Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 274, de 18/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 274
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 264
celebrada el jueves, 18 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
(Continuación)
- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 187-1, de
7 de octubre de 1999. (Número de expediente 121/000187.) . . . (Página 147617
)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
(continuación) . . . (Página 14761)
Proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social . . . (Página 14761)
Título I . . . (Página 14761)
El señor presidente informa a la Cámara del desarrollo de los debates
sobre el proyecto de ley. Asimismo da cuenta de la retirada de las
enmiendas del señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la enmienda número 34, por la que pretende incorporar un
artículo 3 bis, en relación con el artículo 20 de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
cinco enmiendas presentadas a este título, reseñando su contenido.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, se limita a exponer el contenido de sus enmiendas números 38 a
43.
El señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, pide que se
dé por defendida la enmienda número 7, del señor López Garrido,
pidiendo la supresión del artículo 2 del proyecto de ley.
El señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, defiende las enmiendas 227 y 229, exponiendo el contenido de
las mismas, referido a la modificación de la vigente Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido, y solicita que sean sometidas a votación.
El señor Silva Sánchez defiende las enmienda número 277, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència y Unió), postulando la
modificación de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, con la
finalidad de que puedan gozar de exención en ese Impuesto las
participaciones de sujetos en compañías que se entiende que tienen
carácter familiar.
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Expone que el contenido de las enmiendas
de su grupo al título I, sobre las normas tributarias, consiste en
evitar la sensación que tienen todos los españoles de que hecha la
ley hecha la trampa, es decir, que los que trabajan para las grandes
sociedades, los que llamarían listos o pícaros, buscan y consiguen
saltarse la ley. Con sus enmiendas pretenden evitar que esto suceda.
También proponen una nueva regulación para las famosas «stock
options», que tanto escándalo han producido recientemente en nuestro
país.
La señora Mendizábal Gorostiaga defiende las enmiendas del Grupo
Socialista del Congreso. Comienza denunciando una vez más la
tramitación de una ley como la presente, que se aprovecha de un
procedimiento especial para una modificación abusiva de un gran
número de leyes sobre materias dispersas y heterogéneas, hurtando a
la Cámara un debate más específico sobre ellas en las comisiones
correspondientes. A continuación procede a la defensa de las
numerosas enmiendas presentadas al título I.
En turno en contra de las enmiendas al título I interviene el señor
Martínez-Pujalte López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Replica el señor Ríos Martínez y la señora Mendizábal Gorostiaga,
duplicando el señor MartínezPujalte López.
Título II . . . (Página 14771)
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende las enmiendas 32 y 33, postulando la adición de dos nuevos
párrafos al artículo 22 bis.2 del proyecto de ley.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, da cuenta de las enmiendas números 46 a 50, del Bloque
Nacionalista Galego, pidiendo que sean sometidas a votación, junto a
las restantes presentadas, que da por defendidas.
El señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, da por
defendidas las enmiendas números 8 a 13, de Nueva Izquierda,
aludiendo brevemente a su contenido.
El señor Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
defiende la enmienda presentada al artículo 25, procurando la
salvaguarda competencial
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a la par que se ordena a la
Administración del Estado la transferencia de la gestión a las
comunidades autónomas de estos programas de la Seguridad Social.
El señor Vaquero del Pozo defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, haciendo especial hincapié
en la necesidad de que por ley se reduzca la jornada laboral semanal
a 35 horas, sin reducción salarial, la eliminación de las horas
extraordinarias, la ampliación de la protección al desempleo y la
revalorización del salario mínimo interprofesional, así como el
adelanto de la edad de jubilación a los 60 años.
La señora López i Chamosa defiende las enmiendas del Grupo Socialista
del Congreso. Centra su intervención en el tema de los trabajadores
fijos discontinuos y el acuerdo firmado entre el Gobierno y los
sindicatos el 13 de noviembre de 1998, sobre el trabajo a tiempo
parcial y fomento de la estabilidad en el empleo, afirmando que con
la redacción que se propone en el artículo 16 de la ley de
acompañamiento se elimina todo el contenido del acuerdo citado y se
fomenta el fraude a la Seguridad Social.
El señor Camps Devesa contesta a los enmendantes al título II, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Página.
Título III . . . (Página 14782)
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende la única enmienda que el Bloque Nacionalista Galego
presenta a este título III, en la que se propone modificar la
denominación del Cuerpo del grupo A del Servicio de Vigilancia
Aduanera por la de Cuerpo Superior del Servicio de Vigilancia
Aduanera.
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto,
explica que las enmiendas también están firmadas por el señor Peralta
Ortega, dándolas por defendidas.
El señor vicepresidente, Marcet i Morera, comunica que las enmiendas
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria se dan por decaídas.
La señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
manifiesta su poco entusiasmo por la técnica legislativa que ahora se
da en llamar leyes de objeto diverso, por lo que su grupo presenta
escasas enmiendas a este texto, pasando a defender solamente la 328 y
la 329, que se refieren al personal al servicio de las
administraciones públicas.
El señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, agradece en primer lugar la benevolencia de la presidencia
por concederle la palabra fuera de turno y anuncia la retirada de la
enmienda 243, pasando a defender la 242, que se refiere a la
modificación que introducen en el artículo 27 del proyecto de ley de
medidas de acompañamiento porque en el último párrafo del texto que
remite el Gobierno se declara a extinguir el Cuerpo de Auxiliares de
Intervención de Puertos Francos de Canarias.
El señor Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, defiende las enmiendas correspondientes al título
III de la ley de acompañamiento.
El señor Martínez Sanjuán defiende la enmienda del Grupo Socialista
del Congreso que se mantiene viva al título III, del personal al
servicio de las administraciones públicas. Fundamenta su enmienda en
base a que no consideran oportuno que la ley de acompañamiento sea un
instrumento para hablar de todo lo que pueda afectar al personal de
las administraciones públicas o para otras cuestiones que,
legítimamente, algunos grupos parlamentarios han enmendado bien a
este título o bien a través de unas disposiciones adicionales.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Fernández
González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
anuncia que aceptan la transacción ofrecida por el Grupo
Parlamentario Popular.
Página.
Título IV . . . (Página 14788)
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su enmienda al artículo 44, relativa a la prestación de
servicios de seguridad por la Fábrica Nacional de Moneda y timbre,
Real Casa de la Moneda, para las comunicaciones a través de técnicas
y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
El señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, da por
defendida su enmienda.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme) defiende las enmiendas
suscritas por el señor Rodríguez Sánchez y por él mismo.
El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, mantiene tres enmiendas que tienen como objetivo, la primera,
que todo lo que
haga referencia a la Ley de Cooperación se ajuste a esa Ley de
Cooperación; la segunda, establecer una especie de cuenta corriente
en materia tributaria entre los ayuntamientos y la Administración
general del Estado; y la tercera, evitar la situación de morosidad
que viven los ayuntamientos con respecto a otras administraciones.
El señor Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del Congreso, que
repartirá el turno con la señora Pozuelo, defiende las enmiendas 181,
182 y 183, manifestando su rechazo a que en el ley de acompañamiento
se modifique todos los años la Ley General Presupuestaria.
La señora Pozuelo Meño, del Grupo Socialista del Congreso, se
refiere, dentro del título IV, a la sección segunda del capítulo I,
que trata de la gestión de las corporaciones locales, así como a la
disposición transitoria tercera, que se refiere al endeudamiento
local, y a las disposiciones adicionales a las que su grupo ha
presentado las enmiendas 184 y 203 a 207.
El señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), hace constar y recuerda que la retirada de su enmienda 283,
que hace referencia a la responsabilidad de las administraciones
públicas en la gestión de fondos comunitarios, se hizo en Comisión
sobre la base del compromiso del Gobierno y del Grupo Parlamentario
Popular de encontrar una solución a través de las enmiendas en el
Senado.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Cámara
Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene la señora Pozuelo Meño por alusiones.
Página.
Título V . . . (Página 14795)
El señor Serrano Vinué, del Grupo Parlamentario Mixto, expresa su
preocupación por lo que viene siendo, de forma habitual, este trámite
del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social, que se aprovecha como una oportunidad magnífica para
modificar leyes, lo que motiva la presentación de su enmienda.
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto,
explica la enmienda número 37, que es idéntica a la planteada por su
grupo en el título III.
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas 308 y 309, que hacen referencia a los artículos 50 y 51 de
la ley de acompañamiento
que tratan de una modificación de la Ley de autopistas y
sobre el contrato de servicios de gestión de autovías.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende algunas de las enmiendas que mantienen a este título,
en concreto la enmienda 59, por la que se propone la supresión del
artículo 51, que, en su opinión, es el paso previo a la privatización
no solo de la conservación sino de la explotación de autovías.
Asimismo defiende las enmiendas 62 y 63.
El señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende en
nombre de Nueva Izquierda, las tres enmiendas que tienen presentadas,
destacando dos de ellas. La primera hace referencia a que se suprima
la modificación que, a través de esta ley de acompañamiento, se
introduce en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, y la
segunda a la necesidad de mantener las ayudas al sector
cinematográfico nacional.
El señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, defiende las enmiendas 247 y 249, que su grupo mantiene
vivas. La 247 trata de que se diga con claridad que son empresas
navieras por cabotaje insular, pasando a explicar lo que se entiende
por cabotaje insular. La 249 al artículo 58 propone unas garantías de
seguridad jurídica, sin emplear la palabra transparencia que es
expresión propia de la física pero no del derecho administrativo.
El señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), mantiene a este título la enmienda 288, que pretende ampliar
el objeto social y, por tanto, las actividades de las sociedades
concesionarias de autopistas.
El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, muestra su rechazo a la discusión de este título V, donde se
habla solapadamente de reformas en materia de seguros, comercio o
educación. Teme el paso de la ley por el Senado, a juzgar por la
experiencia del año pasado en relación con las titulizaciones del
sector eléctrico. El señor Ríos se muestra partidario de que cada
reforma legal se discuta en su cuerpo legal y pasa a defender el
resto de enmiendas presentadas.
La señora Leiva Díez, del Grupo Socialista del Congreso, pide la
benevolencia de la Presidencia, por entender que le llevará tiempo el
defender sus enmiendas a varias leyes contenidas en la ley de
acompañamiento. Se refiere a los créditos FAD, a la Ley de Comercio y
a las infraestructuras.
La señora Valcarce García, del Grupo Socialista delCongreso, defiende
en primer lugar la enmienda de
supresión del artículo 61, por entender que no es adecuado utilizar
la ley de acompañamiento para modificar la ley que regula el sistema
educativo, y hace una serie de consideraciones sobre la propuesta del
Gobierno. A continuación defiende las enmiendas de supresión de los
artículos 54 y 55 de la ley de acompañamiento, que modifican la Ley
de navegación aérea del año 1969, y por último señala asimismo su
rechazo de los artículos 57, 58 y 59 que modifican el artículo 21 de
televisión privada.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Gómez
Darmendrail y la señora Fernández González, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Página.
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales . . .
(Página 14803)
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto,
considera conveniente la defensa de su enmienda de adición a la
disposición adicional, porque no guarda relación con ninguna de las
anteriores.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende la enmienda 65, en la que proponen la adición de una
disposición adicional duodécima relativa a la bonificación de las
cuotas satisfechas por las empresas pesqueras mixtas a la Seguridad
Social.
El señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, da por
defendidas las enmiendas presentadas por Nueva Izquierda que tienen
como objetivo, algunas de ellas, mejorar el debate de los
presupuestos.
El señor Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del Congreso, hace
referencia solamente a aquellas enmiendas que no han sido debatidas
en los títulos correspondientes. Explica que el conjunto de las
enmiendas presentadas a este bloque tiene que ver con tres o cuatro
grandes temas, de carácter social, de estabilidad en el empleo, de
política energética o de carácter fiscal.
El señor Fernández Marugán, del Grupo Socialista del Congreso,
defiende la enmienda 201, con la que pretenden paliar algunos de los
costes en que se incurrió por ciudadanas y ciudadanos de la ciudad de
Badajoz, como consecuencia de la lamentable riada ocurrida los días 5
y 6 de noviembre de 1977.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez-
Pujalte López y Cámara RodríguezValenzuela, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas y los
dictámenes correspondientes a los títulos y disposiciones del
proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.
Se levanta la sesión a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS
(CONTINUACIÓN)
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN
SOCIAL. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000187)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Vamos a reanudar la sesión. Por favor, ocupen sus escaños. (Pausa.)
Ocupados que están, se reanuda la sesión.
Continuamos el orden del día con el único punto que contiene el orden
del día: proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, conocido también como ley de acompañamiento a la de los
Presupuestos Generales del Estado.
La ordenación del debate acordada en la Junta de Portavoces, como
saben SS.SS., es la que sigue a los títulos y, dentro de ellos, la
del orden de los grupos que han presentado enmiendas.
Al título I mantiene enmiendas el Grupo Parlamentario Título I.
Mixto. Las ha retirado el señor Chiquillo. Queda viva una enmienda,
de la señora Lasagabaster, la número 34.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Efectivamente, señor presidente.
La enmienda 34, al título I, se refiere a la exención del IVA en
aquellas cooperativas que presten servicios de asistencia social y
que, por supuesto, cumplan los requisitos necesarios para ser
reconocidas como entidades privadas de carácter social. Lo que
pretendemos con esta enmienda es introducir un artículo 3 bis en la
ley de acompañamiento, que haría referencia al artículo 20.1.8 de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido.
La razón es evidente y es que hay establecimientos privados de
carácter social que pueden estar constituidos como cooperativas.
Nosotros entendemos que estas cooperativas también tienen que tener
los mismos requisitos de exenciones de IVA, porque entre otras muchas
razones, dificultaría en extremo, por razones tributarias, la
realización de muchas prestaciones bajo fórmulas de cooperativa,
que han estado social y tradicionalmente realizando este tipo de
servicios. Por tanto, nos parece que es una petición muy justificada
y solicitamos el voto afirmativo a esta enmienda.
Muchas gracias, señora Lasagabaster.
El señor PRESIDENTE: El señor Saura también mantiene un grupo de
enmiendas.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Hemos presentado cinco enmiendas a este título I. Las dos primeras
hacen referencia a la supresión de los apartados dos y tres del
artículo 1 del proyecto de ley y también a la supresión del apartado
uno del artículo 3. En estos apartados, el Gobierno insiste en lo que
ha sido una característica de su política fiscal, que es mejorar el
tratamiento de las rentas de capital con relación a las rentas del
trabajo. Y nosotros pedimos su supresión.
La enmienda 304 hace referencia a la Ley del impuesto sobre el valor
añadido, en el sentido de ampliar las actuales exenciones, en
concreto a las prestaciones de conservación y mejora de las escuelas
que llevan a cabo los municipios, tanto por el carácter de la
actividad a la que se destina como por la propia naturaleza del
sujeto que las realiza. La enmienda 305 pretende una modificación de
la Ley de autopistas de peaje, para hacer posible que la actual
bonificación del 95 por ciento de la contribución territorial urbana
de que disfrutan las concesionarias y que merman los ingresos de los
municipios se pueda restablecer. Y la enmienda 306 es al artículo 15,
de la Ley sobre el impuesto del incremento del valor de los terrenos,
para evitar una disminución importante de la recaudación, derivada
del artículo que pretendemos modificar.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Los señores Rodríguez y Vázquez también tienen un grupo de enmiendas,
que defenderá el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Ya me confunde usted. Ya no sé si soy Vázquez Vázquez, Rodríguez y
Vázquez o Vázquez y Rodríguez. En todo caso, voy a intentar defender
las enmiendas que mantiene el Bloque Nacionalista Galego a este
título I.
El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez, a efectos de los taquígrafos,
señor Vázquez, digo bien.
Adelante, señor Vázquez Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, porque últimamente
vivimos tiempos de confusión, señor presidente.
En la enmienda número 38 proponemos la adición de un nuevo apartado
cinco al artículo 1, de manera que se incluya en el IRPF la
posibilidad de disminuir la
base imponible por gastos médicos no cubiertos por la Seguridad
Social así como por alquiler de la vivienda habitual, en función de
criterios de renta y por no tratarse, desde nuestro punto de vista,
de gastos suntuarios. La enmienda número 39 propone la supresión del
artículo 2, por entender que la forma en que están planteadas las
deducciones no es la mejor forma de estimular por esta vía la
creación y mantenimiento del empleo. Y la verdad es que no conocemos
qué repercusiones reales tuvieron en la creación de puestos de
trabajo las reducciones generalizadas realizadas en los últimos años.
Más aún, a nosotros nos parece excesiva la reducción propuesta del 7
por ciento, sin necesidad de acreditar la creación de empleo.
La enmienda número 40 propone suprimir exenciones previstas por la
adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, de
licencias, este eufemismo anglófilo know-how, y diseños, no por no
creer necesario que se estimulen los procesos de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica, sino porque, al proponerse esa
reducción en términos poco concretos, a nosotros nos parece que puede
dar lugar a prácticas fraudulentas o abusivas. Con la enmienda número
41 defendemos que la inclusión de los comerciantes minoristas en el
régimen de recargo de equivalencia sea mediante solicitud y no de
oficio, como se propone en el proyecto. Desde nuestro punto de vista,
la inclusión de oficio debería realizarse en el régimen general de
IVA. La enmienda 42 pretende la adición de un nuevo apartado en el
artículo 5, para que se reduzca el tipo de IVA aplicable al uso de
maquinaria en común entre socios de una cooperativa, del 16 por
ciento actual al 7 por ciento, incentivando así el uso en común de
maquinaria agrícola, que, como S.S. sabe, en muchos casos supera las
necesidades individuales de muchos agricultores.
Por último, en la enmienda 43 proponemos, en primer lugar, la
supresión del régimen aplicable a las subvenciones públicas
percibidas por empresas y profesionales, una medida cuestionada por
los sectores implicados, ya que obliga a deducir de las subvenciones
una parte proporcional del IVA, lo que de hecho reduce la cuantía de
la subvención y además aumenta el coste de la gestión. Esto afecta a
pequeñas y medianas empresas y a los sectores más subvencionados,
como agricultura, pesca e industria naval. En segundo lugar, también
pretendemos en esta misma enmienda que las asociaciones sin ánimo de
lucro, cuya financiación se nutre fundamentalmente de subvenciones
públicas, se excluyan del régimen del IVA cuando no tengan vías para
recuperarlo.
Las demás enmiendas, señor presidente, las doy por defendidas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Figura una enmienda, la número
7, a nombre del señor López Garrido, que no se halla presente. (El
señor Peralta Ortega pide la palabra.)
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Voy a dar por defendida la citada enmienda, que solicita la supresión
del artículo 2 del proyecto de ley de acompañamiento, en la medida en
que entendemos que no procede la introducción de más beneficios
fiscales en el conjunto de la política fiscal de este Gobierno. Esa
es la razón de ser de la citada enmienda.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta, pero ya sabe S.S., y la
Presidencia vuelve a reiterarlo, que, si el señor López Garrido no se
encontrara presente en el momento de la votación, la enmienda no
podría ser sometida a votación, porque es una enmienda formulada
personalmente. Espero que para entonces ya haya concurrido.
Pasamos a las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, que defenderá
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Un año más con este amplio cajón de sastre, que es nuestra denominada
ley de acompañamiento, donde cabe todo. Por eso van estas dos
primeras enmiendas que presenta y que mantiene para su votación el
grupo de Coalición Canaria.
La enmienda número 227 se refiere a una peculiaridad que se viene
detectando últimamente en España en las campañas de saneamiento
ganadero, auspiciadas por la Administración a través del Ministerio
de Agricultura. En los casos, por ejemplo, de la lucha, de acuerdo
con la normativa europea, contra la peste clásica porcina, en
aquellos focos detectados por los servicios oficiales de las
comunidades autónomas en que es obligatorio los sacrificios, las
indemnizaciones que perciben los ganaderos van exentas de IVA. Sin
embargo, cuando la política de la Unión Europea, que secunda España y
a través de sus comunidades autónomas, trata de incentivar la
cooperación y colaboración de los ganaderos de las instalaciones
porcinas que están alrededor de los focos, y, en la sospecha de que
puedan estar contaminados, ofrece a la Administración estos animales
para su sacrificio, resulta que tienen derecho a indemnización y la
peculiaridad del caso es que esta indemnización sí es sometida al
pago del IVA. Hay que resolver esta incongruencia, porque la
indemnización procede de la misma Administración oficial y en un caso
está exenta de IVA y en otro caso, en el que se está pidiendo la
cooperación de los ganaderos, sí está incursa en esta situación. Ha
habido comunidades autónomas, como la Comunidad Autónoma catalana,
por poner un ejemplo, o la de Castilla y León, que se han visto muy
sometidas a esta disparidad de tratamiento fiscal.
Nuestra enmienda, por tanto, propone una modificación de la Ley 37/
1992, del impuesto sobre el valor añadido, en la línea de otros
países europeos, como es el caso de Holanda, que, en los sacrificios
obligatorios,
tanto de los focos de enfermedad detectados como en las explotaciones
circundantes sospechosas, donde los ganaderos se prestan a esta
cooperación, considera que estas indemnizaciones no están sujetas al
impuesto sobre el valor añadido. Esta es la incongruencia que mi
grupo trata de solventar. Y antes citaba dos comunidades autónomas,
pero también se ha dado en la Comunidad Autónoma de Andalucía y,
dentro de su excepcionalidad, en la de Canarias. Allí, en Canarias,
no se aplica el impuesto sobre el valor añadido, con lo cual, frente
a una enfermedad común del territorio español, nos encontramos con
una disparidad de tratamiento fiscal intracomunitario y
extracomunitario.
La enmienda número 299 propone una modificación de la Ley 37/1992,
del impuesto sobre el valor añadido, en cuanto a otra peculiaridad de
falta de simetría fiscal en dicho impuesto para la maquinaria de las
cooperativas agrícolas. Se da la peculiaridad de que si el agricultor
de una cooperativa utiliza maquinaria común de la cooperativa, se
considera una cesión de uso, disfrute o arrendamiento de bienes, y
esto queda sujeto al tipo general de IVA. En cambio, si este
agricultor de una cooperativa o la cooperativa trae la maquinaria de
las empresas de servicio que no son propias de la cooperativa,
resulta que no está sometida a esta presión fiscal del IVA.
Entendemos que se está produciendo un efecto desincentivador de dotar
de medios técnicos, de maquinaria, a las propias cooperativas. Porque
una de dos, o el planteamiento cooperativo es general y tiene que
afectar a todos los instrumentos de bienes y servicios que la
cooperativa y sus socios emplean para la producción de la misma o
esto no se entendería así. Por tanto, hemos de buscar una fórmula de
solución a este desequilibrio fiscal del uso de maquinaria agrícola
en las cooperativas agrarias españolas, que tienen un tratamiento
fiscal distinto del IVA. Si emplean maquinaria de un socio de la
cooperativa que se la cede a otro, tiene carga fiscal de IVA, y, sin
embargo, si obtienen la prestación del servicio de una empresa
externa a la cooperativa agraria, no tiene este tratamiento fiscal.
Por estas razones, señor presidente, defendemos y mantenemos para su
votación estas dos enmiendas que he citado, la 227 y la 229,
referidas a la modificación de la vigente Ley del impuesto sobre el
valor añadido.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Pasamos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor
Silva, ¿va a intervenir para la defensa de su enmienda 277?
El señor SILVA SÁNCHEZ: Sí. Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda 277 pretende la modificación de la Ley del impuesto sobre
el patrimonio, con la finalidad de que puedan gozar de exención en el
citado impuesto, y con las consecuencia que después se derivan en el
ámbito de los impuestos de sucesiones y donaciones,
aquellos casos de participación de sujetos en compañías que se
entiende que tienen carácter familiar. En el régimen actual de esta
exención, además de cumplir otros requisitos, se entiende que
concurre ese carácter de empresa familiar cuando un sujeto pasivo
tiene al menos el 15 por ciento del capital de forma individual
o conjuntamente un 20 por ciento con cónyuge, ascendientes,
descendientes o colaterales del segundo grado. El planteamiento de la
enmienda es reducir esa participación del 15 por ciento a una de un 5
por ciento en aquellos supuestos en los que el 60 por ciento del
capital de la compañía reúna los requisitos establecidos
anteriormente.
Cabe señalar que la familia merece atención en el ámbito de nuestro
sistema impositivo, no sólo desde el punto de vista de unidad de
renta, de unidad de imposición, sino también desde el punto de vista
de unidad de gasto, y por tanto constituye un sujeto de imposición
y por otra parte se beneficia, como no podía ser menos, de determinadas
deducciones. También desde el punto de vista empresarial, la empresa
familiar ha merecido desde el año 1993 interés de esta Cámara y del
Senado. Ello no es por razones baladíes. Si la empresa familiar se
caracteriza por algo, es, de un lado, por la enorme estabilidad de la
que goza, que augura una larga duración de la misma; la mortalidad de
empresas familiares es un 50 por ciento del resto de las empresas. En
segundo lugar y fundamentalmente, porque es tremendamente reacia a la
deslocalización. Si se pretende el mantenimiento de empresas y los
consiguientes puestos de trabajo en nuestro Estado, es cierto que la
empresa familiar debe ser objeto de una especial atención. De ahí
que, como digo, desde 1993, tanto en el ámbito del impuesto sobre el
patrimonio como en el del impuesto sobre sucesiones y donaciones, se
hayan ido produciendo reiteradamente normas para garantizar un
tratamiento fiscal más equitativo. Ya en la Ley de acompañamiento de
1993, se estableció la exención de los activos empresariales;
posteriormente, a través de la Ley de acompañamiento para 1997, se
produjo la exención de las participaciones en compañías, que en la
Ley de acompañamiento para 1998 se hacía extensiva no sólo a aquellas
participaciones empresariales sino también a las profesionales y al
patrimonio empresarial del otro cónyuge.
En el ámbito del impuesto sobe sucesiones y donaciones, se ha
producido un fenómeno similar. De ahí que lo que pretende la enmienda
es culminar este proceso que entendemos justo y conveniente para
nuestra economía. Tenemos que decir que albergamos pocas dudas del
fracaso de la enmienda. No entendemos cómo el año pasado, a la
enmienda 217 a la Ley de acompañamiento, presentada en el Senado, el
Grupo Parlamentario Socialista votó a favor, el Grupo Parlamentario
Popular hizo alguna objeción que ha sido superada en la nueva
redacción, y que sea en estos momentos el Grupo Socialista el que
anuncie el voto contrario, arrastrando al voto contrario al Grupo
Parlamentario Popular. Como tenemos una enorme confianza
en la justicia de la medida y en los efectos benéficos que van a
derivarse de ella para la economía española, procedemos a mantenerla,
esperando que en momentos más propicios pueda salir adelante.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva.
Pasamos a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, que defenderá,
como es habitual en presupuestos, el señor Ríos Martínez.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que
vamos a empezar a debatir el título I, lo que pudiéramos llamar parte
más regular de la ley de amañamiento, que es la parte fiscal, la
parte que organiza la fiscalidad, la que justifica que esta ley se
pueda tramitar. Después, vendrán los otros títulos que son,
aprovechando que paso por aquí, vamos a discutir de todo lo que se
nos ocurra.
La primera reflexión que me gustaría hacer en torno a las enmiendas
que mantiene el Grupo Federal de Izquierda Unida a este título I es
que nuestro objetivo para todo el título I, que contiene las normas
tributarias, es evitar esa sensación que tenemos todos los españoles
de hecha la ley, hecha la trampa. Se elabora una regulación y los
listos, los que trabajan para las grandes empresas, para las grandes
sociedades, buscan cómo bordear la ley, cómo saltarse la ley. Por
eso, nuestras enmiendas pretenden evitar que eso suceda, con un
convencimiento, que la legalidad, el interés general, la
Administración general del Estado, siempre va detrás de los pillos,
va detrás de los pícaros, va detrás de los que bordean la ley, de los
que se saltan las normas. Las enmiendas que vamos a mantener
pretenden responder a esas picardías, que no son picardías de cinco
duros, son de miles de millones de pesetas, son picardías que
favorecen que un señor que preside una entidad, de la noche a la
mañana, gane 5.000 millones de pesetas. Eso no le pasa a ningún
trabajador. Mi padre, que en paz descanse, me decía que trabajando
nadie hace dinero; se hace de otra manera. Eso es lo que queremos
evitar. ¿Cuál es la primera enmienda que queremos presentar? La
enmienda 67. ¿Y qué pretende? Cuando la fiscalidad promueve que haya
seguridad en los ciudadanos y por tanto quiere mantener un apoyo al
seguro, nosotros estamos de acuerdo en esa bonificación, en esa
ayuda, en ese beneficio fiscal para esa figura del seguro. Pero ¿qué
es lo que es está pasando? Cuando la ley lo que facilita es que el
tomador de ese seguro pueda mover esa póliza e ir participando en
otros sectores, se transforma en un sistema financiero más. Y eso es
lo que no queremos, que sistemas escondidos en una pretendida figura
de seguros tenga que estar regulada con beneficios fiscales, cuando
en realidad no es ni más ni menos que una figura engendrada por los
sectores financieros, por los grandes bancos, para camuflar ahí lo
que son ni más ni menos que fondos de inversión. Yqueremos impedir
que se pueda producir esa capacidad
de ir vendiendo el seguro de un lado a otro, actuando como cualquier
fondo de inversión. Esa es nuestra enmienda. No pretendemos, por
tanto, eliminar el beneficio fiscal del seguro. Lo que queremos es
que no se use el seguro como una figura más de fondo de inversión.
La segunda enmienda que aún mantenemos viva, además de la enmienda
68, que pretende la incorporación de determinados beneficios para las
personas con minusvalías, es la enmienda 70, sobre las famosas stock
options. En Comisión, nosotros aceptamos un cambio pequeñito y es
que, manteniéndolo ya regulado, entendiendo que estas opciones son
una renta irregular, en lugar de tributar por el beneficio del 30 por
ciento, tributaran por el 48 por ciento. Pero nosotros queremos
mantener la mayor. Y la mayor ¿cuál es? Nosotros no entendemos que
esta opción de compra de acciones sea un rendimiento irregular, ni
tampoco unas plusvalías. Nosotros entendemos que son una retribución
variable en especie. Por tanto, queremos mantener que deba tributarse
cada año y, además, aplicando el criterio de principio de caja, no el
de devengo. Y fíjese que son números importantes. Lo que ha sucedido
en este país es que se ha producido el escándalo en torno a una
empresa, primero, recientemente privatizada. Segundo, con acción o
decisión del Gobierno en regular la tarifa. Fíjense, señorías, que
esa regulación de la tarifa supone que la empresa va a recibir por el
aumento de 300 pesetas de la cuota de enganche 97.500 millones de
pesetas. Y, tercero, porque los accionistas de esa empresa no se han
enterado, o no se han podido decidir, de esa acción de sus
directivos, que, no dando dividendos, genera un incremento de
beneficios. Pero no sólo tiene stock options Telefónica; las tiene
Repsol, las tiene Endesa, que también han sido empresas públicas
privatizadas; las tienen otros sistemas financieros. Hay un sinfín de
figuras.
Lo que en este país deberíamos discutir es cuál es la diferencia que
estamos dispuestos a aceptar a nivel salarial, cuál es el
agrandamiento de las distancias salariales entre un directivo de una
gran empresa y un trabajador de esa gran empresa. A principios de los
años noventa, el sueldo de un directivo estaba en torno al de 40
trabajadores; hoy está por encima de 400. Eso es lo que no es
aceptable y eso es lo que nosotros queremos modificar con nuestra
enmienda 70. Queremos mantener el criterio del principio de caja.
¿Para qué? Para que cada año, el rendimiento que se pueda producir
como un rendimiento variable producido en la renta cotice en la
escala general. Por ello nosotros aceptamos que si el Gobierno
mantiene que es renta irregular, que pague. Fíjese con esta medida lo
que hemos decidido. Podíamos esperar a una regulación más amplia,
pero desde ya hemos aceptado, con efecto retroactivo, para que los
pícaros no se lo salten. Segundo, si, de cada 100 millones, como
plusvalía pagan 20 millones, con el 30 por ciento pagarían 33
millones, y con nuestra enmienda pagarán 48 millones. Pues, mientras
lo estudiamos, que paguen 48 millones de pesetas,
de cada cien que ganen. Eso es lo que decidimos. Y queremos de verdad
regularlo, con el convencimiento siguiente, que, en cuanto hagamos,
una regulación se lo saltarán. Buscarán otra fórmula para saltárselo.
Pero es de vergüenza que en este país pueda haber gente que,
simplemente con un engaño de compra y venta de determinada acción, se
autoconceda miles de millones de pesetas. Eso no debe ocurrir, si no
no podremos exigir a los ciudadanos que se ajusten a ninguna
regulación más o menos posible.
La tercera enmienda que queremos defender pretende ligar los
beneficios fiscales a beneficios de verdad para la ciudadanía. El
ejemplo de los rendimientos netos del régimen de estimación objetiva.
Se les da un 7 por ciento del rendimiento que puedan tener en el año
2000 y, además, por generación de empleo, el 12 por ciento. No, miren
ustedes, si han crecido los beneficios; lo que no han crecido han
sido los salarios. Por tanto, lo que pretendemos es ligar la
generación de empleo con el beneficio fiscal: un 7 por ciento siempre
y cuando se genere empleo de un 0,75 de personas asalariadas con
respecto al año anterior.
Las otras enmiendas que hemos presentado van dirigidas precisamente a
la otra distribución de beneficios fiscales que tienen estos
presupuestos como innovación; beneficios fiscales de 60 millones de
pesetas que vamos a añadir a las empresas para innovación
tecnológica. Nosotros queremos que ese dinero de verdad vaya para
innovación tecnológica y no que sea una distribución de dinero sin
ninguna garantía y sin ningún control; queremos que esa innovación
tecnológica llegue eficazmente a las empresas. ¿Qué es lo que
planteamos? Modificar todo el apartado tercero y que figure que las
bases imponibles estén ligadas y con un plan regulado por la propia
Administración.
Por último, con las enmiendas que añadimos al final de todo este
apartado, en el IVA, introducimos una serie de modificaciones en
orden a conseguir beneficios que lleven, por un lado, a potenciar
decididamente el transporte de viajeros y la reducción del uso de las
grandes autopistas para ligar el desarrollo sostenible a un
crecimiento económico.
Voy a pasar ahora a todas las enmiendas que hemos presentado a las
disposiciones adicionales, que van en el mismo sentido que la
política fiscal que estoy defendiendo. En primer lugar -enmienda
110-, queremos un impuesto sobre las grandes fortunas; en segundo
lugar, queremos que en este país paguen todas las manifestaciones de
riqueza, porque aquí, desde el año 1994, hemos conseguido que
tributen todas las pensiones de invalidez, pero no conseguimos que la
manifestación de riqueza, todo lo que es por encima de lo normal,
tenga que tributar. Nosotros queremos recuperar que el patrimonio
pague, no que tenga el 95 por ciento de exención fiscal; no queremos
facilitar como deducibles en el IRPF aspectos relacionados con las
sociedades cuando haya una determinada realidad dentro de ellas. Por
tanto, queremos incrementar la capacidad de ingresos del Estado sobre
determinados beneficios fiscales.
Por ejemplo, queremos reducir a 500.000 pesetas el beneficio fiscal
de los fondos de pensiones, que están primados hasta un millón de
pesetas. Luego, en una serie de enmiendas, queremos reducir los
plazos, para evitar las prescripciones, para agilizar la gestión de
la deuda en sociedades, en suma, para agilizar la gestión de
sociedades. Además, planteamos otras enmiendas dirigidas a reducir
los beneficios del impuesto sobre sociedades a la exportación -no
están encaminados de verdad a generar una mayor exportación- y, sobre
todo, a modificar la regulación de la concesión de peaje para quitar
la bonificación que existe a nivel de IBI, a nivel de IRPF y a nivel
social.
Termino, señor presidente, con lo que sería la tributación de las
plusvalías. Lo que ha venido a decir hoy el impuesto sobre la renta,
lo que han venido a traer como ejemplo las retenciones es que
solamente pagan las rentas del trabajo, que el capital mobiliario más
las plusvalías de los fondos de inversión caen en su recaudación por
cuarto año consecutivo y, además, que el pago, la retención de
empresarios y profesionales, también baja con respecto a las rentas
del trabajo. Nosotros queremos una mejora de la tributación de
plusvalías.
Hemos propuesto una modificación de la regulación del Servicio de
Aduanas en las enmiendas 145 a 148. La enmienda 149 pretende que haya
un plan del Gobierno contra la ludopatía. El Gobierno está preparando
una especie de lotería instantánea, al menos eso dice el que dirige
la ONLAE, aunque aquí cada uno va por su lado.. No es posible hacer
crecer al volumen actual la idea de: juega, que te vas a llevar
dinero, porque, al final, las capas más humildes de la población son
las que se van gastando lo que no pueden gastar, ante esa posibilidad
de obtener 1.000 ó 2.000 pesetas en el día. Por último, queremos que
la red comercial de distribución de las loterías llegue a toda la
realidad y, por tanto, que se amplíen los puntos de venta con lo que
se llaman los mixtos, que ahora mismo están ofreciendo otros
productos además de algunas loterías. No queremos que haya esa
minoría que lo distribuye todo, sino que lo puedan hacer todos esos
puntos de venta que decía. Con eso conseguiremos que haya unos
ingresos de 30.000 millones de pesetas más por impuestos, que es lo
que hemos bajado este año.
Estoy convencido, por tanto, de que las enmiendas que mantenemos a
esta ley de acomodamiento legal del Gobierno, por lo menos en lo
fiscal, pretenden que vayamos no sólo a lo pequeño, que ya lo hemos
discutido en la ley de presupuestos, sino a lo gordo, a que los que
se llevan un duro por encima de lo normal paguen lo mismo que pagan
los que se llevan lo normal trabajando.
Nada más, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de sus
enmiendas, tiene la palabra doña Arantza Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario, ante el debate en Pleno de esta ley de
acompañamiento, se ve un año más en la obligación de denunciar su
tramitación, que aprovecha un procedimiento especial de la ley de
presupuestos y que desde nuestro punto de vista supone una
modificación abusiva de un gran número de leyes sobre materias
dispersas y heterogéneas, lo que en definitiva supone hurtar a esta
Cámara un debate más específico y especializado, por un procedimiento
normalizado, un debate en el ámbito natural de cada una de estas
leyes, que es en las comisiones correspondientes. Hecha esta
denuncia, no nos queda más remedio que entrar en este totum revolutum
que desde nuestro punto de vista pierde interés, rigor y desde luego
transparencia.
Vamos a entrar en la defensa de las enmiendas que hemos presentado al
título I, que son seis al impuesto sobre la renta de las personas
físicas, cuatro al de sociedades y tres al impuesto sobre el valor
añadido. Respecto a las enmiendas al impuesto sobre la renta de las
personas físicas, la número 160 propone añadir al artículo 7 de la
Ley del IRPF un nuevo punto que considere exentas todas aquellas
ayudas para la adquisición, autopromoción y rehabilitación de primera
vivienda con el fin de favorecer el acceso a una vivienda de las
personas con niveles de renta más bajos.
La enmienda número 161 propone la supresión de los apartados dos y
tres del artículo 1, que tienen por objeto permitir reducciones en la
determinación del rendimiento neto que se prevén para los seguros de
vida para otros productos financieros, los unit linked, que se
convierten así en una especie de seguro de vida. Desde nuestro punto
de vista, este instrumento, que aunque de hecho se niegue en la
memoria, sirve para efectuar una gestión privada de cartera, tiene
unos beneficios fiscales con los que desde luego no cuentan ni los
accionistas ni los partícipes de instituciones de inversión
colectiva, lo que supone romper el principio establecido en la
exposición de motivos del IRPF de neutralidad al tratamiento del
ahorro. Además, como señala el Consejo Económico y Social, es un
instrumento falsamente asegurador, cuyo único objetivo, en nuestra
opinión, es generar un nuevo procedimiento o hacer una concesión a lo
que denominamos ingeniería financiera. Desde nuestro punto de vista,
lo que debe hacer un sistema tributario justo es potenciar el
control, definir de manera exacta cuáles son las condiciones y cuáles
los criterios que deben reunir determinados seguros para que sean
considerados lo que son, verdaderos instrumentos de previsión social,
y no que se arbitren medidas con el objeto de eliminar, diferir o
reducir la tributación de algo que se supone que son seguros. En
resumen, consideramos que es un producto financiero que no se
corresponde con la finalidad y la naturaleza jurídica del seguro y
además, como hemos dicho, tiene un tratamiento contrario a la
neutralidad del ahorro, por lo que su regulación, desde nuestro punto
de vista, resulta totalmente arbitraria.
Las enmiendas 162 y 163 suponen la adición de los artículos 53 y 63,
nuevos, cuyo objetivo es que la base liquidable especial se grave al
tipo medio, en lugar de un tipo único del 20 por ciento, en el caso
de lo que corresponde a la cuota estatal, o de un 3 por ciento, en el
caso de la cuota autonómica. El único objetivo de estas dos enmiendas
es que se respete la progresividad del impuesto y se otorgue al
contribuyente la posibilidad de optar por la aplicación de los tipos
medios de gravamen en los cuatro años anteriores y así evitar posible
concurrencia de rentas extraordinarias en un determinado período.
La enmienda 164 al artículo 1 propone la adición de un nuevo apartado
al artículo 31.2 del IRPF, en el que queremos que se estime que no
hay alteración de la composición patrimonial cuando el importe
obtenido en una transmisión o reembolso de participaciones en fondos
de inversión mobiliaria se reinvierte en el plazo máximo de quince
días en otros fondos de inversión mobiliaria.
La última enmienda a este apartado, la 165, propone la supresión del
artículo 2.1 a) y el punto 3, porque no estamos de acuerdo en la
deducción de carácter general en los rendimientos netos del régimen
de estimación objetiva. Ayer por la tarde el portavoz del Grupo
Socialista preguntaba cuál es en este caso el salario fiscal medio
para hacer que a este tipo de contribuyentes se les dé una rebaja de
impuestos cuando de hecho desde el Gobierno y desde el Grupo Popular
se ha establecido que el salario medio está en 2,5 millones y, por
tanto, estos señores tienen una capacidad de pago mucho más fuerte
que el salario fiscal medio de estos pequeños comerciantes, que no
sabemos cómo está valorado.
Pasando al impuesto sobre sociedades, tenemos una enmienda al
artículo 3, que es la 166, que pretende la derogación del artículo
127 bis de dicho impuesto, que propone una tributación diferente que
consideramos que es injusta, discriminatoria y desde luego no
neutral.
La enmienda 167 propone la supresión del apartado uno del artículo 3
y se corresponde con la enmienda 161 al IRPF, que suprime los
apartados dos y tres, sobre la regulación de los unit linked.
A las enmiendas 168 y 169, que tratan de incentivar algunas
actividades previas tendentes a conocer y valorar la situación
tecnológica de determinadas empresas, se ha presentado por parte del
Grupo Popular una enmienda transaccional que a lo largo de la mañana
iremos viendo y sobre la cual comunicaremos a la Cámara nuestra
aceptación o rechazo.
Respecto al IVA, nuestra enmienda 170 al artículo 5 propone la
adición de un nuevo apartado que modifica el punto 8 del artículo 7
del impuesto sobre el valor añadido, que regula las operaciones no
sujetas al mismo. Lo que se pretende es que estén exentas las
entregas de bienes y servicios prestados realizados por aquellas
empresas municipales que están participadas
en un cien por cien en un ente público, que es el caso de algunas.
La enmienda 171 al artículo 5, de sustitución, pretende modificar el
artículo 104 de la Ley del impuesto sobre el valor añadido que regula
la prorrata general y su cálculo para que no se tomen en cuenta las
subvenciones percibidas en base a programas oficiales de
investigación y desarrollo y de innovación de centros tecnológicos.
La enmienda 172 a este impuesto pretende la adición al artículo 5 de
una modificación del artículo 31 de la Ley de este impuesto que
regula la aplicación de un tipo del 7 por ciento. Estas son nuestras
enmiendas al texto.
Respecto a las enmiendas a las disposiciones adicionales, de origen
fiscal, voy a dar por defendidas la 200 y la 201 a las disposiciones
nuevas, y voy a centrarme de manera especial en la defensa de la
número 212. Esta enmienda tiene como objetivo la regulación de las
opciones sobre acciones, tema cuya importancia no se le escapa a esta
Cámara. Ha sido muy polémico debido al mal uso y, sobre todo, al
abuso de una compañía como Telefónica que siendo todavía monopolista
en el ámbito de la telefonía local, no ha tenido ningún reparo en
echar a la calle a 10.000 trabajadores, mientras 100 directivos se
reparten miles de millones.
Nuestra enmienda pretende desincentivar esta práctica escandalosa que
concentra los beneficios de importantes sociedades con millones de
accionistas en un número reducido de directivos. En este caso nos
hemos encontrado con que en el debate en Comisión en el Congreso, y
no nos queda más obligación que denunciarlo en este Pleno para que
conste, no sólo no se ha aceptado una regulación rigurosa y coherente
de la fiscalidad de estos rendimientos, sino que lo que se hace es
presentar una transaccional a una enmienda de Izquierda Unida, la
número 69, que no tiene nada que ver y que lo único que hace es una
regulación chapucera de este tipo de rendimientos. Esta muy claro
cuál era el objetivo de la presentación de esta enmienda, siendo el
miércoles pasado: que el señor Aznar cuando estuviera sentado en la
sesión de control esa tarde pudiera contestar a la pregunta que se le
estaba haciendo desde la oposición, ya que el señor Aznar en esos
momentos no tenía ninguna salida, porque era cómplice del escándalo
que son las opciones sobre acciones. Con ese único objetivo de salvar
la cara del señor Aznar, traen aquí sin ningún escrúpulo una
transaccional que, además de poco rigurosa...
El señor PRESIDENTE: Señora Mendizábal, ha de ir concluyendo.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Voy concluyendo, señor presidente,
en un minuto.
Es una transaccional que además de ser poco rigurosa, genera muchos
más problemas de los que soluciona. En definitiva ¿qué es lo que ha
ocurrido? Que para salvar la cara del señor Villalonga, el Grupo
Parlamentario Popular y el Gobierno no dudan en ningún
momento en cargar las consecuencias sobre las espaldas de una serie
de ciudadanos y de contribuyentes, castigarles y hacer que unos
derechos que tenían, en algunos casos en indemnizaciones por despido,
en estos momentos estén gravados con mayor cuantía de la que estaban
antes. Desde mi grupo esperamos que este nuevo escándalo sobre el
escándalo les lleve a considerar esta transaccional porque no tiene
ni pies ni cabeza. Ya que no han tenido escrúpulos a la hora de
trasladar el patrimonio público a manos privadas, tengan el decoro de
regular la fiscalidad de forma no arbitraria.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Sin dar tiempo a la Presidencia siquiera a que
le convocara, ya llega a la tribuna, en nombre, supongo, del Grupo
Parlamentario Popular, para fijar posición sobre tal cúmulo de
enmiendas, el señor Martínez-Pujalte. Tiene la palabra, don Vicente.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. Me
he anticipado a venir a la tribuna para poder agilizar este debate,
que me gustaría que fuera sosegado, sobre cada uno de los temas que
se han planteado. Me encantaría poder referirme una por una a las más
de 80 enmiendas que se han presentado al sistema tributario y lo
haría de buen gusto si la Presidencia me lo autorizara. Como el
tiempo es limitado, sólo podré referirme a algunas, por lo que pido
disculpas a los grupos parlamentarios por si a alguna de ellas no
hago referencia.
En primer lugar, señor presidente, me gustaría felicitar a los
servicios de la Cámara, que como siempre en este trámite hacen un
trabajo extraordinario, y comunicar que mi grupo valora muy
positivamente algunas observaciones técnicas que han hecho y un
informe que han pasado. Creo que mejoran el texto técnicamente y que
se podrían incorporar al texto del proyecto de ley.
Señorías, la ley incorpora -y no quiero dejar de referirme a ello-
una modificación sustancial en el impuesto sobre sociedades ampliando
el concepto y aumentando el porcentaje de deducción por investigación
y desarrollo, que ahora pasará a llamarse investigación, desarrollo e
innovación. El viernes se presentó el Plan nacional de I+D, que
quiere incrementar el porcentaje de investigación, desarrollo e
innovación en relación al PIB, aumentar el número de personas que
investigan, impulsar la investigación básica, pero también potenciar
muchísimo los canales para convertir esa investigación básica en
investigación aplicada y, por tanto, que redunde en la mejora de la
competitividad de las empresas y en la mejora de los servicios que
perciben los ciudadanos. Como decía, en el proyecto de ley se aumenta
el porcentaje y se amplía el concepto de I+D con el de innovación.
Ninguna sociedad moderna puede aumentar su nivel de bienestar sin un
volumen de investigación, desarrollo e innovación importante. Por eso
estos presupuestos, aparte de destinar
más de medio billón de pesetas a I+D, también establecen un
aumento en las deducciones, que pueden llegar hasta el 50 por ciento
e incluso con un porcentaje adicional de diez puntos cuando las
pequeñas y medianas empresas contratan personal investigador o
contratan sus proyectos de I+D en centros de innovación tecnológica o
universidades. España tiene un entramado empresarial de pequeñas y
medianas empresas que no pueden tener su propio departamento de I+D y
nos parece importantísimo que tengan incentivos para contratarlo
fuera. Hay una enmienda del Grupo Socialista, a la que hemos
presentado una transacción, que yo creo que incorpora un concepto, el
diagnóstico tecnológico, que es positivo. Me gustaría que fuera
aceptada.
Hay un segundo punto en la ley también muy importante y es un mandato
al Gobierno para que estudie la regulación del seguro de dependencia.
Tanto las condiciones demográficas como la ampliación de la esperanza
de vida y las nuevas condiciones sociolaborales, con un masiva
incorporación de la mujer al trabajo, hacen necesario que las
personas mayores o las personas discapacitadas que van a necesitar
ayuda de terceras personas puedan contar con instrumentos para no ser
gravosos a sus hijos. Por eso hemos presentado una enmienda, que se
incorporó al dictamen y que es un punto que me gustaría que fuera
votado por todos los grupos de la Cámara, instando al Gobierno a que
estudie una regulación para que el instrumento sea conocido y, por
otra parte, se establezcan bonificaciones en el marco fiscal. Se
incorporan en el proyecto ventajas para los discapacitados,
equiparando el máximo grado de discapacidad, el 65 por ciento, con la
incapacidad concedida judicialmente, para que todas esas personas
tengan las ventajas fiscales del IRPF.
Señorías, también se han planteado algunas enmiendas para modificar
la tributación de los complementos de productividad de algunos
trabajadores en las empresas. Yo tenía intención de hacer una
intervención sosegada, pero la señora Mendizábal yo creo que ha
elevado un poco el tono y se ha pasado algunos metros de distancia.
Mi grupo entendió desde el primer momento que había un problema y
presentó unas enmiendas, con tres objetivos, señora Mendizábal:
primero, dar transparencia a la remuneración de administradores y
directivos; segundo, proteger a los pequeños accionistas y, tercero,
dar un tratamiento justo en el sistema tributario. Por eso
establecimos algunas medidas, primera, que los estatutos de la
sociedad tuvieran que recoger el sistema retributivo de
administradores y directivos; segunda, que la junta general de
accionistas tuviera que aprobar -nominativamente, por una enmienda in
voce del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- cuáles iban
a ser las remuneraciones; tercera, establecer una modificación en el
IRPF para que la tributación, si se conseguían complementos elevados,
fuera al tipo marginal de cada trabajador.
Aquí se ha pasado, señoría, de la demagogia a lamentira. Se ha
pasado, de querer elevar el tono implicando
en la sociedad un componente... (La señora Fernández de la Vega Sanz:
Vicente, te estás pasando.) Me estoy pasando casi lo mismo que se ha
pasado la señora del Grupo Parlamentario Socialista (Un señor
diputado: Bastante menos.- Rumores.), bastante menos, porque ha
hablado de complicidad. Se ha pasado a la mentira. Dijo un portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista que esto era para dar cobertura a
no sé qué persona.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, un momentito.
Su señoría es muy libre de continuar por ese camino y de animar esta
fría mañana de otoño ya decadente, pero le quiero advertir que, de
hacerlo, está abriendo un turno, porque las calificaciones que está
empleando y las que me temo puede emplear a partir de ahí darían
lugar a un nuevo turno. Dicho lo cual, puede S.S. continuar.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, acepto la
indicación. No sé si dará lugar a un turno, pero, desde mi punto de
vista -uno es muy libre-, la intervención de la señora diputada, que
hablaba de complicidades y de personas en un tema que ha salido a los
medios de comunicación, da lugar a una respuesta por mi parte. (La
señora Fernández de la Vega Sanz: Y a otra por la nuestra.- Rumores.)
Me parece muy bien.
Decían ustedes, señorías: han mentido y se ha dado cobertura a
alguien. Y entonces presentan una proposición no de ley que
justamente dice en el punto 2 que los estatutos de la sociedad los
recojan. Oiga, ¿no decían ustedes que no hacía falta ese punto que
nosotros aprobamos en Comisión? No se da cobertura a nadie, lo que se
hace es dar un sistema transparente. Más aún, llegan a la mentira más
absoluta cuando hablan del sistema tributario. (Rumores.) La señora
Mendizábal, que yo sé que de estas cuestiones sabe -quizá el tono del
debate público le lleva a decir algunas cosas que son mentira, tal
vez para que una verdad no le estropee un buen argumento demagógico-,
va y dice: las indemnizaciones por despido las han gravado ustedes.
Mire, no, señora Mendizábal, el artículo 7 de la Ley del IRPF dice:
Las indemnizaciones por despido que se establecen en el marco laboral
están exentas. Las indemnizaciones por despido no pagan nada. Por
cierto, hay una enmienda de Izquierda Unida que pide que paguen. (La
señora Fernández de la Vega Sanz: Si lo vais a cambiar, hombre.-
Rumores.) Lo que no está exento, señora Mendizábal, son los blindajes
de los altos directivos, y eso es lo que ustedes quieren proteger,
quizá porque tienen altos directivos que les han insistido y les han
dicho que se han metido en un jardín que no es el suyo. (El señor
Núñez Pérez: ¡Muy bien!- Rumores.) No se ha regulado nada que no deba
ser regulado. Se ha regulado que un señor que cobra complementos de
productividad por encima de una cifra razonable pague según su tipo
impositivo, y me parece
lo más razonable, señoría. Se aprobaron unas enmiendas que dan
solución a un problema. Por cierto, señorías, si ustedes hacen examen
de sus propuestas, con ellas no se habría arreglado nada todavía; con
las nuestras, con el apoyo de Izquierda Unida y de todos los grupos
de la Cámara, se ha dado solución a un problema (La señora Fernández
de la Vega Sanz: Ya lo veo.- Rumores.) Ustedes no quieren que se le
dé solución, porque quieren seguir hablando de este tema eternamente,
pero aquí se ha solucionado un problema. La junta general de
accionistas tendrá que decidir y, una vez que decida, según sean las
remuneraciones, pagarán según un sistema tributario justo.
Se ha referido la señora Mendizábal -y voy concluyendo- a los seguros
unit linked, y dice la señora Mendizábal que se convierten
El señor PRESIDENTE: Ese tipo de palabras luego se las dan a las
señoras y señores taquígrafos para que puedan emplear correctamente
el término en inglés o en lo que sea.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Dice la señora Mendizábal que se
convierten en una especie de seguro de vida, en un producto
falsamente asegurador. Mire, señora Mendizábal, usted de estos temas
debe saber, pero en la disposición adicional primera de la Ley de
ordenación y supervisión del seguro privado, que se aprobó con sus
votos y con la abstención de mi grupo, se decía que había seguros de
vida ligados a los fondos de inversión, y sé que no podían hacer otra
cosa porque las directivas comunitarias ya hablan de los seguros
donde el tomador asume el riesgo.
Señora Mendizábal, yo le quiero decir que lo que intenta el proyecto
de ley es evitar una práctica elusiva. Hay una consulta hecha a un
centro directivo y respondida en 1995 -creo que gobernaba el Grupo
Socialista entonces-, y esta respuesta recoge una manifestación
clara: este tipo de seguros son un producto asegurador y tienen que
tener el tratamiento de los seguros. Lo que se hace en esta ley -y yo
sé que a veces cuando no se quiere escuchar es muy difícil dar
explicaciones- es evitar una práctica elusiva. Lo que se quiere
evitar es que no pueda haber gestión individualizada de carteras
a través de los seguros unit linked, a través de los seguros donde el
tomador asume el riesgo, no como hicieron ustedes.
No sé si lo que querrían es que se organizara el lío que se organizó
con algún producto asegurador y que montaron algunos compañeros del
señor Borrell en la Secretaría de Estado de Hacienda, pero nosotros
lo que hemos querido es clarificar, de acuerdo con lo que ustedes
votaron en la Ley de ordenación y supervisión del seguro privado, una
regulación que evite prácticas elusivas, y eso es lo que se ha hecho.
Hay otras muchas enmiendas, quiero referirme sobre todo a algunas que
han presentado los Grupos Socialista e Izquierda Unida, que lo que
pretenden es aumentar impuestos. Se refería la señora Mendizábal al
debate
que mantuvimos ayer el señor Martínez Sanjuán, que no es mi primo, ni
yo soy el primo de Zumosol
El señor PRESIDENTE: Y dale Perico al torno. Señor Martínez-Pujalte,
vaya concluyendo, que ya quedó claro ayer que no son primos y queda
en el «Diario de Sesiones» que no son parientes siquiera. No
provoque. Adelante.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Pero sí quiero hacer referencia a
algunas de las cosas que ha mantenido la señora Mendizábal.
Para referirse a los pequeños empresarios, a los autopatronos (La
señora Fernández de la Vega Sanz: ¡Qué nivel!), a los pequeños
taxistas, a los pequeños profesionales que tributan en régimen de
módulos emplea el título despectivo de «estos señores». Estos señores
son unos profesionales que están creando empleo en España y a estos
señores ustedes les quieren subir los impuestos el 7 por ciento. (La
señora López i Chamosa: Es que somos los malos.) Cuando los precios
de sus productos no están subiendo más del 2, ustedes les quieren
subir los impuestos el 7 por ciento. Me parece, señorías,
desproporcionado. Igual que me parece desproporcionado que quieran
subirle el tipo impositivo a las pequeñas y medianas empresas
societarias del 30 al 35, porque no es una regulación acorde a lo que
está pasando en el resto de los países europeos. Ustedes mismos en el
País Vasco, que tiene su propia regulación fiscal, señora Mendizábal,
votaron que sí a un tipo impositivo del 30 por ciento y vienen aquí y
dicen que les parece mal.
Señorías, voy concluyendo...
El señor PRESIDENTE: ¡Cómo que va concluyendo, si se está pasando ya
cinco minutos y medio del tiempo! Concluya, por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Me parece, señoría, que hemos tenido
ocasión de debatir las propuestas fiscales a lo largo de estos días.
Las propuestas fiscales del Partido Socialista son más de lo mismo,
de lo que ha pasado en los últimos trece años, son propuestas
carentes de toda solvencia tributaria, son propuestas que quieren
subir los impuestos y son propuestas que nos conducen al ciclo
económico de hace unos años, que era: paro, falta de inversión, falta
de crecimiento y alejamiento de Europa. Son tan insolventes las
propuestas que su propia dirección ha dicho que tiene que cambiar a
la mitad de los diputados.
Muchas gracias. (Aplausos.- El señor Ríos Martínez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Pujalte.
Señor Ríos, ¿a qué efectos?
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Además de la controversia en la
argumentación, en la tribuna se han afirmado
elementos que se han puesto en boca de Izquierda Unida que no se
corresponden con la postura de este grupo. Quisiera precisar en un
minuto esos elementos de controversia.
El señor PRESIDENTE: Adelante, precise.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, nosotros no proponemos
subir más impuestos de manera generalizada a todos los españoles, no
es verdad; queremos que los que se llevan miles de millones paguen
igual que los que están trabajando, cobrando su sueldo. En este país
los grandes no pagan sus impuestos. Estamos viendo miles de millones
de pesetas llevados a través de acciones o de seguros. Por eso,
nuestra propuesta es que el que tenga un seguro sea una figura
aseguradora, no queremos reducirle sus beneficios fiscales; ahora,
los que alteran la composición de su cartera usando el seguro,
haciendo un fondo de inversión, como son millones que ganan con
acciones que paguen los impuestos igual que el que lo gana trabajando
con su salario.
Segundo, lo que hemos hecho nosotros con la figura de las stock
options ha sido: uno, si las perciben, que paguen al 48 por ciento;
dos, que lo apruebe el consejo de administración; tres, que sea con
efectos retroactivos para que no se escape Telefónica. (El señor
Mardones Sevilla pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Observo que también el señor Mardones entra en el asunto. Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Es para anunciarle, después de las conversaciones mantenidas y de la
explicación del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que retiro
la enmienda número 229, porque es coincidente con una que se recogió
en el trámite de Comisión y que había presentado el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) sobre la fiscalidad de las cooperativas en
la maquinaria agraria.
Queda retirada, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: No sabe cómo se lo agradecemos, señor Mardones,
a efectos luego de clarificación de las votaciones.
Tiene la palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
Empezando por el final, diré que lo de «estos señores» no creo que
sea nada despectivo. A estos señores, como usted, señor Martínez-
Pujalte, y yo, señora, por cierto, estamos dispuestos a bajarles los
impuestos, estamos dispuestos a bajárselos a aquellos que son capaces
de crear empleo, no de manera generalizada sino a aquellos pequeños
empresarios que son capaces de crear empleo.
Pero vamos al meollo de la cuestión. Usted dice que yo he mentido
porque he dicho que las indemnizaciones pueden ser calificadas como
rentas irregulares. Yo sólo voy a leer. Ha citado el artículo 7 del
IRPF. Dice: Están exentas las indemnizaciones por despido o cese del
trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el
Estatuto de los Trabajadores. Lo demás no. (El señor Martínez-Pujalte
López: Los blindajes.) Sí, los blindajes. ¿Me dejan hablar? Estoy en
el uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, ha tenido su
oportunidad, respete ahora a la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Y los blindajes. ¿Cómo que los
blindajes? Vamos a hablar de los trabajadores de Telefónica que
pierden el puesto de trabajo. Y siguiendo con el Reglamento del IRPF,
el artículo 10.f) dice: cantidades satisfechas por la empresa a los
trabajadores por la resolución de mutuo acuerdo de la relación
laboral. ¿Qué ocurre? Que para salvar los miles de millones del señor
Villalonga, los trabajadores de Telefónica van a tener que cotizar.
Sí, señor Martínez-Pujalte, es así, los diez mil despedidos de
Telefónica, los prejubilados. Pero no se trata de discutir. Le he
leído el artículo, le he leído el reglamento. Sólo le reto a una
cosa. ¿Van a cambiar ustedes la enmienda o no? Cuando esto vuelva del
Senado veremos cuál es la enmienda transaccional que vamos a debatir
en esta Cámara. Lo dejo en el «Diario de Sesiones». Quiero ver cuál
es la enmienda que el Grupo Popular y el Gobierno presentan a esta
Cámara para la regulación de las opciones sobre acciones.
Nada más. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mendizábal.
Don Vicente Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora Mendizábal, estos señores, a
los que usted se ha referido despectivamente (Rumores.) -y esto se
pondrá de manifiesto-, que son más de dos millones de pequeños
empresarios a los que ustedes quieren subirles el 7 por ciento de los
impuestos a partir del 1 de enero del año 2000, tienen una reducción
en el impuesto sobre la renta de las personas físicas desde el año
1994 derivada de que el cálculo que se hizo en los módulos -cálculo
que hicieron ustedes- se entendió que era excesivo y entonces, en
1994, que gobernaban ustedes y lo votaron, le aplicaron una reducción
y ahora se la quieren quitar en el año 2000; dos millones de
personas, señora Mendizábal que están creando empleo y que son todos
los taxistas, todos los fontaneros, todos los pequeños comerciantes,
todos los pequeños industriales. No son las grandes fortunas, señora
Mendizábal, son los pequeños.
Dice usted, señora Mendizábal, que ha leído el artículo de la ley;
efectivamente, ha leído el artículo de la ley y me ha dado la razón a
mí. En las indemnizaciones por despido, según el marco laboral, 45
días por año trabajado, 20 días si hay convenio de regulación o 7
días para altos directivos, están exentos. Puede haber
sobreindemnizaciones, y usted está protegiendo a los que tienen
sobreindemnizaciones y me parece muy bien, Están protegiendo a los
que tienen blindajes y me parece muy razonable. (Rumores.) Pero los
señores que tienen un despido y se ajustan al marco laboral en la
indemnización, están exentos. Cuando se pasa de lo que se señala en
el marco laboral, pasa a ser rendimiento irregular una cantidad
equivalente a dos millones y medio por año de generación. Ningún
empleado de la empresa que usted ha mencionado ha generado una
indemnización que le vaya a tener que hacer tributar, señora
Mendizábal, y usted ha pasado de la demagogia a la mentira y se
quieren enrocar en la demagogia. (Rumores.- Protestas.)
Usted ha dicho: ¿van a cambiar la enmienda? No, la enmienda se ajusta
a lo que debe ser. Además, lo que ustedes quieren hacer con sus
enmiendas es proteger a los grandes y castigar a los pequeños,
castigar a los módulos, castigar a las pymes societarias y a la
familia. (Rumores.- Protestas.) Y en este punto hemos encontrado el
apoyo de todos los grupos de la Cámara, menos el de ustedes, que se
han quedado solos. Hasta Izquierda Unida nos ha apoyado, y comparto
lo que ha dicho el señor Ríos.
Gracias. (Aplausos.- La señora Cunillera i Mestres: Somos las únicas
que no nos dejamos seducir por ti, Vicente.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez- Pujalte.
Después de este apasionado debate en las postrimerías Título II del
título I, pasamos al título II, al que también mantienen enmiendas el
Grupo Mixto, en este caso incorpora también el Grupo Vasco una
enmienda, el Grupo de Izquierda Unida, el Grupo Socialista, y no las
tiene el Grupo Catalán.
El Grupo Mixto comienza con las enmiendas de la señora Lasagabaster,
números 32 y 33.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
En este trámite al título II tenemos vivas dos enmiendas, como dice
bien el señor presidente, las números 32 y 33, que hacen referencia
al artículo 22 bis.dos, donde pretendemos adicionar dos párrafos. En
definitiva, de lo que estamos hablando es de la aplicación de la
protección por desempleo a los socios trabajadores o de trabajo de
duración determinada de las sociedades cooperativas. Ciertamente, en
la legislación sustantiva cooperativa, tanto la estatal como la
autonómica, se prevé la posibilidad de socios trabajadores o de
trabajo de duración determinada y el no reconocimiento de la
prestación de desempleo podría obstaculizar la utilización
de este tipo contractual societario, previsto como novedad por el
legislador. Se trataba de evitar la utilización de contratos de
duración determinada puramente laborales, con el fin de integrar como
socios, con derechos y obligaciones societarias, a los que prestan su
trabajo en la cooperativa cuando por razones económicas no sea
posible realizar un contrato societario indefinido. Esto es, en la
nueva legislación se pretende estimular la realización de contratos
de duración determinada societarios a laborales, pretensión que
entendemos puede verse frustrada parcialmente en el supuesto de un
tratamiento prestacional de la Seguridad Social en materia de
desempleo que no lo contemple explícitamente.
Por otra parte, pensamos que se trataría de una situación
inequitativa respecto al mismo supuesto de hecho cuando éste se rige
por normas puramente laborales. Si se estimara que en el supuesto
cooperativo pudiera darse algún supuesto de abuso, dada la identidad
de trabajador socio, se trataría de exigir la acreditación de causas
objetivas que justifiquen la realización de dichos contratos
societarios de duración determinada, pero carecería de justificación
la inaplicación de la prestación citada por razones de control. Por
ello, y para tratar de evitar esta situación injusta, hemos añadido
dos párrafos al artículo 22 bis, que hacen referencia a cuestiones de
Seguridad Social en la ley correspondiente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
También mantienen enmiendas los señores Rodríguez y Vázquez. Éste
último defenderá las enmiendas de ambos.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Efectivamente, voy a defender algunas de las enmiendas que al título
II mantiene el Bloque Nacionalista Galego. Con la enmienda 46
proponemos suprimir la posibilidad de que en la negociación colectiva
se introduzcan causas de excepcionalidad e incluso un límite de
jornada superior a la actualmente prevista en la ley, que está fijado
en el 77 por ciento, por lo que prevé un incremento mayor y deja la
puerta abierta a más que posibles abusos.
En la enmienda 47 proponemos suprimir un párrafo referido a los
contratos para trabajos fijos discontinuos de inicio y duración
incierta, porque pensamos que se introduce una arbitrariedad
excesiva, creará problemas interpretativos e inseguridad jurídica y,
en definitiva, responde exclusivamente a los intereses del sector
empresarial.
La enmienda 48 propone modificar la redacción del artículo 17, que se
refiere al personal extracomunitario enrolado en buques inscritos en
el registro especial de buques y empresas navieras. Lo hacemos en
consonancia con lo que recientemente defendimos durante el debate de
una proposición de ley sobre este tema y
porque creemos que la redacción que proponemos permite un mejor
acceso a los puestos de trabajo que se creen en este sector por parte
de los tripulantes españoles, limitando así la alta tasa de paro
existente en la marina mercante y al tiempo combatiendo la
precariedad en el empleo generado a raíz de la creación del segundo
registro de buques.
La enmienda 50 propone suprimir el apartado 4 del artículo 19.9, en
consonancia con la opinión del CES. Creemos que las reformas a
introducir en la Seguridad Social debe hacerse a través de normas
específicas, con el correspondiente control parlamentario y no como
se propone a través de la ley de acompañamiento y menos aún en los
términos en que se hace en este artículo habilitando al Gobierno. Las
demás enmiendas las doy por defendidas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Los señores López Garrido y Peralta han suscrito enmiendas que
defenderá este último, como ocurrió en el turno anterior, motivo por
el cual, al haberse aclarado por el señor Peralta que también lo ha
sufrido el señor López Garrido, me disculpo ante el Pleno y pido que
se tenga por no dicho lo que manifesté respecto del señor Peralta y
de las enmiendas del señor López Garrido. Adelante.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, voy a dar por defendidas las enmiendas 8 a 13, que
presentamos en nombre de Nueva Izquierda a este título II que, con el
epígrafe de lo social, tiene dos capítulos: uno referido a relaciones
laborales y otro referido a protección de la Seguridad Social. Es
precisamente a este capítulo al que hacen referencia las enmiendas
presentadas por mi grupo. La primera de ellas pretende garantizar la
efectividad de la protección por maternidad a todas las mujeres en
nuestro país. Es de todos conocido que la actual regulación requiere
una determinada carencia, un determinado número de días de cotización
en un período inmediatamente anterior a producirse el hecho causante
del parto. Esta es una regulación que tiene que atemperarse a la
realidad del mercado laboral y, en concreto, tiene que adecuarse a la
realidad creciente de las mujeres trabajadoras sometidas a contrato
temporal; contrato temporal que va sucedido de períodos de
inactividad en los que se puede estar o no cobrando prestación por
desempleo y, por tanto, se puede estar sujeto a protección o no de la
Seguridad Social.
Creemos que la maternidad debe estar garantizada a todas las mujeres
trabajadoras y, en el caso específico de la mujer trabajadora sujeta
a un contrato temporal, debe establecerse una regulación específica
que garantice que si en el período inmediatamente anterior al parto
ha estado inscrita como demandante de empleo
en los correspondientes servicios públicos, aunque no haya recibido
prestación, debe considerarse en alta y con derecho a la prestación
por maternidad. Este es el objetivo que persigue la primera enmienda
defendida por nuestro grupo.
La segunda enmienda pretende completar la regulación que viene ya en
la ley, en la que se prevé dar cumplimiento a una disposición antigua
de la Ley General de la Seguridad Social acerca de la integración en
el régimen general de los trabajadores dedicados a operaciones de
manipulación, empaquetado, envasado y comercialización. Estos
trabajadores, en la actualidad, tienen un subsistema especial dentro
del régimen general. La ley prevé la integración plena en el régimen
general, pero referida exclusivamente a los trabajadores que realizan
esas operaciones en relación con el plátano. Parece claro que esta
limitación responde a acuerdos de carácter político con algún grupo
que garantiza la mayoría al Gobierno, en concreto el Grupo de
Coalición Canaria, en la medida en que estos trabajadores que
realizan actividades relacionadas con el plátano son claramente
mayoritarios en dichas islas. Pero, señorías, el problema es el mismo
para todo el Estado, para todas las operaciones y para todos los
productos. D e ahí que la propia ley, en el último párrafo, diga que
se habilita al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para extender
lo dispuesto en los números precedentes a los trabajadores dedicados
a las actividades de manipulación, empaquetado, envasado y
comercialización de otros productos hortofrutícolas, pero sin marcar
ningún plazo.
Nosotros pretendemos, señorías, que quede claro que la incorporación
se produce en relación con todos los trabajadores.¿Con efectos
inmediatos para los trabajadores del plátano tan pronto entre en
vigor esta ley? De acuerdo, pero en un plazo concreto, para todos los
trabajadores, porque, si no, estaríamos en presencia de una
discriminación difícilmente justificable y que, desde luego, no va en
la línea correcta que reclama el Pacto de Toledo de homogeneización
de la protección de todos los trabajadores, máxime de quienes llevan
a cabo funciones prácticamente similares, aunque sea en relación con
productos distintos.
Las últimas enmiendas que quiero defender en este trámite, señor
presidente, señorías, son las que hacen referencia a los trabajadores
del campo. La primera de ellas pide que se dé cumplimiento inmediato
a un acuerdo firmado por el actual Gobierno, el Acuerdo sobre el
empleo y protección social agraria, que contemplaba que, con efecto
de 1 de enero de 1998, se integrarían en el régimen general de
desempleo en nuestro país, tanto contributivo como no contributivo,
los trabajadores eventuales agrarios. Estamos a punto de llegar al
año 2000 y ese acuerdo no ha sido cumplido. Pedimos que en el plazo
de un mes se lleve a cabo esa integración que se acordó en enero de
1998, de acuerdo con las organizaciones sindicales.
Finalmente, pedimos que el régimen especial agrario de la Seguridad
Social se homologue con el régimen de
autónomos, avanzando en esa línea de homologación que reclama el
Pacto de Toledo. La diferencia estriba en que a los autónomos, si no
están al corriente en el pago de cuotas, se les exige que abonen las
cuotas pendientes antes de hacerles efectivas las prestaciones que
les son reconocidas. En el régimen especial agrario, estar al
corriente del pago de cuotas es una condición indispensable para
tener derecho a las prestaciones. Si no están al corriente, no tienen
derecho, no les son reconocidas. Creemos que es necesario producir
esa homologación, y pensamos que esto es hacer justicia a un sector
que tiene una protección debilitada y es avanzar en la línea del
Pacto de Toledo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
Pasamos a la enmienda número 327, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV), para lo cual tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario tiene viva una enmienda a este título II
que hace referencia al Programa de fomento al empleo para el año
2000, a través del incentivo de la bonificación en las cuotas
empresariales a la Seguridad Social. Lo que pretendemos con nuestra
enmienda a este artículo 25 del proyecto de ley de acompañamiento
tiene un doble contenido. Por una parte, representa una salvaguarda
competencial en el sentido de considerar que el programa de Estado
resulta independiente de los que establezcan las comunidades
autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia de promoción
económica, caso éste de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En segundo lugar, lo que recoge la enmienda es un mandato legal para
que la Administración del Estado transfiera la gestión de estos
programas a las comunidades autónomas que conjugan en sus estatutos
la competencia de ejecución de la legislación laboral con la gestión
del régimen económico de la Seguridad Social. Éste es el caso de las
Comunidades Autónomas del País Vasco y de Cataluña.
La enmienda tiene un evidente sentido reivindicativo ante el carácter
consolidado que va adquiriendo cada vez más la estrategia del Estado
para reservarse la ejecución de políticas activas del empleo,
obviando la competencia autonómica y perpetuando la presencia del
Instituto Nacional de Empleo sin realizar debate alguno directo sobre
lo que debe de ser, lo que debe desempeñar en su desarrollo este
Instituto Nacional de Empleo, incluso hasta el hecho de cuestionarnos
su propia existencia. Éste es un debate que tarde o temprano tendrá
que llegar a esta Cámara y que para nuestro grupo parlamentario
cuanto antes se haga, mucho mejor.
Desde el punto de vista de la conexión con la Seguridad Social, la
mera presencia, como se establece en esta regulación, del mecanismo
de la bonificación ofrece
de nuevo al Estado una coartada perfecta para seguir retrasando el
debate sobre las transferencias que estamos ya solicitando
insistentemente en materia de Seguridad Social.
La bonificación en cuota empresarial es un mecanismo clásico cuyos
antecedentes se remontan al año setenta, que incorpora la referencia
de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que aparece,
bajo la cita: exenciones, bonificaciones y reducciones de las cuotas,
como incardinable en la competencia del Estado cuando afecte al
patrimonio único de la Seguridad Social o la competencia de las
comunidades autónomas cuando afecte a su competencia de ejecución de
la legislación laboral. No hay garantías sobre la orientación que
tomaría un debate hoy aquí, por lo que avanzamos en la enmienda la
referencia de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco
en materia de gestión del régimen económico de la Seguridad Social,
junto con la citada ejecución de la legislación laboral que
consideramos más propia en este caso, dado que la aplicación de la
técnica de bonificación parte de una ejecución del presupuesto del
Instituto Nacional de Empleo.
Otra cuestión a considerar es la evolución que está teniendo el uso
de este tipo de incentivos por razones referidas estrictamente a las
fuentes de financiación, de donde vamos a ver que se deriva una nueva
vía de acercamiento de la Seguridad Social y una expectativa del
futuro crecimiento de este programa al incrementarse los argumentos
que le permiten al Estado mantener su gestión centralizada, que es lo
que siempre está pretendiendo. En términos de gasto, lo que el Estado
aplica a este programa, ya supondrá más de 50 por ciento del total
que se destina en todo el Estado a políticas activas de empleo.
En la trayectoria que ha tenido la financiación tanto de los
gobiernos del Partido Socialista como del Partido Popular, se ha
encontrado con la tentación -a todos los gobiernos les pasa lo mismo-
que siempre ha sido vencida, de aplicar los excedentes que puedan
existir de las cotizaciones sociales del Inem. Este tipo de salida
incrementa enormemente el potencial financiero destinado a políticas
activas, garantizando la gestión centralizada el hecho de que el
origen de los fondos se encuentra en la caja única de la Seguridad
Social, a la que pertenecen, según cierta jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, las cuotas de empresarios y trabajadores por la
contingencia de desempleo. Asimismo, el Gobierno del Partido Popular
ha ido más lejos mediante el Real Decreto-ley 5/1999, por el que se
modifica el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social,
incluyendo la acción protectora por desempleo. Dice: Las competencias
de gestión de las políticas activas de empleo se desarrollará por la
Administración del Estado o por la Administración autonómica
correspondiente, de acuerdo con la normativa de aplicación. De nuevo,
aquí vemos cómo vagamente encuentra cabida nuestra enmienda, de modo
que todo esto es Seguridad Social, ahora ya sin problemas legales de
cobertura
para el desvío de los fondos. En definitiva, señorías, estamos ante
una trayectoria de un enorme desorden en todo. Fácilmente, el Estado
acaba conexionando con la indefinición del sistema de Seguridad
Social, que va ganando en claridad hacia un panorama cuya foto final
-que nosotros por lo menos vemos y que no aparece con nitidez- es la
competencia de las comunidades autónomas. Mientras este debate no
surja de una forma profunda y clara en el Parlamento, sería necesario
-es el motivo de nuestra enmienda- que se incluyera en ese programa
de fomento del empleo el contenido de nuestra enmienda 327 a este
capítulo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Señor Vaquero del Pozo, por el Grupo de Izquierda Unida.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Al abordar las enmiendas del título II, tengo que anunciar que mi
grupo va a defender también las relativas a las disposiciones
adicionales. Si SS.SS. creían que rechazando la toma en consideración
de la iniciativa legislativa popular de las 35 horas se iban a librar
de esta histórica reivindicación, se han equivocado. Nuestro grupo va
a seguir insistiendo en la necesidad de una ley que reduzca la
jornada laboral semanal a 35 horas, sin disminución salarial, como
propone la enmienda 81 a este título II de la ley de acompañamiento
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000. Junto
a esta medida, solicitamos también la eliminación de las horas
extraordinarias, regulándolo de forma más exhaustiva en la enmienda
91. La citada enmienda no sólo prohíbe las horas extraordinarias,
salvo, claro está, las que sirvan para prevenir o reparar siniestros
u otros daños extraordinarios o urgentes, sino que también prevé el
registro diario y la totalización semanal de las horas
extraordinarias, la obligación de dar una copia resumen semanal al
trabajador y a los representantes de los trabajadores en la empresa;
al mismo tiempo, la prestación de trabajo en horas extraordinarias
tendrá que tener un carácter siempre voluntario y, como último
requisito, la compensación se hará con descanso incrementado siempre
en un 75 por ciento de la duración de esas horas extraordinarias,
salvo que los convenios colectivos recojan otra cosa, que, en
cualquier caso tendrá que tener, si es indemnización económica, un 75
por ciento de incremento respecto a su cuantía.
En la enmienda 81, junto a las 35 horas semanales y la eliminación de
las horas extraordinarias, recogemos otro de los elementos
fundamentales que componen el plan social de empleo de Izquierda
Unida, que es la habilitación de una renta mínima y las ayudas para
transporte, educación, medicamentos, ocio vacacional, etcétera, de
los desempleados, que componen lo que nosotros hemos dado en llamar
el código de derechos de los desempleados, que es una de las
asignaturas pendientes fundamentales de nuestro Estado social de
derecho, es decir, del Estado de bienestar. La reducción de la
jornada a 35 horas y la protección al desempleo son dos asignaturas
pendientes de este Gobierno, de este Estado social, del que nos
sentimos corresponsables y que pretendemos corregir.
Sobre esta materia, el desempleo, presentamos cuatro enmiendas, las
números 86, 87, 88 y 129, que tratan de distinta forma unos y otros
aspectos. En primer lugar, la enmienda 87 contempla la ampliación del
tiempo de protección al desempleo, el número de meses, flexibilizando
la dureza de los requisitos de acceso a estas prestaciones. Nosotros
entendemos que no es de recibo que haya un solo parado sin cobertura
de desempleo mientras existen excedentes, saldo positivo que se
invierte en financiar otras cuestiones, como las bonificaciones de la
contratación indefinida a tiempo parcial, es decir, dar dinero del
desempleo a los empresarios para que hagan lo que es su obligación y
su beneficio, crear empleo. Si la cobertura no es completa, para el
cien por cien de los parados en este país, no es sólo porque no haya
dinero, sino porque los requisitos de acceso a esas prestaciones se
han endurecido en función de lo que se llamó el decretazo en el año
1992, situación que no se ha retrotraído. Supuesto que existen otras
condiciones de empleo, de paro y de bonanza económica, es el momento
de volver a ampliar la cobertura de protección por desempleo. Estos
parados están expulsados de la protección al desempleo y, junto con
la potenciación de las políticas activas, hay que volver a darles
cobertura, que en estos momentos es insuficiente.
La enmienda 88 propone que el subsidio por desempleo, en vez del 75
por ciento del salario mínimo interprofesional, sea del cien por
cien. No es de recibo que a los parados, cuando se les agote el
tiempo previsto por la ley de percepción de la protección por
desempleo, de la prestación contributiva, se les dé una especie de
limosna, el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, ya
insuficientemente revalorizado en estos últimos años para que puedan,
mal que bien, seguir tirando, cuando son desplazados del mercado de
trabajo no por su culpa, sino por la eventualidad de dicho mercado de
trabajo.
Si se pretende de verdad potenciar nuestro sistema democrático, el
pacto local es lo adecuado, sin duda alguna, pero junto a ello hay
que dignificar la figura de aquellas personas que presten servicios
públicos desde los puestos de alcaldes, concejales, etcétera, hasta
cargos sindicales y en asociaciones sin ánimo de lucro, pudiéndoseles
extender el beneficio de considerar despido cuando dejan de prestar
ese servicio de interés público para que puedan percibir las
prestaciones que correspondan, entre ellas, el desempleo. No es de
recibo que a estas alturas, después de años de servicio al frente de
un ayuntamiento, haya personas que se encuentran sin ninguna
protección y en situación de desempleo después de ejercer ese cargo
público. Esto esta recogido en una proposición no de ley del Grupo
Socialista y del Grupo Mixto, enmendada por el Grupo
Popular, que fue aprobada unánimemente en la Comisión de Política
Social y Empleo, pero que hasta ahora no ha tenido concreción
práctica. Todos estuvimos de acuerdo con aquella iniciativa y el
Grupo Popular la extendió de los sindicalistas a otros cargos
públicos. Sin embargo, pasa esta ley de acompañamiento, que es un
cajón de sastre -sin duda alguna, cuando la utilizamos nosotros
también estamos entrando en contradicción porque enmendamos
muchísimas leyes en contra de nuestro criterio-, y no aprovechamos la
ocasión. ¿Por qué no se aprovecha? ¿Por qué no se acepta la enmienda
86 de Izquierda Unida para concretar esta decisión colectiva y
unánime de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara?
Finalmente, la enmienda 129 trata también el tema de los desempleados
mayores de 45 años sin rentas o con rentas menores del salario mínimo
interprofesional que hayan agotado las prestaciones contributivas y
asistenciales por desempleo, para que se les considere equiparados en
las condiciones legales que tienen los mayores de 52 años. Señorías,
en este país, hay un número muy importante de parados de larga
duración. No solamente hay que habilitar políticas activas de
inserción -estamos absolutamente de acuerdo con esas políticas-, sino
que a aquellos que no puedan acceder a esas políticas, por las
razones que fueren, hay que darles soluciones. La solución más
inmediata es la extensión de los derechos que tienen los mayores de
52 años a efectos de percepción del subsidio por desempleo.
En la enmienda 84 contemplamos la revalorización del salario mínimo
interprofesional. Tiene que ser de acuerdo con los sindicatos, y así
lo contempla la ley, pero solicitamos que haya una revalorización
automática -negociada previamente, pero automática-, contemplando el
IPC previsto, y que eso se establezca en la ley. Por eso solicitamos
en esta enmienda la modificación del artículo 27.1 del Estatuto de
los Trabajadores.
Respecto al contrato a tiempo parcial, tenemos dos enmiendas
alternativas, elijan la que quieran. En la ley de acompañamiento
plantean un acuerdo con Comisiones Obreras, que nosotros respetamos
porque el objetivo es correcto: que haya una capacidad legal para
aquellas empresas del manipulado hortofrutícola, fundamentalmente de
las campañas hortofructícolas de la huerta murciana, etcétera. De ahí
viene la problemática recogida por los sindicatos, estudiada por el
Gobierno y acordada por ambos, que se recoge en la ley de
acompañamiento. Insisto, el objetivo es correcto, el método de
tratamiento, no, porque confunde dos figuras, la del contrato a
tiempo parcial, que requiere un tope máximo de jornada porque, si no,
se confunde con el contrato a tiempo completo, y la figura del fijo
discontinuo. Son dos supuestos distintos, y hay que distinguirlos.
Nosotros solicitamos que se haga a través de la enmienda 83. Si no es
voluntad del Gobierno aprobar nuestra enmienda 83, hágannos caso y
supriman el artículo 16 de la ley de acompañamiento que contiene
algo que en el futuro será un galimatías o la apertura de un boquete
de desregulación de determinadas situaciones que al final acabe con
la regulación del contrato a tiempo parcial. Nosotros proponemos dos
alternativas; hágannos caso, si no en una, en la otra enmienda.
Respecto a la inclusión en el régimen general de los trabajadores
manipuladores del plátano, etcétera, ya se ha hablado de ello en otra
enmienda del Grupo Mixto, pero nosotros proponemos que esto no se
haga sin la interlocución con los agentes sociales. Queremos que, en
sustitución de la habilitación al Gobierno, haya una interlocución
previa con los agentes sociales para que efectivamente se pueda
extender a otros colectivos, pero que se haga a través del diálogo
social y del acuerdo con los agentes sociales.
En la enmienda 89, planteamos
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, habría de concluir. Puede resumir
las enmiendas que le resten.
El señor VAQUERO DEL POZO: Es que esto es muy prolijo y tenemos
muchísimas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: No se preocupe. Procure hacer un esfuerzo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Muchas gracias, señor presidente.
Aprovecharé la defensa del título III, al que hemos presentado menos
enmiendas, para defender las que no me dé tiempo ahora, con su
permiso, señor presidente.
En la número 89 pretendemos añadir una nueva sección al capítulo II,
referido a la Seguridad Social, una sección tercera que trate de la
jubilación. Recogemos una antigua reivindicación: que la creación de
empleo se fomente en función del adelanto a los 60 años de la edad de
jubilación, por supuesto voluntaria en el sector privado y forzosa en
la Función pública, rebajable a los 55 años en determinadas
actividades peligrosas o que requieren esfuerzos específicos, y a los
57 años siempre que medie un contrato de sustitución o de relevo. Al
mismo tiempo, recogemos estímulos a la contratación indefinida, no de
cualquier forma -SS.SS. conocen la filosofía, que también se
contempla en la enmienda 90- sino a través de las bonificaciones al
fomento del empleo. En la citada enmienda 90, preferimos que la
financiación a estas bonificaciones, que en algunos casos son
absolutamente razonables y útiles, se haga con cargo a partidas que
se habiliten como consecuencia de la minoración de los gastos
fiscales. Ya hemos defendido estas cuestiones en otros puntos de la
ley de acompañamiento y de la ley de presupuestos generales. Reitero
que solicitamos que esa minoración de gastos fiscales vaya a
financiar las bonificaciones del fomento del empleo.
Termino con esto e insisto en que las enmiendas que nos hayamos
dejado en el tintero, tendremos ocasión de defenderlas en el título
III.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero En efecto, con
flexibilidad podrá S.S. utilizar otro turno para completar la defensa
de las enmiendas que ahora tan sólo ha dejado esbozadas.
Corresponde ahora el turno a la defensa de las enmiendas del Grupo
Socialista, para lo cual tiene la palabra doña Isabel López i
Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Buenos días. Señor presidente, señorías,
antes de empezar con la defensa de las enmiendas del Grupo
Socialista, me voy a permitir hacer dos pequeños incisos. Uno es
referente a una enmienda que presenta Izquierda Unida para ampliar el
desempleo a los concejales, cargos públicos y sindicalistas. Quiero
recordar, señores del PP, que deberían ser coherentes y votar a favor
de esta enmienda, por una sencilla razón: porque hace un mes, en la
Comisión de Política Social y Empleo, por unanimidad, aprobamos un
mandato al Gobierno para que cambiara la ley y fuera posible que los
concejales y sindicalistas que perdían el puesto pudieran tener
acceso al desempleo. Yo se lo recuerdo; seamos todos coherentes,
aprobemos esta enmienda y rectifiquemos. (Rumores.)
En segundo lugar, voy a hacer otro inciso. Les voy a contar algo que
me ha pasado esta mañana. Cogí un taxi y, como es habitual, le dije
que me llevara a la calle del Prado. El taxista venía escuchando
-como también es habitual en Madrid- Onda Cero, que habitualmente
venía criticando al PSOE -también es normal-, y acto seguido pasó a
informar de las acciones de Terra. Y decía: Un directivo de
Telefónica -no recuerdo el nombre- se ha ganado 10.500 millones. Como
saben ustedes que siempre hago un comentario, le dije: ¡Qué suerte! Y
el taxista me respondió: «De suerte nada, señora; esto es un
chanchullo porque yo he solicitado acciones y a mí no me han dado ni
una». (Rumores.- Aplausos.) Eso es lo que me ha dicho.
Tenemos que ser realistas. A ustedes, señores del PP -¡líbreme Dios y
Pablo Iglesias de dar lecciones a nadie!-, les daré unos consejos que
son gratis y no cuestan nada y les diría que asumieran una cosa: por
más que suban a esta tribuna, por más que utilicen TV1, TV2, Antena 3
y todas las televisiones del mundo para decir que ustedes defienden a
los trabajadores, que ustedes defienden a la familia -en algún caso,
sí, puede ser-, que ustedes no defienden a los empresarios, que
aquéllos (señalando los bancos de la izquierda.) defienden a los
empresarios, la realidad es muy tozuda y la gente de la calle, los
trabajadores, como viven el día a día, saben lo que es y saben que no
es así y por eso les salen las encuestas como les salen. (Rumores.)
Asuman que son la derecha de este país, que es tan honroso ser de
derecha como de izquierdas; asuman lo que son. (Aplausos.-La señora
Cunillera i Mestres: ¡No pueden!) Asúmanlo. Y entonces suban aquí y
digan: ¿Hay cosas en este país que van bien? Sí. Hay cosas que van
bien por el esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Así
de claro. (El señor Gimeno Marín: ¿Claro que sí!) ¿Que ustedes están
gestionando el Gobierno? Sí. ¿Que se quieren apuntar éxitos? Háganlo,
pero háganlo desde la realidad. ¿El empleo va bien? Sí, pero el señor
Pimentel no puede decir que estamos camino del pleno empleo y que
hace falta traer 50.000 trabajadores, porque ¿qué pensará un señor o
señora que lleva tiempo en el desempleo, un desempleado de larga
duración que no encuentra empleo si le dicen que hay que traer
trabajadores de fuera porque no hay trabajadores dispuestos? ¿Qué va
a pensar? ¿Saben lo que consigue el señor ministro diciendo que hace
falta traer trabajadores de fuera? Que aumenten las pateras, que
aumente la gente que quiere venir a la Europa rica, que aumenten los
riesgos que nos traen. Seamos prudentes; hagamos fórmulas que
permitan que un trabajador parado de Castilla pueda ir a Cataluña,
por ejemplo, dando facilidades para que tenga acceso a una vivienda,
para que tengan empleo él y su señora y que puedan tirar adelante.
Hagamos esas cosas y no digamos barbaridades, que la gente no se las
cree.
Cuando llega el período electoral podemos sacar las filesas y los
naseiros, podemos sacarlo todo, pero tengan un poco de consideración.
¿Qué hago yo? ¿Le digo al señor Camps que él es responsable del señor
Espinosa? Como parece ser que el señor Espinosa ha desviado dinero
para algún lado, ¿le digo que lo ha hecho el señor Camps? No; no se
lo digo porque no es verdad. (La señora Fernández González: ¡Ya lo
dijo!.) El señor Camps puede ser lo que quiera, pero en este caso no
tiene ninguna responsabilidad; la responsabilidad es del señor
Espinosa. Si les digo una cosa no se asombrarán SS.SS.: en cada
familia hay hijos descarriados. (Risas.) Ustedes tienen los suyos y
¿sabe los que nos parece? (El señor Aguirre Rodríguez: Estamos en el
título II.) Ahora le hablo del título II. Lo que nos parece es que a
ustedes los hijos descarriados les salen más espabilados que los
nuestros, los nuestros tardaron 14 años y los suyos, tres. (La señora
Cunillera i Mestres: Han ido a colegios de pago.) En eso sí que son
mejores que nosotros.
Ciñéndome a lo que dice el presidente, en el título II reside otro de
los problemas que va con su política. Suben a esta tribuna y dicen:
Nosotros hemos pactado con los sindicatos porque hemos inventado
prácticamente el consenso social, hemos firmado este acuerdo, hemos
firmado el otro y los sindicatos con nosotros, genial. Luego, los
sindicalistas, cuando venimos al Parlamento no estamos ahí (señalando
los bancos de la derecha), estamos allí (señalando los bancos de la
izquierda); por algo será. (Un señor diputado: ¡Muy bien, muy bien!)
Les decía que firman acuerdos con los sindicatos. El 13 de noviembre
de 1998 firmaron uno sobre el trabajo temporal a tiempo parcial y
fomento de la estabilidad en el empleo, y un año y cinco o seis días
después traen a esta Cámara, en la ley de acompañamiento, un artículo
16 que elimina todo lo que había en aquel acuerdo en relación con los
fijos discontinuos. ¿Saben
SS.SS. que con esta modificación, con este artículo 16, lo que hacen
es fomentar el fraude a la Seguridad Social? Están permitiendo que
algunos empresarios -que los hay, como en todas partes- tengan
trabajadores contratados a tiempo parcial, fijos discontinuos, cuando
son trabajos que se mantienen todo el año, pero que cuando llegan las
vacaciones mandan a los trabajadores al desempleo para ahorrarse
pagar la Seguridad Social. Con aquel acuerdo todas estas cuestiones
se controlaban y ahora, no. Además, de aquel acuerdo salió una
comisión para estudiar cómo había sido su implantación. Pues bien, no
se ha reunido ni una sola vez, no se la ha consultado ni una sola vez
y, sin embargo, traen aquí esta modificación y se cargan los fijos
discontinuos.
Tengo aquí una resolución, que supongo que ustedes tienen igual que
yo, de la Asamblea Regional de Murcia, que firman el representante
del PP y, por supuesto, el del PSOE, en la que les piden que el
artículo 16 se suprima de la ley de acompañamiento y se lleve a la
mesa de negociación de este acuerdo. ¿Y por qué lo pide el PP de
Murcia? Muy sencillo, porque Murcia es una de las afectadas, junto
con otras poblaciones, por la cuestión de los trabajadores fijos
discontinuos, sobre todo en el sector de frutas y verduras y demás,
porque utilizan este tipo de contrato. ¿O es que alguien puede pensar
que un trabajador a quien empleen para el 90 por ciento de la
jornada, bien sea en horas mensuales o en horas anuales, puede
considerarse un fijo discontinuo si está trabajando igual que un
trabajador a tiempo completo? Señorías, yo les pediría que
reflexionaran. Tengo también aquí cartas del secretario general de un
sindicato que denuncia en la comisión de política social y empleo de
la Comunidad un acuerdo firmado por el Gobierno que no se ha cumplido
y que se lo están cargando aquí ahora.
Al artículo 17, de personal extracomunitario enrolado en los buques
adscritos al registro especial, presentamos una enmienda de rechazo
porque parece ser que este artículo va a afectar al 95-97 por ciento
de nuestra flota y va a cambiar las condiciones de la tripulación y
de la flota mercante. El Grupo Socialista estima innecesario
y fragmentador de los intereses de las empresas navieras y de sus
tripulantes el hecho de que se abra este registro, tal y como
pretenden en el artículo 17, porque quebranta y no respeta las
condiciones de trabajo del personal vinculado con el IRPF y la
Seguridad Social y, desde luego, se carga las condiciones mínimas que
realmente se merecen los tripulantes de estos barcos.
En lo que se refiere a la Seguridad Social, aquí se da otra de sus
grandes contradicciones. En septiembre hemos constituido la Comisión
para el análisis del Pacto de Toledo. Se entendería que es en esa
Comisión en la que estamos analizando las recomendaciones del Pacto
de Toledo, su cumplimiento y la situación de la Seguridad Social,
pero ustedes incluyen en la ley de acompañamiento tres artículos que
cambian todo esto. En lo que se refiere a los reintegros de las
prestaciones
indebidas, nosotros queremos que se concreten más esos supuestos
porque puede haber casos en los que se vean perjudicados determinados
perceptores de prestaciones del sistema. Así, con nuestra enmienda
pretendemos que se concreten esos supuestos y que se eviten estos
perjuicios sobre el preceptor de las prestaciones, ya que la
responsabilidad podría ser en algunos casos de la propia
Administración y, en éste, de la Seguridad Social. Por lo tanto,
habría que concretar estos supuestos.
También nos gustaría preguntar cómo es posible que pretendan
legitimar, mediante convenios y contratos con entidades privadas, las
retribuciones salariales de personas que trabajan en la Seguridad
Social. No compartimos ese criterio, como hemos venido manifestando
en la Comisión del Pacto de Toledo, por lo que hemos dicho que no a
esa modificación que pretende introducir veladamente una negación de
soporte a la Seguridad Social y que se abra una puerta a estos
sistemas, con lo cual, como hemos dicho por activa y por pasiva, no
estamos de acuerdo en absoluto.
Respecto al fomento del empleo, no hemos presentado enmienda al plan
de empleo. Aunque todas las encuestas y todos los datos nos dicen que
el empleo está mejorando, hay que destacar que a la mujer la estamos
dejando atrás, que la tasa de actividad femenina está muy por debajo
-12 puntos y pico- de la masculina. Y si miramos el plan de empleo,
vemos que no hay ni una sola medida para incorporar a la mujer al
mundo del trabajo. Ni una sola. Se establecen bonificaciones...
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, ha de ir concluyendo.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Voy concluyendo, señor presidente.
Hay una serie de bonificaciones tanto para los jóvenes como para los
mayores de 45 años, y para las mujeres habla de sectores
subrepresentados. Señorías, me parece bien que hablemos de sectores
subrepresentados, pero de lo que tenemos que hablar de verdad es de
cómo incorporamos a la mujer al mundo del trabajo, de cómo
conseguimos corregir esos 12 puntos de diferenciación de tasa de
actividad entre hombres y mujeres. Tengan en cuenta que la mujer hoy
en día es la que está mejor preparada para asumir los retos del mundo
de la industria. ¿Cómo es posible que siendo la más preparada, la que
está en mejores condiciones hacia la oferta, sea la que tenga la tasa
de actividad más baja? Quiere decir que algo está fallando, que algo
hace que el mundo de la empresa no contrate a la mujer. Por eso hay
que tomar una serie de medidas que ustedes no reflejan aquí en ningún
momento, y que nosotros de verdad queremos introducir.
Queremos hacer una recomendación a su ministro, y es que hablar de
movilidad geográfica creo que hay que hacerlo, y que los trabajadores
en este país y la gente joven cada vez asume más el reto de la movilidad
geográfica, pero eso sí, hay que hablar de qué condiciones de
vida le vamos a dar. No podemos pedirle a un joven que se vaya a
trabajar a Barcelona y le paguemos 80 ó 90.000 pesetas por un
contrato de dos o tres meses; a ver cómo vive esa persona, dónde
duerme, con qué come. Cuando hablamos de movilidad geográfica
hablamos de que hay que hacer un plan de vivienda, de que hay que
hacer un plan de condiciones de vida para que cuando a la gente le
ofrecemos traslados pueda vivir, porque un joven hoy de 20 ó 25 años,
con un salario de 100.000 pesetas, si vive en su casa con sus padres,
que no le cuesta nada, el hombre estará encantado, pero si tiene que
vivir por su cuenta, ¿cómo paga un piso de 70.000 pesetas de alquiler
en Barcelona, y luego luz, agua, gas y todo lo demás? Eso es,
señorías, lo que de verdad deberíamos afrontar, cómo resolvemos esos
problemas, y veríamos como baja el empleo. Mientras que no hagamos
eso nuestro grupo va a seguir insistiendo hasta que lo consigamos. Ya
sé que la realidad es muy dura, pero como está de nuestra parte
porque lo que decimos es la verdad, acabará imponiéndose.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López i Chamosa.
Por el Grupo Popular, para responder a las diversas enmiendas
presentadas, tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, fijo la posición de mi grupo respecto al título II, del
orden social, que tiene por objeto el establecimiento de las medidas
relacionadas con el citado orden, en este último día de trámite
parlamentario de la aprobación de la Ley General de Presupuestos, sus
secciones, y la ley de acompañamiento, y lo hago además sabiendo y
teniendo la tranquilidad de que después de la intervención de algunos
portavoces, y en concreto de la intervención de la portavoz del Grupo
Socialista, no voy a tener que recoger el resumen de prensa que se
nos facilita por los servicios de la Cámara, porque desde luego,
señora López i Chamosa, tengo la plena constancia de que oye usted la
radio por las mañanas y lee la prensa, porque su intervención ha sido
un perfecto resumen de todo lo que parece que aconteció ayer y esta
misma mañana, aunque sea de madrugada, en este país. Nos ha hablado
usted desde Terra, a las pateras, acceso a la vivienda, movilidad
geográfica, mezcla lo divino con Pablo Iglesias... Desde luego usted
tenía ganas de hablar en esta tribuna, eso no se lo puedo negar, pero
me va a permitir que, salvo dos especificaciones, o incisos como
usted dice, que le voy a hacer, me centre en lo que es el debate que
teníamos ahora, que era el título II, del orden social, de la ley que
denominamos de acompañamiento. De las dos cuestiones, una la ha
dicho. Le agradezco que califique las actuaciones de las personas,
incluso que diga quemi actuación no es comparable con la del señor
Espinosa,
aunque tampoco crea que con eso me está haciendo ningún favor
especial. Conozco al señor Espinosa, le considero un buen amigo mío,
pero lo que no puede hacer es comparar la actuación de, en estos
momentos aún, un alto cargo del Gobierno, por actuaciones en un cargo
privado al frente de una organización empresarial en la Comunidad
Valenciana -cuando, por cierto, gobernaban ustedes, y que está siendo
motivo de una serie de diligencias judiciales-, con los casos de
financiación irregular de su partido, que han sido juzgados ya por
los órganos jurisdiccionales y han sido condenados reputados miembros
del mismo, porque no tienen absolutamente nada que ver. (Rumores.)
En segundo lugar, ustedes, que son tan amantes de la libertad de
expresión y de todos los derechos democráticos, llámennos lo que
quieran, pero permítannos, al menos, que nos podamos sentir honrosos,
u honrados como ha dicho S.S., de sentirnos también lo que queramos.
Quiero recordar, una vez más, que subo a esta tribuna en nombre de mi
grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, que es un
partido de centro reformista, porque nos sentimos de centro
reformista. (Rumores.) Ya sé que a SS.SS. eso les lleva a las
diversas expresiones que en este momento estamos oyendo en la Cámara,
pero es como un ejercicio de sanidad democrática aceptar esas
cuestiones.
Había entendido que todo ese batiburrillo o popurrí de
argumentaciones que ha realizado esta mañana, y que no venían al
caso, eran al efecto de no repetir las que realizaron en el trámite
de Comisión para justificar la presentación de sus enmiendas, pero
no, me había equivocado; luego lo ha retomado S.S, y eso ya me
preocupa más. Que S.S. diga -y en eso sí que tenía razón- para
justificar sus enmiendas a la mayor parte del articulado de la ley de
acompañamiento, referidas a modificaciones en la Ley General de la
Seguridad Social, que como argumento principal no tenía que
producirse porque ahora mismo estamos reunidos en la Comisión no
permanente del Pacto de Toledo, y es allí donde deberíamos discutir
todas estas cuestiones, es un argumento que me preocupa. Ustedes,
igual que nosotros y el resto de la Cámara, saben que el Pacto de
Toledo está vigente en este momento. No vigente el Pacto, sino
vigentes las normas de desarrollo de dicho Pacto, normas legales en
vigor que tenemos que cumplir. Y quien tiene que cumplir más aún, si
cabe, es el Gobierno, que tiene que seguir desarrollándolas. Esas
normas vigentes, como el Pacto, son las que exigen, a su vez, normas
de desarrollo, que son las que se contienen en este título II. Y ello
no entra en colisión con que nos reunamos cada semana para
reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestro sistema de
protección social. Lo que no puede ser nunca el Pacto de Toledo es
una excusa para la inactividad del Gobierno o inactividad de los
grupos parlamentarios, ya sea el Grupo Parlamentario Popular o grupos
parlamentarios de la oposición. Y, señorías, bien que lo demuestran
ustedes, porque si S.S. sabe, que lo sabrá -porque probablemente
intervenga en los debates de la semana que
viene en el Pleno-, en el orden del día hay dos cuestiones de su
grupo que afectan a la Seguridad Social. Por lo tanto, no critiquen
que a las leyes de acompañamiento traigamos cuestiones de la
Seguridad Social porque estamos reunidos en el Pacto de Toledo, y en
cambio ustedes sí que tengan plena libertad para que cuestiones de la
Seguridad Social sean debatidas en este Pleno. Hay libertad para que
ustedes lo hagan, pero también hay libertad para que el Gobierno siga
desarrollando el Pacto de Toledo o para que cualquier grupo
parlamentario lo pueda plantear. Hay propuestas de otros grupos,
también en materia de Seguridad Social, porque el Pacto de Toledo
está vigente, la norma también y no podemos paralizar la Seguridad
Social o nuestros planteamientos sobre la Seguridad Social cada vez
que estemos reflexionando sobre su presente o su futuro. No pidan
para los demás lo que no estén dispuestos a hacer ustedes mismos.
A mayor abundamiento, algunos grupos de la oposición han estado
criticando, como argumento general, lo prolijo de esta ley, cuando
sus enmiendas a este título no se limitan a intentar modificar o
suprimir los artículos ya existentes, sino que introducen nuevos
artículos, nuevos apartados, disposiciones adicionales nuevas sobre
los más variopintos asuntos, y en su mayor parte ya discutidos en
esta Cámara a lo largo de la presente legislatura. Lo ha hecho el
Grupo Socialista y lo ha hecho, sobre todo, el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Pero el señor Vaquero ha tenido la
decencia política de reconocerlo en esta Cámara cuando ha dicho:
entramos casi en contradicción con nuestra propia crítica. Porque, es
verdad, señor Vaquero, han aprovechado ustedes esta ley de
acompañamiento y en concreto el título II, para hablar, y si me
permite el símil utilizado anteriormente, de lo humano y de lo divino
casi.
Por poner cierto orden, señorías, y aprovechar el tiempo del que
dispongo, seguiré el orden del articulado de la ley y haré referencia
a la mayor parte de las enmiendas que se han defendido en esta
tribuna. Tengo que empezar diciendo que en materia de relaciones
laborales -y lo conocen SS.SS.- se introducen modificaciones en la
regulación del trabajo fijo discontinuo, por las cuales se posibilita
que en la negociación colectiva las organizaciones sindicales y
empresariales puedan acordar modalidades de organización de las
actividades estacionales, sin ajustarse estrictamente al límite
máximo de jornada en el trabajo a tiempo parcial, dadas las evidentes
diferencias que existen -creo yo que son evidentes- entre el trabajo
a tiempo parcial típico, que se desarrolla en días y horas ciertas y
repetidas, y el de estas actividades estacionales -de las que yo,
señora López i Chamosa, soy un buen conocedor, porque también hay
muchos recolectores a los que ha hecho referencia no sólo en Murcia,
sino también en Valencia- que son siempre de inicio y duración
incierta, depende de muchas cuestiones, hasta del propio tiempo, como
saben SS.SS., y además son de intensidad variable en función de las
diferentes campañas
y temporadas en base a esos factores que he dicho que son
imprevisibles y no susceptibles de control. Por ello, la modificación
que se ha hecho es cierto que se ha hecho con quien ha querido
participar en ese acuerdo social. Recuerden, señorías, que para que
se diga que viene con acuerdo social no siempre tienen que participar
los mismos interlocutores. Ha habido acuerdo social a veces en el que
el Gobierno ha pactado con los sindicatos y los empresarios se han
quedado de lado, y hemos estado de acuerdo. En otras ocasiones - a lo
mejor como ocurre ahora- parte de las centrales sindicales, las
organizaciones empresariales y el Gobierno llegan a un acuerdo y se
puede decir que hay un acuerdo social que sustenta, aunque haya algún
agente social que diga que él no participa del mismo, pero que no le
niegue la legitimidad a los demás de poder llegar a soluciones,
señora López i Chamosa. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.) Además, esta modificación no va a ser ninguna
ventana, a nuestro juicio, abierta al fraude. Por eso tenemos que
rechazar sus enmiendas. Piensen ustedes en la imposibilidad material
que existe ahora de establecer en el contrato a tiempo parcial la
concreción de la cuantificación y distribución horaria de un trabajo
de este tipo, que es, por definición, de inicio y de duración
incierta, y justamente lo que se le pide al contrato actual a tiempo
parcial es que se cuantifique la jornada en la firma del mismo, y ahí
sí que estamos ante un hecho materialmente imposible. Por todo ello,
señoría, no podemos aceptar sus enmiendas, ni de supresión ni de
modificación ni, desde luego, señor Vaquero, la enmienda que ha
presentado su grupo, que era volver a la antigua regulación que
existía del contrato a tiempo parcial, la segunda de las opciones que
usted nos daba, porque habiéndose producido la modificación en breve
tiempo, y es así, con total acuerdo de los agentes sociales, nos
parecería dar una vuelta atrás hacer caso al contenido de la misma.
Asimismo, rechazamos la enmienda de su grupo que pretende que el
salario mínimo interprofesional suba todos los años necesariamente y
como mínimo el IPC previsto. Es cierto que la evolución del IPC
constituye -como en la actualidad- uno de los factores a considerar
muy importante, pero no creemos que debe ser el único. Establecer una
automatización del salario mínimo interprofesional en función de la
previsión del IPC, supone eliminar toda posibilidad de actuación del
salario mínimo interprofesional como instrumento de política
económica que es, y lo sabe S.S. además, que viene determinado
también por la interlocución social, porque se fija entre Gobierno e
interlocutores sociales.
Tampoco podemos aceptar, señorías, las enmiendas al artículo 17, ya
que, a nuestro juicio, pueden representar, sin duda, un obstáculo de
incalculables consecuencias en el resurgimiento de un sector
estratégico, como es el del transporte marítimo, sin que quepa
adivinar -nosotros no hemos podido adivinarlos- los efectos positivos
que pueden tener en el empleo de los trabajadores españoles las
medidas que se proponen
en las distintas enmiendas del Grupo Mixto o del Partido Socialista a
este título.
Por otro lado, SS.SS. también a veces son repetitivos y constantes, a
pesar de la inconsistencia de sus argumentos. El Grupo Socialista
reproduce en su enmienda 177 las enmiendas ya formuladas en las leyes
de acompañamiento de los años 1997 y 1998, que ya fueron rechazadas
en su momento por esta Cámara, pero no sólo ahí. También el motivo de
la enmienda tuvo su debate singularizado en esta Cámara y también fue
rechazada. Y señorías, me atrevo ya a vaticinar que su enmienda
también en este caso será rechazada nuevamente en este año 1999,
porque está claro que su propuesta supone un impedimento para atajar
las conductas de uso indebido de la protección social, puesto que, de
admitirse la enmienda, no sería objeto de devolución al patrimonio
único de la Seguridad Social la totalidad o una parte de las
percepciones que un trabajador o un pensionista hubiera percibido de
forma indebida. Aquí se lo decimos siempre, señores del Grupo
Socialista: en la lucha contra el fraude o se está a favor o si se
está tibio, se está en contra, y cuando se está en contra se está
poniendo en peligro el sistema, porque al final quien defrauda a un
sistema de solidaridad, como es el nuestro de Seguridad Social, lo
que está sacando son unas prestaciones en beneficio propio que
pudieran ir en beneficio -y valga la redundancia- de aquellos que
merecerían recibirlas.
Asimismo, al artículo 21 hay una enmienda de Izquierda Unida -vuelvo
a usted, señor Vaquero- que pretende volver a definir los requisitos
de carencia de rentas y existencia de cargas familiares que se exigen
para la obtención de los subsidios por desempleo. Ha hecho usted
mucho énfasis en las enmiendas que tiene respecto al desempleo, por
eso le voy a contestar. No podemos compartirla ya que supondría, por
un lado, un elevado incremento del gasto. Normalmente ustedes no
cuantifican mucho sus enmiendas; yo creo que les da miedo a veces
cuantificarlas por los números que les van a salir. En este caso,
tampoco se lo voy a decir yo porque se asustaría S.S., pero tenga
usted la completa seguridad de que iba a poner en peligro el
equilibrio económico-presupuestario del sistema, y mire que ahora
está bien el sistema de protección social. Además, hay otro
argumento: esa enmienda suya generaría un agravio comparativo con los
ocupados que cobran ahora mismo sólo el salario mínimo
interprofesional; quedaría peor situado el trabajador que cobra el
salario mínimo interprofesional que el señor que cobra una prestación
por desempleo que, según ustedes, debería ser como mínimo igual al
salario mínimo interprofesional.
También pretenden ustedes modificar la duración de la prestación por
desempleo contributiva, enmienda que justifican -y tuvimos ocasión de
discutirlo ya- con la existencia de colectivos, cada vez más amplios,
expulsados del sistema de protección por desempleo. Señor Vaquero, se
lo dije ayer y lo digo hoy: no es verdad, esa afirmación no es cierta
y, por tanto, su
enmienda está sustentada en una afirmación no veraz. (Rumores.) Entre
1996 y 1999, se ha reducido el paro registrado -que es lo que nos
vale a estos efectos- en 800.000 personas y el paro EPA se ha
reducido en más de un millón de personas; o sea, aún sería mayor el
número si usted quiere coger esa cuantificación. Se ha frenado la
caída de la tasa de cobertura, y S.S. lo sabe; y la tasa para el año
que viene será del 70 por ciento -tuve ocasión de decírselo ayer y se
lo repito hoy-, más de 30 puntos superior a la del año 1988. No
podemos estar hablando una y otra vez de colectivos excluidos o de
disminución de la tasa de cobertura. Además, en números totales, los
desempleados no protegidos han descendido considerablemente y serán
630.000 el año que viene, 200.000 menos que el año en que mayor fue
la tasa de cobertura anterior a éste. Por tanto, entienda S.S. que no
podemos admitir sus enmiendas porque la justificación es
absolutamente errónea, al menos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Voy concluyendo, señor presidente -y sigo con
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-. A partir de ahí
ustedes solicitan la inclusión de nuevos artículos y disposiciones
adicionales que van desde la prestación por maternidad de las
artistas, pasando por sustituciones competenciales, renta de
inserción, plan gerontológico, emigrantes españoles retornados,
empresas concesionarias de autopistas de peaje, síndrome tóxico,
ludopatía, cooperativas, hasta la jubilación anticipada. Un volumen
de materias, señorías, que en su mayor parte ya hemos discutido en
esta Cámara, por lo cual, en aras a la brevedad del debate, me
remitiré a las manifestaciones que se han realizado en nombre de mi
grupo en los distintos debates que hemos tenido a lo largo del año.
No quiero dejar de referirme, señor presidente -y voy acabando con
ello-, a las expresiones que ha empleado usted hoy, que creo que nos
dan la razón a los que defendemos justamente lo contrario. Ha dicho
S.S. que el Partido Popular y algún grupo más no querían hablar de
reparto del tiempo de trabajo y que aquí estaba usted hoy para hablar
de ello. No, no, no se equivoque; ¡claro que queremos hablar y
debatir del reparto del tiempo de trabajo, todo lo que haga falta!
Además, señoría -y esto es lo que digo que entra en contradicción con
sus posturas-, su líder máximo, en el debate que tuvimos sobre la
iniciativa legislativa popular hace breves fechas en esta Cámara,
dijo que votar en contra de su toma en consideración era hurtar el
debate. ¿Se dan ustedes cuenta de qué rápidamente han quedado
desautorizadas sus propias manifestaciones? Usted está reconociendo
que ya estamos teniendo aquí el mismo debate. A esta Cámara no se le
puede hurtar ningún debate por no aprobar una toma en consideración;
es más, usted lo sabe porque usted y su grupo han sido protagonistas
de casi todos ellos. Antes
de la discusión de la iniciativa legislativa popular, habíamos
hablado específicamente de reparto del tiempo de trabajo en esta
Cámara diez veces durante esta legislatura -me he permitido contarlas
en el «Diario de Sesiones»-, sin contar las reflexiones hechas en
comparecencias de ministros o del presidente del Gobierno. Tuvimos
ocasión de debatir la iniciativa legislativa popular y hoy volvemos a
hablar de reparto del tiempo de trabajo. Hurtar debates a esta
Cámara, nunca; discrepancias, sí, usted lo sabe y se lo voy a repetir
hoy: mi grupo no cree en la reducción generalizada de jornada por
ley, porque no cree que eso sea sinónimo automático de creación de
puestos de trabajo; confiamos más en el acuerdo de los agentes
sociales, que conocen las empresas y los sectores, para que nos digan
en cuál de ellos es posible la reordenación del tiempo de trabajo de
modo que sirva, además, no sólo para la modernización de la empresa
sin merma de su productividad, sino también para mejorar las
condiciones de trabajo, siempre con el requisito de crear empleo en
función de esa reordenación del tiempo de trabajo. Al hilo de esto
tengo que decir que tampoco compartimos en absoluto la prohibición
total y generalizada de horas extraordinarias que ustedes pretenden,
porque no responde en absoluto a la realidad de las necesidades
empresariales.
Acabo ya, señor presidente
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Sí, debería concluir,
señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Acabo ya, pero como el señor Vaquero luego va
a utilizar un turno en el título III, como ha manifestado, le voy a
contestar y no hay necesidad de hacerlo después y así ganaremos
tiempo a lo largo de la mañana. Va usted a hacer referencia sin duda
en el posterior debate al tema de las bonificaciones, todo el
artículo 25 de esta ley y su financiación, que mi grupo siempre ha
defendido que es legal, lo ha acordado esta Cámara, pero, señorías,
tengamos siempre en cuenta -sólo hago esta reflexión- que detrás de
cada una de estas bonificaciones hay un trabajador que no trabajaba y
ahora trabaja o hay un trabajador que tenía un trabajo precario y
ahora tiene un trabajo estable, con lo cual tras esa reflexión
pediría a SS.SS. que al menos moderaran su verbo. Y que esto ha dado
resultado los datos de la última EPA nos lo dicen: tenemos 1.600.000
españoles y españolas más trabajando que en el año 1996, de los
cuales 1.300.000 tienen un contrato indefinido, más de los que había
en el año 1996.
Acabo, señor presidente, recordando que comparto, al igual que hace
el Grupo Parlamentario Socialista -la tengo que compartir-, la
preocupación por una alta tasa de temporalidad, por la estabilidad en
el empleo, por la inserción laboral de la mujer o por la situación de
los parados de larga duración, pero ese debate, señorías, era ayer,
no era hoy. Son disposiciones adicionales a la ley de acompañamiento,
de las que compartimos su exposición de motivos, para entendernos,
pero su contenido
es totalmente innecesario como las han presentado ustedes. Era ayer,
y no hoy. Sí que es verdad, señoría: están ustedes relativamente
equivocados en las apreciaciones que hacen. Por ejemplo, en la
disposición adicional sobre estabilidad en el empleo si acudiéramos
a su literalidad y pusiéramos en práctica lo que ustedes pretenden
acabaríamos llegando a un sinsentido, porque como no han analizado
con rigurosidad todo el tema de estabilidad en el empleo, y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sí que tiene constituido un
grupo de trabajo a estos efectos, acabaríamos, si me permiten el
símil, matando moscas a cañonazos, o sin símil, logrando que lo que
hiciéramos fuera no contratar nada temporalmente. Fíjese, con su
pretensión, un trabajador que se contrate para sustituir a una
trabajadora en baja por maternidad, y terminada la misma le contratan
en la misma empresa para sustituir a un trabajador que está de
vacaciones, inmediatamente tendría que convertirse en un trabajador
fijo. Ese es un absoluto -y usted, señora López i Chamosa sabe de
esto- sinsentido y estoy seguro de que lo único que les ha faltado es
reflexionar un poco más sus propuestas.
Respecto a la mujer, a la que ha hecho referencia - y acabo ya, señor
presidente- la señora López i Chamosa, tengo que decirle que no es
que no haya ni una sola medida, como dice usted, es que todas las
medidas, tanto de los planes de empleo como de estos presupuestos,
son a favor de la inserción laboral de la mujer y de otras cuestiones
que ha habido. Usted misma ha reconocido que sí que se han adoptado
muchas medidas en beneficio de la mujer: maternidad cero,
conciliación de vida familiar con la laboral, y estamos en el camino
de hacer muchísimas más, pero le reitero que hoy trabajan 800.000
mujeres más de las que trabajaban en enero del año 1996 y la mujer en
estos momentos es una de las mayores preocupaciones de este Gobierno,
de este Grupo Parlamentario Popular y de este partido, al igual que
lo son los parados de larga duración.
Tengo que terminar, señorías, diciendo que al menos hoy me ha
alegrado la coincidencia en estos últimos aspectos con el principal
grupo de la oposición y como es el último trámite parlamentario les
animo a que si esas coincidencias pueden plasmarse mucho más allá
retiren sus enmiendas y apoyen estos Presupuestos Generales del
Estado, porque al final convendrán conmigo que van a servir para
crear empleo y mejorar el bienestar de los españoles.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Camps.
Título III Pasamos al debate del título III del proyecto de ley.
En primer lugar, las enmiendas que firman los señores Rodríguez y
Vázquez.
Tiene la palabra el señor Vázquez para su defensa.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente. Intervengo con toda
brevedad para hacer referencia a la única enmienda que el Bloque
Nacionalista Galego presenta a este título, por la que proponemos
modificar la denominación del Cuerpo del grupo A del Servicio de
Vigilancia Aduanera de manera que pasaría de Cuerpo Técnico del
Servicio de Vigilancia Aduanera, a denominarse Cuerpo Superior del
Servicio de Vigilancia Aduanera, para evitar confusiones con otros
cuerpos del Ministerio de Economía y Hacienda y para modificar la
nomenclatura y unificarla con otros cuerpos de funcionarios del grupo
A.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Vázquez.
Enmiendas del señor López Garrido.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Las enmiendas también están firmadas
por el señor Peralta y hasta hace un minuto estaba aquí y estoy
segura de que va a venir a lo largo del debate del título III. En
todo caso, las daríamos por defendidas y le rogaría que pudiéramos
saltar ese turno porque él vendrá en un minuto.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora
Lasagabaster.
Enmiendas de Coalición Canaria. (Pausa.) Se dan por decaídas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Vasco tiene escasa afición por la técnica
legislativa que ahora se da en llamar leyes de objeto diverso, con
expresión ciertamente más distinguida que la de leyes escoba, leyes
mosaico o cajón de sastre, como se ha venido llamando a esta Ley de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, coloquialmente
ley de acompañamiento. Por ello, presenta escasas enmiendas a este
texto y sostiene para este trámite de su debate en Pleno muy pocas,
como han podido comprobar SS.SS. a lo largo de esta mañana.
Me corresponde defender dos en las que mi grupo ha encontrado pié
suficiente en el propio texto presentado por el Gobierno. He dicho
que no nos gustaba esa técnica legislativa, pero el título III de la
ley que nos presenta el Gobierno está dedicado al personal al
servicio de las administraciones públicas con un abundantísimo
articulado que nos permite introducir los dos aspectos a que se
refieren las enmiendas 328 y 329 de las que el Grupo Vasco sostiene.
¿Qué pretende la enmienda 328? Señorías, pretendemos cohonestar la
dicción del artículo 101 de la Ley 7/1985, Ley reguladora de las
bases de régimen local, y el apartado 2 del artículo 17 de la Ley 30/
1984 con el contenido constitucional del artículo 23.2 para el acceso
en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos. Ocurre, señorías, que estos dos artículos tienen una
difícil interpretación acorde con el texto constitucional; respecto
de los dos se ha suscitado importantísima conflictividad en todo el
territorio del Estado y existe jurisprudencia, tanto del Tribunal
Supremo como del Tribunal Constitucional que permite pensar que la
línea o la pauta seguida por la enmienda que presenta el Grupo Vasco
es también la decidida por los tribunales.La modificación que
pretendemos del artículo 101 abre la posibilidad de concurrencia a
las plazas que convoquen las administraciones públicas del ámbito
local, siempre que así se pueda hacer por estar establecido, estando
supeditada esta participación a lo que al respecto se establezca en
las relaciones de puestos de trabajo de la respectiva administración
local convocante.
En igual sentido, el apartado 2 del artículo 17 de la Ley 30
pretendemos que también se modifique para que sea posible el juego
diverso, es decir, el contrario al anteriormente manifestado y es que
en relación con las plazas convocadas por comunidades autónomas o
cualesquiera otras administraciones públicas pueda concurrir el
personal que presta trabajo en las administraciones públicas locales,
siempre que ocurra, por supuesto, que tengan la titulación y la
cualificación específica y adecuada para el puesto de trabajo que se
pretende desempeñar. Creemos, señorías, que con ello solamente
cohonestamos dos artículos de dos leyes de los años ochenta y tantos
y que están suscitando una importantísima conflictividad, repito, en
el ámbito judicial, intentando que finalmente haya una solución única
y equilibrada respecto de estos supuestos. Nos parece, además, que
nuestra pretensión no está alejada de lo que el propio Gobierno
piensa, puesto que en el proyecto de estatuto básico de la Función
pública se contemplaba esta solución. Se nos dirá que podríamos
esperar a que este texto sea aprobado, aunque no en esta legislatura,
tendrá que ser en la siguiente, pero mientras tanto el problema
quedaría ahí vigente y candente. Nos parece que puesto que existe una
ley que se va a aprobar necesariamente antes de que termine este año
y que el problema que detectamos realmente existe, sería buen momento
para acceder a la aprobación del texto que pretendemos introducir.
Parecido carácter, aunque con un origen distinto, tiene la enmienda
número 329. Obedece, señorías, en este caso sí, a una especialidad
ocurrida en el ámbito vasco. Conocen SS.SS. -y si no se lo recuerdo
en este momento- que al aprobarse la Logse ella misma establecía un
régimen transitorio conforme al cual iban a poder ir regularizando
sus situaciones los funcionarios de Educación a los que les afectaba
la entrada en vigor de esta ley. Ocurre que al entrar en vigor la
Logse en el ámbito de la Administración vasca se estaba produciendo
en paralelo el proceso de integración de lo que era la antigua red de
ikastolas en la llamada escuela pública vasca. A poco que SS.SS.
hayan seguido este proceso sabrán que no fue pacífico y que en
numerosos centros hubo procedimientos judiciales por si
definitivamente
el acuerdo adoptado había sido de integración en la red pública o no;
es decir, que en los plazos que la Logse preveía había numerosos
centros en el ámbito de la Administración vasca de cuyo personal no
dependía saber si iba a ser personal laboral o personal funcionario
y que por tanto no podían acogerse a las previsiones de la Logse. La
enmienda que presentamos pretende reabrir esto por una única vez,
ahora que ya está pacificado el proceso y limpias las redes públicas
y privadas, para que el personal que ha quedado en la red pública
vasca pueda acogerse a idéntica regulación que en su día se hizo para
el resto del Estado en relación con la Logse; sólo para aquellas
situaciones en las que no pudieron acogerse a los plazos de la Logse,
repito, por estar pendiente de procedimientos judiciales entonces
abiertos.
Señorías, el grupo al que represento no pretende con estas dos
enmiendas reivindicaciones ex novo, sino que se pretende dar salida a
problemas ya realmente existentes, candentes en numerosas
administraciones y que en este momento, traídos a la Cámara por el
Grupo Vasco, tienen SS.SS. ocasión de contribuir a que exista la
posibilidad de que se solucionen.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Uría.
Señor Mardones, me ha parecido entender que a la entrada en el
hemiciclo solicitaba a la Presidencia ser restituido en su turno de
defensa de sus enmiendas.
Tiene la palabra para la defensa de las enmiendas de Coalición
Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, por su
benevolencia y amabilidad.
Anuncio que en este título teníamos mantenidas dos enmiendas, la 242
y la 243, y en este momento retiro la enmienda número 243 y
mantenemos viva para su debate, defensa y votación la enmienda 242,
que se refiere a la modificación que introducimos en el artículo 27
del proyecto de esta ley de medidas de acompañamiento, en razón a que
en el último párrafo que trae el texto que remite el Gobierno declara
a extinguir el cuerpo de auxiliares de intervención de puertos
francos de Canarias. Nosotros no tenemos nada que objetar,
entendiendo las razones de índole administrativo y de adecuación de
los servicios de puertos francos de Canarias por las cuales se tienen
que integrar los agentes de servicio de vigilancia aduanera como tal
cuerpo.
Lo que pretendemos con nuestra enmienda es que, junto a la
especialidad de investigación que trae el texto del proyecto, se
introduzca también la marítima, y que las pruebas, que se tienen que
realizar en un plazo máximo de cinco años sean convocadas anualmente,
que no quede en la indeterminación del proyecto de la ley un caso de
cinco años sin que se discipline todo este quinquenio subdividido en
anualidades correspondientes para la convocatoria de las plazas.
Pretendemos también en nuestra enmienda, señor presidente, que el
número de plazas convocadas anualmente sea el suficiente para
permitir la integración de aquellos funcionarios que a la fecha de la
convocatoria pertenezcan al cuerpo de auxiliares de intervención de
puertos francos de Canarias. Mi grupo parlamentario considera a este
colectivo con el máximo afecto y entiende que con el texto que
proponemos en nuestra enmienda hay una solución posible
administrativa, que tienen que ser acogidos sus legítimos intereses
porque no son sólo intereses de funcionarios, de un colectivo que ha
estado sirviendo a la Administración del Estado en los puertos
francos de Canarias, sino que están también todas las consideraciones
de dignidad humana, y fundamentalmente familiares, que residen detrás
de estas personas.
Nuestra enmienda se extiende, en el caso de la especialidad marítima,
que es su contenido fundamental, a que deben estar en posesión del
correspondiente certificado de competencia marinera. Entendemos que
si pedíamos el reconocimiento de esta especialidad teníamos que
exigirles también el certificado de competencia marinera.
Finalmente, hacemos una salvedad en el penúltimo párrafo del proyecto
del Gobierno para que la situación especial de segunda actividad, que
está contemplada en la Ley 56/1997, en ningún caso implique cambio de
localidad, aunque sí podrá producir cambio de puesto de trabajo, ya
sea de forma íntegra o progresiva, en función de las necesidades que
determine la Agencia Tributaria. Creo que nuestra enmienda es muy
medida, muy respetuosa con las competencias de la Agencia Tributaria
y, al mismo tiempo, trata de buscar una ubicación en el propio
territorio de su actual puesto de destino para que sea tomado en
consideración.
Estas son las razones, señor presidente, que mueven a mi grupo a
defender, mantener y someter a votación la enmienda número 242.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Voy a defender las enmiendas correspondientes al título III de la ley
de acompañamiento. La primera hace referencia a la sección tercera,
protección social, y pretende añadir un segundo párrafo al artículo
34 para evitar la duplicidad que puede existir de redes asistenciales
respecto a los ciudadanos españoles que trabajan en el exterior en la
medida en que conciertan seguros extensibles a su familia, a los
familiares que acompañen a este personal para la cobertura de estos
temas. Efectivamente, para aquellos que tienen acuerdos de
reciprocidad de asistencia equivalentes a los servicios
de Seguridad Social podría existir una duplicidad, cuyo gasto no
sería justificable en la suscripción de estas pólizas en la medida en
que existirían, por tanto, dos tipos de cobertura: por un lado, la
póliza de asistencia y, por otro, el acuerdo de reciprocidad
equivalente a los mecanismos de los servicios de la Seguridad Social.
Por consiguiente, nosotros entendemos que para evitar esta duplicidad
habría que añadir el párrafo que proponemos, que dice lo siguiente:
Se podrán concertar seguros siempre y cuando no haya acuerdo de
reciprocidad de asistencia equivalente a los servicios de Seguridad
Social.
En la enmienda 123 planteamos una nueva disposición adicional que
modifique el artículo 39.2 de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado del año 1964 y el decreto 2043 de 1971, de 23 de julio, en su
artículo 18.2, que habla del personal de los organismos autónomos,
y pretende evitar una discriminación que existe con los funcionarios
acogidos al régimen general de la Seguridad Social respecto de los
funcionarios del sistema de clases pasivas e incluso del personal
laboral de estos organismos, que en general disfrutan de una
situación, y es que cuando se declara la incapacidad permanente total
a estos funcionarios pueden acogerse a un cambio de puesto de
trabajo. Ya se sabe que este tipo de prestación de la Seguridad
Social de declaración de incapacidad minora mucho las rentas de los
trabajadores en general, es un 55 por ciento de la base reguladora, y
la condición más favorable para ellos es la que tienen estos otros
trabajadores, funcionarios y personal laboral, y es que se les cambie
de puesto de trabajo. Pues bien, no es de recibo, no entendemos por
qué a estos funcionarios no se les incluye dentro de los beneficios
que gozan otra serie de trabajadores, de funcionarios de la
Administración pública y de personal laboral de la Función pública en
sus mismos centros de trabajo de los organismos autónomos. Por
consiguiente, creemos que es muy razonable lo que planteamos, que
pueda haber un cambio de puesto de trabajo por otro más adecuado a su
situación, que, en definitiva, es lo que planteamos con la
modificación de estos dos artículos de ambas leyes que antes he
citado.
Una tercera norma que pretendemos plantear mediante una nueva
disposición adicional añadida a la ley de acompañamiento trataría de
denominar Cuerpo superior de técnicos de la Administración general a
aquellos cuerpos o escalas del Grupo A relacionados en el apartado 2,
a), a) de la disposición adicional novena de la ley 30 de 1984, de 2
de agosto, de medidas de reforma de la Función pública, que viene a
ser el texto madre de toda la legislación respecto a la Función
pública, por supuesto bastante reformado y que no llega a la
categoría del Estatuto de la Función pública, pero que hace sus veces
en la medida en que no existe todavía ese estatuto. Y pretendemos
hacerlo porque aquellos técnicos de los organismos autónomos que
tienen la titulación requerida, una titulación superior universitaria
o de escuelas técnicas superiores, etcétera, no tienen la misma
denominación que aquellos otros que
gozan de los mismos requisitos para el acceso a la Función pública,
etcétera. Por tanto, nosotros creemos que es algo que, más allá de un
mero cambio de denominación, viene a reconocer un derecho de un
colectivo de trabajadores de la Función pública.
En la enmienda 141, el Grupo de Izquierda Unida plantea la
introducción de una nueva disposición adicional, en función de la
cual se limite el número de jueces y magistrados sustitutos más allá
del 5 por ciento de la plantilla de jueces y de magistrados en el año
2000, incluyéndose los sustitutos de jueces y magistrados en las
plantillas orgánicas de estos cuerpos de la Administración de
justicia. Basamos nuestra propuesta en la situación actual. Hoy
existe un 20 por ciento de jueces y un 9 por ciento de magistrados
sustitutos. Entendemos que esta situación se mantiene de forma
absolutamente anómala e injustificada, ya que han sido nombrados con
criterios ciertamente subjetivos. Todo ello porque no existe la
voluntad política de reformar la Administración de justicia, al menos
en este aspecto, convocando y cubriendo nuevas plazas y, por tanto,
dotando de recursos humanos a esa Administración de justicia, tan
necesitada no sólo de reformas legales, que se han abordado y se
seguirán abordando en el futuro, sino fundamentalmente de medios
materiales y humanos. No es de recibo que haya un retraso en la
tramitación de tantos asuntos en los distintos juzgados, a lo largo y
a lo ancho de la geografía española, y sin embargo se sigan
congelando prácticamente las plantillas, sin convocar plazas y
resolviendo el tema en base a sustitutos que exceden en su número lo
razonable. Nosotros planteamos que, al menos, esta situación se vea
contemplada con una limitación del número de sustitutos, para que el
Gobierno se vaya incentivando a la hora de resolver de forma más
definitiva esta situación.
Junto a estas enmiendas que acabo de defender, señorías, me atrevo a
usar este tiempo para referirme a otras que no van a ser defendidas
si no se hace en estos momentos por parte de Izquierda Unida y que,
aunque no afectan al título III, creemos que tienen una gran
importancia.
En la enmienda 127 planteamos una nueva disposición adicional en la
que se pretende que se modifique la reciente ley de contratos a
tiempo parcial y de relevo, haciendo que se entienda como día
efectivamente cotizado el día trabajado, independientemente del
número de horas de la jornada de dicho contrato. Creemos que la
solución que se arbitró en la ley reciente, en el Real Decreto 2064,
del año 1995, ha sido muy alicorta. A pesar de que estaba asentada
sobre la base de un acuerdo con los sindicatos, entendemos que no
retrotrajo a la situación anterior, que era la idónea, que entendía
como día cotizado el día trabajado, a los efectos de sumar períodos
de carencia respecto a las prestaciones, para que, en su día, los que
trabajan a tiempo parcial, los que no tienen otro tipo de trabajo,
puedan disfrutar de las mismas condiciones de jubilación, de
desempleo, de invalidez, etcétera, que el resto de los trabajadores,
porque, en definitiva, los trabajadores no
tienen la culpa de que el mercado de trabajo no les dote de un empleo
a tiempo completo y tengan que estar trabajando a tiempo parcial.
En la enmienda 128 planteamos que sean titulares del derecho a la
protección de la salud y a la atención sanitaria gratuita todos los
españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan su residencia en el
territorio nacional, con independencia de su situación legal. Es
decir, con esta nueva disposición adicional pretendemos dotar de
derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria
gratuita a los inmigrantes, con o sin papeles. Queremos acabar de
forma definitiva con esta situación, al margen de que la ley de
extranjería se apruebe o no y de que el marco legal vaya modificando
la situación de los inmigrantes. En concreto, con esta enmienda
queremos hacer esta aportación respecto a la atención sanitaria de
los inmigrantes.
Con la enmienda 130 solicitamos resolver la discriminación de los
prejubilados de la empresa Alcatel, algo que viene repitiéndose desde
el año 1995 en que se aprobó una proposición no de ley por parte de
todos los grupos parlamentarios el 27 de diciembre de 1995. A este
colectivo se le viene mareando, aunque intentan buscar una solución a
esta discriminación desde hace muchos años, pero desde el año 1995
con más motivos porque se les prometió la voluntad política de
solucionar este tema. Sin embargo, se sigue, repito, mareando la
perdiz y no se habilita lo que nosotros planteamos: un fondo
específico para ir cumpliendo esta resolución.
En la enmienda 131 proponemos que el Gobierno negocie con los
sindicatos en el primer semestre del año 2000 una reglamentación que
armonice el requisito de acceso a la renta de inserción, y ya se sabe
que hay distintas comunidades autónomas que tienen reglamentaciones
respecto a esto que conviene que se armonice.
En la enmienda 132 solicitamos una ley de financiación para el Plan
gerontológico. En la enmienda 133 pedimos que el Ministerio de
Sanidad y Consumo incluya en el catálogo de prestaciones sanitarias
las prótesis auditivas y la anestesia epidural con carácter general.
En la enmienda 134 planteamos que los emigrantes retornados tengan el
acceso a las pensiones no contributivas, para lo cual se deben
modificar aquellas normas de requisitos de períodos de residencia
previos a su retorno que existen en la Ley 26/1990, de 20 de
diciembre, que alumbró las pensiones no contributivas. Hace falta que
se modifique el artículo 137 bis, b) y también el artículo 154 bis de
la Ley General de la Seguridad Social. Esto es algo que viene a dar
naturaleza de ciudadanos de primera a los emigrantes retornados. Hoy
existe esta limitación legal.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Vaquero, vaya
concluyendo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Voy concluyendo, señor presidente.
La enmienda 143 plantea garantías para las personas afectadas por el
síndrome tóxico en el cobro de aquellos
derechos que ya han sido reconocidos por este Parlamento. En la 154
planteamos un traspaso de competencias a la Comunidad autónoma de
Andalucía, y, en concreto, que el Gobierno lo haga con carácter
urgente, antes de enero del 2000, de las políticas activas de empleo
y, al mismo tiempo también, de las competencias de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.
En la enmienda 153 solicitamos una modificación para la Ley de
cooperativas y, finalmente, en la enmienda 159 proponemos añadir al
capítulo IV de la Ley de conciliación de vida familiar y laboral un
artículo 15 que resuelva la situación de los artistas integrados en
el régimen general de la Seguridad Social, a partir de un decreto del
año 1986, en función del cual el requisito de alta o asimilado al
alta, del artículo 124.1, se referirá a cualquier momento comprendido
dentro del período de los nueve meses inmediatamente anteriores a la
fecha del parto. El hecho causante, el parto en este caso, para las
artistas no puede ser el que es normalmente para el resto de los
trabajadoras. Por ejemplo, las bailarinas con un embarazo reconocido
de alto riesgo deben abandonar su actividad desde el principio del
embarazo, por consiguiente, el hecho causante tiene que contemplarse
ahí. Es muy difícil ver a una actriz, a una cantante, etcétera,
realmente embarazada encarnando un personaje, como pueden comprobar
cuando ven una serie de televisión o en el cine. Por eso entendemos
que estos casos deben ser tratados específicamente, modificando el
hecho causante a efectos de reconocimiento de estas situaciones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Vaquero.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista que subsiste,
tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Como bien decía, mi grupo parlamentario tiene una enmienda a este
título III, del personal al servicio de las administraciones
públicas. Tiene una enmienda sólo por una razón: no hemos creído
oportuno, como venimos manifestando a lo largo de estos últimos años,
que la ley de acompañamiento sea un instrumento para hablar de todo
lo que pueda afectar al personal de las administraciones públicas o
para otras cuestiones que legítimamente algunos grupos parlamentarios
han enmendado, bien a este título o bien a través de unas
disposiciones adicionales.
Nosotros no estamos en contra de que se regulen nuevas escalas, que
se establezcan con ámbito legal algunos acuerdos con organizaciones
de funcionarios a lo largo de este último año, pero hemos creído que
todo lo que es cuestión específica de marco de relaciones laborales,
de derechos y funciones que afectan a los funcionarios y al personal
de las administraciones públicas debería ir en una ley sustantiva, en
una ley como la que está en estos momentos en el Congreso de
los Diputados, la ley de la Función pública. Por eso no hemos querido
entrar a regular algunas otras cuestiones.
En la medida que hay un artículo 30, que se refiere a la integración
en el Cuerpo de profesores de música y artes escénicas de los
profesores del Conservatorio de Música de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, y no compartimos los criterios que informan a este artículo
30, es por lo que hemos presentado concretamente la enmienda 180, a
la que me referiré, como hice en Comisión, muy brevemente.
Nos felicitamos como grupo parlamentario de que se aborde un
problema, se trate de dar una solución a un problema y que se incluya
en la ley de acompañamiento de este año la integración del
Conservatorio de Música de La Rioja en el Cuerpo de profesores de
música y artes escénicas del Estado.Sin embargo, como dije en
Comisión, el texto que ha presentado el Gobierno no es un texto
coincidente con los acuerdos en el ámbito de la negociación entre los
profesores, los sindicatos de enseñanza, la Administración autonómica
e incluso, a última hora, la subdirección general del Ministerio de
Educación y Ciencia; no es plenamente feliz con los acuerdos a los
que estos colectivos o estas administraciones han llegado. Lo dije en
Comisión y esperaba que en este trámite parlamentario, dado que el
Grupo Parlamentario Popular no presentó una enmienda de acercamiento
al problema que parece que va a ser presentada en el Senado,
pudiéramos haber llegado a un acuerdo, acuerdo al que mi grupo
parlamentario está dispuesto a llegar en base a dos elementos que han
sido objeto de acuerdo que no están recogidos en el artículo 30.
Integración, sí, pero no de cualquier forma. El artículo 30 establece
que la integración de profesores estatales se hará conforme a una
prueba específica, y el acuerdo al que se ha llegado es que esta
prueba no tenga lugar, con lo cual, tal y como está redactado el
artículo 30, se seguiría manteniendo una prueba que todo el colectivo
afectado rechaza. Pero, como dije en Comisión, integración
administrativa, pero también integración económica. No se trata de
que estén integrados los profesores de este conservatorio de La Rioja
en el Cuerpo general de profesores y de artes escénicas de la red
básica de enseñanza, sino que se produzca, una vez hecha la
integración, con todos los derechos, y si los derechos dan lugar a
prestaciones económicas, que las pueden dar, se tengan que producir.
Tal y como está redactado el punto ocho del actual artículo 30 deja
muy claro que la integración, en el caso de que se realice, sólo
producirá efectos administrativos y nunca económicos, porque el punto
ocho del artículo 30 dice que la aplicación de la integración no
supondrá incremento de retribuciones con carácter global.
Pero por si fuera escasa esta explicación dice posteriormente que, en
el caso de que se produzcan incrementos retributivos, se producirían
los suficientes reajustes en las retribuciones complementarias para
que
no se produjera un aumento global. Esto es algo que mi grupo
parlamentario, el colectivo de profesores afectados y los sindicatos
de enseñanza rechazamos plenamente y que nuestra enmienda número 180
trata de recoger.
Así que, como tampoco en este trámite el Grupo Parlamentario Popular
ha presentado una enmienda alternativa o de transacción a la enmienda
número 180, nosotros nuevamente mantenemos dicha enmienda para su
votación, en la esperanza de que pueda dar lugar a una postura de
acercamiento final en el Senado que dé respuesta a un problema de un
colectivo importante en mi comunidad, la Comunidad Autónoma de La
Rioja. Integración sí, pero no sólo administrativa, sino también con
efectos económicos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Martínez Sanjuán.
Para dar respuesta a las diversas enmiendas, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra doña Mercedes Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Responderé, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a las escasas
enmiendas vivas que hay en este trámite parlamentario al título III,
referido al personal al servicio de las administraciones públicas.
Efectivamente, a este título -y ya ha sido discutido en el trámite de
Comisión correspondiente- no se le ha formulado un gran número de
enmiendas. Decía el portavoz socialista que cuestiones de método y de
sistemática les impedían formular enmiendas. Me permitirá S.S. decir
que tal vez la bondad de la ley y del propio título III, que estamos
debatiendo, haya sido la razón de que el Grupo Parlamentario
Socialista y otros grupos parlamentarios no hayan tenido la
oportunidad ni hayan considerado pertinente la formulación y defensa
de enmiendas a este título de este proyecto de ley.
Decía también el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que sólo
tienen una enmienda presentada a este título, que se refiere a la
integración respecto al Conservatorio de Música de La Rioja. Yo creo
que de la exposición que hacía el señor Martínez Sanjuán parece que
la enmienda da solución a un problema que no contempla el proyecto de
ley, y me importaría mucho, a efectos de clarificación, que se recoja
en el «Diario de Sesiones» que es el propio Gobierno el que da
solución a un compromiso adquirido en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, que, como S.S. decía, era sentido, consensuado y reclamado
desde diversos sectores educativos en dicha comunidad.
Así, el artículo 30 del proyecto de ley de medidas, la ley de
acompañamiento, plantea esta integración para dar solución al cuerpo
de profesores del Conservatorio Profesional de Música de La Rioja, y
hay pequeños matices, pero que yo creo que son importantes, que nos
llevan a no apoyar la enmienda en los términos
que la ha formulado y defendido el portavoz socialista y su grupo
parlamentario. Su señoría sabe, y así lo hemos discutido ya en
Comisión, que este proceso de integración se dio también en otras
comunidades autónomas, concretamente en la Comunidad Autónoma del
País Vasco y en la Comunidad Autónoma Canaria, y S.S. sabe muy bien
que se respetaron los requisitos que establece y contempla el
precepto que ustedes enmiendan. Por tanto, a nosotros nos parece que
razones objetivas llevan al tratamiento y a la sistemática que
plantea el precepto.
Plantea el Grupo Parlamentario Socialista también la integración al
cuerpo de catedráticos. Yo recordé en el trámite de Comisión, y lo
quiero reiterar aquí una vez más, que el Conservatorio de La Rioja,
muy importante, es un conservatorio profesional, no un conservatorio
superior, y, por consiguiente, a nuestro juicio, no tiene acomodo el
planteamiento de integración que S.S. hace respecto al cuerpo de
catedráticos. Se plantea en el artículo 30, y por tanto en el
proyecto, en los términos que nosotros defendemos, y por esa razón no
ha sido formulada enmienda alguna por nuestro grupo parlamentario,
que la integración no suponga un incremento en las retribuciones,
cuestión de la que parece discrepar su señoría. Por esa razón se
suprime un determinado párrafo en la enmienda alternativa que he
planteado.
En suma -y finalizo la fijación de la posición de nuestro grupo
parlamentario respecto de la única enmienda que formula el Grupo
Socialista-, estamos de acuerdo en lo fundamental, señor Sanjuán, dar
solución a un problema planteado en la Comunidad Autónoma de La
Rioja. A mi juicio, con la redacción del artículo 30 se da una
solución sensata y respetando los antecendentes que se han seguido
sobre cuestiones similares en otras comunidades autónomas de nuestro
país.
Me voy a referir con toda brevedad al Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria. Su portavoz el señor Mardones ha retirado una
enmienda, por lo que solamente queda viva una única enmienda en este
trámite, que hace referencia a algo que también contempla el proyecto
de ley en su artículo 27, donde el Gobierno da solución al problema
de la integración de los funcionarios del cuerpo de auxiliares de
intervención de puertos francos de Canarias en el cuerpo de agentes
de vigilancia aduanera. Sus señorías saben que se trata de dar
solución a un problema, al que nosotros también somos sensibles, de
un colectivo de 94 funcionarios, cuyas funciones se han visto
afectadas por la transformación en la organización de los servicios
de aduanas y la reestructuración que también se hace en las zonas de
los puertos francos, consecuencia directa de la integración de
nuestro país en la Unión Europea. Creo que las discrepancias respecto
del artículo 27 del proyecto de ley y los matices que el Grupo de
Coalición Canaria introduce en su enmienda son prácticamente
inexistentes o muy pequeños, hacen referencia a la especialidad
marítima, como ha explicado
el portavoz de Coalición Canaria, que plantea alguna disfunción
respecto a la certificación académica y otra cuestión importante -y
me gustaría tranquilizar a S.S.- sobre el número de plazas convocadas
para dar una solución a la integración de este cuerpo de
funcionarios. Coalición Canaria establece que tengan una periodicidad
anual y el proyecto fija un plazo de integración referido globalmente
a un periodo de cinco años. A nuestro juicio, no debe ser motivo de
inquietud ni de intranquilidad para este colectivo de funcionarios,
pues su integración está garantizada en los requisitos que se
establecen respecto al acceso y las condiciones para el ingreso y
criterios de selección. Los términos planteados en el artículo 27 del
proyecto tienen una única finalidad, dar solución a este colectivo de
funcionarios una vez que se extinga el cuerpo de auxiliares de
intervención de puertos francos de Canarias. Creemos que el proyecto
de ley da esta solución, pues de forma minuciosa y pormenorizada se
establecen las cautelas suficientes para no trasladar inquietud y sí
seguridad a los funcionarios afectados por esta integración.
Por lo que se refiere al grupo parlamentario de Izquierda Unida,
plantean una enmienda a la que hice referencia en la Comisión. Sin
prejuzgar la finalidad de la misma -y doy por entendido que la
finalidad es positiva-, que es mejorar una situación, creo que la
empeora al establecer que los funcionarios desplazados en el
extranjero y sus familiares no puedan concertar pólizas
complementarias de seguros. La argumentación del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida es que hay casos en los que existen convenios de
reciprocidad de nuestro país con el país de referencia en la
prestación de la asistencia sanitaria. Sinceramente, a nuestro
juicio, el hecho de que exista esa reciprocidad no garantiza la
adecuación en la prestación en determinados supuestos. Por tanto,
esta posibilidad de la concertación de pólizas creemos que garantiza
la situación de estos funcionarios desplazados en el extranjero,
tanto para los titulares como para sus familias. (Rumores.) Por ello,
vamos...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señora
Fernández, a ver si deshacemos este embrollo que tiene frente a usted
y que impide que podamos escucharla con claridad. Siéntense,
señorías, en los escaños si quieren continuar dialogando, por favor.
Señor Cámara, siéntese al lado de sus compañeros y lo haremos todo un
poco más ordenadamente, si le parece bien.
Perdone, señora Fernández, continúe.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Agradezco la intervención del
presidente, porque era complejo hacerse oír desde este escaño.
Finalizo la intervención haciendo referencia, señor presidente,
señorías, a dos enmiendas que ha formulado el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV). Me estoy refiriendo concretamente a las enmiendas
números 328
y 329. La enmienda 329 se refiere a la integración del personal
docente en determinadas situaciones y con la exigencia de
determinadas características. Estamos hablando, como justifica el PNV
en su propia enmienda, de una funcionarización de colectivos
laborales del departamento de educación, de universidades e
investigación, que el tiempo ha colocado en una situación singular
y les ha añadido una suerte de dificultades que impiden clarificar su
situación laboral. Por tanto, consideramos que esta enmienda trata de
dar solución a una situación histórica que, por causas que yo creo
que no vienen al caso, no ha tenido una solución legal adecuada.
Y toda vez que la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) establece una serie de requisitos respecto a la celebración
de las pruebas para el acceso a plazas de cuerpos a los que se hallan
adscritos y puedan hacerlo en virtud de una convocatoria
extraordinaria y teniendo en cuenta que estamos hablando de un
personal fijo, nos parece que este tratamiento y solución legal es
adecuada porque regulariza y da una solución jurídica a una situación
de incertidumbre que, por razones históricas y coyunturales, no había
tenido una respuesta satisfactoria hasta la fecha.
Por lo que se refiere a la enmienda 328, que plantea el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) a este título, yo quiero anunciar que
presentaremos una enmienda transaccional que en síntesis pone de
manifiesto la adecuación de los funcionarios de la Administración
local cuando, con una previsión en la relación de puestos de trabajo,
puedan desempeñar estos puestos de trabajo en otras corporaciones
locales, en las administraciones de las comunidades autónomas y en la
Administración general del Estado. Estamos hablando, por tanto, de
requisitos objetivos, estamos hablando de criterios de movilidad y
estamos hablando de una adecuación para evitar supuestos que han
conllevado cierto grado de litigiosidad. Por tanto, nosotros
ofrecemos esta transacción en los términos a los que he dado lectura
y, en espera de la respuesta del grupo parlamentario que ha formulado
la enmienda, votaríamos favorablemente dicha enmienda.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor Zabalía Lezamiz pide la
palabra.)
Señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero manifestar que aceptamos la transacción presentada por el
Grupo Popular y, por tanto, retiramos la enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Zabalía.
Pasamos al título IV del proyecto. Habiendo sido Título IV
retirada la enmienda del señor Chiquillo, del Grupo Mixto, queda una
enmienda de la señora Lasagabaster, que tiene la palabra para su
defensa.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de una enmienda al artículo 44, relativa a la prestación de
servicios de seguridad por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
Real Casa de la Moneda, para las comunicaciones a través de técnicas
y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. El sentido de la
enmienda es introducir en este artículo la responsabilidad de la
Administración autonómica; que ésta tenga la responsabilidad de la
provisión de medios materiales para el funcionamiento de la
Administración de justicia. Consideramos que esta adición es
absolutamente necesaria porque de esta forma se evita la vulneración
de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas con
competencias en materia de administración de justicia para la
provisión de los medios materiales y económicos para el
funcionamiento de la justicia. Entendemos que es así, dado que el
órgano judicial no puede ser un sujeto contractual con la Fábrica de
Moneda y Timbre, atendido que esas competencias radican en la
Administración y no en los órganos judiciales. Lo contrario podría
suponer la nulidad radical de dicho precepto por vulnerar los
respectivos títulos competenciales. Consideramos muy importante la
introducción de esta cuestión en este artículo 44.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Lasagabaster. ¿Enmienda del señor Saura Laporta? Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Damos por defendida la enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias.
Enmiendas de los señores Vázquez y Rodríguez.
Tiene la palabra, para su defensa, el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Con la enmienda 54 proponemos la supresión del subapartado c) del
artículo 36.2, por entender que se trata de atribuir una facultad
excesiva al Ministerio de Economía y Hacienda y más aún en estos
momentos de desintegración y venta del patrimonio público
empresarial, lo que, como es notorio, no compartimos. En la enmienda
55 proponemos añadir un párrafo al artículo 38. Nos parece
clarificador puntualizar qué obligaciones irán a cargo de los
presupuestos de la Seguridad Social.La enmienda 56 propone la
supresión del artículo 39.2. Efectivamente, transcurridos apenas seis
meses desde la aprobación del pacto local, nos parece inadecuado
introducir correcciones al mismo vía ley de acompañamiento, y más aún
cuando se trata de extender la facultad de aprobar contrataciones y
concesiones de todo tipo a los presidentes de diputación hasta un
límite que nosotros no consideramos aconsejable. Sin
duda, esto va a habilitar de hecho a estos órganos unipersonales para
dirigir de modo unilateral gran parte del presupuesto de estas
instituciones. Con el mismo fin hemos presentado la enmienda 57.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Vázquez.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Para su
defensa, tiene la palabra don Pedro Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Al título IV, relativo a las normas de gestión y organización
administrativa, mantenemos tres enmiendas, dirigidas fundamentalmente
a tres actividades. La primera, al artículo 38, tiene como objetivo
que todo lo que haga referencia a la Ley de Cooperación se ajuste a
dicha ley. Por tanto, nuestra enmienda número 93 pretende que la
modificación del artículo 118 de la Ley 66/1997 no ignore lo que
recoge el artículo 28.2 de la Ley de Cooperación al Desarrollo.
Con la enmienda 94 intentamos establecer una especie de cuenta
corriente en materia tributaria entre los ayuntamientos y la
Administración general del Estado. Es decir, con esta enmienda
queremos mejorar la liquidez de los ayuntamientos sin que exista una
repercusión, un cargo, un gasto añadido para la Administración
general, sino que los pagos que tenga que hacer la Administración
municipal al Estado queden en los propios ayuntamientos hasta la
liquidación definitiva y así producir una mayor liquidez en los
ayuntamientos. ¿Por qué? Porque en un momento determinado se produce
un handicap: de cada facturación que el ayuntamiento hace tiene que
pagar el IVA y, sin embargo, al final del año tiene que recibir del
Estado el porcentaje de participación en los ingresos del Estado.
Pues hagamos la liquidación al final del ejercicio en lugar de en
cada una de las actuaciones.
La enmienda número 95 va dirigida fundamentalmente a evitar la
situación de morosidad que viven los ayuntamientos con respecto a
otras administraciones. La enmienda pretende que a la hora de
establecer una disposición en la Ley 34/1998, reguladora de las
haciendas locales, los ayuntamientos puedan deducir de las
declaraciones de la renta los importes de deuda firme contraída con
ellos por organismos autónomos y sociedades mercantiles, tanto del
Estado como de las comunidades autónomas. Con ello estableceremos
concretamente la posibilidad de corresponder a las facultades de que
disponen el Estado y la Seguridad Social respecto a la efectividad de
las deudas contraídas con las corporaciones locales, para que a su
vez éstas no sean perjudicadas por lo que pudiéramos llamar la
morosidad que las distintas administraciones, sobre todo la
autonómica, tiene con ellos. Es decir, nuestras enmiendas pretenden
fortalecer la liquidez de los ayuntamientos, que tienen que hacer
frente durante todo el
ejercicio a un sinfín de pagos y que sufren una situación económica
deficitaria, y ajustar las actuaciones de cooperación con la Ley de
Cooperación al Desarrollo y el reglamento que esta establece.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ríos.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista compartirán el
turno el señor Martínez Sanjuán y la señora Pozuelo.
Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán, en primer lugar.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente. Como
bien decía, compartiremos el turno la señora Pozuelo y yo en la
medida en que el título IV aborda las normas de gestión y
organización administrativa y hay una parte sustancial que tiene que
ver con la política local, haciendas locales, y defenderemos también
enmiendas en las que proponemos nuevas disposiciones adicionales.
Yo me referiré concretamente a las enmiendas números 181, 182 y 183.
Ya manifesté en Comisión -y fui replicado, como me imagino que lo
seré en los mismos términos o similares, por el señor Cámara- nuestra
animadversión a que en la ley de acompañamiento se modifique todos
los años la Ley General Presupuestaria. Creo que dijimos en algún
momento procesal anterior que pensábamos que esta legislatura iba a
dar lugar a una nueva Ley General Presupuestaria. Ha habido algunas
modificaciones parciales, algunas decisiones al comienzo de la
legislatura, pero creemos que un instrumento del control del gasto,
de la seguridad del gasto, de la firmeza del gasto y de las
decisiones para administrar los presupuestos que aprobamos en esta
Cámara debiera dar lugar a una nueva Ley General Presupuestaria. Sé
que es complicado. Nosotros dejamos un proyecto al final de la
legislatura que no pudo ser discutido y pensábamos que se iba a
retomar el trabajo de seguir en esta línea. Pero insisto en que, año
sí y año también, la ley de acompañamiento modifica determinados
artículos de la Ley General Presupuestaria, por lo cual yo creo que
es urgente y necesario que en la próxima legislatura se aborde de una
forma nítida la aprobación de una ley tan importante para el control
y el funcionamiento de las administraciones públicas, para el control
del gasto público, como es una nueva Ley General Presupuestaria. Así
que nosotros proponemos que se elimine la actual redacción que se ha
introducido, concretamente, en el artículo 36, primero porque nos
parece poco procedente y segundo porque discrepamos de algunos
elementos que se incorporan en un trámite quizá precipitado, en el
que no ha habido demasiado tiempo para discutir, por ejemplo, la
gestión del Tesoro, de la deuda pública. Es una cuestión importante,
en la medida que creemos que se introducen elementos de
discrecionalidad, para cuya discusión ha habido poco tiempo, a la
hora de colocar las nuevas
emisiones y nuevas formas de deuda pública tanto en euros como en
moneda española. Porque, como decía al principio, nos parece que hay
algunos puntos que plantean una cierta posibilidad de que el Gobierno
introduzca -no sé si bien o mal- determinados elementos de
discrecionalidad en la colocación de las emisiones de valores
públicos. Que en la nueva redacción del artículo 104 se diga que se
podrán adjudicar las emisiones de valores mediante el proceso de
subasta -que nos parece bien; ha sido el tradicional- o mediante
cualquier otra técnica que no entrañe desigualdad, y no decir
exactamente cuáles son, nos produce una cierta perplejidad. Por eso
creemos que abordar de una forma precipitada la modificación de la
Ley General Presupuestaria es prematuro y proponemos que no se
modifique y que desaparezca el artículo 36.
Al artículo 37 hemos presentado la enmienda número 182. El artículo
37 se refiere a la responsabilidad y a la corresponsabilidad en la
gestión de los fondos que provienen de la Unión Europea, los
tradicionales fondos de cohesión, Fondo Social Europeo, y otros, dice
el artículo. Nosotros creemos que están ya delimitados en estos
momentos qué fondos que pueden ser objeto de regulación,
concretamente en el artículo 8 del Reglamento de la CEE del año 1996,
y nos parece poco oportuno hacer referencia a otros que puedan venir
después, porque no sé si tendrán la misma forma de gestión o no.
Nosotros estamos de acuerdo, y quiero que quede muy claro, en que la
responsabilidad en la gestión y en las consecuencias derivadas de la
responsabilidad en la gestión de los fondos comunitarios es de las
administraciones correspondientes que tienen la gestión de los
fondos. Ahora bien, la actual redacción establece cómo se va a
producir la corresponsabilidad y las decisiones que puedan dar lugar
a una posible mala gestión de las responsabilidades financieras, bien
por el control de ayudas, bien por exceso de gasto, bien por falta de
controles a la hora de establecer los gastos y los fondos
comunitarios u otros.El Gobierno con el artículo 37 lo que viene a
decir es que cada palo aguante su vela. De acuerdo, responsabilidad.
Ahora bien, ¿cómo aplico la responsabilidad del resto de las
administraciones? Yo, Gobierno central, adopto la decisión de aplicar
la responsabilidad, yo, Gobierno central, voy a ser el que va a decir
a las administraciones autonómicas cómo aplico la corresponsabilidad
en el caso de que haya un exceso de gasto o que haya una mala gestión
de los fondos; y lo establece manu militari, señor presidente. En el
artículo 37 dice: el Gobierno de la Administración central del Estado
se reserva cómo va a aplicar los posibles descuentos de los fondos
que vengan después para compensar un exceso de gasto por cuota
láctea, etcétera. Nosotros proponemos que el procedimiento de la
gestión de la corresponsabilidad y las medidas que haya que aplicar
sea una decisión compartida en el conjunto de las administraciones
públicas, bien a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
órgano de encuentro de la Administración central del Estado con las
comunidades autónomas, o bien por cualquier otra forma. La
283, de Convergència i Unió, que retiró no sé por qué, nos parecía
más oportuna que incluso la propia redacción; en el caso de
discrepancia, en el caso de un desencuentro a la hora de aplicar la
corresponsabilidad, alguien tendrá que establecer un lugar de
encuentro y una posibilidad de arbitrar fórmulas. La enmienda 283 que
retiró Convergència i Unió nos parecía mejor incluso que la propia
redacción del artículo 37, que se establezca la bilateralidad entre
la Administración autonómica y el Gobierno central para decidir qué
pasa. No, es que el Gobierno ya ha decidido en el artículo 37 lo que
pasa: yo decido, yo aplico, yo gestiono, yo controlo y yo descuento,
sin que haya ninguna posibilidad de que las comunidades autónomas
puedan entrar a discutir un tema tan fundamental como la gestión de
las ayudas. Así que el artículo 37, tal y como está redactado, nos
parece un despropósito, nos parece una decisión unilateral, no
pactada, no consensuada con las administraciones autonómicas. Creo
que es un paso más de cómo entiende la política autonómica y las
relaciones con las comunidades autónomas este Gobierno. No sé si
pretende aplicar medidas ejemplarificadoras hacia algunas comunidades
autónomas que han sido rebeldes con el Gobierno central en la crítica
de la gestión de determinados fondos comunitarios, o pretende otras
cosas, pero, tal y como está redactado, nos parece una barbaridad.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya terminando, señor
Martínez Sanjuán, déjele tiempo a su compañera.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Termino, muy brevemente.
En la enmienda 183 nosotros proponemos que en todos aquellos créditos
o gastos pendientes del Imserso del año 1999 y de ejercicios
anteriores la responsabilidad del pago y la asunción de estos
créditos sea del Estado, primero, porque lo creemos así; segundo,
porque creemos que forma parte del proceso de separación de fuentes
entre lo que son presupuestos del Estado y Seguridad Social; y, en
tercer lugar, por algo tan congruente como lo que figura en el
artículo doce de la ley de presupuestos aprobada este año que dice en
su punto tres que el presupuesto del Imserso se financiará en el
ejercicio 2000, en operaciones corrientes y operaciones de capital,
con las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y no
con el presupuesto de la Seguridad Social. Así, por congruencia con
nuestro propio planteamiento y por lo que dice la ley de
presupuestos, creemos que debiera de ser aceptada por el Grupo
Parlamentario Popular la enmienda 183.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Martínez
Sanjuán.
Tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente. Dentro de este
título IV, voy a referirme a la sección
segunda del capítulo I, que trata de la gestión de las
corporaciones locales, así como a la disposición transitoria tercera,
que se refiere al endeudamiento local, a las que mi grupo ha
presentado las enmiendas 184 y 203 a 207, dentro del grupo de las
disposiciones adicionales.
La gestión de las haciendas locales se está convirtiendo en un
problema muy serio para la mayoría de los ayuntamientos y de las
diputaciones de nuestro país. Durante esta legislatura el Gobierno
del Partido Popular ha venido modificando, año tras año, a través de
esta ley de medidas fiscales, las dos leyes fundamentales que regulan
la vida administrativa, política y económica de nuestras
corporaciones locales, la Ley de Bases de Régimen Local, de 1985, y
la de Haciendas Locales, de 1988. En estos cuatro años han modificado
la mayor parte de los artículos de estas leyes, pero en ningún
momento han sido capaces de presentar un proyecto de ley de reforma
de las mismas que sirva para poner de manifiesto cuál es el proyecto
municipalista del Gobierno del Partido Popular y qué quieren hacer
con las corporaciones locales. Como no han tenido la valentía
política de abrir ese debate y de plantear las cosas con claridad,
este año los ayuntamientos van a verse sorprendidos una vez más con
un batiburrillo legal, que lo único que añade es un poco más de
confusión a un marco legal ya bastante caótico. Estas modificaciones
legales las trae el Gobierno a la Cámara sin que las instituciones
afectadas hayan tenido la oportunidad de analizar, de debatir y de
plantear al Gobierno la opinión que les merecen estas modificaciones
legales. Con seguridad, el Gobierno no ha permitido en esta ocasión
ni siquiera un conocimiento previo del borrador de esta ley y de la
ley de presupuestos a la Federación Española de Municipios y
Provincias porque, casi con seguridad también, esta institución no
hubiera podido manifestar su apoyo al contenido de este proyecto de
ley. El Gobierno está dando un trato a las corporaciones locales de
auténtico desprecio, de ignorancia y de marginación. Más allá del
propio criterio político del partido del Gobierno, el modelo de
relaciones que mantiene la Administración del Estado con la
Administración local no resiste las más elementales normas de
cooperación y de lealtad institucional recogidas en nuestra
Constitución.
Las condiciones que está imponiendo a los entes locales para
desarrollar su gestión económica supone el ejercicio de una tutela
política que llega a convertirse en un auténtico cerco financiero,
que impide gestionar con eficacia y con suficientes garantías de
seguridad jurídica y de solvencia económica los servicios públicos. Y
ello, por varias razones a las que me referiré muy brevemente. En
primer lugar, porque estas condiciones, que vuelven a endurecerse
este año una vez más, limitan de manera arbitraria el modo y la
capacidad de endeudamiento de las corporaciones locales, algo
realmente injustificado, ya que las cifras de endeudamiento local no
justifican estas medidas, y cuando,por otra parte, el apartado 5 del
artículo 54 de la Ley
reguladora de haciendas locales prevé la posibilidad de que la ley de
presupuestos fije anualmente límites de acceso al crédito de las
entidades locales cuando se den circunstancias realmente especiales
de política económica general. En segundo lugar, porque el Gobierno
vuelve a establecer un sistema de compensación de deuda mediante
retenciones en los ingresos que perciben los ayuntamientos por
ingresos tributarios del Estado, que merecen el mejor calificativo de
ejecución forzosa de deuda, más que el de compensación o de
retención. Este procedimiento que aplica el Gobierno, y que prevé la
posibilidad de retener hasta el cien por cien de los ingresos
municipales procedentes del Estado, está creando una auténtica
asfixia económica a los ayuntamientos, ya que además la compensación
de estas deudas se hace extensiva a las que mantengan las
mancomunidades o entes supramunicipales participados por los
ayuntamientos. Mientras tanto, el Gobierno se niega a aplicar el
criterio de reciprocidad, es decir, de compensación de deuda, cuando
son otras administraciones o instituciones públicas las que mantienen
las deudas con las corporaciones locales. Señorías, no es éste, desde
nuestro punto de vista, el mejor modelo de cooperación y de lealtad
institucional. Están tratando a las corporaciones locales como
instituciones de segunda o de tercera categoría, instituciones de las
que no se fían y por eso ejercen esta extraña tutela, que no es más
que una clara injerencia en su autonomía local. En tercer lugar,
señorías, porque el Gobierno cumple cada vez peor con sus
obligaciones. Las liquidaciones anuales que debe realizar a las
corporaciones sobre su participación en ingresos del Estado cada vez
se retrasan más y no cumplen ni siquiera los acuerdos elementales
realizados el pasado año con la Federación Española de Municipios y
Provincias.
Señor presidente, mi grupo vuelve a presentar este año, al igual que
el año pasado, dos enmiendas dirigidas a poner fin a los beneficios
fiscales que el Gobierno sigue manteniendo en favor de la compañía
Telefónica, eximiéndola del pago de los impuestos locales. Creemos
que es una situación discriminatoria en favor de esta empresa privada
y totalmente obsoleta, al existir además nuevas compañías de
telefonía fija y móvil para las que habría que regular el ámbito de
actuación local. Desde nuestro punto de vista, la compañía Telefónica
debe pagar, además del 1,9 y el 0,1 local y provincial de los
ingresos brutos facturados como aportación por el desarrollo de su
actividad económica, los impuestos y tasas locales que le
correpondan. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
El Grupo Socialista no puede estar de acuerdo, por tanto, con las
modificaciones de este proyecto de ley sobre las modificaciones de la
Ley de bases de régimen local y de haciendas locales, por tres
razones básicas: en primer lugar, porque estamos convencidos de que
van a empeorar la capacidad económica y financiera de la
Administración local. En segundo lugar, porque no van a servir en
ningún caso para modernizar las haciendas
locales. En tercer lugar, porque no van a ayudar a solucionar en
ningún caso los problemas graves de autonomía e insuficiencia
financiera que tienen hoy por hoy las corporaciones locales.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (El señor Silva Sánchez
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Pozuelo.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, queremos hacer constar y recordar al Pleno que la
retirada de nuestra enmienda 283, que hace referencia a la
responsabilidad de las administraciones públicas en la gestión de
fondos comunitarios, se produjo en el trámite de Comisión y sobre la
base del compromiso del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular de
encontrar una solución adecuada a este tema a través de las enmiendas
que ambos grupos pudiéramos presentar en el Senado. Ciertamente, la
enmienda 182 del Grupo Socialista nos merece simpatía, más simpatía
desde luego nos merecía la nuestra, pero en cualquier caso es un tema
que está abierto, sobre el que tenemos ese compromiso y que esperamos
resolver satisfactoriamente de aquí a pocos días.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor
presidente.
Haré referencia a las enmiendas presentadas por otros grupos
parlamentarios a este título IV, que tiene, como el título III, pocas
enmiendas, lo que da fe de lo que decía la señora Fernández en su
intervención, que será quizá porque el título IV, en materia de
organización administrativa y de gestión financiera, obtiene digamos
un amplio acuerdo porque las medidas implementadas por el Gobierno a
estas materias no están yendo mal, hasta el punto de que todas las
modificaciones que durante estos cuatro años se han ido introduciendo
en este título han ido favoreciendo la gestión financiera y
administrativa de nuestra Administración pública, incluida la de los
ayuntamientos, a pesar de la cerrazón de algunas de las
intervenciones, como la de la señora Pozuelo, a quien he de decir que
ha sido de un cinismo alarmante. Fíjese que yo le recordé hasta con
cierto aprecio durante su intervención que estaba usted leyendo el
mismo papel que en el ejercicio anterior. Pues no sólo lo leyó en el
ejercicio anterior, sino que lo lee en la sesión de Comisión y lo
vuelve a leer ahora. Lo califico de cinismo alarmante, porque sabe
usted perfectamente que el año pasado... (La señora
Pozuelo Meño pronuncia palabras que no se perciben.) Si no lo sabe,
es absolutamente alarmante también. Transcurrido un año, sabiendo que
se ha alcanzado un acuerdo de amplio espectro con la Federación
Española de Municipios y Provincias, en la que ustedes están
representados, no aceptar los pactos que tienen lugar en el seno de
esta Federación me parece sencillamente un ejercicio de cinismo,
repito, alarmante, por cuanto que S.S. parece ser que es quien
sustenta la única voz en materia de financiación municipal y de
haciendas locales. Por tanto, le sugiero de forma cordial que repase
lo que ha habido desde el año 1999, en materia de acuerdos sobre
financiación municipal, hasta el momento actual. Repase sus notas y
verá cómo tiene que modificar prácticamente la totalidad de sus
afirmaciones.
Entrando en las modificaciones de la Ley General Presupuestaria,
artículo 36, dice el señor Martínez Sanjuán que todos los años se
modifica algún artículo de esa ley. Evidentemente. Había algunos
aspectos de la antigua Ley General Presupuestaria que es necesario
reformar. No ha habido tiempo durante esta legislatura de acordar un
texto de esa ley que satisfaga las necesidades que tiene actualmente
la gestión presupuestaria; es un texto que queda por presentar. El
Grupo Socialista presentó este texto sin tiempo para tramitarlo, como
saben perfectamente. Debo decir que es posible que alguien dude de la
verdadera intención de presentar el proyecto de ley general
presupuestaria cuando estaba a punto de finalizar la legislatura. El
anteproyecto está en un punto bastante avanzado de elaboración y
posiblemente tengamos ocasión en la próxima legislatura de contemplar
las bondades del texto.
Decía que profundizaba tan sólo en algunos aspectos del artículo 36.
Yo sí quiero hacerlo. Creo que son aspectos que no deben mover a
preocupación alguna al Grupo Socialista en concreto ni a ningún grupo
parlamentario, por cuanto se introducen elementos de cierta
relevancia en materia de colocación de la deuda pública, por ejemplo.
Ha habido que reformar algún aspecto de la Ley General Presupuestaria
porque las potencialidades que tenía el Tesoro español al acudir a
los mercados financieros internacionales no permitían hacerlo de
forma satisfactoria y eso suponía un incremento de los costes de
transacción en la colocación de la deuda española. Era una realidad,
una realidad que estaba sin solucionar de forma conveniente y que se
hace por medio de los preceptos de la Ley General Presupuestaria
modificados en el artículo 36.
El señor Martínez Sanjuán no ha hecho referencia a algunas otras
cuestiones. Por ejemplo, quiero recordarle que también se da solución
a un problema evidente. Durante estos cuatro años, hemos tenido que
asistir en algunas ocasiones a la discusión de proyectos de ley en
los que se aprobaban créditos extraordinarios para hacer frente a
sentencias judiciales, a mandatos de los tribunales de justicia. Esta
ley da la posibilidad de hacer frente a las obligaciones del Gobierno
con la Administración de justicia en cuanto a las reclamaciones vencidas
contra la Administración del Estado. Eso es lo que pretende hacer
el Estado, ni más ni menos que poder dar cumplimiento a las
sentencias judiciales. Y creo que el Grupo Socialista no debería
oponerse, puesto que la mayor parte de ellas provienen de la época en
que ellos gestionaban los ministerios. Considerarán por tanto
razonable que el Gobierno quiera atajar de forma más rápida y
satisfactoria de lo que se hace en la actualidad la solución de los
problemas judiciales que provienen de aquella época. Como el artículo
63 de la Ley General Presupuestaria no lo permitía, se soluciona en
este trámite parlamentario.
Hay algunos otros elementos en este artículo de modificación de la
Ley General Presupuestaria que pienso que merecerían el voto
favorable de todos los grupos si se hubieran preocupado de mirar un
poquito más su contenido. Por ejemplo, que se deba remitir la cuenta
general de la Seguridad Social al Tribunal de Cuentas en las mismas
condiciones y plazos que se hace con la cuenta general del Estado.
Como se modificó el año pasado en la ley de acompañamiento, quedaba
por determinar en la Ley General Presupuestaria las condiciones en
las que la cuenta general de la Seguridad Social tenía que pasar al
Tribunal de Cuentas para ser fiscalizada. Se hace en este artículo.
Por tanto, no vemos la preocupación a que hacía referencia el señor
Martínez Sanjuán. Tampoco la vemos en cuanto a la mayor seguridad
jurídica que se ofrece en algún punto, porque no va a ser necesario
acudir a la vía interpretativa para saber lo que son las fundaciones
de titularidad estatal. Hasta ahora, había que acudir a la
interpretación, a lo que decía la doctrina, para saber a qué nos
estábamos refiriendo y este artículo da solución a esa indefinición y
aporta mayor seguridad jurídica. Más allá de propuestas generales
sobre no admitir que se modifique la Ley General Presupuestaria
porque el Gobierno no ha hecho los deberes con la presentación del
proyecto de ley, según el Grupo Socialista, se modifican aspectos de
dicha ley que son de importancia y que no deberían suscitar ningún
recelo al Grupo Socialista.
En cuanto al artículo 37, el señor Silva ha hecho referencia a las
conversaciones que mantienen actualmente nuestro grupo parlamentario
y el suyo para llegar a un acuerdo en materia de responsabilidad
financiera derivada de la gestión de ayudas comunitarias. Celebro,
señor Martínez Sanjuán, que su grupo parlamentario y el nuestro
coincidan en el mismo aspecto que coincide el proyecto de ley, que es
que, una vez que se ha ido desarrollando el Estado de las autonomías,
que los fondos comunitarios han sido recogidos, han sido gestionados
por las comunidades autónomas, en tanto en cuanto han ido recibiendo
las competencias de gestión de esos fondos, la responsabilidad siga
el mismo camino, que la responsabilidad financiera derivada de esa
gestión también se atribuya a las propias comunidades autónomas en
cuanto gestionan fondos comunitarios de competencias a ellas
transferidas.
Considera que es mejor hacer una referencia concreta a cuáles son los
fondos y citan ustedes el reglamento
266. Es cierto, en él se hace referencia a todos los fondos vigentes.
También puede aparecer alguno más en el transcurso de los próximos
años. Y lo único que pretende este precepto es darle, no sólo
consistencia jurídica, sino vocación de permanencia. Hacer referencia
concreta a un precepto que puede ser modificado de inmediato, como es
el 296/96, de la Comisión, daría lugar a tener que modificar de nuevo
el artículo y ya he dicho de lo que se trata. Debo decir que no
comparto de ninguna de las maneras la afirmación que hacía el
portavoz del Grupo Socialista en cuanto a que esta evaluación de la
responsabilidad financiera la haría el Gobierno manu militari. No
señor, no es así, salvo que S.S. considere que se hicieron así los
acuerdos sobre el Pacto de Convergencia, que tuvieron exactamente el
mismo tratamiento en el acuerdo entre comunidades autónomas y el
Estado. O la reforma del IRPF. Cierto es que su grupo parlamentario
no estaba de acuerdo con los términos de la reforma, pero cierto es
también que, en las comunidades autónomas donde ustedes no gobiernan,
esto suscitó el más amplio de los acuerdos.
Pocas suspicacias puede generar que sea el Gobierno el que se
incorpore a evaluar la responsabilidad financiera en materia de
fondos, como se ha hecho hasta ahora, por lo menos en estos dos temas
a los que acabo de referirme. Obviamente, debemos llegar a una
redacción más ajustada que la que actualmente tiene el proyecto de
ley en materia de responsabilidad, pero quiero decirle que en el
ánimo del Gobierno está que el Consejo de Política Fiscal y
Financiera siga ostentando la misma competencia en los acuerdos que
entre comunidades autónomas y el Estado deban producirse en materia
de responsabilidad financiera. No está en el ánimo de mi grupo
parlamentario ni creo que en el del Gobierno hacer otra cosa. Por
tanto, parecen inexplicables las reticencias del Grupo Socialista en
esta cuestión.
Con respecto al artículo 38, lo que hace el proyecto de ley es algo
muy poco ambicioso, es simplemente ajustar el tratamiento que en
materia de Seguridad Social tiene la ley de presupuestos de este año,
el texto articulado, en materia de revisión relativa a la forma de
financiar las obligaciones derivadas del Imserso anteriores al año
1999. Esto es lo que se hace.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cámara,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Finalizo de inmediato, señor
presidente.
Voy a acabar con respecto a la intervención cínica, en cuanto a su
contenido, me refiero, señores diputados, sobre la financiación
municipal. Fíjese si puede calificarse de cinismo la intervención
hecha por el Grupo Socialista por cuanto a los artículos 40, 41 y 42
del proyecto de ley no presentan nada más que una enmienda. Todo el
discurso se sustenta en una sola enmienda en la que pretenden que sea
el Instituto Nacional de Estadística el que, a 31 de marzo del año
inmediatamente anterior al que deba producirse la
liquidación de los tributos concertados, establezca la cifra
definitiva a efectos estadísticos. Tanto discurso para presentar tan
sólo una enmienda no puede calificarse nada más que como una posición
cínica en torno a lo que existe en este proyecto de ley en materia de
haciendas municipales y los acuerdos que durante todo este ejercicio
se han logrado, iniciados con ocasión del debate de la ley de
acompañamiento y del presupuesto general del Estado que dio lugar a
un pacto local, donde ustedes debieran haber estado perfectamente
atentos para no sustentar una posición, insisto, tan cínica como la
que han mantenido ustedes en el día de hoy.
Nada más. (La señora Pozuelo Meño pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cámara.
Señora Pozuelo, ¿a qué efectos me solicita la palabra?
La señora POZUELO MEÑO: Señor presidente, le solicito la palabra por
los insultos directos que ha pronunciado el portavoz del Grupo
Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Pozuelo,
sin considerarlo como insulto, que sería inadmisible desde el punto
de vista de la más elemental cortesía parlamentaria y yo no le
hubiese permitido al señor Cámara que lo hiciese, le concedo la
palabra para contestar, entiendo, a la posición del señor Cámara
hablando de cinismo político. Para que S.S., con la máxima brevedad
posible, en un minuto de tiempo, le replique.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.
Intervengo con muchísima brevedad y sólo para poner de manifiesto
que, para mí personalmente y para mi grupo, calificarnos de cínicos
por el hecho de haber mantenido determinadas posturas políticas ante
el proyecto de ley que presenta el Gobierno sí nos parece un insulto.
A mi grupo y a mí personalmente. Usted lo puede calificar de
reiterativo, de improcedente, de innecesario, puede darle los
calificativos que quiera, pero no puede calificar de cínica lo que es
una posición política y la defensa de unas posiciones políticas que
lo único que pretenden es la defensa de una mejor gestión de las
haciendas locales en nuestras corporaciones.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (El señor Cámara
Rodríguez-Valenzuela pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):Muchas gracias.
No, señor Cámara. En el tema de alusiones, no hay posibilidad de
contrarréplica, porque entonces sería un debate eterno. No tiene S.S.
la palabra.
Título V Pasamos al título V, a las enmiendas al título V. incluyendo
en la ley la posibilidad de habilitar unas En primer lugar, y dentro
del Grupo Parlamentario pruebas selectivas restringidas,
excepcionales, por una Mixto, tiene la palabra, para la defensa de la
enmienda vez, de forma que esta situación se solucione y que de que
mantiene viva, el señor Serrano. esta manera esas circunstancias que
impidieron acceder a esos concursos puedan realizarse y solventar un
problema El señor SERRANO VINUÉ: Gracias, señor presidente. pequeño
pero a la vez muy importante en esta Antes de pasar a la defensa de
la enmienda que ha materia. presentado en este título V el Partido
Aragonés, quiero Muchas gracias, señor presidente. manifestar lo que
son dudas y preocupaciones por lo que viene siendo de forma habitual
este trámite del proyecto El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda
y de ley de medidas fiscales, administrativas y del Lozana): Muchas
gracias, señora Lasagabaster. orden social, que se aprovecha como una
oportunidad Señor Saura. magnífica para modificar leyes de calado,
que es el objeto de la enmienda que hoy presentamos. Es una enmienda
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. de supresión del
apartado 3 del artículo 32 de la Ley Intervengo simplemente para
defender las enmiendas orgánica 1/1990, de 3 de octubre, sobre la
ordenación 308 y 309. La 308 hace referencia a los artículos 50
general del sistema educativo, simplemente porque y 51 de la ley de
acompañamiento, que tratan sobre entendemos -y voy a ser muy escueto
en la motivación- una modificación de la Ley de autopistas y sobre el
que no mejora la calidad del sistema educativo, contrato de servicios
de gestión de autovías. En los dos aminora el presupuesto, que ya es
reducido en materia casos proponemos la supresión de estos dos
artículos, de educación, devalúa, si cabe, la capacidad educativa por
dos motivos fundamentales, porque hacen recaer de los ciclos
formativos, y lo que nos parece más grave fundamentalmente el coste
de las infraestructuras en y más importante, que la Logse, en caso de
ser modificada, los ciudadanos y con fórmulas de discriminación en
debe serlo por consenso y no a través de la ley de algunas
comunidades autónomas. Hemos reiterado en medidas fiscales o a través
de este procedimiento. diversas iniciativas parlamentarias la
necesidad de que Muchas gracias, señor presidente. sea una comisión
parlamentaria la que pueda estudiar la revisión del actual marco
jurídico de estas concesiones. El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-
Miranda y La enmienda 309 es una propuesta que hacemos Lozana):
Muchas gracias, señor Serrano. de modificación de la disposición
adicional octava de Señora Lasagabaster. la Ley de conservación de
los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre, disposición
adicional que permitió La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, en
su caso que las comunidades autónomas, en contra señor presidente. de
la opinión que manifestaron diversos expertos Tenemos una enmienda al
título V, la número 37, en medio ambiente, permitieran la caza de
aves migratorias, que resulta ser idéntica a la 329, del Partido
Nacionalista poniendo en peligro su propia conservación.
Vasco, en el título III. Es evidente que es idéntica Proponemos la
supresión de esta disposición adicional porque responde a una
problemática que se suscita en octava. el ámbito de la
responsabilidad del Gobierno vasco y Gracias, señor presidente. en
concreto en el departamento de educación, responsabilidad de Eusko
Alkartasuna. En el ámbito de esa El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-
Miranda y acción de gobierno, lo que pretendemos es dar solución
Lozana): Muchas gracias, señor Saura. a una situación difícil y
curiosa, por decirlo de Señor Vázquez. alguna manera, que se ha ido
produciendo en determinados colectivos de ese departamento. Por eso
señalaba El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (Don Guillerme): la portavoz del
Grupo Popular, doña Mercedes Fernández, Gracias, señor presidente.
respondiendo en ese título III, que recogían Quiero hacer referencia
a alguna de las enmiendas con sensibilidad esta problemática, que así
lo iban a que mantenemos a este título V, en concreto la enmienda
hacer, y explicaba también cuál era la situación. No voy 59, por la
que proponemos la supresión del artículo a reiterar toda la
problemática y los antecedentes que 51, porque se trata de un
artículo que introduce el han expuesto ambos portavoces, la señora
Uría y la denominado contrato de servicios de gestión de autovías,
señora Fernández, pero sí quiero recordar, de modo que supone, desde
nuestro de vista, el paso previo muy breve, que la funcionarización
de los colectivos para la privatización, no sólo de la conservación,
lo que laborales de ese departamento ha chocado en el tiempo en sí
mismo ya es grave, supeditar la buena conservación con dificultades
de tipo legal que en la práctica han de estos viales públicos de alta
capacidad a intereses impedido a determinados colectivos de
trabajadores económicos privados y que, sin duda -y el tiempo
participar en las pruebas de acceso a la condición de lo demostrará-
tendrá efectos negativos, sino que además funcionario que hubieran
sido convocadas. mucho nos tememos que estamos ante los pasos Con la
inclusión de estas dos enmiendas idénticas lo previos para la
privatización de la explotación de las que se pretende es salvar esas
dificultades legales, autovías, lo que no sería de extrañar, dada la
furia privatizadora
del Gobierno. Nos resulta preocupante, al haber realizado una fuerte
inversión pública, que el Gobierno pretenda caminar hacia un modelo
de gestión privada de las autovías, con el coste adicional que para
los usuarios tendría esta medida.
Con la enmienda 62, que está en relación con el artículo 69, que
modifica la legislación sobre el derecho de acceso a la información
en materia de medio ambiente, pretendemos que las diligencias previas
de carácter preliminar no vean vedado el acceso a esa información de
una manera general, por cuanto de ellas no tiene por qué derivarse
ningún expediente sancionador. Simplemente puede tratarse de un
expediente informativo. Con la enmienda 63 queremos modificar el
artículo 69.3, porque la expresión que figura en el texto, costo
razonable, es ambigua e imprecisa. Nosotros proponemos fijar con
claridad el coste del suministro de información en materia de medio
ambiente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Por último, dentro del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Voy a defender las tres enmiendas que, en nombre de Nueva Izquierda,
tenemos presentadas a este título V. Quisiera destacar dos de ellas.
La primera solicita que se suprima la modificación que a través de
esta ley de acompañamiento se introduce en la Ley orgánica general
del sistema educativo. Creemos que no es procedente llevar a cabo una
modificación de un texto tan importante en una materia tan delicada
mediante una disposición como ésta, perdida en el conjunto de una ley
de medidas fiscales, de carácter social, administrativo, que no tiene
el necesario debate, que no tiene la necesaria participación de los
distintos actores sociales. Creemos que el acuerdo que debe existir
en el sistema educativo requiere que una modificación se lleve a cabo
no sólo mediante el máximo acuerdo sino a través del instrumento
normativo adecuado, que desde luego entendemos que no es la presente
ley de acompañamiento.
La segunda enmienda que quisiera destacar hace referencia a la
necesidad de reforzar, en este caso concreto por la vía de mantener
-porque lo que pretendemos es que se elimine la posibilidad de
reducción-, las ayudas al sector cinematográfico nacional. Se prevén
en la ley de acompañamiento determinadas ayudas para el sector
cinematográfico y en un párrafo de esta norma se habla de la
posibilidad de que dichas ayudas puedan ser recortadas. A nosotros
nos parece que el sector cinematográfico español es un sector
importante que contribuye de una manera decisiva al mantenimiento de
esa excepción cultural que nosotros defendemos y que la viabilidad
del sector cinematográfico
requiere un completo, adecuado y eficaz sistema de ayudas por parte
del Estado. La posibilidad de que el que tenemos ahora, que en
nuestra opinión sigue siendo insuficiente, pueda ser recortado, sólo
merece nuestra petición de que sea suprimida esa posibilidad. Esta es
la segunda enmienda que quería destacar.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
A este título mantiene mi grupo vivas, para su debate y votación, dos
enmiendas, la 247 y la 249. La enmienda 247 trata de poner claridad y
seguridad jurídica para lo que tenga que entenderse por las empresas
consignatarias, empresas navieras, por cabotaje insular. Queremos una
disposición adicional nueva para la vigente Ley de puertos y de la
marina mercante, la ley 27/1992. Porque da la casualidad de que en
esta ley de acompañamiento, todavía proyecto de ley, en el artículo
17, del título II, cuando se habla de las materias de lo social y
relaciones laborales, se viene a dar una cláusula de garantía para el
personal extracomunitario enrolado en buques inscritos en el registro
especial de buques y empresas navieras. Este es el denominado segundo
registro, que es el registro con sede en las islas Canarias,
específico para allí. Pues bien, en este registro de buques y
empresas navieras, como registro especial, no se habla ni existe la
expresión cabotaje insular. Esto viene como un desarrollo de las
medidas de liberalización que ha venido imponiendo la Unión Europea y
que España ha signado y cumple escrupulosamente. No se entendería,
dado el artículo 17 de este proyecto de ley de acompañamiento,
medidas laborales, cuando está hablando de condiciones del personal
extracomunitario que se enrole para esta actividad, que venga a
definir, en un párrafo aparte, a los efectos de esta cuestión
laboral, lo que es el cabotaje insular.
Señor presidente, el cabotaje insular y lo que se entiende en la
legislación administrativa española y naviera por cabotaje insular
debe estar recogido y explicitado en la ley de puertos y de la marina
mercante. Nuestra enmienda se ha limitado a reproducir literalmente
el texto del proyecto del Gobierno en cuanto a su artículo 17,
párrafo segundo, trasladándolo, para que no solamente sea de efectos
laborales, sino de efectos administrativos, al área competencial del
hoy Ministerio de Fomento (cuando se hizo la ley fue por el
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte), para que quede
definido en esta ley de puertos y de la marina mercante como
disposición adicional lo que se entiende hoy día por cabotaje
insular. Porque nos podríamos encontrar en una inseguridad jurídica
de las navieras y de todo el personal enrolado, por vía
de la modificación social que trae el artículo 17 del proyecto, que
estuvieran a esos efectos sólo reconocidos los derechos laborales y
no todas las demás cuestiones administrativas que se derivan de la
navegación de tipo de cabotaje, que como tal calificativo de insular
no recoge la vigente ley de puertos y de la marina mercante. Así de
clara, sencilla y congruente pretende ser nuestra enmienda, que lo
que se dice en el proyecto del Gobierno en su artículo 17, referente
a medidas de lo social, se recoja también, por congruencia y armonía
legislativa, en la ley de puertos y de la marina mercante, dando
cabida a la figura del cabotaje insular, dado que la ley solamente
habla de cabotaje a secas.
La segunda enmienda, señor presidente, se refiere al artículo 58, a
la modificación de la Ley 10/1988, de televisión privada. Viene a dar
unas garantías cautelares. Nosotros no estamos en disconformidad con
el fondo del proyecto del Gobierno, sino que pretendemos modificar y
cuidar la forma y las formas con nuestra enmienda. El texto del
proyecto del Gobierno recoge una metáfora, recoge casi una expresión
habitual de la calle, cuando se habla de la transparencia de las
estructuras de las empresas. La transparencia no es un concepto
jurídico. La transparencia es un concepto de la física y en la física
se puede medir por métodos físicos la transparencia de cualquier
sustancia mineral o física, pero en el mundo empresarial la
transparencia no se puede medir de esa manera. Nuestra enmienda
propone que para dar unas garantías de seguridad jurídica la
denegación se fundamente en la falta de información y documentación
veraz, fehaciente y completa de la estructura del grupo empresarial,
así como en la existencia de vinculaciones empresariales,
financieras, societarias o económicas, sin emplear, por rigor
textual, la palabra transparencia, que, como vuelvo a decir, es
propia de la física y no del derecho administrativo.
Este es el contenido de nuestras enmiendas y con esto termino, señor
presidente.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán mantiene a este título la enmienda
288, que pretendía ampliar el objeto social y, por tanto, las
actividades de las sociedades concesionarias de autopistas. Hay que
indicar que la Ley de 1972 sometía a este tipo de sociedades a un
principio de exclusividad de objeto y que posteriormente, a través de
sucesivas leyes de acompañamiento, concretamente la Ley de
acompañamiento de 1997, se procedió a efectuar una modificación del
artículo 8.2, ampliando ese objeto social a la construcción,
conservación y explotación de estaciones de servicio,
centros integrados de transportes y aparcamientos, y también se
pretendía ampliarlo a la conservación de carreteras.
La enmienda de mi grupo parlamentario trata de acabar con esa
restricción y que las sociedades concesionarias de autopistas
pudiesen desarrollar otro tipo de actividades, sin perjuicio de que
los beneficios fiscales quedasen limitados a ese objeto social más
estricto de construcción, conservación y explotación de autopistas.
Hay que decir que eso planteaba ventajas evidentes para la
Administración y en diversos ámbitos. De un lado, la ampliación del
objeto social, y por tanto de la posibilidad de desarrollo de
actividades, suponía quitar una cierta presión sobre los peajes y
podría permitir, a medio o a largo plazo, una actuación de la
Administración en un sentido favorable a los ciudadanos en materia de
peajes. De otro lado, nadie duda que las sociedades concesionarias de
autopistas son compañías con una capitalización importante y con una
filosofía empresarial no especulativa, que pretenden precisamente la
obtención de beneficios en el medio y en el largo plazo y que podrían
concurrir en la construcción, explotación y gestión de
infraestructuras, fundamentalmente vinculadas al transporte y a las
comunicaciones, en mejores condiciones o por lo menos iguales a las
que podría garantizar la concurrencia de entidades de crédito o, en
su caso, constructoras, con esa doble ventaja, desde el punto de
vista de la Administración, de poder ampliar la gama de
adjudicatarios para obras de infraestructuras que deben prolongarse,
sin lugar a dudas, en el tiempo.
Planteada esta enmienda y después de las negociaciones que hemos ido
desarrollando con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Popular a
lo largo de estas semanas, se nos ha dado copia de una transaccional
que pretende no ese reconocimiento de una ampliación de libertad
absoluta del objeto social de las compañías concesionarias, sino su
ampliación en relación a las infraestructuras de transporte y de
comunicaciones, vinculada al desarrollo reglamentario y a la real
autorización de futuro. Tenemos que decir que nos manifestamos
conformes con esa transaccional con una única matización, que en el
párrafo cuarto, línea cuarta, cuando hace referencia a los
procedimientos de adjudicación relacionados con infraestructuras de
transporte, referidos en este caso a actuaciones en el extranjero,
debiera también hacer referencia a las de comunicaciones y, por
tanto, ese cuarto párrafo debiera decir: La sociedad concesionaria, a
través de empresas filiales o participadas en cualquier Estado
extranjero, podrá desarrollar y realizar las actividades a las que se
refiere este artículo o concurrir a procedimientos de adjudicación
relacionados con infraestructuras de transporte y de comunicaciones.
Consultado el Grupo Parlamentario Popular, entendemos que merecerá su
aprobación y sobre esa base admitiríamos la transacción y la
votaríamos favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, hemos venido diciendo
reiteradamente que no procede debatir el título V de esta ley. Lleva
nada más y nada menos que trece capítulos y discutiendo de los
números que va a gastar el Estado, se habla de reformas sobre la
materia de seguros, sobre el comercio, sobre la educación -una ley
orgánica como la Logse es modificada por esta ley-, el transporte,
toda la actuación en televisión privada, en materia de
comunicaciones, en urbanismo, en cultura, en energía. En suma,
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, nos ahorramos
trámites parlamentarios claros y transparentes. Pero, fíjense sus
señorías, deberíamos decir: Virgencita, Virgencita, que me quede como
estaba, no vaya a ser que el trámite del Senado sea para añadir
nuevas vertientes. El año pasado ya vimos cómo se tramitaron a través
de enmiendas del Senado nada más y nada menos que las titulizaciones
del sector eléctrico. Hoy ya veremos lo que puede venir por aquí.
No estamos de acuerdo con que este título esté en el proyecto de ley.
Queremos que desaparezca y que cada reforma legal se discuta en su
cuerpo legal: cuando hablemos de educación, en educación; cuando
hablemos de transporte, en transporte, para ver la reforma y la
adecuación de la ley a la realidad actual, que es lo que debería
ocurrir para añadir seguridad jurídica y evitar improvisación en la
reforma, simplemente al calor de lo que el Gobierno necesita en cada
momento. Esa es la filosofía con la que hemos venido a discutir todos
estos títulos y las enmiendas que hemos podido presentar.
Las prioridades que ha elegido el Gobierno ni siquiera son las más
importantes. En este trámite, a través de una enmienda que se ha
incorporado, la 332, incluso vamos a declarar de interés general
obras de regadío, algo así como la puesta en regadío de 30.000
hectáreas en el país. Esta enmienda, sobre la que mantengo un voto
particular que se admitió en Comisión, añade una declaración de
interés general ¿Por qué ésas y no otras? ¿Por qué éstas sólo en una
región del país y no otras a través de una actuación del Plan
nacional de regadíos? Estamos en contra.
Ahora se habla de la enmienda 288 y la transacción que se propone. No
se pueden declarar de interés general todas las obras de conservación
de una empresa que ya ha obtenido beneficios el año pasado -les hemos
revisado las concesiones- a través de la reducción del IVA y ahora,
además, a las empresas que administran vía peaje les declaramos de
interés general todas las obras de infraestructura, de áreas de
servicio o de nueva inversión. No sé por qué. Siempre encontramos una
puertecita para determinados lobbies de poder que en el país influyen
muchísimo, pero nos cuesta un enorme trabajo poder hacer frente a la
pequeña necesidad de los ciudadanos en general. Por eso vamos a votar
en contra de esa transacción y de
otras actuaciones que se contienen en las propuestas que se han
venido haciendo por los grupos que componen la mayoría de la Cámara.
Tenemos una enmienda para poder ayudar o para facilitar la
integración de colectivos como las personas con problemas auditivos o
con minusvalía y resulta que no es posible discutirla e incorporarla.
Proponemos actuar sobre lo que es el abuso en el comercio, lo que son
las grandes superficies, la nueva fusión Pryca-Continente, y el abuso
de predomino que tienen frente al pequeño y medio comercio, pero no
es posible. Proponemos evitar que se graven las transacciones
electrónicas cuando uno va a comprar a estas superficies y paga con
la tarjeta y proponemos un límite a lo que puedan cobrar estas
entidades financieras para que la comisión nunca sea superior al 1
por ciento o en todo caso a 50 pesetas por cada acto o a 0,30 euros,
ya que estamos en la era del euro, sobre todo a partir del año 2002.
Proponemos esta actuación concreta, pero no es posible discutirla;
sin embargo, otras sí.
Hemos solicitado utilizar este trámite para añadir rigor, claridad y
precisión presupuestarios en la distribución del dinero que se hace
desde los Presupuestos Generales del Estado. Hemos propuesto la
supresión de la reforma de la Logse y que se haga dentro de la propia
ley. Hemos propuesto que se cumplan las garantías para todo lo que es
materia de energía, según lo que ha establecido el Consejo Económico
y Social, y, sobre todo, en las fundaciones que se han puesto en
marcha a través del Instituto Nacional de Salud Carlos III, lo que
propone la enmienda de Izquierda Unida es que se dote de
transparencia y control social el dinero que el Estado reparte en
determinadas fundaciones, porque no sabemos cuáles son las garantías,
de qué manera se hace la investigación ni de qué manera se realiza el
trabajo. Pues bien, la enmienda 101 propone que todas las
subvenciones que reciban las fundaciones creadas por el Instituto de
Salud Carlos III tendrán que estar sometidas al control social, a la
participación y al conocimiento claro del dinero que reciben de los
Presupuestos Generales del Estado. En suma, estamos planteando
transparencia en los recursos que van a recibir las distintas
organizaciones del erario público.
Proponemos también que se ponga en marcha la posibilidad de optimizar
el uso de infraestructuras escasamente utilizadas como son los
hospitales militares, alguno de ellos puede ser el Gómez Ulla, en el
caso de Madrid, pero en general en todo el Estado, porque tenemos
masificados unos hospitales e infrautilizados otros. Vayamos al
convenio, vayamos a una comisión que haga un seguimiento para acercar
algo tan sencillo como un ministro, el de Defensa, a otro ministro,
el de Sanidad, para que las infraestructuras sean útiles, que eso no
entra en contradicción con la necesidad del uso por urgencia de
determinados hospitales, cuando haya una emergencia, que no quiera
nadie que las haya, o cuando haya un conflicto, en que tengamos que
utilizar esos hospitales para atender a nuestros heridos, dentro de
lo que es la necesidad del Ministerio de Defensa.
Termino, señor presidente, defendiendo unas enmiendas a lo que son
las disposiciones adicionales. Nosotros hemos dado prioridad a cuatro
actuaciones dentro de la organización de esta ley. Primero, viviendas
desocupadas. No es lógico que no estemos actuando sobre las viviendas
desocupadas y sin embargo tengamos una oferta muy restrictiva que
eleva su precio. Consiguientemente, actuemos sobre las viviendas
desocupadas para que salgan a circulación y se incremente la oferta.
Segundo, las subvenciones que reciben las eléctricas. No estamos de
acuerdo en que las empresas eléctricas, cada vez que hay que
modificar el tendido eléctrico, reciban subvención sin tener relación
con la antigüedad, la obsolescencia o la situación que tiene cada una
de sus infraestructuras, cuando al final lo que hace el ayuntamiento
es intervenir cuando algo está en malas condiciones y pasa por encima
de un colegio o por encima de un hospital para que se modifique el
trazado. Entonces, proponemos que haya interés general a la hora de
poder actuar ahí. Proponemos en la enmienda 136 que se firme y se
ratifique el Protocolo de Kioto, y no con la boquita chica sino con
un compromiso efectivo. Asimismo proponemos que se destine al carril
bici, para la circulación de las bicicletas, un 0,1 por ciento del
volumen total que gasta el Ministerio de Fomento y que gasta Medio
Ambiente. En suma, queremos escorar hacia el interés general hacia el
medio ambiente y hacia la transparencia presupuestaria lo que es la
filosofía presupuestaria del Gobierno, en lugar de regular todo lo
que los distintos lobbies de poder nos han ido trayendo a lo largo de
la tramitación del presupuesto. Estoy convencido que, cuando el
Tribunal Constitucional analice todo lo que el uso y abuso de este
título y de esta ley, iremos a un procedimiento que ajuste lo que es
un orden y un criterio de seguridad, a la hora de discutir y de
enmendar los proyectos de ley, diferente al que ahora mismo tenemos.
En todo caso, mientras tanto, tendremos que ir reduciendo este bordeo
de la sentencia del Tribunal Constitucional que hacemos cada año.
Cada año volvemos a discutir lo mismo, cada año volvemos a tramitar a
machamartillo lo que es la discusión de un sinfín de leyes. Este año
son 40, más las que han añadido las enmiendas, que son tres nuevas
leyes, 43 leyes, aprovechando que discutimos toda la distribución de
recursos. Eso, además de inconstitucional, genera inseguridad en los
ciudadanos y, lo que es peor, inseguridad en la interpretación en el
cuerpo jurídico y en los propios jueces.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra, en primer lugar, la señora Leiva.
La señora LEIVA DÍEZ: Gracias, señor presidente.
En nombre de mi grupo, que también está esperando sentencia del
Tribunal Constitucional para que dictamine
lo que es este bazar de leyes, me va a tocar defender cuatro
leyes; por lo tanto, pido la benevolencia de la Presidencia.
En primer lugar, voy a entrar a defender la enmienda 186, al artículo
46 de la ley de medidas, que tiene que ver con los fondos de ayuda al
desarrollo. Necesitamos adecuar el funcionamiento de los créditos FAD
a las previsiones de la vigente Ley de cooperación internacional para
el desarrollo. Esto ha sido un cúmulo de desencuentros o de falta de
acuerdos entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Esperemos que después de la reciente dimisión o relevo
del señor Espinosa, estos aspectos de la ley que todavía están sin
acometer se puedan llevar a cabo en breve por el bien del desarrollo
de todas las ayudas que tenemos pendientes por parte del Estado
español.
Respecto a las enmienda 187 y 188 al artículo 48, referido en este
caso a la modificación de la Ley de Comercio, en el debate de
Comisión se aprobó la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario
Popular con la abstención del Grupo Socialista, porque la
consideramos insuficiente por distintas razones. La limitación que
pusimos a 30 días del pago en productos alimenticios perecederos no
modifica en absoluto la situación, ya que en esta categoría de
productos los pagos se realizaban ya en períodos más cortos. La
situación, por tanto, para la industria alimentaria y de bienes de
gran consumo no va a cambiar. En cuanto al reforzamiento de las
garantías, ya existía obligación de documento cambiario para
aplazamientos superiores a 60 días, y ahora se exige además para los
mayores a 90 días que el documento sea endosable a la orden. Esto no
va a contribuir a aumentar las garantías de cobro, pero sí a que
encarezca el proceso y además no servirá para acortar los plazos.
Al Grupo Parlamentario Socialista le sorprendió el cambio de opinión
de los grupos de Convergència i Unió, PNV y Coalición Canaria, que en
sus enmiendas iniciales planteaban una prohibición de aplazamiento
superior a 30 días para productos alimentarios perecederos y de 60
días para productos alimentarios no perecederos, y posteriormente
apoyaron la enmienda transaccional que presentó el Grupo
Parlamentario Popular. Tal como ha quedado, favorece claramente a la
gran distribución, a la que va a permitir seguir obteniendo
financiación gratuita de sus proveedores industriales, que está
siendo utilizada a su vez para financiar los fuertes procesos de
concentración que se están dando en el sector y de los que
recientemente hablaba mi compañero el diputado del Grupo de Izquierda
Unida. ¿Por qué el Grupo Parlamentario Socialista cree que se debe
regular el aplazamiento de pagos a proveedores por parte de la gran
distribución? Porque la gran distribución española tiene los plazos
de aplazamiento más altos de Europa. Según un estudio publicado por
el mismo Ministerio de Economía, por la Dirección General de Comercio
Interior, el plazo medio de la gran distribución en España es de 101
días, mientras que en Italiaes de 93, en Francia de 69, en Bélgica de
51 y en
Alemania de 25. También creemos que es necesario mantener la enmienda
porque afecta a la competitividad de las empresas industriales
productoras de bienes de gran consumo, sean de alimentación o no, que
se ven obligadas a financiar de esta manera la gran distribución,
y los estudios recientes estimados valoran en 474.000 millones el
volumen de financiación que se ha recibido de la industria por las 40
mayores empresas de distribución. En la Unión Europea se encuentra en
fase muy avanzada la aprobación de una directiva que establece la
limitación del aplazamiento de pago a 60 días. Por tanto, nosotros
creemos que en este momento se trata de que la industria española sea
más competitiva y por eso pedimos el voto favorable para esta
enmienda.
Quiero pasar ahora a defender las enmiendas 189 y 190, de
infraestructuras. Nos proponen ustedes un cambio de modelo en cuanto
al sistema de construcción de la obra pública en materia de
carreteras. Nosotros proponemos que se supriman los artículos 50 y 51
de este texto, porque el Grupo Parlamentario Socialista opina que son
contrarios al interés público y al interés general y no estamos de
acuerdo con la enmienda transaccional que se ha presentado a esta
Cámara. Por ello mantendremos nuestras propias enmiendas.
Lo que se modifica es la Ley de construcción y conservación
y explotación de autopistas en régimen de concesión y se otorgan más
facultades y beneficios a las sociedades concesionarias de
autopistas, que van a pagar los usuarios. También se establece un
profundo cambio en la gestión de la red de autovías, que con la
fiebre que le está entrando en esta legislatura al Partido Popular a
través de su Gobierno, nos lleva también a su privatización. Esta red
recordamos que fue financiada íntegramente con capital público, con
cargo a impuestos, y es de uso gratuito para los usuarios. Estas
modificaciones perjudican, por tanto, a los usuarios y además depende
de en qué comunidades autónomas vivan. Con ello, más pago para los
usuarios y más negocio, puesto que son un regalo, para las
concesionarias de autopistas, y cada vez habrá más obras públicas
importantes financiadas por los usuarios y menos obras financiadas
por la Administración del Estado.
Ahora cedo mi turno a la compañera Amparo Valcarce, con quien lo
comparto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Leiva.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, intervengo para defender la enmienda de supresión al
artículo 61. Entendemos que no es adecuado que se utilice una ley
como la de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
pensada como complementaria a la de Presupuestos Generales del
Estado, para modificar la ley que regula el sistema educativo. Las
medidas propuestas nada tienen que ver con lo fiscal ni con lo
administrativo ni con lo social,
pero, eso sí, será una tramitación mucho más acelerada y desde luego
sin el consenso mínimo necesario que tuvo en su momento la
tramitación de la Logse.
Sobre la propuesta planteada por el Gobierno quiero hacer las
siguientes consideraciones. Primero, que buscar mecanismos de acceso
a los ciclos formativos de grado superior de formación profesional
específica sin la garantía de una adecuada formación general y una
formación de base, que en este momento está definida en el
bachillerato Logse, podría poner en entredicho el modelo de formación
profesional. Señorías, la madurez y los conocimientos previos que
deben tener los alumnos que acceden a la formación profesional de
grado superior es similar a la que se requiere a los alumnos que
inician enseñanzas universitarias. Precisamente, esta nueva formación
profesional es una alternativa, socialmente muy bien aceptada y
prestigiada, a los estudios universitarios. Si se buscan nuevas vías
de acceso a los ciclos formativos de grado superior con objeto de
buscar expectativas para los alumnos que finalizan los ciclos
formativos de grado medio, habría que pensar en otras alternativas
más interesantes para los nuevos titulados y para las necesidades de
los sectores productivos, por ejemplo, incentivando la formación y la
orientación profesional, conectando esta formación con las políticas
activas de empleo, subvencionando los gastos de primera instalación
de nuevas empresas, aumentando las subvenciones a los contratos
laborales cuando se incorpora a un trabajador con la cualificación
adecuada, pero desde luego nunca reduciendo los requisitos
académicos, porque esto supondrá una disminución de la calidad de la
enseñanza a la que aspiramos.
Señorías, la propuesta del Gobierno supone abrir unas expectativas
falsas a los alumnos que tengan aprobado un ciclo formativo de grado
medio cuyo perfil profesional, con carácter general, no responde a la
formación que se adquiere en el bachillerato, etapa a la que estos
alumnos han renunciado a acceder. Además, va a significar aumentar la
demanda en los ciclos de grado superior, enseñanzas en las que no hay
plazas. Venimos denunciando que faltan 50.000 puestos escolares,
precisamente los que el Gobierno no creó en los últimos tres años.
Hay más, los niveles de oferta laboral para estos titulados se sitúan
alrededor del 23 por ciento del conjunto de los puestos de trabajo de
las empresas. Esta referencia que hago, señorías, está de acuerdo con
los estudios sobre inserción laboral que recientemente ha difundido
el País Vasco, que indica que el 48 por ciento de los puestos de
trabajo de las empresas corresponde a titulados de ciclos formativos
de grado medio. Por ello no habría que adoptar medidas que
contribuyeran a desatender estos puestos de trabajo, sino que habría
que actuar en sentido contrario, con medidas que mejoren la
orientación profesional, que informen a los empleadores sobre las
competencias profesionales de estos titulados y, en general,
conectando la formación con las políticas activas de empleo.
El momento actual de implantación de la Logse aconseja no hacer
cambios en los niveles educativos que aún no se han generalizado,
entre otras razones porque la experiencia en la anticipación de
determinadas enseñanzas evidencia que los ciclos formativos de grado
superior tienen un altísimo grado de reconocimiento por los
empleadores y por la sociedad en general. Desde luego, consideramos
que son intereses ajenos a la formación profesional los que están
detrás de la propuesta de conectar los ciclos formativos de grado
medio con los de grado superior.
Señorías, de salir adelante esta propuesta del Gobierno, creemos que
las consecuencias serán gravísimas para la calidad, prestigio y
reconocimiento de la formación profesional y pueden tener por seguro
que este desastre no lo podrán arreglar con campañas de imagen como
la que acaban de poner en marcha, que va a suponer el despilfarro de
700 millones de pesetas; despilfarro de los siempre escasos recursos
del Ministerio de Educación y Cultura.
Señor presidente, en segundo lugar paso a defender las enmiendas de
supresión a los artículos 54 y 55 de la ley de acompañamiento de los
presupuestos, que modifican la Ley de navegación aérea del año 1969,
modificación que no compartimos porque, por ejemplo, posibilita que
el plan de vuelo no sea exigible en los vuelos interiores que se
realicen siguiendo reglas de vuelo visual, es decir, que la
Administración aeronáutica española permitirá que una aeronave, bien
deportiva, bien comercial, para el transporte de pasajeros o
mercancías haga un seguimiento de su situación en condiciones de
visibilidad sin transmitir el plan de ruta. Esto resulta inconcebible
cuando es primordial la preservación de la seguridad.
Señorías, están apareciendo en distintos puntos de la geografía
nacional aeródromos de uso comercial como consecuencia de la
transformación o al calor de los aeropuertos militares, como es el
caso del aeropuerto de León. Algunos de estos aeropuertos no cuentan
con sistemas de aproximación instrumental y, en el caso de León, su
instalación se retrasará por razones presupuestarias, sólo imputables
al Gobierno, durante un año. Además, se nos acaba de informar que
Cidetra, la comisión interministerial Defensa-Transportes, no ha
autorizado la utilización del sistema de radioayuda de la base
militar de la Virgen del Camino. Esta situación, señorías, viene
siendo denunciada por el sindicato de pilotos como gravísima para la
seguridad aérea y ha provocado continuas cancelaciones de vuelo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Valcarce, le ruego vaya concluyendo.
La señora VALCARCE GARCÍA: Por todo ello, rechazamos los artículos 54
y 55 de la ley de acompañamiento y exigimos al Gobierno que dé
cumplimiento a la proposición no de ley para que se elabore un
proyecto de ley de navegación aérea y aeropuertos del Estado que
modernice la estructura aeronáutica española, en
especial en lo que se refiere a seguridad aérea, protección
medioambiental y desarrollo de planes directores aeroportuarios.
Por último, señor presidente...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Con toda
brevedad, se lo ruego, señoría.
La señora VALCARCE GARCÍA: Sí, señor presidente.
Por último, quiero señalar que rechazamos los artículos 57, 58 y 59,
que modifican el artículo 21 de la Ley de televisión privada, porque
si el año pasado se había conseguido por parte del Gobierno el
objetivo de que Telefónica se hiciera con el control de Antena 3,
este año seguimos manteniendo que no cabe este debate en la ley de
acompañamiento, y damos por defendidas en sus términos el resto de
las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista al
título V de la ley de acompañamiento de los presupuestos.
Gracias, señorías, gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra, en primer
lugar, el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Gracias, señor presidente.
Intervendré con toda brevedad porque voy a compartir mi turno con mi
compañera Mercedes Fernández. Simplemente quiero decir que mi grupo
no puede aceptar las enmiendas presentadas al artículo 48, de
modificación de la Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista,
porque ya se ha aprobado una redacción de consenso entre varios
grupos que modifica precisamente el artículo 14 relativo a la venta
con pérdida y el artículo 17 relativo a los aplazamientos de pago e
incluso añade una disposición adicional.
Respecto al artículo 14 el objetivo de la modificación que planteamos
es evitar las ventas con pérdida, estableciendo un plazo de
aceptación y corrección de facturas. Creemos que recoge el plazo más
adecuado, es más restrictivo que el que figuraba en algunas enmiendas
que se presentaron y es más realista. El plazo de 25 días para dar
firmeza a las facturas y 10 días para la eventual subsanación nos
parecen suficientes.
En cuanto al artículo 17, relativo a los aplazamientos de pago, hay
tres modificaciones puntuales. Por primera vez se incluye la
obligación de enviar facturas y se da un plazo de 30 días. En segundo
lugar, se legisla sobre los perecederos únicamente y se da también un
aplazamiento de pago como máximo de 30 días. ¿Por qué legislamos
solamente sobre los perecederos? Por dos razones, porque son los
productos de mayor rotación y porque mejora la situación del sector
primario, pequeñas y medianas empresas, autónomos, etcétera, que
tienen una capacidad de negociación menor ante los grandes grupos de
distribución. Además, es más estricta que la norma francesa, se
establece por ley, no
por orden, y se cuenta desde la entrega, no desde el final del mes en
que se ha producido la entrega de la mercancía. Hay una tercera
modificación. Saben SS.SS. que la ley contemplaba aplazamientos de
pago superiores a los 60 y a los 120 días. Hemos introducido los 90
días con un documento endosable a la orden. Creemos que ello da más
seguridad en el plazo, reduce los plazos que superen los 90 días y,
además, nos parece que encaja en la práctica habitual y comercial
española que son los 30, 60 y 90 días, aparte de ser una garantía
para los proveedores. Respecto a la modificación del artículo 65,
simplemente diré que es en congruencia con el régimen sancionador.
Hemos introducido una disposición adicional que dice: lo dispuesto en
los artículos 9, 14 y 17 de la presente ley será de aplicación a
mayoristas y cualesquiera intermediarios del comercio minorista. Esto
recoge una proposición de ley del Grupo Popular actualmente en
trámite en el Congreso y lo único que hemos hecho es añadir la
mención al artículo 9, obligación de vender, que no consideramos
necesaria, pero tampoco perjudicial.
Finalmente, hemos establecido un período transitorio de seis meses,
que nos parece necesario para que los proveedores y distribuidores
puedan adaptarse a los plazos temporales marcados. La señora Leiva ha
calificado de insuficiente esta redacción; yo creo que es razonable y
prudente y que está en el buen camino.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez Darmendrail.
Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente. Voy a
ser muy breve.
En orden a las enmiendas que todavía quedan vivas en este debate
parlamentario referido a la ley de acompañamiento, comenzaré
refiriéndome a la intervención hecha por el portavoz de Coalición
Canaria respecto a la enmienda que mantiene viva su grupo
parlamentario, la enmienda 247, que propone adicionar la Ley de
Puertos y de la Marina Mercante. Su señoría ha justificado la defensa
de la enmienda en términos de necesidad; no le parece suficiente la
redacción que se contiene en el artículo 17 de la propia ley de
acompañamiento. A juicio de nuestro grupo parlamentario, la identidad
de la enmienda de Coalición Canaria y el contenido del artículo 17
del proyecto de ley que estamos discutiendo hace innecesaria la
adición relativa a la Ley de Puertos y Marina Mercante, toda vez que
queda perfectamente establecido y determinado qué se ha de entender
por cabotaje insular y qué características plantea el mismo, de
acuerdo siempre con lo establecido en el artículo 21.c) del
Reglamento de la Comunidad Económica Europea 3577 de 1992. Por tanto,
como justificamos en la Comisión correspondiente, vamos a votar
negativamente la enmienda que ha defendido
en este mismo trámite parlamentario el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Por lo que se refiere al Grupo Socialista, haré referencia a algunas
de las enmiendas que han defendido las dos portavoces de ese grupo
parlamentario. En cuanto a la modificación del artículo 46, primer
artículo del título V -que quiero recordar a SS.SS. que lleva el
título genérico de acción administrativa y que, a juicio de este
grupo parlamentario, es impecable desde el punto de vista
metodológico y de sistemática-, no alcanzó a entender cómo se puede
mantener un discurso y su contrario, es decir, censurar determinados
artículos contenidos en este proyecto de ley y, a su vez, formular
enmiendas parciales referidas igualmente a la modificación de un
número importante y diverso de leyes. La razón final es que esta ley
tiene ese objetivo y que concretamente este título V trata de dar
respuesta a la acción administrativa que ha de producirse en los
distintos departamentos ministeriales.
Por lo que se refiere a la acción administrativa en el exterior -una
de las enmiendas que formula el Grupo Socialista-, tengo que decir
que el Grupo Popular entiende, y así lo ha explicado en la Comisión,
que debe rechazarse, ya que dicha modificación no tiene origen en el
destino de los créditos FAD por lo que se refiere a nuevos usos, sino
que se trata de clarificar la dotación de estos fondos, que han sido
aprobados en 1997. Se trataría de definir, seguir y evaluar los
proyectos y las ayudas que aparecen con cargo a los créditos FAD.
Por tanto, como se ha planteado en ocasiones, y según los acuerdos
existentes de creación de fondos con dotaciones presupuestarias
importantes para financiar la contratación de estudio y seguimiento
puntual de los proyectos, concretamente para construcciones con
motivo de los desastres que, lamentablemente, se han producido hace
poco en Centroamérica, nos parece oportuno que se traslade a este
capítulo la adecuación para que el seguimiento de los fines y de los
proyectos pueda también imputarse con cargo a lo preceptuado en este
artículo.
Respecto a otra enmienda que también formulan, a nosotros nos parece
que adecuar el funcionamiento del Fondo de Ayuda al Desarrollo a las
previsiones de la Ley de cooperación es correcto, pero en ningún caso
justifica los términos de formulación de la enmienda.
Voy a hacer referencia de forma sintética a dos artículos que
aparecen enmendados por distintos grupos parlamentarios. Me estoy
refiriendo a los artículos 50 y 51 de este proyecto de ley. El
artículo 50, como SS.SS. saben, trata de la modificación de una ley
de 1972, sobre construcción, conservación y explotación de las
autopistas en régimen de concesión. Se han formulado varias
enmiendas, y yo quiero aprovechar este trámite parlamentario para
presentar la enmienda transaccional que nuestro grupo ha formulado a
su vez a la número 288, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y aprovecho también para decirle a su portavoz que la
adición en el párrafo 4 de la expresión
«y de comunicaciones» se entiende aceptada porque realmente era una
omisión involuntaria, ya que en el párrafo anterior se reitera en los
términos a los que hacía referencia el portavoz de Convergència i
Unió. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues estamos hablando de algo
muy claro y perfectamente transparente, lícito y legítimo. Sus
señorías saben perfectamente que hubo ya una modificación anterior,
en 1996, concretamente en el mismo trámite parlamentario, es decir,
en la Ley de medidas, donde se pretendía, y se consiguió, ampliar el
objeto social a las sociedades concesionarias. Y se hacía abriéndolo
de forma complementaria a otras actividades, siempre y cuando
tuviesen relación con la actividad principal. Aquella modificación se
puede y se debe ampliar, y en este sentido se establecen en este
artículo otras posibilidades de diversificación de sus actividades.
Estamos hablando, por tanto, de ampliación del objeto social, no de
nada opaco; no estamos hablando de ningún regalo y, desde luego, no
estamos hablando de nada que no obedezca a los principios de
transparencia y libre concurrencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, le ruego que concluya.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Por lo que se refiere al artículo 51, al que distintos grupos también
han presentado enmiendas, me importa mucho afirmar lo siguiente, tal
y como lo hicimos en el trámite de Comisión: por más que se empeñen
desde el Grupo Socialista, no estamos hablando de peajes ni cubiertos
ni encubiertos; estamos hablando única y exclusivamente de una
modalidad específica del contrato de servicios, donde el precio,
señorías, lo abona la Administración. No estamos hablando de un
contrato de gestión de servicio público y, por tanto, no estamos
hablando de repercutir ningún costo a los usuarios a través de peaje.
Estamos hablando, eso sí, de poner en marcha un mecanismo de
adecuación para que aquellas autovías denominadas de primera
generación puedan tener la conservación, la explotación y el
mantenimiento que requieren los usuarios y que desde luego se adecua
a los nuevos tiempos.
Respecto al plazo máximo de duración del contrato de servicios de
gestión, insisto en que la modalidad administrativa es muy
importante, porque veo que ha habido intervinientes que confunden y
mezclan, yo creo que deliberadamente, para trasladar ...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: ...inquietud a los usuarios; inquietud
que no les traslada ni este proyecto de ley ni desde luego el
articulado ni la redacción ni la elección de la modalidad
contractual. Por tanto, el artículo 51 apuesta por la modernidad, por
la conservación y por la adecuación de las autovías de
primera generación, y nada, absolutamente nada, señorías, por ningún
tipo de peaje.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Queda por debatir el apartado correspondiente a las Disposiciones
disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y Adicionales,
finales, que entiendo que han sido planteadas ya por Transitorias,
SS.SS. en los debates anteriores, a no ser que algún Derogatorias
grupo parlamentario desee intervenir. Va a intervenir y Finales
por parte del Grupo Socialista el señor Martínez Sanjuán para la
defensa de sus enmiendas. También quieren intervenir la señora
Lasagabaster y al señor Vázquez.
Por tanto, en primer lugar, para la defensa de su enmienda, tiene la
palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. No habíamos dado por defendida esta enmienda que
no tiene relación con ninguna de las anteriores y, por tanto,
consideramos absolutamente necesario proceder a la defensa de la
misma para que se mantenga viva en la votación.
En definitiva, lo que proponemos con esta enmienda de adición
respecto a las sociedades laborales con convenios de recuperación nos
parece que no responde al principio de igualdad y lo que queremos es
que haya una propuesta de condonación de las deudas pendientes
procedentes de convenios de recuperación firmados entre el Fogasa y
las sociedades laborales, porque de esta manera se cumple con el
principio de igualdad. No voy a entrar en las dinámicas que se
producen ni en los perjuicios que esta situación está produciendo a
los socios trabajadores fundadores de esas sociedades, pero
entendemos que es un apoyo y defensa de los poderes públicos a la
economía social, según lo dispuesto en el artículo 129.2 de la
Constitución.
También entendemos que esta situación y este tratamiento jurídico
debiera aplicarse a las sociedades cooperativas cuando su
constitución provenga de la reconversión de sociedades capitalistas.
Muy brevemente, queremos dar por defendida la enmienda.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
También con toda brevedad, voy a hacer referencia específica a una de
las enmiendas que mantenemos en este apartado, y es la número 65, por
la que proponemos la adición de una disposición adicional duodécima
relativa a la bonificación de las cuotas satisfechas por las empresas
pesqueras mixtas a la Seguridad Social. En
esa enmienda proponemos una bonificación del 60 por ciento sobre la
cuota empresarial de la Seguridad Social en las cotizaciones
relativas a los trabajadores españoles en estas empresas como una
fórmula que puede fomentar el empleo en las mismas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, voy a dar por defendidas las enmiendas que
presentamos. Algunas de ellas tienen como objetivo mejorar el debate
de los presupuestos. Pedimos que se entregue, mediante soporte
informático, la documentación de los presupuestos, así como una
regionalización de los proyectos inversores que se contienen en los
mismos.
Por otra parte, consideramos que es oportuno garantizar, acortando el
plazo de elaboración de determinados textos refundidos, los que hacen
referencia a los regímenes especiales de la Seguridad Social.
Finalmente, de manera telegráfica, queremos que se regule el futuro
de los fondos de promoción de empleo y del personal que trabaja en
los mismos, así como que se proceda a la elevación y actualización de
una prestación de la Seguridad Social, como son las indemnizaciones
de lesiones permanentes no invalidantes.
Consideramos oportuno que se contenga un mandato en torno a los
impuestos ecológicos, así como que se termine el debate acerca de las
ayudas al sector eléctrico mediante la derogación de la normativa que
las regulaba.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Martínez Sanjuan.
El señor MARTÍNEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor presidente.
Para la defensa de la enmienda 201 intervendrá el señor Fernández
Marugán, pero no se preocupe que me ajustaré al tiempo.
Señor presidente, señores miembros del Grupo Parlamentario Popular,
hemos presentado 27 enmiendas, algunas de las cuales han sido
debatidas en los títulos correspondientes, y no haré referencia a
ellas, sin embargo, algunas otras no.
El conjunto de las enmiendas que hemos presentado a este bloque tiene
que ver con tres o cuatro grandes temas, algunos de ellos de carácter
social. Proponemos la creación de un servicio público de empleo
negociado con los agentes sociales, público, gratuito, que establezca
la unidad de mercado, aunque no en la gestión, y que ofrezca un
servicio descentralizado.
Proponemos medidas para la estabilidad en el empleo. Ya va siendo
hora de que la política de contratos prorrogados dentro de la misma
empresa conlleve, a través de medidas reglamentarias y jurídicas, la
estabilidad en el empleo. También proponemos programas de empleo,
sobre todo para aquellos parados de larga duración, como servicios de
proximidad, de cultura, de educación, de sanidad y de políticas
agrarias y medioambientales.
A través de una serie de enmiendas, proponemos medidas que tienen que
ver con la política energética y con la política de la lucha
antiinflacionista. Creemos que, a pesar de lo que diga Bruselas, hay
una cuestión de carácter político. Nosotros nos opusimos el año
pasado a que se les entregara a las eléctricas un billón 300.000
millones de pesetas , como coste de transición a la competencia.
Ahora proponemos que se elimine aquella disposición transitoria que
se presentó en el Senado, en especial el recargo del 4,5 por ciento
en el recibo de la luz, así como restaurar la política de precios
máximos en los hidrocarburos. Con subidas del precio del petróleo o
sin ellas, desde que se tomó esta decisión, el gasóleo industrial, el
gasóleo de automoción, está a 105 pesetas en algunos sitios, lo cual
está produciendo un auténtico clamor popular entre determinados
sectores. Esto no tiene que ver sólo con el precio energético, sino
con otras medidas de lucha contra los monopolios.
A través de dos enmiendas, proponemos que el Gobierno regule de
nuevo, como decía anteriormente el señor Ríos, toda la gestión de la
administración de loterías, y que si aprobara nuestra enmienda 224,
no llevara a la práctica la lotería presorteada, que va a producir
más problemas que beneficios, sobre todo a un colectivo tan
importante que se ha opuesto a ello, como ha sido el de los ciegos.
Por último, presentamos unas enmiendas de carácter fiscal,
concretamente la 199, a determinadas decisiones que se quieren tomar
sobre la futura organización internacional de comisiones de valores.
La enmienda 200 propone dar una nueva redacción a la Ley de
Arrendamientos Urbanos, favoreciendo a los famacéuticos en contra de
los propietarios de locales de negocio.
Y por último -y con esto termino, señor presidente-, mantenemos la
enmienda 212. Desde nuestro punto de vista, se consagra una política
tributaria sobre las opciones, sobre determinadas plusvalías
verdaderamente importantes. Creemos que, después de lo conocido estos
días, se puede cambiar ese viejo eslogan tradicional e histórico de
«la tierra para el que la trabaja» por «Terra para el que se lo
trabaja».
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Para la defensa
de la enmienda 201, del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Gracias, señor presidente. Con brevedad,
voy a defender el contenido de la enmienda 201, que ha presentado mi
grupo parlamentario,
con la que queremos paliar, en la medida de lo posible, algunos de
los costes en que se incurrieron por ciudadanos y ciudadanos de la
ciudad de Badajoz, como consecuencia de una lamentable riada ocurrida
los días 5 y 6 de noviembre de 1997. En aquellos días la solidaridad
de la sociedad española se constató a nivel personal e institucional
y, como consecuencia de ello, hoy podemos decir que el conjunto de
las administraciones públicas han puesto en marcha una serie de
actuaciones a través de las cuales va a ser posible que unas nuevas
viviendas sean adquiridas por las familias que se vieron afectadas
por esa riada. Eso da origen a un conjunto de transmisiones, desde
las viejas viviendas al Ayuntamiento de Badajoz y desde la Junta de
Extremadura a las familias afectadas, sujetas al impuesto de
donaciones, sucesiones y transmisiones patrimoniales. Mi grupo
pretende declarar exentas esas transacciones con el fin de paliar los
costes personales, sociales y económicos de tan lamentable suceso.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene la palabra,
en primer lugar, el señor MartínezPujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, sólo me referiré a la enmienda 201, a la que hemos
hecho una transacción. Entendemos la preocupación del señor Fernández
Marugán y la compartimos, dándole todo el apoyo institucional a los
afectados en las riadas de Badajoz. El señor Fernández Marugán, que
es fiscalista y buen conocedor de estos temas, sabe que las
donaciones y las transmisiones patrimoniales desde la Administración
a los ciudadanos particulares están exentas, pero por si hay algún
caso en que no lo estén, vamos a apoyar esta enmienda.
También sabe el señor Fernández Marugán que si su grupo en
Extremadura hubiera aceptado el sistema de financiación autonómica,
tendría competencias normativas para haber regulado estos impuestos.
Dijeron que no y que eso era la destrucción de España. Señor
Fernández Marugán, no. Si hubieran aceptado las competencias
normativas, esto se habría resuelto allí donde una comunidad autónoma
tiene su máximo órgano de autogobierno, que es su propio Parlamento.
Puesto que no tienen competencias normativas, apoyamos esa enmienda y
además incorporamos una adición, que es darle los mismos beneficios a
los afectados en Biescas que a los afectados en Badajoz en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es decir, y para que
no haya problemas con los letrados, por una parte, incorporamos la
enmienda del señor Fernández Marugán o del Grupo Socialista, que hace
referencia a Extremadura, y, por otra parte, y en otro impuesto
distinto, que es el IRPF, unimos Biescas y Badajoz.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Nuestro grupo quería intervenir
para dejar clara algunas de las precisiones sobre la materia
debatidas en la Comisión de Economía la semana pasada.
La enmienda 295, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), se rectificó a última hora en la Comisión, en el sentido de
modificar el término correspondan por el de corresponden. Nuestro
grupo quería clarificar esto a efectos del «Diario de Sesiones» y a
efectos de los servicios de la Cámara, para hacer ver que lo que debe
prevalecer en el texto es la palabra corresponden, presente de
indicativo, y no correspondan, presente de subjuntivo.
Con respecto a la enmienda 294, de Convergència i Unió, si bien es
cierto que en la Comisión de Economía el Grupo Popular votó
desfavorablemente a esta propuesta, en el momento actual nuestro
grupo no está en la misma posición, pero tampoco está a favor. Por
tanto, en la amplísima gama de grises que hay entre el sí y el no,
existen las figuras transaccionales, y en el momento actual, señorías
del Grupo de Convergència, no está nuestro grupo en disposición de
ofrecer una que pueda satisfacer a su grupo. Por tanto, les sugerimos
que sigamos ahondando en la gama de grises, de modo que podamos
llegar a un acuerdo sobre una enmienda transaccional a la enmienda
294.
Con relación a algunas enmiendas del Partido Socialista, simplemente
quiero hacer referencia a la que no fue objeto de debate en la
Comisión, que es la número 200, sobre las oficinas de farmacia. No
existe ningún privilegio en la modificación que se introduce en esta
disposición. Lo único que se hace es salvar un problema de
interpretación con relación al régimen de alquiler de las farmacia y
no existe ninguna otra razón. Sencillamente, se trata de evitar el
llegar por vía interpretativa a lo que se puede hacer por vía de
modificación de la ley, tal y como se hace en la ley de
acompañamiento.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cámara.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ocupen sus escaños, vamos a
comenzar las votaciones. (Pausa.)
Procedemos a votar las enmiendas y los dictámenes correspondientes a
los títulos y disposiciones de la ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, conocida como ley de
acompañamiento a la ley de Presupuestos Generales del Estado, que ha
sido debatida esta mañana, votaciones que se producirán sin perjuicio
de las correcciones técnicas distribuidas a los grupos
parlamentarios y que ha puesto de manifiesto el señor Martínez-
Pujalte en la primera de sus intervenciones esta mañana, justamente
en la que hacía referencia al título I con el que comenzamos, normas
tributarias. Enmiendas del Grupo Mixto. Comenzamos por la enmienda de
la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 150; en contra, 167; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
316 ; a favor, 148; en contra, 166; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de los señores Rodríguez Sánchez y Vázquez. En
primer lugar, la número 41.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, seis; en contra, 170; abstenciones, 145.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 38, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 135; en contra, 170; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 40, 44 y 45, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 22; en contra, 170; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas de los señores Rodríguez y Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 149; en contra, 170; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda del señor López Garrido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 149; en contra, 170; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Al haberse retirado la de Coalición Canaria, pasamos a votar la
enmienda 277, del Grupo Catalán.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 29; en contra, 285; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, subsiste la enmienda 227 del Grupo de Coalición Canaria,
que se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 18; en contra, 164; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, comenzando por las números
74, 75, 76 y 78.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 17; en contra, 170; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas y votos particulares.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 150; en contra, 170; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Socialista, comenzando por la
número 164.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 132; en contra, 180; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda transaccional a las enmiendas números
168 y 169.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 321; a favor, 319; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la
transaccional a las enmiendas 168 y 169.
Votamos ahora la enmienda 160, del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 150; en contra, 170; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 150; en contra, 170.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las votaciones correspondientes al dictamen del título I.
En primer lugar, votamos los artículos 4 y 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 182; en contra, cuatro;
abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 1, 2 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 321; a favor, 171; en contra, 147; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el artículo 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 173; en contra, 135; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 5.
Votamos ahora los artículos 10 y 14.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 170; en contra, 16; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Restantes artículos del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 168; en contra, cuatro, abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los restantes artículos del
dictamen correspondientes al título I, artículos 1 a 15 bis nuevo.
Pasamos al título II de la referida ley, que trata de lo social.
Comenzamos por las enmiendas del Grupo Mixto y, dentro de él, las de
la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 150; en contra, 168; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 51 y 52, del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 135; en contra, 184; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 150; en contra, 170; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor López Garrido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 148; en contra, 169; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Al haberse retirado la del Grupo Vasco (PNV) votamos, en primer
lugar, dentro de las de Izquierda Unida, la número 82.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 149; en contra, 169; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 81, 83, 89 y 91, de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 23; en contra, 169; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 149; en contra, 170; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 173, del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 150; en contra, 170; abstenciones, una .
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 150; en contra, 170; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las votaciones correspondientes al dictamen del título II,
artículos 16 a 25, comenzando por votar los artículos 16, 17, 20 y
23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 167; en contra, 151; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículo 22.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 169; en contra, 17; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.
Artículo 19, puntos cuatro y siete.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 183; en contra, 136; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los apartados mencionados y
votamos ahora los restantes artículos del título II.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 181; en contra, dos; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los restantes artículos del
título II.
Pasamos al título III, del personal al servicio de las
administraciones públicas, comenzando por votar las enmiendas del
Grupo Mixto, correspondientes al señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 150; en contra, 170; abstenciones, una.
PRESIDENTE:
El señor Queda rechazada.
Enmienda número 15, del señor López Garrido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 17; en contra, 170; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos las restantes enmiendas del señor López Garrido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 149; en contra, 169; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda subsiguiente del Grupo de Coalición Canaria, con el número
242.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 20; en contra, 166; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), comenzando por la
transaccional a la enmienda 328.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 318; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional.
Enmienda 329, del Grupo Nacionalista Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 187; en contra, dos; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la citada enmienda.
Enmienda del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos
318; a favor, 18; en contra, 168; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 149; en contra, 170; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo
Socialista.
Pasamos a votar el dictamen del título III, artículos 26 a 35,
comenzando por el artículo 30.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 170; en contra, 147; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículos 26, 28, 29 y 31.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 172; en contra, dos; abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos.
Votamos ahora el resto del dictamen correspondiente al título III.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 187; en contra, uno; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen del título
III.
Pasamos al título IV, normas de gestión y organización
administrativa. Al haber retirado, dentro del Grupo Mixto, su
enmienda el señor Chiquillo, votamos la de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 20; en contra, 299; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 152; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Rodríguez, comenzando por la número 54.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 151; en contra, 169; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se vota la enmienda 55.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 19; en contra, 298; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 18; en contra, 169; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 149; en contra, 170; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 150; en contra, 169; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen del título IV, artículos 36 a 45, comenzando por
los artículos 43 y 45.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 184; en contra, dos; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículo 44.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 169; en contra, tres; abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar los artículos 36, 37, 38 y 41.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 168; en contra, 147; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Restantes artículos del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 169; en contra, 15; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los restantes artículos del
dictamen correspondiente al título IV.
Pasamos al título V, de la acción administrativa, y dentro de él las
enmiendas que en el Grupo Mixto sostiene, en primer lugar, el señor
Serrano Vinué.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 152; en contra, 168; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, seis; en contra, 168; abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.
Enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 147; en contra, 169; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del señor Rodríguez, comenzando por las
números 59 y 60.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 150; en contra, 170; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 58 y 63.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, tres; en contra, 170; abstenciones, 148.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 61, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, cinco; en contra, 300; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 62.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 137; en contra, 170; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas del señor López Garrido, comenzando por
la número 21.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 18; en contra, 171; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las restantes enmiendas del señor López Garrido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 146; en contra, 168; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 138; en contra, 167; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Al haberse retirado la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV), pasamos a votar la enmienda transaccional a la número 288, del
Grupo Parlamentario Catalán, en los términos del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 169; en contra, 150; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
comenzando por la 96 y el voto particular respecto de la enmienda
332, del Grupo Nacionalista Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 19; en contra, 166; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados la enmienda y el voto
particular.
Resto de enmiendas y votos particulares.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 148; en contra, 169; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, comenzando por la 192.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 136; en contra, 182; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora las enmiendas números 193, 194 y 195.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 136; en contra, 170; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 148; en contra, 169; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del
Grupo Socialista.
Pasamos a votar el dictamen correspondiente al título V, artículos 46
a 69, comenzando por la votación de los artículos 52, 53, 56, 60, 64,
65 y 68.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 182; en contra, cuatro; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos ahora los artículos 47, 49, 66 y 67.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 172; en contra, dos; abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 46, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 61, 63 y 69.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 167; en contra, 148; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los citados artículos Votamos
el artículo 68 bis nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 317; en contra, dos; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Restantes artículos del dictamen del título V.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 171; en contra, 18; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan así aprobados los restantes artículos del
título V.
Pasamos a votar las enmiendas y el dictamen a las disposiciones
adicionales, transitorias, derogatorias y finales, empezando por las
correspondientes al Grupo Mixto y, dentro de él, la de la señora
Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, seis; en contra, 169; abstenciones, 145.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 313, del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 18; en contra, 170; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 148; en contra, 170; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 66, del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 134; en contra, 170; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las restantes enmiendas, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 18; en contra, 299; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 29, del señor López Garrido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 137; en contra, 168; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor López Garrido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 151; en contra, 167.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del
señor López Garrido.
Al haberse retirado las del Grupo Vasco (PNV) y las del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pasamos a votar las
enmiendas de Izquierda Unida. En primer lugar, de las números 110 a
112 y las números 125, 127, 135, 136, 140, 144 y 151.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
317; a favor, 15; en contra, 170; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 113, 117, 122, 124, 141 y 155 a 158, del Grupo de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 16; en contra, 298; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 149; en contra, 170; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista, comenzando por la 208.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 134; en contra, 171; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la transaccional a la enmienda 201, que se adiciona a esta
enmienda.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la enmienda 212, del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 148; en contra, 170; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 199.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
317; a favor, 314; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 148; en contra, 169; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el dictamen correspondiente a las disposiciones
adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
Votamos, en primer lugar, las disposiciones adicionales cuarta,
quinta y sexta, más las disposiciones transitorias tercera, cuarta,
décima y undécima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 185; en contra, uno; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Procedemos a votar las disposiciones adicionales primera, segunda y
décima, la disposición derogatoria primera y las disposiciones
finales primera y segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 173; en contra, 15; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las disposiciones adicionales tercera, decimoctava
y vigésima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 170; en contra, 133; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposición adicional octava, disposición transitoria segunda y
disposición derogatoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320, a favor, 172; en contra, 147; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de disposiciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 171; en contra, 17; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen correspondiente al
resto de las disposiciones.
Votamos la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 171; en contra, 144; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos de la
Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
(Aplausos.)
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.