Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 265, de 20/10/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 265
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 255
celebrada el miércoles, 20 de octubre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento:
- Comparecencia del Presidente del Gobierno para informar sobre la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Tampere
(Finlandia). (Número de expediente 210/000044.) . . . (Página 14074)
Preguntas . . . (Página 14103)
Interpelaciones urgentes
- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a si el Gobierno asume
y hace suyo el «Documento Marco para el desarrollo de la provincia de
León: programa y actuaciones» y su eventual incidencia en la política
de inversiones establecida en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000. (Número de expediente 172/
000186.) . . . (Página 14124)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a
adoptar por el Gobierno para determinar el alcance de posibles
prácticas delictivas por parte de laboratorios farmacéuticos en
relación con las prescripciones y para conseguir que el gasto
farmacéutico se adecue a las necesidades de salud antes que a los
beneficios de los laboratorios. (Número de expediente 172/000187.) .
. . (Página 14132)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento . . . (Página 14074)
Comparecencia del presidente del Gobierno para informar sobre la
cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Tampere
(Finlandia) . . . (Página 14074)
El señor presidente del Gobierno (Aznar López) comparece ante la
Cámara para informar de los resultados del Consejo Europeo
extraordinario, celebrado en Tampere, dedicado a la adopción de
medidas concretas para el establecimiento del espacio de libertad,
seguridad y justicia, tal y como quedó definido en el Tratado de
Amsterdam. Muestra su satisfacción por los resultados obtenidos tanto
para Europa como para España, situando la celebración de este Consejo
Europeo en lo que el considera el marco actual del proceso de
construcción europea. Añade que, tras el Consejo Europeo de Berlín,
donde quedaron establecidas definitivamente las perspectivas
financieras de la Unión para los próximos seis años, la Unión se
enfrenta a cuatro retos de extraordinaria importancia para los
españoles: el desarrollo de la moneda única que, junto con el
seguimiento de la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo y de la
próxima celebración del Consejo extraordinario sobre reforma
económica, hará posible un crecimiento estable y duradero en los
países de la Unión; la puesta en marcha de una nueva política
exterior y de seguridad común y el desarrollo de una auténtica
política de defensa europea; la reforma de las instituciones con la
vista puesta en la próxima ampliación, y el impulso definitivo para
el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia en
la Europa de los Quince. Considera que este último objetivo, junto
con el del crecimiento económico y el empleo, es el asunto que más
preocupa a los ciudadanos y resalta el hecho de que la creación de un
espacio de libertad, seguridad y justicia, como respuesta a estos
problemas, haya sido impulsada y orientada por España, pasando a
analizar detalladamente este último punto. Explica que en Tampere no
han querido que primaran las cuestiones de asilo e inmigración sobre
la lucha contra la delincuencia o la creación de un espacio judicial
europeo, porque su objetivo era avanzar armónicamente en todos los
aspectos, en un espacio de libertad, seguridad y justicia, y poner el
acento en propuestas que refuerzan el estatus del ciudadano europeo,
como las referentes al espacio judicial
europeo, y en las medidas que mejoran la situación de los inmigrantes
y asilados. A continuación anuncia que el Consejo Europeo llevará
a cabo en diciembre del año 2001 un debate pormenorizado sobre los
avances realizados, pasando a subrayar algunos aspectos sustantivos
de las conclusiones sobre asilo e inmigración, espacio judicial
europeo, lucha contra la delincuencia, política exterior y ampliación
de la Unión Europea. Termina su exposición diciendo que Tampere marca
un hito por las medidas concretas que se han adoptado y por el
calendario y el método de seguimiento establecido, destacando el
clima de consenso y entendimiento, completamente favorable a su
desarrollo. Gracias a las decisiones de Tampere, Europa es más justa,
más libre, más segura y más solidaria, suponiendo un avance
sustancial, irreversible e impensable hace pocos años. Afirma,
finalmente, que se camina hacia una Unión Europea abierta y segura,
comprometida con los derechos humanos, y hacia una mejor integración
de inmigrantes y asilados en nuestras sociedades.
Intervienen en el debate los señores Almunia Amann, del Grupo
Socialista del Congreso; Anguita González, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida;
López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; Rodríguez Sánchez, la señora Lasagabaster
Olazábal, el señor López Garrido, la señora Rivadulla Gracia, del
Grupo Parlamentario Mixto, y el señor De Grandes Pascual, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Contesta a las intervenciones de todos los portavoces el señor
presidente del Gobierno.
Preguntas . . . (Página 14103)
Del Diputado don Mariano Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Qué criterios se han utilizado para corregir las
inversiones, inicialmente previstas en los Presupuestos Generales del
Estado para la provincia de León, sin haberse producido aún el debate
presupuestario en la Cámara? (Número de expediente 180/001985.) . . .
(Página 14103)
Del Diputado don Joaquín Almunia Amann, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuál es
su política en relación con los medios de comunicación de titularidad
estatal? (Número de expediente 180/001996.) . . . (Página 14104)
Del Diputado don Francisco Fernández Marugán, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria y
Portavoz del Gobierno:¿ Sr. Piqué, tiene el Gobierno previsto adoptar
alguna medida que impida y garantice que el régimen fiscal de los
contratos de leasing no sea utilizado por algunos contribuyentes para
la adquisición de bienes inmuebles destinados a un uso recreativo o
de ocio? (Número de expediente 180/001962.) . . . (Página 14105)
Del Diputado don Pablo Marcial Izquierdo Juárez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
valoración hace el Gobierno de la propuesta formulada por España para
la condonación de la deuda externa? (Número de expediente 180/
001986.) . . . (Página 14107)
Del Diputado don Fernando Bastarreche Gravalos, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
información puede facilitar el Gobierno a la Cámara sobre el acuerdo
alcanzado con las ONG sobre la asignación tributaria para fines
sociales del IRPF? (Número de expediente 180/001987.) . . . (Página 14107)
Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Como Vicepresidente del
Gobierno, acepta que el Secretario General de su Partido y otras
fuerzas políticas le modifiquen los Presupuestos Generales del Estado
para el 2000? (Número de expediente 180/001997.) . . . (Página 14108)
De la Diputada doña Amparo Valcarce García, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué actuaciones del
Pacto de León considera el Gobierno de España que son prioritarias y,
en consecuencia, incorporará como nuevas inversiones en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2000? (Número de expediente
180/001998.) . . . (Página 14109)
Del Diputado don Diego López Garrido, del Grupo Parlamentario Mixto,
que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué actuaciones
va a llevar a cabo el Gobierno para solucionar la situación de los
menores, especialmente de los inmigrantes, denunciada en un estudio
de Comisiones Obreras? (Número de expediente 180/001982.) . . .
(Página 14111)
Del Diputado don Damián Caneda Morales, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha
planteado el Gobierno en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2000, dirigidas al fomento del empleo de los
colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado
laboral? (Número de expediente 180/001988.) . . . (Página 14112)
Del Diputado don Ramón Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cuándo piensa el Gobierno dar
cumplimiento al mandato que le dio la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca de esta Cámara en su sesión de 25 de febrero de
1998, por el que se le instaba a adecuar las cotizaciones sociales
que deben satisfacer los trabajadores temporeros agrarios a los días
de trabajo efectivo realizados? (Número de expediente 180/001994.) .
. . (Página 14112)
Del Diputado don Jordi Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué actuaciones ha llevado el
Gobierno para crear, en el ámbito de sus competencias, una Comisión
estatal de protección de los animales, en cumplimiento de la Moción
aprobada por el Congreso de los Diputados el 20 de abril de 1999?
(Número de expediente 180/001995.) . . . (Página 14113)
De la Diputada doña María José Mora Devis, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué plazo prevé
el Gobierno que el programa de informatización y acceso telemático
del registro mercantil se cumpla? (Número de expediente 180/001991.)
. . . (Página 14114)
Del Diputado don Álvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede informar el Gobierno qué
Alto Cargo de la Administración General del Estado encargó el informe
en el que se apoyó la denuncia del señor Capmany y otros en el
llamado asunto Sogecable? (Número de expediente 180/001999.) . . .
(Página 14115)
Del Diputado don Jordi Pedret i Grenzner, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los criterios de
política criminal del Gobierno respecto a los delitos de
discriminación por razón de la orientación sexual de las personas y
en qué instrucciones al Ministerio Fiscal se han plasmado? (Número de
expediente 180/002005.) . . . (Página 14116)
Del Diputado don Carlos Sanjuán de la Rocha, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Quiénes, además de los
delincuentes, son los responsables de que los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado estén
desbordados en la provincia de Málaga por el incremento de los
delitos y la gravedad de los mismos, según ha reconocido el Delegado
del Gobierno en Andalucía? (Número de expediente 180/002000.) . . .
(Página 14117)
Del Diputado don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a adoptar el
Gobierno ante la falta de coordinación del Servicio de Vigilancia
Aduanera y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en relación
al caso de Laureano Oubiña? (Número de expediente 180/002001.) . . .
(Página 14118)
De la Diputada doña Eva María Amador Guillén, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones ha
puesto en marcha el Gobierno para difundir el conocimiento de los
Derechos Humanos en los Centros de Enseñanza? (Número de expediente
180/001993.) . . . (Página 14119)
Del Diputado don Joaquín Leguina Herrán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué ha ocurrido con el cuadro «El
baño del caballo», de Joaquín Sorolla, que está depositado en el
Instituto del Patrimonio Histórico Español? (Número de expediente
180/002002.) . . . (Página 14120)
Del Diputado don Mario Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones
viene realizando el INSALUD de cara a mejorar el tratamiento
a pacientes con trastornos mentales? (Número de expediente
180/001992.) . . . (Página 14121)
De la Diputada doña Carmen Silva Rego, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Podría el Gobierno
explicar a qué tipo de irregularidades hace referencia el Informe
del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 1996, en lo que se
refiere al INSALUD, en materia de contratación? (Número de expediente
180/002003.) . . . (Página 14122)
Del Diputado don Jaime Blanco García, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿De qué forma piensa garantizar el
Gobierno la confidencialidad de los datos contenidos en las historias
clínicas? (Número de expediente 180/002004.) . . . (Página 14123)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 14124)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a si el Gobierno asume y
hace suyo el 'documento marco para el desarrollo de la provincia de
León: programa y actuaciones' y su eventual incidencia en la política
de inversiones establecida en el proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 . . . (Página 14124)
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Socialista del
Congreso, el señor Rodríguez Zapatero. Opina que nadie se sorprenderá
de que su grupo haya presentado esta iniciativa sobre lo que se
conoce como el 'pacto de León' y pregunta cómo es posible que el
secretario general del Partido del Gobierno firme un documento donde
aparecen explícitamente compromisos económicos conjuntos del Gobierno
central y la Junta de Castilla y León. Considera muy grave el hecho y
opina que el Gobierno y el Partido que le sustenta deberían hacer una
reflexión política profunda sobre lo ocurrido en León el 9 de
octubre, algo impresentable desde el punto de vista de la forma
democrática. A continuación explica la situación creada en León y
afirma que los trece concejales del Partido Popular no han sido
capaces hasta ahora de garantizar la mayoría en un ayuntamiento que
lleva paralizado desde el 13 de junio. Considera que se está ante una
gran estafa política, cuyo origen no es otro que un pacto
absolutamente intolerable en democracia y aconseja que rectifiquen a
tiempo
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Administraciones
Públicas (Acebes Paniagua). Después de escuchar con atención la
intervención del interpelante,
las dos preguntas hechas en el Pleno y las muchísimas
declaraciones efectuadas en estos días sobre el denominado 'pacto de
León', se pregunta sobre la finalidad positiva para León de todo
ello. De todas formas, opina que la interpelación, el contenido de la
misma y las peticiones que en ella se formulan no van dirigidas al
Gobierno, como se reconoce en el mismo texto de la interpelación, y
el Grupo Socialista ha montado una trama que no existía inventando un
cuento al revés. Aclara que lo ocurrido ha sido, simplemente, que dos
partidos políticos se han puesto de acuerdo para garantizar la
estabilidad y la gobernabilidad de la ciudad de León, lo que
considera bueno y positivo, acuerdo que es público, conocido y
sometido a luz y taquígrafos, y en el que se recogen una serie de
obras, inversiones y compromisos para León, de lo que, parece ser, se
sorprenden los socialistas, por lo que no acaba de entender la alarma
creada. Se remonta a la etapa de gobiernos socialistas y a los
compromisos suscritos con la Junta de Castilla y León en relación con
las infraestructuras que, en catorce años, no llevaron a cabo. Hace a
continuación un repaso de la prensa de los últimos días respecto de
las declaraciones de distintos dirigentes del Partido Socialista, en
lo que él llama la ceremonia de la confusión, y pone de manifiesto la
contradicción entre lo que dice el señor Almunia sobre que el
Gobierno da 200.000 millones para comprar mayorías que no tiene y lo
que dice el señor Zapatero cuando habla de que el pacto reduce en
40.000 millones las inversiones en León. Finalmente afirma que el
acuerdo es garantía de estabilidad, de progreso y de prosperidad para
León frente a quienes han tenido una pataleta porque con sólo siete
concejales y sin la confianza mayoritaria del pueblo de León querían
gobernar a pesar de sus ciudadanos.
Replica el señor Rodríguez Zapatero, duplicando el señor ministro de
Administraciones Públicas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Santiso
del Valle, del grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Núñez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La presidencia deniega el uso de la palabra por alusiones a los
señores Rodríguez Zapatero y Caldera Sánchez-Capitán.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a
adoptar por el Gobierno para determinar el alcance de posibles
prácticas delictivas por parte de laboratorios farmacéuticos en
relación con las prescripciones y para conseguir que el gasto
farmacéutico se adecue a las necesidades de salud antes que a los
beneficiosde los laboratorios . . . (Página 14132)
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, la señora Maestro Martín. Recuerda en
primer lugar que desde principios de esta década su grupo
parlamentario viene denunciando la generalización de prácticas por
parte del conjunto de los laboratorios farmacéuticos destinadas
a comprar la voluntad de los médicos para recetar determinados
productos, prácticas que eran bien conocidas por los distintos
ministerios de Sanidad y que están taxativamente prohibidas en el
artículo 108 de la Ley General de Sanidad. A continuación expone una
serie de ejemplos y datos para demostrar sus acusaciones y pregunta
al señor ministro cuáles son las razones por las que el Ministerio de
Sanidad no ha iniciado procedimiento alguno de investigación de un
hecho que es flagrante y conocido en el conjunto de la sanidad
española y las medidas que piensa adoptar para que este tipo de
prácticas deje de llevarse a cabo de manera pública, tanto en el
Insalud como en los servicios de salud de las comunidades autónomas.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Sanidad y
Consumo (Romay Beccaría). Manifiesta que la interpelación parte de un
supuesto que no se ajusta a la realidad, como es el considerar que la
actuación de los médicos en la prescripción farmacéutica y la de los
laboratorios en la promoción de sus productos se guía por principios
espurios. Por el contrario, afirma que, con independencia de
situaciones puntuales que, en ningún caso, puden justificar el
alarmismo que se pretende, los profesionales sanitarios y la
industria farmacéutica instalada en España actúan con respeto a la
normativa existente y a los códigos éticos. Asegura que siempre que
se recibe alguna denuncia de actuaciones irregulares que puedan ser
constitutivas de fraude o delito, se ponen en marcha los mecanismos
de inspección precisos y cuando, en algunos casos excepcionales, se
detectan conductas no adecuadas o incluso delictivas, se procede a la
apertura del correspondiente expediente disciplinario o, en su caso,
a la remisión de las actuaciones a la autoridad judicial. Explica las
medidas tomadas por el Gobierno del Partido Popular para adecuar el
gasto farmacéutico a las necesidades de salud de los ciudadanos y
para realizar un mejor control de la prestación farmacéutica sin
menoscabar el contenido y la calidad de la misma. Finalmente afirma
que la política farmacéutica que está desarrollando el Ministerio de
Sanidad y Consumo está dirigida a racionalizar el crecimiento del
gasto farmacéutico y a poner a disposición de los ciudadanos aquellos
productos que precisa.
Replica la señora Maestro Martín, duplicando el señor ministro de
Sanidad y Consumo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Corominas
i Busqueta, del Grupo Socialista del Congreso, y Castillo Jaén, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La presidencia deniega el uso de la palabra a la señora Maestro
Martín y accede a la corrección del apellido solicitada por la señora
Amador Millán.
Se suspende la sesión a las once y diez minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 203 DEL REGLAMENTO:
- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARA INFORMAR SOBRE LA
CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO CELEBRADA EN TAMPERE
(FINLANDIA). (Número de expediente 210/000044.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con un nuevo punto del
orden del día que, a propuesta de la Junta de Portavoces, acordó ayer
el Pleno por asentimiento: comparecencia del Gobierno, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 203, para informar sobre la cumbre de
jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Tampere, Finlandia.
(Rumores.)
Silencio, señorías, por favor. Señor Eguiagaray, señor Acebes, señor
López de Lerma y compañía, por favor, guarden silencio.
Para la exposición, en nombre del Gobierno, tiene la palabra su
presidente don José María Aznar.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señorías, comparezco ante la Cámara para informarles de los
resultados del Consejo Europeo extraordinario celebrado en Tampere.
Esta reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea ha
sido dedicada a la adopción de medidas concretas para el
establecimiento del espacio de libertad, seguridad y justicia, tal
como quedó definido en el Tratado de Amsterdam. Puedo decir con
satisfacción que los resultados de Tampere han sido positivos para
Europa y positivos para España. Permítanme, señorías, que sitúe la
celebración de este Consejo Europeo en lo que considero que es el
marco actual del proceso de construcción europea.
Tras el Consejo Europeo de Berlín, quedaron definitivamente
establecidas las perspectivas financieras de la Unión para los
próximos seis años. Con la tranquilidad que proporciona la seguridad
de esta estabilidad financiera, la Unión se enfrentaba y se enfrenta
a cuatro retos de extraordinaria importancia para nuestros
ciudadanos. El primero es el desarrollo de la moneda única, que junto
con el seguimiento de la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo y de la
próxima celebración del Consejo extraordinario sobre reforma económica
hará posible un crecimiento estable y duradero en los países de la
Unión y el horizonte del pleno empleo en muchos de ellos. El segundo
es la puesta en marcha de una nueva política exterior y de seguridad
común y el desarrollo de una auténtica política de defensa europea.
El tercero es la reforma de las instituciones con la vista puesta en
la próxima ampliación. Y el cuarto es el impulso definitivo para el
establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la
Europa de los Quince. Creo no equivocarme, señorías, al decir que
este último reto, este último objetivo, junto con el del crecimiento
económico y el empleo, es muy probablemente el asunto que más
preocupa a nuestros ciudadanos. La Unión ha tomado en cuenta las
demandas de una mejor garantía de las libertades y de una mayor
seguridad en un espacio económico y social sin fronteras, así como el
sentimiento de una solidaridad creciente hacia los inmigrantes y sus
países de origen.
En efecto, señorías, en un mercado interior en el que existe la libre
circulación de personas existen también nuevas oportunidades para la
delincuencia organizada y surgen problemas cuando los ciudadanos
quieren hacer valer sus derechos por las diferencias entre los
sistemas judiciales y administrativos entre los Estados miembros.
Puedo decir con satisfacción que la creación de un espacio de
libertad, seguridad y justicia como respuesta a estos problemas ha
sido impulsada y orientada por España. En Tampere hemos hecho
irreversible un proceso que empezó hace ya tiempo y que tuvo su
origen en el consenso de las principales formaciones políticas de
esta Cámara como una aportación a la unión política que entre todos
hemos de construir. Como SS.SS. saben, la creación de un espacio de
libertad, seguridad y justicia fue propuesta por España hace más de
tres años en la última Conferencia Intergubernamental inaugurada en
el Consejo Europeo de Turín en marzo de 1996. La Comisión Mixta
Congreso-Senado para la Unión Europea había recogido este objetivo en
su dictamen sobre la Conferencia Intergubernamental, que recibió
amplio apoyo de la Cámara y que también contenía otras importantes
medidas relativas al llamado tercer pilar. Desde mayo de 1996 hasta
la cumbre de Tampere hemos impulsado la creación de dicho espacio,
hemos negociado sus reglas, hemos establecido sus prioridades y hemos
acelerado su ritmo de puesta en práctica. En diciembre de 1996, en el
borrador del nuevo tratado presentado en el Consejo de Dublín, cobró
fuerza nuestra idea, que acabó plasmándose de forma muy señalada en
el Tratado de Amsterdam. Dicho tratado contiene un nuevo enfoque
global de las cuestiones de justicia e interior y añade un nuevo
objetivo a la Unión: la creación del espacio de libertad, seguridad
y justicia. El nuevo Tratado convierte la libre circulación de
personas, el control de las fronteras exteriores y las cuestiones de
inmigración y asilo en políticas comunitarias. En su Título VI
renueva por completo las normas sobre el llamado tercer pilar,
centrándolas en la cooperación judicial y policial en materia penal.
En la cumbre informal de Pörtschach, en octubre de 1998, dimos un
nuevo impulso a este proyecto de
espacio único, completado al poco tiempo en el Consejo Europeo de
Viena con un plan de acción que describía un inventario de medidas
posibles. Durante 1999 hemos colaborado con las presidencias del
Consejo para que este Consejo Europeo fuera un gran paso adelante en
el proceso a que me refiero. En el primer semestre de 1999 enviamos
nuestras propuestas para el Consejo de Tampere, que otros Estados
recogieron e hicieron suyas en documentos posteriores. Hemos querido
que en Tampere no primaran las cuestiones sobre asilo e inmigración
en relación con la lucha contra la delincuencia o la creación del
espacio judicial europeo. Nuestro objetivo era avanzar armónicamente
en todos los aspectos en un espacio de libertad, seguridad y justicia
y poner el acento en propuestas que refuerzan el estatus del
ciudadano europeo, como las referentes al espacio judicial europeo,
y en las medidas que mejoran la situación de los inmigrantes y
asilados. Con antelación a la cumbre de Tampere, España y el Reino
Unido presentamos una serie de iniciativas que demostraban un nivel
de ambición alto por nuestra parte. La Presidencia finlandesa hizo
una excelente preparación del Consejo y ha demostrado, por otra
parte, gran sensibilidad en estos temas. España ha apostado desde el
principio no sólo por dar a luz el concepto y por el desarrollo de
este espacio único, sino por establecer verdaderas prioridades,
otorgar un mandato al Consejo, Comisión y Parlamento para que lo
pongan en práctica, establecer un calendario y también un método de
control y de seguimiento de estas medidas. Así, el Consejo mantendrá
este objetivo entre las prioridades de su programa, someterá a
revisión constante los avances realizados en la ejecución de las
medidas y en el cumplimiento de los plazos establecidos. En diciembre
del año 2001 el Consejo Europeo llevará a cabo un debate
pormenorizado sobre los avances realizados. Ya más en concreto,
señorías, me gustaría subrayar algunos aspectos sustantivos de sus
conclusiones.
El Consejo ha puesto en marcha un enfoque global de la inmigración.
Tanto la Unión Europea como los Estados miembros, en el marco de sus
competencias, fomentarán el co-desarrollo en colaboración con
terceros países interesados, es decir, la lucha contra la pobreza, la
mejora de las condiciones de vida y las posibilidades de trabajo, la
consolidación de los Estados democráticos y la garantía del respeto a
los derechos humanos. La Unión adoptará un sistema común de asilo
basado en la aplicación de la Convención de Ginebra y en el principio
de que ninguna persona será repatriada a un país en el que sufre
persecución. Como primer paso se aprobarán normas comunes de
procedimiento y de armonización de condiciones mínimas de acogida y
de reconocimiento. Con el fin de paliar el grave problema de los
desplazados temporales y de los refugiados en distintos países de la
Unión se crea un programa de actuación, una reserva financiera dotada
económicamente y puesta en marcha para la solidaridad con estas
personas. La reciente crisis de Kosovo ha puesto de manifiesto el
drama humano que sufren los refugiados y desplazados y la necesidad
de contribuir a su solución. Como saben SS.SS., los desplazados
temporales y refugiados
son mucho más numerosos en algunos Estados miembros que en otros y la
alternativa a este fondo o programa sería el llamado reparto de
cargas, al que España se opone. No nos gusta la lógica inherente a
esa idea de reparto que pasa por alto la voluntad de los refugiados y
desplazados temporales de solicitar protección en un determinado país
y elimina, además, la capacidad de los distintos Estados miembros
para decidir sobre estas peticiones. Tampere ha impulsado también el
desarrollo de políticas comunes de inmigración, acompañadas de un
control coherente de fronteras exteriores para frenar la inmigración
ilegal y para luchar contra quienes la organizan y cometen delitos
conexos con ella. Se va a endurecer la lucha contra las redes de
tráfico de personas, salvaguardando los derechos de las víctimas, muy
en especial de las mujeres y de los niños. Europa se va a movilizar
para lograr la plena integración de los inmigrantes legales,
redoblando los esfuerzos de lucha contra el racismo, la
discriminación o la xenofobia. Avanzaremos por tanto, señorías, hacia
la plenitud de derechos de los emigrantes legales en los Estados
miembros en los cuales residan.
En lo que se refiere al espacio judicial europeo, el objetivo que nos
hemos marcado es que las personas puedan recurrir a los tribunales de
justicia y a las autoridades de cualquier Estado miembro con las
mismas facilidades que a los del suyo propio y que las sentencias
y decisiones judiciales se respeten y ejecuten en toda la Unión. La
complejidad o la incompatibilidad de los sistemas jurídicos y
administrativos de los Estados miembros no pueden impedir ni
dificultar a las personas el ejercicio de sus derechos. De este modo
se van a poner en marcha iniciativas que faciliten el acceso a la
justicia de cualquier ciudadano en todos los tribunales de la Unión
Europea. Se adoptarán normas mínimas que garanticen un nivel adecuado
de asistencia jurídica en litigios transfronterizos en toda la Unión,
normas mínimas sobre acceso a la justicia penal, así como normas de
procedimiento comunes para la tramitación simplificada de algunos
litigios transfronterizos sobre consumidores, asuntos mercantiles de
menor cuantía y pensiones alimenticias. El Consejo, señorías, ha
tomado asimismo en esta área una decisión trascendental. Se ha
adoptado, como piedra angular en este espacio judicial, el principio
del reconocimiento mutuo de sentencias civiles y penales y de otras
decisiones judiciales. Una sentencia dictada en un país de la Unión
Europea tendrá validez, pues, en cualquier otro Estado miembro. Antes
de diciembre del año 2000 se aprobará un programa que desarrolle
específicamente este principio. También se ha decidido la reducción
de las medidas intermedias para el reconocimiento de una resolución
o sentencia en un Estado miembro y avanzar hacia una mayor convergencia
en los aspectos del derecho civil y del derecho procesal civil, que
son necesarios para permitir esta libre circulación de sentencias y
decisiones judiciales. En materia penal, el Consejo ha hecho suya la
petición que el primer ministro británico y yo mismo hicimos al
presidente del Consejo de avanzar en las cuestiones referentes a la
extradición. Así, se ha
urgido a que todos los Estados miembros ratifiquen y apliquen cuanto
antes los convenios de extradición de 1995 y 1996. Pero sobre todo se
ha decidido la supresión a medio plazo de la extradición y su
sustitución por el mero traslado de personas para los condenados por
sentencia firme que eluden la acción de la justicia.
Hemos adoptado también una serie de medidas para garantizar un alto
nivel de seguridad en la Europa sin fronteras, mediante la lucha
contra todas las formas de delincuencia, también a escala de la
Unión. Se ha puesto en marcha una movilización conjunta de recursos
judiciales y policiales en la lucha contra la delincuencia para
garantizar que en la Unión no exista lugar alguno donde los
delincuentes puedan ocultarse.
Ha reflexionado el Consejo sobre los delitos que más preocupan al
ciudadano europeo: el terrorismo, la explotación sexual de la
infancia, los delitos ambientales, el blanqueo de dinero, etcétera, y
también sobre cómo prevenirlos y combatirlos. Para ello, en el
terreno de la prevención se desarrollarán programas de comparación de
las llamadas prácticas mejores entre las administraciones, en tres
ámbitos de prevención: la delincuencia juvenil, la urbana y la
relacionada con las drogas. Se ha decidido la creación de equipos
conjuntos de los Estados miembros para la investigación policial, en
concreto para la lucha contra el tráfico de drogas, el terrorismo y
la trata de seres humanos. Igualmente Tampere establece una unidad
operativa de jefes de seguridad, de policía, para el intercambio de
experiencia e información y para la planificación de acciones
operativas. Se da un paso adelante en el fortalecimiento de Europol,
que apoyará los equipos conjuntos mencionados y esa unidad operativa
de jefes de seguridad. Será dotado de nuevos medios y de tareas que
van más allá de la información y del análisis. En el futuro, Europol
podrá pedir a los Estados miembros que inicien investigaciones en
determinados ámbitos de delincuencia, siempre bajo la supervisión
judicial nacional. Para la persecución de la delincuencia organizada
grave se crea, además, una unidad llamada Eurojust, formada por
fiscales y magistrados, que coordinará las fiscalías nacionales y que
apoyará las investigaciones penales, en colaboración con Europol y
con la red judicial europea, teniendo como objetivo destacado la
simplificación en los trámites y ejecución de las comisiones
rogatorias. Se ha tomado también la decisión de crear una
escuelaacademia europea de policía para la formación de funcionarios
de rango superior, abierta a todos los países candidatos. Se ha
fijado, asimismo, como objetivo la aproximación del derecho penal en
definiciones, inculpaciones y sanciones de algunos delitos como la
delincuencia financiera, el tráfico de drogas, la trata de seres
humanos, la explotación sexual de la infancia, la delincuencia de
alta tecnología o el delito ecológico. El Consejo Europeo ha pedido
al Consejo que en Helsinki se adopte la estrategia europea contra la
droga para el período 2000-2004. Por último, hemos decidido una
acción especial contra el blanqueo de capitales, una actividad que
está en el centro mismo de la delincuencia organizada. Se busca, en
primer lugar, el desarrollo y la aplicación
en los Estados miembros de la normativa europea e internacional sobre
la materia, sin que el secreto bancario pueda impedir la
transparencia de las transacciones financieras. Además, se irá hacia
la aproximación en materia de derecho civil y penal de los aspectos
relacionados con el blanqueo de dinero y se otorgan competencias en
este campo a Europol.
Estos tres ámbitos sustantivos de actuación de la Unión y sus Estados
miembros para el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad
y justicia serán completados con actuaciones en la dimensión exterior
de cada uno de ellos. La Unión Europea debe convertirse en un socio
significativo en estos ámbitos a escala internacional. Por ello,
antes de junio del año 2000, el Consejo y la Comisión elaborarán una
estrategia y unas recomendaciones específicas al respecto.
En estrecha relación con los asuntos de inmigración y asilo, del
espacio judicial europeo y de la lucha contra la delincuencia, el
Consejo también ha acordado la composición, el método de trabajo y
las disposiciones prácticas del órgano competente para la elaboración
del proyecto de Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea,
un documento que reforzará el compromiso político de la instituciones
europeas con los derechos individuales y su visibilidad en la Europa
sin fronteras.
En relación con las prioridades señaladas en Tampere y a las medidas
concretas adoptadas, me gustaría hacer una mención específica de
intereses singulares de España y de los que los ciudadanos españoles
pueden tener como puntos de referencia más importantes, ya que se han
tomado decisiones relevantes sobre asuntos que importan a todos.
Señorías, el terrorismo será uno de los delitos en los que se
centrará el fortalecimiento de la cooperación policial europea,
mediante equipos conjuntos de los Estados miembros y de Europol.
Además, se ha acordado, como he dicho, la supresión de la extradición
y ha quedado establecido el principio del reconocimiento mutuo de
sentencias y otras decisiones judiciales. Sobre el problema de la
droga también se ha avanzado en la cooperación europea tanto en
prevención como en la lucha contra el narcotráfico. La droga es una
de las peores lacras de nuestra sociedad y los que practican este
tráfico inhumano y se benefician de él deben ser perseguidos en la
Europa sin fronteras. No tendrán a su favor ya un mapa fragmentado de
Europa. Y, del mismo modo, hay un acuerdo para contribuir desde la
Unión Europea a la cooperación internacional en este ámbito. La
sociedad española es, por otra parte, cada vez más sensible al
problema de la inmigración. En Tampere hemos decidido asegurar la
plenitud de derechos de los inmigrantes legales en el Estado miembro
en el que residan, luchar decididamente contra las bandas criminales
que trafican con seres humanos, atender mejor a las víctimas de este
tráfico inhumano y hacer frente con decisión y una mayor cooperación
a cualquier brote de xenofobia o de racismo que pueda producirse o
darse en nuestros Estados miembros. En paralelo, la Unión y sus
Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos de diálogo y
cooperación con terceros
países para lograr, como he dicho, el co-desarrollo y atajar las
causas de la inmigración ilegal en su origen.
Finalmente, quisiera aludir brevemente a otros asuntos que tratamos
en Tampere, ya en formato informal. Los jefes de Estado y de Gobierno
pasamos revista a la situación del Pacto de Estabilidad para el
sudeste de Europa y analizamos también los problemas políticos,
económicos y de seguridad en la región. Como saben ustedes, es
fundamental fortalecer y llevar a buen puerto el proceso del Pacto de
Estabilidad puesto en marcha el día 30 de julio en la cumbre de
Sarajevo. También dedicamos parte de nuestras reflexiones conjuntas a
la situación en Rusia, en concreto al análisis del momento político
que atraviesa previo a las elecciones parlamentarias de diciembre y a
las presidenciales de junio del año 2000, así como a la actual crisis
de Chechenia. Conversamos sobre la ampliación de la Unión Europea, un
tema en el que la Presidencia finlandesa avanza y da la máxima
prioridad. Analizamos los avances en las actuales negociaciones con
seis países, a la espera de los informes de progreso de la Comisión a
finales de octubre. Respecto a los demás candidatos no se han tomado
decisiones nuevas, pero sí hemos preparado las que se aprobarán en el
Consejo Europeo de Helsinki. Existe, señorías, un creciente consenso
sobre la necesidad de adoptar el llamado modelo regata, propugnado
desde el principio por España, y por tanto extender las negociaciones
a todos los países candidatos sin diferenciar en grupos entre ellos.
De este modo, el momento de su adhesión dependerá de su grado de
preparación individual y de su cumplimiento de los requisitos
políticos, institucionales y económicos fijados en su día por el
Consejo Europeo de Copenhague. España no desea que ningún candidato
quede aislado y creemos preciso hacer este esfuerzo de negociar a
Doce, de modo especial en un momento en el que es esencial la
estabilidad de la Europa del Sudeste. Estudiamos también el caso de
Turquía y la necesidad de otorgarle el estatus de candidato y las
condiciones que pueden y deben establecerse para llegar y progresar
en esta consideración. Respecto a la petición de los candidatos de
una fecha fija de ampliación existe un consenso y nos parece más
oportuno, para no crear falsas expectativas, establecer en todo caso
la fecha a partir de la cual la Unión estará preparada para poder
decidir sobre la adhesión de nuevos miembros.
Las conclusiones del Consejo hacen referencia a otro gran reto que
aborda la Unión Europea, el desarrollo de una política exterior y de
seguridad común, tal y como la define el Tratado de Amsterdam. El
Consejo ha dado la bienvenida al nuevo secretario general y alto
representante para la PESC, señor Solana, al que daremos todo nuestro
apoyo en las tareas que tiene por delante y les puedo decir que de
aquí al próximo Consejo Europeo de Helsinki queremos dar pasos
importantes para definir mejor y fortalecer la contribución europea a
la seguridad occidental.
Señorías, me gustaría terminar mi exposición diciendo que creo que
Tampere marca un hito por las medidasconcretas que se han adoptado,
por el calendario y
por el método de seguimiento que hemos establecido. Pero sobre todo
se ha hecho patente en la conciencia europea la importancia de crear
un espacio de libertad, seguridad y justicia. Quisiera destacar el
clima de consenso y entendimiento completamente favorable a su
desarrollo. Esto ha sido decisivo y nos ha permitido progresar
rápidamente. Creo que por el trabajo desarrollado en Tampere y por
sus conclusiones Europa será más justa, más libre, más segura y
también más solidaria. Creo que ha supuesto un avance sustancial
irreversible e impensable hace tan sólo unos pocos años. Y creo que
caminando hacia una Unión Europea más abierta y segura nos
comprometemos también a una mejor defensa de los derechos humanos y a
una mejor integración de inmigrantes y asilados en nuestras
sociedades, garantizando la convivencia para todos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su presidente,
don Joaquín Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor presidente, señorías, señor presidente
del Gobierno, en el viejo Mercado Común, tal como fue concebido hace
ya muchos años en el Tratado de Roma, esta cumbre, que usted nos
acaba de relatar en sus principales conclusiones, hubiese sido
impensable. Usted mismo lo ha dicho con sus últimas palabras.
En el Consejo Europeo informal de Tampere se ha hablado de derechos y
libertades, no ya en el ámbito de cada uno de nuestros países sino en
el ámbito común europeo, con limitaciones, a las que me referiré a lo
largo de mi intervención, pero se han tomado algunas iniciativas que
empiezan a ir definiendo y configurando un estatuto jurídico de los
ciudadanos europeos y de los ciudadanos, de las personas, que vienen
a ejercer como tales a nuestros territorios y a nuestros países.
Todos sabemos que durante los primeros años de la construcción
europea, bastantes, lo único relevante de la vida de las personas que
se iba tomando en consideración en los tratados y en las
instituciones eran aquellos aspectos que afectaban directamente a la
relación de cada uno de nosotros con la esfera económica. Se consagró
así la libertad de circulación de trabajadores o la libertad de
establecimiento, pero las personas en tanto que ciudadanos no
podíamos traspasar con total libertad, sin controles, las fronteras
nacionales. Si lo hacíamos, perdíamos una parte de nuestros derechos
y por eso tanta gente, durante tantos años, no se ha sentido ni
protagonista ni siquiera a veces condicionada o concernida por lo que
sucedía dentro de las instituciones europeas.
Por eso, aunque la estrategia puesta en marcha por los padres
fundadores de pasos sucesivos, la llamada estrategia funcionalista,
ha sido un acierto indudable en perspectiva histórica, hace ya mucho
tiempo que esa perspectiva manifiesta cada vez más sus limitaciones y
ha ido evolucionando y ha ido proporcionando nuevos
contenidos al proceso de integración. Primero, se transformó el
Mercado Común en Comunidad Europea; después de bastantes esfuerzos se
dio el paso de definir nuestra unión como una unión de pueblos, la
Unión Europea, eso fue en Maastricht y, después, el Tratado de
Amsterdam, pocos años más tarde, ha completado la idea de Maastricht
profundizando en el contenido de la integración, especialmente en el
contenido de nuestra integración, de nuestro proyecto común, en un
espacio común para todos de libertad, de seguridad y de justicia.
El momento esencial de esa transformación ha sido el reconocimiento a
todos los europeos por el mero hecho de serlo, por el mero hecho de
pertenecer a un país que es miembro de la Unión Europea, de una
segunda ciudadanía que, superpuesta y sumada a la que nos corresponde
por nuestro estado de origen, nos iguala a todos los europeos en una
única y común condición de ciudadanos. Esa fue una decisión de
alcance, una decisión en la que España jugó, además hace casi una
década, un papel protagonista. Esa decisión obedeció a la búsqueda de
fórmulas de legitimación democrática de un proceso del que hasta
entonces los ciudadanos se habían considerado muy alejados. Esta
apuesta por la ciudadanía europea requirió visión de futuro y exigió
y exige coraje para irla llenando de contenido.
Europa ya no es sólo un mercado, ni una moneda, ni un conjunto de
políticas comunes. Europa es un proyecto político en el que los
ciudadanos de los países que formamos parte de ella tenemos que
desarrollar nuestros derechos de ciudadanía, en el que los hombres
y mujeres que nos contemplan desde fuera de nuestras fronteras, que no
han nacido aquí, me gustaría que nos viesen como un espacio de
libertad y de protección de sus derechos, también de los suyos, y no
sólo como un territorio donde hay bienestar económico para quienes
somos de él.
Las políticas estructurales, muy importantes, el mercado interior
-clave-, la moneda única -crucial-, han sido sin ninguna duda pasos
trascendentes, necesarios, los hemos apoyado todos y cada uno de
ellos desde el Grupo Parlamentario Socialista, y no sólo por razones
económicas ni principalmente por razones económicas, los hemos
apoyado por la convicción política de que el contenido del proceso
europeo es de naturaleza política y tiene que irse dotando de
contenidos acordes con esa naturaleza.
También responde a ese impulso político la búsqueda de una política
exterior y de seguridad común que acaba de recibir, y también se ha
referido a ello el presidente, un nuevo impulso con la puesta en
marcha del cargo para el que ha sido nombrado nuestro compatriota,
compañero Javier Solana, y aprovecho esta oportunidad, señor
presidente, para desearle todo tipo de éxito, manifestarle nuestro
apoyo y felicitarle por haber sido requerido para ello por buena
parte de los gobiernos de los países de la Unión Europea.
También responde a esa voluntad de dotar a la Unión Europea de
contenido político, ciudadano, democrático, la creación de un tercer
pilar, decidido en Maastricht,
sobre políticas de justicia e interior. Tercer pilar que ha sido
desarrollado y completado en el Tratado de Amsterdam. Un pilar
-espacio europeo de libertad, seguridad y justicia-que cada vez
adquiere mayor protagonismo, y buena muestra de ello es la cumbre de
la semana pasada, que posibilita nuevas vías de avance en el ámbito
de la unión política europea y que nos ofrece la oportunidad de
abordar, de modo más eficaz, temas que sí que preocupan en su vida
cotidiana a los ciudadanos.
Este es el contexto, señorías, en el que he querido situar la
valoración sobre el contenido y las conclusiones de la cumbre de
Tampere. Valoración que estimo que debe hacerse sobre la base de
analizar, primero, si las medidas adoptadas contribuyen de forma
clara y rotunda al desarrollo de esta ciudadanía europea y, segundo,
valoración que debe tomar en consideración si esas medidas favorecen
la adhesión de los ciudadanos europeos al proyecto mismo de
construcción de una unión política y si esas medidas aumentan su
confianza -la confianza de los ciudadanos-en un funcionamiento de las
instituciones comunes más transparente, más cercano y más próximo.
Porque en cada uno de nuestros países ya sabemos que los asuntos
relativos al ejercicio de las libertades, a la situación de la
justicia, a la protección de nuestra seguridad como ciudadanos
constituyen una de las principales preocupaciones de la gente y así
debe ser también a escala europea Y es en este espacio de libertad,
seguridad y justicia donde se deben ir concretando muchos de los
intereses más directos de la vida cotidiana que se sitúan muy cerca
de las angustias, de las esperanzas, de las ilusiones de la gente, de
las decepciones o de las satisfacciones por el funcionamiento de los
servicios públicos o de su mayor o menor adhesión positiva activa a
un funcionamiento democrático de las instituciones europeas.
Europa necesita de los ciudadanos y Europa no se puede hacer sin
contar con los ciudadanos. Una consecuencia ineludible de esta
afirmación es la atribución de derechos y libertades comunes a todos
los europeos; derechos y libertades que puedan ser amparados,
tutelados y revisados judicialmente en todo el ámbito de la Unión.
Por eso hay que felicitarse de que una vez que en la cumbre de
Colonia hace unos meses se había abogado por reunir y poner de
relieve en una carta los derechos fundamentales a escala de la Unión
Europea, este Consejo haya acordado la composición, método de trabajo
y disposiciones prácticas del órgano competente para la elaboración
de ese proyecto de carta. ¿Qué derechos han de figurar en esa carta?
¿Qué tutela jurisdiccional y política tendrán los derechos que se
incluyan en ella? En mi opinión la decisión que se adopte debe ser
una decisión ambiciosa. Si queremos que Europa sea un espacio real de
libertad, de justicia y de seguridad es imprescindible que la carta
de derechos humanos y libertades públicas recoja todas las conquistas
que se han producido en los distintos Estados miembros en punto a
libertades y derechos y que dé entrada a cualquier otro derecho no
recogido hasta ahora en nuestras constituciones, pero que sí se va
haciendo, con el paso del tiempo, inherente a la dignidad de las
personas y a su condición de ciudadano.
Decía Salvador de Madariaga, uno de nuestros primeros y mejores
europeístas, que hay que pensar en Europa antes de hacerla. Sin duda,
se refería Madariaga a una época, allá por los años cuarenta, a
finales de la Segunda Guerra Mundial, en la postguerra, en los años
de ilusión por la construcción de un mundo posterior a aquel terrible
conflicto, en la que el sosiego y la serenidad todavía no habían sido
arrasados por el ritmo de la vida actual y, sobre todo, por los
cambios trascendentales que se están produciendo en todos los planos
de nuestra vida colectiva, desde lo tecnológico hasta lo social,
pasando por lo económico, lo financiero o lo estrictamente político.
Hoy probablemente no podemos elegir ese desdoblamiento en dos tiempos
que Madariaga deseaba para la construcción europea. Hoy estamos
obligados a hacer Europa mientras la vamos pensando y a pensar Europa
mientras la vamos haciendo. No podemos aplazar la acción a la espera
de que surjan brillantes ideas globales para mover cada uno de los
engranajes de nuestro proyecto colectivo.
Por eso el hecho de hablar y de buscar el espacio judicial europeo no
implica, ni debe implicar, desconocimiento alguno sobre las
dificultades de que éste se consolide en un proyecto global, entre
otras cosas porque a nadie se nos oculta la coexistencia dentro de la
Unión Europea, de los países miembros de la Unión, de sistemas y
bases jurídicos muy diferentes. El derecho continental tiene
muchísimas diferencias con el derecho anglosajón, diferencias que
habrá que ir aproximando, pero aproximación que no se va a producir
en pocos meses, ni siquiera, me temo, en unos pocos años. También hay
que tener en cuenta que la existencia de ese espacio común exige con
carácter previo una actitud inequívoca de respeto a las reglas de
juego del Estado democrático por parte de los poderes públicos, y en
especial de respeto hacia el papel que en cada uno de los Estados
democráticos y de derecho que componen Europa debe jugar la acción de
la justicia.
Comprenderá, señor presidente del Gobierno, que en este terreno
cuando le escucho me asalten algunas dudas, a la vista de algunos de
los comportamientos con los que su Gobierno y sus fiscales han
contribuido, precisamente en estas semanas, a sembrarlas en la
opinión pública y también en el Grupo Socialista, coincidiendo con
los preparativos, a veces demasiado retóricos por su parte, de la
cumbre de Tampere. (Aplausos.) En todo caso, mientras se resuelven
estas dificultades, que habrá que resolver, tenemos la obligación de
garantizar a los ciudadanos europeos un espacio comunitario en el que
la actividad judicial se desarrolle bajo unos cauces de coordinación,
agilidad, simplificación, eficacia y seguridad; un espacio en el que
los ciudadanos tengan la certeza de que sus derechos van a ser
reconocidos y respetados cualquiera que sea el lugar del territorio
de la Unión en el que se encuentren, y que van a recibir igual
protección cualquiera que sea el tribunal ante el que pretendan
protegerlos; un espacio en el que el castigo por acusaciones
ilícitas y la demanda por el cumplimiento de obligaciones se produzca
con igual intensidad e idénticos criterios ante cualquier órgano
jurisdiccional; un espacio en el que no se pueda producir una
multiplicidad de procedimientos heterogéneos, y los que hay habrá que
irlos reduciendo y armonizando; un espacio en el que el ciudadano no
se encuentre, en lo posible, con sentencias contradictorias
imposibles de articular y de cohonestar.
Es verdad que las medidas impulsadas en las conclusiones de la cumbre
para facilitar el acceso a la justicia, garantizar la asistencia
jurídica en litigios transfronterizos, establecer normas comunes o
normas simplificadas en procedimientos de menor cuantía, ya estaban
contempladas, probablemente con mucho más detalle en la mayoría de
los casos, en el plan de acción de Viena, al que se ha referido el
presidente. Por tanto, la cumbre en todo este paquete no aporta, en
sentido estricto, novedad alguna, pero hay que dar por bienvenidas
sus conclusiones aunque repitan lo que ya estaba dicho, a veces con
más concreción, en otro lugar. Lo mismo cabe decir del reconocimiento
mutuo de resoluciones judiciales, que es una piedra angular de la
cooperación judicial en materia civil y penal a lo largo y ancho de
la Unión y que es un reconocimiento contemplado entre los objetivos
a corto plazo del plan de acción mencionado, el Plan de Viena. Eso sí,
se echa en falta en esta cumbre, y he creído percibir una valoración
diferente en las palabras del presidente del Gobierno, un mecanismo
serio de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos
que se han propuesto, si no, es de temer que transcurran todavía
muchos años hasta que los ciudadanos vean resueltos en la práctica
los conflictos que les surgen diariamente en su vida cotidiana por la
inexistencia de ese espacio común. Sin duda va a plantear problemas
difíciles desde el punto de vista técnico, además del político, el
reconocimiento mutuo en materia penal sin que antes medie una
aproximación de nuestros respectivos ordenamientos jurídicos. Para
lograr ese objetivo de armonizar y de avanzar hacia el reconocimiento
mutuo de las resoluciones, sin duda nosotros participaremos
activamente, creemos que hay que avanzar hacia ese objetivo, pero hay
que hacerlo sin trampas.
En lo referido a la cooperación judicial no puedo dejar de hacer
mención especial al tema de la extradición. No se sorprenderá, señor
presidente del Gobierno, si le digo que después de lo ocurrido a lo
largo del último año con un caso muy conocido en estas semanas, su
Gobierno ha perdido mucha credibilidad en materia de extradición. No
sabemos si el Gobierno todavía cree disponer de alguna competencia o
lo deja todo en manos de los jueces; no sabemos si son favorables a
conceder determinadas extradiciones o no, o si lo son a medias,
depende con quién hablen; no sabemos si lo que se encarga a uno de
sus ministros tiene una contraposición con lo que otro ministro
recibe como tarea; no sabemos si el presidente del Gobierno cree que
el fiscal general y la Fiscalía a sus órdenes son los encargados
últimos de establecer nuestra común escala de valores en el Estado
democrático. Sin embargo, son indicios suficientes como para que
usted
se haya tenido que comportar, a mi juicio, con una cierta prudencia
al hablar de extradición. Pero a veces no ha podido ceder a una
tentación, que es fuerte en su personalidad, y así los días previos a
la cumbre ha aparecido decidido a atribuirse el protagonismo en
cuanto a la eliminación de obstáculos en los procesos de extradición
de los delitos políticos. Debo reconocer que me ha sorprendido, señor
presidente, porque usted, aquí, en esta misma tribuna, el 26 de junio
de 1996, cuando comparecía para informar sobre el resultado del
Consejo Europeo de Florencia, dijo literalmente lo siguiente: Quiero
decir ante SS.SS. que, como ya sabrán, en el día de hoy los
representantes permanentes de los Estados han aprobado
definitivamente el nuevo convenio de extradición, por el cual el
delito político desaparece de la Unión Europea y la mera pertenencia
a banda armada es suficiente para conceder la extradición a los
países que lo soliciten. Si había desaparecido hace más de tres años
el delito político, ¿por qué ahora se pide y se proclama de nuevo su
supresión? Imagino que la pide porque, como le habrá contado la
ministra de Justicia, que ahora se lo quiere hacer llegar otra vez a
través de sus colegas de Gobierno, el convenio de extradición de 1996
se cerró precipitadamente, sin solucionar el problema, que ha
persistido por la vía del juego de las reservas y del mantenimiento
del principio de doble incriminación. Pero usted, en su afán de
hacernos creer, ya en julio de 1996, que el milagro Aznar había
traspasado nuestras fronteras y se extendía a lo largo y a lo ancho
de Europa, no tuvo empacho en subirse a esta tribuna para decir que
se había solucionado definitivamente un problema que hoy pide
públicamente que se arregle. Efectivamente, hay que arreglarlo porque
la supresión del procedimiento formal de extradición entre los
Estados miembros, en el caso de personas condenadas por sentencia
firme, es difícilmente aplicable en la mayoría de los mismos, y es
muy difícilmente aplicable en España porque nuestras leyes procesales
no permiten juzgar en rebeldía los delitos graves. Por lo tanto,
nuestro país no podrá exigir por esta vía la entrega de un
delincuente ni tampoco entregarlo, a no ser que realicemos un cambio
radical en nuestro sistema que, además, podría tener problemas de
constitucionalidad.
Por si ello no fuera suficiente, también observamos en las
conclusiones finales que no hay ninguna referencia específica a la
extradición por delitos políticos ni a los problemas que plantea el
requisito de la doble incriminación. Sólo se recuerda la necesidad de
ratificar los convenios de 1995 y 1996, usted mismo lo ha repetido,
que todavía no están en vigor. Hay que arreglar también la situación,
porque, como ustedes recordarán bien, en otra comparecencia posterior
a un Consejo Europeo, en este caso el de Dublín, el señor Aznar
afirmó ante esta Cámara que el problema de la capacidad o no de los
Estados para la concesión de asilo por razones políticas ya estaba
solucionado. Literalmente dijo el señor presidente: No fue fácil, en
absoluto, llegar a la conclusión respecto del asilo, a la eliminación
del asilo político, más bien fue bastante difícil, incluso en el seno
del debate del propio Consejo; yo estoy satisfecho de esa resolución.
Pues bien, por desgracia, esa capacidad que usted
creía haber eliminado sigue existiendo. ¿Qué credibilidad se le puede
conceder a usted y a su Gobierno cuando, de manera sistemática,
incurren, en estos temas tan sensibles, en semejantes errores de
interpretación o, en el peor de los casos, en un engaño al
Parlamento?
La cumbre de Tampere ha desaprovechado la oportunidad de dar un mayor
impulso político y de tomar decisiones concretas frente a la legítima
demanda de la ciudadanía de obtener una mayor seguridad en el ámbito
de la Unión, frente a fenómenos tan importantes y desgraciadamente
tan generalizados como el crimen organizado, el narcotráfico, el
terrorismo, la delincuencia económica, las redes de prostitución y
trata de seres humanos, etcétera. Es evidente que en un contexto de
mercado único y sociedad abierta, el Estado-nación no puede
garantizar plenamente la seguridad interna actuando de manera
aislada. Todas esas actividades delictivas tienen un claro componente
internacional. En ese sentido, no sólo ha de darse un mensaje nítido
y claro a los delincuentes, sino que ese mensaje ha de ir acompañado
de medidas concretas que lo hagan operativo. Pero aún sigue habiendo
una gran contradicción -después de Tampere desgraciadamente la sigue
habiendo-entre las organizaciones supranacionales del crimen y su
capacidad de operar, más allá de los límites de las fronteras
nacionales y el carácter nacional de los principales instrumentos que
tenemos para combatirlo. Creo sinceramente que, pese a la cumbre, no
estamos haciendo todavía los esfuerzos necesarios. Porque es
importante que se mandate al Consejo y a la Comisión para
intensificar los trabajos de aproximación de normas de derecho penal
y procesal, que se encargue al Consejo y a la Comisión acordar las
definiciones, inculpaciones y sanciones comunes en una serie limitada
de sectores de especial importancia. Los ha citado su señoría. Pero
cuando se trata de acordar mecanismos que intensifiquen la
cooperación, sobre todo en el área policial, tengo la impresión de
que al haber establecido en Tampere estructuras policiales paralelas
a Europol, se está enviando un mensaje de desconfianza respecto a una
institución que tantos esfuerzos ha supuesto poner en funcionamiento.
El marco adecuado para impulsar esa cooperación pareciera que debiera
buscarse más bien en la potenciación de Europol y no en la creación
de solapamientos que probablemente, y ojalá me equivoque, irán en
detrimento de su eficacia.
Sí es eficaz el acuerdo de crear una unidad de cooperación entre
fiscales europeos, recogido en la cumbre a propuesta alemana. En
cambio no ocurre lo mismo con las medidas adoptadas en la cumbre en
relación con una acción especial contra el blanqueo de capitales. Las
conclusiones en torno a este tema parecen más una declaración de
buenas intenciones que la definición de instrumentos operativos y
eficaces. En todo caso, dentro de poco dispondremos de un barómetro
para medir la eficacia y el grado de compromiso adquirido por los
jefes de Estado y de Gobierno, la fecha en que los ministros de
Economía aprueben o no aprueben el proyecto de directiva sobre el
blanqueo de capitales que recientemente ha propuesto la Comisión.
Finalmente, señor presidente, quiero referirme a las medidas
adoptadas en la cumbre en materia de asilo e inmigración. Nos
encontramos aquí ante uno de los grandes retos de la sociedad
europea: la integración en el seno de nuestras sociedades, con todas
sus consecuencias, es decir, con todos sus derechos políticos y
sociales, de un número creciente de ciudadanos que no han nacido aquí
y que no sólo tienen orígenes distintos a los nuestros, sino que
pertenecen a razas, a culturas, a religiones distintas a las
nuestras, ciudadanos que van a venir a Europa, que ya están viniendo,
lo queramos o no lo queramos. Como mínimo, en mi impresión, la cumbre
ha sido poco generosa con los derechos de los inmigrantes. Se ha
hablado sólo de aproximación de algunos derechos -el derecho a
trabajar, el derecho a residir, a recibir educación-, pero no se ha
especificado, como lo hicimos aquí hace poco, el derecho a la
asistencia médica de los inmigrantes, no se alude a ningún derecho
político y cuando se hace referencia a la posibilidad de concederles
el derecho a obtener la nacionalidad, se utilizan términos que como
mínimo se pueden calificar de vagos.
La cumbre ha sido decepcionante desde el punto de vista de una Unión
Europea que ha de ser sensible a las necesidades de millones de
personas que tienen necesidad perentoria, por razones económicas o
políticas, de obtener aquí la seguridad y estabilidad que no
encuentran en sus países de origen. Las conclusiones de Tampere
señalan que la Unión debe garantizar un trato justo a los nacionales
de terceros países que residen legalmente en nuestro territorio. Le
dice a la Unión Europea que debe luchar contra la discriminación con
los instrumentos del Tratado de Amsterdam y que debe aproximar el
estatuto jurídico de los residentes de larga duración al de los
nacionales de los Estados miembros. Pero las conclusiones de la
cumbre no dicen hasta qué punto la carta de derechos fundamentales
que se va a empezar a elaborar debiera servir por igual a todos los
ciudadanos residentes en la Unión. No sabemos qué derechos y qué
libertades de los protegidos en esa carta los jefes de Estado y de
Gobierno quieren extender por igual a todas las personas, a todos los
seres humanos que vivan en nuestro territorio, con independencia de
su nacionalidad, de su origen. Tampoco resulta claro si una Europa
sin fronteras interiores lo va a ser también para los residentes
legales extracomunitarios y si, en consecuencia, estos van a
disfrutar sin trabas del derecho a la libre circulación. Por otra
parte, el Consejo Europeo reconoce la necesidad de aproximar
legislaciones nacionales sobre condiciones de admisión y residencia
de nacionales de terceros países, pero sobre esto ya nos había
hablado una propuesta de convenio que ha quedado por ahí en algún
pasillo, en alguna mesa de alguna Comisión, lo que evidencia que
hasta ahora el fracaso es lo que persigue la búsqueda de un consenso
en esta materia tan importante.
Para España, por nuestra situación, es relevante, a pesar de no ser
todavía un país con un porcentaje elevado de inmigrantes, que esta
normativa común sobre
inmigración llegue a existir. Deberíamos estar trabajando más con los
otros países del sur de Europa que tienen problemas similares a los
nuestros, con Italia, con Grecia, con Portugal, con Francia, para
presionar a favor de una política común de inmigración que tenga en
cuenta nuestras necesidades en esta materia. Por cierto que en los
días anteriores a la cumbre, alguno de entre ustedes -no sé si fue el
ministro de Trabajo-anunció el inicio de conversaciones con
Marruecos, y avanzó que con algunos otros países, en torno a la
negociación de convenios sobre inmigración temporal. A mi juicio, es
muy peligroso que el único criterio de nuestra política de
inmigración sea el laboral. Si esto fuese así, este tipo de política
en nada garantiza el final de las corrientes migratorias clandestinas
e incluso podría, en el peor de los casos, servir de acicate a las
mismas al generar falsas expectativas sobre nuestra voluntad y
capacidad de absorber e integrar en la sociedad a un número creciente
de extranjeros procedentes de esos países. En España, debemos
reconocerlo, empiezan a surgir tensiones xenófobas y racistas a
medida que se extiende la inmigración. Por ello y con independencia
de lo debatido a escala europea, aquí, en esta Cámara, estamos
obligados a analizar el fenómenos migratorio en toda su dimensión y a
no despacharlo como un brote molesto sin mayor trascendencia o como
un simple apéndice de la política laboral del ministerio
correspondiente.
Tenemos un problema, señor Aznar, pero vamos a tardar mucho en
solucionarlo. Frente a la frivolidad de su frase en relación con la
situación de Melilla hace tres años, estoy de acuerdo, como lo dicen
las conclusiones de la cumbre de Tampere, en abordar la inmigración
desde sus causas incorporando a nuestras políticas nacionales y
europeas conceptos como el de codesarrollo. Lo hemos de hacer en la
Unión Europea a través de los planes de acción global que la Unión
empieza a aplicar con algunos países, pero no siempre se podrán
solventar por esta vía todos los problemas que la inmigración genera
y va a generar. Por otra parte, la financiación de estos planes no
está clara. No existe, por tanto, un compromiso real a la altura del
problema que enfrentamos, un compromiso real de financiación
destinado a aquellos países que tienen que soportar un cupo de
inmigración superior a la media, ni existen programas suficientes a
la altura de las necesidades y demandas para ayudar al desarrollo de
los países cuyos ciudadanos se ven obligados a abandonar su hogar y a
venir a trabajar entre nosotros.
El señor PRESIDENTE: Señor Almunia, ha de ir concluyendo, por favor.
El señor ALMUNIA AMANN: Sí, señor presidente.
El Consejo se ha preocupado más de los aspectos represivos de la
política de inmigración que de la fijación y establecimiento de una
política común con objetivos que podamos compartir, impulsar y
desarrollar en toda su dimensión. Ir a un consulado de la Unión
Europea debería ser más atractivo para un aspirante a la emigración
que acudir a las redes de tráfico ilegal. ¿Para cuándo vamos
a acordar a escala europea un procedimiento común de expedición de
visados? ¿Para cuándo un visado uniforme? ¿Qué pasa con la
incorporación definitiva del acervo Schengen a las políticas comunes?
En cuanto a las propuestas sobre asilo en relación con personas
extracomunitarias, también las conclusiones parecen en buena medida
decepcionantes.
Concluyo, señor presidente, señorías. La cumbre de Tampere no ha
servido para romper el bajo tono en que se viene desenvolviendo el
proceso de construcción europea tras el esfuerzo realizado para
implantar el euro. No parece que se haya aprovechado esta ocasión,
como tampoco se aprovecharon las anteriores cumbres, para dar un paso
adelante decidido en la construcción de un derecho europeo de la
ciudadanía. No ha sido éste, desde luego, un Consejo decidido a
avanzar en la comunitarización total del tercer pilar, en la adopción
de políticas comunes en los asuntos de justicia e interior. Ha sido,
por el contrario, un Consejo decidido a sujetar la evolución posible
de los derechos de ciudadanía usando hasta el límite de lo posible
mecanismos intergubernamentales.
El Gobierno español ha decidido jugar de abanderado de esta actitud
de freno, y no me parece extraño. Estamos hablando de derechos de los
ciudadanos, y este es el dato clave para entender sus valoraciones de
hoy y su actitud en la cumbre. Yo comprendo que para el señor
presidente del Gobierno no es cómodo venir a dar cuenta de una
reunión cuyo objeto comprendía buena parte de sus demonios: extensión
de derechos y libertades, respeto a la justicia, regulación y
ejercicio de la extradición, política de inmigración basada en el
reconocimiento de la dignidad humana y atribución de derechos
políticos y sociales. Aquí, en esta ocasión, ante estos temas, no
vale con desgranar datos, fabricar porcentajes, hacer cuentas y
augurar a todos los seres humanos un futuro prometedor. Aquí hay que
hablar de cosas en las que, como en el viejo cuento, la propaganda,
la publicidad y una televisión a su servicio personal, no le sirven
para tapar sus vergüenzas y usted acude aquí desnudo. Son ya
demasiados sus hechos y demasiadas sus declaraciones como para que la
tarjeta de estadista europeo con la que se ha tratado de disfrazar
nos haga olvidar la realidad de su pensamiento y de su política. ¿De
verdad cree usted, señor presidente, que podemos verle como promotor
de un espacio judicial europeo cuando por activa y por pasiva intenta
una y otra vez, directamente, a través del fiscal general del Estado,
a través de los medios de comunicación que le son afines, condicionar
la adopción de decisiones sobre los tribunales de justicia? ¿Había
pensado el señor presidente que podía venir a hablarnos
tranquilamente de extradiciones después del espectáculo que usted
mismo, sus ministros, el fiscal general del Estado, de nuevo, el
fiscal jefe de la Audiencia Nacional acompañándole, vienen dando
desde hace un año ante el estupor de la comunidadinternacional en el
caso Pinochet?
¿Sinceramente espera usted, señor presidente, que hayamos olvidado en
esta Cámara, que haya olvidado el Grupo Parlamentario Socialista que
su política de inmigración al principio de esta legislatura la
resumió en la famosa frase de teníamos un problema y lo hemos
resuelto, cuando bajo esa original frase, como sabe bien el ministro
del Interior, se trataba de meter a más de cien seres humanos en un
avión, bastante narcotizados, y sacarlos en ese estado del territorio
nacional? (Aplausos.)
Con estos antecedentes, señor presidente, ¿cree usted que es fácil
convencernos, convencer a la Cámara, de que ha hecho los esfuerzos
necesarios para avanzar en la fijación de una política común, de un
espacio común de justicia, libertad y seguridad a la altura de los
tiempos?
Usted se resiste a renunciar a los márgenes de maniobra -como hacen
otros gobiernos, por otro lado-que permite el mantenimiento de
competencias de ámbito nacional en este campo, y para lograrlo no se
le ha ocurrido mejor idea que distanciarse en la preparación de esta
cumbre del núcleo de los países que impulsan desde hace muchos años
el proyecto europeo y jugar al lado de los países que se sitúan en la
periferia de ese proyecto.
Con ello, señor presidente -y acabo ya-, renuncia a lo que en este
momento, lograda la moneda, debería constituir el objetivo común de
todos nosotros: avanzar en la unión política, ensanchar el concepto
de la ciudadanía europea. Lo hace cuando si en algo hay que ser
ambicioso en Europa, ahora y de cara al futuro, es en materia de
derechos y libertades de los ciudadanos. Se lo diré para acabar en
palabras de una personalidad europea que primero fue compañero mío y
después evolucionó hacia las ideas que usted dice sostener. Dijo Paul
Henri Spaak: Si los europeos de ayer hubieran sido sólo realistas
nada de lo que hoy constituye la Europa de mañana existiría.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra su presidente don Julio Anguita.
El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Señor presidente, señoras y señores
diputados, todas las cumbres europeas, y sobre todo aquellas que
podíamos calificar de extraordinarias por su contenido de tipo
monográfico, suelen levantar expectativas que yo dividiría en dos
apartados: unas expectativas basadas en el apoyo mediático, en el
apoyo de los medios de comunicación; por otro lado, declaraciones del
señor presidente del Gobierno, declaraciones de políticos en torno a
las 48 horas anteriores a la cumbre y a las 24 restantes, pero que se
pierden a partir de ese período. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Yo quisiera hacer una reflexión en voz alta en este hemiciclo. ¿Se
sigue con interés este debate? ¿Despierta interés saber qué es lo que
se ha discutido y cuáles son las valoraciones que hay sobre los
contenidos de lo que se ha discutido en Tampere?
El segundo núcleo que lleva al interés reside en los contenidos de la
cumbre. Una cumbre que se llama para hablar de un espacio de
libertad, de seguridad y de justicia indiscutiblemente interesa a la
gente porque se refiere a los problemas que tiene la gente, que
tienen las ciudadanas y los ciudadanos europeos. Sin embargo -y llamo
la atención de este Cámara-, cumbre tras cumbre lo que se anuncia
como algo importante, un paso hacia adelante en lo que de manera
eufemística se llama construcción europea, se queda casi siempre en
agua de borrajas. Entre lo que se plantea en los medios de
comunicación y en determinadas comparecencias y el resultado final
hay una diferencia casi abisal y es lo que pretendo comentar.
La cumbre de Tampere planteaba la creación de un espacio de libertad,
seguridad y de justicia. Además, como ha dicho el orador que me ha
antecedido en el uso de la palabra, planteaba la siguiente secuencia,
que comentaré al final. Tenemos el mercado único, la moneda única y a
partir de ahí la unión política. No, se ha hablado de un espacio de
libertad, de seguridad y de justicia. Esto trae un debate sobre
determinados conceptos que convendría asegurar. Hablar de libertad,
de seguridad y de justicia es hablar de un corpus de derechos y de
deberes elevado a categoría de marco legal para toda la ciudadanía
europea; pero no solamente eso, sino que hablar de libertad, de
justicia y de seguridad nos obliga a una matización. Cuando hablamos
de seguridad, señorías, ¿de qué estamos hablando? Que yo sepa hay
tres conceptos: tenemos el de seguridad y defensa, que es un concepto
militar; el de seguridad en el sentido policial, que es el que ha
abordado la cumbre de Tampere; y el de seguridad en el sentido
social, es decir, una sociedad está segura cuando los individuos que
la componen están atendidos en sus necesidades y son sujetos de
derechos y deberes y, sobre todo, de los derechos contemplados en la
carta fundacional de las Naciones Unidas. En función de esto, la
cumbre de Tampere encarga a un conjunto de instituciones, mediante un
mecanismo que yo calificaría de premioso y sin un horizonte temporal
fijo, el método para la elaboración de un proyecto de carta de los
derechos fundamentales de la Unión Europea. Aquí está el quid de la
cuestión, pero eso lo reservo para el final de mi intervención. ¿En
qué coyuntura, en qué momento se convoca la cumbre de Tampere?
Estamos ante las consecuencias de la guerra de agresión de la OTAN
contra Yugoslavia y los problemas derivados de las migraciones, las
deportaciones, los problemas de los asilados, de los refugiados, que
exigían una inmediata clarificación. Estamos ante un fenómeno
inquietante y que comienza ya a asomar en España: el récord de
abstención en laselecciones europeas, y no es una cuestión baladí.
Cuando comienza a bajar la participación de la ciudadanía comienza a
perderse una fuente de legitimidad, y en este proceso de la llamada
construcción europea estamos perdiendo fuentes de legitimidad
mientras avancemos hacia esa abstención. No quisiera que pudiésemos
contemplar en Europa el aspecto desolador que hubo
en la elección del alcalde de Dallas, en la que solamente participó
el 5 por ciento del censo electoral.
Pero junto a ello, y como una derivación que tiene un fondo común, el
avance del racismo, la xenofobia, la extrema derecha y el fascismo,
que no es sino lo que ha venido a evidenciar el avance de la extrema
derecha en Austria, un fenómeno inquietante que empieza a aparecer en
nuestro país y en otros países, un fenómeno que nos trae momentos de
otras etapas de la historia porque tiene las mismas causas.
Se celebra la cumbre de Tampere en un momento de inestabilidad
económica, social y política del Este, como consecuencia -voy a
llamarle una ingenuidaddel fracaso de aquello del capitalismo en 500
días. Y hay un problema de urgente solución, sobre todo cuando
tenemos por delante la urgencia de la ampliación de la Unión Europea.
Hay un tema sobre el cual le anuncio, señor presidente del Gobierno,
que vamos a pedir su inmediata comparecencia. Se va a celebrar en
Seattle, una ciudad de Estados Unidos, una cumbre para hablar de la
liberalización del comercio mundial, en el seno de la Organización
Mundial del Comercio. Señorías, esto es el acuerdo multilateral de
inversiones dos. No han cejado en su interés los poderes económicos,
que quieren reducir el poder de los gobiernos y de la soberanía
nacional simplemente a sus cuentas del debe y del haber, y sobre esto
queremos saber la opinión de nuestro Gobierno, en la persona de su
presidente. ¿Cuáles son las ideas que se van a llevar allí? ¿Qué es
lo que va a plantear el señor Prodi en su encuentro bilateral con el
presidente Clinton? Porque tenemos la suficiente información que nos
plantea que los que intentaron poner en marcha el acuerdo
multilateral de inversiones no han cejado en sus intentos y, por
tanto, nos tememos que esa cumbre de Seattle sirva para intentar
retomar aquello que fue abandonado transitoriamente por los poderes
financieros internacionales. Espero que el señor presidente acceda al
requerimiento, que después se pasará por la ventanilla del Congreso,
para que venga aquí y lo explique.
Respecto a la cumbre, resulta ilustrativo que de los tres ámbitos que
se discuten, el de libertad, seguridad y justicia, son el primero y
el tercero, es decir, la libertad y la justicia, los que pierden
protagonismo por mor del protagonismo que tiene el concepto de
seguridad, pero además ceñido única, sola y exclusivamente al ámbito
policial. Es verdad que sin seguridad no hay libertad pero, señoría,
sin seguridad, sin justicia, la seguridad y la democracia no existen,
son simplemente palabras carentes de sentido. Se pone más énfasis en
la coordinación policial y en la cooperación judicial que en la
ampliación de las libertades. Por ejemplo, algo que ya es un clamor
ante la situación de la residencia de muchos ciudadanos de otras
partes del mundo, el avance hacia un estatuto del residente
permanente originario de países terceros para que pueda circular
libremente y disfrutar de la igualdad de derechos sociales y
políticos, se ha quedado en un compromiso genérico y
sin plazos de cumplimiento. La lentitud, cuando no la desidia por
parte de los gobiernos que integran la Unión Europea, en cumplir los
acuerdos internacionales, ya es proverbial. Es indignante, señor
presidente, que ningún Estado miembro de la Unión se haya dignado
hasta ahora a ratificar el Convenio internacional para la protección
de los derechos de los trabajadores inmigrantes y de sus familias,
adoptado el 18 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Tampoco ha sido ratificado el Convenio de Bruselas
aprobado en mayo de 1998.
Señor presidente, es cierta, y yo diría que es un avance que exista
la formulación, la cuestión de las políticas de inmigración y de
asilo ligadas a la estrategia global del codesarrollo. Hay que
reconocer que teóricamente al menos toca el problema. No basta con
tratar los problemas de la inmigración, sino que hay que ir a los
focos que producen la injusticia y la pobreza para hacer posible que
allí se generen dinámicas de desarrollo económico que hagan posible
que no exista esa inmigración. Pero eso está muy bien, lástima que
junto a algunas paletadas escasas de cal vengan las abundantes de
arena. Por ejemplo, si eso no lleva el acopio económico pertinente,
simplemente es un brindis al sol. Veamos las últimas cifras: en los
años ochenta había 100.000 inmigrantes cada año en la Unión Europea,
se aumenta a 300.000 en el año 1989, llegan a 700.000 en 1992, y
bajan en 1998 a una cifra de aproximadamente 366.000 inmigrantes.
Lo positivo que supone esta estrategia de codesarrollo se ve desde la
otra parte por el aspecto negro. Cuando el acuerdo de las Naciones
Unidas y los compromisos de muchos gobiernos, para empezar el de
usted, señor Aznar, es que se vaya aportando el 0,7 por ciento del
producto interior bruto para estas políticas de cooperación, todos
los gobiernos europeos, comenzando por el suyo, cada vez están
distanciándose más de las cantidades que tendrían que suministrar
para que estas políticas de codesarrollo tuvieren un éxito siquiera
mínimamente satisfactorio. Ello es grave en un momento en el que,
cuando tenemos delante de nosotros el último informe de la FAO -como
saben SS.SS. es un organismo de las Naciones Unidas preocupado por la
alimentaciónen el mundo-, que tendrá escasamente 15 días, vemos que
800 millones de personas pasan hambre en el mundo, junto al dato
escalofriante de 12.000 niños que mueren diariamente en el mundo a
causa del hambre.
Nos parece positivo que se haya reaconocido a Marruecos como zona
potencial de emigración hacia la Unión Europea. De nada vale blindar
la frontera sur con un muro de 8.000 millones de pesetas, porque el
éxodo continúa a través del mar y no hay quien los pare porque
además, señorías, Occidente, la Unión Europea exporta a través de sus
mecanismos de medios de comunicación, sus televisiones, lo bien que
se vive aquí, pero a continuación opera el siguiente mecanismo: la
incitación y la represión, y eso conlleva los grandes problemas que
hay ahí y que las únicas soluciones que se dan son estas muy tibias
cuando no la razón de las armas, razón última de la cumbre de
Washington,
que vio la contemplación y el nacimiento de una nueva OTAN. Pero a
partir de ahí recordemos las declaraciones del señor Gil Robles
recientemente, cuando hablando de la política de inmigración del
Gobierno la trata de cicatera y salvaje y habla de vergüenza absoluta
cuando ha visto cómo se arrojan niños por la valla de Ceuta para
intentar salvarlos del horror del subdesarrollo del país vecino. Por
tanto, esa declaración de estrategia de codesarrollo o se ve
ampliada, fundamentada en el cumplimiento del 0,7 por ciento del
producto interior bruto, o es, como he dicho anteriormente, un
brindis al sol.
La Unión Europea debe establecer una clara distinción entre asilo
político e inmigración. Señor presidente, en esta Cámara hay un
acuerdo para que no digamos inmigración ilegal, consulte a los
parlamentarios de su grupo. Inmigración sin papeles, sin documentos
o, en todo caso, irregular, pero aquí se acordó hace un tiempo no
calificar de ilegal el fenómeno inmigratorio. Consulte.
Señor presidente, si se aplica lo aprobado en Tampere, la cooperación
judicial se concretará en el reconocimiento mutuo no solamente en
sentencias judiciales, sino también de los autos anteriores al
juicio, en particular los que permiten obtener pruebas y embargar
bienes rápidamente y con facilidad. Si las consecuencias de la
creación de lo que podíamos llamar Eurojust, la unidad integrada por
fiscales y magistrados para combatir la delincuencia organizada
grave, llega a su fin lógico, estamos ante el embrión de lo que
mañana podría ser en una Europa unida políticamente un ministerio
público europeo. Pero la condición es que haya una Europa unida
políticamente o en trance de llegar a esa unión política.
Siguiendo con una de cal y bastantes de arena, tenemos que referirnos
de manera positiva al énfasis que se ha puesto en la lucha contra el
blanqueo de capitales, auténtico corazón del crimen organizado. Pero
aquí viene la de arena: debemos señalar que la mayoría de los Estados
miembros no han aplicado aún la directiva aprobada en 1990, relativa
al blanqueo de capitales, y están retrasando en el Consejo la
aprobación de una nueva directiva propuesta por la Comisión.
Encarecemos al Gobierno, aparte de que se cumpla esto, que se dirija
al Gobierno británico, sobre todo por la cuestión de Gibraltar y esos
sitios de blanqueo de dinero y de lugares que van aceptando y hacen
imposible, junto a la desidia de los gobiernos, empezando por el
suyo, señor Aznar, que de verdad se aborde la política de lucha a
favor del blanqueo de capitales. (El señor vicepresidente, Marcet i
Morera, ocupa la Presidencia.)
Siguiendo con las de arena, constatamos que el Consejo Europeo,
después de darle muchas vueltas, no se ha atrevido a suprimir el
secreto bancario y aquí está la cuestión fundamental. Luchar contra
el crimen organizado en función de declaraciones está muy bien, pero
hasta que no lleguemos a lo del blanqueo de capitales y a la
supresión del secreto bancario esto no va a ningún sitio, porque la
justicia estará atada de pies y manos, y ahí no se ha avanzado
absolutamente nada. Naturalmente, esa mayor transparencia que se ha
pedido no deja de ser un brindis al sol.
Echamos en falta también, ya que estamos hablando de los derechos de
los ciudadanos o de los posibles derechos, una definición de delito
ecológico, que no existe, en base al artículo 34.2 del Tratado de
Amsterdam. Apoyamos el proceso de ampliación. Ésta es nuestra
posición política, pero queremos ser claros y rotundos en un punto.
Para abrir las negociaciones con las autoridades turcas éstas
debieran satisfacer previamente los criterios políticos fijados en
Copenhague de respeto de la democracia, del Estado de derecho, de los
derechos humanos, la protección de las minorías, la abolición de la
pena de muerte y de la tortura, y la libertad de prensa.
Queremos manifestar nuestra sorpresa ante ese viaje del presidente de
la Comisión, señor Prodi, a un encuentro con el presidente de Estados
Unidos. ¿De qué se va a tratar? Por las informaciones recibidas
parece que se va a tratar de cómo facilitar las negociaciones en
torno a la cumbre de Seattle, que va a tocar temas importantísimos.
Queremos saber cuáles son las instrucciones y qué puntos de vista
sostiene. ¿Se va a hablar allí, por ejemplo, de esa aplicación
unilateral por parte de los Estados Unidos, con la Ley Helms-Burton y
DAmato violando la legislación internacional, lo que entorpece el
principio de la libertad de comercio? Insistimos en esta cuestión,
señor presidente del Gobierno; nuestro grupo parlamentario quiere
saber qué es lo que hay antes de la cumbre de Seattle, cuando se
realice y después. Y diríamos más, nos gustaría que esto fuese objeto
de un debate específico muy claro y concreto, porque aquí se juegan
más cosas que simplemente la liberalización del comercio, ni más ni
menos que el valor, el peso específico y la funcionalidad de
instituciones como ésta.
Señor presidente del Gobierno, es curioso que todo esto se remita a
una carta de derechos fundamentales y esto merece la última
reflexión. Señorías, la lógica está clara: un mercado único implica
una moneda única; mercado único y moneda única que se han ido
desarrollando a través de tratados concretos, con una legalidad
clara, con unos plazos a cumplir, con un seguimiento y hasta con unas
sanciones a aquellos países que no pudieran o no quisieran abordar lo
que se les impone mediante la llamada convergencia nominal. Todo esto
está reglado en tratados, Maastricht, Amsterdam, y sus revisiones,
sus compromisos; es más, esta Cámara, como las catorce restantes de
la Unión Europea, ceden soberanía a instituciones carentes de
respaldo democrático, como el Banco Central Europeo. Cedemos, en
términos importantes que nos ligan, la política laboral, la política
económica. ¿El siguiente paso es la creación de un espacio que, con
rango de legalidad, pueda hacer posible que los ciudadanos europeos
se beneficien de unos derechos y de unos deberes? No. ¿Qué quiere
decir una carta? ¿Estamos ante una carta otorgada? ¿Tiene el valor de
la Carta Social Europea, que hay gobiernos, como el británico, que no
hacen ni caso? ¿Significa un acuerdo, por ejemplo, como el del año
1980, en el que todo el mundo se obliga a un salario mínimo
interprofesional y
eso se ha olvidado totalmente? ¿Cuál es la vinculación jurídica de
esta carta? ¿Qué peso hay? No se dice. Se pone un mecanismo premioso,
lento, sin fijar un plazo. Y, una vez que hemos hecho la primera
pregunta, surgen más. ¿Qué fuerza jurídica, qué vinculación a derecho
tiene esta carta de derechos fundamentales? ¿Estamos ante un marco
que obliga al cumplimiento de normas o es una declaración de
intenciones? Porque ésta es la prueba del nueve. Diría más, ¿se trata
de una carta que intenta recoger, para su aplicación y su regulación
según derecho, los derechos humanos recogidos en la Carta de las
Naciones Unidas? Pero yo diría algo más: ¿esa carta fundamental
recoge lo que se contiene en el título I de la Constitución española?
Señorías, el título I de nuestra Constitución está claro, habla
también de derechos fundamentales, y ahí están recogidas las que
podríamos llamar las tres generaciones de derechos fundamentales, de
derechos humanos: los derechos políticos, los derechos económicos y
sociales y los derechos medioambientales, artículo 47, donde habla
del medio ambiente. ¿Se recoge esto? ¿Se recogen estos derechos? Es
decir, a los ciudadanos europeos, que van a tener un espacio de
libertad, de justicia y de seguridad, ¿esta carta les garantiza que
en el ámbito europeo podrán tener la aplicación de lo que la
Constitución reconoce, por más que no se cumpla? Pero ese es otro
problema. ¿O se trata simplemente de una carta que es un muestrario
de buenas intenciones? Creemos que va a ser eso, señor Aznar, y voy a
explicar ya, al terminar, por qué.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo ya, señor
Anguita, por favor.
El señor ANGUITA GONZÁLEZ: La clave está en Seattle. Cuando una
política se hace en función del mercado, cuando el mercado es el
único que dice lo que hay que hacer, el mercado único se cumple, la
moneda única se cumple, pero cuando llegamos ya a la unión política,
que implica una constitución, unos derechos y unos deberes, en el
marco de una Europa que ha reconocido una generación de derechos
humanos, no puede eso llevarse a lo que pudiéramos calificar de
constitución o período constituyente. Este es el fracaso de 1984 de
su correligionario señor Oreja Aguirre cuando intentó llevar al
Parlamento Europeo la cuestión de la constitución europea.
Por tanto, en la secuencia lógica, en el paso del mercado único,
moneda única, que tendría que concluir, por mor de una auténtica
unión política, en una carta constitución que reconociese derechos y
deberes, se da un salto y se queda simplemente en una declaración de
intenciones. Este es el problema. Ustedes podrán llamarle como
quieran, pero la última parte, la secuencia lógica, ustedes se la
saltan. Y es normal, porque cuando estamos en fase, por mor de la
globalidad, de crear poderes supranacionales y supraeuropeos en
función de unos intereses económicos fuertes, asegurar a los
ciudadanos el derecho al trabajo, a la salud, el derecho a la
educación, a pensiones, a jubilaciones en una carta
europea es demasiado fuerte e intolerable por la política económica
que en estos momentos impera.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Anguita.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra su portavoz, señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señor presidente, señorías, la
celebración de una cumbre dedicada a la constitución, a la creación,
a la conformación de un espacio europeo en materia de justicia e
interior constituye en sí misma un éxito, merece una consideración
especialmente favorable respecto de su contenido, es decir, de lo
convenido por nuestro grupo parlamentario, y una valoración altamente
positiva, que nosotros manifestamos, de la iniciativa de su
convocatoria, que en este caso comparten España y Gran Bretaña.
Por lo tanto, yo no comparto la opinión de que usted, señor
presidente del Gobierno, venga aquí desnudo de hechos o conviviendo
con contradicciones entre lo que dice y lo que hace, porque, a fin de
cuentas -y es noble reconocerlo-, lo hecho en Finlandia fue impulsado
desde aquí. Si el Tratado de Maastricht, que es fundamental para el
proceso de integración europea, señala objetivos como, por ejemplo,
mercado único, unión económica y monetaria, política exterior y de
seguridad común y unión política, el Tratado de Amsterdam, como saben
SS.SS., ponía acertadamente el acento en la creación de un espacio
europeo de libertad y seguridad, creo que sabiendo todos los jefes de
Estado y de Gobierno presentes en su firma y todos los parlamentos
que lo ratificamos que sin él, sin ese espacio europeo de libertad y
seguridad, resultaba altamente improbable desarrollar el pilar de la
unión política tras haberse alcanzado una más que razonable velocidad
de crucero en los aspectos económicos y monetarios. Es aquello de
que, siendo cierto que todo avión puede volar con un solo motor, lo
recomendable, lo perseguible por motivos de seguridad es hacerlo con
dos, por lo que debía auspiciarse una Unión más vigorosa, más
fortalecida, como es la derivada de la política exterior, de la
política de seguridad y ahora, finalmente, las de justicia e
interior. En definitiva, una vertebración de calado institucional
y político donde la consideración de ciudadanía europea no quedara en
simple declaración, sino que se viera explicitada y en consecuencia
dimensionada por hechos, por realidades tangibles.
En ese sentido, el Consejo Europeo de Tampere ha abierto la puerta a
la construcción de una política comunitaria en los ámbitos de
justicia, interior y asilo, como aquí se ha puesto de manifiesto en
lo que llevamos de debate. Es decir, ha tratado aspectos
concernientes a las personas, a la condición de ciudadanos de la
Unión y ha favorecido, a la vez que ha protegido, la llamada libre
circulación de quienes por derecho integramos la Unión Europea. En
consecuencia, se podrá decir que muchas de sus conclusiones parecen
tener un carácter
excesivamente genérico, poco concreto; y algunos, aquellos que
normalmente son excesivamente críticos incluso respecto de ellos
mismos, pueden señalar la distancia entre lo pretendido, lo propuesto
y lo realmente alcanzado y acordado. Pero nunca, ni unos ni otros,
podrán negar que la historia de la construcción europea nos dice cuán
importante es empezar a andar, porque iniciada la marcha ya nada se
para, y unos y otros deberán reconocer en el futuro, estoy
absolutamente convencido, incluso los más críticos, que Tampere ha
removido aspectos clave de la soberanía de cada Estado que afectan a
sus ciudadanos. Se ha ido más allá, que es lo importante hoy, por ser
decisivo para mañana, porque la creación en Europa de un espacio
único de libertad, justicia y seguridad entra en una fase
irreversible.
Señor presidente, señorías, sin duda alguna estamos ante una de las
cuestiones que más directamente afectan a los ciudadanos de la Unión
y a su vida cotidiana. Es cierto que todo cuanto se ha venido
produciendo, todo aquello que hemos venido consolidando, empezando,
lográndolo, ha incidido en la vida de los Estados y en la vida de los
ciudadanos de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea.
Pero el debate entre libertad y seguridad y cómo lograr un eficaz
equilibrio entre ambos viene de antiguo, constituye en su esencia
tratar sobre individualidades concretas, sobre las personas, sobre
los ciudadanos, sobre derechos inherentes a los mismos, y por tanto
debía concitarse y ordenarse jurídicamente desde la perspectiva de la
construcción política de Europa, porque las grandes libertades
europeas conocidas hasta la fecha, libertad de establecimiento y
libertad de personas, servicios y capitales, esas libertades básicas,
las conocidas, las que ya se practican, no pueden ir en perjuicio de
la seguridad individual de todos y cada uno de los que somos
ciudadanos de la Unión Europea.
Reitero por tanto, señor presidente, que lo convenido en Tampere
quizá para algunos puede saber a poco; pero recuerdo que la
metodología acordada para llevar a buen puerto la construcción de un
espacio judicial y de interior europeo no es ningún invento de última
hora, no es algo novedoso, pues se trata de articular el mismo
procedimiento que nos llevó al mercado único, exactamente el mismo:
poner en marcha algo que finalmente se consolida y que pasa ahora
necesariamente por impulsar el reconocimiento de las decisiones que
en ese escenario, sentencias penales y civiles, tomen los Estados
miembros para llegar más tarde, como aquí se ha expuesto, a un
paulatino acercamiento de las legislaciones propias en los ámbitos
del derecho penal y procesal que desembocará -muy probablemente en
años, como ha dicho el señor Almunia muy acertadamente, por
dificultades obvias de contenidos jurídicos básicos-en una
armonización respetuosa con la singularidad, porque al menos para
nosotros, para nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), no se debe caminar, especialmente en
el derecho civil, hacia la simple uniformidad, que creemos sería
empobrecedora para todos.
En esto, señor presidente del Gobierno, señorías, España puede y debe
ser ejemplo de eficaz coexistencia
y armonía entre sistemas civiles diversos en materias tan
aparentemente sencillas, pero complejas en el fondo - pongamos por
caso-, como el derecho de familia o de sucesiones. Por tanto,
reconocimiento mutuo sí; uniformidad, por favor, no, porque la
pluralidad conforma la Unión Europea y debe erigirse, yo creo que
integra la cultura propia de la Unión Europea, en uno de sus más
preciados valores. La diversidad, señorías, es positiva.
En esto Tampere también ha dado frutos apetecibles. El mutuo
reconocimiento en materia civil tiene consecuencias importantes y
tangibles para toda la ciudadanía europea, pero la resultante es
respetuosa, repito, con la diversidad. Cualquier sentencia en asuntos
de derecho matrimonial, patria potestad, mercantil o aquellos
referidos a los consumidores, que cada vez son más numerosos y más
importantes, será reconocida por doquier en todas partes, se emita
donde se emita la sentencia, y tendrá efectividad inmediata sin
romperse la fuente del derecho, que continúa siendo (y que sea por
muchos años) plural y diversa.
En materia penal lo acordado supone la eliminación de los obstáculos
existentes, algunos de ellos padecidos especialmente por España en
los últimos años en dicha materia, e impide la persecución y el
castigo de determinados delitos, especialmente de aquellos que
cuentan con una trama organizada para su ejecución. En ese sentido,
coincido con el señor presidente del Gobierno, la creación de
Eurojust, instrumento de cooperación entre fiscales y magistrados,
puede ser de gran utilidad jurídica, si funciona, claro, bajo las
expectativas creadas y no se desvía del objetivo final que en Tampere
se ha concitado y se ha definido.
Pero, señor presidente, señorías, la propia existencia de ese espacio
de libertad y de seguridad, vital para la Unión Europea, porque
también es terreno para la prosperidad común en todos sus ámbitos,
desde el económico al social, será sin duda foco de atracción, será
algo muy atractivo, digámoslo así, para los ciudadanos de otros
Estados a los que ni podemos ni tenemos derecho a cerrar puertas de
forma no ya egoísta, sino irresponsable, irresponsable políticamente
y también irresponsable, me permito decir, históricamente en estos
momentos ante la realidad que empezamos a conocer, a palpar y que
quizá lo más probable es que nos invada de lleno en lo sucesivo.
Compartimos, pues, la necesidad de afrontar conjuntamente el acceso
de esos ciudadanos de Estados no miembros, pero residentes legales,
al espacio común creado en materia de asilo e inmigración y a la
generalización en lo posible de derechos y deberes inherentes a la
ciudadanía europea. Debemos ser conscientes, señorías, y nosotros
pretendemos serlo, aunque no sé si lo conseguimos del todo, de que
abordar ese tema significa influir, quizá decisivamente, sobre la
vida y su desarrollo armónico de un gran número, miles y miles, de
personas. No es un tema burocrático, donde la frialdad de los números
deba alumbrar soluciones, sino un acto de humanidad basado en
convincentes valores de justicia, solidaridad y equidad, que van más
allá de las propias fronteras de la Unión Europea.
Por ello nos congratulamos de que el Consejo aprecie que los flujos
migratorios son una realidad confirmadora del desarrollo económico y
del progreso social de la propia Unión Europea. Este enfoque global
del fenómeno de la inmigración, no sectorial, sino con una visión de
conjunto, que es la que nos puede permitir encontrar soluciones; ese
enfoque global, inseparable de una visión política y económica
respecto de las relaciones de todo lazo con los países impulsores de
la misma, encaja de lleno con el posicionamiento de nuestro grupo
parlamentario en materias tales como política mediterránea -muchas
veces ya expuesta-, equilibrio interno de la propia Unión Europea,
bajo la perspectiva de su ampliación hacia el Este -que no queremos
aquello que se llama en términos coloquiales desequilibrados
geográficamente-, conveniencia de unificar el procedimiento de asilo,
consagración del principio de no devolución de asilados a su país de
origen, hoy incorporado, por cierto, al texto surgido de la reunión
de Tampere y ayer -hace ya un año-principal motivo de discordancia o
disconformidad de nuestro grupo con el actual Gobierno español en
materia de cooperación jurídico-penal, extranjería, etcétera. De
hecho, la cumbre europea de hace unos días nos ha dado la razón, en
cuanto que hace referencia a todas esas cuestiones, avanzadas ya
desde hace años (no en esta legislatura, desde hace años) en
distintos debates parlamentarios por nuestro grupo y por iniciativas
producidas por el mismo en esta Cámara o en el Senado.
La creación de un sistema europeo común de asilo, sin embargo, no ha
de actuar como refuerzo de una Europa fortaleza, todo lo contrario;
debe suponer un mejor reparto de cargas entre todos los Estados y es
probable -digo-que en el caso de España nos lleve a un incremento
asumible de nuestra inmigración laboral y muy especialmente a una
mayor generosidad en la concesión de asilo, mayor -se entiende-esa
generosidad respecto de lo que venimos practicando hasta la fecha.
Lo mismo digo sobre el indispensable control de las fronteras
exteriores. Aquí España asume una importante tarea, yo diría que
acaso el vocablo exacto sería asumir una importante carga, tal vez
poco apreciada por nuestros propios socios europeos, que no se dan
cuenta de nuestro papel, y además políticamente muy costosa a nivel
interno y bilateral de España respecto de otros países, en este caso
del Magreb, que España creo que tiene derecho a trasladar a sus
socios, a los otros Estados miembros de la Unión Europea, para que
también ellos compartan ese problema y esa carga, y que naturalmente
siempre debe ir acompañada de un exquisito respeto hacia los derechos
de las personas. El reciente acuerdo de cooperación con Marruecos en
materia de trabajadores temporales en los sectores agrícola y de la
construcción constituye una iniciativa loable. No sé si así lo
aprecian nuestros socios comunitarios, pero en todo caso es una
iniciativa de solidaridad muy loable.
Pero no podemos verter sobre Tampere el incienso -digámoslo de esta
manera-que nos negamos en esta misma Cámara, donde me temo que, por
factores exteriores
a la misma -lo digo con toda rotundidad-, situados en el
propio Ejecutivo, no avanzan los trabajos relativos a una nueva ley
reguladora de los derechos y libertades de los inmigrantes, así como
su integración social.
La ponencia, señor presidente, ha finalizado de hecho sus trabajos
(falta sólo la firma de quienes la han integrado), cuyos inicios se
remontan a 1998. Hoy existe consenso donde ayer sólo divergencias
había entre los distintos grupos políticos, está todo acordado,
pactado, transaccionado, listo el informe para ser debatido en
Comisión, pero nunca llega el papel para poner la firma y lógicamente
nunca llega el informe a la Presidencia de la Comisión
Constitucional, el tiempo va pasando -yo creo que apremia-y el
espíritu, diría yo, señor presidente del Gobierno, la propia letra de
lo acordado en Tampere, nos obliga a todos a avanzar en políticas
orientadas hacia la integración social de los inmigrantes, que
significa equiparación de derechos y deberes, estabilidad personal y
familiar, lucha contra las mafias y compromiso político de todas las
administraciones en esas políticas porque a todos atañen.
Tenemos, por tanto, en esta misma Cámara, en la Comisión
Constitucional, en una ponencia constituida desde 1998, un
instrumento acorde con lo pactado, con lo convenido en Tampere.
Démosle entre todos el empujón necesario para que vea luz en el
Boletín Oficial del Estado antes de que finalice esta legislatura.
Cerrarla sin aprobar ese proyecto legislativo sería contraproducente
respecto de las necesidades existentes y de las expectativas creadas,
máxime cuando -repito-el grado de consenso alcanzado facilita, o
debería facilitar, una tramitación ligera, ágil, en el trabajo
parlamentario, y Tampere avala lo trabajado por la ponencia. Diría
más, lo acordado en sede de ponencia entre todos los grupos
parlamentarios sin excepción no es otra cosa, en la práctica, que el
avance a lo acordado en Tampere.
Finalmente, quiero hacer un par de anotaciones, señor presidente,
señorías. La primera se refiere a la asunción de sus funciones como
secretario general del Consejo y alto representante de la Unión
Europea en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común por
parte del señor Solana, a quien también deseamos lo mejor en este
nuevo cometido cuya importancia han destacado quienes me han
precedido en el uso de la palabra. Creemos que es una buena noticia
que subraya el papel de actor global en la escena mundial de la Unión
Europea y que nos invita a convertir a la Unión Europea en una
potencia más activa e influyente, si se quiere menos dubitativa y más
enérgica, principalmente más eficiente.
La segunda de las anotaciones se refiere al cambio de estrategia
producida sobre futuras adhesiones a la Unión Europea. Eliminar las
discriminaciones en el momento de negociar posibles ingresos
distinguiendo entre países no equivale a dejar de ser exigentes
respecto de contenidos, de cumplimientos en el momento de producirse
la integración de esos otros países en la Unión Europea. Dar un trato
de igualdad a los aspirantes para observar si finalmente cumplen o no
las exigenciases evidenciar la voluntad política de la Unión
de ampliar sin reserva alguna su número de miembros. A partir de aquí
es un concurso de méritos y no, como ahora, una selectividad
difícilmente objetivable más política que otra cosa.
En este tema, señor presidente, señorías, señor presidente del
Gobierno, quisiera hacer una especial referencia a Turquía. Debemos
ser conscientes de que para que un Estado europeo pueda ser candidato
a una futura incorporación a la Unión Europea debe respetar
escrupulosamente las reglas del juego democrático y los derechos
humanos, aspectos sobre los cuáles, en el caso de Turquía, existen
más que muchas dudas en el día de hoy. Basta observar -pongamos por
caso-qué ocurre en el Kurdistán turco. Por ello solicitamos que, en
el supuesto de que la candidatura de Turquía prospere, efectivamente,
que va a ser difícil, se supervise de manera muy directa el respeto a
los derechos humanos por parte de este país, estableciéndose a tal
efecto un sistema de evaluación periódica por parte de la Unión
Europea. No podemos permitir que, dentro de la Unión Europea,
señorías, se violen de manera reiterada los derechos humanos mientras
exigimos, respecto de convenios económicos con terceros, la
denominada cláusula democrática. O lo somos todos y al cien por cien
o no podemos exigir a terceros, éticamente, la cláusula democrática
que hoy exige la Unión Europea, simplemente, que no es poco, para
compartir un convenio económico.
Concluyo, señor presidente, señorías, diciendo que estamos ante un
nuevo impulso a la integración efectiva de Europa, que pasa por un
cambio, no acelerado, pero tampoco excesivamente lento, en nuestra
cultura jurídica y política, donde nociones como soberanía y frontera
todavía están ancladas en modelos propios del siglo XIX en según qué
mentalidades, y no solamente en mentalidades políticas, también en
mentalidades judiciales.
A menudo se ha hablado de cómo Europa, su trabazón interna, su
ligazón, quedaba lejos de los intereses reales de los ciudadanos.
Tampere, en cambio, constituye, al menos para nosotros (esta es
nuestra valoración), una gran oportunidad para avanzar en el
acercamiento de la estructura política y económica de Europa a las
personas, a sus ciudadanos, a quienes tenemos la naturaleza de
ciudadanos de la Unión Europea. Por ello nos felicitamos, a la vez
que reconocemos, sin ambages, el papel impulsor desarrollado por la
delegación española.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor López de
Lerma.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra doña Margarita Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias.
Señor presidente, señorías, la sesión especial del Consejo Europeo
celebrada en Tampere los días 15 y 16 de este mes fue precedida de la
resolución del Parlamento Europeo de 16 de septiembre, en la que se
expresó que, una vez creado el mercado interior y la moneda única y
puesto en marcha, aunque sea tímidamente, una
política social europea, había llegado el momento de abordar
conscientemente el que entre los derechos fundamentales reconocidos
en el Tratado de Amsterdam se encuentra el derecho de los ciudadanos
a la seguridad, a la justicia, y que en la plasmación efectiva de
este espacio de libertad, seguridad y justicia está en juego la
credibilidad de las instituciones de la Unión Europea.
Ocurre, señorías, que las materias de interior y de justicia
constituyen, junto con la moneda y la defensa, el núcleo central del
poder de un Estado, de eso que se reconoce como su soberanía. Son
piezas fundamentales claves en el entramado político e institucional
y la verdad es que cuesta mucho moverlas.
Pese a su cierto tono grandilocuente (lamento que no esté presente el
señor presidente), el Consejo Europeo de Tampere decidió promover una
aproximación de los Quince tímida y todavía incipiente, y simplemente
apostó por un futuro en el que se pueda seguir progresando en tan
trascendentales aspectos de la unión política. Creemos que, como dijo
el presidente Prodi, se está todavía en la fase de establecer
objetivos concretos para después puntear si esto se cumple. ¿Cómo ve
mi grupo los compromisos de esta cumbre? En cuanto a declaraciones de
intenciones, de hacia una Unión Europea de libertad, seguridad y
justicia, se persigue el objetivo de lograr una Unión Europea abierta
y segura, y la mención que en este apartado se hace del respeto al
Convenio de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados y otros
instrumentos pertinentes en materia de derechos humanos al grupo al
que represento le parece satisfactoria. Se manifiesta como
declaración de intenciones la creación de un espacio de justicia y de
libertad que requiere que las personas puedan recurrir a los
tribunales y a las autoridades de cualquier Estado miembro, lo que
hace necesaria la movilización conjunta de los recursos policiales y
judiciales para garantizar que en toda la Unión Europea no exista
lugar alguno donde puedan ocultarse los delincuentes o los
beneficiarios de un delito. Es importante desarrollar un diálogo
abierto por la sociedad civil sobre objetivos y principios a este
respecto. ¿Pero qué medidas concretas se han adoptado? Medidas
concretas creemos que pocas, en tres bloques o más bien en cuatro.
Política de asilo y emigración común. Se ha hablado de colaboración
con los países de origen de un sistema europeo de asilo, pero
simplemente se ha acordado crear un sistema europeo de asilo -repito
con respeto al Convenio de Ginebra-, se ha hablado de un trato justo
a los nacionales de terceros países y de la gestión de los flujos
migratorios.
Por cierto, en relación con este fundamental apartado, me parece
oportuno recordar al señor presidente y a la Cámara que en este
momento están finalizados los trabajos de la ponencia en la Comisión
Constitucional sobre las proposiciones de ley de los derechos de los
extranjeros y de su integración social (el representante del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha hecho referencia a
ello), y que sólo el decidido impulso de su Gobierno o del grupo
mayoritario hará
posible que se apruebe en esta legislatura, como varios grupos
estamos deseando. Anóteselo, señor presidente, porque ya nos queda
para ello muy poco tiempo.
En cuanto a la creación de un espacio europeo de justicia, la verdad
es que suena bien, pero requiere un mejor acceso a la justicia en
toda Europa, requiere el reconocimiento mutuo de las resoluciones
judiciales, lo cual en materia penal tiene sus problemas.
El Consejo Europeo ha instado a los Estados miembros a que ratifiquen
con celeridad los convenios de extradición de la Unión Europea de
1995 y 1996, para lo que la Comisión deberá presentar propuestas en
este sentido en el marco del acuerdo Schengen. Es una llamada a un
desarrollo futuro que necesitará requisitos previos; no es sencillo o
no está todavía suficientemente claro, al menos desde la óptica del
partido al que represento. Se habla también de mayor convergencia en
derecho civil, pero ello requiere una aproximación de las
legislaciones.
En el tercer bloque, el de la lucha contra la delincuencia, en sus
facetas de prevención de la delincuencia, incremento de la
cooperación o acción especial en materia de blanqueo de dinero,
finalmente se apuesta por una acción exterior más firme. En una
valoración global, creemos desde mi partido que se ha empezado pasito
a pasito, o, como titulaba un medio de comunicación, han sido unos
comienzos modestos para objetivos de unión política revolucionarios.
Queda, por tanto, muchísimo por hacer en materia muy sensible para
los ciudadanos, como es el respeto de los derechos y libertades y la
consecución de un espacio de justicia y de seguridad.
Señor presidente, a usted no le gusta, creo, dejarse aconsejar, pero
es mi deber trasladarle la percepción de mi grupo sobre el avance
europeo en estas materias. En lo relativo a derechos fundamentales y
a justicia son, en principio, materias de competencia estatal y,
desde luego, es su Gobierno quien tiene la responsabilidad actual de
adoptar las decisiones y cambios que la integración europea requiere,
pero no estaría mal que informase más y antes, y no después, a las
distintas formaciones políticas de las posiciones que se van a
adoptar. Iría usted más protegido, sacaría mejor nota en estos
trámites de dación de cuenta y todos nos sentiríamos, sobre todo, más
partícipes.
Otra cosa es la materia de seguridad. Se está actuando ahora, y
también en gobiernos anteriores, como si fuera monopolio estatal y
claramente no lo es. Por decisión constitucional y opción estatutaria
en varios casos, como en el caso vasco y en el caso catalán -en el
vasco ya en su totalidad, en el catalán todavía en un proceso de
desarrollo-la Ertzaintza y los Mossos dEsquadra deben participar
como una policía estatal más en las políticas de seguridad europeas y
los gobiernos vasco y catalán deben ser oídos y atendidos en la
formación de la voluntad que como Estado se sostenga. No es nada
original ni nuevo. Hay otros muchos Estados europeos que son Estados
compuestos. Es ridícula, y debió ser malintencionada en su día, la
exclusión que
el artículo 3.1 del acuerdo Schengen, publicado en el Boletín Oficial
del Estado el 5 de abril de 1994, hace de los cuerpos de policía
propios de las comunidades autónomas, cuando faculta para la
persecución en suelo de otro Estado sólo a los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Es ésta una muestra
de cómo se entiende el desarrollo autonómico ahora y también en el
pasado, pese a las proclamas de profundo amor a los textos
estatutarios. Se veneran en los aniversarios, pero no se cumplen ni
se respetan.
Si los Quince, por ejemplo, han decidido crear equipos conjuntos de
investigación como primer paso para luchar contra el tráfico de
drogas, la trata de seres humanos y el terrorismo, si se va a crear
un operativo de jefes de policía europeos para planear acciones y
operaciones conjuntas, y antes de finales del año 2001 habrá una
nueva unidad de coordinación, integrada por fiscales, magistrados y
policías, e incluso si va a haber una academia de policía europea
para la formación de funcionarios policiales de rango superior, la
postura española sobre todo ello y la participación efectiva deberá
tener presente la existencia de poderes públicos, junto al estatal,
pero distintos, que deben concurrir a la toma de decisiones, a la
fijación de posturas y a la efectiva participación en lo que hace a
las fuerzas policiales europeas.
Señor presidente, como tantas veces, concluyo también hoy
recordándole la opción constitucional de Estado autonómico en materia
de seguridad, con fuentes de poder distintas que deben ser respetadas
en la convergencia europea, de lo que, como usted conoce, mi partido
es entusiasta pionero.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra don
Luis Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, con la venia.
Señor presidente del Gobierno, mi grupo quiere recordar en este
momento que no hay en los antecedentes de todas las reuniones y
cumbres de la Unión Europea, desde el Tratado de Roma, y también
desde 1986, fecha de la incorporación plena de España a la entonces
Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, un documento del
alcance en el tercer pilar, en las áreas de justicia e interior, de
esta importancia y magnitud. De aquí que nuestra primera valoración
política pura y simple sea muy positiva, y queremos darle la
bienvenida a este documento, emanado de una toma de conciencia de los
jefes de Gobierno y de Estado en Tampere.
Bastaría que esto fuera una simple declaración de intenciones, una
voluntad política de encontrar este espacio común de libertad, de
seguridad y de justicia, para que democrática y políticamente
pudiéramos empezar a considerarnos optimistas y satisfechos. Ahí se
ha empezado. ¿O es que queremos olvidar cómo se empezó a tomar una
conciencia de un mercado único, de una libertad de circulación de
capitales, de un sentido de moneda única?
¿Es que no recordamos la cantidad de reuniones que hemos celebrado
hasta que hemos llegado a definir el euro, hasta que hemos pasado del
ecu al euro? ¿Cuántas reuniones? ¿Alguien se consideró satisfecho con
la primera? No. Por eso yo creo que estamos ante un documento que,
aunque fuera una simple declaración de intenciones de una
voluntariedad política de todos los jefes de Gobierno y de Estado de
la Unión Europea, estaría comenzando a expresar una plena
satisfacción democrática y europeísta.
Precisamente fue en la Conferencia Intergubernamental, hace tres
años, donde usted, presidente Aznar, defendió una iniciativa
española, que generosamente acogía, porque venía del Ejecutivo
anterior, para definir este espacio común de libertad, seguridad y
justicia. Eso se materializa en unos acuerdos, que se llaman el
Tratado de Amsterdam, simultáneamente con lo que se acordó en Colonia
para llegar a la Carta. Después hablaré de la Carta, de estos
derechos de los ciudadanos europeos, que trae sus razones de ser y se
ajusta a lo acordado en Colonia.
Qué duda cabe que el ciudadano europeo, al exigir unas libertades
democráticas, no se tiene que considerar en inferioridad de
condiciones respecto a un capital financiero o una mercancía, y si la
Unión Europea tiene unas normas aduaneras de entrada de mercancías de
terceros países, tiene que ir regulando cualquier entrada, y el
ciudadano tiene que encontrarse satisfecho. De aquí que mi grupo
destaque muy singularmente las declaraciones de principios que en los
primeros apartados de la Declaración de Tampere se refieren al
ejercicio de la libertad que requiere un auténtico espacio de
justicia en que las personas puedan recurrir a los tribunales y a las
autoridades de cualquier Estado. Es sencillamente el principio de que
una libertad sin justicia no es libertad ni está garantizada, y si
las libertades de los ciudadanos europeos, que las tenemos
garantizadas a nivel particular de cada Estado miembro, encuentran
ahora un escenario mayor, qué duda cabe que esas libertades tienen
que tener también el escenario de la justicia. De aquí que resaltemos
que empezar a caminar para hallar este auténtico espacio europeo de
justicia es garantizarle al ciudadano una cuota de libertad,
constitucionalmente hablando desde el punto de vista español.
Aquí tiene usted, señor presidente, al Grupo de Coalición Canaria
plenamente identificado con las propuestas que ya había elevado su
Gobierno, ocho entre los distintos aspectos, y nos congratulamos de
que en tres grandes renglones de los acuerdos de Tampere se ponga en
primer lugar el auténtico espacio europeo de justicia. Vamos a
empezar la justicia por nosotros mismos, y eso creo que es entender
bien una caridad democrática; por tanto, mejor acceso a la justicia.
Qué duda cabe de que el reconocimiento mutuo de las sentencias
judiciales es, como bien se ha definido, piedra angular de todo el
sistema. Sin un reconocimiento mutuo de sentencias judiciales, el
ciudadano europeo, en la escala de libertades democráticas, diría:
¿Cómo es comprensible que haya unas resoluciones judiciales o
administrativas o financieras que afecten a los capitales económicos
que circulan libremente por la Unión Europea, que el capital, las
inversiones y las decisiones financieras estén perfectamente
respaldadas y se puedan recurrir a los tribunales de justicia de La
Haya con toda naturalidad, y un ciudadano no pueda tener ese acceso?
No lo entendería el ciudadano europeo. Por tanto, en materia civil y
penal estamos poniendo las primera piedras de arranque de lo que va a
ser la vía más sólida de cohesión para los europeístas.
Hay Gobiernos, como el británico, que a veces se permiten juicios
peyorativos sobre el europeísmo. Pues vamos a ver si el Gobierno
británico -ya hablaremos después de ello- acepta los Acuerdos de
Schengen respecto a la supresión de controles internos de fronteras,
porque sería una falta de solidaridad dejar solamente a los gobiernos
fronterizos con problemas la resolución de los mismos. De aquí que si
yo, como ciudadano europeo, me muevo en un espacio de libertades
económicas y monetarias debo tener también el amparo de los
tribunales de justicia.
Aquí habrá que hacer un esfuerzo, pero ya empezamos a hablar sobre
las incompatibilidades de los sistemas judiciales y procesales que
hay en los distintos países europeos. Yo creo que el Gobierno español
ha dado los pasos en esta dirección de sensatez, de lógica, pidiendo
siempre, señor presidente, no olvide esta norma, la armonización de
todos los sistemas. Como aquí se han emitido opiniones sobre
distintos aspectos de la policía o de los proyectos de ley de
extranjería, vamos a armonizarlo todo. Por muy avanzada que sea la
legislación de un país en determinadas materias, si no está
armonizada con el país vecino de la Unión Europea, los engranajes
siempre van a funcionar mal. De aquí que apoyemos la postura del
Gobierno español en el caso de la extradición. Juzgado un delito
común en el ámbito de la Unión Europea, por los tribunales de
justicia del país que sea, sobra el procedimiento de extradición
dentro de la Unión Europea. Es el simple traslado del reo condenado
para el cumplimiento de las penas de todo ordenamiento procesal en el
área civil o penal. Esto es lo que da coherencia y garantía de que
estamos hablando de la misma homologación y norma.
Hoy en la Unión Europea no hay OCM de ningún producto que no se le
ocurra pasar por la homologación, desde un producto alimenticio a un
producto de uso industrial, al calibre de las tuercas de los
automóviles que se fabriquen en la Unión Europea, independiente del
país donde estén, ya que no funcionaría el sistema industrial de
piezas de repuesto de los automóviles, por ejemplo. Se ha homologado
desde hace mucho tiempo, porque se entiende que la homologación es
fundamental para que todo el engranaje del sistema pueda funcionar.
De aquí que todo lo que sea mayor convergencia, como se ha probado en
el derecho civil y procesal, tiene el beneplácito fundamental de esta
actuación.
Al mismo tiempo, el ciudadano, al exigir su libertad y transformarse
en justiciable ante los tribunales de justicia
europeos, en lo civil y lo penal, por poner un ejemplo, exige también
que esa justicia no sólo le reconozca y valore sus derechos, sino que
le defienda del delincuente. Se ha empezado a tomar conciencia -y
este es el otro aspecto que han tratado en Tampere y nos parece
tremendamente positivo- de que esa justicia no tiene que garantizar
los derechos del justiciable en cualquier causa civil o penal, sino
defenderle de la agresión del delincuente. De aquí que sea oportuno
que se haya introducido toda esta prevención de la delincuencia a
escala de la Unión, el incremento de la cooperación contra la misma,
la acción especial contra el blanqueo de capitales, especialmente en
los delitos del narcotráfico, la trata de seres humanos, el
terrorismo y la economía que influye en delitos de tipo fiscal y
aduanero. Digo esto porque se va a contar con dos instrumentos
fundamentales. Uno de nueva creación, el Eurojust, la oficina donde
van a estar los fiscales, jueces y policías especializados. Y otro
que ya existía, que es el Europol. He escuchado desde esta tribuna
algunas críticas en el sentido de que se les restringen potestades a
Europol. Yo no lo he encontrado en ninguna parte del documento de
Tampere. Al revés, en Tampere se piden competencias en el asunto del
blanqueo de capitales, para ir dándole competencias a medida que se
avanza en la confianza y la profesionalidad de Europol, cuyo apoyo se
pide también en el punto 45, donde el Consejo Europeo pide que se
provea a Europol del apoyo y los recursos necesarios, aparte de que
se intente crear una academia de policía europea, cosa que me parece
lógica.
El último punto, primero de la exposición de los acuerdos, es el
relativo a la política de asilo y migración común a la Unión Europea.
En primer lugar, deberíamos ser tremendamente responsables y sensatos
para no caer en presunciones de mensajes en los que se piensa una
cosa y se dice otra para adaptarnos al realismo.
Colaboración con países de origen.En estos momentos, para España es
fundamental una colaboración, por ejemplo, con Marruecos. Si España
ha pedido que Marruecos quede incluido en la lista de países que
generan estos flujos masivos, significa un reconocimiento sensato y
natural. ¿Que hay que ir al sistema común europeo de asilo? ¡Qué duda
cabe! Vamos a armonizar las leyes de extranjería. Esto es
fundamental, porque si no, repito, no funcionará todo el sistema de
derechos que queremos reconocerles a los emigrantes extranjeros, sea
cual sea la causa. No me estoy refiriendo en estos momentos a las
cuestiones que ya tenemos solventadas, al menos en España, en
disposiciones legales, como los derechos de asilo, el Estatuto del
refugiado o el respeto a los acuerdos de la Convención de Ginebra,
que recogen este tema.
Hay una idea que usted ha llevado, señor presidente del Gobierno
español, a Tampere, a la que los países han sido reticentes y se han
negado por lo que yo llamaría una cicatería contraria al principio de
solidaridad y que se debería meditar más, que es la reserva
financiera. Todos los países no son iguales a la hora de recibir los
flujos de emigrantes. Los que somos frontera con las áreas de
generación de estos emigrantes padecemos las
consecuencias. Se sabe que en estos momentos las instalaciones que
tienen las autoridades españolas en el sur de España, en las islas
Canarias, concretamente en la isla de Fuerteventura, están
desbordadas de emigrantes que están llegando allí, porque los centros
de acogida no tienen capacidad física para atender la masiva
afluencia de estos emigrantes. Por tanto, en lo relativo a la gestión
de los flujos migratorios, hay un primer punto, que es la
armonización de leyes de extranjería; segundo punto, y en esto los
otros países deben ser sensatos y responsables, es necesario
homologar las normas y controles de las fronteras exteriores para que
no sean países como España los que tengamos que llevar la peor parte,
la más amarga, porque las costas donde se recogen los cadáveres de
esas pobres víctimas de los hundimientos de las pateras no son
italianas, francesas, danesas o británicas, son costas españolas. Por
tanto, señor Aznar, debe usted exigir con toda firmeza a sus colegas
de esos países el principio de solidaridad, porque esos emigrantes
muchas veces no dicen -y se ve en los atestados policiales y de la
Guardia Civil- que quieren emigrar a España, sino que vienen a
Europa, y donde entran es en la Unión Europea, aunque lo hagan por un
territorio de soberanía española. Por tanto, hay que manifestar ese
principio de solidaridad en todas estas actuaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Mardones, vaya
concluyendo.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor presidente.
Por tanto, la incorporación al Acuerdo de Schengen de todos estos
países debe ser coherente con toda la legislación unitaria. Los
acuerdos y las conclusiones de esta Presidencia del Consejo
extraordinario quedan ratificados por lo que nosotros queremos
valorar también muy positivamente, que es la Carta de los derechos
fundamentales de la Unión Europea. Sin esta declaración de
intenciones, habiéndose recogido los acuerdos de Colonia en esta
Carta de derechos fundamentales, si no hay un reconocimiento previo
de derechos fundamentales, es muy difícil trasladar eso al derecho
positivo, sea en lo civil, sea en lo penal, sea en el espacio de
libertad, de seguridad y de justicia. Cuando se ha creado ya el
órgano competente, cuando ustedes han establecido su composición, han
acordado un hecho significativo para esta Cámara y para el Senado, y
es que de los 30 parlamentarios de los países de la Unión Europea que
estamos ahí, dos parlamentarios españoles estén en este órgano de la
Carta de los derechos fundamentales. Esperemos que las Cámaras
resuelvan este problema que se planteará en el momento oportuno,
porque es muy importante que al menos dos parlamentarios del
Parlamento español, de nuestras Cortes, actúen, con esta toma de
conciencia de representantes de nuestro Parlamento nacional, en esta
Carta de los derechos fundamentales, cuya redacción se espera con el
mismo sentido positivo.
Por tanto, señor presidente, mi grupo apoya plenamente estos
objetivos, incluso la propuesta española de
ocho puntos que conocimos en su momento oportuno nos parecía
perfectamente adaptada a la realidad y, por tanto, estamos en esta
línea consecuente de apoyo y de ver el futuro sin ninguna prisa, pero
sin declinar nada, con la voluntad política de que se refleje pronto
en disposiciones de la justicia en Europa, que será la justicia
constitucional de todos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Estamos habituados a que después de las reuniones del Consejo Europeo
nos entreguen unos documentos, normalmente caracterizados por ser muy
melifluos, pero que ocultan prácticas políticas contundentes. En una
palabra, se trata de emplear buenas maneras en la superficie, pero
dureza en el fondo de la cuestión. En este caso, se trata nada menos
que de combinar intereses económicos de la Unión Europea, intereses
económico- laborales con algunos países del Tercer Mundo o con los
que están en el círculo que rodea a la Unión Europea, con un total
desinterés socio-político después por su suerte.
El documento habla de un espacio de paz y de prosperidad, con lo que
sin duda se quiere referir al espacio de la Unión Europea, y habría
que ser más cauto; si bien podemos hablar de cierta prosperidad,
también es cierto que ésta no afecta a los ciudadanos por igual y que
hay bolsas de pobreza importantes. El documento reconoce que el
problema está en la atracción que ejerce este espacio de paz y
prosperidad sobre ciudadanos de todo el mundo. Por tanto, se trata de
dar algunas recetas para, manteniendo este espacio a salvo, tener
perfectamente controlados a aquellos que sienten atracción por
nosotros. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Es tarea difícil alumbrar unas resoluciones prácticas que sean
asumibles desde un punto de vista global, democrático y favorable al
beneficio de todos. En todo caso, empezamos por discrepar de algo,
señor presidente del Gobierno: pensamos que el Consejo Europeo no
debía haber mezclado de forma tan elocuente y significativa asilo e
inmigración con ilegalidad y delincuencia, porque están haciendo
ustedes un cóctel explosivo.
Es cierto que están ustedes preocupados por lo que llaman
eufemísticamente -y empleo sus palabras- gestión de flujos
migratorios. Es decir, cómo hacer frente a la inmigración que ustedes
consideran ilegal a través del control fronterizo y de las futuras
fronteras de la Unión Europea que, como se sabe, serán Rusia,
Marruecos -que nos afecta de modo crucial- y el sudoeste de Europea
en la medida que está desestabilizado y cuyo futuro no tienen
controlado plenamente.
Las medidas son claras. Hablan ustedes de un sistema común de asilo y
lo centran exclusivamente en identificar al solicitante, que pide
asilo a través de un
control policial, con lo cual sin duda van a reducir el asilo en la
Unión Europea. Esto sería positivo si existiese un orden
internacional libre de persecuciones o justo; pero el orden
internacional, a pesar de no haber guerra fría, está hoy en una
situación lamentable desde el punto de vista de los derechos humanos
y algo tendrá que ver en eso la Unión Europea.
En segundo lugar, hablan de solidaridad con los desplazados.
¿Desplazados por qué y por quién? Ustedes están dispuestos a
alimentar la ubicación de campos de refugiados en terceros países, no
dentro de la Unión Europea; por tanto, ya sabemos lo que les espera a
Marruecos, a Rusia o a algunos Estados que no entren definitivamente
en la Unión Europea. Deberían procurar en el futuro no intervenir tan
alegremente en ciertas zonas colindantes para no provocar este tipo
de desplazamientos de difícil reubicación después.
Hay otro problema grave que es la colaboración con los países de
origen. Ustedes la tratan prácticamente como si fuera un problema de
limosnas de una ONG o a través de la incitación al retorno voluntario
de aquellos inmigrantes que estaban legalmente en la Unión Europea.
Parece que abren una vía para que, cuando los inmigrantes sean
inservibles para el trabajo, puedan volver a su patria de origen
porque sin duda lo desearán ardientemente; en esto, los gallegos
tenemos una experiencia histórica comprobada.
En cuanto a la integración en la Unión Europea con total legalidad de
los nacionales de terceros países, se muestran ustedes pacatos.
Considerando que van a poner cortapisas y van a gestionar los flujos
migratorios, deberíamos aceptar con todas las consecuencias que los
inmigrantes legales sean ciudadanos de pleno derecho; es decir,
ciudadanos españoles, franceses, italianos.
Por fin, las campañas para desaconsejar la emigración que ustedes
llaman ilegal a Europa serán una buena oportunidad para comprobar
cuál es el grado de dignidad que mantienen las autoridades
gubernativas de esos países. Sin duda, las tendrán que hacer ustedes
a través de las televisiones y medios de comunicación de Marruecos,
de Rusia, o de otros Estados a los que no me voy a referir. Llama la
atención que, para meter en cintura a los centros de delincuencia
organizada, ahora sí a la ilegalidad plena, emplean un lenguaje
excesivamente blando y un proceso de buenas intenciones.
El blanqueo de capitales, la transparencia de las transacciones
financieras, la transparencia de la propiedad de las sociedades
anónimas quedan con un interrogante. Por tanto, el combate contra las
mafias organizadas no es el objetivo fundamental, sino que ,
precisamente, los más atacados son las víctimas de estas mafias
organizadas, del comercio ilegal de carne humana -y así hay que
aludir a eso, como todo fenómeno migratorio, y también de eso sabemos
los gallegos mucho-, de la prostitución y de la droga.
Usted sabe que la prensa, cierta prensa de algunos...
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, por favor, vaya concluyendo.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Voy acabando ya, señor presidente.
La prensa de algunos Estados que se ven cerca de la Unión Europea
habla de muralla en torno a la fortaleza europea, y admitió que se
trataba, a pesar de su proocidentalismo, de frenar la inmigración y
regularizar el derecho de asilo dentro de duros límites; es más,
todos ustedes advirtieron -no sé si en privado o en público- que se
trataba de no ser muy represivos, que no se trataba de una cumbre
para la represión, pero, en definitiva, nosotros vemos que si hay
algo positivo en todo este documento es exclusivamente la
compatibilidad y convergencia de sistemas jurisdiccionales de los
Estados miembros y también su deseo de hacer una Carta de derechos
fundamentales que, en todo caso, desde la perspectiva del Bloque
Nacionalista Galego, si hay posibilidad alguna de participación,
porque el órgano que ustedes crean es muy cerrado, intentaremos que
responda a los intereses y a los derechos personales y de los
pueblos.
Acabo, señor Aznar. Creo que hoy la prensa, los propios obispos de la
Iglesia católica mostraban su perplejidad ante el fenómeno dual que
se está produciendo con la transnacionalización y acusaban en
concreto a la evolución de la Unión Europea de ser poco caritativa y
abierta con los pueblos que deja a la puerta o que deja en ese
cinturón de defensa que ustedes quieren poner para que la fortaleza
siga funcionando conforme a sus criterios, que sin duda no son los
nuestros.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Señora Lasagabaster, adelante.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Además de las dificultades y los retos que tenía planteada esta
cumbre en relación a la creación de ese espacio de libertad,
seguridad y justicia, yo creo que uno de los más específicos en esta
cuestión era el temor de que este avance no fuera armónico, y digo
que este avance tenía que ser armónico, porque si no convertiría lo
que es la Unión Europea en una Europa fortaleza.
Se ha dicho que se ha pretendido hacer este avance de esta manera y
yo creo que en un principio se puede decir que se ha hecho, pero lo
que nos preocupa es que la plasmación práctica quizás no se haya
conseguido, porque es significativo, y a ello hay que hacer
referencia, que el Consejo haya anunciado un calendario preciso en
las medidas relativas a la seguridad mientras que en aquellas medidas
relativas a la libertad y la justicia el calendario, desde luego, no
aparece nada claro. Por tanto, vemos que, aunque se avanza
armónicamente en los principios, no resulta así en las concreciones
prácticas, y ese temor a la Europa fortaleza, por tanto, subsiste.
Haré referencia a breves cuestiones que se han tratado en esta
cumbre. Se ha acordado una política común -y digo común porque no se
ha tratado de una política única, como se pretendía, al menos por
algunos- de
inmigración y asilo. En este sentido, nos alegramos de que aparezca
recogido de manera clara y precisa el compromiso con las obligaciones
que dimanan de la Convención de Ginebra, algo que nos parece
absolutamente indispensable. El respeto absoluto del derecho a
solicitar asilo basado en la plena y total aplicación de la
Convención de Ginebra, un logro que creíamos que en algún momento no
se podría conseguir, dado que podía ser perjudicada la aplicación
estricta de esta Convención.
Es importante también la referencia a la consulta de Acnur y otras
organizaciones internacionales, pero creemos que en esta materia,
además de lo que se refiere al efecto que se pueda producir en Europa
por esta política, habría que haber tratado de una manera más global
políticas que impulsaran el respeto y libertades democráticas
individuales en los países de origen. Mucho habrá que hablar del
codesarrollo y de esos proyectos piloto.
En otro orden de cosas, hemos observado la voluntad del Consejo para
acordar derechos a los ciudadanos de terceros países similares a los
derechos de los ciudadanos europeos. Sin embargo, tampoco observamos
calendarios precisos y vemos que no se hace referencia a derechos que
nos parecen muy importantes, como el tema de protección social,
reagrupación familiar, circulación de personas o incluso derechos
políticos, sobre algunos de los cuales esta Cámara ya se ha
pronunciado y se va a pronunciar en esta proposición que ha sido
comentada anteriormente.
Qué hablar del espacio judicial europeo. Es verdad que se ha hablado
en otras cumbres. Creo que es una cuestión terriblemente difícil,
pero que corresponde tener un calendario más concreto -vuelvo a
señalar otra vez esta misma cuestión- que lo que se ha hablado; se
hace referencia a cinco años, a varios años y no tenemos cuestiones
concretas a las que poder agarrarnos. Hago referencia en esta materia
a cuestiones como los casos transfronterizos, permítame señor Aznar,
a alguien que vive en una situación transfronteriza y que ejerce la
justicia, en su papel de agente de la justicia, como abogado, cuando
ciertamente hay compraventas que se producen fácilmente, pero que a
la hora de reclamar otras cuestiones no parece tan fácil. Es una
cuestión importante la simplificación de las normas procesales para
muchas materias y casos concretos que vivimos continuamente.
Hay dos cuestiones más que quiero abordar. El espacio de seguridad.
Ahí sí que vemos concreciones materiales con calendarios muy
precisos. Creo que sí se refuerza el papel de Europol y como se
refuerza este papel -al menos es la impresión que he sacado del texto
de las conclusiones de la cumbre- me parece todavía más importante
una cuestión que quedó pendiente en anteriores ocasiones, que es el
efectivo control parlamentario y jurisdiccional de Europol. Me parece
importante porque observamos que se hace referencia a ficheros
informatizados, el llamado fichero Europol, el llamado fichero
Eurodac, el llamado fichero del sistema de información Schengen y así
sucesivamente. Nos preocupa, primero, cómo se
realizan esos ficheros y, segundo, qué tipo de datos se incluyen en
esos ficheros. ¿Quién controla esos ficheros? ¿Lo hace el Parlamento
Europeo? ¿Lo hacen los parlamentos estatales? ¿Qué control
jurisdiccional hay? ¿Qué aparece y qué no aparece? Realmente son
cuestiones importantísimas para la vida privada de los ciudadanos.
No me voy a extender en algunas de las cuestiones y preocupaciones
que ya desde el punto de vista del Parlamento Europeo se han
suscitado en alguna de las informaciones que al parecer obran en esos
ficheros que, según nuestro ordenamiento jurídico, serían
absolutamente impensables. Por eso creo que es necesario articular un
control que permita conocer qué datos de nuestras vidas obran en
semejantes ficheros europeos que cada vez, al parecer, se amplían más
y más.
En lo que se refiere al espacio de seguridad y al espacio policial,
no podemos estar de acuerdo en cómo se están configurando en la
medida en que no se ha querido incluir en el convenio de Schengen en
el catálogo de cuerpos policiales a policías integrales reconocidas
en nuestro ordenamiento jurídico. Sabrán ustedes, como hacía
referencia alguna otra portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra, que la Ertzaintza, como la Policía Foral de Navarra, como
los Mossos dEsquadra tienen reconocida su categoría de policía
integral en el ordenamiento jurídico y, por tanto, debía haber sido
incluido en el catálogo de policías de Schengen y así nos hubiéramos
evitado cuestiones terriblemente perjudiciales para todos los
ciudadanos como las que hemos tenido que observar en tribunales de
justicia, por ejemplo, franceses. Nosotros creemos que estas policías
integrales deben tener encaje adecuado, deben tener su reconocimiento
acorde con su condición y deben hacerlo dentro del ámbito europeo.
Por último, una gran preocupación, así se lo digo, señor Aznar, señor
presidente, en relación al tema de la Carta de derechos
fundamentales. Desde nuestro punto de vista, no puede consistir en
una mera declaración política y por eso nos ha preocupado la
declaración del presidente del Consejo Europeo, el señor Lipponen,
cuando terminó esta cumbre. Creemos que debe ser más que una
declaración política, que debe tener efectos obligatorios, constreñir
a todos los ciudadanos de la Unión Europea y que, por tanto, debe ser
uno de los pilares sobre el que se debe sustentar el proyecto
político europeo o la futura construcción europea. Sé que hay
diversas opiniones y sé incluso -al menos así lo creo- que la
representación del Estado interpreta otra cosa. Creemos que para que
sea realmente importante tiene que superar lo que es la declaración
política. Pero pensamos que, además de ese carácter obligatorio,
tiene que ser aplicable no sólo a los ciudadanos europeos sino,
lógicamente, a los residentes en la Unión Europea y tiene que
contener, por supuesto, todos los derechos que los ciudadanos, a
través del avance de la sociedad, hemos podido adquirir en estos 20
siglos que llevamos y que tienen que constar todos ellos en esta
Carta de derechos fundamentales.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, concluya por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Voy concluyendo, señor presidente,
con esta preocupación, con esta solicitud de información sobre el
valor que da el presidente del Gobierno a esta Carta de derechos
fundamentales. Queda mucho por hacer. Creemos que se avanza en los
principios y nos gustaría que se concretaran más las fechas no sólo
para el espacio de seguridad sino también para el de justicia y
libertad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, señor presidente
del Gobierno, nos ha dicho usted que ha ido a esta cumbre europea de
la mano de Tony Blair. No está mal ir junto a Tony Blair.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Al revés. (Risas.)
El señor LÓPEZ GARRIDO: Se ha notado que es al revés. Desde luego, ir
con el Reino Unido en estas cumbres europeas significa ir en compañía
de un país que tiene posiciones no precisamente clamorosamente a
favor de Europa, sobre todo por el partido conservador, con el que
usted se siente más cercano, seguramente, que tiene posiciones
radicalmente antieuropeas. Por tanto, en este momento no es un aval
decisivo para un avance de ideas profundamente europeístas, para ir
hacia un espacio de libertad y seguridad. Nos hubiera gustado también
ir a nosotros, en el sentido de que hubiera informado al Parlamento,
a las fuerzas políticas, sobre lo que iba a plantear allí. Lo ha
sabido antes Tony Blair que nosotros, ya lo ha dicho algún otro
portavoz, y nos hubiera gustado conocerlo. Según este método de
funcionamiento de las cumbres europeas, el último que se entera
siempre es el Parlamento español. Pero para poder poner en práctica
el espacio de libertad, seguridad y justicia son fundamentales el
apoyo de los parlamentos nacionales y el compromiso nacional. Estamos
en un grado de desarrollo de Europa tal que, sin un compromiso
nacional, sin una credibilidad nacional, es muy difícil avanzar en el
camino de la integración europea. Por eso, la valoración de la cumbre
debe hacerse teniendo en cuenta si esa cumbre contribuye
a profundizar en el concepto de ciudadanía europea, que es la gran
asignatura pendiente de Europa, y si hay un creíble compromiso
nacional para llevar a cabo esos propósitos que son importantes. No
cabe duda de que los avances en el espacio de libertad, en el espacio
judicial y en la lucha contra la delincuencia son importantes, son
difíciles, no son sencillos, y requieren un gran compromiso y
credibilidad nacional.
La lectura de estas conclusiones a nosotros nos produce, como suele
suceder en estas cumbres, una cierta insatisfacción. En este caso,
desde luego, las expectativas se han visto frustradas -se habló
incluso de la supresión de la extradición o de un fiscal europeo de
lucha contra la delincuencia-, por lo menos, en cuanto a lo que se
discutía, que podía ser una propuesta de avance importante. En
relación con el asilo y la inmigración se dicen cosas muy parecidas a
las que figuran en el Tratado de Amsterdam. Respecto a la inmigración
y al co-desarrollo se habla de algún tipo de reserva financiera, se
emplea esa expresión: «algún tipo de reserva financiera», que no es
una expresión muy contundente, y usted ha hecho mucho hincapié en lo
de residentes legales, inmigrantes legales. A estas alturas, el
considerar que los residentes legales extranjeros en un país europeo
tengan derechos de educación parecidos a los españoles no es una cosa
revolucionaria, como en Francia o en Alemania. No se habla -lo dijo
anteriormente el señor Almunia-, por ejemplo, del derecho a la salud
ni del derecho de voto, tampoco se habla de que haya igualdad en el
derecho de voto de esos residentes. De todas formas, comprendo que
esta cumbre se ha hecho en un momento en el que arreciaba la extrema
derecha y las posiciones más duras de la derecha en Europa: ha
coincido con la contestación de la democracia cristiana alemana
contra la ley que convierte en nacionales a los turcos en Alemania,
la ley de los socialdemócratas y verdes, con el ascenso de Haider, la
extrema derecha en Austria, con el llamado Security Day, de
Berlusconi; era un contexto de fuerte reacción de la extrema derecha
en este aspecto y se ha producido una expresión parecida a la que
figura en el Tratado de Amsterdam sobre asuntos de asilo e
inmigración.
En el aspecto judicial ha ocurrido algo parecido. Es importante que
se hable del acercamiento, del reconocimiento mutuo, es importante ir
en esa línea. Desde luego, no está la desaparición de la extradición.
Usted habla de que desaparezca la extradición en el caso de
condenados por sentencia firme, pero la extradición es un instrumento
cada vez más caduco y lo lógico es que esa extradición desapareciera
entre países que forman una unión, la Unión Europea. No tiene sentido
ya la extradición, una característica del derecho internacional
clásico.
En el campo de la delincuencia económica, del blanqueo de dinero, ahí
sí que hay una mayor concreción, y en el espacio policial europeo
todavía es mayor la concreción que en el espacio judicial europeo.
Aunque habría que preguntarse si eso es posible sin armonización
fiscal, si eso es posible sin alguna regulación de flujos
financieros, si eso es posible sin la desaparición de paraísos
fiscales, y algo habría que decirle al Reino Unido sobre paraísos
fiscales. De todas formas, lo que a nosotros nos parece más dudoso,
más preocupante es el compromiso nacional español con estos avances,
que se pueden juzgar mayores o menores, pero que tienen muchas
insuficiencias. En el caso del asilo, en España hay un descenso
evidente del goce del derecho de asilo. Yo se lo comentaba hace un
rato al ministro de Interior...
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, ha de concluir.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Voy terminando, señor presidente.
Le comentaba al ministro de Interior que el procedimiento de admisión
a trámite del asilo se está convirtiendo en un procedimiento normal
en vez de ser un procedimiento excepcional. A personas que ofrecen
una mínima posibilidad de ser creídas cuando piden asilo no se les
concede la más mínima credibilidad y automáticamente no se les admite
a trámite sus recursos.
En el tema de la inmigración, nosotros seguimos dudando que en esta
legislatura salga la ley de extranjería, pero le animamos a que
impulse al final esa ley, que está tardando mucho en salir, porque la
que tenemos ahora mismo es absolutamente inservible para conseguir
mínimos objetivos que aparecen en las conclusiones de la cumbre.
En el tema judicial, cuando se habla de un reconocimiento, de un
proceso de acercamiento de las legislaciones civiles, ¿tiene sentido
una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil ahora en España? Cuando se va a
poner en cuestión todo ello, a reformar los procesos civiles, ¿tiene
sentido que ahora nosotros aquí hagamos una Ley de Enjuiciamiento
Civil? En el tema de la extradición, ¿es creíble España en este
aspecto cuando ayer el señor ministro de Asuntos Exteriores nos dice
que si el Reino Unido dice que Pinochet se queda libre para volver
a Chile España no va a recurrir? Una muestra que más bien parece como
dar ánimos al Reino Unido para que no se preocupe porque, si deja
libre a Pinochet, no habrá ningún problema con España. ¿Tiene
credibilidad eso? ¿Tiene credibilidad la lucha contra la
delincuencia? La delincuencia más importante -y con esto termino,
señor presidente-, por encima del blanqueo de dinero, es el crimen
contra la humanidad, y ayer en este hemiciclo su grupo parlamentario
votó en contra de una moción que decía: que el Gobierno inste al
ministerio fiscal para que persiga y luche contra quienes son
acusados de crímenes contra la humanidad.
Por último, señor presidente, la Carta de los derechos fundamentales
a la que se han referido otros portavoces. Yo quisiera que usted
precisara qué carácter vinculante tendrá esa carta. ¿Va a ser algo
vaporoso?, ¿va a ser vinculante?, ¿se va a insertar en los tratados
de la Unión Europea? Nosotros creemos que debe ser así, que la
ciudadanía europea debe ser de los que han nacido en los países
europeos y de quienes han venido de fuera, eso debe ser la ciudadanía
europea; que el procedimiento de elaboración de esa carta debe ser
transparente y debe estar presente en los parlamentos nacionales, y
que debe haber una consulta amplia con la sociedad civil. Ese es el
concepto de Europa en el que nosotros creemos y al que le invitamos a
unirse a través de estos propósitos de la cumbre europea, que quedan
vaporosos en la medida en que no hay un auténtico compromiso
nacional.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señorías, señor presidente, podríamos
convenir que la cumbre de Tampere ha significado un avance en el
proceso de armonización de las políticas de los Estados miembros, de
las políticas comunitarias; podríamos convenir también en el valor en
sí que tienen estos procesos de armonización -son efectivamente, un
valor-, pero yo me quiero centrar sobre todo en las políticas de
inmigración y asilo.En este sentido, surgen serias dudas en relación
a si esta armonización de políticas sobre inmigración y asilo va a
ser un avance en materia de libertades. Quiero decir que desde hace
mucho tiempo soplan vientos restrictivos en materia de libertades
para los inmigrados en la Unión Europea. A excepción de lo ocurrido
en Italia, Francia y España, todos los documentos que han salido han
sido cada vez más restrictivos en materia de inmigración y de asilo.
El Foro para la integración social de los inmigrantes alertaba ya en
su momento sobre la propuesta del Consejo, que venía a ser como una
ley de extranjería a nivel comunitario, pero una ley mucho más
restrictiva de lo que es actualmente la legislación española de 1985.
La impresión que tenemos desde Iniciativa per Catalunya- Els Verds es
que los jefes de Estado no han querido dar la imagen de Europa
fortaleza; han dado una serie de principios generales en los que se
habla de equiparación de derechos, pero no se concreta nada. Nos
gustará ver, señor presidente, la concreción que de esos principios
generales hace el Consejo de Ministros; eso será lo realmente
importante y lo que vaya asentando el derecho positivo. Hemos visto
la preocupación que se tiene para que cooperen los países emisores de
emigración con el control de sus fronteras, eso se materializa en
gran medida, pero, a cambio, se pide que se recoja a las personas que
expulsan los países miembros y se les ofrece una ayuda económica y
cooperación que no se concreta; se concretan las medidas de policía
por parte de los países emisores, pero no se concretan las medidas de
cooperación.También hubiésemos querido oír hablar de nacionalidad
para los residentes, para los ciudadanos inmigrados que ya están en
los Estados de la Unión Europea, y nos ha preocupado que se hayan
concretado mucho medidas tendentes a reforzar el carácter policial de
esa armonización europea.
Pero lo que quiero expresarle, señor presidente del Gobierno, y por
eso he subido hoy a la tribuna para intervenir en este debate sobre
la cumbre de Tampere, es la preocupación que tenemos en relación a la
ley de extranjería. Los ponentes de la ley tenemos hecha la labor; el
texto de la ponencia está terminado hace varios días y era
esperanzador ver cómo habíamos podido concluir con un texto que
avanzaba mucho en materia de derechos y libertades; era una
satisfacción para España tener una de las legislaciones más avanzadas
dentro de la Unión Europea en el reconocimiento del derecho a la
educación, a la sanidad, a la adquisición de una vivienda, a la
reagrupación familiar, a la regularización por arraigo para aquellos
residentes que llevasen dos años y la regularización que
contempla esta ley para los que estaban aquí antes de junio. Todo
esto era muy positivo y esperanzador, pero nos encontramos con que
parece haber un estancamiento, y si el debate sobre esta ley no va al
Pleno en noviembre y no se contemplan propuestas políticas para que
se vea en el Senado por el trámite de urgencia, esta ley no saldrá en
esta legislatura y será una gran responsabilidad. En la medida en que
los Estados miembros afinan en el reconocimiento de los derechos y
libertades, más necesaria será la armonización sobre parámetros de
más justicia y de más solidaridad, y esa es su responsabilidad, señor
presidente del Gobierno, puesto que ejerce la acción de gobierno en
este país; es su responsabilidad. Si la ley de extranjería no sale,
será responsabilidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
de los Diputados, pero su máximo responsable es el presidente Aznar.
Yo le pido, señor presidente del Gobierno, que aproveche el turno de
réplica para responder sobre esto: qué va a pasar con la ley de
extranjería. ¿Han sido útiles los trabajos que hemos estado haciendo
los cinco ponentes de la ley? ¿Ha sido útil el trabajo que ha hecho
el diputado popular don Diego Jordano, que se ha estado matando,
yendo de Ministerio en Ministerio, para llegar a un texto muy
decente, a un texto que puede dar respuesta, que puede dar
satisfacción a los derechos y libertades de las personas, hombres y
mujeres que, procedentes de otros países, están ahora en nuestro
territorio? Espero, señor presidente del Gobierno, que me conteste.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Tiene la palabra el señor De Grandes, portavoz del Grupo Popular.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, señorías, nuestro
grupo parlamentario se congratula por el éxito de la cumbre europea
celebrada en Tampere y felicita al Gobierno de España por el éxito
alcanzado por sus propuestas y, singularmente, al señor presidente
del Gobierno por su relevante aportación personal. Nosotros pensamos,
al igual que sus compañeros del Consejo Europeo, que ha sido el señor
presidente del Gobierno de España el impulsor decisivo de esta cita,
que marcará un antes y un después en el proceso de construcción
europea. Han pasado ya algunos años desde que en Florencia, y en lo
que fue una de sus primeras responsabilidades como jefe de nuestro
Ejecutivo, relanzó la idea de un gran espacio de libertad, seguridad
y justicia para Europa. Posteriormente, nuestro Gobierno lo incluyó
como una de las prioridades en la redacción del Tratado de Amsterdam,
y en fechas más recientes fue el señor presidente del Gobierno de
España quien arrancó, durante la Presidencia austríaca, en Pörtschach
el compromiso de celebrar la cumbre extraordinaria de Tampere. Por
ello, señorías, mi grupo parlamentario puede decir hoy con orgullo y
con convicción que España está desempeñando el papel de motor en el
proceso de creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia
en la Unión Europea. Y quiero recalcar que esta capacidad de lide
razgo
de nuestro Gobierno en la consecución de consensos a nivel europeo es
consecuencia de que nuestro proyecto responde a las inquietudes que
con frecuencia manifiestan los ciudadanos y que tienen una incidencia
directa en sus vidas cotidianas. Es esta sintonía constante entre
Gobierno y sociedad la que da fuerza y legitimidad a nuestro país en
la difícil búsqueda de un común denominador a nivel comunitario.
Desde sus inicios mismos, la integración europea ha estado firmemente
enraizada en un compromiso compartido de libertad, sustentado en los
derechos humanos, en instituciones democráticas y en el Estado de
derecho. A partir de ahora, la seguridad y la justicia adquieren el
mismo rango, como tres patas de una misma mesa. Estamos convencidos,
señorías, de que la cumbre europea de Tampere ha puesto en marcha un
proceso irreversible de cooperación judicial y policial, cuya piedra
angular está constituida por el principio de reconocimiento mutuo de
sentencias civiles y penales, pero sobre todo por el compromiso de
llevar a cabo un programa concreto de medidas, entre las que se
encuentra la presentación de propuestas por la Comisión a tal efecto.
El hecho de que se haya previsto llevar a cabo un análisis de etapa
en el último Consejo del 2001 y de haber decidido la información
periódica al Parlamento Europeo sustrae el compromiso del ámbito de
la discrecionalidad y lo convierte en un compromiso con la sociedad
en su conjunto.
Señor presidente, señorías, se han puesto plazos y se han diseñado
los objetivos, como también se ha llegado a un acuerdo sobre la
elaboración de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión
Europea, que es de carácter eminentemente político, en la que
participarán de manera directa los parlamentos nacionales. Como somos
integracionistas, a pesar de que en el grupo de reflexión aprendimos
a ser cautos, seguiremos liderando la unificación de criterios
objetivos a este respecto. Creo, siguiendo la valoración del
presidente de la Comisión Europea, que los acuerdos de la semana
pasada marcan la continuación de nuestra gran marcha hacia adelante
tras el mercado único y el euro, paso a paso, como en los casos
anteriores, hacia la verdadera Europa de los ciudadanos. Ahora,
señorías, debemos trabajar juntos para que sea posible culminar con
éxito el mandato dado a la Comisión de llevar a la práctica en los
dos próximos años las medidas necesarias para el reconocimiento mutuo
de sentencias; reconocimiento que se deberá dar tanto en el ámbito
civil como en el penal; reconocimiento que, al hacerse extensivo a
otras resoluciones de las autoridades judiciales y pruebas obtenidas
legalmente, agilizará sustancialmente los procesos. Este espacio
judicial común implicará la desaparición de los procesos de
extradición, algo insólito entre países que disfrutan de sistemas
jurídicos y constitucionales equivalentes. Sabemos que es un camino
largo. Posiblemente habrá que comenzar por aplicar procedimientos de
entrega de vía rápida de delincuentes por aquellos delitos en los que
la percepción social así lo aconseje. El tráfico de drogas, el de
seres humanos, el blanqueo de dinero, el terrorismo y otras formas de
crimen
internacional organizado son ejemplos de asuntos que pueden
concitar la voluntad de todos.
Hasta que esto ocurra, en tanto en cuanto procedemos a la
armonización de legislaciones, se han tomado decisiones igualmente
importantes. En el ámbito de la prevención, resulta de especial
trascendencia la institucionalización de una reunión operativa de
jefes de Policía de los Estados miembros, que permitirá la
organización de operaciones conjuntas. Asimismo, la creación de una
academia de Policía europea permitirá la preparación de efectivos a
nivel de la Unión Europea para luchar contra las formas más
sofisticadas de delincuencia internacional. Todo esto, señor
presidente, señorías, deberá hacerse de forma paralela al desarrollo
de una política de asilo e inmigración. Un sistema que, consagrando
Europa para siempre como tierra de asilo y refugio, evite la
desnaturalización de esta institución mediante prácticas abusivas y
deformadoras. En la búsqueda constante de políticas solidarias y
respetuosas con la dignidad humana, la cumbre de Tampere ha dado un
paso de gigante para la consecución de un trato justo a los
nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio
de la Unión. Una política de integración más decidida, que deberá
concederles derechos y obligaciones comparables a los de los
ciudadanos de la Unión, a fomentar la ausencia de discriminación en
la vida económica, social y cultural y a desarrollar medidas contra
el racismo y la xenofobia. Hace algunos meses, cuando José María
Aznar propuso en Berlín un reparto de la carga económica que podía
acarrear movimientos significativos de población en Europa como
consecuencia de causas diversas -asilo, refugio, guerras,
inmigración-, la propuesta no gozó de muchos adeptos. En aquel
momento, los países defendían un sistema de cuotas y España dijo no.
Dijimos que no porque las personas no son ni mercancías ni bienes
fungibles; porque la solidaridad se traduce en medidas de otra
naturaleza.La semana pasada, la cumbre de Tampere refrendó
unánimemente la propuesta española de trasladar al terreno económico
la solidaridad, dando un mandato a la Comisión para que promueva un
programa especial de ayuda financiera a este respecto. No solamente
se ha reforzado la legitimidad de origen de nuestra propuesta,
señorías, sino que, abandonando de forma definitiva ese pretendido
sistema de cuotas, se ha devuelto al refugiado o al inmigrante su
dignidad humana.
Voy a acabar, señor presidente, señorías, no sin antes remarcar que
estamos tocando temas muy centrales de la soberanía de los Estados,
temas que afectan al conjunto de tradiciones jurídicas y de filosofía
política de los distintos Estados miembros. Por ello, cualquier
cambio, cualquier avance en este sentido constituye un paso
espectacular. En Tampere se ha lanzado un mensaje político a la
soberanía de los Estados miembros y un compromiso de integrar todos
estos temas de forma permanente en la agenda de trabajo de los
consejos de la Unión. No estamos hablando, señorías, de algo teórico;
estamos hablando de los principios fundamentales que han regido desde
el principio el proceso de construcción europea: los derechos
del hombre, la democracia, la libertad. Sólo que ahora, como dije al
principio, hay objetivos concretos y plazos para la consecución de
los mismos. Señorías, pocas veces en la historia de la construcción
europea ha jugado España un papel de mayor protagonismo y de
incuestionable éxito. Fue nuestro presidente del Gobierno quien
propuso la celebración de esta cumbre. Fue nuestro Gobierno el que, a
través de una excelente labor diplomática bilateral y europea, fue
desgranando las distintas posibilidades de acuerdo. Comenzó la
celebración de la cumbre desde la incertidumbre y la cautela lógicas
por lo profundo e irreversible de los compromisos que había que
tomar. Se ha cerrado con éxito para aquellos que defendemos la
solidaridad, la seguridad y la justicia para la Europa de los
hombres, como señalaba el presidente de la República Francesa, para
España y su compromiso con la ciudadanía europea.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Grandes.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señorías, voy a hacer algunas consideraciones respecto de algunos
comentarios que han hecho los distintos portavoces que han
intervenido a lo largo de la tarde.
En primer lugar, quiero decir que me declaro muy satisfecho de que en
este Consejo Europeo extraordinario (algún portavoz ha utilizado la
palabra informal, no ha sido informal, ha sido formal pero
extraordinario, y da lugar, por lo tanto, a las conclusiones
correspondientes que a todos obligan) se haya producido un consenso
muy amplio. La verdad es que el consenso en cuanto a las discusiones
habidas en el seno del Consejo entre los Quince y el consenso en
torno a la valoración del Consejo a la salida del mismo entre los
Quince han sido sin duda muy significativos y muy relevantes.Es
evidente que las conclusiones de un Consejo Europeo, como todo, son
opinables y pueden tener distintas valoraciones, por eso me satisface
bastante que exista ese grado de consenso entre los 15 gobiernos, sin
distinciones políticas. A veces uno puede entender que lo que se
discute no es si una conclusión es buena o no, sino quién está
presente a la hora de establecer las conclusiones y, dependiendo de
quién esté presente, todo será bueno o todo será malo o prácticamente
todo será bueno o será malo. Yo creo que ese es un juego que no
merece la pena, que sin duda no conduce a ninguna parte y que además,
sobre todo, no responde a la realidad.
Hay dos hechos, porque las conclusiones de un Consejo Europeo son
hechos, que me parece bastante conveniente resaltar. Uno, que es la
primera vez que los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen
exclusivamente para hablar de asuntos de libertad, justicia e
interior, la primera vez en la historia de la Unión Europea. Y
segundo, que no existe, como aquí se ha recordado con acierto, en
toda la historia de la Unión ni de la Comunidad un texto
tan detallado, tan preciso y tan completo como el que se ha aprobado
en Tampere. No existe. En consecuencia, yo creo que lo que hemos
hecho, atendiendo a una preocupación de los ciudadanos, ha sido
avanzar de un modo resuelto en algo que es nuestro objetivo y al cual
tenemos que llegar en el plazo de tiempo más breve que nos sea
posible, siguiendo un camino hacia una unión política más estrecha y
más perfecta entre los distintos Estados miembros de la Unión
Europea, que es justamente lo que el Tratado de la Unión Europea
establece y significa. Quiero decir al respecto que, después del
mercado único europeo, después de la moneda única europea -lo he
dicho antes-, hay tres elementos básicos de los cuales nos tenemos
que ocupar: éste, objeto del Consejo de Tampere, la seguridad y
defensa, que será tratado en Helsinki, muy especialmente a partir del
año 2000, que sin duda será un proceso muy largo y España participa
en el núcleo de países que van a ejercer de motores de la Europa de
la defensa; y, por supuesto, la ampliación, donde se ha producido un
primer debate y donde tendremos que llegar a conclusiones, como luego
diré, en Helsinki. El servir al objetivo de una unión que se
convierta también en un espacio de libertad, de seguridad y de
justicia me parece sin duda muy importante, objetivo que antes era
simplemente una aspiración, que antes podía considerarse como una
ambición y que ahora podemos empezar a hacer realidad. Dicho de otra
manera, hace tiempo podíamos tener la ambición de que en Europa
existiese una moneda única europea y ahora tendremos que decir que la
ambición debe ser que funcione correctamente, porque, evidentemente,
aquella ambición ya la tenemos cumplida. Ahora tenemos la ambición de
poner en marcha el espacio de libertad, seguridad y justicia como no
se había hecho hasta el momento.
Ha habido algún señor portavoz que ha dicho que las conclusiones del
Consejo tienen un lenguaje equivalente al Tratado de Amsterdam, y yo
le quiero contestar que afortunadamente, porque lo raro sería que
tuviese un lenguaje contrario, un lenguaje con una falta absoluta de
sintonía con el Tratado de Amsterdam. También ha dicho que reflejan
en gran medida el plan de acción de Viena. Aquí hay tres pilares, y
uno de ellos es el Tratado de Amsterdam. Quiero recordar que el
anterior tratado no hacía referencia a la necesidad de un espacio de
libertad, seguridad y justicia, y el Tratado de Amsterdam sí, lo que
nos permite estar trabajando ahora en este terreno. En segundo lugar,
el plan de acción de Viena, que es un inventario de problemas, que
nace en el Consejo Europeo -ese sí que informal- de Pörtschach, en
donde se decide hacer un plan de acción en Viena con un inventario de
los problemas que tenemos que abordar para la construcción del
espacio de seguridad, libertad y justicia, y justamente ahí se
acuerda -otra iniciativa española- celebrar un Consejo extraordinario
que ya no haga un inventario, sino que ponga en marcha lo que ya
hemos identificado y definido globalmente entre todos. Por tanto, ese
es el esquema fundamental en el que nos tenemos que mover al percibir
el impulso político al que queremos llegar desde el punto
de vista de la aplicación de ese espacio de seguridad, de libertad y
de justicia. Es exactamente lo que se ha hecho en Tampere: establecer
unas prioridades, establecer unas medidas, establecer unos
calendarios, establecer unos procesos, establecer unos mecanismos de
control o de seguimiento a desarrollar y establecer un mandato muy
claro a la Comisión y al Consejo de Asuntos Generales e invitar al
Parlamento a que colabore en ello. Por cierto, tanto la nueva
presidenta del Parlamento, que comparecía por primera vez, como el
nuevo presidente de la Comisión, que acudía a su primer Consejo
Europeo, ratificaron su interés en trabajar intensamente en el
desarrollo de todas estas cuestiones.
La segunda cuestión que quería exponer es que estamos ante asuntos,
en cuanto a su consideración, especialmente delicados porque son
cuestiones íntimamente ligadas a la soberanía de los Estados
miembros; además de eso, íntimamente ligadas a la historia jurídica
y a las tradiciones políticas y jurídicas de muchos Estados miembros.
Por eso es especialmente delicado referir estas tres cuestiones que
afectan a núcleos de soberanía profundamente arraigados en la
historia, como digo, política y jurídica de los países. Por eso,
cuando entre otras cosas se habla de aproximación de legislaciones y
se condiciona cualquier resultado a la misma creo que se está muy
desorientado, porque la aproximación de legislaciones será un proceso
extraordinariamente lento en muchos terrenos y justamente aquellos
que no querían avanzar en el espacio judicial, en el espacio de
seguridad y en el espacio de libertad lo que querían era condicionar
cualquier política a que se produjera previamente la aproximación de
legislaciones. Ese es el único problema que hubo que solventar a la
hora del reconocimiento mutuo de sentencias y otras decisiones de
autoridades judiciales o competentes, porque si no era imposible
literalmente avanzar, lo cual no quiere decir que no se deba trabajar
a largo plazo en la aproximación. Pero condicionar resultados a que
no ha habido aproximación es exactamente lo contrario de lo que se
puede pretender decir que se defiende en esta tribuna, en algunas
ocasiones, porque sencillamente es hacerlo imposible.
Quiero decirles también, señorías, que desde el punto de vista de la
preparación de este Consejo hubo que salir al paso de una cuestión
que sin duda me parece importante y relevante referir, y es que había
algunos Estados miembros que solamente pensaban referir este Consejo
a la seguridad interior. Había otro enfoque global que ha defendido
España, como he dicho antes, el que entendía que debemos avanzar
armónicamente en cada uno de los tres ámbitos que tienen que formar
ese espacio: la libertad, la seguridad y la justicia, entre otras
cosas porque en algunos, como ahora diré, estamos más avanzados.
Cuando se habla del espacio de libertad y se dice, por ejemplo, que
hay que establecer un calendario, quiero recordar alguna cosa
bastante clara y sencilla. En la Unión Europea pueden existir muchos
problemas, pero no hay un problema de libertades. El espacio de
libertad en cuanto
se refiere, por ejemplo, a la libre circulación de personas es una
realidad, y al ser una realidad difícilmente se puede establecer un
calendario sobre una realidad ya existente; ya es una realidad la
libre circulación de personas, cualquier ciudadano europeo ya puede
circular libremente por todos estos países y en algunos casos, como
es el espacio Schengen, sin ningún tipo de controles. Es conveniente
poner en marcha este espacio porque de esa libertad de movimientos
que se produce en Europa se origina la necesidad de llegar a
conclusiones desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto
de vista judicial. Por tanto, no es necesario establecer ningún tipo
de calendario sobre algunas de las cuestiones a las que S.S. se ha
referido. De ahí deriva la necesidad de regular algunas de las
cuestiones que hemos tratado en Tampere y aquí hemos hablado esta
tarde.
Cuando hablamos de política de inmigración, creo que todos somos
conscientes de que estamos ante uno de los asuntos más importantes
que debemos afrontar en el futuro inmediato. Digo muy claramente una
cosa: sea cual sea la composición de esta Cámara y sea cual sea el
Gobierno que haya en un momento determinado en nuestro país, la
Cámara y el Gobierno tendrán como una de sus obligaciones
prioritarias, inevitablemente, ocuparse de estas cuestiones en
relación con la inmigración. Espero que lo podamos afrontar, como
estamos intentando hacer también desde el punto de vista de lo que ha
sido nuestra participación en el Consejo de Tampere, de la manera más
seria y rigurosa posible. Sé que no siempre será posible hacerlo,
pero hay que hacer el esfuerzo para afrontar ese problema de una
manera seria y rigurosa y llegando a conclusiones posibles, no
haciendo imposible que se pueda articular una mínima política
razonable de inmigración hoy así.
Acabo de decir que la Unión Europea es un espacio de movimientos
libres, sin controles fronterizos, pero además es afortunadamente un
espacio de prosperidad que lo hace especialmente atractivo para
muchas personas que quieren llegar a la Unión Europea, a sus Estados
miembros, y que quieren llegar cuanto antes. En el Tratado de
Amsterdam se habló de que era necesario comunitarizar -aunque sea
esta una expresión poco afortunada; comunitarizar, convertir en
política comunitaria- las fronteras exteriores, la libre circulación
de personas y la política de asilo y de inmigración. Pensar que
podemos afrontar estos problemas sin hablar seriamente de los
controles en las fronteras exteriores es, sencillamente, estar
construyendo un mundo o unas posiciones absolutamente irreales. A
partir de ese momento tenemos que ver claramente los objetivos que
nos marcamos. Quiero decirles que el objetivo que tiene el Gobierno a
estos efectos -y he escuchado algunas interpretaciones en ese
sentido- no es que no deseemos la Europa-fortaleza, que no la
deseamos, es que la consideramos una profunda equivocación. Es un
error, pero no solamente en el sentido en el que estamos hablando, es
un error en líneas generales defender el concepto de la Europa-
fortaleza. Ni en la economía con la puesta en marcha del euro enla
necesidad de competencia entre espacios políticos, en
las reformas económicas necesarias, etcétera, que será, por cierto,
objeto de un Consejo Europeo extraordinario en marzo del año 2000 en
Portugal, a iniciativa española también, ni en el terreno comercial
en la ronda del milenio, en las negociaciones que comienzan en
Seattle próximamente, ni en el terreno de la defensa, donde
justamente tenemos que afirmar una mayor presencia europea desde el
punto de vista de la seguridad y de la estabilidad en Europa y en sus
zonas circundantes, ni en el terreno de la ampliación como imperativo
político, en estas cuestiones el concepto de Europa-fortaleza no
solamente no es conveniente sino que es un error muy claro. Hay que
defender el concepto de la Europa abierta, solidaria, competitiva,
pero definiendo políticas coherentes y flexibles que combinen
especialmente en estos temas que son muy delicados una gran dosis,
como siempre, de responsabilidad y de sensibilidad ante dramas
humanos, tragedias personales o circunstancias singulares que hay que
afrontar en todo caso. Desde el punto de vista español, no solamente
desde el punto de vista del Gobierno, cuando se habla de llegar a
convenios o apreciar fórmulas de mejores prácticas entre gobiernos y
la comisionada de derechos humanos para los refugiados de las
Naciones Unidas establece que ojalá muchos países tuviesen la
legislación de asilo que tiene España, porque la considera una muy
positiva legislación de asilo, y que ojalá se tuviese un trato en el
tema de refugiados y desplazados como el que ha dado España, porque
lo considera también un trato ejemplar desde el punto de vista de sus
responsabilidades, creo que estamos construyendo un camino
sustancialmente positivo en algunos de los problemas que tenemos que
afrontar. Ahora bien, desde ese punto de vista quisiera señalar que
tenemos que afrontar problemas digamos, si ustedes lo prefieren,
hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera problemas en los países
que son origen de emigración, y esa es la estrategia de codesarrollo.
En ello podemos estar de acuerdo. Se podrá discutir cuánto tiempo más
o menos se tarda, cuántos recursos se pueden dedicar o no; se podrán
discutir los acuerdos con terceros países que son origen de
emigración y hasta qué punto; pero los Quince estamos de acuerdo en
que hay que introducir cláusulas de readmisión en aquellos acuerdos
que existen de la Unión Europea con terceros países. No podemos
condicionar el desarrollo de cualquier política a tener muy
desarrollada, muy avanzada o producidos efectos en la estrategia de
co-desarrollo que en todo caso tiene que ser paralela y que
inevitablemente, por no depender solamente de la voluntad europea
sino de la voluntad de la ejecución de la aplicación de distintos
Estados, tiene que ser y será forzosamente lenta. Lo que hace falta
es que sea estable y persistente en su desarrollo. En segundo lugar
hacia dentro. Nosotros, señorías, tenemos que distinguir varias
cosas. Ya me he referido a las fronteras exteriores. Señorías, ya
sabemos una cosa: la frontera exterior es una política común de la
Unión, y eso, como se ha dicho desde esta tribuna con acierto -me
parece que ha sido el señor Mardones-, es un acierto de la Unión
Europea y para España es una posición muy correcta y muy positiva.
Lo que España no puede hacer en ningún caso es saber que por
nuestra situación geográfica somos frontera exterior de la Unión.
Tenemos unas obligaciones que cumplir y tenemos unas
responsabilidades que asumir y que ejercer, y como todas las
responsabilidades las hay menos y más gratas, pero lo que es
indudable es que España tendrá que cumplir sus responsabilidades en
el ámbito de fronteras exteriores de una manera clara y determinada.
Dentro de ello conviene distinguir lo que es el proceso de
inmigración irregular -no ilegal, como me parece que ha dicho el
señor Anguita- que se produce como consecuencia de la existencia de
redes que se dedican a traficar con seres humanos, redes criminales
que se dedican al tráfico de personas y a las que hay que combatir y
desarticular. Existe un claro mandato de la Unión Europea sobre ello
y tiene mucho que ver con las cuestiones de las fronteras exteriores,
con el tratamiento específico del inmigrante irregular, al cual
naturalmente hay que ayudar, hay que comprender, pero que tiene mucho
que ver con lo que significa la cooperación de la Unión Europea con
esos terceros países y los acuerdos de readmisión a que yo me refería
anteriormente. Ese es un proceso. El segundo es el que podemos llamar
emigrante legal. Podrá decirse lo que se quiera. ¿Cómo se puede
llamar emigrantes legales a las personas que llevan residiendo mucho
tiempo en un territorio de un Estado miembro de la Unión Europea? Es
como se llaman y por eso se les llama en el Consejo Europeo de esa
manera. Lo que ha decidido este Consejo Europeo es apostar claramente
por algo que se podrá decir lo que se quiera pero que no existía
antes, por un compromiso para una equiparación de derechos de esas
personas con los nacionales de esos Estados miembros de la Unión;
equiparación de derechos que se tengan en el Estado miembro de la
Unión. Eso es muy importante, es lo que se ha puesto en marcha y lo
que será revisado en el año 2001. Por tanto, el catálogo de derechos
no es que tenga que ser especificado, el catálogo de derechos ahora
tienen que especificarlo la Comisión y el Consejo de Ministros de
Justicia y de Interior, distintos consejos de ministros, que es
exactamente uno de los trabajos que tienen que desarrollar y
resolver. Pero es que se ha dicho eso. Por tanto, es evidente que
negar la existencia de un avance sobre algo que se pretende extender
a toda la Unión como derecho de aquellos que no son nacidos en el
país en el que viven, que son naturales o nacionales de terceros
países, me parece muy importante. Desde ese punto de vista espero y
deseo que los proyectos que han mencionado algunas de SS.SS. sigan
adelante cumpliendo los trámites pertinentes.
La tercera cuestión que hay que distinguir en este punto es la que se
refiere a los refugiados o desplazados. Creo que hay algún portavoz
que no ha entendido correctamente esto. Cuando estamos hablando de
refugiados y desplazados no estamos refiriéndonos a los que están
fuera de la Unión Europea o en campamentos. No. Estamos poniendo
ejemplos muy claros. Cuando se producen fenómenos como los de Kosovo
o Bosnia, queproducen refugiados y desplazados, hay que establecer
un mecanismo de solidaridad entre los Estados miembros, y hay Estados
miembros que asumen más cargas, entre otras cosas por razón de
decisión voluntaria de esos refugiados y desplazados. Algunos dicen
que hay que repartir las cargas. Y hay que preguntarse: ¿a cambio de
qué? ¿De no respetar la voluntad de esa persona? Pues decimos que eso
no puede ser, porque sería un doble desplazamiento injusto para los
Estados e injusto para las personas, y por ello nosotros proponemos
un programa específico de solidaridad económica para esos países.
Todos hemos vistos campamentos de refugiados en Kosovo, en España, en
Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en todos los países
de la Unión Europea, unos en esos países y otros en países que
estaban en las cercanías del conflicto, siguiendo, por cierto, las
propias recomendaciones de la Comisaría de las Naciones Unidas para
los refugiados.
La siguiente cuestión en este punto, señorías, es la que se refiere
al asilo. Como ya he dicho, hace poco visitó España la comisaria de
los refugiados, de Acnur, la señora Ogata, que dijo literalmente que
le gustaría mucho que la legislación española sobre asilo fuese
tomada en consideración por la gran mayoría de países de la Unión
Europea. Y llegar a un procedimiento común de asilo previamente,
después de haber establecido normas comunes mínimas de asilo, ha sido
la decisión a la que ha llegado el Consejo Europeo de Tampere y me
parece también una decisión positiva.
Respecto a la seguridad hemos dicho y estamos todos de acuerdo en que
la libertad de circulación requiere establecer medidas de seguridad
para que no se aproveche de un modo beneficioso, indebido o ilegal
por parte de organizaciones criminales, delincuentes o personas que
tengan fines delictivos. Se trata de que las fronteras interiores no
existan, que no existen para los delincuentes, pero que no puedan
existir para beneficiar a los delincuentes.Yo creo que se ha dado un
avance sustancial en lo que es la cooperación policial, la
cooperación en materia de seguridad. Hay delitos definidos ya como
delitos trasnacionales -estamos hablando de las redes criminales de
tráfico de seres humanos, de los problemas vinculados al
narcotráfico, al blanqueo de dinero, etcétera- que requieren una
respuesta trasnacional. Hay unidades de investigación y de análisis
muy importantes como Europol, y lo que se ha hecho no es establecer
un doble circuito sino fortalecer Europol y, por tanto, establecer
unas unidades adicionales operativas que puedan permitir complementar
el trabajo de investigación y análisis de Europol. Pero es que además
la propia existencia de Europol impulsa el proceso de coordinación
entre las autoridades competentes y ministeriales entre los distintos
Estados miembros. Si a esto se le añaden tareas de prevención en el
marco de la delincuencia juvenil y de la delincuencia urbana o el
programa de lucha contra drogas del año 2000 al 2004 que tenemos que
aprobar en Helsinki en diciembre, si se le añade la red Eurojust
creada para coordinar las fiscalías y los magistrados de distintos
países, creo que tenemos un panorama bastante completo. Discrepo de
los que entienden que no se avanza
de una manera resuelta contra el blanqueo de dinero desde el punto de
vista de las transacciones financieras o del secreto bancario. Lo que
se dice en las conclusiones es justamente lo contrario: que las
unidades de información financiera podrán tener acceso, con respaldo
judicial, a lo que antes estaba sujeto por transacciones bancarias al
secreto bancario y a la opacidad de funcionamiento del secreto
bancario, siendo, por otra parte, la primera vez que se cita
expresamente a territorios dependientes de Estados miembros,
expresión que no les sonará extraña a algunas de SS.SS. y que se
refiere exactamente a supuestos paraísos fiscales o territorios donde
podemos tener rotundas sospechas de que existen tráficos ilícitos
bastante intensos y que no están precisamente lejanos de nuestro país
ni de nuestra frontera.
Por lo que se refiere al ámbito de la justicia -voy terminando, señor
presidente-, las conclusiones establecen el reconocimiento mutuo de
decisiones judiciales, y a mí eso me parece un avance sustancial.
Como he dicho antes, condicionar esto a un proceso progresivo, es
decir, que para existir un reconocimiento de sentencias judiciales
¡ojo!, de resoluciones judiciales previas a la sentencia o de órdenes
de autoridades competentes que no tienen por qué ser estrictamente
judiciales, cuando estamos hablando de valoración de pruebas o de
embargo de bienes, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico,
a mí me parece un avance extraordinariamente importante. Esta cuestión
como todas se podrá discutir o no, pero sin esto no podríamos estar
hablando en este momento de una posibilidad de espacio judicial
europeo. Lo mismo podemos decir en relación con la extradición.
Quiero recordar que el Convenio de extradición del año 1996 en su
artículo 6 establece la desaparición del delito político, pero además
de eso lo que se dice en las conclusiones del Consejo es que el
procedimiento formal de extradición debe suprimirse entre los Estados
miembros en caso de personas condenadas por sentencia firme que
eluden la justicia. Es decir, hemos acordado primero ratificar lo que
hay, el que no lo haya hecho, y en segundo lugar suprimir el
procedimiento de extradición. Podrá parecer esta una decisión que no
tiene importancia, que no tiene relevancia o decepcionante, no lo sé,
pero se ha acordado suprimir el procedimiento de extradición entre
Estados miembros de la Unión Europea. ¿Que tiene dificultades?
Evidentemente, pero muchas menos de cuando este tema era imposible de
tratar, como lo era prácticamente hace tres años, y en el plazo de
tres años de tener enormes dificultades para hablar siquiera de la
agilización de procedimientos de extradición estamos hablando en el
peor de los casos de procedimientos acelerados de extradición y en el
mejor de los casos de la supresión de la extradición en sí misma a
medio plazo. Por cierto que en este punto solamente quiero hacer una
consideración, porque creo que ha sido el señor Almunia quien se ha
referido en alguna ocasión a la acción del Gobierno en relación con
una extradición solicitada al Reino Unido para el senador y ex
dictador Augusto Pinochet. No sé exactamente qué es lo que ha
criticado el señor Almunia, pero hay un hecho
que son las conclusiones, y el hecho es que este Gobierno, éste, ha
solicitado la extradición del senador Pinochet, este Gobierno ha
tramitado esa solicitud. No sé si el señor Almunia está más de
acuerdo con la decisión de este Gobierno o con la que dice mi
predecesor en el Gobierno que hubiese tomado si hubiese estado en mi
lugar; no sé con cuál está más de acuerdo. (Aplausos.)
Creo importante que hayamos tenido cuidado y sensibilidad al
mencionar la atención a las víctimas de los delitos responsables de
la criminalidad. Me parece muy positivo que podamos haber afrontado
en una próxima conferencia una Carta de derechos fundamentales que ha
de tener un contenido profundamente político. Yo espero que las
Cortes Generales designen en el consenso más amplio posible a sus dos
representantes. Como ustedes saben, los jefes de Estado y de Gobierno
tienen que designar un representante personal en esa conferencia
y les puedo decir que el representante personal del presidente del
Gobierno de España será el ex presidente del Tribunal Constitucional,
señor Rodríguez Bereijo, que creo que podrá desarrollar una excelente
tarea por sus condiciones y cualidades jurídicas y su experiencia en
el Tribunal Constitucional, que me parece muy positiva y el rango de
una importancia relevante para el desarrollo de estos trabajos y de
esta conferencia.
Por lo que se refiere a la ampliación, estoy de acuerdo con algunas
de las consideraciones que han hecho sus señorías. Es evidente que
existe un consenso en el marco del Consejo Europeo sobre que más que
marcar una fecha a los países candidatos, porque la preparación
depende esencialmente de ellos, hay que establecer una fecha de
preparación de la Unión Europea para ello. Dependerá de las
conclusiones de la Conferencia Intergubernamental y de eso nos
ocuparemos en Helsinki. Nosotros somos partidarios de que no exista
una diferencia entre grupos, de que lo que se ha venido en denominar
el procedimiento regata sea el que se favorezca y de que Turquía, al
que le son aplicables las mismas condiciones que a cualquier otro
país, ni más ni menos, pero que también tiene que resolver otras
circunstancias políticas desde el punto de vista del Estado de
derecho, de los derechos humanos y también sus posiciones en relación
con Chipre, pueda ser tenida en cuenta como candidato. El Gobierno no
ha variado su posición de dar una máxima prioridad a las relaciones
de España y de la Unión Europea con Turquía.
Por último, señorías, este impulso al espacio de seguridad, libertad
y justicia lo hacemos en un año que nos ha permitido, manteniendo un
tono continuo de trabajos en el marco de la Unión Europea, poner en
marcha la moneda única, el euro, afrontar y resolver la Agenda 2000,
hacer que el Tratado de Amsterdam entre en vigor, resolver una crisis
importante en la Comisión y nombrar una nueva, poner en marcha el
espacio de libertad, seguridad y justicia, enunciar una política
decidida de seguridad y defensa en la que ya se está trabajando
y cuyos resultados se verán pronto, poner en marcha estrategias por el
empleo, afrontar estrategias renovadas con Mercosur y otras zonas
desde el punto
de vista comercial y afrontar la ampliación. Tenemos citas
importantes en Helsinki. El primer trimestre del año que viene se
celebrará un Consejo extraordinario muy importante sobre reforma
económica que orientará a la Unión desde el punto de vista económico
y social y tendremos que afrontar una Conferencia Intergubernamental
para el futuro. Me parece este un programa serio, posible y relevante
para los que estamos dispuestos a seguir trabajando día a día y
consejo a consejo en una unión más estrecha y más perfecta entre
nosotros.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) .
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON MARIANO SANTISO DEL VALLE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿QUÉ CRITERIOS SE HAN UTILIZADO PARA CORREGIR LAS
INVERSIONES INICIALMENTE PREVISTAS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA LA PROVINCIA DE LEÓN SIN HABERSE PRODUCIDO AÚN EL DEBATE
PRESUPUESTARIO EN LA CÁMARA? (Número de expediente 180/001985.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate sobre la información del
Gobierno, suscitada por éste, sobre la cumbre europea de Tampere,
pasamos al punto V del orden del día: Preguntas orales al Gobierno en
el Pleno, comenzando por aquellas que responderá el presidente del
Gobierno y dentro de ellas por la que hace la número 12, que formula
don Mariano Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, ¿qué criterios se han utilizado para
corregir las inversiones inicialmente previstas en los Presupuestos
Generales del Estado para la provincia de León mediante un pacto
político entre el Partido Popular y la Unión del Pueblo Leonés? ¿Cuál
es la valoración económica real de este pacto?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): El acuerdo al que S.
S. se refiere es público y conocido. Por otra parte, los presupuestos
comienzan su debate en esta Cámara el lunes próximo, de tal manera
que los grupos parlamentarios pueden presentar las enmiendas que
consideren oportunas en el capítulo de inversiones y el Grupo
Parlamentario Popular también tiene derecho a hacerlas si lo
considera oportuno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor Aznar, este acuerdo tiene un único
objetivo que es mantener la alcaldía de León. Ante la amenaza de una
posible moción de censura, ustedes, deprisa y corriendo, plantean
utilizar los presupuestos del Estado para conseguir la estabilidad en
la alcaldía de León. Prueba de ello es que en este documento marco
que tengo en mi poder, aunque usted dice que es un acuerdo entre
partidos, en la Comisión de seguimiento aparece como garante de este
compromiso político entre los dos partidos don Luis Aznar Fernández
como delegado territorial de la Junta de Castilla y León, no el
secretario de organización u otros cargos del partido. Ustedes están
mezclando en este acuerdo la institución con el partido. Pero lo más
grave es que en este acuerdo alguien miente. Primero eran 200.000
millones, después lo desmintieron a través del señor Piqué diciendo
que era sólo el aeropuerto de León y que ya se vería en el Senado si
se aprobaba o no. Desgraciadamente es un bluff, es como el timo de la
estampita al pueblo de León.
Señor Aznar, hay muchas formas de garantizar la gobernabilidad. Unos
lo hacen firmando letras y otros firmando enmiendas a los
presupuestos del Estado. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, no
creo que esta última expresión de S.S. sea la que corresponde a un
parlamentario que está acostumbrado a participar en debates
presupuestarios en esta Cámara y sabe los procedimientos de la misma.
(Rumores.)
En primer lugar, quiero recordarle simplemente que el Partido Popular
fue el más votado y el que más concejales obtuvo en las últimas
elecciones municipales en León, quedando a uno de la mayoría
absoluta. Como ahora eso se pone en duda en algunos ámbitos, lo
recuerdo en lo que se refiere al Ayuntamiento de León. En segundo
lugar, el Gobierno no ha llegado a ningún acuerdo con nadie. Y no
confunda usted lo que es el delegado territorial de un Gobierno
autónomo con los delegados que tiene el Gobierno de la nación o los
subdelegados del Gobierno en su caso. En tercer lugar, el Partido
Popular tiene al menos tanta libertad como puede tener el grupo
parlamentario de S.S. o el partido de S.S., que ha llegado a los
acuerdos que le ha parecido oportuno en muchos lugares de España.
(Rumores.)
Por último, el Grupo Popular evidentemente creo que tiene los mismo
derechos que el Grupo de Izquierda Unida para introducir en unos
presupuestos las enmiendas en el capítulo de inversiones que le
parezca más oportunas. Si S.S. no está de acuerdo con alguna de estas
enmiendas o con alguna de esas inversiones, S.S. tiene el perfecto
derecho, a mi me parecerá muy bien, de decirme: no estoy de acuerdo,
o ustedes no han cumplido o ustedes se están equivocando. En eso
consiste justamente el trámite parlamentario de los Presupuestos
Generales del Estado.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN ALMUNIA AMANN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL ES SU
POLÍTICA EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TITULARIDAD
ESTATAL? (Número de expediente 180/001996.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 23,
formula el presidente del Grupo Socialista don Joaquín Almunia Amann.
Señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Aznar, su Gobierno está llevando a la televisión pública a
cotas inauditas y crecientes de manipulación. (Varios señores
diputados: ¡Hala!) Usted ha envilecido los telediarios, que se han
convertido en sus manos en un burdo aparato de propaganda. (Rumores.)
Actuando así usted y ustedes desprecian las reglas básicas de la
democracia. (Rumores.) Usted, señor Aznar, pretende que los
ciudadanos que tienen que elegir entre las diferentes opciones
políticas no dispongan de la información necesaria para hacerlo.
Estoy seguro de que usted sabe que la televisión pública tiene la
exigencia constitucional y legal de ser plural y objetiva. Usted
conoce esas reglas, pero no las cumple simplemente porque usted no
quiere. (Rumores.) Cuando usted ordena manipular la información,
señor Aznar, lo que está haciendo es pervertir la democracia. (Un
señor diputado: Canal Sur.-Rumores.) Pero no quiero hablar más de
eso, quiero hablar del futuro. Le voy a decir cuál es mi compromiso
para las televisiones públicas.
Tras las próximas elecciones renunciaré a nombrar al director general
de Radiotelevisión, lo nombrará el Parlamento.( Aplausos.- Varios
señores diputados: ¡Muy bien!) Para las próximas elecciones se creará
el consejo audiovisual, independiente del Gobierno, con
representantes sociales y profesionales. Tras las próximas elecciones
dotaré a Televisión Española de los recursos necesarios para reducir
drásticamente la publicidad. (Rumores.)
Señor Aznar, ¿está usted de acuerdo con estas propuestas? Señor
Aznar, ¿se compromete usted a dejar de manipular la televisión
pública? (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, las
obligaciones del Gobierno en relación con la televisión pública
vienen muy marcadas -y el Gobierno lo respeta- por el Estatuto de la
Radio y la Televisión. Ese es el compromiso del Gobierno y, por
tanto, es el compromiso del Gobierno
en ejercicio, cosa que hace este Gobierno y antes precisamente no se
hacía. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor presidente.
Señor Aznar, ya sabía yo que recurriría a su único argumento que es:
y tú, más. (Rumores.) Le voy a dar mi argumento: ni tú ni yo, ni
usted ni yo, ni ustedes ni nosotros. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!- Rumores.) Manipulación, ni usted ni yo. Sectarismo, ni usted
ni yo. Un director general títere, ni usted ni yo. El director de
informativos, ni a su servicio ni al mío. El envilecimiento de los
telediarios y la utilización de los informativos contra la oposición,
nunca más, ni con usted ni conmigo. (Rumores.)
Estas palabras se están grabando. No las va a borrar nadie, como sus
compromisos en materia de televisión y de nombramiento del director
general de televisión. Se lo repito, señor Aznar, un director general
nombrado por consenso en esta Cámara, un consejo audiovisual, menos
publicidad y más televisión al servicio público. Yo quiero la
televisión que quieren los españoles. ¿Qué televisión quiere usted,
señor Aznar? (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señor presidente.
Me alegro mucho, señor Almunia, de que se dé a conocer en este
trámite parlamentario preguntando sobre un asunto que S.S. debe de
considerar como el más serio que existe en la vida política española
en este momento. No se refiere al desempleo, ni a la seguridad, ni a
las relaciones internacionales, sino a la televisión. (Rumores.) Por
lo tanto, hablará S.S. de algo que le puede convenir mucho, que le
puede interesar mucho o que ha sido utilizado en gran medida a su
favor o por su intervención en muchas ocasiones. (Rumores.-
Protestas.)
Sí le quiero decir hablando de la credibilidad de Radiotelevisión
Española que, mal que les pese a ustedes, Radiotelevisión Española se
está saneando desde el punto de vista financiero y ocupa en este
momento el liderazgo de audiencias, lo cual debe determinar alguna
confianza de los españoles. (Rumores.) Por supuesto, no parece que la
televisión que quieren los españoles es la de la experiencia que
tienen de cuando ustedes gobernaban. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!, señorías.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Los datos
disponibles, señorías, así lo atestiguan y, desde luego, los datos
comparados de esta época de Radiotelevisión Española con los de otras
épocas o con otras cadenas públicas en las que ustedes tienen
intervención deberían sonrojarles a la hora de hacer estas preguntas.
(Protestas.- Rumores.- La señora Rubiales Torrejón: Y tú, más.)
Lo que ocurre es que algunas cosas que, desgraciadamente, ocurrían
antes en Radiotelevisión Española, ahora, afortunadamente, como en
otras cuestiones, ya no ocurren. (Varios señores diputados: ¡No!
¡No!- Protestas.) Naturalmente, ustedes no van a reconocer esas cosas
ni ninguna otra. (La señora Rubiales Torrejón: Y tú, más.)
Yo me alegraré mucho de que sus palabras tengan la mayor difusión
posible, esas y todas las demás. Llevan ustedes un trimestre en el
cual han tomado decisiones y propuesto medidas en contra de la
igualdad de los pensionistas. (Protestas.-Rumores.) Han amenazado con
abandonar el Pacto de Toledo. (Protestas.) Han abandonado las
instituciones del Consejo de Radiotelevisión y el control
parlamentario. (Protestas.) Han puesto en cuestión las reglas del
juego electoral. Espero que, además de anunciar programas que
normalmente no tendrá posibilidad de llevar a efecto y que usted no
puede respaldar ni avalar con sus hechos, tenga un rato para volver
al sentido común, que, desde luego, les hace falta. (Aplausos.-
Protestas.- Un señor diputado: Esto no sale en la tele.-La señora
Rubiales Torrejón: No sale.-La señora Cunillera i Mestres pronuncia
palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señorías, repórtense. ¡Señora Rubiales! Señora Cunillera, que se
cuela por el micrófono, por favor.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO: SEÑOR PIQUÉ, ¿TIENE EL GOBIERNO PREVISTO
ADOPTAR ALGUNA MEDIDA QUE IMPIDA Y GARANTICE QUE EL RÉGIMEN FISCAL DE
LOS CONTRATOS DE LEASING NO SEA UTILIZADO POR ALGUNOS CONTRIBUYENTES
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES DESTINADOS A UN USO
RECREATIVO O DE OCIO? (Número de expediente 180/001962.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá en nombre
del Gobierno su vicepresidente segundo, comenzando por la que con el
número ocho formulará el diputado don Francisco Fernández Marrugán
del Grupo Socialista.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor Rato, hace siete meses pregunté por
escrito al Gobierno si había adoptado algún tipo de medidas que
evitaran que el régimen fiscal de los contratos de leasing se
aplicara a las adquisiciones de inmuebles destinados al uso
recreativo o de ocio. Han pasado 209 días y no he obtenido ni amparo
ni respuesta a esa pregunta, por lo cual se la
formulo a usted en esta sesión de control y en los términos en que
aparece en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Marugán.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias,
señor diputado.
La respuesta que tengo que darle a la pregunta, tal y como viene
formulada, es: que se cumpla la ley. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!-Un señor diputado: ¡Hala!-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente. ¡Señorías!
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Mire, señor Rato, sus afirmaciones no me
satisfacen ni en los términos en que las ha hecho usted aquí ni en
otros términos, ya que no impide usted que quienes utilizan este tipo
de estímulos en este momento continúen haciéndolo. Y además la
parálisis que usted demuestra ante este tipo de problemas favorece la
exhibición de los defraudadores. Le voy a poner un ejemplo conocido
por todos, el de un contribuyente que ha hecho uso reiterado de este
tipo de incentivos, el ministro portavoz.
Hace unos meses el señor Piqué manifestó en la prensa catalana que el
Tesoro público le había devuelto 430.000 pesetas en concepto de
devolución de su declaración de renta. Para el señor Piqué quizás
433.000 pesetas no sean una cantidad importante, sea calderilla, pero
sí lo es para muchos contribuyentes que aspiran en todo momento a que
una vez que se conocen comportamientos defraudadores se actúe por
parte del Gobierno corrigiendo la evasión fiscal, y esto no está
siendo así. La Administración fiscal del Estado actúa con desidia y
mira para otro lado. El Gobierno y sus compañeros de gobierno no
tienen ningún interés y se muestran como colaboradores, y el señor
Aznar, una vez más, demuestra que la equidad no forma parte de sus
planteamientos y consiente y mantiene al señor Piqué en la mesa del
Consejo de Ministros a pesar de su comportamiento tributario.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Marugán.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias,
señor diputado.
Señor diputado, coincido con S.S. en que 400.000 pesetas no son
calderilla y 50 millones mucho menos y, por tanto, señor diputado,
usted estará de acuerdo conmigo. (El señor Fernández Marugán: Ha
comparado usted a Piqué con un delincuente.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señorías. Silencio, señor Fernández
Marugán.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): La Ley a la que se refiere la pregunta
del señor diputado es una ley del año 1995, sobre la normativa sobre
contratos de arrendamientos financieros susceptibles de acogerse a un
régimen fiscal especial, que fue aprobada con el voto favorable del
Grupo Socialista y están regulados por una ley aprobada en el año
1988, no sólo en época del Gobierno socialista, sino, si no me falla
la memoria, con mayoría absoluta. Nosotros no hemos modificado para
nada las condiciones de esta ley y no pretendemos modificarla. Es
más, creemos que ustedes la regularon bien, pero su iniciativa
parlamentaria la estamos esperando.
Ahora S.S. me hace juicios sobre contribuyentes. Su señoría
seguramente los puede hacer porque es diputado y está amparado por la
protección que tenemos los diputados, pero me parece muy grave que S.
S. haga juicios sobre los contribuyentes. ¿Por qué sabe S.S. cuál es
la actividad que está realizando la Agencia Tributaria sobre
cualquier contribuyente? ¿Es que su señoría cuando era miembro de la
mayoría sabía lo que hacía la Agencia Tributaria sobre los
contribuyentes? (Varios señores diputados. ¡Muy bien!) ¿Es que los
miembros del Gobierno del Grupo Socialista sabían lo que hacía la
Agencia Tributaria sobre el contribuyente? (Rumores.-Aplausos.-El
señor Fernández Marugán: Usted sí lo sabe.) Señorías, yo no lo sé ni
lo debo saber. (El señor Martínez Noval pronuncia palabras que no se
perciben.-El señor Fernández Marugán muestra recortes de prensa.) No,
señor Martínez Noval, usted lo sabía cuando era ministro y no debía
de saberlo. Y además en la Agencia Tributaria cuando usted era
ministro sucedían cosas que no debían de suceder. Perdone que se lo
diga, pero han salido en los medios de comunicación.
Por tanto, señores de la oposición...(El señor Fernández Marugán
muestra de nuevo recortes de prensa.)
El señor PRESIDENTE: No, señor Fernández Marugán, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GO-BIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA (De Rato Figaredo): El pretender que, porque a S.S. le
conviene para un discurso político, un determinado contribuyente del
Grupo Popular o del Grupo Socialista o de cualquier otro grupo
político tiene que ser juzgado por ustedes en razón de que ustedes
saben lo que hace la Agencia Tributaria, es una locura. (El señor
Eguiagaray Ucelay: Lo ha dicho él.) Si S.S. cree que tiene base para
actuar jurídicamente, actúe, pero no quiera involucrar al Parlamento,
al Gobierno y al primer partido de la oposición en cuestiones que no
debemos conocer. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON PABLO MARCIAL IZQUIERDO JUÁREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA PROPUESTA FORMULADA POR ESPAÑA PARA
LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA? (Número de expediente 180/
001986.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta que con el número 13 formula al
Gobierno el diputado don Pablo Marcial Izquierdo Juárez, del Grupo
Popular.
Señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Cambiando de tema me voy a permitir, señorías, citar a Saramago.
Decía Saramago: Tenemos un mundo de mente poderosa, de manos
prodigiosas y de corazón raquítico, por eso las razones del corazón
no se hacen oír. Por eso es más fácil, decía Saramago, llegar a Marte
que a nuestros propios semejantes. (El señor vicepresidente,
Fernández- Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Señorías, el problema de la deuda externa de los países pobres es un
tema complejo, tiene implicaciones económicas, sociales, jurídicas,
políticas y también éticas. La deuda externa de los países en
desarrollo se cifra en 2.100 billones de dólares, de éstos, 232
billones de dólares corresponden a los países pobres más endeudados.
La cantidad pagada cada año por el servicio de la deuda asciende a
esos 200 billones de dólares, mientras que los países ricos
disminuyeron en 1997 las ayudas públicas al desarrollo a su mínimo
histórico, a 48 billones de dólares.
Las palabras de Saramago me sirven, señorías, para recordar que las
decisiones políticas se basan en prioridades y el ser humano es para
nosotros, para el Partido Popular, la primera de esas prioridades. En
este sentido, hablando de prioridades y de decisiones políticas, y a
diferencia de los países de nuestro entorno, en la última legislatura
España ha aumentado su ayuda al desarrollo en más de 104.000 millones
de pesetas; estamos por encima de la media de los países del CAD,
somos el duodécimo donante del mundo, incluso por encima de países
con mayor renta per cápita. España también ha aumentado en un 190 por
ciento la condonación de deuda, más de 49.000 millones de pesetas en
cuatro años frente a los sólo 16.000 millones de la anterior
legislatura. La iniciativa del Gobierno, señor vicepresidente, para
convertir la deuda en programas de desarrollo está siendo seguida por
otros países y apoyada por las organizaciones sociales.
Señor vicepresidente, el problema de la deuda externa ha recibido un
notable impulso en el pasado mes de septiembre durante la reunión del
FMI en Washington. ¿Qué valoración hace el Gobierno de la propuesta
formulada por España para la condonación de la deuda externa?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Izquierdo.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias,
señor diputado.
Efectivamente, el alivio de la deuda a los países más pobres ha sido
una política prioritaria de este Gobierno y de hecho España en los
últimos tres años ha incrementado en un 190 por ciento las cantidades
condonadas a los países más pobres en relación con las condonaciones
de deuda que se realizaron en la anterior legislatura. Además hemos
participado activamente en foros internacionales donde se ha debatido
la cuestión de la iniciativa HIPC, a la que ha hecho referencia S.S.,
y que apareció impulsada por primera vez en 1996.
En ese sentido, tengo que recordar que recientemente, en el Consejo
de Colonia, España insistió en la necesidad de que hubiera una
posición unánime de los países miembros de la Unión Europea sobre
esta cuestión y asimismo hemos transmitido nuestra posición favorable
a lallamada iniciativa HIPC reforzada, que está siendo debatida en
estos momentos en los foros internacionales.
Con respecto a ésta, que es a la que se refiere S.S., según entiendo,
el coste de la iniciativa supondría para España unos 830 millones de
dólares, de los cuales ya hemos aportado una financiación de unos 100
millones de dólares, 55 en aportaciones bilaterales, es decir,
relacionadas con el Club de París, y el resto en aportaciones
multilaterales a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional, así como de las ayudas que hemos realizado por causa
del huracán Mitch en Centroamérica. En este sentido, las aportaciones
adicionales que tendríamos que realizar para cumplir con la
condonación de la deuda a los países más endeudados sería
aproximadamente de unos 730 millones de dólares, de los cuales a
través del Club de París estaríamos condonando el 90 por ciento de la
deuda comercial y el cien por cien de la deuda concesional. Esto
supondría unos 600 millones de dólares y una condonación de la deuda
multilateral, a través de las organizaciones multilaterales, de unos
130 millones de dólares. Creo que las propuestas que España ha
realizado para que esta condonación de deuda esté unida a los
esfuerzos que realicen los Estados en la mejora de vida de sus
ciudadanos y a la colaboración del sector privado, especialmente de
las ONG en la aplicación de estos fondos, así como la necesidad de
mantener una nueva financiación en las organizaciones multilaterales
que permita la continuidad de la ayuda financiera a los países
altamente endeudados, forman parte del conjunto de la política que
acabo de exponer.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON FERNANDO BASTARRECHE GRAVALOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUÉ INFORMACIÓN PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO A LA CÁMARA
SOBRE EL ACUERDO ALCANZADO CON LAS ONG SOBRE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
PARA FINES SOCIALES DEL IRPF? (Número de expediente 180/001987.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
14 que formula don Fernando Bastarreche, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Bastarreche.
El señor BASTARRECHE GRAVALOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno, es un hecho indiscutible
que las ONG son un elemento clave en la vertebración de la sociedad
civil española. Esta importancia va más allá de la promoción de
valores y de la ayuda de legítimas aspiraciones sociales puesto que
también se han convertido en un importante motor en la creación de
empleo.
Su labor solidaria en el ámbito local da respuesta a nuevas demandas
sociales de los servicios de proximidad y, por tanto, se convierten
en un trabajo necesario, pero su pujanza trasciende también fuera de
nuestras fronteras, ocupando un lugar determinante en la atención de
colectivos desfavorecidos, en el campo de los servicios sociales y en
la ayuda humanitaria. Estos movimientos solidarios han calado tanto
en nuestra población que cada día aumenta más el número de españoles
y españolas que pasan a engrosar las actividades de voluntariado.
Este grupo reconoce y valora las acciones que desarrollan y por ello
sostiene que las administraciones públicas deben impulsarlas. Del
mismo modo, señor vicepresidente, reconocemos la sensibilidad del
Gobierno por el fomento del diálogo con estas organizaciones y el
reconocimiento de su extraordinaria labor social. El reconocimiento
de este diálogo ha quedado reflejado ya en los Presupuestos Generales
del Estado con la inclusión de una importante novedad que supone la
asignación de cantidades a fines sociales, y todo ello como
consecuencia del acuerdo alcanzado entre las ONG y el Gobierno, por
cierto, muy valorado por todos los representantes de estas
organizaciones.
Por todo lo expuesto, señor vicepresidente: ¿Qué información puede
facilitar a esta Cámara sobre el acuerdo al que he hecho referencia,
alcanzado con las ONG sobre asignación tributaria para fines sociales
del IRPF y qué novedad representa para los presupuestos del año 2000?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Bastarreche.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias,
señor diputado.
Efectivamente, el 24 de septiembre de este mismo año, el Gobierno y
diecisiete organizaciones no gubernamentales han llegado a acuerdos
que estarán vigentes durante los años 2000, 2001 y 2002. La parte más
importante
de estos acuerdos, en mi opinión, es que, por un lado, los
contribuyentes en sus declaraciones del impuesto sobre la renta
podrán asignar el 0,5 por ciento de su cuota íntegra del impuesto a
fines sociales desarrollados por organizaciones sin ánimo de lucro
cuando elijan expresamente esta operación. Lo importante y la
modificación de esta cuestión es que esta elección del 0,5 por ciento
de su cuota íntegra será compatible con el ejercicio de la opción
también de asignar una cantidad similar a la Iglesia católica y, por
tanto, se acabará con la contraposición que hasta ahora existía. (Una
señora diputada: ¡Ya era hora!) Efectivamente.
De la parte que se asigne a las ONG, el 80 por ciento será asignado
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el resto lo será
por el Ministerio de Asuntos Exteriores, destinado a las ONG que
desarrollan su labor en el exterior.
Cuando el resultado de la aplicación de este sistema para las ONG, es
decir de la aplicación de la cuota del 0,5, no alcance la cifra de
19.000 millones de pesetas, esta cifra será en cualquier caso
aportada por el Estado, siendo la misma, para que la Cámara se haga
una idea, aproximadamente el 25 por ciento más de lo que recibieron
las ONG en el año 1995. Con esta fórmula, como al parecer respalda
alguna voz de los bancos de los parlamentarios, damos mayor libertad
a los contribuyentes, mayor capacidad de elección y, al mismo tiempo,
garantizamos una financiación constante a las ONG. Creo que esta
cuestión está perfectamente respaldada por la mayoría de la Cámara y
por la mayoría de los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON LUIS MARTÍNEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿COMO VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO,
ACEPTA QUE EL SECRETARIO GENERAL DE SU PARTIDO Y OTRAS FUERZAS
POLÍTICAS LE MODIFIQUEN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL
2000? (Número de expediente 180/001997.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
24, que formula don Luís Martínez Noval, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señor Rato: ¿Como vicepresidente del Gobierno, acepta que el
secretario general de su partido y otras fuerzas políticas le
modifiquen los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Martínez Noval.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): ¿Se refiere S.S. a enmiendas
parlamentarias o a conversaciones fuera del Parlamento?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
vicepresidente.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Me refiero a las dos cosas, empieza por una
y acaba en la primera que usted citó. Pero mire, es ya la tercera
ocasión, las anteriores fueron Baleares y Aragón, en la que ustedes
utilizan los presupuestos del Estado para doblegar voluntades
políticas. Arenas Bocanegra firmó un pacto en León y, en sus
palabras, ese pacto compromete a todos los militantes del Partido
Popular. Usted es militante del Partido Popular y está concernido,
por tanto, por esas palabras. Y, qué digo concernido, ¡las palabras
iban dirigidas a usted personalmente! Porque usted es el responsable
de los presupuestos del Estado.
Mire, señor Rato, León tiene muchos problemas, los conocemos, pero
llama la atención, entre otras cosas, el modo en que ustedes se han
aproximado a esos problemas, por dos motivos. En primer lugar, porque
parece que desconocían esos problemas hasta que se vieron en el
trance de poder perder la alcaldía y, en segundo lugar, llama la
atención también los modos y maneras usados por Arenas para conservar
esa alcaldía.
Arenas no es miembro del Gobierno, aunque es verdad que se le nombró
secretario general en un Consejo de Ministros y lo comunicó el
portavoz en rueda de prensa oficial. (Risas.) Eso es verdad. Pero
tampoco es diputado ni es senador y, no siendo miembro ni del
Ejecutivo ni del Legislativo, va por España prometiendo
y comprometiendo caudales públicos y no sin arrogancia habla de
incrementar partidas, etcétera, con el trabajo que nos cuesta a los
demás estos días casar las demandas de la sociedad con los
compromisos que lealmente queremos cumplir en la Unión Europea.
Ahora el escándalo llega al límite cuando ustedes afirman que no hay
que modificar los presupuestos, que todo está en los presupuestos.
Eso va contra la buena fe de las personas. Señor Rato, usted sabe
igual que yo que el presupuesto es el origen de la democracia
parlamentaria, cómo se ingresa, cómo se gasta. Por favor, señor Rato,
impida que el señor Arenas Bocanegra pervierta las reglas del juego
democrático. (Varios señores diputados: Muy bien.- Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracia, señor presidente.
Señor diputado, primero, los esfuerzos que S.S. va a hacer para
cuadrar el presupuesto son cero, así que no se ponga ninguna medalla.
(Risas.) Esfuerzos, S.S. habrá hecho para cuadrar otros presupuestos,
que, por
cierto, no se cuadraban. Segundo, el problema político que tiene León
es que el Partido Socialista con siete concejales impida gobernar al
Partido Popular con trece. (Rumores.) Ese es el problema que tiene
León y ese problema no se va a producir porque nadie en León quiere
que ustedes gobiernen. Por lo tanto, pueden SS.SS. descansar esta
legislatura en León sin gobernar, a ver si son capaces de ganar las
próximas elecciones. (Rumores.)
El señor Arenas, como el señor Martínez Noval -y creo que el que
conservemos las formas no está demás, señor Martínez Noval-, va por
España haciendo lo que le parece transparentemente. Es decir, el
señor Arenas, por ejemplo, ¿qué no hace? El señor Arenas, por
ejemplo, no ofrece dinero para que alguien se vaya de una moción de
censura. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Por ejemplo, ¿qué no
hace el señor Arenas? El señor Arenas no firma un documento
ofreciéndole un puesto de trabajo a un concejal de otro grupo
parlamentario para que no vote una moción de censura. (Protestas.-
Aplausos.) Por ejemplo, señor Martínez Noval, y puesto que el señor
Almunia es secretario general del partido, yo le pido a usted
formalmente que impida que en su partido se intenten esas operaciones
para evitar que mociones de censura funcionen, por ejemplo en
Sanlúcar de Barrameda. (Protestas.)
Con respecto a León, para que S.S. se vaya enterando, en los
presupuestos generales del Estado hay 26.465 millones consignados
para León de gastos que son perfectamente asimilables a León. Además,
en inversiones no regionalizadas, que serán aplicables a la provincia
de León en parte, hay 48.000 y 47.000 millones. Pero si S.S. quiere
esperar al trámite de enmiendas -según entiendo, a lo mejor como
parlamentario y portavoz de un grupo parlamentario va a renunciar a
enmendar los presupuestos, cosa con la que nos haría usted un gran
favor-, podrá comprobar que lo que a S.S. tanto le escandaliza es que
el Partido Popular le proponga a la Cámara, y veremos si la Cámara lo
mantiene, que 500 millones del presupuesto de AENA vayan al
aeropuerto de León. Tendrá S.S. ocasión de pronunciarse sobre la
trascendencia de esa decisión, incluso de votar a favor o en contra.
Seguro que S.S. con el tiempo tendrá ocasión de tragarse lo que acaba
de decir.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
vicepresidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO VALCARCE GARCÍA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ ACTUACIONES DEL PACTO DE LEÓN
CONSIDERA EL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE SON PRIORITARIAS Y, EN
CONSECUENCIA, INCORPORARÁ COMO NUEVAS INVERSIONES EN LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO DEL AÑO 2000? (Número de expediente 180/001998.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
25, que formula doña Amparo Valcarce García, del Grupo Socialista.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, del pacto de León, ¿qué
actuaciones considera el Gobierno de España que son prioritarias
además de los 500 millones para el aeropuerto de León y que, por lo
tanto, podrán incorporarse como inversiones nuevas en los
presupuestos generales del Estado del año 2000?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Como ya he tenido ocasión de decirle a
su compañero y creo que otros miembros del Gobierno y del Partido
Popular han explicado, en los presupuestos del año 2000 están
consignadas todas las obligaciones que he mencionado y la única
variación es la que acabo de indicarles. Por cierto, yo no sé si a
partir de ahora vamos a discutir aquí las decisiones que toman los
partidos políticos fuera de la Cámara (Rumores.), lo cual sería
especialmente interesante, porque ahora en la réplica se lo voy a
plantear para ver si S.S. respalda algunas decisiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
vicepresidente.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, del pacto de León, ¿qué
actuaciones considera el Gobierno de España que son prioritarias,
además de los 500 millones para el aeropuerto de León, y que, por
tanto, podrán incorporarse como inversiones nuevas en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2000?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Como ya he tenido ocasión de decirle a
su compañero, y creo que otros miembros del Gobierno y del Partido
Popular han explicado, en los presupuestos del año 2000 están
consignadas todas las obligaciones que he mencionado y la única
variación es la que acabo de mencionarles. Por cierto, no sé si a
partir de ahora vamos a discutir aquí las decisiones que
toman los partidos políticos fuera de la Cámara, lo cual sería
especialmente interesante, porque ahora, en la réplica, le voy a
plantear si respalda algunas decisiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, en el pacto de León, para el paso a nivel del
crucero se contemplan cero pesetas. Mejor dicho, en los presupuestos,
cero pesetas; en el pacto, 30.000 millones. Para la León-Benavente se
contemplan, en el proyecto de presupuestos, 2.660 millones; en el
pacto de León, 21.000 millones de pesetas. Según lo que hemos
escuchado hoy aquí todo eso es mentira, todo eso es falso. Es falso
lo que ha firmado el 9 de octubre, en León, el señor Arenas, que se
presentó a pagar por una alcaldía. ¿Ahora usted esta diciendo que lo
ha hecho con un cheque sin fondos?
Señor vicepresidente del Gobierno, no debería reservarse para la
contrarréplica si quiere que yo le responda con un compromiso. Es muy
grave faltar a la ética política en el comportamiento; le puedo
asegurar que los ciudadanos no lo van a olvidar; le puedo asegurar
que no lo van a olvidar en León ni en ningún rincón de España.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señoría, el único compromiso que le pido
y sé que no está en condiciones de darme, es que respete la voluntad
de los votantes en León. (Rumores.) Yo sé que ese compromiso no lo
puede cumplir porque su partido en León y en Castilla y León no va a
aceptar esa condición, no va aceptar que se pierdan las elecciones y
se intenten ganar después. (Continúan los rumores.)
Yo no considero ilegítimo que los miembros de su partido -uno de los
miembros de su partido en León se levanta y se marcha -quieran
gobernar la Alcaldía de León aunque no puedan ganar las elecciones y
usted considera ilegítimo que nosotros, que hemos ganado las
elecciones, que tenemos 13 concejales frente a siete que tienen
ustedes, firmemos acuerdos públicos y S.S. dice que esos acuerdos son
falsos. Señoría, dentro de cuatro años, en las elecciones municipales
de León, trate de convencer a los leoneses, pregúnteles qué les
conviene más si el Partido Popular o el Partido Socialista. Yo le
digo ya lo que va a pasar: volverán a perder las elecciones en León,
no se preocupe. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON DIEGO LÓPEZ GARRIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTUACIONES VA A LLEVAR A CABO
EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LA SITUACIÓN DE LOS MENORES,
ESPECIALMENTE DE LOS INMIGRANTES, DENUNCIADA EN UN ESTUDIO DE
COMISIONES OBRERAS? (Número de expediente 180/001982.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno y que contestará el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales. Pregunta número 9, que formula don Diego López
Garrido, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor ministro de Trabajo, ¿qué medidas
piensa adoptar el Gobierno en relación con el trabajo ilegal de los
niños, especialmente de inmigrantes, que está recogido parcialmente
en un estudio realizado por el sindicato Comisiones Obreras referido
a Madrid, pero aplicable en sus criterios básicos al resto de nuestro
país?
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
López Garrido.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, tengo conocimiento de ese estudio de Comisiones
Obreras: Aproximación al trabajo de menores en la Comunidad de
Madrid. Como usted sabe, es un trabajo muy reciente, de finales de
septiembre, y que en estos momentos está siendo estudiado por nuestro
Ministerio. Sí le puedo decir que existe el compromiso de garantizar
plenamente en nuestro país los derechos reconocidos, tanto a nivel
nacional como supranacional, y contemplados en la Convención sobre
Derechos del Niño, de Naciones Unidas, ratificada por España el 5 de
enero de 1991. ¿Qué estamos haciendo para ello? En primer lugar,
hemos dotado en esta legislatura, y aquí quiero agradecer
especialmente el apoyo del Ministerio de Sanidad, de protección
sanitaria y cartilla a cualquier menor, independientemente de cuál
sea su situación jurídica, legal y la documentación que tengan los
padres. Hemos firmado convenios de colaboración con las comunidades
autónomas para la realización de programas dirigidos a este colectivo
y ya hay varios centros de atención infantil financiados por este
programa. Aquí es importante destacar la tarea de las ONG, a las que
hemos subvencionado; es decir, este año hemos incrementado de forma
sensible estos presupuestos, en concreto, la subvención para el año
1999 en programas dirigidos al colectivo de infancia y familia
asciende a 1.600 millones de pesetas. A inmigrantes se han dedicado
1.250
millones, de los cuales casi 100 millones se destinan a programas de
atención a menores inmigrantes.
Por ser un fenómeno nuevo que tenemos que seguir estudiando, hemos
constituido un observatorio de la infancia donde participa el
Ministerio, las comunidades autónomas, los organismos locales y las
ONG más importantes. Tranquilizo también a S. S. porque realmente el
problema del trabajo infantil es muy insignificante y de escasa
cuantía en nuestro país. Así, de las 275.000 empresas investigadas de
enero a septiembre, tan sólo se han detectado 75 casos de menores en
situación irregular. Por tanto, continuaremos este trabajo, que
considero muy positivo, y tendremos en cuenta tanto cualquier
aportación que usted pueda hacer como las del centro de atención de
menores de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor ministro, el problema no es tan pequeño
como usted señala. Por ejemplo, el lunes de esta semana leíamos en un
periódico de ámbito nacional que hay 1.500 niños al menos sin
escolarizar en la provincia de Madrid, niños que se dedican a
trabajar en lo que pueden, en un trabajo a veces legal de niños
menores de 18 años en el que se producen abusos; hay trabajos muy
peligrosos desarrollados por los niños, trabajos de mensajería,
trabajos de distribución, incluso de venta de alcohol; hay un mundo
desconocido y existe un cierto tabú para reconocer el mundo de la
preparación para el deporte de alto nivel, en el que también se
produce una cierta explotación encubierta de los niños; hay
delincuencia, droga, circuitos de prostitución, lo que podíamos
llamar chicos de la calle, fundamentalmente hijos de inmigrantes y
muchos de ellos sin siquiera familia -el estudio que usted ha citado
habla de 500 sólo en la Comunidad de Madrid-; hay menores marginados
que viven en infraviviendas, y se calcula que dos tercios de esos
niños han dejado de ir al colegio y está consolidada su no
escolaridad, el resto tiene un absentismo laboral enorme -en el
primer caso se habla de 761 casos, en el segundo de 428-; hay, sin
embargo, un trabajo de menores de 16 años absolutamente desconocido,
y probablemente sea este el gran problema. No hay control al
respecto. La inspección realiza un trabajo insuficiente y querría que
nos dijera...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor ministro de Trabajo, le advierto además que a S.S. le quedan
tan sólo 20 segundos de su tiempo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, presidente, utilizaré menos.
Señoría, comparto plenamente su preocupación, y puede contar con el
esfuerzo del Gobierno, conjuntamente con la comunidad autónoma, ONG y
organizaciones
sindicales para intentar erradicar un problema que es gravísimo, pero
repito que de 275.000 empresas inspeccionadas, tan sólo hemos
detectado 75 casos.
Comparto su preocupación, y cuente con nuestro apoyo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
- DEL DIPUTADO DON DAMIÁN CANEDA MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS HA
PLANTEADO EL GOBIERNO EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO PARA EL AÑO 2000, DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO DE LOS
COLECTIVOS CON MAYORES DIFICULTADES DE INSERCIÓN EN EL MERCADO
LABORAL? (Número de expediente 180/001988.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, que formula don Damián
Caneda Morales, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde el principio de la legislatura, para el
Gobierno del Partido Popular el empleo ha sido el problema
prioritario, y es evidente que los resultados han sido positivos. Se
ha creado mucho empleo y el marco adecuado para ello. Pero esas
decenas de miles de empleos que se están creando en este momento
todos los meses no llegan por igual a todos los colectivos. Hay
algunos colectivos, las mujeres, mayores de 45 años y discapacitados,
que presentan especiales dificultades para lograr su inserción en el
mercado de trabajo. ¿Podría decirme, por favor, qué medidas se
contemplan en los presupuestos del Estado del año 2000 para facilitar
la inserción de estos colectivos?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caneda.
Señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, presidente.
Señoría, efectivamente, esta legislatura ha sido la del empleo, y yo
creo que ha habido una auténtica obsesión legislativa y de gobierno
por facilitar la creación de empleo. Y no ha sido tan sólo por más
empleo, también ha sido por mejor empleo -y ahí están las medidas que
fomentan la estabilidad en el mismo-, y ahora tenemos un nuevo reto:
empleo para todos, es decir, que llegue a las personas que tienen más
dificultades para acceder a un puesto de trabajo.
Ya hemos hablado mucho de la desigualdad que existe todavía en el
empleo femenino, y será un colectivo específico del que tendremos que
ocuparnos intensamente: parados de larga duración, mayores de 45
años, personas
con exclusión o con riesgo de exclusión, jóvenes y personas con
discapacidad. ¿Cómo y en qué programa recogemos el apoyo a estas
medidas? En primer lugar, una iniciativa que llamamos apoyo I+G,
iniciativas locales de empleo para personas jóvenes. Las
bonificaciones se centran cada día más y casi exclusivamente en
colectivos desfavorecidos: mujeres, parados de larga duración,
algunos tipos de personas jóvenes, personas con exclusión y, como
novedad, incentivación de primer empleo si lo hace un autónomo. Hay
que destacar este año las medidas de renta activa de inserción. Es la
primera vez que los parados de larga duración mayores de 45 años van
a tener un programa específico para ellos. Todos los parados mayores
de 45 años con cargas familiares van a tener una prestación o un
empleo; pretendemos que llegue a unas 60.000 personas y para ello
hemos destinado aproximadamente 50.000 millones de pesetas, siendo
cobertura neta puesto que este colectivo no tenía ahora mismo ningún
tipo de prestación ni de ayuda. Pensamos que va a ser una de las
medidas que más van a funcionar.
Por último, quiero decirle que ha habido una auténtica explosión de
los talleres de empleo, que es una medida de política activa dirigida
a desempleados mayores y en los que la demanda supera en mucho los
programas que inicialmente teníamos previstos, por lo cual hemos
concedido un incremento presupuestario muy importante. Esta partida
crece un 50 por ciento, de 10.000 millones pasa a 15.000 millones,
con lo cual llegaremos a unas 11.500 personas.
Es decir, se trata de un amplio conjunto de políticas activas para
conseguir entre todos ese triple objetivo de más empleo, mejor empleo
y con estas medidas empleo para todos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RAMÓN COMPANYS SANFELIU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO DAR
CUMPLIMIENTO AL MANDATO QUE LE DIO LA COMISIÓN DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA DE ESTA CÁMARA EN SU SESIÓN DE 25 DE FEBRERO DE
1998, POR EL QUE SE LE INSTABA A ADECUAR LAS COTIZACIONES SOCIALES
QUE DEBEN SATISFACER LOS TRABAJADORES TEMPOREROS AGRARIOS A LOS DÍAS
DE TRABAJO EFECTIVO REALIZADOS? (Número de expediente 180/001994.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno, que contestará el señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Pregunta número 21, que formula
don Ramón Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, las personas que trabajan como temporeros en las
campañas de recolección de frutas tienen la obligación de darse de
alta en el régimen especial de la Seguridad Social. De acuerdo con el
mismo, el trabajador deberá cotizar, con independencia de los días
trabajados, una cuota mensual preestablecida. Pero si ese método es
favorable para los trabajadores que, aun estando contratados
temporalmente, desarrollan su labor de una forma continua, no lo es
para aquellos que no pueden trabajar la totalidad del mes, de tal
forma que un trabajador contratado para una semana que esté situada a
caballo entre dos meses se verá obligado a cotizar por esos dos meses
habiendo trabajado sólo seis días. En ese caso es más costosa la
aportación a la Seguridad Social que lo que ingresará por su trabajo,
provocando esa disfunción que en determinados casos, aun teniendo la
posibilidad de trabajar, no les compense e intenten hacerlo de una
forma irregular. A priori puede pensarse que es algo absolutamente
lógico, pero da la sensación de que en el Ministerio de Trabajo
encuentran muchas dificultades para solucionarlo.
A propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se
aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a
modificar la normativa a fin de que, como sucede en otros sectores,
por ejemplo en la hostelería, los trabajadores temporeros dedicados a
la recolección de frutas puedan cotizar a la Seguridad Social en
función de los días trabajados en vez de hacerlo por meses. Por
tanto, la pregunta es muy simple. Señor ministro, ¿piensa el Gobierno
cumplir con el mandato de las Cortes?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Companys.
Señor ministro de Agricultura.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Muchas gracias, señor presidente.
La pregunta que hace el señor Companys es muy clara y además explica
muy bien un problema que existe y que la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Congreso de los Diputados, mediante una
proposición no de ley, instaba al Gobierno a que lo solucionara.
Hay un deseo por parte del Gobierno , y lo declaro enfáticamente, de
seguir esa recomendación política. Ahora bien, no es un tema sencillo
porque hay dificultades objetivas. En primer lugar, se precisa una
ley que cambie esta situación que está establecida en otra ley, y no
parece que haya razones de urgencia o necesidad para hacerlo mediante
decreto-ley. Pero hay también algunas dificultades de fondo. Una
modificación en este tema, al tratar del régimen agrario de la
Seguridad Social, puede incrementar el déficit.
Es más difícil de controlar la situación de fraude, habiendo
dificultades por parte de los trabajadores, porque puede ocurrir que,
al hacerles cotizar de esta forma, las prestaciones a las que tengan
derecho queden mermadas. De todas maneras, es cierto que hay un
problema
y que hay que resolverlo. La decisión del Gobierno desde luego es
tratar de solventar este problema, pero creemos que debe ser en el
seno del Pacto de Toledo, porque es algo que afecta a los
trabajadores y, por tanto, debe ser con la intervención de los
sindicatos, la patronal y el resto de los partidos. Es en el seno del
Pacto de Toledo donde hay que buscar una solución a este problema
que, insisto, el Gobierno quiere solventar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor ministro, muchas gracias por su
contestación.
Lo cierto es que prácticamente han transcurrido dos años desde que se
aprobó la proposición no de ley y el tema no se ha solucionado. Yo
quiero creer que lo van a resolver; no obstante, pienso que si
realmente ese problema afectase a colectivos importantes seguramente
estaría solucionado y si no se ha solucionado es porque,
efectivamente, afecta a muy pocos trabajadores, a los más
desamparados y en muchos casos a los menos preparados. Por lo tanto,
señor ministro, como además ese tema afecta al Ministerio de
Agricultura, del cual es usted responsable, le ruego que se ponga de
acuerdo con el Ministerio de Trabajo y que den una solución en un
plazo de tiempo lo más breve posible.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro, le quedan 36 segundos a su señoría.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Muchas gracias, señor presidente.
Sólo quiero decirle que no es en absoluto porque afecte a pocos
trabajadores, sean éstos desvalidos o personas que tienen menos
derechos. Muy al contrario, eso nos incita más a resolver ese
problema.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JORDI JANÉ I GUASCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ ACTUACIONES HA LLEVADO EL
GOBIERNO PARA CREAR, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, UNA COMISIÓN
ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES, EN CUMPLIMIENTO DE LA MOCIÓN
APROBADA POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL 20 DE ABRIL DE 1999?
(Número de expediente 180/001995.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
22, que formula don Jordi Jané, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado 20 de abril este Pleno aprobó una moción
con un texto propuesto por Convergència i Unió en la que, entre otros
aspectos, se instaba al Gobierno a crear en el ámbito de sus
competencias una comisión estatal de protección de los animales. Hoy
precisamente se cumple medio año desde esa aprobación y, por tanto,
le pregunto qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno para crear
la mencionada comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Gracias, señor presidente.
Le voy a responder muy sucintamente y si posteriormente me vuelve a
preguntar, en la réplica ampliaré mi contestación.
Este Gobierno está estudiando un anteproyecto de ley de protección y
bienestar de los animales, en donde se encuadraría esa comisión
estatal de protección de los animales. Este anteproyecto -luego
tendré ocasión de hablar de ello -está avanzado, habiéndose mantenido
contacto con todos los sectores. Aparte de ello, en el ámbito del
Ministerio de Agricultura se ha creado un grupo de trabajo específico
de coordinación del bienestar animal, el cual está compuesto por
representantes del Ministerio y de las comunidades autónomas y tiene
por objeto coordinar esta legislación. Está estudiando la legislación
actual, por ejemplo la que hay en la Comunidad Autónoma catalana,
donde existe una ley de este tipo, se ha reunido en cuatro ocasiones
y yo creo que está trabajando con intensidad en este tema.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor ministro, muchas gracias por su
respuesta y gracias también por su sensibilidad.
En el ámbito de la protección de los animales, señor ministro, toda
sensibilidad es poca y yo creo que es necesaria la comisión que se
preveía en esa moción. Aplaudo que se esté incluyendo ya en un futuro
proyecto de ley; lo que pasa, señor ministro, es que la podríamos
concebir también por un decreto, puesto que no necesariamente esa
comisión debe crearse por una ley. Celebro que dentro de las
previsiones esté el crear esa comisión y repito que debemos aunar
esfuerzos para fijar unas condiciones de tenencia de los animales,
establecer medidas contra el abandono y el sacrificio de los animales
e incluso contra los experimentos y determinadas operaciones
quirúrgicas que atentan cruelmente contra ellos.
Repito que es necesaria esa sensibilidad social, es necesario que se
cree cuanto antes la comisión y nuestro
grupo aplaudiría que se hiciera por vía reglamentaria. Esta
comisión debería circunscribirse al ámbito de las competencias que
tiene la Administración general del Estado, respetando las
competencias autonómicas. Usted sabe que Cataluña tiene una especial
sensibilidad, dado que nuestro Parlamento fue el primero que legisló
sobre protección de animales.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Jané.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Muchas gracias, señor presidente.
Contemplaremos esa propuesta que hace el señor diputado de hacerlo
reglamentariamente. La idea imperante ahora mismo es hacerlo a través
de un proyecto de ley que, como decía antes, se ha consultado con las
cinco o seis asociaciones de protección de los animales más
representativas y con el Ministerio de Administraciones Públicas.
En lo que sí coincido es en la idea que debe presidir esa comisión,
bien mediante un proyecto, bien mediante un decreto, que dé respuesta
a una sensibilidad de los ciudadanos sobre este aspecto, que existe y
que desde los poderes públicos debe ser impulsada.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ MORA DEVIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUÉ PLAZO PREVÉ
EL GOBIERNO QUE EL PROGRAMA DE INFORMATIZACIÓN Y ACCESO TELEMÁTICO
DEL REGISTRO MERCANTIL SE CUMPLA? (Número de expediente 180/001991.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno y que contestará la señora ministra de
Justicia. Pregunta número 18, que formula doña María José Mora Devís,
del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Mora.
La señora MORA DEVIS: Muchas gracias, señor presidente.
La importancia de la publicidad registral en nuestro ordenamiento
jurídico, basada en el principio general del derecho prior tempore,
potior iure, es indiscutible. A su vez, el Registro Mercantil siempre
debe procurar un buen servicio al principio constitucional de
seguridad jurídica, consagrado en el artículo 24 de nuestra
Constitución.
El programa de informatización del Registro Mercantil es esperado
tanto por las empresas, para salvaguardar, con la máxima agilidad, la
seguridad del tráficomercantil, como por usuarios con carácter
particular,
fedatarios públicos, abogados, profesionales entre otros, quienes
para recabar información han de desplazarse hasta las sedes de los
registros mercantiles.
Por todo ello, señora ministra, le pregunto: ¿En qué plazo prevé el
Gobierno que se cumpla el programa de informatización y acceso
telemático del Registro Mercantil?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Mora.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, procurando ese buen servicio al que S.S. ha hecho mención en
su pregunta, la instrucción de 26 de mayo de 1999 de la Dirección
General de los Registros y del Notariado sobre presentación de las
cuentas anuales en los registros mercantiles, mediante soporte
informático y sobre recuperación de sus archivos, en desarrollo del
artículo 12 del reglamento del Registro Mercantil, se ha puesto en
vigor y su incorporación a las respectivas bases de datos, formando
una red entre todos los registradores, a efectos de que se pueda
solicitar y obtener, por vía telemática, la publicidad formal.
Precisamente en este mes se pondrá en funcionamiento esta nueva red
de informatización conforme a lo preceptuado, se han redactado otras
normas sobre presentación y soporte informático del depósito de
cuentas y se está estudiando la utilización de la firma electrónica
dentro de este especial ámbito.
Insisto, señoría, dentro de este mes esa respuesta informática se
encontrará en vigor.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON ALVARO CUESTA MARTÍNEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿PUEDE INFORMAR EL
GOBIERNO QUÉ ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
ENCARGÓ EL INFORME EN EL QUE SE APOYÓ LA DENUNCIA DEL SEÑOR CAPMANY
Y OTROS EN EL LLAMADO ASUNTO SOGECABLE? (Número de expediente 180/
001999.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
26, que formula don Álvaro Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Después de afirmar su fe en la justicia, un ilustre jurista italiano
afirmó: Nadie está libre de que en su destino se cruce un juez
facineroso.
Señora ministra, un juez que intentó meter en la cárcel a los
discrepantes acaba de ser condenado por delito de prevaricación
continuada. El juez ha sido declarado culpable, pero ni el fiscal
general ni el Gobierno son inocentes; más bien son indecentes.
Dice un refrán popular: Las armas las carga el diablo. ¿Qué miembro
del Gobierno cargó la mano prevaricadora del juez Gómez de Liaño en
el asunto Sogecable?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Aun cuando su pregunta no se ajusta a la formulada con anterioridad,
no tengo ningún inconveniente en contestarle a S.S., porque como ya
conoce, no es la primera vez que se contesta a una pregunta de esta
naturaleza y exactamente igual que el 26 de mayo de 1997, el 17 de
septiembre de 1997, el 8 de octubre de 1997 y, finalmente, en julio
de 1998 y también por escrito.
Señoría, no existe ningún informe al que se refiere su pregunta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, su respuesta no es nueva. Estamos siempre en las
evasiones y algo más grave, en los encubrimientos de una conducta
prevaricadora. En la relación de hechos probados de la sentencia del
Tribunal Supremo en la que se condena al juez Gómez de Liaño, se
habla de un informe hecho por los señores Escolar, Gerardo Ortega y
Ramón Tamames que sirvió de base para ese comportamiento y esas
denuncias. Pero es que el decano del colegio de economistas de
Madrid, señor Ortega, ha declarado, y consta también, haberlo hecho
por orden y a instancias de un secretario de Estado, por orden de un
alto miembro del Gobierno.
Estamos, señora ministra, señor presidente, ante el caso más grave,
más escandaloso de intento de manipular la justicia en España, de
intento de dirigirla contra el discrepante, de intento de cercenar
los derechos fundamentales de la Constitución y la libertad de
expresión, estamos ante el auténtico rostro autoritario del Gobierno.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
diputado, le rogaría que S.S. no jugase con fuego porque se puede
quemar. (Un señor diputado: Es una amenaza.) Es tremendo que S.S.
diga aquí que estamos ante la manipulación más tremenda
de la justicia y que provenga de esos bancos. Señoría, no ha existido
ningún informe encargado por ningún secretario de Estado ni por
ningún alto cargo del Gobierno.
Sus señorías están reiterando lo mismo continuamente, porque creen
que a base de repetir una mentira ésta se termina convirtiendo en
verdad y eso ocurría en épocas pretéritas, pero ya no; ya es un
discurso que está demasiado visto.
Le ruego a S.S. que si tiene alguna prueba de lo que dice la ponga a
disposición de quien tiene facultades para actuar, porque la prueba
diabólica de demostrar que uno es inocente hace también mucho tiempo
que dejó de existir en un Estado de derecho.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JORDI PEDRET I GRENZNER, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE
POLÍTICA CRIMINAL DEL GOBIERNO RESPECTO A LOS DELITOS DE
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE LAS PERSONAS Y
EN QUÉ INSTRUCCIONES AL MINISTERIO FISCAL SE HAN PLASMADO? (Número de
expediente 180/002005.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
Pregunta número 32 que formula don Jordi Pedret, del Grupo
Socialista.
Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Justicia, ¿cuáles son los criterios de política
criminal del Gobierno respecto a los delitos de discriminación por
razón de orientación sexual de las personas y en qué instrucciones al
ministerio fiscal se han plasmado?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Pedret.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Los criterios de política criminal no pueden ser otros que los
regulados en el Código Penal, es decir, los artículos 510 a 512.
Respecto a instrucciones, S.S. sabe que el Gobierno no puede dar
instrucciones al ministerio fiscal, por tanto, no ha existido ninguna
instrucción.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
Señor Pedret.
El señor PEDRET GRENZNER: Gracias, señor presidente.
El Gobierno no puede dar instrucciones particulares al ministerio
fiscal, el ministerio fiscal es el instrumento de la política
criminal del Gobierno. No puede decir
S.S., porque falta al respeto intelectual del conjunto de la Cámara,
que el Gobierno tiene como política criminal el cumplimiento del
Código Penal. Sabe S.S. que el cumplimiento del Código Penal es la
exigencia mínima de cualquier ciudadano, pero el Gobierno tiene la
responsabilidad de tener una política criminal respecto a todos los
delitos y, especialmente, a aquellos que atentan a la igualdad de las
personas.
Señora ministra, ayer y anteayer hemos aprendido en la comparecencia
del fiscal general que la Fiscalía del Estado o del Gobierno, como
prefiere decir mi compañero Juan Alberto Belloch, no tiene ningún
tipo de política, no dicta instrucciones ni circulares, no hace más
que publicar memorias dirigidas al Gobierno de Su Majestad que llegan
al cabo de varios meses a esta Cámara. En cambio, los fiscales que
están dependiendo jerárquicamente del fiscal general del Estado sí
actúan y sí se expresan. A través de esto se entiende cuál es la
política del ministerio fiscal.
El día 6 de octubre corriente, en el Juzgado de Instrucción número 6
de Sabadell asistimos al bochornoso espectáculo de un representante
del ministerio fiscal solicitando la absolución de una persona
acusada de cometer un delito contra el 512 del Código Penal por haber
expulsado de la discoteca de su propiedad, o de la que era gerente, a
dos personas por razón de su condición de homosexuales, argumentando
el ministerio fiscal dos cosas enormemente graves, una de ellas, que
no existía delito porque no había lesiones graves contra los
homosexuales, ¡faltaría más!, y otra, que todo el mundo, en
contradicción directa con lo que dice el artículo 512 del Código
Penal, puede hacer de su capa un sayo y puede sacar de su casa a
quien quiera, porque tiene un derecho implícito de reserva de
admisión.
Esto, señoría, es absolutamente contrario a la igualdad de las
personas, es absolutamente contrario al espíritu y a la letra del
Código Penal, es absolutamente contrario al mínimo respeto a la
igualdad y a la obligación que tiene el Gobierno, en criterio de
política criminal o en cualquier otro, de acuerdo con lo que dice el
artículo 9.2 de la Constitución española, de remover los obstáculos
que se oponen a la igualdad de las personas. Háganlo, señores del
Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Pedret.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, realmente no deja de extrañarme el que sigan trayendo casos
concretos judiciales a que los debatamos en ambiente parlamentario.
Su señoría hace referencia a un asunto seguido en el Juzgado número 6
de Sabadell, del que S.S. debe tener mucha noticia, pero le puedo
asegurar que yo no estaba en ese juicio. No sé lo que ocurrió en ese
juicio.
Si S.S. tuviera a bien ponerme por escrito cuál fue la actuación del
ministerio fiscal, que es digna de una corrección por parte de la
Fiscalía General, tal vez
podríamos adelantar algo en lo que es una buena administración de
justicia.
De cualquier manera, señoría, su pregunta le ha traicionado. Usted
cree que el Gobierno puede dar instrucciones al ministerio fiscal, y
esa es la realidad de cómo SS.SS. entienden qué es el ministerio
fiscal y el fiscal general del Estado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS SANJUÁN DE LA ROCHA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUIÉNES, ADEMÁS DE LOS
DELINCUENTES, SON LOS RESPONSABLES DE QUE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO ESTÉN DESBORDADOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA POR
EL INCREMENTO DE LOS DELITOS Y LA GRAVEDAD DE LOS MISMOS, SEGÚN HA
RECONOCIDO EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA? (Número de
expediente 180/002000.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno, que contestará el señor ministro de Interior.
Pregunta número 27, que formula don Carlos Sanjuán de la Rocha, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Sanjuán.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro del Interior, durante el pasado año y en lo que
llevamos del actual se han producido en Málaga una serie de hechos
delictivos que han generado una cierta situación de inseguridad
ciudadana en la población, situación que se ha visto incrementada
ante las declaraciones del delegado del Gobierno, que vino a decir
que la policía se encontraba desbordada ante esta serie de hechos
criminales. Por eso le preguntamos quiénes, además de los
delincuentes, son los responsables de que los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado estén desbordados en la provincia de Málaga por
el incremento de los delitos y la gravedad de los mismos, según ha
reconocido o manifestado el delegado del Gobierno en Andalucía.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Sanjuán.
Señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Sí, señor presidente.
Más allá de la literalidad de las palabras del delegado del Gobierno
lo relevante, lo preocupante, es que el Gobierno sin duda comparte la
preocupación por la acumulación de un conjunto de acontecimientos en
muy pocos meses, pero en modo alguno comparte que la evolución, es
decir, la tendencia en el año 1999 significa
un retroceso a la hora de combatir la criminalidad en Málaga.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señor Sanjuán.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Gracias, señor ministro, pero no
entiendo nada, porque si los hechos no contradicen una realidad, no
puedo entender que el delegado del Gobierno diga que el Gobierno no
puede controlar la situación de la delincuencia en Málaga, que la
policía está desbordada, porque eso es exactamente lo que ha dicho,
y, desgraciadamente, no es sólo él, es que ha habido otra serie de
declaraciones, una detrás de otra, a cual diríamos más inconveniente
o más torpe para generar una imagen de inseguridad, que es lo último
que queremos que exista en nuestra provincia los representantes de
Málaga.
Nosotros actuamos con absoluta prudencia en este tema, y queremos que
el Gobierno y sus responsables políticos actúen con la misma
prudencia. Si la policía está desbordada en Málaga es o porque está
mal coordinada, o porque carece de medios, o porque no está motivada,
y en cualquiera de esos hechos, si cualquiera de esas circunstancias
existen, el responsable es el Gobierno, el responsable es
directamente el delegado del Gobierno, que manifiesta que la policía
está desbordada por una serie de acontecimientos. Él es el
responsable en cuanto que tiene la responsabilidad de dirigir a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y le debería S.S. exigir
esa responsabilidad al delegado del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sanjuán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor
presidente.
Señoría, le agradezco que comparta con el Gobierno la preocupación,
la inquietud ante los 10 asesinatos que ciertamente se han producido
en los últimos meses, pero para responderle exactamente sobre el
grado de desbordamiento en el que dicen algunos que puede encontrarse
la policía, no hay nada mejor que, en vez de atenerse a
declaraciones, atenerse a datos y a cifras concretas en el año 1999.
Yo quiero decirle que en este año 1999 la delincuencia, hasta el mes
de octubre, ha descendido un 3 por ciento respecto del año pasado, y
que la cifra de homicidios que se han producido en la provincia de
Málaga en este trienio, es decir, 1997, 1998 y 1999, es de 110; esto
es, 12 menos que en el trienio anterior, en el que fueron 122. En
este año se han producido exactamente 12 crímenes menos que en el año
1995, u 8 crímenes menos que en el ejercicio 1998. Con lo cual quiero
decir que se puede hablar de preocupación, de inquietud social en
función de una acumulación de acontecimientosdelictivos en pocos días
o en pocas semanas
en Málaga, pero en modo alguno ello responde a lo que puede
significar una evolución al alza de la criminalidad, singularmente en
los delitos más graves, como pueden ser homicidios y asesinatos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL
GOBIERNO ANTE LA FALTA DE COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA
ADUANERA Y LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN RELACIÓN
AL CASO DE LAUREANO OUBIÑA? (Número de expediente 180/002001.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
28, que formula don Juan Belloch Julbe, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Juan Alberto. Muchas gracias.
Señor ministro, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno ante los
problemas de coordinación que ha manifestado el caso de Laureano
Oubiña?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Belloch.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Sí, señor presidente.
Permítame, señor diputado, que ante este hecho, más que hablar de
falta de coordinación, ponga el acento en la brillante operación del
Servicio de Vigilancia Aduanera que permitió incautar, el día 1 de
octubre, 15 toneladas de hachís e hizo posible la detención de 17
personas, produciendo una de las operaciones policiales contra el
narcotráfico más importante de los últimos años.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias.
Desde luego, nuestro grupo comparte esos aspectos positivos de la
operación y se satisface, como el propio Gobierno, de esos aspectos
positivos; pero usted, señor ministro, sabe que la operación tiene un
agujero negro; agujero negro que es la huida del narcotraficante
Oubiña. Ése es un agujero difícil de justificar en términos
policiales, administrativos, judiciales o políticos.
Me consta que es difícil resolver los problemas de coordinación; pero
es cierto que cuando se produce un hecho tan grave y que ha producido
tal alarma social, cree nuestro grupo que el Gobierno tiene dos
obligaciones: informar de manera objetiva y exhaustiva sobre
lo ocurrido y depurar, en su caso, las responsabilidades políticas
derivadas de ese error de coordinación, y hasta ahora, en nuestra
opinión, el Gobierno no lo ha hecho. Hasta ahora lo que ha hecho ha
sido tirar balones fuera, lo clásico de acusar al juez, o decir que
la culpa la tiene el juez, y a veces, incluso, echar balones dentro,
porque el delegado del Gobierno más bien dejó claro que el
responsable era el Servicio de Vigilancia Aduanera, que cuando sólo
era la Policía y la Guardia Civil las que llevaban estos casos, estas
cosas no ocurrían.
Nosotros pensamos que el delegado del Gobierno, aunque quizá no de
manera prudente, ha puesto el dedo en la llaga de la cuestión. Se ha
complicado el problema del Servicio de Vigilancia Aduanera. Durante
su mandato, señor ministro, ha habido dos acontecimientos que, desde
nuestro punto de vista, son otros tantos goles a la línea de
flotación del Ministerio del Interior: uno el dado por su compañero,
señor Rato, que, aprovechando ese trámite, que no sólo perjudica a la
oposición, sino veo que también al Ministerio del Interior, es decir,
la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 1998, incrementó las
competencias del Servicio de Vigilancia Aduanera; introdujo ese
servicio en el mercado, de por sí competitivo y difícil, de la lucha
contra el narcotráfico. El segundo gol, lo puso, cómo no, el fiscal
general del Gobierno, señor Cardenal, que siempre que hay un desastre
procura poner su grano de arena, e hizo una instrucción en abril de
este año en la cual se le reconocía su carácter de policía judicial.
El resultado es muy claro: hasta esos momentos el Servicio de
Vigilancia Aduanera, cuando llegaba el momento de la aprehensión de
la droga o de la detención de los narcotraficantes acudía la Policía
y la Guardia Civil y las cosas salían bien y, sin embargo, a partir
de ese crecimiento, de esa autonomía se ha producido este error.
Ya sé que si eso se corrige no se evitarán absolutamente los
problemas de coordinación; pero estoy convencido de que si el
Ministerio del Interior asume plenamente la responsabilidad política
de coordinarlos evitaremos lo que ha ocurrido.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, dos
aproximaciones: una concreta al hecho, y una reflexión general, ya
que usted ha introducido una cuestión de coordinación global entre el
Seva y el Ministerio del Interior.
La aproximación concreta es que la operación fue encomendada
directamente al Seva, a los servicios del Ministerio de Economía y
Hacienda, por el Juzgado Central de Instrucción número 6, que lo
realizó con la supervisión de la fiscalía especial para prevención de
tráfico. No hay nada más que decir en ese sentido por parte del
Ministerio del Interior, y la operación la completó el Seva.
Como reflexión general, usted conoce mejor que nadie las dificultades
de producir la máxima coordinación cuando existen varios servicios,
que siempre es un
reto, un objetivo, algo deseado. Pero, al mismo tiempo, usted también
sabrá y sabe que la experiencia nos dicta que la discreción en una
investigación de carácter policial constituye un elemento
absolutamente esencial para alcanzar los objetivos definidos, y es
preciso siempre encontrar un equilibrio entre la búsqueda de la
coordinación y, al mismo tiempo, la seguridad de la discreción. Yo
conozco muchos más casos, señoría, en donde la indiscreción ha
limitado una actuación policial más que estrictamente la
descoordinación, y conozco muchos más casos en los que el déficit de
información de un cuerpo y la falta de confianza en él ha sido mucho
más determinante que el término coordinación, que viene a ser como
una especie de lugar común para explicar ciertas cuestiones, y no
seré yo quien limite la confianza en el Seva, aunque al final haya
producido algo que evidentemente no ha servido para redondear una
operación brillante.
Me va a permitir que vuelva a poner el acento en el balance global en
la lucha contra el narcotráfico en España, y lo relevante no es que
lo haga el Seva, el Ministerio del Interior, la Guardia Civil, o el
Cuerpo Nacional, lo importante es que siga la tendencia creciente en
la que estamos de detención de narcotraficantes, de volumen de droga
decomisado y de eliminación de tramas. Eso es al final lo único
relevante e importante para el Ministerio del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA EVA MARÍA AMADOR GUILLÉN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
ACTUACIONES HA PUESTO EN MARCHA EL GOBIERNO PARA DIFUNDIR EL
CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA?
(Número de expediente 180/001993.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno y que contestará el señor ministro de Educación
y Cultura.
Pregunta número 20, que formula doña Eva Amador Guillén, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señora Amador.
La señora AMADOR GUILLÉN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Educación y Cultura, los derechos humanos recogidos
en la Constitución española se presentan como objetivos
fundamentales. A medida que hemos ido evolucionando hacia formas de
Estado social de derecho estos han ido enriqueciendo su significado,
pasando de ser una simple garantía de libertades individuales a ser
un conjunto de fines que dirigen la acción positiva del Estado. A
esta evolución contribuyó decisivamente la Declaración Universal de
Derechos Humanos promovida por Naciones Unidas, cuyo 50 aniversario
acabamos de celebrar. Se hace, pues, necesario que los poderes
públicos promuevan efectivamente
las condiciones de igualdad y libertad entre los ciudadanos,
ejerciendo una interpretación y una adaptación, no sólo aplicada en
los ordenamientos jurídicos y constitucionales, sino también en
nuestro sistema educativo.
Si tenemos en cuenta que un importante número de personas de
distintas culturas han elegido vivir en nuestro país y educar aquí a
sus hijos, y la existencia de minorías étnicas y culturales, es
necesario velar por la atención de una política de defensa de los
derechos humanos atendiendo a los principios de igualdad de
oportunidades y de preservación de valores culturales de origen. Por
ello le formulo, señor ministro, la siguiente pregunta: ¿Qué
actuaciones ha puesto en marcha el Gobierno para difundir el
conocimiento de los derechos humanos en los centros de enseñanza?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amador.
Señor ministro de Educación y Cultura.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.
Señora Amador, la difusión del conocimiento de los derechos humanos
se lleva a cabo fundamentalmente a través de actividades encuadradas
en el marco del Convenio firmado entre el Ministerio de Educación y
Cultura, el de Trabajo y Asuntos Sociales, la Ceapa y la Concapa.
Fruto de este convenio puedo destacar las actividades siguientes: en
todos los centros educativos se celebra el día 10 de diciembre el Día
de los Derechos Humanos; se ha elaborado una colección de carteles
sensibilizadores que reflejan el espíritu de todos y cada uno de los
principios recogidos en la Declaración Universal, y que como tales
tengan virtualidad educativa; también hemos creado en Internet una
página relativa a los derecho humanos y hemos elaborado una guía
didáctica denominada Cincuenta años de derechos humanos, con el fin
de que profesores, alumnos y padres conozcan el significado
e implicaciones de la Declaración Universal.
Por otro lado, muchas de las actividades que se llevan a cabo en el
Ministerio de Educación y Cultura están dirigidas a asegurar el
cumplimiento de los derechos humanos contemplados en la citada
declaración. En este sentido, el Ministerio desarrolla acciones
dirigidas específicamente a conseguir la integración social y
educativa del alumnado perteneciente a grupos culturales minoritarios
que, en general, pertenecen a sectores sociales desfavorecidos y que
se encuentran en situación evidente de marginación social en muchos
casos, hecho que pone a este alumnado en situación de desventaja ante
el sistema educativo. Por esta razón, la atención a las necesidades
educativas del alumnado gitano e inmigrante se realiza desde la
perspectiva de una política de defensa de los derechos humanos,
atendiendo a los principios de igualdad de oportunidades y de
preservación de los valores culturales de origen. Así, las
actuaciones que realizamos en el marco del programa Educación
compensatoria se dirigen a la consecución de unos objetivos muy
claros.En primer lugar, mejorar la integración escolar y social
del alumnado perteneciente a minorías étnicas y culturales. En
segundo lugar, incrementar sus expectativas de promoción, escolar y
social, y disminuir los factores de desarraigo cultural. Y en tercero
y último lugar, prevenir las actuaciones segregadoras de que puedan
ser objeto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN LEGUINA HERRÁN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ HA OCURRIDO CON EL CUADRO EL
BAÑO DEL CABALLO, DE JOAQUÍN SOROLLA, QUE ESTÁ DEPOSITADO EN EL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL? (Número de expediente
180/002002.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
29, que formula don Salvador Clotas, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Clotas.
El señor CLOTAS I CIERCO: Muchas gracias, señor presidente. Señor
ministro de Educación y Cultura ¿qué ha ocurrido con el cuadro de
Joaquín Sorolla El baño del caballo, depositado en el Instituto del
Patrimonio Histórico Español?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Clotas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): Según me dicen
mis servicios, el cuadro El baño del caballo, de Joaquín Sorolla, fue
sometido a un proceso de restauración en el Instituto del Patrimonio
Histórico. Finalizado dicho proceso, y estando el cuadro pendiente de
su devolución al Museo Sorolla, se produjo un hecho fortuito como
consecuencia de una tormenta que causó desperfectos en el lienzo. Ya
se han tomado las medidas oportunas para su restauración, y esperamos
que en el plazo máximo de dos meses el cuadro pueda ser contemplado
de nuevo en el Museo Sorolla.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Clotas.
El señor CLOTAS I CIERCO: Gracias, señor presidente.
Como yo me temía, señor ministro, usted considera que esto es un
hecho fortuito o un accidente aislado, pero eso está lejos de la
realidad. Si le formulamos la pregunta es porque es un hecho
significativo de muchas cosas. En primer lugar, usted ha omitido
algún detalle: que el cuadro llevaba ya varios meses restaurado
y permanecía en un pasillo el día de autos, con una ventana abierta y
con una tormenta, lo cual facilitaba el
accidente que ocurrió; que después de restaurado de nuevo pasó otra
temporada en ese pasillo. Además, señor ministro, usted ha omitido la
situación del Instituto de Restauración.
Seguramente usted desconoce que hasta setenta técnicos de la casa
pidieron por carta la dimisión de la directora general. Usted sabe
que se ha burocratizado el Instituto, que no tiene ya programas de
investigación, que los almacenes son insuficientes y que hay un
deterioro generalizado que es el que ha producido ese accidente nada
fortuito, y eso es resultado de la política que ustedes han
practicado, una política de muchos tambores para que el señor Aznar
inaugure la compra de un cuadro en un museo, pero la realidad que va
por debajo es muy distinta, como la que nos indica este accidente.
Le voy a decir un cosa que a lo mejor usted la ignora, señor
ministro. El programa de conservación y restauración es el que menos
ejecución tuvo en 1998, exactamente el 79 por ciento, pero es que en
los presupuestos que vamos a aprobar dentro de unos días, es el
programa que ustedes han reducido más. Por tanto, les interesa poco
esa política. ¿Qué ocurre, señor ministro? Que ustedes, el Gobierno
de la nación, no tiene ya esas competencias, están en las comunidades
autónomas. Por tanto, ¿cuál es el sentido de ese Instituto? El
sentido profundo de ese Instituto es su prestigio científico, y su
prestigio científico no se sustenta con accidentes como este.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.
Ha dicho el señor Clotas que lo que se ha producido con el cuadro El
baño del caballo no es un hecho fortuito. ¿Insinúa usted que ha sido
algo que alguien de manera voluntaria ha realizado? Si es así le
ruego que lo ponga en mi conocimiento, porque en ese caso sí que me
vería obligado a tomar medidas, porque si no sería ciertamente un
irresponsable.
En segundo lugar, ha dicho que no es un hecho aislado. ¿Ha ocurrido
en alguna otra ocasión con algún otro cuadro en el Instituto? También
le ruego que lo ponga en mi conocimiento, para que yo pueda tomar
medidas, porque si no actuaríamos ambos irresponsablemente, usted por
no informarme y yo por no actuar en consecuencia.
En tercer lugar, ha dicho que yo he omitido en mi respuesta algún
detalle. ¿Para qué me pregunta usted, si por lo visto conocía usted
más detalles que los que yo conocía y le he dado en mi respuesta? Le
veo a usted bien informado, pero curiosamente no está bien informado
de lo que pasa en el Instituto y le voy a explicar por qué, porque a
lo largo de los últimos meses está realizando una labor muy positiva
en la conservación y restauración del patrimonio, como se refleja,
por ejemplo, en el Plan de catedrales, de castillos y de arquitectura
religiosa. Pero si fuera cierto lo que usted ha dicho, el Grupo
Parlamentario Socialista en el Senado no presentaría
hace unos días una moción para que se elabore desde el Instituto un
plan de yacimientos arqueológicos grecorromanos en colaboración con
las comunidades autónomas, porque si tuvieran del Instituto un
concepto tan malo como el que usted ha manifestado, no se les hubiera
ocurrido presentar esta moción, salvo que usted no hubiese llamado al
orden al Grupo Parlamentario Socialista en el Senado para que no lo
hiciera.
En cualquier caso, señor Clotas, yo le invito a usted a que visite el
Instituto que, como usted sabe, está en el número 4 de la calle El
Greco, Ciudad Universitaria, Madrid, para que se convenza de que las
cosas no son exactamente como usted acaba de señalar aquí. Y quiero
decirle que después del hecho que se produjo, que en mi opinión fue
fortuito y aislado, se reunió el pleno del patronato y ya se han
tomado, como le he dicho al principio de mi intervención, las medidas
necesarias para que el cuadro se restaure a la mayor celeridad
posible. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
- DEL DIPUTADO DON MARIO MINGO ZAPATERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTUACIONES
VIENE REALIZANDO EL INSALUD DE CARA A MEJORAR EL TRATAMIENTO
A PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES? (Número de expediente 180/001992.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno y que contestará el señor ministro de Sanidad y
Consumo.
Pregunta número 19, que formula don Mario Mingo Zapatero, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad, la atención y el cuidado de los pacientes
con enfermedades mentales constituye todavía hoy un importante reto
para el Sistema Nacional de Salud. Tres razones, a mi juicio, avalan
la complejidad del problema. En primer lugar, la negativa repercusión
que este tipo de patología proyecta sobre el entorno familiar y
socioprofesional del enfermo. En segundo lugar, el difícil manejo de
muchos de estos pacientes, portadores de patologías de evolución
discontinua, con fases intercurrentes y en muchos casos con un
pronóstico incierto. Y en último lugar, la responsabilidad de la
atención y del tratamiento de estos pacientes radica en distintas
administraciones, cuya coordinación es insuficiente, aplicándose en
ocasiones criterios no siempre coincidentes. Si a esto añadimos que
el constante incremento de la longevidad de los españoles conlleva en
la otra cara de la moneda un espectacular avance de las enfermedades
degenerativas cerebrales, parece obligado adoptar medidas concretas
para afrontar este problema.
Por ello, le formulo, señor ministro, la siguiente pregunta: ¿qué
actuaciones viene realizando el Insalud de cara a mejorar el
tratamiento a pacientes con trastornos mentales?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mingo.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.
Lo primero que quiero decir es que el Gobierno comparte la lucidez de
su análisis en todos sus aspectos, médicos, organizativos, sociales.
Verdaderamente estamos ante uno de los problemas más graves que tiene
la sanidad en este momento en nuestro país. Y el Gobierno considera
también que el mejor tratamiento que pueden recibir los pacientes con
trastornos mentales no puede estar aislado del entorno social, y de
ahí que estemos apostando por integrarlo en el dispositivo sanitario
general. Para conseguir este objetivo, las actuaciones realizadas por
el Insalud en los últimos años se orientan en tres direcciones
fundamentales. En primer lugar, la coordinación de recursos y
actuaciones con otras administraciones públicas que cuentan con
dispositivo en este ámbito asistencial, como señalaba S.S., y a estos
efectos le puedo decir que el Insalud ha suscrito acuerdos
específicos en materia de asistencia psiquiátrica con las comunidades
de Cantabria, Extremadura, Aragón, Madrid, Castilla y León y Murcia,
de cara justamente a coordinar actuaciones entre los distintos
organismos públicos que cuentan con recursos para el tratamiento de
estos pacientes, de forma que pueda organizarse un dispositivo
asistencial integrado.En segundo lugar, se ha incrementado el
dispositivo de hospitalización psiquiátrica de agudos. En 1997 y 1998
se produjo la puesta en marcha de tres unidades de agudos de
psiquiatría en los hospitales del Bierzo, Príncipe de Asturias y
General, de Móstoles, se ha incrementado la capacidad del Hospital de
la Princesa de Madrid para acoger enfermos psiquiátricos y se ha
suscrito un concierto sustitutorio específico con la Fundación
Jiménez Díez en este ámbito asistencial. En el año 1999 han entrado
en funcionamiento tres nuevas unidades de hospitalización
psiquiátrica en los hospitales de San Jorge, de Huesca, General, de
Albacete y Nuestra Señora del Rosario, en Cartagena; se ha ampliado
la capacidad asistencial en psiquiatría del Hospital Puerta de
Hierro, de Madrid, y ahora mismo puedo decir que el 85 por ciento de
los hospitales del Insalud ya disponen de servicio de psiquiatría.
Tratamos también de fomentar que el paciente susceptible de
tratamiento lo reciba sin que se produzca una ruptura con su medio
familiar y social. A estos efectos, se han elaborado guías para la
gestión de hospitales de día psiquiátricos en colaboración con la
Asociación Española de Neuropsiquiatría. En los últimos años se han
puesto en marcha tres hospitales de día psiquiátricos y tenemos
previsto incrementarlos progresivamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN SILVA REGO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PODRÍA EL GOBIERNO EXPLICAR A QUÉ
TIPO DE IRREGULARIDADES HACE REFERENCIA EL INFORME DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 1996, EN LO QUE SE REFIERE AL INSALUD,
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN? (Número de expediente 180/002003.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
30, que formula doña Carmen Silva Rego, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señora Silva.
La señora SILVA REGO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿podría explicar a qué tipo de irregularidades hace
referencia el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al año
1996, en lo que se refiere al Insalud, en materia de contratación?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Silva.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Las disfunciones que recoge el informe del Tribunal de Cuentas,
señora diputada, sobre contrataciones en los centros hospitalarios
del Insalud en 1996 son en general defectos formales, problemas que
no quiebran las garantías básicas de transparencia, objetividad y
libre concurrencia que rige la contratación administrativa, pero que
exigen un constante esfuerzo para alcanzar en esta materia los
objetivos más ambiciosos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señora Silva.
La señora SILVA REGO: Señor ministro, está usted engañando a esta
Cámara y lo sabe.
El informe del Tribunal de Cuentas sentencia sin lugar a dudas que su
gestión del Insalud en el año 1996 fue seriamente deficiente y
reprueba explícitamente algunas de sus actuaciones. Su gestión
adoleció -y son palabras textuales del Tribunal de Cuentas -de
regulación en aspectos jurídicos, económicos y financieros;
incorrecta constitución de mesas de contratación, lo que puede
determinar la nulidad de pleno derecho de los contratos afectados;
mantuvo contratos cuando ya había finalizado su período de vigencia;
fiscalizaciones previas incorrectas; y así un sinfín. De un total de
57 contratos de obras analizados, se contabilizan 97 irregularidades;
más de una irregularidad por contrato. ¡Ya tiene mérito!
Pero quiero citar algunos temas de extrema gravedad y les pido que
presten atención. El señor Romay otorgó
al presidente del Insalud rango de ministro. Sí, el señor Romay
nombró un ministro; y no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas
textualmente: el presidente ejecutivo del Insalud quedó equiparado a
los ministros en cuanto a la facultad para celebrar contratos.
Efectivamente, en la orden de 5 de junio de 1996 el señor ministro
autorizó al secretario general a celebrar contratos de hasta 2.000
millones; pero la Ley de Contratos de la Administración Pública
recoge que hasta los 2.000 millones es necesaria la autorización del
ministro. Así, en su conocido afán de eludir responsabilidades, el
señor Romay nombró ministro a un secretario general. Sería casi una
broma si no fuese porque el Tribunal de Cuentas hace una seria
advertencia: este Tribunal considera que la orden de 5 de junio de
1996 puede haber incurrido en vicio de nulidad por haber derogado la
necesaria autorización del artículo 12.1 de la Ley de Contratos de la
Administración Pública. Señor ministro, ¿se da usted cuenta de la
gravedad de la situación?
Pero aún hay más. Contratación del servicio de lavandería del
hospital de León. Se presentan dos ofertas: una se rechaza por no
cumplir las prescripciones técnicas y la otra, al quedarse sola, por
no garantizar la concurrencia. Se concede ulteriormente a la excluida
por deficiencias técnicas. El Tribunal de Cuentas muestra su
indignación diciendo que se actuó incorrectamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Silva.
La señora SILVA REGO: Señor ministro, simplemente le quiero
preguntar...(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, yo puedo delegar las atribuciones que tengo. Lo hago con la
conformidad de los servicios jurídicos correspondientes y tengo mucha
confianza en mis colaboradores, que además la tienen muy merecida y
la ganan todos los días con el ejercicio correcto de sus funciones y
la defensa de los intereses generales.
Por lo demás, le aseguro que las irregularidades señaladas por el
Tribunal de Cuentas en su informe de 1996 son menores que las del año
1995; que todas las que tienen alguna entidad están en vías de
corrección, como corresponde a una administración que se preocupa del
fiel cumplimiento de la legislación en materia de contratación
administrativa y que nos esforzamos en que cada vez las cosas se
hagan mejor. Hemos avanzado en cuestiones tan importantes como en
establecer cada vez más contratos de determinación de tipos y
contratos-marco para la contratación de todos los conciertos que hace
el Insalud para la obtención de servicios de los hospitales y
clínicas privados.
Y le recuerdo que en su época, en la época anterior, todas las
contrataciones para la utilización de los servicios
de los hospitales privados se hacían por el sistema de autorización
de uso, que suponía prescindir por completo de la concurrencia y de
la transparencia en la utilización de esos recursos y que desde que
estamos nosotros esa contratación se somete a un contrato-marco
transparente, fiscalizado y con todas las garantías de concurrencia
para que la utilización de esos recursos privados se someta a las
reglas más estrictas de la contratación administrativa. Esa es
nuestra forma de proceder en relación con la contratación, no los
sistemas anteriores.
Estamos avanzando también en los contratos de determinación de tipo
para que la compra de productos por parte de los hospitales vaya
precedida de esta preselección en la que el Insalud obtiene las
ventajas derivadas de ser un gran comprador de todos estos productos
y se seleccionan unos tipos determinados a unos precios obtenidos en
esa concurrencia global y, de acuerdo con estas previsiones, actúa y
contrata el Insalud.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAIME BLANCO GARCÍA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿DE QUÉ FORMA PIENSA GARANTIZAR EL
GOBIERNO LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LAS HISTORIAS
CLÍNICAS? (Número de expediente 180/002004.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
31, que formula don Jaime Blanco García, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Blanco.
El señor BLANCO GARCÍA: Señor presidente, señor ministro, en los
últimos meses varios hospitales del Insalud han decidido privatizar
la gestión de sus archivos de historias clínicas. Las explicaciones
que hemos recibido en la Comisión de Sanidad por parte del señor
Núñez, presidente del Insalud, no han convencido a este grupo y es
por lo que formulo la pregunta que figura en el orden del día: ¿De
qué manera piensa garantizar el Gobierno la confidencialidad de los
datos contenidos en las historias clínicas?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor
Blanco, el Insalud no está empezando ahora a externalizar el archivo
de las historias clínicas. Por tanto, eso no es ninguna novedad. Lo
está haciendo, ciertamente y lo está haciendo mejor de lo que lo
hacían ustedes, y desde luego la confidencialidad se garantiza
exigiendo el cumplimiento de la ley y estableciendo en los pliegos de
condiciones todas las garantías precisas para eso.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Blanco.
El señor BLANCO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
De nuevo, señor ministro, no puedo estar de acuerdo con usted en la
respuesta, que en absoluto me convence. Creo que no nos dice toda la
verdad, como casi siempre, y además no conoce cómo funciona este
sistema.
Cuando un paciente acude por primera vez a una consulta en un
hospital se le abre una historia y para ello se le asigna un número
de historia y el paciente tiene que dar al servicio de archivos, es
decir, a la empresa privada, su nombre y su documento nacional de
identidad y se le asigna un número. Cuando vuelve de nuevo ese
paciente a la consulta, el médico reclama la historia no por el
número de historia, que lo desconoce, sino por el nombre del
paciente. Y estas no son palabras mías, sino que el propio señor
Núñez en su comparecencia dejó claro que las empresas que van a
trabajar y trabajan en las historias clínicas van a informatizar el
nombre del paciente para localizarlo rápidamente en su ubicación.
Pero es más, cuando esa historia se devuelve al servicio de archivos
tiene que ser ordenada cronológicamente con todos sus documentos. Por
tanto, resumiendo, la empresa privada tiene acceso al nombre y
apellidos, al documento nacional de identidad y al juicio,
diagnóstico y pronóstico de la enfermedad de ese paciente.
Señor ministro, en este asunto se está haciendo un uso indebido de
los datos, puesto que se están poniendo en manos de un tercero sin el
conocimiento expreso de los pacientes. Un uso indebido sin el
conocimiento de los pacientes acarrea riesgo para la intimidad de los
datos de las personas. Le recuerdo, señor ministro, que este uso
indebido no es solamente que se divulguen los datos; aunque no se
divulguen, el uso indebido de los datos es una intromisión ilegítima
en el honor de las personas.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Blanco, no soy yo el que lo dice, es la Agencia de Protección
de Datos, en su actividad inspectora, la que ha podido constatar que
la unidad de archivo es la propia historia clínica, que no se
automatiza ninguno de los datos de los documentos obrantes en el
interior de los sobres y que el fichero únicamente registra el número
de historia clínica sin identificar el nombre del paciente al que
pertenece.
La confidencialidad en todo este proceso está garantizada con todas
las prescripciones de la legislación de contratos. Por definición,
las empresas que actúan en este campo están sometidas a los mismos
criterios de confidencialidad que todos los profesionales sanitarios.
Está garantizada la confidencialidad de los datos clínicos a través
de los pliegos de prescripciones técnicas y
de las cláusulas que llevan los contratos de adjudicación. Asimismo,
también se tiene presente lo dispuesto en la Ley de protección de
datos; en todos los concursos públicos que se llevan a cabo en la
actualidad se establecen cláusulas adicionales de confidencialidad
que garantizan la imposibilidad de transferir datos a los pacientes.
Y le recuerdo que en los más de diez años -también cuando gobernaban
ustedes -que se llevan realizando estas prácticas no se ha producido
ninguna denuncia sobre falta de confidencialidad o pérdida de
historias clínicas relacionadas con estas empresas que, por lo demás,
cuentan con personal altamente especializado y con experiencia
internacional.
Una vez más, señor diputado, han tratado de alarmar
injustificadamente a la población y para eso no les importa a
ustedes, que por lo que se ve tienen tan poca estima de ustedes
mismos, caer en la incoherencia de reprocharnos ahora a nosotros lo
que han venido haciendo ustedes, ciertamente peor, desde 1988.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A SI EL GOBIERNO ASUME
Y HACE SUYO EL «DOCUMENTO MARCO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE
LEÓN: PROGRAMA Y ACTUACIONES» Y SU EVENTUAL INCIDENCIA EN LA POLÍTICA
DE INVERSIONES ESTABLECIDA EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2000. (Número de expediente 172/
000186.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto V del orden del día, interpelaciones urgentes y, dentro del
mismo, al punto número 33, interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a si el Gobierno asume y hace suyo
el «Documento marco para el desarrollo de la provincia de León:
programa y actuaciones» y su eventual incidencia en la política de
inversiones establecida en el proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000.
Para su presentación, en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Rodríguez Zapatero. (El señor vicepresidente,
Companys Sanfeliú, ocupa la Presidencia.)
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Administraciones Públicas, creo que ni a usted ni a
ningún grupo parlamentario, aunque he escuchado alguna indicación en
ese sentido, le puede sorprender que el Grupo Socialista traiga esta
iniciativa y las que hemos visto para que el Gobierno dé
explicaciones, dé muchas explicaciones sobre lo que hemos vivido
desde el día 9 de octubre, lo que se conoce como el Pacto de León. He
escuchado con atención
al presidente del Gobierno decir que el Gobierno no había suscrito el
acuerdo, el famoso acuerdo. Le quiero preguntar, en primer lugar,
cómo es posible que el secretario general del Partido del Gobierno
firme un documento donde aparecen explícitamente compromisos
económicos conjuntos del Gobierno central y la Junta de Castilla y
León. Un secretario general de un partido político firma con otro
partido político acuerdos programáticos o de Gobierno, firma
programas electorales, firma promesas eventuales, pero quien
compromete las inversiones, los objetivos, las actuaciones, es el
Gobierno, esta Cámara, porque esas son las reglas del juego
democrático. El artículo 6 de la Constitución establece con nitidez
cuál es el papel de los partidos políticos que, por cierto, con
actuaciones de este tipo menoscaban, ante el conjunto de la opinión
pública y la ciudadanía, su crédito, su legitimidad y en buena medida
la opinión que los ciudadanos tienen del sistema.
Me parece que estamos ante un hecho grave. Como diputado por León, no
hay nada que desee más que el que haya más inversiones, y muchas de
esas inversiones son compromisos que ustedes adquirieron hace muchos
años y que fueron anunciados públicamente, no ya por el secretario
general de un partido, por el señor Arenas Bocanegra, sino incluso
por el señor Arias-Salgado, que sí se sienta en el banco azul. Hay
muchos compromisos incumplidos. Ahora no sé si han hablado de
doscientos o doscientos y pico mil millones. En su día, hoy hace tres
años, hablaron de 50.000 millones para esas inversiones en
infraestructuras que están ahí como objetivo de ese documento.
Señoría, señor ministro, creo que deberían hacer una reflexión
política muy seria sobre lo que han hecho el 9 de octubre en León,
impresentable desde el punto de vista de la forma democrática. Con
ello no contribuimos a que ese porcentaje de abstención que a todos
nos preocupa se vaya superando -lo hemos vivido en algunas elecciones
catalanas -y da la sensación de que un partido político lo hace por
evitar el cambio legítimo en una alcaldía, porque igual de legítimo
es el resultado que obtuvo el Partido Popular en León, que tuvo 13
concejales, que formar una mayoría alternativa con 14 concejales.
Supongo que el ministro de Administraciones Públicas no va a discutir
esa premisa. Y políticamente quién tiene la obligación, además, de
garantizar esa mayoría en un ayuntamiento que lleva paralizado desde
el 13 de junio, es quien tiene 13 concejales, y no lo ha conseguido,
no ha sido capaz hasta ahora. Ese es el origen de esta situación y,
evidentemente, hay mucho descontento en León.
Le voy a enumerar alguna de las herencias que el Partido Popular va a
dejar de su gestión en León: un protocolo eléctrico, que supuso un
rechazo masivo de la ciudadanía en León y en otras zonas mineras; un
Plan del carbón que está suponiendo la desertización de las comarcas
mineras; el incumplimiento de sus promesas de Gobierno, no ya de las
necesidades sino de lo que han prometido una y otra vez, como la
autovía LeónBenavente, que es una auténtica vergüenza nacional que no
se haya hecho todavía, porque es para todo el Noroeste
de España, desde luego para León pero también para otras muchas
comunidades, y es increíble que no se haya ejecutado; la contumacia
en que León-Astorga, que es una vía de comunicación provincial, siga
siendo autopista de peaje; la situación que hemos vivido en un
aeropuerto que ponen en marcha, que lo impulsó en su día la
diputación, y que estamos todo el día viendo cómo los vuelos tienen
que ir a aterrizar a Valladolid por una escasa inversión. Muchos días
tienen que ir a aterrizar a Valladolid porque tiene un sistema de
aproximación visual y no instrumental que es ciertamente
tercermundista. Junto a ello está la situación de parálisis de los
regadíos en toda la provincia, después de haber hecho el Estado, no
ya cualquier Gobierno, muchas inversiones en embalses y, por cierto,
muchos de los que ahora están reclamando esos regadíos se subían a
los tejados para que no se embalsara el pantano de Riaño, que es la
única forma de que hubiera agua, y el Gobierno Socialista tuvo mucho
coste por eso; parálisis de los regadíos, cuando hay muchos jóvenes
esperando a que llegue el agua a su tierra para que puedan regar. Es
la provincia que más despoblación ha tenido de España en los últimos
años, que más población ha perdido. Debe ser la única capital de
España que no tiene un mínimo sistema de rondas y de circunvalación,
y llevan 20 años gobernando en León. La incapacidad, después de
prometerlo una y otra vez, de solucionar el problema del paso a nivel
del crucero, la integración del ferrocarril en León. No le
exigiríamos ninguna responsabilidad si no lo hubieran prometido
públicamente el señor Arias-Salgado y el alcalde de León. Y ahora,
cuando había vientos de cambio ante la incapacidad de promover un
futuro de desarrollo para una provincia, que desde luego es eje de
estas muchas inversiones que son necesarias para todo el noroeste de
España no sólo para León -es la reflexión que debería hacerse-, llega
lo que en política nunca pasa, puede pasar en el Evangelio, señor
ministro, pero en política la multiplicación de los panes y los
peces, si usted administra un presupuesto, no pasa. Eso sólo pasa en
el Evangelio.
Nos encontramos con que el Partido Popular y la UPL pactan un
documento, formalmente impresentable en un sistema democrático,
confundiendo partido y Gobierno. No sé en qué otro sistema cabría; en
el sistema parlamentario de la Constitución de 1978, no. Desde aquí
le digo que debería asumir esa reflexión política porque es bueno
para todos, para que nadie tenga la tentación de volver a hacer lo
que han hecho ustedes el día 9 de octubre en León, porque así no se
construye un Estado ni se construye la cohesión ni se construye la
solidaridad ni se construye la credibilidad. Las inversiones que
necesita León han estado pendientes durante estos años -también la
Junta tiene mucho que ver, ya que lleva muchos años gobernando allí
el PP -y de repente se hacen realizables en dos años. No quiero
hablar de la cifra, porque me parece casi un insulto a la
inteligencia y a la credibilidad de los ciudadanos, de quienes nos
votan elección tras elección, de doscientos o no sé cuántos miles de
millones. Ahora son posibles porque se pierde una alcaldía y antes
no.
Aquí, en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, que es donde
se dirimen las inversiones públicas, el Grupo Socialista ha venido
enmendando los presupuestos en los últimos años en muchas de estas
cosas, por ejemplo, en la autovía Benavente-León que el año pasado,
bien lo recordarán algunos parlamentarios del Partido Popular, tenía
siete millones de inversión y la denuncia del PSOE hizo que al menos
prosperara una enmienda de 125 y nosotros habíamos puesto una de
7.000, que votó en contra el Partido Popular.
Por tanto, esa es la situación, señorías. Hoy nos hemos enterado de
dos cosas oyendo al presidente y al vicepresidente del Gobierno. Esa
es la ventaja de la institución parlamentaria, que hay luz y
taquígrafos, que se sabe la verdad, la verdad de lo que se ha hecho,
de lo que se decía en ese acuerdo y de lo que en realidad es. Y es
que todas las grandes inversiones, todas las grandes promesas, la
lluvia millonaria, el futuro de León -ha habido mucha gente
ilusionada, y con razón, a la que no se puede defraudar ahora -son
500 millones para el aeropuerto, que son absolutamente necesarios.
Señoría, estamos ante una gran estafa política, cuyo origen no es
otro que un pacto absolutamente intolerable en democracia y lo que
mal empieza, mal acaba. Están a tiempo de rectificar, siempre es
mejor en democracia decir la verdad que pasar el trago que van
a tener que pasar durante este bienio 2000-2001. Decir la verdad a la
ciudadanía es, sin duda alguna, mucho mejor. Le quiero decir desde
aquí, uno, que lo que más me preocupa de todo es el daño a la
credibilidad de las instituciones democráticas y, dos, que la ilusión
que puede haber en León y en otras partes no se pierda. Desde aquí le
puedo anunciar que el Partido Socialista va a asumir esa defensa,
como ha hecho en estos años, ni más ni menos, con la coherencia que
nos da haber propuesto una y otra vez una cantidad de inversiones en
infraestructuras y en otras dotaciones que son imprescindibles para
una provincia.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Vaya concluyendo, señor
diputado.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Voy terminando.
Va a asumirlo de manera coherente, porque es verdad, señor Acebes,
que lo que importa es el futuro; el pasado inmediato, que ustedes han
protagonizado, es absolutamente bochornoso en términos políticos.
También le quiero decir -me parece que el señor Rato ha estado
profundamente desafortunado -que el origen de esta situación es el
que es: la incapacidad del Partido Popular para gobernar una ciudad y
el permanente incumplimiento de sus compromisos de inversiones con
León por parte del Gobierno central. Ustedes tienen la
responsabilidad de garantizar la gobernabilidad en el Ayuntamiento de
León y de que se cumplan las inversiones que prometieron antes y que
han prometido ahora a bombo y platillo porque, si no, les puedo
asegurar que estaremos consumando uno de los mayores despropósitos de
la historia política.
Termino haciéndole algunas preguntas muy concretas sobre el
documento, que me parecen esenciales, porque aquí aparece el
Gobierno; a lo mejor el señor Arenas se ha tomado atribuciones que no
tiene, desmiéntalo o afírmelo. En el documento se dice: Compromisos
económicos conjuntos del Gobierno central. Primero, ¿a cuánto
asciende la cifra del llamado Pacto de León, de inversiones
multimillonarias, según el Gobierno, que aparece aquí comprometido?
Segundo, ¿va a invertir el Gobierno 21.000 millones en la autovía
Benavente-León, como aparece en el acuerdo, durante el bienio 2000-
2001? Tercero, la vía León-Astorga, ¿va a ser autopista de peaje o va
a ser autovía? Cuarto, ¿ratifica el Gobierno que el tren de alta
velocidad, como se ha dicho que contenía el acuerdo, va a pasar por
León y prioritariamente?
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor diputado, ha
agotado su tiempo. Termine, por favor.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Termino ya.
Quinto, ¿se va a cumplir el compromiso de inversión de 5.000 millones
para la integración del ferrocarril?
Debe responder a todo esto, pero por encima de esto me preocupa que
la posición del Gobierno -del Gobierno, no del Partido Popular -esté
a la altura de las circunstancias, haga un juicio autocrítico de lo
que ha pasado y asuma, como partido en León, la responsabilidad que
tiene, porque el Partido Socialista sí tiene responsabilidad y lo ha
demostrado en muchas ocasiones desde la transición democrática hasta
ahora.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Rodríguez Zapatero.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro
de Administraciones Públicas, don Ángel Acebes.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Rodríguez Zapatero, he escuchado con atención la
intervención que ha hecho desde la tribuna en esta interpelación, las
dos preguntas hechas en el Pleno y las muchísimas declaraciones que
durante estos días han hecho sobre el que usted ha denominado Pacto
de León y, de verdad, sigo sin entender cuál era la finalidad
positiva para León de esta interpelación o de las preguntas. Si la
energía, el tiempo, las oportunidades que el Partido Socialista ha
utilizado en este tema los hubiese empleado no ya sólo durante sus
catorce años de gobierno en León, sino también en su tiempo de
oposición, en propuestas que redundaran en beneficio para León,
seguro que hubiesen conseguido efectos mucho más positivos para el
interés de los ciudadanos de León. (Aplausos.-El señor
vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Tengo que decir que parto con una ventaja cuando digo que no entiendo
el motivo de esta interpelación y es que ustedes, en su propia
redacción, ya lo dicen, ya
dicen que esta interpelación no era para el Gobierno. Efectivamente,
cuando le he escuchado ha quedado claro que la interpelación, el
contenido de la misma, las peticiones que en ella formula no van
dirigidas al Gobierno. Entonces, durante este tiempo han montado una
invención. Lo que han hecho para montar una trama que no existía es
inventar un cuento al revés, ése es exactamente el nudo gordiano de
lo ocurrido con tantas declaraciones, con tantas preguntas y con
tantas interpelaciones.
Ha habido un acuerdo entre dos partidos políticos para garantizar la
estabilidad y la gobernabilidad de la ciudad de León. Yo creo que
estaremos de acuerdo en que es bueno y positivo que se garantice la
gobernabilidad y la estabilidad de León. Y se hace sobre la base del
partido que ha ganado las elecciones, es decir, que ha sacado 13
concejales frente a los 7 que ha sacado el Partido Socialista y los 7
que ha sacado UPL, y con un acuerdo entre UPL y el partido que ha
ganado las elecciones en número de votos y en número de concejales,
a poco más de 200 votos de la mayoría absoluta y casi doblando a los
que quieren gobernar, es decir, a ustedes. En torno a eso se ha
articulado, por lo tanto, en torno a la voluntad de los leoneses, una
mayoría estable que concluíamos que era positiva. Por lo tanto,
segundo dato que me parece que es irreprochable.
Tercer dato. Se hace con un acuerdo público, conocido, sometido a luz
y taquígrafos, como S.S. también reconocía, que no tiene anexos, en
el que no hay compensaciones extrañas, en el que no hay cosas raras.
Y llegamos a la enorme alarma: que ese documento recoge una serie de
obras, de inversiones y de compromisos para León. Y se sorprenden de
que se recojan obras, inversiones y compromisos para León que
previamente han adquirido las administraciones competentes en la
materia; es decir, el Gobierno de la nación acuerda, en su Consejo de
Ministros -otras ya estaban incluso en el Parlamento porque son
anteriores a los presupuestos del 2000 -una serie de obras, de
inversiones y de infraestructuras para León. Y luego, posteriormente,
un partido dice que esas inversiones son buenas para León y las
recogen en un documento y las relacionan. ¡Pues no acabo de entender
yo muy bien dónde está la alarma y el rasgarse las vestiduras! Me
parece oportuno, salvo que usted considere que esas inversiones, esas
obras y esas infraestructuras no son buenas para León. (Aplausos.-Un
señor diputado: ¡Muy bien!) Pero como creo que usted ha dicho que son
unas obras, unas inversiones y unas infraestructuras que son buenas
para León, fíjese si serán buenas y si tendré yo razón y serán
previas del Gobierno, que usted ha reconocido en esta tribuna que ya
era un compromiso del ministro de Fomento, por tanto, el competente
en la materia, que el discurso es tal y como yo le estoy contando en
este momento. Y es verdad que son unas obras importantes y necesarias
para León. Cómolo serán, que usted se remonta a hace algo más de un
año, a las declaraciones del ministro de Fomento. Pero ¿por qué me lo
ponen tan fácil? ¡Si ustedes, en el año 1992, como Gobierno,
adquirieron el compromiso por escrito, con la Junta de Castilla y
León, de llevar a cabo,
por necesidad urgente, esas mismas autopistas y autovías que en este
momento siguen reclamando, y no hicieron nada en 14 años por León!
(Aplausos.) ¡Pero no me lo pongan tan fácil! Por cierto, algún día
tendrán que explicarnos este documento de 1992 -dicho al margen -de
cambiar infraestructuras, las autovías y las autopistas que ahora
reclaman, para que se apoye un determinado modelo de financiación
autonómica. Pero esa es otra historia que tendremos la oportunidad de
revisar. En el año 1992, el Partido Socialista contrajo, a través de
un documento escrito y en el que suscribían, en representación del
Ministerio de Economía y Hacienda y del Ministerio de Obras Públicas
y Transportes, el compromiso de realizar algunas de las obras que ha
dicho: el eje León-Benavente, Astorga-Palencia, etcétera, porque son
de todos conocidas. Y, efectivamente, ¿cuál es el fondo de esta
cuestión? Que el Partido Socialista nunca hizo nada por León, como
nunca hizo nada por Castilla y León.
Si esto ha sido así, si este ha sido un acuerdo para garantizar la
gobernabilidad al partido más votado, con un documento transparente,
con obras que son necesarias e imprescindibles para León, ¿qué es lo
que ha ocurrido en esta ceremonia de la confusión que ha orquestado
el Partido Socialista? Es verdad que se han publicado muchas cosas.
Permítanme que hagamos un pequeño repaso a la prensa de los últimos
días respecto de las declaraciones, todas ellas muy coherentes, de
los distintos dirigentes del Partido Socialista. El secretario de
Política Municipal del Partido Socialista dice que se incluyen en
este acuerdo unas inversiones de más de 200.000 millones de pesetas
para la provincia en dos años con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado y a los de la comunidad. Esto lo dice el día 9 de octubre.
Almunia acusa a Aznar de comprar mayorías con el dinero de todos los
españoles, y dice: Han puesto 200.000 millones de pesetas del dinero
de todos los españoles y con ello han comprado la mayoría en León.
Permítanme una acotación al margen. Efectivamente, el dinero de los
Presupuestos Generales del Estado es un dinero de todos los
españoles. Si lo aprueban estas Cámaras, como lo ha acordado ya el
Gobierno al remitirlo, será un dinero de todos los españoles que va a
ir dirigido a mejorar la calidad de vida de los españoles de Castilla
y de León. Por tanto, no es un dinero de españoles para alguna
cuestión extraña, como aquí se deja entrever.
Almunia, de nuevo, acusa de que el Partido Popular pone dinero para
comprar mayorías que no tiene. Gran debate y polémica entre Almunia y
Rodrigo Rato: Almunia acusa al Partido Popular de comprar un
ayuntamiento con dinero público y Rodrigo Rato dice que ya se
encuentra reflejado en los Presupuestos Generales del Estado. Almunia
ataca el pacto de la UPL desde Valladolid y Rato lo defiende desde
Madrid. En definitiva, su posición nacional de que se han puesto más
de 200.000 millones. Pero, sorprendentemente, en absoluta coherencia
con esto, en una rueda de prensa celebrada al día siguiente de lo que
acabo de leerles, 12 de octubre, que daba (no sé si les suena) don
José Luis Rodríguez
Zapatero, se dice: La Federación Socialista de León va más allá en su
análisis del acuerdo y asegura el señor Rodríguez Zapatero,
coincidiendo con el ministro de Economía y en gesto que le honra
-ante la polémica del día anterior entre el señor Almunia y el señor
Rato- , que las cifras facilitadas por los dos partidos firmantes son
las que ya estaban asignadas a León procedentes de las inversiones
del Estado, de la Junta, etcétera. La verdad es que están ustedes
empeñados en llevarle siempre la contraria a Almunia. Pero,
evidentemente, la contradicción absoluta, clara, nítida entre las
posiciones que ha mantenido el Partido Socialista en León y la
estrategia que ha mantenido a nivel nacional es total y absolutamente
impresentable. Mientras unos decían que se estaban poniendo 200.000
millones de pesetas, el señor Zapatero dice en grandes titulares que
el pacto reduce en 40.000 millones las inversiones en León.
Finalmente, señoras y señores diputados, este acuerdo, por si a
alguien le cabía algún tipo de duda, no puede ser, por sus propios
términos, discriminatorio hacia nadie. Porque si las inversiones, que
estaban previstas en los presupuestos y por lo tanto antes de
celebrarse este acuerdo, ya estaban consignadas en función de las
necesidades que tiene León y para mejorar su calidad de vida, sus
infraestructuras, su desarrollo económico, su progreso y su
prosperidad -sólo y exclusivamente en función de estas necesidades se
consignan en los presupuestos-, es imposible físicamente que se haya
quitado una sola peseta de ninguna otra ciudad y de ninguna otra
provincia en toda España para llevarla a León. Por tanto, esto es
también total y radicalmente falso y miente quien diga que este es un
acuerdo discriminatorio que quita dinero de unas ciudades y de unas
provincias para dárselo a León. Al contrario, garantía de
estabilidad, de progreso y de prosperidad para León, frente a quienes
han tenido una pataleta porque con sólo siete concejales y sin la
confianza mayoritaria del pueblo de León querían gobernar a pesar de
sus ciudadanos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.- Varios señores diputados: ¡Muy
bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde luego, cuando la única capacidad de explicación
a todas las cuestiones que se han planteado por el Grupo Socialista
son recortes de prensa, es muy evidente que la credibilidad que el
Gobierno tiene en esta materia es nula. (Rumores.) Recortes de prensa
y declaraciones sobre declaraciones. Me parece absolutamente
increíble. Usted tiene que responder aquí como ministro del Gobierno
de España si está de acuerdo con que el secretario general de un
partido político firme un documento en el que figuran textualmente
compromisos políticos, compromisos económicos conjuntos del Gobierno
central y de la Junta de Castilla y León, y son ustedes, los
firmantes de ese pacto,
quienes dicen en León a los leoneses que van a ser 200.000 millones
de pesetas o más. Esto es lo que queda en la opinión pública
nacional, pero hoy se ha demostrado aquí que, además de que eso no es
verdad, era una estafa. O sea, que su responsabilidad es doble:
primero, por realizar un acto que lesiona los valores democráticos
gravemente; y, segundo, por decir a la gente, a los leoneses y a la
opinión pública en general que venían 200.000 millones de inversión
nueva para León.
Le recuerdo además que usted como Gobierno es el interpelado. Le he
formulado varias preguntas y no ha contestado a ninguna, habiendo
dejado solamente una cosa clara: que el pacto es que algo que estaba
en los presupuestos consignado y aprobado por el Consejo de Ministros
se pone en un papel, se relaciona y con eso ya está. Y esa es la
novedad. Pues su bochorno tiene que ser muy notable ante esa
situación, porque se ha dicho todo lo contrario, asumiendo además que
había miles de millones nuevos de inversión. Leyendo un documento al
que yo ya no me quiero referir más, porque es una auténtica chapuza
desde el punto de vista político y democrático, se deduce claramente
que habría que incrementar muchos miles de millones los presupuestos
del 2000 y del 2001.
El Partido Socialista hizo en España y en León lo que ya saben muy
bien todos los ciudadanos, ciudadanos que renovaron la confianza
durante muchas legislaturas a los socialistas en Castilla y León,
pero hay una cosa que desde luego nunca hicimos en León: engañar,
como han hecho ustedes ahora, a los ciudadanos. Se haría más o menos,
yo creo que bastante teniendo en cuenta cómo estaba este país, cómo
estaba Castilla y León y la mayoría de nuestros pueblos y ciudades.
Mucho se hizo, un cambio histórico que nadie duda. Y no me hable
usted del acuerdo de 1992, debería preguntarle a su presidente de
Castilla y León, al señor Lucas. Y es que hay que decir la verdad de
la historia: el Gobierno de Castilla y León, para firmar en 1992 el
pacto de financiación autonómica (ya tenía una escuela que ha ido
dejando y que ha culminado en la gran estafa de León), pidió al
Gobierno central tres cosas: autopista Benavente-León, autopista
León-Astorga y el 20 por ciento de la autovía León-Burgos. Y la Junta
llegó a Castilla y León como que había arrancado un gran triunfo:
infraestructuras, la León-Benavente y la León-Astorga, que estaban
contempladas en el segundo plan de carreteras.
Ha faltado a la verdad diciendo que no había hecho nada el Gobierno
socialista. En el año 1995 estaba adjudicada la autopista Benavente-
León a Aucalsa, estaba adjudicada, pero el Consejo de Estado
consideró que la adjudicación no procedía desde el punto de vista
legal porque era un tramo excesivamente largo para que lo ejecutara
Aucalsa. Yo, desde luego, nunca vi a un ministro socialista con un
alcalde como éste en el año 1996. Dice: Amilibia -en una foto con
Arias-Salgado, que responderá de esto aquí también -desbloquea obras
para León por 50.000 millones: la ronda Sur, la autopista León-
Astorga, la autopista León-Benavente -26.000 millones-, hasta el
ferrocarril de alta velocidad. Tuvieron la desfachatez de decir que
empezarían con dinero
para 1997, lo dijo el ministro señor Arias-Salgado. Esto es
intolerable en política, prometer y engañar para luego no cumplir -de
estos 50.000 millones, absolutamente nada -y menoscabar la ilusión,
como le digo, la esperanza y la situación no de León, sino del
noroeste de España, de muchas regiones que colindan con la provincia
de León y que tienen graves problemas de infraestructura, como es
conocido y todos hemos asumido.
Por tanto, señor Acebes, dé una respuesta política al acto político
que se ha producido ese día. Usted mismo ha dicho en su intervención
que nada nuevo, nihil novum sub sole, nada nuevo en el pacto para
León. Desde luego, si esa es la conclusión para aquella tierra, es
que estamos ante uno de los mayores engaños de la historia, del que
lógicamente también deben responder. No se ampare usted en los
gobiernos anteriores. Esa música se les ha pasado. Ustedes llevan
casi cuatro años gobernando y han cacareado mucho, han prometido más,
inversiones por todos los lados, han pintado todas las carreteras,
bien lo saben los portavoces de esa materia del Grupo Socialista, y
ahora llega la hora de la verdad y no se ha movido una máquina. Y
tienen la desfachatez de llegar a un pacto para intentar engañar
y evitar una moción de censura -me ha agradecido que no cuestione su
legitimidad-, y dicen: esto es lo que haremos. Mire, no lo van a
hacer ustedes; lo hará el próximo Gobierno del Partido Socialista, no
tenga ninguna duda, señor Acebes. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez Zapatero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señor presidente.
Después de esta intervención de réplica, yo creo que nada nuevo en
cuanto al agotamiento de las ideas, de las propuestas y del propio
sentido de la interpelación, como es absolutamente evidente. Sólo
quiero recalcar una cosa que me parece muy importante, y es que los
leoneses tienen muchos motivos para tener ilusión respecto a su
futuro. Las inversiones, las infraestructuras, que son la garantía de
esa prosperidad y que espero que nadie ponga en duda, se encuentran
en marcha, se encuentran suficientemente presupuestadas, previstas y
dotadas para que puedan ser una realidad.
No voy a contarle los presupuestos porque usted debería conocerlos.
Usted sabe que en los presupuestos del Estado o en otros planes, como
el de autopistas, están previstas todas las infraestructuras que
usted ha dicho y otras muchas más: el enlace León-Benavente, el
enlace León-Astorga, la ronda Sur, la ampliación y la reforma del
hospital de León y tantas otras importantes. A la hora de hacer un
análisis, porque usted ha provocado, hay que comparar forzosamente
entre qué es lo que se hizo y qué es lo que ha hecho el Gobierno con
los grupos parlamentarios del Partido Popular. Esas son las reglas
del juego. Usted ha querido comparar y ha dicho que hace un año el
señor Arias-Salgado se comprometió con León, y resulta que ustedes
han tenido la posibilidad de hacer
todas estas obras necesarias, imprescindibles, cuya necesidad no ha
surgido anteayer. Si esas inversiones se hubiesen hecho hace 14 años,
hoy ese panorama que usted ha dibujado de León no sería tal. Por eso,
cuando ahora tenemos la oportunidad de gobernar es cuando se van a
realizar. ¿Y cómo se demuestra la voluntad política y, además, se
manifiesta? A través de los Presupuestos Generales del Estado en lo
que corresponde al Gobierno, que es de lo que puedo darle cuenta en
estos momentos. Si usted o cualquier leonés se acerca a esos
presupuestos podrá comprobar cómo todas esas inversiones e
infraestructuras necesarias se encuentran recogidas en programaciones
plurianuales, con todo el rigor, para que puedan ser una realidad, a
diferencia de lo que ha ocurrido hasta este momento.
Hacía usted referencia a ese documento de 1992, en el que había un
compromiso del Gobierno con la Junta de Castilla y León; el Gobierno
se comprometía a realizar estas obras en 1992 y no las hizo. Esta es
una conclusión evidente, real, tajante y que todos los leoneses deben
conocer con toda la claridad porque nunca las presupuestaron. En
estos momentos sí lo están y, si se aprueban en el Parlamento,
también estarán en el 2000 con las programaciones plurianuales, para
garantizar su cumplimiento.
Insisto, los leoneses tienen muchos motivos para ser optimistas y
estar ilusionados respecto al futuro. Esas dotaciones de
infraestructuras van a ser una realidad y el Gobierno del Partido
Popular va a cumplir sus compromisos con León y con toda la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, sin provocar discriminaciones a nadie,
sin pactos ocultos, sin aceptar insultos -por cierto, ahora recuerdo
uno gravísimo que respecto a este asunto hizo el presidente de la
Junta de Andalucía-. Con seriedad y con rigor vamos a llevar adelante
esas obras necesarias que garanticen el futuro, el progreso y el
bienestar de León, de Castilla y León y el del resto de las
comunidades de toda España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Para nuestro grupo ha sido una tarde enriquecedora al efecto de
conocer la realidad de este pacto, que pasa de tener el primer día un
valor de 200.000 millones a no valer nada después de las quejas de
alcaldes como, por ejemplo, el de Ponferrada y otros de Castilla y
León. Se ha pasado a decir: no hay nada, solamente una enmienda sobre
el aeropuerto de León, como esta misma mañana se repetía por miembros
de la dirección del Partido Popular. Hablando de rigor: este
documento tan interesante, recopilatorio, como se ha visto ya, de las
inversiones previstas para este año y los próximos tiene
contradicciones flagrantes, porque todo es aproximado. Autopista de
León-Onzonilla-Benavente: coste total de la
obra, 9.056 millones, con una previsión de tres años, 2.600 el
primero, 3.000 el segundo y 3.000 el tercero. Documento del Partido
Popular: 21.000 millones de pesetas como presupuesto aproximado. Hay
un rigor exhaustivo. O bien al hacer el presupuesto no se ha sido
riguroso o bien se ha intentado hincharlo, una vez más, para que
quedara más aparente. De todas maneras, hay una cosa clara. Una cosa
es un acuerdo entre direcciones de partidos y otra cosa es que en el
mismo documento se mezclen direcciones de partidos, como ocurre en
éste con, por ejemplo, el delegado territorial de la Junta de
Castilla y León, que no confundo con el delegado del Gobierno, sé
perfectamente el cargo que tiene, porque aquí también se mezclan
presupuestos de la Junta de Castilla y León, va todo en el mismo
batiburrillo; y como comisión de seguimiento aparece no el señor
Aznar como miembro de la dirección del PP de León, sino el cargo que
ostenta en la propia Junta. Es una mezcla de partidos políticos y de
su representación. Me parece un error brutal, pero allá cada cual con
sus consecuencias.
Tendrán que dar una explicación en Castilla y León, sobre todo la
UPN, que querrá justificar estas tentaciones de mover gobiernos, que
tampoco comparto si no están justificadas y que quizás hay que
justificar después porque hay marcha atrás. Entonces, hay que
aparentar, con un recopilatorio de estas características, que se ha
pactado algo. Queda muy bien, pero es un fiasco y sigo diciendo que
este papel es un bluff que vale poco más que lo que cuesta el papel
usado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Núñez.
El señor NÚÑEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta tarde León, mi tierra, ha estado muy presente en este
hemiciclo, y yo debo manifestar mi profunda satisfacción por ello.
Pero también mi extrañeza y mi disgusto por tener que debatir una
interpelación de esta naturaleza, en la que concurre la aleccionante
circunstancia de estar firmada por un parlamentario socialista
leonés. (Rumores.) Hemos escuchado en su planteamiento un inventario
de quejas y agravios, que han sido, señorías, titulares repetidos,
hábiles titulares, de la prensa de León de todos estos años. Sigue
usted siendo, señor Rodríguez Zapatero, un magnífico catastrofista y
un mejor facedor de titulares.
Después de escuchar las claras y contundentes intervenciones del
señor presidente del Gobierno, del señor vicepresidente del Gobierno
y ministro de Economía y Hacienda y del señor ministro de
Administraciones Públicas asumiendo el documento marco para el
desarrollo de la provincia de León, sólo me restaría decir que el
Grupo Parlamentario Popular -ya sé que no les interesa a algunos
escuchar la opinión de los partidos ni de los grupos, lo cual es un
tic bastante sospechoso - está de acuerdo con la valoración hecha por
el Gobierno, con el contenido del pacto, y que por tanto velará
por su cumplimiento, presentando en esta legislatura y en la ya
próxima cuantas iniciativas parlamentarias conduzcan al buen fin del
mismo.Pero, al fijar la posición del grupo parlamentario, restan por
decir algunas cosas que trataré de exponer brevemente a SS.SS.,
aunque sólo sea para desmontar la larga serie de descalificaciones
arbitrarias que a este acuerdo se han dedicado.
Comenzaré afirmando que es un pacto políticamente correcto, suscrito
por dos partidos en plenitud de sus derechos constitucionales, el
Partido Popular y la Unión del Pueblo Leonés, y firmado por sus
legítimos representantes, entre ellos el secretario general del
Partido Popular, Javier Arenas, a quien el señor Rodríguez Zapatero
hubiera querido interpelar en vez de al Gobierno. Saben todas SS.SS.
que el señor Arenas hubiera venido encantado a este debate, tiene
bien acreditada su categoría parlamentaria, pero el Reglamento de la
Cámara no deja venir al secretario general.Sin embargo, no quiero
dejar de resaltar la perversión democrática que late en el texto de
la interpelación y en otras preguntas que se han hecho esta tarde al
poner en cuestión la presencia del secretario general de un partido
en la firma de un pacto, que es tanto como cuestionar la legitimidad
política de los partidos para adoptar un acuerdo de esta naturaleza.
Quizás convenga recordar que los partidos políticos, a tenor de
nuestra Constitución, concurren a la formación y manifestación de la
voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la
participación política. Acordar, en base al diálogo y a la
concertación, proyectos cifrados, proyectos con destino a
presupuestos, no significa suplir al Gobierno ni a las Cortes
Generales ni al resto de las instituciones a que el acuerdo se
refiere.También hay que decir que el pacto es perfectamente lícito,
legítimo, hecho de acuerdo con la Constitución y las leyes vigentes y
que no conculca el principio de equidad ni es discriminatorio, como
ha demostrado el ministro señor Acebes, con otras personas y
territorios. El pacto es transparente, tendrá su reflejo
presupuestario en los del 2000 y en los de las instituciones a que el
pacto se refiere y compromete. Dicho todo lo cual debo añadir que
este pacto, que circunstancias ajenas a nuestra voluntad hicieron
necesario, tiene un vicio de origen que el propio interpelante
reconoce: frenar la eventualidad de una moción de censura al alcalde
de León, que el PSOE quería a toda costa y a cualquier precio para
arrebatar otro ayuntamiento al PP y sumarlo a la larga colección de
arrebatos poselectorales. El PSOE jugó con León como una pieza más
para su batalla nacional, saltando por encima de la voluntad
mayoritaria de los electores, aplastando y marginando las listas más
votadas. Legítimo, pero aplastando y marginando las listas más
votadas. Se ha llegado a decir desde la propia ejecutiva federal del
PSOE que el PP compraba mayorías y que compraba el ayuntamiento con
dinero público. Falso de toda falsedad. El PP de León no necesita
comprar lo que los leoneses le han otorgado en las urnas el pasado 13
de junio: 13 concejales de 27; faltaron 200 votos para la mayoría
absoluta. (Aplausos.) Quien sí pretendió comprar mayorías que ni de
lejos tenía fue el Partido Socialista de León, que, con sólo siete
concejales de los 27 que componen la corporación municipal, el
segundo peor
resultado de su historia, pretendió arrebatar la alcaldía del PP
ofreciendo un pacto a UPL que iba mucho más lejos que el suscrito por
el PP, pues no sólo contemplaban proyectos e inversiones para la
provincia, sino que se intercambiaban, señorías, otras alcaldías y se
intentaba sumar o restar diputados de cara a las próximas elecciones
generales. (Rumores.) La moción de censura no podía apoyarse en la
labor de la corporación municipal, como hubiera sido lo lógico y lo
justo, porque apenas había comenzado su mandato, y la pretendieron
justificar y apoyar en el tratamiento que los Presupuestos Generales
del 2000 dieran a la provincia de León. El tratamiento fue bueno,
mejor de lo esperado. Están ahí los libros, consúltenlos. El Estado
duplica las inversiones de 1999 para el 2000 en León, más de 54.000
millones de pesetas. Los medios de comunicación de León lo publicaron
el 28 de septiembre. Un par de días después, fíjense, señorías, el PP
y la UPL, con magnífico sentido común y político, se sentaron a
dialogar, analizaron el proyecto de presupuestos del Estado para el
2000, el de la Junta y los de los ayuntamientos y la Diputación, y
también analizaron y valoraron la gestión del Gobierno de José María
Aznar y de Juan José Lucas, y la maniobra política del Partido
Socialista quedó abortada a través de un compromiso asumible,
realizable, beneficioso para León, beneficioso para Castilla y León,
incluso para las comunidades autónomas colindantes, que en nada
afecta a las inversiones públicas de otras provincias y que tiene la
virtud añadida de dar estabilidad al Ayuntamiento de León.
La pretensión del Partido Socialista leonés de servir en bandeja de
plata la ciudad de León al señor Almunia y apuntalar con ello su
liderazgo de cara a las próximas elecciones ha fracasado
estrepitosamente. La pataleta, ya lo ven ustedes, es monumental, es
mayúscula, pero no quedó en León; líderes de todos los tamaños y de
todas las geografías descalificaron y condenaron el pacto incurriendo
en falsedades de bulto, inventando datos ficticios, mezclando
proyectos e intenciones y, lo que es más grave, utilizando la más
abyecta de las demagogias, la que se basa en sembrar sentimientos de
insolidaridad y de trato de favor carentes de fundamento entre los
españoles y entre unas regiones y otras, y de todas recojo esta perla
del señor Zarrías, quien desde Sevilla y en relación con el Pacto de
León declaró lo siguiente: Una vez más queda claro que el dinero que
se nos quita a Andalucía lo están destinando a golferías políticas y
negocios oscuros en León. (Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad,
qué vergüenza!) Palabras intolerables para los leoneses y gravemente
ofensivas para los partidos políticos firmantes del pacto. Pero lo
que más me duele como leonés de todas las generaciones es que esto
último se haya hecho, señorías, poniendo en la picota el buen nombre
de León y los leoneses, adjudicando a León el papel de provincia
privilegiada en el reparto de las inversiones públicas, lo cual
ofende el sentido común de los españoles y hiere la conciencia de los
leoneses que, solidarios con el resto de España, tienen muy presente
el olvido al que durante catorce años el Gobierno socialista relegó a
León. Lo siento pero aquí va a haber espejo retrovisor, ya lo creo
que va a haberlo, porque cuando se mandan
construir catedrales u obras en desiertos hay que ver si había
desierto o había catedral. Baste decir que durante esta etapa del
Gobierno socialista en León no se ejecutó ni un solo kilómetro de
autopista o autovía, a pesar de su estratégica posición geográfica
para las comunicaciones con el norte y noroeste de la Península.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Núñez, le
ruego vaya concluyendo.
El señor NÚÑEZ PÉREZ: Voy concluyendo, señor presidente.
De todos los agravios sólo voy a replicar a dos. El pacto, dice el
señor Rodríguez Zapatero, incluso lo dice el texto de la
interpelación, es escandaloso. ¿Sabe usted lo que es un escándalo,
señor Rodríguez Zapatero? El diccionario de la Real Academia Española
de la Lengua dice: acción o palabra que es causa de que uno obre mal
o piense mal de otro. Los sinónimos son numerosos: desenfreno,
desvergüenza, algarabía, vocerío, alboroto, tumulto, estrépito.
¿Quiere un ejemplo muy claro? El concejal de Sanlúcar de Barrameda.
Es inevitable, es absolutamente inevitable, porque eso sí es un
escándalo de juzgado de guardia. Lo que usted dice que es un
escándalo es simplemente un desahogo por no haber conseguido la
alcaldía de León, una descalificación arbitraria o un exabrupto. No
quiero citar más puntos negros a los que irían como anillo al dedo
las palabras del señor Zarrías para no contaminar este debate.
El segundo es el señor Quijano. Señor Caldera, déjeme hablar, que ya
tiene usted ocasión de hacerlo en otras instancias. (El señor Caldera
Sánchez-Capitán: No he dicho nada. Ahora hablaré.) El señor Quijano,
secretario general del Partido Socialista castellano-leonés, dice que
el pacto no tiene precedentes y que por ello es un precedente
peligroso. Claro que tiene precedentes, y muy sonados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Núñez, le
ruego concluya.
El señor NÚÑEZ PÉREZ: Voy a citar uno solo para refrendar las
palabras del ministro señor Acebes: el acuerdo del 17 de enero de
1992 firmado por representantes de los ministerios de Economía y
Hacienda y de Obras Públicas y Transportes y por representantes de la
Junta de Castilla y León. Del incumplimiento, claro está, tiene la
culpa don Juan José Lucas, faltaría más. ¿Quién la iba a tener? Pero
el señor Lucas pidió el cumplimiento en determinadas instancias, y
aquí en interpelaciones parlamentarias y preguntas. Léase el «Diario
de Sesiones». ¿Saben lo que dice entre otras cosas ese pacto, aparte
de las obras que efectivamente se consideran como absolutamente
necesarias? Que a los tres meses siguientes de la firma del protocolo
-tres meses, enero de 1992- se creará un instrumento de gestión que
tenga por objeto la financiación de las obras necesarias para la
construcción de las siguientes actuaciones en carreteras. ¿Qué se
hizo de tanta promesa, de la de Onzonilla-Benavente, de la de León-
Astorga,
de la de León-Palencia, para llegar hasta Burgos? ¿Qué se hizo de
todo esto? Absolutamente nada, a pesar de todas las gestiones y de
todos los desvelos del presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan José Lucas, y a pesar de que todas nuestras múltiples
iniciativas parlamentarias fueron al cesto de los papeles.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Núñez,
debe concluir.
El señor NÚÑEZ PÉREZ. Termino ya, señor presidente.
Y de aquellos polvos vienen estos lodos, y vienen una serie de
promesas que están sin cumplir.
Usted ha dicho que el pacto de León es un fraude y una estafa
política. ¿Cómo llamaría usted a estos incumplimientos? Esta
valoración total del pacto, las contradicciones del Partido
Socialista con la valoración son absolutamente increíbles. Por un
lado, y aquí quedó ya puesto de manifiesto, los líderes nacionales
hablan de 230.000 millones, hasta han presentado una moción tipo en
todos los ayuntamientos para producir efectos discriminatorios y, por
supuesto, una antipatía profunda hacia León y todo lo que eso
significa; y por otro lado, otros 40.000 millones del plan. ¿Usted
cree que la UPL es tonta? ¿Usted cree que iba a firmar un pacto si no
sabía perfectamente cuál era el contenido, la sustancia, el
compromiso, los dineros, las posibilidades y la credibilidad que los
distintos gobiernos le daban para firmar? ¿A quién está llamando
tonto, señor Rodríguez Zapatero? ¿Al Ayuntamiento de León? ¿A los
leoneses? ¿A la UPL? ¿A nosotros? ¿A quién? Sabemos muy bien lo que
firmamos. Lo que firmamos está ahí y tendrá su reflejo presupuestario
cuando lo aprueben las Cámaras.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Núñez, le
ruego concluya.
El señor NUÑEZ PÉREZ: Perdone, señor presidente. Dos minutos y
termino.
Lo cierto es que en el documento figuran proyectos importantes que no
sólo benefician a León sino a toda España, y muy especialmente a
Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria: la variante de
Guadarrama, que figura en los presupuestos con 25.478 millones de
pesetas; la variante de Pajares; la autovía León-Benavente, que por
primera vez tiene una partida como autovía de 2.600 millones para el
primer año pero es un crédito plurianual. Aquí sabemos cómo funcionan
esas partidas. Cuando termine tendrá una valoración, que es la que
figura en el pacto, de 21.000 millones de pesetas. Lo mismo ocurre
con la de León-Astorga, con un coste de 16.000 millones, y con la de
la autovía del noroeste Villafranca -Ambasmestas. Por cierto, el 3 de
marzo de 1996 no había ni un solo kilómetro construido y hoy, con
todas las profecías en contra, esa autovía del noroeste llega hasta
Villafranca, salvando todas las dificultades y todos los
planteamientos. ¿Cómo que esteGobierno no ha hecho cosas? Eso es lo
que da credibilidad
a las promesas y a los compromisos. Por eso determinados partidos
firman con nosotros.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Núñez.
El señor NÚÑEZ PÉREZ: Ahora sí que termino de verdad, señor
presidente. (Rumores.)
Los parlamentarios socialistas amenazan con una serie de iniciativas
parlamentarias para acorralar, dicen, a los firmantes del pacto y a
los gobiernos implicados. A nosotros no nos acorrala nadie y menos
ninguna iniciativa parlamentaria. En esta Cámara y en otras serán
debatidas en plena libertad y sin posiciones preconcebidas. Somos
libres y responsables para adquirir compromisos y libres
y responsables para cumplirlos. Ustedes sí deben sentirse acorralados
por sus contradicciones y por sus antecedentes. Nos gustaría que para
beneficio de León y los leoneses en este tipo de pactos estuviéramos
todos. Procuraremos mantener la grata y responsable compañía de la
UPL. En todo caso, con pactos o sin pactos, con mociones de censura o
sin mociones de censura, seguiremos con nuestro apoyo al Gobierno
defendiendo los intereses de León como lo hicimos cuando estábamos en
la oposición. No será difícil compatibilizar dos cosas: defender al
Gobierno y desempeñar nuestro ejercicio de parlamentarios, porque
para las dos cosas tenemos la suerte de contar con gobiernos en la
nación y en la comunidad autónoma sensibles a las legítimas
aspiraciones de León. (Aplausos.) (Los señores Rodríguez Zapatero y
Caldera Sánchez Capitán piden la palabra).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Núñez.
Señor Rodríguez Zapatero ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: He sido aludido en reiteradas ocasiones
(Rumores.) y procede por parte...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego silencio.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Creo que por ir mucho más allá del
contexto del debate, incluso con juicios de valor, con apreciaciones
que no se han producido y por alusiones, la Presidencia debe
concederme la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez
Zapatero, S.S. ha sido mencionado, como es lógico, porque es usted el
dueño de la iniciativa en nombre de su grupo parlamentario, pero el
señor Núñez se ha limitado a fijar la posición de su grupo, que
obviamente no es coincidente con la del suyo, por lo cual S.S. no
tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Respeto su valoración y su decisión,
pero discrepo radicalmente porque he sido reiteradamente aludido
durante 25 minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Su señoría ya
ha expuesto su solicitud. Yo la he tenido en consideración y se la he
contestado. Por tanto, no está en el uso de la palabra.
Señor Caldera, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor presidente, a los mismos
efectos. En la nube de confusiones que ha invadido al señor Núñez ha
afirmado que yo hablaba. Yo no he hablado, he respetado... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio,
señorías.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: He respetado con sumo cuidado el
uso abusivo de un turno que no tiene nada que ver con la fijación de
posiciones ni mucho menos con un turno en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No está su
señoría en el uso de la palabra. Ni S.S. ha sido aludido, ni S.S.
está en el uso de la palabra ni lo va a estar.(Rumores.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS A
ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE POSIBLES
PRÁCTICAS DELICTIVAS POR PARTE DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS EN
RELACIÓN CON LAS PRESCRIPCIONES Y PARA CONSEGUIR QUE EL GASTO
FARMACÉUTICO SE ADECUE A LAS NECESIDADES DE SALUD ANTES QUE A LOS
BENEFICIARIOS DE LOS LABORATORIOS. (Número de expediente 172/000187.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto siguiente del orden del día, que es el 34, referente a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida sobre medidas a adoptar por el Gobierno para determinar el
alcance de posibles prácticas delictivas por parte de laboratorios
farmacéuticos en relación con las prescripciones y para conseguir que
el gasto farmacéutico se adecue a las necesidades de salud antes que
a los beneficios de los laboratorios.
Para su presentación y en nombre de su grupo parlamentario tiene la
palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
A estas horas de la noche conservo la voluntad suficiente como para
sustanciar desde esta tribuna una interpelación que debo decir que me
produce sensaciones contradictorias. Por un lado, la constatación
documentada de la violación reiterada de las prácticas prohibidas que
pueden ser consideradas como delito por parte de laboratorios
farmacéuticos y, por otro lado, la agridulce sensación también de
poder exhibir ante SS.SS. y ante el señor ministro de Sanidad
documentación que acredita denuncias que mi grupo parlamentario ha
hecho en esta
Cámara y a través de mí misma desde hace muchos años. Desde
principios de esta década mi grupo parlamentario viene denunciando
algo que los ministerios de Sanidad sabían bien: la generalización de
prácticas por parte del conjunto de los laboratorios farmacéuticos
destinadas a comprar la voluntad de los médicos para recetar
determinados productos. El señor ministro de Sanidad sabe tan bien
como yo lo que dice el artículo 108 de la Ley General de Sanidad.
Dice que se prohíbe el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier
tipo de incentivos, primas u obsequios efectuados por quien tenga
intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y
comercialización de medicamentos a los profesionales médicos
implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración
o a sus parientes y personas de su convivencia.Usted sabe, señor
ministro, que ha sido traspuesta una directiva de la Unión Europea
que concretaba y extendía la prohibición de este tipo de prácticas
que, como he denunciado en reiteradas ocasiones, están haciendo que
la cifra de un billón de pesetas de gasto farmacéutico público esté
determinada fundamentalmente no tanto por las necesidades de salud de
la población sino por los intereses de la industria farmacéutica.
Decía que hoy puedo darles a ustedes los datos y contarles los hechos
a través de los cuales los laboratorios realizan este tipo de
prácticas. Tanto en atención primaria como en atención especializada
se establecen entre determinados médicos y visitadores médicos
protocolos mediante los cuales los médicos se obligan a recetar
determinados medicamentos a cambio de una retribución concreta por
cada paciente y cuyo importe total también aparece en los
determinados protocolos. Esta documentación que me consta existe ha
sido objeto de una denuncia ante la Audiencia Nacional de una de las
multinacionales farmacéuticas más poderosas de nuestro país y del
mundo, la multinacional estadounidense Abbott, que por ejemplo, señor
ministro, establece el pago de una determinada cantidad de dinero a
cambio de que los médicos de atención primaria receten Klacid, un
derivado de la eritromicina, un medicamento de segunda elección, es
decir, no es un medicamento recomendado para infecciones del tracto
respiratorio en primera elección. Los médicos suscriben el contrato
de manera bien concreta con el visitador médico rellenando un
cuaderno de recogida de datos en el que se especifica la identidad
del paciente, sus datos personales, la enfermedad que padece y la
duración del tratamiento. A cambio de rellenar determinado protocolo
se recibe un cheque nominal emitido directamente por los laboratorios
o por empresas interpuestas. Esto supone la vulneración de la Ley del
medicamento, supone la vulneración del derecho a la privacidad de los
pacientes al suministrar a una industria farmacéutica sus datos
personales y supone, al mismo tiempo, la vulneración de cualquier
criterio científico en la medida en que se administra para
infecciones banales, producidas en su inmensa mayoría por virus,
medicamentos que no están aconsejados en absoluto. Esta misma
práctica se realiza en los hospitales. A muchas de SS.SS. les sonará
la denuncia que yo he reiterado de falsos ensayos clínicos prohibidos
expresamente por la Ley
del medicamento que invalida cualquier procedimiento de investigación
acerca de las cualidades de un medicamento para medicamentos ya
registrados, cuya manera de actuar se conoce perfectamente. La
búsqueda de líderes de opinión dentro de los hospitales permite, de
la misma manera, la realización de protocolos mediante los cuales se
administra a determinados enfermos ciertos medicamentos que la
farmacia del hospital compra, que sirven para la realización de
publicaciones que son utilizadas como instrumento de penetración en
el mercado y a través de los cuales los médicos perciben
retribuciones -si se puede decir así- más sustanciosas.
Por ejemplo, el medicamento de Abbott llamado Procrin que, para
información de SS.SS., sirve para producir la castración en el caso
de enfermos con cáncer de próstata y que vale alrededor de 50.000
pesetas por mes y por paciente. Los médicos perciben una cantidad
superior a las 10.000 pesetas por cada tratamiento indicado. Si
ustedes tienen a mano una calculadora podrán ver, en base a una
supervivencia media de los pacientes de cáncer de próstata de cinco
años, cuántas son las ventas que se garantizan por este
procedimiento. Procedimientos semejantes se usan en otros
medicamentos que también les sonarán a SS.SS., los famosos
vasodilatadores periféricos, cuya incapacidad para producir los
efectos que se indican en el prospecto es conocida de todos, que
precisamente por estar desaconsejados por el Ministerio de Sanidad
son objeto de incentivación especial.
Existe toda una cadena de control por parte de los laboratorios de
las prescripciones realizadas. No solamente están los protocolos en
los cuales el médico confirma su compromiso de recetar determinados
medicamentos, sino que los intermediarios, las empresas
distribuidoras suministran la información de lo que realmente se
expende en las farmacias situadas en la zona de influencia de cada
centro de salud, hecho que permite a los laboratorio cerrar el
círculo. No solamente es esto. Existe el pago a través de cuentas en
grandes almacenes; existe el pago en especie para aquellos que no
desean recibir directamente el dinero con, por ejemplo, televisores
en color que se hacen llegar al propio domicilio de los médicos y,
por supuesto, los congresos de la especialidad correspondiente. Les
recuerdo el congreso de cardiología celebrado recientemente en
Barcelona, que supongo que se acordarán de las condiciones en que se
realizó. Otros congresos son realizados en lugares exóticos.
Barcelona para nosotros no es muy exótico, pero es de conocimiento
generalizado el tipo de percepciones en viajes para los médicos y sus
cónyuges o sus acompañantes en el caso de estos congresos.
Señor ministro, lo que hay de nuevo en todo esto es que este modesto
grupo parlamentario ha tenido acceso a la denuncia que se ha
presentado en la Audiencia Nacional por un ex gerente de los
laboratorios Abbott. Que este grupo parlamentario haya accedido a
esta documentación no sería motivo de esta interpelación, sino la
acusación concreta que yo realizo al ministro de Sanidad como
responsable máximo de la autoridad sanitaria. Esta misma información
obra en poder del Insalud y de la Dirección General de Farmacia. Se
ha
recibido la solicitud de la personación en la causa de las
autoridades sanitarias, entendiendo razonadamente que los intereses
de la sanidad pública, los intereses del gasto farmacéutico público
son incrementados de manera perversa, la denuncia del incumplimiento
flagrante de la legislación vigente y la denuncia también de la
violación de los criterios científicos de tratamiento más elementales
por la industria farmacéutica.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro,
le ruego vaya concluyendo.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino enseguida.
No solamente se trata de la asistencia a congresos científicos de
cada especialidad. Ha sido publicado también en los medios de
comunicación el pago a especialistas de diferentes especialidades de
algo tan exótico como la asistencia a la Ryder Cup de golf en el mes
de septiembre de 1998 y un largo etcétera de procedimientos que
usted, señor ministro, conoce tan bien como yo.
Mi denuncia en este caso a usted como autoridad sanitaria es haber
hecho caso omiso, haber dado la callada por respuesta ante la
petición de información acerca de ensayos clínicos autorizados por la
Dirección General de Farmacia alegando la confidencialidad para no
suministrar los datos requeridos. Señor ministro, esta es una
situación generalizada. Utilizo el nombre de los laboratorios Abbott
porque es la documentación que obra en mi poder, pero la denuncia que
hoy reitero documentadamente es que estas prácticas generalizadas
están siendo llevadas a cabo por la industria farmacéutica en todos
los casos. No todos los profesionales de la sanidad acceden a este
tipo de prácticas, pero es evidente que el procedimiento funciona,
y funciona de una manera perversa para todos, incluidos los
laboratorios. Le voy a decir, señor ministro...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro,
le ruego concluya.
La señora MAESTRO MARTÍN: Voy a terminar ya, señor presidente.
Por ejemplo, señor ministro, hay principios activos con la misma
función y con las mismas indicaciones que proceden de laboratorios
farmacéuticos diferentes y se está asistiendo a una escalada de
ofertas para conseguir superar la oferta anterior. Es decir, si el
laboratorio Abbott a mí me da 10.000 pesetas por recetar Procrin,
otro laboratorio que tiene el mismo medicamento oferta las 10.000
pesetas por tratamiento más un crucero por el Nilo, otro oferta
10.000 pesetas más crucero por el Nilo y asistencia al casino de no
sé dónde, en una locura de perversión que está pagando el conjunto de
la sociedad española, que está viéndose desasistida por las
autoridades sanitarias que de una manera cómplice están dejando de
llevar a cabo actuaciones fundamentales que les corresponden como
autoridad sanitaria.
Por tanto, señor ministro, la interpelación que le hago en este
momento es sobre cuáles son las razones por las que el Ministerio de
Sanidad no ha iniciado procedimiento alguno de investigación de un
hecho que es flagrante y conocido en el conjunto de la sanidad
española y, por supuesto, qué medidas piensa adoptar para que
este tipo de prácticas deje de llevarse a cabo de la manera general,
de la manera pública, podríamos decir, en que se está haciendo, tanto
en el Insalud como en los servicios de salud de las comunidades
autónomas, y de qué manera piensa el señor ministro de Sanidad
ejercer su obligación como responsable máximo de la autoridad
sanitaria en materia del medicamento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
Para contestar en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor
ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señora diputada, su interpelación parte de un supuesto que no se
ajusta a la realidad, como es el considerar que la actuación de los
médicos en la prescripción farmacéutica y la de los laboratorios en
la promoción de sus productos se guía por principios espurios, porque
con independencia de situaciones puntuales, que en ningún caso pueden
justificar el alarmismo que se pretende, los profesionales sanitarios
y la industria farmacéutica instalada en España actúan con respeto a
la normativa existente y a los códigos éticos.
Usted se refiere al caso conocido en relación con el laboratorio
Abbott y yo le puedo decir que en ese caso el grupo de investigación
de la Seguridad Social se puso en contacto con el juzgado que está
incoando las diligencias por si fuera necesaria su colaboración en la
investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados y el
juzgado ha contestado que hasta que la fiscalía no se pronuncie no es
necesaria esa colaboración. Pero además le aseguro que siempre que se
recibe alguna denuncia de actuaciones irregulares que puedan ser
constitutivas de fraude o de delito se ponen en marcha los mecanismos
de inspección precisos que incluyen, en caso necesario, la actuación
de ese grupo de investigación de la Seguridad Social. Cuando como
consecuencia de las actuaciones inspectoras, en algunos casos
ciertamente excepcionales, se detectan conductas no adecuadas o
incluso delictivas se procede a la apertura del correspondiente
expediente disciplinario o en su caso a la remisión de las
actuaciones a la autoridad judicial. A pesar de la notoriedad de los
excepcionales casos que aparecen, esto no permite afirmar que se
trata de una actuación generalizada que exija medidas distintas de
esa permanente atención y cuidado que estamos prestando a cualquier
posible irregularidad que conozcamos o que se nos denuncie. Y tenga
usted la certeza de que cualquier posible irregularidad que se conoce
es investigada y en su caso perseguida.
Nunca como ahora, señora Maestro, el Gobierno ha exigido a los
laboratorios farmacéuticos un esfuerzo como el que nosotros les hemos
pedido; nunca en nuestro país se han tomado medidas más rigurosas que
las que nosotros hemos adoptado para adecuar el gasto farmacéutico
a las necesidades de salud de los ciudadanos; nunca se ha dispuesto
como ahora de sistemas de información
tan idóneos como los que nosotros hemos introducido para realizar
cada vez mejor un control continuo de la prestación farmacéutica y a
partir de la información obtenida desarrollar programas de inspección
cada vez más eficaces. Ha sido este Gobierno el que ha tomado todas
estas medidas, sin que ello supusiera el menor menoscabo en el
contenido y la calidad de la prestación farmacéutica. Hemos bajado
los márgenes de las oficinas de farmacia, de los distribuidores.
Hemos disminuido el precio industrial de los medicamentos, que han
bajado un 11,42 por ciento, con el consiguiente beneficio para los
ciudadanos y para el Sistema Nacional de Salud. Hemos llegado a
acuerdos con la industria farmacéutica que han reportado en dos años
al Sistema Nacional de Salud cerca de 65.000 millones de pesetas,
cantidad muy superior a los 15.000 obtenidos en 1995 con el acuerdo
anterior. Hemos excluido de la prestación pública productos que
presentaban una relación coste-beneficio desfavorable. Frente a un
mercado farmacéutico de medicamentos genéricos inexistente, hemos
establecido las bases para su creación, modificando la Ley del
Medicamento. Le puedo decir que si en el mes de enero de este año el
consumo de genéricos era de 400 millones de pesetas, en julio había
alcanzado ya más de 1.100 millones y esperamos que muy pronto
tengamos en el mercado 500 medicamentos genéricos.
Gracias a todas estas medidas, cuyos efectos plenos todavía no se han
notado en algunos casos o lo han hecho sólo de manera incipiente,
hemos logrado una desaceleración del crecimiento interanual del gasto
farmacéutico, y frente a crecimientos superiores al 14 y al 12 por
ciento en los períodos 1986-1996 ó 1990-1995, vamos a finalizar el
cuatrienio de 1997-2000 con un crecimiento neto de alrededor del 8
por ciento. Además, hemos incorporado a la prestación pública los
nuevos grupos de medicamentos que han ido saliendo al mercado y que
suponen una ventaja con respecto a los ya existentes o bien
medicamentos para patologías que hasta la fecha carecían de
tratamiento eficaz, como son los nuevos hipolipemiantes (estatinas),
los nuevos antidepresivos, los productos para el Alzheimer, el
Parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica.
A la vista de todo esto, ¿puede sostenerse con rigor que estas
medidas puedan tener el menor interés de favorecer a la industria
farmacéutica?
En el ámbito del Insalud hemos impulsado los programas de uso
racional del medicamento, con la constitución de comisiones
farmacoterapéuticas en cada área de salud. Desde las gerencias se
envían también boletines de uso racional del medicamento, protocolos
de las enfermedades crónicas más comunes en el área y fichas
farmacoterapéuticas, en las que se analizan los distintos productos
suministrando una información objetiva sobre su eficacia y la
relación coste-calidad.
Nuestra política de control del crecimiento del gasto farmacéutico y
de uso racional del medicamento se refleja también en los
presupuestos del Insalud y en los contratos-programa que suscriben
las gerencias de atención primaria con los equipos de atención
primaria y en los que se pactan incentivos ligados a la mejora
asistencial, que incluyen, lógicamente, la adecuación de la
prescripción farmacéutica.
Tenemos en marcha programas que tratamos de perfeccionar y mejorar
cada día en relación con la inspección de la prestación farmacéutica.
Hemos introducido en el ámbito del Insalud, el TAIR, terminal
autónomo de identificación de recetas, que además de ser un
instrumento de gestión nos va a proporcionar cada vez más información
sobre la prescripción de cada uno de los facultativos. Aprovecho la
oportunidad para reiterar que la Agencia de Protección de Datos ha
ratificado que los terminales cumplen con la legislación vigente.
Estos planes de inspección están dirigidos fundamentalmente a los
médicos hiperprescriptores y a los que concentran sus prescripciones
en medicamentos de determinados laboratorios, sin que esto, a priori,
signifique un comportamiento no adecuado de estos facultativos,
porque una cosa es disponer de datos, otra que estos sean irregulares
y otra probar que efectivamente la irregularidad existe. En concreto,
durante 1998 los farmacéuticos inspectores de las direcciones
provinciales del Insalud y de los equipos territoriales de inspección
sanitaria inspeccionaron a 1.600 médicos del Insalud y revisaron 201
millones de recetas. Toda esta actividad, que aparece recogida en la
memoria de resultados del programa de investigación farmacéutica para
el año 1998, se desarrolló a través de los siguientes programas: uno
de ellos, de inspección, seguimiento y control de los médicos
prescriptores. En este programa se evaluaron 1.043 médicos, dando
lugar a la apertura de actas por infracción a cinco oficinas de
farmacia y diversos expedientes disciplinarios a médicos, 12 en
Madrid, de los que uno dio lugar a la detención de un facultativo por
delito, tres son oficinas de farmacia y uno es un ATS.
El segundo es la evaluación de la utilización de medicamentos y
productos farmacéuticos en los centros de la tercera edad, y en este
programa se evaluaron 53 residencias de la tercera edad y 120
médicos. Otro programa es el de evaluación del sistema de
prescripción de recetas de atención primaria y del sistema de
identificación del usuario, se desarrolla a partir de la implantación
del TAIR en el Insalud y permite detectar fallos en el sistema TAIR y
las actuaciones no correctas en la prescripción farmacéutica.
Programa de evaluación del gasto farmacéutico producido por la
prescripción de recetas en los servicios médicos de urgencia, cuyo
objetivo es analizar la prescripción de recetas médicas en los
servicios de urgencia, los circuitos de prescripción en atención
primaria y especializada derivados de la atención de urgencias, así
como el gasto en los botiquines de los servicios de urgencia. Dentro
de este programa se inspeccionaron 192 servicios de urgencia y 449
médicos. En la evaluación del gasto farmacéutico producido por
prescripción de recetas en los servicios médicos de empresas, también
se inspeccionaron una serie de servicios de esa naturaleza en el año
1998.
Mediante el programa de inspección de oficinas de farmacia
y laboratorios, se levantaron 85 actas de inspección a oficinas de
farmacia que dieron lugar a la iniciación de 19 expedientes y se
elevaron 73 propuestas de expedientes
sancionadores a las comunidades autónomas por corresponder a materias
en las que ostentan competencias.
Estos programas se desarrollaron de modo sistemático en todo el
ámbito del Insalud y en 1999, dentro de los programas de inspección,
se analizará la actividad de 1.650 médicos y serán 1.700 en el año
2000.
Le reitero, señoría, que somos nosotros los más interesados en
detectar cualquier irregularidad y en perseguirla, no tenemos el
menor interés en que queden impunes y nuestra disposición es seguir
defendiendo enérgicamente la legalidad en este campo y persiguiendo,
como así seguiremos diciendo, cualquier actuación que no se ajuste a
la legalidad que la debe inspirar y amparar.
En conclusión, señoría, sin ninguna duda la política farmacéutica que
está desarrollando el Ministerio de Sanidad y Consumo está dirigida a
racionalizar el crecimiento del gasto farmacéutico público y a
asegurar que pone a disposición de los ciudadanos aquellos productos
que precisa. Disponemos de mecanismos para detectar las posibles
actuaciones incorrectas y en estos casos tenga usted la certeza de
que el Ministerio de Sanidad y Consumo y el resto de las
administraciones sanitarias no dejarán de actuar y lo harán siempre
con la mayor prontitud y eficacia. Con este propósito y con esta
determinación vamos a seguir defendiendo la racionalidad de la
prescripción farmacéutica y los intereses generales de los ciudadanos
en este ámbito de nuestras responsabilidades.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Señor presidente, señorías, señor ministro,
la verdad es que supongo que es un ejercicio de salud mental
conservar aún la capacidad de indignación a pesar de estar
acostumbrada, como estoy, a escucharle decir a usted reiteradamente,
se hable de lo que se hable, que aquí no pasa nada, aunque se le esté
cayendo la casa encima. Pero en este momento y denunciando con la
claridad, con la concreción con que se están denunciando delitos de
cohecho, la negativa a actuar en defensa de los intereses públicos
personándose en la causa abierta contra laboratorios Abbott, la
negativa a que a través de la personación, usted, el Ministerio de
Sanidad pudiera haber tenido acceso a ni más ni menos que 94
documentos, en los cuales se explicita cheque a cheque, protocolo a
protocolo cómo se está llevando a cabo la compra de voluntades de los
médicos, es algo que todavía supera mi capacidad de sorpresa. Por lo
tanto, señor ministro, yo le acuso a usted de complicidad con delitos
que se están produciendo con carácter general en el Sistema Nacional
de Salud. Yo lo sé, usted lo sabe, cualquiera que conozca el sistema
sanitario sabe las prácticas que está llevando a cabo la industria
farmacéutica para garantizarse las ventas de los productos
considerados más rentables. ¿No se ha enterado usted, señor ministro,
de que los almacenes de mayoristas suministran puntualmente la
información que permite a los laboratorios saber si su
inversión de miles de millones de pesetas en la compra de voluntades
de los médicos realmente se está llevando a cabo? ¿Desconoce usted,
señor ministro, que en este país es un escándalo el pago en especies
y en cheques a los prescriptores? ¿Desconoce usted que esas medidas
que ha enumerado aquí son el chocolate del loro, cuando el problema
más importante -no el único, pero sí el más importante -y que está
determinando la elevación del gasto farmacéutico es la sustitución en
la prescripción de medicamentos baratos, eficaces, de máxima
utilidad, medicamentos esenciales recomendados por la Organización
Mundial de la Salud, por medicamentos diez o veinte veces más caros,
que no mejoran los tratamientos, pero que suponen pingües beneficios
para los laboratorios que los producen? ¿No sabe usted que en
psiquiatría es un escándalo la sustitución de antidepresivos como el
Haloperidol, que vale 700 pesetas, por unos de nueva generación que
valen 7.000 pesetas? ¿No sabe usted que en el tratamiento de la
hipertensión hay medicamentos útiles y eficaces, como los diuréticos,
que valen 300 pesetas, que están siendo sustituidos por otros que
hacen exactamente la misma función?
Señor ministro, usted es cómplice; es cómplice directo de lo que está
pasando. ¿No sabe usted -claro que lo sabe -que se están eliminando
del registro no los vasodilatadores periféricos y medicamentos
parecidos, en los cuales se gastan 36.000 millones de pesetas al año,
sino medicamentos útiles y baratos, como colirios, como
polivitamínicos, y que usted y el medicamentazo del PSOE han
contribuido directamente a limpiar el mercado de medicamentos
baratos? ¿Que usted ha eliminado de la financiación pública
medicamentos que valen 300 ó 400 pesetas, lo que está obligando a los
médicos a sustituirlos por otros que valen diez veces más? ¿No se
asombra, señor ministro, de que la industria farmacéutica apenas haya
rechistado con el real decreto de financiación selectiva de
medicamentos? No ha rechistado porque contribuía eficazmente a la
limpieza del mercado. ¿No sabe usted que aquí hay -y está publicada-
una relación de empresas directamente intermediarias que, seguramente
para evitar sinsabores como el de laboratorios Abbott, están actuando
como testaferros y a su cargo se elaboran los cheques nominales que
van a parar a manos de los médicos?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro,
le ruego que concluya.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino, señor presidente.
¿No sabe usted, señor ministro, que el problema no son laboratorios
Abbott, sino la práctica generalizada por parte de la industria
farmacéutica? Además, fíjese usted, no se trata de la criminalización
de la industria farmacéutica, es que quien no haga esto no está en el
mercado, es que esto, con carácter general, está obligando
a cualquier laboratorio que quiera vender a superar a la competencia a
la hora de comprar voluntades de los médicos. Y usted no se ha
enterado; dice que son unos pocos. No son todos los profesionales de
la sanidad,
pero esta práctica tiene carácter generalizado y, señor ministro, si
a raíz de esta interpelación su Ministerio, que tiene datos concretos
que se han enviado a la Fiscalía General del Estado, que los ha
admitido a trámite, no se persona, si la no personación por parte de
las autoridades sanitarias permite el archivo del juicio, si usted
mira para otro lado cuando se están denunciando con datos y con
hechos concretos prácticas generalizadas que están elevando de una
manera absolutamente perversa y artificial el gasto sanitario
público, será responsable y cómplice de lo que está sucediendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro,
le ruego que concluya.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino en este momento, señor ministro.
Un gobierno demócrata-cristiano, el del señor Köhl, hace doce años,
en Alemania, llevó a cabo un programa integral destinado a fomentar
el uso racional del medicamento, por supuesto interviniendo sobre
este tipo de prácticas. ¿Sabe usted cuánto se consiguió reducir el
gasto farmacéutico público en Alemania? Un 25 por ciento. Usted es
responsable de que al menos 250.000 millones del billón de pesetas
del gasto farmacéutico público no se destine al aumento de recursos
humanos, al aumento de recursos materiales de la sanidad pública y a
garantizar que la información y la formación de los profesionales en
materia de medicamentos esté ajena a las presiones económicas y que
esa información sea independiente y objetiva. Usted, como autoridad
sanitaria, tiene esa obligación.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señora Maestro, ¿cómo se puede hacer un ejercicio tan demagógico y
tan falto de racionalidad como el que usted nos acaba de hacer aquí
esta tarde, diciendo cosas tan increíbles como que lo bueno era dejar
los medicamentos del medicamentazo? Ahora resulta que lo bueno es
dejar esos colirios a los que usted aludía, que son asociaciones de
principios activos distintos que la moderna farmacología desaconseja
porque no se pueden elaborar medicamentos con mezclas de principios
activos fijos, ya que lo que piden la moderna farmacología y la
ciencia médica es que se use de cada principio activo lo que conviene
en cada caso y no cantidades fijas predeterminadas en las fórmulas
que se eliminaron. Los medicamentos que se eliminaron en el
medicamentazo se eliminaron muy a disgusto de la industria
farmacéutica que los elaboraba. Y claro que rechinó, ¿cómo no iba a
rechinar si estaba perdiendo mercado? Si quisieran vender otro tipo
de medicamentos y no vender esos, ellos los retirarían del mercado y
dejarían de producirlos. Naturalmente que los perjudicaba no seguir
produciendo esos medicamentos. Ese es un discurso de otros tiempos,
un discurso contra el signo de los tiempos,
contra el signo del progreso, es aferrarse a planteamientos
verdaderamente increíbles en el país en que estamos y en el tiempo en
que estamos. Si ahora resulta que el medicamentazo es una medida para
favorecer a la industria farmacéutica, que venga Dios y lo vea. Es
una medida que se está tomando en todas partes. Hace muy poco leíamos
que las autoridades francesas elaboraban una lista de productos que
estudiaban someter al mismo régimen de desfinanciación que habíamos
aplicado aquí, algo que se hace con toda normalidad en todos los
países avanzados del mundo menos en los planteamientos de la señora
Maestro, que aquí sí que va contra todos, contra todos en España, en
el pasado y en el presente, y contra todos en el mundo.
Si usted conoce algún hecho delictivo y no lo denuncia, la cómplice
es usted. Yo no conozco ninguno que no mande inmediatamente que sea
puesto en conocimiento de los tribunales. No conozco ninguno. No lo
conocen mis servicios, porque si lo conocieran, lo pondrían
inmediatamente en conocimiento de los tribunales. Y cualquier
irregularidad, la haya denunciado usted aquí o no, cualquier
irregularidad que conocen los servicios de inspección farmacéutica
del Instituto Nacional de Salud se persigue, se instruyen las
diligencias pertinentes y, llegado el momento, se sanciona si hay
motivo para hacerlo. No es otra la guía que nos conduce. Y en el caso
de Abbott se lo recordé a usted. El GISS se puso en contacto con el
juzgado en estas actuaciones, y fue el juzgado el que contestó que
hasta que la fiscalía no se pronunciara no era necesaria ninguna otra
colaboración. Claro que somos nosotros los más interesados en que
esas actuaciones vayan a buen termino. Nosotros somos los más
interesados en defensa de la legalidad y de nuestros intereses. Si
usted sabe de pagos en cheques, diga quiénes son, denúncielos, que
naturalmente eso será puesto en conocimiento de los tribunales de
forma inmediata. Debería usted hacerlo. Usted sí que es una cómplice
si no lo denuncia. Usted es una cómplice. Pero eso hay que hacerlo
con las indicaciones pertinentes, y no venir aquí a hacer
descalificaciones globales y acusarnos de complicidades cuando
realmente nada está más lejos de nuestro ánimo. Usted sí ha incurrido
en una grave irresponsabilidad porque ha dicho aquí que sabía que
existían actuaciones delictivas y es usted responsable de que esas
acciones no se persigan. No quiera usted trasladar a nadie esa
responsabilidad.
Usted tampoco sabe nada de lo que pasó en Alemania. Es verdad que en
un momento determinado Alemania bajó los precios de los medicamentos
y consiguió que al año siguiente se redujera el coste de la factura
farmacéutica, pero inmediatamente volvió a subir. No es precisamente
un modelo a imitar el de Alemania, que tiene un alto gasto en
medicamentos y un alto precio de los mismos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Concluyo,
señor presidente.
Le recuerdo que en el Gobierno nos sentimos muy orgullosos de la
política farmacéutica que estamos aplicando. Como antes dije, nos ha
permitido desacelerar
el gasto farmacéutico y conseguir ahorros de 250.000 millones en esta
legislatura, que creo que es un aval de la seriedad con que estamos
tratando esa cuestión y de nuestro único compromiso con los intereses
generales del país, que son los únicos reales.
Su responsabilidad es muy grande al venir aquí a hacer denuncias de
esa naturaleza que no van seguidas de su comparecencia en los
juzgados, que es lo que usted tenía que hacer, dejando caer sobre la
opinión pública toda la confusión con una política retrógrada en
materia de medicamentos, según la cual tendríamos que haber
renunciado a incorporar a la prestación farmacéutica medicamentos que
suponen una clara ventaja con respecto a los existentes, porque si no
no se registran, no se financian. Y si se registran porque vengan
registrados de fuera, aquí no se financiarían. Todos los que se
registran y se financian es que suponen una ventaja con respecto
a los ya existentes o bien son medicamentos para patologías que antes
no los tenían y que afortunadamente hemos podido incorporar a la
prestación farmacéutica española con lo costosos que son y con el
gasto que supone, aunque haya sido a fuerza de introducir mejoras en
otros campos, de reducir con carácter general los precios, de bajar
los márgenes a los farmacéuticos, a los almacenistas, de conseguir
recursos de la industria farmacéutica, de introducir los genéricos,
etcétera.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
le ruego que concluya.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Hemos
conseguido que fuera posible al mismo tiempo recibir los medicamentos
nuevos muy costosos, con ventajas y eficacias comparados con los
anteriores y para patologías nuevas, conteniendo el crecimiento del
gasto farmacéutico y sin crear ningún problema sobre la estabilidad
financiera del Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, yo pienso que este país debe sentirse muy satisfecho con
este Gobierno y con el ministro de Sanidad que tenemos ya que, como
él ha dicho reiteradamente esta tarde y lo ha repetido ahora mismo en
la interpelación, hacen lo mismo que antes pero mucho mejor. Tan
mejor, que acaba de manifestar en sus últimas palabras que se siente
muy orgulloso por haber conseguido una desaceleración en el gasto
farmacéutico.
Señor Romay, ¿se lee usted los papeles que ustedes mismos hacen? Los
papeles que ustedes elaboran y el documento que entregaron en la
subcomisión para la modernización del Sistema Nacional de Salud
decían que el gasto farmacéutico en aquellos momentos representaba
el 19 por ciento del presupuesto de la sanidad. En este
momento, y con el real decreto-ley que ustedes trajeron a
convalidación, pusieron en la memoria que en estos momentos el gasto
farmacéutico era de un 25 por ciento sobre el total del gasto
sanitario del Sistema Nacional de Salud. Si esto es desaceleración,
como usted dice, que venga Dios y lo vea.
Pero hay más datos sobre este tema que me gustaría señalar. Ustedes
han tomado una serie de medidas: han bajado los márgenes comerciales
de los laboratorios, de las farmacias y de los mayoristas; han hecho
multitud de genéricos, han introducido una gran cantidad de medidas,
y resulta que el gasto de las recetas médicas cada vez es mayor. Debo
señalarle, señor ministro, porque sus números no cuadran con lo que
usted dice habitualmente en esta Cámara y por lo tanto pienso que las
publicaciones deben tener más valor que lo que usted nos dice aquí
verbalmente, que el presupuesto de gasto farmacéutico -el
presupuestario, no el real, que es mucho mayor -en el Insalud entre
el año 1998 y el año 2000 sube un 19,59 por ciento. Ha subido el
gasto presupuestario y también se trata de una cifra pequeña que
nunca se había dado en la historia y que ustedes están sacando estas
novedades.
Hay datos aún más significativos que estos y que ustedes también han
publicado en la memoria que acompaña a los presupuestos de este año
de Sanidad y del Insalud. Ustedes indican en la memoria que acompaña
a los presupuestos que el 58 por ciento del presupuesto destinado
a atención primaria lo dedican al pago de las recetas farmacéuticas. Si
a este 58 ó 59 por ciento de gasto farmacéutico en atención primaria,
en recetas médicas, se le añade lo que se destina a personal, a
salarios, haga usted mismo los números y sabrá cuánto queda para lo
que realmente es la atención sanitaria de los ciudadanos de este
país. Evidentemente, ustedes siempre quieren tener razón en todas las
cosas y no aceptan ninguna de las cuestiones que aquí se han
planteado.
Usted ha dicho también aquí, lo que me da pie a comentárselo, que han
introducido otra medida que les va a servir para controlar el gasto
farmacéutico: el famoso TAIR, acerca del cual hemos debatido también
aquí. Usted se ha permitido afirmar que estaba en consonancia con lo
que dice la Agencia de Protección de Datos. Debo recordarle, señor
ministro, que ustedes recibieron una carta de la Agencia diciendo que
debían modificar algunas cuestiones de la orden ministerial que
primero habían hecho para que se pudiera ajustar a lo que decía la
ley y que nosotros habíamos denunciado. Además, han tenido que
modificar las recetas médicas. Actualmente, las recetas médicas
incluyen una letra muy pequeña que casi no se lee, pero que sirve
para una posible justificación sobre su consentimiento, diciéndole al
paciente que aquellos datos pueden ser introducidos en un fichero
mecanizado, cosa que no tenían las recetas anteriores y que, por
tanto, no se cumplía. Evidentemente, a la chita callando, ustedes van
introduciendo las modificaciones necesarias. En cada cosa que hacen,
cometen errores gravísimos quedespués tienen que rectificar ante el
alud de denuncias
que se les viene encima y que probablemente no terminan en lo que le
he señalado.
Señor ministro, a raíz de esta interpelación yo le pediría que usted
y su equipo se dedicaran a delimitar realmente cuáles son las
necesidades de la población asistida en relación con las prestaciones
farmacéuticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Corominas, le ruego vaya concluyendo.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Sí, señor presidente, voy terminando,
pero espero que tenga cierta benevolencia en el mismo sentido en que
la ha tenido con el último interviniente de la interpelación
anterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Corominas, S.S. tiene que concluir en el tiempo que marca el
Reglamento. Le he pedido cortésmente que fuese concluyendo y no hace
falta que me haga ningún recordatorio, porque soy perfectamente
conocedor de la duración de todas las intervenciones que han tenido
lugar a lo largo de toda la tarde. Se lo agradezco y le insisto en
que vaya concluyendo.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Voy concluyendo. Gracias, señor
presidente.
Como decía, le pediría al señor ministro que delimite cuáles son las
necesidades de la población asistida. Y le decía también que por
primera vez en la historia de este país, otro éxito que ustedes han
tenido, algunos medicamentos nuevos que han registrado han sido
excluidos de la financiación sanitaria por la única razón de lo
elevado de su costo. Podría recordarle dos medicamentos, como el
Xenical y la Viagra, que no han sido financiados por el sistema y el
único argumento que se ha dado no es su falta de eficacia
terapéutica, sino su excesivo coste.
En relación con la interpelación que se ha presentado, quiero
decirle, señor ministro, que aquí se han hecho graves imputaciones.
Nosotros no vamos a entrar en ellas no porque no creamos que no deba
entrarse, sino porque es un tema que está sub iudice y pensamos que
deben ser los tribunales los que determinen este tema concreto, pero
ahí está el problema del gasto sanitario y lo que ello comporta.
Quisiera preguntarle también, dado que este es un tema
fundamentalmente de ética y de relación entre los distintos
profesionales sanitarios, si usted ha entablado relaciones con los
colegios oficiales de médicos y farmacéuticos para ver si tienen
razón de ser estas imputaciones tan graves que aquí se han hecho,
porque de ser ciertas, que parece que en este caso pueden serlo, lo
dirán los tribunales, son realmente gravísimas y algún documento
tendría que elaborar el Ministerio al respecto.
Finalmente, y con esto termino, señor presidente, quisiera indicarle
que, tal y como señala la legislación vigente, que esto sí que se lo
ha encontrado de gobiernos anteriores, el Real Decreto del año 1993
sobre realización de ensayos clínicos, el Real Decreto del año 1994
sobre publicidad de medicamentos de uso humano, la Ley del
Medicamento, etcétera.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Corominas, le ruego concluya.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Concluyo en este momento, señor
presidente.
Le pediría que me dijera qué coordinación ha hecho el Ministerio con
las distintas comunidades autónomas para acotar este tema, ver la
realidad del mismo y ajustar el gasto farmacéutico.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Corominas.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Castillo.
El señor CASTILLO JAÉN: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo, señora Maestro, apoya y celebra la decisión del
trabajador de Abbott, con pruebas que él estima que tiene, de
dirigirse a la fiscalía y someter su denuncia a un proceso racional
en este Estado de derecho.
Por otro lado, nuestro grupo rechaza su intervención, cargada de
demagogia y falta de rigor, en la que se confunden términos técnicos
con disposiciones legales.
Su señoría dice que hay una generalizada incentivación ilegal de la
prescripción del médico. Denúncielo, como ha hecho este señor.
También dice que hay una práctica generalizada por todos los
laboratorios. Denúncielo, como ha hecho este señor.
En otras ocasiones en que hemos tenido el placer de debatir algunas
veces sobre temas de este tipo, le he dicho que es extremadamente
confiada, porque no la creo ilusa. Le he dicho algunas veces que
algunos de sus informadores tenían otros intereses bastardos. En este
caso, por lo menos, este señor ha tenido la valentía de ir a una
fiscalía. Y le digo otra cosa: estaba desencaminado y la ha
desencaminado a usted. Cuando le dice al ministro que tenía
conocimiento de denuncias, estaba totalmente desencaminada. Y le voy
a decir por qué. El denunciante, equivocándose donde se tenía que
equivocar, se fue al INSS, al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, organismo no competente en este tipo de actuaciones.
Previamente había estado en el juzgado. El INSS, a pesar de no ser
competente, es responsable. Transmitió la denuncia al Insalud, que sí
es responsable en estos casos. El Insalud tomó cartas en el asunto y
trasladó la denuncia al GISS, Grupo de Investigación de la Seguridad
Social, formado en parte por inspectores farmacéuticos, médicos y
guardias civiles. Este grupo se dirigió al juez y éste le dijo que ya
tenía la denuncia en su poder y que la fiscalía había actuado. Por lo
tanto, que esperara a que le avisara para que cuando aceptara la
denuncia, el juez lo llamaría para que profundizara en la
investigación.
Usted utiliza unos resortes bastardos al decir que en el Ministerio
no se han preocupado. Ha sido usted la que no se ha preocupado de
hacer un seguimiento, como yo he hecho, a la denuncia de este señor.
Este seguimiento lo he hecho desde que la he oído esta mañana en una
rueda de prensa y he continuado haciéndolo hasta este
momento. Por lo tanto, le pido que no sea confiada porque sé que lo
ha sido en este caso.
Su señoría dice que hay que exigir a la distribución que no dé datos.
Señora Maestro, todos los datos son transparentes, todas las empresas
de todos los sectores se los transfieren entre sí. Es más, los datos
de la venta de cualquier laboratorio, a través de las oficinas de
farmacia, a través de las farmacias de los hospitales y de cualquier
canal de distribución, son públicos, puesto que se pueden adquirir
por una módica cantidad de dinero. Pero eso no ocurre sólo en el
sector farmacéutico, sino en todos los sectores industriales. Los
grandes departamentos de finanzas, los grandes departamentos que
hacen las proyecciones de las empresas, necesitan cruzar los datos,
y esa es una técnica del mercado moderno. No trate de poner censura a
este hecho porque ya no podemos dar marcha atrás en el estado en que
estamos.
Esta mañana ha hecho unas fuertes manifestaciones al afirmar que los
beneficios del sector farmacéutico son equiparables al narcotráfico y
al tráfico de armas. Eso es fuerte. No le quiero pasar la mano por el
hombro a la industria farmacéutica porque no le hace falta. Ya tienen
ellos excelentes medios de promoción, pero le quiero decir una cosa.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castillo,
le ruego vaya concluyendo.
El señor CASTILLO JAÉN: Acabo, presidente.
Le quería decir que los medicamentos, señora Maestro, nacieron en las
farmacias en los años veinte y treinta. Han sido desarrollados por la
industria farmacéutica, que ha invertido mucho en I+D para lograr
unos medicamentos que nos han dado un grado de calidad de vida
aceptable, de manera que los países desarrollados hemos llegado a una
perspectiva de vida de 80 años. Es injusto asemejar a la industria
farmacéutica con el narcotráfico o el tráfico de armas, incluso en
los beneficios.
Para acabar, le quería decir que el control y la función inspectora
relativa a los productos farmacéuticos en materia de premios, becas,
contribuciones, subvenciones a reuniones, congresos, viajes de
estudios y actos similares corresponden a las comunidades autónomas,
según la directiva que usted ha nombrado y ahí lo dice taxativamente.
El control y la evaluación de las prescripciones individuales de los
facultativos corresponden al servicio de salud de las comunidades
autónomas, razón por la cual del Instituto Nacional de la Seguridad
Social se remitió al Insalud.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castillo,
le ruego concluya.
El señor CASTILLO JAÉN: Señor presidente, acabo ya.
Quiero decir que hemos hecho muchas cosas -no algunas-, una serie de
medidas, como ha indicado el señor Corominas. Se han hecho cosas muy
importantes en el Ministerio de Sanidad en el curso de esta
legislatura, pero no estamos satisfechos, y lo decimos, porque la
satisfacción, señor Corominas, en el caso de la sanidad perjudica
gravemente la salud de los españoles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castillo. (La señora Maestro Martín pide la palabra.)
Señora Maestro, ¿a qué efectos solicita la palabra?
La señora MAESTRO MARTÍN: Para aclarar un aspecto del debate que me
parece sustancial, ya que sin el cual quedaría falto de igor.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿A qué aspecto
se refiere, señoría?
La señora MAESTRO MARTÍN: A las intervenciones del Grupo Popular y
del señor ministro diciendo que debería haberme personado en la
causa. Debo decir que Izquierda Unida se ha personado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Entendido,
señora Maestro. La intervención del Grupo Popular, como la del señor
ministro, que obviamente cierra el debate en el turno puro de la
interpelación, corresponde en este caso a una fijación de posición
-insisto- no coincidente como en veces anteriores, pero no da lugar a
alusiones ni a su intervención.
Muchas gracias, señora Maestro. (La señora Amador Millán pide la
palabra.)
Señora Amador, ¿ a qué efectos me pide la palabra?
La señora AMADOR MILLÁN: Señor presidente, para solicitar la
rectificación de mi apellido que ha invocado el señor Castillo, sin
duda por error.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Si ha sido así,
ruego a los servicios de la Cámara que sustituyan el apellido de la
señora Amador por la señora Maestro en la intervención
correspondiente al señor Castillo.
Muchas gracias, señorías.
El Pleno se reanudará mañana, a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.