CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE



Año 1999 VI Legislatura Núm. 279



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE



Sesión Plenaria núm. 269



celebrada el miércoles, 1 de diciembre de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Preguntas . . . (Página 15025)



Interpelaciones urgentes:



- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política a desarrollar por
el Gobierno respecto al servicio público de Correos, así como sobre
el futuro de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos.

(Número de expediente 172/000195.) . . . (Página 15047)



- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
para superar la situación de deterioro en el que se encuentra la
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos (Número de
expediente 172/000197.) . . . (Página 15047)

Página 15022



S U M A R I O



Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




Preguntas . . . (Página 15025)



Del Diputado don Julio Anguita González, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo.

Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué opina el Gobierno acerca de la
ampliación de la base de Rota? (Número de expediente 180/002063.) . .

. (Página 15025)



Del Diputado don Antonio Luis Medina Toledo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones
tiene previstas el Gobierno para impulsar la innovación tecnológica
en nuestro país en los distintos sectores productivos? (Número de
expediente 180/002064.) . . . (Página 15026)



Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Comparte el Presidente del Gobierno las declaraciones de su Ministro
Portavoz de que es falso que la propuesta de nombrar al actual
Presidente de Telefónica viniera del Gobierno? (Número de expediente
180/002075.) . . . (Página 15026)



Del Diputado don José Luis Núñez Casal, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Gobierno: ¿Por qué el
Gobierno mantiene el criterio de negar la cesión de terrenos de la
antigua cárcel de Carabanchel de Madrid para equipamientos públicos?
(Número de expediente 180/002062.) . . . (Página 15028)



De la Diputada doña Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué rectificó
el Ministro de Educación y Cultura sus declaraciones a favor de
financiar con fondos públicos los centros privados de bachillerato?
(Número de expediente 180/002080.) . . . (Página 15029)



Del Diputado don Luis Navarro Elola, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno el
proceso de liberalización eléctrica en España durante esta
Legislatura? (Número de expediente 180/002065.) . . . (Página 15030)



Del Diputado don Sergio Gómez-Alba y Ruiz, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas
concretas, desde el lado de la oferta, va a tomar el Gobierno en
relación con la industria de la automoción y su extenso cinturón de
proveedores especializados, muchos de los cuales son pequeñas y
medianas empresas? (Número de expediente 180/002066.) . . . (Página 15031)



Del Diputado don Antonio Cuevas Delgado, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria y Energía y
Portavoz del Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno la situación en que
se encuentra el expediente de reconocimiento de los costes de
transición a la competencia? (Número de expediente 180/002076.) . . .

(Página 15032)



Del Diputado don José Luis Ros Maorad, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria y Energía y
Portavoz del Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el
Gobierno para impedir el anunciado cierre de la planta que el Grupo
Carrier tiene en Guadalajara y que supondría arrojar al paro a todos
sus trabajadores? (Número de expediente 180/002077.) . . . (Página 15033)



De la Diputada doña Amparo Valcarce García, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria y Energía y
Portavoz del Gobierno: ¿Sigue manteniendo el Gobierno que el expediente
de regulación de empleo de la Agencia EFE es inconstitucional?
(Número de expediente 180/002078.) . . . (Página 15034)



Página 15023



De la Diputada doña Enedina Álvarez Gayol, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿En calidad de qué
intervino el Sr.

Aznar en el acto de clausura de la III Conferencia Plenaria de la Red
de Comisiones Parlamentarias para la Igualdad de Oportunidades
(RCIO)? (Número de expediente 180/002086.) . . . (Página 15035)



Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el Gobierno
las razones del aumento del presupuesto de las retribuciones de los
Altos Cargos en 1.843 millones en los últimos años? (Número de
expediente 180/002083.) . . . (Página 15037)



De la Diputada doña Lucita Villar Jar, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
perspectivas futuras que se abren con la presentación ante la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del Plan Nacional de Residuos
Urbanos? (Número de expediente 180/002073.) . . . (Página 15038)



De la Diputada doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuántos residuos peligrosos se
generan en España? (Número de expediente 180/002081.) . . . (Página 15039)



De la Diputada doña Carmen Romero López, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué embalses tienen planes de
emergencia? (Número de expediente 180/002082.) . . . (Página 15040)



Del Diputado don Aurelio Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace
el Gobierno de los resultados obtenidos en el último Consejo de
Ministros de Pesca de noviembre? (Número de expediente 180/002067.) .

. (Página 15041)



Del Diputado don Xavier Tubert i Alsina, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Tiene previsto el Gobierno
actualizar y ampliar el alcance de las ayudas dirigidas al sector de
los frutos de cáscara y las algarrobas? (Número de expediente 180/
002085.) . . . (Página 15042)



Del Diputado don Jesús López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la
valoración que hace el Gobierno de la nueva Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa un año después de su vigencia? (Número de
expediente 180/002068.) . . . (Página 15043)



Del Diputado don Francisco Murcia Barceló, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información
puede facilitar el Gobierno acerca del acceso de particulares a los
Registros mercantiles a través de Internet? (Número de expediente
180/002069.) . . . (Página 15044)



De la Diputada doña Cristina Alberdi Alonso, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria y Energía y
Portavoz del Gobierno: ¿Está Vd. satisfecho con el Plan de Acción
contra los malos tratos a mujeres, aprobado por el Gobierno en marzo
de 1998? (Número de expediente 180/002079.) . . . (Página 15044)



De la Diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo
valora el Gobierno la evolución del número de casos de SIDA
declarados en el último año? (Número de expediente 180/002070.) . . .

(Página 15046)



De la Diputada doña María Fernanda Faraldo Botana, del Grupo
Parlamentario



Página 15024



Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el
Ministro de Sanidad y Consumo los objetivos del Programa de
prevención de enfermedades emergentes y reemergentes? (Número de
expediente 180/002071.) . . . (Página 15046)



Interpelaciones urgentes . . . (Página 15047)



Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política a desarrollar por
el Gobierno respecto al servicio público de Correos, así como sobre
el futuro de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos . .

. (Página 15047)



Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
para superar la situación de deterioro en el que se encuentra la
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos. . . . (Página 15047)



Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, el señor Torres Sahuquillo. Hace patente la
preocupación de su grupo desde hace mucho tiempo por la evolución del
correo público y del servicio postal universal, preocupación que se
ha visto reflejada en una enmienda a la totalidad a la Ley Postal y
en multitud de iniciativas. Expone que la directiva comunitaria
permite una liberalización progresiva de los servicios postales, pero
salvaguardando el servicio universal, actitud contraria a la que
sigue la actual dirección de Correos y Telégrafos, que persigue
simplemente el negocio. Explica el contenido concreto de su
interpelación, poniendo diversos ejemplos de quejas en los medios de
comunicación respecto al servicio de correos. Considera que, en este
momento, las dos grandes preocupaciones de los gestores de Correos y
Telégrafos son la reducción de costes y el aumento de ingresos, lo
que se traduce, según su opinión, en pérdida de calidad debido a los
recortes de personal, subida de tarifas y pérdida de envíos postales
en el mercado urbano. Se refiere a la previsible nueva sede de
Correos y Telégrafos en el Campo de las Naciones, al señor Santos
Montoro, propietario de la parcela donde se piensa construir, y al
director general de Correos, señor Esteruelas, acusándoles de
oscurantismo en todo el proceso.

El señor Ríos Martínez presenta la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para superar
la situación de deterioro en el que se encuentra la Entidad Pública
Empresarial Correos y Telégrafos. Acusa al señor ministro de Fomento
de anunciar una cosa, poner en el papel otra y hacer otra totalmente
distinta, porque la ley que se aprobó el año pasado de liberalización
de los servicios postales, le mandataba hacer frente a dos cosas:
una, conseguir que el proceso de liberalización se hiciese
garantizando un servicio postal universal para todos los españoles y,
dos, que el operador público estuviera en condiciones de competir
cuando esa liberalización estuviera en marcha, extremos que no se han
cumplido, pasando a poner varios ejemplos de esos incumplimientos.

Denuncia el hecho de que no se haya elaborado el Reglamento, que da
pie al plan de prestación del servicio postal universal, donde se
deberían definir los parámetros de calidad del servicio, los derechos
y deberes de los usuarios, la extensión de la red, las facilidades de
los ciudadanos para acceder a esa red, el contratoprograma, el plan
de inversiones, etcétera, dejando deteriorarse la situación en que se
encuentra Correos para luego proceder a su privatización. A
continuación se refiere al traslado de la sede central de Correos
y Telégrafos al Campo de las Naciones, lo que considera que es un
negocio apalabrado con la empresa Monthisa, y a las manifestaciones
del señor director general de Correos en la Comisión de
Infraestructura cuando dijo que él sólo firmó. Considera que estas
palabras son una tomadura de pelo y que el señor ministro lo debía
cesar inmediatamente, porque no se trata sólo de decir que es un
montaje, sino de demostrar fehacientemente que se ha actuado de
manera correcta y legal.




Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento
(Arias-Salgado y Montalvo). Manifiesta que va a intentar demostrar
que en todo momento se actuó de forma correcta, pero solicita
credibilidad para con los informes que con carácter ordinario se
emiten dentro de la Administración pública, porque si los puntos de
referencia objetivos tampoco son válidos, nunca será posible
demostrar que la actuación es correcta. A continuación responde a las
siete cuestiones que, en conjunto, han planteado los señores
interpelantes: el marco legal vigente y su falta de desarrollo,
insuficiencia de la inspección postal, diversas referencias sobre la
calidad del servicio, la gestión económica empresarial del organismo
público, la supuesta pérdida de mercado y el arrendamiento de la
nueve sede de Correos.




Replican los señores Torres Sahuquillo y Ríos Martínez, duplicando el
señor ministro de Fomento.




Página 15025



En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Carreño Rodríguez-Maribona,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.




Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




PREGUNTAS:



- DEL DIPUTADO DON JULIO ANGUITA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿QUÉ OPINA EL GOBIERNO ACERCA DE LA AMPLIACIÓN DE LA BASE
DE ROTA? (Número de expediente 180/002063.)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Punto V del orden del día: Preguntas orales al Gobierno en el Pleno
de la Cámara, que comenzarán por aquellas que va a responder, como es
habitual, el presidente del Gobierno, y que comienzan por la que con
el número 10 formula don Julio Anguita González, presidente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

Señor Anguita.




El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Señor presidente del Gobierno, ¿qué opina
el Gobierno acerca de la ampliación de la base de Rota.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.

Señor presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señoría, el Gobierno está estudiando el asunto al que usted se
refiere con todo detalle, en función estrictamente de nuestro interés
y del cumplimiento de nuestras responsabilidades.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

Señor Anguita.




El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Señor presidente del Gobierno, su
respuesta y los documentos que Izquierda Unida ha divulgado,
documentos que hacen referencia a la correspondencia en el
Departamento de Estado de Defensa americano, muestran las cuatro
líneas que fundamentan su política exterior y de defensa. La primera
es el incumplimiento manifiesto de las tres condiciones del
referéndum de 1986. Ustedes han permitido que se introduzca material
de tipo nuclear y, además, preparan Tarragona para ello. Ustedes nos
han integrado en la estructura militar de la OTAN y, además, van a
reforzar la presencia americana en nuestro país, en contra de la
tercera condición de aquel referéndum.




La segunda línea, señor presidente, es que ustedes han mostrado un
desprecio total por estas Cortes Generales y también por la
Constitución. Cuando la guerra contra Yugoslavia, olvidaron
manifiestamente el acuerdo alcanzado aquí por unanimidad el 24 de
octubre de 1995. Han incumplido el artículo 63.3 de la Constitución,
que dice que el Rey declarará la guerra, una vez oídas las Cortes
Generales. Y, por último, han incumplido la Constitución cuando el
nuevo tratado de la OTAN se ha aprobado sin que, según el artículo
93, se debata en estas Cortes Generales.

La tercera línea, señor presidente, es que ustedes están supeditando
los intereses españoles a los intereses geoestratégicos de la fuerza
aérea americana. Quieren transformar Rota en una base como la de
Ramstein, no sólo al servicio de la OTAN, sino al servicio de la
fuerza aérea americana.

Y la cuarta característica es que ustedes están aplicando una
política exterior y de defensa con cierto ocultismo electorero. El
documento que hemos divulgado manifiesta clarísimamente que el
informante dice que el Gobierno actual no quiere tocar este tema
hasta que pasen las elecciones. Le formulo una pregunta: ¿Piensa
someter a debate y aprobación esa decisión, en el caso de que haya un
acuerdo, a estas Cortes Generales?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.

Señor presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señor Anguita, el Gobierno de España y el Gobierno norteamericano
mantienen conversaciones sobre el asunto al que usted se refiere en
función de los acuerdos de cooperación existentes entre España y los
Estados Unidos y en función también de la condición de aliados, en el
marco de la Alianza Atlántica, que tienen España y los Estados
Unidos. Como S.S. conoce muy bien, el ministro de Defensa ha
informado a la Cámara sobre estos extremos y ha comparecido en la
Comisión correspondiente para hablar, entre otras cosas, de este
asunto. Asunto en el cual tanto el Gobierno de España como el
Gobierno norteamericano están interesados en la mejor de las
instalaciones, absolutamente indispensables y fundamentales para el
despliegue de nuestras Fuerzas Armadas y para las misiones
estratégicas de la Alianza Atlántica, y que han sido absolutamente
determinantes en episodios recientes en los cuales es muy importante
la capacidad de decisión estratégica que se tiene a la hora de hacer
eso que ustedes defienden, que es el derecho de injerencia, pero que
se niegan a instrumentar facilitando las capacidades para hacer
acciones e intervenciones de carácter humanitario. Puedo decirle,
señor Anguita, que ni se ha ocultado nada ni hay la más mínima
intención de ocultar nada. España actúa estrictamente en cumplimiento
de sus intereses y de sus responsabilidades. Su señoría es contrario
a todo lo que signifique una relación de España con las estructuras



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de seguridad del mundo occidental. Yo soy absolutamente contrario a
la posición que defiende su señoría.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.




- DEL DIPUTADO DON ANTONIO LUIS MEDINA TOLEDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
ACTUACIONES TIENE PREVISTAS EL GOBIERNO PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA EN NUESTRO PAÍS EN LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS?
(Número de expediente 180/002064.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 12,
formula el diputado don Antonio Luis Medina Toledo, del Grupo
Popular.

Señor Medina.




El señor MEDINA TOLEDO: Muchas gracias, señor presidente. Señor
presidente del Gobierno, en las economías industriales modernas, a
los factores clásicos de creación de riqueza y empleo se ha añadido
uno nuevo, que es la innovación tecnológica y también todo el
desarrollo y la investigación que a ella está asociada. Por ello,
nuestro grupo parlamentario apoya sin reservas y valora muy
positivamente que su Gobierno haya hecho del fomento de la innovación
tecnológica una política de Estado absolutamente estratégica y de
capital interés para la economía de nuestro país. Nuestro grupo no
cree que esto sea una moda pasajera ni tampoco nada exagerado, es un
factor decisivo, puesto que, en un marco de moneda única y con
nuestros principales clientes en la Unión Europea, no nos queda más
remedio que competir a través de mejores precios, mejores costes,
mejores servicios, nuevos servicios y nuevos productos, y para ello
la innovación tecnológica es un factor de capital importancia.

Por eso, señor presidente, le formulamos la siguiente pregunta: ¿qué
actuaciones tiene previsto acometer el Gobierno para impulsar la
innovación tecnológica en nuestro país y en todos los campos o
sectores productivos?



Gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Medina.

Señor presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señoría, se sabe que la innovación es en el mundo globalizado y en el
mundo de la competitividad de las empresas el principal instrumento
que tienen estas empresas para mejorar esa misma capacidad de
competencia y para mejorar también sus posibilidades de productividad
y de rentabilidad. La innovación, por tanto, es el principal motor de
crecimiento de las empresas en el mundo moderno. El
Gobierno está reorientando y reforzando el apoyo proporcionado hasta
el momento al sector industrial mediante el fomento de la innovación.

A tal efecto el Gobierno acaba de presentar el Plan nacional de
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, y,
dentro del mismo, un programa específico de fomento a la innovación
tecnológica. Este programa comprende fundamentalmente todas las
acciones horizontales derivadas de la innovación tecnológica,
transferencia y difusión de resultados, cuyo objetivo es mejorar la
competitividad de carácter empresarial, y se enmarca en tres
objetivos básicos: el primero son las estrategias dirigidas al
conjunto del tejido industrial, dirigidas a fomentar la innovación,
la información y cooperación de las empresas, calidad y diseño,
mejora del marco financiero, etcétera. El segundo, las estrategias
dirigidas a sectores de crecimiento rápido y de demanda fuerte,
articulando la política industrial y tecnológica, de forma que ésta
se oriente a dar respuesta a los problemas de los sectores y
fortalezca la cooperación interempresarial. Y la tercera son las
estrategias dirigidas a las empresas de base tecnológica mediante el
fomento del capital riesgo, el cual permitirá acceder a unas
posibilidades mayores de innovación al conjunto del sector
empresarial español. Todo eso significa abordar uno de nuestro
principales retos, que es nuestro déficit tecnológico, y toda la
apuesta en innovación, en tecnología y especialmente en innovación
industrial es una de las piezas básicas que tiene que afrontar España
y que desde luego el Gobierno, como ha demostrado, está dispuesto a
impulsar con toda decisión.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.




- DEL DIPUTADO DON LUIS MARTÍNEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿COMPARTE EL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO LAS DECLARACIONES DE SU MINISTRO PORTAVOZ DE
QUE ES FALSO QUE LA PROPUESTA DE NOMBRAR AL ACTUAL PRESIDENTE DE
TELEFÓNICA VINIERA DEL GOBIERNO? (Número de expediente 180/002075.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 23,
formula don Luis Martínez Noval, portavoz del Grupo Socialista.

Señor Martínez Noval.




El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, ¿comparte las
declaraciones de su ministro portavoz de que es falso que la
propuesta de nombrar al actual presidente de Telefónica viniera del
Gobierno? (Un señor diputado: Pues claro.-Rumores.)



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.

Silencio, señorías. Señor De Torres.

Señor presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señorías, comparto las declaraciones del ministro Piqué en los
términos en que fueron efectuadas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

Señor Martínez Noval.




El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.




Pues sólo a un embustero se le pudo ocurrir un afirmación así, porque
la realidad no es ésa. (Rumores y protestas.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, un momento. Las correcciones
de estilo y las alusiones las dirige la Presidencia. Dejen seguir al
señor Martínez Noval que, seguramente, dará explicación de tal
afirmación. Si no, en cualquier caso, la retirará el «Diario de
Sesiones».

Adelante.




El señor MARTÍNEZ NOVAL: Cuando el señor Villalonga fue nombrado
presidente de Telefónica, aquel día había en el consejo nueve
representantes del Gobierno, uno, por cierto, es hoy ministro, de
manera que queda bien claro quién era su candidato, señor presidente
del Gobierno. Por si fuera poco, la pasada semana ustedes ratifican,
cierran filas y dan por bueno una sucesión de pelotazos financieros
que ascienden a 100.000 millones de pesetas, señor Aznar. (Rumores.)
Ni los faraones aspiraban a cantidades de esa naturaleza. (Aplausos.)
Poco a poco, vamos conociendo esos planes; van dos conocidos y faltan
todavía tres, señor Aznar, faltan fascículos para completar ese
libro. Pese a todo, desde el Gobierno y desde el Consejo de la
compañía se ha venido diciendo a los españoles que todo está bien,
que todo es normal, que todo era necesario, incluso perentorio, para
evitar -se dice- correr el riesgo de la deslocalización de los altos
directivos y administradores de la compañía. Nadie piensa que
corramos ahora el riesgo de que Telefónica pierda a esos directivos.

Ahora también nos explicamos, señor Aznar, por qué el Ronaldo de las
telecomunicaciones, el señor Bangemann, tenía tantísima prisa por
incorporarse a la compañía, ¡cualquiera no en esas condiciones!
(Aplausos.)
Esa empresa no es una empresa normal, no lo es; el ministro de
Fomento ha dicho que el Gobierno evitaría una OPA sobre la compañía.

Dicho en román paladino: esa no es una empresa de las corrientes y
normales que se utilizan para justificar la existencia de opciones;
usted nombró a su presidente y no se puede lanzar una OPA porque
usted lo evitaría. Si esa empresa estuvo y está en sus manos, haga
algo por evitar tanta desmesura. (Aplausos. Varios señores diputados:
¡Muy bien!)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Noval.

Señor presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señoría, el ministro de Industria y Energía dijo en esas
declaraciones a las que usted se refiere que la propuesta de
nombramiento del actual presidente de Telefónica vino
fundamentalmente por los entonces principales accionistas de la
empresa. El señor ministro de Industria y Energía ha dicho la verdad
y usted ha faltado a la verdad esta tarde aquí. (Aplausos.-Rumores.)
Es el Grupo Parlamentario Popular precisamente el que está
proponiendo las reformas de una legislación que ustedes aprobaron.

(Rumores.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) El Grupo
Parlamentario Popular es el que está proponiendo las reformas de esa
legislación, en virtud de las cuales, por ejemplo, cualquier
operación, de esas a las que usted se ha referido y por las que tanto
interés tiene, que se pretenda suscribir, y mucho más si se pretende
materializar, tiene que tener la aprobación individualizada de la
junta general de accionistas. Además de eso, se ha evitado la
discriminación de la fiscalidad entre directivos y trabajadores
y ustedes tendrán que explicar por qué se han opuesto a que los
directivos paguen la misma fiscalidad que los trabajadores, por qué
se han opuesto ustedes a eso. (Aplausos.-Rumores.)
Como le he dicho anteriormente, ustedes buscan desesperada e
inútilmente un escándalo. (Protestas.- El señor Fernández Marugán y
el señor Ministro de Industria y Energía, Piqué i Camps, discuten
acaloradamente.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor presidente.




¡Señor Fernández Marugán, le llamo al orden! ¡Señor Fernández
Marugán! ¡Señor ministro! (El señor ministro de Industria y Energía,
Piqué i Camps, hace gestos pidiendo silencio.- El señor Fernández
Marugán: ¡Explícalo, explícalo!- Continúan las protestas.) ¡Señor
Fernández Marugán, le llamo al orden! ¡Señor ministro, por favor!
Señorías, sosiéguense. Permitan que continúe la intervención del
presidente del Gobierno y háganlo con el debido respeto, como se ha
tenido con la intervención del señor Martínez Noval. (Protestas.- La
señora Rubiales Torrejón: ¡Ha empezado el ministro!- Varios señores
diputados: ¡Ha sido él!) ¡Silencio, señorías!
Adelante, señor presidente.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Como le decía la
semana anterior, SS.SS. buscan desesperadamente un escándalo,
suponiendo que eso les puede ser de alguna utilidad para intentar
tapar su incapacidad



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para ejercer oposición y su incapacidad para hacer alternativa.

(Rumores.)
Por cierto, señor portavoz, es posible que los faraones no aspiraran
a algunas cosas, pero ya tenemos demostrado en España que los
socialistas consiguieron algunas cosas más.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.




- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS NÚÑEZ CASAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUÉ EL
GOBIERNO MANTIENE EL CRITERIO DE NEGAR LA CESIÓN DE TERRENOS DE LA
ANTIGUA CÁRCEL DE CARABANCHEL DE MADRID PARA EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS?
(Número de expediente 180/002062.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que responderá el ministro
del Interior y que, con el número 11, formula don José Luis Núñez
Casal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

Señor Núñez.




El señor NÚÑEZ CASAL: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿por qué el Gobierno mantiene el criterio de negar la
cesión de terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel de Madrid para
equipamientos públicos?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.

Señor ministro del Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor
presidente.

Señoría, porque queremos respetar la ley, queremos respetar el Plan
de amortización y creación de centros penitenciarios de 1991 y
queremos respetar el contenido del Plan de ordenación urbana de
Madrid respecto del lugar donde ha estado la cárcel de Carabanchel.

Lo que le quiero decir, señoría, es que, como consecuencia de ese
respeto por la ley, un mínimo de un 65 por ciento de las
instalaciones de la prisión de Carabanchel se van a destinar a
dotaciones de carácter público.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Núñez.




El señor NÚÑEZ CASAL: Señor ministro, usted confunde, en ocasiones,
ley con acuerdos y confunde también ley con posibilidad de
modificación de acuerdos y con capacidad del Gobierno de rectificar
algún error. Lo que ustedes están haciendo con lo de Carabanchel es
simplemente obtener el mayor beneficio económico, propio de la forma
de gobernar que tienen ustedes. No importa si se tiene más o menos
sensibilidad social, lo importante es obtener el máximo beneficio.

Además,
ustedes están rompiendo con una clara tradición y es que en el sur de
Madrid se produjo concesión de cuarteles donde florecieron
universidades tan importantes como la Carlos III, en Getafe y en
Leganés. Ustedes están renunciando a incidir correctamente en el
planeamiento urbano.

En resumen, usted, con su actitud, y el señor Manzano, uno de los
peores azotes que ha sufrido la ciudad de Madrid (La señora García-
Alcañiz Calvo: ¡Qué barbaridad!-Rumores.), van a conseguir que, en
vez de árboles, en vez de universidad, en vez de vías amplias, en vez
de un hospital, en vez de centros deportivos y equipamientos, los
madrileños tengamos que sufrir amontonamiento de viviendas y carencia
de equipamientos, todo ello para que ustedes obtengan el máximo
beneficio económico.

No obstante, espero que muy pronto alguno de los dos que he nombrado,
en especial quizá usted, reciba del pueblo español, y en concreto del
pueblo madrileño, el rechazo que impida que sigan estando en un
Gobierno que tan poca sensibilidad social muestra para las peticiones
vecinales.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.

Señor ministro de Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor
presidente.

Señoría, la posición del Gobierno se fundamenta en que trata de
compatibilizar las mejoras del equipamiento social de un barrio de
Madrid, en este caso de Carabanchel, con la mejora de un sistema
penitenciario moderno, en el que es indispensable un sistema de
financiación propio, que no recaiga estrictamente en los impuestos de
los españoles y que cumpla con el Plan del año 1991, de amortización
de centros de carácter penitenciario.

No es verdad que los usos públicos se desprecien y no se tengan en
cuenta. Usted no ha hablado de cantidades, pero yo le voy a hablar de
cantidades. Se van a dedicar 23.000 metros cuadrados a zonas verdes,
38.000 metros cuadrados a equipamientos públicos, 5.000 metros
cuadrados a servicios de infraestructuras, y además quiero decirle
que se va a crear un centro de internamiento de extranjeros y una
comisaría de distrito. Señoría, el destino de las instalaciones de
Carabanchel no puede ser diferente del destino de otros centros
penitenciarios españoles. Su fórmula es posible que mejore las
instalaciones de Carabanchel, pero impide, si se generaliza, una
financiación correcta de los centros penitenciarios.

Señoría, es muy fácil hablar de hacinamiento en los centros
penitenciarios españoles, es muy fácil hablar y criticar deficiencias
en los centros penitenciarios españoles, pero su fórmula sólo produce
esas consecuencias y nosotros queremos resolver, al mismo tiempo que
el bienestar de los ciudadanos de Carabanchel, el bienestar, desde la
preocupación social, de los reclusos españoles. (Aplausos.)



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Interior.




- DE LA DIPUTADA DOÑA CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUÉ RECTIFICÓ
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA SUS DECLARACIONES A FAVOR DE
FINANCIAR CON FONDOS PÚBLICOS LOS CENTROS PRIVADOS DE BACHILLERATO?
(Número de expediente 180/002080.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que responderá el ministro
de Educación y Cultura y que con el número 28 formula, en sustitución
de doña Clementina Díez de Baldeón, el diputado don Bernardo Bayona
Aznar, del Grupo Socialista.

Señor Bayona.




El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor presidente.

En el quinto congreso de la patronal Educación y Gestión se declaró
usted, señor ministro, partidario de financiar con fondos públicos
los niveles no obligatorios desde los tres a los dieciocho años en
los centros privados. ¿Por qué rectificó sus declaraciones unas horas
más tarde?
La semana pasada dijo, respondiendo a otra pregunta, que usted se
responsabiliza de lo que dice y no de lo que dicen los medios de
comunicación. ¿No se responsabiliza ya de lo que dijo o acaso nos va
a decir que no dijo lo que dijo? En definitiva, ¿es partidario el
señor ministro de financiar el bachillerato en los centros privados?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bayona.

Señor ministro de Educación y Cultura.




El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.

Tiene razón el señor Bayona, yo no he dicho lo que algunos han dicho
que he dicho.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Bayona.




El señor BAYONA AZNAR: Señor ministro, usted hizo esa afirmación y la
hizo respondiendo a una demanda de la patronal de la enseñanza
privada en un gesto muy típico suyo, porque usted ha pasado por este
Ministerio diciéndole a cada uno lo que usted creía que le gustaba
oír, pero luego no ha tenido la hombría de mantenerlo en público y
llamó a la agencia, en un hecho insólito, para solicitar la anulación
de la noticia. (Aplausos.) Pero usted, es verdad, es partidario de
financiar los niveles no obligatorios de la enseñanza privada y
confunde el derecho -porque dijo usted eso- a acceder a los
diferentes niveles educativos con
el mandato de la Constitución de gratuidad en la enseñanza básica y
obligatoria, y practica desde el Ministerio un injusto drenaje de
fondos públicos hacia centros privados.

Esa llamada insólita para anular la noticia sintetiza muy bien, señor
ministro, su paso por este Ministerio, y coincide con la actitud
suya, esa actitud que usted sabe que ha sorprendido tanto en las
comparecencias en esta Cámara, esa actitud de desentenderse de sus
obligaciones y compromisos, de no ejercer el liderazgo del sistema
educativo español, de no defender ninguna política. No es que usted
haya pasado por el Ministerio de Educación, es que usted pasa del
Ministerio de Educación, no ejerce de ministro de Educación, porque
sólo le importa su futuro junto al presidente Aznar, a cuya campaña
se dedica, no a la educación. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)
Lamentablemente, señor Rajoy, va a pasar usted a la historia por ser
el ministro que dio la puntilla al sistema educativo español,
después, es verdad, de los estocazos que le dio su antecesora. Es su
último turno, usted puede ahora ironizar y desentenderse de lo que he
dicho, pero usted sabe, y la comunidad escolar también, que lo que he
dicho es la verdad. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bayona.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): Señor
presidente, es verdad, porque tengo una buena disposición hacia mis
conciudadanos, que suelo decirle a todo el mundo lo que le gusta oír,
incluidos ustedes, y tengo la seguridad absoluta de que por eso me
están enormemente agradecidos. Pero como siempre hay una excepción
que confirma la regla general, en el caso al que usted ha hecho
referencia no dije ni una sola palabra a todas las personas que
estaban en ese acto, sino que después hice unas declaraciones
públicas a una persona y le pedí que rectificara no lo que yo había
dicho, sino lo que ella había escrito, que son conceptos enormemente
diferentes.

Yo no puedo hacer conciertos en el bachillerato, ¿sabe usted por qué
razón, señor Bayona? Por una razón que usted -supongo, no lo sé-
entenderá perfectamente, que es que los traspasos de educación ya se
han efectuado al conjunto de las comunidades autónomas y por tanto
son ellos los que pueden hacer convenios en relación con el
bachillerato y no el ministro que les habla.

En cualquier caso, quisiera decirle una cosa para finalizar. Tienen
ustedes un curioso modo de hacer oposición al ministro de Educación,
por eso estoy aquí tan campante, con perdón de la expresión. Yo no
tengo ningún problema. Ustedes, como no son capaces de buscar ni un
solo tema con el cual hacerme daño, por mucho que lo intentan, leen
el periódico y entonces ven las rectificaciones que se hacen por
parte de unas determinadas agencias de noticias y, en lugar de
preguntarle a las agencias de noticias, me preguntan a mí,



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que no tengo nada que ver con el asunto, lo cual es sorprendente.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Educación y
Cultura.




- DEL DIPUTADO DON LUIS NAVARRO ELOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL
GOBIERNO EL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA DURANTE
ESTA LEGISLATURA? (Número de expediente 180/002065.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a aquellas preguntas que responderá el
ministro de Industria y Energía, comenzando con la que con el número
13 formula el diputado don Luis Navarro Elola, del Grupo Popular.

Señor Navarro.




El señor NAVARRO ELOLA: Gracias, señor presidente.

En las elecciones de 1996 el Partido Popular abogó por un nuevo
modelo de mercado eléctrico que acabara con las tradicionales
rigideces de un sector muy regulado, que abriera el sector a nuevos
competidores y sobre todo que fuera capaz de producir con unos
procesos más bajos para los consumidores de electricidad. El buen
hacer del Gobierno del Partido Popular permitió un pacto inicial con
los empresarios del sector para comenzar un proceso de liberalización
eléctrica desde finales de 1996, el cual contempló tanto la retirada
del Estado como empresario eléctrico como la formación de un libre
mercado de la electricidad, especialmente en generación y en
comercialización de electricidad, que condujera a un mayor grado de
libertad de elección del resto de la sociedad española como
consumidora de electricidad.

Todo esto ha derivado en una legislación liberalizadora, la Ley
eléctrica 54/1997, que se está desarrollando no sin dificultades,
dado lo complicado del punto de partida. Hay que recordar que en la
anterior legislación, la Losen y el marco legal estable de 1987, el
Estado, que era el planificador, determinaba cuál debía ser la
cantidad ofertada, en qué condiciones y con qué tipo de inversión se
debía acometer esta oferta. Por tanto, no es de extrañar que hoy nos
encontremos con diferencias importantes entre el coste marginal del
mercado y el que se derivaba de los costes estándares del marco legal
estable estipulados por los sucesivos gobiernos planificadores
socialistas. Tales diferencias se calcularon en casi tres billones de
pesetas, que hubiésemos seguido pagando los consumidores eléctricos
de no haber mediado la nueva legislación. Sin embargo, como en otras
cuestiones, también aquí la oposición ha ido introduciendo una cierta
confusión que impide tener una idea clara de hasta qué punto el
empuje reformista y de modernización de la oferta eléctrica, propiciado
por la nueva Ley eléctrica de 1997, ha sido aprovechado para
renovar inversiones, introducir competencia, alejar al Estado de la
competencia y, sobre todo, reducir los precios a los consumidores
finales.

Por eso, parece oportuno que el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso haga la siguiente pregunta al Gobierno, concretamente a su
ministro de Industria: ¿Cómo valora el Gobierno el proceso de
liberalización eléctrica en España durante esta legislatura?
Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente.

(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Bravo!)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarro.

Un momento, señor ministro, que acaben las manifestaciones de
entusiasmo. (Pausa) Cuando quiera, señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, le agradezco la pregunta (Risas.) porque creo sinceramente
que podemos estar muy satisfechos de haber sido capaces de
liberalizar tan rápidamente el sistema y de que ello haya repercutido
de forma tan inmediata y tangible sobre el consumidor. No olvidemos
que el objetivo de la reforma es que los precios bajen para todos,
empresas y consumidores domésticos, a la vez que el entorno de mayor
libertad contribuye a fortalecer nuestro tejido empresarial.

Con la Ley 54/1998, del sector eléctrico, dimos un giro radical a lo
que sin ninguna duda era un inoperante esquema liberalizador que
hasta entonces teníamos. Establecimos un procedimiento de
introducción progresiva de competencia que, comparado con los niveles
de liberalización previstos en la directiva comunitaria sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad, no sólo es más
acelerado sino más completo, ya que extiende los beneficios de la
liberalización a los consumidores no cualificados, a través de la
creación de un mercado organizado de energía, algo que no exige la
directiva, y hace transparente la tarifa. Los resultados de todo este
proceso han sido muy positivos. El mercado de generación, que
funciona desde el 1 de enero del año pasado, ha mostrado una dinámica
digna de mención. A él acuden las empresas generadoras y, además,
unas 200 empresas distribuidoras y 100 comercializadoras. En estos
momentos, un 43 por ciento de la demanda ya es consumidor cualificado
y hablamos de en torno a 8.000 clientes; el 1 de julio del próximo
año van a ser 64.000, con un 54 por ciento del consumo.

Por otra parte, los efectos de la competencia en el mercado se han
hecho notar en el precio medio de la electricidad, que se ha reducido
entre los años 1996 y 1999 un 12 por ciento en términos nominales y
un 18 por ciento en términos reales. Esta reducción además es mayor
en el caso de los clientes cualificados, quehan ejercido su derecho a
elegir suministrador, porque



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la reducción nominal acumulada es del 27 por ciento y sólo en 1999 ha
supuesto un ahorro frente a la tarifa superior a los 60.000 millones
de pesetas. Y las perspectivas a medio y a largo plazo son todavía
más positivas, porque hay unas grandes inversiones en generación que
van a cambiar completamente el marco que hemos tenido durante
muchísimos años. Pero es verdad que quedan muchísimas cosas por
hacer, las vamos a seguir haciendo, siempre en beneficio de los
consumidores, en beneficio de los ciudadanos.

Muchas gracias, señoría.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON SERGIO GÓMEZ-ALBA Y RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS
CONCRETAS, DESDE EL LADO DE LA OFERTA, VA A TOMAR EL GOBIERNO EN
RELACIÓN CON LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN Y SU EXTENSO CINTURÓN DE
PROVEEDORES ESPECIALIZADOS, MUCHOS DE LOS CUALES SON PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS? (Número de expediente 180/002066.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 14,
formula el diputado don Sergio Gómez-Alba y Ruiz, del Grupo
Parlamentario Popular.

Señor Gómez-Alba.




El señor GÓMEZ-ALBA Y RUIZ: Gracias, señor presidente.




Señor ministro, el complejo mundo de la industria de la automoción
orienta su estrategia de crecimiento y localización hacia zonas donde
se facilite la incorporación de nuevos componentes tecnológicos que
permitan a sus productos aumentar su valor añadido y hacerlos más
eficientes, competitivos y respetuosos con el medio ambiente. Los
grandes fabricantes necesitan en su entorno proveedores con capacidad
para innovar y adaptarse a un mercado cada vez más exigente. La
existencia de esos proveedores, pequeñas y medianas empresas muy
especializadas, pesa en la decisión de los grandes fabricantes a la
hora de localizarse. A nadie se le oculta la importancia de
fortalecerlos.

Por esas razones, nuestro grupo parlamentario presentó en esta
legislatura una iniciativa que buscaba apostar por el futuro de esta
industria de tanta tradición en España y pedía reforzar con medidas
concretas ese enfoque de oferta para la política industrial de
automoción. Lo novedoso del planteamiento pasó desapercibido para la
oposición, que, en unos casos, entendió que la iniciativa perseguía
poder vender más coches de lujo y, en otros, que simplemente se
trataba de perfeccionar un plan Prever. Sólo contemplaban el apoyo al
sector desde el lado de la demanda. No lo vio así la prensa
especializada, que dedicó importantes espacios al planteamiento. Con
todo, la iniciativa salió
adelante y hoy tenemos la satisfacción de ver cómo el asunto pasa de
las musas al teatro -como diría el clásico- y el Gobierno plasma en
los presupuestos generales del año 2000 un plan específico de
automoción para la mejora del sector. El tema ha vuelto a tener
positiva repercusión en prensa y, para el conocimiento de todos, le
realizamos la pregunta que figura en el orden del día.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez-Alba.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, no hace falta insistir en la relevancia que en nuestro país
tiene el sector de la automoción, desde muchos puntos de vista. Por
todo ello, teniendo presente que el fomento de la política de
innovación es uno de los ejes cada vez más prioritarios de la
política industrial, hemos puesto en marcha, dentro del programa de
fomento de la innovación tecnológica, un subprograma sectorial
específico de fomento de la innovación tecnológica en la automoción,
que permita dar un tratamiento diferenciado al sector y en especial
consolidar una industria fabricante de componentes, que por otra
parte tiene una especial vocación tecnológica. En concreto,
consideramos prioritario estimular la inversión en nuevos desarrollos
e innovaciones, en cosas tales como sistemas de seguridad, vehículos
especiales de transporte público adaptados para escolares o
discapacitados, reciclado de vehículos y componentes o impacto
medioambiental de las emisiones.

Respecto al tipo de ayudas, el subprograma que he mencionado responde
a la nueva filosofía que inspira el programa de fomento de la
innovación industrial y que tiene por objetivo resolver los
obstáculos que dificultan el proceso innovador, fundamentalmente la
financiación, dentro de un esquema de ayudas que lo que persigue es
la sustitución progresiva de las ayudas no retornables por mecanismos
que faciliten a las empresas el acceso a la financiación. La dotación
prevista dentro del capítulo 8 asciende a 9.000 millones de pesetas,
cifra que se puede ver incrementada por las subvenciones previstas
para actuaciones horizontales, dentro de las dotaciones del capítulo
7 del presupuesto. Por otra parte, como estrategia tecnológica, se
pretende impulsar también la participación del sector en proyectos y
programas de ámbito europeo. Recuerdo que España asumirá la
Presidencia del programa Eureka entre junio del 2000 y junio del
2001, lo que nos abre oportunidades para nuestra industria.

Finalmente, además de las medidas expuestas, adoptadas por el
Gobierno para fomentar la innovación, se encuentran las de carácter
fiscal. Así, en el proyecto de ley de acompañamiento de los
presupuestos, está prevista una importante bonificación del impuesto
de sociedades para impulsar la inversión de las empresas



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en investigación, desarrollo e innovación, medida que sin duda
afectará muy positivamente a las empresas de automoción que apuesten
por la innovación.

En definitiva, señorías, creo que con todo este conjunto de medidas
vamos a contribuir a robustecer un sector que indudablemente goza de
buena salud, pero que conviene -si se me permite la expresión y entre
comillas- mimar, lo que pasa también por potenciar la industria
fabricante de componentes de base tecnológica.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON ANTONIO CUEVAS DELGADO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA SITUACIÓN EN QUE
SE ENCUENTRA EL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE LOS COSTES DE
TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA? (Número de expediente 180/002076.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 24,
formula el diputado don Antonio Cuevas Delgado, del Grupo Socialista.

Señor Cuevas.




El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor presidente.




Señorías, ¿cómo valora el Gobierno que la Comisión Europea cuestione
la decisión del Gobierno español de pagar 1,3 billones al sector
eléctrico, detrayéndolo del bolsillo de los ciudadanos?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuevas.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Gracias, señor presidente.

Señoría, no entiendo su planteamiento.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Cuevas.




El señor CUEVAS DELGADO: Desde luego, es increíble, señor Piqué. De
todas formas, aunque diga que no lo entiende, lo entiende
perfectamente, pero no quiere contestar.

Y no todo puede ser optimizado, como su renta, aunque tenga el débil
y dudoso soporte legal que su grupo y sus socios le dieron, con
nocturnidad y alevosía. No hay ningún argumento, ni legal ni
racional, confesable que justifique este expolio a los ciudadanos,
señor Piqué. Inconfesables, todos. Es falso el argumento de que este
regalo tiene algo que ver con el adelanto
de la liberalización del sector; estamos en el puesto séptimo, de
15, y ninguno ha hecho algo semejante. Las grandes empresas españolas
tienen beneficios en torno al 15 por ciento y en Francia y en
Alemania, que no han hecho esto, están entre el 1 y el 2. A pesar de
estas generosas ayudas, estas empresas siguen despidiendo
trabajadores y, encima, el Gobierno paga las indemnizaciones. Los
precios al consumidor de la electricidad en España son los más altos
de Europa después de Portugal; con el anterior marco legal, estable,
los precios de la electricidad podían haber bajado mucho más de lo
que lo han hecho. Han hecho trampa en este Parlamento, señor Piqué,
por muchos gestos que haga. Parece mentira, qué seriedad la de un
ministro haciendo gestos, que esos sí que no los entiende nadie. La
Comisión Europea les ha dicho que esos métodos de cálculo son
ciertos. Denle la información y calculen correctamente el tiempo de
uso útil de las centrales y los costes de los costes hundidos en la
hidroelectricidad.

Señor Piqué, es un escándalo y una vergüenza, por no decir otra cosa.

Cuando han conocido la carta de la Comisión Europea, las eléctricas
han advertido ya que subirán los precios si Bruselas prohíbe las
ayudas. Días después, usted -y ríase ahora- ha hecho y ha dicho
exactamente lo mismo. Eso se llama supeditar el Gobierno a las
eléctricas. Y es algo más que una vergüenza, señor Piqué. El señor
Aznar y usted, que andan por Europa perdiendo algo más que la cara
para que estas ayudas se aprueben, ¿por qué no hacen lo mismo con el
sector de astilleros, que sí que lo necesitan? Pero no se preocupen,
dentro de unos meses, con la ayuda de los ciudadanos, podremos
intentar arreglar este desastre que ustedes han provocado a los
consumidores españoles.

Nada más. (Aplausos)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuevas.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, lo que es una vergüenza y un escándalo es que ustedes tarden
tan poco en recorrer el camino que va desde la demagogia a la
mentira. (Rumores.) Que tarden tan poco. Yo entiendo que ustedes
practiquen la demagogia, porque estamos muy cerca de unas elecciones,
lo puedo llegar a entender, pero que mientan de una manera tan brutal
es algo que los ciudadanos deben saber, porque si su marco legal y
estable, su famoso marco legal y estable, era tan perfecto, dígame
usted por qué, en lugar de bajar las tarifas, las subían todos los
años. (Rumores.) Dígamelo usted. Porque, si era tan perfecto, las
hubieran podido bajar, en lugar de subirlas. Y si su marco legal y
estable era tan perfecto, ¿por qué ustedes regalaban tres billones de
pesetas a las eléctricas, que nosotros hemos rebajado a 1,3,
ahorrando 1,7 billones de pesetas a los consumidores?Dígamelo usted.

Y si su marco legal y estable era tan



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perfecto, dígame usted por qué no había nada de competencia en la
oferta ni en la demanda y ahora tenemos cien por cien de competencia
en la oferta y, dentro de muy poco, 53 por ciento de competencia en
la demanda, para terminar en el cien por cien. Y si su marco legal y
estable era tan perfecto, dígame usted por qué no les explica algo a
sus colegas, desde el punto de vista ideológico, socialistas
franceses, y de paso abren un poco a la competencia, que nos iría a
todos muy bien. Dígaselo, dígaselo..

Y ya que tengo un poco de tiempo todavía -gracias, señor presidente-,
le hablaré de la construcción naval. Hagan ustedes un esfuerzo...

(Rumores.-Un señor diputado: ¡Hazlo tú!) Yo ya lo hago. Decía que
hagan ustedes un esfuerzo para explicar a los ciudadanos que nosotros
encontramos un sector en quiebra, que ustedes querían cerrar, que hoy
tiene todavía perspectivas y que estamos haciendo un gran esfuerzo.

Y, por favor, hagan una contribución a que se tranquilicen los
ánimos, a que no se hagan cosas en perjuicio de los ciudadanos,
ayudemos todos a que esto salga adelante, porque todo el mundo nos lo
agradecerá.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS ROS MAORAD, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO O PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA IMPEDIR EL ANUNCIADO CIERRE DE LA PLANTA QUE EL GRUPO
CARRIER TIENE EN GUADALAJARA Y QUE SUPONDRÍA ARROJAR AL PARO A TODOS
SUS TRABAJADORES? (Número de expediente 180/002077.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 25,
formula el diputado don José Luis Ros Maorad, del Grupo Socialista.

Señor Ros.




El señor ROS MAORAD: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno
para impedir el anunciado cierre de la planta que el grupo Carrier
tiene en Guadalajara y que supondría arrojar al paro a todos sus
trabajadores?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Gracias, señor presidente.

Señoría, estamos haciendo lo que podemos. Estoy seguro de que igual
que la Junta de Castilla-La Mancha.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Ros.




El señor ROS MAORAD: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, yo creo que lo que a usted le pasa es que está
ocupado en otras cosas. No tiene tiempo para pensar en Carrier ni en
los trabajadores de Carrier, porque en este mismo Pleno ha parecido
que usted anda mucho más preocupado por gestionar sus finanzas y cómo
procurar pagar poco a Hacienda que por los problemas que tienen los
trabajadores de Carrier. (Aplausos.- Protestas.) Es evidente -y diga
sí o no, porque hay taquígrafos- que usted ha regalado un billón
300.000 millones de pesetas a las eléctricas. Y no mienta. Y desde
luego, señor Piqué, usted que se encuentra -sí, sí, míreme a la cara,
señor Piqué- tan sensible defendiendo los principios éticos y
exigiendo comportamientos éticos a los que no son amigos suyos, ¡qué
tragaderas tiene usted cuando se trata de sus amigos! Porque hace
falta tener grandes tragaderas para defender lo que ha ocurrido en
Telefónica, donde un grupo de personas, que usted y el señor Aznar
pusieron allí antes de la privatización y después de la
privatización, se va a llevar, entre pitos y flautas, 100.000
millones de pesetas.

Y yo no venía a hablar de eso, señor Piqué. Vengo a decirle que en
este Parlamento, aunque usted no lo sepa, se aprobó una proposición
no de ley en la que se instaba al Gobierno a hacer cuanto pudiese
para defender los puestos de Carrier. Ya nos ha dicho -y
tranquilizará a los trabajadores- que ha hecho lo que ha podido, es
decir, nada. Pero es que hay incluso una resolución del Parlamento
Europeo en la que se han aprobado medidas respecto a lo que se debe
hacer en casos de deslocalización de empresas. Diga usted algo a los
trabajadores, porque si no, señor Piqué, va a aparecer usted, como
aquel rey, señor presidente, Enrique IV El Impotente -sólo desde el
punto de vista político-, va a aparecer como muy impotente y muy
incompetente cuando se trata de defender a los trabajadores de
Carrier y desde luego muy competente cuando se trata de defender a
sus amigos.

Señor presidente, cuando brinde el señor Piqué este año con sus
amigos y por sus amigos debe saber que más de 700 trabajadores de
Guadalajara también se acordarán de él. Y solamente quiero enseñarle
esta fotocopia: lo que defienden los trabajadores de Carrier es un
empleo digno y estable. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, a la vista de su intervención -permítanme-, yo he llegado a
una conclusión: a usted no le importan absolutamente nada los
trabajadores de Carrier. (Aplausos.-Protestas.) Nada, no le importan



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nada. Ha venido usted aquí a hacer otra cosa. No, no se ría, porque
yo se lo digo con mucha seriedad. A mí sí me importan los
trabajadores de Carrier. Mucho. Y estoy haciendo lo que tengo que
hacer y mi Ministerio hace lo que tiene que hacer. Espero que otras
administraciones hagan lo que tienen que hacer. Pero usted, después
de su intervención, no tiene ninguna autoridad para hablar en nombre
de los trabajadores de Carrier. Ninguna. (Aplausos.-Protestas.-El
señor Cuesta Martínez: ¡Es un impresentable!)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. ¡Señora Rubiales, por
favor! ¡Señor Cuesta, le llamo al orden! ¡Señor Cuesta, por favor!
¡Señorías!



- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO VALCARCE GARCÍA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿SIGUE MANTENIENDO EL GOBIERNO QUE EL
EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO DE LA AGENCIA EFE ES
INCONSTITUCIONAL? (Número de expediente 180/002078.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la pregunta número 26, que
responderá el portavoz del Gobierno, para lo que pido expresamente
que los señores diputados que ocupan los bancos del grupo principal
de la oposición mantengan respeto y se sosieguen. (Rumores.) Por
favor, no me hagan recordarles que son SS.SS. muchos y muy próximos y
que no están en el tono más adecuado para el transcurso del debate.

¡Por favor, por favor! (Rumores.)
Vamos a pasar a la pregunta número 26, que ha de formular doña Amparo
Valcarce García, del Grupo Socialista.

Señora Valcarce.




La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señor presidente.




¿Sigue manteniendo el Gobierno que el expediente de regulación de
empleo de la agencia Efe es inconstitucional?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Valcarce.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.

El Gobierno entiende que la autorización del expediente se basó en la
aplicación de los criterios legales sobre concurrencia de causa para
el despido colectivo y al mismo tiempo en esta autorización se valoró
la necesidad de que en la aplicación de la misma no se adoptasen
medidas discriminatorias, estableciéndose
para ello los correspondientes condicionantes en la resolución, que
fueron concretados y desarrollados al resolver el recurso.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora Valcarce.




La señora VALCARCE GARCÍA: Señor ministro, lo que dice es
rotundamente falso, y usted lo sabe muy bien.

La agencia Efe ha sido sometida a un durísimo expediente de
regulación de empleo, que ha afectado a 146 de sus 1.142
trabajadores, de los cuales 81 eran periodistas. El expediente es
innecesario porque, a la vez que se estaba despidiendo, por razones
inconfesadas, a estos periodistas, la agencia estaba haciendo más de
60 contratos irregulares. Esto se puede calificar de muchas maneras.

A usted los sindicatos le han dicho que esto es una purga política. Y
tiene todo el aspecto. Porque para hacer lo que se ha hecho tantas
veces y hemos denunciado en la agencia Efe no se podía recurrir a los
profesionales. Yo sólo le voy a poner un ejemplo, señor ministro.

Cuando usted acompañó al presidente del Gobierno a un viaje a Moscú,
el señor Aznar no fue recibido por el presidente Yeltsin. Usted, en
aquel momento, aludió a una supuesta enfermedad. La agencia Efe fue
más allá: declaró al presidente Yeltsin moribundo. Esto nos ha
supuesto el mayor desprestigio internacional y desde luego la pérdida
de credibilidad de la agencia Efe.

Además, es un expediente injusto y la propia Inspección de Trabajo se
lo dijo. Puso serias objeciones. Le dijo que este expediente no podía
ser obligatorio y que no podía hacerse por criterio de edad, que no
se podían seguir estas recomendaciones. Sin embargo, el Ministerio de
Trabajo lo firmó y puso en la calle a estos profesionales. Es
inconstitucional, señor ministro. Lo dijo el señor Pimentel, para más
bochorno. ¡Claro que es inconstitucional! Porque ha discriminado a
los trabajadores por razón de edad. Lo que es incomprensible es que
el Gobierno reconozca que es inconstitucional algo que ha hecho. El
expediente de Efe fue innecesario, el expediente de Efe fue injusto
y, además, es inconstitucional. El Gobierno lo hizo mal y el Gobierno
debe rectificar. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Valcarce.

Señor ministro portavoz.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, aparte de esa digresión respecto a Moscú, que entiendo que
está muy lejos, expedientes de regulación de empleo se hacen desde
hace muchísimos años. ¿Estará de acuerdo conmigo, no? Estará de
acuerdo conmigo en que expedientes de regulación sobre la base de
prejubilaciones masivas en función del criterio de edad se hacen
desde hace muchos años. ¿Esta también



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de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Dígamelo,
señoría? (Rumores.) Seguro que está de acuerdo conmigo, porque es una
evidencia. No hace falta que me conteste porque sé que es una
evidencia y que la respuesta sería positiva si pudiera contestarme.

Como los expedientes de regulación de empleo llevan muchísimos años
aplicándose en base a estos acuerdos, el ministro de Trabajo, con muy
buen criterio, ha puesto encima de la mesa un debate respecto a que
no es bueno que planteemos ajustes de plantillas exclusivamente sobre
la base del criterio de edad. A mí eso me parece lo más razonable del
mundo y lo más sano. Yo animo a S.S. y a su grupo parlamentario a que
mediten sobre eso, porque durante muchísimos años, muchísimos años,
hemos estado descapitalizando a muchísimas empresas, en particular
empresas públicas, sobre la base de reducir sólo las plantillas por
criterios de edad, sin procurar la renovación de esas plantillas, sin
preocuparse por la formación y mirando exclusivamente resolver
problemas a muy corto plazo. Eso es lo que el ministro de Trabajo ha
planteado, me parece muy positivo que lo haya hecho, vamos a seguir
en esa línea, con independencia del criterio que nos merezca el
expediente de regulación de empleo de Efe, que ya le he dicho que se
ha basado en la legalidad. Yo, desde este punto de vista, no tengo
nada más que decir.

Muchísimas gracias, señoría. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑA ENEDINA ÁLVAREZ GAYOL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ
DEL GOBIERNO: ¿EN CALIDAD DE QUÉ INTERVINO EL SEÑOR AZNAR EN EL ACTO
DE CLAUSURA DE LA III CONFERENCIA PLENARIA DE LA RED DE COMISIONES
PARLAMENTARIAS PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (RCIO)? (Número de
expediente 180/002086.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 32, ha
sido sustituida por la que va a formular la diputada doña Enedina
Álvarez Gayol, del Grupo Socialista.

Señora Álvarez.




La señora ÁLVAREZ GAYOL: Gracias, señor presidente.




Señor ministro y portavoz, ¿en calidad de qué intervino el señor
Aznar en el acto de clausura de la III conferencia plenaria de la red
de comisiones parlamentarias para la igualdad de oportunidades?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Álvarez.

Señor ministro y portavoz.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchísimas gracias, señor presidente.

Señoría, en calidad de invitado.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora Álvarez.




La señora ÁLVAREZ GAYOL: Gracias, señor presidente.




Señor ministro y portavoz, la intervención del señor Aznar ante la
III conferencia de la red fue como presidente del Partido Popular. La
conferencia, a la que fue invitado, que él clausuró, no era para él
de representantes electos y electas de los pueblos europeos que
habían trabajado de forma inteligente para aportar soluciones en la
conciliación de la vida familiar o privada con la profesional y
política, para así avanzar en la igualdad de oportunidades, sino de
afiliados, masculino, del PP. El señor Aznar se comportó ante la III
conferencia de la red como un marrano. (Protestas.)



El señor PRESIDENTE: Señoría, de ninguna manera. No, no, señoría.

Retire ahora mismo ese término, señoría. Retírelo ahora mismo.




La señora ÁLVAREZ GAYOL: Señor presidente, usted, que sabe de
cultura, porque ha escrito y lo ha hecho últimamente, sabe que la
palabra marrano tiene varias acepciones. (Continúan las protestas.) Y
yo voy a utilizar las acepciones que tiene la palabra marrano.




El señor PRESIDENTE: No, señoría.




La señora ÁLVAREZ GAYOL: Y creo que con derecho. No tengo por qué
retirarla. (Protestas.)



El señor PRESIDENTE: ¡Señoría! ¡Señoría!



La señora ÁLVAREZ GAYOL: La palabra marrano tiene una acepción que es
converso. Y en la palabra converso ...




El señor PRESIDENTE: ¡Señora Álvarez, un momento!
Su señoría, que desde luego tiene muy superior cultura, sabe también
que la palabra que ha expresado tiene un sentido peyorativo
incuestionable en el lenguaje común. Su señoría puede seguir
refiriéndose a la palabra converso, pero en modo alguno figurará en
el «Diario de Sesiones» la palabra marrano, y solamente en el sentido
de converso que quiera darle podrá continuar haciendo uso de la
palabra.




La señora ÁLVAREZ GAYOL: Señor presidente, yo utilizo las palabras
que tiene el diccionario, porque realmente tenemos una lengua lo
suficientemente amplia y con la suficiente historia para respetarla.




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El señor PRESIDENTE: Céntrese, señora Álvarez, no se empecine.

¡Señora Álvarez, por favor!



La señora ÁLVAREZ GAYOL: Si, además, usted ... (Protestas.)



El señor PRESIDENTE: ¡Señora Álvarez, por favor!
Terminado el incidente, continúe con el desarrollo de su respuesta.

Adelante.




La señora ÁLVAREZ GAYOL: Lo que le decía es que utilizaba la palabra
en el sentido de converso, es decir, como neófito, en los problemas
que tenemos las mujeres y que tratamos de resolver.

Para mí, la intervención del señor Aznar fue una marranada. (Fuertes
protestas.) Y la palabra marranada también tiene diversas acepciones.

(Continúan las protestas.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Señora Álvarez, le ruego que concluya y dé por retirada también esa
expresión. Sabe S.S. que no puede seguir jugando con los términos,
que hay un sentido netamente ofensivo de esa palabra y de sus
derivados y la Presidencia le retirará la palabra si vuelve a hacer
uso tanto de la palabra como de sus derivados.

Concluya, por favor.




La señora ÁLVAREZ GAYOL: Vuelvo a las acepciones de la palabra que he
utilizado.

Lo que hizo el señor Aznar fue realizar en esa conferencia una mala
faena, transmitir un desaire, cometer una incorrección y una grosería
y tratar de hacernos a las/los representantes electos de los pueblos
europeos un feo. No contento con la faena, en una parte de su prédica
nos dijo a las mujeres que duda mucho de que las mujeres inteligentes
y trabajadoras quieran asumir responsabilidades a costa de erosionar
su dignidad por la vía de la cuota.

Señor portavoz, dígale al señor Aznar que las mujeres no somos unas
marranas. (Varias señores diputados: ¡Otra vez!) Es decir, conversas.




El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez, no tiene la palabra. Espero que
con su consentimiento y sin duda también, créame, sin él, la palabra
no figurará en el «Diario de Sesiones».

Ha concluido su tiempo.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, lamento una cierta propensión a la bronca, a la crispación y
al insulto por parte del Grupo Socialista, insisto, lo lamento, y
espero que no siga así, porque los ciudadanos nos demandan otra cosa.




Le quiero decir lo siguiente, porque, a base de utilizar determinados
términos, se pierde un poco el sentido de la orientación. España
ostenta la Presidencia de la red de comisiones parlamentarias para la
igualdad de oportunidades y todas las decisiones adoptadas en el
ejercicio de la Presidencia de la red mencionada lo han sido de
acuerdo con los grupos parlamentarios en la Mesa, en Junta de
Portavoces, en la Comisión mixta Congreso-Senado orientada a los
derechos de la mujer. Así ha sido, en concreto, en relación con la
convocatoria de la conferencia plenaria de la red desarrollada en
torno a la conciliación de la vida familiar y de la vida política. La
presidenta de la Comisión Mixta consultó con los grupos
parlamentarios la organización de esa conferencia plenaria. Se invitó
a la Reina para la sesión de inauguración, se decidió invitar al
presidente del Gobierno para la clausura y a los diferentes miembros
del Gobierno, y a todos los grupos parlamentarios les pareció bien.

Formalmente, las invitaciones se efectuaron por carta del presidente
del Congreso y de la presidenta del Senado. A partir de ahí, déjeme
que le diga lo que pienso al respecto.

Creo que el presidente del Gobierno expresó claramente una opinión,
que comparte el conjunto del Gobierno y todo el Partido Popular, y es
que estamos a favor de todas las medidas que faciliten el acceso en
términos de igualdad de las mujeres a la actividad política. El
Gobierno ha hecho muchísimas cosas que no se habían hecho con
anterioridad en favor de esa igualdad, por ejemplo, un plan de acción
contra la violencia doméstica, un plan de salud para las mujeres,
actuaciones contra la anorexia y la bulimia, una consideración
especial dentro de los planes de empleo, la ley de conciliación de la
vida laboral y la vida familiar, especialmente en ese objetivo de la
igualdad, y eso tiene que hacerse siempre sobre la base del respeto,
en todas sus acepciones, en todas las que están en el diccionario, y
desde luego también sobre la base del respeto absoluto a todas las
medidas que promuevan o con las que cada uno de los partidos
políticos intente defender la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres.

Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.- El señor De Grandes
Pascual pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor De Grandes, ¿a qué efectos solicita la palabra?



El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, es obvio que ha habido
unas alusiones al presidente del Gobierno, que es el presidente del
Grupo Parlamentario Popular.




El señor PRESIDENTE: No, señor De Grandes...




El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, yo le ruego que me
deje hablar.




El señor PRESIDENTE: Señor De Grandes, las palabras proferidas por la
señora Álvarez han sido corregidas



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por la Presidencia, que ha terminado retirándole la palabra, y no
figurarán en el «Diario de Sesiones». Por tanto, no ampliemos el
incidente ni a efectos parlamentarios ni a efectos del «Diario de
Sesiones».




El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, yo me quiero limitar a
hacer una protesta formal y creo que está en los usos parlamentarios
más antiguos.




El señor PRESIDENTE: Sabe S.S. que le asiste todo el derecho a hacer
cualquier tipo de protesta, sea ante la Presidencia, ante la Mesa,
ante la Junta de Portavoces o como lo considere oportuno, pero sería
romper con los usos darle a S.S. la palabra en este trámite, sobre
todo -insisto-, señor De Grandes, cuando la dignidad de la actuación
de la persona que pudiera haber sido ofendida ha sido suficientemente
garantizada por la Presidencia y retirada tal ofensa del «Diario de
Sesiones».

Muchas gracias.




El señor DE GRANDES PASCUAL: Lamento que no me dé la palabra, porque
era necesario que yo hablara. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor De Grandes.




- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL GOBIERNO
LAS RAZONES DEL AUMENTO DEL PRESUPUESTO DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS
ALTOS CARGOS EN 1.843 MILLONES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS? (Número de
expediente 180/002083.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta que con el número 31 formula al
Gobierno don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista.

Señor Rodríguez Zapatero.




El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro de Administraciones Públicas: presupuesto del Estado
de 1997 de retribuciones de altos cargos, 8.118 millones; presupuesto
de 1998, 8.472 millones; presupuesto de 1999, 9.700; presupuesto del
año 2000, 9.961 millones. ¿Puede explicar el Gobierno las razones del
aumento de este presupuesto en 1.843 millones en estos años?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.

Señor ministro de Administraciones Públicas.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señor presidente.

Señoría, con mucho gusto le explicaré de dónde proceden los 1.843
millones de pesetas que aparecen como incremento de las retribuciones
de altos cargos desde la Ley de presupuestos para 1997 hasta el
proyecto de ley de presupuestos para el año 2000, que acaba de ser
aprobado por el Pleno de esta Cámara. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
En primer lugar, le diré que los aumentos que han experimentado las
retribuciones de los altos cargos de la Administración general del
Estado cada uno de esos años han sido los generales que han
correspondido a todos los funcionarios públicos. Es decir, las
retribuciones de los altos cargos no tuvieron ninguna revalorización
en el año 1997, y el resto de los años experimentaron una
revalorización del 2,1, del 1,8, y del 2 por ciento en este último
año 2000. Las revalorizaciones durante estos cuatro años han supuesto
un importe cercano a los 500 millones de pesetas.

En segundo lugar, en los presupuestos para el año 1998, el artículo
10, de retribuciones de altos cargos, incluye, excluyendo la partida
correspondiente a revalorizaciones, un crédito de 500 millones de
pesetas en la sección 2, Cortes Generales, y en los presupuestos de
1999 se produce un incremento del artículo 10, que es debido a la
inclusión de los créditos de 435 millones de pesetas para aumentar
las retribuciones de altos cargos de las Cortes Generales; 554
millones para las retribuciones de magistrados del Tribunal Supremo,
presidente de la Audiencia Nacional y presidente de Sala de esa
Audiencia, Real Decreto 388, y 80 millones para el Consejo General
del Poder Judicial.

Si suma estos importes, le darán una cifra de 2.100 millones, y si
han sido 1.843 millones es por la disminución de los créditos
respecto a los altos cargos de la Administración general del Estado,
que se corresponden con la disminución precisamente del número de
altos cargos en esta Administración.

Nada mas.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señor Rodríguez Zapatero.




El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, yo sé que las cuentas tienen que salir de algún lado,
pero la responsabilidad política de su Gobierno en esta área es muy
evidente. Ustedes, por activa y por pasiva, con una letanía
insistente durante su etapa de oposición y en su programa electoral,
lanzaron por el aire que iban a disminuir de manera contundente el
presupuesto de altos cargos en general. Hablaron de miles de millones
y, fíjese usted, durante sólo tres años de Gobierno ya se ha elevado
este presupuesto en un 22 por ciento, en los 1.800 millones que acaba
usted de explicar. Sus proclamas y sus propuestas han quedado en nada
de nada, en lo que el viento



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se llevó, como la película, y realizaron una absoluta y permanente
campaña durante su etapa de oposición.

Pero es que hay más, señor ministro. El presupuesto de productividad,
que es sin duda alguna la parte de retribución discrecional que va a
parar fundamentalmente a los niveles altos de la Administración, del
27 al 30, que ustedes han subido en 1.300, cuando prometieron
reducirlos en 5.000, ha aumentado en sus años de Gobierno un 45 por
ciento, llegando a 50.000 millones de pesetas. Ese reparto o ese
aumento supone que los niveles altos de la Administración, por la vía
de la productividad, han tenido aumentos salariales superiores a los
del conjunto de los empleados públicos, vamos, en pequeño, pero
parecido a la política que ha empleado Telefónica, de desigualdad
retributiva. Los niveles altos no han sufrido la congelación. Han
aumentado por la vía de la productividad sus retribuciones; su nómina
real, lo que cuenta, ha aumentado por estos conceptos y, sin embargo,
la mayoría de los empleados públicos han mantenido sus sueldos.

(Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señor presidente.

Señor diputado, lo que dijimos se ajusta estrictamente a la realidad
que se corresponde con los datos, y las derivaciones que ha tenido
usted que hacer ante la contundencia de las cifras que le he dado
nada tenían que ver lógicamente con la pregunta. Baste un botón de
muestra. Durante el año 1996, últimos presupuestos del Gobierno
socialista, se presupuestaron para altos cargos de la Administración
del Estado 8.421 millones. Se pagaron después 7.986 millones. ¿Por
qué? Porque el primer Gobierno del Partido Popular disminuyó los
altos cargos y, por tanto produjo un ahorro, aunque a usted le cueste
aceptarlo. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑA LUCITA VILLAR JAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS
PERSPECTIVAS FUTURAS QUE SE ABREN CON LA PRESENTACIÓN ANTE LA
CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE DEL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS
URBANOS? (Número de expediente 180/002073.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno y que contestará la señora ministra de Medio
Ambiente.

Pregunta número 21, que formula la señora Villar Jar, del Grupo
Parlamentario Popular.

Señora Villar.

La señora VILLAR JAR: El Grupo Parlamentario Popular cree, señorías,
que los residuos sólidos urbanos constituyen un problema
medioambiental de primera magnitud. Desde la llegada al Gobierno del
Partido Popular se ha dado un impulso definitivo a la política de
residuos y en este momento podemos afirmar que se ha puesto al día la
legislación en esta materia, una de las muchas asignaturas pendientes
que dejó el Partido Socialista tras 14 años de Gobierno.

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, establece en su artículo
5 que la Administración general del Estado elaborará diferentes
planes nacionales de residuos mediante la integración de los
respectivos planes autonómicos, en los que se fijarán los objetivos
específicos de reducción, reutilización, reciclado y otras formas de
valorización y eliminación. La pasada semana se presentó en la
conferencia sectorial de Medio Ambiente dicho Plan nacional de
residuos y fue aprobado por todas las comunidades autónomas.

Nuestro grupo entiende que el momento de presentar un plan nacional
es precisamente cuando se tiene cobertura económica suficiente y esto
es lo que ha conseguido España de los fondos europeos que tan
brillantemente ha obtenido nuestro Gobierno. (Risas.) En este plan se
fijan objetivos, se establecen actuaciones y se evalúan las
inversiones a llevar a cabo, que se estiman en más de 500.000
millones de pesetas en el período 2000-2006. El beneficio social de
todas estas actuaciones va a ser muy importante y por ello, en el
foro que representa el Congreso de los Diputados, se formula la
siguiente pregunta: señora ministra, ¿cuáles son las perspectivas
futuras que se abren con la presentación ante la conferencia
sectorial de Medio Ambiente del Plan nacional de residuos urbanos?
Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Villar.

Señora ministra de Medio Ambiente.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

Quiero decir en primer lugar que una vez que se apruebe
definitivamente este plan por el Consejo de Ministros, lo primero que
vamos a conseguir es nada menos que afrontar con seriedad y rigor y
de una manera integral los problemas que las sociedades desarrolladas
tienen con los residuos. De esta forma vamos a poder resolver un
viejo problema con soluciones adecuadas. Si se cumplen los objetivos
de reducción y de reciclaje que están previstos en el Plan nacional
de residuos, en el año 2006 podremos decir que España tiene una de
las políticas más avanzadas en gestión de residuos.




Por otra parte, existía, por incumplimiento de la directiva
comunitaria del año 1991, una apertura ya seria por parte del
Tribunal de Luxemburgo frente a España, que queda completamente
neutralizada. Además, como decía S.S., creo que es sumamente impor
tante



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que por gozar en este momento de fondos de cohesión, vayamos a poder
gestionar todas aquellas infraestructuras tan necesarias que tiene
que poner en marcha España para llevar a cabo una correcta gestión de
los residuos. Piénsese por ejemplo que en España tenemos todavía
3.700 vertederos incontrolados, que obligatoriamente tienen que ser
sellados, y en relación con este tema, que exige una financiación,
con los fondos de cohesión tenemos ya garantizado el 85 por ciento.

Por tanto, si a esto unimos el apoyo unánime de toda la conferencia
sectorial representada por los consejeros de Medio Ambiente de todas
las comunidades autónomas, estamos hablando de que existe realmente
una motivación importante de todos los españoles para ponerse al día,
al igual que los demás europeos, en gestión de residuos. Con esto
habremos terminado en esta primera legislatura una asignatura
pendiente que como país desarrollado tenía España: la correcta
gestión de sus residuos urbanos.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.




- DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINA NARBONA RUIZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁNTOS RESIDUOS PELIGROSOS SE
GENERAN EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/002081.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
29, que formula doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra responsable de la política de residuos del Reino de
España, ¿me puede decir cuántos residuos peligrosos, no urbanos, de
los tóxicos, se generan en este momento en España?
Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Narbona.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

Según los últimos datos oficiales enviados a la Unión Europea en
relación con la gestión de residuos peligrosos, incluyendo los de
Ceuta y Melilla, son 3.395.333 toneladas.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.

Señora Narbona.

La señora NARBONA RUIZ: Qué coincidencia, señora ministra, porque la
cifra que me acaba de dar es exactamente la misma que el Boletín
Oficial del Estado de 13 de mayo de 1995 publicaba en el Plan
nacional de residuos peligrosos, aprobado por el Consejo de Ministros
previa aprobación unánime por la conferencia sectorial y presentado
para obtención de ayudas en los fondos de cohesión, el cual sigue en
vigor, porque ustedes no han hecho un nuevo plan de residuos
peligrosos. Han realizado un Plan de residuos urbanos y nos
congratulamos de que al cabo de cuatro años hayan sacado adelante un
plan cuyos mimbres estaban ya preparados cuando usted llegó al
Ministerio. Pero hablemos de residuos tóxicos, señora ministra.

Por lo visto, usted no sabe lo que ha pasado durante estos cuatro
años, puesto que me da exactamente la misma cifra, repito, que está
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 13 de mayo de 1995. No
me extraña, por lo tanto, que tampoco le haya preocupado cumplir ese
plan que sigue en vigor ante la Unión Europea, señora ministra, y que
prevé una reducción para el año 2000 del 40 por ciento de esa cifra
que usted me da como de ahora, pero que es de hace exactamente cuatro
años.

Tampoco me extraña, señora ministra, que aunque usted haya hecho
leyes -por supuesto que las ha hecho en esta legislatura-, no las
cumpla, o, si no, por favor, dígame dónde está el proyecto de ley de
aceites usados que en la ley marco correspondiente usted se
comprometió a traer aquí hace ya más de un año y medio; o dónde está
el decreto de caracterización de residuos peligrosos por el cual
claman varias comunidades autónomas, y aquí tengo cartas de Galicia,
de Navarra, de La Rioja y de Aragón, en las que insisten al
Ministerio que necesitan urgentemente una aclaración sobre la
caracterización de distintos residuos peligrosos. Y, señora ministra,
¿dónde están las medidas en relación con el uso del PVC en envases
alimentarios? Porque usted se comprometió en la ley correspondiente
a traer esas medidas en relación con el uso del PVC, hoy día en
discusión en toda Europa. No ha traído absolutamente nada. Así, no me
extraña que no haya cesado usted al secretario general de Medio
Ambiente, que en su última comparecencia en estas Cortes demostró que
no sabía distinguir entre un residuo urbano y un residuo peligroso. A
lo mejor es que usted tampoco sabe cuál es la diferencia y dónde está
la toxicidad.

Gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Narbona.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Ya
sabemos todos, todas SS.SS. lo saben, porque consta permanentemente
en el «Diario de Sesiones», que la señora Narbona después de 14 años
de responsabilidades en el Gobierno lo dejó todo a nivel de
borradores. O no le dio tiempo en 14 años de sacarlos a la luz
pública o ella misma se avergonzaba



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de sus borradores. En cualquier caso, he de decirle, señoría, que en
la Unión Europea están muy satisfechos con el avance que ha producido
España desde que tiene el primer Ministerio específico de Medio
Ambiente, también en materia de residuos, porque lo que no es de
recibo, señora Narbona, es que España estuviera rigiéndose por una
Ley de residuos del año 1975. Creo que en algo, afortunadamente,
había cambiado el desarrollo económico e industrial de España para
que con una norma del año 1975 no pudiéramos hacer una correcta
gestión de residuos.

No sabe cómo celebro que por fin reconozca que se felicita de que ya
se haya aprobado el Plan nacional de residuos urbanos. Lo que le ha
ocurrido a la señora Narbona es que no quiere recordar que fue
incapaz de poner en marcha este plan de residuos, porque primero
había que hacer leyes, y efectivamente las hemos hecho.

En residuos peligrosos, señora Narbona, hemos tenido especial cuidado
en aplicar el principio de prevención, en primer lugar con medidas de
tipo fiscal, y existe la reducción en la cuota íntegra del impuesto
sobre sociedades del 10 por ciento de las inversiones realizadas para
favorecer la reducción, recuperación y tratamiento de los residuos
industriales y toda una serie de medidas de tipo normativo que son
previas a la cuantificación que S.S. está demandando en este momento.

La nueva Ley de residuos no solamente traspone lo propio de la
directiva comunitaria, sino que específicamente, como medida
nacional, y debería saberlo S.S., lo que no se deriva de las
exigencias comunitarias, establece un régimen jurídico específico
para hacer efectiva la reparación de los suelos contaminados por la
presencia de componentes peligrosos de origen humano, igual que en
Estados Unidos o sólo en Holanda en la Unión Europea.

Lo mismo ocurre con el nuevo concepto de residuo peligroso. Yo no sé
a qué se quiere referir S.S., pero muy poco comunitaria la veo cuando
no sabe que ya nosotros hemos adaptado lo que S.S. no hizo, la
directiva comunitaria que nos obliga a asumir el concepto de residuos
peligrosos de la lista de residuos peligrosos en la Unión Europea
-señora Narbona, debería saberlo-, desde junio de 1997, como también
hemos incorporado la directiva de incineración de residuos
peligrosos.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.




- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN ROMERO LÓPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ EMBALSES TIENEN PLANES DE
EMERGENCIA? (Número de expediente 180/002082.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
30, que formula doña Carmen Romero López, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Señora Romero.




La señora ROMERO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.




Señora ministra, ¿cuántas presas y embalses tienen planes de
emergencia en España?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Romero.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

Desde el año 1996 el Ministerio de Medio Ambiente, como titular de
370 presas, tiene en este momento clasificadas 246.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.

Señora Romero.




La señora ROMERO LÓPEZ: Señora ministra, no es respuesta la que me
da, porque sabe usted que la clasificación es un primer paso, pero no
basta con clasificar para desarrollar después todas las fases que
prevé, como conoce, la Orden ministerial de marzo de 1996, que
establecía el reglamento sobre seguridad de presas y embalses. Siento
que me dé esa respuesta, porque probablemente es que no puede darme
otra.

En la anterior pregunta que le hice aquí mismo me respondió que había
planes de emergencia. No sé si mintió entonces o si está ahora
eludiendo esa pregunta, pero le estoy haciendo la pregunta con gran
preocupación, porque no son solamente los ciudadanos los que tienen
esa preocupación, sino también sus propios técnicos de las
confederaciones hidrográficas. Usted ha conseguido que sus propios
técnicos tengan preocupaciones por encima de lo normal, porque existe
una normativa a la que usted no ha dado cumplimiento, y ahora va a
hacer referencia a que el Gobierno anterior tardó en establecer un
reglamento, como me respondió en la anterior ocasión. Pero ahora la
responsabilidad es suya y la responsabilidad de inversiones
hidráulicas también, y de estos años no se deriva que ustedes hayan
invertido en seguridad de presas lo que este país está necesitando.

Sabe perfectamente que en la provincia de Cádiz están a un tercio de
la plantilla lo que son las guarderías en general, fluviales y de
presas. Me gustaría que nos diera exactamente las cifras de lo que
son las guarderías de presas. Desgraciadamente no contamos. Usted
sabe, y no vamos a ponerlo aquí en evidencia, porque no vamos a
alarmar más de lo preciso a la población española, que ahí tiene una
gran responsabilidad. Se ha triplicado la capacidad de los embalses
en la etapa socialista y, por tanto, se ha triplicado el riesgo y, al
triplicarse, esa preocupación es mayor en los propios técnicos de las
confederaciones, en los ciudadanos, en los trabajadores, en todos
aquellos que están



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viendo que ni los aliviaderos, ni los desagües de fondo, ni los
accesos, ni los grupos electrógenos, ni las guarderías, ni todo
aquello que es responsabilidad de su Ministerio, que tiene la
responsabilidad de la seguridad de presas...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Romero.

Señora ministra de Medio Ambiente.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

Señora Romero, la coherencia no es precisamente una característica
que adorne a su grupo, porque mientras acabamos de escuchar en este
momento que hemos triplicado la capacidad de los embalses, ayer, una
vez más, respondía yo a una interpelación, a pregunta de su grupo,
según la cual no hemos hecho absolutamente nada, no hay ni un solo
embalse más, hemos estado cruzados de brazos; con 800.000 millones de
pesetas de inversión no hemos hecho absolutamente nada. Hoy, como
creen que pueden asustar a los ciudadanos con el tema del riesgo de
las presas, resulta que hemos triplicado -han escuchado ustedes- la
capacidad de nuestros embalses.

Señora Romero, yo no entiendo sinceramente lo que dice usted, cuando
se está cumpliendo la legalidad vigente, de marzo del año 1996, en
donde se dice que hay un período de cuatro años para establecer esos
planes de emergencia. Hasta entonces no se había hecho ninguno de los
trámites previos, que había que hacerlos, señoría, porque para hacer
un plan de emergencia hay que poner en marcha otras muchas cosas, en
primer lugar un inventario de presas. Hoy sabemos cuántas presas
existen, cuántas pertenecen al Estado, cuántas son de los
particulares, y precisamente tenemos el plazo por lo menos hasta el
año 2000. Hemos hecho una guía técnica de clasificación de presas;
hemos hecho una guía técnica para la elaboración de planes de
emergencia de presas; hemos firmado un convenio con el Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) para realizar
unos trabajos piloto de delimitación de las zonas inundadas por la
hipotética rotura de una serie de presas, que permita extraer
conclusiones metodológicas sobre la cartografía a utilizar y los
modelos hidráulicos a emplear.

Sobre todo, señorías, yo quiero una vez más romper una lanza, ya que
parece que S.S. no quiere hacerse solidaria con los funcionarios que
existían en el Ministerio cuando ustedes estaban en el Gobierno -creo
que lo recordará su señoría-, y, no sé por qué, pero curiosamente
habla ahora de la inseguridad de las presas, cuando yo creo que al
tomar la decisión de poner en marcha un nuevo embalse uno de los
primeros requisitos, el más importante, es el de todas las
condiciones de seguridad de las presas. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.

- DEL DIPUTADO DON AURELIO SÁNCHEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE
EL GOBIERNO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ÚLTIMO CONSEJO DE
MINISTROS DE PESCA EN NOVIEMBRE? (Número de expediente 180/002067.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno y que contestará el señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Pregunta número 15, que formula don Aurelio Sánchez Ramos, del Grupo
Parlamentario Popular.

Señor Sánchez Ramos.




El señor SÁNCHEZ RAMOS: Gracias, presidente.

Señor ministro, es conocida la buena gestión que ha hecho España en
la aplicación de los fondos estructurales del IFOP en el período
1994-1999, habiéndose colocado en el número uno a nivel europeo,
permitiendo al sector iniciar su modernización y consolidación no
sólo en Europa sino también a nivel mundial. Sin embargo, la
propuesta de borrador de reglamento que presentó la Comisión en el
Consejo de 16 de diciembre del año pasado, sobre la aplicación de los
fondos estructurales del sector pesquero, creó la inquietud tanto en
el sector como en la propia Administración española. De todas las
condiciones la que más inquietaba era la obligación de tener que
retirar un 30 por ciento adicional de capacidad y potencia del buque
a construir y que el sistema de control de entradas/salidas en el
registro de flota comunitaria de los buques que recibieran ayudas se
haría buque a buque. Esta posición hubiera ocasionado no poder
continuar con el proceso emprendido por el Gobierno español del
Partido Popular de renovación de la flota pesquera, que por todos es
bien conocido por el buen ritmo alcanzado, y, por otra parte, podemos
perder el efecto inducido que tiene en la ocupación de astilleros
pequeños y medianos.

Por lo que hemos podido conocer, los resultados han sido otros para
España en las condiciones para renovar la flota, en el incremento de
los fondos IFOP, así como en el nuevo reglamento de la OCM de la
pesca, que podemos unir a los logros conseguidos en las OCM del
aceite y del vino. Por ello, le pregunto, señor ministro ¿cómo valora
el Gobierno los resultados alcanzados en el citado Consejo?
Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Sánchez Ramos.

Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Muchas gracias, señor presidente.

El Gobierno valora muy positivamente los resultados alcanzados el día
22 pasado en el Consejo de Ministros



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de Pesca de la Unión Europea, sobre todo -también el de la OCM- en el
reglamento de desarrollo de ayudas estructurales. Las perspectivas al
principio no eran brillantes, pero debo decir que un trabajo tenaz y
continuado de los funcionarios del Ministerio y también de los
funcionarios destacados en Bruselas, así como un planteamiento
bastante adecuado de la negociación que se mantuvo desde un primer
momento con los demás ministros de Pesca, con la Presidencia y con la
Comisión, han dado un resultado que califico de muy satisfactorio.

La idea clave que defendimos y que todos compartimos es que no se
puede seguir ejerciendo más presión sobre los caladeros e incrementar
el esfuerzo pesquero. Hay que hacer caso de lo que nos aconsejan los
informes científicos, disminuir ese esfuerzo o mantenerlo, porque lo
que hoy podría ser una ventaja mañana puede ser un grave
inconveniente. Por ello sí estábamos de acuerdo en que hubiera un
cierto control de ese esfuerzo de renovación pesquero, pero a lo que
no estábamos dispuestos es a admitir que se tratara igual a unos
países que habían cumplido con los POP anteriores, con los programas
de orientación plurianual, que a los que no habían cumplido con esos
programas. En consecuencia, la propuesta de disminuir 1,30 por uno
nos pareció injusta para España y se consiguió que España y otros
países cumplidores tuvieran una sustitución de uno por uno. Sin
embargo, los países que no han cumplido deben sustituir con ese 30
por ciento de recargo hasta que lo hayan hecho. Por otra parte, con
estas ayudas podremos continuar el esfuerzo, muy amplio, que está
haciendo el Gobierno para renovar la flota. En resumen, de una forma
general, el resultado ha sido satisfactorio para nuestras exigencias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.




- DEL DIPUTADO DON XAVIER TUBERT I ALSINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO
ACTUALIZAR Y AMPLIAR EL ALCANCE DE LAS AYUDAS DIRIGIDAS AL SECTOR DE
LOS FRUTOS DE CÁSCARA Y LAS ALGARROBAS? (Número de expediente 180/
002085.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
33, que formula don Xavier Tubert i Alsina, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).

Señor Tubert.




El señor TUBERT I ALSINA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, el sector de los frutos secos representa en
el conjunto del Estado español 641.000 hectáreas. El cultivo se
localiza en el 95 por ciento en superficie de zona de secano, en
comarcas productivas
en las que no existe alternativa y donde juega un papel importante en
la conservación del medio ambiente. La Unión Europea es claramente
deficitaria, lo que representa para nosotros una fuerte importación
de almendra de Estados Unidos y de avellana de Turquía. El sector
productivo español no puede ni podrá en el futuro hacer frente a la
competencia de los mismos, a pesar de que se plantee una posible
reconversión del sector. Las dificultades nuestras son claramente
estructurales y los estudios en profundidad así lo confirman. En
consecuencia, el mantenimiento de las ayudas que hay hasta hoy se
considera como imprescindible. Los planes de mejora de calidad para
el sector, aprobados por la Comisión Europea en 1989, representan una
ayuda que ha contribuido de forma eficaz a organizar el sector y,
a pesar de que no estaba entre sus objetivos, a mantener el cultivo y
asegurar una renta a los agricultores. Una eventual supresión de las
ayudas puede llevar consigo la pérdida de todos los éxitos
sectoriales que se han obtenido durante la aplicación de los planes
de mejora: vertebración del sector, estructuración productiva,
concentración de la oferta, pero ante todo puede suponer el abandono
y la desaparición de cultivo con graves consecuencias de carácter
ambiental y socioeconómico, con efectos sobre el territorio y sobre
la actividad en el mundo rural. El próximo mes de mayo finalizan los
primeros planes de mejora que fueron aprobados.

Por tanto, considerando que no se vislumbra ninguna alternativa a
corto plazo, considerando que se trata de un cultivo con un contexto
internacional y unos caracteres productivos intrínsecos a nivel
español que hacen inviable su continuidad sin ningún tipo de ayuda,
queremos preguntarle qué calendario y qué medidas tiene previsto el
Gobierno para la presentación y defensa ante la Comisión de una
propuesta específica para el sector que contemple la continuidad de
las ayudas dirigidas al sector de los frutos de cáscara y las
algarrobas, que aseguren el mantenimiento de las rentas.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Tubert.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Muchas gracias, señor presidente.

Comparto la exposición que ha hecho S.S. sobre la importancia del
sector y también sobre la inquietud que naturalmente tiene el sector
en estos momentos al cumplirse esos diez años de estos planes de
reconversión que han tenido unos magníficos efectos. Puedo asegurarle
que el Gobierno está preparando -y ahora diré cómo- toda una panoplia
de medidas para, cuando llegue en el año 2000 la evaluación por la
Comisión del funcionamiento de la OCM de frutas y hortalizas, dar la
batalla para que esos planes de mejora para los frutos secos y
algarrobas continúen.




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Estos planes, insisto, han servido para mejorar la competitividad del
sector y también han tenido un magnífico efecto medioambiental. Yo he
dado instrucciones a los servicios técnicos del Ministerio de
Agricultura para que, junto con las comunidades autónomas, que tienen
un gran interés en este tema, y los profesionales del sector,
presentaran ante la Comisión un estudio que ponga de manifiesto lo
beneficioso de estos planes, cómo han contribuido de una forma
decidida a la reconversión del sector, aunque sus efectos no se han
ultimado, no se han completado. Luego debemos seguir actuando en esa
dirección.

Obviamente, como S.S. puede suponer, yo no puedo garantizarle el
resultado de esa batalla, pero la veo conoptimismo, porque la vamos a
basar en unos datos que tenemos y que representan algo muy
convincente para la propia Comisión. Vamos a insistir, sobre todo, en
tres medidas que son esenciales: la primera, mantener la línea actual
de reconversión varietal, que necesitamos continuar porque si se
suspendieran los planes no podríamos mantenerla, dando prioridad a
los arranques y nuevas plantaciones; la segunda, fomentar la calidad;
y la tercera, dar un tratamiento medioambiental para las zonas
desfavorecidas y de secano. Esto, junto con un plan de seguro en
prueba, que vamos a empezar este mismo año, y un decreto-ley, que
estamos preparando, para aquellos cultivadores que han tenido unas
pérdidas muy grandes en este sector, dan una idea de que el Gobierno
se ha volcado en un cultivo que es necesario para esas personas.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.




- DEL DIPUTADO DON JESÚS LÓPEZ-MEDEL BASCONES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL
ES LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DE LA NUEVA LEY DE LA
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA UN AÑO DESPUÉS DE SU
VIGENCIA? (Número de expediente 180/002068.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno, que contestará la señora ministra de Justicia.

Pregunta número 16, que formula don Jesús LópezMedel Bascones, del
Grupo Parlamentario Popular.

Señor López-Medel.




El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, conseguir una justicia rápida, de calidad y efectiva
es algo que depende de muchas circunstancias y de muchos factores.

Depende de la actitud de quienes participan en la Administración de
justicia, depende de la actitud de los gobiernos en orden a potenciar
la creación de órganos jurisdiccionales, pero
también depende de la existencia de leyes procedimentales que
permitan dar respuesta a estas necesidades. Dentro de unos días se
cumple un año de la vigencia de la nueva Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa, ley que vino a sustituir a otra vigente
desde 1956 que, si bien era muy bien valorada, sin embargo, la
realidad política, social, administrativa y constitucional de España
sin duda alguna era muy distinta. El Gobierno, a través de su
Ministerio, envió a estas Cortes un buen proyecto de ley,
respondiendo a su compromiso ante los ciudadanos, y los
parlamentarios, creo que con responsabilidad y con un sobresaliente
consenso, dimos la aprobación a un texto legal.

Consideramos que la Ley de la jurisdicción contencioso-
administrativa es una de las normas más importantes que puede haber
en todo Estado de derecho en la medida que regula cuestiones
fundamentales: quién controla al Gobierno y a la Administración, cómo
se le controla, qué garantías se establecen y en qué forma se
concreta el ideal de justicia.

De nada serviría hacer proclamaciones al Estado de derecho y al
principio de legalidad si este principio no se concretara en normas
jurídicas que amparen a los ciudadanos de forma real y efectiva en
sus recursos jurisdiccionales frente a las administraciones públicas.

La Ley contiene importantes novedades a propósito de la ampliación de
la legitimación, a propósito de los procedimientos, a fin de
agilizarlos, y sobre las medidas cautelares.

En todo caso, en el libro blanco se destacaba la jurisdicción
contencioso-administrativa como la más atascada. Su solución depende
-decía- de diversos factores. Ahí está la respuesta del Gobierno y
del Parlamento.

Por ello le pregunto, señora ministra, ahora que se cumple un año de
su vigencia, ¿cuál es la valoración práctica que hace el Gobierno de
la nueva Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López-Medel.

Señora ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón):
Efectivamente, SS.SS. aprobaron en el mes de julio del año pasado la
nueva Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa,
cuya entrada en vigor está a punto de cumplir su primer aniversario.




La valoración que tiene que hacer el Gobierno sobre las estadísticas
aportadas por el funcionamiento de los nuevos juzgados de lo
contencioso-administrativo no puede ser más favorable. Los asuntos se
resolvían en primera instancia, en las salas de lo contencioso-
administrativo, en una media de 36 meses. Quiero destacar ante SS.SS.

que era la jurisdicción que tenía más retrasos, según había
reconocido reiteradamente en los diferentes discursos de apertura de
tribunales el presidente del Tribunal Supremo. Actualmente, con la
puesta en



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funcionamiento de los juzgados de lo contencioso -152 juzgados nuevos
implantados en el plazo de dos años-, se están resolviendo en el
término de dos o tres meses.

La tutela que los ciudadanos obtienen respecto a sus relaciones con
las administraciones públicas no es sólo una tutela efectiva, sino,
además, eficaz. Ello pone de manifiesto el trabajo de SS.SS. para
elaborar una Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa que
fuera en beneficio de todos los ciudadanos y el esfuerzo realizado
por el Gobierno en la dotación de medios personales y materiales, que
evidencian que cuando se ponen a disposición de los tribunales los
medios precisos, éstos actúan con la diligencia que es exigible para
dar respuesta efectiva a los ciudadanos.

En definitiva, señoría, creo que, a día de hoy, la situación de la
jurisdicción contencioso-administrativa ha dado un vuelco
espectacular respecto a lo que ocurría desde hace décadas y hasta
hace solamente un año. Creo que, por fin, estamos en la solución de
una de las jurisdicciones más lentas, por no decir la más lenta, de
la Administración de justicia española.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.




- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO MURCIA BARCELÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INFORMACIÓN
PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO ACERCA DEL ACCESO DE PARTICULARES A LOS
REGISTROS MERCANTILES A TRAVÉS DE INTERNET? (Número de expediente
180/002069.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
17, que formula don Francisco Murcia Barceló, del Grupo Parlamentario
Popular.

Señor Murcia.




El señor MURCIA BARCELÓ: Gracias, señor presidente.




Señora ministra de Justicia, la publicidad registral tiene una
importancia indiscutible en nuestro ordenamiento jurídico para
empresas, fedatarios públicos, abogados, procuradores y ciudadanos,
que hasta ahora habían tenido que desplazarse hasta los registros
para acceder a las informaciones de los mismos.

La creación de un servicio de acceso telemático a las bases de datos
de todos los registros mercantiles agilizaría, evidentemente, el
tráfico mercantil con grandes ventajas para los particulares que
accedieran a este nuevo servicio.

Por ello es por lo que le pregunto, señora ministra: ¿qué información
puede facilitarnos el Gobierno acerca del acceso de particulares a
los registros mercantiles a través de Internet?
Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Murcia.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.

Su señoría ha puesto de manifiesto que el acceso por vía Internet a
los registros, en este caso al registro mercantil o registro de la
propiedad, facilita enormemente a los ciudadanos el acceso a datos
que le son necesarios, tanto para el tráfico mercantil como para la
vida privada. En tiempo real, el acceso por vía Internet,
evidentemente, es muchísimo más corto que el acceso a través de la
visita a los diferentes registros.

El pasado día 22 ha entrado en funcionamiento la primera fase de los
servicios a prestar por vía telemática respecto a los registros
mercantiles, tal y como ya tuve ocasión de anunciar ante esta Cámara
el pasado día 20 de octubre. Ya es posible para los ciudadanos, por
tanto, solicitar la información registral por Internet a cualquier
registrador mercantil y obtener por la misma vía todos los datos
jurídicos y económicos de la sociedad consultada. La información
actualmente disponible por vía telemática se refiere a todos los
datos relativos a constitución de sociedades, estatutos, consejo de
administración, apoderamiento, capital social, anotaciones
judiciales, situaciones de insolvencia y estados financieros de las
empresas, y también se informará puntualmente de los asientos de
presentación de documentos en tiempo real sobre la sociedad
consultada.

Esta informatización de los registros, y concretamente el acceso vía
Internet, como he mencionado, es solamente la primera fase y a
principios del año que viene estará puesta en marcha la
informatización y acceso vía Internet de los registros mercantiles.

Muchísimas gracias, señoría. Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.




- DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINA ALBERDI ALONSO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿ESTÁ USTED SATISFECHO CON EL PLAN DE ACCIÓN
CONTRA LOS MALOS TRATOS A MUJERES, APROBADO POR EL GOBIERNO EN MARZO
DE 1998? (Número de expediente 180/002079.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
27, que formula doña Cristina Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Señora Alberdi.




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La señora ALBERDI ALONSO: Gracias, señor presidente.




Señora ministra, en los últimos meses estamos contemplando,
desgraciadamente, la sucesión de malos tratos y viendo también que
las personas que denuncian no encuentran la respuesta adecuada, por
múltiples motivos; además, en este año hemos visto cómo ha aumentado
el número de mujeres asesinadas por sus parejas, por sus ex cónyuges
o ex convivientes. Estamos ante un problema grave, un problema que
causa alarma social y ante el que el Gobierno tiene que responder con
eficacia; es su obligación.

Por eso le pregunto a usted, como ministra y como representante del
Gobierno a la hora de responder esta pregunta: ¿Está el Gobierno
satisfecho, a día de hoy, con los resultados del Plan de acción
contra los malos tratos que se aprobó en marzo de 1998?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Alberdi.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.

Señoría, el Plan de acción contra la violencia doméstica, aprobado en
marzo de 1998, es el primer plan que engloba todas las medidas para
atajar una lacra que S.S. ha destacado ante la Cámara como uno de los
gravísimos problemas que afectan a la sociedad española. El propósito
del Gobierno es que se cumplan todos los puntos de ese plan, y quiero
indicarle a S.S. que hasta ahora está cumplido prácticamente en su
totalidad, el 93 por ciento de las medidas acordadas, que -quiero
recordar a S.S.- son 57.

Su señoría me hace una pregunta más concreta: ¿Está satisfecho el
Gobierno del resultado? Señoría, el Gobierno puso en marcha un plan
(insisto, primer plan que se llevó a cabo respecto a un tratamiento
global de la diferente problemática, desde la prevención hasta el
reproche penal), pero siempre que exista o hasta que deje de existir
cualquier atisbo de violencia doméstica, el Gobierno no podrá darse
nunca por satisfecho, señoría.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.

Señora Alberdi.




La señora ALBERDI ALONSO: Gracias, señor presidente.




En primer lugar, creo que es una respuesta adecuada en el sentido de
que no se puede estar satisfecho mientras no se termine de erradicar
la violencia de género, pero también es verdad que ese plan de acción
contenía un abanico de medidas. Algunas se habrán puesto en marcha,
pero no se ha visto la realización, al menos yo creo que no en el
sentido en el que estaban previstas, porque en el plan se incluían
medidas de prevención y sensibilización. ¿Qué ha sido de todas las
campañas prometidas y del trabajo en el ámbito educativo?



También hubo una proposición no de ley, derivada del plan, que esta
Cámara aprobó por unanimidad, en la que el Gobierno se comprometía a
incorporar personas expertas en los órganos consultivos de los medios
de comunicación. ¿Qué ha sido de ello? ¿Y de la supervisión de los
programas desde un análisis de género? Tampoco conocemos que se haya
llevado a cabo algo en cuanto a códigos de autorregulación
voluntaria. La publicidad sigue prodigando imágenes discriminatorias
de las mujeres y de su papel en la sociedad; imágenes que reiteran
ese atentado a la dignidad de las mujeres y, desde luego, esa
situación de desigualdad.

Se dijo también que se iban a unificar las medidas en el ámbito de
los recursos sociales a través de la conferencia sectorial y que se
iba a dar una respuesta unánime para todo el territorio (que era una
de las denuncias que hizo el Defensor del Pueblo), pero no ha sido
así.

En cuanto a las reformas legislativas, también hay críticas por parte
de las asociaciones jurídicas. Respecto a medidas judiciales, justo
hoy se reunía el Consejo General del Poder Judicial para tomar la
medida de hacer un juzgado con competencia para este tipo de asuntos,
pero que no figura en el plan. Bienvenido sea si se resuelve ese
aspecto tan importante. La fiscalía también ha incluido desde el
año...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Alberdi.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.

Efectivamente, señoría, no puedo sino compartir la crítica que ha
hecho S.S. a la imagen de discriminación hacia las mujeres que se da
reiteradamente en los medios de comunicación. Estoy absolutamente de
acuerdo con su señoría.

En lo que no puedo estar de acuerdo es en que no se hayan llevado a
cabo los puntos concretos del plan. Señoría, las reformas legales que
surgieron de esta Cámara son necesarias, útiles y creo que
reconocidamente suficientes. La fiscalía ha actuado de acuerdo con el
plan diseñado por el Gobierno: se han creado las oficinas de atención
a víctimas de malos tratos; está la creación, dentro de la Guardia
Civil, de 54 equipos de mujeres y menores; el servicio de atención a
la mujer; se han llevado a cabo dos campañas de sensibilización con
los medios de comunicación, una en mayo de 1998 y la otra en
septiembre-octubre de 1999; la declaración del 25 de noviembre como
el día nacional para combatir la violencia doméstica; la aprobación
por todos los miembros de la Unión Europea de la comunicación sobre
la violencia contra las mujeres; la impartición de hasta 268 cursos
de formación dirigidos a profesionales de seguridad, cuerpos de los
organismos judiciales, servicios sociales, en definitiva, a todos los
implicados en que se dé un tratamiento adecuado a la violencia de
género.




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Su señoría ha hecho mención a la puesta en marcha, vía reparto, de
juzgados especializados. Hubiera sido llamativo que el Gobierno
hubiera acordado como plan de acción la creación de unos juzgados
especializados...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra. Gracias, señoría.




- DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO
VALORA EL GOBIERNO LA EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CASOS DE SIDA
DECLARADOS EN EL ÚLTIMO AÑO? (Número de expediente 180/002070.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno, que contestará el señor ministro de Sanidad y
Consumo.

Pregunta número 18, que formula doña Blanca Fernández de Capel Baños,
del Grupo Parlamentario Popular.

Señora Fernández de Capel.




La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro de Sanidad, hoy es el día mundial de la
lucha contra el sida y la sociedad a la que esta Cámara representa
debe hacer por ello una reflexión, una introspección sobre el dolor
que conlleva esta enfermedad, el sufrimiento que acarrea y también
una toma de conocimiento y un análisis sobre los medios y las medidas
que adoptamos para su erradicación para valorar si estamos en el
camino adecuado.

Todos sabemos que para luchar contra esta enfermedad se han de
adoptar medidas internacionales, medidas de la Organización Mundial
de la Salud, de la ONU. Ninguna medida que un gobierno tomara
individualmente, al margen de las directrices internacionales, podría
tener éxito, dadas las peculiaridades que presenta esta enfermedad.

Por ello, señor ministro, debemos valorar si nuestro trabajo está en
la dirección adecuada y no hay nada mejor para ello que observar cómo
van evolucionando los casos de sida en nuestro país y qué direcciones
toman. Por todo ello, le hago la pregunta que figura en el orden del
día.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.

Señor ministro de Sanidad y Consumo.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.




En 1998 se diagnosticaron 3.521 nuevos casos de sida y en los nueve
primeros meses de 1999, 2.126, es decir, 554 casos menos, casi un 25
por ciento, que en el mismo período de 1998. Los casos de 1998
suponen a su vez un 24 por ciento menos que los de 1997,
manteniéndose una tendencia descendente en todas las categorías de
transmisión, especialmente en la transmisión materno-fetal, que en
1998 desciende más de un 50 por ciento. Esta tendencia es el
resultado de las nuevas terapias antirretrovirales que han permitido
modificar la mortalidad y la incidencia del sida desde 1997 y del
amplísimo desarrollo de las estrategias de prevención. Estos datos
son positivos por lo que significan de mejora en la calidad de vida y
en el pronóstico de los afectados.




Sin embargo, un número indeterminado de personas cada año siguen
infectándose por el VIH en España y su frecuencia es mayor entre
aquellas que mantienen conductas de alto riesgo, siendo la prevención
la única medida efectiva para evitar la expansión de esta epidemia.

Precisamente por ello tenemos que seguir impulsando el plan
multisectorial frente al sida, con el fin de facilitar el apoyo
técnico y económico a los programas y actividades de prevención
desarrollados por otras administraciones y organizaciones públicas y
privadas, al mismo tiempo que se mejora la eficacia de estas acciones
con una mayor coordinación interdepartamental e intrautonómica. Como
SS.SS. saben, para poner en marcha ese plan, en 1998 incrementamos el
presupuesto del programa del sida en un 300 por ciento, 2.000
millones más, lo hemos mantenido en el año 1999 y pretendemos
mantenerlo también en el 2000.

En conclusión, los datos disponibles correspondientes a 1998 y 1999
reflejan una tendencia a la disminución de la incidencia anual de
casos de sida que tiene que ser valorada positivamente, pero no puede
llevarnos a disminuir las medidas y estrategias dirigidas a la
prevención, en especial las que tienen como objetivo los grupos con
prácticas de alto riesgo. La lucha contra el sida es y seguirá siendo
una prioridad del departamento, tanto en lo que se refiere a dar la
mejor atención sanitaria posible a los afectados como en cuanto a
mantener estrategias de prevención eficaces.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA FERNANDA FARALDO BOTANA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE
EXPLICAR EL MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA
DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES? (Número de
expediente 180/002071.)



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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
19, que formula doña María Fernanda Faraldo Botana, del Grupo
Parlamentario Popular.

Señora Faraldo.




La señora FARALDO BOTANA: Gracias, señor presidente.




Señor ministro de Sanidad y Consumo, seguimos hablando de sida. El
sida vino a demostrar que aquel pronóstico de que las enfermedades
transmisibles estaban vencidas no era cierto; así, a finales del
siglo XX constatamos que siguen existiendo enfermedades transmisibles
y que, mientras algunas disminuyen o desaparecen, surgen otras nuevas
y aumentan algunas que se consideraban controladas.

La preocupación por este tipo de enfermedades emergentes y
reemergentes se puso de manifiesto cuando este año, en la celebración
del Día Mundial de la Salud, la OMS destacó como problema sanitario
de interés general las enfermedades infecciosas emergentes con el
lema: Alerta mundial, respuesta mundial. Repito que esto pone de
manifiesto la preocupación de las autoridades sanitarias frente a
este tipo de enfermedades, así como la necesidad de una respuesta
internacional. A ello debemos unir la exigencia de los ciudadanos de
un riesgo cero o al menos de un riesgo mínimo por parte de una
sociedad la mayoría de las veces hiperinformada, lo cual lleva a
crear estados de alarma social.

Señor ministro, los presupuestos de su departamento contemplan una
partida destinada a programas de prevención de enfermedades
emergentes y reemergentes, haciéndose eco de esta preocupación y por
ello le preguntamos cuáles son los objetivos de dicho programa de
prevención.

Gracias, señor ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.

En el año 2000 destinamos a programas de enfermedades emergentes y
reemergentes 563 millones de pesetas. Sin antecedentes en esta
materia previos al ejercicio de 1998, se suma esa partida a los más
de 1.100 millones de pesetas para programas de salud pública que se
habrán transferido a las comunidades autónomas cuando finalice esta
legislatura. Ese esfuerzo presupuestario es la herramienta necesaria
para la activa política de salud pública que está desarrollando el
Ministerio y que se plasma fundamentalmente en el desarrollo de
cuatro campos de acción básicos: actividades de información
sanitaria, actividades de educación para la salud, atención
a situaciones especiales provocadas por riesgos originados fuera de
nuestras fronteras y funciones de coordinación.

Estas últimas han merecido el reconocimiento de las
comunidades autónomas sin excepción, el mismo que ha manifestado la
Comisión de la Unión Europea en relación con el episodio de la
contaminación por dioxinas, con un elogio poco frecuente.

En problemas como el tabaquismo hemos perfeccionado las normas
relativas a la limitación de espacios que estaban sin tocar desde
1992; hemos realizado la primera campaña de información en los medios
de comunicación en los últimos diez años; estamos desarrollando un
programa en el ámbito sanitario que nunca se había hecho; hemos
elaborado el primer informe sobre la salud de los españoles; hemos
redactado criterios homogéneos de acreditación de los servicios de
salud laboral; hemos aprobado en el consejo interterritorial del
Sistema Nacional de Salud protocolos de vigilancia médica de los
trabajadores expuestos a riesgos laborales; hemos creado la comisión
nacional de reproducción humana asistida, pendiente desde hacía casi
diez años; hemos terminado con los productos milagro y hemos
constituido una mesa sectorial para abordar los problemas de
trastorno de la alimentación.




Señoría, el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene y seguirá teniendo,
de la mano del Partido Popular, una sólida política de salud pública,
bien imbricada en el panorama competencial del Estado y amparada en
una cobertura presupuestaria inimaginable antes de esta legislatura,
de lo cual es una expresión paradigmática ese incremento del 300 por
ciento en los presupuestos para la prevención del sida, que está
permitiendo obtener resultados alentadores ya en estos momentos.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




INTERPELACIONES URGENTES:



- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA A DESARROLLAR POR
EL GOBIERNO RESPECTO AL SERVICIO PÚBLICO DE CORREOS, ASÍ COMO SOBRE
EL FUTURO DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL CORREOS Y TELÉGRAFOS.

(Número de expediente 172/000195.)



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS
PARA SUPERAR LA SITUACIÓN DE DETERIORO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL CORREOS Y TELÉGRAFOS. (Número de
expediente 172/000197.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto VI del orden del día: Interpelaciones urgentes.

Les comunico a SS.SS. que el punto número 35, lainterpelación
correspondiente al Grupo Parlamentario



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de Coalición Canaria, ha sido retirado, y los puntos números 34 y 36,
correspondientes a las interpelaciones del Grupo Socialista y del
Grupo de Izquierda Unida respectivamente, al tratar sobre temas
coincidentes, van a ser debatidos de forma acumulada.

En primer lugar, para la presentación de la interpelación urgente del
Grupo Socialista sobre política a desarrollar por el Gobierno
respecto al servicio público de Correos, así como sobre el futuro de
la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, tiene la palabra
el señor Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor presidente, señorías, señor
ministro, mi grupo parlamentario viene preocupándose desde hace mucho
tiempo por la evolución del correo público y del servicio postal
universal. Tan es así, que presentó una enmienda de totalidad a la
Ley Postal que aprobamos el año pasado -que, por cierto, no fue
aprobada- y las subsiguientes enmiendas parciales -aprobadas muy
pocas de ellas- en la posterior tramitación de la ley. Además hemos
presentado multitud de iniciativas, como proposiciones no de ley en
Comisión, una proposición de ley en Pleno sobre tarifas postales,
etcétera, siempre con la misma preocupación. Pensamos que la política
que el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular están
desarrollando en el correo público está poniendo a éste a los pies de
los caballos, lo está poniendo en grave riesgo de futuro, y por eso
hemos ido presentando las sucesivas iniciativas.

La directiva comunitaria permite una liberalización progresiva de los
servicios postales, pero salvaguardando el servicio universal. Por
tanto, la misión principal del operador público debe ser la
prestación del servicio público, sin renunciar a competir en el
mercado, obviamente. Por el contrario, por lo que estamos observando,
para la actual Dirección de Correos y Telégrafos lo primero es el
negocio y el servicio público es lo segundo, lo tercero o lo
inexistente.

El operador público debe garantizar todos los días laborables, y por
lo menos cinco veces por semana, una distribución al domicilio de
cada persona física o jurídica. Esto lo dice el artículo 3 de la
directiva sobre Correos y Telégrafos, y no se está cumpliendo con
esta obligación. Señor ministro, son múltiples las quejas que existen
todos los días en la prensa respecto al servicio de Correos. Aquí
tengo unas guindas recogidas en la prensa de los últimos días, por
supuesto sólo unas poquitas, porque son interminables. El Ideal, 27
de noviembre : UGT denuncia la acumulación de 170.000 envíos postales
en Granada. Radio Nacional de España recoge hoy la llamada de un
oyente referente a la falta de reparto de correspondencia en el
municipio de Moralzarzal, en Madrid. El BNG denuncia en la Comisión
Europea que el servicio postal en el rural gallego no cumple con la
legislación vigente. Comisiones Obreras denuncia la falta de
plantilla de carteros en varias poblaciones de Valencia. UGT exige la
recepción diaria del correo en la provincia de Ávila y la mejora de
la
calidad. Vecinos de Regüelo, en Jaén, protestan por el mal
funcionamiento de la oficina de Correos. Correos acumula entre 30.000
y 40.000 envíos antes de la campaña de Navidad en Sevilla.

Deficiencia en el servicio de Correos de Jerez, publicado en Jerez
Información. Según UGT, hay un millón de cartas sin clasificar ni
repartir en Murcia. Sindicatos denuncian que decenas de miles de
andaluces no reciben el correo diario. Esto es así permanentemente,
señor ministro. Para más inri, aquí tengo también otra noticia sobre
Les Franqueses del Vallés, un ayuntamiento catalán, donde el alcalde
estaba aburrido ya de que no hubiera solución para la oficina de
Correos y donde se aprobó una moción en el Pleno proponiendo lo
siguiente: Primero, pedir una dotación de personal suficiente para la
oficina de Correos y Telégrafos de Les Franqueses, que permita
atender adecuadamente las necesidades del municipio. Y, en segundo
lugar, reiterar una vez más -dice- el compromiso existente para poner
en funcionamiento la oficina de Correos en Bellavista. Y esto es así
permanentemente, señor ministro.

El Estado también debe garantizar la oferta de los servicios postales
incluidos en el ámbito del servicio universal de forma permanente en
todos los puntos del territorio. Esto también está en el artículo 3
de la misma directiva comunitaria y quiere decir que la red de
oficinas de Correos y Telégrafos debe ser diseñada conforme
a criterios inspirados por el principio de prestación del servicio
universal referidos a distancia y horario. En estos momentos, Correos
y Telégrafos no dispone de un modelo de red; había uno que estaba
haciéndose en el período socialista, llegaron ustedes y lo han
paralizado. Lo han paralizado y precisamente en el plan estratégico
se dice que no se ha definido un modelo de red, ignorando el que se
había elaborado en la época anterior. Porque ustedes no tienen
interés en el funcionamiento del correo público, sino en otras cosas,
como veremos más adelante.

La dirección de Correos y Telégrafos ha puesto en circulación la idea
de que es preciso franquiciar al menos una parte de la red de
oficinas. Se trata de un paso decisivo en el proceso de
externalización de los costes y de la gestión iniciada con la masiva
entrada de consultores y proseguida con la adquisición de Chronopost,
que, señor ministro, también es un acierto de los suyos, un acierto
tremendo. Chronopost está pasando el servicio de postal-exprés a la
empresa francesa La Poste de France. Chronopost es una filial de La
Poste de France y Chronopost está haciendo el negocio, pero no lo
está perdiendo el correo público. Se está atisbando una estrategia de
fraccionamiento de Correos y Telégrafos en organizaciones separadas
por unidades de negocio y esto también ocurre con Chronopost.

En este momento, las dos grandes preocupaciones de los gestores de
Correos y Telégrafos son la reducción de costes y el aumento de
ingresos. Este interés sería laudable si no fuera porque se traduce
en los siguientes efectos: Pérdida de calidad debido a los recortes
de personal; recordar el caso de Valencia, que es clamoroso,



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donde se están atascando en este momento, parece ser que por
millones, los envíos postales, con el consiguiente descrédito para el
operador público. Además, para aumentar los ingresos, el año pasado
se subieron las tarifas de un modo brutal y este año también -el año
pasado más del 20 por ciento y este año más del 6,5 por ciento-,
aunque ello suponga la pérdida de la cuota de mercado frente a otros
competidores que ofrecen precios más bajos -todos ofrecen precios más
bajos que el correo público- y que, de este modo, se fortalecen de
cara al futuro. La pérdida de envíos postales en el mercado urbano es
alarmante; Correos, en los últimos dos años ha perdido más del 12 por
ciento, lo que es alarmante. Y, desde luego, se descuida la atención
a la prestación del servicio universal en aquellas zonas que no
generan negocio.

Por eso no se entiende la maravillosa gestión que han hecho ustedes
con el asunto del contrato con Argentaria. Ustedes suprimieron el
contrato con Argentaria por 60.000 millones y han hecho otro con
Deutsche Bank por 11.000 millones de pesetas; es decir, el correo
público ha perdido prácticamente la sexta parte en diez años, 50.000
millones de pesetas.

A esto, señor ministro, se unen ahora las preocupaciones recientes;
unas graves preocupaciones que nos llevan a la conclusión de que
ustedes, en realidad, no tienen ningún interés por el servicio
público de correos, ningún interés por la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos, y sí tienen interés por hacer negocios que
están bastante poco claros.

Por ejemplo, en este momento se ha decidido llevar la sede central de
Correos y Telégrafos al Campo de las Naciones. Y resulta que el señor
Esteruelas, director general de Correos, y usted mismo han sido
socios durante muchos años y son amigos íntimos del señor Santos
Montoro, propietario de la parcela donde se construye el inmueble
donde va a ir la sede de Correos, y observamos que el señor
Esteruelas, director general de Correos, a pesar de eso, obviando la
ley, no se inhibe en el procedimiento, que está lleno de
oscurantismo. Hay una petición formal de información, a través de
esta Cámara, por mi parte y por parte de otros diputados, información
que se nos niega reiteradamente porque se dice que afecta a terceros,
que se nos oculta permanentemente; con un procedimiento que no ha
existido como tal, vulnerando la ley permanentemente -ahora trataré
de demostrarlo-, y con un negocio ruinoso para Correos, que va a
comprar -se supone- una sede que no sabe cuánto le va a costar dentro
de cinco años, que no tiene ni idea de cuánto le va a costar. La
verdad es que esto huele muy mal, señor ministro, qué quiere que le
diga. Esto huele muy mal y la verdad es que ustedes no están haciendo
nada por que huela mejor. Fíjese usted si es así, que cuando nosotros
acusamos al señor Esteruelas de no haberse inhibido en el
procedimiento, se produjo una noticia el 11 de noviembre, generada
por la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, que decía:
El director general se inhibió de realizar cualquier gestión relacionada
con las negociaciones para el cambio de ubicación de la sede de
Correos, siendo estas realizadas por los órganos competentes,
limitándose a firmar el contrato como persona delegada por el Consejo
de Administración en funciones de su cargo.

Como resulta que nosotros descubrimos que el señor Esteruelas había
mentido y un medio de comunicación también lo descubrió y se afirmó
que no se había inhibido, el señor Esteruelas no tuvo más remedio que
reconocer que, efectivamente, no se había inhibido. Pero fíjese cómo
lo hace: viene a la Comisión y dice que no se ha inhibido porque
tiene un informe de la Abogacía del Estado en Correos que le dice que
no se tiene que inhibir. Y resulta que cuando finalmente conocemos el
informe, que fue después de esa sesión de la Comisión, descubrimos
que el señor Esteruelas había vuelto a mentir, pero esta vez al
Parlamento, señor ministro. Y eso es muy grave. El señor Esteruelas
ha dicho que tiene un informe de la Abogacía del Estado. Este es el
informe que finalmente nos ha entregado la Entidad Pública
Empresarial Correos y Telégrafos, firmado por el jefe de la asesoría
jurídica de Correos y Telégrafos, no por la Abogacía del Estado, que,
como tal, no está presente en Correos. Como tal, no está presente.

Cuando yo le dije al director general de Correos en la Comisión: No
está presente la Abogacía del Estado en Correos, él se limitó a decir
al finalizar: Señor Torres Sahuquillo -esta es la transcripción
mecanográfica de la sesión-, existe un abogado del Estado que está
precisamente en esta sala. Esos informes de la asesoría jurídica de
la Abogacía del Estado de Correos no han sido contratados
externamente. Efectivamente, no han sido contratados externamente
porque los ha hecho su jefe de los servicios jurídicos, que, por
supuesto, no está en representación de la Abogacía del Estado. Es
decir, la Abogacía del Estado en Correos no existe. No hay ningún
informe, señor ministro, de la Abogacía del Estado que le diga al
señor Esteruelas que no se tiene que inhibir.

Pero es que, aparte de eso, el informe de inhibición no puede ser más
parcial. Los intereses económicos del señor Santos Montoro, señor
ministro, estuvieron presentes en las sociedades a través de sus
participaciones en forma de acciones, y por tanto los intereses del
señor Montoro están presentes también en Falster y también en las
empresas en las que participa, aunque no estén ustedes directamente
ligados con Monthisa, por lo que el señor Esteruelas debió inhibirse
en el procedimiento. Y al no inhibirse, incurrió en responsabilidad,
porque el procedimiento para inhibirse no se basa sólo en el artículo
2.3 de la Ley de Incompatibilidades, sino también en el artículo 28
de la Ley 30/1992, que habla del interés personal, de amistad íntima
o de enemistad manifiesta con la persona a la que se va a entregar el
...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda yLozana): Señor Torres, le
ruego que vaya concluyendo.




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El señor TORRES SAHUQUILLO: Voy concluyendo, señor presidente.

Y ese es el caso del señor Esteruelas. El señor Esteruelas, además,
tampoco nos ha dicho la verdad ni nos la ha dicho Correos cuando
dicen - y usted también lo dice- que en el procedimiento se han
tenido en cuenta todas las premisas necesarias.

Mire usted: en las normas de contratación que ustedes mismos
reconocen que hay que aplicar se dice: La convocatoria de las
adquisiciones por importe superior a diez millones de pesetas deberá
anunciarse en un mínimo de dos periódicos de ámbito nacional o
provincial. Y se exige la concurrencia y la publicidad. Pues bien,
señor ministro, espero que usted demuestre hoy aquí que ha habido
publicidad; espero que nos traiga hoy los anuncios de los periódicos
donde pone que, efectivamente, ustedes han convocado un concurso para
alquilar, con opción a compra, un edificio. Porque si no los trae,
ustedes no han cumplido con la ley, señor ministro. Y yo le aseguro
que usted no los puede traer porque no existen. Y eso de que ha
habido concurrencia lo sabrán ustedes, pero no lo sabemos los demás,
porque ustedes ocultan permanentemente al Parlamento la información
que precisamos. No tenemos las ofertas, señor ministro. Tenemos un
burdo informe que hace alguien en Correos que dice que hay unas
ofertas y dice que esta vale y esta no vale. Además, no hay ni un
solo argumento válido para decir cuál es la que vale y cuál la que no
vale. Y encima conocemos, porque lo reconoce el señor Esteruelas
también, que Patrimonio Nacional ofreció un edificio, que estaba
previsto para ocupar la Onlae, y no tenemos la oferta de ese
edificio, señor ministro. ¿Sabe usted por qué? Porque ese edificio se
ofreció a costo cero, ¡a costo cero!, y ustedes no lo quisieron
porque tenían mucho interés en que el señor Santos Montoro, su amigo
íntimo y su socio, hiciera el buen negocio que va a hacer en el Campo
de las Naciones. Y usted nos va a tener que explicar aquí arriba por
qué tenían ese interés.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Torres,
le ruego que concluya.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Ya termino rápidamente, señor presidente.

Además, el edificio del Campo de las Naciones, según un informe que
tengo aquí, hecho por gente experta, no sirve para lo que necesita
Correos porque la gente no cabe, ¿sabe usted?, no cabe, y encima, ese
edificio, cuando Correos lo compre, si es que lo compra, valdrá como
mínimo 6.500 millones de pesetas, que es en lo que ha tasado el
edificio la empresa financiera que ha prestado 1.000 millones de
pesetas en una hipoteca a Monthisa. Señor ministro, 6.500 millones de
pesetas, y con los 2.700 que van a pagar de alquiler, ustedes van a
amortizar la inversión del señor Santos Montoro en sólo cuatro años.

Un negocio impresionante para el señor Santos Montoro. Esto nos lo
tienen que
explicar mucho mejor, porque aquí no hay más que oscurantismo.

Ustedes dicen que han aceptado casi todo lo que dicen los informes.

No es verdad, señor ministro. Ustedes no han aceptado casi nada, no
han seguido el procedimiento, no ha habido inhibición, han hecho un
negocio pésimo para Correos, pero buenísimo para el señor Santos
Montoro, que está demostrado que es amigo íntimo y ex-socio de
ustedes. Usted no tiene más remedio que salir aquí a explicarnos todo
esto, pero a explicárnoslo muy bien. Por favor, traiga las copias de
los periódicos donde se publicó el procedimiento para que veamos que
ha habido publicidad. Traiga las ofertas, señor ministro, que no
existen; no las tiene nadie en este Parlamento. En todo caso, usted
las tendrá. Tráigalas aquí para demostrarnos todo eso y dejarnos
tranquilos de que ustedes no han ido a que su amigo íntimo haga un
buen negocio a costa del erario público.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Torres.

Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida sobre medidas para superar la situación de deterioro en la que
se encuentra la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos.

Para su presentación, y en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que
uno tiene la impresión, señor ministro, de que a usted le importan
poco los argumentos que le damos y los planteamientos que le hacemos.

No sé si es porque no lo hacemos bien o simplemente porque usted no
piensa repetir. La verdad es que lo que se dijo en la Comisión y lo
que está siendo su obligación en el desarrollo de un compromiso con
esta Cámara, que es la aprobación de una ley, dista mucho de ser lo
anunciado. Nos tienen ya acostumbrados a lo que es anunciar una cosa,
poner en el papel otra y hacer otra totalmente distinta.

La ley que aprobamos aquí sobre el servicio postal universal de
liberalización de los servicios postales, fruto de una directiva,
hace año y medio, le mandataba a usted hacer frente a dos cosas: una,
conseguir que ese proceso de liberalización se hiciese garantizando
un servicio postal universal para todos los españoles y, dos, que el
operador público, reservándole una actividad, estuviera en
condiciones de competir en el futuro, cuando esa liberalización y la
competencia en ese mercado la pudiéramos tener.

La declaración de la ley es preciosa. La exposición de motivos dice:
Los servicios postales son elemento clave para la cohesión social. El
artículo 1.o dice: El objetivo de la ley es garantizar a todos los
ciudadanos el servicio postal. Y el 2.o dice: Satisfacer las
necesidades de comunicación postal en España. Así empieza la ley.




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Yo le puedo decir a usted que, aunque en algunas zonas urbanas el
servicio sea competente -después le citaré algunas medidas que
ustedes han adoptado-, en el ámbito rural y en las barriadas de las
grandes ciudades sigue sin haber reparto de lunes a viernes, como
dice la directiva. Eso sí, usted puede decir aquí que no solamente lo
habrá de lunes a viernes, sino también el sábado. Es verdad, pero
¿sabe para qué? Para repartir todo el correo que durante la semana se
ha acumulado y no se ha podido repartir. Para eso es para lo que se
ha actuado en cada uno de los sitios. ¿Y sabe por qué?
Fundamentalmente porque aplican una teoría equivocada. Cuando hay una
baja por enfermedad, cuando se jubila una persona, la plaza no la
cubren con un sustituto, sino que esperan a ver si se acumula el
correo. Si no se acumula, los demás compañeros sacan adelante el
trabajo. Lo que antes hacían tres, ahora lo hacen dos. Cuando se
acumula, ustedes contratan de manera temporal.




Hoy hay en España barrios de algunos municipios españoles que llevan
15 días sin recibir correo, y hay zonas muy cercanas urbanas que
tienen un reparto semanal. Esa será la actuación o el negocio
moderno, pero hasta ahora no ha sido así. Y mientras hay demandas
para que ustedes abran oficinas en barrios, ¿sabe lo que están
haciendo ustedes? Están abriendo oficinas de escaparate en las
grandes superficies. En cada gran superficie abren una oficina de
Correos para que los ciudadanos puedan ir allí a llevar sus cartas.

No, no, si el problema es que las tienen que recibir en su domicilio.

Nosotros tenemos esas verificaciones.

La ley daba un servicio reservado, que debería hacerse en
comunicaciones interurbanas, con cartas inferiores a 350 gramos.

Bueno, pues hoy hay grandes operadores, empresas de gas, de
electricidad, de agua, de banca que ese servicio no lo hacen a través
del operador público. Y ustedes se quedan con los brazos cruzados. Lo
hace determinada competencia.

Ustedes sí se han metido en algunos negocios. Han hecho un negocio
con Chronopost. ¿Podría usted explicarme si Correos está aconsejando
a los clientes de postal- exprés de Correos que les pueden hacer el
servicio a través de Chronopost? Ustedes están en Chronopost España
al 50 por ciento, pero es un competidor para algunos servicios.

¿Puede usted decirme si hacen la vista gorda, si no están dejando que
Correos compita en algunos otros servicios? Por ejemplo, en la
paquetería de mayor peso o el mayor número de paquetes que se puedan
llevar, que es algo que posibilita la Ley postal. ¿Están ustedes
facilitando que Correos, como organismo público, pueda hacer ese
servicio, que compita con la iniciativa privada? Pues no. ¿Qué
impresión tiene uno? Uno tiene la impresión de que después de 15
meses no han desarrollado la ley en cuanto al reglamento. Me decía en
la comisión que el reglamento era una cosita sin importancia. No, el
reglamento no es una cosita sin importancia, regula los derechos
y los deberes de los usuarios. El reglamento es algo un poquito mayor
que una cosa sin importancia,
es lo que luego da pie al plan de prestación del servicio postal
universal, que deberían ustedes recoger y donde deberían definir
cuáles son los parámetros de calidad del servicio, cuáles son los
derechos de los usuarios, la extensión de la red, las facilidades de
los ciudadanos para acceder a esa red, cuál es el contratoprograma,
las inversiones que ustedes van a hacer, el plan de inversiones
concretas. De todo eso, nada en 15 meses. ¿Cuál fue el objetivo
central de la ley? Yo vuelvo a esa discusión. El objetivo central de
la ley era que Correos estuviera en condiciones de competir dentro de
equis tiempo, cuando tuviéramos que ir a una libre competencia, como
marcaba la directiva, a ponerlo en marcha en condiciones de poder
actuar. Cada día que pasa están limitando ustedes esa capacidad, no
están mejorando las condiciones, están deteriorando esa posibilidad.

Por eso 15 meses es mucho, porque queda al menos la otra mitad. Si no
consiguen eso, cuando llegue el momento, uno tiene la sensación de
que ustedes prefieren el deterioro que se está provocando en ese
servicio, porque la solución después será privatizar. Ustedes,
indirectamente, están facilitando la privatización de un servicio que
no tiene por qué ser privatizado.

Ese dejar caer, ese dejar dormir, ese dejar deteriorar el servicio o
incumplir la ley es lo que ustedes están llamando una mejora de
gestión. Usted puede salir aquí a decir que han mejorado la gestión,
que han presentado un plan estratégico de la Entidad Pública
Empresarial. Sí, han mejorado la gestión, ¿sabe usted cómo? Dejando
ese deterioro en las zonas universalizadas y subiendo las tasas, que
suben cada año: este año en un porcentaje menor, el anterior fue
bastante mayor. Así cualquiera cuadra el círculo. No es una gestión
mejor, simplemente es un parche sobre parche.

Pero es más, ¿podría usted decirme si es que están dejando esto, o es
que van a privatizar después de las elecciones, sea usted o sea el
ministro que venga? Porque a uno le da al impresión de que están
dejando la fruta madura para que alguien pueda venir a recogerla.

El segundo objetivo de mi interpelación: ¿cómo están funcionando
ustedes para que el servicio de Correos, la Entidad Pública
Empresarial, garantice en condiciones de competencia con la
Administración -y eso le compete a usted- todo lo que es el servicio
reservado? Yo le he hecho una batería de preguntas. A algunas he
tenido contestación, en otras no. Los artículos 18 y 19 de la Ley
postal le dan a usted competencia para, a través del Servicio de
inspección, poner en marcha unas medidas que eviten esa transgresión,
ese posible funcionamiento fraudulento de la propia ley. Usted me
respondía que se habían producido 19 actuaciones del Servicio de
inspección pero que no sabía cuáles se habían terminado. Me gustaría
conocer, a ser posible hoy, cuántas han terminado con sanción. Me
gustaría conocer si es verdad que hay un negocio en el ámbito
interurbano de unos 8.800 millones que funciona al margen de la
legalidad, como usted me respondió a una pregunta, y si eso obedece a
unos envíos: en torno



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a 256 millones de envíos de carácter irregular o cercano al
fraudulento.

En suma, ¿de qué manera defiende usted lo que le corresponde a usted
para hacerlo en condiciones? Se trataría de defender el servicio
reservado que ustedes deben tener para el operador público a fin de
que sea de verdad reservado. Para que actúe, para capitalizar y poner
en marcha al servicio público en condiciones de poder competir. Le he
presentado una batería de preguntas otra vez. Le presenté las
primeras en junio. Estamos empezando diciembre. Espero que antes de
que se levante este periodo ordinario, y previsiblemente la
legislatura al comienzo del mes de enero, estemos en condiciones de
poder actuar.

Por último, voy a referirme -y voy a bajar el tono- a lo que yo
considero una tomadura de pelo monumental. Yo tengo la impresión de
que el traslado de la sede central de Correos no es ni más ni menos
que una inversión sin riesgo con un negocio apalabrado.

La empresa Monthisa invierte 1.800 millones de pesetas en comprar una
parcela en el mes de julio de 1997; en octubre está en negociaciones
con ustedes y en marzo tiene apalabrada una operación que le
garantiza 2.600 millones de pesetas en 4 ó 5 años y una opción de
compra de no sabemos hasta qué precio. Dígame usted, ¿quién invierte
en España 1.800 millones para en seis meses pasarla a 6.000 millones
cuando menos? Son ya 6.000; vayamos a 8.000. ¿Quién hace esa
operación? La solución está en que alguien tenía información.




Decía el director general de Correos: Yo tuve una relación con el
consejo de administración de una filial de esa sociedad hasta el año
1996 y mis acciones las vendí en septiembre de 1997 -la inversión la
hace en julio de 1997- y empezamos a operar a través de una
inmobiliaria, para que llegara una determinada oferta, hasta el mes
de enero -meses anteriores decía la información que nos daba-.

Y aquí viene la tomadura de pelo monumental por la que merece que
usted le cese automáticamente. Si no le cesa, usted es el que debe
dimitir. ¿Por qué? Porque nos dice en Comisión que él solamente
firmó. ¿Usted cree que es rigor que un gobernante diga que él
solamente firmó? La firma es una garantía, no es un recurso
administrativo; un responsable político como él no firma a boleo un
contrato con un señor que ha sido socio hasta hacía unos meses.

Y dice que tenía un informe jurídico que le decía que no tenía por
qué evadirse de esa actuación. Pero, ¿usted sabe de cuándo es ese
informe? De noviembre de 1999. Entonces, ¿quién le dijo en 1997 que
podía hacerlo, quién le dijo en mayo de 1998, cuando se firma el
contrato, que podía hacerlo? ¿Dónde está la asesoría jurídica para
que él no se inquietara y se evadiera de poder firmar ese contrato?
¿Dónde está? No hay ningún soporte jurídico, él lo decidió hacer.

Ustedes dicen que no pongamos en tela de juicio que él lo hizo con
buena voluntad. Pero es que además de serlo hay que parecerlo.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego que vaya concluyendo.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Si no lo es, lo parece. Y responde: El informe jurídico -dice en la
Comisión- está realizado por un abogado del Estado que está
precisamente en esta sala. Ustedes en Correos no tienen abogado del
Estado, no era verdad. Ese señor es abogado del Estado en excedencia
y trabaja para Correos, pero, ¡ojo!, no como asesoría jurídica, sino
como secretario del consejo de administración. Así lo firma. El
informe que tengo aquí, remitido por ustedes, está firmado por este
señor como secretario del consejo de administración y jefe de la
asesoría jurídica, fechado el día 19 de noviembre de 1999, y se
refiere a una operación que se firmó en mayo de 1998. Permítame que
le diga que son garantías de compatibilidad legalmente poco claras.

Es decir, no es bueno que en la Administración pública haya este tipo
de actuaciones.

Termino, señor presidente, con algo que usted intentó decir en la
Comisión: que esto es un montaje y que deberíamos evitar sumarnos a
los montajes. ¿Sabe usted cómo se desmonta un montaje? Demostrando
fehacientemente que se ha actuado de manera correcta y de manera
legal, porque si no el montaje no es más que el andamiaje de una
actuación fraudulenta.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Ríos.

Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.

Señorías, voy a intentar demostrar, señor Ríos, que en todo momento
se ha actuado de manera correcta, pero tienen que dar ustedes
verosimilitud a los informes que, con carácter ordinario, se emiten
dentro de los servicios de la Administración pública, porque si los
puntos de referencia objetivos tampoco son válidos, efectivamente,
nunca será posible demostrar que la actuación es correcta.

Se han referido los señores interpelantes en conjunto a siete
cuestiones, a las cuales voy a tratar de responder. En primer
término, se ha hecho una referencia al marco legal vigente y a su
falta de desarrollo. En segundo lugar, se ha aludido a la
insuficiencia de la inspección postal. En tercer lugar, se han hecho
diversas referencias sobre la calidad del servicio. En cuarto lugar,
se ha venido a criticar la gestión económico-empresarial del
organismo público en estos momentos. En quinto lugar, se ha aludido a
la supuesta pérdida de mercado y, finalmente, se ha planteado la
cuestión del arrendamiento de la nueva sede de Correos.

Voy a tratar de contestar a la práctica totalidad de las cuestiones,
si no se me olvida ninguna, al mismo tiempo que respondo también a
algunas de las precisiones



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concretas que han introducido en este planteamiento genérico los
señores interpelantes.

Como el mismo señor Ríos ha dicho, la ley tiene una vigencia de 15
meses. Yo creo que a los seres humanos se les pueden exigir ciertas
cosas; se puede ser exigente con los seres humanos, pero exigir que
en 15 meses, por aplicación de la ley, se resuelva todo lo que la ley
prevé me parece, señoría, que está siendo usted excesivamente
exigente.

En menos de año y medio de vigencia de la ley se han dictado el
reglamento que regula el Consejo Asesor Postal; el reglamento de
autorizaciones y licencias, que es el más importante; el reglamento
de tasas postales y del fondo de compensación del servicio universal,
y mañana mismo, señoría, examina la Comisión de subsecretarios el
último, más voluminoso y técnicamente más complejo, reglamento
ejecutivo de la ley.

Es decir que, ciertamente con algunos meses de retraso en lo que
afecta sólo a este último reglamento, en 15 meses, señoría, hemos
transformado el ordenamiento jurídico postal, tanto con rango de ley
formal como con rango reglamentario. Yo creo que se pueden decir
muchas cosas, pero no que no se ha trabajado lo suficiente.

Efectivamente, la ley hace referencia al plan de prestación del
servicio universal. El servicio universal postal, señorías, se está
prestando, lo que pasa es que hay que transformarlo para adaptarlo a
lo que está siendo y va a ser, en mayor medida, un mercado totalmente
liberalizado. En estos momentos se han hecho ya varios borradores del
plan de prestación del servicio postal universal, y le puedo decir
que a finales del mes de diciembre, o en la primera quincena de
enero, el borrador definitivo será sometido al Consejo Asesor Postal,
que es el primer trámite.

Por tanto, en 15 meses, señoría, la elaboración de un plan postal del
servicio universal para un mercado liberalizado, además de los
reglamentos que se han elaborado, creo que no es pequeño trabajo, y
el trabajo, señoría, lo hacen fundamentalmente los funcionarios y los
técnicos de Correos, dirigidos por el director general, pero no se
puede decir que este trabajo sea precisamente pequeño.

Voy más allá, señorías. La ley exige también la introducción de la
contabilidad analítica en Correos. Yo supongo que usted sabe lo que
es una contabilidad analítica. Si ya es difícil hacerla en una
empresa industrial, es muchísimo más complejo introducirla en una
empresa de servicios, y de pluralidad de servicios, como es el ente
público empresarial. Pues bien, el diseño de la contabilidad
analítica se comenzó exactamente en octubre de 1998 y se podría
asumir el compromiso de que el 1 de julio del año 2000, dentro del
plazo que establece la disposición transitoria segunda de la ley,
estará la contabilidad analítica. Sin esa contabilidad analítica,
señoría, el servicio postal universal es un papel mojado. Por tanto,
hay que hacer el plan del servicio postal universal y, al mismo
tiempo, la contabilidad analítica, porque lo importante del servicio
postal
universal es su forma de financiación. Y sin una contabilidad
analítica del organismo público no podemos establecer mecanismos
correctos de financiación del servicio postal universal. Por tanto,
insisto, en 15 meses se ha hecho un trabajo más que respetable.

En segundo lugar, se han referido SS.SS. al funcionamiento del
Servicio de inspección postal. El Servicio de inspección postal, en
el marco de la ley, se pone en marcha hace unos pocos meses, y
también le puedo ofrecer el balance del trabajo de esa unidad de
inspección postal. Se han levantado 74 actas de inspección, en unos
pocos meses, estamos hablando de meses; se han hecho 274
requerimientos; se han incoado 50 expedientes, de los que 35 han
pasado a la unidad que instruye los expedientes sancionadores, y ha
habido 9 expedientes sancionadores que han concluido con sanción
definitiva en la vía administrativa. Éste es el balance en unos pocos
meses de la unidad de inspección postal. Pero lo más importante del
funcionamiento de esta unidad, señoría, es que en un mercado en el
que existía un alto porcentaje de economía sumergida las empresas han
ido aflorando como consecuencia de la actuación de la inspección
postal. El número de empresas inscritas en el registro general de
empresas prestadoras de servicios postales se ha incrementado en un
32 por ciento como consecuencia de la actuación de la inspección. En
estos momentos, señoría, se está terminando con las empresas
sumergidas, que no pagan impuestos, que no pagan Seguridad Social y
que explotan la mano de obra con la que prestan sus servicios. Con
eso, señoría, como consecuencia del nuevo marco normativo y de la
actuación de la inspección postal, se está terminando en el mercado
español; un mercado que hasta la llegada de esta ley, señoría, era
caótico, liberalizado, donde cada cual hacía lo que le venía en gana
y nadie sabía cuál era el límite del área reservada ni cuál era el
límite del área o del conjunto de servicios liberalizados.

Sus señorías han hecho referencia también a la calidad. Sobre la
calidad se pueden hacer afirmaciones genéricas y manifestar
opiniones, que a mí me parecen perfectamente legítimas, pero los
datos puntuales a través de cartas escritas a los periódicos, que es
un fenómeno igualmente respetable, señoría, no sirven para medir la
calidad de una empresa que tiene 64.000 trabajadores y factura
180.000 millones de pesetas, sino que hay que establecer unos
parámetros de calidad que sirvan para juzgar a una empresa de estas
características. Pues bien, en cumplimiento de la directiva postal,
señoría, todos los años se hace una auditoría externa por una de las
firmas de mayor prestigio, perteneciendo la última del año 1999 a
Price Waterhouse Coopers & Lybrand. Ustedes podrán pensar lo que
quieran de las empresas externas y de las consultorías, pero no hay
otro mecanismo para medir el funcionamiento del servicio tratándose
precisamente de una auditoría externa. La que ha entregado esta
consultoría en el año 1999 arroja una significativa mejora en la
prestación del servicio postal y le estoy mencionando los datos de la
auditoría,



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los cuales pongo a su disposición. El 56 por ciento de las cartas
llega en un día, lo que ha supuesto una mejora de seis puntos
porcentuales; el 83 por ciento de las cartas llega en dos días, lo
que ha supuesto una mejora en relación con el año anterior de 7
puntos porcentuales; y el 93 por ciento de las cartas, señorías,
llega en tres días, lo que ha supuesto una mejora de tres puntos
porcentuales sobre el año 1998. Por tanto, ustedes tienen ahí una
referencia objetiva, opinable, discutible, todo lo que ustedes
quieran, pero desde luego con más fundamento y más rigor que
cualquier afirmación de tipo genérico o cualquier apoyatura de dato
empírico de las cartas de los usuarios, que se pueden publicar
legítimamente en protesta por el deficiente funcionamiento en algún
caso del servicio de Correos.

Señoría, no se puede decir que se están introduciendo recortes en la
distribución de área. Usted ha querido salir al paso diciendo que se
está ampliando el reparto incluyendo los sábados. Pues claro,
señoría, y eso se va a extender a todo el territorio nacional, pero
no se aumenta el reparto a los sábados para acabar con los retrasos.

Ésta es una afirmación demasiado grave y que pone en cuestión la
propia capacidad de los funcionarios y empleados de Correos.

Naturalmente, no se hace por esa razón. Usted sabe que una medida de
esta índole solamente se puede llevar a cabo si se acuerda con los
sindicatos; si está acordada con los sindicatos, es porque hay un
acuerdo de principio para ampliar en determinados servicios postales
el reparto a los sábados y pasar, por tanto, de cinco a seis días a
la semana.

En cuanto a los datos que han dado SS.SS. sobre las plantillas, ni en
el ámbito del servicio rural ni en el ámbito general del servicio de
Correos son exactos. Lo lamento mucho, pero ahí están las nóminas,
que son públicas, y de las que disponen los sindicatos. Les voy a dar
las cifras, porque al final hay que mojarse y dar números; yo se los
voy a dar. La plantilla media del personal rural fijo se ha mantenido
en estos dos últimos años. En 1998 la plantilla media total fue de
10.811 efectivos y en 1999 será de 10.763. Este ligerísimo descenso
se debe a que algunos han pasado de prestar un servicio a tiempo
parcial a prestar otro a tiempo total, a hacer jornada completa, y
eso es lo que ha determinado que haya disminuido; me parece que salen
en total 60 ó 70 empleados menos en el ámbito del servicio rural. Por
otra parte, señoría, se ha incrementado el número de carteros rurales
que han pasado a prestar servicios en vehículos motorizados. Todavía
el número es pequeño, pero hay un programa, que sin duda conoce S.S.,
para incrementar el número de carteros rurales motorizados.

Pero le puedo dar todavía más datos de la ampliación del servicio
rural por número de kilómetros, que es otro parámetro importante para
ver el área de extensión que cubren los carteros rurales. Se ha
aumentado en 3.641 kilómetros el ámbito territorial en el que se
presta el servicio rural de Correos y Telégrafos y también se ha
incrementado la media de oficinas auxiliares, señoría. Por tanto, ni
los datos de plantilla ni los
datos básicos para una organización razonable del servicio han
sufrido merma en este tiempo, señoría. No hay datos que así lo
abonen. Y si de la plantilla rural pasamos a la plantilla general, en
1997 Correos y Telégrafos tenía 64.955 trabajadores, incluyendo
funcionarios como personal laboral, fijo y eventual; en 1998 se pasó
de 64.995 a 64.896 y para 1999 se prevé terminar el año con una
plantilla de 64.400. ¿Sabe usted a qué obedece esta pequeña
disminución? A que ese número de empleados de Correos han pasado a
integrarse en los gabinetes telefónicos y telegráficos de las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, 500 aproximadamente. Por
consiguiente, señoría, permanece fija la plantilla de Correos en los
dos últimos años y no hay, de ninguna de las maneras, disminución de
personal. Ahí están los datos para abonarlo.

Desde el punto de vista de la gestión económicofinanciera -que aquí
se quiere devaluar diciendo que se prima de tal manera que se
perjudica todo lo demás, lo cual es absolutamente incierto, señoría,
porque la racionalidad exige que haya una gestión económicofinanciera
correcta para poder prestar razonablemente bien el servicio y, si no,
todo lo demás es música celestial-, la podemos concretar en tres
conceptos: disminución del déficit de la empresa, incremento
espectacular de la cifra de inversión y, finalmente, disminución,
igualmente espectacular, de las subvenciones que van a Correos con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Reducción del déficit. Vamos a las cifras. En 1998 se cerró la cuenta
de resultados de Correos con un déficit de explotación de 6.294
millones de pesetas, una reducción del 72 por ciento con respecto a
1997, año en que el déficit alcanzó 22.000 millones de pesetas. Desde
1996 a 1998 el déficit ha pasado de 36.263 millones a 6.300 millones,
con una disminución en total del 83 por ciento. Las previsiones para
1999, señoría, es que el déficit de explotación se reducirá a 4.400
millones de pesetas, que es el objetivo del plan estratégico, y ello
permite fijarse como objetivo para el año 2000 la desaparición del
déficit de explotación del ente público empresarial, la desaparición
del déficit de explotación.

Aumento de las inversiones. Paralelamente a la reducción del déficit
de explotación, señoría, se ha hecho un incremento espectacular de
las inversiones. Las cifras están en los presupuestos del Estado y en
la propia contabilidad de Correos, contabilidad auditada, señoría. En
1996 se invirtieron 10.276 millones de pesetas; en 1998, 15.516
millones de pesetas; en 1999, 22.700 millones de pesetas y en el
presupuesto que se encuentra en estos momentos en las Cámaras hay una
previsión de 27.000 millones de pesetas de inversión. Esa inversión
se ha ejecutado prácticamente en el cien por cien, no es solamente
una cifra presupuestaria.

Por último, todo ello ha ocurrido disminuyendo simultáneamente las
subvenciones que con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se
dan a Correos. En 1996 la subvención a Correos era de 48.981 millones
de pesetas; en el año 2000, en los presupuestos que



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están en las Cámaras, será de 17.394 millones de pesetas, pero con
una singularidad, señoría, y es que la inmensa mayoría de esta
subvención va a operaciones de capital, por tanto, a inversión
productiva. Ya no va a cubrir, como antes ocurría, el déficit de
explotación, que se ha reducido al mínimo, y probablemente se podrá
alcanzar el equilibrio de explotación en el próximo ejercicio.

Desde el punto de vista de la gestión ésta es la única manera de
preparar a Correos como ente público para un mercado liberalizado,
éste es el verdadero y único camino, cualquier otro conduciría a un
incremento puro y simple de las subvenciones con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, que terminarían siendo
incompatibles con la legislación comunitaria.

Tampoco es exacta la afirmación de pérdida de mercado, porque los
datos objetivos existentes dicen lo contrario. En 1996 los ingresos
de Correos fueron 149.106 millones de pesetas; en 1997 se pasó a
163.000 millones de pesetas; en 1998 a 188.849 millones de pesetas;
es decir, entre 1996 y 1998 los ingresos de Correos se han
incrementado en un 26,65 por ciento, cuentas auditadas, insisto. Y no
me alegue usted solamente el incremento del precio de los servicios
de Correos porque los precios del correo español son los más bajos de
Europa, están por debajo de los precios de Grecia y de Portugal.Es
verdad que se han incrementado los precios, pero siguen siendo los
más bajos de Europa, y desde luego en ningún caso esas tasas se han
incrementado en un 26 por ciento como los ingresos. En todo caso, la
previsión para el año 1999, señoría, es que se va a llegar casi a los
200.000 millones de pesetas de ingreso, que desde luego se superarán
ampliamente en el año 2000.

Por último, señoría, quiero hacer mención -porque solamente de una
manera indirecta se ha venido a plantear el tema- a las relaciones
sindicales en el seno del ente público, en la empresa pública. Nunca
en Correos, nunca, se habían firmado los dos acuerdos que se han
firmado en la etapa del actual director general; hay un acuerdo
marco, firmado con Comisiones Obreras y con el Sindicato Libre, que
tiene un periodo de vigencia de tres años y que se aplica a todo el
personal de la entidad; este acuerdo contiene compromisos esenciales
para el porvenir de Correos en materia de política de personal,
innovación en el sistema de gestión de recursos humanos, en el
sistema de retribuciones, formación, acción social y salud laboral.

Además, señoría, se ha firmado el primer convenio general del
personal laboral de la entidad pública empresarial firmado con una
amplia mayoría de los sindicatos (Comisiones Obreras, CSIF y
Sindicato Libre) y ha sido publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» del 4 de noviembre de 1999. Eso es tener unas relaciones
sindicales correctas. El que algún sindicato no quiera sumarse a
estos acuerdos es por razones totalmente ajenas a un planteamiento
sindical razonable.

Sobre la última cuestión, señoría, el otro día en la Comisión de
Infraestructuras del Congreso empleamos
más de una hora de debate, pero evidentemente parece que no sirvió
para nada; por tanto, como ustedes han repetido una serie de
cantinelas, yo voy a repetir las respuestas, a mi juicio
absolutamente contundentes, que se dieron en relación con el contrato
de arrendamiento de la nueva sede de Correos. El problema tiene tres
dimensiones: una procedimental, una claramente económico-financiera
y, además, hay un problema de gestión del contrato en el que se alega
incompatibilidad del director general, y yo voy a contestar a todos y
cada uno de estos puntos.

Señoría, la única manera de contestar racionalmente es comparar el
contrato actual con el contrato de arrendamiento nuevo, que todavía
no ha entrado en vigor y que es el que ha firmado el director general
de Correos. De esta comparación, señorías, sale lo siguiente en datos
reales: primero, para hacer el actual contrato, que es arrendamiento
de un edificio en la calle Aduana de Madrid, se siguió un
procedimiento de adjudicación directa, sin concurrencia en la oferta.

En el nuevo contrato se ha seguido un procedimiento de adjudicación
con concurrencia en la oferta.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
le ruego que vaya concluyendo.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
presidente, voy a terminar los cinco puntos de este contrato y con
ello concluiré mi intervención.




Segundo, en el expediente de contratación el contrato vigente no
lleva ni un solo papel, ni un solo informe; todo el expediente es
sólo el contrato, y no hay más. En el nuevo contrato, hay tres
informes: el de los servicios jurídicos, el de la dirección de
compras y el de la dirección de finanzas. El informe de los servicios
jurídicos es totalmente favorable. El informe de la dirección de
compras pone unos ligeros reparos formales que se incorporan al texto
definitivo del contrato. Y la dirección de finanzas pone doce reparos
al borrador del contrato, de los cuales, diez se incorporan al texto
definitivo del contrato. Además, en el expediente figura la petición
a la Dirección General del Patrimonio del Estado y la dirigida a la
Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonios para que
informara a Correos sobre la disponibilidad de determinados edificios
que pudieran servir como futura sede, bien sea en régimen de compra o
de alquiler.

Tercer punto. El consejo rector del organismo autónomo en el momento
de la adjudicación del contrato a la calle de Aduanas consideró
exclusivamente la oferta a la que se adjudicó el contrato. El consejo
de administración de la entidad pública empresarial analizó, primero,
la procedencia de optar por la compra o el arrendamiento.

Inicialmente se intentó la compra y, posteriormente, se decidió el
arrendamiento. El consejo de administración se ha ocupado del
contrato en siete ocasiones, tal y como figura en sus actas.




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Cuarto. El contrato de arrendamiento vigente, el de la calle Aduana,
incorpora unos gastos adicionales para obras de 300 millones de
pesetas, que se incrementaron hasta 430 millones de pesetas. Con
arreglo al contrato de arrendamiento nuevo, las obras ejecutadas se
han contratado en expediente distinto al del arrendamiento, y hasta
la fecha ascienden a 143 millones de pesetas. Le voy a decir en qué
consisten esas obras, señoría. Se trata de introducir en el edificio
un centro de proceso de datos, un salón de actos, unos locales para
los servicios médicos, unos locales para los sindicatos y una
cafetería. Ésas son las reformas que por valor de 143 millones de
pesetas se introducen en el proyecto constructivo del edificio.

Finalmente, voy a las condiciones del arrendamiento. Actualmente
Correos está pagando 3.350 pesetas por metro cuadrado al mes, más
15.000 pesetas mensuales por plaza de garaje, y a eso hay que añadir
el IVA. El precio del arrendamiento nuevo son 2.200 pesetas metro
cuadrado y sólo 10.000 pesetas mensuales por plaza de garaje.

Señoría, hay una diferencia notable, teniendo en cuenta que el
edificio de la calle Aduana es de 1991 y el contrato nuevo de
arrendamiento se hace en 1998, con la evolución que ha habido en
nuestro país del mercado inmobiliario.El edificio actual tiene sólo
233 plazas de garaje y, como digo, un precio de alquiler por plaza de
15.000 pesetas mensuales. El edificio nuevo tiene 248 plazas y un
precio de alquiler por plaza de 10.000 pesetas mensuales. A fecha de
hoy, Correos y Telégrafos en concepto de arrendamiento ha pagado ya
3.548 millones de pesetas al propietario del actual edificio de la
calle de Aduana. Recientemente este edificio ha sido adquirido por la
Comunidad de Madrid en casi cuatro mil millones de pesetas. Pues
bien, Correos ha pagado una cantidad próxima al precio de venta y en
estos momentos no dispone de nada de nada. Paga ahora 600 millones de
pesetas anuales de arrendamiento y va a pagar exactamente 543
millones de pesetas anuales de arrendamiento. Por donde quieran
ustedes cogerlo, haciendo la valoración de este contrato es para
felicitar al director general de Correos y no para encontrar ningún
tipo de irregularidad o de oscuro motivo. Es un contrato altamente
beneficioso y ventajoso para el organismo público, porque todas y
cada una de las condiciones del contrato son más favorables que las
condiciones del contrato vigente en la calle Aduana.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
le ruego concluya.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Con esto
termino, señor presidente.

Es un montaje a la búsqueda desesperada de un escándalo. Le dije en
Comisión que no tiene ningún sentido tratar de encontrar una especie
de cultura del pelotazo procedente de la época anterior en un
contrato de arrendamiento. (El señor Caldera SánchezCapitán: El
escándalo eres tú.) Señoría, esto tiene tan
poco sentido, es tan absolutamente irracional, que se cae por su
peso. Pero no solamente se cae por su peso en términos de razón, se
cae por su peso porque los datos empíricos y reales así lo
demuestran.

Y para concluir, haré uso de un informe -no tengo ahora tiempo-
encargado a la principal sociedad de tasación existente en España,
propiedad de las cajas de ahorro y controlada por el Banco de España.

En este informe de la sociedad Tinsa se pone de relieve que la
operación realizada por Correos es ventajosa y habitual en términos
de mercado.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

(Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señor Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor presidente, señor ministro, usted
puede salir aquí a decir lo que quiera, a mirar a dónde quiera y a
ignorar a quien quiera, pero yo le aseguro que nosotros estamos
tirando del hilo y el ovillo está a punto de descubrirse por
completo, y verá usted cómo cuando lo descubramos tiene usted más de
un disgusto. No venga usted aquí tan sobrado a esta tribuna. En vez
de venir tan sobrado a esta tribuna, señor ministro, traiga usted
aquí los documentos o envíe oficialmente los documentos que nos niega
sistemáticamente. Usted no ha aportado aquí una sola prueba, ni un
documento. Usted no ha podido negar más que con afirmaciones
rotundas, pero carentes de toda prueba, carente de todo documento,
las afirmaciones que yo he hecho, y eso es muy grave, señor ministro,
porque eso significa que usted es incapaz de decir lo que está
sucediendo, porque si lo dice, aquí pasa algo.

Yo dije antes que el señor Esteruelas mintió al Parlamento. El señor
Esteruelas ha mentido al Parlamento en la Comisión de
Infraestructuras cuando ha dicho que había Abogacía del Estado en
Correos, y no es verdad. Además Correos mintió a la opinión pública y
a sus trabajadores cuando dijo que el señor Esteruelas se había
inhibido en aquel documento que hizo, y no es verdad. Pues bien, no
es sólo el señor Esteruelas, señor ministro, usted también ha mentido
al Parlamento. Usted mintió en la Comisión. (Un señor diputado: ¡Ah!)
Sí, ¡ah! Mintió entonces y ha mentido hoy. ¿Sabe usted por qué ha
mentido? Se lo voy a explicar para que lo sepa. En la Comisión dijo
lo mismo que hoy el señor ministro. Dice: doce observaciones contiene
el informe del servicio técnico de finanzas de Correos, de las cuales
se aceptan todas menos dos. Y repite: éstas son las dos únicas
observaciones del informe que no se aceptan, todas menos dos. Pero,
señor ministro, es que tiene usted mala suerte, porque yo tengo aquí
el informe que usted cita, y de él no es que no se acepten todas
menos dos, es que de las quince observaciones que tiene ustedes sólo
aceptan seis y nueve no, no dos; fíjese, entre ellas está la de no
prever la resolución anticipada del



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contrato por parte de Correos, que no lo prevén; el hacer una doble
revisión del alquiler al precio del IPC más al precio actualizado de
renta del mercado; el que sea Monthisa quien contrata a los servicios
de mantenimiento y Correos paga a Monthisa, es decir, Correos no
puede contratar con quien quiere. Fíjese usted qué tipos de contratos
hacen, contrata a Monthisa, la empresa de su amigo y de su ex socio,
señor ministro, y ustedes pagan por erario público lo que el otro le
indicaba de los servicios, porque el contrato que ha firmado con
Correos no permite contratar a Correos. ¿Se enteran ustedes por qué
le digo que están mintiendo? Fíjese por qué le digo que está
mintiendo también, por qué miente usted más. También renuncian por la
parte de Correos al derecho de tanteo y retracto. Esto es gravísimo,
señorías, cuando además se tiene una opción a compra. El contrato es
con opción a compra y Correos, voluntariamente, en la cláusula
undécima renuncia al derecho de tanteo y retracto. ¿Cómo lo llaman
ustedes a eso? Por favor, ¿cómo lo llama usted? Salga aquí, dígalo.

¿Cómo lo llaman? Por ejemplo, otra: Correos renuncia a intervenir en
el control de calidad de la edificación, acepta una rebaja sólo del
15 por ciento del precio pagado por la renta en el caso de que compre
el edificio y, además, no sabe lo que vale el edificio, con lo cual
la opción a compra es sencillamente una barbaridad. Usted, señor
ministro, cuando ha dicho que sólo habían dejado de aceptar dos
condiciones y, en realidad, han dejado de aceptar nueve, también ha
mentido. No ha sido capaz de presentarme aquí los recortes de
periódico que le he pedido ni de decirme: mire usted, en tal fecha se
publicaron en estos dos periódicos de tirada nacional -como dicen las
normas de contratación que ustedes mismos alegan que son las que hay
que cumplir- y, por tanto, la publicidad a que nos obligan las normas
de contratación está cumplida. No lo ha hecho porque no dieron
publicidad.

El director general de Correos se arrogó la responsabilidad del
consejo de administración; el consejo no aprobó el alquiler con
opción a compra, lo aprobó y lo firmó el director general de Correos
y luego dio cuenta al consejo de administración. Tengo aquí,
señorías, el acta del letrado y secretario del consejo de
administración de Correos que lo certifica, no hablo por hablar. Aquí
ha habido muchas irregularidades y mucho oscurantismo.




El señor ministro dice: ustedes tienen que dar credibilidad a los
informes que les hacemos desde la Administración. ¡Pero si no tenemos
informes, señor ministro! ¿Cómo le vamos a dar credibilidad si usted
no nos quiere contar lo que pasa de verdad? Ustedes han vulnerado
todas las normas posibles de contratación, todas; no han cumplido
ninguna. Encima, viene a decir aquí que es para felicitar al director
general de Correos. Probablemente, usted creerá que sí; seguramente
don Santos Montoro le da a usted toda la razón. Probablemente usted
crea que hay que felicitar al director general de Correos porque han
vuelto ustedes a hacer negocios juntos, los tres, y parece ser que
les va bien. Usted
debe felicitar al director general de Correos, pero hágalo en
público, señor ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Torres,
le ruego concluya.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Termino, señor presidente.

Habla de la reforma del edificio; es otra vergüenza. Fíjense, en mayo
de 1998 firman el contrato sobre un solar, no existe edificio,
todavía hay que hacerlo; el edificio se empieza a construir en enero
de 1999, ocho o nueve meses después. Cuatro meses después de iniciada
la construcción, en mayo de 1999, se dan cuenta de que el edificio no
cumple ni siquiera las normas básicas que tiene que cumplir, por
cierto, señor ministro, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, en
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo. No son cosas de Correos, es que esa
inmobiliaria tiene que cumplir con ese real decreto a la hora de
construir un edificio para oficinas, donde va a haber más de mil
personas. No lo cumple y, como no lo cumple, Correos se da cuenta un
año después de firmar el contrato y dice que hay que modificar el
proyecto. ¿Quién paga? ¡Asómbrense ustedes! Paga Correos. No paga la
inmobiliaria, no; paga Correos, pagamos entre todos; le regala 143
millones de pesetas al señor Santos Montoro encima de lo que ya le ha
regalado. Además, firma un contrato con opción a compra -con opción a
compra, repito- según el cual, en enero del 2005, si lo quiere
ejercitar, pagará como mínimo 9.000 millones de pesetas. Les saqué la
cuenta el otro día en la Comisión a usted y al señor Esteruelas y no
fueron capaces de rebatírmela.

Esta es la gestión. Yo le aseguro que hay muchas cosas oscuras.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Termino. Ahora termino de verdad, señor
presidente.

Usted tiene que cesar al director general de Correos, señor ministro;
para tener credibilidad, tiene usted que cesarlo. Si no cesa al
director general de Correos, tiene que dimitir usted. No puede estar
sentado en el Consejo de Ministros ni un día más si no cesa al
director general de Correos. Es una vergüenza lo que están haciendo
ustedes con el correo público, una auténtica vergüenza. Le aseguro
que nosotros, al final, descubriremos la verdad, no tenga ninguna
duda.

Por cierto, le hice un montón de preguntas -se las entregué por
escrito en la Comisión- respecto a sus relaciones societarias con el
señor Santos Montoro y aún no me las ha contestado.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Torre, S.

S. debe concluir de forma inmediata.




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El señor TORRES SAHUQUILLO: Termino, señor presidente.

Conteste a las preguntas, señor ministro, mande los informes y usted
verá que, al final, todos sabremos lo que ha ocurrido. Pero usted no
quiere que se sepa, usted quiere que no sepamos lo que ha ocurrido.

Pues se equivoca, lo vamos a saber. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Torres.

Señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la verdad, señor
ministro, cuando durante su explicación nos ha dicho usted que éste
era el único camino y nos lo ha repetido tres veces, me ha venido a
la memoria esta frase, después le diré de quién: yo soy el camino, la
verdad y la vida. Eso es de nuestro señor Jesucristo y todavía no ha
llegado usted a eso, todavía no aspira a eso. Usted ha hecho un
planteamiento teológico de las cosas, no ha hecho un planteamiento de
respuesta a la interpelación. Es más, nos ha respondido hasta lo que
no hemos preguntado, porque yo no le he preguntado por el acuerdo ni
le he preguntado por lo que funciona bien. Le he puesto encima de la
mesa algunas cosas que en mi opinión funcionan mal.

Usted dice: En 15 meses, fíjense lo que hemos hecho. Pero es que hay
tres años para la libre competencia. Cuando yo estuve discutiendo la
ley postal, tuve en mis manos proyectos de reglamento y nos decían
que estaba prácticamente elaborado. ¿Y sabe usted por qué daba la ley
un plazo de nueve meses? Porque en ese reglamento no se iban a
establecer cuestiones baladíes, había que fijar las condiciones en
las que se debía prestar el servicio. Por ejemplo, cuántas oficinas
por habitante, cuál es el horario de apertura, cuáles son las
condiciones de esa prestación, cuál es el contrato-programa. Es
decir, una serie de cuestiones que son imprescindibles. Por eso les
daba nueve meses, y además decían que lo iban a cumplir sobradamente.

Yo estuve en aquella discusión. Con usted no estuve muchas veces,
pero con los que usted nos mandó, sí, y prácticamente lo tenían todo
puesto en marcha. Y ahora nos dicen que en 15 meses han puesto en
marcha todo lo demás, pero no lo importante; si no, convénzame de lo
contrario.

La calidad. Hay una cosa importante. Desde su comparecencia ante la
Comisión hasta este momento se le han perdido a usted 1.000
trabajadores. En la Comisión dijo 65.000 y hoy aquí ha dicho 64.000.

Según los datos que yo tengo, son 45.000, por eso la diferencia entre
las cifras es un poco más exagerada.

Usted se ha referido a lo de la auditoría externa -yo no quiero
hablar de eso- y me ha hablado de plantilla media. Mire cómo salen
los números que usted puede cuadrar. Si un cartero se pone enfermo y
a los 15 días ustedes contratan a otro, el servicio habrá estado 15
días sin funcionar o lo habrán hecho los demás compañeros. Eso es lo
que yo le decía que estaba pasando
cuando hay bajas. Si ustedes tardan en cubrir una vacante tres meses,
aunque la cubran a los tres meses, tendremos otra relación en la
calidad del servicio. Dígame usted cuántos son puestos de trabajo y
cuántos son contratos, cuántos contratos son fijos y cuántos
temporales. Así sabremos de lo que estamos hablando en cuanto a la
calidad de los servicios que ustedes están prestando y a todas esas
cifras que usted nos ha dado aquí de incremento espectacular de la
gestión y de reducción del déficit. Usted ha dicho que vamos a
eliminar el déficit. Por ejemplo, si ustedes tienen 1.000 bajas y no
las cubren, lógicamente se ahorran ustedes dinero y los números
cuadran, y si además suben las tarifas, claro que cuadran. Ustedes
cuadran los números a cogotazos, pero no con una buena gestión.

En todo caso, yo no he venido aquí a tirar por tierra las condiciones
de un servicio. Lo que le estoy exigiendo es que se haga en
condiciones de competencia y garantizando un servicio postal
universal, que es un derecho constitucional que ustedes recogían en
la exposición de motivos y que no están cumpliendo. Hoy, a la hora de
recibir el correo, no tenemos igualdad de trato porque ni todos
tenemos servicio de correo mañana y tarde, con oficina abierta, ni
todos tenemos ese servicio todos los días. Por tanto, no hay igualdad
de trato. Yo sé que conseguir esa igualdad es costoso, pero es un
camino en el que ustedes deben profundizar.

Voy a la parte final que usted nos ha referido aquí y que nos ha
vuelto a repetir. Me parece muy bien su teoría de la comparación,
pero para mí las comparaciones son odiosas. Su partido anunció
regeneración y funcionamiento diferente. Decían que los anteriores
eran malos y que no hacían las cosas bien, pero que ustedes las iban
a hacer bien. Pues, si esto es la copia de lo que ustedes van a hacer
bien, desde luego es para echar a correr. A mí me gustaría que usted
hiciera la comparación en condiciones que garantizaran la libre
concurrencia, la publicidad y la objetividad -es decir, si ha
funcionado-, y de qué manera ustedes han desechado otras ofertas.

Oyéndole a usted, he estado por hacer una suscripción para indemnizar
a este pobre señor que sólo se lleva 6.000 millones. Tan bueno ha
sido para usted, que habría que darle una medalla; entonces, al otro
le tendremos que dar una indemnización por dolor sufrido. Por favor,
un poco de seriedad a la hora de ver todo esto.

Y usted no ha hecho referencia a lo que nos dijo. Éste es un pésimo
contrato, no es un buen contrato. El contrato que firma, por parte de
Correos, José Ramón Esteruelas y, por parte de Monthisa, el señor
Antoni Juncal no es un buen contrato para Correos, es un contrato
hecho a la medida de la empresa con la que ustedes contratan. Y no lo
digo yo...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego vaya concluyendo.




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El señor RÍOS MARTÍNEZ: Concluyo, señor presidente.




Lo dice el informe del área de finanzas. Termina diciendo: En
cualquier caso, el borrador de contrato establece un desequilibrio
evidente y se materializan unas excesivas cautelas por parte de la
arrendadora. Le voy a poner un ejemplo del contrato, para que usted
vea lo que le digo. Si la empresa se retrasa a la hora de cumplir la
salida, ustedes recibirán una indemnización por cada día que se
retrase la empresa de un millón de pesetas. Ahora, si Correos se
retrasa un día, la empresa arrendataria recibirá el triple de la
renta diaria vigente, es decir, cinco millones de pesetas al día.

¿Por qué para ellos es cinco millones y para usted un millón? ¿Y esa
es la buena gestión de un contrato? Así no firmo yo un contrato de
alquiler. Si usted lo firma para los demás, será un problema de
interpretación.

Termino. En el escrito que repartió el director de Correos al día
siguiente de salir esto en El País se dice: El director general se
inhibió. Eso no es verdad, no se inhibió. Luego explica: de realizar
cualquier gestión, solamente firmó. Esto es un ejemplo escandaloso de
mala administración. No puede un director general decir que él
solamente firma lo que le han gestionado otros. ¿El otro que lo ha
gestionado quién es, un tonto inventado o un funcionario eficiente
que él manda para que delegue?
Segundo, ¿cuando nos dijo que había un informe jurídico que decía que
no tenía por qué inhibirse, se pidió cuando se firmó el contrato? ¿Ha
mirado usted la fecha del contrato? Por favor, mírela y dígame cuándo
se firmó este contrato. ¿Sabe usted cuándo se firmó este contrato? En
mayo de 1998, ¿y el informe jurídico que dice que pidió sabe usted de
cuándo es? De noviembre de 1999. Mírelo, si es que lo pone aquí, el
que usted me ha dado, si hay otro sáquelo, porque no vale jugar con
dos barajas.

La verdad, sabe usted a lo que me suena este informe, a orden para
amañar, no es otra cosa.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Porque si no, ¿por qué no se hizo en tiempo y
forma? Con este informe hecho entonces podía haberse inhibido, si no
no lo podría haber hecho.

Mire, no ha desmontado el montaje, usted cada vez añade más dudas al
montaje, y la mejor forma de que no se lo monten es que usted lo
desmonte con datos. Ahora, después de la comparecencia, de los
papeles que nos dieron antes de la comparecencia, hoy nos ha
enseñando otro y dice: Y lo tengo aquí. Dénoslo porque así también lo
tendremos los demás.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.

Señorías, creo que he dado muchos datos y que por lo menos, en todo
lo que se refiere a la gestión de Correos, algo he aportado para
convencer a S.S. de que los resultados son buenos.

Mire, señoría, en el año 2004 no se va a liberalizar el mercado
postal, lo que hay es un informe de la Comisión dando cuenta de la
situación del mercado postal, dando cuenta de cómo los distintos
Estados miembros han incorporado la directiva del servicio postal y
cómo se puede emprender el camino de la plena liberalización del
mercado postal. Eso es lo que va a ocurrir en el año 2004. Lo que se
está haciendo actualmente con el ente público empresarial es
prepararlo para un mercado plenamente liberalizado, y para eso,
señoría, tiene que funcionar como una empresa, y si no funciona como
una empresa, no podrá actuar con garantía de éxito en un mercado
plenamente liberalizado.

Pero vamos con el tema que fundamentalmente les preocupa a ustedes
porque, aunque no fuera más que por el tiempo dedicado a la cuestión,
parece que interesa mucho más el contrato de arrendamiento que la
gestión global de la empresa pública Correos y Telégrafos. Yo hago la
siguiente pregunta, si el contrato nuevo es todo lo que ustedes dicen
que es, por favor, ¿cómo califican al contrato actualmente vigente?
Díganmelo, por favor, ¿cómo cabe calificar al contrato actualmente
vigente? Tendríamos que llevarlo a los tribunales penales. (El señor
Ríos Martínez: Llévelo.) Señoría, es que no tiene ningún fundamento.

Lleve usted a los tribunales el nuevo, llévelo usted y vamos a ver si
prospera la acción penal sobre el nuevo contrato de Correos.

Pero vamos, señoría, a utilizar los datos y las opiniones de quienes
saben de estos temas. Tengo a su disposición, como he dicho, un
dictamen encargado a la sociedad Tinsa (reitero que está sujeta al
control de organismos públicos, como todas estas empresas de
valoraciones inmobiliarias y además esta en particular, que es la
primera de España, pertenece a las Cajas de Ahorro) dice, con
respecto al contrato de arrendamiento, en sus conclusiones: Las
cláusulas pactadas son las habituales en contratos de alquiler cuando
el edificio en cuestión está en construcción y el alquiler será
efectivo una vez terminada la construcción del edificio. Segundo, el
precio de arrendamiento pactado corresponde a precios de renta de
mercado en la fecha de la firma del contrato y es sensiblemente
inferior a los precios de arrendamiento actuales de la zona. Tercero,
las revisiones no automáticas de la renta se harán cada dos años,
pero se prevé un mecanismo de revisión que, a nuestro juicio,
garantiza que los precios de renta resultantes de la revisión serán
precios de mercado en cada momento. Por último, el mecanismo de
fijación del precio de mercado para ejercer la opción de compra del
edificio garantiza, en nuestra opinión, que el precio obtenido sea un
precio de mercado en el caso de ejercer dicha opción de compra.




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Esto es lo que dice la primera sociedad de tasación inmobiliaria de
España, señorías. Por tanto, hagan ustedes un juicio mejor o por lo
menos mejor fundado y entonces podremos discutir, pero no me vengan
con vaguedades, con generalidades y con acusaciones de oscuras
maniobras sobre un contrato de arrendamiento. Reitero que todas las
calificaciones que apliquen ustedes al contrato actual habría que
elevarlas al cuadrado con respecto al contrato actualmente vigente.

Simplemente eso, señorías, porque la comparación es fundamental para
poder valorar.

Concluyo, señor presidente, con dos cuestiones a las que se ha hecho
referencia y a la que no tuve tiempo con anterioridad de referirme
con suficiente extensión: legalidad del procedimiento y
compatibilidad del director general. Legalidad del procedimiento. No
voy a leer todo el informe porque lo tienen SS.SS., pero el informe
lo firma el secretario del consejo de administración y jefe de la
asesoría jurídica, que es abogado del Estado. Señoría, cuando un
abogado del Estado pasa a un ente público lo hace en comisión de
servicios o servicios especiales, como se denomina ahora, pero eso
por disposición de la Ley de la Función pública, lo que no implica
que pase a un régimen privado, señoría, continúa inserto en el ámbito
del servicio público. Cuando abogados del Estado son nombrados para
las secretarías de los consejos de administración de los entes
públicos y las jefaturas de las asesorías jurídicas de los entes
públicos éstos pasan a servicios especiales, que es lo que dispone la
Ley de la Función pública, y eso no implica que estén sometidos a un
régimen jurídico privado porque prestan sus servicios en un ente
público. Ese informe, señoría, dice lo siguiente: La regulación
vigente en el momento de la contratación de un arrendamiento con
opción de compra para sede central de la entidad pública empresarial
Correos y Telégrafos exigía el respeto a los principios de publicidad
y concurrencia, pero no obligaba a realizar un concurso público.

Segundo, el procedimiento de concurrencia en la oferta seguido para
la contratación del arrendamiento objeto del informe es ajustado a
derecho y respeta los principios de publicidad y concurrencia que
rigen la contratación de la entidad pública empresarial Correos
y Telégrafos. Esto lo dice, señoría, una persona que está sujeta a la
responsabilidad de ser secretario del consejo de administración, no
solamente jefe de la asesoría jurídica del ente público, secretario
del consejo de administración, que da fe, por tanto, y tiene
capacidad certificante sobre los acuerdos del consejo.

En cuanto a la legislación de incompatibilidades, ustedes hacen mucho
hincapié en el problema de las fechas del informe. Naturalmente que
el informe se pide cuando el problema se plantea, porque con
anterioridad, para el director general, que se había inhibido de la
gestión del contrato, no se suscitaba ningún problema. Cuando el
problema pasa en términos de escándalo a la opinión pública, el
director general pregunta: ¿He actuado correctamente o no? Y el jefe
de la asesoría jurídica y abogado del Estado contesta con un informe
de fecha posterior, señoría -no puede ser de otra manera-, en el
cual dice lo siguiente. Primera conclusión: De acuerdo con la
legislación aplicable sobre incompatibilidades de altos cargos de la
Administración general del Estado, no existía obligación de
inhibición por parte del consejero y director general de la entidad
pública empresarial en el procedimiento de contratación de un
arrendamiento con opción de compra con la empresa Monthisa. Segundo,
al no concurrir causa legal de inhibición, no procedía formalización
de documento alguno al superior jerárquico, a los efectos previstos
en el artículo 2.3 de la citada Ley de incompatibilidades de altos
cargos de la Administración general del Estado.

Por tanto, señoría, en primer lugar, el procedimiento ha sido el
legalmente previsto y se ha respetado en todos sus términos. En
segundo lugar, el director general ha actuado conforme a derecho y
está avalado por ello por el jefe de la asesoría jurídica y
secretario del consejo de administración. Si a usted ese informe no
le sirve, ésa no es mi responsabilidad ni es mi culpa. Ese informe
está ahí y está en la Cámara. Si tienen ustedes algo que objetar a
ese informe contéstenlo desde el punto de vista jurídico, pero no
digan, por las buenas y de cara a la galería, que ese informe no
sirve.En tercer lugar, el consejo de administración ha estado
informado de la concurrencia de ofertas, ha discutido sobre si debía
comprarse o arrendarse y finalmente, por ser inadecuadas las ofertas
recibidas para comprar, ha optado por el arrendamiento.En cuarto
lugar, los informes previos se recogen en el expediente y se
incorporan casi en su totalidad al texto definitivo del contrato. Y
no hay ninguna obligación, señorías, de incorporar todas las
observaciones de los informes de los servicios técnicos. Podría no
haberse incorporado ninguna y ser totalmente legal el contrato, pero
los servicios técnicos se tienen para algo. En la contabilidad que
tengo aquí, señorías, de las diez o doce observaciones que hace -no
recuerdo bien el número- se recogen todas menos dos, y entre las que
se recogen hay dos que sólo se recogen parcialmente. Ese es el
verdadero balance. Finalmente, señoría, reitero la conclusión de mi
intervención anterior, cójase por donde se quiera coger, el contrato
es muy ventajoso para el ente público empresarial, señoría, por su
ubicación, por su calidad, por su precio, por su extensión y por su
aptitud para convertirse en un edificio inteligente, capaz de servir
al proceso de modernización de Correos. Eso es lo que se revela de
los informes existentes. Todo lo demás, señoría, es simplemente
tratar de buscar un escándalo para ver si le encuentran rentabilidad
electoral. Pero no hay ningún escándalo, señoría, es un contrato
bueno para el ente público.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda yLozana): Muchas gracias,
señor ministro.




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Para fijar la posición de los grupos parlamentarios, tiene la palabra
en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor
Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Seguramente no recordarán que cuando se debatió la Ley postal, desde
el Bloque Nacionalista Galego pensamos que no se garantizaba la
igualdad de trato para los ciudadanos y los territorios y que, en
todo caso, esta ley abría la posibilidad de recortar el derecho
universal a capricho y posibilitaba que, si no existía un operador
público muy agresivo y claramente protegido desde el punto de vista
político y no infiltrado por intereses privados, habría un progresivo
deterioro del servicio público, e incluso un desmantelamiento del
mismo. Incluso concretamos que el caso de un país como Galicia, con
una estructura demográfica y de hábitat que tiene nada menos que el
30 por ciento de los carteros rurales de todo el Estado español, se
podía convertir en un caso excepcional en todo el Estado.

Pues bien, señor ministro, en este momento se puede decir que la
calidad del servicio postal es cada vez más deficiente con respecto
al resto del Estado y que no se está respetando debidamente la
directiva europea que obligaba a que, por lo menos, el o los
proveedores del servicio universal garantizasen los días laborables,
y por lo menos cinco días por semana, excepto en circunstancias muy
anormales, lógicamente, una recogida y una distribución al domicilio
de cada persona física o jurídica. Pues bien, esta obligación mínima
no está siendo respetada por la Entidad Pública Empresarial Correos y
Telégrafos en sus actuaciones en Galicia. Solamente tiene un
comportamiento acorde con los cinco días en las siete grandes
ciudades y en algún pueblo muy importante, en el resto de Galicia se
reparte la correspondencia en días alternos, cuando no uno de cada
tres días. Por tanto, la discriminación es notoria.

La repercusión en el empleo no se hizo más que notar. En Galicia, en
los últimos años, especialmente los dos últimos, se redujeron 500
empleos en Correos y Telégrafos. Esta realidad no puede ser ni
siquiera maquillada en las respuestas del Gobierno. Acabo con dos
alusiones a estas respuestas. En una de ellas dicen ustedes que se
reconoce que la aplicación de las medidas de modernización
emprendidas ha supuesto una reducción de personal, aunque no siempre
ello comportó pérdida de empleo. En otra parte, reconocen que es
cierto que en algunos casos, especialmente en la periferia de las
ciudades -ya no hablan siquiera en el medio rural- se producen
algunos desajustes porque estas zonas a veces experimentan unos
crecimientos elevados y unos índices de ocupación de viviendas nuevas
que hacen que, puntualmente, algunos servicios puedan estar
desajustados, cosa que es improbable en muchas ciudades de Galicia,
porque están estancadas desde el punto de vista demográfico o incluso
en retroceso. Sin embargo, sí reconocen que en los dos
últimos años se han revisado cerca de 500 servicios porque había
desajustes de carácter grave. Por tanto, pensamos que existe
problema, un problema notorio y vinculado a la concepción del
servicio postal como servicio universal.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Carreño.




El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor
presidente.

Esta doble interpelación sobre política a desarrollar por el Gobierno
en el servicio postal y sobre el futuro de la Entidad Pública
Empresarial Correos y Telégrafos, como manifiesta el Grupo
Socialista, o sobre el deterioro en que se encuentra Correos, como lo
califica el Grupo de Izquierda Unida, se plantea inmediatamente
después de la comparecencia del ministro de Fomento del pasado 22 de
noviembre, comparecencia a petición propia, precisamente para
informar sobre la política del Gobierno en relación con el servicio
postal, seguida por la del director de la entidad por el asunto
relativo a la adquisición. Y se ha planteado hoy para intentar
alarmar, para intentar encontrar un escándalo, una ilegalidad. De
sobra saben los portavoces socialistas y de Izquierda Unida que un
servicio, una empresa en la que trabajan más de 63.000 personas y de
la que somos usuarios todos los españoles y un altísimo porcentaje de
los millones de extranjeros que nos visitan, no puede funcionar mal
sin que suenen todas las alarmas sociales y se refleje en los medios
de comunicación. Evidentemente, no es éste el caso; todos los
indicadores, absolutamente todos, como ha expuesto el ministro de
Fomento, son favorables. Se ha cumplido con la trasposición de la
directiva europea, se ha desarrollado la ley con la aprobación de
varios reglamentos, está en funcionamiento el servicio de Inspección
Fiscal, que está luchando contra el fraude; los índices de calidad,
cuya medición ha sido realizada en octubre de 1999, son óptimos, como
se ha señalado, y con una mejora notabilísima con relación al año
1993 y años anteriores a 1999.

Se ha hablado de encuestas, de protestas, de reclamaciones en
periódicos. Yo no he escrito cartas a periódicos, pero soy frecuente
usuario de Correos y Telégrafos en Madrid, en una capital de
provincia y en un núcleo rural y mi calificación del servicio de
Correos y Telégrafos -es subjetiva, sí- es de bueno. Y, como
parlamentario, recibo en mi distrito electoral, la provincia de
Ourense, quejas o reclamaciones de, y tan sólo la de Maside ha
planteado una modificación o una queja en el servicio de Correos y
Telégrafos.

La plantilla en el servicio rural -ya se ha dicho- es de 10.700
personas, que han ampliado la cobertura de las zonas rurales, y la
total de la entidad es de 64.000 personas. ¿Qué ocurre? Ya se ha
dicho, pero quiero



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recordarlo por su importancia, por su trascendencia: que en noviembre
se han firmado y publicado en el «BOE» el primer convenio general del
personal laboral, firmado por la entidad con la gran mayoría de los
sindicatos, y, además, se ha firmado el acuerdo marco, con vigencia
de tres años, con Comisiones Obreras.

Frente a los rumores de privatización, se están llevando a cabo
acuerdos con La Poste de Francia y se está reorganizando la entidad,
igual que lo están haciendo la Deutsche Post de Alemania, la Posta
italiana o la Post Office en el Reino Unido.

Ninguna inquietud, ninguna alarma, máxime con los óptimos resultados
de la gestión económica, aún mejorables en el proyecto de
presupuestos para el año 2000. Decía un portavoz en la citada
Comisión de Infraestructuras del 22 de noviembre: los procesos de
modernización -y afirmaba rotunda, y por ello peligrosamente en mi
opinión-, todos, inexorablemente, acaban en deterioro del servicio y
regulación de empleo. Se refería a los procesos de modernización del
Gobierno del Partido Popular. Desde luego, no es el caso de la
entidad Correos y Telégrafos.

Finalmente, en cuanto al arrendamiento con opción a compra de la
nueva sede en Campo de las Naciones,
la documentación que hemos recibido los miembros de la Comisión, la
comparación con los datos de la sede actual que ya se han señalado,
con la tramitación, sistema de adjudicación, ubicación, precios,
superficie, calidad, con los informes del jefe de la asesoría
jurídica, que además es abogado del Estado y secretario del Consejo
de Administración, y que no hace más que ratificar el
comportamiento...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Carreño,
le ruego que vaya concluyendo.




El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: El comportamiento correcto, en
su opinión, del director general de Correos, no aconseja, en mi
opinión, dimisiones, pero sí la inhibición de los portavoces del
Grupo Socialista y de Izquierda Unida en este tema.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Carreño.

Señorías, finalizado el orden del día, se levanta la sesión.