Ya vamos camino del
ejército europeo? ¿Quién no se siente reconfortado cuando ve en los
titulares que se va a meter mano a esa acción que se hace en
Chechenia por alguien apoyado por ustedes, el señor Yeltsin? ¿Quién
no se siente en un tris de creer que es posible que esto pueda
cambiar cuando se dice que hay una conferencia intergubernamental
para ver cómo se desarrolla la acción y el desenvolvimiento de la
toma de acuerdos en la Unión Europea? ¿Quién no se siente llevado al
optimismo que supone pensar -y lo digo por la política virtual-,
según la expresión del presidente del Gobierno, en la Europa del
pleno empleo? Y la Europa del pleno empleo, si es igual que la España
del pleno empleo, son contratos de 30 días, de 40 días, de cuatro
y cinco meses. Eso no es el pleno empleo, pero como estamos en la
política virtual, las palabras, los brillantes fuegos de artificio
van ocultando una realidad.
Vamos a entrar en esa realidad, pero antes vamos a hacer un análisis
de algo que no se toca en la cumbrede Helsinki, es simplemente un
balbuceo. Hace unos
días ha habido un fracaso rotundo en Seattle, ni más ni menos que la
continuidad del acuerdo multilateral de inversiones, aquél que se
cargó el Parlamento Europeo, porque hubo países y gobiernos que se
enfrentaron a aquello que suponía el gobierno de las multinacionales
por encima de los gobiernos salidos de las urnas en elecciones
democráticas. ¿Cómo lo toca la cumbre de Helsinki? Se lo voy a leer,
señor presidente, aunque lo conoce mejor que yo, porque usted sin
duda participaría en su redacción. Al hablar sobre la cumbre de
Seattle, en la que ha habido manifestantes y en la que ha habido
cargas de la policía, que ha sido un rotundo fracaso y que además es
una amenaza sobre los agricultores europeos y sobre los agricultores
españoles, dice el Consejo Europeo -leo-: El Consejo Europeo lamenta
el fracaso de la Conferencia Ministerial de la OMC de Seattle,
reafirma su compromiso con el sistema mundial multilateral vigente y
con una ronda global de negociaciones multilaterales sobre comercio y
suscribe las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del 3 de
diciembre de 1999. Cuando uno va a la resolución del Consejo de
Asuntos Generales, resulta que ve que es un conjunto de vaguedades.
Señor presidente del Gobierno, yo le pedí aquí, cuando compareció S.
S. sobre la cumbre de Tampere, que viniera a explicar el punto de
vista de su Gobierno sobre este tema tan importante, máxime cuando va
a tener lugar una reunión el día 17 entre la Unión Europea y Estados
Unidos. ¿A qué nos quedamos? Es más, no solamente no ha comparecido
S.S., sino que el vicepresidente segundo del Gobierno también se
comprometió, y estamos esperando que haga su aparición ante la
Comisión pertinente para que nos lo explique. Y aquí hay
agricultores, aquí hay ganaderos, aquí hay unas perspectivas del
comercio mundial y este país nuestro está inmerso en todo esto y aquí
no se debate, aquí no se discute, aquí se obvia totalmente y se queda
solamente en titulares de periódicos. Compañeras y compañeros de
escaño, lo que estoy pidiendo simplemente es que usemos adecuadamente
el poder que nos ha traído aquí. Para esto existimos, para debatir,
para discutir, para dar la opinión del soberano, que es el pueblo
español, y no para hacer unos falsos debates y una especie de
votaciones prorrateadas, ponderadas: habló el señor Almunia, tantos
votos; habló el señor Anguita, tantos votos. Hagamos el ejercicio del
debate y de la votación. Aquí está el tema de la cumbre de Seattle,
que pasa sin pena ni gloria ante algo tan importante.
Entrando ya en Helsinki, en la ampliación. Qué importante es que
podamos llegar a una Europa con veintiocho países más. De acuerdo,
pero vamos a ver esto de cerca. Para empezar, se hace con el método
regata -no lo comento-, que significa ni más ni menos que el regateo
país por país. Yo lanzo una pregunta. Estamos ante un horizonte de
veintiocho países, con 542 millones de habitantes y, si no me falla
la memoria, somos el segundo conglomerado humano - estamos en vías de
serlo- después de China. La pregunta
es la siguiente: ¿Cómo se organiza esto? Usted es jefe de
Gobierno y tendrá que tener unas ideas. Vamos a discutirlo aquí. ¿Me
quiere decir con qué presupuesto? ¿Cómo puede usted hablar de
veintiocho países en el futuro cuando se empecinan cerrilmente en no
aumentar el presupuesto? ¿Qué hacemos con el exiguo presupuesto?
¿Aumentamos el divisor para que baje el cociente y empezamos a
pelearnos A con B y B con A porque no ha sabido tener más dinero,
cuando ustedes obvian el problema central? ¿Qué hacemos con
veintiocho países? ¿Con qué presupuesto? ¿Seguimos manteniendo el
1,27 del producto nacional europeo? ¿O ese problema no se toca? ¿O
seguimos con la pirotecnia? ¿Cómo se contempla ahora la existencia de
una Europa con veintiocho países?
Segundo problema. Su señoría y los defensores a ultranza de este
proyecto europeo -que no es un proyecto de construcción europea, es
un proyecto de construcción de moneda única- siguen planteando, erre
que erre, el problema de la competitividad. ¿La competitividad
significa una carrera loca, como defiende el Gobierno británico o
como van a defender algunos países con el dumping fiscal? ¿Cómo se
puede hablar de veintiocho países en una unión monetaria en donde
cada uno tenga un sistema de impuestos, tal como le dé la gana? ¿Me
puede decir cómo se soluciona este problema? ¿Cómo se puede hablar de
Europa sin una armonización fiscal? ¿Qué clase de organización se
está haciendo? Ya lo veremos. Si no se empieza ahora a discutir,
después no tiene salida. La salida después será la decepción de
muchos de estos países, con las consecuencias derivadas. ¿Me quieren
ustedes decir cómo se van a tomar las decisiones? Que son veintiocho
países. ¿Qué está previsto? ¿Que la Presidencia portuguesa comience a
avanzar? ¿Pero no sería mucho más fácil, señor presidente del
Gobierno, señorías, que empezásemos ya a hablar en serio del proceso
constituyente de Europa? Lo van a imponer los hechos y lo van a
imponer de una manera que no va a ser democrática, lo van a imponer
de una manera sesgada a lo exclusivamente monetario. ¿Cuál va a ser
el papel del Parlamento Europeo? ¿Repartirse los 700 escaños a ver a
cuánto tocamos ahora? ¿Falsear los datos de población? ¿Cómo se van a
ubicar las decisiones del Parlamento Europeo? ¿Cómo se van a hacer
las distintas velocidades? Porque, señorías, en esta Europa de los
quince hay dos grupos. Hay un grupo de países, dos o tres, que están
más rezagados. Cuando entre el resto, hasta veintiocho, ¿cómo se van
ubicando? ¿Qué velocidades ponemos? ¿Qué condiciones se les ponen?
¿Siguen los criterios de Maastricht o los criterios de Amsterdam?
¿Qué hacemos con el déficit? ¿Se tolera o no se tolera? ¿Qué hacemos
con el sector público que tienen? ¿Se vende o no se vende? ¿Cómo se
armoniza esto?
Señoría, esto es pensar con la visión de Estado europeo. Lo malo es
ir a construir un Estado europeo como el monstruo de Frankenstein, a
pellizcos, porque faltael valor y la decisión de debatir qué es lo
que queremos
construir. Hablamos de veintiocho países con una alegría tremenda; de
diferentes economías, de diferentes estructuras sociales que tienen
un origen democrático totalmente distinto. ¿Cómo se apaña esto?
¿Parcheando constantemente? ¿Se va a quedar el pacto de estabilidad
como el núcleo fundamental que articula la construcción de esto que
ustedes llaman construcción europea?
Hablan de la ampliación y dicen que ustedes se vanaglorian del
acuerdo con Turquía, pero permítame que le diga que por lo menos hay
un grupo que no se vanagloria. En el caso de Turquía, ustedes han
vuelto a demostrar que tienen dos varas de medir y que no se atreven
a hacer lo mismo según sea el sitio. En Turquía, todavía hoy, se
violan y se conculcan los derechos humanos; el Parlamento Europeo, en
una resolución del 6 de octubre, ha vuelto a denunciarlo. En Turquía
se mantiene la pena de muerte, que está pendiente sobre un señor que
ha tenido un juicio de dudosa legalidad, de dudoso respeto a los
derechos humanos. ¿Por qué entonces Turquía? La cosa es evidente. Yo
no practico aquí, ni muchísimo menos, una especie de antiamericanismo
zafio; hablo de poder, de relación de poder, y le digo las cosas por
su nombre. ¿Ha sido Bill Clinton, cuando ha dicho que hay que poner a
Turquía porque es un miembro fundamental de la OTAN? ¿Es que Turquía
es un ejemplo de democracia, cuando en estos momentos está fuera de
la concepción de país democrático? No, es que se les da unas
condiciones y viaja el señor Solana e intenta hablar con el primer
ministro. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dejado de decir? El hecho es
que se están conculcando derechos humanos y se está pisoteando al
pueblo kurdo con el cual se han hecho acciones de genocidio, señor
Aznar. Pero claro, lo hacen los nuestros, los más amigos, los más
cercanos, guardemos silencio.
Sigamos con la brillante pirotecnia. El euroejército. ¡Aleluya! Por
fin tenemos un ejército que demuestre que tenemos capacidad y que no
estamos supeditados a la OTAN. Esto produce ríos de tinta en los
periódicos, titulares en los telediarios. ¡Vamos a ver lo que ustedes
han aprobado! Lo que han aprobado es simplemente, no digo ya un
cohete, una bengalita para impresionar a la gente sensible. Miren
ustedes, lo que ponen en marcha es lo siguiente: una capacidad de
decisión autónoma y, en aquellas operaciones militares en las que no
participe la OTAN en su conjunto, la capacidad de iniciar y llevar a
cabo operaciones militares dirigidas por la Unión Europea en
respuesta a crisis internacionales. ¿Cuál es la realidad? A partir
del año 2003 pueden reunir 50.000 ó 60.000 hombres, con los
contingentes y capacidades logísticas para estar preparados para
intervenir en misiones Petersberg. Escuche usted, señor presidente,
no pueden estar menos de un año y le dan sesenta días para
organizarse. Acláreme esto, porque si resulta que surge un conflicto
en un lugar de Europa y la OTAN decide magnánimamente que no quiere
mancharse y que le da permiso para que intervenga, ¿le damos sesenta
días para que se armen? Pues cuando
lleguemos allí es para enterrar a la gente, porque en sesenta días se
ha hecho de todo. Acláreme esto. Lo he leído en las resoluciones.
Si dan sesenta días y no pueden estar menos de un año, esto indica la
caducidad de la construcción o de la organización de estos 50.000 ó
60.000 hombres. Al no ser un ejército, que significa un cuerpo
permanente, específico y concreto, estamos ante una eventual
organización de fuerzas militares para intervenir en un conflicto en
función de lo que se llaman las misiones Petersberg. Aclárese esto,
porque no estamos entonces aquí ante un euroejército; estamos ante
una faena de aliño de aquellas cosas que la OTAN no quiere hacer,
bien por dejadez o porque no le interesan. Pero el caso es curioso,
porque en las conclusiones de la conferencia europea se dice: Esto es
para operaciones militares dirigidas por la Unión Europea en
respuesta a crisis internacionales. Y hago dos preguntas: ¿dónde está
aquí la ONU? ¿O ya la hemos enterrado? Y otra pregunta: señor
ministro de Asuntos Exteriores, ¿dónde está la Carta de París? Aquí
hay expertos en enterrar documentos. Lo malo que tienen ciertas
políticas es que existe una facultad humana llamada memoria, y yo
pregunto: ¿Dónde está aquí la ONU, la única fuente de derecho para
poder intervenir? ¿Dónde está aquí la Carta de París? Se dice:
aquellas misiones en que se decida intervenir. ¿Qué tipo de misiones,
las Petersberg? No se dice aquí; se dice exactamente: aquellas en
respuesta a crisis internacionales. ¿Qué es una crisis internacional?
Una crisis internacional es desde un levantamiento en un país que
tiene incidencia en las fronteras hasta una guerra o una invasión o
hasta cuestiones de petróleo, que son casi siempre las que crean las
crisis internacionales. ¿Qué es eso de crisis internacionales? ¿Se
puede aclarar o es el ungüento amarillo que sirve para todo?
Por tanto, no estamos ante el euroejército, estamos ante algo de muy
poca importancia. La aclaración, sin duda, estará en estas palabras
que el subsecretario de Estado norteamericano, señor Strobe Talbot,
ha dicho hace poco tiempo: Estados Unidos no quiere ver una defensa
europea que, nacida en el seno de la OTAN, se desarrolle fuera de
ella y pueda un día entrar en conflicto con ella.
Señorías, tuve aquí ocasión una tarde de explicar lo que parecía que
era un recurso histórico de alguien que no tiene otra cosa que decir,
pero planteaba algo ante lo que estamos. El orden bipolar Estados
Unidos-Unión Soviética ha devenido en orden unipolar y eso significa,
quitándole todas las aristas, vocación de imperio, y vocación de
imperio en todos los sentidos. Y la única potencia económica, social,
política y militar capaz de hacer un equilibrio es esta Europa, y
mientras esta Europa no tenga la valentía, la dignidad de decir que
se va a organizar como algo independiente, sin entrar en polémica,
sino simplemente de tú a tú con el coloso americano, esto no tendrá
solución. En esta hora es donde se mide la talla de los gobernantes y
de los que hablan de Europa, si están dispuestos a poner en marcha
ese sueño de construcción europeo que es muy
antiguo, que es muy viejo y que volaba en la contemplación del
equilibrio mundial. Desaparecido ese equilibrio del terror,
construyamos otro. ¿Estamos a la altura? Cumbre tras cumbre estamos
viendo que no.
Chechenia. Aparte de que en Chechenia hay cuestiones de narcotráfico,
de terrorismo, de mafias y de oleoductos, señor Aznar, porque
buscando en el problema nos encontramos con petróleo que puede
circular por un sitio o por otro, aparte de eso, de intereses
económicos, de terrorismo -menos mal que el señor presidente lo ha
dicho- hay una cuestión: la brutal agresión de Rusia sobre Chechenia.
¿Qué se ha hecho? Un caponcillo, una palmadita: No seas tan malo.
¿Dónde está la fuerza política de la Unión Europea? ¿En qué se nota?
¡Ah! Es que Rusia tiene cabezas nucleares. Entonces sabemos ya que no
existe el estado de derecho, existe la ley del más fuerte. Ahora se
explica por qué abandonaron la ONU cuando el conflicto en Yugoslavia,
ahora se explica cómo el derecho internacional es machacado una y
otra vez entre el aplauso generalizado, no de todo el mundo, porque
hay algunos que se emperran en seguir hablando del estado de derecho.
Ahora se explica todo.
Pero sigamos. Conferencia intergubernamental para la revisión del
Tratado de Amsterdam. En Helsinki se ha programado una reforma de
mínimos limitada a resolver los flecos pendientes del Tratado de
Amsterdam. Pero el problema fundamental, señor Aznar -terminando mi
intervención-, es el siguiente. Primero, ¿podremos debatir
tranquilamente aquí algún día sobre el proceso que ustedes llaman de
construcción europea? Segundo, ¿podemos reflexionar en torno a lo que
nos espera, si es posible o no un proceso constituyente? ¿Se imagina,
señor Aznar, una inmensa almáciga de veintiocho países de distintas
velocidades, sin política exterior, con este llamado euroejército,
que no es tal, con diferentes estructuras, funcionando cómo, de qué
manera? ¿Dónde está la identidad europea? Porque la identidad
europea, señorías, son los derechos humanos, los derechos humanos en
todos los sentidos: los políticos, los sociales, los medioambientales
y los nacionales. ¿Cómo se puede armonizar esto? ¿Cuál es el
proyecto?
Señorías, plantear esta cuestión no es ni más ni menos que venir aquí
a decir que es necesario hablar de la construcción europea, pero la
dosis es que cada seis meses se trae aquí una fotografía de lo que se
ha discutido en la última conferencia, y se lo agradecemos; este
Congreso de los Diputados es muy agradecido: alguien le informa de lo
que está pasando, ya que no participamos en ninguna toma de decisión;
se envían tropas, se toman decisiones conculcando artículos enteros
de la Constitución, porque existe un sí ponderado que no se ejerce
votando sino que se calcula a ojo de buen cubero: han hablado tres
portavoces, suman tanto, ya está hecha la ponderación. Esta es una
especie de democracia prorrateada, ni siquiera hace falta el debate.
Estamos a tiempo, porque este portavoz, que lleva hablando aquí unos
cuantos años, el otro día estuvo repasando discursos y viendo lo que
ha ocurrido después. Les voy a dar trabajo, señorías. Tal vez las
risas se les hielen a ustedes. Lo que se está construyendo no se
parece en nada a lo que mantuvieron aquí en los discursos que
hicieron, personal y colectivamente, hace ocho, nueve y diez años; es
otra cosa totalmente distinta. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anguita.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra su portavoz, don Josep López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señor presidente, señoras y señores
diputados, el Consejo Europeo de Helsinki no ha sido, en nuestra
opinión, un consejo de trámite y quizá esta deba ser la primera y
probablemente la más importante de las afirmaciones, de las
aseveraciones o de las valoraciones que deben hacerse de la última
cumbre de jefes de Estado y primeros ministros de la Unión Europea.
En el Consejo Europeo de Helsinki, a diferencia de lo sucedido en
otros anteriores, se ha discutido poco sobre aspectos denominados
internos de la Unión y quizá por ello en las semanas precedentes ni
se conocieron enconadas discrepancias entre los Estados miembros ni
tampoco tuvo una presencia mediática su preparación. Pero en Helsinki
se ha producido el embrión de lo que debe ser la Europa del próximo
siglo, un espacio que quiere integrar a 28 Estados miembros; una
Europa que no va a excluir a nadie de cuantos han conformado su
convulsiva historia. Desde esta perspectiva (segunda consideración o
valoración importante, señorías, según nuestro grupo parlamentario),
el Consejo Europeo recientemente celebrado en Finlandia ha hecho
historia en la construcción europea. La decisión de abrir
negociaciones en paralelo con todos los candidatos a la adhesión,
confirmando así, como decía el señor presidente del Gobierno y
nosotros reconocíamos en el anterior debate, lo iniciado en la cumbre
de Tampere y la conclusión de abandonar la decisión prioritaria de
distinguir entre una primera y una segunda ola de ingreso,
constituyen a nuestro juicio dos aciertos de primera magnitud que
celebramos, aunque política y también económicamente supongan sendos
riesgos como aquí algún portavoz, concretamente el señor Almunia, ha
puesto de manifiesto. Pero el riesgo, ya se sabe, siempre acompaña al
quehacer político, y es el compromiso en una Europa mayor y mejor
trabada lo que debe ayudar a superar el riesgo y, sobre todo, a
materializar, a conseguir, a plasmar el compromiso inherente a la
actitud inicial.
En eso, señor presidente, el Gobierno ha tenido, y seguirá teniendo
en todo momento, el apoyo de nuestro grupo parlamentario en su
estrategia de impulsar una negociación de tipo regata, digámoslo así,
como lo que finalmente se ha impuesto. Siempre fuimos europeístas,
mucho antes que existiera la propia Constitución de 1978, hasta en
los momentos en que esto no se llevaba en el discurso político
español, incluso en el discurso constituyente, y siempre hemos
hablado de una Europa que nos acogiera a todos los europeos, no de
una Europa de unos, ciertamente elitista por su poderío económico, y
no de una Europa de los restantes.
Nuestro convencimiento se ha basado siempre en razones políticas,
aquellas que aseguran la recuperación de una historia y de unos
valores comunes, pero también aquellas que nos tranquilizan por
neutralizar confrontaciones internas. Estar todos es garantía de paz
y de progreso para todos. Pese a eso, señor presidente, no se debe
esconder que toda ampliación precipitada sería negativa, tanto para
el futuro de la Unión, que debe asegurarse en su cohesión interna,
como para el propio Estado candidato, aunque no deben exigírsele
otras condiciones que aquellas precisas para poder seguir siendo un
Estado miembro y que en ningún caso hiera al conjunto de lo
existente, que ayude, por tanto, al equilibrio y participe plenamente
de él. En ese sentido, señor presidente, señorías, hacemos nuestras
muchas de las observaciones del señor Almunia, portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, porque el crecimiento sostenido de la
actual Unión no puede verse reducido por una ampliación alejada de la
racionalidad. Esta nueva Europa, sin embargo, también debe
caracterizarse por la voluntad de ir creando una nueva sociedad
europea, que es la tercera de nuestras consideraciones respecto a la
reunión celebrada en Helsinki; una sociedad donde la seguridad, la
libertad, los derechos humanos, la justicia, la igualdad, el respeto
a la diversidad y, en concreto, a las minorías de todo tipo y todo
signo, sean sus valores más sustantivos, una sociedad plenamente
europea. Naturalmente, en esta Europa deberá seguir ofreciéndose
prosperidad y crecimiento económico a través de la creación de un
mercado único de 500 millones de consumidores; a través de una moneda
única; a través de políticas sectoriales, armonizadoras en su
fundamento; a través de legislaciones que sepan combinar el todo con
lo específico o singular; y a través de actuaciones donde dominen los
principios de solidaridad y cohesión social, entendidos ambos, claro
está, en los términos del conjunto de la Unión Europea.
El paso de una Unión de 15 Estados a otra cercana a los 30,
constituye, sin duda alguna, una transformación de primer orden,
importante y profunda en todos sus ámbitos. Resulta indiscutible la
necesidad de adaptarnos a ese futuro, ya cada vez más próximo, y
adaptar precisamente las estructuras y las instituciones de la propia
Unión. Lo solicitamos, en consecuencia, porque el Consejo Europeo ha
decidido plantear la convocatoria de una conferencia
intergubernamental a tal efecto a partir de febrero próximo. Su razón
de ser y su urgencia, su propia necesidad en todo el abanico de sus
múltiples necesidades viene determinada por los llamados flecos
pendientes del Tratado de Amsterdam o, si se quiere, por la obligada
adaptación del mismo a una
realidad que va diseñándose en ampliación de contenido de todo tipo.
Por ello compartimos el planteamiento del Gobierno de que su objeto
ha de ser, tal como se anunció en Helsinki, estudiar el tamaño y la
composición de la Comisión, la ponderación de los votos en el Consejo
y la posible -tal vez necesaria- extensión de la votación por mayoría
cualificada en el Consejo. Pero de esa cuarta consideración a cuanto
aquí debatimos, señor presidente, surge el corolario de que no sería
realista cerrarse de forma dogmática, radical, ciega a cualquier otra
modificación de tratados que por su propia naturaleza, la jurídica y
la política, ambas, son tratados instrumentales y no fines en sí
mismos. A este respecto, aun aceptando que la crítica puede darse con
facilidad, la aparente indecisión con que se ha tratado este asunto
en Helsinki no es signo de debilidad, entendemos, y creemos
interpretarlo correctamente, sino expresión de prudencia política,
absolutamente necesaria también. Hay que darle más vueltas, dicho en
lenguaje coloquial, pero dejando patente -mi grupo quiere hacerlo-
que las transformaciones positivas que se están produciendo en el
área de defensa, pongamos por caso, pueden precisar de una dotación o
una reforma de los tratados o la simple y pura elaboración de otros
nuevos. Al fin y al cabo, la construcción europea, señorías, mejor
dicho su hilo conductor, puede darse también en los avances de los
acuerdos sistematizados en tratados.
Sin duda alguna, todas esas cuestiones que estamos tratando en la
tarde de hoy, todas ellas y en particular la que acabo de exponer,
ambas cosas pueden parecer y aparecer tecnocráticas, apartadas de los
problemas de los ciudadanos, mucho más ocupados por su seguridad
o por su empleo, y creo que además hacen bien. Aun a riesgo de
simplificar lo ocurrido en Seattle con motivo de la Conferencia de la
Organización Mundial de Comercio, debería hacernos reflexionar a
todos sobre el riesgo que puede derivarse cuando se intentan
construcciones de poder o el establecimiento de reglas generales sin
transparencia y de espaldas a los ciudadanos. Lo ha dicho también el
portavoz de Izquierda Unida, y en esto comulgo totalmente respecto de
sus interrogantes. Sin embargo, es nuestra responsabilidad evitar (y
en ello pondremos todo nuestro empeño político en la próxima
legislatura) que la Unión Europea pueda acabar siendo reducida a un
simple gran mercado por haber quedado paralizadas o inoperativas sus
instituciones de gobierno. Queremos una Unión ampliada, que no cierre
las puertas a ningún Estado democrático europeo, pero queremos
también una Unión fuerte, capaz de actuar cada vez con mayor vigor
y autoridad en el escenario mundial, empezando por su propio escenario,
el europeo, y de seguir estrechando los lazos de todo tipo entre los
diversos pueblos de Europa y los ciudadanos que los componen.
Queremos una Unión, por lo tanto, institucionalizada, comprometida
y respetada.
En ese contexto, la decisión del Consejo Europeo sobre Turquía es
valiente, lo entendemos así, y también
tiene nuestro apoyo. Convendrá seguir subrayando, desde la amistad y
desde la generosidad si se quiere, pero también con firmeza, que no
sería admisible un debilitamiento de las exigencias a este nuevo
candidato en el plano político y del respeto a los derechos humanos
y a las minorías que integran su población. En el momento de adoptar
esta decisión, es decir, al abrir finalmente las puertas a Turquía,
que ya en 1987 y previamente en 1963 con un acuerdo de asociación
había llamado a esas puertas; en el momento de adoptar esa decisión,
reitero, señor presidente, no sólo han primado los intereses
económicos, sino que fundamentalmente han sido razones de índole
política o de oportunidad las que han inclinado finalmente la
balanza. Su privilegiada situación geográfica, aunque menos del 10
por ciento de su territorio sea europeo, y la voluntad de reforzar a
los sectores más moderados -los laicos y pro occidentales de Turquía,
para que éstos, junto con las nuevas expectativas socioeconómicas que
comportará la Unión Europea, puedan frenar el creciente integrismo-
son factores que avalan políticamente la propuesta de aceptación
formulada por el Consejo. Ahora bien, tenemos que ser conscientes -y
Turquía también debe serlo- de que todavía queda un largo trecho para
que puedan comenzar formalmente las negociaciones de adhesión.
Nuestro grupo se muestra, reitero, favorable a esta decisión porque
considera que su aceptación como candidata es el mejor catalizador
para conseguir en un futuro no muy lejano, lo más próximo posible si
es cierto cuanto se ha dicho desde Turquía, una verdadera
democratización del país y un total respeto a los derechos humanos,
algo que hasta el presente, lamentablemente, tenemos serias dudas de
que suceda de manera inmediata. Esta prevención no existe solamente
por el hecho de que pueda ser el único país candidato donde siga
vigente la pena de muerte pongamos por caso, hecho que nosotros
consideramos muy grave en sí mismo, sino también por la política de
represión y aniquilación de cualquier manifestación propia del
Kurdistán, ya sea por su lengua o cualquier otra manifestación
cultural o de identidad colectiva. Es cierto que Turquía es un buen
aliado de Europa en una región de gran importancia estratégica, pero
esta condición que se debe aceptar y se debe reconocer no puede
suponer ningún salvoconducto para que se olviden los principios en
los que deseamos basar la construcción de la Europa del siglo XXI.
Por ello reiteramos, como ya lo hicimos cuando el debate de la cumbre
de Tampere, que la Unión Europea supervise muy directa y
escrupulosamente el respeto a los derechos humanos y a los derechos
de las minorías por parte de Turquía, estableciéndose a tal finalidad
un sistema de evaluación periódica, tal como propusimos, reitero, en
el último debate sobre la Unión Europea.
Otro de los principales activos de la cumbre de Helsinki ha sido la
decisión de crear una fuerza militar de pacificación y de
intervención rápida, que deberá estar operativa antes del año 2004 y
ser capaz de movilizarse
-se dice- en un plazo máximo de 60 días para acudir en misiones de
imposición y mantenimiento de la paz en Europa dentro o fuera de las
fronteras de la Unión Europea, debiendo tener recursos suficientes
para mantenerse activa sobre el terreno durante un año. Ciertamente
que este acuerdo es incompleto, es lógico además que sea así, puesto
que nada dice sobre la financiación de esa fuerza o sobre las
relaciones entre esa fuerza y la OTAN pongamos por caso, pero no es
menos cierto que por vez primera -y esto es importante-, y además con
gran rapidez -que también es relevante-, se ha conseguido que todos
los miembros de la Unión Europea, incluidos aquellos Estados que se
autoproclaman neutrales -todo el mundo se puede dar por enterado-, se
pongan de acuerdo para participar conjuntamente en acciones de
mantenimiento de la paz, resolución de conflictos y situaciones de
crisis.
Es cierto que se deberá aclarar -y ya se ha dicho por parte de algún
portavoz de la oposición- la relación entre la OTAN y la fuerza de
interposición europea, así como el procedimiento de complementariedad
entre ambas, pero una responsabilidad que hemos eludido durante
demasiados años empieza a cambiar su rumbo y eso es francamente
positivo. Por cierto, es necesario resaltar a nuestro juicio, señor
presidente, señorías, en el ámbito de esa política europea común de
seguridad y defensa el renovado compromiso de la Unión en reforzar
los aspectos no militares de esa política. La capacidad de reaccionar
rápidamente en el terreno de la gestión de crisis sin recurrir a
instrumentos militares debe constituir uno de los ejes vertebradores
de esta nueva política. Las aportaciones de la Unión Europea en el
marco de la ONU o de la OSCE, pongamos por caso, el fortalecimiento
de las relaciones con las ONG especializadas y garantizar la
coherencia de todas esas políticas debe también orientar a la próxima
Presidencia portuguesa. En ese sentido un concepto de seguridad
amplio que enfatiza los aspectos políticos, económicos, sociales y
medioambientales, que se centra en la prevención y que explora
mecanismos de gestión no militar ha de ser también nuestra apuesta
colectiva, algo novedoso, probablemente más humano, si se me permite,
en el tradicional concepto de defensa.
Señor presidente, si el acuerdo sobre la inclusión de Turquía dentro
de los países candidatos y los avances en materia de política común
de defensa son los grandes activos del Consejo de Helsinki a nuestro
parecer, la falta de acuerdos sobre la armonización fiscal del
ahorro, uno de los grandes objetivos a priori de la Presidencia
finlandesa, debe figurar en un lugar destacado en el pasivo de la
cumbre porque siempre hay algún pasivo, algo pendiente.
A nuestro entender es inadmisible que en un único espacio económico
exista la posibilidad de invertir capitales no sujetos a tributación,
retención y control fiscal, máxime cuando en las mismas conclusiones
de la cumbre se recomienda que para continuar creando empleo se
reduzcan los impuestos del factor trabajo y también se apuesta por el
mantenimiento del Estado
del bienestar. Entonces, ¿cómo se financiará ese Estado del bienestar
si dentro de la propia Unión Europea existen paraísos fiscales, como
ocurre en estos momentos? En la cumbre tan solo se ha acordado la
necesidad de que tributen todos los rendimientos de capital de los
ciudadanos de la Unión Europea; sin embargo, se ha otorgado un nuevo
plazo de seis meses para intentar llegar a un acuerdo, lo cual es
exponente de las dificultades existentes en el seno de la actual
Unión. En este asunto requerimos del Gobierno una especial vigilancia
y compromiso.
En el ámbito fiscal, a diferencia de lo que ocurrió con el Reino
Unido en el capítulo social del Tratado de Maastricht, no es posible
llegar a un pacto de catorce. Eso sería tanto como reconocer el
derecho de un Estado miembro a alentar la práctica de la elusión
fiscal. Por tanto, será necesario continuar trabajando en la búsqueda
de una solución unánime que posibilite el desbloqueo de ese aspecto,
porque con una moneda única no puede convivir una fiscalidad dual
sobre unos mismos rendimientos.
Señor presidente, señorías, la declaración final de la cumbre de
Helsinki evidencia por primera vez en mucho tiempo la existencia de
un escenario económico favorable al señalar que la actual fase de
crecimiento económico se asienta en cimientos sólidos, con una
inflación reducida o unas finanzas públicas cercanas al equilibrio.
Esto es bueno; es un mensaje de gran interés para el conjunto de los
consumidores, pero, sobre todo, para el conjunto de las empresas,
para quienes crean trabajo y crean esfuerzo y, además, incremento
económico.
La combinación de estos hechos permite prever para el próximo
ejercicio un crecimiento importante de la inversión, que se traducirá
en un mayor dinamismo económico y una mayor creación de empleo. Estas
perspectivas favorables se ven apoyadas por el éxito en la
introducción del euro, que también es un balance que se hace en esa
última cumbre. El Consejo, para garantizar la consecución de ese
mayor dinamismo económico, propone la continuación de los procesos de
liberalización, unos mayores esfuerzos en la consolidación fiscal,
unas reformas tributarias que reduzcan el coste del factor trabajo,
una evolución de los salarios coherente con la estabilidad de los
precios y el cumplimiento de las directrices para la creación de
empleo establecidas para el próximo ejercicio. La verdad es que no
hay nada nuevo en el horizonte español, porque, de hecho, es lo que
hemos venido practicando, y con acierto, a lo largo de esta
legislatura, como se pone de manifiesto simplemente diciendo que
hemos sido socios de la zona euro desde el primer día e impulsores
y creadores de la misma. Por tanto, es un reconocimiento de la propia
Unión Europea a una práctica, en este caso española, en materia de
política económica que se ha hecho con acierto, como demuestran los
datos.
En este último aspecto cabe destacar dos novedades que merecen ser
comentadas. La primera hace referencia
a la incentivación de las medidas que sirvan para prolongar la
vida laboral activa. Éste es un aspecto del que en España se está
hablando en estos días en ámbitos de organizaciones empresariales
fundamentalmente, del que se ha hablado antes y se seguirá hablando
en los próximos meses y años, pero por el momento, y espero que esto
sea una asignatura a convalidar o a aprobar si se quiere en la
próxima legislatura, no se ha tomado ninguna medida específica.
Cabría aprovechar esa circunstancia -nuestra situación económica y la
recomendación de la cumbre de Helsinki- para implementar un conjunto
de medidas que posibiliten la ampliación voluntaria de la vida
laboral activa una vez cumplidos los 65 años de edad.
Por otro lado, el Consejo Europeo destaca el importante papel que
deben jugar las regiones y los municipios en la creación de nuevas
oportunidades de empleo. En ese sentido, es necesario que en España
las políticas de empleo se articulen cada vez en mayor medida en el
entorno de las comunidades autónomas, como viene preconizando desde
hace años el Grupo Parlamentario Catalán, en la línea de lo
establecido en las directrices para el empleo del año 2000, que así
lo reconocen y así lo recogen.
Finalmente, señor presidente, quería terminar con una reflexión que
va mucho más allá de la cumbre europea y quizá se una a otra también
producida por el señor Anguita. Es ésta, señorías, la última
comparecencia del presidente del Gobierno con motivo de una cumbre
europea durante esta legislatura. El debate que estamos celebrando en
estos momentos tiene lugar por aplicación directa del artículo 4 de
la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta
de la Unión Europea. Pues bien, señor presidente, señorías, éste es
prácticamente el único de los artículos de esa norma que se aplica
correctamente. Se impulsó en la pasada legislatura y se ha venido
administrando con corrección y eficacia también en esta legislatura.
Pero probablemente sea, repito, el único artículo que se viene
administrando con corrección política, no sólo jurídica. Por razones
muy diversas que no es el momento de señalar, la realidad es que en
el proceso de construcción europea no sólo en el gran debate, sino
también en el seguimiento de tantas y tantas decisiones de grandísima
importancia que se adoptan a diario en Bruselas, la participación de
este Parlamento no está a la altura de las circunstancias, señorías.
Todos los parlamentos de nuestro entorno han ido adaptando sus
estructuras parlamentarias, es decir, sus reglas de juego
parlamentario, su administración parlamentaria, a las nuevas
realidades de la Unión; el nuestro, estas Cortes, este Congreso de
los Diputados, no puede quedar atrás. La próxima legislatura debería
iniciarse con una reflexión profunda -invitamos a ella- que nos lleve
a diseñar nuevos cauces de información y nuevas vías de control
democrático de las decisiones del Gobierno en el ámbito comunitario.
Probablemente no es la voluntad política la que falla, probablemente
fallan los instrumentos,falla la aplicación o la administración
correcta de una ley vigente y falla quizá también la adaptación de
nuestro Reglamento para articular serena y eficazmente esa ley.
Fallan, repito, los instrumentos, y son éstos los que deberán ser
actualizados en consonancia con la experiencia y con las fórmulas que
otras democracias ya han ido introduciendo, porque estamos cada vez
más ni más ni menos que en el núcleo más dirigente de la Unión
Europea.
Nada más, señor presidente, y muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Lerma.
El señor Zabalía, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Señor presidente, señorías, con esta cumbre
de jefes de Estado y de Gobierno celebrada los días 10 y 11 de
noviembre, se ha puesto fin a la Presidencia finlandesa de la Unión
Europea, que se ha desarrollado en el segundo semestre de 1999. (El
señor vicepresidente Companys Sanfeliu ocupa la Presidencia.) Se han
abordado asuntos fundamentales para el proceso de la construcción
europea, como han sido los temas a debatir en la próxima Conferencia
Intergubernamental del año 2000 y las reformas estructurales, los
aspectos económicos, la política de empleo y de medidas fiscales, la
política exterior y de seguridad común y la futura ampliación de la
Unión Europea. El resultado ha sido desigual. Se ha avanzado en la
configuración de la política exterior y de seguridad común, pero se
ha fracasado en las reformas estructurales, en la armonización fiscal
y en el impulso democrático de la Unión Europea.
Intentando resumir, en la cumbre de Helsinki han destacado tres
aspectos. Se ha dado un ímpetu nuevo al proceso de ampliación
invitando a seis países (Bulgaria, Letonia, Lituania, Malta, Rumanía
y Eslovaquia) a comenzar las negociaciones de adhesión a partir de
febrero del año 2000. Asimismo, se le ha otorgado a Turquía el status
de país candidato, y de esta forma se ha elevado el número de
candidatos de adhesión a trece. Se han dado pasos decisivos en el
esfuerzo de la política de seguridad y de defensa europea, dando
medios para que la Unión Europea juegue un papel más importante en
los asuntos internacionales, y se ha aprobado definitivamente el
calendario, los temas y el método de la próxima reforma institucional
de la cumbre intergubernamental del año 2000.
Por lo que respecta a la ampliación, que la cumbre de Helsinki haya
invitado a los seis países mencionados a comenzar las negociaciones
de adhesión en febrero del año 2000 pone de relieve el problema de
las fechas de adhesión, no tanto de estos países, que aún tendrán que
recorrer un largo camino para cumplir los requisitos, sino de
aquellos que desde 1997 habían iniciado las negociaciones y que se
encuentran en una fase avanzada como son Hungría, Polonia, Estonia,
República Checa, Eslovenia y Chipre. La cumbre de Helsinki establece
que la reforma institucional del Tratado
de la Unión Europea se finalice para diciembre del año 2000. Es
seguro que las ratificaciones de los Estados miembros no terminarán
antes del 2002, con la probabilidad de que en esta fecha los tratados
de adhesión de los candidatos que hayan cumplido satisfactoriamente
sus condiciones estén dispuestos a ser ratificados no sólo por el
Estado candidato sino también por cada uno de los Estados miembros de
la Unión Europea. Con este calendario, los primeros candidatos no
estarán preparados para adherirse efectivamente a la Unión Europea
antes del año 2004. Esto choca con las pretensiones de algunos
Estados candidatos como Hungría, que pretendían adherirse para el año
2002.
En cuanto a las reformas estructurales, tampoco en este campo se ha
avanzado. La agenda tenía dos aspectos a desarrollar, el primero,
referente a la composición de las comisiones y los criterios para la
toma de decisiones y, el segundo, a las políticas sectoriales. Los
objetivos marcados en el Tratado de Amsterdam están aún muy lejos de
conseguirse. Los órganos institucionales comunitarios no permiten en
su actual configuración ni una transparencia suficiente en sus
actuaciones ni un nivel de democracia institucional que hagan más
eficaces y justas las decisiones de estas instituciones. Las propias
conclusiones reconocen la necesidad de introducir cambios
sustanciales en los métodos de trabajo del Consejo. La situación de
Chipre y, sobre todo, de Turquía eran dos procesos que el Consejo
Europeo debía analizar. Turquía aún está lejos de cumplir con los
criterios impuestos por la Unión Europea para la integración de
nuevos socios. Tiene mucho camino que recorrer en el ámbito del
respeto a los derechos humanos. Con una democracia tutelada por el
estamento militar y la instauración, aún vigente, de la pena capital,
Turquía debe de avanzar en reformas políticas que desemboquen en un
verdadero Estado democrático, cosa que aún está lejos de conseguir.
Por lo tanto, nos parece excesiva la satisfacción del Consejo Europeo
ante, según dice el informe de conclusiones, los acontecimientos
registrados recientemente en Turquía, máxime con un problema sin
resolver como es la violación de los derechos humanos del pueblo
kurdo y la condena a muerte de su líder Ocalan, que está pendiente de
la decisión definitiva.
La política de seguridad y de defensa ha sido otro de los aspectos
destacados. Se preveía la presentación de informes relativos a la
política exterior y de seguridad común y a su desarrollo, a la
gestión de la crisis, a la situación de Chechenia y a la cumbre de la
OSCE. En el Consejo Europeo de Colonia los Quince dieron un paso
determinante en el proceso de construcción europea para dotar a la
Unión Europea de los medios políticos y militares que le permitan
hacer frente a crisis como la de Kosovo y poder jugar un papel
protagonista en materia de defensa y seguridad siguiendo las
disposiciones del Tratado de Amsterdam. Lo que sí se ha puesto de
manifiesto en esta cumbre es la distinta forma de contemplar
situaciones análogas con referencia a la violaciónde los derechos
humanos. ¿Por qué no interviene
Europa activamente en la crisis de Chechenia al menos, al mismo nivel
que lo ha hecho en Kosovo? Y cuando decimos Europa decimos España.
¿Cuál es la postura de España frente a Rusia en este conflicto? No
hemos oído al presidente del Gobierno ninguna condena clara y rotunda
a la represión rusa contra el pueblo checheno. ¿O no es represión?
Esa aparente firmeza que quiere demostrar el presidente del Gobierno
en su política interna no parece tener equivalencia en su política
exterior. La política exterior europea y española están en estos
casos en función de quién es el agresor y no en defender los derechos
de los agredidos.Al margen de esta denuncia que queremos hacer desde
el Partido Nacionalista Vasco, se esperaba que los líderes de los
países de la Unión Europea acordasen las bases para una defensa común
europea que preveía la formación de nuevos órganos en la Unión
Europea, como un comité político y de seguridad y un comité militar.
Helsinki ha sido el punto de partida de esta política, que concluirá
en la cumbre de Niza, la cual pondrá fin a la próxima Presidencia
francesa de la Unión Europea en diciembre del año 2000.
La Conferencia Intergubernamental del año 2000 se presenta con
grandes retos. En primer lugar, por lo que respecta a los temas a
tratar, la cumbre de Helsinki ha circunscrito los temas que va a
abordar la próxima conferencia a aquellas materias identificadas en
la cumbre de Colonia y que habían quedado sin resolver en la
conferencia de 1997, preparatoria del Tratado de Amsterdam, es decir,
lo que se denomina el triángulo de Amsterdam: el tamaño y la
composición de la Comisión, la ponderación de votos en el Consejo y
la posible extensión de la mayoría cualificada en el Consejo. En este
sentido, la mayoría de los Estados miembros, excepto Italia y los del
Benelux, han defendido una Comisión restringida a los aspectos
anteriores. Únicamente se ha podido dejar una puerta entreabierta
para que, a propuesta de la Presidencia portuguesa, se puedan
introducir otros temas en el orden del día de la Conferencia
Intergubernamental. Hay que reconocerle al presidente de la Comisión
Europea, señor Prodi, sus esfuerzos por abogar por una Comisión más
amplia y confiamos en que sus pretensiones den como resultado una
reforma más ambiciosa del Tratado de la Unión Europea.
Consideramos que la limitación a estos tres temas a tratar es una
visión tan estrecha y miope de una Conferencia Intergubernamental,
relegada a solventar los problemas cuantitativos e inmediatos para
adaptar el funcionamiento de las instituciones de 15 a 28 miembros,
como un error estratégico. Por un lado, se liga esta reforma a un
aspecto puramente cuantitativo de adaptación del funcionamiento de
las instituciones a una Europa que va a pasar paulatinamente de 15 a
28 miembros. Sin embargo, lo que está en juego es mucho más que esto,
es la propia legitimidad democrática de la Unión Europea.
Consideramos que esta Conferencia Intergubernamental debería
aprovecharse para cubrir el déficit democrático y de legitimidad en
la toma de decisiones,
así como la cercanía al ciudadano. Los ciudadanos van a
sentirse decepcionados si esto no se produce. No hay que olvidar que
una gran parte de los ciudadanos de la Unión Europea pertenecemos a
regiones con competencias legislativas y el tratado debe
garantizarnos nuestra participación en el proceso de construcción
europea. Por lo tanto, esta reforma no debería de plantearse
únicamente de cara a afrontar el reto de la ampliación, sino lo que
es más fundamental, de cara al reto de acercarse a la ciudadanía
europea y de incrementar la propia legitimidad democrática del modelo
europeo. En ese sentido también se ha expresado tanto el Parlamento
Europeo como la Comisión.
Desearíamos que a través de la estrecha puerta que se ha dejado
abierta para plantear temas que permitan realmente no sólo un buen
funcionamiento de las instituciones, sino el desarrollo de la Unión
Europea, respetuosa de los valores democráticos y representativa de
los ciudadanos, se tratase de las siguientes cuestiones. El nuevo
tratado debe garantizar que los Estados con regiones con competencias
legislativas permitan a éstas participar en los procedimientos de
toma de decisiones de la Unión Europea. En este sentido, se insta al
Estado español a que firme la declaración de Austria, Bélgica y
Alemania sobre la subsidiariedad aneja al Tratado de Amsterdam. El
principio de subsidiariedad debe ser completado de forma que ni los
Estados ni la Unión Europea vulneren el reparto interno de
competencias cuando se actúe en el nivel comunitario o cuando se
aplique su normativa. La flexibilidad o la Europa a varias
velocidades. Y la división del tratado en dos partes: una más
constitucional, que no sólo podría ser modificada por los Estados
miembros por unanimidad, y una segunda parte dedicada a las políticas
comunitarias, que podría ser modificada por mayorías cualificadas. En
este sentido se ha pronunciado la Comisión el 10 de noviembre y el
Parlamento Europeo el 16 del mismo mes.
En cuanto a la política regional, se debe prever un marco jurídico
para llevar a cabo una verdadera cooperación transfronteriza. Y con
respecto al refuerzo del Parlamento Europeo, las circunscripciones
territoriales para ser elegido deben ser determinadas en función de
otros criterios además del de la población, para que se puedan tener
en cuenta las singularidades territoriales y culturales. Nos
preguntamos de qué han servido las recomendaciones realizadas tanto
por el Parlamento Europeo como por la Comisión. Echamos de menos
igualmente que la cumbre de Helsinki no haya prestado ningún apayo
explícito a la elaboración de la carta de los derechos fundamentales,
que consideramos debe de ser un elemento vinculante del nuevo
tratado.
En cuanto al método, nos congratulamos por la incorporación de dos
miembros del Parlamento Europeo a todas las reuniones del grupo
preparatorio de la Conferencia Intergubernamental, formado por los
representantes de los gobiernos de los Estados miembros y por el
intercambio de las impresiones previo que los ministros de Asuntos
Exteriores van a realizar conel presidente del Parlamento Europeo
antes de cada
reunión de la conferencia a nivel ministerial. En este sentido,
esperamos que el Parlamento Europeo mantenga con los parlamentos
nacionales una estrecha relación de intercambio de opiniones.
Respecto al calendario, se establece que las negociaciones se
iniciarán en febrero del año 2000 y deberán finalizar para diciembre
de este mismo año. Todo un programa amplio, intenso, importante, en
el que están puestas muchas esperanzas y en las que esperamos que no
nos defraude el Gobierno de España.
Uno de los temas tratados ha sido el paquete fiscal, otro de los
fracasos de esta cumbre, debido al bloqueo de los británicos. No se
ha podido desbloquear el tema del impulso de la política fiscal y de
su armonización. Es evidente que a pesar de la creciente confianza en
el euro se ha relanzado la cooperación de las políticas económicas de
los Estados. Sin embargo, aún los pasos son muy lentos en materias
sensibles como la fiscalidad.
Y, finalmente, también se ha hecho alusión a la situación de Irlanda
del Norte. La cumbre de Helsinki ha tenido claras palabras de apoyo
al nuevo Gobierno de Irlanda del Norte y ha hecho un llamamiento a
que se continúe en este proceso. Esperamos que algún día, en alguna
otra cumbre, existan palabras de apoyo al Gobierno español por el
impulso en el proceso de paz y de normalización del País Vasco. En
cualquier caso, nos tememos que esto no se va a producir con este
Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Zabalía.
Seguidamente, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, una vez más estamos aquí para ver el
informe que nos ha presentado de la conferencia de Helsinki. Es un
paso más, como se le quiera medir, en kilómetros, en metros, en
ponderación política. Nosotros lo valoramos como un paso hacia
adelante. Se van especificando y especializando materias. Entiendo
que esta conferencia ha sido complementaria de la reunión que hace
escasas semanas mantuvieron en Tampere para hablar del espacio
judicial y policial europeo y encontrar una similitud en las
sentencias judiciales. Ahora se quiere consolidar un poder europeo.
Ese poder europeo hay que establecerlo en las áreas institucionales,
de defensa y de economía. El triángulo es claro.
Tengo que reconocer que la postura que ha adoptado el Gobierno
español y que usted ha representado, por estar tomada desde la
prudencia y desde la moderación, es acertada. Llegar a la conferencia
de Helsinki y encontrarse con unas propuestas del señor Prodi, que
quiere una gran reforma, dando entrada a todo, sin tener preparadas
las instituciones, es como querer meter un regimiento dentro de un
taxi; no cabe. Y si
trata de que quepa, producirá distorsiones perjudiciales. Por tanto,
si se ha adoptado -y creo que ese ha sido el criterio del señor
presidente del Gobierno- una reforma corta y prudente, bienvenida
sea. Que el señor Prodi espere a mejores tiempos para hacer las
grandes reformas.
Por tanto, crear una Conferencia Intergubernamental que defina la
relación que tiene que haber en un sistema democrático, porque
nuestra Unión Europea es democrática, y relacionar la democracia con
los socios de esa democracia, el espacio y el escenario, es
importante, ya que si no puede resultar un caos babilónico o un
demérito de los valores democráticos. Creo que se ha dado un paso
prudencial al convocar la Conferencia Intergubernamental que defina
la representación de esas instituciones. Lo que no es aconsejable es
conceder uno o dos comisarios a cada país, según su población. Si
España, en un momento de solidaridad, tiene que renunciar a uno de
sus comisarios, es lógico que obtenga, mediante la ponderación de los
votos, las compensaciones necesarias.
Si usted adopta el criterio de que más vale conservar lo que tengo
que meterme en aventuras de reforma y no saber dónde voy a terminar,
mi grupo le apoya, señor presidente, en esa postura, porque la
prudencia tiene que ir acompañada del objetivo que se quiere
conseguir. Por tanto, nos parece también oportuno que se ordenen esas
llegadas para que la Unión Europea, en su efecto de llamada que está
produciendo a otros países por su economía, por su bienestar, no
exporte tampoco ni incertidumbre ni desasosiego. Se ha adoptado una
política que me parece afortunada y que muchos hemos llamado, en
términos más o menos deportivos, de regatas al decir: Yo no voy a
seleccionar grupos ni a admitir por grupos, sino que voy a hacer que
los que quieren participar se alineen como en una carrera y en una
regata y, señores, a cumplir los convenios y los acuerdos de
Copenhague y de Colonia. Y a quien Dios se la dé, san Pedro se la
bendiga. Son ustedes los que quieren entrar, los que tienen que
ajustarse a las normas, sea la República Checa, sea Turquía, sea
Malta, sea Chipre o sea cualquiera de las repúblicas bálticas. Me
parece acertado, señor presidente, porque si no fuera así supondría
una conflictividad en la toma de decisiones y llevaría a decir: me
voy a comportar como un juez olímpico, voy a cronometrar las llegadas
a meta según el esfuerzo que haya hecho cada uno, porque no podemos
resolver la entrada por paquete. De aquí que para preparar la
ampliación se ha de ir a la Conferencia Intergubernamental con estos
mismos criterios que nosotros apoyamos, señor Aznar, en el sentido de
que los países que cumplan los compromisos de Copenhague serán los
que tendrán que adoptar las medidas de disciplina interna para dar la
talla a fin de entrar en esta formación.
El segundo punto que se ha tocado, después de este intento que nos
parece positivo de minirreforma prudente e inteligente, es la
política europea común de seguridad y defensa. Europa no puede ir ya
más adelante
sin ser una potencia, no un aglomerado de Estados nacionales, de
naciones y de territorios sin empezar a definir una potencia sobre
todo de mayoría de edad. Yo creo, y celebro que estén aquí presentes
los señores ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores, que Europa
ha llegado a unos niveles de tecnología, de doctrina militar, de
conocimiento, de compromiso, que no tiene que ser ya el cadete
tutelado por el mando norteamericano de la OTAN, sino que con gran
concordancia de criterios, debe crear una fuerza que le dé el
carácter de potencia. Desde luego, hay que adoptar criterios, porque
han creado ustedes un núcleo de 50.000 a 60.000 hombres en esta
política común de seguridad y defensa que en mi grupo se valora de la
siguiente manera.
Al dotar con personalidad a esta fuerza, ello permitirá que la Unión
Europea sea una potencia. La potencia está en la economía y está en
los símbolos externos del poder. Y un símbolo externo del poder y de
su consecuencia son las Fuerzas Armadas. Por supuesto, en esta fuerza
de 50.000 ó 60.000 hombres van a estar los mejores ejércitos europeos
profesionales y cualificados. Eso no es una tropa de 23 naciones,
porque hay unas unidades mínimas operativas sobre el terreno, sea el
regimiento antiguamente, sea el batallón o sea la brigada. España
está entre los cinco grandes países europeos que tienen estas
capacidades y estas condiciones para exigir su presencia aquí. (El
señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.) Yo estoy tranquilo con lo que ustedes han aprobado,
pese a alguna cosa que he escuchado hoy aquí, porque la resolución 26
de Helsinki pone esto bajo la tutela de la Carta de las Naciones
Unidas, que está por delante incluso de la fuerza de los 60.000
hombres. En el documento que se nos ha facilitado sobre política
común de seguridad europea, en la conclusión número 26 se dice: La
Unión contribuirá a la paz y seguridad internacional de conformidad
con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y la Unión
reconoce que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el
primer responsable del mantenimiento de la paz y seguridad
internacional. Esos son los criterios de una serie de países
demócratas. Europa se transforma en potencia y pone a disposición de
esos criterios una fuerza de 50.000 ó 60.000 hombres. Aparte de eso,
se somete al cumplimiento de los acuerdos de 1992 de la Unión Europea
Occidental, los conocidos como misiones de Petersberg. Quiero
recordar a la Cámara que esas misiones son de tres tipos. Primero,
las misiones humanitarias o de evacuación de afectados, en cualquier
catástrofe. Segundo, las misiones de mantenimiento de la paz, con
criterios que se señalan en la resolución 26 y que vienen inspirados
por la Carta de las Naciones Unidas, que no es un papel para andar
por casa. En tercer lugar, las misiones de fuerzas de combate para la
gestión de crisis y de compromisos en operaciones de restablecimiento
de la paz, en esa inmediatez del entorno europeo, llámese los
Balcanes, llámese Yugoslavia, llámese como el sitio donde surja un
conflicto,
donde la presencia de la potencia de la Unión Europea (y
ahora más con el señor Pesc como secretario general del Consejo y en
una responsabilidad de política exterior y defensa) tiene que ser
consecuente y congruente. Esto es lo que se ha aprobado en las líneas
que el telegrama informativo concreta, en unos términos que nosotros
tenemos que entender y desarrollar en la política que se puede hacer.
Por tanto, nos parece oportuno que se haya puesto ya el germen para
que, a partir del año 2000, se creen las dos instituciones que
velarán por los principios políticos y democráticos de la Carta de
Naciones Unidas con el órgano político competente, para que esta
fuerza de proyección europea, de 50.000 ó 60.000 hombres, tenga
claros los criterios políticos para cuando se tome una decisión de
actuar, con plena personalidad europea -y cuando digo personalidad
europea me refiero a personalidad política, a personalidad
profesional y técnica de nuestras Fuerzas Armadas-, y nos estamos
dotando de los instrumentos legales y presupuestarios, y de
personalidad política, técnica, profesional y de identidad con sus
problemas, sin recursos o dependencias, mientras el conflicto no
generalice una crisis territorial más amplia, en la que tenga que
intervenir el otro pilar trasatlántico, de la OTAN o de las fuerzas
de las Naciones Unidas. Creemos que eso permitirá un fuerte
desarrollo tecnológico, y tenemos ya el primer paso dado en Madrid,
con una estación de seguimiento de satélites de la propia Unión
Europea Occidental. Esa es una línea que dignifica toda una
tecnología y una independencia industrial, empresarial y tecnológica
europea.
El tercer punto que se había tocado en esta conferencia de Helsinki,
es el relacionado con la economía competitiva generadora de empleo
sostenible, así como las políticas internas y las relaciones
exteriores que, si no están potenciadas por una fuerza de proyección,
son pura entelequia de una proyección exterior, si no figura el
principio de la soberanía y de la fuerza, es decir lo que he llamado
antes la potencia.
Debo recordar que el pasado día 23 de noviembre, en la Comisión Mixta
Congreso-Senado, aprobamos por mayoría el magnífico informe de la
comisión de estudio, para seguir el proceso de ampliación de la Unión
Europea y de la Agenda 2000. En el punto sexto dejamos bien claro que
la Comisión Mixta para la Unión Europea considera que la cuestión
esencial de esta reforma institucional es la de asegurar una mayor
legitimidad democrática en la toma de decisiones por el Consejo, lo
que exige una solución basada en la reponderación del voto y en un
sistema de doble mayoría. Y no doy lectura a lo que sigue, porque
figura en nuestro «Diario de Sesiones».
Queremos que este criterio pueda permitir a España, si algún día es
necesaria la renuncia a un comisario, para no tener un colegio de
comisarios -lo cual puede parecer una asamblea-, que a través del
sistema de voto estén garantizados estos derechos. Ahí es donde
podemos incluir lo que nosotros llamamos el paquete
canario, en la medida en que tenemos por delante el estatuto
permanente para Canarias -como sabe el señor ministro de Asuntos
Exteriores-, basado en el artículo 299.2, con carácter de región
ultraperiférica. Para consolidar este derecho a Canarias es necesario
que la Conferencia Intergubernamental, o lo que de ella salga, se
pronuncie, sobre todo aprovechando que va a llegar una presidencia
portuguesa que, junto con la siguiente de Francia, corresponden a
países que comparten las regiones ultraperiféricas de la Unión
Europea, Canarias, Azores y los territorios de Martinica y Guadalupe,
de la República francesa.
Esos son unos criterios en los que Canarias quiere también verse
reconocida, ya que es una materia que está por resolver. Y volvemos a
pedir, señor presidente, junto con las garantías del apoyo y sintonía
que tiene en este momento el Gobierno autónomo de Canarias, nuestro
grupo parlamentario y tantas fuerzas sociales, económicas, laborales
y empresariales del archipiélago canario, que el reglamento del
estatuto permanente se apruebe dentro de estas máximas garantías y
que las decisiones que haya que tomar para aplicarle vayan también
condicionadas por el tipo de voto que se emplee allí. No en vano
ustedes, acertadamente, en la toma de decisiones, por ejemplo, en el
punto quinto que han aprobado sobre relaciones exteriores, han dicho
que cuando haya que hacer una actuación, en virtud de los acuerdos
exteriores del Tratado de Amsterdam para un envío de fuerza, la
votación sea por mayoría cualificada sobre cuestiones de política
exterior y de seguridad común. Hay que tener un criterio de
racionalidad para que aquello no se transforme en una situación
incontrolable por los poderes políticos y democráticos que tienen que
rendir, al final, el informe ante este Parlamento.
Por estas razones, señor presidente, nosotros consideramos que en
Helsinki se ha dado un paso más hacia adelante, ya que ha habido que
concretar cuestiones específicas. El reto que deja Helsinki para el
año 2000 es muy importante e interesante. Coalición Canaria desearía
que estas situaciones enunciadas ya en Helsinki, lo que es un control
político y un estado mayor militar para estas fuerzas de proyección,
queden resueltas, que la Conferencia Intergubernamental recoja todos
estos aspectos y que el año 2000 resuelva la incógnita que nos queda
en nuestro acervo legislativo para Canarias, como es el reglamento
correspondiente del estatuto permanente ante la Unión Europea, con
todos esos visos de fuerza, de potencia y de proyección en todos los
órdenes políticos y democráticos.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Parece lógico empezar por afirmar que lo que acaba de ocurrir en
Helsinki no es más que un paso en la expansión del mercado bajo la
égida del euro, que es el objetivo fundamental de la actual Unión
Europea, y que su expansión hacia el Este no se puede explicar más
que por este motivo, eso sí, mezclado con visiones geoestratégicas
intencionadas, no sé si siempre defensivas u ofensivas y, desde
luego, nunca inofensivas.
Lo primero es una necesidad de la globalización y del dominio de las
grandes transnacionales, que están creando un espacio regional
importante que veremos a ver dónde tienen su límite en el caso de
euroasia. Además, hay que decir que hay un ejemplo sintomático de que
las cosas funcionan así precisamente con el caso más preocupante de
Turquía, un gran mercado y un pivote -en palabras del señor Ecevit-
situado en Asia central. Aquí tenemos la perfecta síntesis de
economía y geopolítica, que no es nada neutral, ni nada inofensiva,
como dijimos al principio.
De todas formas, es curiosa la adaptación a unas formas aparentemente
presentables cuando, en el fondo, se siguen manteniendo criterios
abiertamente discriminatorios y con concepciones estereotipadas del
problema de Europa. No de otra manera se puede entender que se haya
optado por decir que será ampliada la Unión Europea conforme a los
méritos de cada uno, pero realmente los Estados que son candidatos se
agrupan en bandas por proximidad al centro alemán, curiosamente,
y por un juicio de valor sobre su situación democrática que muchas
veces es más que discutible. Por ejemplo, no cabe duda que siempre
figura Polonia, Chequia, Hungría, Eslovenia, y Chipre por otros
motivos en una primera banda, junto ahora con el caso milagroso de
Turquía que es para provocar pasmo. Y en una segunda banda va
Eslovaquia (ahora sí parece que ya se reúnen condiciones
democráticas, antes no; el régimen electoral no cambió la situación
económica tampoco), Rumania, Bulgaria, Lituania, Letonia y Malta por
unas curiosas situaciones internacionales que sería muy delicado
tratar en este momento, En todo caso, ¿dónde van los reparos
políticos de la Unión Europea en relación con los derechos humanos
y con el respeto por la legalidad internacional? Sería importante
recordar aquí que Turquía tiene la pena de muerte, y curiosamente
vinculada además a un caso problemático como el del señor Ocalan, que
provocó bastantes alaridos internacionales. Está el caso de Chipre
y las decisiones internacionales que no se respetan, y está el
conflicto del mar Egeo y la voluntad de someterse al Tribunal
Internacional de La Haya, puesto en duda incluso por los propios
voceros del Gobierno turco, por no hablar del carácter plurinacional
y la represión abierta, descarada, contra kurdos o armenios en
Turquía. Es más, llama la atención que en el documento que nos
entregaron se hagan juicios u observaciones impropias de un proceso
de adhesión que debía de ser ponderado y, cuando menos, cuidadoso.
Causa gracia -por no decir otra cosa- observar que hay democracia en
Montenegro. ¡Ah! Pero en Serbia
resulta que no la hay. Causa más gracia hablar de una parte de un
Estado soberano, por muy confederal que sea, no teniendo en cuenta
que es un conjunto (no sé cómo sentaría en el Estado español que se
hablase de Cataluña como se habla de Montenegro; yo creo que aquí
habría también un alarido universal de protestas) o, incluso, como se
habla de Ucrania diciendo que se halla en un proceso democrático un
Estado que está siendo observado por la prensa internacional, algo
así como con paralelismo total con la actual Rusia. Y llama sobre
todo la atención cómo se vendió la creación de un supuesto ejército
de la Unión Europea, que no deja de ser un sucedáneo de maridaje con
la Organización del Tratado del Atlántico Norte y una subordinación -
eso sí, muy bien matizada- a los Estados Unidos. Es curioso que se
hable de participación voluntaria de los Estados miembros, que se
tengan en cuenta las dependencias de todos y las diferencias de
todos. Por lo tanto, el resultado final es que no hay ejército
europeo y hay dependencia de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte.
También nos gustaría que el señor presidente -y ya vamos acabando-
desvelase de una vez ante este Congreso de los Diputados cómo observa
el Gobierno español el problema institucional, cuáles son sus
alternativas en relación con la composición de la Comisión, con el
papel del Consejo y con la presencia de todos en el Consejo y la
forma de tomar decisiones, y además cómo concibe la democratización y
la adecuación de las instituciones de representación democrática en
el Parlamento Europeo con la base nacional plural, desde todo punto
de vista, que tienen los Estados que lo constituyen.
Se hablaba antes de que presta poca atención a la Organización
Mundial del Comercio, que solamente es un pequeño texto vagaroso, y
no cabe duda que esto es así por una cuestión clave. Delegan en el
capital transnacional y en los acuerdos bilaterales o multilaterales
que se puedan realizar, no siempre a través de los Estados sino,
muchas veces, a través de órganos aparentemente técnicos pero de
servicio, lógicamente, a causas nada neutrales. Recuerdo haber leído
un libro, precisamente sobre la evolución del gran capital en el
mundo contemporáneo, en el que se decía que había una tendencia muy
fuerte en el mundo hoy, en los grandes centros de poder a, si tienen
un problema, crear muchos más para que la línea básica de actuación
no se discuta y pueda ir adelante. Yo creo que esto es lo que está
pasando. Lo que importa es el euro y el mercado sin fronteras, no es
la convergencia nominal, que todos sabemos que no se va a producir, y
mucho menos cuantos más participen. Por lo tanto, aquí lo que hay es
falta de transparencia para lo que interesa, pero una claridad
enorme, contundente y propagandística para centrar todo en al euforia
de la moneda única.
Como Bloque Nacionalista Galego, abogamos, como hicieron otros
portavoces, por el debate y la participación en el análisis y en la
toma de decisiones, y no sólo que haya estos no debates, esta especie
de monólogos
rituales, que efectivamente poca trascendencia tienen en los medios,
porque los medios también están habituados ya a lo fundamental, a la
propaganda eufórica del euro.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señorías, una vez más estamos en el
hemiciclo de este Congreso para tratar de los temas mencionados,
tratados o acordados en el Consejo Europeo, en este caso en Helsinki,
y yo, si me lo permiten ustedes, quisiera hacer una reflexión no
solamente en relación con este Consejo Europeo, sino con lo que
vienen siendo los distintos consejos europeos en los últimos tiempos.
Nos hemos acostumbrado muy fácilmente a hablar de los consejos
europeos en términos grandilocuentes. Hemos hablado de oportunidades
históricas, de consejos muy positivos, de grandes pasos adelante, y
realmente a mí lo que me lleva al pensamiento esta serie de
adjetivos, en mi opinión grandilocuentes, es a dónde estamos yendo en
el tema de la construcción europea. Curiosamente, cuando se utilizan
este tipo de adjetivos en los consejos europeos, vemos que, por el
contrario, las posiciones de la Comisión, que, en definitiva, por
esencia y naturaleza, es la institución que más tiene que resguardar
el espíritu de integración europea, van quedando atrás -lo digo
eufemísticamente-, cuando no se les apoya, se les deja para
posteriores ocasiones o las posiciones que se aportan no tienen el
consenso de los representantes de los gobiernos. ¿Qué está pasando en
esta construcción europea? A mí, en definitiva, esto es lo que más me
preocupa. ¿Estamos perdiendo ese espíritu de integración, ese
espíritu comunitario, apoyando más lo que se refiere a una
intergubernamentalidad? Creo que por ahí van los tiros -si me
permiten esta expresión- y, desde luego, por ahí no tenemos que ir en
cuanto a lo que se refiere a la construcción europea, entendiendo
además que la construcción europea la tenemos que ver desde el punto
de vista de los grandes principios, en la medida en que tenemos
grandes retos. Esta es la primera reflexión que creo que tenemos que
hacernos, independientemente de lo que se toque, se acuerde o se
trate en los distintos consejos europeos.
Se han mencionado muchas cosas que no voy a volver a resaltar en este
momento. Sí me voy a referir a tres cuestiones que han sido las
claves, como no podía ser de otra manera. En primer lugar, la
ampliación. Estamos absolutamente de acuerdo en que, por razones de
estabilidad, es necesario que la Unión Europea de hoy, con quince
Estados miembros, acoja a otros Estados que forman parte de nuestro
entorno europeo. Estamos absolutamente de acuerdo, y no solamente por
razones de estabilidad, sino incluso porque lo consideramos una
obligación moral. Y desde luego lo consideramos obligación moral
porque aquellos que hemos vivido en la brújula del norte en momentos
en los que quizá no era tan histórico o tan moderno, sabemos lo que
era esperar poder integrarnos en la Unión Europea, en aquel momento
Comunidad Económica Europea. Sabemos lo que conllevaba esa
integración, no solamente a efectos económicos o de bienestar social,
sino a efectos de libertades y derechos fundamentales. Nosotros
creemos que tenemos la obligación moral de proporcionarla a aquellos
otros pueblos de Europa que en este momento no forman parte de
nuestra Unión Europea. Por tanto, sí, nosotros estamos absolutamente
de acuerdo.
El problema está en determinar la metodología. ¿Es mejor el método
regata que el que teníamos anteriormente? ¿Creará o no creará más
frustración respecto a los del primer grupo, por cierto, algunos de
los cuales ya tienen en su población un efecto psicológico de
frustración importante? Nadie nos ha explicado por qué es mejor el
método regata, por qué tienen que estar todos en el momento de salida
y qué efectos de su adaptación al acervo comunitario para su
población o sus aplicaciones prácticas pueden ser mejores. Nos
gustaría que se nos informara respecto a estas cuestiones.
En relación a la ampliación hay otro aspecto importante, que es el
tema de Turquía. ¿Qué nos parece el reconocimiento de esta
candidatura? En nuestra opinión es agridulce. Me explicaré. En un
sentido, el hecho de que al menos formalmente se haya admitido la
resolución de determinados problemas y conflictos políticos a través
de los tribunales siempre es bueno; siempre es bueno no acudir a
estrategias que no sean políticas ni jurisdiccionales. En ese
sentido, esa declaración, al menos formal, que luego ha dado lugar a
muchas interpretaciones, ya nos parece positiva. Pero en lo que no
podemos estar de acuerdo, de ningún modo, es en el aspecto de los
criterios llamados políticos y más en concreto en lo que se refiere a
derechos humanos y reconocimiento de minorías. Si algo ha tenido la
Unión Europea ha sido el defender a capa y espada los derechos
humanos y las minorías. Si algo tiene de importante el acervo
comunitario es esa cuestión, y hoy por hoy, señoras y señores
diputados, Turquía no la cumple, lo miremos como lo miremos, miremos
la importancia geoestratégica para algunos o miremos otra serie de
extremos o cuestiones que no vienen al caso. Hoy por hoy, Turquía no
respeta los derechos humanos; Turquía no reconoce las minorías;
Turquía, en este momento, está llevando a cabo, desde el punto de
vista de acción del Estado, un genocidio con el pueblo kurdo y,
señoras y señoras diputados, nosotros no lo podemos admitir.
En relación a la reforma institucional, recordaré lo que ya dije en
la Comisión Mixta para la Unión Europea previa a este Consejo en
relación a la ampliación. Nos parece que limitarnos a los llamados
flecos o leftovers
de Amsterdam no es reflexionar en profundidad sobre lo que debe
ser la Unión Europea.
Por otra parte, leyendo también el punto 16, nos parece que hay una
puerta abierta, se diga lo que se diga, a otras cuestiones. Algunos
hablarán del tema de defensa, otros querrán introducir el tema de la
Carta de derechos fundamentales con una diversidad en su
interpretación, pero a nosotros nos gustaría que fuera más allá. No
voy a hablar de la simplificación o reorganización de los tratados y
cooperaciones reforzadas, que son cuestiones que me parecen
importantes; pero quizá alguna otra, como aquí se ha recordado, es
qué papel podemos tener aquellas entidades jurídico-políticas, que
también tenemos competencias legislativas, que están siendo afectadas
por el entramado de la Unión Europea.
Creemos que limitarse a hacer una reforma en esas tres cuestiones es
una reforma de corto plazo. No hacer una reflexión en mayor
profundidad previamente a la ampliación es quedarse sin ver realmente
el horizonte. Nosotros estaríamos dispuestos -creemos que es
fundamental, lo hemos dicho y lo hemos presentado en enmiendas- a que
esa reforma fuera de mayor calado.
Por último, una cuestión relativa a la política exterior y de
seguridad común. Ciertamente, ha habido un intento de materializar la
eficiencia de los diferentes ejércitos europeos en un principio de
simulación de ejército europeo, aunque no tiene ese carácter, ya lo
sé. Creemos que hay que aclarar muchas cuestiones. Ya se ha dicho
aquí cuáles son las relaciones entre unas organizaciones y otras, qué
papel van a tener, qué efectividad, qué eficacia, etcétera.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Lasagabaster, le ruego vaya concluyendo.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy concluyendo, señor presidente.
Nos ha parecido muy importante el informe presentado por la
Presidencia sobre gestión no militar de crisis en la Unión Europea.
Desde nuestro punto de vista realista pacifista, que algunos creerán
ingenuo, pensamos que podría ser la solución a múltiples cuestiones
sin atender a lo que se refiere a otras naturalezas militares.
En cuanto a las declaraciones de congratulación por procesos de paz
en Oriente Medio y en Irlanda del Norte, ya lo he dicho en otras
ocasiones, estamos absolutamente de acuerdo y nos gustaría que
nuestro proceso de paz estuviera en esas conclusiones y en esas
felicitaciones. No creo que sea fácil por el momento, pero no pierdo
la esperanza de que eso pueda ser así.
Una última cuestión, señor presidente, no me voy a extender.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego
concluya.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: ¿Qué diferenciahay entre el pueblo
checheno y el pueblo kosovo
en relación con la aplicación del derecho de injerencia humanitaria?
Me gustaría que alguien nos lo explicara, porque realmente nos parece
que no es de recibo aplicar un derecho tan tajantemente a una
población y a otra no.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor presidente, señorías, señor Aznar, en
opinión de Nueva Izquierda, la reciente cumbre de Helsinki ha sido un
hito más, emblemático sin duda, en la estrategia que se ha seguido
hasta la fecha para hacer avanzar el proceso de la Unión Europea. La
adopción de pasos pequeños, generalmente acertados, si son observados
individualmente, añaden a su específica entidad la característica de
recaer sobre aspectos muy diversos que, en ocasiones, ni siquiera
ofrecen una coherencia clara que les pueda servir de soporte general.
En esta ocasión, en la cumbre de Helsinki, tales pequeños pasos han
afectado fundamentalmente al importante tema de la ampliación, con la
adopción del denominado método regata en relación con un total de
trece aspirantes, incluyendo en esa categoría a Turquía, la
delimitación de los trabajos de la futura Conferencia
Intergubernamental, que se convoca centrándola en los temas
pendientes del Tratado de Amsterdam y, finalmente, por destacar un
tema interesante, la creación de un cuerpo de ejército al servicio de
acciones de la Unión Europea.
Sería injusto, sin embargo, no reconocer que estos pequeños pasos se
inscriben en un proceso histórico de cumbres periódicas que, en su
conjunto, dotan de una gran importancia a la suma de decisiones
parciales que se adoptan. En su intervención, señor presidente, ha
puesto usted de manifiesto la sucesión de decisiones adoptadas en
este año 1999. Desde Nueva Izquierda quisiéramos destacar, por
ejemplo, que en esta década de los noventa se han llevado a cabo
hasta dos procesos de reforma constitucional en el ámbito de la Unión
Europea: Maastrich y Amsterdam.
Tampoco sería justo desconocer que las decisiones de tales cumbres,
aunque de pequeña entidad, afectan en ocasiones a áreas de enorme
trascendencia y sensibilidad, como por ejemplo el tema de la
ampliación o el de política de seguridad y defensa común, en el caso
concreto de Helsinki.
Pero no es menos cierto, señor Aznar, señorías, que tales pasos
pequeños adquieren su verdadero relieve si los ponemos en relación
con la enorme entidad de los retos y problemas a los que ha de hacer
frente la Unión si quiere efectivamente cumplir su imprescindible
papel protagonista en el conjunto de Europa y en el mundo.
El dato, señor Aznar, de que en esta cumbre se haya concedido la
condición de candidato a un total de trece países, casi un número
igual al de los actuales integrantes
de la Unión, pone de manifiesto las expectativas positivas que
suscita la Unión y las enormes tareas que ha de abordar con urgencia
para dar una respuesta urgente y satisfactoria a tales demandas. En
nuestra opinión, en opinión de Nueva Izquierda, una política de
pequeñas reparaciones, por muy frecuentes que sean, no sirve ya,
señor Aznar, para abordar la tarea que requiere la reformulación en
profundidad de la Unión Europea ante estas perspectivas.
La cumbre de Helsinki ha puesto también de relieve, una vez más,
señor Aznar, señorías, las capacidades y los límites de la actual
Unión. En efecto, los avances importantes conseguidos en relación con
Turquía, con la aceptación expresa por parte de este país de
exigencias significativas para su plena integración en la Comunidad
Europea, y simultáneamente el escaso éxito obtenido para frenar los
abusos rusos en Chechenia, acreditan que la actual capacidad de la
Unión Europea es muy limitada, centrada casi exclusivamente en su
oferta de integración, pero esta oferta en sí misma es muy limitada.
No se puede extender con carácter general. No se puede extender, por
ejemplo, a Rusia, y sin embargo es necesario adoptar decisiones en
relación con Rusia.
Y pone de manifiesto esta situación, señor presidente, la necesidad
de dotar de más medios, en definitiva, de más Europa económica,
política y democrática, a la Unión. Es una política, señor
presidente, que cada día se revela con más urgencia para que Europa,
la Unión Europea, pueda proyectar su verdadera potencia en el ámbito
internacional.
Así pues, señor Aznar, desde Nueva Izquierda valoramos los pasos que
se han producido como positivos. Nos parecen también cortos, muy
cortos en relación con lo que se requiere en la actualidad. Y esto,
señor Aznar, señorías, por lo que se refiere a los pasos que se han
dado, porque los pasos que no se han llegado a dar, como el de la
armonización fiscal, nos merecen una valoración muy negativa. La
incapacidad para avanzar en esta materia, defendida hasta el final
por Inglaterra, que sigue siendo el adalid de las posiciones más
conservadoras, posiciones que, por ejemplo, en nuestro país comparte
el Círculo de Empresarios, sólo sirven para una imparable carrera de
regresividad fiscal -que seguramente a usted le gustará-, y sirven
también para el mantenimiento de unas posiciones nacionales muy poco
favorables a avanzar en el proceso de profundización de la Unión y de
mayor unión.
Señor Aznar, más allá de esta cumbre concreta de Helsinki, esta es,
sin lugar a dudas, la última cumbre de esta legislatura presidida por
usted. Tengo que decirle en nombre de Nueva Izquierda que, haciendo
una valoración global, creemos que nuestro país ha perdido
protagonismo en esta legislatura en el ámbito de la Unión Europea.
Usted podrá alegar, señor Aznar, razones objetivas para esa pérdida
de protagonismo, desdecambio de mayorías políticas, hasta incluso...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peralta,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino, señor presidente.
...hasta incluso la propia entidad y el peso objetivo de nuestro
país, pero en Nueva Izquierda entendemos que han influido también, y
mucho, decisiones de su Gobierno, desde políticas erróneas a
estrategias equivocadas.
Señor Aznar, nosotros creemos que en el escenario europeo, que está
abordando lo que se podría considerar una segunda transición de la
que usted quería ser el adalid, pone de manifiesto que usted se está
convirtiendo exclusivamente en el líder de las posiciones más
retardatarias, las posiciones que menos interesan a nuestro país y
las posiciones que le piden a la Unión Europea llevar a cabo con
urgencia ese papel que reclama y para el que está capacitada.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Señor Serrano.
El señor SERRANO VINUÉ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, desde el Partido Aragonés y también
desde Unión Valenciana manifestamos que ciertamente la cumbre de
Helsinki ha supuesto el cumplimiento de gran parte de los compromisos
que inicialmente se estaban planteando. En ese sentido, la propia
Presidencia finlandesa ha sido felicitada y quisiera aprovechar esta
oportunidad para ampliar esta felicitación a lo que ha sido,
entendemos, con carácter general, una magnífica representación de la
defensa de los intereses de España y sobre todo por lo que respecta
a las posiciones que desde el Gobierno español se han venido
defendiendo y manteniendo.
Para no hacer hincapié y repetir lo que durante este debate se ha
manifestado, diré que había tres pilares, tres cuestiones
fundamentales en las que se venía intentando llegar a un punto de
acuerdo o de avance: una de ellas era la relativa a la reforma de los
tratados que se va a acometer en la Conferencia Intergubernamental
del 2000; entendemos que la aportación española en lo que se ha
venido calificando de reforma corta ha sido importante; creemos que
esa reforma corta, ese paso corto pero seguro va a determinar sin
duda un avance importante, sin paliativos, y se lo dice, señorías, un
aficionado a la montaña, que sabe bien que en la montaña sólo un paso
corto y sin pausa es el que permite llegar sin problemas a la cima.
La segunda cuestión era la constitución de las bases para lo que se
puede llamar la Europa de la defensa. A todos nos vienen a la memoria
en estos momentos con cierto rubor, con un sentimiento de vergüenza
colectiva, los acontecimientos de los últimos años, lo que viene
sucediendo en los Balcanes y en otros territorios de Europa. En ese
sentido -y hay que dar una luz de
esperanza- la confirmación de ese germen, de ese embrión de ejército
europeo podría ser un paliativo para que los europeos fuéramos
capaces, al menos en nuestro espacio, de solucionar nuestros
problemas sin tener la necesidad de pedir la intervención de
ejércitos de fuera.
También debemos felicitarnos por lo que ha sido la puesta en marcha
de esa ampliación a partir del año 2000, en especial en lo que se
refiere a Turquía. Quiero hacer una mención especial a lo que
significa Turquía. Desde ahora, la Unión Europea podrá exigir a
Turquía responsabilidades en lo que respecta a la defensa de los
derechos humanos, a la defensa de las minorías, en concreto del
pueblo kurdo; ahora tenemos un instrumento que de alguna manera nos
permite comprometer más a Turquía.
Para terminar, señor presidente (quiero dejar bien claro que hay
distintas velocidades, porque no es lo mismo la problemática eslovena
que la de Eslovaquia; es completamente distinto, cada país tendrá que
tener su propia velocidad), no quisiera perder la oportunidad de
hacer tres reflexiones en este último debate sobre temas europeos de
esta legislatura. Estamos hablando de retos, de desafíos, de la
Europa del 2000; una Europa que se tiene que articular...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Serrano,
le ruego que concluya.
El señor SERRANO VINUÉ: Concluyo, señor presidente.
Una Europa que se tiene que articular como potencia, como espacio,
como un referente, como proyecto político y no solamente como una
cuestión de mercado. Por eso tenemos que recuperar esa ilusión, ese
espíritu de solidaridad, de justicia, de seguridad, de cohesión, de
estabilidad, que sin duda nos tendrá que marcar a todos en el próximo
siglo XXI.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Serrano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
de Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, señorías, mi Grupo
Parlamentario quiere felicitar al presidente del Gobierno por los
excelentes resultados conseguidos en la cumbre de Helsinki. Estoy
absolutamente convencido de que la culminación del semestre de la
Presidencia finlandesa ha supuesto un paso histórico para el
desarrollo de nuestro proyecto común en Europa. Para España esta
Presidencia, señorías, ha significado su consolidación como actor de
primera línea en el contexto de la Unión. Porque esta cumbre se
recordará como aquella que, de forma valiente, audaz y solidaria, ha
abierto a todos los países candidatos las puertas de la negociación.
Y tengo que recordar que nuestro
Gobierno fue líder de esta idea cuando la propuso en Luxemburgo en
diciembre de 1997.
Ya en aquel momento, en el que se inició el proceso de ampliación,
España defendió el carácter global del proceso que debía incluir a
todos los Estados candidatos en un único marco y en igualdad de
condiciones. Ahora, señorías, nuestros socios nos dan la razón
cambiando el antiguo enfoque de Luxemburgo por este otro inclusivo,
omnicomprensivo, en términos comunitarios, que permitirá que cada
Estado candidato sea juzgado según sus méritos. Nosotros lo llamamos
desde el principio el sistema regata.
Los Estados candidatos que se incorporan ahora al proceso tendrán la
posibilidad de alcanzar en un tiempo razonable a los que ya están
negociando si consiguen avanzar suficientemente en sus preparativos.
Estoy seguro de que esto dará un nuevo impulso a las nuevas
democracias de la Europa central y del este que, habiendo iniciado la
senda de la libertad y del progreso con reformas duras pero
necesarias hace ya diez años, se han visto hasta ahora privadas de la
ayuda inherente al proceso de negociación. Debemos ser conscientes,
además, de que la ampliación es una oportunidad para todos y que, por
tanto, para España se presenta un nuevo reto en términos de
competitividad, de apertura y aprovechamiento de los nuevos mercados
que se nos ofrecen.
En segundo lugar, señorías, quisiera referirme a la decisión de
celebrar una Conferencia Intergubernamental que permita que la Unión
Europea se encuentre, a partir del 1 de enero del año 2003, en
situación de acoger en su seno a aquellos países candidatos que
puedan convertirse en miembros de pleno derecho. Ya hemos oído que a
alguna de SS.SS. les parece insuficiente; les parece insuficiente la
decisión de celebrar una conferencia ceñida principalmente a los
flecos de Amsterdam. Y es cierto, señorías; la futura Europa de 28
probablemente necesitará de reformas institucionales más amplias de
las que ahora nos hemos comprometido a realizar. Sin embargo, estoy
absolutamente convencido de que la decisión adoptada, que coincide
íntegramente con la postura defendida por España y por este
Parlamento, es la más pragmática, útil y eficaz en estos momentos. El
tamaño y la composición de la Comisión, la ponderación de los votos
en el Consejo y la posible extensión de la votación por mayoría
cualificada constituyen de por sí una reforma ambiciosa y no exenta
de dificultades si queremos llevarla a buen fin antes de que finalice
el año 2000. Quizá resulten necesarias otras modificaciones puntuales
de los tratados, en tanto en cuanto resulten pertinentes respecto de
los órganos europeos y a efectos de la puesta en práctica del Tratado
de Amsterdam. Pues bien, esta posibilidad también está prevista, pero
de lo que se trata es de no elaborar una lista excesiva de reformas
imposibles de consensuar que, haciendo difícil la conclusión de
acuerdos, retrase innecesariamente el proceso de ampliación. ¿No
creen SS.SS. que cuando nos encontramos en las primeras andaduras de
la Europa de Amsterdam y de la
Europa de la defensa y la seguridad pueda resultarnos útil
identificar los problemas, las necesidades y las carencias frente a
reformas de amplio calado que deberán establecer o sentar las bases
del funcionamiento para las próximas décadas?
Permítanme también expresar, aunque sea brevemente, la satisfacción
que le produce al Grupo del Partido Popular que las conclusiones de
Helsinki designen a Turquía como país candidato a la adhesión después
de verse superados los problemas existentes. Somos muy conscientes de
que Turquía deberá seguir el camino marcado para el cumplimiento
completo de los criterios de Copenhague y de los demás criterios que
son derivados de su condición de candidato antes de que se abran las
negociaciones para la adhesión. Pero también somos conscientes de la
situación anómala en que se encontraba este país, con un tratado de
asociación desde los años 60, socio fundamental de la arquitectura de
seguridad europea y trasatlántica, y para la cual el informe de la
situación de la Comisión recoge los positivos acontecimientos
registrados recientemente en su camino hacia la homologación con la
Unión Europea.
Como ha señalado el alto responsable y representante, es exagerado
pensar en cualquier tipo de discriminación positiva respecto a
Turquía. La realidad es que Turquía ha aceptado los términos fijados
por el Consejo Europeo en cuanto a democratización y cumplimiento de
los criterios de Copenhague, solución de cualquier conflicto
pendiente sobre fronteras y otros asuntos conexos y aceptación de la
competencia de la Corte Internacional de Justicia. Todos hemos
realizado un gran esfuerzo y debemos felicitarnos de que los buenos
oficios del Gobierno griego hayan contribuido a allanar el camino
hacia esta solución final, de tanta trascendencia también para la
pronta normalización de la situación de Chipre y su entrada en la
Unión Europea.
Señor presidente, señorías, para España, que en estos momentos se
encuentra en el grupo de cabeza de todas y cada una de las
estructuras inherentes de la política exterior y de seguridad común,
las conclusiones referentes a la política europea común de seguridad
y de defensa suponen un respaldo claro a las tesis y propuestas
defendidas por nuestro Gobierno. Nuestro grupo parlamentario siempre
ha defendido, como también lo han hecho el conjunto de las fuerzas
parlamentarias, una Unión Europea de gran perfil político, lejana
a esa otra Europa supermercado que defienden algunos; una Europa que
esté en situación de contribuir a la paz y a la seguridad
internacional, de conformidad con los principios de las cartas de las
Naciones Unidas; una Europa con capacidad de decisión y capacidad
operativa que, junto con la OTAN, pueda dar respuesta adecuada a las
crisis internacionales; una Europa, en definitiva, que pueda
prevenir, restablecer y consolidar la paz, la libertad y el progreso
en el área de su influencia.
Señorías, nuestras Fuerzas Armadas han participado de forma generosa
y eficaz dentro del marco de la OTAN, de la OSCE y de la Unión
Europea Occidental, y lo han hecho en cuantas ocasiones han resultado
necesarias
en los últimos años. Bosnia, Kosovo, Albania, los Balcanes en general
han sido testigos del compromiso de nuestro país, de nuestra sociedad
y de la clase política en el mantenimiento de la paz y en la
resolución de los conflictos. Españolas han sido las iniciativas y
españoles algunos importantes mediadores y responsables políticos.
Por ello acogemos con gran agrado la decisión de crear, a más tardar
en el año 2003, una fuerza militar que se ha dado en llamar una
fuerza para la paz. Porque de esto es de lo que se trata, señorías,
de una fuerza que permita a todos los pueblos y gentes de Europa
hacer de la paz, de la seguridad y de la convivencia solidaria una
constante permeable a nuestras propias fronteras; y nos complace que
España, que ya participaba en la cooperación reforzada de Schengen y
del euro, forme parte también del grupo de cabeza de los que, uniendo
sus esfuerzos en la Unión Europea Occidental, el Eurocuerpo y desde
ahora esta fuerza de paz, toman las riendas de la seguridad y la
defensa de Europa.
Estamos completamente convencidos de que el contingente español que a
partir del 2003 se integre y forme parte de esa fuerza europea de 50
ó 60.000 personas capaces de ejercer toda la gama de misiones de
Petersberg, contribuirá de forma decisiva al desarrollo
y consolidación de nuestros valores comunes. Sabemos, señorías, que
este proceso no estará carente de dificultades. Habrá que crear
nuevos órganos y estructuras de carácter político y militar que
permitan en la Unión garantizar la orientación política y la
dirección estratégica necesarias. Se deberán establecer modalidades
de consulta, cooperación y transparencia plenas entre la Unión
Europea y la OTAN. Se deberán, asimismo, establecer las disposiciones
adecuadas que permitan a los miembros europeos de la OTAN que no son
miembros de la Unión Europea y a otros Estados interesados contribuir
a la gestión militar de las crisis por parte de la Unión Europea.
Pero lo más importante lo hemos llevado a cabo ya. La decisión
política y, no nos cabe ninguna duda, los buenos oficios de la
Presidencia portuguesa sentarán las bases definitivas para el
desarrollo de este ambicioso proyecto.
Señor presidente, es cierto que en algunos campos quizá no se haya
logrado alcanzar las cotas que todos hubiéramos deseado poder
obtener, pero cabe decir que en ningún caso ha sido responsabilidad
de España ni de la falta de esfuerzos por parte de nuestro Gobierno.
Nuestro Gobierno se presentaba a la cumbre dentro del consenso
general sobre el paquete fiscal para que todo ciudadano residente en
la Unión Europea pague los impuestos aplicables a los rendimientos
del ahorro, cumpliendo de esta manera con uno de los deberes
inherentes a la ciudadanía europea. Estamos seguros de que en este
tema, complicado para alguno de los Estados miembros, también España
contribuirá con sus esfuerzos para que durante la próxima Presidencia
se pueda conseguir y alcanzar una posición común.
Señor presidente del Gobierno, también a este consejo los españoles
llevamos los deberes bien hechos en las políticas necesarias para
lograr el crecimiento económico y la creación de empleo. Como viene
siendo una constante desde hace ya algunos años, las conclusiones de
la Presidencia reflejan ampliamente las iniciativas del Gobierno que
tanto éxito está cosechando en nuestro país. La coordinación de la
política económica de empleo y estructural deberá seguir siendo una
prioridad que estoy seguro que desarrollaremos en la próxima
legislatura, a fin de aprovechar plenamente el potencial del mercado
y de la moneda única. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Señor presidente, señorías, voy concluyendo. Finalizo en lo que creo
que será mi última intervención, y creo que la de todos los
portavoces de esta Cámara, en contestación al informe del presidente
del Gobierno tras una cumbre europea en esta legislatura, que
ciertamente lo es en lo que queda de siglo. No quiero dejar de
hacerlo sin expresar mi más absoluto convencimiento sobre la bondad e
idoneidad de este sistema de constante intercambio de pareceres entre
el Gobierno de España y su Parlamento en todo lo que se refiere al
proceso de construcción europea. Gobierno y Parlamento se han
esforzado por conseguir que la contribución de España a nuestro gran
proyecto europeo reflejara constantemente el sentir y las prioridades
de nuestros ciudadanos. Y porque así ha sido, porque hemos conseguido
esa sintonía perfecta entre los que tienen sobre sí la
responsabilidad del Gobierno y los que tenemos el deber de
representar a la sociedad, hemos logrado éxitos en beneficio de
todos.
Hace escasas semanas, con ocasión del debate sobre Tampere, nos
felicitamos por haber conseguido poner los cimientos de lo que
siempre fue una prioridad de España, un gran espacio de seguridad, de
paz y de justicia. Creo que hoy nos podemos felicitar porque cerramos
el siglo abriendo definitivamente un proyecto que nos hace grandes a
todos aquellos pueblos con los que tenemos una deuda histórica de
solidaridad, porque sentamos las bases para convertirnos en garantes
de la paz, la libertad, la estabilidad y el progreso, más allá de las
fronteras que en estos momentos nos son propias.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señorías, agradezco sus comentarios y sus aportaciones al debate a
todos los portavoces que han intervenido en el turno de los grupos
parlamentarios.
Yo iniciaba mi intervención haciendo un balance -que sin duda me
parece importante- del año 1999 en cuanto que ha sido un año que ha
supuesto en mi opinión un impulso importante dentro del proceso tanto
de integración política como de integración económica y social en el
marco de la Unión Europea. Creo que es justamente en ese proceso
donde hay que valorar
y, a su vez, evaluar las conclusiones de un Consejo Europeo, en este
caso las del Consejo Europeo de Helsinki. Esas conclusiones, como
todas, se pueden valorar desde distintos puntos de vista, pero me
parece que el de Helsinki ha sido un Consejo Europeo importante, que
ha tomado decisiones sin duda de gran trascendencia, algunas de un
calado muy profundo para el futuro, como es la ampliación. Ello queda
demostrado en muchas de las intervenciones de los portavoces
parlamentarios cuando ponen el acento en los problemas o en las
incertidumbres que el propio proceso de ampliación va a generar en el
marco de la Unión Europea. Es importante saber -y en mi opinión lo
sabemos- si se ha seguido un camino coherente o no en función de ese
impulso integrador al cual me refería. Me parece que hemos seguido
ese impulso coherente, y siempre es útil comentarlo en estas
ocasiones. Habrá quien pueda pedir un debate, desde el punto de vista
político, de los orígenes de Europa sin tener una limitación en el
tiempo, pero es bueno saber qué se piensa de la situación europea o
de su orientación con arreglo a la construcción europea que se está
haciendo y de la cual, evidentemente, se responde.
Antes de entrar a comentar algunas de las cuestiones a las que se han
referido los portavoces parlamentarios en relación con los contenidos
del Consejo Europeo de Helsinki, quisiera decir algo sobre la
posición española, porque he oído hablar de la posibilidad de
establecer nuevos decálogos en relación con la misma que nos
retrotraen al recuerdo de tiempos anteriores. Yo creo que esas
posiciones son más propias de momentos en los cuales una transición
hace necesario buscar puntos de encuentro ante una democracia
incipiente y un país con déficit de representación internacional. Por
otra parte, esas posiciones pueden ser necesarias en los momentos en
los cuales hay cambios bruscos de opinión; cuando se decía que uno
iba a salir de un sitio y se veía obligado a cambiar de opinión y a
quedarse, entonces es cuando evidentemente hay que encontrar las
fórmulas que lo hagan más asumible. Un país ya con 20 años de
democracia a sus espaldas afortunadamente tiene ya el suficiente
grado de consenso para marcar, en este tipo de debates y en otros,
los elementos fundamentales de convergencia y los puntos de acuerdo
en orden a la política exterior de nuestro país.
En este sentido no participo de algunos de los criterios que ha
expuesto algún portavoz respecto de que el Gobierno español está
siempre, casi siempre o habitualmente con aquellos que frenan el
proceso europeo o la política europea. Evidentemente, esa apreciación
puede ser más o menos útil -yo creo que es inútil- desde el punto de
vista de un eslogan supuestamente electoral, pero lo que importa son
los hechos y los fundamentos de las aseveraciones. Por ejemplo,
España forma parte del euro desde el comienzo, lo cual no parece que
nos sitúe entre los países que se quedan al margen o que intentan
frenar ningún proceso de integración. Por ejemplo, España forma
parte, en condiciones de igualdad con los demás -cosa que no ocurría
antes-, de la nueva estructura de mandos de la Alianza Atlántica; por
ejemplo, España ha inaugurado en el mes de julio el nuevo cuartel
general de la Alianza Atlántica aquí en Madrid. Por ejemplo, España
ha sido uno de los cinco países que han elaborado durante estos meses
el documento sobre política exterior y defensa que ha sido aprobado
en el Consejo Europeo de Helsinki, junto con Francia, Alemania,
Italia y, en este punto, el Reino Unido. Por ejemplo, España ha
participado -podía ser de otra manera- intensamente en operaciones
internacionales en Albania, Kosovo o manteniendo la de Bosnia. Por
ejemplo, como no puede haber una política de seguridad europea sin
que tenga un referente en la industria de defensa, España acaba de
formar, junto con Francia y Alemania, el primer grupo de industria de
defensa europeo y el tercero del mundo; probablemente porque nos
dedicamos a frenar las cosas. Por ejemplo, en cuanto al tercer pilar,
el espacio de libertad, seguridad y justicia, que está en el Tratado
de Amsterdam a propuesta de España y que era una asignatura pendiente
de la Unión, se ha celebrado su primer Consejo Europeo en Tampere,
donde se han dado los primeros pasos en la construcción de ese
espacio, seguramente porque, como es sabido, España también se ha
dedicado a frenarlo. Y, por ejemplo, si hablamos de políticas de
empleo o de políticas activas de empleo, tengo que decir que, en
políticas de empleo, la Comisión reconoce la aportación de España al
crecimiento del empleo en Europa y, en lo que se refiere a políticas
activas, estamos, será porque frenamos, en la cabeza del esfuerzo de
todos los países europeos.
Se ha llegado a decir que, además de frenar, no planteamos cuál es la
política de la Unión Europea con Iberoamérica, y curiosamente esto se
plantea en el momento en que España ha sido el motor y el impulsor
del acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Méjico o cuando
en el mes de junio pasado se celebró la primera cumbre de la Unión
Europea con Mercosur, con los demás países iberoamericanos y del
Caribe, entre otras cosas, para -propuesta española- trabajar en un
área de libre comercio con Mercosur en los próximos años, habida
cuenta de que esa es una posición muy incoherente, ya que nos
dedicamos a frenar ese tipo de cuestiones. Además, cuando llegamos a
Helsinki, naturalmente apostamos por un proceso razonable de
ampliación y unas reformas institucionales que hagan posible y no
imposible dicho proceso. Si a eso se une que afortunadamente para
nuestro país las perspectivas financieras despejan lo que hace pocos
meses era un panorama incierto -la Agenda 2000- hasta el año 2006, en
el que España va a recibir el mayor volumen de recursos desde que
ingresamos en la Unión Europea, creo que efectivamente hay alguno que
tiene un despiste notable al respecto.
Comentaré algunas de las cuestiones a las que se han referido SS.SS.
sobre la ampliación europea. En primer lugar, quiero salir al paso de
algo que se ha dicho al menos por dos portavoces parlamentarios y que
no es
exacto. Se ha dicho que hemos decidido abrir negociaciones con trece
países. No es así. En segundo lugar, se ha dicho también que hemos
nombrado candidatos a trece países europeos. Tampoco es así.
Solamente se ha designado a un candidato, que es Turquía, y solamente
se ha decidido abrir negociaciones con seis países europeos. Con
otros seis ya se había decidido y ya se habían empezado las
negociaciones, y con uno se ha designado candidato, pero no se
empiezan las negociaciones.
Hay que distinguir en los procesos -como también es importante
distinguir entre un Consejo extraordinario, un Consejo ordinario y un
Consejo informal, que no tienen nada que ver- entre la designación de
una candidatura, la negociación y la adhesión. Cuando se hace
referencia a los criterios de Copenhague hay que entender muy bien
que no son para la candidatura ni para la negociación, sí para la
adhesión, y que no puede haber adhesión si no hay cumplimiento de los
criterios de Copenhague. Por lo tanto, en el caso concreto de
Turquía, cuando alguno de SS.SS. dice que no cumple los criterios de
Copenhague, ya sabemos que no los cumple, y se le hace candidato
justamente para ayudarle a que los cumpla, y mientras no los cumpla,
tendrá todos los años de negociación que quiera porque no podrá
adherirse ni en términos políticos ni económicos a la Unión Europea.
Lo que se especifica en relación con Turquía se especifica también en
relación con cualquiera de los países que son candidatos a la Unión
Europea, porque no nos parecía a España, desde hace mucho tiempo por
cierto, en ningún caso, positivo ni aceptable que se estableciesen
para un país como es Turquía condiciones adicionales que no tuviesen
los demás países candidatos. Otra cosa distinta es que en el caso de
Turquía hubiese algunos asuntos que había que intentar encauzar o
resolver, como es lo que afectaba a la situación de Chipre, que queda
reflejado que no será tomada como condicionamiento previo para el
posible ingreso de Chipre en la Unión Europea, o lo que afectaba a su
relación con Grecia respecto a determinados problemas del Egeo en
virtud de los cuales, si no hay unos acuerdos bilaterales, existe la
necesidad de ir en un período de tiempo al Tribunal Internacional de
Justicia. De lo que se trata es de que con los programas europeos,
con las estrategias de preadhesión y con la asociación para la
adhesión, Turquía pueda encontrar un razonable camino que respalde su
itinerario hacia la adhesión en la Unión Europea; insisto, como con
los demás, esta no se podrá producir si no hay cumplimiento de los
criterios de Copenhague.
Por otro lado, hemos aprobado una estrategia global, que es la
denominada propuesta regata. Esta propuesta fue defendida por España
en el Consejo Europeo de Luxemburgo y en ese momento no tuvo el
respaldo general de otros países de la Unión Europea. No ha sido
España la que ha cambiado su posición - bien a las claras está en las
conclusiones del Consejo-; han sido más bien otros países los que se
han dado cuenta, en mi opinión, del error que se había cometido
en Luxemburgo, error que ahora se ha subsanado. ¿Por qué? Porque lo
que había ocurrido era que en los países con los que no se habían
abierto negociaciones se habían levantado unas expectativas que
estaban generando situaciones sociales y políticas absolutamente
indeseables. Si ya había habido algunos excesos por parte de algunas
personas y de algunos dirigentes prometiendo el ingreso a algunos
países en la Unión Europea para el año próximo, lo que era a todas
luces imposible, se podía añadir otra frustración además en esos
países si no eran considerados como los demás en torno a unas
posibilidades de adhesión en un plazo determinado a la Unión Europea.
¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que no se va a actuar por grupos
de países y que cada país va a avanzar o no en razón de sus propias
decisiones; cuanto más rápidamente haga sus reformas, cuanto más
rápidamente aplique el acervo comunitario, cumpla las circunstancias
políticas y las exigencias económicas, antes tendrá la posibilidad de
adherirse a la Unión Europea. Se dan las mismas posibilidades a todos
y se eliminan frustraciones. Además de eso, hemos tenido buen cuidado
y, en mi opinión, se ha actuado con justicia cuando no hemos aceptado
que algunos países de estos seis con los cuales se van a abrir
negociaciones ahora estuviesen sujetos a condiciones adicionales,
como es el caso de Bulgaria o de Rumania. Me ha alegrado que al final
haya habido un acuerdo con la Comisión por el cual esa amenaza -
entre comillas- o, si se prefiere, exigencia adicional respecto de
otras candidaturas se haya visto superada por la realidad.
Señorías, con este panorama, es evidente que el proceso de ampliación
será progresivo, en el cual sin duda habrá problemas que resolver,
pero lo que es más importante es que para cuando empiece ese proceso,
que podría empezar -digo podría empezar- a partir del año 2003, la
Unión Europea haya adoptado unas medidas que permitan que esa primera
ampliación a algunos países sea posible y hacedera. En consecuencia,
si no queríamos crear más frustraciones ni alimentar expectativas
falsas y queremos ordenar el proceso, el enfoque regata que se ha
aprobado tenía indudables ventajas sobre los demás.
A partir de ese momento, como toda decisión, la ampliación europea se
puede ver en términos de oportunidad o en términos de problema.
Probablemente, si somos justos y además equilibrados, tendremos
problemas y tendremos que aprovechar nuestras oportunidades, las dos
cosas. Simplemente quiero recordar que es cierto -y estoy totalmente
de acuerdo- cuando se dice que España ha dado sus grandes saltos de
desarrollo en aquellos momentos en los que más apertura al exterior
hemos tenido. Justamente ahora, con motivo de la puesta en marcha del
euro, estamos viviendo uno de ellos y en el año 1986 vivimos otro con
motivo del ingreso de España en la Unión Europea. Por lo tanto,
haremos muy bien en plantear en términos de oportunidades lo que
significa un proceso de ampliación, que sin duda es un enorme desafío
para la Unión Europea
en todas sus circunstancias y dimensiones. Creo que las conclusiones
de Helsinki han servido, en el fondo y en el procedimiento, de una
manera razonable a las necesidades de la Unión Europea en el momento
actual.
Me referiré ahora al tema de la Conferencia Intergubernamental. Estoy
de acuerdo con muchas de las cuestiones que se han mencionado y haré
algún comentario acerca de lo que creo que debe ser una posición que
puede aunar expectativas mayoritarias o concitar un consenso
mayoritario en la Cámara.
Me parece que no es exacto debatir sobre si en una conferencia
intergubernamental uno apuesta por un orden del día o por un índice
de temas más o menos amplio y definir si eso es restrictivo o no,
porque puede haber un índice de materias absolutamente interminable
y ser enormemente restrictivo e inútil para el proceso de integración
europea y además puede hacer inútil cualquier perspectiva razonable
de ampliación europea; y puede haber un orden del día que justamente
por la envergadura de los asuntos que haya que resolver, entre otras
cosas, sea el más amplio posible y el más deseable de resolver en la
Unión Europea. Por lo tanto, yo no creo que sea cierta esa dinámica
de reforma corta o reforma larga en función del temario de la
Conferencia Intergubernamental. Aquí hay que ver que con el Tratado
de Amsterdam, con la negociación del mismo y con la anterior
Conferencia Intergubernamental hubo países que quedaron
razonablemente satisfechos en sus intereses, por ejemplo España
-razonablemente satisfechos-, y hubo países que no quedaron
satisfechos. Cuando uno ve los países que plantean una agenda más
larga, casi, casi interminable, suelen coincidir básicamente con
aquellos que quieren reabrir plenamente otra vez el Tratado de
Amsterdam, cosa que, en mi opinión, habiendo entrado en vigor en 1999
y en función de las circunstancias que tenemos que resolver, ni
interesa a la Unión Europea ni, en este caso, interesa a España.
Señorías, hay especialmente dos asuntos sobre los que si uno lee con
detenimiento el protocolo institucional que se aprobó y que forma
parte del Tratado de Amsterdam llega a conclusiones bastante claras.
En el Tratado de Amsterdam se dijo que antes de la primera ampliación
de la Unión Europea se tendría que tomar una decisión y se tendría
que corregir el sistema de representación de los Estados miembros en
el Consejo Europeo y en la Unión Europea, es decir, el sistema de
reponderación de votos, los votos que tiene cada país, y que
solamente cuando se hubiera hecho eso era posible hablar de la
reforma de la Comisión y que en la reforma de la Comisión sería
normal y deseable que un supuesto de ampliación significara que había
un comisario por Estado miembro. Pero queda bien entendido que no hay
ningún país de los que tenga dos comisarios que renuncie a uno si no
hay una reponderación de votos en sentido amplio, en los términos
establecidos en Amsterdam. Luego, se estableció la posibilidad en el
Consejo Europeo de Colonia y se ha repetido en Helsinki de que caso
por caso fuese posible estudiar
aquellos asuntos en los cuales es posible extender la mayoría
cualificada. Si uno repasa un poco la historia reciente de la Unión
Europea, verá cómo -yo lo puedo comentar desde esta tribuna-, por
ejemplo, a la hora de discutir el Tratado de Amsterdam, fueron los
países que más competencias presentaron para pasar de mayoría por
unanimidad a mayoría cualificada los que acabaron eliminando todas
las opciones de la mayoría cualificada en favor de la unanimidad,
exactamente los mismos países.
Habría mucho que hablar en el ámbito del funcionamiento interno de la
Unión Europea sobre aquellas competencias que están sujetas a la
unanimidad y las que lo están a la mayoría cualificada en los
distintos sectores o políticas. Por tanto, en mi opinión, lo que a
nosotros nos interesa es que se analice caso a caso si es bueno pasar
de la unanimidad a la mayoría cualificada en una política
determinada, y que se analice siempre que nuestra representación
institucional esté debidamente garantizada. Señorías, sinceramente,
yo no aconsejo meterse en una regla general de mayorías, y mucho
menos institucionalizar un mecanismo de cooperación reforzada, sin
que nuestra representación institucional esté garantizada, porque eso
a lo mejor puede ser útil para decir hay que ver qué integrador
europeo soy, pero es absolutamente contrario al interés de España y,
en mi opinión, totalmente inoportuno desde el punto de vista del
propio proceso de la integración europea. Que a uno le puedan cambiar
la naturaleza de un tratado, al que le ha costado mucho tiempo
adaptarse y muchos años llegar, sin contar con él es una equivocación
y, naturalmente, lo que hay que plantear en ese punto es cómo desde
un equilibrio razonable en la representación y en el funcionamiento
institucional puede llegarse a dar ese impulso que se desea en
función de lo que procede en relación con la ampliación europea.
No entro aquí en otras consideraciones o discusiones que son muy
interesantes, en el sentido de decir si el debate sobre la mayoría
cualificada, acerca de lo cual, insisto, estamos dispuestos a
analizar caso a caso y competencia a competencia, depende más del
funcionamiento y de la eficacia de las instituciones o de un proceso
de transferencia de competencias, pero sí tengo que decir que con
respecto a otros temas de carácter general no puedo manifestar en el
día de hoy mi acuerdo, porque los considero lesivos para España y
para la Unión Europea. Pongo un ejemplo. Se puede decir, y puede ser
académicamente muy atractivo, que el Tratado de la Unión tiene que
tener una parte dura, la cual es necesario reformar por unanimidad, y
una parte flexible, que es necesario reformar por mayoría cualificada
o por mayoría. Me parece muy bien que se defienda eso, pero,
entonces, que se diga simplemente que la conclusión es que se puede
reformar por algunos el tratado sin tener en cuenta su posición y que
además los parlamentos nacionales no tienen nada que decir en la
reforma de esos tratados. Así pues, a la hora de plantear algunas
políticas, haremos bien en proponer
unos criterios prudentes y realistas que nos permitan avanzar
claramente hacia el futuro. Entiendo que en el sentido del
cumplimiento de estas cuestiones, de este proceso integrador y de
desarrollo del Tratado de Amsterdam es donde el señor Mardones
planteaba las cuestiones relativas al Estatuto de Canarias entre
otros temas.
Por lo que se refiere a la política de defensa, pueden existir aquí
distintas interpretaciones. El señor López de Lerma ha planteado una
cuestión relativa a si era necesario modificar o no los tratados. De
momento no es necesario reformarlos. Cuando al final de las
presidencias portuguesa y francesa se llegue a conclusiones, y en
base a los informes de la Presidencia portuguesa, se verá si se
incorpora la Conferencia Intergubernamental o no. En principio, puede
tomarse casi cualquier tipo de decisión en materia de política de
defensa sin necesidad de reformar los tratados, salvo que en conjunto
convenga reformarlos, porque esa fue una de las decisiones del
Tratado de Amsterdam.
Se ha referido el señor Anguita a algunas cuestiones en sentido
contrario a las conclusiones a las que ha llegado el Consejo Europeo
de Helsinki. Tiene razón en las cosas que ha dicho, pero es que hemos
actuado conscientemente de esa manera. Cuando S.S. dice que no se
recoge la creación de un ejército europeo, tiene razón, no existe la
creación de un ejército europeo. Aclararé a S.S. que cuando estamos
hablando de la creación de una fuerza de acción rápida de 50.000 ó
60.000 hombres se trata de poner esos hombres a disposición de los
órganos de dirección de la Unión Europea para ese tipo de acciones,
que son las llamadas misiones Petersberg. Es el mismo sistema que se
emplea en la Alianza Atlántica. No se toma, señoría, la decisión de
tener 60.000 hombres en un campamento esperando que se produzca un
acontecimiento. No es eso. Es poner a disposición, que es totalmente
diferente. Su señoría dice que no está de acuerdo en eso, pero yo sí,
porque la puesta a disposición es una decisión razonable y es lo que
ocurre, por ejemplo, como digo, en relación con la Alianza Atlántica.
Su señoría dice que tardan dos meses en desplegarse. Dos meses es un
tiempo muy razonable, entre otras cosas porque en la política
internacional de hoy, venturosamente, hay una cosa que se llama la
diplomacia preventiva, que sirve para intentar evitar algunos
conflictos, y si no se pueden evitar, hay iniciativas de última hora
que son las que determinan una posibilidad de saldar una situación
sin una intervención de carácter militar, si fuese necesario. Ahora
bien, me puede decir que esas fuerzas tendrían que estar el mismo día
que nace la crisis. Eso no existe en el mundo. Un plazo de dos meses
es muy razonable para que se produzca un despliegue de una fuerza de
60.000 hombres en un espacio determinado. Además de eso, lo que se
dice es que el compromiso está en que esa fuerza debe estar preparada
para estar no menos de un año en el territorio en que fuese
desplegada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al final se está
apostando por unas
intervenciones bien meditadas, serias, que responden a unas
iniciativas políticas y a unas necesidades muy concretamente
establecidas, y en la capacidad de preparación de esas iniciativas se
está invitando a todos los países miembros de la Unión Europea sin
excepción. Además, S.S. también tiene razón cuando dice que solamente
va a intervenir cuando no lo haga la OTAN. Sí, señor. Solamente
intervendrá cuando no intervenga la OTAN, porque sería el colmo, con
perdón, que pretendiésemos intervenir doblemente, con la OTAN y con
la Unión Europea. No, solamente cuando no intervenga la OTAN como
tal. Sabe S.S. que hay países de la Unión Europea que no están en la
OTAN, hay países de la OTAN que no están en la Unión Europea, hay
países de la Unión Europea que no están en la UEO, hay países de la
UEO que no están en la Unión Europa, etcétera, etcétera. Por lo
tanto, señoría, eso es algo que hay que tener en cuenta.
Por lo que se refiere al cuarto punto que S.S. ha citado, que es el
de la Carta de las Naciones Unidas, también tiene razón. La Carta de
las Naciones Unidas está citada como debe estarlo, con los principios
que la misma contiene, en las conclusiones del Consejo Europeo, como
no podía ser de otra manera, junto con el impulso del Consejo de
Seguridad.
Creo sinceramente que desde el punto de vista de la responsabilidad
europea, de la compatibilidad con la OTAN, de la resolución de las
relaciones complejas que existen en el marco europeo en materia de
seguridad, de las iniciativas de capacidades y de las decisiones
militares y civiles, se da un paso de extraordinaria importancia en
la política europea de defensa.
Por lo que se refiere a la economía, la orientación del Consejo
Europeo, si se repasan las conclusiones, es bien determinante. Yo
ruego a SS.SS. que repasen la conclusión número 30, que hace
referencia a cinco puntos: la consolidación fiscal, la reforma
económica, la liberalización y la reforma fiscal, la evolución de los
salarios en relación con los precios y el impulso en la creación de
puestos de trabajo. Este es el esquema.
En relación con algunas cuestiones en las que no se ha podido llegar
a un acuerdo, como es el tema de la fiscalidad, SS.SS. saben que el
llamado código de buena conducta fiscal o el llamado paquete Monti,
el cual incluye la fiscalidad sobre el ahorro, solamente ha tenido un
problema, que es el no acuerdo del Reino Unido, cosa que por cierto
ya se sabía antes de empezar el Consejo Europeo, pero que no ha
impedido un debate sobre este asunto, aunque se supiese que no íbamos
a llegar a ninguna conclusión al respecto.
Sobre las demás cuestiones relativas a la creación de empleo, como he
dicho -por cierto, me parece que ha sido el señor Anguita el que ha
mencionado algo en relación con los contratos en nuestro país-, en
los tres últimos años ha habido cuatro millones y medio de contratos
fijos estables en España, lo cual quiere decir que se han
multiplicado por tres desde la reforma laboral a la que habíamos
hecho referencia.
En cuanto a la situación en Chechenia, a la que alguna de SS.SS. ha
hecho mención -me parece que el portavoz del Partido Nacionalista
Vasco no ha leído con detenimiento las conclusiones-, quiero recordar
que hay una apelación expresiva al respeto a los derechos humanos,
expresiva a la condena de la violencia indiscriminada y muy expresiva
respecto a la necesidad de facilitar por las autoridades rusas la
ayuda humanitaria a los chechenos que en este momento pueden tener la
condición de refugiados. La situación es muy explícita. Ahora bien,
eso no quiere decir que la Unión Europea al mismo tiempo no condene
tajantemente las prácticas terroristas, no defienda tajantemente el
principio de la integración territorial de Rusia y no salvaguarde en
la medida de sus posibilidades la relación estratégica de la Unión
Europea con Rusia, cuya estrategia común aprobamos en el último
Consejo Europeo -estamos con el penúltimo-, y sin duda deseosos de
cumplir al respecto. Espero y deseo que se pueda abrir una luz en la
solución de esa cuestión.
Señorías, en la última comparencia de esta legislatura sobre las
cuestiones del Consejo Europeo, me gustaría decir que a lo largo de
la misma. y especialmente en este último año como he dicho para no
alargarme más, se han adoptado iniciativas de importancia. Ahora
tenemos que afrontar un futuro sin duda extraordinariamente
importante, ambicioso, desafiante y prometedor.
He fijado en cuatro puntos fundamentales lo que me parece un programa
y un proceso en los cuales España debe participar con ambición y
determinación. La ampliación de la Unión Europea en la cual el euro,
que fue un factor de integración, que ha sido un factor de
estabilidad y que tiene que ser un factor de progreso, sea realmente
ese factor de progreso para todos. Una Unión Europea reforzada
internamente en un espacio de libertad, seguridad y justicia y con
respeto efectivo de los derechos de los ciudadanos y una Unión
Europea cohesionada en la cual el pleno empleo pueda ser una
realidad, en la cual la competitividad de nuestras sociedades nos
lleve a un mayor bienestar de las mismas y en la cual la sociedad de
la información, del conocimiento, de la educación, sea la base
fundamental del aprovechamiento de oportunidades. Además deeso, una
Unión Europea en la que su responsabilidad de seguridad sea cada vez
más importante en su contribución a la paz y estabilidad en Europa y
en el mundo. Creo que el compromiso de España con estos objetivos
y estas ambiciones bien merece la pena.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON LUIS FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL
SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ INICIATIVAS PIENSA ADOPTAR DE
CARA AL PROCESO DE PAZ DE EUSKADI? (Número de expediente 180/002089.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el punto IV del orden del día, pasamos
al V, preguntas orales al Gobierno en el Pleno, comenzando por
aquellas que responderá también, como es habitual, el presidente del
Gobierno y dentro de ellas la que con el número 12 formula don Luis
Felipe Alcaraz Masats, portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Aznar, ¿sería tan amable de exponer a
la Cámara las iniciativas que piensa adoptar de cara al proceso de
paz en Euskadi?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Con mucho gusto,
señor diputado. Las mejores iniciativas son todas aquellas que
contribuyen al mantenimiento del orden constitucional y estatutario
en el País Vasco y además son todas aquellas que garantizan el
ejercicio de las libertades y de los derechos e iniciativas
individuales en todo momento. (Un señor diputado: ¡Muy bien!
Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, tenemos la oportunidad de
hablar aquí, aunque sea brevemente pero creo que también
tranquilamente de un crucial problema de Estado. No se plante, no se
estanque. Se trata de hablar en la sede de la soberanía popular del
proceso de paz en Euskadi y no simplemente, señor presidente, de
esperar a que ETA ejecute sus amenazas. La culpa es de ETA, que esto
quede nítido, por eso ETA no merece crítica sino condena. Lo que sí
puede merecer crítica desde la dialéctica oposición/ gobierno es la
actuación o no del Gobierno. Usted puede tener nuestro apoyo o
nuestra crítica, señor Aznar, por eso queremos hablar de política, de
las iniciativas que el Gobierno puede instrumentar a partir de ahora.
¿Qué se va a hacer, señor Aznar? Por favor, no nos exijan silencio.
El señor Mayor Oreja y los aparatos del Estado no tienen mayoría
absoluta para resolver este tema. Pedimos unidad, señor presidente,
unidad dialéctica, flexible, dinámica, unidad de diálogo de las
fuerzas democráticas para una salida política, para acordar un
proceso de paz.
Lo grave de la situación, señor Aznar, no es sólo que ustedes se
peleen de manera desmesurada, lo más grave es que se acabe la
política, la posibilidad de hacer política entre todos. Adoptar
iniciativas unitarias, ésta es la exigencia. ¿Por qué no, señor
Aznar, una reunión
previa de todos los partidos con presencia en esta Cámara? ¿Por qué
no una reunión de tanteo, señor Aznar? Píenselo. Hablando se entiende
la gente. Sería interesante que habláramos todos mirándonos a la cara
y con vistas al futuro.
Señor Aznar, comience la nueva fase sin satanizar esta modesta
intervención; comience la nueva fase exponiendo iniciativas ante esta
Cámara. No se plante, por favor, no se enquiste, señor Aznar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señoría, le diré rápidamente lo que no voy a hacer. No vamos a ceder
en ningún momento, jamás al chantaje de las pistolas estén
enfundadas, desenfundadas o disparen; nunca. No vamos a aceptar que
no se pueda defender sin complejos la Constitución y el Estatuto, y
que además no se acepte que puedan ser defendidos como el marco de
convivencia de todos los españoles y de todos los ciudadanos vascos.
Y no vamos a permitir que se pretenda sustituir la legalidad
democrática por ninguna situación de hecho en ningún momento.
Sí vamos a decir la verdad en todo momento a los españoles, vamos a
hablar con toda claridad aunque eso pueda suponer críticas, y sí
vamos a buscar y buscamos el mayor consenso posible con todos y la
mayor acción común de todos, en el buen entendimiento, señoría, de
que nunca puede haber equidistancia entre el Estado de derecho y el
crimen, que nunca puede haber equidistancia entre la fuerza de los
votos y ninguna violencia callejera, y que no hay equidistancia entre
la Constitución y eso que algunos llaman soberanismo.
En el País Vasco, señorías, no hay un problema de leyes ni un marco
jurídico institucional indebido e inadecuado, hay un problema de
terror que amedrenta a una parte de la sociedad; y son los que actúan
en el terror, los que lo amparan, aquellos que tienen que abandonar
las armas y aquellos que tienen que aceptar las reglas del Estado de
derecho y cumplirlas democráticamente.
Por cierto, señoría, le quiero decir que me alegro de que su grupo
parlamentario y su partido hayan salido de un acuerdo, el acuerdo de
Estella, que era un acuerdo para cumplir objetivos en favor de
aquello que pretenden indebidamente algunos grupos que amparan la
violencia o los propios terroristas, pero que iba en contra de lo que
era la paz, la convivencia y la libertad en el País Vasco.
Gracias, señor presidente. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JOAQUÍN ALMUNIA AMANN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO,
QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ OPINIÓN LE
MERECE A USTED EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS?
(Número de expediente 180/002090.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que con el número 13
formula el presidente del Grupo Socialista, don Joaquín Almunia
Amann.
Señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, en junio del año pasado se perdieron
en Barajas 10.000 maletas. Entonces usted declaró algo así como:
Realmente puede haber problemas. Hace poco hubo problemas de vuelo,
puede haber razones, puede haber problemas de otro tipo y, en fin,
puede haber otros problemas. Fin de la cita.
Meses después, en abril de este año, Barajas se colapsó. Entonces
usted concretó algo más y le dijo al ministro de Fomento que tenía
instrucciones muy precisas para arreglar el caos. Un éxito, señor
presidente. En el último puente Barajas parecía el camarote de los
hermanos Marx.¿Está usted satisfecho de cómo se han cumplido sus
instrucciones? Y, algo más general, ¿tiene usted alguna valoración
sobre cómo se han deteriorado los servicios públicos bajo su mandato
en esta legislatura.? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia. ¡Señorías!
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señoría, creo que los servicios públicos han mejorado durante esta
legislatura su funcionamiento (Rumores.), aunque también he de decir
que no tengo la menor duda de que hay algunos de ellos que necesitan
seguir mejorando. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. ¡Señorías!
Señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Aznar, el caos de Barajas
desgraciadamente sólo es un ejemplo. En estos cuatro años se han
deteriorado las escuelas públicas, los centros de salud, la
televisión pública, los aeropuertos y la inmensa mayoría de los
servicios. (Rumores y protestas.)
Su interés por los servicios públicos sólo despierta cuando los puede
vender o cuando los puede controlar. (Continúan los rumores.-
Aplausos.) Con las privatizaciones usted ha creado una casta
empresarial de amigos suyos, a los que usted regala dinero y ellosle
devuelven poder. (Rumores.) La consecuencia para
la inmensa mayoría de los ciudadanos, señor Aznar, es que pagamos más
cara la luz, porque usted ha regalado más de un billón de pesetas a
las eléctricas... (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Almunia.
Señorías, ¡señor Isasi! (Pausa.)
Adelante, señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: La consecuencia es que vamos a pagar durante
más años peajes, porque usted acaba de hacerles un regalo a las
concesionarias de autopistas (Rumores.); la consecuencia es que usted
ha subido y ha anunciado que querría seguir subiendo la cuota de
abono de Telefónica...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Almunia.
Vamos a esperar que alguien tenga la bondad de desconectar. (Pausa.)
Gracias.
El señor ALMUNIA AMANN: A lo mejor, es otro servicio público que
funciona mal, señor presidente. (Risas.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Mientras sube la cuota del teléfono y
despiden 20.000 trabajadores de Telefónica, algunos de sus directivos
se reparten miles de millones de pesetas, y entretanto el señor Rato
dice a los asalariados que congela sus salarios en el 2 por ciento.
Aquí hemos llamado a comparecer a responsables de esos servicios. En
algunos casos no se han declarado a sí mismos responsables del
deterioro, y en otros su avión privado no les permite aterrizar en
esta pista, por lo cual la conclusión al final de la legislatura es
que usted es el responsable de todo, señor Aznar. (Aplausos.-
Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Tengo que decir que
no me sorprende la brillante conclusión a que ha llegado S.S.
(Risas.)
Simplemente me limito a decir, señoría, que estoy convencido que en
líneas generales la situación de los servicios públicos en nuestro
país ha mejorado. Si toma por ejemplo la referencia de las listas de
espera de sanidad, lo que era una demora media de 225 días hace tres
años (Rumores.), ahora es de 90 días nada más; y lo que eran 45.000
ciudadanos esperando operaciones durante más de seis meses, ahora esa
lista ha desaparecido completamente. (Continúan los rumores.)
Señorías, la electricidad, aunque a usted no le guste porque
normalmente le gustaría lo contrario, no solamente no ha subido sino
que ha descendido. Y las tarifas telefónicas,
señoría, en algunos casos las interprovinciales han descendido
desde el 42 al 75 por ciento, y en el caso de la tarifas urbanas ha
descendido el 8 por ciento. En el caso de la educación, señoría, se
han abierto 241 nuevos centros y el gasto por alumno ha aumentado el
18 por ciento. Sin duda hay servicios públicos que tiene que ver
mejorado su funcionamiento, su gestión y su desarrollo, de eso,
señoría, para consolidar una mejora, nos ocuparemos en la próxima
legislatura. (Un señor diputado: ¡Muy bien! Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
- DEL DIPUTADO DON LUIS MARTÍNEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CÓMO JUSTIFICA EL SEÑOR RATO QUE
JUNTO AL MONUMENTAL ENRIQUECIMIENTO DE ALGUNOS DIRECTIVOS DE
TELEFÓNICA, AUTORICE EL GOBIERNO UNA REGULACIÓN DE EMPLEO QUE AFECTA
A MÁS DE 10.000 TRABAJADORES DE DICHA COMPAÑÍA Y QUE TIENE UN COSTE
PÚBLICO DE 185.000 MILLONES DE PESETAS? (Número de expediente 180/
002092.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá en nombre
del Gobierno su vicepresidente segundo, don Rodrigo Rato, comenzando
por aquella que con el número 15 formula al Gobierno el diputado don
Luis Martínez Noval, portavoz del Grupo Socialista.
Señor Martínez Noval. (Rumores.)
No empecemos.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor Rato, ¿cómo justifica que junto al
monumental enriquecimiento de algunos directivos de Telefónica
(Continúan los rumores.) autorice el Gobierno una regulación de
empleo que afecta a más de 10.000 trabajadores de dicha compañía y
que tiene un coste público de 185.000 millones de pesetas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente, gracias,
señor Diputado.
En función del artículo 51.6 del Estatuto de los Trabajadores,
modificado en la legislatura anterior. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señor Rato, es debido a lo escandaloso que resultan en estos momentos
todas las cuestiones relativas a Telefónica que llama la atención su
política de recursos humanos.
Mírese por donde se mire, choca vivamente a los españoles, señor
Rato, que una empresa que exhibe una cuenta de resultados de 270.000
millones de beneficios trate de aligerar su plantilla en 10.000
trabajadores. Pero la cosa no tendría tanta trascendencia si no fuera
que hay recursos públicos por medio, y ciertamente hay 185.000
millones de pesetas que de esa operación van a financiar los recursos
públicos.
Es verdad que está ahí el artículo 51 del Estatuto, señor Rato, para
amparar operaciones como ésta; pero también es verdad que todo tiene
un límite, señor Rato, y que en apartado 5 del artículo 51 se habla
de abuso de poder. A lo mejor estamos ante un caso de esa naturaleza.
En todo caso, señor Rato, hay un contraste mucho más vivo todavía. La
empresa adelgaza la plantilla y engordan las plusvalías latentes de
los opcionistas de la empresa. Dicho en otros términos, señorías,
para la plantilla, anorexia; para los opcionistas, bulimia.
(Aplausos.-Rumores.) Eso es lo que previene esta cuestión, señor
Rato. Ahora -fíjese- hay círculos en los que se dice que en las
empresas ya no hay accionistas y gestores, ahora hay accionistas y
opcionistas. Es la nueva fórmula de gobierno y de detentación de la
propiedad de las empresas.
Por cierto, usted y su Gobierno hacían reflexiones sobre lo
inconveniente de las prejubilaciones a costa del erario público. ¿Por
qué no aplican esa teoría, señor Rato? Hágalo y hágalo a la mayor
brevedad. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias,
señor diputado.
Efectivamente, como el señor diputado ha tenido que reconocer fue
precisamente la mayoría del año 1994 la que introdujo en el Estatuto
de los Trabajadores que se podían producir despidos y regulaciones de
empleo no sólo por situaciones económicas negativas de la empresa,
sino por causas técnicas, organizativas o de producción. Como sabe
muy bien el señor diputado porque además ha sido ministro de Trabajo,
lo que hace el Gobierno es cumplir la ley y seguramente el señor
diputado no me pedirá que no la cumpla. En ese sentido, el abuso de
poder (y el señor diputado seguramente lo podría exhibir si tuviese
una gran capacidad como letrado laboral) tiene una dificultad en este
tema y es que se trata de un acuerdo con los sindicatos, señor
diputado. El señor diputado que va defendiendo a gente que no
quiere que la defiendan, se encuentra con que aquí hay un acuerdo con
los sindicatos.
Lo que ha hecho el Gobierno, por primera vez en la historia de España
(Varios señores diputados: ¡Cómo siempre! Rumores.), es intervenir,
hacer que se modifique el acuerdo y que el acuerdo al que se había
llegado inicialmente en vez de ser un acuerdo obligatorio sea un
acuerdo voluntario. Además, por primera vez en la actuación de un
Gobierno de autoridad laboral en este país, hemos conseguido que no
haya discriminación en razón de edad.
Señoría, yo estoy plenamente de acuerdo en que el debate sobre las
cuestiones de regulación de plantilla en empresas que tienen
beneficios es un debate abierto a raíz de la modificación de la Ley
del año 1994 que yo no critico; pero lo importante en personas
maduras es saber lo que pasa con sus actos, señor diputado, y cuando
ustedes aprobaron esta ley tenían que darse cuenta de que se podían
producir circunstancias como éstas, que por cierto se están
produciendo continuamente.
Y ya, señor diputado, en cuanto a sus inteligentes y profundas
digresiones sobre el mercado de valores, los accionistas, etcétera,
tengo que decirle una cosa. Desde que S.S. se ocupa de las opciones
de Telefónica, la acción no ha hecho nada más que subir. (Rumores.)
Indudablemente, S.S. está lleno de credibilidad en sus mensajes,
porque no cabe duda de que si a alguien los opcionistas de Telefónica
le tienen que agradecer es a S.S. y a su jefe de filas. (Continúan
los rumores.) Por cierto, en este final de legislatura, a diferencia
de todas las demás legislaturas que he vivido, el que quiere ser
presidente parece que quiere ser presidente de Telefónica y no del
Gobierno, porque de España nunca habla.
Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien! Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ SEGURA CLAVELL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE AL GOBIERNO
EL CONTENIDO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES ENTRE LA COMPAÑÍA
TRASMEDITERRÁNEA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y LA NAVIERA
PITRA? (Número de expediente 180/002093.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que con el número 16
formula al diputado don José Segura Clavell, del Grupo Socialista.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente primero del Gobierno, ¿qué opinión le merece a
S.S. y al Gobierno el contenido de
los acuerdos comerciales entre la Compañía Trasmediterránea, de la
Dirección General de Patrimonio del Estado y consiguientemente
dependiente de usted políticamente, y la naviera Pitra, de
titularidad de un compañero suyo del Gobierno, el señor Matutes,
presente en esta sesión?
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias,
señor diputado.
Nos merece una opinión favorable.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, señor ministro, terminan
cuatro años de una legislatura en la que usted como responsable de la
Compañía Trasmediterránea no ha querido venir a la Comisión de
Economía, a pesar de nuestras demandas al respecto -ahí hay una
demanda solicitada-, para informar sobre la responsabilidad de las
decisiones comerciales que la compañía toma.
Reitero parte del contenido de una pregunta que le formulé a usted en
el último Pleno. La compañía a lo largo del mes de octubre de 1998 ha
disminuido un 13 por ciento el número de pasajeros. De enero a
octubre del año 1999 ha disminuido en medio millón el número de
pasajeros respecto al mismo período de tiempo del año anterior. Señor
ministro, curiosamente, un barco tipo ferry, el Ciudad de Zaragoza,
que cubría la ruta Valencia-Ibiza, de 1.300 pasajeros y 200
vehículos, es llevado a los astilleros por la Compañía
Trasmediterránea, se repara, cuesta 450 millones de pesetas y a
continuación se vende a la naviera Pitra por 250 millones de pesetas.
Se retira la Compañía Trasmediterránea de esa ruta, la empieza a
cubrir la compañía Pitra y, curiosamente, con ese acuerdo comercial
la compañía se hace prácticamente con el monopolio de esa ruta. A ese
barco se le pone el nombre Isla de Tagomago. Lo mismo ocurre con el
barco Isla de Botafoc, dependiente de la naviera Pitra Cataluña, de
la que también es accionista mayoritario el señor ministro de
Fomento, perdón, el señor ministro de Asuntos Exteriores, el de
Fomento no tiene nada que ver con esto por ahora. (Risas.) En
consecuencia, señor Rato, ¿cómo es posible que se debilite el tráfico
de la Compañía Trasmediterránea en la ruta Barcelona-Ibiza, que la
compañía Pitra irrumpa con el Isla de Botafoc, fruto del acuerdo
comercial al que he hecho referencia, que la compañía Pitra suba como
la espuma y la Compañía Trasmediterránea baje? ¿Cómo es posible que a
base del fondo de comercio de la Compañía Trasmediterránea, una
compañía privada de titularidad de un compañero suyo de Gobierno se
haga con un mercado en el tráfico marítimo? (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Segura.
Señorías, guarden silencio, porque no es adecuado el jaleo. (Risas.)
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias,
señor diputado.
Como ya le dije en la otra pregunta que me hizo usted sobre este
tema, no coinciden los datos que yo tengo con los que usted ofrece.
Usted me dijo la otra vez que la Compañía Trasmediterránea iba a
perder más dinero en 1999 que en 1998, y ya le dije que estaba
equivocado. Me alegro que hoy no lo haya reiterado.
Sobre la pérdida de tráfico, debo decirle que los datos que yo tengo
del año 1999 sobre el año 1998 y respecto al período enero-
septiembre, indican claramente que se está manteniendo el mismo
nivel. La diferencia es que S.S. sólo considera el canguro y no
considera el fast ferry, pero debe considerar los dos. No tengo
ningún interés en defender las cosas que van en contra de la
realidad, pero tenga usted en cuenta que ésta no es una cuestión
política. Si ha habido 270.000 personas que han hecho la travesía
Barcelona-Palma en enero-septiembre en los buques de Trasmediterránea
y 266.000 lo han hecho en 1999, yo no tengo ningún interés en
ocultárselo, porque no creo que veamos un debate político en esa
cuestión.
También me planteaba S.S. el otro día que la Compañía
Trasmediterránea había perdido en estos momentos en el tráfico con
Canarias. Su señoría probablemente no tenía en cuenta -tiene derecho
a equivocarse como todo el mundo- la parte de carga que se ha
incrementado. Como consecuencia de la competencia, en el caso de
Canarias se ha reducido el tráfico de pasajeros, pero ha aumentado la
rentabilidad de la compañía en carga y por eso está ganando más
dinero.
En la operación concreta a que se refiere, S.S. es plenamente
consciente -si no yo se lo digo- de que frente a unas pérdidas de 137
millones hasta octubre de 1998, precisamente en esta ruta, la
Compañía Trasmediterránea en estos momentos en el mismo plazo y en la
misma ruta tiene unos beneficios de 101 millones de pesetas. La
operación a que S.S. hace referencia es la venta de un barco muy
antiguo que estaba totalmente amortizado, que hacía la ruta Valencia-
Ibiza y que se ha vendido al mejor postor en un concurso en el que
han participado cuatro firmas. Por tanto, tengo que decirle que lo
hemos vendido lo más caro que hemos podido, que lo hemos vendido al
precio que fija la tasación independiente y que ese precio incluye la
reparación de 215 millones de pesetas; de modo que el precio no ha
sido perjudicial para Trasmediterránea. Además, hemos llegado a un
acuerdo con la compañía que lo ha comprado, que como hace los viajes
más deprisa porque es Denia-Ibiza, el 50 por ciento de pasaje que le
queda libre siga siendo a cargo de Trasmediterránea
en condiciones ventajosas que nos permiten ganar 100 millones donde
perdíamos 130.
No comparto la preocupación de S.S., pero en cualquier caso estamos
abiertos a todas las sugerencias que nos plantee. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien! Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del
Gobierno.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FUENTES GALLARDO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO
ENCARGAR AL EX SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI), DON LUIS ESPINOSA, LA GESTIÓN DE
LOS MICROCRÉDITOS U OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN?
(Número de expediente 180/002091.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que responderá el ministro
de Asuntos Exteriores, y que con el número 14 formula el diputado don
Francisco Fuentes Gallardo, del Grupo Socialista.
Señor Fuentes.
El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el señor Espinosa dejó de ser secretario general de
la AECI el 18 de noviembre. Una semana después, el señor Espinosa
asiste a una reunión con el secretario de Estado de Cooperación, el
Villalonga solidario, y con los embajadores españoles en los países
prioritarios de la cooperación. Haciendo un punto y aparte, a ver si
no explica en calidad de qué estaba en esa reunión el señor Espinosa.
Señor ministro, según nuestras noticias el señor Espinosa dijo en esa
reunión que se le iba a encargar la gestión de los microcréditos. Por
eso formulamos la pregunta que figura en el orden del día. No
podíamos imaginarnos que el señor Espinosa dijese la verdad. No
podíamos creer que un Gobierno que cesa a un señor por graves
irregularidades le encargue la gestión de miles de millones de
pesetas. Hoy los medios de comunicación anuncian que ustedes lo han
nombrado ya y espero que nos dé alguna explicación.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuentes.
Señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor
presidente, señorías, según el real decreto por el que se crea el
Fondo de microcréditos, tanto la Administración como la gestión del
fondo
corresponden en exclusiva a la Agencia Española de Cooperación.
Por otra parte es cierto que los acuerdos actualmente en vigor prevén
la contratación de expertos coordinadores por parte de los gobiernos
beneficiarios de los microcréditos. Esos expertos no abundan, y
puesto que el señor Espinosa tiene intención de residir en el futuro
en la República Dominicana y dados sus conocimientos sobre el tema,
(Rumores y protestas.- Risas.- Un señor diputado: ¡Es un experto!-
Otro señor diputado: Deplorable.) es muy probable que, en efecto, el
programa de la República Dominicana acabe contratando al señor
Espinosa en calidad de experto coordinador de microcréditos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.
Señor Fuertes.
El señor FUERTES GALLARDO: A ver si nos enteramos, señor ministro,
por qué no es secretario general el señor Espinosa. Debe saberse por
qué no es. Primero, no es porque está imputado por el Tribunal de
Cuentas por gestión irregular de los fondos cuando era directivo de
la patronal valenciana. Segundo, no es porque está procesado por una
quiebra fraudulenta. Tercero, no es porque ha hecho un negocio turbio
creando ex profeso una ONG con sus antiguos colaboradores en la
patronal, Pueblo Fraterno, a la cual ha regado con fondos públicos.
Por eso no es secretario general.
Ahora a esa persona le encargan ustedes de los microcréditos o la
recomiendan para que la contrate un Gobierno. Eso no lo puede
entender nadie, señor ministro, nadie puede entender que una persona
con esos antecedentes gestione. No puede entenderlo nadie, salvo que
ustedes como Partido Popular le deban al señor Espinosa grandes
favores. (Un señor diputado: Indudablemente.)
Un consejo, señor ministro, si va a la República Dominicana donde
usted tiene importantes inversiones hoteleras, manténgalo lejos
porque termina usted en la ruina.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuentes.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias,
señor presidente.
Como ya he dicho en anteriores ocasiones... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor ministro. Por favor, señora
Leiva y compañía, silencio, por favor.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): El señor
Espinosa decidió a petición propia ser relevado de la Secretaría
General de la Agencia.
(Rumores y protestas.-La señora Cunillera i Mestres: ¡Cómo se atreve!
Un señor diputado: ¿Por qué no os calláis.) Los temas a los que el
señor Fuentes se refiere son anteriores a su nombramiento como
secretario de la Agencia y nada tienen que ver con sus funciones en
la misma. Es más, S.S. debería saber que fue llamado a declarar en
calidad de imputado y que en ningún momento ha sido procesado ni por
el fiscal ni por los jueces. Por ello mismo no hay ninguna razón para
alarmarse por la decisión que pueda tomar en su momento la República
Dominicana de contratarle como experto y tampoco hay razón para
inquietarse ni para actuar como inquisidor, yendo más allá que los
propios fiscales y jueces y negándole el derecho elemental de toda
persona a la presunción de inocencia.
Tenga la seguridad S.S. de que ese Gobierno ha acabado con los
escándalos. Aquí no habrá ningún nuevo Filesa, aquí no habrá ningún
nuevo Matesa, ningún nuevo Malesa, aquí no habrá ningún nuevo Boletín
Oficial del Estado, ni viajes Ceres. No, señoría, aquí nosotros
procuramos gestionar bien y no nos enteramos de los escándalos por
los periódicos.
Muchas gracias. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Qué vergüenza!-
Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Asuntos
Exteriores.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO MOYA MILANÉS, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿LE PREOCUPA AL
GOBIERNO QUE LOS ASPIRANTES A SOLDADOS PROFESIONALES PUEDAN SUPERAR
PRUEBAS DE ADMISIÓN CON CALIFICACIONES DE 0,5 PUNTOS SOBRE 10?
(Número de expediente 180/002096.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que responderá el ministro
de Defensa y que formula, con el número 19, el diputado del Grupo
Socialista don Pedro Moya Milanés.
Señor Moya.
El señor MOYA MILANÉS: Gracias, señor presidente.
En la última reunión de la Comisión de Defensa le pregunté por las
calificaciones de los aspirantes al ejército profesional. Usted dijo
que no tenía conocimiento de que se aprobara con nota inferior a
cinco puntos sobre diez. Por los medios de comunicación hemos sabido
posteriormente, por el listado expuesto en el centro de reclutamiento
de Madrid, que se superan pruebas con calificaciones de 0,5 sobre 10,
las hay de 1,3, de 1,5 y, al parecer, 300 de los 1.000 aspirantes por
Madrid han aprobado con nota inferior a cinco. ¿Confirma el ministro
tales informaciones y, en todo caso, se siente preocupado al
respecto?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señor presidente,
señoría, es cierto lo que contesté en la Comisión de Defensa. Es
cierto que apareció inmediatamente en un medio de comunicación una
noticia dando esa información. A raíz de eso no puedo confirmar lo
que dice el citado medio de comunicación y que constituye el objeto
de la pregunta de su señoría. No son notas de calificación, son tan
sólo pruebas de ordenación de los solicitantes que, junto con dos
calificaciones ulteriores, forman la nota de ordenación de los
seleccionados que en un segundo proceso son objeto de selección
definitiva y posteriormente de formación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Moya.
El señor MOYA MILANÉS: Señor ministro, perdone, pero la verdad es que
nos resulta bastante extraño que se hagan notas de clasificación o de
ordenación con decimales. Nos encontramos con que algún soldado
aparece con una nota de 1,583, difícilmente eso puede responder a una
clasificación, a un orden dentro de una lista; el orden 1,583 tiene
toda la pinta de calificación, no de clasificación.
El tema puede parecer grotesco, pero es bastante serio. Es serio
porque hace tan sólo unos meses usted decía también en la Comisión
que por debajo de cuatro aspirantes por plaza sufría la calidad del
ejército profesional y estamos en 1,2 aspirantes por plaza. Ahora
surge el problema de las calificaciones que usted trata de envolver
como clasificaciones. Yo creo, sinceramente, que están ustedes
construyendo un ejército profesional sobre unas bases que en todo
caso no tienen nada que ver con la calidad.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señoría, no estoy
intentando envolver ninguna realidad. Desde que se inició este
sistema en el año 1997, siempre han sido al final nombradas,
seleccionadas personas que no han rebasado la supuesta, la pretendida
calificación de cinco, y digo supuesta y pretendida porque, repito,
es un criterio de ordenación de todos los llamados. Decir que por
encima de cinco es aprobado y por debajo de cinco es suspendido es
absolutamente arbitrario.
Pero vamos al fondo. Al Gobierno y a S.S. les interesa la
profesionalización y las llamadas tres erres: reclutamiento,
renovación de los contratos y reinserción en la vida laboral. Estamos
acelerando al máximo para que pueda llevarse a cabo en el menor
período de tiempo posible la profesionalización total. Se empezó con
una profesionalización anual de 3.500 y estamos en 17.500,
contando las renovaciones, en 25.000; hemos multiplicado por ocho. Es
imposible, cuando el número de plazas convocadas es ocho veces
superior en tres años, que se consiga ocho veces el número de
aspirantes, con lo cual es cierto que ha bajado el número de
solicitantes por plaza.
Lo único que no se compadecería con eso es urgir una más rápida
finalización del servicio militar, porque entonces, si fuera cierto
lo que S.S. dice -que no lo es-, lo que se aconsejaría sería ir más
despacio. Por eso, al Gobierno le preocuparía si fueran
calificaciones, pero no le preocupa porque son puras ordenaciones en
fila para ver quiénes deben ser ulteriormente formados
y seleccionados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INTERIOR: ¿CÓMO
JUSTIFICA EL GOBIERNO EL INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA DURANTE LOS
AÑOS DE SU LEGISLATURA 1996-1999? (Número de expediente 180/002097.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá el
ministro de Interior, don Jaime Mayor Oreja, y que comienzan por la
que, con el número 20, formula don Juan Alberto Belloch Julbe, del
Grupo Socialista.
Señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias. ¿Cómo justifica el Gobierno
el incremento de la delincuencia durante esta legislatura?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belloch.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor
presidente.
Señoría, no comparto su afirmación porque las previsiones, que
prácticamente hoy son realidad, para el final de este año nos sitúan
en una reducción de un 1 por ciento respecto del número de
infracciones penales en relación con el año anterior.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias.
Tenemos, por tanto, un problema de datos. Según nuestros datos, hasta
1998, es decir, en los tres primeros años -el último lógicamente no
está computado, sólo tenemos los datos del primer semestre, puede ser
que cuando se termine esos datos sean reales-, los que están
actualmente computados y de acuerdo con
los propios registros de la Policía y de la Guardia Civil, el número
de registros se ha incrementado exactamente en 150.000. Si tomamos
los datos de la Fiscalía, las denuncias se han incrementado en
500.000. Son cifras que hasta cierto punto podrían considerarse no
preocupantes si no estuvieran combinadas con otros factores. Están
combinadas con el factor de que ya no se registran las infracciones
penales que vienen perseguidas por los mossos desquadra y por la
Ertzaintza en la medida de su progresiva implantación territorial. En
segundo término, se aplican en una situación en que han desaparecido,
por despenalizadas, la mitad de las faltas del Código Penal. En
tercer término, se trata de una situación económicamente boyante y
quizá lo que querrá decir es que se habrá incrementado el PIB pero
a lo mejor no se ha luchado en el terreno de la igual distribución de
esa riqueza.
En cualquier caso, se trata de cifras complicadas. Pero fíjese, señor
ministro, que podría plantearle el tema del modo en que ustedes lo
hacían: Se ha incrementado la tasa de la delincuencia, por tanto,
fracaso de su política. Lo decían ustedes, incluso usted mismo lo
planteó en su comparecencia inicial, cuando habló de los proyectos de
su Ministerio: vamos a rebajar las tasas de delincuencia. Hasta ahora
eso no ha sido así. Si al final de este año ocurriera, con mucho
gusto lo rectifico, pero hasta ahora no ha sido así.
Pero no le vamos a pedir, con el dato concreto de que cuando
abandonamos el Gobierno la tasa de delincuencia era de 105, tomando
como base 1990, y hoy es 110 -se ha incrementado cinco puntos-, que
reconozca su fracaso; le vamos a pedir sólo una cosa: que el Grupo
Popular haya aprendido la lección y cuando en marzo esté en la
oposición procure ejercerla con el mismo sentido de la
responsabilidad con el que hemos venido ejerciéndola nosotros.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belloch.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, en
esta que es al mismo tiempo la primera y la última pregunta
parlamentaria que me hace sobre delincuencia en este Pleno, le voy a
asegurar que no me voy a contagiar del final de la legislatura.
Simplemente le reiteraré que los datos que nosotros manejamos desde
el Ministerio de Interior no resisten sus afirmaciones, porque usted
plantea una verdad a medias. Precisamente lo que se produce a partir
del año 1997, no en este año sino durante los años 1998 y 1999, es
una cierta estabilidad en el crecimiento de la delincuencia. Como
antes le he dicho, al final de este ejercicio se va a detener la
tendencia acumulada desde hace 20 años.
Pero, señorías, entre todos, y especialmente los guardias civiles y
los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, hemos conseguido que la
Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía estén a la cabeza de
las instituciones en cuanto a la aceptación de la sociedad
española. El 42 por ciento de los españoles consideran que en tres
años la seguridad ciudadana ha mejorado y el 65 por ciento piensan
que las labores en materia de seguridad cotidiana ciudadana del
Cuerpo Nacional de Policía es buena o muy buena, y esto no es casual,
señoría. El índice de eficacia del Cuerpo Nacional de Policía ha
pasado del 25,7 al 27,5. Ha aumentado, es verdad, el número de
denuncias en un cien por cien, porque hay más proximidad policial,
porque hay más medios de presentar las denuncias y por una mayor
concienciación ciudadana en delitos como son los malos tratos
familiares.
En lo que tiene usted razón, señoría, es en que parte de ese mérito
es suyo y de su grupo parlamentario, que en las cuestiones
relacionadas con la seguridad ciudadana ha estado a la altura de las
circunstancias en estos años para bien de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y para bien del conjunto de los españoles. Pero
no se avergüence en el último momento, en el final de la legislatura,
de lo que usted ha hecho en este terreno, que ha sido cooperar y
colaborar en materia de seguridad para todos los españoles. No
entremos en estos momentos en el síndrome del mérito frente a los
grupos parlamentarios en el último segundo. Quiero decirle, señoría,
que yo no me voy a avergonzar en modo alguno de lo que juntos hemos
hecho para mejorar la seguridad de los ciudadanos.
Respecto de las expectativas electorales, señoría, ya sabe que hay un
refrán: Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON LUIS ALBERTO AGUIRIANO FORNIÉS, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INTERIOR:
¿POR QUÉ EL GOBIERNO NO HA ADAPTADO LEGALMENTE LA ESTRUCTURA DE LA
POLICÍA AL PLAN DE POLICÍA 2000? (Número de expediente 180/002098.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 21,
formula el diputado don Luis Alberto Aguiriano Forniés, del Grupo
Socialista.
Señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIÉS: En mi caso tampoco es por hacer méritos,
pero en todos los sentidos sí es mi última pregunta.
Señor ministro, el texto de la pregunta dice: ¿por qué el Gobierno no
ha adaptado legalmente la estructura de la Policía al Plan de Policía
2000? La pregunta, que no pretende coger al ministro en un fallo por
no saber a qué se refiere, viene dictada porque hasta ahora las
denominaciones de las diversas secciones de la Policía, por poner un
ejemplo, en seguridad ciudadana, venían dictadas en una orden
ministerial. Con motivo de este famoso proyecto de Policía 2000 se
han cambiado las
denominaciones. La idea de una uniformidad en las denominaciones por
orden ministerial era garantizar que, tanto policías como ciudadanos,
en cualquier comisaría española supiesen perfectamente qué
departamentos, qué policías, qué funciones, etcétera, tenían.
Actualmente, con el proyecto de Policía 2000 hay una cierta confusión
en la cuestión.
La pregunta está ahí, pero, como usted comprenderá, al final hay que
aprovechar y tenemos que plantearnos cuál ha sido el resultado real
del proyecto de Policía 2000 en los meses que lleva funcionando.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguiriano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor
presidente.
Por un elemental sentido de la prudencia estamos tratando de
implantar y adecuar este proyecto de Policía 2000 de un modo gradual
y progresivo. Como usted bien sabe, la policía de proximidad
constituyó un cimiento indispensable para este proyecto de Policía
2000. Se implantaron 1.900 policías de proximidad, 226 grupos de
investigación y se aumentó el 48 por ciento de las patrullas
motorizadas. Pasamos luego al programa de Policía 2000 en su primera
fase, que, como usted bien sabe, se instala sobre seis delitos en las
seis principales ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Málaga y Alicante. Y está siendo indispensable escuchar las
valoraciones, los diagnósticos, los análisis que hacen los
profesionales del Cuerpo Nacional de Policía al estar implantando
progresivamente este proyecto de Policía 2000.
Lo que le quiero decir es que, transcurrido un año desde su puesta en
marcha, en enero del 2000 será el momento de iniciar esa adecuación
legal de estructuras que usted plantea, será el momento de elaborar
un proyecto sobre protocolos de actuación y desarrollo de nuevas
estructuras policiales para su completa adecuación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIÉS: Gracias, señor presidente.
Hace unos meses presentaron el proyecto de Policía 2000 con un gran
aparato propagandístico, al cual estamos habituados. En cualquier
telediario continuamente aparecen promesas de las cosas magníficas
que el Gobierno va a hacer en los próximos meses; luego, de la
propaganda a la realidad hay bastante diferencia.
Ustedes, como dice, crearon un proyecto de Policía 2000 para seis
ciudades y seis delitos, si no estoy mal informado, lo están
extendiendo por el resto de las ciudades y, según la información que
yo tengo, esos seis delitos han aumentado en esas seis ciudades. Es
posible que usted me diga que no han aumentado, que han
disminuido, pero la capacidad que este Gobierno tiene de camuflar
estadísticas ya la conocemos. Por desgracia, en el tema de la
delincuencia no puede venir el Tribunal de Cuentas a sacar los
450.000 millones que ustedes tenían camuflados en el déficit. Aquí,
por desgracia, como digo, no nos lo van a aclarar y posiblemente sea
su palabra contra la mía.
En cualquier caso, cuando ustedes implantan el proyecto Policía 2000
parten de un error inicial grave: no cuentan ni con los funcionarios
ni con los sindicatos. Yo creo que ese es un tema grave. No conozco
ninguna empresa, ni en el sector público ni en el sector privado, que
pretenda cambiar la forma de incentivar a sus trabajadores y los
métodos de trabajo sin contar con el acuerdo, la aquiescencia y la
negociación con los sindicatos. Por eso el proyecto de Policía 2000
ha nacido cojo, con graves problemas, con graves deficiencias y con
muchas resistencias en el mundo de los sindicatos, en el mundo de los
representantes de los funcionarios de policía. Como digo, pienso que
los resultados son negativos. En cualquier caso, ustedes, como
siempre, mucha propaganda, muchas palabras y pocos hechos. Al fin y
al cabo, la derecha española sigue siendo fiel a lo que ha sido toda
su vida.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguiriano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, con
brevedad porque es difícil responder a las afirmaciones que ha hecho,
sobre todo las últimas. Yo le voy a decir simplemente que si algo ha
hecho este programa de Policía 2000 es contar con la participación de
los funcionarios profesionales de la policía. Si algo no hemos hecho
en el programa de Policía 2000 es presentarlo a bombo y platillo. No
ha habido presentación alguna del proyecto por parte de los máximos
responsables del Ministerio, sino que se ha hecho provincialmente, de
forma gradual en cada una de las ciudades. Yo no sé si usted o yo
hacemos propaganda, pero le voy a dar unos datos que surgen de las
estadísticas del Cuerpo Nacional de Policía. En el territorio Policía
2000, en esas seis ciudades, los delitos de sustración de vehículos,
tirones y robos han descendido un 7,3 por ciento, los índices de
seguridad en esas ciudades han aumentado un 5,5 por ciento y ese 1
por ciento que daba en mi respuesta al señor Belloch sobre los datos
anteriores en buena parte se deben al proyecto de Policía 2000, con
lo cual, señoría, no sé si la demagogia está en la izquierda o en la
derecha, pero usted ha venido hoy sin datos y sólo con expresiones
que poco sentido de la realidad tienen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO JOVER PRESA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INTERIOR: ¿CÓMO EXPLICA EL
GOBIERNO LA CONFLICTIVIDAD SINDICAL PERMANENTE EN EL ÁMBITO DE LA
SEGURIDAD PÚBLICA? (Número de expediente 180/002099.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 22,
formula el diputado don Pere Jover Presa, del Grupo Socialista.
Adelante, señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cuáles son, en opinión del Gobierno, las razones que
explican la conflictividad sindical permanente en el ámbito de la
seguridad pública?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jover.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señoría, simplemente le
diré que el diálogo en el Ministerio de Interior con los sindicatos
policiales ha sido permanente y se ha producido además un normal
funcionamiento del consejo de policía. Es verdad, tiene razón S.S.,
que en dos circunstancias, una la actual, no se ha llegado a un
acuerdo con ellos, lo que ha motivado sendos conflictos sindicales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, lo lamento, pero no puedo estar de acuerdo con la
valoración que usted ha dado sobre la situación actual, ni sobre la
actual ni sobre la pasada, y me temo que tampoco están de acuerdo con
ella los representantes de los sindicatos policiales. La realidad es
que esta conflictividad no es nueva, se arrastra ya desde hace
bastantes años y, en opinión de los afectados, fundamentalmente es
debida al hecho de que el Gobierno, y concretamente usted, ministro
de Interior, no acaba de dar una respuesta clara a las demandas que
una y otra vez se plantean desde los sindicatos representativos del
sector. Y lo que es más importante, señor presidente, señor ministro,
es que el Gobierno al actuar de esta manera está incumpliendo
compromisos electorales de su partido, porque lo cierto es que,
independientemente de lo que ustedes dijeran cuando estaban en la
oposición -yo tampoco me voy a referir a ello-, el programa electoral
con el que el Partido Popular ganó las elecciones -y esto lo sabemos
todos- incorporaba compromisos en esta materia, compromisos como la
equiparación retributiva, funcionarial y de derechos sindicales entre
los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes de
las diferentes administraciones públicas. Todos entendemos, señor
ministro, que estos compromisos no
podían cumplirse de forma inmediata. Nosotros nunca se lo hemos
pedido y creo que los sindicatos tampoco. Nos habríamos conformado
con comprobar que en los diferentes Presupuestos Generales del Estado
que se han ido aprobando a lo largo de estos años -el de 1998, el de
1999 y el del 2000, que se aprobará próximamente- se avanzaba por
esta vía sin prisa, pero sin pausa. Lo cierto es que esto no ha sido
así. Llevamos ya aprobados varios Presupuestos Generales del Estado,
próximamente esta Cámara aprobará los del año 2000 y no se observa
que se haya avanzado en absoluto por esta vía de la equiparación y
del reconocimiento de derechos funcionariales en un contexto
económico que parece que es bastante favorable, desde luego mucho más
favorable del que había en años anteriores -al menos esto es lo que
dicen ustedes, que la cosa va bien, que la economía va bien, que hay
bastante dinero que entra por vía impuestos- y, por tanto, no parece
que ese sea argumento para negar estas demandas. Parece que se han
negado, esto al menos es lo que dicen los sindicatos y las fuentes
que nosotros tenemos.
Hubo una declaración de conflicto colectivo en el año 1997, no se
resolvió nada. Ahora, en octubre de 1999, se vuelve a declarar
conflicto colectivo. Los sindicatos presentan unas demandas que son,
a nuestro juicio, perfectamente razonables y unas quejas que creo yo
que tienen que ser escuchadas y, sin embargo, señor presidente, nada
de esto se resuelve.
En fin, ya acabo. Yo creo -lamento decirlo, señor ministro- que en
este aspecto su gestión a lo largo de estos cuatro años no merece
otra nota que no sea el suspenso.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jover.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
señoría, la novedad en esta legislatura no ha estado en la
conflictividad sindical policial que, como S.S. sabe, siempre ha
estado presente: años 1988, 1989, 1993, 1994 y 1995. ¿Qué
calificativo tendría entonces que aplicar a la política del Gobierno,
que precisamente era de su partido, en aquella situación? ¿Cuándo no
ha estado presente la conflictividad sindical en la acción del
Gobierno y en la acción del Ministerio del Interior?
La novedad, señoría, en esta etapa de la legislatura ha radicado en
que no se ha abierto ningún expediente disciplinario por motivo de
reivindicaciones y actividades de esos sindicatos, porque sin ninguna
duda ha habido razones de estricta justicia, porque las
reivindicaciones sindicales se han movido en el ámbito de la
normalidad y porque no se ha producido ningún deterioro de ningún
servicio público en materia de seguridad. La novedad, señoría, es que
en estos cuatros años jamás se ha deslizado por ningún responsable
del Ministerio del Interior una sola crítica a la actuación de un
sindicato policial.
Discrepancias con los sindicatos las hay, las ha habido y las habrá,
pero, evidentemente, el Gobierno tiene que buscar un equilibrio entre
unos compromisos de mejoras en lo que significan los sueldos y
salarios de los policías con lo que significa un tratamiento global
del conjunto de los funcionarios en España. Pero para que vea que las
promesas no han sido incumplidas, quiero recordarle que en el
capítulo de productividad, entre los años 1998 y 1999, hemos
aumentado 5.375 millones de pesetas, que ha afectado en el año 1998 a
33.000 policías y el resto en el año 1999, y eso ha significado una
mejora aproximada de 20.000 pesetas al mes cuando se aplique el
programa de dirección por objetivos en el Cuerpo Nacional de Policía.
Señoría, termino exactamente como comencé en esta misma Cámara ante
una pregunta de una compañera suya del Congreso de los Diputados: mi
respeto pleno y total por la actividad de los sindicatos policiales.
Ese es el terreno en el que nosotros estaremos siempre desde la
discrepancia, pero también desde el respeto a su dificilísima
actuación de carácter sindical.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro del Interior.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS LÓPEZ-MEDEL BASCONES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
MEDIDAS CONCRETAS HA IMPULSADO EL GOBIERNO DENTRO DEL PLAN DE CALIDAD
Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ANUNCIADO POR EL MINISTRO DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN SU COMPARECENCIA, TRAS SU TOMA DE
POSESIÓN? (Número de expediente 180/002101.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que responderá el ministro
de Administraciones Públicas que, con el número 23, formula el
diputado don Jesús López-Medel Bascones, del Grupo Popular.
Señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, señor ministro, la
Constitución proclama como fin esencial de la Administración el
servir a los intereses generales y subraya a continuación una serie
de principios entre los cuales está sin duda alguna el de la
eficacia. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa
la Presidencia.) Aunque no es algo exclusivo de nuestro país, con
frecuencia se leS ha asignado a las administraciones públicas una
imagen de que son lentas, de que son burocráticas, de que no son
suficientemente eficaces y, aun teniendo esta afirmación un
componente parcial de verdad, también es indudable que en los últimos
años se está procediendo a desarrollar un proceso de modernización
que requiere un gran esfuerzo colectivo para dar respuesta adecuada a
las demandas de los ciudadanos. En esta tarea de mejorar
la Administración pública deben estar implicados, sin duda alguna,
los propios empleados públicos, los directivos, los usuarios y de una
manera muy especial el Gobierno que dirige esa Administración.
A lo largo de esta legislatura se han tomado diversas medidas, tanto
de orden legislativo como normativo, que implican no sólo menos
privilegios para la Administración, sino también más garantías para
los ciudadanos. Como comprenderán, señorías, no me corresponde a mí
en una pregunta parlamentaria enumerar lo que se ha hecho en estos
últimos cuatro años, pero sí afirmar desde el Grupo Popular que somos
inconformistas y que aspiramos a una mejor Administración. Aspiramos
a que la Administración sea aún más rápida, sea aún más eficaz y sea,
sobre todo, mejor conocedora de las demandas que plantean los
ciudadanos. Incidir en serio en el proceso de modernización de las
administraciones públicas no es algo que simplemente suponga medidas
aisladas, medidas dispersas, sino que, por contra, requiere un
trabajo continuado, un trabajo riguroso y un trabajo que ha de
planificarse, sin improvisaciones y con visión de futuro. Señor
ministro, tras su toma de posesión el pasado mes de enero -hace menos
de un año-, anunció en esta Cámara, en su primera comparecencia, un
plan de mejora de los servicios públicos y de la calidad de los
mismos; por ello, me permito preguntarle: ¿qué medidas concretas se
han tomado dentro del plan por usted anunciado?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López-Medel.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, el Ministerio de Administraciones Públicas ha iniciado
un proceso de modernización de la Administración y uno de sus
instrumentos es el que hemos llamado Plan de calidad y mejora de los
servicios públicos. Este Plan de calidad contiene un conjunto de
medidas dirigidas especialmente a la consecución de dos objetivos:
uno, evaluar para mejorar la calidad en la prestación de los
servicios públicos y, dos, acercar la Administración a los
ciudadanos.
El primero de los objetivos, puesto ya en marcha a través de
diferentes programas, presenta tres vertientes. La primera, la
implantación del modelo europeo de gestión de la calidad, programa en
el que ya están trabajando distintos ministerios y que persigue
extender la práctica de la evaluación entre las distintas unidades
administrativas como medio de conseguir que la Administración esté
orientada a los ciudadanos, evalúe los procesos y los resultados e
incorpore todos los procedimientos para la mejora continua del
funcionamiento de las unidades administrativas. La segunda vertiente
es el establecimiento de un compromiso permanente de calidad. Con
este fin se establecieron las denominadas cartas de servicio, que son
unos documentos que permiten
conocer los servicios que presta cada una de las unidades
administrativas, con qué estándares de calidad, los compromisos que
adquiere la Administración y las compensaciones que obtendrá el
ciudadano si no alcanza esos niveles de calidad establecidos.
Finalmente, la tercera vertiente es premiar la calidad dentro de la
Administración, con el establecimiento de los premios a la excelencia
a aquellas personas o servicios que hayan destacado por la calidad de
su gestión.
El segundo de los objetivos perseguidos, el acercamiento de la
Administración al ciudadano, se ha puesto en marcha a través del Plan
general de simplificación administrativa, que persigue instaurar el
silencio positivo en todos los procedimientos, facilitar a los
ciudadanos el ejercicio de sus derechos con plenas garantías y
adecuar la actividad administrativa a la sociedad de la información,
incorporando las tecnologías de la información y la comunicación.
Para ello, en los últimos días se ha reunido la Comisión
interministerial de simplificación, se están perfilando acciones para
distintos procedimientos y, además, en cuanto a la nueva arquitectura
jurídica, se han iniciado acciones como la ventanilla única
empresarial, que está teniendo un enorme éxito, y otras iniciativas
que iremos dando a conocer.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA MERCÉ AMORÓS I SANS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿EN QUÉ FASE SE ENCUENTRA EL ESTUDIO
QUE DEBÍA ELABORAR EL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD PARA POSIBILITAR EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO ESPECIAL DE
FINANCIACIÓN PARA CUBRIR LAS PRESTACIONES SANITARIAS ESPECÍFICAS QUE
PROVOCAN LAS ENFERMEDADES DE ANOREXIA Y BULIMIA, APROBADO EL DÍA 23
DE ABRIL DE 1999 EN LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO DEL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS, MEDIANTE PROPOSICIÓN NO DE LEY? (Número de expediente
180/002112.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al Gobierno y que contestará
el señor ministro de Sanidad y Consumo. Pregunta número 34, que
formula doña María Mercé Amorós i Sans, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Señora Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha manifestado
reiteradamente su preocupación por una enfermedad que,
desgraciadamente, si no loremediamos, va en aumento. Los afectados
por la anorexia
y la bulimia son cada vez más jóvenes. Esta preocupación, no cabe
duda -así se ha puesto de manifiesto a lo largo de la legislatura-,
ha sido compartida por todos los grupos parlamentarios, que, por
medio del diálogo, la negociación y la voluntad de actuar en
positivo, han presentado iniciativas parlamentarias con instrucciones
concretas al Gobierno. El 23 de abril de 1999 la Comisión de Sanidad
y Consumo instó al Gobierno a elaborar un estudio sobre un posible
fondo específico de financiación de las prestaciones sanitarias en
relación con la anorexia y la bulimia. Señor ministro, la pregunta de
mi grupo parlamentario es muy concreta y necesita pocas
explicaciones; sólo queremos conocer si duerme o no el sueño de los
justos la elaboración de este estudio económico, pues es difícil
transformar ideas y necesidades en acciones reales y eficaces sin
contar con recursos específicos. No nos conteste con explicaciones
extensas sobre lo que ha hecho o va a hacer su Ministerio en materia
de anorexia y bulimia; simplemente queremos saber el grado de
cumplimiento que su Ministerio está dando a este punto en concreto
del estudio económico para dotar de financiación específica a las
prestaciones sanitarias para la enfermedad de anorexia y bulimia,
cuya elaboración fue aprobada el 23 de abril de 1999.
Gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amorós.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señoría, con mucho gusto contesto a su pregunta y,
además, si le puedo ayudar a remediar ese catarro, lo haré también en
cuanto termine, porque S.S. tiene mucho mérito resistiendo esas
dificultades y compareciendo en el Parlamento.
Yo le puedo decir que estamos trabajando en esa materia, que hay un
grupo de expertos integrados por representantes de las sociedades
científicas implicadas en este asunto (las de psiquiatría, pediatría
y endocrinología), que están analizando en el contexto asistencial el
problema de los trastornos de la conducta alimentaria con objeto de
establecer los criterios de ordenación de recursos necesarios, para
garantizar un tratamiento integral a los mismos y a la vez actualizar
el protocolo de actuación elaborado en 1995 y que convenía revisar.
Dado que la atención primaria es un escalón esencial para la
prevención primaria de estas enfermedades, para su diagnóstico precoz
y derivación a la especializada y para la prevención terciaria se
consideró también conveniente incorporar como una derivada de ese
grupo de expertos a médicos de familia integrados en la Sociedad
española de medicina familiar y comunitaria. Desde su constitución,
este grupo de expertos se ha reunido en seis ocasiones, y como
resultado de los trabajos realizados disponemos ya de un protocolo
específico de atención primaria, que no existía anteriormente y que
incluye aspectos epidemiológicos, factores de riesgo, criterios de
actuación en prevención primaria, diagnóstico y detección precoz de
los trastornos del comportamiento alimentario y criterios de
prevención terciaria; y un protocolo de atención especializada que
incluye, junto a aspectos de valoración clínica, criterios para los
ingresos urgentes y su evaluación y actividades de prevención
secundaria a desarrollar en consultas externas, unidades de día y
hospitalización. Estos documentos nos permiten disponer de criterios
específicos consensuados y sustentados en la evidencia científica
disponible para prevenir estas enfermedades y atenderlas de la forma
más eficaz. Una vez finalice esta fase, que ya está muy avanzada, se
remitirá al consejo interterritorial para su toma en consideración,
y a partir de todo ello se estudiarán las posibles necesidades
adicionales que la atención de estos pacientes pueda requerir. En
definitiva, éste es el estado actual del cumplimiento del mandato
parlamentario por el que S.S. se interesaba.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y
ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL SEÑOR MINISTRO QUE EL
GOBIERNO VELA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS POR EL PLENO
RESPETO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 20 DE
LA CONSTITUCIÓN? (Número de expediente 180/002094.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno y que contestará el señor ministro de Industria
y Energía y Portavoz. Pregunta número 17, que formula doña Rosa Conde
Gutiérrez del Álamo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Conde.
La señora CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿considera que el Gobierno vela en los medios de
comunicación públicos por el pleno respeto de los derechos y las
libertades consagrados en el artículo 20 de la Constitución?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Conde.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, evidentemente, el Gobierno, como es su obligación, vela por
el cumplimiento del artículo 20 de la Constitución y además, en este
caso, por el cumplimiento de lo que define el Estatuto de
Radiotelevisión Española.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señora Conde.
La señora CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ustedes no respetan el artículo 20 de la
Constitución. Hasta el Defensor del Pueblo ha tenido que
recomendarles su cumplimiento. Todos los artículos de la Constitución
son importantes, pero si alguno es esencial para todos, es
precisamente el artículo 20, el que garantiza nuestras libertades,
algo que nos faltó, como usted bien sabe, en el franquismo y que
ahora escasea. (Rumores.) El artículo 20, señor ministro, habla de
expresar y difundir libremente el pensamiento, las ideas y las
opiniones; ustedes no lo hacen posible. Han echado de Televisión a
todos los profesionales que se identificaban con los socialistas; han
emprendido batallas con grupos empresariales que consideraban que no
eran afines; han amenazado a un empresario con la cárcel; amedrentan
a profesionales de los medios privados e incluso en algunos casos han
procurado que les echen de sus medios. (Rumores.) Señor ministro, el
artículo 20 de la Constitución también habla de comunicar o recibir
libremente información veraz. Le pondré sólo un ejemplo de lo que
hacen en sus telediarios: las opciones sobre acciones de Telefónica,
el mayor pelotazo que se ha dado en España en los últimos 40 años, un
gran escándalo social. ¿Sabe usted cuánto tiempo le ha dedicado
Televisión Española en sus principales telediarios? Seis minutos 20
segundos, la quinta parte de lo que le han dedicado otras cadenas, y
esto en un mes, del 27 de octubre al 28 de noviembre. Señor ministro,
el artículo 20 dice también que deben cumplirse todos estos derechos
sin ningún tipo de censura. Le pondré otro ejemplo, que además le va
a hacer gracia. Después de la entrevista del señor Arzallus con
Almunia, el señor Arzallus hace unas declaraciones y afirma que el
señor Aznar es un pedrusco. ¿Sabe usted qué dice su televisión? Que
el señor Aznar es una roca. (Risas.) No hace falta ser lingüista para
saber la diferencia que hay entre un pedrusco y una roca. (Rumores.)
Por último, señor ministro, el artículo 20 de la Constitución habla
de respetar el pluralismo, y esto ustedes no saben lo que es. Olvidan
que no hay democracia sin pluralismo. En fin, señor ministro, creo
que para ser demócratas hay que respetar el artículo 20 de la
Constitución y ustedes no lo respetan. La conclusión, señor ministro,
la dejo para usted. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Conde.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la exageración desacredita y la falsedad desacredita
totalmente. Decir a estas alturas que no se respetan las libertades,
que no hay libertad de expresión (Rumores.) y todos estos males que
usted ha manifestado lo único que hace es quitar el más mínimo
crédito a lo que está diciendo. Y ampararse en cosas como sustituir
pedrusco por roca es como si yo negara la objetividad de un medio de
comunicación porque sustituye una expresión escatológica (La señora
Conde Gutiérrez del Álamo: ¡Pedrusco!) dirigida al señor Almunia y al
señor Aznar por la palabra cosa. Si yo pretendiera hacer eso usted me
quitaría la razón, y la llevaría. Por lo tanto, no eleve la anécdota
a la categoría y respete, por favor, a los televidentes y a los
ciudadanos españoles, porque no en vano los telediarios, los
informativos de Radiotelevisión Española son los de mayor audiencia
un día tras otro, y eso se consigue sobre la base de la credibilidad,
la objetividad y el rigor. (Rumores.)
Ya sé que es la enésima vez que S.S. plantea el tema en esta Cámara.
Yo le voy a contestar siempre lo mismo: hay unos grandes
profesionales en Radiotelevisión Española que merecen todo nuestro
respeto y que lo hacen bien; por cierto, en su inmensa mayoría ya
estaban antes porque son buenos profesionales. Lo que hay que hacer
en el tema Radiotelevisión Española, y usted lo sabe, no es discutir
de contenidos, porque eso no está en la opinión pública ni preocupa a
la gente. Hay que discutir de modelo. (La señora Rubiales Torrejón:
Ahora sí.- Rumores.) Efectivamente, ahora. Hay que discutir de modelo
de financiación. Y la peor manera de intentar discutir el modelo es
irse de los sitios cuando se plantean cosas que no gustan, que es
exactamente lo que han hecho ustedes, porque cuando no pueden imponer
sus criterios simplemente se van. Yo les recomiendo que vuelvan a la
subcomisión, discutan el modelo de Radiotelevisión Española
(Rumores.), discutan cómo queremos que sea Radiotelevisión Española
en el futuro y léanse, por favor, el documento que hemos presentado a
la subcomisión. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se
perciben.) Seguro que todos sacaremos conclusiones positivas en lugar
de ir perdiendo el tiempo en cosas que no le interesan a nadie.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señorías, les ruego que permitan el uso de la palabra a aquel de SS.
SS. que está en él, se lo ruego encarecidamente. No se puede intentar
impedir la expresión oral mediante afirmaciones rotundas en voz más
alta que la de quien está utilizando la megafonía. Lo ruego
encarecidamente. (El señor Guerra Zunzunegui pronuncia
palabras que no se perciben.) Silencio, por favor, señor Guerra.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO CUEVAS DELGADO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ
DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL RECIENTE INFORME DE LA
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE),
QUE, ENTRE OTRAS CUESTIONES, SEÑALA QUE LA TARIFA DOMÉSTICA DE LA
ELECTRICIDAD -LA QUE PAGAMOS TODOS- ES UNA DE LAS MÁS ALTAS DE TODOS
LOS PAÍSES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICO (OCDE)? (Número de expediente 180/002095.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
18, que formula don Antonio Cuevas Delgado, del Grupo Socialista.
Señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, hablando de crédito y de respeto, que tanto le gusta,
para evitar que ocurra lo de la semana pasada, cuando usted no
entendía la pregunta, se la voy a formular literalmente: ¿Cómo valora
el Gobierno el reciente informe de la OCDE, que, entre otras
cuestiones, señala que la tarifa doméstica de la electricidad -la que
pagamos todos- es una de las más altas de todos los países de esta
Organización?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Cuevas.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno no puede valorar un informe que no existe.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Parece mentira que sea usted responsable de
la información. El informe existe, está aquí. Es cierto que se trata
de un informe reservado, pero reservado no significa que sea secreto,
estando a disposición de muchos organismos, entre ellos la Agencia
Internacional de la Energía, y seguro que usted lo conoce. Y, por si
no lo conoce, en un periódico de ayer o de anteayer se hizo
referencia a dicho informe.
En fin, esto no es lo fundamental, sino que lo que se refleja en ese
informe es absolutamente cierto. De los 20 países que integran la
OCDE, España es el cuarto que tiene los precios más caros, después de
Japón, Dinamarca y Bélgica, en cuanto a la electricidad de los
consumidores domésticos, no así de los consumidores industriales,
ámbito en el que está mejor situado. Ésta es una afirmación que hemos
hecho durante mucho tiempo y que usted negaba precisamente hace una
semana. Este informe de la OCDE, que es serio, lo único que hace es
demostrar que llevábamos razón, pero no solamente en esto, señor
Piqué, sino también en que la caída de los precios se debe
fundamentalmente al aumento de la demanda y a la ejecución de los
tipos de interés, algo que también refleja el informe, y no a las
medidas regulatorias adoptadas por el Gobierno. También llevamos
razón en que el elevado grado de concentración empresarial -Iberdrola
y Endesa con el 80 por ciento de la generación eléctrica- es un
obstáculo para la competencia efectiva y para la bajada de los
precios, algo que también dijimos, y llevamos asimismo razón en que
los precios regulados no reflejan los costes y que hay precios
ventajosos para las grandes empresas a expensas de los consumidores
domésticos: cuatro pesetas kilovatio/hora para los grandes
consumidores y 20 pesetas para los pequeños consumidores.
Señor ministro, ésta no es una política progresista ni que tienda a
favorecer el consumo ni a abaratar los precios de la electricidad,
sino una política confiscatoria en el sentido de introducir un
impuesto más en la tarifa eléctrica, algo a lo que ya nos tiene
acostumbrados.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuevas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, no sabe cuánto me alegra que me haya aclarado el sentido de
su pregunta, ya que ello me permite hacerle algunas precisiones. Veo
que no ha querido insistir en la existencia del informe, seguramente
porque a estas alturas usted ya sabe que no se trata de un informe,
sino de un borrador que ha sido ya corregido y que está siendo
discutido, por lo que de momento tiene la credibilidad que conviene
otorgarle. Hay un dato adicional de ese borrador que está en la base
de su argumentación que creo que interesará enormemente al Pleno de
esta Cámara. El dato es que se refiere a cifras del año 1997,
circunstancia que por cierto el periódico al que ustedes hacen
tantísimo caso se olvidó de mencionar, y en el año 1997 todavía no
estaba en vigor la Ley del sector eléctrico y, por lo tanto, el
proceso de liberalización en nuestro país. ¿Y sabe por qué en el año
1997 había esas discrepancias y esos precios tan altos en el sector
doméstico en relación con el sector
industrial? Porque eran unos precios que venían del marco legal y
estable que ustedes han venido aplicando durante tantísimos años. De
ahí la importancia de que hayamos emprendido la liberalización
eléctrica a partir del año 1998 y que desde entonces estas cosas se
estén corrigiendo, que estén bajando los precios de la tarifa
doméstica, que también estén bajando los precios de buena parte del
tejido industrial, no de las grandes empresas y de esas cuatro
pesetas a las que usted hacía referencia, porque esa tarifa la
pusieron ustedes, sino de las pequeñas y medianas empresas para su
competitividad y que estemos avanzando en lo que el mismo borrador
dice: una clara determinación del Gobierno español, un gran
compromiso en la liberalización del sector eléctrico, que se ha
traducido ya en efectos positivos que han mejorado la eficiencia del
sistema.
Déjeme que le diga una cosa más, señoría, una pequeña recomendación,
ya que en principio se supone que estamos asistiendo al último Pleno
de esta legislatura. No se fíen ustedes siempre de la misma fuente,
porque ella no suele tener ni el rigor ni la objetividad necesaria
para reconocer que tiene que dar buenos datos y decir la verdad. Esa
misma fuente no ha querido publicar un artículo de respuesta al
ministro que les habla y no ha publicado todavía una carta al
director diciendo las cosas que yo he dicho en este Pleno para que
quede constancia.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO LANDETA ÁLVAREZ- VALDÉS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
BALANCE HACE EL GOBIERNO DE LOS RESULTADOS DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL,
EN MATERIA DE EMPLEO, DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA? (Número de
expediente 180/002104.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
26, que formula don Antonio Landeta Álvarez-Valdés, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Landeta.
El señor LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS: Señor presidente, señor ministro de
Industria, durante los años 80 y primera mitad de los 90, la
industria española fue perdiendo peso en el conjunto de la economía,
no solamente en términos de producción, sino también en términos de
empleo. La simple observación de los últimos años sirve de apoyo a la
anterior afirmación. Por ejemplo, en 1993, el peor año en términos de
crecimiento económico desde los años 60, la población paraindustrial
en España superaba los 2,5 millones de personas, mientras que en
1995, un año muy importante desde el
punto de vista del crecimiento económico, la cifra de ocupados en la
industria seguía disminuyendo. Además de esa evidente pérdida
continua de empleo, se ponía de manifiesto que había que conseguir
grandes tasas, muy altas, de crecimiento del producto industrial para
mantener siquiera el volumen de empleo. El hecho de que en 1995 el
producto industrial creciera el 4,9 por ciento y de que el empleo
industrial aumentara sólamente en 13.000 personas pone de relieve que
el anterior Gobierno estaba aplicando una política industrial poco
incentivadora del empleo.
Desde nuestro punto de vista, 1996 marca un cambio importante en la
política industrial. Por eso, nos interesa saber si la industria ha
seguido perdiendo empleo, si ha seguido perdiendo importancia en el
conjunto de la nación y si se han necesitado altas tasas de
crecimiento en el producto industrial para mantener el empleo. Por
esta causa, hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué balance hace el
Gobierno de los resultados de la política industrial, en materia de
empleo, durante la presente legislatura?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Landeta.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, señoría, entre los rasgos más destacables de la
legislatura hay que subrayar la capacidad que ha demostrado nuestra
economía y nuestra industriapara generar empleo. A comienzos de la
legislatura, en efecto, en el segundo trimestre del año 1996, nuestra
tasa de paro estaba en el 22,3 por ciento, que era más del doble de
la del conjunto de la Unión Europea, y por lo tanto el desempleo se
revelaba así como el principal problema que debía afrontar nuestra
política económica. A partir de ahí el Gobierno diseñó una estrategia
de construcción de un marco propicio para la creación de empleo, que
implicaba avanzar en tres frentes: primero, lograr un marco
macroeconómico estable, después profundizar en la liberalización de
los mercados de bienes de servicios y de factores y, por último,
diseñar una política industrial orientada a reforzar la capacidad
competitiva de las empresas, cada vez más necesaria en un entorno de
creciente internacionalización. El éxito de las medidas adoptadas en
los tres frentes ha permitido avances espectaculares en la creación
de empleo. Por ejemplo, entre el segundo trimestre de 1996 y el
tercero del año 1999 se han creado más de 1.610.000 nuevos puestos de
trabajo en nuestra economía. Eso significa una caída de 6,8 puntos
porcentuales en la tasa de paro, bajando hasta el 15,4 por ciento en
el tercer trimestre de este año. Quiero significar que es la tasa más
baja desde el año 1981, que es justo un año antes de 1982, como todo
el mundo sabe. Esto se ha conseguido a pesar de un notable aumento
en el número de activos, en concreto 622.000 personas en el periodo
analizado.
Desde el punto de vista de la industria, la contribución a esta
evolución ha sido muy significativa. El número de ocupados en la
industria ha aumentado en más de 326.000 personas, con un notable
ritmo de crecimiento: el 0,6 por ciento en 1996, el 3,2 en 1997, el
4,9 en 1998, que es la cifra más alta que se haya dado nunca, y el
3,1 por ciento en los tres primeros trimestres de este año. En cuanto
al paro registrado, ha descendido en 202.000 desempleados desde mayo
de 1996 hasta noviembre de 1999 y el número de afiliados a la
Seguridad Social en la industria ha aumentado en cerca de 210.000 en
el mismo período.
Estos resultados, desde luego, contrastan con la pésima evolución
registrada en el periodo inmediatamente anterior, como lo evidencia
la destrucción de más de medio millón de empleos industriales desde
el inicio de la década de los 90 hasta el segundo trimestre de 1996.
Por lo tanto, en resumen, señoría, las perspectivas son muy buenas en
estos momentos para la actividad industrial, son muy positivas y la
industria continuará contribuyendo al proceso de creación de empleo
de la economía española en el próximo futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL ESCUDERO FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL
GOBIERNO LA INTEGRACIÓN DE LA EMPRESA AERONÁUTICA CONSTRUCCIONES
AERONÁUTICAS S.A. (CASA) EN EL CONSORCIO EUROPEO EADS (EUROPEAN
AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE COMPANY)? (Número de expediente 180/
002110.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
32, que formula don Ángel Escudero Franco, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Escudero.
El señor ESCUDERO FRANCO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la política de modernización del sector público
empresarial puesta en marcha por el Gobierno del Partido Popular en
1996 se ha orientado no solamente hacia una política de
privatizaciones, sino hacia la viabilidad económica y financiera de
las empresas públicas. En este sentido, desde nuestro punto de vista,
el resultado no ha podido ser más exitoso. Sin embargo, en algunos
casos la viabilidad del futuro de las empresas depende en gran parte
de la capacidad para estar presentes con garantías en los mercados
mundiales, y el sector aeronáutico estaría sin duda en esta
situación. Como todos sabemos, CASA,
que ha pasado por momentos más o menos difíciles y por momentos
críticos, se debía enfrentar a la realidad de encontrar un socio
tecnológico y financiero adecuado para dar salida a sus productos y a
sus conocimientos tecnológicos acumulados a lo largo de estos años.
Parece evidente que la oferta de la construcción aeronáutica a nivel
mundial no es muy amplia y es fundamental que los acuerdos sean los
adecuados para mantener su producción y su empleo.
Por otra parte, los proyectos aeronáuticos realizados con la defensa
están alcanzando en Europa una dimensión muy importante y
centralizada -basta recordar el proyecto Eurofighter- y es difícil
concebir una empresa aeronáutica nacional al margen de los grandes
proyectos europeos y de defensa en materia aeronáutica. En todo caso,
señor ministro, la entrada en estos proyectos debería suponer no sólo
un plus de producción nacional o aeronáutica, sino estar en contacto
con las más avanzadas tecnologíasy la posibilidad de no rescindir en
el territorio nacional una actividad de tantos efectos tecnológicos
sobre el resto de la actividad económica española y, sobre todo, una
gran posibilidad para incrementar el empleo cualificado y de calidad.
Por todo ello, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta:
¿Cómo valora el Gobierno la integración de la empresa aeronáutica
Construcciones Aeronáuticas en el Consorcio EADS?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Escudero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, creo que estamos ante algo extraordinariamente importante y
que es muy difícil de exagerar en su relevancia, porque nos
encontramos ante el proyecto de integración de la industria europea
más ambicioso que se ha dado nunca, que es la integración de toda la
industria aeronáutica europea para poder tomar la dimensión
suficiente en sus diferentes ámbitos y hacer frente así a la
competencia norteamericana.
Fíjese en la importancia de ese proceso de integración a partir de un
dato. Con la integración que en estos momentos se ha acordado entre
la industria aeronáutica española a través de Construcciones
Aeronáuticas, S.A., de la industria aeronáutica francesa a través del
grupo Aérospatiale-Matra y de la industria aeronáutica alemana a
través de DASA, propiedad de DaimlerChrysler, la dimensión que tiene
esa empresa supone una facturación de 3,5 billones de pesetas, por
tanto, estamos hablando de una inversión extraordinaria, que implica
estar solamente en el 50 por ciento de la dimensión del gran grupo
norteamericano líder mundial que es la Boeing- McDonnell Douglas,
desde luego, en el tercer lugar, estando otra compañía norteamericana
en el segundo. Por tanto, hay que seguir
avanzando por ahí, hay que intentar integrar también a la industria
británica, a la italiana, a la sueca, pero es extraordinariamente
relevante que España esté ahí desde el primer momento. Estuvo ahí
desde el principio desde el punto de vista político apoyando ese
proceso de integración. Hizo algo realmente importante que fue el
primer acuerdo con DASA, que después ha propiciado el acuerdo entre
DASA y Aérospatiale y ahora está en igualdad de condiciones en el
consorcio EADS, que esperamos que siga avanzando y siga ampliándose.
Todo ello tiene una especial significación por lo que representa de
plan industrial. Para CASA significa no sólo la posibilidad de
mantener el empleo y toda su excelencia tecnológica, sino de
ampliarlo enormemente a través de varios proyectos y de ampliar su
participación en algunos proyectos europeos, no sólo en Eurofighter,
al que usted ha hecho referencia, no sólo en el consorcio Airbus en
términos generales, al que usted ha hecho referencia, sino también en
el nuevo producto de Airbus, el llamado A3XX, que es el avión de
grandes dimensiones que va a competir con los famosos Jumbo o, por
ejemplo, el avión nuevo de transporte militar. Por tanto, estamos
ante un proceso extraordinariamente positivo y que, desde luego, el
Gobierno valora; hay que seguirlo muy de cerca, porque hay que
continuar trabajando en algo que es de interés de todos los europeos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO JESÚS SERRANO VINUÉ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS VA A
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE SE APROVECHE AL MÁXIMO EL PASO DEL TREN
DE ALTA VELOCIDAD (AVE), POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN? (Número
de expediente 180/002087.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno, que contestará el señor ministro de Fomento.
Pregunta número 11, que formula don Antonio Serrano Vinué, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Señor Serrano.
El señor SERRANO VINUÉ: Muchas gracias, señor presidente.
El paso del AVE por Aragón va a suponer una oportunidad para
convertirse en un revulsivo económico y estratégico y un instrumento
para el desarrollo y vertebración no solamente del territorio
aragonés, sino de todo el eje del Ebro, que necesita articular
medidas complementarias. En este contexto formulamos la siguiente
pregunta al Gobierno. Señor ministro de Fomento, ¿qué medidas va a
adoptar el Gobierno para
que se aproveche al máximo el paso del tren de alta velocidad por la
Comunidad Autónoma de Aragón?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Serrano.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Permítame que mi primera respuesta, señoría, sea genérica. Tomará
todas aquellas decisiones que permitan dotar a la línea de alta
velocidad de la mayor capacidad posible de vertebración del
territorio nacional y, por tanto, también del territorio de la
comunidad autónoma.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señor Serrano.
El señor SERRANO VINUÉ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no me refería exclusivamente a lo que son las propias
infraestructuras del tren de alta velocidad, sino también a otras. Le
voy a enumerar una serie de acciones concretas, de las que me
gustaría que al menos tomara nota, porque desde el Partido Aragonés
entendemos que son fundamentales para aprovechar al máximo ese paso
del tren de alta velocidad por Aragón.
En ese sentido nos gustaría que el mayor número posible de los AVE,
si no la totalidad, pare en Zaragoza; que un número importante de los
AVE también pare en la ciudad de Calatayud y que se considere y se
ponga en marcha la segunda estación en el aeropuerto de Zaragoza, lo
que supondría disponer, en menos de una hora, del aeropuerto de
Madrid.
También queremos plantear lo que se denominan las antenas, la alta
velocidad regional, entre Huesca-Zaragoza, Huesca-Lérida, Teruel-
Zaragoza, Soria-Calatayud, Teruel-Calatayud, Pamplona-Logroño-País
Vasco -esto es tremendamente importante para la conexión de la alta
velocidad con el territorio del País Vasco-, PirineosZaragoza, Caspe-
Zaragoza.
También le señalamos que, en relación con la plataforma logística del
aeropuerto de Zaragoza, sería deseable el traslado de las distintas
instalaciones ferroviarias de una forma gradual, a través de un plan
director. Asimismo nos gustaría, dada su localización estratégica,
que las naves de mantenimiento e instalación del tren de alta
velocidad, con su incidencia en el empleo, se localizaran en
Zaragoza.
Simplemente lo que queremos, señor ministro, ya que -como bien lo
sabe usted- el 40 por ciento del trazado del tren de alta velocidad
pasa por Aragón, es que se aproveche al máximo para Aragón. No nos
gustaría que el tiempo que se pierde en cualquiera de las cuatro
paradas de la vecina comunidad catalana, en Barcelona o en otras
ciudades, se compensara no parando en Aragón.
Gracias, señor presidente
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Serrano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, la nueva línea de alta velocidad MadridZaragoza- Barcelona-
frontera francesa está concebida como un eje a través del cual puedan
encaminarse las relaciones con otras líneas transversales a él,
aprovechando así toda su potencialidad. Tomo muy buena nota de las
cosas que ha dicho y lo que le puedo trasladar es aquello que está en
estos momentos o bien previsto o bien en estudio.
En el caso particular de Aragón está previsto establecer servicios
directos Huesca-Madrid y Huesca-Barcelona, mediante trenes Talgo de
rodadura desplazable y de unos 220 kilómetros a la hora, así como
otros servicios regionales Huesca-Zaragoza, que conectaran en esta
ciudad con la línea de alta velocidad.
De otra parte, se está analizando la conexión de Teruel con la línea
de alta velocidad, que en principio se prevé que se lleve a cabo
mediante servicios regionales con conexión en Zaragoza. Y dentro de
la provincia de Zaragoza está también previsto efectuar la conexión
de Pamplona y Logroño con la línea de alta velocidad, y se están
analizando distintas opciones para la conexión de Soria.
Finalmente, señoría, está la estación intermodal de Zaragoza, con
toda su capacidad, que va a ser muy grande, para organizar el sistema
de transporte no sólo al interior de Aragón sino también de las
comunicaciones de Aragón con las comunidades autónomas limítrofes.
Señoría, esto es lo que en estos momentos está en estudio en relación
con lo que produce, en sí misma, la línea de alta velocidad, que, por
supuesto, es uno de los grandes proyectos de inversión que ha puesto
en marcha este Gobierno y que se concluirá en la próxima legislatura,
y estamos en condiciones de afirmar que en el año 2002 el tren
llegará a Zaragoza.
Lo que también quiero trasladarle es que me alegro mucho de que haya
hecho esta pregunta, porque debo concluir afirmando que nunca un
gobierno de España ha invertido tanto en Aragón como el Gobierno del
Partido Popular. (Aplausos.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS OLLERO TASSARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ TIEMPO SE
INVERTIRÍA EN EL TRAYECTO FERROVIARIO GRANADA-MADRID, DE CUMPLIRSE
LOS PLANES DEL GOBIERNO? (Número de expediente 180/002105.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
27, que formula don Andrés Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente.
Al cabo de 13 años de experiencia parlamentaria no ignoro, señor
ministro, que la lectura no es una actividad recomendable en esta
Cámara. Permítame, sin embargo, que hoy haga una excepción, así
llegará con más fidelidad a los ciudadanos el tenor literal de mi
pregunta.
Hace seis días celebrábamos la primera piedra de un nuevo tramo de la
autovía Granada-Motril, lo que suponía una notable satisfacción para
los granadinos que tanto hemos luchado para hacer realidad una
promesa incumplida por gobiernos anteriores. Mil gracias, señor
ministro, por lo mucho que le corresponde. Sin embargo, le engañaría
si no añado que el acto nos sirvió también de recordatorio de lo que
resta por hacer en una de las provincias peor comunicadas de España,
la única, por ejemplo, sin autovía en su franja costera. Y qué decir
del ferrocarril que nos sitúa a los granadinos a seis horas y cuatro
minutos de la capital de España, a no ser que el masoquismo nos
invite al trayecto nocturno, en cuyo caso podemos disfrutar de nueve
horas de esparcimiento.
No le extrañará por ello, señor ministro, que le pregunte: ¿qué
tiempo se invertiría en el trayecto ferroviario Granada-Madrid, de
cumplirse los planes del Gobierno? Dada la situación actual sus
noticias serán, sin duda, motivo de alegría, tanto por lo relativo a
la duración del viaje, como por su personal garantía política de que
no faltará en el momento oportuno la financiación necesaria.
No ignoramos que los planes en marcha sólo parcialmente serán
sufragados por fondos europeos, pero no hay que ser un mago de las
finanzas para entender que las inversiones a las que estos fondos se
destinen gozarán de obligada prioridad, si no queremos dejarlos
improductivos. Cuando el AVE llegue a Bobadilla, Granada, señor
ministro, debe tener realizada toda la inversión necesaria, para que
ese tiempo de trayecto que ahora nos aclarará, se haga de inmediato
realidad sin mayores dilaciones. Me alegrarán, sin duda, sus noticias
pero, sobre todo, si no olvida esta exigencia de todos los granadinos
que tengo el honor de transmitirle: señor ministro, ni una peseta
menos, ni un minuto más tarde.
Los granadinos somos suficientemente solidarios como para no
entristecernos del bien ajeno. Sevilla fue, por acertada apuesta del
Gobierno anterior, la pionera de la alta velocidad en España, nos
pareció muy bien. Cuando se ha anunciado más tarde que el AVE llegará
también hasta Málaga, nos ha vuelto a parecer muy
bien; pero esta actitud solidaria que supera obvios agravios
comparativos no debe verse penalizada. Una cosa es que los granadinos
vayamos a continuar tardando más en acceder al centro del país, y
otra muy distinta que se nos situara, además, en la lista de espera a
la hora de llevar a cabo objetivos menos ambiciosos que los de
nuestros vecinos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ollero.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Como sin duda sabe S.S., el presidente del Gobierno llevó a cabo una
excepcionalmente exitosa negociación en el seno de la Unión Europea.
Por ello estamos en condiciones de financiar, durante los próximos
siete años, un importante programa de autovías o de carreteras de
alta capacidad y un más ambicioso programa todavía de inversiones en
ferrocarril.
Naturalmente, en el marco de esas inversiones financiadas, en parte,
con fondos comunitarios está prevista la conexión con Granada. Si
ahora se tarda seis hora, señoría, el objetivo de la inversión será
colocar un tren que conecte Granada con Madrid en un tiempo de tres
horas y media. El recorrido se efectuará a través de la línea
Granada-Bobadilla, con cambio de ancho en Bobadilla, para continuar
el trayecto Bobadilla-Madrid por las líneas de alta velocidad
Córdoba-Málaga y Madrid-Sevilla.
Dos cosas quiero añadir. Primero, este es un proyecto que tiene su
financiación asegurada y, segundo, que nadie se llame a escándalo por
el cambio de ancho de vía. En estos momentos Talgo tiene ya bajo
patente el mecanismo de cambio de ancho de ejes en la propia
tracción. Con 30 puntos distribuidos por toda España y una inversión
no superior a 30.000 millones de pesetas, se van a poder hacer
complementarios los dos grandes anchos de vía que va a tener la red
española de ferrocarriles: el que podemos llamar ancho de Renfe, o
ancho español, y el ancho internacional, en que se van a hacer todas
las nuevas inversiones con cargo a ese programa ambicioso al que me
he referido al principio.
Por tanto, señoría, puede usted trasladar, como representante por la
circunscripción de Granada, a la opinión pública de la provincia que,
en el marco de ese programa, que se ejecutará entre los años 2000 y
2007, habrá una conexión de ferrocarril con Granada que pondrá a los
granadinos a tres horas y media de Madrid.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAVIER IGNACIO GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO
EL GOBIERNO DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA EN BENEFICIO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA EN
ANDALUCÍA? (Número de expediente 180/002106.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
28 que formula don Javier García Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor García Gómez.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, sin duda, las infraestructuras han sido y son uno de
los objetivos y prioridades de este Gobierno que ha diseñado, además
para ello, mecanismos ágiles e innovadores de gestión y ejecución
dentro de un marco de estabilidad.
La Comunidad de Andalucía ha merecido y merece la atención de este
Gobierno en las distintas áreas que comprenden las infraestructuras
de comunicación. La falta de atención y de inversiones de otros
gobiernos anteriores han hecho decaer la importancia del ferrocarril
en el conjunto modal del transporte, pero de todos es conocido que
una de las prioridades de este Gobierno ha sido la recuperación del
protagonismo que merece. Las nuevas líneas han permitido, además,
alcanzar unos puntos nodales con un tiempo inferior al existente,
como ha ocurrido a partir de la puesta en marcha de la línea Madrid-
Sevilla, conectada con Málaga, Huelva y Cádiz, y los seis grandes
corredores ferroviarios, entre los que se encuentra el corredor de
Andalucía, con las conexiones previstas Córdoba-Málaga, con Cádiz,
Jaén y Granada.
La red de carreteras, eje fundamental para el desarrollo económico y
una movilidad social, también es necesaria para paliar los
desequilibrios regionales.
En cuanto al transporte aéreo, nuestra comunidad requiere también
unas inversiones necesarias que atiendan la demanda turística de este
destino y el incremento del transporte aéreo de mercancías; medidas
que lamentablemente fueron aplazadas por gobiernos anteriores.
La adopción de medidas legislativas relativas a puertos y los planes
de inversión adoptados en esta legislatura se han traducido en unos
puertos más autónomos y mejor gestionados, cuyas consecuencias se han
reflejado también en los puertos de Andalucía.
El sector de telecomunicaciones, eje fundamental de la vida de los
ciudadanos, y además un motor de la economía, ha reclamado también
para nuestra comunidad las inversiones necesarias que hagan efectivo
dicho objetivo.
Por todo ello, interesa conocer qué medidas ha tomado el Gobierno
durante esta legislatura en beneficio de las infraestructuras de
comunicaciones en el ámbito de su competencia en Andalucía.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, yo creo que con unas cuantas cifras pueden sobrar las
palabras; no digo que lleguen a sobrar, porque las palabras son
siempre necesarias, pero las cifras son a veces más expresivas. En
esta legislatura se han invertido en Andalucía, hasta el día de la
fecha, más de 300.000 millones de pesetas por parte del Ministerio de
Fomento; 235.000 millones en carreteras, y le puedo detallar algunas
de las principales inversiones actualmente en ejecución.
Acceso norte al puerto de Algeciras, 4.700 millones; variante de
Bellavista a Dos Hermanas, 6.500 millones (éstas están inauguradas
ya); Huelva-Ayamonte (todo ya en ejecución de obra), 27.200 millones;
tramo Alendín- Dúrcal, 9.800 millones y Dúrcal-Isbor, 7.000 millones,
y el tramo Rincón de la Victoria-Nerja, 30.000 millones. Además, el
Gobierno ha impulsado la autopista de peaje que completa la de Málaga
a Estepona desde Estepona a Guadiaro, lo que supone, con cargo
a financiación privada, otra inversión de 37.000 millones de pesetas,
estando la concesionaria obligada a invertir 6.000 millones de
pesetas para dejar toda la N-340 -me parece que es ésa- convertida
efectivamente en autovía.
En infraestructura ferroviaria, 8.275 millones de pesetas. Se ha
pasado de 810 millones en el año 1996 a más de 5.000 millones en 1999
y a una previsión de 11.700 millones en los presupuestos para el año
2000, sin incluir aquí la previsión de inversión que supone el
Córdoba- Málaga. Obras que están actualmente en marcha: la
integración del ferrocarril en Cádiz, las nuevas estaciones de
mercancías en Jerez y de viajeros en Córdoba.
En esta legislatura, señoría, se han invertido más de 40.000 millones
de pesetas en los puertos andaluces, fundamentalmente en el puerto de
Algeciras.
Los aeropuertos han recibido más de 6.276 millones de pesetas en los
tres últimos años, de los cuales 3.500 millones han ido a parar al
aeropuerto de Málaga, que es el que tiene mayor importancia
turística.
Finalmente, señoría, las infraestructuras en telecomunicaciones han
sido objeto de especial atención por parte de este Gobierno. Aquí se
trata fundamentalmente de impulsar la inversión privada. Hoy...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAVIER GÓMEZ DARMENDRAIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INFORMACIÓN
PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO SOBRE LA ADJUDICACIÓN DE LAS AUTOPISTAS
MADRID-ÁVILA Y MADRID-SEGOVIA? (Número de expediente 180/002108.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
30, que formula don Javier Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, le voy a preguntar qué información puede facilitar el
Gobierno sobre la adjudicación de las autopistas Madrid-Ávila y
Madrid-Segovia, pero antes de que conteste quiero hacerle tres
brevísimas consideraciones.En primer lugar, quisiera señalar que
estas vías rápidas son demandadas por abulenses y segovianos desde
hace ya más de diez años. En 1989, en el primer congreso
internacional de ciudades patrimonio de la humanidad, estas
infraestructuras eran consideradas prioritarias, y no sólo desde el
punto de vista económico, sino también desde el punto de vista
turístico y cultural. Por tanto, señor ministro, aquellos que le
acusan de gobernar contra el interés general deben saber que estas
infraestructuras se corresponden con una vieja aspiración de estas
dos ciudades. Lo único que le pedimos, señor ministro, y este es el
primer compromiso que quiero de S.S., es el máximo respeto al medio
ambiente.
En segundo lugar, quisiera decir que en esta legislaturael Gobierno
está manteniendo una política coherente de autopistas, porque estas
infraestructuras son complementarias a la red de carreteras del
Estado y, por tanto, existen alternativas gratuitas que, por cierto,
deben ser bien conservadas. Por eso, señor ministro, quisiera
arrancarle un segundo compromiso, que es el de mantener, conservar y
mejorar las carreteras actuales.
En tercer lugar, y para terminar, señor ministro, una brevísima
consideración. Saben SS.SS. que los amigos de la ceremonia de la
confusión hablan de discriminación para estas dos ciudades, pero
también es cierto que somos muchos más los que creemos que es una
excelente idea hacer una buena malla de comunicaciones en el entorno
de Madrid, para ampliar hacia Ávila y Segovia lo que hoy es un
importante centro económico y que estas dos ciudades puedan tener un
papel relevante, con excelentes expectativas de desarrollo para el
futuro. Por tanto, más que discriminación, es una buena muestra de
solidaridad de este Gobierno con estas ciudades secularmente
olvidadas.
Como es la última sesión de control, y esta es la última pregunta al
ministro en esta legislatura, quiero agradecerle también el esfuerzo
que ha hecho con Segovia, porque, señorías, de las tres
infraestructuras que teníamos pendientes en Segovia, la primera, la
circunvalación,
ya está en marcha; la segunda, la autopista, ya está adjudicada, y la
tercera, el tren de alta velocidad, está a punto de iniciarse.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez Darmendrail.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, voy a hacer unas breves consideraciones. Aparte de la
inversión que supone la concesión adjudicada, tanto desde la
perspectiva de la provincia de Segovia como de la provincia de Ávila,
que se eleva a 47.218 millones de pesetas, con cargo a la iniciativa
privada, todo ello redundará como es lógico en la creación de empleo,
en la medida en que una autopista de peaje, aunque la oposición
lógicamente no lo comparta -ellos sabrán por qué; están equivocados-,
es siempre una fuente de riqueza que favorece a los ciudadanos, a los
usuarios y a la economía productiva.
Le puedo decir que en la política de autopistas de peaje que ha
llevado a cabo el Gobierno en estas concesiones se incluyen siempre
obligaciones de inversión con cargo a la iniciativa privada, pero que
se integran en la red de carreteras gratuitas del Estado. De esta
manera, la concesión de las autopistas de Ávila y Segovia lleva
aparejadas las siguientes obras gratuitas: Construcción de un cuarto
carril entre el eje Pinar de la M50 y Villalba; un tercer carril
entre Villalba y el enlace del Valle de los Caídos; una tercera
calzada reversible, incluyendo un tercer túnel de Guadarrama, entre
el enlace del Valle de los Caídos y San Rafael; remodelación de la
calzada en sentido Madrid para uso reversible, incluida la renovación
de las instalaciones de seguridad y gestión del tráfico del túnel
número 1 y la construcción de tres galerías de escape entre éste y el
nuevo, y construcción de una nueva área de peaje en San Rafael.
Además, le puedo decir, en primer lugar, que en esta concesión hay
unos peajes muy asequibles, de tal manera que aquellos que tengan que
utilizar con mayor regularidad la autopista tendrán descuentos hasta
del 50 por ciento; en segundo lugar, que es voluntad política del
Gobierno que haya siempre una alternativa gratuita en buen estado, y
cuidaremos de que ésta esté en magníficas condiciones para poder
circular y, finalmente, que todas las obras que realiza el Ministerio
de Fomento tienen siempre en cuenta la afección medioambiental a la
hora de definir los trazados y de encontrar los corredores más
adecuados. Es preocupación del Ministerio de Fomento la protección
del medio ambiente, y esa es la razón por la cual la autopista de
peaje va sustancialmente paralela a la carretera nacional y, por
tanto, por el mismo corredor, con el objeto de disminuir la afección
medioambiental.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ CAMILLERI HERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE
INFORMAR EL GOBIERNO DEL CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LA PRESA DE
MELONARES? (Número de expediente 180/002107.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno que contestará la señora ministra de Medio
Ambiente.
Pregunta número 29, que formula doña María José Camilleri Hernández,
del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la construcción de la presa de Melonares es una
vieja aspiración de Sevilla y su área metropolitana. Son muchas las
penalidades e incomodidades que la población ha sufrido como
consecuencia de las diferentes sequías que han asolado a la capital y
a la comarca. Catorce años de Gobierno socialista no fueron capaces
ni siquiera de redactar el proyecto de esa inversión. La obra fue
declarada de interés nacional por un Real Decreto Ley de 22 de mayo
de 1992 y la propia naturaleza de esa norma ponía de relieve la
urgencia de dicha obra. Cuatro años después, en mayo de 1996, cuando
el Partido Socialista abandonó el poder, no estaba ni iniciado el
proyecto.
La perseverancia de la alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril, en
sacar adelante el proyecto, el compromiso del presidente del Gobierno
y la diligencia de su Ministerio han permitido que hoy sea una
realidad el que podamos anunciar a los sevillanos que, gracias a esa
concurrencia de circunstancias, el proyecto está redactado, la
declaración de impacto medioambiental efectuada y la obra licitada.
Como el tema es de vital importancia para Sevilla y los sevillanos,
es por lo que le pregunto, señora ministra, ¿cuál es el calendario de
realización de la obra de la presa de Melonares?
Gracias, señora ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Camilleri.
Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Señoría, en efecto, creo que con objetividad, con los datos en la
mano, se puede afirmar que la tenacidad del Ministerio de Medio
Ambiente ha permitido culminar un proceso bastante complejo, desde el
punto de vista técnico y ambiental, para poder licitar el embalse
de Melonares. Usted ha comentado cómo en el año 1989 se tomó la
decisión de iniciar el embalse de Melonares, pero la verdad es que no
se hizo ni siquiera un estudio de impacto ambiental. Nos encontramos
con que no había proyecto, ni estudio, ni declaración de impacto
ambiental, ni se había negociado nada con Bruselas ni había
financiación presupuestaria, lo que era aún más preocupante.
Las fechas que S.S. ha dado confirman que la declaración de impacto
ambiental es del 13 de octubre de 1997. El 27 de noviembre de 1998 se
aprobó el proyecto técnico, las medidas compensatorias y las medidas
correctoras que se presentaron a la Junta de Andalucía en septiembre
y en noviembre de 1998. En seis ocasiones distintas hemos estado en
reuniones en Bruselas explicando cuál era la necesidad de este
proyecto para Sevilla y para toda su comarca, dado que era la única
forma de que los sevillanos no volvieran a pasar sed, como la pasaron
materialmente en los años 1994 y 1995, como S.S. conoce
perfectamente.
El 27 de enero del año 2000, que parece que está muy lejano pero no
queda más que un mes, finalizará la presentación de las ofertas. A
partir de ahí, el 16 de febrero se hará la apertura de las ofertas,
se procederá al estudio, a la selección de las mismas, la
habilitación del crédito, la adjudicación y la primera piedra. Cuente
S.S. que, a partir de ese momento, en cuarenta y ocho meses tendremos
finalizado el embalse de Melonares.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JUAN JOSÉ ORTIZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS
LÍNEAS BÁSICAS QUE PROPONE EL LIBRO BLANCO DE EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL, ELABORADO POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE?
(Número de expediente 180/002109.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
31, que formula don Juan José Ortiz Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Ortiz.
El señor ORTIZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, según las propias estimaciones, la industria
medioambiental puede generar la creación de 500.000 puestos de
trabajo, sólo en empleos directos, durante la próxima década. Desde
mi punto de vista, las áreas de creación de este nuevo empleo serán:
la industria manufacturera, que debe responder a los retos
medioambientales con nuevas inversiones; el transporte, centrado en
la revitalización del transporte ferroviario; la industria
energética, centrada en energías renovables;
la agricultura y los trabajos en el medio natural y los
servicios medioambientales.
Hay que significar, además, que la Comisión Europea adoptó en 1997
una comunicación sobre medio ambiente. En dicho documento se definen
diversas líneas básicas de actuación entre las que destaca la de
promover la educación y la formación necesaria para implantar las
nuevas tecnologías y prácticas favorables a la protección del medio
ambiente. Los términos educación, formación e información en materia
de protección medioambiental son fundamentales para construir un
medio ambiente más adecuado y ganar el reto del futuro de la economía
ambiental.
Por otro lado, cada vez es más precisa la colaboración ciudadana para
llevar a cabo multitud de acciones efectivas para la protección del
medio ambiente. Me consta que el Ministerio de Medio Ambiente lleva
mucho tiempo haciendo una reflexión sobre estas materias que se
plasman en el libro blanco de la educación ambiental. Como estamos en
una sesión de control y lo que interesa es saber la postura del
Gobierno y conocer las líneas básicas de ese libro blanco, le formulo
la pregunta: ¿cuáles son las líneas básicas que propone el libro
blanco de educación medioambiental, elaborado por el Ministerio de
Medio Ambiente?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ortíz.
Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
En efecto, el hecho de que en estos tres últimos años exista una
mayor conciencia ambiental, una mayor sensibilidad ambiental está
haciendo que los ciudadanos, que los políticos, las distintas
administraciones, locales, autonómicas y también la Administración
general del Estado estén sintiendo que los problemas ambientales no
son de la naturaleza, sino de los hombres, que nos afectan a todos y
que hace falta dotarnos de algún instrumento para ver de qué forma se
palian o se evitan inclusive esos problemas ambientales.
Cuando se habla de desertización, del agujero de la capa de ozono,
cuando se habla, por ejemplo, del cambio climático son todos
problemas que antes nos parecían ajenos y ahora son ya más los
ciudadanos que están viendo que efectivamente responden a los
problemas de contaminación del aire, del agua, de los suelos.
Esto ha hecho que en un libro blanco que acabo de presentar
precisamente esta tarde de la educación ambiental, que se ha
consensuado con todos los sectores que están trabajando en estas
áreas, que se ha llevado a cabo en la medida en que ha habido cinco
mesas de trabajo con distintas comunidades autónomas coordinando
a los distintos sectores, hayamos conseguido dotarnos de las líneas
básicas de la educación ambiental para los próximos años, en donde se
pretende conocermucho más las causas de los problemas ambientales,
sensibilizar y llevar la participación de todos los ciudadanos para
encontrar las soluciones adecuadas, capacitar cada vez a más personas
para que sean conscientes de que pueden solucionar estos problemas y
desde luego dotarnos de unos marcos de actuación en donde las
soluciones vengan de la mano de la comunidad en general, de
asociaciones no gubernamentales, de particulares, pero también que
entre en el sistema educativo, que entre en la formación profesional
y que sean los empresarios y los sindicatos los que preparen a los
trabajadores para que, a través de la gestión ambiental, consigamos
entre todos en el siglo XXI dotarnos de una sociedad que cambie los
modos de producción y los modos de consumo. De esta forma
conseguiríamos la sociedad del desarrollo sostenible.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA LUCITA VILLAR JAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL OBJETIVO
DEL PROTOCOLO RECIENTEMENTE FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y LA XUNTA DE GALICIA SOBRE OBRAS HIDRÁULICAS DE INTERÉS
GENERAL? (Número de expediente 180/002111.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
33 que formula doña Lucita Villar Jar, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señora Villar.
La señora VILLAR JAR: Gracias, señor presidente.
La Comunidad Autónoma de Galicia precisa una serie de
infraestructuras hidráulicas de forma urgente. Las competencias sobre
las mismas están transferidas a la Xunta de Galicia, a menos que por
razones excepcionales y por su importancia sean declaradas de interés
general. Por otro lado, estas obras son de difícil realización con
cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma dada su
envergadura.
Este hecho ha sido reconocido por la Administración central y
diversas infraestructuras han sido declaradas de interés general.
Así, por ejemplo, en 1997 se declararon de interés general la mejora
del saneamiento de Lugo y Orense o la mejora de la depuración de A
Coruña y Ferrol. Es urgente abordar estas infraestructuras y proceder
a su licitación y construcción cuando se hayan obtenido todos los
permisos y se hayan pasado todos los trámites medioambientales
pertinentes. Por otro lado, el problema básico está en la
financiación de las mismas, y en este sentido es muy importante
conseguir fondos europeos para estas actuaciones y que las mismas
empiecen a figurar en los presupuestos de las distintas
administraciones públicas.
En los días pasados el Ministerio de Medio Ambiente, la Xunta de
Galicia y la Confederación Hidrográfica del Norte han firmado un
convenio sobre obras hidráulicas y es necesario conocer su contenido.
No dudamos de que va a ser un elemento eficaz para abordar estos
temas pendientes con la máxima celeridad. Por este motivo se formula
al Gobierno la siguiente pregunta: señora ministra, ¿cuál es el
objetivo del protocolo recientemente firmado entre el Ministerio de
Medio Ambiente y la Xunta de Galicia sobre obras hidráulicas de
interés general?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Villar.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Efectivamente, dotar a las cuatro capitales de provincia de la
Comunidad Autónoma de Galicia de un tratamiento de depuración de
aguas a la altura de las circunstancias, de finales del siglo XX y
comienzos del siglo XXI. Lo mismo A Coruña, que Lugo, que Orense, que
Pontevedra necesitan nuevas depuradoras, nuevos colectores y hemos
firmado un protocolo porque los estudios y los proyectos, en el
momento en el que están ahora mismo ya desarrollados, permiten una
programación exacta, vía presupuestaria, para que de aquí al año 2006
todas estas inversiones hayan sido finalizadas. El protocolo consiste
en una inversión de 29.500 millones de pesetas, el 85 por ciento
corre a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y el 15 por ciento a
la Xunta de Galicia, y desde luego estamos en condiciones de poder
asegurar que las obras se inician en este próximo año 2000.
Además, como sabe S.S., también hay otros proyectos en marcha y
estamos hablando de una inversión en Galicia de 47.500 millones de
pesetas, de los cuales podemos decir que para el saneamiento del río
Louro, que era una reivindicación histórica (aunque Louro creo que
significa rubio en gallego, la verdad es que es el río más negro que
existe en este momento en España), tenemos ya una inversión en marcha
de 9.500 millones de pesetas, pero 4.000 millones más están en la
Confederación Hidrográfica del Norte, en los presupuestos del año
2000, para terminar ese saneamiento del río Louro. Además, hay otros
5.000 millones de pesetas en obras fundamentalmente de encauzamiento
de ríos y de hidrología forestal, con lo que estamos hablando de esa
inversión firme, mucha de ella ya realizada, en Galicia de 47.500
millones de pesetas solamente en obras hidráulicas, sin hablar de
costas o de otros convenios de la Dirección General de Calidad e
Impacto Ambiental.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON RICARDO PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTUACIONES VA A LLEVAR A CABO
EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN Y FIJACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL GARANTIZADO? (Número de expediente 180/002114.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tras finalizar
el apartado de las preguntas orales, pregunta número 10 que
contestará el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y que
formula don Ricardo Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el salario mínimo interprofesional es una institución
de gran importancia en la política social, tanto por el papel que
desempeña como por el significativo número de personas cuyo nivel de
vida está directamente relacionado con la cuantía de dicho salario
mínimo. En 1999 el Gobierno subió el salario mínimo el 1,8 por
ciento, precisamente el incremento previsto para la inflación en este
año. Hoy sabemos que en lo que va de año la inflación ha subido un
2,5 y en términos interanuales un 2,7 por ciento, una desviación del
50 por ciento en relación con las previsiones iniciales del Gobierno
y con la subida del salario mínimo para este año.
Por eso, señor ministro, le formulo la pregunta de qué actuaciones va
a llevar a cabo en relación con la revisión y la fijación del salario
mínimo interprofesional garantizado.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señor presidente.
Vamos a realizar las actuaciones que están previstas en el artículo
27.1 del Estatuto de los Trabajadores, por lo cual habrá una reunión
donde someteremos a consulta las propuestas del Gobierno, para lo
cual tendremos en cuenta el índice de precios, la productividad media
nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en
la renta nacional y, por último, la coyuntura económica general.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la respuesta que me acaba de dar implica, por lo que
se refiere a este año 1999, en primer
lugar el incumplimiento del artículo 27. El artículo 27 del Estatuto
de los Trabajadores, al que usted ha hecho referencia, dice
explícitamente que se fijará una revisión semestral para el caso de
que no se cumplan las previsiones sobre el IPC, precisamente lo que
ha ocurrido y en torno al 50 por ciento de desviación. Por tanto,
existe un incumplimiento de la ley, pero, sobre todo, señor ministro,
una absoluta falta de sensibilidad en relación con las rentas más
bajas de este país. El Gobierno no hace nada y, sin embargo, sí ha
hecho muchas cosas: cambios legislativos y políticas que han
permitido obtener plusvalías inmorales a una determinada minoría de
amigos.
Por lo que se refiere al salario mínimo del año próximo, la respuesta
que usted me da de una convocatoria, parece ser que para el día 22 de
este mes o para el día 21, sin que hasta la fecha se conozca
documento del Gobierno indicando su actuación, sólo es una vuelta de
tuerca más en la política que está llevando el Gobierno no ya de
negociación del salario mínimo, ni siquiera de consulta, sino pura y
simplemente para informar de las decisiones que toma este Gobierno
para conseguir finalmente, señor ministro, decidir unilateralmente un
salario mínimo interprofesional cada día más insuficiente y más
alejado de los parámetros europeos. Quiero recordarle que la carta
social obliga a que sea el 68 por ciento del salario mínimo,
porcentaje del que el existente en estos momentos en nuestro país
está claramente alejado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Peralta.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señor presidente.
Señoría, como usted sabe, la técnica o el procedimiento viene tasado
perfectamente en el Estatuto de los Trabajadores y se lleva haciendo
así muchos años, desde que empezaron las relaciones laborales
democráticas en este país.
Usted ya está prejuzgando todo, y permítame que le diga que todavía
yo no he dicho cuánto va a subir el salario mínimo interprofesional,
de ahí que cualquier apreciación que usted haga, siendo siempre digna
de respeto, a estos efectos es gratuita, puesto que el Gobierno
todavía -y en eso sí tiene razón- no ha puesto encima de la mesa cuál
es la subida. ¿Cuáles son los precedentes? Sería bueno que usted
reconociera, porque lo sabe, que en estos tres últimos años ha habido
una ganancia del poder adquisitivo, en todos y cada uno de ellos, del
salario mínimo interprofesional. Han subido todos los años por encima
de los precios, y no era, como bien sabe, lo que venía ocurriendo en
años anteriores. Por lo pronto, ese salario mínimo interprofesional,
hasta la fecha en esta legislatura, ha ido ganando y acumulando poder
adquisitivo. Denos por lo menos el beneficio de la duda, espere
que hagamos la propuesta y entonces podrá dar la opinión, que creo
que anticipa injustificadamente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO SOBRE LA POLÍTICA DE
PRIVATIZACIONES REALIZADA POR EL GOBIERNO A LO LARGO DE LA VI
LEGISLATURA. (Número de expediente 172/000198.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto VI del orden del día, interpelaciones urgentes, y dentro de
este punto el apartado número 35, interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Socialista sobre la política de privatizaciones
realizada por el Gobierno a lo largo de la VI Legislatura.
Para su presentación, y en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señorías, señor ministro, se dan todas las
condiciones para un uso sensato del tiempo que el Reglamento otorga
en el caso de las interpelaciones. Por tanto, no voy a incidir, en
nombre de mi grupo parlamentario, en lo que ha venido siendo un
discurso a lo largo de toda la legislatura en relación con la
política de privatizaciones del Gobierno o, si ustedes prefieren,
como eufemísticamente se denominó desde el Consejo de Ministros, como
la política de modernización del sector público español. En realidad
se trató (hablando en pasado, porque estamos ya acabando la
legislatura) de transferir de manos públicas a manos privadas más de
40 empresas y de tratar de continuar, a la mayor brevedad posible y
con la mayor agilidad posible, ese proceso en los meses que restan
hasta la constitución de unas nuevas Cámaras. Es verdad que todavía
hay empresas muy importantes en trance de ser transferidas desde el
sector público al sector privado.
No me interesa en estos momentos, en nombre de mi grupo, volver a
reincidir en las cuestiones que ya hemos debatido y con las
posiciones que hemos manifestado desde el Grupo Parlamentario
Socialista desde esta tribuna, empezando por todo lo ocurrido con la
constitución del Consejo Consultivo de las Privatizaciones, su
peculiar estructura orgánica y administrativa, su singular método de
retribución de sus componentes, la curiosa transferencia de miembros
de la Comisión Consultiva a consejos de administración de empresas
privatizadas, y así sucesivamente. Todas esas cuestiones ya han sido
discutidas y debatidas, y ahí ha quedado meridianamente clara cuál es
la posición del Grupo Parlamentario Socialista, por cierto,
contrapuesta, si no antagónica, a la que el Gobierno ha venido
manteniendo a lo largo de toda la legislatura.
Pero ocurre, señorías, y a esto quiero dedicar el tiempo que me
conceda el presidente, que ha transcurrido ya el tiempo suficiente
para que se pueda hablar de la privatización de las empresas públicas
en término de teoría. No quiero ser en modo alguno pretencioso, pero
de la evidencia empírica que hay en estos momentos, después de la
privatización de lo que hemos denominado a lo largo de la legislatura
las joyas de la corona y del tiempo transcurrido desde que alguna de
esas empresas ha sido privatizada, creo que se puede perfectamente,
sobre la base de esa evidencia empírica, pergeñar una especie de
teoría sobre la privatización de esas empresas que se pueda
contrastar también con lo que ha venido ocurriendo a lo largo de
estos años.
Sin pretender entrar en terrenos que no son propios de este
Parlamento ni de ningún otro, por cierto, sí quiero recordar que hay
muchas formas de empresas. Hay empresas corporativas, hay empresas
cooperativas, hay sociedades anónimas laborales, hay un elenco
bastante extenso de formas empresariales en nuestro país y en todas
partes. Bueno, pues yo pretendo demostrar, señorías, con hechos y con
mis palabras, que en la realidad empresarial española hay que añadir
una nueva forma de estructura de empresa a todas estas que yo citaba,
que es la empresa popular; popular no en el sentido de pueblo, sino
en el sentido de empresa del Partido Popular. Esas son las empresas
que surgen de esas decisiones privatizadoras del Gobierno. La empresa
popular es una empresa que podemos considerar como una subespecie de
la empresa corporativa tradicional, que es la que domina el panorama
y la esfera empresarial en nuestro país. (El señor vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Toda teoría, señorías, necesita ser capaz de predecir algo. Entonces,
¿qué podemos predecir, de acuerdo con esta rápida teoría, de la
empresa popular? Podemos predecir que se trata de una empresa en la
que uno de sus elementos característicos es la satisfacción de
objetivos personales de la dirección como elemento básico de la
gestión y de la administración de esa empresa. Insisto, satisfacción
de objetivos personales de la dirección o de la administración de
esas empresas. Y eso se traduce en promoción, en status y en
remuneraciones de esos administradores de esas empresas, promoción
evidente, señorías. ¿Quién le iba a decir, por ejemplo, a quien
preside hoy un banco público que en el plazo de dos años, a contar
desde estos meses, iba a ser presidente de un importantísimo banco
que forma parte sustancial y casi importantísima del sector
financiero en nuestro país? Quién se lo iba a decir sabiendo cuál es
su procedencia, que no es otra que una decisión política del Gobierno
de la nación, que decide en su momento, cuando controla ese banco
público, situarlo al frente de ese banco. Pero he ahí, señorías, que
la promoción se produce en términos que conducen a esa persona, en un
horizonte de dos años, a presidir uno de los bancos más importantes
del sector financiero español y también muy importante en el sector
financiero europeo.
Remuneraciones. Señorías, no quisiera hablar de ellas sin dar datos y
cifras, tratando y pretendiendo ser todo lo objetivo que se puede ser
en esta cuestión. Fíjese, remuneraciones de administradores de
empresas, datos que proceden de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y de las memorias que las compañías y las empresas están
obligadas a presentar en esas instancias. La retribución de conjunto
del consejo de administración, por ejemplo, de Endesa en el año 1995
era de 85 millones de pesetas; en el año 1998 -son las últimas cifras
de que disponemos- de 274 millones de pesetas. Repsol -he aquí la
excepción que confirma la regla- tenía un volumen de retribución del
consejo en el año 1995 de 308 millones y pasa en 1998 a 281 millones,
ya decía que ésta es la excepción inevitable que confirma la regla.
Tabacalera, 98 millones en 1995 y 170 millones en 1998. Argentaria,
96 millones de pesetas en 1995, 477 millones de pesetas en 1998, y
Telefónica - siempre Telefónica, señorías, y luego alguien se extraña
de que insistamos en la cuestión- 147 millones de pesetas en el año
1995, 1.057 millones de pesetas en el año 1998. (Varios señores
diputados: ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo!) Por lo tanto, esta serie
que relata la evolución de las remuneraciones de los consejos de
administración es suficiente aval y fundamento de esa afirmación que
yo hacía anteriormente. También es verdad que a la satisfacción de
objetivos personales de los administradores de las empresas se une en
casi todos esos casos una satisfacción y una dedicación mucho menor a
los intereses de la propiedad de la empresa, en definitiva, de los
accionistas. Una vez más hay que recurrir a Telefónica para constatar
que ni en el año 1998, segundo semestre, ni en el año 1999 ha
repartido dividendos. La empresa ha tenido beneficios -yo lo decía
antes-, 270.000 millones de pesetas, pero Telefónica no reparte
dividendos. Yo sé que la política de reparto de dividendos forma
parte de las legítimas opciones que tiene un consejo de
administración de una empresa, pero en el caso de Telefónica hay que
constatar eso que estoy diciendo, que los únicos beneficios que han
recibido los accionistas han sido por la vía de la ampliación de
capital con acciones liberadas, pero ya pusimos de relieve que 1,2
millones de accionistas de Telefónica han recibido en los años 1998 y
1999 por esa vía de ampliación con acciones liberadas 22.000 millones
de pesetas en conjunto. También esta es una prueba evidente de que
los nuevos administradores de la empresa popular no tienen un
excesivo interés por la retribución de la propiedad de esas empresas.
Hay otra cuestión a la que yo me quiero referir como característica
de la empresa popular, de la empresa privatizada. Se trata
sencillamente de mantener como sea a la dirección y a la
administración de esas empresas, y si para ello es necesario limitar
los derechos políticos, pues se limitan. Es el caso de algunas
empresas privatizadas; se pueden poner límites al porcentaje de
representación que se puede llevar a una junta general de
accionistas; se pueden poner también requisitos mínimos
en relación con el porcentaje de acciones o el volumen de
acciones -100 acciones, por ejemplo, que hay que poseer
inevitablemente para tener derecho a acudir a la junta de
accionistas-, y así sucesivamente. Se puede también blindar la
remoción de los órganos de gobierno de esas empresas, exigiendo una
cierta antigüedad a los consejeros de la empresa para ser
potencialmente candidatos a presidir el consejo de administración,
etcétera.
En definitiva, de lo que se trata en ese caso es de mantenerse, y
cualquiera que se acerque, aunque sea con rapidez, a un manual de
gobierno de las empresas o de gestión empresarial o como lo quieran
ustedes llamar, sabe perfectamente que cuando se ponen objeciones de
esta naturaleza, de consejos de administración que quieren
perpetuarse, que quieren pervivir, que limitan derechos políticos,
que no reparten dividendos, etcétera, la respuesta que se encuentra
en los manuales es lógica en términos de la teoría del mercado. Todo
esto lo corrigen los mercados: lo corrige el mercado de valores, el
mercado de empresas y el mercado de productos y servicios. Pero,
fíjense, ...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Noval, vaya
concluyendo.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Concluyo.
Pero, fíjense, quiero poner de relieve que en este caso ninguno de
esos tres mercados es capaz de producir esa corrección, sencillamente
porque esos mercados no funcionan. El mercado de valores, a propósito
de empresas populares, tiene su paradigma en lo ocurrido con Endesa y
sus empresas filiales -Sevillana, Fecsa y Viesgo-. ¿Qué ocurrió -lo
recuerda la gente que se ocupa de estos asuntos- con las OPA de
Endesa sobre esas tres compañías filiales? Por esa vía, por la vía
del mercado de valores, era imposible corregir ninguna situación en
Endesa. El mercado de empresas, la compra y venta de empresas, que
puede acabar con alguna de esas prácticas peculiares de las empresas
populares, tampoco funciona en este caso; es evidente que no funciona
porque funciona la acción dorada, funciona la acción dorada. El
ministro de Fomento, responsable de esos asuntos, por cierto,
reconocía hace 15 días, y se publicaba en medios de comunicación con
un titular muy grueso, lo siguiente: El Estado evitaría una OPA sobre
Telefónica.
Pero es que Argentaria también se beneficia de la acción dorada, lo
cual quiere decir una cosa muy curiosa, porque la acción dorada puede
tener sentido en un sector en monopolio; puede tener sentido que el
Estado trate de evitar que intereses extranjeros se hagan con un
monopolio en España, pero, ¿qué significa una acción dorada en un
sector tan sumamente competitivo y en el que la competencia es feroz,
como es el sector financiero? Bueno, pues Argentaria tiene también
una acción dorada. Luego por la vía del mercado de empresas,la compra
y venta, no hay posibilidad de corregir
esas desviaciones que se han producido en la empresa popular.
Por último, el mercado de productos y servicios. Ahí ha funcionado lo
que se llama la captura del regulador por parte de esas empresas.
Señor ministro, la captura más evidente -lo hemos puesto de
manifiesto muchas veces- es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el
reconocimiento en ley de que los CTC son derechos. Desde esta Cámara
adujimos y dimos pruebas evidentes de que esa modificación de la ley
eléctrica procedía y se le proporcionó a usted por parte de una
consultoría técnica que desde hacía tiempo estaba haciendo trabajos
para Unesa, para las empresas del sector eléctrico. Eso se llama, ni
más ni menos, la captura del regulador por parte de las compañías,
por parte de las empresas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Martínez
Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Concluyo, señor presidente.
Las consecuencias de todo este proceso son obvias. Yo sé que las
razones y los argumentos que se escuchan desde el Gobierno son -esta
tarde los utilizaba el señor Rato, ministro de Economía y Hacienda-:
ustedes hablan de esas empresas, pero las cotizaciones bursátiles de
esas empresas siguen creciendo y creciendo. ¡Hombre!, en el caso de
Telefónica eso no se puede sostener. Sólo faltaba que la Compañía
Telefónica de España no viera evolucionar sus cotizaciones al mismo
ritmo -por cierto, que no es el mismo ritmo; está por debajo- que en
Europa; lo hacen Deutsche Telecom, Telecom Italia, France Telecom y
todas las demás.
Por tanto, esos argumentos tampoco valen como defensa de lo que
ustedes han hecho y del carril de alta velocidad en el que han puesto
a las empresas otrora públicas; los argumentos de los resultados
tampoco valen. Los argumentos de los resultados valen, señor
ministro, cuando hay competencia, no cuando hay monopolio o duopolio,
porque en ese caso lo único que reflejan los resultados son las
rentas del monopolio, que en estos momentos muchas de esas empresas
privatizadas están utilizando sencillamente para transferir rentas de
los consumidores a los accionistas de las empresas.
Esto es, señorías, lo que pretendía sostener esta tarde en nombre de
mi grupo parlamentario. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez
Noval.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, yo creo que atendiendo a la hora en la que estamos, a las
personas que estamos aquí y a la atención
que estamos mereciendo de los medios de comunicación ... (El
señor Martínez Noval: Se habla para el «Diario de Sesiones».) Ya lo
sé, iba a decir exactamente eso. Creo que es bueno, tal como ha dicho
el señor Martínez Noval, que, entre otras cosas, hablemos para el
«Diario de Sesiones» y, por lo tanto, intentemos introducir rigor y
seriedad en un debate y en un tema que es enormemente serio, y que
hemos tratado con mucho rigor y con mucha seriedad a lo largo de toda
la legislatura. Yo voy a intentar hacerlo y no voy a entretenerme en
determinadas anécdotas y chascarrillos. También podríamos hablar
mucho de eso, de anécdotas y de chascarrillos y, por ejemplo, le
podría decir, antes de entrar en el tema, que tiene gracia lo de la
empresa popular, tiene gracia, como tiene gracia hablar de empresa
socialista, que por definición es una contradicción y un fracaso. Así
lo ha demostrado la historia, y por lo tanto está bien que las
empresas sean populares en lugar de ser socialistas, porque la
empresa socialista y su sistema ha sido un fracaso histórico a todas
luces evidente. (Rumores.) Pero déjeme que siga también con las
anécdotas y los chascarrillos desde el buen humor, y le aseguro que
es desde el buen humor.
Esta misma tarde usted se ha referido a la intervención del
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda
y ha dicho algo que estaba bien y que yo he encontrado también
gracioso. Ha dicho algo así como que, a base de no hablar de lo que
interesa a los españoles y a base de no hablar de España y de hablar
exclusivamente de una sola empresa, parece que lo que se pretende no
es sustituir al Gobierno, lo que es absolutamente legítimo, sino
presidir Telefónica. A la vista de su intervención y por la
insistencia en esa misma empresa, yo creo que Telefónica se podría
estar perdiendo un consejero delegado, incluso hasta un buen director
general. (Rumores.) Porque tanta insistencia, señoría, no nos lleva a
ninguna parte. Les interesaría mucho más a ustedes y a los ciudadanos
hablar de verdad de lo que ha sido el proceso de privatizaciones y de
modernización del sector público, que ha sido un proceso muy
profundo, serio, riguroso, que ha supuesto un cambio sustancial de la
estructura del sector público en España, afortunadamente, y del que
yo ahora, lo siento, voy a recordar sus características más básicas
para el «Diario de Sesiones» y para ustedes, para que siga quedando
constancia. Porque las privatizaciones en España no han empezado
ahora ni han empezado con este Gobierno ni con esta legislatura. Los
gobiernos anteriores, los gobiernos socialistas hicieron ventas
parciales y totales de más de una cincuentena de empresas públicas.
Hay que recordar que hoy, por otra parte, algunas de las operaciones
están todavía en los tribunales, pero esa sería otra cuestión. Lo que
realmente ha sido novedoso con este Gobierno desde el principio, en
cumplimiento de los compromisos del presidente Aznar en el debate de
investidura, es que el proceso de privatizaciones responde a un
programaclaro, público, especialmente debatido en esta
Cámara en cuanto a su diseño y su aplicación de forma
individualizada, además, en aquellos casos en que ha sido objeto de
interés específico.
Y les recuerdo que el programa de privatizaciones se diseñó en un
acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de junio de 1996 que se rige
por tres principios fundamentales: el primer principio es el de
globalidad, porque se refiere a todas las empresas públicas, ya que
entendimos en aquel momento, y seguimos entendiendo, que no se puede
apelar a consideraciones de tipo estratégico para mantener la
participación estatal en una empresa cuando está, efectivamente,
compitiendo en el mercado con otras que ofrecen los mismos productos
o servicios. Después podemos hablar de este punto, porque hay
cuestiones realmente muy interesantes. Hay otro principio
fundamental, que es el de totalidad. No vemos ningún motivo por el
cual no se deba reducir la participación del Estado al cero por
ciento y mantenerlo, en cambio, como ustedes hacían muy a menudo, en
un 30 o en un 10 por ciento, porque entonces no se privatiza una
compañía, simplemente se está haciendo caja, como solían ustedes
hacer.
Hay otro principio que también me gusta destacar, que es el principio
de separación clara de las responsabilidades de accionistas y
gestores de las empresas. Los accionistas, es decir, el Estado a
través de los agentes privatizadores, son los únicos responsables de
la privatización. Y no lo son los gestores, que anteriormente, en
cambio, sí eran los responsables de la privatización en muchos casos.
Los gestores son responsables de la gestión de la empresa, pero no de
las decisiones que competen a los accionistas y en concreto las
decisiones de privatización.
Pero quiero decir otra cosa, y es que esa privatización global, total
y hecha por los accionistas no debe verse como un objetivo en sí
mismo; la privatización nunca es un objetivo, la privatización es un
instrumento para modernizar nuestro sector público, y el acuerdo del
Consejo de Ministros que he mencionado determina que la tarea de los
agentes privatizadores, y en concreto la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, que es la que me compete más
directamente, es triple: en primer lugar, proceder al saneamiento del
sector público industrial del Estado. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Ahí tengo que
decir que se han asumido definitivamente las deudas históricas, las
explícitas y las que no lo estaban; las que ya estaban recogidas como
deuda histórica del INI y las que no lo estaban en virtud de
compromisos adquiridos por procesos de reestructuración, que no
pasaban por cuenta de resultados, y que ascienden -se lo recuerdo,
señoría- a más de un billón de pesetas. Eso se ha asumido y se ha
saneado definitivamente. Además, con pleno acuerdo con los
sindicatos. Por otra parte, hemos roto la dependencia del sector
público industrial del Estado de los Presupuestos Generales del
Estado con diversos procesos de reestructuración que están en la
memoria de todos.
En segundo lugar, se ha procedido a la consolidación de las empresas,
buscando a cada una de ellas un proyecto de futuro mediante, según
los casos, su reestructuración, su diversificación, su
internacionalización, la incorporación de un socio tecnológico o el
establecimiento de alianzas internacionales. Eso sí, una vez saneadas
y consolidadas las compañías, o como medio para sanearlas y
consolidarlas, se ha procedido a su privatización.
Y quiero destacar tres condiciones fundamentales que se han cumplido
en el desarrollo de nuestro programa de privatizaciones. La primera
es la transparencia y el control. (Rumores.) Conforme al acuerdo del
Consejo de Ministros, las privatizaciones se han atenido a los
principios de publicidad, transparencia y concurrencia; es decir, a
la exigencia de hacerlas abiertas a todos los que quieran acudir a
las mismas en igualdad de condiciones para todos ellos. Y les puedo
poner ejemplos de ese tipo de comportamiento, todos ellos a lo largo
de esta legislatura, y ejemplos de lo contrario en épocas anteriores.
Después puede ser interesante que tratemos algunas de estas
cuestiones.
Además el cumplimiento de esos principios está sometido al dictamen
del Consejo Consultivo de Privatizaciones, que es un consejo
independiente y autorregulado que se añade como control previo a los
instrumentos de control posterior que están establecidos por la
legislación vigente y que son los de la Intervención General de la
Administración del Estado y el del Tribunal de Cuentas. Qué más
transparencia puede exigirse que sus informes sean públicos, como
consta en el «Diarios de Sesiones».
Y tengo que decir, además, en relación con este punto, que la
disponibilidad del Gobierno para explicar y debatir los procesos de
privatización en esta Cámara y su plasmación en la práctica, tanto en
el Pleno como en las diferentes Comisiones, y en particular, en mi
caso, en la Comisión de Industria, quedan irrefutablemente
demostradas en el «Diario de Sesiones». De la misma manera que los
responsables de la Administración han comparecido ante la subcomisión
creada en el seno de la Comisión para seguir los procesos de
privatización finalizados, del mismo modo que se le han remitido los
informes de los agentes privatizadores que se han solicitado.
Quiero también decir que hay otro principio, que es el de la
eficiencia, y este me parece asimismo un tema muy interesante. Muy
brevemente, señoría. El desarrollo del programa de privatizaciones se
está efectuando con eficiencia. Eso se nota, por ejemplo, en la
evolución de las comisiones en las ofertas públicas de venta, que
constituyen un indicador indiscutible de la eficiencia alcanzada en
los procesos de privatización con la generación de un importante
ahorro en gastos, como han puesto de relieve el propio Consejo
Consultivo de Privatizaciones, la Intervención General del Estado,
etcétera.
Un tercer punto es la importancia de los planes industriales, que me
parece de especial significación porque es muy importante que se
hayan hecho procesos
de salida a bolsa, que se hayan hecho con la máxima transparencia.
Antes decía que la privatización no es nunca un objetivo en sí mismo
sino un instrumento, y el interés de las privatizaciones, por lo
tanto, es eminentemente industrial. El objetivo de una operación
nunca ha sido forzarla para obtener un mayor ingreso. Como es
natural, estamos gestionando recursos públicos y hay que gestionarlos
adecuadamente, pero lo primordial ha sido obtener el mejor plan
industrial para garantizar las perspectivas de futuro de la compañía
y hacerlo además con una enorme dosis de diálogo, como así ha sido -y
a usted le consta, señoría-, con los interlocutores sociales, con las
comunidades autónomas y en general con un alto grado de aceptación. Y
aunque a S.S. pueda dolerle, que estoy seguro de que no, el proceso
ha merecido el respeto y la admiración en la comunidad internacional.
Hay un organismo al que ustedes últimamente le tienen mucho apego y
mucho cariño, que es la OCDE, que en un estudio económico -éste de
verdad, no es un borrador, sino un estudio económico de verdad,
porque se publicó ya en 1998 y se dedica a España- incluye un
capítulo especial titulado la reforma del sector público empresarial,
en el que se afirma que los progresos efectuados, así como la
culminación del plan, y cito textualmente, situarían a España a la
cabeza de muchos otros países de la Europa continental en lo que
atañe a la reforma del sector público empresarial.
Podríamos hacer muchísimos más comentarios, pero entiendo que estoy
superando el tiempo previsto y creo que SS.SS. agradecerán que acorte
mi intervención. Podría hacer alguna referencia a la relación entre
privatización y liberalización. Es verdad, no se pueden privatizar
monopolios que son públicos para transformarlos en monopolios
privados, pero estoy seguro, señoría, que si a usted y a mí se nos
ocurre algún ejemplo relacionado con esta cuestión, no nos
situaríamos en una decisión del actual Gobierno, sino seguramente en
decisiones de gobiernos anteriores.
Hay otro comentario que tampoco quisiera pasar por alto para que
quede constancia del mismo, que es el relativo a la aplicación de los
ingresos por privatizaciones. Antes, los ingresos por
privatizaciones, porque el objetivo era hacer caja y no salvar las
empresas y sanearlas y consolidarlas de cara al futuro, se dedicaban
exclusivamente a financiar gasto público corriente y para seguir
incrementando unos déficit crecientes, en relación con los cuales
después hemos tenido realmente muchas dificultades y que hacer muchos
esfuerzos para poder superarlos. ¿A qué se han dedicado los ingresos
por privatizaciones? Pues a reducir deuda histórica del INI y a hacer
frente a todas aquellas obligaciones asumidas en el pasado que no
estaban recogidas, insisto, en las cuentas de resultados y que en el
caso de los pasivos laborales ascendían a más de 1,3 billones de
pesetas que hemos tenido que poner encima de la mesa a través de un
proceso de externalización, que de nuevo le recuerdo que ha sido
acordado, como siempre acostumbramos a hacer, con los sindicatos.
Otro comentario muy breve se refiere a esa relación a veces espuria
que se hace entre privatizaciones y empleo y a intentar presentar un
proceso de privatizaciones como una amenaza al empleo. Es todo lo
contrario. La experiencia nos dice que si alguien ha perdido empleo
público en los últimos años, ha sido precisamente el sector público,
en cantidades realmente inconmensurables, en sectores como la
siderurgia o el sector de la construcción naval, y, por lo tanto, hay
que decir con toda rotundidad que el sector público no es sinónimo de
empleo, sino que lamentablemente en nuestro país es sinónimo de
destrucción de empleo, y que precisamente lo que asegura el empleo en
el futuro es la consolidación de los planes industriales, el que haya
buenos accionistas, accionistas estratégicos de referencia, y que sea
el mercado quien marque las señales más adecuadas.
Quiero terminar, señoría, haciendo una apelación a la seriedad de
todos, porque estoy viendo que su grupo desde hace tiempo está
centrando su artillería pesada en este final de legislatura
vistiendo, si me permite la expresión, un fantasma con brumas,
tratando de demonizar un programa tan importante y de tanto calado
para los intereses generales de este país como es el programa de
privatizaciones. Hacen eso basándose en ciertos acontecimientos
sobrevenidos, normalmente en una sola empresa que les obsesiona, por
razones ajenas a la actuación del Gobierno, que además, como ustedes
saben, el Gobierno ha tomado la iniciativa de corregir introduciendo
las medidas posibles a través del Grupo Parlamentario Popular. Creo
firmemente que lo que ha hecho este Gobierno es promover la pérdida
de parcelas importantísimas de poder político y que hay que tener un
enorme grado de convicción respecto al beneficio resultante de esa
operación para la sociedad española para efectivamente hacerlo así.
Muy brevemente, señoría, con respecto a los amigos a los que ustedes
hacen referencia permanentemente, ya he dicho en otra ocasión en esta
Cámara que en sus dos primeros meses el Gobierno socialista hizo una
cosa que este Gobierno por ejemplo no hizo, que fue nombrar a todos
los presidentes de las empresas públicas. En nuestro caso, en muchas
de ellas han permanecido en el cargo profesionales nombrados con
anterioridad y lo han hecho incluso con posterioridad a la
privatización de la compañía, y eso ha sido así porque hemos primado
los criterios de profesionalidad y de idoneidad y no hemos utilizado
nunca razones de afinidad política que en aquellos momentos desde
luego primaron con absoluta evidencia y totalidad. Más aún, hemos
seguido las recomendaciones de la comisión Olivencia y hemos nombrado
consejeros independientes ajenos al capital social de la compañía y a
los grandes accionistas, que normalmente son personas de gran
prestigio, de experiencia profesional ligados al mundo empresarial,
financiero, jurídico, académico o sindical. Como S.S. sabe, la
constitución de sus consejos de administración está directamente
relacionada con la composición del accionariado de la empresa, de
forma
-y no nos olvidemos- que una vez privatizadas -lo digo porque ustedes
son muy proclives a hacer este tipo de reflexión, introduciendo una
confusión que va en contra de la lógica y del derecho-, son los
accionistas los que están representados en los consejos de
administración de una forma proporcional.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
le ruego que concluya.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Voy terminando, señor presidente.
Son los consejos de administración, como órganos soberanos, los que
toman las decisiones sobre el nombramiento o ratificación de los
presidentes de las empresas. Por lo tanto, el Gobierno, como es
lógico, no realiza valoración ni análisis alguno sobre este tipo de
decisiones.
Tengo muy poca cosa que añadir, aunque podríamos hacer otros
comentarios concretos sobre los que a lo mejor tenemos ocasión de
seguir debatiendo después. Yo les rogaría, señorías, que dejasen de
cazar fantasmas, porque si seguimos hablando de estas cosas pueden
acabar atrapados en las brumas, y lo que nos interesa es explicar con
claridad lo que ha sucedido, decir a la sociedad española que por
primera vez se ha afrontado un proceso de modernización del sector
público que es reconocido internacionalmente, que está dando muy
buenos resultados, que los va a seguir dando y que no se puede
enturbiar por anécdotas más o menos bien llevadas, bien traídas y que
ustedes elevan siempre a elemento de categoría. Se han hecho las
cosas bien, se van a seguir haciendo bien y desde luego mucho mejor
que como se hacían anteriormente.
Muchas gracias. (Aplausos. Un señor diputado: Antena 3.-Otro señor
diputado: Sarasola.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Con toda rapidez, señor presidente.
Usted no es sólo ministro de Industria y Energía; es también portavoz
del Gobierno y, por tanto, me permite contestarle a una afirmación
que reitera otra hecha por el vicepresidente segundo del Gobierno.
Usted nos acusa de hablar de Telefónica y no hablar de España. ¿Para
usted cuál es en estos momentos el principal problema de este país?
(Un señor diputado: El GAL.- Otro señor diputado: Aznar.) ¿Acaso será
la cuestión vasca, señor Piqué? Estos días se manifiesta
periódicamente y muy a menudo en relación con la cuestión vasca. Es
un problema de este país. Pues, créame, esta Cámara ha sido incapaz
de debatir y discutir esa cuestión con una cierta profundidad y con
un cierto detenimiento. Desde esta tribuna, quienes somos leales con
las posiciones que mantiene el Gobierno, por más que
hemos porfiado en ello, no hemos sido capaces de lograr que en esta
Cámara se debatiera y se discutiera sobre esa cuestión. Señorías,
ustedes deben saber que no sólo no ha sido posible discutir de la
cuestión vasca; no fue posible, en una Cámara donde vinieron
catedráticos, expertos de España y del extranjero, hablar de los 20
años de la Constitución española; no fue posible porque ustedes se
opusieron a discutir desde esta tribuna para que todos los grupos
parlamentarios manifestaran su opinión sobre la significación de los
20 años de la Constitución española. (Aplausos.) No fue posible,
señor Piqué. (El señor Aguirre Rodríguez: Cíñete a la cuestión.)
¿Entonces, qué sentido tiene ahora decirnos que no queremos hablar de
España, que sólo queremos hablar de Telefónica? Queremos hablar de
España, señor Piqué (El señor Aguirre Rodríguez: Te has quedado sin
argumentos.), pero ustedes lo han impedido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego guarden silencio.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Ustedes han impedido debatir sobre las
cuestiones importantes de este país a lo largo de la legislatura.
(Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Martínez Noval.
Señorías, les ruego guarden silencio, se lo ruego encarecidamente por
segunda vez. (Pausa.)
Continúe, señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Paso la página a la que me refería
anteriormente para decirle que usted ha afirmado que las empresas
públicas han roto la dependencia de los Presupuestos Generales del
Estado. Sí, pero han acudido al endeudamiento financiero con avales
públicos. Vamos a ver qué pasa cuando algunas de esas empresas, que
las habrá, no puedan hacer frente a su endeudamiento financiero. El
Estado ha avalado todo eso. Lo único que han hecho ustedes, en lugar
de periodificar anualmente los compromisos del Estado por la vía
presupuestaria -subvenciones- es echar hacia adelante los problemas
financieros.
Ha hecho otra afirmación que le tengo que refutar. Ha dicho que
irrefutablemente demostrada estaba no sé qué política. Señor Piqué,
no hay nada que irrefutablemente no se pueda combatir. La infabilidad
sólo la tiene una persona en este mundo y usted sabe quién es; usted
no, por fortuna para usted y para nosotros también. De manera que
todo, señor Piqué, hágame caso, se puede refutar, incluso su
magnífica política de privatizaciones del sector público.
Ya es bien evidente que ustedes han utilizado y han abusado de la
creatividad contable, señor Piqué. Ese es un hecho que reconoce todo
el mundo, lo reconoce incluso, y esta tarde se recordaba en esta
Cámara, la Comisión Europea cuando eleva en cinco décimas el
déficit público de nuestro país en el año 1997. Creatividad contable
ustedes la han utilizado hasta el abuso.
Empleo perdido en la empresa pública, señoría, sí, efectivamente,
pero usted sabe como yo qué empresas eran públicas, y esas empresas
no eran públicas precisamente por decisiones discrecionales de
gobiernos españoles; eran públicas porque el sector privado las había
entregado al sector público cuando el ciclo económico, cuando la
madurez de esos sectores las condujo a una situación de pérdidas.
Señor Piqué, le doy un consejo en beneficio de su felicidad personal.
(Risas.- El señor Guerra Zunzunegui: Es que estamos en Navidad.)
Váyase pronto del Ministerio de Industria y Energía, váyase pronto,
porque en cuanto pase el ciclo, señor Piqué, volverán los problemas a
los sectores maduros de la economía española, como aparecieron en el
año 1983, 1984 y 1985. ¿O qué cree usted, que los problemas en el
sector naval, en la minería, en la siderurgia, los creó un gobierno
socialista? (Varios señores diputados: ¡Sí! -Risas.-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego silencio a ambos lados de la Cámara.
Continúe, señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Hágame caso. Señor Piqué, volverán esos
mismos problemas. Esta tarde lo discutíamos aquí también, ¿es que
acaso aumenta el empleo en empresas que tienen 270.000 millones de
beneficio? (Varios señores diputados: ¡No!) ¿Es que acaso en
Telefónica está aumentando el empleo cuando en tres años se ha
reducido la plantilla en 25.000 trabajadores? Un poco más de rigor,
señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Noval, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Nos obsesiona Telefónica. ¿Cómo no nos va a
obsesionar si Telefónica condensa ... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías,
espero que no estén todas SS.SS. empeñados en que no finalicemos el
orden del día.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: ... todo lo que ha sido la política
privatizadora del Gobierno del Partido Popular? En primer lugar, hay
una cuestión muy importante: negativa a ser sometida al control de
esta Cámara. Pero no las tengan ustedes todas consigo. Hoy mismo el
Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite el recurso de amparo
sobre la incomparecencia del presidente de Endesa en esta Cámara.
Detrás de ese recurso está otro relativo a Telefónica. Y una cuestión
muy importante, Telefónica es la quintaesencia de su política de
reparto en esta sociedad española, la desigualdad presidiendo esa
política de redistribución de la riqueza creada.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Noval, le ruego que concluya.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Por último, señor Piqué, es una pena que
ustedes que apelan continuamente a la comisión Olivencia no tengan
tiempo para tener con nosotros un debate sobre el contenido y la
materialización de las recomendaciones de dicha comisión, porque
podíamos encontrar en ese debate aspectos muy interesantes. Ustedes
apelan retóricamente a la comisión de Olivencia, pero no cumplen más
que en escasísima medida sus recomendaciones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Noval.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, dentro del espíritu navideño que he visto que presidía su
intervención, yo también voy a hacer algunos comentarios en tono
afectuoso y constructivo, como creo que corresponde al espíritu que
debe mantener esta Cámara. Antes de entrar en ese espíritu, déjeme
que introduzca un tono de seriedad para tratar una cuestión que usted
ha comentado al principio y que no puede ser objeto de frivolización
ninguna.
Venía a cuento cuanto usted hablaba de los principales problemas de
España y ha mencionado usted una cuestión que es evidente que desde
muchos puntos de vista es nuestro principal problema, que es la
situación de la violencia en el País Vasco. De eso voy a hablar
enseguida, pero déjeme que le diga que España tiene, como es natural,
muchísimos otros problemas, muchos, pero desde el punto de vista
económico creo que podemos mencionar dos, y estoy seguro de que S.S.
estará de acuerdo conmigo.
Hay un primer problema de fondo, de objetivo y de ambición como país,
que es conseguir que nuestros niveles de renta y de producción per
capita se igualen con los de nuestros vecinos, con el conjunto de la
Unión Europea. (Un señor diputado: Y de empleo.) Eso se llama la
convergencia real y para conseguir la convergencia real usted sabe
que hay que conseguir crecer siempre un poquito más que los demás, o
si se puede bastante más, y eso es exactamente lo que viene
sucediendo desde el año 1996. Y eso es así no por casualidad, sino
porque se están aplicando unas políticas que permiten que eso se vaya
produciendo. Durante muchísimos años, con muchas fluctuaciones y con
un modelo de crecimiento muy inestable, no hemos conseguido avanzar
en ese objetivo. De la misma manera ustedes habían arrojado la toalla
a la hora de conseguir no ya la convergencia real sino la
convergencia nominal. Ustedes no creían que íbamos a conseguir estar
en la unión monetaria. Nosotros sí y lo hemos hecho. Lo hemos hecho a
base de rigor presupuestario
y, por tanto, señor Martínez Noval, no me hable usted de contabilidad
creativa ni de déficit público, porque me obliga usted a recordarle
las cifras de déficit público hasta el año 1996.
Lo que hemos hecho ha sido conseguir la convergencia nominal como
requisito previo a que podamos lograr, en un plazo de 15 años, que
nuestros niveles de renta y de producción per capita sean los mismos
que los de nuestros socios europeos. Ese es un objetivo de país que
tenemos que compartir todos, pero viene de un problema de fondo. Y
viene de un problema de fondo que ustedes conocen muy bien, porque la
sociedad española se había acomodado, cual maldición bíblica, a la
idea de que, necesariamente, en nuestro país teníamos que tener una
tasa de desempleo que fuera el doble de la de nuestros vecinos. Nos
habíamos acostumbrado a eso porque durante años y años ha sido así y
pasara lo que pasara y aunque creciera muchísimo la economía,
seguíamos teniendo una tasa de desempleo que era el doble de la de
nuestros vecinos, por lo que no estábamos movilizando los recursos de
una manera adecuada, y además en un clima de confrontación social -y
usted ha sido ministro de Trabajo- que todos conocemos y recordamos
muy bien. Ahora las cosas suceden de manera distinta, se está
solucionando el problema del desempleo y por primera vez podemos
decir a la sociedad española, y la sociedad española nos cree, que es
posible resolver a lo largo de la próxima legislatura lo que ha sido
el gran problema de nuestro país desde el punto de vista económico
y social durante muchísimos años.
Sin embargo, usted mencionaba otro problema, que era el de la
violencia en el País Vasco, el de la violencia terrorista. Señor
Martínez Noval, este es un tema lo suficientemente serio como para
que -como antes decía- no lo frivolicemos y no lo resolvamos en unos
pocos minutos, pero no me resisto a la tentación de decirle que la
mejor manera de afrontar ese problema es desde la firmeza de las
convicciones, desde la firmeza de los ideales y desde la coherencia,
y desde decir exactamente lo mismo que se hace y decir lo mismo en
todas partes de España, y no defender la Constitución y envolverse en
la bandera de España en unos sitios y pactar con Esquerra Republicana
o con el Bloque Nacionalista Galego en otros (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!.-Aplausos.), y no defender modelos federales o
modelos de reforma estatutaria en unos sitios y en otras partes decir
cosas distintas. Desde la firmeza y desde la coherencia y desde la
resistencia democrática a la violencia (Rumores.-El señor Cuesta
Martínez: No son terroristas; están en la Cámara), eso es lo que hay
que hacer.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, señor
Cuesta, le ruego silencio.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Eso es lo que hay que hacer para después tener una
mínima
legitimidad si se pretende dar lecciones de respeto a la
Constitución, que tengo que decirle, con toda seriedad y con toda
humildad, que nosotros no le aceptamos.
Quiero también coincidir ahora en otra cuestión, porque creo que en
este tema que acabo de mencionar compartimos muchísimas cosas, es
bueno que sigamos haciéndolo y estoy seguro, además, que va a ser
así. Antes he utilizado la palabra irrefutable y puede ser una
licencia del lenguaje. Es evidente que todo se puede refutar, pero
hay cosas que no. Hay cosas que es muy difícil refutar, por más que
se utilice la demagogia, la simplicidad o la frivolidad, y es que la
situación de nuestra industria en estos momentos no tiene nada que
ver con la de hace unos años. Esta misma tarde en la sesión de
control he tenido ocasión de hablar de la evolución del empleo
industrial y no tiene parangón desde los años sesenta, eso es así y
es una realidad. La presencia de nuestra industria en el contexto
internacional tampoco tiene parangón. Y no le estoy diciendo que eso
sólo sea mérito de este Gobierno, evidentemente que no, pero en
cierta medida sí, y usted me lo reconocerá. Es mérito del esfuerzo de
la sociedad española durante muchísimas décadas, pero estamos hoy en
una situación que realmente no es comparable con la que nos
encontramos en el año 1996, a principios de esta legislatura. Por
tanto, déjeme que yo defienda mi política industrial, de la misma
manera que usted tiene todo el derecho a combatirla y a desear que yo
me vaya -eso ya se verá-, pero déjeme que le diga que tengo la
absoluta convicción, y no por mérito del ministro, de que el período
que va del año 1996 al año 2000 será recordado como el mejor período
de la historia industrial de España de las últimas décadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
le ruego vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Acabo con un breve comentario respecto a esa empresa
que tanto les ocupa, les preocupa y les obsesiona para -déjeme
también que utilice el mismo verbo- no refutarle en una cuestión,
porque el proceso de liberalización de las telecomunicaciones y de
privatización de Telefónica no hay que verlo exclusivamente desde una
perspectiva estática, señor Martínez Noval, no lo vea así. Se ha
abierto una dinámica bajo el impulso del Ministerio de Fomento -y lo
digo porque está aquí el ministro (El señor Caldera Sánchez-Capitán:
No nos lo miente.) y es el principal responsable de algo
extraordinariamente positivo para nuestro país y que se verá en las
próximas décadas- y el proceso de liberalización de las
telecomunicaciones ha hecho que se esté creando empleo en el conjunto
de ese sector de forma espectacular. Ha hecho, por ejemplo, que de
los 900.000 teléfonos móviles que existían en el año 1996 hoy estemos
ya prácticamente en 14 millones, que haya una previsión de vender dos
millones durante las vacaciones navideñas y que en el año 2000 haya
20 millones
de líneas; que se haya producido un desarrollo espectacular del
cable, que no se hubiera dado si se hubiera mantenido la estructura
monopolística que ustedes construyeron -recuerde la fecha, señor
Martínez Noval- el 1 de marzo de 1996 y que, afortunadamente, después
no pudo cuajar por resoluciones judiciales; y se han desarrollado
todos los diferentes subsectores de ese sector que está generando un
nivel de empleo extraordinariamente importante. Por tanto, no lo mire
sólo desde esa perspectiva sino desde unaperspectiva global.
Le pongo otro ejemplo. Como es natural, las grandes empresas
eléctricas de este país están haciendo ajustes de plantilla -digo
como es natural porque estaban sobredimensionadas desde esa
perspectiva-, pero no me negará usted que el proceso de
liberalización del sector eléctrico está propiciando, por ejemplo,
que en estos momentos haya proyectos de inversión que generan
muchísimo empleo en marcha Y que suponen la renovación del 60 por
ciento del parque de generación de nuestro país. Eso hay que
compararlo con las nulas inversiones que se produjeron en ese sector
desde el año 1986 hasta el año 1996. Las cosas hay que verlas en su
conjunto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
le ruego concluya.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Acabo, señor presidente.
Los resultados son los que son, las cifras son las que son, ustedes
pueden empeñarse en intentar esconderlas o falsearlas, pero estoy
seguro que los ciudadanos españoles saben perfectamente lo que está
pasando y afortunadamente renovarán la confianza a los que hasta
ahora están teniendo la responsabilidad de gobernar.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. ¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición?
(Pausa.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE POLÍTICA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ACTUACIONES DE INTERÉS GENERAL EN LA RED
FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA ENTRE MADRID Y LA COMUNIDAD
VALENCIANA. (Número de expediente 172/000199.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 36 del orden del día, interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Mixto sobre política general del departamento de
Fomento y actuaciones de interés general en la red ferroviaria de
alta
velocidad española entre Madrid y la Comunidad Valenciana.
Para su presentación tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, señorías, señor
ministro, desde que en el año 1988, por acuerdo del Consejo de
Ministros, se consideraron prioritarios y de interés general en
materia ferroviaria los proyectos de alta velocidad Madrid-Sevilla y
MadridBarcelona- frontera francesa, en numerosas ocasiones se ha
reiterado el carácter estratégico y de interés general de las
infraestructuras ferroviarias en el contexto español. La Comunidad
Valenciana en los últimos años ha reivindicado un proyecto
ferroviario de futuro que permitiera su conexión por medio de la red
de alta velocidad con la capital de España, como elemento básico para
su desarrollo socioeconómico.
Creo que en los últimos meses se ha hablado hasta la saciedad de
trazados, proyectos, plazos, financiación, promesas, incluso dobles
lenguajes respecto al AVE en el conjunto del Estado, pero sobre todo
del proyecto de alta velocidad Madrid-Valencia. Por eso hoy, al final
de la legislatura, en un tono que pudiera ser algo más que simbólico,
creo que es importante que aquí y ahora, a pesar de que es una
interpelación atípica porque la semana que viene no va a haber Pleno,
con lo cual no hay moción, se hable de cuestiones de la
interpelación, de preguntas de la interpelación y, sobre todo, de
compromisos y contenidos de lo que podría ser una moción si el
trámite parlamentario lo hubiera permitido. Por eso creo que hoy es
importante hablar de los trazados, pero hablar del trazado definitivo
que pueda colocar a la Comunidad Valenciana en una situación que
mejore su desarrollo socioeconómico -y el AVE puede inducir
claramente a ese desarrollo de futuro-, hablar de la financiación y
de los plazos de ejecución, porque si ha habido demagogia en los
proyectos, en los contenidos y en la financiación, también ha habido
una gran dosis de doble lenguaje respecto a los plazos de ejecución.
Se hablaba de iniciar el AVE MadridValencia en el año 1999, pero
estamos a punto de iniciar el 2000 y no están ni publicados los
posibles trazados, que primero eran dos y ahora ya se habla de seis,
y en cuanto a los plazos de ejecución, hace poco más de un año, señor
ministro, usted decía en Valencia que el AVE Madrid-Valencia podía
estar concluido en el año 2004.
También podemos hablar de incumplimientos, porque en el debate de
política general del 12 de junio de 1997, a instancias del diputado
que les habla, se aprobó una moción declarando prioritario el AVE
MadridValencia, el carácter extraordinariamente importante y
estratégico para la Comunidad Valenciana y, sobre todo, que debería
darse agilidad máxima a los estudios informativos, a los plazos de
ejecución, a la gestión de los fondos europeos, etcétera. Se aprobó
esa moción, pero, a pesar de que como el señor Aznar decía el grado
de cumplimiento de las propuestas de los dos
últimos debates de política general era del 85 por ciento, qué
lamentable es que el 15 por ciento de incumplimientos sean el Plan
hidrológico nacional, el trasvase de aguas del Ebro, la reforma del
Estatuto de la Comunidad Valenciana y el AVE Madrid-Valencia. ¡Qué
casualidad!
Dentro del marco del PDI, en diversos informes que se estudiaron en
su día ya se hablaba de que el corredor Madrid-Valencia es, a nivel
nacional, uno de los principales ejes de transporte tanto por su
dinamismo como por su volumen de tráfico. Desde el punto de vista
ferroviario presenta un gran potencial de crecimiento, siempre que
cuente con unas adecuadas infraestructuras que permitan ofertar unos
servicios de calidad competitivos con otros modos. Ese Plan director
de infraestructuras para los años 1993-2007, que fue aprobado por el
Gobierno en 1994 y que ha desaparecido, contempla el establecimiento
de una nueva línea de alta velocidad para tráfico exclusivo de
viajeros que una Madrid con Valencia, y esta concepción permitirá
extender sus beneficios a un importante número de relaciones,
especialmente del litoral mediterráneo - Murcia, Alicante, Valencia y
Castellón-, de aproximadamente 10 millones de habitantes. Se han
desarrollado diversos estudios, técnicos y económicos, y sobre todo
se ha hablado de muchos trazados, hasta seis, que creo que son los
que van a figurar en el último anuncio que va a salir en el BOE en
los próximos días. Pero lo realmente importante es que con este
corredor MadridValencia y sus posibles ramales estaríamos hablando de
una línea que alcanzaría hasta a 11 millones de habitantes, el 28 por
ciento de la población total española, con una distribución
heterogénea y polarizada a los extremos, Madrid con un 45 por ciento
y el litoral mediterráneo con un porcentaje similar.
El AVE Madrid-Valencia es viable, tiene futuro, es rentable
y rápidamente amortizable si acertamos en cuál es el trazado y cuál es
la opción a elegir. Indudablemente, la cuestión económica está ahí.
La seguridad y el respeto al medio ambiente son los principales
beneficiarios del establecimiento de una red ferroviaria de alta
velocidad. Unión Valenciana -y esa es la reflexión que hoy hacemos al
Ministerio- tiene que apostar en esa decisión última por un trazado
de red ferroviaria de alta velocidad Madrid-Valencia planificado,
proyectado, construido y explotado racionalmente. Ahí es donde nos
vamos a la cuestión básica que tiene que influir a la hora de tomar
la decisión por parte de su Ministerio: los tiempos de viaje del tren
de alta velocidad.
Ese cálculo depende de distintas variantes, pero una de ellas es muy
importante, la distancia en línea recta. La distancia en línea recta
Madrid-Valencia es de 300 kilómetros. Comparándola con otros trazados
nacionales, Madrid-Sevilla la línea recta serían 425 kilómetros y el
trazado de AVE es de 471, el 12 por ciento más largo; el Madrid-
Zaragoza-Barcelona, la línea recta son 540 kilómetros, y el trazado
de AVE serán poco más de 640, el 19 por ciento más largo; el Madrid-
Valencia en línea recta serían 300 kilómetros, y la solución deseada
por
el Ministerio marca en esa opción sur con la que el Ministerio está
encariñado, un trazado de AVE de 475 kilómetros, cometiendo el error
de hace más de 120 años de dar un rodeo que supondría el 58 por
ciento de trayecto más largo sobre lo que sería el ideal de la línea
recta.
Hay un informe irrefutable -palabra muy empleada por el ministro de
Industria anteriormente- que ha elaborado el departamento de robótica
de la Universidad Politécnica, que refiriéndose a las cuestiones de
distancias, velocidades y otro indicador muy importante que ahora
comentaré, hace más que suficiente el argumento para defender de
entre todas las opciones la opción norte como la opción más rápida,
más segura, más viable, más cómoda y sobre todo la que avala un tema
fundamental como es el departamento de Robótica de la Universidad
Politécnica aduce además este factor que he comentado: la línea más
recta -la opción norte-, los tiempos y el cliente potencial.
Todos los indicadores avalan la opción norte como la óptima para
sacar la máxima rentabilidad y que la Comunidad Valenciana quede
vertebrada y tenga con esta infraestructura una potencialidad de
futuro que otro trazado le negaría o le hipotecaría sin posibilidad
de mejora, y es el tema del tiempo, indudablemente. La única opción
que sitúa a las tres capitales de provincia, Alicante, Castellón y
Valencia, por debajo de los 120 minutos es la opción norte, las otras
cinco variantes sitúan a Alicante, Castellón y Valencia por encima de
los 120 minutos.
Hay otro argumento que afecta a la rentabilidad, y es la demanda de
viajeros. El propio informe encargado sobre el AVE por el Consell de
la Generalitat Valenciana revela que la alternativa norte es la de
mayor demanda de viajeros. Mientras la opción sur mixta, con
velocidad alta habla de poco más de 9.000.000 de potenciales
viajeros, la opción sur, la alta velocidad íntegra por la que el
Ministerio de Fomento tiene especial predilección, está en torno a
los 10.000.000 de viajeros; la alternativa centro, 11.775.000
potenciales viajeros y la alternativa norte supera los 13.000.000 de
potenciales viajeros. Ese informe de la Universidad de Valencia dice
también que si en el AVE Madrid-Valencia se apuesta por el trazado
directo, el trazado norte, el trazado por Cuenca, el trazado más caro
pero el más rentable, el más viable y el de más corto plazo de
amortización, generaría en el primer año más de 9.000 millones de
beneficios.
Es cierto que hay retraso en la publicación de los trazados que van
proliferando. Primero fueron dos, después tres, después cuatro, y
ahora posiblemente en unos días hasta seis trazados distintos, cuando
lo cierto es que el trazado directo AVE, el trazado norte, sería el
más corto, el más rápido, el más rentable y el más viable. ¿Cuáles
son las alternativas más lógicas, entre comillas? Quedarían reducidas
a tres: la opción norte defendida por Unió Valenciana, por la Cámara
de Comercio, por interlocutores económicos, por grupos de empresarios
y por la gran mayoría de la sociedad valenciana, es
el trazado que partiendo de la línea de alta velocidad en
construcción Madrid-Barcelona en un punto cercano a Madrid y con
dirección a Cuenca, pasaría por las inmediaciones del futuro
aeropuerto internacional de Campo Real, y tras pasar por esta ciudad,
se dirigiría dirección Albacete.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Chiquillo, le ruego vaya concluyendo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.
A la altura de Motilla del Palancar se bifurcaría en las direcciones
Valencia y Castellón, por una parte, y Albacete- Alicante, por otra.
Valencia quedaría a unos 350 kilómetros y a una hora y 25 minutos.
El trazado centro arrancaría de un punto de la línea Madrid-Sevilla a
unos 50 kilómetros de Madrid en dirección a San Clemente, donde se
bifurca hacia Valencia y Castellón, por una parte, y hacia Albacete y
Alicante, por otra. Valencia quedaría a 370 kilómetros y a una hora
30 minutos de Madrid.
El trazado sur sería incurrir en el error de hace cien años. Partiría
del mismo punto que el anterior, llegaría hasta Alcázar de San Juan
en dirección a Albacete, se bifurcaría en La Encina en dirección a
Valencia y Castellón, por una parte, y a Alicante, por otra. Valencia
quedaría incomprensible e injustamente a 475 kilómetros y estaríamos
a dos horas y 10 minutos de Madrid. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Chiquillo, le ruego concluya.
El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo rápidamente, si no paran de
interrumpir.
El informe de la Universidad Politécnica, departamento de robótica,
es concluyente. La alternativa norte situaría las tres capitales de
provincia a menos de 120 minutos de la capital del Estado. Únicamente
Castellón a 430 kilómetros, una hora y 55 minutos; Valencia, a 350
kilómetros, una hora y 25 minutos; Alicante, a 440 kilómetros, una
hora y 55 minutos. El resto de opciones superarían los míticos 100
minutos que de manera maliciosa se están utilizando por parte de
algunos interlocutores interesados en dirigir el tráfico hacia esa
decisión de la opción sur, pero la rentable y la viable, sin ninguna
duda con todos los estudios -y bien lo sabe su Ministerio-, es la
opción norte. Es justa, es rentable, es viable y es lo que puede
permitir vertebrar la Comunidad Valenciana, Alicante, Castellón y
Valencia; la opción sur condenaría de nuevo a la ComunidadValenciana
a un agravio que no podría corregirse, primaría a una parte del
territorio valenciano, a Alicante, a Murcia sobre todo y a Albacete,
pero condenaría a Cuenca, condenaría a Valencia y alejaría a
Castellón a más de dos horas y media, una parte muy importante de la
Comunidad Valenciana.
Píenselo, medítelo y apueste con firmeza por la opción norte...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Chiquillo, le ruego concluya.
El señor CHIQUILLO BARBER: Pasaría a la historia como el ministro que
podría inaugurar esa línea y visitar la Comunidad Valenciana en menos
de dos horas con ese trayecto de alta velocidad, repito, por la
opción norte.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
presidente, señorías, este Gobierno ya ha pasado a la historia, señor
Chiquillo, porque ha sido el Gobierno que ha terminado la autovía
Madrid-Valencia. Por consiguiente, cuando se trata de las conexiones
de Valencia con Madrid o de Madrid con Valencia ya tiene usted un
primer dato, y va a pasar también a la historia por poner en marcha
el tren de alta velocidad.
No puedo dejar de hacer referencia a la situación en que se
encontraba la conexión entre Madrid y Valencia cuando tomó posesión
este Gobierno. El Plan director de infraestructuras de 1993 recogía
en su horizonte para el desarrollo de la alta velocidad española,
apartado b), lo siguiente, y cito: Considerar la posible ampliación
de la red de alta velocidad a aquellos corredores que como en el caso
del eje Madrid- Valencia unan a su dinamismo la importancia de sus
flujos de tráfico. Para este corredor el plan contempla la
realización de un estudio de viabilidad de la implantación de una
nueva línea de alta velocidad como alternativa a una potente
adecuación 200-220 kilómetros hora, de las infraestructuras
existentes. Sigo citando. En la concepción de la red de alta
velocidad, junto a los Presupuestos Generales del Estado exigirá que
se recurra a financiaciones extrapresupuestarias. Se movilizarán
recursos procedentes de los entes territoriales, comunidades
autónomas y ayuntamientos, de fondos comunitarios y de capitales
privados.
En el mismo PDI se proponían como alternativas las siguientes
actuaciones estructurantes y de modernización de líneas: elevación a
200-220 kilómetros/hora entre Madrid y Valencia, incorporando las
duplicaciones de vía necesarias como Fuente la Higuera y Játiva que
se está desdoblando. Elevación a 200 kilómetros/hora de los tramos
Ciudad Real-Manzanares y ManzanaresAlcazar de San Juan para
conexionar la línea MadridAlabacete- Valencia con la línea de alta
velocidad Madrid-Sevilla. Elevación a 160 kilómetros/hora de los
tramos Chinchilla-Murcia y La Encina-Alicante, que parten de la línea
a 200-220 kilómetros/hora entre Madrid y Valencia.
Pues bien, de estas actuaciones que contempla el Plan director de
infraestructuras tan sólo se había realizado en 1996 el estudio de
prefactibilidad de la conexión
en alta velocidad Madrid-Valencia en 1993 y en el tramo Albacete-La
Encina se habían ejecutado o estaban en ejecución las variantes de
Chinchilla y de Villar de Chinchilla con algún acondicionamiento,
quedando la variante de Alpera que ha contratado este Gobierno. Se
realizó también el acondicionamiento entre La Encina y Játiva.
Es claro, por tanto, que antes de la llegada al Gobierno del Partido
Popular no se había optado por la construcción de una red de alta
velocidad entre Madrid y el arco mediterráneo AVE Comunidad
Valenciana-Madrid. El Gobierno, consciente de la importancia del
establecimiento de la conexión en alta velocidad entre Madrid y la
Comunidad Valenciana, adjudicó el 13 de octubre de 1998 el estudio
informativo de esta actuación. Por esas mismas fechas, en el propio
mes de octubre de 1998, se adjudicó también la redacción del estudio
de trazado y reserva urbanística del nuevo acceso sur a Valencia.
Posteriormente, con fechas 14 y 15 de diciembre de 1998, adjudicó la
redacción de los estudios informativos de los tramos La Encina-
Alicante y Alicante- Murcia respectivamente, previstos inicialmente
para su acondicionamiento a velocidades de circulación de 200-220
kilómetros por hora, modificándose conforme a los datos obtenidos de
la demanda de viajeros para contemplar trazados con parámetros de
alta velocidad.
Una vez iniciada la redacción de todos estos estudios y teniendo en
cuenta su complementariedad se decidió someterlos de forma conjunta a
información pública y oficial a los efectos previstos en la
legislación vigente, de manera que una vez superados los trámites
necesarios pueda aprobarse un trazado único que constituya el nuevo
acceso ferroviario en alta velocidad a la Comunidad Valenciana.
En estos momentos se ha ultimado ya el estudio informativo que se
publicará el viernes 17 del presente mes de diciembre en el
correspondiente y necesario anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Todo lo que S.S. ha dicho para defender una de las determinadas
opciones tendrá oportunidad de contrastarlo y confrontarlo con los
datos pertenecientes a las otras alternativas contenidas en el
estudio informativo. Ya verá, señoría, como hay muchas cosas
discutibles; desde luego sí le puedo anticipar una cosa: está usted
completamente equivocado en lo que afecta a la velocidad del tren y a
los tiempos de recorrido por cualesquiera de los trazados que se
opte. Está equivocado, no son esos tiempos, señoría, y ya lo verá en
el estudio informativo.
Como ya es conocido, transcurrido el período de información pública y
una vez analizadas las alegaciones que se hayan presentado durante el
mismo, se procederá a enviar todo el expediente al Ministerio de
Medio Ambiente para que formule la declaración de impacto ambiental.
Una vez formulada ésta podrá aprobarse el trazado definitivo e
iniciarse la redacción de los proyectos constructivos necesarios para
la ejecución de las obras.
La construcción y administración de este nuevo corredor ferroviario
de alta velocidad Castilla La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia ha sido asignada al ente
público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias por acuerdo del
Consejo de Ministros en su reunión del 17 de septiembre de 1999.
Por lo que se refiere tanto al volumen de inversión como al plazo
necesario para la ejecución de estas obras, se fijará con la
precisión requerida cuando se disponga de una mayor concreción en
relación con el trazado definitivo, fijándose con toda exactitud una
vez que se disponga de los proyectos constructivos.
En cuanto a la financiación de las obras, que como se ha dicho serán
ejecutadas por el GIF, procederá de diversas fuentes en las cuantías
que asimismo se determinen en su momento, contando en cualquier caso
con las ayudas de la Unión Europea, con las transferencias al GIF de
los Presupuestos Generales del Estado y con los recursos propios del
GIF, ya sean -y perdón por la reiteración- propios o ajenos, es decir
mediante su actuación en el mercado de capitales, pero será en todo
caso, señoría, financiación pública.
Esto es todo lo que en estos momentos cabe decir sobre el tren de
alta velocidad Madrid-Comunidad Valenciana. Se abre ahora un período
de debate público de las diversas opciones, todas ellas tienen
ventajas e inconvenientes y precisamente para eso se requiere el
período de información pública y el sometimiento a la opinión pública
de las diversas alternativas de trazado.
Señoría, le puedo trasladar que cualquiera que sea la solución que se
adopte tendrá que ser en todo caso una solución solidaria; solidaria
con Valencia, solidaria con Castellón, solidaria con Alicante y
solidaria con Murcia. No todos los trazados tienen la misma
intensidad de solidaridad en lo que afecta al corredor ferroviario de
que estamos hablando y esa intensidad de solidaridad es la que
corresponde en mejor medida al interés general que el Gobierno tiene
la obligación de defender, es la que deberá salir necesariamente del
debate público que a partir del próximo viernes estoy seguro
apasionará no solamente a los valencianos sino también a los
castellano-manchegos, a los madrileños, por supuesto a los residentes
en las tres provincias de la comunidad Valenciana y también a los
murcianos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, quiero hacer algunas precisiones respecto a las
cuestiones sobre las que al parecer usted cree que estoy tan
equivocado y hago unos cálculos tan erróneos. Repito: Universidad
Politécnica de Valencia, departamento de robótica, uno de los más
competentes de la Unión Europea. Los tiempos de viaje son muy
importantes a la hora de tomar en consideración una inversión del
calibre de la que estamos hablando, ynosotros estamos apostando
-además está justificado
técnicamente- que el trayecto Madrid-Valencia para que su tiempo sea
realmente competitivo no ha de pasar de una hora y treinta minutos y
eso sólo lo garantiza la opción norte, se ponga como se ponga. Cuando
estamos hablando de alta velocidad hay que poner al lado la
seguridad, con lo cual uno se pone a temblar con las velocidades
desorbitadas por las que usted apuesta, porque no existe referente de
ningún país de la Unión Europea donde llegan a alcanzarse las
velocidades que usted pretende para el Valencia-Madrid de alta
velocidad, superando los 300 kilómetros por hora de media, cuando las
medias en el mejor de los casos no superan los 250 kilómetros por
hora. No entiendo la velocidad media como cálculo asignado que usted
pretende para justificar el tema de la opción sur, que hoy me he dado
más cuenta de que esa opción es la niña bonita de sus ojos, porque ya
se ha clarificado algo. El proyecto original era AVE Madrid-Valencia,
después pasó a ser AVE Madrid-arco mediterráneo, después se rectificó
AVE Madrid-Comunidad Valenciana y ahora ya hablan de Ave Madrid-
Comunidad Valenciana-Murcia, con lo cual el centro de gravedad lo
están lanzando hacia el sur, en detrimento de Castellón y de
Valencia. Lo digo así de claro, porque sigo repitiendo que la opción
norte sitúa a las tres capitales de provincia de la Comunidad
Valenciana por debajo de las dos horas que es lo verdaderamente
importante. Por tanto, es la más justa y la que mejor vertebra el
territorio de la Comunidad Valenciana.
He dado las razones por las que nosotros hemos apostado por la opción
norte, unos argumentos y unas razones que si usted no comparte es su
postura, pero hay otras razones fundamentales que descalifican la
opción sur por la que usted apuesta tanto. Le puedo citar ocho que se
extraen de los estudios que se han hecho por la Generalitat
Valenciana, por el actual Ministerio de Fomento y el antiguo
Ministerio de Obras Públicas, incluso por la propia Universidad de
Valencia. Primero, partiendo de que la distancia máxima posible
y razonable son los 360 kilómetros y una hora y 30 minutos, es
inconcebible la apuesta por la opción sur con longitud del trazado de
475 kilómetros, que supone -repito-, el 58 por ciento más de la
distancia de la que en línea recta supondría, y recuerdo el caso de
Sevilla en el que la desviación es tan sólo del 12 por ciento. Con la
opción sur de tardaría un mínimo de dos horas y 10 minutos, si es que
se culmina todo el trazado en AVE y se mejora la media de Sevilla a
cuya ciudad se llega en dos horas y 15 minutos para una distancia de
470 kilómetros. Se perdería hasta un 45 por ciento de rentabilidad,
¡45 por ciento! El billete sería entre 2.000 y 3.000 pesetas más caro
y la pérdida de 40 minutos por viajero y viaje supondría otras 1.500
pesetas más. La duración de una hora 30 minutos incluso mejorable en
la solución norte, es la ideal para los viajes de ida y vuelta en un
mismo día. Se considera esta duración de viaje la última para
competir con éxito con el avión y el transporte por carretera, motivo
fundamental del AVE. El tronco fundamental del AVE tiene
que corresponder básicamente en el centro de gravedad de la Comunidad
Autónoma Valenciana, es decir Valencia; ramificar y completar el
itinerario Alicante desde Albacete es sólo cuestión de pocos años
pero un error como comete la solución sur en el tronco común desde
Madrid deja a Valencia y Castellón para siempre fuera del nivel de
competitividad de las otras capitales españolas con AVE. Se pierde la
oportunidad de conectar, como ocurre con la solución norte, con el
futuro aeropuerto de Campo Real, pero sobre todo no utilice el
argumento de la Nacional III. La deuda histórica en infraestructuras
con la Comunidad Valenciana no se salda con la Nacional III. La deuda
histórica con la Comunidad Valenciana en infraestructuras es por
cielo, por tierra y por mar, pero en tema ferroviario es una deuda
histórica que está ahí y sólo se puede satisfacer con el AVE Madrid-
Valencia ejecutado entre el 2000 y el 2006, y eligiendo la opción
norte. Se ponga como se ponga esa opción es la que garantiza futuro,
rentabilidad y desarrollo socioeconómico a las tres provincias,
a Alicante, a Castellón y a Valencia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, quede absolutamente claro que el Ministerio no tiene ninguna
opción, lo que pasa es que todo Gobierno tendrá que defender el
interés general, cualquiera que sea, y para eso se abre ahora un
período de información pública y se somete un estudio informativo en
el que todas y cada una de las opciones, todos y cada uno de los
trazados aparecen con sus ventajas y sus inconvenientes. Ésa es la
grandeza del estudio informativo y es lo que permite mantener un
debate público con rigor. Esto en primer término: no hay una opción
definida.
En segundo lugar, la experiencia personal que he tenido recientemente
me ha permitido viajar a 330 kilómetros a la hora en los nuevos
ferrocarriles que en estos momentos tiene ya el prototipo
desarrollado, que se ponen en circulación en Alemania a finales del
próximo año, y están en este momento fabricándose me parece que son
14 ó 15 trenes para el ente público alemán operador de ferrocarriles.
Los franceses tienen el prototipo ya funcionando que va a 330
kilómetros por hora y están homologados los 350 kilómetros por hora.
Señoría, ¿cómo cree usted que se puede hacer Madrid-Barcelona en dos
horas y cuarto? ¿Me lo quiere usted explicar, si no es con el último
prototipo de tren de alta velocidad? De esos 350 kilómetros por hora
tendrá que ir una buena parte del trayecto a la velocidad de 350
kilómetros por hora, porque en otro caso no se podrá hacer Madrid-
Barcelona en dos horas y cuarto. He tenido oportunidad de montar en
ese tren, a usted le parece que eso todavía no existe, yo le digo que
existe, y le digo que cuando además se ponga en funcionamiento el
Madrid-Barcelona en el año 2002 a Zaragoza y en el 2004 a Barcelona-
la frontera, ese prototipo no solamente estará en funcionamiento en
varios países europeos sino que probablemente habrá otro prototipo
que alcance mayor velocidad. Sí le digo que la infraestructura de
Madrid-Barcelona está ya hecha para esa superior velocidad.
Al final, señoría, no hay problema de riesgo, todo depende del radio
de curvatura de las vías, y por consiguiente a medida que el tren va a
más velocidad lo único que ocurre es que el trazado tiene que ser más
recto y la inversión tiene que ser mucho mayor. No tiene más
problema, todo lo demás como es lógico forma parte del debate.
Por último, señoría, le haría una sugerencia. Vengo practicando una
política que creo es positiva, no se puede ser dogmático en materia
de infraestructuras. Todo dogmatismo en materia de infraestructuras
carece de sentido. Lo mejor y lo más importante es encontrar el
trazado que tenga el mayor respaldo social posible, no solamente de
los ciudadanos de una determinada circunscripción sino con carácter
general el mayor respaldo social posible. Con ese respaldo social, en
el que tienen que participar los ayuntamientos, las diputaciones
provinciales, las comunidades autónomas, los movimientos sociales, en
definitiva la sociedad civil, es como se consigue la máxima
rentabilidad de un proyecto, porque la rentabilidad de un proyecto no
es solamente económica, tiene también una rentabilidad social y una
capacidad de integración territorial notable, y todos esos factores
son los que hay que tener en cuenta en el momento de tomar la
decisión final. Como nadie tiene el monopolio de la verdad y el
monopolio de la razón, yo creo que forma parte de la sabiduría de las
administraciones públicas abrir un período de debate público,
poniendo a debate las diversas opciones o trazados que permite la
construcción de un ferrocarril. Yo le invito a que todo lo que hoy ha
aportado en este debate lo aporte al debate que se abre durante el
período de información pública. Ya le anticipo que va a ser un debate
apasionante.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Van a intervenir el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario Popular.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Beviá.
El señor BEVIÁ PASTOR: Gracias, señor presidente.
El señor ministro ha dicho al iniciar su intervención que el Gobierno
del Partido Popular ha pasado ya a la historia porque ha cerrado, lo
ha hecho, la autovía Madrid-Valencia. Yo creo que el Gobierno del
Partido Popular va a pasar a la historia por muchas más cosas, por
esas cosas que ha cerrado y por las cosas que no ha hecho. El día 13
de octubre del año pasado, cuando
en los Presupuestos Generales del Estado la inversión para la
Comunidad Valenciana descendía el 25 por ciento sobre la inversión
del año anterior, el señor ministro corrió a la Comunidad Valenciana,
la recorrió de punta a cabo firmando aquí y allá protocolos. Había
que desdoblar la carretera costera, la nacional 332, eso iba a
suponer un montante de unos 20.000 millones de pesetas y la iba a
hacer el Ministerio de Fomento con alguna obra por parte de la
Generalitat Valenciana. El señor ministro iba a hacer el entorno
metropolitano Alicante- Elche, también invertir allí 30.000 millones
de pesetas para cerrar aquello. Esos protocolos se han quedado en
pura palabrería. Por eso pasará también el Gobierno del Partido
Popular y el señor ministro por lo que no ha hecho, por esa
esquizofrenia o estrategia esquizofrénica de tener como una especie
de voracidad publicitaria, y por otra parte incumplir casi
permanentemente todos sus compromisos.
El señor ministro ha dicho, señor presidente, que este Gobierno
pasará a la historia porque será el que llevará el AVE a la Comunidad
Valenciana; pero el señor ministro sabe muy bien que una cosa estaba
ya en realización, y era la adaptación a velocidad alta, 200-220
kilómetros hora del corredor mediterráneo y había inicialmente la
previsión de que se terminara el año 2000. Después, a medida que
fueron apareciendo los Presupuestos Generales del Estado de cada año
pasó al 2002, después al 2005 y después, en una especie de farsa a
dúo trabajada entre el Grupo Parlamentario Popular y el Ministerio,
el Grupo Parlamentario Popular presentó dos veces, una en marzo y
otra en junio, que las obras de ese corredor mediterráneo se
terminarán en el año 2001. Cuando aparecen tres meses más tarde los
presupuestos para el 2000, dice que la duración de la obra todavía se
fija que llegará hasta el 2005. Es decir, yo no sé de qué manera,
cómo se arreglan ustedes para ir entretejiendo desde la publicidad
como una tela de araña en la cual acaban enredándose ustedes mismos.
Por eso también pasará a la historia el Gobierno del Partido Popular
y el señor ministro.
Hay una cuestión a la que el señor ministro ha hecho alusión, y es el
tramo La Encina-Alicante, 97 kilómetros y vía única. Hoy día pasa el
Euromed por allí. Para recorrer esos kilómetros tarda 50 minutos. Es
como un coche fórmula 1 que lo metiéramos en un camino forestal, eso
sí, el Euromed es un tren magnífico. Desde el año 1997 están puestos
70 millones para hacer un estudio informativo. En diciembre del año
1998 convocan el concurso y lo adjudican para ser realizado ese
estudio informativo en 18 meses. Por una parte, el Ministerio de
Fomento tiene un concurso convocado y adjudicado para que en junio
del año 2000 le ofrezcan un estudio informativo para adaptar a 200-
220 kilómetros el tramo La Encina-Alicante. Por otra parte, y al
margen de eso, en el tren de alta velocidad Madrid-Castilla-La
Mancha-Comunidad Valenciana-Murcia, con posible prolongación hasta
Almería, hay un tramo, La EncinaAlicante, sobre el que se está
haciendo un estudio para que sea de alta velocidad, es decir, que
tiene en marcha
una espléndida contradicción y es que que es sobre lo mismo
simultáneamente son encargados dos estudios informativos. En una
contestación a este diputado, el Gobierno le ha dicho que, allí donde
se invierta en alta velocidad, no se invertirá simultáneamente en
velocidad alta. Pues ahí están esos dos estudios.
Para terminar, señor ministro, son muchas las cosas por las que
ustedes van a pasar a la historia y usted de una manera especial, sin
duda alguna, va a tener un hueco, una línea a pie de página en la
historia. Pero el AVE ha pasado de ese triunfalismo inicial a una
serie de evasivas. Los empresarios iban de Madrid a Valencia
y firmaban los protocolos en la Generalitat valenciana en el año 1997,
principios de 1998. Venían a Madrid los empresarios de Valencia y los
firmaban aquí. El señor Zaplana, presidente de la Generalitat, decía
que en el año 2003 él iría en el AVE a Benidorm, a su gran invento,
Terra Mítica. Ya tiene que correr usted para que se apunte esa página
de la historia por la que el señor Zaplana pueda ir en AVE el año
2003 a Terra Mítica. Hoy ha precisado algunas de ellas. Yo no tengo
ninguna seguridad de que el día 17-no tengo por qué desconfiar de la
palabra del señor ministro- se someterán a información pública los
estudios informativos sobre los posibles trazados del AVE, y no la
tengo porque tenían que estar terminados a los 12 meses de haber sido
adjudicados,es decir, en noviembre de 1998. Después dijeron que no
sería en noviembre de 1998 , que sería en marzo de 1999. En abril de
1999 el señor ministro va a Valencia y dice que no, que en noviembre,
y se compromete con cuatro presidentes de comunidades autónomas.
Ahora dice el 17 de diciembre, vamos a aceptarlo.
Pero, junto a esta especie de duda permanente, existe el
desconocimiento. Ahora aclara que será financiado totalmente por el
Estado, pero resulta que, de momento, el GIF no tiene asignada
ninguna partida concreta. Tiene 3.000 millones de pesetas para el AVE
Córdoba-Málaga. Al final, después de forzarlo en una enmienda, se
dice que de los 9.000 millones de pesetas no regionalizados se se
sacará para el AVE.
Señor ministro, han dicho tantas cosas y han incumplido tantas
promesas que yo, para terminar -y si me permite modificar un poco
aquella expresión popular del gallo de Morón-, quiero decir que usted
ha hablado mucho, ha prometido mucho, ha cacareado mucho, pero se va
a quedar sin plumas, sin una sola pluma.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Beviá.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Díez de la Lastra.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: En la exposición de motivos
de esta interpelación se ponen de manifiesto dos hechos evidentes de
los que se siente especialmente orgulloso el Partido Popular y además
protagonista. Los dos hechos evidentes son la reivindicación
de la Comunidad Valenciana, con el gobierno del señor Zaplana
al frente, de este proyecto ferroviario y sobre todo las
manifestaciones, tanto desde el Ministerio de Fomento como desde la
propia Presidencia del Gobierno, sobre la importancia en la
estrategia nacional de esta línea de alta velocidad.
Es curioso y normal la expectación, la impaciencia, las dudas, las
susceptibilidades y las polémicas que ha suscitado el enlace Madrid-
Comunidad Valenciana a través de la línea de alta velocidad. El
refranero español es sabio, dice que cuando el río suena, agua lleva.
Esto, antes de 1996, era totalmente impensable porque no había nada
previsto, ni había voluntad política ni había estudios ni nada de
nada. El Partido Socialista no quiso o no pudo o no supo llevar
adelante este proyecto y verdaderamente yo comprendo el papel que le
ha tocado jugar al señor Beviá, porque durante el período socialista,
con el señor Lerma y el PSOE en el Gobierno nacional, la Comunidad
Valenciana estaba algo relegada, por no decir bastante y, sin
embargo, ahora es cuando verdaderamente tiene peso en el Gobierno de
España. De lo que no cabe duda es de que el tesón y la visión de
futuro del Gobierno del señor Zaplana y la sensibilidad del Gobierno
del señor Aznar y del ministro de Fomento han hecho posible que se
estén dando los pasos necesarios para que esta comunicación sea una
realidad. Comprendemos que cualquier proyecto de envergadura -y sobre
todo cuando están implicadas distintas comunidades autónomas, lo que
hace el problema mucho más complejo- haya que tratarlo con mesura,
con tranquilidad y que haya un debate de todas las comunidades
implicadas y agentes sociales, pero ya está claro -y es quizá lo que
le duele al señor Beviá y no debía ser así, porque él pertenece a la
Comunidad Valenciana, es de Alicante y tendría que estar muy
satisfecho de la realidad actual- que el proyecto se va a llevar
a cabo y, con la plasmación en los presupuestos y los estudios de
trazados, que serán publicados dentro de dos días -tampoco es un
retraso tan grande, ya que se anunció que serían publicados en
noviembre-, no hay duda de esa voluntad política del Gobierno. Como
ya es conocido por todos, transcurrido el período de dicha
información y estudiadas las alegaciones habrá que esperar la
formulación por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la
declaración medioambiental y se podrá aprobar el trazado definitivo.
Yo no voy a hablar de trazados, porque supongo que la decisión
dependerá de los tiempos de recorrido, del coste, del impacto
medioambiental y de la vertebración del territorio, pero sí diré que
en esta etapa, en esta legislatura, con el Gobierno del PP, se han
puesto las bases para que la próxima legislatura sea, como dijo el
ministro en la defensa del presupuesto, la legislatura del
ferrocarril. Muchas de esas actuaciones están ya en ejecución, ahora
lo vamos a ver, y yo, aprovechando esta intervención, y con el
permiso del señor presidente y del señor ministro, quiero que quede
clara cuál esla postura de la Generalidad valenciana.
En cuanto al trazado, la Generalidad reivindica un trazado que
permita conectar Madrid con Alicante y Valencia en un tiempo en torno
a los 100 minutos, y 20 minutos más en el caso de Castellón de la
Plana. Y, desde luego, el trazado elegido deberá contribuir a la
vertebración de la comunidad, dando servicio a las tres capitales de
provincia: Castellón de la Plana, Valencia y Alicante. El señor
Chiquillo hablaba fundamentalmente de Valencia; es donde tiene su
cuota de votos, pero tan importantes como Valencia son Alicante y
Castellón y, desde luego, la Generalidad apoya que se inicie lo más
rápidamente posible el proceso de información pública y la definición
del trazado definitivo.
En cuanto a plazos, la Generalidad entiende que el inicio de las
obras debe ser, si es posible, durante el año 2000 y ya ha habido una
serie de actuaciones para que este proyecto llegue a buen fin. El
señor Beviá, como al PSOE no se le había ocurrido hablar del AVE y
nunca había habido debate, ha tenido que hablar de los presupuestos,
de La Encina, de protocolos, de todo y, al final, ha hecho una
alusión muy somera a lo que es el AVE, pero, como ya he dicho, ha
habido varias actuaciones; ha habido una serie de acuerdos suscritos
por la Generalidad con los ayuntamientos de Alicante sobre accesos
ferroviarios y nuevas estaciones. A usted no le gustan los protocolos
ni los convenios, pero verdaderamente esto se está llevando a cabo.
Dice que todo es hablar y hablar, pero se habla porque ya hay algo;
antes no había absolutamente nada. Y a estos trabajos se van a unir
próximamente el Ministerio de Fomento y Valencia; Renfe ya es parte.
Y ya se recogen los equipamientos requeridos para los nuevos
servicios de alta velocidad.
Para terminar, señor presidente, diré que el Grupo Popular está
convencido de que este gran proyecto será una realidad en breve y
contribuirá positivamente al desarrollo no sólo de la Comunidad
Valenciana, sino a la vertebración del territorio nacional.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
PROBLEMÁTICA DE LAS PREJUBILACIONES Y SU RELACIÓN CON EL MERCADO DE
TRABAJO. (Número de expediente 172/000200.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 37 del orden del día: interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la problemática de las
prejubilaciones y su relación con el mercado de trabajo.
Para su presentación, y en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo la satisfación de ser quien inicie esta última
interpelación urgente de esta legislatura y de plantear una cuestión
que, a pesar de la hora en la que se trata, coincidirán ustedes
conmigo -yo creo que el señor ministro coincide porque he leído
muchas manifestaciones suyas en la prensa diaria- que hay que tratar
como problema.
El tema de las prejubilaciones forzosas, a pesar de la hora y a pesar
de que lo tratamos en esta última interpelación, es algo que hay que
estudiar y resolver, porque hasta el señor Cuevas decía en su
comparecencia del día 13 en la Comisión no permanente del Pacto de
Toledo que él también coincide en que hay algunas prejubilaciones
forzosas derivadas de expedientes de regulación de empleo que a veces
no están justificadas en función de determinados factores, y si el
señor Cuevas lo dice, sin duda alguna es que eso es así, y ese es,
por tanto, un argumento de autoridad muy importante. ¿De qué estamos
hablando? No vamos a introducir una batería de datos. Simplemente,
para situar la cuestión, tenemos que hablar de que en los diez
últimos años se ha prejubilado un millón de trabajadores en este país
y que se prevé que en los próximos seis o siete años otro millón de
la franja de edad que queda, que son un millón y medio, se va a
prejubilar en este país, unos voluntariamente, otros forzosamente,
algunos como consecuencia de expedientes de regulación de empleo,
justificados o no. Las estadísticas dicen que de las 106.751
jubilaciones anticipadas del año 1996, 40.926 eran derivadas de
expedientes de regulación de empleo y que en el año 1998, de las
78.529, 35.716 lo eran también de expedientes de regulación de
empleo, en función de distintas causas que abrió la reforma del
mercado de trabajo, fundamentalmente de causas económicas, 21.358 de
los 35.000, que es la causa que más se argumenta en los expedientes
de regulación de empleo.
Pero más reseñable incluso que este dato es la distribución de las
categorías de empresas en función del número de trabajadores que se
acogen a las prejubilaciones. Por ejemplo, de los 35.000 trabajadores
que se han prejubilado por expedientes de regulación de empleo en el
año 1998, 10.000 más o menos son de empresas de menos de 50
trabajadores, más o menos 10.000 de empresas de 50 a 500
trabajadores, y de empresas de 500 trabajadores en adelante, 15.300.
Comprenderán que el grueso fundamental corresponde precisamente a
empresas grandes y que los bancos y Telefónica -si yo fuera del Grupo
Parlamentario Socialista diría de nuevo Telefónica- han prejubilado a
10.000 trabajadores en estos últimos años, teniendo un billón de
beneficios en 1998. Y estos datos son muy preocupantes porque de ese
millón y medio de ciudadanos de esta franja de edad, el 60 por ciento
sobreviven como autónomos, con los problemas que hemos analizado
también en este régimen de la Seguridad Social. Según estos datos,
vemos que hay empresas -
nadie lo duda, Izquierda Unida tampoco- que requieren para su
modernización y su competitividad en el mercado que los trabajadores
y los empresarios se pongan de acuerdo para solicitar de la
Administración ayudas para poder superar sus momentos de dificultad,
modernizarse y tirar para adelante. Eso nadie lo duda. Vaya, pues,
por delante nuestra afirmación de que en este sentido nosotros
también apoyamos estos expedientes de regulación de empleo.
En cualquier caso, tendremos que analizar cuáles son los aspectos
negativos que estas prejubilaciones conllevan. En primer lugar, los
de tipo económico. La ineficiencia de prescindir de recursos humanos
cualificados, como decía el señor Barea en un artículo del 15 de
julio de 1999; o el secretario de CC.OO. de Cataluña también muy
recientemente. Es una realidad que hace que las prejubilaciones
forzosas derivadas de expedientes de regulación de empleo sean a
veces muy discutibles. También los desajustes en la competitividad.
Ya hemos visto que a veces se priman empresas con más posibilidades
de llevar adelante sus objetivos empresariales y su capacidad de
competitividad que otras que posiblemente lo necesitarían mucho más.
Además, porque se crea una pedagogía empresarial y cada vez son más
jóvenes los trabajadores que las empresas pretenden prejubilar.
Obviamente, esta es una dinámica que no tiene fin si no se ataja, si
no se para, si no se articulan criterios de tipo objetivo.
Pero es que están también los impactos en la Seguridad Social. Dicen
los expertos que es más caro un prejubilado con el 60 por ciento que
un jubilado, a los 65 años, cobrando el cien por cien. Esa es la
realidad según los expertos, y afirma de nuevo el señor Barea que los
expedientes de regulación de empleo trasladan a la Seguridad Social
una parte importante del coste de los ajustes de las plantillas en
este país. En general, se calcula que el impacto en la Seguridad
Social es de 80.000 millones/año, aproximadamente; es muy importante
este coste. Al mismo tiempo, el impacto en la economía
presupuestaria: hay ayudas adicionales del Estado a estos expedientes
de prejubilación; ayudas indirectas, que son las derivadas de lo que
se ahorra la empresa y tiene que pagar el Estado, la Seguridad
Social, el Inem, en función de las prestaciones y los subsidios por
desempleo, etcétera; y ayudas directas que a veces reciben las
empresas, sobre todo cuando están en procesos de privatización, para
ponerlas en órbita. Sin ir más lejos, podríamos hablar de Babcock
Wilcox: 41.000 millones de pesetas, de los cuales 16.000 millones son
para cubrir las obligaciones laborales del pasado y 25.000 para
expedientes de regulación de empleo que alivien las cargas
financieras que impidan una buena cuenta de resultados de cara a la
privatización.
En función de todos estos impactos en la Seguridad Social y de estos
costes añadidos, UGT plantea alguna solución, por ejemplo, que todas
las empresas abran una hucha, una cuenta de ingresos en la Seguridad
Social para pagar hasta la edad de jubilación de los trabajadores
afectados por estos expedientes y que la Seguridad Social
no pague el pato al final.
Hay otros aspectos negativos. No se trata de aspectos directamente
económicos o macroeconómicos sino de aspectos negativos sobre los
mismos trabajadores. El impacto psicológico que sin duda alguna
tienen en sus vidas los trabajadores prejubilados; el impacto
psicológico por jubilaciones anticipadas masivas; el endurecimiento
de las condiciones laborales, pues muchos de estos expedientes de
regulación de empleo sirven para la externalización de segmentos
productivos en una empresa a fin de abaratar las condiciones
salariales y para endurecer las condiciones de trabajo y obtener una
mayor rentabilidad, una mayor productividad, una mayor explotación de
los trabajadores, por decirlo en términos clásicos, aunque a estas
horas y a finales del milenio esté hasta feo decirlo, pero es la
cruda realidad. Y hay daños positivos en las rentas de los
pensionistas, que pierden un 40 por ciento en proporción, según los
años que disminuyan la edad de su jubilación, en función de los
coeficientes reductores elevados -elevadísimos- que existen en la
legislación vigente: esos ocho puntos, corregidos por el Pacto de
Toledo, pero de forma muy insuficiente.
Por tanto, ante todas estas cuestiones, ¿qué va a hacer el Gobierno?
¿Qué está haciendo el Gobierno? El Gobierno actúa tímidamente y usted
mismo, señor ministro, ha manifestado una preocupación. Por un lado,
en cuanto a la filosofía económica, las líneas derivadas de la
globalización, en primer lugar y como frontispicio hay que decir que
estas privatizaciones potencian esta suerte de modernización de
nuestras empresas, de nuestro aparato productivo y, por tanto,
digamos, esta dinámica. Esto no hay que olvidarlo. Y, en segundo
lugar, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, la mayor
sensibilidad social del Gobierno, como es lógico, plantea una
preocupación de esta deriva que es razonable. Por ejemplo, el señor
ministro manifestó que llevaría a las empresas a los tribunales de
justicia para salvaguardar el derecho a la no discriminación por
razones de edad para luchar contra las empresas que utilizan...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero,
le ruego vaya concluyendo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Para luchar contra las empresas que
utilizan indebidamente estas prejubilaciones. Luego dio marcha atrás,
puesto que vio que el tema era muy gordo, y en otra manifestación
periodística habló de que la ley no se podía modificar, pero que
habría que habilitar un código ético. Invocar la ética es muy
importante, pero en último término es también muy abstracto. El 23 de
septiembre pidió un pacto nacional para impedir las prejubilaciones
antes de los 65 años y últimamente, el 1 de diciembre, el señor
ministro se niega a aceptar regulaciones de empleo. Manifestó que el
Ministerio se negaba a aceptar regulacionesde empleo con
prejubilaciones forzosas, pero
tampoco afirmó cuáles, en concreto qué expedientes de regulación de
empleo se han denegado ni si es fácil distinguir entre
prejubilaciones forzosas y voluntarias en estos términos. Por tanto,
nosotros creemos que las afirmaciones de voluntad del Ministerio son
un canto de sirena y que hay que concretar.
Señor ministro, ésta es nuestra última interpelación y ésta es
nuestra pregunta. Si ustedes siguen en el Gobierno, que ya lo
veremos, ¿qué va a hacer si usted es el siguiente ministro de
Trabajo, para entendernos? Evidentemente, como usted comprenderá por
el contexto de esta interpelación, yo voy a hacer todo lo que pueda
porque no lo sea, pero en cualquier caso es la lógica de la política.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero,
le ruego concluya.
El señor VAQUERO DEL POZO: Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué va
a hacer el Gobierno para evitar los dos problemas fundamentales que
tienen las prejubilaciones forzosas? Primero, para evitar la
utilización abusiva de las empresas, porque incluso las que tienen
muchos beneficios hacen uso de esta forma de manera fraudulenta y con
costes muy lesivos para los intereses de la Seguridad Social y de los
trabajadores. En segundo lugar, para evitar los daños que se generan
para los trabajadores, para la Seguridad Social y para la economía en
general.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señorías, éste es un tema de extraordinaria
importancia, siendo el foro parlamentario el lugar indicado para
debatirlo, si bien es cierto que a una hora avanzada y coincidiendo
con la última interpelación de la legislatura. Se trata de un tema
que ha suscitado el interés de la opinión pública y de muchas
personas en este país. En primer lugar, porque es un problema que
tiene un coste económico, habiéndolo cifrado correctamente el señor
Vaquero. Nos cuesta 80.000 millones, aunque en el ámbito global de la
Seguridad Social se centra exactamente en las prestaciones por
desempleo. En segundo lugar, porque supone -y también se ha indicado-
un derroche de energía. Y en tercer lugar, porque lanzaba un mensaje
extraordinariamente negativo -he sido el primero en denunciarlo-
cuando a las personas, por el simple hecho de cumplir una determinada
edad, se les decía que se fueran a su casa, que no sirven, que no
valen, que no se adaptan y que, por tanto, no hay otro camino para
modernizarnos,
globalizarnos, etcétera. Todo esto generó un importantísimo
debate. ¿Cuál es la génesis? El tema social es novedoso y el enfoque
de estos problemas de cierta complejidad social merece que lo
abordemos desde su raíz. Primero, el concepto de prejubilado, aunque
parezca increíble, no tiene base jurídica, no existe jurídicamente
una persona prejubilada. En nuestra legislación se contempla una
jubilación a los 65 años, la jubilación ordinaria, y tan sólo una
jubilación anticipada para los que cumplen 60, en el caso de que
hubieran cotizado antes de enero de 1967. No existen más tipos de
jubilación. O a los 60 o a los 65 años.
Hubo una reconversión industrial en la que se adoptó -y creo que en
este caso se adoptó con inteligencia, no tengo nada que decir- una
serie de medidas no traumáticas para ir solucionando determinados
problemas. Había una regulación de empleo, se abrió la figura de la
extinción del contrato con la indemnización que le correspondía, más
la prestación por desempleo, más en muchos casos una medida de apoyo
público, lo que permitió que esa persona a la que se le extinguió el
contrato se le pudiera garantizar una renta hasta que se jubilaba.
Ese era el sistema que coloquialmente -porque el concepto de
prejubilación es coloquial- se ha consagrado con mucha fortuna y
aceptación en relación al tema de prejubilado. Por tanto, el
prejubilado no tiene una base jurídica, sino que es una persona a la
que, fruto básicamente de una regulación de empleo, se le extingue el
contrato y se le garantiza una renta hasta que llega la edad de su
jubilación ordinaria, a los 65, o la jubilación anticipada, con sus
coeficientes reductores, a partir de los 60. Históricamente, desde
que comienza esta figura hasta nuestros días, estos expedientes de
regulación de empleo suelen venir con un acuerdo de las partes, es
decir, con el acuerdo de los sindicatos y empresarios. ¿Cuáles son
las posibilidades administrativas, toda vez que el cuerpo legislativo
ha ido introduciendo modificaciones, primero fueron causas
económicas, después tecnológicas, que ya conocemos y que no entraré a
debatir? Siempre que un expediente venga sin acuerdo, la
Administración puede no aceptarlo, en términos coloquiales. Si viene
con acuerdo social, la Administración no puede rechazarlo. Puede
mandarlo al juzgado para que estipule si la parte de prestaciones
tiene base o no. Por tanto, con la legislación actual, la posibilidad
administrativa es limitada. ¿Cuál es la variación que a todos choca y
a mí también? Cuando hay una empresa en pérdidas, es evidente que
antes que cierre la empresa es mejor que salgan unos cuantos
trabajadores para que el resto pueda continuar y a los que salgan se
les apliquen medidas no traumáticas. Hasta ahí es comprensible y ha
sido lo que se ha venido haciendo. Ha saltado con mucha intensidad el
debate cuando prejubilan empresas que obtienen beneficios, es verdad.
Cuesta comprender que una empresa con beneficios diga a los mayores
de 52 añosque tiene que prescindir de ellos. Eso es cierto que
choca y, por tanto, es normal que se haya abierto este debate en
profundidad.
Yo comprendo que las declaraciones de intenciones tienen que hacerse
siempre marcando camino, pero actuando. En su intervención, que al
final ha sido hábil, no ha planteado ninguna medida concreta. Se ha
limitado a preguntar qué haría yo en caso de que vuelva a ser
ministro, lo que usted tratará de impedir. Yo le digo lo que ya hemos
hecho y lo que se está haciendo en Europa. Contra las regulaciones de
empleo no se debe ir en general, porque las regulaciones de empleo es
un instrumento que debe mantenerse con las modificaciones que sean
necesarias. No sería razonable que impidiéramos las regulaciones de
empleo, porque es una salida que en un momento dado se ha utilizado,
se utiliza y se tendrá que utilizar. Dios quiera que no tenga que
utilizarse con intensidad, pero es un elemento que no sería
inteligente suprimir y cuando llega mediante un acuerdo mucho menos.
¿Qué hemos hecho y qué se puede hacer? En algunos expedientes
-lógicamente no le voy a dar nombres, porque pertenece a los
procedimientos administrativos; son públicos, pero en el registro, no
en la tribuna- ya se están incorporando algunos principios y se
pueden hacer dentro del mundo ético, como usted decía, yo digo código
de conducta, que es lo que se está haciendo en algunos países, como
en el Reino Unido. Primero, que no se condicione la discriminación
por edad; es decir, que no se diga que si en esta empresa sobran 20
personas, pues que sean las 20 que tienen más de 53 años. Eso es
discriminación por edad, porque le estamos diciendo a todas las
personas con más de 53 años que no nos valen y sí nos valen los que
tienen 25 o los que tienen 42. Por tanto, primero, que no se
incorpore la discriminación por edad y, segundo, que en caso de
empresas que tengan beneficios se vaya al sistema voluntario, se
refuerce la voluntariedad; voluntariedad y no discriminación por
edad. Eso entra dentro de la facultad negociadora de las partes y,
desde luego, de la facultad, aunque no es exacto ni afortunado el
término, de la recomendación moderada, de la presión moderada o de la
presión hasta donde se pueda de la Administración. Eso yo creo que se
puede conseguir.
Segundo, es un tema que nos va a ocupar todavía mucho tiempo. Se
remitió al CES, al Consejo Económico y Social, como ya se ha hecho en
varios países de Europa, porque ha pasado en algunos. Cuando la
situación ha cambiado ha aparecido ese debate, se ha remitido y he
solicitado a los agentes sociales, a los expertos del CES un dictamen
sobre las prejubilaciones (uso, condiciones, estipulaciones) para que
dé pie a las siguientes bases: uno, a un futuro código de conducta
entre empresario y sindicato y, dos -y ya sucederá en la siguiente
legislatura y su grupo también tendrá mucha opinión en esto-, para
abrir un debate en esta Cámara en torno a esta materia. El Consejo
Económico y Social actualmente está discutiendo sobre este debate de
prejubilaciones y los agentes sociales tienen también
mucho que opinar. Y, tres -y es lo que la Administración en la
siguiente legislatura con tiempo tendrá que abordar-, para ver hasta
qué punto podemos invertir dinero público a través de las
prestaciones en empresas que tengan un determinado beneficio. Yo
comprendo que haya causas objetivas, causas tecnológicas y que es
razonable que las mantengamos, pero, desde luego, que invirtamos en
este caso la menor cantidad de dinero público. Pero la legislación
ahora mismo nos obliga puesto que hay una relación laboral que se ha
extinguido y automáticamente solicita el desempleo contributivo y hay
que dárselo; esto no falla. Pero ¿hasta qué punto es razonable que se
invierta dinero público en regulaciones de empleo de empresas con
beneficio? Eso habrá que abordarlo en profundidad. Estas materias no
son fáciles y repito que cometeríamos un error si vamos contra el
instrumento de la regulación de empleo que tiene cierta tradición y
que ha prestado servicio para salir de crisis de forma no tan
traumática como hubiera sido lo normal.
Yo creo que en la siguiente legislatura, y esto es una opinión muy de
parte y, por tanto, tómela como una declaración personal, seguiremos
hablando mucho de pensiones, seguro; es un gran gasto que afecta a un
número de ciudadanas y ciudadanos muy importante, pero cada día habrá
que hablar más de envejecimiento de la población. El envejecimiento
de la población tiene varias derivadas: pensiones -nuclear-,
participación, aspectos sanitarios (Alzheimer, etcétera), asistencia
social y vida laboral; y en la vida laboral es donde entra la
prejubilación. Ya sabe usted que la edad de jubilación son 65 años,
no creo que sea razonable que suba; desde luego, en el horizonte de
los próximos años no se advierte ninguna tendencia a que suba la edad
de jubilación legal. De lo que no cabe duda, por otra parte, en una
sociedad que envejece más tarde y cuando, afortunadamente, tenemos
cada día más salud, es de que lo razonable es que demos a las
personas la facultad de agotar su vida laboral hasta los 65 años.
Fíjese si tiene importancia en Europa que con la Presidencia
finlandesa en el primer Consejo informal de Ministros nos dedicamos
exclusivamente al concepto vida laboral y envejecimiento de
población, porque este fenómeno ha pasado simultáneamente en toda
Europa. Por ello, coincido, por vez primera en los muchos debates que
hemos mantenido, valga por el último, con gran parte de su
intervención y de su preocupación.
Por no extenderme marcaría los siguientes hitos. Primero, a día de
hoy administrativamente se debe presionar para consagrar el principio
de no discriminación y, hasta donde se pueda, voluntariedad. Segundo,
que haya un debate; no debemos tomar ninguna decisión impulsiva.
Tercero, tenemos que esperar el dictamen que va a producir el CES.
Con este dictamen en la mano, que lo vamos a tener al inicio de la
siguiente legislatura, referido a la vida laboral, veo varias
posibilidades donde se puede legislar. No cometamos el error tan
simple dedecir: vamos a prohibir las regulaciones de empleo, porque
ése sería un flaco favor. Donde sí podemos actuar es en lo relativo
al dinero público; por ejemplo, tendremos que pensar bien, para ver
como lo enfocamos, que en empresas con beneficios haya que invertir
en prestación por desempleo, como sucede con la legislación actual.
Estos temas deben verse en paralelo con agentes sociales y mirando en
torno a la vida laboral, teniendo en cuenta el envejecimiento de
población.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Concluyo ya.
Por último, a pesar de algunos expedientes que son llamativos y el
primero que lo reconoce soy yo, la tendencia ha sido a disminuir el
número de personas que utilizan la regulación de empleo, fruto de que
la circunstancia económica es más positiva ahora. Es decir, estos
tres últimos años ha ido bajando el número de personas en regulación
de empleo; la tendencia del año que viene parece que es lógica y, por
tanto, será un buen año para que con tranquilidad y sosiego vayamos
anticipando y planteando soluciones que deben venir de la práctica de
relaciones laborales y también de algunas medidas legislativas y
decretos que aseguren al menos la no inversión pública en caso de
empresas con beneficios.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente quiero desear que así sea, señor ministro; que podamos
debatirlo en la próxima legislatura y que queden todavía
prejubilables para poder aplicarles las normas que decidamos entre
todos, porque ya van quedando pocos.
En cualquier caso, hago gracia a SS.SS. de no dilatar por más tiempo
este debate.
Les felicito el próximo milenio, porque va a ser posiblemente la
última ocasión que tenga para hacerlo hasta el próximo año.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero. ¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición?
(Pausa.-Rumores.)
Silencio, señorías, que ya terminamos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, el problema de las prejubilaciones tiene
dos vertientes fundamentales, a las que muy brevemente me referiré.
Una de ellas es que difícilmente una sociedad se puede permitir el
lujo de expulsar de su realidad laboral y económica a las personas
por tener más de 50 años. Es un hecho sociológico inadmisible, no es
posible, y nadie ha demostrado que a partir de los 50 años se
adquiera la patente de inútil. Por consiguiente, parece razonable
pensar que éste es un tema de profundidad y lo suficientemente
importante como para tratarlo socialmente.
Hay otro problema obvio y es que la política de rejuvenecimiento de
plantillas de las empresas, trasvasando sus costes al sistema de
protección social, no parece razonable. Más bien parece que quienes
generan el problema deberían soportar su coste. Bajo esas dos
vertientes y esos dos principios, creo que hay que avanzar para ir
articulando la cuestión y solucionando el problema.
Coincido en que no podemos dejar de plantear la posibilidad de
acuerdo entre empresas y trabajadores para resolver estos problemas,
porque es un paso importante que se ha dado en la mejora del mercado
de trabajo, pero también es cierto, señor ministro -por lo menos es
mi impresión-, que el que no haya discriminaciones por razón de edad
por la vía de los acuerdos va a ser imposible, porque al final el
problema es que si uno no puede acogerse a ese subsidio de desempleo
durante 10 años difícilmente va a acogerse a un acuerdo para esa
prejubilación. Como consecuencia volvemos a lo de antes, que quienes
generan el problema van a tener que pagarlo, porque, si no, no tiene
solución la situación de los prejubilados, ya que ni social, ni
económica, ni financieramente puede soportarse como está en estos
momentos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gimeno.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Muchas gracias, señor presidente.Estas
tempranas horas, casi de madrugada, fuerzan a la brevedad y en el
caso de este debate aún más, dadas las coincidencias con que ha
empezado. Que coincidiera el señor Vaquero con el señor Cuevas traía
consigo que los motivos de discusión fueran pocos en este debate,
como así ha sido, señorías.
Dijo Keynes que lo importante para tratar un problema es saber
delimitarlo, y eso es lo que ha hecho el señor ministro, pero además
la mayor parte de los intervinientes hemos coincidido en el origen,
en el diagnóstico y -lo más importante- también en que no se puede
expulsar del mercado de trabajo a personas con cincuenta y pocos
años, que están justamente en ese momento en la cima de su
experiencia profesional, simplemente por el hecho de tener esa edad.
O, lo que es más, empresas saneadas, con beneficios económicos,
no pueden realizar expedientes de regulación de empleo simplemente
porque quieran multiplicar sus beneficios o mejorar su cuenta de
resultados; si lo hacen, que es legítimo, que pacten con sus
trabajadores, pero sin que el erario público sea el que tenga que
aguantar esas mejoras en las cuentas de resultados o en sus
beneficios.
Los sistemas de prejubilación, aunque técnicamente no deberíamos
denominarlo así porque estamos hablando de no jubilar sino de sacar
del mercado laboral a personas cercanas a la edad de jubilación, se
deben mantener tal como están en la reforma de 1994, en virtud de que
evidentemente es necesario para la competitividad de nuestras
empresas en muchos de los casos o para racionalización de las
plantillas el que existan causas técnicas, organizativas o de
producción, no sólo económicas, que permitan justamente acometer esos
expedientes de regulación de empleo. Pero, en modo alguno, se debe
permitir que sean abusivos por parte de algunas empresas, como pueda
suceder, solamente para mejorar sus cuentas de resultados y que sea
a costa del erario público.
Por todo ello, señorías, creo que el debate de hoy, aunque sea a
estas horas, ha servido para que, a lo mejor, impregnados de este
espíritu navideño del mes de diciembre, la totalidad de los grupos de
esta cámara coincida en el diagnóstico y seguramente en las
soluciones en la próxima legislatura. Al final, señorías, si me lo
permiten, que nunca sea realidad en nuestro país un aforismo inglés
que decía de una generación muy cercana a la que ahora está en activo
en aquel país que
iba a ser la única generación que iba a pasar del desempleo, del
empleo precario a la jubilación anticipada sin haber conocido nunca
el empleo estable. Creo que con el esfuerzo de todos eso nunca será
realidad en nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Camps. (Aplausos.)
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Brevísimamente, señor presidente, señorías, dado que el azar me ha
hecho que protocolariamente sea el último ministro interpelado en
esta legislatura, en este año y en este milenio, quiero agradecer a
todos los grupos el esfuerzo interpelante que han tenido durante toda
la legislatura. El Gobierno, y lo he compartido con los ministros,
cree, dentro de la comodidad o incomodidad que nos producen alguna de
estas intervenciones, que siempre enriquecemos el debate público y la
acción del Gobierno.
Muchísimas gracias a los portavoces, señores Vaquero, Gimeno y Camps,
que nos han acompañado en esta interpelación y muchísimas gracias a
todas SS.SS también.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
El Pleno se reanudará dentro de un rato, a las nueve de la mañana,
por lo que se suspende la sesión.