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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 275, de 23/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 275
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 265
celebrada el martes, 23 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de medidas
prioritarias para la regularización del profesorado universitario y
de financiación de las universidades. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 315-1, de 14 de junio de 1999. (Número de
expediente 122/000282.) . . . (Página 14820)
- Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se reforman los
artículos 216.5 y 218.3 de la Ley General de la Seguridad Social
sobre la protección social de los trabajadores fijos discontinuos.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 301-1, de 3 de mayo
de 1999. (Número de expediente 122/000269.) . . . (Página 14824)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la
elaboración de un plan de implantación de las nuevas tecnologías en
el conjunto del Ministerio de Defensa. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 447, de 14 de junio de 1999. (Número de
expediente 162/000388.) . . . (Página 14829)
- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la elaboración y
aprobación de un plan nacional de salud mental. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, núm. 395, de 15 de marzo de 1999. (Número de
expediente 162/000350.) . . . (Página 14833)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general relativa
a las encuestas preelectorales realizadas por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), el modelo de estimación de voto
utilizado y la forma y momento de hacerlas públicas por el Gobierno.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 507, de 22 de
noviembre de 1999. (Número de expediente 173/000168.) . . . (Página 14840)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el contenido del PDR (Plan de
Desarrollo Regional 2000-2006), observaciones y propuestas de las
Comunidades Autónomas al mismo y previsiones del Gobierno sobre su
versión definitiva. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm.
507, de 22 de noviembre de 1999. (Número de expediente 173/000169.) .
. . (Página 14844)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
actitud defendida por el Gobierno y la Unión Europea y las medidas
que se piensan adoptar para asegurar la viabilidad del sector naval
europeo y, en particular, el español. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 507, de 22 de noviembre de 1999. (Número de
expediente 173/000170.) . . . (Página 14851)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 14820)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de medidas
prioritarias para la regularización del profesorado universitario y
de financiación de las universidades . . . (Página 14820)
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, para su toma en consideración, la señora Aramburu
del Río, que lo hace no sólo como portavoz de su grupo sino en
defensa también de casi la mitad del profesorado universitario y del
conjunto de la universidad española. Explica que su proposición
plantea medidas muy elementales en un país que se dice democrático,
de los primeros de la clase en la Unión Europea, pero que no tiene
resuelta ni la precariedad en el empleo ni la deficitaria solvencia
económica de sus universidades. Considera que tras dieciséis años de
la promulgación de la Ley Orgánica de 1983, de Reforma Universitaria,
es aconsejable abordar una evaluación pormenorizada y sistemática de
tan dilatado período de aplicación, con el fin de actualizar la ley y
adecuarla
al mejor cumplimiento de su función, siendo necesario para la
solución de algunos problemas un tratamiento urgente que no
comprometa la calidad de la educación superior y de la discusión de
su futuro. Explica el contenido concreto de la proposición y concluye
manifestando que esta iniciativa es una más de las que actúan como
correctoras de las desigualdades profesionales y que arbitran
mecanismos para solucionar vacíos legales en el seno de la
universidad española.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Gil i
Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Palma
i Muñoz, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Guerra
Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se reforman los
artículos 216.5 y 218.3 de la Ley General de la Seguridad Social
sobre la protección social de los trabajadores fijos discontinuos . . .
(Página 14824)
Presenta la proposición de ley del Grupo Socialista, para su toma en
consideración, el señor Costa Costa. Manifiesta que la estacionalidad
de la actividad económica en importantes áreas geográficas y sectores
productivos del país genera una serie de consecuencias negativas para
los trabajadores tanto en los sistemas de pensiones como en la
cobertura social por desempleo, lo que requiere una respuesta de la
Administración pública. Explica el tipo de contrataciónespecífica que
se viene utilizando desde la
implantación de la Ley 16/1976 de relaciones laborales y las
distintas reformas legislativas que han mantenido esta figura, así
como las consecuencias que todas estas reformas tienen para amplios
sectores de la población, concretándolas en la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, que es la comunidad con renta per cápita más alta
del Estado y donde existen 140.000 pensionistas que cobran una
pensión media de 68.100 pesetas mensuales. Explica asimismo los
efectos que tales medidas tienen sobre las rentas de los trabajadores
y expone algunas propuestas que podrían ayudar a solventar el
problema, considerando que se debe atender la realidad social
señalada en dos aspectos tan importantes como son las rentas medias
de los trabajadores y las jubilaciones. Concluye solicitando el voto
afirmativo para la toma en consideración de su proposición de ley
que,afirma, tiene un contenido social justo y razonable y que va a
beneficiar a amplios colectivos de trabajadores.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Caballero
Basáñez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i
Canadés, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Vaquero del Pozo,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Caneda Morales,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de medidas
prioritarias para la regularización del profesorado universitario y
de financiación de las universidades, se rechaza por 13 votos a
favor, 148 en contra, y 119 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por la que se
reforman los artículos 216.5 y 218.3 de la Ley General de la
Seguridad Social sobre la protección social de los trabajadores fijos
discontinuos, se rechaza por 138 votos a favor, 144 en contra y una
abstención.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 14829)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la elaboración
de un plan de implantación de las nuevas tecnologías en el conjunto
del Ministerio de Defensa . . . (Página 14829)
Presenta la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, el señor Fernández de Mesa Díaz del Río.
Explica que en ella
se insta al Gobierno a la elaboración del plan de implantación de
nuevas tecnologías en el Ministerio de Defensa en su conjunto, como
instrumento necesario para actuar como factor multiplicador de las
capacidades operativas disponibles y permitir al propio tiempo una
reducción de personal. Justifica esta iniciativa en el marco del
proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas y por la
importancia que adquieren las tecnologías de la información en el
área de defensa nacional, en los sistemas de mando y control, de
defensa aérea, de información, de telecomunicaciones, etcétera. Se
refiere en concreto al marco de la defensa nacional y espera el apoyo
del resto de los grupos políticos de la Cámara, puesto que no se
trata más que de poner en marcha cuestiones que ya han sido aprobadas
y que están claramente definidas en la Comisión Mixta Congreso-
Senado.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Meyer Pleite,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Marsal Muntalá,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la
elaboración y aprobación de un plan nacional de salud mental . . .
(Página 14833)
Presenta la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, la señora Novoa Carcacia. Constata la falta
de información y formación que existe sobre la enfermedad y el
enfermo mental y explica los factores de riesgo que existen, como el
desempleo, la carencia de vivienda digna, el fracaso escolar, el
aislamiento, el alcoholismo u otro tipo de drogodependencias que
aparecen frecuentemente asociados a este tipo de trastornos.
Asimismo, explica el problema desde la perspectiva del número,
estimándose que aproximadamente un tercio de la población presenta
algún problema psicológico o psiquiátrico en algún momento
determinado de su vida. Continúa explicando en detalle la
problemática de los enfermos mentales, y aunque reconoce que en
materia de salud mental se ha producido un importante avance en
España, sin embargo existe todavía una carencia importante de
estructuras intermedias y de recursos sociales, citando como ejemplo
los informes anuales del Defensor del Pueblo correspondientes a los
ejercicios 1997 y 1998, en los que se hace constar las numerosas
quejas recibidas por parte de familiares sobre la dificultad de
tratamiento para los afectados. Asimismo expone que la salud mental
es competencia de las comunidades autónomas
en gran medida, por lo que se puede hablar de diferentes criterios y
prioridades en salud mental en unas partes y otras del territorio, y
que al solicitar información al Gobierno sobre características del
gasto sanitario y de la red asistencial en las distintas partes del
territorio se encontró con que la respuesta remitida por el
Ministerio era que ésta se circunscribía al territorio Insalud. Ante
esta respuesta se pregunta a quién corresponde la competencia de
coordinación general sanitaria, que la legislación vigente asigna al
Ministerio, y a quién corresponde velar por el precepto
constitucional que garantiza los mismos derechos a los ciudadanos en
cualquier parte del territorio español. Por todo ello propone la
elaboración y aprobación de un plan nacional de salud mental, y
aunque desea que la proposición no de ley obtenga el apoyo unánime de
la Cámara, su grupo se muestra dispuesto a admitir cualquier tipo de
enmienda que pueda conseguir la aceptación por parte del grupo
mayoritario y por supuesto del Gobierno. De todas formas, aunque esta
iniciativa no reciba el apoyo de la Cámara, se siente inmensamente
satisfecha por haber tenido la ocasión de que, al menos durante un
tiempo, el Congreso de los Diputados haya hablado de un tema que
afecta a muchos ciudadanos y familias de nuestro país.
En defensa de la enmienda presentada a esta proposición no de ley del
Grupo Socialista, interviene el señor Villalón Rico, del Grupo
Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Mixto; Caballero Basáñez, del
Grupo Vasco; y las señoras Riera i Ben, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Maestro Martín, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda propuesta por el
Grupo Popular, interviene la señora Novoa Carcacia.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre elaboración de un plan de implantación
de las nuevas tecnologías en el conjunto del Ministerio de Defensa,
se aprueba por 285 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
del Congreso, relativa a la elaboración y aprobación de un plan
nacional de salud mental, se rechaza por 137 votos a favor, 149 en
contra y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 14840)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre política
general relativa a las encuestas preelectorales realizadas por el
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el modelo de estimación
de voto utilizado y la forma y momento de hacerlas públicas por el
Gobierno . . . (Página 14840)
El señor Leguina Herrán, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, defiende la moción consecuencia de la interpelación urgente
sobre algunas formas que debieran de ser respetadas por el Centro de
Investigaciones Sociológicas. Explica los cuatro puntos de la moción,
uno de los cuales se refiere a la conveniencia de que no se publiquen
las encuestas del CIS durante la campaña electoral y los otros tres
hacen referencia a la publicidad y transparencia que un instituto
público como ése debe de mantener.
En defensa de la enmienda presentada a la moción por el Grupo Mixto,
interviene el señor Rodríguez Sánchez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Jané i Guasch,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santiso del
Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Núñez
Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas por el
señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, interviene el
señor Leguina Herrán.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el contenido del PDR (Plan de
Desarrollo Regional 2000-2006), observaciones y propuestas de las
comunidades autónomas al mismo y previsiones del Gobierno sobre su
versión definitiva . . . (Página 14844)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, el señor
Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto. Explica que la moción es
consecuencia de la interpelación debatida hace unas semanas sobre el
Plan de Desarrollo Regional presentado en Bruselas por el Gobierno y
que tiene como objetivo fundamental
lograr del Gobierno la información necesaria no solamente previa al
proceso que se acaba de consumar en Bruselas sino de futuro, hasta
que se realicen los programas operativos que se han de aplicar en
función de ese Plan de Desarrollo Regional. Asimismo su moción
pretende que haya una política de vertebración territorial del
Estado, al menos en la cuestión específica de las infraestructuras,
y de forma particular en el transporte ferroviario. Explica que se
trata de equilibrar el Estado español en su conjunto y, como
representante del Bloque Nacionalista Galego, hace hincapié en las
necesidades de Galicia desde el punto de vista del mercado, de las
necesidades naturales y de un futuro mejor para el país.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Serrano Vinué, del Grupo Mixto; Ríos Martínez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Martinón Cejas, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, y Gamir Casares, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Rodríguez Sánchez.
El señor Gamir Casares interviene para hacer unas aclaraciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la actitud
defendida por el Gobierno y la Unión Europea y las medidas que se
piensan adoptar para asegurar la viabilidad del sector naval europeo
y, en particular, el español . . . (Página 14851)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Considera que hace dos semanas, cuando se debatió la interpelación
urgente, ya quedó constancia de la frustración que había originado el
resultado de la reunión de los ministros de Industria en Bruselas
para intentar habilitar medidas que garantizasen una viabilidad
futura de los astilleros europeos y el desasosiego producido entre
los sectores implicados, trabajadores y sindicatos, porque veían que
había que dar un nuevo impulso a la estrategia de la Unión Europea de
cara a los astilleros europeos fundándose en dos aspectos: uno
relacionado con el contexto internacional y otro relacionado con las
medida que debían adoptar los distintos estados miembros de la Unión
en el seno de cada país. Expone su pesimismo ante la situación y
opina que los planes de empleo son importantes, pero también lo es
que se evite la propia destrucción de estos
empleos. Se muestra satisfecho porque esta consideración sea
compartida por el Parlamento Europeo y propone en su moción dos
aspectos: uno, dirigir una acción concreta desde la Unión Europea
para la protección de su sector industrial, y otro, demandar al
Gobierno de la nación que tome una serie de medidas. Explica estos
dos extremos de su moción y muestra su confianza en que, a lo largo
de los debates, se ahonde y profundice por todos los grupos
parlamentarios en una línea de consenso que pueda suponer la
aprobación por unanimidad de la propuesta.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; De la
Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y
Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Tubert i
Alsina, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Navas Amores.
Sometida a votación, en primer lugar, la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Socialista del Congreso, sobre
política general relativa a las encuestas preelectorales realizadas
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el modelo de
estimación de voto utilizado y la forma y momento de hacerlas
públicas por el Gobierno, se rechaza por 133 votos a favor y 151 en
contra.
Sometida a votación, en segundo lugar, la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el
contenido del PDR (Plan de Desarrollo Regional 2000-2006),
observaciones y propuestas de las comunidades autónomas al mismo y
previsiones del Gobierno sobre su versión definitiva, se rechaza por
133 votos a favor y 150 en contra.
Sometida a votación, en tercer lugar, la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre la actitud defendida por el Gobierno y la Unión Europea
y las medidas que se piensan adoptar para asegurar la viabilidad del
sector naval europeo y, en particular, el español, se rechaza por 133
votos a favor y 151 en contra.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la
tarde.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MEDIDAS
PRIORITARIAS PARA LA REGULARIZACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO Y
DE FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES. (Número de expediente 122/
000282.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Debate sobre la toma en consideración de
proposiciones de ley, comenzando por la del Grupo Federal de
Izquierda Unida, de medidas prioritarias para la regularización del
profesorado universitario y de financiación de las universidades.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra, en nombre de
Izquierda Unida, la diputada doña María Jesús Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Buenas tardes, señor presidente,
señorías.
Tengo la satisfacción de intervenir hoy no sólo en calidad de
portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida, sino en defensa
también de casi la mitad del profesorado universitario y del conjunto
de la universidad española. No es la primera vez, y es posible que no
sea la última, que yo traigo aquí una iniciativa de estas
características, y ya les adelanto que renunciaré al cupo para otras
iniciativas hasta que se abra paso la estabilidad del profesorado
universitario y la financiación suficiente de las universidades
públicas. A nadie se le escapa la complejidad del proceso y del
momento que vive este estadio superior de la enseñanza y nadie está
planteando la carta de los Reyes Magos. Se trata de medidas muy
elementales en un país democrático que se dice de los primeros de la
clase en la Unión Europea, pero que no tiene resuelta ni la
precariedad en el empleo ni la deficitaria solvencia económica de
nuestras universidades.
Señorías, han transcurrido ya 16 años desde la promulgación de la Ley
orgánica de 1983, de Reforma Universitaria, y es aconsejable que se
aborde una evaluación pormenorizada y sistemática de tan dilatado
período de aplicación, con el fin de actualizar la ley y adecuarla al
mejor cumplimiento de su función. Sin embargo, la solución de algunos
problemas fundamentales requiere un tratamiento urgente, casi de
choque, que no comprometa la calidad de la educación superior y de la
discusión de su futuro. La ley facilitó una fase de desarrollo
cuantitativo de las universidades y de las ofertas educativas para el
conjunto de la sociedad, satisfaciendo así sentidas demandas
sociales. Mas, una vez que se ha realizado el citado proceso de
extensión, la sociedad está -ustedes lo saben- demandando pasar a un
nuevo estadio, que podríamos denominar
cualitativo. Este nuevo estadio supondría dotar de recursos
financieros suficientes, correctores de los desequilibrios y
desigualdades tanto entre territorios como entre universidades, y que
tuvieran como objetivo alcanzar, en un breve plazo de tiempo, el
nivel medio de los países de la OCDE en los indicadores de calidad en
educación superior. Igualmente, señorías, la ley preveía la
superación de la etapa anterior que generó la inseguridad profesional
y laboral para un gran número de profesores -conocidos entonces, en
nuestros tiempos, como los penenes- que habían demostrado su gran
eficacia en el desempeño de sus funciones docente e investigadora y
se encontraban en una situación de penuria y eventualidad absoluta.
La ley generó un mecanismo que permitía un proceso de incorporación a
la carrera docente de todos aquellos que reunían los requisitos, lo
que denominábamos la idoneidad. No obstante, la ley no solucionó la
integración en la nueva carrera docente de muchos colectivos, como el
de los maestros de taller, laboratorio, capataces de escuelas
técnicas, figura declarada a extinguir. Pese al compromiso expresado
en la ley, señorías, la expansión del sistema universitario no fue
acompañada por un crecimiento suficiente de su financiación que
permitiera configurar una plantilla de profesorado o asegurar su
promoción de acuerdo con la carrera docente establecida. Este
problema se agudizó y sigue agudizándose en casos aislados y menos
aislados, donde necesidades docentes perentorias obligaron a la
contratación de profesorado sin la cualificación requerida para el
acceso a la figura funcionarial del profesorado.
En consecuencia, señorías, las crecientes necesidades docentes han
obligado a la institución universitaria a utilizar, pervirtiendo
-insisto, pervirtiendo- su función original, la figura del profesor
asociado con contrato administrativo. De esta manera, se ha generado
un nuevo colectivo de profesores carente de estabilidad profesional,
y este colectivo representa en la actualidad a cerca del 50 por
ciento del profesorado universitario, que se encuentra bajo la espada
de Damocles de la inseguridad laboral y profesional y ausente de
expectativas docentes e investigadoras. Esto impide proyectar su
actividad y desarrollo profesional y provoca un sinfín de
impedimentos que repercuten directamente en la calidad de su trabajo
y, por ello, en el aprendizaje de los estudiantes, es decir, del
conjunto de la sociedad.
Por todo ello, señorías, y dada la ausencia de propuestas de
modificación de la Ley de la Reforma Universitaria -tanto del
anterior, insisto, como del actual responsable del Ministerio de
Educación- que den solución a todas las necesidades docentes
detalladas más arriba, hemos presentado esta proposición de ley,
señorías, para cuyo conocimiento se pueden remitir al texto publicado
con respecto al contrato del profesorado permanente de la
universidad, y ya saben SS.SS. que en el marco normativo, en aquello
que no se dispongaen esta ley, se atenderá a la legislación social
vigente.
En definitiva, señorías, se trata de repetir el proceso y ofertar una
propuesta de modificación de la contratación y de la promoción del
profesorado de las universidades. Esta propuesta viene avalada
-escuchen- por las juntas de personal docente e investigador de las
universidades públicas, que instaron a nuestro grupo para presentarla
ya en mayo. Por eso la reiteración, en este caso, no justifica nada
pero sí les anima a que se replanteen la posibilidad de que prospere
la toma en consideración. Señorías, con ello intentamos dar
estabilidad a cerca del 50 por ciento del profesorado de nuestras
universidades y generar expectativas reales de promoción para los
profesores funcionarios. Por eso se sigue tropezando con el Gobierno,
con el partido del Gobierno, con el MEC, que se cierra en banda a una
negociación real y propone, de nuevo, hacer una oferta de
modificación semilegal, o al menos bordeando la legalidad, de la
situación de los profesores asociados vía real decreto, sin tocar el
título V de la LRU, y deja abierto el cauce para la interposición de
un recurso contra los reales decretos, pudiendo convertir su
alternativa en papel mojado. Además, la falta de prioridad
presupuestaria en materia de educación del partido del Gobierno se
vuelve a poner sobre la mesa. Rechazó al comienzo de la legislatura
la iniciativa legislativa de financiación del sistema educativo y
rechaza sistemáticamente toda propuesta que signifique acercar el
gasto público en educación al 6 por ciento real del PIB, y ahora
hemos comprobado una cierta -por no decir absoluta- cicatería
presupuestaria, ya puesta de manifiesto en estos Presupuestos
Generales del Estado - nosotros no compartimos su triunfalismo- que
no recogen ninguna partida consolidable a transferir a las
comunidades autónomas para la estabilización y la promoción del
profesorado.
Si hacemos caso a la prensa, señorías, el MEC propone aportar, vía
Fondo de nivelación de servicios, una cantidad insignificante, que
puede oscilar entre los 7.000 y los 12.000 millones, sin que se
conozcan los criterios de distribución y sin el acuerdo de las
comunidades autónomas ni de las fuerzas políticas. Y lo más
relevante, señorías, es que no asumen que esas cantidades sean
consolidables en los presupuestos de las comunidades y de las
universidades. Significará que las comunidades autónomas tendrán que
añadir de nuevo el coste de un café presupuestario al que invita el
MEC durante tres años, pero que lo van a pagar las comunidades
autónomas, o bien ya ha pactado con otros grupos parlamentarios -no
lo sé- que ellos sí van a estar invitados de verdad.
Esta iniciativa, señorías, debe contar con la correspondiente
asignación presupuestaria, de forma seria y que garantice la
estabilización definitiva del personal contratado. Termino apelando a
un vulgarismo que dice aquello de que no ejecutes para los demás lo
que no desees para tí, que son contratos basura, por muy
universitarios que sean. Esta iniciativa, señorías, es una más de las
que actúan como correctoras de las desigualdades profesionales y
arbitra mecanismos para
solucionar vacíos legales en el seno de la universidad española.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aramburu.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra de la
proposición del Grupo de Izquierda Unida? (Pausa.)
Pasamos a la fijación de posiciones. ¿Qué grupos desean fijar su
posición? (Pausa.) Comenzamos por el Grupo Catalán. Tiene la palabra
la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señorías, hoy de nuevo surge en el hemiciclo la
voz repetida sobre la modificación de uno de los títulos, en especial
el V, de la Ley de Reforma Universitaria, aquel capítulo que regula,
como sabemos, el tipo de profesorado universitario. Hoy regresa de
nuevo únicamente este título quizá como la alerta necesaria al
Gobierno que, con desesperante lentitud, intenta lograr el consenso
de gobiernos, de rectores y de sindicatos, sobre un borrador parcial
y, todavía hoy, no satisfactorio.
El tema es muy complejo, se dirá -y ciertamente lo es-, la
negociación es ardua -cierto también-, pero el tiempo de una
legislatura, casi cuatro años, debería ser suficiente para hallar
soluciones satisfactorias y rápidas. Es quizá esta incapacidad de
logros lo que induce al Grupo de Izquierda Unida a resucitar un
proyecto de ley casi sindical, harto conocido. Ello demuestra, por
otro lado, fe tenaz y también que en alguna de nosotras concuerdan
las palabras con las ideas; sin duda, la estimada diputada Aramburu
es el ejemplo más claro de coherencia en este escenario de hoy.Sin
embargo, al igual que el borrador del decreto gubernamental, la
proposición de ley que se debate es tan solo un retazo legal para
pedazar el pasado, sin valor alguno para conformar un futuro que es
el presente de hoy. Es probable que la fórmula legislativa que
resulte contenga parte, mayor o menor, de la proposición de hoy
y que, con ello, se apague una necesidad urgente, pero seguirá lejos el
proyecto de una nueva universidad y se habrán perdido, una vez más,
tiempos para hallar respuestas a nuevas preguntas.
Yo no tengo dudas sobre la utilidad de la proposición para reavivar
la memoria del Gobierno del Estado y tampoco las tengo sobre su
futilidad, porque es una innecesaria redundancia, ya que existe, y lo
sabemos, una propuesta en circulación. Cuando los representantes
sindicales del profesorado universitario son interlocutores del
Gobierno para su discusión y negociación, creo que sería un error, o
quizá una frivolidad censurable de mi grupo, apoyar este proyecto de
ley, porque ni usted, señora Aramburu, ni yo somos ingenuas; bueno,
quizá lo seamos algo todavía, pero de ningún modo somos ignorantes y
sabemos que el círculo de negociaciones está ya casi cerrándose -y
hay voces legítimamente responsables- en un posible acuerdo
aunque éste sea parcial. También sabemos usted y yo que las luces de
las calles y la letra y la música ambientales nos indican no sólo la
proximidad de la Navidad sino también el muy próximo final de la
legislatura.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gil i Miró.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Palma, doña
Montserrat.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
En la medida que mi catarro me lo permita, voy a fijar la posición
del Grupo Socialista sobre la proposición de ley del Grupo Federal de
Izquierda Unida en relación a las medidas prioritarias para la
regularización del profesorado universitario y de financiación de las
universidades.
Una vez más, tenemos la ocasión en esta Cámara de debatir sobre
política universitaria y, una vez más, no a iniciativa del Gobierno
sino a partir de la proposición de ley, en este caso del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que prácticamente en sus
mismos términos fue presentada a esta Cámara el 19 de mayo de 1998.
Nos encontramos claramente al final de una legislatura y, por tanto,
ante la discusión sobre este tema, es importante realizar, por parte
de los que queremos opinar sobre él, una tarea de recapitulación,
concretamente sobre la situación del profesorado universitario y la
financiación de las universidades, temas que son absolutamente
indisociables. Solamente en este Congreso de los Diputados se han
tramitado diferentes iniciativas sobre la misma cuestión: tres
proposiciones de ley, con la que debatimos hoy; cuatro
interpelaciones, con sus correspondientes mociones, más
comparecencias, proposiciones no de ley, preguntas en Comisión,
etcétera, siempre a instancias de los grupos de la oposición.
Durante estos últimos tres años y medio hemos podido contemplar los
avatares del Ministerio de Educación y Cultura, con sus cambios de
ministros, con sus cambios -más- de secretarios de Estado, con
cambios de secretarios generales del Consejo de Universidades, que se
han ido sucediendo a lo largo de esta historia sobre la problemática
del profesorado universitario en situación precaria, configurando lo
que podríamos llamar un largo peregrinar de la llamada reforma del
profesorado universitario o, lo que es lo mismo, modificación del
título V de la LRU.
En éste como en otros temas que afectan a las universidades
españolas, el Gobierno ha abusado reiteradamente de la buena fe, de
la paciencia y del talante dialogante que los diferentes agentes y
sectores de la comunidad universitaria han venido demostrando. La
prueba es que el Grupo de Izquierda Unida reitera, una vez más, su
proposición de ley sobre la reforma del profesorado. El profesorado
universitario (y concretamente el sector más afectado de precariedad
laboral,
que lo constituyen los asociados a tiempo completo y los ayudantes)
es quien ha sido engañado más veces. Esta modificación del título V
de la LRU ha sido reclamada reiteradamente por diversos grupos de
esta Cámara, y las promesas por parte del Gobierno y del Grupo
Parlamentario Popular han sido reiteradamente formuladas y, de la
misma forma, reiteradamente incumplidas. Así, ya el 29 de abril de
1998, a raíz de una interpelación del Grupo Socialista, el entonces
ministro de Administraciones Públicas, señor Rajoy -actual ministro
de Educación-, aseguraba, y cito textualmente: Lo cierto es que el
Gobierno tiene la firme voluntad de abordar la reforma del título V
de la LRU, y pretende abordarlo en un período razonable de tiempo.
A continuación, el 19 de mayo, en la consiguiente discusión de la
moción, la señora García-Alcañiz, portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, dejó por los suelos el actual título V de la LRU y manifestó
contundentemente que debía abordarse su modificación de forma
rigurosa. El mismo 19 de mayo, el señor Guerra Zunzunegui nos decía
que había que traer una ley de reforma del título V de la LRU y que
esto se iba a producir antes del verano. Posteriormente, el 7 de
octubre de 1998, a raíz de sendas interpelaciones del Grupo
Parlamentario Mixto y del Grupo Socialista, nos reiteraban, una vez
más, que el proyecto de reforma se iba a tramitar en la Cámara antes
del 31 de diciembre; lo decía exactamente el señor Guerra Zunzunegui.
Los portavoces de los grupos interpelantes recordaban que en el acto
de apertura del curso continuaba sin conocerse oficialmente -así lo
manifestaban los rectores- cuál era la política universitaria del
Ministerio de Educación. Fue en septiembre de este año cuando,
también a raíz de una interpelación y la consecuente moción, se
anunció por parte -también en este caso- de un ministro de jornada,
el ministro para las Administraciones Públicas, señor Acebes, el
programa de mejora, estabilidad y promoción del personal
universitario. Este programa, después de su presentación el 19 de
mayo por parte del secretario de Estado de Universidades, suscitó
críticas importantes. Se decía que no estaba clara la financiación,
que olvida a los 4.000 ayudantes, que perpetúa el problema de los
asociados, perpetuando sus contratos, cambiando la promulgación de un
decreto al año por unas revisiones cada tres años con una evaluación
externa. En definitiva, lo que se produce es simplemente una
legalización de esta situación.
La financiación para este programa de mejora y estabilidad la propone
el Grupo Popular por la puerta de atrás, a través de una enmienda a
la ley de presupuestos, una enmienda seguramente conseguida a última
hora e in extremis, en la que se propone dotar para este programa una
partida de 7.000 millones anuales durante tres años, con
cofinanciación con las comunidades autónomas y las universidades y,
lo que es más importante y más discutible, a través de los fondos de
nivelación que establece el artículo 15 de la Lofca. Ante esta
propuesta, no podemos más que denunciar otra vez la perversión del
sentido de los fondos. Y un
segundo problema añadido y no menos importante es el que representa
para las comunidades autónomas consolidar este gasto, especialmente a
partir del segundo año. Los expertos y los propios responsables
universitarios, una vez que han podido echar cuentas, han dicho con
contundencia que esta financiación, aparte de los dos problemas
citados anteriormente, es una financiación insuficiente, puesto que
de entrada son necesarios 8.000 millones para los complementos de los
titulares de escuela universitaria, 3.000 para los complementos por
méritos docentes de actividad investigadora y 3.000 millones más para
dar respuesta a otras necesidades. En total, se trata de 14.000
millones anuales, que serían necesarios ya.
La proposición de ley de Izquierda Unida tiene un objetivo
compartido, reclamado por todos nosotros a lo largo de toda esta
legislatura, aunque ya manifestamos, en la anterior ocasión en que se
debatió, nuestras discrepancias sobre el contenido concreto de su
propuesta. Con el tema sin resolver, a estas alturas de la
legislatura y a la espera de que un nuevo Gobierno, surgido del
resultado de las urnas en las próximas elecciones generales, resuelva
de una vez este tema, sin parchear, sino aportando una solución
definitiva a una cuestión que llevamos arrastrando desde hace mucho
tiempo y en la que sólo ha sido posible que el Gobierno no haya
tenido dificultades mucho más importantes que las que se han
producido por la paciencia, yo diría que por la buena fe, de los
afectados, que espero que sepan discernir ante las elecciones
generales quién es capaz y quién no de resolver sus problemas.
El voto del Grupo Parlamentario Socialista en la toma en
consideración de la proposición de ley de Izquierda Unida va a ser de
abstención. Compartimos esta preocupación, pero hacemos, al final ya
de la legislatura, un balance claramente negativo de la actitud, de
las pocas soluciones y las falsas promesas que el Gobierno del
Partido Popular ha planteado a lo largo de estos cuatro años.
Criticamos y cuestionamos definitivamente la solución que en los
últimos días se ha propuesto por insuficiente y especialmente por
inoportuna. Por lo tanto, como digo, el voto a la proposición de ley
de Izquierda Unida va a ser de abstención, a la espera de nuevas
iniciativas.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palma, que, superando el
catarro, ha fijado la posición del Grupo Socialista.
Aprovecho para decir, señorías, que la votación correspondiente a
esta proposición de ley se acumulará a la de la siguiente. A lo largo
de la tarde iremos produciendo votaciones según se vayan consumiendo
los diferentes turnos o grupos de materias del orden del día. Una
primera votación, al finalizar las dos proposiciones de ley; una
segunda, tras las dos proposiciones no de ley y una tercera, tras las
tres mociones.
Tiene ahora la palabra el señor Guerra Zunzunegui, para fijar la
posición del Grupo Popular, aparte de haber sido reiteradamente
aludido en el debate.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, señorías, podríamos
empezar esta intervención como fray Luis de León: Decíamos ayer.
Decíamos ayer porque Izquierda Unida ya presentó, el 18 de mayo de
1998, prácticamente la misma proposición. Entonces dimos una serie de
argumentos, que hoy queremos reiterar. No han sido, como se ha dicho,
tres proposiciones de ley en esta legislatura. En primer lugar, dos
proposiciones de ley se presentaron en anteriores legislaturas, y
quiero recordar de paso, señora Palma, que en una legislatura en que
tenía mayoría absoluta el Partido Socialista; y ahí se quedaron. En
segundo lugar, cuando se presentó otra proposición de ley, el
entonces presidente del Gobierno disolvió las Cortes Generales
y también quedó ahí.
Voy a referirme a la Ley de Reforma Universitaria, la LRU, que
recordamos todos que se debatió ya hace 16 años, para un argumento
que voy a utilizar posteriormente. Entonces, se fue en contra del
espíritu de la misma respecto de la figura del asociado. La figura y
el espíritu del asociado en la LRU era para profesionales de
prestigio que, a tiempo parcial, iban a explicar a los alumnos, en su
profesión de medicina, derecho, económicas, etcétera, algo
relacionado directamente con la práctica de la profesión. Esos
duendes que intervienen a veces en las leyes, pero, indudablemente,
siendo responsable el Gobierno que entonces presentó ese proyecto de
ley, metió en el artículo 33 a tiempo parcial o completo. Y se
desvirtuó absolutamente la figura del asociado y también lo que decía
la ley sobre los porcentajes para las facultades técnicas y para las
facultades de letras, etcétera. Y las universidades, que son las
competentes, en definitiva, han ido pasando de estos porcentajes.
Quiero recordar, señorías, que quien hizo la transferencia de las
universidades a las comunidades autónomas fue el Gobierno socialista.
Y en aquel momento tampoco se acordó de que había una serie de
asociados a los que se venía prorrogando su situación cada tres años
con una figura de contrato administrativo. Esos son los antecedentes.
Ahora, este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, desde el
primer momento, comprendió la problemática que existía, la
problemática de 20.000 asociados, de los cuales más de la mitad son a
tiempo completo. Y, hay que decirlo con toda sinceridad, han sido
utilizados por las universidades como profesorado con remuneraciones
bajas, porque tampoco los gobiernos anteriores convocaron y dijeron a
cada universidad las plazas de titulares, catedráticos, etcétera, y
las propias universidades tuvieron que fijarlas.
Se arrastra esta situación y el Gobierno Popular -recordemos que es
una ley orgánica- intenta dar los primeros pasos para la modificación
del título V, que era el del profesorado. Comprendo perfectamente que
a la titular de este proyecto de ley no le interese nada lo que dice
el Gobierno, porque ya lo sabe. Para traerlo a la Cámara como ley
orgánica, tenía que ser concordado, había que coordinarlo y
concertarlo con algunos grupos que en general apoyan al Gobierno. No
era fácil la situación y por eso se fue demorando. Pero el problema
está ahí, independientemente de que hay que reformar la LRU completa,
y en esto hemos coincidido en unas jornadas en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, donde todos los grupos, los
representantes de sindicatos, profesorado, rectores, etcétera,
llegamos a una conclusión: en la próxima legislatura hay que reformar
completamente la LRU. Y no porque sea mala, sino porque tiene 16 años
y en estos momentos no cumple la función que se le asignó en un
primer momento y las circunstancias de las universidades han cambiado
completamente.
Como quiera que prácticamente la totalidad de los grupos políticos,
la CRUE y el profesorado entienden que hay que reformar la LRU, y se
tiene que llevar a cabo por el Gobierno que alcance la confianza del
pueblo español, que yo no dudo que va a ser el Partido Popular, ha de
hacerse, pero con el mayor consenso posible. Hasta tanto se modifique
la LRU ¿qué se hace ante un problema como éste? El Ministerio, el
Gobierno ha pensado que la fórmula es un real decreto, que contenga
una dotación de 7.000 millones de pesetas. Se ha dicho, y bien, que
esta dotación sería con cargo al Fondo de nivelación. ¿Por qué?
Porque hace ya dos años que no se utiliza el Fondo de nivelación, por
falta de acuerdo entre las comunidades autónomas y las fuerzas
políticas, y en cada ejercicio que pasa van quedando los más de diez
mil millones que se fijan para el mismo. Como este fondo se dice que
servirá, como su propio nombre indica, para nivelar los servicios
públicos necesarios, el Gobierno entiende que uno de los servicios
públicos fundamentales es la universidad. Pero reitero, siendo
competencia de las comunidades autónomas, sin embargo, el Gobierno
dice: aquí hay una fórmula, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con
las comunidades autónomas para dotar con cargo a ese fondo 7.000
millones de pesetas, con objeto de que exista una situación laboral
para los asociados. Esta es la fórmula hasta que se haga una nueva
LRU, ya que hay que modificarla en gran parte y no sólo el título V.
Estas son las razones, que han sido expuestas por los ministros del
Gobierno y también por mi parte, como portavoz, en diferentes
ocasiones, como ha señalado la señora Palma, para que se vaya a un
decreto con una dotación de 7.000 millones de pesetas, durante tres
años y con participación de las comunidades autónomas. Por las
noticias que tenemos, están de acuerdo los sindicatos y los propios
asociados. Lo que no podemos hacer, y no sólo en educación, sino en
general, es decir: tú, comunidad autónoma, tienes competencias, tú
tomas las decisiones, tú fijas e inauguras las universidades que
quieres, pero cuando tienes un problema económico acudes al Estado
central. Como este era un problema anterior y como el Partido
Socialista, que
entonces gobernaba, hizo mal las transferencias, el Estado central
dice: vamos a ver cómo solucionamos ahora el problema y en la próxima
legislatura ya modificaremos la Ley de Reforma Universitaria.
Por todas estas razones, reiteradas hace meses y en las que hoy
volvemos a insistir, nuestro grupo votará en contra. (La señora Palma
i Muñoz pide la palabra.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guerra Zunzunegui.
Señora Palma, ¿a qué efectos?
La señora PALMA I MUÑOZ: Señor presidente, simplemente a efectos de
corregir un dato que he dado mal y que me gustaría que figurara
correctamente en el «Diario de Sesiones».
El señor PRESIDENTE: Adelante, señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Cuando me he referido a la financiación del
programa de mejora, estabilidad y promoción del personal
universitario, los datos que he citado, proporcionados por las
propias universidades y por expertos en financiación universitaria,
serían exactamente los siguientes: 8.000 millones, para dar
estabilidad al profesorado en precario, concretamente a los
profesores asociados a tiempo completo; 3.000 millones, para los
complementos por méritos docentes y actividad investigadora y 3.000
millones, para los complementos a los titulares de escuela
universitaria. No querría que en el «Diario de Sesiones» figuraran
incorrectamente estos datos.
Gracias, señor presidente. (El señor Guerra Zunzunegui pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palma.
No, señor Guerra. Era a efectos estrictamente de fehaciencia en el
«Diario de Sesiones». ¿Su señoría para qué desea la palabra, aparte
de para usarla?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, nada más para
congratularme. Me hubiese congratulado si esos 8.000, 3.000, y 3.000,
o sea 14.000 millones, hubiesen estado en los presupuestos de 1996
con los que se encontró el Gobierno Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Bueno, señor Guerra, porque ya ha usado de la
palabra, ya no puedo retirársela.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CON CONGRESO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 216.5 Y 218.3 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SOBRE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS.
(Número de expediente 122/000269.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la otra iniciativa, del Grupo
Socialista, por la que se reforman los artículos 216.5 y 218.3 de la
Ley General de la Seguridad Social sobre protección social de los
trabajadores fijos discontinuos.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra don Antonio
Costa.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la proposición de ley que nos trae hoy
aquí no es un tema particularmente deseado. La estacionalidad de la
actividad económica en importante áreas geográficas y sectores
productivos de nuestro país genera una serie de consecuencias
negativas para los trabajadores, tanto en sus sistemas de pensiones
como en la cobertura social por desempleo, que requieren una
respuesta de la Administración pública para atender la realidad
social de un amplio colectivo de ciudadanos que, por motivos ajenos a
su voluntad, quedan al margen de la actividad laboral durante
períodos de tiempo extensos cada año de forma sistemática y
reiterada. Para atender a esta realidad y tratarla de manera
singular, los poderes públicos establecieron en su momento, de
acuerdo con los sectores sociales y económicos concernidos, un tipo
de contratación específica que se viene utilizando desde la
implantación de la Ley 16/1976, de Relaciones Laborales, de forma
ininterrumpida por los agentes socioeconómicos en sus relaciones
laborales, a satisfacción de las partes. (El señor vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Las distintas reformas
legislativas han mantenido esta figura. Así, el Estatuto de los
Trabajadores confirma el contrato fijo discontinuo con el mismo
régimen jurídico. Los reales decretos 18/1993 y 1/1995, de 24 de
marzo, en su artículo 12, reubican la figura del fijo discontinuo,
incluyéndolo con una modalidad del contrato a tiempo parcial, si bien
conserva su régimen jurídico básico. El acuerdo interconfederal para
la estabilidad en el empleo, en la nueva redacción dada por el Real
Decreto-Ley 8/1997, en su artículo 12, distingue tres modalidades
contractuales independientes: contrato a tiempo parcial, contrato
fijo discontinuo y contrato de relevo. Este hecho no determina que el
desarrollo reglamentario en materia de protección social de contratos
no ordinarios haya de contener idéntica regulación para los contratos
a tiempo parcial que para los contratos fijos discontinuos a tiempo
completo, objeto de esta reforma legislativa.
Señorías, las consecuencias que todas esas reformas tienen para
amplios sectores de la población las podríamos generalizar citando
como ejemplo lo que ocurre en una comunidad autónoma, la que da
origen a mi preocupación por este tema y a la reforma de ley que hoy
proponemos a la Cámara. Por ejemplo, en las Islas Baleares, que es la
comunidad con renta per cápita más alta del Estado español, resulta
que existen 140.000 pensionistas que cobran una pensión media de
68.100 pesetas mensuales. Esta pensión es una media de un 9,7 por
ciento más baja que la media nacional y sólo
dos comunidades autónomas, Extremadura y Murcia, están por debajo de
la misma.
Fíjense en eso que algunos denominan paradojas de las pensiones. Las
paradojas de las pensiones hacen que personas que en las Islas
Baleares han tenido un ciclo completo a lo largo de su vida laboral,
en la economía en la que viven, tengan una de las pensiones menores
de este país cuando el coste de vida en las Islas Baleares es mayor
que el de la media de las comunidades autónomas en elementos básicos
para cualquier familia, en elementos básicos para la supervivencia de
cualquier trabajador en nuestro país. Transporte, el coste de la
cesta de la compra, encarecido por la actividad económica que tienen
las islas, un conjunto de elementos que encarecen, como ya he dicho,
la vida de estos pensionistas, que, después de haber tenido una vida
laboral completa, tienen una de las pensiones más bajas de nuestro
país.
Esto también tiene su efecto sobre las rentas de los trabajadores, un
efecto directamente relacionado con ellas. Del hecho de que exista
esta actividad económica limitada en el tiempo de forma continua y
permanente resulta que 30.000 personas, que están en estos momentos
en las Islas Baleares con un contrato fijo discontinuo -hay hasta
70.000 posibles afectados y sólo estoy citando las Islas Baleares-,
tienen en la misma comunidad una renta media por debajo de la media
nacional. Vuelvo a la comparación anterior, en una comunidad que
todos reconocen rica, los asalariados, los trabajadores por cuenta
ajena, cuentan con uno de los salarios más bajos del Estado español.
Eso ocurre porque no se están atendiendo algunas cuestiones de
política económica general que podrían ayudar sin duda a solventar
ese problema. Mientras tanto, debemos atender a la necesidad social,
a esa realidad social que he señalado, en esos dos aspectos tan
importantes para las rentas medias de los trabajadores y para sus
salarios diferidos, como el sistema de jubilación.
Lo podemos hacer a través de esta reforma legislativa que estoy
proponiendo hoy a esta Cámara. No es la solución definitiva. Algunos
grupos pueden decir que existen otras soluciones paralelas. Nosotros
no sólo no las descartamos, sino que alentamos al Gobierno y a los
grupos de la Cámara a que ayuden a implementar acciones de política
económica paralelas, para evitar que la actividad económica se
produzca sólo durante un período limitado del año. Ello es posible;
ha habido experiencias importantes en las Islas Baleares. Quiero
citar la del municipio de Calviá, donde la población residente no
necesita ya, en un porcentaje muy amplio, de la cobertura por
desempleo ni tendrá ese desfase en sus pensiones, porque tiene
actividad a lo largo de todo el año. Pero, para que eso sea una
realidad en todas las zonas que tienen ese problema, no sólo en
Baleares, es necesario que implementemos políticas que combatan la
estacionalidad económica en los sectores que permiten todavía la
mejora de su tiempo de actividad.
Es necesario que atendamos, además, a problemáticas más
individualizadas. Me hablaba hoy mismo un
compañero de Alicante de personas que, habiendo tenido una vida
laboral amplia y estando ahora en el seguro de desempleo, por tener
un contrato de ocho horas mensuales, no pueden acceder a la cobertura
social por desempleo precisamente por el artículo 216, apartado
cinco, que proponemos reformar. Esas situaciones, aunque nos lleguen
de forma individual, se repiten en nuestro país de una manera amplia
y constante.
Por todo ello, señorías, les pido que apoyen con su voto esta reforma
legislativa, que apoyen la toma en consideración de esta proposición
de ley, una proposición de ley que tiene un contenido social justo y
razonable, que va a beneficiar a amplios colectivos de trabajadores,
tanto en sus salarios, en sus rentas directas, como en sus pensiones
de jubilación.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa. ¿Algún
turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que quieren fijar su posición en el
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), el señor Caballero tiene la palabra.
El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco de EAJ-
PNV para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la
proposición de ley presentada por el Grupo Socialista por la que se
reforman los artículos 216.5 y 218.3 de la Ley general de la
Seguridad Social sobre protección social de los trabajadores fijos
discontinuos.
A través de esta proposición de ley se trata de mejorar la situación
de los trabajadores con contrato fijo discontinuo, tipo de contrato
nacido por la Ley 16/1976, de Relaciones Laborales, reconocido en el
Estatuto de los Trabajadores y modificado por el Real Decreto 1/1995,
de 24 de marzo, que lo considera como una modalidad del contrato a
tiempo parcial, con consecuencia para los trabajadores de este tipo
de contratación en el ámbito de las pensiones con una situación más
baja que la media estatal, debido en buena parte a las rentas
salariales derivadas de la misma estacionalidad de la economía.
Nuestro grupo entiende, al igual que otras situaciones que se han
presentado recientemente, como, por ejemplo, las correspondientes a
las mejoras de pensiones en el caso de orfandad y viudedad, que es en
el marco del desarrollo del Pacto de Toledo y mediante las necesarias
negociaciones entre los agentes sociales donde hay que llegar a los
correspondientes acuerdos que permitan regular de una manera
definitiva, entre otras cosas, los aspectos que se presentan en esta
proposición de ley para que las cuantías de las pensiones
correspondientes a las prestaciones por desempleo y el régimen de
jubilación a los trabajadores con contrato
fijo discontinuo se puedan equiparar de modo gradual a los importes
correspondientes a la media estatal. Sin embargo, en estos momentos,
dadas las posiciones inmovilistas que está manteniendo el Gobierno en
estas materias, el Grupo Vasco va a apoyar la toma en consideración
de esta proposición de ley y, en su caso, en su posterior tramitación
parlamentaria definiremos más concretamente nuestra postura, porque
creemos que sirve en este momento para instar al Gobierno y a los
agentes sociales a avanzar en los acuerdos necesarios, en el marco
del Pacto de Toledo, que permitan regular las situaciones del mercado
laboral y dar soluciones globales a toda una problemática más amplia
de la que la situación planteada en esta proposición de ley es un
aspecto parcial pero importante.
Quiero aprovechar una vez más para recordar desde la posición del
Grupo Vasco que esta proposición de ley se enmarca en un contexto
legal con el que no estamos de acuerdo, porque se olvida totalmente
la realidad política, jurídica y social plural del Estado y en
concreto, una vez más, queda marginada la concepción y desarrollo del
Estatuto de Gernika en todo lo que afecta al bloque social del mismo,
aspecto que para el Partido Nacionalista Vasco es fundamental tanto
en lo relativo al respeto a una ley orgánica como respecto a lograr
la debida y necesaria cohesión social de nuestro país. Existe una
negación del marco autónomo de relaciones laborales, marco necesario
cuando exista una realidad social que lo demande y que es
continuamente reivindicado por la mayoría social y política de
Euskadi.
No cabe duda de que una de las mayores diferencias existentes entre
la nación vasca y el resto de comunidades del Estado radica en el
ámbito social y económico de las mismas. La mayoría social vasca
tiene conciencia de pertenencia a una realidad diferenciada. Esto se
ve reflejado en los distintos ámbitos de desenvolvimiento de la
sociedad, como el político o, por lo que aquí interesa, el
empresarial y el sindical. Por ejemplo, Confebask aglutina la nueva
realidad empresarial vasca con presencia de todas las empresas
asociadas. Además, en Euskadi se debe destacar la alta implantación
de sociedades de base mutualista, como las cooperativas o las
sociedades anónimas laborales y las entidades de previsión social
voluntaria. De la misma forma, también es relevante la existencia de
unas centrales sindicales nacionalistas que representan a la gran
mayoría de los trabajadores vascos. No hay que olvidar que entre ELA
y LAB representan a más del 60 por ciento de aquellos. Por ello,
porque la clase trabajadora vasca se decanta claramente por
sindicatos vascos y por la existencia en Euskadi de una cultura
sindical y empresarial diferente a la del resto del Estado,
reivindicamos una vez más un marco de actuación que colme las
aspiraciones de la mayoría social vasca, en el que puedan dialogar en
libertad los interlocutores sociales de Euskadi, tal y como lo
requieren constantemente.
Los títulos competenciales del Estatuto de Autonomía vasco resultan
suficientes para la transferencias de
las entidades gestoras de la Seguridad Social, del Inem, de la
Tesorería de la Seguridad Social y, en su caso, de la capacidad
recaudatoria de las cuotas que corresponden a todas estas entidades,
así como del Fondo de Garantía Salarial. Un obstáculo más al
desarrollo del marco autónomo de relaciones laborales reside en la
resistencia del Estado a transferir estos organismos incumpliendo el
compromiso histórico que supuso la negociación y aprobación del
Estatuto de Guernika con su clara especificidad en este tema. Y, por
favor, no nos hablen tanto del estatuto cuando no están dispuestos a
cumplirlo y a desarrollar su contenido.
A pesar de ello y por lo que he expuesto anteriormente, vamos a
apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, lo que no
supone nuestro apoyo en su posterior tramitación.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
En relación con esta proposición de ley que nos plantea el Grupo
Socialista y el diputado señor Costa, y más allá de sus reflexiones
sobre la realidad laboral de las Islas Baleares, a la que luego
brevemente me referiré, es evidente que a estas alturas de la
legislatura es difícil que estemos en condiciones de tomar en
consideración una proposición de ley e iniciar su trámite de
enmiendas. Creo que puede tener un carácter simbólico para plantear
una necesidad concreta, que es la de la protección social de los
trabajadores fijos discontinuos, pero es evidente que no estamos en
condiciones de tramitar esta iniciativa.
Dicho esto, porque creo que sitúa el debate en su justa perspectiva
en el momento en el que estamos, también sería bue no recordar que
hace justo un año los agentes sociales, los sindicatos, llegaron a un
acuerdo con el Gobierno en esta materia de la regulación de los
trabajadores fijos discontinuos. Nos parece que es en el marco de la
comisión de seguimiento, que está creada expresamente en relación con
esta normativa, donde se deben plantear mejoras como ésta.
Discrepamos de cualquier modificación en materia laboral que se haga
a espaldas de los agentes sociales representativos.
El señor Costa ha planteado su intervención, además, partiendo de una
realidad, que es la suya, la de las Islas Baleares. Es evidente que
las características que centran en la actividad turística buena parte
de la actuación económica en ese territorio del Estado llevan a una
determinada configuración del marco de relaciones laborales, con un
peso muy importante de los trabajadores fijos discontinuos, eso es
evidente, pero también, en relación a algunas de las cifras que él
daba, quizá sería interesante recordarle que seguramente buena parte
de esas pensiones tan bajas responden a trabajadores
que cotizan por el régimen de autónomos, problemática que se
escapa de la estricta realidad de las Islas Baleares, o que esa
propia presencia de un colectivo importante de trabajadores fijos
discontinuos responde a otra realidad muy concreta, que es
precisamente la preponderancia del sector turístico, que
necesariamente hace que la fórmula contractual a utilizar sea ésa. Es
más, seguramente nos podemos encontrar con que existen trabajadores
que están cotizando por debajo de las cifras que deberían en función
del trabajo que están realizando.
Por tanto, creo que estamos ante un tema mucho más complejo, que la
solución no es tan simple como una modificación de la Ley de la
Seguridad Social en el aspecto que nos plantea el Grupo Socialista.
Si estuviésemos en otro momento de la legislatura, creo que ninguno
de los grupos tendríamos inconveniente en tomar en consideración esta
proposición de ley y ser capaces, al mismo tiempo que exigimos a los
agentes sociales un diálogo sobre esta materia, de buscar en sede
legislativa alguna solución, pero me parece que aprobarla esta tarde
sería un estricto acto de voluntarismo que no nos ayudaría a resolver
los problemas que tienen los trabajadores de las Islas Baleares y el
conjunto de los trabajadores del Estado afectados por esta
problemática.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Vaquero del Pozo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, Izquierda Unida va a apoyar la toma en consideración de
esta proposición de ley, porque el tema de los fijos discontinuos ha
sido siempre una figura polémica desde el punto de vista práctico-
jurídico e incluso teórico; no en vano, por un lado, los jueces de lo
Social han tenido siempre dificultades a la hora de identificar a
efectos probatorios la existencia de trabajadores fijos discontinuos
y, por otro, la Ley de 1995, que se enuncia en la exposición de
motivos de esta proposición, lo que viene a hacer es confundir
todavía más la figura del fijo discontinuo con respecto al contrato
a tiempo parcial, más todavía después de las últimas modificaciones que
se están introduciendo -porque todavía estamos en trámite
parlamentario en el Senado- en la ley de acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.
Creemos que la figura del fijo discontinuo ha quedado solapada y
desfigurada dentro de una legislación del contrato a tiempo parcial
que ciertamente confunde objetos, porque no es lo mismo legislar una
contratación en función del número de horas que tenga la jornada de
trabajo que legislar la figura del fijo discontinuo, que es una
persona que trabaja intermitentemente, es decir, a tiempo completo
durante determinadosperiodos a lo largo del año; no es lo mismo y se
confunden
las dos figuras. Sin embargo, esta proposición de ley -y aquí viene
uno de los primeros elementos que convendrá discutir si se toma en
consideración- no plantea ningún tipo de regulación de este
desaguisado, que permanecerá si no se introduce. Para darnos
a nosotros mismos la oportunidad de discutir este tema y de clarificar
las dos figuras, creemos que es pertinente la toma en consideración
de esta proposición de ley.
Por otro lado, estamos de acuerdo no sólo por este motivo, sino
porque el objetivo final de la iniciativa es absolutamente correcto,
y es el que se establece en el artículo 3, que vendría sencillamente
a mejorar la actual situación regulada por el artículo 218, en su
apartado 3, de la Ley General de la Seguridad Social; es decir, que
el subsidio por desempleo se mejore, que la entidad gestora cotice 60
días para la jubilación no solamente para el que haya acreditado los
180 días o más, sino que también se cotice por jubilación por todo el
tiempo que dure el subsidio. Creemos que este es un objetivo
meritorio y satisfactorio. Es una mejora que conviene considerar y
entre todos intentar aprobar, lógicamente, en función de las mejoras
que en términos generales hay que hacer al hilo del desarrollo del
Pacto de Toledo, progresista, etcétera. No vamos a reiterarnos en
nuestro discurso habitual.
En todo caso, este artículo 3 es el que técnicamente es salvable del
conjunto del articulado de la proposición de ley, porque el resto,
señorías, con todos los respetos, permítanme que les diga que es un
poco desastroso. El artículo 1 habla del objeto de la proposición de
ley, que qué tendrá que ver eso con un articulado. Más bien el objeto
de la proposición de ley, no el objeto sustantivo de lo que se
pretende legislar, se tendrá que establecer en la exposición de
motivos. No entendemos por qué se recoge esta cuestión en el artículo
1. El artículo número 2 también viene a introducir un cierto
desaguisado en la legislación, en la articulación y en todo lo que
significa el sistema de la Seguridad Social. Efectivamente, si
nosotros suprimimos, como se pretende, el artículo 216.5 de la Ley
General de la Seguridad Social, nos encontraremos con una laguna
legal, en la medida en que aquellos a quienes considera como
excepcionados respecto al número de meses que van a disfrutar del
subsidio de desempleo -artículo 216.1- resulta que se van a encontrar
sin ninguna disposición que establezca cuál es el período de disfrute
del subsidio de desempleo, repito, si aceptamos la supresión completa
de ese apartado 5 del artículo 216.
No sé si el que ha redactado la proposición de ley ha caído en la
cuenta, pero en cualquier caso nosotros quisiéramos tener la
oportunidad de corregir este tipo de defectos técnicos que tiene la
iniciativa, claro está que sin tirar por la borda lo que la misma
tiene de positivo, porque no nos vale la argumentación de que como ya
estamos al final de la legislatura... No vamos a considerar esto
porque entonces tendríamos que pedir a la Mesa del Congreso que
cierre esta Cámara y la abra estrictamente para las enmiendas que
vengan del Senado en relación con los Presupuestos Generales del Estado
y la ley de acompañamiento, y ya está; sólo nos quedaría legislar
esto y continuar con las tareas de control del Gobierno, pero el
resto, la acción legislativa, habría finalizado, puesto que no vamos
a poder abordar completamente todos los trámites legislativos. No; en
rigor, corresponde que consideremos cada una de las proposiciones de
ley y si hay algo positivo en ellas, como es el artículo 3 de la
proposición de ley que contemplamos, tenerlo en cuenta, tomarlo en
consideración e intentar, por la vía que proceda -posiblemente por la
vía de urgencia-, aprobarlo, porque, sin duda alguna, esto es una
mejora, mejora que nosotros vamos a apoyar tomando en consideración
esta proposición de ley, por lo menos, aportando nuestro granito de
arena con nuestro voto positivo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Vaquero.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, se ha hablado de cómo se puede tomar en consideración
esta iniciativa desde las distintas perspectivas. Nuestro voto
negativo podría ser porque creemos que el marco es el del Pacto de
Toledo, como ha dicho algún portavoz, o porque estas peticiones
sociales, cuando es manifiesto que no hay tiempo de desarrollarlas,
parecen más florituras que hechos reales. No es así, puesto que el
trabajador fijo discontinuo tiene unas características específicas,
es diferente, pese a que, como bien ha dicho el portavoz socialista,
siempre ha estado enmarcado dentro del trabajo a tiempo parcial -es
una figura que se ha ido reformando- y como a fin de cuentas
compartimos el objetivo fundamental de la proposición, la mejora de
las prestaciones sociales, quiero dar una explicación del porqué de
nuestro voto negativo.
La forma elegida para esta mejora, la supresión del apartado 5 del
artículo 216 de la Ley General de la Seguridad Social, aparte de
crear ese vacío, supone suprimir una norma que se ajusta al principio
de proporcionalidad y a la naturaleza específica del trabajo
discontinuo y del desempleo que ese trabajo, por ser específico,
origina, que también es distinto. Es verdad que hay diferencia en las
prestaciones y que estas percepciones de los subsidios se fundamentan
en todo caso en el tipo de contrato que es, un contrato que está en
vigor cíclicamente y que recobra efectividad cada cierto tiempo. Eso
significa que siempre se está ligado a la misma empresa, aunque haya
unas características que hagan parar en la actividad, pero no en el
nexo contractual. Digo esto porque es muy importante al distinguir lo
que es un fijo, un contrato permanente, de una sucesión de contratos
temporales, con lo cual hay que contemplar esa diferencia; son
distintos la forma y el derecho a un tipo u otro de subsidio. El
segundopunto, que es la cotización de jubilación durante la
percepción de los subsidios, también nos parece que es algo
excepcional; de hecho no existe en ningún colectivo, salvo en los
mayores de 52, por razones obvias. Además, los trabajadores fijos
discontinuos tienen ya un derecho a 60 días de cotización durante la
percepción, derecho del que carece el resto de los colectivos, a
pesar de que estos últimos no tienen la garantía de incorporación al
trabajo como los fijos discontinuos. Quiero decir que cuando se
propone una modificación de esta índole, tiene que hacerse, en
nuestra opinión, viendo el contexto general y no introduciendo una
sola variación, que podría crear agravio o no hacerse con la justicia
requerida.
Ahora bien, como este Gobierno está de acuerdo en que haya mejora, le
recuerdo que entre estas mejoras de protección social aprobó el Real
Decreto-ley 15/1998, que tiene su precedente en un acuerdo social
sobre el contrato de trabajo a tiempo parcial y el fomento de
estabilidad, que supone indudablemente una mejora de la protección
social de los trabajadores fijos discontinuos, que verán incrementado
su período de cotización de modo que les posibilite un acceso a la
pensión de jubilación en mejores condiciones. Quiero recordarle aquí
la inclusión en la cotización, por ejemplo, del período
correspondiente al descanso semanal, festivos y vacaciones, la
prohibición de horas extraordinarias sustituyéndolas por las
complementarias, que sí cotizan, o el establecimiento del coeficiente
multiplicador del 1,5, de modo que los períodos realmente cotizados
se incrementan en un 50 por ciento. Son medidas que se han tomado,
que realmente suponen un avance en el camino señalado y un acceso de
los trabajadores fijos discontinuos a la pensión de jubilación.
Además quiero añadir que, aparte de esta mejora, ambas cuestiones,
que responden a una regulación que se ordenó en la etapa socialista,
van a ser en la actualidad objeto de análisis, conforme, como ya se
ha mencionado también, a lo previsto en la letra m) del punto 5.2 del
acuerdo sobre el trabajo a tiempo parcial y fomento de su
estabilidad, firmado en noviembre del año pasado entre las centrales
sindicales y el Gobierno, además en el lugar lógico, que es la
comisión mixta de seguimiento de dicho acuerdo, en la que se encargan
que se hagan unos estudios para comprobar la protección por desempleo
de los trabajadores fijos discontinuos. Ahí se podrá ver la realidad
de dicha protección y su comparación con otras situaciones de
protección o desprotección y con ello proponer, tras dicho análisis,
las medidas normativas oportunas en su conjunto, y no de esta forma,
que entendemos que es un tanto aislada y descoordinada.
Por estas razones, señorías, votaremos en contra de la toma en
consideración.
Muchas gracias. (El señor Costa Costa pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Caneda. ¿Sí,
señor Costa?
El señor COSTA COSTA: Desearía intervenir, por contradicciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No ha querido utilizar el
turno en contra; ha habido fijación de posición, No tiene la palabra,
señor Costa.
Debatidos los dos puntos incluidos en el primer bloque, proposiciones
de ley, vamos a pasar a la votación correspondiente a ambas
iniciativas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de las
dos proposiciones de ley que han sido presentadas y debatidas. En
primer lugar, la del Grupo Federal de Izquierda Unida, de medidas
prioritarias para la regularización del profesorado universitario
y de financiación de las universidades.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 13, en contra, 148; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición
de ley del Grupo de Izquierda Unida.
Proposición de ley del Grupo Socialista, por la que se pretende la
reforma de los artículos 216 y 218, puntos 5 y 3 respectivamente, de
la Ley General de la Seguridad Social sobre la protección social de
los trabajadores fijos discontinuos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
283; a favor, 138; en contra, 144; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley del Grupo
Socialista.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
EL CONJUNTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA. (Número de expediente 162/
000388.)
El señor PRESIDENTE: Apartado II del orden del día, proposiciones no
de ley, que se votarán al final, tras la que corresponde al Grupo
Socialista. La primera de estas es sobre la elaboración de un plan de
implantación de nuevas tecnologías en el conjunto del Ministerio de
Defensa.
Don Arsenio Fernández de Mesa tiene la palabra por el grupo
proponente. (Pausa.-Rumores.)
Vamos a ver si dejamos los despachos para fuera del hemiciclo, de
forma que pueda continuar el orden del día.
Señora Fernández de la Vega. (Pausa.)
Adelante, señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición no
de ley en la que se insta al Gobierno a la elaboración del plan de
implantación de nuevas tecnologías en el Ministerio de Defensa en su
conjunto, como instrumento necesario para actuar como factor
multiplicador de las capacidades operativas disponibles y permitir al
propio tiempo una reducción de personal. (Continúan los rumores.) La
iniciativa se justifica en el marco del proceso de profesionalización
de las Fuerzas Armadas y en la importancia que adquieren las
tecnologías de la información en el área de defensa nacional, en los
sistemas de mando y control, de defensa aérea, de información, de
comunicaciones, etcétera. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.)
La Administración general del Estado en su conjunto viene realizando
ya un importante esfuerzo de implantación y de utilización de nuevas
técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas que arrancando de
la Ley 30 del año 1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas, se ha concretado a través de una serie
de disposiciones, entre las que cabe destacar el Real Decreto 263 del
año 1996, de 16 de febrero. (Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señor
Fernández de Mesa, a ver si conseguimos que haya un poco más de
silencio. (Pausa.)
Gracias por las ayudas, positivas y negativas.
Cuando quiera, señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
En el marco concreto de la defensa nacional no cabe duda de que el
proceso de plena profesionalización de las Fuerzas Armadas y las
reformas organizativas que tal proceso llevará consigo, junto con las
necesidades operativas que plantea el papel de España como miembro
activo de diferentes organizaciones supranacionales de carácter
militar, especialmente la OTAN, pero también la Conferencia de
Seguridad y Cooperación en Europa y la Unión Europea Occidental,
exigen disponer de unas Fuerzas Armadas dotadas de los avances
tecnológicos adecuados en los sistemas de armas, comunicaciones,
mando y control, y un largo etcétera, que son necesarios para llevar
a cabo con eficacia los nuevos requerimientos operativos, como en
tantas ocasiones hemos debatido y ha quedado patente en las
diferentes intervenciones de los distintos grupos políticos en las
comisiones de Defensa.
Que la revolución tecnológica experimentada en los últimos años ha
motivado profundos cambios en las
organizaciones, influyendo en todos los campos y disciplinas, siendo
especialmente sensible en aquellos que afectan a la defensa nacional,
no extraña a nadie. Que las tecnologías de información contribuyen de
manera esencial en los sistemas de mando y control de defensa aérea,
de información y comunicaciones, así como en numerosos sistemas de
armas, es algo que está al cabo de la calle. En este sentido, el
Grupo Parlamentario Popular plantea ante la Cámara un plan de
implantación de nuevas tecnologías, que facilite a las autoridades
y organismos en el ámbito de la defensa nacional ejercer y desarrollar
al máximo sus competencias y funciones en cualquier situación que
pueda producirse, así como en los distintos niveles y tipos de
conflicto, permitiendo la dirección y evaluación de las operaciones
de mando y preparación a las Fuerzas Armadas y la gestión de los
medios de apoyo logístico necesarios.
El Ministerio de Defensa ya ha tomado iniciativas para diseñar un
plan director de sistemas de información. Así, la Directiva 134/1999,
de 17 de mayo, del Ministerio de Defensa, establece las actuaciones
necesarias con la finalidad de elaborar el citado plan director que
facilite la consecución de unos objetivos estratégicos del
departamento, donde además se establezcan las bases para situarlo al
nivel avanzado que le corresponde en el empleo de este tipo de
tecnologías de la información y comunicaciones, tanto en el ámbito de
la Administración como en el conjunto de la sociedad. Se establece
también una estructura organizativa bajo la dependencia directa y
dirección del secretario de Estado de Defensa.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular plantea ante
la Cámara la proposición no de ley, mediante la que se insta al
Gobierno a elaborar un plan de implantación de nuevas tecnologías en
el conjunto del Ministerio de Defensa, como instrumento necesario
para actuar como factor multiplicador de las capacidades operativas
disponibles y, al mismo tiempo, hacer posible el empleo de estas
complejas tecnologías con un número de personal más reducido. El
grupo parlamentario espera el apoyo del resto de los grupos políticos
de la Cámara, porque no se trata más que de poner a andar cuestiones
que han sido aprobadas y que están claramente definidas en ese texto
que hemos aprobado todos los grupos, que está plenamente en vigor,
que habla de la plena profesionalización y en esa Comisión Mixta
Congreso-Senado quedó reflejado, entre otros, el punto que en este
momento acabo de exponer.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Fernández de Mesa.
No habiéndose presentado enmiendas a esta proposición no de ley,
¿grupos que desean fijar la posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra don Luis
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente y muestra su apoyo a la
oportunidad de esta proposición no de ley que nos acaba de presentar
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque confirma lo que
se invocaba en la exposición de motivos del dictamen que el grupo de
trabajo de la subcomisión para la profesionalización de las Fuerzas
Armadas había realizado, es decir, el fundamento de la tecnología.
Que duda cabe que están frescas todavía las palabras que acaba de
pronunciar, en la cumbre de Florencia del Partido Socialdemócrata, el
presidente de los Estados Unidos, señor Clinton, al recomendar una
política en la que los avances tecnológicos, el uso de las redes
informáticas de Internet, ocupe el lugar prioritario de toda política
puntera en esta materia. Si esto lo trasladamos al área de la
inmediatez que requieren los sistemas de defensa y seguridad en las
Fuerzas Armadas, razón de más.
Sí quisiera señalar al grupo parlamentario proponente -dado que se
trata de una proposición no de ley a la que mi grupo no ha estimado
oportuno presentar enmienda alguna, sino coincidir fundamentalmente
en el fondo de la cuestión- que los sistemas informáticos de
tecnología de la información están representados, por su necesidad
imperiosa, en todos los escalones de nuestras Fuerzas Armadas y no
sólo en los sistemas de mando y control de la defensa aérea. El grupo
de combate de la Armada no podría funcionar sin un sistema de
integración de este tipo. En la conexión de apoyo a tierra en el
Ejército de Tierra, ídem de lo mismo. Lo digo para resaltar la
importancia de esta situación.
Por otra parte, con nuestra palabra queremos prestar apoyo a esta
iniciativa, porque tiene que ser contemplada e integrada por los
sistemas de disposición de directivas que emita el Ministerio de
Defensa. Es una obviedad, pero no está de más repetirla en la Cámara,
que estos sistemas informáticos han de ser interactivos,
interoperativos y compatibles con los sistemas de conexión de las
fuerzas aliadas. Hoy estamos viendo, y no sólo a través de todos los
programas de las fuerzas de maniobra del Ejército español, que en las
operaciones que se realizan en territorios de Bosnia Herzegovina o de
Kosovo la interacción informativa es fundamental en las
telecomunicaciones vía satélite y en los sistemas de tecnología de la
información. Nos encontramos en las operaciones conjuntas, en
misiones de paz o no, con la interactividad de estos sistemas con los
que disponen también las fuerzas de los países aliados, bien en el
ámbito de la OTAN bien en los acuerdos bilaterales de España con
otros países europeos. Recordemos el centro de satélites que tenemos
instalado en los alrededores de la capital para la UEO, donde las
tecnologías de la información son prioritarias.
Por estas razones y sin más explicaciones, señor presidente,
mostramos la oportunidad de esta iniciativa que nosotros vamos a
apoyar con nuestro voto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a votar también favorablemente esta iniciativa,
aunque nos sorprende que se presente al final de la legislatura. Nos
sorprende, pero no hemos presentado ninguna enmienda a la misma. En
todo caso, quiero decir que nosotros somos también conscientes de
que, en general, toda la Administración tiene que modernizar, desde
el punto de vista tecnológico, todo lo que son los servicios
informáticos y particularmente el Ministerio de Defensa. Y para un
grupo político que hemos intentado a lo largo de esta legislatura
defender un sistema de defensa alternativo esto es así con más razón,
porque hacemos de este sistema alternativo de defensa lo que se llama
la defensa no ofensiva, que, lógicamente, tiene que cimentarse en un
buen sistema de alerta temprana, en un buen sistema informático.
Por tanto, aunque nos sorprende, insisto, que esta iniciativa se
presente en la recta final de la legislatura, es bienvenida y le
daremos nuestro voto favorable.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Meyer.
Finalmente, por el Grupo Socialista, tiene la palabra con Jordi
Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, al ver esta proposición no de ley presentada por el Grupo
Popular, que apoya al Gobierno, nos quedamos extrañados, no solamente
por el momento de la legislatura en que se presenta, sino porque la
verdad es que casi nos sentimos sustituidos en nuestra labor de
oposición. Esta proposición no de ley sería más adecuado que la
presentase un grupo de la oposición que no que la presente un grupo
que apoya al Gobierno.
En la explicación que nos ha dado don Arsenio Fernández de Mesa
compartimos todos los argumentos de fondo, pero ha dicho algo que nos
ha extrañado; ha dicho que se trata de poner a andar, como si en
todos los años de existencia del Ministerio de Defensa no se hubiese
realizado toda una serie de planes y proyectos para implantar las
nuevas tecnologías. Entenderíamos un plan de desarrollo, pero no
sabemos exactamente qué significa un plan de implantación y de su
explicación tampoco hemos sacado conclusión alguna. Sin embargo,
vamos a votar favorablemente, aunque sólo sea por solidaridad, una
proposición no de ley que, como decía, parece más de la oposición que
del Gobierno.
¿Hasta qué punto necesita el Ministerio de Defensa un plan de
implantación de las nuevas tecnologías? No lo sabemos. Cuando miramos
las tecnologías que utiliza el Ministerio de Defensa, tanto en su
órgano central como en el conjunto de las Fuerzas Armadas, no vemos
que no se apliquen estas nuevas tecnologías. ¿Cómo se realizaría el
sorteo del servicio militar obligatorio si no fuese con la aplicación
de un ordenador vectorial, del que sólo existen cuatro en toda
España? ¿Hay algo más moderno? Yo no lo conozco.
Para los temas de simulación -nueva tecnología importante-, poseemos
una empresa, Indra, que es líder en el sector en los aparatos medios
de simulación. Todos los ejércitos tienen aparatos de simulación. El
Ejército de Tierra tiene un programa Castor, con una veintena de
proyectos concretos de simulación, la mitad de ellos ya funciona y la
otra mitad está ya proyectada, únicamente a la espera de las
dotaciones económicas que se necesitan.
En cuanto a los temas de mando y control, a los que principalmente se
refiere la proposición, aquí tengo toda la organización -no un
proyecto sino la organización- de una arquitectura de sistema de
mando y control en su articulación de puestos de mando,
comunicaciones, información y alerta y sensores. A usted y a todos
los que estamos en este mundo nos sonarán palabrejas -y lo siento por
quienes tienen que tomar nota- como el CCOD, el centro de conducción
de operaciones en el Ministerio; el Simacet, sistema de mando y
control en el Ejército de Tierra; el SMM; el Simca, sistema de mando
y control del Ejército del Aire, que es un sistema de gran
complejidad, que además funcionará perfectamente conectado con el
sistema de mando y control aéreo de la OTAN; el ACCS es un proyecto
ya constituido, de máxima tecnología.
En el Ejército de Tierra existe un conjunto de sistemas, conocido
como Simade, sistema de mando y dirección del ejército, que está
formado por una serie de subsistemas, una docena: el sistema de
planeamiento, Sipla; el sistema de mando y control, Simacon; el
sistema de preparación, Sipre; el sistema de personal, Sipe; el
sistema de generación de fuerzas, Sigen; el sistema de apoyo
logístico, Sale; el sistema de administración económica, Sae; el
sistema de apoyo técnico, Sat; el sistema de comunicación, Sicom, y
el sistema de acción cultural, Siacu, todos ellos interconectados y
que no son proyectos, están ya funcionando. Se pueden ir mejorando,
se puede ir mejorando la calidad de los ordenadores.
Los sistemas logísticos, desde el sistema logístico 2000, del
Ejército del Aire, funcionando con ordenadores de última tecnología y
con un software también de última tecnología, están en última línea.
Empresas del Ministerio, como Isdefe, que han trabajado en todo el
sistema de ordenadores, tienen en el mercado un sistema web.cop. de
última tecnología para C4I, es decir, para centros de mando de
operaciones conjuntas y combinadas, que ha funcionado en experiencias
tanto desde el Ejército del Aire como desde la Armada, en
operaciones conjuntas realizadas con Estados Unidos, con otros países
e incluso con Australia. Es un sistema que ha funcionado
perfectamente, los americanos lo han homologado; el Ejército del Aire
y la Armada están en ello, el Ejército de Tierra posee otro sistema,
pero van a ser interconectables entre ellos. Éstos son algunos
ejemplos y podríamos aportar muchos más. Todos conocemos bien los
últimos sistemas de armas de los que nos estamos dotando, los
sistemas más conocidos como el Leopard, como las fragatas F-100, como
el Eurofighter 2000, pero también sistemas menos conocidos de
vehículos más pequeños o de misiles, etcétera.
Entonces, ¿es necesario un plan de implantación de las nuevas
tecnologías? En todo caso, sería de las novísimas tecnologías, de las
tecnologías stealth, de las composites de aligeramiento de
materiales, que el ejército de Estados Unidos ha empezado a utilizar
en este momento y que aún no están totalmente implantadas. En este
sentido, sí; pero si los americanos acaban de empezar y aún no están
en este nivel, difícilmente nosotros vamos a ir por delante de ellos.
Por tanto, no acabamos de entender el sentido de esta propuesta del
Grupo Parlamentario Popular ni acabamos de entender qué es lo que le
estamos diciendo exactamente al Gobierno y al Ministerio de Defensa
con esta propuesta; sin embargo, tiene sentido común. Sigamos
desarrollando las nuevas tecnologías y ampliemos los planes que sea
necesario para ello, pero no sé si es precisamente en el Ministerio
de Defensa en el que es más necesaria la aplicación de nuevas
tecnologías, no porque no sea necesario, sino porque ya se están
aplicando. Seguramente otros ministerios lo necesitarían más. Y no
cito ninguno de ellos, pero, por ejemplo, los que tenemos que coger
el avión muchas veces a la semana (como es también su caso, señor
Fernández de Mesa), seguramente estaríamos de acuerdo en señalar
algún ministerio.
En cualquier caso, como ya he dicho al principio, aunque sea
solamente por solidaridad, porque a lo mejor ya están preparándose
para estar en la oposición, nosotros vamos a votar que sí a su
proposición no de ley.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Marsal. (El señor Fernández de Mesa Díaz del Río pide la palabra.)
No, no, señor Fernández de Mesa, ya sabe que no hay réplica en este
turno.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: No es réplica, señor
presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): ¿Con qué objeto pide la
palabra, señor Fernández de Mesa?
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Señor presidente,
simplemente para decirle al señor Marsal...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No, no tiene la palabra,
señor Fernández de Mesa. Si va a decir algo al señor Marsal, no tiene
la palabra, ya sabe que no tiene turno de réplica. Si dice algo al
señor Marsal, es una réplica.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: No es réplica, señor
presidente, es simplemente para apoyarle.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pues, apoye, apoye luego
con su voto.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DE UN PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL. (Número de expediente
162/000350.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vamos a pasar a la
siguiente proposición no de ley, en este caso del Grupo Socialista
del Congreso, relativa a la elaboración y aprobación de un plan
nacional de salud mental.
Para la defensa de la proposición, tiene la palabra la señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el gusto de defender hoy una proposición no de ley
que plantea una cuestión sobre la que se habla poco de forma
específica en esta Cámara, pero que no por ello deja de ser
importante. Se trata de una iniciativa que tiene que ver con la
salud, uno de los bienes más preciados del ser humano, y que, más
concretamente, versa sobre la salud mental.
El primer problema que se constata cuando uno se aproxima a este tema
es la falta de información y de formación que existe sobre la
enfermedad mental y sobre el enfermo mental. Todos nosotros conocemos
los factores de riesgo, por ejemplo, de las enfermedades vasculares y
conocemos también los cuidados de salud que necesita una persona con
este tipo de problemática; pero, ¿qué sabemos de la salud mental, qué
sabemos del enfermo mental? La respuesta es que sabemos poco. La
enfermedad mental tiene todavía mucho de tabú y todos nosotros
pensamos que estamos preservados ante ella.
Pues bien, señorías, existen también factores de riesgo en relación
con la enfermedad mental. Factores como el desempleo, la carencia de
una vivienda digna, el fracaso escolar, el aislamiento o el rechazo
social, el alcoholismo u otro tipo de drogodependencias aparecen
frecuentemente asociados a este tipo de trastornos. Por otra parte,
la enfermedad mental no produce dolor
físico, pero produce otro tipo de dolor. Tampoco la enfermedad mental
produce la muerte inmediata, como algunas enfermedades somáticas,
pero produce desintegración social, desestructuración familiar y
puede incluso llegar a producir la muerte social de muchas personas
afectadas.
Si la aproximación al problema la hacemos desde la perspectiva de
número, de a cuántas personas afecta este tipo de problemática,
tampoco el problema es irrelevante. En general, se estima que
aproximadamente un tercio de la población presenta algún problema
psicológico o psiquiátrico en un momento determinado de su vida. La
Organización Mundial de la Salud estima que un 24 por ciento de las
personas que acuden a atención primaria presentan algún problema de
salud mental. Según la encuesta nacional de salud, el 11,6 por ciento
de las personas adultas confiesan padecer algún tipo de trastorno
psíquico. El 3 por ciento de la población consultada es consumidora
habitual de fármacos antidepresivos y el consumo de estos fármacos,
señoría, crece progresivamente. Si nos referimos a trastornos
psiquiátricos graves y crónicos, éstos afectan al 1 por ciento de la
población mundial.
Señoras y señores diputados, afortunadamente, en España no estamos ya
en la etapa del manicomio ni estamos en la etapa del hospital
psiquiátrico como referente de la asistencia a los enfermos mentales.
La reforma psiquiátrica ha modernizado y humanizado la asistencia
a estos enfermos y, en este sentido, la Ley General de Sanidad
significó un punto de inflexión en el tratamiento de las personas con
enfermedad mental en España, integrando las actuaciones relativas a
la salud mental en el sistema sanitario general y equiparando al
enfermo mental a las demás personas que requieren servicios
sanitarios y sociales. Por otra parte, la Ley General de Sanidad
marca los principios en los que la Administración sanitaria
competente ha de actuar atendiendo a ellos, en concreto determina que
la atención a los problemas de salud mental se realizará en el ámbito
comunitario, potenciando los recursos asistenciales de ámbito
ambulatario y los sistemas de hospitalización parcial y atención a
domicilio, reduciendo lo máximo posible la necesidad de
hospitalización y que cuando ésta se requiere, se realice en las
unidades psiquiátricas de los hospitales generales. Determina
igualmente la Ley General de Sanidad que se desarrollarán servicios
de rehabilitación, reinserción social y atención a los problemas
psicosociales, buscando la necesaria coordinación con los servicios
sociales.
Hoy, por tanto, señorías, es inevitable hablar de que en materia de
salud mental se ha producido un importante avance en nuestro país. Se
ha experimentado un importante avance en la red asistencial, esto es
innegable. De un modelo centrado en los hospitales psiquiátricos se
ha pasado a una red compleja de dispositivos de salud mental,
centrada más en los centros de atención primaria, en las unidades de
salud mental y en los servicios sociosanitarios que, como ocurría en
el pasado y decía anteriormente, en el hospital psiquiátrico.
Sin embargo, todavía hoy existe una importante carencia de
estructuras intermedias y de recursos sociales. En este sentido, cabe
citar el informe anual del Defensor del Pueblo, los informes anuales
correspondientes a los ejercicios de 1997 y 1998, en los que hace
constar las numerosas quejas recibidas por parte de familiares que
expresan la dificultad que encuentran de tratamiento para sus
familiares afectados. Constata el Defensor del Pueblo que la
desinstitucionalización operada en el marco de la reforma
psiquiátrica no ha ido pareja con la creación de recursos suficientes
alternativos a la hospitalización psiquiátrica, de forma que se pueda
ofrecer una atención adecuada a los enfermos mentales a través de
dispositivos tales como centros de día, talleres ocupacionales y
otros de naturaleza social y sociosanitaria. Esto dice el Defensor
del Pueblo, señorías.
Pero bajo el epígrafe de enfermedad mental, señorías, se engloba una
amplia gama de patologías con necesidades asistenciales también
distintas y que requieren la existencia de esas estructuras
intermedias y de recursos sociales, a los que yo me refería
anteriormente, que hagan susceptible dar respuestas flexibles y que
puedan acomodarse a la diversidad casuística que se produce. También
el Defensor del Pueblo nos indica que, sin haberse producido el
desarrollo necesario de esta red de servicios, el peso de la atención
a estos pacientes recae sobre las familias, que encuentran
dificultades para la reinserción social y para la integración en el
núcleo familiar de sus enfermos. En este sentido, cabe ofrecer datos
aportados por el estudio sobre las necesidades de familiares de
enfermos mentales, elaborado por la confederación española de
agrupaciones de familiares y enfermos mentales. Según este estudio,
el 64,4 por ciento de los cuidadores de estos enfermos son sus
madres; el 84 por ciento de estos cuidadores no reciben servicios de
sustitución para el cuidado de los afectados; el 65,2 por ciento cree
que necesitaría algún servicio de sustitución; el 75,4 por ciento
cree que su papel de cuidador ha afectado a su propia salud; el 67,3
por ciento dice haber perdido contacto con sus amigos debido a las
necesidades de cuidado del enfermo; el servicio que más dicen
necesitar son centros de día suficientes y servicios de sustitución
en períodos vacacionales, y expresan igualmente su preocupación por
el futuro de estos enfermos.
Señorías, nadie pone en duda el papel solidario que presta y debe
prestar la familia en nuestra sociedad, pero una cosa es esperar
solidaridad de la familia y otra muy distinta es que sea ella casi en
soledad la que tenga que asumir el coste de la
desinstitucionalización y de tener en su seno un miembro enfermo
mental. El compromiso de solidaridad debe ser de todos y de todos los
poderes públicos. Por tanto, la salud mental ha de convertirse en un
objetivo importante y prioritario de todos los poderes públicos y ha
de ser un tema que sensibilice a esta Cámara.
Por otra parte, la salud mental es una competencia de las comunidades
autónomas en gran medida, de forma que hoy se puede hablar de
distintos ritmos,
diferentes criterios, diferentes prioridades en salud mental en unas
partes y otras del territorio, y también de diferentes presupuestos,
según cada comunidad autónoma. Según un estudio de la sociedad
catalana de centros concertados de salud mental, mientras Cataluña
gastaba 2.500 pesetas por habitante y año en salud mental, el País
Vasco gastaba 7.500; este mismo año, Holanda gastaba 24.000 pesetas.
Señorías, lo que todavía es más grave es que esta diputada ha
solicitado información al Gobierno sobre características del gasto
sanitario y de la red asistencial en las distintas partes del
territorio, es decir, dentro del Sistema Nacional de Salud, y la
respuesta remitida por el Ministerio he de decir, señorías, que se
circunscribe al territorio Insalud. Ante esta respuesta, señorías, a
mi se me ha planteado la formulación de una pregunta: ¿Quiere esto
decir que el Ministerio no cumple con la competencia de coordinación
general sanitaria que le asigna la legislación vigente? ¿A quién
corresponde velar por el precepto constitucional que garantiza los
mismos derechos a los ciudadanos en cualquier parte del territorio
español?
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista cree que la situación
descrita y su complejidad hacen preciso no sólo la intervención y
concurrencia de las distintas administraciones y de los diferentes
departamentos de las mismas, vertebrando actuaciones conjuntas, sino
también un instrumento que contribuya a homogeneizar políticas y a
garantizar una igualdad efectiva en la prestación de salud en todo el
territorio.
El instrumento más válido...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Novoa, concluya.
La señora NOVOA CARCACIA: Sí, señor presidente, concluyo con rapidez.
A nuestro juicio, el instrumento más válido es la elaboración
y aprobación de un plan nacional de salud mental. Nuestro deseo es que
esta proposición no de ley pueda obtener el apoyo unánime de la
Cámara, pero esto no quiere decir que mi grupo parlamentario esté
dispuesto a aceptar cualquier tipo de enmienda que pueda perseguir el
objetivo de lavar la cara o sacar de un apuro al grupo mayoritario de
esta Cámara, y por supuesto al Gobierno. Aceptaríamos cualquier tipo
de enmienda que suponga incluso ir más allá de nuestra iniciativa,
pero no aceptaremos ningún tipo de enmienda que signifique reducir
compromiso con los enfermos mentales de nuestro país y sus familias.
En este sentido, quiero recordarle al Grupo Parlamentario Popular que
ha asumido un compromiso preelectoral, al menos a través de un
representante de su grupo parlamentario y de su partido, en donde
-noticia de Servimedia-, ante la pregunta de qué le parecía la
posibilidad de la elaboración de un plan nacional de salud mental,
decía textualmente: Estamos totalmente de acuerdo con que una persona
con patología reciba el mismo trato en una comunidad y en otra. Creo
que
pronto tendremos oportunidad de verlo. Señorías, espero que los
respectivos grupos de esta Cámara den apoyo a esta iniciativa, porque
esa es la vocación que tiene. Pero no quiero terminar esta
intervención sin decir que si no recibe el apoyo suficiente para ser
aprobada, esta diputada se sentirá inmensamente satisfecha por haber
tenido la ocasión de que, al menos durante un tiempo, el Congreso de
los Diputados haya hablado de un tema que afecta a muchos ciudadanos
y familias de nuestro país. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Novoa.
A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo
Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Villalón.
El señor VILLALÓN RICO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular para defender la enmienda que hemos presentado
a la proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre la elaboración
y aprobación de un plan nacional de salud mental. Cuando uno hace una
lectura detallada del texto e, incluso, de la exposición de motivos
que justifica la presentación de la iniciativa, es difícil no estar
de acuerdo. La diputada socialista ha hecho una intervención en la
línea de lo expuesto en la exposición de motivos y en el texto de la
proposición no de ley -ahora haremos una valoración- y es difícil no
estar de acuerdo con ella porque dice cosas que se ajustan a la
verdad. Seguramente sea el tratamiento lo que nos va a diferenciar a
la hora de aprobar esta proposición no de ley, si aceptan la enmienda
que presentamos.
El Grupo Parlamentario Popular se congratula, aunque sea al final de
la legislatura, de que el Grupo Socialista, como primer grupo de la
oposición, haya presentado una iniciativa que tenga aspectos
positivos. A lo largo de la legislatura, y sobre todo en el último
período de sesiones, SS.SS. han hecho unos discursos catastrofistas,
apocalípticos, donde todas las naves sanitarias se hundían.
Bienvenida sea la iniciativa, aunque sea al final de la legislatura,
ya que tiene fundamento y, aun con algunas matizaciones, podemos
debatirla de forma interesante. Cuando un grupo parlamentario
presenta cualquier iniciativa no sólo hay que valorarla desde el
punto de vista de su contenido, sino que hay que hacer referencia a
los antecedentes que existen sobre el tema, en este caso de política
sanitaria, de salud mental. Desde el punto de vista legislativo, de
acuerdos parlamentarios o de las actuaciones que hayan podido tener
éste u otros gobiernos, incluso los gobiernos de las comunidades
autónomas, habría que hacer referencia a los antecedentes que
existen.
Como consideramos positiva la iniciativa presentada por el Grupo
Socialista, nos ha parecido oportuno matizar algunos aspectos y
presentar la enmienda, que es conocida por SS.SS., donde se pone de
manifiesto que se tienen en cuenta los antecedentes legislativos y de
otro tipo sobre salud mental. De todos es conocido, fundamentalmente
por la señora diputada que ha intervenido, el recuerdo histórico de
que la atención a la salud mental o a los enfermos psiquiátricos se
prestaba a través de los centros de las diputaciones provinciales. De
hecho, todavía sigue habiendo centros de diputaciones provinciales
que, a través de convenios o de conciertos con las comunidades
autónomas, prestan ese servicio.
La señora diputada ha hecho una referencia, que me parece importante,
al artículo 54 de la Ley General de Sanidad, que dice que cada
comunidad autónoma debe tener su plan de salud. A mí también me
gustaría hacer referencia al Decreto 63/1995, de prestaciones
sanitarias, donde se establece como una más de las prestaciones
sanitarias la salud mental y la asistencia psiquiátrica como
prestación dentro del sistema. Son dos referentes casi históricos o,
por lo menos, los antecedentes de lo que hoy aquí nos ocupa. En base
a esos dos antecedentes, Ley General de Sanidad y decreto de
prestaciones, los gobiernos anteriores han estado trabajando,
a través de diferentes grupos de trabajo, en el seno del Consejo
Interterritorial, en el seguimiento del plan de salud mental y en la
comisión de seguimiento de la reforma psiquiátrica, para estudiar los
diferentes sistemas de información, organización y financiación
existentes en las comunidades autónomas. Estos antecedentes irían
desde 1987 hasta el año en que el Partido Popular asume las
responsabilidades de Gobierno. En los años anteriores se ha
intentando potenciar la coordinación entre los diferentes servicios
públicos que prestan este tipo de servicio sanitario.
Eso es lo que usted intentaba decir y creo que se ha realizado a lo
largo de los años. Pero, por otro lado, hay que poner de manifiesto
la descoordinación entre las diferentes comunidades autónomas, el
hecho de que en cada comunidad autónoma la organización de la
asistencia en salud mental sea muy diferente, que unas comunidades
autónomas tengan planes de salud mental y otras no. Esta coordinación
debería llevarse a cabo a través de un organismo, ya sea el
Ministerio, el Gobierno o el Consejo Interterritorial. Por eso,
señora diputada, los grupos apoyamos, en diciembre de 1997, las
propuestas de los acuerdos de la subcomisión del Congreso de los
Diputados, relativos a estructurar en la asistencia sociosanitaria
una red de centros de atención a la salud mental. Como consecuencia
de ese acuerdo parlamentario -por eso yo le decía anteriormente que
hay que hacer referencia no sólo al marco legislativo sino a los
acuerdos parlamentarios-, se han constituido unos grupos de trabajo
donde están representados el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de
Trabajo y las comunidades autónomas, con el fin de establecer los
criterios comunes de coordinación entre servicios sociales y
sanitarios. Nosotros creemos que hay que esperar a que terminen estos
grupos de trabajo para luego establecer lo que podría ser un plan
integrado o un plan nacional sobre salud mental en toda España. Ese
es el fundamento de nuestra enmienda de sustitución
a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Hay
dos elementos de referencia, el acuerdo parlamentario de
consolidación y modernización del sistema sanitario y el Consejo
Interterritorial, lugar adecuado para establecer los criterios y
propuestas que esos grupos de trabajo nos puedan aportar en los
próximos meses.
Señor presidente, tenemos la convicción de que se debe reforzar el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como elemento
vertebrador -ustedes antes hacían referencia a que preguntas suyas,
me imagino que para respuesta por escrito, no habían tenido
contestación fuera de lo que podría ser el territorio Insalud- donde
se aglutinan todas las iniciativas, desde el punto de vista de lo que
puede ser la política social, y que a través de los grupos de trabajo
se puede llegar a una mejor coordinación y utilización de los
recursos; en resumidas cuentas, se puedan llevar a cabo aquellas
pautas de atención de salud mental que interesan a los ciudadanos.
Por último, consideramos que ha supuesto una novedad interesante la
iniciativa del Grupo Socialista y que se puede debatir en los
próximos meses. Teniendo en cuenta los antecedentes y lo que se está
realizando a lo largo de estos meses, creemos que es más adecuado a
la realidad actual el texto de la enmienda que nosotros presentamos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Villalón. ¿Grupos que desean fijar la posición en este debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Brevemente, quiero expresar la opinión del Bloque Nacionalista Galego
acerca de esta proposición no de ley del Grupo Socialista.
Hay que diferenciar la intención de la proposición de ley de los
medios que propone para solucionar las deficiencias que contempla en
materia de salud mental. La proposición tiene como intención mejorar
la situación de la atención a la salud mental, dedicando más medios a
este tipo de asistencia sanitaria. Por otro lado, el medio que
propone es la elaboración de un plan estatal de salud mental que haga
homogéneas las políticas y servicios en esta materia.
Compartimos, naturalmente, la preocupación de la proponente, que ha
hecho una brillante exposición sobre las deficiencias existentes en
este terreno en cuanto a los servicios que la asistencia sanitaria
pública está prestando en este momento. Es evidente que a la salud
mental no se le ha dado ni ahora ni antes la importancia que merece,
nunca ha constituido una prioridad dentro del sistema sanitario; por
el contrario, siempre ha sido considerada una actividad marginal. En
función de eso, los recursos han sido escasos y, aunque
no es el momento de entrar en detalles, la orientación
terapéutica durante muchos años ha sido más que discutible.
Es necesario dotar de más medios y realizar una buena planificación
de la atención de salud mental para dar respuesta a las necesidades
de salud cada vez más complejas de los ciudadanos. Sin embargo, no
nos parece que la solución a este problema pase por la elaboración de
un plan estatal de salud mental que homogeneice las políticas y los
servicios en este campo y que, en definitiva, vuelva a concepciones
centralizadoras de los modelos de atención sanitaria. No lo creemos
porque la experiencia nos dice que la existencia de planes estatales
no es garantía del cumplimiento de los mismos ni de la igualdad en
cuanto a los servicios y prestaciones que puedan recibir en la
práctica los ciudadanos y ciudadanas de los distintos territorios del
Estado. Durante muchos años han existido políticas centralizadas en
éste y otros campos que no han supuesto igualdad en el acceso a los
recursos.
El traspaso de competencias en materia de salud a las comunidades
autónomas vino dado, entre otras cuestiones, por la necesidad de
adaptar el funcionamiento de los servicios de salud a la realidad y
de dar respuestas diferentes a necesidades diferentes, también en
materia de salud mental. Está claro que ni el origen de los
trastornos ni el tipo de acciones terapéuticas, ni siquiera el modelo
de red asistencial, puede ser igual para realidades desiguales. En
este momento existen planes de salud mental que, cuando menos en
algunos casos, en líneas generales responden a las necesidades de
salud de los ciudadanos; otra cuestión es que no se apliquen o que
deban mejorarse.
Puesto que no creemos en la bondad de los planes estatales, en este
caso del plan estatal de salud mental para remediar las deficiencias
existentes -otra cosa sería mejorar la coordinación, etcétera-, no
vamos a votar favorablemente a esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV) para fijar brevemente nuestra posición en cuanto a esta
proposición no de ley, relativa a la elaboración y aprobación de un
plan nacional de salud mental, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Como se señala en la exposición de motivos, en una sociedad compleja
como la actual cada vez son más frecuentes los trastornos denominados
psicológico-psiquiátricos -de ahí la necesidad de la salud mental, se
dice- y que la importancia de los problemas de salud
mental viene dada por su alta prevalencia y por la carga de
mortalidad que conllevan. Estamos de acuerdo con la intención y
última finalidad de esta proposición no de ley. Nos alegra que en la
exposición de motivos se constate la preocupación por la salud mental
que existe en Euskadi, plasmada en un presupuesto superior al de
otras comunidades del Estado, hecho comprobable a través de los datos
que se suministran de gasto por habitante y año en atención mental.
No es ninguna tontería destacar que, aparte de que se dedica más
dinero, debe existir una buena gestión de los recursos sanitarios
cuando prácticamente no hay déficit presupuestario en sanidad en
Euskadi, cosa que no coincide con lo que ocurre en otras comunidades
autónomas. Habría que añadir que si en otros sitios y a través de
determinados presupuestos no se dedicase tanto dinero, por ejemplo, a
gastos militares inútiles, tendría más atención el gasto público para
la salud y para la educación. Quizá también en estos momentos se
podría pedir una cierta contribución a Telefónica por medio de las
stock options para mejorar estos presupuestos.
En esta proposición no de ley no se tiene en cuenta la realidad
autonómica. En la exposición de motivos se dice que la salud mental
es competencia de las comunidades autónomas, sin embargo, la
proposición no de ley dice: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que se elabore y apruebe un plan nacional de salud mental,
con lo cual se ignora la realidad autonómica. Sería más correcto
hablar de que se apruebe un plan de salud mental para el Insalud, que
es su responsabilidad. La enmienda de modificación presentada por el
Grupo Popular nos parece que es más coherente y respetuosa con la
realidad autonómica cuando, en su segundo punto, habla de que en el
seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se
analicen y propongan los criterios comunes de coordinación entre los
servicios sanitarios y sociales de las comunidades autónomas,
etcétera.
Estamos bastante más de acuerdo con la enmienda de modificación que
ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, porque entendemos que
es más respetuosa y coherente con la realidad autonómica del Estado
en estos momentos. Tal como está presentada la proposición no de ley,
a pesar de admitir su buena intención y última finalidad, no podemos
apoyarla, repito, por su carácter centralista e incluso porque es
contradictoria con lo que se contiene, como he dicho, en la
exposición de motivos. Sí estaríamos de acuerdo en apoyar -caso de
que el grupo proponente lo admitiese- la enmienda de modificación.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Caballero.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la
señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Señora Novoa, tengo la impresión de que a estas alturas del debate
voy a repetirme y lo lamento. Tengo que empezar diciendo que coincido
con lo que hasta ahora han dicho los distintos portavoces, incluso
con lo que usted ha manifestado en su exposición de motivos. Como
señalaba el señor Villalón, hoy día, afortunadamente, no hay nadie
que niegue la importancia y la total prioridad que deben tener las
enfermedades mentales en el conjunto de planes de salud tanto de las
comunidades autónomas como del propio Insalud.
Las enfermedades mentales, los enfermos mentales -porque se dice que
no hay enfermedades sino enfermos- han sido durante muchos años los
grandes olvidados de todo el sistema de salud. Hubo épocas en que los
enfermos mentales formaban parte de esta España profunda, negra, gris
y poco deseable que todos deseamos olvidar; eran seres atados, a
veces literalmente, a un mueble y a los que se les negaba incluso la
categoría de personas. Afortunadamente esto ha cambiado mucho, hay
conciencia social de que por este camino no se podía seguir, de que
esto atenta a la dignidad y hay prioridad ampliamente consensuada de
que los planes de salud tienen que contemplar la enfermedad mental y,
como ha sido hasta ahora la gran olvidada, hay que priorizarla.
Es tanta la coincidencia que teníamos con el criterio que usted
exponía, señor Novoa, que incluso en la campaña electoral que hemos
vivido hace poco para el gobierno de Cataluña, el programa electoral
con el que Convergència i Unió se presentaba a las elecciones primaba
de manera muy especial la atención a la salud mental. Somos
conscientes y reconocemos que dentro del sistema catalán de salud, la
salud mental tiene aún grandes déficit, si bien es cierto que
históricamente fue en Cataluña donde ya en épocas de la República
había hospitales mentales que dependían de instituciones como las
diputaciones; cuando nadie había dado prioridad a la salud mental, ya
existían hospitales mentales en Cataluña. Es verdad que hay escasez
de recursos y nos congratulamos, señor Caballero -lo decimos con sana
envidia-, de que en el País Vasco existan posibilidades de destinar
más dinero para la salud mental, porque es un objetivo al que todos
queremos aspirar. La realidad de nuestro sistema no ha permitido
-aceptando la parte de autocrítica que siempre hay que hacer en estas
cuestiones-, que en Cataluña se haya conseguido el ideal que nos
proponemos. Esto se ha recogido en nuestro programa electoral y es el
compromiso de nuestro Gobierno para este próximo mandato.
Tal como han dicho otros intervinientes, la solución que nos propone,
señora Novoa, no es la idónea. Nosotros decimos con toda claridad que
estamos yendo contra corriente de lo que ya en el año 1985 a nivel
estatal se consideró adecuado para aplicar en política de salud
mental. Mientras a nivel estatal el Gobierno central marcó
referencias e hizo recomendaciones en el sentido de que dejasen de
existir los hospitales destinados únicamente a enfermos mentales, en
Cataluña no sólo no hemos seguido esta pauta sino que estamos inten
tando
adecuar, acondicionar y potenciar hospitales de salud mental que ya
teníamos, por lo que he dicho antes, porque cada uno parte de
realidades distintas y los recursos que pueden aportar también son
distintos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Coincidimos con el criterio que exponía el portavoz del Partido
Popular de reconducir este tema en el seno del Consejo
Interterritorial de Salud, porque nos parece que es en este marco,
dentro de este contexto, donde cada uno puede aportar sus
experiencias, sus conocimientos, haciendo una aportación en positivo,
pero siendo compatible con que en cada comunidad el Insalud actúe en
función de sus posibilidades y sus recursos; no pensamos que la
solución de un plan nacional de salud mental sea la más idónea.
Por este motivo, señora Novoa, no podemos dar apoyo a esta
proposición, pero sí apoyaríamos la enmienda si S.S. la acepta.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley que hoy debatimos está tocando un
tema absolutamente candente, aunque sordo. La salud mental subyace en
multitud de actuaciones sanitarias y, desde el punto de vista de mi
grupo parlamentario, ni históricamente ni en el momento presente se
han abordado los temas correctamente.
Quiero recordar a la señora Riera que el tratamiento que se ha dado a
la salud mental, no por Cataluña sino por los países occidentales, ha
sido fundamentalmente de orden público. El enfermo mental que podía
alterar o que había alterado de alguna manera la normal convivencia
era recluido en hospitales para que no interfiriera en esa
convivencia; es decir, los manicomios junto con las cárceles eran
instituciones que tenían más que ver con el orden público que con el
tratamiento científico de los problemas de la salud mental.
La historia de estos últimos años, señorías, ha sido paradójica.
Coincide con un movimiento a nivel europeo que tuvo sus máximos
exponentes en Inglaterra, en Francia y en Italia con Basaglia; el
movimiento del abordaje de la salud mental desde otros planteamientos
más sociales, más comunitarios, más científicos. Fue el gran
movimiento del cierre de los manicomios, el cierre de los manicomios
como una bandera progresista de los profesionales de la salud mental
y de todo aquel que entendiera que era la patología social
fundamentalmente la que estaba detrás del enfermo mental y que, por
tanto, eran los abordajes sociales y comunitarios los más importantes
a tener en cuenta como herramientas de trabajo. Pero la paradoja es
que el cierre de los manicomios coincide con momentos de recorte del
gasto público y es enarbolado como bandera, tanto por
personalidades y fuerzas progresistas dentro de la salud mental como
por todos aquellos muy interesados en ahorrar el gasto público de
mantenimiento de los hospitales. En nuestro país, este hecho coincide
con las transferencias en salud mental a las comunidades autónomas;
transferencias que no se entiende que fueran hechas de manera
independiente e aislada del conjunto de las transferencias de
asistencia sanitaria; transferencias que, en la inmensa mayoría de
los casos, se hacen sin las dotaciones de infraestructuras y
económicas suficientes como para que las comunidades autónomas lo
aborden. El resultado, señorías -es verdad que con diferencias
territoriales muy importantes, el tema del País Vasco es claro por su
especial esfuerzo en servicios sociosanitarios públicos-, es que la
inmensa mayoría de las personas que vemos ejerciendo la caridad en
las esquinas de las grandes ciudades son enfermos mentales que han
sido expulsados de los manicomios, que no tienen ninguna posibilidad
de integración social ni familiar y que están esperando la muerte de
manera absolutamente indigna para un final de siglo y en países que
van supuestamente tan bien como el nuestro.
La salud mental está encendiendo las luces rojas de alarma. Un
informe reciente hablaba de un significativo incremento de la tasa de
suicidios en nuestro país, tanto que es la cuarta causa de muerte,
con un porcentaje de mortalidad total del 10 por ciento. Además, como
todo en esta vida, no está distribuido equitativamente, y son las
zonas deprimidas, de cierre de grandes fábricas, de altas tasas de
paro, las que tienen las más altas tasas de suicidio acompañadas con
altísimos porcentajes de depresión, alcoholismo y del cortejo que
rodea a la desintegración social. El límite entre la salud física y
la salud mental es muy difícil de mantener. Un ejemplo, que es un
dato constatado por todos los profesionales de la atención primaria:
el 80 por ciento de las consultas en atención primaria tienen que ver
con patología social, con patología mental, que se expresa en
síntomas que aparecen como físicos cuando son responsables de otro
tipo de alteraciones que tienen que ver con factores más complejos de
la salud del individuo.
Señorías, la salud mental es un asunto pendiente en nuestro país.
Estoy de acuerdo en que es un tema transferido que, por su raíces
sociales y culturales, es diverso en las diferentes comunidades
autónomas del Estado español.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, debe concluir.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino inmediatamente.
Debemos estar de acuerdo en que no es de recibo una situación que
revela prioritariamente una desatención flagrante en la salud mental
y unas desigualdades territoriales que no son justificables.
Mi grupo parlamentario ha planteado en repetidas ocasiones la
necesidad de tener en cuenta las dos cosas: las competencias, las
especificidades de las
comunidades autónomas, con la obligación del Estado de garantizar
mínimos indispensables con carácter obligatorio en el conjunto del
Estado. Por eso, el planteamiento de Izquierda Unida es que, con la
financiación suficiente para aquellas comunidades autónomas que no lo
tengan, se aborde una ley básica que garantice mínimos obligatorios a
cubrir para el conjunto de las comunidades autónomas con los
desarrollos específicos que cada cual entienda más adecuados. En
cualquier caso, la situación de la salud mental en nuestro país -y yo
agradezco al Grupo Parlamentario Socialista que traiga hoy a la
Cámara este debate- le plantea a mi grupo parlamentario la necesidad
de apoyar cualquier tipo de medida que suponga lanzar a los poderes
públicos, a las administraciones sanitarias una voz de alarma sobre
la situación realmente existente. Insisto, aun cuando nuestro grupo
parlamentario cree que el planteamiento debiera ser legislativo y
financiero, nosotros no podemos hacer otra cosa que apoyar la
propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, acepte o no la enmienda
que el Grupo Parlamentario Popular plantea, y que eso sirva para que
al menos en esta Cámara, como representantes de la soberanía de los
pueblos que componen el Estado español, tengamos en cuenta que hay un
tema que puede ser una bomba de relojería que, una vez más, nos
estalle como problema de orden público, puesto que no ha recibido la
terapia correspondiente desde el punto de vista sanitario, social y
comunitario.
Muchas gracias. (La señora Novoa Carcacia pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Maestro. ¿Señora Novoa?
La señora NOVOA CARCACIA: Señor presidente, le rogaría que, puesto
que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha utilizado su turno
no tanto para fijar su posición sobre mi proposición no de ley como
para hacer una auténtica réplica, me conceda también a mí un turno de
réplica.
El señor PRESIDENTE: Señora Novoa, lo que consta en el «Diario de
Sesiones» es la defensa de una enmienda y, naturalmente, en la
defensa de una enmienda el portavoz del Grupo Popular puede emplear
las argumentaciones que, estando dentro del debate, considere
oportunas. No obstante, S.S. tiene que decir si acepta o no la
enmienda, para lo cual tiene dos minutos.
La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor presidente.
Lamento que no se me haya concedido el turno de réplica al que
entiendo que, por el tipo de intervención que ha hecho el portavoz
popular, tenía derecho. En todo caso, voy a aprovechar los dos
minutos que me da para decir que no podemos aceptar la enmienda que
presenta el Grupo Parlamentario Popular porque sería
decir a esos familiares, a esos enfermos afectados por una enfermedad
mental que todo sigue igual, que seguimos haciendo el mismo tipo de
política.
Además, la iniciativa que yo he defendido en ningún caso responde a
criterios centralistas, argumento que se ha utilizado aquí. El Plan
nacional sobre droga, el Plan de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres -pongo dos ejemplos-, son dos instrumentos
perfectamente válidos, perfectamente compatibles con el modelo de
Estado que nos hemos otorgado, con el cual el Grupo Parlamentario
Socialista es perfectamente respetuoso.
Por otra parte, no aceptamos la enmienda del Grupo Popular porque
tenemos experiencia sobrada de que, cuando llegamos a una transacción
con el Grupo Parlamentario Popular, al final nuestra iniciativa se
convierte en papel mojado. Tenemos como antecedentes nuestras
iniciativas sobre la anorexia, sobre la terapia vigilada en pacientes
afectados por tuberculosis, sobre enfermos diabéticos, programas
integrales de atención a la mujer, etcétera, en que hemos aceptado
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y que hoy en
día son auténtico papel mojado. No estamos dispuestos, con la
aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en esta
materia, a contribuir nuevamente a que este debate se convierta,
repito, en papel mojado y, por tanto, no la aceptamos, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Novoa.
Vamos a proceder a la votación de esta proposición no de ley y de la
anteriormente debatida. (Pausa.)
Votaciones correspondientes a las proposiciones no de ley que han
sido debatidas. En primer lugar, la del Grupo Popular, sobre la
elaboración de un plan de implantación de nuevas tecnologías en el
conjunto del Ministerio de Defensa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 285; en contra, uno; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley del
Grupo Popular.
Proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a la elaboración
y aprobación de un plan nacional de salud mental.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 137; en contra, 149; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición
no de ley del Grupo Socialista.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA GENERAL RELATIVA
A LAS ENCUESTAS PREELECTORALES REALIZADAS POR EL CENTRO DE
INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS), EL MODELO DE ESTIMACIÓN DE VOTO
UTILIZADO Y LA FORMA Y MOMENTO DE HACERLAS PÚBLICAS POR EL GOBIERNO.
(Número de expediente 173/000168.)
El señor PRESIDENTE: Apartado III del orden del día: Mociones
consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas la pasada
semana. Las votaciones correspondientes a dichas mociones se
realizarán al finalizar el debate de las tres que están previstas.
Comenzamos por la del Grupo Socialista, sobre política general
relativa a las encuestas preelectorales realizadas por el Centro de
Investigaciones Sociológicas, el modelo de estimación de voto
utilizado y la forma y momento de hacerlas públicas por el Gobierno.
Para su presentación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra don
Joaquín Leguina.
Silencio, señorías. Silencio.
Adelante, señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Como consecuencia de la interpelación urgente de hace 15 días
presentamos hoy ante la Cámara una moción sobre el Centro de
Investigaciones Sociológicas, mejor dicho, sobre algunas formas que
debieran de ser respetadas por el Centro de Investigaciones
Sociológicas, el CIS. Esta moción tiene concretamente cuatro puntos,
uno de los cuales se refiere a la conveniencia de que no se publiquen
las encuestas del CIS durante la campaña electoral y los otros tres
hacen referencia a la publicidad y transparencia que un instituto
público como ése debe de mantener.
En cuanto al primer punto, es decir, que el CIS se abstenga de hacer
públicas las encuestas preelectorales durante el período de campaña
electoral, haré, señorías, una breve reflexión que no tiene que ver
en absoluto con si son buenas o malas las encuestas, con si las
encuestas aciertan o se equivocan o con si los métodos utilizados son
científicos o simplemente mágicos. No tiene nada que ver con el
contenido de las encuestas, sino con la política.
En una democracia, la campaña electoral es el tiempo en el que la
política es privilegiada; la hora de los proyectos, de las
propuestas, de la rendición de cuentas, la hora de la palabra
política, del debate en la calle y, naturalmente, en los medios de
comunicación. Pero, en los últimos tiempos, en nuestro país, durante
todas las campañas electorales y en mitad de la campaña electoral,
aparecen las encuestas sobre intenciones de voto. El efecto es
simplemente devastador sobre la palabra, sobre el debate, sobre la
política, y todas las
instituciones públicas, y en primer lugar el Gobierno, deben de
defender la política, la autonomía de la política. ¿Qué pasa con
estas encuestas electorales? Que se comportan como un elemento
distorsionador. En la semana anterior, es decir, en el último día
permitido por la ley para la publicación de encuestas, ustedes pueden
comprar cualquier periódico de España y se encontrarán en las
primeras páginas con los resultados de las encuestas, exactamente con
los mismos caracteres y con el mismo carácter noticioso que el día
siguiente de los resultados electorales. Es decir, se presentan al
público estas intenciones de voto, sean bien o mal elaboradas
-generalmente mal, están llenas de errores, como una semana después
se puede comprobar-, como si hubiera sucedido ya el acto electoral;
es decir, se ningunea no sólo el debate, que queda roto, sino también
la decisión -para un demócrata sagrada- del hecho de que un ciudadano
vaya a la urna a introducir su papeleta. Es una distorsión contra la
política, insisto. Es como si en un partido de fútbol el árbitro
parara el juego para discutir cómo han apostado los ciudadanos la
quiniela. Evidentemente, la Federación de Fútbol prohibiría que eso
ocurriera, porque rompe el juego, rompe las reglas del juego, y esto
es lo que se hace con las encuestas en general. Que el elemento clave
para este mal juego para la política venga siendo, desde hace algún
tiempo, el CIS, es un dislate; es un dislate desde el punto de vista
de la autonomía que tiene que tener la política, de lo que debe de
hacer una institución pública como es el CIS, de lo que debe de
pensar cualquier demócrata.
Por lo tanto, es necesario que el Estado no entre en este juego
perverso, que además de entrar lo incentiva con estas publicaciones a
destiempo de las encuestas. Esta es la esencia de esta moción, y
rogaría a los diputados y diputadas que vayan a intervenir a
continuación que se atengan a lo que yo he dicho, no a lo que no he
dicho. ¿Conviene a la política seguir con este maldito juego o desde
el Estado, y desde la seriedad que el Estado tiene que tener, el
Gobierno como una institución fundamental del Estado debe de cortar
este juego?
La segunda parte de la moción -y termino enseguida, señor presidente-
es bien sencilla: si es una institución pública tiene que ser
transparente y publicitados sus resultados. ¿Qué quiere decir eso? En
primer lugar, que los datos que suministre el CIS, si son
estimaciones, es decir, si han pasado por la cocina, tiene que hacer
pública la cocina y si no hace pública la cocina no puede publicar
los resultados de la cocina por una cuestión de ética profesional y,
sobre todo, por una cuestión política, de defensa de una institución
que todos tenemos el deber de defender, y los primeros que tienen el
deber de defenderla son quienes dirigen esa institución. Y para
defenderla tiene que tener absoluta transparencia, y saben ustedes
que en los últimos tiempos no la tiene, porque se publican los datos
cocinados y no se dan los ingredientes con los que se han hecho los
platos. Por lo tanto, si se publican los datos cocinados
-que yo desde luego, desde un punto de vista técnico, no lo
aconsejaría-, tiene la obligación de publicar los algoritmos con los
que ha cocinado los datos. En segundo lugar, la información que se
pasa a las Cortes tiene que ser lo más completa posible. No debiera
ser posible que los datos que llegan aquí, al Parlamento, sean
simplemente las distribuciones marginales. Quien está haciendo la
cocina maneja, por supuesto, todos los cruces de variables. Pues, si
los maneja quien está haciendo la cocina, las Cortes tienen el
derecho a conocerlos. Aquí llegan simplemente las distribuciones
marginales y cuando llegan los datos totales muchos meses después
pedimos que se den completos. Es decir, que cualquier investigador en
esta casa pueda acceder a un análisis más en profundidad. Ese es el
contenido de esta moción y no otro.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Leguina.
A la moción del Grupo Socialista se ha presentado una enmienda por el
Grupo Mixto, suscrita por el señor Rodríguez Sánchez, que tiene la
palabra para su defensa.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Compartimos la esencia y la preocupación que el Grupo Socialista
siente en relación con el comportamiento del CIS, aunque lógicamente
pensamos que el problema de fondo afecta a más empresas y, en
particular, a muchas empresas y órganos de comunicación privados.
Pero se trata de predicar con el ejemplo y empezar por los
organismos, instituciones o entes públicos.
Nuestras enmiendas de adición a los puntos 2 y 3 van referidas a una
preocupación por la defensa del pluralismo político, que hay que
respetarlo no en función de la entidad numérica, sino como un valor
en sí. Queremos recordar como Bloque Nacionalista Galego que este es
un valor esencialmente constitucional y concretamente avalado por la
Constitución española. Sería bueno que las instituciones, los
organismos y los entes públicos respetaran rigurosamente este valor
esencial de la Constitución española, ya que todo el mundo sabe que
los organismos e instituciones públicas deben ser modelo para los
órganos, empresas o entes particulares.
En tercer lugar, si nosotros defendemos el respeto por todos los
grupos con representación parlamentaria, lo hacemos porque somos
conscientes de que es el mejor síntoma de que la política de
gubernamentalización, de censura o de favor en función de los
intereses propios no es la hegemónica y tampoco es hegemónica la
concepción de la política como un criterio jerárquico contrario
precisamente a la esencia de la democracia que es el pluralismo y la
diversidad.
Además, hay que tener en cuenta que todos los grupos parlamentarios
que estamos representados en esta Cámara respondemos a un acto de
legitimidad institucional representativa, que se basa en las reglas
del
juego, que la democracia española ha dado como punto de partida para
tener esta legitimidad institucional. Por tanto, la discriminación
que el CIS está haciendo en este momento, contraria a que haya
extrapolaciones de voto o estimación de voto en referencia a grupos
que no están constituidos en grupo parlamentario o incluso alguno de
ellos que está, pero que nunca figura en esta extrapolación o
estimación de voto final, debe de tener un punto que se regule en
función de que todos tenemos derecho a figurar con todas las
consecuencias. Por eso, presentamos estas enmiendas de adición que
intentan profundizar en el valor de la democracia que es el
pluralismo político.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Pasamos a los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas y
que quieran fijar su posición. ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Comenzaremos por el grupo canario, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Intervengo brevemente, señor presidente.
Quiero adelantarle al señor Leguina que comparto muchas de sus
preocupaciones e inquietudes y que me voy a limitar no a lo que no ha
dicho, sino a lo que ha dicho sobre la moción. Adelanto que mi grupo
va a votar en contra de la moción por las siguientes razones de tipo
formal. Aunque el debate se refiriere al tema de las encuestas
preelectorales realizadas por el Centro de Investigaciones
Sociológicas, nosotros queremos señalar que toda estimación que haga
el CIS sobre cualquier materia, según la normativa que ya hemos
debatido tanto en esta legislatura como en la anterior, debe ser
remitida a la Cámara con todo el rigor del dato científico,
estadístico que se ha empleado. Por tanto, aunque sean estimaciones
públicas de voto, elaboradas a partir de datos brutos obtenidos
mediante cuestionarios, deberán hacerse por el algoritmo. El
algoritmo debe ir acompañando, como la fórmula magistral de todo
preparado farmacéutico, a esta cuestión, para saber qué es lo que se
toma, cómo se toma y en qué dosis se tiene que tomar la estimación
estadística al respecto, incluso en los cuestionarios, en la
significación de la muestra, que a veces se dice que la muestra es
significativa en la toma estadística que hubiera.
Debería también concretarse qué otras tabulaciones significativas se
utilizan, porque el estadístico puede emplear, según sea su escuela
estadística, la tabulación que entienda pertinente y conveniente. Y
muchas veces en la elección de la tabulación va el sesgo que se
quiere dar a la interpretación de la encuesta. Y precisamente nos
encontramos con una encuesta que no es un valor que tiene durabilidad
en el tiempo, como pueden ser los comportamientos de la población
española ante determinados hechos sociales, ante la educación mixta,
ante los extranjeros, ante cualquier problema de tipo sociológico o
sociopolítico, sino que aquí los partidos
políticos nos vemos muy afectados en cuestiones de imagen
publicitaria en las campañas preelectorales.
Por tanto, lo que no nos parece adecuado en un sistema democrático de
transparencia es solicitar en el primer punto que se abstengan de
hacer públicas las encuestas preelectorales durante las campañas
electorales. Una de dos, o al CIS se le dice por ley, por normativa,
que no haga encuestas, o, si las hace, las tiene que publicar y las
tiene que dar. Esta es la cuestión. Lo que no se nos alcanza es cómo
a un organismo público se le puede decir que se abstenga de hacer
públicas las encuestas. O se le dice que no queda autorizado a hacer
encuestas o que si las hace las hace públicas, con todos los
requisitos y garantías que un análisis estadístico de fiabilidad debe
merecer al respecto. Se entiende que van dentro del juego de las
estimaciones de un organismo que tiene que tener los principios
científicos que se exigen a un organismo de este tipo, que por unos
resultados va a crear una opinión, según los distintos medios de
opinión pública puedan dirigir el agua al molino de cada uno, según
les interese.
Por tanto, nosotros estaríamos a favor de ir a una normativa sobre el
CIS, no por esta moción, sino por otra, en términos generales y
absolutos, respecto de toda estimación que tenga que hacer, para que
se normalice de una vez y no se transformen las encuestas,
resoluciones, tabulaciones, estimaciones, etcétera, que haga el CIS
en una auténtica batalla de interpretación, que tampoco creemos que
sea buena para nuestro sistema democrático.
Por esas razones, señor presidente, vamos a votar en contra de esta
moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, nuestro grupo
también votará en contra de esta moción presentada por el Grupo
Socialista.
Quedó claro en el debate del pasado día 10 noviembre que el CIS había
errado muchísimo y en muchas de sus encuestas; que el CIS se
equivocaba. Era un dato que se obtenía de la propia intervención del
señor Leguina y de la propia respuesta que le dio el vicepresidente
primero se sacaba la conclusión de que el CIS se equivoca a menudo. Y
de esa conclusión de la interpelación proviene la moción que hoy nos
trae el Grupo Socialista.
De acuerdo con la defensa que de la misma ha hecho hoy el señor
Leguina, y me voy a referir a los argumentos por él utilizados,
nuestro grupo no puede compartir esta moción por lo siguiente. El
CIS, como Centro de Investigaciones Sociológicas, no nos engañemos,
en época electoral siempre hará encuestas. Decir que el CIS no hará
encuestas en época electoral podemos decirlo, dialogarlo y
discutirlo, pero lo que está claro es que el CIS cuando estaban
ustedes en el
Gobierno hacía encuestas en época electoral -y es lógico que las
hiciera, no lo critico- y el CIS, sea cual sea el gobierno que venga,
seguirá haciendo encuestas en épocas electorales.
Partiendo de esta premisa, señor presidente, el CIS realiza encuestas
y las realiza en época electoral. Nosotros lo que queremos es el
máximo conocimiento público de esas encuestas, justo al revés de lo
que dice el punto de su moción: que se abstenga de hacer públicas las
encuestas preelectorales del CIS durante las campañas electorales. Mi
grupo no lo comparte, lo que quiere es el máximo conocimiento público
de las encuestas que realiza el CIS. Con ello, señor Leguina, también
daríamos cumplimiento a lo que se estableció por ley de esta Cámara,
concretamente la Ley 39/1995, de 19 de diciembre. Cuando se terminaba
ya la última legislatura del Gobierno socialista, en esa época de fin
de etapa, se hizo una ley, la Ley reguladora del CIS. Su artículo 2
habla de principios de actuación del CIS y uno de ellos es igualdad
de acceso a sus datos. Yo comparto ese principio de igualdad de
acceso a sus datos. Más aún. En el artículo 7 de esta ley, aprobada
cuando ustedes conformaban la mayoría en esta Cámara, se hace un
apartado específico sobre datos de carácter electoral y político; se
pide al CIS que remita a las Cortes Generales el avance provisional
de resultados de sus encuestas que se refieran a intención de voto,
valoración de partidos y valoración de líderes políticos, en un plazo
no superior a 15 días a contar desde la fecha de finalización de los
trabajos de campo.
Por tanto, siguiendo el espíritu de la ley aprobada en esta Cámara,
nosotros queremos máxima publicidad de los trabajos del CIS. Nosotros
no estamos en el Gobierno y nos interesa conocer cuanto antes los
trabajos del CIS, sobre todo en ese terreno pantanoso, como decíamos
hace unas semanas, de las encuestas en época electoral. Coincido con
usted, señor Leguina, las encuestas dan siempre la impresión de
predeterminar un resultado que sólo las urnas y el pueblo dan el día
de las elecciones. Lo que hacen las encuestas es magnificar un
resultado y asignar unos escaños como si ése fuese el resultado
final, resultado que sólo se da el mismo día de las elecciones. Como
no vamos a evitar que empresas muy cualificadas sigan haciendo
encuestas, como las hacen en todos los países democráticos, y el CIS
seguirá haciéndolas, queremos que el CIS, que seguro que hará
encuestas en época electoral, siga remitiéndolas a todos los grupos
de esta Cámara y tengan publicidad. De esta forma, señor presidente
-y con esto termino-, creo que estamos dando un buen cumplimiento a
las funciones del CIS. Si el CIS se convierte en ese armario secreto
que tiene el Gobierno, que realiza sus encuestas y allí las guarda
para conocimiento de quienes gobiernan, pero no para conocimiento de
la pluralidad de esta Cámara, creo que estaríamos retrocediendo en lo
que a las funciones del CIS se refiere y a lo que fue una ley bien
estructurada como la Ley del año 1995. Como su moción parte
justamente de esa crítica a que se realicen encuestas y de la volun
tad
de que, si se realizan, no se publiquen, como va en contra totalmente
de nuestra voluntad, nuestro grupo votará en contra de esta moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a votar favorablemente la iniciativa del Grupo
Socialista, entendiendo que debe despejarse cualquier sombra de duda
sobre las encuestas del CIS, sobre su utilización, su elaboración, su
posible manipulación. Por tanto, creemos que es positivo que se
publiquen todos los datos referentes a los mecanismos de elaboración,
las muestras elegidas, los criterios seguidos para hacer la
evaluación final sobre los datos en bruto y también creemos en la
necesidad de no publicar las encuestas durante la campaña electoral,
lo que no significa que no se hagan las encuestas ni los análisis
para los propios trabajos históricos del CIS. Es un organismo
importante, que en términos generales funciona bien, pero siempre
existe la tentación de utilizar o sesgar los datos obtenidos.
Por todo ello, aun creyendo que la moción se queda corta y que habría
que ir a una regulación más amplia modificando la ley actual, es un
paso, un paso significativo. Entre todos tenemos que buscar fórmulas
para alejar al CIS de cualquier polémica pública, porque en este
momento es una casa con grandes profesionales, pero la tentación del
partido del Gobierno es siempre utilizar esos instrumentos para dar
una lectura sesgada de estos mismos resultados.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso.
Don Manuel Núñez Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor NÚÑEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, como consecuencia de la interpelación debatida en esta
Cámara el pasado 10 de noviembre, el Grupo Socialista presenta una
moción que, plagiando cordialmente las literarias palabras del señor
Leguina, se mueve en arenas movedizas o dentro de un campo
políticamente pantanoso. La intervención clara y perfectamente
documentada y fundamentada del señor vicepresidente primero del
Gobierno en el debate de la citada interpelación contiene argumentos,
datos y cifras suficientes para demostrar que aquella interpelación
no daba para una moción. A pesar de los pesares, el Grupo Socialista
ha presentado y defendido ésta que debatimos, y a la que nuestro
grupo no puede ni debe prestar su apoyo.
Permítame, señor presidente, recordar como punto de partida una fecha
que ya di en la interpelación y es
la de la comparecencia del señor Arango, en la Comisión
Constitucional, para dar cuenta de la utilización partidista de los
estudios elaborados por el CIS. En su comparecencia, el señor Arango
manifestaba que dicho organismo se atenía en sus actuaciones a la
legislación vigente y que el Centro no podía ser responsable de la
utilización -de la utilización, del guiso- y traslación a la opinión
pública que Gobierno y partidos políticos hicieran de los datos
facilitados por el CIS. Y tenía razón. ¿Por qué? Por algo que ha
dicho el señor Jané, porque la legislación vigente de aquel entonces
no daba para otra cosa. Precisamente porque con aquella normativa no
se daban los niveles adecuados de transparencia y objetividad que se
requerían del CIS, se modificó la legislación por consenso de todos
los grupos de la Cámara, y así surgió la Ley 39, que tiene tres
preceptos claves a la hora de valorar la moción, señor Leguina. En
primer lugar, el artículo 2, exige una actuación del CIS de acuerdo
con los principios de objetividad, de neutralidad y de igualdad de
acceso a sus datos, y de respeto a los derechos de los ciudadanos y
al secreto estadístico; el artículo 7, referido a los datos de
carácter electoral y político, dispone que el CIS remitirá a las
Cortes Generales un avance provisional de los resultados de sus
encuestas que se refieran a intención de voto, valoración de partidos
y valoración de líderes políticos, en un plazo no superior a quince
días; finalmente, la disposición adicional segunda, referida a la
actuación del CIS en períodos electorales (que es lo que late en la
moción como gran preocupación), señala que en tales períodos deberá
ajustar su actuación a lo que determine la Administración electoral
conforme a la Ley orgánica 5/1985 y, en particular, sólo podrá
publicar los sondeos y encuestas que realice en los términos
previstos en el artículo 69 de la citada ley orgánica. Supongo, señor
Leguina, que la ley orgánica no autoriza un juego maldito -supongo- y
que vela por la pureza de la democracia y por la pureza de los
resultados electorales.
Como consecuencia del cambio legislativo, como tuve ocasión de
señalar en mi intervención el pasado día 10, se produjo una novación
jurídica y política, que comienza a dar buenos resultados a partir de
1996. Desde entonces, el Centro de Investigaciones Sociológicas
cumple rigurosamente con lo que establece la citada ley, y a los
hechos me remito. Desde mayo de 1996, el CIS ha hecho públicos 37
barómetros mensuales sobre la situación política y económica presente
y futura; de estos barómetros mensuales, 13 incluyen intención de
voto. Además de estos barómetros periódicos, el CIS ha venido
haciendo sondeos preelectorales, tal y como se venía haciendo desde
1982, con una diferencia: antes eran secretos y ahora son públicos,
antes sólo eran del Gobierno y para el Gobierno, y para su partido, y
ahora pertenecen a todos los ciudadanos. En este sentido, la ley
exige también que los sondeos preelectorales, cuando se refieren a
las comunidades autónomas, sean trasladados a la Junta Electoral
Central y a los parlamentos autonómicos y, de acuerdo con este
mandato legal, como recordaba el señor vicepresidente primero en la
interpelación del otro día, se han presentado los 136 sondeos
preelectorales de las elecciones gallegas, vascas, europeas,
municipales y autonómicas del 13 de junio y, finalmente, el de las
elecciones catalanas. Todos ellos con el mismo formato y todos ellos
públicos y entregados a todas las instituciones, a todos los
parlamentos, a todos los ciudadanos que lo pidieron y que pueden
pedirlo, como ahora demostraré.
Quiero también recordar a SS.SS. que los barómetros mensuales y los
que contienen intención de voto y valoración de líderes se elaboran y
presentan conforme al calendario publicado previamente en el mes de
enero y se encuentran a disposición de todo el público en la ventana
de Internet del CIS. Y cuando se han pedido otros datos que completan
todos los componentes de eso que se llama cocina, de ese plato
cocinado, cuando se piden todos los demás datos, todos íntegramente,
cuantas veces los ha pedido el señor Rubalcaba los ha recibido. Si a
ustedes no se los da el partido es un problema de ustedes, pero
cuantas veces los ha pedido el señor Rubalcaba los ha tenido, se le
han entregado. Tampoco hace falta pedirlo desde allí; cualquier
ciudadano, como veremos luego, los puede tener. ¿Cómo se valoran
estos sondeos? Ah, eso es otra cosa, y quizá aquí reside la
preocupación de la moción. Aunque sea una expresión muy vulgar, tengo
que decir que cada uno habla de la feria como le va en ella. Así,
cuando los sondeos son favorables al PSOE, como ocurrió con el
barómetro de octubre de 1996, confiesan que el CIS es una maravilla y
que el sondeo es, desde el punto de vista técnico, extremadamente
correcto y la cocina huele muy bien y sabe muy. Pero, cuando no son
favorables, entonces la cocina no sabe bien y no huele bien. Yo tengo
aquí las secuencias desde que el CIS era extremadamente correcto
hasta que dicen -cuando se comprueba en todos los sondeos y por
propios datos que el PP multiplica por cuatro la diferencia que le
sacó al PSOE en marzo de 1996- sencillamente que hay que cerrar el
CIS. Ustedes no tienen un problema con el CIS, los españoles tienen
un problema con ustedes y ustedes con los españoles que les retiraron
su confianza. Pero, dejando al margen estas reacciones, que no pasan
de ser aburridas anécdotas, lo importante es que todos los sondeos,
que todas las encuestas constan en el banco de datos del Centro de
Investigaciones Sociológicas y están a disposición de todo aquel que
quiera consultarlos, conforme a lo establecido en la exposición de
motivos del Real Decreto 1214/1987, del 18 de julio, según el cual se
garantiza la plena transparencia y acceso público a los resultados de
la actividad científica del Centro. Del mismo modo, el artículo 2 de
este decreto -perdone, señor Leguina, que se lo recuerde, ya sé que
lo sabe, pero quiero que conste en el «Diario de Sesiones»- establece
que a la información científica disponible en el banco de datos del
Centro podrá tener acceso toda persona natural o jurídica pública o
privada que lo solicite, y nunca ha tenido nadie ninguna queja de que
no haya sido así.
Pues bien, la moción quiere borrar de un plumazo todo este sistema de
transparencia, de disponibilidad y
de igualdad, solicitando en el primer punto que el Congreso inste al
Gobierno a que se abstenga de hacer públicas las encuestas
preelectorales del CIS durante las campañas electorales. Es decir,
volver al oscurantismo imperante desde 1983 a 1995. Los otros puntos
de la moción conculcan los principios que cita expresamente el
artículo 2 de la Ley 39, que exige que la actuación del CIS respete
los derechos de los ciudadanos y el secreto estadístico. La moción
del Grupo Socialista está, por tanto, en las antípodas de la
verdadera y real progresía. Si tuviéramos menos talante democrático,
estaríamos encantados de aceptar su propuesta, que consiste en volver
a hacer del CIS un instrumento al servicio del Gobierno y del partido
que le sustenta, es decir, un instrumento no democrático.
Nuestro grupo, cuando promovió la ley vigente -la promovió el Grupo
Parlamentario Popular desde la oposición-, lo hizo para mejorar el
funcionamiento y la transparencia del CIS y no para ahondar en
críticas y denuncias que entonces se podían hacer a la utilización de
los datos del CIS por parte del Gobierno y del PSOE. Hoy, apoyando al
Gobierno, seguimos manteniendo y defendiendo el mismo criterio de
transparencia y no renunciaremos al mismo. Por estas razones,
votaremos en contra de la moción.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Varios señores diputados
pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Señores diputados, no crucen glosas ni comentarios, que luego quedan
reflejados en el «Diario de Sesiones».
Señor Leguina, para aceptar o rechazar la enmienda del Grupo Mixto.
El señor LEGUINA HERRÁN: Gracias, señor presidente.
Voy a aceptar las enmiendas del señor Rodríguez, del Bloque
Nacionalista Galego.
Ya que estoy en el uso de la palabra, voy a utilizar un segundo para
decirle al señor Núñez que el algoritmo llamado cocina no está ni en
Internet ni en ningún lado, lo guarda muy bien la señora directora
del CIS. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) El señor PRESIDENTE:
Muchas gracias, señor Leguina.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE EL CONTENIDO DEL PDR (PLAN DE
DESARROLLO REGIONAL 2000-2006), OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS AL MISMO Y PREVISIONES DEL GOBIERNO SOBRE SU
VERSIÓN DEFINITIVA. (Número de expediente 173/000169.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Mixto, sobre el
contenido del Plan de desarrollo regional para los años 2000-2006,
observaciones y propuestas
de las comunidades autónomas al referido plan y previsiones del
Gobierno sobre su versión definitiva.
Para la presentación de la moción, tiene la palabra el señor
Rodríguez, portavoz del grupo.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
La moción consecuencia de la interpelación que debatimos hace semanas
sobre el Plan de desarrollo regional, presentado en Bruselas por el
Gobierno, tiene como objetivo fundamental lograr del Gobierno, en
primer lugar, la información necesaria a la Cámara no solamente
previa a todo el proceso que se acaba de consumar con la entrega del
documento en Bruselas, sino también, y lo que es más importante, lo
que nos espera ahora en todo el período hasta que se consuman los
programas operativos que se han de aplicar en función de ese Plan de
desarrollo regional. Además de eso, queremos intentar, dentro de la
filosofía de esos planes, por lo menos tal como se venden, que haya
una política de vertebración territorial del Estado que merezca tal
nombre, cuando menos en una cuestión específica y fundamental como
son las infraestructuras, y de forma particular en unas
infraestructuras que hoy son complementarias y fundamentales para
todos los pueblos del Estado español como el transporte ferroviario.
Empezaré por lo que hace referencia a los puntos 1 y 2 de esta
moción, que tienen como objetivo paliar la falta de información y
rectificar lo que fue hasta ahora la política del Gobierno en esta
materia. Todos ustedes saben que el valor de las instituciones de
representación democrática está en función de que sean la plataforma
donde se debatan, se discutan y se saquen conclusiones respecto de
temas de crucial importancia para la sociedad en cualquiera de las
materias. Es curioso que temas como el PDR, o incluso la celebración
de la reunión de la Organización Mundial del Comercio que se va a
celebrar próximamente en Seattle, en Estados Unidos, no sean objeto
de debate en una Cámara de representación parlamentaria cuando van a
afectar poderosamente a las naciones del Estado español y a la
sociedad en su conjunto. Se trata de exigir al Gobierno información
para poder a su vez informar a nuestra ciudadanía, debatir y sacar
las conclusiones oportunas. En primer lugar, por tanto, con esta
moción queremos que se informe de los objetivos negociados en
Bruselas y de los resultados, en función de una propuesta como la del
PDR, que es teórica, puramente virtual, que para hacerse real y
práctica tiene que pasar por un proceso de negociación arduo, cuyos
resultados veremos al final de los seis años. (El señor
Vicepresidente, Companys Sanfeliu, ocupa la Presidencia.)
En segundo lugar, queremos que sea en el Congreso de los Diputados
donde se informe anualmente de esos marcos de actuación derivados del
PDR, de cómo se invierten los fondos en cada región Objetivo 1 y, en
definitiva, de todos los programas operativos, para que se vea dónde
están las responsabilidades de que se llevan
o no a la práctica. Es decir, algo que parece que se comparte en
la Unión Europea pero que después no se acostumbra a practicar, que
es el seguimiento y evaluación, junto con el control más eficaz, que
se debe de perseguir en la inversión de los fondos Feder. El
resultado del plan, su seguimiento, los cambios que se puedan
realizar y las responsabilidades que tiene cada Administración en
estos cambios es fundamental que tengan luz y taquígrafos.
En tercer lugar, el punto 3 pretende abordar una realidad
discriminatoria que debe de ser esclarecida. Ustedes recordarán que
en el debate con el señor ministro de Economía y Hacienda hubo una
realidad constatable, unos datos significativos que no pudieron ser
rebatidos. ¿Cuál es el motivo por el cual el Estado no invierte en
todas las comunidades autónomas Ojetivo 1 por lo menos tanto como
invierte en la respectiva comunidad autónoma? Existe el caso
excepcional de Galicia, y el señor ministro no fue capaz de
contestar. Sin embargo, los datos siguen siendo contundentes: en
Galicia el Estado invierte el 48,62 por ciento, mientras que la media
es el 54,3 por ciento. En ningún caso, ninguna comunidad autónoma
invierte más que el Estado, como no sea en el caso de Galicia. Si hay
que equilibrar los esfuerzos, sería importante que en las regiones
Objetivo 1 el Estado se responsabilizase de hacer el esfuerzo que por
lo menos dice la respectiva comunidad autónoma que va a hacer. Eso es
lo que persigue el punto 3.
Los puntos 4 y 5 están dedicados a los diseños estratégicos y al
equilibrio territorial del Estado. Ustedes recordarán aquel mapa que
les presenté -hoy en colorines, bien evidente-, que establece un
diseño de ejes estratégicos y de potencialidades o preocupación del
Gobierno por futuras potencialidades en infraestructuras que son
desequilibrados cara al este, una parte del norte e, incluso, con
intencionalidades manifiestas en regiones Objetivo 1 como Andalucía,
Asturias o una parte de Castilla y León. Sería interesante que el
Gobierno tuviese la disposición en estos seis años de compensar este
desequilibrio a través de los planes de desarrollo regional, que se
van a agudizar con una política de inversiones multimillonarias
(cuatro billones de pesetas) en trenes de alta velocidad en todas las
zonas rojas del gráfico que les muestro, partiendo del centro
neurálgico de Madrid. Nosotros queremos que Asturias, Murcia,
Extremadura, una parte de Castilla y León y Galicia puedan ser
compensadas en estos programas, de tal manera que se equilibre su
territorio y podamos contar en el año 2006 no con trenes de alta
velocidad, sino con trenes que puedan circular a 150 kilómetros por
hora, para que el Estado español no sea un mapa con cuatro niveles
distintos -en el caso nuestro ya sabemos cuál va ser el vagón de
cola-. Si hay altas velocidades a 250 kilómetros, que por lo menos
tengamos garantía de que los demás -y cuando digo los demás, digo los
gallegos- podamos circular a 150 kilómetros por hora por nuestro
territorio.
En consecuencia con ese criterio, en el caso particularde Galicia
(particular no por la representación parlamentaria
que ostento, sino porque es particular ya hoy un ferrocarril obsoleto
y colapsado, contra natura, contra las leyes del mercado), pedimos
que se garantice que se va aplicar un plan ferroviario aprobado por
el Parlamento de Galicia por unanimidad de todas las fuerzas
políticas en 1995, y que no pide ningún tren de alta velocidad, sino
la duplicación de la vía entre A Coruña y Vigo, hoy con 17 trenes de
un lado y otro y no se pueden meter más porque la vía no da para eso.
Y todo lo que nos tienen preparado hasta el 2007 no es rectificar
esto, sino cambiar algunas curvas, hacer algunas variantes, pero no
ir a la doble vía, cosa que es antinatural y contraria al mercado.
Por supuesto, ninguna electrificación, y así sucesivamente. Pedimos
modestamente que se tenga en cuenta este plan ferroviario aprobado
por unanimidad, que es algo elemental, algo dentro de la línea que
planteaba en el punto 4. No se trata de querer conseguir algo de
carácter egoísta, sino una cosa a la que tenemos un mínimo derecho
por las necesidades actuales. Sin embargo, el Gobierno español, en
función de los ejes dominantes y potencialmente interesantes desde el
punto de vista político, está dispuesto a gastar cantidades
multimillonarias para situarnos entre 250 ó 300 kilómetros por hora.
Se trata de equilibrar el Estado español en su conjunto y, como
representante del Bloque Nacionalista Galego, de que se tengan en
cuenta nuestras necesidades, vuelvo a repetir, desde el punto de
vista del mercado, desde el punto de vista de las necesidades
naturales y desde el punto de vista de un futuro mejor para el país.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
diputado.
Para defender su posición, dentro del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra por tres minutos el señor Serrano Vinué.
El señor SERRANO VINUÉ: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, quiero manifestar nuestro voto favorable a esta
moción del Bloque Nacionalista Galego y, en todo caso, defender una
enmienda que pretendía complementar esta moción del Bloque
Nacionalista Galego, aprovechando la circunstancia de lo que ha sido
la negociación del Objetivo 1. Se han dejado al margen territorios
que, por el criterio de despoblación, no se han podido incorporar.
Estamos hablando nada más y nada menos que del reparto de esos 27
billones de pesetas en fondos estructurales, de los que más de 14,4
billones corresponden a infraestructuras. Estamos hablando de grandes
territorios, como Aragón, Teruel y el norte de la provincia de
Huesca, que quedan fuera al tener la media de renta superior a ese 75
por ciento. Pero en Europa tenemos antecedentes, en las Highlands de
Escocia, en algunos territorios escandinavos, donde cabe la
posibilidad de incluir el criterio de despoblación de los antiguo
Objetivo 6 en el Objetivo 1. Este era ni más ni menos nuestro
cometido. Sería bueno para equilibrar el Estado que en este caso la
provincia
de Teruel pudiera recibir 70 veces más de lo que en este
momento está recibiendo a través del Fondo especial de Teruel. De
alguna forma también estaríamos hablando del equilibrio territorial
para favorecer la convergencia entre las regiones, en este caso, las
menos desarrolladas y menos pobladas, y de aprovechar la oportunidad
que brindó la Unión Europea de introducir excepciones a la
accesibilidad de territorios de baja densidad. Al Gobierno no le
pedíamos imposibles, sino que defendiera esta postura.
Desgraciadamente, el Gobierno de España me contestó el 21 de
septiembre a una pregunta por escrito diciendo que ni siquiera había
remitido a la Unión Europea el criterio de baja densidad, incluso se
nos aducían razones de Estado. Desgraciadamente, Aragón y Teruel,
aduciendo razones de Estado, siguen siendo sacrificadas, pero desde
el Partido Aragonés no haremos dejación, seguiremos luchando,
trabajando por que Aragón, Teruel y el resto de territorios
interiores de la Península sean al menos compensados por la falta de
estos fondos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Serrano.
A esta moción se han presentado toda una serie de enmiendas. Para
defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, tiene la palabra el diputado Pedro Antonio Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la moción que nos
trae el Bloque Nacionalista Galego, después de discutirse la semana
pasada la interpelación, cobra un cariz de interés general por las
propuestas que hace, fruto de aquel debate. Los cuatro primeros
puntos plantean un modo de relación del Gobierno, en cuanto a la
distribución de esos miles de millones de pesetas que se están
anunciando por todo el país, con el Congreso. En segundo lugar, el
Grupo del BNG nos propone una orientación sectorial hacia el
ferrocarril, entendido como elemento vertebrador del territorio. Y en
lugar de grandes proyectos, de grandes estrellas, lo que nos propone
es articular el territorio a través de un ferrocarril convencional
que circule a una velocidad media. Y por último, en el punto 5
propone una superación de la obsolescencia dentro de la Comunidad
Autónoma gallega a la hora de promover un acuerdo con la Xunta.
Si cogemos el punto 1 de la moción, que solicita dar cuenta al
Congreso de los Diputados de los elementos negociados con Bruselas,
que puede parecer un punto normal a plantear en la discusión,
comprenderemos que es necesario y urgente, porque llevamos
discutiendo en esta Cámara desde septiembre para acá del PDR
y resulta que no existe esa relación del Gobierno con esta Cámara; y
voy a poner un ejemplo concreto. Este diputado, el 15 de octubre,
pidió copia del Plan de desarrollo regional 2000-2006, y el 8 de
noviembre el Gobierno me responde que no existe ese Plan de
desarrolloregional, que no está aprobado por el Gobierno,
que no se ha remitido a ningún lado y que, por tanto, no me pueden
dar ninguna copia de ese documento. Pero el Gobierno falta a la
verdad a esta Cámara a través de este diputado, porque sí existe, lo
ha remitido al Consejo Económico y Social, y el Consejo le ha hecho
unos informes, le ha dado una valoración y, dentro de esa valoración,
incluso hay un voto particular, del que sí que dispongo. El Consejo
Económico y Social, el día 13 de octubre, puede pronunciarse sobre el
Plan de desarrollo regional y este diputado, el 8 de noviembre, casi
un mes y medio después, no puede tener la copia de una propuesta de
ese plan. Esa es la forma en que el Gobierno se relaciona con esta
Cámara y con los grupos parlamentarios. Eso sí, lleva a cada ministro
en visita por cada comunidad anunciando la lluvia de estrellas
transformada en millones de pesetas. 19 billones de pesetas, más los
de las comunidades, más los de los ayuntamientos, 27 billones de
pesetas. No va a cambiar España de arriba abajo, pero va a faltar un
milagro para que sea transformada; no va a quedar adoquín sobre
adoquín en la propuesta. Simplemente, me gustaría conocerla. Fíjense
si es importante la primera propuesta que hace el Bloque Nacionalista
Galego: que se dé cuenta el Congreso de los Diputados -¡qué poco
exigente!- de los objetivos que mantiene este plan.
Si seguimos avanzando, la interpelación viene a plantear algo que, en
una enmienda nuestra, sugerimos al grupo proponente que debería
recoger al final del punto tercero. Viene a decir algo así: Que
anualmente este Congreso haga una revisión de la eficacia de la
gestión. ¿Por qué propone esto el BNG? Fundamentalmente por una
razón, porque aquí se habla de millones del 2000 al 2006, pero no hay
manera de saber lo que se hace cada año. De tal manera que cada año
puede no hacerse nada, esperando a hacerlo todo el último año del
ejercicio. Además, es falso, no es así. Por tanto, pide un
seguimiento anual para forzar al Gobierno a una ejecución anualizada
de este Plan de desarrollo regional, para que cada año veamos cómo
mejoran en todo el Estado las regiones del objetivo 1, las que
necesitan de la solidaridad y de la corrección de desequilibrios,
y de qué manera van funcionando, tanto desde el punto de vista
sectorial como territorial. Esa es la segunda propuesta del BNG. Este
programa de desarrollo regional recoge tres niveles de inversión: un
nivel de inversión de fondos europeos gestionados en competencias del
Estado, inversión de fondos europeos gestionados por competencias de
las comunidades autónomas e inversión de los ayuntamientos. ¿Y qué
dice? En el punto tercero dice que, cada año, las inversiones del
Estado en las regiones de objetivo 1 no sean globalmente inferiores a
las realizadas por las comunidades respectivas. Es muy prudente la
exigencia, tan prudente como fácilmente superable, porque la
inversión de una comunidad autónoma es escasa en su capacidad de
endeudamiento y de actuación. ¿Qué propone mi enmienda? Precisar ese
objetivo que plantea el grupo proponente. ¿Cuál es? Que, en todo
caso, el volumen global de los seis años se concrete
anualmente con la previsión presupuestaria. Y nosotros hacemos
una sugerencia, muy sencillo, si vamos a gastar 17 billones de
pesetas en la inversión del Estado, dividamos entre seis años y
saldrá a tantos billones de pesetas por año. Por tanto,
tentativamente, el Estado debe poner ese dinero cada año para este
objetivo; fíjense el salto cualitativo que supondrá. Si dividimos
entre seis años los 17 billones que anuncian, resulta que sale a más
de tres billones de pesetas por año. ¿Saben cuál es la inversión
directa del Estado hoy? Un billón, y ha crecido. ¿Saben cuáles son
las transferencias de capital para todas las comunidades autónomas?
900.000 millones de pesetas. Es que crezca la inversión un tercio lo
que proponemos. Eso es lo que estamos sugiriendo con nuestra
enmienda.
La segunda sugerencia. La propuesta pide comprometer de aquí al año
2006 en infraestructura ferroviaria, además de las grandes
declaraciones, la vertebración del territorio, con un compromiso
ferroviario: que se pueda circular por la red a velocidades medias de
150 kilómetros por hora. Nosotros sugerimos que exista una velocidad
mínima y una velocidad máxima como objetivo tentativo. ¿Por qué?
Porque habrá vías por las que se pueda circular a 220 kilómetros por
hora y vías donde, yendo a 30 kilómetros por hora o a 50 kilómetros
por hora, haya que invertir para mejorar. Sugerimos la velocidad de
120 a 220 kilómetros por hora. Tiene un problema y es que compromete
a una inversión fuerte en ferrocarril en los próximos seis años,
porque en ninguna parte del recorrido del ferrocarril se podría ir a
menos de esa velocidad de 120. Entiendo que la propuesta es exigente
y excesiva, porque habrá tramos en los que no se pueda pasar de 60.
Todo no puede cambiar de la noche a la mañana, pero nuestro objetivo
es que, antes de acometer velocidades de 300 kilómetros por hora, se
piense por lo menos que, en tecnología talgo, sin electrificar, hoy,
hay talgos de gasoil que pueden circular a 220 kilómetros por hora.
Fíjense si es sencillo tomar medidas o propuestas.
Por último, la otra enmienda pretende, manteniendo el texto del punto
quinto, añadir actuaciones que son similares a las que se proponen
ahí para una región. ¿Cuáles son? El ferrocarril ahora mismo está
descompensado a la hora de distribuirlo y está centrado en grandes
ejes de alta velocidad, desde Madrid hacia Sevilla, desde Madrid
hacia Barcelona, y se olvida de la vertebración de lo que pudiéramos
llamar España periférica; el eje noroeste, Galicia, Asturias y León;
el eje sureste, Almería, Murcia, Albacete y Alicante; o Extremadura.
A nivel de ferrocarril, lo que se hace en España es apostar por ejes
de gran concentración de población y olvidarse de los ciudadanos que
viven en el resto del territorio. Por eso proponemos que haya un
esfuerzo de inversión por modernizar la red convencional en la
periferia, para que así España pase a ser de verdad un conjunto donde
todos podamos circular utilizando el ferrocarril frente a la
carretera. Porque fíjense qué paradoja, estamos a punto de ultimar
toda la redde autovías y autopistas, quedan muy poquitas obras,
terminando el tramo de Benavente a León y el de Albacete a Murcia,
prácticamente el territorio está vertebrado a través de autovías y
autopistas, pero por ferrocarril, no. ¿Por qué? ¿No salen mercancías?
¿No salen viajeros? ¿Es incompatible el tren convencional con el tren
de alta velocidad? No, porque, además de viajeros que vayan muy
rápido a los sitios, hay que sacar las mercancías, hay que sacar a
los viajeros de las zonas rurales articuladas dentro del territorio.
Por eso nuestra propuesta es, manteniendo el texto que se propone,
específico para el plan ferroviario de Galicia para el acuerdo con la
Xunta, ampliar a otros territorios.
Nosotros vamos a apoyar, por tanto, la proposición que a través de la
moción nos hace el grupo que sufrió la interpelación la semana pasada
y esperemos que la Cámara -aunque no sea con la presencia y
aquiescencia del Gobierno- se atreva a tomar posición, al margen de
que el Gobierno después lo reciba más como un tormento que como una
indicación.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
diputado, señor Pedro Antonio Ríos.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene
la palabra el señor Antonio Martinón.
El señor MARTINÓN CEJAS: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, la moción que ha presentado el
Bloque Nacionalista Galego y las enmiendas de los diferentes grupos
parlamentarios ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la
información que el Gobierno da a las Cortes Generales en relación con
los asuntos europeos y en particular con los fondos europeos, las
acciones estructurales a través de los fondos europeos.
Al día de hoy, al menos al día de ayer, el PDR, el Plan de desarrollo
regional no ha entrado en el Congreso de los Diputados y por eso el
primer punto de nuestro texto alternativo, de nuestra enmienda, pide
de nuevo que el Gobierno remita urgentemente a las Cortes el texto
que ya presentó en Bruselas el día 29 ó 30 de octubre. El plazo era
el 1 de noviembre, el texto ya fue presentado en Bruselas, por tanto,
es ya el Plan de desarrollo regional de España, regiones objetivo
número 1.
En segundo lugar, coincidimos con varios grupos parlamentarios en la
necesidad de que el Gobierno informe sobre el final de la negociación
del marco de apoyo comunitario y de que anualmente, periódicamente,
el Gobierno informe a esta Cámara, pensamos nosotros que a la
Comisión Mixta para la Unión Europea, de la ejecución de los diversos
planes operativos, de las diversas actuaciones que tengan lugar con
cargo a los fondos europeos. Queremos información y no propaganda. La
presencia de ministros por toda la geografía -este fin de semana el
ministro de Educación en la ciudad de A Coruña hablando y presentando
el PDR- creo que es una muestra de que el PDR se ha convertido
principalmente en un instrumento de propaganda
en manos del Gobierno, de propaganda, si se me permite, casi en
el peor sentido del término. Buena parte de esa propaganda va
dirigida contra el Gobierno anterior, contra el Gobierno del Partido
Socialista, intentando dar la imagen de que el anterior Gobierno del
Partido Socialista no aprovechaba adecuada y eficazmente los fondos
europeos.
Ya tuve ocasión, en el debate que tuvo lugar con la presentación de
la interpelación por parte del Bloque Nacionalista Galego, de hacer
notar la permanente comparación del crecimiento de Irlanda, que ha
tenido un crecimiento económico espectacular en los últimos años, con
el crecimiento de nuestro país. Pero siempre se da la información
limitada, parcial, diciendo que Irlanda desde el año 1986 hasta el
año 1996 ha crecido a una velocidad cuatro veces superior a lo que ha
crecido España, y se omite la información de que, en el período en el
que ha estado gobernando el Partido Popular, Irlanda ha crecido 9,5
veces más rápido que lo que ha crecido España. En cualquier caso,
asociar o ligar de una forma tan rupestre y burda el crecimiento del
PIB de un territorio, de un país, de una comunidad autónoma, con los
fondos estructurales, que han tenido una intervención directa en ese
territorio, es un error grave, manifiesto, y creo que simplemente
viene a suponer un desenfoque importante.
La moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego y las
enmiendas que hemos presentado varios grupos parlamentarios llaman la
atención sobre la deficiente red ferroviaria que tenemos en nuestro
país y en particular la deficiente red ferroviaria que existe en
Galicia. Por eso nosotros hemos presentado dos textos que
prácticamente coinciden con el inicialmente presentado por el Bloque
Nacionalista Galego, y leo textualmente: Instamos al Gobierno a que
se comprometa a que en el año 2006 la red ferroviaria nacional sea
capaz de permitir la circulación a una velocidad media de 150
kilómetros por hora en todas las comunidades peninsulares. Y,
concretando en Galicia, en particular, modernizar la red de Galicia,
de acuerdo con la Xunta, y conforme a los diseños establecidos en el
plan ferroviario aprobado por el Parlamento de Galicia en diciembre
de 1995.
Por último, señorías, mi grupo parlamentario ha incluido en el texto
que hemos presentado un párrafo referido a la necesidad de ubicar
este amplio conjunto de actuaciones en un plan coherente,
sistemático, en el que esas diferentes actuaciones se integren
complementaria y armoniosamente. La impresión que da es que estamos
ante una importante cuantía económica. Estamos hablando de 27
billones de pesetas durante siete años, que insisto en que es
importante pero tampoco es nada espectacular o nada sorprendentemente
exagerado. 27 billones de pesetas en siete años significa que son
poco menos de cuatro billones al año. Si además tenemos en cuenta que
el total de los 27 millones no se refiere a infraestructuras, que
sólo poco más o menos la mitad se refiere a infraestructuras, estamos
hablando de una inversión en infraestructuras para los
próximos siete años más bien modesta. Por el contrario, nuestro país
necesitaría una mayor inversión sostenida a lo largo de los años en
infraestructuras, como intentamos en la anterior etapa cuando
presentamos el Plan director de infraestructuras.
Creemos que estamos ante una suma de planes regionales que carecen
del cemento necesario para que de verdad sean actuaciones eficaces o
al menos para obtener de cada una de esas actuaciones la máxima
eficacia. Incluso puede pensarse que estamos no ya ante una suma de
planes regionales sino simplemente ante una suma de actuaciones que
han ido poniendo encima de la mesa tanto el Gobierno nacional como
los distintos gobiernos de las comunidades autónomas. En nuestra
opinión, señorías, falta un plan donde se ubique este Plan de
desarrollo regional, pero donde también figuren las actuaciones que
van a tener lugar en las regiones, en las comunidades autónomas que
no son objetivo número 1. Este Plan de desarrollo regional se refiere
exclusivamente a las regiones objetivo 1. No hay que ser ningún
experto en desarrollo ni en economía para entender que, en nuestro
limitado territorio nacional, lo que se haga en cualquier lugar tiene
enorme relevancia, enorme importancia para el resto de España. Lo que
se haga en Madrid, en Cataluña, en Aragón, en el País Vasco, va a
tener mucha importancia para lo que pueda ocurrir finalmente en
Galicia y va a tener influencia e importancia en el desarrollo de
Galicia.
Insisto, señorías, los socialistas echamos de menos que este Plan de
desarrollo regional no se sitúe en un plan más amplio, más ambicioso,
que afecte a todo el territorio nacional. Eso nos ha llevado, como
punto 4 de nuestro texto, a instar al Gobierno a ubicar las
actuaciones previstas en un plan que afecte a todos los territorios,
estén o no considerados como objetivo número 1, de manera que las
diferentes intervenciones se integren complementaria y
armoniosamente. Hablar de desarrollo, hablar de planes, hablar de
planificación de una forma tan limitada como ha hecho el Gobierno,
creemos que es un error y es perder una magnífica oportunidad para
dar un impulso importante al desarrollo de nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Martinón.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el diputado señor Luis Gamir.
El señor GAMIR CASARES: Señor presidente, señorías, en esta
intervención seguiré los puntos de la moción y me referiré a la vez a
nuestra enmienda y a otras que también han sido presentadas en esta
sesión.
En cuanto a los puntos 1 y 2 de la moción presentada, la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular pretende llevarlos a mayor precisión, a
mayor precisión técnica. La verdad es que, tal y como están
redactados en la moción, podría darse a entender que se negocia
todo el PDR con Bruselas. Para que quede más claro, se plantea que se
dé cuenta a la Cámara de los resultados de la negociación del marco
de apoyo comunitario 2000-2006 para las regiones objetivo número 1;
aún más, en el segundo punto de la moción, se podría entender una
especie de competencia de esta Cámara sobre aportaciones de fondos
que realizan las comunidades autónomas. Parece más lógico que sea en
los parlamentos de las comunidades autónomas donde se examine el
empleo de esos fondos. Precisamente desde el profundo respeto que
esta Cámara y el Grupo Parlamentario Popular tienen a dichos
parlamentos como también desde el respeto a lo que podríamos llamar
las competencias exclusivas del Reino de España en relación con
Bruselas (en lo que se negocia con Bruselas y en lo que no) está
planteada la propuesta alternativa de esos dos puntos de información
de dar cuenta a la Cámara que presenta nuestro grupo.
Quiero insistir en que, además de esto, existe una comparecencia
solicitada por el vicepresidente segundo del Gobierno, don Rodrigo de
Rato, para la que se ha fijado ya fecha, en la que se dará
información amplia sobre este tema y, a través de una iniciativa
parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular, buscará un objetivo
que indudablemente debe quedar claro, que es que el Parlamento quede
muy adecuadamente informado de todo lo que va ocurriendo a lo largo
de este plan. Hay que plantearse la necesidad de información, y la
destaco, la afirmo, incluso la complemento con esta intervención del
vicepresidente segundo del Gobierno en la Comisión de Economía. Pero,
además, habrá de referirse al tema de fondo, en el que hay que
destacar que, en relación con el anterior PDR, se ha conseguido que
el apoyo comunitario se incremente en un 14 por ciento; lo que se
dedica a España de todos los fondos del objetivo 1 ha pasado del 28
por ciento al 30 por ciento. Y España se distancia claramente del
segundo país. Hay quien lo considera no sorprendente. De acuerdo:
simplemente se ha negociado con más eficacia. Las cantidades de un
PDR son indicativas -nadie se plantea un plan regional de siete años
rígido; eso era en otros países y en otros tiempos- y luego se
plasman en los presupuestos anuales.
En cuanto al tercer punto de la moción, tengo que decir que,
colocándome en el BNG, entiendo que lo plantee; sin embargo, la
filosofía general que ello implicaría nos llevaría a una situación
que podría ser compleja. Con esa filosofía, si la región de objetivo
1 más rica comparativamente de todas diera una cantidad muy
importante, obligaría a la Administración general del Estado a dar la
misma cantidad y, como los fondos son limitados, podrían quedar
perjudicados aquellos que están a la cola, en los últimos puestos
dentro de las regiones objetivo 1.
También quiero recordar que el proponente, hace quince días, planteó
aquí que otro criterio para la distribución de fondos podría ser el
crecimiento del valor añadido de cada una de las regiones del
objetivo 1. Se refería él al período 1980-1996 y le salía que Galicia
crecía menos que la media. Pero si cogemos un período más lógico, el
período 1986-1996 -y digo más lógico porque tiene un ciclo completo,
una parte ascendente y una parte descendente-, verán que Galicia
crece mucho más que la media de las regiones objetivo 1; crece nada
menos que tres puntos más que la media de las regiones objetivo 1. Si
aplicáramos ese criterio que había planteado el proponente, a Galicia
se le tendría que dar menos que la media y, sin embargo, en el
lenguaje de los hechos, con los criterios que se aplican a este plan,
Galicia obtiene entre el 11 y el 12 por ciento más que la media en
relación con la población de cada uno de los territorios objetivo 1,
de forma que para Galicia son convenientes los criterios de este PDR
y no, por ejemplo, el criterio formulado hace quince días del
crecimiento del valor añadido bruto.
Paso a los puntos cuarto y quinto de la moción, que tienen que ver
con el punto segundo, párrafos primero y segundo, de la enmienda que
propone el Grupo Parlamentario Popular. El punto segundo, párrafo
primero, de nuestra enmienda es básico. Considero básico que haya una
coordinación adecuada entre los distintos modos de transporte; es
decir -y en este punto trabajé desde que estuve encargado de la
cartera de Transportes-, creo que es fundamental que los desarrollos
al respecto sean coordinados y competitivos; no se trata de crecer a
tirones, no se trata de que ahora crezca un modo como el ferroviario
y luego crezca otro como el transporte por carretera, sino de que
crezcan de manera coordinada y competitiva y, además, que eso se
extienda a la totalidad de España, recogiendo en ese sentido el
espíritu de otra de las enmiendas, la enmienda de Izquierda Unida.
Por ello, se dice que se realicen las actuaciones necesarias para la
reducción de tiempos de viaje, de manera que resulten competitivos
con la carretera. Por otra parte, recordemos algo obvio: que los
tiempos y las velocidades no son las mismas en mercancías que en
viajeros. Y algunas de las mociones que aquí se plantean olvidan eso
tan importante, que las mercancías muchas veces requieren velocidades
claramente distintas -y más reducidas- en esta coordinación entre
modos de transporte, que es a la que se refiere este párrafo primero
del punto dos de nuestra enmienda.
Entro con ello en el párrafo segundo, que tiene que ver con el punto
quinto de la moción presentada. Nosotros proponemos que, como
consecuencia de lo anterior, se impulse -y defiendo esta redacción,
pero podría ser otra redacción alternativa- la modernización de la
red ferroviaria en su conjunto y en particular la de Galicia, en este
caso de acuerdo con la Xunta de Galicia. Se podría hacer esta
ampliación recogiendo el espíritu de la enmienda de Izquierda Unida,
pero con una referencia particular y especial a Galicia, dado que
proviene de una moción que se refiere a esa comunidad autónoma. Aquí
se ha hablado de que para este plan hay 27 billones y se dice que no
es sorprendente. No; no es sorprendente, es simplemente el 66 por
ciento más que en el PDR anterior; no es sorprendente. De
esta cantidad, hay 8,7 billones que se dedican a infraestructuras en
carreteras, ferroviarias y energéticas y, de ellos, un billón, nada
menos que un billón, se dedica a Galicia, para la que, por otra
parte, de acuerdo con una enmienda que presentó el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, esta ya recogida en el
presupuesto la conexión ferroviaria en alta velocidad de forma
específica. Y, por razones de tiempo, no voy a reiterar ahora todas
las inversiones concretas en diversos tramos ferroviarios en Galicia
que aparecen en el «Diario de Sesiones» y que mencionó una a una el
vicepresidente segundo del Gobierno, señor Rodrigo de Rato, en su
intervención. Pero me remito a lo que está reflejado en el «Diario de
Sesiones» sobre la larga serie de inversiones ferroviarias en la
Comunidad Autónoma de Galicia, de las que hablamos hace quince días.
Yo destaco que es una seguridad para Galicia el que se tenga que
hacer la modernización ferroviaria de acuerdo con la Xunta, repito,
de acuerdo con la Xunta, no de manera diferenciada por la
Administración general del Estado. Estamos ante una Xunta que ha
ayudado, con toda la sociedad gallega, sin duda, con toda la sociedad
española, a que cuando las regiones objetivo 1 disminuían su grado de
desarrollo con respecto a la media de España y aumentaban sus
disparidades regionales, sin embargo Galicia se acercara a dicha
media. Estamos ante una Xunta que ha conseguido dedicar los amplios
recursos mencionados a los PDR. En todo caso, quisiera decir que en
este nuevo PDR crecen mucho más los recursos que dedica la
Administración general del Estado, un 24 por ciento, que los que
dedica la Administración autónoma de Galicia, que crecen en un 15 por
ciento. De todas formas, la Xunta ha realizado un gran esfuerzo y
-digámoslo todo- incluso en la negociación de este verano consiguió
150.000 millones más para Galicia. Es una seguridad para Galicia que
se realice este Plan ferroviario de modernización en Galicia de
acuerdo con la Xunta, que es la representación ...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Gamir, debe ir
terminando.
El señor GAMIR CASARES: Con esta frase termino, señor presidente.
Decía que se realice de acuerdo con la Xunta, que es la
representación mayoritaria del pueblo gallego y en quien el pueblo
gallego ha depositado su confianza.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Gamir. ¿Qué grupos que no han intervenido quieren fijar su posición?
(Pausa.)
Si no hay grupos que deseen fijar su posición, a los simples efectos
de aceptar o no las enmiendas defendidas por los diferentes grupos
parlamentarios, tiene la palabra el diputado señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Empezaré por justificar por qué no podemos aceptar la enmienda de
modificación del Grupo Parlamentario Popular, y lo voy a hacer de una
forma muy breve y sentida. Sentida porque sería bueno aprovechar esta
ocasión para cambiar de posición ante unos hechos contundentes y
demostrables. Y el único hecho contundente y demostrable es que el
Partido Popular no está dispuesto a aceptar que Galicia tenga en el
año 2007 trenes que recorran nuestro territorio a velocidades medias
de 150 kilómetros por hora. Es lo único que se establece en el plan
ferroviario para Galicia.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor diputado, tendría
que ceñirse exactamente a aceptar o no aceptar las enmiendas.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Pero diciendo por qué, porque no es por
casualidad.
Quiero decir que los hechos son tozudos y no podemos aceptar esto
porque equivale a negar ese derecho de nuestro país, un derecho
elemental en contraste con los demás que desde luego están bastante
mejor situados en este ranking. Por lo tanto, que quede claro que
tenemos que votar negativamente por no aceptar el punto crucial de
toda la moción, que es el plan ferroviario para Galicia, aprobado,
por cierto, por el Partido Popular en el Parlamento de Galicia y que
no pedía trenes de alta velocidad. Esto que quede claro hoy aquí y de
manera bien sintomática y cualificada para todo el mundo.
En segundo lugar, vamos a aceptar, en aras incluso de que se vea
nuestro espíritu constructivo, las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista en los puntos siguientes: el punto 1, que pasaría a ser,
por lo tanto, el punto primero de la moción, y el punto 4, que
vendría a sustituir en concreto a nuestro punto 3, que vamos a obviar
porque efectivamente no tenemos acuerdo entre las fuerzas
parlamentarias que podemos llegar a este consenso. También vamos a
aceptar la enmienda de Izquierda Unida referida a nuestro punto 4,
para que figuren las velocidades medias entre 120 y 220 kilómetros
por hora.
Con esta aceptación de enmiendas pensamos que queda recogido el
espíritu que todos manifestamos, sobre todo en función de que se
debata y en función de que se equilibre territorialmente el Estado en
materia ferroviaria.
Nada más y muchas gracias. (El señor Gamir Casares pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Señor Gamir, ¿para qué me pide la palabra?
El señor GAMIR CASARES: Señor presidente, en el grado en que
considere que se han establecido valoraciones en la forma de aceptar
o rechazar la enmienda,
pediría un minuto para hacer referencia a esas valoraciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Le concedo medio minuto
con la máxima buena voluntad, pero no me abra otra vez el debate.
El señor GAMIR CASARES: De acuerdo.
Simplemente quiero destacar que fue por una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular por lo que se aseguró la conexión ferroviaria
de alta velocidad a Galicia. También quiero resaltar que Galicia
recibe un 11 por ciento más dentro de este plan por la media por
habitante de las regiones de Objetivo 1 y acabo señalando que este
plan tiene que realizarse de acuerdo con la Xunta de Galicia, elegida
precisamente en elecciones democráticas por toda la sociedad gallega.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
diputado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
ACTITUD DEFENDIDA POR EL GOBIERNO Y LA UNIÓN EUROPEA Y LAS MEDIDAS
QUE SE PIENSAN ADOPTAR PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD DEL SECTOR NAVAL
EUROPEO Y, EN PARTICULAR, EL ESPAÑOL. (Número de expediente 173/
000170.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Pasamos al punto 7 del
orden del día, moción consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la actitud
defendida por el Gobierno y la Unión Europea y las medidas que se
piensan adoptar para asegurar la viabilidad del sector naval europeo
y, en particular, el español.
Para su defensa, tiene la palabra don José Navas.
El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.
Señorías, tras el debate que se produjo hace dos semanas como
consecuencia de una interpelación del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida sobre el futuro del sector de los astilleros
europeos, quedó constancia de la frustración que había originado el
resultado de la reunión de los ministros de Industria que se había
celebrado en Bruselas esa misma semana para intentar habilitar
medidas que garantizasen una viabilidad futura, un proyecto
industrial sólido para poder asegurar la estabilidad de los
astilleros europeos. Quedó constancia asimismo de que había un gran
desasosiego en los sectores implicados, en los trabajadores de los
astilleros y en los sindicatos, porque veían que había que dar un
nuevo impulso a la estrategia de la Unión Europea cara a los
astilleros europeos y que esa estrategia tenía que estar fundada en
dos aspectos, uno relacionado con el contexto internacional en el
cual se mueven los astilleros y otro relacionado con las medidas que
debían adoptar los distintos países. Con la política actual quedó
constancia de que la Unión Europea no puede buscar una solución a una
coacción que de partida es imposible de resolver. Si se sigue
presionando a los Estados para que supriman las ayudas al sector y a
la vez sigue habiendo un contexto internacional en donde
principalmente en Corea, a pesar de que Japón y Estados Unidos
también rompen el consenso internacional al respecto, las ayudas son
de tal magnitud que permiten a los industriales fabricar por debajo
del precio de costo y estar subvencionados, el problema que
atraviesan los astilleros no sólo es grave, sino que a corto plazo
conducirá al desmantelamiento del sector, cuando analizamos la
importancia que tiene sobre el empleo. Por lo tanto, los planes de
empleo son importantes, pero tanto o más es que se evite la propia
destrucción de estos empleos. Así pues, estamos en un momento en el
cual tenemos que esforzarnos para evitar la destrucción del empleo
del sector naval en Europa.
Es para nosotros una satisfacción saber que esta misma consideración
es compartida por el Parlamento Europeo, el cual ha discutido esta
misma semana sobre estos temas, habiendo hecho además una reflexión
idéntica a la que hemos expresado en esta Cámara, primero, que hay
que posibilitar las medidas de protección a los astilleros mientras
que el contexto internacional siga siendo el que es y que a la vez
tienen que aplicarse unas medidas específicas para incentivar la
política comercial de los astilleros europeos. Estamos hablando de
dos aspectos, dirigir una acción concreta desde la Unión Europea para
la protección de su sector industrial y demandar al Gobierno de la
nación que tome una serie de medidas. En estos dos aspectos es donde
se enmarca nuestra moción, en cuyo primer apartado se pide que la
Unión Europea defienda enérgicamente las condiciones equitativas del
comercio mundial en el sector de los astilleros y del sector naval,
eliminando por lo tanto el actual dumping social y económico que
están practicando ciertos países y que hace inviables los astilleros
europeos. Mientras que esas circunstancias se den, la Unión Europea
tiene la responsabilidad de tomar medidas hacia dentro de la propia
Unión. Nosotros proponemos en el punto 1.b) que se suspenda la
limitación, al 31 de diciembre del 2000, que actualmente se recoge en
la reglamentación de la Unión de las ayudas a la producción. Es una
medida lógica y coherente para no abandonar a los astilleros europeos
a su cierre paulatino.
En cuanto a las medidas que demandamos al Gobierno para aplicar en el
territorio nacional, en el punto 1 abogamos por poner en práctica una
política comercial más activa, con el fin de incrementar la cartera
de pedidos existente y la carga de trabajo en los astilleros
españoles. Como dijimos, somos perfectamente conscientes de que en
las actuales circunstancias es muy difícil competir, pero de la misma
forma somos conscientes de que la competencia desleal coreana se
puede aminorar con una política comercial más agresiva y más
acertada.
En el punto 2 demandamos al Gobierno la activación de un plan de
renovación de nuestra flota a través de la incentivación al desguace
de buques. Entendemos que esta es una fórmula para poder mejorar no
sólo la capacidad de la flota mercante, sino que como toda renovación
demandaría una mayor productividad a nuestros astilleros.
En el punto 3 incluimos políticas de rejuvenecimiento de plantillas y
la regulación de la industria auxiliar como elementos fundamentales
para la mejora de la competitividad en el sector. Entendemos que este
sector naval depende de una forma cada vez más importante de un gran
número de industrias que están trabajando alrededor de él y que son
complementarias a esa producción. Por lo tanto, un factor competitivo
fundamental es que estas empresas auxiliares mantengan estándares de
calidad y de productividad, similares, idénticos a ser posible o
mejores, a los del propio sector naval. Por consiguiente, tenemos que
aplicar medidas no sólo hacia los astilleros públicos sino hacia todo
ese conjunto de pequeñas y medianas empresas auxiliares del sector
naval, que son tan importantes y tan fundamentales para el futuro de
los astilleros.
Después de analizar las valoraciones que hacen los distintos grupos
parlamentarios a esta moción -y luego tendré ocasión de hacerlo más
pormenorizadamente-, entiendo que todos estamos hablando de lo mismo,
todos coincidimos en que no hay una posible salida garantista para el
sector de los astilleros europeos si no hay una modificación en el
contexto internacional y mientras este se mantenga, todos estaremos
perfectamente de acuerdo en que la Unión Europea no puede estar
cruzada de brazos y deberá seguir aplicando medidas de ayuda a sus
astilleros. También estamos en el mismo discurso cuando pensamos que
en ese contexto España tiene un campo de maniobra para actuar. España
puede y debe incentivar la producción de los astilleros, como hemos
dicho a lo largo de nuestra moción, con esa nueva política comercial,
impulsando la captación de nuevos mercados, incentivando políticas
que demanden una mayor construcción de barcos para la marina mercante
española y sobre todo aplicando algunos de los principios recogidos
en el plan estratégico de competitividad y no olvidándonos de uno de
los sectores fundamentales del sector naval como es la industria
auxiliar.
Espero que a lo largo de las intervenciones del resto de los grupos
ahondemos y profundicemos en esta línea de consenso que puede suponer
la aprobación por unanimidad de esta propuesta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Navas.
A esta moción se han presentado una serie de enmiendas. Para la
defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Para justificar nuestras enmiendas empezaré por recordar que el 9 de
diciembre de 1998 este Parlamento aprobó una moción, consecuencia de
interpelación, a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, que
decía: Primero, defender en el seno de la Unión Europea y ante la
nueva coyuntura internacional actuaciones tendentes a evitar la
competencia desleal a los astilleros europeos, y concretamente a los
del Estado español, y mantener la capacidad global máxima autorizada
para el conjunto de los astilleros españoles. En segundo lugar,
impulsar medidas administrativas, fiscales y financieras que
posibiliten la modernización e incremento de la flota mercante
española, reduciendo el negativo balance por los fletes, así como el
aumento de la demanda doméstica para nuestros astilleros, tal y como
acontece en el resto de los Estados de la Unión Europea.
Como Bloque Nacionalista Galego nos gustaría recordar que en 1994 se
firmaron en la OCDE, en concreto en su grupo de trabajo número 6, que
es el dedicado a la construcción naval, los acuerdos sobre las
condiciones normales de competencia en la construcción y reparación
naval. Dichos acuerdos deberían haber sido ratificados en 1996, pero
no se hizo por parte de los Estados Unidos -que, por cierto, sigue
una política de ayudas a su construcción naval y a la reconversión de
los astilleros militares a astilleros civiles y a mejorar su ámbito
tecnológico- y tampoco fue firmado por Japón ni Corea. Por tanto, el
acuerdo es hoy inoperante. La Unión Europea, y particularmente el
Estado español, no tuvo en cuenta esta situación y hoy se está
jugando a destiempo y, desde luego, con algunos argumentos que
nosotros no consideramos acertados. Les voy a dar un dato y después
pasaré a decirles por qué presentamos estas enmiendas.
Aunque se dice que el problema está en Corea, no es exactamente
cierto si tomamos los datos reales. Corea y Japón, entre los dos, hoy
tienen el 59 por ciento del total. Lo único que ha cambiado respecto
a hace unos años es que si antes era Japón el que tenía la mayor
parte de esa tarta, hoy empieza a disputársela Corea. En el año 1998
la Unión Europea recogía el 24 por ciento del total de pedidos a
nivel mundial; Corea tenía el 25 por ciento del total de dichos
pedidos y, juntamente con Japón, representaba el 59 por ciento, igual
que en 1984. El problema está en que el Estado español pasó de 0,8
millones de TRBC en el año 1995 a 0,2 en 1998, es decir, menos 76 por
ciento. Pero ese proceso no se dio en la Unión Europea. En la Unión
Europea se sigue manteniendo un ranking interesante, de tal manera
que es cierto que pasó de 3,8 millones de TRBC a 4,4, es decir, un
aumento del 17 por ciento. Por tanto, tenemos un problema
internacional y dentro de la Unión Europea y es que el reparto de la
carga de trabajo, la capacidad asignada a cada Estado no se hace
equitativamente.
Pensamos que hay que volver a las ayudas, pero concibiéndolas en su
acepción originaria, ya que no están firmados esos acuerdos de la
OCDE, que si se firmaran serían ventajosos porque desaparecerían las
ayudas, pero para todos, y entonces los astilleros y en concreto los
del Estado español y particularmente los de Galicia serían
competitivos, porque está claro que los salarios y los gastos
sociales aquí no son mayores que en el resto de la Unión Europea.
Habría que concebir, pues, las ayudas como una manera de reflejar la
diferencia de precios existente entre los astilleros europeos,
y particularmente los del Estado español, y aquellos que los fijan a
nivel internacional, es decir, los que son más competitivos.
En segundo lugar, es un problema de carga de trabajo, un problema de
cuota asignada a cada Estado. Nosotros tenemos el único astillero de
grandes dimensiones que no puede construir barcos. Sería esta la
ocasión, cuando no hay nada firmado a nivel internacional, para que
la Unión Europea estuviese dispuesta a aceptar la vuelta de Astano a
la construcción naval convencional, porque si no el resultado final
es su desaparición, como se nos anuncia, es decir, se integraría en
la industria militar como parte del Astillero Bazán de Ferrol, con lo
cual las 150.000 toneladas de registro bruto que representa ese
astillero se perderían para siempre y no solamente de forma
transitoria. Ustedes comprenderán que en el equilibrio entre Unión
Europea y Estado español, al que antes me referí, esto es gravísimo
y, desde la perspectiva de la construcción naval, en Galicia es
suicida.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Rodríguez Sánchez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista,
tiene la palabra don Salvador De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción consecuencia de la interpelación presentada hace
dos semanas nos trae un problema en el que todos los grupos
parlamentarios estaremos de acuerdo, y es cómo se impulsa y se
adecuan medidas que posibiliten y aseguren la viabilidad futura del
sector naval europeo y en particular del nuestro, el español. (El
señor Madrid López: ¡Muy bien, Salvador!) Muchas gracias.
Para nuestro grupo no cabe duda de que el fracaso de la cumbre de
Helsinki de ministros de Industria, del pasado día 9 de noviembre,
nos obliga a adoptar medidas que garanticen la viabilidad a corto
plazo de los astilleros españoles. Por eso, en primer lugar, hemos
presentado una enmienda al apartado 1.b), en la que instamos al
Gobierno al mantenimiento de medidas de apoyo al sector naval
existentes en el marco de la séptima directiva europea mientras que
el resto de los países afectados no suscriban las condiciones del
consenso
de la OCDE. Además, pedimos que se suspenda la limitación recogida en
la reglamentación de la Unión Europea a las ayudas públicas del
sector naval, que concluyen el 31 de diciembre del año 2000.
Señorías, este no es un tema nuevo. Ya en el debate que se produjo en
el Pleno el pasado día 9 de diciembre de 1998, mi grupo presentaba
enmiendas sobre la política del Gobierno y la perspectiva de futuro
para el sector naval, dentro del marco de la Unión Europea, enmiendas
que ustedes rechazaron. Ustedes, señores del Grupo Popular,
rechazaron aquellas enmiendas y presentaron otras que nosotros
apoyamos. Y les digo una cosa, vamos a seguir apoyándolas, vamos a
estar cerca de ustedes, no les vamos a poner piedras en el camino
como hicieron ustedes cuando estaban en la oposición con tal de crear
alarmismo social, con tal de crear polémica innecesaria en un sector
que mueve 7.000 empleos directos y otros miles indirectos y que es
vital en determinadas zonas de España. Ustedes rechazaron nuestras
enmiendas y nosotros apoyamos otras que ustedes planteaban, en el
sentido de defender en el seno de la Unión Europea y ante la
coyuntura internacional todas las actuaciones tendentes a evitar la
competencia desleal que se producía desde Corea y desde otros países
asiáticos. El dumping de los países asiáticos no es un tema nuevo; es
una excusa y si no existiera, ustedes sacarían otra.
Lo mismo que ustedes, en aquella iniciativa del 9 de diciembre de
1998, aprobaron, y nosotros les dimos nuestro apoyo, impulsar medidas
que posibilitaran la modernización de la flota de la marina mercante,
el aumento de la demanda doméstica para nuestros astilleros y, en
definitiva, toda una serie de medidas que contaron con el apoyo del
Grupo Socialista, yo les pregunto a ustedes, señores del Grupo
Popular y señor ministro, qué ha hecho este Gobierno en este tiempo.
Sinceramente, no ha hecho nada o, por decir algo, ha hecho muy poco.
Ustedes han dejado languidecer el sector y lo están dejando más con
su actitud de no querer comprometerse ante Europa para que se
prorroguen las ayudas más allá del año 2000, para que no muera el
sector lentamente. Nosotros nos preguntamos por qué defienden ustedes
con tanto ahínco las ayudas a las eléctricas, por un montante de un
billón 300.000 millones de pesetas y no se parten la cara ante Europa
defendiendo las ayudas para el sector naval. ¿Por qué ese ahínco,
incluso saltándose a la torera a la Comisión Europea, con los
problemas que ha conllevado, por qué son ustedes tan pulcros y tan
rectos en defender la imposibilidad de esas ayudas porque está
prohibido? ¿Es que las de las eléctricas no estaban prohibidas? Creo
que ustedes deben aclarar esa posición porque, si no, no se
entendería su actitud de defensa de las eléctricas por un montante
como el que acabo de decir y que fueran tan escrupulosos y tan rectos
en negar la posibilidad de las ayudas públicas cuando se trata del
sector naval español.
Mi grupo considera que además de las medidas que se tienen que
adoptar y que se han puesto en práctica
en la cumbre de Helsinki del pasado día 9 de noviembre, debemos de
alguna manera estipular otras concretas contra la competencia desleal
en un plazo razonable y que mientras tanto se tienen que prorrogar
esas ayudas al sector público naval español, si no quieren ustedes
dejar languidecer y morir este sector. A lo mejor en el fondo, lo
dije ya el otro día, es lo que ustedes pretenden. Considero que esta
primera enmienda que hemos presentado debe ser aceptada, si ustedes,
de verdad, se quieren comprometer con el sector naval español.
Con la segunda enmienda hemos añadido un nuevo apartado al punto 1,
que sería el c), porque consideramos necesarias la elaboración y la
puesta en práctica de una iniciativa comunitaria de apoyo a la mejora
de la competitividad del sector naval europeo, financiada con
recursos presupuestarios del programa marco de I+D y de los fondos
estructurales. Esto tampoco es nuevo. Ya el propio ministro, en su
comparecencia en la Comisión de Industria el 18 de diciembre de 1997,
ofrecía la receta mágica para el sector y proponía medidas similares
a las que acabo de mencionar. Es más, hablaba de que se utilizarían
los fondos estructurales del sector naval, concretamente 50.000
millones de pesetas, para impulsar programas de competitividad en los
astilleros que supusieran un 15 por ciento de aumento de ésta en un
periodo de 3 años. Es decir, en base a esa receta mágica que
planteaba el ministro de Industria, en estos tres años deberíamos
haber tenido ya un 45 por ciento de incremento de productividad. ¿Qué
han hecho ustedes, señores del Partido Popular? Vuelvo a repetirlo:
nada o muy poco. No se han comprometido y no han cumplido lo que el
ministro decía. Voy más allá. El ministro decía lo siguiente en esa
comparecencia del 18 de diciembre de 1997: Con este nuevo
planteamiento el Gobierno garantiza que el sector español de la
construcción naval va a poder ofrecer las condiciones que le permitan
competir en términos de igualdad con el resto de los astilleros de la
Unión Europea. ¿Sabe cuál es el problema, señor Fernández de Mesa? No
es que hayamos perdido competitividad en el mundo, es que hemos
perdido competitividad y lugar, por tanto una gran capacidad, en
Europa. El problema no es ya sólo el dumping coreano y las medidas
contra la competencia desleal; es que hemos bajado de una manera
clamorosa nuestro ranking en Europa. Por tanto, ustedes han fracasado
con estas medidas que planteaba el ministro de Industria el 18 de
diciembre de 1997. Después de tres años no somos competitivos en la
Unión Europea ni en el resto del mundo porque ustedes no han hecho
los deberes. Como he dicho antes, se han dedicado a defender a las
eléctricas y a otros colectivos y se han olvidado totalmente del
sector naval español y de otros sectores. Incluso usted, señor
Fernández de Mesa -está también en el «Diario de Sesiones»- formulaba
una pregunta al ministro sobre la necesidad de impulsar la fundación
para el desarrollo de las industrias marítimas. El ministro se
comprometía a hacerlo. Yo le pregunto qué ha
hecho desde entonces, el 15 de julio de 1998, para impulsar esas
medidas que podrían haber supuesto una mayor productividad y
competitividad en nuestros astilleros. Sinceramente, muy poco.
Por último, presentamos otra enmienda que gira en torno a la
necesidad de constituir, en el tiempo más breve posible, un plan de
ayuda financiera e industrial para el sector. En nuestra enmienda de
adición decimos que es necesario elaborar, junto con los
representantes de los trabajadores y de las comunidades autónomas, un
plan para el grupo de Astilleros que de alguna manera desarrolle las
medidas de aquí al futuro. El grupo proponente nos da traslado de una
enmienda transaccional que modifica la nuestra y nosotros estamos
dispuestos a aceptar la propuesta que ha planteado el grupo
proponente de constituir una mesa, en la que estén por supuesto los
sindicatos, para garantizar un plan de futuro donde se contemplen
esas medidas financieras e industriales que definan la estructura del
grupo Astilleros Españoles, sus recursos, su especialización, en
definitiva su futuro de aquí a los próximos años.
Señorías, este es el contenido de las enmiendas que presentamos a la
moción. Incluso podemos apoyar las enmiendas que plantea el Grupo
Parlamentario Popular, siempre que se comprometa a la continuidad de
esas ayudas públicas más allá de diciembre del año 2000, porque nos
parece que eso es fundamental. Lo demás es hablar y hablar, como
ustedes han hecho durante estos años, pero sin adoptar medidas
concretas y serias. Ustedes, cuando estaban en la oposición, decían
que tenían la receta mágica y que nosotros lo hacíamos muy mal. Han
pasado cuatro años y han puesto a los astilleros, como digo, en una
situación muy crítica. Ahora nosotros vamos a colaborar para intentar
sacar adelante a ese sector y lo vamos a hacer como hemos venido
haciendo durante estos cuatro años: proponiendo y apoyando medidas
concretas, incluso de ustedes. Estamos dispuestos a apoyar esas
medidas, pero siempre que se comprometan seriamente. Básicamente,
como digo, estamos de acuerdo con lo que ustedes plantean, pero
siempre que no hablemos de temas generales, sino que concreten.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor De la Encina,
debería ir terminando.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Voy terminando, señor presidente.
Por tanto, habría que concretar más si queremos realmente hacer algo
positivo con el sector naval español. De lo contrario, como dije el
otro día, se nos va a pique.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
diputado.
Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el diputado don Arsenio Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo que empezar por decir que el Grupo Parlamentario
Popular está básicamente de acuerdo con la moción que ha presentado
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y que las enmiendas
que nosotros hemos formulado a los puntos que aquí se han debatido
esta tarde lo único que hacen es modelar un poco las propuestas de
dicho grupo y, desde nuestro punto de vista, mejorar lo que sería la
ampliación de los conceptos que aquí se han detallado en cuanto a
intensificar los esfuerzos para restablecer las condiciones normales
en la competencia a nivel mundial en el sector de construcción naval
-algo en lo que coincidimos todos los grupos políticos-; profundizar
en la propuesta de la práctica de una política comercial más activa
-algo en lo que también coincidimos todos los grupos-; seguir
promoviendo la renovación de nuestra flota a través de los incentivos
adecuados, estudiando la posibilidad de incentivar el desguace de
buques no sólo españoles sino también europeos, en la forma que el
otro día nos explicaba el ministro de Fomento que ya se ha iniciado,
con la potenciación del segundo registro de Canarias o la
incentivación con lo que han sido los fondos de garantía recíproca
para la construcción naval; facilitar la colaboración entre los
astilleros y la industria auxiliar en lo referente a su tecnificación
y a la formación de su personal como elementos fundamentales para la
mejora de competitividad del sector, y apoyar -nosotros añadimos un
punto más o menos coincidente con la enmienda que ha presentado el
Grupo Parlamentario Socialista, pero en términos diferentes- la
colaboración entre los distintos agentes del sector en relación con
las actividades de I+D. En este momento yo puedo decirle al señor
Navas que mi grupo parlamentario incluiría un apartado e), para
instar al Gobierno a adoptar un conjunto de medidas financieras, de
carácter fiscal y tecnológico, para asegurar la viabilidad de los
astilleros españoles una vez que finalicen las ayudas públicas el 31
de diciembre.
En el único punto en el que probablemente haya alguna dificultad, por
la interpretación, es en el apartado 1.b), que se refiere a la
propuesta de requerir a la Comisión Europea medidas para hacer frente
al perjuicio causado a los astilleros europeos por prácticas
contrarias a la competencia, de conformidad con el artículo 12, que
es el que regula las ayudas al sector de construcción naval y que
dice textualmente que la Comisión presentará regularmente al Consejo
un informe sobre la situación del mercado y avisará en caso de que
los astilleros europeos se vean afectados por prácticas contrarias
a la competencia, en caso de que comprobase que el sector se ve
perjudicado por prácticas de esta naturaleza, así como que propondrá
al Consejo medidas para hacer frente al problema regulador. Tengo que
decir
que el ministro de Industria afirmó con rotundidad la pasada semana,
cuando debatíamos la interpelación, que por primera vez los quince
países de la Unión Europea estaban de acuerdo en que había que
adoptar medidas para liberarse de esas ayudas que no estaban regladas
o que no son acordes con lo que se está aplicando, no sólo en el
acuerdo OCDE sino en el seno de la propia Unión Europea, que prohíbe
utilizar las ayudas y primas del Fondo Monetario Internacional con
destinos diferentes a los que se están dando incluso en este momento
en Corea, como es público y notorio.
Esta es la moción que mi grupo plantea como alternativa, teniendo en
cuenta que recoge básicamente la moción presentada por el Grupo
Federal de Izquierda Unida, con la que el Grupo Parlamentario Popular
coincide prácticamente en toda su extensión. Prueba de ello es que
los puntos que nosotros planteamos son prácticamente los mismos, con
pequeñas modificaciones e incluso con dos puntos adicionales.
Me gustaría hacer un breve comentario para quienes han dicho que hay
que volver a las ayudas. Lo que consideramos es que hay que
consolidar el sector público de construcción naval en España. El
sector naval tiene que dejar de ser un sector subsidiado
permanentemente para ser un sector que salga a flote, pueda valerse
por sí mismo y no dependa de las ayudas de nadie, sino que las
medidas fiscales, económicas y financieras que se adopten hagan del
sector de construcción naval un sector competitivo y rentable, como
lo ha sido durante muchos años en España. Y lo que no se puede
admitir es que se anuncie desde aquí la desaparición de uno de esos
astilleros, como es concretamente el astillero de la comarca
ferrolana de Astano, si fuera absorbido por la Empresa Nacional
Bazán, cuestión que en este momento no está planteada, aunque haya
estudios que se puedan estar realizando o comentarios a nivel de
calle. Porque si hay algo que posibilitaría la vuelta a la
construcicón naval convencional de Astano sería precisamente que
llegara a algún tipo de consorcio o a algún tipo de entendimiento con
la Empresa Nacional Bazán y en modo alguno se produciría el cierre de
ninguna instalación, como ha anunciado aquí ya en reiteradas
ocasiones, con compromiso claro, el propio ministro de Industria.
Ayer se producía una reunión entre los agentes sociales y el ministro
de Industria, en la que además se fijaba un calendario con una mesa
de seguimiento de cuáles iban a ser las medidas que iba a adoptar el
Ministerio de Industria de cara al futuro para garantizar la
viabilidad del sector de construcción naval en España. Se están
realizando actuaciones, como se comprometió el ministro, para
incrementar la carga de trabajo que asegure la viabilidad de los
astilleros y, además, anunció que no habría problemas a corto plazo.
Esto es cuestión de creérselo o no, pero sí hay una cuestión clara,
señor Encina. Yo lamento que usted no haya sido portavoz de la
Comisión de Industria en legislaturas pasadas porque estaríamos mucho
más de acuerdo en todo lo que ha dicho con toda claridad. Son ciertas
muchas de las cuestiones que usted acaba de decir aquí en este
momento, pero yo quiero recordarle, simplemente a modo de ejemplo,
que no había una polémica innecesaria, había una polémica real y que
por aquella polémica es por lo que estamos en la situación actual.
Y quiero decirle más, usted ha hablado de un sector tan importante que
tiene 7.000 puestos de trabajo directos en la industria de
construcción naval. Yo puedo decirle que había muchísimos más, que
los puestos directos de trabajo que había en la construcción naval
rondaban los 24.000 y que por un proceso de reconversión industrial
del año 1984 es por lo que nos encontramos con 7.000 y una carga de
trabajo realmente disminuida, porque si algo se ha hecho durante
estos cuatro años es no disminuir las TRBC a las que se ha hecho aquí
mención. Seguimos con las mismas 250.000 toneladas de registro bruto
compensadas para que se pueda construir en España durante estos años.
No se ha variado en lo más mínimo. Si ha habido una baja importante
en esas TRBC no ha sido precisamente por el Gobierno que lleva cuatro
años en este momento, en esta legislatura.
Claro que no es nuevo el tema, señor Encina -y en eso estoy
completamente de acuerdo con usted-, es un tema que viene de muy
atrás, pero no se trata de buscar responsabilidades en Gobiernos
anteriores. Yo tengo que decir que siendo portavoz del Partido
Popular en la anterior legislatura, cuando el Gobierno del Partido
Socialista y el ministro señor Eguiagaray presentaron el Plan
estratégico de competitividad, el Grupo Parlamentario Popular
felicitó al ministro de Industria por haber sacado adelante un tema
complejo en aquella situación, aunque, lamentablemente, el desarrollo
de los acuerdos de aquel PEC no se produjera hasta bien entrada la
presente legislatura. Esta es la auténtica realidad. No se trata de
polemizar, se trata de sacar adelante un sector, el de construcción
naval, que en este momento está atravesando un grave peligro, está
corriendo graves riesgos a nivel europeo, no sólo a nivel español,
por la desidia que ha tenido permanentemente la Unión Europea a la
hora de atacar y de atajar los problemas que está teniendo el sector
de construcción naval no desde ahora, no en esta legislatura, sino
desde mucho antes. Y las ayudas previstas en la séptima directiva
comunitaria, señor Encina, vienen exactamente del año 1990, y quien
aprueba la séptima directiva comunitaria con un tiempo de caducidad
tasado, que es el 31 de diciembre de este año, son los gobiernos
comunitarios en los que tenía representación el Gobierno español en
el año 1990. Por tanto, ahora habrá que buscar medidas que, no
contradiciendo ni contraviniendo una directiva comunitaria que ha
supuesto cientos de miles de millones de pesetas de ayudas para el
sector de construcción naval en España, puedan sacar a flote el
sector de construcción naval, al que todos en este momento estamos de
acuerdo en que hay que facilitar de alguna manera su salida adelante.
En ese sentido puedo hacerle, señor Encina, algunas consideraciones
que yo entiendo que es lógico reconocer
aquí. Así como el Plan estratégico de competitividad, aprobado por el
señor Eguiagaray, fue felicitado por todos los grupos políticos de la
Cámara, hay que decirle que en estos cuatro años de Gobierno del
Partido Popular no se ha cerrado ni una sola planta, en contra de lo
que estaba previsto en el año 1995; Astilleros Españoles, en Sevilla,
que se iba a cerrar, sigue abierto, y aquello que sucedía en el resto
de las plantas que había en España con una grave crisis encima, sin
carga de trabajo, al día de hoy seguimos hablando del mismo número de
plantas, del mismo número de astilleros en Galicia, Asturias,
Cantabria, Andalucía o País Vasco. Esta es la auténtica realidad. Por
tanto, ha habido problemas, se han ido afrontando, pero la realidad
es que en estos cuatro años seguimos con el mismo tejido industrial
de construcción naval que teníamos cuando ustedes abandonaron el
Gobierno.
En consecuencia, sí se han hecho cosas, sí se ha avanzado, pero ello
no quiere decir que no haya que seguir tomando medidas, porque éste
es un sector estratégico de vital importancia para España, sobre todo
para todas las ciudades y las comunidades autónomas de la costa, de
esos más de 7.700 kilómetros de costa que tiene España, al que no
podemos dejar que siga sufriendo las consecuencias que está
padeciendo en estos momentos.
Sobre el acuerdo OCDE, nosotros reivindicamos en los años 1995 y
1996, también en el año 1994, que ni Estados Unidos ni Japón habían
firmado semejante acuerdo, que la Unión Europea tenía que
desvincularse del mismo porque no era un acuerdo al que nosotros
pudiéramos sujetarnos cuando Estados Unidos o Japón no se estaban
sujetando a él. Sin embargo, en el año 1994 no se estimó conveniente
el reclamar que ese acuerdo de la OCDE lo firmaran todos los países
que estaban involucrados en él, y nos encontramos con la situación
actual.
Termino, señor presidente, haciendo hincapié en que lo fundamental de
esta moción, independientemente de los discursos políticos que cada
grupo quiera plantear, es que, en primer lugar, estamos de acuerdo en
que el sector de construcción naval en España es estratégico y de
vital importancia para el país; en segundo lugar, que hay medidas que
tienen un tiempo de caducidad y hay que incentivar e implementar
medidas que hagan posible que nuestro sector de construcción naval
sea competitivo por sí sólo, que no sea un sector subsidiado
permanentemente. En este momento hay que atajar este problema con
medidas fiscales, económicas, de carácter tecnológico y
administrativas que hagan posible que, a partir del día 1 de enero
del año 2000, no cierre una sola de sus plantas y pueda estar
volviendo a competir en igualdad de condiciones con el resto de los
países, no de la Unión Europea, sino con el resto de los países del
mundo, de los países que están enmarcados en el terreno de la OCDE.
Termino, señor presidente (Algunos señores diputados: Eso, eso.),
reiterando la moción que hemos planteado al Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda
Unida, que recoge uno por uno los puntos que ellos han planteado, con
algunas modificaciones, y los incrementa en dos: el primero, añadir
un punto d) para que se apoye la colaboración entre los distintos
agentes del sector en relación con las actividades I+D; y un punto
que haga mención a la exigencia nacional, puesto que está dividida en
dos partes, una de carácter europeo y otra al Gobierno de España,
para que el Gobierno de España recoja un conjunto de medidas
financieras, de carácter fiscal y tecnológico, para asegurar la
viabilidad de los astilleros españoles una vez que finalicen las
ayudas públicas el 31 de diciembre del año en curso.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Fernández de Mesa. ¿Grupos que no han intervenido y desean fijar su
posición? (Pausa.)
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Tubert.
El señor TUBERT I ALSINA: Señor presidente, señorías, intervengo para
fijar la posición de mi grupo.
Evidentemente, coincidimos con todos ustedes en que el sector naval
pasa por una situación especialmente delicada -las cifras de los
últimos años así lo definen-, se encuentra en una situación de
importante regresión, se ha disminuido su capacidad productiva y se
ha disminuido la ocupación. Esto tiene un efecto importante sobre
todos los servicios complementarios, lo que sería la industria
auxiliar.
Se vienen demandando soluciones definitivas, especialmente desde
aquellas zonas en las que el sector naval tiene poca o nula
alternativa. La industria naval no coincide con lo que es el litoral
de la demarcación geográfica de nuestro grupo parlamentario, pero
nuestra sensibilidad con el sector industrial es muy clara.
Participamos de la necesidad de que el Gobierno aporte ayudas con la
orientación de esta Cámara. Entendemos que en los últimos años ha
habido cambios, fruto de la fuerte responsabilidad de los agentes
implicados, sea el sector industrial, sea el sector empresarial, sean
los agentes sociales, sean los trabajadores o sean las mismas
administraciones que han tenido la responsabilidad del Ministerio de
Industria. Todo el mundo coincide en la feroz competencia de los
países del Extremo Oriente, Japón, China y especialmente Corea.
Prueba de ello es que no es un problema circunscrito al Estado
español, sino que afecta a toda la Unión Europea. Este dumping en
muchos casos permite la oferta de construcción a un 50 por ciento de
lo que sería razonable en un mercado abierto y regular.
Queremos resaltar como adecuadas las medidas instrumentadas hasta
ahora: vincular contratos públicos a nuestros astilleros, incentivar
el desguace de buques, renovar la flota, incentivos fiscales o el
Plan estratégico de competitividad, que todo el mundo ha definido
como un éxito importante, lo que ha permitido llegar a
la situación actual. Quizá lo realizado no es suficiente dadas las
circunstancias que todos constatamos. Es verdad que el principal
núcleo de conflictividad está en el Extremo Oriente. Por tanto,
entendemos como buena la resolución del acuerdo de la Comisión,
especialmente porque significa un compromiso y una muestra de
concienciación general. Estimamos que es la mejor vía que se podía
dar.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el grupo proponente y la
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, coinciden
sustancialmente. Es cierto que hay una variación en función de si el
sector tiene que seguir subsidiado o hay que tomar medidas que lo
hagan competitivo por sí solo. Entendemos que esta sería la mejor vía
posible. Y como existe una gran coincidencia en la mayoría de las
propuestas que contempla, nos parecería adecuado, y sería la mejor
fórmula, que llegaran ustedes a un consenso. Está claro que el tema
tiene suficiente dimensión como para que así fuera entendido y que
las distintas enmiendas definen el grado de interés que tiene la
problemática. Por tanto, como el objetivo está en contrarrestar la
política y la línea de competitividad y de agresividad que tienen los
países del Extremo Oriente, tiene la dimensión suficiente como para
llegar a una postura unánime a través de la Unión Europea, por lo que
les encomendaría, para que tuvieran nuestro voto favorable, que
llegaran al consenso al que me he referido.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Tubert.
A los solos efectos de aceptar o no las enmiendas, tiene la palabra
el diputado, señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.
Para mí es una satisfacción encontrar que hay un total grado de
acuerdo en el apartado número 2 de nuestra moción, en la cual se
instan una serie de medidas al Gobierno de la nación para aplicarlas
en nuestro país, porque tanto el Partido Popular como el Partido
Socialista y el Bloque Nacionalista Galego han aportado una serie de
iniciativas que parten del tronco de la moción y consiguen
complementarla. Por tanto, mi grupo acepta la transacción propuesta
por el Partido Popular -estamos hablando del punto 2.a)-, para
profundizar en la puesta en práctica de una política comercial más
activa en el marco de la normativa y de los acuerdos vigentes, con el
fin de incrementar la cartera de pedidos existentes y la carga de
trabajo en los astilleros españoles. Por supuesto que nosotros,
implícitamente, estábamos proponiendo esta incentivación de la
política comercial en el marco, como no podía ser de otra forma, de
la normativa europea.
También aceptamos la transacción propuesta en el punto 2.b), para
seguir promoviendo la renovación de nuestra flota, a través de
incentivos adecuados, estudiando la posibilidad de incentivar el
desguace de buques.
Igualmente, aceptamos la transaccional propuesta para el punto c),
para facilitar la colaboración de los astilleros con la industria
auxiliar en lo referente a su tecnificación y a la formación de su
personal como elementos fundamentales para la mejora de la
competitividad del sector.
De la misma forma, ofrecemos una transacción al punto d), no recogido
en nuestra moción y sí recogido en otra de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la política a seguir en I+D. La
propuesta, que yo entiendo de consenso, que auna las voluntades de
los distintos grupos parlamentarios quedaría en estos términos:
Elaboración y puesta en práctica de una iniciativa comunitaria de
apoyo a la mejora de la competitividad del sector naval europeo,
mediante actividades de I+D y de prospectiva tecnológica.
De la misma forma, ofrecemos una transaccional a la enmienda del
Partido Socialista que hace mención a la necesidad de abrir una vía
de diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales. Nuestra
propuesta de transacción es la siguiente: Constituir de inmediato una
mesa permanente con los representantes de los trabajadores para
discutir un plan de futuro para el grupo Astilleros Españoles, en el
que se aborden tanto medidas financieras como industriales, así como
la definición de la estructura de los astilleros. En este último
párrafo quisiera ver reflejada la voluntad que el Bloque Nacionalista
Galego plantea en su enmienda, en la que pide que no se condene a
Astano al abandono de la posibilidad de construcción de buques. Yo
entiendo que en esta mesa de diálogo, de negociación entre los
sindicatos y el Gobierno, hay que redefinir cuál va a ser la
estructura que van a tener los astilleros públicos y que, por tanto,
se distribuyan entre el conjunto de los astilleros las
especialidades, las energías de que disponen cada uno de ellos. Por
tanto, que se consiga un grupo, un holding de astilleros españoles en
el cual cada uno aporte al colectivo y que unos y otros no sean un
elemento de competitividad.
Acabada la parte de la moción relacionada con la instancia al
Gobierno para que actúe en el interior de nuestras fronteras, haré
hincapié en el aspecto relacionado con la instancia en el marco de la
Unión Europea, para que tome las siguientes medidas. Aceptamos la
enmienda transaccional del Grupo Popular al punto 1.a), donde se
recoge: Intensificar los esfuerzos para restablecer unas condiciones
normales de competencia a nivel mundial en el sector de la
construcción naval y eliminar el actual dumping social y económico
que practican ciertos países y que hace inviables a numerosos
astilleros europeos.
Asimismo, queremos hacer una propuesta transaccional que intente
mediar entre el texto que Izquierda Unida ha propuesto en la moción,
el texto que propone la enmienda al apartado 1.b) del Partido
Socialista y el que propone al mismo apartado el Partido Popular.
Hemos intentado, lógicamente, apurar hasta límites extremos la
posibilidad de incluir las partes sustanciales que cada grupo
pretende que recoja este punto. El
resultado de este esfuerzo es el siguiente. Quiero explicar que se
trata de vincular la posibilidad de que la Unión Europea mantenga las
ayudas a la construcción que están recogidas en la séptima directiva
y supeditarlas a que se mantendrán si hay un contexto internacional
agresivo para la construcción naval europea, como el que existe
actualmente. Por tanto, el apartado 1.b) quedaría así: Mientras
persistan en el mercado internacional las prácticas contrarias a la
competencia y sus consecuencias, requerir el mantenimiento de las
medidas de ayuda al sector naval de la Unión Europea que existen
actualmente en el marco de la séptima directiva. Creemos que es un
texto más claro y más concreto que el que nos propone en su enmienda
transaccional el Partido Popular.
Le llamo al consenso que hemos alcanzado el resto de los grupos que
han presentado enmiendas y a unirse a este apoyo masivo, no sólo
porque podría ser de todo el Parlamento sino también porque recoge
las iniciativas de todos los sindicatos y de todos los sectores
industriales y navales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Navas, por su esfuerzo de síntesis. (Rumores.) No obstante, sería
bueno que hiciera llegar la propuesta a la Presidencia.
Vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.- El señor presidente ocupa
la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos tomando asiento para proceder a
las votaciones. (Pausa.)
Votación de la moción del Grupo Socialista sobre política general
relativa a las encuestas preelectorales realizadas por el Centro de
Investigaciones Sociológicas, el modelo de estimación de voto
utilizado y la forma y momento de hacerlas públicas por el Gobierno,
en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda que
presentó el Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 133; en contra, 151.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Moción del Grupo Mixto sobre el contenido del Plan de Desarrollo
Regional para los años 2000 a 2006, observaciones y propuestas de las
comunidades autónomas al mismo y previsiones del Gobierno sobre su
versión definitiva, en los términos resultantes del debate en el que
el grupo proponente ha aceptado diversas enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
283; a favor, 133; en contra, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre la actitud defendida por el
Gobierno y la Unión Europea y las medidas que piensa adoptar para
asegurar la viabilidad del sector naval europeo y en particular el
español, en los términos también resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 133; en contra, 151.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Buenas noches.