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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 280, de 14/12/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 280
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 270
celebrada el martes, 14 de diciembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación del Código
Civil en materia de nacionalidad. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, núm. 278-1, de 22 de febrero de 1999. (Número de expediente
122/000246.) . . . (Página 15067)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación
del Código Civil en materia de adquisición y recuperación de la
nacionalidad. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 261-1,
de 7 de diciembre de 1998. (Número de expediente 122/000232.) . . .
(Página 15067)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del
Código Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción
del progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar.
(Orgánica) «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 320-1, de
5 de julio de 1999. (Número de expediente 122/000286.) . . . (Página 15073)
- Del Grupo Socialista del Congreso, de modificación del Código
Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Civil, para combatir
la sustracción o retención ilícita de menores. (Orgánica) «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 335-1, de 15 de noviembre
de 1999. (Número de expediente 122/000299.) . . . (Página 15073)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados . . . (Página 15079)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al régimen
de visitas de los abuelos para con los nietos, en los casos de
ruptura matrimonial. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm.
516, de 7 de diciembre de 1999. (Número de expediente 162/000439.) .
. . (Página 15080)
- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a las opciones sobre
acciones. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 507, de 22
de noviembre de 1999. (Número de expediente 162/000435.) ... (Página 15084)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política a desarrollar por
el Gobierno respecto al servicio público de Correos, así como sobre
el futuro de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos.
(Número de expediente 173/000174.) . . . (Página 15091)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
para superar la situación de deterioro en la que se encuentra la
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos. (Número de
expediente 173/000175.) . . . (Página 15092)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 15067)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación del Código
Civil en materia de nacionalidad . . . (Página 15067)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación
del Código Civil en materia de adquisición y recuperación de la
nacionalidad . . . (Página 15067)
Presenta la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso,
para su toma en consideración, el señor Villarrubia Mediavilla. Pone
de relieve que hace ya tres años se debatieron en el Pleno dos
proposiciones de ley, una del Grupo Socialista y otra de Izquierda
Unida, muy similares a las que se van a debatir en el día de hoy,
suscitando ambas un amplio consenso entre los diferentes grupos
parlamentarios, no habiéndose presentado, sin embargo, ni por el
Gobierno ni por el Grupo Parlamentario Popular ninguna iniciativa al
respecto. Considera que la
nueva realidad de España, que ha pasado de ser un país de emigración
a recibir no sólo a los que retornan sino a refugiados e inmigrantes
de otros países, debe abordarse promoviendo la participación y el
desarrollo de los derechos civiles y sociales, evitando la exclusión
e impulsando la integración y el bienestar colectivo, fomentando la
tolerancia y aceptando la pluralidad y la dignidad de las personas. A
continuación explica el contenido concreto de la proposición de ley y
las modificaciones introducidas en relación con la presentada hace
tres años.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, el
señor Castellano Cardalliaguet. Quiere dejar claro que el criterio
que guía a su grupo parlamentario al presentar esta proposición de
ley de integración de todas aquellas personas que han venido a vivir
a nuestro país, de sus descendientes y de quienes ponen de manifiesto
su solidaridad con nuestra comunidad no puede reducirse
exclusivamente a una determinada integración sino que reclaman para
ellos el derecho a poder ostentar la nacionalidad española.
Consciente de que no hay tiempo material ni para enmendar ni para
llevar a buen término las iniciativas que hoy se presentan, solicita
a los grupos que, por lo menos, aprovechen la ocasión de esta sesión
de Pleno para poner de manifiesto su filosofía al respecto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Serrano
Vinué y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Jordano Salinas, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del
Código Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción
del progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar.
(Orgánica.) . . . (Página 15073)
Del Grupo Socialista del Congreso, de modificación del Código Penal,
Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Civil, para combatir la
sustracción o retención ilícita de menores. (Orgánica.) . . . (Página 15073)
En defensa de la incitativa del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, interviene la señora Barrios Curbelo. Su grupo propone la
determinación de tres delitos que no aparecen específicamente
tipificados en el Código Penal: el secuestro familiar de menores, la
retención del menor por el progenitor que no lo entrega a la persona
que legalmente está habilitada para recibirlo y la inducción del
progenitor al menor o al incapaz para que abandone el domicilio
familiar o quebrante el régimen de estancia. Explica estos extremos
de su proposición de ley y anuncia el voto afirmativo de su grupo a
la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el
Grupo Socialista sobre el mismo tema.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, presenta
la proposición de ley la señora Alberdi Alonso. Manifiesta que la
protección de los derechos de los menores ha sido una constante en
las iniciativas legislativas a partir de la aprobación de la vigente
Constitución española y explica las modificaciones introducidas en el
Código Penal desde entonces, poniendo una serie de ejemplos hechos
públicos por los medios de comunicación. A continuación explica las
propuestas de modificación contenidas en su proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras
Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y Atienza i
Guerrero, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y el
señor Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados . . . (Página 15079)
Votaciones . . . (Página 15079)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre modificación
del Código Civil en materia de nacionalidad, se rechaza por 140 votos
a favor, 159 en contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación
del Código Civil en materia de adquisición y recuperación de la
nacionalidad, se rechaza por 141 votos a favor, 158 en contra y una
abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del
Código Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción
del progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar, de
naturaleza orgánica, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, de modificación del
Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Civil, para
combatir la sustracción o retención ilícita de menores, de naturaleza
orgánica, se aprueba por 298 votos a favor, uno en contra y una
abstención.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 15080)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al régimen
de visitas de los abuelos para con los nietos, en los casos de
ruptura matrimonial . . . (Página 15080)
Defiende la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, la señora Mora Devis. Es la primera vez que
se dirige a la Cámara y se propone hacer comprender a todas sus
señorías que es imprescindible e ineludible atender los derechos de
afectividad de los menores cuyos padres hayan resuelto su crisis
matrimonial a partir de una separación o divorcio, así como
proporcionar
la felicidad a los abuelos. Por ello solicita que se elabore
un proyecto de ley por la que, modificando los artículos 90,
siguientes y concordantes del Código Civil, se permita al juez
pronunciarse siempre en las causas matrimoniales sobre un régimen de
visitas de los menores en favor de sus abuelos, una vez oídos éstos
en la causa, los técnicos y el ministerio fiscal. Desarrolla las
razones que justifican la presentación de la proposición no de ley y
recuerda a la Cámara los acuerdos alcanzados en el Consejo Europeo de
Tampere, celebrado los días 15 y 16 de octubre de este año.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, interviene el señor Núñez Casal.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y las señoras
Solsona i Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió, y Del Campo Casasús, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a las opciones sobre
acciones . . . (Página 15084)
El señor Martínez Sanjuán defiende la proposición no de ley, en
nombre de su grupo. Recuerda la moción presentada por su grupo en el
Pleno del 30 de noviembre, que fue rechazada, en la que se instaba al
Gobierno a adoptar una serie de medidas para asegurar la
transparencia de los sistemas retributivos provenientes del mundo
anglosajón. Manifiesta que su insistencia en volver a hablar de las
opciones sobre acciones no se debe a una obsesión sino a una postura
coherente, a una honradez intelectual y a que estos episodios están
yendo demasiado lejos, opinión en la que coinciden con diversos
sectores de la sociedad. Explica el contenido de la proposición no de
ley y fija la postura de su grupo en relación con las enmiendas
presentadas en el Senado por el Grupo Popular que, a su juicio, no
introducen ni cautelas ni cortapisas a que determinadas empresas
puedan seguir utilizando estos sistemas retributivos.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, interviene el señor Ríos Martínez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Martínez Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interviene el señor
Martínez Sanjuán, contestando el señor Ríos Martínez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al régimen de visitas de los abuelos
para con los nietos, en los casos de ruptura matrimonial, se aprueba
por 294 votos a favor y 13 en contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, relativa a las opciones sobre acciones, se
rechaza por 149 votos a favor, 161 en contra y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 15091)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política a desarrollar por
el Gobierno respecto al servicio público de Correos, así como sobre
el futuro de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos . .
. (Página 15091)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
para superar la situación de deterioro en la que se encuentra la
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos . . . (Página 15092)
En primer lugar, el señor Pérez Rubalcaba defiende la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en
relación con la política de Correos. De los doce puntos de que consta
la moción, la mayoría de los cuales introducen medidas concretas para
mejorar la calidad del servicio público de Correos, sólo se refiere a
los puntos 11 y 12, en los que se pide respectivamente el cese del
director general de Correos y la reprobación del ministro de Fomento,
pasando a explicar a la Cámara las razones de estas dos solicitudes.
Asimismo se refiere a la enmienda que han presentado a su propia
moción, pidiendo la reprobación del señor ministro por el caos
aeroportuario ocurrido en el puente de la Constitución.
En segundo lugar, el señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, defiende la moción consecuencia de
interpelación urgente en dos sentidos: uno, instando al Gobierno a
que haga efectiva la ley del servicio postal universal y de
liberalización
de los servicios postales, que después de año y medio todavía no ha
sido desarrollada en los elementos básicos, y dos, rechazando la
gestión de los que han estado al frente de la Dirección General de
Correos y del propio Ministerio, explicando las razones por las que
su grupo se ha visto obligado a presentar la moción consecuencia de
interpelación urgente.
Defiende la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la
moción del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, el señor
Rodríguez Sánchez.
Replica el señor ministro de Fomento, duplican los señores Pérez
Rubalcaba y Ríos Martínez, cerrando el debate el señor ministro de
Fomento.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Serrano
Vinué y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Sedó i Marsal,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Carreño
Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
interviene el señor Pérez Rubalcaba.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre política a
desarrollar por el Gobierno respecto al servicio público de Correos,
así como sobre el futuro de la Entidad Pública Empresarial Correos y
Telégrafos, se rechaza por 150 votos a favor y 165 en contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
para superar la situación de deterioro en la que se encuentra la
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, se rechaza por 150
votos a favor y 165 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO
CIVIL EN MATERIA DE NACIONALIDAD. (Número de expediente 122/000246.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACIÓN
DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE ADQUISICIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA
NACIONALIDAD. (Número de expediente 122/000232.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Se abre la
sesión.
El apartado I del orden del día es la toma en consideración de
proposiciones de ley. De acuerdo con las decisiones tomadas en la
Junta de Portavoces, los puntos 1 y 2 y los puntos 3 y 4 del orden
del día van a ser debatidos de forma conjunta por contemplar materias
afines.
Comenzamos con la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Socialista, sobre modificación del Código Civil en materia de
nacionalidad, junto con la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de
modificación del Código Civil en materia de adquisición y
recuperación de la nacionalidad.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, señoras y señores
diputados, el día 10 de diciembre de 1996, es decir, con escasa
diferencia de días hace ya tres años, debatíamos ante este mismo
Pleno una proposición de ley de modificación del Código Civil en la
regulación de la nacionalidad, propuesta por el Grupo Socialista, y
otra también del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, muy
similares a las que vamos a debatir hoy con ligeras modificaciones.
Ya entonces, buena parte al menos de nuestra proposición de ley
suscitaba un amplio consenso entre los diferentes grupos
parlamentarios. Desde el Grupo Vasco se decía que era insuficiente,
desde Convergència i Unió se mostró el acuerdo parcial y sustancial
de algunas de las propuestas que realizamos y, en definitiva, tres
años después, lo cierto es que ni el Gobierno ha presentado un
proyecto de ley ni el Grupo Parlamentario Popular la proposición de
ley, que podrían también haber presentado, para acometer una materia
tan importante y sensible como la que nos ocupa, demostrando, una vez
más, un desinterés y una dejación, insisto, en una materia tan
sensible e importante como la regulación de la nacionalidad.
Señorías, España ha sido tradicionalmente un país de emigración. Sin
embargo, en las últimas décadas comienza a recibir no sólo a los
españoles que retornan, sino también a refugiados e inmigrantes. Esta
nueva realidad debe abordarse promoviendo la participación y el
desarrollo de los derechos civiles y sociales, evitando la exclusión
e impulsando la integración y el bienestar colectivo, fomentando la
tolerancia y aceptando la pluralidad y la dignidad de las personas.
Los nuevos ciudadanos que escogen nuestro país como nueva residencia
quieren y deben formar parte de nuestra sociedad.
Las reformas hechas desde el año 1982 hasta la fecha -la última de
ellas data del año 1995- han seguido una línea progresiva que
favorece la adquisición de la nacionalidad española. Desde el Grupo
Socialista, entre otras, por resumir, las modificaciones más
importantes que presentamos en esta proposición de ley son las
siguientes. En el artículo 17 del vigente Código Civil, en la letra
b) del punto 1, en cuanto al reconocimiento de la nacionalidad
española de origen, solicitamos que los nacidos en España de padres
extranjeros, si al menos uno de ellos hubiera nacido o fuera
residente legal en España, sean considerados españoles de origen. La
modificación fundamental consiste en reconocer y añadir que cualquier
persona que nazca en España hijo de emigrante, siempre que su
residencia sea legal -no habitual para no entrar en conceptos
equívocos- sea considerado español. Así adaptaremos la realidad
existente a la realidad jurídica; así facilitaremos la adquisición de
la nacionalidad a los hijos de inmigrantes que nazcan en España y que
están viviendo legalmente en nuestro país.
En el artículo 18, referente a la posesión y utilización continuada
de la nacionalidad española, proponemos que en lugar de diez años
sean cinco, cuando es con buena fe y basada en justo título inscrito
en el Registro Civil que sea causa de consolidación de la
nacionalidad española, aunque luego fuera anulado el título que lo
origina.
Especial relevancia tienen las modificaciones que proponemos en el
artículo 22 para la concesión de la nacionalidad por residencia. En
resumen, consiste en lo siguiente: que se reduzcan los diez años a
cinco para la concesión de la nacionalidad o residencia, entendiendo
que el derecho comparado en la Unión Europea está más cercano a estos
cinco años, que se consideran por la doctrina como suficientes y,
además, teniendo en cuenta que siempre se exige -en el apartado 3-
que, en todo caso, la residencia habrá de ser legal, continuada
e inmediatamente anterior a la petición. Entendemos que cinco años,
insisto, es arraigo suficiente, es una cuestión que la doctrina
admite y los países de nuestro entorno así lo recogen de forma
generalizada, aunque no sea uniforme y homogénea.
En cuanto al asilo y refugio, nosotros no decimos refugio porque la
ley 9/1994, de 19 de mayo, en cuanto a derecho de asilo y condición
de refugiados suprime la doble figura y lo que incluimos es que los
que han obtenido asilo o tengan la condición de apátridas pasen de
cinco años de residencia a dos años, siguiendo en esta línea la
recomendación de la vieja convención de Ginebra, y así iremos también
en sintonía con el derecho comparado existente en la Unión Europea. Y
hablando de la Unión Europea, en este mismo párrafo solicitamos, y
parece evidente que así tiene que ser, que los ciudadanos miembros de
la Unión Europea tengan también el tratamiento privilegiado en esta
materia de adquisición, pérdida o recuperación de la nacionalidad,
y en este caso por residencia, para que también sean tan sólo dos años.
¿Por qué? Parece que la explicación
puede ser simple por obvia, porque además de los vínculos
históricos, políticos y económicos que nos unen a los demás países
miembros de la Unión Europea no podemos olvidar que compartimos un
proyecto de futuro común y debieran tener, por lo tanto, ese
tratamiento privilegiado.
En cuanto al artículo 23, para la adquisición de la nacionalidad por
opción, carta de naturaleza o residencia, solicitamos la supresión
del artículo b), y es que la misma persona declare que renuncia a su
anterior nacionalidad. En la regulación actual quedaban a salvo de
este requisito los naturales de los países mencionados en el artículo
24.2, es decir, los de tratamiento privilegiado, latinoamericanos y
Unión Europea, que nosotros solicitamos que se incluyan hoy. En lo
relativo a la privación de la nacionalidad, hablamos de pérdida y no
de privación -es un error conceptual que existe-, porque si
habláramos de privación de origen no cabe porque el artículo 11,
apartado 2 de la Constitución española establece que ningún español
de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Entonces pierden la
nacionalidad española y se recogen unas excepciones y, en coherencia
con la argumentación dada con anterioridad además de que no se pierda
por la adquisición de la nacionalidad de esos países que tienen
tratamiento privilegiado, simplemente solicitamos también aquí la
inclusión de los ciudadanos de los países miembros de la Unión
Europea.
En lo referente al artículo 25, por imperativo legal tiene que
aceptarse esta modificación porque es corregir, que no lo han hecho
en estos cuatro años de legislatura, lo que ya solicitábamos el 10 de
diciembre de 1996. Se habla de la pérdida de la nacionalidad por
parte de los españoles que no lo sean de origen porque lo impide el
artículo 11.2 de la Constitución y establece el Código Civil que
cuando por sentencia firme fueren condenados a su pérdida conforme a
lo establecido en las leyes penales. Pues bien, señorías, con la
aprobación de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, que regulaba
esta posibilidad sancionadora de pérdida o privación de la
nacionalidad en sus artículos 27, 34 y 141, el nuevo Código Penal
despenaliza este tipo. Por lo tanto, es absolutamente erróneo
mantenerlo en la actual regulación del Código Civil cuando está
despenalizado, al menos espero que el Grupo Parlamentario Popular
acepte la proposición entre otras cuestiones para corregir defectos
formales, jurídicos, que chocan con el contenido de leyes vigentes
aprobadas con posterioridad a la última reforma. En el artículo 26
hablamos de la recuperación de la nacionalidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Villarrubia, le ruego vaya concluyendo.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Si me lo permite, concluyo en dos
minutos, señor presidente.
Solicitamos que se suprima la exigencia de ser residente legal en
España, requisito no exigido a emigrantesni hijos de emigrantes, y en
los demás casos dispensable
según la regulación actual por el Ministerio de Justicia e Interior.
Fíjense, señorías: hablamos del Ministerio de Justicia e Interior.
¿Quién va a dar cumplimiento a este precepto? ¿El señor Oreja, la
señora Mariscal o mancomunadamente los dos? ¿El portavoz del Grupo
Popular? Pues me parece bien, pero que se diga, porque Ministerio de
Justicia e Interior no existe en la actualidad. Obviamente, habrá que
corregirlo.
Solicitamos también -voy concluyendo- que se suprima la exigencia de
la renuncia a la nacionalidad anterior porque, en coherencia con la
no exigibilidad para la adquisición de la nacionalidad, estaría mucho
menos justificado que alguien que ya tuvo la nacionalidad española
tenga que renunciar a la nacionalidad anterior para poder
recuperarla. Y en las disposiciones transitorias solicitamos un plazo
de cuatro años para que puedan acogerse a la nacionalidad con la
nueva redacción del artículo 17 del Código Civil y una vacatio legis
de tres años.
En quince segundos, señor presidente, por la cortesía necesaria
respecto de la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, doy por reproducidos los argumentos
esgrimidos en su día y que constan en el «Diario de Sesiones» de 10
de diciembre de 1996, donde constatábamos algunas discrepancias con
el contenido, pero como estamos de acuerdo con la filosofía de dicha
proposición y también con la necesidad de aceptar algunos de los
aspectos, coincidentes unos sí y otros no con la presentada por el
Grupo Socialista, anuncio en este momento que vamos a votar a favor
de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Villarrubia.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la
presentación de su iniciativa, tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Si algo está absolutamente claro, señoras y señores diputados, dado
el día que es hoy y el tiempo que nos queda de legislatura, es que a
los proponentes de estas dos proposiciones de ley no nos puede guiar
ninguna clase de egoísmo. No tratamos, bajo ningún concepto, de
llevar a cabo sustanciales transformaciones legislativas que hagan
imperecedero nuestro paso por esta Cámara. Habrá de entenderse más
bien que, combinando estas iniciativas con las que van a ser objeto
de tratamiento en la próxima semana, quieren ambos grupos, o por lo
menos el que yo represento, el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, dejar sentado un criterio para que en el futuro se sepa que
nuestro deseo de integración de todas aquellas personas que han
venido a vivir a nuestro país, de sus descendientes y de quienes,
de una forma o de otra, ponen de manifiesto su solidaridad con
nuestra comunidad, no puede reducirse exclusivamente a una
determinada integración sino que queremos reclamar para ellos, igual
que para nosotros, el derecho a poder ostentar la nacionalidad
española. Por esa razón, y aun conscientes de que no va a haber
tiempo material ni para enmendar ni para llevar a buen término ambas
iniciativas, pensamos que también sobre la base de estas
consideraciones el resto de los grupos tienen hoy una ocasión mucho
más encaminada a poner de manifiesto una filosofía de carácter
conceptual que a tratar de encontrar una redacción más o menos
ajustada en lo técnico o más o menos acorde con nuestra legislación.
Nuestra proposición de ley, a la que ha tenido la amabilidad de
referirse el representante del Grupo Socialista, a quien agradecemos
por adelantado su manifestación de voto afirmativo, manifestación a
la que vamos a corresponder con idéntica solidaridad y fraternidad,
quizás es más reducida que la que él ha presentado, en la medida en
que trata exclusivamente de dos conceptos: la adquisición de la
nacionalidad española de origen, quiere decirse por mandato de la
ley, y la facilitación de la concesión de la nacionalidad española a
aquellos que cumplan determinados requisitos. En ambos supuestos
-para los que conocen el texto de ambas proposiciones no es necesario
remarcarlo- se produce una vinculación, bien sea por el ius soli o
por el ius sanguini o bien sea por establecimientos de orden familiar
o de orden cultural con nuestro país, lo que viene a suponer pura y
sencillamente la mayor prueba de arraigo y de sinceridad en cualquier
manifestación de voluntad que pueda producirse para acabar
adquiriendo la nacionalidad. Creemos que ambas proposiciones,
debidamente conjuntadas en su admisión a trámite, plantean un
panorama que no creo que sea excesivo calificar de generoso, pero a
lo mejor éste no es el adjetivo que más les conviene, sino adjetivos
como justo y corresponsable, para que, efectivamente, aquellos que
por las razones que fueren puedan acogerse a esta ley vean que lo que
late en ella es que no hay la menor sensación de discriminación con
respecto a los nacionales.
Repito que la próxima semana, siendo la última de Pleno y a la luz de
lo que hoy podamos decir, no sería mal momento para que quedara
perfectamente claro que, al acabar una legislatura, tras el trabajo
en común de todos y cada uno de nosotros, lo que sí ha logrado
unificar criterios ha sido la intención de que ni por razón de
nacionalidad ni de residencia ni de origen, esto es, por ninguna
razón, pueda haber ningún ciudadano en nuestro país que pueda
sentirse discriminado por especiales situaciones administrativas,
brillando como debe brillar con todo su esplendor el carácter de
solidaridad y el de comunidad convivente en paz, que no reconoce
ninguna clase de diferencias en materia jurídica y legal que no sea
el estricto derecho a la diferencia que cada uno de nosotros tengamos
a biensoportar sobre nosotros mismos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno
en contra de ambas iniciativas? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer
lugar el señor Serrano.
El señor SERRANO VINUÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente quiero manifestar de forma breve el voto afirmativo del
Partido Aragonés, tanto a la iniciativa del Grupo Socialista como a
la iniciativa del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Coincido con los argumentos expuestos por algunos de los
intervinientes anteriores, en el sentido de que este momento es una
ocasión francamente positiva para que los diferentes grupos
manifiesten una posición clara con respecto a este tema, el de los
inmigrantes que día a día están trabajando codo con codo en el campo
laboral para hacer y compartir este proyecto común que se llama
España. Se tiene que producir una transformación y hay que dar un
paso más para que el deseo de integración se haga realidad a todos
los efectos, una integración política para que, independientemente de
la residencia, del lugar de nacimiento, tengan absolutamente todos
los derechos.
Desgraciadamente, debido al poco tiempo que nos queda, esta toma en
consideración se va a quedar simplemente en eso, pero quiero decir
que con toda seguridad y sin lugar a dudas en la próxima legislatura
lo que son políticas de población o de inmigración van a ser
cuestiones importantes a tratar y a mí me gustaría que este tipo de
políticas se articularan sobre la base de un consenso. Estoy
convencido de que el trabajo, el esfuerzo que los grupos políticos
han realizado para la puesta en marcha de esta toma en consideración
no va a ser en balde.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego comparte y considera acertada la nueva
orientación que se desprende de las proposiciones de ley formuladas
por Izquierda Unida y por el PSOE, que modifican determinados
artículos del Código Civil en materia de nacionalidad.
Aunque sea paradójico, pese al carácter eminentemente político de las
normas relativas a la nacionalidad, éstas aún se insertan en un texto
de carácter civilístico, que regula primordialmente las relaciones
privadas entre las personas.
La modificación más sustancial, desde nuestro punto de vista,
consiste en reconocer la adquisición originaria de la nacionalidad,
en virtud del nacimiento, a los hijos de residentes legales en el
Estado español, lo que consideramos que contribuirá sin duda a una
mayor integración de los residentes extranjeros, al tener sus
descendientes reconocida, desde su nacimiento, la nacionalidad
española, lo que les supondrá el reconocimiento de todos los derechos
inherentes, sin tener que recurrir a las leyes que se promulguen
sobre extranjería en cada momento.
El otro avance que consideramos importante lo constituye la
regulación del acceso a la nacionalidad a través de la naturalización
por residencia, que es el supuesto normal o antonomástico de
adquisición de la nacionalidad, y no sólo en el Estado español, por
parte de nacionales de otros Estados que residen de manera habitual
en el Estado español.
La residencia continuada y efectiva de cualquier extranjero en el
Estado español, cuando se ve acompañada de la solicitud de
otorgamiento de la nacionalidad de aquél, debe de ser considerada
como una verdadera integración del interesado en nuestra comunidad y
para ello debe facilitarse dicha integración, reduciéndose los plazos
exigidos para su concesión, puesto que los plazos exigidos por la
legislación actual son excesivos.
Compartimos, por lo tanto, en términos generales las redacciones
propuestas al artículo 22 del Código Civil por ambas proposiciones de
ley. Sin embargo, pensamos que en el trámite parlamentario, que
desgraciadamente no se va a poder dar, habría que introducir alguna
mejora sustancial en el apartado 4 de ese artículo, lo que supondrá
que, como ocurre en la actualidad, si no se modifica la residencia
continuada durante los períodos señalados, no es por sí sola causa de
atribución de la nacionalidad y por lo tanto sería interesante no
dejarlo en una ambigüedad que pueda dar pie a actuaciones
discrecionales o arbitrarias por parte del Ministerio de Justicia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero hacer un ejercicio de congruencia parlamentaria, parafraseando
las palabras que nos acaba de dirigir desde la tribuna el defensor de
la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Pablo
Castellano. Yo también entiendo ese principio ético ante una
iniciativa legislativa que podía ser asumida por nuestra parte. Él la
ha defendido desde su perspectiva con el principio, que admiro y
respeto, de la ética de decir que a estas alturas de la legislatura
aprobar esta proposición no nos va a permitir prolongar nuestra
presencia, pero sí dar el testimonio de creer en unos
principios. Pues bien, desde el otro lado del espejo, yo quiero ser
también congruente con lo que este portavoz manifestó en el debate
que tuvimos a partir de octubre sobre unas iniciativas similares que
ha recordado también cronológicamente el portavoz del Grupo
Socialista. Cuando en diciembre de 1996 votábamos aquellas
iniciativas del Grupo Socialista y del Grupo Federal de Izquierda
Unida mi grupo se opuso a las mismas por una serie de razones
técnicas de derecho comparado respecto a principios de exclusión que
había para la adquisición de la nacionalidad española. Ahora podía
ser fácil dar otra salida y decir que lo vamos a aprobar, porque como
sabemos que las Cortes están condenadas a su disolución se va a
quedar en puro testimonio en el «Diario de Sesiones». No nos parece
ético, señor Castellano, y recojo su modelo de ética parlamentaria,
desde un lado y otro del espectro político, si se puede hablar así en
este hemiciclo.
Pues bien, aquellos argumentos que yo empleé en 1996 siguen siendo
válidos, consecuentes y congruentes para oponerme ahora a esta
iniciativa. La única novedad que trae, a nuestro juicio, porque
afortunadamente se solventó el tema de los miembros de las Brigadas
Internacionales del primitivo proyecto de 1996, es la modificación no
ya de los artículos 17 y 22 al 26 inclusive del vigente Código, sino
del 18. Bajar de diez a cinco años no nos parece una cifra
significativa. Queremos mantener el principio de residencia en el
país -en España- que va otorgar esta nacionalidad con un tiempo de
sobra probado y no el excesivamente corto de cinco años para
justificar una residencia por los motivos que sea. Parece ser que una
residencia que quiera optar al beneficio de la nacionalidad, no
tratándose de los ciudadanos de Portugal, de Iberoamérica, de
Filipinas, de Guinea Ecuatorial, que tienen cláusula de privilegio
con un beneficio de dos años de residencia, lo podemos trasladar aquí
en este momento. Tenemos poco más que añadir a lo que ya habíamos
manifestado, y me remito al «Diario de Sesiones» de 1996.
Se vuelve a decir aquí que se elimina el requisito de la renuncia a
la anterior nacionalidad, tanto en la adquisición como en la
recuperación de la nacionalidad española, pero debo comentar que esto
no depende de la voluntad de quien lo diga, ni de la legislación
española, sino que depende de la legislación de origen de esta
persona, de si sus leyes le permiten o no en el país de donde es
originario eliminar el requisito de la renuncia y de si va a perderla
porque él diga ante el Ministerio de Justicia o ante las autoridades
administrativas competentes españolas que renuncia a su nacionalidad
de origen. Lo podrá hacer si tiene reconocido el derecho en su
nacionalidad de origen; la legislación española no alcanza, por
tanto, a aquella nacionalidad.
Se pide también la reducción de los plazos para la naturalización por
residencia, que ya he comentado antes, y de dos para los que hayan
obtenido asilo. Consideramos que el asilo debe ser consagrado por
otros principios y no por los dos años que aquí se piden. En cuanto a
los plazos de referencia a la nacionalidad española también como
sanción penal, no hay ninguna
referencia y entendemos que aquí tiene que prevalecer lo que se dice
actualmente, cuando hicimos las modificaciones anteriores y donde
parece ser que hubo consenso en esta Cámara, incluyendo al grupo
gobernante entonces, el Partido Socialista.
Por estas razones, y para no abundar más en lo que ya se dijo en el
debate de diciembre de 1996, mi grupo, en congruencia con aquella
posición, mantiene la misma y votará en contra de esta toma en
consideración.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Las proposiciones de ley que debatimos el día de hoy tienen algunos
aspectos que apreciamos y compartimos desde Convergència i Unió,
aunque no todos y eso será uno de los elementos decisorios de nuestro
voto en el día de hoy.
Reducir los plazos para la naturalización por residencia, tanto con
carácter general como en el caso de los asilados, nos parece bien. En
cuanto a la adaptación al Código Penal de estas disposiciones del
Código Civil y, por tanto, a la eliminación de esa referencia a la
pérdida de la nacionalidad española en virtud de sanción penal,
tampoco merecería poner más pegas. Ya en el debate que hubo en 1990
mi grupo propuso a través de alguna enmienda que los nacionales de
países de la Unión Europea se beneficiasen del tratamiento
privilegiado del que gozan en España para la adquisición de la
nacionalidad los iberoamericanos, los nacionales de Portugal, Andorra
y Filipinas. Sería bueno que también se diese esa reciprocidad por
parte del resto de los Estados integrantes de la Unión Europea.
Hay, sin embargo, algunos aspectos que no compartimos. Admitir de una
forma tan contundente, como se prevé en las proposiciones de ley, el
ius soli como generante de adquisición de la nacionalidad de origen
y que, por tanto, cualquier persona nacida en territorio del Estado
español adquiera por ese solo hecho la nacionalidad española, nos
parece que no es de recibo. En unos casos, porque serán sus propios
padres los que no lo deseen, en otros, porque el puro ius soli para
un hijo de un nacional extranjero a quien ni siquiera se le exige la
residencia en España puede ser un vínculo con el Estado español
demasiado leve para atribuir esa nacionalidad española de origen.
Hay algunos aspectos, que ha comentado el portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones, que también
compartiríamos respecto del tratamiento a la renuncia de la
nacionalidad de origen para adquirir la española. Entendemos que la
exigencia o no de residencia en territorio español está
suficientemente resuelto para los emigrantes españoles y para sus
descendientes y, por tanto, no compartiríamos
esos aspectos de la proposición de ley. En la medida en que estas
proposiciones de ley no van a poderse tramitar, porque tiempo
parlamentario no van a tener, nos resistimos a dar un voto favorable
a su toma en consideración, que podría ser interpretado como una
asunción de todos los principios que se expresan en las citadas
proposiciones.
Entendiendo que tiene algunos aspectos muy apreciables, que el Grupo
Parlamentario Catalán está dispuesto a que prosperen en la próxima
legislatura, en estos momentos la votación de nuestro grupo será
contraria a la toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Muchas gracias, señor presidente.
Todos los portavoces han marcado una línea común, la del momento del
debate en que vienen estas proposiciones que, aunque presentadas con
anterioridad, lo cierto es que llegan en este momento a la
consideración del Pleno de la Cámara.
Sería muy fácil para todos los grupos decir que sí, dar paso a esta
iniciativa y enmendarla en su día, pero, si actuáramos de esta
manera, no creo que nuestro grupo estuviera obrando con la suficiente
seriedad. Nuestro grupo va a actuar en la forma que recomendaba el
señor Castellano no hace mucho tiempo respecto a una iniciativa
similar, que no daba tiempo a tramitar. No estamos planteando dos
iniciativas nuevas, dos visiones radicalmente distintas de la reforma
de la nacionalidad, puesto que lo que se nos presenta hoy es la
repetición de dos iniciativas, tanto por parte del Grupo Socialista
como de Izquierda Unida, que ya han sido debatidas y que fueron
rechazadas por el Pleno de esta Cámara. En realidad, hay muy pocas
novedades en el texto que se nos propone ahora respecto al que
debatimos en el año 1996. Y esas escasas novedades tampoco
justificarían el hecho en sí de la toma en consideración de la
iniciativa.
Quisiera resaltar un aspecto que el portavoz del Grupo Socialista
presenta como una novedad, aunque nosotros estimamos que es justo lo
contrario, una regresión. Solicitar la extensión de un supuesto
privilegio, la adquisición por ius soli de la nacionalidad por los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea implica una
regresión sobre el camino que debe seguir la Unión Europea. La Unión
Europea camina hacia la nacionalidad europea única, por lo que seguir
planteando discusiones de nacionalidades concretas, país a país, creo
que es regresivo respecto al debate que tenemos que afrontar, que es
el relativo a la nacionalidad europea, que será el elemento
progresista.
Por otra parte, no tiene una incidencia práctica en las solicitudes
de nacionalización de nacionales de
otros Estados miembros. El planteamiento que se hace en conjunto,
otra cuestión que se esgrime como novedad, que es la adquisición
automática de la nacionalidad -y sería una aplicación estricta del
concepto de ius soli- por parte de los hijos de inmigrantes
residentes, al menos de uno de ellos, en España, tampoco es ninguna
novedad puesto que, sin necesidad de que los padres sean residentes,
en la actuación redacción del Código Civil se facilita la adquisición
de la nacionalidad al hijo de inmigrante nacido en España al año de
residencia. Remover el obstáculo del año de residencia no significa
gran cosa. En este concepto de atribución automática habría que
considerar si no debe darse opción a los padres de mantener en su
caso la nacionalidad de origen, puesto que es muy común la imposición
de la pérdida de la nacionalidad de origen al adquirir otra. En vez
de dar ese automatismo, la redacción actual del Código es suficiente
para facilitar la nacionalidad cuando el hijo del inmigrante lleva ya
un año de residencia en España y ha nacido aquí. Creo que sería más
lógica esa aplicación combinada del ius soli y ius sanguinis, que una
aplicación estricta del ius soli. En cuanto a la atribución, en la
disposición transitoria segunda, de este mismo derecho a los que se
encuentren en esta situación, y que puedan optar ahora por la
nacionalidad española de origen, creemos que pecaría también de
exceso la norma.
Respecto al requisito de la renuncia a la anterior nacionalidad para
adquirir o recuperar la española, estaríamos de acuerdo en afrontar
una reforma del Código Civil. En la práctica, no es un elemento
básico en la tramitación de los expedientes de nacionalidad y sólo
sería el extranjero el que tendría que valorar las consecuencias de
la pérdida de su nacionalidad. No tendríamos inconveniente en
estudiar ese punto en el futuro.
En cuanto a la residencia legal en España como requisito previo para
la recuperación de la nacionalidad, creemos que se ha ido suavizando
el rigor en las sucesivas reformas; desde la reforma de 1982, que
imponía un año de residencia legal y continuada durante el año
inmediatamente anterior a la petición, se han ido rebajando
considerablemente los requisitos y no parece que éste sea uno de los
elementos clave que haya que tocar. En cualquier caso, la atribución
automática que se pretende, sin que exista la facultad de opción a la
nacionalidad, no parece que sea el sistema más adecuado; parece más
adecuado que se reserve esa posibilidad de optar a la nacionalidad y
no atribuirla automáticamente.
En resumen, respecto a la proposición presentada por el Grupo
Socialista en determinados aspectos como la reducción del plazo de
naturalización o la eliminación de la referencia a la pena de pérdida
de nacionalidad, es innecesario ir retocando todas las leyes puesto
que la reforma de una Ley Orgánica como la del Código Penal, que
elimina la pena de pérdida de nacionalidad, lleva consigo, se diga o
no expresamente, no la eliminación física, sino la puesta en
paréntesis de esa
disposición en las leyes que correspondan. Cuando se modifique el
Código Civil, será bueno tocar ese apartado, pero no es
imprescindible hacerlo. El automatismo en la pérdida de la
nacionalidad por entrar al servicio de armas en Estado extranjero, es
otro tema que puede reformarse en el futuro.
Hay una serie de apartados en esta proposición que podrían merecer
una valoración positiva de nuestro grupo, pero también hay otros
apartados que se valoran negativamente, como la ampliación de la
nacionalidad de origen por nacimiento en España, en la forma ya
comentada; la eliminación del requisito de la renuncia a la anterior
nacionalidad para adquirir o recuperar la española; la supresión del
requisito de residencia en España para recuperar la nacionalidad
española y la extensión a los países de la Unión Europea por el
concepto de especial vinculación, que nos parece que no cuadrarían
con la redacción que se lleva. Esa valoración conjunta, reconociendo
que hay apartados favorables que habría que tocar, no aconseja la
aceptación de esta iniciativa, por lo que nuestro grupo la votará
negativamente.
La proposición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida propone una
reforma para facilitar al máximo la adquisición del estatus de
nacional español y amplía la eficacia del ius soli, todo ello basado
en el concepto de inmigración. Creo que hay que separar claramente
dos elementos. Una cosa es el fenómeno de inmigración y otra cosa es
el debate sobre la nacionalidad; no son dos conceptos que
necesariamente hayan de unirse, puesto que tenemos que considerar que
el emigrante puede optar claramente, aun con una larga residencia en
España, por mantener su nacionalidad de origen, o puede querer que su
hijo mantenga la nacionalidad de origen. Justificar una reforma de
nacionalidad en el fenómeno de las migraciones no nos parece lo más
correcto.
Hay también determinados elementos técnicos que aconsejarían el
rechazo de la proposición de Izquierda Unida. El criterio idiomático
para identificar a los países de estirpe hispánica parece un poco
difícil; la referencia que se hace a los mozárabes es todavía más
difícil de entender, puesto que no existe una realidad social que
podamos identificar o asimilar a los sefardíes, por lo que nuestro
grupo también rechazaría la proposición del Grupo de Izquierda Unida.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jordano.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DEL
CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE SECUESTRO FAMILIAR DE MENORES E INDUCCIÓN
DEL PROGENITOR A QUE EL MENOR ABANDONE EL DOMICILIO FAMILIAR.
(ORGÁNICA.) (Número de expediente 122/000286.)
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO
PENAL, LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y CÓDIGO CIVIL, PARA COMBATIR
LA SUSTRACCIÓN O RETENCIÓN ILÍCITA DE MENORES. (ORGÁNICA.) (Número de
expediente 122/000299.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos a
debatir los puntos 3 y 4 del orden del día, también de forma
acumulada, que son los relativos a la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de
modificación del Código Penal en materia de secuestro familiar de
menores e inducción del progenitor a que el menor abandone el
domicilio familiar, y de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, de modificación del Código Penal, Ley de
Enjuiciamiento Criminal y Código Civil, para combatir la sustracción
o retención ilícita de menores.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente.
Señorías, me corresponde defender esta tarde ante ustedes la
proposición de ley presentada por el Grupo Popular, de modificación
del Código Penal, para determinar tres delitos que en este momento,
tal como expondré, no aparecen específicamente tipificados en nuestro
Código Penal. Me refiero al secuestro familiar de menores, a la
retención del menor por el progenitor que no lo entrega a la persona
que legalmente está habilitada para recibirlo y a la inducción del
progenitor al menor o al incapaz para que abandone el domicilio
familiar o quebrante el régimen de estancia.
Señoras y señores diputados, el Código Penal en sus artículos 163 y
164 regula la detención ilegal y el secuestro, delitos que atentan
contra la libertad del individuo. No se especifica en este cuerpo
legal -quizá debido a una tramitación acelerada- pero, aunque se
considera que la sustracción del menor por los progenitores o por
determinados familiares se puede incluir en este tipo de delitos, lo
cierto es que en el momento de juzgar un delito tan execrable como es
el aprovechar el vínculo familiar para alejar a un menor de su
familia, de su entorno, de su ciudad, de su país, de su cultura e
intentar que no vuelva nunca más, evitando así la acción de la
justicia, nuestros órganos jurisdiccionales estiman que no es posible
incluirlo entre los delitos de detención ilegal y de secuestro, tal
como se recoge en nuestro Código Penal actual, debido a la expresión
«el particular» que el legislador utilizó en su momento.
Efectivamente, en el título VI, delitos contra la libertad, artículo
163, se habla de «el particular que detuviere o encerrare», y en
relación con el secuestro también utiliza la misma expresión. Esa
expresión se emplea para discriminar los otros sujetos activos que
podrían cometer este delito, pero como funcionarios, agentes de
seguridad o autoridad pública, pero lo cierto
es que nuestro órganos jurisdiccionales consideran que la vinculación
familiar, el lazo que une en un momento dado a la víctima con quien
lleva a cabo esa sustracción familiar, no permite incluirlo en ese
tipo de delito y se utiliza el de desobediencia judicial. El no
aplicar una pena contundente da lugar a que en la mayoría de estas
situaciones ilegales los progenitores alejen a sus hijos de su lugar
de residencia o, incluso, se los lleven fuera del territorio español,
evadiendo la acción de la justicia y produciendo no sólo el terrible
dolor de la víctima y del resto de su familia, sino también una gran
alarma social.
El Grupo Parlamentario Popular propone modificar un determinado
artículo del Código Penal, creando un subtipo dentro de la detención
ilegal. ¿Por qué? Porque consideramos que el delito de detención
ilegal ataca directamente a la libertad del menor de elegir con qué
familiar y en qué lugar quiere encontrarse. Recogemos el tipo con un
sujeto activo mucho más amplio que el propio progenitor, porque
incluimos a los ascendientes, descendientes y hermanos, dado que es
posible que esta sustracción no sólo se lleve a cabo por los
progenitores, sino por un hermano, abuelo o, incluso (podríamos
aprovechar esta modificación del Código Penal para incluirlo), por
cualquier otro familiar.
Queríamos también aprovechar una pena que nos parece contundente,
cual es la de la detención ilegal. En este momento, el artículo 163
lo considera delito grave, con pena privativa de libertad de hasta
los cuatro años, aumentado de cinco a ocho años cuando la detención
supera los quince días. Nos parecía muy interesante considerarlo pena
grave, reduciéndolo por la vinculación familiar existente.
Proponemos, pues, que la sustracción familiar o parental se estime
como un subtipo de la detención ilegal, con una pena de dos a cuatro
años, que llegaría hasta los seis si se superan los quince días,
aumentándose al grado superior si al menor o al incapaz se le
traslada a territorio extranjero para dificultar su localización.
Según recoge nuestro Código Penal, artículos 17.3 y 18.2, esto va a
dar lugar a que se pueda también penalizar la provocación, la
proposición y la conspiración para llevar a cabo la detención ilegal
y el secuestro, lo que nos parece muy adecuado porque incluiría a
todos aquellos que colaboran, dentro y fuera del territorio español,
con estas actuaciones que no se realizan sólo por una persona puesto
que, en múltiples ocasiones, se preparan con tiempo, conociendo dónde
se va a encontrar y quién está con el menor para lograr una eficaz
sustracción del mismo. Esta modificación nos parece muy interesante
porque da una salida eficaz y contundente a todos aquellos que,
superando cualquier resolución judicial o incluso sin ella, cuando se
inicia la crisis matrimonial, aprovechan este vacío legal para coger
a sus hijos, nietos o hermanos y los trasladan del domicilio donde
quieren estar a otro lugar.
Por otra parte, recogemos otros dos tipos de delito, ya que en este
momento el título XII del Código Penal regula los delitos contra las
relaciones familiares. Uno
de ellos es el quebrantamiento del deber de custodia, regulado en el
artículo 223, cuya redacción actual habla del quebrantamiento del
deber de custodia cuando el sujeto activo es el que la tiene, pero no
entrega al niño a sus padres o guardadores cuando éstos se lo
requieren y existe resolución judicial. Hemos aprovechado esta
ocasión para introducir un subtipo para decir que se aplicará la pena
que recoge este delito de quebrantamiento del deber de custodia al
progenitor que, existiendo una resolución judicial, la quebrantare no
entregando a la persona habilitada para ello a su hijo, aplicándole
la misma pena de seis meses a dos años. El artículo 224 de nuestro
Código Penal recoge la inducción al menor y al incapaz al abandono
del domicilio familiar o del lugar donde se encuentre con el
asentimiento de sus padres o guardadores. Hemos estimado que se debe
contemplar también un subtipo que penalice al progenitor que induzca
al hijo menor de edad y al incapaz, no sólo al abandono del domicilio
familiar, sino también al quebrantamiento de la estancia que
regularmente se ha fijado.
Pido a todos los grupos parlamentarios de la Cámara que tomen en
consideración esta iniciativa que va a llenar un vacío legal que se
ha producido por la elaboración rápida del Código Penal. Es posible
dar una salida a estas situaciones donde siguen sufriendo los más
débiles de nuestra sociedad, nuestros niños y niñas, que en las
crisis familiares tienen que estar protegidos y por encima de estas
situaciones.
Respecto a la proposición de ley del Grupo Socialista, cuya toma en
consideración se va a votar ahora, adelanto que vamos a apoyarla
porque nos parece que, persiguiendo lo mismo pero por otro camino,
que es el de incorporar este tipo de delitos como delitos contra las
relaciones familiares, con modificación de los artículos 223 y 224,
podríamos llegar a un acuerdo. Asimismo, nos parecen muy interesantes
las medidas que se proponen respecto al artículo 544 del Código
Penal, sobre la privación de la patria potestad, de la guarda y la
curatela, así como la modificación del artículo 102, relativo a
prohibir el cambio de domicilio, la salida al extranjero o en
territorio español e, incluso, no otorgar el pasaporte.
Señoras y señores diputados, aunque la legislatura está finalizando,
son dos iniciativas muy interesantes que vienen no sólo a llenar una
laguna penal y a acabar con el dolor inenarrable de los familiares
que pierden para siempre un ser querido, sino que como legisladores
estamos obligados a colmar vacíos y actividades delictivas que hay
que penalizar contundentemente. Ese es el camino que hemos seguido en
el título VI del Código Penal en lugar del título XII.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Barrios.
Para la presentación de la iniciativa del Grupo Socialista, tiene la
palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Señor presidente, señorías, comparezco, en
nombre del Grupo Socialista, para defender la proposición de ley
orgánica de modificación del Código Penal, de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y el Código Civil, para combatir la
sustracción o retención ilícita de menores.
La protección de los derechos del menor y de los menores ha sido una
constante en las iniciativas legislativas a partir de la aprobación
de la vigente Constitución española. Existe especialmente una clara
trayectoria en todo lo relativo a la custodia de menores, a fin de
evitar en lo posible los efectos perjudiciales que en casos de
rupturas matrimoniales les pueda ocasionar la conducta inadecuada de
sus progenitores.
El Código Penal de 1995, entre otras innovaciones, suprimió el delito
con sustantividad propia de la sustracción de menores de siete años;
en cambio, agravó la pena para los delitos de detención ilegal o
secuestro cuando la víctima era menor de edad o incapaz. El antiguo
artículo 484 del anterior Código Penal fue muy criticado por la
doctrina por muchas razones. En primer lugar, por su imprecisión,
pero también por la incomprensible desigualdad en la sanción entre el
secuestro de un mayor de siete años, con lo que parecía que la
condición infantil suponía un privilegio para el aprehensor.
El tipo planteaba muchos problemas de todo orden, entre los que cabe
añadir el de que le era indiferente a ese tipo penal la cualidad de
la persona en cuyo poder se encontrara el niño sustraído. En suma,
muchas dificultades que fueron objeto de estudio en la elaboración de
los trabajos del vigente Código Penal y que hoy también nos sirven y
nos deben servir para que nuestras propuestas se ajusten más a la
realidad y a las necesidades de respuesta a las conductas que
queremos tipificar como delictivas.
Estamos viendo en los últimos días que existen supuestos en los que
la conducta de sustracción o negativa a restituir a un menor se
realiza precisamente por sus progenitores, incluso progenitores
privados legalmente del ejercicio de determinadas facultades
inherentes a la patria potestad. En los últimos meses hemos tenido
conocimiento, a través de los medios de comunicación, de la
existencia de unos 150 niños que viven en el extranjero secuestrados
por alguno de sus progenitores. Hace dos años se ha creado una
asociación para la recuperación de niños sacados de su país, que ha
sido especialmente activa. El pasado mes de noviembre saltaba a los
medios de comunicación el caso de un médico libanés que tenía
secuestradas a sus dos hijas menores a las que retuvo con motivo de
una estancia de vacaciones normal, a cuyo término no las devolvió a
la compañía y custodia materna, que estaba asignada por resolución
judicial. Una serie de circunstancias providenciales, como que el
médico fuera a participar en un simposio a Estados Unidos,
permitieron la detención del secuestrador y posterior extradición a
España. Con ello se consiguió la entrega de los menores
a la madre que, como hemos dicho, era la guardadora legal.
Ante estos casos como el que he descrito y otros muchos que se dan,
es necesario dar una respuesta penal clara que no quede al arbitrio
de una interpretación judicial más o menos contundente y que vaya más
allá del delito de desobediencia genérico. También hace falta prever
las correspondientes medidas cautelares, tanto en el ámbito penal
como en el civil, que eviten esas sustracciones y retenciones
ilícitas de menores.
La propuesta de nuestro grupo parlamentario, entre las varias
soluciones posibles en cuanto a la sistemática, opta por la
modificación del actual artículo 224 del Código Penal, por tanto, por
su inclusión en el capítulo referido a la materia familiar de los
delitos contra los derechos y deberes familiares. La modificación que
proponemos consiste en añadir tres nuevos apartados al actual
artículo 224, quedando su actual redacción, la del artículo 224,
configurando un nuevo apartado 4.Se tipifica como delito de una forma
autónoma la conducta del progenitor que sustrajere a un menor de su
lugar de residencia sin causa que lo justifique, con el fin de
impedir la comunicación o estancia con el otro progenitor. Las penas
previstas en nuestra proposición son de seis meses a dos años de
prisión y de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria
potestad, la tutela, la guarda, o el acogimiento familiar por tiempo
de dos a cuatro años. También se prevé que si se produjeran los
hechos quebrantando una resolución judicial se incurra además en la
pena prevista en el artículo 556 del Código Penal que contempla la
desobediencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus
funciones -en este caso a la autoridad judicial-. El tipo se completa
con el agravamiento de la pena para el supuesto de que se exigiese
condición para la restitución o se trasladase al menor a un país
extranjero, como los casos que hemos visto, para dificultar su
localización. Son precisamente esos casos los que más dificultades
plantean con la normativa actual y a los que es preciso dar una
respuesta eficaz.
Por último, también consideramos en nuestra propuesta el supuesto de
restitución del menor dentro de las 24 horas siguientes a la
sustracción. En tal caso, el responsable quedará exento de pena
siempre que el menor sea depositado en lugar conocido y seguro y no
haya sido objeto de trato delictivo alguno o se haya puesto en
peligro su vida, salud, integridad física o moral, o cuándo en lugar
de estancia haya sido comunicado a quien corresponda legalmente su
cuidado.
En cuanto a la reforma prevista que también plantea nuestro grupo en
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ciñe a añadir un nuevo artículo
en la Ley, que sería un 544 ter, para cubrir la posibilidad de
imponer medidas cautelares, desde luego motivadamente y siempre en
interés del menor, de privación de derechos inherentes a la patria
potestad, y la extinción de la tutela, la curatela, guarda o
acogimiento familiar, así como la incapacidadpara ostentar dichos
cargos.
En lo que alude al Código Civil proponemos un nuevo artículo que
sería el 102 bis, para permitir la adopción de medidas cautelares,
tanto en medidas previas como en coetáneas a la demanda de separación
o divorcio, o con posterioridad, es decir, en cualquier momento en
que los hechos lo aconsejen, a juicio del juzgador de oficio, o bien
a instancia de cualquiera de las partes. Tales medidas cautelares
comprenden desde la prohibición de salida del territorio nacional a
los menores hasta la necesidad de autorización judicial para el
cambio de domicilio del menor, así como la prohibición de la
expedición del pasaporte a los menores de que se trate.
Hemos comentado con anterioridad un caso llamativo pero existen
muchos, no es el único. Existen especialmente en países árabes con
los que España no tiene tratados bilaterales o no son firmantes del
Convenio de La Haya. Aparte de otros problemas que suscitan estas
conductas, que en demasiadas ocasiones responden a presiones y
chantajes para obtener ventajas patrimoniales o de otro tipo entre
los cónyuges, nos encontramos con una seria descoordinación de las
administraciones públicas responsables y con una ausencia total de
estadísticas sobre el número de casos y sus circunstancias; por
tanto, el hecho de que tipifiquemos de una forma autónoma el
secuestro de menores nos va a permitir también que esta ausencia de
estadísticas, esta carencia, desaparezca. Hay países, como Estados
Unidos o Canadá, que sí tienen centros nacionales de desaparecidos,
que permiten la coordinación y la simplificación de los trámites
administrativos; por tanto, facilita la labor de búsqueda a los
familiares. No existe entre nosotros un control con respecto a la
expedición de pasaportes, de ahí la necesidad de que se establezca
ese control judicial sobre todo en las personas en situación de
riesgo. En suma, puede decirse que nos encontramos en esta materia
con muchas posibles alternativas que mejoren la actual situación,
además, claro está, de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y Código Civil que pretendemos con nuestra propuesta.
También es cierto que esas tensiones entre los cónyuges en caso de
ruptura y la violencia que se genera perjudica a los menores y
repercuten muy negativamente sobre ellos. De ahí la necesidad de esta
tipificación con carácter autónomo con la finalidad de proteger a los
menores de esos efectos perjudiciales que puede ocasionarles un
traslado o retención ilícita, a la vez que se garantiza la
restitución del menor sin olvidar naturalmente que este tipo de
conductas ha de comportar la pérdida de todos los derechos inherentes
a la patria potestad.
Señor presidente, señorías, nuestro Grupo va a votar favorablemente
la toma en consideración de la propuesta que nos ha explicado el
Grupo Parlamentario Popular por entender que, más allá de la
sistemática utilizada por cada grupo -que podrá ser objeto de debate
en su momento, en el trámite de enmiendas, aunque estamos ya en el
trámite final de la legislatura-, la tipificación de la sustracción
de menores como delito autónomo es
necesaria y posibilitará una persecución más eficaz de estas
conductas en el plano nacional y especialmente en el plano
internacional para la expedición de órdenes de detención y también
peticiones de extradición.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Alberdi. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Voy a expresar la posición del Bloque Nacionalista Galego acerca de
estas proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Popular y del
Grupo Socialista, sobre las que tenemos que decir, en primer lugar,
que son proposiciones de ley oportunas que tratan de responder,
adecuando la legislación, a un problema social, real e importante y
que afecta a los menores, por cierto también de actualidad porque la
sustracción o la negativa de restitución de los menores a los
progenitores que tienen conferida su custodia es desgraciadamente un
asunto de continua actualidad que merece una respuesta adecuada por
parte del ordenamiento jurídico.
Desde nuestro punto de vista habría que diferenciar la sustracción
ilícita por parte de un progenitor al que le ha sido retirada la
patria potestad por alguno de los graves motivos del artículo 111 del
Código Civil, y la sustracción ilícita por uno de los progenitores
que ha sido desfavorecido en la custodia de sus hijos, en virtud de
sentencia de separación matrimonial o divorcio. En este segundo caso
habría que convenir previamente que se trata de un supuesto frecuente
que debe dar lugar a un debate más amplio, y no sólo desde una óptica
penal, pues cada vez son más frecuentes las protestas por parte de
progenitores que ven retirada la custodia de sus hijos en virtud de
resolución judicial en litigios de separación matrimonial y que
reclaman, en aras de una mayor igualdad en las relaciones conyugales,
el establecimiento de un sistema de custodia compartida en los casos
de ruptura matrimonial que, por cierto, ya existe en algunos países
del norte de Europa. Nosotros creemos que dicha medida podría
disminuir sensiblemente la conflictividad en la materia que se regula
sin acudir a la vía penal. De cualquier forma, en los casos más
extremos se hace imprescindible una intervención penal por ser
supuestos graves, incluso la huida al extranjero con los menores, a
lo que ya se hizo referencia aquí a lo largo del debate. En ese
sentido consideramos más apropiada la línea de regulación que se
incorpora en la proposición de ley formulada por el Grupo Socialista,
al encuadrar la sustracción de menores por uno de sus progenitores
como un delito contra los derechos y deberes familiares y no como un
secuestro o detención ilegal. La principal razón es que en la
tipificación del delito contra los derechos y deberes familiares del
artículo 224 del Código Penal no hace
falta apreciar que existe una negativa del menor a la sustracción,
como en los casos de secuestro o detención ilegal. Bastaría
simplemente con que la situación sea con el fin de evitar la
comunicación con el otro progenitor, circunstancia fácilmente
constatable, que posibilitaría en la práctica la aplicación de este
tipo penal. Además, acoge claramente el principio de intervención
mínima de la vía penal al prever la exención de la pena cuando se
produzca la restitución del menor sin que haya sido objeto de otro
acto delictivo.
En todo caso, a nosotros nos parecen bien las dos proposiciones de
ley y, por tanto, que se intenten regular mejor, desde el punto de
vista legal, estas situaciones y por eso las vamos a votar
favorablemente, aunque la toma en consideración de las mismas no
pueda, a estas alturas, seguir los trámites parlamentarios para verse
concretadas en modificaciones legales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo se encuentra hoy aquí con la satisfacción de ver dos
proposiciones de ley de los grupos Popular y Socialista coincidentes
en el fondo. Vamos a votarlas favorablemente en los argumentos que
han expuesto muy acertadamente las dos portavoces que han sustentado
las iniciativas, en razón a que hace ya cuatro años y algunas semanas
debatíamos y aprobábamos aquí la Ley 10/1995, del Código Penal, buen
Código Penal, y a los cuatro años hacemos una modificación del mismo,
pero no es una modificación que pode, o que altere el Código Penal,
sino que enriquece con nuevos añadidos, en lo que coinciden ambas
iniciativas, para modificar el artículo 224 del Código Penal. Es la
coincidencia que hay entre la iniciativa del Grupo Popular dirigida
sólo al Código Penal y la del Grupo Parlamentario Socialista, en este
caso enriqueciendo lo que fue un principio importante de recordar
aquí, que es que el Código Penal, en su Ley 10/1995, da una
protección especial al menor y cualifica con tipos específicos cuando
el bien jurídico a proteger sobre este menor es agredido, penalizando
con unos tipos superiores, porque trata de mantener el principio de
la defensa del menor. Ese espíritu de defensa del menor prevalece y
se defiende aquí en las dos iniciativas, y esto mueve a mi grupo a
votarlas favorablemente porque mantienen ese espíritu, como yo decía
antes, de protección jurídica del menor, dándole la mayor cobertura
posible.
La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular trae estos tres
subtipos que contempla aquí, dirigidos a los artículos 163, 165, 223
y 224, y la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista extiende la
armonización, la simetría que tiene que haber, lo que nos parece muy
acertado, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con
el vigente Código Civil. Por tanto, creemos que ambas iniciativas,
partiendo del mismo principio de filosofía del derecho penal y de los
principios de protección al menor, son enriquecedoras y
complementarias, porque llevan a la contemplación de aspectos de los
subtipos penales, que es muy oportuno que se refleje también en la
Ley de Enjuiciamiento Criminal para que haya esta sintonía con el
Código Penal y por supuesto con el Código Civil en aquellos
progenitores que hagan uso de un mal entendido derecho de
primogenitura para sustraer al menor de la custodia del otro o bien
para ir en contra de una decisión jurisdiccional administrativa
o judicial de protección del menor. En cualquier caso serían conductas
que tienen que estar reguladas por el derecho y no por el capricho de
los progenitores, con todos los derechos que la ley les pueda
reconocer. Es un principio en que se reconoce que prevalece el
derecho del menor y del Estado democrático de derecho sobre los
derechos que creen atribuirse los progenitores por aducir que son
padres o madres naturales del menor.
Por esas razones, señor presidente, vamos a votar favorablemente la
toma en consideración de estas dos iniciativas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Vasco se ha debatido entre el sí y el no al decidir su
postura en estas dos iniciativas, puesto que estamos a la altura de
legislatura que estamos y sabemos qué virtualidades tiene el aprobar
la toma en consideración de dos proposiciones de ley, qué fuerza
tienen de obligar respecto del Gobierno, ni siquiera respecto de la
propia Cámara, en cuanto a las posibilidades de tramitación. No
obstante, el bien jurídico protegido, los bienes que se intentan
tutelar, nos han inclinado por dar definitivamente nuestra aceptación
a la tramitación de ambas iniciativas, dejando también sentado que
somos poco proclives a las modificaciones constantes del Código
Penal, sobre todo si estas son a golpe de sucesos que hayan podido
causar conmoción más o menos grande en los periódicos y, repito,
motiven una inmediata modificación de las normas penales. Creemos que
éstas deben ser fruto del sosiego y del reposo y quizá hubiese sido
más adecuado pensar en unas Cámaras distintas para abordar esta
reforma.
En todo caso, nos parece que de las dos iniciativas propuestas es
mucho más correcta técnicamente la que presenta el Grupo Socialista.
No entendemos por qué la del Grupo Parlamentario Popular propone la
modificación de los artículos 163 y siguientes, que son delitos
contra la libertad, y no única y exclusivamente el 223 y siguientes,
que son los delitos del ámbito familiar. Se
da la circunstancia de que al hablarse de los delitos contra la
libertad o privación de libertad con exigencia de rescate se
contempla ya especialmente como agravación que el retenido sea un
menor. Desde nuestro punto de vista, la iniciativa popular tiene,
además, otra enorme pega, y es que no se contempla como elemento del
tipo la negativa al requerimiento en la entrega del menor de que se
trate. Bastaría un mero retraso para que se estuviese contemplando la
comisión de un hecho delictivo, lo cual nos parece es excesivo.
Nos parece bien, repito, la iniciativa socialista, aunque votaremos
ambas, porque además contempla la modificación de las medidas
cautelares con los retoques correspondientes en la ley de
Enjuiciamiento Civil. Desde un punto de vista técnico, podría decirse
que, más que añadir un párrafo al artículo 223, podría tratarse de un
precepto distinto y autónomo. Por señalarle alguna pega al precepto
que propone el Grupo Socialista, sí se podría decir que no contempla
lo que es la no devolución a tiempo del menor sino simplemente su
sustracción. En todo caso, como introduce un juego con los menores en
las relaciones paterno-filiales, nos parece que sí es un bien
jurídico interesante, y aunque no tenga más valor que el meramente
testimonial, el Grupo Vasco va a votar a favor de la toma en
consideración de ambas iniciativas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Atienza.
La señora ATIENZA Y GUERRERO: Señorías, el Grupo Catalán apoyará las
dos proposiciones de ley por lo expuesto anteriormente por los
señores diputados. No voy a extenderme en todo lo referente a la ley,
porque es la primera vez que hago esta exposición y no creo que la
haga muy correctamente, pero lo que sí quiero es exponer el drama
humano que significa la no modificación de esta ley. Aunque se ha
dicho en el hemiciclo que llega tarde y que no se va a poder legislar
sobre ello, no importa; es preferible dejar medio enfilada esta ley,
como se dice en catalán, que no abordarla en este hemiciclo.
Como dice la Constitución en su artículo 39, hay que proteger
íntegramente a los hijos, y más si están bajo protección o tutela, y
todo lo que conlleve asegurar a los mismos la dignidad y los derechos
inviolables de la parte más débil, en este caso los niños. En la
Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas prevalece
el interés del menor a cualquier política que se aplique sobre ellos,
así como asegurar las relaciones con sus familiares más directos,
padres o familiares.
Haré una breve consideración sobre unos datos estadísticos. Es sabido
que a lo largo de la historia los malos tratos a los niños no se han
considerado nunca un problema social, siendo los físicos evidentes e
inexistentes los psicológicos. Al niño se le ha considerado
como un elemento más del núcleo familiar sin más consideraciones y,
si cabe, como un objeto del engranaje familiar en el cual participaba
a nivel socioeconómico. En otras sociedades todavía se le explota, se
le chantajea, se le utiliza para unos objetivos inconfesables, pero
atengámonos a nuestra sociedad. Sólo en la autonomía de Cataluña,
según los datos que he sacado ayer de la dirección general, en
atención a niños en procesos de separación de sus padres ha habido
9.585 casos sólo de malos tratos, y en atención en urgencias se han
atendido a 1.375 niños. Los abusos más frecuentes que se han dado en
estas atenciones han sido los psíquicos, pero también los físicos. Ha
habido abandonos, amenazas, insultos, etcétera. Estos delitos han
sido ejercidos por un abuso de poder por parte de los padres. Cuando
se ha intervenido y se ha designado la tutela a uno de los dos
cónyuges, la tortura de los niños no acaba. El sometimiento a la
voluntad y en ocasiones al despotismo de los padres a una voluntad y
a unos deseos, confesándolos públicamente a veces de afecto y de
protección, sin embargo en la práctica no se ve en ellos este tipo de
deseos. Sabemos que la presión y el chantaje emocional, afectivo, es
tan destructivo como el maltrato físico. Sabemos que el Código Penal
aprobado en el año 1995 otorga una gran cobertura jurídica al menor,
pero en la práctica realmente es ineficaz. En la práctica, y más
concretamente en los despachos de familia, en donde he ejercido
durante 30 años mi tarea de asistenta social, he visto cómo se han
atacado los derechos del menor por diferentes métodos: intención de
llevárselos a casa con una promesa de una vida más digna,
chantajearlos prometiéndoles cosas inconfesables que en la realidad
los padres no están dispuestos a hacer; es un comercio de niños en el
ámbito de la familia.
Por estas consideraciones, nuestro grupo parlamentario aprobará las
dos proposiciones de ley del Grupo Popular y del Grupo Socialista.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Atienza.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo comparte la preocupación, últimamente agudizada por
algún que otro suceso desgraciado, que supone la situación de
indefensión en que quedan los menores sometidos a la voluntad de
aquellos progenitores que en el conflicto matrimonial, y con un
absoluto olvido de la dignidad del menor, los utilizan como
instrumento de coacción con arreglo a la dinámica o a la dialéctica
que el propio proceso matrimonial les vaya imponiendo. Pero dudamos
muy seriamente que la respuesta penal sea la respuesta que debamos
dar ante estas extralimitaciones o estas infracciones. Creemos,
sinceramente, que estamos trasladando respuestas que ya se iniciaron,
cuando llegó el momento
del incumplimiento de las obligaciones entre los cónyuges, de una
forma ciertamente mimética, y nos gustaría llamar la atención para
frenar esa tentación de homologar situaciones que son absolutamente
distintas. En el conflicto entre personas maduras el que pueda
acudirse al procedimiento penal para corregir determinadas conductas
puede tener su explicación en la medida en que no va a producir un
incremento del daño entre los afectados por su propia madurez, pero
cuando interviene el proceso penal o el Código Penal y hay unas
relaciones de carácter paterno-filial y materno-filial, las
consecuencias pueden ser auténticamente dolorosas precisamente para
quien es víctima de estas situaciones.
Por ello, señor presidente, y aún sabiendo que no va a haber tiempo
material para enmendar, queremos dejar sentado que admitiríamos este
tratamiento siempre que viniera preceptivamente precedido de los
correspondientes requerimientos que pusieran de manifiesto que nos
encontramos de verdad no sólo ante una situación de desobediencia
grave, sino ante un atentado clarísimo a lo que supone la integridad
física y moral del menor, con utilización de carácter absolutamente
fraudulento al servicio de fines que no son los de su protección.
Repito que no ha lugar a que en esos preceptos que se nos ofrecen se
pudiera intercalar este requisito de carácter precautorio, pero será
conveniente que quede constancia en el «Diario de Sesiones» para que
el día que se vuelva a considerar esta materia se vea que no queremos
operar con una excesiva ligereza o con una excesiva capacidad de
inmediata respuesta cuando el tema es mucho más delicado de lo que
parece. El bien protegible, que quizá se me está olvidando, es el
menor, no la situación de indefensión o de dolor en que pueda quedar
la madre o el padre privado de la criatura. El verdadero bien
protegible es el menor, que es el que no tiene posibilidades de
asimilación de los manejos y de la cosificación de que está siendo
objeto y, lamentablemente, en esta respuesta penal que se nos da se
está poniendo mucho más el acento en el intento de devolver la jugada
-perdónese la expresión coloquial- a aquel que la sufre, y por ello
se da una respuesta, con la intervención ni más ni menos que de los
órganos jurisdiccionales, que sinceramente nos parece exagerada. Aun
así, como ha sido práctica a lo largo de la legislatura, jamás el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se ha opuesto a la admisión a
trámite de ni una sola iniciativa y menos de proposiciones de ley,
confiando siempre en que el procedimiento de enmienda y el diálogo
acaban mejorándolas. Por ello, y en este trámite final, no vamos a
quebrar ahora una línea de comportamiento detrás de la cual subyace
un respeto absoluto a las iniciativas de todos los grupos. Sí diré,
simplemente, que lamentamos que no haya habido la suficiente
reciprocidad, sobre todo por parte del partido del Gobierno, frente a
proposiciones no de ley de este grupo, ya que, asumiendo ellos ser
poseedores de la verdad absoluta, en demasiadas ocasiones no han
dejado ni que se tramiten.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
Vamos a llamar a votación. (Pausa.- El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a las votaciones
correspondientes a las proposiciones de ley, vamos a tomar, por medio
de juramento o promesa, compromiso de acatamiento a la Constitución a
un nuevo diputado, don Enrique García Martínez, que viene a sustituir
a don Atanasio Ballesteros Morcillo.
Señor García Martínez, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor GARCÍA MARTÍNEZ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Al haber prestado fórmula de
juramento, ha adquirido la condición de diputado. Bienvenido y
enhorabuena. (Aplausos.)
Votaciones correspondientes a la toma en consideración de las
proposiciones de ley debatidas, comenzando por la del Grupo
Socialista, sobre modificación del Código Civil en materia de
nacionalidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 140; en contra, 159; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista.
Pasamos a la de Izquierda Unida, de modificación del Código Civil en
materia de adquisición y recuperación de la nacionalidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 141; en contra, 158; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley de
Izquierda Unida.
Señor Martínez Sanjuán, vuelva a su asiento porque aún quedan dos
votaciones. (Risas.)
Proposición de ley del Grupo Popular, de modificación del Código
Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción del
progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar, que se
pretende con naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 300.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
proposición por unanimidad del Pleno.
Proposición del Grupo Socialista, de modificación del Código Penal,
Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Civil, para combatir la
sustracción o retención ilícita de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 298; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, también queda aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL RÉGIMEN
DE VISITAS DE LOS ABUELOS PARA CON LOS NIETOS, EN LOS CASOS DE
RUPTURA MATRIMONIAL. (Número de expediente 162/000439.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos -ahora sí, señor Martínez Sanjuán- a las
proposiciones no de ley, comenzando por la del Grupo Popular,
relativa al régimen de visitas de los abuelos para con los nietos en
los casos de ruptura matrimonial.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra doña María
José Mora Devis. (Pausa.)
Señora Mora Devis, puede comenzar cuando lo desee, si previamente la
señora Conde, el señor Cisneros, la señora Alborch, la señora
ministra, el señor Arqueros y compañía despejan la sala; también los
señores diputados por Murcia, que comprendo que estén en este momento
comentando los asuntos parlamentarios más recientes. Señor Cisneros,
señora Conde, señora Alborch, por favor, por favor, por favor.
Adelante, señora Mora Devis.
La señora MORA DEVIS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, siendo ésta la primera oportunidad parlamentaria de esta
diputada, entiendo que ha de ser la mejor oportunidad de SS.SS. para
demostrar cortesía parlamentaria porque estimo que ocasiones tampoco
les van a faltar, quedándoles ya desde este momento agradecida por su
atención.
Pretendo que la Cámara llegue al convencimiento a que ha llegado el
Grupo Parlamentario Popular, al que represento: que es imprescindible
e ineludible atender los derechos de afectividad de los menores cuyos
padres hayan resuelto su crisis matrimonial a partir de una
separación o un divorcio. De la misma manera que el Gobierno ha
garantizado la tranquilidad de los mayores, a quienes no les ha
faltado ni un solo mes su pensión, y ha garantizado el futuro de esa
tranquilidad a través de la creación del Fondo de garantía de
pensiones, lo que pretende ahora mi grupo parlamentario es
garantizar, por un lado, los derechos de afectividad del niño y, por
otro, la felicidad de sus abuelos. Para ello, se debe instar al
Gobierno a que elabore un proyecto de ley que, modificando los
artículos 90, siguientes y concordantes del Código Civil, permita al
juez que se pronuncie siempre en las causas matrimoniales sobre un
régimen de visitas de los menores en favor de sus abuelos, una vez
oídos estos en la causa, los técnicos y, como viene sucediendo hasta
la fecha, el ministerio fiscal. Porque, mientras haya un solo niño
que no pueda comunicarse con sus abuelos, o mientras haya un solo
abuelo que tenga que acudir al auxilio judicial para proveer a sus
nietos de este derecho, como ha ocurrido recientemente con la
sentencia del Tribunal Supremo, que ha de ser la última... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora Mora, un momento, por favor.
Señora Conde y señor Cisneros, les ruego encarecidamente que, si han
de continuar tan -de seguro- interesante conversación, lo hagan fuera
del recinto. Señor Cuesta, ¿ha terminado usted ya? Veo que sí. Señora
Fernández de la Vega. Señor Fernández de Mesa, que hasta hace un
momento se mantenía bien informado por la señora Martínez.
Adelante, señora Mora.
La señora MORA DEVIS: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que, mientras haya un solo niño que no pueda comunicarse con
sus abuelos o un solo abuelo que tenga que acudir al auxilio judicial
para proveer a su nieto de tal derecho, no se nos está permitido ni
descansar ni relajar nuestras responsabilidades políticas, así como
tampoco satisfacernos con declaraciones bien intencionadas en días
señalados, por una sola razón, porque eso no es justo. Señorías, no
debemos consentir ni consolidar una relación de afectividad que haya
de iniciarse de forma judicializada, como el caso que acabo de
exponer. Pero es que además estamos obligados por mandato
constitucional, ya que el artículo 39.2 de nuestra Constitución
regula que los poderes públicos asegurarán asimismo la protección
integral de los hijos.
A mayor abundamiento, existe una fundamentación sociológica que hay
que atender. Dicen los sociólogos que la familia constituye antes que
cualquier otra cosa una sólida red de solidaridades y que el gran
misterio
de la sociedad humana está en el hecho de que una generación hace
sacrificios para que pueda salir adelante la siguiente. Dicha
solidaridad no es abstracta, sino que se realiza a través de un grupo
familiar de elección. También se dice que el divorcio no interrumpe
la solidaridad pero que la desequilibra, y que la falta de apoyo
familiar coloca al individuo en una posición desfavorecida. Y un dato
muy interesante: la prosperidad económica de la tercera edad ha sido
destinada durante los últimos 10 años en mucha mayor medida a
transferencias de rentas en el seno de la familia, de padres a hijos
o nietos, que a incrementar el bienestar de los mayores. Estamos,
pues, ante una obligación solidaria, y existen además unas
fundamentaciones sociológicas que es preciso comprender entendiendo
el mundo de los niños. Hay que tener en cuenta que para ellos la
familia es su único mundo, estando formada por personas y
significaciones que les son decisivas. Hay que entender que los niños
construyen su yo a partir de la diferenciación de personas y
actitudes, que es lo que les proporciona unos modelos diferentes de
identificación, que precisan de la autoestima de los mayores y que
los adultos les transmitan sin prisa los valores espirituales,
sociológicos y culturales a su modo infantil y fantástico y, sobre
todo, a su modo de entender la vida, diferente de cómo la entendemos
los mayores. Por otra parte, hay encuestas que dicen que a los
abuelos les interesa mucho la relación con sus nietos y que les
gustaría ampliarla, que no es más íntima porque sus padres no la
desean y que los padres no tienen otro interés respecto de esta
relación que la puramente instrumental.
Con todo esto hemos de llegar a una auténtica conclusión, que es que
los abuelos deben permanecer unidos sentimentalmente a sus nietos y
deben transmitirles sus experiencias vitales, porque ambos quieren
disfrutar de la libertad en contra de las obligaciones que les
proveen sus padres, porque los abuelos sólo quieren ver a sus nietos
disfrutar del descubrimiento actual de su vida, porque ellos pueden
comprender muchísimo mejor al menor y porque ellos saben por
experiencia que muchas de las cosas que preocupan a los padres
después no tienen tanta importancia en la vida afectiva. Y por una
razón fundamental: porque el que ha sido una buena persona y ha sido
un buen padre necesariamente ha de ser un buen abuelo.
Existe, por si esto no fuera suficiente, una fundamentación
jurisprudencial. Sus señorías me van a permitir que por ser
valenciana y por ser mujer haya elegido una sentencia dictada por la
Audiencia Provincial de Valencia el 20 de junio de 1991, siendo
ponente la señora Espenza Goñi. Esta sentencia establece la
diferencia entre el régimen de visitas del progenitor, consagrado en
el artículo 90 del Código Civil, con el derecho consagrado en el 160,
derecho de visitas y comunicación en favor de allegados y familiares.
Esta sentencia dice algo muy interesante que paso a leer. Dice así: Y
en este punto habrá de recordarse un elemental principio que ha de
presidir toda resolución en la materia,
cual es la protección del interés de los menores que, aun desde una
posición de pasividad, se ven directamente afectados por tales
avatares.
Quisiera someter a la consideración de la Cámara unos breves retazos
de derecho comparado. La legislación francesa, en el artículo 374,
formula algo que hasta la fecha tiene la legislación española, algo
relativo a la autoridad parental. Lo mismo ocurre con la alemana en
su artículo 1685, y la portuguesa también recoge esta relación en la
subsección segunda, relativa al poder paternal. Pero de lo que se
trata es distinto, de lo que se trata es dar un paso de seguridad
para los niños, se trata de que los poderes públicos realmente
aseguren esa afectividad desde los propios procedimientos de
separación, de tal manera que simbólicamente podríamos llegar a la
siguiente conclusión: cuando se dicte una sentencia, el niño tendrá
que tener ese derecho de visitas en favor de los abuelos. Sólo
quedará para la judicialización el que se cumpla o no esa obligación,
pero lo que vamos a evitar es judicializar el tener derecho o no a
esa relación de afectividad.Por tanto, la legislación española que
venga después de la aprobación de ese proyecto de ley estará a la
cabeza del ordenamiento jurídico europeo. Cabría decir que, llegado
el momento, nuestros abuelos serían los más felices de Europa y
nuestros niños los más felices de Europa, porque iban a ser los mejor
preparados y los educados de forma más íntegra.
En otro orden de cosas, y para terminar, quiero llamar la atención de
la Cámara sobre los acuerdos del Consejo Europeo de Tampere,
celebrado el 15 y el 16 de octubre de 1996. En su apartado sexto,
número 34, establecen: En materia civil, el Consejo Europeo pide a la
Comisión que formule una propuesta para reducir aún más las medidas
intermedias que siguen exigiéndose. Y dice que el primer paso ha de
consistir en determinadas sentencias en el ámbito de los litigios
familiares. Por ejemplo, las demandas de pensión alimenticia y el
derecho de visitas. De este modo, dichas resoluciones se reconocerían
automáticamente en toda la Unión y las nuestras también. Por ello,
señorías, somos conscientes de que la primera piedra la vamos a poner
esta tarde cuando esta iniciativa parlamentaria del Grupo Popular
reciba ese apoyo que espero sea unánime de toda la Cámara; va a ser
la primera piedra que nos va a permitir colocarnos a la cabeza de la
educación de nuestro futuro y a la cabeza en cuanto a la satisfacción
y la felicidad de nuestros abuelos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mora.
El señor Núñez tiene una enmienda que va a defender en nombre del
Grupo de Izquierda Unida. Adelante, señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASAL: Señor presidente, señorías, ante las palabras
de la diputada que ha defendido la proposición no de ley, dado que es
la primera ocasión que tiene oportunidad de expresarse, quiero que
entienda como una manifestación de cortesía las críticas que voy a
realizar a su proposición no de ley, y que si en algún momento hay
dureza en mi expresión lo acepte como ex abundantia cordis y en
ningún momento como ánimo excesivo de crítica.
Debemos manifestar que no nos ha gustado que no se haya dirigido
previamente a nosotros para discutir sobre la enmienda que hemos
formulado. Esta proposición no de ley nos ha causado una cierta
perplejidad. A la sorpresa de su redacción sigue un cierto
desconcierto debido al contenido de esa proposición y, al mismo
tiempo, al momento que se ha escogido para presentarla ante este
Pleno. ¿Quién podría decir que no está de acuerdo con que los abuelos
puedan tener libertad de comunicación con sus nietos? ¿Quién no tiene
un sentimiento realmente profundo al comprobar cómo sus nietos son
protegidos y son acompañados por el cariño enorme que siempre los
abuelos tienen por ellos? Pero ese no es el problema. El problema no
es particularizar un necesidad clarísima que existe en estos momentos
respecto al Código Civil. La Ley del Divorcio del año 1981 fue
realizada en un momento de transición, en un momento en que la
jerarquía de valores que existía en la sociedad se estaba
modificando, porque felizmente había terminado una lamentable época
política y se estaban alcanzando unos nuevos niveles de modernidad
y de ajuste a los valores defendidos en nuestro entorno. Pero
precisamente por haberse realizado en un momento de transición, hay
toda una serie de defectos en esa ley que es necesario corregir. Lo
más urgente es la modificación de la regulación de las causas de
separación y de divorcio, la necesidad de romper con cualquier tipo
de protección inadecuada del vínculo matrimonial. Si conseguimos que
la única protección del vínculo matrimonial sea la afectividad de los
cónyuges, el amor renovado cada día que da sentido a la unión de dos
personas, si así lo hacemos, entonces los efectos personales que se
derivan de la ruptura del vínculo serán mucho menos perjudiciales
para los hijos que si, acogiéndonos a valores completamente
superados, seguimos manteniendo que es necesario regular un divorcio
sanción o bien un divorcio de carácter objetivo que no respeta la
plena libertad de manifestación de voluntad de los cónyuges. Lo hizo
el Reino Unido, lo hizo posteriormente Francia, lo hizo también
Alemania, abandonaron aquella pesadilla que era el divorcio sanción,
por el cual alguno de los cónyuges tenía que cometer una infracción
y, por tanto, se buscaba un culpable; ese divorcio sanción que llegó
a reflejarse incluso en la literatura y en el cine con multitud de
ejemplos jocosos respecto a su desenlace. Pues bien, nosotros
aceptaríamos esta proposición no de ley si, al mismo tiempo, el Grupo
Popular aceptara la necesidad de modificar la regulación de las
causas de separación y de divorcio. Cuando se ha roto la afectividad,
cuando ya no existe el amor, no tiene ningún sentido que dos personas
permanezcan unidas. La aceptaríamos si el Grupo Popular estuviera de
acuerdo en que el peor y más pernicioso efecto para los hijos es
contemplar la pelea cotidiana de los padres y, por tanto, el remedio de
la disolución del vínculo debe llegar de inmediato. Porque si el
vínculo no está anclado en la afectividad, si el vínculo no está,
como hemos dicho, fortalecido por esa renovación del sentimiento, es
una paradoja absurda que conduce única y exclusivamente al
sufrimiento.
No existe norma jurídica en el mundo que por sí sola pueda producir
el afecto y el amor. Es algo que sólo se puede regular a través de la
manifestación libre de la voluntad de los seres humanos. Es más, en
nuestra enmienda queremos ampliar el ámbito de afectividad que se
manifiesta en la proposición no de ley. ¿Por qué? Porque es evidente
que los abuelos tienen una relación directa con sus nietos, pero en
la realidad hay múltiples supuestos que van más allá de todos los que
pueda recoger la norma, en los que se crean relaciones de afectividad
tan potentes, tan fuertes y tan importantes como puedan ser las de
los abuelos con los nietos. Hay multitud de ejemplos de tías que se
han dedicado a criar a los hijos de su hermana con un cariño
tremendo, que han buscado, que han creado y que han conseguido una
relación con sus sobrinos que también tendría que estar contemplada.
Y hay otro tipo de familiares que entran dentro de ese círculo de
afectividad. Por tanto, es la discrecionalidad del juez -que, al
parecer, no le gusta a la proponente, tampoco me gusta a mí-,
sometida a las correspondientes revisiones, la que puede encontrar de
forma más correcta y más ajustada cuál es el punto de referencia
entre parientes, e incluso entre no parientes, cuando se ha creado
una corriente de afectividad que hay que proteger para el correcto
desarrollo del menor de edad.
Yo no voy a plantear aquí disquisiciones ideológicas. Yo respeto
profundamente las creencias de todo el mundo, incluso las de aquellos
que creen que hay un factor más allá de lo terreno que protege el
vínculo matrimonial. Yo no participo de esa idea, como es lógico,
dada mi ideología, pero respeto la de aquellos que así lo plantean,
por lo que, sin entrar en cuestiones metajurídicas, en cuestiones de
creencias, sino única y exclusivamente en la corrección de la
elaboración de la norma, en la corrección de una reforma amplia y
suficiente de ese título del Código Civil, nosotros estaríamos
dispuestos a votar a favor. Ahora bien, si en vez de aceptar esta
enmienda lo que se plantea es dejar el Código Civil como está,
mantener aquello que fue fruto de una transición necesaria pero que
ha sido superada por la realidad, mantener esto que en la realidad ya
ha pasado a la historia aunque no esté reflejado en la norma, si eso
es lo que se plantea y se pretende añadir, a eso que ya está
superado, simplemente una referencia a la relación abuelos/nietos,
entonces, lamentablemente, tendríamos que decir con fuerza que no
estamos de acuerdo con eso; que el Partido Popular, si mantiene ese
criterio, no está a la altura de las circunstancias, porque estaría
defendiendo una ley producto de una ideología conservadora que no se
atiene muycorrectamente a las nuevas orientaciones que pregona
el Partido Popular cuando se reclama de un centrismo político.
Por tanto, si la proponente mantenía su esperanza en que esta Cámara
dijera que sí a esta proposición no de ley, nosotros ahora formulamos
también la esperanza de que exista sensibilidad en ese grupo para
reconocer que la voluntad de los cónyuges, la simple voluntad de los
cónyuges, incluida la voluntad de uno solo de los cónyuges, sirve
para disolver un vínculo. Porque si fueron libres para decir:
queremos vivir juntos y queremos emprender una vida en común y
queremos amasar y unir ilusiones y proyectos, igual de libres tienen
que ser para decir: no queremos que se mantenga el vínculo. Y cuando
uno solo de los dos diga que no, ese vínculo debe desaparecer.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez. ¿Grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.)
En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
No sé cuántos tendremos la condición de abuelo en este momento en la
Cámara, pero es muy honroso. No será mi grupo el que se vaya a
oponer. Es una iniciativa que partiendo desde el amparo del artículo
39 de la Constitución española trae el componente del
sentimentalismo, por tanto componente humano. Nuestros valores
constitucionales protegen a la familia. Se puede decir que toda
familia, en el concepto biológico en que se está desenvolviendo
actualmente por el aumento de la longevidad, tiene las tres
generaciones, los abuelos, los padres y los hijos. Por tanto, cuando
se han planteado problemas de conflicto a nivel de pareja, a nivel
matrimonial, la vuelta a una relación entre la primera y la tercera
generación también forma parte del concepto unitario de familia. Creo
que es lo que ha intentado exponernos aquí, con acertada palabra, la
señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Ha invocado al
principio una cortesía parlamentaria y yo le correspondo con la
bienvenida y con hacer el mejor ofrecimiento a su cortesía, el voto
positivo de mi grupo a esta humana, constitucional y entrañable
iniciativa, porque creo que nos hace falta una recuperación de los
valores de la familia, que no solamente están en nuestra Constitución
sino en el ideario de quienes la defendemos.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra la señora
Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para expresar la adhesión de nuestro grupo a la
proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, a fin de
instar al Gobierno a que elabore un proyecto de ley de reforma del
Código Civil que regule la posibilidad de que los abuelos puedan
continuar su comunicación y relación de afectividad con sus nietos en
los casos de ruptura matrimonial de los padres. En estos casos,
señorías, los menores son víctimas de una situación no buscada que
los hace especialmente vulnerables y, en estas situaciones, los
poderes públicos deben velar especialmente a fin de asegurar la
protección de la familia, en especial de los hijos menores, tal como
establece el artículo 39 de la Constitución española.
Las relaciones paterno-filiales están establecidas en el artículo 92
del Código Civil, pero la relación de los menores con los abuelos lo
está en el artículo 160 haciendo referencia a allegados y familiares
en general, como ya ha dicho la portavoz del Grupo Popular. Nos
parece, señorías, que la relación de afectividad entre abuelos y
nietos es más profunda y presenta para los menores una estabilidad
afectiva necesaria e importante, sobre todo en casos de separación,
muerte o falta de alguno de los progenitores. Una sentencia reciente
del Tribunal Supremo avala la petición de la presente proposición no
de ley. El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de unos abuelos
para que puedan visitar y quedarse cierto tiempo con su nieto, pese a
la negativa del padre. Esta relación es considerada como factor
fundamental para el desarrollo de la personalidad del menor. El
Supremo argumenta que la personalidad también se forja entre las
contradicciones que emanan a veces de los planteamientos y opiniones
de los parientes más cercanos, siempre que revistan un carácter de
normalidad y no respondan a patologías o ejemplos corruptores. En
referencia a esta última consideración del Supremo, nos parece
oportuna la recomendación de la proposición no de ley de recabar el
dictamen de los especialistas al efecto de que a los abuelos se les
reconozca el derecho a relacionarse con sus nietos.
Por todas estas consideraciones y relaciones expuestas, nuestro grupo
votará a favor de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Solsona.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Carmen del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Gracias, señor presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Socialista sobre esta proposición
no de ley que, a decir verdad, nos resulta un tanto extraña; extraña
por el momento de su presentación y extraña por la generosidad de los
plazos que se autootorga. Que el grupo que sustenta al Gobierno, en
el penúltimo Pleno de la legislatura, a dos semanas prácticamente de
la disolución de las Cortes, inste a ese mismo Gobierno a que se tome
seis meses -nada menos que seis meses- para proponer una
modificación tan parca del Código Civil resulta un poco extraño. Yo
creo que la voluntad de que la propuesta tuviera eficacia se hubiera
revelado con mucha más claridad si el Grupo Popular hubiera enviado
hace unos meses -no tenían por qué haber sido muchos- una proposición
de ley a esta Cámara o si, simplemente, llegadas estas fechas,
hubiera incluido la medida en su programa electoral. Hubiera sido
algo más eficaz y, además, hubiera evitado que alguien pueda pensar
que este tema viene hoy al penúltimo Pleno de la legislatura
precisamente para evitar la inclusión en el orden del día de asuntos
más conflictivos. Sin embargo, señorías, cada grupo es dueño de sus
ritmos y de su tiempo y, por tanto, como el asunto de fondo en sí es
importante, el Grupo Socialista no va a renunciar a fijar su posición
sobre él, aunque sólo sea con el valor de una declaración de futuras
intenciones, de intenciones posteriores a la celebración de las
nuevas elecciones generales.
En términos estrictos, según la propuesta que ha hecho el Grupo
Parlamentario Popular, se trata aquí de determinar hasta qué punto la
facultad de los padres de velar por los hijos y tenerlos en su
compañía es compatible con la prohibición que establece el artículo
160 del Código Civil de no impedir la relación de esos hijos con
otros parientes o allegados, y muy especialmente con los abuelos, no
sólo por la felicidad mutua que esa relación puede proporcionar a las
partes, sino por la importancia que la relación entre estas dos
generaciones puede tener para el desarrollo y para la integración
familiar y social del niño. Esta es concretamente la cuestión que
plantea el Grupo Popular. A nosotros nos gustaría plantearla de una
forma algo más amplia. Nos gustaría plantear si es adecuada o no la
regulación de todos y cada uno de los aspectos, de los contenidos y
de las facultades de la patria potestad para proteger el interés
superior del menor, ese interés que tanto los particulares como los
poderes públicos están obligados a proteger. La verdad, señorías, es
que en el punto concreto que plantea la proposición del Grupo Popular
nos parece que existe algún problema, pero no susceptible de provocar
ninguna alarma generalizada, ya que el Tribunal Supremo viene
señalando (y lo ha hecho hace muy pocos días por última vez) que el
artículo 160 del Código Civil debe interpretarse en el sentido de
favorecer de una manera especial las relaciones del niño con sus
abuelos, precisamente por el valor formativo y por el carácter de
instrumento esencial para la forja de la personalidad que estas
relaciones tienen. De todas formas, señor presidente, no nos oponemos
en absoluto a que el próximo Gobierno estudie la posibilidad de dar
al texto legal una redacción aún más clara en este punto y que
facilite en mayor medida estos contactos. Pero no nos parece que ésta
debe ser una medida aislada. Nos parece que debe ser una faceta más
de esa tarea importante y que debemos proseguir de adaptar las
relaciones paterno-filiales, con todo su contenido, al interés
superior del menor, de hacer que el contenido y las facultades de eso
que todavía llamamos patria potestad favorezca cada vez más el
interés superior del
niño. Precisamente por ello y con la conciencia de que nuestro voto
de hoy tiene un valor puramente testimonial, pese a las limitaciones
y pese a lo extemporáneo de la presentación de esta proposición no de
ley, la apoyaremos. Y con ese mismo carácter testimonial, de
declaración de intenciones futuras y de trabajar en la mejora de la
regulación del derecho de familia, la apoyaremos tanto si el Grupo
Popular acepta hoy la enmienda de Izquierda Unida (que, por otra
parte, excede claramente del tema que hoy debatimos) como si la
mantiene en sus propios términos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Campo.
Tiene la palabra de nuevo la señora Mora para aceptar o rechazar la
enmienda que ha planteado el Grupo de Izquierda Unida.
La señora MORA DEVIS: Gracias, señor presidente.
Es una cuestión de extemporaneidad remitir al portavoz de Izquierda
Unida a la última jurisprudencia ya acrisolada; que el desamor sea de
una o de ambas partes es suficiente causa para dictarse sentencias de
separación. Consecuentemente, no podemos aceptar esa enmienda dada la
extemporaneidad y dado que, como ha dicho la portavoz del Grupo
Socialista, excede de lo que es propiamente la proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Con la intervención de la proponente rechazando la enmienda concluye
el debate de esta proposición no de ley del Grupo Popular.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LAS OPCIONES SOBRE
ACCIONES. (Número de expediente 162/000435.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que el Grupo
Socialista presenta en relación a las opciones sobre acciones.
Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Esta semana también vamos a hablar de las stock options y de la
postura del Grupo Parlamentario Socialista. Es verdad que el último
Pleno de la semana anterior a la semana de la Constitución, el 30 de
noviembre, el Grupo Parlamentario Socialista defendió una moción ante
el Pleno, que fue rechazada, instando al Gobierno a que adoptara una
serie de medidas necesarias, de carácter más bien genérico, para
asegurar la transparencia de estos sistemas retributivos que
provienen del mundo anglosajón, donde están ampliamente reguladas,
cosa que no está en España, para impedir la ejecución que en aquellos
casos como en Telefónica se han utilizado de una forma oscura y
discriminatoria y
que se les aplicara una fiscalidad coherente con lo que es: un pago
en especie por el trabajo realizado, porque tan sueldo es, desde
nuestro punto de vista, el dinero de la nómina como lo que se obtiene
por nuevos sistemas retributivos. Como decía, esta moción fue
rechazada, pero teníamos presentada esta proposición no de ley que
también hemos formulado como enmiendas parciales en el trámite
parlamentario del Senado, como conocerán sus señorías. Y la
presentamos no por obstinación ni por falta de sanidad mental, como
incluso alguno me ha llegado a decir en términos jocosos por los
pasillos: estáis obsesionados. No. No estamos obsesionados; es por
coherencia. Presentamos esta proposición no de ley por coherencia,
por honradez intelectual y porque no sólo somos nosotros los que
pensamos que estos episodios están yendo demasiado lejos sino que
coincidimos con gente tan dispersa y tan diversa como el profesor
Barea, el señor Duran i Lleida, grupos de esta Cámara, los
sindicatos, los obispos, la Conferencia Episcopal, mucha gente que
está preocupada por esta broma de mal gusto, excepto para los que les
ha tocado la Bono Loto options. Creemos que hay que introducir
sensatez y estos sistemas retributivos han de tener un marco
unitario, no parcelado, no andar legislando a salto de mata; un marco
unitario y homogéneo que debe ser regulado, desde nuestro punto de
vista, de una forma integral, porque afecta no sólo al mundo
empresarial sino a la propia sociedad, a la cultura misma de nuestro
entorno social.
No se trata sólo de importar modelos de otras sociedades, aunque es
verdad que este modelo de retribuciones proviene del mundo
anglosajón, sino que si se trasladan algunas cuestiones, como el
sistema retributivo de las stock options o las opciones sobre
acciones, creemos que hay que hacerlo con todas las consecuencias
y regulaciones. En Estados Unidos, los incentive stock options tienen
limitaciones en la filosofía, en las cantidades asignadas, en el
límite, en los plazos de ejecución; hay comités de remuneraciones
externos que velan por los intereses colectivos; el propio informe
Greenbury pone limitaciones a que la creación del valor de la acción
sea absolutamente eficaz para la fijación de fenómenos y mecanismos
retributivos ante los ejecutivos. Pero se deben tener en cuenta otros
valores y otros parámetros empresariales que en estos momentos no
vemos regulados ni registrados de ninguna manera. En España, el
código Olivencia en su recomendación decimoquinta dice que la
remuneración de los consejeros y asimilados, es decir, los
directivos, se ajuste a los criterios de moderación en relación con
los rendimientos de la sociedad y la información detallada e
individualizada. Nos hemos hecho la pregunta de si tal y como se está
regulando se está cumpliendo esto. ¿Con las decisiones del Partido
Popular y del Gobierno ya no hay motivos para mantener la proposición
no de ley? Creemos que las hay. Hemos analizado las enmiendas que se
han introducido de nuevo en el Senado y vemos que la fiscalidad sigue
siendo favorable a este sistema retributivo, aunque menos favorable
que lo que
había antes, todo hay que decirlo, pero insuficiente desde nuestro
punto de vista. Con las enmiendas que se han presentado no se
introducen cautelas ni cortapisas a que determinadas empresas puedan
seguir utilizando estos sistemas retributivos. Con el acuerdo a
posteriori, en la disposición adicional nueva y regulada de una forma
distinta a como se introdujo en el Senado, creemos que se pretende
legalizar de nuevo aquellas stock options o sistemas retributivos de
opciones sobre acciones con anterioridad al primero de enero del año
2000, siempre y cuando la junta general de accionistas decida
previamente. Pero creemos que no se regula en las debidas
condiciones. Lo peor es que las enmiendas del Grupo Popular siguen
ancladas en un cierto grado de ocultismo. En el caso de los
directivos no queda claro si la información que tiene que ser
suministrada al mercado y a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores debe ser agregada o individualizada, porque es absolutamente
incoherente -a no ser que alguien me diga lo contrario- si es lo
mismo la individualización o la agregación, y se ha optado por la
agregación, por el monto global del conjunto de las asignaciones a
cada uno de los directivos. Uno se pregunta por qué no se va más
lejos. ¿Se trata de ocultar algo? ¿Se trata de ocultar a alguien?
¿Pueden algunos de los que están incluidos en los sistemas de
opciones sobre acciones no ser directivos de la sociedad? ¿Pueden
algunas personas haberse colado de rondón? Si hay tanta seguridad en
que las cosas se hacen bien, acéptese el planteamiento global de que
las informaciones tienen que ser individualizadas y no agregadas.
Mantenemos esta proposición no de ley por todas estas razones y
también por algunas más. Desde el 30 de noviembre, en que se discutió
la moción, este fenómeno, esta circunstancia no es que haya ido en
retroceso sino que ha habido más informaciones y elementos de
complejidad y, en cierto modo, de preocupación. Además del plan Rise
que afectaba a los cien principales directivos de la compañía, que a
cotizaciones de fecha de hoy supondría unos beneficios -la aplicación
de la ejecución de las stock options- de aproximadamente 60.000
millones de pesetas, nos enteramos de que el 26 de mayo de este año,
como consecuencia de una decisión de la compañía, si el valor de la
acción superaba una determinada cantidad entraba en vigor el plan
TOP, que afecta a 450 directivos, lo cual supondrá también a precios
de cotización unas plusvalías de aproximadamente 13.000 millones de
pesetas, 5.000 también en Telefónica Internacional y 8.500 millones
de pesetas en Amarillas. Esto nos lleva a plantear que hoy estamos
hablando de un problema o de unas circunstancias que suponen 87.000
millones de pesetas en una sociedad, sin contar Terra, que
curiosamente ha aplicado a uña de caballo un plan de reestructuración
personal del que nos hemos enterado por documentación que se filtra a
la prensa y que no ha sido desmentido, un plan de jubilaciones
anticipadas que va a costar a los españoles y a las arcas públicas
185.000 millones de pesetas en los próximos trece años.
Es decir, se está produciendo una asimetría increíble entre lo que
suponen costos de carácter social, costes del erario público y un
beneficio adicional de una compañía que a la vez que toma unas
decisiones toma también las otras. Una compañía que, por otra parte,
sigue blindada con una golden share que responde de una forma
bastante clara a todos los fenómenos y circunstancias de posibles
OPAs internacionales que podían entrar sobre la compañía. Nos
enteramos también ahora de que Iberia ha puesto en marcha un nuevo
plan de stock options por 12.600 millones, cuando va a salir a Bolsa.
Esperemos que no pase lo mismo que en Terra. Esperemos que cuando
salga a cotizar en Bolsa no pasen las barbaridades que han ocurrido
en Terra, en la que había un plan sobre opciones a un precio de 2,16
euros, cuando hoy la cotización de Terra está a 50 euros por título,
y en la que se ha producido una decisión unilateral de una compañía
que pertenece a un holding que tiene y sigue teniendo un monopolio y
unas apoyaturas desde el Gobierno para producir unas circunstancias
escandalosas. Todo esto es la condensación en una gota de la política
del Partido Popular en estos años. Es decir, si ponemos en
ebullición, si ponemos en un alambique lo que es privatización,
monopolios, nombramientos y fiscalidad, lógicamente salen decisiones
y consecuencias como las que estamos conociendo.
Señor presidente, en este panorama vamos a seguir manteniendo esta
proposición no de ley que insta al Gobierno a regular inmediatamente
y de forma global las opciones sobre acciones desde unos principios
básicos. En primer lugar, que este sistema retributivo no se puede
aplicar a empresas con régimen de monopolio o posición de dominio, o
cuando acaban de ser privatizadas o estén sujetas a tarifas o precios
decididos por el Gobierno central. Y no me sirven las decisiones y
los comentarios jocosos, el otro día, del señor ministro de Economía
cuando hablaba en la interpelación de las contratas de los
ayuntamientos de las basuras y demás. No. Estamos hablando de precios
y de servicios regulados no por un ayuntamiento sino por el Gobierno
de la nación.
En segundo lugar, queremos regular globalmente estos planes de
opciones de tal forma que quede muy claro que la legislación y la
regulación que ha de hacer el Gobierno tengan que ser aprobadas por
la junta general, con quórum reforzado donde no puedan votar los
interesados. Porque si los interesados pueden ir a la junta general y
pueden actuar conforme a sus propios intereses, resulta que verde y
con asas saldrá lo que ellos quieran. Por eso creemos que esta
regulación debe tener unos compromisos de toma de decisiones.
En tercer lugar, abogamos por que se regule con publicidad detallada
e individualizada el plan de los beneficiarios con difusión y
aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En cuarto lugar, creemos que no deben tener una posibilidad de
asistencia financiera todos los planes de opciones sobre acciones que
garanticen las operaciones
a la sociedad. Blindarse por partida doble, por un lado en la
toma de decisiones y, por otro, en una política de aseguramiento en
función de un determinado valor, es jugar con las cartas marcadas y
es jugar con todos lo números de la Bono Loto.
En quinto lugar, creemos que en la regulación se debe establecer que
las acciones adquiridas en este plan de opciones sobre acciones deben
ser nominativas.
En sexto lugar, creemos que en la regulación el Gobierno debe
determinar la nulidad de aquellas opciones otorgadas con
incumplimiento expreso de las normas legales o estatutarias. Esta
regulación de carácter integral que proponemos debe contemplar
también la derogación de la facultad dada en la reforma de la Ley de
Sociedades Anónimas, cuando se tramitó la Ley del Mercado de Valores
y que nosotros no apoyamos, a los administradores en la política de
exclusión de derechos de suscripción de determinadas acciones, para
que no pasen los espectáculos que hemos conocido con la colocación de
la compañía Terra en el mercado de acciones.
Queremos también que los rendimientos obtenidos se integren sin
reducción en la parte general del IRPF y que se elimine esa
interpretación tan negativa que su enmienda ha producido en otros
rendimientos irregulares de rentas de trabajo.
Por último, pedimos al Gobierno en la proposición no de ley que actúe
y adopte las medidas necesarias para que no puedan ejecutarse los
planes sobre opciones que el señor Villalonga y sus amigos se han
otorgado por no estar previsto por los accionistas, porque la
evolución tiene que ver más con otras políticas que no dependen de la
propia compañía y sí de la coyuntura y de la política monopolista.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Hoy tampoco las aprobarán, pero como esta
historia no acaba ni va a acabar, pese a quien pese, y habrá
información, habrá nuevos casos, habrá nuevas compañías y habrá
nuestras circunstancias, en la campaña electoral nos veremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Hay una enmienda del Grupo de Izquierda Unida que va a ser defendida
por el señor Ríos Martínez, que tiene la palabra.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, el señor Martínez
Sanjuán empezaba hablando eufemísticamente de Bono stock options. No
es posible denominarlas así porque en la Bono Loto todo el mundo
puede jugar y depende de que te caiga la suerte o no, y en este caso
no todo el mundo puede jugar, son unos 100 privilegiados y, además,
se han repartido 40.000 millones de pesetas. Por tanto, se podía
llamar El Gordo stock preparado,para ver si explota o no explota.
¿Qué es lo que se ha hecho en la ley de acompañamiento? Ley que no
tiene por qué hacer todas las regulaciones legales ya que no es un
saco para meterlo todo. Pues fundamentalmente se han hecho dos cosas:
dar transparencia, a través de una enmienda, a las condiciones para
ser aprobadas por la junta de accionista y que tributen por el
marginal máximo, eso sí, manteniendo la filosofía del Gobierno de que
sean un rendimiento irregular, que es el corazón de la propia
discusión. Pero fíjense qué ironías estamos discutiendo hoy. Si
ustedes oyen hablar a los dirigentes del Banco de España oirán algo
así como que hay que pedir una congelación salarial, una moderación
salarial. Y si para todos los españoles hay que pedir moderación
salarial, ¿por qué los que dirigen determinadas empresas se pueden
llevar en un día, en un tris tras, 8.000 ó 6.000 millones? ¿Por qué
es posible eso? ¿Hasta cuando está dispuesta esta sociedad a aguantar
diferencias salariales? Eso lo dice un radical como yo. Pero también
dice -y me dirijo a los bandos que apoyan al Gobierno- el portavoz de
la Conferencia Episcopal: Es inmoral el lucro mediante las stock
options. Debe endurecerse la fiscalidad. No es fruto del trabajo ni
del esfuerzo, que debería ser la fuente normal de los ingresos;
aquello de que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pues bien,
esta gente no se lo gana con el sudor de la frente, ni siquiera con
el sudor del dedo, porque con qué facilidad se han puesto las
acciones para poderlas cobrar. Por tanto, tendríamos que establecer
de qué manera se puede regular esto.
La proposición del Grupo Parlamentario Socialista dice: Resulta
evidente que los planes de opciones sobre acciones, si no son
correctamente diseñados, pueden determinar una conducta indebida.
Algo así como que si estuviesen bien hechos, sí. Pero el rechazo
social no se provoca por unos bien organizados y por otros mal
organizados. No. Se provoca por lo alarmante que es. En el juego del
mercado de valores todos sabemos que hay dos fórmulas para subir el
valor de las acciones: una, no repartimos dividendo habiendo habido
ganancias, y dos, vamos a reducir las plantillas. Con esas
discusiones suben las acciones de cualquier empresa. Por tanto, está
amañado el mercado de valores. Esto que se oye de que sube la Bolsa,
ni siquiera mide el valor real patrimonial de una empresa, depende de
la especulación que haya en el funcionamiento de esa actividad. Por
eso a nosotros nos parece bien, al margen de la regulación legal que
tengamos, que se inste al Gobierno para que se pueda regular esta
fórmula de percepción. ¿Qué propone el Grupo Parlamentario
Socialista? Lo hace para mañana, no con efectos retroactivos.
Primero, prohíbe establecer esta fórmula cuando se presten servicios
en régimen de monopolio -nosotros decimos y de oligopolio-; si no han
transcurrido más de 10 años desde su privatización; si se cobran
tarifas o precios establecidos o regulados por el Gobierno del
Estado, no por el ayuntamiento de mi pueblo. Nosotros presentamos una
enmienda de adición que dice: Todas aquellas empresas que en los diez
años anteriores hayan
sido sujeto de medidas de saneamiento con fondos públicos. ¿A qué nos
referimos? Voy a poner dos ejemplos: Banesto ha sido saneada con
fondos públicos y el Banco Hispano Americano también. Ha sido una
fórmula para unas empresas que estaban en una situación complicada,
que recibieron un volumen altísimo de miles de millones de pesetas
del erario público y, además, tuvieron regulaciones de empleo por
medio de la propia decisión. Pues bien, nuestra enmienda propone que
esa empresas también sean tenidas en cuenta.
El segundo objetivo de nuestra propuesta sería evitar esa teoría que
en este país tenemos tan generalizada, y es que hecha la norma, hecha
la ley hecha la puerta falsa, buscamos la puerta de atrás. Por eso
nosotros proponemos con esta modificación que sean tenidas en cuenta
estas limitaciones que aquí se ponen, tanto si son opciones de
compra, como si son bonos de acciones, como si son fórmulas que están
ligadas al valor de las acciones de una empresa. ¿Por qué? Porque los
directivos de una empresa pueden decidir determinadas medidas al
margen del interés general de la propia sociedad, buscando una
retribución, una fórmula compensatoria para ellos mismos más que la
propia realidad de la empresa, cuando además en el caso que tenemos
delante, como los que se han citado aquí, no ha sido el riesgo del
azar, del valor, del trabajo o del buen hacer de la gestión de la
empresa el que ha llevado adelante todo ese beneficio.
La enmienda número 4 de nuestro grupo pretende precisar en el punto
10 cuando habla de la regulación fiscal. Ya hemos dicho que a
nosotros no nos gusta cuando son empresas que están recién
privatizadas, cuando han tenido directivos nombrados por los
gobiernos, llámese Telefónica en el caso concreto de Telefónica, en
su día Argentaria, en su día Repsol, en su día Indra, pues todas
ellas han podido tener esta fórmula de financiación o de pago.
Nosotros decimos que hay que definir la fiscalidad.
Dice el Grupo Socialista en el punto 10 de su propuesta que se van a
integrar sin ninguna reducción a la parte general de la base
imposible del impuesto. ¿Qué pretende nuestra enmienda? Definir qué
tipo de rendimiento es, y nosotros nos inclinamos más por la
definición que decía el señor Martínez Sanjuan de definirlo como un
rendimiento regular del trabajo, y no un rendimiento irregular. Por
eso queremos especificarlo aquí, porque no es lo mismo una regulación
que otra.
Nuestro objetivo es apostar por una de las tres fórmulas. La CEOE
dice que sean plusvalías; nosotros no estamos de acuerdo con eso. El
Gobierno proponía que sea como está regulado para todas las demás
dentro de rendimiento irregular y limitar los beneficios fiscales del
30 por ciento que tienen todos estos rendimientos irregulares, como
puede ser una indemnización de despido u otras regulaciones. Por eso
nosotros presentamos esta enmienda que en realidad es tener el
concepto de rendimiento regular del trabajo; es una enmienda que ya
hicimos la pasada semana a la moción que se
defendió en esta Cámara, y que fue aceptada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Por último, la enmienda que nosotros presentamos de adición de un
nuevo inciso en el punto 10 viene a corregir algo que denunciaba la
CEOE. Decía la CEOE que si la fiscalidad que se había buscado para
las opciones de acciones era la de rendimiento irregular y tenían una
reducción del 30 por ciento hasta 2,5 millones, podía haber un
tratamiento favorable para el rendimiento del capital mobiliario
frente a los rendimientos del trabajo. Para evitar eso pedimos al
Gobierno que se adopte la medida de que en el tratamiento fiscal no
quede peor tratado el rendimiento del trabajo que el rendimiento de
capital en cualquiera de las fórmulas que puedan tener. Ése es el
objetivo de nuestra última enmienda.
Este sistema ha provocado alarma social por la fórmula con que se ha
explotado y por el parcheo al hacer frente para taponar todas las
tranpas; siempre vamos detrás a la hora de regular nunca delante,
nunca tenemos la información suficiente para poder adoptar la medida
e impedir que hecha la ley hecha la trampa. Como yo creo que eso va a
ser así, a mi me parecería que lo mejor que podíamos hacer, además de
ver si son galgos o podencos, es buscar la regulación mejor y
específica dentro de una normativa como sociedad y también dentro de
las figuras impositivas.
En suma, si al final nosotros rechazamos la mayor, que no debe
producirse ese beneficio ilícito, si además de ello se produce un
tratamiento fiscal favorable, esto ya sería como para decír: ¿por qué
yo, que tengo nómina y la cobro religiosamente sí pago, y los que
tienen beneficios vendiendo acciones no pagan? Cada millón ganado por
un español debe tributar de la misma manera, para evitar que sea
mejor vivir de la ociosidad que trabajando, con lo cual se truca
aquello de te ganarás el pan con el sudor de tu frente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos. ¿Qué grupos desean
fijar su posición? (Pausa.)
El señor Vázquez, por el Grupo Mixto.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Como ya se hizo constar a lo largo del debate, no es la primera vez
que este tema se discute en la Cámara, y nosotros ya tuvimos ocasión
de manifestar nuestra opinión sobre estas famosas opciones sobre
acciones. En todo caso, el Bloque Nacionalista Galego quiere reiterar
hoy su consideración de que las opciones sobre acciones son un
instrumento financiero que puede constituir una herramienta potente
para la reducción del riesgo empresarial y también puede ser un
elemento retributivo válido para la fidelización de los directivos
y otros empleados de empresas que cotizan en los mercados de valores.
Una vez más, queremos poner de manifiesto que como cualquier otro
instrumento este sistema retributivo puede ser utilizado de manera
inadecuada y encubrir situaciones de pura especulación
financiera por parte de un grupo de directivos que controlan las
actividades de una sociedad. Creemos que es el caso de los planes de
incentivos mediante acciones o de opciones sobre acciones en
determinadas empresas públicas recientemente privatizadas y que están
estos días en el candelero.
Los mercados financieros deben funcionar como mecanismos de
canalización de la inversión, realizando de esta manera su función
originaria de intermediación y contribuyendo a una más eficiente
asignación de los recursos en la economía y no como puras plazas
especulativas. También compartimos la opinión de que es necesaria una
regulación específica sobre la fiscalidad de las opciones sobre
acciones, y en particular de las retribuciones de los directivos de
sociedades mediante este método, así como un endurecimiento al trato
fiscal de los enriquecimientos espontáneos, resultado de operaciones
especulativas. Como ya dijimos en su momento y reiteramos ahora, esta
regulación no puede pasar por meter todas estas rentas irregulares en
el mismo saco, porque no todas estas rentas irregulares proceden de
la ejecución de opciones sobre acciones, ni mucho menos todas las
rentas irregulares son fruto de operaciones especulativas.
No quisiéramos dejar de referirnos a que el verdadero problema que
subyace en toda esta polémica, no estriba sólo en la oportunidad o
inoportunidad de esta forma de incentivar a los directivos de las
sociedades; el escándalo que estamos viviendo con el afloramiento de
planes multimillonarios de opciones sobre acciones deriva del hecho
de que se otorgaran en empresas recientemente privatizadas, que se
beneficiaron de su condición de monopolio o de una posición
claramente dominante y de su vinculación con la administración
pública para acumular un valor que ahora, una vez privatizadas, se
reparte muchas veces entre los artífices de la propia privatización.
El problema no sólo está en las opciones sobre acciones, sino en el
proceso que permite que unos pocos directivos se estén apropiando
descaradamente de una riqueza acumulada cuando la empresa era
pública. Estamos ante una de las consecuencias del famoso proceso
privatizador de las empresas públicas.
A veces, y ya se hizo referencia de ello, para respondernos a cuál
será le próximo pelotazo financiero que se nos puede avecinar
conviene preguntarnos cuál va a ser la próxima empresa pública
privatizada, lo que nos daría alguna pista. Creemos que es necesario
regular este asunto si de verdad se quieren evitar nuevos escándalos.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, matizable
o no, va en este sentido y la vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
¿Algún otro grupo desea fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergencia i Unió), tiene la palabra el señor
Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Otro día
más, como comentaba el señor Martínez Sanjuán, y supongo que mañana
habrá preguntas y puede que hasta se aproveche alguna interpelación
para volver a incidir en este tema; pero hay que reconocer que cada
día es mejor. Reconozco que su proposición no de ley de hoy nos
parece bastante más sensata que las mociones de hace unas semanas, en
una de las cuales se proponía la apropiación de unos derechos
patrimoniales adquiridos por personas juridico- privadas y al margen
no ya del ordenamiento jurídico privado sino de la propia
Constitución. No obstante esto no quiere decir que esos beneficios no
puedan ser calificados de exorbitantes o desorbitados, de inmorales,
de excesivos y de muchas otras cosas. Precisamente ese avance hacia
una regulación más sensata, más seria y más alejada del problema
político o de la batalla política que a ustedes les puede interesar y
quizá también al Grupo Parlamentario Popular, es lo que nos lleva a
pensar que hace falta un poco más de tiempo y reflexión para sentar
las bases de una regulación correcta de este tipo de incentivos a los
directivos.
No compartimos la restricción que se efectúa en su proposición no de
ley donde se limita al tema de las opciones sobre acciones, cuando
aquí ha sido dicho y manifestado también por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, que hay otros sistemas de incentivos a los que se
podrían aplicar precisamente las mismas normas. Nada más lejos de la
intención de mi grupo y precisamente lo critica, que se entienda como
creación de valor por determinados directivos lo que puede no ser
sino pura y simplemente consecuencia de una determinada situación en
el mercado o incluso precisamente un valor que le viene de una
situación de monopolio. También querría recordar una cosa a SS.SS.
Hace muy pocos días, una compañía de telecomunicaciones, Jazztel, ha
empezado a cotizar en el Nasdaq y el primer día han subido las
acciones un 280 por ciento. No es precisamente la compañía a que
ustedes se refieren sino una competidora de la misma, lo cual quiere
decir que en este mundo de las telecomunicaciones da la impresión de
que hay mucho futuro o todo el mundo se ha vuelto prácticamente loco,
incluido los directivos, pero también los que adquieren esas
acciones.
De la misma manera, discrepamos del planteamiento que se hace en su
moción de atribuir ese tratamiento jurídico en cualquier caso e
integrarlo en la base imponible sin reducción alguna. Mi grupo
entiende que habrá sistemas de incentivos a directivos que suponen la
atribución de opciones que se compran y luego admiten la adquisición
de acciones, y ahí posiblemente estemos en presencia de incrementos
de patrimonio. Gustará más o menos la tributación de las plusvalías,
pero estoy seguro que nos encontraremos en presencia de incrementos
de patrimonio, en otros casos estaremos en presencia de rendimientos
irregulares, que podrán no merecer la reducción del 30 por ciento de
cara a la base imponible, y en otros casos pura y simplemente de
rendimientos del trabajo.
Por tanto, reitero que nos vamos aproximando a lo que podría ser una
regulación más correcta de este tipo de incentivos, teniendo en
cuenta los intereses de los accionistas, de los accionistas
minoritarios, los intereses de los acreedores, la verdadera
naturaleza jurídica de este tipo de prestación económica o
patrimonial de cara a un correcto tratamiento fiscal; pero
sinceramente y viendo cómo van variando las posiciones de los grupos,
creo que todavía no hemos llegado a poder sentarlas bases de una
regulación correcta hacia el futuro con carácter general de unas
medidas que -ha citado usted precisamente al presidente del comité de
gobierno de mi partido- desde luego no pueden calificarse sino de
absolutamente desorbitadas, rayanas por no decir traspasando la
inmoralidad, pero que precisamente para que no paguen justos por
pecadores requieren una regulación más reflexiva y serena. De ahí que
aun admitiendo que estamos bastante más de acuerdo en esta
proposición que en la moción de hace quince días, todavía nos
manifestemos por seguir pensando y votar en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva.
Señor Martínez-Pujalte, por el Grupo Popular.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, señor
portavoz del Grupo Socialista, agradezco el tono de la intervención y
con el mismo tono voy a intentar responderle.
Estamos un día más hablando de opciones sobre acciones, y a mi grupo
no le parece mal, porque es un debate que hay que tener, un debate
que nosotros iniciamos presentando unas enmiendas, un debate que hoy
se está celebrando también en el Senado donde estamos votando unas
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular para mejorar la regulación,
y por tanto es un debate que nos parece interesante. Bien es verdad
que se trata de un debate que ustedes plantean para tapar otro tipo
de debates que se están suscitando en la opinión pública y que hacen
referencia a otros verdaderos escándalos que están en los tribunales
y a veces les provocan grandes sufrimientos cuando ven personas de su
Gobierno que son acusados y condenados en los tribunales. Lógicamente
ustedes, con esta repetición de debate que hoy nos traen, están
intentando tapar sus propios escándalos. Creo incluso que el Grupo
Socialista, que esta tarde ha intervenido con un tono más suave,
desde el principio no ha querido buscar solución a este problema.
Hoy vuelvo a decir -lo manifesté la semana pasada en esta misma
tribuna- que a mi grupo no le gustan ciertas prácticas sobre
retribuciones que se han llevado a cabo en empresas privadas, y por
ello hemos adoptado medidas; hemos adoptado medidas en los planos
mercantil y fiscal que a alguien le pueden parecer excesivas pero que
a nosotros nos parecen coherentes, lógicas y llenas justicia
tributaria. Queremos, señor Martínez Sanjuán, que las retribuciones
de administradores y directivos
sean transparentes, sean decididas por los dueños de la empresa es
decir por la junta de accionistas, y además tengan mayor equidad
fiscal cuando las retribuciones sean altas. En definitiva queremos -y
así lo hemos plasmado en nuestras propuestas- transparencia,
protección al pequeño accionista y equidad fiscal.
Hay un debate sobre las retribuciones de directivos. Usted ha hecho
referencia al informe inglés, al informe Cadbury, hay un informe
pedido por el Gobierno español, por el Gobierno del Partido Popular,
que es el informe Olivencia, e incluso el presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores -creo que usted estaba en esa
Comisión- habló en esta Cámara sobre la necesidad de dar mayor
transparencia y protección al pequeño accionista; pero no podemos
votar la proposición no de ley que ustedes han presentado, señor
Martínez Sanjuán. Compartimos tres puntos de los que ustedes
mencionan: lo puntos uno.2, uno.3 y uno.6 nos parece que tienen una
filosofía correcta; se pide que en los estatutos de la sociedad se
establezca el sistema retributivo, que la junta general de
accionistas lo apruebe, que se informe a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, es decir que tenga gran transparencia, y además
que tenga proporcionalidad. A nosotros eso nos parece bien, y por eso
hemos presentado unas enmiendas en el Senado que van en esa
dirección; unas enmiendas que profundizan en la transparencia y en la
protección de todos los dueños de la empresa, sobre todo de los
pequeños accionistas, y además suponen mayor equidad fiscal. En su
proposición no de ley, señor Martínez Sanjuán, hay algunas
incoherencias que no nos permiten aprobarla. Le voy a señalar
algunas.
En primer lugar ustedes se refieren sólo a opciones sobre acciones.
Entonces, ¿cómo se entendería, señor Martínez Sanjuán, si se
establece un bonus referenciado al valor bursátil? ¿Eso ya no
entraría en la regulación? Según su proposición no de ley eso no
entraría en la regulación. ¿Qué se tendría que hacer, señor Martínez
Sanjuán, cuando unas retribuciones de otra índole son también
elevadísimas? ¿No habría que darles transparencia, no habría que
proteger al pequeño accionista, no habría que darles equidad fiscal?
Eso nos parecería una incoherencia, y consecuentemente en las
enmiendas del Senado hablamos de todo tipo de retribuciones
referenciadas al valor bursátil.
En segundo lugar, usted habla en su punto uno.5 de la asistencia
financiera; quieren prohibir la asistencia financiera. Señor Martínez
Sanjuán, ¿no le parece a usted lógico que una empresa pueda asegurar
determinada operación? ¿No le parece a usted lógico que una empresa
pueda asegurar el valor de cambio? Una determinada empresa que
establece un sistema retributivo referenciado al valor bursátil,
puede asegurar esa operación para que tenga un coste cierto para la
empresa. Para los directivos y administradores o trabajadores tendrá
un coste que va de cero a no se sabe cuánto porque depende del valor
de la acción, pero es lógico que la empresa pueda asegurar ese coste
para ellos porque eso es bueno para el mercado.
Hablan ustedes también en su punto uno.1 de prohibición, y quieren
prohibir sólo las stock options no otro sistema retributivo, para un
conjunto de empresas que son todas las que coticen en el Ibex,
prácticamente todas las que cotizan en el Ibex entran dentro de
alguno de los puntos que usted señala. Da la impresión en el punto
uno.1, señor Martínez Sanjuán, que ustedes se dedican más a prohibir
que a regular con justicia y equidad. Yo no sé si detrás de este
punto hay una cierta tendencia a la expropiación, como ya hicieron
con Rumasa, y no a dar un marco jurídico-fiscal que sea adecuado. Nos
parece que eso no es lógico. Además, creemos que cuando hablan de
fiscalidad no se lo han estudiado en profundidad. ¿Por qué quieren
sólo dar tratamiento diferenciado a las stock options? Habrá que dar
un tratamiento lleno de justicia tributaria a cualquier remuneración
variable, a cualquier remuneración irregular de administradores y
directivos. Nosotros pensamos que con la enmienda aprobada no se
perjudica a ningún trabajador; lo quiero decir bien claro, no se
perjudica a ningún trabajador.
El señor PRESIDENTE: Sintetice, señor MartínezPujalte, porque su
tiempo ya se va consumiendo.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Como decía, señor Martínez Sanjuán, no se pe3rjudica a nadie. Lo
único que se hace es dar una nueva regulación a un artículo del IRPF,
estableciendo que la remuneraciones irregulares, cuando excedan de
2,5 millones anuales tengan el tratamiento de renta regular y vayan
al tipo impositivo que le toque a ese contribuyente. Pero ¿no es
suficiente 2,5 millones por año? ¿No es suficiente para un señor que
está en una empresa 10 años y recibe una indemnización de 25
millones, y 50 millones si está 20 años? A ningún trabajador se le va
a perjudicar. Sólo los altos directivos cuando reciban remuneraciones
irregulares, sea en especie o en dinero (porque pueden ser en
acciones, que sería una remuneración en especie), tendrán que
tributar al tipo máximo, y eso nos parece razonable. Habla usted en
el punto uno.9 de prohibir -les gusta mucho la palabra prohibir en
vez de regular- que la junta general pueda delegar en el consejo el
canje de obligaciones por acciones. El canje de acciones por
obligaciones, señor Martínez Sanjuán, está predeterminado para quién
procede, y es para los propietarios de las obligaciones. No tiene
ningún sentido regularlo.
Me parece que el Grupo Socialista está en esta temporada más
pendiente del valor bursátil de una determinada acción que de hacer
propuestas positivas. Creo que cada semana miran la cotización
bursátil y si sube una determinada acción dicen: ya tenemos arreglado
el viernes, podemos dar otra rueda de prensa. Si baja la cotización
de esa determinada acción, tendrán que inventarse otro tema, pues se
les estropea la rueda de prensa.
Señor Martínez Sanjuán, mi grupo ha tomado medidas para dar
transparencia, para proteger al pequeño accionista y para dar equidad
fiscal. A partir de ahí, nosotros queremos que las remuneraciones
estén ligadas al trabajo, al esfuerzo, al mérito y al riesgo y
defendemos la economía productiva. Nosotros nos vamos a dedicar a
hacer propuestas positivas para seguir creando empleo, para seguir
protegiendo a las pequeñas y medianas empresas y para mejorar el
Estado del bienestar y hacer que el crecimiento llegue a todos, sobre
todo a los más débiles.
Muchas gracias. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor MartínezPujalte. (El señor
Martínez Sanjuán pide la palabra.) ¿Qué desea, señor Martínez
Sanjuán, aparte de aceptar o rechazar la enmienda del Grupo de
Izquierda Unida? (Pausa.) Nada más que eso, ¿verdad? Adelante.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente algo me dejará decir,
pero no voy a entrar en el fondo de la cuestión.
Efectivamente, como mi grupo parlamentario reconoce, cuando se hacen
propuestas para mejorar un texto que ha presentado el Grupo
Socialista y regular toda la cuestión de sistemas retributivos
vinculados a otras formas de la evolución de las acciones, no
solamente las stock options, no tiene ningún problema en aceptar la
enmienda número 3 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, lo
mismo que la enmienda número 1, de adición, y la enmienda número 4
también del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Cuando antes
decía, señor presidente, enmienda número 4 me refería a la número 5;
están duplicadas, hay dos enmiendas número 4.
El señor PRESIDENTE: Tómese su tiempo y aclárelo.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: La enmienda número 4, que es de
sustitución al apartado 10, propone exactamente lo mismo que el Grupo
Socialista, que este sistema retributivo, que estos beneficios se
incorporen como rendimientos del trabajo personal en la declaración
correspondiente. Nos parecen más positivas la redacción y la
interpretación presentadas por nosotros que la de sustitución que
propone en la enmienda número 4 el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida. Por tanto, señor presidente, nosotros aceptamos las enmiendas
1, 2, 3 y 5, pidiendo al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que
retire la número 4. No obstante, mi grupo tiene la sensación de que
el Grupo Parlamentario Popular utiliza lo de la manta pequeña para
regular esta cuestión: es una manta pequeña que si tapa la cabeza se
enfrían los pies y si se quieren calentar los pies se enfría la
cabeza. Me parece que todas las enmiendas que nos ha vendido el señor
Martínez-Pujalte y que se han incorporado en el Senado no regulan
bien ni sirven para corregir todos los desaguisados que se han
producido en este tema.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán. Tiempo
habrá de hablar de las enmiendas del Senado, pues no es hoy el
momento adecuado. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
No; sabe S.S. que no. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.) El
señor Ríos, sí.
Señor Ríos, para responder a la aceptación parcial de los puntos 1,
2, 3 y 5, y retirar en su caso el número 4.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros pretendíamos mejorar la regulación que se proponía. Vamos a
aceptar la transacción que se propone por parte del Grupo Socialista
de admitir cuatro de nuestras propuestas, y aunque la número 4 no ha
sido aceptada y la vamos a retirar, nuestro objetivo era entenderlo
como rendimiento regular del trabajo y no como rendimiento irregular.
En todo caso, más vale pájaro en mano que 300 volando.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a las dos
proposiciones no de ley debatidas. (Pausa.)
Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a las dos proposiciones no de ley que se han
presentado y debatido.
Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa al régimen de
visitas de los abuelos para con los nietos en los casos de ruptura
matrimonial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 294; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición
no de ley del Grupo Popular.
Proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a las opciones
sobre acciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 149; en contra, 161; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición
no de ley del Grupo Socialista.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA A DESARROLLAR POR
EL GOBIERNO
RESPECTO AL SERVICIO PÚBLICO DE CORREOS, ASÍ COMO SOBRE EL FUTURO DE
LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL CORREOS Y TELÉGRAFOS. (Número de
expediente 173/000174.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS
PARA SUPERAR LA SITUACIÓN DE DETERIORO EN LA QUE SE ENCUENTRA LA
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL CORREOS Y TELÉGRAFOS. (Número de
expediente 173/000175.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las mociones consecuencia
de las interpelaciones urgentes que se debatieron en el Pleno
anterior, comenzando por la del Grupo Socialista, sobre política a
desarrollar por el Gobierno respecto al servicio público de Correos,
así como sobre el futuro de la Entidad Pública Empresarial Correos y
Telégrafos.
Señorías, al igual que se hizo con las interpelaciones, las dos
mociones se van a debatir acumuladamente. En consecuencia, primero
intervendrá el señor Pérez Rubalcaba para la antedicha moción y luego
el Grupo de Izquierda Unida para defender su moción, en cierta medida
coincidente, en todo caso análoga, sobre medidas para superar la
situación de deterioro en la que se encuentra la Entidad Pública
Empresarial Correos y Telégrafos.
Tiene en primer lugar la palabra, como hemos dicho, el señor Pérez
Rubalcaba, en nombre del Grupo Socialista.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender la moción del Grupo
Socialista en relación con la política de Correos. (El señor
vicepresidente, FernándezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) La
moción consta de 12 puntos, la mayoría de los cuales introducen
medidas concretas para mejorar la calidad del servicio público de
Correos, que están suficientemente explicadas en la moción y que no
voy a detallar en esta intervención. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Pérez Rubalcaba.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Continúe, señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Me voy a referir, señor presidente, a los
puntos números 11 y 12 por los cuales se pide respectivamente el cese
del director general de Correos y la reprobación del ministro de
Fomento. Me dedicaré, por tanto, a explicar las razones por las
cuales traemos a esta Cámara estas dos solicitudes dentro de la
moción a que vengo haciendo referencia.
Que un ministro del Gobierno nombre para la Dirección General de
Correos a un socio suyo en negocios inmobiliarios no debería
sorprendernos; que ambos,
ministro y director general, compartan amistad y negocios con un
empresario inmobiliario tampoco es para poner el grito en el cielo.
Es cierto que el director general de Correos, señor Esteruelas, no
vendió las acciones de la empresa cuya propiedad compartía con un
promotor inmobiliario, el señor Santos Montoro, hasta septiembre de
1997, un año después de su nombramiento como director general. La
verdad es que un poco de relajamiento en esto del cumplimiento de la
Ley de Incompatibilidades no es tampoco para echar los pies por alto.
Después de todo, como decía un viejo sindicalista, la derecha ha
demostrado sobradamente en materia de incompatibilidades que
cumplimiento viene de cumplo y miento. (Risas.- Aplausos.) Por tanto,
por ahí tampoco traeríamos esta moción. Esta venta sucedía en
septiembre de 1997. Ocho meses después el señor Esteruelas firmaba un
contrato de alquiler con su ex socio y todavía amigo. A través de
dicho contrato, Correos alquilaba un edificio propiedad de la empresa
Monthisa, la empresa del constructor amigo al que me refiero,
edificio para la sede central de Correos. Hasta aquí los hechos.
Reconozcamos que contratar el alquiler de la sede del organismo que
uno preside con una empresa de su ex socio hasta hace muy pocos meses
no es una buena idea, pero tampoco por esto traeríamos este tema al
Pleno de la Cámara, haríamos un ejercicio de optimismo antropológico
y sencillamente pediríamos explicaciones en una Comisión. Si lo
traemos a este Pleno es por los hechos que relataré a continuación.
Esos sí son hechos que nos parecen graves.
Efectivamente, según el director general, a mediados de 1997
comienzan a buscar una nueva sede para el edificio central de
Correos. La idea era comprar un edificio de unos 16.000 metros
cuadrados. Por esas mismas fechas, la empresa Monthisa, la del ex
socio del señor director general de Correos, compra una parcela a la
sociedad municipal madrileña Campo de las Naciones, presidida
entonces por el señor Villoria. ¿Les suena el nombre? Tampoco iré por
ahí. Lo llamativo de esta venta no es quién la hace, lo llamativo de
esta venta es que entra directamente en el libro Guinness de los
récord: once días tardó la sociedad en vender la parcela a la empresa
del ex socio del director de Correos; la verdad es que no hay como
ponerse para que las cosas vayan deprisa, once días tan sólo. Segunda
-vamos a llamarla- casualidad.
Pero hay más, un mes antes de la venta, la parcela es
sorprendentemente recalificada, se duplicó su superficie edificable,
pasó de 8.000 a 16.000 metros cuadrados. ¿Les suena lo de los 16.000
metros cuadrados? Justo el volumen del edificio que estaba buscando
el director general de Correos para su nueva sede central. Otra
casualidad. Empiezan a ser demasiadas casualidades, ¿no les parece?
Lo peor es que la cosa no queda ahí. Lo peor es que la adjudicación
se hace sin concurso público, vulnerando las normas existentes en
Correos, que exigen concurrencia y publicidad; pues bien, ni
concurrencia ni
publicidad. Lo peor es que el director general no se inhibió en dicha
adjudicación, como era su obligación, dado que se trataba de
adjudicar el contrato de alquiler a la empresa de quien había sido su
socio hasta hace muy pocos meses. Lo peor es que el subdirector
general de compras y la directora del área de finanzas de Correos
habían desaconsejado el contrato por múltiples razones, entre otras,
porque las cláusulas de revalorización eran sencillamente
inaceptables al incorporar simultáneamente dos criterios de
actualización anual, el IPC y el precio del mercado, porque Correos
renunciaba sorprendentemente al derecho de tanteo y de retracto. Bien
es verdad que el director general pensaría: ¿es que alguien va a
pagar más que yo por este edificio? ¿Para qué quiero ese derecho? Lo
dejo a un lado. Lo peor es que el contrato de alquiler se hizo por
540 millones de pesetas al año y dado que el edificio le costó a
Monthisa 2.040 millones, según consta en el contrato de obra, la
amortización la va a realizar en cuatro años, lo cual no está nada
mal, otro récord; piensen ustedes que en este tipo de operaciones la
amortización suele tardar del orden de 20 ó 25 años. Lo peor es que
sólo se reclamó una rebaja del 15 por ciento sobre el precio de
alquiler ofrecido por la empresa Monthisa, algo que también denunció
el subdirector general de Correos. Lo peor es que un cálculo sencillo
de lo que le va a costar a Correos el edificio nos lleva a 8.000
millones de pesetas que, si lo comparan ustedes con los 2.000
millones que pagó Monthisa por la construcción del mismo, verán que
ofrece pingües beneficios para la empresa del amigo y ex socio del
director general de Correos. (Aplausos.) Lo peor es que hubo que
hacer un proyecto de reforma mientras se construía el edificio para
adecuarlo a las necesidades de la nueva sede central de Correos y
adivinen quién pagó el correspondiente proyecto de reforma.
Naturalmente, Correos. Lo peor, señor ministro -por cierto, le
agradezco su presencia aquí-, no es que el director general de
Correos contrate a dedo un edificio a un ex socio y amigo suyo, lo
peor es que lo hizo con grave perjuicio para Correos y, por tanto,
para el conjunto de los ciudadanos. Lo peor es que es una
adjudicación a dedo, plagada de irregularidades, contra los informes
de los directores generales correspondientes, lo peor es que es una
adjudicación para el amigo del director general. Eso es lo peor. Yo
afirmo aquí que es una adjudicación que se dio con trato de favor y
con perjuicios económicos para el conjunto de la Administración
pública. Eso, señor ministro, es lo peor.
Y ¿qué dijo el director general? ¿Dio aquí alguna explicación
convincente? No dio ninguna. Eso sí, nos mintió. Mintió en esta
Cámara, mintió en este Parlamento porque dijo que no se había
inhibido en el concurso porque el abogado del Estado así se lo había
aconsejado en un informe previo. Mintió. Se le olvidó decirnos que no
hay abogacía del Estado en Correos, que quien informó fue el director
de la asesoría jurídica, eso sí, abogado del Estado en excedencia,
contratado previamente por el propio director, otro amigo del
director. Por cierto, el informe es posterior a la adjudicación del
contrato. Nos mintió. (Aplausos.) Nos mintió, señor ministro, y la
pregunta es por qué mintió el director de Correos, qué trata de
esconder, por qué no dio una sola explicación convincente del
conjunto de irregularidades que acabo de describir.
Señor ministro, esta es la razón por la que le pedimos el cese del
director general, porque alguien así, que miente al Parlamento, que
hace chapuzas administrativas notables, que adjudica a dedo contratos
a sus amigos no puede seguir un día más al frente de un organismo
público como es Correos. Por esa razón, señor ministro, le pedimos su
cese. Señor ministro, usted ha cesado a algunos responsables del
Ministerio de Fomento por mucho menos. Le pedimos que cese a este
director general porque pruebas hay de que ha cometido notables
irregularidades, y me quedo aquí por no seguir más adelante.
Pero, hay algo más, en esta moción pedimos su reprobación. Sin duda
lo hacemos por este asunto de Correos, lo hacemos porque usted no ha
actuado diligentemente para corregirlo, como actúa en otros casos con
diligencia notable, lo hacemos, sobre todo, porque es el timbre de
gloria -nunca mejor dicho- de lo que ha sido una desastrosa gestión
suya al frente del Ministerio. Usted, señor ministro, pasará a la
historia como el ministro del: yo no he sido. ¿Qué creen los señores
parlamentarios que usted nos dijo a los socialistas cuando le
interpelamos sobre este asunto en la Comisión? Nos dijo que los
socialistas estábamos buscando desesperadamente un escándalo. Señor
ministro, los únicos que buscan desesperadamente algo en España son
los usuarios el aeropuerto de Barajas, los únicos (Aplausos.) Un día
buscan las maletas, otros días buscan los aviones, siempre buscan
información y nunca la encuentran y siempre buscan un responsable,
alguien que dé la cara y nunca lo encuentran, aunque es verdad que
usted les ofrece pistas, usted les da responsables siempre,
permanentemente.
Le voy a dar algunos datos. ¿Que una excavadora destroza el
suministro eléctrico de Barajas? Usted sale y dice que el responsable
es Borrell. ¿Que se pierden miles de maletas? No se preocupen, es que
el aeropuerto está sobresaturado. ¿Que en el verano de 1998 la gente
tiene dificultades para ir a veranear? Otra vez el ministro Arias le
echa la culpa al Gobierno anterior. ¿Que en abril de 1999 Barajas se
colapsa por completo? No hay problema, tenemos a los pilotos, el
conflicto bélico, los controladores, cualquiera vale. Y en eso llegó
el puente de la Constitución y menos mal que el señor Aznar le dijo a
usted enérgicamente: Arregle este asunto, señor ministro. Si no lo
llega a hacer se van de vacaciones en bicicleta los pobres ciudadanos
que quisieron pasar el puente fuera de Madrid. (Aplausos.) Usted no
se arredró, y ahí aparecen las nieblas, los pilotos, las compañías
aéreas, todo el mundo salvo usted, señor ministro.
Por eso, después del puente horribilis de la Constitución en Barajas,
presentamos una enmienda a nuestra moción, que estoy defendiendo aquí
al tiempo que defiendo la moción, para pedir su reprobación, por
Correos, por el caos aeroportuario, en nombre de los usuarios, en
nombre de los ciudadanos que no duermen por los aviones que les pasan
por encima o de aquellos que no duermen porque tienen que pernoctar
en Barajas. Por eso pedimos su reprobación.
Dije entonces que era una reprobación universal, pero alguien no lo
entendió bien, y hoy voy a emplear otro término que seguramente le es
a usted más cercano. Le reprobamos, señor ministro, urbi et orbe, por
todo. (Aplausos.) Le reprobamos por todo. Porque usted, señor
ministro, fue el inventor del lío digital, ¿recuerda usted ese lío?
¿Qué queda de aquello, señor ministro, qué queda de aquellos
descodificadores? Nada, señor ministro, no queda nada, sólo un
gigantesco lío. Porque, señor ministro, con su política de
telecomunicaciones ha conseguido que tengamos el teléfono más caro de
Europa, y no lo digo yo, lo dice Eurostat, y usted lo sabe bien. El
IPC en comunicaciones decrece en Europa el 6,4 por ciento en estos
tres años de su gestión al frente del Ministerio y en España crece al
3,9 por ciento. Eso sí, los directivos de Telefónica se forran.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pérez
Rubalcaba, le ruego vaya concluyendo. (Protestas.)
El señor PÉREZ RUBAlCABA: Voy terminando, señor presidente.
Señor Arias, en esta legislatura usted ha tenido escaso por no decir
nulo respeto a este Parlamento. ¿Por qué, señor Arias, sigue sin
cumplir la moción que aprobamos aquí todos los grupos parlamentarios
para que pusiera la tarifa plana a disposición de los usuarios
residenciales de Internet?
Ha sido usted el rey de la ley de acompañamiento, la ha utilizado
todos los años para modificar las reglas de nuestro sistema
audiovisual, tratando de hacer, aquí y allá, unos cuantos enjuagues.
Ha roto usted el consenso sobre la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Primero, quitando competencias, después nombrando
y cesando a quien ha querido sin tener en cuenta, para nada, la
opinión de los grupos parlamentarios, que le dimos inicialmente el
consenso en esta Cámara para una comisión tan importante en materia
de política de telecomunicaciones.
Señor ministro, pedimos su reprobación porque gracias a su política
de liberalización de la vivienda el precio de la vivienda sube, y lo
hace escandalosamente. En los municipios más grandes este año ya van
por el 9 por ciento. ¿Recuerda usted lo que dijo cuando se aprobó la
Ley de liberalización? Quitemos suelo público a los municipios, habrá
más suelo y al haber más suelo bajará el precio y bajará la vivienda.
Señor ministro, el resultado no ha sido ése y usted lo sabe. Sube la
vivienda,
hay menos suelo público y seguramente los constructores -ésos sí-
tienen un poco más de margen en los beneficios.
Señor Arias, por todo ello pedimos su reprobación; por todas las
competencias de su Ministerio, por transporte y por
telecomunicaciones; por tierra, por mar y por aire, si es que
logramos despegar. Pedimos su reprobación en digital y en analógico;
por móvil, por inalámbrico, por cable; se la pedimos en abierto y se
la pedimos en codificado, señor ministro, porque usted lo ha hecho
todo francamente mal.
Y pedimos a los grupos que apoyen esta moción. Con frecuencia los
parlamentarios nos quejamos de que no conectamos con el sentimiento
de los ciudadanos, que los ciudadanos nos ven lejos de sus problemas.
Tenemos hoy una excelente oportunidad de demostrar a los ciudadanos
que estamos con ellos, que sentimos sus problemas como los nuestros,
porque, señor ministro, lo que usted lía también nos afecta a
nosotros. Les pido que voten esta moción para que los ciudadanos vean
que en este Parlamento se piden responsabilidades a quien no lo hace
bien. En definitiva, que en este Parlamento no cuela eso de: yo no he
sido.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pérez Rubalcaba.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y para
la presentación de su moción consecuencia de interpelación, sobre
medidas para superar la situación de deterioro en la que se encuentra
la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, tiene la palabra
el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, voy a intentar
defender las tres razones por las que Izquierda Unida, después de la
interpelación de la pasada semana, mantiene una propuesta a esta
Cámara en dos sentidos; uno, instar al Gobierno a que haga efectiva
la Ley del servicio postal universal y de liberalización de los
servicios postales, que después de año y medio todavía no ha sido
desarrollada en los elementos básicos y, dos, rechazar la gestión de
los que han estado al frente de esta actividad, por un lado, en la
Dirección General de Corres y, por otro, al frente del propio
Ministerio. Al final de la legislatura, como explican algunos
teólogos, podríamos decir que los diez o los cinco se resumen en uno;
me refiero a los mandamientos. En este caso, por desgracia para
nosotros, es verdad que la propuesta a la Cámara tiene dos puntos,
que el Gobierno adopte medidas y que se asuman las responsabilidades
políticas.
Lo cierto y verdad es que, después de la interpelación, después de la
comparecencia en la Comisión, para nosotros hay tres realidades cuyo
rechazo no ha sido capaz de argumentar el Gobierno. La primera es que
la ley se incumple permanentemente y de forma extensa. Primero, no
hay un reparto diario del serviciouniversal, como mandata la ley;
segundo, hay dificultad
para que todos los ciudadanos accedan a las oficinas; y tercero,
existen desigualdades y marginación en la prestación de los servicios
postales. Por tanto, el Gobierno ha incumplido la ley, ha incumplido
los plazos y no ha hecho algo importante.
Con aquella ley nos marcábamos una potenciación del operador público,
como se llamaba entonces en la ley, de la entidad pública empresarial
de Correos, para que en el año 2004 pudiera estar en condiciones de
competir con la iniciativa privada. Sin embargo, el procedimiento que
ha imperado dentro de la empresa ha sido hacer una gestión brillante
en cuanto a los números, sin responder a las demandas de los
ciudadanos. Es más, han ido haciendo bueno lo que entonces decíamos,
han ido privatizando poco a poco prestación de servicios, no han
defendido al operador público frente a lo que pudiéramos llamar la
competencia de la iniciativa privada, que ya estaba altamente
asentada en nuestra realidad productiva.
Aunque no han desarrollado la ley, es verdad que han aprobado el
reglamento de prestación de servicios postales. Por cierto, en la
comparecencia de hace dos semanas en la Comisión, nos dijo que se
aprobarían a la vez el reglamento y el plan. La verdad es que el plan
no ha sido aprobado, mientras que el reglamento está aprobado desde
el viernes, en el Consejo de Ministros. El plan de prestación tendría
que haber establecido los parámetros de calidad del servicio, los
derechos de los usuarios, la extensión de la red, las facilidades
para el acceso de los ciudadanos a la misma y el contrato-programa
y la financiación del servicio postal universal junto con un plan de
inversiones. Usted me dijo en aquel momento que no se había
desarrollado el plan porque debían de hacerse al mismo tiempo el
reglamento y el plan. Tenemos reglamento, y después me referiré al
mismo porque a nosotros no nos gustan algunas de las cosas que han
aprobado.
Vayamos por partes en cuanto a lo que ha podido ser la actuación
dentro de Correos. Ustedes, desde el año 1996 al año 1998, han sido
capaces de cerrar 467 oficinas de Correos. Eso ha sido una actuación.
Han abierto algunas oficinas en grandes superficies -eso sí-, pero
han reducido el número de oficinas postales en los distintos pueblos.
No sabemos si ha sido para cumplir lo que señala la exposición de
motivos de la ley -es decir, que los servicios postales son un
elemento clave de la cohesión social- o para favorecer la integración
de las zonas rurales. Señor ministro, hay diez millones de españoles
que reciben una oferta de servicios inferior a la que se presta en
las ciudades; hay un número alto de ciudadanos que no pueden acceder
a los servicios de fax o poner un giro o envíos urgentes en doce
provincias españolas por encima del 50 por ciento de la población; en
Teruel, el 71 por ciento; en León, el 55 por ciento; en Cuenca y en
Zamora, el 53 por ciento. Por tanto, Correos no presta un servicio
igual a todos los españoles. Es más, cada día hay un millón de
españoles que no tienen reparto de correspondencia a domicilio por
falta de personal; ustedes no
cubren sus vacantes. Un ejemplo. Ustedes, a un diputado del grupo que
apoya al Gobierno en un determinado municipio, le respondieron: En el
año 1998 solucionaremos la situación de las plantillas y de los
barrios en un municipio catalán, en Sitges. Ha pasado el año entero y
no se ha podido solventar.
Por tanto, se incumple la ley y, lo que es peor, el señor Esteruelas
ha estado anteponiendo una pretendida gestión numérica, un plan
estratégico de inversión y unos números que cuadran, simplemente
deteriorando el servicio, no cubriendo las vacantes y no prestando el
servicio postal universal al que los ciudadanos tienen derecho.
Ustedes llevan once meses debilitando el servicio postal universal,
debilitando al operador público y facilitando el asentamiento de la
actividad competitiva de otras entidades empresariales. Además, ni
usted como ministro ni la Secretaría General de Comunicaciones han
sido efectivos en defender lo que es suyo, en hacer cumplir las
condiciones en que se debe prestar el servicio reservado al operador
público y desde la inspección no han actuado diligentemente. A mí me
han reconocido que había 8.800 millones de pesetas de actuación
fraudulenta que correspondían nada más y nada menos que a 256
millones de envíos hechos de manera irregular, en ciudades, por
empresas de alto standing, por empresas dedicadas a la energía o por
empresas que tienen una situación importante a nivel competente en
determinadas ciudades.
Han tomado iniciativas que han sido muy bonitas de antemano, que las
han vendido muy bien, pero que no han funcionado. En primer lugar, en
el año 1996, ustedes compraron 100 máquinas, 50 de autoservicio
postal y 50 de telecomunicación, que costaron 730 millones de pesetas
y que en cuatro años no ha funcionado ninguna. Están en las oficinas
de Correos, pero no funcionan, están desconectadas. ¿Para qué se han
gastado esos 730 millones de pesetas? En el año 1996, ustedes
pusieron al servicio de Correos un coche eléctrico -le llamaban el
Zeus-, que fue fabricado por Iberdrola, como diciendo que Correos
apostaba por las nuevas tecnologías. ¿Qué han hecho ustedes con este
servicio desde el año 1996? En suma, ustedes han hecho una dejación
de sus obligaciones en cuanto a lo que es el servicio postal
universal y su propio desarrollo.
En segundo lugar, el servicio y actuación de inspección, en relación
con esa declaración que yo le hacía del uso que determinadas empresas
de energía están haciendo de la competencia que tienen respecto al
servicio postal universal desarrollado por el operador público. Es
más, ustedes han entrado en negocios con determinadas empresas como,
por ejemplo, con Chronopost, para determinados servicios que debería
haber prestado el propio operador público y que deja en manos de ese
operador, en el que participa al 50 por ciento. En suma, están
favoreciendo que una iniciativa privada esté haciendo lo que es una
obligación reservada al operador público, es decir, están
privatizando el servicio.
La última parte de nuestra moción plantea, dentro de las medidas que
se deben establecer por parte del Gobierno, el cese del director
general de Correos. Ha habido mucha discusión sobre cuál ha sido el
procedimiento cuando en la Administración, uno, además de serlo,
tiene que parecerlo; pero en este caso no se da ninguna de las dos
circunstancias. Usted me ha dicho siempre que aquí estamos ante un
montaje ficticio y que, en realidad, ha habido una actuación ejemplar
del operador público. Es más, nos ha llegado a decir en Comisión que
es más rentable que el anterior alquiler que había en la sede actual
de Correos, pero no nos ha hablado de la operación de la empresa
Monthisa al adquirir acciones por 1.800 millones de pesetas, en el
mes de julio, cuando todavía tenía sus acciones el director general
de Correos, dentro de una sociedad ligada con Monthisa, que las vende
en septiembre. Usted no nos ha dicho que el señor Esteruelas no se
inhibió de ese contrato.
Ustedes han distribuido una publicidad por todas las oficinas de
Correos diciendo que el señor Esteruelas se inhibió, cuando no es
verdad. En la carta que ustedes han mandado dicen que se inhibió
porque él no negoció el contrato, que lo hicieron otros; que, en
realidad, lo que hizo fue poner la firma y dar autenticidad a lo que
ya habían negociado otros. ¿Cómo manda a negociar a uno del que no se
puede fiar? ¿Cómo se puede decir que una garantía administrativa, que
es la firma de un superior, se hace en barbecho a lo que le ponga?
¿Cuál es el contrato? El contrato que firmó este señor es negativo
para la entidad pública, para Correos. Han conseguido más metros, más
aparcamientos, pero resulta que hay un negocio y estos señores
invierten en el mes de julio 1.800 millones de pesetas y en el mes de
septiembre tienen garantizados 6.000 millones de pesetas. Nos dijo en
la Comisión que no se inhibió y que el señor Esteruelas firmó el
contrato de arrendamiento con don Antonio Yuncalmo Moñidas, por parte
de Monthisa, porque tenía la garantía de que no era necesario
inhibirse y que tenía un informe jurídico. Entonces nos dijeron que
ese informe jurídico había avalado la decisión del propio director de
Correos. Mire usted, no pudo avalar este informe jurídico. ¿Sabe
usted por qué? Porque este informe jurídico es de noviembre de 1999.
Cuando sale el asunto a la opinión pública ustedes le piden a la
asesoría jurídica de Correos que elabore un informe que le arregle
las cosas, pero eso no es una garantía jurídica. Usted sabe muy bien
la diferencia que hay entre una garantía jurídica y un requisito para
justificar lo que ya ha hecho. Se debió pedir antes de firmar el
contrato, cuando estaba en vigor la Ley de incompatibilidades. No se
puede ser directivo del consejo de administración y ser parte del
accionariado de las propias empresas. Es verdad que era una filial,
eso sí, con una actuación poco exigente como la relación con los
alquileres de los distintos locales y apartamentos.
Mire usted, debe ser cesado porque la actuación no ha sido clara. Ha
favorecido en un negocio a alguien que
va a multiplicar en pocos meses una inversión de 1.800 millones y
ustedes van a contraer obligaciones en el contrato superiores a las
que tenían.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Voy a terminar enseguida, señor presidente.
Ustedes han puesto aquí condiciones que, si incumplen un día el
contrato, tienen que aportar a la entidad que les alquila 1.500
millones por tres, es decir, 4.500 millones. Ahora bien, si la
empresa incumple con ustedes les va a aportar 1.000 millones por cada
día. ¿Por qué ese trato es diferente, por qué es mejor para la
entidad pública empresarial?
Por último, ¿por qué nosotros, en el segundo punto, en lugar de
dirigirnos al Gobierno nos dirigimos a la Cámara para reprobar su
actuación? Porque usted se equivocó al nombrar a la persona
responsable para dirigir Correos, porque usted le dio el amparo y
porque usted mismo no ha sido capaz de dirigir una actuación acorde
con lo que aquí aprobamos sobre la legalidad que poníamos en marcha y
con una situación de transparencia. Decía S.S. que hay un informe de
las distintas ofertas para poder alquilar este local, informe que se
limita a comentar cada una de ellas, pero no hay garantía de que el
trámite se haya realizado con publicidad entre varias empresas. Esa
operación de alquiler se ha realizado mediante adjudicación directa.
En relación con la otra proposición no de ley han surgido otros
comentarios. La actuación de ustedes, en el mejor de los casos, está
jalonada de conflictos. No es bueno no mirar, la política de la
avestruz es mala. Usted chocará siempre con la realidad. ¿Sabe usted
por qué? Porque la realidad de la gestión es más fuerte que la
voluntad de lo que usted pretende hacer y, por desgracia, su labor al
frente del Ministerio en el caso de Correos necesita esa reprobación
en el sentido de rechazar su gestión. Usted ya sabe que el prefijo re
es volver a, y desde luego lo que no queremos con nuestra propuesta
es que nos planteen volver a aprobar su gestión, queremos que no
continúe al frente del Ministerio. A lo mejor, lo que no conseguimos
hoy aquí con los votos lo logramos en el mes de marzo; no esperen al
mes de marzo para hacer lo que puedan hacer hoy.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Al punto número 7 del orden del día, es decir, a la moción del Grupo
Socialista, ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo
Mixto, para cuya defensa tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
En consonancia con nuestra fijación de posición en el debate sobre la
interpelación que presentó el Grupo Socialista, presentamos tres
enmiendas de adición a su
moción que van destinadas a clarificar la aplicación de la Directiva
97/67 de la CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuyo
artículo 3.3 se dice que los Estados miembros velarán por que el o
los proveedores del servicio universal garanticen todos los días
laborables y por lo menos cinco días por semana, excepto en
circunstancias o condiciones geográficas excepcionales que valorará
la autoridad nacional de reglamentación, como mínimo, una recogida,
una distribución a domicilio de cada persona física o jurídica.
Utilizamos la trasposición de esta directiva a la ley española, que
en su artículo 17.2 exige una recogida en los puntos de acceso que se
determinen y una entrega en la dirección postal de cada persona
física o jurídica todos los días laborables y, como mínimo, cinco
días a la semana. Esta debería ser la norma si se quiere tener un
servicio universal de calidad en todo el territorio del Estado y el
Gobierno debería aclarar, a través de real decreto, en qué
condiciones muy estrictas se podría reducir esta prestación.
La segunda enmienda tiene que ver, de una forma más particular y
grave, con el caso de Galicia. Es muy importante que quede claro en
la resolución que se pueda aprobar que se mantendrán las actuales
oficinas técnicas que prestan todos los servicios de correos, porque
cabe recordar que en Galicia solamente hay 34 núcleos que tienen más
de 5.000 habitantes. Ayuntamientos hay muchos que tienen más, pero
para que se den cuenta de la situación, si no se tiene clara esta
posición, hay núcleos o entidades de población tan importantes como
Fene, donde está el astillero Astano; Ames, cerca de Santiago; Moaña,
al frente de Vigo; Ortigueira; Cedeira, importante villa pesquera,
Sanxenxo o Pontedeume que quedarían sin oficina técnica. Habría que
aclarar que a otros núcleos importantes de población industrial que
no sean ayuntamientos, en los cuales no existan oficinas técnicas, se
les dotará de las determinadas oficinas auxiliares tipo A. Desde el
punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, es importante que el
Gobierno tenga en cuenta que en determinadas ocasiones se pueden
producir déficit de explotación del servicio y que eso es normal si
se quiere mantener un servicio de calidad en todo el territorio del
Estado. En determinadas circunstancias, en caso de producirse algún
déficit de explotación del servicio, el Estado debe garantizar con
sus fondos la prestación del servicio postal universal.
En nombre del Bloque Nacionalista Galego, queremos expresar nuestro
apoyo a la reprobación del señor ministro por tres motivos. En primer
lugar, porque está clara la cobertura que el Ministerio o el señor
ministro en particular da a grupos oligopólicos y, en concreto,
actuaciones personales poco transparentes. En segundo lugar, por un
caos aeroportuario que es excesivamente repetido e inexplicable. En
tercer lugar, desde la perspectiva de un representante de un sector
de la sociedad gallega, queremos decir que no nos pareció de recibo
durante toda su legislatura su cerrazón e insensibilidad con el
funcionamiento del servicio ferroviario
en Galicia, a todas luces contrario al mercado y a las necesidades
del país y de los usuarios.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de
Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias,
señor presidente.
Señorías, ni siquiera la lógica más elemental, ni por supuesto el
sentido común, permiten basar una moción de reprobación en la
descalificación total, absoluta y sin excepciones de una gestión. En
la propia exageración de la reprobación está la descalificación,
porque no es posible que haya nada tan malo como no sería posible que
existiera la perfección, aunque nos moviéramos en el terreno de la
subjetividad.
Es una lástima, señor Pérez Rubalcaba, que usted que, como portavoz
del Gobierno, tenía prestigio, lo haya dilapidado en la oposición a
través de unas intervenciones parlamentarias basadas sustancialmente
en afirmaciones sin ningún fundamento, a las que no aporta ningún
dato de apoyo. (Aplausos.) Es tan fácil hacer afirmaciones rotundas e
ir pasando páginas de la intervención preparada que pierde valor
parlamentario, desde luego pierde valor demostrativo.
En el Ministerio de Fomento hay dieciséis líneas de acción política y
la gestión de seis grandes grupos empresariales. A la hora de montar
una moción de reprobación, usted ha sido capaz solamente de traer
tres, aunque hay una cuarta citada en el texto escrito de la moción.
Naturalmente, no se da a ni un solo dato, se hacen afirmaciones
genéricas, una tras otra, puramente descalificatorias. Ustedes basan
la moción en la firma de un contrato de arrendamiento para un nuevo
edificio de Correos; en el fracaso de la liberalización de las
telecomunicaciones; en el incremento del precio de la vivienda; en la
falta de atención en la conservación de la red de carreteras -es algo
que ha omitido S.S. en la intervención-, y ahí se termina la moción.
Hay otras doce líneas de acción política que deberían haber sido
objeto de riguroso análisis para poder montar una moción de
reprobación universal. De tal manera, señoría, que la mal llamada
moción de reprobación universal ha terminado siendo una pequeña
chapucilla; perdóneme la expresión, pero ha terminado siendo un
pequeña chapucilla.
Vamos a empezar con Correos porque es el origen de esta moción de
reprobación. En este debate, el Grupo Parlamentario Socialista ha
tenido que cambiar de interlocutores para repetir exactamente las
mismas cosas que habían repetido en dos ocasiones los intervinientes
anteriores, tanto en Comisión como en Pleno, en lo que afecta al
nuevo contrato de arrendamiento de Correos.
Señorías, yo creo que el debate parlamentario debe servir para algo.
Tiene S.S. en el «Diario de Sesiones» -
comprendo que puede ser aburrida su lectura, pero se lo recomiendo-
datos fehacientes de que el contrato de arrendamiento firmado para
una nueva sede de Correos es no solamente beneficioso para el ente
público, sino muchísimo más beneficioso que el actual contrato de
arrendamiento. Me obliga usted a repetir los datos de ambos contratos
de arrendamiento. En primer término, señoría, ha habido un
procedimiento de adjudicación que se ha sujetado estrictamente a las
normas vigentes en Correos y dictadas por el Gobierno socialista. Por
tanto, ha habido publicidad y concurrencia de ofertas.
Le voy a leer las ofertas, porque ya no basta con la aportación de
datos, hay que poner el número de la calle de las ofertas que se han
examinado en siete ocasiones diferentes por el consejo de
administración del ente público. Hay una primera oferta de Patrimonio
del Estado en la calle Albasanz; ofrece en venta 21.000 metros
cuadrados, por un precio de 6.544 millones de pesetas. Hay otra
oferta de Tabacalera de un edificio situado entre Alcalá y Barquillo,
por 5.100 millones de pesetas, más 2.300 millones de pesetas
previstas en rehabilitación. Hay otra oferta del Banco Central
Hispano de un edificio situado en la calle Alfonso XII, número 62,
por 3.300 millones de pesetas, más 1.700 de rehabilitación. Hay otra
oferta de CLH en Capitán Haya, número 41, por 8.500 millones de
pesetas. Hay otra de Nibla de un solar situado en la calle Martínez
Villegras, número 47, en Ciudad Lineal, a 1.500 pesetas el metro
cuadrado, es un arrendamiento con opción de compra de 22.000 metros
cuadrados. Y hay otra oferta de un edificio en la calle Cardenal
Spínola, dentro del centro de negocios Cardenal Spínola -es un
arrendamiento sin opción de compra- de 17.713 metros cuadrados; 2.000
pesetas metros cuadrado y 12.000 pesetas por plaza de garaje. Y hay
una última oferta de un solar en el Campo de las Naciones,
perteneciente a Monthisa, que ofrece arrendamiento con opción de
compra, 16.000 por metro cuadrado, 2.200 pesetas por metro cuadrado y
10.000 pesetas por plaza de garaje. Ahí tiene usted las siete ofertas
analizadas en diversas ocasiones por el consejo de administración.
Segundo. Hay todo un expediente de contratación formalizado en
Correos que se compone, entre otros documentos, de tres informes: un
informe de la dirección de compras favorable; un informe del servicio
jurídico, favorable; y un informe de la dirección de finanzas que
tiene algunos reparos. De esos diez reparos, ocho se incorporan al
texto definitivo del contrato que finalmente se firma.
Ahora comparemos un contrato de arrendamiento y otro. Actualmente
Correos paga, por el edificio de la calle de Aduanas, 600 millones de
pesetas al año. En el nuevo edificio pagaría 543 millones; hay un
notable ahorro. La diferencia del precio en metro cuadrado es la
siguiente: en el actual edificio de la calle Aduanas el precio del
metro cuadrado es de 3.350 pesetas por mes, más 15.000 pesetas
mensuales por plaza de garaje -a estas cantidades hay que añadir el
IVA. En el nuevo
contrato el precio es de 2.200 pesetas por metro cuadrado, más 10.000
pesetas mensuales por plaza de garaje, cantidad a la que hay que
añadir también el IVA. El nuevo edificio tiene más plazas de garaje
que el anterior, además de menor alquiler; y, por si fuera poco el
actual edificio de la calle Aduanas tiene 11.000 metros cuadrados y
el nuevo edificio del Campo de las Naciones tiene 16.000 metros
cuadrados.
Yo no quiero extenderme más en el tema de Correos porque no tiene
ningún sentido que repitamos una y otra vez un debate que se ha
producido ya en tres ocasiones. Si el nuevo contrato de Correos es
mucho más favorable que el antiguo y ustedes lo califican
negativamente, ¿cómo califican el contrato de arrendamiento que hizo
el ministro del Gobierno socialista que me precedió en el cargo.
¿Cómo lo califican, señorías? (Aplausos.) Yo no lo voy a calificar
porque presupongo la buena fe, y entiendo que se hizo el mayor
esfuerzo posible para encontrar el mejor edificio para sede de
Correos, pero pido que se aprecie la buena fe del director general de
Correos a la hora de hacer un contrato de arrendamiento para un
edificio nuevo de Correos que tiene mejores condiciones que el actual
edificio.
En el debate anterior traje aquí un informe de Tinsa, que es la
primera sociedad de España de taxaciones inmobiliarias, propiedad de
las Cajas de Ahorro que, por tratarse de una sociedad de estas
características, está sujeta al control del Banco de España y me
permití leer las conclusiones de ese informe que después fue
distribuido. (El señor Caldera Sánchez-Capitán: ¡Mentira!.-El señor
Torres Sahuquillo: No ha sido distribuido.) Pues, se distribuirá.
Tengo entendido que se ha distribuido. (Rumores.) Se va a distribuir,
es igual. Lo que pasa es que tiene algunos datos confidenciales y hay
que borrar los nombres de las empresas, pero las conclusiones son
públicas. (El señor Caldera Sánchez-Capitán: ¡Qué mentiroso!.- El
señor De Grandes Pascual: ¡Ya está bien!.-Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caldera,
le ruego guarde silencio. (Rumores.)
Un momento, señor Ministro. Señorías, les ruego guarden silencio.
Continúe, señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Dice el
informe de la sociedad Tinsa: Primero, las cláusulas pactadas son las
habituales en contratos de alquiler cuando el edificio en cuestión
está en construcción, y el alquiler será efectivo una vez terminada
la construcción del edificio. Segundo, el precio del arrendamiento
pactado corresponde a precios de renta de mercado en la fecha de la
firma del contrato, y es sensiblemente inferior a los precios de
arrendamiento actuales en la zona. Tercero, las revisiones no
automáticas de la renta se harán cada dos años, pero se prevé un
mecanismo de revisión que, a nuestro juicio,
garantiza que los precios de renta resultantes de la revisión serán
precio de mercado en cada momento. Finalmente dice: El mecanismo de
fijación del precio de mercado para ejercer la opción de compra del
edificio garantiza, en nuestra opinión, que el precio obtenido sea un
precio de mercado en el caso de ejercer dicha opción de compra.
Es muy difícil sustituir la opinión de los expertos inmobiliarios. Yo
comprendo que ustedes saben mucho más que Tinsa. Lo dicen aquí, se
quedan tan tranquilos, aparece en el «Diario de Sesiones» y siguen
desesperadamente buscando un escándalo, donde no hay nada de nada.
Señorías, les voy a pedir un favor. Ustedes utilizan con una enorme
facilidad la acusación de mentiroso para cualquier persona, con
excesiva facilidad. Yo les pediría que fueran más respetuosos. El
abogado del Estado jefe de la asesoría jurídica emite el informe
cuando se le pide y hay que suponer que actúa de buena fe, porque,
entre otros motivos,cometería falsedad en documento administrativo si
no lo hiciera. Le recuerdo que, como abogado del Estado y secretario
del consejo de administración, tiene potestad certificante, lo que
dice es garantía de certidumbre y de verdad mientras no se demuestre
lo contrario, y juega a su favor la presunción de veracidad. Es
absurdo acusar de mentiroso al director general de Correos que aporta
un informe de la asesoría jurídica de Correos con la fecha.
Evidentemente la fecha es posterior al planteamiento del conflicto,
porque el director general de Correos -y es lógico que sea así-,
cuando el conflicto se plantea y se le acusa de ser incompatible, lo
primero que hace es pedirle un informe al asesor jurídico de Correos
para ver si ha incurrido o no en incompatibilidad, porque él
voluntariamente se había inhibido en la negociación del contrato sin
haberse planteado si había o no una causa de incompatibilidad.
Suscitado el problema, lo primero que hace es pedir el informe,
naturalmente, pero eso no implica que haya dicho en ningún momento
una mentira, porque para mentir, señorías, lo primero que hace falta
es intención y para demostrar que hay intención de mentir tienen
ustedes que aportar muchos más datos, porque no han aportado ninguno.
El director general ha actuado de buena fe. No es jurista, no se ha
planteado en ningún momento el problema de las incompatibilidades,
pero tuvo el buen sentido común de inhibirse de la negociación del
contrato, de un contrato que examina en siete ocasiones el consejo de
administración del ente público. Esto es todo lo que ha ocurrido,
señoría, y como la conclusión es que es un buen contrato de
arrendamiento para Correos, es una buena oportunidad para Correos
tener un edificio en el Campo de las Naciones, situado entre el
aeropuerto de Barajas y la estación de Chamartín, conectado con la M-
40, con la futura M-50, con las radiales una y dos de Madrid, es
mejor apreciar la labor que ha hecho como gestor el director General
de Correos que pedir su dimisión.
Su señoría ha omitido algo que sí aparece en el texto escrito de la
moción y que yo no voy a dejar pasar. Dicen ustedes que se está
disparando la siniestralidad en las carreteras como consecuencia de
la falta de atención en gastos de conservación que el Gobierno presta
a la red de carreteras, lo dicen literalmente en la moción. Es una
afirmación que no se tiene de pie, y yo no quiero utilizar adjetivos
descalificatorios porque no es mi estilo. En 1997, este Gobierno
dedica a gastos de conservación 72.776 millones de pesetas, lo que
supone un 15 por ciento de incremento con respecto a 1996, último
presupuesto socialista. En 1998, sube a 75.359, un 3,55 de
incremento. En 1999, sube a 82.141, un 9 por ciento de incremento y
en los presupuestos que aprobará esta Cámara la próxima semana, con
toda probabilidad, hay unos gastos de conservación de 88.650
millones, lo que supone un 7,92 por ciento de incremento sobre el año
1999.
Decir que no se presta atención a la conservación de carreteras con
estos datos, no se tiene de pie. Añado, porque la comparación siempre
es útil -ya sé que a ustedes no les gusta que se compare, pero no
tenemos más remedio que comparar- que, en 1993, ustedes dedicaron a
gastos de conservación 72.200 millones de pesetas. En 1994, bajaron a
68.639 y en el año 1996, bajaron a 63.233 millones de pesetas. Eso sí
que es falta de atención a la siniestralidad y a los gastos de
conservación. Pero voy a decir más. Estaban ustedes tan preocupados
por la siniestralidad y por la falta de gasto de conservación
suficiente en la red de carreteras del Estado que no han presentado
ninguna enmienda específica para incrementar la cantidad que hay que
dedicar a gastos de conservación en los presupuestos que va a aprobar
esta Cámara. (Aplausos.)
Vamos con las telecomunicaciones. Se han pasado ustedes toda esta
legislatura afirmando, una y otra vez, que subían las tarifas
telefónicas, contra toda evidencia. Mientras los teléfonos móviles
pasaban de 900.000 a quince millones -¡qué casualidad!, con subida de
precios según el Grupo Socialista-; mientras España pasaba a ocupar
el cuarto lugar en incremento de teléfonos fijos -¡qué casualidad!,
con subida de tarifas, que es algo muy complicado-; mientras se hacía
un proceso de liberalización que, día tras día, presionaba las
tarifas a la baja, ustedes venían aquí a mantener que las tarifas
subían. Hasta el diario más crítico con el Gobierno que existe en la
realidad española ha reconocido ya que han bajado todas las tarifas
telefónicas. Le ha costado un año y medio largo reconocerlo, pero ya
lo ha hecho. Hace quince días publica, por fin, un cuadro con las
rebajas que se han producido en las tarifas telefónicas en España.
Puedo decirles una cosa: desde que el Gobierno socialista terminó en
el ejercicio de sus funciones, las tarifas telefónicas no han hecho
más que bajar en España. Esa es la pura realidad.
Dice usted que ahora tenemos las tarifas más altas de la Unión
Europea y se acoge al quinto informe de la Comisión Europea. Sabe S.
S. que el quinto informe de la Comisión Europea utiliza como
metodología la de la
OCDE de 1990. El patrón de consumo de 1990 en el servicio de
telefonía queda como si fuera de la época de las cavernas, porque el
patrón de consumo en materias de servicios de telecomunicaciones en
España desde 1990 para acá ha cambiado mucho. Usted sabe muy bien que
el quinto informe de la Comisión Europea no recoge el último decreto-
ley de medidas antiinflacionistas, que da una nueva bajada a las
tarifas telefónicas, incluidas las metropolitanas. Aplicando el
último decreto-ley, le puedo mostrar los cuadros de la situación en
que se encuentran en España las tarifas telefónicas y verá cómo nos
encontramos en los lugares más bajos de Europa.
No querría utilizar el problema de Internet, porque ha dicho algo que
no es cierto. En España hay en estos momentos tarifa plana de
Internet, y usted lo sabe. Cuatro mil pesetas mensuales. Hay un
proceso de extensión del ADSL. Señoría, sabe usted muy bien que los
operadores de cable están ofreciendo ya una tarifa plana incluso por
debajo de las 4.000 pesetas mensuales. En cuota de abono residencial
la media europea está en 1.843 pesetas; España está en 1.442 pesetas.
Es la tarifa más baja, excepción hecha de Grecia. En cuanto a la
tarifa metropolitana, la llamada típica de 140 segundos de duración,
la media europea está en 17,49 pesetas la llamada; en España está en
14,39 pesetas la llamada. Solamente Italia, Suecia y Grecia tienen
una tarifa más baja. Por lo que se refiere a la factura mensual media
de los abonados residenciales por aplicación de las tarifas del
servicio telefónico básico, en España asciende a 4.398 pesetas.
Solamente Grecia la tiene más barata, 4.364. Todos los demás países
europeos están por encima de esa factura media que tienen los
abonados residenciales en España. Señoría, usted debería haber leído
el informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que
tantas veces ha traído aquí -a mi juicio en alguna ocasión, no
siempre, de manera indebida- para controlar al Gobierno. Dice la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en su informe: El
conjunto de los precios de los servicios básicos de
telecomunicaciones en España está horquillado entre los de los
principales países de la Unión Europea, más cerca del país más barato
para la cesta media total que del más caro, que es Italia. Eso lo
dice la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Por tanto,
señoría, no hay nadie en estos momentos que coincida con usted en que
España tiene las tarifas telefónicas más altas de la Unión Europea,
con Portugal, porque ha dejado usted de aplicar el último decreto-ley
de bajada de tarifas telefónicas.
Por tanto, señoría, en materia de liberalización de las
telecomunicaciones el proceso ha sido ejemplar. Se ha conseguido un
equilibrio entre proceso de liberalización y proceso de inversión, de
tal manera que España puede hoy disponer inicialmente de una libre
competencia en materia de infraestructuras y redes y de una libre
competencia en el ámbito de los distintos servicios de
telecomunicaciones. Y esta es la realidad, señoría. Por tanto, a los
efectos de su moción de reprobación,
insisto nuevamente en que poco a poco se va quedando en una
chapucilla.
En cuanto al tema de la vivienda, que ha subido escandalosamente el
precio libre de la vivienda. En primer lugar, las viviendas que
impulsan las administraciones públicas no han subido de precio, y
esto hay que decirlo, por lo menos para que la verdad sea completa.
Las viviendas de protección oficial no han subido de precio desde que
este Gobierno asumió el ejercicio de sus funciones. En segundo lugar,
es verdad, señoría, que ha subido algo el precio de la vivienda
libre, pero el precio de la vivienda libre, como su propio nombre
indica, es un precio fijado por el mercado, y las posibilidades de
actuación directa de las administraciones públicas sobre el precio
que fija el mercado en el ámbito de la vivienda son escasísimas, por
no decir nulas. Pero es que en términos comparativos hablar del
precio de la vivienda también implica referirse a lo que ha ocurrido
en el proceso histórico español, que es lo siguiente: En el año 1988
el precio de la vivienda subió un 25,10 por ciento; en 1989, un 26,30
por ciento; en 1990, un 11,92 por ciento; y en 1991, un 15,16 por
ciento. En cuatro años el precio de la vivienda libre subió casi un
cien por cien. Y ahora vamos a analizar lo que ha ocurrido en al
etapa de Gobierno del Partido Popular. En el año 1996 crece un 1,85;
en 1997, un 1,56; en 1998, un 4,65. Esa es la media de subida del
precio del metro cuadrado a nivel nacional. Porque cuando jugamos con
el precio de la vivienda, es un indicador que nos sirve para expresar
más una dimensión de la situación macroeconómica que el coste y
precio estrictos de la vivienda. ¿Por qué? Porque en el conjunto de
España hay una gran desigualdad. Mientras que la vivienda libre está
creciendo por encima del 20 por ciento en las zonas turísticas, en
aquellas áreas urbanas donde el ayuntamiento sigue una política de
suelo adecuada el precio sube mucho menos; concretamente, en Madrid
ha subido solamente el 5 por ciento, porque hay una política de suelo
adecuada.
Hay algo que quiero traer a colación aquí porque también refleja lo
que son las distintas políticas. Hoy, casualmente, en El Periódico de
Cataluña hay una noticia verdaderamente espectacular. El consejero
delegado de Barcelona Regional, arquitecto jefe del Ayuntamiento de
Barcelona y uno de los hombres de confianza del actual equipo
municipal de Gobierno, ha dicho estas palabras: En Barcelona capital
no se construyen más viviendas baratas para los jóvenes con el fin de
evitar que bajen el precio y el valor del resto de los pisos.
Simplemente, señoría. Yo aporto aquí los datos de la subida de
precios de las viviendas en el ámbito territorial del Ayuntamiento de
Madrid, del municipio de Madrid y, naturalmente, es de los más bajos
dentro de esa media. ¿Que en el año 1999 han seguido los precios de
la vivienda libre? También es cierto, pero hay que explicar qué está
ocurriendo en el mercado de la vivienda; hay que explicar qué está
ocurriendo.
Le voy a dar el dato espectacular de lo que suponeuna gestión
globalmente considerada, como una dimensión
macroeconómica, en la etapa del Gobierno socialista y en la etapa del
Gobierno popular. Aquí hemos tenido muchos debates sobre esto, muchos
debates, pero hay uno o dos datos que yo calificaría de
espectaculares. Para financiar viviendas de protección oficial,
ustedes movilizan, entre 1992 y 1995, dos billones 400.000 millones
de pesetas, y nosotros hemos movilizado más de tres billones de
pesetas. Le doy ahora datos de vivienda libre. En la época del
Gobierno socialista comprendida entre 1992 y 1995 -por coger un
período equivalente en extensión de tiempo- en España se construyen
865.000 viviendas libres; en los tres años y medio del Gobierno del
Partido Popular se han construido un billón 146.000 viviendas libres.
Esa es la diferencia de datos. Esas viviendas libres hoy se venden
todas, ¿sabe por qué? Porque como consecuencia de la política
económica del Gobierno la accesibilidad a la vivienda también ha
mejorado en términos espectaculares. En su época había que gastarse
más del 35 por ciento de la renta familiar para comprar un piso y eso
ahora está en menos del 25 por ciento. Naturalmente, la presión de la
demanda sobre el mercado de vivienda libre es tan intensa, también
como consecuencia del fuerte ritmo de creación de empleo, que hoy es
difícilmente evitable que en un mercado tan complejo como es el
inmobiliario, en que oferta y demanda tardan en encontrarse, no suba
el precio de la vivienda.
Por tanto, señoría, también en el ámbito de la vivienda la moción de
reprobación queda en esa chapucilla a la que me estoy refiriendo,
porque pregunte usted, señoría, a los millones de españoles que en
estos tres años y medio últimos se han comprado un piso, pregúnteles
a ellos, que son los afectados, y pregúnteles a todos aquellos que
han podido acceder a una vivienda de protección oficial. Le voy a dar
el número de iniciativas en materia de suelo y vivienda en lo que
lleva el Gobierno popular en el ejercicio de la acción de gobierno.
El número de iniciativas programado era de 401.450; a fecha de hoy se
han hecho 452.582; hay un 106 por ciento de cumplimiento. Esto en lo
que afecta a la vivienda de protección oficial. Por consiguiente,
repito, también en este ámbito la moción de reprobación va quedando
vacía de contenido.
Vamos con el último punto: el sistema aeroportuario. Yo estoy
convencido, señoría, de que a usted le gustaría tener un debate serio
sobre este tema y no un conjunto de frases descalificatorias sobre un
problema real; le gustaría tener un debate serio. Su intervención ha
sido eso, un conjunto de descalificaciones genéricas, donde no ha
habido una gran -por no decir que no ha habido ninguna- aportación de
datos. Y fíjese, señoría, lo que dice la moción. La moción habla de
la visible desintegración del sistema aeroportuario, con un impacto
negativo en la movilidad de las personas y en el sector turístico. Yo
creo, como el debate debe ser necesariamente serio porque estamos
ante un problema serio, que hay que poner primero encima de la mesa
unos cuantos datos. Vamos a ponerlos encima de la mesa, señoría,
porque sin los datos es muy difícil discutir
con rigor y seriedad. Vamos a ver el número de visitantes que
entra en España por la red de aeropuertos que gestiona AENA: En 1998
entraron 30.312.000 visitantes y en 1999, hasta octubre, han entrado
33.353.000, un crecimiento del 10 por ciento en los 10 primeros
meses. Para estar en desintegración el sistema, el dato no es malo.
Si no estuviera en desintegración, realmente nos estaríamos saliendo
del mapa. Pero vamos a ese efecto de impacto negativo que ha tenido
sobre el turismo, según ha afirmado S.S. y según afirma el texto de
la moción. El crecimiento medio mensual de la entrada de turistas en
Barajas ha sido en este año el 12,2 por ciento; en Barcelona, el
14,21 por ciento; en Málaga, el 11,4 por ciento y en Palma de
Mallorca, el 14,23 por ciento. Estos son los incrementos medios
mensuales de entrada de turistas por la red aeroportuaria española.
Para estar en desintegración el sistema, señoría, los datos son
realmente espectaculares. (Aplausos.)
Pero vamos a medir la importancia de la red aeroportuaria. Toda la
red española de aeropuertos va a canalizar en el año 1999, 130
millones de pasajeros, un crecimiento del 9 por ciento sobre el año
1998, y estoy haciendo una previsión porque las cifras de los últimos
meses, señoría, son difícilmente creíbles. Octubre de 1999 sobre
octubre de 1998 el crecimiento ha sido del 11,7 y noviembre sobre
noviembre el crecimiento ha sido del 12 por ciento. Si cogemos el
número de aeronaves, ha habido un crecimiento, 1999 sobre 1998, en 10
meses, del 9,18 por ciento. Probablemente se terminará este año,
señoría, en 1.415.000 aeronaves que han realizado operaciones en los
aeropuertos españoles. Pero vamos con las cifras específicas de
Barajas y de Barcelona. Barajas: 1998, 27 millones de pasajeros;
1999, 29 millones de pasajeros, un 8 por ciento de crecimiento.
Aeronaves: 1998, 265.000 aeronaves; 1999, 290.000 aeronaves, casi un
10 por ciento de crecimiento. En Barcelona el crecimiento de
pasajeros es de un 9 por ciento y el crecimiento de aeronaves de un
7,3 por ciento. ¿Dónde está la desintegración del sistema
aeroportuario español, señoría? ¿Dónde está? (Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
Voy a continuar la argumentación. No dialoguemos así, señores
diputados, no. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no
se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor ministro, les ruego que guarden silencio y que permitan al
ministro terminar su intervención. No entablen, efectivamente,
coloquios desde los escaños a la tribuna y desde la tribuna a los
escaños.
Continúe, señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Tiene razón,
señor presidente, disculpe el coloquio que hemos abierto.
Comprendo que todos estos datos destruyen unatesis y cuando se
destruye una tesis no se sabe qué
contestar. Pero yo creo que en el debate parlamentario, señoría, los
datos deben siempre apoyar las tesis. Vamos a reflexionar seriamente.
¿Que hay problemas en Barajas? Claro que los hay, señoría, pero vamos
a averiguar cuál es la naturaleza de los problemas que Barajas tiene.
(Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Señorías!
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Con frases
no arreglamos el problema. (Un señor diputado: ¡Claro que no!) Claro,
yo estoy dando datos, no frases.
Señorías, en el Consejo de Ministros de Transportes de ayer la
comisaria española ha presentado un informe sobre la situación del
espacio aéreo en Europa. Los datos que aporta la comisaria europea
son los siguientes: Desde 1994 -afirma literalmente- no hace más que
bajar la puntualidad en el transporte aéreo europeo. Y dice, al dar
estos datos: En los últimos 24 meses, 7.000 vuelos de los 26.000 que
operan cada día salen con retraso; el retraso medio diario es de 32
minutos (Risas.) contado a partir de los 15 primeros, que no se
incluyen en la contabilidad por aplicación de la legislación
internacional. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no
se perciben.) Y da el siguiente dato: Con un 6 por ciento de
crecimiento anual del transporte aéreo en la Unión Europea, los
retrasos aumentan sin embargo en un 20 por ciento. Señala una serie
de causas, yo quiero destacar dos: En primer lugar, el crecimiento
espectacular del transporte aéreo en el espacio aéreo de la Unión
Europea, y en segundo lugar, la mitad de los retrasos se debe a la
falta de capacidad del espacio aéreo europeo. Y propone una solución:
Hay que ir necesariamente a la construcción de un espacio único
europeo que suprima las fronteras que todos los Estados miembros de
la Unión tienen por razones de defensa nacional y hay que ir a una
autoridad reguladora única que permita que los corredores europeos no
estén congestionados y saturados de manera excesiva y permanente y
por tanto provoquen retrasos. (El señor ministro muestra a la Cámara
un mapa.) Señorías, yo no sé si desde ahí se aprecia bien lo que es
el espacio aéreo de la Unión Europea, incluida España. (Varios
señores diputados: ¡No, no!-Rumores.) No sé si se aprecia bien desde
ahí; en todo caso, el mapa se repartirá y comprenderán ustedes por
qué el problema no está, señorías, en la gestión de los aeropuertos.
El problema estructural en estos momentos está en la congestión del
espacio aéreo y en la saturación de los corredores aéreos europeos.
Esa es la situación del problema y eso es lo que dice el informe de
la comisaria europea en una iniciativa que ya se había planteado
antes de que ella tomara posesión de su cargo.
Señor presidente, no querría extenderme más. Creo que con estos datos
se pone de relieve que estamos en
presencia no de una caída y de una crisis de descomposición del
sistema aeroportuario español -eso no pasa de ser una frase, hoy
indemostrable- sino en una crisis muy fuerte de crecimiento. De haber
habido previsión, el aeropuerto de Barajas debería tener ahora cuatro
pistas operativas o bien tener un nuevo aeropuerto. De haber habido
previsión. (Rumores.) En materia de infraestructuras, señorías, la
previsión es absolutamente fundamental. Y cuando durante muchos años
las previsiones que se hacen no se llevan a la práctica, el país,
naturalmente, paga las consecuencias. Señoría, el problema del
aeropuerto de Barajas es que vamos con retraso sobre las necesidades
que hoy se plantean. Pero vamos con retraso aquí y en la Unión
Europea, porque estamos en presencia de un problema europeo y no de
un problema específicamente español. No obstante, señoría, yo quiero
concluir diciendo que en tres años y medio nunca un Gobierno ha
invertido tanto en la red aeroportuaria como lo ha hecho este
Gobierno en los tres años y medio que lleva de gestión.
Muchas gracias, señor presidente. (Fuertes y prolongados aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. (El señor Pérez Rubalcaba pide la palabra.)
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera empezar por agradecer muy sinceramente al señor ministro que
haya tenido a bien subir a esta tribuna para defender su gestión.
Creo que es algo que le honra, no es frecuente y se lo agradezco muy
sinceramente. Ahora, lo que no le puedo agradecer es que haya
empezado con una descalificación ad hóminem que yo me he cuidado
mucho de hacer. (Una señora diputada: ¡No sabe hacer otra cosa!) He
criticado su gestión, señor ministro... (Rumores.-Protestas)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego guarden silencio.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Usted ha dicho no sé qué de mi prestigio
como portavoz... (Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego guarden silencio.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Cuando ha hablado usted de mi prestigio
como portavoz y de si hago discursos demagógicos o no, me he acordado
de una cosa, señor ministro, y se la voy a decir, porque no me corto
un pelo. A mí el CIS no me mide, pero a usted sí, cada tres meses, y
yo conozco su valoración y usted también. (Aplausos.) Me he acordado
de esto, señor ministro, por lo que le aconsejo que no vaya por ahí.
Segunda idea. Usted ha salido aquí y me ha dado la razón punto por
punto en todo lo que yo he dicho, porque la tesis... (Rumores.) Veo
que tiene a su clac más devota y que están dispuestos a que no hile
una sola idea o un razonamiento detrás de otro. Señor ministro, yo le
he dicho que usted es el ministro del yo no he sido, y ha hecho aquí
una demostración absolutamente palmaria de que es así. Ha llegado
incluso a decirnos: la vivienda sube, pero es verdad que no es mi
culpa. Barajas funciona mal porque sube mucho el turismo, porque
llega cada vez más gente y ha hablado de Europa. Se ha pasado usted
toda su intervención diciendo pío, pío, que yo no he sido, mía no es
la culpa, sino de los de antes, de los usuarios, de los pilotos. Lo
de siempre, señor ministro, que usted no tiene la culpa de nada y yo
le digo que sí la tiene y le voy a hacer algunos razonamientos al
respecto, y al final de mi intervención me referiré a lo de la
chapucilla de mi moción.
Ha empezado usted hablando de los datos del contrato de Correos. Yo
he sido muy cuidadoso durante toda mi intervención y antes que nada
le voy a decir que usted podía haber solucionado, si es que lo que ha
dicho es cierto y no tengo ninguna duda de que así es, muchas de mis
dudas con el solo hecho de haber mandado a la Comisión, al Grupo
Parlamentario Socialista, los datos que se le habían pedido. Señor
ministro, no vale salir aquí a leer un documento que sólo usted
conoce y unas conclusiones que sólo usted tiene y, cuando le decimos
que por qué no lo ha hecho público, nos conteste que tiene unos
cuantos datos confidenciales y que va a ver si los borra. ¿Qué ha
hecho usted en tres semanas? ¿Por qué no los ha borrado? ¿Tanto le
cuesta? ¿Tanto hay que borrar? Mándelo, señor ministro. No me vale.
Usted no lo manda porque no quiere, puesto que, si quisiera que
hubiera transparencia y que se le diera publicidad, lo habría
mandado. Ni datos confidenciales ni nada, señor ministro, lo tenía
usted que haber mandado.
Habla usted de publicidad y lee aquí una nota que yo conozco, porque
ésta sí que nos la han mandado, una breve nota, una reseña de algunas
ofertas que se supone que el director de Correos recibió. Señor
ministro, ¿dónde está la publicidad del concurso? A usted le encanta
la publicidad, ¡si durante los fines de semana los periódicos salen
con páginas enteras llenas de publicidad de su Ministerio!. ¿Por qué
no hacen publicidad de los concursos de Correos? Gástese dinero para
que la gente sepa que hay concursos públicos y pueda haber
concurrencia. ¿Dónde está la publicidad del concurso? ¿Me quiere
usted mandar el anuncio? Ya le digo que usted no repara en gastos,
anuncio tras anuncio, cuñas de radio, usted y todo el Gobierno,
porque hay que ver la temporadita que llevan con el cava Rato que nos
han colocado fin de semana tras fin de semana. Usted es de los que
tiene una pasión frenética -no le digo nada AENA y Barajas- por meter
cuñas en la radio y resulta que un concurso de alquiler de un
edificio de Correos que vale 500 millones se le olvida publicarlo
en el «BOE» y en la prensa. Señor ministro, una vez más le digo
que hay que hacer publicidad. La publicidad, como su nombre indica,
significa que alguien o que todo el mundo se entere de algo y no me
vale que usted me diga que tiene una oferta de la Dirección General
del Patrimonio. Eso no me vale, enséñeme la convocatoria del
concurso. Y una segunda cosa, señor ministro, mándenos usted la
oferta.
Le voy a hacer una propuesta. Si usted nos manda las ofertas que
recibió el director general de Correos, si usted nos manda ese
documento sin quitarle nada, ¿eh?, señor ministro, no vaya a ser que,
confidencialidad por confidencialidad, desaparezcan unas cuantas
cosas que a nosotros nos interese leer; si usted da transparencia a
todo, nosotros no tendremos ningún problema en decir que el director
general de Correos lo ha hecho bien, pero mientras las cosas sigan
como están, mientras el director general de Correos venga aquí y no
cuente la verdad, y ahora le diré el porqué, seguiremos diciendo que
el director general de Correos ha dado trato de favor, que ha hecho
un mal contrato y que ha dado un mal servicio a la Administración
pública, habiendo intentado además ocultarlo a este Parlamento.
Señor ministro, lo tiene muy fácil. Dice usted que se discutió siete
veces en el consejo de administración. Fantástico, mándenos las
actas. ¿Por qué no nos las ha mandado? Es que todo esto que le estoy
diciendo y a lo que usted dice que sí con la cabeza, que me encanta
que lo haga, se lo pidió mi compañero, Jesús Caldera, hace tres
semanas en la Comisión parlamentaria. Qué pasa, ¿es que tienen
ustedes parálisis ministerial? ¿No encuentran los papeles? Lo que
pasa, señor ministro, es que no los han querido mandar. (Aplausos.)
Mándenoslos, señor ministro; mándenos las siete actas del consejo de
administración, para que veamos que efectivamente se ha discutido y
que el director general de Correos se ha inhibido. Mándenoslo, que
tendremos mucho gusto en rectificar.
Señor ministro, según mis datos -y los podremos contrastar-, no es
verdad lo que usted ha dicho esta tarde. Fíjese que no digo lo de la
mentira, no vaya a ser que me regañe y que además baje la
consideración que la opinión pública tiene sobre mí, que sé que le
preocupa mucho y a mí también y a mi familia mucho más. Señor
ministro, déjeme que le diga que no es verdad. Según mis datos, el
subdirector de compras de Correos hizo 10 reparos al contrato, de los
cuales cinco se aceptaron y cinco no y la directora hizo 15 reparos
al contrato, de los cuales seis se aceptaron y nueve no. No es verdad
eso de que se aceptó todo. (El señor ministro de Fomento, Arias-
Salgado y Montalvo hace signos negativos.) No es verdad, no lo niegue
con la cabeza. Algunos de los reparos que no se aceptaron tienen que
ver justamente con lo que yo le he dicho, con la actualización anual
del alquiler, con cosas muy serias, muy importantes. Usted dice que
no es verdad, que se aceptaron todos. Una vez más, señor ministro, le
tengo que decir que es muy sencillo, es cuestión de transparencia:me
manda los reparos, me manda el contrato, comparamos,
venimos a una sesión del Pleno de la Cámara y le digo, señor ministro
-le aseguro que lo diré gustoso y encantado-: tiene usted razón.
Pero, si es mentira, señor ministro, si no es verdad, si es verdad,
como dicen mis datos, que hubo muchos reparos fundamentales de los
técnicos que no se aceptaron por parte del director general de
Correos, cuando son los técnicos los que saben de contratos, usted,
señor ministro, debería cesar inmediatamente al director de Correos
porque ha engañado a este Parlamento y tengo la sospecha, salvo que
usted me haya engañado a mí, que también le ha engañado a usted, y no
quiero creer que usted me haya engañado a mí. Pero esos son mis
datos, señor ministro. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Déjeme que le diga dos cosas más que me interesan mucho y que creo
que puestos a discutir a fondo -a usted le gusta discutir a fondo y
además ya ha dicho aquí que nada de frases-, hay cosas que no
entiendo. ¿Por qué paga Correos la reparación de un edificio o el
reformado de un edificio cuando está en construcción? Resulta que
estos señores de Monthisa empiezan a construir el edificio, Correos
dice que ese edificio le va muy bien. Vamos a creer que es fantástico
el edificio y que es una operación redonda, como usted dice, vamos
a creer que es eso y cuando llegan a ver los planos se dan cuenta de
que efectivamente faltan cosas, que no hay cafetería, que no hay
servicios. Entonces dicen que hay que hacer un reformado, que vale
140 millones de pesetas. Y la pregunta es, ¿por qué lo paga Correos?.
¡Que lo pague Monthisa, que es la dueña del edificio, aquella
compañía a la que usted va a contratar! ¿Me lo quiere explicar? Estoy
convencido de que tiene una explicación tan sólida como todo lo que
ha venido diciendo esta tarde desde esta tribuna.
Señor ministro, el 15 por ciento. Yo he pasado por alto ese asunto,
porque no creía, sinceramente, que iba a ser necesario entrar en él
en el debate, pero entro a fondo, no me importa en absoluto. Según
mis noticias, que una vez más podemos contrastar porque están en los
papeles, la empresa ofrece un 15 por ciento de rebaja respecto a su
propuesta inicial y el subdirector le dice al director...
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, ha de concluir.
El señor PÉREZ RUBALCABA. Debo concluir, pero él ha estado tres
cuartos de hora, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Así es la vida, señor Pérez Rubalcaba.
(Rumores.) Es el Reglamento. Su señoría lleva tres minutos más de lo
que le corresponde, o sea que concluya. (Rumores.)
El señor PÉREZ RUBALCABA: Voy acabando...
¿Ve, señor ministro, cómo no podemos hacer un debate serio? No me
deja la Cámara. (Rumores.) Pero voy acabando rápidamente.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, le llamo al orden.
(Rumores.)
El señor PÉREZ RUBALCABA: ¡Hombre, señor presidente, yo que soy tan
disciplinado...!
El señor PRESIDENTE: Retire lo de la seriedad y le retiraré la
llamada.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Retiro todo lo que usted quiera, señor
presidente. Créame que le guardo un gran respeto.
Señor ministro, lo del 15 por ciento. Acláremelo, porque lo que dice
el subdirector al director es: Director, no hagas el primo, se puede
sacar mucha más rebaja. Y el director le dice: Déjame, que ya lo voy
a negociar yo. Y la cosa queda en el 15 por ciento. ¿Me lo quiere
explicar, señor ministro?
Déjeme que le diga una última cosa. Estoy dispuesto a creerme
cualquier cosa, sobre todo si me manda los papeles y podemos estudiar
los datos y confrontarlos aquí. Lo que le digo, señor ministro, es
que el director de Correos, aquí, en esta Cámara, no dijo la verdad.
Es más, dijo la peor de las mentiras, que es una verdad a medias, y
usted lo sabe muy bien. Sí. Dijo que el informe se lo había hecho el
abogado del Estado y él sabe perfectamente que no es el abogado del
Estado, que es el asesor jurídico de Renfe, que no es lo mismo. Quiso
darle al informe rango de importancia, y yo lo entiendo. Y a
continuación ocultó algo fundamental. Y, créame, en la transcripción
se ve claramente que lo ocultó, y luego la leemos conjuntamente.
Ocultó algo fundamental, que es que el informe era de tres días
antes, no de cuando se produjo el concurso, sino de tres días antes.
No lo dijo. Y es evidente, señor ministro, que lo tenía que haber
dicho. Mis compañeros de grupo, razonablemente dijeron: ¿Nos quieres
dejar ese informe? Entonces apareció que era de un abogado del Estado
en excedencia que, por cierto, ya de paso le digo, señor ministro,
que pidió la excedencia tres meses más tarde de estar contratado en
Correos. Pero, en fin, pelillos a la mar.
En resumen, señor ministro, no es verdad, no le creo, me tiene que
dar los datos y si son tan claros no me dolerán prendas en reconocer
que lo han hecho ustedes muy bien. Mientras tanto, seguiré
manteniendo aquí mis afirmaciones: se ha hecho trato de favor, el
director de Correos ha contratado a un ex socio suyo, con el que
compartió negocios hasta 1997, un año entero siendo director de
Correos, y además se ha hecho un mal negocio, y eso es lo peor, para
la Administración pública. Por eso, señor ministro, le vuelvo a pedir
aquí que, en tanto no me demuestre que lo que usted ha dicho aquí es
cierto, le cese.
Voy rápidamente a contestar algunas cosas más, porque no tengo
tiempo. Usted y yo hemos discutido mucho de tarifas telefónicas,
mucho. Usted hoy ha dicho aquí otra cosa que no me resisto a
comentar. No siga insistiendo en que hay una tarifa plana a 4.000
pesetas, no es verdad. No es verdad, porque se pagan 4.000 pesetas a
Telefónica más lo que paga uno al servidor, luego no es verdad, y no
hay servidor por menos de 2.000, 3.000 ó 4.000 pesetas. Por tanto,
los internautas residenciales no pagan 4.000 pesetas, pagan 6.000,
7.000 y, generalmente, 8.000. No vuelva usted a decir eso, porque
cada vez que lo dice la red se llena de insultos al ministro de
Fomento y a mí, particularmente, no me son gratos de leer. No diga
usted eso porque no es verdad. Y no diga usted que hay tarifa plana,
porque dicho así parece que la hay. Hay tarifa plana para algunos
usuarios residenciales de Madrid, Barcelona y de alguna otra
provincia, muy pocos, usted lo sabe, señor ministro. Hay una tarifa
plana que ha tardado mucho tiempo en aplicarse, señor ministro,
porque usted, en lugar de defender los intereses de los usuarios de
Internet, de los modestos, de los residenciales, usted ha defendido
los intereses de Telefónica, eso lo sabe usted. Además, usted no ha
cumplido una resolución de esta Cámara aprobada por unanimidad y la
pregunta es: Si usted no la iba a cumplir, ¿por qué la votó su grupo?
Eso es lo que a mí me sorprende. Si usted no la iba a cumplir, si es
verdad lo que usted dice que no se puede cumplir y ha habido que
esperar a la ADSL, ¿por qué la votó su grupo? Que hubieran tenido
valor y hubieran votado que no, pero votaron que sí para engañar a la
gente, para que la gente pensara que había tarifa plana. Y usted lo
anunció y lo anunció el presidente del Gobierno a través de no se qué
videoconferencia, y no es verdad, señor ministro. Más del 90 por
ciento de los usuarios de Internet hoy en España no tienen tarifa
plana, y los que la tienen, la tienen muy cara. Y los que la tienen
por cable, como usted dice, no es por usted, sino contra usted, que
tampoco ha potenciado el cable. Contra usted, señor ministro.
(Protestas.) Usted no ha hecho nada por que el cable de tarifa plana
sea más barato. Esa es la realidad.
Déjeme que le diga algo más de las tarifas telefónicas.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar, señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Acabo, señor presidente.
Déjeme que le diga algo más de las tarifas telefónicas. Yo no he
hablado del quinto informe de la Unión Europea, ese viejo truco de
sacar un informe y decir que yo lo he mencionado. Yo no he mencionado
eso. Yo he mencionado los datos de Eurostat, que son más sencillos,
y le he dicho el IPC. Durante el período 1996-1999 Europa baja un 6,
usted sube un 3. Punto. He dicho eso, eso es verdad y son los datos
de Eurostat, la estadística europea. No he hablado del quinto informe
para nada, no me saque usted cosas que yo no he dicho. Yo he
dicho que usted ha hecho una mala política de telecomunicaciones.
Y le digo más: sus bajadas de tarifas son lesivas para la gente que
tiene pocos recursos económicos -se lo vuelvo a decir-, porque usted
sube la cuota de abono. Usted sabe que ha tocado las llamadas de
larga duración, pero en las llamadas pequeñas la gente paga mucho más
de lo que pagaba. Usted sube la cuota de abono y usted sabe que eso
es enormemente injusto, porque la cuota de abono -que acaba de
autorizar a Telefónica que suba el año que viene- la pagan igual los
que usan el teléfono para vivir, los que usan el teléfono para hacer
negocio y los que simplemente usan el teléfono para llamar a sus
hijos cuando necesitan, por ejemplo, asistencia familiar. Eso no es
justo, señor ministro. Usted no puede decir que ha hecho una política
de tarifas correcta, porque es injusto. Usted ha subido la cuota de
abono y usted ha afectado a todo el mundo con una subida que grava
mucho, y usted lo sabe, las llamadas de la gente que utiliza muy poco
el teléfono; aquella gente justamente a la que no debería haberle
subido el teléfono le ha subido, y eso sabe usted que es verdad,
señor ministro. Por eso le impugnamos a la totalidad sus subidas de
tarifas de teléfono, el tarifazo de agosto de 1998, que, por cierto,
disparó las llamadas de los internautas y buen lío que tuvo usted con
ese tema. Usted ha hecho una política tarifaria en Telefónica injusta
y eso es lo que yo le digo desde esta tribuna, además de decirle que
los datos de Eurostat usted no me los ha desmentido.
Sobre la vivienda leeré sus datos, señor ministro, y acabo puesto que
es el último epígrafe. (Rumores.) Ya sé que les molesta mucho oír a
la oposición, ya lo sé. Leeré sus datos, señor ministro, 1999-1998,
crecimiento del precio de la vivienda, es una columna: 9,9, 9,0,
12,4, 9,1, 9,4, 12,7, 9,6; son los suyos, Ministerio de Fomento. Me
he limitado a decirle aquí lo que pone su propio Ministerio.
Acabo ya con lo de Barajas, donde usted ha sido insuperable. Ahí
reconozco que se ha superado. Hoy hemos encontrado nuevos culpables,
el turismo que sube, los pasajeros que suben, incluso ha dicho que en
Europa suceden tales cosas. Señor ministro, yo viajo alguna vez por
Europa, menos que usted, pero viajo alguna vez por Europa, yo no he
visto en ningún aeropuerto europeo que se pierden 10.000 maletas en
un día, en ninguno. (Varios señores diputados: ¿Y el Reglamento, no
se aplica el Reglamento?-El señor Hernando Fraile: Esto es
inconcebible.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Yo no he visto en ningún aeropuerto
europeo, señor ministro, que una máquina de arreglar el asfalto se
cargue el cable y deje sin luz al aeropuerto.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, concluya o le retiraré la
palabra.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Termino ya, señor presidente.
Yo no he visto dormir a la gente en el aeropuerto, yo no he visto
reclamar a la gente como se reclama aquí.
Señor Arias -y termino ya-, usted ha hablado todo el tiempo de mi
chapucilla, de la chapucilla de mi moción. Chapuza usted, señor
ministro. Chapuza usted y Barajas. ¿Cómo saca usted aquí esa palabra
después de lo que hemos vivido en este puente de la Constitución? ¡Si
usted es el gran chapuzas, señor ministro! ¿Cómo se atreve?
Sin embargo, tiene razón en una cosa: yo no he tocado todas las áreas
de su Ministerio, yo he pedido su reprobación por Barajas, por
Correos, por la vivienda, por el teléfono, por la tarifa plana, por
la falta de respeto que tiene usted a este Parlamento; pero tiene
usted razón, me he dejado algunas cosas, se lo reconozco, no es
universal, tenía que haber incluido también las autovías, de las que
hoy sabemos que usted ha renovado...
El señor PRESIDENTE: Ahí ya no entre, de ninguna manera.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Ha renovado las concesiones, dando un gran
beneficio a algunos que nos tendrá que decir aquí quiénes son.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es, señor ministro, que su intervención, incluidos los
aplausos de clausura, me ha sonado más a despedida, a epílogo, que a
prólogo de un cuento, pero es verdad que estamos a final de la
legislatura.
Yo no entiendo cómo es posible que su explicación haya sido tan
exitosa, que usted haya tenido que emplear casi tres cuartos de hora
para hablar del éxito de su gestión, cuando dicha gestión está tan
puesta en cuestión. Me ha parecido algo así como querer dejar a
Alicia en el país de las maravillas en un cuento de terror, comparado
con usted.
La verdad es que yo venía con mucha prudencia al debate de esta
propuesta de resolución que era la moción, después de la
interpelación del otro día, pero ha sido usted un genio de la puesta
en escena en toda la discusión que hemos tenido sobre Correos. Cada
día nos saca un papel nuevo. Fuimos a la comparecencia y nos dio tres
documentos, y nos dijo: dejo tres más. Y cuando presentamos la
interpelación, hace tres semanas, subió usted aquí con un libro en
las manos -con pastas verdes por detrás- y nos dijo: aquí hay otra
información que dejo a disposición de la Cámara. ¿Dejó usted aquella
información a disposición de la Cámara? Porque es lo que dijo usted
aquí. Y yo le dije que no
vale dejar a disposición información que no se tiene. Usted ha sido
un goteo sistemático de información.
Tema de Correos. En la Comisión, el director general de Correos dijo
que él había tenido la garantía de un informe jurídico del abogado
del Estado. Si usted lee lo que él dijo en Comisión y lo compara con
lo que en realidad era, no hay parecido alguno. No mintió, pero no
dio los datos que componían la información. La información que
ustedes distribuyeron entre todas las oficinas de Correos al día
siguiente de salir la información decía: El director general se
inhibió de realizar cualquier gestión. Y usted ha dicho aquí
-fíjense- que él no estuvo negociando el contrato, que solamente lo
firmó. Y dijo: Hay un informe jurídico que a mí me eximía de
inhibirme. Pero el informe jurídico no está hecho por un abogado del
Estado. ¿Sabe usted por quien está hecho? Por una persona contratada
para ser secretario del consejo de administración. ¿Pero cómo el
secretario del consejo de administración va a decir algo en contra de
la toma de decisión en la que él ha estado participando?
Dice el informe de este secretario del consejo de administración, que
paga el director general y que paga usted: Se han exigido en el
proceso los principios de publicidad y concurrencia. ¿Ha habido libre
concurrencia? ¿Se ha podido presentar quien ha querido? ¿Quien ha
querido ha podido hacer una oferta para elegir esta ubicación de la
Dirección de Correos? (Varios señores diputados: No, no.) Y usted
todo lo tapa diciendo: pero es que los otros lo hicieron peor. Por
ese camino ya le he dicho que no vaya. ¿A mí que me está diciendo
usted? ¿Quién me dice a mí que el anterior Gobierno lo hizo mal y que
ustedes ahora, en lugar de tener equis metros cuadrados, tienen
16.000 metros cuadrados? Pero si todo el mundo sabe, hasta mis
alumnos cuando yo daba clase en la escuela, que no es lo mismo
comprarse un edificio en el centro de Madrid que comprárselo a cinco
kilómetros de Madrid. Si es que no es lo mismo estar ubicados en el
centro que estar en las afueras, ¿Cómo va a valer lo mismo? Ni valen
lo mismo los metros ni vale lo mismo la plaza de aparcamiento ni vale
nada lo mismo, ¿pero me podría usted precisar, porque eso es lo
importante para saber si ha habido trato de favor o no, si ha habido
publicidad? ¿De qué manera dieron a conocer que se iba a comprar ese
local? ¿A quién se lo dijeron, a cuántos? ¿Cuántos le han respondido?
Muy importante. El señor director general de Correos vende sus
acciones de una sociedad ligada con Monthisa en el mes de septiembre.
Dejó de ser miembro del consejo de administración en el año 1996.
¿Cuándo hace la oferta Monthisa, cuándo entran en relación la primera
vez, de qué manera Monthisa se entera de esa operación? Porque
Monthisa hace el negocio en julio de 1997 y en septiembre u octubre
de 1997 ya están trabajando sobre la oferta, hace una inversión
asegurada, es un negocio asegurado. Eso es lo que le estamos
criticando, usted tiene que dar explicaciones sobre cómo se ha hecho
ese proceso.
La verdad es que ustedes no tomaron las medidas jurídicas para estar
asesorados. Se ha incumplido la Ley de incompatibilidades de altos
cargos, no se ha producido la inhibición de una persona, ha ido a
firmar el contrato entre las dos partes; además, el contrato no es
ventajoso para Correos, es ventajoso para la arrendataria. Hay muchos
informes, como el de finanzas, que ustedes no recogieron.
Le voy a poner un ejemplo del goteo de su información. En la Comisión
me dijo que, de las doce alegaciones del informe de finanzas, se
habían admitido todas menos una; cuando llegamos al Pleno dijo que
todas menos dos y otras dos a medias; ahora, ya hemos llegado a todas
menos seis. Dígame cuáles fueron las alegaciones de ese informe que
aceptaron y las que no para garantizar ese proceso.
Los aeropuertos. Yo no he querido entrar en la generalidad de la
discusión. Podríamos discutir de mucho, de su política de vivienda, a
quién llegan las viviendas, quién las puede comprar, quién no;
podríamos discutir de ferrocarril, podríamos discutir de mucho. Usted
ha cuadrado hoy el círculo cuando, como responsable de los
aeropuertos en España, ha venido a decir que el problema es que hoy
tenemos más viajeros, más clientes, más turistas. ¿No es su
obligación emprender actuaciones para prevenirlo? No vale que los
ciudadanos en Madrid tengan los mismos problemas que en Milán, los
mismos problemas que en París. Eso no vale. Usted tiene que decir por
qué nos hemos acostumbrado en España a pasar horas en los
aeropuertos. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a coger el
vuelo y no saber cuándo llegamos, a perder vuelos de enlace? ¿Por
qué? ¿Por qué ha sido una buena gestión de S.S.? ¿Por qué es
brillante su actuación? Todas ellas son razones por las que se ha
pedido la reprobación.
Estoy convencido de que usted debería de encajar algo. Aquel dicho
del váyase señor González lo ha hecho usted bueno, a usted se le dice
permanentemente váyase. Estoy seguro de que eso no es óbice para que
mejore su gestión, para que ponga en marcha medidas, pero no es de
recibo que en la culminación de su etapa, de los cuatro años, venga a
aplaudirse, a alabarse, a decir lo bien que va todo, que no hay nada
que se resquebraje; nos tendríamos que haber puesto en pie, como en
un momento de enardecimiento, y haberle aplaudido a usted por su
brillante gestión. Eso no es lo que piensan los ciudadanos hoy, no es
lo que piensan los que reciben los servicios que usted presta. Por
eso reprobamos su gestión en el área de Correos y en otras áreas. Si
quiere, discutimos una a una, en ferrocarril, en viviendas, en cada
una de ellas.
En suma, señor ministro, ustedes no han mentido, pero no han dicho
toda la verdad ni han dado todos los datos; ustedes no sólo no han
parecido sinceros sino que no lo han sido respecto a la ubicación del
local de la sede central de Correos en la zona del centro comercial
en la que se ha instalado. Es más, ustedes han posibilitado, y no es
la primera vez, un trato de favor, o por lo menos eso parece. Una
persona que tenía relación
con el director de Correos va a procurarse un negocio; con
independencia de lo que pasara en 1992, en 1996 -que aquel Gobierno
lo hiciera mal no justifica que usted también lo haga mal-, va a
hacer un negocio de 6.000 millones de pesetas. Esa no es forma de
actuar y le ha pasado con el GIF y el ferrocarril, le ha pasado con
todo lo que usted gestiona. ¿Sabe lo que pasa? Que en esta vida hay
que separar el mundo de los negocios y del beneficio del mundo de la
gestión pública, y en eso usted no es un ejemplo. (Un señor diputado:
¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente. Con la máxima brevedad porque yo creo que,
finalmente, lo que ha habido es una estricta reiteración de
afirmaciones, genéricas la mayor parte de ellas y nunca apoyadas en
datos, que es lo fundamental.
Empezando por el tema de Correos, que es el que está en el origen de
esta moción, debo añadir lo siguiente, señor presidente. Se ha
afirmado aquí que no ha habido publicidad y concurrencia de ofertas.
Señoría, las normas que se han aplicado para poner en marcha el
procedimiento hacia la contratación de un arrendamiento nuevo para
Correos son las que estaban vigentes, y uno de los procedimientos
legalmente previstos es el de la petición de ofertas por parte del
órgano de contratación, que es lo que se hace, se piden ofertas. No
es un concurso público, no es el único sistema legal de contratación
y además, señoría, el concurso público es un sistema poco apto para
hacer contratos de arrendamiento. Por tanto, es mucho mejor pedir
ofertas a aquellas empresas que están, digamos, especializadas en
tráfico inmobiliario, sea de compraventa o sea de arrendamiento...
(Varios señores diputados: Tráfico, tráfico...-Rumores.) Tráfico es
una palabra que está en el Código Mercantil. Comprendo que para
ustedes el Código Mercantil es una ilegalidad, pero funciona en la
vida de los países. (Rumores.) Se dedican al tráfico inmobiliario y,
por consiguiente, nos pueden dar información de los edificios que
están en arrendamiento. Yo he demostrado cumplidamente que ha habido
una pluralidad de ofertas, les he dado los datos y se puede comprobar
perfectamente. Por tanto, señoría, se ha cumplido la ley. Primera
conclusión.
Segunda conclusión. El director general ha actuado conforme a derecho
y en su comportamiento está avalado por el jefe de la asesoría
jurídica del ente público, que es secretario del consejo de
administración y tiene potestad certificante y tiene presunción de
veracidad. Por tanto, destruyan ustedes la presunción, que es lo que
exige un planteamiento estrictamente legal; hay una presunción de
veracidad. Señoría, el abogado del Estado no está en excedencia. Hay
otra cosa muy distinta que conoce S.S. que se llama servicios
especiales,
que no tienen nada que ver con la excedencia, porque estar en
servicios especiales, señoría, es estar en activo y, por tanto,
ejerciendo la función de abogado del Estado como jefe de la asesoría
jurídica de Correos. (Rumores.) Por consiguiente, concretemos.
En tercer lugar, el consejo de administración de Correos ha estado
informado en siete ocasiones del procedimiento de contratación.
En cuarto lugar, ha habido informes previos, señoría. Eso demuestra
hasta qué punto se ha ido aplicando el procedimiento correctamente.
Me dice usted que no se han recogido todas las observaciones que
establecen esos informes. No es obligatorio recogerlas. El contrato
es exactamente igual de legal tanto si recoge como si no recoge las
observaciones, pero es que en este caso, señoría, ha recogido la
mayoría, y quien le ha dado la información no le está diciendo la
verdad. Se ha recogido la mayoría de las observaciones, solamente dos
no se han recogido en absoluto y otras dos se han recogido en forma
incompleta. Pero a los efectos de la legalidad del contrato, señoría,
es exactamente igual. El contrato resulta mejorado con el informe,
ciertamente; pero a los efectos de la legalidad, que es lo que aquí
se discute, es indiferente. Se puede no recoger ninguna de las
observaciones y el contrato sería exactamente igual de legal.
Finalmente, señoría -aquí está el quid de la cuestión-, ustedes no
han podido demostrar (y es su obligación demostrarlo) que éste no es
un contrato ventajoso para Correos. Afirmar que es un contrato dañoso
para los intereses del ente público Correos con los datos que yo he
puesto encima de la mesa, de precio, de espacio, de arrendamiento, no
tiene ningún sentido, señoría, es una afirmación vacía de contenido.
Además, S.S. ha apelado al reformado. Cuando se alquila un edificio
con una opción de compra y se introducen una serie de reformados,
esos reformados son a cargo del comprador, especialmente cuando se
trata de introducir en el edificio determinado tipo de servicios. Y
le voy a poner el ejemplo del contrato vigente. En el contrato
vigente se hicieron reformados por 300 millones, el doble de los que
se han hecho en esta nueva ocasión. Esos 300 millones los pagó,
naturalmente, el ente público Correos, porque son reformados que se
hacen en una sede que se alquila y el propietario, naturalmente, no
corre con los gastos de una adaptación de la estructura del edificio
a los intereses del cliente. Le digo las finalidades de los 143
millones de los reformados, señoría. No es una imprevisión, sino que
se introducen en el proyecto constructivo, por eso se incrementa el
precio en 143 millones: creación de un centro de proceso de datos,
salón de actos, locales para los servicios médicos, locales para los
sindicatos y cafetería. Estos son los servicios que dan lugar a unos
reformados por valor de 143 millones de pesetas. No tiene por qué
pagarlos el propietario y vendedor, sino, justamente, el
arrendatario. Por tanto, señorías, ustedes no han podido demostrar
que estamos ante un contrato dañoso para Correos; por el contrario,
es claro y manifiesto que
se trata de un contrato ventajoso para Correos si se comparan los
datos de ese contrato con los del actualmente vigente y se aporta el
informe que yo he aportado de la sociedad de tasación.
Finalmente, señoría, en cuanto a las telecomunicaciones, al final ha
tenido usted que reconocer que las tarifas han bajado. Le daré las
gracias por haberlo reconocido. (La señora Cunillera i Mestres: No
tiene remedio, no tiene remedio.) Las tarifas han bajado. Sabe usted
que las tarifas locales en el decreto-ley se bajan un 8,4 por ciento
y que se amplía el horario de tarifa reducida desde las seis de la
tarde hasta las doce del día siguiente. Por tanto, señoría, las
tarifas telefónicas han bajado todas. Y no se puede decir, con el
fuerte incremento de la competencia, que la política tarifaria se ha
hecho en beneficio de unos estamentos o clases sociales y en
perjuicio de otros porque sabe que eso no se tiene de pie.
Demuéstreme usted que la tarifa local de Telefónica no es la más baja
de Europa. Si yo le digo que la tarifa local es la más baja de Europa
después de Grecia, la segunda más baja de Europa, y encima hemos
bajado la tarifa local de Telefónica, resulta que estamos
perjudicando a las clases sociales más modestas. Señoría,
francamente, eso no se tiene de pie.
En cuanto a la tarifa plana de Internet, señoría, está legalmente
establecida, otra cosa es el proceso de su aplicación a través de una
innovación tecnológica que lleva su tiempo extenderla a todo el
territorio nacional. Usted sabe que la tecnología ADSL hace posible
la tarifa plana utilizando el bucle local de Telefónica y que con esa
tecnología -a la que ustedes se opusieron en un principio, aunque
ahora ya la aceptan- es posible la aplicación de la tarifa plana.
Estamos hablando de tarifas, señoría, usted me dice después que hay
que pagar un impuesto, claro, y me dice que hay que pagar a otro
servicio de tipo distinto.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, vaya concluyendo, por favor.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo):
Naturalmente, pero dígame usted, señoría, qué país de la Unión
Europea tiene hoy una tarifa plana de Internet más baja que la
española, dígamelo usted, y entonces sacaremos la conclusión de que
hemos hecho una política perjudicial para las clases más modestas.
España tiene la tarifa local de telefonía más baja de Europa después
de Grecia y en estos momentos tiene la tarifa plana más baja de
acceso a Internet de toda la Unión Europea, y así está reconocido en
los informes de la Unión Europea. Decir que esto es el fracaso de un
proceso de liberalización, señoría, es vivir en un país distinto que
no se llama España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Pasamos a las tomas de posición de grupos parlamentarios. (El señor
Peralta Ortega pide la palabra.) El Grupo Mixto, si no me fallan los
datos, creo que ha
intervenido en defensa de una enmienda. Ustedes tienen muy claro que
agotan su turno en el correspondiente turno de defensa de la
enmienda.
El señor SERRANO VINUÉ: Hay dos mociones y el Grupo Mixto, a través
del Bloque Nacionalista Galego, ha presentado una enmienda a la
moción del Grupo Socialista. En ese sentido, tendríamos que fijar
posición al menos en la de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Señor Serrano, usted sabe que las normas de
procedimiento exigen que si SS.SS. desean fijar su posición, sea en
una o dos mociones porque se están tramitando acumuladamente, lo
hagan en el momento que el Grupo Mixto ha decidido, que es el momento
de la presentación de las enmiendas. Por tanto, no tienen SS.SS. la
palabra.
Adelante, señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor presidente, quien en ese momento
ostentaba la Presidencia de la Cámara ha concedido la palabra
exclusivamente para defender la enmienda a una moción. No se ha
pedido al Grupo Mixto que fijara la posición, simplemente se ha dicho
que había una enmienda firmada por el Bloque Nacionalista Galego.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Tiene S.S. tres minutos y el señor
Serrano otros tres.
Adelante.
El señor SERRANO VINUÉ: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para anunciar que vamos a dar nuestro voto afirmativo
a las dos mociones presentadas y para no desaprovechar la oportunidad
política que se nos ofrece en esta recta final de la legislatura para
hacer un análisis de una gestión deficiente que desde la perspectiva
del Partido Aragonés el Ministerio de Fomento ha planteado.Quiero
dejar claro que no es que tengamos una fijación especial por el
Ministerio de Fomento y quiero dejar claro que desde el primer
momento este partido confió en la buena fe y en ese Ministerio, pero
a estas alturas no nos pueden pedir más actos de fe. En lo respecta a
Correos, hay que decir que hay sospechas, serias dudas y falta de
trasparencia, y ya saben lo de la mujer del César.
El ministro hablaba de chapucillas y pide datos. Señor ministro, le
voy a dar datos sobre los compromisos no solamente de su Ministerio
con el partido al que represento en estas Cortes, sino de compromisos
de su Ministerio a través de resoluciones aprobadas en el debate del
estado de la Nación, a través de proposiciones no de ley, a través de
los Presupuestos Generales del Estado, algunas aprobadas por esta
Cámara por unanimidad. Al final de la legislatura, desgraciadamente,
no se ha cumplido nada, aunque voy a ser un poco generoso, no se ha
cumplido casi nada.
Le tendría que recordar también su compromiso personal -y viene a
colación por la ampliación de las concesiones
de autopistas- en lo referente a la liberalización de la A-
68. Eso es en estos momentos preocupante.
Quiero manifestar mi preocupación y las dudas que hay sobre la
garantía del servicio postal universal. Hay muchas zonas rurales
despobladas, tanto de Huesca como de Teruel y Zaragoza, donde este
servicio en estos momentos no está garantizado. Aparte de ello,
quedan cuestiones relativas a telefonía y acceso a Internet que habrá
que analizar también el próximo siglo y sobre las que hay -repito-
muchas dudas.
Si este examen se trata de una especie de reválida -y he visto al
ministro de Educación-, su Ministerio ha suspendido.
Señor presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, siguiendo sus argumentos, permítame que utilice
datos.
A lo largo de la legislatura ha sido usted el ministro cuyo cese más
veces se ha pedido en esta Cámara por diversos grupos parlamentarios
y por los más diversos motivos. En el momento en que finaliza la
legislatura, cuando se hace balance, parece lógico que se pida su
cese por todo ese conjunto de motivos por los que razonadamente lo
han hecho los más diversos grupos parlamentarios a lo largo de la
legislatura.
Señor ministro, por no entrar en los argumentos que se han dado ya
por los grupos que han intervenido, con datos objetivos de los que
usted, echando balones fuera, decía que tenían dimensión europea,
dimensión de turismo, hay un tema que sólo responde a su actuación,
a su voluntad: las autopistas y las tarifas de las autopistas. En el
marco de un plan de choque contra la inflación en nuestro país, en
abril de este año un real decreto-ley del Gobierno autorizó que se
bajaran las tarifas de las autopistas en un 7 por ciento. Llegado el
mes de noviembre no se había llevado a la práctica dicha rebaja y,
sorpresivamente, en el marco de un real decreto-ley que contempla
otro tipo de medidas, se incluye un artículo por el que se permite
que esa bajada del 7 por ciento no tenga carácter lineal, sino que se
aplique primando a determinados usuarios que utilicen de manera
especial las autopistas. Señor ministro, esta actuación depende
exclusivamente de su voluntad y de su gestión. ¿Cómo se explica que
por razones de urgencia un real decreto-ley no se lleve a la
práctica? ¿Cómo se explica que un real decreto-ley que tiene como
objetivo combatir la inflación y establecer una bajada generalizada
de tarifas se convierta de manera sorpresiva, y sin ninguna
fundamentación, en la posibilidad que todavía no se ha llevado a la
práctica de una rebaja selectiva sólo para determinados usuarios?
Esta es la forma de actuar usted al frente de su Ministerio. Lepodría
citar otros datos concretos. Por ejemplo, el AVE
Madrid-Valencia. ¿Hasta cuándo, señor ministro, nos limitaremos a
hablar, a dar publicidad y no se avanzará absolutamente nada en la
ejecución de una infraestructura que ustedes, desde que llegaron al
Gobierno, no hacen más que anunciar y en la que desgraciadamente no
tenemos ocasión de avanzar.
Señor ministro, por innumerables motivos su reprobación está más que
justificada. Lo hemos defendido a lo largo de la legislatura y lo
seguimos compartiendo desde Nueva Izquierda al terminar la misma.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Ambas mociones, relativas a la Entidad Pública Empresarial Correos y
Telégrafos, tienen tres partes a considerar. La primera es relativa
al Servicio de Correos. En las mociones se pide una serie de
considerandos que verdaderamente preocupan por cuanto vienen a
revelar una muy mala situación del funcionamiento de Correos, y todo
ello no es totalmente verídico. Lo que se pretende es dejar la
impresión de que Correos está muy mal, que repito que no es verdad y,
además, es una desconsideración para la propia entidad y para el
colectivo de sus empleados.
Quiero diferenciar que entre las dos mociones, dentro de su carácter
totalmente negativo para Correos, la que corresponde a Izquierda
Unida refleja unas consideraciones de preocupación más real que las
del Grupo Socialista, que sólo intenta efectos podríamos decir
mediáticos con otros fines.Nosotros no compartimos ningún mal
funcionamiento de Correos, que puede mejorar y que hay que apoyar
para su mejora. Siempre hemos tenido esta idea, aunque en su momento
en el debate de la ley se creyese todo lo contrario. Por cierto, que
por parte del portavoz del Grupo Socialista no ha habido ni dos
palabras en defensa de las cuatro páginas correspondientes de los
puntos que se referían al funcionamiento de Correos.
La segunda parte de las mociones se refiere al cese del director
general de Correos. No cuenten con nuestro apoyo. Nuestro grupo no
entra en este tipo de solicitudes -después aclararé más concretamente
por qué- y más cuando ni siquiera compartimos las motivaciones que
presentan las mociones como justificantes. Se ha explicado bien, pero
se ha explicado la versión de los proponentes de la moción; es su
versión y la que les interesa, no es la nuestra.
La tercera parte es la reprobación de la gestión del ministro de
Fomento en Correos. Aprovechando la niebla de los últimos días, al
disiparse la misma, el Grupo Socialista reencuentra toda una serie de
motivos de reprobación. Se autoenmienda la moción, añadiéndose la
reprobación de su gestión en aeropuertos, vivienda, siniestralidad,
carreteras, telecomunicación, turismo - que no corresponde a este
Ministerio- y opciones
sobre acciones -que tampoco corresponden a este Ministerio-.
Señorías, nuestro voto negativo a esta tercera parte de las mociones
no es para salvar la cara a nadie, no es a cambio de nada. No emitan
opiniones elucubradoras con posterioridad, ya sé que interesadamente
lo van a hacer. Simplemente, nuestro grupo vota negativamente, aún
teniendo discrepancias con el ministro en la forma de su gestión en
algunos temas, de los cuales quisiéramos un debate serio, porque,
como ya dije en mi intervención el 20 de abril pasado, en 1980 el
PSOE reprobó ministros de UCD -varios ministros-, después el Partido
Popular en la oposición reprobó a ministros del PSOE -varios
ministros- y ahora tenemos al PSOE con Izquierda Unida pidiendo la
reprobación otra vez del ministro de Fomento.
La solicitud de la reprobación de un ministro no ha sido apoyada
nunca por nuestro grupo parlamentario, ni como Minoría Catalana ni
ahora como Grupo Parlamentario Catalán. Pedir dimisiones no es
nuestro estilo. Por cierto, cuando las reprobaciones venían del Grupo
Popular a ministros del PSOE nuestro voto estaba sumando a los que
apoyaban a los ministros reprobados. Por tanto, comentarios no. La
figura de la reprobación de un ministro no es más que un perversión
al texto constitucional. No puede llevarse a cabo. Si se aprobase,
¿qué pasa? Simplemente es la reprobación moral del ministro, pero no
se puede llevar a cabo. Nosotros, fieles a nuestra actitud
respetuosamente reglamentaria y en positivo, no apoyaremos dicha
reprobación. Los últimos párrafos de mi intervención ya figuran en el
«Diario de Sesiones» número 230, del 20 de abril de este mismo año.
Por tanto, no vamos a apoyar esta reprobación ni otra que viniese,
que no va a poder venir por el tiempo en que estamos de la
legislatura.
Nada más. Muchas gracias
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sedó.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Carreño
Rodríguez-Maribona.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor
presidente.
Entiendo que la moción debe ser congruente con la interpelación, y
así me lo aclara el artículo 184 del Reglamento del Congreso. Lo que
no me aclara este artículo es si las enmiendas presentadas para su
admisión deben ser congruentes con la interpelación. Sí lo ha hecho
la Mesa de la Cámara al aceptar la enmienda del Grupo Socialista, que
pretende universalizar la moción ampliando del sector correos y
telégrafos, transporte aéreo, vivienda, carreteras y
telecomunicaciones las críticas y descalificaciones.
Cojamos el momento cero, el punto de partida del ministro Arias-
Salgado en el Ministerio de Fomento: gran endeudamiento, Ley del
Suelo en el Tribunal Constitucional pendiente de sentencia, convenios
multimillonarios de campanario irrealizables, sin proyectos ni
consignación presupuestaria, firmados con muchos
ayuntamientos no precisamente del Partido Popular; moratoria en la
liberalización de las telecomunicaciones, recurridas todas las
directivas europeas por el Gobierno español; un tren de alta
velocidad a Barcelona iniciado someramente en el entorno de Lleida
con ancho vía Renfe y una ampliación de Barajas paralizada con una
declaración de impacto ambiental que, por cierto, todavía está
pesando y gravando las decisiones sobre Barajas de una manera
importante.
Decía en mi intervención el pasado 1 de diciembre que si funcionara
mal una empresa con casi 64.000 empleados, de la que además somos
usuarios todos los españoles y gran parte de los millones de
visitantes extranjeros, sonarían todas las alarmas sociales y se
reflejaría el malestar en los medios de comunicación. Si la situación
fuera antes del pasado puente de la Constitución y durante el pasado
puente de la Constitución, tal como la ha presentado la moción y el
portavoz del Grupo Socialista, no hubiera habido el movimiento masivo
de automóviles y de aviones hacia todos los lugares de la geografía
española, incluso de fuera. Hizo catorce años el 5 de diciembre, un
trágico accidente en el aeropuerto de Barajas a causa de la niebla
provocó -un avión de Iberia y otro de Aviaco- que se suspendieran las
operaciones en Barajas más de 24 horas, muertos todos los del avión
de Aviaco. Todos los años en Barajas, incluso con el ILS de la
categoría máxima establecido, como los instalados en junio de 1996 y
junio de 1998, existen días y horas con reducción de actividades,
suspensión y retrasos consiguientes, y no sólo en Barajas sino en
todos los aeropuertos, incluso en otros con condiciones
climatológicas que limitan aún más derivadas de la nieve.
Señorías, cuando posiblemente se están debatiendo las dos últimas
mociones de esta legislatura, es absolutamente imposible desligar las
iniciativas de los grupos Socialista e Izquierda Unida de un alto
aire electoralista. Es la última oportunidad política en este
Congreso para instar algo al Gobierno y de paso pedir dimisiones
o reprobaciones. Paciencia de Job, señor Arias-Salgado, porque con
usted se ha ampliado el pressing en los últimos trece días. Creo que
poco importan las explicaciones que se han dado o se pudieran dar
sobre el cumplimiento ya de los diferentes puntos planteados en las
mociones o los que también se puedan dar sobre transporte aéreo y
vivienda. El boom y la situación positiva económica y del empleo han
hecho que la demanda vaya hacia las viviendas libres -ya lo ha
indicado el señor Arias-Salgado- cuya calificación evidentemente
significa eso. En carreteras, se han dado cifras de consignaciones
presupuestarias para su conservación que varían notablemente el
sentir del Grupo Socialista sobre esas inversiones. No me resisto a
citar una importante inversión dentro de las consecuencias del Plan
de autovías de la época socialista: en la autovía Madrid-Zaragoza,
que no es muy antigua, en dos años y medio se han tenido que gastar
10.600 millones de pesetas en su reparación. En telecomunicaciones,
ya he dicho antes que en marzo de 1996 España tenía recurridas todas
las
directivas de liberalización de las telecomunicaciones y había pedido
moratoria para que la liberalización del sector no ocurriera hasta el
año 2003. Es verdad que es mérito del Partido Socialista Obrero
Español el que España haya retrasado su apertura del mercado de las
telecomunicaciones y la renovación tecnológica. A pesar de ello, se
ha encarado en los últimos años la apertura del mercado y la
modernización tecnológica del sector. No puedo dejar de citar, porque
ha habido citas incompletas e interpretaciones, la frase del Quijote:
No os digo que mentís pero no acertáis. Respecto al contrato para la
nueva sede de Correos dicen las conclusiones (parece ser que hemos
llegado a un acuerdo de que además de secretario del consejo de
administración es jefe de la asesoría jurídica, y ya se reconoce que
es abogado del Estado no excedente sino en situación de servicios
especiales; algo hemos avanzado hoy en el debate), que son dos y
breves y que leo íntegras: Primero, la regulación vigente en el
momento de contratación de un arrendamiento con opción de compra para
sede central de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos
exigía el respeto a los principios de publicidad y concurrencia -no
termina ahí, señor Ríos-, pero no obligaba a realizar un concurso
público. Segundo, el procedimiento de concurrencia en la oferta
seguido para la contratación del arrendamiento objeto del informe es
ajustado a derecho y respeta los principios de publicidad y
concurrencia que rigen la contratación de la Entidad Pública
Empresarial Correos y Telégrafos.Podría citar también muy brevemente
las conclusiones sobre la inhibición del director de Correos, pero no
lo voy a hacer. Sí quiero decir que, a pesar de los augurios de
retraso en la entrega del edificio sede de Correos en la avenida de
Dublín del Parque de las Naciones, se entregará el 1 de enero del año
2000. Visiten, como he hecho yo, el actual emplazamiento de la sede
en la calle Aduana; visiten, como he hecho yo, el nuevo emplazamiento
en la avenida de Dublín del Parque de las Naciones; vean y comparen.
Las peticiones de Izquierda Unida y los doce mandamientos del Grupo
Socialista al Gobierno se encierran en dos: cese del director general
del ente Correos y Telégrafos y reprobación del ministro de Fomento.
El señor PRESIDENTE: Señor Carreño, vaya concluyendo.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Señor presidente, voy
terminando.
Tras las exhaustivas y parece que poco fructíferas, explicaciones del
ministro de Fomento en la Comisión de Infraestructuras el 29 de
noviembre, y en los plenos del uno de diciembre y de hoy, sobre la
política del Gobierno en materia de Correos y Telégrafos, nuestro
grupo apoya plenamente aquellas explicaciones y ésta. Por ello votará
en contra de las dos mociones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
¿El señor Pérez Rubalcaba acepta las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto?
El señor PÉREZ RUBALCABA: Gracias, señor presidente. Aceptamos las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a las dos mociones que se han debatido, empezando
por la del Grupo Socialista sobre política a desarrollar por el
Gobierno respecto al servicio público de Correos, así como sobre el
futuro de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, 150; en contra, 165.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción del Grupo Socialista.
Pasamos a votar la moción del Grupo de Izquierda
Unida sobre medidas para superar la situación de deterioro en la que
se encuentra la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, 150; en contra, 165.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada la
moción del Grupo de Izquierda Unida. (Aplausos. -Protestas.- Varios
señores diputados: ¡Fuera!)
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.