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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 277, de 25/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 277
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 267
celebrada el jueves, 25 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes.
- Real Decreto-ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que se conceden
créditos y suplementos de crédito por importe total de 27.156.252.160
pesetas, para atender obligaciones derivadas de gastos de inversión
del Ministerio de Fomento, y se adoptan medidas urgentes referentes
a la rebaja de tarifas de las autopistas de peaje. («BOE» núm. 266, de
6 de noviembre de 1999.) (Corrección de error en «BOE» núm. 271, de
12 de noviembre de 1999.) (Número de expediente 130/000080.) . . .
(Página 14923)
Enmiendas del Senado.
- Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie A, número 135-1, de 31 de agosto de 1998.
(Número de expediente 121/000135.) . . . (Página 14931)
- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,
de Aguas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 171-1,
de 24 de mayo de 1999. (Número de expediente 121/000171.) . . .
(Página 14938)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales.
- Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Brunei
Darussalam para la supresión de visados, hecho en Kuala Lumpur el 8 y
13 de junio de 1999. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A,
número 380, de 11 de octubre de 1999. (Número de expediente 110/
000291.) . . . (Página 14947)
- Protocolo Adicional entre el Reino de España y la República del
Ecuador que modifica el Convenio de doble nacionalidad de 4 de marzo
de 1964, hecho en Quito el 30 de junio de 1999. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 381, de 11 de octubre de
1999. (Número de expediente 110/000292.) . . . (Página 14947)
- Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de
la Unión Europea, sobre las decisiones de privación del permiso de
conducir, hecho en Bruselas el 17 de junio de 1998, así como
Declaraciones que España va a formular al mismo. «BOCG. Sección
Cortes Generales», serie A, número 382, de 11 de octubre de 1999.
(Número de expediente 110/000293.) . . . (Página 14947)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Proposición de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 330-1, de 4 de noviembre de 1999. (Número
de expediente 122/000295.) . . . (Página 14947)
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995
en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 158-1, de 8 de febrero de
1999. (Número de expediente 121/000158.) . . . (Página 14963)
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995,
en materia de prohibición del desarrollo y el empleo de armas
químicas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 160-1,
de 1 de marzo de 1999. (Número de expediente 121/000160.) . . . (Página 14966)
Declaración Institucional sobre el rechazo de la violencia que sufren
las mujeres . . . (Página 14967)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995
en materia de delitos de terrorismo. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 189-1, de 29 de octubre de 1999. (Número
de expediente 121/000189.) . . . (Página 14969)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . . (Página 14923)
Real Decreto-ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe total
de 27.156.252.160 pesetas, para atender obligaciones derivadas de
gastos de inversión del Ministerio de Fomento, y se adoptan medidas
urgentes referentes a la rebaja de tarifas en las autopistas de peaje
. . . (Página 14923)
El señor ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo) solicita, en
nombre del Gobierno, el voto
favorable a la convalidación del Real Decreto-ley 18/1999, de 5 de
noviembre. Explica que los créditos extraordinarios se conceden para
hacer frente a obligaciones
de pago asociadas a la gestión de la inversión en infraestructura
ferroviaria correspondiente a los años 1997 y 1998, y en carreteras
durante el ejercicio
1997, para las que no había crédito suficiente, y el suplemento de
crédito se concede para atender al pago del importe de las
expropiaciones y servicios del
eje transversal de Cataluña, declarado de interés general por la
disposición adicional vigésimo sexta de la Ley 65/1997, de 30 de
diciembre, de los Presupuestos
Generales del Estado para 1998. Asimismo hace una serie de
consideraciones acerca de los gastos
de inversión cuya cobertura se pretende con el Real Decreto-ley.
En turno en contra de la convalidación del Real Decreto- ley
interviene el señor Sabaté Ibarz, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.
En turno a favor interviene el señor Ortiz González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica el señor Sabaté Ibarz, duplicando el señor Ortiz González.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Serrano
Vinué, Chiquillo Barber y Vázquez Vázquez (don Guillerme) del Grupo
Parlamentario Mixto; Sedó i Marsal del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
En turno por alusiones solicitan la palabra el señor Sabaté Ibarz y
la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, y el señor Serrano Vinué, del Grupo Parlamentario Mixto,
siéndoles denegada por la Presidencia.
Enmiendas del Senado . . . (Página 14931)
Proyecto de ley orgánica de protección de datos . . . (Página 14931)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez y López Garrido, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Jané
i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Navarrete Merino, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, y la señora Matador de Matos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Proyecto de ley de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
aguas . . . (Página 14938)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Serrano
Vinué, del Grupo Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó
i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Morlán
Gracia, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, y la señora De Lara Carbó, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votaciones) . .
. (Página 14944)
En primer lugar se somete a votación la convalidación o derogación
del Real Decreto-ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que se
conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito por
importe total de 27.156.252.160 pesetas, para atender obligaciones
derivadas de gastos de inversión del Ministerio de Fomento, y se
adoptan medidas urgentes referentes a la rebaja de tarifas de las
autopistas de peaje, siendo convalidado por 167 votos a favor, 151 en
contra y cuatro abstenciones.
A continuación se somete a votación la tramitación como proyecto de
ley del Real Decreto-ley convalidado, que es rechazada por 153 votos
a favor y 166 en contra.
Enmiendas del Senado (Votaciones) . . . (Página 14945)
En primer lugar se someten a votación las enmiendas del Senado al
proyecto de ley orgánica de protección de datos.
En segundo lugar se someten a votación las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales . . . (Página 14947)
Canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Brunei
Darussalam para la supresión de visados, hecho en Kuala Lumpur el 8 y
13 de junio de 1999 . . . (Página 14947)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Protocolo adicional entre el Reino de España y la República del
Ecuador que modifica el convenio de doble nacionalidad de 4 de marzo
de 1964, hecho en Quito el 30 de junio de 1999 . . . (Página 14947)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Convenio establecido sobre la base del artículo K. 3 del Tratado de
la Unión Europea, sobre las decisiones de privación del permiso de
conducir, hecho en Bruselas el 17 de junio de 1998, así como
declaraciones que España va a formular al mismo . . . (Página 14947)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 14947)
Proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social . . . (Página 14947)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Rodríguez Sánchez y López Garrido, la señora Rivadulla Gracia, y los
señores Serrano Vinué y Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario
Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; Castellano Cardalliaguet del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y la señora Fernández Sanz, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y De Grandes Pascual, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995 en
materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros
en las transacciones comerciales internacionales . . . (Página 14963)
En defensa de las enmiendas presentada, interviene la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Pérez Solano, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, y Arqueros Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995, en
materia de prohibición del desarrollo y el empleo de armas químicas .
. . (Página 14966)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barrero
López, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, e Izquierdo
Juárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Declaración institucional sobre el rechazo de la violencia que sufren
las mujeres . . . (Página 14967)
El señor presidente da lectura a una declaración institucional con
motivo del día nacional contra la violencia doméstica que sufren las
mujeres, que es aprobada por asentimiento.
Votaciones . . . (Página 14967)
En primer lugar se procede a las votaciones de las enmiendas y de los
diferentes artículos y disposiciones del dictamen de la proposición
de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social.
Al tener la ley reformada y la proposición de ley que se somete a
votación el carácter de orgánico, se procede a la votación final de
conjunto, alcanzando la mayoría absoluta de la Cámara con 324 votos a
favor y una abstención.
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas y de los
diferentes artículos y disposiciones del dictamen del proyecto de ley
orgánica de modificación del Código Penal de 1995 en materia de lucha
contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las
transacciones comerciales e internacionales.
Asimismo se procede a la votación de conjunto, al tener el proyecto
de ley carácter de orgánico, alcanzando la mayoría absoluta de la
Cámara con 325 votos a favor y una abstención.
Por último se somete a votación el dictamen del proyecto de ley
orgánica de modificación del Código Penal de 1995, en materia de
prohibición del desarrollo y el empleo de armas químicas, con la
incorporación de las correcciones técnicas señaladas en el debate,
que se aprueba por 324 votos a favor y una abstención.
Se somete a votación de conjunto el proyecto de ley aprobado, por
tener asimismo carácter de orgánico, siendo aprobado por unanimidad.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 14969)
Proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995 en
materia de delitos de terrorismo . . . (Página 14969)
El señor presidente comunica que este punto del orden del día ha
decaído.
Se levanta la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 18/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN
CRÉDITOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO POR IMPORTE TOTAL DE 27.156.252.160
PESETAS, PARA ATENDER OBLIGACIONES DERIVADAS DE GASTOS DE INVERSIÓN
DEL MINISTERIO DE FOMENTO, Y SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES REFERENTES
A LA REBAJA DE TARIFAS EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de
expediente 130/000080.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día. Debate sobre la convalidación
o derogación del Real Decreto-ley que con el número 18 tiene fecha de 5
de noviembre de 1999, por el que se conceden créditos y suplementos
de crédito para atender obligaciones derivadas de gastos de inversión
del Ministerio de Fomento y se adoptan medidas urgentes referentes a
la rebaja de tarifas de las autopistas de peaje.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra el ministro de
Fomento, señor Arias-Salgado.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Comparezco ante SS.SS. para solicitar el voto favorable a la
convalidación del Real Decreto-ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el
que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito por
importe total de 27.156.252.160 pesetas para atender obligaciones
derivadas de gastos de inversión del Ministerio de Fomento y se
adoptan medidas urgentes referentes a la rebaja de las tarifas de las
autopistas de peaje.
Los créditos extraordinarios se conceden para hacer frente a
obligaciones de pago asociadas a la gestión de la inversión en
infraestructura ferroviaria correspondiente a los años 1997 y 1998 y
en carreteras durante el ejercicio 1997, para las que no había
crédito suficiente. El suplemento de crédito se concede para atender
al pago del importe de las expropiaciones y servicios del eje
transversal de Cataluña, declarado de interés general por la
disposición adicional vigésimo sexta de la Ley 65/1997, de 30 de
diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para 1998. Dicha
declaración requiere esta financiación adicional a la consignada en
el Real Decreto-ley 12/1998, de 18 de septiembre, para hacer frente
al pago de los terrenos y servicios afectados, lo que permitirá dar
pleno cumplimiento a la citada disposición adicional de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998. En ambos casos se trata
de dotaciones crediticias adicionales para cubrir actuaciones que no
se pueden trasladar a ejercicios futuros y para las que no se dispone
de dotación en el ejercicio corriente, resultando por tanto amparadas
por los artículos 63 y 64.1 del Real Decreto legislativo de 23 de
septiembre de 1988, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley
General Presupuestaria.
En efecto, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 63,
según la redacción dada al mismo por la Ley de 27 de diciembre de
1996, de medidas de disciplina presupuestaria, con cargo a los
créditos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones
derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones
o gastos en general que se realicen en el año natural del propio
ejercicio presupuestario. Además, en el artículo 3 del real decreto-
ley se regula la ejecución de la rebaja de las tarifas de las
autopistas de peaje, previstas en el Real Decreto-ley de 16 de abril
de 1999, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la
competencia. Las medidas contempladas en dicho artículo pretenden
conseguir una inmediata aplicación de la reducción de las tarifas que
abonan los usuarios de las autopistas de peaje, de modo que su efecto
económico se produzca en el más breve plazo posible, lo que justifica
la inclusión de esta norma en el presente real decreto-ley, dada su
extraordinaria y urgente necesidad.
Permítanme, señorías, realizar algunas consideraciones acerca de los
gastos de inversión cuya cobertura se pretende con el real decreto-
ley que hoy se presenta a su convalidación. Los créditos
extraordinarios previstos en el artículo 1... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio o
atemperen el tono de las conversaciones a estas horas de la mañana
que siempre, no sé por qué, suele ser más elevado.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Parece una capilla.
El señor PRESIDENTE: ¿Cómo dice, señor Martínez Sanjuán? (Rumores.)
Si no, el señor ministro va languideciendo, porque a estas horas es
natural, y aquí no hay manera de escuchar.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Los créditos
extraordinarios previstos en el artículo 1 completan los ya aprobados
con este fin en el año 1998 y permitirán saldar definitivamente los
pagos correspondientes a actuaciones del año 1997.
Los expedientes de gastos que van a ser financiados con el presente
crédito extraordinario son en su mayor parte de escasa cuantía
individual y de compleja tramitación administrativa, factor este
último que impidió abordarlos en el año 1998. En este sentido, debe
destacarse la complejidad de los expedientes correspondientes a los
servicios afectados en los que interviene, junto a la Administración
y la empresa constructora, la empresa de servicios públicos
correspondiente y los titulares de dichos servicios públicos.
En lo que afecta a la concesión del suplemento de crédito para
atender el pago del importe de las expropiaciones y servicios del eje
transversal de Cataluña, dicha obra fue declarada de interés general
por la disposición adicional vigésimo sexta de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1998. Esta declaración de interés general
se efectuó como consecuencia de la importancia de mejorar la
accesibilidad que significaba canalizar los flujos de transporte de
tránsito a través de Cataluña, de tráficos entre el resto de España
y la frontera francesa y, al mismo tiempo, por la importante función de
conexión entre las carreteras básicas de titularidad estatal,
particularmente la N-II.
A pesar de la implicación de la Administración general del Estado en
las citadas vías, se comprueba la creciente insuficiencia de la red
estatal para hacer frente a los flujos de tráfico en tránsito que se
concentran en las vías estatales costeras, N-340, N-II y la A-7, que
aconsejan potenciar el itinerario basado en el reforzamiento del eje
transversal. El nuevo itinerario puede comportar en el futuro el
establecimiento de un nuevo eje básico, Tarragona-Montblanc (estudio
informativo ya aprobado por el Ministerio de Fomento), Montblanc-
Cervera (en estudio por el Ministerio de Fomento), eje transversal
Cervera-Vic (construida media calzada), Vic-Olot y Olot-Figueras (en
construcción por el Ministerio de Fomento). Este nuevo itinerario
ofrece adicionalmente la ventaja estratégica para el Estado de la
diversificación transfronteriza del tráfico en tránsito hacia el
resto de Europa, por la posibilidad de mejor acceso del eje
mediterráneo con los itinerarios que conducen a los pasos fronterizos
del valle de Arán, de la Cerdaña y Andorra, a través del túnel del
Cadí, del Coll d´Ares y de La Junquera, evitando el paso por la
congestionada zona metropolitana de Barcelona y el frente litoral.
En base a la declaración legal como obra viaria de interés general
contenida en la Ley 65/1997, el Real Decreto-ley de 18 de septiembre
de 1998 concedió un suplemento de crédito en el entonces vigente
presupuesto del Estado por un importe de 41.995 millones
de pesetas para atender a su financiación. La consignación
presupuestaria incluida en el Real Decreto-ley de 1998 no incorporaba
el coste de los terrenos que fue necesario expropiar ni el
correspondiente al traslado de los servicios afectados por la
realización de las obras, cuyo importe asciende a 17.814 millones de
pesetas. De esta forma, las obras viarias del eje transversal de
Cataluña se configuraron como una infraestructura de interés general
para el Estado cuya titularidad no quedaba definitivamente delimitada
en tanto no se perfeccionara la de los terrenos y bienes demaniales
correspondientes por aplicación de la Ley de 29 de junio de 1998, de
Carreteras. En consecuencia, la compensación a la Generalidad de
Cataluña por el coste de los terrenos y servicios de las obras del
eje transversal es necesaria para consolidar la característica de
interés general del Estado de estas obras y constituye una condición
indispensable para proceder a su desdoblamiento y transformación
futura en autovía, con las características propias de la red de
autovías del Estado en la cual terminará por insertarse.
En relación con la ejecución de la medida de rebaja de tarifas, el
presente real decreto-ley que se somete a la convalidación de SS.SS.
posibilita que en cada caso las concesiones de autopistas de peaje
puedan llevar a efecto la medida de rebaja prevista en el texto
normativo acordando reducciones selectivas y no lineales de las
tarifas abonadas por los usuarios de las concesiones y tramos de las
autopistas de su competencia. De esta forma se pretende que, al mismo
tiempo que se producen los efectos antiinflacionistas de la medida,
se consiga una profundización en el proceso de homogeneización
tarifaria de las autopistas de peaje contribuyendo a la
racionalización del sistema de transportes y a la colocación de los
peajes en España en una media en el entorno de las nueve y diez
pesetas por kilómetro, que viene a corresponder aproximadamente a la
media de la Unión Europea. Con el propósito de mantener la eficacia
económica de la medida, se prevé expresamente que la rebaja ponderada
por ingresos de peaje de las tarifas aplicables, respecto del
conjunto de concesiones y tramos de las autopistas de competencia de
cada administración pública concedente, habrá de ser en cualquier
caso del 7 por ciento respecto de las que se hallan anteriormente en
vigor.
Por todas estas razones, señor presidente, solicito el voto favorable
de la Cámara a la convalidación del real decreto-ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. ¿Algún grupo
desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
El Grupo Socialista, en cuyo nombre tiene la palabra el señor Sabaté.
El señor SABATÉ IBARZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ni rebaja de los peajes ni mucho menos gratuidad; más
bien, stock options bis o pelotazo
(Rumores.) y aquí no van a poder hablar ustedes del libre mercado ni
de lo imprevisible de la Bolsa, porque de lo que se trata es ni más
ni menos que de dinero público regalado, un verdadero trato de favor
a unas empresas que en los últimos años están obteniendo un beneficio
muy superior al razonable. No se trata de rebaja ni de gratuidad
tampoco porque al final lo pagamos todos con los Presupuestos
Generales del Estado y además lo pagamos más caro. No se trata de
rebaja ni de gratuidad porque, además, se está modificando unas
concesiones administrativas, con ruptura -y esto es lo más importante
y lo más grave- de la economía de la concesión o del equilibrio
financiero, pero en detrimento del interés público, renunciando la
Administración a modificar los términos de la concesión en beneficio
de los ciudadanos, que es de los que se tendría que preocupar, y
favoreciendo que el concesionario obtenga un beneficio muy superior
al tenido por normal en las condiciones de mercado.
Nosotros entendemos que la rebaja subvencionada por el Estado atenta
contra la legislación vigente, dada la extraordinaria rentabilidad de
las sociedades concesionarias. El principio del equilibrio económico
financiero en las concesiones administrativas es el que garantiza
también, y principalmente -por eso se debe mantener-, el equilibrio
entre los intereses públicos y el interés privado. De acuerdo con la
legislación vigente y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la
modificación de los contratos de las concesiones debe mantenerse
dicho principio, que juega tanto a favor de las sociedades
concesionarias como de la Administración en representanción de los
usuarios, y por lo que respecta a las tarifas, se debería aplicar en
la doble dirección de aumentarlas o de reducirlas.
Entendemos también que el equilibrio entre intereses públicos y
privados ha quedado desestabilizado en beneficio de las
concesionarias por los cambios llevados a cabo en los últimos tiempos
por el Gobierno, que ha modificado significativamente la legislación
de las concesiones de la explotación de autopistas, y por las
modificaciones en los contratos de las concesiones, que han supuesto
una mejora muy sustancial para las sociedades, cuyos resultados
económicos se han visto aumentados de forma extraordinaria.
Según consta en el informe remitido por la delegación del Gobierno en
Acesa, para 1997, por ejemplo, los beneficios antes de impuestos
fueron un 70 por ciento de sus ingresos, habiéndose triplicado en los
últimos diez años el volumen anual. El beneficio acumulado en el
período 1974/1997, según dicho informe, es de 197.704 millones, que
representa el 50 por ciento del valor activo revertible, lo que ya da
una idea de la extraordinaria rentabilidad que produce este servicio
público, porque, según nosotros, es un servicio público.
Entendemos también que el Gobierno no defiende los intereses
públicos. El mantenimiento del equilibrio entre intereses públicos y
privados constituye, como hemos dicho, responsabilidad de la
Administración en representación de los usuarios, y a ella debe
exigirse el
restablecimiento de dicho equilibrio, claramente desestabilizado por
los cambios realizados en beneficio de las sociedades concesionarias.
Por ello, en aplicación de la doctrina y jurisprudencia antes citada
y dada la elevada rentabilidad de las sociedades, no era necesaria la
prórroga de las concesiones, como hemos venido denunciando en esta
Cámara, y muy recientemente, para rebajar las tarifas de peaje. Pero
también es inadmisible lo que se contempla en el real-decreto que
tratamos hoy, puesto que supone una nueva modificación de los
contratos de las concesionarias para la rebaja del 7 por ciento de
las tarifas de peajes en compensaciones a las concesionarias en cada
ejercicio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y
reiteramos que en aplicación de la legislación vigente y dada la
extraordinaria rentabilidad de estas sociedades, la rebaja debería
realizarse con cargo a sus beneficios.
Tampoco sabemos por qué se aplican unas rebajas a unos peajes y otras
a otros, no se nos ha dicho: por qué resultarán peajes gratuitos en
la B-30; por qué en la A-9 en Galicia no, ni por qué en la A-7 en
Tarragona sólo servirá para los tráficos locales. Esto no va a
resolver el problema que tenemos en Tarragona, permítame que
particularice en mi circunscripción, porque de lo que se trataba era
de desviar los tráficos pesados de la carretera N-340 a la autopista,
y con esta medida, al menos tal como la explicaron ayer en Barcelona
-que, por cierto, todavía no entendemos por qué no se nos facilita la
información en esta Cámara-, no nos van a solucionar el problema; más
bien vamos a continuar con lo mismo.
En fin, el Gobierno incumple la ley, porque tanto en el procedimiento
de este decreto como en los de ampliación de las concesiones destaca
la ausencia de informes de carácter económico y administrativo
elaborados por los servicios estatales, y no se trata de una
irregularidad procedimental de orden menor, sino de la ausencia de
aspectos esenciales para cumplir la ley y asegurar el acierto de las
decisiones.
Usted ya conoce nuestras propuestas. En primer lugar, restablecer el
equilibrio económico financiero de las concesiones, y para ello el
Gobierno, primero, debería subsanar las graves irregularidades
producidas en los cambios antes citados, como también la ausencia de
los preceptivos estudios económicos, y lo que creemos que debería
hacer es remitir al Congreso los correspondientes a las
modificaciones legislativas realizadas, a la ampliación de los
períodos concesionales a las sociedades Aumar y Acesa en trece y
cinco años respectivamente, etcétera, y a la rebaja del 7 por ciento,
que tratamos hoy, de las tarifas acordadas en el Consejo de Ministros
del pasado día 5. En segundo lugar, proponemos que de conformidad con
la legislación vigente, la rebaja acordada del 7 por ciento en las
tarifas de peajes sea con cargo a los resultados económicos de las
sociedades concesionarias, en contraprestación a los elevados
beneficios actuales. También proponemos que en la prevista aplicación
selectiva de la rebaja se aborde como un primer paso la supresión de
peajes en tramos
de autopistas donde las carreteras nacionales no garantizan la
adecuada movilidad y la seguridad vial -ya se propone en algunos,
pero no entendemos por qué en otros no-, así como, finalmente,
establecer un fondo, que se nutriría con los importes o los impuestos
pagados por las sociedades concesionarias de autopistas, incluidos el
impuesto sobre sociedades y el IVA, destinado a financiar futuras
operaciones de rescate de las concesiones. Por poner un ejemplo, lo
que ustedes van a pagar con el procedimiento que se contempla en este
decreto, tal y como lo han anunciado, en la B-30 de Barcelona alcanza
una cifra de entre 33.000 y 40.000 millones de pesetas. En 1998, en
informes dignos de todo crédito, atribuían al rescate solamente
12.000 millones. Observen la diferencia entre lo que nos va a costar
lo que ustedes dicen que son rebajas y lo que al final va a ser mucho
más caro para todos los ciudadanos.
Por lo que se refiere al eje transversal, nos encontramos con lo
mismo que el año pasado -es la segunda vez que ustedes lo traen
aquí-. Lo primero que les tenemos que decir es que nos engañó el
señor CalvoSotelo en Comisión. Cuando mi compañero Jesús Caldera le
preguntó a cuánto iban a ascender los suplementos de crédito que
ustedes iban a traer a esta Cámara no nos dijo que de nuevo se iba a
producir este del eje transversal. Nosotros entendemos que está bien
que esta aportación vaya a Cataluña, pero que en todo caso debiera
financiar obra nueva, tal como le dijimos el año pasado. En ese
sentido, vamos a presentar enmiendas en el Senado para que, por
ejemplo, el plan de carreteras, que por cierto tienen muy retrasado
para Cataluña, pueda ponerse al día si es que al final nos admiten
nuestras proposiciones.
En definitiva, señor presidente, señorías, espero que aquellos grupos
que se sientan sensibilizados por un dislate como el que nos parece
que es este decreto, y en particular Convergència i Unió, que
anteayer, en el Parlament de Cataluña, presentó una proposición de
ley para empezar a considerar el rescate de las autopistas, se sumen
también a nuestro rechazo para que las cantidades que se prevé
aplicar a la pretendida rebaja y a la gratuidad de las autopistas en
este decreto puedan empezar a servir para rescatar los tramos
prioritarios, en cuya necesidad coincidimos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sabaté. ¿Algún grupo desea
consumir turno a favor? (Pausa.) ¿El Grupo Popular? ¿El señor Ortiz?
En nombre del Grupo Popular, y nunca mejor dicho, dada la secuencia,
adelante.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Hay que partir de una afirmación esencial en la convalidación de este
real decreto-ley -sobre la que naturalmente mi grupo está a favor,
como es el sentido del turno-, en su tema central y nuclear, que es
el crédito de 27.000 millones de pesetas para completar el eje
transversal de Barcelona. Con este crédito extraordinario, que
completa el que se concedió en el año 1998 de 41.000 millones de
pesetas, se cierra definitivamente la conversión de esta carretera
interior en carretera de titularidad estatal. Consiguientemente,
todos los argumentos que se han consumido en contra se enfrentan con
la realidad de que estamos en definitiva haciendo patrimonio
carretero del Estado. Por tanto, no sé qué sentido tiene, en relación
con este punto concreto, toda la teoría, ya conocida, en Pleno y en
Comisión, en esta ocasión y en otras, en contra de las concesionarias
de autopistas.
Estamos en presencia de un crédito extraordinario que se concede en
función de completar los pagos en materia de expropiaciones de
terrenos y de servicios, que permitirán que esta carretera interior,
que completa fundamentalmente la red costera de autovías de Cataluña,
pase a la plena titularidad estatal. No sé, en este orden de cosas,
qué sentido tiene toda la exposición del señor Sabaté frente a este
eje transversal que puede ser fundamental para Cataluña. Puede ser
fundamental, como ha subrayado el señor ministro, porque permitirá un
eje interior, en términos de autovía, cuyos puntos fundamentales
serán: Tarragona, Montblanc, Cervera, Vic, Olot y Figueras, y que
permitirá la mejor accesibilidad a los pasos fronterizos,
concretamente el del túnel del Cadí, el de Coll dAres y el de la
Junquera. Consiguientemente, señorías, estamos hablando de una
carretera interior, que completará la red costera y que será
íntegramente de titularidad estatal.
El resto de los argumentos del Grupo Parlamentario Socialista no
tienen más sentido que ser la expresión de su modelo de política de
infraestructuras. Estoy harto de decir en Pleno y en Comisión que su
modelo de política de infraestructuras tiene dos ejes fundamentales:
uno, financiación sólo mediante impuestos y, dos, colaboración muy
leve, muy reducida con el sector privado. La política de
infraestructuras del Gobierno del Partido Popular tiene como eje la
utilización no sólo del impuesto, sino del peaje fruto de un apoyo,
de complementar la acción pública con la acción del sector privado.
Desde esa disparidad de modelos hay que entender la política de
autopistas.
Ustedes, que ven por todas partes oscuridades y corruptelas, supongo
que no tenían más remedio que hablar de los beneficios de las
concesionarias de peaje -parece que les molesta que el sector privado
se deje llevar por la búsqueda del beneficio- y apelan a que esta
rebaja del 7 por ciento se haga con cargo a los beneficios de las
empresas concesionarias, a través de no sé qué figura en nuestro
Estado de derecho. ¿Cuál sería esa figura? ¿Una confiscación de ese
beneficio? ¿Una expropiación de ese beneficio? Expliquen ustedes cómo
se puede pedir o exigir o imponer a las concesionarias que renuncien
al razonable beneficio en contrapartida de esa rebaja del peaje del 7
por ciento.
Por otro lado, hablan de prórroga de los períodos concesionales, de
modificación de la normativa de autopistas, la fundamental de 1972.
Cuando estaban en
el Gobierno -y lamento tener que referirme siempre a ese punto de
comparación- fueron ustedes los que empezaron a modificar el statu
quo de las autopistas. Y ahí está el caso de Aumar, donde ustedes
estuvieron a punto de firmar un contrato o una prórroga por un tiempo
más largo que el que se ha acabado concediendo por este Gobierno y
con una rebaja del peaje aún menor. En definitiva, me parece,
señoría, que en este punto, como en tantos otros, carecen de
autoridad moral para decir las cosas que dicen.
Por lo demás, señor presidente, debo desmentir la falta de
cumplimiento de normativas de procedimiento a que el señor Sabaté
parece haber hecho referencia. Creo que están claras las razones de
urgencia, tanto en el caso del crédito extraordinario como en el del
suplemento de crédito; y en lo que concierne a los peajes, es obvio
que de lo que se trata, y es donde está la fundamentación de
urgencia, es de evitar el retraso en la producción del efecto
antiinflacionista que se pretendía con el Decreto-ley de medidas
antiinflacionistas del que trae su causa el presente real decreto-
ley.
En definitiva, entendemos que se han cumplido plenamente los
trámites, el informe del Consejo de Estado y la memoria justificativa
y económica que obra en el expediente -que debe de ser conocido por
S.S., del Grupo Socialista-, y que el artículo 3 del Real Decreto, en
lo que concierne a la rebaja selectiva y no lineal, no tiene otro
propósito -como ha explicado el ministro- que permitir que, en
aquellos tramos de autopista que sean vías de circunvalación o de la
periferia de las ciudades, se produzca un efecto de compensación de
tal manera que no opere el peaje en estos tramos y sí lo haga en el
resto de tramos de la concesión. Parece una medida de justicia evitar
que haya que pagar en tramos claramente urbanos y parece más que
razonable esta selectividad en la aplicación de la rebaja del 7 por
ciento.
Por todas estas razones, señor presidente, manifestamos nuestro
desacuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista en su exposición y
mi grupo pide la votación favorable a la convalidación de este real
decreto. (El señor Sabaté Ibarz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz. ¿Lo considera
necesario S.S.? (Asentimiento.) Dos minutos de réplica.
El señor SABATÉ IBARZ: El eje transversal no pasa por Tarragona-
Montblanc-Cervera, señor Ortiz; pero esto es otra cosa.
No estamos en contra de las concesionarias, estamos a favor del
interés público. No estamos en contra de la colaboración entre el
sector público y el sector privado, estamos en contra del pelotazo,
del enriquecimiento desmesurado. Usted me habla de razonable
beneficio; no se ha mirado las cifras, no me ha escuchado cuando le
he dicho que el delegado del Gobierno en Acesa les pasó los datos;
mírelos y entonces verá si son beneficios razonables o no tratándose
de un servicio
público. Si fuera una empresa privada, estaría de acuerdo con usted
en cuanto al beneficio; pero se trata de un servicio público que
muchas veces se ejerce prácticamente en régimen de monopolio porque
las carreteras que están al lado están absolutamente colapsadas y no
se puede pasar por otro sitio, señor Ortiz. Desde nuestro punto de
vista, eso tiene que tratarse con más cuidado y más atención, sin
aplicar exclusivamente los criterios de mercado, como parece que
ustedes quieren hacer.
Finalmente, confiscación, no; hay que utilizar las leyes existentes,
la jurisprudencia y, si hace falta, promover las modificaciones
pertinentes o establecer una negociación más rigurosa con las
concesionarias y tener criterios sobre por qué y dónde hay que
aplicar las rebajas o los rescates de los peajes. Abra los periódicos
y verá en todos ellos que tiene a la mayoría de las comunidades
autónomas levantadas contra este decreto. Ustedes verán; después se
quejan cuando ven las encuestas o se quedan mudos y no acaban de
comprender por qué no acaban de despegar y que van perder las
próximas elecciones.
Muchas gracias, señor presidente (Aplausos.- Un señor desde la
tribuna de invitados: ¡Muy bien!- El señor Pérez de Tudela Molina:
¡Muy bien, chaval!- Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sabaté.
Un momento, señor Ortiz. La Presidencia debe recordar que desde las
tribunas no se pueden hacer manifestaciones de agrado ni de
desagrado. Es muy natural que los impulsos juveniles, que a tan
temprana hora nos acompañan y nos honran con su presencia, se
enardezcan pero, por favor, no se manifiesten.
Adelante, señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Señor presidente, simplemente quiero
insistir en que los beneficios de las empresas privadas son
susceptibles de gravamen, es decir, de tratamiento fiscal; en ningún
caso de confiscación. Le pido al señor Sabaté que me diga qué fórmula
que no sea la fiscal existe en un Estado de derecho para absorber los
beneficios de las concesionarias privadas.
En cuanto a la cuantía del beneficio, me gustaría que me dijera en
qué concesiones de las que están vivas se ha producido un cambio del
esquema concesional fundamental de las autopistas distinto del que ha
estado en vigor durante los catorce años de Gobierno socialista.
Insisto en que los primeros que modificaron el statu quo de las
autopistas, de la Ley de 1972, fue el Gobierno al que apoyaba su
grupo parlamentario.
Esto es todo, señor presidente; no quiero reabrir un debate (un señor
diputado: no tienes más argumentos) que hemos mantenido en Pleno, en
Comisión, en esta ocasión y en otras, y que no dudo que va a seguir
guiando el interés del Grupo Parlamentario Socialista por buscar
cualquier agujero, cualquier escándalo, con objeto de intentar
modificar la realidad.
(Un señor diputado: El interés del ciudadano.) Esa realidad será que
en marzo próximo ustedes volverán a perder las elecciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Un señor diputado:
Aleluya, aleluya.- Otro señor diputado: ¡Que te lo has creído!-
Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Levantiscos a estas horas. ¿Otros grupos que
deseen fijar su posición? (Pausa.) No es obligatorio. En el Grupo
Mixto, tres. Empezamos por el señor Serrano, luego el señor Chiquillo
y luego el señor Vázquez.
El señor SERRANO VINUÉ: Gracias, señor presidente.
He de decir que hoy, señor ministro, nos lo ha puesto fácil. Le vamos
a decir que no a este decreto por varias razones. Lamento decirle que
de alguna manera hasta siento una cierta vergüenza, porque el
despropósito es doble, y no es porque desde el Partido Aragonés no
estemos de acuerdo en que se hagan inversiones y no es porque desde
el Partido Aragonés no estemos de acuerdo en que se rebajen los
peajes, en lo que no estamos de acuerdo es en a dónde van esos 17.000
millones y en la forma selectiva -y remarco selectiva- de la rebaja
de peajes.
En esos 27.000 millones que comprende el decreto que usted pide hoy
que aprobemos, sin lugar a dudas hay infraestructuras que son
competencia de su Ministerio, con partidas presupuestarias que
corresponden al territorio aragonés de las que se han ejecutado cero
pesetas: aeropuerto de Zaragoza, plataforma logística, estación
intermodal, desdoblamiento de carreteras, la carretera de Castellón,
la circunvalación de Tarazona o la propia nacional 260
transpirenaica, que cuenta desde hace cinco años -cuatro años lleva
usted como ministro de Fomento- con partida presupuestaria y que han
sido incapaces de licitar.
Esa es una realidad y son un insulto a la inteligencia las
declaraciones de algún dirigente del Partido Popular diciendo, en lo
que respecta a la liberalización del tramo de la A-68 o, lo que nos
gustaría, la liberalización de la N-II a su paso por Fraga, que antes
de marzo se va a ejecutar. Señor ministro, espero y deseo que hasta
que se liberalice ese tramo no haya ningún accidente, y menos todavía
un accidente con muertos, porque, de ser así, usted y su Ministerio
serían los responsables.
Desde Aragón estamos un poco cansados, ciertamente cansados, de que
la estabilidad se pague a golpe de talonario a costa de las
inversiones competencia del Estado, repito, de competencia del
Estado.
A veces da la sensación de que el Ministerio de Fomento es una
consejería de obras bis de la Generalitat de Cataluña. Esa es la
realidad. Menos regalos y no hacer dejación de sus competencias. Me
he quedado con la frase del portavoz del Partido Popular: hacer
patrimonio carretero. A partir de ahora, vamos a acuñar esa frase.
Desde Aragón, nos vamos a liar a hacer autopistas, las vamos a
ejecutar y con toda libertad las
vamos a ceder para que el Estado incremente su patrimonio carretero
en beneficio de todos, se supone.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para fijar posición en el
real decreto que nos ocupa en la mañana de hoy y querría hacer una
diferenciación entre la primera parte del contenido del real decreto
y la segunda.
Indudablemente, las extraordinarias urgencias que han llevado al
Ejecutivo a tomar esta decisión han traído consigo unos inadmisibles
olvidos y cuando se destinan suplementos de crédito por valor de
27.000 millones se dejan de lado, se olvidan -se ve que por las
prisas electorales- cuestiones como los ejes viarios de los accesos a
las grandes ciudades, como es el caso de Valencia, que tenían que
estar concluidos en el año 1994 y por falta de voluntad política y de
consignación no se han iniciado, o incluso proyectos expropiatorios
no se han podido ejecutar por la falta de pago y de acuerdo con los
propietarios, porque no había consignación presupuestaria. Ese olvido
también se ha acuñado en los pagos a los propietarios afectados por
expropiaciones de infraestructuras ejecutadas, con retrasos de cuatro
y cinco años en el territorio de la comunidad valenciana.
Pero el gran olvido son la N-332, desde Valencia hasta Alicante, y la
N-340, desde Valencia hasta Tarragona. Son dos olvidos inadmisibles
porque hay que tener en cuenta que estas carreteras discurren por
núcleos urbanos en los que se están exigiendo las variantes, y esas
variantes no llegan y se van retrasando año tras año. Sólo en el real
decreto que hoy nos ocupa se contempla la petición de la
circunvalación a grandes ciudades, en el caso de Sagunto, trasladando
el peaje de Puzol a Sagunto, pero estamos hablando de que en la N-
340, que atraviesa hasta diez núcleos urbanos, Alcalá, Vinaroz y
Peñíscola como los más peligrosos puntos negros de la red viaria, y
no se toman esas decisiones. En la 332, de Valencia a Alicante, hay
hasta 15 variantes sin ejecutar; a pesar del convenio que usted firmó
el año pasado de impulsar inversiones en la 332, en los presupuestos
de 1999 y del año 2000 hay cero pesetas y hay hasta 15 puntos negros.
Esos olvidos en la 340 y en la 332 son inadmisibles y motivo
suficiente para que no estemos de acuerdo con este real decreto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Vázquez Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (Don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Porque es necesario, vamos a expresar la posición del Bloque
Nacionalista Galego acerca de la convalidación
o no por el Congreso de este real decreto-ley. Efectivamente, este
decreto aborda dos cuestiones diferenciadas; sobre la primera
nosotros no vamos a entrar y sobre la segunda cuestión, que hace
referencia a la rebaja en las tarifas de autopistas de peajes, sí
vamos a entrar. Como es natural, acogemos favorablemente cualquier
decisión del Gobierno destinada a rebajar las tarifas vigentes en las
autopistas de peaje, por considerarlas caras en general y, de manera
particular, para aquellas personas que por motivos de trabajo o
estudio se ven obligadas a hacer uso de estas vías de comunicación de
una manera habitual, porque el coste que les supone es muy gravoso,
en especial para las personas con rentas más bajas. También podríamos
hablar de los costes que suponen para las empresas de transporte,
etcétera. Por tanto, desde nuestro punto de vista, cualquier rebaja
siempre debe acogerse favorablemente.
Sin embargo, a la hora de ver concretadas las rebajas, no podemos
estar de acuerdo con las que prevé el Gobierno para la autopista del
Atlántico. Me explico. Por un lado, la propuesta que hace el Gobierno
de rebaja concreta para esta autopista se centra en una disminución
del peaje en el tramo Pontevedra-Vigo en torno al 20 por ciento,
rebaja que sería similar o mayor -algo que aún no concreta del todo
el Gobierno- en los tramos Rande-Vigo y Morrazo-Vigo. En primer
lugar, hay que decir que, aún con la rebaja propuesta, el precio por
kilómetro que deberán pagar los usuarios del tramo Pontevedra-Vigo
será muy superior a esa media europea de nueve-diez pesetas/kilómetro
que dice el Gobierno que se pagará en el conjunto de las autopistas
de peaje del Estado; es decir, estos ciudadanos se verán
discriminados respecto al conjunto del Estado sin motivo aparente.
En segundo lugar, porque para los otros dos tramos en los que el
Gobierno propone rebajas, como decía, aún no concretadas totalmente,
pero que podrían estar también en el entorno del 20 por ciento o algo
superior, también conviene recordarle al señor ministro, por un lado,
que el tramo Rande-Vigo que fundamentalmente da servicio a los
ciudadanos del área de Redondela, soporta actualmente un peaje de 120
pesetas, absolutamente desproporcionado para los kilómetros de
recorrido de ese tramo; por otro lado, que el tramo Morrazo-Vigo
también soporta actualmente un peaje de 150 pesetas, igualmente
desproporcionado en relación a los kilómetros de recorrido de ese
tramo.
De todas maneras, esto no deja de ser curioso, y los diputados
gallegos que estén aquí presentes comprenderán bien lo que digo. Si
el tramo Rande-Vigo está en 120 pesetas y el tramo Morrazo-Vigo está
en 150 pesetas, la concesionaria, desde luego, evalúa en 30 pesetas
el paso por el puente de Rande. Pero esos son misterios que no están
al alcance de los ciudadanos corrientes.
En todo caso, las rebajas propuestas en principio en estos tramos no
satisfacen para nada las demandas de la sociedad, porque seguirían
suponiendo un alto coste para los ciudadanos que , como los de la
comarca del Morrazo, se ven obligados a utilizar la autopista por
motivos de trabajo, de estudios o de salud y carecen de una
alternativa gratuita por carretera. Desde nuestro punto de vista -y
así lo hemos propuesto en varias ocasiones-, estos tramos citados, la
Rande-Vigo, por ser en realidad una carretera de circunvalación, y el
de Morrazo-Vigo, por no existir alternativa, deben ser liberados de
peaje, como también debe ser gratuito el tramo de A Barcala en A
Coruña. Por tanto, la gratuidad de estos tramos citados es la
solución que debería haber adoptado el Gobierno para hacer creíble su
propuesta de rebaja del coste de los peajes, de la misma manera que
el Gobierno estableció la gratuidad en otros tramos considerados
circunvalación de otras ciudades, que no voy a citar en este momento
pero que ahí están, y de lo que nosotros, por cierto, naturalmente
nos alegramos.
En lo que se refiere al resto del tramo Vigo-Pontevedra, lo mínimo
que el Gobierno debería hacer para que está propuesta tuviera un
mínimo de credibilidad sería que el precio por kilómetro no superase
las famosas nueve-diez pesetas, como afirma que acontece en el
conjunto de las autopistas del Estado.
Tal y como está formulada la propuesta del Gobierno de rebajas en las
tarifas no puede ser apoyada por nuestro grupo y, en consecuencia, no
vamos a votar a favor de este real decreto-ley porque su concreción
en lo que hace referencia a Galicia nos parece absolutamente
insatisfactoria. Nosotros seguiremos demandando del Gobierno la
adopción de medidas en lo relativo a peajes que respondan a la
realidad económica y social de nuestro país y ésta, desde luego, no
lo hace.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
¿Grupos que desean fijar la posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.
Tenía preparada una intervención, pero he ido tomando notas durante
todas las intervenciones que se han producido y no sé si podré decir
todo lo que quiero decir.
En primer lugar, quiero hacer constar que en mi intervención del
pasado día 11, en una moción sobre autopistas, me refería a la falta
de autovías base allí donde existen actualmente autopistas y estuve
defendiendo que deberían construirse todas las autovías
correspondientes a la N-340, incluso la zona de Valencia. Me refería
entonces también a Aragón, a la Nacional que va de Zaragoza hasta
Logroño y a todas las que correspondían a aquellas zonas en las que
existen autopistas, pero no hay autovías.
Nuestro grupo tiene muy claro que las autovías que no están
construidas en esta zona deben construirse, y lo vamos a seguir
defendiendo continuamente. Lamento muchísimo que las intervenciones
de los portavoces
del Grupo Mixto se hayan centrado en presentar la queja comparativa,
situándose en el vagón de cola en lugar de en la locomotora. Cataluña
siempre ha intentado ser locomotora y creemos que lo ha conseguido.
Por eso, aunque nos pongan las pegas comparativas, seguiremos
defendiendo la necesidad de construir las autovías de toda la N- 340,
desde Valencia, incluso la carretera hasta Alicante, la zona de
Aragón y la zona hacia La Rioja y el País Vasco. Nos da igual lo que
puedan pensar otros grupos, por envidia o por cualquier otra razón.
Respecto al decreto en sí, en el turno en contra se ha dicho que lo
que iba destinado al eje transversal era lamentable e ilegal y que lo
que se tenía que hacer era destinarlo a obra nueva. Pues precisamente
en estos momentos está bien claro que los 17.000 millones no dejan de
ser para el inicio de obra nueva, pues se destinan al desdoblamiento
del eje transversal construido para transformarlo en una vía de doble
capacidad, es decir, convertirlo en una autovía con las
características propias de la red de autovías del Estado.
Respecto a la presentación del voto en contra, tengo que decir que
contenía un cierto cinismo. Cosas veredes, se dice, y hoy las hemos
visto. No hace mucho, todos los grupos, el Grupo Socialista, el Grupo
Catalán y el Grupo Popular -que después, por las circunstancias que
todos sabemos, no pudo votar-, defendíamos que el tramo de Tarragona
que ahora se va a liberar, fuese liberado durante el tiempo que iban
a durar las obras. Se ha dado libertad in aeternum, y ahora oímos
aquí las palabras de una de las personas que firmó la transaccional y
que ha defendido vehementemente esta posición en Tarragona, y he de
decir que el «Diario de Sesiones» de hoy es un documento muy válido
para poder ver que lo que se dice en un sitio, después se cambia en
otro lugar (Rumores.) Se habla de pelotazo. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Mayor pelotazo o
inicio de pelotazo podríamos encontrar cuando en otra legislatura,
con otro gobierno, se ampliaron los plazos de todas las autopistas
del Maresme que correspondían a una de las concesionarias, en la
Mataró-Palafólls, para tener un peaje blando, mientras las demás
zonas, incluso la de Tarragona, de la cual es diputado el señor
Sabaté, pagábamos durante más años para que en la zona del Maresme la
autopista fuera más barata. Verdaderamente, eso no es solucionar
problemas. Además, este mismo mes de noviembre, el Tribunal
Constitucional ha dicho que aquello que se hizo entonces era legal;
por tanto, decir que es ilegal lo que se hace ahora, en base a lo que
se hizo entonces, es verdaderamente marear la perdiz. Espero al
«Diario de Sesiones», porque de su contenido alguien tendrá que
responder.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
En mi intervención de esta mañana pensaba anunciar que iba a ser muy
breve y muy suave, como consecuencia de los enfados que se suele
tomar el ministro de Fomento con los grupos parlamentarios de la
oposición de esta Cámara. Pero en vista de la actitud que ha tenido
esta mañana el ministro de Fomento, señor Arias, que nos ha
abandonado ya, antes de que termine el debate de este real decreto,
tengo que anunciar que, ante la falta de respeto de este ministro
ante esta Cámara y ante los grupos de la oposición, no voy a
intervenir en el debate y sólo voy a dar tres razones por las que mi
grupo va a votar en contra de este real decreto.
Nos oponemos a que este Gobierno gobierne, valga la redundancia, por
decreto, pues hay ya 18 reales decretos en lo que va de año. Nos
oponemos a que en este momento en que se están tramitando los
Presupuestos Generales del Estado nos venga el Gobierno con un
presupuesto paralelo de 27.000 millones de pesetas, que más tiene que
ver con acuerdos políticos con algunos de sus socios que con una
realidad que sea necesaria en este momento. También nos oponemos
a que este Gobierno siga beneficiando a las concesionarias de
autopistas en detrimento de todos los ciudadanos de este país.
Por último, quiero reiterar que nos parece bochornosa la actitud del
ministro de Fomento que, en la línea a lo que nos tiene
acostumbrados, desprecia olímpicamente a esta Cámara, a los
ciudadanos y a la posición. En estas condiciones, me niego a debatir
más con este ministro y lo que tiene que hacer el Gobierno, si quiere
respetar la voluntad de los ciudadanos y de esta Cámara, es cesar a
este señor que no tiene vocación ni actitudes democráticas. (Varios
señores diputados: Muy bien.-Aplausos.-El señor Sabaté Ibarz pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernandez.
Señor Sabaté, ¿a qué efectos me solicita la palabra?
El señor SABATÉ IBARZ: Para contestar a las alusiones directas y a
las descalificaciones que se han producido desde las filas de
Convergència i Unió.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Sabaté,
la alusión a la que se refiere S.S. es porque es diputado por
Tarragona.
El señor SABATÉ IBARZ: No. No ha sido eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Sabaté,
le ruego me escuche como yo le he escuchado a usted. No vamos a
discutir usted y yo, como se puede imaginar.
En el resto de la intervención del señor Sedó se ha fijado una
posicion, en nombre de su grupo parlamentario de Convergència i Unió,
que no es coincidente
con la de S.S., que representa a su grupo. Por tanto, no ha habido
alusiones personales y no tiene S.S. la palabra. (Rumores.)
Silencio, señorías. Muchas gracias por la ayuda, pero silencio. (La
señora Cunillera i Mestres pide la palabra.)
¿Señora Cunillera?
La señora CUNILLERA I MESTRES: Seguramente, el «Diario de Sesiones»
dará la razón a quien la tiene.
El señor Sedó se ha referido reiteradametne al señor Sabaté, se ha
referido a la circunscripción que ambos representan, se ha referido a
intervenciones de otras legislaturas y a ésta. Si cree usted que esto
no es contradecir sus argumentaciones, ya me lo explicará.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Cunillera, no voy a explicárselo. Ya lo he dicho y en voz alta. He
dicho que la posición que fija el señor Sedó no es coincidente con la
que fija el señor Sabaté y eso no da lugar a ningún tipo de
contradicción ni a ningún tipo de alusión y, por tanto, no ha lugar a
un nuevo turno de palabra. (El señor Serrano Vinué pide la palabra.)
Señor Serrano, ¿a qué efectos me solicita la palabra?
El señor SERRANO VINUÉ: A efectos de remarcar que ha habido alusiones
directas que afectan al Grupo Mixto y, en todo caso, a la
intervención que hemos hecho desde el Partido Aragonés, porque es
necesario aclarar una serie de conceptos, ya que palabras como
cinismo y envidia han sido utilizadas por el portavoz de Convergència
i Unió.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Serrano,
reitero los argumentos utilizados con la solicitud de palabra del
señor Sabaté: no ha lugar a un nuevo turno para alusiones.
ENMIENDAS DEL SENADO
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. (Número de
expediente 121/000135.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos, como
decía, al punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado al
proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. He de recordar a SS.
SS. que por acuerdo de la Junta de Portavoces la primera votación se
producirá al final del punto VIII, dictámenes de la Comisión de
Asuntos Exteriores, y, dado que las enmiendas al primer proyecto de
ley tiene carácter orgánico, les anuncio que la votación no se
producirá en ningún caso antes de las once y media de la mañana.
¿Grupos que desean fijar su posición con respecto a las enmiendas del
Senado? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Rodríguez, en primer lugar.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente. Aparte de manifestar las reticencias que al Bloque
Nacionalista Galego le sigue provocando el proyecto de Ley Orgánica
de Protección de Datos, queríamos solamente fijarnos hoy en las
cesiones de datos padronales a las administraciones públicas de la
disposición adicional segunda, para dejar de manifiesto nuestra
posición al texto que proviene del debate en el Senado, por no
haberse reconocido que los órganos equivalentes al Instituto Nacional
de Estadística de las comunidades autónomas no tengan capacidad
también para poder hacer uso de los datos que el Instituto Nacional
de Estadística tiene plenamente y poder además vehiculizarlos en lo
que es el territorio de la Administración autonómica.
En ese sentido, pensamos que se pierde una gran oportunidad de darle
coherencia a la ley, haciendo que esta disposición adicional segunda
esté en concordancia con lo que figura en el artículo 31, que prevé
para el censo promocional que los órganos estadísticos de las
comunidades autónomas puedan facilitar determinados datos del censo
electoral.
Por lo tanto, en coherencia con la ley, esta sugerencia, que además
pensamos que es de los institutos de estadística de muchas
comunidades autónomas, debía haber sido recogida.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, los diputados de
Nueva Izquierda vamos a votar negativamente a diversas modificaciones
que ha introducido el Senado en la Ley de Protección de Datos y desde
luego negativamente en la votación orgánica sobre este proyecto de
ley. Nos parece que es un proyecto de ley que reproduce todos los
elementos de ataque a la intimidad de las personas, que ya tenía la
anterior ley vigente, la llamada Lortad (Ley Orgánica de Regulación
del Tratamiento Automatizado de Datos), y añade otros nuevos ataques
a la intimidad como consecuencia de la introducción de enmiendas en
el Senado a los que voy a hacer alusión inmediatamente.
Nos vamos a encontrar aquí con que el Grupo Popular se ha olvidado
que esta ley está siendo recurrida ante el Tribunal Constitucional
desde hace ya algunos años y está a punto de ser objeto por diversos
motivos de una sentencia del Tribunal Constitucional, que seguramente
se producirá al año que viene. Por cierto, el Grupo Popular introdujo
un recurso de inconstitucional contra la Lortad ante el Tribunal
Constitucional muy beligerante, incluso más amplio que el que tiene
presentado el Defensor del Pueblo; sin embargo, repito, a estas
alturas el Grupo Popular se ha olvidado de todo eso y le parece muy
bien aquello que consideró inconstitucional hace algunos años y que
es producto de un
recurso ante el Tribunal Constitucional. Me estoy refiriendo
a aspectos concretos, como el artículo 21, que reproduce el actual
proyecto de ley, comunicación de datos entre administraciones
públicas; el artículo 24, que reproduce el actual proyecto de ley, de
no dar información a los interesados sobre los datos personales que
figuran en ficheros públicos cuando la Administración pública lo
necesite -y lo dice de una forma muy vaporosa- para funciones de
verificación y control. Estos y otros aspectos fueron considerados
inconstitucionales por el Defensor del Pueblo, también por el Grupo
Popular, y son objeto de un recurso que en este momento está
planteado ante el Tribunal Constitucional. Si hoy aprobáramos la ley
-que probablemente se va a producir- se dejaría sin objeto jurídico
real ese recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional, por lo que habrá que reproducirlo. Ya tenemos un
primer ejemplo de un fraude, querido o no querido, consciente o
inconsciente, a una acción ante el Tribunal Constitucional. El
Tribunal Constitucional decidirá el año que viene sobre el recurso de
una ley que ya habrá sido derogada por este proyecto de ley, aunque
éste reproduce los mismos artículos considerados inconstitucionales
por el Defensor del Pueblo y por el Grupo Popular. Por tanto, éste un
primer elemento que justifica nuestro voto en contra de un proyecto
de ley que reproduce aquellos ataques a la intimidad que ya están
contenidos en la vigente Lortad.
Además, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, la mera trasposición
de una directiva comunitaria ha sido aprovechada en el proyecto de
ley para introducir cosas que nada tienen que ver con la directiva
comunitaria. Esto ha sido, sin duda, un campo muy propicio para los
grupos de presión que han actuado en torno a este proyecto de ley y
que, sin duda, han hecho su agosto, por ejemplo, empresas de
márketing directo; Telefónica, cómo no, otra vez surge aquí
Telefónica; empresas de telecomunicación y aseguradoras. Hay que
constatar que estos grupos de presión, que naturalmente de forma
lícita pueden hablar y actuar ante los grupos parlamentarios y
sugerirles sus propuestas -esto no es ilegal-, han conseguido su
propósito y han introducido modificaciones, no en los ficheros de
titularidad pública, sino en una parte de la Lortad que está muy bien
regulada, que son los ficheros de titularidad privada; ahí, como
decía, han hecho su agosto y han conseguido introducir enmiendas en
el Senado importantes sobre esos tres temas a los que me he referido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López
Garrido, le ruego vaya concluyendo.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señor presidente.
Artículo 31, el censo promocional. Se le cambia el nombre al censo
electoral y aparece una cosa que se llamará censo promocional que,
sin consentimiento expreso del interesado, permitirá que todos los
datos
del censo circulen libremente a lo largo y lo ancho del territorio
del Estado y más allá, por supuesto, porque las telecomunicaciones no
tienen fronteras. Conviene traer aquí expresamente la redacción
artículo del 28 que ha establecido el Senado porque es un ejemplo de
otro favor a Telefónica. El Senado dice que tiene que incluir lo
siguiente en el apartado 4 de dicho artículo: los datos que figuren
en las guías de servicio de telecomunicaciones disponibles al público
se regirán por su normativa específica; es decir, que las páginas
amarillas o las guías de teléfono, todos esos datos que están ahí ya
no se regirán por esta ley, sino por otra, que no se sabe si será
ley, reglamento, y ni siquiera habla del carácter orgánico necesario;
se deslegaliza por completo, por tanto, introduciendo un elemento
frontalmente contrario a la Constitución española, que exige una
regulación por ley orgánica de estos temas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López
Garrido, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Por último, señor presidente, está la
disposición adicional sexta nueva, que permite a las aseguradoras
establecer ficheros comunes. Es decir, los datos que alguien da a una
compañía aseguradora para que le asegure podrán ser utilizados por
ella para cederlos a otras, crear ficheros comunes y, por tanto,
cederlos a compañías para que tengan esos datos personales, sin que
uno haya dado su consentimiento. En el fondo de todo ello (censo
promocional, guías telefónicas, aseguradoras y ficheros comunes)
existe siempre la ausencia de consentimiento expreso del afectado
para que sus datos sean utilizados; ausencia de consentimiento
expreso, tal como se dice en el proyecto de ley, que va contra la
Constitución y contra la directiva comunitaria.
Por esas razones nosotros votaremos en contra no solamente de estas
modificaciones sino del conjunto de las enmiendas del Senado en la
votación orgánica.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
López Garrido.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Coalición Canaria ya desde los trámites en ponencia y Comisión
mostramos una serie de reticencias, en base a la defensa de todo lo
que es el título I de la Constitución española, en cuanto a derechos
fundamentales de la persona que podían verse de alguna manera
conculcados con la legislación que al respecto se había venido
produciendo.
Limitándonos a las enmiendas que vienen del Senado, una vez enunciado
este principio, nosotros en términos generales consideramos que el
Senado ha hecho una labor de perfeccionamiento, aparte de las puras
enmiendas técnicas y de corrección de estilo, en una clarificación de
determinados principios que vienen en estas enmiendas, que vamos a
votar favorablemente, excepto la que seguidamente señalaré.
Creemos que en muchas de las enmiendas se han introducido mejoras que
recogen principios para las comunidades autónomas, como es la
presentada al artículo 48 en su principio sancionador, donde el texto
que había salido de esta Cámara decía que contra las resoluciones de
la Agencia de Protección de Datos de una comunidad autónoma procederá
recurso contencioso- administrativo; el Senado reconduce el tema, lo
agota en la vía administrativa a nivel de la comunidad autónoma,
diciendo que las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos u
órgano correspondiente de la comunidad autónoma agotan la vía
administrativa, cosa que nos parece correcta.
Todas las enmiendas en términos generales han sido positivas como,
por ejemplo, la disposición adicional cuarta, que viene a modificar
el artículo 112.4 de la Ley general tributaria; la quinta, que es
nueva, y por la que nos congratulamos de que se haya salvaguardado el
principio competencial del Defensor del Pueblo. No olvidemos que ese
principio competencial del Defensor del Pueblo como alto comisionado
de las Cortes tendría que ser consecuente, porque, si no, esta Cámara
se estaría privando, a este nivel de defensa de derechos
fundamentales, de un instrumento institucional, como es el Defensor
del Pueblo. Igualmente es buena la enmienda del Senado a la
disposición sexta nueva modificando el artículo 24.3 de la Ley de
ordenación y supervisión de los seguros privados, dado que para
ordenar este mundo del seguro privado es necesario darle una claridad
legislativa y una seguridad jurídica, ya que tanto para el asegurado
como para las compañías aseguradoras son necesarios estos datos.
Finalmente, es positivo que en estas disposiciones adicionales se
haya introducido la salvaguarda de que todo dato relativo a la salud
de la persona sólo podrá ser objeto de tratamiento con el
consentimiento expreso del afectado.
Nuestra observación de fondo, porque vamos a votar en contra de ella,
es a la enmienda a la disposición adicional segunda, señor
presidente, acerca de la cesión de datos padronales a las
administraciones públicas. No podemos pasar por esto. Nos parece
verdaderamente conculcante de lo que señala nuestra norma fundamental
que sin consentimiento del interesado, como dice el texto de la
enmienda del Senado, se de una copia del fichero formado con nombre,
apellidos, DNI, domicilio, sexo, etcétera, Por razones de salvaguarda
de los principios del título I de la Constitución, vamos a votar en
contra de esta enmienda a la disposición adicional segunda, que viene
de la alta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente. Señorías,
abordamos el último trámite parlamentario de lo que es la regulación
de una ley orgánica que, desde la perspectiva del grupo al que
represento, hace referencia a la configuración de un nuevo derecho
fundamental, reconocido como tal en abundante jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, y que seconstruye a base de la combinación
del artículo 18.4, referido a la esfera de intimidad de las personas,
y el 10.2 de la Constitución, en relación con las normas del convenio
108 del Consejo de Europa sobre las facultades que han de ser
reconocidas a las personas en lo que hace a la tutela de sus datos.
Hago esta observación inicial porque es el norte y la pauta que ha
guiado la actuación de nuestro grupo en toda la tramitación de esta
ley, y que va a ser también el norte que nos guíe a la hora de
posicionarnos en relación con las enmiendas aprobadas por el Senado.
La configuración de un derecho fundamental de autodeterminación
informativa y el respeto a las competencias que en esta materia
tienen reconocidas las comunidades autónomas son las dos pautas que
nos han guiado. Por ello, nos satisface que se hayan aprobado
enmiendas del Grupo Vasco para dar un mejor título a la ley que no
queda con el frío de orgánica de protección de datos; se añade que
los datos protegibles no son cualesquiera, sino los datos de carácter
personal. Nos parece igualmente bien que se haya incluido una
referencia en el artículo 2 al ámbito territorial de la ley en
materia tan lábil y tan difícil a la aprehensión como puede ser la
utilización de la informática que, por definición, carece de
fronteras.
Aprovecho ya, por seguir la sistemática del texto de la ley, y aunque
no haga referencia a enmiendas, para manifestar que mi grupo está
absolutamente insatisfecho de cómo ha quedado el artículo 2.2. c), en
donde ha permanecido la exclusión de los ficheros de investigación
del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada. Creemos
que no se cohonesta con lo que es la finalidad de la ley y que,
además, la exclusión que se contiene de esta materia en la directiva
no es por otra circunstancia porque todavía configura el tercer
pilar. Es decir, no se trata de materia respecto de la cual las
instituciones europeas tengan disponibilidad. En todo caso, se hace
además utilizando una terminología de formas graves de delincuencia
organizada, que ni siquiera se cohonesta con las expresiones que al
respecto utiliza el Código Penal, lo que creará graves defectos
interpretativos, y en la práctica, como siempre, demérito en la
tutela de los derechos de los ciudadanos que esta ley dice
garantizar.
En el artículo 11, nos felicitamos de que se haya incluido la
referencia que respecto de los comisionados de los parlamentos de
comunidades autónomas se pretendía por nuestro grupo y la relativa a
los tribunales de cuentas de la comunidades autónomas.
Respecto del artículo 21, me gustaría hacer idéntica objeción, aunque
no ha habido enmiendas en el Senado, a la que manifesté en esta
Cámara. Creemos que encierra un problema de inconstitucionalidad en
la medida en la que permite la comunicación de datos entre
administraciones públicas, si así lo autoriza la norma de creación
del fichero. Puesto que esta norma, lo he dicho en todas las
instancias, puede ser norma reglamentaria, creemos que se está
autorizando a una cesión de datos sin norma de rango legal, que es lo
que debiera ser, lo cual incumple el artículo 53 de la propia
Constitución.
En relación con el artículo 28, quisiera hacer una observación
parecida a la que ha manifestado el representante del Grupo
Parlamentario Mixto, señor López Garrido, en cuanto a que ha habido
un cambio respecto a lo aprobado en el Congreso sobre los repertorios
de abonados al servicio telefónico, que ahora tienen un tratamiento
distinto que los listados de los colegios profesionales. Se ha hecho
un último apartado 4, donde se dice que los datos que figuren en las
guías de servicios de telecomunicación, se regirán por su disposición
normativa. Parece que alguien está empeñado en que estas empresas
dejen de tener el régimen habitual respecto a los demás ciudadanos o
poseedores de ficheros, criterio que mi grupo no comparte. Nos
gustaría que fuese claro que las normas específicas por las que se
puedan regir, habrán de ser siempre respetuosas de los contenidos de
esta ley, en cuanto ley orgánica que es, tuteladora del núcleo
esencial de este nuevo derecho fundamental que la ley pretende
articular y regular.
En relación con la materia sancionadora, mi grupo no puede manifestar
sino su satisfacción porque, finalmente, en el Senado se han acogido
la mayor parte de sus enmiendas acerca de este ámbito de la ley,
respecto del cual habíamos manifestado quejas sobre la incorrección
técnica. Me resta referirme a las disposiciones adicionales, dos de
las cuales tienen extraordinaria importancia desde la perspectiva del
grupo al que pertenezco. En primer lugar, la disposición adicional
segunda -ha aludido a ella el representante que ha intervenido en
nombre del Bloque Nacionalista Galego-, referida a cesiones de datos
padronales a las administraciones públicas, contiene una tremenda
incongruencia en demérito de las competencias que corresponden a las
comunidades autónomas, al haberse negado sistemáticamente el grupo
mayoritario a incluir la referencia, además de al Instituto Nacional
de Estadística, a los entes equivalentes de las comunidades
autónomas. Así, se va a dar la circunstancia de que como hasta ahora
había partidos creados ficticiamente para poder disponer de los datos
censales, las administraciones de las comunidades autónomas vamos a
tener que crear alguna empresa, también ficticia, que se dedique a la
venta por correo y que pueda solicitar estos datos. De otro modo el
traspaso de datos entre la administración general de una comunidad
autónoma y el Instituto de Estadística estaría protegido por el
secreto estadístico y, por tanto, vetado. Es un entorpecimiento
en modo alguno justificado y que nos obligará a utilizar
procedimientos no deseados por la ley, evitándose la claridad como
siempre por suspicacias en relación con lo que las comunidades
autónomas puedan hacer con el uso de sus competencias.
Indescriptible -y no se me ocurre otro calificativo- nos parece la
inclusión de la disposición adicional sexta que se ha efectuado en el
Senado. Si la ley hace referencia a la tutela de un derecho
fundamental, por tanto, el derecho referido a la intimidad, a la
autodeterminación informativa, no nos parece que pueda cohonestarse
con un precepto como éste en el que se están protegiendo intereses
meramente mercantiles, meramente de utilidad, de un sector
determinado como es el de las compañías de seguros privados. Puede
ser un interés atendible desde el punto de vista económico, pero en
modo alguno de igual peso que el de la tutela de un derecho
fundamental. Se dice -y en esto no engaña al texto de la disposición
adicional sexta- que se pretende evitar fraudes, colaborar en la
estadística actuarial, por tanto, todos ellos fines que pueden ser
muy alabables, pero que en modo alguno justifican un régimen distinto
en relación con los datos de los ciudadanos, que -repito- forma parte
del núcleo duro constitucional. La inclusión de esta disposición
adicional respecto de la cual mi grupo va a votar, lógicamente, en
contra, evidencia -aunque así no lo quiera el Gobierno- qué intereses
concretos le gusta tutelar al grupo mayoritario de la Cámara, que es
el grupo, en definitiva, que apoya al Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, con la votación
de las enmiendas del Senado a este proyecto de ley orgánica de
protección de datos personales finaliza un largo trámite que nos
lleva al cumplimiento por parte del Estado español de una directiva
de la Unión Europea. Llevamos, señor presidente, más de un año de
retraso en ese proceso. Por tanto, corresponde hoy a esta Cámara dar
la aprobación definitiva a este proyecto de ley orgánica, dando así
cumplimiento -repito- a un mandato de la directiva comunitaria e
incluso atendemos al requerimiento que la Comisión Europea ya ha
hecho al Estado español diciendo que estábamos incumpliendo el plazo
previsto para hacer esa necesaria adaptación.
Las enmiendas del Senado, que es el trámite en el que nos
encontramos, de manera global mejoran técnicamente este proyecto de
ley; hay mejores técnicas puntuales. Ya dijimos los distintos
portavoces, y concretamente quien les habla, en el trámite del
Congreso que éste no era el proyecto de nadie en concreto. Ningún
grupo de los que hoy estamos aquí nos sentimos plenamente satisfechos
de este proyecto de ley. Pero
como todo proyecto de ley orgánica exige transacciones y consensos,
nuestro grupo se manifiesta globalmente satisfecho, en cuanto redunda
en el principio de un necesario consentimiento del afectado en el
tratamiento de sus datos. Sin embargo, mi grupo también quiere hacer
una salvedad.
Algunos aspectos, señalados por otros portavoces y en los que nuestro
grupo coincide, quedan pendientes de una sentencia del Tribunal
Constitucional; sentencia que dará respuesta a aspectos autonómicos y
a aspectos de derechos fundamentales. Seguro que la próxima sentencia
tendrá traslado en la nueva ley, pero -y mi grupo quiere mencionarlo,
porque el portavoz de Nueva Izquierda ha dicho que se hacía un fraude
al Tribunal Constitucional o un fraude a la antigua ley- mi grupo ha
aceptado hacer una nueva ley, globalmente, sólo por el hecho de la
seguridad jurídica. Íbamos a reformar tantos artículos que era mejor
hacer un texto nuevo, pero esperamos mejorar muchísimo las
competencias autonómicas con la sentencia del Tribunal
Constitucional, que evidentemente la queremos acatar, y sin duda
tendrá su traslado a la nueva normativa; por tanto, fraude, ninguno.
Entre las enmiendas del Senado querría destacar la nuestra al
artículo 11, que es más comprensiva con lo que es el Estado
autonómico. Se hace extensión -hay un régimen especial de la
comunicación de datos al Defensor del Pueblo o al Tribunal de
Cuentas- e incluimos también, a instancias de mi grupo y del Grupo
Vasco, la referencia a los órganos análogos al Defensor del Pueblo
-en Cataluña tenemos al Sindic de Greuges- o al Tribunal de Cuentas
-en Cataluña la Sindicatura de Comptes-. Somos Estado igualmente y,
por tanto, esos órganos análogos han de tener el mismo tratamiento
que el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, y nos
congratulamos de la aceptación de esa enmienda, que redunda en un
avance autonómico global de este proyecto de ley.
A partir de ahora queda claro que las agencias autonómicas de
protección de datos son autoridades de control y pueden inspeccionar.
En el anterior texto no quedaba claro, pero ahora sí, como lo queda
también que las autoridades de control de las comunidades autónomas,
cuando se creen, van a poder inspeccionar, y serán las competentes,
los ficheros del ámbito local de su respectivo territorio. No puede
ser menos, son las autoridades competentes en materia de régimen
local. ¿Quién tiene que controlar los ficheros de un ayuntamiento o
de un ente comarcal? Evidentemente tiene que controlarlos la Agencia
de Protección de Datos de la respectiva comunidad autónoma y nos
congratulamos de ello.
Del mismo modo, en el consejo consultivo habrá un representante de
cada comunidad que haya creado un órgano de protección de datos, y
éste también es un buen planteamiento, no un representante de todas
las comunidades. Nunca un solo representante -eso es el café para
todos- puede trasladar el sentir de cada comunidad autónoma, ha de
ser uno por cada comunidad que tenga un órgano de protección de
datos.
Por tanto, nos congratulamos, pero no del texto que se ha dado en el
Senado a la disposición adicional segunda. Creemos que el objetivo
que perseguía mi grupo con dicha disposición adicional segunda era
permitir a las comunidades autónomas crear sus propios registros de
población. Ése era un objetivo que desaparece con la enmienda del
Senado, al igual que la alusión al censo electoral. Nosotros
consideramos que si el INE tiene los padrones municipales, si el INE
tiene el censo electoral, las comunidades autónomas, que son Estado,
para el uso estricto de competencias de esas comunidades autónomas,
con el único objetivo de hacer su documento, su registro de
población, deben tener esos mismos datos, y deben tener la copia
actualizada, lo que se decía también en el texto del Congreso. Por
tanto, votaremos en contra de la disposición adicional segunda porque
nos satisface más el texto que salió cuando se aprobó el proyecto de
ley en el Congreso.
Finalmente, votaremos en contra del artículo 29. Señorías, no
entendemos por qué el Grupo Popular ha introducido la enmienda al
artículo 29.1. No entendemos esa enmienda porque consideramos que la
misma intenta limitar y matizar el principio de la publicidad pública
registral, que es un principio establecido en nuestro ordenamiento
jurídico, así como en el comunitario. Eso puede llevar a
interpretaciones adversas en el ámbito registral. Determinadas
empresas de publicidad pueden verse con resoluciones que les impidan
un acceso público registral. No queremos acceso a registros que no
sean públicos, pero no entendemos muy bien cómo el Grupo Popular ha
introducido en el Senado esa enmienda al artículo 29.1, a la que
votaremos en contra.
Por último y con ello concluyo, decía que éste no es el proyecto de
todos. No es el proyecto del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); no nos satisface plenamente este proyecto de
ley. Hay aspectos que seguro que resolverá en su sentencia el
Tribunal Constitucional, pero este proyecto de ley, señorías, es un
paso adelante en la protección de los datos.
Quería terminar con un aspecto novedoso, el censo promocional. Se
intentaba en el Senado, y creo que se corrigió en el Pleno, que el
documento de empadronamiento no estuviese ligado a ese censo
promocional. Quiero que conste en el «Diario de Sesiones» que la
voluntad de esta Cámara es que se utilice el censo promocional porque
existe el consentimiento de querer estar en él; no es que se reparta
el censo electoral, es que se hace un nuevo censo, el censo
promocional, formado por aquellos que están en el censo electoral y
que quieren estar también en el censo promocional. ¿Cómo sabremos que
quieren estar? Por el documento de empadronamiento que pasa por
todos; en ese documento todos deberemos manifestar si queremos o no
estar en ese censo promocional. Es una buena solución, es el
documento que pasa por todos.
Con este espíritu, nuestro grupo apoya también el artículo 31 y
espera que los poderes públicos, especialmente
el INE -al igual que, si deciden hacerlo, los institutos de
estadística de las comunidades autónomas-, hagan un buen uso de ese
censo promocional y que sean escrupulosos en el consentimiento de los
afectados. No queremos que el censo promocional sea la invasión de
los buzones ajenos, no queremos que sea una vía libre a la publicidad
sin control; antes al contrario, queremos que sirva para controlar la
publicidad comercial y que ésta se dirija a aquellos que quieren
recibir esa publicidad que legítimamente muchas empresas llevan a
cabo.
Nada más señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jané.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
No es casualidad que en las sucesivas intervenciones de los grupos se
vaya coincidiendo no tanto en el rechazo, porque no se trata de ello,
sino en la crítica a algunas de las enmiendas introducidas en el
Senado, que no tienen coherencia ni siquiera con el propio texto.
Nosotros unimos nuestra oposición a las modificaciones realizadas en
el artículo 28, tanto en el número 2 como en el 4 nuevo, porque no
entendemos por qué ha de ser objeto de tratamiento distinto e
individualizado la publicación de datos por la Compañía Telefónica
cuando, al fin y al cabo, no se somete a otra limitación que la
advertencia en sus publicaciones de que dichos datos no deben ser
objeto de utilización por nadie para fines de otro tipo y que, por
tanto, deben respetar la voluntad de los que figuran en ella. No
entendemos por qué se tiene que hacer esta exclusión.
En la misma línea, también discrepamos notablemente de la
introducción de las disposicionales segunda y sexta. En la segunda,
es grave que se siga manteniendo discriminación con respecto a las
comunidades autónomas porque, si tenemos un serio concepto del
Estado, tan Estado es el más pequeño municipio como la jefatura del
mismo, y no podemos andar con esta clase de distribuciones de
carácter jerárquico. En tono coloquial, corregiría a mi querido amigo
-y perdóneme que me tome esta libertad, señor Jané- pues, si dice que
no le gusta la expresión café para todos, debe corregirla; lo que no
le puede gustar es un café para todos, pero mientras haya café para
todos y cada uno lo tome como le dé la gana, creo que le gustará. Lo
digo porque es muy frecuente utilizar esta expresión. Efectivamente,
esta disposición adicional segunda quiere café para todos y entiendo
que haya un rechazo, no sólo por la insuficiencia sino porque no deja
el menor margen de libertad.
En cuanto a la disposición adicional sexta, sinceramente, pedimos a
los señores diputados que estén interesados en el texto que se la
lean y, en cuanto se la
lean y hayan soportado el rubor que les va a producir, inmediatamente
estarán abocados a votar que no, porque no es que tenga nombres y
apellidos, es que es fruto de una oficiosidad o de un deseo de
favorecer una actividad determinada que no tiene por qué tener
cobertura, y menos con la conculcación del derecho de los ciudadanos,
que también existe aunque no lo diga la disposición, a no pagar, a
transgredir o a hacer aquello que les parezca conveniente y que no
necesita una tutela especial.
Llamamos también la atención sobre el artículo 3, porque no nos
parece acertada la expresión «personas físicas identificadas o
identificables». Creemos que es más correcta la expresión «los datos
que permitan la identificación directa o indirecta», porque abre una
posibilidad de cobertura mucho más amplia que la de personas
identificadas o identificables, en cuyo caso, so pretexto de su
concreción y pensando que el peligro es etéreo, se podría hacer una
interpretación restrictiva de modo tal que algunos supuestos quedaran
sin cubrir.
Al resto de las enmiendas a las que no he hecho alusión les vamos a
dar el voto favorable. Nos parece un acierto que se haya eliminado la
constante reiteración de la expresión «tratamiento automatizado»,
puesto que se trata del tratamiento de los datos, que en unos casos
será automatizado y en otros puede que no lo sea. También nos parece
que es bueno que se haya hecho un conjunto de correcciones de
carácter técnico que le dan mayor concreción al proyecto. Por ello,
nuestro grupo le va a dar su voto favorable.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente, efectivamente somos
pocos los que seguimos creyendo en la existencia del Estado. Nosotros
ya nos habíamos manifestado con nuestro voto a la totalidad de este
proyecto de ley en el anterior trámite parlamentario y ahora, cuando
la ley llega modificada desde el Senado, necesariamente tenemos que
volver a votar en contra de este proyecto de ley orgánica porque lo
que nos llega no es una ley, lo que nos llega es un auténtico
adefesio que supone, entre otras cosas, un atentado al artículo 18 de
la Constitución, una permanente denigración de la inviolabilidad y de
la intimidad del domicilio, proclamada por el artículo 18 de la
Constitución, que va a pertenecer a todo el mundo salvo a quien
habita en él; lo que nos llega, como ya se ha anunciado desde esta
tribuna, es el triunfo de los lobbies, especialmente de Unespa; lo
que nos llega es la desatención a los intereses que debe cubrir el
Estado y, en definitiva, una concesión del Estado. Nosotros
participamos de la idea de que las comunidades autónomas son también
Estado pero, en la medida en que lo establece la Constitución,
y a través de esta ley nos llega un Estado feo, un Estado
desequilibrado y un Estado de perfiles inciertos y confusos. Yo
remito a quien quiera comprobarlo al artículo 41 del texto legal, y
que se diga si ahí está trazada una raya suficientemente clara y
delimitadora de lo que son las competencias de la Administración
central y de las comunidades autónomas.
Hemos hecho, creo, más esfuerzos que ningún otro grupo para lograr
una conciliación de los diferentes y contrapuestos puntos de vista,
hemos pedido al director de la Agencia de Protección de Datos que
mediara entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Socialista
y le hemos ofrecido una fórmula para resolver el enojoso problema del
censo promocional. En primer lugar, decíamos que no se pueden matar
mosquitos a cañonazos y que no hay por qué violentar la intimidad del
domicilio para cualquier clase de venta a distancia o de oferta
comercial, que muchas veces puede ser satisfecha con un censo
disociado de nombres y apellidos. En segundo lugar, que para los
casos en que las exigencias del comercio y de la vida económica lo
requirieran, se hiciera un censo con el consentimiento expreso de los
que quisieran pertenecer a él y, para ello, que no se considerara
confeccionada la hoja del empadronamiento mientras no estuviera
cubierta la casilla correspondiente. Desde el Instituto Nacional de
Estadística se ha contestado diciendo que eso era muy complicado.
Naturalmente, es mucho menos complicado asaltar la intimidad del
domicilio, que es lo que se hace en esta ley, a través de la guía de
profesionales, del listín de teléfonos y del censo promocional.
No nos gusta el título de la ley ni su disposición derogatoria.
Creemos que es una operación fraudulenta contra las competencias
jurisdiccionales del Tribunal Constitucional. No nos gusta la forma
en que han quedado los registros referentes al terrorismo y a la
delincuencia organizada, porque va contra los propios actos del grupo
parlamentario y se mantiene en el recurso existente en el Tribunal
Constitucional, que fue firmado, entre otros, por el presidente de
esta Cámara. Vemos absolutamente contradictorio, disparatado y una
manifestación de la esquizofrenia política que a veces domina a los
partidos y a los grupos parlamentarios que se adopte con toda
caradura y cinismo una posición cuando se está en la oposición y otra
diferente cuando se está gobernando.
Yo quisiera preguntar exactamente al Grupo de Convergència i Unió si,
cuando desarrolle su Agencia de Protección de Datos y el consejo
consultivo en su comunidad, va a permitir que haya 17 representantes
de la Administración central, sobre un total de 26, y sólo 8, o
menos, de la comunidad autónoma, o si va a tener la caradura y el
cinismo de exigirlo sólo en el consejo consultivo de un órgano
estatal, como es el consejo consultivo de la Agencia de Protección de
Datos, que antes tenía 9 representantes, sólo uno de los cuales
representaba a las comunidades autónomas, ahora tiene 26, 17 van a
representar a las comunidades autónomas y sólo uno va a representar a
la Administración
del Estado. Harían muy bien el Senado y el Congreso en meditar
si merece la pena tener un representante cada una de las Cámaras en
el consejo consultivo cuando van a estar dominados mayoritariamente
por el conjunto de representantes de las comunidades autónomas.
Termino con el asunto de Unespa. Nosotros teníamos una enmienda
presentada en la que solicitábamos que se facultara el cruce de datos
para combatir algunos de los grandes males que existen en la sociedad
española: la necesidad de la lucha contra el delito, de combatir la
evasión fiscal, el afloramiento de la economía sumergida y la lucha
contra el fraude social; que se permitiera el cruce de datos. Se nos
denegó, pero a Unespa se le ha permitido para hacer unas tarifas con
menos riesgo, para hacer estudios de seguridad y evitar el fraude a
los intereses de las compañías de seguros. Ahí sí se permite el cruce
de datos. Sin embargo, para defender los intereses del Estado, no.
Lamentablemente, de la misma manera que los Estados -y lo vamos a ver
dentro de poco- son incapaces de sobreponerse a su egoísmo para
defender la justicia en la comunidad internacional, también tenemos
que decir que hay grupos que por su localismo son incapaces de
superar sus propios intereses en aras de la justicia y de una
concepción armónica del Estado. Por todo ello, votaremos con
satisfacción en contra de esta ley orgánica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Navarrete.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Matador de Matos.
La señora MATADOR DE MATOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy afrontamos el trámite final de la reforma de la Ley
Orgánica 5/1992, de regulación del tratamiento automatizado de los
datos de carácter personal, con el debate de las enmiendas que nos
remite el Senado. Con toda brevedad, voy a aprovechar este turno para
realizar alguna consideración en orden a resaltar la importancia de
esta reforma.
Si bien el artículo 18.4 de la Constitución exige la existencia de
una ley que limite el uso de la informática para proteger la
intimidad y el honor, tenemos que decir que este proyecto de ley que
debatimos hoy aquí -y que será aprobado si la mayoría cualificada de
SS.SS. así lo considera-, que modifica la Lortad del año 1992, obligó
a todos los ponentes a replantearse la mecánica legislativa de
estudiar las modificaciones realizadas por el texto del Gobierno y
las enmiendas planteadas por los distintos grupos al mismo. No sólo
se han estudiado las novedades y sugerencias que la normativa europea
nos exigía incorporar a la ley, sino que, sabiendo la importancia de
esta materia, se planteó actualizar el texto artículo por artículo.
Queríamos establecerunos mecanismos jurídicos que impidiesen que
determinada información de nuestra vida, cuyo conocimiento deseamos
preservar, no fueran registrados, acumulados o entrecruzados, así
como poder acceder a los ficheros públicos y privados para saber si
acumulan nuestros datos, estableciendo los cauces necesarios para
corregir los inexactos, completar los insuficientes y cancelar los
que no deben figurar. Toda esta labor no se ha hecho cerrando los
ojos a la realidad social y económica de nuestro país; al contrario,
conocedores de los errores, disfunciones, contradicciones y lagunas
que se han detectado al aplicar la actual Lortad, los ponentes han
intentado elaborar una ley más garante, rigurosa, técnica y coherente
con la realidad que se quiere regular.
Queremos poner de manifiesto la importancia que ha tenido la
regulación del censo promocional, destacando que el Instituto
Nacional de Estadística tiene que desarrollar una publicidad
institucional durante dos meses para que todos los ciudadanos puedan
decidir posteriormente con una cruz si quieren estar en el listado,
y así instituciones, fundaciones y empresas podrán adquirir los
listados una vez excluidos quienes no quieran estar en los mismos.
Creemos que esta regulación es más positiva y real que la actual, que
da la espalda a la realidad y deja totalmente desprotegidos a los
ciudadanos que, constantemente, estamos recibiendo publicidad que no
queremos en nuestros buzones.
Entrando ya en las enmiendas del Senado, nos parece de especial
relevancia que en el propio título de la ley, que en el Congreso se
había calificado como ley orgánica de protección de datos, se haya
añadido «para mayor determinación de carácter personal». Respecto al
artículo 2, se han incorporado reglas de competencia territorial,
teniendo en cuenta la aplicación de las normas de derecho
internacional público, puesto que no podemos olvidar que la finalidad
de la directiva que hoy estamos transponiendo es también el flujo
transfronterizo de datos entre los Estados miembros de la Unión
Europea y terceros, siempre con la debida protección de los mismos.
Nos parece también muy adecuado que la letra a) del artículo 3
introduzca la expresión «personas físicas identificadas o
identificables», para evitar la utilización de datos que permitan la
identificación de esta manera. En el artículo 12, letra a), respecto
al consentimiento exigido para la cesión de datos, se fija que podrá
hacerse sin conocimiento del interesado cuando la autorice una ley;
en la letra d), cuando tenga como destinatario instituciones
autonómicas análogas al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas;
en la letra e), cuando la cesión se produzca entre administraciones
públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con
fines históricos, estadísticos o científicos, y en la letra f),
cuando la cesión de datos relativos a la salud sean necesarios para
solucionar una urgencia.
En el artículo 28, apartado 4, se recoge la regulación de datos que
figuran en guías de servicios de telecomunicaciones, tal y como insta
la directiva en materia de comunicaciones, dictada el mismo día que
la ley que
hoy estamos transponiendo. Respecto a infracciones y sanciones,
reguladas en los artículos 44 y 45, se da una regulación más
sistemática y clara, con un mejor baremo respecto a la culpabilidad
del imputado, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes,
como consecuencia de las cuales se modificará la cuantía de la
sanción.
Creemos que el texto remitido por el Senado ha resuelto importantes
problemas técnicos, que se han clarificado con la mayoría de las
enmiendas. Por todo ello, mi grupo espera que esta ley sea aprobada,
porque es más garante, más rigurosa, más técnica y más coherente. Y
quiero destacar aquí el amplio consenso alcanzado por parte de los
grupos parlamentarios representados en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1985, DE 2 DE AGOSTO,
DE AGUAS. (Número de expediente 121/000171.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 38 del orden del día: Enmiendas del Senado al proyecto de ley
de modificación de la Ley de Aguas. ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Serrano, que va
a ser el único interviniente por parte de este grupo.
El señor SERRANO VINUÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a fijar la posición del Partido Aragonés sobre las enmiendas que
se incorporan al Congreso después de su trámite por el Senado. De
forma general, quiero mostrar el rechazo más absoluto a la
tramitación de esta ley. Por lo que se refiere a las enmiendas del
Senado, vamos a votar a favor de aquellas que tienen relación con
cuestiones de medio ambiente, definición del dominio público
hidráulico y de carácter técnico. Quiero hacer mención especial a un
escrito que nos ha presentado el letrado de la Comisión,
proponiéndonos una serie de mejoras de carácter técnico, que en
principio aceptamos; en cuanto al resto, nos abstendremos y, en todo
caso, votaremos que no.
Señorías, estamos a finales de siglo y, sin lugar a dudas, el debate
hidráulico se nos va a quedar como asignatura pendiente. El Partido
Aragonés entiende que la política hidráulica del Estado, con las
regulaciones legales que se han hecho en materia de aguas, va a
significar -es bueno que lo remarquemos y que quede constancia en el
«Diario de Sesiones»- un importante desequilibrio territorial. Los
planes proyectados contemplan la despoblación, la mengua de la España
interior frente a la pujanza y el potencial demográfico del litoral
mediterráneo. Esto es así y desgraciadamente lo
vamos a constatar y, siempre que podamos, el Partido Aragonés va a
hacer lo imposible para que esto se compense. Habría que recordar el
artículo de la Constitución que hace referencia al equilibrio
territorial y a las desigualdades entre los territorios. Tanto el
Libro Blanco del agua, como la reforma de la Ley de Aguas y lo que en
algún momento será el Plan hidrológico nacional, estos pilares van a
impulsar lo que se llama con eufemismo las transferencias de agua,
los trasvases hacia áreas de alto nivel económico y social, y
pretenden justificar un supuesto potencial agrario superior, cuando
muchas dotaciones satisfarán intereses turísticos y de recreo.
Asimismo, los planes estatales instaurarán el mercado del agua, que
determinará el paso de las concesiones hidrográficas a manos de las
que más dinero tengan. El agua irá, desgraciadamente, para aquellos
que la puedan pagar.
Este recurso natural tan importante como es el agua, que va a ser
factor de crisis en el próximo siglo -y ahí están los diferentes
informes de Naciones Unidas y del Banco Mundial-, es básico para el
desarrollo industrial, social, turístico y agrario de todos los
territorios, de la España interior y, en concreto, de Aragón. Por
eso, la defensa de este recurso, la defensa de estas cuestiones es
algo que le ha caracterizado siempre al Partido Aragonés. Desde
nuestro territorio venimos reclamando, desde principios de siglo, la
regulación y el uso del recurso como motor de desarrollo y de
corrección de los desequilibrios territoriales. Habría que hacer
mención especial también a lo que la propia Carta Europea del agua
marca en lo que respecta al uso de este recurso exclusivamente en
aquellas cuencas de origen.
Frente a este situación, la reforma de la Ley de Aguas es, sin duda,
la puntilla que va a suponer el coartar el crecimiento de muchos
territorios; consagra el mercado libre del agua; se ceden los
derechos hidráulicos a cambio de precios sin límites, o al menos los
límites que se marcan en la ley no son suficientes; y sobre todo, lo
que nos parece más grave, se perjudica al débil y se pervierte la
esencia de un bien público como es el agua. A partir de ahora, con
esta reforma de la Ley de Aguas -una de las conquistas de la reforma
de la Ley de Aguas de 1985-, el agua va a dejar de ser bien público.
La postura del Partido Aragonés y de muchos aragoneses es de
dignidad, de apelar a la justicia para frenar el desequilibrio
territorial y social. Es bueno que dejemos constancia de la
desertización y el olvido al que se están sometiendo determinadas
zonas del Estado español.
Ahora y siempre, aprovecharemos cualquier foro para decir que el agua
es factor clave del desarrollo territorial y que luchamos, lucharemos
y seguiremos trabajando, en contra de nuestras bases, a favor del
desarrollo de las obras de regulación del Pacto del Agua y, sobre
todo, de algo tan importante y en estas últimas fechas en entredicho,
de la recuperación del consenso hidráulico.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Serrano.
En nombre del grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré con gran brevedad, dado que la regulación de aguas en
Canarias tiene su norma fundamental específica.
Votaremos favorablemente todas las enmiendas que nos llegan de la
Cámara Alta porque perfeccionan y dan alcance técnico a
modificaciones puramente formales del texto del Congreso. El Senado
ha introducido una serie de enmiendas que entendemos que enriquecen,
perfeccionan y dan un mayor margen de seguridad jurídica a la materia
en cuestión, al tiempo que introducen algunas novedades
complementarias que no estaban en el texto de nuestra Cámara. Por
ejemplo, la modificación del artículo 84 de la vigente Ley de Aguas
29/1985, de 2 agosto, que señala los objetivos de la protección del
dominio público hidráulico. Las especificaciones concretas y
explícitas en el texto son fundamentales para prevenir lo que aquí se
trata de hacer como norma jurídica.
En cuanto a la modificación del artículo 93, nos parece de sentido
común pasar, de los cuatro años que habíamos señalado en esta Cámara
para las autorizaciones de vertidos, a cinco años renovables
sucesivamente, siempre que cumplan las normas de calidad y objetivos.
También es digno de señalar que en esta enmienda se amplían las
autorizaciones de vertidos y la obligación de información por parte
de las entidades locales sobre los vertidos de sustancias tóxicas y
peligrosas depositadas en los colectores locales no sólo a las
prohibidas por la normativa sobre calidad de las aguas, sino a todas
las reguladas por dicha normativa. Esto supone una garantía
importante que merece nuestro apoyo.
Hay otra enmienda -el punto cuadragésimo noveno- que pretende
introducir una disposición adicional octava sobre plazos en
expedientes sobre dominio público hidráulico. Creemos que enriquece
la redacción dada por esta Cámara al régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común en
la Ley 4/1999, de modificación de la anterior.
Para terminar, señor presidente, creemos acertada la enmienda que
introduce una nueva disposición final segunda que obliga al Gobierno
a que el desarrollo que se prevé en el plazo de un año a partir de la
entrada en vigor de esta ley se haga por un decreto legislativo, y no
mediante normas reglamentarias cuyo rango no se especifica. Creemos
que el hecho de especificar que debe tratarse de un decreto
legislativo da unas garantías afortunadas del principio de legalidad.
Por estas razones, votaremos favorablemente a todas las enmiendas que
nos llegan del Senado a esta modificación de la Ley de aguas.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo dará su apoyo a las enmienda del Senado a este proyecto
de ley de modificación de la Ley de Aguas, de 1995. En su mayor
parte, se trata de una corrección de errores técnicos, de
acoplamientos en la numeración, y de otras modificaciones que mejoran
ligeramente su redacción pues aclaran el texto inicial.
También es interesante la disposición final segunda del proyecto de
ley, en la que se pide al Gobierno que elabore un texto refundido con
la normativa vigente en materia de aguas. Ese texto refundido sobre
la política hidrológica del Estado puede ser redactado en el próximo
período de sesiones. Vamos quemando etapas, quizá muy lentamente, y
ésta puede ser una etapa que nos quede pendiente. Supongo que en lo
que queda de legislatura ya no habrá ningún debate más sobre el agua
y tenemos pendiente el Plan hidrológico nacional, que algún día
llegará a esta Cámara. Espero que los que estén o estemos aquí para
discutir el tema del agua logremos el consenso que no se ha obtenido
en esta reforma de la Ley de Aguas. Es importante el debate sosegado,
siempre lo hemos dicho, básicamente también con el señor Ríos hemos
sido protagonistas de esta frase de debate sosegado y máximo
consenso. Ya digo que en esta reforma de la Ley de Aguas no ha podido
ser así, pero en un próximo futuro de nuevas etapas de la política de
aguas esperemos -y en ello nos encontrarán para lograrlo- que el
consenso en lo que legislemos sea el máximo en esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, este trámite
debería y debe de servir para que los grupos analicemos cuáles son
las aportaciones, cómo ha sido modificado el texto que el Congreso
aprobó en el trámite del Senado. A este diputado le caben como dos
sensaciones: una, el texto que salió del Congreso no nos gustaba
porque ponía como solución al problema del agua el carro delante de
los bueyes, en lugar de tener un plan hidrológico tenemos un mercado
del agua, es decir, compramos y vendemos acciones; segunda, en lugar
de tener un compromiso teníamos una actuación para meter la
iniciativa privada en la inversión para solucionar los problemas de
infraestructura hidráulica y le pagábamos a esa iniciativa privada,
vía tarifas, después de una depuradora, después de una gestión que
pudiese hacer. Desde esa óptica, que fue nuestra postura, es como yo
puedo analizar cuáles son las aportaciones que el Senado ha
introducido a este proyecto.
Hay una parte del trabajo de la Cámara Alta importante, sesudo, que
precisa, corrige el texto, lo deja en su sitio, que a nosotros no nos
parece mal, pero tampoco nos parece bien. No sé por qué cambiar la
coma, poner el punto, precisar. Son lo que pudiéramos llamar
enmiendas ni fu ni fa, son enmiendas que están bien porque es una
lectura más sesuda, una segunda lectura que espero que pronto cuando
el Senado funcione con otra dinámica ya no se cumpla y cumpla más
otra función, tengamos otro modelo de Estado. En esa mayoría de
enmiendas no voy a manifestarme, pero me van a permitir SS.SS. que me
detenga, pueda entrar en la precisión de cuatro enmiendas que
considero que el Senado ha introducido para mejorar el texto que
mandamos desde el Congreso, porque favorecen la protección del medio
natural, porque introducen mejores criterios en cuanto a la defensa
del dominio público hidráulico y porque se compromete en un plazo,
que espero que lo tenga que cumplir. Esas cuatro enmiendas que
considero que mejoran el texto, que lo amplían, voy a respaldarlas,
las vamos a votar a favor.
Hay seis enmiendas, seis precisiones que el Senado hace que no sólo
no nos gustan, es que empeoran el texto y sobre todo corrigen al
Congreso y corrigen a la legislación que tenemos en el país, algo así
como diciendo: A la autoridad hidrográfica le vamos a dar plazos de
funcionamiento distintos a cualquier administración. Además, de
manera aleatoria, se dice: Para producir sanciones nos vamos a dar un
año. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Por favor,
señorías. Señora Gil, por favor, un poco más bajo.
Continúe, señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Para producir una sanción, el organismo
público de Correos, la entidad pública empresarial, tienen unos
plazos que son los que les marca la ley, pero a las confederaciones
les damos un año. ¿Por qué un año? Porque se les ha ocurrido. Pero
para otras cosas les damos dieciocho meses y para otras les damos
seis meses. Mire usted, esto es una arbitrariedad, en lugar de
corregir y mejorar la ley lo que hacen es empeorarla. ¿Cuáles son
estas precisiones, estas enmiendas que nosotros queremos en unos
casos apoyar y en otros rechazar? Vamos a pedir el voto a favor para
unas y el voto en contra para otras. Una de las enmiendas que
introduce el Senado que es buena para el proyecto de ley que se
aprobó aquí es todo lo referente al artículo 1 en el punto tercero.
¿Qué introduce el Senado? Da una nueva redacción al artículo 10 de la
vieja Ley de Aguas. ¿En qué parte? Fundamentalmente cuando dice que
las charcas situadas en predios de propiedad privada se consideran
como parte integrante de los mismos, siempre que se destinen al
servicio exclusivo de tales predios y sin perjuicio de la aplicación
de la legislación ambiental. ¿Qué es lo que está diciendo el Senado
con
esto? Que a esas charcas situadas en predios de propiedad privada se
les va a aplicar la legislación ambiental y además debe tener unas
condiciones. Nosotros creemos que es un paso adelante, que es
positivo. Es una ayuda a lo que es la defensa de los humedales en
nuestro país.
Otra enmienda que el Senado ha introducido y que es positiva es la
que se refiere al artículo 1, trigésimo, con esa nueva redacción del
artículo 84 de la Ley de Aguas, donde se fijan como objetivos de la
protección del dominio público hidráulico: a) Prevenir el deterioro
del estado ecológico y la contaminación de las aguas para alcanzar un
buen estado general. b) Establecer programas de control y calidad en
la cuenta hidrográfica. Es un compromiso a añadir a lo que aquí
habíamos planteado; hay un compromiso para mantener, para desarrollar
y para tener un control sobre esa calidad del agua porque, como
ustedes saben, entre los problemas que tiene el agua uno de ellos es
que no se reparte igual en todo el territorio, en unos sitios tenemos
menos agua y en otros más, pero hay otro que sí es común a todos, que
es el compromiso por mejorar la calidad del agua que recibimos cada
uno. c) Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos. d)
Evitar cualquiera otra acumulación que pueda ser causa de degradación
del dominio público hidráulico. Con esto, lo que está intentando es
abordar un sistema de recuperación del dominio público hidráulico en
todos los sistemas acuáticos que puedan estar asociados dentro de la
cuenca. Esta enmienda lo que hace es comprometerse con la calidad del
agua, orientar para que todas las confederaciones tengan planes
concretos hacia esto. ¿Cómo lo regula? La verdad es que en el trámite
del Senado no se puede establecer todo el trámite, toda la
regulación; por tanto, lo que dicen es que reglamentariamente se
establecerán los niveles de calidad.
Otra aportación que hace el Senado y que es positiva es la referente
al punto trigesimonoveno. Se da una nueva redacción al apartado 4 del
artículo 103. Este punto viene precisamente a mandatar la necesidad
de que los organismos de cuenca y la autoridad ambiental, que en unos
casos puede ser de comunidad autónoma y en otros casos puede ser el
propio Ministerio de Medio Ambiente, tienen que comprometerse con una
protección eficaz y con una gestión sostenible de los humedales para
lograr la recuperación.
Por último, está el punto que antes he comentado -y que también ha
comentado el portavoz de Convergència i Unió- que es el que habla de
dar un año para que se haga un texto refundido. Es bueno para dar
seguridad jurídica, para poder actuar, tanto los ciudadanos como el
que la tiene que administrar, llámense confederaciones, tener la
garantía de un texto refundido. Se da un año; a lo mejor es excesivo.
Tampoco es importante si al final se tiene, lo malo es que al final
se pase el año y no lo tengamos, pero eso será otra cosa. ¿Cuáles son
las aportaciones que consideramos negativas, con las que nosotros no
estamos de acuerdo? Son las enmiendas que ha introducido el Senado al
punto
octavo del artículo único sobre el artículo 23.4. Mientras el
Congreso decía que las confederaciones emitirán un informe previo en
el plazo de dos meses desde que sean consultadas para los planes de
la comunidad -les dábamos, por tanto, dos meses-, el Senado dice: No,
dos meses no, en el plazo y en los supuestos que reglamentariamente
se determinen. Es aquel viejo lema de Romanones de hagan ustedes las
leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos. Miren ustedes, yo
prefiero lo que aprobamos en el Congreso, porque es más preciso, es
más concreto y sería más positivo para los propios ciudadanos, para
los propios administrados.
Otra enmienda que el Senado ha introducido y que no nos gusta es la
modificación del artículo único, decimonoveno, punto 14. El texto del
Congreso decía que, en este caso, la competencia para autorizar el
uso de estas infraestructuras hidráulicas correspondía a una
autoridad, que era el director general de obras hidráulicas. El texto
del Senado dice que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué
es eso del Ministerio de Medio Ambiente? ¿A qué despacho se refiere?
¿A qué oficina? ¿A cualquiera? ¿Puede haber una orden del Ministerio
que diga que el ordenanza de la puerta es el que va a autorizarlo?
¿Que es el servicio fulano? ¿Que es el servicio mengano? Con esta
redacción el proyecto de ley pierde claridad. No estamos de acuerdo
con esa enmienda que ha introducido el Senado.
Otra enmienda que ha introducido el Senado y que consideramos
negativa es la presentada al punto trigesimotercero, en el artículo
93, punto 2. Aquí, el Senado corrige la plana al Congreso de manera
innecesaria en el tema del control de los vertidos, que ha sido uno
de los puntos de discusión que ha resaltado el grupo mayoritario de
la Cámara, que soporta al Gobierno. ¿Cuál es el texto que aprueba el
Congreso? Dice: Las autorizaciones de los vertidos tendrán un plazo
de vigencia de cuatro años. Eso fue lo que decidimos aquí para
controlar, para exigir y para garantizar. El Senado dice: Cuatro
años, no; cinco años. ¿Por qué un año más? ¿Porque es mejor para
controlar el vertido? ¿Porque es mejor para otro tipo de actuación?
No compartimos esa aportación que hace el Senado y la vamos a votar
en contra.
En el punto trigesimonoveno -que pasa a ser cuadragesimosegundo-,
punto 7, el Congreso, refiriéndose a las autorizaciones que dábamos a
las confederaciones hidrográficas, decía: El Organismo de cuenca
tiene por objetivo aprobar y emitir las liquidaciones reguladas en
este artículo. Nos estamos refiriendo a lo recogido en el artículo
106 de la Ley de Aguas. ¿Qué dice el Senado? Dice: El Organismo de
cuenca aprobará las liquidaciones. ¿Por qué quitar «emitir» las
liquidaciones? ¿Qué pasa, que no tiene que informarlas, no tiene que
elaborarlas, no tiene que expedirlas? No nos parece acertado. Está
debilitando lo que aprobamos en el Congreso.
La enmienda que hace al punto cuadragesimonoveno modifica esos
procedimientos, a los que antes me refería, de la Ley de
procedimiento administrativo. El
Senado hace aquí una precisión que consideramos que no es lógica ni
justa, que es dar unos plazos de dieciocho meses para las
concesiones, seis meses para la autorización de usos del dominio
público hidráulico y un año para los procedimientos sancionadores.
¿Por qué no seguir lo que marca la Ley de procedimiento
administrativo común, que además acabamos de aprobar? Este Gobierno
es más inestable que un vaso de agua en medio de una tormenta. ¡Si es
una ley que acabamos de discutir! ¡Si yo he participado en esa
discusión hace apenas tres meses! Pues, no, ahora hay que
modificarla, y para eso hacemos una explicación específica y, además,
la introducimos en el propio Senado.
La última enmienda que nosotros no consideramos positiva es la que
introduce un punto 8 en el artículo 115 de la ley, a través del nuevo
punto cuadragesimoséptimo del proyecto de ley. Se modifica el
artículo 106 en cuanto a lo que debe de tener consideración de gastos
de funcionamiento. A nosotros no nos gusta que a través de este
artículo se decida que van a ser gastos corrientes, es decir gastos
de funcionamiento y conservación, todas las cantidades que el Estado
y las confederaciones aporten para la construcción y explotación de
obras hidráulicas. Incluso dice: o que sea concesionario de las
mismas. No estamos de acuerdo en que sean gastos corrientes, porque
esto es cambiar la ley presupuestaria. Si la ley presupuestaria dice
que el gasto corriente es para mantener una cosa y que la inversión
nueva es esfuerzo de inversión o transferencia de capital, aquí la
modificamos y decimos que, para esto, no debe ser así.
Señor presidente, creo que hemos dejado clara nuestra opinión sobre
el trámite del Senado. En todo caso, la lectura que debemos de sacar
de este trámite de la Ley de Aguas es que hemos tenido una
legislatura plagada de incidencias en los temas de agua, que empezó
con un debate de investidura en el que nuestro presidente se
comprometió a que en año 1998 tendríamos plan hidrológico nacional.
La ministra dijo un año después que habría un libro blanco, un gran
debate final en 1997, para tener al terminar 1998 el Plan hidrológico
nacional y se sacaron de la chistera una ley de aguas por medio.
Resultado: se ha pasado la legislatura, tenemos Ley de Aguas y
mercado del agua y no tenemos Plan hidrológico. Es toda una joya de
la legislatura perdida en la búsqueda del agua y del Plan
hidrológico.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, afrontamos hoy el último trámite de la
discusión y debate de un proyecto de ley que parece interesa más a
los diputados y diputadas de esta Cámara que al propio Gobierno; que
es muy importante para el Grupo Socialista, que esperaba
que la señora ministra nos hiciera el honor de su compañía en este
debate porque a pesar de ser el máximo disloque que ha planteado en
la normativa de aguas es la mayor actuación política que ha tenido el
Ministerio, a pesar de esa elaboración, de esa redacción, de esas
consideraciones que son erróneas para llevar a cabo una buena y
positiva gestión de aguas.
Esta reforma de la Ley de Aguas que viene del Senado ahora, introduce
dos tipos de enmiendas y no introduce nada respecto a otros
planteamientos que existen en la ley a los que el Grupo Socialista
desde el principio ha manifestado su más rotunda oposición. Nos
hubiera gustado que el Senado hubiera aceptado, que el Grupo Popular
y el Gobierno hubieran aceptado enmiendas que tienen que ver con el
núcleo gordiano de la ley, enmiendas que tienen que ver con el
mercado del agua, pero no para su supervivencia, sino para su
supresión. Tal y como ustedes contemplan esta reforma de la Ley de
Aguas que hoy se va a aprobar con sus votos, nace un mercado
generalizado de agua, un mercado libre, en el que la Administración
hidráulica es un mero testigo de un contrato de compraventa en el que
ustedes dicen de manera muy pomposa que hay una cesión de derechos de
uso. Digo que es mero testigo porque los plazos que se le dan a la
Administración para llevar a cabo esa intervención son plazos que
ustedes saben son exiguos y, por tanto, dan forma a lo que ustedes
pretenden y es que ese contrato libre, ese contrato de compraventa se
produzca entre el que tiene el agua y el que la desea; entre el que
está dispuesto a pagar un precio, sea cual sea el mismo y el que está
dispuesto a venderla para obtener unos beneficios en esa compraventa
en la que lo que se está mercadeando es un bien público, es un bien
de interés general, es un recurso escaso, es un recurso que está
territorialmente bastante mal distribuido y que como elemento que
tiene que ser de articulación territorial, con su fórmula de mercado
de agua lo que hace es posibilitar la concentración de la misma en
pocas manos. Es decir, se puede producir una especulación en la
gestión del agua en este país.
En el Senado no se ha incorporado ningún tipo de enmienda que vaya a
enmendar esa situación. En el Senado no se ha pretendido que haya
ningún control mayor por parte de la Administración para que ese
mercado del agua en lugar de ser tan generalizado pudiera ir
únicamente destinado a situaciones excepcionales, a situaciones de
coyuntura. Pero ustedes no quieren modificarlo y plantean que el
mercado del agua sea libre y en cualquier tiempo. Cuando hablan de
temporalidad del contrato, como tiene que ver mucho con la concesión,
esa temporalidad no está limitada a uno o dos años sino al tiempo de
la propia concesión, con lo cual se introduce un factor de
inseguridad jurídica por entender que el contrato que se suscribe es
un contrato que entra dentro de las pautas del derecho privado sin
ningún tipo de dificultades. Como digo, este es el nudo gordiano cuya
modificación ustedes no han querido aceptar en el Senado.
Existe también otro aspecto importante que, a pesar de las enmiendas
que se han planteado, ustedes no han querido aceptar. No puede ser
que la declaración de interés general de las obras hidráulicas en
este país se organice tal y como ustedes lo plantean, porque
indudablemente no hay una pauta que se pueda seguir de manera
homogénea. Ahora va a haber obras hidráulicas que las vamos a conocer
en esta Cámara y va a haber obras de declaración de interés general
que las conoceremos a través del Boletín Oficial del Estado. Va a
haber obras de declaración de interés general que las vamos a ver a
iniciativa de Gobierno, y va a haber declaraciones de interés general
que van a surgir a través de peticiones que puedan hacer de manera
interesada las comunidades autónomas u otras instituciones. Entonces,
o somos capaces de decir qué es interés general y decidimos qué es
interés general, y lo sometemos a una norma que posibilite el que
todo el mundo tenga claro por qué esa actuación es de interés
general, o esto va a ser la ley de la selva. En función de intereses
partidarios, partidistas o localistas nos vamos a encontrar con
declaraciones de interés general que no tienen nada que ver con el
concepto jurídico, con el concepto más estricto de interés general.
En esto tampoco han querido introducir ninguna modificación en la
reforma de la Ley de Aguas en el Senado. Sí que es cierto que han
introducido cuatro enmiendas de este Grupo Socialista, algunas de las
cuales mejoran sustancialmente el texto, y algunas de las cuales
tienen un calado importante, pero tienen que ver con lo que no está
contemplado como el nudo gordiano o con lo que es el centro del
debate en este proyecto de la política de aguas, que es el mercado
del agua que ustedes han recogido; tienen que ver con aspectos que,
dentro de nuestra estructura de reforma de la Ley de Aguas,
entendíamos como importantes, pero no de los más destacados.
Es cierto que considerar que las charcas situadas en predios de
propiedad privada tienen que estar sometidas a la legislación
ambiental es un aspecto positivo, y hemos de reconocer que ustedes lo
han aceptado, y así se plantea en esta modificación que viene del
Senado. También hemos de reconocer que ustedes han incorporado en el
Senado una modificación del artículo 84 de la Ley de Aguas, cuando se
definen los objetivos de protección del medio público hidráulico, y
han aceptado la enmienda que nosotros hemos formulado a ese texto,
por lo que entendemos que ustedes han comprendido que nuestras
aportaciones en estos puntos son positivas y que mejoran la
catalogación y los objetivos del dominio público hidráulico.También
han entendido que era buena nuestra redacción sobre la protección de
las zonas húmedas y su recuperación, de la misma manera que han
entendido que era bueno también que en el plazo de un año se
elaborara un texto que fuera el texto refundido de todas las
normativas sobre aguas. Pero junto a estas enmiendas que incorpora el
Senado, hay algunas otras que no nos gustan; hay algunas que son
técnicas, algunas no tienen
especial dificultad, pero hay algunas que no nos gustan. Hay una que
nos llama profundamente la atención. Me estoy refiriendo a la
enmienda que hace referencia al punto 14 del nuevo artículo 61, es
decir, aquel que regula la cesión de derechos de uso del agua. En esa
enmienda se dice que, cuando se utilicen las infraestructuras de
interconexión, es decir, cuando se utilicen los trasvases para llevar
a cabo o para posibilitar la celebración de contratos de cesión de
derechos del uso del agua, de la compraventa, bastará con que alguien
del Ministerio diga que eso puede hacerse.
En el texto que sale del Congreso y mantienen en el Senado, ustedes
reconocen al ministro la facultad de cambiar la prelación de usos del
agua; reconocen al director general que es el que tiene que dar esta
autorización para que en los trasvases se pueda llevar a cabo esta
cesión de derechos del uso del agua. Pero cuando viene del Senado no
sé por qué arte, no sé con qué objetivos, no sé quien va a tener la
firma, pero va a haber alguien dentro del Ministerio que va a firmar
estos contratos de cesión de derechos del uso del agua, estos
contratos de compraventa y los va a autorizar cuando se utilicen
trasvases. Esto lo va a poder hacer desde el ministro, al director
general de obras hidráulicas, secretario de Estado, presidente de
confederación, ingeniero del servicio de no se qué; es decir,
cualquier autoridad. Eso genera una serie de circunstancias que a
nosotros nos preocupan, y que hay que denunciar porque marcan unas
pautas de arbitrariedad que van a suponer un descontrol por parte de
la Administración a la hora de llevar a cabo estos contratos, porque
esta actuación tiene mucho que ver con lo que es el propio contrato
de compraventa en sí, ya que indudablemente la Administración
hidráulica sigue siendo mero testigo de lo que se hace por parte de
los privados.
En definitiva, señorías, celebramos hoy el último debate de esta
reforma de la Ley de Aguas y esperamos que el día 5 ó 12 de marzo,
cuando se celebren las elecciones generales, podamos acudir con un
texto que la modifique por tener ya nuestra responsabilidad de
Gobierno, enmendando todo aquello que en esta reforma de la Ley de
Aguas atenta y va contra el agua como recurso natural y público,
contra los intereses de muchos ciudadanos y ciudadanas de este país y
que va en beneficio de aquellos que económicamente pueden acceder al
acopio de agua por el mero hecho de tener disponibilidades económicas
y de plantear unas necesidades que no tienen nada que ver con su uso
y con su gestión objetiva y necesaria en beneficio del interés
público.
Decía el señor portavoz de Izquierda Unida que esta legislatura se
había caracterizado únicamente por llevar a cabo esta reforma de la
Ley de Aguas. Indudablemente ha sido una legislatura en la que el
Ministerio de Medio Ambiente, con la ministra a su cabeza, no ha sido
nada productivo. El libro blanco no vale para nada. Hay que modificar
la reforma de la Ley de Aguas cuando se celebren las próximas
elecciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán,
vaya concluyendo.
El señor MORLÁN GRACIA: La no presencia del plan hidrológico nacional
y la escasez de inversión en obras de regulación de saneamiento y
depuración son, sin lugar a dudas, aspectos muy destacados de una
gestión que nosotros criticamos muy duramente y que, con esta reforma
de la Ley de Aguas que hoy se plantea, lo único que hacen es empeorar
las cosas que ustedes habían recibido.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora
De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a ser breve, dado que el proyecto de Ley de Aguas ha
sido ya ampliamente debatido en esta Cámara.
Con la votación dentro de breves momentos de las enmiendas aprobadas
por el Senado...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señora De Lara.
Señorías, les ruego que desconecten sus teléfonos móviles. (Pausa.)
Los dejan conectados y, además, abandonados, lo cual ya es el colmo
de los colmos.
Lo siento, señora De Lara, puede continuar.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Decía que con la votación dentro de breves momentos de las enmiendas
aprobadas por el Senado al proyecto de Ley de Aguas finaliza el
trámite parlamentario de este importante proyecto de ley, y los
españoles dispondremos de una nueva Ley de Aguas que va a dar
respuesta a las insuficiencias de la Ley de 1985 y a los nuevos retos
que exige la gestión del agua a las puertas del siglo XXI, en
concordancia con nuestra plena integración en la Unión Europea y con
la necesidad de considerar el agua como un bien medioambiental de
primer orden.
El proyecto de ley, señorías, tiene una finalidad fundamental: crear
una nueva cultura del agua; pasar de la gestión de la oferta a la
gestión de la demanda; favorecer la capacidad de reacción de las
administraciones y de los usuarios, frente a los efectos más
negativos de una posible sequía; y fomentar, a través de diversas
medidas, el ahorro del agua, su uso eficiente, una gestión eficaz y
sostenible del recurso hídrico. De otro lado, señorías, las medidas
previstas en el proyecto de ley aseguran la máxima protección del
recurso en su calidad de bien medioambiental de primer orden. La
novedosa regulación de la autorización de vertidos y la
legalización del buen estado ecológico de las aguas, como un conjunto
de normas y objetivos de calidad, no dudamos que contribuirán a su
mejora.
Las enmiendas que se han aprobado en el Senado han sido ampliamente
comentadas y no voy a referirme a ellas. Se han incorporado enmiendas
del Grupo Socialista, del Grupo Parlamentario Vasco, alguna de
nuestro grupo parlamentario, y una serie de mejoras técnicas que
creemos que mejoran claramente el texto. También los servicios de la
Cámara nos han informado de que se han detectado algunas
incorrecciones técnicas en el texto que estamos hoy analizando y
nosotros entendemos que deben ser subsanadas.
Lamento, señorías, que en este último trámite parlamentario se haya
vuelto a mencionar lo que demagógicamente algunos grupos
parlamentarios han llamado mercado libre del agua. No existe,
señorías, no existe, como hemos indicado con reiteración, mercado
libre del agua, por más que algunos grupos parlamentarios lo repitan
machaconamente. En el proyecto de ley se flexibiliza el régimen
concesional, se le da más agilidad para que sea efectivo en
situaciones de sequía, y esa flexibilización se somete, señorías, a
quince cautelas, quince, precisamente para que no exista mercado
libre de agua. Porque desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos
que el agua es, debe ser y seguirá siendo un bien de dominio público
hidráulico.
El proyecto de ley que va a ser votado en breve ha tenido, señorías,
un largo recorrido, y se ha sometido a una amplia consulta de todos
los sectores implicados. El Grupo Parlamentario Popular entiende que
el proyecto de ley de modificación de la Ley de Aguas es fruto del
diálogo con la sociedad y que en el transcurso de esos dos años ha
ido integrando distintos intereses y planteamientos. Porque,
señorías, los problemas del agua en España son para nuestro grupo
problemas de Estado y entendemos que deben tener el máximo consenso.
Ese consenso al que se han referido el resto de los grupos
parlamentarios nosotros lo solicitamos arduamente porque entendemos
que es entre todos los grupos parlamentarios, entre todos los
partidos, como tenemos que solucionar el problema del agua en España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Finalizado el punto 38 del orden del día, si ningún grupo
parlamentario desea intervenir en los dictámenes de la Comisión de
Asuntos Exteriores, como efectivamente veo que es, vamos a proceder a
las votaciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIONES)
- REAL DECRETO-LEY 18/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO POR IMPORTE TOTAL
DE 27.156.252.160
PESETAS, PARA ATENDER OBLIGACIONES DERIVADAS DE GASTOS DE INVERSIÓN
DEL MINISTERIO DE FOMENTO, Y SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES REFERENTES A
LA REBAJA DE TARIFAS DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de
expediente 130/000080.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños.
Vamos a proceder a una serie de votaciones derivadas de los debates
que han tenido lugar, sobre el decreto-ley, primero, y sobre las
enmiendas del Senado a los proyectos de ley.
Comenzamos sometiendo a votación la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios -hay una errata en el orden del día impreso-
y suplementos de crédito para atender obligaciones derivadas de
gastos de inversión del Ministerio de Fomento y se adoptan medidas
urgentes referentes a la rebaja de tarifas de las autopistas de
peaje.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 167; en contra, 151; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la convalidación
del real decreto-ley.
Algún grupo parlamentario ha solicitado la tramitación como proyecto
de ley del real decreto-ley convalidado. Se somete, por tanto, a
votación dicha solicitud de tramitación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 153; en contra, 166.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de
ley del real decreto-ley convalidado.
ENMIENDAS DEL SENADO (VOTACIONES)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. (Número de
expediente 121/000135.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VII del orden del día,
constituido por las enmiendas del Senado a dos proyectos de ley.
Primero, al de ley orgánica de protección de datos.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Senado al título de la
ley, al artículo 2.2 apartado c), al artículo 4.6, al artículo 6.2,
al artículo 23.3, al artículo 30.3 y 4, al artículo 38, al artículo
44.2.a), al artículo 45.2, 3 y 6 y a la disposición transitoria
segunda, antes tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 181; en contra, 137; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los artículos 7.2 y disposición adicional tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 189; en contra, tres; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos ahora con las enmiendas a los artículos 12.4 y a la disposición
adicional quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 186; en contra, 135; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los artículos 17, 20, 26.1 y 4, 29.4, 32.1 y 2, 34
apartados j) y k), disposición adicional primera y disposición
transitoria tercera nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 319; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Artículos 26.2 y 32.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 187; en contra, 134; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 2.1, 11.2 letras a) c) e) y f), artículo 21.4, 27.2,
disposición adicional cuarta, disposiciones transitorias primera y
tercera y disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 315; en contra, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículo 3 letra j), artículo 7.6, artículo 11.1 y 2 letra d),
artículo 21.1, artículo 28.1 y 3, artículo 31.2 y 3 y disposición
derogatoria única.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 183; en contra, 139; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposición adicional sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 169; en contra, 152; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición adicional sexta.
Y pasamos a la segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 136; en contra, 184; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda a la disposición
adicional segunda.
Pasamos al artículo 29.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 151; en contra, 170; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Enmiendas al artículo 3 apartados a) y f).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 302; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas a los referidos
apartados y pasamos a las enmiendas al 28.2 y 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 166; en contra, 153; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 317; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del
Senado al proyecto de ley orgánica de protección de datos, que, al
tener tal naturaleza, es decir orgánica, necesita alcanzar en una
votación de conjunto la mayoría absoluta de la Cámara.
Se somete por ello y a tal efecto a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 183; en contra, 139; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Al haber alcanzado la mayoría absoluta legal,
queda en consecuencia aprobado el conjunto del proyecto con
naturaleza orgánica.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1985, DE 2 DE AGOSTO,
DE AGUAS. (Número de expediente 121/000171.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del Senado al proyecto
de ley de modificación de la Ley que lleva el número 29, de fecha 2
de agosto de 1985, de Aguas.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas de la Alta Cámara a la
exposición de motivos, primer párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 305; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Artículo único, puntos tercero, trigésimo, trigésimo noveno y
disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 319; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo único, punto vigésimo cuarto, punto a su vez 14;
cuadragésimo segundo, punto 7; cuadragésimo séptimo, punto 8, y
cuadragésimo noveno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 169; en contra, 150; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado a
dichos puntos.
Vamos a votar ahora las enmiendas al artículo único, trigésimo
quinto, punto 2, y noveno, punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 171; en contra, 16; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Quedan también aprobadas.
Artículo único, decimosexto, punto 6; decimoctavo; vigesimosegundo,
punto 2; vigesimocuarto, punto 3; trigesimoquinto, punto 4, y
disposición adicional cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 169; en contra, tres; abstenciones, 151.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de modificación de la Ley de Aguas.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES. (VOTACIONES)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto octavo del orden del día,
constituido por los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores
sobre convenios internacionales. (Rumores.)
Señorías. ¡Qué impaciencia, señor Martínez-Pujalte!
Decía dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales, que vamos a someter a votación por asentimiento, si
ningún grupo se opone a ello.
- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y BRUNEI
DARUSSALAM PARA LA SUPRESIÓN DE VISADOS, HECHO EN KUALA LUMPUR EL 8 Y
13 DE JUNIO DE 1999. (Número de expediente 110/000291.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, el canje de notas constitutivo
de Acuerdo entre España y Brunei para la supresión de visados.
¿Adhesión del Pleno? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
- PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR QUE MODIFICA EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 4 DE MARZO
DE 1964, HECHO EN QUITO EL 30 DE JUNIO DE 1999. (Número de expediente
110/000292.)
El señor PRESIDENTE: Protocolo adicional entre el Reino de España y
la República del Ecuador que modifica, a su vez, el Convenio de doble
nacionalidad. ¿Asentimiento del Pleno? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
- CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE
LA UNIÓN EUROPEA, SOBRE LAS DECISIONES DE PRIVACIÓN DEL PERMISO DE
CONDUCIR, HECHO EN BRUSELAS EL 17 DE JUNIO DE 1998, ASÍ COMO
DECLARACIONES QUE ESPAÑA VA A FORMULAR AL MISMO. (Número de
expediente 110/000293.)
El señor PRESIDENTE: Convenio establecido sobre la base del artículo
K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre las decisiones de la
privación del permiso de conducir, hecho en Bruselas el 17 de junio
de 1998, así como las declaraciones que España va a formular al
mismo. ¿Adhesión del Pleno? (Asentimiento.)
Muchas gracias por su adhesión, señorías, algunas tan expresas, como
la de la señora Chamosa.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS
EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente
122/000295.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los dictámenes de comisiones sobre
iniciativas legislativas.
En primer lugar, dictamen de la Comisión y debate sobre la
proposición de ley orgánica de derechos y libertades de los
extranjeros.
Señorías, al tratarse de una proposición de ley orgánica, entendemos
que la votación se producirá entre la una y media y dos de la tarde.
La Presidencia ha recibido del Grupo Mixto una propuesta de
ordenación de sus intervenciones consistente en que la señora
Rivadulla defenderá las enmiendas que figuran a su nombre y también
dará por defendidas las del señor López Garrido. (Pausa.) Entonces,
no hay acuerdo. Quiere intervenir también el señor López Garrido. Y
el señor Rodríguez Sánchez, que no tiene enmiendas, pero quiere fijar
su posición, dentro del turno del Grupo Mixto. Ya saben que tienen
que respetar el tiempo. Yo sé que el señor Rodríguez suele ser muy
preciso en cuanto a la distribución del tiempo, muy ajustado al
tiempo de que dispone, pero, como lo previsto inicialmente era que la
señora Rivadulla y el señor López Garrido tendrían una sola
intervención, el tiempo que correspondería a la señora Rivadulla,
según el menú que habían pasado a la Presidencia, tendrá que
repartirse con el señor López Garrido. Repartirse. Muy bien.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna y del Bloque Nacionalista
Galego para manifestar nuestro apoyo al texto de la ley orgánica, que
entendemos que se refiere a inmigrados por motivaciones
socioeconómicas y/o políticas. Y lo hacemos llamando la atención del
Gobierno sobre la necesidad de deshacer la duplicidad de intentar
conseguir, por motivos de necesidad sociolaboral, mano de obra barata
y, sin embargo, intentar por otros métodos manifestar cautelas o
incluso rechazos a una cobertura social y legal a esta inmigración.
Pensamos que el texto de la ley no hace más que regularizar y
legalizar lo existente, pero, aún así, con controles, con medidas
tasadas e incluso con dificultades. No es, por lo tanto, un coladero,
sino solamente una manera de reconocer que hay sobre 200.000
inmigrados, que merecen, cuando menos, ser regularizados en el Estado
español. Que la ley lo haga intentando igualar derechos en sanidad,
enseñanza, en otras ventajas sociales e incluso en parte de las
libertades públicas con los de los ciudadanos del Estado español nos
parece un acierto. Y además creemos que se hace en función del
descubrimiento y de la constatación de que hay un auténtico comercio
de carne humana y muchas situaciones verdaderamente espantosas que se
dan con la inmigración dentro del Estado español.
Aunque pensamos que lo importante sería que todos los pueblos
pudiesen trabajar en su propia tierra, entendemos también que la
necesidad y la exclusión es lo que lleva a tantos inmigrados a venir
a partes de la Unión Europea como el Estado español. Creemos que, en
el fondo, lo bueno sería cambiar el orden internacional pero,
mientras tanto, debemos regularizar y amparar a todos los inmigrantes
por motivaciones socioeconómicas y/o políticas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a intervenir para defender el texto de esta
proposición de ley, que votaremos a favor, en el trámite de
totalidad, en su conjunto, aunque mantenemos algunas enmiendas que
nos parece que mejoran el texto pero que no afectan para nada a su
contenido, contenido al que se ha llegado por un consenso muy amplio
de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara y que creemos que
debe mantenerse en el trámite que queda en esta Cámara y en el
trámite del Senado.
La ley de extranjería se ha convertido en una de las más importantes
leyes de esta legislatura porque pretende afrontar el gravísimo
problema de la necesaria integración de la inmigración en nuestro
país, un país que tiene uno de los más bajos índices de extranjeros
en su territorio, entre un 1,7 y un 1,8 por ciento, frente
a una media comunitaria del 6 por ciento. No hay, por tanto, un
problema de inmigración si se tiene voluntad política para ello, pero
es evidente que la vigente Ley de extranjería no sirve, está obsoleta
y es una ley de desintegración, hecha con criterios de orden público
y no con criterios de acogida y de salvaguarda de derechos básicos
para el conjunto de ciudadanos que viven en este país. Por eso nos
parece sumamente peligroso e inquietante que el Gobierno se haya
puesto enfrente de lo acordado en esta Cámara y amenace con
desvirtuar el conjunto de esta ley con manifestaciones que, desde
nuestro punto de vista, alientan la xenofobia, cuando se considera
altamente peligroso que haya una mayor integración de los inmigrantes
en España. Nos parece que van contra el sentido profundo de lo que
necesita este país, que es evitar fracturas sociales o evitar el
crecimiento de grupos -todavía minoritarios, afortunadamente-
xenófobos y racistas o la violencia que ello lleva aparejado.
Por último, quiero decir que, a nuestro juicio, el texto de esta
proposición de ley consensuado en esta Cámara en absoluto
contraviene, sino todo lo contrario, lo acordado en la cumbre de
Tampere. Uno de los argumentos básicos empleados recientemente aquí
por el ministro de Asuntos Exteriores para oponerse a esta
proposición de ley es que va contra lo acordado en Tampere. Todo lo
contrario, en ese texto de la cumbre de Tampere se aboga por una
integración y por una equiparación de derechos de los extranjeros y
de los nacionales en los países de la Unión Europea. Nos gustaría
saber qué hay en el texto de la cumbre de Tampere que esté
contradicho por el texto de la proposición de ley que se va a someter
a votación de la Cámara esta mañana. Nada, todo lo contrario. Es una
proposición de ley a la que, por cierto, le faltan algunas cosas y
que no soluciona los problemas de la irregularidad de extranjeros en
este país, por lo cual mantenemos algunas enmiendas a este respecto,
pero que nada tiene que ver con una contradicción con Tampere. Si hay
algo que contraviene dicho texto, es la vigente Ley de extranjería,
eso sí que va contra Tampere, pero no la proposición de ley
consensuada en esta Cámara, que va en la línea de lo acordado por
Europa, y, por tanto, es un subterfugio y un argumento totalmente
falaz decir que la causa de modificar profundamente esta proposición
de ley es que vaya contra lo acordado por Europa.
Por ello nosotros votaremos a favor del texto de esta proposición de
ley y esperamos que el consenso alcanzado en esta Cámara se mantenga
en lo que resta de tramitación y que esta ley, importantísima y
necesaria, salga adelante en esta legislatura.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde Iniciativa per Catalunya-Verds vamos a defender las
enmiendas que mantenemos al dictamen
de la Comisión sobre la proposición de ley de derechos y libertades
de los extranjeros en España. Nuestras enmiendas van dirigidas
fundamentalmente a impedir que las situaciones de irregularidad
produzcan la expulsión de las personas extranjeras que están en
nuestro país; van encaminadas también a facilitar la tramitación de
los procesos de regularización a través de la exención del visado
para aquellas personas que hayan de ser objeto de regularización y
van en la dirección de impedir que las ONG puedan ser objeto de
sanción por ayudar a las personas que se encuentran en situación de
irregularidad en nuestro país. De otra parte, hay una enmienda que se
refiere a equiparar a las mujeres inmigrantes con la situación de las
españolas en lo que respecta a la interrupción voluntaria del
embarazo, que creemos que es de absoluta justicia, y otra enmienda
relativa a que las actas que levanta la Inspección de Trabajo sobre
situaciones de irregularidad que vengan producidas por la denuncia de
alguna persona inmigrada que esté en esta situación conlleven la
concesión de la residencia para aquella persona que formula la
denuncia.
Señorías, para nosotros en este momento lo más importante no son
estas enmiendas, porque hay algunas que se han incorporado al
dictamen; para nosotros en este momento lo importante es el dictamen
mismo de la Comisión, esto es lo que nos proponemos defender a capa y
espada, porque la ofensiva es tan grande, la irresponsabilidad del
Gobierno ha llegado a tales extremos que estaríamos dispuestos a
renunciar a nuestras enmiendas, porque aquí se ha producido un
consenso a lo largo de 18 meses, en los que, señorías y miembros del
Gobierno, hemos trabajado en esta ponencia con rigor, con seriedad y
con responsabilidad, y lamento que el Gobierno no aplique ahora todos
estos calificativos que en estos momentos nos demanda. Hemos
trabajado con mucha responsabilidad, hemos renunciado a mucho. Un
tema muy querido por Iniciativa per Catalunya-Verds es el derecho de
voto de los inmigrantes y no lo hemos hecho valer. Hemos entendido
que esta ley no debía entrar en este asunto, que nos separaba y no
nos unía, y en cambio hemos ido a aquellos aspectos que realmente nos
unían y podían producir una ley de este tipo.
Las organizaciones no gubernamentales han trabajado estrechamente con
nosotros y con el Gobierno, las hemos tenido a nuestro lado
trabajando. Hoy las vamos a tener concentradas delante del Congreso
de los Diputados y como testigos en esa tribuna de invitados para
saber qué es lo que se dice en este momento. Lo único que ha
producido el Gobierno es una crispación, ha intentado levantar miedos
y amenazas, y esta ley no es una ley insensata, no lo es, y no es una
ley partidista ni electoralista; es una ley en la que hemos intentado
dar respuesta a la situación de miles de personas que están en
nuestro país y que necesitan, para nuestra propia dignidad, tener un
trato humano y en el que se demuestre no la solidaridad, sino el
reconocimiento de aquellos derechos que son inherentes a la persona y
que en la medida que nuestro país no los respeta nos denigra a todo
el conjunto. Eso es lo que hemos intentado evitar a través de la
modificación de la ley. ¿Qué pretende el Gobierno? No lo entendemos,
sencillamente. Hay 30 enmiendas que penden como una espada de
Damocles y que los ponentes de la ley no hemos tenido ocasión de
conocer. No ha sido una ley de tramitación rápida, puesto que
llevamos 18 meses. Decir eso es un insulto a la inteligencia. No es
una ley que vaya a provocar que las mafias entren en nuestro país. En
esta ley no nos metemos para nada en los procedimientos de control en
frontera e incluso respetamos el procedimiento de expulsión de
urgencia; eso se respeta. Respetamos que el Gobierno será competente
para establecer un contingente que dirá cuántas personas pueden
entrar y en qué sectores de actividad. Todo eso está contemplado en
la ley.
Esta ley contiene una cosa muy importante, que es el procedimiento de
regularización para aquellas personas que llevan dos años con
nosotros, que son nuestros vecinos. Señorías, estamos hablando de
personas que estarán empadronadas en un municipio o en una localidad.
El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, vaya concluyendo.
La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, señor presidente, un minuto y acabo,
por favor.
Estamos diciendo que el tiempo máximo que estas personas permanecerán
en una situación inhumana será de dos años. ¿Y después qué les
daremos? Les daremos una residencia temporal, siempre que demuestren
que tienen una oferta de empleo. Señorías, esto no es una bicoca, no
vamos a acabar con la situación de penalidades de los extranjeros en
nuestro país.
Quiero decir también que esta ley no incumple los compromisos
europeos. El presidente del CITE de Cataluña, de Comisiones Obreras,
Miguel Pajares, autor de un libro sobre la emigración en España, lo
dice muy claramente en un artículo, en el que queda expresado que no
hay ni una sola directiva que se oponga a lo que establecemos en esta
ley.
Por último, queremos decir que estamos muy satisfechos por haber
introducido una serie de mejoras en materia de seguridad jurídica, de
derechos sociales, en educación, en sanidad y en políticas activas de
regulación. Por eso, señorías, lo único que me interesa en este
momento es defender el dictamen de la Comisión y me interesa instar a
Convergència i Unió a que no se mueva ni un ápice de la situación en
la que se ha manifestado hasta el momento.
El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, concluya, por favor.
La señora RIVADULLA GRACIA: Concluyo, señorías, con las palabras de
los defensores del Pueblo de toda España, que nos piden que hagamos
un esfuerzo para
lograr un texto que dé satisfacción a las legítimas expectativas de
quienes pretenden que esta sea una tierra de libertad, de justicia y
de solidaridad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
El Grupo Mixto, sin duda, ha tenido hoy dificultades para llegar a un
entendimiento definitivo en la ordenación de sus intervenciones, de
forma tal que ahora me piden la palabra, para simplemente expresar su
posición, el señor Serrano y el señor Chiquillo. A ello con toda
concisión.
Señor Serrano.
El señor SERRANO VINUÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Dada la importancia de esta proposición de ley, entendemos necesario
que conste en el «Diario de Sesiones» el sí del Partido Aragonés a su
tramitación, entendiendo que inmigración, despoblación y Aragón es un
debate que está abierto en la sociedad aragonesa y que es
tremendamente interesante.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Serrano.
Señor Chiquillo Barber.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Mi intervención, breve, en nombre de Unió Valenciana, es para apoyar
el dictamen de la Comisión y dar nuestro apoyo firme e inequívoco a
la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los
extranjeros, mostrando la solidaridad de Unió Valenciana a todas
aquellas personas que buscan en nuestro territorio unos derechos y un
trato que en sus países de origen no han recibido.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Tiene la palabra el señor Mardones para la defensa o exposición de
las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Para este trámite del Pleno de la Cámara el Grupo de Coalición
Canaria, de las 15 enmiendas planteadas en un principio, mantiene
vivas 14 y quiere explicar, en relación a este volumen de enmiendas,
cuál es su posición al respecto.
Vaya por delante que nosotros vamos a apoyar todo el contenido de la
proposición ley en los sentidos que la informan, de progresismo, de
reconocimiento pleno de los derechos humanos y de tratar de evitar
injusticias en esta situación. En los últimos meses, posteriores al
momento en que Coalición Canaria presenta, desde sus debates en
ponencia, lo que después serán esas 15 enmiendas -hoy 14 en este
trámite-, se han producido
una serie de circunstancias que mi grupo quiere que sean
entendidas y valoradas. Es el hecho que se produce, en primer lugar,
por una llegada masiva a partir de este verano de pateras de
inmigrantes ilegales, procedentes del territorio marroquí y
sahariano, a las costas de las islas canarias de Fuerteventura y
Lanzarote. Aquello genera tal situación que en este momento, por
ejemplo, la comisaría de Policía de Puerto del Rosario, en
Fuerteventura, está saturada por los atestados que tienen que hacer
de los inmigrantes que van llegando. Las mafias marroquíes que traen
a estos ciudadanos en busca de mejores condiciones de vida los llevan
a una trampa, porque a Canarias se puede llegar en patera, pero de
Canarias no se puede salir en patera para el resto del territorio
español y europeo. El control de las islas hace que todas estas
desafortunadas personas víctimas del tráfico de la emigración,
vergonzante y vergonzoso, caigan precisamente otra vez en los
sistemas de detención policial, siendo devueltos en algunos casos al
territorio marroquí. Las mafias han introducido la presencia de
menores de edad en estos envíos, que generan unos problemas
adicionales a la Comunidad Autónoma de Canarias. Prueba de ello es
que tuvimos que presentar una enmienda -y este es otro dato-, por
valor de 100 millones de pesetas, en los Presupuestos Generales del
Estado para que la Comunidad Autónoma de Canarias pudiera atender, en
centros de acogida dignos y de respeto a los derechos humanos, a esta
población mientras fueran deportados nuevamente o devueltos a
territorio del Reino de Marruecos.
Como consecuencia de todo esto, se produce un debate en esta Cámara
en una interpelación, que lleva a una moción, que se aprueba el 28 de
septiembre pasado, y junto a los tres puntos que planteaba Coalición
Canaria se acepta la enmienda adicional que nos presenta el Grupo
Parlamentario Socialista, donde se recogen los acuerdos de
cooperación económica, protección social digna, dentro de la justicia
de un Estado social de derecho y de respeto a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, se pide una red de servicios sociales, que se va a
complementar con estos 100 millones, así como unos controles de
seguridad policial y de la Guardia Civil en el Archipiélago. No
olvidemos que la llegada masiva de este flujo de inmigrantes
marroquíes a Canarias se produce también como efecto del blindaje o
del bloqueo que los servicios de la Guardia Civil del Estado español
llevan a cabo en la zona del Estrecho sobre este tráfico ilícito, a
través de las mafias marroquíes, de los desesperados que se suben en
una patera. Por cierto, muchas de las pateras que llegan a Canarias
llevan ya patrón y timonel, que regresan de nuevo a territorio
marroquí como si fuera un viaje regular organizado en una compañía
legal.
Hay otros hechos significativos con los que Coalición Canaria quiere
ser concordante, los acuerdos adoptados los pasados días 15 y 16 de
octubre en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Tampere, en
Finlandia. Nosotros suscribimos que en la ley deberecogerse un trato
justo de los nacionales de terceros
países, pero al mismo tiempo queremos señalar la conclusión número 20
de Tampere, que exige la necesidad de aproximar las legislaciones
nacionales sobre las condiciones de admisión y de residencia de los
nacionales de terceros países. Esto tiene que ser una llamada de
atención para que en la próxima Conferencia de Helsinki el Gobierno
español, a través de su presidente, plantee la necesidad de una
legislación armonizada en todos los países de la Unión Europea,
porque los emigrantes marroquíes que llegan en pateras no llegan
jurídicamente a Fuerteventura, Canarias, a Algeciras, Cádiz,
a Málaga, no llegan a España; llegan a Europa, a territorio de la Unión
Europea. Por tanto, exigimos que haya una legislación homologable
para que no se produzcan distorsiones o asimetrías improcedentes en
estos puntos. Por todo ello, Coalición Canaria, a través de sus
representantes en el Senado, ya que estas circunstancias no estaban
recogidas, presentará unas enmiendas conducentes fundamentalmente a
advertir de la fragilidad y peculiaridad del territorio fronterizo
canario.
Señorías, somos en este momento la comunidad autónoma con mayor
presión demográfica. El número de habitantes por kilómetro cuadrado
es tres veces la media nacional y queremos que esto sea reconocido
por los poderes del Estado como una facultad que el Gobierno autónomo
de Canarias tiene precisamente en su actual Estatuto de Autonomía,
Ley orgánica, en su artículo 37.1, que señala competencias del
Ejecutivo canario de propuestas de regulación al poder central para
las cuestiones de trabajo y de residencia de extranjeros. Si en un
cupo de reparto como el que se pretende llegan, sobre un territorio
superpoblado demográficamente, 40.000 emigrantes -con las
consecuencias, al traer a la familia, de multiplicarlo por tres-, no
queremos que se transforme en una circunstancia que produzca
xenofobia, rechazo o desequilibrios laborales. Queremos señalar la
fragilidad del territorio de Canarias y habíamos hecho estas
advertencias en el hecho puramente formalista del tratamiento de los
permisos de residencia y de trabajo que, a nuestro juicio, no ha
quedado suficientemente garantizado en el origen de la proposición de
ley que viene aquí. Queremos el respeto del sentido progresista de
una legislación socialmente avanzada, armonizarla con los acuerdos de
Tampere y los que se deriven de los mismos, que se armonice con las
competencias del Gobierno de Canarias, señaladas, como he dicho, en
el artículo 37 del actual Estatuto de Autonomía. Queremos que se
valoren las circunstancias fronterizas por las que estamos recibiendo
el impacto directo y pedimos el apoyo de las entidades del Estado
para atender a todos estos inmigrantes en centros de acogida que
reúnan las condiciones del decoro debido a la dignidad humana, y no
las circunstancias verdaderamente esperpénticas que se están dado en
este momento por no poder atender dignamente a todos estos
inmigrantes.
De acuerdo con esta línea de cooperación, señor presidente, de
espíritu abierto, en la inteligencia de
estas salvedades y para que esta ley salga de acuerdo con los
intereses generales de la nación expresados en sede parlamentaria, mi
grupo, señor presidente, retira todas y cada una de las 14 enmiendas
que traíamos a este tramite, para que no se diga que hay deseos de
entorpecimiento por nuestra parte. En este momento, retiramos todas
nuestras enmiendas y presentaremos otras en el Senado, en la línea
que he señalado del aspecto de la peculiaridad canaria y de su
solidaridad con todas las funciones de un Estado social, de justicia
y de derecho dentro del seno de la Unión Europea...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con esto concluyo, señor presidente. ...
para que podamos disponer de una legislación adecuada, sensata,
racional y equilibrada enmarcada en la justicia social de nuestro
país y de las exigencias laborales y de todo tipo.
Votaremos favorablemente esta proposición de ley orgánica para que
quede patente que no discrepamos del fondo en absoluto, sino que
estamos únicamente por su perfeccionamiento, de una forma muy
delicada, en un Estado como el español, que defiende los derechos
humanos y forma parte de la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Señora Uría, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor presidente, al Grupo Vasco no le
quedan enmiendas en este trámite. No sé si este es el momento
procesal oportuno para intervenir o deberé hacerlo después de los
grupos que mantenían enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Tiene S.S. razón. Es más conveniente, quizás,
agruparlo en la toma de posición, que corresponderá entonces al grupo
de V.S., al de Convergència i Unió y al Grupo Popular. Discúlpeme.
En consecuencia, pasamos a las enmiendas correspondientes al Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para cuya defensa tiene la
palabra don Pablo Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, viene precedida la discusión en Pleno de
esta ley y la defensa de las enmiendas de los que mantenemos
correcciones al texto consensuado por una desafortunada y muy falsa
polémica que desde luego es necesario aclarar antes de entrar a
discutir las enmiendas, porque si quedara incontestada, pudiera
parecer que se da la razón a quienes la han provocado y que se es
cómplice en las intenciones con
que la han producido. Algo ya debe de estar pasando para que en los
medios de comunicación y recogiendo expresiones de los promotores de
la discusión, ya no se hable de la ley de derechos y libertades de
los extranjeros en España y se vuelva a una terminología que creíamos
que habíamos superado: la ley de extranjería o la ley de inmigración.
Las palabras, una vez más, desvelan los intereses y hacen aflorar las
intenciones.
Señor presidente, para Izquierda Unida -y tiene que quedar esto
perfectamente claro- esta no es una ley administrativa ni una ley
policial ni un reglamento nacido de los muy respetables acuerdos
internacionales. Para Izquierda Unida esta es una ley de desarrollo
de la Constitución española, es una ley de desarrollo del Estado de
derecho. Por ello, esta ley es para nosotros una ley de mínimos, es
una ley que tiene que servir de marco a las políticas de inmigración
que optativamente los gobiernos de turno quieran desarrollar. Tiene
que ser una ley del Estado y una cuestión de Estado que debe ir
avalada por la mayor conformidad de las fuerzas políticas, tanto como
el resto de las leyes del bloque constitucional, y en ese marco,
después, cada uno según su criterio y el apoyo que tenga y las
posibilidades que le conceda el momento, deberá incardinar las
políticas de inmigración, deberá incardinar ese tema tan importante
que es la atención de este fenómeno. Pero esta ley no es, bajo ningún
concepto, repetimos, una ley que pueda ser expresión de actitudes
partidistas. Tiene que ser una ley, como ley orgánica, que forme
parte para nosotros del bloque constitucional.
Tiene que ser una ley, por encima de todo, de desarrollo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; declaración universal,
no declaración particular. No hay una declaración española ni hay una
declaración francesa ni una declaración italiana; hay una declaración
universal y esta también rige los tratados de la Unión Europea y debe
presidir todas y cada una de sus directivas, y mientras no se nos
demuestre que hay una directiva que ha puesto en cuestión esos
derechos humanos o que los discrimina, tendremos que rechazar
cualquier interpretación de directivas o del Tratado de la Unión
Europea que pueda conducir a semejante dislate.
Esta ley es, en suma, señoras y señores diputados, afortunadamente un
test para esta Cámara. Con esta ley sencillamente se va a responder a
una importante pregunta que está en la calle: ¿hay en España dos
clases de hombres y mujeres: los que estamos bajo las garantías del
Estado de derecho y los que están ignorados porque son simple
mercancía? A eso se va a responder con esta ley hoy aquí y a eso se
va a responder en el Senado, a si los hombres y las mujeres se
definen por eso que tienen de irrepetible, por encima de las
fronteras, del sexo, de la religión, del origen, de la procedencia,
de las vicisitudes, de la cultura, o los hombres y las mujeres se
definen por el lugar del que vienen, a conveniencia o deseo del
gobierno de turno.
Esta es una ley que, repito, es un test porque nos va a poner a cada
uno en nuestro sitio y va a decir quién
puede seguirse reclamando de la democracia y puede reclamarse
exactamente de la cultura europea o quién, por muchos adornos que se
ponga de carácter centrista o liberal, sigue separando claramente los
derechos para nosotros y la negativa de los derechos para los otros,
para los ajenos. Por eso tiene mucha importancia esta ley y por eso
entenderán ustedes que nosotros, en aras a esos principios, hayamos
hecho dejación de muy legítimas aspiraciones, anexas todas ellas a
estas declaraciones, y sacrifiquemos posiciones particulares al
consenso que se ha logrado alrededor de la misma, repitiendo que no
es nuestra ley, no es la ley que define políticas de inmigración,
sino que es una ley marco y, en tanto en cuanto ley marco, va a gozar
de nuestro apoyo, pero, ojo -y no es ni más ni menos que una
advertencia clara-, si las maniobras de carácter dilatorio han
quedado de momento desplazadas y se van a producir en el Senado, o si
las que intentan vaciar de contenido una ley que para nosotros es de
desarrollo constitucional se producen, a la vuelta del Senado esta
ley no contará con el voto de Izquierda Unida. Si lo que se producen
son correcciones que tratan de perfeccionar la ley, no les quepa a
ustedes la menor duda de que volverán a gozar de nuestra anuencia y
que seremos solidarios con el trabajo común, pero no vamos a admitir
supuestos de carácter administrativo que se pueden contemplar y que
deben ser lógicamente entendibles: el diferente estatus del residente
temporal o el permanente, el diferente estatus del que tiene visado o
no lo tiene, que claro que hay que tenerlos en consideración, pero
jamás para que atenten a un derecho tan importante como es el derecho
a una vida digna, el derecho a la propia personalidad, a la salud, a
la educación. La educación de un ser humano no puede depender de si
ha entrado de una u otra forma o de si tiene o no tiene papeles,
aunque sólo sea, por lo menos para algunos de nosotros, por invocar
una tradición humanista de la izquierda, y a lo mejor hay que
recordarles a algunos que podrían invocar también una tradición
cristiana de sus pensamientos, que, sinceramente, en muchas
ocasiones, brilla por su ausencia.
Queremos dejar perfectamente claro que, como ley de desarrollo
constitucional, no vamos a permitir que como tantas otras vaya
vaciando de contenido la Constitución. Son ya demasiadas leyes las
que pasan por aquí, invocan la Constitución, la reducen a retórica y
la vacían de contenido. Si no se aceptan nuestras enmiendas, lo
sentiremos, pero lógicamente una cosa es que nosotros las defendamos
y podamos hoy perderlas y otra que los puntos fundamentales sean
objeto del menor menoscabo.
Nos tememos seriamente que quienes están contra esta ley de mínimos,
absolutamente de mínimos, no lo están porque la ley reconozca el
derecho a la educación, que en algunos casos es reconocer el derecho,
a lo mejor, a estar en unas aulas mal abastecidas y con muy poca
calidad de enseñanza; ni lo están porque no quieran reconocer el
derecho a la sanidad, que a lo mejor es reconocer el derecho a
figurar en las listas de
espera de los ambulatorios, o por no reconocer el derecho a la
asociación o a algunas otras grandes proclamaciones. No, lo que está
subyaciendo detrás de la ofensiva contra esta ley es la defensa de
las situaciones de arbitrariedad frente a las situaciones regladas
del Estado de derecho. Alguien está pensando que esta ley puede
producir peligro y daño al Estado de derecho, pero se equivoca y
miente. Esta ley sólo puede producir peligro a quienes se están
aprovechando de una situación de caos en virtud de la cual los
trabajadores extranjeros no regularizados son objeto de explotación,
sin Seguridad Social, sin los salarios legales, sin las condiciones
de salubridad y de higiene en el trabajo. A ellos sí que les estorba
esta ley. A lo mejor esta ley estorba a algún ausente que tiene que
declarar su impotencia para combatir la delincuencia organizada y que
tiene censadas 160 bandas criminales, pero no las tiene perseguidas;
a los que sí tiene perseguidos es a ciudadanos que se pasean por la
calle, a los que simplemente por el color de la piel se para todos
los días. A ver si tenemos un poco de seriedad, porque de la
regularización de todos esos inmigrantes lo único que va a salir para
el Estado de derecho es más seguridad jurídica y más seguridad
ciudadana, porque muchos de ellos, al no estar abocados a la
explotación, no lo estarán al delito o a situaciones que crea la
marginalidad.
Señoras y señores diputados, esta es una ley que precisamente viene a
poner orden en un caos, en el caos nacido de la dinámica de los
propios movimientos migratorios, y olvidar cuál es la razón profunda
de esta ley es engañar a la ciudadanía. Lo lamentable es que detrás
de esta polémica que ha calado en la opinión pública ha aparecido de
nuevo la sospecha, la ignorancia, ha aparecido de nuevo la
desconfianza ante algo tan importante para miles de ciudadanos como
es el derecho a la vida y a construir su propia existencia. Aunque
sólo fuera por el recuerdo de los que tuvieron que pasar por esas
situaciones, de los que eran nuestros patriotas y nuestros
compatriotas, deberíamos tener un poquitín más de cuidado. Desde
luego, les voy a decir claramente que Izquierda Unida no va a
negociar ningún derecho humano so pretexto de ninguna razón de
Estado, porque la única razón de Estado que cabe para Izquierda Unida
es la razón del Estado social y democrático de derecho, que no
distingue ni en el color de la piel ni en las creencias; sólo
distingue, pura y sencillamente, lo que significan actitudes
democráticas y actitudes antidemocráticas.
Miente el que diga que esta ley es favorecedora de actividades contra
nuestra comunidad. Lo que pueda tener de generosa -que no es
generosa, porque yo no la calificaría así, sino de puramente
realista- en el reconocimiento de los derechos y las libertades lo
tiene de dura con aquellos que puedan cometer una infracción y con
aquellos que supongan un peligro para nuestra comunidad. El Estado de
derecho no queda desarmado. El Estado de derecho está desarmado hoy,
porque en tanto en cuanto haya una persona que no esté protegida en
sus legítimos intereses, ese Estado de
derecho está siendo puesto en solfa. Ese Estado de derecho desde
luego para nosotros no es un teatro de guiñol. Es algo muy
importante. Es algo por lo que mucha gente se ha dejado la vida en el
empeño.
Vamos a defender nuestras enmiendas, aunque casi tendríamos la
tentación de hacer lo mismo que el compañero del Grupo Canario. Las
vamos a defender porque no queremos caer en la trampa de: o sale la
ley, renunciando todos a lo que podamos con tal de que salga adelante
o, si no, no hay ley. Queremos que haya ley, queremos que sea
inicialmente ésta y además nos gustaría que esa ley contuviera
nuestras enmiendas. Voy a referirme sólo a dos, que son las más
llamativas y que algunos de ustedes van a calificar como extremosas.
Una de ellas trata del sufragio municipal de los emigrantes. Algunos
dirán inmediatamente que eso no viene en la Constitución, pero
algunos también, como no nos quedamos en el artículo 20 ni en el 30,
nos vamos al artículo 140 de la Constitución, que dice que para
elegir alcaldes y concejales tienen voto los vecinos. Y vecino es una
categoría jurídica distinta de ciudadano y distinta de nacional. Es
el reconocimiento por parte de nuestros constituyentes de supuestos
en los cuales aquel que, por el hecho simple de estar empadronado, de
participar en la comunidad y de contribuir a ella, quiera o tenga
necesidad o deseo de participar activamente en el sostenimiento de
esa carga pública que significa la prestación personal del voto o ser
elegido, tiene derecho a ello. Sé que ésta no es la filosofía
imperante en la Cámara, porque cada día es más frecuente que se lea
la Constitución con una mentalidad más restrictiva.
Vamos a defender otra enmienda. Vamos a defender que los emigrantes
que vienen aquí a trabajar, no tengan que hacerlo sólo en la empresa
privada, sino que puedan trabajar también en contratos laborales con
la Administración y puedan acceder a la Función pública. Ante esta
expresión, algunos se llevan las manos a la cabeza. Afortunadamente
-y no contábamos con ello-, hemos encontrado en el camino de esta
argumentación la defensa de esta posición en quien menos lo
pensábamos, en alguien que es bastante dudoso que sea un demócrata de
cabo a rabo, como es el ministro de Defensa -basta con ver su
comportamiento en el Cesid-, que ha venido a decirnos últimamente que
está dispuesto a tener extranjeros en el Ejército. Ahora va a
resultar que es más fácil tener extranjeros en el Ejército que
tenerlos de agentes judiciales o de policías locales o de oficiales
de los registros. Empiecen ustedes a pensar cómo acabar con tanta
discriminación administrativa, cómo respetar de verdad al ser humano
o cómo hacer leyes que hagan de verdad realidad algo tan importante
como los derechos y libertades de los ciudadanos.
Acabo, señor presidente, diciéndoles, pura y sencillamente, a muchos
que han criticado la ley, que se la lean. Que no cometan la
indecencia de seguir diciendo cosas que no se han leído. Esta ley no
es ningún coladero, no se modifica ni una sola de las fórmulas o
requisitos para acceder al territorio nacional. Esta ley no fomenta
ninguna clase de mafias policiales, a lo mejor descubre impotencias
en la actuación del Gobierno. Esta ley no ofrece a los extranjeros
ninguna clase de bicocas, les reconoce los derechos igual que a los
demás ciudadanos. Esta ley quiere tener y ha tenido, detrás de cada
uno de sus artículos, la visión puesta en seres humanos de carne y
hueso, cuyo sufrimiento, cuyo dolor, cuya situación de proscripción y
de discriminación, afortunadamente hemos tenido ocasión de compartir
con organizaciones no gubernamentales, con instituciones que -¡ojalá
ocurriera igual en todas las leyes!-, desde el primer día hasta el
día de hoy, nos han estado dando su aliento, nos han estado
impulsando y cuya frustración no será achacable bajo ningún concepto
al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que hoy cumple con su
obligación en conciencia y lamentaría que los demás no estén a la
altura de la misma.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Vuelvo a recordar a las personas que están en las tribunas, que sin
duda no estaban en el anterior apercibimiento, que el Reglamento
prohibe taxativamente muestras externas de agrado o desagrado hacia
las intervenciones de los parlamentarios.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Socialista, que serán defendidas
por la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Con su permiso, presidente.
Señorías, empezaré intentando dedicar dos minutos, no más, a recordar
la posición de nuestro grupo en relación a las enmiendas. Vamos a
votar a favor de la enmienda de Iniciativa per Catalunya al artículo
13.4, que es la misma que ha presentado Nueva Izquierda. Vamos a
votar favorablemente la enmienda de Izquierda Unida al artículo 18.
a). Vamos a mantener nuestras enmiendas, que voy a decir
telegráficamente, y vamos a explicar por qué no defendemos ninguna
enmienda de Coalición Canaria.
Coalición Canaria presentó enmiendas muy en la recta final de nuestro
trabajo, que no respondían al sentimiento, al espíritu y a la cultura
en los que durante 18 meses habíamos trabajado el resto de los
grupos. Por eso, no pudimos apoyar ninguna de esas enmiendas que
ahora retira. Quisiera decirle al portavoz de Coalición Canaria, por
lo que se va comentando por ahí, incluso por lo que se puede deducir
de las palabras de su grupo en relación al Senado, que vuelva a leer
sus palabras y piense si le parecería correcto que el presidente de
Venezuela, Chávez, dijera esas mismas palabras en el Parlamento de
Venezuela sobre la comunidad canaria en Venezuela. (Aplausos.)
Nuestras enmiendas son sólo seis, algunas de ellas a petición de los
demás grupos parlamentarios, fruto de
que llegaron en el último día de la ponencia o incluso en la
Comisión. Me explicaré. Los compañeros de los otros grupos políticos
pidieron a nuestro grupo que redactara la exposición de motivos. La
enmienda más importante que traemos hoy aquí es la exposición de
motivos, respecto de la cual en la Comisión Constitucional algún
grupo dijo que necesitaba terminar de leerla.
Presentamos una enmienda al artículo 36.4 simplemente para que se
cambie el tiempo del verbo, para que deje de ser condicional y sea
imperativo, porque estamos hablando de la renovación de los permisos
cuando los inmigrantes tienen trabajo. Es decir, tienen permiso,
tienen trabajo, pero tienen que renovar el permiso y mantener el
trabajo. Pues que se haga automáticamente y no se deje en la
redacción un tiempo condicional porque no responde al espíritu de lo
hecho hasta ahora ni de lo que se quiere seguir haciendo con la ley.
Con la enmienda al artículo 37.2 pretendemos igualar las condiciones
en los permisos especiales, en función de una propuesta de Coalición
Canaria, en las situaciones y períodos de desempleo, porque el texto,
tal y como acordó la ponencia, deja muy clara la protección al
régimen general de la Seguridad Social y no habla de los otros
regímenes de la Seguridad Social. Nosotros pedimos que la redacción
incorpore los otros regímenes, porque en el régimen general de la
Seguridad Social tenemos 148.000 inmigrantes no comunitarios
trabajando y cotizando, pero en el de autónomos tenemos 52.000, en el
régimen del hogar 36.000 y en el agrario 35.000, y esos ciudadanos y
ciudadanas deben tener el mismo tratamiento en este artículo que los
que están cotizando a la Seguridad Social.
Nuestro artículo 46 bis habla de las tasas. En la ponencia hemos
hablado mucho de ello. Éste es un pequeño plagio nuestro a la ley
italiana. Queremos que las tasas que entran en las arcas del Estado
porque las pagan empleadores y trabajadores, y que en el año 1997
llegaban casi a mil millones de pesetas, pasen de Hacienda a Trabajo
y Asuntos Sociales y se convierta en una cantidad finalista -aunque
ya sé que a Hacienda no le gustan los recursos finalistas- para hacer
programas de integración en el país o de retorno y de cooperación al
desarrollo, aunque estamos abiertos a estudiar que se estime en el
Senado que no haya tasas y, por tanto, se siga la línea que defiende
Iniciativa per Catalunya de forma clara y desde el principio.
También planteamos una disposición transitoria en quinto lugar, que
recoge una petición del foro de la inmigración, y era que aquellas
personas que llevan más de seis años con permiso de residencia, en un
período de diez, que es la característica de un porcentaje importante
de personas, se les de el permiso de residencia permanente.
Por último, mantenemos un voto particular. En la Comisión
Constitucional modificamos el párrafo c) del artículo 51 y creemos
que se tiene que volver a la redacción anterior de la ponencia.
Decimos que tendrán sanciones muy graves quienes forman parte de
organizaciones que inducen, facilitan, promueven o favorecen la
inmigración clandestina, y en la Comisión Constitucional votamos una
enmienda añadiendo que eso será si las organizaciones tienen ánimo de
lucro. Sinceramente, creo que debemos de retirar esas tres palabras
porque, se tenga ánimo de lucro o no se tenga, no creo que haya
nadie, habiendo una política de apoyo a la inmigración clandestina,
que lo haga sin ánimo de lucro.
Estas son nuestras enmiendas, para las que pedimos su apoyo. El resto
del tiempo lo dedicaré a defender la ley; una ley, señorías, que es
mestiza. No podrá decir Coalición Canaria que es su ley, no podrá
decir Iniciativa per Cataluna que es su ley, no podrá decir Izquierda
Unida que es su ley y no podrá decir el PSOE que es su estatuto
básico de los inmigrantes; es un mestizaje de todas las leyes. Como
ven, tengo que volver a decir que no hay un proyecto de ley del
Gobierno y que no hay un proyecto de ley del PP. Por eso,
posiblemente, nacen tantos problemas, porque cejó en sus obligaciones
el Gobierno, señor vicepresidente, no presentando un proyecto de ley
tan importante como éste, en este momento, para nuestro país y
tampoco lo hizo el grupo parlamentario (Aplausos.), aunque valoro
profundamente el trabajo de los tres diputados del PP en la ponencia
y las enmiendas que presentaron.
Dice el Gobierno que esta es una ley cara. Mis últimos minutos los
dedicaré al tema jurídico, pero, como no soy jurista y vengo más del
mundo social, voy a empezar a dar argumentos desde ese campo. En
economía dicen que es una ley cara, pues a mí no me queda otro
remedio que recordar los documentos que yo tengo del Gobierno actual,
los documentos que se han hecho desde diferentes sitios o que se han
hecho por universidades, a petición del Gobierno.
Price Waterhouse & Cooper hace un análisis del coste que tendrían los
nuevos derechos, y se elige la sanidad por ser, posiblemente, el
derecho cuya universalización para los irregulares más coste tendría.
Universalizar, extender la sanidad en torno a 70.000 inmigrantes
irregulares que podamos tener en este momento en el país, se calcula
que tendría un coste algo menor a 5.000 millones de pesetas.
(Rumores.)
Oigo más a aquellos diputados que lo que digo.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, tiene S.S. razón.
Señorías del Grupo de Convergencia i Unió, les he indicado en muchas
ocasiones que por un especial y real efecto sonoro, las palabras
pronunciadas en esos escaños suenan en todo el hemiciclo y se
producen dos distorsiones: una, interrumpen el debate y, otra, nos
enteramos de determinadas conversaciones quienes no debemos tener
ningún interés en ello.
Por favor, ténganlo en cuenta en sucesivas ocasiones.
Adelante, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Gracias, señor presidente.
Una auditoría importante a nivel internacional y en este país le pasa
un informe al Gobierno diciendo que
la extensión de los derechos de la sanidad a los inmigrantes
irregulares podrá tener un coste en torno a 5.000 millones. En un
trabajo de la Universidad de Comillas, encargado por el Imserso, nos
encontramos con que en el año 1997 ingresaron 994 millones por las
tasas de los permisos de trabajo, y que, analizadas las cuotas a la
Seguridad Social de los inmigrantes no comunitarios en 1998, ingresan
138.646 millones de pesetas en las arcas del Estado. Analizados los
documentos de la Agencia Tributaria, por cuotas líquidas en el IRPF
de inmigrantes no comunitarios han ingresado 12.700 millones de
pesetas. Entre el debe y el haber, entre la suma y la resta me parece
que tenemos que seguir recordando lo mismo que cuando hablamos de
política emigratoria de los españoles en América latina o en Europa:
están aportando más que lo que por política redistributiva les llega.
Pero lo que sí sucede es que hay otros estudios de los que a veces no
hablamos, y Pablo tenía una intervención en esa dirección. Los
últimos trabajos de la Universidad a Distancia, de fundaciones como
la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya, de la Fundación Argentaria, de
la Fundación Encuentro, en torno a la desigualdad social que hay hoy
en España dicen que las personas con más dificultad para integrarse
son los mendigos, los drogodependientes, las personas sin techo, los
inmigrantes y las minorías de cualquier realidad, y que esos cinco
colectivos, si no se impulsan políticas sociales, si no se dedican
más recursos a políticas sociales, será difícil que en la próxima
década dejen de estar en indicadores de riesgo de exclusión social y
que es necesario conseguir más recursos para hacer esa política. Eso
es hablar de integrar.
Según les escuchaba, me venía una vez más a la memoria un pensador,
del que he hablado alguna vez incluso en esta Cámara, Attali, por eso
de recurrir a personas del Magreb. Yo decía que Attali era un poco
cursi porque en sus últimos trabajos usaba la expresión: los
políticos tienen que meter en su agenda los temas de las políticas
migratorias, de los movimientos nómadas. Yo decía que era una
cursilada hablar de incorporar en las agendas. Pues bien, ahora lo
entiendo. Y es que en este país sólo hablamos, pero no actuamos;
hablamos de política inmigratoria, pero llevamos cuatro años sin
hacer nada real, decidiendo recursos y diseñando políticas para esta
realidad. Hay que hablar menos de integrar y hay que hacer más en la
integración.
Voy a ponerles un ejemplo. No hablemos de lo que va a costar mañana,
sino de lo que tendría que costar hoy. Vamos al presupuesto de
educación, que era el motivo por el que dos diputadas estaban tan
acaloradamente hablando. En el año 1999, el presupuesto del Estado en
política de educación hacía crecer un 6 por ciento la enseñanza
pública y un 15 por cierto la concertada, y los hijos de los
inmigrantes de las minorías étnicas no van a la escuela concertada,
van a la escuela pública. El resultado es que estamos viendo un
deterioro de la escuela pública, por la que tanto hemos luchado en
toda la transición y primeros años de la democracia
y, por tanto, un deterioro de los resultados para la minoría étnica,
para los hijos de los inmigrantes y para las personas con menos renta
de nuestro país. (Aplausos.)
Los trabajos que hace mi compañero Francisco Fernández Marugán me
gustan -y ese es el motivo por el que los menciono mucho en esta
Cámara-, y por eso recurro al producto interior bruto de los años
1995 a 2000, a los cuatro años de la gran decisión política del PP,
los Presupuestos Generales del Estado, y tengo que decir, una vez
más, que nos hemos encontrado con que, desde el último presupuesto
que hicimos los socialistas, el de 1995, al del 2000, se ha reducido
un 1, 8 el producto interior bruto en gasto social. Y si en cuatro
años de un cuadro macroeconómico bueno se reducen los recursos a
gastos sociales, se producen estas realidades. No me hable de lo que
va a costar la ley cuando la cambiemos, que ya sabemos que es poco.
Hablen más, por favor, de acercarse a Europa, porque, reduciendo casi
dos puntos de producto interior bruto en gasto social en estos cuatro
últimos años, nos hemos alejado de Europa, que tiene el 28,5 de su
producto interior bruto dedicado a políticas de bienestar y nosotros
hemos descendido a algo menos del 20 por ciento. Acerquémonos a
Europa en políticas de integración. (Aplausos.)
No hemos olvidado a Finlandia -nos cae estupendamente ese país- ni a
Tampere. No, señorías, está en los puntos 18 al 27. ¿Quieren que les
diga cómo empieza el punto 18 de la Declaración de Tampere? Empieza
diciendo: garantizar un trato justo, una política de integración más
decidida, que se debería encaminar a conceder derechos y obligaciones
comparables a los de los ciudadanos de la Unión, sin discriminación
en la vida económica, social y cultural, y desarrollando medidas
contra el racismo y la xenofobia. Habla de un plan de acción contra
el racismo, que mi grupo ha reivindicado en esta Cámara y todavía lo
está esperando; de un observatorio del racismo y la xenofobia que
colabore con el europeo,y que no existe en este país; de aplicar el
artículo 13 del Tratado de la Comunidad para luchar contra el racismo
y la xenofobia.
El diputado de Coalición Canaria hablaba del apartado 20. El apartado
20 dice que se tiene que tener una política de entrada en el país
acorde con la evolución económica y demográfica. Le recomiendo la
lectura de un artículo publicado hace poco en El País, de Carmen de
Miguel: la economista versus medio demógrafa. Era soberbio. Recordaba
que si tenemos que aplicar este artículo 20, deberíamos ser el país
que más inmigrantes incorporara en los próximos años, porque somos el
que tenemos índices de fecundidad más bajos de toda Europa
(Aplausos.) y, a la vez, una reducción de la población. De verdad se
lo recomiendo, porque es un folio de El País con un artículo
estupendo. Para qué voy a intentar resumirlo si leyéndolo será mucho
más interesante para ustedes. Así cada uno de los apartados de la
Declaración de Finlandia.
Señorías, nuestro proyecto no contradice absolutamente en nada a lo
que en la Declaración de Finlandia se decía, incluso cuando habla de
una gestión más eficaz de los flujos. Déjenme recordar algo que
también se publicó en El País. Se sonríen algunos diputados porque me
lo han oído ya en la Comisión Constitucional, pero como esta semana
se han vuelto a repetir de forma difusa tantos malestares, yo he
aprendido a lo largo de esta vida que cuando se quiere luchar contra
el racismo y la xenofobia, ante discursos difusos hay que ir a
respuestas muy concretas y muy precisas, porque esa es la forma de
hacer frente a esos comportamientos incorrectos. El CIS tiene un
estudio muy claro sobre el tema de flujos, señorías, nos tenemos que
tomar en serio este tema, porque en este país el 7 por ciento de las
personas sin papeles eran familiares de irregulares que antes fueron
regulares y que entraron con papeles en este país; el 42 por ciento
de los irregulares llevan viviendo en este país entre 6 y 10 años; y
el 20 por ciento de ellos más de 10 años. ¿Cuándo vamos a tomarnos
esto en serio y a resolverlo?
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, ha de concluir.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Enseguida concluyo, presidente.
El 50 por ciento de los inmigrantes en España se quieren quedar a
vivir. Esa es una garantía de integración y de la ciudadanía que
tenemos que construir entre todos. El 70 por ciento (señorías, por
favor, retengan este dato) de los inmigrantes, regularizados o no,
llegaron a este país, lo dice el CIS, como turistas y sólo un 30 por
ciento lo hicieron como estudiantes, después de haber pedido asilo
con su visado de trabajo o reclamados por un familiar.
Exteriores dice que quiere tener más protagonismo. Con el crecimiento
del presupuesto de Exteriores (si hubiera venido con un crecimiento
significativo tendrían el apoyo de esta Cámara porque queremos más
protagonismo de este país en el mundo), que no crece sino que mengua
en relación a 1995, será imposible que tenga más protagonismo. La
realidad es que entran como turistas y luego se queda un 70 por
ciento. Si funcionara bien nuestra Administración exterior, a lo
mejor las cosas se harían de otra manera.
Termino, señor presidente, diciendo que no se nos ha ido la mano.
Decía el señor Grandes -ya no me acuerdo de su expresión, la dirá él
ahora cuando suba- que había sido una exageración. Déjenme repetir lo
que he dicho a cada persona que ha manifestado miedo ante esta ley.
Señorías, la ley de 1985 se redactó bajo la interpretación de un
Tribunal Constitucional que decía, en sentencias de 1984 y de 1985,
que había tres tipos de derechos en nuestro país. Los comunes a todas
las personas, que eran para todos, nacionales y no nacionales. Los
derechos de sufragio, que eran reservados a los españoles, salvo
tratado o ley de reciprocidad, y ahí mantengo mi pequeña discrepancia
con el
señor Castellano. Es decir, nosotros para darle sufragio activo y
pasivo a los inmigrantes, tenemos que cambiar la Constitución. Espero
-no estaré aquí en la próxima legislatura- que mis compañeros
propongan a la Cámara una modificación de la Constitución para dar el
derecho al sufragio activo y pasivo a los inmigrantes en la próxima
legislatura.
Decía también el Tribunal Constitucional que los demás derechos y
libertades estaban en nuestras leyes si así se citaban, y si no, se
necesitaban leyes específicas. Así se hizo la ley de 1985; una ley
administrativista, cierto; algunos la llaman policial. A mí no me
preocupa que lo digan. Me molesta que el señor Michavila diga en los
medios de comunicación: El consenso que me satisface es estar en
desacuerdo con una ley de 1985. ¡Qué bobada! ¡Qué desconocimiento de
la realidad! Era una interpretación del Tribunal Constitucional de
cómo se tenía que hacer una ley. Pero el Tribunal Constitucional en
1987, en 1990, en 1993 y en 1994 ha dicho que la Constitución no se
debe de interpretar así. Y la Constitución es nuestra ley, la ley de
todos, pero quien interpreta la Constitución es el Tribunal
Constitucional, y eso debemos acatarlo cada uno de los que estamos
aquí. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que ya no hay límites
de derechos entre nacionales e inmigrantes en reunión, en asociación,
en internamiento preventivo, en libre circulación, en derecho a la
permanencia, en derecho a entrar y salir libremente del país, en
derecho a la defensa y no expulsión sin audiencia del juez, en
derecho a la tutela jurídica y en derecho a los recursos jurídicos.
El mes pasado, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia
relativa al tratamiento que había recibido un ciudadano chino en el
aeropuerto de Barajas, dando la razón al chino.
Se dice también: Hagamos esta interpretación constitucional para los
regulares, pero no para los irregulares. Me vale lo que ha dicho
Pablo Castellano respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
la Convención de Naciones Unidas. Esta semana, una de las personas
que trabajó para la ponencia, en el informe que hicimos sobre los
inmigrantes, María Aurelia Álvarez Rodríguez, experta en esta
materia, me hacía llegar la revista Migraciones, recordándonos que el
derecho a la educación, el derecho a la salud y a la asistencia
sanitaria, y el derecho a los servicios básicos para conseguir la
integración son derechos humanos y están en tratados que hemos
ratificado, por ejemplo, la Convención de 1990. (Aplausos.)
Agradezco al presidente los minutos que me ha dado. Termino
diciéndoles que hemos tenido muy en cuenta el espíritu del Tribunal
Constitucional a la hora de redactar. No nos hemos emborrachado
haciendo la ley. Dice Pablo Castellano que es una ley de mínimos. Yo
lo diré de otra manera: no es una ley de máximos. Espero que en
diciembre aprobemos una ley que no sea tampoco de mínimos. Se dice
que algunos intentan hacer sólo mejoras técnicas. Mi grupo
parlamentario estará muy atento y muy receptivo a mejoras técnicas,
incluso a escuchar con todo rigor a cualquier grupo
político que diga que hemos hecho algo mal. Cuando se intenta una ley
mestiza, siempre puede suceder eso. Pero nuestra conclusión, que le
quede muy claro a quien quiera hacer revisiones profundas, es que no
queremos recortar derechos, porque no se nos ha ido la mano. No
queremos reducir el pasito que hemos dado, que tiene mucho que ver
con el hacer legislativo de nuestro Tribunal Constitucional y con el
sentimiento colectivo de la sociedad española. Queremos que se
respete la política de Estado que hemos hecho a través del consenso
de todos los grupos políticos. Queremos que el Gobierno -y se lo
decimos claramente- respete democráticamente a esta Cámara, que no
injiera en el Legislativo, que el Ejecutivo no quiera hacer un
paréntesis del trabajo del Legislativo. Nosotros tenemos tanto
interés en esta ley que está presente el senador que va a llevar el
trabajo en el Senado, que tiene también enmiendas que elaborar, para
matizar técnicamente y para mejorar algunos aspectos porque los
asesores que hemos tenido nos han dicho que merecería la pena hacer
un último esfuerzo. Quedan 20 días, y los diputados que hemos llevado
esta ley y los senadores que la lleven estamos dispuestos a hablar, a
dialogar, a pactar y a trabajar para tener la ley que necesitan los,
a duras penas, 700.000 inmigrantes entre comunitarios y no
comunitarios. Pero, sobre todo, estamos pensando en la segunda
generación de inmigrantes, que van a ser ciudadanos españoles,
mestizos, hijos de los que nacimos en este país, que a lo mejor han
nacido en este país y que van a ser copartícipes del desarrollo de
esta nación como cualquier otro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Restan por intervenir los grupos parlamentarios
que han de fijar su posición, aunque no mantienen enmiendas,
comenzando por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), que será representando por
la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, llegados a este trámite, al Grupo Vasco no le queda
enmienda alguna. Todo lo que propusimos está incluido en el texto del
dictamen que sustancialmente nos gusta. Nosotros también nos
consideramos autores de él, aunque la señora Fernández no nos haya
incluido en su enumeración. Nos gusta a nosotros y, por lo visto, a
todos los grupos de la Cámara, si uno examina las votaciones
efectuadas artículo por artículo y el resultado de ellas. Lo que en
su día pudo ser ciertamente tedioso, hoy nos alegramos de ello,
porque ahí queda para la posteridad el resultado obtenido por todos y
cada uno de los artículos. ¿Cuáles fueron nuestras inquietudes en las
enmiendas? La primera fue el reconocimiento de derechos y libertades
de los extranjeros. Nuestras enmiendas tendían a ensanchar los
estrechos límites de la ley vigente, intentando que derechos tales
como el del artículo 19, constitucional, o el 22 se reconociesen con
una mayor
amplitud a como lo están en la actualidad. Dimos también guerra -y
así lo dije en Comisión- en relación con los principios rectores de
la política social y económica. No todo lo que se regula como
derechos y libertades son derechos fundamentales; por ejemplo, la
vivienda, la sanidad o la educación, son principios rectores de la
política social y económica y como tales debían ser contemplados.
Había que elegir un título competencial que le correspondiese al
Estado para el reconocimiento del derecho, cuyo fondo en modo alguno
negábamos, para que luego fuese posible su plasmación o su puesta en
práctica o la ejecución, de acuerdo con lo establecido en cada caso
por las normas respectivas de las comunidades autónomas.
Debo manifestar también que el título II, referido a las situaciones
de los extranjeros, nos parece que se ha hecho con la seriedad y el
rigor de los acuerdos tan citados de Tampere y teniendo siempre
presente que los flujos migratorios de entrada en España afectan o
pueden afectar directamente a los demás Estados miembros. Estas
pautas, señorías, se han tenido en cuenta, pero, en este momento poco
más puede deducirse de nuestras obligaciones europeas. Igualmente nos
parece satisfactoria la regulación que se ha hecho de las
infracciones en materia de extranjería con importantes novedades y la
coordinación de los poderes públicos en la materia que se regula.
Para no entorpecer el acuerdo no trajimos al texto un debate sobre
competencias policiales en la materia, que creemos que corresponden a
la Ertzaintza y que suscitaremos en otro lugar, probablemente en el
informe que deberá elaborar la subcomisión para el informe del modelo
policial. Repito, no quisimos entorpecer en nada las posibilidades de
acuerdo en este texto legal. Pero, llegados a este trámite es
imposible no hacer mención de todo lo ocurrido en torno a la
proposición desde el día que se produjo en Comisión la votación del
dictamen.Las acusaciones -son más que meros comentarios- efectuadas
por tres miembros del Gobierno y muy significadamente por su
presidente sobre la falta de cuidado, de conocimiento o de
preparación de los ponentes, y supongo que también de los miembros de
la Comisión de Justicia, tienen un tufillo autoritario. Vienen a
decir que no se puede dejar legislar a cualquiera, que el Gobierno lo
haría mejor. Desde luego, esto lo solucionaban las viejas leyes de
Jefatura del Estado, que siempre salían a gusto del caudillo, pero el
sistema constitucional exige, cuando se trata de derechos y
libertades, elaboración parlamentaria y, además, con mayorías
cualificadas, es decir, con ley orgánica, que es posible que exceda
de las querencias del Gobierno en muchos casos. Así funciona la
democracia.
También la insustancialidad predicada de los ponentes tiene algunas
respuestas fáciles, ya que en cuanto al costo del proyecto (ésta es
una de las pegas más habituales) debe tenerse en cuenta que dos de
los ponentes, el señor Campuzano y yo misma, pertenecemos a partidos
que gobiernan en dos comunidades autónomas
que van a tener que asumir el costo social que esta ley supondrá.
En todo caso, es el momento de decir que las mayores pegas por parte
del Ministerio del Interior se ponen al reconocimiento de derechos,
al reconocimiento al derecho a promover asociaciones que, en
principio, es gratuito. Otros dos ponentes pertenecen al partido
mayoritario de la oposición, que legítimamente tendrá aspiraciones de
volver a gobernar; por tanto, deberá gestionar y responder de lo que
se regula, y no es previsible que se aventuren en unas estrategias
que luego no pudiesen asumir. Haber sido ministra de Asuntos Sociales
y subsecretaria de Interior nos parecen experiencias muy poco
criticables en la materia.
En cuanto a que hemos estado mal asesorados, permítame que le diga -y
me gustaría que estuviese presente algún miembro del Gobierno, pero
no es así- que para asesoría buena, excelente en este caso por el
papelón que va a hacer, es la del Gobierno, y eso que hay que tener
en cuenta que tiene de su parte todo el aparato burocrático de la
Administración, con todos los cuerpos de elite a su servicio.
No es aceptable la idea de la sorpresa. El «Diario de Sesiones» de la
Comisión de Interior y de Justicia acredita que el 21 de julio, en la
comparecencia que se produjo del ministro Mayor Oreja para hablar de
los asentamientos de gitanos rumanos en Malmea, a preguntas de esta
diputada acerca de qué opinión tenía de los trabajos que se estaban
realizando en la Comisión sobre la ley de extranjería, él los
conocía, como así lo manifestó. Sí dijo que esperaba a los acuerdos
de Tampere, pero no le suscitó sorpresa ni puso objeción alguna a lo
hasta entonces trabajado, y estamos hablando del 21 de julio.
En el diario El País, que ya se ha citado otras veces, el 5 de agosto
aparece una información a toda página en la que se dice que Gobierno
y oposición quieren que la nueva ley de extranjería se apruebe antes
de fin de año, y no conozco que hubiese desmentidos ni matizaciones
en aquel momento.
Ahora va al Senado y veremos qué se nos propone. Mi grupo tiene la
mejor disposición al acuerdo porque quiere que la ley se apruebe,
pero sobre los pilares esenciales que inspiran esta reforma; veremos.
Que no pase lo que el diputado y catedrático de derecho
constitucional, don Jordi Solé, decía sobre el Senado en su artículo
publicado el pasado sábado. Decía que el Senado no se está
comportando como Cámara Alta ni como primera Cámara, sino como
recámara, en el sentido balístico del término, o sea en el de que el
partido del Gobierno, que no tiene mayoría absoluta en el Congreso
pero sí en el Senado, puede gastar sus últimos cartuchos cuando no ha
podido imponer su voluntad en el Congreso.
En una viñeta también reciente, el dibujante Ramón dibujaba a dos
ciudadanos que deambulaban y, en evangélica referencia, le decía uno
al otro: Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que
estaproposición de ley llegue a ser aprobada. Mi grupo
quiere que sea aprobada y colaborará para ello, pero quiere que sea
aprobada esta proposición. Está abierto a negociaciones pero quiere
que lo que se apruebe sea esta proposición y no otra distinta.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Uría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el diputado don
Carles Campuzano i Canadès.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a posicionar al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
en el trámite de esta mañana, de votación y debate del dictamen de la
Comisión Constitucional sobre la proposición de ley orgánica de
derechos y libertades de extranjeros y de su integración en España.
Lo hacemos después de dieciocho meses de trámite parlamentario, de
dieciséis largas reuniones de la ponencia en la Comisión
Constitucional. En este sentido, me gustaría recordar, a efectos de
que constase en la Cámara, el trabajo realizado por todos los
ponentes. Éste no es un ejercicio de inmodestia sino para recordar el
trabajo del señor Jordano, de la señora Fernández, del señor Sanjuán,
de la señora Uría, del señor Castellano y de la señora Rivadulla, que
han participado en estos meses con la voluntad de buscar espacios de
consenso y solución de problemas, además con amplio diálogo con
muchísima gente de nuestra sociedad. Hoy nos acompañan en la tribuna
representantes de muchas de las ONG que han seguido con muchísimo
detenimiento estos debates, y es bueno recodarlo. Además, todo este
proceso de discusión y de esfuerzo se ha hecho con pleno conocimiento
del Gobierno del Estado. En este sentido, todos los grupos tenemos la
conciencia muy tranquila.
Sin embargo, esta mañana, este debate no encaja en un ambiente de
distensión, de confianza y de seguridad por el trabajo hecho en la
ponencia. Este debate de hoy nos llega después de quince días de
debate público sobre esta materia, que seguro que no han ayudado en
nada al trámite parlamentario de esta proposición de ley. En la
sesión de esta mañana y en los próximos días, todos los grupos y el
propio Gobierno deberemos hacer un esfuerzo para recrear ese consenso
que, a nuestro entender, es el principal valor político del trámite
parlamentario realizado.
Cuando a principios de esta legislatura diversos grupos proponíamos
la reforma de la ley de 1985, y presentamos tres proposiciones de ley
con las correspondientes enmiendas del resto de los grupos
parlamentarios, partíamos de la constatación de que la ley de 1985
había fracasado en buena parte de sus objetivos y recordábamos que la
situación de la inmigración en el Estado español era sustancialmente
diferente a la que se producía a principios de la década de los
ochenta. Aquella ley, que en su título pretendía garantizar los
derechos y libertades de los extranjeros en España, no los
garantizaba; era una ley que mantenía importantes
dosis de discriminación y tampoco se ha convertido en un eficaz
instrumento de control del flujo migratorio. Las diversas bolsas de
irregulares que se han creado a lo largo de estos años son
indicativas de que la ley de 1985 y las políticas que la acompañaron
no fueron eficaces. Esa situación ponía en dificultad los dos
principios fundamentales que, a nuestro entender, debe evitar
cualquier política de inmigración: los de integración social y de
covinvencia entre las personas.
La evolución del escenario desde el año 1985 hasta ahora nos indicaba
que si no éramos capaces de corregir esta tendencia, finalmente, en
España, como ha sucedido en otros países de Europa, nos podríamos
encontrar con que la cuestión migratoria terminase convirtiéndose de
verdad en un problema. En estos meses de 1999, en mi país, Cataluña,
y también en Andalucía, hemos tenido ejemplos de situaciones que
indican que hay que empezar a corregir algunas tendencias de fondo
que están ahí. Éste era el sentido de las proposiciones de ley de
reforma que se planteaban a principios de esta legislatura, partiendo
de una ley que no era positiva y de unas políticas que no habían sido
suficientes. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
Es bueno recordar, porque ha sido objeto de debates estos días, que
con la ley de 1985, una ley estricta en materia de control de flujos,
en estos años se han producido cuatro procesos extraordinarios de
regularización; que el contingente, que es el principal instrumento
para controlar la entrada de emigrantes procedentes de terceros
países, ha sido pervertido, ya que se ha utilizado para regularizar
la situación de inmigrantes en el Estado español, y que incluso en
esta legislatura el Gobierno, de manera inteligente, ha creado el
mecanismo de coordinación con las ONG, a través del Foro para la
integración social de la inmigración, para regularizar a inmigrantes
sin papeles que estaban en el Estado español. Además, el Imserso,
también de manera correcta, ha desarrollado en Ceuta y Melilla
programas de acogida de inmigrantes en situación irregular.
Nos podíamos preguntar si estos instrumentos producen efecto llamada.
Entendemos que el debate de fondo sobre la materia migratoria, sobre
estas cuestiones (por qué la gente viene a nuestra sociedad, por qué
se marcha de su país) es mucho más complejo, mucho más profundo, que
el debate estricto sobre la ley. Por ejemplo, sería bueno recordar
que Marruecos, que es el Estado que genera el mayor número de
emigrantes hacia España y hacia el conjunto de Europa, tiene un
altísimo nivel de crecimiento de su población; que de los 27 millones
de habitantes de hoy puede pasar en el año 2010 -según algunas
previsiones- a 34 millones; que persisten elevadísimas tasas de
desempleo; que existe aún un tejido social y cultural débil y un
lento crecimiento de su economía. Con esos problemas, no hay ninguna
frontera que sea capaz de evitar que la gente cruce el mar
Mediterráneo.
Quizás más que hablar del efecto llamada, deberíamos profundizar en
el efecto salida, y tal vez también
deberíamos ser capaces de recordar que el fenómeno migratorio tiene
una capacidad de creación de desarrollo de los países que emiten
emigrantes. Recordaré, por ejemplo, que el retorno de ahorro generado
por los emigrantes marroquíes supone cerca del 40 por ciento de la
exportación de Marruecos o que por esa vía Marruecos ingresa más que
por turismo o exportación de fosfatos. Quizás también podríamos
preguntarnos si el efecto llamada es consecuencia de la petición,
según el informe del BBV, de un contingente de 100.000 inmigrantes
o de la realidad de nuestro mercado sociolaboral, que exige
trabajadores provenientes de estos terceros países.
A nosotros nos parece que el debate de fondo, el debate importante,
el debate necesario es éste, el de cómo afrontamos la complejidad de
la inmigración en todo el sentido. La proposición de ley que hoy
tramitamos mantiene los mismos elementos de control de flujos que
funcionan en España desde 1985. No hemos hecho una ley de puertas
abiertas, no la podemos hacer, no la queremos hacer, nadie la quiere
hacer, ningún grupo la quiere hacer. Hemos planteado una proposición
de ley que avanza -repito, avanza- en la perspectiva de la igualdad
de derechos y deberes entre inmigrantes y ciudadanos españoles,
renunciando explícitamente al derecho al voto, el derecho más
político y que expresa de manera inequívoca la ciudadanía, y que
enlaza con buena parte del sentido de la cumbre de Tampere cuando se
planteaba avanzar en esta igualdad entre residentes y extranjeros y
ciudadanos comunitarios. Y hemos hecho hincapié en los aspectos
sociales de estos derechos: el derecho a la educación, el derecho a
la sanidad, el derecho a los servicios sociales y el derecho a la
reagrupación familiar, como instrumentos para garantizar la
integración y facilitar la convivencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Campuzano, le ruego vaya concluyendo.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Y lo hemos hecho con un discurso en el
que hablamos también de los derechos y obligaciones de los
inmigrantes. La construcción de una sociedad pasa por derechos y
deberes de todos.
Entendemos que es una proposición de ley que da estabilidad (uno de
los factores más negativos de la ley de 1985 y de sus reglamentos de
desarrollo es que -se apuntaba por la señora Fernández- han hecho que
ese cerca del 42 por ciento de los inmigrantes en situación irregular
sean personas que, en su día, tuvieron sus papeles en regla), que
introduce elementos garantistas -como recordaba el señor Castellano-,
que puede permitir el desarrollo de políticas públicas coordinadas en
esta materia y que mejora los instrumentos de lucha contra las
mafias. ¿Será suficiente esta ley para dar respuesta a todos los
interrogantes que tenemos en materia de inmigración? Es evidente que
no, señorías. La ley no puede ser
la respuesta a estas cosas. Nos hace falta un discurso público
consecuente y coherente, nos hace falta una política que responda a
los principios de esta ley y que, sobre todo, apunte a los retos de
futuro en esta materia. Hoy, la sensación que tenemos es que esa
política no está definida. En esta Cámara y con el Gobierno, en los
próximos meses, tenemos que ser capaces de definir de nuevo una
política consensuada en esta materia para responder, de verdad, a
todos los retos que tenemos planteados en relación con el fenómeno
inmigratorio. Necesitamos afrontar colectivamente esta realidad de
una manera inteligente, racional, basada en los derechos humanos y en
la dignidad de las personas. La ley avanza en algunas ideas, en
algunas líneas, pero la ley, insisto, por ella misma, no va a
resolver ninguno de los temas que tenemos pendientes.
Con la votación de esta mañana y con la previsión de los próximos
días, la opinión pública se puede preguntar, ¿y ahora qué? Yo creo
que es necesario un compromiso público y político de todos los grupos
para que esta ley salga en esta legislatura (lo hemos dicho todos: el
Gobierno, los grupos de la oposición y los grupos parlamentarios que
participamos en la gobernabilidad del Estado); con voluntad de
diálogo con todos los grupos, sin exclusión, para defender el
espíritu de consenso de la ponencia; con voluntad de mejorar, de
precisar, de delimitar, pero sin poder abandonar el sentido último
que hemos querido darle a esta ley, que es esa integración social,
ese valor de la convivencia, ese hincapié en los derechos que pueden
permitir que la integración no se vea abocada a la marginalidad y a
la exclusión, espacios donde la xenofobia y el racismo tan sólo
pueden crecer.
El Gobierno ha irrumpido con fuerza en este debate -el Gobierno tiene
la legitimidad para hacerlo-, pero a él hay que pedirle también
generosidad con los grupos parlamentarios, por la misma razón que
todos, orientados en este sentido, vamos a ser generosos con el
Gobierno, para ser capaces en el Senado de permitir la aprobación de
esta ley. Porque aquello que creo que ha movido a todos los ponentes,
al señor Jordano, a la señora Fernández, al señor Sanjuán, al señor
Castellano, a la señora Rivadulla y a mí mismo, era cumplir con las
palabras que el señor Tahar Ben Jelloun explica en un fantástico
libro, que supongo que SS.SS. conocen, El racisme explicat a la meva
filla, que voy a leer en catalán muy brevemente. Dice: «Tothom té
dret a la seva dignitat. Quan respectem algú, estem fent un
homenatge, a través dell, a la vida, en tot el que té de bonic, de
meravellós, de diferent i dimprevisible. Quan tractem els altres amb
dignitat, ens estem respectant a nosoltres mateixos.» Señorías, les
pedimos tratar este tema con la dignidad que se merecen los
inmigrantes.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano. Le ruego
que haga llegar al servicio de taquígrafos el texto en castellano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De
Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular mantiene su plena identificación con los
principios que han inspirado la proposición de ley que hoy debatimos,
que creo que están perfectamente reflejados en el título de la
iniciativa. Se trata de garantizar los derechos y libertades de los
extranjeros en España y de lograr su plena integración social. En la
consecución de estos objetivos nuestro grupo se sitúa en una línea
tan avanzada como la que más. Nada más lejos de nuestro propósito que
limitar o condicionar los derechos fundamentales de los extranjeros,
nada más ajeno a nuestras convicciones que las actitudes
discriminatorias. Por el contrario, estamos convencidos de la
obligación moral de acoger, en la medida de nuestras posibilidades, a
quienes buscan las condiciones imprescindibles para vivir con
dignidad (a veces incluso simplemente para vivir), que por desgracia
no encuentran siempre en sus respectivos países. Por eso hemos
participado activamente en alcanzar el consenso de todos los grupos
en torno al contenido básico de la proposición de ley.
En consecuencia, quiero fijar con la mayor claridad la posición del
Grupo Parlamentario Popular respecto a la proposición de ley orgánica
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, a cuyas
votaciones procederemos prácticamente a continuación. Y no creo que
sea extemporáneo recordar que esta norma vendrá a superar, en una
dirección resueltamente progresista, la actual ley de extranjería
impulsada por la administración socialista. Y tampoco parece
inoportuno el recuerdo de que iniciativas legislativas muy similares
a la que ahora discutimos, postuladas por Izquierda Unida en su día,
tropezaron en 1995 con el veto de la mayoría parlamentaria de la
época, con su voto en contra, señora Fernández. Fue el Gobierno
socialista quien no presentó un proyecto en diez años y cercenó una
iniciativa legítima de una fuerza parlamentaria en este mismo
Congreso de los Diputados. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
Debemos ser conscientes de que las grandes corrientes migratorias
representan y van a seguir representando uno de los rasgos más
ostensibles del fenómeno de la globalización. Mientras los índices
demográficos sean los que son, mientras las diferencias de desarrollo
y renta sigan ensanchándose, las sociedades opulentas, entre las que
por fortuna se encuentra la nuestra, estarán abocadas a convertirse
en focos de atracción para los desheredados de la Tierra, y no
tenemos por qué contemplar este fenómeno con temor ni pretender
atrincherarnos frente a él en una ciudadela de egoísmo o miedo a la
diferencia. (El señor Navarrete Merino: No.) Lejos de cualquier
prejuicio racial o cultural, debemos ver en estos grupos de nuevos
ciudadanos emergentes en nuestras sociedades elementos activos
de dinamización de nuestra comunidad y soporte del mantenimiento de
nuestro crecimiento productivo. Junto a la concepción humanista, que
nos mueve a ver en el emigrante a otra persona, titular pleno del
mismo derecho a la dignidad que reclamamos para nosotros y necesitada
de un plus de protección por su vulnerabilidad, en un futuro
inminente puede ser que veamos en la emigración la garantía de
reemplazo de nuestras envejecidas sociedades.
De esta reflexión general debería deducirse que la emigración es una
gran política de Estado que reclama el más alto consenso social y
político, que todos deberíamos acertar a deponer pruritos de
iniciativa o paternidad y vencer la tentación de hacer caricatura del
adversario en términos maniqueos de progresista bueno versus xenófobo
malo, y que hubiera sido preferible que la búsqueda de hacer una
buena ley se hubiera impuesto sobre la necesidad de una dudosa
urgencia.
Pero todo este cúmulo de incontrovertibles argumentos no nos exime de
nuestra obligación de abordar la recta final de este debate, cuyo
resultado gravitará inexorable sobre un largo futuro con actitud
reflexiva, evitando precipitaciones y con el ánimo sincero de
coincidir en soluciones no sólo razonables sino investidas de la
imprescindible viabilidad. Porque, sobre las reflexiones apuntadas,
aún hay que añadir que España no puede ni debe diseñar una política
de extranjería autónoma con respecto a las previsiones del Tratado de
Amsterdam, con respecto al acervo de Schengen, con respecto a las
orientaciones y conclusiones de Tampere, de las que nuestro país ha
sido el principal impulsor, siendo el Gobierno de España el que
provocó e impulsó sus principales decisiones. ¿De qué se trata,
entonces? Se trata de configurar un espacio no sólo geográfico sino
jurídico común, sin fronteras interiores, que habilite la más plena
circulación de las personas y en el que los residentes legales -lo
subrayamos- extranjeros gocen de una progresiva equiparación de
derechos con los nacionales de la Unión. ¿Cuál es la contrapartida
forzosa de ese ambicioso empeño? Que los Estados miembros garanticen
una gestión racional de los flujos de inmigración y luchen sin
descanso contra las mafias, que se lucran con la inmigración ilegal.
Es una obligación de solidaridad de todos los Estados miembros para
con sus socios de la Unión, que vincula con mayor intensidad a
aquellos, como el nuestro, a los que la geografía dispensa la
condición de frontera exterior de la Unión. Éstos son los principios
que inspiran nuestra posición política y a los que creemos que no
puede sentirse responsablemente ajeno ningún grupo de esta Cámara.
Por tanto, dos órdenes de motivos nos fuerzan a someter a la
consideración de la Cámara los ajustes que, a nuestro juicio,
resultan imprescindibles: de una parte, nuestra integración en un
ámbito territorial en el que se está desarrollando una política
migratoria común; de otro, la necesidad de mantener las medidas de
control imprescindibles para posibilitar el ejercicio de nuestra
propia política dentro de las directrices de la Unión Europea.
No es fortuito, señorías, el hecho de que en el actual título IV del
tratado constitutivo, según el texto consolidado por el Tratado de
Amsterdam, se regulen los visados, el asilo y la inmigración como
políticas relacionadas con la libre circulación de personas. La
libertad de movimientos dentro del territorio de la Unión exige a los
países miembros la contrapartida de aceptar y aplicar unas
directrices comunes respecto a la política de visados, asilo e
inmigración.
A la concreción de esas directrices, cuyos perfiles y límites se
fijan en el título IV del tratado, responden las conclusiones de
Tampere, especialmente la recomendación de que los Estados miembros
de la Unión vayan equiparando en derechos con sus propios nacionales
a los residentes legales extranjeros, señora Fernández, no omita
palabras, legales extranjeros. No se pueden hacer lecturas imprecisas
y a medias. Ésa es justamente la posición que defendemos.
Otra de las ideas fundamentales de Tampere y del actual acervo
comunitario en materia de extranjería es que cada Estado tiene que
comprometerse a gestionar con eficacia sus flujos de inmigración, a
controlar coherentemente los puntos de entrada, que son frontera
interior para la Unión Europea.
A la espera de que en esta materia siga desarrollándose el acervo de
Schengen y de que se aprueben nuevas normas comunitarias, de acuerdo
con lo previsto en el Tratado de Amsterdam, la gestión racional de
los flujos de inmigración es un deber de cada Estado, exigible con
mayor rigor por la obligación de solidaridad muy particularmente con
los llamados Estados Schengen, que han aceptado la completa supresión
de sus fronteras con los socios para lograr plenamente la libre
circulación interior de las personas.
La tercera conclusión importante de Tampere es que los Estados
miembros deben sancionar severamente el tráfico ilegal de seres
humanos. Por eso hemos propiciado las disposiciones finales
incorporadas para reformar el Código Penal y por eso, reclamando la
coherencia necesaria, propugnamos los acuerdos que permitan suprimir
determinadas disposiciones incentivadoras de la entrada ilegal de
extranjeros en España y en la Unión Europea, tales como la extensión
de derechos socioeconómicos a situaciones de ilegalidad, el
automatismo que se pretende imponer en la mayor parte de las
decisiones y la institucionalización de un mecanismo permanente de
legalización.
Estos aspectos concretos de la proposición de ley, que chocan
frontalmente con nuestros compromisos comunitarios, impedirían, por
otra parte, desarrollar cualquier política interna en materia de
inmigración. La discrecionalidad de medidas concretas de gobierno
resulta imprescindible para que esa política responda a los intereses
españoles, mientras que, por el contrario, el automatismo de tales
decisiones y de los procesos de legalización, juntamente con la
difuminación de los límites entre situaciones de legalidad e
ilegalidad, contribuiría a incentivar flujos no sólo excesivos, sino
perjudiciales para esos legítimos intereses y perturbadores para la
integración de
los inmigrantes en la sociedad española. A esas razones obedecen los
acuerdos que estamos impulsando para introducir en el texto las
modificaciones necesarias, salvaguardando, en todo caso, el respeto
de los derechos fundamentales y las prestaciones asistenciales de
carácter humanitario en casos de urgencia y necesidad.
Después de estas reflexiones, señorías, el Grupo Parlamentario
Popular va a dar su voto favorable al conjunto de la ley en la
votación final atinente a su carácter orgánico. Porque entendemos que
la proposición mejora, en una resuelta dirección progresista, la
actual regulación de la extranjería; porque asumimos sustancialmente
el trabajo de nuestros ponentes; porque no pretendemos ni hemos
pretendido nunca, como tampoco lo ha pretendido el Gobierno,
entorpecer el curso normal de la tramitación de la iniciativa; porque
compartimos sin reservas la generosa asimilación de derechos y
libertades entre nacionales y extranjeros residentes en situación de
legalidad, así como el endurecimiento penal de las prácticas de
explotación que la proposición aporta. La lealtad a la Cámara,
señorías, nos obliga, sin embargo, a advertir que el Grupo
Parlamentario Popular ha hecho una relectura minuciosa del dictamen
de la Comisión, a la luz, sobre todo, de los acuerdos y compromisos
de España en el seno de la Unión Europea. De acuerdo con esa
reflexión, nos sentimos en el deber de expresar nuestras
discrepancias con algunas previsiones de la proposición, de las que
dejaremos sin duda constancia con las peticiones de votación separada
que transmitiremos a la Presidencia de la Cámara. Se trata de
reservas de carácter técnico-jurídico. No pretendo, señora Fernández,
minimizar su alcance e importancia, porque afectan a la imprecisión
conceptual de lo que, a nuestro juicio, adolece la proposición sobre
el status mismo del extranjero en situación de residencia legal; por
las consecuencias que se atribuyen al empadronamiento, en detrimento
de las competencias y responsabilidades exclusivas del Estado en la
materia, a los mecanismos de regularización y a la equiparación
cuasiautomática entre indocumentación y apátrida. En definitiva, se
trata de tutelar e integrar a los inmigrantes que se encuentran entre
nosotros y de encauzar la inmigración por vías legales. Los
consulados en lugar de la patera o el polizonaje y de no provocar,
aun llevados de los mejores sentimientos, efectos que no estamos en
condiciones de prever, ni mucho menos de garantizar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor De
Grandes, le ruego vaya concluyendo.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Terminaré en seguida, señor presidente.
Anunciamos, pues, nuestro propósito de enmendar en el Senado aquellos
extremos de la ley que creemos insatisfactoriamente resueltos y
confiamos en poder hacerlo con el mismo o parecido nivel de acuerdo
que se fraguó en los últimos trabajos de ponencia y Comisión.
De entre todos los reproches que pudieran hacérsenos, señorías, el
último que estaríamos dispuestos a asumir es el de erosionar
intereses esenciales del Estado
o dificultar el cumplimiento pleno de sus compromisos con ese gran
proyecto de libertad vivida y compartida, que es y constituye la
Unión Europea.
Señorías, nuestra propuesta no supone en modo alguno establecer un
período de carencia de derechos para los extranjeros que se
encuentran en nuestro país. No tiene nuestro grupo parlamentario ni
el Gobierno del Partido Popular sensación alguna de insensibilidad en
el tema de la extranjería. Será bueno recordar que, sin una cobertura
legal expresa, el Gobierno del Partido Popular ha extendido los
derechos a la sanidad en el territorio del Insalud, a la educación y
a los títulos en el territorio MEC. Será bueno que se sepa que el
Gobierno ha facilitado el acceso a políticas activas de empleo a la
totalidad de la población extranjera que se encuentra en España, lo
que no habían hecho gobiernos precedentes. Anote el dato, señora
Fernández, porque S.S. tiene el techo de cristal y cuando se mira no
se ve nada. Del mismo modo, el Gobierno ha continuado, quizás con más
efectividad que antes, las políticas de ayuda social a los
extranjeros a través de los convenios de colaboración suscritos por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con las ONG de ámbito
estatal. Esto está permitiendo garantizar un nivel mínimo de
subsistencia y alojamiento, una formación básica, sobre todo en el
idioma, y un asesoramiento jurídico gratuito en la mayoría de los
procedimientos que comportan la expulsión de un extranjero del
territorio nacional. Recordemos también que, en el ámbito laboral, se
han firmado acuerdos con el Reino de Marruecos y con las
organizaciones patronales y sindicales para regular el trabajo de
temporeros, adelantándose así el Gobierno a las previsiones del texto
que estamos debatiendo.
No es, pues, voluntad del Gobierno interrumpir este tipo de política,
y buena prueba de ello es que las partidas que el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales han programado en los presupuestos del año
2000 para la integración social de inmigrantes duplican las
consignadas en los presupuestos para 1999.
Termino, señorías. Nuestro grupo aboga por un lectura detenida de lo
hecho hasta ahora por el Congreso de los Diputados, pide que se
coteje con los acuerdos de Tampere y propondrá enmiendas que, de
alcanzar consenso suficiente, permitirán la viabilidad de una nueva
ley acorde con los intereses de España y los compromisos de nuestro
país con nuestros amigos de Europa.
Nada más, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor De Grandes.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE 1995
EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE AGENTES PÚBLICOS
EXTRANJEROS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. (Número
de expediente 121/000158.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 43 del orden del día: Proyecto de ley orgánica de modificación
del Código Penal de 1995, en materia de lucha contra la corrupción de
agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales
internacionales.
En primer lugar, para un turno a favor de la enmienda que sostiene el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Vasco está absolutamente de acuerdo con el proyecto de ley
presentado por el Gobierno, que es cumplimiento de un tratado
internacional ratificado por España, pero sostiene, con alguna duda
teórica, la enmienda que ya defendió en Comisión y que someto al
criterio de SS.SS. por si es necesario dar una ubicación distinta al
precepto que modificamos en el trámite en el Senado. Veremos si soy
capaz de explicar cuál es el criterio que sostengo.
El precepto modifica el artículo 423 en cuanto que incluye un nuevo
cohecho, tanto activo como pasivo, referido a las transacciones
internacionales y se introduce dentro del título XIX, que cobija los
delitos contra la Administración pública. Se entiende que se está
protegiendo como bien jurídico la Administración pública española. Si
consideramos que hay unos nuevos sujetos posibles responsables de
delito, los que se contemplan en el nuevo punto 3 del artículo 423,
entendemos que es exigido que, además, exista la excusa absolutoria
en los términos del artículo 427, tal como recoge el grupo al que
represento. Si se ha considerado que, por razones de política
criminal, los autores del cohecho que contempla este capítulo del
título XIX pueden quedar libres de culpa en aquellos casos en los que
ellos mismos faciliten la persecución del delito, igual tratamiento
debe darse cuando esto ocurre en relación con transacciones
extranjeras si este artículo está incluido en el título XIX.
Vistos los argumentos que utilizó para rebatir el criterio de esta
diputada el representante del Grupo Parlamentario Popular, se me ha
alcanzado que quizá halla una equivocación. Es posible pensar que no
deba existir esta excusa absolutoria porque perseguir estas conductas
es lo que pretende el tratado, en cuyo caso deberíamos sacar el
delito que tipificamos del título XIX y crear un título nuevo y
autónomo. Ya no estaríamos protegiendo la Administración pública
española, sino un bien jurídico distinto, un cierto orden
internacional en las transacciones económicas, a lo que parece nos
obliga este tratado.
El criterio de mi grupo es el de que, de mantenerse el artículo donde
está, en el título XIX, es coherente la excusa absolutoria que
planteamos. En otro caso, debiera reflexionarse sobre la conveniencia
de hacer en el Código Penal un título nuevo, con un bien jurídico
nuevo protegido que permitiese incluir este artículo 423 que pretende
proteger un orden económico en las
transacciones internacionales y que, indudablemente, con el paso del
tiempo será enriquecido con otros títulos a medida que se vaya
consolidando el tercer pilar en la Unión Europea o que, fruto de la
cierta internacionalización en materia penal -todavía muy en pañales,
pero ya incipiente-, tenga cabida en el Código Penal. La postura del
grupo al que represento es, hoy por hoy, mantener la enmienda
mientras el artículo 423 aparezca como apartado tercero a la actual
dicción del título, pero no nos cerramos a su desaparición en el
trámite del Senado si se considera que este precepto debe ir en
título distinto y autónomo.
Votaremos a favor de la enmienda, pero no por ello rechazaremos el
dictamen de la Comisión, porque lo que queremos es que en esta
legislatura sea posible que esta modificación necesaria y
técnicamente razonable vez la luz en el Boletín Oficial del Estado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Esta breve modificación del Código Penal que vamos aprobar en este
trámite, que deriva de la ratificación por España del convenio de la
OCDE sobre la lucha contra la corrupción de agentes públicos
extranjeros, no es, como lo será la ley orgánica que aprobaremos a
continuación, una simple enmienda al Código Penal derivada de
compromisos internacionales sin trascendencia de ningún tipo, sino
que es auténticamente una actualización del Código Penal, derivada de
compromisos internacionales, pero que atiende a una realidad concreta
y lamentable pero de la que esta Cámara no puede más que hacerse eco
y lo debe hacer hoy cuando se está aprobando esta ley. Es la
existencia de auténticas prácticas de corrupción de empresarios
españoles que practican en otros Estados, indefensos ante la
corrupción y a los cuales criticamos precisamente por sus altos
niveles de corrupción cuando hablamos aquí en términos de la
globalización y de la necesidad de que esos países se desarrollen.
Esos mismos agentes económicos españoles, algunos de ellos con una
moral perfectamente predicable, cuando operan en esos países del
tercer mundo y en vías de desarrollo sí aceptan prácticas que en
ningún caso admitirían en su propio lugar de origen. Ahí arranca el
consenso que se logró en el seno de la OCDE para lograr la
penalización mundial de esas prácticas, suprimiendo o superando el
principio de la territorialidad de la ley penal y permitiendo que el
castigo al corruptor no sea impuesto sólo en el país donde la
corrupción tiene lugar, sino que pueda ser impuesto en el lugar de
origen; concretamente, en este caso -hablemos claro-, que los
corruptores españoles sepan que no van a tener impunidad
a partir de ahora y que cualquier acto de corrupción que una
empresa española pretenda realizar de un funcionario extranjero para
conseguir un contrato beneficioso en Asia, en África, en América
Latina o también en Europa -el orden se corresponde con la
estadística de corrupción que marcan determinados foros
internacionales- será sancionado. Esos empresarios, esos agentes
económicos deberán saber que a partir de ahora el Código Penal
también les sanciona en España y que podrán ser perseguidos por ello.
Si alguna eficacia tiene la ley penal es el hecho de que los
eventuales infractores conozcan de su existencia, por lo que es muy
importante que transmitamos esta sanción y que aparezca a la luz
pública, porque, si no, difícilmente tendrá un reflejo preventivo,
que es el que auténticamente tiene que tener por delante del
sancionador que llegaría siempre a toro pasado.
Hay una enmienda pendiente, del Grupo Parlamentario Vasco, que como
siempre es fruto del rigor más absoluto de su portavoz, doña
Margarita Uría, en el trabajo parlamentario y legislativo, y así hay
que decirlo. Lo que ocurre es que, como ha puesto de relieve la
propia portavoz del Grupo Vasco desde la tribuna, ni siquiera ella
misma está absolutamente convencida de que la enmienda deba
plantearse en sus propios términos. Yo comparto su duda, que estemos
hablando aquí del mismo bien jurídico que se protege cuando se habla
de la corrupción del funcionario público español; estamos en otra
sede, en otro contexto, por lo que no nos parece que esa enmienda
deba ser aprobada en este trámite. Al mismo tiempo, animo al Grupo
Parlamentario Popular -y asumo en nombre del Grupo de Convergència i
Unió ese tema- a que en el Senado, con la urgencia que este tema
lleva, por encima de disquisiciones políticas, puesto que aquí no
estamos en un debate político sino de pura técnica jurídico-penal, le
animo, decía, a que estudie la posibilidad de introducir un título
nuevo del Código Penal que contenga el artículo que hoy vamos a
aprobar; un título distinto que hable del buen orden económico
mundial o algo por el estilo, puesto que ese es el bien jurídico
protegido.
Por todo ello, mi grupo aprobará esta ley orgánica, el dictamen de la
Comisión en sus propios términos y no votará a favor de la enmienda
del Grupo Vasco.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Para evitar reiteraciones y en aras a la brevedad, sin cometer ningún
delito de apropiación indebida, hago mía la intervención del señor
Guardans en cuanto a la necesariedad, oportunidad, conveniencia y
exigencia de que nuestro Código Penal rellene el vacío que suponela
incorporación de las consecuencias de ese tratado
internacional dedicado a la persecución del cohecho activo y pasivo
en materia internacional. Y hago mías también, sin ninguna duda, las
expresiones de doña Margarita Uría en cuanto a la equiparación de
esta clase de delitos con los de orden interno y a la conveniencia de
recoger esa posibilidad de exención de responsabilidad para quien
facilite el descubrimiento de los mismos, enfatizando el hecho de que
sin esa enmienda muchísimos de nuestros presupuestos del Código Penal
quedan sin contenido.
Se trata de transacciones que no se celebran a la luz pública y
dejando vestigios por doquier sino que, bien al contrario, van
amparadas celosamente en el secreto y llegar a percibirlas suele ser
siempre fruto de alguna deserción que se produce -perdonen la
expresión coloquial- en el seno de la banda, porque no le ha llegado
la suficiente retribución. Es fundamental que haya un impulso para
incentivar a aquél que se ha visto forzado porque tenía que escoger
entre el mal menor de llevar adelante una operación comercial con
evidente carencia de cierta ética o la nada, o a aquel otro que en un
momento determinado, incluso creyendo en el arrepentimiento, desea
colaborar con un orden internacional más justo.
Creo que debemos aprobar la enmienda. ¿Por qué? Señor Guardans,
porque nuestro cariño a la Alta Cámara debe ser tal que les demos el
trabajo, de modo que cuando allí llegue sólo les quepa una
conveniente posibilidad de reordenación, que no tengan siquiera que
formular la enmienda porque ya va incorporada al texto. Les colocamos
a tiro -perdonen la expresión que no quiere tener ningún aspecto
belicoso- el que la reordenen. Si tenemos un texto en el que estamos
de acuerdo todos, una enmienda que nos gusta y consideramos
conveniente y el único problema que tenemos es dónde la insertamos,
seamos solidarios primero con la enmendante, segundo, con el texto
que complementa y, tercero, con el Senado dejando que ellos la
ordenen y, cuando vuelva, recibirán con mucho gusto nuestro voto
favorable y será una muestra clarísima de fraternidad en las Cámaras
que debe imperar, sobre todo a final de legislatura.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Pérez Solano.
El señor PÉREZ SOLANO: Gracias, señor presidente.
Como dice la exposición de motivos, este proyecto de ley orgánica
tiene por objeto incorporar al Código Penal el delito de corrupción
de agentes públicos extranjeros por aplicación del convenio de la
OCDE, de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros
en las transacciones comerciales internacionales, firmado el 17 de
diciembre de 1997.
Desde un punto de vista sistemático, el Gobierno ha optado, de
conformidad con el dictamen del Consejo
de Estado al anteproyecto, por tipificar las conductas contempladas
en el convenio, incorporando un apartado 3 al delito de corrupción,
previsto y penado en el artículo 423 del Código Penal, postura que
consideramos correcta. Naturalmente, la tipificación de estas
conductas no pudo realizarse en el Código Penal de 1995 por razones
temporales obvias, dado que el convenio se firmó el 17 de diciembre
de 1997. Lo lamento, pero en este caso no se puede echar la culpa al
Gobierno socialista.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente el
dictamen de la Comisión de Justicia e Interior de este proyecto del
ley. Al propio tiempo, señor presidente, aprovechamos el turno para
fijar la posición sobre la enmienda defendida por doña Margarita
Uría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). La vamos a votar
favorablemente porque consideramos que es correcta su postura de
extender la excusa absolutoria del artículo 427 del Código Penal al
particular que hubiere accedido ocasionalmente a la solicitud de
dádiva o presente realizada por autoridad o funcionario público,
funcionarios públicos extranjeros o de organismos internacionales.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Pérez Solano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Vasco ha presentado una enmienda de modificación al
artículo del proyecto de ley orgánica de modificación del Código
Penal de 1995 en materia de lucha contra la corrupción de agentes
públicos extranjeros en las transacciones comerciales
internacionales, en la que, dejando igual la redacción que da el
proyecto al artículo 423, propone que se modifique también el
artículo 427 del Código Penal, a fin de que la excusa absolutoria en
él prevista alcance a todos los sujetos posibles del delito.
El artículo 427 del Código Penal prevé la exención de pena por el
delito de cohecho del particular que haya accedido ocasionalmente a
la solicitud de dádiva o presente, realizada por autoridad o
funcionario público y denunciare el hecho a la autoridad que tenga el
deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del
correspondiente procedimiento, siempre que no hayan transcurrido más
de diez días desde la fecha de los hechos. La modificación del
artículo 423 del Código Penal pretende dar cumplimiento al convenio
de la OCDE, de lucha contra la corrupción de agentes públicos
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, firmado
por España el 17 de diciembre de 1997, con la inclusión de un tipo
delictivo que, aunque protege los bienes jurídicos consistentes en un
correcto funcionamiento de la Administración y una conducta proba y
legal de los funcionarios, se orienta primordialmente a tutelar la
libertad y lealtad de la
competencia en las relaciones económicas internacionales, en
particular, en la relación de los agentes económicos con las
autoridades y funcionarios de terceros países, como ha indicado el
Consejo de Estado en su dictamen. En este nuevo delito predomina
teleológicamente la protección contra el ataque al orden
socioeconómico, sin embargo, la estructura del mismo es similar a los
delitos de cohecho. Es esta afinidad de los perfiles básicos de las
figuras delictivas la que ha llevado a su inclusión dentro de las
mismas, si bien no existe identidad total del bien jurídico
protegido.
La excusa absolutoria del artículo 427 es posible y tiene su lógica
en nuestro Código Penal porque la autoridad que debe actuar ante la
denuncia del particular es la misma para el funcionario que para el
particular. La autoridad actuante se sirve de esta exención de pena
para perseguir eficazmente la corrupción de los funcionarios
nacionales -dado que no tiene competencia sobre funcionarios
extranjeros- allí donde se produce, ya que el bien jurídico protegido
es el correcto funcionamiento de la Administración pública. No
podemos olvidar que el convenio pretende castigar únicamente la
conducta del particular. Lógicamente, los tribunales no son
competentes para castigar actuaciones de funcionarios extranjeros en
el ejercicio de su cargo contrarias a las obligaciones asumidas en
relación especial de sujeción a la Administración pública de que
dependen.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial, en las
consideraciones hechas al anteproyecto de la Ley Orgánica de
modificación del Código Penal de 1995 que estamos debatiendo,
manifestaba la necesidad de cumplir los compromisos internacionales
en los estrictos términos en que dichos compromisos se hayan asumido
sin alterar la estructura penal interna. Consideración ésta recogida
en el dictamen del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 3 de
diciembre de 1998. En la práctica, es inviable la propuesta que hace
el Grupo Parlamentario Vasco de extender la excusa absolutoria,
prevista en el artículo 427, cuando la solicitud de dádiva o presente
haya sido realizada por funcionario público extranjero o de
organismos internacionales, porque esta excusa no es posible cuando
la autoridad que debe actuar no es la misma para el funcionario que
para el particular.
Mi grupo no considera posible admitir la enmienda propuesta por el
Grupo Parlamentario Vasco ante su inviabilidad práctica, a lo que hay
que añadir que, desde un punto de vista estrictamente teórico,
dejaría el convenio vacío de contenido, dada la finalidad que
persigue de defensa de la competencia en el libre mercado -como ya
manifesté en Comisión-, pues bastaría para ello el particular de un
Estado firmante que ha accedido a la solicitud del funcionario
extranjero de un Estado no firmante del convenio y que bien pudiera
no perseguir a su funcionario para obtener un contrato y denunciar
ante las autoridades españolas, en el plazo de diez días, al
funcionario extranjero para quedar exento de pena.
En el preceptivo y citado dictamen del Consejo de Estado se dice
textualmente: Mientras que los ordenamientos internos pueden
establecer reglas que sujeten a sus autoridades y funcionarios,
resulta más difícil superar las fronteras de la acción penal cuando
se trata de actuaciones de los agentes económicos en países terceros
fuera del propio territorio nacional y en relación con funcionarios y
autoridades públicas de países terceros.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Arquero,
le ruego vaya concluyendo.
El señor ARQUEROS OROZCO: Ya termino, señor presidente.
Son los respectivos ordenamientos nacionales los que han de velar por
la ética de la actuación de sus propias autoridades y funcionarios. Y
añade: El cumplimiento estricto de los compromisos internacionales
debe hacerse, en la medida de lo posible, sin alterar la estructura
de la norma penal interna. Continúa diciendo que hay que interpretar
el ámbito subjetivo del tipo en conexión con la extensión y límites
de la jurisdicción penal española, según está establecido en el
artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entiendo
cierra este debate y posiblemente la duda teórica de doña Margarita
Uría.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Arqueros.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE 1995,
EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO DE ARMAS
QUÍMICAS. (Número de expediente 121/000160.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Arqueros.
Pasamos al punto 44 del orden del día: Dictamen de la Comisión sobre
el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995,
en materia de prohibición de desarrollo y el empleo de armas
químicas.
A este proyecto no hay ninguna enmienda viva. A pesar de ello, ¿algún
grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.-Rumores.) Un
momento señorías, tranquilidad que estamos en muy buena hora.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, intervengo únicamente a
efectos de aceptar el cambio que se ha producido en una enmienda que
la Comisión aceptó por unanimidad, una enmienda del Grupo Socialista,
y creo que debe constar en acta que todos los grupos también estamos
de acuerdo en el cambio de carácter técnico que se ha producido por
los servicios de la Cámara, que han reubicado la enmienda, y
su primera ubicación, que la propia enmienda solicitaba en el
artículo 566 del Código Penal, viene a ser ubicada en el artículo 567
por considerar todos los grupos, y asimismo los servicios de la
Cámara, que es la ubicación más correcta.
Por otra parte, señor presidente, aprovechando que usted me ha
concedido la palabra para terror de alguno de mis compañeros, quiero
saludar como grupo la tipificación de determinadas conductas, que
proceden de la convención de París de 1993, que prohibe las armas
químicas, y este proyecto de ley, insisto, con la aprobación unánime
de todos los grupos, hace posible la definición más correcta de
determinadas conductas.
Este saludo quería hacerlo en nombre de todos los grupos y en el mío
propio.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Barrero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Sí, señor presidente, muchas gracias.
Intervengo a los mismos efectos. Aprobamos hoy una modificación de la
Ley orgánica del Código Penal. La convención sobre prohibición de
armas químicas data, como SS.SS. saben, de enero de 1993; lo ratificó
España en el año 1994; en 1995 se aprobó el nuevo Código Penal y en
1999 estamos modificando el Código Penal para adecuarlo a este
tratado internacional. Esto consta en el «Diario de Sesiones» y es
una reflexión también a todas SS.SS. de que las cosas en este sentido
en el futuro deben de cambiar.
El portavoz socialista ha intervenido correctamente; hubo una
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista para que figurara en los
artículos modificados del Código Penal la definición de desarrollo de
armas químicas; estaba en la exposición de motivos, todos los grupos
entendimos que podía pasar perfectamente al articulado, y el Grupo
Parlamentario Popular en la Comisión de esta semana propuso además
una modificación técnica para la ubicación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista no en el artículo 566 del Código Penal sino
propiamente en el artículo 567. El informe técnico de los letrados de
la Mesa parece ser correcto a la propuesta del Grupo Parlamentario
Popular, y nosotros, señor presidente, expresamos nuestra conformidad
a dicha modificación técnica.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Izquierdo.
Les confirmo tanto a usted como al señor Barrero que efectivamente la
reubicación de esa enmienda, considerada como corrección técnica,
figura en el informe del letrado, y así constará en el nuevo texto.
Muchas gracias, señorías. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL RECHAZO DE LA VIOLENCIA QUE SUFREN
LAS MUJERES
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones.Con
carácter previo a las mismas, con motivo de los actos que se
organizan el día 25 de noviembre, declarado Día nacional contra la
violencia doméstica que sufren las mujeres y que ha motivado en los
dos años precedentes una declaración institucional de la Cámara, voy
a dar lectura a la que este año sometería a su aprobación tras
redactarla por consenso con los portavoces de los grupos
parlamentarios.
El Congreso de los Diputados considera que la protección y promoción
de los derechos humanos que tienen su origen en la dignidad y el
valor de la persona debe ser una cuestión prioritaria para todos los
países. Reconoce que la violencia contra las mujeres es un obstáculo
para lograr los objetivos de igualdad y desarrollo y menoscaba el
disfrute por parte de las mujeres de los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Destaca que la violencia contra las mujeres
es una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres que impide el pleno desarrollo de
las mujeres en la vida social, económica, laboral, cultural y
política. Subraya que la violencia contra las mujeres constituye un
atentado contra la igualdad y contra su derecho a la vida, a la
seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y
psíquica y denigra a sus agresores; por tanto, la eliminación de
cualquier forma de violencia constituye un reto para todos los
hombres y todas las mujeres. Denuncia que, aun cuando se siguen
silenciando las agresiones sufridas, en 1999 son millares las mujeres
que han sufrido violencia y decenas las que han muerto a manos de sus
agresores. Por todo lo cual, reafirma el compromiso de la Cámara para
aunar esfuerzos y apoyar cuantas medidas puedan contribuir a que se
erradique la violencia contra las mujeres a nivel individual y
colectivo. ¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.-Aplausos.)
Gracias, señorías.
Pasamos a las votaciones correspondientes, en primer lugar a las
enmiendas y luego al dictamen, de la proposición de ley orgánica
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España e
integración social.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto y, dentro de él, de la
señora Rivadulla, comenzando por la que formula al artículo 13.4, con
la que coincide la enmienda del señor López Garrido al mismo
artículo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 142; en contra, 166; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda y la coincidente.
Restantes enmiendas de la señora Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, ocho; en contra, 300; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Entiendo que ha sido rechazada la coincidente que subsistía del señor
López Garrido. Se someten las restantes a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, seis; en contra, 298; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del señor López
Garrido, y finalizan así las del Grupo Mixto, pasando, al haberse
retirado las de Coalición Canaria, a las del Grupo Federal de
Izquierda Unida.
Enmienda al artículo 18, apartado a).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 156; en contra, 167.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo 11.3 nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 21; en contra, 297; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 14; en contra, 302; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del
Grupo de Izquierda Unida.
Pasamos a votar en un bloque las enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 143; en contra, 170; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Socialista, que nos permite pasar
a las votaciones correspondientes al dictamen, comenzando por los
artículos 4, título y apartado 1; 8.1; 9; 10.2; 12; 13.1; 14; 18. e);
19.2; 21; 25.2; 26; 30, apartados 2 y 3; 31.2; 34.1; 37.1; 39; 40.2;
disposición adicional; título III y artículos 47 a 60.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
324; a favor, 180; en contra, cuatro; abstenciones, 140.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos del
dictamen.
Se somete a votación la disposición transitoria primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
324; a favor, 164; en contra, 19; abstenciones, 141.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición transitoria
primera. (Aplausos.) Señorías ...
Artículo 7, puntos 2, 3 y 4, y artículo 17.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
325; a favor, 163; en contra, seis; abstenciones, 156.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos.
(Aplausos.) Señorías...
Artículo 7.1, y resto del artículo 17.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
325; a favor, 309; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
Artículo 18. a).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
325; a favor, 309; en contra, 13; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Restantes artículos del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 324; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.
Señorías, al tener la ley reformada y la proposición que se somete a
votación el carácter de orgánica, procede una votación final sobre el
conjunto del proyecto que ha de alcanzar la mayoría absoluta de la
Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
325; a favor, 324; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el conjunto de la proposición con
carácter orgánico.
Pasamos al dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de
modificación del Código Penal en materia de lucha contra la
corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones
comerciales internacionales.
Votamos, en primer lugar, la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
325; a favor, 157; en contra, 168.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 326.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen por unanimidad.
Votación, a su vez, del conjunto del proyecto por tener también
naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 325; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Al haber superado la mayoría
absoluta de la Cámara queda también aprobado el proyecto con
naturaleza orgánica.
Dictamen del proyecto de ley orgánica de modificación del Código
Penal en materia de prohibición de
desarrollo y empleo de armas químicas.
Votamos, en primer lugar, el dictamen con la incorporación de las
correcciones técnicas señaladas en el
debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 325; a favor, 324; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación también de conjunto, por tener naturaleza
orgánica, alcanzando al Código Penal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 325; a favor, 325.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad
del Congreso en Pleno, alcanzando la mayoría exigida para la
naturaleza orgánica del proyecto.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE 1995
EN MATERIA
DE DELITOS DE TERRORISMO. (Número de expediente 121/000189.)
El señor PRESIDENTE: Al haber decaído el último
punto del orden del día, se levanta la sesión. Buenas tardes.