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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 269, de 10/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 269
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 259
celebrada el miércoles, 10 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados . . . (Página 14344)
Preguntas . . . (Página 14344)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el contenido del PDR (Plan de
Desarrollo Regional 2000-2006), observaciones y propuestas de las
Comunidades Autónomas al mismo y previsiones del Gobierno sobre su
versión definitiva. (Número de expediente 172/000188.) . . . (Página 14368)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general relativa
a las encuestas preelectorales realizadas por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), el modelo de estimación de voto
utilizado y la forma y momento de hacerlas públicas por el Gobierno.
(Número de expediente 172/000189.) . . . (Página 14378)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno
relativa al cumplimiento del Derecho comunitario en materia de medio
ambiente. (Número de expediente 172/000190.) . . . 14385
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
actitud defendida por el Gobierno y la Unión Europea y las medidas
que se piensan adoptar para asegurar la viabilidad del sector naval
europeo y, en particular, el español. (Número de expediente 172/
000191.) . . . (Página 14394)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a si el Gobierno asume
y hace suyo el «Documento Marco para el desarrollo de la provincia de
León: Programa y actuaciones» y su eventual incidencia en la política
de inversiones establecida en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 497, de 2 de noviembre de 1999. (Número de
expediente 173/000166.) . . . (Página 14403)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a
adoptar por el Gobierno para determinar el alcance de posibles
prácticas delictivas por parte de laboratorios farmacéuticos en
relación con las prescripciones y para conseguir que el gasto
farmacéutico se adecue a las necesidades de salud antes que a los
beneficios de los laboratorios. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 497, de 2 de noviembre de 1999. (Número de expediente
173/000167.) . . . (Página 14407)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados . . . (Página 14344)
Preguntas . . . (Página 14344)
Del Diputado don Joaquín Almunia Amann, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Está
Vd. satisfecho con la regulación de las opciones sobre acciones?
(Número de expediente 180/002011.) . . . (Página 14345)
Del Diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para tratar de
evitar la aplicación de la condena a pena de muerte impuesta por un
Tribunal de Florida (EE. UU.) al ciudadano español Joaquín José
Martínez? (Número de expediente 180/002021.) . . . (Página 14346)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo
cree el Gobierno que influirá el Plan de Desarrollo Regional (PDR),
recientemente presentado, en las expectativas de crecimiento
económico y generación de empleo en los próximos años? (Número de
expediente 180/002023.) . . . (Página 14347)
Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Tiene el Gobierno
previsto alguna medida en relación a la fiscalidad de las opciones
sobre acciones? (Número de expediente 180/002012.) . . . (Página 14348)
Del Diputado don Francisco Miguel Fernández Marugán, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿No encubre
la futura campaña institucional, sobre la situación económica de
España, la pretensión de incidir de manera partidaria en el voto de
los españoles? (Número de expediente 180/002013.) . . . (Página 14349)
Del Diputado don José Segura Clavell, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuáles son las medidas
que piensa adoptar el Gobierno para normalizar la deteriorada gestión
de la Compañía Trasmediterránea? (Número de expediente 180/002014.) .
. . (Página 14350)
Del Diputado don Pedro Moya Milanés, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno poner
fin a la prestación del servicio militar obligatorio? (Número de
expediente 180/002016.) . . . (Página 14351)
Del Diputado don José Alarcón Molina, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo tiene previsto el
Gobierno implantar cámaras de vídeo en las salas de vistas de lo
civil y lo penal? (Número de expediente 180/002032.) . . . (Página 14352)
De la Diputada doña Mercedes Fernández González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
previsiones tiene el Gobierno al incluir en el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado del año 2000, 500 millones de
pesetas para el proyecto de la Variante Ferroviaria de Pajares?
(Número de expediente 180/001989.) . . . (Página 14353)
Del Diputado don Jerónimo Nieto González, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Ha decidido
usted desoír las posiciones en contra, formuladas por los ciudadanos,
movimientos ecologistas y por el propio Ministerio de Medio Ambiente,
sobre la realización de las autopistas de peaje que conectarán la A-6
con Ávila y Segovia? (Número de expediente 180/002033.) . . . (Página 14354)
Del Diputado don Cristóbal Juan Pons Franco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles han sido las
variaciones más significativas del servicio de telefonía móvil
automática en sus modalidades analógica y GSM respecto a las tarifas
telefónicas vigentes desde julio de 1996? (Número de expediente 180/
002026.) . . . (Página 14355)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo
valora el Gobierno la evolución de la flota mercante de transporte
español en el presente ejercicio? (Número de expediente 180/002027.)
. . . (Página 14356)
Del Diputado don José Ignacio Llorens Torres, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información
puede facilitar el Gobierno en relación a los kilómetros de
plataforma concluidos en el AVE Madrid-Lleida? (Número de expediente
180/002029.) . . . (Página 14356)
Del Diputado don Fernando Gimeno Marín, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué no ha modificado el
Gobierno el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
incumpliendo el mandato establecido en la Disposición Adicional
Vigésima Cuarta de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, aprobada el 31 de diciembre de 1998 en el Parlamento?
(Número de expediente 180/002017.) . . . (Página 14357)
De la Diputada doña Belarmina Martínez González, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha puesto en
marcha el Gobierno para solucionar el gravísimo problema de la
presencia de menores indocumentados en nuestro territorio,
procedentes del norte de África? (Número de expediente 180/002018.) .
. . (Página 14358)
Del Diputado don Francisco Amarillo Doblado, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para evitar que se
repitan los continuos escándalos en el cobro de subvenciones del
algodón, lino y frutas, en los que aparece involucrado el Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA) y que perjudican gravemente al
sector agrario? (Número de expediente 180/002020.) . . . (Página 14359)
Del Diputado don Neftalí Isasi Gómez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el
Gobierno sobre el incremento del Impuesto del Valor Añadido (IVA)
compensatorio a los pequeños agricultores, adoptado en la presente
Legislatura? (Número de expediente 180/002024.) . . . (Página 14360)
Del Diputado don José María Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuál
es la propuesta de Convenio que el Ministerio de Medio Ambiente ha
ofrecido a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar respecto a la
explotación y conservación del embalse de Alarcón, tal como establece
el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar? (Número de expediente
180/002010.) . . . (Página 14361)
De la Diputada doña María Teresa de Lara Carbó, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál
es la posición que ha defendido el Gobierno español en la V
Conferencia de las Partes del Convenio de Cambio Climático, celebrada
recientemente en Bonn? (Número de expediente 180/002030.) . . .
(Página 14362)
Del Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace
el Gobierno
sobre la Reunión Internacional de Expertos sobre la Regeneración
Hídrica de Doñana, celebrada en Huelva? (Número de expediente 180/
002031.) . . . (Página 14363)
Del Diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición
del Gobierno español ante la noticia de que el Reino de Marruecos
está instalando, frente a las costas de Canarias, plantas
desalinizadoras y eléctricas a base de utilización de energía
atómica? (Número de expediente 180/001983.) . . . (Página 14364)
Del Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria
y Energía: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para asegurar la
viabilidad del sector de la construcción naval? (Número de expediente
180/002022.) . . . (Página 14365)
De la Diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede
explicar el Gobierno la importancia que en los Presupuestos Generales
del Estado para el próximo año se concede a la Investigación,
Desarrollo e Innovación Tecnológica? (Número de expediente 180/
002025.) . . . (Página 14367)
Del Diputado don Federico Javier Souvirón García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
valoración hace el Gobierno de los resultados del Consejo de
Ministros de Industria de la Unión Europea, del 9 de noviembre, en
relación con la situación del sector naval? (Número de expediente
180/002028.) . . . (Página 14367)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 14368)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el contenido del PDR (Plan de
Desarrollo Regional 2000-2006), observaciones y propuestas de las
Comunidades Autónomas al mismo y previsiones del Gobierno sobre su
versión definitiva . . . (Página 14368)
Presenta la interpelación urgente el señor Rodríguez Sánchez, del
Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que aunque el Plan de
desarrollo regional tiene como objetivo explícito, según palabras del
señor ministro, aminorar las desigualdades territoriales existentes,
esto es imposible de alcanzar apelando únicamente a los fondos
estructurales. Por otra parte considera que la forma de proceder del
Gobierno al presentar ante la Unión Europea el Plan de desarrollo
regional ha estado rodeada de oscurantismo, sin debate parlamentario
y con muy poca participación democrática, y plantea una serie de
preguntas sobre quién estableció y bajo qué criterios las líneas
maestras de los PDR estatal y regionales y sobre si la aprobación por
la Unión Europea no ha condicionado ya un diseño conforme a criterios
comunitarios preestablecidos.
A continuación se refiere a los pilares fundamentales del plan,
centrándose específicamente en Galicia y poniendo de manifiesto que
es la comunidad, de las que pertenecen a las regiones de objetivo 1,
en la que el Gobierno va a hacer un menor esfuerzo inversor. Critica
los objetivos de los diez ejes básicos que conforman el plan por
considerarlos excesivamente vagos y pone ejemplos que afectan a la
comunidad gallega.
Contesta en nombre del Gobierno el señor vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (De Rato Figaredo). Antes
de entrar a contestar a las cuestiones concretas planteadas, muestra
su sorpresa por la afirmación hecha por el interpelante en relación
con la forma de proceder poco democrática, y explica que el Plan de
desarrollo regional, que sólo es un primer paso en un proyecto que no
ha hecho más que comenzar, ha sido negociado con todos los gobiernos
autonómicos, que son los que van a tener que responder y adecuarse a
los criterios de la Comisión para la recepción de los fondos
estructurales. Por otra parte, le aclara al interpelante que la
financiación de las infraestructuras y de otras obras y ejes que se
plantean en el PDR 2000-2006 para el Reino de España provendrá de
todos los fondos europeos y no exclusivamente estructurales. Se
refiere asimismo a los diez ejes de actuación, que no considera en
absoluto vagos, en contra de lo dicho por el interpelante, y asegura
que el PDR 2000-2006 en Galicia tendrá un gasto por habitante
notablemente superior a la media nacional, por lo que no tiene
sentido el discurso de que a
Galicia se la ha maltratado y está en inferioridad de condiciones en
relación con otras regiones.
Replica el señor Rodríguez Sánchez, duplicando el señor
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Martinón Cejas, del Grupo Socialista del Congreso, y Gamir Casares,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general relativa a
las encuestas preelectorales realizadas por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), el modelo de estimación de voto
utilizado y la forma y momento de hacerlas públicas por el Gobierno .
. . (Página 14378)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Socialista del
Congreso, el señor Leguina Herrán. Tras exponer como funcionan las
encuestas electorales, denuncia el hecho de que al final del proceso
electoral irrumpa el Centro de Investigaciones Sociológicas
y aparezca el señor Michavila dando explicaciones a los españoles de lo
que va a ocurrir el día de las elecciones, predicciones que, por otra
parte, nunca se cumplen. Considera que una institución pública no
puede dar datos sobre la estimación de voto de los partidos que
concurren a las elecciones sin explicar el procedimiento utilizado,
no puede hacer estimaciones errando siempre en la misma dirección, ni
manipular los datos en su presentación por el Gobierno ante los
medios de comunicación. Se hace una serie de preguntas sobre esta
actuación del Gobierno, que considera una manipulación de la opinión
pública, y aconseja al Gobierno y al CIS que se abstengan de hacer
valoraciones de este tipo que no hacen sino desprestigiarles.
Contesta en nombre del Gobierno el señor vicepresidente primero y
ministro de la Presidencia (Álvarez-Cascos Fernández). Comienza por
extrañarse de que la interpelación la firme doña Rosa Conde, con la
amplia experiencia acumulada sobre el CIS entre los años 1982 a 1996,
y la presente ante la Cámara el señor Leguina, al que las
responsabilidades sobre el tema le llegan estando en la oposición,
haciéndose patente su ignorancia. A continuación hace un repaso de
las encuestas realizadas por el CIS entre los años 1982 a 1996 en los
diferentes procesos electorales y acusa a los distintos gobiernos
socialistas de realizar los estudios sociológicos y los barómetros de
las encuestas a hurtadillas y sin calendario conocido, negándose la
información al resto de las
fuerzas políticas. Sin embargo, añade, la Ley de organización y
funcionamiento del CIS de 1995, a iniciativa del Grupo Popular,
garantiza que cualquier encuesta de carácter electoral que contenga
datos electorales o políticos será entregada a las Cortes Generales
y, en su caso, a las asambleas legislativas en un plazo de quince
días a contar desde la finalización de los trabajos de campo y de la
codificación y grabación de la información en soporte magnético, y el
Gobierno anuncia con anticipación anual las fechas de publicación de
los barómetros mensuales, facilitando además la información de sus
trabajos a través de Internet a todos los ciudadanos interesados,
situación que considera inédita hasta la llegada al Gobierno del
Partido Popular. Tras dar una serie de datos sobre encuestas
realizadas en la etapa socialista, rechaza totalmente la afirmación
que se hace en la interpelación de que elección tras elección el CIS
viene sobreestimando al Partido Popular y subestimando al PSOE, y
pasa a explicar las encuestas del CIS con ocasión de las elecciones
catalanas. Concluye manifestando que, en su opinión, lo que molesta
al PSOE no es la presentación de los datos, sino los datos en sí, que
ponen de manifiesto la confianza creciente de la sociedad española en
la gestión económica y política del Gobierno del Partido Popular.
Replica el señor Leguina Herrán, duplicando el señor vicepresidente
primero del Gobierno y ministro de la Presidencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Jané i Guasch, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Núñez Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno
relativa al cumplimiento del derecho comunitario en materia de medio
ambiente . . . (Página 14385)
Presenta la interpelación urgente el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Mixto. Manifiesta que su grupo, Iniciativa per
Catalunya-Verds, quiere denunciar el incumplimiento importante y
reiterado del derecho comunitario en materia de medio ambiente por
parte del Ministerio de Medio Ambiente, pasando a referirse
concretamente a cinco directivas que o bien no se han traspuesto o
han sido o son incumplidas: las relativas a la evaluación del impacto
ambiental, a la prevención y control integrado de la contaminación, a
la calidad del aire, a las pilas gastadas y a la eliminación y
reducción de los policlorobifenilos y de policloroterfenilos.
Pregunta por qué no se han afrontado estos temas en esta
legislatura y por qué no se contemplan en los presupuestos de este
año.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Medio Ambiente
(Tocino Biscarolasaga). Manifiesta que el interpelante sólo se ha
referido a cinco directivas que no han sido traspuestas -con lo que
tampoco está de acuerdo-, pero ha pasado de puntillas por diez
directivas comunitarias que el Gobierno ha incorporado al derecho
interno en los tres años y medio de existencia de un ministerio
específico de Medio Ambiente, pasando a explicar dichas directivas.
También recuerda que el procedimiento de quejas comunitarias se debe
fundamentalmente a los incumplimientos de las comunidades autónomas o
incluso de las corporaciones locales, tema que no puede coordinar ni
controlar el Ministerio de Medio Ambiente. Resalta la labor realizada
por el Gobierno, que contrasta con la situación inicial con la que se
encontraron, en la que cinco de las directivas que incorporaron
llevaban ya vencidas más de tres años, y considera que, a la hora de
hacer un balance, son muchos más los factores positivos que los
negativos, siendo así apreciado por la Unión Europea.
Replica el señor Saura Laporta, duplicando la señora ministra de
Medio Ambiente.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Narbona
Ruiz, del Grupo Socialista del Congreso, y De Lara Carbó, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la actitud
defendida por el Gobierno y la Unión Europea y las medidas que se
piensan adoptar para asegurar la viabilidad del sector naval europeo
y, en particular, el español . . . (Página 14394)
Presenta la interpelación urgente el señor Navas Amores, en nombre
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Al hacer la
interpelación, asume el riesgo político de que el ministro aproveche
la ocasión para presentar ante la Cámara los éxitos de su gestión el
día de ayer ante el conjunto de ministros de Industria de la Unión
Europea, pero considera que es una muestra de responsabilidad por
parte de su grupo el reconocer la difícil situación por la que
atraviesan los astilleros públicos españoles y abordar desde la
Cámara los procesos claves para la consolidación del sector. Antes de
entrar en el fondo del análisis, hace una breve referencia a la
situación de los astilleros no sólo españoles sino del conjunto
de la Unión Europea, que empeora día a día, sin perspectivas de
mejora a corto plazo. Califica de totalmente insuficientes, no sólo a
corto sino a medio y largo plazo, las medidas tomadas por el
Ministerio de Industria que, según su opinión, suponen una renuncia
expresa a defender los astilleros a partir del año 2000. Reclama al
ministro una gestión comercial más activa, un plan de renovación de
la flota mercante, el inicio de conversaciones entre la Unión Europea
y Corea con el objetivo de erradicar las prácticas ilegales en
relación con la competencia, ayudas estatales al sector naval y
cualquier otra medida que dé estabilidad a los astilleros, partiendo
de la necesidad de mantener el actual empleo.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Industria y
Energía y portavoz del Gobierno (Piqué i Camps). Comparte muchas de
las aseveraciones de la interpelación, pero las considera
exageradamente catastrofistas, porque la situación de los astilleros
hoy es mucho mejor que la que existía hace algunos años. Se refiere
al cumplimiento del Plan estratégico de competitividad y al último
informe de seguimiento que presentó la Comisión en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea, que refleja que las condiciones en que
fueron otorgadas las ayudas en 1997 han sido plenamente cubiertas en
un plazo muy corto de tiempo, aunque reconoce que no se ha cumplido
el objetivo de una reducción progresiva de las pérdidas de los
astilleros públicos hasta situarse en el punto de equilibrio a
finales de 1998, pasando a explicar sus causas. Expone las
conclusiones alcanzadas por el Consejo de Ministros de la Unión
Europea, las coordenadas en las que se mueven para alcanzar la
viabilidad de los astilleros y las mejoras que en la consecución de
ese objetivo han supuesto las actuaciones del Gobierno español a lo
largo de la legislatura. Finalmente anuncia que seguirán analizando
y trabajando en otras medidas que pudieran perseverar en la dirección
de lograr la definitiva viabilidad de los astilleros españoles.
Replica el señor Navas Amores, duplicando el señor ministro de
Industria y Energía y portavoz del Gobierno.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores De la
Encima Ortega, del Grupo Socialista del Congreso, y Fernández de Mesa
Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 14403)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a si el Gobierno asume y
hace suyo el «documento marco para el desarrollo de la provincia de
León: programa y actuaciones» y su eventual incidencia en la política
de inversiones establecida en el proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 . . . (Página 14403)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora
Valcarce García, en nombre del Grupo Socialista del Congreso. En el
primer punto de esta moción el Grupo Socialista insta al Gobierno, en
primer lugar, a respetar las formas esenciales del procedimiento
político democrático y, en particular, a garantizar la separación que
debe existir entre los partidos políticos y sus acuerdos y los
compromisos y decisiones que corresponden al Gobierno de España y a
las Cortes Generales. Y en el segundo punto solicita el apoyo de la
Cámara para instar al Gobierno a que cumpla los compromisos de
inversión adquiridos en la presente legislatura en la provincia de
León, para asegurar el progreso y el bienestar de las leonesas
y leoneses y garantizar los principios de cohesión social y de
solidaridad interterritorial. Considera que hay muchos compromisos
incumplidos en relación con el estado del bienestar, con el medio
ambiente, infraestructuras y urbanismo y hace hincapié en la
necesidad de dignificar la vida política, porque ello es
imprescindible para el desarrollo democrático de una sociedad.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Santiso
del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Núñez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a
adoptar por el Gobierno para determinar el alcance de posibles
prácticas delictivas por parte de laboratorios farmacéuticos en
relación con las prescripciones y para conseguir que el gasto
farmacéutico se adecue a las necesidades de salud antes que a los
beneficios de los laboratorios . . . (Página 14407)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora
Maestro Martín, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Confía en que quedó claro en el debate que tuvo lugar con ocasión de
la presentación de la interpelación urgente, de la que es causa la
presente moción, que las prácticas llevadas a cabo con carácter
general por los laboratorios
farmacéuticos destinadas a incentivar económicamente la prescripción
de determinados fármacos es inversamente proporcional a la utilidad
terapéutica de dichos fármacos y que afecta al conjunto de las
comunidades autónomas del Estado español. Sin embargo, considera que,
en el fragor del debate no quedó suficientemente establecido que su
grupo parlamentario, al entender que un hecho delictivo denunciado
estaba presentado ante los tribunales de Justicia, se personó en la
causa ante el riesgo más que probable de que denuncias acompañadas
por noventa y dos documentos que establecen con toda claridad los
mecanismos a través de los cuales determinados laboratorios con
carácter general pretenden comprar la voluntad de los médicos
pudieran quedar archivadas. Denuncia a dos laboratorios farmacéuticos
en concreto y explica los cinco puntos de que consta su moción.
En defensa de la enmienda presentada a la moción por el Grupo
Socialista del Congreso, interviene el señor Corominas i Busqueta.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Riera i Ben,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor
Castillo Jaén, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada a la
moción, interviene la señora Maestro Martín.
Sometida a votación, en primer lugar, la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Socialista del Congreso, relativa a
si el Gobierno asume y hace suyo el «documento marco para el
desarrollo de la provincia de León: programa y actuaciones» y su
eventual incidencia en la política de inversiones establecida en el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2000, se rechaza por 129 votos a favor y 156 en contra.
Sometida a votación, en segundo lugar, la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para determinar el
alcance de posibles prácticas delictivas por parte de laboratorios
farmacéuticos en relación con las prescripciones y para conseguir que
el gasto farmacéutico se adecue a las necesidades de salud antes que
a los beneficios de los laboratorios, se rechaza por 130 votos a
favor y 154 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de tarde.
- JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Con carácter previo al desarrollo del orden del día, vamos a proceder
a la toma de juramento, promesa o manifestación de compromiso con la
Constitución de nuevos y nuevas diputados y diputadas.
En sustitución de don Juan Pedro Hernández Moltó, doña María Ángeles
Vázquez Pérez.
Señora Vázquez Pérez, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora VÁZQUEZ PÉREZ: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Al haber prometido acatamiento a
la Constitución ha tomado posesión definitiva de su escaño la señora
Vázquez Pérez. (Aplausos.) Bienvenida.
En sustitución del señor Recoder i Miralles, don Francesc Xavier
Tubert i Alsina.
Señor Tubert, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor TUBERT I ALSINA: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tubert. Al hacerlo habéis
adquirido plenamente la condición de diputado. (Aplausos.) Bienvenido
y enhorabuena.
En sustitución del señor Nadal i Malé, don Benet Jané i Palau.
Señor Jané, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor JANÉ I PALAU: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Al haber prometido acatamiento a
la Constitución también ha tomado posesión de su escaño. (Aplausos.)
Bienvenido y enhorabuena.
Finalmente, en sustitución del señor Iceta i Llorens, doña Lourdes
Muñoz i Santamaría.
Señora Muñoz i Santamaría, ¿juráis o prometéis acatar la
Constitución?
La señora MUÑOZ I SANTAMARÍA: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. (Aplausos.) Bienvenida,
y queda plenamente adquirida su condición de diputada.
Bienvenidos todos.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN ALMUNIA AMANN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ESTÁ USTED
SATISFECHO CON LA
REGULACIÓN DE LAS OPCIONES SOBRE ACCIONES? (Número de expediente 180/
002011.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto I del orden del día: preguntas
orales al Gobierno en Pleno, comenzando por aquellas que, como es
habitual, contestará el presidente del Gobierno y, dentro de ellas,
la que, con el número 5, formula el presidente del Grupo Socialista,
don Joaquín Almunia Amann.
Señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor presidente.
Señor Aznar, en los últimos días toda España habla, y habla con
escándalo, acerca de los planes de opciones de Telefónica. Aunque
sólo conocemos la punta del iceberg, lo que ya sabemos constituye un
escándalo, un gran escándalo, y no por la figura de las stock
options, de las opciones; ése no es el debate. Yo estoy de acuerdo
con esa figura y con su utilización racional. Esto es un escándalo
porque el señor Villalonga y otros pocos como él se van a hacer
multimillonarios, confundiendo la economía de mercado con la economía
del compadreo y la incentivación retributiva de los profesionales con
la voracidad sin límites. Es un escándalo porque mientras más de diez
mil trabajadores de Telefónica están siendo echados a la calle, cien
directivos de la compañía se van a repartir entre ellos miles de
millones de pesetas. Porque Telefónica es una compañía privada, pero
no es una compañía cualquiera; sigue gestionando el monopolio de las
llamadas locales y ustedes a través de la fijación de tarifas les
fijan también su nivel de beneficios. Esto es un escándalo, señor
Aznar, porque el señor Villalonga es su amigo y usted lo nombró al
frente de la compañía Telefónica.
Por todo ello le pregunto: ¿está usted satisfecho con la actual
regulación de las opciones sobre acciones? ¿Está usted satisfecho
acerca de cómo el señor Villalonga usa la confianza que usted
depositó en él?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Me pregunta S.S. si
estoy satisfecho con la regulación actual de las opciones sobre
acciones. Quiero decirle que no estoy satisfecho y, como S.S.
conocerá, entre otras cosas el Grupo Parlamentario Popular ha
anunciado una serie de iniciativas y el Gobierno ha adoptado una
serie de medidas que implican, entre otras cosas, la reforma de la
Ley del Mercado de Valores de 1988, la Ley de Sociedades Anónimas de
1989 y la Ley del impuesto sobre la renta de 1997. Espero que con
esas reformas esa legislación mejore. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
Señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Aznar, antes de la privatización el
Gobierno tenía un delegado en Telefónica. Hoy las cosas han cambiado,
y ya que ustedes no quieren que el señor Villalonga venga a esta
Cámara, usted es su representante ante el Congreso de los Diputados.
(Aplausos.)
Usted no puede decir que Telefónica es una empresa privada cualquiera
ni que desconocía todo el trapicheo que se está produciendo en esa
empresa. Más bien creo que lo conocía, lo ha favorecido e incluso ha
intentado mejorar el tratamiento fiscal de las ganancias excesivas de
sus directivos, porque usted es el principal amigo y el principal
benefactor del señor Villalonga y de otros como él.
Señor Aznar, no basta ya con cambiar algunas leyes. ¿Usted está
satisfecho del escándalo de los cientos de miles de millones de
pesetas que se está produciendo con los stock options? ¿Usted está
satisfecho del comportamiento del señor Villalonga? ¿Usted cree que
eso es un comportamiento ético? ¿Usted recomienda ese reparto de la
renta en España? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señor presidente,
señorías.
No me extraña después de oírle, señor Almunia, que todavía tenga
usted una confusión grande entre lo público y lo privado (Rumores.) y
no me extrañan muchas de las cosas que han pasado con esas
confusiones entre lo público y lo privado.
Le quiero decir, señoría, que estamos ante una empresa privada, una
empresa privatizada, si usted quiere, sobre la que el Gobierno
renunció a tener el control directo. Yo puedo entender que a S.S. no
le gusten las privatizaciones, las privatizaciones con éxito, muy
especialmente. Puedo entender que S.S., con una mentalidad
intervencionista, entienda que lo lógico es intentar controlar las
empresas e incluso hacer declaraciones sobre que se confisquen
beneficios de empresas para dedicarlos a sufragar no sé qué tipo de
política. (Rumores.)
Puedo comprender todo eso, señoría. Lo que es más difícil de
comprender es que ustedes, que están en busca de un escándalo, que
desesperadamente buscan un escándalo para llegar a las elecciones,
digan esas cosas cuando tiene usted en los años 1994 y 1995 empresas
públicas, señorías (Rumores.), con representantes de la
Administración sentados en su consejo de administración que aprueban
sistemas de opción de compra. Lo tiene en los años 1994 y 1995 en
empresas públicas, señoría, y al Gobierno se le puede pedir que haga
un esfuerzo de regulación y de transparencia, y lo hacemos obligando
a que esas opciones figuren en los estatutos, obligamos a modificar
la legislación fiscal (y ustedes se han abstenido esta mañana) y que
en vez de tributar al 20 tributen al 48 por ciento, y obligamos a que
la junta de accionistas lo apruebe, y obligamos a
que eso sea el 1 de enero del año 2000, señoría. Pero ni a este
Gobierno ni a ninguno se le puede pedir que suplante la decisión de
una junta de accionistas o del órgano de una empresa. Se le puede
pedir que favorezca la transparencia, pero no que la suplante. Y le
voy a decir más, señoría, ...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Muy bien. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON LUIS FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA
TRATAR DE EVITAR LA APLICACIÓN DE LA CONDENA A PENA DE MUERTE
IMPUESTA POR UN TRIBUNAL DE FLORIDA (EE.UU.) AL CIUDADANO ESPAÑOL
JOAQUÍN JOSÉ MARTÍNEZ? (Número de expediente 180/002021.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta que, con el número 15, formula el
portavoz del Grupo de Izquierda Unida, don Luis Felipe Alcaraz
Masats.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, ¿qué medidas de todo tipo piensa
adoptar para intentar evitar que se aplique la pena de muerte en los
Estados Unidos a un ciudadano español?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, seguiremos
haciendo todas las gestiones que estén al alcance de nuestras manos
para intentar conseguir que, en el caso de que sea confirmada
finalmente esa sentencia de muerte contra un ciudadano español, no
sea aplicada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Aznar, hay una impresión que se
acrecienta, y es que ustedes no tienen las ideas claras con respecto
a la pena de muerte y con respecto a los derechos humanos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. (Rumores.)
¡Señorías! (Rumores.) ¡¡Señorías!!
Adelante, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Cálmese la derecha civilizada.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, no entre en eso.
El señor ALCARAZ MASATS: Su viaje al centro se enturbia, día a día,
en función de su mutismo o de las posiciones políticas explícitas del
fiscal general del Estado o del ministro de Asuntos Exteriores.
Señor Aznar, es usted el hombre más tranquilo de España, o quizá el
hombre que, en cuanto presidente del Gobierno, ha optado por el
silencio o por la ambigüedad en temas absolutamente cruciales,
definitorios. La única teoría que conocemos de ustedes es que no se
puede opinar sobre la pena de muerte porque eso corresponde a la
soberanía de los Estados Unidos, opinión correlativa a la expuesta
con respecto a la dictadura de Argentina o Chile por el señor
Matutes: hay que tener cuidado con los negocios de España, que pueden
peligrar.
Señor Aznar, el derecho a la vida no tiene fronteras; la muerte no es
ningún derecho de soberanía, no hay intereses comerciales que valgan,
los derechos humanos están por encima de cualquier Estado. Señor
Aznar, ¿qué va a hacer, cuándo, cómo, para intentar salvar la vida de
una persona, de un ciudadano que puede ser ejecutado en los Estados
Unidos? Debe usted definirse, debe usted tomar posición aunque afecte
a su tranquilidad.
Entre la falta de regeneración, el pelotazo que no cesa y este tema,
está usted transmitiendo una impresión penosa y hasta cierto punto
cómplice. Estamos en este país en un proceso de desaceleración
rapidísima de la ética y del coraje cívico. ¿A qué carta se va a
quedar, señor Aznar, a la carta del fiscal general supeditando el
derecho a la vida a la soberanía de los Estados Unidos; a la carta
del señor Matutes, poniendo los intereses comerciales por encima de
los derechos humanos; a la carta del silencio y la inacción, a la
carta del patetismo cómplice que actualmente tiene? Muévase, señor
Aznar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señor diputado,
es posible que a este grupo parlamentario y al Gobierno le haga falta
aclarar alguna idea, pero desde luego tengo que decir que, después de
escucharle, a S.S. le hace falta un lavado de ideas integral,
absoluto, verdaderamente, porque es difícil concentrar más sinrazones
en menos tiempo, como ha hecho su señoría.
Señoría, decir que este Gobierno no tiene claras las cuestiones sobre
la pena de muerte es una frivolidad, por llamarlo de la manera más
suave que se me ocurre. En España solamente quedaba una pena de
muerte, que era la pena de muerte en tiempo de guerra, señoría,
y ha sido en esta legislatura cuando eso se ha suprimido. La única
que quedaba, la única. (Aplausos.)
Todas las gestiones se han hecho, señoría, desde el punto de vista de
los consulados, desde el punto de vista de la Embajada española,
desde el punto de vista de la acción del Ministerio de Asuntos
Exteriores, del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior,
para conseguir que, en el supuesto de que sea ratificada esa
sentencia, esa sentencia no se ejecute. Las normas de los Estados
Unidos en el Estado de Florida indican que el Tribunal Supremo de
Florida tiene, después de la sesión del día 2 de noviembre, entre uno
y seis meses para tomar una decisión definitiva. Posteriormente, si
esa decisión es confirmatoria de la sentencia de muerte, podrá
recurrirse al Tribunal Supremo, y si el Tribunal Supremo ratifica la
sentencia, entonces habrá que apelar al gobernador del Estado de
Florida, que será el único que puede revocar, en su caso, o evitar
esa sentencia.
Por tanto, señorías, todas las gestiones que se han hecho, se están
haciendo y se seguirán haciendo para conseguir ese objetivo entran
dentro de la esfera de acción diplomática y gubernativa a la que yo
he hecho referencia. Creo que con eso, y con el propio testimonio de
gratitud a la acción de la Administración y delGobierno que ha
establecido el mismo señor Martínez, le tengo que decir que me parece
especialmente desafortunada la intervención que ha tenido aquí esta
tarde. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZPUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO
CREE EL GOBIERNO QUE INFLUIRÁ EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL (PDR),
RECIENTEMENTE PRESENTADO, EN LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y GENERACIÓN DE EMPLEO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS? (Número de
expediente 180/002023.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta que, con el número 17, formula el
diputado don Vicente Martínez-Pujalte López. (Rumores.)
Señorías. (Rumores.) ¡Señorías! (Rumores.) Un momento don Vicente.
(Pausa.) Adelante.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señor presidente
del Gobierno, el grupo de la oposición parece que está escocido con
que esta mañana hayamos dado una solución satisfactoria a un
problema. (Rumores.)
Yo quería preguntarle al señor presidente por el Plan de desarrollo
regional que el Gobierno aprobó definitivamente el viernes pasado. En
la aprobación por Consejo de Ministros se incorporaron algunas
mejoras al Plan de desarrollo inicial después de que el mismo
fuera estudiado y examinado en el Consejo Económico y Social y por
las comunidades autónomas afectadas. España va a recibir más fondos
europeos que nunca, con lo cual se pone de manifiesto el excelente
resultado conseguido por el Gobierno español en la cumbre de Berlín,
y con los cerca de 27 billones de pesetas se va a poder afrontar en
los próximos siete años un plan ambicioso que facilite a las
comunidades autónomas que hoy son Objetivo 1 y a Cantabria, que está
en período transitorio, que puedan acometer proyectos que nos hagan
avanzar en la convergencia real y que sitúen a todas las regiones
españolas en niveles similares de crecimiento y creación de empleo.
El plan anterior, señor presidente, no consiguió resultados óptimos
en cuanto a la convergencia real. Todas las comunidades autónomas
crecieron, pero no todas crecieron en la misma manera, con lo cual se
avanzaron las diferencias entre unas y otras.
Desde el Grupo Popular valoramos muy positivamente el plan aprobado y
le queríamos preguntar: ¿cómo cree el Gobierno que este plan influirá
en el crecimiento en la creación de empleo y en la solidaridad?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez- Pujalte.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
presidente.
Señoría, como consecuencia de la negociación de la Agenda 2000
disponemos de la oportunidad de hacer un importante programa de
inversiones públicas, contenido en el Plan de desarrollo regional
para los años 2000 al 2006, para las regiones Objetivo 1, por un
importe total de 27 billones de pesetas. Eso servirá para favorecer
la convergencia real de las regiones Objetivo 1 en nuestro país. Para
el conjunto de la economía española sabe S.S. que el programa de
estabilidad y de crecimiento establece un crecimiento medio para los
próximos años de nuestra economía del 3,3 por ciento de nuestro
producto interior bruto. Nosotros estimamos que un 0,5 de ese 3,3 por
ciento será consecuencia derivada de la aplicación del Programa de
desarrollo regional.
Las regiones Objetivo 1 como consecuencia de este plan crecerán más
que el resto de las regiones españolas y se producirá también, por
tanto, una convergencia interna; pero quiero decir que, en gran
medida, el éxito de esos planes de desarrollo regional dependerá
también de la capacidad de hacer reformas internas por parte de las
comunidades autónomas y de alentar sus procesos productivos, su
capacidad de competencia, no solamente en el mercado interior de
España, sino también en su posición dentro de España respecto del
comercio exterior.
Del mismo modo quiero decir que el PDR supondrá un aumento del 0,28
por ciento anual para el conjunto de las regiones españolas y que las
regiones Objetivo 1
observarán un crecimiento del empleo superior al que van a tener el
resto de las regiones, que oscilará entre el 0,28 y el 0,32.
Por último, la capacidad de actuar como motor de crecimiento depende,
por tanto, de la aplicación correcta de este plan, de la articulación
global del plan y de las decisiones internas, en la responsabilidad
de sus competencias, de las comunidades autónomas. Estamos
convencidos de que este plan servirá, no solamente para reducir
diferencias de renta entre regiones de España, sino para favorecer la
convergencia real de España con los países más desarrollados de
Europa.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON LUIS MARTÍNEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿TIENE EL GOBIERNO PREVISTA ALGUNA
MEDIDA EN RELACIÓN A LA FISCALIDAD DE LAS OPCIONES SOBRE ACCIONES?
(Número de expediente 180/002012.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que, en nombre del
Gobierno, responderá su vicepresidente segundo, comenzando por
aquella que, con el número 6, formula el portavoz del Grupo
Socialista, don Luis Martínez Noval.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señor Rato, ¿tiene el Gobierno prevista alguna medida en relación a
la fiscalidad de las opciones sobre acciones?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Sí.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor Rato, tengo que recordarle que, a
propósito de esta cuestión, usted mantiene una actitud muy volátil en
las últimas semanas. Empezó usted por remitir la cuestión a la
transparencia, recuerdo su frase en la que decía: lo único que me
preocupa de este asunto es que se conozca. Y cuando las cosas se
pusieron feas salió usted el viernes pasado, después del Consejo de
Ministros, a decir que era necesario que la Dirección General de
Tributos estudiara en profundidad el problema. Por cierto, del
viernes acá ha habido fiesta en Madrid, y esta mañana ustedes ya
tenían una solución.
De manera que no era cierto que ustedes necesitasen estudiar el
problema, ustedes ya tenían tomada una determinación, y ahí están las
hemerotecas para certificar qué pensaba usted, por ejemplo, en el mes
de enero del año 1998. Vacilaba usted, era volátil en relación con el
modo de gravar estas operaciones.
Háganos caso, acepte nuestra enmienda; déjese de modificaciones que
no sólo afectan a las opciones sobre acciones sino a todas las rentas
irregulares; acepte nuestra enmienda, es muy sencillo. Además, es
necesario que usted lo haga, porque muchos españoles que van
conociendo noticias sobre este asunto se mueven entre la incredulidad
y la estupefacción.
Resulta, señor Rato, que para la empresa esto supone un coste de
2.700 millones de pesetas, y ahí es nada. Tienen que explicarnos cómo
de 2.700 millones de pesetas por arte de birlibirloque se pasa a unos
beneficios de 45.000 millones de pesetas.
La cuestión tiene una explicación muy fácil, señor Rato: los
aseguradores son los accionistas de referencia de la empresa. Además,
los dos tienen sociedades de valores, y ya se ocuparán de que la
cotización de la acción el día 25 de febrero esté donde debe estar
para sus intereses. Si a eso añade usted que quien maneja la
autocartera de la empresa son los beneficiarios, se cuidarán muy
mucho también de que esa cotización alcance ese valor. He aquí
entonces que hay ciudadanos españoles privilegiados que no tienen su
patrimonio bursátil sometido al precio del pollo, a la evolución del
empleo en los Estados Unidos, o a la última frase del señor
Greenspan. Haga usted algo, señor Rato, esto es demasiado. Impida
usted este descomunal pelotazo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Gracias, señor presidente, gracias señoría.
Efectivamente, como S.S. ha reconocido, el Gobierno ha aumentado la
transparencia de cualquier decisión que tenga que tomar una sociedad
(Rumores.). No, no, con efectos 1 de enero y, en cualquier caso,
somos el primer Gobierno que lo ha hecho, no el primer Gobierno que
autoriza opciones en consejos de administración de empresas públicas
con secretarios de Estado sentados en el consejo. (Aplausos.)
Señor Martínez Noval, yo no sé si la opinión del Gobierno es volátil,
pero la suya es cínica, porque lo que usted autorizaba a personas en
el consejo de administración de un banco con mayoría pública en los
años 1994 y 1995 ahora le permite a usted hacer todo tipo de
manifestaciones contra unas determinadas personas que al parecer
usted considera sus enemigos, y como usted, a los que considera sus
enemigos, y su grupo lo
ha demostrado en muchas ocasiones, les persigue utilizando el poder
que le dan los ciudadanos, quiere hacer una ley contra unas
determinadas personas. (Varios señores diputados: Sí, sí, sí.-
Rumores.) Sí, señor Martínez Noval. (Rumores.)
Por suerte para España aquí ya no hay ni enemigos a los que se
persigue con la ley, ni amigos que van por Filesa, aquí todos los
ciudadanos son iguales (Rumores.- Aplausos.), y la sinrazón de S.S.
llega al extremo de que esta mañana todos los grupos parlamentarios,
todos, hemos entendido que hay que hacer leyes fiscales iguales para
todos, menos S.S., que quiere hacer leyes fiscales para sus enemigos
y para sus amigos. (Aplausos.)
Si S.S. habla del arte del birlibirloque, es decir, de la magia que
su jefe de filas pretende aplicar a los fondos públicos, yo le voy a
dar a S.S., si me lo permite y con todo respeto, un consejo. Cuando
se demuestre que fondos públicos ( públicos, ¿eh?) han sido
utilizados, por ejemplo, por un partido político, cobrando
comisiones, pídale S.S. a ese partido político que los reintegre para
financiar entonces obras públicas.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente. (Rumores.)
Señorías, orden. Sosiéguense. ¡Atanasio! (Rumores.) ¡De Luis!
Sosiéguense SS.SS.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO MIGUEL FERNÁNDEZ MARUGÁN, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿NO ENCUBRE LA FUTURA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL, SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE ESPAÑA, LA
PRETENSIÓN DE INCIDIR DE MANERA PARTIDARIA EN EL VOTO DE LOS
ESPAÑOLES ? (Número de expediente 180/002013.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, que formula el diputado don
Francisco Miguel Fernández Marugán, del Grupo Socialista.
Adelante, señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señor Rato, ¿no encubre
la futura campaña institucional sobre la situación económica de
España la pretensión de incidir de manera partidaria en el voto de
los españoles?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Marugán.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señorías, no.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor Rato, esta cuestión, como otras,
para nosotros es una cuestión relevante. Es relevante la decisión que
ustedes han adoptado con esta campaña pretendidamente institucional.
La decisión de llevarla a cabo y la respuesta que usted acaba de
pronunciar evidencian que no estamos delante de un Gobierno
tranquilo. Nada de lo que ocurre últimamente, nada de lo que hacen
ustedes últimamente, se corresponde con decisiones que adoptaría un
gobierno tranquilo. Ustedes no proporcionan ni certeza, ni sosiego,
ni seguridad a esta sociedad, sino todo lo contrario.
Señor Rato, ustedes deliberadamente han querido sentar en el Consejo
de Ministros y en la presidencia de la principal empresa de España a
personas que se comportan como si fueran emires del sultanato de
Barei y eso tiene un coste que usted no ha querido impedir. Frente a
ello ha tenido la desfachatez, se ha entregado al narcisismo de
correr a contratar, deprisa y corriendo, una campaña destinada a
hacer propaganda del PP.
Señor Rato, lo que ocurre aquí y ahora ya no les va a favorecer, y no
favoreciéndole, retire esa campaña, porque con ello contribuirá a
ahorrar algún coste al conjunto de los españoles. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Marugán.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente, gracias
señoría. Sobre la situación de los miembros del Consejo de Ministros
y el sultanato de Brunei o de donde el señor diputado nos quiera
enviar, hay grandes diferencias. Entiendo que es una licencia poética
que se ha permitido el señor diputado. (Risas.)
Si le parece mal a S.S. una campaña institucional del Gobierno
hablando sobre cuestiones relacionadas con el euro y con la evolución
de España dentro del euro, sólo me permite pensar que a S.S. le
molesta que España haya entrado en el euro con este Gobierno. (Varios
señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!) Pero como eso no lo puedo
pensar, porque no tiene ningún sentido, yo creo que S.S. se equivoca.
Que el Gobierno haga antes de estas Navidades, por lo tanto no en un
período electoral... (Rumores.- Risas.) (Señorías, esperen a reírse
al final). Fíjese que no me voy a referir a campañas hechas en
períodos electorales, que me sería muy fácil, pero que el Gobierno
haga una campaña sobre la entrada de España en el euro y las
consecuencias que tiene esta presencia para los ciudadanos, ¿no le
parece a S.S. que es parecida, por ejemplo, a la campaña que hizo el
Gobierno sobre el Tratado de Maastricht? Allí arriba está sentada su
insigne autora. ¿Le parece mal? Es lógico que los gobiernos europeos,
el de España y el de todos los países, estén haciendo campañas sobre
el euro para tratar de familiarizar a la gente no sólo con la moneda
sino con lo que eso supone. Más fuerte -y S.S. ya estaba en uso
político de razón- es hacer campañas informativas sobre medidas
laborales para contrarrestar una huelga general, como pasó en el año
1993, y que el Gobierno dedicara dinero público para meterse con los
sindicatos porque los sindicatos se metían con el Gobierno; y aquí yo
no sé si está alguno de los insignes autores de esa idea. En ese
sentido, yo creo que una campaña sobre el euro debería ser pacífica.
Comprendo que al final de la legislatura el primer grupo de la
oposición no quiera que nada sea pacífico, pero una campaña sobre el
euro por lo menos debería serlo. Si quiere S.S. ejemplos actuales de
utilización partidista de las instituciones, por ejemplo pregúntele a
un consejero de una junta dirigida por ustedes que escribe a los
pensionistas mintiéndoles, pregúntele a un presidente autonómico que
pide a los ayuntamientos que se enfrenten institucionalmente con el
Gobierno central, o pídale a su secretario general que deje de
obligar a Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha a perder
160.000 millones de pesetas para que él pueda hacer oposición.(
Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ SEGURA CLAVELL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS QUE PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA NORMALIZAR LA DETERIORADA GESTIÓN DE LA
COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA? (Número de expediente 180/002014.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta que con el número 8 formula al Gobierno
el diputado don José Segura Clavell, del Grupo Socialista.
Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cuáles son las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para normalizar la deteriorada gestión de la Compañía
Trasmediterránea?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Segura.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.
El Gobierno no comparte la afirmación de que la gestión de la
Compañía Trasmediterránea está deteriorada
y creo que las cifras no avalan lo que S.S. ha dicho.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor vicepresidente.
Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor ministro, tengo en mis manos los datos
contables de los últimos meses. La compañía, según estos datos
contables -son datos oficiales de la compañía-, ha perdido 1.000
millones de pesetas como consecuencia de una deteriorada gestión, de
una guerra tribal que hay hoy en el seno de la compañía y que usted,
señor ministro, está tolerando.
Recordará usted, señor Rato, que en el año 1995 el que era candidato
a la Presidencia del Gobierno, don José María Aznar, y usted mismo
presumían de que si llegaban al Gobierno nombrarían presidentes de
empresas públicas a personas ajenas a la actividad política,
a personas con cualificación empresarial, al objeto de darle matiz
empresarial a las empresas públicas. Y señor ministro,
sorprendentemente, después de llegar ustedes al Gobierno, usted,
siguiendo las instrucciones del presidente del Gobierno, nombra
presidente de la Compañía Trasmediterránea a un señor que no había
pisado un barco. En un momento crucial en el que las políticas de
liberalización del transporte marítimo, en el que las políticas de
libertad en el cabotaje marítimo resultan esenciales en el Estado
español, en el que Ceuta, Melilla, las Islas Baleares, Canarias, el
tráfico en el Estrecho se ve sometido a políticas de irrupción de
otras empresas navieras, nombran presidente de la compañía al señor
Trías de Bes, que no tenía conocimiento de una empresa naviera. Un
año después, le despojan de competencias, nombran ustedes a un
director general procedente de la cantera de ABB Asociados, de la que
procede, por ejemplo, el presidente de Iberia, señor Irala, y se
forma un lío, porque no se puede mencionar ni calificar de otra
manera. De tal forma que a lo largo de los últimos meses, señor
presidente, la compañía ha perdido el 31 por ciento del número de
pasajeros en la ruta Barcelona-Palma de Mallorca, ¿y sabe a favor de
quién? Pues a favor de la compañía Buquebus o de la compañía Pitra
del señor Matutes. El tráfico interinsular en Canarias ha perdido un
12 por ciento, y así sucesivamente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, muchas gracias, ha consumido su
tiempo.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente; gracias,
señor diputado.
Sobre el primer argumento de S.S., nombramientos de personas de esta
Cámara para empresas públicas, le podría decir simplemente que me
mirara a los ojos; nos miramos a los ojos un ratito, ¿verdad?
(Risas.- Rumores.)
A partir de ahí, tengo que decir que los datos que S.S. ha expresado
no coinciden con los que yo tengo. Ya que S.S. se ha permitido decir
los suyos, voy a decirle los que tengo yo. (El señor Segura Clavell
muestra unos documentos al señor ministro.) No, si papeles tenemos
todos.
Entre 1995 y 1998, Trasmediterránea ha aumentado sus ventas en más de
un 13 por ciento y ha mejorado sus beneficios en más de un 40. Luego
si S.S. cree que los actuales gestores no son suficientemente buenos,
debe considerar que los anteriores eran catastróficos, claro, porque,
como usted comprenderá, estos resultados serán así sobre otra
situación.
En el año 1999 -por el que S.S. está bastante preocupado, al
parecer-, tengo que decirle que los resultados de gestión siguen
mejorando. El resultado de explotación ha mejorado un 8 por ciento en
el período enero-septiembre y los administradores de la empresa
prevén que el presente ejercicio se cierre con un incremento del 134
por ciento en el resultado de explotación y un incremento del 46 por
ciento en el resultado total, incluidos extraordinarios.
Si a S.S. le preocupa la modernización de la compañía y que no se
tomen decisiones, también tengo el gusto de informarle que en los
últimos meses se han tomado importantes decisiones de inversión y de
modernización de la compañía, como la adquisición de dos nuevos
buques, que serán construidos por Astilleros Españoles, con una
inversión de casi 10.000 millones de pesetas.
No comparto las cifras que ha dado S.S. Son las que a mí me ha
facilitado la compañía y la Dirección General de Patrimonio... (El
señor Segura Clavell muestra unos documentos al señor ministro.) Ya
le he dicho que papeles tenemos todos; con esa expresión de enseñarme
una hojita no me convence usted de nada. (El señor Segura Clavell
pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: No establezca diálogo, señor Segura.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Pues será verdad, pero estos son los
datos que tengo en este momento y que oficialmente doy a la Cámara.
Si S.S. cree que la Compañía Trasmediterránea puede mejorar su
gestión, no lo discuto -la compañía Trasmediterránea y cualquier
compañía en el mundo-, los datos respecto al período anterior son
suficientemente explicativos y los de este ejercicio demuestran que
la compañía continúa mejorando su rentabilidad y tomando decisiones
de futuro. Por tanto, no comparto las apreciaciones de S.S. (Un señor
diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO MOYA MILANÉS, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO PONER
FIN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO? (Número de
expediente 180/002016.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que responderá, en nombre
del Gobierno, el ministro de Defensa y que formula, con el número 10,
el diputado don Pedro Moya Milanés, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Moya.
El señor MOYA MILANÉS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el partido socialista, en la persona de su candidato,
señor Almunia, anunció hace escasas fechas el compromiso de poner fin
al servicio militar obligatorio en el año 2000, caso de ganar las
elecciones, y propuso, en consecuencia, que el sorteo de la mili que
hoy se celebra fuera el último.
Esa es nuestra posición. ¿Cuál es la posición del Gobierno?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, la posición del Gobierno ha sido reiteradamente expuesta y
es paladinamente clara. La posición del Gobierno, tomada hace tres
años, era acometer la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas
en el período de seis años. Llevamos tres años y más de la mitad de
nuestros soldados y marineros son profesionales, luego la realidad
avala la certeza de nuestro propósito y la posibilidad de cumplir
nuestro compromiso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Moya.
El señor MOYA MILANÉS: Señor ministro, sinceramente le tengo que
decir que no entendemos por qué no toman ya una decisión definitiva.
Declaren ya que el reemplazo del 2000 será el último porque así puede
puede ocurrir. El período de transición hacia un ejército profesional
ya no da más de sí. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.) Lo venimos diciendo desde hace cuatro
años, cuando se inició este proceso. Este país por sus
características, el elevado número de objetores de conciencia, el
abultado número de jóvenes con prórrogas y otras circunstancias, no
aguantaría un período de transición excesivamente largo, al menos tan
largo como para extenderse hasta el año 2002. Quizá otros países sí
pueden tener esa suerte; en nuestro caso, se está viendo que no.
El proceso de profesionalización se les está cayendo. La evolución de
la contratación declina de manera alarmante: 1,2 aspirantes por plaza
en la última convocatoria y 1,62 en la media del año. No lo estiren
más. Ahora parece que quieren solucionarlo ofreciendo quedarse como
profesionales a los últimos que realicen el servicio militar
obligatorio. Esto no arregla las cosas y usted lo sabe. Son muy pocos
los que una vez incorporados al servicio militar obligatorio quieren
quedarse luego como profesionales.
No se empeñen en llegar a un número de profesionales imposible.
Reduzcan sus pretensiones. Con los que ahora hay y los que se van a
contratar a lo largo del año 2000 tenemos el número suficiente como
para poner fin al servicio militar obligatorio. Eso es lo que venimos
diciendo desde el año 1996 que se anunció el proceso y lo que le
reiteramos esta tarde.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, seamos serios, al ritmo que veníamos contratando
profesionales el ejército profesional en España sería una realidad en
el año 2015. Este Gobierno ha pasado de 3.000 a contratar 17.500 al
año. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Y lo estamos haciendo con
seriedad, con rigor y con coherencia y no sé cuál es la coherencia de
que en esta Cámara una comisión mixta Congreso-Senado diga que
nuestras Fuerzas Armadas tienen que ser entre 102.000 y 120.000
soldados y marineros y S.S. diga que con 85.000 son suficientes.
¿Dónde está la coherencia, señoría? ¿Dónde está? Hay que ser
coherentes, hay que ser serios y hay que ser rigurosos y la seriedad
está en que se ha dicho que antes del 31 de diciembre del 2002 serán
totalmente profesionales nuestras Fuerzas Aarmadas, y lo van a ser.
Hay que guardar un equilibrio entre la profesionalización, que se
está haciendo, la modernización, que se está haciendo, y el rigor
presupuestario, que se está haciendo. Compaginar estas tres cosas
exige una seriedad y una coherencia que no es compatible con alegrías
electoralistas extemporáneas y le voy a dar sólo una prueba. Si aquí
hiciéramos un ejército que se profesionalizara inmediatamente, S.S.
dice que con 85.000 sería suficiente y acaba de decirse que tienen
que ser 102.000 por un dictamen de la comisión mixta. Necesitaríamos,
por tanto, 30.000 más. Hay una salida muy fácil, que es olvidarse de
la realidad básica, las necesidades de la defensa. Si esas se
olvidan, señoría, todo se puede hacer; si no se olvidan las
necesidades de la defensa, la seriedad, el rigor y la coherencia
exigen el camino de firmeza que está siguiendo el Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ALARCÓN MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁNDO TIENE
PREVISTO EL GOBIERNO IMPLANTAR CÁMARAS DE VÍDEO EN LAS SALAS DE
VISTAS DE LO CIVIL Y LO PENAL? (Número de expediente 180/002032.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas que
dirigidas al Gobierno contestará la señora ministra de Justicia y, en
primer lugar, la que formula don José Alarcón Molina, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Alarcón.
El señor ALARCÓN MOLINA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Justicia, las deficiencias en medios materiales e
infraestructuras de la Administración de justicia con las que se
encontró el Gobierno constituido en el año 1996 hizo prioritaria,
como nos consta, la dedicación presupuestaria del Ministerio que
preside, y muy dignamente, por cierto, su señoría. (Una señora
diputada: ¡Hala, pelota!) La modernización es adecuarse a las nuevas
técnicas que por añadidura contemplan las leyes que se están
debatiendo últimamente, como ocurre con el proyecto de ley de
enjuiciamiento civil, de próxima aprobación parlamentaria, que al
imponer la prevalencia del principio de oralidad reduce la pluralidad
de procedimientos y hará más rápido e inmediato su desarrollo
añadiendo garantías a las partes.
Señor presidente, señorías, a la línea presupuestaria del Ministerio
de Justicia en apoyo de la informatización que se viene realizando y
que ya hay hecha en parte, las nuevas instalaciones y la mejora de
las existentes, hay que añadir y hay que sumar la sustitución de las
tradicionales diligencias escritas en comparecencias y vistas por
registros en soportes audio y vídeo, lo que supondrá un
importantísimo avance en la actividad de la justicia y, en
definitiva, redundará en beneficio de los ciudadanos.
En este sentido, le pregunto a la señora ministra de Justicia,
¿cuándo tiene previsto el Gobierno implantar cámaras de vídeo en las
salas de vista de lo civil y lo penal?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Alarcón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente. Gracias, señoría.
Efectivamente, S.S. ha puesto de relieve cómo las dotaciones
presupuestarias que contiene el presupuesto del Ministerio de
Justicia están destinadas fundamentalmente, si no prioritariamente, a
la dotación de medios materiales y humanos que son imprescindibles
para una administración de justicia ágil y eficaz. Independientemente
del proceso de informatización al que S.S. ha hecho referencia y que
finalizaremos a lo largo de este año, es evidente que las nuevas
leyes imponen también el que existan nuevas tecnologías, las últimas
tecnologías, a disposición de los juzgados y tribunales. Por ello, el
proyecto de ley de enjuiciamiento civil ya formula en su disposición
adicional tercera, en relación con el artículo 147, la imposición al
Gobierno para que en el plazo de un año establezca los sistemas de
grabación y reproducción de imagen y sonido pertinentes a los efectos
de dicha ley.
El Gobierno, el Ministerio de Justicia, consciente de que ésta no es
una labor que se improvisa de la noche a la mañana, está trabajando
desde el mes de septiembre, a través de la Subdirección General de
Oras y Ptrimonio de la Dirección General del Ministerio de Justicia,
sobre la implantación de dos sistemas distintos en dos salas de
audiencia de juzgados de primera instancia de Madrid; esos sistemas
de reproducción en vídeo y en audio comenzarán a funcionar en los
primeros días del mes de diciembre. De la experiencia de esos dos
distintos sistemas se sacará la conclusión de cuál de ellos es el
mejor para la Administración de justicia y empezará a implantarse en
todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales civiles.
Muchas gracias, señoría. Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MERCEDES FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO AL INCLUIR EN EL PROYECTO DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DEL AÑO 2000, 500 MILLONES DE
PESETAS PARA EL PROYECTO DE LA VARIANTE FERROVIARIA DE PAJARES?
(Número de expediente 180/001989.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas que
contestará en nombre del Gobierno el señor ministro de Fomento.
Pregunta que formula doña Mercedes Fernández González, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, sabe y conoce perfectamente que la variante
ferroviaria de Pajares es un compromiso adquirido por el Partido
Popular en su programa de Gobierno.
Sabe y conoce igualmente que en esta Cámara ha habido
pronunciamientos impulsados por nuestro grupo parlamentario en orden
a articular los mecanismos precisos para dar respuesta e impulsar una
obra que fue negada en los trece años y medio anteriores. El señor
ministro sabe también que con carácter previo a la tramitación
presupuestaria este año, como los anteriores, se han producido una
serie de comparecencias de los altos cargos de su Ministerio.
Señor ministro, no tengo ningún género de dudas acerca del compromiso
que concretamente el secretario de Estado de Infraestructuras y
Transportes asumió, afirmó y ratificó en su comparecencia en sede
parlamentaria. Pero como quiera que hay parlamentarios que tratan de
introducir inquietudes que no existen o tergiversar argumentos que a
mi juicio están nítidamente claros, quiero formular al ministro de
Fomento la siguiente pregunta en orden a la variante ferroviaria de
Pajares, toda vez que tres años y medio después de la llegada al
Gobierno del Partido Popular la variante de Pajares tiene finalizado
su estudio informativo, concluida la información pública y una
dotación presupuestaria que totaliza 500 millones de pesetas,
regionalizado en Asturias y en Castilla y León. Por todo ello, quiero
preguntar al ministro de Fomento qué previsiones tiene el Gobierno al
incluir en los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, 500
millones de pesetas para el proyecto de la variante ferroviaria de
Pajares.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de un
crédito presupuestario por una cuantía de 500 millones de pesetas,
refleja la voluntad inequívoca de realizar la variante de Pajares. La
variante de Pajares está integrada en el corredor ferroviarios norte-
noroeste y por tanto su ejecución está prevista en el marco de
inversiones ferroviarias que el Gobierno hará en el transcurso de los
años venideros. Esa es la razón por la cual el procedimiento
administrativo está en marcha con un crédito presupuestario de 500
millones de pesetas.
Como ha dicho S.S., ha terminado recientemente la información pública
y oficial del estudio informativo del proyecto. Las fases siguientes
son: toda la documentación acumulada en el período de información
pública, junto con el estudio informativo, va al Ministerio de Medio
Ambiente para la formulación de impacto ambiental. No se le oculta a
S.S. que será una declaración de impacto ambiental delicada porque se
trata de una gran infraestructura que tiene lógicamente una afección
medioambiental significativa, pero también parece razonable pensar
que la declaración de impacto ambientalpueda estar disponible a lo
largo del año 2000.
Por otra parte, un proyecto de la complejidad de éste exige la
elaboración de estudios técnicos exhaustivos y detallados destinados
a obtener un conocimiento lo más completo posible de los terrenos a
atravesar. Concretamente, las siguientes fases administrativas a
realizar serán: la redacción del anteproyecto y proyectos
constructivos, así como la realización de una campaña de sondeos y
ensayos geofísicos destinados a determinar la geología subterránea
del terreno. Exactamente lo mismo, señoría, que se ha puesto en
marcha en la llamada variante de Guadarrama. Son grandes obras de
infraestructura, exigen estudios técnicos muy detallados, llevan su
tiempo, pero no debe quedar la más mínima duda de la voluntad
política de este Gobierno de realizar, y de incluir por tanto en el
programa de inversiones ferroviarias, la ejecución de la variante de
Pajares.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JERÓNIMO NIETO GONZÁLEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿HA DECIDIDO
USTED DESOÍR LAS POSICIONES EN CONTRA, FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS,
MOVIMIENTOS ECOLOGISTAS Y POR EL PROPIO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
SOBRE LA REALIZACIÓN DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE QUE CONECTARÁN LA A-6
CON ÁVILA Y SEGOVIA? (Número de expediente 180/002033.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
13, que formula don Jerónimo Nieto González, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Nieto.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, como usted sabe, el PSOE siempre ha
planteado que las ciudades de Ávila y Segovia debían unirse entre sí
y con la autopista A-6 mediante autovías gratuitas, no agresivas con
el medio ambiente. Lo hemos planteado antes, lo planteamos ahora y lo
plantearemos siempre. Por el contrario, usted y su partido, el
Partido Popular, han decidido construir dos autopistas de peaje y
además obviar cualquier consideración medioambiental.
Por ello, le pregunto: ¿por qué ha decidido usted desoír las
posiciones en contra, formuladas por los ciudadanos, movimientos
ecologistas y por el propio Ministerio de Medio Ambiente, sobre la
realización de las autopistas de peaje que conectarán la A-6 con
Ávila y Segovia?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Nieto.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, el Ministerio no solamente no ha desoído a nadie sino que ha
escuchado a la inmensa mayoría de los ciudadanos que quieren cuanto
antes tener una vía de comunicación a Ávila y a Segovia, tanto desde
Madrid hacia Ávila como desde Ávila hacia Madrid, desde Madrid hacia
Segovia y desde Segovia hacia Madrid.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Nieto.
El señor NIETO GONZÁLEZ: ¿Sabe qué me parece su decisión, señor
ministro? Me parece una tomadura de pelo y un engaño a los abulenses,
a los segovianos y en general a todos los usuarios de la autopista A-
6.
En este caso, señor ministro de Fomento, como en otros, usted
gobierna en contra de los intereses de los ciudadanos, en contra del
interés general, y lo hace, además, a favor de una empresa privada.
Esta empresa privada es Iberpistas, concesionaria de la explotación
de la autopista A-6. Porque esta es la cuestión, señor ministro.
Iberpistas realizará algunas obras de mejora y ampliación de la
actual A-6 -que en parte debiera hacer, y así no hace, el Ministerio
de Fomento- y en compensación recibe una suculenta ampliación de su
negocio a costa del bolsillo de los abulenses, segovianos y usuarios
en general de esta autopista, que deberán sufragar las dos nuevas
autopistas de peaje entre la A-6 y Ávila y Segovia y según todos los
indicios, señor ministro, y me gustaría que me lo aclarara, seguir
pagando los peajes actuales y durante 30 años más entre Adanero y
Villacastín, que es en lo que se aumenta la concesión a Iberpistas.
Una vergüenza, señor ministro. En mi opinión, no cabe una salida a
esta situación que no sea la de rectificar. Yo le pido que el
Gobierno y el Partido Popular rectifiquen; rectificación que pasa por
la gratuidad de los nuevos trazados y por la gratuidad de los viejos
trazados en aquellos que ya están amortizados, concretamente entre
Adanero y Villacastín y Villacastín y San Rafael.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, naturalmente que entre ustedes y nosotros, en este punto
concreto, hay una diferencia muy clara. Ustedes, cuando están en la
oposición, dicen que van a suprimir todas las autopistas de peaje;
nosotros, cuando estábamos en la oposición y estamos en el Gobierno,
defendemos una misma política coherente de realizar, en determinadas
situaciones, autopistas de peaje.
Ustedes han tenido 14 años para liberar todas las autopistas de
peaje, que es lo que me plantean reiterada y permanentemente. Y no
solamente no han liberado ninguna autopista de peaje, sino que
ampliaron los plazos concesionales de las autopistas de peaje
existentes a cambio de nada. Ustedes ampliaron el plazo de concesión
a Aumar, ampliaron el plazo de concesión a Acesa a cambio de nada.
Este Gobierno, señoría, ha hecho una política de autopistas de peaje
extremadamente moderna. Primero, concibe toda una red de autopistas
de peaje como red complementaria de la red de carreteras del Estado
de alta capacidad; segundo, si es una red complementaria, exige que
haya una alternativa gratuita en buen estado, que es el caso de Ávila
y Segovia -hay una alternativa gratuita en muy buen estado-, y,
tercero, está poniendo peajes asequibles. Cuando llegamos nosotros,
señoría, el peaje medio en España estaba en 19 pesetas; ahora está
entre 9 y 10 pesetas. Hemos rebajado exactamente a la mitad los
peajes medios. Eso es una política de autopistas de peaje. No me
vengan con demagogia. Lo que se está haciendo en la de Ávila y de
Segovia es extremadamente beneficioso para los ciudadanos, porque
nosotros partimos de un concepto, y es que la autopista de peaje es
una fuente de riqueza. Ustedes, cuando atacan las autopistas de
peaje, se equivocan. Que la iniciativa privada amplíe una carretera
nacional o una autopista nacional y además haga con cargo a
financiación privada la autopista prevista en la concesión es un
éxito de una negociación, señorías; es el éxito de una negociación
con la concesionaria; el éxito de la convocatoria de un concurso. La
concesionaria, ni más ni menos, va a invertir 47.000 millones de
pesetas en hacer las autopistas, en mejorar los accesos a esa
autopista y en facilitar el tráfico.
Señoría, que se haga un tercer túnel de Guadarrama es beneficioso
para todos los ciudadanos. Ese tercer túnel de Guadarrama no le va a
costar ni un céntimo al contribuyente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CRISTÓBAL JUAN PONS FRANCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES HAN SIDO LAS VARIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL SERVICIO DE
TELEFONÍA MÓVIL AUTOMÁTICA EN SUS MODALIDADES ANALÓGICA Y GSM
RESPECTO A LAS TARIFAS TELEFÓNICAS VIGENTES DESDE JULIO DE 1996?
(Número de expediente 180/002026.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
20, que formula don Cristóbal Pons Franco, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Pons.
El señor PONS FRANCO: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, señor ministro. Es evidente que la efectividad de una
determinada política en cualquier sector se puede medir con los
resultados obtenidos a lo largo del tiempo. En concreto, en el caso
de la telefonía móvil, en que se trataba de introducir mayor
competencia en el sector, se puede medir esta efectividad a través
del precio actual del servicio comparado con el de hace tres años.
Por eso, señor ministro, mi pregunta es: ¿Cuáles han sido las
variaciones más significativas del servicio de telefonía móvil
automática en su modalidad analógica y GSM respecto a las tarifas
telefónicas vigentes desde julio de 1996?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pons.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, si hablamos de la telefonía móvil analógica, este Gobierno,
desde el primer momento, en su política de telecomunicaciones, tomó
una serie de medidas para presionar a la baja los precios de la
telefonía móvil. Orden de julio de 1998, la telefonía móvil analógica
baja entre un 15 y un 20 por ciento. Orden de 15 de julio de 1999,
una rebaja adicional de la telefonía móvil analógica entre el 4,1 y
el 17,4 por ciento. Si tratamos de sacar la media del período -y
ofrece una cierta dificultad sacar las medias-, aproximadamente la
rebaja de la telefonía móvil analógica se ha movido en torno al 34
por ciento por minuto.
En lo que afecta a la telefonía móvil digital, que es la que está
actualmente en expansión, le puedo dar los siguientes datos: no es
fácil hacer un cálculo de precios, primero porque hay una gran
variedad de contratos y de servicios. Sin embargo, de acuerdo con los
cálculos oficiales que se hacen tanto por las compañías como por la
Secretaría General de Comunicaciones, en base al número de clientes e
ingresos de cada operador, se tiene que la factura media por cliente
y mes se ha reducido entre el 27 y el 42 por ciento desde el primer
trimestre de 1996 hasta el segundo trimestre de 1999. A ello hay que
añadir, señoría, el dato verdaderamente espectacular que permite
pensar que van a continuar reduciéndose las tarifas de la telefonía
movil: se ha producido un incremento espectacular del número de
teléfono móviles en España. Yo le puedo dar la cifra porque es
realmente espectacular y llama la atención: a 31 de diciembre de
1998, había en España siete millones de teléfonos móviles; en estos
momentos estamos aproximándonos al teléfono móvil 14 millones. Quiere
decirse que en menos de 12 meses se ha duplicado el parque de
teléfonos móviles en España. Eso es lo que permite pensar que el
altísimo grado de competencia que hay ya en el sector va a continuar
presionando a la
baja los precios. Y le puedo dar una noticia: mañana aparecerá en el
Boletín Oficial del Estado el pliego de condiciones que convoca el
concurso para la cuarta licencia de telefonía móvil, que introducirá
un mayor grado de competencia y, por tanto, continuamos con la
política de presionar a la baja los precios.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO
VALORA EL GOBIERNO LA EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE DE TRANSPORTE
ESPAÑOL EN EL PRESENTE EJERCICIO? (Número de expediente 180/002027.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
21, que formula don Arsenio Fernández de Mesa, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro de Fomento, la marina mercante española ha
venido sufriendo distintas vicisitudes durante los últimos años con
una política probablemente, desde el punto de vista legislativo,
dispersa, con graves problemas en el sector de la construcción naval
en España, hoy en día en vigor por las diferentes cuestiones que se
dirimen en el seno de la Unión Europea. Todo ello ha afectado a la
evolución de la flota de la marina mercante española donde
probablemente durante los años pasados se haya abusado de los
pabellones, de los abanderamientos de conveniencia y no hayamos
sabido aprovechar al máximo ese segundo registro de Canarias tan
importante para el desarrollo de la flota mercante española. Durante
estos cuatro últimos años se han puesto en marcha una serie de
iniciativas por parte del Gobierno, que han procurado cambiar la
evolución y la tendencia de la pérdida permanente de un sector
estratégico tan importante como es el de la marina mercante española
para tratar de conseguir un punto de inflexión y que empiece a
recuperarse de cara al futuro.
Por ello, señor ministro, este grupo parlamentario le formula la
pregunta en el sentido de saber cómo estima el Ministerio de Fomento
que ha evolucionado la flota mercante española durante esta última
legislatura.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández de Mesa.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias,
señor presidente.
Señoría, el Gobierno desde el primer momento mostró su preocupación
por el declive de la flota mercante española. De ahí que en los
primeros tiempos del Gobierno se adoptara una primera decisión que ha
dado unos resultados enormemente significativos y que reflejan una
clara recuperación de la flota mercante española. El Real Decreto
2221/1998, de 16 de octubre, permite la inscripción en el registro
especial de Canarias de todo tipo de buques y, por tanto, extiende a
todo tipo de buques los beneficios fiscales y de Seguridad Social que
lleva aparejados el registro. Ello supone un ahorro de costes, una
mayor competitividad del sector y, en conclusión, una posibilidad ya
comenzada de renovación de la flota mercante.
Resultados estadísticos de esta medida. A finales de 1998, se había
pasado de 74 buques inscritos en el registro especial a 145,
descendiendo en forma paralela el número de buques inscritos en el
registro ordinario de 151 a 84. En los datos actuales la cifra que
tiene el registro especial es de 180 buques de un total de 235.
Además, el Gobierno se planteó también la necesidad de facilitar la
compra de nuevos buques. Para ello, la Ley de Presupuestos Generales
del Estado actualmente vigente, que se aprobó el pasado año en esta
Cámara, previó en su artículo 50 el otorgamiento de un máximo de
6.500 millones de pesetas en avales del Estado para garantizar
operaciones de inversión destinadas a la adquisición de buques por
empresas navieras domiciliadas en España. Por orden de 9 de julio del
presente año se procedió a la convocatoria para la concesión de los
mismos. En este momento está pendiente de fallo. Hay cuatro empresas
que prevén la posible compra de 7 buques mercantes que representan
una inversión de 212.000 millones de pesetas, lo que implica ya
consumir la cifra máxima de avales de los 6.000 millones de pesetas
previstos en los presupuestos. Debo decirle que para los presupuestos
del próximo ejercicio, proyecto que se discute actualmente en la
Cámara, está también nuevamente prevista la inclusión de 6.500
millones de pesetas para el mismo fin, que es la renovación de la
flota mercante. Con algunas otras medidas de menor importancia, todo
ello compone un conjunto a partir del cual se puede hablar de la
recuperación de la marina mercante española.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
INFORMACIÓN PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN A LOS KILÓMETROS
DE PLATAFORMA CONCLUIDOS EN EL AVE MADRIDLLEIDA? (Número de
expediente 180/002029.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
23, que formula don José Ignacio Llorens Torres, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, entiendo que, en principio, la pregunta que
le voy a formular podría ser ociosa porque, visto el magnífico ritmo
de ejecución de las obras del AVE Madrid-Lleida-Barcelona, no hay más
remedio que rendirse a la evidencia.
También comprendo el escepticismo de algunos ante un Gobierno que ha
sido capaz de reducir el déficit del 7,1 al 1,4 por ciento, sin subir
los impuestos que, al contrario, han bajado, y sin bajar el gasto
social que, al contrario, ha subido, dado que se dedican al Estado
del Bienestar ocho pesetas más de cada 100 que gasta el Estado que
las que se dedicaban en el año 1995.
Sin embargo, cuando las obras están llegando al borde mismo de
Lleida, cuando recientemente se han adjudicado las obras de
plataforma de cuatro subtramos, los últimos que quedaban en el tramo
Madrid-Lleida, que va a convertir esta línea en la más rápida del
mundo y que va a reducir la duración del trayecto de cuatro horas
treinta y cinco minutos a una hora cincuenta minutos, cuando ya sólo
faltan las obras de instalación de vías, catenaria y señalización y
seguridad, señor ministro, por favor ilústrenos a los ciudadanos de
Lleida porque hay quien se paseaba por esas obras de la plataforma
del AVE que está llegando a Lleida cuando estaba próxima la campaña
electoral municipal -estoy hablando del candidato socialista que
luego salió elegido alcalde- y luego asegura que el AVE no llegará a
Lleida en el año 2002. Señor ministro, por favor, conteste a esta
pregunta. (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se
perciben.-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Llorens. ¡Señorías, silencio!
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, el ritmo de las obras del tren de alta velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa marcha -y nunca mejor utilizada
la expresión- a altísima velocidad. Prueba de ello es que en estos
momentos hay 480 kilómetros en obras, sobre un total de 750. A
finales del próximo año estarán simultáneamente en obras los 760 ó
770 kilómetros. Hay en estos momentos concluidos, lo que se llama la
plataforma, 137 kilómetros, y puedo dar hoy aquí la información a la
Cámara de que en la primavera próxima se comenzarán a instalar las
vías en el tramo entre Zaragoza y Lleida, porque es propósito del
ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, y por tanto del
Gobierno, disponer con un año de antelación de todo el trazado entre
Zaragoza y Lleida para poder hacer pruebas con los trenes efectivos a
350 kilómetros por hora y contar así con un año de tiempo para
realizar pruebas, ya que, naturalmente, en un tren de tan alta
cualificación técnica todo lo que
sean pruebas redundará en los resultados finalmente positivos del
ferrocarril.
En todo caso, señoría, sí se está batiendo un récord en la Unión
Europea y en el mundo en cuanto a plazos de construcción de un tren
de este calibre. En estos momentos no hay ningún tren de alta
velocidad en el mundo que comprenda un trayecto de 750 kilómetros y
que esté prevista su velocidad comercial a 350 kilómetros por hora,
lo que supondrá que Madrid quedará de Barcelona, o Barcelona de
Madrid, a dos horas y cuarto, Zaragoza, señoría, a una hora, y Lleida
a una hora y veinte minutos si no recuerdo mal los tiempos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON FERNANDO GIMENO MARÍN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUÉ NO HA MODIFICADO EL
GOBIERNO EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL,
INCUMPLIENDO EL MANDATO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL
VIGÉSIMO CUARTA DE LA LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE
ORDEN SOCIAL, APROBADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 EN EL PARLAMENTO?
(Número de expediente 180/002017.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno y que contestará el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales.
Pregunta número 11, que formula don Fernando Gimeno Marín, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la pregunta que le formulo es: ¿Por qué no ha
modificado el Gobierno el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, incumpliendo el mandato establecido en la disposición
adicional vigésimo cuarta de la Ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social aprobada el anterior año 1998?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Gimeno.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señor presidente.
Señoría, dos ministerios del Gobierno, el de Trabajo y Asuntos
Sociales y el de Justicia están trabajando -lo tenemos ya- en un
primer borrador para poder presentar pronto este proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, esta vez reconocerá que ha incumplido algo que dice
una ley. La única duda que tenía era la de si nos contestaría hoy la
ministra de Justicia o si nos contestaría usted. Parece ser que la
ministra de Justicia no contesta, a pesar de que es un tema que
aparente y formalmente tiene mucho que ver con su ministerio.
En junio o en julio de 1998 se aprobó, usted lo sabe, la Ley
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y, sorpresa,
en diciembre se empeñaron ustedes en modificarla otra vez, eso sí,
por la puerta de atrás, en una ley de acompañamiento, que ya sabe el
conflicto que mantenemos con el Gobierno por entender nosotros que
esa ley no debe utilizarse para determinadas reformas, entre ellas,
pensábamos que no la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa y tampoco la Ley de procedimiento laboral, entre otras
cosas porque creemos que era y es inconstitucional y ya se
pronunciará el Tribunal Constitucional al respecto.
Modificar una ley en menos de seis meses tenía que ser por una causa
muy importante, porque si no, ¿cómo se iban a atrever ustedes a
hacerlo? Los órganos jurisdiccionales del orden social, establece la
ley y supongo que tiene mucho que ver con la opinión de su
Ministerio, tenían que ser los competentes para conocer de las
resoluciones administrativas o de los recursos que se planteen sobre
resoluciones administrativas, sobre sanciones por infracciones del
orden social, como usted sabe, o por resoluciones sobre regulación de
empleo y actuaciones en materia de traslados colectivos, y se supone
que quizás por el tiempo que tarda a veces la ley de jurisdicción
contencioso-administrativa había razones de peso o argumentos
suficientes para hacer unas propuestas de semejantes características
y atreverse a cambiar una ley que hacía seis meses que acababa de ser
aprobada. Era tan urgente y se comprometieron ustedes a traerla en
nueve meses a esta Cámara, mejor dicho, esta Cámara mandató al
Gobierno para que en nueve meses trajeran ustedes esa modificación,
pero la verdad es que ustedes fueron los que hicieron la propuesta.
Ustedes se comprometieron a que en nueve meses vendría esta ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gimeno.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señor presidente.
Señoría, esta vez nos vamos a pelear poco. Tiene usted razón. Nos
mandatamos un plazo de nueve meses. Hemos intentado cumplirlo. Hemos
trabajado conjuntamente el Ministerio de Justicia y mi Ministerio.
Tenemos el borrador. Se ha aplazado el plazo. Yo le digo que este
plazo no impide que no podamos presentar el proyecto de ley en el
cual estamos, pero el plazo se ha cubierto. No puedo discutir más
sobre algo
que es una obviedad, que no es un motivo de alegría ni para este
Ministerio ni para nadie, pero para que no caiga usted en la
desesperanza le diré que tenemos plazos habilitados y, por tanto,
presentaremos ese proyecto de ley en cuanto tengamos ultimada esta
tarea conjunta de los dos ministerios que usted ha indicado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BELARMINA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS HA
PUESTO EN MARCHA EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR EL GRAVÍSIMO PROBLEMA DE
LA PRESENCIA DE MENORES INDOCUMENTADOS EN NUESTRO TERRITORIO,
PROCEDENTES DEL NORTE DE ÁFRICA? (Número de expediente 180/002018.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
12, que formula doña Belarmina Martínez González, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, doy por formulada la pregunta en los términos que
aparecen en el orden del día.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Martínez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señor presidente.
La atención a los menores sin documentación que llegan es una
realidad creciente, a la cual la Administración debe ser
especialmente sensible. Estamos trabajando conjuntamente con
comunidades autónomas y organizaciones no gubernamentales para poder
responder a un fenómeno novedoso. Como ya sabe, hay acuerdos con
comunidades autónomas, centros de acogida y programas especiales que
permiten decir, siendo un problema creciente y donde todavía tenemos
que trabajar mucho, que los menores en estas circunstancias, por lo
menos ya tienen una vía para canalizar su situación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Efectivamente, señor ministro, estamos
asistiendo a un nuevo y grave problema inmerso en la inmigración
irregular. Lo que
no comparto es que estén ustedes trabajando, al menos con el Gobierno
de Canarias, para resolverlo de una forma rápida. Cientos de menores
han llegado a España este año, algunos vía patera. Más de cien
menores vagan por Ceuta sin protección, otros 90 están en Canarias
y varios cientos más se reparten entre Andalucía y Cataluña. Es su
responsabilidad, del Gobierno central, el control de la entrada en el
territorio; detener y acusar de tráfico de menores a quienes están
traficando con ellos, yo le pregunto a quiénes han acusado ustedes de
tráfico de menores; gestionar con los consulados y los departamentos
del menor de los países de origen la repatriación; organizar el
reagrupamiento familiar cuando proceda, en definitiva, defender los
derechos humanos de los menores; designar partidas económicas
especiales para hacer frente a esta situación en colaboración con las
comunidades afectadas; desautorizar y recriminar al senador del PP
por Fuerteventura, señor ministro, cuando vocifera que vuelva la
legión para impedir que nos invadan los que vienen sin papeles a
comernos por los pies, y al que ustedes no le han obligado a
rectificar, a pesar de que ha provocado una alarma social y un brote
de xenofobia cuando jóvenes canarios han ido al centro de acogida a
apalear a los inmigrantes, a los menores allí ingresados. Esto es una
vergüenza, no solamente para Canarias, sino fundamentalmente para
ustedes, porque es un senador de ustedes el que ha creado la alarma
social.
Busquen el consenso institucional y político con las diferentes
administraciones y partidos, huyan del enfrentamiento público,
concretamente con Coalición Canaria, no escenifiquen esas
divergencias y, por favor, convoquen una conferencia sectorial donde
se fijen los criterios. En definitiva, como afirmaba Einstein, en
momentos de crisis sólo la imaginación es más importante que el
conocimiento. Si a ustedes les faltan esas dos cosas, tengan la
voluntad política de buscar soluciones compartidas con las
organizaciones políticas y sociales, y dejen de echar niños fuera.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez.
Señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la verdad es que la noto muy enfadada, cuando yo coincido
con lo que usted ha dicho en un porcentaje muy alto. Estamos ante lo
que va a ser, sin duda alguna, un tema de Estado y, por eso, al igual
que usted me recomienda prudencia y consenso, le pido a su Grupo que
tenga ante este fenómeno, que puede convertirse en un problema si no
actuamos correctamente, el mismo espíritu de consenso que estamos
intentando demostrar. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
En este caso, hay competencias compartidas entre comunidades
autónomas y Estado. Es un fenómeno novedoso y todos estamos
aprendiendo, comunidades autónomas, ustedes, nosotros, Estado y todas
las administraciones, y esto hace que estemos, con la imaginación que
usted aducía, innovando absolutamente ¿Qué estamos haciendo ahora
mismo? Se están dotando unos centros de acogida y ya hay un circuito
por el cual se acompaña al menor a un centro de acogida, donde se
intenta saber la identidad y la edad. Desde luego, ya hemos ido
introduciendo modificaciones. Tienen la sanidad asegurada -en eso ya
no hay problemas- y la educación en el caso de que no puedan
reagruparse de nuevo con sus familias. Ya está hecho también el
circuito para ponernos en contacto con el consulado de su país de
origen, por si podemos localizar a la familia y reagruparla; si no es
posible, tienen la educación y la sanidad y, en lo posible, vamos a
trabajar para conseguir esa inserción.
Habla usted de un senador. No conozco exactamente en qué contexto se
pronunció. He visto las declaraciones en la prensa y me parecen muy
desafortunadas. Por supuesto, no solamente no las comparto, sino que
me parecen profundamente erróneas. Repito que no sé cuál fue el
contexto en el que se dijeron esas palabras y únicamente he visto los
titulares de prensa, pero no caiga usted en la anécdota cuando
estamos hablando de temas profundos e importantes. No cabe duda de
que en estos próximos años vamos a estar ante uno de los grandes
temas de Estado que vamos a tener que abordar y que además espero
poderlo solucionar, pero le pido a su grupo el mismo consenso y el
mismo deseo de política de Estado que mi grupo va a representar en
todo momento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO AMARILLO DOBLADO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA EVITAR QUE SE
REPITAN LOS CONTINUOS ESCÁNDALOS EN EL COBRO DE SUBVENCIONES DEL
ALGODÓN, LINO Y FRUTAS, EN LOS QUE APARECE INVOLUCRADO EL FONDO
ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) Y QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE AL
SECTOR AGRARIO? (Número de expediente 180/002020.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a aquellas preguntas que responderá el
titular del departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación,
comenzando por la que, con el número 14, formula el diputado don
Francisco Amarillo Doblado, del Grupo Socialista.
Señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para evitar que se repitan escándalos tales como los del
algodón, lino y frutas, en los que aparece involucrado el Fondo
Español de Garantía Agraria y que perjudican gravemente la imagen del
sector agrario?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Amarillo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, tengo que rechazar la formulación de la pregunta, porque no
me parece que se repitan continuos escándalos en el cobro de las
subvenciones, que perjudican gravemente al sector agrario. Hay,
ciertamente, casos minoritarios de irregularidades que, cuando se
descubren, se persiguen y se sancionan. Por ello, hay un deseo del
departamento, que yo estoy impulsando, de mejorar las normas que
afectan a las subvenciones y perfeccionarlas de una forma continua.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
Sí, hay escándalos continuos, no por los agricultores sino por unos
grupos minoritarios, y además, desgraciadamente, grupos minoritarios
de funcionarios que están relacionados con el Fondo español de
garantía agraria. En el último caso, en el escándalo de la fruta, han
intervenido ya los tribunales, y el hecho de que hayan intervenido
los tribunales, con funcionarios que están involucrados, no implica
para nada que las responsabilidades que se deriven de las actuaciones
de los tribunales le exoneren a usted de que le exijamos las
responsabilidades políticas, que es lo que aquí estamos haciendo en
este momento. No estamos hablando de personas individuales, estamos
hablando de comportamientos institucionales y, en particular, del
comportamiento del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
respecto a lo que está ocurriendo en el Fondo español de garantía.
Usted no puede ampararse para nada en aspectos competenciales, en que
le faltan competencias, en que la inspección corresponde a las
comunidades autónomas o en que ya están actuando los tribunales,
porque la competencia política, el ordenamiento general de la
economía y la alta inspección le corresponden a usted.
Aquí está cumpliendo todo el mundo. Está cumpliendo la Unión Europea
que ha mandado los inspectores pertinentes; están cumpliendo casi
todas las comunidades autónomas, aunque puede haber algunas
excepciones; está cumpliendo el estamento judicial, porque los jueces
han entrado en este asunto. ¿Quién falta por cumplir? Falta por
cumplir usted. Usted no está cumpliendo. Usted
se está inhibiendo, no quiere tener problemas de ninguna naturaleza y
quiere dejar pasar el tiempo para ver si estos problemas los
soluciona otro. Somos conscientes de que su herencia fue pésima, pero
eso no le inhibe a usted de tener que tomar urgentemente medidas que
eviten esta clase de escándalos que perjudican notablemente, dentro
y fuera, la imagen de los agricultores españoles.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Amarillo.
Señor Ministro, con mis disculpas, adelante.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Muchas gracias, señor presidente.
Puedo asegurarle, señoría, que no me inhibo en absoluto. Podré
acertar más o menos, pero desde luego inhibirme, nunca. Usted me ha
hablado de un caso de frutas y hortalizas, que es un caso concreto en
el que han intervenido la Guardia Civil y los jueces. ¿Habrá más
casos como ése en otros sectores? Naturalmente, porque siempre hay
algún caso de alguien que delinque y para eso está la Justicia, pero
eso no es general en absoluto.
En el tema del algodón que usted citaba, el FEGA ha colaborado con la
Junta de Andalucía para aclarar las cosas ante la Unión Europea y no
hay ninguna sanción para la temporada 1995-1996. ¿Estamos actuando?
Claro que estamos actuando. ¿Hay unas competencias de inspección en
las comunidades autónomas? Naturalmente, porque es donde están los
funcionarios, pero nosotros tenemos responsabilidades y jamás me he
apartado de ellas. Ahora mismo estamos haciendo un estudio muy
profundo, que daremos a los grupos políticos, sobre la modulación de
las ayudas. Ahora mismo vamos a sacar un decreto sobre la campaña del
lino en el que se van a establecer controles más estrictos para que
la transformación se haga adecuadamente y no existan cazaprimas en
este cultivo. Estamos buscando fórmulas para adaptar cada vez más las
subvenciones a aquellos que actúan bien. Por tanto, ¿podemos mejorar?
Ciertamente. Estamos trabajando mucho en la dirección de conseguir
una mejor situación para las subvenciones de todos los agricultores
y, desde luego, para evitar que haya fraudes en lo que de nosotros
dependa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON NEFTALÍ ISASI GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE
EL GOBIERNO SOBRE EL INCREMENTO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
(IVA) COMPENSATORIO A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES, ADOPTADO EN LA
PRESENTE LEGISLATURA? (Número de expediente 180/002024.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 18,
formula al Gobierno el diputado don Neftalí Isasi Gómez.
Tiene la palabra el señor Isasi.
El señor ISASI GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Agricultura, en estos precisos momentos se están
celebrando los funerales por el fallecimiento en accidente de tráfico
del director territorial del Ministerio de Agricultura en La Rioja,
don Julio Luis Fernández Sevilla. Por ello, permítanme, señor
presidente, señor ministro de Agricultura, tener un recuerdo
emocionado para quien dedicó su vida al servicio público desde el
mundo agrario.
Señorías, en 1986, con motivo de la entrada de España en la Comunidad
Económica Europea, se estableció el impuesto del IVA a soportar por
el consumidor final. Para el sector agrario se adoptó el régimen
especial, fundamentalmente para aquellos pequeños agricultores
y ganaderos autónomos que no están obligados a guardar facturas y por
tanto no pueden desgravarse de ese IVA soportado con motivo de las
compras de bienes y servicios destinados a sus explotaciones. Para
que pudieran compensar ese IVA soportado, a estos pequeños
agricultores y ganaderos se les autorizó un IVA compensatorio de un 4
por ciento, que deberían cargar en sus facturas con motivo de la
venta de sus productos, compensando así el 12 por ciento del tipo de
IVA general soportado con motivo de esas compras de bienes
y servicios para su explotación.
Sin embargo, señorías, a lo largo de los gobiernos socialistas se fue
incrementando el tipo de IVA general y congelando el IVA
compensatorio con el que los pequeños agricultores debían resarcirse.
Durante los mandatos socialistas, señorías, se incrementó ese IVA
general hasta en un 35 por ciento, que estos gobiernos, en nombre del
progreso, hicieron recaer sobre los bolsillos de los pequeños
agricultores y ganaderos. Tuvo que ganar las elecciones, señorías, el
Partido Popular para que el Gobierno de José María Aznar hiciera
justicia incrementando el IVA compensatorio en un 25 por ciento y que
los agricultores y ganaderos autónomos españoles pudieran resarcirse
y librarse del castigo al que los sometieron los gobiernos del señor
González, un 25 por ciento, señorías, que puede suponer un incremento
de renta de unos 30.000 millones de peseta/ año para los pequeños
agricultores y ganaderos. Por todo ello, señor ministro, le hago la
pregunta que figura en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA (Posada Moreno): Muchas gracias,
señor presidente.
Yo ya conocía la pregunta y por eso puedo contestarla, aunque el
diputado no la haya podido formular; la conocía por el orden del día.
En efecto, hay un porcentaje por el que la Sexta Directiva del
Consejo, de mayo de 1977, autoriza a los Estados miembros a otorgar a
los productores agrícolas un régimen de tanto alzado que tienda a
compensar esa
carga del impuesto pagado. Eso se fija de acuerdo con unos estudios
económicos, pero supone una ayuda que se da al agricultor, porque ese
porcentaje cuanto más sube permite pagar menos a los agricultores y,
por tanto, repercutir más el IVA que ellos tienen que pagar. Eso
estaba en el 4 por cien, en el año 1998 subió hasta el 4,5 por ciento
y para este presupuesto se ha conseguido elevar al 5 por ciento, con
un sacrificio lógico para la Hacienda pública que deja de ingresar
esa cantidad. La situación de los agricultores y ganaderos y,
especialmente este año en que muchas comunidades autónomas han tenido
que soportar una sequía dura, reclama una ayuda y esto es una forma
de mostrar la solidaridad de toda la sociedad con unas personas que
están pasando por un momento difícil.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
- DE DON JOSÉ MARIA CHIQUILLO BARBER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
QUE FORMULA A LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE
CONVENIO QUE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE HA OFRECIDO A LA UNIÓN
SINDICAL DE USUARIOS DEL JÚCAR RESPECTO A LA EXPLOTACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL EMBALSE DE ALARCÓN, TAL Y COMO ESTABLECE EL PLAN
HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL JÚCAR? (Número de expediente 180/
002010.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que en nombre del
Gobierno responderá la ministra de Medio Ambiente y que comienzan por
la número 4 que formula el diputado don José María Chiquillo Barber,
del Grupo Mixto.
Señor Chiquillo, adelante.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señora ministra de Medio Ambiente, ¿cuál
es el contenido de la propuesta de convenio que el Ministerio de
Medio Ambiente haofrecido a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar
respecto a la explotación y conservación del embalse de Alarcón, tal
y como establece el Plan hidrológico de la cuenca del Júcar?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Como sabe S.S., no existe aún ninguna propuesta concreta puesto que
se está negociando, se está dialogando, y lo importante es destacar
que nos queremos mantener en ese espíritu que nos llevó a tan buenos
resultados de consenso en el Plan hidrológico del Júcar, que
significa que nunca habrá detrimento para los derechos de los
usuarios y de los regantes de USUJ.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señora ministra, por la información de la
que ha tenido constancia el diputado que le habla, desde hace casi un
año se está negociando, haciendo propuestas y consideraciones
respecto al contenido de ese convenio que establece el Plan
hidrológico de la cuenca del Júcar. Le pediría celo y sensibilidad en
cuanto a lo que el punto de partida establece con claridad y
rotundidad, la sentencia del Tribunal Supremo del 12 de abril de 1983
que dice claramente que se debe entregar de forma definitiva el
embalse de Alarcón para su explotación y conservación a la Unión
Sindical de Usuarios del Júcar, tal y como establece el Plan de la
cuenca al reconocer el esfuerzo realizado por los propietarios,
porque el derecho que se reconoce es el de la propiedad a los
agricultores valencianos que desde el año 1942, en un ejemplo de
previsión y de falta de dudas apostaron por esa infraestructura tan
importante para regular su río y garantizar sus regadíos. A este fin,
pedimos que se garantice en el contenido de ese convenio la prioridad
de los regadíos históricos valencianos que se establece en el plan
citado y que se tengan en cuenta esas demandas, porque la propiedad
está ahí, son los agricultores valencianos que durante más de 50 años
están sufragando el coste de esa obra tan importante.
El convenio debe reconocer y reafirmar, como es de esperar de un
Estado de derecho, la sentencia del Tribunal Supremo -repito- del 12
de abril de 1983, debe reconocer y reafirmar lo establecido en el
Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, reconociendo los derechos
históricos de los riegos tradicionales del Júcar y garantizándolos,
y sobre todo debe despejar cualquier tipo de dudas que plantean frases
como aquella que ha dicho el señor Bono, presidente de la Comunidad
de Castilla-La Mancha, de que, ante las dudas del Ministerio y la
tardanza de este convenio, se acerca el momento de que la Junta de
Castilla-La Mancha pueda anunciar el inicio de los estudios
necesarios para expropiar el pantano de Alarcón.
El convenio tiene que reconocer los derechos históricos de los
agricultores valencianos y no tiene que atender cualquier
pseudoexpropiación encubierta; tiene que reconocer a los agricultores
valencianos lo que es suyo, lo que les ha reconocido la justicia, que
son los propietarios y son los que tienen que conservar y explotar,
de acuerdo con el Ministerio, este pantano que es tan importante para
la cuenca del Júcar, pero sobre todo para la consolidación y
preservación de los regadíos históricos de la cuenca del Júcar, que
son rentables, viables y de futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Que estamos en esta línea de reconocimiento de los derechos
históricos da prueba la sensatez y la madurez con la que los usuarios
y el Ministerio de Medio Ambiente han podido negociar un Plan
Hidrológico de la Cuenca del Júcar.
Si usted habla de una sentencia del año 1983, de unos hechos
históricos del año 1942, lo que me satisface es poder decir aquí, una
vez más, en esta Cámara que ha sido este Gobierno, el Gobierno de
José María Aznar, el que ha reconocido esos derechos históricos en
los planes de la cuenca del Júcar, y que a partir de ahí saben que no
se van a menospreciar sus derechos históricos.
En esa línea seguimos trabajando y, créame, cada uno es muy libre de
hacer las declaraciones oportunistas que quiera, como las que antes
citaba de algún presidente de comunidad autónoma. Nosotros seguiremos
en esta línea de consenso para que se reconozcan esos derechos. Las
negociaciones van por muy buen camino, y yo creo que ese espíritu
constructivo está dando la confianza que necesitan estas
negociaciones para que maduren muy próximamente en un convenio
específico, como esperamos. Yo espero también contar con S.S. en el
apoyo de estas negociaciones.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA DE LARA CARBÓ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL
ES LA POSICIÓN QUE HA DEFENDIDO EL GOBIERNO ESPAÑOL EN LA V
CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL CONVENIO DE CAMBIO CLIMÁTICO, CELEBRADA
RECIENTEMENTE EN BONN? (Número de expediente 180/002030.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 24,
formula la diputada doña María Teresa de Lara Carbó, del Grupo
Popular.
Señora de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Medio Ambiente, el pasado viernes, día 5 de
noviembre, finalizó en Bonn la V Conferencia de las Partes del
Convenio de Cambio Climático. El encuentro se inició esta vez con un
marcado carácter pesimista y se consideró que iba a ser más bien una
reunión preparatoria de la que debía celebrarse en noviembre del año
2000 en La Haya.
En definitiva, se trataba de poner en marcha los mecanismos de acción
para cumplir las reducciones acordadas en Kioto hace ya dos años. No
obstante, los países más contaminantes del mundo han mostrado en
estos días disparidad de criterios, tanto en lo referente
a la fecha de la puesta en marcha del protocolo de Kioto, que debe
ser ratificado previamente, como a los mecanismos de flexibilidad que
se establecieron para aliviar los costes económicos que puede suponer
la aplicación de la disminución de las emisiones. Concretamente, la
Unión Europea y los Estados Unidos han mantenido posturas distintas
en lo que podríamos llamar la creación de un mercado internacional de
compraventa de derechos de emisión.
Señora ministra, aunque sabemos la postura de su Ministerio,
expresada en esta Cámara en numerosas ocasiones, de que frente al
cambio climático todos los países deben asumir sus cuotas de
responsabilidad en una acción conjunta y solidaria, desearíamos
conocer en estos momentos, apenas transcurridos cinco días de
finalizar la cumbre, cuál ha sido la postura que ha defendido el
Gobierno español en la V Conferencia de las Partes del Convenio de
Cambio Climático, celebrada recientemente en Bonn.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Lara.
Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias
señor presidente.
Como decía muy bien S.S., esta cumbre se planteó como una cumbre de
transición. Lo cierto es que la presencia de más de cien ministros de
Medio Ambiente reunidos allí estos días hizo que se diera el impulso
político que necesitaba esta cumbre para que no fuera simplemente de
transición. Creo, sin ningún triunfalismo, que se ha avanzado en la
línea de asumir prácticamente un compromiso -hay una fecha que
empieza a sonar, y hacia ahí caminamos todos- para que el año 2002
fuera el de ratificación del protocolo de Kioto, no como un mero
compromiso internacional, sino como un instrumento que se ha definido
ya eficaz para controlar las emisiones de dióxido de carbono y gases
de efecto invernadero.
Es lo cierto que falta todavía puntualizar cuáles son las reglas del
juego. Y sabe S.S. que el Gobierno de España entiende que en los
mecanismos de compra de emisiones de permisos de negociación, la
limitación de emisiones ha de tener un techo para que, primero, cada
país reduzcamos emisiones y, a partir de ahí, se puedan comprar el
permiso de explotación.
Hay también otro tema de gran relieve, que es el de la capacitación,
ya que no solamente hay que hacer transferencias de nuevas
tecnologías no contaminantes a países en vías de desarrollo, sino que
hay que preparar a esos países para que puedan cumplir el protocolo
una vez que se ratifique. España es partidaria de que los países más
contaminantes sean los que asuman todo el compromiso y no exijan
previamente, como hacen algunos, que sean las obligaciones legales de
los países en vías de desarrollo las que liberen a países que están
realmente contaminando. Si continuamos en esta línea, creo que vamos
a conseguir que cuando celebremos los diez años de la famosa
Conferencia de Río, Río más
diez, podamos haber asumido ese compromiso del protocolo de Kioto
ratificado, porque difícilmente podríamos demostrar que hemos
avanzado en defensa de la naturaleza, en calidad de vida de los
ciudadanos si no somos capaces de afrontar el mayor riesgo que tiene
la humanidad en el siglo XXI: el del cambio climático.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE
EL GOBIERNO SOBRE LA REUNIÓN INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE LA
REGENERACIÓN HÍDRICA DE DOÑANA, CELEBRADA EN HUELVA? (Número de
expediente 180/002031.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 25,
formulará el diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo
Popular.
Señor Marquínez.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el inmediato pasado mes de octubre se ha celebrado,
como S.S. sabe, la reunión internacional de expertos para la
regeneración hídrica de Doñana, en Huelva. Esta reunión, que ha sido
organizada a través de la Secretaría de Medio Ambiente y el organismo
Parques Naturales, no sólo ha sido a iniciativa del Ministerio sino
que ha contado, además, con unas colaboraciones importantísimas, como
usted sabe, como han sido las de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, el Programa MAP, el Convenio de Patrimonio
Mundial de la Unesco, la Unión Mundial por la Naturaleza, el
Secretariado Internacional del Convenio Ramsar, la Unión Europea y el
Fondo Mundial por la Naturaleza. Todo esto, sin duda, genera una
importancia tremenda para esta reunión que todos los onubenses, y por
supuesto los andaluces y los españoles, agradecemos.
Se han desarrollado 10 importantísimas ponencias y 30 comunicaciones
y se han tocado dos temas fundamentales, como son: la regeneración
hídrica de Doñana, a través del Programa Doñana 2005, y el corredor
verde del Guadiamar. Todos estos proyectos, de indudable interés para
el mundo entero, a Huelva le suponen un interés muy especial. Por
tanto, agradecemos al Ministerio esta importantísima aportación para
la provincia de Huelva. También agradecemos al Ministerio otros temas
importantes que la ministra sabe que existen en Huelva y que contamos
con su ayuda inestimable y con su impulso para que puedan llegar a
buen fin como estos, y queremos saber en este momento cuál es la
valoración que hace el Gobierno de la importantísima reunión a la que
he hecho referencia.
Gracias, señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marquínez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Como sabe S.S., me cupo el honor de presidir la inauguración de ese
importante foro de reflexión, con más de 150 especialistas en
gestión, en conservación y en recuperación de humedales y, además,
coincidiendo precisamente con la fecha en la que este Gobierno
aprobaba el Plan de regeneración y conservación de los humedales,
esos ecosistemas marinos tan abandonados en España y que tanta
riqueza pueden aportar. Desde luego, entiendo que lo que ahí se hizo
fue, en primer lugar, reconocer que es necesaria la aportación en
cantidad, en calidad y en distribución de aguas, sobre todo
superficiales, a la marisma de Doñana. Cuando llegué al Ministerio
aprendí que realmente Doñana o es con agua o no existe, en cantidad y
en calidad. Y la colmatación de la marisma se ha venido produciendo
no tanto por mala gestión, sino fundamentalmente, señoría, porque,
como sabe muy bien, a partir de la segunda mitad de este siglo se han
venido transformando las marismas de Doñana para distintos cultivos,
lo que ha hecho que algunos caños, que aportaban agua de cantidad y
calidad muy buena, se vieran completamente cegados o transformados.
Por eso, el proyecto Doñana 2005 ha recibido el respaldo de la
comunidad científica internacional, respaldo a un proyecto que no es
simplemente proyecto. Como sabe S.S., se llama 2005 porque terminará
en el año 2005, pero de las ocho fichas que lo comprenden por un
total de 15.000 millones de pesetas alguna ya ha sido plenamente
desarrollada; otra está en ejecución, como es la restauración de la
marisma gallega de Hinojos, la permeabilización de la marisma de
Doñana frente al estuario y el río Guadalquivir de la ficha 8; otras
están en proceso de licitación pública, como es la restauración de
Soto Grande y Soto Chico y la construcción de una nueva depuradora en
el Rocío; otras en elaboración de proyecto, como la restauración del
caño Travieso, restauración del Brazo de la Torre; y otras en fase de
estudios previos, como la restauración del caño Guadiamar de la ficha
5.
Yo creo que ese apoyo explícito de tantos expertos ha venido
francamente bien que se realizara en Huelva, porque precisamente,
como S.S. comentaba, obtenemos una mayor implicación de Huelva en lo
que es algo tan importante para toda la humanidad como la
recuperación y el mantenimiento de esas marismas del Parque Nacional
de Doñana.
Quiero agradecer y felicitar a todos los que han hecho posible este
seminario, que además nos ha servido para que, una vez que los
expertos vieran como había quedado el caño Guadiamar y el río
Guadiamar después del accidente de las minas de Aznalcollar, hayamos
obtenido el aval de la comunidad científica
internacional a la recuperación y regeneración que se ha hecho de ese
río, con más de 6.500 millones de inversión, de tal forma que en este
momento me atrevería casi a afirmar que está mucho más limpio que
antes del accidente de las minas de Aznalcollar.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE DON JESÚS JOSÉ GÓMEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL GOBIERNO. ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL
GOBIERNO ESPAÑOL ANTE LA NOTICIA DE QUE EL REINO DE MARRUECOS ESTÁ
INSTALANDO, FRENTE A LAS COSTAS DE CANARIAS, PLANTAS DESALINIZADORAS
Y ELÉCTRICAS A BASE DE UTILIZACIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA? (Número de
expediente 180/001983.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá el
ministro de Industria y Energía, comenzando por aquella que formula,
con el número 1, el diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, de
Coalición Canaria.
Señor Gómez Rodríguez, adelante.
Un momento, señor Gómez Rodríguez. A ver quién es el despistado o
despistada. Señor Lapuerta, por favor, está interfiriendo el sonido.
Gracias.
Adelante.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Entre los Reinos de España y Marruecos existen una serie de temas
pendientes que son preocupantes, como el de las pateras, el agrícola,
el del tratado de pesca, el saharaui, y ahora hay un tema añadido que
es la posible utilización de la energía atómica para la
desalinización y electrificación. Por ello, sin ánimo de alarmismo ni
de pasotismo, sino con el mayor afán constructivo, hacemos la
pregunta que luce con el número 1.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, a su señoría.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, yo respondo a su pregunta con mucho gusto, además con el
mismo interés de disipar inquietudes, y en la misma convicción por la
que, por otra parte, hemos contestado a esta cuestión a miembros de
las Cámaras, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias o a
otros interesados.
Primero hay que partir de un hecho que creo que es incontrovertible,
y es que el Reino de Marruecos es un Estado soberano para plantear y
ejecutar sus planes de
desarrollo y sus políticas tendentes a satisfacer las necesidades
básicas de su población y, entre ellas, como es natural, el
suministro de electricidad y de agua potable. Pero, según la
información que tiene mi departamento, le puedo participar lo
siguiente.
En primer lugar, la potencia eléctrica que Marruecos va a instalar en
el futuro se centra en complejos de energía térmica con suministro de
carbón de importación y en centrales de ciclo combinado con
suministro en base al gas natural. Con esos proyectos se van a
atender las necesidades de demanda de energía eléctrica en la red
marroquí hasta más allá del año 2010.
En segundo lugar, y en cuanto a la utilización en el futuro de la
energía nuclear en el país vecino, es cierto que existe un proyecto
de construcción de un pequeño reactor generador de calor, estamos
hablando de diez megavatios de potencia, que va a servir para desalar
agua de mar, que Marruecos va a llevar a cabo en el marco de un
acuerdo de cooperación que tiene con la República Popular de China, y
que va a estar ubicado en la costa Atlántica, al sur del país. Se
trata de un proyecto que por su entidad, su dimensión y sus
características técnicas no tiene nada que ver, lo digo con toda la
rotundidad, con una central nuclear que se inscribe dentro de un
programa de cooperación técnica del Organismo Internacional de la
Energía Atómica, llamado OIEA, y ello supone que, tanto en su
construcción como en su funcionamiento, sea un proyecto que va a
estar sometido a la normativa en materia de seguridad nuclear, en
materia de protección radiológica internacionalmente aceptada, y que
se va a realizar bajo la supervisión y con la garantía de dicho
organismo, lo que permite, por tanto, excluir de nuevo con toda
rotundidad cualquier preocupación al respecto, en especial en
Canarias.
Le recuerdo a S.S. que el Reino de Marruecos, al igual que el Reino
de España, es signatario del Tratado de no proliferación nuclear, así
como del acuerdo de salvaguardia con el OIEA. En esta situación y con
las perspectivas generadas, permaneceremos atentos al cumplimiento
del derecho internacional y de los códigos de conducta y seguridad
establecidos por los organismos internacionales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor ministro.
Efectivamente, la instalación próxima va a ser de pequeña potencia,
pero eso pudiera ser el comienzo de una política de utilización de
energía atómica de mayor escala. Se habla de utilización en el futuro
de tecnología francesa, muy superior a la china que se va a utilizar
ahora. Lo que pretendemos es que por parte del Gobierno de España se
apoyen planes de cooperación internacional, para el desarrollo social
y económico de toda esa costa atlántica que es el hinterland de
Canarias, que, por otro lado, se apoye al
Gobierno de Canarias en sus ofertas de utilización de energías
alternativas, como la eólica, que son menos dañinas y menos
contaminantes que las que se pretenden utilizar ahora y que, por otro
lado, en todos los temas de ese tipo y de otros como los que están
pendientes, se debería oír al Gobierno de Canarias, porque también
así se respetaría el estatuto del archipiélago.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.
Tiene la palabra le señor Piqué.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Gracias, señor presidente.
Con mucha brevedad, quiero insistir en la información sobre la falta
de perspectivas de la utilización de la energía nuclear para producir
electricidad en Marruecos. Puedo asegurar que en los contactos que ha
habido del Ministerio de Industria y Energía con nuestros homólogos
marroquíes, todo nuestro esfuerzo se ha centrado en colaborar en el
desarrollo de la utilización del gas natural como materia prima para
producir electricidad, así como en el desarrollo de la cogeneración y
de las energías renovables, como S.S. recordaba. Eso consta con toda
claridad en la declaración final de la V reunión de alto nivel
hispanomarroquí, que se celebró en Madrid los días 28 y 29 de abril
de este año. Por tanto, creo que tenemos elementos más que
suficientes para estar tranquilos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RICARDO FERNANDO PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y
ENERGÍA: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ASEGURAR LA
VIABILIDAD DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL? (Número de expediente
180/002022.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 16, que formula el
diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario
Mixto.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para asegurar
la viabilidad del sector de construcción naval en nuestro país?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Tiene la palabra el señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno viene adoptando una serie de medidas para
asegurar la viabilidad del sector naval. Ya en el año 1996 se inició
una negociación, que tengo que recordar que fue muy dura y muy
compleja, con la Comisión Europea, para conseguir desbloquear un
expediente abierto para aprobar las ayudas que estaban pendientes,
que en aquellos momentos eran en torno a los 180.000 millones de
pesetas, y que finalmente se logró desbloquear un paquete de ayudas
que superaban los 320.000 millones. Se ha puesto en marcha el Plan
estratégico de competitividad. Se ha cumplido con el Plan de
inversiones y con el Plan de ajuste de plantillas. Se está avanzando.
Pero es cierto que hay una problemática internacional, que está
impidiendo que podamos decir en estos momentos que nuestros
astilleros son viables definitivamente. Esa problemática
internacional viene asociada a una competencia desleal que claramente
proviene de países como Corea del Sur. Ese fue un tema que tratamos
ayer en el Consejo de Ministro de Industria de la Unión Europea.
Estamos trabajando en esa dirección. Lo que sí le puedo decir es que
vamos a hacer todo lo necesario para que nuestros astilleros sigan
siendo viables en el futuro sobre bases competitivas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias señor presidente.
Señor ministro, sabe perfectamente que la Unión Europea adoptó en su
día determinadas medidas, entre ellas, ayudas para garantizar la
viabilidad del sector naval europeo en condiciones de normalidad de
los mercados. Esas medidas sabe que han sido muy eficaces. Ha tenido
usted ocasión de manifestar que durante 1997 y la primera mitad de
1998, el nivel de contratación de los astilleros españoles alcanzó el
máximo. Sin embargo, desde esa última fecha se produce una grave
anormalidad en los mercados internacionales, como consecuencia de la
crisis asiática y, por lo que hace referencia al sector de la
industria naval, por la respuesta adoptada por Corea, que usted ha
calificado de desleal. A partir de ese momento, insisto, la caída de
pedidos en los astilleros españoles es total. Ayer se reunió el
Consejo de Ministros de la Unión Europea y se anuncian medidas como
mandar una delegación a Corea o presentar denuncias ante la
Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial. Señor ministro, usted mismo tuvo ocasión de
manifestar ayer literalmente: soy muy escéptico sobre la eficacia a
corto plazo de las actuaciones ante la OMC, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial.
Señor ministro, si se acordaron medidas en condiciones de normalidad
de los mercados y esa normalidad
se ha visto alterada, lo lógico sería reconsiderar aquellas medidas,
pero, en buena lógica, para profundizarlas, reforzarlas, porque eran
eficaces, y prolongarlas. No se puede desconocer el grave daño que se
ha causado en este último año a los astilleros españoles. No se puede
partir de cero. Son necesarias ayudas, pero ésa no es su posición.
Usted ayer rechazaba esas ayudas con el argumento de que son pan para
hoy y hambre para mañana. El Gobierno de España está adoptando
medidas parciales al margen de la Unión Europea y de las medidas de
futuro del sector, como, por ejemplo, la privatización de Astander, o
no permite medidas de diversificación, como es el caso de la factoría
de Manises, en Valencia, u otras factorías.
Señor ministro, usted y el Gobierno de España están siendo una punta
de lanza importante para que no se tomen las medidas adecuadas que
hoy necesita la industria naval europea. Y recuerde, señor ministro,
que la industria naval en nuestro país tiene una importancia
estratégica como tal industria, pero, desde el punto de vista de
empleo, especialmente en determinadas comarcas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Gracias, señor presidente.
Señoría, yo comparto una de sus frases, y es que no se puede partir
de cero, y no hemos partido de cero, en absoluto. Hemos venido
trabajando a fondo y en colaboración con todos, tengo que reconocer
además el sentido de la responsabilidad de los sindicatos y de los
trabajadores, y que la situación es muy distinta de la que existía
hace unos años. Pero es cierto que hay un problema de competencia
internacional que deriva de la competencia desleal de países como
Corea, que además está asociada a programas de financiación a través
del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y que están
siendo utilizadas de manera espuria para afectar las condiciones de
viabilidad de los astilleros no sólo españoles sino europeos. Pero le
decía que no podemos partir de cero porque plantear medidas de
carácter unilateral usted sabe que no es posible. Desde el sentido de
la responsabilidad que todos debemos tener, sabemos que cualquier
planteamiento que se haga en relación con este tema tiene que pasar
por la Unión Europea, por el Consejo Europeo, por la Comisión
Europea. Y ayer hicimos un gran esfuerzo para que se sacaran unas
conclusiones comunes, y le aseguro que no fue fácil, porque había
muchos países que ya no tienen un sector de la construcción naval,
que de alguna forma no querían plantear una confrontación comercial
con Corea en un sentido global, por razones, por otra parte,
evidentes y perfectamente legítimas.
Nosotros, junto con otros países, insistimos vehementemente en este
asunto. Creo que hemos dado un
paso adelante muy serio. Creo que Corea puede recibir el mensaje en
estos momentos con gran serenidad y, por tanto, yo soy optimista
respecto al futuro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE
EXPLICAR EL GOBIERNO LA IMPORTANCIA QUE EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO PARA EL PRÓXIMO AÑO SE CONCEDE A LA INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA? (Número de expediente 180/
002025.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 19,
formula al Gobierno la diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños,
del Grupo Popular.
Señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en la sociedad del siglo XXI el motor de desarrollo
de los países pasa ineludiblemente por la investigación científica y
el desarrollo tecnológico. Por ello, desde los poderes públicos es
necesaria la adecuada estructuración, el impulso económico y la
participación de las empresas, especialmente de las pymes, para crear
el clima adecuado para la innovación tecnológica, tan necesaria cara
a la incentivación del empleo entre otros objetivos.
Por ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿Puede explicar el
Gobierno la importancia que en los Presupuestos Generales del Estado
para el próximo año se concede a la innovación científica y al
desarrollo tecnológico?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la política de investigación, desarrollo e innovación -y
está ya de alguna manera cuajando la denominación de I+D+I, que creo
que es bueno- ha sido y es una de las prioridades del Gobierno
desarrolladas en esta legislatura y, sin duda, en el proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Ahí se
inicia la aplicación de un nuevo plan nacional hasta el año 2004, y
resulta verdaderamente emblemático e ilustrativo por las razones, de
tipo cuantitativo y cualitativo, que le paso a exponer con mucha
brevedad.
Desde el punto de vista cuantitativo, en primer lugar, la política de
I+D+I está dotada en el proyecto de presupuestos con más de medio
billón de pesetas, experimentando un crecimiento del 10,5 por ciento
sobre el ejercicio precedente; es la primera vez que se supera esa
cifra. Se consolida el ritmo de crecimiento de los últimos cuatro
años, de manera que, para el año 1999, ya hemos alcanzado un
porcentaje de gasto en I+D sobre el producto bruto del 1 por ciento
-que hacía mucho tiempo que no conseguíamos- y nuestra previsión es
que en el próximo cuatrienio podremos llegar al 1,2.
Además, de los catorce programas presupuestarios que integran la
llamada función 54, destaca fundamentalmente el 542.E, de
investigación y desarrollo tecnológico, que se integra en el
Ministerio de Industria y Energía, y que absorbe recursos por casi
324.000 millones de pesetas, lo que supone el 64 por ciento del total
de los recursos destinados a dicha función, con un crecimiento de
prácticamente el 12 por ciento respecto al presupuesto del año
anterior. Eso es más de la mitad del presupuesto total del
Ministerio, lo que da idea del importante esfuerzo que está previsto
realizar en apoyo de la investigación de carácter competitivo y que
se acerque al mercado.
También quiero decirle que, a los recursos previstos en el
presupuesto de gastos, hay que sumar los nuevos incentivos fiscales
que contempla el proyecto de ley llamado de acompañamiento para el
año 2000 en materia de I+D, con los que se trata de impulsar las
inversiones en I+D+I por parte de las empresas potenciando la
deducción en la cuota del impuesto de sociedades.
Le decía también -y con esto acabo, señor presidente- que, desde el
punto de vista cualitativo, lo más importante es paliar el acusado
efecto de la paradoja europea en España, es decir, hacer que el gran
protagonismo corresponda a las empresas y que se superen los
obstáculos tradicionales, como, por ejemplo, el de la financiación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON FEDERICO JAVIER SOUVIRÓN GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LOS RESULTADOS DEL CONSEJO DE
MINISTROS DE INDUSTRIA DE LA UNIÓN EUROPEA, DEL 9 DE NOVIEMBRE, EN
RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DEL SECTOR NAVAL? (Número de expediente
180/002028.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos así a la última de las preguntas en este
turno, que es la que, con el número 22, formulará el diputado don
Federico Javier Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, bien conoce usted la gran preocupación del Grupo
Parlamentario Popular por el futuro de la construcción naval en
España. La conoce bien por numerosas razones y, entre otras, porque,
a juzgar por los hechos, se corresponde exactamente con las
preocupaciones del Gobierno.
La verdad es que nuestra inquietud nace de la comprobación de las
dificultades que los astilleros españoles están teniendo para probar
su capacidad de ser viables dentro de una economía libre, como
consecuencia de los efectos negativos que reciben de la competencia
desleal de Corea que, no contenta con ofrecer buques un 40 por ciento
por debajo de su precio de coste, para que no falte nada, llega
incluso a ofrecer mejores condiciones de financiación.
Estamos ante un problema que nos corresponde no sólo como españoles,
sino también en nuestra condición de europeos porque afecta e incide
en todos los astilleros de la Unión Europea. Por tanto, es un asunto
que sólo puede tener una solución y un tratamiento desde los órganos
de la Unión.
Ayer se celebró en Bruselas el Consejo de Ministros de Industria.
Antes de que pasen 24 horas de esa reunión y porque tenemos interés
en saber si existe en el seno de la Unión Europea la misma
sensibilidad que en el Consejo de Ministros de España, queremos
hacerle la siguiente pregunta: ¿Qué valoración hace el Gobierno de
los resultados del Consejo de Ministros de Industria de la Unión
Europea, del 9 de noviembre, en relación con la situación del sector
naval?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Souvirón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la valoración que hacemos es suficientemente positiva, y voy
a matizar el sentido de mis palabras. Es sabido que en el seno de la
Unión Europea hay 15 Estados miembros, está la Comisión, y a veces es
muy difícil conseguir posiciones unánimes. El gran objetivo que
teníamos como país era conseguir unas conclusiones que pudieran ser
asumidas por la totalidad de los Estados miembros y que significaran
un mensaje claro a Corea en el sentido de que, si no cambia sus
actitudes y comportamientos, se van a adoptar medidas concretas en
favor del sector de la construcción naval.
Haber ido más allá adoptando una posición más beligerante, que es la
que adoptamos durante el debate, tenía el riesgo de evitar unas
conclusiones comunes. Hay muchos países de la Unión Europea que no
quieren entrar en una dinámica de confrontación con Corea porque eso
significaría entrar en una batalla comercial de muchísimo alcance.
Creo, por tanto, que conseguimos
lo suficiente: que se diera un mandato a la Comisión de que
aplique el llamado artículo 12 del Reglamento, de ayudas al sector de
la construcción naval, es decir, que esté dispuesta a aplicar medidas
que impidan la competencia desleal; que viaje el comisario Liikanen
a Corea lo antes posible para expresar esa posición y que entremos en
el ámbito de las actuaciones concretas más allá de las meras
palabras.
Es cierto que se adoptaron también decisiones en cuanto a plantear
esta cuestión en el seno de la Organización Mundial de Comercio, del
Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de organismos
multilaterales, pero yo mismo expresé mi escepticismo no respecto a
la eficacia de este tipo de actuaciones, sino respecto a su eficacia
a corto plazo. Por definición, éstas son cosas que tardan y que hay
que ser conscientes de que estamos ante un problema que requiere de
reacciones a mucho más corto plazo. De ahí la relevancia de que la
Comisión Europea esté dispuesta a adoptar medidas de todo tipo, su
responsabilidad ahora es aplicarlas; eso es lo que se consiguió ayer
y a partir de ahí vamos a seguir trabajando para asegurar la
viabilidad de nuestros astilleros para hoy y para el futuro.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Industria y
Energía, con cuya respuesta concluye el punto primero del orden del
día, preguntas orales al Gobierno.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE EL CONTENIDO DEL PDR (PLAN DE
DESARROLLO REGIONAL 2000-2006), OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS AL MISMO Y PREVISIONES DEL GOBIERNO SOBRE SU
VERSIÓN DEFINITIVA. (Número de expediente 172/000188.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos así al punto segundo constituido por
cuatro interpelaciones urgentes, al acumularse una de las atrasadas
desde el Pleno anterior.
Comienzan tales interpelaciones por la que formula el Grupo Mixto
sobre el contenido del Plan de Desarrollo Regional entre los años
2000 a 2006, observaciones y propuestas de las comunidades autónomas
al mismo, así como previsiones del Gobierno sobre su versión
definitiva.
Para la presentación de la interpelación y defensa ante el Pleno,
tiene la palabra, en nombre del Grupo Mixto, su portavoz el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Economía y Hacienda, según sus propias palabras el
PDR estatal tiene como objetivoexplícito aminorar las desigualdades
territoriales existentes
porque, según usted mismo -y son datos ciertos-, crecieron estas
desigualdades entre 1994 y 1999, de tal manera que las llamadas
regiones de Objetivo 1 pasaron en la renta por habitante del 86,2 por
ciento de la media española al 84,7 por ciento en 1996.
Hacemos, por tanto, esta intervención desde el punto de vista de la
paradoja que podemos constatar por el hecho de que creemos imposibles
de resolver las desigualdades económicas y sociales apelando
únicamente a los fondos estructurales, y también es curioso que estos
fondos estructurales se apliquen en algunas partes del territorio
español que han sufrido consecuencias terribles por medidas
destructivas en su economía real por el proceso de integración en la
Unión Europea.
Pero lo primero que le quiero plantear es la forma de proceder.
Ustedes acaban de presentar ante la Unión Europea el Plan de
desenvolvimiento regional a nivel estatal y lo hacen sin debate
parlamentario previo de ningún tipo; lo único que ha habido son
consultas a las comunidades autónomas afectadas que, por supuesto, en
muchas de ellas tampoco pudo haber un debate a su debido tiempo. Nos
gustaría saber, por tanto, quién estableció y bajo qué criterios las
líneas maestras del PDR estatal y de sus resultantes en menor escala,
los PDR regionales, y, en todo caso, si la aprobación por la Unión
Europea no ha condicionado ya realmente un diseño conforme a
criterios comunitarios preestablecidos.
Pero, en definitiva, lo más grave es que todas estas elaboraciones y
los resultados nada menos que de aplicar una política de desarrollo
regional para los siete próximos años fue rodeada de oscurantismo,
desde luego de muy poca participación democrática y, sin duda, con
las limitaciones de diseños internos del Estado y externos de la
Unión Europea. No deja de ser curioso que un debate tan importante,
que habla de la problemática real de gran parte del Estado español
verdaderamente pase desapercibido para la opinión pública.
En segundo lugar, entraremos ahora en los pilares fundamentales del
plan, y me tendrá que perdonar que debido a la extensión de todo él
me tenga que referir específicamente a Galicia, pero poniéndola como
ejemplo de las posibles preguntas que cabe hacerle al Gobierno de qué
criterios empleó en su elaboración.
Ustedes dicen que la inversión total en las regiones Objetivo 1 uno
son precisamente casi 27 billones de pesetas, conforme a las últimas
cifras, y reparten la cuantificación de lo que le toca al Estado
frente a lo que les toca a las comunidades autónomas en una media de
54,3 por ciento el Estado y 45,7 por ciento las comunidades
autónomas; ahí va todo, los fondos propios y los procedentes de la
Unión Europea. Solamente pertenecen a fondos estructurales el 24,4
por ciento, es decir, 6,3 billones de pesetas, y el 75,6 por ciento
corresponde a lo que tendrán que aportar el Estado y las comunidades
autónomas.
Pues bien, señor Rato, la primera pregunta que se nos plantea es la
referente a la especificidad que se da con un caso muy singular, el
de Galicia. Ella es la única
comunidad que pertenece a las regiones de Objetivo 1 donde el Estado
va a hacer un menor esfuerzo inversor en relación con la comunidad
autónoma. Es curioso que ustedes vayan a invertir 1 billón 685.000
millones de pesetas y que la Comunidad Autónoma de Galicia tenga que
invertir 1 billón 761.000 millones de pesetas; es decir, que ustedes
solamente invierten el 48,62 por ciento del total -les recuerdo que
la media es del 54,3 por ciento-, casi seis puntos por debajo de la
media. En Andalucía van a invertir ustedes el 51,68 por ciento; en
Asturias, el 59,33 por ciento; en Canarias, el 62,81 por ciento; en
Castilla y León, el 56,64 por ciento; en Castilla-La Mancha, el 64,58
por ciento; en el País Valenciano, el 52,06 por ciento; en
Extremadura, el 53,65 por ciento y en Murcia el 61,29 por ciento.
¿Cómo explica usted tal originalidad? Por lo demás, ¿las regiones
Objetivo 1 quedan excluidas de participar en fondos comunitarios del
resto de los objetivos, de los Objetivos 2 y 3, de cohesión e
iniciativas comunitarias?
Hay un segundo dato que no nos acaba de convencer en cuanto a la
elaboración del plan y es que ustedes efectivamente dan en el PDR
español de 1994-1999 frente al del 2000-2006 una variación por parte
de la Administración central que pasaría de invertir 1 billón 246.000
millones de pesetas anuales a 2 billones de pesetas en estos años del
2000 al 2006 por anualidades, una variación del 68,5 por ciento. En
el caso de las comunidades autónomas, ustedes también dan el dato de
que se pasa de 1 billón de pesetas a 1 billón 76.000 millones, una
variación del 61,5 por ciento. Pues bien, el único caso donde esta
variación de la Administración central con la comunidad autónoma en
su conjunto baja alarmantemente es el gallego, un total del 34,8 por
ciento.
Este tipo de singularidad necesitaría, por tanto, una respuesta de
cuáles fueron los criterios de elaboración del plan en su conjunto.
Pero además es un documento que no se acaba de clarificar en cuanto a
considerar que aunque todas las regiones Objetivo 1 están en un plano
de desarrollo no se tienen en cuenta sus diferencias de carácter
específico para avanzar en la convergencia. Así, es curioso que
ustedes reinciden en no tener en cuenta suficientemente la tasa media
anual de crecimiento del valor añadido bruto; en concreto, las
regiones Objetivo 1 crecieron el 2,2 por ciento en términos
generales, el Estado el 2,4 por ciento entre 1981 y 1996, Galicia
sólo el 1,5 por ciento. El valor añadido bruto por habitante de las
del Objetivo 1 fue el 1,8 por ciento, el Estado el 2,1 por ciento y
Galicia el 1,7 por ciento.
Tampoco tienen ustedes en cuenta para hacer el plan los retrocesos
demográficos respectivos de cada comunidad autónoma ni siquiera el
índice del producto interior bruto por habitante. Por tanto, ¿por qué
no tuvieron en cuenta todos estos parámetros? Por cierto, ¿qué
repercusión tendrá en los fondos estructurales la ampliación al Este
sin convergencia, porque por este camino no se producirá por lo menos
en algunas de estas regiones y en concreto en Galicia en el año 2006?
¿Por qué razón tampoco utilizaron los criterios de participación en
el Fondo de Compensación Interterritorial? No hay más que ver los
datos de los años 1999 y 2000: Galicia tendría una participación del
17,5 por ciento y, sin embargo, la participación de Galicia en las
inversiones del Estado en todo este periodo será solamente del 12 por
ciento del total del PDR.
Acabo con el siguiente criterio, que es el problema de clarificar los
objetivos concretos. Cuando uno mira los objetivos en los diez ejes
básicos que conforman el plan, llama la atención que son
excesivamente vagos porque están encubiertos en un tipo de objetivos
de carácter final, muy rimbombantes pero que si uno lee la letra más
pequeña acaba descubriendo que no hay cambios cualitativos. Le pondré
ejemplos de Galicia porque son los que me preocupan. ¿Cómo con la
perspectiva del año 2006 se puede dejar sin aclarar cuál va a ser la
estructura ferroviaria de Galicia o, por lo menos, aclarando que no
va a tener ningún corredor que pueda ser comparable ni siquiera al de
Valladolid-León, ni siquiera al eje Atlántico? ¿Cómo es posible que
ustedes no aclaren, o sí aclaran que no va a haber ni siquiera una
planta regasificadora, que no va a haber centrales de ciclo combinado
para sustituir a las actuales de Endesa en As Pontes o de Fenosa en
Meirama? ¿Cómo es posible que no se adecuen los puertos dentro de una
estrategia general de la Unión Europea y capacitarlos para una
relación intermodal seria y a la altura del año 2006? ¿Cómo es
posible que tampoco figuren planes de reindustrialización por
desaparición o reducción de grandes empresas públicas o que fueron
públicas en otro momento? Todo esto realmente llama la atención,
igual que la escasa importancia que se le da, por ejemplo, al aspecto
del patrimonio cultural en el caso de Galicia que es, hoy por hoy,
comparativamente, desde el punto de vista cualitativo, donde está
peor de todo el Estado y donde tiene una importancia incluso
cuantitativa mayor.
Por lo demás, su PDR aclara algo que a nosotros nos parece muy grave,
cuando ustedes publican en el tomo I, en la página 205, el mapa de lo
que llaman ejes potenciales del desarrollo, porque siguen incidiendo
en una idea de España tradicional. Para ustedes, los grandes ejes
potenciales del desarrollo están en el Mediterráneo, en el Valle del
Ebro, algo en la cornisa cantábrica en lo que afecta a Euskadi y a
Cantabria...
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, debe concluir.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Voy acabando, señor presidente.
Aparte de los citados, están el centro de Madrid, las preocupaciones
larvadas, pero existentes ya en ustedes, por integrar una parte de
Andalucía, Sevilla y todo el hinterland que tiene alrededor, incluso
Asturias, León. Pero en el caso concreto de Galicia, que además es
periférica, que no está en las relaciones de estos grandes ejes,
resulta que no hay ni ejes potenciales ni
ejes de máxima potencialidad ni áreas de carácter metropolitano.
Por tanto, ustedes inciden en esta periferización, y yo le tengo que
decir que en el documento, en términos generales, lo público
exclusivamente está para ponerse al servicio de lo privado o como un
paliativo de lo que va a ser el gran retroceso demográfico en algunas
partes del territorio, concretamente en Galicia, o bien la asignación
de funciones con las que desde luego nosotros no estamos de acuerdo.
Se dejan llevar por un optimismo económico lineal, no tienen en
cuenta los ciclos y además no se hacen diferencias cualitativas y no
se actúa en consecuencia en relación con el conjunto de las regiones
Objetivo 1.
Acabo ya, señor presidente. Por ejemplo, aunque Andalucía y
Extremadura están atrasadas y tienen su desarrollo sin duda alguna,
las causas no son las mismas que las de Galicia ni el modelo de
enfrentamiento puede ser similar. Por supuesto, no es similar tampoco
el de Galicia en relación con Castilla y León, y ustedes sin embargo
tienen un trato en el PDR donde hay ya una preocupación por sacar una
parte de Castilla y León, en un eje asturiano de cara a Madrid, a
otro tipo de perspectivas. Por tanto, pensamos que este PDR está
hecho conforme a un preconcepto, a una idea de España, a un modelo, y
ustedes con él lo van a perpetuar o reproducir y, en todo caso, nos
gustaría escuchar su respuesta a alguna de las preguntas concretas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Gobierno, para contestar a la interpelación, tiene la
palabra su vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, don
Rodrigo de Rato Figaredo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, Señorías, señor
Rodríguez, agradezco la interpelación que S.S. me plantea.
Antes de entrar en las cuestiones concretas que ha mencionado,
quisiera subrayar que me parece sorprendente la afirmación de que S.
S. considere que la forma de proceder es poco democrática. Este Plan
de desarrollo regional (que es un primer paso en un proyecto que
todavía no ha hecho más que comenzar; estaríamos en el segundo
estadio hasta que se realicen los programas operativos de cada región
y los programas plurirregionales, y antes tendremos que hablar con la
Comisión Europea, a partir de ahora, durante aproximadamente cinco
meses del marco de apoyo comunitario en el que se van a recoger ya
las grandes cifras de los fondos estructurales que se van a recibir y
cómo se van a distribuir entre las grandes líneas de actuación
planteadas) ha sido negociado con todos los gobiernos autonómicos. Su
señoría puede decir lo que quiera de un Gobierno autonómico, pero
mencionar que no es representante democrático me parece un poco
fuerte, señoría. Los gobiernos autónómicos son los máximos
representantes democráticos de los gallegos, de los andaluces y de
los castellano-manchegos, por mucho que S.S. no tenga la mayoría en
Galicia, lo que no le parecerá bien. Además, perdone que le diga, es
con quien lo teníamos que negociar; teníamos que hablar con las
comunidades autónomas, puesto que son las administraciones españolas
las que van a tener que explicar, las que van a tener que responder y
las que tienen que adecuarse a los criterios de la Comisión para la
recepción de los fondos estructurales, en función de los criterios
que la Comisión ha establecido y, sobre todo, los que vamos a
negociar a partir de ahora.
En cuanto a los pilares que plantea S.S., quisiera aclararle que la
financiación de las infraestructuras y de otras obras y de otros ejes
que se plantean en el PDR 2000-2006 para el Reino de España
provendrán de todos los fondos europeos -no exclusivamente de los
fondos estructurales, pero ahora estamos hablando de las regiones
Objetivo 1-, provendrán por lo tanto de los Objetivos 2, de los
fondos que se refieren al Fondo de Cohesión, de fondos
específicamente relacionados con objetivos científicos o con
objetivos locales y de los presupuestos del Estado, de las
comunidades autónomas y de los entes locales. Además, puede existir
financiación directa a empresas públicas o privadas para cuestiones
como las desarrolladas con las nuevas tecnologías. Por lo tanto, el
conjunto de financiación pública que va a recibir este PDR a lo largo
de este tiempo dependerá después de la jerarquización o de los
objetivos inmediatos que en cada año marquen los presupuestos del
Gobierno, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y
también, como es natural, de los objetivos que se negocien con
Bruselas -vuelvo a repetir- en la fase más importante, que es la que
comienza ahora, que es la de un marco de apoyo.
Lo que ha hecho el Reino de España, como el conjunto de los países
que tienen regiones Objetivo 1, desde la aprobación de las
perspectivas financieras en Berlín hasta el principio del verano, es
plantear un primer borrador, que yo hice público a finales de julio,
negociar con las comunidades autónomas durante el mes de agosto,
algunas de las cuales habían cambiado de Gobierno y por lo tanto
había nuevas administraciones que querían -y a mí me parecía
razonable- introducir algunos criterios nuevos, enviar al Consejo
Económico y Social esta información para que en un tiempo
probablemente corto, pero inevitable, ligeramente más de un mes, nos
diera su opinión sobre el PDR y remitirlo a Bruselas antes de finales
de octubre o principios de noviembre. Por lo tanto, éste ha sido el
criterio. ¿Cuáles son los objetivos del PDR? Los objetivos son la
convergencia real. Ahí tenemos que partir de la experiencia del PDR
anterior, que, pese a sus esfuerzos, no fue capaz de producir una
clara convergencia real entre las regiones Objetivo 1, dentro de
España y dentro de las regiones Objetivo 1 en relación con la media
europea. Así, podemos comprobar cómo las
regiones Objetivo 1, en su conjunto, aumentaron su distancia con la
media española, lo cual quiere decir que las regiones ricas crecieron
más deprisa que las regiones menos ricas en España y también lo
hicieron en relación con la media europea. Por lo tanto, tenemos que
sacar algunas conclusiones. La primera que me aventuraría a decir a
S.S. y a la Cámara es que para garantizar el desarrollo regional no
basta con inversiones públicas, sino que es necesario adecuar las
políticas económicas de las comunidades autónomas y de los entes
locales a una política de crecimiento y de creación de empleo.
En cualquier caso, este PDR, para conseguir el objetivo de la
convergencia real, marca indudablemente otros dos objetivos, que me
parece que han tenido el consenso de todas las comunidades autónomas,
independientemente de los partidos que mantienen mayorías en esas
comunidades autónomas, que son la creación de empleo y el desarrollo
sostenible. A partir de ahí, se marcan 10 ejes de actuación, que S.S.
ha dicho que le parecen genéricos. Son ejes que en el caso de
Galicia, como espero tener la oportunidad de comentar, están
cuantificados y además se plantean -y eso ha sido muy valorado por el
Consejo Económico y Social- cuáles serán los efectos sobre el
crecimiento y sobre el empleo del actual PDR. Así, podrá comprobar S.
S. cómo el impacto del PDR sobre el conjunto de España será un
crecimiento de la economía española en media anual de casi un 0,5,
mientras que las regiones Objetivo 1 crecerán bastante por encima de
ese 0,5 y, en muchos casos también, con mayor intensidad en las
regiones más pobres, entendiendo así a aquellas que están por debajo
del 60 por ciento de la media europea; una franja intermedia, que es
en la que se situaría Galicia, que está entre el 60 y el 70 por
ciento de la media europea y una franja más alta, que estaría entre
el 75 y el 70 por ciento de la media europea. En cualquier caso, en
todas esas regiones la repercusión del PDR supondrá un crecimiento
superior al 0,5, siendo más intenso en las regiones más pobres. En
ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo considerable de
convergencia real y también en los efectos que tendrá la creación de
empleo, que será para el conjunto de España de aproximadamente un
0,28 en media anual, que será más intenso en las regiones Objetivo 1
y aún más en las regiones Objetivo 1 con rentas inferiores al 70 por
ciento, como es el caso de Galicia.
Señoría, paso a comentar las especificaciones que me plantea sobre
Galicia. El debate sobre las diferencias entre unas regiones y otras
puede que a S.S. le parezca útil, pero siempre existen argumentos
para tratar de aparecer como víctimas. Yo quiero decirle a S.S. que
Galicia en el PDR 2000-2006 tendrá un gasto por habitante
notablemente superior a la media nacional. Es decir, tendrá un gasto
por habitante de 180.517 pesetas, mientras que la media nacional va a
ser de 162.362 pesetas. A partir de ahí tratar de construir un
discurso por el cual en este PDR a Galicia se la ha maltratado en
función de que hemos tratado de acelerar la convergencia
de otras regiones, me parece un discurso, en el mejor de los casos,
extraordinariamente limitado. Es verdad que S.S. ha dicho
textualmente que lo único que le interesa es Galicia. Pero al resto
de los que estamos aquí nos interesa Galicia y España, porque
entendemos que además el planteamiento de pretender que los efectos
van a ser exclusivamente medibles por la inversión directa en una
comunidad autónoma es un elemento completamente falso. Para Galicia
tan importante es su desarrollo como el del conjunto de la cornisa
cantábrica o del conjunto de España o, si me apura S.S., del conjunto
de la Unión Europea.
En primer lugar, Galicia tiene un crecimiento muy importante y, en
segundo lugar, Galicia mantiene todavía una distancia considerable en
gasto/habitante y año con el resto de las regiones Objetivo 1, lo
cual en ningún caso se puede interpretar como que Galicia esté siendo
perjudicada por esta política, sino más bien podríamos decir todo lo
contrario en términos de gasto por habitante.
Plantea S.S. que no nos hemos acordado de ninguna de las necesidades
de Galicia. Yo tengo que decirle que el Gobierno gallego nos ha
planteado una revisión del PDR precisamente a partir de las primeras
cifras del mes de julio, lo que ha producido un aumento de las
previsiones de inversión por parte del Estado central en el PDR de
aproximadamente 150.000 millones de pesetas, que incluyen
ferrocarriles, carreteras, conexiones urbanas a puertos y
aeropuertos, puertos, red gasística. Por tanto, creo que están
incorporadas las previsiones, incluso algunas que textualmente S.S.
ha mencionado como son los puertos y el gas. También quiero subrayar,
al hilo del esfuerzo inversor que se realiza en Galicia, que S.S.
habrá podido comprobar cómo algunas de las quejas que me manifestó en
el debate de presupuestos sobre la mejora de los ferrocarriles
gallegos o la autovía del Cantábrico también han sido objeto de
preocupación por parte de otros grupos parlamentarios, en concreto
por el Grupo Popular, y han logrado mejoras importantes en el gasto
previsto a lo largo de varios ejercicios y en el gasto concreto en el
presupuesto del 2000; hablo tanto de la autovía del Cantábrico como
de las actuaciones ferroviarias.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Sí, señor presidente.
Por tanto, señoría, sinceramente creo que al PDR, que es un proyecto
muy ambicioso, no se le puede tildar de inconcreto; al contrario,
fija la convergencia real como su primordial objetivo junto con la
creación de empleo y el desarrollo sostenible en términos
medioambientales y fija exactamente 10 instrumentos o ejes de
actuación que nos permitan conseguir esos objetivos. En el caso de
Galicia se abordan y se han modificado al alza partidas muy
importantes en casi todas las
cuestiones que preocupan a la población gallega y que S.S. y otros
grupos parlamentarios han planteado.
Por terminar, en los ejes de desarrollo en el caso concreto de
Galicia, se establece para redes de transporte y energía una
inversión en el periodo 2000/2006 de 934.000 millones de pesetas;
600.000 millones de pesetas para el desarrollo de recursos humanos y
empleo; para la sociedad del conocimiento y telecomunicaciones
400.000 millones de pesetas; para la mejora de la competitividad del
tejido productivo 400.000 millones de pesetas, 396.000 para ser
exactos; y para la agricultura y el desarrollo rural 280.000 millones
de pesetas.
En ese sentido, creo que no se puede afirmar, para nada, como pone de
manifiesto el gasto por habitante, que Galicia se puede considerar en
una situación de inferioridad en relación con otras regiones. En
segundo lugar, creo que éste es un PDR ambicioso en el que la
comunidad autónoma y la Administración general del Estado hacen un
esfuerzo considerable en Galicia y en el conjunto de las regiones
Objetivo 1, y ahora será el momento de que negociemos con la Comisión
Europea la aplicación de los fondos estructurales para España, que
suponen un porcentaje muy importante de los mismos a nivel del
conjunto de Europa, casi del 30 por ciento, para sacar el mejor
desarrollo posible y poder discutir, presupuesto anual tras
presupuesto, en los parlamentos nacionales y autonómicos los marcos
de actuación y, sobre todo, los planes regionales que se van a
derivar de este Plan de desarrollo regional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Rodríguez, para réplica.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Convendrá conmigo el señor Rato en que cuando hago una acusación de
oscurantismo me refiero a que las instituciones de rango
parlamentario deben de contar algo, aunque solamente sea en cuanto a
la participación en el debate político. Por supuesto, la
responsabilidad última es del Ejecutivo y eso nunca lo negamos. En
ese sentido el Ejecutivo es representativo y tiene el derecho a
definir las cosas como él considere, conforme a su política. Pero eso
no puede obviar ni anular los procesos previos de debate del conjunto
con representantes de la ciudadanía y de los distintos territorios
del Estado español, que en este caso le puedo asegurar que no se ha
dado. La prueba está en que éste es el primer debate que tenemos,
nada menos que en el Congreso de los Diputados. Si vamos a los
parlamentos autonómicos, comprobaremos que la tendencia de muchos
gobiernos autonómicos, en particular el de Galicia, fue la de no
aceptar el debate más que tarde, mal y a rastras. Por tanto, mantengo
que éste no es un proceso clarificado, lo cual -vuelvo a repetir- a
nosotros
no nos lleva a negar la legitimidad que tienen ustedes en aplicar su
política, primera cuestión.
Segunda cuestión. Usted no contesta a un dato crucial, el de por qué
razón el único sitio donde el Estado invierte menos en el conjunto de
las comunidades autónomas afectadas, en la correlación con la
comunidad autónoma, es en Galicia. Sería interesante saberlo. Pero no
se lo pregunto por una especie de prurito, prejuicio u obsesión
gallega debido a la representación territorial que tengo, sino porque
me gustaría saber cuáles son los mecanismos de la estructuración de
un Estado español que se considera solidario y unitario y que dice
que ése es el mejor modelo posible.
En ese sentido, le quiero aclarar que cuando hago una intervención
referida a Galicia es precisamente para intentar demostrarle no la
legitimidad de las aspiraciones del resto de los territorios que son
regiones Objetivo 1, sino para ver si ustedes pueden empezar a
entender las diferencias de carácter cualitativo de algún territorio
del Estado español. Y yo le digo que hay un caso singular, demasiado
singular y que además después ustedes lo tratan singularmente y no
siempre para bien, que es el caso concreto del país al cual
pertenezco y del cual tengo una cierta representación, aunque por
ahora sea limitada, y esperemos tener mucha más, porque está claro
que si uno no se preocupa por lo propio los demás no lo van a hacer,
y después haré un comentario sobre esto.
Usted sabe que en Galicia se está dando un conjunto de fenómenos
económicos que es muy difícil de ver en el resto de las regiones
Objetivo 1: declive demográfico alarmante, en concreto con una
regresión de tipo vegetativo en cuanto a la relación de nacimientos y
mortalidad alarmante también, sólo equivalente al caso asturiano y en
términos relativos, no en términos absolutos. La tasa de paro usted
sabe que es mucho mayor que en el año 1986, y eso que tenemos menos
población activa,menos población ocupada. Es decir, es un auténtico
disparate lo que se está dando.
Al mismo tiempo y como usted sabe, coinciden crisis en sectores
productivos básicos, precisamente por diseños de carácter externo. En
nombre de eso es por lo que le incito a pensar un poco en las
diferencias de carácter cualitativo. No es igual una comunidad rural
con trabajadores autónomos, capacidad competitiva y de desarrollo que
una región subdesarrollada de carácter agrario, pero donde están
introducidos mecanismos de carácter capitalista, y con una población
agraria muchísimo menor en el conjunto de sus habitantes, caso
andaluz o extremeño. No es igual en importancia la crisis de la
pesca, por ejemplo para Galicia, que la que pueda tener para
Cantabria, que por cierto está saliendo de regiones Objetivo 1.
Todo esto lleva a considerar una cuestión. Usted dijo que tuvieron
que rectificar, precisamente por los debates políticos, la cantidad
asignada a Galicia. Pero aun así, señor Rato, la inversión por
habitante está justo en el medio, es decir que no es de las más altas
ni de las más bajas. Después de haber inyectado los 150.000
millones de pesetas los datos son en ese aspecto contundentes, no hay
ningún tipo de privilegio, y se los voy a leer: en Andalucía 559.307
pesetas por habitante; en Asturias, 888.597; en Canarias, 526.149;
Castilla y León, 768.864; Castilla-La Mancha, 767.668; en el País
Valenciano, 461.054; Extremadura, 797.047; Murcia, 652.564; Ceuta y
Melilla 638.438 y en Galicia 618.963. Por tanto, es después de la
inyección, del debate político que afortunadamente se dio, cuando
ustedes en alguna cuestión tuvieron que rectificar.
Y acabo con la cuestión del Estado español. No tome el número
cambiado, no crea que yo le estoy planteando todas estas cuestiones
porque tengo un prurito de exclusividad de Galicia, sino que tengo un
prurito de exclusividad de Galicia en la medida que Galicia está
integrada en el Estado español. Por cierto y para su tranquilidad, no
aspiramos a separarnos. Aquí está el mapa. Le incito a que analice el
mapa con detenimiento. Usted fíjese, las líneas son ilustrativas y se
pueden ver a distancia. Está claro el modelo de desarrollo del Estado
español. Pero las preocupaciones que hay por otros territorios
subdesarrollados, aunque sea incipiente y de difícil cumplimiento,
ustedes la tienen. En el eje atlántico, incluso en la Galicia más
desarrolla -es decir, con muchos problemas pero con menos problemas
de tipo demográfico o por lo menos con otra dinámica-, ustedes no
planifican para nada ejes potenciales ni ámbitos potenciales de
máxima importancia. Queda muy descolgado, y es curioso que este
fenómeno se dé en un proceso de integración en la Unión Europea.
Ustedes podían considerar el norte de Portugal y hacer los números en
función de toda esa región. Aquí no hay ese criterio. Es curioso que
en Salamanca y en la frontera portuguesa ustedes tienen alguna
preocupación o tienen una preocupación por Sevilla, su hinterland, su
relación con Huelva y su relación con Madrid, como la tiene la
relación del eje de AsturiasLeón- Madrid. Esto es evidente. A mí me
preocupa, porque políticamente es una constante en los debates que
tenemos. Le vuelvo a repetir que le estoy diciendo esto como
ciudadano de nacionalidad gallega pero del Estado español.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez, el debate me parece muy legítimo. Su señoría dice
que es la primera vez que se debate en el Parlamento. El Gobierno
debate cuando los grupos parlamentarios le citan, y esta es una buena
muestra de ello. Para empezar, señor Rodríguez, si la media de gasto
por habitante en España son ciento sesenta y tantas mil pesetas y en
Galicia son 180.000, señor Rodríguez, la media es la media, lo que
quiere decir que estamos por encima de la media. Su señoría me dirá
que alguna región está más por encima de la media que Galicia.
Entonces lo único que S.S. está haciendo es un debate para que en
todas y en cada una de las circunstancia Galicia siempre esté por
encima de todas. Señor Rodríguez eso, perdone que le diga, es
irracional; aparte de que políticamente sea difícil de entender es
irracional. Si Galicia está por encima de la media, y sustancialmente
(la media son 162.000 pesetas por habitante-año y aquí estamos
hablando de 180.000 pesetas), me parece a mí que desde el punto de
vista del número de personas que viven en Galicia y por tanto de los
ciudadanos españoles que viven en Galicia, es un dato indudable.
A partir de ahí, S.S. trata de crear la impresión de que el Gobierno
del Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular en Galicia
desconocen la realidad gallega. Me sería muy fácil decirle a S.S. que
eso no parece que lo comparta la sociedad gallega, que cree somos sus
representantes más importantes. Claro, a S.S. el tema de la
representación democrática sólo le sirve para sus argumentos, pero me
parece que pretender que sólo S.S. conoce la realidad gallega es una
afirmación un poco rotunda teniendo en cuenta la cantidad de
diputados gallegos que hay aquí de su grupo y de otros; pero ni
siquiera en ese sentido.
Me plantea S.S. la evolución del empleo en Galicia. Es verdad que
Galicia tiene un problema de empleo agrario -sin duda-, que está
cayendo a una gran velocidad, igual que en el resto de España y como
en el resto de la Unión Europea, y es cierto que como todavía hay un
porcentaje de empleo agrario superior al de la media española, el
efecto sobre las cifras estadísticas es mayor en Galicia que en el
resto de España; pero también S.S. podría decir (y ya que no lo dice
S.S., lo voy a decir yo) que en el resto de los sectores está
creciendo al mismo ritmo que en el resto de España. Luego no estamos
en Galicia ante una situación en la que, desde el punto de vista de
los servicios o de la industria, se esté produciendo un descuelgue de
la realidad nacional, sino que en Galicia se está produciendo un
efecto muy concreto, que es la reducción del empleo agrario que se
está produciendo en el resto de España pero que en Galicia se está
produciendo con cierto retraso.
A partir de ahí, voy a poner algunos ejemplos para que la Cámara -que
probablemente no toda esté tan enterada de lo que pasa en Galicia- se
dé cuenta de que esta descripción de aislamiento en la que ni
ferrocarriles ni carreteras ni aeropuertos ni gas ni nada está
pensado para Galicia, no es exacta. Mire usted. Inclusión dentro del
PDR de la conexión Galicia con la meseta con alta velocidad, aceptada
por el Gobierno central; inclusión del PDR de la modernización y
adecuación de la línea Ferrol-Tuy, aceptada; inclusión de los tramos
en los que se van a realizar mejoras para la articulación de la red
ferroviaria dentro de Galicia: Orense-Santiago, Lugo-Ferrol-La
Coruña, Santiago-La Coruña; construcción de doble vía Ferrol-Xubia,
aceptada; inclusión de la mejora de línea Orense-Vigo, para
alcanzar velocidades de 180 kilómetros/hora, y de las líneas Orense-
Monforte-Lugo-La Coruña, para velocidad de 160 kilómetros/hora,
aceptada. Su señoría podrá decirme que le gustaría que hubiera más (y
yo, siempre que S.S. me dice que querría más cosas para Galicia, le
digo que entiendo esa afirmación), pero lo que no puede S.S. es venir
aquí a describir que no se ha tomado ninguna decisión desde el punto
de vista de los ferrocarriles en Galicia.
Continúo con las carreteras. Aparte del esfuerzo en autovías que se
ha hecho en esta legislatura en Galicia -que me parece considerable
para cualquiera de los que vamos a Galicia y lo vemos-, se ha
planteado la inclusión del cierre entre Santo Domingo y Barbantes en
la autopista de Santiago-Orense, aceptada; la inclusión del acceso
Norte Ferrol, aceptada; la inclusión de la autovía Vigo-Porriño y
prolongación de la autopista del Atlántico a la frontera portuguesa.
Con todas esas cosas, no me parece que S.S. pueda afirmar que nos
hemos olvidado de cuestiones como conexiones urbanas a puertos y
aeropuertos, tanto en la A-9 como en el segundo cinturón de Vigo, en
la inclusión de la variante Caldas de Reis y en la ronda sur de Lugo.
En lo que se refiere a los puertos, la ampliación del puerto
comercial y terminal de Bouzas, y en cuanto a la red gasística,
vuelvo a repetirle que se ha planteado claramente el apoyo de las
inversiones necesarias para la construcción de una fuente de
suministro que garantice la accesibilidad energética en condiciones
competitivas.
Creo sinceramente, señoría, que el debate, en estos términos no es
fácil que nos lleve a ningún sitio. En primer lugar, la pretensión de
que Galicia ha salido peor parada que otras regiones no es justa
porque está por encima de la media. ¿Que se podrían hacer otras
cosas? Seguro. Si me permite S.S., el debate empieza ahora que es
cuando vamos a ver los marcos de apoyo de la Unión Europea (que tiene
que dar su opinión sobre lo que nosotros le hemos remitido), vamos a
ver los planes regionalizados y la aplicación de los distintos fondos
a cada una de las comunidades españolas. Su señoría tendrá ocasión,
tanto aquí como en el Parlamento gallego, de poder expresar y
plantear cómo podemos utilizar los fondos de forma más eficaz para lo
que me parece es un objetivo compartido, aunque S.S. tampoco lo han
dicho, porque tampoco ha dicho que comparta el objetivo de la
convergencia real. Su señoría sólo ha hecho un discurso basado en que
poco menos que nos hemos olvidado de la existencia de Galicia, lo
cual no es exacto; que no sabemos que necesita ferrocarriles ni
puertos ni aeropuertos ni carreteras, lo cual no exacto; y que,
además, no tenemos una visión de cómo integrar a Galicia en el
conjunto de la economía, lo cual tengo que decirle que no es exacto.
A partir de ahí, espero que podamos avanzar en cosas concretas, y que
aunque S.S. políticamente no nos vaya a dar nunca la razón, que no se
la pido, por lo menos podamos colaborar cuando S.S. plantee
cuestiones en las que podamos entendernos y que sean proyectos
concretos que desde aquí al año 2006 vamos
a poder hacer. Y en parte lo vamos a poder hacer debido a algo que S.
S. tampoco ha mencionado; los vamos a poder hacer porque las
perspectivas financieras para España van a ser notablemente mejores
en estos seis años de lo que fueron en los seis años anteriores, y
eso nos va a permitir contar con más fondos.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor vicepresidente, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Sí, señor presidente, concluyo.
Es verdad que en el año 2007 se van a abrir nuevos debates en Europa,
y es verdad que algunas de las comunidades autónomas que ahora son
Objetivo 1, no lo serán en ese año. Para terminar le quiero decir una
cosa: es mucho mejor no ser Objetivo 1 que ser Objetivo 1. Ya
quisiera yo no tener ninguna región española Objetivo 1 en el año
2007, y estoy seguro de que S.S. comparte eso. Creo que vamos a tener
los instrumentos, creo que vamos a tener los medios financieros y
tenemos un marco de actuación conjunta en el que se recoge
prácticamente la totalidad de las obras posibles en Galicia. Seamos
capaces de cooperar con los gobiernos autonómicos como lo hemos sido
hasta ahora. A mí me parece, me gustaría subrayarlo y con esto
termino señor presidente, que esto ha sido una gran colaboración
institucional entre gobiernos autonómicos y Gobierno central. Es
bueno que hayamos sido capaces de colaborar con gobiernos autonómicos
de todos los colores políticos, algunos incluso recién elegidos en
las elecciones de junio y que han sustituido a gobiernos del Partido
Popular, que hayamos podido cerrar acuerdos con ellos y establecer un
marco de actuación conjunta para el beneficio de los españoles frente
a la Unión Europea.
Muchas gracias. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Muy bien!
Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del
Gobierno. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que siempre que asistimos a una interpelación, el
posicionamiento del grupo parlamentario se cifra sobre lo que ha sido
el debate, y esperamos a la proposición que nos va a traer a la
Cámara el grupo proponente.
Vemos con simpatía la propuesta de debate que ha traído el Grupo
Mixto a través del Bloque Nacionalista Galego y consideramos que su
discusión es oportuna. ¿Por qué es oportuna? Porque ahora mismo está
en trámite a nivel europeo este Plan de desarrollo regional
como propuesta del Gobierno de la nación, recogiendo las peticiones
de las comunidades; está pasando, señor presidente, que hay una
lluvia de millones en cada sitio. Dicen: el plan va a tener, del 2000
al 2006, 700.000 millones o un billón, es decir unas cifras
tremendas, y luego tienen que cuadrar los números. La primera
realidad que hemos de tener delate es la necesidad de comprometer
esfuerzos para superar la situación de desequilibrios territoriales
en el conjunto del Estado, no a base de tirones de cada una de las
comunidades para ver quién se lleva más, sino desde un modelo de
desarrollo regional. El problema es que tiene que haber una
credibilidad en relación con el marco europeo. A mí me gustaría saber
si el Ministerio de Economía y Hacienda ha dado indicaciones a los
consejeros de Economía de cada comunidad diciéndoles: ¡Ojo! Que el
plan de desarrollo dice tanto dinero y para este año sería tanto,
pero por si acaso poner la misma cifra del año anterior, porque este
año no está la cosa para mucha canción. Si no es así, sería bueno que
se dijese. ¿Qué está pasando? Que a nivel europeo, como aquí se
distribuyen los fondos europeos y para los años 2000-2006 estos van a
ser menos porque hay que hacer frente a la ampliación con otros
recursos, los números tienen que cuadrar. Estamos diciendo: tanto
dinero de Europa para proyectos que cofinanciamos las comunidades
autónomas, por tanto la parte correspondiente la pondrá la comunidad,
y para proyectos que pagará el Estado la parte que pondrá el Estado
en cada uno de los fondos, llámense fondos Feder, llámese Objetivo 1
o llámese cualquier proyecto que pueda haber, inclusive los fondos de
cohesión. Lo que se está discutiendo es el conjunto del Plan de
desarrollo regional, todo el conjunto de esfuerzos inversores para
corregir los desequilibrios dirigido a las comunidades que más
necesitan de estos esfuerzos, fijando de qué manera van a funcionar y
qué compromiso inversor tienen para cada año. Existe la tentación de
decir: en su conjunto del 2000 al 2006, pero llega el año del
presupuesto y se queda reducido, estamos hartos de verlo en la
discusión presupuestaria, a un porcentaje. Se dice: el año que viene
haremos más. Llega al año siguiente y sucede lo mismo. Resultado: han
citado una comunidad, yo puedo citar la mía, la comunidad de Murcia,
y debe tener 736.000 millones de pesetas el programa de desarrollo
que además están vendiendo a bombo y platillo allí. Va a invertirse
en la región 736.000 millones del presupuesto que debe comprometer la
Administración central del Estado; por tanto para este año, para el
año 2000 debería haber, si sacamos los seis años, 110.000 millones de
pesetas. Pues no, hay 28.000 ¿De dónde viene la diferencia? De la
multiplicación de los panes y los peces. Por tanto, es buena la
discusión del objetivo de las líneas generales que puede producir
este Programa de desarrollo regional, cuál es el compromiso para
corregir esos desequilibrios, cuál es el volumen que compromete el
Estado cuando tenga aprobado a nivel europeo los esfuerzos que cada
programa
europeo va a tener, y qué comprometen las demás administraciones.
Por otra parte, en este Programa de desarrollo regional habría que
hacer frente a las consideraciones del Consejo Económico y Social y
aquí hay que decir que en la discusión del Consejo Económico y Social
los consejeros de UGT, Comisiones y CIF han presentado un voto
particular sobre el Programa de desarrollo de regional, diciendo
precisamente que los fondos comunitarios no deben usarse en general
para el traslado de la producción y servicios de unos sitios a otros,
de la deslocalización de la propia producción ¿Por qué? Porque hay
unas directrices que no se definen y que pueden provocar esa
deslocalización.
En suma, señor presidente, según la propuesta que haga el Grupo
Parlamentario Mixto y el BNG dentro de él, nos posicionaríamos pero
más en el sentido de la idea de una política global de desarrollo
regional, de una idea de crear un modelo de Estado con un modelo
territorial que haga jugar a cada región, a cada comunidad un papel
en el futuro y comprometa todos los resortes para que ese futuro sea
mejor y no un tira y afloja de cada uno de los lados.
En todo caso, nos gustaría que la lluvia de millones de los grandes
anuncios tengan luego correlación con la presupuestación. Por
adelantado, señor presidente, para el año 2000 ya no canta bien. Los
comprometidos para el año 2000 de lo que se ha presentado en Europa,
el esfuerzo que debería poner el Gobierno central, el que debían
poner las comunidades ya no cuadra. Por tanto, aparcamos el 2000 e
iremos al 2001, pero lo malo es que después del 2000 viene el 2001,
el 2002, el 2003 y tenemos el mismo vicio para poder actuar. Deben
acompasarse las palabras con los hechos, lo que se dice y se anuncia
con lo que es realidad, porque como vienen elecciones empezamos a
prometer a diestro y siniestro y nos podemos quedar con que luego es
más siniestro que diestro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
El señor Martinón, por el Grupo Socialista.
El señor MARTINÓN CEJAS: Gracias, señor presidente.
Estamos hablando del PDR, del Plan de desarrollo regional que se
refiere a las regiones Objetivo 1 que son aquellas que tienen un PIB
por habitante, inferior al 75 por ciento de la media comunitaria.
Estamos hablando de un instrumento de planificación, el PDR, que va a
contar con un apoyo financiero importante de recursos comunitarios.
Son fondos comunitarios que ayudan al desarrollo de las regiones, en
el caso de España también al desarrollo del país.
Quisiera recordar, señor presidente, que el año 1986 estábamos por
debajo del 70 por ciento de la media europea, el año 1996 estábamos
ya en el 78,7 de la media europea, nos habíamos aproximado un punto
cada año y en el año 1999 estamos en el 79,6 por ciento de la media
europea. Durante estos últimos años
tenemos un crecimiento inferior al crecimiento de los años
anteriores, pero también podemos decir que es un crecimiento
razonablemente bueno. Otros, sin embargo, han crecido más que
nosotros. No todos los territorios aprovechan de igual forma esos
recursos europeos. Irlanda que ha sido un país que ha tenido un
crecimiento espectacular, en el período 1986-1996 ha crecido a una
velocidad cuatro veces superior que la española. No obstante en el
período 1996-1999, estos tres últimos años Irlanda ha crecido 9,5
veces más que España. Hago este tipo de comparaciones porque al señor
Vicepresidente segundo del Gobierno le gustan, pero sólo compara
ciertos períodos y luego parece que se olvida de continuar con la
comparación en el período que él ha estado sentado en el banco azul.
El señor vicepresidente ha dado esta tarde un dato erróneo, sin duda
él reconocerá que es erróneo porque en varias ruedas de prensa ha
dicho justo lo contrario. Las regiones Objetivo 1 de España se han
aproximado a la media europea. Si, claro que sí. Son datos del
Gobierno, datos suyos, datos que utilizan las ruedas de prensa
después de los consejos de ministros. Concretamente, señor Rato, en
el año 1986 las regiones españolas Objetivo 1 eran el 61 por ciento
de la media comunitaria, y en el año 1996 fueron el 66,7. Estoy
comparando con Europa.
El señor Rato insiste mucho con razón, porque cada uno maneja los
datos que quiere, que las regiones Objetivo 1 se han alejado de la
media española, no de la Europea sino de la española. Dicho de otra
forma, el señor Rato quiere decir que las regiones más ricas de
España han crecido a mayor velocidad que las regiones menos ricas de
España. Eso se puede leer de dos formas, o alegrarnos porque hay un
grupo de regiones que han crecido bien, han crecido bastante, y otras
por el contrario se han quedado un poco más atrás, se han quedado
rezagadas pero han crecido; han crecido de forma muy importante.
Sin embargo, creo que es obligado recordar que la convergencia no
sólo debemos medirla ni considerarla ni sólo debemos preocuparnos por
el crecimiento del PIB. Yo creo que para que ese crecimiento sea
sólido de verdad, para que sea un crecimiento sostenible, es
imprescindible que crezcan más cosas, que crezca el empleo, que
crezca la formación profesional, que crezca la formación empresarial,
que la red de pequeñas y medianas empresas del país sea más sólida y
más consistente. A mí me parece que todo eso ayudará a que el
crecimiento en nuestro país y en los distintos territorios de nuestro
país sea más sólido.
Agradezco al Bloque Nacionalista Gallego la interpelación, desde
luego ha sido oportunísima, pero tengo la impresión de que no ha
servido para aclarar al menos algunos puntos que a mí me parecen de
mucha importancia.
Del plan que es considerado en el Consejo de Ministros el mes de
junio a este plan que se envía a finales de octubre a Bruselas hay
algunas diferencias relevantes y tengo la impresión que se ha
explicado poco por
qué hay dos tipos de aumento en la cantidad que prácticamente se
aumenta un billón de pesetas. Que las comunidades autónomas,
refiriéndonos a las competencias de las comunidades autónomas, han
decidido aumentar su participación, supongo que alguna razón tendrán
y en cualquier caso me parece razonable; por qué la Administración
general del Estado (me suena mejor decir Administración general del
Estado que la Administración central, señor Rato, le sugiero que
cambie la terminología de Administración central y utilice la
Administración general del Estado) aumenta su participación en
150.000 millones de pesetas en cada una de tres comunidades
autónomas: Canarias, Galicia y Murcia. Por qué esa cifra tan redonda,
que llama la atención. Tendrá alguna explicación y creo que debería
darla.
Se supone que la Unión Europea va a participar no sólo con los 6,3
billones del Objetivo 1, supongo que de las iniciativas comunitarias,
del Fondo de Cohesión habrá una cantidad de dinero que corresponderá
finalmente en el marco de apoyo comunitario de las regiones Objetivo
1.
Sobre todo echo de menos, señor Rato, que una inversión de tanta
importancia, son 27 billones de pesetas, y durante un largo período
de tiempo como son siete años, no tenga un encuadre más amplio porque
lo que podamos hacer en Galicia, en Andalucía, incluso en Canarias...
El señor PRESIDENTE: Señor Martinón, ha de concluir.
El señor MARTINÓN CEJAS: Señor presidente, me queda muy poco, créame.
Lo que se pueda hacer en cualquiera de los territorios de nuestro
país va a influir inevitablemente en los demás. Luego si no tenemos,
si carecemos de un marco más amplio en el que todo este tipo de
actuaciones se sitúe, me parece que estamos haciendo una
planificación manifiestamente defectuosa.
Hace tiempo que no les oigo hablar del Plan director de
infraestructuras, recuerdo que en esta Cámara ustedes presentaron o
apoyaron una ley -acabó siendo ley-, para incluir un proyecto que
afectaba mucho al vicepresidente primero del Gobierno, para incluir
en el Plan director de infraestructuras una obras relativa a
Asturias.
Después de aquello no han vuelto a hablar del Plan director de
infraestructuras, desde luego echo de menos que este tipo de
actuación tenga como marco más amplio un Plan director de
infraestructuras.
Por último, señor vicepresidente del Gobierno, no sé si lo han hecho,
supongo que habrán entregado ya un ejemplar del Plan de desarrollo
regional en esta Cámara, pero si no lo hubieran hecho les ruego
encarecidamente que lo hagan. Ya sé que es muy voluminoso, pero en
esta casa hay sitio para él y creo que cabe.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
El señor Gamir Casares, por el Grupo Popular.
El señor GAMIR CASARES: Presidente, señorías, una intervención en
este turno tiene que ser, en parte, un resumen del debate, intentando
también alguna aportación al mismo y lo voy a hacer en cuatro notas,
las dos primeras muy breves e instrumentales, y las otras dos se
referirán específicamente a Galicia.
Se ha discutido sobre la convergencia real en España. Yo me remitiría
a un libro que se va a publicar dentro de poco en el que Cuadrado
Roura, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares y ex
secretario general técnico de un ministerio económico con un Gobierno
del PSOE, hace un magnífico análisis al respecto. Se produce una
contradicción en las regiones españolas desde 1986 a 1996. Se
incrementa la divergencia, es decir, las regiones Objetivo 1
consiguen menor parte de la renta total de lo que obtenían en el año
1986. Así, nos encontramos con que si en el año 1986 las regiones
Objetivo 1 estaban en el 86,2 por ciento de la renta nacional,
después descienden en 1996 por debajo del 85 por ciento. Y, al mismo
tiempo que se produce esa mayor disparidad, esa menor igualdad
regional entre 1986 y 1996 respecto a la renta media española, es
cierto que respecto a la media europea, la disparidad disminuye,
entre otras razones porque España crece más que Europa.
Pasa a la segunda nota. Precisamente lo que intenta el nuevo PDR es
superar ésa que podríamos llamar técnicamente esquizofrenia, esa
doble visión de la realidad: si miramos hacia Europa ha disminuido la
desigualdad de las regiones Objetivo 1, si miramos hacia España ha
aumentado. Se busca romper esa contradicción o esquizofrenia de doble
visión de la realidad con un PDR realmente ambicioso; un PD que
implica 27 billones de pesetas, como ya se ha mencionado, lo que
significa nada menos que un 66 por ciento de incremento respecto al
PDR anterior. Es cierto, además, que los modelos econométricos
muestran que este PDR va a aportar al crecimiento de la economía
española medio punto, pero lo es también que a las regiones que
tienen en este momento un PIB por persona menor al 60 por ciento, esa
aportación no será de 0,5 puntos, sino de 0,7, de forma intermedia
para las regiones que están en el segmento entre el 60 y el 70 por
ciento, la aportación al crecimiento será mayor de 0,6 puntos, y
escojo ese segmento porque precisamente Galicia se coloca en el. En
todo caso dependerá entre otras causas del esfuerzo de cada una de
las autonomías cuál será su resultado concreto.
Y paso con ello a las notas tercera y cuarta que se refieren más a
los temas gallegos en concreto. La tercera nota creo que es básica.
He dicho antes que se produce un fenómeno de mayor desigualdad
regional entre 1986 y 1996 en las zonas Objetivo 1 respecto a la
media española, pero hay excepciones, y una de ellas es precisamente
Galicia. Si a la media española la damos el valor 100, Galicia
llegaba en 1986 a 78,8. Pues
bien, en el año 1996, Galicia estaba en 80. Cuando la media de las
regiones de Objetivo 1 habían perdido 1,5 puntos respecto a la media
nacional, es decir se habían alejado de la media y habían ido en la
dirección de mayor desigualdad, Galicia se acercaba a la media y
ganaba 1,2 puntos. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa
la Presidencia.) En otras palabras, la diferencia entre el
crecimiento gallego y el crecimiento de la media de las regiones
Objetivo 1 era de casi 3 puntos a favor de Galicia. Eso sin duda se
debe al Gobierno central, a toda la sociedad española, a la sociedad
gallega, a los grupos políticos gallegos y también, como es lógico,
al Gobierno autónomo de la Comunidad gallega. Entre todos se ha
conseguido que ese comportamiento haya sido distinto en Galicia que
en la media de las regiones Objetivo 1. Digamos que ha ido en
dirección contraria, en la dirección buena con signo más, mientras
que lo otros iban en la dirección negativa con signo menos. Repito
que esta tendencia a mayor desigualdad es lo que se busca romper con
este esfuerzo que implica el nuevo PDR, que no es una pieza única
para el desarrollo regional, como es lógico, no es única, pero que
sin duda ayuda a una mayor igualdad entre las regiones Objetivo 1 y
el resto de las regiones españolas.
Paso con esto a la cuarta nota también referida a Galicia. De esta
cantidad importante que se ha mencionado de 27 billones, 3,5 billones
van a Galicia; Galicia es la segunda región de España que más va a
recibir. Además es cierto que si lo ponemos en cantidad por habitante
y escogemos exclusivamente las del Objetivo 1, nos encontramos con
que Galicia va a recibir entre el 15 y el 20 por ciento más de media
de lo que va a recibir el habitante del resto de las regiones
Objetivo 1; es decir, que se va a hacer un esfuerzo especial en
Galicia. En el mismo sentido también diría que se llega a esta cifra
de los 3,5 billones referidos a Galicia con un incremento de la
aportación de la Administración general del Estado del 23 por ciento,
mientras que el incremento de la comunidad autónoma, sin duda también
importante, es del 15 por ciento. La suma de ambos incrementos es la
que permite precisamente este hecho diferencial a favor de Galicia en
cuanto al gasto total de este plan por habitante de dicha comunidad
autónoma española en relación a la media.
Podríamos acabar preguntándonos cómo se ve el futuro de la igualdad
intrarregional en España. Hay algunos mimbres para verlo con cierto
optimismo: uno de estos mimbres es este PDR, con estas
características, con esta ambición y con este tratamiento especial
precisamente hacia Galicia. Pero, en fin, podría acabar citando a ese
economista al que hoy se le cita mucho menos, John Maynard Keynes,
cuando decía: el futuro no se ve, el futuro se hace. El futuro de
mayor igualdad entre las regiones de España lo haremos entre todos;
estoy seguro de que entre todos lo conseguiremos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Gamir.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA GENERAL RELATIVA
A LAS ENCUESTAS PREELECTORALES REALIZADAS POR EL CENTRO DE
INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS), EL MODELO DE ESTIMACIÓN DE VOTO
UTILIZADO Y LA FORMA Y MOMENTO DE HACERLAS PÚBLICAS POR EL GOBIERNO.
(Número de expediente 172/000189.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos a la siguiente
interpelación, en este caso del Grupo Socialista del Congreso, sobre
política general relativa a las encuestas preelectorales realizadas
por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el modelo de
estimación de voto utilizado, y la forma y momento de hacerlas
públicas por el Gobierno.
Para su presentación, en nombre del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Señor presidente, señorías, es admitido por
casi todo el mundo que las encuestas electorales constituyen un campo
científicamente pantanoso, y ello por algunas razones bastante
evidentes: lo que se obtiene en una encuesta mediante cuestionario es
la intención de voto. Si se le pregunta a una persona: ¿A quién
piensa votar usted si mañana fueran las elecciones? Ésta contesta la
verdad, miente, o se abstiene de contestar.
Para apurar un poco más la no respuesta se suele preguntar a aquellos
que no han contestado: ¿Por quién siente usted más simpatía? De esa
forma se obtienen una serie de datos que en general los institutos
demoscópicos no suelen publicar, sino que publican otra cosa,
publican algo sobre estos datos, los manejan, en algo que en estos
medios sociológicos se llama cocina, para obtener lo que malamente,
con mal término se llama una estimación, porque la estimación serían
los datos brutos, no esta segunda, que son, digamos, los datos
cocinados. ¿Por qué es pantanoso este terreno? Porque en España hay,
y supongo que también en otros países, un dicho que señala que al que
quiere saber poco y al revés; es decir, que hay lo que llaman los
técnicos un error de respuesta, o sea, un engaño voluntario por parte
del encuestado al encuestador. De ahí viene el pantano y también la
cocina. ¿Qué suele ocurrir? Que unas veces se acierta y otras,
últimamente las más, se equivocan, y lo hacen de una forma notable y
los patinazos son de campeonato. No hace muchas semanas todos los
institutos ligados a empresas periodísticas pronosticaron que iba a
ganar Convergència i Unió en las elecciones catalanas, y perdió. No
se sabe que haya dimitido ninguno de ellos, no se sabe que los
periódicos donde se publican hayan pedido cuentas a esos institutos,
porque algunos periódicos,
bien conocidos, tienen sus propios institutos. Lo cual, como Juan
Palomo, ellos se lo guisan y ellos se lo comen.
Pero el problema de la sociedad no es este, sino que en esta última
etapa, en este pantanoso campo irrumpe el Centro de Investigaciones
Sociológicas. En medio de las últimas campañas electorales, cuando se
aproxima la última semana, aparece el señor Michavila, aquí presente,
y nos explica al conjunto de los españoles lo que va a ocurrir el día
de las elecciones. Luego generalmente no ocurre, pero consigue varios
efectos a los que me dedicaré después.
Ahora bien, la pregunta obvia es: ¿qué pinta el Gobierno disfrazado
de profeta en este asunto? ¿Qué necesidad tiene el Gobierno de meter
a un instituto prestigioso, como es el CIS, en este berenjenal? ¿Qué
necesidad tiene el Gobierno de pegarse un patinazo cada vez que se
convocan unas elecciones? En beneficio del Gobierno y del CIS, lo
mejor sería abstenerse y evitar al señor Michavila esa rueda de
prensa, porque después el hombre se debe de sentir un poco maltratado
por la realidad.
Pero ¿por qué hace esto el Gobierno? Admitiremos al menos alguna
hipótesis. ¿Por qué se arriesga a esto? Alguna ventaja sacará. Yo
creo que sí, que saca alguna ventaja, y tiene un nombre: la
manipulación de la opinión pública. Lo que se trata de hacer es
animar a las huestes propias, porque es muy discutible que el
resultado de las encuestas pueda influir realmente sobre el voto;
sobre lo que influyen es sobre el ánimo. Las huestes propias dicen:
¡Venga, que vamos ganando! Y a las huestes ajenas, a desmoralizarlas
todo lo que se pueda. Este es el efecto, pero no es una cosa seria. Y
como tanto el CIS como cualquier gobierno, y este también, deben ser
serios, yo creo que se deberían abstener de presentar estas encuestas
en período electoral y, sobre todo, de usar cocinas. ¿Por qué digo
esto? Porque jamás ninguno de los institutos demoscópicos, y tampoco
el CIS, hace pública esa cocina. Les voy a dar un dato. Hubo unas
elecciones en el mes de junio próximo/pasado, concretamente el día
13, y apareció unos días antes el señor Michavila a explicarnos unos
resultados. Y se equivocó. Pero, además, resulta bien paradójico y
extraño que, una vez analizados los datos brutos de esa encuesta en
la que se basaba esa estimación que dio el señor Michavila, es decir,
datos brutos cocinados, datos que da el señor Michavila, los datos
brutos se aproximaron más a los resultados reales ocurridos el 13 de
junio que a los cocinados. Es decir, la cocina que se hace para
evitar esos sesgos y esos errores resulta que aumentó los errores.
Esto es un misterio más intrincado que el de la Santísima Trinidad.
No hay quien lo explique. Es una clara manipulación, no sólo de la
opinión pública, es una manipulación de los datos y un desprestigio
para el Centro de Investigaciones Sociológicas. No debieran seguir
ustedes en esa tesitura.
Respecto a las elecciones catalanas, les voy a leer lo que dijo un
periódico muy próximo al Gobierno cuando
el señor Michavila, es decir, el CIS, dio los resultados cocinados
de la encuesta. El titular del periódico es: El CIS irrumpe en la
campaña catalana atribuyendo a Pujol 7 puntos de ventaja. Era lo que
le atribuía. ¿Qué necesidad tiene de irrumpir? ¿Qué concepto tenemos
de una campaña democrática? Lo único que tiene que irrumpir en una
campaña son los debates, los candidatos, las palabras, los discursos,
los argumentos, pero no irrumpir con una tormenta de datos en un
desierto de ideas.
Sinceramente, ustedes han inaugurado una etapa que va a acabar
desprestigiando a una institución que era respetable, en la que van a
acabar haciendo una y otra vez el ridículo quienes se hacen
portavoces de esos pronósticos que jamás se cumplen y, en definitiva,
que va a acabar con la paciencia de la oposición. Y eso tampoco es
bueno para ustedes, creo yo. Por tanto, en la moción que
suscribiremos para la próxima semana les pediremos que se abstengan
de tanto número.
Muchas gracias.(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Leguina.
Para responder a la interpelación, y en nombre del Gobierno, tiene la
palabra su vicepresidente primero, señor Álvarez-Cascos.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez-Cascos Fernández): Con la venia, señor
presidente.
Señorías, cuando tuve noticia de la interpelación presentada por el
Grupo Socialista sobre el CIS dirigida al Gobierno y firmada por doña
Rosa Conde Gutiérrez del Álamo, mi primera reacción fue de una
verdadera curiosidad por ver cómo se las arreglaba doña Rosa Conde
para defender el texto de la interpelación que nos había presentado,
porque no lo puede defender de la misma manera cualquier
parlamentario, y no es lo mismo defender una encuesta sobre el
funcionamiento del CIS, con la amplia experiencia que entre los años
1982 y 1996 ha tenido doña Rosa Conde sobre el funcionamiento del
CIS, que la defensa que pueda hacer el señor Leguina, al que las
responsabilidades le llegan desde la oposición y que puede alegar
ignorancia debida, que es lo que ha hecho en su interpelación. Por
tanto, señor Leguina, permítame que comience reponiendo la historia,
por un principio de respeto a la verdad de los hechos.
Ha comenzado S.S. esta interpelación diciendo que en las últimas
campañas ha irrumpido el CIS. ¿Pero usted que hacía antes del año
1996, señor Leguina? ¿Tampoco leía los periódicos? (Rumores.) Señor
Leguina, entre el año 1982 y el año 1996, el CIS realizó -las tengo
recogidas aquí, están publicadas en Internet- 136 encuestas en las
elecciones legislativas, en las elecciones catalanas, en las
elecciones andaluzas, en las elecciones gallegas, en las elecciones
del País Vasco, en las elecciones municipales y en las del resto de
lascomunidades autónomas. Si quiere le digo cuántas
hacía. En las legislativas del año 1986 el CIS no hizo nada más que
11 encuestas preelectorales. Si quiere sigo. Suman 136, y figura en
el banco de datos del CIS, que puede usted localizar en Internet. Y
lo que ocurría con estas encuestas (repito, 136, señor Leguina; ahora
al CIS usted le puede reprochar que haga 1 en cada campaña
preelectoral; se hacían 11, 8, 6) es que sólo las conocía el
Gobierno, y el resto de los partidos y la opinión pública española
vivía de las filtraciones. Por eso, señor Leguina, cuando la historia
se coloca en su sitio, el texto de esta interpelación empieza a
perder consistencia.
Durante muchos años, entre 1982 y 1996, los sucesivos gobiernos
socialistas utilizaron el CIS como una finca particular, algunos lo
llamaban el Centro de Investigaciones Socialistas (Rumores.-Risas.),
pagado por todos los españoles en perjuicio del resto de las fuerzas
políticas y de los intereses generales de la sociedad española.
(Rumores.-Protestas.) Señorías, yo comprendo que les moleste la
historia, pero tienen trece años de gobierno y de responsabilidades
en el CIS sobre sus espaldas. (La señora Conde Gutiérrez del Álamo:
Pero es que no están diciendo la verdad.-El señor Moreno Monrove: No
es verdad, no es verdad.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Procuren guardar silencio,
señorías.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez-Cascos Fernández): ¿Cómo que no es verdad? ¿Ha
leído usted el artículo de su compañero de partido hoy explicando las
encuestas? Si no lee ni los artículos de sus compañeros de partido.
(Rumores.-Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.
(Rumores.) Señora Cunillera, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez-Cascos Fernández): El CIS no ha irrumpido en
ninguna campaña electoral, porque durante todos esos años los
estudios sociológicos, los barómetros de las encuestas, se realizaban
a hurtadillas, sin calendario conocido, se negaban al resto de las
fuerzas políticas y cuando alguna trascendía lo era de modo parcial y
confuso, en medio de rumores y filtraciones que añadían dosis de
incertidumbre a la solvencia científica de las encuestas del CIS.
(Rumores.)
Desde diciembre de 1995, por iniciativa de este grupo parlamentario,
el Boletín Oficial del Estado vio la Ley de Organización y
funcionamiento del CIS, que es una ley que obliga a todos -y en
particular al Gobierno- a su cumplimiento y que garantiza, señor
Leguina -desde que está esta ley por iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular en el Boletín Oficial del Estado-, por lo menos
dos cosas: que cualquier encuesta de carácter electoral que contenga
datos de carácter electoral y político será entregada a las Cortes
Generales en su resumen, y en su caso a las asambleas legislativas,
en un plazo de quince días a contar desde la finalización de los
trabajos de campo y de la codificación y grabación de la información
en soporte magnético. (Rumores.-La señora Conde Gutiérrez del Álamo
pronuncia palabras que no se perciben.) Lo dice la ley, señora Conde,
lo dice la ley. Además, también dice la ley que, en el plazo de tres
meses, serán puestas a disposición de cualquier persona que lo
solicite -incluidos los grupos parlamentarios-, repito, a través del
banco de datos del CIS. A los tres meses, la totalidad de los datos
que contiene esa encuesta.
No conformes con esto, este Gobierno anuncia con anticipación anual
las fechas de publicación de los barómetros mensuales, igual que lo
hace, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística en relación
con la evolución de la situación económica de nuestro país. Además,
facilita la información de sus trabajos a través de Internet a todos
los ciudadanos interesados.
Pues bien, esta situación era inédita hasta la llegada al Gobierno
del Partido Popular, inédita. Sólo desde el punto de vista de la
transparencia, ya sólo desde los avances en materia de transparencia,
me permito, señor Leguina, rechazar de plano las críticas, sobre todo
las que proceden del grupo al que pertenecen aquellos que jamás
ofrecieron ningún tipo de información solvente de dichos trabajos
sociológicos, que además fueron muchísimo más numerosos que los que
ha venido haciendo este Gobierno. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!-Rumores.)
Ahora bien, cabe preguntar, y están en su derecho, si el problema es
que al Grupo Parlamentario Socialista ya no le gusta la ley o lo que
no le gusta es que el Gobierno la cumpla; me gustaría oír a S.S. O no
le gusta la ley o está insinuando que, gustándole la ley, lo que
quiere es que el Gobierno no la cumpla (Rumores.), porque ley existe
y está en el Boletín Oficial del Estado.
Mire usted, si ahora pasamos de estas consideraciones previas, que
tienen que ver con el contenido del texto de la interpelación, a las
consideraciones sobre resultados y pronósticos completos, yo quiero
decirle que lo que aquí se intenta, que es hacer creer que las
encuestas del CIS sobrestiman a todos los partidos -se dice
textualmente- y subestiman al PSOE en virtud de errores y
manipulaciones imputables a este Gobierno, tampoco es verdad.
Ustedes se cuidan de deslizar una frase en la interpelación, dicen:
por no remontarnos a elecciones anteriores, como las de Galicia o el
País Vasco, vamos a hablar de las últimas. ¡Vamos a remontarnos,
señor Leguina! ¿Por qué no nos vamos a remontar? ¡Vamos a
remontarnos! (Rumores.) Quiero recordarle que, en junio de 1994, el
CIS de entonces atribuyó al Partido Popular y al Partido Socialista
en las elecciones europeas 1,7 puntos de diferencia, que luego, en
los resultados reales, se convirtieron en 9,3 puntos de diferencia.
(Rumores.) ¿Se acuerda S.S. de estos datos? Seguro que doña Rosa
Conde se acuerda de estos datos. ¿A
quién habría que culpar por infraestimar al PP y sobrestimar al PSOE
en 1994?
Le voy a poner otro ejemplo que va a ayudar a clarificar este
análisis. (Rumores.) A través de filtraciones del Gobierno, no a
través de una información oficial, en enero de 1996 el CIS reflejó
una diferencia de 6,9 puntos entre el Partido Popular -al que se le
atribuía el 40,6 por ciento- y el PSOE -al que se le atribuía desde
el CIS el 33,7 por ciento-, que luego quedó reducida a 1,2 puntos en
las elecciones del 3 de marzo. Es decir, el CIS en el año 1996
infraestimó al Partido Socialista. ¿Tampoco se acuerdan de estos
datos? ¿Aquién culpamos de que el CIS en 1996 hubiera subestimado al
Partido Socialista en el resultado de las elecciones generales? ¿Esto
a quién se lo imputamos?
Miren ustedes, los datos no les ayudan. Ustedes no aceptarán que el
Gobierno anterior manipulaba los datos del CIS. (Rumores.) No, no lo
aceptarán y me parece lógico que no lo acepten. Ahora les voy a dar
los datos de esta legislatura, aquellos a los que no quieren
remontarse. En las elecciones autonómicas gallegas de octubre de 1997
-escuchen atentas, por favor, sus señorías- el CIS otorgó al PSOE
entre 19 y 20 escaños -octubre de 1997-, que luego quedaron reducidos
a 15. Es decir, el CIS había sobrevalorado en el año 1997 al PSOE en
un 30 por ciento más. Por eso no hay que remontarse a las elecciones
anteriores, porque no les convienen esos datos.
En las elecciones autonómicas vascas de octubre de 1998 el CIS otorgó
al PSOE entre 14 y 15 escaños y al PP entre 13 y 14 escaños, que
finalmente en el caso del PSOE se confirmó que fueron 14 escaños y en
cambio al PP los resultados le dieron 16 escaños, dos más de los que
le había asignado el CIS. Es decir, el CIS acertó con el PSOE e
infravaloró en dos escaños al Partido Popular. ¿Cómo, por tanto, se
puede sostener, señor Leguina, como se dice en la interpelación, que
el CIS, elección tras elección, viene sobrestimando al Partido
Popular y subestimando al PSOE, si sencillamente no es verdad?
Haciendo la serie histórica de los datos del CIS con ustedes y con
este Gobierno no es verdad, señor Leguina, no es verdad; tienen que
dedicarse a espulgar entre las encuestas las tres que les convienen,
dejan fuera las 150 o las 200 que no les convienen, y así salen las
conclusiones de su intervención hoy.
Voy a hablarle de las elecciones catalanas...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Y hágalo con brevedad,
señor vicepresidente, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez-Cascos Fernández): Sí, señor presidente.
La encuesta del CIS fue muy precisa en Girona, 5 escaños para el PSC,
que son los que obtuvo. En Lleida le asignaba 4 ó 5 escaños, obtuvo
el PSC 5, y en Tarragona 6 escaños. Y la desviación se ha producido
en la circunscripción de Barcelona. No es un problema de
las elecciones en Cataluña, ha sido un problema de la circunscripción
de Barcelona, que tiene una desviación de 2, 3 escaños menos para el
PSC, efectivamente, y que tiene una explicación, como la tienen los
cambios en las series de otras elecciones. El CIS hace las encuestas
en una determinada fecha, pero luego las campañas electorales
movilizan y desmovilizan los votos, señor Leguina. ¿Usted cree que
las campañas electorales sirven para algo? Nosotros creemos que sí, y
por eso lo que un mes antes, en foto fija, dice el CIS, puede ser
distinto un mes después, el día de las elecciones. Y esta
movilización- desmovilización del voto del PSC y de Convergència
i Unió es lo que hizo que entre el 16 de septiembre y el 17 de octubre,
o en otras encuestas en las fechas correspondientes, se hubieran
producido las desviaciones a las que hace referencia su señoría.
No es verdad lo que ha dicho del tema de la intención indirecta. Mire
usted, señor Leguina, la encuesta de Cataluña depositada en esta
Cámara y en el Parlament de Catalunya en intención directa de voto
daba una diferencia de 15 puntos entre CIU y el PSC, y la estimación
redujo a 7 puntos la diferencia. Es decir, si hubiéramos hecho lo que
usted nos aconseja, hoy estaríamos a los pies de los caballos por
haber hecho pública una encuesta con 15 puntos de diferencia entre
Convergència i Unió y el Partido Socialista. No puedo aceptar su
argumento porque empeora manifiestamente la situación que S.S. quiere
corregir.
Pero es que en el año 1995, señor Leguina, la misma encuesta del CIS
en Cataluña subestimó al PSC, al Partido Popular y a Esquerra
Republicana y sobrestimó a Convergència i Unió y a Iniciativa per
Catalunya-Els Verds. ¿También entonces fue fruto de una premeditada
actitud del CIS y del Gobierno de entonces contra el PSC, el PP y
Esquerra Republicana? Señoría, no se sostiene con datos la acusación
que realiza al CIS.
Quiero terminar con dos afirmaciones que es necesario realizar al
hilo de las críticas del grupo interpelante. Primero debe saber esta
Cámara que este Gobierno ni ha modificado la plantilla ni la
metodología del CIS; que la red de campo, los entrevistadores y
coordinadores, los responsables de la red de campo, los
codificadores, la empresa que realiza la grabación de los trabajos
o los técnicos de procesos estadísticos del CIS siguen siendo los
mismos que en la legislatura anterior.
Usted ha reconocido hoy -y no insisto- que los institutos
demoscópicos, en contra de lo que se dice en la interpelación, no
anuncian ni explican los métodos o las fórmulas que utilizan para
hacer sus estimaciones; usted lo reconoce y como creo que tiene razón
no merece la pena insistir en ello, simplemente quiero que sepa que
en el texto de la interpelación se afirma lo contrario.
Finalmente, creo que la trayectoria de las desviaciones en las
estimaciones del CIS en nada perjudica la solvencia profesional de
este organismo, en nada; porque la razón de las desviaciones tiene
explicaciones sociológicas, y además tiene un elemento de referencia
-evidentemente no es que se trate de establecer comparaciones- o de
prueba en las desviaciones que se han producido en encuestas
realizadas por institutos demoscópicos privados. Prácticamente los
buenos trabajos sociológicos en las mismas fechas suelen dar los
mismos resultados y por tanto dejan el mismo margen de desviación;
esto lo puede comprobar con cualquier serie, lo puede usted comprobar
con la serie de las elecciones catalanas.
Creo, señorías, que lo único que molesta al Grupo Socialista no son
los datos, no es que el Gobierno entregue los datos o los haga
públicos, sino que creo que en el fondo lo que les preocupa es el
contenido de los datos mismos. Porque, claro, pretender que el
Gobierno venga con los datos y no hable, no diga, no explique, no
informe o no valore, me parece que es impropio de un sistema
democrático. Este Gobierno entrega los datos en la Cámara, los
reciben todos los grupos parlamentarios, los conocen, los estudian,
los analizan y sobre ellos dan traslado a la opinión pública de sus
opiniones que, a veces, a lo largo de la legislatura, han sido
favorables a los barómetros del CIS, señor Leguina, y no le voy a
hacer ahora un dosier de prensa de las veces en las que al Grupo
Socialista le gustaban los datos que el señor Michavila anunciaba en
nombre del CIS, porque en muchas ocasiones les parecieron bien; no le
voy a hacer las citas porque están en las hemerotecas.
Creo, señorías, que el problema no es la presentación sino los datos
que se presentan. Mes tras mes los barómetros del CIS antes
proclamaban un pesimismo de la sociedad española en la gestión
económica y política de los gobiernos y ahora mes tras mes ponen de
manifiesto la confianza creciente de esa misma sociedad española en
la gestión económica y en la gestión política del Gobierno del
Partido Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor vicepresidente,
concluya, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez-Cascos Fernández): Estos son los datos, señor
Leguina, que se hacen insoportables para los socialistas, y por eso,
una vez más, para no intentar hacer autocrítica y corregir los datos,
se limitan a intentar matar al mensajero, en este caso el CIS.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor
vicepresidente del Gobierno.
Señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente primero, mientras usted estaba aquí hablando yo
me estaba preguntando: un señor que es inteligente, como usted, que
además es ingeniero de caminos, ¿qué hace defendiendo una cosa que
tiene más que ver con la magia que con la ciencia, señor Álvarez-
Cascos, y atribuyendo intenciones que no se corresponden con la
realidad ni con lo que yo he dicho aquí? Desde luego yo no he venido
aquí a hacer un análisis histórico del CIS, que me parece, como decía
el viejo profesor, que los análisis históricos conducen a la
melancolía, sino a hacer una propuesta, que concretaremos la semana
que viene, sobre cómo mejorar la presencia del CIS en la sociedad
española. Y eso se consigue evitando aparecer dando patinazos,
fuertes patinazos, y las elecciones últimas, tanto las municipales
del 13 de junio como estas catalanas del 14 de octubre, han sido
grandes patinazos. Dicen: Es que todos se equivocan. ¿Sabe usted,
ahora que no nos oye nadie, por qué se equivocan? Porque todos se
ponen de acuerdo, por eso se equivocan; esperan a ver lo que dice el
CIS, que tiene fama de ser mejor que los demás, porque se gasta más
dinero, porque es más serio, etcétera, y todos van detrás como
borreguitos, y en este caso van al matadero.
Un desastre lo de las elecciones catalanes, sin duda alguna. Si
cualquier persona, para hacer una inversión personal o prever algo
que le pueda pasar, se tiene que fiar de unos resultados donde se
dice que gana A y pierde B, y resulta que gana B y pierde A, desde
luego no encargará al CIS que haga sus quinielas personales porque no
acierta ni un resultado. Tiene una historia y seguramente tienen una
explicación los errores. Ahora bien, una cosa son los errores que
pueda tener la obtención de los datos y otra muy distinta lo de la
cocina, que usted ha pasado por ahí sin entrar, se ha quedado en el
salón, no ha ido a la cocina. Yo voy a entrar un momento en la
cocina, señor Álvarez-Cascos. Una institución pública como es el CIS
no puede mantener en secreto la fórmula mágica de la coca-cola, que
parece ser esa cocina. Tiene, creo yo, la obligación de hacerla
pública si la va a utilizar, porque antes, en esa historia que
ustedes vuelven como un ritornelo permanente, como el bolero de
Ravel, sobre lo mismo, tendrá que reconocer que si hacían cocina los
señores del PSOE no la publicaban, pero es que ustedes la publican.
Publican los resultados de la cocina y no explican la cocina. Una
institución pública tiene algunas obligaciones más que un instituto
privado. El instituto privado se supone, que no es verdad, que
funciona en el mercado y si fracasa no le contratarán, con lo cual
está demostrando que tampoco es cierto porque son los propios
periódicos -lo que es una perversión, entre nosotros- los que son
propietarios de los institutos. Una institución pública se debe
respetar mucho más a sí misma, y si se arriesga -cosa que yo no
haría, desde luego- a hacer una cocina, es decir, a aplicar un
algoritmo a los resultados aplicados por la encuesta, tiene que
publicarla.
La propuesta que les vamos a hacer la semana que viene es muy
sencilla, no es que no hagan encuestas, ¿cómo no van a hacer
encuestas en el CIS? Por supuesto, sino que en período electoral se
abstengan de publicar esas encuestas. Es decir, no hagan encuestas
para
publicar en el período electoral. En segundo lugar, todo lo que esté
dentro de la cocina que salga al salón y nos enteremos todos, así de
sencillo, no hay mayores intenciones. Si ustedes, como han pretendido
demostrar, no tienen ninguna intención política en la utilización o
manipulación de los datos del CIS, tendrán que apoyar esta propuesta
por aquello que dicen de que la mujer del César, además de honrada,
debe parecerlo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Leguina.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor
presidente.
Señor Leguina, ha dicho usted que además de las elecciones catalanas
el CIS se equivocó en las elecciones municipales con el PSOE. Ha
hecho sólo nueve encuestas en nueve capitales y me resulta muy rápido
darle las estimaciones. En Coruña, al PSOE el CIS le concedió una
estimación de 16-17 concejales, obtuvo 17; en Barcelona, al PSC le
concedió 17-18, obtuvo 20, en este caso dos más; en Bilbao le
concedía el CIS 4 ó 5 concejales y obtuvo cinco; en Madrid, al PSOE
le concedía 16-17 concejales y obtuvo 20, por tanto en Madrid
subestimó al PSOE. (El señor Blanco López pronuncia palabras que no
se perciben.) Sí, por eso ya no pueden ser las elecciones
municipales, usted, que es de otra circunscripción ya le suena lo que
estoy diciendo, ¿verdad? ¿Y a que ahí el CIS no fue ningún problema
para el Partido Socialista? ¿Verdad que no, que en Coruña no fue
ningún problema? Ya no es en todas las elecciones municipales. En
Málaga, al Partido Socialista le concedía entre 7 y 8, y obtuvo 9; en
San Sebastián, al Partido Socialista le atribuían entre 7 y 8, y
obtuvo 8; en Sevilla, al PSOE le estimaban en 11 ó 12 concejales las
encuestas del CIS, y obtuvo 12; en Valencia, la estimación se situaba
entre 8 y 9 concejales, y obtuvo 11, también en Valencia lo
subestimó; y en Vitoria, al Partido Socialista le atribuían 4 ó 5
concejales, y obtuvo 5.
Señor Álvarez Cascos. ¿De verdad que sigue diciendo que es un
problema de todas las elecciones municipales? Será un problema de
Valencia, de Barcelona y de Madrid. Limitémoslo. En los demás sitios
ha sido muy razonable esa cocina perversa que S.S. ha denunciado.
La segunda cuestión que quería exponerle, señor Leguina es: ¿cuándo
se inventó la cocina? ¿Fue una novedad de este Gobierno? ¿Fue una
novedad de la actual directora del CIS, ampliar el edificio e
instalar una cocina o ya estaba en el conjunto de los distintos
departamentos que formaban el CIS? Seguramente estas cosas no les
gustará escucharlas, pero dichas por don Ignacio Varela, director del
departamento electoral del PSOE, creo que sirven para clarificar
muchas cosas. Dice el director del departamento electoral del PSOE,
en el centro del artículo que se publica hoy: El Centro de
Investigaciones Sociológicas trabajó durante muchos
años en exclusiva para el Gobierno de turno, que disponía de la
información de sus estudios y encuestas sin obligación de compartirla
con nadie, pero un día se decidió que el Gobierno tenía que informar
al Parlamento -¡qué catástrofe democrática, el Gobierno tenía que
informar al Parlamento! (Rumores.)- y, por tanto, a los partidos
políticos y a la opinión pública de las encuestas del CIS,
especialmente de las de contenido electoral. Y añade don Ignacio
Varela: El Gobierno socialista, en tal trance, tomó una decisión
autopunitiva: simplemente dio instrucciones al CIS para que no
realizara encuestas de voto en períodos electorales, porque si hay
que compartir el juguete, no hay juguete para nadie. (Aplausos.)
¡Toma argumentos democráticos para explicar el modelo de CIS que nos
quieren imponer! Y es que además no es verdad porque el CIS siguió
haciendo encuestas electorales en período preelectoral. Además, no es
verdad lo que dicen. Era la intención, pero luego la fuerza magnética
de las encuestas les llevó a seguir haciendo encuestas.
Lo que querría que me contestara -si no en el debate de la moción
habrá una oportunidad nueva- es ¿por qué no encuestas en período
preelectoral, señor Leguina? ¿Cuándo han descubierto esta
conveniencia? ¿Por qué hasta el año 1996 se hacían 136 encuestas
preelectorales y en estos tres años han llegado a la conclusión de
que el CIS no debe hacer encuestas preelectorales? ¿Cómo han llegado
a esta conclusión científica, señor Leguina? Esta pregunta merecerá
la pena que sea contestada al debatir la moción que ustedes nos
anuncian.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias. ¿Grupos
distintos del interpelante que quieran participar en el debate y
fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Realmente, para el Bloque Nacionalista Galego resulta sorprendente
que el Gobierno no asuma que hay una tendencia a identificar las
instituciones y los organismos con el partido gobernante. En el caso
concreto del CIS es más preocupante porque se trata de un organismo
público que cumple unas funciones pretendidamente científicas.
Para el Bloque Nacionalista Galego, del análisis de todas las
encuestas, con estimación de votos y escaños que ha realizado el CIS,
por lo menos en los años que llevamos aquí, se nota una tendencia a
servir al partido del Gobierno; un segundo rasgo tendente a, si
puede, beneficiar al estatalismo; un tercero beneficiar a los
partidos que colaboran en la gobernabilidad y un cuarto criterio muy
claro, que es todo contra el adversario y muchísimo contra las
minorías molestas. En este sentido, el Bloque Nacionalista Galego
querría incitar al Gobierno a que tolerase que el CIS respetase a las
minorías con representación parlamentaria y que se atuviese a
criterios científicos. No es de recibo que si figuran siglas
determinadas solamente se haga el voto directo y no la extrapolación
para cuáles serían los resultados con estimación de voto final.
Es un organismo público al servicio de todos los representantes de
los ciudadanos y, por lo tanto, si se da publicidad se debe tener un
exquisito respeto por el pluralismo democrático existente en el
Estado español. En todo caso, se debían de hacer públicos los
criterios para la extrapolación de resultados electorales, que la
señora directora del CIS dijo que era una cuestión clave para
entender por qué razón hacían la adjudicación de votos y de escaños.
Si ese es el criterio, debía de publicarse e informarse cuando menos
a los partidos políticos, porque daría coherencia a los resultados
que el Instituto dice defender y avalar con estos criterios previos
de extrapolación de votos.
En última instancia, como Bloque Nacionalista Galego, pensamos que no
solamente el CIS sino todo tipo de empresas debían de abstenerse de
publicar resultados electorales cuando menos en la campaña electoral.
Por tanto, sería muy necesario que la Ley electoral sufriese
modificaciones en este aspecto, que todo el mundo las agradeceríamos,
porque no cabe duda de que hoy se está convirtiendo en un arma
arrojadiza de carácter político. Ninguna de ellas es neutral o
mínimamente respetuosa siquiera formalmente con el pluralismo
democrático.
Esperamos que la moción que presente el Grupo Socialista vaya en la
dirección de que, cuando menos, las formas se cuiden y haya un
respeto exquisito por el pluralismo en el Estado español.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, agradezco al Grupo Socialista esta interpelación
y agradezco también al vicepresidente del Gobierno la respuesta que ha
dado. Sin entrar en ningún tipo de crispación, hay una evidencia. Del
contenido de la interpelación y del contenido de la intervención del
vicepresidente primero del Gobierno, hay un punto en común, y es que
el CIS se equivoca en sus encuestas preelectorales. Repasando épocas
históricas, épocas de anteriores gobiernos, épocas actuales, las
anteriores elecciones catalanas, las anteriores elecciones
municipales, los centenares de encuestas preelectorales que también
se hacían en época socialista, hemos podido comprobar que hay un
denominador común: el CIS se equivoca. El señor vicepresidente del
Gobierno nos comentaba en su respuesta que había la misma plantilla,
que se utilizaba la misma metodología, que existían las mismas
técnicas demoscópicas, que las encuestas se elaboran a través de las
mismas empresas.
Yo sugeriría que se empezara a replantear si se están haciendo bien
estas encuestas, porque, además -antes lo decía el señor Leguina en
su interpelación-, estamos ante un tema muy pantanoso, es cierto. Y
es un tema aún más pantanoso porque se da en época preelectoral. Una
encuesta preelectoral tiene un gran significado para todos y cuando
la hace un organismo público como es el CIS tiene una especial
relevancia. Una encuesta preelectoral es de las pocas que después
sabemos si era cierta o no porque a los pocos días tenemos el
resultado. Por tanto, cuando empíricamente se ve que esas encuestas
no dan ese resultado, que el resultado electoral no concuerda con
esas encuestas hay que tenerlo en cuenta. Se ha dicho que los
institutos privados también se equivocan, es cierto, pero, por
ejemplo, el periódico La Vanguardia en una encuesta publicada el
domingo anterior al 17 de octubre, a las elecciones catalanas, el
resultado era de un empate técnico en votos, que es el que se dio, y
una mayor atribución de escaños para Convergència i Unió, que es la
que se dio. Por tanto, no todos los institutos se equivocaron de
igual forma, pero lo que es relevante es que el CIS como organismo
público se equivocó de forma notable, como se equivocó también de
forma muy notable en la predicción de las elecciones catalanas del
año 1995. Esa encuesta del CIS estaba muy alejada de lo que después
pasó en el mes de noviembre del año 1995. Por tanto, revisemos esa
metodología.
En este punto, quisiera entrar en una discrepancia con lo que el
señor Leguina ha dicho en su segunda intervención. Yo no estoy de
acuerdo, mi grupo parlamentario no está de acuerdo con que si se
hacen encuestas éstas no se publiquen. Si se hacen encuestas deben
publicarse. Podemos acordar, quizás, que no es bueno hacer encuestas,
podemos acordar que se revise la metodología, pero lo que no podemos
es dar una opacidad a este Parlamento y a las fuerzas políticas
parlamentarias del resultado de encuestas que pueda realizar el CIS
sobre todo en época preelectoral. Tenemos todo el derecho a
conocerlas y, por tanto, nosotros como grupo parlamentario exigimos
ese conocimiento y nos parece mucho mejor lo que se está haciendo
ahora que lo que se hacía antes, que es realizar encuestas que no se
distribuían después a la opinión pública.
Por último, yo no creo -y lo digo con sinceridad- que en las
desviaciones de las encuestas del CIS durante la época socialista o
en las actuales tenga una especial responsabilidad la señora Conde o
el señor Michavila, no les veo a ellos queriendo rectificar
notablemente el resultado de una encuesta. Simplemente se equivocó el
CIS. No se equivocó el señor Michavila, en ningún caso, ni el
Gobierno, ni la señora Conde en legislaturas precedentes, quiero
salvar su buen nombre porque estoy convencido de que no era ésa su
intención. El CIS se equivoca y como el CIS se equivoca deberíamos,
como Parlamento que controla la acción del Gobierno, controlar
también la actuación de un organismo público como es el CIS.
Replanteemos esos métodos de actuación y en esa línea podría ir un
cierto
consenso de nuestro grupo en una moción que pudiera presentarse la
próxima semana.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Jané.
Finalmente, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a mi grupo también le ha gustado mucho la interpelación
porque las cosas han quedado muy claras. Lo primero que tengo que
decir es que de todo lo que ha resultado del debate yo me he quedado
con un dato muy clarificador: las equivocaciones del CIS duelen según
a quien favorezcan o perjudiquen. Y eso está tan claro que tengo aquí
una antología de frases y de valoraciones, pero simplemente, como
para muestra basta un botón, voy a decir una de doña Rosa Conde que
cuando los datos del CIS le favorecieron manifestó que el indicador
de estimación de voto daba una ventaja al PSOE de casi cuatro puntos
-eso fue en octubre de 1996-, que el sondeo del CIS es extremadamente
correcto desde el punto de vista técnico y que en este sondeo se
refleja que los ciudadanos están castigando al Ejecutivo y al PP por
su gestión.
Ustedes no tienen problemas con el CIS, ustedes tienen problemas con
los electores. Cuando los electores se inclinen a su favor saldrá en
las encuestas y seguramente les gustará. Pero yo voy a dar un simple
dato histórico y no me voy a remontar mucho hacia atrás, pero sí lo
justo. El 27 de abril de 1995 comparecía ante la Comisión
Constitucional del Congreso el presidente del Centro de
Investigaciones Sociológicas, señor Arango, a solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
para dar cuenta -escuchen, señorías- de la utilización partidista de
los estudios elaborados por el CIS sobre intención de voto, a la
vista del uso que de los mismos hace el secretario general y diputado
del PSOE, tal y como quedó evidenciado en sus manifestaciones hechas
ante el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Precisamente ese mismo día, por dicha comisión se emitía el dictamen
sobre la proposición de ley de organización del CIS, que fue
posteriormente la Ley 39/1995, de 19 de noviembre. Y con tal motivo,
el representante del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión
Constitucional, señor De Grandes, dejó bien claro que nuestro grupo
estaba más interesado en las modificaciones a introducir en la ley
para mejorar el funcionamiento y la transparencia del CIS que en
ahondar en cuantas críticas y denuncias se pudieran hacer a la
utilización de los datos del CIS por parte del Gobierno y del PSOE.
Hoy estamos ante una novación jurídica y política que parte del año
1995, y desde entonces las cosas son distintas. ¿Por qué? Porque son
transparentes, porque están basadas en el principio de la igualdad
para todos,
de la información para todos. Estoy de acuerdo con el señor Jané en
que las encuestas, si se hacen, son para publicarlas, no para
guardarlas según a quién favorezcan y quién las pueda tener.
Es decir, este principio de transparencia, este principio de
distribución de los datos a todos los grupos es fundamental en un
sistema democrático. El CIS podrá o no equivocarse, podrá hacer las
cosas mejor o peor, pero el CIS hace hoy el mismo trabajo que en la
legislatura pasada, con la misma precisión o imprecisión, lo que ha
cambiado es una cosa, es que el PP está en el Gobierno y el PSOE en
la oposición.
El CIS es hoy un instrumento democrático, sus datos son públicos y
transparentes y se ponen plenamente a disposición de los ciudadanos,
de los profesionales y de las fuerzas políticas, y creo que este
principio, este punto de partida, esta novación política y jurídica
en la naturaleza, en las funciones y en la utilización del CIS es la
clave fundamental.
Se me ocurre una conclusión muy sencilla y tengo que caer en la
tentación: antes el CIS estaba al servicio del PSOE y hoy está al
servicio de la democracia. El CIS antes y ahora actúa conforme a la
legalidad, sólo que la legalidad actual permite cumplir mejor con la
transparencia y con la neutralidad. La presentación e interpretación
que puedan hacer gobiernos, grupos parlamentarios y partidos
políticos de los datos facilitados por el CIS con transparencia,
igualdad y neutralidad entra en el campo del normal juego político y
en este campo, señor Leguina, unos se hunden en el pantano y otros
llegan a tierra firme.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Núñez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO
RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO COMUNITARIO EN MATERIA DE MEDIO
AMBIENTE. (Número de expediente 172/000190.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos a la siguiente
interpelación , del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del
Gobierno relativa al cumplimiento del derecho comunitario en materia
de medio ambiente. Para su presentación, tiene la palabra don Joan
Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, como dice el texto, que como Iniciativa per
Catalunya-Els Verds hemos presentado, esta interpelación quiere de
alguna manera denunciar el incumplimiento importante y reiterado del
derecho comunitario en materia de medio ambiente por parte del
Ministerio de Medio Ambiente. He de decir que estamos ya al final de
la legislatura y que, por lo tanto, todo aquello que no se ha
traspuesto o que no se ha
cumplido va a quedar por hacer. Por lo tanto, estos tres años y
medio, prácticamente cuatro, que llevamos de existencia del
Ministerio de Medio Ambiente también en este espacio, en este área,
en este ámbito creo que queda demostrada la ineficacia, la
incapacidad, incluso el caos del Ministerio de Medio Ambiente. Esto
llevado a que en estos momentos, como usted sabe perfectamente,
existen diversos procedimientos de sanción o de infracción de la
Unión Europea contra el Estado español y que nosotros mismos hemos
presentado algunas de estas denuncias.
Ciertamente, ha habido trasposiciones de directivas, faltaría más,
pero quiero muy rápidamente hacer mención a cinco directivas que o
bien no se han traspuesto o han sido o son incumplidas; cinco
directivas muy importantes, fundamentales desde el punto de vista de
la política medioambiental de nuestro país, que son las siguientes:
la evaluación de impacto ambiental, la prevención y control integrado
de la contaminación, la calidad del aire, la de las pilas y la de los
PCB. Estas cinco directivas o bien no han sido traspuestas, como a
continuación explicaré, o bien son incumplidas y están en
procedimiento de infracción.
La primera de ellas, la Directiva 97/11, que modifica la directiva
del año 1985 sobre evaluación del impacto ambiental. El plazo de
trasposición era el 14 de marzo de 1999. No se ha traspuesto, a pesar
de que eran públicos los inconvenientes, la no satisfacción de la
trasposición que se hizo en 1995. Por tanto, se conocía con tiempo
que iba a haber una nueva directiva y que había necesidad de
trasponer la directiva en el Estado español. He de decirle, como
supongo que usted también sabe, que Iniciativa per Catalunya-Els
Verds en abril de 1999 presentó una denuncia a la Comisión de
Peticiones y una queja a la Comisión de las Comunidades Europeas, que
en junio de este año se nos aceptó la apertura del procedimiento de
infracción y que en agosto la propia comisión les ha comunicado a
ustedes el inicio de un procedimiento de infracción contra el Estado
por incumplimiento de esta directiva.
Ustedes hace unos meses iniciaron un proceso de consulta de un
anteproyecto de ley de evaluación del impacto ambiental, proyecto que
fue cuestionado desde diversos ámbitos y que tenía disposiciones que
contravenían de forma clarísima la propia directiva. Permitía la
fragmentación de los proyectos en tramos, posibilitaba exluir del
trámite de evaluación determinados proyectos o también excluía de la
evaluación proyectos aprobados por leyes como podían ser obras
hidráulicas. Es cierto que -como una muestra, en todo caso, del vacío
de esa trasposición- en la ley de acompañamiento han intentado hacer
un parcheo de dos disposiciones que de alguna manera solventan temas
que la Comisión Europea les reclamaba desde 1996, pero en estos
momentos en el Estado español se están efectuando obras públicas y
privadas sin un marco que regule las repercusiones de esas obras en
el medio ambiente. Por lo tanto, una primera directiva importantísima
que no se ha traspuesto.
Segunda directiva, la 96/61, relativa a la prevención y control
integrado de la contaminación, cuyo plazo de trasposición acaba el 31
de octubre de 1999. Ya he informado a los medios de comunicación que
esta mañana hemos presentado una nueva queja en la Comisión Europea y
una denuncia en la Comisión de Peticiones, también contra el Gobierno
español, por incumplimiento de esta trasposición. Merece la pena
señalar que el marco legal español es absolutamente obsoleto: un
reglamento de actividades molestas e insalubres del año 1961, una Ley
de contaminación atmosférica de 1972 y la ausencia de cualquier tipo
de regulación y normativa en relación con la contaminación acústica.
Mucho más grave es que en el programa de presupuestos para el año
2000, cuando uno va precisamente a los programas que hacen referencia
a estas cuestiones, no hay ni un solo objetivo de cumplir
inmediatamente la trasposición de la directiva. Por lo tanto, una
segunda directiva importantísima, que intenta integrar el conjunto de
las posibles contaminaciones, tanto en la atmósfera como en el agua y
en el suelo, que ustedes tampoco han traspuesto y que va a ser,
también esta vez, motivo de inicio de procedimiento de infracción
contra el Estado español.
La tercera directiva hace referencia a la evaluación y gestión de la
calidad del aire. Ésta debía estar traspuesta en julio de 1998, pero
el Estado no ha notificado a la Comunidad la legislación necesaria
para hacer la adaptación de esta directiva. Hace muy pocas semanas,
el propio responsable de medio ambiente urbano de la Comisión Europea
ha dicho que las Hurdes españolas integrarán la lista de ciudades
sucias; o sea, el responsable medioambiental de temas urbanos de la
Comisión ha dicho que las ciudades españolas van a estar en la lista
de ciudades sucias, y explica las repercusiones negativas que esto va
a tener. Por un lado, puede significar la necesidad de reducción o de
no expansión de la actividad industrial y, por otro, desde el punto
de vista de los ciudadanos, quiere decir que su ciudad estará en una
lista de ciudades sucias. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.) Hice varias preguntas escritas a su
Ministerio en relación con este tema y, una vez más, usted me
contestó hace muy pocas semanas diciendo que el Ministerio está
estudiando para que próximamente se actualice la Ley 38/1972.
Respuestas de éstas usted las lleva dando, a diversos grupos y en
concreto a mí, hace tres años. Cada tres meses preguntamos una cosa y
cada tres meses nos contestan que inmediatamente se va a presentar,
pero acaba la legislatura y no se ha presentado.
Cuarta directiva, sobre las pilas gastadas. En relación con ésta hay,
en concreto, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia europeo,
de 1998, contra el Estado español. El Estado español dijo que en mayo
de 1999 iba a presentar un programa y en julio de 1999 la Comisión
Europea, ante el incumplimiento del programa y de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia, ha vuelto a emitir un dictamen contra
el Gobierno español.
Ha iniciado el procedimiento a partir del artículo 228; un
procedimiento que posibilita incluso la imposición de sanciones
pecuniarias.
Por último, la Directiva 96/59, que hace referencia a la eliminación
y a la reducción de policlorobifenilos y de policloroterfenilos, cuya
trasposición tenía que estar hecha el 16 de marzo de 1998 y que
tampoco se han notificado ni se han adoptado las normas de
incorporación de esta directiva. Quiero recordar (no a la señora
ministra, que seguro que lo conoce mejor que yo, pero sí a las
señoras y señores diputados) que la intoxicación de los pollos en
Bélgica este verano estuvo motivada precisamente por la existencia de
este tipo de residuos, que son de los más peligrosos que existen y
que además pasan a los cuerpos vivos. En relación con este tema, la
Comisión Europea también ha tenido que recurrir al Tribunal Superior
de Justicia europeo denunciando la actitud del Gobierno español. En
estos momentos España tiene más de 40.000 toneladas de PCB instalados
y no existe una sola infraestructura de eliminación de un producto de
estas características. El Estado español ni cuenta con una sola
infraestructura de eliminación, ni ha notificado qué piensa hacer con
el residuo posiblemente más peligroso que existe en estos momentos y
que ha sido motivo de intoxicación en los pollos y motivo de la
alarma alimentaria que se ha dado este verano en Bélgica y en el
resto de Europa.
Podría desarrollar otros aspectos de otras directivas que no han sido
traspuestas o que han sido incumplidas, pero quiero llamar la
atención, señora ministra, y me gustaría que me lo explicara, sobre
cómo es posible que estas cinco directivas -evaluación del impacto
ambiental, prevención y control integrado de la contaminación, la
Directiva de calidad del aire, la Directiva de las pilas o la
Directiva de los PCB- que componen posiblemente el núcleo duro de lo
que debería ser la actuación del Ministerio de Medio Ambiente, o bien
no se hayan traspuesto o bien se haya incumplido el derecho
comunitario. En todo caso, prácticamente en todas ellas hay hoy
abiertos expedientes de infracción o sancionadores.
Señora ministra, usted va a acabar la legislatura con un suspenso en
esta materia. Incluso si hoy manifiesta su voluntad de hacer algo -no
sé qué va a ser-, no tiene tiempo. Me gustaría que explicara cómo es
posible que el Ministerio, en esta legislatura, no haya afrontado
estos temas, qué explicación piensa dar, cómo está respondiendo el
Ministerio a los diversos procedimientos de infracción y, además,
cómo es posible que en el presupuesto por programas que su Ministerio
propone ninguno de estos temas esté planteado con la necesidad de que
de forma urgente sean traspuestas o cumplidas las directivas
europeas. Señora ministra, no me gusta decirlo, pero usted ha
suspendido sus deberes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le
ruego que termine.
El señor SAURA LAPORTA: El curso parlamentario ha terminado, no ha
sido usted capaz de hacer los deberes y espero que en las próximas
elecciones también la suspendan en esta materia.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Medio
Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Señoría, empiezo por sus últimas palabras. La esperanza es lo último
que se pierde, pero creo que va usted mal esperanzado y su esperanza
se va a convertir en desesperanza, porque ni suspendemos esta
legislatura ni vamos a suspender la siguiente.
Ha pasado usted tan de puntillas por lo que este Gobierno ha hecho en
materia comunitaria que me veo en la obligación de recordárselo. Es
curioso que usted hable de cinco directivas -luego le explicaré lo
que no son cinco directivas- que no hemos traspuesto - cosa que no es
cierta y se lo demostraré a continuación con datos-, y sin embargo no
haya querido hablar de diez directivas comunitarias que este Gobierno
ha incorporado al derecho interno en los no más de tres años y medio
de existencia de un Ministerio específico de Medio Ambiente.
Su señoría tampoco ha recordado aquí, y me veo en la obligación de
hacerlo, que es siempre el Reino de España el que al final cumplirá o
incumplirá; no es la ministra de Medio Ambiente, no es ni siquiera el
Gobierno, puesto que el Gobierno en muchas ocasiones no puede hacer
más que incorporar la directiva comunitaria, pero luego, cuando las
directivas incorporadas se cumplen o se incumplen, que es el
procedimiento de quejas comunitarias al que se refiere S.S., se debe
fundamentalmente a incumplimientos de las comunidades autónomas o
incluso de las corporaciones locales, tema que ya no puede coordinar
ni controlar en su cumplimiento el Ministerio de Medio Ambiente. En
cualquier caso, es bueno recordar que en lo relativo al cumplimiento
de obligaciones específicas de incorporación de la normativa
comunitaria, este Ministerio, en tres años y cinco meses de
existencia, ha tramitado diez directivas comunitarias, dos leyes y el
resto en reales decretos, por lo que tengo que decirle -y es
completamente distinto a lo que S.S. me plantea- que nos encontramos
en este momento prácticamente al día en el cumplimiento de los plazos
de incorporación de directivas comunitarias. Es una labor
extraordinaria que creo que debe ser resaltada, porque desde luego
contrasta y mucho con la situación inicial que nos encontramos en la
que cinco de las directivas que incorporamos en estos tres años
llevaban ya vencidas más de tres años. Es decir, que si venían desde
el año 1991, el cumplimiento tenía que haberse producido antes de
1993 y hubo que incorporarlas al derecho interno. Comprendo
que a S.S. no le guste recordar esto, pero la realidad es que ni
siquiera se habían llevado en un proyecto al Consejo de Estado que
como debía saber S.S. y supongo lo sabe, necesita emitir un dictamen
antes de su aprobación por el Gobierno. En el Consejo de Estado no
existía ni siquiera un proyecto de cinco directivas que ya estaban
vencidas. Otras cinco más que han ido venciendo a lo largo de nuestra
gestión en el Gobierno también han sido incorporadas al derecho
interno, cinco directivas cuyo plazo estaba vencido y cinco nuevas
directivas, traspuestas todas ellas adecuadamente, cosa que S.S. ha
pasado por alto.
Incorporar diez directivas comunitarias con las dificultades que esto
conlleva, le parece a S.S. que es suspender la legislatura. Pues
bien, la norma por la que se modifica la Directiva relativa a los
residuos ha fructificado en una Ley de residuos y quiero decirle,
además, que esas directivas en materia de residuos nos han llevado
a ponernos totalmente al día a nivel normativo, igual que los demás
países comunitarios en materia de residuos, cosa que no teníamos.
Ante la preocupación de SS.SS. de ciudades sucias, debo decirle que
no sé muy bien a qué se está refiriendo S.S. porque no tenemos esa
amenaza que cita. No sé quien se lo comunica a usted, a lo mejor
piensan que van a llegar a tener responsabilidades de Gobierno pronto
y por eso le dicen: ¡Ojo!, a ver si pones en marcha que las ciudades
no estén sucias. Pues fíjese qué sucias estarían las ciudades cuando
no había Ley de residuos ni Ley de envases. Este Gobierno ha puesto
en marcha una Ley de residuos y un sistema de recogida selectiva de
residuos que puedo decir a S.S. por si quiere recogerlo, por lo menos
que conste en el «Diario de Sesiones», que está resultando ejemplar.
Tan es así que cuando en Francia, que a lo mejor no tiene ciudades
sucias pero sé de la contaminación de París, se ha tardado cinco años
en tener el mismo número de empresas sometidas al sistema integral de
gestión de residuos, España lo ha hecho en menos de un año. Es decir,
lo que Francia ha tardado cinco años en poner en marcha, en España se
han incorporado más de 900 empresas en tan solo un año.
Otra Directiva importantísima también es la relativa a residuos
peligrosos, por la que se modifica la Directiva relativa a residuos
peligrosos con anterioridad, incorporadas por Real Decreto de junio
de 1997, por la que se modifica el reglamento para la ejecución de la
Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos. La Directiva de la
Comisión de 15 de abril y 17 de noviembre, por la que se adaptan al
progreso técnico las directivas respectivamente sobre organismos
modificados genéticamente. La Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de
envases a la que me acabo de referir. La Directiva de 16 de
diciembre, sobre incineración de residuos peligrosos incorporada por
real decreto de julio de 1997. La Directiva que se adapta al progreso
técnico sobre la liberación intencional al medio ambiente de
organismos genéticamente modificados,
incorporada por Real Decreto de 20 de junio de 1997. La Directiva por
la que se adapta al progreso técnico la Directiva relativa a la
conservación de los hábitats naturales y la fauna y la flora
silvestres, incorporada por el Real Decreto de 25 de junio de 1998.
La Directiva 98/15, por la que se modifica la Directiva de 21 de mayo
de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas,
incorporada por Real Decreto de 2 de octubre de 1998. En total,
señorías, son diez las directivas incorporadas al ordenamiento
jurídico español en esta legislatura frente a las seis que se
incorporaron en el período anterior.
Habla S.S. de las directivas incumplidas. He de decirle que las
únicas que considero incumplidas al día de hoy son la de evaluación
de impacto ambiental y la directiva conocida por sus siglas IPPC, de
control integrado de la contaminación. No sabe cómo agradezco la
diligencia de su señoría. Hace diez días que ha transcurrido el plazo
de trasposición de la directiva comunitaria y S.S. ya ha enviado una
queja a la Comisión. Bienvenida sea y supongo que habrá grupos, tan
diligentes por lo menos como el suyo, que hayan hecho lo mismo con
los otros catorce Estados comunitarios, porque al día de hoy -debe
saberlo dada la información que tiene tan privilegiada- no hay ni un
solo Estado que haya incorporado esta directiva comunitaria. O sea,
España suspende y los quince Estados de la Unión Europea suspenden,
porque en la historia de la incorporación de directivas comunitarias
no hay ningún Estado que a los diez días tenga incorporada una
directiva comunitaria. Existe el caso de dos países, Suecia e
Irlanda, creo recordar, que a lo mejor no necesitan incorporar
específicamente esta directiva IPPC, en la medida en que tienen una
normativa que puede servir. Está por verse, pero son los únicos dos
Estados que con su directiva actual en vigor a lo mejor podrían
cumplir la normativa comunitaria. En cualquier caso, ninguno de los
quince Estados ha incorporado a su derecho interno esta directiva
comunitaria, con lo cual todos mal o todos muy bien, pero España está
una vez más en la misma situación que los otros catorce Estados, tan
medioambientales ellos y tan limpios ellos. No tengamos siempre el
complejo de que somos los peores. Somos los peores y los mejores.
Entre los quince nos encontramos.
Con relación a lo que llama S.S. la Directiva de la calidad del aire,
debería saber S.S., por esa información tan privilegiada que tiene,
que precisamente la trasposición de esa directiva queda pospuesta a
la adopción por el Consejo de las directivas de desarrollo con sus
correspondientes plazos, contempladas en el apartado 1 del artículo
4. Como así lo comunicamos a la Unión Europea y como así la Unión
Europea lo tiene en cuenta, por lo cual ese dictamen motivado en este
momento no está en vigor puesto que no depende del Estado español la
incorporación de esa Directiva de calidad del aire. Luego ya vamos
quitando dos, señoría.
La otra Directiva a que se refiere S.S., la de pilas y acumuladores,
es una clarísima en la que no depende
del Ministerio de Medio Ambiente hacer la incorporación sin más, sino
que necesitamos presentar un plan nacional de recogida de pilas y
acumuladores, que, como S.S. supongo que sabe, no es más que la
acumulación de los demás planes regionales de todas las comunidades
autónomas. Mientras todo esto hemos podido coordinarlo en unas
negociaciones realmente difíciles, y fíjese que la directiva es del
año 1991, luego es una de las que hemos heredado incumplidas, da la
casualidad de que el 22 de noviembre se va a llevar ya a cabo la
publicación en el Boletín Oficial del Estado del programa nacional
que agrupa todos los programas autonómicos, una vez que todas las
comunidades autónomas se han decidido ya a tener un plan regional de
recogida de pilas y acumuladores. Por esa razón, transcurrida la
conferencia sectorial de 22 de noviembre, podremos llevar ese
programa nacional al Boletín Oficial del Estado. Todo esto lo sabe
Bruselas, señoría, y no le preocupa a Bruselas lo que usted llama
incumplimiento de deberes.
Con relación a lo de PCB y PCT me sorprende porque el real decreto es
de julio de este año. Yo no tengo en este momento la fecha porque no
pensé que lo tenía S.S. incorporado, pero mal anda de noticias puesto
que si no me falla la memoria fue antes del verano, coincidió
precisamente con toda la problemática de las dioxinas y este Gobierno
incorporó esa directiva comunitaria.
Por tanto, ya no nos quedaría nada más que la última, la de
declaración de impacto ambiental. Tenemos previsto plantear el
cumplimiento estricto de la directiva comunitaria, porque lo que fue
un posible anteproyecto de ley, tan ambicioso como que no hay ningún
país de la Unión Europea que lo tuviera incorporado, en este momento
no está suficientemente maduro, y lo que sí vamos a hacer para evitar
cualquier tipo de sanciones es trasponer literalmente la directiva
comunitaria en este mismo año, y tenga la seguridad S.S. que esto se
va a hacer.
En cambio, me sorprende que haya pasado tan por alto, usted que tanto
denuncia ante la Unión Europea, el haber felicitado a este Gobierno
por lo que era ya una sentencia que hubiera sido condenatoria cuando
llegamos al Gobierno en el año 1996, porque aquello era un dictamen
motivado, no era una queja comunitaria, no era una amenaza de quejas
con la Tocino, como dicen algunos medios de comunicación, sino que
era un incumplimiento flagrante del Reino de España, concretamente en
las marismas de Santoña. Precisamente porque este Gobierno ha actuado
en la defensa de un humedal y en el cumplimiento de una sentencia del
año 1993, sentenciados ya en el año 1993, hemos conseguido que la
Unión Europea entienda perfectamente cómo hemos actuado y no existe
en este momento ninguna amenaza de una sentencia condenatoria que le
habría costado al Gobierno de España y le habría costado al Reino de
España muchos miles de millones de pesetas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
ministra, le ruego concluya.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Termino,
señor presidente, pero creo que a la hora de hacer un balance son
muchos más los factores positivos para poder felicitarnos, y es así
como nos ven en la Unión Europea, porque le aseguro, señoría, que de
momento, mientras sus esperanzas no se cumplan, quien asiste a los
Consejos de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea es quien
en este momento tiene el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Primero, está claro que ustedes hacen algunas
cosas, ¡faltaría más! Sería inconcebible que usted durante cuatro
años no hubiera hecho nada. En ese caso la hubieran cesado, y no ha
sido así. Segundo, no tengo información privilegiada, tengo
información pública. Y cuando hablo de ciudades sucias, le volveré a
repetir, porque usted no me ha escuchado, quién lo ha dicho y por
qué. Tercero, usted tiene un sistema de sumar y restar que a mí, que
vengo del mundo de las ciencias, no de las letras, me resulta
difícil. Usted suma y resta cosas y al final parece que todo está
cumplido. La felicito e intentaré hacer esfuerzos por entender este
mecanismo matemático suyo.
En todo caso, señora ministra, seguro que uno de los mayores
problemas que hay hoy respecto a las repercusiones sobre el medio
ambiente son las evaluaciones de los impactos ambientales de las
obras públicas y privadas. ¿Sí o no? Sobre esto lo que dice, no el
señor Saura o Iniciativa per Catalunya, la Comisión Europea en una
carta que me dirigió a mí el 16 de agosto es lo siguiente: El pasado
5 de agosto la Comisión notificó al Estado español una carta de
emplazamiento, primera fase del procedimiento previsto en el artículo
226 del Tratado de la Comunidad Europea. Nos pondremos de nuevo en
contacto con usted para informarle del desarrollo del procedimiento
de infracción abierto contra España, al cual ha sido atribuido la
referencia 99. ¿Esto me lo invento yo, es información privilegiada o
no tiene importancia, señora ministra? Esto es importantísimo, porque
en este momento, en este país, durante estos cuatro años, se están
haciendo miles y miles de obras sin un marco de evaluación de impacto
ambiental. Quiero recordarle además, señora ministra, que ésta es una
directiva que se ha aprobado en la Unión Europea cuando usted ya era
ministra, no antes.
La segunda cuestión que no he entendido del todo teniendo en cuenta
cómo ha ido restando y la ha hecho desaparecer -la verdad es que ha
conseguido despistarme- es la Directiva sobre el control integrado de
la contaminación que ciertamente acabó el 31 de octubre, pero que se
tenía que haber puesto hace dos años.
Usted ha dicho que no está en ningún país, pero no ha dicho otra
cosa. ¿Con qué legislación estamos trabajando hoy en España? Y no me
remito al anterior Gobierno porque yo no soy del Partido Socialista,
aunque evidentemente estoy más cerca del partido Socialista que de
ustedes. Pues bien, en ningún país de Europa hay un reglamento del
año 1961, una ley de contaminación de 1972 y nada sobre el ruido como
en éste. Dígame usted en que país existe eso y no me diga que en los
demás, porque depende de la urgencia, ¿en qué país que no tenga nada
o tenga normas preconstitucionales como las nuestras? ¿Es que no
sabía que se tenía que hacer esto? ¿Quiere que le lea lo que dijo en
las primeras comparecencias que hizo en relación a esto? Pues dijo
que todo esto lo iban a hacer al cabo de seis meses, bueno, exagero,
dijo que lo harían inmediatamente. Le puedo leer alguna de las
preguntas a las que usted me contestó que lo harían inmediatamente.
Por tanto, no me reste, señora ministra, el control integrado. La
situación del resto de los países de Europa no es la nuestra.
Sobre lo de las ciudades sucias usted me ha dicho:¿Quién le ha dicho
esto, quién le ha engañado? Es que no me ha escuchado. Esto salió en
la prensa en el mes de junio. Y ¿quién dice esto? Pues lo dice don
Prudencio Perera, que es el responsable de la política de medio
ambiente urbano, en unas jornadas en Madrid. La señora Ministra me da
a entender que no tiene importancia, pero el responsable del medio
ambiente urbano de la Comunidad Europea es el que ha dicho,
refiriéndose al tema de la contaminación atmosférica, no de residuos
-como usted no me ha escuchado me ha contestado por peteneras-, que
las ciudades españolas van a estar en la lista de ciudades sucias con
unas repercusiones negativas. Esto no lo digo yo, aunque a usted le
pueda importar tres pepinos. A ustedes no les importa nada cuando
quieren. El señor Piqué, con lo de las CTC de la Comunidad Europea
dijo: Esto es el Mediterráneo, esto no tiene importancia. El tribunal
ha abierto un expediente de infracción pero no tiene importancia. Al
cabo de tres meses, por debajo, sin comunicarlo públicamente, se
intentaba parar esto. Usted hoy hace absolutamente lo mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le
ruego vaya concluyendo.
El señor SAURA LAPORTA: En relación a las pilas, en mayo de 1998, el
Tribunal Superior de Justicia dicta una sentencia que dice: Primero,
declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud del artículo 6 de la Directiva 91, etcétera, de 18
de marzo, relativa a las pilas y a los acumuladores; segundo,
condenar a costas al Reino de España.
Ustedes utilizan siempre, esta vez también, el argumento del Reino de
España, en el sentido de que usted no es la responsable. Simplemente
la invito a que lea el apartado 16 de la propia sentencia, donde dice
clarísimamente
que en ningún caso puede ser disculpa el que existan otras
administraciones con competencias y que es necesario que el Gobierno
haga esto. Por tanto, no me utilice usted un argumento como si yo no
supiera leer sentencias.
No tengo tiempo de hablar de algunas de las directivas que usted ha
citado, por ejemplo la de residuos. Dice: Es que hemos hecho la de
residuos peligrosos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, no tiene
tiempo, S.S., le ruego concluya.
El señor SAURA LA PORTA: Gracias, señor presidente, pero tampoco en
este caso sería lo que usted ha dicho.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias
a usted, señor Saura.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Señoría, yo estoy dispuesta, si usted no quiere leer el «Diario de
Sesiones», a dejarle por escrito una copia de todas las directivas.
No venga usted a decir que yo aquí hago sumas y restas, diga usted
que lo que le he restado es que le he dejado sin argumentos, porque
venía usted a plantear una interpelación y, si se hubiera leído antes
lo decretos, no la hubiera planteado. Eso es lo que le ha pasado a
usted.
Dice que sumo y resto. Mire, cinco directivas comunitarias que habían
vencido cuando me hice cargo del primer Ministerio de Medio Ambiente,
en mayo de 1996, todas incorporadas, cinco directivas, más cinco que
vencieron después; sume usted, cinco más cinco son diez, y tienen
todas nombre y apellidos y fecha en el Boletín Oficial del Estado.
Como están ahí, se las voy a dar a usted, las diez.
Luego me dice usted: cinco que se han incumplido; y le digo: una de
ellas no está incumplida, la de PCB/PCT, porque le he dicho que la
aprobó el Consejo de Ministros en julio y me pasan mis servicios una
nota diciéndome que ha entrado en el Boletín Oficial del Estado de 27
de agosto de 1999. Si yo le he dicho a usted que se aprobó en julio,
antes de marcharnos de vacaciones, mi memoria no me fallaba, a quien
le ha fallado es a usted; de las cinco quitamos una más.
A continuación me dice usted que hago malabarismos sobre la de
calidad del aire. Ya no me la ha vuelto a citar usted más que para
unas jornadas; un señor viene de Europa y en unas jornadas dice: A lo
mejor plantearemos las ciudades sucias en España. Muy bien, supongo
que los ayuntamientos y los alcaldes estarán todos temblando al saber
que un señor que pasaba por aquí en unas jornadas dijo: Y España, en
las ciudades sucias. Ya nos explicará cómo se hace eso. Precisamente
porque sé leer sentencias, porque en mis tiemposlibres era jurista,
sé que unas jornadas tienen el valor
que tienen, importantísimo valor, pero usted me está hablando de
quejas, de denuncias, de sentencias, al Reino de España. ¿Le molesta
a usted que hable del Reino de España? No me excuso, pero
efectivamente lo grave de la situación es que es el Reino de España,
todos los españoles somos los que acabaríamos pagando sentencias
condenatorias, por eso mi prisa en las marismas de Santoña para
evitar la segunda sentencia condenatoria, de la que ya no nos salvaba
nadie, porque desde la primera de 1993 habían pasado tres años y no
se había puesto en ejecución, y la segunda sentencia sí que ya
hubiera sido de pagar. ¿Quiénes? El Reino de España. ¿Quién es el
Reino de España? Todos los españoles. ¿Por incumplimiento de quién?
Parte del Gobierno y parte de una comunidad autónoma.
Por eso es tan importante que hablemos con rigor, señor diputado, y
por eso le digo que la de calidad del aire no me la coloque usted
aquí, señoría, porque el Consejo de Ministros tendrá que pronunciarse
con las directivas hijas, que se llaman, para ver cómo se cumple esa
calidad del aire. Por tanto, no existen en este momento los plazos
del dictamen motivado de la calidad del aire. Luego retire usted ya
otra más, señorías, que también traía, de las cinco.
Me dice que le he hecho un juego malabar del IPPC, al final lo ha
recordado S.S., el que no había escuchado era usted, ha recordado lo
que le he dicho: Ningún país de la Unión Europea ha incorporado en
diez días una directiva comunitaria. Ningún país, y de los que usted
dice que tienen una legislación maravillosa, solamente hay dos que a
lo mejor no tienen que incorporar directiva comunitaria, los demás,
con una legislación como la nuestra, todos tendremos que pasar por el
aro de incorporar la directiva comunitaria.
Por último me dice usted: pilas y acumuladores. Pilas y acumuladores
es de las que, si no se cumple, el Reino de España, usted y yo y
todos los españoles, pagaremos el incumplimiento de aquellas
comunidades autónomas que no hubieran tenido un plan de pilas y
acumuladores, pero lo pagaremos todos los españoles porque no hay
ningún elemento coercitivo para obligar -derecho constitucional,
Constitución española-; el Gobierno, la Administración Central, no
puede obligar a un presidente de un Gobierno autónomo a que por las
buenas o por las malas haga un plan de pilas y acumuladores. Tiene
que haber un consenso, que ha conseguido este Gobierno, usted ha
dicho desde cuándo estaba pendiente, y le he dado una fecha: 22 de
noviembre. Estamos en este mes. Luego retire también otra. No son
sumas ni restas. ¿Qué nos ha quedado? La de evaluación de impacto
ambiental. Es completamente falso que estemos sin ningún marco
legislativo. Se está haciendo en cumplimiento estricto de una ley de
impacto ambiental y de un reglamento que desarrolla esa ley, que
heredamos del gobierno anterior y con él seguimos funcionando. No me
haga gestos, señor Saura, como me dice usted, para que conste en el
«Diario de Sesiones». No sea usted despreciativo,
que era bastante reciente. Además, no tiene la culpa ni
este Gobierno ni el anterior, sino que traspone una directiva cuando
es. ¿Qué ha ocurrido? Que la Unión Europea se ha dado cuenta de que
las evaluaciones de impacto ambiental requieren de más perfección,
requieren de más exigencia. Por eso ha incorporado a la directiva que
tenemos ya en vigor el anexo dos. Es sólo este anexo el que estamos
incumpliendo, señoría. Y le he dicho que en diciembre de este año,
antes de que se acabe la legislatura, tendremos incorporado el anexo
dos. Lamento muchísimo haberle defraudado, pero de sus cinco
situaciones, sólo nos queda pendiente la directiva de IPPC, que ha
vencido, fíjense qué grave pecado, el día 30 de octubre de este mismo
año. No hay todavía ni un sólo país de la Unión Europea que la haya
incorporado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
ministra, le ruego concluya.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): No pido
disculpas, ni utilizo más argumentos que los del rigor, los datos y
el Boletín Oficial del Estado. ¿Se podría haber hecho más?
Seguramente. Pero no hemos sido apercibidos ni amonestados por la
Unión Europea, que se siente muy orgullosa de los esfuerzos que ha
hecho España desde que tiene un Ministerio específico de Medio
Ambiente.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En
nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, ha
habido un momento en el que a esta portavoz se le ha pasado por la
cabeza no intervenir, porque tendríamos que felicitar por el buen
funcionamiento al Ministerio de Medio Ambiente, y no me apetecía en
exceso felicitar a la señora ministra, entre otras cosas porque
estamos convencidos de que no es cierto lo que ha dicho.
Señora ministra, me sumo al suspenso que le da el portavoz de
Iniciativa per Catalunya en la gestión del Ministerio de Medio
Ambiente y en la trasposición de las directivas europeas. Ya puede
justificar en esta Cámara, como hacen habitualmente, que la culpa es
de las comunidades autónomas, o que ya lo han solucionado pero lo han
hecho de una manera que los demás no nos hemos podido dar por
enterados o cualquier otra de las muchas excusas que la ministra de
Medio Ambiente suele poner en esta Cámara y a la que ya nos tienen
acostumbrados y acostumbradas. Pero, señora ministra, hay una
realidad que se sigue dando todos los días, y es que no es posible
continuar funcionando como lo hace este Ministerio de Medio Ambiente.
Entreotras cosas, señora ministra, porque las trasposiciones
de las directivas que usted ha mencionado, y hablaba de diez, están
hechas de tal manera que, si mi memoria no me falla, a España ya se
le ha llamado la atención por parte de la Unión Europea precisamente
por no haber presentado una de sus famosas leyes, de la que tanto
presume, que es la Ley de residuos y le ha llamado la atención por no
haber presentado el plan nacional de residuos.
Señora ministra, a la Unión Europea le da exactamente igual quiénes
son las administraciones que tienen que intervenir a la hora de
presentar los programas o los planes nacionales. La Unión Europea lo
que quiere es que se cumplan las directivas, se aprueben los
programas y los planes y que el Reino de España no tenga que ser
sancionado. A ninguno nos gustaría tener que pagar sanciones, pero el
Reino de España, señora ministra, como usted ha dicho en su
intervención, somos todos los españoles y las españolas. No se trata
de que usted utilice métodos coercitivos a la hora de imponer a las
comunidades autónomas aquellos cumplimientos de las competencias que
tienen que llevar a cabo, sino sencillamente dialogar, consensuar y,
además, fijar en el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente los
recursos económicos necesarios para que el Gobierno sea el motor de
aquellas comunidades autónomas que normalmente por escasez de
recursos no pueden llevar a cabo determinadas directivas europeas,
y mucho menos las corporaciones locales.
Por tanto, señora ministra, nosotros no podemos estar contentos con
esas diez trasposiciones de directivas, que tienen bastantes lagunas
que después nos van a resultar problemáticas de subsanar, desde luego
compartimos la preocupación del Grupo Mixto, de Iniciativa per
Catalunya, por las directivas que están todavía por trasponer y,
sobre todo, la preocupación por la aplicación del anexo 2 de la
declaración de impacto ambiental. Señora ministra, está claro que su
Gobierno no ha sido capaz de poner de acuerdo al propio Ministerio de
Medio Ambiente y que en esta pelea que dentro del propio Ministerio
han tenido la parte medioambiental y la parte de inversión en
infraestructura, al final, ha ganado la inversión en infraestructura
y, desde luego, la medioambiental se ha quedado bastante malparada.
Señora ministra, ese borrador, con todos sus defectos, podía haber
ido hacia adelante, pero desde luego esta Cámara y la opinión pública
sabemos quién se ha opuesto a él y quien, precisamente dentro del
Ministerio, ha estado impidiendo que se pudiera llevar a cabo esta
aplicación del anexo 2 de la directiva. Es más, señora ministra,
¿cómo la va a hacer? ¿A través de un real decreto para que esta
Cámara no lo pueda debatir y no pueda intentar al menos incluir
aquellos aspectos que desde mi grupo se puedan considerar más
favorables para el medio ambiente? ¿Nos ha querido decir eso, señora
ministra? Desde luego, yo creo que sí, y es una mala técnica y una
mala forma de gobernar por parte del Ministerio de Medio Ambiente el
que se hagan varias trasposiciones de directivas importantes a
través de reales decretos que impiden el debate democrático en esta
Cámara.
Por otra parte, señor presidente, mi grupo parlamentario estará a la
espera de la moción presentada por el Grupo Mixto, Iniciativa per
Catalunya, para terminar de fijar su posición.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, presidente.
Ministra, usted sabe perfectamente que cumplir el derecho comunitario
no es exclusivamente trasponer las directivas europeas. Cumplir el
derecho comunitario significa que lo que esas directivas establecen
como objetivos se cumpla en los países de la Unión Europea. La norma
es sólo el marco que debería permitir el desarrollo de las directivas
europeas y, por tanto, el cumplimiento de sus objetivos. Y fíjese que
el señor Saura en su intervención solamente le ha recordado algunas
de las quejas y de los procedimientos que en estos momentos están en
vigor. Le recuerdo una que no se ha incorporado en la intervención
del señor Saura, que es la correspondiente a la directiva sobre
contaminación por nitratos. En ésta nos encontramos con que ya hay
condena, mediante sentencia del Tribunal de Justicia europeo, del 1
de octubre de 1998. En nitratos sucede lo mismo que en pilas. Ustedes
encontraron la directiva traspuesta, tanto en pilas como en nitratos,
por el anterior Gobierno socialista, pero en cuatro años han sido
incapaces de hacer un programa nacional, que no es, señora ministra,
la acumulación de los planes regionales; un plan nacional significa
un esfuerzo a nivel nacional, un esfuerzo compartido del Ministerio
de Medio Ambiente con las comunidades autónomas. Naturalmente, cuando
no hay una verdadera voluntad política de darle contenido a un
Ministerio, por mucho que se le cree, sucede lo que sucede, que se
está esperando a que las comunidades autónomas tengan sus propios
impulsos parciales.
El señor Saura le ha leído una parte del procedimiento
correspondiente al caso de las pilas, donde se dice que es necesario
un programa global. A pesar de eso, el 20 de enero de 1997 -está en
el procedimiento- el Reino de España informa a la Comisión de que el
Ministerio de Medio Ambiente acaba de redactar un borrador de Plan
nacional de residuos urbanos en cuyo marco se iba a desarrollar el
contenido de la directiva sobre pilas. Ministra, el 20 de enero de
1997. Han pasado casi tres años y todavía no se ha aprobado el Plan
nacional de residuos urbanos, que, por cierto, nos hemos enterado de
que por lo visto está aprobado por consenso antes de que se apruebe
en la conferencia sectorial del próximo día 22 de noviembre, porque
al parecer no hace falta que haya conferencia sectorial.
Usted ya nos dice que hay consenso y que va directamente al Boletín
Oficial del Estado. Yo comprendo que usted ha devaluado las
conferencias sectoriales, pero es que no ha habido una aprobación en
conferencia sectorial. Si la ha habido, corríjame, ministra; que yo
sepa, no ha habido una conferencia sectorial en la que las
comunidades autónomas hayan aprobado el plan nacional. ¿La ha habido?
¿Ha habido conferencia sectorial? (La señora ministra de Medio
Ambiente, Tocino Biscarolasaga: No.) Ministra, lo que usted ha dicho
es que el día 22 va a ir al Boletín Oficial. Si va a ir al Boletín
Oficial, me figuro que antes se sentarán ustedes con las comunidades
autónomas. Claro que decir que un señor de la Unión Europea es un
señor que pasaba por allí y a unos señores de las comunidades
autónomas sólo se les menciona para decir que incumplen la normativa
europea, es un desprecio detrás de otro hacia niveles administrativos
cada uno de los cuales tiene su competencia. Desde luego, sería
competencia del Ministerio de Medio Ambiente que no hubiese el
descontrol del medio ambiente. De hecho, usted ha dicho que son las
comunidades autónomas las que fallan en el cumplimiento de los
objetivos que marcan las directivas europeas. Si es así, poco hay que
hacer.
Ministra, tiene usted también algún otro dictamen motivado.
Simplemente le recuerdo que lo tiene en relación con el cumplimiento
de otra directiva que traspuso el Gobierno socialista, de esas pocas
que traspuso el Gobierno socialista. Resulta que ya hay dictamen
motivado respecto a la correspondiente al tratamiento de aguas
residuales, traspuesta en enero de 1996, antes de que hubiera
Ministerio de Medio Ambiente, porque esa directiva obligaba a que ya
en el año 1998 se estuvieran tratando adecuadamente las aguas
residuales de las zonas sensibles, cosa que no ha sucedido; ya
tenemos dictamen motivado. Hay más, tenemos carta de emplazamiento
respecto a la directiva correspondiente a la normalización y
racionalización de los informes relativos a la aplicación de
determinadas directivas referidas al medio ambiente; y hay otras.
Ministra, usted nos ha deleitado con una corrección de trasposición
por la vía rápida en la Ley de acompañamiento respecto a la Ley de
acceso a la información en materia de medio ambiente. Por cierto,
deberían haber aceptado la enmienda en contra de la cual ha votado su
grupo hoy, en relación con el coste de esa información a los
ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona,
le ruego concluya.
La señora NARBONA RUIZ: Sí.
En fin, comprendo que, si un director de la Unión Europea era un
señor que pasaba por allí, la oposición -y si ha gobernado, peor
todavía- somos unos señores que estamos por aquí de paso.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):Muchas gracias,
señora Narbona.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario
Popular para mostrar el reconocimiento de mi grupo a la
extraordinaria labor efectuada por el Ministerio de Medio Ambiente en
lo que se refiere a trasposición de la normativa comunitaria al
ordenamiento interno.
Creo que es un buen momento para que recordemos la distribución de
competencias administrativas en materia de medio ambiente en nuestro
Estado de las autonomías, que determina acciones distintas de las
diferentes administraciones para cumplir de manera adecuada con el
derecho comunitario.
En esta distribución de competencias conviene que se recuerde que la
gestión del medio ambiente es competencia de las comunidades
autónomas. Por tanto, también es de las comunidades autónomas la
responsabilidad de esa correcta gestión. El Ministerio de Medio
Ambiente tiene la competencia de trasponer las directivas
comunitarias y de coordinar las acciones de las comunidades
autónomas.
Como ya he dicho al principio de mi intervención, el Ministerio de
Medio Ambiente, en su labor competencial, ha traspuesto a nuestro
ordenamiento interno no solamente las cinco directivas cuyo plazo de
vencimiento se había rebasado ampliamente cuando se constituyó el
Gobierno de José María Aznar, sino también otras cinco cuyos plazos
han ido venciendo en estos últimos tres años.
Convendrá conmigo el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto que hoy
presenta esta interpelación sobre la situación actual, que esta
situación contrasta con la que se encontró el Ministerio de Medio
Ambiente poco después de su creación. En aquel momento, mayo de 1996,
existían varias directivas cuyo plazo de trasposición había
finalizado tres años antes. Me refiero, entre otras, a la directiva
sobre residuos cuya no trasposición originó que en el año 1996 no
existiera todavía una ley básica de residuos cuya importancia ya se
ha resaltado aquí esta tarde.
Como ya se ha reiterado desde esta tribuna, en estos momentos
solamente son dos las directivas pendientes de trasposición y con
plazo vencido, aunque en ambas el vencimiento es muy reciente: 14 de
marzo y 31 de octubre de 1999. Estamos hablando de que el fin del
plazo de trasposición es de hace pocos meses, en un caso, y escasos
días en el otro.
Se trata, señorías, como se ha hablado aquí -y conviene que recuerden
ustedes-, de estas dos únicas directivas: la directiva sobre
evaluación de impacto ambiental y sobre control integrado de la
contaminación.
Los proyectos normativos preparados por el Ministerio de Medio
Ambiente, prácticamente ultimados, son
de una gran complejidad técnica, económica y jurídica, por lo que es
imprescindible conseguir un consenso entre los distintos
departamentos afectados, las distintas comunidades autónomas, los
agentes sociales y económicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señora De Lara.
Señorías, les ruego que desconecten los teléfonos móviles en el
hemiciclo.
Puede continuar, señoría, discúlpeme.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Si importante ha sido la labor del Ministerio para obtener un
consenso, es decir, la labor de consenso realizada en todas sus
actuaciones, en el caso de ambas normas a las que nos estamos
refiriendo, evaluación de impacto ambiental y control integrado de la
contaminación, este consenso es especialmente necesario para evitar
la conflictividad que podría generarse por su aplicación. Creo, por
tanto, que en ambos casos el retraso -retraso justificado para
conseguir un consenso- es totalmente admisible, dado el escaso plazo
que ha pasado desde que estas directivas tenían que haberse
traspuesto.
En cuanto a las demás directivas que aquí se han dicho, señorías, ha
quedado demostrado ya que la directiva sobre calidad del aire es de
imposible trasposición en estos momentos hasta que aparezcan las
llamadas directivas hijas. La directiva sobre aves silvestres, sobre
la cual, por cierto, no he oído comentarios, es materia de caza; por
consiguiente, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
Y la directiva sobre contaminación por nitratos y sobre las pilas y
acumuladores -a las que se ha referido la señora Narbona-
efectivamente fue traspuesta en el año 1996 y las infracciones que
tienen ambos procedimientos se deben a incumplimientos de las
comunidades autónomas.
Por consiguiente, creo que es importante saber que, tal como ha dicho
la ministra, en la próxima conferencia sectorial de medio ambiente
del día 22 de noviembre se presentará, y se espera que se apruebe, el
plan nacional de pilas, señora Narbona, no el plan nacional de
residuos por el que parece que tiene usted una verdadera obsesión;
obsesión que no tenía cuando era secretaria de Estado porque en el
tema de residuos no hizo usted más que borradores.
Para terminar, quería indicar al señor Saura que en sus
planteamientos parece que desconoce el reparto competencial y, por
tanto, el reparto de responsabilidades de las comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora De Lara,
le ruego concluya.
La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señor presidente.
La falta de objetividad de sus argumentaciones unida a su falta de
información hace que, en su afán por mostrar la ineficacia de la
señora ministra en el cumplimiento del derecho comunitario, sus
argumentos hayan sido rebatidos con facilidad.
Termino, señor presidente, como empecé, felicitando a la ministra de
Medio Ambiente y al Ministerio de Medio Ambiente porque creo que es
un hito para la historia del medio ambiente español que en estos
momentos sólo dos directivas deban trasponerse al ordenamiento
interno con un plazo de vencimiento de escasamente diez días.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora De Lara.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
ACTITUD DEFENDIDA POR EL GOBIERNO Y LA UNIÓN EUROPEA Y LAS MEDIDAS
QUE SE PIENSAN ADOPTAR PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD DEL SECTOR NAVAL
EUROPEO Y, EN PARTICULAR, EL ESPAÑOL. (Número de expediente 172/
000191.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto número 30 del orden del día, interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la actitud defendida
por el Gobierno y la Unión Europea y las medidas que se piensan
adoptar para asegurar la viabilidad del sector naval europeo y, en
particular, el español.
Para su presentación y en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, señorías, señor ministro de
Industria, mi grupo parlamentario cuando presentó esta iniciativa
asumía un riesgo político, y era el de que usted hoy, ante nuestra
petición de comparecencia, pudiese presentar ante la Cámara los
éxitos de su gestión en el día de ayer ante el conjunto de ministros
de Industria de la Unión Europea. Era una asunción de responsabilidad
por nuestro grupo, una asunción de compromiso, reconociendo la
difícil situación por la que están atravesando los astilleros
públicos españoles y asumiendo a la vez la necesidad de que en esta
Cámara tratemos de abordar todos los procesos claves para la
consolidación, para las garantías de futuro de este sector.
Antes de entrar en el fondo del análisis de la reunión del día de
ayer, quiero hacer una somera referencia a cómo está la situación de
los astilleros no sólo españoles sino del conjunto de la Unión
Europea. Es una situación que empeora día a día, no es sólo que sea
grave en estos momentos, sino que no hay una perspectiva a corto
plazo de que pueda mejorar. Los propios sindicatos europeos han
organizado movilizaciones para detener esta sangría de deterioro
permanente de la situación de los astilleros europeos con unas
propuestas
bien claras. Exigen lo mismo que nuestro grupo parlamentario lleva
exigiendo a lo largo de toda esta legislatura: la seguridad del
empleo, la potenciación, el fortalecimiento de la industria del
sector naval, la necesidad de fijar condiciones equitativas en el
mercado mundial y un elemento clave, algo que dentro de la Unión
Europea es competencia nuestra, exclusivamente nuestra, que es la
necesidad de renovar las ayudas transitorias a partir del año 2000.
Lógicamente, estas propuestas pretenden frenar esa constante pérdida
de cuota de mercado mundial, la caída de los precios que está
originando la competencia desleal y la regresión en el empleo.
Sabemos cuáles son las causas, sabemos la sobrecapacidad que existe
actualmente en el mercado internacional en la construcción de buques,
una sobrecapacidad que todavía no ha llegado a su límite y que
constantemente se ve ampliada año a año. El hecho de que la Unión
Europea decida, como hasta ahora se plantea en la perspectiva a corto
plazo, la supresión total de las ayudas para el año 2000, supone
también un empeoramiento de la situación de los astilleros europeos,
y el hecho de que los astilleros coreanos, entre las propias
devaluaciones de su moneda y las ayudas estatales a la construcción
de buques, financien las pérdidas en la construcción de buques,
curiosamente ayudas que en buena parte están sufragadas por fondos de
la Unión Europea, por fondos del Banco Mundial, del Fondo Monetario
Internacional, desde luego es un anacronismo.
El empleo en la Unión Europea no es marginal, estamos hablando del
orden de 300.000 trabajadores y en España del orden de 3.000. Usted
sabe que este empleo es vital para comarcas enteras de nuestro país
que dependen casi exclusivamente de este tejido industrial, sobre
todo, que el sector de astilleros españoles ofrece un efecto dominó
sobre multitud de sectores industriales. Todos sabemos dónde se
compra la chapa que se transforma en esos astilleros, todos sabemos
dónde se fabrican los motores de estos barcos, todos sabemos dónde se
hace la calderería, la pintura, el galvanizado, etcétera. Una
multitud de empresas auxiliares, de sectores industriales que, como
digo, son claves no sólo para el propio grupo de astilleros españoles
sino para comarcas enteras de nuestro país: 30.000 empleos.
De la reunión de ministros parece que ha trascendido -si usted nos
dice lo contrario estaremos gustosos de escucharle- que se pide al
Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que investiguen si
Corea del Sur está utilizando los créditos que se otorgaron para
solucionar su crisis comercial en financiar las pérdidas, los déficit
de sus astilleros. A la vez, encomiendan al comisario europeo de
Empresa que visite Corea del Sur para intentar negociar con las
autoridades iniciativas que eviten la aplicación de medidas
drásticas. Esta medida usted sabe que no tiene buenas expectativas,
sabe que ya se ha intentado anteriormente -usted mismo lo ha
reconocido- por medio del comisario Bangemann y los resultados han
sido nulos. Esta medida, por tanto, no plantea la más mínima
expectativa de viabilidad y se supone que defrauda las expectativas y
las ilusiones tanto de los sindicatos
como de los trabajadores y de las fuerzas políticas que en
esta Cámara creíamos tener consensuado un esquema básico de cuál es
la situación, las causas y lógicamente cuáles serían las medidas que
habría que implementar para solucionar o al menos para iniciar la
recuperación del grupo astilleros españoles-astilleros europeos.
Debe precisar, señor Piqué, cuáles son las medidas que usted, como
ministro de Industria, pretende aplicar dentro de la Unión Europea en
contra de las prácticas surcoreanas. En sus declaraciones de ayer
dejó claro que no va a potenciar la renovación de las ayudas o por lo
menos la implementación de las ayudas públicas a los astilleros. Lo
que le reclamo, a lo que le conmino es a que al menos públicamente
intente defender lo que se supone que es no sólo competencia de su
Ministerio sino ese consenso de la Cámara que le estamos demandando a
lo largo de múltiples debates de proposiciones no de ley, la voluntad
de los propios sindicatos, como es el hecho de que sin las ayudas
públicas, a partir del año 2000 no existe posible viabilidad de los
astilleros europeos. Por tanto, cualquier manifestación pública que
haga usted en cuanto a la no concesión de nuevas ayudas supone un
revés para los astilleros españoles. De todas formas, el que abogue
porque en esta solución transitoria hasta el año 2000 podamos
autofinanciar parte de los déficit de los astilleros con la venta de
patrimonio, no nos parece que sea un elemento estratégico. Es algo
muy parcial, muy coyuntural y desde luego a nosotros no nos parece
que sea una medida de las que se puedan considerar estratégicas para
la consolidación de los astilleros españoles.
Por tanto, nosotros calificamos esta reunión, lo que usted ha
defendido y aquello de lo que usted se encuentra satisfecho, de
totalmente decepcionante. Calificamos de totalmente insuficientes, no
sólo a corto sino a medio y largo plazo, las medidas que ustedes han
decidido. Suponen una renuncia expresa a defender los astilleros a
partir del año 2000. Es abandonarles a su suerte. Son medidas sin
contenido, insuficientes para dar una viabilidad a los astilleros
europeos. El Gobierno español deberá impulsar, en el seno de la Unión
Europea, cambios estructurales en el sector, con un esquema de ayudas
que asegure las actuales instalaciones y el empleo. Debe establecer
planes consensuados con las empresas, con los sindicatos para
consensuar cualquier medida que se deba de aplicar.
Le pedimos a usted, como ministro de Industria y, lógicamente, como
competente -porque, a pesar del marco de relaciones europeas en el
que nos envolvemos en este sector, usted tiene un margen amplio para
poder actuar-, una gestión comercial más activa. Es necesario
invertir esta falta de cartera. Sabemos el marco internacional en el
que nos desenvolvemos, pero, lógicamente, la incidencia de la crisis
no está actuando de la misma forma en todos los astilleros europeos.
Por tanto, le reclamamos esa gestión comercial más activa. No podemos
tolerar que la construcción de buques para empresas españolas se esté
encargando a astilleros coreanos; empresas españolas, algunas de las
cuales tienen participaciónpública y otras son empresas privadas que
se
están beneficiando de ayudas públicas de todo tipo - ayudas fiscales,
ayudas para implantarse, ayudas para desarrollar su actividad
industrial nueva en algunos de los puertos de nuestro país- y nos
hemos visto sorprendidos con que, ante esa actuación del Estado en
cuanto a posibilitar el desarrollo de su industria, nos compensan,
nos premian con unas contrataciones en astilleros extranjeros. No es
de extrañar que la actividad principal de los astilleros españoles,
prácticamente el 99 por ciento, sea para la exportación. No podía ser
de otra forma en esta situación, con una política comercial nada
exitosa y con una falta de implicación a la hora de tramitar las
ayudas públicas a estas empresas para implicarles en un compromiso de
contratación en nuestros astilleros; desde luego, nos parece que las
cosas van muy mal.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Navas, le
ruego vaya concluyendo.
El señor NAVAS AMORES: Termino en este momento, señor presidente.
Le reclamamos que, dentro de sus competencias, promueva el desarrollo
de nuestra flota mercante. España, desde luego, tiene una de las
costas más extensas de los países de la Unión Europea y es un factor
que está pendiente de desarrollar en toda su intensidad. Le
reclamamos un plan de renovación de esa flota mercante, la
subvención, las ayudas al achatarramiento. Cualquier medida que
pretenda dar estabilidad a los astilleros tiene que partir de la
necesidad de mantener el actual empleo. Sabe usted que estamos en el
umbral mínimo para funcionar eficazmente y, sobre todo, le reclamamos
el mantenimiento del grupo Astilleros Españoles unido. Es un valor en
sí mismo para afrontar los retos del futuro. Evidentemente, estamos
de acuerdo en que la inversión en I+D tiene que fortalecerse, en que
las ayudas fiscales, como usted decía, se pueden complementar,
implementar, etcétera. Por tanto, estamos ante un compromiso de
futuro. El objetivo que debemos plantearnos es asegurar la
participación europea en el mercado y el empleo, promoviendo una
política industrial activa que refuerce el sector naval europeo.
Ha acertado usted en que una de las demandas que le íbamos a pedir...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Navas, le
ruego que concluya.
El señor NAVAS AMORES: Sólo 30 segundos, señor presidente, y termino.
... es, lógicamente, como no podía ser de otra forma, el inicio de
conversaciones entre la Unión Europea y Corea para el objetivo de
erradicar estas prácticas ilegales en relación con la competencia; la
asunción de unas nuevas negociaciones para un nuevo acuerdo con la
OCDE para el sector naval. Tenemos que combatir la competencia
desleal a nivel global, la revisión de los sistemas de la Unión
Europea referentes a las ayudas al sector naval. Debemos de prevenir
la abolición unilateral de las ayudas
por parte de algunos de los países, que es lo que usted, de alguna
forma, estaba abogando en el día de ayer. Tenemos que actuar
conjuntamente y, sobre todo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: ... esa actuación conjunta debe tener en
cuenta que sin esas ayudas, en ese mercado en el que nos estamos
desenvolviendo, es imposible garantizar la viabilidad de los
astilleros públicos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de
Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Lo primero que quiero decir en relación con la interpelación -muchas
de sus aseveraciones las comparto- es que, a pesar del tono yo diría
que un poco catastrofista, hay que partir de una realidad, y es que
la situación de los astilleros hoy es mucho mejor que la que existía
hace unos pocos años. Se ha cumplido el Plan estratégico de
competitividad y eso ha sido constatado, además, por el informe de
seguimiento que la Comisión ha hecho al Consejo de Ministros de
Industria que se celebró precisamente ayer, día 9 de noviembre.
Como SS.SS. saben, cuando el actual Gobierno tomó posesión se
encontró con una situación lamentable de los astilleros españoles, en
la que el Plan estratégico de competitividad, el llamado PEC,
acordado con los trabajadores el 19 de octubre de 1995, no había
avanzado en su aplicación, tanto en lo que se refiere a medidas
internas de reestructuración necesarias, por ejemplo la consecución
de un convenio colectivo para el sector, que costó muchísimo, como en
la consecución de la autorización de la Comisión Europea para las
ayudas inherentes al plan. Saben también SS.SS. en especial, porque
entre otras cosas este ministro que les habla ha venido compareciendo
regularmente ante las dos Cámaras para explicarlo, que el Gobierno ha
trabajado intensamente en esta legislatura para resolver esta
situación, obteniendo la aprobación por la Unión Europea de las
ayudas del PEC el día 6 de agosto de 1997, dicho sea de paso con un
importe muy superior al planteado en su momento.
Pues bien, el último informe de seguimiento que presentó la Comisión
en el Consejo de Ministros de la Unión Europea de ayer refleja que
las condiciones en que fueron otorgadas las ayudas en 1997 han sido
plenamente cubiertas en un plazo muy corto de tiempo. Se ha hecho un
esfuerzo de modernización y de inversión importante, se han alcanzado
los objetivos de productividad, de reducción de capacidad, de
limitación de la producción y también de ajuste laboral. Es cierto
que hay una única cuestión enormente relevante pendiente, que es la
de la viabilidad. En el PEC se prevía
una reducción progresiva de las pérdidas de los astilleros públicos
hasta situarse en el punto de equilibrio a finales de 1998, y hay que
decir que este es un objetivo que no se ha cumplido, dado que en el
resultado neto, después de impuestos, refleja unas pérdidas cercanas
a los 19.000 millones de pesetas y que son debidas -en alguna medida,
es cierto- a causas internas, fundamentalmente por el retraso en la
aprobación por la Unión Europea del propio plan y el retraso en
lograr el acuerdo con los sindicatos sobre el convenio colectivo y su
aplicación, pero sobre todo a causas externas por una evolución en el
mercado de la construcción diferente de la prevista inicialmente en
el PEC.
Me parece esencial destacar que este Gobierno ha puesto en práctica
el Plan de reestructuración, de acuerdo con los objetivos fijados, y
que la situación de crisis del sector ha impedido traducir plenamente
este esfuerzo en la consecución, en el plazo previsto, de unos
resultados económicos positivos.
Por tanto, permítanme aseverar que la causa fundamental de no haber
alcanzado la viabilidad es ajena a los astilleros y a España, es un
problema general de Europa. Por consiguiente, permítanme que les
avance también cuál ha sido la posición de España en el seno de la
Unión Europea a este respecto.
No estamos, pues, en presencia de un incumplimiento de las
condiciones en que fueron otorgadas las ayudas ni ante el problema de
que esas ayudas no sean suficientes en condiciones normales, sino de
una situación que deriva de la crisis generalizada del mercado de
construcción naval y que ha obligado a revisar a la baja las
previsiones en todos los astilleros de Europa. Me estoy refiriendo en
concreto a que el mercado mundial de construcción naval es un mercado
en el que existe un importante exceso de capacidad y a que los
astilleros europeos -y los españoles entre ellos- se ven sometidos a
una feroz competencia de los países de Extremo Oriente (Japón, China,
principalmente Corea), situación que ha sufrido un grave deterioro
durante los últimos meses. Y así lo ha entendido desde el primer
momento el Gobierno español. Esa identificación del problema ha
constituido la línea maestra de la posición de España en la Unión
Europea promoviendo, junto con otros Estados miembros desde el
principio y de forma constante -como SS.SS. saben, porque también he
tenido ocasión de señalarlo desde hace más de año y medio en más de
una ocasión ante las Cámaras-, la realización de análisis y
actuaciones consecuentes para resolver en su raíz los problemas del
sector europeo. Puedo decir lo que manifestaba ayer en unas
declaraciones con satisfacción, que el Consejo de Ministros de la
Unión Europea de ayer constituye un hito importantísimo para el
aseguramiento de la viabilidad futura de nuestros astilleros; cuando
digo nuestros me refiero no sólo a los españoles, sino al conjunto de
los astilleros europeos.
Hay que valorar, en primer lugar, que la cuestión se haya planteado
con la contundencia y transcendencia que merece. En segundo lugar,
también quiero decir que se ha producido una gran discusión, puesto
que las posiciones de los Estados miembros no venían siendo uniformes
y en general estaban muy alejadas de la contundencia que pretendía
España. Y, en tercer lugar, que el gran logro ha sido que haya habido
conclusiones adoptadas necesariamente por unanimidad, porque, si no
es así, no hay conclusiones. Es decir, que se haya llegado a una
postura común que es lo que realmente da fuerza a la posición
europea. Ése es un gran logro del que nos congratulamos porque, si no
se hubieran producido todos los esfuerzos realizados hasta el
momento, y desde luego han sido muchos y de mucha gente, hubieran
podido caer en el vacío. De estas conclusiones, señorías,
perfectamente en línea con la posición decidida con España, quiero
destacar lo siguiente. Por primera vez constatan que el sector se
enfrenta a una situación crítica de alcance mundial con precios muy
bajos y un grave exceso de capacidad causado fundamentalmente por la
República de Corea del Sur. Es decir, se constata el carácter desleal
de la competencia coreana con un doble origen, destacado además en el
informe presentado por la Comisión. En primer lugar, Corea ha
registrado un incremento de capacidad que no es justificable (en los
últimos diez años se ha triplicado, mientras que la capacidad de los
astilleros europeos ha disminuido un 30 por ciento) y, en segundo
lugar, Corea ha incurrido en prácticas constatadas de dumping, lo que
se llama la venta a precios por debajo del coste, y eso en el informe
de la Comisión se ve con toda claridad, porque hace referencia a
nueve casos muy significativos, nueve operaciones en las que se ha
incurrido en dumping con porcentajes que van desde el 13 al 41 por
ciento y que en término medio suponen una rebaja en relación al coste
del 25 por ciento.
Como otra conclusión, quiero decir que, por parte del Consejo
Europeo, se insta a la Comisión, a los Estados miembros y a la propia
industria a emprender e intensificar sus actuaciones, sus acciones
ante instancias multilaterales, primero, ante la Organización Mundial
de Comercio y ante la OCDE para asegurar sin aplazamientos el
cumplimiento de reglas justas de competencia, previa recopilación de
evidencias lo más detalladas posibles de comportamientos
anticompetitivos, y también ante el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial para que continúen investigando si las condiciones y
supuestos bajo los que conceden ayudas se respetan plenamente. Por
parte de las conclusiones, también se insta a la Comisión a entablar
inmediatamente consultas constructivas con la República de Corea para
terminar con la competencia desleal. Incluso hay un calendario muy
concreto. Está previsto que en enero el comisario de Industria viaje
a Corea con un doble respaldo: uno, mediante los resultados de una
reunión previa en diciembre con los astilleros, con el sector, en la
que se tratará de recabar el máximo de información que puedan
suministrar y, otro, un mandato claro del Consejo, recogido en las
conclusiones de su sesión de ayer, para que la Comisión satisfaga
plenamente sus obligaciones, según el artículo 12 del Reglamento del
Consejo 1540, de 29 de junio de 1998, que regula las ayudas al sector
de construcción naval en la Unión Europea desde el 1 de enero de 1999
hasta el 31 de diciembre del año 2003 e informe de su desarrollo tan
pronto como sea necesario.
Con ese mandato no sólo se reitera y se urge un nuevo informe sobre
la situación del mercado, sino
también la obligación de la Comisión de avisar en caso de que los
astilleros europeos se vean afectados por prácticas contrarias a la
competencia y, en caso de comprobarse que el sector se ve perjudicado
por dichas prácticas, proponer al próximo Consejo medidas concretas
para hacer frente a dicho problema.
Señorías, confío en haber expuesto claramente las coordenadas en las
que nos movemos para alcanzar la viabilidad de los astilleros y las
mejoras que en la consecución de ese objetivo han supuesto las
actuaciones de este Gobierno a lo largo de la legislatura. La
naturaleza de los problemas no permite que nos desmarquemos - valga
la redundancia- del marco de la Unión Europea. Debemos seguir
trabajando, cosa que me parece obvia, dentro de la Unión Europea,
empujando con tesón en la dirección que consideramos necesaria para
recoger los frutos de todos los esfuerzos realizados hasta el momento
por todos los implicados, como decía antes.
Además de esa labor en el seno de la Unión, el Gobierno continuará
adoptando las medidas internas necesarias para seguir en la senda del
logro de la viabilidad del sector, tanto adecuando su marco de
actuación a lo que el marco europeo establece como persiguiendo las
mejoras posibles en su competitividad.
En este sentido, quiero destacar, además del cumplimiento del Plan
estratégico de competitividad, que en el ámbito nacional se ha
publicado el Real Decreto 2600/1998, de 4 de diciembre, por el que se
adapta la legislación al mencionado Reglamento de la Comisión
Europea, el número 1540/98 del Consejo de la Unión Europea. Además,
se ha arbitrado una serie de incentivos fiscales para la renovación
de la flota mercante y se ha ampliado el límite de las garantías para
la adquisición de buques por empresas navieras domiciliadas en
España, mediante disposiciones de las leyes 49/1998 de Presupuestos
Generales del Estado para 1999 y 50/1998, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
Le anticipo que, en cualquier caso, seguimos analizando y trabajando
en otras medidas que pudieran perseverar en esa dirección de lograr
la definitiva viabilidad de nuestros astilleros.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Navas, para un turno de réplica.
El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, lamentándolo mucho, usted no podía hoy venir a esta
comparecencia intentando vender un éxito de la reunión del día de
ayer. Lo único que ha explicado es que por fin los ministros de
Industria de la Unión Europea se han dado cuenta del marco
internacional en el que se mueve la industria de los astilleros y
que, por tanto, había que tomar alguna medida relacionada con una de
las causas más graves que estaba originando esta crisis del mercado
internacional, que era la competencia desleal de Corea. Enhorabuena
si ése ha
sido el fruto principal de la reunión de ayer, pero es evidente que
tanto los trabajadores como las comarcas, como el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida esperábamos algo más. Por tanto, no podemos estar
satisfechos con unos acuerdos cuasi administrativos. Mandaremos
a instancias superiores que investiguen, que hagan... La verdad es que
la Unión Europea no ha tomado decisión política alguna respecto a lo
que debe hacer en el propio seno de la Unión Europea, respecto a qué
se debe plantear a partir del año 2000 en este contexto
internacional. Mediante estas conversaciones, ustedes han intentado
que el contexto internacional con Corea sea distinto, pero hoy por
hoy le he reclamado a usted que nos diga qué medidas pretenden
implantar ustedes, los ministros de Industria, en la reunión de
febrero ante el fracaso de la reunión de noviembre. Lo que no podemos
es seguir pensando en que nuestros emisarios, nuestros enviados a
Corea o ante la OCDE van a solucionar globalmente el problema y que
la Unión Europea, quedándose de brazos cruzados, va a conseguir que
sus astilleros tengan viabilidad futura. Eso es lo que le pedimos,
medidas concretas que pretenda defender España.
Por cierto, ¿no será que dentro de la Unión Europea España ha perdido
el peso político que podía haber hecho inclinar la balanza de esta
negociación del día de ayer hacia lo que son los intereses o, por lo
menos, lo que es la voluntad mayoritaria de esta Cámara y de los
sindicatos españoles y europeos, respecto a la necesidad de poder
articular medidas industriales activas concretas en el seno de la
Unión Europea para garantizar esta viabilidad hacia el futuro? No han
tomado iniciativa alguna y lo que más me duele es que han salido
triunfantes las tesis de esos países que pretenden que la Unión
Europea no articule nuevas ayudas y nuevas medidas para los
astilleros de la Unión. Eso es lo que realmente me apena y lo que me
hace pensar con pesimismo que en febrero podemos encontrarnos en una
situación similar. Y no es una visión catastrofista, como usted ha
comentado, es una visión que mira hacia el futuro.
El pasado, usted también lo ha subrayado y en eso hemos coincidido,
fue muy malo. El PEC ha mejorado la situación, nadie lo duda. Hemos
conseguido que se apruebe una serie de ayudas en el marco de la Unión
Europea, pero, ojo, que no han sido ayudas que no nos hayan costado
nada. Nos han costado una negociación en la cual nosotros hemos
entregado a cambio cosas (construcción, capacidad de registro bruto);
hemos entregado cosas para que la Unión Europea habilitase y aprobase
algunas de las ayudas que han posibilitado que el PEC siguiese
adelante o que culminase con los resultados actuales. Por lo tanto,
yo creo que para el mes de febrero, después de esta interpelación,
debe comunicar alguna medida concreta. No puede delegar en el
emisario de la Unión Europea, ante las negociaciones que puedan
mantener con Corea, la única y exclusiva actuación que la Unión va a
tomar para garantizar la prioridad de los astilleros europeos.
Por consiguiente, por la incidencia tan grande que tiene este sector
en España, por la incidencia tan grande
que tiene también en la economía española y no sólo en el empleo,
como le he dicho antes, en la marina mercante, en la flota pesquera,
usted debe implantar una serie de medidas que nos hagan pensar que el
Gobierno, que su Ministerio está comprometido con el futuro de los
astilleros y que, sobre todo, lo que pretenden es actuar y no derivar
las responsabilidades no sólo a la Unión Europea, sino incluso a la
no toma de ninguna acción determinante para garantizar esta
viabilidad.
Por eso, lo que le reclamo es que tome medidas, que asuma
responsabilidades. Esas medidas las he enunciado en mi primera
intervención, son las medidas que los sindicatos europeos le están
reclamando permanentemente no sólo a usted, sino al conjunto de
ministros de la Unión Europea. Ustedes, que se pretenden
representantes de estos ciudadanos de la Unión, tomen en cuenta las
consideraciones de los sindicatos, el consenso que en este Parlamento
se suponía que teníamos alrededor de cuáles debían ser las medidas
que se debían adoptar. En las comparecencias presupuestarias el
presidente de Astilleros Españoles parecía que coincidía con la
necesidad de que en este contexto internacional la única posibilidad
que tenían los astilleros españoles era la de conseguir una prórroga
de las ayudas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Navas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré con muchísima brevedad, porque además creo que puedo
coincidir en muchas de las cosas que ha dicho, pero otras me gustaría
matizarlas. Yo pienso que debemos ser conscientes de lo que implica
nuestra pertenencia a la Unión Europea desde muchos puntos de vista
y, por lo tanto, saber que se pueden adoptar posiciones más o menos
quijotescas en cuanto a proponer medidas unilaterales que pueden
quedar muy bien cara a la galería pero que sabemos que no son
practicables. Tenemos que hacer las cosas, como es natural, en el
marco de la legalidad y de nuestras responsabilidades
internacionales. Y en este contexto me dice usted que el Consejo de
Ministros de la Unión Europea ha avanzado poco; en ese tema y en
muchos otros. Avanzar en el consenso entre 15 países es muy difícil.
Pero permítame que le diga algo que a lo mejor le mueve a la sonrisa
pero que es importante. El Consejo de Ministros ha tomado la decisión
de decidir, que no es poco; y le digo que no es poco porque muchos
países ayer no estaban en esa tesitura. Es más, le digo que si
hubiéramos intentado defender la prórroga de las ayudas
tradicionales, que es lo que usted de alguna manera está pidiendo,
ese consenso hubiera sido imposible y, por consiguiente, no hubiera
habido conclusiones, ni posición común de la Unión Europea, ni un
comisario que pudiera plantear en la OCDE, en el Fondo Monetario, en
la Organización Mundial de
Comercio, en todos los organismos multilaterales internacionales que
se adoptaran represalias contra Corea, y no habríamos podido pedirle
a la Comisión que a su vez tomara medidas y acciones que sólo puede
decidir la Comisión, porque nosotros no podemos tomar medidas
unilaterales de carácter comercial, como todo el mundo sabe. Eso no
hubiera sido posible. Las cosas son como son; hay que adoptarlas con
realismo. Gracias a la posición de España y de otros países -no sólo
de España, pero yo creo que fundamentalmente de España porque fue
quien la expresó de manera más vehemente- se ha podido sacar un
comunicado ayer que permite avanzar. Estoy completamente de acuerdo
con usted en que permite avanzar pero no suficientemente. Tenemos que
esperar que la Comisión adopte medidas, las presente, las podamos
aprobar en el próximo Consejo y que avance en las conclusiones frente
a esos organismos multilaterales. Ayer mismo decía que era escéptico
no respecto a lo que se puede hacer en ese terreno. Estoy seguro que
se puede convencer al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE, a la
Organización Mundial de Comercio de que Corea no está cumpliendo con
la legalidad y está haciendo una competencia desleal y que está
utilizando mal los recursos que se le han prestado para resolver su
crisis financiera, pero sí soy escéptico en cuanto a sus efectos a
corto plazo. Esos procesos son largos por definición y, por lo tanto,
hay que hacer otras cosas. De ahí nuestra insistencia en que además
de todo ese trabajo la Comisión Europea nos presente medidas a corto
plazo. Muy bien. Simultáneamente, es obvio que nosotros debemos
seguir trabajando en el interior, buscando nuevas contrataciones.
Y tenemos un caso inmediato -usted lo mencionó en su primera
intervención-, que son los famosos gaseros para el transporte de gas
natural, para el grupo Repsol, que se han adjudicado a varios
armadores, dos de ellos españoles y uno extranjero, y ahora están
viendo a qué astilleros le adjudican la construcción de esos buques.
A partir de ahí, son decisiones de empresas privadas y el Gobierno
directamente no puede incidir, pero es evidente que Astilleros
Españoles sí puede hacerlo y es su obligación, así como buscar las
mejores condiciones posibles. Cuando te enfrentas con alguien que
está planteando precios un 40, un 50 por ciento por debajo de lo que
en términos normales de mercado se pueda presentar, sólo hay una
posibilidad y es decir: Intentemos igualar o equiparar al máximo
posible esas condiciones a través de medidas que sean compatibles con
la legalidad y con nuestras responsabilidades internacionales, y que
no pueden ir más allá de lo que establece la directiva todavía
vigente. Eso significa medidas de carácter fiscal - en ese terreno ya
se han adoptado medidas y seguimos trabajando en ellas- y tomar
decisiones internas en el seno de la empresa. Por lo tanto, por
favor, no minusvalore determinadas actuaciones en el seno de la
empresa que tienen como objetivo recomponer la situación de recursos
propios de la compañía, porque, si no, efectivamente estaríamos ante
una situación insostenible. Eso es
lo que se puede hacer y es lo que se está haciendo, y seguiremos
batallando, luchando.
Y le voy a decir algo más. Evidentemente, nunca vamos a poder volver
al sistema de ayudas que hemos conocido porque la inmensa mayoría de
los Estados miembros de la Unión Europea está en contra. Nosotros
seguiremos luchando por tener un esquema que permita a nuestros
astilleros ser viables, y estamos de acuerdo en que eso no tiene que
pasar necesariamente por un esquema de ayudas basado en la
subvención, que la realidad ha mostrado obsoleto. Pero, desde luego,
no vamos a renunciar a hacer todo lo necesario para que sigamos
teniendo un sector de la construcción naval viable y competitivo, por
una razón, porque tenemos una convicción profunda. Se ha hecho un
gran esfuerzo, se ha cumplido el plan de inversiones, se han ajustado
las plantillas, se han puesto en marcha todas las medidas que estaban
previstas en el PEC y, si hubiera una situación de competencia
internacional razonable, es decir, si no hubiera competencia desleal,
hoy no habría ninguna duda de que nuestros astilleros son viables.
Por lo tanto, ése es el marco en el que estamos jugando, vamos a
seguir insistiendo por ahí y espero que S.S. y yo podamos seguir
coincidiendo en ese empeño.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
¿Grupos parlamentarios que quieren fijar su posición en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, a nadie se le escapa que el sector naval europeo, y
por tanto el español, está atravesando una situación difícil, por una
parte, por factores estructurales y, por otra, no cabe duda, por la
situación que se está produciendo en el mercado internacional por los
constructores navales de los países asiáticos, fundamentalmente de
Corea. Pero, señor ministro, ese motivo y otros no pueden ser el
burladero, la excusa en la que usted se refugie ni para que el
Gobierno eluda sus responsabilidades. Usted lleva cuatro años sin
hacer los deberes en el sector naval y en otros sectores de la
industria española, pero en el sector naval mucho más que en otros.
Lo tiene y lo ha tenido abandonado durante estos años.
Cuando nosotros estábamos en el Gobierno, estas situaciones se
producían, con menos intensidad, pero se producían. Entonces decían
ustedes que ésos eran problemas normales del sector naval y que, por
tanto, el Gobierno socialista los tenía que resolver; entonces
ustedes criticaban con dureza la situación, incluso alentaban
algaradas callejeras. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, de la de Cádiz?
Yo me acuerdo muy bien, la viví directamente. Ustedes alentaron la
provocación, incluso incitaron a la violencia ante la sede del
Partido
Socialista en Cádiz, en Sevilla y en otros muchos lugares. (Un señor
diputado: No, hombre, no.) Sí, hombre, sí. (Rumores.) Ha pasado
tiempo y están ustedes ahora en el Gobierno. ¿Y qué es lo que han
hecho ustedes durante estos cuatro años? Nada. Usted, concretamente,
se ha dedicado a sus cosas, pero, desde luego, no se ha dedicado al
sector naval, en absoluto.
Le voy a decir más. Ustedes hablaban mal del PEC, del Plan de
competitividad, y hoy reconoce, como ha hecho hace un momento, que se
ha podido sacar bastante de él, aunque algunos aspectos no se han
podido desarrollar. Pues mire, ésa fue la herencia del Gobierno
socialista, la que le ha permitido durante estos tres años tener una
cartera de pedidos que ha salvado la cara de los astilleros
españoles. Ésa es una realidad mal que le pese a usted. ¿Qué ha hecho
usted desde 1997? Dígamelo, porque hoy no ha sido capaz de dar una
alternativa ni de adquirir un compromiso. Señor ministro, déjese de
lamentos y adquiera ya un compromiso serio, un compromiso antes de
que se disuelvan las Cortes. Garantice la cartera de pedidos para los
próximos años y dígame además cómo lo va a hacer. No pronuncie
palabras huecas, proponga medidas concretas; presente un proyecto con
medidas, con programas, con acciones concretas. Además, señor Piqué,
sus afirmaciones de ayer diciendo que esta situación de alargamiento
de las ayudas sería pan para hoy y hambre para mañana me produce una
gran preocupación y, lo que es más grave, provoca una seria
preocupación a los trabajadores de Astilleros Españoles y a los miles
de trabajadores del sector naval (Un señor diputado : ¡Muy bien!). Lo
que tiene que hacer es mantener las ayudas de hoy mientras no se dé
solución al problema de la competencia desleal y buscar otras nuevas
para el mañana (Un señor diputado: ¡Sí señor!). Usted tiene que saber
que las acciones que han presentado ayer son a medio y largo plazo y
que no solucionan la situación de nuestros astilleros, que hoy es
grave, y la de algunas factorías -tanto de Astilleros como la de
otras muchas factorías de España-, como la de Cádiz, sumamente grave,
ya que sólo tiene carga de trabajo para unos días. Le insto a que
pelee por las ayudas al sector naval y a que solicite moratorias en
el Consejo de la Unión Europea.
Usted tiene que adoptar medidas en el marco de la Sexta Directiva;
usted tiene que adoptar medidas para que se evite que barcos
españoles que van a ser construidos, lo sean en esos países a los que
se acusa tan repetidamente y con razón de competencia desleal y
dumping. No se puede permitir que empresas españolas que han sido
públicas hasta hace muy poco encarguen sus barcos en esos países a
los que denunciamos por la práctica de dumping y que usted no haga
nada para evitarlo. Su Gobierno no hace nada, mira para arriba.
Adopten medidas ya, porque de lo contrario se producirá una muerte
dulce de nuestros astilleros y habrá una situación tremenda en
determinadas zonas de España, como Cádiz, Cartagena, Gijón, Sestao,
Santander,
Ferrol y otras zonas a las que además no se está dando alternativas.
Señor Piqué, bajo su mandato el sector naval español ha presentado
además rasgos singulares de empeoramiento respecto a Europa. Usted ha
hecho una política de ausencia total en el ámbito naval. Usted no ha
sido capaz de poner en marcha ninguna actuación concreta. ¿Quiere
usted que le lea el memorándum que le envió el Comité de
constructores navales europeos y que usted tuvo hace ya un año en sus
manos? Dice textualmente: El tiempo es corto. Sin una urgente
solución que debe ser sostenida políticamente, la industria de la
construcción naval europea entrará en una crisis muy seria en 1999.
¿Qué ha hecho usted desde entonces? Díganoslo hoy aquí. Además de
eso, el 25 de noviembre de 1998, mi grupo, con el apoyo de los demás
grupos parlamentarios, presentó una iniciativa para llevar a cabo una
política seria dentro del sector naval español. ¿Qué ha hecho usted
desde entonces? Ha sido incapaz de poner en práctica planes
estratégicos y de gestión que permitan consolidar y avanzar en la
mejora que se consiguió en los años anteriores. Por supuesto que eran
mejorables.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor de la Encina, vaya
concluyendo, por favor.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Voy concluyendo, señor presidente.
Lo que han hecho ustedes es situar el déficit de los astilleros en el
año 1998 en 23.000 millones de pesetas, y este año se acerca a 30.000
millones de pesetas. Eso no lo digo yo, lo dijo el propio presidente
en la comparecencia hace unos días aquí, con motivo de los
presupuestos. A nosotros nos preocupa esta situación, porque usted es
incapaz de presentar proyectos, medidas y estrategias que garanticen
la viabilidad de los astilleros españoles.
Señor Piqué, déjese ya del recurso a los males originados en el
extranjero para aplazar sus responsabilidades políticas. A lo mejor
usted está esperando que volvamos al Gobierno (vamos a volver dentro
de unos meses) y seamos capaces de salvar la situación.
Usted dijo lo mismo sobre la minería en cuanto a las prórrogas de las
ayudas públicas y después la presión social hizo que rectificara. Por
tanto, señor Piqué, reconsidere su actitud porque están en peligro no
sólo miles de puestos de trabajo, sino la muerte de muchas zonas
industriales de España. Se lo dije hace un año, señor Piqué, con
usted el sector naval se va a pique.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor De la Encina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro de Industria, para hacer memoria sobre el
sector de construcción naval en España habría que remontarse a hace
muchos años, probablemente a 1984, cuando se inicia el proceso de
reconversión industrial en España, cuyas consecuencias derivan
probablemente no en la situación actual de Astilleros, pero sí en la
que heredó el Gobierno del Partido Popular en el año 1996. La
diferencia entre hoy y diciembre del año 1995 o el mes de marzo de
1996 es que en 1996 no había absolutamente ninguna carga de trabajo
en ninguna de las factorías de Astilleros Españoles en España y hoy,
casi cuatro años después, podemos estar hablando de cuál es la
viabilidad futura de los astilleros en España, gracias a las medidas
que adoptó el Gobierno del Partido Popular en aquel entonces, bien
distintas a las que estaban previstas por el Gobierno anterior.
Señor ministro, señorías, no voy a entrar en cuál ha sido la
evolución de la construcción naval en España desde el año 1984 hasta
ahora, porque nos enzarzaríamos en una discusión que no tendría fin;
pero sí hay algunas cosas claras. La reducción de capacidades de más
del 75 por ciento o la reducción de plantillas de casi el 80 por
ciento de las que había en el año 1984 a las que había en el año 1996
dejan claro cuál fue el papel del Gobierno anterior en relación con
la construcción naval. Probablemente aquel que decía que la mejor
política industrial era la que no existía es el que nos ha llevado a
la situación que en este momento ha heredado un Gobierno que está
luchando por sacarla adelante.
Me parece muy bien que se apele aquí, como ha hecho el señor Navas y
le doy toda la razón, a que se actúe sobre las empresas españolas,
las navieras españolas, aunque sean privadas, cuando se dirigen a
nosotros para que se arreglen y agilicen las ayudas a las navieras
para poder construir en España en mejores condiciones. No tendría
ningún sentido que empresas españolas, navieras españolas con un
contrato para Repsol, para traer gas de Trinidad-Tobago a España, no
piensen en la solidaridad interna del país y poder construir esos
barcos en España.
Sin embargo, hay determinadas personas que no tienen mucha autoridad
moral para realizar esas afirmaciones, y no la tienen quienes en el
año 1994 para una empresa pública española, Trasmediterránea,
encargaron un barco, el J.J. Sister, a una naviera finlandesa, sin
que desde el Gobierno se dijera absolutamente nada y la factoría de
Astilleros en Sevilla estuviera a punto de cerrar. (Aplausos.) Eso sí
que era responsabilidad del Gobierno y no la actual, cuando se están
realizando auténticos esfuerzos para salir adelante. Negar eso, señor
De la Encina, es negar la evidencia, porque aquí hubo preguntas al
señor Solchaga, que era entonces ministro de Industria, sobre cuáles
eran las medidas que se estaban adoptando para que eso no pasara. Se
alegaron una serie de cuestiones que no vienen al caso pero que
tampoco tenían razón.
Lo que quiero decir, señor ministro, es que desde el Grupo Popular
existe una preocupación grande ahora, como desde el año 1984, y
expresada aquí desde el año 1989, por el futuro del sector de la
construcción naval en España. Es un futuro preocupante porque vemos
que en el seno de la Unión Europea no se acaba de tener un
sentimiento claro de que es un sector por el que hay que apostar.
Nosotros entendemos y conocemos los esfuerzos que esta haciendo el
Gobierno español para que haya esa sensibilidad, como usted muy bien
decía, de solidaridad entre los Quince para llegar a acuerdos
concretos.
En este caso, lo que tenemos claro al día de hoy es uno de los
acuerdos que se han adoptado ayer al que usted ha hecho referencia en
este momento: el aseguramiento de la viabilidad futura de nuestros
astilleros. Ése es el quid de la cuestión y, mientras que la Unión
Europea y el acuerdo de los Quince mantenga ese aseguramiento de la
viabilidad, estamos convencidos de que se va a conseguir, porque no
son las ayudas públicas las que sacan adelante las empresas públicas
ni el sector de la construcción naval. El ejemplo más claro y más
firme en esta legislatura lo tenemos en la Empresa Nacional Bazán, un
astillero que estaba al borde de la quiebra en el año 1996, que en
estos momentos tiene carga de trabajo garantizada para diez años, con
una cartera de pedidos de más de 400.000 millones de pesetas y por
primera vez en su historia al final de este ejercicio en números
negros en lugar de los números rojos a los que nos tenía habituados.
Por tanto, no todo se puede centrar en lo que son ayudas exteriores
sino en la gestión interna para sacar adelante este importante sector
estratégico para España.
Se han reconocido aquí las importantes medidas que ha tomado este
Gobierno con el Plan estratégico de competitividad, con el convenio
colectivo, que por cierto estaba sin firmar cuando ustedes dejaron el
Gobierno, y creo que eso es obvio decirlo con las ayudas de la
Comisión Europea, el Plan de inversiones, Plan de reestructuración de
valorización de inversiones que se han realizado y la reducción de
capacidad. Esto no hubiera sido solamente posible por la voluntad del
Gobierno sino también de los agentes sociales que han luchado y
apostado por el futuro del sector naval competitivo en España y en
Europa.
Pero hay cuestiones que nos preocupan más, y se han dicho aquí
también esta noche. Esa competencia desleal de los países asiáticos,
esa competencia desleal de países que cobrando del Fondo Monetario
Internacional no están acometiendo la reestructuración de sus
astilleros y sus plantillas tal y como lo tienen encomendado.
Nosotros entendemos que es importantísimo que por fin y por primera
vez en el seno de la Comisión Europea se reconozca y estudie cuáles
son los destinos de esos dineros que España contribuye también a
transmitir a los países asiáticos, en este caso concreto a Corea del
Sur.
El aseguramiento de la viabilidad, el que los Estados miembros hayan
dado un paso definitivo concienciándose de la necesidad de la defensa
del sector de construcción naval en España, las conclusiones comunes
de que se asume una situación crítica, se asume la competencia
desleal, se van a ver los motivos del incremento de capacidad
de los países asiáticos para tomar consecuencias, a nosotros nos
parece oportuno; pero hay que seguir luchando en la brecha, hay que
seguir estando encima de este tema. Nosotros estamos preocupados con
ello. Nos preocupan las medidas que han adoptado en el seno de la
OCDE y que Estados Unidos no haya firmado ese acuerdo precisamente
para adoptar medidas de protección de los astilleros.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández de Mesa, vaya
concluyendo.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Voy concluyendo, señor
presidente.
Nosotros estamos convencidos que el paquete de medidas que acaba de
anunciar el ministro de Industria en este momento, más las que a lo
largo de la tarde ha hecho el ministro de Fomento en relación con la
recuperación del sector de Marina Mercante en España, del Plan de
renovación de flota con importantes ayudas que nosotros veníamos
reclamando desde hacía muchos años, como era ese fondo de garantía
recíproca que nunca llegamos a ver y en este momento es más necesario
que nunca que se cubran los tramos de la hipoteca con ese fondo de
garantía que no cubre la banca oficial de España o el tax list que se
acaba de aprobar de la Dirección general del Patrimonio, las
gestiones que se están haciendo en Telico, o todas esa serie de
incentivos fiscales que hay previstos harán que este sector que ha
estado atomizado desde el año 1984 haga un esfuerzo para sumar
sinergias y consiga salir adelante en España y en Europa. Nosotros
estamos convencidos de que este Gobierno, el Gobierno de España ha
hecho una apuesta importante por el sector de construcción naval en
nuestro país, y prueba de ello es que al día de la fecha continúa en
pie una de las empresas que estaba en riesgo de quiebra técnica en el
año 1996.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Fernández de
Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Ésa es una realidad
constatable y no hay más que verla.
En ese sentido, señorías, de la iniciativa oportuna que ha presentado
el Grupo de Izquierda Unida en este momento nosotros esperamos
concreto a la moción que se presente en el próximo Pleno para
analizar las propuestas que nos hagan con total voluntad de consenso,
para sacar adelante una postura inequívoca de apoyo al sector de
construcción naval en España que sirva de respaldo para que nuestro
Gobierno luche en el seno de la Unión Europea por un sector que nunca
debió llegar a la crisis en que se encuentra actualmente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias,señor Fernández de
Mesa.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A SI EL GOBIERNO ASUME
Y HACE SUYO EL DOCUMENTO MARCO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE
LEÓN: PROGRAMA Y ACTUACIONES Y SU EVENTUAL INCIDENCIA EN LA POLÍTICA
DE INVERSIONES ESTABLECIDA EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2000. (Número de expediente 173/
000166.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate del
apartado de interpelaciones urgentes, pasamos a las mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
En primer lugar la que figura con el número 31, del Grupo Socialista
del Congreso, relativa a si el Gobierno asume y hace suyo el
documento marco para el desarrollo de la provincia de León, programa
y actuaciones y su eventual incidencia en la política de inversiones
establecida en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000.
Para su exposición, tiene la palabra la señora Valcárce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en efecto el Grupo Parlamentario Socialista presenta a la
consideración de esta Cámara la moción en la que insta al Gobierno en
primer lugar a respetar las formas esenciales del procedimiento
político democrático, y en particular a garantizar la separación que
debe existir entre los partidos políticos y sus acuerdos y los
compromisos y decisiones que corresponden al Gobierno de España y a
las Cortes Generales.
En el segundo punto de la moción, señorías, pedimos su apoyo para
instar al Gobierno a que cumpla los compromisos de inversión
adquiridos en la presente legislatura en la provincia de León, para
así asegurar el progreso y el bienestar de las leonesas y leoneses,
garantizar los principios de cohesión social y de solidaridad
interterritorial Señorías, el pasado 9 de octubre en León el
secretario general del Partido Popular, el señor Arenas, compareció
junto con otro partido político, la UPL, para llegar a una serie de
compromisos que comprometían al Gobierno de España y al Gobierno de
la Junta de Castilla y León. Se producía aquí una confusión entre
partidos políticos y entre gobiernos; allí estaba también para
reforzar ese compromiso el delegado de la Junta de Castilla y León.
Señorías, este fue un hecho que nosotros hemos valorado como
gravísimo. Nosotros hemos recordado aquí que en democracia tan
importante son las formas como muchas veces los compromisos a que se
llega. No es posible caminar en una senda democrática si los partidos
no tienen muy en cuenta los principios éticos en sus comportamientos.
Esta confusión de partidos y esta confusión de Gobierno es
especialmente
grave; es gravísima y quizá de aquella cuestión en la que nosotros
hemos solicitado que nunca más vuelva a darse una situación de estas
características, se comprometieron 44 actuaciones que se referían a
inversiones que son competencia del Gobierno de España unas, y del
Gobierno de la Junta de Castilla y León otras.
El Grupo Parlamentario Socialista, como entendió que era su
obligación, pidió una explicación aquí en la Cámara y el presidente
del Gobierno, el señor Aznar dejó muy claro que el Gobierno no había
suscrito ningún acuerdo. Además, el vicepresidente económico del
Gobierno dejó bien claro que al Partido Popular sólo comprometía
aquello que estaba en los Presupuestos Generales del Estado y una
inversión nueva que el Grupo Parlamentario Popular presentaría como
enmienda por importe de 500 millones de pesetas.
Señorías, si es gravísimo el modo, el procedimiento que el Partido
Popular puso en marcha para garantizarse la permanencia en el
Ayuntamiento de León, quizá tan grave es haber frustrado una ilusión
que en muchos ciudadanos y ciudadanas de buena fe se había generado,
porque la promesa que allí se hizo era una promesa multimillonaria
que hablaba de más de 200.000 millones de pesetas en inversiones y
que a la hora de la verdad y una vez que ya hemos conocido la
posición del Gobierno y también que ha finalizado el trámite de
enmiendas en la correspondiente Comisión de Presupuestos, ya sabemos
que es sólo de 500 millones de pesetas.
Si es grave quebrar un principio ético, tan grave es quebrar la
confianza de los ciudadanos, y cuando se quiebra la confianza de los
ciudadanos en una provincia como la de León que se ha visto en los
últimos cuatro años de responsabilidad de Gobierno del Partido
Popular sumida en el abandono, en la cual se han olvidado inversiones
imprescindibles y donde se han adoptado medidas de efectos
gravísimos, el recordatorio no puede ser más aleccionador. Señorías,
la provincia de León es en los dos últimos años la provincia de
España que más población ha perdido; se ha tenido que movilizar
frente a un protocolo eléctrico que desmantelaba toda la producción
minera de la provincia de León, y bien es cierto que también de otras
provincias; un plan del carbón que en la provincia de León se ha
caracterizado por el conjunto de incumplimientos del mismo, del plan
del carbón en la provincia de León sólo se ha llevado a efectos la
pérdida de empleo. Es en la única parte que se ha cumplido porque,
señorías, los fondos mineros no llegan para la reconversión de la
minería, para crear una nueva red industrial, y los fondos mineros
para el desarrollo de las infraestructuras llegan a veces muy tarde o
no llegan.
Además de un ataque gravísimo a una de sus principales fuentes de
riqueza como es el carbón, se ha desmantelado la azucarera de
Veguellina; se han paralizado todas las infraestructuras de
comunicaciones; también las de regadíos que han tenido un efecto
devastador sobre el desarrollo rural, sobre el desarrollodel campo
leonés.
Señorías, es gravísimo que en esos cuatro últimos años lo que son
pilares del Estado de bienestar hayan sufrido un absoluto abandono en
León. En educación no se ha construido un sólo colegio ni un sólo
instituto en los últimos cuatro años; en sanidad, señorías, se ha
incumplido el plan funcional del hospital de León, por cierto un
hospital que es uno de los siete que el Gobierno ya ha seleccionado
para su inspección puesto que es de la misma generación del que
sufrió el gravísimo incidente, el hospital de Valdecilla, un hospital
para el que estaban previstas por el propio Gobierno inversiones por
algo más de 7.000 millones de pesetas, y en el ejercicio 1999 de los
300 millones presupuestados no se ejecutó ni una peseta. La razón que
se ha dado es de carácter técnico. Nos tendrán que explicar qué tipo
de razones técnicas impiden ejecutar una inversión de 300 millones.
Estaban previstos en la inversión plurianual fijada por el propio
Gobierno algo más de 1.200 millones de pesetas para el presupuesto
del año 2000, sin embargo hemos visto que este Gobierno también la ha
reducido a la mitad, a 600 millones. Nos hemos encontrado que cuando
proponemos, porque es absolutamente indispensable la construcción de
un nuevo hospital en la ciudad de León para el área de salud de León,
la negativa es la respuesta del Grupo Popular. Lo mismo sucede con
los centros de salud de Eras de Renueva, o con el centro de salud de
La Palomera, cuyas cantidades presupuestadas por el propio Gobierno
no se ejecutan. En medio ambiente, algo parecido. El propio Gobierno
declara de interés general de la nación la depuración del río Órbigo,
sin embargo no prevé en los presupuestos ni una sola peseta para
acometer esta obra indispensable.
Señorías, nosotros estamos pidiendo aquí que el Gobierno cumpla sus
compromisos de esta legislatura con la provincia de León, y ello es
debido a que en julio de 1996 el alcalde de León y presidente del
Partido Popular en León, reunido con el ministro de Fomento y por
tanto esta vez sí afecta al Gobierno, promete para León inversiones
por algo más de 50.000 millones de pesetas, inversiones que irían
para infraestructuras indispensables como son la autopista León-
Benavente que será una autovía sin peaje, pero hemos podido ver que
transcurridos cuatro años no sólo no se ha construido esta
infraestructura sino que las cantidades presupuestadas eran ínfimas,
y las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista fueron todas y
cada una sistemáticamente rechazadas, haciendo inviable el desbloqueo
de esta infraestructura que es indispensable para la provincia de
León pero también es un eje vertebrador de las comunicaciones del
Noroeste de España.
La autovía León-Astorga es algo irrenunciable para los leoneses. El
enlace León-Astorga ha de ser una autovía sin peaje, porque en un mar
de autovías no se entiende que puedan construirse 37 kilómetros de
autopista de carísimo peaje que será una barrera que no comunicará
sino que desvertebrará el territorio en León; será una barrera que
alejará León de El Bierzo.
Nosotros exigimos que se cumpla ese compromiso para que la autovía,
el enlace León-Astorga sea sin peaje.
La modernización de la ciudad León y la necesidad de acometer
reformas urbanísticas imprescindibles para la ciudad, obligan
urgentemente a desbloquear las rondas para la ciudad, pero también a
eliminar el paso a nivel del Crucero y dar una solución al
ferrocarril de vía estrecha para poder acometer el desarrollo y las
mejoras urbanísticas imprescindibles para el barrio de San Mamés.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Valcarce, vaya
terminando, por favor.
La señora VALCARCE GARCÍA: Sí señor presidente.
Brevemente para recordar que en esos compromisos estaba también
incluido el tren de velocidad alta, y señorías, no sólo estos
compromisos de 1996 que se han reiterado en los ejercicios
presupuestarios posteriores no se han cumplido, no sólo no se han
tenido en cuenta sino que al día de hoy para el tren de velocidad
alta en lo que a León se refiere, el Gobierno ni siquiera ha
desvelado cuál es la opción, si la noroeste por el corredor León-
Ponferrada-Monforte, o bien otra opción que deje al margen a la
provincia de León y por tanto al margen de su modernización y de su
desarrollo.
Pedimos su apoyo para una moción que es consecuencia de la
interpelación que el Grupo Socialista ha presentado para conocer los
compromisos presupuestarios tras el denominado pacto de León. En lo
que se refiere a la moción, quiere hacer especial hincapié en la
necesidad de dignificar la vida política porque la dignificación de
la vida política es imprescindible para el desarrollo democrático de
una sociedad y sobre todo porque cuando se quiebran los valores
también se quiebra la confianza de los ciudadanos. Un sistema
democrático no puede desarrollarse cuando los ciudadanos le vuelven
la espalda, y la manera que los ciudadanos tienen de volver la
espalda inteligentemente a comportamientos que no respetan esos
principios éticos es la abstención. Ello nos compromete a todos y por
eso solicitamos su apoyo para esta moción.
Señor presidente, señorías, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Valcarce.
Grupos parlamentarios que quieren fijar su posición en este debate.
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente para decir que nuestro grupo va a apoyar la moción
presentada por el Grupo Socialista, compartiendo los criterios
fijados en la misma, y resaltando sobre todo que no se pueden mezclar
ámbitos de actuación o acuerdos de partidos políticos con acuerdos
que implican a las administraciones. El acuerdo que se ha discutido
ya en la sesión con motivo de la interpelación es
una mezcla de compromisos de la Administración con intereses de un
partido político, legítimos en el sentido de intentar evitar la
pérdida de la alcaldía de la ciudad de León pero en el cual y para
seguimiento de los acuerdos está claramente una autoridad de la
propia Junta de Castilla y León. El propio título del acuerdo indica
que va más allá del compromiso que pueda adquirir un partido político
como tal, y al mismo tiempo hacemos una valoración en el sentido de
que es un documento que en nuestra opinión es un buñuelo de viento.
Es la suma de las inversiones previstas para los próximos tres años
en los presupuestos de este año más acuerdos ya tomados también en la
Junta de Castilla y León y que indican otra serie de cuestiones
reflejadas ya presupuestariamente. Aún así, carente de rigor por
ejemplo es la autovía de Onzonilla-Benavente en la que hay un error
material que se intentó encubrir como que era un error de la propia
Unión del Pueblo Leonés, en el sentido de que el coste de esa autovía
eran 19.000 millones cuando parece ser que no ha habido ninguna
enmienda de corrección de errores para ratificar las cantidades que
están previstas en los presupuesto de este año que hablan de un coste
total en torno a 9.000 millones de pesetas. Por tanto, creemos que es
un pacto hecho deprisa y corriendo para solucionar el problema de un
partido político, pero realmente no va mucho más allá, salvo el
aspecto puntual de una enmienda recogida ya para las obras del
aeropuerto de León. No compartimos que los problemas políticos de un
partido haya que resolverlos a golpe de documentos que implican a
administraciones, y por ello vamos a apoyar esta moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Santiso.
Por el grupo Popular, el señor Núñez tiene la palabra. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor NUÑEZ PÉREZ: Señor presidente, señorías, creo que es bueno
recordar que no es obligatorio presentar mociones después de cada
interpelación. Si uno interpreta la facultad que concede el
Reglamento de la Cámara como una ineludible obligación, pueden
producirse mociones como ésta que ahora debatimos, que repite las
mismas exageraciones y contradicciones de la interpelación -ya las
contestamos- y no aporta nada que pueda ser considerado útil y
positivo. Además se advierte como una cierta desgana en la redacción
y una total carencia de sustancia.
La moción efectivamente consta de dos apartados. El primero insta al
Gobierno a respetar las formas esenciales del proceso político
democrático, y en particular a garantizar la separación que debe
existir entre los partidos políticos y sus acuerdos y los compromisos
y decisiones que corresponden al Gobierno y a las Cortes Generales.
Tal pretensión es innecesaria, responde a una obviedad y resulta una
impertinencia. ¿Dónde está en el acuerdo suscrito por el PP y la UPL
para el desarrollo de la provincia de León, la confusión entre las
competencias del Gobierno y de las Cortes Generales con las funciones
y facultades que en plena libertad pueden y deben ejercer los
partidos políticos? ¿En qué y por qué transgrede el pacto o acuerdo
los preceptos de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico
que se refieren a los partidos políticos? Desde esta tribuna dije el
día 20 y lo repito ahora que el pacto era y es un pacto políticamente
correcto, suscrito por dos partidos políticos y firmado por sus
legítimos representantes, importando poco el cargo que ostenten
dentro de cada partido, ya se trate de secretarios generales o de
cualquier otro militante que tenga poder para ello. Por cierto, el
delegado de la Junta no firmó este compromiso.
El artículo 6 de la Constitución no ofrece ninguna duda, y creo que
es bueno recordar una vez más que según él los partidos políticos
expresan el pluralismo político y concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental
para la participación política. Su creación y el ejercicio de su
actividad son libres dentro del respeto a la Constitución. Acordar en
base al diálogo y la concertación proyectos, compromisos, aunque
estén valorados en datos y cifras, no significa suplir al Gobierno,
al Parlamento ni al resto de las instituciones autonómicas y locales
que en el acuerdo o pacto de León se citan. Desde que escuché -porque
llegué a escuchar esto- la absurda acusación de inconstitucionalidad
del acuerdo, he repasado con el mayor rigor las funciones de los
partidos políticos en un sistema democrático. Duverger en sus
instituciones políticas llega a decir que gracias a los partidos los
ciudadanos poseen un amplio margen de autonomía y de medios de
presión eficaces sobre los gobernantes, incluso los de su propio
partido. He repasado también los principios del régimen jurídico de
los partidos políticos, sus elementos reales, personales y formales,
así como la doctrina del Tribunal Constitucional, y a la vista de
todo ello no cabe ninguna duda de que este acuerdo es perfectamente
lícito, legítimo y respetuoso con las formas esenciales del proceso
político democrático. Por eso creemos que la pretensión de la moción
es innecesaria, a menos que el Grupo Parlamentario Socialista ponga
en cuestión el respeto a las formas esenciales del proceso político
democrático por parte del Gobierno y por parte de las Cortes. Tan
grave nos parecería la simple hipótesis de tal conducta por parte del
Gobierno -de cualquier Gobierno-, como irresponsable nos parece la
simple duda que al respecto y sin la menor base de sustentación
subyace en la moción.
El pacto por León -lo afirmo una vez más- responde a ese papel que la
Constitución asigna a los partidos políticos; es una manifestación
clara de pluralismo político, de la voluntad popular y de la
participación política. ¿O es que pretende el Grupo Socialista con la
moción que el Gobierno o las Cortes Generales no puedan asumir
y hacer suyo, previo debate y votación, lo acordado o propuesto por los
partidos políticos y otras instituciones sociales? Si ello fuera así,
estaríamos cuestionando las bases mismas de la democracia
participativa de la que los partidos son la expresión más elocuente.
El segundo apartado de la moción insta al Gobierno a cumplir los
compromisos de inversión adquiridos en la presente legislatura, y
merece dos comentarios. En primer lugar, no debieran haberse limitado
los redactores de la moción a la presente legislatura, y no lo digo
con ánimo de incurrir en la práctica que tanto les desazona de
recordarles su comportamiento cuando eran Gobierno, lo hago por una
razón de estricta justicia para con el Gobierno del Partido Popular.
En el caso de León, este Gobierno ha tenido y tendrá que dar
cumplimiento a los compromisos de inversión adquiridos a lo largo de
esta legislatura, cierto; pero sobre todo ha tenido que ir dando
cumplimiento a los compromisos adquiridos para con León por los
gobiernos socialistas en anteriores legislaturas, muchos de los
cuales no tenían proyecto ni cifras comprometidas en los Presupuestos
Generales del Estado, como es muy fácil de demostrar. Baste a tal
efecto recordar, entre otros muchos, estos proyectos y compromisos:
autovía León-Burgos, autovía León-Benavente, autopista León-Astorga,
rondas de León, riegos del Esla y del Órbigo, mejoras en el hospital
de León, plan de reestructuración de la minería del carbón y
desarrollo alternativo de las comarcas mineras, reformas del sector
remolachero, etcétera, etc.
Hay que recordar una vez más que en León y en 1996 no se podía
utilizar un sólo kilómetro de autovía incluso a pesar del solemne
compromiso adquirido con la Junta de Castilla y León en materia de
infraestructuras en el convenio de 1992, al que hicimos gran
referencia en el debate de la interpelación; como hay que recordar
que dichos gobiernos se mostraron incapaces de llevar a cabo planes
eficaces en sectores con la trascendencia de la minería del carbón o
la producción remolachera. No quiero más que citar de pasada que
entre 1990 y 1995 se perdieron en León más de 6.000 puestos de
trabajo minero. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, absolutamente de
nada: y que en 1996 el sector azucarero y remolachero dependía del
capital extranjero porque KIO se había hecho con el apoyo del
Gobierno socialista con el 58 por ciento de Ebro.
Estarán conmigo los parlamentarios socialistas por León en que estos
problemas, estos proyectos, estos compromisos y estas necesidades
habían surgido con anterioridad a la presente legislatura. Eran
compromisos incumplidos por los últimos gobiernos socialistas a los
que el Gobierno de José María Aznar otorgó la prioridad a que eran
acreedores. En el haber del Partido Popular están entre otros
compromisos cumplidos los tramos de autovía construidos a lo largo de
la legislatura como el de la León-Burgos, que ya llega casi a
Carrión, o el de la A-6, la del noroeste que se utiliza ya hasta
Villafranca del Bierzo; el acuerdo firmado en julio de 1997 por el
Ministerio de Industria y los sindicatos para la reestructuración de
la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas
mineras, del cual podemos hablar mucho en esta Cámara y cuando
ustedes quieran; y la eficaz actuación del Ministerio de Agricultura
en el proceso de reforma del sector remolachero que no sólo mantiene
la cuota de producción sino que la aumenta contra todo pronóstico
y contra toda profecía. Todo ello ha bastado si no para convencer
a los parlamentarios socialistas proponentes de la moción, sí para
que determinados partidos políticos de León y la mayoría de los
ciudadanos leoneses otorguen al Gobierno el grado de credibilidad al
que se ha hecho acreedor cumpliendo sus compromisos y los de sus
antecesores en el Gobierno. Y que otorguen también credibilidad a los
Presupuestos Generales del Estado para el 2000, que ofrecen un cuadro
de inversiones reales para León antes del pacto, en el pacto y
después del pacto como ningún otro presupuesto anterior a este
ofrece, cuadro de inversiones que ratifica la voluntad política del
Gobierno de dar respuesta a todos los compromisos contraídos en esta
legislatura y que se han realizado o figuran en los presupuestos,
compromisos que son los más, y los que figurando en el pacto serán
aprobados por esta Cámara, que serán los menos.
Lo anterior (dicho sea sin reparar en la contradicción en la que
incurre el Grupo Parlamentario Socialista, que en la interpelación
descalifica el pacto por León y en la moción pide que se cumplan los
compromisos por él recogidos) me pasa al último comentario. El último
comentario que me suscita el segundo apartado -y con esto termino,
señor presidente- tiene que ver con su pretensión de que el Gobierno
asegure el progreso y el bienestar de la provincia de León. Han oído
ustedes aquí las profecías de Jeremías y Malaquías todas juntas. Les
aseguro, señorías, que en León sale el sol todos los días. ¡Sale el
sol todos los días!
El otro comentario, repito, que me suscita es sobre lo que dice de
que el Gobierno asegure el progreso y el bienestar en la provincia de
León. No creo, honestamente, que del pacto por León en materia de
inversiones se deba esperar tanto, o dicho de otra manera, sospecho
que los partidos firmantes del mismo no esperan que sólo por asumir
su contenido el Gobierno asegure el progreso y el bienestar de los
leoneses garantizando los principios constitucionales de cohesión y
solidaridad, entre otras razones porque la obligación del Gobierno es
contribuir al progreso y bienestar de todos los españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Núñez, le
ruego concluya.
El señor NÚÑEZ PÉREZ: Estoy terminando ya, señor presidente.
Esto el Gobierno del Partido Popular lo viene haciendo eficazmente a
través de una política económica que por sus positivos resultados en
términos de crecimiento económico, el 3,7 por ciento del empleo y de
las prestaciones sociales, también en León, resulta muy beneficioso,
por tanto, para León y para toda España.
Por cierto, en Castilla y León el crecimiento económico, según los
datos últimamente facilitados por determinadas instituciones del
sector bancario, es muy superior, en cuatro décimas de punto, al
resto de las regiones de España.
En resumen, estamos ante una moción innecesaria ycon referencias
equivocadas a grandes principios y alejada
de la realidad, que plantea obviedades y que además tiene la rara
virtud, cosa que evidentemente hay que tomarla a broma, de ser
impertinente. Por tanto, pido de SS.SS. el voto en contra.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Núñez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS A
ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE POSIBLES
PRÁCTICAS DELICTIVAS POR PARTE DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS EN
RELACIÓN CON LAS PRESCRIPCIONES Y PARA CONSEGUIR QUE EL GASTO
FARMACÉUTICO SE ADECUE A LAS NECESIDADES DE SALUD ANTES QUE A LOS
BENEFICIOS DE LOS LABORATORIOS. (Número de expediente 173/000167.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto 32 del
orden del día, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas a adoptar por
el Gobierno para determinar el alcance de posibles prácticas
delictivas por parte de laboratorios farmacéuticos, en relación con
las prescripciones y para conseguir que el gasto farmacéutico se
adecue a las necesidades de salud antes que a los beneficios de los
laboratorios.
Para su presentación, en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, espero que en la interpelación que se llevó a cabo por
parte de mi grupo parlamentario quedara lo suficientemente claro que
las prácticas efectuadas con carácter general por los laboratorios
farmacéuticos destinadas a incentivar económicamente la prescripción
de determinados fármacos, incentivación que es inversamente
proporcional a la utilidad terapéutica de dichos fármacos y que
afecta al conjunto de las comunidades autónomas del Estado español,
quedara lo suficientemente clara.
En el transcurso de mi interpelación y en el fragor del debate quedó
insuficientemente establecido que mi grupo parlamentario, como no
podía ser de otra manera, al entender que un hecho delictivo
denunciado estaba presentado ante los tribunales de justicia, se iba
a personar -pero esta personación no ha sido todavía aceptada, está
en el trámite preceptivo- ante el riesgo más que probable de que
denuncias acompañadas por 92 documentos que establecen con toda
claridad los mecanismos a través de los cuales determinados
laboratorios con carácter general pretenden comprar la voluntad de
los médicos pudieran quedar archivadas.
En el transcurso de mi intervención no pude añadir que el laboratorio
denunciado, la multinacional norteamericana Abbott, ha comprado
además la división de alimentación
de Puleva, situada en la provincia de Granada, por tanto, la
provincia por la cual es diputado el representante del Partido
Popular que intervino contestando a mi interpelación. Obran en mi
poder y en poder del juez documentos que acreditan la vulneración de
la directiva y del real decreto de 1992 que prohibe terminantemente a
los laboratorios y a los médicos administrar como muestra gratuita
leches de iniciación para los lactantes a las madres que acaban de
tener un hijo y que indican que el laboratorio está realizando dichas
prácticas y que no están reguladas por la única excepción que lo
permitiría, que es la incapacidad por enfermedad o por otras razones
de la madre para llevar a cabo la lactancia materna.
En el tiempo que ha transcurrido desde mi interpelación hasta este
momento han llegado hasta mí denuncias de médicos -lo digo por la
honestidad y por la dignidad de mi grupo parlamentario- que han
estimado que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hasta ahora, y
a pesar de ser una práctica conocida por el conjunto de los
profesionales de la sanidad, es el único que es capaz o libre de
denunciar un comportamiento que atenta contra la ética y que pretende
corromper de una manera generalizada a los profesionales de la
sanidad. La denuncia más extensa que ha llegado a mi poder se refiere
a las prácticas realizadas por los laboratorios Bayer para inducir la
prescripción de un fármaco antihipertensivo, el Lipobay,
sustancialmente más caro que otros de su grupo y notablemente con más
efectos secundarios. Las prácticas son exactamente las mismas y
ofrecen, con carácter general, incentivos económicos de más de 20.000
pesetas por paciente a cambio de la prescripción de dicho
medicamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro,
permítame que la interrumpa. Su señoría está en la fase de
presentación de la moción, y yo le ruego que se dé cuenta del tiempo
que está utilizando en los antecedentes, porque posteriormente no va
a tener tiempo para presentar formalmente la moción, por lo cual yo
le rogaría que se ciñese a la cuestión.
La señora MAESTRO MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Iba a hacerlo porque realmente me parece importante que SS.SS.
entiendan que en este momento, en el cual el Pleno del Congreso de
los Diputados va a votar una propuesta, asumen una responsabilidad
que hasta momentos anteriores no han tenido la posibilidad de
atender; responsabilidad que supone el hecho de conocer la existencia
de documentos que acreditan prácticas delictivas y por tanto que
independientemente de la labor de los jueces sea la Administración
sanitaria la que lleve a cabo investigaciones exhaustivas destinadas
a delimitar prácticas que, con carácter general, podrían vulnerar lo
establecido en la Ley del Medicamento y otras normativas, tanto de la
Unión Europea como de nuestro país, que desarrollan tales preceptos.
Cree mi grupo parlamentario que en este momento,en el cual, a pesar
de existir numerosa documentación
en poder de los tribunales, podría archivarse la causa, hay una razón
más que suficiente para que la Administración sanitaria se persone
como representante de los intereses públicos afectados por prácticas
que podrían ser constitutivas de delito. El pretexto con el cual los
laboratorios llevan a cabo tales presiones económicas sobre los
médicos se efectúa bajo la cobertura de la realización de prácticas
en farmacovigilancia.
Por tanto, en el punto 3 de la moción mi grupo parlamentario insta a
la convocatoria urgente de una reunión de la Comisión nacional de
farmacovigilancia que lleve a cabo la investigación de tales estudios
y delimite estrictamente los requisitos para que los estudios
referidos no se esgriman para dar cobertura como pretexto a posibles
prácticas fraudulentas.
Mi grupo parlamentario, y todas SS.SS. que están interesados en temas
relacionados con el medicamento saben, conocen fehacientemente, el
altísimo porcentaje del precio de venta al público de los
medicamentos que se destina a gastos de promoción. Tales gastos
suponen una distorsión de la prescripción y un encarecimiento
absolutamente injustificado, tanto desde el punto de vista de la
industria farmacéutica como del gasto sanitario público.
El punto 4 de la moción plantea instar al Ministerio de Sanidad, a la
Dirección General de Farmacia, a que acuerde con la industria
farmacéutica la reducción sustancial de gastos de promoción que con
éxito ha sido llevada a cabo en otros países de la Unión Europea.
Finalmente, el punto número 5 plantea que es un contrasentido que las
actividades de formación, de investigación, estén en manos de la
industria farmacéutica, que obviamente tiene intereses económicos
directos en dirigir tales actividades de formación e investigación
hacia aquellos medicamentos, hacia aquellas prescripciones más
rentables, desde el punto de vista estrictamente empresarial. Por
tanto, el Ministerio de Sanidad no puede hacer dejación, como lo está
haciendo en estos momentos, de ser el protagonista, prácticamente
mayoritario, de llevar a cabo esas actividades de formación
continuada de los profesionales de la sanidad, de incentivación de
actividades de investigación independiente y de la formación y de la
educación para la salud de la población en materia de medicamentos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
A esta moción ha sido presentada una enmienda por el Grupo
Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el señor
Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta moción que ha presentado el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, consecuencia de la interpelación que tuvo
lugar la semana pasada, nos da ocasión para volver a tratar en esta
tribuna del Congreso el tema del gasto farmacéutico y del control
de este gasto, que es uno de los problemas más graves que tiene
planteado el Sistema Nacional de Salud.
El Gobierno del Partido Popular ha sido incapaz en estos años de
gobierno no sólo de controlar el gasto farmacéutico, sino que se ha
ido incrementando hacia unos niveles hasta ahora desconocidos, a
pesar de la propaganda que habitualmente se hace. Sólo basta recordar
algunas de las cifras que el propio Ministerio facilita. En el
proyecto de presupuestos que vamos a debatir la semana próxima se
señala por parte del Ministerio que el gasto farmacéutico en el
Sistema Nacional de Salud en el territorio Insalud representa el 58
por ciento del presupuesto que se destina a la atención primaria.
Además, podemos observar cómo ha ido creciendo extraordinariamente
este consumo y estamos en cifras superiores al 10 por ciento. Las
últimas cifras que tenemos del acumulado de gasto farmacéutico entre
el mes de enero y el mes de septiembre del año 1999 está cercano al
11 por ciento de incremento en relación con el año anterior. ¿Y por
qué se produce este fuerte gasto farmacéutico? ¿Se produce porque las
necesidades sanitarias de la población así lo demandan? Si así fuera,
nuestro grupo sería el primero en apoyar este gasto farmacéutico.
Pero todos admiten -y nosotros estamos convencidos de ello- que este
gasto farmacéutico no responde a una realidad de necesidades
sanitarias. Tampoco responde a que los medicamentos en España tengan
un precio altísimo. De todos los países de la Unión Europea, España
continúa teniendo los precios de los medicamentos más baratos. Por
tanto, este consumo desbordado de especialidades farmacéuticas es
consecuencia de otros factores.
Es necesario señalar ahora y aquí que en este mercado de la industria
farmacéutica se da una paradoja que no se encuentra en ningún otro
mecanismo de mercado. El consumidor, que es el usuario del Sistema
Nacional de Salud, no puede escoger ni la prescripción ni el
laboratorio; es decir, no tiene ningún poder sobre aquello que va a
tomar. El comprador es el médico que prescribe y este médico no tiene
ninguna capacidad ni ninguna obligación ni compromiso en cuanto al
gasto y al pago. Quien financia, quien paga, que es el Sistema
Nacional de Salud, no tiene poder de intermediación entre el médico y
el consumidor. Por ello, hemos ido sosteniendo que es necesario
implantar medidas que mejoren el uso racional del medicamento.
El Gobierno del Partido Popular se ha limitado durante estos años a
tomar una serie de medidas para intentar controlar este gasto
farmacéutico, pero han sido medidas estrictamente economicistas,
dictadas desde el Ministerio de Economía y Hacienda y no desde el
Ministerio de Sanidad y con fines sanitarios.
Se han tomado medidas disminuyendo los márgenes comerciales, se han
tomado medidas para eliminar del sistema público una serie de
medicamentos, y en relación con esto me gustaría señalar algunas
expresiones como las que el vicepresidente segundo del Gobierno
manifestó ante esta Cámara. Dijo el vicepresidente del Gobierno:
Ahora SS.SS. -dirigiéndose al portavoz y al presidente del Grupo
Parlamentario Socialista- dicen que es un recorte social que nosotros
no queramos financiar las
medicinas que no tienen valor terapéutico. Será un recorte social
para los accionistas de las compañías farmacéuticas. Para esas, sin
duda; a esas las hemos hecho polvo. Esto es lo que dijo el señor Rato
en el debate que mantuvo con el presidente del Grupo Parlamentario
Socialista.
Voy a leerles también lo que dice la industria farmacéutica.
Probablemente esto que dice el señor Rato debe de ser consecuencia
del mal humor al leer la memoria informativa de Farmaindustria del
año 1998. Farmaindustria dice: La principal crítica que debe hacerse
de esta medida es el disfraz de asunto científico y de uso racional
del medicamento con el que fue presentado a la opinión pública,
cuando en realidad se trataba de dar respuesta a un problema
presupuestario. Este disfraz forzado llevó en diversas ocasiones a
representantes de la Administración a cuestionar la utilidad
terapéutica de los productos que se proponían excluir, generando
dudas que no benefician a nadie. Esta falta de claridad explica
también en gran medida el rechazo que esta disposición generó en la
opinión pública, opuesta al recorte que se operaba en la prestación
farmacéutica del sistema.
Como ven, coincide lo que dice Farmaindustria con las explicaciones
que el Partido Popular nos ha ido dando. Por esto, como no se han
tomado medidas de uso racional del medicamento -y debo recordar
también que en la Ley de acompañamiento de los presupuestos del año
1997 este Gobierno eliminó la capacidad que tenía la comisión de uso
racional del medicamento para opinar sobre aquellos medicamentos que
eran de utilidad terapéutica y los que no lo eran-, se van
produciendo incrementos cada vez más elevados en este gasto
farmacéutico.
Por ello nosotros hemos presentado esta enmienda, que intenta
establecer una serie de medidas desde el punto de vista sanitario y
en las que la mayor responsabilidad está situada en el Ministerio de
Sanidad y Consumo. Creemos que hay que adoptar medidas que faciliten
una educación sanitaria para el usuario que le empujen a hacer una
utilización racional del medicamento. Son necesarias medidas que
sirvan para incrementar el nivel de prestación y de conocimientos
sobre las distintas utilidades terapéuticas de los fármacos por parte
de los prescriptores. Deben controlarse los precios de los
medicamentos en el registro y debe investigarse, evidentemente, si
hay posibles prácticas que podrían alejarse de las normas
deontológicas o de las normas legales. Por ello, en esta enmienda que
presentamos a la moción del Grupo Federal de Izquierda Unida
proponemos la necesidad de colaborar entre el Ministerio y los
colegios de profesionales sanitarios para que se desarrollen
perfectamente los principios éticos en relación con la profesión
sanitaria.
Finalmente, diría que el Ministerio debe tomar ejemplo de lo que
sucede en algunas comunidades autónomas. No voy a poner aquí como
ejemplo lo que ocurre en la Comunidad Autónoma de Andalucía, porque
parece que todo lo que sucede en Andalucía es malo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Corominas, le ruego que concluya.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Sí, señor presidente, voy terminando.
Lo de Andalucía parece que es malo, pero las cifras son tozudas, y
desde enero a septiembre el incremento del gasto farmacéutico en la
comunidad andaluza ha sido del 6,95, mientras que en el Insalud ha
sido del 10,82. Con esto no digo que tomen ejemplo de lo que se está
haciendo en Andalucía, sino que tomen ejemplo de sus socios y de sus
colaboradores en el Gobierno, como es el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió.
El Gobierno de Convergència i Unió en Cataluña ha puesto en marcha
unas prácticas piloto de convenios con algunos equipos de atención
primaria para una utilización racional del medicamento y, por tanto,
una disminución de los costos. Las experiencias que hay en este
sentido es que se ha producido un ahorro bastante notable en el gasto
farmacéutico. Ello se traduce también en los consumos acumulados, y
en estos momentos la comunidad catalana es la segunda comunidad en
menor gasto farmacéutico.
Por tanto, en vez de tomar medidas economicistas, medidas dictadas
desde el Ministerio de Economía y Hacienda, convendría que el señor
Romay, que espero que tenga la gallardía de mandar a la industria
farmacéutica las declaraciones del vicepresidente económico diciendo
que les han hecho polvo, hiciera llegar estas declaraciones para ver
lo que contestan.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Corominas, le ruego que concluya.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Concluyo con esto, señor presidente.
Por tanto, nosotros pedimos al Grupo Federal de Izquierda Unida que
acepte esta enmienda y al resto de los grupos parlamentarios que la
voten a favor para poner remedio al grave problema del Sistema
Nacional de Salud.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Corominas. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar en contra de
la moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida y también va a
votar en contra de la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista,
si la transaccionaran. No obstante, después de anunciar nuestro voto
en contra, quisiéramos dejar sentado que entendemos y compartimos
parte de la inquietud que tanto la enmienda como la propia moción que
presenta Izquierda Unida quieren reflejar en el sentido de que, a
pesar de todas las medidas que el actual Gobierno ha tomado para
contener el gasto farmacéutico y las medidas que
en su día tomaron los anteriores gobiernos, el último el Gobierno
socialista, es irremisible la tendencia al alza del gasto
farmacéutico de ejercicio en ejercicio. Es más, todas las medidas que
se tomen de reducción de márgenes, de aportación de la industria
farmacéutica, de lista selectiva de medicamentos, sólo consiguen de
alguna manera adecuar la partida presupuestaria correspondiente de
cada ejercicio más o menos al gasto real que se está efectuando, pero
entre todos, ni ahora ni antes, no hemos conseguido atajar realmente
la raíz del problema.
Y aunque pueda parecer una aparente contradicción que si admito el
diagnóstico de la enfermedad discrepe en las medidas que pueden
paliarlo o en el diagnóstico propiamente de lo que origina la
enfermedad, mi grupo parlamentario considera que es más acorde con
nuestra actitud y con las propuestas que hemos mantenido a lo largo
de toda esta legislatura no votar favorablemente ni la moción ni la
enmienda por visualizar que, de alguna manera, focaliza un problema,
pues si bien puede existir algún laboratorio farmacéutico que incurra
o piense incurrir en prácticas que no serían totalmente legales o que
podrían ser objeto de discusión en este sentido, pensamos que para
estos casos la vía que tiene que establecerse es la vía judicial. Si
alguien estima que un laboratorio ha incurrido en práctica
fraudulenta, que utilice los caminos que la ley marca y que siga
adelante en este sentido, pero en la vía parlamentaria, en la vía de
la Cámara, lo que tenemos que hacer es legislar y proponer medidas,
en el orden de lo que se ha hecho hasta ahora, a pesar de no haberse
mostrado al cien por cien efectivas, medidas que todos deseamos no
tener que adoptar -y esto hay que tenerlo presente-, que consistirían
en reducir las prestaciones que el actual sistema está dando.
Si no aceptamos este principio y políticamente todos hemos adoptado
el compromiso de seguir manteniendo el actual catálogo de
prestaciones, mejorándolo en todo lo que sea posible, adaptando
incluso una actual prestación, que ya podríamos clasificar y valorar
como positiva, a las nuevas tecnologías y no escatimando ninguno de
los nuevos medicamentos que el mercado puede proporcionar para paliar
las enfermedades o para conseguir la curación de los pacientes del
sistema, pensamos que si, por un lado, las medidas políticas que se
adoptan no quieren atajar lo que podrían ser fundamentos
estructurales del incremento del gasto, tampoco es cuestión de
demonizar a los laboratorios farmacéuticos en general como los
culpables de este desmán, de este incremento muchas veces
desmesurado.
En este sentido, pensamos que la política que ha hecho el Gobierno
del Partido Popular -como la que hizo en su día el Partido
Socialista- para contener el gasto, si bien no consigue erradicarlo
al cien por cien por lo menos lo contiene. Pensamos que en otros
foros, en otros debates, puede cuestionarse si es o será al final
necesario para mantener esta sostenibilidad del sistema tomar otras
medidas más estructurales. Mientras no sea así, damos nuestra
confianza a la postura del Gobierno del Partido Popular, de la misma
manera que en su día se la dimos al Gobierno socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Riera.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Castillo.
El señor CASTILLO JAÉN: Señorías, señor presidente, en primer lugar,
agradezco a la representante del Grupo de Izquierda Unida el haber
traído a esta ilustre sala mi condición de granadino, con lo cual me
da la oportunidad de manifestar lo orgulloso que me siento de ella.
Granada es tierra de grandes mujeres y de grandes hombres a los que
su condición de granadinos nunca les ha hecho ser incompatibles con
su integridad moral y profesional.
Pasando a los cinco puntos en los cuales basa su moción la
representante de Izquierda Unida, le quería decir que levemente voy a
rebatir algunos de ellos, uno por uno.
Con respecto a llevar a cabo una exhaustiva investigación por parte
del Insalud, quiero decirle que el Insalud tiene sistemáticamente en
marcha unos programas de inspección en lo que al tema de medicamentos
y recetas se refiere. El Insalud promovió la instalación del TAIR, el
terminal autónomo de identificación de recetas, para ayudar a este
tipo de programas; planes de inspección dirigidos a médicos
hiperprescriptores y a prescripciones concentradas en especialidades
de ciertos laboratorios. El año 1998 se produjeron 1.600 inspecciones
a médicos y 201 millones de recetas fueron inspeccionadas. Otro
programa de seguimiento de médicos hiperprescriptores produjo la
inspección de 1.043 médicos, lo que originó 12 expedientes
disciplinarios en Madrid, cinco oficinas de farmacia y uno de ATS.
Otro de los planes de inspección consiste en la evaluación del uso de
medicamentos y productos sanitarios en centros de tercera edad, donde
se evaluaron el año pasado 53 residencias y 120 médicos. Otro de los
programas de evaluación de gastos en medicamentos por prescripción de
recetas en servicios médicos de urgencia, donde se revisaron 192
servicios de urgencia, con 449 profesionales de la medicina y, por
último, un programa de inspección de oficinas de farmacia y
laboratorio, donde se levantaron 85 actas, 19 expedientes y 73
propuestas de elevación de expedientes a las comunidades autónomas.
Es en el año 1998 y exactamente igual funciona el año 1999 y cuando
concluya el ejercicio veremos los resultados, puesto que se pasan a
inspeccionar 1.650 médicos y hay 1.700 previstos para el año 2000.
Con respecto al segundo punto de su moción, que habla de personarse
por parte del Insalud en la causa seguida, quiero manifestarle que
aún no se la han aceptado a ustedes porque no es oportuna. Hay que
hacer un seguimiento para ver dónde está la causa. La denuncia fue en
el juzgado número 2 de instrucción de la Audiencia Nacional, la cual
lo remitió, por si no lo sabe, a los juzgados de la Plaza de Castilla
porque no era un asunto de su competencia. El juez lo ha remitido a
la fiscalía y los próximos días el fiscal pedirá la comparecencia, en
primer lugar, del señor Fernández y a los pocos días llamará a la
compañía para que presenten sus alegaciones. Una vez
hecho esto, el fiscal elevará el asunto de nuevo al juez y será la
asesoría jurídica del Insalud la que adoptará la decisión en el
momento oportuno. No obstante, le digo que por parte del Insalud hay
otros mecanismos paralelos que están previstos en el concierto
suscrito entre el Insalud y la industria farmacéutica. En el punto
2.4 de la cláusula 9 tipifica como falta grave: promover la
prescripción o la compra directa por medio ilícito, por
procedimientos al margen de la ética profesional o administrativa. En
base a ello, sería posible incoar un expediente administrativo al
laboratorio Abbott por parte de la inspección farmacéutica del
Insalud. Este expediente sólo se podría hacer en el territorio
Insalud y por los servicios de salud del resto de las comunidades.
También hay otra manera de iniciar otro un expediente, que es a
través de la Ley del Medicamento. A tenor del artículo 105 de la Ley
del Medicamento cabe la incoación de un expediente sancionador por
los órganos correspondientes. En este caso las multas serían de hasta
cien millones de pesetas, y este expediente lo llevaría a cabo la
Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid por estar
radicada la sede del laboratorio Abbott en esta comunidad. No
obstante, le digo que ambos expedientes de carácter administrativo,
si se incoaran, tendrían que ser a expensas de finalización del
procedimiento judicial en marcha. Por lo tanto, le digo el amplio
abanico que el Insalud tiene y está estudiando para el momento en que
decida sobre el tema.
Con respecto al tercer punto que no quería dejar pasar, que dice
convocar con carácter urgente la Comisión de farmacovigilancia, con
fecha 21 de noviembre de 1990 la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios redactó una circular, la 18/1990, sobre las
directrices para la realización de estudios de farmacovigilancia.
También el 24 de enero de este mismo año el Comité de Especialidades
Farmacéuticas de la Agencia Europea de Evaluación del Medicamento ha
establecido unas directrices dirigidas a colegios farmacéuticos,
colegios de médicos, hospitales y todo el ámbito sanitario en las que
se recogen las recomendaciones de la Comisión de farmacovigilancia
expresamente. Todas las directrices emanadas por parte de la
administración sanitaria recogen ya esa normativa y dicen, entre
otras recomendaciones, que la comisión indica que los estudios
denominados de poscomercialización no podrán suponer en ningún caso
una inducción a la prescripción de una determinada especialidad,
debiendo respetar en su caso los preceptos establecidos en el Real
Decreto 3.451/1973 sobre promoción, información y publicidad de los
medicamentos. Como ve, no hace falta convocar a la Comisión de
farmacovigilancia, puesto que su espíritu está recogido en todas las
directivas.
En cuanto al punto d) que usted indica, que era promover un acuerdo
contra la industria farmacéutica (yo creo que será un acuerdo con la
industria farmacéutica y el Ministerio de Sanidad), quiero decirle
que el sistema de intervención de precios de las especialidades
farmacéuticas financiadas por el Sistema Nacional de Salud se
encuentra regulado por el Decreto 271/1990, de 23 de febrero, en el
que se recoge la necesidad de limitar los
gastos de promoción y publicidad asignados a los medicamentos, con el
fin de adecuarlos al carácter social de este tipo de productos. El
citado decreto señala el porcentaje del valor de venta del
medicamento que se dedicará a marketing y promoción, y en este caso
lo acota entre el 12 y el 16 por ciento. La memoria económica de
Farmaindustria, editada por el Ministerio de Sanidad, indica que
sobre el precio de venta al público la media desde el año 1991 hasta
ahora, que es cuando los laboratorios han invertido en marketing, ha
sido del 8,4 por ciento. Hay que reconocer también que en España los
precios de los medicamentos están en los baremos más bajos de toda la
Unión Europea, y además cuando también se ha producido un recorte de
un 6 por ciento del precio, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 12/1999, de 31 de julio, no vemos oportuno aplicar otro
recorte.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castillo,
le ruego vaya concluyendo.
El señor CASTILLO JAÉN: Acabo, presidente.
Le quiero decir que en este caso puntual la actuación del Insalud y
del Ministerio de Sanidad, para el Grupo Popular, ha sido impecable.
Ellos recogieron una denuncia, como le dije en la interpelación, la
transmitieron al GISS, Grupo de investigación de la Seguridad Social,
la presentaron ante el juez y éste les comunicó que ya estaba en
manos de la fiscalía y que no hacía falta su intervención. Por lo
tanto, la actuación del Insalud, para nosotros, ha sido impecable.
Al señor Corominas -que ha aprovechado esta interpelación para hablar
del gasto farmacéutico- le quería decir que ha sido en esta
legislatura y por parte del Grupo Popular cuando más se ha hecho por
reducir el gasto farmacéutico y, gracias a eso, se ha pasado de unos
porcentajes que desde 1986 a 1996 eran del 14 por ciento, a tener la
satisfacción de cerrar este cuatrienio con un porcentaje aproximado
del 8 por ciento, que es con el que queremos cerrar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castillo,
le ruego concluya.
El señor CASTILLO JAÉN: Señor Corominas, me habla usted de un tema
que para mí es muy conocido, que es el tema de Andalucía. Le quiero
decir, para acabar, que Andalucía se siente orgullosa de su gasto y
que tengo en mi poder denuncias de médicos de aquella comunidad que
están siendo sometidos a extorsiones por parte de comisarios
económicos del SAS. Con mucho gusto le enseñaré esas denuncias.
También tengo recortes periodísticos donde... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castillo,
le ruego que se ciña a la cuestión.
El señor CASTILLO JAÉN: Acabo, señor presidente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castillo,
escúcheme. Cíñase a la cuestión, se lo ruego, señoría, y fije su
posición, en este caso con respecto a la enmienda del Grupo
Socialista, y no introduzca en el debate nuevos elementos que no han
sido planteados hasta el momento.
El señor CASTILLO JAÉN: Para finalizar diré que no quiero que parezca
que el Gobierno del Partido Popular no está equilibrando el gasto con
la introducción de nuevos productos, de todos los productos de la
terapéutica en beneficio del ciudadano. Hoy aparece publicado en El
País un artículo, en el que se dice que el Reino Unido investiga sus
bajos índices de supervivencia al cáncer, y que los oncólogos del
país han admitido públicamente que mienten a sus pacientes acerca de
los tratamientos óptimos porque saben que la sanidad pública se niega
a pagarlos cuando son muy caros. Señor Corominas, no queremos que les
pase lo mismo a los pacientes españoles y, por eso, ponderaremos
perfectamente nuestro gasto con un servicio ideal al usuario de la
sanidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castillo.
Señora Maestro, S.S. debe expresar la aceptación o no de la enmienda
planteada por el Grupo Parlamentario Socialista a su moción.
La señora MAESTRO MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero agradecer la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista. Voy a expresar alguna modificación en voz alta para que
pueda quedar patente el contenido real de la moción que se va a
plantear.
En el primer punto de la moción se propone una enmienda transaccional
mediante la cual se sustituye el término cohecho por la posible
vulneración del artículo 108 de la Ley del Medicamento. Por tanto, el
punto número 1 de la moción quedaría tal cual, es decir: se insta al
Gobierno a investigar prácticas por parte de la industria
farmacéutica que pudieran vulnerar el artículo concreto de la Ley del
Medicamento que lo prohibe. Agradezco sinceramente el cambio de
posición del Grupo Parlamentario Socialista, que aborda mediante la
aceptación de esta enmienda un problema que está patente desde hace
mucho tiempo y para el cual tengo la satisfacción de contar por lo
menos con su apoyo.
En aras del consenso, el resto de los puntos de la moción quedarían
sustituidos por la totalidad de los puntos que constituyen la
enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, y como ya plantean abordajes semejantes a
objetivos comunes, la moción quedaría constituida de la forma que he
planteado.
Una vez más quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista su
enmienda y su sensibilidad en este momento al problema planteado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro, vamos a proceder a la votación de las dos mociones.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. En primer
lugar, votación de la moción del Grupo Socialista, relativa a si el
Gobierno asume y hace suyo el documento marco para el desarrollo de
la provincia de León: programa y actuaciones y su eventual incidencia
en la política de inversiones establecida en el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 129; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Votamos ahora la moción del Grupo de Izquierda Unida, sobre medidas a
adoptar por el Gobierno para determinar el alcance de posibles
prácticas delictivas por parte de laboratorios farmacéuticos en
relación con las prescripciones y para conseguir que el gasto
farmacéutico se adecue a las necesidades de salud antes que a los
beneficios de los laboratorios, en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda que ha especificado la señora Maestro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 130; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Concluye así el orden día correspondiente a la jornada de hoy. La
sesión se reanudará mañana, a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión. Buenas noches.