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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 278, de 30/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 278
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 268
celebrada el martes, 30 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la
regulación de la prescripción de audífonos. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 294-1, de 29 de marzo de 1999. (Número de
expediente 122/000262.) . . . (Página 14976)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre aspectos procesales de la
Ley 10/1998, de 15 de julio, del Parlamento de Cataluña, de uniones
estables de pareja. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm.
276-1, de 15 de febrero de 1999. (Número de expediente 122/000244.) .
. . (Página 14980)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados . . . (Página 14984)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Del Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de
1995 en materia de delitos de terrorismo. (Número de expediente 121/
000189.) . . . (Página 14984)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la
elaboración de un nuevo reglamento de retribuciones que se adapte a
la nueva Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 447, de 14 de junio
de 1999. (Número de expediente 162/000387.) . . . (Página 14985)
- Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se establecen
pensiones por invalidez y prestaciones familiares por hijo a cargo,
de naturaleza no contributiva, a favor de los emigrantes españoles.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 408, de 12 de abril
de 1999. (Número de expediente 162/000355.) . . . (Página 14989)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, núm. 179-1, de 19 de julio de 1999. (Número de
expediente 121/000179.) . . . (Página 14993)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a política general
sobre posición y previsiones normativas del Gobierno respecto de la
regulación de las denominadas opciones sobre acciones. (Número de
expediente 173/000171.) . . . (Página 14999)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
transferencias de las confederaciones hidrográficas en territorio
andaluz a la Junta de Andalucía. (Número de expediente 173/000172.)
. . . (Página 15009)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno para
avanzar en la democracia interna de las sociedades mercantiles y, en
concreto, en una regulación de las opciones sobre acciones. (Número
de expediente 173/000173.) . . . (Página 15014)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 14976)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la
regularización de la prescripción de audífonos . . . (Página 14976)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración, en
nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor
Santiso del Valle. Entiende que a lo largo de la legislatura se han
dado pasos importantes en la regularización de la prescripción de
audífonos, pero muestra su disconformidad con la exclusión de los
mayores de 16 años, puesto que es en los mayores en los que tiene
mayor incidencia este problema, que les aísla de su entorno familiar
o laboral. Reconoce que hay que atajar los abusos que se producen,
pero considera que debe
garantizarse la universalidad de esta prestación y la igualdad de
todos los españoles ante ella, por lo que solicita que el audífono
quede incluido dentro de la prestación ortoprotésica.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero Basáñez, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Riera i Ben, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Corominas
i Busqueta, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Gil
Melgarejo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre aspectos
procesales de la Ley 10/1998, de 15 de julio, del Parlamento de
Cataluña, de uniones estables de pareja . . . (Página 14980)
El señor Pedret i Grenzner, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, solicita de la Cámara el voto favorable a la
admisión a trámite de
la proposición de ley planteada por su grupo, que pretende dar
soluciones a la situación procesal planteada por la aprobación por
los parlamentos de Cataluña y Aragón de sendas leyes de parejas de
hecho que establecen efectos jurídicos aplicables no sólo en los
territorios autonómicos sino en el conjunto del Estado.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el
señor Trías Sagnier, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados . . . (Página 14984)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas .
. . (Página 14984)
Del proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995
en materia de delitos de terrorismo . . . (Página 14984)
El señor presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces, somete a
la consideración del Pleno de la Cámara la tramitación directa y en
lectura única del proyecto de ley orgánica de modificación del Código
Penal de 1995 en materia de delitos de terrorismo, lo que se aprueba
por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votaciones.) . . .
(Página 14985)
En primer lugar, se somete a votación la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, para la regulación de la prescripción de audífonos, que es
rechazada por 135 votos a favor y 157 en contra.
En segundo lugar, se somete a votación la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
sobre aspectos procesales de la Ley 10/1998, de 15 de julio, del
Parlamento de Cataluña, de uniones estables de
pareja, que es rechazada por 139 votos a favor y 154 en contra.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 14985)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la elaboración
de un nuevo reglamento de retribuciones que se adapte a la nueva Ley
de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas . . . (Página 14985)
El señor Fernández de Mesa Díaz del Río presenta la proposición no de
ley, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
conscientes de la importancia que tiene la Ley de régimen del
personal de las Fuerzas Armadas que, en su artículo 152, establece
que reglamentariamente se efectuarán las adaptaciones necesarias,
contemplando a través de las retribuciones complementarias los
problemas específicos derivados del ejercicio de la profesión
militar. Considera que actualmente se han producido cambios
sustanciales cualitativa y cuantitativamente como para que se
desarrolle en este momento, por lo que, en esta proposición no de ley
instan al Gobierno a que lo haga, para que no pase como con la Ley de
1989, que no se aprobó el reglamento que desarrollaba las
retribuciones del personal hasta el mes de octubre del año 1991.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Serrano
Vinué, del Grupo Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y
Moragues Gomila, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por la que se
establecen pensiones por invalidez y prestaciones familiares por hijo
a cargo, de naturaleza no contributiva, a favor de los emigrantes
españoles . . . (Página 14989)
Para su presentación y en nombre de su grupo parlamentario interviene
la señora Fernández Sanz. Se basa para la presentación de la
proposición no de ley en el espíritu del Pacto de Toledo y en las
reflexiones de la OIT sobre la Seguridad Social en los primeros años
del 2000. Expone que España es uno de los pocos países de la OCDE que
tiene los tres niveles de pensiones: la contributiva, la no
contributiva y la complementaria, lo que facilita el planteamiento de
extensión de prestaciones a las personas inválidas y a la familias
que tienen un hijo discapacitado a su
cargo, ya que no choca con el sistema contributivo sino con los
presupuestos y lleva a hacer una reflexión acerca del reparto de
responsabilidades entre las administraciones del país. Afirma que el
Estadonación debe encargarse de las pensiones de la sanidad y de la
educación y las comunidades autónomas y corporaciones locales deben
hacerse cargo de los servicios sociales y culturales. A continuación
explica a cuántas personas afecta su iniciativa y analiza el
contenido de su propuesta.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Vaquero del
Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora
Camilleri Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En primer lugar, se somete a votación la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre elaboración de un
reglamento de retribuciones que se adapte a la nueva Ley de Régimen
de Personal de las Fuerzas Armadas, que se aprueba con 294 votos a
favor, dos en contra y dos abstenciones.
En segundo lugar, se somete a votación la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por la que se establecen
pensiones por invalidez y prestaciones familiares por hijo a cargo,
de naturaleza no contributiva, a favor de los emigrantes españoles,
que se rechaza con 135 votos a favor, 161 en contra y una abstención.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 14993)
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional . . . (Página 14993)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Jané
i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Núñez Casal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la
señora Rubiales Torrejón, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, y el señor López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 14999)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la política general
sobre posición y previsiones normativas del Gobierno respecto de la
regulación de las denominadas opciones sobre acciones . . . (Página 14999)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Socialista el señor Fernández Marugán. Manifiesta que el repudio que
entre los ciudadanos está ocasionando el hecho de que un número
importante de directivos de una compañía haya pretendido ganar
cantidades ingentes de dinero en poco tiempo es lo que ha llevado a
su grupo a dirigirse al Gobierno, para encontrar la manera de regular
correctamente el ejercicio de la opción, entendiendo que lo hecho
hasta ahora es insuficiente. Muestra su disconformidad con la
contestación dada por el señor Rato en la interpelación urgente
presentada con anterioridad situando la cuestión en el ámbito de las
realidades del buen gobierno de una empresa y eximiendo al Gobierno
de toda responsabilidad. Explica el contenido concreto de la moción
y critica la gestión del señor Villalonga al frente de Telefónica.
En defensa de la enmienda presentada a la moción por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interviene el señor Santiso
del Valle.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme) y López Garrido del Grupo Parlamentario
Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Martínez- Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Fernández Marugán.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.)
. . . (Página 15009)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Constitucional al
proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, se aprueba por 184 votos a favor, 124 en
contra y cuatro abstenciones.
A continuación se somete a votación de conjunto, por tener la
iniciativa carácter de orgánica, alcanzando la mayoría absoluta
requerida por 184 votos a favor, 124 en contra y tres abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) . . .
(Página 15009)
A continuación se somete a votación la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, relativa a política general sobre posición y previsiones
normativas del Gobierno respecto de la regulación de las denominadas
opciones sobre acciones, que es rechazada por 139 votos a favor, 170
en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación.) .
. . (Página 15009)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
transferencias de las confederaciones hidrográficas en territorio
andaluz a la Junta de Andalucía . . . (Página 15009)
El señor Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, presenta la moción consecuencia de interpelación
urgente. Su grupo considera este debate no solamente importante sino
también muy clarificador de los planteamientos que en los próximos
meses se van a escuchar en Andalucía, esperando que suba a la tribuna
a contestar a su interpelación por el Grupo Popular algún
representante de Andalucía. Anuncia que la moción que presentan es
muy concreta y sin preámbulos, pero quiere aclarar algunos argumentos
referidos al Estatuto de Autonomía de Andalucía que se vertieron en
el debate de la interpelación, y explica los puntos concretos de la
moción, para la que pide el voto favorable de la Cámara, sobre todo
de los diputados y diputadas de Andalucía.
En defensa de la enmienda presentada, interviene el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Rubiales
Torrejón, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y De Lara
Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada,
interviene la señora Urán González en sustitución del señor Centella
Gómez.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno para
avanzar en la democracia interna de las sociedades mercantiles y, en
concreto, en una regulación de las opciones sobre acciones . . .
(Página 15014)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
López Garrido, del Grupo Parlamentario Mixto. Justifica el hecho de
la presentación de dos iniciativas sobre la misma cuestión en el
escándalo producido por la decisión de la dirección de Telefónica en
cuanto a las retribuciones de sus directivos con opciones sobre
acciones. Considera lógico que el Parlamento se haga eco de las
preocupaciones del conjunto de la sociedad y de sus instituciones
y reitera una vez más el amplio rechazo social a la decisión del
Consejo de Administración de Telefónica. Agradece a Convergència i
Unión su sensibilidad ante lo sucedido e insta al Gobierno a tomar
medidas, puesto que es quien debe impulsar los cambios necesarios en
la legislación y porque es el responsable del nombramiento del señor
Villalonga. A continuación se refiere a las enmiendas presentadas por
el Grupo Popular y termina su intervención ofreciendo una
transaccional en la que se mantiene el fondo de su moción, pero
incorporando constructivamente la enmienda del Grupo Popular.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, interviene el señor Martínez-Pujalte López.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, interviene el señor López
Garrido.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
transferencias de las confederaciones hidrográficas en territorio
andaluz a la Junta de Andalucía, se rechaza por 132 votos a favor
y 154 en contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno para
avanzar en la democracia interna de las sociedades mercantiles y, en
concreto, en una regulación de las opciones sobre acciones, en los
términos resultantes del debate, se rechaza por 132 votos a favor y
154 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA LA
REGULACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE AUDÍFONOS. (Número de expediente
122/000262.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión con el punto I del orden del
día: Debates sobre la toma en consideración de las proposiciones de
ley que presentan el Grupo Federal de Izquierda Unida, en primer
lugar, y luego el Grupo Socialista, la primera relativa a la
regulación de la prescripción de audífonos.
Tiene la palabra el señor Santiso para la presentación y defensa de
la proposición de ley.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo trae hoy a la Cámara una proposición de ley
para regulación de la prescripción de audífonos, entendiendo que
aunque a lo largo de la legislatura se han dado pasos importantes y
en concreto se ha aprobado una proposición no de ley de 9 de marzo de
1999, a propuesta del Partido Popular, hemos discutido otra
proposición no de ley el 18 de noviembre de 1999 y recientemente se
ha aprobado la inclusión en el catálogo de prestaciones sanitarias de
la Seguridad Social la prescripción de audífonos, se hace con una
limitación que nos parece muy importante, y es que solamente podrán
acceder a ella los menores hasta 16 años; es decir, aunque se atiende
una parte importante del problema tiene que ir complementada con la
detección precoz de la sordera por entender que en los tres primeros
años de vida, que es cuando se forma el lenguaje, es fundamental que
dicha detección precoz influya a fin de evitar más tarde una
incidencia mucho más grave en la vida y en la normalidad del
desarrollo como personas de los menores. Seguimos pensando en los
colectivos poslocutivos, y así lo manifiestan, que esta prestación
debe tener carácter universal, debe ser sanitaria y por tanto no
puede esperar; no debe ser una prestación que quede sujeta a lo que
está apareciendo, normativas a nivel autonómico, con muy buena
voluntad y que son positivas en cuanto intentan paliar de alguna
manera este problema pero que establecen también criterios por los
que los ciudadanos, en función de su lugar de nacimiento, de la
comunidad autónoma a que pertenezcan, van a tener prestaciones
diferentes en un tema común del cual existen en nuestro país este
momento casi tres millones de personas afectadas.
Habiendo tenido acceso a una parte de las discusiones previas acerca
de la inclusión o no con carácter universal de esta prestación, nos
parecen preocupantes
las conclusiones a que se llegaba en la comisión que lo estudia.
Parece que diferenciamos entre aquellos niños que tienen por delante
toda su vida, y por tanto hay una apuesta clara por ellos, lo que nos
parece positivo, y descartamos o dejamos en el baúl de los recuerdos
a los mayores, precisamente aquellas personas en las que tiene mayor
incidencia y en las que causa un problema serio de relación con su
entorno familiar o de relación laboral. Los excluimos porque, según
se dice en el debate, ya no es eficiente dar esta prestación a los
mayores.
Señores del Partido Popular y señores diputados que apoyan al Partido
Popular, reflexionemos sobre estos debates que me parecen
precipitados y que caen una vez más en el pensamiento de que nuestros
mayores ya no son útiles. Es muy importante para la vida de relación
de los mayores y de aquellos que no lo son tanto pero que sufren
deficiencias auditivas ir a una prestación universal. Es verdad que
hay que atajar una serie de abusos que se están produciendo, por
ejemplo la inexistencia de una normativa clara sobre el tipo de
audífonos, siendo un escándalo que cueste más caro un audífono
digital que un teléfono móvil, porque dichos teléfonos móviles los
podemos encontrar por 10.000 ó 15.000 pesetas y sin embargo este
vacío legal que existe, también debido a que hasta ahora no es una
prestación sanitaria, hace que se estén pagando audífonos digitales a
300.000 pesetas y más, cuando técnicos especializados entienden que
el coste real de esos aparatos no supera las 30.000 pesetas.
Entendemos que la proposición de ley arrastraría a fijar después los
precios de referencia para que se acabe con estos abusos, regulándose
también, por ejemplo, la situación de aquellos profesionales
dedicados a estos temas.
Por tanto, pedimos el voto favorable porque entendemos que el 14 por
ciento de nuestra población va a estar afectada en el año 2000 por
estas incapacidades, que no debe considerarse un aspecto de ayuda
social sino que es una ayuda médica, al igual que puede ser una
prótesis de otro tipo en la propia cirugía o en otros aspectos, y que
terminemos también por llamar a las cosas por su nombre. Nadie llama
ciego a alguien porque tenga 5 dioptrías; estamos hablando de
minusvalías, de deficiencias auditivas. Estamos hablando de un
colectivo muy importante que son los poslocutivos, aquellos que han
visto mermada su capacidad auditiva después de haber adquirido el
lenguaje; por tanto, la atención a este colectivo es diferente a
otros colectivos que podríamos denominar de otras formas.
En resumen, nuestra proposición de ley, reconociendo los avances que
se han producido, entiende que debe garantizarse la universalidad de
la prestación y la igualdad de todos los españoles ante estas
prestaciones. Por ello proponemos como artículo único que el audífono
quede incluido dentro de la prestación ortoprotésica que el Sistema
Nacional de Salud ofrece de forma gratuita y universal para todas
aquellas personas que padezcan una hipoacusia, cuando así lo
prescriba
el médico otorrino y para que de esa manera puedan acceder a su plena
integración social.
Esperando que este debate sirva de reflexión para la evolución futura
de las ayudas sanitarias necesarias para este colectivo y que esta
reflexión, aunque hoy no salga adelante, cale y se abandone ese
discurso de distinguir entre la eficacia y la eficiencia de una
prótesis muy útil para garantizar y evitar otra serie de peligros
también adicionales, como por ejemplo el problema de los sordos con
el tráfico, con la salud en el trabajo, con un montón de problemas
que no quedan atendidos con el paso que se ha dado concediéndolo sólo
hasta la edad de 16 años.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso. ¿Algún grupo
parlamentario desea consumir un turno en contra de la toma en
consideración? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
El señor Chiquillo, por parte del Grupo Mixto.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Unión Valenciana para apoyar y manifestar
nuestro voto favorable a la toma en consideración de la proposición
de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida para la regulación de prescripción de los audífonos. El Grupo
Parlamentario Mixto presentó en nombre de Unión Valenciana, en la
Comisión de Sanidad hace varios meses una iniciativa semejante que es
el sentir mayoritario de las asociaciones representativas de estos
colectivos que ven cómo el importe tan elevado de estos aparatos, que
son necesarios para su desarrollo normal, su integración y su
verdadera realización como personas, son muy costosos y muchas
familias no pueden hacerse cargo de este importe tan elevado.
La prótesis auditiva no debe ser una ayuda graciable -como muy bien
manifiesta el grupo proponente-, sino que es un derecho que debe
tener ese reconocimiento y esa ayuda para aquellas personas que con
esta discapacidad lo necesitan. Es un tratamiento prescrito por un
médico, que les permite la integración social plena y efectiva. Por
tanto, debe reconocerse como prestación sanitaria con carácter
gratuito y universal a todas aquellas personas que han de utilizar
estas prótesis para su normal desarrollo en la vida cotidiana.
Nosotros estamos a favor de la propuesta para que se incluya esta
prestación ortoprotésica en el Sistema Nacional de Salud, de forma
gratuita para todas aquellas personas que así lo requieran. Unión
Valenciana apoya esta iniciativa y pensamos que es positiva su toma
en consideración porque hay muchos colectivos y sobre todo muchos
ciudadanos del Estado español a la espera de que esta demanda
histórica sea reconocida por el Ministerio y por la Administración
del Estado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.
Señor Gómez Rodríguez, por el Grupo de Coalición Canaria.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con toda brevedad para manifestar nuestra posición sobre
la admisión a trámite de esta proposición de ley. Los argumentos
aducidos por el señor Santiso en defensa de su iniciativa son
perfectos y comprensibles. Estimamos que estos aparatos, artilugios
que en un tiempo fueron llamados sonotones y que ahora se llaman
debidamente audífonos, deben ser incluidos dentro del catálogo para
que puedan ser prescritos gratuitamente dentro del Sistema Nacional
de Salud con carácter universal. Estimamos que realizan una función
importante en la convivencia de jóvenes, de niños y de adultos, sobre
todo de la tercera edad, entre los que me encuentro.
Sin embargo, tengo que reconocer con todo respeto que una proposición
de ley no es el cauce legal parlamentario para incluir en un catálogo
un mecanismo, por muy técnico, científico, avanzado y costoso que
sea. La Cámara se vería a corto plazo congestionada con temas que no
deben ser incluidos dentro de ese tipo de propuestas.
En otro aspecto, tenemos la satisfacción todos los ciudadanos de este
país -porque sólo faltaban España y dos más para que se incluyera en
toda la Unión Europea y también en países que no son europeos- de que
ya está aprobado por el Consejo interterritorial de la salud, órgano
competente para la inclusión en el catálogo que pronto dará a luz.
Creo que no será un diálogo de sordos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
El diputado señor Caballero, tiene la palabra por el Grupo Vasco.
El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV), para fijar la posición de nuestro grupo ante esta proposición
de ley para la regulación de la prescripción de audífonos.
Como se señala en la exposición de motivos, es cierto que está fuera
de toda discusión que los audífonos son un importante avance
científico-técnico, que constituyen una ayuda imprescindible para la
corrección funcional de la sordera, y que como tal las personas
deficientes auditivos tienen todo el derecho a beneficiarse de esta
prótesis.
Sin embargo, en estos momentos esta proposición de ley, que creo fue
presentada en el mes de marzo, queda un tanto anticuada porque desde
entonces han ocurrido algunas cosas. En el Consejo interterritorial
ya se
trató esta cuestión, y como anteriormente algún portavoz ha señalado
se llegó a un acuerdo para su financiación, cierto que de forma
limitada en estos momentos, pero por ejemplo en Euskadi ya se está
aplicando para toda la población que lo necesite.
Por otro lado, como también ha señalado el portavoz de Coalición
Canaria, no parece que éste sea el cauce legal más adecuado, porque
normalmente la ordenación de prestaciones se suele realizar por real
decreto. Si cada prestación sanitaria se hiciese a través de
proposiciones de ley estaríamos legislando todos los días,
continuamente.
En resumen y por todo lo dicho, nuestro grupo no va a apoyar esta
proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Muchas gracias, señor presidente.
La proposición de ley que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
nos trae hoy a la Cámara tiene por objeto incluir dentro de la
prestación ortoprotésica que el sistema de salud ofrece, de forma
universal y gratuita, los audífonos para todas aquellas personas que
padezcan hipoacusia, cuando lo prescriba un médico otorrino.
El Real Decreto 63/1995, del 20 de enero, sobre ordenación de
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, recoge en su
anexo número 1 las denominadas prestaciones complementarias, entre
las que se incluyen las prestaciones ortoprotésicas. La orden
ministerial de 18 de enero de 1996 desarrolló el real decreto
mencionado, definiendo asimismo el contenido y el ámbito de la
prestación hasta la fecha. Asimismo, sabe S.S. y saben todos los
grupos parlamentarios que esta misma orden de 18 de enero, creó la
Comisión técnica asesora sobre la prestación ortoprotésica que sería
bueno y aconsejable que cubriese el sistema; Comisión que entre otras
funciones tiene la de proponer modificaciones en la lista de prótesis
cubiertas.
Pues bien, dentro de este marco pensamos que la proposición de ley
que viene hoy a la Cámara está fuera de lugar, no por el contenido de
la misma en cuanto a inquietud, voluntad y deseo más que justificado
de proteger a todas las personas que padecen deficiencias auditivas,
sean como muy bien ha expuesto S. S. menores, jóvenes o adultos. Me
parece que bastantes dificultades tiene uno cuando se va haciendo
mayor como para que neguemos la posibilidad de agotar todos los
recursos para oír bien o lo mejor que se pueda durante los años que
le queden de vida. Sin discutir la principal, repito, pensamos que un
proyecto de ley no es la manera de desarrollar la prestación que
puede cubrirse en el Sistema Nacional de Salud.
Sabe también S. S. que la comisión técnica que evalúa estas
prestaciones, asesorada por el Instituto de
valoraciones de nuevas tecnologías, que a su vez se asesora por el
Instituto Carlos III, propuso en el seno del Consejo interterritorial
de salud que se cubriesen estas prestaciones, y con gran satisfacción
podemos decir que así fue aprobado el 25 de octubre del presente año.
Por tanto, pensamos que lo preceptivo es que el Gobierno desarrolle
la normativa existente sin hacer brindis que pudieran ser
excesivamente onerosos para el sistema si no se guardase proporción
entre cubrir prótesis con los resultados que deben obtenerse, por
tanto los dictámenes de los otorrinos son preceptivos pues no todas
las personas ganan calidad de vida con un audífono en iguales
condiciones, y que en función de lo que dictaminen los facultativos
esta prestación se dé dentro del sistema y se desarrolle por el mismo
rango con que se ha hecho hasta ahora.
Por este motivo, no podemos apoyar esta proposición no de ley,
insisto, contemplando y valorando positivamente la inquietud del
grupo proponente por el colectivo afectado, pero pensando que la
manera de desarrollarla sería equivocada.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Josep Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Simplemente para fijar la posición de nuestro grupo ante esta
proposición de ley. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida que haya defendido hoy esta
proposición de ley porque nos permite volver a afrontar un tema
importante como es el de los audífonos para las personas sordas. Éste
es un tema que a lo largo de la legislatura se ha ido repitiendo en
varias iniciativas parlamentarias y nos permite poner de manifiesto,
en contra de lo que han dicho muchos grupos que me han precedido, que
sí es el momento de que este Congreso de los Diputados, esta Cámara
de representación de los intereses del pueblo español discuta este
tema. Podemos constatar que una vez más el Gobierno, y en concreto el
ministro de Sanidad, ha incumplido una de las resoluciones aprobadas
por este Congreso de los Diputados.
El día 9 de marzo, en la Comisión de Sanidad y a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, se aprobó una proposición no de ley en la que
se instaba al Gobierno a presentar en esta Cámara un informe sobre
las necesidades de este tipo de prótesis auditivas -los audífonos-, y
el monto económico que ello podría suponer para que se pudieran tomar
decisiones. Ha transcurrido prácticamente todo el año, se termina
esta legislatura, y el Gobierno no ha presentado este informe que su
propio grupo parlamentario planteó en esta Cámara. No sólo no ha
hecho esto sino que además, y tal como señalaba el portavoz del Grupo
Federal de Izquierda Unida, hay un auténtico -y valga la expresión-
desmadre en los precios de los audífonos. Disponemos
de distintos catálogos de precios, hay variaciones extraordinarias
que doblan o triplican los precios de uno y otro. No quiero pensar
que esto es consecuencia de que se ofrezcan algunos incentivos a
determinados profesionales, pero sí puedo mostrarles alguna de las
tarjetas que a veces se dan a los profesionales que prescriben este
tipo de aparatos diciendo que si prescriben de uno a cinco al mes van
a cobrar 35.000 pesetas por unidad, y así progresivamente.
Nuestro grupo cree que el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene la
obligación de entrar a fondo en este tema, de regular las
prestaciones y los precios de estas prestaciones, y de facilitar, por
tanto, el que todas las personas con discapacidades auditivas
susceptibles de mejorar su calidad de vida con una prótesis auditiva,
como un audífono, puedan conseguirlo.
Debemos manifestar también que la Feapas, la Federación Española de
Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos -que es la que ha ido
impulsando a este Congreso a tomar distintas iniciativas-, señala que
se ha conseguido un primer paso, que es que se financien las prótesis
auditivas a las personas entre cero y 16 años, con una financiación
de 120.000 pesetas por audífono, renovables cada cuatro años, pero
este logro no es más que un paso importante, aunque insuficiente que
debe completarse.
Por estas razones, solicitamos la intervención del Ministerio en su
papel de coordinación y de regulación. No es de recibo que se deje al
libre albedrío de las distintas comunidades autónomas el que
financien o no esta prestación, sino que debe ser un derecho
universal. Aparte de la regulación que se debe hacer en cuanto a los
casos que queden incluidos en estas prescripciones y a los precios y
a la homologación de los distintos tipos de audífonos, creemos que
esta proposición de ley está justificada y, por tanto, nuestro grupo
parlamentario le va a dar su apoyo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Corominas.
Para fijar posición sobre la iniciativa, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra don Juan Antonio Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor presidente Señorías,
intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la
posición acerca de la proposición de ley para la regulación de la
prescripción de audífonos, presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Adelanto que el Grupo Parlamentario Popular no considera adecuado que
la prescripción de audífonos dentro del Sistema Nacional de Salud se
regule mediante una normativa con rango de ley, por los siguientes
motivos. En primer lugar, porque ya existe un marco normativo de
mayor agilidad que una ley por el que actualmente se regulan las
prestaciones ortoprotésicas y, en segundo lugar, parece
desproporcionado, en relación con otras prestaciones ortoprotésicas,
que la prescripción de los
audífonos se regule mediante esta normativa de rango de ley puesto
que, en caso de aceptarse, no existiría ninguna justificación para
que la prescripción de otras prótesis como las de mama, de rodilla,
de cadera e incluso las de sillas de ruedas tuviera que ser regulada
también mediante este procedimiento. Créame, señor presidente, que
faltarían períodos de sesiones y legislaturas para poder regular
mediante este procedimiento todo lo que supone prestación
ortoprotésica.
Señorías, la sensibilización y preocupación de mi grupo en lo
referente a esta problemática de las personas afectadas por
hipoacusia y/o sordera ha ocupado un lugar muy destacado, no sólo en
esta legislatura sino que, si se consulta el «Diario de Sesiones», se
podrá constatar fácilmente que las iniciativas relacionadas con este
colectivo vienen ya de muy atrás. He de decir que esa constante
preocupación de mi grupo por este colectivo, por su problemática y
por dar respuestas y soluciones integrales no pudimos verla
satisfecha en la legislatura anterior, ya que todas estas iniciativas
caían en el saco roto del Gobierno de turno, el Gobierno socialista,
y ha sido en esta legislatura, con el actual Gobierno, cuando, por
fin, se están viendo cumplidas y satisfechas, en su mayor parte, las
iniciativas que el grupo al que pertenezco y represento en estos
momentos ha seguido presentando en esta Cámara, en mayor medida aún
que en la legislatura anterior, para su debate. Vean, si no,
señorías, la relación de iniciativas presentadas por mi grupo en esta
legislatura en relación con este colectivo. Les podría señalar desde
el mismo 22 de julio hasta la actualidad, mes de noviembre. Señor
presidente, señorías, quisiera incidir concretamente en dos
proposiciones no de ley: una, aprobada por unanimidad en el Pleno de
esta Cámara y, otra, en la Comisión de Sanidad, en marzo, como se ha
indicado previamente.
En marzo, en la Comisión de Sanidad, se aprobó una proposición no de
ley, con la abstención del Grupo Parlamentario Socialista, por la
cual se instaba al Gobierno a que hiciese un estudio permanente de
las necesidades anuales de prótesis auditivas por parte de las
personas sordas y la posible disponibilidad de ayuda económica. Pues
bien, señorías, señor presidente, al mes siguiente, en abril, el
ministro de Sanidad y Consumo convocó a la Comisión asesora de
prestaciones ortoprotésicas y, paralelamente, solicitó el informe
complementario a la Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias.
Además, convocó al Consejo Interterritorial para que los consejeros
de Sanidad aportaran sus opiniones al respecto, y el día 25 de
octubre, hace escasamente un mes, este mismo Consejo Interterritorial
ha aprobado la inclusión del audífono en el catálogo de prestaciones
sanitarias, prestación que, como también se ha dicho aquí,
beneficiará a los niños, adolescentes y jóvenes de edades
comprendidas entre 0 y 16 años.
Permítanme que, refiriéndome a una sociedad que usted ha mencionado
aquí, Feapas, que está muy vinculada con esta problemática, le
traslade algún que otro contenido. En una carta, dice: Tras una larga
e intensa trayectoria de más de diez años en la que esta sociedad
viene demandando la gratuidad de los audífonos y su inclusión en el
catálogo, nos complace saber que el pleno del Consejo
Interterritorial ha aprobado, el día 25 de octubre, la inclusión en
el catálogo de prestaciones sanitarias. Señorías, después de diez
años, ha sido precisamente ahora cuando se ha aprobado la inclusión
del audífono en el catálogo de prestaciones sanitarias, estando en
estos momentos únicamente pendiente de su publicación en una orden
ministerial que va a sustituir al catálogo de prestaciones aprobado
en la orden ministerial del año 1996.
La otra proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario
Popular, con enmiendas transaccionales de Coalición Canaria y de
Convergència i Unió, habla de la articulación de un plan nacional de
prevención de la sordera infantil. Qué duda cabe que, sin el
desarrollo de este último plan, difícilmente existirían los criterios
científicos necesarios para hacer la evaluación, el diagnóstico y el
tratamiento correcto del colectivo más necesitado a la hora de
beneficiarse de esta nueva prestación. Pues bien, este Gobierno ha
convocado a la sociedad científica más representativa en este área y
conjuntamente se están elaborando los criterios por los cuales podrá
llevarse a cabo el mencionado plan nacional. Tengo que añadir que, al
mismo tiempo, se están desarrollando en la comisión interterritorial
de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo los trabajos
necesarios para que este plan nacional esté además vinculado a la
concesión de la prestación ortoprotésica, teniendo previsto que este
programa se presente el mes de enero, dentro de unos escasos
cincuenta días.
Termino, señor presidente, con otro conocido refrán que continúa los
ya recientemente expresados por mí en Comisión referidos a este tema:
Una cosa es predicar, pero otra muy distinta es dar trigo. Pues bien,
el Grupo Parlamentario Popular, sus socios y el Gobierno al que
sustenta han dado en gran parte solución efectiva e integral a lo que
demandaba este colectivo. Digo en gran parte, porque nuestro
compromiso con la sociedad española y con este colectivo en concreto
va más allá de lo conseguido hasta ahora. Por tanto, señor
presidente, reitero la posición de mi grupo de no tomar en
consideración esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Melgarejo.
Con su intervención concluye el debate de la proposición de ley de
Izquierda Unida, sobre la regulación de la prescripción de audífonos.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE ASPECTOS PROCESALES DE LA
LEY 10/1998, DE 15 DE JULIO, DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE UNIONES
ESTABLES DE PAREJA. (Número de expediente 122/000244.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición de ley del Grupo
Socialista, sobre aspectos procesales de la
Ley del Parlamento de Cataluña, que lleva fecha de 15 de julio de
1998, y número 10, de uniones estables de pareja.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, señor presidente. Señorías, subo
a la tribuna para solicitar de SS.SS., del conjunto de los grupos
parlamentarios, la votación a favor de la admisión a trámite de la
proposición de ley sobre efectos procesales de la Ley 10/1998, de 15
de julio, del Parlamento de Cataluña, sobre uniones estables de
pareja.
A lo largo de esta legislatura, en las ya numerosas ocasiones que en
Pleno y en Comisión hemos hablado de las parejas de hecho, no se ha
alcanzado un consenso sobre la necesidad de regulación a nivel del
Congreso de Diputados de las Cortes Generales. Es lo cierto,
señorías, que la mayoría que bloquea la tramitación de la ley de
parejas de hecho ha conseguido tener congelada la ponencia durante
los últimos meses, de tal forma que una ley que se inició con tiempo
suficiente para ser aprobada en esta legislatura no va a ver la luz.
Nos encontramos ahora, señorías, ante una cuestión distinta. No se
trata de que SS.SS. de la derecha continúen bloqueando el
reconocimiento de la libertad de la elección del modo de vida de los
ciudadanos de este país, sino de que un parlamento autónomo, en el
momento de haberse redactado y presentado la proposición de ley que
defiendo, el Parlamento de Cataluña, había aprobado una ley de
uniones estables de pareja que establece efectos jurídicos aplicables
no sólo naturalmente en el territorio autónomo sino en el conjunto
del Estado, puesto que la única condición para que se aplique dicha
ley es que uno de los miembros de la pareja homosexual o heterosexual
tenga vecindad civil catalana. Debo recordar a SS.SS. que, con
posterioridad a la presentación de esta proposición de ley, el 26 de
marzo de 1999, las Cortes de Aragón aprobaron una ley de parejas de
hecho que da también efectos jurídicos en el régimen civil aragonés,
con efectos posibles por tanto también en todo el territorio del
Estado, a las situaciones de parejas de hecho que allí se regulan.
Nos encontramos discutiendo no ya la conveniencia de dar nivel
normativo al reconocimiento de una realidad y de una libertad social
absolutamente indiscutible, pese a que ustedes lo discutan, señores
del Gobierno, sino la vigencia en nuestro ordenamiento jurídico de
dos leyes: una de ellas del Parlamento de Cataluña, de las Cortes de
Aragón la otra, que dan estos efectos jurídicos. Nos encontramos
asimismo con la inadecuación absoluta del marco legal procesal que se
está aplicando para la solución judicial de los múltiples problemas
que como en el matrimonio y en cualquier otra forma de vida
matrimonial, pueden producirse en la pareja de hecho.
Es lo cierto que en la actualidad todos los problemas de índole
claramente familiar derivados de la conveniencia de hecho, regulada
jurídicamente por el Parlamento
de Cataluña y por las Cortes de Aragón, deben de tramitarse por el
procedimiento ordinario de menor cuantía previsto para reclamaciones
mercantiles entre sociedades o civiles, individuos o particulares,
pero inadecuado, desde luego, para resolver los problemas
matrimoniales.Es lo cierto también que en nuestro ordenamiento
jurídico, en la vigente denominada Ley del divorcio, se establecen
unas reglas particulares para tramitar tal tipo de asuntos.
Lo que pretende la proposición de ley que ahora defiendo es que
exactamente estas reglas que se han considerado adecuadas por el
legislador desde el año 1981, que no se han modificado desde entonces
más que por la jurisprudencia y que tienen efectos beneficiosos en la
tramitación judicial de los problemas familiares, sean de aplicación
a los problemas familiares de las parejas de hecho reconocidas por el
Parlamento de Cataluña. Insisto en ello, porque si se admite a
trámite como espero, deseo y solicito de la Cámara la proposición de
ley, la enmendará mi propio grupo para ampliar el campo de aplicación
también a las parejas reguladas por la Ley de las Cortes de Aragón.
No podemos continuar manteniendo que lo adecuado, lo racional y lo
bueno es aplicar normas pensadas para resolver problemas mercantiles
a los familiares. Pueden ustedes intentar no regular -y lo han
conseguido en esta legislatura- las parejas de hecho en este
Parlamento, pero lo que no pueden es dejar de reconocer que en
nuestro complejo ordenamiento jurídico, con leyes autonómicas no
limitadas territorialmente en el conjunto de los juzgados y de los
tribunales de España, pueden plantearse problemas derivados de la ley
del Parlamento de Cataluña y de la ley de las Cortes de Aragón y a
ellos debemos de dar solución de forma adecuada.
Lo hemos intentado por otra vía. Lo hemos intentado a través de las
enmiendas que presentamos para ampliar el ámbito de aplicación del
proceso matrimonial que regulará, si no conseguimos evitarlo, la
futura ley de enjuiciamiento civil. Es lo cierto que los mismos que
han impedido la tramitación de la ley de parejas de hecho, han
impedido también la aceptación de estas enmiendas racionales,
técnicas, no escandalosas en modo alguno, jurídicamente adecuadas que
ampliaban el campo de aplicación del proceso matrimonial también
a las parejas de hecho. Ello no ha sido posible y hoy hay una
oportunidad de regular racionalmente el tema. Hay una oportunidad de
reconocer con plenitud en este Congreso, que lo ha negado en otras
ocasiones por parte de la ajustada mayoría, la completa y absoluta
libertad de las personas para organizar su vida familiar, sexual,
afectiva y su familia.
Ello, señores, queda cojo, queda amputado, si les negamos una
solución por vía judicial razonable, que es lo que aquí pedimos. Se
lo solicitamos a todos los grupos y muy especialmente a aquéllos cuya
postura en este trámite ignora el diputado que está hablando, pero
que debe recordar que en la tramitación de la ley de enjuiciamiento
civil -y me refiero justo al grupo que tengo enfrente de la tribuna-
el Grupo de Convergència
i Unió voto a favor de las enmiendas del Grupo Socialista
para ampliar el ámbito de aplicación del proceso matrimonial a las
parejas de hecho. Solicitamos de este grupo, como de todos, la
coherencia con las actividades parlamentarias anteriores y, por ello,
pedimos el voto positivo a esta proposición de ley que no es inútil,
porque existe incertidumbre respecto al contenido, vigencia y entrada
en vigor, después de un año de vacatio legis, con unas elecciones de
por medio en las que vamos a intentar -esperamos y estamos seguros de
ello- que cambie la mayoría parlamentaria antes de que entre en vigor
la ley de enjuiciamiento civil; existe incertidumbre sobre cual pueda
ser la regulación en el futuro, que sólo podemos solucionar
precisamente a través de la tramitación de una proposición de ley que
es tan técnicamente adecuada y tan sencilla que podríamos, con la
colaboración de todos los grupos, hacerlo antes de agotar esta
legislatura.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedret.
Señorías, antes de continuar con la tramitación de esta iniciativa
que acaba de presentar el Grupo Socialista, quería anunciar al Pleno
que, de acuerdo con el Reglamento, la Junta de Portavoces esta mañana
y la Presidencia, se ha fijado las ocho de la tarde como la hora
hasta la que no se producirá la votación del proyecto de ley orgánica
de modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Como
SS.SS. saben, el Reglamento exige el anuncio con la debida antelación
y esa es la hora antes de la cual no se producirá la votación que ha
de tener naturaleza orgánica o ha de alcanzar la mayoría absoluta, en
su caso, del Congreso.
Continuando con la tramitación de la iniciativa del Grupo Socialista,
¿algún grupo parlamentario desea oponerse en turno al respecto?
(Pausa.) ¿No hay turno en contra? (Pausa.) ¿Qué grupos desean fijar
su posición? (Pausa.)
Comencemos por el Grupo Mixto a través de su portavoz el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Empezaremos por decir que vamos a apoyar esta proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, conscientes de que
muchos problemas se derivan de no homologar las uniones estables de
pareja con el matrimonio con todas las consecuencias, hecho que
provoca un problema de falta de cauce procesal para los conflictos
que se puedan plantear o las consecuencias que se deriven de las
uniones estables de pareja, junto a una falta de integración en el
derecho de familia.
Esta proposición de ley es muy oportuna, mucho más si tenemos en
cuenta que por esta Cámara ha pasado el proyecto de enjuiciamiento
civil que no previó el hecho de que una comunidad autónoma como
Cataluña haya aprobado una ley de uniones estables que esúnica en
todo el Estado español. Hace falta una competencia
de carácter estatal para amparar esta legislación de marco autonómico
y por eso nos parece esta proposición de ley muy atinada y oportuna y
la vamos a apoyar.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
El Grupo de Coalición Canaria fijará su posición a través de don Luis
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Aunque el Parlamento autonómico de Canarias no tiene ninguna ley
parecida a la que, en julio, como Ley 10/1998 aprobó el Parlamento de
Cataluña, nuestro grupo quiere ser congruente con la iniciativa que
casi al principio de esta legislatura presentó en la Cámara sobre una
proposición de ley de parejas de hecho, que mereció el apoyo
mayoritario de la Cámara. Las circunstancias de tramitación no han
permitido llegar en esta legislatura a una aprobación definitiva,
asunto que lamenta el Grupo de Coalición Canaria como proponente, y
quiere ser también consecuente y hacer un reconocimiento a los grupos
parlamentarios que en aquella ocasión apoyaron la iniciativa de
Coalición Canaria. Sin menoscabo de ninguna competencia autonómica,
Coalición Canaria quiere ser consecuente y armonizar su fijación de
posición con respecto a lo que dijo en aquella ocasión.
Por estas razones, nosotros entendemos que esta iniciativa, como
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
aproxima lo que es una declaración de principios a ese reconocimiento
de las parejas de hecho. Teniendo en cuenta que en estas fechas
inmediatas tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife capital
como el de otras poblaciones canarias han establecido registros
oficiales de parejas de hecho, entendemos que se tiene que ir
perfeccionando y aproximando toda la legislación civil española a
estas conclusiones. Sin más, mi grupo va a votar favorablemente
y apoya, por estas razones, la iniciativa presentada por el Grupo
Socialista para que los aspectos procesales de la Ley 10/1998, del
Parlamento de Cataluña sobre parejas estables tengan este nexo de
conexión con las prerrogativas y competencias constitucionales de
esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV-EAJ), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Vasco también va a votar a favor de la toma en consideración
de esta iniciativa. Siempre ha estado a favor de la regulación
sustantiva de las uniones estables de pareja que, por el juego de las
mayorías en esta Cámara, no ha podido llevarse a buen fin en esta
legislatura.
Sin embargo, en el ámbito vasco, en el que tiene capacidad de
gobierno en materia fiscal y tributaria, las normas forales de los
tres territorios históricos recogen y contemplan, en la materia en la
que tenemos competencia, repito, los aspectos referidos al impuesto
de sucesiones o al impuesto sobre la renta cuya aplicación
lógicamente está suspendida hasta que exista una regulación civil de
estas uniones.
Con idéntico ejercicio de las competencias que les corresponden, la
Ley catalana 10/1998 reguló las uniones estables de pareja y, según
nos ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista, existe igual
normativa respecto de Aragón. Si lo sustantivo está regulado, es
necesario que exista cauce procesal adecuado para los supuestos en
los que estas regulaciones deban, finalmente, por desgracia como
suele ocurrir en algunas relaciones, entrar en conflicto y, por
tanto, ser examinadas por los órganos jurisdiccionales. Es indudable
que esta competencia le incumbe al Estado y que, por tanto, son estas
Cortes Generales las que se tienen que pronunciar a favor de la
regulación procesal.
Ya mi grupo se mostró favorable a las enmiendas que tenía presentadas
el Grupo Socialista, intentando que se introdujese esta regulación en
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en este momento en tramitación ante
el Senado. No fue posible su aprobación. Se podrá manifestar que la
postura es meramente testimonial, puesto que estamos a la altura de
legislatura que estamos. Efectivamente, nuestra postura es
testimonial, de deseo de regular estas relaciones humanas existentes.
Como he indicado, vamos a votar a favor de la toma en consideración
de la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Tiene ahora la palabra el Grupo de Convergencia i Unió a través de su
portavoz, el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo debe manifestar que no le gusta esta proposición
de ley. Una proposición de ley en cuya exposición de motivos, después
de hacer referencia a una ley del Parlament de Cataluña,
concretamente la Ley 10/1998, de 15 de julio, dice que, dado que la
competencia legislativa en materia procesal es exclusiva del Estado y
remite por tanto a esta Cámara para regular las necesidades
procesales de esa ley, no puede gustar a un grupo parlamentario como
Convergència i Unió.
El artículo 149 de la Constitución atribuye la competencia exclusiva
al Estado en materia de legislación procesal. Ahora bien, establece
que esa atribución de competencia exclusiva es sin perjuicio de las
necesarias especialidades que en este orden se deriven de las
particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas.
Por otra parte, el artículo 9.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña
atribuye precisamente ala Generalitat de Cataluña la competencia
sobre normas
procesales que se deriven de las particularidades del derecho
sustantivo de Cataluña.
A nosotros, que no tendríamos ningún inconveniente (y precisamente
por eso votamos a favor de las enmiendas 1410, 1412 y alguna más del
Grupo Parlamentario Socialista a la Ley de Enjuiciamiento Civil) en
establecer esos mecanismos procesales para el ámbito de la
legislación civil común, no nos puede gustar precisamente que se
pretendan sustraer al Parlament de Cataluña las competencias que en
materia procesal le incumben. Por lo demás, todos ustedes saben que
se regularon por primera vez en España estas uniones estables de
pareja precisamente a instancias del Gobierno de la Generalitat,
respaldado por Convergència i Unió; saben también que si en estos
momentos no existe una ley equivalente para el conjunto del Estado no
ha sido por la falta de voluntad del Grupo Parlamentario de
Convergencia i Unió, que siempre ofreció repetir el pacto que se hizo
en el Parlament de Cataluña; se lo ofreció al Grupo Parlamentario
Socialista y al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Como decía
anteriormente, contemplamos con escasa simpatía esta proposición en
la medida en que pretende reconocer al Estado esa competencia
exclusiva de la que nosotros entendemos que carece.
Esto nos permite efectuar otra reflexión. Si a través de un voto
negativo en el día de hoy estuviésemos sustrayendo a esas parejas una
legislación procesal adecuada, podríamos hacer un pensamiento -como
decimos nosotros-, pero sabe el señor Pedret que lo que estamos
votando en el día de hoy, a dos o tres plenos de acabar la
legislatura, no es más que una declaración de principios. Con el
contenido no podemos estar más de acuerdo, con la atribución a la
competencia exclusiva del Estado no podemos estar más en contra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra doña Presentación Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a
votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, aunque no sea más
que una mera declaración de intenciones, porque todos - las diputadas
también-somos conscientes de que acabamos la legislatura y sería
prácticamente imposible que esta proposición de ley viera la luz. Aun
así, señorías, las declaraciones de intenciones son necesarias en
algunas ocasiones y con algunos temas; son necesarias porque de ahí
se desprende la voluntad de las fuerzas políticas a la hora de poner
en marcha determinados mecanismos para reconocer que en nuestro
Estado, en nuestro país, existen relaciones y formas diferentes de
entender cómo se configuran la familia y las relaciones entre los
componentes de esta familia.
Por desgracia, no podemos hablar de que en esta legislatura este
Parlamento haya sido capaz de ponerse de acuerdo para solventar uno
de los problemas que tiene nuestro país, que es el reconocimiento de
las parejas estables, de las uniones estables, ya sean heterosexuales
u homosexuales. Lo que pretende esta iniciativa es dar cobertura a
una situación que se puede generar precisamente por la Ley aprobada
en el Parlamento catalán y que en un principio podría ser
discriminatoria para el resto de las comunidades autónomas que no
tienen capacidad para legislar en esta materia.
Señorías, como no ha sido posible que en la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil se haga este tipo de modificación, nuestro grupo
parlamentario cree que aunque sea una mera declaración de intenciones
sería bueno que esta Cámara reconociera la necesidad de modificar no
solamente la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia procesal sino
que, además, de una vez por todas, en las Cortes Generales se
establezca una legislación que reconozca los derechos de las parejas
de hecho, ya sean homosexuales o heterosexuales, para que no se
puedan producir discriminaciones entre las personas residentes en
unas comunidades autónomas o en otras. Señorías, las parejas de hecho
heterosexuales y homosexuales hoy tienen reconocidos sus derechos en
la comunidad autónoma catalana porque tiene competencias para poderlo
desarrollar. En la Comunidad Autónoma de Aragón y en el resto de las
comunidades autónomas no se les pueden reconocer porque no tienen
competencia para ello y, señorías, eso es una discriminación más de
las que se pueden producir por el mero hecho de ser una pareja
estable, ya sea heterosexual u homosexual, o que no se puedan poner
en práctica, como ocurre en algunos casos con la comunidad autónoma
vasca, porque no tienen competencias para poderlas llevar a cabo.
Por tanto, señorías, es necesario que al final de la legislatura
reflexionemos sobre lo que pudo ser y no fue después de la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, por la que se reconocían los derechos de las
parejas estables; y no pudo ser porque no había interés por parte del
grupo mayoritario de la Cámara de que así fuera porque si no, no se
hubiera presentado una ley que también era incompatible para poder
aprobar la de parejas de hecho. Con estas declaraciones de
intenciones, esperemos que en la próxima legislatura sí seamos
capaces de regular lo que la sociedad, de hecho, ya está regulando.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra para fijar su posición el
señor Trías Sagnier.
El señor TRÍAS SAGNIER: Señor presidente, señorías, este debate se
puede enfocar de dos maneras distintas o, como ha dicho la diputada
de Izquierda Unida, como una declaración de intenciones, que yo
también la haré
al final, o como un debate dentro del Derecho procesal, que es como
está planteado por el Grupo Parlamentario Socialista.
Desde el punto de vista jurídico, por las razones expuestas por el
diputado de Convergència i Unió, señor Silva, es una competencia
exclusiva del Estado, y no nos parece conveniente apoyarla ahora y,
desde el punto de vista estrictamente jurídico-procesal, la
proposición que ustedes han formulado está bastante mal hecha, entre
otras razones porque es una proposición del mes de febrero y la
incluyen ahora en el orden del día, cuando lo pudieron haber hecho
antes. Desde el punto de vista del procedimiento parlamentario, la
proposición podría calificarse hasta incluso de absurda, porque nos
quedan apenas dos sesiones; es decir, ustedes saben que esta
proposición es imposible que prospere. Desde el punto de vista
técnico, la verdad es que es de calidad pésima: se refiere a una
futurible Ley de Enjuiciamiento Civil, que fue aprobada el día 23 de
septiembre en el Pleno de esta Cámara. Y ya, desde el punto de vista
de la letra de la ley, se remiten a una de 7 de junio de 1981, que
sencillamente no existe. El 7 de junio de 1981 -y he mirado la
documentación pertinente- no se aprobó ninguna ley, y la Ley 7/1981,
a la que ustedes hacen referencia, regula el canon sobre producción
de energía eléctrica. Creo, señorías, que a lo que el Grupo
Socialista se refiere es a la Ley 30/1981, es decir, ni de 7 de junio
ni la ley 7; francamente, se han hecho ustedes un lío con la
numeración y con las leyes. La Ley 30/1981 es una ley archiconocida,
que queda incorporada en el artículo 771 de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil y sería un nuevo absurdo que, antes de entrar en
vigor esa ley, que hay una vacatio legis de un año, nos pusiésemos a
reformarla, sería un verdadero contrasentido.
Sobre declaración de intenciones, la postura del Partido Popular ha
sido clara y rotunda a lo largo de toda esta legislatura. Está claro
que la regulación de las parejas de hecho, y concretamente la
regulación de las parejas de hecho homosexuales, no es un tema
pacífico, ni siquiera en nuestro grupo -así lo debemos reconocer-, y
creo que lo correcto políticamente es manifestarlo así. La regulación
de las parejas heterosexuales, y yo soy de esa opinión, no necesita
mayor regulación puesto que el matrimonio en España es una
institución civil que se contrae y se disuelve libremente. ¿De qué
estamos, pues, hablando? De la regulación de las parejas
homosexuales, que ya le he dicho que no es una cuestión pacífica en
nuestro grupo. Lo que hemos dicho en todo momento a lo largo de esta
legislatura es que deben tener una regulación específica, pero no
equiparándola al matrimonio, que creemos que constitucionalmente y
con arreglo a la legislación ordinaria y a la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional no es posible, pero sí equiparando los
efectos o algunos efectos de ese tipo de uniones. Nosotros hicimos
una propuesta que estaba en consonancia con el primitivo proyecto de
contrato de
unión civil que al final en Francia ha quedado aprobado como contrato
de unión social y que ha preconizado y defendido el Partido
Socialista francés. En esa línea el Partido Popular estará siempre
dispuesto a llegar a acuerdos con el Partido Socialista, con
Convergència i Unió, con los miembros del Grupo Mixto, con el Partido
Nacionalista Vasco o con los futuros grupos o partidos políticos que
lleguen a esta Cámara, porque es una voluntad inexcusable y un
compromiso de nuestro grupo llegar a un acuerdo. Pero tenemos que
llegar entre todos a un acuerdo, no intentando imponer unos criterios
sobre otros, sino que es una materia que reclama una atención tan
específica que entre todos debemos hacer un esfuerzo de imaginación
en la siguiente legislatura para poder llegar a un acuerdo.
Por todas esas razones, por la improcedencia y lo mal hecha que está,
de verdad, la proposición de ley, es por lo que mi grupo se va a
oponer a su tramitación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trías Sagnier, que con su
intervención pone fin al debate de la segunda de las proposiciones de
ley prevista como punto primero del orden del día. En consecuencia,
vamos a proceder a la votación sobre la toma en consideración de
ambas iniciativas.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Con carácter previo a las votaciones, vamos a
proceder al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta
Electoral Central, doña María José Atienza y Guerrero, que, en
sustitución de doña Carme Laura Gil i Miró, habrá de prestar
juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.
Señora Atienza y Guerrero, ¿juráis o prometéis acatar la
Constitución?
La señora ATIENZA Y GUERRERO: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada, bienvenida y
enhorabuena. (Aplausos.)
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE
1995 EN MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO. (Número de expediente 121/
000189.)
El señor PRESIDENTE: También quería, antes de proceder, insisto, a
las votaciones, someter al acuerdo,
si es posible por asentimiento, del Pleno, y de acuerdo con la Junta
de Portavoces, la tramitación directa y en lectura única del proyecto
de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995 en materia
de delitos de terrorismo. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.)
Muchas gracias, señorías.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA LA
REGULACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE AUDÍFONOS. (Número de expediente
122/000262.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por fin, a las votaciones
correspondientes. En primer lugar, proposición de ley del Grupo de
Izquierda Unida, para la regulación de la prescripción de audífonos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 135; en contra, 157.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE ASPECTOS PROCESALES DE LA
LEY 10/1998, DE 15 DE JULIO, DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE UNIONES
ESTABLES DE PAREJA. (Número de expediente 122/000244.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la proposición de ley del Grupo
Socialista, sobre aspectos procesales de la Ley del Parlamento de
Cataluña sobre uniones estables de pareja.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 139; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada la proposición de ley
del Grupo Socialista.
Señorías, vuelvo a insistir en que, al figurar en el punto III del
orden del día un dictamen de Comisión correspondiente a un proyecto
de ley orgánica, de acuerdo con la Junta de Portavoces y en
aplicación del Reglamento, que prevé el anuncio con la debida
anticipación de la hora de votación, les comunico que ésta no se
producirá antes de las ocho de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA
ELABORACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO DE RETRIBUCIONES QUE SE ADAPTE A
LA NUEVA LEY DEL RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número
de expediente 162/000387.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto II del orden del día:
Proposiciones no de ley y, en primer lugar, a la del Grupo Popular
sobre la elaboración de un nuevo reglamento de retribuciones que se
adapte a la nueva Ley del Régimen del Personal de las Fuerzas
Armadas.
Para su presentación, tiene la palabra don Arsenio Fernández de Mesa
Díaz del Río. (Rumores.- El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego guarden silencio y, si han de hacerlo, abandonen el hemiciclo.
Puede comenzar, señoría.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición no
de ley que insta al Gobierno a elaborar un nuevo reglamento de
retribuciones que se adapte a la nueva Ley del Régimen del Personal
de las Fuerzas Armadas. La semana pasada, en una proposición no de
ley similar que habíamos presentado, se nos decía que probablemente
la iniciativa debería haber sido presentada por la oposición,
cuestión que yo no discuto, o que realmente, aprobada la ley, no
había motivo para seguir incidiendo en una cuestión que se reiteraba,
pero que en todo caso se aprobaba. Nuestro grupo parlamentario,
consciente de la importancia que tiene la Ley del Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas, ha querido presentar en el Congreso
de los Diputados esta proposición no de ley...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Fernández de Mesa.
Señorías, les ruego guarden silencio. Señor Múgica, señor Mardones,
señor Núñez, les ruego que guarden silencio.
Puede continuar, señoría.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
Decía que el Grupo Popular ha querido presentar esta proposición no
de ley para que el Gobierno adopte las medidas legislativas
necesarias para regular la elaboración de un nuevo reglamento de
retribuciones que se adapte a la nueva Ley del Régimen del Personal
de las Fuerzas Armadas. La pasada semana, ante la presentación de una
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en una materia
no similar a ésta,
pero sí de características parecidas, se nos decía que la
presentación de este tipo de iniciativas debería corresponder a la
oposición, y nosotros no lo discutimos, lo que sí es cierto es que,
hasta este momento, no se han presentado iniciativas en el mismo
terreno y creemos imprescindible hacerlo en este momento. Y lo
hacemos por la experiencia acumulada durante estos últimos años. La
anterior Ley del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas 17/1989,
de 19 de julio, y su reglamento, desarrollaron el que todavía está en
vigor: el Real Decreto 1494/1991, de 11 de octubre, del reglamento
general de retribuciones de personal, que se aprobó más de dos años
después. Para que no suceda algo similar es por lo que presentamos
esta proposición no de ley instando al Gobierno a tomar una serie de
medidas. Porque la Ley 17/1999, de 18 de mayo, del Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas, establece en su artículo 152 que
reglamentariamente se efectuarán las adaptaciones necesarias,
contemplando a través de las retribuciones complementarias los
problemas específicos derivados del ejercicio de la profesión
militar.
Es cierto que en este momento se han producido cambios sustanciales
cualitativa y cuantitativamente como para que se desarrolle en este
momento o instemos al Gobierno a que lo haga, porque en la nueva ley
se establecen coordenadas completamente diferentes y no recogidas en
el vigente reglamento de retribuciones y que por lo tanto es preciso
reglamentar. En el nuevo modelo de Fuerzas Armadas, aunque sea ocioso
reiterarlo, se sustituye lo que era el servicio militar obligatorio
por una tropa profesional; se prevé la existencia de una tropa
profesional con una relación de servicios de carácter permanente
porque la normativa actual, hay que recordarlo, en este punto
concreto sólo la consideraba un colectivo a extinguir como tropa
profesional no permanente; porque existen nuevos empleos y además de
los de general está el de cabo mayor, así como un nuevo régimen de
ascensos, dificultando el sistema retributivo actual la aplicación de
dicho régimen, caso de los subtenientes o los suboficiales mayores,
cuyo problema ha quedado resuelto con la nueva ley. En este momento
el problema que existe es que al integrarse en los cuerpos y escalas
auxiliares con empleo de teniente pierden retribuciones. Ha variado
el nuevo régimen de asignación de destinos y se cesa automáticamente
en el puesto que se venía desempeñando, permaneciendo en la situación
de servicio activo al desaparecer la situación de disponible forzoso.
También hay que buscar alguna fórmula porque la normativa actual no
contempla de forma diferenciada las retribuciones del personal que
participa en operaciones de mantenimiento de la paz o de ayuda
humanitaria, y en este momento se abonan sus retribuciones con cargo
a un crédito extraordinario, ampliable según las necesidades. Para
que exista flexibilidad en las retribuciones complementarias:
complemento específico y dedicación especial, agilizando su
asignación, ya que es lógico y de sentido común establecer
diferencias entre los destinos de un oficial o un suboficial del
Ejército de Tierra
que inicia su carrera en un determinado acuartelamiento para
terminarla en el mismo sitio y un oficial o suboficial del Ejército
de Tierra que está en la brigada paracaidista o en la brigada
movilizable, dado que no es lo mismo ser piloto de combate y estar en
Aviano o realizando cualquier tipo de acción como las llevadas a cabo
en la antigua Yugoslavia, que estar en unidades de apoyo; porque no
es lo mismo para un oficial de la Armada o un capitán de fragata
estar destinado en Madrid que estar destinado mandando un barco o
cualquier tipo de escuadrilla en cualquiera de las zonas marítimas.
Nosotros entendemos que esa flexibilidad de retribuciones
complementarias deben de estar asignadas a los destinos y nunca que
sean graciables o que pueda otorgarlas voluntariamente el mando
correspondiente.
El nuevo reglamento de retribuciones contempla las peculiaridades de
la profesión militar sobre la base del sistema retributivo de los
funcionarios al servicio de la Administración del Estado. Entendemos
que la estructura jerárquica obliga a una mejora de retribuciones
cuando se produce un ascenso y que la responsabilidad derivada del
ejercicio de la profesión militar también hay que premiarla caso de
la disponibilidad permanente para el servicio y la obligatoriedad de
cumplir las guardias y servicios inherentes a la profesión militar,
que determinan una prolongada jornada semanal que alcanza en algunos
casos, como es el de determinados suboficiales, 60 horas de trabajo.
O recordar, por ejemplo, que los médicos que están destinados al
servicio de las Fuerzas Armadas, los médicos integrados en el cuerpo
de sanidad militar, no cobran guardias que en los servicios civiles
sí se cobran.Y que la movilidad geográfica en el desempeño de los
destinos de carácter forzoso, seis destinos como media a lo largo de
una carrera militar, dificulta la conciliación de la vida laboral
y de la vida civil.
En definitiva, señorías, esta proposición no de ley que presentamos
esta tarde, aunque puede achacársenos, como se decía la semana
pasada, que sería competencia de la oposición presentarla, que podían
haberlo hecho, realmente es una proposición no de ley que por estar
recogida en la ley no hace más que abundar en lo que estamos
diciendo, es cierto, pero también hay que recordar que, como decíamos
la pasada semana, no se echa en saco roto ni se dice en modo alguno
que no se hubiera hecho nada hasta este momento, sino todo lo
contrario, que los gobiernos anteriores habían avanzado en I+D, pero
que había que seguir avanzando en nuevas tecnologías a la hora de
abordar los nuevos retos que tenemos; en este momento pasa
exactamente igual.
Por eso, señorías, al presentar esta proposición no de ley instamos
al Gobierno a que realice cuanto antes y elabore este reglamento de
retribuciones y que no nos pase como con el anterior que, promulgada
la ley en el mes de julio del año 1989, el reglamento que desarrolló
las retribuciones del personal no se aprobó hasta el mes de octubre
del año 1991. Simplemente
existe esa voluntad y ese deseo del Grupo Parlamentario Popular de
continuar avanzando en lo que ha sido una ley importante para la
Cámara, una ley importante para España y que se vea que esta Cámara
continúa y sigue de cerca el desarrollo de sus reglamentos para que
pueda entrar en vigor en su totalidad y esté plenamente desarrollada
lo antes posible. Por eso, señorías, el Grupo Parlamentario Popular
solicita el apoyo del resto de los grupos parlamentarios de la
Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández de Mesa.
No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, por lo que corresponde fijar posición. ¿Grupos
que desean hacerlo? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Serrano.
El señor SERRANO VINUÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular se nos pide que apoyemos
esta proposición no de ley que insta al Gobierno a la elaboración de
ese reglamento de retribuciones para adaptar la Ley del Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas. En principio le vamos a dar nuestro
voto a favor, al menos desde la perspectiva del Partido Aragonés,
aunque sería un voto afirmativo, pero condicionado, condicionado al
contenido de ese reglamento y condicionado a ver de qué manera se
materializan o se desarrollan los diferentes aspectos incluidos
dentro de la Ley del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.
Dejando aparte lo que fue la tramitación de esta ley y nuestras dudas
sobre el reconocimiento del asociacionismo, quiero aprovechar la
ocasión para manifestar una preocupación. He tenido la oportunidad de
mantener numerosos contactos con miembros de escalas inferiores, de
escalas auxiliares, y el malestar del personal es importante en lo
que ellos entienden una especie de trato discriminatorio, trato
discriminatorio que supone esta serie de cambios sustanciales a nivel
cuantitativo y cualitativo, lo que implica en alguno de los casos
menores retribuciones. Dicho de otra manera, la aplicación de este
supuesto de reglamento en desarrollo de la ley supondría en algunos
casos que ciertos miembros del personal de las Fuerzas Armadas
cobraran menos.
Nosotros pedimos sensibilidad, que se articulen mecanismos de
compensación o en su caso que la mejora de estas retribuciones y que
la aplicación de esa flexibilidad -como así lo ha anunciado el
portavoz del Grupo Popular- no se cebe y no se haga exclusivamente en
unos colectivos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Serrano.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
A esta iniciativa del Grupo Popular en forma de proposición no de
ley, que se refiere a una regulación reglamentaria de las
retribuciones que se derivan de las nuevas estructuras que trae la
Ley 17/1999, del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas,
Coalición Canaria, en la línea de consecuencia y congruencia con
nuestros planteamientos, que fueron siempre de crítica cuando la hubo
y positivos en su conjunto a favor de nuestras Fuerzas Armadas, la va
a votar favorablemente.
Lo que sí quisiera es decir aquí, para que al menos quede constancia
en el «Diario de Sesiones» (teniendo en cuenta que los aspectos
formales prácticamente ya los ha insinuado el propio portavoz, esto
es decirle al Gobierno que cumpla con la Ley 17/1999 del régimen de
personal), qué pocas materias doctrinales legislativas están tan
vinculadas a reglamentos como las leyes militares. Son como las leyes
civiles de funcionarios, al final, todas exigen un reglamento, que es
el Gobierno o el ministerio correspondiente quien lo hace.
A lo largo del texto de muchos artículos de esta ley, ya aprobada
afortunadamente, vemos las invocaciones a reglamentos que tienen que
venir, desde el de las damas de la Cruz Roja hasta el de los consejos
asesores de personal, por poner una amplía horquilla y abanico del
mismo. Y qué duda cabe que uno de los más fundamentales, porque
afecta a la economía doméstica de la familia militar a través de sus
retribuciones, de sus sueldos, es el de la reglamentación de los
mismos.
Lo que sí quisiera señalar al Grupo Popular es que debe haber un
respeto escrupuloso a las condiciones a remunerar que trae el propio
texto de la ley porque, comparándolo con la iniciativa, coincide
plenamente en lo que regula el artículo 152 de la Ley 17/1999, que es
el referente a retribuciones. En su apartado primero señala como
retribuciones complementarias las referidas especialmente -dice- a la
responsabilidad, también lo trae la iniciativa, y a la disponibilidad
permanente, y también lo trae la iniciativa, pero aquí empiezan los
cambios.
La ley habla de la preparación técnica, no de la especial preparación
técnica, y la iniciativa introduce la peligrosidad o penosidad,
conceptos que no trae la ley. La ley se refiere -y creemos que es más
amplio- a las singularidades de determinados cometidos. Nosotros
instamos a que por el Ministerio de Defensa, que es quien entiende de
esto (con la invocación que hace el párrafo segundo, punto primero,
del artículo 152, de una manera conjunta entre los Ministerios de
Economía y Hacienda y Administraciones públicas), se proceda a
efectuar las citadas adaptaciones que señala el punto tercero, por el
que reglamentariamente se determinarán estas retribuciones
complementarias de los diferentes empleos, así como las que
corresponden a las citadas situaciones administrativas.
Es necesario un reglamento a fin de reparar los agravios comparativos
que pudieran derivarse, y me he alegrado de escuchar al portavoz
socialista en el sentido de que esto lo tiene que hacer el Ministerio
de Defensa junto con los otros ministerios, lo antes posible, para
evitar esos períodos, como ocurrió la vez pasada, entre la Ley de
1989 y el reglamento de retribuciones que salió en 1991. De todas
formas la experiencia parlamentaria y legislativa dice que los
reglamentos suelen llegar con unos espacios muy distantes de las
leyes que los originan.
Dicho todo ello, señor presidente, nosotros vamos a votar
favorablemente, porque esto es una reiteración, pero en la línea de
que se ajuste a los términos de la ley y de que el Ministerio lo
traiga en el menor plazo posible, en el bien entendido de que también
habrá que incentivar las remuneraciones de la tropa y marinería, si
queremos que en los llamamientos para cubrir las plazas no haya una
ausencia de jóvenes, mujeres y hombres, de España, que pueden ir a
marinería y tropa en la nueva Ley de régimen de personal.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, recordaba muy acertadamente el portavoz del Grupo Popular
que la semana pasada, cuando debatíamos en esta Cámara la proposición
no de ley que el mismo grupo había presentado sobre la necesidad de
elaborar un plan de implantación de nuevas tecnologías en el conjunto
del Ministerio de Defensa, el portavoz del Grupo Socialista, el señor
Marsal, calificó la iniciativa como de típica iniciativa de
oposición, porque no es normal, señor Fernández de Mesa, por mucho
que usted se empeñe en defender lo contrario, que el grupo que da
soporte al Gobierno elija el sistema de proposición no de ley para
instar a su Gobierno a realizar cualquier actuación.
Cuando estaba preparando mi intervención pensaba que tenía mucha
razón mi compañero Jordi Marsal y que esta proposición, la que
discutimos hoy, parecía aún más que aquella una típica propuesta de
la oposición. Me preguntaba cuál hubiera sido la postura del Grupo
Popular si la propuesta que hoy debatimos la hubiera presentado
cualquiera de los grupos que estamos en la oposición y concluía muy
rápidamente que, lógicamente, habrían votado en contra. Por esta
conclusión a la que llegaba, me inclinaba por la abstención, habida
cuenta que, estando a favor de lo que se propone porque no puede ser
de otra forma, no compartimos el modo en que se pretende hacerlo.
Creemos que el Grupo Popular no debe instar al Gobierno a la
elaboración de un nuevo reglamento de retribuciones que se adapte a
la nueva Ley de régimen
del personal de las Fuerzas Armadas, sobre todo si es tan importante
contar con un nuevo reglamento -cosa de la que no dudo en absoluto y
estoy totalmente de acuerdo con las palabras del portavoz popular-
sino que es el Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de
Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas y a iniciativa del
Ministerio de Defensa, el que debe adaptar el sistema retributivo de
los miembros de las Fuerzas Armadas, como ha recordado muy
oportunamente el señor Mardones.
Si el Ministerio de Defensa hubiera tomado o no la iniciativa, me
preguntaba si habría emprendido o no actuaciones para hacer posible
la aplicación de este artículo y, si no lo había hecho, cuáles habían
sido las causas. Fue entonces cuando entendí el porqué de esta
propuesta. Creo que estamos ante una demostración de la impotencia
del Ministerio de Defensa para hacer que el resto del gabinete asuma
el desarrollo de sus propias iniciativas legales. Estamos ante la
oposición no de los grupos de la oposición, sino del Ministerio de
Economía y Hacienda, que no quiere destinar el importe necesario de
los fondos públicos para hacer posible que, entre las consecuencias
inmediatas de la aplicación de la ley, se encuentre el capítulo de
las retribuciones. Estamos ante la incapacidad o la falta de voluntad
del Ministerio de Administraciones Públicas para hacer posible que un
importante colectivo de funcionarios, en este caso funcionarios de
uniforme, dispongan de lo que la ley ha regulado y dispongan de ello
en breve espacio de tiempo; ya que la ley puede aplicarse de manera
escalonada, no estamos hablando de una gran cantidad de recursos
económicos. Por ello entendí, como decía antes, que el señor
Fernández de Mesa presentara esta proposición a fin de recabar el
apoyo parlamentario, para ver si con una manifestación unánime de la
Cámara se ablanda la cartera del señor Rato, aunque creo que estamos
en un vano intento, ya que el departamento del señor Rato está en
otros menesteres más lucrativos, política y económicamente hablando,
que el de poder satisfacer algunas cuestiones relacionadas con el
colectivo humano de la defensa. Sin embargo, si votando a favor de su
propuesta, señor Fernández de Mesa, ayudamos a entrar en razones al
señor Serra, al señor Rato y al señor Acebes, pueden contar, señores
del Grupo Popular, con el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
Antes de terminar, quiero recordar al portavoz del Grupo Popular que
no es comparable la situación de la ley actual con la de la anterior
Ley 17/1989. Entonces, entendió el Gobierno que no era tan importante
ni tan urgente contar con un nuevo reglamento, por la sencilla razón
de que el vigente en aquel mmomento era del mismo año 1989 y, por
tanto, la entrada en vigor de la Ley 17/1989 tenía solamente dos
meses de vida. Por tanto, podía permitirse estar dos años para
promulgar el reglamento que tenía que regir las nuevas retribuciones
de las Fuerzas Armadas. Obviamente, la situación actual es
completamente distinta, el reglamento vigente tiene ya ocho años y es
lógico que el Gobierno se plantee
urgentemente, y así debería ser, modificarlo. Esperemos que lo
permitan rápidamente los Ministerios de Economía y Administraciones
Públicas y nos lo agradecerán muchísimo las Fuerzas Armadas.
Muchas gracias, señor presidente.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE ESTABLECEN
PENSIONES POR INVALIDEZ Y PRESTACIONES FAMILIARES POR HIJO A CARGO,
DE NATURALEZA NO CONTRIBUTIVA, A FAVOR DE LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES.
(Número de expediente 162/000355.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto siguiente del orden del día: Proposición no de ley del Grupo
Socialista del Congreso, por la que se establecen pensiones por
invalidez y prestaciones familiares por hijo a cargo, de naturaleza
no contributiva, a favor de los emigrantes españoles.
Para su presentación y en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Señor presidente, señorías, la semana
pasada hablábamos de inmigrantes, esta semana vamos a hablar de
españoles que tuvieron que emigrar y vamos a hablar de pensiones, de
pensiones no contributivas. Para hablar de la posible extensión de
pensiones, sin duda, tenemos que ir a los acuerdos que en nuestro
país se hayan realizado, y nos encontramos con el Pacto de Toledo,
que no habla de pensiones no contributivas, pero todos los que
estamos en esta Cámara podemos entender que en él hay una filosofía,
que es el deseo de mejorar las pensiones mínimas. Esta diputada ha
ido después a las reflexiones internacionales (después de todo,
estamos hablando de algo que tiene que ver con la globalización,
también la globalización de las personas, con su movilidad por el
mundo) y hay un trabajo muy interesante de la OIT sobre la seguridad
social en los primeros años del 2000, fruto de las conclusiones de
los trabajos que diferentes comisiones realizaron a lo largo de los
ochenta. Se preguntaban: ¿Hay que ir, si o no, a unos ingresos
mínimos o a un mínimo para atender la situación de exclusión o de
pobreza? Y la respuesta del grupo que tenía que contestarse a esa
pregunta fue: Sin duda, sí, para demostrar la solidaridad dentro de
cada nación y para luchar eficazmente contra la pobreza. En este país
lo conocemos. En los años sesenta y setenta, cuando se consultaba con
los sociólogos y se preguntaba: ¿Quiénes están en un retrato de
pobreza o de exclusión social en el país? Aparecían, sobre todo,
rostros de personas mayores. Según fueron pasando los años,
desaparecía la gente mayor de esa fotografía de la pobreza o de la
exclusión social y aparecían las personas drogodependientes, las
familias desestructuradas, otros rostros, por desgracia, jóvenes;
bueno, desgracia era también que fueran mayores en el retrato
anterior.
La OIT señalaba que era necesario que todos los países incorporásemos
en nuestras seguridades sociales, antes del 2000 o en los primeros
años del 2000, el objetivo de ir a unos ingresos mínimos también en
pensiones para luchar contra la pobreza, dando prioridad a los
ancianos, a los discapacitados, a las personas inválidas, a las
familias monoparentales, a las personas que están en algún régimen
especial y a los trabajadores a tiempo parcial. No olviden que
estamos hablando de reflexiones mundiales. Si esto lo concretamos en
nuestro país, hay que matizarlo mucho más porque, por suerte, tenemos
unos niveles de protección que despejan algunas de estas reflexiones
generales. Y hubo un experto que dijo que era necesario vigilar para
evitar dos cosas negativas, que en este país compartimos perfecta
y completamente: Por un lado, que se produjera pereza en las personas
si pensaban que fácilmente podían tener una pensión mínima, cotizasen
más o menos, más años o menos, y, por otro, que, si se tomaba esta
medida en un país, se vigilase que no crecieran los gastos,
reduciendo y acortando las cantidades de tipo contributivo. ¿Por qué
les digo esto? Porque estas reflexiones tienen mucho que ver con lo
que yo planteo ahora en nombre de mi grupo. Nosotros, por suerte,
somos uno de los pocos países de la OCDE que tiene los tres niveles
de pensiones: la contributiva, la no contributiva y la
complementaria. Esto facilita el que yo venga aquí y les diga que es
más fácil hacer un planteamiento de extensión de prestaciones porque
no choca con el sistema contributivo, sino con los presupuestos, ya
que tenemos el nivel no contributivo y, además, en nuestro país ya
hemos iniciado la extensión de la pensión no contributiva hacia los
emigrantes en el caso de jubilación, y les traiga esta propuesta de
extensión de prestaciones a las personas inválidas y a las familias
que tienen un hijo discapacitado a su cargo. Esto nos permitiría
seguir haciendo una reflexión acerca del reparto de responsabilidades
entre las administraciones en nuestro país. Está claro que un Estado-
nación debe encargarse de las pensiones de la sanidad y de la
educación, y está también cada día más claro que de los servicios
sociales y de los servicios culturales se deben de encargar las
comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Hecha esta primera reflexión general, cualquier parlamentario en esta
Cámara puede preguntar: ¿A cuántas personas puede afectar? No a
muchas, señorías. Tenemos un referente: En 1993 pusimos en marcha las
pensiones no contributivas por jubilación para mayores de 65 años
y ahora (en previsiones para el 2000 ó, si quieren ustedes, en datos
reales de 1999) no llegan a 30.000 las personas que están recibiendo,
sobre todo en América Latina, la pensión no contributiva adaptada de
la pensión no contributiva española; o podemos pensar en el
porcentaje de personas con discapacidad, con minusvalía que están en
los indicadores internacionales.
Por si algún parlamentario se pregunta cuál puede ser la memoria
económica que tenemos que calcular, quisiera recordar que, en 1993,
el Consejo General de
la Emigración, en Presidencia del Gobierno, tras un informe que estoy
segura que el Gobierno actual tiene y ha seguido actualizando, llegó
a la conclusión de que en el año 2000 no se gastarían 8.000 millones
de pesetas y no se pasaría de una cifra de entre 30.000 y 32.000
personas. Aquel estudio estuvo acertado, porque la realidad es que el
presupuesto del 2000 que ha presentado el Gobierno dibuja en
prestaciones no contributivas para mayores de 65 años, españoles en
la emigración, una cantidad de 7.600 millones, después de tener este
año un crecimiento de 630 millones, porque piensa que una parte de
esa cantidad la puede dedicar a firmar convenios sanitarios con los
emigrantes que reciben esta prestación no contributiva y, por tanto,
está claro que no tienen una seguridad social en ninguno de los
países. Estamos hablando de América y de África, países en los que
los españoles no tienen el Estado de bienestar que les proteja como a
los emigrantes europeos. Hoy podemos decir que aquello que en 1993
posibilitó un real decreto del Gobierno para extender, universalizar,
exportar la pensión no contributiva a los españoles que están fuera
de España, que aquel estudio de 1993, que dijo que no se superarían
los 8.000 millones y que no se superarían los 32.000 ciudadanos, se
hizo correctamente. Tenemos algo menos de 30.000 ciudadanos y
ciudadanas recibiendo la pensión no contributiva y no llegamos a los
8.000 millones, es decir el Gobierno ha dibujado en el presupuesto
del 2000, 7.600 millones, insisto, para cubrir también convenios
sanitarios.
Puede parecer que extender la invalidez a adultos o a hijos inválidos
que dependen de su familia en otros países fuera de España es
complicado. El procedimiento sería el mismo que hemos seguido con las
pensiones para ancianos. En el caso de equipos médicos, el sistema
está claro: pueden ser equipos médicos españoles de catalogación de
discapacidad que se desplazan a los países o pueden ser convenios del
Gobierno con mutuas españolas que tienen presencia en esos países, es
decir, no es difícil dotarse de los equipos médicos que puedan
realizar ese trabajo.
Sinceramente, señorías, ha llegado el momento de seguir avanzando en
la igualdad entre españoles, en este caso en los tres aspectos que
tiene la pensión no contributiva, por tener en cuenta la buena
situación económica del país, que posibilita seguir extendiendo el
Estado de bienestar a los españoles que residen fuera de España;
porque nos lo ha pedido el Consejo General de la Emigración, que hoy
preside un militante del Partido Popular, que, si no he leído mal la
prensa y he visto mal los informativos, está celebrando el congreso
del Partido Popular en América Latina con los ciudadanos españoles, y
porque lo dice el Gobierno. Ayer en un medio de prensa de los que
tienen los emigrantes, la secretaria general de Asuntos Sociales,
doña Amalia Gómez, decía: Es un reto que los emigrantes sean igual
que el resto de los españoles. Y en la entrevista decía cómo había
que conseguir que en sanidad, en educación y en pensiones se
alcanzaran niveles iguales entre españoles, residan en este país o
residan en otro.
Dicho esto, gastaré un minuto más en decirles que hemos tenido que
hacer una proposición no de ley, porque la Ley de la Seguridad Social
deja claro que no puede ser una proposición de ley, ya que es
competencia y capacidad del Gobierno extender fuera del país estas
prestaciones. Lo que venimos a decir es: Ya que tenemos 30.000
personas mayores de 65 años recibiendo su pensión no contributiva,
adecuada a cada país y con baremos de cada país, hagamos exactamente
lo mismo para las personas españolas con algún tipo de discapacidad o
minusvalía y hagamos lo mismo para los hijos que dependan de sus
padres.
Esto dice la proposición no de ley, y termina diciendo que se
garantice para los españoles que retornan y que ya están cobrando la
pensión no contributiva que si regresan a España ese derecho lo
mantengan en el país ya no con los coeficientes de América Latina,
sino como una pensión no contributiva plena, a igualdad de un español
que ya está en España.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. ¿Grupos
que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
La señora Fernández acaba de hacer una exposición suficientemente
argumentada sobre este tema, a lo que poco cabe añadir, pero en todo
caso no quisiera desaprovechar la oportunidad de expresar la posición
del Bloque Nacionalista Galego acerca de esta proposición no de ley
del Grupo Socialista encaminada a establecer la posibilidad de que
los emigrantes puedan acceder a pensiones asistenciales por
invalidez, hijo a cargo, destinadas a personas carentes de recursos
más allá de las pensiones por jubilación que ya pudieran obtener en
la actualidad.
Creemos que se trata de una proposición que en concreto propone
devolver a unos ciudadanos, que en su mayoría se vieron obligados a
ir a trabajar a otros países porque en el suyo no podían sobrevivir,
algo, una compensación aunque sea mínima, en lo que, como todos
sabemos, contribuyeron no sólo con su trabajo, sino con las famosas
remesas de los emigrantes pese al desarrollo del Estado español.
Nos parece normal que el Estado ahora les compense, aunque sea
mínimamente, a través de ayudas como las contenidas en esta
proposición no de ley, además en un momento en que el Estado español
pasa por una situación boyante desde el punto de vista económico,
según se afirma, y los Estados en los que residen estas personas que
se vieron obligadas a emigrar, en general y en concreto a los Estados
de Latinoamérica, pasan por una situación económica mala, de la que
tampoco son responsables estas personas emigrantes, y que a
muchas de ellas les hace vivir en una situación de verdadera
necesidad.
Aprobar esta proposición no de ley supondría dar un paso adelante,
más allá muchas veces de las declaraciones sin contenido, ayudando a
las personas que tuvieron que emigrar. También contribuiría a que se
regulara de una manera legal este tema, de manera que la concesión de
las ayudas a estas personas no dependa del Gobierno de turno, con la
influencia que eso puede tener en algunas cuestiones. Con esto fijo
nuestra posición.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Estamos ante una proposición no de ley que pretende extender derechos
ya definidos en el Real Decreto 728/1994, de 14 de mayo, y
excepcionar el artículo 183, a), de la Ley general de la Seguridad
Social, que establece el derecho a la percepción de prestaciones
asistenciales no contributivas a los residentes en territorio
nacional, declarando como sujetos de derecho a estas prestaciones no
contributivas asistenciales, aparte de la ancianidad respecto de
otras contingencias como son la invalidez y el favor de familiares
para los emigrantes, aquellos españoles residentes fuera del
territorio nacional.
En este sentido nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley
por varias razones. Primero, porque la necesidad existe y es una
realidad como ya han glosado los que me han precedido en el uso de la
palabra y, por tanto, no voy a reiterar sus argumentos.
Efectivamente, responde a la necesidad de un colectivo, mayor
o menor, de ciudadanos y ciudadanas españolas. Segundo, porque hay
competencia para ello por parte del Estado, otorgada por la ley
General de la Seguridad Social, en su artículo 7, apartado 4, y
porque, como decía antes, hay precedentes en la utilización de esa
competencia, otorgada de forma genérica en dicho artículo, en la
medida en que eso se ha extendido a la prestación asistencial de
ancianidad o de jubilación. Tercero, porque hay una oportunidad clara
en la medida en que el Estado español tiene una situación de
crecimiento económico importante que nos permite contemplar la
extensión de la financiación de este tipo de prestaciones de forma
más favorable de lo que podríamos hacer en otras circunstancias, en
función de las cuales harto se hizo con extenderlo a las actuales
prestaciones.
Nosotros creemos que ahora hay una oportunidad, porque el número de
españoles residentes fuera no se ha incrementado, de forma que la
cuantía es pequeña y no implica ningún peligro para la sostenibilidad
financiera de estas prestaciones. Y también porque la proposición no
de ley facilita la labor al Gobierno, ya que
prácticamente tiene una articulación de proposición de ley, más que
de proposición no de ley. Cabe argumentar, y estoy convencido de
ello, quien se oponga a esta proposición no de ley el plazo
perentorio de los tres meses, pero precisamente ese plazo es el que
puede viabilizar que esto salga adelante en esta legislatura. El
Legislativo tiene un plazo muy corto y el Ejecutivo lo tiene mayor,
por lo que habría que prever esos plazos y jugar con ellos para que
esto sea una realidad. En cualquier caso, como creemos que esta
proposición no de ley es muy oportuna, antes de que se pueda rechazar
o poner alguna pega habría que ver la urgencia de la necesidad, más
que las dificultades o los obstáculos que puedan surgir.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
En nombre del Grupo parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Esta proposición no de ley, como bien se ha dicho aquí, pretende el
establecimiento de pensiones de invalidez y prestaciones familiares
por hijo a cargo, de naturaleza no contributiva, a favor de los
emigrantes españoles, para lo cual se insta al Gobierno a que en el
plazo de tres meses, y de acuerdo con el artículo 7, párrafo cuarto,
del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, se
regule la concesión de las mencionadas pensiones, de acuerdo con los
puntos contenidos en esa proposición de ley.
En primer lugar, tengo que decir que, efectivamente, el citado
artículo 7, párrafo cuarto, del texto refundido faculta al Gobierno
para establecer medidas de protección social, a favor de los
españoles no residentes en España. Pero conviene señalar, de entrada,
que las prestaciones que se propone establecer son ajenas al sistema
de la Seguridad Social, ya que las configura en paralelo a las
pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes
españoles, establecidas por el Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo.
Al establecer los mismos requisitos para su concesión, la
financiación se realizará a cargo de los recursos del Estado, no
integrados en el presupuesto de la Seguridad Social, y se atribuye a
la Dirección General de Ordenación de las Migraciones su gestión,
reconocimiento y pago. Por todo ello, desde el punto de vista
conceptual cabe señalar que, aunque la configuración de las
prestaciones que se propone sea coincidente en algunos aspectos con
las prestaciones no contributivas del sistema de Seguridad Social, no
deberían denominarse igual, a fin de evitar confusión.
Entrando ya en el contenido concreto de la proposición no de ley,
vamos a votarla en contra por diversos motivos. En primer lugar, la
orden de 30 de diciembre de 1997, por la que se establecen y regulan
los programas de adaptación en favor de los emigrantes españoles,
ya prevé en su programa uno el reconocimiento de ayudas económicas de
carácter asistencial para los emigrantes incapacitados, con los
mismos requisitos y conforme a la misma fórmula de cálculo que las
previstas para dichas pensiones de invalidez. El reconocimiento de
dichas ayudas es anual y el interesado debe acreditar cada año que
continúan los requisitos exigidos para percibirlas. Hay que tener en
cuenta -como ya ha dicho la señora Fernández- la dificultad que
supondría tener que constituir en el extranjero tribunales médicos
similares a los existentes en España para determinar el grado de
incapacidad o minusvalía. Por tanto, no parece oportuno establecer
estas pensiones de invalidez, ya que esta contingencia que se
pretende proteger se encuentra cubierta a través de las ayudas
mencionadas establecidas en el programa uno de la citada orden de 30
de diciembre de 1997.
En segundo lugar, respecto a las prestaciones familiares de
naturaleza no contributiva por hijo a cargo, tampoco procedería
porque la misma orden de 30 de diciembre regula programas específicos
de ayuda a la familia, y concretamente a los hijos de emigrantes; por
ejemplo, el programa ocho de ayudas para la realización de estudios
universitarios de postgrado, becas Reina Sofía, otorga estas ayudas a
los emigrantes, cónyuges e hijos que deseen cursar estudios
universitarios en España y carecen de medios económicos para
trasladarse a nuestro país. Estas becas son de 500.000 pesetas en el
primero y segundo ciclo y de 700.000 pesetas para estudios de
postgrado.
En tercer lugar, y finalmente, por lo que se refiere al punto octavo,
hay que señalar que el reconocimiento inmediato de las pensiones no
contributivas al emigrante que retorne definitivamente a España y que
hubiera estado percibiendo una prestación asistencial por invalidez
chocaría con lo previsto en el artículo 144 del vigente texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ya que establece
para poder ser beneficiario de este tipo de pensiones el requisito,
entre otros, de residencia legal en territorio español durante cinco
años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la
fecha de la solicitud de la pensión. La aceptación de la previsión de
este punto octavo supondría la ampliación del campo de aplicación del
sistema de la Seguridad Social, y ello implicaría una modificación
normativa para la que un real decreto carecería de rango suficiente.
No obstante, el citado punto octavo podría encontrar solución
mediante una previsión similar a la contenida en el Real Decreto 667/
99, de 22 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 728/93
anteriormente citado, por el que se establecen pensiones
asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles, en
el sentido de permitir que los emigrantes que retornan a España
puedan continuar percibiendo estas pensiones asistenciales cuando no
cumplan el requisito de residencia para acceder a las prestaciones no
contributivas del sistema de la Seguridad Social, lógicamente, hasta
que alcancen el derecho a otra pensión pública, prestación o subsidio
de cualquier
Administración pública española. Por todo lo cual, el Grupo
Parlamentario Popular va a votar en contra de esa proposición no de
ley.
Muchas gracias, señor presidente. (La señora Fernández Sanz pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Camilleri.
Señora Fernández, ¿a qué efectos solicita la palabra?
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Para hacer una matización en relación con
la intervención de la diputada del PP.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, señora
Fernández, no se han presentado enmiendas, el turno ha sido de
fijación de posición y en ese sentido la señora Camilleri no ha
entrado en ningún tipo de contradicción.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: No he dicho lo contrario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Yo simplemente
se lo razono, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: No, no, si usted dirige los debates, le he
dicho claramente que era para aclarar algo que no era correcto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ocupen sus escaños. Vamos a
proceder a las votaciones correspondientes a las proposiciones no de
ley que acaban de ser debatidas. Como quiera que el ritmo de los
debates está siendo enormemente satisfactorio en la tarde de hoy, es
más que posible, casi probable, señora López i Chamosa, que entremos
a continuación en el dictamen de la Comisión para el proyecto de ley
orgánica modificativa de la orgánica del Tribunal Constitucional, e
incluso que terminemos antes de la hora fijada para la votación, que
son las ocho de la tarde; en ese caso, continuaríamos con el
desarrollo del punto IV del orden del día, las mociones, y, a
continuación, procederíamos a la votación anunciada, que no se va a
producir antes de las ocho y que, en ningún caso, va a ser alterada
porque es acuerdo de la Junta de Portavoces.
Votamos, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Popular,
sobre la elaboración de un nuevo reglamento de retribuciones que se
adapte a la nueva Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 294; en contra, dos;abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley del
Grupo Popular.
Votamos ahora la del Grupo Socialista, por la que se establecen
pensiones por invalidez y prestaciones familiares por hijo a cargo,
de naturaleza no contributiva, a favor de los emigrantes españoles.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 135; en contra, 161; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley
socialista.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979,
DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente
121/000179.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto III del orden del día: Dictamen
de la Comisión Constitucional sobre el proyecto de ley orgánica de
modificación de la del Tribunal Constitucional.
Al no existir enmiendas, ¿el Grupo Mixto desea fijar su posición?
(Pausa.) El Grupo Mixto no desea fijar su posición. Gracias. ¿El
Grupo Canario desea fijar su posición sobre la proposición, o no hace
falta? (Pausa.) Señorías, por favor, no consigo hacerme oír por el
señor Mardones. Señor Ollero. Señor Darmendrail. Señorías, dejen en
paz a los ministros. ¡Señor Ollero! Por favor, utilicen otros
recintos para despachar con el Gobierno. Señor Serra. Señor Jané.
Le preguntaba, señor Mardones, si su grupo parlamentario va a fijar
posición sobre la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional. (Pausa.)
Adelante, señor Mardones, tiene la palabra.
Ruego al Gobierno que no atienda los requerimientos de SS.SS. en el
hemiciclo. Señor Llorens, por favor.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Ya tuvimos ocasión, tanto en ponencia como en Comisión, de expresar
amplio y tendido nuestro parecer sobre este proyecto de ley de
modificación de la ley orgánica 2 de 1979, del Tribunal
Constitucional. Coalición Canaria, el Grupo Catalán de Convergència i
Unió y el Grupo Vasco (EAJ-PNV) presentaron una enmienda conjunta en
la que partíamos del principio de no poner ninguna objeción al
propósito del Gobierno de modificar el artículo 33 de esta ley
orgánica del Tribunal Constitucional, salvando en el primer párrafo
las limitaciones de los tres meses y llevando a un nuevo
segundo párrafo un período de nueve meses. Aquella enmienda fue
objeto de una transacción que los tres grupos proponentes firmamos y
aceptamos. De lo que se trataba era de acceder a la petición del
Gobierno, pero pidiéndole que no invocase el artículo 161.2 de la
Constitución española para dejar en suspenso una serie de
prerrogativas cuando un Parlamento autonómico había aprobado una ley
competencial al respecto. La enmienda transaccional venía a soslayar
la invocación a la Constitución, nos pareció más elegante, para que
nadie deje de observar o de invocar la Constitución, que es nuestra
norma fundamental, y eso prevalezca siempre. Mi grupo lo entendió
así. Están subsanadas todas aquellas deficiencias o limitaciones y,
entendiendo mi grupo que esto satisface tanto los intereses de los
tres grupos en aquel momento enmendantes como los propósitos del
Gobierno, va a dar su voto de apoyo, señor presidente. No me extiendo
en más razones porque es una pura cuestión formal. Dado que hay unas
garantías con la comisión bilateral entre el Gobierno y las
comunidades autónomas, no hay ninguna objeción más. Por tanto,
satisfechos con el texto que llega hoy aquí, los propósitos, forma y
contenido, Coalición Canaria va a votar favorablemente, señor
presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Pese a que mi intervención no va a ser larga, el ruido ambiental de
los alrededores y el hecho de que se trate de una ley orgánica me
lleva a preferir utilizar la tribuna, aunque sea para este trámite.
El Grupo Vasco apoyó la tramitación de este proyecto sin excesivo
entusiasmo, pero lo apoyó y va a votar a favor del dictamen de la
Comisión conforme a la postura sostenida el día de su celebración.
Efectivamente, es cierto que el principio de colaboración debe regir
las relaciones entre los entes que integran el Estado y lo configuran
como compuesto, y se hace un pequeño avance en esa línea con el texto
que hoy nos llega a Pleno. Conocen SS.SS. nuestro reproche a la
actual inexistencia de cauces institucionales orgánicos que permitan
la integración singular de cada comunidad autónoma en lo que respecto
de ella sean las competencias del Estado, de forma que pueda darse
una participación leal en la fijación de los marcos jurídicos básicos
y sobre todo con encaje de las posiciones diferenciales o asimétricas
contempladas y queridas por el ordenamiento constitucional. Esto y el
transcurso de 20 años de jurisprudencia constitucional, más decisiva
y determinante que las propias normas jurídicas en la definición del
modelo de Estado -debe tenerse en cuenta que las decisiones del
Tribunal Constitucional, salvo excepciones, han ido más a la
limitación del autogobierno que a la uniformización de los contenidos
competenciales-,
nos lleva a desear un debate mucho más profundo sobre el Tribunal
Constitucional y sobre su ley orgánica. Evidentemente, lo avanzado de
la legislatura convierte este momento en poco adecuado para tan largo
alcance.
Lo aprobado, en su modestia, no está mal, se ha tenido en cuenta en
la redacción lo fundamental de las enmiendas que con espíritu
colaborador presentó el Grupo Vasco. Resulta ahora evidente que la
negociación, si se opta por ella, no conducirá inexorablemente
a doblegar a la comunidad autónoma, ya que cabe que sea el Estado quien
deba regularlo. Se establece un iter para proceder en caso de que se
desee negociar, que es algo más que la referencia a las bilaterales
que se hacía de la Ley 30/1992 ó 4/1999, y se recoge lo que la
enmienda conjunta de Convergència i Unió, el Grupo de Coalición
Canaria y el Grupo Parlamentario Vasco pretendían de que, en estos
casos de acuerdo para negociar, pueda también pactarse el no uso de
la prerrogativa que el artículo 161.2 de la Constitución contempla
sólo para el caso de disposiciones y resoluciones, y que la propia
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha descendido a cualquier
supuesto en que el Gobierno litigue con una comunidad autónoma. Con
ello se limitan, aunque no se erradican, aquellos supuestos en que la
interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte
del Estado no está motivada por una duda o certeza de invasión
competencial, sino por el solo deseo de paralizar una actuación de
una comunidad autónoma que, sencillamente, no gusta. Sirva como
ejemplo el recurso frente a la recepción de la delegación kurda en el
Parlamento Vasco, retirado una vez producida la paralización del
acto. No interesaba un debate sobre competencias, sino paralizar una
actuación concreta del Parlamento Vasco. Claro es que la posibilidad
de negociación previa que ahora se abre, sin paralización, queda
siempre al arbitrio de las partes y, como todos conocemos, dos no
negocian si uno no lo desea.
Además, mi grupo presentó al proyecto otra enmienda que hemos
sostenido en Comisión y que no mantenemos para el Pleno, sabedores de
que no tiene el respaldo necesario, actitud que en modo alguno supone
renuncia a un planteamiento de hecho diferencial foral que tanto con
base en la propia Constitución como en el Estatuto vasco hemos
sostenido de que el producto normativo que se aprueba por las Juntas
Generales es en realidad una ley, ya que se aprueba por órgano de
soberanía popular, cubre la reserva de ley y desplaza a leyes. No
renunciamos al planteamiento, sino que aplazamos su discusión a un
momento posterior en el que pudiera suscitar un mayor consenso.
Resumiendo, lo regulado no es mucho, desde la perspectiva del Grupo
Vasco, pero es algo; está en clave de contemplar el principio de
colaboración en la relación de cada comunidad autónoma con el Estado
y a mi grupo le parece suficiente para apoyarlo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
El señor Jané, seguramente basándose en las mismas reflexiones de la
señora Uría, va a usar la tribuna en nombre de Convergència i Unió.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos hoy en el Pleno del Congreso una modificación de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que nuestro grupo valora
positivamente, y lo hace a partir del texto final que hemos aprobado
en ponencia y Comisión, texto en el que se han aprobado todas las
enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario. Varias son las
razones que justifican el voto favorable de nuestro grupo a este
proyecto de ley orgánica, razones que paso a exponer.
En primer lugar, el proyecto parte de la voluntad de evitar recursos
de inconstitucionalidad cuando estos son interpuestos por el Gobierno
central o por los gobiernos de las comunidades autónomas. El proyecto
gravita sobre la voluntariedad; no impone, simplemente permite un
nuevo mecanismo para articular acuerdos, mecanismo que se basa en la
posibilidad de establecer un plazo superior, que podrá llegar hasta
un total de nueve meses, para interponer recursos de
inconstitucionalidad, frente a la rigidez del actual plazo de tres
meses. Por tanto, el proyecto permite algo que en muchas ocasiones es
de gran importancia: permite otorgarnos más tiempo antes de recurrir.
El tiempo, el diálogo, el contraste de posiciones, en muchas
ocasiones, puede evitar lo que en principio se presenta como una
confrontación segura. Por tanto, un primer argumento a favor del
proyecto es ese ánimo del proyecto de intentar darse más tiempo, de
intentar alcanzar un consenso que siempre es deseable.
En segundo lugar, el proyecto de ley otorga un especial protagonismo
a las comisiones bilaterales de cooperación entre la Administración
general del Estado y la respectiva comunidad autónoma. Nuestro grupo,
señorías, aplaude esta potenciación de las comisiones bilaterales.
Nos parecen siempre mucho más adecuadas que las denominadas
conferencias sectoriales. En un Estado compuesto en el que existen
diversos centros de poder, cada comunidad autónoma tiene su propia
identidad, que no puede diluirse en un criterio genérico que muchas
veces centra el resultado final de las conferencias sectoriales. Este
es, por tanto, el segundo motivo a favor de la potenciación de las
conferencias bilaterales.
En tercer lugar, nuestro grupo celebra que se haya suprimido en el
proyecto de ley la referencia expresa que se hacía en la exposición
de motivos del mismo a una hipotética modificación de la norma con
rango de ley que se pretendía recurrir. Esta es una posibilidad a la
que puede dar lugar el proyecto de ley. Nos damos un plazo superior,
y puede ser que en ese plazo superior, de nueve meses, se acabe
reformando la ley que inicialmente era motivo de controversia, pero
no necesariamente. A lo mejor el plazo superior es para pactar
un reglamento, incluso, señorías, para que, desde el sosiego, desde
el diálogo, desde el contraste, respetando el marco constitucional,
se llegue a la conclusión de que a lo mejor era constitucional la
norma que se pretendía recurrir. ¡Cuántas veces el Tribunal
Constitucional ha dado en su jurisprudencia como legítimas y posibles
diversas lecturas de un mismo precepto! Por tanto, el tiempo es
bueno, pero no tiene por qué conllevar necesariamente que se impulse
o no una modificación normativa.
Por último, señor presidente, señor ministro, señorías, hay otro
aspecto importante para nuestro grupo, que es que este proyecto de
ley, a través de la aprobación de una transacción a la enmienda
presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), da también una solución
satisfactoria, que es la posibilidad de acordar -y quiero enfatizar
que es posibilidad, desde la voluntariedad- que cuando nos damos un
plazo superior, a lo mejor también se acuerde que si después se
recurre en ese plazo superior, pasados por tanto nueve meses, no se
va a invocar la suspensión automática, ya que nosotros aprovechamos
para denunciar que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional hizo
una extensión demasiado rígida de esa suspensión automática, porque
se regula en un precepto de la Constitución relativo a disposiciones
y resoluciones y se ha extendido siempre a toda ley de comunidad
autónoma y a cualquier recurso de inconstitucionalidad. Ahora no se
niega la posibilidad de que se aplique a un recurso de
inconstitucionalidad y va a poder seguir aplicándolo siempre que
quiera el Gobierno. No excepcionamos la Constitución; simplemente,
partiendo de la voluntariedad, damos un paso importante, que es que
el Gobierno podrá acordar voluntariamente -repito, por tanto, sin
excepcionar una facultad que la Constitución en este momento le
atribuye- que si después recurre no aplicará esa suspensión. Ahora ya
puede aplicarla o no; simplemente, la posibilidad que ahora tiene el
Gobierno se puede plasmar en un acuerdo dentro de una comisión
bilateral. A nosotros nos parece altamente positivo porque es una
forma de romper la rigidez y el automatismo que siempre se ha venido
aplicando al invocar el artículo 161.2 de la Constitución. Creemos
que esto es muy importante, y por tanto nuestro grupo votará
favorablemente este proyecto de ley y aprovecha, señor presidente, la
ocasión para congratulase del clima de consenso al que hemos llegado
distintos grupos parlamentarios en ponencia y en Comisión. Creemos
que hemos mejorado el proyecto de ley, que no es evidentemente de
reforma del Tribunal Constitucional. Ya tendremos ocasión de abordar
en futuras legislaturas otros aspectos que también son necesarios
para el buen funcionamiento del Tribunal Constitucional. Pero nuestro
grupo no puede negarse a una oportunidad de abrir nuevas vías de
diálogo, de consenso y de colaboración entre el Estado y las
comunidades autónomas. Por tanto, anuncio nuestro sí, el sí del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a este proyecto de
ley orgánica que hoy debatimos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Don José Luis Núñez, por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
El señor NÚÑEZ CASAL: Señor presidente, señorías, nuestro grupo va a
votar favorablemente este proyecto de ley de modificación de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional. Pensamos que la tramitación de
esta ley ha sido un buen ejemplo de una forma de negociar. Había una
serie de defectos en la redacción inicial del proyecto sobre los
cuales ya había advertido el Consejo de Estado en su dictamen. La
aceptación de una serie de enmiendas ha llevado a esta redacción
final que entendemos satisfactoria. Por ello nuestro voto será
afirmativo. Ahora bien, queremos señalar que, en general, la
aplicación de las leyes y de ésta en particular poca efectividad
puede tener si no existe un ambiente y un talante propicio a utilizar
el cauce de negociación que aquí se ofrece. No es cuestión ahora de
hacer referencia a problemas de construcción del Estado de las
autonomías ni a las distintas opciones que tenemos los grupos
parlamentarios sobre la configuración final de nuestro Estado. Hay
una serie de rémoras que vienen dadas por el momento concreto
histórico en el cual se hizo la construcción de este Estado y ya
llegará el momento y la oportunidad política de conseguir plasmar una
organización que a nuestro entender sea más correcta que la actual
para respetar las pluralidad existente en nuestro país. Pero mientras
eso no se lleva a cabo nos felicitamos por la introducción de este
cauce de negociación, aunque queremos hacer una apuesta de futuro. En
esa apuesta de futuro juega un papel fundamental el talante de las
comunidades autónomas para utilizar ese cauce de negociación. La
crispación en la relación entre Estado y comunidades no lleva nunca a
nada positivo. Ahora, eliminados determinados automatismos, llega el
momento de ofrecer entre todos la capacidad de solucionar conflictos
y de rebajar la litigiosidad, utilizando el cauce propicio que es
fruto de la negociación y del buen hacer en la ponencia y, por tanto,
en un buen hacer del que todos nos podemos felicitar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez.
Por el Grupo Socialista, doña Amparo Rubiales Torrejón tiene la
palabra.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, subimos a la tribuna todos los portavoces para dar
solemnidad a una cosa que no la tiene, a la reforma de un proyecto de
ley orgánica del
Tribunal Constitucional. Por lo menos hacemos el mérito formal de
estar aquí presentes en la reforma de una ley que va a requerir un
quórum especial. Hemos debatido en esta Cámara hace muy poco tiempo,
el pasado 11 de noviembre, una enmienda de totalidad, que presentó mi
grupo, de devolución del proyecto de ley orgánica de modificación de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 3 de octubre de 1979.
Entonces explicamos las razones de nuestra posición, que son
lógicamente las mismas que hoy mantenemos a la hora de expresar
nuestro voto en contra del proyecto de ley.
Señorías, desde nuestro punto de vista, el proyectito de ley, porque
ya es mucho denominar a esto un proyecto de ley -se lo dije así al
ministro el otro día-, es excesivamente corto, reducido, pequeño e
inútil, y ha incurrido en defectos de forma y de fondo que desde
nuestro punto de vista no se han superado. Primero se dilata su
tramitación parlamentaria porque los grupos nacionalistas no estaban
de acuerdo; después se pacta con ellos, se acuerda que se tramite y
hoy se pide la urgencia en la tramitación de este proyecto de ley.
Pero dejamos sin ver cosas de tanta importancia como el tema de las
parejas de hecho, el tema de extranjería, que no sabemos qué
ocurrirá, y tantos y tantos temas abiertos. Sin embargo, se reforma
nada más y nada menos que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
e indirectamente la Constitución, porque hoy ha habido hasta
interpretaciones de lo que había hecho la Ley del Tribunal
Constitucional con respecto al texto constitucional, y lo estamos
haciendo deprisa y corriendo como si fuera un problema urgente y
grave a solucionar.
Mi grupo está a favor de la colaboración entre el Estado y las
comunidades autónomas. Algunos de los intervinientes fueron ponentes
conmigo en la reforma de la Ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y
recordarán SS.SS. cómo la inmensa mayoría de las enmiendas que se
introdujeron en aquel texto legal lo fueron justamente a instancias
del Grupo Socialista y que el Gobierno y el Grupo Parlamentario
Popular aceptaron, y si no se avanzó más fue precisamente por la
oposición de los grupos nacionalistas. Siempre hemos estado a favor
de la colaboración Estado-comunidades autónomas; estamos a favor de
evitar los conflictos y de llegar a fórmulas de acuerdo y de
consenso, pero nos parece, primero, que no era un tema urgente y por
tanto se podía haber planteado perfectamente al comienzo de la
próxima legislatura y, segundo, que reformar la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, que forma parte del bloque de la
Constitución y de la esencia de las leyes más importantes por las que
se rige nuestro sistema democrático, requería de un acuerdo que daba
igual haberlo hecho al final por urgencia, como lo vamos a hacer, que
en el mes de marzo, abril o mayo, cuando se reúnan las próximas
Cortes, porque -lo dije el otro día y lo repito- este no es uno de
los problemas que tienen planteados el Tribunal Constitucional ni las
comunidades autónomas ni el Estado; es un problema menor. La bolsa de
recursos de inconstitucionalidad
está parada desde el año 1984 sin que se incremente el
número de recursos que se plantean contra las disposiciones de las
comunidades autónomas por parte del Estado o viceversa. No es el
problema del Tribunal Constitucional. El problema del Tribunal
Constitucional -lo saben SS.SS.- es el número de los recursos de
amparo. No abordamos los problemas reales, los problemas de fondo que
tiene el Tribunal Constitucional y nos metemos a reformar de esta
manera. Pueden decirme que no pasa nada, que ya abordaremos en la
próxima legislatura la reforma del Tribunal Constitucional. Yo creo
que a la ley que regula el Tribunal Constitucional no se la puede
estar manoseando, sobando ni reformando continuamente.
Por tanto, mi grupo no ve la necesidad de la urgencia en la reforma
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para ampliar de tres a
nueve meses el plazo de interposición de los recursos de
inconstitucionalidad, cuando se han incumplido -repito- temas de
forma muy importantes como es la no consulta previa a las comunidades
autónomas en algo que les afecta directamente porque van a ser
sujetos legitimados activos en la interposición de este recurso. No
han sido consultadas previamente; se nos dice que han sido
consultadas a posteriori, pero no tenemos conocimiento de cuál es la
expresión de las comunidades autónomas. Señores de los grupos que
apoyan al Gobierno, por mucho que representen ustedes a partidos
nacionalistas no representan a las comunidades autónomas; ni ustedes
ni yo ni ninguno de los que estamos aquí. A las comunidades autónomas
las representan sus gobiernos y sus parlamentos. Y nosotros no
podemos venir aquí a decir que estamos muy contentos porque hemos
venido a resolver el problema de facilitar el diálogo entre el Estado
y las comunidades autónomas en nombre de las comunidades autónomas
cuando éstas -reitero- no han sido consultadas ni han sido tenidas en
cuenta previamente. Como no había urgencia, se podía haber esperado
perfectamente, haberlas consultados y haber oído su opinión. Por
tanto, no es necesaria esta reforma desde el punto de vista de la
urgencia, y tampoco por haberse infringido una norma absolutamente
vital como era haber oído a las comunidades autónomas en un tema que
a ellas les afecta directamente. Por último, desde nuestro punto de
vista se constitucionaliza un órgano como son las comisiones
bilaterales que a mí me parece innecesario que adquiera el rango de
ley orgánica. Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) que a él le gustan más las comisiones
bilaterales que las sectoriales. A mí no me gustan ni más ni menos,
no tienen nada que ver las sectoriales con lo que estamos hablando.
Las comisiones sectoriales ven los temas sectoriales, como su propio
nombre indica, y las bilaterales resuelven otro tipo de funciones.
Pero estamos preconstitucionalizando unas comisiones como son las
bilaterales que desde nuestro punto de vista no tienen rango para
ello.
A mi modo de ver, la reforma que han hecho SS.SS.no viene a mejorar
nada. Si acaso la redacción dada
puede hacerlo desde la óptica del contenido, que sería muy
discutible, pero no desde el punto de vista de la forma. No es que yo
quiera rasgarme las vestiduras porque esto tampoco tiene ninguna
trascendencia como para hacerlo, señorías, pero la suspensión
automática me parece una concesión innecesaria del Gobierno con tal
de sacar adelante este proyecto de ley que, al margen de que sea el
proyecto del ministro Acebes, mi grupo no ve cuál es la razón para
reformar la Ley del Tribunal Constitucional de esta manera. Yo no
digo que no hubiera sido necesario contemplar la suspensión
automática, pero tendría que haberse hecho de otra manera, con más
sosiego y consultadas las comunidades autónomas. Para evitar la
conflictividad sin necesidad de recurrir a la reforma del Tribunal
Constitucional -lo dicen así numerosos estudios y expertos- se podía
haber acudido a otro tipo de foro de debate, de consenso, que no nos
hubiera hecho necesario reformar la ley.
Se dice que los sujetos de los que emana la norma que va a ser objeto
del recurso son los titulares del Poder Legislativo que hasta ahora
no pueden ser suplantado por los gobiernos ni de las comunidades
autónomas ni del Estado. Entonces se dice que se insta a la
modificación en su caso del texto normativo. ¡Faltaría más! Como si
esa fuera una conquista indeleble. Y que es voluntario. ¡Faltaría
más! ¿Cómo no va a ser voluntario el sometimiento o no a este plazo
dilatorio? Sólo faltaría que ahora se pudiera obligar a nada, desde
ninguna instancia, a una comunidad autónoma que en el ámbito de su
propia competencia es tan Estado como el Gobierno de la nación en el
ámbito de la suya. La voluntariedad es evidente. Se trata de buscar
un foro de diálogo y de consenso que evite que el conflicto se
produzca, pero de manera voluntaria y no de manera coactiva ni
coercitiva y, por tanto, no hacía falta la reforma para modificar
esto. ¿Quién ha ganado? No lo sé. Pero la simple lectura de la letra
b) del párrafo segundo modificado -que por si alguien todavía no lo
sabe son dos párrafos de un artículo, no se vayan ustedes a creer que
estamos aquí haciendo de eminentes juristas-, tal y como ha quedado
redactada, señorías, es la demostración de cómo no se debe hacer una
ley. Dice: Este acuerdo -el de la suspensión previa- podrá hacer
referencia a la invocación o no de la suspensión de la norma en el
caso de presentarse el recurso en el plazo previsto en este apartado.
Cuando termina uno de leerlo así de primeras dice: la gallina, porque
no se entiende absolutamente nada. Los que estamos en el ajo del
asunto, los que hemos estado en el debate en ponencia o en Comisión
sabemos lo que quiere decir y sabemos a qué hace referencia. Pero un
lector de derecho, un estudiante de derecho o un aplicador de la
norma, que son a los que nos dirigimos, se va a quedar absolutamente
perplejo de la simple lectura de este apartado que es ya conocido
como la gallina. Sabemos lo que quiere decir -menos mal que el señor
Jané nos lo ha explicado muy bien- y podremos después acudir a las
fuentes del legislador a ver la mens
legislatoris para saber lo que quería decir la letra b) del párrafo
segundo de la reforma del artículo 34. Pero ustedes saben que eso no
es serio, que las fuentes del derecho y las normas jurídicas tienen
que tener un rigor en sí mismos.
Señorías -y con esto termino-, hemos hecho un churrito, tampoco me
atrevo siquiera a calificarlo de churro, porque como esto tampoco es
un proyecto sino un proyectito, pues hemos hecho entre todos no un
churro sino un churrito. Tampoco tiene mayor importancia. Solamente
espero, señorías, que en la próxima legislatura abordemos en serio la
reforma del Tribunal Constitucional en las cosas que son precisas y
necesarias y que abordemos la construcción del Estado de las
autonomías con la colaboración entre el Estado y las comunidades
autónomas en serio y de verdad, algo que le ha faltado en esta
legislatura por completo al Gobierno del Partido Popular.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rubiales.
Finalmente, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra don Jesús
López-Medel Bascones.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hace dos semanas debatíamos en el Pleno de esta Cámara la
enmienda a la totalidad que había presentado un solo grupo, el
socialista, a este proyecto de ley. Hoy de nuevo, a la vista de las
intervenciones de las personas que me han precedido en el uso de la
palabra, vuelve el Grupo Socialista a quedarse solo en el rechazo de
este texto. Créanme, señorías, que sinceramente lamento en nombre de
mi grupo que en materia autonómica no tengan las ideas muy claras y
que sistemáticamente, casi como cuestión de principio, a lo largo de
estos tres años y medio hayan venido rechazando todas y cada una de
las propuestas que el Grupo Popular les ha hecho en esta materia.
Quieren acabar la legislatura como la empezaron, con un clima de
enfrentamiento en materia autonómica. Es la misma actitud que tomaron
respecto a la financiación autonómica, en la que siempre han estado
presididos por la idea de contradicción; idea de contradicción no
solamente respecto al Grupo Popular, al Partido Popular, sino también
respecto a ustedes mismos. Era triste ver cómo rechazaban nuestras
propuestas en el ámbito autonómico y en materia de financiación.
Sistema de financiación que profundizaba en el principio de
corresponsabilidad fiscal que ustedes también llevaban en su programa
electoral. Al mismo tiempo quiero recordar cómo cada dirigente
socialista en cada comunidad autónoma, según les conviniese,
propugnaba un criterio distinto. Para unos era el factor de
población, para otros el de territorio, para otros el de coeficiente
de esfuerzo fiscal, etcétera. Con este proyecto de ley vuelve a
suceder lo mismo que al principio de la legislatura: vuelven a ser
contradictorios.
Cuando se presentó este texto, diversos dirigentes socialistas lo
recibieron de forma positiva. Ninguna crítica se oyó respecto de este
proyecto de ley que presentó públicamente el ministro para las
Administraciones Públicas en el mes de mayo. Por el contrario, las
reacciones fueron positivas. Por ejemplo, entre otros documentos,
aquí están las declaraciones que realizó el secretario de Política
Autonómica del Partido Socialista, el día 18 de mayo, al diario El
País, donde afirmaba que valoraba positivamente el proyecto de ley.
En cambio, cuando llega su tramitación parlamentaria formularon
enmienda a la totalidad y después, en el trámite de enmiendas al
articulado, no han querido realizar aportación alguna, han preferido
mantener su línea de oposición y de enfrentamiento. Quizás algunos
hubieran preferido que al final de la legislatura se aprobase un
nuevo Código Civil en lugar de hacer una modificación puntual de una
ley. Pero eso, señorías, y dado que se ha hecho referencia a otras
leyes que están en tramitación, no quiere decir en modo alguno que
por el hecho de que otros proyectos de ley no se culminen tengan que
bloquearse todas y cada una de las iniciativas parlamentarias que
están en trámite. Al grupo que represento y a mí personalmente nos
hubiera gustado que hubieran salido estas normas, pero nadie podrá
negar el gran impulso que en actividad legislativa se ha realizado
a lo largo de esta legislatura. Se ha aprobado un gran número de leyes,
muchas de gran importancia, y muchas de ellas pendientes desde hace
lustros en nuestro país. Voy a dar otro dato. En la anterior
legislatura, cuando se disolvió y caducaron los proyectos de ley que
estaban en tramitación, quedaron pendientes 82 textos, proyectos y
proposiciones; ahora quedan muchos menos. No apoyar este proyecto de
ley por el hecho de que otras leyes, sin duda mucho más complejas,
estén en tramitación, no me parece una postura coherente.
El proyecto de ley que hoy se debate se remitió a esta Cámara a
primeros de julio. Cuatro meses y medio de tramitación en el Congreso
creemos que es un tiempo razonable, que es un tiempo normal, y nadie
puede afirmar ni que se ha acelerado y tampoco que se ha estancado.
Ha sido el tiempo normal de observar los trámites del iter
parlamentario, pero también el tiempo normal de buscar un diálogo con
todos los partidos políticos de esta Cámara. Y eso ha sido posible
con todos ellos salvo con el único grupo que no ha querido ni
siquiera dialogar, cual es el Grupo Socialista.
Se ha aludido también a la importancia de lo que supone modificar la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, importancia que comparto
plenamente. En el debate a la totalidad de hace dos semanas ya aludí,
como precedente en esta legislatura, a la proposición de ley que
ustedes presentaron modificando una de las normas más importantes de
nuestro Derecho constitucional, la que limita las reglas del juego
democrático, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que
fuesen elegidos alcaldes los candidatos más votados. Esa iniciativa
nunca la han querido incluir en el orden
del día, dados los pactos a los que llegaron a toda costa y a
cualquier precio con tal de que no gobernase el Partido Popular. En
todo caso esta proposición de ley, repito, había sido elaborada y
presentada unilateralmente sin ningún tipo de diálogo.
Hay un ejemplo que quiero traer a colación, cual es una reforma de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se hizo en 1985. Saben
SS.SS. que en el texto aprobado en 1979, el texto originario, se
contenía el denominado recurso previo de inconstitucionalidad, el
cual tenía efectos suspensivos. Pues bien, como se había utilizado en
cuatro ocasiones con esos efectos suspensivos y eso tal vez no les
gustaba, propiciaron en aquel momento una modificación de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, modificación que se realizó sin
ningún tipo de consenso. Y quiero recordar que la toma en
consideración de esa proposición de ley, porque fue una proposición
de ley del Grupo Socialista, únicamente la apoyaron los que en aquel
momento, año 1984, se denominaban a sí mismos comunistas. Esa es la
gran diferencia con el proyecto de ley que hoy se debate y que se va
a aprobar en esta Cámara, donde se ha conseguido el apoyo y el
consenso de todos los grupos, salvo precisamente el del Grupo
Socialista.
Señora Rubiales, como portavoz del Grupo Popular mentiría si dijera
que esta es una reforma trascendental, importantísima, pero
igualmente es faltar a la verdad decir que esta ley no vale
absolutamente para nada. Las cosas hay que valorarlas en sus justos
términos y bien saben todas SS.SS. que las leyes por sí solas no
resuelven todos los problemas, sino que lo que hacen es diseñar un
marco para posibilitar la solución de lo deseado, siempre desde el
talante y desde el entendimiento. En todo caso, quiero señalar que es
evidente que los conflictos jurisdiccionales en el ámbito autonómico
se demoran frecuentemente seis, siete y más años y que es necesario
buscar mecanismos de satisfacción extraprocesal. En este punto quiero
recordar y sugerir a SS.SS. el último y reciente libro del profesor
Eliseo Aja, que a propósito de este tema señala -leo literalmente- lo
siguiente: Para reducir el retraso extraordinario del Tribunal
Constitucional, éste debiera adoptar algunas medidas excepcionales,
pero aún es más importante que disminuya la conflictividad y ésta no
depende principalmente del Tribunal Constitucional sino de los
gobiernos estatal y autonómico. Justo lo que estamos haciendo. Y
añade el citado catedrático algo que a mí me recuerda bastante la
actitud que han mantenido ustedes a propósito de elevar al Tribunal
Constitucional todas las discrepancias en materia autonómica,
concretamente en materia de financiación. Añade el profesor Eliseo
Aja que quizás alguien piense con cierta razón que la causa más
profunda de los conflictos se encuentra en las excesivas pasiones y
tensiones políticas entre los partidos, que se expresan a través de
conflictos ante el Tribunal Constitucional más como protesta política
que como conflicto judicial. Y concluye afirmando que en todo caso la
mejora no resulta fácil si los partidos políticos no realizan
reformas, especialmente
para corregir la debilidad y precariedad de las relaciones entre las
comunidades autónomas y el Estado. Esto es precisamente, señorías, lo
que hacemos en este proyecto de ley: potenciar vías de entendimiento
y de diálogo, siempre desde el convencimiento de que, como les
señalaba en el trámite de Comisión, al igual que sucede en todos los
órdenes de la vida, en el mundo jurídico, en el mundo político y
democrático, cuando existe un conflicto lo mejor es intentar sentarse
en torno a una mesa para ver si es posible llegar a una solución
negociada.
También se ha aludido a la utilidad de este proyecto de ley en
términos despectivos. Quiero recordar -lo dije también en el debate
en el Pleno- que el dictamen del Consejo de Estado señalaba a este
respecto que la búsqueda de un mecanismo de colaboración entre el
Estado y las comunidades autónomas que permita evitar el ulterior
proceso constitucional parece razonable y oportuno. Además, añade el
Consejo de Estado que considera viable y no contrario al sistema de
justicia constitucional establecido el nuevo plazo del recurso de
inconstitucionalidad previsto, pues comprende -sigo leyendo el
dictamen- que la necesidad alegada de lograr la modificación o
derogación de la norma legal controvertida con anterioridad a la
interposición del recurso requiere un tiempo superior a los tres
meses. Esto es precisamente lo que se hace en esta reforma: ampliar
el plazo para la interposición del recurso de tres a nueve meses, y
ello para posibilitar que se pueda negociar, pues siendo el objeto
del recurso una norma con rango formal de ley es indudable que en el
plazo de tres meses no se puede negociar y dar lugar a la
modificación de la ley. Por eso es necesario ampliar los plazos y por
eso el Consejo de Estado lo valora positivamente. Pero no sólo se
amplían los plazos sino que se refuerzan las conferencias bilaterales
como órganos de encuentro. Si apostamos por potenciar los órganos de
encuentro, sean conferencias sectoriales o conferencias bilaterales,
no vemos problema alguno en que se pueda recoger en una ley, aun
cuando sea una ley con rango formal de orgánica y que integra el
bloque de constitucionalidad, que recoge dentro de sí 102 preceptos.
Lógicamente, en estos órganos de encuentro como son las conferencias
bilaterales están y deben estar los gobiernos autonómicos y el
Gobierno central, pues bien saben SS. SS. que casi todas las leyes
que se aprueban en un parlamento tienen su origen en proyectos de
ley. Cualquier gobierno en el ámbito autonómico o en el ámbito
estatal tiene iniciativa legislativa y lo propio es que tenga una
mayoría parlamentaria que le respalde, por lo cual, en caso de
acuerdo en la comisión bilateral, es sin duda alguna el gobierno
correspondiente el mejor sujeto para instar, para provocar, para dar
lugar a la oportuna modificación legislativa que en su caso pueda
derivarse.
Por último, también se han hecho referencias a la suspensión y a las
enmiendas transaccionales que se presentaron en trámite de ponencia.
En todo caso, quiero dejar bien claro que no se está renunciando en
modo alguno a la suspensión, sino más bien haciéndola más racional.
Si es bueno que se negocie, que se dialogue, no tiene mucho sentido
que mientras se está realizando la negociación esté pendiente el peso
de la suspensión de la vigencia de la ley. Por ello lo que queremos
hacer, siempre desde la voluntariedad de quien es titular, es
flexibilizar, modular esa suspensión en función de la negociación,
pero sin que ello suponga en modo alguno una renuncia de esa
posibilidad, pues esa facultad corresponde siempre al Gobierno, que
puede ejercerla o no, y sin esa disposición de esa voluntariedad del
Gobierno no es posible flexibilizar esa suspensión.
Concluyo ya, señor presidente, anunciando, como no podía ser menos,
el voto favorable de mi grupo parlamentario a este proyecto de ley.
Es una apuesta por el diálogo, es un deseo de entendimiento. Desde el
agradecimiento a los grupos que con su trabajo en ponencia y comisión
han permitido mejorar este texto, desde esa voluntad de
entendimiento, hacemos un llamamiento a quienes siguen todavía
enrocados en lo que es el enfrentamiento y la oposición por sistema
para sustituirlo por el diálogo y por la negociación.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor LópezMedel, con cuya
intervención concluye el debate correspondiente al dictamen de la
Comisión Constitucional sobre el proyecto de ley orgánica
modificativa de la Ley que con fecha 3 de octubre de 1979 y número 2
rige el Tribunal Constitucional.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA POLÍTICA GENERAL
SOBRE POSICIÓN Y PREVISIONES NORMATIVAS DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA
REGULACIÓN DE LAS DENOMINADAS OPCIONES SOBRE ACCIONES. (Número de
expediente 173/000171.)
El señor PRESIDENTE: Conforme a lo anunciado de acuerdo con la Junta
de Portavoces para respetar la hora de la votación de la ley
orgánica, pasamos al punto IV del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes, comenzando por aquella del
Grupo Socialista relativa a la política general sobre posición y
previsiones normativas del Gobierno respecto de la regulación de las
denominadas opciones sobre acciones, para cuya defensa tiene la
palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores
diputados, el repudio que entre los ciudadanos está ocasionando el
hecho de que un número importante de directivos de una compañía
hubiera pretendido ganar cantidades ingentes de dinero
en poco tiempo ha sensibilizado de tal manera a la opinión pública
que llevó a mi grupo parlamentario a dirigirse al Gobierno
manifestándole que estábamos dispuestos a llevar a cabo una serie de
iniciativas destinadas a corregir esta situación. Queríamos que el
ejercicio de opción fuera correctamente encauzado y ejecutado,
correctamente regulado, y entendíamos que lo hecho hasta ahora era
notoriamente insuficiente puesto que no era otra cosa que establecer
una amnistía en las irregularidades, en las ilegalidades que en
nuestra opinión se habían producido en el consejo de administración
de Telefónica. La respuesta del señor Rato no pasó de considerar el
carácter privado de esta cuestión, situándolo en el ámbito de las
realidades del buen gobierno de la empresa y eximiendo al Gobierno de
España de toda responsabilidad. Nosotros, insatisfechos con dicha
respuesta, hemos procedido a presentar la moción que hoy debatimos.
Creemos que el derecho de opciones es un tema escasamente regulado en
nuestra legalidad vigente, que no se ha resuelto ni siquiera con los
injertos que le han ido añadiendo a lo largo de la tramitación
parlamentaria del proyecto de ley de acompañamiento; es un problema
importante que requiere buscar un equilibrio entre la
sobrerregulación y el retorno a la ley de la jungla. En este sentido,
consideramos poco discutible que el derecho de opción sobre acciones
deba tener un ámbito de tratamiento dentro del régimen jurídico de
las sociedades, y que a la vista de las lagunas existentes se
configure una regulación que advirtiera de los riesgos que conlleva
tal utilización. El régimen jurídico que se propugna por mi grupo ha
de ser preciso, estricto, detallado, sin que la regulación establezca
perjuicios para otros actores en el seno de la empresa. Pese a ello,
hemos oído el punto de vista del Gobierno que creemos establece un
falso dilema, puesto que ignorando la realidad hace un enfoque
desviado de esta cuestión. Una operación como la que se ha conocido,
en la que al menos cien directivos de la primera empresa de España se
apropian de una parte destacada del excedente empresarial, el
ministro de Economía la despacha con dos posibilidades: la
expropiación o algo así como una leva del capital. Para Rato, por lo
que ha dicho en esta Cámara, la legitimación social de las decisiones
adoptadas se adquiere a través del tipo impositivo; es decir, la
legitimación social se mercantiliza y se compra.
Señorías, desde nuestro punto de vista no estamos sólo ante un
problema de calidad, sino que si orientamos el problema en esta
dirección lo habremos deslizado hacia enfoques disparatados,
completamente alejados de la solució de cuestiones tan complejas como
las que hoy discutimos. Estamos persuadidos de que es un tema
cualitativo, que es un problema de derechos y que a la hora de
resolverlo hay que hacerlo con gran finura. En modo alguno puede
ocurrir que la cólera del Gobierno caiga sobre quienes nunca han sido
opcionistas, y desde luego que sean personas ajenas a esta
situación las que hayan de soportar la solución de este problema.
Estamos pues tanto en lo que se ha discutido en el Congreso como en
el Senado, ante una seria insolvencia profesional, pero también
estamos ante un acto de cinismo legislativo. Hoy hemos conocido
nuevas correcciones a las enmiendas introducidas en esta Cámara al
proyecto de ley de presupuestos. Correcciones clarificadoras; se
afirma una cosa y la contraria, se dice que los administradores y
directivos deberán proporcionar información detallada e
individualizada, pero inmediatamente después se dice que para quien
tenga la condición de directivo la información deberá ser agregada.
Por tanto de transparencia nada y de amnistía todo. Pero quizás lo
que hemos podido ver es cómo ha emergido el especulador que en buena
medida lleva dentro el actual ministro de Economía, y que constituye
un hecho diferencial respecto de los restantes ministros que ha
habido en España desde 1978.
Señorías, siempre he creído que los conservadores españoles,
políticamente estaban escasamente sofisticados y hoy me ratifico en
ello. En este asunto, que algunos han pretendido presentar como el
cliché que camina hacia los tiempos modernos, el PP no ha hecho otra
cosa que legalizar el fraude, cubriendo una de las más monumentales
dentelladas de tiburón que se han producido en España en la segunda
mitad del siglo XX; dentelladas con las que los ciudadanos han
sentido que les arrancaban un pie, y esta vez en el despacho del
notario. No les falta razón a los ciudadanos para sentirse
profundamente doloridos, porque ese centenar de directivos que el
colega de colegio del señor Aznar ha seleccionado van a percibir una
cantidad muy superior a la dotación que ha establecido el presupuesto
para el fondo de reserva de pensiones.
Las cosas han ido muy lejos, y mi grupo quiere hacerse algunas
preguntas. En primer lugar: ¿quién crea valor en estas sociedades y
cómo se mide? La respuesta que nos han dado los auditores, los
consultores y los políticos liberales es que el valor lo crean los
administradores y directivos y que se mide fundamentalmente a través
de la cotización bursátil. Desde nuestro punto de vista resulta
peligroso ignorar con arrogante desdén que existen otros actores en
el proceso productivo que también contribuyen a la generación de
valor y que no pueden ser ignorados de la forma en que lo han sido en
este momento, diciendo que la creatividad corre a cargo
exclusivamente de una capa fina y selecta situada en la alta
dirección.
En segundo lugar, nos preguntamos quién decide cómo se determinan,
cómo se seleccionan y cuáles son los criterios que se establecen para
quienes resulten beneficiarios de esas opciones. Se corre el riesgo
de que esos directivos se dediquen única y exclusivamente a calentar
el valor de la acción, ignorando otra serie de objetivos de la
empresa. Puede ocurrir que se establezcan suculentos procedimientos
de apalancamiento financiero. Nada les revelo si les digo que el
señor Villalonga ha hecho eso en Telefónica. Primero procedió
a privatizar la compañía, después se ha blindado, se ha apalancado y
se ha montado un sistema indecente de retribución del que es el
primer beneficiario. Para nosotros hay que proceder a regular esta
situación, a recogerla estatutariamente y a establecer un régimen de
transparencia; régimen de transparencia que es el principal
desinfectante de esta situación y que tiene que establecer claramente
quiénes son los beneficiarios, cuál es el número de opciones y de
acciones que cada uno percibe, cuál es el precio de las mismas y el
resto de condiciones del contrato.
Llegados aquí, hay un tercer elemento que preocupa grandemente a mi
grupo: ¿Cómo garantizamos que la creación de riqueza esté al servicio
de la sociedad? Creemos que en un sistema de mercado esa creación de
riqueza tiene que incorporar un sistema de justicia y que los límites
de la responsabilidad no pueden quedar en modo alguno desdibujados.
Preferimos la certidumbre de la ley a la vaguedad de los códigos de
conducta. Hoy en España y gracias al esfuerzo de todos vivimos una
sociedad estable en la que no se discute la legitimidad de la defensa
del interés personal, pero creemos que para que esto sea posible ese
interés personal tiene que ser defendido de manera inteligente. Decía
Séneca, y no le faltaba razón, que una gran fortuna es una gran
servidumbre, y nos encontramos, señoras diputadas y señores
diputados, que frente al escándalo y frente a la agresividad hay un
culto a la apropiación y al abuso. Nosotros queremos buscar un
interés más instruido, que sea respetuoso con los derechos de los
demás y que entienda que los derechos de propiedad no son derechos
absolutos ni incondicionales, sino que tienen que compatibilizarse
con el conjunto de derechos de los ciudadanos.
Señorías, lo ocurrido a lo largo de las últimas semanas ha puesto de
relieve algunos hechos que nos parecen muy evidentes. Ha puesto de
relieve la constatación de que en España existe hoy un profundo
desorden moral que ha generado una gran desilusión colectiva, y que
empresarios como el señor Villalonga contribuyen de manera
extraordinaria a la consolidación de ese desorden moral. Cada día
lleva a la práctica ese aforismo de que pudo, quiso y lo hizo.
Creemos que a ese personaje poco le importa que su escandalosa
actuación haya desencadenado una dinámica perversa, porque está
seguro de que no se la va a cortar el Gobierno, que no lo va a
controlar, que ni Rato ni Aznar tienen el propósito de proceder a esa
operación. Vivimos una enorme paradoja. El Gobierno hoy no tiene
delegado en Telefónica, pero Telefónica tiene un delegado en el
Gobierno, que es el señor Aznar. (Rumores.) El señor Aznar actúa como
el representante de Villalonga. Villalonga ha dejado de defender los
intereses de los clientes, de los proveedores, de los accionistas, de
los asalariados, la trama social de Telefónica no le interesa, y en
medio de esta enorme aporía nos encontramos con que Rato aquí, en el
Congreso, sienta plaza como abogado defensor de los opcionistas.
Señoras y señores diputados, aquí está ocurriendo algo que hubiera
hecho las delicias de Pinter y de Losey: el mayordomo perfecto al que
se le encargaba resolver las situaciones difíciles se ha vuelto un
sirviente intrigante, capaz de invertir los poderes de un proyecto
que algunos creían sólido...
El señor PRESIDENTE: Ha de concluir, señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Por estar este proyecto cerrado sobre sí
mismo y por estar destinado al enriquecimiento ilimitado de muchos de
los que políticamente los sostiene, se está revelando como un
proyecto débil y decadente.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
El Grupo de Izquierda Unida ha presentado una enmienda, para cuya
defensa tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo ha presentado una serie de enmiendas a la moción,
entendiendo que estamos ante un hecho relevante, un hecho grave que
ha causado cierto escándalo social, que viene predeterminado por la
diferencia abismal de rentas existentes entre unos pocos directivos,
los mismos accionistas de la compañía y el ciudadano de a pie ven que
después de algunas opciones reservadas para unos pocos directivos se
pueden repartir 40.000 millones de pesetas, y sin embargo para
conseguir una pírrica subida de pensiones tenemos que asistir a un
debate nacional que al final se traduce en unas 4.000, cuatro mil y
pico pesetas al mes para unos pensionistas ya por debajo de los
mínimos de supervivencia.
Izquierda Unida, en el trámite del proyecto de ley de acompañamiento
había presentado unas enmiendas que transaccionadas después con otros
grupos han conseguido al menos que fiscalmente tengan un trato
razonable, es decir que tengan que pagar el 48 por ciento a Hacienda
para evitar que pudieran eludir el rigor fiscal unas cantidades tan
importantes donde algunos directivos se van a llevar en solitario más
de l.000 millones de pesetas, pero no por una renta del trabajo, por
esfuerzo personal o porque la compañía vaya mejor, sino simplemente
porque ligan sus emolumentos más importantes incluso que el propio
salario a la evolución en Bolsa de una compañía, en este caso
Telefónica.
Entendemos que no es una actitud razonable, tampoco empresarialmente
razonable puesto que una compañía debe evaluar en primer lugar como
incentivos el trabajo de ese directivo, si es el jefe de ventas la
evolución de las ventas, si es el jefe de mantenimiento, en este caso
el servicio público de cómo funcionan realmente los servicios
telefónicos, la calidad de los servicios
telefónicos prestados. Creemos que eso debe ser el 80 ó 90 por ciento
de los emolumentos fluctuantes de un alto cargo en una empresa de
servicios, y no una historia como ésta que en definitiva liga
simplemente a la oportunidad de la salida en Bolsa en la
privatización de una compañía la evolución posterior de las acciones,
además en un momento alcista de la compañía. Seguro que si
estuviéramos en otro momento histórico ningún directivo hubiera
aceptado este tipo de retribuciones.
Somos conscientes de que en este momento hemos creado problemas a los
directivos de Telefónica, puesto que algunos han ido a su banco ya a
hacer liquidez de esos 1.600 millones en algún caso, se han comprado
el barco, se han comprado la casa, habían reservado 100 millones para
pagar impuestos, y de repente con este cambio de nuestra enmienda van
a tener que vender no sé si el barco o la casa, pero tienen algunos
problemillas. Por eso entendemos que es coherente con esta posición
la presentación de estas enmiendas que vienen a complementar si bien
abriendo más el abanico la moción presentada por el Grupo Socialista.
En el caso del punto 1.a), entendemos que para una mejor precisión
debe hablarse también de bonus de acciones, que en realidad es la
operación a la que estamos asistiendo, puesto que la reserva no la ha
hacho la compañía sino un banco, que es quien realmente ha comprado
asegurándolas después, y otros mecanismos de retribución ligados a
los de las acciones.
Al punto 1.b) proponemos intercalar, a continuación de «recientemente
privatizadas», la expresión «o privatizadas en los últimos diez
años», entendiendo que ha habido otras compañías en las que también
se han utilizado estos mecanismos y en alguna de las últimas que han
salido también tienen los directivos sus reservas de acciones.
Al punto 3. c) presentamos una enmienda de adición. «Fijar la máxima
fiscalidad a este tipo de operaciones y, en su caso, evitar»,
continuando igual.
En el punto 3.c) pretendemos también añadir in fine: «como las
indemnizaciones por despido», para clarificar que también tengan un
tratamiento en este caso particular, distinguiendo claramente lo que
son percepciones irregulares de las que son producidas por la propia
historia laboral. Aquí, sin embargo, no quedarían excluidos
lógicamente lo que serían los contratos blindados que deben cotizar
también en las mismas condiciones. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
En el punto 3. añadir un apartado d), definiendo para este tipo de
operaciones un régimen fiscal que considere los rendimientos
derivados de las mismas como renta general en el IRPF. En definitiva,
se trata de asegurar que paguen el 48 por ciento.
Por último, una enmienda al punto 3.d) que dice: «En todo caso,
mientras sean consideradas rentas irregulares, el Gobierno adoptará
las medidas para que las reducciones aplicables sean las mínimas, y
para evitar un tratamiento discriminatorio favorable de los
rendimientos
irregulares provenientes del capital en relación a los de
trabajo». Éstas serían nuestras enmiendas, que en definitiva intentan
abrir paso para que las mociones, además de para este caso tan
espectacular, para otros menos espectaculares como en la
privatización de Indra, puedan ampliar el abanico y sea una reflexión
que quede en la mesa y unas normas que se puedan aplicar con carácter
general.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Para expresar la posición del Bloque Nacionalista Galego sobre esta
moción del Grupo Socialista, que coincidimos en el fondo de lo que
propone y también con la preocupación que expresa.
En primer lugar, quiero decir que nosotros consideramos que las
opciones sobre acciones pueden constituir un elemento válido, como
cualquier otro, para esa famosa fidelización de los directivos y
demás empleados de empresas que cotizan en los mercados de valores.
Ahora bien, este sistema retributivo como cualquier otro instrumento
también puede ser utilizado, como es más que evidente, de manera
inadecuada y desde luego encubrir situaciones de pura especulación
financiera por parte de grupo de directivos que controlan las
actividades de una sociedad, y creemos que éste es el caso de las
famosas opciones sobre acciones de la empresa Telefónica que da lugar
a este debate.
Ante el escándalo suscitado por esta operación especulativa que va a
reportar a los directivos de esta empresa y entre ellos a su
presidente pingües beneficios, una primera decisión a través de una
enmienda en el proyecto de ley de acompañamiento, transaccionada por
el Grupo Popular con otros grupos y que al parecer hacía que todas
las rentas irregulares tributasen al tipo máximo del IRPF, con
algunas limitaciones cuantitativas, nosotros queremos decir en este
punto que no todas las rentas irregulares proceden de opciones sobre
acciones, ni mucho menos; no todas las rentas irregulares son fruto
de actividades especulativas, por tanto desde nuestro punto de vista
habría que endurecer la legislación al respecto de manera claramente
discriminada y no indiscriminada. Nosotros estamos de acuerdo con que
los enriquecimientos espontáneos fruto de las reacciones
especulativas, como es el caso de las retribuciones de los directivos
de esta empresa por medio de estas opciones, tributen al tipo máximo
de la tarifa del IRPF, pero dicho sea de paso el Gobierno rebajo no
hace mucho esta tarifa más que la media.
Realmente está claro que algo no encaja en estasociedad en que
vivimos, porque aparte de todo lo ya
comentado y por decirlo de alguna manera nos parece francamente
inmoral que una empresa que está llevando a cabo expedientes de
regulación de empleo en muchas de sus empresas filiales, al mismo
tiempo retribuya a sus directivos con cantidades de tal envergadura.
Me parece que algo no va bien en la estructura de la sociedad en que
vivimos.
Por otro lado, efectivamente Telefónica no es una empresa cualquiera,
su posición en el ranking de beneficios obedece al disfrute de una
posición de dominio que se traduce en un monopolio de hecho en el
tramo de las llamadas locales y es evidente que esta empresa viene
abusando reiteradamente de esa posición de dominio -por cierto con
autorización del Gobierno-, con incrementos abusivos a veces de los
precios de las llamadas donde no tiene competencia. El año pasado los
precios de algunas llamadas locales se incrementaron más del cien por
cien, o incluso ahora acaba de autorizar el Gobierno un incremento
paulatino de la famosa cuota mensual de abono. Por tanto, no es
cierto que en este caso la remuneración con opciones se pueda
considerar una simple decisión empresarial. Nos parece que el
Gobierno tiene mucho que decir en este asunto y desde luego debe
explicar en qué medida los recientes incrementos autorizados de
precios contribuyen a la distribución de esos aguinaldos.
Concluyo, señor presidente. En definitiva, creemos que las opciones
sobre acciones deben tener un tratamiento fiscal específico y que
cuando superen un valor determinado deberían ser autorizadas por el
Ministerio de Economía y por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. En todo caso, regular esta cuestión y evitar situaciones
escandalosas como la que tratamos, es responsabilidad principalmente
del Gobierno.
Nada más, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre también del Grupo Parlamentario Mixto, en segundo lugar
tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, los diputados de Nueva
Izquierda vamos a votar favorablemente esta moción presentada por el
Grupo Socialista, consecuencia de su interpelación defendida la
semana pasada, en relación con las opciones sobre acciones.
Esa moción, defendida por el señor Fernández Marugán, sitúa el
problema correctamente primero en la disconformidad de este Congreso
de los Diputados con lo que ha sucedido con Telefónica, y como
consecuencia de ello una responsabilización al Gobierno para que
reaccione sobre algo de lo cual tiene mucho que decir y es en última
instancia el responsable político, teniendo en cuenta las relaciones
del Gobierno con Telefónica, con su dirección, y en concreto del
presidente del Gobierno con el presidente de Telefónica. Esto es lo
que viene a decir la moción, y sustancialmente estamos de acuerdo con
ello.
Nuestro grupo se extenderá naturalmente más con posterioridad ya que
tenemos una moción en relación con este mismo tema en otro punto del
orden del día, pero sí debo decir desde este mismo momento que
Telefónica efectivamente concede, como dice la moción, unos
beneficios extraordinarios y desproporcionados, absolutamente
desproporcionados a sus directivos, juzgados por el conjunto de la
sociedad española en un momento que el Gobierno fija las tarifas para
muchos de los negocios que desarrolla Telefónica.
La pregunta que se hace mucha gente ante los beneficios previstos por
revalorización de acciones de esa compañía, es por qué el Gobierno no
decide bajar las tarifas y que de esos grandes beneficios se
beneficien a su vez, valga la redundancia, ciudadanos y ciudadanas de
este país, es decir todos los ciudadanos que consumen servicio
telefónico. En vez de bajar las tarifas lo que se hace es subir de
forma abusiva las retribuciones no de todos los trabajadores de
Telefónica sino de los directivos de Telefónica. La persona normal y
corriente de la calle nunca podrá entender cómo es posible que las
tarifas telefónicas no vayan hacia abajo cuando hay un espectacular
crecimiento de los beneficios y de la revalorización de esa compañía,
que está en una situación definida en el párrafo 1.b) de esa moción
con las referencias a su reciente privatización, a su situación de
posición dominante de la cual abusa la dirección de Telefónica y
además (y es muy importante, quiero destacar este aspecto de la
moción con el que estamos singularmente de acuerdo), cuando estas
revalorizaciones de acciones o beneficios desde luego nada tienen que
ver con la gestión de esos directivos y de ese presidente que se
atribuyen para el conjunto de los directivos afectados unos ingresos
superiores en total a los 40.000 millones de pesetas.
Hoy conocíamos en los medios de comunicación que Telefónica no es la
compañía europea de telecomunicaciones que más se ha revalorizado; es
de las que menos se han revalorizadoen relación con otras compañías
de telecomunicación, por tanto esos beneficios nada tienen que ver
con la buena o con la mala gestión de esa compañía. En algunos de los
negocios liberalizados, por ejemplo teléfonos móviles, nos
encontramos con que a los dos años de la liberalización del negocio
de teléfonos móviles una compañía competidora, como es el caso de
Airtel, ya ocupa el 40 por ciento de ese negocio. Nos da la impresión
de que no es buena la gestión del presidente y de la dirección de
Telefónica, nada tiene que ver con la revalorización de sus acciones,
y por tanto nada tiene que ver con esos beneficios y retribuciones
que abusivamente se atribuyen y que son convalidados
entusiásticamente por el conjunto del consejo de administración que
es muy poco independiente respecto de su presidente.
Por último, esta moción insta al Gobierno a solucionar este embolado,
teniendo en cuenta que es este Gobierno el que ha nombrado a ese
presidente, que depende de él y que tiene una gran responsabilidad al
respecto. Por eso, esta moción nos parece adecuada en todos sus
extremos a lo que ha sucedido y la respuesta adecuada al escándalo de
las opciones sobre acciones de Telefónica.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
López Garrido.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria en
esta moción del Grupo Socialista del Congreso relativa a la política
general sobre posición y previsiones normativas del Gobierno respecto
a la regulación de las denominadas opciones sobre acciones o stock
options. Este tema afecta a la política retributiva de las empresas,
sobre todo a las que adoptan forma de sociedades, es un tema de
palpitante actualidad sobre el que hay un verdadero abanico de
opiniones, desde las más desfavorables a las menos; incluso ha
originado que la propia Iglesia adopte una determinada posición, pero
creemos que es una cuestión que ha nacido por el deseo de una
compañía, hasta hace poco tiempo pública y hoy privatizada, de
manifestar o exteriorizar los beneficios que van a obtener sus
directivos cuando se cumplan las condiciones de las stock options;
compañía que no podemos negar está alcanzando un punto alto en el
prestigio nacional e internacional, que tiene una gran expansión y
que tiene también una gran valoración.
A veces da la sensación de que nos olvidamos del marco económico en
que nos movemos. Nos movemos en un marco de economía de libre mercado
sin olvidarnos de los aspectos sociales, y nosotros no podemos estar
en contradicción con una serie de instituciones que existen sobre
todo en el mundo occidental al que pertenecemos, especialmente
nacidas en países anglosajones como son Estados Unidos e Inglaterra.
Creemos que las stock options existen, van a existir por mucho tiempo
y se van a propagar. Aunque hoy por hoy no hay transparencia en
España, sólo un pequeño porcentaje de las empresas españolas ofrecen
a sus consejeros opciones sobre acciones, a pesar de que esta forma
de retribución tiene cada vez más peso entre los altos directivos.
Leía esta mañana en una publicación económico financiera: Nosotros
somos partidarios de que las empresas se ajusten al código de
conducta de buen gobierno del código de Olivencia, que en el fondo
viene a seguir el informe Cadbury, de 1992, y el de Greenbury, 3 años
más tarde. Estamos seguros de que esto se va a lograr paulatinamente.
Tengamos en cuenta que el código de buena conducta no rechaza las
stock options, pero también creemos que debe ser regulado de forma
tal que no hiera la sensibilidad social de los ciudadanos. No
olvidemos el alto puesto que tiene
España en el ranking de paro. Tampoco hay que pensar, como hace algún
alto directivo, que se deben incluir como parte del salario.
Siguiendo esos códigos, somos partidarios de que haya más
transparencia como única forma de mantener sano el sistema -decía el
informe Greenbury-. Por eso estamos de acuerdo en que se actúe en
esas tres patas en donde se ha intervenido en la ley de
acompañamiento. Creemos que se debe de regular la ley de sociedades
anónimas, la del mercado de valores y, sobre todo, la del IRPF, pese
a la duda de inconstitucionalidad que señalan algunos críticos. Se
trata de un conjunto de medidas que regulará el mercado y que, al
aumentar notablemente la carga fiscal -por lo general, va a ser un
tipo del 48 por ciento-, habrá una mayor aportación a la Hacienda
pública con los consiguientes beneficios sociales.
No se debe restringir una institución que se extenderá cada vez más
para fidelizar a los directivos, elevar su productividad y la
calificación de la empresa en el mercado. Nosotros vamos a votar
negativamente la moción, pero estaremos atentos porque estamos
seguros de que en el futuro esta institución mercantil tendrá
regulaciones tanto internas como externas para hacerla más justa,
pero no para hacerla desaparecer ni poner inconveniente a que el
mercado internacional venga también a nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra
el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Opciones sobre acciones, sobre sueldos; en definitiva, retribuciones
de altos cargos de sociedades es el núcleo central del problema que
estos días en los medios de comunicación y en el Parlamento se está
tratando, y hoy aquí también en este debate sobre estas mociones.
Ante estos hechos, son diversas las reflexiones que mi grupo
parlamentario hace al respecto.
Siempre hemos defendido una forma de actuar en el ámbito empresarial
y en un sistema económico de libre mercado basado en valores éticos y
morales, en el trabajo bien hecho, en el apoyo a los sistemas
productivos, a las empresas como generadoras de riqueza y creación de
empleo y, al mismo tiempo, siempre hemos criticado los métodos de
ingeniería financiera que tienen como resultado el enriquecimiento
fácil y personal, producto normalmente de situaciones provenientes de
información privilegiada, de relaciones personales de influencia en
el ámbito público, del ejercicio del poder en beneficio propio.
Somos, por tanto, partidarios de velar por que desde el ámbito
público se combatan estas situaciones, se establezcan las medidas
legislativas que regulen la normativa sobre el tráfico mercantil
y sobre las relaciones de todo tipo, sin que ello conlleve la
intromisión en el sector privado, el encorsetamiento
del tráfico y de las relaciones económicas, siendo respetuosos con
las normas y las costumbres habituales en el ámbito empresarial, no
sólo a nivel nacional sino también de los países europeos de nuestro
entorno y de las propias directivas comunitarias. Hay que utilizar
las mismas armas, los mismos métodos que el sector empresarial de
nuestro entorno, los países que son competidores nuestros.
El conocimiento de ciertas conductas o hechos que se ponen de
manifiesto en momentos determinados como éste, de los «stock options»
famosos, requiere una respuesta adecuada y rápida, pero, al mismo
tiempo, respuestas maduradas. ¿Con esto qué quiero decir? Que en
cuanto se interpretó por parte del Gobierno y de algunos partidos
políticos la repercusión que iban a tener en el ámbito político estas
opciones, se intentó utilizar políticamente, con todo su derecho,
originando la toma acelerada de medidas sin medir suficientemente las
consecuencias ni la repercusión frente a colectivos hacia los que, en
principio, no estaban dirigidas las mismas.
Tenemos últimamente la tentación de magnificar las cosas. Hace poco
surgía el debate sobre las pensiones no contributivas y no se nos
ocurrió otra cosa que poner en cuestión el sistema de la Seguridad
Social, abrir el Pacto de Toledo y volver otra vez a replantearnos el
equilibrio financiero del sistema. Y eso porque habíamos estado
durante cierto tiempo este verano dándole vueltas a si las pensiones
no contributivas eran competencia de las comunidades autónomas o del
Estado. Las consecuencias son, en cierto modo, desproporcionadas,
buscando soluciones a todo el sistema. Aquí puede parecer que también
estamos en esa línea. Lo que en principio estamos debatiendo sobre un
sistema de retribuciones de ciertos cargos de una compañía lo estamos
extendiendo a una serie de modificaciones legislativas sin medir muy
bien las consecuencia y lo que intentamos, de alguna forma, es hacer
ver a la sociedad que estamos sobre estas situaciones y que las vamos
a controlar. Me parece muy bien, muy justo y así lo debemos hacer,
pero hay que tener cuidado con las medidas que proponemos.
Recientemente, en la ley de acompañamiento a los presupuestos del año
2000 se han aprobado dos enmiendas a los presupuestos, a todo correr,
para ver si podemos intentar atajar esta situación, aunque yo creo
que no hay una situación que haya que atajar. Es una situación que
requiere el estudio de unas modificaciones legislativas: en el ámbito
mercantil, de la ley de sociedades anónimas, del mercado de valores;
y en el ámbito tributario, de la tributación de estas rentas. Muy
bien, hagámoslo así. Se ha presentado ahora, también a todo correr,
una enmienda en el Senado, porque parece ser que no eran suficientes
las enmiendas que habíamos presentado en el Congreso sobre la misma
materia. Es decir, estamos dando la sensación de que aquí hay que
hacer algo, no sabemos muy bien qué, pero que hay que demostrar que
estamos sobre el problema. Y ahora presentamos estas dos mociones,
que nos dan
derecho a debatir, a hablar, a reflexionar sobre el tema, que no
sirven para nada, se aprueben o no, porque con dos semanas de
legislatura que tenemos, aunque se aprueben estas mociones quedarían
para la siguiente legislatura. Si ha habido mociones aprobadas que
están en el cajón de los olvidos, algo parecido podría pasar con
éstas.
Mi grupo parlamentario entiende que hay que tener cuidado con lo que
se propone. Hemos visto en una de las propuestas la aplicación de las
prácticas del código del buen Gobierno, elaborado por la Comisión
Olivencia, que es, entre otras cosas, simplemente un catálogo de
recomendaciones. Entre esas recomendaciones se propone, por ejemplo,
la existencia de consejeros independientes. Cuando uno escucha esta
propuesta se le ocurre preguntar qué consejero de qué empresa es
independiente, porque, indudablemente, siempre y en todo caso
dependerá del que le nombre. Señorías, consejeros independientes de
las empresas, eso no es posible. Hay que ser cuidadosos con las
propuestas porque este tipo de medidas, entre otras cosas, pueden
incluso dificultar las relaciones. Voy terminando, señor presidente.
Lo digo antes de que me llame la atención, porque estoy viendo la luz
roja.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le he entendido
perfectamente y se lo agradezco mucho, señoría.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Decía que hay que ser cuidadosos con las
propuestas porque este tipo de medidas pueden dificultar el
desenvolvimiento de las sociedades que ya cotizan en Bolsa, y no
digamos el de aquellas que en estos momentos están estudiando su
entrada en el mercado de valores y que, ante estas situaciones,
pueden retraer las propuestas para esa entrada en el mercado
financiero, que, por otro lado, desde el ámbito parlamentario y
legislativo estamos intentando facilitar. Por tanto, miremos las
consecuencias de las medidas que se proponen.
Las stock options existen en todos los países de la Unión Europea,
también en el Estado español. Existen y han existido en el ámbito
empresarial privado sin que hasta ahora haya sido cuestionada, por lo
menos a este nivel, su existencia. Otra cosa es que el procedimiento
se aplique en el ámbito de la empresa pública, de la empresa
semipública, de la empresa que utilice dinero público o incluso de
las que, proviniendo de situaciones de monopolio, están gozando de
una posición de privilegio. En este caso, mi grupo parlamentario cree
que es necesario establecer las medidas legislativas adecuadas en el
ámbito mercantil y fiscal, y éste es el caso de Telefónica y de las
empresas de su holding. A estas alturas de legislatura, como decía
antes, poco se puede hacer salvo tomar medidas puntuales, como las
que pretendemos, que puedan paliar esta situación.
Creemos que sería conveniente retomar este debate para avanzar en las
reformas mercantiles y tributarias ante este sistema de retribución y
otros aspectos relacionados
con las plusvalías provenientes de inversiones especulativas. Mi
grupo cree que habría que retomar este debate, pero, lógicamente, en
la próxima legislatura.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Vuelvo a intervenir en un debate que no por manido deja de ser
interesante. En la interpelación, el miércoles de la semana pasada,
mi grupo tuvo ocasión de fijar su posición dibujando tres trazos
gruesos que después intentaré aplicar a la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, nos mostramos
a favor de los incentivos que las empresas puedan ofrecer a los
directivos y no sólo a los administradores. Entendemos que hay que
incentivar a los directivos y que eso mejora la competencia de las
empresas. Además, estos incentivos, deben responder a lo que en el
propio informe Olivencia figura en cuanto a la retribución de los
administradores. Se dice que los accionistas esperan que la
remuneración del consejo -en este caso, debiéramos decir a los
directivos- no exceda de lo que sea necesario para atraer a personas
competentes; en segundo lugar, que de alguna manera esté asociada
a los rendimientos individuales y de la compañía y, finalmente, que sea
conocida para facilitar se escrutinio público. Por tanto, debe
tratarse de unos incentivos que respondan a la racionalidad económica
y que estén sometidos a un criterio de transparencia.
Rechazamos los incentivos que merezcan el calificativo de
desorbitados o que den lugar a un enriquecimiento claramente abusivo.
Si algún grupo -me perdonarán SS.SS.- se ha caracterizado por la
defensa de la economía productiva a lo largo de las últimas
legislaturas y en contra de esa economía puramente especulativa ha
sido el mío; por tanto, pocos más que nosotros podrán rechazar un
planteamiento que responda precisamente a ese enriquecimiento
puramente especulativo ante ese gradual calentamiento de valores, que
incluso en algunos casos podría ser constitutivo de infracción o de
delito.
Mi grupo entiende que no todas las empresas se encuentran en una
idéntica situación. Aquellas cuyos precios, cuya situación en el
mercado y sus beneficios derivan del mercado puro -hay que matizar
que el mercado puro existe muy residualmente- estarán en una
situación, y aquellas otras que se vean afectadas por una situación
de monopolio o de oligopolio, cuyos precios sean regulados porque
todavía se mantiene una posibilidad de intervención administrativa o,
yendo más allá, aquellas que son contratistas o concesionarias de la
Administración y cuyo precio afecta sin lugar a dudas a sus
beneficios, se encuentran en una situación especial. Digo especial;
no quiero decir que en estas
compañías no tenga que haber incentivos para los directivos, porque
no creo que nadie en su sano juicio pueda pensar que las
contratistas, las concesionarias o las empresas que se mueven en
sectores de precios regulados, incluso de monopolio, lo que tienen
que hacer es incentivar la ineficiencia económica, la subida de
precios y hasta la quiebra del sistema. Por descontado que, no. Lo
que sí es cierto es que en ellas la creación de riqueza no viene pura
y simplemente de la actuación de los directivos, sino de un orden
jurídico económico en el que las administraciones públicas y las
leyes tienen una especial incidencia.
Estos son, como decía anteriormente, señorías, los principios
básicos. Debemos poner de manifiesto que hay algunos aspectos de la
moción del Grupo Parlamentario Socialista con cuyo espíritu podemos
coincidir, pero que no nos parecen de recibo. En primer lugar, porque
respecto a la transparencia, mi grupo apoyó las enmiendas
introducidas por el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de
Economía y Hacienda del Congreso, que pretendían precisamente dotar a
estos sistemas de retribución de una mayor transparencia: la
aprobación por la junta general y la información a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. En segundo lugar, da la impresión
-permítame que se lo diga el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista- de que la moción se limita a las stock options y a los
sistemas de opciones sobre acciones, cuando los incentivos de los que
pueden gozar directivos y administradores son mucho más amplios que
ese sistema y, por lo tanto, la transparencia debiera predicarse
también de todos.
No entendemos exactamente el sentido del apartado b). Si cuando hace
referencia a que hay que articular medidas para impedir la ejecución
de los planes de opciones sobre acciones en determinadas empresas se
refiere a personas que, en virtud del ordenamiento jurídico vigente,
han adquirido derechos de contenido patrimonial, que a nosotros nos
parecen éticamente reprobables pero que, desde el punto de vista
jurídico, pueden ser también irreprochables, no podemos estar de
acuerdo. La Constitución reconoce en su artículo 33 el derecho a la
propiedad privada y establece que la privación de derechos o
intereses legítimos que pueden ser moralmente reprobables -y en este
caso, desde el punto de vista ético, merecen nuestro reproche-
requiere una compensación. No se puede privar de esos derechos de
contenido económico, y si de lo que se trata es de regular en el
futuro un especial régimen jurídico, necesitaríamos una mayor
concreción.
Finalmente, se hace referencia al aspecto fiscal. Mi grupo ya puso de
manifiesto en el debate de la interpelación que, partiendo de la base
de que lo que existe o debe existir es un sistema fiscal, es posible
que aquí hayamos introducido una pieza con excesiva premura y que,
por lo tanto, deban efectuarse en el futuro determinadas
correcciones. Quizá en el debate de la siguiente moción pueda
anunciarnos algo el Grupo Parlamentario Popular, vista la enmienda
que ha presentado, que parece que matiza el régimen fiscal. Pero
tenemos que
decir que es el régimen fiscal, como se exponía aquí la semana
pasada, el que permite detraer determinados ingresos que consideramos
moralmente reprobables y excesivos desde el punto de vista
cuantitativo, y aplicarlos en beneficio de la comunidad, de la misma
manera que la Constitución dice en materia urbanística que los
poderes públicos deben favorecer la redistribución de los beneficios
obtenidos por la actuación urbanística de los poderes públicos, para
que la comunidad participe no digo de la especulación urbanística,
pero sí de algunos efectos de esos negocios urbanísticos.
Nuestro voto va a ser, como decía anteriormente, negativo,
entendiendo que algunas de las medidas ya se están poniendo en marcha
y que no podemos compartir, si ése es el sentido, que se acuda a la
privación de derechos de contenido económico porque nuestra
Constitución no lo permite.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, el Grupo
Socialista nos ha traído hoy aquí una moción que no tiene ningún
rigor técnico y sigue manifestando una muy pobre voluntad de dar
solución a nada. Sigue con la intención de alargar un debate del que
seguro que está pretendiendo sacar alguna ventaja partidista o, al
menos, disimular los escándalos de Filesa y de los fondos reservados,
que ya están llegando a su fin en la vía judicial.
Me parece extraño, y denota poca solvencia, que sigan haciendo
propuestas refiriéndose sólo a las opciones sobre acciones. En esta
tribuna -y cito textualmente, señor Fernández Marugán- decía su
portavoz que el plan de Telefónica, si se analiza en profundidad -y
añadía él: «Es sorprendente que yo lo diga ahora»-, no es un plan de
opciones. Hoy hemos conocido que en el Senado presentaron ayer
enmiendas refiriéndose sólo a opciones sobre acciones. La moción se
refiere sólo a opciones sobre acciones. La proposición no de ley se
refiere sólo a opciones sobre acciones. Señorías, tienen que ser más
precisos. Si lo que queremos es entrar al debate que algún portavoz
anteriormente ha planteado, que es el relativo a las retribuciones de
los administradores y directivos. Si lo que queremos es transparencia
y equidad fiscal tenemos que predicar -como decía antes el señor
Silva- esas condiciones -transparencia y equidad fiscal- de cualquier
sistema retributivo variable vinculado al precio de la acción y no
sólo sobre las opciones sobre acciones. Por eso, en las soluciones
que hemos ido dando aquí, en el Congreso, y ayer con las enmiendas
presentadas en el Senado, hablamos de un concepto más amplio, de
cualquier retribución ligada al valor bursátil.
Respecto al tema de hoy, me gustaría dejar bien claro que mi grupo no
apoya ni puede apoyar el enriquecimiento
especulativo. No nos parece bien. Lo criticamos cuando el
ministro socialista Solchaga decía que España era el país donde más
fácil y más rápido uno podía hacerse rico. Nos parecía mal entonces y
nos sigue pareciendo mal ahora. Nos parecían mal las actividades -que
según el señor Fernández Marugán, eran del sector primario- del
gobernador del Banco de España y nos sigue pareciendo mal el
enriquecimiento especulativo. Criticábamos la España del pelotazo que
puso en marcha e impulsó el Gobierno socialista. Por eso, cuando el
Grupo Popular apoyó a un Gobierno, cuando empezamos a tener
responsabilidades de Gobierno, cambiamos esa España del pelotazo por
una España que se basara en un crecimiento ligado a la oferta
productiva.
Antes se refería algún portavoz de los grupos que apoyan al Gobierno
a la economía productiva. Esa es la España que nosotros queremos.
Nosotros queremos una España que impulse un sistema económico que
premie el esfuerzo, el trabajo, el tesón, el mérito y el riesgo. Por
eso, desde 1996, hemos apoyado a las pymes, a los profesionales, a
las empresas y a los trabajadores; hemos impulsado un debate sobre
las retribuciones de los directivos encargando este Gobierno el
informe Olivencia, en 1997 y que fue aprobado en 1998. Y ahora, en la
ley de acompañamiento, tanto en el trámite del Congreso como ayer con
enmiendas en el Senado, hemos modificado el marco mercantil y
tributario, trasladando algunas conclusiones de dicho informe.
Nosotros apoyamos a las pymes que generan empleo, invierten, buscan
nuevos mercados, y a los trabajadores y profesionales que se
esfuerzan, que se especializan o que innovan. Por eso hemos adoptado
medidas efectivas, que entrarán en vigor el 1 de enero del 2000; que
obligan a que los estatutos de las sociedades establezcan los
sistemas retributivos de directivos y administradores; que obligan a
que las juntas generales aprueben esos sistemas retributivos y no
baste una decisión del consejo de administración ni de ningún órgano
encargado de las retribuciones y a que se informe a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y que se tribute al máximo cuando
esas retribuciones sean altas, sin otorgarles, porque no tiene
sentido hacerlo, ningún tipo de bonificación. También hemos pedido -y
ayer lo ampliamos- que las empresas que tienen ya esos derechos, pero
no los han ejecutado, tengan la obligación de aprobarlos en la junta
de accionistas y de realizar un folleto complementario donde se
indiquen los nombres de las personas que percibirán esos ingresos,
así como que ese folleto sea enviado a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores junto con un acta que certifique el acuerdo de la
junta sobre el sistema retributivo. Lo hemos hecho porque queremos
transparencia (El señor Fernández Marugán: ¡Léalo, léalo!.- Rumores.-
Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.),
protección del pequeño accionista y equidad tributaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández
Marugán, le ruego guarde silencio. (Rumores.-El señor Fernández
Marugán: ¡Es que está mintiendo!) Señor Fernández Marugán, le llamo
al orden.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor Fernández Marugán, nosotros no
estamos de acuerdo ni con las patadas en la puerta que daba el señor
Corcuera (Protestas.), ni con el saltarse el Estado de derecho que
hacía el señor Barrionuevo (Continúan las protestas.), ni con
expropiaciones innecesarias que dieron a luz los escándalos de
Rumasa. Nosotros queremos una regulación que dé trasparencia,
protección del pequeño accionista y, además, otorgue equidad
tributaria a nuestro marco fiscal. No estamos en desacuerdo con
sistemas retributivos variables que incentiven a los directivos y a
los trabajadores o los hagan partícipes de la empresa. Eso sí, nos
gustaría -luego lo hablaremos en la siguiente moción- que se
generalizaran esos incentivos al mayor número de trabajadores de la
empresa y que fueran absolutamente transparentes. Queremos que sean
los accionistas quienes tengan la última palabra y que, cuando den
lugar a remuneraciones elevadas, tributen al marginal máximo.
Señor Fernández Marugán, el PSOE volvió a presentar ayer en el Senado
una modificación del IRPF exclusivamente para el tratamiento de los
rendimientos irregulares derivados de las opciones sobre acciones, y
aquí se ha hablado del marco tributario. Yo quiero dejar bien claro
que con el marco tributario que se ha aprobado, y que no tenemos
ninguna voluntad de modificar porque nos parece justo, no se
perjudica a ningún trabajador. Lo que hace ese marco tributario que
hemos reformado es que los que perciben rendimientos muy elevados
tributen al máximo. Señor Fernández Marugán, ¿a usted le parece
razonable que un bonus extraordinario, se llame stock options, bonus
referenciado al valor bursátil o bonus referenciado al rendimiento de
la empresa, sea de 500 millones de pesetas y ustedes le otorguen una
exención fiscal a 150 millones? ¿Le parece razonable ese tratamiento
fiscal? ¿Le parece razonable que a un señor que percibe una
indemnización por prejubilación de 532 millones de pesetas se le
otorgue una exención de 161 cuando un trabajador normal sólo tendría
una exención por 40? ¿A quiénes defienden queriendo regular sólo el
sistema tributario de las opciones sobre acciones y no el de todo el
mundo? Señorías, yo les hablo de casos reales, y esos casos reales
del señor que cobra 500 millones en tres años y no son stock options,
o del que cobra 532 y ha estado en una empresa, con la enmienda del
Grupo Socialista tendrían exenciones fiscales de más de 150 millones
de pesetas. Eso no nos parece razonable y, por eso, hemos dado un
sistema tributario justo, un sistema tributario que lo que busca es
que ningún trabajador que perciba remuneraciones extraordinarias, e
irregulares moderadas, tenga ningún perjuicio.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez-
Pujalte, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo.
No vamos a modificar la enmienda fiscal. Lo aprobado en la Ley de
acompañamiento, señorías, es positivo, porque aumenta la
transparencia y pone freno a una bonificación fiscal que no tiene
justificación. Nosotros pedimos que todos nos unamos en un consenso
para que el debate sobre las retribuciones abierto en todos los
países de Europa, abierto en España -y donde hay coincidencia en que
no nos gusta que las retribuciones elevadas partan de rendimientos
especulativos- tengan un marco jurídico, mercantil y fiscal positivo.
Al Grupo Socialista le ha faltado sensibilidad para cambiar unas
leyes que ellos hicieron, y siguen empeñados en que haya dos varas de
medir, una para ellos y otra para el resto de los mortales. Mi grupo
ha presentado una enmienda a la moción del señor López Garrido, que
luego tendremos ocasión de debatir, pero dicha moción camina en la
buena dirección.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez-
Pujalte, le ruego que no anticipe el debate de la siguiente moción y
concluya.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Concluyo.
Señores del Grupo Socialista, les pediría que retiren su moción y se
unan a un consenso con la moción del señor López Garrido y con las
medidas mercantiles y tributarias que están en la Ley de
acompañamiento y que se deben aprobar en el Senado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez-Pujalte.
Señor Fernández Marugán, ¿su señoría, en nombre de su grupo
parlamentario, acepta la enmienda planteada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida?
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: El Reglamento solamente me permite
manifestar mi posición respecto a las enmiendas presentadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Por eso le
formulo la pregunta, señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Voy a ser respetuoso con el Reglamento y
con los criterios de la Presidencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Yo se lo
agradezco; como es la obligación de todos.
Muchas gracias.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Nosotros aceptamos las enmiendas
formuladas a nuestra moción por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida y agradecemos al resto de grupos parlamentarios los argumentos
que han esgrimido en la tribuna al debatir esta cuestión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Se lo agradezco
mucho, señor Fernández Marugán.
Vamos a proceder a la votación tanto de la presente moción como del
anterior dictamen con carácter orgánico. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979,
DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente
121/000179.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a los dos últimos debates, el primero de los cuales
se centró en el dictamen de la Comisión Constitucional al proyecto de
ley orgánica de modificación de la del Tribunal Constitucional.
En primer lugar, se somete a votación el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 184; en contra, 124; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
Al tener la iniciativa naturaleza orgánica y de acuerdo con la
Constitución y el Reglamento, como hemos anunciado, se necesita el
pronunciamiento de la Cámara por mayoría absoluta. A tal efecto,
vamos a votar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
311; a favor, 184; en contra, 124; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen del
proyecto de ley orgánica al haber superado la mayoría absoluta de la
Cámara. (Aplausos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.):
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A POLÍTICA GENERAL
SOBRE POSICIÓN Y PREVISIONES NORMATIVAS DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA
REGULACIÓN DE LAS DENOMINADAS OPCIONES SOBRE ACCIONES. (Número de
expediente 173/000171.)
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la moción del Grupo Socialista,
relativa a política general sobre posición y previsiones normativas
del Gobierno respecto de la regulación de las denominadas opciones
sobre acciones, con la enmienda de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
310; a favor, 139; en contra, 170; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la moción del
Grupo Socialista.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN.):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE
TRANSFERENCIAS DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS EN TERRITORIO
ANDALUZ A LA JUNTA DE ANDALUCÍA. (Número de expediente 173/000172.)
El señor PRESIDENTE: Restan dos mociones en el orden del día, a cuyo
debate sucesivo vamos a proceder a continuación, votando ambas al
final de los debates correspondientes.
En primer lugar, moción del Grupo de Izquierda Unida, sobre
transferencias de las confederaciones hidrográficas en territorio
andaluz a la Junta de Andalucía.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Centella.
(Rumores.)
Señorías, por favor, despejen el centro del hemiciclo, si han de
abandonarlo para dedicarse a otras tareas parlamentarias dentro del
recinto.
Cuando quiera, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, celebramos hoy la segunda parte de un debate que desde
Izquierda Unida se considera no solamente importante, sino también
muy clarificador de los planteamientos que en los próximos meses
vamos a escuchar en Andalucía. Mi grupo espera que los planteamientos
del Grupo Popular sean defendidos hoy por un diputado de Andalucía y
que no ocurra como la semana pasada, que ningún diputado de Andalucía
se
subió a esta tribuna a decir lo que el Grupo Popular tiene que decir
sobre las transferencias de las confederaciones hidrográficas a la
Junta de Andalucía. Señorías, con toda sinceridad, espero tener más
fortuna en esta intervención que la que tuve la semana pasada cuando
la señora ministra no entendió ninguno de mis argumentos, cuando se
empeñó en darme una clase sobre la Constitución, una clase sobre el
desarrollo del estatuto de autonomía, que no venía a cuento de nada.
Por eso, como verán, hemos presentado una moción muy concreta, que no
tiene ningún preámbulo, para que nadie se vaya por las ramas, para
que nadie intente decir otra cosa más que lo que proponemos en
nuestra moción. La verdad es que algunos de los puntos que
presentamos en esta moción parecen sacados, como ya se dijo la semana
pasada, del programa con el que el Partido Popular solicitó el voto
en Andalucía en las pasadas elecciones. Sin embargo, como la semana
pasada se dijeron algunas cosas en esta tribuna que yo considero
totalmente inexactas, quisiera dejar sentados algunos argumentos
referidos al Estatuto de Autonomía de Andalucía, eso sí, sin
pretender dar lecciones jurídicas ni constitucionales a nadie y mucho
menos a la señora ministra. Solamente quisiera, con toda modestia,
leer el artículo 13.12 de nuestro estatuto de autonomía, que dice
textualmente: Es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la
gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y
regadíos, cuando las aguas transcurran únicamente por Andalucía.
Aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro
territorio. También dice el Estatuto de Andalucía, en el artículo
15.1.8.a que se pueden asumir competencias en otras materias que, con
este carácter y mediante ley del Estado, sean transferidas a la
comunidad autónoma andaluza.
Esto es, y no otra cosa, lo que dice nuestro statuto de Autonomía.
Una vez escuchado esto, pido a los diputados andaluces del Grupo
Popular que nos digan si nuestra iniciativa, nuestra propuesta, se
sale un solo ápice de él. Nuestra propuesta, en su punto primero,
señala que se inste al Gobierno a transferir de forma urgente las
competencias sobre las cuencas hidrográficas del Guadiana II, Sur y
del Guadalete- Barbate a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por
tanto, no estamos pidiendo nada fuera del estatuto; al contrario,
estamos pidiendo ni más ni menos que se aplique el Estatuto de
Autonomía de Andalucía.
Por esto, señorías, el Grupo Popular se debe pronunciar sobre esto
aquí y ahora, en esta tribuna, pero también cada uno y cada una de
los diputados y de las diputadas del Grupo Popular se tiene que
pronunciar con su voto, muy especialmente aquella diputada que aspira
a ser la próxima presidenta de Andalucía. Sinceramente, esperaba que
estuviese en este debate, esperaba que subiese a esta tribuna, porque
es muy triste que quien espera representar a los andaluces, quien
espera ser la próxima presidenta de Andalucía ni siquiera esté
presente en un debate de tanta importancia para esa comunidad.
Por tanto, les pediría que no busquen argumentaciones jurídicas ni
triquiñuelas jurídicas, sino que digan clara y directamente si
quieren traspasar a la Junta de Andalucía las competencias sobre las
cuencas hidrográficas cuyas aguas transcurren íntegramente por
Andalucía. Sobre eso se tienen que pronunciar aquí y ahora, pero
también se tienen que pronunciar en Málaga, en Cádiz, en Huelva, en
toda Andalucía. Lo tendrán que decir aquí, pero, como digo, también
lo tendrán que decir allí a los agricultores, a los ecologistas, a
todos los agentes sociales que están reclamando este traspaso, eso
sí, muchas veces con el aplauso de los miembros del Partido Popular
de Andalucía.
Centrándonos en nuestra moción, en el desarrollo concreto de sus
puntos y esperando tener más éxito a la hora de que ustedes entiendan
realmente lo que queremos decir, venimos aquí con la intención de
alcanzar algún acuerdo -lo dijimos la semana pasada-, pero nos ha
sorprendido que no haya habido ninguna enmienda del Grupo Popular,
ninguna propuesta del Grupo Popular, ningún intento de consenso del
Grupo Popular, que no haya dicho nada sobre este tema, que se haya
quedado mudo, quizá porque era imposible decir algo aquí y defenderlo
en esta Cámara. Ya dije la semana pasada que estábamos dispuestos a
llegar a un acuerdo, pero el Grupo Popular no ha presentado ninguna
propuesta. El Grupo Popular viene a esta Cámara sin ninguna propuesta
sobre el futuro de las cuencas hidrográficas que transcurren por
Andalucía, lo que evidencia realmente cuál es la postura del Partido
Popular. A estas alturas ya es evidente que ningún diputado ni
diputada del Partido Popular se atreve a defender en Andalucía, como
ningún diputado o diputada andaluza se atreve a subir a esta tribuna
a defender esa postura.
Nuestra moción es muy simple y ya he explicado el primer punto en el
ámbito de la Constitución y del estatuto de autonomía, pero también
tiene un segundo punto que se refiere al río Guadalquivir. La semana
pasada, la señora ministra nos dijo que el río Guadalquivir pasaba
por cuatro comunidades autónomas. Creemos que la señora ministra debe
tener muy lejos la escuela, debe recordar muy poco la geografía que
estudiaría en el bachillerato antiguo -dada la edad que tenemos- para
referirse de esa manera al río Guadalquivir. Ya le dije la semana
pasada que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur
manifestó públicamente que estábamos ante un tema muy complicado
y que no era un problema de falta de voluntad, que el Gobierno tenía
intención de hacer las transferencias, pero que era muy complicado,
motivo precisamente por el que las transferencias no se realizaban.
Quizá haya alguien en el Partido Popular que crea que a estas alturas
al pueblo andaluz se le puede confundir, se le puede engañar. La
verdad es que no nos confundieron el 28 de febrero de 1980 cuando nos
dijeron que la autonomía era una cosa muy compleja y que no era cosa
de los andaluces, y tampoco nos van a confundir ahora cuando
reclamamos ni más ni menos que la gestión de nuestras aguas, la
gestión de nuestros ríos.
Es evidente que a estas alturas del desarrollo constitucional se han
realizado transferencias mucho más complejas y mucho más complicadas,
política y jurídicamente. Por tanto, yo no creo que su Gobierno, el
Gobierno del Partido Popular se reconozca tan incapaz de poder
solucionar un problema tan simple como puede ser el de estas
transferencias. En realidad, creemos que los motivos que impidieron
en su día el traspaso a nuestro Gobierno son otros, falta voluntad
política. El Grupo Popular hoy y aquí no tiene esa voluntad política;
díganlo claramente y defiéndanlo, porque eso es lo que están diciendo
aquí, no lo que dicen en Andalucía.
Para terminar -antes de que me llamen la atención- quiero repetir que
el río Guadalquivir, como dije la semana pasada, es un río andaluz.
La señora ministra podía subir a la tribuna y decir que pasaba por
cuatro comunidades autónomas (creo que hasta los niños de la primaria
actual le podían explicar geografía a la señora ministra), pero se le
olvidó decir que más del 92 por ciento de la cuenca del Guadalquivir
transcurre por Andalucía y que solamente el 1 por ciento de sus
recursos están fuera de Andalucía; eso no lo dijo, señora ministra. Y
comparar -como lo hizo, y cito textualmente- el Guadalquivir con el
Ebro es realmente toda una pasada. Eso sí, la señora ministra vino a
decir que lo que nosotros proponíamos era partir el Guadalquivir...
El señor PRESIDENTE: Señor Centella, ha de concluir.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Termino en un momento.
La señora ministra vino a decir la semana pasada que lo que
pretendíamos era partir el Guadalquivir, como se podía partir el Ebro
entre las nueve comunidades autónomas por las que pasaba; es evidente
que no es el mismo caso. El Guadalquivir es un río andaluz y a
Andalucía no le correspondería sólo un pedacito de Guadalquivir, sino
todo un pedazo. Lo único que esos argumentos venían a esconder -y lo
repito por enésima vez- es la nula voluntad política que tiene en
estos momentos el Grupo Popular para transferirlo a las comunidades
autónomas. Por eso, y para terminar, pido el apoyo a esta moción -que
no dice ni más ni menos que lo que dice- para que se transfieran
urgentemente las competencias sobre las cuencas que transcurren
íntegramente por Andalucía, se habiliten fórmulas jurídicas de
cogestión entre la Administración central y la Junta de Andalucía, en
el caso del Guadalquivir, mientras se modifica la legislación vigente
en el menor plazo posible el Guadalquivir para que pueda ser
gestionado por Andalucía. Eso es lo que plantea nuestra moción y lo
que aquí vamos a votar todos los diputados, pero de forma muy
especial los diputados y las diputadas de Andalucía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
A la moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Mixto. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la moción
presentada por Izquierda Unida, y lo va a hacer a partir de la
comprensión de la necesidad competencial que seguramente tiene
Andalucía en relación con sus cuencas hidrográficas. Incluso
comprendemos que en la moción se gradúe la posibilidad de llegar a
alcanzar una competencia que hoy es del Estado.
Queremos recordar que el artículo 148.10 de la Constitución española
reconoce a las comunidades autónomas competencias en los proyectos,
construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos,
canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma, las aguas
minerales y termales. Pero es cierto que esa capacidad competencial
se ve muchas veces limitada por la concurrencia de otras competencias
de titularidad estatal. La posible intención de un gobierno de
Andalucía, o de un gobierno de Galicia, de realizar obras de interés
para Andalucía, o de interés para Galicia, en cuencas hidrográficas
que no pertenezcan íntegramente a la comunidad, depende de la
competencia estatal sobre el dominio público hidráulico. Permítanme
SS.SS. que ponga ejemplos del caso de mi país. Los regadíos de A
Limia o de Val de Lemos están condicionados por esta limitación
competencial. Es cierto, y es de lamentar, que hubo un momento
adecuado para abordar una ampliación competencial sobre aguas
continentales cuando se debatió la nueva Ley de Aguas. El Bloque
Nacionalista Galego mantuvo entonces una posición de este tipo en
solitario. Desgraciadamente, sigue siendo un corsé que impide el
ejercicio completo de competencias en el interior del territorio de
Galicia por parte de la Administración autonómica y seguramente será
el pretexto que se utilice también en el caso de Andalucía.
Todos sabemos que la regulación, aprovechamiento y racionalización
del uso de los recursos hídricos tiene un importante papel
estratégico para el desarrollo de muchas partes del territorio del
Estado español, entre las cuales seguramente está Andalucía y, por
supuesto, Galicia. Hoy, en algunas de las cuencas hidrográficas más
importantes de Galicia, por ejemplo, no hay ninguna competencia de la
comunidad autónoma. Les voy a poner un ejemplo que podría ser
paralelo al del Guadalquivir. En el caso de la cuenca hidrográfica
del Miño, la más importante por el volumen de aguas y sólo con
algunos afluentes en su curso alto en otras comunidades autónomas, la
competencia de Galicia debería ser mayor. Que la cuenca se sitúe en
gran parte en este territorio o que las decisiones no afecten aguas
abajo a otras comunidades deberían ser argumentos para que Galicia
ejerciese sus competencias en materia de aguas y tramitase las
concesiones de dominio público
hidráulico en esta cuenca. Seguramente, estas peculiaridades de la
cuenca hidrográfica de Galicia, en concreto del Miño, que abarca gran
parte del territorio de nuestro país, y su importancia cuantitativa y
cualitativa en su territorio podrían argumentarse exactamente igual
para el caso del Guadalquivir, y sobre todo podrían servir para
argumentar que se debía constituir una unidad de gestión
administrativa y proceder a la urgente transferencia de competencias.
La Ley de Aguas no contempló la posibilidad de la delegación de
competencias del Estado para el futuro y hoy, desgraciadamente,
tenemos que lamentarnos. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.)
En todo caso, nuestra enmienda de adición va destinada exclusivamente
a que, consecuentemente con los puntos que presenta Izquierda Unida
en relación con las cuencas hidrográficas de competencia estatal de
Andalucía, se contemple la posibilidad de delegar en las comunidades
autónomas competencias estatales sobre las aguas continentales en su
transcurso por sus respectivos territorios, de forma que la
proximidad administrativa favorezca la unidad de gestión, la atención
adecuada y la correcta regulación del dominio público hidráulico. No
sé lo que están haciendo las confederaciones hidrográficas del sur,
en concreto de Andalucía, con sus ríos. Yo puedo asegurar que la
Confederación Hidrográfica del Norte es un ejemplo de desinterés y
desatención por la cuenca hidrográfica del Miño. No deja de ser
curioso que los gallegos tengamos que ir a Oviedo, a Asturias, a
arreglar nuestros problemas, cuando realmente la cuenca hidrográfica
más importante de todo el norte está situada en nuestro país.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que desean fijar la posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Señor presidente, señorías, mi grupo va
a votar a favor de la moción del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Como ya dije la semana pasada en el debate que tuvimos sobre la
interpelación, se trata de uno de esos asuntos sobre el que más
consenso, más acuerdo hay en Andalucía, tanto en sede parlamentaria
como en el conjunto de la sociedad andaluza Mi grupo coincide con la
moción que presenta hoy Izquierda Unida. Por eso no ha presentado
ninguna enmienda. Tendrían que coincidir todos los grupos con ella,
porque, señor Centella, permítame que se lo diga con todo cariño, me
parece incluso moderada. Pide menos de lo que pedía el Partido
Popular en el programa electoral con el que se presentó a las
elecciones del año 1996, a las últimas elecciones autonómicas, que ya
lo he leído dos veces pero que lo voy a leer por tercera vez. Me pasa
con las confederaciones como con el
censo, como con el tema de la población, que lo he planteado una y
otra vez, porque es de esos temas de justicia que hay que debatirlo
muchas veces. Este es un tema tan evidente, tan sangrante que es
preciso recordarlo.
El Partido Popular, en el programa electoral con el que se presentó a
las elecciones -de alguna manera debe comprometer con sus electores-,
exigía la transferencia de la gestión de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir sur y de los sistemas hidrológicos del
Guadiana y Guadalete-Barbate. Por eso digo que la moción de Izquierda
Unida es moderada, puesto que distingue dos puntos. Incluso es más
moderada que lo que aprueba el propio Parlamento de Andalucía, en
aras de eso que ha dicho el señor Centella, de buscar el consenso, de
buscar el acuerdo y de evitar que nos dieran más lecciones de derecho
en el tema más complejo del Guadalquivir.
Además de solicitar al Grupo Parlamentario Popular (como ha dicho el
señor Centella, a los diputados y diputadas de Andalucía,
especialmente a su candidata a la Presidencia de la Junta de
Andalucía, la señora Martínez, que es diputada, supongo que para
intervenir, para saber y para estar interesada en los debates que se
producen en esta Cámara que tienen que ver con su tierra, con
Andalucía) que sea coherente con sus propias propuestas electorales,
pedimos a los demás grupos que apoyen hoy el contenido de la moción
de Izquierda Unida, cuyo texto es incluso más moderado que aquel que
fue aprobado recientemente en el Parlamento de Andalucía.
Señorías, lo dije el otro día y lo voy a repetir muy rápidamente. Las
transferencias de las confederaciones hidrográficas a la Comunidad
Autónoma de Andalucía no son más que una consecuencia del reparto
competencial del poder que efectúa la Constitución y el Estatuto de
Autonomía para Andalucía. Si no se ha hecho antes ha sido por muchas
razones que expliqué el otro día y que si alguna de SS.SS. quiere
estoy dispuesta a reiterar, pero que son producto de un proceso
histórico, del proceso de construcción del Estado de las autonomías
y de la complejidad que tienen algunos temas y que no se nos escapan.
Suponiendo que no se hubiera hecho en esos 14 años famosos, a los que
siempre que interviene la señora Tocino están tan acostumbrados a
hacer referencia, y que alguna cosa estuviera mal -que no es el
caso-, ya expliqué el otro día cómo estaba a punto de concluir el
proceso de transferencia de la Confederación Hidrográfica del sur y
por qué no se hizo. Ello fue debido a un dictamen del abogado del
Estado, después vinieron las elecciones de 1996 y a partir de ese
momento se puso fin por completo a cualquier tipo de diálogo, de
debate, de acuerdo, de posibilidad de discusión entre el Gobierno y
la Junta de Andalucía en este tema, como en tantísimos otros que
afectan a mi comunidad autónoma. Aunque no hubiéramos hecho una cosa
o la hubiéramos hecho mal -repito que este no es el caso-, habrá que
corregirla alguna vez. No
por eso nos vamos a quedar así para siempre. El pretexto del Gobierno
es decir: como no se hizo en los 14 años anteriores, yo ya no hago
nada en el futuro.
Me parece que ese tipo de manifestaciones o de expresiones no son ni
siquiera de recibo. Si una cosa no se hizo por lo que fuera, bien o
mal, hay que hacerla y hay que corregirla, porque a ello nos obliga
la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Se trata, señorías, de una competencia exclusiva de la comunidad
autónoma andaluza, atribuida constitucionalmente a Andalucía en su
estatuto de autonomía y de acuerdo con el juego que establece la
Constitución y el estatuto, y está ejercida transitoriamente por el
Estado, al no haberse realizado el correspondiente traspaso de
competencias. Además, Andalucía es la única de las comunidades
autónomas del artículo 151 de contenido pleno que no tiene de momento
transferida esta competencia. Por eso, señorías, termino muy
brevemente reiterando al Grupo Popular que sea coherente con sus
propios programas electorales, ya que lo que vamos a votar aquí hoy
es algo menos de lo que ellos mismos pedían. Aquí no pedimos, ni
siquiera pide Izquierda Unida, la transferencia del Guadalquivir,
sino que pide que inmediatamente se hagan las demás, cosa que ellos
sí planteaban. Supongo que el conocimiento del derecho debería ser el
mismo entonces que el de ahora. Además le pido al resto de los
grupos, a los grupos nacionalistas, que apoyen esta moción. Ellos se
dedican, y lo hemos visto antes en el debate que hemos tenido sobre
el Tribunal Constitucional, a erigirse, en ocasiones, desde mi punto
de vista, indebidamente, en representantes de las comunidades
autónomas porque gobiernen en las mismas. En este caso, no se trata
de erigirse en representantes de nadie. Se trata, señores de los
grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, de que sean ustedes
justos y equitativos en el tema de cómo debe ser el reparto
competencial con todas y cada una de las comunidades autónomas. Y
aquello que no quieren que les hagan a ustedes, no deseen que se lo
hagan a los demás. Es de justicia que a Andalucía le corresponde y le
compete el ejercicio de estas competencias, de las que le pedimos su
transferencia al Gobierno, que se sienten a negociar, que se busque
una fórmula de acuerdo y que nos pongamos a trabajar en algo que es
de justicia para mi tierra.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Rubiales.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De
Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Quiero iniciar mi intervención con una aclaración al portavoz de
Izquierda Unida que ha intervenido y que veo que este momento no está
en la sala.
Señoría, Andalucía es España, y esta Cámara es la representación de
la soberanía nacional. Todos los
diputados del Partido Popular defendemos y apoyamos a todas las
comunidades autónomas. Usted, con todo el respeto, no es quien para
decidir el que debe intervenir en el turno del Grupo Popular.
Concédanos, al menos, autonomía de decisión en este aspecto.
Considero inadecuado, inmaduro, improcedente y fuera de lugar, tanto
el tono de su intervención, como el contenido de la misma. Un minuto
para hablarnos de la moción y el resto para atacar injustificadamente
al Grupo Popular que todavía no había intervenido.
Nuestro grupo votará en contra de la moción del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida porque, como indiqué el otro día, apostamos por la
Constitución y por la Ley de Aguas, que cuenta con el aval del
Tribunal Constitucional, en cuanto a que es acorde en sus términos
con el reparto competencial diseñado por la Constitución y los
estatutos de autonomía.
Votaremos en contra del primer punto en el que se solicita la
transferencia urgente de las cuencas hidrográficas del Guadiana sur,
Guadalete-Barbate, a la Comunidad Autónoma de Andalucía porque, si
bien, en principio, las aguas de alguna de estas cuencas tienen
carácter, como ha dicho el señor portavoz, intracomunitario, como es
el caso del Guadalete-Barbate, del Tinto-Odiel y una buena parte de
los que integran la Confederación del Sur, se dan una serie de
peculiaridades que hay que considerar, analizar y resolver con
seriedad cuando se plantea una transferencia de esa envergadura. El
Guadiana es un río de carácter transfronterizo. El territorio actual
de la Confederación del Sur no se corresponde con el geográfico de
las cuencas del sur. En el caso del Tinto-Odiel, existe una
interconexión a un río internacional, el Guadiana, que es, además, la
principal fuente de abastecimiento de toda esta cuenca hidrográfica.
Junto a todas estas particularidades, señorías, que exigen un estudio
detallado, unas condiciones de diálogo honesto y un consenso entre la
Administración central y la Administración autonómica, nos
encontramos con un Gobierno, el de la Junta de Andalucía, que de
forma demagógica hace oposición por oposición, no consiente el
diálogo y obstruye de forma reiterada los grandes proyectos de
inversiones hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente en
Andalucía.
Los andaluces deben conocer las obstrucciones de la Junta de
Andalucía para proyectos emblemáticos, entre los que quiero destacar,
como hizo el otro día la ministra de Medio Ambiente, el embalse de
Melonares y el de La Breña- 2, obstrucción que ha conducido a
retrasos injustificados en su ejecución. Los andaluces deben conocer
también los reiterados incumplimientos de la Junta de Andalucía, que
de forma reiterada no asume sus compromisos.
Es imprescindible, para este consenso al que me he referido antes,
para este diálogo honesto al que también he aludido, una colaboración
eficaz para el bien de todos los andaluces. El Gobierno de la nación,
el Ministerio de Medio Ambiente han intentado esta colaboración
eficaz con la Junta de Andalucía, pero el señor
Chaves se limita a hacer oposición y se limita a obstruir la labor
del Gobierno.
Votaremos también en contra del segundo punto de la moción, que
solicita posibilitar de forma inmediata fórmulas de cogestión entre
la Administración central y la Junta de Andalucía para la cuenca del
Guadalquivir. La Confederación del Guadalquivir es claramente una
cuenca intercomunitaria de competencia estatal y la participación de
las comunidades autónomas, en este caso de la comunidad autónoma
andaluza, en su gestión está prevista en la Ley de Aguas y se realiza
a través de su presencia tanto en la junta de gobierno de la
Confederación, como en el Consejo del Agua de la cuenca.
Acorde con ello nuestro voto será también negativo para el tercer
punto, que solicita recursos económicos y humanos suficientes para
estas transferencias.
Señora Rubiales, parece que en el año 1994 lo tenían ya todo
arreglado para conceder estas transferencias a la Junta de Andalucía
y lamento que no tuvieran tiempo, porque el señor Borrell nunca tenía
tiempo para nada en las materias que eran de su competencia. También
tenía la ley de residuos hecha en 1993, las transferencias a punto en
1994, pero lo cierto es que ustedes hicieron poco y dejaron muchos
borradores. Pero si le sirve para algo sepa que después de catorce
años dejar borradores indica que las cosas no se han hecho bien.
No obstante, señor portavoz de Izquierda Unida, desde el
convencimiento de que lo que su grupo parlamentario plantea es un
funcionamiento de las confederaciones hidrográficas eficaz y no lo
hace usted por demagogia electoral, supongo a S.S. enterada de que la
renovación de las confederaciones es un objetivo prioritario del
Gobierno, al igual que su descentralización, el incremento de su
presupuesto inversor y el incremento en la dotación de medios
materiales y humanos. Creo que ello satisfará las justas aspiraciones
de S.S.
Como también creo que satisfará las justas aspiraciones de S.S.
conocer el hecho de que para el Gobierno del Partido Popular la
prioridad en este momento es invertir medio billón de pesetas en
obras hidráulicas en Andalucía y remediar, en la medida de lo
posible, la desastrosa gestión de la Junta de Andalucía en las
materias hidráulicas de su competencia.
Andalucía necesita agua, señorías, y el Grupo Parlamentario Popular
no va a consentir que se destruyan las legítimas aspiraciones de los
andaluces en el uso y aprovechamiento de un recurso tan escaso como
necesario. En esta tarea estaremos y estamos todos los diputados del
Grupo Parlamentario Popular, no solamente los diputados andaluces,
como parece que ocurre en alguno de los grupos parlamentarios aquí
presentes.
Nada más. Muchas gracias. (La señora Urán González pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora De
Lara.
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, para explicar a la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular que el portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida estaba ausente de la sala en
el momento de iniciar ella su intervención por una indisposición
y que continúa todavía indispuesto. Por tanto, si la Presidencia me lo
permite, será esta portavoz la que haga alusión a la enmienda que ha
sido presentada a nuestra iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Puede hacerlo, señora
Urán, muchas gracias.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Agradecemos al Bloque Nacionalista Galego la enmienda que ha
presentado, pero la vamos a rechazar no porque no la compartamos,
sino porque queremos facilitar la votación por separado de los puntos
de la iniciativa y por eso no se la vamos a aceptar. Aun así,
señorías, la compartimos y en otro momento estaríamos dispuestos a
aceptarla.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Urán.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE POLÍTICA DEL GOBIERNO PARA
AVANZAR EN LA DEMOCRACIA INTERNA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y, EN
CONCRETO, EN UNA REGULACIÓN DE LAS OPCIONES SOBRE ACCIONES. (Número
de expediente 173/000173.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos a la última de las
mociones, en este caso del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política
del Gobierno para avanzar en la democracia interna de las sociedades
mercantiles y, en concreto, en la regulación de las opciones sobre
acciones.
Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra don Diego López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, voy a defender la
moción consecuencia de la interpelación que debatimos en esta Cámara
el miércoles de la semana pasada en relación con las opciones sobre
acciones, con el escándalo producido por esta decisión de la
dirección de Telefónica en cuanto a las retribuciones y las
consecuencias que deben extraerse por este Parlamento de ese hecho
que ha impactado en la sociedad española, que ha alarmado a la
sociedad española en estas últimas semanas. Era lógico que el
Parlamento se hiciese eco de esa situación. Si no hubiese sido así,
éste sería un Parlamento absolutamente autista y ajeno a las
preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas a los que se supone que
esta Cámara representa; como
consecuencia, la semana pasada hubo dos interpelaciones sobre esta
cuestión y esta tarde hay dos mociones, esta es la última de ellas,
también sobre esta cuestión.
Con esta moción, los diputados de Nueva Izquierda pretendemos
simplemente reflejar lo más exactamente posible el debate que hubo
aquí la semana pasada y las inquietudes y las posiciones del conjunto
de los grupos parlamentarios. Creemos que con esta moción se produce
esta conexión, esta vinculación con lo que estuvimos debatiendo aquí
la semana pasada y por eso tiene un sentido claramente constructivo,
pero repito que tiene la intención de que este Parlamento conecte con
lo que siente el conjunto de la sociedad, con sus instituciones, con
sus organizaciones. Lógicamente, esta moción tiene que empezar por
constatar que ha habido un amplio rechazo social a las escandalosas
retribuciones acordadas en Telefónica -en Telefónica y en algunas de
sus filiales, en concreto la filial Terra- para algunos de sus
directivos y consejeros, empezando por el presidente de su consejo de
administración, el señor Villalonga. Esta moción, por tanto, empieza
simplemente constatando un hecho y este Parlamento no tiene más
remedio que constatarlo y dar así sentido a lo que esta moción
propone. Pero no tendría sentido lo que propone si no empezásemos por
constatar que ha habido un amplio rechazo social a las que se
califican en esta moción de escandalosas retribuciones acordadas por
la compañía Telefónica, S.A., recientemente privatizada.
El rechazo social es evidente, nadie puede negarlo. Ha habido una
práctica unanimidad en las instituciones, organizaciones sociales,
medios de comunicación, incluso en las organizaciones morales, las
iglesias y la Iglesia católica, la principal iglesia de este país,
como es sabido, que en sus máximos niveles han reaccionado haciendo
un reproche a esto que decidió el consejo de administración de
Telefónica, responsabilizando al Gobierno de esa situación y
pidiéndole que hiciera algo para remediarla. Todavía estamos
esperando que por parte del Gobierno haya una reacción adecuada. Como
nosotros no estamos en el Gobierno, sino en el Parlamento, intentamos
que sea el Parlamento el que dé esa respuesta necesaria, esa
respuesta que se da en esta moción planteando eso que el portavoz,
por ejemplo, de Convergència i Unió ha llamado retribuciones
abusivas, desmesuradas, escandalosas, enriquecimiento injusto. Esto
es lo que he escuchado del portavoz de Convergència i Unió esta tarde
y la semana pasada dijo algo parecido; ha sido uno de los grupos que
de forma más fuerte, más contundente ha calificado negativamente lo
que ha sucedido en Telefónica. Me alegro de que Convergència i Unió
sea sensible a esto y lo haya calificado como se merece, como lo ha
calificado el conjunto de la sociedad española.
En consecuencia, nosotros, trayendo una lógica conexión a esto que ha
pasado, en este Parlamento tenemos que plantear medidas, instar al
Gobierno para que adopte medidas, que es el principal responsable de
tomarlas. No sólo -y esto es volver al debate de la
semana pasada y al anterior- porque tiene una especial
responsabilidad en esta cuestión (el presidente de Telefónica, que es
el impulsor de todo esto, fue nombrado por el Gobierno, a su vez él
ha designado prácticamente al conjunto del consejo de administración
y además se ha blindado dentro de dicho consejo), sino porque es el
Gobierno el que tiene que impulsar medidas para modificar la
legislación cuando sea necesario y para que la sociedad española
sienta que este Gobierno y este Parlamento realmente son una caja de
resonancia de la sensibilidad social, e inmediatamente reacciona,
sobre todo, cuestión muy importante, cuando estamos en un período
preelectoral y cuando las ciudadanas y los ciudadanos, dentro de unos
meses, cuando se celebren esas elecciones, van a valorar y a
reprochar o no a los grupos parlamentarios, a los partidos políticos,
cómo lo han hecho, cómo han reaccionado ante los deseos de la
ciudadanía.
En esta moción instamos al Gobierno a que incorpore a la legislación
las recomendaciones del código de buen gobierno de la llamada
comisión Olivencia, a que establezca una sistema retributivo a estos
efectos con una fiscalidad específica, haciéndolo accesible a los
empleados del conjunto de las compañías que opten por ello y, además,
para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores estudie,
investigue y presente públicamente en el plazo de dos meses qué
compañías cumplen o no con el código Olivencia, teniendo en cuenta
que este código fue producto de una iniciativa de este Gobierno, del
Gobierno del Partido Popular, al comienzo de la legislatura para que
hiciese unas recomendaciones sobre el funcionamiento de los consejos
de administración. Sería coherente, y espero que el Grupo Popular lo
sea en este sentido, que se saquen las consecuencias de ese código de
buen gobierno y no que simplemente aparezca en las revistas
especializadas y punto. Este es el sentido de nuestra moción.
A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Popular en
cuanto a los puntos 1 y 3. Reitera básicamente estos criterios, por
tanto, para nosotros sería aceptable y ofreceríamos al Grupo Popular
una transacción con algunas adaptaciones. En la enmienda del Grupo
Popular a la moción se hacen unas consideraciones sobre los sistemas
de retribución y modificaciones legislativas pero no se insta al
Gobierno a nada. Por ello nosotros pedimos que se incluya una
instancia al Gobierno para que o bien incentive determinados sistemas
de retribución o bien haga reformas legislativas correspondientes. No
nos parece que haya sido un avance sustancial importantísimo aquello
que se está produciendo ahora mismo en el Senado de reformas
legislativas, en la medida en que nos parece que es una reacción muy
apresurada. Lo señalaba antes el portavoz del Partido Nacionalista
Vasco, el señor Zabalía, es una medida algo apresurada y ni siquiera
hemos tenido oportunidad de verlo en esta Cámara; cuando llegue aquí
a final de año tendremos ocasión de pronunciarnos, pero creo que
hacen falta unas medidas que se estudien con reposo al respecto.
Hay dos cosas que son la prueba del algodón, si me permiten ustedes
expresarme así, de la credibilidad de quien vota a favor de esta
moción; prueba del algodón porque el Grupo Popular no reproduce en su
enmienda -por tanto, suprime de la moción presentada por los
diputados de Nueva Izquierda- dos cuestiones que nos parecen muy
importantes. La primera es la valoración de lo que ha sucedido, que
nosotros creemos que es de amplio rechazo social y tachamos de
escandalosas esas retribuciones. Es lo que se ha dicho aquí en esta
Cámara por muchos grupos parlamentarios y lo que ha dicho la sociedad
española, ni más ni menos, no nos estamos inventando nada. Y si no lo
dijéramos, este Parlamento le daría la espalda a lo que siente la
sociedad española. Este es el momento de decir exactamente lo que son
estas decisiones de Telefónica, que son escandalosas y además han
producido un amplio rechazo social. Eso no figura en la enmienda del
Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señor
López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Voy concluyendo, señor presidente.
Y tampoco el acuerdo de dirigirse a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores para que en el plazo de dos meses, que nos parece
suficiente, haga un informe sobre qué sociedades cotizadas en Bolsa
realmente cumplen las recomendaciones del código Olivencia. Yo ya
anticipo, aunque sea un poco audaz o temerario decirlo, que ninguna y
desde luego Telefónica no. Ya tuvimos oportunidad de decirlo la
semana pasada. Es importante que ese código de buen gobierno, que
tiene recomendaciones interesantes -a nosotros nos parecen buenas
recomendaciones- pueda tener una eficacia mucho mayor de la que
simplemente se deduce de su mera publicación.
Termino, señor presidente. Nosotros solicitamos al Grupo Popular que
reflexione sobre esta transacción que le propongo, aceptando el
contenido básico de su enmienda, incluyendo una instancia al Gobierno
para que la ponga en práctica, por supuesto, pero recordando al Grupo
Popular que el párrafo primero de nuestra moción y el número dos
deben incluirse, y especialmente el primero. Yo creo que esa es la
real prueba de credibilidad para esta Cámara en una moción. Decía el
señor Zabalía, con razón, que este tipo de mociones, proposiciones no
de ley e incluso proposiciones de ley al final de legislatura tienen
una eficacia relativa. Siempre es importante que las mociones se
aprueben, porque ya sabemos que tienen un grado de vinculación
relativa y sobre las que la Cámara debe mostrar más su sensibilidad,
su vinculación, su atención a lo que sucede en la sociedad y, por
tanto, dando respuesta a lo que la sociedad le pide. Pero en este
momento no tendría credibilidad una moción sobre las stock options,
sobre las opciones sobre acciones, en donde este Parlamento
mínimamente no dijera que esto ha suscitado un
rechazo social y que son escandalosas estas retribuciones. Cualquiera
de nosotros que estamos aquí sentados seguro que lo ha repetido
muchas veces en estos días y yo no creo que haya nadie aquí que haya
dicho lo contrario en estas últimas semanas. Nadie ha dicho lo
contrario sobre lo que se dice en esta moción. Por lo tanto,
retirarlo de la misma no sería aceptable. Nosotros no podíamos
aceptar retirar de la misma esto que es, sin duda, el aspecto que más
vincula a este Parlamento, con lo que estos días ha sentido respecto
del escándalo de las opciones sobre acciones. Por eso, nosotros
proponemos al Grupo Popular esa transacción, manteniendo el fondo, el
núcleo importante de nuestra moción e incorporando constructivamente
la enmienda del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
López Garrido.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta
moción consecuencia de interpelación. Para la defensa de dicha
enmienda, tiene la palabra don Vicente Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo ha presentado una enmienda a la moción del señor López
Garrido buscando encontrar el mayor grado de consenso en un tema que
nos preocupa. Creo que el señor López Garrido ha participado en este
debate de una manera muy positiva. Ha hecho aportaciones positivas a
un debate que es un debate global, que no se circunscribe únicamente
a una determinada empresa, a un determinado país. Es un debate
global, un debate que está en todos los países europeos, un debate
que ya en nuestro país lo abordamos en su momento, un debate que
requirió un informe encargado por el Gobierno inglés. El Gobierno
español encargó el informe Olivencia en 1997, que se aprobó en 1998,
donde ya se hablaba de la opacidad de las retribuciones de los
directivos y la necesidad de establecer mecanismos de transparencia
para esas retribuciones que, además, protegieran a los pequeños
accionistas.
En esta misma Cámara, el 29 de junio el presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores ya aportó al debate un nuevo dato. Él
decía que la legislación española no ha codificado legalmente los
debates fiduciarios, los deberes de lealtad y defensa del interés
social que incumben a los administradores y a los accionistas
significativos. Continuando con su razonamiento, seguía diciendo:
estoy pensando, para que me entiendan todos, en los deberes relativos
a la fijación de las retribuciones, al control de las operaciones
vinculadas, al blindaje frente a tomas de control y a la exclusión
del derecho de suscripción preferente. Y aportaba al debate un
argumento que yo creo positivo: sería positivo -decía él- para la
eficacia e integridad del mercado que el ejercicio de estos deberes
fiduciarios en las sociedades cotizadas estuviera regulado
legalmente. Además, añadía un punto muy interesante y que yo asumo en
este debate: la regulación no debería conducir tanto a establecer
prohibiciones -que en muchos casos no tendrían sentido porque las
operaciones pueden estar justificadas financieramente- cuanto
a someter estas operaciones a controles procedimentales y, sobre todo,
a dotarlas de gran transparencia. En ese debate mi grupo ha
participado activamente desde el primer momento. Esta tarde, en los
dos debates sobre las opciones sobre acciones, se ha hablado aquí de
rapidez. Es un debate iniciado en 1997 por el Gobierno del Partido
Popular y que el 29 de junio, cuando comparece el presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, estaba en esta Cámara; un
debate que nosotros transformamos en una enmienda cuando finalizaba
el plazo para la presentación de enmiendas a la ley de
acompañamiento, y que luego ampliamos buscando un consenso con todos
los grupos de la Cámara y fue una enmienda votada unánimemente en la
Comisión de Economía; además, lo hemos ampliado en el Senado con una
enmienda que añade, perfecciona, mejora y amplía.
A nosotros -y lo hemos dicho hasta la saciedad- nos gustaría llegar a
un consenso amplio, un consenso basado en tres principios:
transparencia, protección del pequeño accionista y equidad fiscal.
Ésos son los tres principios que mi grupo tiene clarísimos. No nos
gusta la economía especulativa, nos gusta la economía productiva, nos
gusta apoyar a los que generan empleo, a los que invierten, a los que
se arriesgan, y entendemos que los sistemas retributivos tienen que
estar fundamentalmente ligados al mérito, al esfuerzo, al trabajo y
al riesgo. Eso es lo que mi grupo valora, lo que mi grupo incentiva.
Y hay que dar un tratamiento correcto en dos campos: el campo
mercantil y societario y el campo fiscal. En el campo mercantil y
societario el tratamiento correcto no puede ser otro que exigir
transparencia; es decir, que el sistema retributivo esté en los
estatutos de la sociedad, que se apruebe en junta general, como decía
el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que
se informe a la Comisión; es decir, que sean los accionistas los que
tengan la última palabra, la palabra definitiva; que sean los
pequeños accionistas, conociendo perfectamente el mecanismo
retributivo, los que tengan la última palabra.
Y en el marco fiscal queremos que tributen al marginal
correspondiente. El 30 por ciento de reducción para rendimientos
irregulares era un mecanismo pensado para corregir la progresividad.
Cuando un señor tiene beneficios o remuneraciones de trabajo, como en
este caso, superiores a cantidades ya elevadas, no hace falta la
corrección, ya está en el marginal máximo, no tiene sentido que le
bonifiquemos. En ese sentido hemos actuado nosotros y por eso,
entendiendo que el señor López Garrido ha aportado a este debate
elementos positivos y se ha salido del discurso -que no quiero
calificar, porque todavía no han intervenido y no sé si rectificarán-
del Grupo Socialista, ese discurso partidista y no en busca de
soluciones, hemos presentado
una enmienda, una enmienda que insta al Gobierno a continuar
trasladando -y podemos añadir: en el menor plazo posible- al
ordenamiento jurídico las recomendaciones incluidas en el código de
buen gobierno elaborado por la Comisión Olivencia y que encargó este
Gobierno. ¡Cómo no nos va a parecer bien si lo encargamos nosotros!
Es que entendíamos que era un debate necesario y exigimos que se
incorporen medidas de transparencia, de moderación, de información
amplia. Entendemos también que con esos sistemas retributivos ligados
al valor de la acción o a los rendimientos de la empresa hay que
procurar llegar al mayor número posible de trabajadores o a la
totalidad de la plantilla, para hacer partícipes a todos los
trabajadores del buen funcionamiento de las empresas. Queremos que
esos sistemas retributivos potencien la mayor participación de los
trabajadores, es decir que se efectúen fundamentalmente en la
concesión de acciones, que hacen a los trabajadores más dueños de
esas empresas. Queremos que esos sistemas retributivos sean
coherentes con los objetivos que se persiguen. Por ello, no tiene
mucha razón de ser que se den sistemas retributivos ligados a algún
valor de una filial en la que el directivo o el trabajador no
influye, sino que estén ligados fundamentalmente a su consecución, a
la aportación de ese directivo o trabajador. Y concluimos diciendo
que todas las rentas irregulares tengan un tratamiento justo, todas,
porque, como muy bien decía en su intervención el señor López Garrido
-y en esto se distancia del Grupo Socialista-, aquí lo importante no
son las opciones sobre acciones; aquí lo importante es todo el marco
retributivo. Todo el marco retributivo tiene que ser transparente;
todo el marco retributivo de las sociedades que cotizan en Bolsa
tienen que proteger al pequeño accionista, y las remuneraciones,
todas ellas, provengan de donde provengan, tienen que respetar el
principio de la equidad fiscal. Ahí, señor López Garrido, siempre nos
encontrará. Con esas premisas pactamos en la Comisión y con esas
premisas seguiremos trabajando. Me parece que la apostilla inicial de
por qué estamos hablando de este tema no es lo esencial del debate;
lo esencial es que regulemos, que impulsemos desde este Congreso un
marco justo, transparente, y además que desde este Congreso mandemos
un mensaje a la sociedad claro, y ese mensaje es que las
retribuciones tienen que estar basadas en el mérito, el esfuerzo, el
trabajo y el riesgo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Martínez-Pujalte. ¿Grupos distintos del enmendante que quieren
participar en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Ya hemos tenido ocasión la semana pasada y ésta de fijar posición en
este tema. La verdad es que yo limitaría
mi intervención a solicitar del señor López Garrido que tenga la
generosidad práctica respecto de la enmienda transaccional que le ha
propuesto el Grupo Parlamentario Popular que permita que antes de que
acabe este período de sesiones el Congreso pueda fijar por escrito y
se pueda publicar en el «Diario de Sesiones» algo que, partiendo de
eso que no quiero decir que sea una anécdota, que es la causa que
realmente hace que en estos momentos estemos debatiendo ese tema, se
convierta en el marco de una regulación futura, tanto en el ámbito
mercantil como en el ámbito fiscal, de estos sistemas retributivos.
Yo creo que se ha producido una aproximación del Grupo Parlamentario
Popular en la parte de la enmienda que hace referencia al aspecto
fiscal, en la que se pueden leer cosas que no eran exactamente las
que se podían leer en sus enmiendas de hace quince días aprobadas en
la Comisión de Economía y Hacienda, y sabiendo que tiene que efectuar
S.S. una cesión, le solicitaría amablemente que seamos capaces de
trasladar no sólo al «Diario de Sesiones», donde ya aparece, sino
también al Boletín Oficial de las Cortes una resolución que permita
seguir avanzando en este tema hacia el futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Silva.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Esperando que SS.SS. puedan cenar a gusto después, para lo que seré
muy breve, he de decir que consideramos razonables los planteamientos
expuestos en la moción de Diego López Garrido. Entendemos que lo que
hay que aplicar realmente es el sentido común. En definitiva, de lo
que se trata es de evitar que los directivos de una compañía estén
más supeditados a los intereses de los fondos de pensiones americanos
o japoneses, que son los que hoy tienen el mayor número de acciones,
porque si no nos estaríamos olvidando de que Telefónica en este caso
es una empresa de servicio público. Insisto en que lo importante para
los españoles es que los teléfonos funcionen. Si ligamos de manera
más importante la remuneración de los directivos a cómo va la Bolsa,
lógicamente estarán más pendientes todos los días de las páginas de
Bolsa que de qué servicio se está dando a los usuarios. Por ello,
entendemos que hay una aproximación al sentido común. Tampoco nos
satisface mucho la aceptación de la enmienda al punto 2, puesto que
creo que es más un ejercicio de voluntarismo. Está muy bien tener en
cuenta a los trabajadores y darles un caramelillo de vez en cuando,
pero desgraciadamente seguirán siendo abismales las diferencias en
las retribuciones, por un sentido u otro, de los altos directivos y
las de los accionistas que todavía no han cobrado dividendos, a pesar
de que
de momento vayan bien las acciones -ya veremos en un futuro próximo-,
pero lo cierto es que todavía hoy no hay dividendos para los pequeños
accionistas de Telefónica y desgraciadamente los trabajadores se
están encontrando con un cambio de condiciones laborales, con un
cambio de empleo fijo y estable por subcontratación permanente. Por
lo tanto, seguramente votaremos abstención en el caso de que se
acepten estos puntos del Partido Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Santiso.
Finalmente, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, hace ya algún tiempo
que un economista liberal británico dijo que los vicios privados
podían conducir a virtudes públicas. (Un señor diputado: Smith.) No
fue Smith; fue Vanderbilt, y lo dijo, si no me falla la memoria, en
la fábula de las abejas.
Yo creo que la historia ha venido a demostrar que este planteamiento
no era realidad y que era bueno tratar de corregirlo mediante la
libertad articulada a través de la ley. Eso ha llevado a que sean, en
muchos casos, los poderes públicos los que establecen un conjunto de
regulaciones que tratan de lograr ese bien común y ese interés
general. En este caso, mucho me temo, señorías, que eso no va a
ocurrir. Estamos asistiendo a una operación compleja, que se produce
en varios escenarios y en varios momentos. Hemos visto -y todos
estamos de acuerdo- que ha habido una legislación precipitada en el
Congreso de los Diputados, que se dijo que venía a evitar un
problema. Ahora sabemos que hay una sustitución de esa legislación en
el Senado y que esa legislación no se ajusta a los códigos de buena
conducta, de buen gobierno de las empresas, que el señor López
Garrido pone como referente de la moción que ha sometido a la
consideración de la Cámara.
Hay un hecho que resulta total y absolutamente relevante. ¿Qué
magnitud, qué importancia le da cada grupo a la transparencia? Yo
tengo una convicción, tengo la convicción de que al señor Martínez-
Pujalte y a su grupo les da pavor el que se conozca el número de
personas beneficiarias de estos planes y les da pavor que se conozca
la magnitud del beneficio que tiene cada uno de los accionistas. El
Grupo Popular, que dice una cosa aquí y que enmienda con otro
contenido en el Senado, no puede, no está en condiciones de soportar
la prueba de la transparencia.
Señor López Garrido, me va a permitir que lea un texto de una
enmienda a la cual se ha hecho alusión reiteradamente esta tarde por
parte del señor MartínezPujalte. Ese texto dice que se registrará en
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en forma de un
suplemento que tenga en vigor o de un folleto específico, información
detallada e individualizada de las acciones y de las opciones que
correspondan a administradores
y a directivos. Punto y seguido. Y luego dice: En relación a los que
tengan exclusivamente la condición de directivo, la información podrá
presentarse de forma agregada.
Por lo tanto, se dice una cosa y la contraria, y se dice
a continuación; se dice primero que los directivos deberán facilitar
información detallada e individualizada, y después se dice que esa
información puede ser agregada. Mire, eso tiene un nombre político,
yo lo he calificado con un nombre político: cinismo político. Eso es
profilaxis legislativa. (Aplausos.) Señoras y señores diputados, mi
grupo no está hoy en condiciones de apoyar un planteamiento que
conduzca a la opacidad y que establezca en este tema que tanto ha
alarmado a la opinión pública ninguna fórmula de profilaxis
legislativa.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-El
señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Fernández Marugán.
Señor Martínez-Pujalte, no tiene usted la palabra porque no hay
debate en el turno de fijación de posiciones. No pretenderá a esta
altura de la legislatura que cambiemos la orientación que ha seguido
siempre la Presidencia.
El señor López Garrido tiene la palabra para fijar la posición sobre
la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y decir
si la acepta o no.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, nuestro grupo no puede
aceptar la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Popular,
como he dicho en la tribuna, no por lo que dice sino por lo que
suprime de la moción, que nos parece esencial. Siento que la
transacción que le proponía al señor Martínez-Pujalte no haya querido
ser aceptada por el Grupo Parlamentario Popular, pero para nosotros
es esencial aquello que el Grupo Parlamentario Popular quiere
eliminar de la moción: que la Comisión Nacional del Mercado de
Valores diga en el plazo de dos meses quiénes cumplen el Código
Olivencia y quiénes no, y sobre todo que esta Cámara rechace lo que
la sociedad española rechaza,
las escandalosas retribuciones de Telefónica y, por tanto, que
conecte de verdad con la sociedad española. El Grupo Parlamentario
Popular no ha querido que haya esa conexión. Nosotros sí la queremos,
por eso no podemos aceptar su enmienda.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
López Garrido. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de las dos
mociones cuyo debate ha completado el orden del día de la sesión de
esta tarde.
En primer lugar, votamos la del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre transferencias de las confederaciones
hidrográficas en territorio andaluz a la Junta de Andalucía, en los
términos resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 132; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Moción del Grupo Mixto sobre política del Gobierno para avanzar en la
democracia interna de las sociedades mercantiles y, en concreto, en
una regulación de las opciones sobre acciones, también en los
términos resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 132; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las 16 horas. Buenas noches.