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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 276, de 24/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 276
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 266
celebrada el miércoles, 24 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 14865)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a política general
sobre posición y previsiones normativas del Gobierno respecto de la
regulación de las denominadas opciones sobre acciones. (Número de
expediente 172/000192.) . . . (Página 14887)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
transferencias de las confederaciones hidrográficas en territorio
andaluz a la Junta de Andalucía. (Número de expediente 172/000193.) .
. . (Página 14899)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno para
avanzar en la democracia interna de las sociedades mercantiles y, en
concreto, en una regulación de las opciones sobre acciones. (Número
de expediente 172/000194.) . . . (Página 14909)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas . . . (Página 14865)
Del Diputado don Francisco Fuentes Gallardo, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores:
¿Cree el Ministro de Exteriores que a pesar de los procesos
judiciales en los que está incurso el Sr. Espinosa, debe seguir
siendo el máximo responsable de la Agencia Estatal de Cooperación
Internacional (AECI)? (Número de expediente 180/002015.) . . . (Página 14865)
De la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula a la Excma. Sra.
Ministra de Justicia: ¿Cuándo va a proceder el Ministerio de Justicia
a normalizar los libros de registro en aquellas Comunidades Autónomas
con lengua oficial, para dar cumplimiento a los derechos de los
ciudadanos derivados de la cooficialidad lingüística? (Número de
expediente 180/002034.) . . . (Página 14867)
Del Diputado don Manuel González Herrero, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál ha sido la
aportación del Ministerio de Justicia a la mejora del proyecto de
ventanilla única empresarial? (Número de expediente 180/002041.) . .
. (Página 14868)
De la Diputada doña Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno el
desarrollo informático realizado por su Departamento durante esta
Legislatura? (Número de expediente 180/002054.) . . . (Página 14868)
Del Diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Gobierno
explicar las razones para reestructurar el EUROCUERPO? (Número de
expediente 180/002045.) . . . (Página 14869)
Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Gobierno
informar sobre las tareas desarrolladas por las tropas españolas en
la KFOR? (Número de expediente 180/002046.) . . . (Página 14870)
Del Diputado don José Ignacio Marín Izquierdo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuántas conexiones a Internet hay actualmente en el territorio MEC?
(Número de expediente 180/002042.) . . . (Página 14871)
De la Diputada doña Amparo Valcarce García, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno
modificar la llamada alternativa a la Religión en la enseñanza no
universitaria? (Número de expediente 180/002051.) . . . (Página 14872)
Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la
valoración que hace el Gobierno en relación con la propuesta de la
Comisión Europea de prohibición de determinados aditivos presentes en
el PVC blando de posible utilización por los niños? (Número de
expediente 180/002043.) . . . (Página 14873)
Del Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué consiste el
Protocolo Nacional de Control de Calidad de la instrumentación en
Medicina Nuclear elaborado por las sociedades científicas? (Número de
expediente 180/002044.) . . . (Página 14874)
De la Diputada doña María Ángeles Amador Millán, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y
Consumo: ¿Quiere el Ministro de Sanidad explicar ante esta Cámara qué
significa su propuesta de que los ciudadanos puedan optar entre
hospitales públicos y privados? (Número de expediente 180/002052.) .
. . (Página 14875)
Del Diputado don Josep Corominas i Busqueta, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la última información
disponible sobre la situación de la lista de espera en el INSALUD?
(Número de expediente 180/002053) . . . (Página 14876)
Del Diputado don Jaime Blanco García, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo piensa el Gobierno
garantizar el derecho a la intimidad de los usuarios del INSALUD, en
relación con los datos personales que se registran en las recetas y
que son cedidos a terceros? (Número de expediente 180/002055.) . . .
(Página 14877)
De la Diputada doña Isabel Hernández Rozas, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
líneas generales del acuerdo alcanzado con el colectivo de artistas
sobre cotizaciones a la Seguridad Social? (Número de expediente 180/
002039.) . . . (Página 14878)
De la Diputada doña María del Carmen Pardo Raga, del Grupo
ParlamentarioPopular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
cometidos va a abordar el observatorio de la infancia, recientemente
creado? (Número de expediente 180/002040.) . . . (Página 14879)
Del Diputado don José Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular
en el
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la oferta de servicio de
telefonía local? (Número de expediente 180/002047.) . . . (Página 14880)
Del Diputado don Cristóbal Juan Pons Franco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
ventajas de la telefonía móvil en la modalidad UMTS? (Número de
expediente 180/002048.) . . . (Página 14881)
De la Diputada doña Teresa Cunillera i Mestres, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera positiva el
Gobierno su gestión de pagos a los afectados por expropiaciones
originadas por la construcción de obras públicas? (Número de
expediente 180/002056.) . . . (Página 14881)
Del Diputado don José Segura Clavell, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el criterio que le merece
al Gobierno la estadística elaborada por la Asociación Europea de
Aerolíneas en la que calificó en el pasado trimestre a los
aeropuertos españoles de Madrid y de Barcelona como los más
impuntuales de Europa? (Número de expediente 180/002057.) . . . (Página 14882)
De la Diputada doña Dolores García-Hierro Caraballo, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Para qué fecha
tiene previsto el Gobierno suspender los vuelos nocturnos de las
aeronaves más ruidosas que sobrevuelan núcleos urbanos de Madrid y
más concretamente Alcobendas- San Sebastián de los Reyes? (Número de
expediente 180/002058.) . . . (Página 14883)
Del Diputado don Mariano Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y
Hacienda: ¿Conoce el Gobierno los motivos del trato especial
dispensado en la Bolsa de Madrid a la oferta pública de venta de
acciones de la compañía filial de Internet de Telefónica «Terra
Networks» el día de su salida a cotización? (Número de expediente
180/002038.) . . . (Página 14885)
Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cómo justifica el Sr.
Rato el monumental enriquecimiento del Presidente de Telefónica tras
las decisiones tomadas por el Gobierno? (Número de expediente 180/
002049.) . . . (Página 14886)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 14887)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a política general sobre
posición y previsiones normativas del Gobierno respecto de la
regulación de las denominadas opciones sobre acciones . . . (Página 14887)
Defiende la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso el señor MartínezNoval. Anuncia que, aunque el contenido
de la interpelación se puede abordar desde muchos puntos de vista, su
grupo se va a limitar a hacerlo desde el punto de vista de
Telefónica, desde un punto de vista político y también económico, y
desde la perspectiva fiscal. Desarrolla estos tres puntos de vista,
refiriéndose a la ley que liberalizó las telecomunicaciones, a la Ley
de Sociedades Anónimas, a la Comisión Olivencia y al tratamiento
fiscal dado a las opciones sobre acciones. Manifiesta, por último,
que millones y millones de españoles de buena fe, que creen que en
este país es posible todavía implantar, desarrollar y perpetuar el
modelo de cohesión social que se defiende en Europa y por el que los
socialistas van a seguir trabajando, no entienden cómo es posible que
el máximo responsable de una compañía se embolse casi 5.000 millones
de pesetas en tres años.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (De Rato Figaredo).
Agradece en primer lugar el planteamiento de la interpelación, porque
considera bueno para un responsable político terminar la legislatura
con críticas por parte de la oposición en relación con empresas
privadas, porque
entiende que no les ha sido posible hacerlas al funcionamiento del
Gobierno ni a las responsabilidades de los altos cargos ni al
funcionamiento de los servicios públicos. Se refiere al código de
conducta de buen comportamiento de las empresas que el Gobierno
promovió con ocasión de otros debates también sobre intereses
privados, y se pregunta si se está o no en contra de las opciones
sobre acciones recordando el caso de Argentaria. Critica la propuesta
del Grupo Socialista, que pone un límite a la evolución de las
acciones en bolsa, y las proposiciones de ley y no de ley que han
presentado en las que se propone una regulación especial para todas
las empresas que han pasado del sector público al privado, para todas
las empresas que tiene tarifas, para todas las que están en una
situación de monopolio y para todas las que tienen precios públicos o
son empresas concesionarias. Por último, argumenta que cuando un
grupo político, un gobierno o una persona dedicada al servicio
público estima que una remuneración es excesiva, tiene dos caminos:
la expropiación, como la que hicieron los socialistas con Rumasa, que
terminan pagándola todos los españoles, o subirle los impuestos, que
es lo que hace el Gobierno.
Replica el señor Martínez Noval, duplicando el señor vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores López
Garrido, del Grupo Parlamentario Mixto;
Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Martínez- Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
transferencias de las confederaciones hidrográficas en territorio
andaluz a la Junta de Andalucía. . . . (Página 14899)
Defiende la interpelación el señor Centella Gómez, en nombre del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Comienza su
intervención lamentando el que en Andalucía se tenga conciencia de
que se han perdido cuatro años en política de aguas y ha sido
necesario que llegue de nuevo un año seco para que se evidencie que
el problema principal no es sólo la sequía sino que no se ha hecho
una política adecuada del agua. Considera que la única manera de
afrontar de una forma definitiva el déficit de agua pasa por
inversiones, por mejorar las infraestructuras y, sobre todo, por
racionalizar la demanda de los recursos. Se refiere en concreto al
caso de Andalucía y a su diversidad hidrográfica, considerando que
tiene que resolverse de una vez por todas el problema de las
transferencias de la Confederación Hidrográfica de Andalucía, según
se establece en el artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de la
comunidad andaluza. Continúa explicando el contenido de su
interpelación y manifiesta que no se trata solamente de una cuestión
de voluntad política sino de respeto a la ley y al estatuto de
autonomía.
Contesta la señora ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga),
en nombre del Gobierno. No comprende las afirmaciones del señor
interpelante sobre que hay que cumplir la ley y que se traspasen las
competencias de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y
niega haber hecho nunca las manifestaciones que el señor Centella ha
puesto en su boca, recomendando que se acuda al «Diario de Sesiones»,
sin hacer interpretaciones. Considera que si se hubiera hecho la
interpelación con rigor y honestidad política no se habría vuelto a
incidir en las mismas afirmaciones que en otras ocasiones,
desmentidas no por la ministra sino por la Constitución, por el
Estatuto de Andalucía, por la Ley de Aguas y por muchas sentencias
constitucionales que el interpelante debería haber analizado
previamente. Contesta la señora ministra citando los artículos
148.1.10 y 149.1.22 de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de
Andalucía, artículo 13.12, y la propia Ley de Aguas, donde se reserva
al Estado la competencia exclusiva en todas aquellas cuencas
intercomunitarias. Termina su intervención negando que se hayan
perdido cuatro años en política de aguas y explica las muchas obras
acometidas por el Gobierno.
Replica el señor Centella Gómez, duplicando la señora ministra de
Medio Ambiente.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Rubiales
Torrejón, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y De Lara
Carbó, del GrupoParlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno para
avanzar en la democracia interna de las sociedades mercantiles y, en
concreto, en una regulación de las opciones sobre acciones . . .
(Página 14909)
Defiende la interpelación el señor López Garrido, del Grupo
Parlamentario Mixto. Subraya en primer lugar el escándalo que
significa la cuestión de las opciones sobre acciones decidida en la
cúpula de Telefónica y la importancia económica y social en cuanto a
los accionistas de Telefónica o de otras empresas. Asegura que la
sociedad española en su
conjunto rechaza frontalmente lo sucedido en Telefónica, en lo que el
Gobierno tiene una gran responsabilidad y la obligación de responder,
primero, valorándolo y, segundo, tomando algún tipo de medida al
respecto suficiente y eficaz. Se refiere a la Comisión Olivencia y
considera que lo sucedido con Telefónica y con Terra es exactamente
lo contrario de los objetivos y decisiones políticas del Gobierno
respecto de todo el proceso de privatización.
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda (De Rato Figaredo), en nombre del Gobierno, anuncia que sólo
va a contestar a las cuestiones nuevas planteadas por el señor López
Garrido en relación con el tema de la opciones sobre acciones, puesto
que han estado debatiendo sobre el mismo tema durante más de una
hora. En cuanto a la acusación de que existió información
privilegiada, le recuerda que por encima de 75 millones de beneficio
es un delito, según el Código Penal, del que el señor López Garrido
fue ponente, por lo que supone que no perderá mucho tiempo en
dirigirse a los tribunales. Por otra parte, considera que el señor
López Garrido ha hecho juicios de valor sobre las personas que forman
parte de los consejos de administración de las empresas privatizadas
al decir que no son independientes, no está de acuerdo con la
afirmación de que la evolución de las empresas por encima del mercado
se debe exclusivamente a razones fortuitas y no a la gestión llevada
a cabo en dichas empresas, y rechaza todas las acusaciones del señor
interpelante.
Replica el señor López Garrido, duplicando el señor vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Martínez Noval, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y
Martínez- Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FUENTES GALLARDO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES:
¿CREE EL MINISTRO DE
EXTERIORES QUE A PESAR DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE ESTÁ
INCURSO EL SEÑOR ESPINOSA DEBE SEGUIR SIENDO EL MÁXIMO RESPONSABLE DE
LA AGENCIA ESTATAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI)? (Número de
expediente 180/002015.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas orales al Gobierno, empezando
por la pregunta que va a responder el vicepresidente primero del
Gobierno y que formula, con el número 8, el diputado don Francisco
Fuentes Gallardo, del Grupo Socialista.
Señor Fuentes.
El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.
No pude realizar esta pregunta en la última sesión de control
parlamentario porque el señor ministro alegó una enfermedad
imaginaria para no comparecer en esta Cámara y que pareciese que el
cese disfrazado de dimisión del señor secretario general de la
Agencia, señor Espinosa, era consecuencia de la pregunta de este
diputado.
El secretario de Estado de Cooperación, señor Villalonga, familia de
otro Villalonga famoso, el de Telefónica -fíjese, señor
vicepresidente, qué ironías del destino, un Villalonga en la
solidaridad y un Villalonga en la rapiña del capitalismo salvaje-...
(Varios señores diputados: ¡Toma ya!-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor FUENTES GALLARDO: Como decía, señor presidente, el señor
Villalonga se empecinó en mantener al señor Espinosa cuando todo el
mundo sabía que su situación era insostenible. El señor Espinosa está
imputado por el uso fraudulento de fondos públicos cuando era
secretario general de la patronal valenciana; el señor Espinosa está
procesado por la quiebra fraudulenta de la empresa Rovima; el señor
Espinosa ha concedido subvenciones millonarias a una ONG creada ex
profeso por antiguos colaboradores suyos en la patronal valenciana.
Pues bien, a esta prenda la han tenido ustedes cuatro años como
responsable de una institución que maneja decenas de miles de
millones de pesetas. Y ahora ustedes, en una actitud piadosa que les
honra, quieren darle un merecido descanso para que prepare con
sosiego sus múltiples comparecencias judiciales. Pero usted debería
explicarnos esta tarde por qué ha permitido que la Agencia Española
de Cooperación haya estado dirigida durante cuatro años por una
persona como ésta, con unos antecedentes que ustedes conocían.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuentes.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente,
señorías.
Como sabe todo el mundo, el señor Espinosa, secretario general de la
AECI, cesó a petición propia y fue sustituido el pasado viernes, por
acuerdo del Consejo de Ministros. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, les llamo al orden! Lamento
seriamente no saber quién ha proferido esa palabra, que espero no
figure en el «Diario de Sesiones» y que avergüence al que lo ha
hecho. (Varios señores diputados: ¡Cobarde, cobarde, que dé la cara!)
Señor Fuentes.
El señor FUENTES GALLARDO: Cuatro cosas, señor presidente. A este
paso vamos a tener que pedir certificados médicos para que ustedes no
se inventen enfermedades para eludir comparecer ante esta Cámara. En
segundo lugar, la única explicación verosímil que yo encuentro para
saber por qué han mantenido al señor Espinosa es porque este señor ha
debido hacer servicios muy importantes al Partido Popular, que no
conozco, aunque pueda imaginarlos. Como ya conocemos la estructura de
este debate y sabemos cómo lo utiliza, señor vicepresidente, usted
ahora no va a responder, usted se pondrá estupendo, pero sepa que ya
no da miedo a nadie y que usted es un claro ejemplo de que la ficción
del guiñol supera la realidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuentes.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez-Cascos Fernández): Yo comprendo las dificultades
que tiene el señor diputado, y probablemente cualquier diputado del
Grupo Socialista, para hablar en un día como hoy sobre procesos
judiciales, las comprendo. (Aplausos.) La pregunta se refiere a
responsabilidades políticas derivadas de los procesos judiciales. No
sé si la han leído, pero esa es la pregunta. Y, efectivamente, don
Luis Espinosa está imputado en un proceso que llevó hace diez años a
la quiebra de la empresa Rovima, S.A. En el momento de iniciarse el
procedimiento concursal de esta empresa, don Luis Espinosa ya no era
ni apoderado ni miembro del consejo de administración de la misma. De
todos los acreedores parte en el proceso de quiebra, sólo uno y como
acusación de parte -repito, sólo uno y como acusación de parte-
considera que don Luis Espinosa tiene alguna responsabilidad. El
resto no encuentra que existan cargos, incluida la Fiscalía, que
puedan hacer responsable de la quiebra al señor Espinosa. A pesar de
eso, el pasado viernes, después de haber comparecido en el mes de
marzo a testificar como imputado, el señor Espinosa cesó a petición
propia. Lo que querría saber es cuál es la doctrina que, en relación
con las imputaciones en
los procesos judiciales, cree usted conveniente que afecte a los
miembros de este Gobierno. Sobre todo, si es la misma cuando el
afectado es un alto cargo del Gobierno o del Partido Popular y si
tiene alguna relación su doctrina con la aceptación de
responsabilidades cuando los imputados son del Partido Socialista. Si
usted cree que se debe aplicar la misma doctrina y, sobre todo, si
esa doctrina, durante estos días y en tiempos pasados, usted se la ha
explicado a sus compañeros de grupo parlamentario, no sea que ésta
sea una posición personal que no vincule a sus compañeros. (Rumores.)
Y especialmente dígaselo -por correo, porque no suele venir por aquí-
al que, hablando de temas de justicia, lo último y mejor que ha hecho
es acusar a la justicia española de justicia colonial o acusar a la
justicia española de ser un teatro de guiñol. Dígaselo a él para
tomar en serio a la justicia. (Aplausos.- El señor Martínez Noval: ¡A
Piqué, díselo a Piqué, que está en el Supremo!-Otro señor diputado:
¡Y a Arias-Salgado!-El señor Pascual Monzó pronuncia palabras que no
se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Gracias. ¡Señor Pascual!
- DE LA DIPUTADA DOÑA BEGOÑA LASAGABASTER OLAZÁBAL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA MINISTRA
DE JUSTICIA: ¿CUÁNDO VA A PROCEDER EL MINISTERIO DE JUSTICIA A
NORMALIZAR LOS LIBROS DE REGISTRO EN AQUELLAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CON LENGUA OFICIAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS DERECHOS DE LOS
CIUDADANOS DERIVADOS DE LA COOFICIALIDAD LINGÜÍSTICA? (Número de
expediente 180/002034.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a seguir con Justicia, que es el
Ministerio al que corresponde la pregunta que con el número 9 formula
doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Justicia, ¿cuándo va a proceder su Ministerio a
normalizar los libros de registro en aquellas comunidades autónomas
con lengua oficial propia, para dar cumplimiento a los derechos de
los ciudadanos derivados de la cooficialidad lingüística?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, la posibilidad que S.S. me manifiesta en este momento sabe
que se encuentra pendiente de una sentencia de lo contencioso-
administrativo ante el Tribunal
Supremo con referencia al Registro Mercantil. La resolución de ese
recurso será la que hará viable o no la consignación en los asientos
que S.S. pretende.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, una vez más planteamos en esta Cámara y en el ámbito
de su Ministerio una cuestión relativa a un tema importante, que es
el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos en materia de
cooficialidad lingüística. En este caso hacemos referencia al
Registro Civil y, en concreto, a los libros de registro.
Efectivamente, en los registros civiles del País Vasco, si bien se
dispone de modelos impresos de certificaciones bilingües y los
propios libros de familia se expiden en ambos idiomas, lo cierto es
que los libros de registro, nacimientos, matrimonios y defunciones
sólo se presentan en lengua castellana. Como consecuencia de ello,
las certificaciones literales, tanto en su modelo como en sus
inscripciones, sólo se realizan en castellano, entendiendo, desde
nuestro punto de vista, que tal circunstancia va en contra, directa o
indirectamente, de lo establecido en el artículo 6 de la Ley básica
de normalización del uso del euskera, de 1982, y, cómo no, del propio
Estatuto de Autonomía del País Vasco; unas normas que no sólo
contienen los derechos de los ciudadanos, sino -todavía más
importante- las obligaciones que penden sobre las administraciones de
garantizarlos e impulsarlos. En este marco, la señora ministra es
perfecta conocedora del gran esfuerzo que está realizando el Gobierno
vasco, y en concreto el departamento de Justicia, así como las
instituciones competentes en materia lingüística, para normalizar en
euskera todos los libros, formularios y modelos de tramitación, de
forma que se pueda posibilitar la eficacia real del bilingüismo en la
Administración de justicia.
Señora ministra, entendemos que su Ministerio no puede ser ajeno a
ese gran esfuerzo y debe posibilitar, en este caso a través del
cumplimiento de lo que le pedimos, ese gran objetivo. No le pedimos
nada que no esté contemplado, regulado, aprobado, incluso ni
mandatado por esta Cámara, como es la proposición no de ley de 15 de
marzo de 1999, en virtud de la cual se instaba al Gobierno a impulsar
medidas que hagan efectivo el deber de la Administración de justicia
de servir a los ciudadanos sin discriminación lingüística de ningún
tipo. Esperamos y confiamos en que así sea, señora ministra, y que
habilitará esos procedimientos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Efectivamente, S.S. conoce que el marco jurídico actual es el que ha
establecido la sentencia 87/1997, de 24 de abril, del Tribunal
Constitucional, que supone que la publicidad registral y los títulos
y solicitudes presentados a inscripción en los registros se hará a
opción del interesado en cualquiera de las lenguas cooficiales. El
Ministerio de Justicia continuamente ha estado dictando los
reglamentos suficientes como para que esta obligación se cumpla de
manera rigurosa. No obstante, el Estado, para facilitar el acceso a
los registros de los idiomas oficiales distintos al castellano, ha
realizado reformas reglamentarias y adecuado los diferentes modelos
bilingües para los impresos. Su señoría me insiste en que lo que hace
falta es que los asientos registrales sean en lengua cooficial, y yo
no tengo más remedio que remitirme a esa resolución de lo
contencioso- administrativo que, sin duda, dará un resultado para S.
S. satisfactorio.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON MANUEL GONZÁLEZ HERRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL HA SIDO LA
APORTACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA A LA MEJORA DEL PROYECTO DE
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL? (Número de expediente 180/002041.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 15,
formula el diputado don Manuel González Herrero, del Grupo Popular.
Señor González Herrero.
El señor GONZÁLEZ HERRERO: Muchas gracias, señor presidente, con
vuestra venia.
Señora ministro, ¿cuál ha sido la aportación del Ministerio de
Justicia a la mejora del proyecto de ventanilla única empresarial?
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministro,
por su respuesta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, dentro del plan de agilización y simplificación de la
normativa para la competitividad de la pyme existe el denominado
protocolo de colaboración para la mejora de las ventanillas únicas
empresariales. El Ministerio de Justicia se incorporó a dicho
protocolo el pasado día 10 de los corrientes mediante la firma
conjunta con el Ministerio de Administraciones Públicas, junto con
los presidentes de los colegios de registradores,
del Consejo General del Notariado y del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. Muchas gracias, señor
González-Herrero.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL
DESARROLLO INFORMÁTICO REALIZADO POR SU DEPARTAMENTO DURANTE ESTA
LEGISLATURA? (Número de expediente 180/002054.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 28,
formula doña Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Socialista.
Señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, supongo que ya debe saber que esta pregunta no iba
dirigida a usted, sino al ministro de Sanidad, pero su grupo
parlamentario o el propio Gobierno, al conocer el error de la
calificación de la misma, no ha consentido corregirlo y permitir así
que responda el señor Romay. Desconozco qué razones ha tenido el
Gobierno para no permitir que el ministro de Sanidad responda la
pregunta. Quizá el propio ministro no ha tenido el arrojo político
suficiente para contestarla, ya que afecta a la señora Martín Romay,
a quien le une una relación familiar. En cualquier caso, voy a
ejercer mi derecho a formularla y celebro que sea la ministra de
Justicia, garante de la legalidad vigente, quien la conteste.
Señor presidente, el ministro de Sanidad ha gastado en implantación
de sistemas informáticos casi 8.000 millones de pesetas en estos tres
años. Para el próximo ejercicio, tiene previsto gastar 10.000
millones más, pero la administración y la gestión de estos recursos
han sido realmente deplorables. Ha habido despilfarro, falta de
transparencia en los procesos de adjudicación e ineficacia en la
elección de los sistemas y en su desarrollo, hasta el punto de tener
que ser sustituidos tras dos años de implantación. Me refiero a los
TAIR, señora ministra, los terminales de control informático de las
recetas mediante los cuales se identifica al paciente, su enfermedad
y al médico que prescribe, todo ello -según ustedes- sin vulnerar la
confidencialidad de los enfermos. Compraron 20.000 terminales para
los centros de atención primaria. Cada aparato ha costado 183.000
pesetas, han gastado más de 3.500 millones en total y se ha mostrado
como un instrumento tan inservible que ustedes mismos lo han
retirado.
Señora ministra, alguien ha hecho aquí un buen negocio, pero la
gestión ante la Administración pública tiene que ser escrupulosamente
transparente y eficaz. Ustedes no han conseguido ni lo uno ni lo
otro. Las adjudicacionesse han realizado sin que mediara concurso
público; por
no perder tiempo, se siguió un rápido sistema digital. Una sola
empresa ha sido beneficiaria del 75 por ciento del material
informático adquirido por el Ministerio de Sanidad. Además, hay una
revista que ha informado recientemente que la responsable de los
servicios de informática del Ministerio de Sanidad es la sobrina del
señor ministro.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor presidente.
La pregunta que me habían turnado a mí decía exactamente: ¿cómo
valora el Gobierno el desarrollo informático realizado por su
departamento durante esta legislatura? No sé si es un error de S.S.
al presentar la pregunta o es un error al clasificarla pero,
evidentemente, la pregunta que S.S. ha realizado aquí hacia la
ministra de Justicia la ha reproducido porque sabe que la ministra de
Justicia no tiene datos en este momento para contestarle. Si S.S.
tuviera a bien hacerme una pregunta a mí de acuerdo con el trabajo
que desempeño en mi departamento, estaría muy gustosa en
respondérsela, señoría. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señorías, el Reglamento exige que, consumido el tiempo de la
preguntante en su primera intervención, que ha empleado como ha
considerado oportuno -por cierto, con cumplimiento estricto del
tiempo que tenía disponible-, y respondida que haya sido la pregunta
por el miembro del Gobierno... (Protestas.)
La serora LOPEZ I CHAMOSA: Es que tiene la pregunta por escrito.
El señor PRESIDENTE: Saben SS.SS. que la intención de la Presidencia
es informar a quien quiera escuchar, incluida la señora López i
Chamosa. La contestación del Gobierno puede hacerse por cualquiera de
sus miembros, de acuerdo con el artículo 188.3 y los usos inveterados
de la Cámara. Habiendo contestado la señora ministra de Justicia en
la forma que ha estimado oportuna, no cabe otro trámite, de acuerdo
precisamente con el Reglamento que se está invocando.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Es que no ha contestado.
- DEL DIPUTADO DON RAMÓN ANTONIO MORENO BUSTOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE
EL GOBIERNO EXPLICAR LAS RAZONES PARA REESTRUCTURAR EL EUROCUERPO?
(Número de expediente 180/002045.)
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, pasamos a la pregunta siguiente
que, al haberse retirado la del
señor Campuzano, que figuraba con el número 11, corresponde, con el
número 19, a don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, una de las lecciones más relevantes del
conflicto de Kosovo fue que, en caso de que hubiera que desplegar
tropas terrestres, bien para servir de elemento disuasorio durante
una crisis, bien para garantizar la paz y la reconstrucción tras el
conflicto, deberían ser desplegadas en un número significativo y en
un tiempo reducido. Paralelamente, también hemos podido aprender de
la guerra de Kosovo que Europa necesita contar con elementos y
capacidades militares suficientes para poder hacer frente a una
crisis y reaccionar de una manera autónoma, llegado el caso. Nos
parece que Europa no está falta de medios, pero que necesita sacar
mejor provecho de los que tiene hoy.
El Eurocuerpo nació con una clara vocación europeísta, pero habiendo
surgido a comienzos de los años noventa y ser producto de una
especial relación como lo era la franco-alemana, su orientación, a
pesar de los grandes logros conseguidos, pecaba de ser estática y
depender de los elementos más pesados de las Fuerzas Armadas,
lógicamente porque, como entonces se pensaba, daría respuesta a una
guerra clásica en las llanuras centroeuropeas.Pero, como digo, los
requerimientos para hacer frente a la crisis que se nos plantea, con
un marcado carácter de ayuda humanitaria y de apoyo a la paz, que se
desarrollan en lugares alejados de nuestro suelo, y en este caso
alejados de las bases de despliegue de las unidades del Eurocuerpo,
parecen exigir otro tipo de unidades más ligeras, que puedan ser
rápidamente desplegadas y estar plenamente operativas sobre el
terreno.
El Eurocuerpo reúne las características de estar integrado por cinco
países de la Unión Europea y contar con los medios para poder ser
eficaces políticamente al servicio de éstos y militarmente ante una
crisis. Por todo ello, señor ministro, le quiero hacer la siguiente
pregunta: ¿puede el Gobierno explicar las razones para reestructurar
el Eurocuerpo?
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moreno.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor
presidente. Muchas gracias, señoría.Le respondo con mucho gusto, y
además debo decir, en primer lugar, que las claves de la contestación
las da su propia señoría al formular la pregunta.
Para comprender el proceso de reestructuración que queremos realizar
con el Eurocuerpo debemos tener en cuenta, en primer lugar, el
cambiante entorno de seguridad europea y los avances que se están
dando en el
terreno de una defensa de los europeos y por los europeos. Ahora hace
un año, señor presidente, de la cumbre de Saint-Malo, en donde se
vino a constatar una realidad estratégica -y esto creo, señorías, que
es importante para toda la Cámara-: si Europa quiere jugar un papel
relevante, más activo, más protagonista en el mundo actual, Europa
debe ser capaz de contar con una defensa propia. Este espíritu de
Saint-Malo se ha visto reforzado por la realidad del conflicto de
Kosovo y por las declaraciones que se han hecho durante la cumbre de
Colonia.
Para empezar, la Unión Europea ha comenzado a dotarse de los
mecanismos de decisión que permitan a sus miembros abordar con
eficacia problemas y acciones en el ámbito de las llamadas acciones
Petersberg, gestión de crisis, ayuda humanitaria y apoyo a la paz.
Así, se nombra al señor Pesc, se permite que el Consejo de Asuntos
Generales se pueda reunir de manera constante y continuada con los
ministros de Exteriores y de Defensa y se pone en marcha un entramado
institucional de apoyo a la política exterior de seguridad y defensa
común compuesto por un comité político-militar, reuniones de los
representantes militares y el establecimiento de un cuartel general
europeo.
De modo paralelo, el conflicto de Kosovo nos ha enseñado que los
europeos debemos ser capaces de contar con unas capacidades militares
mínimas que garanticen la autonomía de decisión,si llega el caso. En
el seno de la Alianza Atlántica se están dando pasos en este terreno
bajo la rúbrica de iniciativa de capacidades de defensa,
esencialmente para asegurar una misma marcha en los aspectos
tecnológicos de las comunicaciones del mando y del control. En este
sentido, los países miembros del Eurocuerpo hemos acordado
reestructurarlo para hacerlo una unidad más acorde con las
circunstancias del momento, una unidad que pueda convertirse en
unidad de acción inmediata, y puedo comunicar a la Cámara que, con
fecha de ayer, en la cumbre de Luxemburgo se ha acordado que pueda
ofrecerse para ser la sustituta del cuartel general en Kosovo y, por
tanto, una relevancia europea clara y notoria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL GOBIERNO
INFORMAR SOBRE LAS TAREAS DESARROLLADAS POR LAS TROPAS ESPAÑOLAS EN
LA KFOR? (Número de expediente 180/002046.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que con el número 20
formula el diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Popular.
Señor de Torres.
El señor DE TORRES GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, en el Pleno celebrado el día 16 de junio pasado, el
portavoz del Grupo Socialista -que, por cierto, hoy está muy
vocinglero- (Rumores.) reprochó a este Gobierno la tardanza de las
tropas españolas en intervenir en Kosovo; acusó al Gobierno del
Partido Popular de haber actuado con incapacidad, irresponsabilidad e
irrelevancia en el conflicto. Pues bien, hoy, y ya en el cuarto año
de este Gobierno, España mantiene una muy capaz, responsable,
relevante y destacada participación en operaciones de paz que
promueven la estabilidad y la seguridad en zonas alejadas de
nosotros, en las que los conflictos, además de suponer un riesgo para
nuestra defensa, son un clamor para los sentimientos humanos más
elementales.Con este propósito, el Gobierno decidió la aportación de
fuerzas nacionales a la operación de la OTAN como apoyo al plan de
paz de Kosovo. Desde finales de junio, militares españoles
contribuyen a garantizar la seguridad en la región, para que el
retorno de los refugiados y la convivencia de todos sus habitantes se
pueda realizar en libertad. Esta labor solidaria hay que ponerla de
manifiesto para conocimiento de todos y como reconocimiento a
nuestras Fuerzas Armadas. Por eso le pido que informe sobre las
tareas desarrolladas por las tropas españolas en la KFOR.
Muchas gracias, señor presidente. (Varios señores diputados del Grupo
Socialista: Muy bien.- El señor Yáñez-Barnuevo García: ¡Bravo!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor de Torres. ¡Señor de
Torres, le llamo al orden! Y llamo la atención a SS.SS. sobre la
innecesariedad de referirse a terceros diputados de la Cámara en el
momento de las intervenciones que van dirigidas al Gobierno. Pero le
llamo seriamente al orden por el gesto que estoy seguro habrá sido
involuntario y que damos, por tanto, por retirado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
presidente. Gracias, señoría.
Creo que la contestación es muy clara. Los objetivos son verificar e
imponer, si fuera necesario, el acuerdo técnico-militar y el
compromiso de desmilitarización de la UÇK, establecer un ambiente
seguro que posibilite el retorno de refugiados y desplazados y
facilitar el cumplimiento de las misiones de las Naciones Unidas y de
otras organizaciones internacionales, así como contribuir a un
ambiente de seguridad pública, bajo el auspicio de la ONU. Para ello
se creó la KFOR. España, señorías, participa con un contingente de
1.200 efectivos integrados en su mayor parte en la brigada
multinacional oeste, junto con italianos, portugueses y un centenar
de argentinos. Es muy complicado, señorías, exponer con brevedad todo
lo que ha realizado el contingente español, pero quizá puedan servir
de referencia los siguientes datos: 4.026 patrullas; 1.287 puntos
de control; 1.567 custodias de puntos sensibles; 245 escoltas de
convoyes; requisadas unas 300 armas y más de 10.000 cartuchos de
munición y llevado a cabo el registro de más de 35.000 personas, más
de 14.000 vehículos y más de 1.650 viviendas.
En cualquier caso, señor presidente, señorías, me gustaría aprovechar
la pregunta para realizar una reflexión más genérica sobre la
contribución española. Desde hace años España se está erigiendo en un
país europeo señero por su contribución a las operaciones de
mantenimiento y apoyo de la paz. Entre lo que tenemos en Kosovo y la
misión que continúa en Bosnia, las tropas desplegadas en los Balcanes
suman un total de 2.800 efectivos, es decir, el 4 por ciento del
total de los europeos desplegados, 4 por ciento, señor presidente. Si
a ello se le añade que por cada persona allí hay dos personas en
territorio español, llegamos a la conclusión de que 8.400 personas,
el 5 por ciento de nuestras Fuerzas Armadas, están hoy dedicadas a
operaciones de mantenimiento de la paz. Esto sólo es posible con los
procesos de profesionalización y modernización. La Cámara, estoy
seguro, es consciente de la importancia que tiene para el papel de
España en Europa el poder contribuir a estas operaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO MARÍN IZQUIERDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁNTAS CONEXIONES A INTERNET HAY ACTUALMENTE EN EL TERRITORIO MEC?
(Número de expediente 180/002042.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá en nombre
del Gobierno el ministro de Educación y Cultura, comenzando por la
que con el número 16 formulará el diputado don José Ignacio Marín
Izquierdo, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Marín.
El señor MARÍN IZQUIERDO: Gracias, presidente.
Señor ministro, las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación suponen hoy día una innovación esencial que modifica el
tipo de sociedad en la que vivimos. Esta revolución del conocimiento,
focalizada en el capital intelectual y en la creatividad de las
personas, convierte en realidad una sociedad global del conocimiento.
Estas tecnologías cambian nuestros trabajos y nuestras vidas y el
sistema educativo debe adaptarse para cumplir su misión esencial,
cual es preparar a los individuos para el trabajo y para la vida y,
en particular, preparar también para una de las tareas decisivas en
el futuro: desarrollar la capacidad de convertir la información en
conocimiento.El Ministerio de Educación, consciente de su valor
estratégico, ha priorizado esta área impulsando el programa de nuevas
tecnologías
e intensificando sus acciones y ampliando su campo de
actuación, desarrollado en tres apartados fundamentales: la
televisión educativa, que moviliza actualmente importantes recursos
para potenciar la formación a través de televisión, extendiendo el
sistema educativo a colectivos con dificultades para recibir
educación presencial; el programa Aldea Digital, que nace como
consecuencia de la apuesta de su Ministerio por incrementar la
calidad de la enseñanza en el medio rural a través del potencial
educativo de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, y de las posibilidades que ofrece la configuración de
un campus virtual abierto al conocimiento; y la conexión a Internet
de los centros, que multiplica la eficacia de los ordenadores como
herramienta de aprendizaje y genera una red donde profesores, padres
y alumnos pueden compartir el conocimiento y ampliar sus
posibilidades de autoformación. De la importancia e impacto de este
sistema en la preparación del futuro es conocedor el Ministerio, que
ha dado un fuerte impulso a la conexión a Internet de profesores y
centros en esta legislatura a través del servidor del programa de
nuevas tecnologías. Reflejo también de la sensibilidad del Ministerio
es la importante apuesta por el programa relativo a tecnologías
aplicadas a la educación en el proyecto de presupuestos para el año
2000, con el objetivo de continuar creando infraestructuras que
posibiliten el acceso de los escolares a la sociedad de la
información.
Por ello, señor ministro, y con el objetivo añadido de que la
información que le solicito sirva a algún destacado miembro del Grupo
Socialista para evitar plantear propuestas electoralistas sobre
actuaciones ya realizadas, le pregunto: ¿Cuántas conexiones a
Internet hay actualmente en el territorio MEC?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marín Izquierdo.
Señor ministro de Educación y Cultura.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Marín, actualmente el Ministerio de Educación y Cultura
proporciona un total de 51.000 cuentas gratuitas de acceso a Internet
y es el mayor proveedor educativo de Internet en España. De estas
cuentas 3.180 corresponden a colegios, 1.280 a institutos y 174
a centros de profesores. Esto significa que de un total de 5.653
centros públicos 4.521 tienen conexión a Internet. Es decir, el 75
por ciento de los centros de primaria, el 92 por ciento de los
centros de secundaria y el 91 por ciento de los centros de profesores
ya tienen acceso gratuito a Internet. El resto de cuentas se
distribuye de la siguiente forma: 33.355 cuentas de acceso para
profesores, 82 cuentas para profesores de aulas hospitalarias, 180
cuentas para bibliotecarios de bibliotecas públicas del Estado, 2.279
cuentas para profesores de comunidades autónomas con competencias en
materia educativa, personal de unidades de programaseducativos,
personal de la inspección técnica de Educación
y de los servicios centrales del MEC; y por último, 7.716 cuentas
para alumnos de formación no reglada a distancia. (El señor
vicepresidente, FernándezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Además, en el día de ayer firmamos un convenio con Retevisión que
supondrá unas inversiones adicionales en toda España cercanas a los
10.000 millones de pesetas. Estas inversiones estarán destinadas
fundamentalmente a desarrollar las aplicaciones de las tecnologías de
la información y la comunicación en el ámbito escolar, y en concreto
para apoyar el proyecto Aldea Digital del Ministerio de Educación y
Cultura al que usted ha hecho referencia. Como SS.SS. saben, Aldea
Digital es un programa para llevar las más avanzadas tecnologías de
la información y la comunicación al ámbito rural, es decir, a las
escuelas rurales de las zonas más despobladas. Se dota a las pequeñas
escuelas rurales con infraestructuras informáticas, conexión a
Internet y software educativo, y se forma a los profesores de dichas
escuelas en el uso educativo de estas tecnologías y de Internet.
Cuando concluya durante el presente curso la implantación de Aldea
Digital, un total de 71.741 alumnos de 2.493 pequeñas localidades
gozarán de las más avanzadas tecnologías de la información aplicadas
a la educación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO VALCARCE GARCÍA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO
MODIFICAR LA LLAMADA ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN EN LA ENSEÑANZA NO
UNIVERSITARIA? (Número de expediente 180/002051.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
25, que formula doña Amparo Valcarce García, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: ¿Tiene previsto el Gobierno modificar la
llamada alternativa a la religión en la enseñanza no universitaria?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor ministro de Educación y Cultura.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): No.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor ministro, ha sido usted contundente,
pero me permitirá que haga referencia a alguna manifestación que
usted mismo ha realizado en el sentido de que desearía que la
alternativa a la religión fuese una ética como la que ya hubo; una
vuelta al pasado, señor ministro. Por otra parte, hemos tenido
conocimiento a través de diferentes medios de comunicación -El País
lo ha recogido ampliamente, pero también otros medios de comunicación
profesionales como Escuela Española- de un borrador de real decreto
por el que se modifica la alternativa a la religión. Su departamento
no lo ha desmentido.
Señor ministro, quiero decirle que nosotros, los socialistas, no
cuestionaremos que el Gobierno modifique por norma la alternativa a
la religión o cualquier otra norma jurídica, pero lo que sí queremos
que quede muy claro es que debería hacerse conforme a las sentencias
del Tribunal Supremo y también con un amplio consenso político y
social. El borrador que hemos conocido, señor ministro, desde luego
ha causado auténtica alarma social. Lo ha hecho, en primer lugar,
porque no respeta sentencias del Tribunal Supremo; en segundo lugar,
porque va a ampliar la enseñanza de la religión hacia enseñanzas que
hasta ahora no la contemplaban, como la formación profesional, pero
sobre todo porque nosotros entendemos -y ha habido un amplísimo
consenso en esta materia- que la enseñanza de los valores cívicos en
la educación es esencial y, desde luego, la alternativa no puede ser
la religión, ni la religión puede sustituirlos. Nosotros queremos que
respete las sentencias del Tribunal Supremo y el consenso básico, y
sobre todo consideramos muy importante que busque usted el acuerdo no
sólo con la Conferencia Episcopal, porque de ese modo irá usted por
un camino confesional altamente peligroso. Lo que sale del borrador
que hemos conocido nos preocupa porque destila un tufo
inconstitucional. Esperamos que ese borrador no salga adelante y
también esperamos que hoy nos diga si la alternativa a la religión va
a ser ética obligatoria, evaluable y con notas que cuenten para becas
y para las medias de selectividad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Valcarce.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.
Señora Valcarce, antes de nada quisiera decirle una cosa con toda
cordialidad. En los años que llevo asumiendo responsabilidades
ministeriales acostumbro a responsabilizarme de lo que yo hago,
presento a la opinión pública y digo; de lo que hacen, dicen y
presentan a la opinión pública los medios de comunicación o
cualesquiera otras personas lógicamente deben responsabilizarse
ellos. Por tanto, yo me responsabilizo de lo que presento ante esta
Cámara o ante otros órganos, en el caso del Ministerio de Educación,
como pueden ser
la conferencia sectorial de educación, el Consejo de Universidades,
el Consejo Escolar del Estado u otros; de lo que digan los
periódicos, sintiéndolo mucho, no me responsabilizo.
Dicho esto, estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho
usted y no estoy de acuerdo con otras. En primer lugar, estoy de
acuerdo en que es bueno buscar el consenso en esta materia. A lo
largo de los meses que llevo como ministro de Educación he tenido
conversaciones con diferentes responsables de la comunidad educativa,
con sindicatos, con asociaciones de padres, con la Conferencia
Episcopal y con partidos políticos, incluso con el partido del que
usted forma parte; por tanto, soy partidario del consenso.En segundo
lugar, no estoy de acuerdo en que haya habido nunca un consenso en
esta materia, porque la normativa aprobada en su día -toda- no fue
aprobada por consenso, fue una normativa aprobada unilateralmente por
ustedes y que produjo, como usted muy bien sabe, diferentes recursos
ante el Tribunal Supremo. Por tanto, en eso no estoy de acuerdo.En
tercer lugar, tampoco estoy de acuerdo con que eso que han publicado
los medios de comunicación haya provocado alarma social; unos se han
posicionado a favor y otros en contra. En cuarto lugar, nunca haría
un decreto, como puede perfectamente entender, que vulnerase ninguna
sentencia del Tribunal Supremo; por lo menos ésa nunca sería mi
intención. En quinto lugar, quiero señalarle que lo que sí creo que
probablemente deberemos debatir cuando pase el fragor preelectoral es
si es bueno o malo que los escolares españoles estudien la historia
de las religiones, estudien determinados tipos de valores y lo hagan
bien desde una perspectiva laica o desde una perspectiva confesional
de la religión católica, de la religión islámica, de la judaica o de
la musulmana, que son las religiones que en este momento se estudian
en España. Por tanto, hay que actuar con moderación y equilibrio y yo
creo que algunas pruebas se han dado.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
- DEL DIPUTADO DON TOMÁS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA
VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE LA
COMISIÓN EUROPEA DE PROHIBICIÓN DE DETERMINADOS ADITIVOS PRESENTES EN
EL PVC BLANDO DE POSIBLE UTILIZACIÓN POR LOS NIÑOS? (Número de
expediente 180/002043.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno y que contestará el señor ministro de Sanidad y
Consumo. Pregunta
número 17, que formula don Tomás Burgos Gallego, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el debate sobre el eventual riesgo para la salud de
la ingesta por migración de stalatos, que como SS.SS. conocen son
plastificantes empleados para dar flexibilidad a determinados objetos
para uso infantil, ha sido intenso en los últimos tiempos y ha estado
viciado en algunos casos por la defensa de intereses en conflicto,
las informaciones contradictorias o las posiciones maximalistas de
algunos sectores en la Unión Europea. Frente a esto el Gobierno del
Partido Popular siempre ha puesto la salud de los consumidores por
encima de cualquier otra consideración y siempre ha buscado líneas de
actuación basadas en el consenso internacional y sobre todo en la
evidencia científica. Por ello quiero destacar en este trámite que la
actuación de su Ministerio ha sido impecable. El Gobierno de España
fue el primero que demandó a la Unión Europea un criterio único a la
hora de medir dichos plastificantes y su autorización. El Gobierno de
España siempre ha defendido que las medidas a tomar tuvieran como
referencia técnica el dictamen emitido por el comité de toxicidad de
la Unión Europea y no el seguidismo de titulares de prensa u otras
posiciones interesadas. El Gobierno de España siempre ha defendido
también la retirada de cuantos productos superaran unos determinados
límites permitidos o la totalidad cuando así lo aconsejara la salud
de los consumidores, en este caso infantiles, que por eso nos merecen
una consideración especial. En definitiva, el Gobierno de España
siempre ha sostenido en colaboración con las comunidades autónomas un
estricto control del mercado para hacer frente a cualquier riesgo
derivado de la utilización de estas sustancias. Por tanto, el
Gobierno de España siempre ha estado vigilante, de acuerdo con el más
exigente principio de precaución y de acción preventiva. Ha extremado
los controles y ha impulsado la urgente e imprescindible acción común
de la Unión Europea. Ahora, finalmente, la Comisión Europea acaba de
presentar una propuesta de prohibición de artículos de PVC blandos
con stalatos y, consciente de la actitud responsable, sensata,
rigurosa y comprometida con las mayores garantías de los consumidores
que usted ha venido defendiendo a lo largo de su etapa de gestión, le
hago la pregunta que figura en el orden del día.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Burgos.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
La intervención de S.S., señor Burgos, es una excelente síntesis del
estado de la cuestión. La novedad en
este ámbito se produce por la adopción por la Comisión Europea de una
propuesta de decisión que debe ser informada por el comité de
urgencia previsto en la directiva sobre seguridad de productos. La
propuesta de decisión de la Comisión es en concreto la siguiente:
estudiar una directiva que armonice las legislaciones de los Estados
miembros en relación con la utilización de talatos en los juguetes y
artículos de puericultura, prohibiendo la comercialización de
juguetes y artículos de PVC blando destinados directamente a entrar
en contacto con la saliva y dirigidos a menores de tres años. Y como
medida transitoria, dado que esta directiva difícilmente entrará en
vigor antes de dos años, la Comisión ha propuesto prohibir la
comercialización de los juguetes de PVC blando que contenga más de un
0,1 por ciento en peso de uno o más determinados talatos.
El pasado lunes día 22 se reunió el comité de urgencia para informar
la propuesta de la Comisión y votar sobre su contenido, pero la
Comisión decidió no presentarla todavía. Primero, porque mañana 25 de
noviembre está prevista una reunión del comité científico de
toxicidad, ecotoxicidad y medio ambiente de la Unión Europea en el
que este órgano completará su dictamen anterior sobre este asunto del
24 de abril de 1998. En segundo lugar, porque la Asociación europea
del sector de juguetes ha propuesto a la Comisión la retirada
voluntaria del mercado de todos los chupetes y mordedores que
contengan talatos. Sigue, pues, pendiente la propuesta definitiva de
la Comisión y el dictamen preceptivo del comité de urgencia. España
puede aguardar con tranquilidad esta decisión, ya que en 1998, a raíz
del dictamen del comité de toxicidad, las autoridades españolas,
comunidades autónomas e Instituto Nacional del Consumo adoptaron
inmediatamente la recomendación no vinculante de la Comisión Europea
de 1º de julio sobre el control de estos productos, prohibiendo los
que superaran unos determinados límites, esos que están ahora mismo
sobre el tapete. Obviamente, nuestro país está siguiendo muy de cerca
el desarrollo de los acontecimientos con vistas a garantizar con toda
eficacia la seguridad de la población infantil.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO GIL MELGAREJO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN
QUÉ CONSISTE EL PROTOCOLO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD DE LA
INSTRUMENTACIÓN EN MEDICINA NUCLEAR ELABORADO POR LAS SOCIEDADES
CIENTÍFICAS? (Número de expediente 180/002044.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
18, que formula don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Gil.
El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, los cambios que en los últimos
años vienen produciéndose en el mundo de la salud, en el mundo de la
medicina, son de tal envergadura e importancia que muy bien podemos
decir que nos encontramos en una etapa de verdadera revolución
tecnológica en donde los métodos de prevención, de diagnóstico y de
tratamiento cambian día a día. A esa revolución tecnológica se le une
la preocupación de las autoridades sanitarias, las sociedades
científicas, los médicos, la enfermería, los profesionales de la
salud en una palabra, y los pacientes por la mejor aplicación de esos
métodos que se derivan de esta nueva tecnología, unos por su
responsabilidad política, otros por su responsabilidad científica,
otros por su contacto directo con la realidad cotidiana, médico,
enfermería, paciente, y todos por hacer el acto médico de la manera
más eficaz, más segura y con un alto grado de calidad. Una de las
herramientas que se han demostrado como la más válidas en el
cumplimiento de estos objetivos de eficacia, eficiencia, seguridad y
de alta calidad son los protocolos, cuya confección implica a todas
esas partes y que se hacen más necesarios cuanto más sofisticados
sean los métodos a emplear.
Por eso, señor ministro, en nombre del Grupo Parlamentario Popular le
formulo la siguiente pregunta: ¿En qué consiste el protocolo nacional
de control de calidad de la instrumentación en medicina nuclear
elaborado por las sociedades científicas?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias,
señor presidente, muchas gracias, señoría.
La implantación efectiva de los principios de protección radiológica
en la utilización de radiaciones ionizantes con fines médicos se va
haciendo cada vez más patente debido a su incorporación a la
legislación y a la sensibilización de los profesionales y del
público, en línea con la puesta a punto de los medios de defensa ante
la utilización de tecnologías avanzadas como ésta de la que estamos
hablando. Diversas organizaciones internacionales desarrollan
programas de garantía de calidad y de protección radiológica y
también la OMS ha desempeñado en la materia un importante papel. En
España está establecida por nuestra legislación la obligación de
implantar en todos los centros sanitarios que cuenten con unidades
asistenciales de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear un
programa de garantía de calidad elaborado de acuerdo con protocolos,
a los que S.S. se refería, establecidos para tal fin, aceptados y
refrendados por sociedades científicas competentes. De acuerdo con
esta realidad, el Ministerio,
junto con las sociedades españolas de protección radiológica, física
médica y medicina nuclear, ha promovido la creación de un protocolo
nacional de control de calidad en la instrumentación en medicina
nuclear, igual que se había realizado en otros campos de diagnóstico
y terapia con radiaciones ionizantes. El protocolo consta de aspectos
teóricos y de procedimientos. Trata de proporcionar una información
básica, detallada, que resuma de una manera simple los principios
físicos de la instrumentación, así como los aspectos teóricos sobre
análisis de la calidad de imagen, e incluye también un capítulo
dedicado a la dosimetría del paciente, otro a aspectos médicos de
control de calidad y el último a las características físicas de los
radionucleidos utilizados en medicina nuclear.
Entiendo, señor Gil Melgarejo, que todos debemos felicitarnos de la
excelente colaboración entre la Dirección General de Salud Pública y
los profesionales que día a día garantizan la calidad asistencial y
la protección radiológica del paciente. En el protocolo disponen de
una eficaz herramienta para garantizar la calidad asistencial en
medicina nuclear.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ÁNGELES AMADOR MILLÁN, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y
CONSUMO: ¿QUIERE EL MINISTRO DE SANIDAD EXPLICAR ANTE ESTA CÁMARA QUÉ
SIGNIFICA SU PROPUESTA DE QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN OPTAR ENTRE
HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS? (Número de expediente 180/002052.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
26, que formula doña Ángeles Amador Millán, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLÁN: Muchas gracias, señor presidente. ¿Quiere el
ministro de Sanidad explicar ante esta Cámara qué significa su
propuesta de que los ciudadanos puedan optar entre hospitales
públicos y privados?
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Mi propuesta significa, señoría, que los españoles en materia
sanitaria tengan los mismos derechos que los ciudadanos de los países
más avanzados de Europa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, su respuesta es antológica. Una vez más usted anuncia
una cosa, siempre fuera de aquí, y su Ministerio le rectifica a
continuación. La penúltima vez fue cuando usted dijo aquello de que
se había encontrado un billón de pesetas de deuda. ¿Se acuerda?
Porque no hace mucho. Lo dijo usted a la una de la tarde y a las
cinco aparecía un teletipo en el que su Ministerio decía que lo que
el ministro había querido decir era otra cosa. Ahora ha vuelto usted
a hacer lo mismo y esa explicación que usted nos da nos clarifica
poco. Lo que ocurre, señor ministro, es que se avecinan las
elecciones y usted ha querido renovar su compromiso electoral con su
clientela política y ha dicho fuera de aquí lo que usted y el Partido
Popular han defendido siempre. Oigan, si no, señorías, lo que está
escrito en el congreso que el Partido Popular realizó en el año 1994
bajo el título de sanidad en libertad: El objetivo es romper el
monopolio asistencial del Estado para que los ciudadanos puedan
elegir el prestador de asistencia sanitaria. La libre elección de
prestador supondrá a medio plazo que los actuales grupos
empresariales, que en la actualidad colaboran con el sistema nacional
de salud, triplicarán el número de pólizas públicas. Y esto lo han
renovado ustedes en su congreso de este año, flamante congreso
político del Partido Popular, donde se dice textualmente que el
objetivo permanente de las administraciones públicas es buscar sin
cansancio la forma de que sus prestaciones y actividad sean cada vez
menos necesarias. Esto es lo que ustedes piensan hacer con la sanidad
pública. Por eso, señor ministro, usted anuncia que va a seguir
derivando dinero público al sector privado, como ha hecho en estos
cuatro años, para que efectivamente sea intercambiable el sector
privado con el sector público, que no lo era cuando usted llegó.
Usted ha ido al siglo XXI, señor ministro, para volver a tiempos
atrás, cuando ustedes todavía no eran centristas, pero nosotros no
vamos a consentirlo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Amador.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señoría, que
a usted no le guste la libre elección, que de acuerdo con su
concepción intervencionista y burocrática de la política ustedes
prefieran
que el ciudadano no pueda elegir, lo comprendo. (Rumores.)
Afortunadamente algunos socialistas empiezan a cambiar y no piensa
así el señor García Vargas, incluso algunos gobiernos socialistas
dentro y fuera de España que empiezan a dar pasos en la buena
dirección. Es una pena que S.S., a su paso por el Ministerio, haya
perdido unos preciosos años para avanzar en la modernización y
europeización de nuestro sistema sanitario, y haya preferido mantener
inalterado ese sistema de mando y control centralizado, del que habla
el señor Blair, que ahoga la innovación y coloca las necesidades de
las instituciones por delante de la de los pacientes. Pero que me
acuse de cambiar ahora mi discurso para romper el sistema sanitario
público es el colmo del cinismo porque es falso y S.S. lo sabe.
En noviembre de 1994 escribí en un periódico de gran difusión que la
reforma sanitaria en España se debía plantear en tres claves bien
conocidas, una de las cuales era la libertad de elección de los
cuidadanos entre proveedores públicos o privados con financiación
pública. El programa del Partido Popular, el que se presentó a los
ciudadanos y con el que ganaron las elecciones en 1996, considera que
uno de los principios básicos de la política sanitaria es la
financiación pública y una provisión mixta que propicie la mejor
dirección de los recursos, con independencia de su titularidad. El
presidente Aznar, en el debate de investidura, afirmó que los
españoles desean un trato más personalizado, menores listas de espera
y más posibilidades de elección real de médico y hospital. La
libertad de elección de médico y centro concertado está en el acuerdo
parlamentario, aprobado aquí por una mayoría de la Cámara. ¿A qué
viene ahora rasgarse las vestiduras como si estuviéramos diciendo
algo nuevo? ¿A qué viene rasgarse las vestiduras porque se pueda
elegir el proveedor privado concertado, que fue lo que dije yo y no
tuve que rectificar nada? ¿Es que no se usa el sector privado ahora?
¿Es que no lo usaban ustedes? Ustedes no estaban contra el sector
privado. Les parecía bien mandar a la gente a dedo, burocráticamente,
a la clínica que ustedes querían. Les parece mal que puedan elegir,
aunque sea en un marco regulado como nosotros decimos. A ustedes no
les parece mal el sector privado, les parece mal la libertad.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSEP COROMINAS I BUSQUETA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA ÚLTIMA INFORMACIÓN
DISPONIBLE SOBRE LA SITUACIÓN DE LA LISTA DE ESPERA EN EL INSALUD?
(Número de expediente 180/002053.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
27, que formula don Josep Corominas i Busqueta, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, a lo largo de esta legislatura usted ha utilizado de
forma algo impúdica, como uno de los pocos temas estrella para
demostrar la bondad de su gestión al frente del Ministerio, la
reducción de las listas de espera tanto para las intervenciones
quirúrgicas como para las consultas externas hospitalarias y las
pruebas diagnósticas. Antes de su brillante gestión -y son sus
palabras-, el Sistema Nacional de Salud era incapaz de atender con la
agilidad y la eficacia deseables la demanda y las aspiraciones de los
ciudadanos. Hace meses que no está triunfando con este tema, ya que
no sólo nunca nos ha ofrecido datos sobre las listas de espera en las
consultas externas hospitalarias y las pruebas diagnósticas, sino que
incluso en las listas de espera quirúrgicas, aparte de inventarse
indicadores nuevos, como la espera media, no parece que estén
logrando los resultados esperados. Por ello le pregunto: ¿cuál es la
última información disponible sobre la situación de las listas de
espera en el Insalud?
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Corominas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Corominas, la última información disponible es que a 31 de
octubre pasado la demora media para intervenciones quirúrgicas era de
73 días, con una reducción de ocho días sobre la misma fecha de 1998,
y el número de pacientes con demora superior a seis meses 4.224, que
son 6.800 menos que en la misma fecha del año anterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ustedes lo que hacen es propaganda y maquillaje de
los datos para aparentar públicamente una realidad que no es la que
constatan los ciudadanos día a día. ¿Qué realidad es la que se
encuentran los ciudadanos? Eliminación de pacientes de las listas de
espera si no se ajustan a los criterios dictados por el Insalud;
admisión de enfermos en el mismo número de los que salen; cierre de
las listas de espera cuando éstas superan el límite de tiempo fijado
en su propaganda, de forma especial en determinadas especialidades de
consultas externas en que no es posible ser visitado, como por
ejemplo actualmente en oftalmología en la Fundación Hospital
Alcorcón, o desviación de pacientes hacia el sector privado, solución
que es ofrecida a
aquellos que disponen de medios económicos para no agravar su
situación, como por ejemplo la recomendación efectuada en
determinados servicios de traumatología u oftalmología, o como
públicamente ha hecho recientemente en Barcelona el Hospital Clínico.
Y no me diga, señor ministro, que respecto al Clínico usted no tiene
nada que opinar. Quiero recordarle que el patronato está presidido
por doña Julia García Valdecasas, delegada del Gobierno en Cataluña,
y que en el proyecto de presupuestos que acaba de aprobar esta Cámara
hay una partida específica para subvencionar el déficit producido en
1997. No, señor ministro. Los ciudadanos sufren su mala gestión en
sanidad, ven cómo su propaganda no se corresponde con la realidad y
que los grandes recursos de que ha dispuesto no han sido dedicados a
mejorar el Sistema Nacional de Salud sino la sanidad privada y las
compañías aseguradoras. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor
Corominas, en materia de listas de espera ustedes no tienen ninguna
autoridad y quieren empañar nuestros resultados con tergiversaciones
como las que nos traen aquí habitualmente. Pero lo cierto e
indiscutible es que ustedes cuando se fueron dejaron a 190.000
pacientes en listas de espera, de los que 54.000 llevaban más de seis
meses esperando, 20.000 más de un año y 5.000 más de dos años, y de
estos más de 700 esperaban una prótesis de cadera, que no era una
cosa menor. Y la desigualdad territorial era de escándalo. En
Extremadura la espera media era de 334 días, 11 meses, cuatro veces
más que en Cantabria. Esa era la equidad que ustedes administraban.
Nosotros bajamos la demora media en 1996 a 135 días, en 1997 a 98
días y en 1998 a 66 días. Y el número de pacientes con espera
superior a seis meses, que era de 54.00 cuando se fueron ustedes, en
diciembre de 1998 era 530, y en todo el Insalud esperan más o menos
lo mismo, lo mismo en Cantabria que en Extremadura. La situación
actual de la lista nos permite mantener el objetivo inicial de este
año: finalizarlo con una demora de 60 días frente a los 221 que
dejaron ustedes y sin que nadie tenga una demora superior a seis
meses y había 54.000 pacientes cuando nosotros llegamos. Todo esto a
pesar de que en el primer semestre de este año se han realizado
150.000 primeras consultas más, porque estamos reduciendo también la
demora media en consultas externas y pruebas diagnósticas y eso nos
manda más gente a las intervenciones quirúrgicas y los operamos. En
el año 2000 conseguiremos reducir la demora media en consultas a 20
días, la máxima a 90 y que las que superen las 60 días se reduzcan un
20 por ciento.
La reducción de los tiempos de espera es una de las grandes
conquistas de nuestro Gobierno en defensa del
Sistema Nacional de Salud. Los que favorecían al sector privado eran
ustedes, porque si había que esperar más de dos años, esperaban los
que no tenían más remedio, el que tenía las mínimas posibilidades
económicas iba al sector privado por su cuenta. Ésa era la realidad.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAIME BLANCO GARCÍA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO
GARANTIZAR EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS USUARIOS DEL INSALUD EN
RELACIÓN CON LOS DATOS PERSONALES QUE SE REGISTRAN EN LAS RECETAS Y
QUE SON CEDIDOS A TERCEROS? (Número de expediente 180/002055.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
29, que formula don Jaime Blanco García, del Grupo Socialista.
Señor Blanco.
El señor BLANCO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cómo piensa el Gobierno garantizar el derecho a la
intimidad de los usuarios del Insalud en relación con los datos
personales que se registran en las recetas y que son cedidos a
terceros?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Blanco, respetando escrupulosamente la legalidad vigente y
estableciendo todas las cautelas necesarias para asegurar la total
confidencialidad de todos los datos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señor Blanco.
El señor BLANCO GARCÍA: Señor ministro, hace veinte días le
preguntábamos en esta Cámara sobre la protección de la intimidad en
relación con las historias clínicas y el manejo de éstas por parte de
empresas privadas. Usted nos dijo más o menos lo mismo: que nos daba
plenas garantías de mantener el derecho a la intimidad de los
enfermos en sus historias clínicas, que no generásemos alarmas. Hoy
empiezan a llegarnos sentencias del Tribunal Constitucional que
condenan a empresas por violar la intimidad en materia de datos
sensibles, como son los datos relativos a la salud. Además, ustedes,
en materia del TAIR, que es el que nos
trae al caso hoy, han tenido que cambiar dos veces la orden
ministerial del 19 de enero para adaptar los métodos que se utilizan
en el TAIR a la Lortad, la Ley de protección de datos. Pero sólo con
eso no cumplen todas las recomendaciones que hace la Agencia de
Protección de Datos, porque aquí tengo dos recetas: una, la de los
pensionistas, en que se advierte al enfermo de que sus datos van a
ser tratados por parte de terceros, el Colegio de Farmacéuticos, y se
les advierte de que pueden ejercer sus derechos de rectificación,
cancelación, etcétera, y otra, la de activos, donde no se dice nada.
Señor ministro, respetar la libertad es respetar la Constitución;
defender el derecho a la intimidad es defender la Constitución y,
desde luego, no le permito que diga las palabras que ha dicho antes:
que mi grupo está en contra de la libertad. ¿Dónde estaba usted en el
año 1973 y dónde estábamos los socialistas? (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias,
señor presidente.
Ya veo que no tienen razones y que acuden a esos métodos, pero yo le
voy a decir qué razones da la Agencia de Protección de Datos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor ministro.
Ruego a SS.SS. que no conecten sus teléfonos móviles. (Rumores.-
Varios señores diputados pronuncias palabras que no se perciben.)
Miro a ambos lados, no sean SS.SS. susceptibles; miro a ambos lados y
al centro de la Cámara. He rogado a SS.SS. -por tanto a los presentes
y a los ausentes- que no conecten teléfonos móviles dentro del
hemiciclo.
Puede continuar, señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Quiero decir
al señor Blanco que lo que estamos haciendo tiene el aval más
absoluto de la Agencia de Protección de Datos, que sobre esta materia
se manifiesta del siguiente modo: El proceso de tratamiento
informatizado de datos para la facturación y control de las recetas
-las nuestras- respeta la personalidad, dignidad e integridad
humanas. La confidencialidad de la información se contempla
expresamente en el concierto que regula el manejo de las recetas, que
no sólo impone genéricamente la aplicación directa de la normativa
sanitaria, sino que también limita los datos susceptibles de ser
grabados e impone a la organización farmacéutica colegiada la
limitación de poder disponer y utilizar la información, debiendo ser
autorizado cualquier otro uso por el Insalud.
En cuanto a la cesión de los datos, la Agencia manifiesta que es
legalmente posible. Respecto al consentimiento
informado, la Agencia sostiene que la administración sanitaria
está actuando en el marco de sus competencias y que la recogida y
tratamiento de los datos que figuran en la TSI son adecuados,
pertinentes y no excesivos en relación a aquellas, por lo que cabe
prescindir del consentimiento del afectado, de acuerdo con el
artículo 6.2 de la Lortad. El artículo 8 de esta misma ley habilita a
la Administración para proceder al tratamiento automatizado de los
datos personales relativos a la salud de las personas que acuden a
las instituciones y centros sanitarios, y en este sentido el informe
de la Agencia manifiesta que el tratamiento de los datos por la
Administración sanitaria se efectúa de acuerdo con la normativa
sanitaria vigente. En definitiva, señoría, el Insalud está cumpliendo
escrupulosamente la normativa vigente, garantizando la intimidad de
los datos clínicos de los pacientes que se registran en las recetas.
Por lo que se refiere al uso de la libertad, yo desearía bien que su
entusiasmo del año 1973 se transformara ahora en su apoyo a la
modernización del Sistema Nacional de Salud y a la libertad de
elección de los usuarios en materia sanitaria.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL HERNÁNDEZ ROZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS
LÍNEAS GENERALES DEL ACUERDO ALCANZADO CON EL COLECTIVO DE ARTISTAS
SOBRE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL? (Número de expediente 180/
002039.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno y que contestará el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales. Pregunta número 13, que formula doña Isabel
Hernández Rozas, del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ ROZAS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el colectivo de artistas, integrado en el régimen
general de la Seguridad Social desde 1987, viene cotizando
mensualmente por unas bases a cuenta. Estaba previsto tanto en el
Real Decreto 2621/1986, de 24 de septiembre, por el que se integra en
el Régimen General de la Seguridad Social, como en el Real Decreto
2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de
cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social,
que se iniciara una regularización anual a ejercicio vencido sobre la
base de las retribuciones verdaderamente percibidaspor el trabajador
cada año.
Hasta ahora no se había efectuado ninguna de estas regularizaciones
anuales debido a la dificultad de contar con un programa informático
que lo permitiese, aunque sí se realizaban regularizaciones
individualizadas en aquellos casos en que el trabajador solicitaba
una prestación. Ante esta situación, el colectivo de artistas centra
sus reivindicaciones en la necesidad de llevar a cabo estas
regularizaciones anuales. Pues bien, habiendo sido escuchadas estas
reivindicaciones por nuestro Gobierno, y gracias al esfuerzo
realizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, podemos
decir que ya se ha concluido el programa informático, lo que permite
la actualización de los datos de este colectivo, con lo cual los
artistas ya pueden llevar a cabo la regularización anual de sus
cuotas a la Seguridad Social. Además, ya se están iniciando las
primeras regularizaciones.
Por todo lo expuesto, señor ministro, nos gustaría que nos dijera
cuáles son las líneas generales del acuerdo alcanzado con el
colectivo de artistas sobre las cotizaciones a la Seguridad Social.
Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Hernández Rozas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, presidente.
Señoría, en efecto, se ha firmado recientemente un acuerdo entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Secretaría de Estado de
Seguridad Social con el colectivo de artistas. Creemos que es un buen
acuerdo, un acuerdo razonable que permite superar algunas diferencias
que veníamos manteniendo ya durante algún tiempo. En concreto, como
usted ya ha anticipado, de acuerdo con las principales
reivindicaciones del colectivo, vamos a aplicar un plazo de
prescripción de cinco años que acorte los plazos que actualmente se
venían exigiendo de diez y doce años. También vamos a proceder a
equiparar las bases máximas de cotización establecidas para el
colectivo a las que prevemos en el régimen general de la Seguridad
Social a partir del 1 de enero del año 2000, es decir, vamos a
acortar los plazos previstos inicialmente. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
Para ello se ha incorporado al texto del proyecto de ley de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 una enmienda
transaccional propuesta por el Grupo Popular a los grupos de
Izquierda Unida y Socialista y que fue aceptada en el debate de la
Comisión. Mediante esta enmienda y con este acuerdo hemos superado un
contencioso que teníamos desde hace tiempo y que no favorecía a
ningún colectivo. Y no sólo lo hemos superado entre todos y hemos
evitado una cierta tensión en un colectivo, sino que además hemos
incorporado justicia, racionalidad y contributividad a este colectivo
de artistas.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN PARDO RAGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
COMETIDOS VA A ABORDAR EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA RECIENTEMENTE
CREADO? (Número de expediente 180/002040.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
14, que formula doña Carmen Pardo Raga, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señora Pardo.
La señora PARDO RAGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, permítame que empiece
citando ante el Pleno de esta Cámara una frase que le oí decir a
Margarita Retuerto, que es la siguiente: Que la defensa de los
menores suscita un alto consenso, pero de baja intensidad. Ella decía
esto porque tuvo la oportunidad de comprobar desde el organismo del
Defensor del Pueblo, en el que trabajó durante tantos años, que a la
hora de establecer medidas eficaces que redundaran en favor de los
menores todos estábamos de acuerdo y, sin embargo, los resultados
prácticos hasta ahora han sido tibios en exceso. Por eso nos
congratula que en el 10º aniversario de la Convención de los Derechos
del Niño se cree a través del Consejo de Ministros que preside el
señor Aznar el Observatorio de la infancia, desde el que se auspicien
políticas eficaces que vayan erradicando los problemas de los niños y
niñas de nuestro país, prestando mayor atención a cualquier situación
que pueda significar riesgo o vulnerabilidad. Hasta aquí creo que
todas las señorías presentes estaríamos de acuerdo, pero no basta con
la toma de conciencia para cambiar la realidad. Los factores de
riesgo y los problemas que inciden en la infancia tienen que ser, y
lo son para el Gobierno del Partido Popular, los objetivos que
inspiren las políticas de infancia, especialmente aquellas que van
dirigidas a mejorar su bienestar y calidad de vida.
Por tanto, partiendo de esta premisa y de la eficacia en este tema de
su departamento, señor ministro, le pregunto: ¿Qué cometidos va a
abordar el Observatorio de la infancia recientemente creado?
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Pardo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señorías, en esa línea de trabajo el Consejo de
Ministros creó el Observatorio de la infancia en su reunión del 12 de
marzo de 1999. Dicho organismo, a cuya constitución formal hemos
asistido el pasado día 18, nace como un instrumento específico para
conocer el
estado en que se encuentra la población infantil, su calidad de vida
y los cambios que acontecen en ella, en orden a llevar a cabo
políticas tendentes a desarrollar mejoras en los diversos ámbitos que
afectan a la infancia. Se configura como un grupo de trabajo
integrado como órgano colegiado en el seno del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y tendrán representación las administraciones que
tienen competencia, es decir, la Administración general del Estado,
las comunidades autónomas y la Administración local, además de
organizaciones no gubernamentales con programas de actuación a favor
de la infancia y un representante del Comité español de Unicef.
Con la puesta en marcha de este Observatorio vamos a contar con un
sistema de información de datos centralizado que contenga la oportuna
diversidad de aspectos y campos relativos a la infancia y que además
disponga de un programa informatizado que permita compartir la
información existente entre las distintas administraciones públicas,
las organizaciones no gubernamentales y los organismos
internacionales. Su constitución coincide con la celebración del 10º
aniversario de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas, ratificada por España el 5 de enero de 1997 y que marcó un
hito histórico en lo que se refiere a la protección de los niños, ya
que fue el primer tratado universal que abordó su reconocimiento
internacional como seres humanos y su capacidad para ser sujetos de
derecho. Esos pronunciamientos ya existían, pero no cabe duda de que
aún tenemos mucho que hacer, ya que en el mundo, aunque en nuestro
caso de forma minoritaria, se siguen dando situaciones de trabajo
infantil que tienen que ser erradicadas. Para detectar todos estos
problemas y para estudiar qué medidas podemos adoptar, se crea el
Observatorio de la infancia, ampliándolo también al trabajo infantil,
al fracaso escolar y a la promoción y defensa de los derechos del
niño, aspectos que este organismo deberá abordar de manera
prioritaria desde que se inicie de su puesta en marcha. Cada cuatro
años el Observatorio de la infancia presentará un estudio sobre la
situación de la infancia, si bien anualmente daremos a conocer los
estudios y resultados de los temas monográficos objeto de análisis
para ese año. Esperamos que sea un instrumento eficaz y que entre
todos hagamos realidad esta Declaración de los derechos del niño que
es importante y de la que por gran acuerdo social nos hemos dotado
entre todos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JIMÉNEZ SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA OFERTA
DE SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL? (Número de expediente 180/002047.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno y que contestará el señor ministro de Fomento.
Pregunta número 21, que formula don José Jiménez Suárez, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Gracias, presidente.
Señor ministro, el salto cualitativo, cuantitativo y tecnológico de
las telecomunicaciones en España en los últimos tres años ha sido
espectacular. Baste citar dos datos: uno, que hoy el número de
operadores que están en el mercado es de nueve y, dos, que el
teléfono móvil ha dejado de ser un artículo de lujo y tiene hoy una
extensión y un uso muy social. De ser un mercado cerrado en 1996, con
todas las directivas comunitarias impugnadas, hemos pasado a un
mercado abierto, transparente y, como reconoce el quinto informe
sobre aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las
telecomunicaciones, España es, junto con Alemania y Suecia, el único
país de la Unión Europea que ha completado la definición de marco
normativo generalizado. Sirva este hecho para afirmar que es
imposible entonces que el operador dominante ejerza legalmente
monopolio sobre la telefonía local. Es, eso sí, dominante porque
milagros no se pueden hacer. Las actuaciones y las obras son de lenta
maduración, lo que impide que se haga la liberalización de forma
inmediata.
Quisiera acentuar este hecho porque desde algunos grupos se afirma de
forma reiterada el monopolio en la telefonía local y de tanto
anunciar una sinrazón terminan por creérsela. No sólo no existe
legalmente, sino que el Gobierno se ha estado ocupando y se ocupa de
ampliar la oferta de servicio de telefonía local.
Por eso, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es
la oferta de servicio de telefonía local?
Muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jiménez.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, si analizamos el panorama actual de las telecomunicaciones
se podría concluir que hay todavía una limitada competencia en el
ámbito de la telefonía local. Ello es causa del retraso con que
determinadas infraestructuras y redes se han introducido en España a
consecuencia de gestiones de gobiernos anteriores. Hoy es lo cierto,
señoría, que las posibilidades de competencia en la telefonía local
empiezan a hacerse perceptibles a través de cuatro vías distintas. En
primer término, en estos momentos hay 30 operadores de cable que
están realizando fuertes inversiones y cableando una gran parte del
territorio nacional y todas las grandes áreas urbanas. A final de
año, estos operadores habrán alcanzado cuatro millones de edificios
residenciales y, por tanto, en cuanto tales operadores de cable,
podrán ofrecer, entre otros servicios, la telefonía local.
En segundo término, los actuales operadores de ámbito nacional de
telefonía fija, Retevisión y Lince, ya
ofrecen, de una manera muy limitada, servicio de telefonía local allí
donde han podido acceder a edificios residenciales. Y, en tercer
término, en estos momentos están convocados los concursos para la
concesión del llamado bucle-radio o bucle-inalámbrico y, en el plazo
aproximado de entre 18 y 24 meses, quienes sean adjudicatarios de las
licencias podrán prestar servicio de telefonía local a través de una
nueva red telefónica, que utiliza el espectro radioeléctrico y unas
antenas que se colocan en los edificios residenciales. Es un proceso
de inversión importante, pero mucho menor que el del cable y de más
rápida instalación.
En todo caso, señoría, en los demás servicios la competencia
existente es verdaderamente espectacular para el poco tiempo
transcurrido, la telefonía local ha tenido en España una disminución
de su precio, concretamente y como consecuencia del último decreto-
ley del Gobierno en un 8,4 por ciento, y se ha ampliado el horario de
tarifa reducida desde las seis de la tarde, que es una manera también
de rebajar el teléfono, cuando antes empezaba a las ocho.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CRISTÓBAL JUAN PONS FRANCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN LA MODALIDAD UMTS?
(Número de expediente 180/002048.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
22, que formula don Cristóbal Pons Franco, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Pons.
El señor PONS FRANCO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado 11 de noviembre se convocaba oficialmente
el concurso para otorgar cuatro nuevas licencias de telefonía móvil
en la nueva modalidad UMTS, tecnología móvil de tercera generación y
que dejará atrás, sin ninguna duda, en un futuro el sistema GSM.
Esto conlleva que España será uno de los pocos países que contará con
un cuarto operador de telefonía móvil, ya que existe preferencia para
otorgar las otras tres licencias a los operadores actuales, lo que,
junto a la adjudicación de las licencias de acceso por radio, de
bucle local, la tecnología LMDS, a la que he hecho referencia en la
anterior pregunta, significa que el Ministerio de Fomento, y por
tanto el Gobierno, este Gobierno, habrá conseguido un hito histórico
en la implantación del uso generalizado de nuevas tecnologías en
nuestro país.
Por ello, señor ministro, sería interesante conocer cuáles son las
ventajas de la telefonía móvil en la modalidad UMTS.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pons.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, la introducción de un nuevo operador de telefonía móvil
tiene todas las ventajas que se derivan de un incremento de la libre
competencia. Por tanto, habrá más competencia, más inversión, mejores
servicios y una presión a la baja de los precios de la telefonía
móvil.
Sin embargo, la importancia de la nueva licencia de telefonía móvil,
la llamada licencia de tercera generación, con una tecnología
denominada UMTS, es que incrementa las posibilidades de prestación de
nuevos servicios de telecomunicaciones y supera, por tanto, a la
actual tecnología de GSM de la telefonía móvil. Muy brevemente le
puedo dar algunos ejemplos de lo que se va a poder hacer con los
teléfonos móviles UMTS. En primer término, con un único número se va
a poder viajar con el teléfono móvil a todo el planeta. En segundo
lugar, las velocidades de transmisión, que pueden ser diversas, darán
lugar a los siguientes servicios: hasta 144 kilobytes y por vía
satélite se podrá practicar la videoconferencia desde cualquier parte
del globo terrestre. En tercer lugar, en el entorno rural-urbano
puede vehicular capacidades de hasta 384 kilobytes, incluso más, y a
través de ella se pueden realizar comunicaciones interactivas
multimedia. Finalmente, le puedo citar que en un entorno interior-
exterior próximo tiene una capacidad para vehicular velocidades de
dos megabytes y, por consiguiente, capacidad para transmitir el vídeo
digital, imágenes. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es
decir, las posibilidades son verdaderamente espectaculares.Con el
teléfono móvil podremos acceder a Internet y, por consiguiente,
extraer de Internet todo aquello que hoy extraemos a través del
ordenador. A través del teléfono móvil podremos conectar con el
ordenador que está en nuestra casa y desde ahí extraer desde el
correo electrónico que tengamos hasta cualquier otro tipo de datos y,
en determinados contextos, incluso de imágenes.
Por tanto, era imprescindible convocar el concurso cuanto antes, para
que España no quede una vez más retrasada y se incorpore esta nueva
tecnología que va a revolucionar el mundo de las telecomunicaciones a
partir de los próximos dos años.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA TERESA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA POSITIVA
EL GOBIERNO SU GESTIÓN DE
PAGOS A LOS AFECTADOS POR EXPROPIACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS? (Número de expediente 180/002056.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, que formula la diputada doña
María Teresa Cunillera i Mestres, del Grupo Socialista.
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿considera positiva su gestión de pagos a los
afectados por expropiaciones originadas por obras públicas?
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, en
la vida todo es mejorable, pero globalmente sí estamos razonablemente
satisfechos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor presidente.
Algo vamos avanzando. Usted suele tener con nuestro grupo una actitud
realmente descortés y displicente, pero le tengo que decir, señor
ministro, que ya le hemos cogido el tranquillo. Lo que pasa es que
usted no resiste la crítica ni que le pongamos frente a sus
contradicciones. Lo hace habitualmente, se refugia en aquello de: tú
más, o el Gobierno anterior. Pero como esta legislatura ha durado nos
va a dar tiempo a ponerle ante sus contradicciones.
Usted se ha pasado toda la legislatura paseando el territorio
español, prometiendo, prometiendo y prometiendo. En este momento yo
le puedo poner ante dos contradicciones. En el pago de expropiaciones
usted ha hecho lo mismo que viene haciendo habitualmente. Usted dijo
aquí el 20 de marzo, hablando de las expropiaciones de Almacellas que
se iban a pagar de inmediato y están ahora cortando las carreteras
porque usted no ha hecho nada. Están cortando la carretera de la
variante de Cervera porque ustedes no están haciendo nada en el pago
de expropiaciones. Por si esto fuera poco, ha hecho una cosa todavía
más grave. En Lleida hay dos empresas que están en peligro de cerrar,
porque usted tiene dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña que le obligan a pagar, en concreto a una de ellas, 60
millones más los intereses, y ustedes dan la callada por respuesta.
Ustedes no cumplen las leyes, pero tampoco obedecen a los tribunales.
Esa empresa, que se ha levantado con mucho esfuerzo y mucho sudor, va
a tener que cerrar porque ha hecho inversiones contando con que usted
iba a cumplir su palabra. Hemos de aguantar aquí que, día tras día,
vengan a decirnos que son los creadores de empleo, cuando al menos
por lo que se refiere a pago de expropiaciones y cumplimiento de
sentencias en Lleida lo que
van a conseguir es destruir empleo. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cunillera i Mestres.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señorías,
casos puntuales hay siempre, pero si lo que usted dice fuera una
realidad generalizada, España entera estaría a punto de explotar.
Estamos destruyendo empleo como consecuencia de que no pagamos las
expropiaciones y están a punto de quebrar no sé cuántas empresas
porque no pagamos las expropiaciones. (Rumores.) Comprendo que les
molestan mucho las comparaciones, pero son inevitables para apreciar
cuál es la realidad actual y cuál era la realidad anterior.
Llegamos al Gobierno en medio de un caos presupuestario que dejaron
los gobiernos socialistas. Cuarenta y cinco mil millones de pesetas
sin crédito presupuestario para expropiaciones. En estos tres años
hemos ido poniendo orden gradualmente, al mismo tiempo que hacíamos
una política muy rigurosa de ajuste presupuestario, que,
efectivamente, ha creado algunas disfunciones. No tengo ningún
inconveniente en reconocerle, señoría, porque ha ocurrido y ocurre,
que en algunos supuestos concretos se producen retrasos en el pago de
las expropiaciones. Eso es una realidad y lo acepto. Por tanto,
recibo la crítica y hago todo lo posible por corregirla. Pero
tenemos, en primer término, una ley de disciplina presupuestaria que
nos hemos dado a nosotros mismos -la mayoría parlamentaria actual que
ustedes no tenían- que plantea algunas rigideces para pago de
expropiaciones atrasadas, y le digo que todavía para expropiaciones
anteriores al año 1996, por tanto hechas por ustedes sin crédito
presupuestario, hemos de tramitar en esta Cámara una transferencia de
crédito. Mañana mismo convalidaremos probablemente un decreto-ley,
que ya está en vigor, por el que se incorpora un crédito
extraordinario a los presupuestos actualmente vigentes para poder
pagar expropiaciones de 1996-97, que aparecieron en esos ejercicios,
pero que corresponden a años anteriores. Por lo demás, el pago de las
expropiaciones se realiza correctamente con carácter general, entre
otras cosas porque el 85 por ciento de las expropiaciones en la
España actual se hacen por mutuo acuerdo. Sólo un 15 por ciento es
objeto de análisis por los jurados provinciales de expropiación y,
finalmente, en su caso, de recurso contencioso-administrativo para la
determinación del justiprecio.
Muchas gracias, señor presidente.
- DE DON JOSÉ SEGURA CLAVELL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE
FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL CRITERIO QUE LE MERECE AL GOBIERNO
LA ESTADÍSTICA ELABORADA POR LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE
AEROLÍNEAS EN LA QUE CALIFICÓ EN EL PASADO TRIMESTRE A LOS
AEROPUERTOS ESPAÑOLES DE MADRID Y DE BARCELONA COMO LOS MÁS
IMPUNTUALES DE EUROPA? (Número de expediente 180/002057.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno el
diputado don José Segura Clavell, del Grupo Socialista.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cuál es el criterio que le merece al Gobierno, y a
usted particularmente, la estadística elaborada por la Asociación
Europea de Aerolíneas en la que calificó el pasado trimestre a los
aeropuertos de Madrid y de Barcelona como los más impuntuales de
Europa?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Segura.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, es una estadística muy incompleta y, por tanto, no refleja
la realidad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor ministro, recordará usted que en los
primeros días del mes de septiembre pasado, en equivalente sesión de
control a la del día de hoy, este diputado, en representación del
Grupo Socialista, le formuló la pregunta equivalente a ésta, en la
que como consecuencia de la estadística publicitada por la Asociación
Europea de Aerolíneas, usted nos intentó desmontar el hecho de que
Barcelona y Madrid figurasen en el ranking de los aeropuertos más
impuntuales de Europa argumentando que era como consecuencia de que
la Asociación Europea de Aerolíneas Españolas utilizaba datos mal
elaborados. Nos indicaba en aquel momento que los datos de que
disponía el Ministerio ponían de manifiesto que en verano se había
normalizado la situación; que el tercer trimestre era ejemplar. La
realidad es que la asociación ha vuelto a publicitar sus encuestas,
encuestas como consecuencia de las consultas derivadas de formular
preguntas y hacer seguimiento a 28 compañías europeas, ni más ni
menos al 98 por ciento de usuarios de los aeropuertos de toda Europa,
y la asociación ha vuelto a decir de nuevo que Barajas y El Prat en
el tercer trimestre de este año ocupan el desgraciado lugar de cabeza
en el ranking de los aeropuertos más impuntuales. Señor ministro,
desgraciadamente no es éste el momento, con dos minutos, de tener un
debate riguroso. Yo he leído los argumentos que ha dado en la prensa
el gabinete de AENA, y discrepo radicalmente, en base a razonamientos
tecnológicos y técnicos que en estos momentos no podemos argumentar,
pero naturalmente usted
va a reproducir lo que ese gabinete de AENA le habrá elaborado. Señor
ministro, lamentablemente el sistema aeroportuario español sigue
siendo la vergüenza de los servicios públicos en nuestro país.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Segura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, no necesita utilizar esas expresiones tan rotundas y tan
radicales. Usted tiene habitualmente buena información sobre el
transporte aéreo y sobre el funcionamiento de los aeropuertos. Sabe
muy bien que el informe suministrado por la Asociación Europea de
Líneas Aéreas se refiere única y exclusivamente, como dice el propio
informe, a los vuelos intraeuropeos no internacionales. En segundo
lugar, es una encuesta que recoge sólo los vuelos de las compañías
europeas, pero naturalmente en Europa hay otras muchísimas compañías.
Por tanto, lo que yo le he dicho antes es verdad, es una estadística
muy incompleta y no refleja la realidad.
Señoría, los datos oficiales sobre la puntualidad del transporte
aéreo, que no de los aeropuertos, los suministra Eurocontrol a través
de una oficina oficial que se denomina CODA, y que recibe datos de la
CFMU, que usted sabe muy bien lo que es, recibe datos de la AEA, de
IATA, y con todos esos datos elabora exactamente la puntualidad del
transporte aéreo por aeropuertos, que no es lo mismo que la
puntualidad de los aeropuertos. Pues bien, señoría, en estos momentos
y durante todo el verano, Madrid y Barcelona se mueven en una
puntualidad entre el 78 y el 80 por ciento, puntualidad ATFM como
sabe muy bien S.S. En segundo lugar, ninguno de los dos aeropuertos
aparecen en el ranking de la lista donde el transporte aéreo es más
impuntual. En tercer lugar, S.S. sabe muy bien, e insisto, que el
problema no está en los aeropuertos, el problema es general de la
Unión Europea, afecta a una congestión de los corredores aéreos, y
por tanto es un problema de espacio aéreo y no estrictamente de
infraestructuras ni de organización aeroportuaria.
Finalmente, señoría, todos los datos de Eurocontrol están en
Internet. Consulte usted en Internet los datos que le doy porque verá
que efectivamente en Madrid, Barajas, y en Barcelona El Prat, se
encuentran hoy entre los más puntuales de Europa; lo dice
Eurocontrol, señoría, no lo digo yo, y debería merecerle
credibilidad, porque usted sabe el valor que tiene los datos que da
Eurocontrol.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA DOLORES GARCÍA-HIERRO CARABALLO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PARA QUÉ FECHA
TIENE PREVISTO EL GOBIERNO
SUSPENDER LOS VUELOS NOCTURNOS DE LAS AERONAVES MÁS RUIDOSAS QUE
SOBREVUELAN NÚCLEOS URBANOS DE MADRID Y MÁS CONCRETAMENTE ALCOBENDAS-
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES? (Número de expediente 180/002058.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que con el número 32
formula la diputada doña Dolores García-Hierro Caraballo, del Grupo
Socialista.
Señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, volviendo al pasado que a usted tanto le gusta,
¿tiene pensado cumplir en algún momento la declaración de impacto
medioambiental de 12 de abril de 1996, en la que se establecía
suprimir los vuelos nocturnos y modificar las rutas de las aeronaves
que sobrevuelan por encima de las poblaciones de Madrid?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Hierro.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, la declaración de impacto ambiental se está cumpliendo. En
lo que afecta a los vuelos nocturnos, le puedo decir, señoría, que en
estos momentos estoy a laespera -espero tenerlo en los próximos días-
de un estudio que nos permitirá reorganizar los vuelos nocturnos en
el aeropuerto de Barajas, que precisamente hoy se pueden reorganizar
porque el aeropuerto tiene capacidad suficiente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señor ministro, desde luego no
sorprende su contestación porque siempre se empecina usted en decir
justo lo contrario de lo que hace; además, consta en el «Diario de
Sesiones».
Trece meses después de su nombramiento, compareció usted por primera
vez en la Comisión de Medio Ambiente. En ese momento, nos dejó claros
cuáles eran sus intereses: no cumplir la declaración de medio
ambiente. A lo largo del tiempo que lleva usted en estas
responsabilidades, deja claro con su forma de actuar que los
intereses a los que está beneficiando son los de las compañías
aéreas, los de las constructoras y los de los grupos que operan en el
entorno de Barajas; no a favor de un desarrollo aeroportuario
compatible con la salud de los madrileños.
Usted y sus compañeros del Ayuntamiento de Madrid, mediante una
corrección de errores corrieron a modificar el Plan general de
urbanismo para reservar suelo para la ampliación de Barajas. eso sí,
después de
que las compañías aéreas y el presidente de Iberia descartaran el
segundo aeropuerto.
La puesta en funcionamiento de la tercera pista se ha hecho sin
insonorizar las viviendas y equipamientos más afectados. Se han
diseñado rutas que sobrevuelan núcleos de población que antes no se
veían afectados, con el consiguiente riesgo de accidentes porque las
aeronaves pasan por encima de los tejados a unos 300 metros de
altitud. Los niveles de ruido son insoportables para el oído humano,
están por encima de los 70 decibelios según la información oficial de
AENA.
Ahora, después de haberse comprometido a modificar las rutas en
febrero, nos promete que va a suprimir los vuelos nocturnos. Señor
ministro, sinceramente nadie le cree. Es más y en esto tenemos que
dar la razón al señor Navío, presidente de la Asociación de Compañías
Aéreas, cuando dice que usted hace ese tipo de promesas ahora sólo
con fines electorales.
Está usted obligado legalmente y por sentido común a cumplir la
declaración de impacto ambiental. Está obligado también por sentido
común a iniciar cuanto antes un segundo aeropuerto en Madrid para
garantizar el desarrollo aeroportuario, para que el mismo no siga
colapsado y no tenga los problemas que se le están planteando, y por
la calidad de vida de los ciudadanos madrileños. (Aplausos.-Un señor
diputado: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García- Hierro.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, usted sabe muy bien que desde que se puso en marcha la
tercera pista se han ido introduciendo mejoras, adaptando las rutas
aéreas y por tanto disminuyendo los niveles de ruido. Como usted
comprenderá yo no me dedico a dibujar las rutas aéreas ni las huellas
de ruido, eso es una cuestión eminentemente técnica y que muchas
veces se realiza en términos de laboratorio. Hemos trascendido el
planteamiento de laboratorio para ir a mediciones reales de ruido, y
las mediciones se han hecho. En función de esas mediciones reales, se
han modificado las rutas aéreas y hoy el número de ciudadanos
afectados por el ruido es ya muy pequeño; es verdad que todavía
quedan algunos, pero se trata ya de un número muy pequeño.
Desde que comenzó a funcionar la tercera pista se ha reducido
extraordinariamente la afección medioambiental del ruido, y vamos a
terminar con él. Entre otras razones porque no es de recibo -y ahí
doy la razón a S.S.- que continúen volando algunos viejos aviones que
producen un ruido verdaderamente ensordecedor, estoy absolutamente de
acuerdo. Ésa es la razón, señoría, por la que hay que readaptar el
horario de los vuelos, y gracias a que el aeropuerto de Barajas tiene
hoy capacidad sobrada -como le decía antes-, los vuelos nocturnos en
su inmensa mayoría se pueden incorporar al
horario que va de las diez a las doce y media, como muy tarde.
Esto es un proceso de adaptación. Usted sabe, señoría, que estas
decisiones son muy lentas. Hay que comunicarlas a la Unión Europea,
hay que comunicarlas a los organismos internacionales... No caben
decisiones inmediatas, rápidas, instantáneas que sean susceptibles de
ejecución, sino que cada una de las medidas que se toman requiere un
proceso de tiempo y, desgraciadamente, un proceso de tiempo más largo
del que sería deseable.
Hoy por hoy, señorías, desde el día en que se puso en funcionamiento
la tercera pista hasta ahora, la situación del ruido en Barajas ha
mejorado extraordinariamente y negarlo es la actuación de una mala
oposición.
Muchas gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MARIANO SANTISO DEL VALLE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE
SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CONOCE EL
GOBIERNO LOS MOTIVOS DEL TRATO ESPECIAL DISPENSADO EN LA BOLSA DE
MADRID A LA OFERTA PÚBLICA DE VENTA DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA FILIAL
DE INTERNET DE TELEFÓNICA «TERRA NETWORKS» EL DÍA DE SU SALIDA A
COTIZACIÓN? (Número de expediente 180/002038.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá el
vicepresidente segundo del Gobierno y que se inician con la que con
el número 12 formula el diputado don Mariano Santiso del Valle, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno, ¿conoce el Gobierno los
motivos del trato especial dispensado en la Bolsa de Madrid a la
oferta pública de venta de acciones de la Compañía filial de Internet
de Telefónica Terra Networks el día de su salida a cotización?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente, gracias,
señor diputado.
No, no los conozco.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor vicepresidente, el comportamiento
del mercado de valores el día en que se produjo el debut de Terra fue
un cúmulo de improvisaciones por parte de la Sociedad de Bolsas al
anular esta sociedad todas las normas establecidas para el inicio de
la contratación de valores.
El desequilibrio gigantesco existente entre oferta y demanda de
títulos de Terra originó un retraso en el inicio de la cotización de
dos horas respecto al horario de apertura normal, permitiéndose
además una fluctuación del cien por cien sobre el precio
institucional de la OPS en vez del 50 por ciento anunciado
oficialmente el lunes, con lo cual también se quebrantó una norma.
Sobre este precio de apertura que fue de 26 euros, el valor podía
fluctuar el 15 por ciento, máximo autorizado para todos los valores,
hasta 29,9 euros. Pero además a las 17 horas y para no estrangular el
valor, previa comunicación a la CNMV hubo una fluctuación adicional
del 50 por ciento en una negociación extraordinaria entre las 17.15 y
17.30 horas; resultado: 37 euros. Este hecho originó que muchos
inversores no pudieran operar en este último tramo al haber deshecho
posiciones en tiempo y forma. Por tanto, se beneficiaron de este
apaño horario unos cuantos, básicamente los que compraban acciones en
España y las estaban vendiendo en Estados Unidos. ¿Por qué no se tomó
esta medida al inicio de la cotización de Terra en el Nasdap
americano a las 15.30 horas para que pudieran conocerlo todos los
inversores? Este suceso, lógicamente, ha provocado una gran
indignación entre muchos inversores al romper el principio de
igualdad de oportunidades entre los inversores, que ha puesto en
evidencia a la Bolsa española.
Señor ministro, ¿quiénes operaron en esos quince minutos mientras
duró la ampliación? ¿Se hará público el listado de inversores y casas
de valores que operaron en este plazo de tiempo? ¿No cree el ministro
que sería necesaria la aportación por parte de los inversores de una
cierta cantidad, por ejemplo el 20 por ciento del valor demandado
cuando acuden a una oferta pública de venta?
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente; gracias,
señor diputado.
Las argumentaciones del señor diputado y el detalle de su explicación
sobre una jornada de bolsa han sido del mayor interés, pero como el
señor diputado sabe muy bien dada su calidad de experto, el mercado
continuo funciona con arreglo a las circulares que aprueba la entidad
encargada de vigilar su funcionamiento, que el señor diputado sabe
que es la Sociedad de Bolsas, quien a su vez actúa bajo la
supervisión de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. El Gobierno no tiene responsabilidad
alguna ni nada que decir sobre las cuestiones que suceden en una
determinada jornada de bolsa, salvo que se pudieran producir
situaciones que dieran lugar a expedientes en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores que pasaran al Gobierno.
De acuerdo con las competencias que tienen estas dos instituciones,
la Sociedad de Bolsas puede interrumpir la contratación para impedir
la comisión de alguna infracción o para garantizar el ordenado
desarrollo de la contratación dando cuenta a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, y asimismo la propia Comisión Nacional del
Mercado de Valores puede suspender la cotización de valores cuando
concurran circunstancias especiales.
Por tanto, señoría, he escuchado con gran atención todo lo que S.S.
nos ha contado, lo encuentro del máximo interés, pero S.S. sabe
perfectamente, igual que sé yo, que esto no es responsabilidad del
Gobierno, es de las pocas cosas que seguramente S.S. nos tiene que
preguntar y nosotros le tenemos que decir que nos ha parecido muy
interesante lo que nos ha contado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON LUIS MARTÍNEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CÓMO JUSTIFICA EL SEÑOR RATO EL
MONUMENTAL ENRIQUECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE TELEFÓNICA TRAS LAS
DECISIONES TOMADAS POR EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/
002049.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que con el número 23
formula don Luis Martínez Noval, portavoz del Grupo Socialista.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
¿Cómo justifica el señor Rato el monumental enriquecimiento del
presidente de Telefónica tras las decisiones tomadas por el Gobierno?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente; gracias,
señor diputado.
En esta legislatura por decisiones del Gobierno no se produce
enriquecimiento injusto de ninguna persona.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Es un argumento socorrido apelar a la alarma y al consecuente clamor
social, pero no obstante en este caso tiene una aplicación natural,
señor Rato. El común de los españoles no se explica cómo es posible
ganar tanto dinero en tan poco tiempo, e incluso las personas que
conocen los mecanismos retributivos de las empresas mueven la cabeza
en clave desaprobatoria en esta ocasión. Estos días los obispos ponen
objeciones, objeciones morales claro está, a ese rapidísimo mecanismo
de enriquecimiento. Una persona que es consejero de Telefónica y que
fue diputado del Grupo Parlamentario Popular afirma -y creo que cito
textualmente- que se está produciendo una nueva generación de riqueza
y que la apropiación legítima que se está produciendo por parte de
quienes han generado esa riqueza tiene una explicación perfecta.
Hay que reconocer, señor Rato, que la ortodoxia económica es muy
dispar. Le pongo dos ejemplos. Los trabajadores de toda condición de
la empresa no pueden ver evolucionar sus salarios más allá de lo que
avance la productividad, de lo contrario la hecatombe para la empresa
y para la economía nacional está servida; sin embargo unos pocos,
cien de una plantilla de cien mil, conviene que ganen mucho, cuanto
más mejor, porque de esa manera se identifican con los intereses de
los propietarios de la empresa. Usted tiene que reconocer, señor
Rato, que esta ortodoxia económica, que no es un dogma ni una verdad
revelada ni mucho menos, es grosera y escandalosamente asimétrica,
tan asimétrica que es como un embudo: lo estrecho para los más y lo
ancho para unos pocos. Ésta no es ni mucho menos la cohesión social,
señor Rato. Tiene usted en la mano los instrumentos para impedir
esto, hágalo con convicción y con prontitud, pero no vaya usted a la
amnistía fiscal que ya se aprobó con su impulso y con su apoyo,
amnistía fiscal para tapar las ilegalidades que se están produciendo
en la retribución de altos cargos de la compañía Telefónica.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Noval.
Señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente; gracias,
señor diputado.
No puedo menos que agradecer, habida cuenta de que estamos llegando
al final de la legislatura, que los señores diputados me planteen
conversaciones y discusiones teóricas sobre cuestiones que no
dependen de la voluntad del Gobierno. (Rumores.) Desde luego es de
agradecer que el anterior diputado nos ilustrase sobre el
funcionamiento del mercado continuo y el presente
diputado nos explique su posición, perfectamente defendible, moral,
que coincide con la de los obispos y probablemente con la de otra
mucha gente, sobre cuestiones que realizan compañías privadas al
amparo de la legislación que S.S. por cierto no ha enmendado y a la
que no ha planteado alternativas en toda su vida política. Tengo que
decir que las únicas alternativas que han sido planteadas en esta
Cámara y fuera de esta Cámara sobre el buen gobierno de las empresas,
sobre la transparencia de los sistemas de remuneración o sobre la
equidad desde el punto de vista tributario, han sido planteadas por
mi grupo parlamentario. Pero es igual, señor Martínez Noval.
He escuchado con mucho interés sus opiniones y sus disquisiciones
sobre lo que S.S. considera las consecuencias positivas, negativas,
indeseadas del sistema financiero español e internacional; son de
gran interés. Lo que no he podido escuchar a S.S., porque S.S. no me
lo ha dicho, es que el Gobierno tenga responsabilidades sobre las
decisiones que toman los ciudadanos en función de leyes aprobadas
cuando S.S. era miembro de la mayoría. Quiero recordar a S.S. que
precisamente con la modificación de la Ley del mercado de valores y
la Ley de sociedades anónimas de la legislatura del año 1986 al año
1989, en la que S.S. tenía mayoría absoluta, fue cuando se aprobaron
las leyes que han dado base a estas cuestiones.
Por tanto, sólo puedo agradecer a los señores diputados que después
de cuatro años de debates parlamentarios me despidan, porque ya creo
que quedan pocas sesiones de control, con la agradabilísima
disquisición de cuáles son sus opiniones sobre el mercado continuo o
sobre la moralidad del sistema financiero internacional y nacional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A POLÍTICA GENERAL
SOBRE POSICIÓN Y PREVISIONES NORMATIVAS DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA
REGULACIÓN DE LAS DENOMINADAS OPCIONES SOBRE ACCIONES. (Número de
expediente 172/000192.)
El señor PRESIDENTE: Al haberse aplazado nuevamente la pregunta del
portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, señor Anasagasti, concluye el
punto IV del orden del día y pasamos al que constituye el punto V,
interpelaciones urgentes, que comienza con la del Grupo Socialista
relativa a política general sobre posición y previsiones normativas
del Gobierno respecto a la regulación de las denominadas opciones
sobre acciones.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, don Luis
Martínez Noval, para la exposición y defensa de la interpelación.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente
segundo del Gobierno, esta cuestión que el Grupo Socialista quiere
plantear aquí esta tarde en términos de interpelación, y por tanto
con un contenido que se ajusta al trámite parlamentario que tenemos
esta tarde por delante, es susceptible de abordarse desde muchos
puntos de vista. Yo me voy a limitar a tres de ellos. En primer lugar
se puede abordar la cuestión de Telefónica que estos días apasiona a
la sociedad española y está presente en los medios de comunicación de
nuestro país de todo tipo; se puede abordar desde un punto de vista
político y también desde una perspectiva económica, en este caso más
mercantil que otra cosa; y, en tercer lugar, desde la perspectiva
fiscal.
Desde la perspectiva política (y lamento enlazar un trámite anterior
con éste) usted acaba de decirme que el Gobierno no tiene
responsabilidad en esta cuestión ni en ninguna otra que fuera similar
o asimilable a la que estamos discutiendo. Pero, señor Rato, usted
tiene que recordar que el miércoles pasado, primero el señor Aznar y
usted después hicieron una afirmación en la que quiero reparar un
instante. Ustedes afirmaron que en los años 1994 y 1995, en empresas
públicas con presencia de algún secretario de Estado del entonces
Gobierno socialista, se habían tomado decisiones que ponían en pie o
creaban este sistema de retribución por opciones sobre acciones.
Entonces no pudimos hacerlo, pero hoy se lo digo con toda claridad a
usted, aunque la afirmación va también dirigida al señor Aznar. Es
falso, han mentido ustedes a esta Cámara. No ha habido consejo de
administración de alguna empresa pública que en los años 1994 y 1995,
y por tanto con conocimiento de quienes representaban en aquellos
momentos al Gobierno de la nación en esos consejos, hubiera adoptado
decisión alguna en relación con el otorgamiento del derecho al
ejercicio de una opción de los altos cargos de esa empresa. No es
verdad, señor Rato; sencillamente no es verdad.
Por el contrario, yo le voy a plantear un asunto que sí tiene que ver
con su aceptación y con sus decisiones. Telefónica toma la decisión
de otorgar a determinados directivos el derecho al ejercicio de
opciones sobre acciones de la propia compañía el 26 de febrero de
1997, y en ese año, señor Rato, en aquel momento estaba presente en
el consejo de administración de la operadora Telefónica el delegado
del Gobierno en Telefónica, que todavía existía. Todavía existía
porque la Ley 12/1997, que liberalizó las telecomunicaciones y
modificó la vieja Ley de ordenación de las telecomunicaciones tiene
una transitoria que dice: A partir del 1 de enero de 1998
desaparecerá la figura del delegado del Gobierno en Telefónica de
España, correspondiendo al Ministerio de Fomento las funciones
propias de la Administración, etcétera. Es decir, el 26 de febrero
del año 1997 había delegado del Gobierno en Telefónica, y entre las
funciones que tenía entonces, que tuvo siempre estaba la de su
presencia en el consejo de administración de la
operadora, y además con el reconocimiento del ejercicio de veto. Por
tanto, señor Rato, ustedes tenía perfecto conocimiento de la
cuestión, debían tenerlo, porque -insisto-, había un delegado del
Gobierno en Telefónica en aquella fecha de febrero de 1997.
Señor Rato, si usted quiere seguir esta discusión lo tiene muy
sencillo, envíenos el acta del consejo de administración de esa
empresa en la que ustedes dicen que había presencia de altos cargos
del Gobierno socialista aprobando y aplaudiendo la creación de
sistemas que, lamento mucho decírselo, no son de opciones sobre
acciones. Lo que en alguna compañía pública se decidió entonces, sin
pasar por el consejo, comparado con lo de hoy, señor Rato -permítame
se lo diga-, eran nimiedades. Si usted tiene el acta de algún consejo
envíenosla, porque quizás nosotros en contrapartida podemos pedir el
acta del consejo de Telefónica en el que se decidió la creación y
puesta en pie de un sistema de opciones sobre acciones. (Aplausos.)
Señor Rato, éste es un problema político que ustedes mismos se
crearon en esta Cámara con esa afirmación; pero el problema político
no se circunscribe a esta cuestión, hay otros asuntos muy importantes
que deben ser discutidos. Lamento mucho que a usted le interesen poco
las reflexiones morales que hacen los obispos o las decenas de
artículos que se escriben todos los días en los medios de
comunicación sobre el sentido que tiene el hecho de que un reducido
grupo de personas se apropien -por emplear el término que utiliza el
consejero de la compañía- de una parte tan importante del excedente
de una empresa en nuestro país. ¿Es que acaso el modelo social
europeo que denominamos de cohesión social, puede soportar que en una
empresa la diferencia entre la retribución de los altos cargos y la
retribución de los trabajadores normales supere de 500 a uno; en el
caso de los altos directivos, 500 y en el caso de los trabajadores,
uno? ¿Eso es cohesión social? ¿Es que eso tiene alguna explicación en
las bases naturales de la capacidad, de los méritos y del esfuerzo de
las personas? Nada de eso que se dice de que es necesario fidelizar,
señor Rato, es verdad. Nada es verdad. No se puede creer. Usted no lo
debería creer, porque entre otras cosas ¿quiénes son los altos cargos
ejecutivos de Telefónica? ¿Cuál es su trayectoria empresarial?
¿Cuánto conocían del sector? Se dice muy rápidamente: nada. No sabían
nada de ese sector. Nunca habían trabajado en ese sector, y de la
noche a la mañana por arte de magia, un reducido grupo de personas se
convierte en un grupo de expertos que es imprescindible y a cualquier
precio que permanezcan en la compañía. ¿Pero cómo podemos creérnoslo?
¿Cómo podemos comulgar con esas ruedas de molino? Estamos hablando de
otra cosa, señor Rato, estamos hablando de apropiación. (Un señor
diputado: ¡Indebida!) Lo dice con toda claridad el consejero de
Telefónica.
Además del aspecto político, está la cuestión mercantil. Se lo dije
antes y se lo repito ahora. Ustedes creen que toda la solución del
problema es modificar la Ley de sociedades anónimas en el sentido que
lo hicieron,
por cierto con una eficacia retroactiva de esa modificación.
Pero eso no es suficiente, señor Rato. No es suficiente que se
transmita el problema a las juntas de accionistas. La Ley de
Sociedades Anónimas tiene que tener, debe tener una regulación
suficientemente detallada de esta fórmula de retribución que
introduce en la realidad empresarial española asuntos y cuestiones
nuevas respecto a los vividos en el pasado.
Por ejemplo, usted dice que no hemos presentado ninguna enmienda.
Efectivamente, hemos presentado una proposición no de ley porque no
somos tan insensatos como para intentar cambiar la Ley de Sociedades
Anónimas y cambiarla en profundidad en esta materia en la ley de
acompañamiento, señor Rato, no; no estamos de acuerdo en esto. Por
eso presentamos una proposición no de ley; apruébenla ustedes y sean
consecuentes con lo que aprobarían en el contenido de esa proposición
no de ley socialista. Ahí hay criterios para ver quiénes pueden y
quiénes no pueden poner en práctica este sistema retributivo sobre el
que no estamos en absoluto en contra. Somos partidarios de él, pero
bien regulado, bien encauzado, señor Rato. La proposición no de ley,
si usted la lee, comprobará que no trata de prohibir en modo alguno
el otorgamiento del ejercicio de ese derecho; lo prohibe en algunos
casos en los que el sentido común aconseja que no se utilice ese
sistema retributivo, pero no en todos. Lo que sí queremos es que se
regule.
Ahora usted tiene una patata caliente, como suele decirse, que le ha
enviado el presidente de Telefónica. Le envía una carta y le dice que
convoque usted, aunque ya no se sabe quién convoca, a la Comisión
Olivencia para determinar y para que analice el problema. Yo le doy
un consejo: contéstele al señor Villalonga que lo que la Comisión
Olivencia tiene que decir sobre su problema ya está dicho y ya está
escrito; y está escrito, por cierto, por los miembros de esa Comisión
entre los cuales hay un militante muy activo del Partido Popular que
la vicepreside. Y luego hay una cosa muy curiosa, señor Rato, que no
podemos aceptar.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: ¿Cómo referirse, como argumento de
autoridad, a la Comisión Olivencia, cuando un consejero de Telefónica
es miembro de la Comisión Olivencia? Hasta en esto, señor Rato,
debiera haber incompatibilidades.
Pero lo que dice la Comisión Olivencia, señor Rato, es clarísimo, no
da lugar a ninguna duda. La Comisión Olivencia dice que de las
retribuciones de consejeros, administradores y de altos cargos de la
empresa, en uno y en otro caso, esas sociedades deberían informar, al
menos de manera individualizada, acerca de las retribuciones de todos
los consejeros en su carácter de tales. ¿Para qué necesita ninguna
consulta adicional elseñor Villalonga a la Comisión Olivencia, si
está dicho
aquí con toda claridad? ¿Ha cumplido acaso el señor Villalonga en sus
memorias, en las memorias de Telefónica, las prescripciones y las
recomendaciones de la Comisión Olivencia? En modo alguno.
Pero yendo más allá, señor Rato, hay otra prescripción de la Comisión
Olivencia muy importante que se contraviene en este caso, cual es lo
relativo a los conflictos de intereses. Aquí la comisión habla de
reglas claras para afrontar las situaciones de conflicto de
intereses, es decir, aquellas en que entren en colisión el interés de
la sociedad y los intereses personales directos o indirectos del
consejero. Y aquí ha habido consejeros que están sometidos a la
contravención de este principio de conflicto de intereses, porque
usted sabe exactamente igual que yo que el aseguramiento, la
asistencia financiera, la cobertura financiera, como se quiera
llamar, está beneficiando a dos entidades financieras que forman
parte del núcleo duro o de los accionistas de referencia de la
empresa. ¿Qué mas necesita el presidente de la compañía Telefónica de
la Comisión Olivencia más que el cumplimiento de lo que la Comisión
Olivencia ya determinó en su momento?
Por último, señor Rato -tengo poco tiempo-, el problema fiscal. No es
cierto que ustedes no conocieran todo lo relativo a esta cuestión de
las opciones. Y no lo es porque aquí es fácilmente demostrable con
titulares de prensa. Mes de enero del año 1999, cuando ustedes,
supongo que no ingenuamente, añadieron un apartado 3 al artículo 10
del reglamento de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas
físicas en el que daban un tratamiento de renta irregular a las
opciones. El 14 de enero: Hacienda endurece la fiscalidad de los
pagos en acciones y bonos a empleados y directivos. El 24 de enero:
Hacienda introduce cambios de última hora en el reglamento del
impuesto sobre la renta (se refieren al ejercicio de opciones sobre
acciones). Por último, el día 28: Hacienda considerará rentas
irregulares las opciones sobre acciones que se reciban en más de dos
años.
De manera, señor Rato, que esos argumentos que le he escuchado a
usted y que he escuchado al secretario de Estado de Hacienda, el
señor Costa (es verdad que lo reconocen), que esta cuestión les cogió
de modo inopinado, que no tenían conocimiento del problema, no es
cierta. Ustedes, en el mes de enero del año 1999, introdujeron en el
reglamento del impuesto una fórmula muy precisa y muy concreta de
fiscalizar los rendimientos del ejercicio de opciones sobre acciones,
y ahora tratan de capear el temporal y de acudir a subterfugios y a
pretextos para dar a entender que la modificación fiscal que han
hecho, por la vía de una enmienda a los Presupuestos Generales del
Estado, es su primera aproximación al problema. Nada de eso, señor
Rato. Por eso, si usted va a subir a esta tribuna a criticar que el
Grupo Socialista haya presentado una enmienda que da un tratamiento
fiscal específico a las opciones sobre acciones, recuerde que eso lo
hicieron previamente ustedes en el apartado 3 de ese artículo que le
recuerdo del reglamento. Además, fíjese, regular
por reglamento una cuestión de esta naturaleza. Pues bien, el
apartado 3 es una regulación específica que usted firmó en el decreto
en relación con la fiscalidad del ejercicio de opciones sobre
acciones.
En último término, señor Rato, no hay por qué extrañarse de que esto
constituya un escándalo social, porque, ¿cuántos españoles pueden
entender que el máximo responsable de una compañía, en tres años, se
embolse casi 5.000 millones de pesetas? Pero, ¿qué trabajo se ha
hecho? ¿Cuáles son los talentos que tiene que tener una persona para
que en tres años crea tener derecho a la apropiación de un excedente
tan importante de la empresa?
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, concluya, por favor.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Ninguno. Esa es la conclusión a la que
llegan millones y millones de españoles de buena fe que creen que en
este país es posible todavía implantar, desarrollar y perpetuar ese
modelo de cohesión social que se defiende en Europa y por el que
nosotros vamos a seguir trabajando.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Martínez Noval, por el tono de su intervención y
gracias por su intervención. Ya que S.S. ha planteado que ligaba,
pidiendo excusas porque S.S. es un parlamentario avezado y sabe que
no siempre se produce para todos esa ocasión, ligando un debate
anterior, tasado de preguntas, con este debate, yo también lo ligo,
sin que S.S. se moleste, supongo. Y vuelvo a darle las gracias porque
para un responsable político terminar la legislatura viendo que las
críticas que se plantean por parte de la oposición -si es que pueden
entenderse como críticas- no se refieren al funcionamiento del
Gobierno ni al funcionamiento ni a las responsabilidades de los altos
cargos ni al funcionamiento de los servicios públicos (Rumores.-
Protestas.), sino a la interpretación que S.S. ha hecho, y que pasaré
a explicar, para que se puedan reír, porque tiene mucha gracia lo que
S.S. propone, como podrán ustedes comprobar, según vayamos viendo la
interesante propuesta que su grupo parlamentario ha hecho.
Yo me pregunto qué haría el Grupo Socialista con el Grupo Popular si,
en vez de ser una interpelación sobre una fórmula de remuneración de
ejecutivos -que, por cierto, S.S. en un momento dado ha tenido que
decirnos que la respalda-, estuviéramos hablando del Banco de España,
de la Guardia Civil, de los fondos reservados, de la financiación de
partidos... (Rumores.- Protestas.-Aplausos.) Es una licencia. Les
prometo que ya no lo voy a tocar más, pero simplemente
para que nos situemos en la calidad del debate y en el agradecimiento
que tenemos que hacerle al Grupo Socialista porque la interpelación
que nos plantea es de un gran interés, desde el punto de vista de la
responsabilidad del Gobierno. (Rumores.-Protestas.)
Tengo que decir que finalizar la legislatura no haciendo debates
públicos sobre cuestiones públicas, responsabilidad del gobierno de
la Cámara, sino sobre cuestiones privadas... (Rumores.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señorías, ya sé que no les gusta que se
lo recuerde, pero ustedes no son capaces de plantear una última
interpelación sobre cuestiones de funcionamiento del Gobierno, por
más que lo intentan. (Risas.-Rumores.) Entonces me plantean ustedes,
en principio, si quisiéramos entender su interpelación sobre algo de
interés general, un debate sobre el buen gobierno de las empresas.
Tengo que decirles que bienvenidos al debate, porque quiero
recordarles a SS.SS. que, desde febrero de 1997, cuando estaban
emperrados en debates también privados sobre intereses privados y no
sobre intereses generales, este Gobierno, con una decisión del
Consejo de Ministros, promovió por primera vez en España un código de
conducta de buen comportamiento de las empresas al que hoy el señor
Martínez Noval puede hacer referencia porque, si por ustedes fuera,
no tendríamos ningún punto de referencia. (Aplausos.) Y en ese código
de buen funcionamiento que equipara el debate español sobre el buen
gobierno de las empresas al del resto de los países más avanzados, se
dicen las cosas que ha dicho el señor Martínez Noval -faltaría más- y
se dicen otras que él no ha dicho, como por ejemplo: deben
favorecerse las modalidades que vinculen una parte significativa de
las retribuciones de los consejeros, especialmente de los consejeros
ejecutivos, a los resultados de la empresa, puesto que de esta manera
se alinean mejor los incentivos de los consejeros con los intereses
de los accionistas. Y en relación a la transparencia, que a SS.SS.
les es especialmente querida, puesto que han gobernado este país
durante catorce años (La señora Cunillera i Mestres: Y más que vamos
a gobernar.), dice el Código Olivencia... (Antes o después, todo
llega.) (Risas.) La transparencia de las retribuciones subraya la
larga tradición de opacidad que nuestras leyes no han conseguido
desterrar y se añade la exigencia legal de que se indique en la
memoria anual el importe de los sueldos, no pasa de imponer una
información global por concepto retributivo que en su aplicación
práctica no satisface enteramente el interés del accionista desde los
mercados en la materia.
Planteada la interpelación sobre la cuestión del buen gobierno de las
empresas, yo quiero decirles que presupongo que ustedes me traen un
debate de interés general para reglas para todos... (La señora Romero
López: Transparencia.) Efectivamente, señora, y no un debate sobre
los enemigos de sus amigos o los competidores de sus amigos, porque
eso también podría darse (Rumores.-Protestas.), no sería la primera
vez que SS.SS. nos traen aquí los problemas de competencia
o empresariales de sus amigos. Pero vamos a creer que ustedes nos traen
un debate general sobre reglas para todos.
Para empezar, hablemos del instrumento. ¿Estamos en contra de las
opciones sobre acciones? Nosotros no hemos dicho nada. El señor
Martínez Noval ha tenido que decir durante su intervención que él sí;
es decir, que usted está de acuerdo con el sistema de retribución.
Por ejemplo, para no pasarnos de listos, deberíamos hablar de
cualquier remuneración variable, a medio plazo, vinculada al valor de
las acciones, porque SS.SS. comprenderán que no es difícil que puedan
encontrar muchas modalidades que no se llamen opciones sobre
acciones, que se llamen bonus o cualquier otra cosa, que son
exactamente lo mismo.
Dice S.S. que en Argentaria, en los años 1994 y 1995, el consejo de
administración no aprobaba estas cuestiones. Pues, señor Martínez
Noval, para tener ustedes el dominio accionarial de la empresa eran
un ejemplo de transparencia. O sea, que en los años 1994 y 1995,
siendo ustedes los responsables del capital social de una empresa
pública, que además tenía una situación claramente de dominio sobre
mercados financieros tan concretos como la financiación local,
ustedes permitían que no sólo el consejo de administración, sino el
conjunto de la sociedad no tuviera la menor idea de cuál era el
sistema de retribución de diez personas. Esa preocupación sobre los
trabajadores de la empresa que de repente les ha embargado a ustedes
no la ejercían cuando eran los accionistas dominantes de un banco
como Argentaria. Por otra parte, se trata de un sistema que usted ha
calificado de bueno y que yo no he calificado de nada.
Usted me dice: no ganaban tanto. Claro, pero eso tiene que ver con la
evolución de la acción. (Rumores.) Si la acción hubiera evolucionado
como evoluciona ahora la acción de otras compañías, esas diez
personas tan queridas de ustedes y tan próximas, que recibían
remuneraciones de opciones sobre acciones sin pasar por el consejo de
administración, se hubieran embolsado por cada plan 200 millones de
pesetas cada uno. Eso sí, ustedes, en ese momento, de los
trabajadores de Argentaria no se acordaron, siendo ustedes los
responsables del capital. (Aplausos.)
Por tanto, pensando que ustedes traen un debate de interés general
para hacer reglas para todos (y recuerden lo que les estoy diciendo),
tengo que pensar que no es el instrumento el que les preocupa,
porque, además, ustedes saben, como yo, que la mayor parte de las
empresas del Ibex en España, de la Bolsa francesa, de la Bolsa
italiana, una gran parte de la Bolsa alemana y prácticamente la
totalidad de la Bolsa norteamericana las utilizan. Que las últimas
empresas, por ejemplo, TPI, Terra y Sogecable, han presentado su
documentación
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores anunciando que pueden
tener en cuenta su intención de utilizar opciones sobre acciones. Por
tanto, estamos ante algo que, como instrumento, ustedes dicen que les
gusta; ustedes, nosotros no hemos dicho nada; ustedes dicen que les
gusta. La pregunta sería entonces el monto.
Señor Martínez Noval, no sólo yo, modestamente, sino todo occidente
espera la iniciativa del Grupo Socialista por la que hay que poner un
límite a la evolución de las acciones en la Bolsa. (Aplausos.) Tengo
que decirle que realmente pasarían ustedes a la historia y, teniendo
en cuenta que quedan pocas semanas para que acabe el siglo, tienen
ustedes una gran oportunidad para decir al conjunto del mundo que el
Partido Socialista Obrero Español, miembro no sé si de la tercera vía
ya, o a punto de serlo, y uno de los pilares de la socialdemocracia
europea, ha dicho, y va a hacer, que lo importante de la evolución de
las acciones y de cualquier instrumento ligado a la evolución de las
acciones es que evolucionen poco. (Protestas.- La señora Romero
López: Transparencia.) Sí, señora Romero, transparencia, pero poca.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, deje de interrumpir.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Eso sí que yo no sé cómo hacerlo, señor
Martínez Noval, usted me lo demostrará; sinceramente, me da mucho
miedo que usted lo haga, no vaya a ser que los ahorradores españoles
decidan abandonar las bolsas españolas si ustedes llegan a gobernar.
(Aplausos.- Protestas.)
Partiendo de la base de que usted no me va a demostrar nada, porque
eso no lo hace nadie en el mundo, ni con dos dedos de frente ni con
uno, partiendo de la base de que ustedes no van a poder decir que lo
que les preocupa es la evolución de una acción, lo que me podrán
decir es que, a partir de un determinado nivel, ustedes le ponen un
impuesto, un tipo impositivo más alto, que es exactamente lo que
hemos hecho nosotros. Por cierto, que para un asunto tan escandaloso,
que domina la vida del primer grupo de la oposición, el centenario
Partido Socialista Obrero Español, a pocas semanas de acabar la
legislatura, ustedes no me pueden traer siquiera un par de artículos
redactados de una ley, porque dicen que todo es demasiado deprisa...
Señor Martínez Noval, parece que estamos ante una crisis de los
estados morales básicos que ha revolucionado y convulsionado al
Partido Socialista Obrero Español (Risas.-Aplausos.), y sesudos
juristas -aquí hay uno que me mira con gran atención y se lo
agradezco- tiene el Partido Socialista Obrero Español y otros muchos
para redactar un par de artículos. No, ustedes me traen una
proposición no de ley. Y una proposición no de ley al final de una
legislatura, señorías, es papel mojado, totalmente papel mojado.
(Aplausos.) Pero vamos a seguir porque es un papel muy interesante.
Señorías, en eso que ustedes han sido capaces de hacer, porque no han
sido capaces de hacer más, nos plantean que diferenciemos por tipos
de empresas. Y es muy interesante. Dicen ustedes: empresas que hayan
sido propiedad del sector público y que en los últimos diez años
hayan sido privatizadas. Muy interesante. Yo he estado pensando sobre
esa medida para aplicarles una fórmula por la cual no puedan
remunerar a sus ejecutivos a través de fórmulas variables a medio
plazo relacionadas con el valor de la acción, y he pensado: ¿Estarán
ustedes pensando, por ejemplo, en las cadenas de radio que compraron
el 25 al Estado hace más de diez años o menos de diez años? ¿La
tienen ustedes en la cabeza? (Protestas.-Rumores.) Porque si siguen
por donde van, vamos a tener que plantearnos ese problema. ¿Plantean,
por ejemplo, SS.SS. las empresas privatizadas de Rumasa? (Protestas.-
Rumores.) Porque si van por el camino de empresas privatizadas que no
puedan aplicar opciones sobre acciones, tendremos que hablar de
ellas. ¿Qué decir de los bancos que han sido parte del Fondo de
Garantía de Depósitos? (Protestas.- Rumores.) ¿Lo han pensado SS.SS.?
Yo tengo la sensación de que de esto ustedes no han pensado nada,
pero de lo que ustedes proponen en lo poco que han podido proponer,
en el esfuerzo sobrehumano que han hecho para hacerme una proposición
no de ley a finales de noviembre de una legislatura que acaba en
diciembre, señorías, ¿me proponen ustedes que a todos los bancos que
han pasado por el Fondo de Garantía de Depósitos hay que aplicarles
esta legislación? ¿Y qué me dicen ustedes de los periódicos que
fueron privatizados por el Gobierno socialista hace menos de diez
años? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los ejecutivos de esas empresas?
Todas las empresas públicas privatizadas, absolutamente todas. Y las
empresas que se acaban de fusionar con empresas públicas
privatizadas, ¿qué hacemos con ellas, señorías? ¿Les aplicamos la
norma que ustedes plantean? (Protestas.) Pues les aconsejo que salgan
corriendo a la calle, que están cerca de aquí las sedes de los
bancos, y expliquen ustedes a todos los ejecutivos que trabajan en un
banco muy conocido que, como consecuencia de que ustedes no pueden
hacer oposición a la política del Gobierno y han decidido hacérsela a
Telefónia, no pueden tener opciones sobre acciones en ese banco
porque se acaban de fusionar con un banco privatizado. (Aplausos.) ¿Y
qué hacemos, señor Martínez Noval, con los núcleos duros? ¿Porque es
justo que ustedes digan que no es aceptable que un ejecutivo de una
compañía privatizada se beneficie de la evolución de la acción? ¿Y el
ejecutivo de una compañía que es núcleo duro de esa compañía y
también se beneficia de la evolución de la acción? También les
prohibiremos las opciones sobre acciones, ¿no? Pues vamos a prohibir
opciones sobre acciones a todo bicho viviente. Pero no acaba aquí su
aportación.
Además de eso, dicen ustedes que todas las empresas que tengan
precios públicos o tarifas. Esto ya es fantástico. ¿Se han dado
ustedes cuenta de que esto es, por ejemplo, gasolinas, todas las
compañías que venden gasolina, todas las compañías que venden gas,
todas las compañías que venden luz, todas las compañías que venden
telefonía fija, todo el transporte urbano, todas las compañías que
tienen tarifas de basuras, tarifas de agua...? ¿Todo eso lo incluyen
ustedes, o no lo habían pensado? ¿Y qué me dicen ustedes, por
ejemplo, de las concesiones? ¿Qué me dicen ustedes de las autopistas?
¿Y de los servicios públicos de los ayuntamientos? ¿También los van
ustedes a meter en esto? ¡Cómo me apetece ver que ustedes lo hagan!
¡Es que tengo unas ganas de verles a ustedes haciéndolo, que es que
me muero de risa, hombre! (Aplausos.) Estoy por bajarme, pero es que
no me puedo bajar porque me queda todavía la tercera categoría de
empresas a las que ustedes van a prohibir que tomen decisiones.
(Protestas.- Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señores de la Cámara, ¿se acuerdan
ustedes de cuál es el último monopolio que se crea en esta país en
los últimos diez años? (Protestas.) A ver, ¿se acuerdan ustedes? La
televisión de pago emitida por aire. Ese es el último monopolio, de
hace menos de diez años. Y entonces, ¿ustedes me dicen que tenemos
que decir a esa empresa, que es una, claro, porque es un monopolio,
que no puede remunerar a sus ejecutivos con opciones sobre acciones o
cualquier otro sistema variable ligado? ¡Vamos! Ustedes eso no me
dicen eso en serio ni en broma, vamos (Aplausos.), porque es que les
da un correctivo el ausente, que no ha venido, les va a llamar a
ustedes a capítulo porque están ustedes estropeándole las relaciones.
(Protestas.-La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se
perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Además, no contentos con esto, los
sesudos del Grupo Parlamentario Socialista, en un esfuerzo
sobrehumano para hacer una proposición no de ley al final de una
legislatura, que es un esfuerzo, como todo el mundo sabe, que deja a
un grupo parlamentario exhausto, incluyen nada más y nada menos que a
los sectores de servicios con posición de dominio. Con posición de
dominio, señorías. Es decir, todas las plataformas digitales, vuelvo
a las eléctricas, las telefonías móviles, etcétera. (La señora López
i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, le llamo al orden.
(Rumores.) No se me engallen. (Protestas.) Doña Isabel, repórtese y
no siga.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): La verdad es que no puedo dejar de
esperar a que ustedes expliquen a la sociedad española que todas las
empresas que en los últimos diez años han pasado del sector público
al sector privado, supongo que en el Estado, en los ayuntamientos o
en las comunidades autónomas, todas las empresas que tienen tarifas,
todas las empresas que están en una situación de monopolio, todas las
empresas que tienen precios públicos y todas las empresas
concesionarias ustedes las van a someter a una regulación especial
para diferenciarlas del resto de las empresas españolas. (Varios
señores diputados: No, no.) Señorías, como eso ustedes no lo van a
hacer, porque eso no se lo cree nadie... (Rumores.)
De lo que no cabe duda es de que mi suposición inicial sobre que
ustedes me traían un debate general y para todos resulta falsa.
Ustedes una vez más han traído un debate para perseguir a los
enemigos de sus amigos o a los competidores de sus amigos (Rumores.),
algo a lo cual nos tienen ustedes eternamente acostumbrados, terminan
ustedes la legislatura igual que la empezaron. Y yo quiero decirle
con toda modestia que nosotros hemos puesto en marcha el código
Olivencia, al que S.S. tiene acceso en este momento, porque, si no,
no lo tendría, y que asimismo hemos puesto en marcha un cambio de la
Ley de Sociedades Anónimas, que es lo que hay que hacer.
Déjese S.S. de cuentos y, si quiere intervenir en este asunto, haga
el favor de enterarse de que es sobre la Ley de Sociedades Anónimas y
sobre la Ley del Mercado de Valores sobre las que hay que actuar y,
si S.S. no tiene capacidad legal para hacerlo, seguramente podrá
recurrir a alguien que le ayude para poder saber lo que nosotros le
proponemos, que son dos artículos, que no es el Código de Comercio,
señoría, sino dos artículos y eso no es mucho trabajar. Son dos
artículos que están en el Senado, así que pongan ustedes un poquito
de su parte y hagamos entre todos más transparente el gobierno de las
sociedades, más transparente el sistema de financiación de los
ejecutivos a través de la información a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. (Un señor diputado: ¡Vaya numerazo!) Y por
último, señorías, cuando un grupo político, un gobierno o una persona
dedicada al servicio público estima que una remuneración, que un
montante de dinero de un ciudadano es excesivo, tiene dos caminos: el
de ustedes, que fue la expropiación de Rumasa, que al final vamos a
acabar pagándola todos, y el nuestro, que es pura y simplemente
subirle los impuestos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señor Rato, no me ha contestado usted a si el señor Valentín Sanz
Caja, director general de Telecomunicaciones, estaba o no el 26 de
febrero de 1997 en el consejo de Telefónica. Contésteme la próxima
vez que se suba a esta tribuna. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Le has
pillado!) Y ya que ha hablado en el tono en que lo ha hecho en
relación con la forma de retribución de un banco público, Argentaria,
le tengo que decir que no se preocupe. Ustedes se han metido en un
terreno en el que nosotros nos queremos mover con absoluta libertad.
Fíjese, la persona que más se benefició de ese plan se benefició en
tres años en 35 millones. Compárelo usted con el beneficio de 5.000
millones. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Robles. (Rumores.) ¡Silencio, señorías!
(Rumores.)
Un momento, señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor Rato, en las próximas semanas nos
vamos a ocupar del plan de opciones de Argentaria privatizada. Vamos
a contrastar uno y otro y vamos a contrastar también si el hecho de
que el anterior presidente de Argentaria no se beneficiara del plan
de opciones se repite también en el actual. Vamos a contrastarlo.
Ustedes han querido meterse en ese terreno. Pues bien, trabajemos con
serenidad, con tranquilidad, con profundad y con rigor en ese
terreno. A continuación dice usted: es que la acción no subía. Pero
es que con el procedimiento que ha utilizado Telefónica da igual que
suba o no porque ha asegurado una cotización de la acción. Por eso,
en la proposición no de ley, prohibimos la asistencia o la cobertura
financiera o la prima de seguro, cual es el caso de Telefónica.
Señor Rato, si quien asegura y da cobertura a la operación son los
propios accionistas de referencia de la empresa (Un señor diputado:
Nueva York.), la cuestión está completamente servida. Sobre ese
argumento que dice el presidente de la compañía de que eso sólo le
cuesta a la compañía 2.700 millones de pesetas en tres años, los
españoles tienen derecho a preguntarse: ¿Y cómo es que 2.700 millones
de pesetas se multiplican hasta llegar a 41.000 millones? ¿Qué
milagro es el que se produce para que eso ocurra? (Varios señores
diputados: ¡Milagro! ¡Milagro!) La Comisión Olivencia, señor Rato. Es
verdad. Usted la creó. No puedo por menos que hablar de usted en
términos loables por haber echado a andar esa comisión de buen
gobierno. También me tiene que reconocer una cosa en contrapartida:
de esta cuestión del gobierno de las empresas, del buen gobierno, del
corpore et goberno y de todas esas cosas se habla desde hace poco
tiempo. Hace 10, 15 años, no se hablaba de esta cuestión (Rumores.) o
al menos, señor Rato, yo no lo recuerdo. Pero ya que ustedes tienen
tanta predilección
por la Comisión Olivencia, insisto, tienen un activo
militante de vicepresidente de la misma, señor Rato. Contéstele usted
-se lo dije antes y se lo repito ahora- al presidente de Telefónica
que se cumpla lo que está escrito en el dictamen de la Comisión
Olivencia; que se cumpla en todos sus términos, no en lo que les
convenga estrictamente a los altos cargos de Telefónica.
Límite a la cotización de acciones. Ha pretendido ridiculizar, cosa
que es bastante habitual en sus intervenciones parlamentarias. No
pretendemos limitar ninguna cotización de ninguna empresa, no se
trata de eso. (Rumores.) ¿Qué sentido tienen esas pretensiones de
ridículo? Señor Rato, usted sabe igual que yo que la ley del mercado
de valores la hizo la mayoría de izquierda de esta Cámara (Continúan
los rumores.). Usted fue ponente, yo también. ¿Qué me quiere decir al
respecto? Sabemos cómo funciona el mercado de valores y tenemos una
idea sensata y cabal de lo que debe suceder en el interior de la
actividad empresarial en relación con las operaciones bursátiles, no
otra cosa.
Usted pregunta que por qué no hemos hecho legislación. Hemos
presentado iniciativas para cambiar la Ley de Sociedades Anónimas.
Desgraciadamente, a estas alturas de la legislatura, señor Rato, no
tenemos instrumentos para hacerlo desde la oposición. Usted si los
tiene. Haga un decreto-ley. Nosotros estaríamos de acuerdo.
(Rumores.) ¿Por qué no se va a hacer un decreto-ley? (Continúan los
rumores.) Señorías, no se escandalicen. ¿Por qué no un decreto-ley si
una cuestión tan importante desde el punto de vista mercantil, que es
de lo que estamos hablando, como el reconocimiento de la firma
electrónica se hizo por este procedimiento? ¿Cuáles son las
consecuencias jurídicas del reconocimiento electrónico de una firma?
Unas consecuencias -a nadie se le escapa- enormes. Eso lo hicieron
por decreto-ley. Modifiquen por decreto-ley la Ley de Sociedades
Anónimas, para dar cabida a lo que inevitablemente acabará
imponiéndose, señor Rato, que el ejercicio del derecho de opciones
sobre acciones de la empresa tiene que ser encauzado y regulado. No
basta con lo que ustedes han hecho. Porque lo que ustedes han hecho
-se lo dije antes y se lo repito ahora- no es otra cosa que la
amnistía de las irregularidades e ilegalidades que se cometieron en
el consejo de administración de Telefónica. (El señor Rato hace
gestos de extrañeza.- Varios señores diputados pronuncian palabras
que no se perciben.)
Sí, señor Rato, no se extrañe usted. ¿En qué estatuto figura que el
presidente de la compañía puede recibir retribución por esta vía y
con este instrumento?
Voy al final de su intervención.
El señor PRESIDENTE: Debe ir finalizando la suya, señor Martínez
Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: ¿Por qué 10 años, señor Rato? Porque la
acción dorada suele tener unperíodo de aplicación de 10 años, y así
figura en la
mayoría de los decretos de privatización en los que se reconoce la
acción dorada. Y una acción dorada, señor Rato, implica eso que en el
lenguaje y en la jerga de la actividad empresarial consiste en que
una empresa sobre la cual pende, en términos de beneficio, el
ejercicio de la acción dorada por parte del Gobierno, sencillamente,
no está en el mercado de empresas, si en último término es el
Gobierno el que puede decidir si se toma ésta o aquella decisión de
fusión, de ampliación, etcétera, en relación con la empresa. Ese es
el sentido del plazo de 10 años.
Entonces usted me dice: ¿Por qué no prohibir el ejercicio del derecho
de opciones en empresas del sector energético que están sometidas en
sus ingresos a las decisiones administrativas sobre tarifas o
precios? ¿Y por qué sí? ¿Es que es acaso un drama, señor Rato, que
haya 10 ó 15 empresas del Ibex en nuestro país que no pueden utilizar
como sistema de retribución el ejercicio del derecho de opciones? ¿Es
que no hay 25 instrumentos más de retribución de altos directivos y
de consejeros que no sean el ejercicio del derecho de opciones? Hay
muchos otros. Por tanto, no se escandalice usted de que nosotros
propongamos que haya un sector de empresas que no puedan utilizar ese
mecanismo de retribución. ¿Por qué no? A ver por qué. Explíqueme
usted por qué. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, dejen que concluya el señor Martínez
Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Pero ya que volvemos a las retribuciones,
señor Rato, no acabo de entender que, por ejemplo, en la compañía
Telefónica, y no a través del instrumento del ejercicio de opciones,
ustedes sigan defendiendo que en el año 1995 las retribuciones que en
concepto de dietas y por todos los conceptos recibían los consejeros
eran de 147 millones de pesetas y que en el ejercicio del año 1998
esas mismas retribuciones sumaran 1.075 millones de pesetas. (La
señora López i Chamosa: La inflación.-Risas.) No podemos entender
eso, señor Rato, y si a usted le llama la atención... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Y si a usted le llama la atención que entre
los motivos para prohibir el uso de este instrumento de retribución
de las opciones esté el de no repartir dividendos, le voy a dar un
dato que me puede comentar después. Efectivamente, en los años 1998 y
1999 Telefónica no repartió dividendos, lo que hizo fue emitir
acciones liberadas y dar una acción por 50; una por 50, en el año
1998, y una por 50 en el año 1999. ¿Saben lo que significa eso? Eso
significa 10.500 millones de transferencia a los accionistas en 1998
y 10.500 millones en 1999, en total 21.000 millones de pesetas para
1.200.000 accionistas, a cambio de 41.000 millones de pesetas para
100 directivos de la compañía.
Gracias, señor presidente. (Fuertes aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Martínez Noval, una vez más, por el tono que ha
utilizado. Antes de nada, las cosas serias y después pasamos a este
debate tan divertido que me ha planteado. Las amnistías, señor
Martínez Noval, son sobre cuestiones penales y las irregularidades
penales son delitos. Las amnistías fiscales se acabaron en esta
Cámara con el Gobierno del Partido Popular. (Aplausos.) Premiar a los
que no pagan impuestos es todo de ustedes. ¿La frase no era todo pa
el pueblo? Pues, todo de ustedes. Señor Martínez Noval, antes de que
volvamos a las bromas de este entretenido debate casi de fin de
curso, si S.S se refiere a delitos, dígalo, porque no le va a hacer
falta ir al juzgado, voy a ir yo a decir que S. S. está en
conocimiento de delitos cometidos y que alguien le pregunte. Y si S.
S. no está en conocimiento de delitos y ha hablado de amnistía por
hablar, todos tan amigos.
Vamos a volver a la parte coloquial, jovial y festiva del debate. Su
señoría me pregunta qué hacía el delegado del Gobierno en el consejo
de administración de Telefónica en febrero de 1997. Supongo que si
tenía que estar, estaba. No lo sé. Pero le voy a decir una cosa, el
Estado tenía exclusivamente el remanente de capital que le quedaba y,
por lo tanto, no dominaba la sociedad. Pero, es más. Como he hablado
de Argentaria, S.S. y su grupo nos amenazan y van a contar la vida...
Cuéntenla. ¡A mí qué me importa! Si S.S. lo que cree es que debemos
trasladar el debate político a la gestión de empresas, hoy privadas y
ayer públicas, a lo mejor mi grupo parlamentario hace lo mismo y
estudiamos toda la vida y milagros de ciudadanos que ni se presentan
a las elecciones, ni dicen lo que quieren hacer con los impuestos, ni
plantean lo que quieren hacer con la sanidad, ni quieren que los
ciudadanos les voten y que son profesionales, unos que les votan a
ustedes, que les quieren, les añoran y tienen una foto de ustedes en
su casa de lo bien que lo pasaron con ustedes, y otra nuestra... Pero
si señoría cree que a lo que tenemos que dedicar nuestro tiempo es a
tratar de amargarles la vida a ciudadanos privados que no pueden
entrar en el debate político, diciendo que cumplen con las leyes,
pero que hacemos juicios públicos y éticos sobre su actuación,
independientemente de que ninguno de ellos esté acusado de cometer un
delito, creo que S.S. es un irresponsable. (Aplausos.) ¿Su señoría
quiere ir por ahí? Pues vaya, y si le siguen los demás, cuando
salgamos a las calles a pedir el voto en las próximas elecciones, no
iremos diciendo aquí está el programa del Partido Popular o el del
Partido Socialista, sino que repartiremos una lista de consejos
morales y les diremos a los ciudadanos: Empezaremos a pedir cuentas
de las visiones morales de cada uno de
nosotros. Lo cual es realmente un retroceso en la libertad individual
en este país. (Aplausos.- Rumores.)
Al final he encontrado la luz para entender a S.S. en este tema. No
he sido capaz antes, perdónenme, he tardado mucho. Al parecer, lo que
pretende S.S es que entre todos pongamos un montón de impedimentos a
las opciones sobre acciones. (Un señor diputado: A Villalonga.) Aquel
señor quiere a Villalonga; a los demás nada. ¿Es el suyo, no? Ustedes
eligen un ciudadano, y a por él. Partiendo de la base de que ustedes
tienen sus odios personales y quieren aplicarle la ley a sus
enemigos...(Rumores.) No me distraigan porquehe encontrado el camino.
El señor PRESIDENTE: Vamos a procurar guardar silencio.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): El señor Martínez Noval lo que dice es: pongámonos
todos de acuerdo para evitar que las opciones sobre acciones se
puedan aplicar en las compañías que tienen monopolios de televisión,
en las compañías de cable, en las compañías que tienen gasolineras,
en las eléctricas, etcétera. ¿Pero sólo las opciones sobre acciones,
señor Martínez Noval? ¿Todos los demás instrumentos que pueda
inventar el mercado, ligados a la evolución de la acción para
remunerar a los ejecutivos, los vamos a dejar libres? Señor Martínez
Noval, es una de las mayores tonterías que he escuchado. (Rumores.)
O sea, que lo único que vamos a hacer es tachar del diccionario
opciones sobre acciones y todo lo demás exactamente igual lo vamos a
permitir. No, ¿no? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, señora Cunillera.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Si lo que ustedes quieren es prohibir moralmente un
instrumento, simplemente ese instrumento, y mantener todos los demás
que están ligados a la evolución de las acciones, SS.SS. lo que están
haciendo es un debate falso. Porque si a SS.SS. lo que les preocupa
(dudo que les preocupe, porque no lo han votado; aquí al final,
señorías, lo que se demuestra es lo que cada uno vota, porque hablar
se habla mucho, pero lo importante es lo que cada uno vota) es que
una determinada persona que trabaja en una compañía pueda tener un
aumento salarial como consecuencia del incremento de la remuneración
de las acciones, ¿qué camino tiene un Estado de derecho más que los
impuestos? No sé si ustedes tienen otro, pero no es legal. Ése sí que
no es legal. Si están ustedes pensando en ir a su casa y cogerlo,
eso, señorías, no es legal. Tendrán ustedes que ponerle impuestos
(Rumores.), los que quieran. ¿Quieren ustedes poner un marginal
especial para las opciones sobre acciones? Pues escuchémoslo, a ver
si se les ha ocurrido a ustedes. A nosotros nos parece que
lo lógico es que digamos: las rentas irregulares del trabajo a partir
de una determinada cantidad -nosotros hemos fijado dos millones y
medio por año. ¿Ustedes quieren fijar otra? Díganlo- pagarán igual
que si fueran rentas regulares. A partir de ahí, señorías, no puedo
entender el debate, porque S.S. primero me recuerda nuestros años
mozos en los que éramos ponentes de la Ley del mercado de valores,
para decirme que cómo va a ocurrírsele a usted, efectivamente,
limitar el crecimiento de la Bolsa, para decirme a continuación que
la diferencia entre el plan de opciones de la compañía Argentaria
1994-1995 y la compañía Telefónica 1998- 1999 es que en la compañía
Telefónica 1998-1999 las acciones han crecido el trescientos y pico
por cien y en Argentaria 1994-1995 nada. Señor Martínez Noval, ésa es
la trampa. (Aplausos.-Rumores.) Ustedes se dan cabezazos, pero es que
esa es la realidad.
Para terminar, S.S. -y ahí sí que me ha sorprendido- dice: ¿cómo es
posible que se gane esa cantidad? Ya lo sabe su señoría. Su señoría
sabe perfectamente lo que son opciones sobre acciones. Son apuestas
sobre el mercado que financian los bancos y las compañías de seguros.
(Un señor diputado: Pero aseguradas.) Como sean, señorías. Si son
legales. (El señor Martínez Sanjuán: No.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: señor Martínez Sanjuán, por favor, no
interrumpa.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): ¿No son legales? Pues si no son legales se han
equivocado de puerta. Vayan ustedes al juzgado, que es donde se va
con las cosas que no son legales.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos.-El señor Martínez Noval pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval ¿a qué efectos?
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, a efectos de aclarar dos
cuestiones que...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, la Presidencia ha sido muy
flexible con el tiempo. Sería interminable el debate si van
aclarándose sucesivamente.
Muchas gracias. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, el señor López Garrido tiene la palabra.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, como sabe, los diputados de
Nueva Izquierda hemos presentado una interpelación, que se
sustanciará más adelante, por lo que ahora no voy a desarrollar toda
la argumentación, que haré en su momento.
Simplemente quiero decir, en cuanto al debate que acabamos de
escuchar, que en realidad el señor vicepresidente del Gobierno y
ministro de Economía y
Hacienda se ha dedicado más bien a contradecir una proposición no de
ley de un grupo de la Cámara -el Grupo Parlamentario Socialista-, a
glosarla y a mostrar sus insuficiencias, pero no ha entrado en la
cuestión de fondo: la responsabilidad política del Gobierno por el
escándalo de las stock options en Telefónica, que ha sacudido -lo
quiera o no el señor ministro de Economía y Hacienda- la sociedad
española. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
Nunca ha habido tanta unanimidad en los medios de comunicación
cercanos o lejanos al Gobierno. Nunca ha habido tanta unanimidad en
los sentimientos de la sociedad española. Incluso instancias sociales
y hasta religiosas de gran predicamento en este país han mostrado su
repulsa hacia lo que ha sucedido con las opciones sobre acciones en
Telefónica. Desde luego, la ciudadanía considera que esto tiene que
ver con el Gobierno.
El señor Rato ha dicho que este debate es amargarle la vida a un
ciudadano privado, me imagino que se refiere al señor Villalonga. A
este ciudadano privado lo nombró este Gobierno y él, a su vez, ha
realizado una gestión muy discutible en Telefónica que se ha
considerado abusiva por esta forma de retribución de la que se viene
hablando. Además, esto está en el contexto de una determinada
política de privatizaciones, de una no regulación después de la
privatización y también de la existencia del llamado código Olivencia
que, por cierto, en la mayoría de sus veintiún recomendaciones no ha
sido cumplido por Telefónica.
Creo que la cuestión de fondo, y me remito a la interpelación
posterior en la que podremos profundizar algo más sobre ello, es la
responsabilidad política que este Gobierno tiene. Esto es una
interpelación al Gobierno, no a Telefónica o a Juan Villalonga. Aquí
no estamos hablando de las responsabilidades de Telefónica; hablamos
de la consecuencia de una determinada política considerada muy mala,
muy rechazable y escandalosa, por la inmensa mayoría de los
ciudadanos y ciudadanas españoles. Algo tiene que decir este
Gobierno, de algo tiene que responder y alguna medida tiene que
tomar. Esa es la cuestión de fondo y, por lo escuchado hasta este
momento, el Gobierno no sabe y no contesta; nunca mejor dicho
hablando de Telefónica.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Para fijar posición, estaremos a la espera de las dos mociones
consecuencia de interpelación que hoy se debaten, cuya no acumulación
no acabamos de entender.
Este es un debate muy poliédrico. Una parte de él versa sobre aquel
elemento que introdujo el derecho canónico en nuestro derecho, el
concepto del justo precio o de justa retribución, que trae ecos de
planteamientos
que sobre el protestantismo o el catolicismo hacía Max Weber
o Ruiz Giménez y también ecos más antiguos de la escolástica de
Domingo de Soto. Un grupo parlamentario como el mío, que se inspira
en el humanismo cristiano, entiende que hay justos precios, lo cual
significa que hay precios injustos o precios escandalosos, de la
misma manera que hay justas retribuciones y, por tanto, también puede
haber retribuciones injustas y retribuciones escandalosas.
Apegándonos más al terreno, nos encontramos con el conflicto que en
materia de derecho de sociedades y dentro de las sociedades se
produce entre el capital -la propiedad- y los administradores y entre
los accionistas mayoritarios y los accionistas minoritarios. Aquí
tenemos que decir que los planteamientos que en este momento se
recogen en el artículo 9 de la Ley de sociedades anónimas sobre la
obligación de fijar en los estatutos el sistema de retribución de los
administradores, sin decir nada de los directivos, o lo que establece
a su vez el artículo 130, son realmente insuficientes. De ahí que
creamos que las modificaciones que se introdujeron en Comisión y que
se han mantenido después en el Pleno a través de la ley de
acompañamiento son cuando menos necesarias; es posible que también
sean insuficientes, pero son cuando menos necesarias y suponen un
avance.
Ciertamente, hay un tercer aspecto y es qué ocurre con los beneficios
de aquellas compañías que actúan en sectores de precios regulados o
en regímenes de monopolio, que también tiene desde luego su interés,
y finalmente también está el cuarto aspecto, el aspecto fiscal de si
es o no oportuno (no hace todavía un año de la entrada en vigor de la
Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas) modificar la
fiscalidad de las rentas irregulares del trabajo de la forma que se
ha hecho o si esa modificación requiere al mismo tiempo una
modificación más extensa del impuesto. Ciertamente, no nos duelen
prendas, mi grupo votó favorablemente esa modificación del impuesto
sobre la renta de las personas físicas y si acaso lo que procede
ahora es ver si debe extenderse esa modificación o si para establecer
un régimen más equitativo en el ámbito de los rendimientos
irregulares deberá contemplarse alguna otra modificación.
Por lo demás, en la medida que son dos los grupos interpelantes y por
tanto la próxima semana veremos aquí diversas mociones, nos
reservamos hasta conocer el contenido de las mismas para proceder a
su apoyo total o parcial o bien a su rechazo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, yo creo que es
oportuno y es legítimo que cuando enla sociedad hay un escándalo
venga al Congreso y políticamente
se pida explicaciones a quien responde ante esta Cámara, que es el
que gobierna. Puesto que antes ha habido un debate que demandaba el
grupo interpelante, y el Gobierno ha respondido, y se ha utilizado
algo así como el derecho de la libertad individual, tengo que
responderles que la libertad individual tiene un límite, son las
normas y el interés general y, sobre todo, unos principios que por
encima de los concretos son morales, éticos en la forma de
relacionarse. Nosotros no aceptamos la doble moral de los grandes
ejecutivos que para presentar situaciones competentes de sus empresas
exigen contención salarial, y sin embargo, para lo que es la crema y
nata de la dirección de la empresa, los gestores empresariales, hay
manga ancha, abierta y lo que haga falta.
Porque lo malo del caso de Telefónica, la repulsa que produce el caso
es, primero, que el gobernante de esa entidad hoy privatizada fue
nombrado por un gobierno; segundo, que la empresa está recién
privatizada; tercero, que tiene un régimen de monopolio y una tarifa
que es determinada de manera coactiva por la propia administración, y
cuarto que decide no repartir beneficios este año, con lo que ha
tenido, y sin embargo sí que se da opción de acciones, que es
repartir una minucia, unos 40.000 millones de pesetas, entre cien
altos cargos. Eso, desde mi punto de vista, es denunciable aquí. Por
eso el grado de desigualdad que estamos dispuestos a tolerar y a
aceptar es el que tenemos que poner encima de la mesa.
Sobre este debate y lo que fue la discusión en el trámite de la ley
de acompañamiento a los presupuestos ha habido muchas respuestas,
pero yo voy a utilizar dos que han salido recientemente: una, de la
Conferencia Episcopal, que viene a decir que endurece la fiscalidad
de las opciones sobre acciones y que declara inmoral el lucro
mediante las opciones de compra y da tres definiciones para pedirlo:
primero, no es fruto del trabajo ni del esfuerzo; segundo, es una
ofensa grave a tantos trabajadores que reciben salario escaso y a
veces insuficiente para llegar a fin de mes, con ocho millones de
pobres, y, tercero, lamenta las crecientes diferenciaseconómicas con
respecto a una elite de ejecutivos y personal de alto nivel que se
embolsa cifras astronómicas que no guardan proporción ni con los
riesgos que ha asumido ni con el esfuerzo que ha realizado para
obtenerlo.
El problema de Telefónica es que no había ningún riesgo. Telefónica
no ha tenido beneficios en función de una buena o una mala gestión,
sino en función de unos resultados que no obedecen a eso, sino a la
situación con la que sale a la propia realidad de la Bolsa. Por eso,
nosotros consideramos que esta definición y esta queja por el
incremento de desigualdades que plantea la propia Conferencia
Episcopal va en la línea de lo que hemos venido demandando siempre, y
no en la línea de lo que la CEOE dice que se debería actuar. ¿Qué
dice la CEOE? En primer lugar, que está de acuerdo con las opciones
de compra en Telefónica; en segundo lugar, que la nueva fiscalidad
debe de ser de
plusvalías y pagar al 20 por ciento y, en tercer lugar, que, si no se
hace así, se favorece a los demás, a las rentas de capital. No, mire
usted, se están tomando medidas, mientras se adopta la decisión de
actuar, para ir a una regulación.
Si el grupo proponente de la interpelación entra por el camino que en
el punto primero se ha marcado más o menos como filosofía en su
proposición no de ley, nosotros apoyaremos la moción. ¿Por qué?
Porque nosotros estamos de acuerdo con algo que se ha tenido la
valentía de decir. Aquí se ha preguntado: ¿se quiere regular sólo una
empresa? Y aquí se dice: Todas las que han sido privatizadas desde
hace diez años. Por tanto, no es una empresa; un hecho concreto.
Segundo, las que gestionan servicios públicos en régimen de
monopolio. Tercero, las que cobran tarifas de la forma establecida
por el Gobierno. Añade uno más, que será discutible o no, que es: si
no han repartido dividendos en algún ejercicio, que es el caso que
hemos discutido antes. Si va por ese camino, que es el de definir, el
de plantear una regulación dentro del impuesto sobre sociedades,
dentro de cualquier regulación, nosotros la vamos a apoyar.
Lo que también decimos es que, mientras esto se haga, queremos que se
paguen los impuestos y que se haga al tipo máximo. Por eso creemos
que estas opciones de acciones deben entenderse no como un
rendimiento irregular, que es como el Gobierno las tenía definidas,
sino como un rendimiento de trabajo en concepto de retribución en
especies. Pero si lo que sigue funcionando es la retribución
irregular, proponemos que sea al 48 por ciento y proponemos que haya
un mínimo exento para las circunstancias que puedan darse, por encima
de una u otra. Lo proponemos para todas las empresas, y hay más de
las que aquí se han dicho; podemos hacer una lista hasta de 30
empresas que tienen esa relación, unas privatizadas antes, por
ejemplo, Repsol; otras privatizadas después, como por ejemplo la que
se ha citado hoy aquí; y otras que no han sido privatizadas pero que
están apoyadas en determinados procesos, como el caso del Banco
Santander- Central Hispano, de Bankinter, del Banco Bilbao Vizcaya-
Argentaria, que está ahora unificado. En todas las empresas que se
vean afectadas, porque de lo que estamos en contra es de este modelo
de retribución, que no se ha hecho de manera ajustada a las
condiciones que se nos piden a todos.
Por tanto, hemos condicionado y aceptado que se haga con
transparencia y con efectos retroactivos; con transparencia para
todas las que lo hayan podido producir. En todo caso, quedamos a la
espera de la propuesta de la moción y también del trámite en el
Senado de la regulación que se hace sobre las opciones de compra.
¿Por qué digo esto? Porque nosotros en el Congreso, que tenemos la
opinión de que debe ser un rendimiento no irregular y no una
plusvalía, que creemos que debe ser un rendimiento de una actividad
dentro de la renta, hemos llegado a apoyar cuatro cosas: una, acuerdo
de junta de accionistas; dos, relación nominal
de todos y cada uno de los que lo perciben y con la cuantía que
perciben; tres, con efectos retroactivo y, cuatro, al 48 por ciento.
Espero que eso que ha sido aprobado aquí no sea modificado en el
Senado, porque sería aceptar la presión de la CEOE, y hoy no es
lógico aceptar eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Martínez- Pujalte tiene
la palabra.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Le puedo asegurar, señor Ríos, que no lo vamos a modificar. Pactamos
una modificación legislativa en la Comisión de Economía; esa
modificación legislativa que votaron todos los grupos de la Cámara en
lo sustancial y todos, menos el Grupo Socialista, en lo relativo al
marco fiscal, es una regulación que nos parece justa -luego lo
explicaré- y que además avanza en lo que el Grupo Socialista está
pidiendo y es que se regule. Preguntaba el señor Martínez Noval por
qué el Gobierno no hace un decreto-ley. Es una de las cosas más
curiosas que pasan en esta legislatura: que el grupo de la oposición,
en vez de pedir leyes, en vez de debatir leyes en el Parlamento, pide
al Gobierno que haga decretos-leyes. Nosotros entendemos que había
una vía legislativa para hacer la modificación que era la ley de
acompañamiento, y en ella la hemos abordado. Y esta regulación, como
ha dicho el señor Ríos, busca transparencia, protección del pequeño
accionista y tributación justa.
El Grupo Socialista va cambiando de ponente en este tema y cada vez
habla un ponente distinto -no sé quién hablará el martes que viene-,
pero casi todos los ponentes del Grupo Socialista abordan este tema
sin buscar ninguna solución al problema. Parece que les preocupa más
el debate que el problema, que no les importa nada ni la
transparencia ni los pequeños accionistas ni la tributación justa,
que lo único que les preocupa es el propio debate, y lo alargan.
Yo creo que el otro día, cuando el Grupo Socialista votó las
enmiendas en la Comisión como las votaron todos los grupos, alguien
les debió llamar para decirles: ¿No os dais cuenta que es mejor
mantener el debate vivo que buscar una solución? Con ese argumento,
en el Pleno cambiaron su voto y -¡oh, maravilla de las maravillas!-
lo que habían votado en la Comisión, en el Pleno ya no les parecía
bien. Y para justificarlo emplean argumentos muy peculiares, van
pasando de la demagogia a la mentira, del escándalo al ridículo de
una manera constante (Rumores.); usan argumentos demagógicos y, a la
vez, usan argumentos que faltan a la verdad.
Mi grupo presentó propuestas que le quieren dar una solución al
problema. Pero cuando el Grupo Socialista afirmó que la enmienda
tributaria no iba a cortar una situación que no nos parecía bien,
cuando el Grupo Socialista dijo que eso era pagar justos por
pecadores, ¿a qué justos se refería? Porque a lo mejor, para
el Grupo Socialista, los justos son sus amigos y los pecadores el
resto de la humanidad. (Rumores.)
En una rueda de prensa dijeron con total desparpajo que las
indemnizaciones por despido se iban a ver afectadas por la enmienda
fiscal, y era absolutamente mentira. Las indemnizaciones por despido
están exentas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas,
en el artículo 7, que aprobó este Parlamento con los votos del Grupo
Parlamentario Popular, de los que apoyan alGrupo Parlamentario
Popular y con su oposición. Las indemnizaciones por despido están
exentas, pero, efectivamente, hay algunas sobreindemnizaciones,
algunos blindajes, y a lo mejor alguien ha llamado al Grupo
Socialista y le ha dicho: Y de lo mío, ¿qué? (La señora Leyva Díez:
¡Villalonga!) A un amigo del señor Leguina -y lamento que no esté el
señor Leguina-, al que el señor Leguina le designó para un alto cargo
en la Comunidad de Madrid -presidente de un complejo mediático- y ha
percibido una prejubilación de cientos de millones de pesetas, a ese
señor sí que le afecta. (Rumores.) ¿Y les parece lógico que ese señor
que recibe cientos de millones de pesetas tenga además un beneficio
fiscal? A nosotros nos parece que la regulación de los rendimientos
irregulares tiene que afectar a aquellos trabajadores que perciben
cantidades moderadas.
Y no se perjudica a nadie, a pesar de que el Grupo Socialista intentó
engañar a la opinión pública. (El señor Fernández Marugán: Tiempo
habrá.) El Grupo Socialista dijo que esto iba a afectar a los
artistas, a los escritores, etcétera. La insolvencia en materia
fiscal es palpable, señores del Grupo Socialista (a lo mejor en la
moción no tenemos tiempo de debatir), porque no tributan como
rendimientos irregulares del trabajo, tributan como rendimientos
profesionales. Ustedes engañaron a la opinión pública en materia
fiscal. Ahora, el señor Martínez Noval dice -no ya con insolvencia,
sino probablemente con desconocimiento del aspecto mercantil al que
ha hecho referencia- que esta regulación iba a permitir una cierta
amnistía de no se sabe quién. Señor Martínez Noval, en la Comisión de
Economía y Hacienda todos sabíamos lo que estábamos votando, todos,
incluso su grupo, que votó favorablemente. Lo que votábamos en la
Comisión de Economía y Hacienda era lo siguiente: Punto primero: las
retribuciones de directivos y de administradores tienen que figurar
en los estatutos de la sociedad. Punto segundo: la junta general de
accionistas tiene que aprobarlo expresamente en las remuneraciones.
Punto tercero: hay que informar a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Punto cuarto: cuando sobrepasen límites razonables, aunque
sean remuneraciones a medio plazo y no sean remuneraciones
recurrentes, van a pagar al tipo marginal que les corresponda, que si
son altas será el tipo marginal máximo. Eso es lo que se aprobó en la
Comisión. Y se aprobó buscando tres objetivos: el primero, proteger a
los pequeños accionistas; el segundo, dar transparencia a las
remuneraciones de administradores y altos directivos, y el tercero,
buscar una equidad tributaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez-Pujalte, vaya
concluyendo.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Termino, señor presidente.
Señor Martínez Noval, el Gobierno del Partido Popular encargó el
informe Olivencia, y usted ha dicho que esto no estaba en el debate
público hace tiempo. El informe Cadbury, que es el informe inglés que
dio pie al informe Olivencia, se publicó en 1992. Tuvieron ustedes
toda una legislatura para empezar el debate sobre cómo debían ser las
retribuciones de los administradores y de los altos directivos, y no
lo hicieron; se ha comenzado en esta legislatura. Además, como ha
dicho el señor vicepresidente, bienvenidos a ese debate, lo vamos a
afrontar, porque mi grupo está por la transparencia, la protección
del pequeño accionista y la tributación justa. Tendremos tiempo de
debatirlo en la proposición no de ley. Desde luego, decir que este
grupo parlamentario ampara a nadie es ir demasiado lejos. Este
sistema retributivo está apoyado en todas las naciones del mundo, es
un sistema retributivo que el propio informe Olivencia recomienda, un
sistema retributivo que se recomienda en los papeles de la Unión
Europea, donde, por cierto, hay un comisario que salió de sus filas,
y es un sistema retributivo que puede ser justo, como ha dicho el
señor Martínez Noval. ¿Cuáles son los límites? Pues mire, debatiremos
su proposición no de ley, que no tiene desperdicio. En ella, el juego
entre la demagogia y la mentira, el juego entre hablar del escándalo
y pasar al ridículo es constante.
Voy a terminar con una anécdota. A lo mejor a ustedes les parece muy
mal este sistema retributivo y quieren poner límites. ¿Qué les
parecería poner límites a un sistema retributivo ligado, por ejemplo,
a las ventas? ¿Le van a prohibir a un señor que siga vendiendo más
porque se pasa en su complemento de productividad? O mucho más,
porque incluso hay sistemas retributivos ligados a los rendimientos y
sistemas retributivos ligados a cualquier componente de las empresas.
Miren, señorías, lo que tienen que hacer es plantearse en serio su
posición respecto a las enmiendas que rechazaron y unirse al voto
mayoritario de esta Cámara, que busca la transparencia, que busca la
protección del pequeño accionista y que busca la tributación justa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE
TRANSFERENCIAS DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS EN TERRITORIO
ANDALUZ A LA JUNTA DE ANDALUCÍA. (Número de expediente 172/000193.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la interpelación
urgente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre transferencias
de las confederaciones hidrográficas en territorio andaluz a
la Junta de Andalucía.
Para su exposición, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías.
Señora ministra, permítame que empiece este debate lamentando que en
Andalucía se tenga conciencia de que se han perdido cuatro años en
política de aguas. Los años lluviosos no deberían haber sido años de
amnesia para los responsables políticos, pero la verdad -esa es la
sensación que se tiene y la realidad- es que se ha producido una
cierta relajación y que ha sido necesario que llegue de nuevo un año
seco para que se evidencie con rotundidad que el problema principal
no es solamente la sequía, sino que no se ha llevado a cabo una
política adecuada de agua, porque los años secos han venido a poner
de manifiesto las debilidades que aún subsisten en el territorio para
afrontar situaciones como las que padecemos en Andalucía y en el
resto de España.Hay que entender que la única manera de afrontar de
una forma definitiva nuestro déficit de agua pasa por inversiones,
pasa por mejorar las infraestructuras, pero sobre todo pasa por
racionalizar la demanda de los recursos.Señora ministra, ustedes han
abandonado en su práctica totalidad la responsabilidad que tenían en
la gestión de los recursos, han hecho dejación, cada vez más evidente
en el abandono de la vigilancia de los cauces fluviales y la ausencia
de previsión de la dotación de caudales, etcétera. Por ello, la
petición de las transferencias que hacemos con esta interpelación,
y que plasmaremos en la moción de la semana que viene, lo que se trata
en definitiva es de que se concrete aquí la necesidad urgente que
para Andalucía supone el poder disponer de un recurso como es el
agua, que en nuestra comunidad tiene un importante valor; tiene valor
en todos los sitios, pero en Andalucía las condiciones de nuestro
clima hacen que el ciclo de agua sea tremendamente irregular, lo que
nos hace mucho más vulnerables que otras zonas del Estado.Pero es que
usted debe saber cuál es el papel del agua en Andalucía en relación
con la calidad de vida de nuestra gente, la importancia que tiene la
agricultura, la importancia que tiene el turismo y la importancia que
tiene el agua en estos sectores. También debe saber que la estructura
andaluza viene definida por una diversidad en la que coexisten desde
una gran cuenca hidrográfica como es la cuenca del Guadalquivir (que
en más de un 92 por ciento de su superficie se encuentra en nuestra
comunidad y es evidente que escasamente llegan al 1 por ciento los
recursos que no están en territorio andaluz) con cuencas
independientes entre sí formadas por los ríos que van a desaguar al
Mediterráneo, que son las que se agrupan en la cuenca del sur, y
también en la cuenca de la vertiente atlántica, con los ríos Tinto,
Odiel y Guadalete.
Estas realidades diversas tienen que plasmarse y tiene que resolverse
de una vez por todas el problemade los traspasos. Se nos anuncia que
estos traspasos se
van a producir pero, a la hora de la verdad, no han llegado
y terminamos la legislatura sin que al parecer sea esa la voluntad del
Gobierno. Desde Andalucía se exige, lo ha exigido hace poco el
Parlamento andaluz, lo exigen todas las asociaciones sociales,
sindicales y políticas, que se cumpla de una vez por todas lo
establecido en nuestros estatuto, ese artículo 13.2 del estatuto por
el que se confiere a la comunidad autónoma la competencia plena en
las cuencas intracomunitarias, que deberían de haber sido
transferidas ya y que vamos a plantear que sean transferidas de
inmediato, porque es algo que debería haberse hecho hace demasiados
años.
Sin competencias, Andalucía no puede planificar, no puede gestionar,
no puede disponer de sus recursos hidráulicos; sin competencias,
señora ministra, en materia de aguas, en materia de política
hidráulica, la autonomía andaluza no puede ser considerada como una
autonomía plena.Junto a esto, desde Izquierda Unida -y esperamos que
desde todos los grupos políticos-, no vamos a hacer renuncia del río
Guadalquivir. Usted sabe, como sabemos también nosotros, que existen
mecanismos constitucionales para que se pueda producir la
transferencia de la titularidad y de la gestión de esa confederación,
porque Andalucía necesita, como decía, la conformación de un sistema
que considere íntegramente la gestión de la cuenca y los sistemas de
explotación.
Por tanto, señorías, estamos ante un debate que es crucial para
Andalucía; un debate que, en gran medida, es la última oportunidad
parlamentaria que hay en esta legislatura para que se inste al
Gobierno a resolver una situación que, como he dicho antes, debería
haberse resuelto hace ya demasiados años. Una situación que debe
hacer justicia a la Comunidad Autónoma de Andalucía; una comunidad en
la que, por desgracia, estamos demasiado acostumbrados a vernos
privados de los recursos que necesitamos para nuestro desarrollo. Por
ello, cuando hablamos de traspasar las confederaciones, de dotar a la
comunidad autónoma de recursos suficientes para su desarrollo,
estamos hablando, en definitiva, del futuro de Andalucía. Hablar de
agua en cualquier lugar del planeta es importante, pero en Andalucía,
créannos, en muchos casos es sinónimo de supervivencia.
Queremos que entienda el Grupo Popular que acudimos a este debate con
el mayor interés de que surjan acuerdos que permitan, de una vez por
todas, que en Andalucía se pueda cumplir el artículo 13 de nuestro
estatuto de autonomía en lo que hace referencia a las competencias
que se nos reconocen en materia de aprovechamiento de recursos
hidráulicos, de canales de regadío, cuando las aguas transcurran
únicamente por Andalucía. También quiero que comprenda el Partido
Popular, que comprenda la ministra, que los andaluces y las andaluzas
tengamos la legítima aspiración de poder gestionar la riqueza
hidráulica que supone el río Guadalquivir. Quizá, a usted, señora
ministra, no le pueda caber en la cabeza que este río no sea andaluz,
pero creo que no existirá ningún andaluz ni andaluza, de cualquier
grupo político, que no considere el río Guadalquivir como un río
propio, como un río exclusivo de Andalucía. Por tanto, es necesario
promover las iniciativas que sean necesarias para que este río por el
que transita no solamente la riqueza, sino también la historia de
nuestra comunidad, pueda ser gestionado por la Administración
autonómica andaluza.
Usted sabe, y creo que ha tenido constancia en esta legislatura, que
todos los debates relacionados con el agua son importantes para
Izquierda Unida; pero este caso tiene unos condicionantes que lo
hacen todavía mucho más decisivo, ya le hablaba de la riqueza que
supone para esta tierra, de la historia que representa para nuestra
comunidad, pero también quiero que quede patente en este debate el
legítimo anhelo que tiene nuestro pueblo de alcanzar las máximas
cotas de autogobierno y que le permite la actual Constitución,
derecho que ustedes desde el partido Popular deben saber que nadie
nos regaló, sino que conquistamos un 28 de febrero; todo sea dicho
también, a pesar de los intentos que la derecha y el centro político
que ustedes representan aquí hicieron para que no fuera así. Por
tanto, créannos que también existe aquí un importante anhelo para que
la Comunidad Autónoma andaluza alcance la autonomía plena.
Es importante que ustedes tengan conciencia de la situación en la que
se encuentran las confederaciones hidrográficas, que ustedes tengan
conciencia de que en estos momentos hablar de políticas de agua es
hablar de desarrollo y riqueza, que en este momento es hablar de
autogobierno. Solamente les quiero pedir que lo que ustedes defiendan
hoy y la semana que viene aquí, lo digan en esta Cámara con sus votos
y lo digan y lo repitan por las calles y plazas de nuestra tierra,
mirando cara a cara a los andaluces y a las andaluzas, diciéndoles
eso de que el Guadalquivir no es un río andaluz o que no tenemos
madurez suficiente, como se ha dicho por algún sitio, para
administrar nuestras cuencas, y créanme que van a tener ocasión muy
pronto de ello.
Tenemos desde Andalucía la necesidad y el derecho de administrar
nuestros recursos, porque tenemos la obligación de resolver
situaciones de tantas y tantas zonas, de tantos y tantos
agricultores, de tantas y tantas comarcas que no han logrado tener un
abastecimiento de agua suficiente, después de años de promesas, de
anuncios de inversiones que todavía Andalucía sigue esperando. No es
justo que a estas alturas siga habiendo problemas de suministro de
aguas en zonas de Andalucía.
También existe un problema al que no son ajenos las confederaciones,
que es el problema de la pérdida de agua por regadíos anticuados;
regadíos que suponen un verdadero atentado ecológico por la pérdida
que suponen de un bien tan preciado. Por tanto, ya le decimos que
cada vez que se discute de agua para nosotros es importante; que cada
vez que se toman medidas para nosotros es un momento importante; que
para nosotros siempre que se hable, que se debata, que se
acuerde y que se tomen decisiones para modernizar nuestras redes,
nuestras canalizaciones, nuestro transporte de agua y su distribución
son momentos importantes, y esperemos que así sea la semana que
viene. También entendemos que ya no se puede aguantar más y que es el
momento de no retrasar ni un día más las transferencias de las
confederaciones hidrográficas de Andalucía. No vamos a recordar aquí
los incumplimientos de su Gobierno, no es éste el momento y no
acudimos al debate con esa intención, pero esperamos que sean
conscientes de lo que se juega Andalucía cuando reclama la gestión de
algo que le pertenece por justicia, por historia y también según la
ley. En ese sentido, los instrumentos de planificación deben ser
flexibles. Creemos que las confederaciones en este momento no son
precisamente un modelo de gestión, no son un modelo de
funcionamiento. Son necesarias unas confederaciones hidrográficas
renovadas, con clasificación de su competencia, con una
reestructuración de su gestión y de sus medios, que sean más
democráticas, a fin de que hagan una gestión más transparente de sus
recursos y se establezcan verdaderos órganos de participación de los
usuarios, de los ayuntamientos, de los ecologistas, de las
organizaciones agrarias, etcétera. Desde esa perspectiva, es
imprescindible descentralizar y traspasar competencias de acuerdo con
la Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, de
acuerdo con un enfoque de racionalidad, de la demanda en el uso y una
ordenación de los recursos que evitará los problemas que con
demasiada frecuencia se están produciendo en torno a la política de
aguas en nuestra comunidad.
Estamos hablando de un tema que no nos viene aquí de manera
caprichosa, no es una manía que tengamos los andaluces que les
repetimos a ustedes desde hace cuatro años. La sequía o la situación
de déficit hidráulico que realmente existe en Andalucía debe cubrirse
con políticas de ahorro, de optimización de los recursos, desde la
óptica de la racionalización; unas políticas que no son las que han
llevado a cabo las confederaciones, que entendemos que no han tenido
esa sensibilidad, no han respondido a lo que de verdad se demandaba
desde la Comunidad Autónoma andaluza.
Entienda usted que necesitamos una mayor atención inversora en
Andalucía. Esta mañana se ha alcanzado un importante acuerdo por
unanimidad para la Costa del Sol en la Comisión de Medio Ambiente,
que entendemos que su Gobierno debe asumir y desarrollar. Hacen falta
en Andalucía inversiones que resuelvan situaciones que llevan
demasiados años esperando solución, no se pueden retrasar más las
transferencias de las confederaciones de la cuencas hidrográficas del
Guadiana o del Guadalete, así como también es necesario modificar lo
que haga falta al objeto de que en el menor plazo posible la
comunidad autónoma andaluza pueda tener las competencias de la cuenca
del Guadalquivir. Es evidente -y no quiero que quede fuera de este
debate- que el traspaso de las confederaciones debe ir acompañado de
la dotación de recursos económicos
y humanos y de cuantos otros sean necesarios para la gestión y
administración de las mismas. Señora ministra, la petición que aquí
le hacemos y la propuesta que le vamos a hacer el martes próximo no
es solamente una cuestión de voluntad política -que, evidentemente,
para la votación sí lo será-, es una cuestión de respeto a la ley, de
cumplir la ley. Usted no se puede seguir escondiendo, usted debe
cumplir la ley, debe cumplir el estatuto de autonomía y cerrar ya el
traspaso de las confederaciones, de manera que la comunidad autónoma
andaluza pueda, de una vez por todas, tener una autonomía plena.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Centella.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora
ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
presidente, señorías, señor diputado, sinceramente, después de oír su
intervención, he de decirle que a menos que usted sea de los que,
como algún ex presidente del Gobierno, piensa que el Estado de
derecho es un guiñol (La señora Rubiales Torrejón: ¡Anda ya!), no
puedo entender que haga afirmaciones del calibre de las que ha dicho:
señora ministra, no siga usted escondiéndose; cumpla la ley. Porque
de la ley vamos a hablar para que sepan esos andaluces -a quienes
usted dice representar parece que en exclusiva esta tarde- quién
cumple la ley y quién trata desde esta tribuna de manipular la
interpretación de la ley.
Habla usted de cómo los instrumentos de planificación deben ser
flexibles, y dice que se traspasen las competencias de acuerdo con la
Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y ahí se para.
Su señoría se ha decidido a presentar esta interpelación, que no es
la primera sobre esta materia (ni es la primera interpelación ni son
las primeras preguntas, se han hecho varias ya), y no hemos dicho
nada de lo que S.S. ha puesto en nuestra boca. No hemos dicho que
falta madurez ni que vamos a traspasar el Guadalquivir porque sea muy
andaluz. Hemos acudido siempre a la ley y ahí están los «Diarios de
Sesiones» en los que no cabe interpretar a la ministra, cabrá leer
mis palabras pero no interpretarme. Probablemente, si S.S. hubiera
hecho ese ejercicio de rigor y de honestidad política no habría
traído esta interpelación, y si la hubiera traído no hubiera vuelto a
incidir en las mismas afirmaciones, desmentidas no por la ministra
sino por la Constitución española, por el Estatuto de Andalucía, por
la Ley de Aguas y por muchas sentencias constitucionales que S.S.
debería conocer y haber analizado previamente. Yo una vez más -porque
es mi deber comparecer en esta Cámara cuantas veces me interpelen-
faltaría más, le tengo que volver a citar los mismos artículos para
que S.S. se los lea: los artículos 148.1.10 y 149.1.22 de la
Constitución; el artículo 13.12 del Estatuto de Autonomía
de Andalucía y la propia Ley de Aguas. Todas estas normas establecen
cómo se reserva al Estado la competencia exclusiva en todas aquellas
cuencas que son intercomunitarias. Yo comprendo que a S.S. le podrá
molestar que el Guadalquivir y que el Guadiana, que efectivamente son
ríos importantes en la comunidad andaluza, faltaría más, no sean
exclusivos de los andaluces. Usted dice: son andaluces, son
exclusivos de los andaluces. Eso no lo puede decir usted ni lo puedo
decir yo, porque las leyes dicen lo que dicen y cuando la cuenca del
Guadalquivir atraviesa cuatro comunidades autónomas deja
automáticamente de ser una cuenca intracomunitaria, señoría. Por
tanto, no siga usted reclamando sobre la base de la ley, de ningún
tipo de ley, ni del Estatuto de Autonomía de Andalucía ni de la Ley
de Aguas ni de la Constitución española. No vuelva a incidir una vez
más en el mismo error, porque esa persistencia en el error ya es
grave. Tómese la molestia de leer los artículos que le estamos
citando continuamente. Se los puedo leer yo una vez más, para que
queden en el «Diario de Sesiones» una vez más, lo que pasa es que
luego S.S. no lo lee. La ley dice: en las cuencas hidrográficas que
excedan el ámbito territorial de una comunidad autónoma se
constituirán organismos de cuenca con las funciones y cometidos que
se regulan en esta ley. Por tanto, señoría, le reitero una vez más
que lo que pide es imposible, y no por falta de madurez ni por falta
de voluntad de ningún Gobierno. El Gobierno anterior, que estuvo
catorce años gobernando, también ha reclamado en alguna ocasión,
incluso la propia ex delegada del Gobierno, a la que entonces no se
le ocurrió hacer la transferencia de competencias porque sabía que no
se podía, se ha atrevido también a reclamar alguna vez. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Señoría, la ley no la ha hecho el Partido Popular, la Constitución
española nos la dimos todos los españoles, el Estatuto de Autonomía
fue aprobado también hace muchísimos años, antes de que gobernara el
Partido Popular, y la Ley de Aguas, que establece el principio de
unidad de cuenca, se aprobó cuando el Gobierno socialista gozaba de
una mayoría absoluta. Por tanto, lo único que hace el Gobierno del
Partido Popular es cumplir estrictamente la ley, le moleste o no a su
señoría. Entonces hay alguien aquí que no es que no dé la cara porque
no quiere cumplir la ley o que da la cara para cumplir la ley, hay
alguien aquí que intenta hablar de una flexibilización de la
planificación al margen de toda ley. Y, señorías, estamos en un
Estado de derecho y lo primero que hay que hacer es cumplir
estrictamente la ley. De ahí las leyes que le he citado: la primera
la Constitución española, la segunda el Estatuto de Autonomía, la
tercera la Ley de Aguas y despuéssentencias. No sé cómo S.S., cuando
las ha visto citadas, no se ha tomado la molestia de leerlas. Incluso
hubo algún recurso de inconstitucionalidad y ¿sabe quién lo planteó,
porque en estos casos tiene que ser así? El anterior presidente del
Gobierno. Cuando hubo
una comunidad que le planteó una transferencia de competencias como
la que S.S. alega en este momento, en el año 1987, don Felipe
González, como presidente del Gobierno, presentó un recurso de
inconstitucionalidad. ¿Sabe usted que dijo nueve años más tarde el
Tribunal Constitucional? Que aquel Gobierno tenía toda la razón
cuando decía que no se podían transferir las competencias de gestión
que en aquel entonces reclamaba la Generalidad de Cataluña. Y como
esa sentencia hay varias, señoría. Cada vez que se ha pedido lo que
S.S. ha dicho -y no solamente se ha pedido con interpelaciones sino
que se ha ido a mayores-, ha habido que plantear recursos de
inconstitucionalidad y, curiosamente, el Tribunal Constitucional ha
sentenciado ¿a favor de qué? A favor de la Constitución española,
a favor sentenciaría en este caso del Estatuto de Autonomía de
Andalucía y a favor de la Ley de Aguas. Por tanto, creo que es un
tema lo suficientemente debatido ya para que no sigamos hablando
además de agravios comparativos. ¿Me quiere S.S. decir una
confederación hidrográfica que se haya transferido en sus
competencias de gestión a una sola comunidad autónoma? ¿Me puede
citar S.S. una sola confederación hidrográfica que se haya
transferido, ni con este Gobierno ni con el anterior, incumpliendo la
Constitución, los estatutos y la Ley de Aguas, a una sola comunidad
autónoma? ¿Por qué S.S. pide nuevamente hoy la transferencia de las
confederaciones hidrográficas en territorio andaluz a la Junta de
Andalucía porque ya está bien de marginar a la Junta de Andalucía y a
Andalucía? ¿Pero cómo pueden hacer semejantes afirmaciones, señorías?
Cíteme una única confederación hidrográfica que hayamos transferido
ni este Gobierno ni el anterior a una comunidad autónoma. Y si me la
cita podremos decir que las demás comunidades autónomas, incluyendo a
Andalucía, tienen un agravio comparativo. Pero no hay una sola
confederación hidrográfica transferida a ninguna comunidad autónoma,
porque ni el Gobierno anterior lo ha hecho, ni este va a hacerlo, ni
el que venga, salvo que se acuerde modificar la Constitución en este
sentido, se modifiquen los estatutos de autonomía y se modifique la
Ley de Aguas. Si esto se hiciera podríamos hacer muchas cosas, pero
mientras sigamos con la legislación que tenemos, en un Estado de
derecho, reitero a S.S., como en mi primera afirmación, que no se
puede seguir diciendo que tiene un agravio comparativo la Junta de
Andalucía o la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es todo tan absurdo,
señoría, como lo que también nos ha dicho: Diga usted a los andaluces
que el Guadalquivir no es un río andaluz. Pues yo no tengo por qué
decirlo. Claro que el Guadalquivir es un río mayoritariamente
andaluz, pero no me negará usted que lo mismo que el Guadiana acaba
en Huelva, también atraviesa Extremadura y tiene incidencias en
Castilla- La Mancha. Pues lo mismo le ocurre al Guadalquivir. Es
decir, son cosas tan ilógicas que yo creo que deberíamos mantenernos
al menos en el terreno del sentido común y de la lógica. Traspasar
competencias -dice además en su texto- de acuerdo con la Constitución
y
el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Es decir, expresamente pide
transferencias de confederaciones hidrográficas en territorio andaluz
a la Junta de Andalucía, de acuerdo con la Constitución y con el
Estatuto de Autonomía de Andalucía, cuando curiosamente el Estatuto
de Andalucía, la Constitución española y la Ley de Aguas lo prohíben
expresamente porque expresamente dan la competencia al Estado.
Créanme, señorías, que yo lo repetiré cuantas veces haga falta pero
esto es lo que se está diciendo. Léase el artículo 14 de la Ley de
Aguas, que cita exactamente el principio de unidad de cuenca. Y por
mucho que el río Guadalquivir esté mayoritariamente en Andalucía, la
cuenca del Guadalquivir afecta a cuatro comunidades autónomas. Por
eso, con sentido común, todos los españoles decidieron en la
Constitución española que la gestión de las cuencas tiene que ser
unitaria. ¿Por parte de quién? Por parte del Estado. Y así se
mantiene. ¿Usted se imagina que el Ebro lo parceláramos para que cada
una de las nueve comunidades autónomas por donde pasa gestionara un
trocito? ¿Eso es lo que pide S.S.: que parcelemos la gestión del
Guadalquivir en un trocito para cada una de las cuatro comunidades
autónomas? ¿Y lo mismo con el Guadiana?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
ministra, le ruego que vaya concluyendo.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Voy
concluyendo, señor presidente, pero quiero referirme también
brevemente a otras afirmaciones que además de ésta tan ilógica desde
el derecho ha planteado el interpelante.
Habla, por ejemplo, de que en Andalucía se tiene la sensación de que
se han perdido cuatro años. Especifíqueme en qué, señoría. Porque
¿cuatro años se han perdido cuando no tenían planes de cuenca
aprobados y se han aprobado por real decreto todos los planes
hidrológicos de las cuencas, que es la verdadera planificación que
exigía la Ley de Aguas de 1985? Once años más tarde no había planes
de cuenca; este Gobierno, en tres años, tiene planes de cuenca. ¿Se
ha perdido el tiempo porque a S.S. le preocupa -y no sabe cómo lo
celebro, porque mañana veré su voto a favor de la Ley de Aguas- el
uso racional, el uso eficiente de los recursos, un modelo de gestión
cada vez más eficiente, y hemos modificado la Ley de Aguas para
aplicar esos criterios de uso eficiente del agua, se ha perdido el
tiempo en ese sentido, que va a obligar a la modernización de
regadíos? ¿Se ha perdido el tiempo con un estudio como el que se ha
hecho de aguas superficiales y aguas subterráneas, no político sino
riguroso, científico, con datos del diagnóstico de situación que vive
España?
Habla S.S. de los años de sequía que hemos vivido. Señoría, ha habido
un año más seco que los años anteriores y eso le ha venido bien al
Gobierno, si usted quiere, pero no digamos lo contrario, que no ha
llovido durante la época de este Gobierno. Y dice S.S. que
se ha visto que las épocas de sequía que nos han azotado mantienen la
debilidad para afrontar estos temas. Pues bien, en Andalucía tiene S.
S. toda la razón, porque los problemas de abastecimiento que ha
tenido Andalucía incumben a la Junta de Andalucía, que tiene todas
las competencias en materia de abastecimiento. Y efectivamente es
lamentable que, prometiendo año tras año las mismas inversiones en
obras de abastecimiento, posteriormente no las ponga en marcha. ¿Se
ha perdido el tiempo entonces en inversiones? Le puedo decir con
datos, con nombres y apellidos de las obras, que Andalucía jamás
había tenido tantas inversiones en obras hidráulicas como las que ha
tenido con este Gobierno. Va a terminar con una inversión real
ejecutada de 200.000 millones de pesetas en los cuatro años de la
primera legislatura del Gobierno del Partido Popular y para el año
2000 hay ya una previsión de 104.000 millones de pesetas. Y de todo
esto, que ya le digo que tiene nombres y apellidos, unas obras se han
puesto en marcha, en algunas tan solo se ha colocado la primera
piedra pero otras ya están en ejecución y construcción, otras en
licitación, otras en adjudicación y otras con declaraciones de
impacto ambiental, obras históricas que de siempre habían reclamado
los andaluces pero que nadie les había escuchado. Y sabe muy bien S.
S. -haga un repaso- que lo mismo ocurre en Huelva, en Córdoba o en
Sevilla. ¿Y cómo? Pues todo ello a pesar del obstruccionismo de la
Junta de Andalucía. Esto es algo que también deben saber los
andaluces y que yo espero que usted les cuente. Queda escrito en el
«Diario de Sesiones» pero S.S. también puede contar, por ejemplo las
obstrucciones que hemos tenido para el embalse de Melonares.
Licitamos Melonares en el mes de noviembre, señoría, cosa que nunca
habían pensado los andaluces que tenían derecho a ello, porque muchas
veces se prometió y nunca se cumplió. La presa de Andévalo está ya en
construcción y La Breña 2, salvo que siga siendo obstruida por la
Junta de Andalucía, se podrá también licitar en el mes de enero
próximo. Y podría seguir citándole cantidad de embalses y cantidad de
infraestructuras hidráulicas que estamos poniendo en marcha, ya digo,
a pesar del obstruccionismo y a pesar de los incumplimientos -por
ejemplo, el del Víboras, en Jaén- de la Junta de Andalucía, que no
asume sus compromisos y no los cumple, o a pesar de las dificultades
que está poniendo también la Junta de Andalucía en la Mancomunidad
del Norte, en Córdoba, para hacer otro embalse muy importante que hay
que hacer allí. Podría seguir diciendo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
ministra, le ruego concluya.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Termino,
señor presidente.
Modernización de regadíos. Muchas son las obras de modernización de
regadíos que está poniendo en marcha este Gobierno como el
encauzamiento de ríos muy importantes, como por ejemplo, sin ir más
lejos, el que
le preocupa a S.S., el Guadalquivir a su paso por Córdoba. Son
inversiones y desde luego yo no sé cómo S.S. puede seguir diciendo
que los andaluces sienten que se han perdido cuatro años. Lo que
sentirán en cualquier caso es la pena de no haber tenido muchos años
antes a un Gobierno del Partido Popular que realiza las inversiones
que dice.
Termino con dos palabras nada más, que quizás le detalle en la
siguiente intervención con más calma. Habla usted de la
democratización de las confederaciones hidrográficas. Me gustaría que
precisara este concepto, ya que también tengo datos, no solamente
porque sea jurista sino porque creo que cualquier persona rigurosa y
más un parlamentario que representa al pueblo español tiene la
obligación de conocer las leyes para aplicarlas, respetarlas y
citarlas aquí, y no hablar de falta de democratización cuando existen
leyes que hablan de la composición exacta de los organismos de
cuenca.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora ministra, tengo la sensación de que
no me ha escuchado, de que tenía preparada la respuesta y, en función
de ello, ha soltado lo que venía a decir aquí. Si me hubiese
escuchado me hubiese entendido -creo que si escucha entiende- que no
he venido aquí a pedir la transferencia inmediata del Guadalquivir.
Textualmente lo que he dicho en mi intervención es que se emprendan
las modificaciones necesarias para que eso sea posible. Eso es lo que
vamos a plantear en nuestra moción. Usted no ha hablado para nada del
resto de las cuencas, que ésas sí vienen recogidas en el estatuto de
autonomía. De ésas sí que le pedimos las transferencias inmediatas,
de ésas sí que pedimos que se cumpla ley, porque el estatuto de
autonomía es una ley que ustedes tienen que cumplir y no han
cumplido.
Entiendo que sólo ha venido aquí a resguardarse en un discurso que
tenía preparado y no ha entendido cuál es nuestra propuesta. Nuestra
propuesta es la transferencia inmediata de las cuencas que se pueden
transferir. ¿O es que la cuenca del sur no pasa íntegramente por
Andalucía? Por tanto, ¿por qué no se transfiere? Ha habido un
representante de la Administración, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Sur, que ha dicho públicamente que no se transfiere
porque es un tema muy complejo. Está dicho en la prensa malagueña. Ha
dicho que hay voluntad, que el Gobierno está dispuesto a hacerlo,
pero que es un tema muy complejo y que todavía no se ha podido
resolver. Eso lo ha dicho el señor Villegas en la prensa malagueña
hace pocos días, y es, entiendo, la máxima autoridad que le
representa a usted en este tema en la Cuenca Hidrográfica del Sur.
Cuando hablaba de la complejidad es porque estaba avalado. Me extraña
que usted
no sepa ni siquiera lo que dicen sus representantes en Andalucía.
En su próxima intervención puede hablar aparte del Guadalquivir de
otras cuencas, porque Andalucía es algo más que el Guadalquivir, con
ser muy importante. Yo soy diputado por Málaga, como usted debe
saber, y lamento que no haya hecho la más mínima referencia a esa
cuenca, porque usted -repito- ha venido a esconderse detrás del
Guadalquivir pensando que veníamos a pedirle que lo transfiriese
inmediatamente. Sabemos que eso no es posible. Yo no he venido hoy
aquí representando a todos los andaluces -represento modestamente a
100.000 malagueños que nos votaron en las últimas elecciones-, pero
el Parlamento andaluz sí ha tomado decisiones en este sentido y el
Parlamento andaluz sí representa a los andaluces. Por eso, cuando he
hablado de ciertos temas lo he hecho por acuerdo del Parlamento
andaluz, que mal que les pese representa a los andaluces. Su grupo
parlamentario deberá pronunciarse la próxima semana sobre las
transferencias inmediatas de las cuencas, que sí vienen recogidas en
el estatuto de autonomía; y tendrá que decir sí o no.
Resulta ridículo que usted compare la situación del Guadalquivir con
la del Ebro, porque no tienen nada que ver. El Guadalquivir es un río
andaluz que tiene unos problemas que hay que resolver jurídicamente,
pero no puede comparar la reacción de Andalucía con el Guadalquivir
con la de otras comunidades con el Ebro. Esas cosas tan lógicas que
ha dicho las va a tener que repetir doña Teófila Martínez en
Andalucía, pueblo a pueblo. Le vamos a demandarque repita las mismas
cosas que usted ha dicho, porque -repito- suena a burla a los
andaluces que usted quiera hacer esas comparaciones simplemente para
decir que el Guadalquivir debe ser compartido por cuatro comunidades
autónomas. Eso lo deberá repetir doña Teófila Martínez en Andalucía.
Aquí puede sonar a chiste pero en Andalucía suena peor. En Andalucía,
en Málaga se tiene la sensación de que se han perdido cuatro años en
los que se tenían que haber hecho obras. Por cierto, ustedes sí han
ido a anunciarlas, han ido pregonándolas, aunque luego no las hayan
hecho realidad. ¿Le suena la presa de Casasola? Creo que le debe
sonar; le debe sonar el retraso que tiene esta presa. ¿Le suenan los
problemas de suministro de agua en la presa malagueña? Los debe
resolver porque son competencia de la Administración.
Afortunadamente, esta mañana creo que hemos alcanzado un buen acuerdo
para desbloquear el tema del saneamiento. También le debe sonar algo
el saneamiento integral de la Costa del Sol. Todo esto, señora
ministra, hace que se tenga la sensación de que ustedes han perdido
el tiempo. Nuestra impresión es que han estado más preocupados de
privatizar que de gestionar; han estado más preocupados de otras
cosas que de resolver los problemas existentes.
Pero ese no era el objeto de nuestro debate. Le dije al principio que
acudíamos a este debate con una voluntad de consenso. En su
intervención no la he visto
por ninguna parte porque usted no ha hablado de lo que se puede
arreglar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
le ruego vaya concluyendo.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Termino, señor presidente.
Nosotros queremos alcanzar un acuerdo ya, que se transfieran de forma
inmediata las cuencas que están reconocidas como andaluzas en el
estatuto de autonomía y que se hagan las modificaciones legislativas
necesarias para que el Guadalquivir pueda ser gestionado desde
Andalucía, porque mal que le pese los andaluces tenemos derecho a
gestionar el río Guadalquivir, ya que es un río andaluz.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señoría,
ni siquiera en campaña electoral -quizá en un mitin político- hay que
aceptar las cosas que ha dicho. En este Parlamento, S.S. no puede
acusarme a mí en este momento de decir que yo niego que el río
Guadalquivir sea un río andaluz. No ponga en mi boca lo que yo no he
dicho, señoría. Y no me venga usted a decir que yo he comparado el
Guadalquivir con el Ebro. Menos mal que existe un «Diario de
Sesiones»,señoría. En cuanto a unidad de cuenca compararé el
Guadalquivir con el Ebro, con el Tajo, con el Guadiana, con el Duero,
con cualquiera de los ríos de España; en cuanto a gestión de una
cuenca. Porque su mala voluntad raya en una ignorancia preocupante.
Por favor, escuche y lea lo que se está diciendo. Y menos mal que
también en el «Diario de Sesiones» - que sí lo lee la gente, S.S.
parece que no- se van a recoger todas las incongruencias de S.S., lo
que me ha dicho en su primera intervención y lo que me dice en la
segunda. Y menos mal que algo hemos avanzado, ustedes lo han oído.
Señoría, el único texto que traía preparado era el de S.S. El único
texto que yo tengo aquí escrito es el de S.S, en el que está pidiendo
la transferencia de las confederaciones hidrográficas. ¿Por qué no
pregunta S.S., para que le expliquen un poquito, de qué va la Ley de
Aguas? ¿De qué va la Constitución española? ¿Qué es una confederación
hidrográfica? Si no pasa nada, señoría; si es que hace cuatro años y
poco más yo tampoco lo sabía; tampoco lo sabía porque no me había
estudiado la Ley de Aguas más que cuando hice la carrera de derecho.
Pero cuando se tiene una responsabilidad - S.S. la de hacer una
interpelación- lo primero que tiene que saber es consultar los textos
constitucionales.
Hoy ya dice S.S. en la réplica que lo que viene pedir aquí no es lo
que dice el texto de la interpelación, la transferencia de las
confederaciones hidrográficas, pone un matiz. Dice: no las queremos
de inmediato;
queremos que las confederaciones hidrográficas se vayan modulando y
modificando las leyes para poderlas transferir. Muy bien, señoría,
tiene todo el derecho a pedir una modificación de la Constitución
española. ¡Faltaría más! Pida usted la modificación de la
Constitución española, pida usted la modificación de la Ley de Aguas
y pida usted todas las modificaciones legales que quiera. Y cuando se
hayan conseguido, soy yo, en mi primera intervención, no usted -«
Diario de Sesiones»- quien le ha dicho que modificada la
Constitución, los estatutos de las autonomías y la Ley de Aguas,
podremos hablar de transferencia de competencias. Pero mientras tanto
no hablemos de lo que está terminantemente prohibido.
Y no me venga con historias de que yo comparo un río con otro o con
amenazas. No, si no hay que amenazar a nadie. Con la cara muy alta va
a ir nuestra candidata cuando llegue la campaña -que es lo que parece
que S.S. había traído aquí hoy-, no muchos meses antes, a decir
exactamente lo mucho y bien que ha actuado este Gobierno, y
lamentablemente tendrá que ir diciéndolo pueblo a pueblo porque desde
luego los medios de comunicación públicos, como es la televisión de
Andalucía, no le van a permitir decirlo, y tendrá que hacer muchos
más kilómetros que otros para poder contar en cada una de las
provincias de España, concretamente en Andalucía, lo que se ha hecho
en su favor.
Por lo que dice S.S. ya no parece que todos los andaluces estén
descontentos. Han escuchado SS.SS. la segunda parte por la que parece
que hay algún descontento en Málaga, porque S.S. es de Málaga. Pero
S.S. debería saber que como el presupuesto del Estado no hubiera
permitido hacer toda la inversión que necesitaba España entera de
inmediato, porque se han perdido muchos años con anterioridad, este
Gobierno -tan malo para S.S.- ha articulado otros sistemas jurídicos
y financieros para poder acudir a solventar los problemas de
infraestructura hidráulica que tiene España entera y concretamente
Andalucía. Y usted deberá decir a los malagueños que gracias al
Gobierno del Partido Popular en todo el saneamiento de la Costa del
Sol, que estaba completamente abandonado cuando llegamos al Gobierno,
lo que no ha podido empezar a hacerse por el capítulo 6 se ha
empezado a hacer con cargo al capítulo 6 de años sucesivos, a través
del sistema de pago aplazado, método alemán. Y no hay una sola
depuradora o un solo colector de los que históricamente necesitaba
Málaga que no hayan sido licitados en los años 1997 y 1998 por este
Gobierno. Eso es de justicia reconocerlo y lo demás es querer falsear
la verdad, señoría, y ahí no nos van a encontrar nunca. Su señoría no
ha podido volver a hablar de la falta de inversiones en el resto de
las provincias de Andalucía porque cuando le he citado obra a obra,
construcción a construcción, piedra a piedra, adjudicación a
adjudicación, licitación a licitación y declaración de impacto
ambiental una tras otra, S.S. no ha podido decir que la ministra
estaba mintiendo. Lo primero que hay que hacer es hablar con
sinceridad. Y no voy a seguir desmintiendo afirmaciones que son tan
falsas que no tienen más que la constancia en el «Diario de
Sesiones»,porque no tienen mayor repercusión y se esfuman al día
siguiente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
ministra, le ruego vaya concluyendo.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Voy
terminando, señor presidente.
Ni S.S. ni otra persona jamás podrán hablar de que este Gobierno
privatiza el agua; jamás. Su señoría en su texto habla de la
privatización del abastecimiento. Reclame usted a la Junta de
Andalucía y a los ayuntamientos que son los que tienen la gestión del
abastecimiento. Si no le gusta a S.S., si le parece que no es
transparente, pregúnteselo, pero no venga a reclamar la privatización
del abastecimiento a favor de empresas privadas a la ministra de
Medio Ambiente porque -le vuelvo a reiterar- no tengo ninguna
competencia para privatizar el agua. No hemos privatizado el agua, y
mucho menos el abastecimiento, porque es competencia de los gobiernos
autónomos y de los ayuntamientos. ¿Se da cuenta S.S. de cuántas horas
le han faltado, ya no digo de estudio, de simple lectura para no
cometer tantos errores?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Gracias, señor presidente. Señorías,
intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar la posición de
nuestro grupo en la interpelación del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, iniciativa con la que mi grupo coincide básicamente
en su formulación y en la expresión verbal del señor Centella, porque
es uno de los temas, señora ministra, que más consenso y más acuerdo
produce en el conjunto de la sociedad andaluza.
Señora ministra, permítame que le diga una cosa, y voy a procurar
hacerlo sin acritud y sin pretender darle lecciones como las que
usted nos da diariamente. Después de oírla, yo ni siquiera me
atrevería a decir que soy jurista, porque da hasta susto cómo lo
dice, con esa rotundidad y ese conocimiento, cuando usted sabe que no
hay cosa más opinable y más susceptible de valoración y de
interpretación que el tema del derecho; pero usted, como es una
dogmática en todo, también en derecho, ha afirmado que es una jurista
como si estuviera beatificada.
La iniciativa de Izquierda Unida habla de las transferencias de las
confederaciones hidrográficas. Y como le ha dicho muy bien el señor
Centella, además del Guadalquivir, del que después hablaremos, están
el Guadiana, el Sur, el Guadalete-Barbate, etcétera. En una
pregunta que le hice en septiembre de este mismo año -luego
hablaremos de eso- le leí lo que decía el programa electoral de su
partido en las últimas elecciones que perdieron. Decía el programa de
gobierno del Partido Popular: Crear la consejería de medio ambiente,
crear la agencia hidrológica de Andalucía, invertir medio millón de
pesetas en actuaciones en no sé qué, exigir la transferencia de la
gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Sur y de
los sistemas hidrológicos del Guadiana 2 y Guadalete-Barbate. Usted
me contestó esto literalmente. Lo traigo aquí porque usted dice que
la leamos y que no la interpretemos. Seguramente dijeron eso porque
todavía no había usted dado la lección de derecho que nos acaba de
dar hoy aquí. Cuando les dé la lección de hoy ya no volverán a meter
la pata. Pero el otro día no hizo usted eso. El otro día,
respondiéndome a esto mismo, me dijo: Si el Partido Popular llegó a
decir eso en su programa (y lo llegó a decir, aquí está; si no le
parece bien la fotocopia le traigo el original) era porque desconocía
absolutamente la gestión de las cuencas hidrográficas por la Junta de
Andalucía y por el Gobierno, que entonces coincidían. Y dice aquí:
rumores. Desde luego, pocos debieron ser los rumores que se debieron
producir, porque ahí no demostró usted muchos conocimientos de
derecho. Ahí no demostró usted ser tan fina jurista como ahora nos
acaba de afirmar. Porque yo le leído y he releído esa afirmación y me
he quedado absolutamente perpleja de que alguien lo diga y menos la
ministra de Medio Ambiente, y menos una tan insigne jurista. Porque
usted sabe que el tema de las transferencias o no de las competencias
no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la gestión. Es una
cuestión de reparto de poder que establecen la Constitución y los
estatutos de autonomía. De acuerdo con unas interpretaciones hechas
por los tribunales de justicia, por la Constitución y por todo el
bloque de constitucionalidad, entendemos que la Comunidad Autónoma de
Andalucía tiene posibilidades competenciales para recibir las
transferencias de las confederaciones hidrográficas, según el
artículo 148.1.4ª y 10ª de la Constitución y el artículo 13 de su
estatuto de autonomía en esta materia. Eso lo dijeron ustedes y
empieza la fase de construcción del Estado de las autonomías. Si
tuviera que ver la transferencia o no de las cosas con la gestión
o no, usted tendría que haber dejado de ser ministra de Medio Ambiente
hace mucho tiempo, porque si es por el desastre de lo que ha sido su
gestión, tenía usted que haberlo dejado. Y usted no va a dejar de ser
ministra porque sea un desastre, va a dejar de ser ministra cuando
los ciudadanos dejen de votarla en unas elecciones y la quite el
presidente del Gobierno; pero yo no puedo decir: es que es un
desastre y, por tanto, la señora Tocino no debe ser ministra. No, yo
lo digo, pero no puedo impedirlo. Usted no puede impedir que
Andalucía reciba las transferencias de las competencias que le
corresponden de acuerdo con su Constitución y con el estatuto de
autonomía, le guste a usted o no le guste la gestión que se ha
realizado.
Señora Tocino, los primeros traspasos de competencias, de acuerdo con
la construcción del Estado de autonomías que se inicia con la
aprobación de la Constitución y de los estatutos de autonomías, que
efectivamente, en Andalucía además se consigue que vaya por la vía
rápida gracias al apoyo de todos los andaluces, se producen en el año
1984.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Rubiales, le ruego vaya concluyendo.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Pues termino, señor presidente; no sé
cómo, pero lo intentaré muy rápidamente.
Señora Tocino, empezamos a hacer ese proceso de transferencias, y
usted dice que cuando yo fui delegada del Gobierno no hicimos
absolutamente nada. Señora Tocino, la transferencia de la
Confederación Hidrográfica del Sur estaba prácticamente terminada
cuando yo era delegada del Gobierno en Andalucía, hasta tal punto que
el antecesor, el señor Borrell, que era entonces el responsable de la
competencia, me propuso que habláramos con la Junta de Andalucía para
que el titular de entonces de la Confederación Hidrográfica del Sur
lo propusiera la Junta porque la transferencia del Sur era inminente.
¿Por qué no se hizo? Porque la Abogacía del Estado planteó unos
problemas jurídicos al convenio que impidieron que se pudiera llevar
a cabo la transferencia del Sur antes de la celebración de las
elecciones del año 1996. Y llegaron ustedes después, en el año 1996,
y se terminó el Sur, se terminó el Guadiana y ni siquiera se empezó a
hablar del Guadalquivir. Pararon ustedes absolutamente todo el tema
de las transferencias, no siguieron avanzando. No han contestado
ustedes a los convenios que se les ha mandado por parte de la Junta
de Andalucía, ni a las cartas que el consejero les ha enviado, ni a
las propuestas de la Comisión mixta de transferencias, no han hecho
ustedes más que refugiarse en la transferencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, que es un tema aparte al que no voy a
eludir. Señora ministra, sé que usted sabe mucho más que yo -y ya sé
que llevábamos catorce años, me va a decir usted que no lo hemos
hecho nunca, eso da igual-, pero ¿sabe usted quién decide eso? ¿Quién
sabe lo que hemos hecho o no durante estos catorce años y lo que
ustedes han hecho en estos cuatro años? Los andaluces son los que lo
saben. Mire usted qué mala suerte tiene. Doña Teófila, la candidata a
la Presidencia de la Junta de Andalucía, nunca está aquí presente en
estos debates, hoy queda una diputada por Sevilla, porque es que
ustedes no son capaces de decir en Andalucía lo que usted ha dicho
hoy aquí, y menos en estos momentos. Porque si usted viera lo que
dice aquí el señor Muriel, que ni siquiera le voy a leer -y me
imagino que le sonará el nombre-, lo que ha dicho de las
transferencias del Sur y del Guadalquivir en el Parlamento de
Andalucía, se quedaría boquiabierta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Rubiales, le ruego concluya.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Termino, señor presidente.
No se lo puedo leer porque me falta tiempo, señora ministra.
Nosotros nos pronunciaremos al respecto cuando venga la moción del
Grupo de Izquierda Unida la semana que viene. Pero quiero que le
quede a usted claro que creemos que un derecho que nos pertenece a
los andaluces, porque así lo dicen la Constitución y el Estatuto de
Autonomía, es la transferencia de las cuencas hidrográficas
intracomunitarias, las del Sur y la del Guadiana -sobre la que
ustedes no se han pronunciado, y respecto a la del Guadalquivir,
termino con una cita de autoridad, de la máxima autoridad en
Andalucía en estos momentos, que es el presidente de la Junta de
Andalucía, elegido por la mayoría de los andaluces; dice en el Pleno
del Parlamento de Andalucía: ¿Qué propongo? Lo que propongo para ir
avanzando en relación con esta cuenca -la del Guadalquivir- es buscar
conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Gobierno de
la nación, fórmulas de cogestión -lo mismo que ustedes decían en el
programa electoral del año 1993- o de participación que nos permitan
ir avanzando hacia una transferencia total y plena de la titularidad.
Señora ministra, responda usted a las obligaciones que tiene para con
Andalucía: transferir las cuencas de su competencia y debatir
aquellas que tienen problemas pero que creemos también que nos
pertenecen.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rubiales.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos hoy una interpelación del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida sobre las transferencias de las
confederaciones hidrográficas en territorio andaluz a la Junta de
Andalucía.
Comprenderán SS.SS. que sorprenda el hecho de que, próximo ya el
final de la legislatura, se produzca un aluvión de propuestas en este
sentido cuando durante estos tres años y medio no se habían
contemplado iniciativas similares pese a que la política de aguas ha
sido uno de los temas más debatidos desde esta tribuna. Parece,
señores diputados, que la proximidad de las elecciones andaluzas está
poniendo nerviosas a muchas de SS.SS. y sus reivindicaciones
autonomistas se incrementan con el paso de los días.
Vean ustedes el interés repentino que esas transferencias han
suscitado en los últimos dos meses: 29 de septiembre de 1999,
pregunta de la diputada doña Amparo Rubiales; 30 de septiembre de
1999, proposición
no de ley presentada en el Parlamento andaluz por el Grupo
Parlamentario Socialista; 14 de octubre de 1999, comparecencia del
secretario de Estado de Aguas y Costas ante la Comisión del Senado;
16 de noviembre de 1999, moción en el Senado del Grupo Socialista; 24
de noviembre de 1999, interpelación del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida.
De la intervención de los portavoces que me han precedido parece
deducirse, señorías, su creencia de que los problemas que la escasez
de agua origina en Andalucía se resolverían con esas transferencias.
Si ustedes lo creen así, ¿por qué no lo han planteado seriamente con
anterioridad? ¿Por qué el proyecto de convenio que debía ser firmado
en la Comisión Mixta de Transferencias en el año 1994, al que ha
aludido la señora Rubiales, en el que se hablaba de las
transferencias de la cuenca del sur a la comunidad autónoma andaluza,
apareció en la papelera del señor Borrell? ¿Por qué la urgencia
ahora, cuando el señor Chaves decía en el año 1991 que con un
Gobierno de la nación socialista estaban prácticamente resueltas las
transferencias de todas las cuencas menos la del Guadalquivir? ¿Por
qué la urgencia ahora, señorías, para resolver lo que los gobiernos
socialistas con mayoría absoluta no hicieron desde el año 1984? (La
señora Cunillera i Mestres: Si la interpelación es de Izquierda
Unida.)
Efectivamente, Andalucía tiene un gran problema de agua,
fundamentalmente un problema de abastecimiento. Ahora bien, la Junta
de Andalucía tiene un ámbito competencial que incluye, como se puede
ver en el decreto, abastecimiento, saneamiento, encauzamiento,
defensa de márgenes y regadíos. El señor Chaves, presidente de la
Junta de Andalucía, se compromete en todos sus discursos de
investidura a suministrar agua a todos los pueblos de Andalucía y los
respectivos consejeros de Obras Públicas anuncian las inversiones que
van a realizar para que a los pueblos de Andalucía no les falte agua.
Pero, cuando llega la sequía, a estos pueblos les sigue faltando ese
recurso escaso y valioso. ¿Saben ustedes por qué, señorías? Les falta
este recurso porque la Junta de Andalucía, que tiene competencias en
materia de abastecimiento, carece de una política hidráulica, no sabe
cumplir sus competencias, ni siquiera sabe ejecutar los presupuestos
en materia de política hidráulica.
Voy a darles, señorías, algunas cifras a las que ustedes están muy
acostumbrados y que tanto gustan a SS.SS., al menos tanto sacan
ustedes siempre en los debates presupuestarios. Hablamos de los
presupuestos de la Junta de Andalucía en materia hidráulica: año 1995
presupuesto ejecutado, 66 por ciento; año 1996, 82 por ciento; año
1997, 63 por ciento; año 1998, 62 por ciento; junio del año 1999 -en
junio de este año, estas fechas en las que a ustedes tanto les gusta
ver la ejecución del presupuesto- el 9,36 por ciento. (El señor
Guerra Zunzunegui: ¡Qué barbaridad!) ¿Saben ustedes, señorías, cuál
ha sido la inversión en quince años desde que se produce el traspaso
de competencias a la Junta de Andalucía? En quince años,
señorías, la inversión ha sido de 70.000 millones. ¿Saben ustedes
cuál ha sido la inversión del Gobierno central, del Gobierno de José
María Aznar, desde el año 1996 a 1999, en escasos tres años y medio,
en medio ambiente en Andalucía? La inversión ha sido, señorías,
superior a 200.000 millones y además se han creado tres sociedades
estatales, Acusur, Hidroguadiana y Aguas del Guadalquivir, para,
movilizando la iniciativa privada, complementar las inversiones del
Ministerio de Medio Ambiente. ¿Saben ustedes cuál ha sido la
ejecución del presupuesto de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas en los años 1997 y 1998?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora De Lara,
le ruego vaya concluyendo.
La señora DE LARA CARBÓ: Termino pronto, señor presidente.
Ha estado cerca del 95 por ciento, señorías. Por consiguiente nos
parece absurdo que sigan negando la evidencia de lo que es una buena
gestión, la gestión del Ministerio de Medio Ambiente, y de lo que ha
sido una gestión deficiente e ineficaz, la gestión en materia
hidráulica de la Junta de Andalucía.
Desde el Grupo Parlamentario Popular nos atenemos, señorías, a la
Constitución y a la Ley de Aguas, que cuenta con el aval del Tribunal
Constitucional en cuanto a que es acorde en sus términos con el
reparto competencial diseñado por la Constitución y los estatutos de
autonomía.
La Confederación del Guadalquivir es claramente una cuenca
intercomunitaria, de competencia estatal y la participación de la
comunidad autónoma andaluza en su gestión está prevista en la Ley de
Aguas y se realiza a través de su presencia tanto en la Junta de
Gobierno de la Confederación como en el Consejo de Agua de la Cuenca.
Sí existen en Andalucía determinados ríos que son intracomunitarios,
como es el caso del Guadalete-Barbate, del Tinto-Odiel o de una parte
muy importante de los que integran la Confederación Hidrográfica del
Sur. No obstante, existen unos aspectos peculiares que hay que
considerar, analizar y resolver con seriedad cuando se plantea una
transferencia de esa envergadura. Primero, el territorio actual de la
Confederación del Sur no se corresponde con el geográfico de las
cuencas del sur. Segundo, en el caso del Tinto-Odiel existe una
interconexión a un río internacional, el Guadiana, que es, además, la
principal fuente de abastecimiento de toda esta cuenca hidrográfica.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora De Lara,
le ruego concluya.
La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señorías.
Quiero manifestar que estamos de acuerdo con muchos de los puntos que
se han expuesto aquí por el representante de Izquierda Unida. Estamos
de acuerdo con todas las medidas que favorezcan e incentiven el
ahorro de agua. Estamos de acuerdo con la necesidad de la
transparencia en la gestión de las confederaciones, con la mayor
implicación de los usuarios en la gestión del agua, con el incremento
de los medios materiales y humanos en las confederaciones. Estamos de
acuerdo y todos estos puntos vienen recogidos en el proyecto de ley
que modifica la Ley de Aguas que mañana aprobaremos en esta Cámara.
En lo que se refiere a la renovación de las confederaciones también
estamos de acuerdo y también es un objetivo prioritario del Gobierno,
hasta el punto de que en los Presupuestos Generales del Estado se
apoyan y descentralizan las confederaciones y se incrementa su
presupuesto de inversiones de los 8.000 millones del año 1995 a los
41.000 millones del año 2000, a la vez que se refuerzan las
competencias de los órganos participativos.
Termino, señorías. El Grupo Parlamentario Popular entiende, tal como
se ha afirmado aquí, que en la comunidad andaluza la distribución de
los recursos hídricos es muy irregular y que los sectores agrícola y
turístico tienen una importante dependencia de esos recursos. Por
ello son necesarias a la vez que políticas de ahorro y optimización,
en definitiva, eficiencia en el uso de agua, inversiones que intenten
paliar el déficit hídrico y el déficit inversor que se produjo en los
catorce años de gobierno socialista. Esta es la línea que ha
emprendido el Ministerio y esta es la línea que apoya el Grupo
Parlamentario Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora De Lara.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE POLÍTICA DEL GOBIERNO PARA
AVANZAR EN LA DEMOCRACIA INTERNA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y, EN
CONCRETO, EN UNA REGULACIÓN DE LAS OPCIONES SOBRE ACCIONES. (Número
de expediente 172/000194.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 35 del orden del día, interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Mixto sobre política del Gobierno para avanzar en la
democracia interna de las sociedades mercantiles y, en concreto, en
una regulación de las opciones sobre acciones.
Para su presentación y en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, la defensa de
esta interpelación naturalmente tiene que comenzar por subrayar (ya
se ha hecho en el anterior debate y no me gustaría que éste fuese un
debate clónico sobre el anterior, no tendría por qué serlo porque da
para mucho) el escándalo que significa la famosa cuestión de las
opciones sobre acciones decididas en la cúpula de Telefónica y que
supondrá una ganancia
de más de 40.000 millones de pesetas para ejecutivos de
Telefónica sin haber aportado nada a la riqueza social, simplemente
por una acción especulativa, utilizando, a nuestro juicio,
información privilegiada, aprovechando un proceso de transformación
de Telefónica en una compañía algo más privada de lo que era
-Telefónica era una compañía en parte privada-, aprovechando la
situación de dominio importante que Telefónica tiene en el mercado de
las telecomunicaciones y aprovechando que las telecomunicaciones, en
España y en todo el mundo, han experimentado un ascenso espectacular.
Esto además tiene una importancia estrictamente económica en cuanto a
accionistas de Telefónica o de otras empresas. En España se ha ido
extendiendo la posesión de acciones, las personas que tienen fondos
de pensiones han pasado de los seis millones, en estos momentos los
activos financieros en posesión de familias españolas están en torno
a los 120 ó 130 billones de pesetas; por tanto, tiene una importancia
económica y una importancia social extraordinaria. Y usted no podrá
negar, señor ministro, que esto que ha pasado en Telefónica no ha
gustado prácticamente a nadie y que ha sido un auténtico escándalo
social como yo no recordaba hace muchos años que se produjera.
En la anterior intervención -espero que ahora pueda decir algo al
respecto- no he escuchado ningún tipo de posición negativa o de
condena, de valoración negativa por su parte, por parte del Gobierno,
alejándose, por tanto, de lo que es el sentir de la sociedad española
en su conjunto. La sociedad española en su conjunto rechaza
claramente esto que se ha llamado pelotazo - desde el punto de vista
social esa es la expresión que se utiliza- y yo decía antes que ha
habido una gran unanimidad al respecto desde todos los ámbitos, desde
todas las esferas, incluso mediáticas, condenado duramente lo que ha
sucedido en Telefónica.
Lo que ocurre es que desde nuestro punto de vista -por eso traemos
aquí esta interpelación- el Gobierno tiene una gran responsabilidad
en esto que ha pasado. El Gobierno no es simplemente un espectador o
ve los toros desde la barrera o no puede hacer nada o no tiene que
valorar nada o es neutro, sino que el Gobierno tiene que responder a
esto, primero, valorándolo y, segundo, tomando algún tipo de medida
al respecto que sea suficiente y eficaz, a la altura de lo que este
escándalo y a la altura de lo que es el horizonte futuro del manejo
de estas cuestiones en las grandes compañías y sobre todo en las
compañías que cotizan en Bolsa en España.
Nosotros creemos que esto que ha sucedido en Telefónica no es una
casualidad o no es algo que un buen día se le ocurre al señor
Villalonga y lo decide, sino que tiene una explicación, hay un
contexto en el que se inscribe esta decisión. El contexto es una
política determinada de este Gobierno, sobre todo en relación con las
privatizaciones, que se pone muy de manifiesto desde el momento en
que comienza esta legislatura.Hay que tener en cuenta que el anterior
Gobierno
socialista inició algunas privatizaciones parciales, pero que la
política de este Gobierno, en su conjunto, explícita, ha sido la de
llevar a cabo una privatización absoluta de las empresas, de aquellas
que se podían vender, claro, de aquellas que compraba alguien, es
decir, de aquellas que tenían beneficios y tenían un importante
patrimonio. La política de este Gobierno era la de la privatización
completa, y la política de este Gobierno en el nombramiento de los
directivos de estas empresas era la de mantener a personas cerca de
este Gobierno; es decir, el criterio no fue el de escoger personas
independientes del Gobierno, por razones de prestigio profesional o
por razones de cercanía al sector. Un caso emblemático es Telefónica.
Es sabido que Juan Villalonga es un amigo personal del presidente del
Gobierno y ésa es, probablemente, su principal virtud o razón para
que esté al frente de esa compañía. A continuación, el señor
Villalonga hace un consejo de administración a su imagen y semejanza,
como consecuencia del poder que ostenta en esa compañía. Fue nombrado
cuando era pública o preferentemente pública, cuando tenía una
posición decisiva el Gobierno y además tenía una posición de
monopolio, y sigue igual después de la privatización y de que se
liberalizan algunas de las actividades o negocios de Telefónica. Por
tanto, cercano al Poder Ejecutivo. Esto no ocurre solamente en
Telefónica. Por ejemplo, en Endesa está al frente una persona que
merece todos mis respetos, que es el señor Martín Villa, pero al que
no se le conocía precisamente por ser un ejecutivo del sector. Es
evidente que está ahí porque tiene que ver políticamente con el
Partido Popular. Ése es un criterio por el que se opta, por parte del
Gobierno, a la hora del nombramiento de los directivos de las grandes
empresas públicas que van a ser privatizadas. Son personas cercanas
al Poder Ejecutivo y, por tanto, en un do ut des de favores mutuos,
es un criterio que el Gobierno escoge; podía haber escogido otro,
pero escoge ése.
Además, este Gobierno decide no regular. En otros países, las
privatizaciones se han producido con una fuerte regulación al mismo
tiempo que se privatiza. Este Gobierno decide básicamente no regular
ni siquiera, en ocasiones, para desregular. La prueba de ello es que
Telefónica todavía sigue teniendo importantes sectores de actividad
en monopolio -por ejemplo, todo lo que son llamadas locales- y sus
beneficios en buena medida también están condicionados por decisiones
del Gobierno, porque el Gobierno tiene la posibilidad de fijar unas
tarifas. El Gobierno no opta por una regulación, sino que opta por la
no regulación. Por tanto, hay una relación clara entre Telefónica,
grandes empresas públicas privatizadas y la política del Gobierno, el
Gobierno mismo, y esto es algo que percibe la sociedad española.
Aunque mucha gente no sabe de leyes, la sociedad española, de forma
clara, identifica, vincula con el Gobierno, se quiera o no se quiera,
a la cúpula de Telefónica y las decisiones que se producen en esas
empresas.
En el caso de Telefónica, además, como todo el mundo sabe, existe una
actividad -que de pronto desencadena- que tiene mucho que ver con los
intereses políticos del Gobierno y que tiene que ver con los medios
de comunicación. Usted, antes, ha aprovechado la ocasión para lanzar
una crítica fuerte a un grupo de comunicación que considera que tiene
el monopolio de televisión de pago por el aire, me parece que ha
dicho. Pero decir esto cuando Telefónica ha sido la que ha comprado
emisoras de televisión y radios y las ha puesto al servicio del
Gobierno es un poco sarcástico, es decir, no es precisamente éste el
mejor ejemplo a sacar cuando estamos hablando de Telefónica.
El Gobierno, como usted decía, propicia el nombramiento de esa
Comisión Olivencia, que está compuesta por las personas que usted
designa, y esa Comisión Olivencia hace un informe que se publica el
año pasado. En ese informe, el Gobierno opta claramente no por la
regulación sino por la autorregulación. En el acuerdo de Consejo de
ministros de 28 de febrero de 1997, el Gobierno dice que se excluyen
expresamente nuevas iniciativas legislativas, es decir, excluye
claramente la modificación de la Ley de sociedades anónimas, la Ley
de sociedades de responsabilidad limitada y el Código Penal, y opta
por la autorregulación de las empresas. Ese es el mandato que se da a
la Comisión Olivencia. Se le dice: Usted tiene que hacer un código
llamado de buen gobierno o de ética empresarial, pero voluntario, no
basado en reformas legislativas y con un objetivo que -por lo menos
eso dice Manuel Olivencia- tiene dos bases fundamentales: evitar la
concentración de poder en los consejos de administración y evitar la
opacidad en las decisiones de los mismos.
Lo que ha sucedido con Telefónica y con Terra es exactamente lo
contrario de los objetivos de la Comisión Olivencia, de los supuestos
objetivos del Gobierno cuando crea esa Comisión y de sus decisiones
políticas respecto de todo el proceso de privatización.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López
Garrido, vaya concluyendo.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Voy concluyendo, señor presidente.
Lo que ha pasado con Telefónica y con Terra es que el designio del
Gobierno fundamentado en la llamada Comisión Olivencia ha fracasado.
Porque lo que sucede con Telefónica es que el señor Villalonga no se
va cuando se produce la privatización, no tiene ni siquiera la
elegancia de dimitir, al contrario, se blinda en esa Presidencia. Los
consejeros de Telefónica son unos llamados independientes que no
tienen nada de independientes, que son designados por Villalonga al
frente de Telefónica y que creo que cobran alrededor de 50.000.000 de
pesetas. La compañía de auditoría más importante, considerada en el
mundo como conocedora de los consejos de administración, me parece
que se llama Directorship, una compañía americana, aplicando
los criterios a España, decía hace algún tiempo que los sueldos de
los consejeros de las compañías deberían estar en torno a los cuatro
o seis millones, porque es lo que les permite una remuneración, pero
les permite una independencia. ¿Un consejero al que se le pagan
50.000.000 de pesetas tiene algo de independiente respecto del
presidente? Nada. No tiene nada de independiente. Esas cantidades
millonarias que reciben los consejeros de Telefónica les sitúan
claramente en la órbita de ese presidente y nunca se les va ocurrir
controlar o discutir -como hemos podido saber en el consejo de
administración que se ha celebrado esta mañana- nada de lo que diga
Juan Villalonga. Eso en cuanto a los consejeros, por no hablar de los
consejeros del llamado núcleo duro bancario, una parte de la Banca
española, no toda, que siendo el 15 por ciento del capital tiene una
representación del 30 y tantos por ciento en el consejo de
administración. Es decir, hay un 85 por ciento del accionariado de
Telefónica que no está representado en el consejo de administración y
que se supone que tiene que estar representado por esos llamados
consejeros independientes, que no tienen nada de independientes. A
esto tenemos que unir esa especie de promiscuidad que se produce en
algunas importantes empresas españolas, cuando la Banca presente en
esta compañía -aunque este sería otro debate- es la que se beneficia
fundamentalmente del negocio financiero que le da la misma y, por
tanto, difícilmente va a poner en cuestión lo que diga el presidente
de Telefónica.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López
Garrido, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Voy concluyendo, señor presidente.
Simplemente rogaría que tuviera la misma generosidad que ha tenido
con otros grupos parlamentarios esta tarde.
La remuneración de estos consejeros y la remuneración de los
directivos -porque se están mezclando dos cosas, una cosa es la
remuneración de los consejeros y otra cosa son las remuneraciones
escandalosas de los cien ejecutivos de Telefónica- es enormemente
amplia. Está basada en la revalorización de activos que han sido
creados por el conjunto de los ciudadanos españoles durante años y
por las tarifas que han pagado los ciudadanos españoles durante años,
lo que supone otro elemento que nada tiene que ver con las
directrices de la Comisión Olivencia.
En cuanto a la concentración de poder, uno de los puntos basilares de
la Comisión Olivencia, si hay un sitio donde existe concentración de
poder es en Telefónica.
La opacidad es absoluta. Otro de los objetivos de la Comisión
Olivencia era acabar con la opacidad en los consejos de
administración y, sin embargo en la decisión de Telefónica ha habido
una opacidad total. Conocemos lo que en este país es el ritual de las
juntas de
accionistas y la ausencia casi total de información que tienen los
accionistas que no cuentan con presencia en el consejo de
administración. Hay una opacidad que llega al extremo de que todavía
no sabemos quiénes son los directivos de Telefónica a los que les va
a caer esa lotería de los 41.000 millones dentro de pocos meses, si
deciden ejecutar esa opción sobre acciones. Todavía no sabemos por
qué esos cien directivos y no otros; no sabemos por qué en el fondo
se está insultando a un colectivo enorme de gente que trabaja en
Telefónica diciéndole para vosotros no hay opción sobre acciones; no
se sabe. Hay una opacidad absoluta al respecto.
Respecto a la información privilegiada, otra cosa combatida
supuestamente por la Comisión Olivencia, en este caso es una
información privilegiada de libro. Lo que ha sucedido con Martín
Velasco, consejero de Telefónica, que hace de mediador en una
operación con Terra en la cual le caen antes de salir a bolsa miles
de millones de pesetas, es una información privilegiada de libro. Eso
sucede en el núcleo de Telefónica y en su consejo de administración
con ese consejero. (El señor Fernández Marugán: Con Mario Conde.)
Todo eso, y termino señor presidente, nos conduce a una
responsabilidad evidente de este Gobierno.
Creo que su intervención anterior y me imagino que la que va a
suceder a esta estará fundamentada en ello: esto es una compañía
privada, no tenemos nada que ver. Eso es inaceptable. Hay una
responsabilidad evidente del Gobierno en este caso, por el tipo de
nombramiento que se hizo, cómo se nombró, en qué condiciones se
nombró y la ausencia de regulación, por cierto no siguiendo algunas
de las cosas aprobadas en esta Cámara en el año 1984, en la famosa
Comisión Banesto. En esa Comisión Banesto que se creó en el Congreso
de los Diputados por acuerdo de la Mesa, sus recomendaciones y
sugerencias están ahí.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López
Garrido, termine.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Ninguna se ha ejecutado por este Gobierno en
toda la legislatura, y eran recomendaciones muy importantes en la
reforma de la legislación mercantil que tienen que ver con todo esto
que hemos dicho.
Lo único que ha hecho este Gobierno ha sido propiciar a toda
velocidad una modificación a través de la ley de acompañamiento, una
ley escoba donde cabe todo, absolutamente todo, es la ley de
acompañamiento, aumentando la fiscalidad de esas opciones sobre
acciones, claramente insuficiente, y que desde luego no consigue los
objetivos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López
Garrido, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Pedimos al Gobierno que nos diga qué piensa
sobre su responsabilidad, qué
piensa sobre lo que ha pasado, si tiene algo que decir y valorar
sobre lo que ha sucedido, qué medidas va a adoptar el Gobierno para
que esto no vuelva a suceder, para que en el futuro no sucedan estas
cosas que han escandalizado al conjunto de la sociedad española, y
qué va a hacer en concreto el Gobierno con Telefónica y la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, que no sabemos las decisiones que ha
tomado sobre estos sucesos que todo el mundo considera como sucesos
repudiables y todo el mundo está esperando que este Gobierno diga
algo sobre su responsabilidad, sobre que hayan sucedido y que no
vuelvan a suceder.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias a
usted, señor López Garrido.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente; gracias,
señor López Garrido.
Como muy bien sabe la Cámara, durante una hora hemos estado
debatiendo la fijación del Gobierno sobre esta cuestión, y por tanto
a la vista de las cuestiones nuevas que ha planteado el señor López
Garrido tengo que decir que sobre la información privilegiada, como
muy bien sabe el señor diputado que además fue uno de los ponentes
del Código Penal, por encima de 75 millones de beneficio es un
delito, por tanto entiendo que dada la formación jurídica del señor
López Garrido, y al parecer el conocimiento que tiene sobre la
utilización e información privilegiada en Telefónica, el señor López
Garrido no perderá mucho tiempo, yo no se lo haré perder, para
dirigirse a los tribunales y poner en su conocimiento la comisión de
delitos por personas físicas a las que ha hecho referencia. Yo no
tengo esa certeza, ni siquiera tengo ningún indicio que me lo
indique, por tanto no me siento obligado a hacerlo.
En segundo lugar, el señor López Garrido ha hecho juicios de valor
respecto a que las personas que forman parte de los consejos de
administración de las empresas privatizadas no son independientes.
Bien, el señor López Garrido es muy dueño de considerar lo que él
cree que es independiente o no; dada su trayectoria política creo que
nunca vamos a coincidir sobre qué es el criterio de independencia
entre el Grupo Popular y el señor López Garrido.
En tercer lugar, desde el punto de vista de la gestión de las
empresas privatizadas sólo quiero recordarle al señor López Garrido y
a la Cámara que las empresas privatizadas en su mayoría y en concreto
a la que ha hecho mención en señor López Garrido, han evolucionado
muy por encima de la evolución del Ibex, y en ese sentido es
indudable que el señor López Garrido pueda pensar que eso se debe
exclusivamente a razones fortuitas, pero debe ser la única persona
que analiza
la evolución de las empresas por encima del mercado de esa manera.
En cuanto a la pretensión del señor López Garrido de que las
privatizaciones no estaban reguladas, tengo que decirle que es
radicalmente falso. Este Gobierno estableció una regulación precisa
que exigía no sólo un acuerdo concreto de Consejo de ministros sino
un informe previo de la Comisión de Privatizaciones, así como después
un informe de la Intervención general del Estado para cada una de las
privatizaciones, con un sistema en la mayor parte de los casos de OPV
y por tanto de colocación en el mercado. Tengo que decir que, además,
en todos los casos, tanto de OPV como de concursos restringidos, se
ha producido un considerable ahorro, del cual informé a la Cámara el
otro día, en todo lo que son comisiones y gastos de publicidad de más
de 30.000 millones de pesetas.
En cuanto a la interpretación que hace el señor López Garrido sobre
el monopolio telefónico, tengo que decir que al parecer desconoce que
el monopolio telefónico terminó en España el 1º de diciembre de 1998
por decisión de este Gobierno, acortando considerablemente los plazos
que se habían conseguido en la negociación de la incorporación de
España a la Comunidad Económica Europea y estableciendo que existía
libertad de competencia en telefonía, incluida la telefonía local,
aunque es cierto y la Cámara lo conoce muy bien, que dado los precios
de telefonía local que tiene en este momento Telefónica y la cuota de
enganche, muy probablemente todavía no estamos en situación de total
transparencia, y es una decisión de este Gobierno -creo que hemos
tomado decisiones para ello-, que pueda establecerse a muy corto
plazo competencia total en todo tipo de telefonías, incluida la
local.
En cuanto a la asunción que ha hecho el señor López Garrido de que yo
he hecho una crítica a un grupo de comunicación, quiero decirle que
es radicalmente falso. Yo no he hecho crítica a algún grupo de
comunicación. Me he limitado a decir, en una propuesta de otro grupo
parlamentario sobre la necesidad de que los monopolios no puedan
tener recursos de opciones sobre acciones u otras fórmulas de
remuneración de sus ejecutivos en función de la evolución o
cotización de las acciones, que el último monopolio que se había
creado en este país en los últimos diez años se refería a la
televisión de pago por aire. Es un dato, independientemente de que a
S.S. le guste o no, la vea o no la vea; la vea o no la vea es un dato
y no supone ninguna critica. Es más, los grupos empresariales que
tenían ese monopolio concedido por el Gobierno anterior en el año
1989, si no me falla la memoria, así como el resto de las concesiones
de televisión son perfectamente legales y no tengo nada que decir a
favor ni en contra.
En cuanto al código Olivencia, comprendo perfectamente que desde la
óptica política del señor López Garrido no se entienda la
autorregulación. Creo que tampoco entiende muy bien lo que es el
mercado decapitales; pero cualquier persona que lo entienda comprende
que el conocimiento por parte del mercado de si una determinada
empresa cumple o no con un código de conducta, que es exactamente lo
que sucede con todos los códigos de conducta que se han aprobado en
el mundo occidental, es suficiente para que los inversores que fuera
de la órbita ideológica del señor López Garrido son personas
independientes y solventes, tomen la decisión de si quieren o no
invertir en una determinada empresa.
Simplemente quiero decirle que si al señor López Garrido no le parece
conveniente que el Gobierno, mejor dicho los grupos parlamentarios
porque el Gobierno no ha hecho nada, hayan introducido en la ley de
acompañamiento las modificaciones que aumentan la transparencia y el
control de las juntas de accionistas sobre este tipo de
remuneraciones, y sí al señor López Garrido no le parece conveniente
que los grupos parlamentarios incrementen la fiscalidad al máximo de
este tipo de remuneraciones sobre opciones o sobre evolución de las
opciones, la verdad es que no entiendo nada de lo que pretende el
señor López Garrido sobre la reacción de un Gobierno o de una mayoría
democrática ante un hecho que realmente pueda demandar una reacción
por parte de la sociedad española. La diferencia, señor López
Garrido, es que nosotros hemos reaccionado y S.S. se limita a hablar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.
Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Sí, señor presidente.
Señor ministro de Economía y Hacienda, creo que un diputado de esta
Cámara que no está en el Gobierno bien puede dirigirse al mismo para
que haga cosas; pero si usted me compara a mí con las posibilidades
que tiene un Gobierno, yo me voy a dormir esta noche muy tranquilo y
muy contento, pero le debo decir que no tiene nada que ver, que usted
tiene mucho más poder que yo, y por tanto es usted responsable de que
esas cosas se puedan solucionar. Ésta es la cuestión que usted elude
una y otra vez. Usted elude que el Gobierno del Partido Popular tiene
algún tipo de responsabilidad en lo que ha sucedido en Telefónica y
usted elude valorar negativamente lo que ha sucedido en Telefónica.
Es de los pocos que en este país no acaban de decir esto me parece
muy mal por esto, por esto y por esto. No lo dice. A mí me gustaría
saber si a usted le parece bien o le parece mal lo que ha pasado en
Telefónica, pero no lo dice, sigue hablando de cuestiones periféricas
a la cuestión.
Ante un escándalo de esta magnitud, el Gobierno tiene que tomar una
posición porque ante lo que ha pasado en Telefónica -por muchas
razones que he intentado explicar en la tribuna, que posiblemente no
le hayan convencido- todo el mundo vincula al Gobierno del Partido
Popular. Esto además puede seguir sucediendo, después de que esta
mañana ha
habido una aclamación al señor Villalonga, lógicamente en su consejo
de administración.
El asunto de la regulación de las empresas no es que no haya habido
por parte del Gobierno una determinada regulación para la gestión de
las empresas privatizadas, no estoy hablando de eso, estoy hablando
del contexto legal que hay alrededor de esa gestión. Ustedes optaron
por hacer privatizaciones a través del mercado de capitales, que es
una opción absolutamente lícita, es una opción política realizar la
privatización en el mercado de capitales que en España no está muy
desarrollado; un mercado de capitales en donde la banca tiene un
poder de intermediación muy fuerte como usted sabe y que no es
comparable a otros mercados, pero ustedes optaron por hacer una
privatización a través del mercado de capitales. Usted sabe también
que el mercado de capitales no es perfecto; el mercado de capitales
tiene sus distorsiones y requiere en ocasiones algún tipo de
regulación. Lo que ha sucedido con este modelo de privatización es
que no ha sido regulado, no ha ido acompañado de reformas
importantes, algunas de las cuales venían aprobadas por esta Cámara
desde 1994 a través de esa comisión de estudio como consecuencia del
caso Banesto, que fue un acontecimiento también impactante en la
opinión pública española, de una persona que al frente de una gran
empresa como es Banesto hizo lo que hizo y que hoy día tiene
problemas con la justicia.
Es la crítica que le hacemos. No ha habido una regulación acompasada
a esta privatización. No ha habido un cambio en ese contexto de la
legislación mercantil y sigue habiendo gran capacidad de
concentración de poder y de abuso de poder por directivos de grandes
empresas, de grandes compañías, sobre todo estas de las que estamos
hablando de servicios públicos en sectores que tienen un enorme
dinamismo en este momento.
En cuanto al tema del monopolio telefónico, me alegro de que usted
haya admitido que hay una parte de la acción de Telefónica que está
en situación de monopolio. Eso también tiene que ver con la
responsabilidad que puede tener el Gobierno a ese respecto. Lo cierto
es que todo esto conduce a una decisión política final, a una opción
política final, a una actitud ante esta cuestión, y tengo que
decírselo una vez más: el Gobierno pudo impedir lo que ha pasado con
Telefónica y no lo impidió. El Gobierno tiene responsabilidad por la
forma de nombrar a un consejo de administración que es un consejo
designado por el Gobierno; el Consejo de administración actual de
Telefónica en su mayoría es directa o indirectamente designado por el
Gobierno y por ello no responde. El código Olivencia sencillamente no
lo cumple Telefónica ni lo cumplen las grandes empresas privatizadas
de este país. El código Olivencia tiene una serie de recomendaciones
-lo tengo aquí delante- y si vamos recorriéndolo, la mayoría de ellas
no están ni de lejos cumplidas. Sobre que se integre en el consejo de
administración un número de consejeros independientes, ya sabe usted
mi opinión sobre la independencia de esos consejeros. Respecto al
tema
de la concentración de poder, recomendación número quinta, el asunto
de los consejeros externos en comisiones delegadas de control, me
parece que alguna de ellas no está presidida por un consejero externo
sino creo que por un consejero de Argentaria. La recomendación
duodécima, sobre el tema de la obligación de los consejeros de
dimitir en supuestos que puedan afectar negativamente al
funcionamiento del consejo o al crédito y reputación de la sociedad,
magnífico ejemplo para que el señor Villalonga dimita en ejecución de
esa recomendación. La recomendación decimoquinta, que la política de
remuneración de los consejeros se ajuste a los criterios de
moderación. ¿Es moderación que los consejeros cobren más de 50
millones de pesetas? ¿Eso es moderación? La recomendación
decimosexta, que la normativa interna de la sociedad regule los
conflictos de intereses.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López
Garrido, le ruego que vaya concluyendo.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señor presidente.
La recomendación número 18, potenciar la comunicación de la sociedad
con sus accionistas; la 19, suministrar a los mercados información
rápida precisa y fiable. Son recomendaciones muy importantes de ese
código y un Gobierno no puede decir simplemente: yo potencié ese
código Olivencia, yo lo puse en práctica, está basado en la
autorregulación y ha fracasado, ¡qué le vamos a hacer! Eso es lo que
usted nos viene a decir ahora: ha fracasado, qué le vamos a hacer; no
tengo nada que ver con este asunto, y además no me parece bien ni
mal. No hay una valoración al respecto y esa situación de espectador
externo no es sostenible; lo quiera usted o no lo quiera, eso no es
sostenible, nadie puede admitir que este Gobierno nada tiene que ver
con ello, no es responsable y puede tomar limitadísimas medidas, como
las que se han propuesto por él mismo.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López Garrido.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, entiendo que S.S. hubiera sido partidario de que la
privatización no se hubiera hecho a través del mercado de capitales,
que usted lo hubiera hecho a través de concursos restringidos. Tengo
que decirle que no comparto esa teoría, pero es perfectamente
legítima y lógica en el tipo de intervencionismo económico que S.S.
defiende en todos los temas. Entiendo que precisamente el hecho de
que hoy las compañías privatizadas sean propiedad de millones de
familias españolas es la mejor garantía que podemos tener del
funcionamiento de un mercado de capitales y de un verdadero
capitalismo popular.
En cuanto a que la privatización no fue acompañada de reformas
importantes, si S.S. cree que la desaparición del monopolio
telefónico no es una reforma importante para una compañía telefónica,
no sé lo que S.S. espera que sea una reforma importante. Tengo que
decir que S.S. no me ha entendido o no me ha querido entender; yo le
he dicho que en estos momentos en el único ámbito que no existe
competencia perfecta en la telefonía es en la telefonía local, donde
no existe monopolio cualquier compañía puede querer competir con
Telefónica, lo que pasa es que en estos momentos los precios de
Telefónica son todavía suficientemente bajos como consecuencia de que
no está ganando dinero en ese segmento según la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones y no es fácil que pueda existir competencia en un
sector en el que los precios ni siquiera son posibles para remunerar
la inversión que se pueda producir.
Su señoría plantea la existencia de concentraciones de poder. A
partir de ahí no entiendo que por un lado S.S. critique que el
Gobierno haya elegido el sistema de OPV, es decir ofertas públicas de
adquisición de las compañías privatizadas, y por otro lado hable de
concentraciones de poder que se producen precisamente al contrario,
cuando las compañías fueron propiedad exclusivamente de determinados
grupos financieros. Por cierto, quiero recordar a S.S. y a la Cámara
que éste ha sido el primer Gobierno que ha planteado la necesidad que
tienen los grupos financieros y los grupos que prestan servicios
públicos a los usuarios de no concentrarse en más de un sector, cosa
que no había sucedido en nuestro país y que no había sido exigida por
ningún Gobierno.
Su señoría plantea que el Gobierno debió impedir las opciones sobre
acciones. Ésa es una posición que S.S. es muy dueño de mantener.
Tengo que recordar a S.S. que las opciones sobre acciones son una
realidad en nuestro país desde hace muchos años; la Cámara ha tenido
hoy un debate en el que nos hemos remontado al año 1994, y podían ser
perfectamente posibles anteriormente puesto que radican en la
legislación mercantil de finales de los años ochenta. Lo que ha hecho
el Gobierno, a lo que S.S. parece no dar ningún valor probablemente
porque le conviene para su discurso político, es imponer más
transparencia de la exigida hasta ahora y aumentar la fiscalidad;
entiendo es lo que debe hacer un Gobierno democrático ante
situaciones en las que no cree que deba existir ningún tipo de
privilegio. Otra actuación que nosotros no vamos a llevar a cabo
sería prohibir cosas que pudieran perjudicar al interés general, como
sería extender una situación que perjudicase a un conjunto muy amplio
de empresas españolas a las que nos hemos referido en la primera
parte de este debate al principio de la tarde, que pudiera llevar a
que muchísimas empresas de sectores tan importantes como las
telecomunicaciones, la televisión, la comunicación
en general, el agua, las gasolinas, el gas, la electricidad,
etcétera, pudieran encontrarse con que están limitadas en sus
decisiones sobre la remuneración de sus directivos, en mi opinión de
manera injustificada. En cualquier caso, S.S. como el resto de los
grupos parlamentarios está en condiciones de presentar enmiendas
sobre este tema a la ley de acompañamiento, cosa que creo S.S. no ha
hecho, de votar las que presentan otros grupos, en estos momentos no
puedo saber qué hizo S.S., y de plantear enmiendas en el Senado para
la ley de acompañamiento que todavía está en trámite allí y el lunes
vence el plazo de enmiendas. Por tanto S.S. tiene plena capacidad
para poder demostrarnos a todos a través de su grupo parlamentario,
sus posiciones sobre temas tan importantes como la transparencia en
las sociedades mercantiles, la transparencia a través de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y los impuestos que deben pagar las
rentas más altas en nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias.
Es difícil hablar del mismo tema en un espacio tan corto de tiempo y
no repetirse; lo intentaré con la ventaja de que como mi primera
intervención ha sido breve lo tengo un poco más fácil.
En el fondo, la posición de mi grupo en todo este tinglado es la
siguiente. Desde luego, no estamos en contra de los sistemas de
incentivos a directivos ni todo aquello que persiga fundamentalmente
intentar garantizar esa homogeneidad de intereses entre el directivo
de la compañía y el propietario, por tanto los accionistas, y en ese
sentido no estaremos dispuestos a colaborar en nada que impida o
restrinja estos sistemas de retribución de los directivos. Sin
embargo (y por eso votamos favorablemente dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular al proyecto de ley de acompañamiento), estamos
obviamente a favor de un sistema de transparencia y de acabar con la
opacidad y en última instancia de conocimiento y control por la junta
general de las compañías de estos sistemas.
En segundo lugar, el hecho de que estemos a favor del mantenimiento
de sistemas de opciones sobre acciones, de bonus o de cualquier otro
sistema de retribución o incentivo a los directivos, no significa que
consideremos que las consecuencias de cualquiera de estos sistemas
sean admisibles y correctas, y ya planteamos en su día que las
consecuencias del sistema de retribución de opciones sobre acciones
existente en Telefónica es un auténtico escándalo. Ésa es nuestra
posición. Por eso mismo y ante esa situación apoyamos las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular de modificación de la
Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y tenemos
que decir
que no lo hicimos tampoco con un enorme entusiasmo. En su día ya
pusimos de manifiesto que la utilización del derecho tributario y de
las normas fiscales como fuerza de intervención o de acción inmediata
no nos parece conveniente, y por tanto creemos que es bueno hacer una
reflexión. Sin embargo, la alarma social que aquí ha sido citada por
algunos portavoces, la cuantía absolutamente injustificada de esos
incentivos, el escándalo en última instancia del asunto nos llevaron
a la convicción de que había que apoyar el planteamiento de reforma
del impuesto sobre la renta de las personas físicas. No creo tener el
don de la profecía, desde luego, pero estoy absolutamente seguro de
que al inicio de la próxima legislatura, y con el Gobierno que sea,
se modificará estas normas fiscales e iremos a efectuar una reforma
posiblemente más reposada, velando mejor para que los efectos de la
aplicación de esas normas fiscales sean más equitativos. Estoy seguro
de que si el señor Rato continúa en el Gobierno porque continúa su
partido en el Gobierno en la próxima legislatura lo hará; si están
otros lo harán también, y en cualquier caso lo harán con nuestro
apoyo.
Ciertamente, el problema es que esto se ha producido a estas alturas
de la legislatura. Estamos en un momento -quizá mi grupo menos, y se
lo digo también a SS.SS.- en que quizá la proximidad de la cita
electoral, de acuerdo con las normas usuales de la política, obliga a
hacer estas cosas, pero desde luego no cabe duda de que en la próxima
legislatura habrá que efectuar también una revisión un poco más
amplia de esa normativa fiscal. Tampoco tiene mucho sentido que algo
bueno a 1º de enero de 1999 no sea ya bueno en los meses de octubre y
noviembre y que pueda efectuarse, como digo, una modificación tan
rápida, que por lo demás hemos apoyado con la convicción que he
planteado a SS.SS., porque ciertamente si hay algo que alarma a los
ciudadanos tenemos que dar una respuesta inmediata. Démonos después
un poco de tiempo para ver si logramos insertar esas medidas de una
forma más equitativa en lo que sin lugar a dudas no es una norma, es
un sistema, es el sistema tributario y conviene que no chirríe.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Acabamos de conocer, señor Rato, el comunicado de las decisiones que
por unanimidad ha tomado hoy el consejo de administración de la
compañía Telefónica y ciertamente es una lástima que dicho consejo
cierre filas en relación con las decisiones que había tomado
anteriormente respecto al desarrollo de un plan que si se analiza en
profundidad -es sorprendente que yo lo diga ahora-, no es un plan de
opciones. En primer
lugar hay una retribución por diferencias a los beneficiarios, a los
afortunados habría que decir en este caso, cuestión bastante curiosa
y atípica en un plan de opciones que se precie. En segundo lugar, el
consejo de administración de la compañía y algunos de los argumentos
que ustedes utilizan transmiten a la sociedad española una idea de lo
que es y debe ser una empresa que sencillamente millones de españoles
no comparten. Lo que está detrás de algunas afirmaciones suyas, de
muchas palabras que escriben algunos analistas, y desde luego detrás
de las decisiones que toma el consejo de administración de la
compañía, esa idea tan manejada de que el único objetivo de una
empresa es la creación de valor para el accionista transmite en
realidad una filosofía de lo que debe ser y de lo que es en este caso
una empresa que millones de españoles no comparten. Una empresa es
muchísimo más que los intereses de los accionistas, también están los
trabajadores de la misma, y resulta curioso que leyendo una
larguísima entrevista con el responsable de la compañía en ella no se
haga ni una sola referencia a los trabajadores; ni una sola. Nosotros
no tenemos esa idea y le digo que millones de españoles tampoco la
tienen. Los trabajadores de una empresa son personas que deben ser
consideradas como parte muy importante e interesada en la actividad
empresarial. También los proveedores, señor Rato. Planes de este tipo
deben tener la aquiescencia de los proveedores de la empresa, de los
acreedores de la empresa porque pueden verse afectados sus intereses,
el entorno en el que la empresa lleva a cabo su actividad. El
concepto de empresa es mucho más amplio que la estrechez que
transmite esta idea de que todo, absolutamente todo debe girar en
torno a la creación de valor en la empresa. Insisto en que es una
lástima que el consejo de administración de esa compañía haya tomado
esta tarde por unanimidad ese rumbo y ese camino. También hemos
estudiado a fondo el dictamen de la Comisión Olivencia, y es
desolador que en los 65 folios que creo tiene dicho dictamen no haya
más que dos referencias a los trabajadores de una empresa. Es
ciertamente un hecho llamativo.
Incide usted de nuevo en el tema de los grupos de comunicación,
habiéndose empleado a fondo esta tarde contra uno de ellos, cosa
sorprendente. Hay que recordarle que resulta sarcástico escucharle a
usted hablar acerca de esas cuestiones, puesto que ustedes pusieron
a la televisión pública española a disposición del nacimiento
y desarrollo, en definitiva para apoyar los primeros pasos de un grupo
audiovisual que casi en su cien por cien es titularidad de la
compañía y del personaje del que estamos hablando aquí esta tarde. En
relación con eso, señor Rato, ¿me va a decir usted que no
pretendieron acabar con ese grupo de comunicación al que se ha
referido esta tarde? Seguimos esperando, señor Rato, a que nos digan
ustedes qué secretario de Estado puso en marcha un informe que dio
lugar a un proceso judicial que pretendía llevar a la cárcel a los
responsables de ese grupo de comunicación. (Rumores.) Seguimos
esperando el nombre y la posición de
ese secretario de Estado que un testigo declaró como cierto en esa
causa.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Noval, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Por último, la cuestión de la fiscalidad. Es
verdad -ya se lo dije anteriormente- que nuestra propuesta que
presentamos como enmienda y que fue rechazada trataba de dar un
tratamiento específico a los rendimientos de los derechos de
opciones. Pero yo a usted le he escuchado siempre mostrarse muy
partidario -y me parece muy bien, es una buena inclinación- de la
seguridad jurídica en la legislación fiscal. ¿Cree usted que la
enmienda que han elaborado -supongo que se elaboraría en el
Ministerio- y apoyado aquí su grupo parlamentario introduce seguridad
jurídica en el sistema fiscal? ¿Por qué una persona que, teniendo
rentas irregulares, del tipo que sean, tenía la idea de que su
tratamiento en el año 1999 iba a ser el aprobado en la ley de 1998 y,
ahora, se acuesta un día con esa legislación y al día siguiente se
levanta con otra que le dice que los devengos a partir del 1 de
octubre tienen un trato completamente diferente? ¡Hombre, señor Rato,
sea objetivo! Eso no es seguridad jurídica; eso es lo contrario y lo
antagónico: inseguridad jurídica.
Hay una pregunta adicional que nos hacemos -yo la hice en una
comparecencia pública hace unos días- : explíquenos por qué razón un
rendimiento irregular que provenga, por ejemplo, de un depósito
bancario, cualquiera que sea su cuantía, tiene una reducción del 30
por ciento y un rendimiento irregular, cualquiera que sea su
procedencia, no se beneficia de la misma reducción.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Noval, le ruego concluya.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: ¿Explíquenos por qué, por favor?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Tendremos ocasión el martes de debatir, y yo le pediría al señor
López Garrido, para evitar estos tediosos debates, que lo agrupáramos
en uno solo; hubiera sido mucho más fructífero.
Comprendo que el señor López Garrido diga que esto le ha parecido el
mayor escándalo de la historia. Quizá el cambio de escaño le ha
llevado a olvidar una parte importante de la historia. A ver si así
encuentra acomodo en otros escaños. Pero, ciertamente, lo que
aquí ha planteado el señor López Garrido no se sabe si es una
regulación a favor del interés general, en cuyo caso nos va a
encontrar siempre, y ahí estábamos nosotros en la Comisión de
Economía ofreciendo una regulación para el conjunto de la actividad
económica española y para todas las empresas, o si el señor López
Garrido lo que hace es sumarse a la posición del señor Martínez
Noval, que empieza hablando de las opciones sobre acciones y acaba
hablando de no se sabe qué secretario de Estado, diciendo además que
si los amigos o los enemigos, sus amigos o sus enemigos. (Rumores.)
Tendremos ocasión el martes de debatir esto aquí, pero el señor
Martínez Noval me parece que está más preocupado de lo que pasa en
algunos consejos de administración que de hacer política y de
plantear propuestas positivas en este Parlamento. Nuestro grupo,
señor Martínez Noval, y le ofrecemos que se una a un consenso
general, lo que quiere es dar un tratamiento al conjunto de la
actividad económica española y al conjunto de las empresas,
transmitiendo a la sociedad mensajes de transparencia, evitando
opacidades, protegiendo a los pequeños accionistas y dando un mejor
tratamiento fiscal. Tendremos ocasión de debatirlo, porque no vamos a
entrar ahora en turnos a favor y en contra.
Dice usted, señor Martínez Noval, que las retribuciones de Telefónica
no son auténticas opciones sobre acciones. No lo sé, habría que
mirarlo, porque son las retribuciones de una determinada empresa. Por
eso nuestro grupo propuso una regulación para todo el conjunto de
retribuciones; entonces su enmienda no hubiera valido para nada. Esa
es la diferencia entre algunos grupos y mi grupo, que nosotros hemos
hecho propuestas que se han incorporado a las leyes y dan un
tratamiento a partir del 1 de enero, y lo que ustedes quieren es
hablar y hablar, no arreglar nada y seguir confundiendo a la opinión
pública. Tendremos ocasión el martes de seguir debatiendo, pero me
parece que han pasado ustedes de una actitud demagógica a una actitud
patética.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez-Pujalte.
Finalizado el orden del día, el Pleno se reanudará mañana a las nueve
de la mañana.
Se suspende la sesión.