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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 262, de 29/09/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 262
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 252
celebrada el miércoles, 29 de septiembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 13924)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
protección social de los parados. (Número de expediente 172/000184.)
. . . (Página 13945)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en
relación con la actual situación del Ministerio Fiscal. (Número de
expediente 172/000182.) . . . (Página 13953)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de vivienda.
(Número de expediente 172/000185.) . . . (Página 13964)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas . . . (Página 13924)
Del Diputado don Pedro Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Piensa el Gobierno compensar a los funcionarios y
empleados públicos por la pérdida de poder adquisitivo de sus
salarios producida durante 1999 como consecuencia de la desviación
del IPC previsto? (Número de expediente 180/001958.) . . . (Página 13924)
Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Por qué
se niega Vd. a compensar a los funcionarios de la pérdida del poder
adquisitivo de sus salarios ahora que es posible? (Número de
expediente 180/001960.) . . . (Página 13925)
Del Diputado don Rafael Cámara Rodríguez- Valenzuela, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
prioridades recoge el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000? (Número de expediente 180/001970.) . . .
(Página 13926)
Del Diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación: ¿Qué criterios defiende el Gobierno para el reparto del
incremento de 550.000 toneladas de cuota láctea? (Número de
expediente 180/001957.) . . . (Página 13927)
De la Diputada doña Teresa Cunillera i Mestres, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles
son los términos del Acuerdo alcanzado por el Gobierno y la
Generalidad de Cataluña para la construcción del canal Segarra-
Garrigues, en Lleida? (Número de expediente 180/001967.) . . .
(Página 13928)
De la Diputada doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno transferir
las Confederaciones Hidrográficas a la Comunidad Autónoma de
Andalucía? (Número de expediente 180/001968.) . . . (Página 13929)
Del Diputado don Ricard Burballa i Campabadal, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno:
¿Cuál es la solución que el Gobierno va a dar a los regadíos de
compensación de Rialb? (Número de expediente 180/001979.) . . .
(Página 13930)
Del Diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula alGobierno: ¿Qué importancia
tiene el Convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de
Madrid, firmado por el Ministerio de Defensa el pasado 12 de
septiembre de 1999? (Número de expediente 180/001978.) . . . (Página 13931)
Del Diputado don Pedro Jover Presa, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno que las declaraciones y
la posición mantenida hasta ahora en relación con la actuación
policial en Bellaterra, el pasado día 14 de enero, con ocasión de
la visita del Presidente del Gobierno al Centro de Microelectrónica,
son suficientes para saldar las responsabilidades políticas derivadas de
dicha actuación? (Número de expediente 180/001964.) . . . (Página 13932)
Del Diputado don Ignasi Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro del
Interior: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno arbitrar las medidas
oportunas con objeto de que los expedientes de las Jefaturas
Provinciales de Tráfico con sede en Cataluña se tramiten en su
integridad en la lengua elegida por el ciudadano afectado, en
ejercicio del derecho reconocido en el artículo 36.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común? (Número de
expediente 180/001980.) . . . (Página 13933)
Del Diputado don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia: ¿Cuáles
son las razones por las que Vd. ha propuesto una subida de
retribuciones al Fiscal General del Estado muy superior a la del
resto de los funcionarios públicos? (Número de expediente 180/
001961.) . . . (Página 13935)
Del Diputado don Luis Ángel Fernández Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
balance hace el Gobierno sobre la creación de nuevas plazas y órganos
judiciales en el presente año? (Número de expediente 180/001971.) . .
(Página 13935)
Del Diputado don Leocadio Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
previsiones del Gobierno respecto al incremento de plazas en la
carrera judicial de cara a los presupuestos del año 2000? (Número de
expediente 180/001972.) . . . (Página 13936)
De la Diputada doña Montserrat Palma i Muñoz, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno
llevar a cabo algún
tipo de mejoras en las instalaciones del aeropuerto de Girona-Costa
Brava ante la inminente entrada en funcionamiento de vuelos regulares
entre Girona y Madrid? (Número de expediente 180/001965.) . . .
(Página 13937)
De la Diputada doña Dolores García-Hierro Caraballo, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué razones tiene
el Gobierno para adjudicar autopistas de peaje de acceso a Madrid?
(Número de expediente 180/001966.) . . . (Página 13938)
Del Diputado don Cristóbal Juan Pons Franco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo ha afectado la
competencia a la actividad de los puertos españoles? (Número de
expediente 180/001973.) . . . (Página 13939)
Del Diputado don Francisco Ignacio de Cáceres Blanco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las líneas básicas del Real Decreto aprobado el pasado 16
de julio por el Consejo de Ministros, sobre normas para mejorar la
seguridad en los buques de pasaje? (Número de expediente 180/001974.)
. . . (Página 13939)
Del Diputado don Javier Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Contempla el
Gobierno la posibilidad de una nueva estación para Segovia capital en
la futura línea férrea Madrid-Valladolid? (Número de expediente 180/
001977.) . . . (Página 13940)
Del Diputado don Javier Barrero López, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria y Portavoz
del Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para paliar la
difícil situación por la cual atraviesan las cuencas mineras no
energéticas? (Número de expediente 180/001963.) . . . (Página 13941)
Del Diputado don Federico Javier Souvirón García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
factores están permitiendo la mejora de las expectativas en el sector
industrial en España? (Número de expediente 180/001976.) . . . (Página 13942)
De la Diputada doña Isabel López i Chamosa, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Ha dictado el Ministerio alguna
resolución interpretativa de la Ley 29/1999, por la que restringe la
equiparación salarial en las empresas de trabajo temporal? (Número de
expediente 180/001969.) . . . (Página 13943)
Del Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene prevista el
Gobierno alguna actuación para mejorar la asistencia sanitaria
inmediata para los trabajadores del mar? (Número de expediente 180/
001975.) . . . (Página 13944)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 13945)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
protección social de los parados . . . (Página 13945)
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, el señor Vaquero del Pozo. Manifiesta que
su interpelación pretende tratar el problema del paro no desde el
punto de vista de las cifras macroeconómicas sino desde la realidad
social de los parados, y aunque reconoce que se están haciendo
esfuerzos para ir eliminando la lacra del paro, lo cierto es que
subsisten cifras millonarias de parados que demandan soluciones de
los poderes públicos. Denuncia el hecho de que aunque los ingresos
por cotizaciones de desempleo son excedentarios, no se haya hecho
ningún programa serio sobre la cobertura de parados de larga
duración, y discrepa de la política neoliberal del Gobierno
encaminada a políticas activas en lugar de a políticas pasivas,
porque para su grupo no hay nada más activo, de cara a lo que es la
prioridad
del Estado, que el gasto social y el bienestar de los ciudadanos,
incluidos los parados. Entiende que el Gobierno tiene que dar un giro
social a su política económica y social y destinar más dinero en los
presupuestos para los programas de políticas activas, si así lo
quieren llamar, pero también tienen que cambiar la normativa de
acceso a las prestaciones y subsidios por desempleo para que las
políticas que se llaman peyorativamente pasivas sean accesibles a
todos los parados, como demanda la Constitución en su artículo 41.
Por lo tanto, concluye, demandan un debate sobre la significación
política de las políticas activas y pasivas y que se consiga que los
parados también se beneficien del crecimiento económico.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Pimentel Siles). Considera que para cumplir el
mandato de la Constitución hay que combinar sabiamente el fomento del
empleo con el derecho a tener una protección por desempleo, porque
son las dos caras de una misma moneda. Critica el hecho de que desde
la izquierda siempre se hable de políticas de desempleo, obviando
referirse a las políticas de empleo, y explica que la terminología de
políticas activas y políticas pasivas es estrictamente europea que
ilumina todas las políticas sociales y de empleo de los Quince.
Insiste en su teoría de que para abordar las políticas de desempleo
no hay otro camino que el de crear empleo y niega rotundamente que
haya en este momento más personas desprotegidas. Considera muy
positivo el hecho de que 1.400.000 personas que estaban desempleadas
tengan empleo y no cobren la cobertura del desempleo, y no cree que
este hecho positivo pueda llevar a decir que hay más gente
desprotegida. Explica los tres ejes de la política de empleo llevada
a cabo por el Gobierno, que han sido crear actividad económica y
crecimiento, diálogo social y un conjunto de incentivos para las
políticas activas de empleo, e insta al señor interpelante a que
presione para que se sigan incrementando las políticas activas de
empleo, que es el futuro no solo de España sino de toda Europa.
Replica el señor Vaquero del Pozo, duplicando el señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras López i
Chamosa, del Grupo Socialista del Congreso, y Monstseny Masip, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en
relación con laactual situación del ministerio fiscal . . .
(Página 13953)
El señor López Garrido, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la
interpelación urgente como un repaso general del curso sobre la
situación del ministerio fiscal y porque algunos acontecimientos
recientes han puesto de manifiesto la situación insostenible del
ministerio fiscal y del fiscal general del Estado. Hace una
exposición de algunos acontecimientos ocurridos en el ministerio
fiscal a raíz del nombramiento del primer fiscal del Estado por el
Gobierno del Partido Popular y afirma que se ha consolidado un modelo
de fiscal general del Estado absolutamente sumiso al Poder ejecutivo
y con gran debilidad en cuanto a los medios, a la formación y al
presupuesto. Hace una dura crítica del modelo fiscal y lo acusa de no
ser constitucional, no adecuado a las exigencias de la defensa del
interés general, antiguo y mínimamente democrático, para centrarse
luego en sus críticas en las figuras del actual fiscal general del
Estado y en la del fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Culpa de
todo al Gobierno y pide que éste se someta al control parlamentario y
explique en la Cámara por qué razón hay un fiscal general del Estado
de perfil cero, de encefalograma plano y ésta ha sido una legislatura
perdida para el ministerio fiscal.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Justicia
(Mariscal de Gante y Mirón). Considera que el interpelante no tenía
la intención de hacer un debate serio sobre el ministerio fiscal en
cuanto a medios materiales y personales, sino simplemente un mitin,
utilizando una vez más la Cámara para este tipo de actuaciones.
Rechaza totalmente las críticas vertidas contra el fiscal jefe de la
Audiencia Nacional y el fiscal general del Estado y defiende asimismo
a todos los profesionales que llevan años dedicados al ejercicio del
derecho. A continuación contesta al señor interpelante sobre el
incremento del número de plazas de fiscales creadas en la actualidad,
comparándolas con las creadas en etapas anteriores, y sobre los
cursos de formación que ha puesto en marcha el Centro de Estudios
Jurídicos de la Administración de justicia, de formación exclusiva
para los fiscales e impartidos por los propios fiscales. Responde una
a una las acusaciones hechas por el interpelante y le acusa de no
interesarse de verdad por los problemas del ministerio fiscal,
persiguiendo simplemente con su interpelación deslegitimar una vez
más a la Administración de justicia.
Replica el señor López Garrido, duplicando la señora ministra de
Justicia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Belloch Julbe, del
Grupo Socialista del Congreso, y Ollero Tassara, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de vivienda . . .
(Página 13964)
Presenta la interpelación urgente en nombre del Grupo Socialista del
Congreso el señor Morlán Gracia. Aunque siente la tentación de hacer
un repaso de lo que ha sido la política de vivienda y suelo a lo
largo de los últimos cuatro años, anuncia que se centrará en el
fuerte incremento del precio de la vivienda. Aunque es consciente de
que hay una distribución competencial entre la Administración central
y las comunidades autónomas, y no necesita que se lo recuerde el
señor ministro, también sabe que el ministro tiene unas
responsabilidades políticas en la elaboración de normas de carácter
general como la Ley del Suelo o en el diseño de planes de viviendas
que después tienen concertados con las comunidades autónomas. Añade
que el tipo de viviendas que se están haciendo en España no satisface
las demandas de aquellos colectivos sin grandes recursos económicos
que han sido objeto de atención en un plan de vivienda y que el Plan
de vivienda 1998-2001 no está dando los frutos apetecidos. No
encuentra razón para el fuerte incremento del precio de la vivienda
ni en los costes de construcción ni en los salarios de los
trabajadores, ni en los tipos de interés, que eran los aspectos
fundamentales que contribuían a constituir el armazón del precio
final, porque los incrementos en los precios de estos factores no han
sido desmesurados, pero el sistema ha fallado, según su análisis, por
el precio del suelo. Critica la reforma de la Ley del Suelo llevada a
cabo por el señor ministro y pregunta qué previsiones piensa adoptar
el Gobierno para que se mantengan los niveles de oferta de vivienda a
la vez que el nivel de incremento de la demanda. Formula una serie de
preguntas sobre las posibilidades de la gente joven o con pocos
recursos para acceder a una vivienda a los precios de mercado y acusa
al Gobierno de hacer publicidad engañosa sobre el tema y de no
cumplir los acuerdos que se toman en la Cámara, como por ejemplo la
aprobación de un programa de suelos públicos concertado con las
comunidades autónomas.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Fomento (Arias-
Salgado y Montalvo). Se refiere en primer lugar a la distribución de
competencias entre la Administración del Estado y las comunidades
autónomas y a la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se
anularon 200 artículos de la Ley de régimen de suelo del Gobierno
socialista que dejó al Estado casi sin competencias en materia de
ordenación urbanística. A continuación intenta demostrar que la
ejecución de los planes de vivienda
por parte del Gobierno ha sido francamente buena con arreglo a tres
criterios: primero, objetivos iniciales de los planes en el
transcurso de los años y actuaciones efectivamente financiadas;
segundo, presupuesto ejecutado sobre el crédito presupuestario que
figura en los Presupuestos Generales del Estado; y tercero, número de
viviendas protegidas terminadas, expresado en porcentajes sobre el
total de viviendas construidas cada año en el país. Pasa a analizar
estos tres criterios expuestos y concluye su intervención afirmando
que ha habido un correcto cumplimiento de los planes nacionales de la
vivienda globalmente considerados; que existe una Ley del Suelo que
es por definición limitado, que realiza una reforma estructural y
que, consecuentemente, solamente puede producir efectos perceptibles
en el momento en que se cohoneste con la reforma de las legislaciones
autonómicas y con la revisión de los planes de ordenación urbanística
de los ayuntamientos y, finalmente, que existe un problema de precio
al alza, provocado por una demanda creciente, por un más fácil acceso
a la vivienda que, por otra parte, no se puede expresar en términos
de medida, porque las diferencias son tan grandes entre comunidades
autónomas y entre ayuntamientos que difícilmente se puede llegar a
una conclusión única, salvo que se quiera describir una situación
económica global, procedimiento lícito, pero no cuando se concreta el
debate y se habla única y estrictamente del precio de la vivienda.
Replica el señor Morlán Gracia, duplicando el señor ministro de
Fomento.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON PEDRO VAQUERO DEL POZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO COMPENSAR A LOS FUNCIONARIOS
Y EMPLEADOS PÚBLICOS POR LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE SUS
SALARIOS PRODUCIDA DURANTE 1999 COMO CONSECUENCIA DE LA DESVIACIÓN
DEL IPC PREVISTO? (Número de expediente 180/001958.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas orales al Gobierno en el Pleno,
que comenzarán, como es habitual,
por aquellas que responderá el presidente del Gobierno,
empezando por la que hace la número 12 y que formula el diputado don
Pedro Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor presidente, ¿quiere el Gobierno
compensar a los funcionarios y empleados públicos por la pérdida de
poder adquisitivo de sus salarios producida durante 1999 como
consecuencia de la desviación del IPC previsto?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señor diputado, los presupuestos generales del Estado contienen un
paquete de medidas relativas a la Función pública, entre las que se
incluye un incremento de las retribuciones de los empleados públicos
del 2 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Usted se niega a compensar, por tanto, el
diferencial de un 0,6 existente entre el IPC previsto para 1999 y el
IPC real. Los funcionarios este año han perdido dinero en sus
salarios y su acuerdo con dos sindicatos no habla ni de cláusula de
revisión salarial, ni de empleo -por cierto, bajo su mandato se está
precarizando también en la Función pública-, ni de la reivindicación
sindical de las 35 horas, ni de la mejora del servicio. Estos
funcionarios, a los que usted castiga de nuevo, desde 1997 al 2000
han perdido 2,3 puntos, a lo que usted contribuyó decisivamente en su
primer año de mandato de Gobierno congelándoles el salario. Este año
está usted dispuesto a hacer incluso una ley para subir el sueldo de
jueces y fiscales y, sin embargo, niega un poco más de medio punto al
resto de los funcionarios en general. Como usted sabrá, la partida
adicional de algunos miles de millones -menos de los que ustedes
dicen, por cierto, pues algunos de esos millones ya están
comprometidos para las subidas salariales derivadas de huelgas
corporativas-, esos 10.000 millones que se quedan al final -su
ministro ha pactado con dos sindicatos en contra del criterio de los
demás- pueden o no repercutir al final en los salarios de los
funcionarios o simplemente puede que sirvan para favorecer a algún
grupo de amigos de los que usted tiene dentro de la Función pública.
(Rumores.) Es, por consiguiente, una partida que ya otros años se ha
realizado, y ello no ha implicado que el Gobierno haya dejado de
compensar la subida para mantener el nivel salarial de los
funcionarios.
Señor Aznar, no nos sirve este acuerdo, no les sirve a los
funcionarios porque van a perder poder adquisitivo con sus salarios.
Rectifique esta política discriminatoriacon los servidores del Estado
y de lo público en
general, pues de lo contrario va a acabar su mandato como presidente
del Gobierno como lo empezó, cometiendo una injusticia con los
funcionarios y puede que gracias a este error ya no tenga en el
futuro más ocasiones de cometer semejante tropelía.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señorías, en primer lugar quiero agradecer a todos los funcionarios y
empleados públicos el trabajo que realizan y su esfuerzo, que sin
duda ha permitido conseguir muchos objetivos a lo largo de toda esta
legislatura y, en particular, uno al que S.S. se refiere, como es que
España estuviese en condiciones de cumplir en el plazo de 16 meses
todos los requisitos que se exigían para llegar a la moneda única y
para formar parte del euro. Sin su colaboración no hubiese sido
posible.
Quiero decirle, señoría, que afortunadamente vivimos en un entorno
económico bastante distinto del de hace algunos años, un entorno
económico en el cual la renta familiar disponible ha crecido, en el
cual tenemos, aunque en este momento hemos de prestar alguna
atención, la inflación más baja que históricamente se ha conocido en
nuestro país y en el cual tenemos unos tipos de interés
extraordinariamente bajos. Esto nos permite rebajar en tres años el
gasto público del 47 por ciento al 42 por ciento, lo cual significa
que hay más recursos en manos de las familias, en manos de los
ciudadanos.
Los funcionarios públicos y los empleados públicos en general, en un
proceso de creación de empleo, de tipos de interés bajos, de
reducción de la inflación, se han visto favorecidos como los demás.
El año pasado tuvieron una ganancia de poder adquisitivo de 7 décimas
y este año pueden tener una diferencia de 0,6, como usted dice,
justamente, entre otras razones, por todo lo que yo le he explicado,
porque el Gobierno ha firmado un acuerdo con los sindicatos más
representativos y mayoritarios en la Función pública. Usted podrá
criticar por qué se ha firmado con unos y no con otros. (Rumores.)
Señorías, hemos firmado con los dos más representativos. Su señoría
podrá decir que tendría que haber firmado con los menos
representativos. Pues hemos firmado con los más representativos,
entre los que se encuentran el sindicato Comisiones Obreras y elCSIF,
que parece que están bastante satisfechos del acuerdo, como el
Gobierno, y cómo lo están realmente los funcionarios, que con un
fondo de 13.000 millones de pesetas van a ver mejorada su
productividad, se van a reordenar las retribuciones y a corregir los
desequilibrios existentes en la Función pública.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
- DEL DIPUTADO DON LUIS MARTÍNEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUÉ SE NIEGA
USTED A COMPENSAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA PÉRDIDA DEL PODER
ADQUISITIVO DE SUS SALARIOS AHORA QUE ES POSIBLE? (Número de
expediente 180/001960).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que con el número 14
formula el portavoz del Grupo Socialista, señor Martínez Noval.
Adelante, señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señor Aznar, ¿por qué se niega usted a compensar a los funcionarios
de la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios ahora que es
posible? (Rumores.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Silencio.
Adelante, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
presidente.
A diferencia de lo que ocurría antes, este Gobierno es responsable de
que los funcionarios no hayan perdido poder adquisitivo, sino de que
lo hayan ganado. (Aplausos.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor Aznar, su política salarial en la
Función pública ha sido completamente desacorde con los momentos que
ustedes dicen que estamos viviendo. Bien es verdad que no todos los
colectivos de funcionarios han tenido idéntica fortuna, los hay que
se han visto beneficiados por la discrecional distribución de la
productividad y otros han mejorado sus retribuciones básicas. Bien es
cierto que todavía no se han materializado esas retribuciones; sin
embargo, la mayoría de los funcionarios han visto reducida su
capacidad adquisitiva. Fíjese, en el caso de que la inflación en el
año 1999 sea el 2,4 por ciento, la pérdida de capacidad adquisitiva
del conjunto de la legislatura será al final del 1,9 por ciento, y no
se entiende, señor Aznar, ni bien ni mal. ¿Por qué usted se niega a
que mejore la capacidad adquisitiva, la posición económica de todos
los funcionarios cualquiera que sea la Administración para la que
trabajen?
Le prevengo de dos argumentos que ya he utilizado (Rumores.-
Protestas.): el primero, la deriva salarial. La deriva salarial nunca
fue un argumento en el debate sobre los salarios, ni en la esfera
pública ni en la esfera privada, señor Aznar; en segundo lugar, el
acuerdo. El acuerdo sólo garantiza el 2 por ciento para todos los
funcionarios, y ese fondo de 10.000 millones de pesetas no se sabe a
cuántos va a beneficiar ni en qué cuantía ni con qué criterios se va
a repartir. Por lo tanto, la
mayor parte de los funcionarios seguirá perdiendo capacidad
adquisitiva, como venimos sosteniendo algunos grupos parlamentarios.
En esta cuestión corroboramos una vez más que cuesta mucho trabajo
arrancarle decisiones que beneficien a la mayoría de los españoles.
(Protestas.) En particular, en esta materia, señor Aznar, su decisión
se resume muy rápida y sencillamente: en materia salarial de la
Función pública, muy poco, para unos pocos y demasiado tarde, señor
Aznar. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría a diferencia
de la filosofía que ustedes aplican muchas veces de tarde y mal, que
ya nos la conocemos, la nuestra tiene una ventaja, porque la suya era
muy simple, era nunca. (Risas.) Por lo tanto, alguna ventaja se puede
tener.
Quizá S.S. se haya enterado, como acabo de decir en esta Cámara esta
tarde, de que hemos firmado un acuerdo con los sindicatos
mayoritarios en el ámbito de la Función pública. Vuelvo a decir que
parece que ellos tienen cierta representatividad en él y no da la
impresión de que estén muy descontentos después de haber firmado el
acuerdo. Están de acuerdo los sindicatos, el Gobierno y la inmensa
mayoría de los funcionarios; comprendo que S.S. esté en desacuerdo.
También es posible que S.S. conozca que las retribuciones de los
funcionarios públicos van a subir ese 2 por ciento y que va a haber
un fondo de 13.000 millones de pesetas -no 10.000, sino 13.000
millones de pesetas- que va a servir para mejorar la productividad y,
naturalmente, para reordenar y equilibrar determinadas funciones.
Sinceramente, yo creo que en este asunto están cometiendo el mismo
error que al plantear el tema de las pensiones; se han equivocado y,
lejos de rectificar, siguen empeñados en profundizar en su error y se
sitúan fuera de toda razón y fuera de toda lógica, pidiendo más, y
más, y más de todo y, por supuesto, sin molestarse en explicar cómo
se pueden hacer esas cosas. Nosotros nos conformamos con llegar a
acuerdos con las centrales sindicales -aunque a ustedes les moleste-
si son beneficiosos para la Función pública y con practicar una
política que permita que la renta familiar de los ciudadanos, mídase
como se mida, en términos de empleo, en términos de baja de inflación
o de tipos de interés, suponga más dinero disponible para las
familias españolas, también para cada funcionario y para cada familia
de los funcionarios de la Administración pública. Yo le agradezco que
plantee este tipo de preguntas como la de esta tarde porque es la
demostración, semana a semana, de que ustedes carecen de una
alternativa mínima, seria y solvente que presentar al país.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
PRIORIDADES RECOGE EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA EL AÑO 2000? (Número de expediente 180/001970.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 24,
formula el diputado don Rafael Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo
Popular.
Señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor
presidente.
Señor presidente del Gobierno, en estos días se están presentando los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, que son los
cuartos presupuestos de éste, su primer mandato como presidente del
Gobierno. Estos cuartos presupuestos son el resultado de una
trayectoria presupuestaria en la que se percibe de forma muy clara
una política firme, creíble y responsable, que se inició en el verano
de 1996, momento en que llegaron las primeras medidas de ajuste que
nuestra economía y nuestro presupuesto precisaban. Aquellas primeras
medidas fueron el inicio de una prometedora política presupuestaria
que ha permitido ofrecer a los españoles un marco de crecimiento
estable de nuestra economía, un marco de crecimiento sostenido del
empleo y unas mejoras sustanciales en nuestros niveles de protección
social. Efectivamente, los primeros presupuestos de 1997 fueron unos
presupuestos hechos con rigor, con austeridad presupuestaria, lo que
permitió colocarnos en la posición que demandaba el Tratado de
Maastricht. El presupuesto del año 1998, una vez cumplidos los
parámetros que exigía nuestra incorporación a la Europa del euro,
insistía en la reducción del déficit y permitió apuntalar el
crecimiento de nuestra economía con medidas tan favorables para su
tejido productivo como fue la reforma fiscal para las pymes. Los
presupuestos del año 1999 son los primeros presupuestos del euro, y
todos los organismos internacionales ya coincidieron en que nuestra
economía estaba dotada de una credibilidad hasta el momento
desconocida en España. Se acometió también la reforma fiscal del
IRPF, lo que permitió bajar los impuestos a todos los españoles y por
primera vez España superaba una crisis internacional de mejor forma
que lo hacían los países de nuestro entorno. Queda, por fin, saber
cuáles son las prioridades en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2000.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
presidente.
Con mucho gusto, señor diputado. Lo primero que quiero decirle es que
el Gobierno va a continuar practicando una política de estabilidad y
de rigor y en ningún caso va a atender ningún tipo de sugerencia ni
de presión, como he dicho en esta Cámara, que suponga iniciar un
proceso de indiciación de nuestra economía, lo que llevaría a tener
unas tasas de inflación altas, un déficit alto y, en consecuencia, a
que se truncase el proceso de creación de empleo en nuestro país y se
volviese a una etapa en la que España no creaba empleo, sino
desempleo.
Estos presupuestos tienen dos objetivos fundamentales: el empleo y el
saneamiento, consolidación y mejora del sistema de protección social,
para garantizar su futuro. En concreto, querría desarrollar las
siguientes prioridades: en primer lugar, las pensiones. Como sabe S.
S. por acuerdo alcanzado el 16 de septiembre se produce una mejora de
las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social, tanto
contributivas como no contributivas, que afectan a tres millones de
pensionistas, con un coste estimado de 61.000 millones de pesetas. En
aplicación del Pacto de Toledo, en este presupuesto se produce
definitivamente la separación de fuentes de financiación, con lo cual
las prestaciones sociales se financian con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, por un importe de 215.000 millones de pesetas.
Además, para garantizar el futuro de la Seguridad Social, y también
siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo que, comprobarán
SS.SS., no se cumple, se dota un fondo de reserva de 60.000 millones
de pesetas.
Además de eso, a políticas activas de empleo se van a dedicar 864.000
millones de pesetas en el año 2000, lo cual supone un 22,2 por ciento
más que el año 1999, con una reducción de 0,25 puntos para los
contratos indefinidos, y un programa de 50.000 millones de pesetas de
renta activa de inserción para los parados de larga duración mayores
de 45 años, porque sabe usted también y conoce el carácter
insolidario de estos presupuestos. La sanidad crece un 7,6 por ciento
y se sitúa en una cifra histórica de cuatro billones 435.000 millones
de pesetas. Se destinarán además 25.000 millones de pesetas
adicionales para incentivar la calidad de la sanidad.El gasto en
educación crece exactamente un 9,8, y desde 1997 la media de gasto en
educación crece 6,8, es decir, bastante por encima del crecimiento
nominal de la economía. En investigación y desarrollo, que es uno de
nuestros grandes retos de futuro, el presupuesto está dotado con un
importe superior a medio billón de pesetas, creciendo el 10,5 por
ciento, con lo cual se multiplica por dos la inversión desde 1997.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON GUILLERME VÁZQUEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ CRITERIOS DEFIENDE EL GOBIERNO PARA EL REPARTO DEL
INCREMENTO DE 550.000 TONELADAS DE CUOTA LÁCTEA? (Número de
expediente 180/001957.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el
diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Mixto.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Señor ministro, tras la reforma de la OCM de la leche la Unión
Europea concedió un incremento -sí, sí, de la leche,
desgraciadamente- de cuota de 550.000 toneladas. (Risas.)
Como consecuencia de la insuficiencia de cuota existe una cierta
ansiedad en el sector por conocer cómo se va a repartir el nuevo
contingente, y más aún cuando el Gobierno expresó la intención de
hacerlo en un sólo tramo. Es por lo que le preguntamos qué criterios
defiende el Gobierno para el reparto del incremento de 550.000
toneladas de cuota láctea.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Vázquez, vamos con el tema de la leche. Los criterios que va a
seguir el Gobierno y, por tanto, este Ministerio son: por un lado,
atender a la resolución del Congreso de los Diputados, después del
debate sobre el estado de la Nación, en que se encomienda hacer estos
repartos en colaboración con las comunidades autónomas y atendiendo a
criterios de proporcionalidad; y, por otro, teniendo en cuenta que
este sector necesita fomentar las explotaciones más competitivas, las
que tienen futuro, puesto que hay unas características que hacen que
unas zonas de España sean más adaptadas que otras a esta producción,
y necesitamos mejorar la calidad, intentaremos poner todo ello en
conjunto para hacer un reparto, insisto, que tenga en cuenta los dos
criterios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Efectivamente estamos hablando de leche, lo que parece que a algunos
señores diputados les hace gracia. En todo caso, tengo que decirles
que no es un tema que pueda causar especial gracia, cuando menos no
le causa
ninguna a muchos de nuestros ganaderos, en concreto a muchos de la
comunidad autónoma de Galicia.
El señor ministro hizo referencia a los criterios de reparto. A mi me
alegra que el Ministerio tenga trazados unos objetivos sobre cómo
repartir este nuevo incremento de cuota, pero yo en lo que le quiero
insistir, señor ministro -y usted lo compartirá-, es en dos
cuestiones: una, que yo creo que el Gobierno, aunque busque el
consenso con las comunidades autónomas, etcétera, debe tomar una
decisión no muy demorada en el tiempo, porque la gente está esperando
como agua de mayo ese incremento, que aunque no va a solucionar los
problemas del sector por lo menos puede paliarlos en parte en los
casos de algunos ganaderos. Y digo esto porque, como usted sabe,
estamos con el tema de la supertasa encima.En segundo lugar, sean
cuales sean los criterios que utilice el Gobierno, deben tener en
cuenta el equilibrio territorial. Entre esos criterios deben
considerarse aquellos que prioricen en el reparto a las comunidades
autónomas con más dependencia de la producción láctea y que carezcan
de alternativas productivas. A nuestro entender, ésa sería la forma
de que el reparto de este incremento fuese justo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Vázquez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): En primer lugar, cuando se reparte es porque, fruto de la
Agenda 2000 y de aquellas negociaciones, hay una cantidad para
repartir, que vamos a incrementar con lo que se ha retirado por
abandono. Queremos no demorarlo en el tiempo, pero nunca se podría
aplicar, ni siquiera la primera fase, antes del primero de abril del
año 2000. Por tanto, hay que hacerlo con celeridad, pero no es
urgente. Hemos formado un grupo de trabajo con las comunidades
autónomas, y pretendemos resolverlo en una sectorial extraordinaria,
que tratará otros temas, a finales de octubre. El Ministerio no puede
separarse de una acción conjunta con las comunidades autónomas. Una
política agraria a largo plazo tiene que tener en cuenta la voluntad
de las comunidades autónomas. Ciertamente, las cuotas lecheras son
individuales, pero no puede negarse que se concentran en determinadas
comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta también otros factores
que se van a ponderar. Insisto, el Ministerio no quiere que esto sea
un arma de lucha contra ni entre las comunidades autónomas, sino que,
al final, logremos un acuerdo general que satisfaga a todos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Agricultura.
- DE LA DIPUTADA DOÑA TERESA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO
ALCANZADO POR EL GOBIERNO Y LA GENERALIDAD DE CATALUÑA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES, EN LLEIDA? (Número de
expediente 180/001967.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a aquellas preguntas que responderá, en
nombre del Gobierno, la ministra de Medio Ambiente, comenzando por la
número 21 que formula la diputada doña Teresa Cunillera i Mestres,
del Grupo Socialista.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señor presidente. Doy por
formulada la pregunta, tal como consta en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cunillera. En efecto, la
ministra conoce la pregunta que le fue previamente pasada por los
servicios de la Cámara. Adelante.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente. Al preguntarme cuáles son los términos del acuerdo
alcanzando entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para la
construcción del canal Segarra-Garrigues, en Lleida, puedo decir a la
señora diputada que se trata de un protocolo de colaboración que
establece un acuerdo de las administraciones competentes para dar el
impulso definitivo a tan importante infraestructura hidráulica en la
provincia de Lérida, para consolidar su desarrollo agrario, tanto en
cantidad como en calidad. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. (Rumores.) Señor
Ortiz, señor ministro de Fomento, señor Hernando y compañía les llamo
seriamente al orden. Tengo que volver a recordar a todas SS.SS. que
el banco azul no es sitio de despacho ni para los ministros ni para
los restantes miembros de la Cámara. (Rumores.) ¡Señor Martínez-
Villaseñor, le llamo al orden! Y lo es mucho menos durante el
transcurso de las preguntas orales, que puede suponerse que exige del
diputado, en este caso de la diputada y de la ministra, un nivel de
concentración que es imposible de conseguir si SS.SS. se dedican a
visitar el banco azul.
Adelante, señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señora ministra, lo que ustedes han
firmado el lunes es un acuerdo de socorro electoral mutuo, ni más ni
menos, y como no es la primera vez que acuden a este tipo de
actuaciones, deseo fervientemente que sea la última. Tengo que decir
que estoy muy de acuerdo con usted cuando dijo que éste no era un
acto electoralista, porque fue un acto de impudicia.
Voy a dejar de lado las declaraciones del candidatoconvergente a la
presidencia de la Generalitat, que se
atribuye el mérito de todo lo bueno que ha pasado en este mundo desde
sus orígenes, pero le tengo que decir, señora ministra que la han
engañado. ¿No le han explicado sus socios que los 14 años de desidia
en lo que se refiere a esta obra es pura y simplemente
responsabilidad de la Generalitat de Cataluña y no de los gobiernos
socialistas? ¿Me puede decir qué hemos estado aprobando en los tres
últimos presupuestos? Cada ejercicio hemos peleado por arrancar al
Gobierno una partida para este canal. Cada año se ha traducido en
cero pesetas en ejecución presupuestaria. ¿Me puede decir qué pasa
con la declaración de impacto medioambiental que no se sabe en qué
fase está, si se han actualizado los proyectos que la Generalitat
finalizó en el año 1992? ¿Me puede decir cuándo se licitará el
proyecto para hacer la extracción de bombeo y la conexión al pantano
de Rialb, paso previo e indispensable para comenzar las obras? ¿O es
que vamos a asistir a la construcción de un canal que no está
conectado a la presa de donde debe recibir el agua? ¿Me puede
confirmar la superficie total de hectáreas a regar que se han
anunciado en la prensa? ¿Me puede decir cuándo concretarán la
superficie regable complementaria? Señora ministra, sólo respuestas
concretas a preguntas tan concretas podrán disipar el impudor de ese
acto de firma del lunes pasado. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cunillera.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Desde luego, sí que se ve que algunos están en campaña electoral y
parece que esta pregunta le hubiera gustado podérsela formular mucho
más a la Generalitat de Cataluña que a la ministra de Medio Ambiente,
pero en cualquier caso contesto con sumo gusto.
Aunque no soy de Lérida, señoría, y yo creo que usted debería tener
más sensibilidad, debería saber exactamente la necesidad que existe
en toda esa zona. Sabe perfectamente que esos 14 años sí que fueron
de abandono por parte del Gobierno socialista (Rumores.), que ni
siquiera fue capaz de hacer el reparto de los caudales de agua entre
dos comunidades de regantes, que era el primer problema que hemos
tenido que solucionar, señoría. En el año 1998 conseguimos ese
acuerdo, precisamente una vez que ya se ha conseguido saber de quién
van a ser los caudales. Acerca del embalse de Rialb, que ustedes
tampoco fueron capaces de poner en marcha como tenían que haberlo
hecho, da la casualidad de que este año ya ha empezado su llenado y
se han producido los primeros riegos, precisamente en el año
pluviométricamente más seco.
Por tanto, comprendo que usted pueda hacer campaña, pero le aseguro
que hay otros foros que tienen otras posibilidades, incluso de
demagogia electoral, que no caben en este hemiciclo. Aquí lo que se
ha hecho es, con rigor y con seriedad, acordar cuál va a ser la
financiación, con un acuerdo del 50 por parte de
usuarios y regantes. No creo que quienes están ya disponiendo de ese
dinero para hacer esta inversión, estén muy contentos de las palabras
de S.S., que teóricamente representa también, supongo yo, a esos
regantes.
Por tanto, al margen de campañas electorales, ese acuerdo es mucho
más que protocolario, como cree S.S., y estamos trabajando en una
comisión técnica, que se desarrollará a lo largo del mes de octubre,
para saber cómo y de qué forma se va a iniciar toda la tramitación
que necesita cualquier proyecto, de estudios de impacto ambiental,
como preguntaba S.S., y de financiación, que es lo más importante.
Eso es lo que queda desbloqueado con compromiso que asume el Gobierno
y compromiso que asume la Generalitat de Cataluña.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO RUBIALES TORREJÓN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO TRANSFERIR
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA? (Número de expediente 180/001968.)
El señor PRESIDENTE: Con el número 22 formula la pregunta la diputada
doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista.
Adelante, señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Señor presidente, doy por formulada la
pregunta en los mismos términos que aparecen en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Si piensan SS.SS. convertirlo en una fórmula de
estilo, sería bueno que lo advirtieran a la Presidencia, pero en
cualquier caso no tengo ningún inconveniente en volver a reiterar que
el Gobierno conoce el contenido de la pregunta. Por tanto, adelante,
señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
La señora diputada preguntaba si el Gobierno piensa transferir las
confederaciones hidrográficas a la Junta de Andalucía, y he decir que
el Gobierno piensa lo mismo que dice la Constitución española, lo
mismo que dice el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, lo mismo que dice la Ley de Aguas y lo mismo que yo creo
que debían pensar, y por lo menos hicieron, los representantes del
Partido Socialista, que durante 14 años en el Gobierno, que tampoco
transfirieron las confederaciones hidrográficas. (Rumores.-
Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias. Silencio, por favor.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Señora ministra, qué hubiera sido de
usted si no hubieran existido los 14 años del Gobierno socialista.
(Aplausos.) Su desastre es imposible de remediar.
Hace más de año y medio se produjo la última reunión entre la Junta
de Andalucía y su Ministerio, en la que se le pidió la transferencia
de las cuencas hidrográficas a Andalucía en ejercicio de sus derechos
constitucionales y como vía de solución a los problemas de agua que
padece esta comunidad. Pese a que se dijo que se estudiaría el asunto
con mucho interés -lo dijo el subsecretario del Agua-, en la práctica
ha sido cero. No ha habido ni más reuniones, ni contestaciones a las
muchas peticiones que le han sido remitidas. ¿Y por qué este trato a
Andalucía, señora ministra? El Parlamento andaluz ha adoptado en
reiteradas ocasiones diversas resoluciones sobre esta cuestión, con
amplio apoyo de toda la Cámara, incluido el Partido Popular, pidiendo
que se hagan efectivas las transferencias de las cuencas con la
dotación económica y los recursos humanos necesarios, que se haga una
transferencia real y deje ya de ser mera declaración de voluntades,
contrapuestas, por otra parte, porque según quien habla dice una cosa
u otra.
Queremos saber, señora ministra, por qué el Gobierno de la nación no
favorece el diálogo dentro de lo que deben ser las relaciones de
cooperación institucional y busca un acuerdo que permita a Andalucía
recibir estas transferencias, como lo han hecho ya otras comunidades
de características similares. El acuerdo estuvo prácticamente cerrado
en el año 1995; han pasado cuatro años y no han avanzado ustedes ni
un milímetro. Y los andaluces les reclamamos la transferencia urgente
de las cuencas hidrográficas del Guadiana II, del sur, del Guadalete-
Barbate y de la gestión del Guadalquivir. Sí, señora ministra, la
cogestión del Guadalquivir, como pidió su partido en el programa
electoral con el que se presentó a las elecciones en Andalucía y que
tengo aquí delante. Mire lo que decía su partido: Exigir la
transferencia de la gestión de las confederaciones hidrográficas del
Guadalquivir, sur y de los sistemas hidrológicos del Guadiana II y
del Guadalete-Barbate. Esto mismo le pedimos. Dejen ustedes ya de una
vez de maltratar a Andalucía. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rubiales.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Si el Partido Popular llegó a decir eso en su programa era porque
desconocía absolutamente la gestión de las cuencas hidrográficas por
la Junta de Andalucía y por el Gobierno, que entonces coincidían.
(Rumores.)
Créame, señora Rubiales, que me sorprende realmente su intervención y
que quiera hablar de contradicciones. Se pueden admitir
contradicciones, incluso entre personas del mismo partido a veces,
pero que
una persona se contradiga a sí misma... Que quien fue delegada del
Gobierno en la Junta de Andalucía, representando al Gobierno central,
sin ocurrírsele jamás pretender semejante traspaso de competencias,
quiera reclamarlo en este momento significa o que tiene amnesia, o yo
qué sé qué tipo de intereses, o que tiene un despiste esta tarde o, a
lo mejor, que está haciendo demagogia electoralista. (Rumores.)
Les voy a decir lo que ocurre, señorías. Ocurre, ni más ni menos, que
se les ha venido el problema encima. Efectivamente, Andalucía tiene
un problema de agua, fundamentalmente de abastecimiento, y oirán
ustedes hablar de Grazalema y otros muchos municipios donde no hay
agua. ¿Y por qué no hay agua? El señor Chaves, presidente de la Junta
desde el año 1990, viene diciendo en todos los discursos de
investidura que, como tiene las competencias transferidas desde el
año 1984, tiene que suministrar agua a todos los pueblos de
Andalucía. (Rumores.) Lo dice en todos los discursos de investidura.
Léanlo ustedes, señorías. Y lo dicen todos los consejeros de Obras
Públicas, con nombre y apellidos; dicen la inversión que van a hacer
año tras año, presupuesto tras presupuesto, para que esos pueblos de
Andalucía no tengan sed. La sequía ha llegado a esos pueblos que no
pueden beber y ahora dicen que no tienen competencias.
No jueguen a un falso victimismo. No están ustedes discriminados. No
hay ni una sola comunidad autónoma en ninguna parte de España que
tenga transferidas las cuencas intercomunitarias, como tienen
ustedes. Las intracomunitarias, todas; las intercomunitarias,
ninguna, señora Rubiales. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON RICARD BURBALLA I CAMPADABAL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN QUE EL GOBIERNO VA A DAR A LOS REGADÍOS DE
COMPENSACIÓN DE RIALB? (Número de expediente 180/001979.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 33,
formula el diputado don Ricard Burballa i Campabadal, del Grupo de
Convergència i Unió.
Señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPADABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, en primer lugar quiero dar fe en esta Cámara de lo
que significa para mi circunscripción, Lleida, el acuerdo alcanzado
por su Gobierno y el Gobierno de Cataluña para construcción del canal
Segarra-Garrigues. Significa ni más ni menos que la inversión más
importante que se haya realizado nunca en las comarcas de Lleida; el
empuje definitivo a un
proyecto que reequilibra el territorio y que se suma al esfuerzo
común para lograr mayores cotas de riqueza y bienestar en un sector,
el agrario, necesitado hoy más que nunca de incentivos y horizontes.
Señora ministra, cualquier persona que haya seguido la evolución de
la construcción del embalse de Rialb -y le consta a usted que yo lo
he hecho- coincidirá conmigo y seguramente también con usted en que
ha habido momentos clave en todo este proceso.
El 24 de abril de 1998 se firmaba el acuerdo de reparto de caudales
entre su Administración y la Administración de la Generalitat de
Cataluña, que era el paso previo y obligado para hacer lo que hoy con
toda seguridad hemos hecho y que con toda seguridad se tenía que
hacer, que es ese acuerdo entre su Gobierno y la Generalitat de
Cataluña para hacer el Segarra-Garrigues.
Este reconocimiento, señora ministra, que hoy le expreso va ligado de
alguna manera al tema que nos ocupa, que es el de los regadíos de
compensación de Rialb. He seguido, como le he dicho, y a usted le
consta, con detalle las obras de Rialb durante toda la legislatura.
He sido testigo de sus compromisos a pie de presa. Hoy mismo se están
colocando las compuertas de la presa y se van a iniciar, y usted lo
sabe, los trabajos contemplados en el proyecto segregado de obras
para la toma del canal Segarra-Garrigues. En estos años hemos podido
ir tachando del apartado de pendientes una cantidad de obras
comprometidas por su Gobierno como compensación a la construcción de
uno de los mayores embalses del Estado. Quedan todavía inversiones
importantes entre las que quiero destacar la construcción del embalse
de cola y el muro de recrecimiento y protección de la huerta de
Oliana.
En mi opinión, señora ministra, la inmensa mayoría de las obras
pendientes están adecuadamente perfiladas y permiten desvanecer la
imagen de una Administración abandonando las obras pendientes a su
suerte una vez finalizadas las obras de la presa. Sin embargo, señora
ministra, esta impresión no la tengo con los regadíos de
compensación.
Por eso le pregunto cuál es la solución que piensa dar el Gobierno a
los regadíos de compensación de Rialb.
Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burballa.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Sabe su señoría que, cuando se acordó el proyecto definitivo del
embalse de Rialb en el año 1997, se tomaron en consideración unos
estudios que existían precisamente de viabilidad de regadíos en el
entorno del embalse de Rialb y la elaboración del proyecto. Esos
estudios desde el año 1987 convinimos todos que era
imprescindible adecuarlos a la realidad social y demográfica de esas
tierras en estos momentos. Y eso es lo que ha llevado a, por un
pliego de bases por un importe de 78.526.219 pesetas, empezar a
redactar los proyectos de transformación, concretamente
transformación de secano en regadío en los municipios de Oliana,
Peramola y Baseia, y transformación de secano en regadío en los
municipios de Baronia de Rialb, Pons y otros.
En este momento hace falta que esos estudios nos digan exactamente
cuál debe ser la superficie total de los nuevos regadíos, las
características técnicas de la transformación; habrá que resolver
también la concesión administrativa del aprovechamiento de aguas y
posteriormente habrá que constituir la comunidad de usuarios de la
misma y pasar a la ejecución de las obras.
Quiero recordar a S.S. que para todo ello se necesita, como no puede
ser de otra forma, la coordinación absoluta con la Consejería de
Agricultura de la Generalitat de Cataluña, puesto que estamos
hablando de una reordenación de la propiedad en esas zonas y
esperamos contar con el apoyo de la Generalitat de Cataluña.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Medio
Ambiente.
- DEL DIPUTADO DON RAMÓN ANTONIO MORENO BUSTOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
IMPORTANCIA TIENE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID, FIRMADO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA EL PASADO 12
DE SEPTIEMBRE DE 1999? (Número de expediente 180/001978.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que responderá el ministro
de Defensa y que con el número 32 formula el diputado don Ramón
Antonio Moreno Bustos, del Grupo Popular.
Señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, hace ya tres años su Ministerio y seis
universidades españolas suscribían un convenio de colaboración cuyos
principales objetivos eran intensificar las relaciones entre las
Fuerzas Armadas y las universidades, favorecer las actividades de
interés común y facilitar la integración de la enseñanza militar en
el sistema educativo general.
Está claro que la formación militar es una formación específica, pero
no por ello ha de estar alejada, sino más bien lo contrario, debe
estar integrada en la sociedad, donde la participación conjunta
provoque un
modelo de conocimiento de la realidad de todos los ejércitos.
Bien es cierto, señor ministro, que en estos últimos años la
percepción social de las Fuerzas Armadas estoy convencido de que ha
cambiado, posiblemente debido a distintas actuaciones en el exterior,
actuaciones humanitarias, que han provocado en nuestra sociedad una
conciencia de defensa muy distanciada de los tópicos del pasado. Su
Ministerio ha tenido mucho que ver con la comprensión hacia lo que es
hoy en día el ejército de nuestro país y en su conjunto el de la
defensa. Pero queda todavía alguna cosa por hacer y sabemos que en
ello está usted trabajando, como es el impulsar una comunidad de
pensamiento de la defensa, objetivo claro y definitivo de la
colaboración con las instituciones donde se forma el pensamiento y
que no son otras que las universidades.
Por ello, señor ministro, le animo a continuar en ese impulso serio y
decidido de colaboración con las universidades españolas, que estoy
seguro que favorecerá no solo el acercamiento de la sociedad al
ejército y viceversa, sino que provocará el afianzamiento de lo que
se ha venido en llamar el pensamiento estratégico nacional.
Así, deseo formularle la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene
el convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid
firmado por el Ministerio de Defensa el pasado día 12 de septiembre
de 1999?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moreno.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, presidente.
Gracias por sus palabras, señoría. La única discrepancia que tenemos
me parece que es en la fecha del convenio, que según mis datos es del
día 9, pero en todo lo demás coincido con S.S.
El Gobierno le concede muchísima importancia. Como dice S.S., se han
hecho cosas pero queda mucho por hacer; queda mucho por hacer porque
la percepción que la sociedad española tenía de las Fuerzas Armadas
primero y de la defensa después era una noción -quizá explicable por
nuestro pasado histórico reciente y menos reciente- muy dispar de la
que tienen los países europeos, los países de nuestro entorno, los
países más desarrollados. Se trataba y se trata de que el pueblo
español, la sociedad española entendiera, comprendiera y apoyara en
concreto la labor de sus Fuerzas Armadas y, en general, la labor de
defensa que se encomienda no solo a las Fuerzas Armadas sino a muchas
otras instituciones del país.
Una de estas carencias era, como ha dicho S.S., la inexistencia de un
verdadero pensamiento estratégico español. Por ello se han firmado
durante estos tres años, señor diputado, más de ochenta convenios con
universidades. Ha cambiado 180 grados, ha cambiado radicalmente la
percepción que las universidades españolas
tienen de las Fuerzas Armadas y del mundo de la defensa. Pero
hay que seguir, porque en una sociedad democrática y libre, en una
sociedad plural, la defensa debe entenderse como una cuestión de
todos, no sólo de todos los partidos sino una cuestión de todos, de
adultos y de jóvenes. Una sociedad que va a tener unas Fuerzas
Armadas totalmente profesionales tiene que enseñar a los futuros
soldados y marineros cuando todavía no lo son, en los primeros grados
de la educación escolar, qué significa la defensa de España, qué
significa la existencia y la función constitucional de unas Fuerzas
Armadas y qué significa el prestigio de España.
Por todo eso, el Gobierno concede a este convenio, si no me equivoco
de 9 de septiembre, una extraordinaria importancia y considera que es
un jalón más en un camino en el que todavía queda un gran trecho por
recorrer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO JOVER PRESA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LAS
DECLARACIONES Y LA POSICIÓN MANTENIDA HASTA AHORA EN RELACIÓN CON LA
ACTUACIÓN POLICIAL EN BELLATERRA, EL PASADO DÍA 14 DE ENERO, CON
OCASIÓN DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AL CENTRO DE
MICROELECTRÓNICA, SON SUFICIENTES PARA SALDAR LAS RESPONSABILIDADES
POLÍTICAS DERIVADAS DE DICHA ACTUACIÓN? (Número de expediente 180/
001964.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá en nombre
del Gobierno el ministro del Interior, comenzando por la que con el
número 18 formulara don Pedro Jover i Presa y que va a realizar don
Jordi Pedret i Grenzner, del Grupo Socialista.
Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, espero que los servicios jurídicos de la Delegación
de Gobierno de Cataluña hayan tenido tiempo en esta semana de valorar
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia y que por
tanto esté en condiciones de contestar -hoy sí y no como la semana
pasada- la pregunta que le formulo. ¿Considera el Gobierno que las
declaraciones y la posición mantenida hasta ahora en relación con la
actuación policial en Bellaterra el pasado día 14 de enero, con
ocasión de la visita del presidente del Gobierno al Centro de
Microelectrónica, son suficientes para saldar las responsabilidades
políticas derivadas de dicha actuación?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pedret.
Señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señoría, no hay novedad
en la posición del Gobierno, reiterada en esta Cámara en numerosas
ocasiones, la última la semana pasada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, señor presidente.
Veo, señor ministro, que la valoración por parte de los servicios
jurídicos, que sin duda se habrá producido ya que usted la anunció,
no ha servido para iluminar su opinión política al respecto. La
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es clarísima;
es una sentencia corta, valorable por tanto en menos de una semana,
en cuyo fallo se dice exactamente que la actuación de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, de las cuales es usted responsable político,
infringió directamente el derecho de manifestación y de reunión de
los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Si esta no es una sentencia de la que se derivan consecuencias
políticas, señor ministro, teniendo en cuenta además del contenido
literal del fallo lo que se dice en los fundamentos jurídicos, que
coinciden prácticamente en todo con las argumentaciones del conjunto
de los grupos parlamentarios excepto el Popular, naturalmente, en las
diversas ocasiones en que hemos debatido sobre el tema en la Cámara,
sobre la falta de proporcionalidad de la actuación de la policía
respecto a la actuación de los manifestantes y al hecho, que se pone
de manifiesto en la sentencia, de que una actuación desproporcionada
de la policía tiende a conseguir la inhibición de los ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos legítimos, en este caso los previstos
como fundamentales en el artículo 21 de la Constitución, es, creo, un
caso claro en el que debe haber responsabilidades políticas.
Usted ha reiterado, y desde luego es constante en sus respuestas, que
hay una responsabilidad difusa. Si hay una responsabilidad difusa de
todo el mundo que intervino en aquel desgraciado incidente del 14 de
enero, hay alguien que debía coordinar esta difusa responsabilidad
y debe acarrear las consecuencias de esta falta de coordinación, de
esta descoordinación absoluta que se produjo. Y esta persona que
debía haber coordinado y por tanto debe responder de la
descoordinación es, como S.S. sabe, porque se lo hemos repetido en
numerosas ocasiones, la delegada del Gobierno en Cataluña, doña Julia
García Valdecasas, que, por cierto, de forma pintoresca, el día 9 de
marzo de 1999 manifestó en un diario nacional, el ABC, que era
farmacéutica y por tanto no era el día...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Acabo, señor presidente.
Si no atiende, césela usted.
El señor PRESIDENTE: Acabe.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Lo he dicho muchas veces
en esta Cámara, creo que han sido diez intervenciones parlamentarias
donde he trasladado la idea de que hubiera sido injusto el cese de
una determinada persona, en concreto la delegada del Gobierno, en una
responsabilidad que usted plantea de una forma, como bien ha dicho,
tan difusa y donde realmente no sólo está la delegada del Gobierno
sino que había otros elementos determinantes en la organización del
viaje, que significaron esa imprevisión y esa sucesión de errores que
vuelvo a reiterar ahora. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Siempre esas decisiones son discutibles y un elemento que tienen
ustedes que valorar es la comparación en el comportamiento y la
respuesta del Gobierno y de la oposición ante estos hechos. En su
insistencia, lo único que en estos momentos demuestran es que ustedes
están utilizando varas de medir marcadamente diferentes, según se
trate de actuaciones de unas policías u otras, según vengan de un
Gobierno u otro. Porque estos hechos a los que usted se refiere se
producen el 14 de enero. Le voy a poner un ejemplo simplemente para
que mida el sentido de la proporción en las actuaciones en este
terreno. El 13 de enero, en Sabadell, un policía local disparó a un
presunto delincuente de 18 años, causándole la muerte. El 30 de
enero, un policía local, en Reus, hirió de gravedad con una pistola a
un vigilante de seguridad. El 9 de marzo, en Badalona, un policía
local, con un alto grado de alcohol, disparó a tiros a las farolas. Y
se lo digo porque, en el terreno de la comparación, ustedes
demuestran una doble vara de medir, ustedes demuestran una falta de
proporción para valorar unas actuaciones y otras. Y eso, que
evidentemente les permite pedir la asunción de responsabilidades
políticas, no les permite, porque no tienen fuerza moral para ello,
ya que no han tomado ninguna decisión política en los hechos que he
citado cuando gobernaban ustedes esas instituciones, decir si se debe
cesar a la delegada del Gobierno en Barcelona. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON IGNASI GUARDANS I CAMBÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ARBITRAR LAS MEDIDAS
OPORTUNAS CON OBJETO DE QUE LOS EXPEDIENTES DE LAS JEFATURAS
PROVINCIALES DE TRÁFICO CON SEDE EN CATALUÑA SE TRAMITEN EN SU
INTEGRIDAD EN LA LENGUA ELEGIDA POR EL CIUDADANO AFECTADO, EN
EJERCICIO DEL DERECHO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 36.1 DE LA LEY 30/
1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN? (Número de
expediente 180/001980.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
34, del señor Guardans i Cambó, que formula la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro: ¿qué medidas ha arbitrado el Gobierno para que los
expedientes de las jefaturas provinciales de Tráfico en Cataluña sean
tramitados en lengua catalana cuando así lo elige la persona
afectada?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Gil.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Al tratarse de la única
cuestión donde no se produce esa doble utilización del castellano y
el catalán, quiero decirle que, a pesar de la complejidad, como luego
tendré ocasión de explicar, se han dado ya instrucciones a la
Dirección General de Tráfico para que en los procedimientos
sancionadores también las jefaturas provinciales de Cataluña emitan
los expedientes y las comunicaciones en el idioma escogido por el
interesado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Gil.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor ministro.
Debo decir que, durante esta legislatura y por las actuaciones de su
Gobierno, me he visto obligada a descubrir una nueva especialidad en
mi tarea de diputada, que es la de interpelar a su Gobierno sobre el
cumplimiento de sus leyes en materia lingüística. Confieso que ésta
ha sido una tarea hasta ahora harto infructuosa, porque sus
respuestas, las de su Gobierno, nada han aportado al necesario
enraizamiento de una nueva cultura en la Administración general del
Estado y, por ende y por su reflejo, en el país.
Como usted sabe, la Dirección General de Tráfico en Cataluña no ha
establecido todavía mecanismo alguno. Tampoco ha dado respuesta
documentada al Defensor del Pueblo, ni al Sindic de Greuges, ni
respuesta a los ciudadanos y ciudadanas catalanes que demandan que su
expediente se tramite íntegramente en catalán. Quizás, las quejas les
parezcan una minucia o algo folclórico, y me permito una licencia, la
de imaginarme el diálogo, que quizá dice: ¡Pero qué latazo, pero qué
plastas, pero si en España todos saben español!
Pese a esta licencia, usted y su Gobierno saben que la normalización
lingüística de su Administración sigue siendo un tema no asumido de
facto y un tema sustancial para mi grupo. Desde Cataluña, hemos visto
reformar las leyes, hemos visto gobiernos de distinta ideología, pero
siempre coincidentes en no concretar en sus acciones la definición
plurilingüe del Estado. Sin duda, y lamentablemente, interpelaremos
de nuevo. A ustedes quizás les parecerán viejas preguntas y nos
responderán, como usted hoy, quizás, señor ministro, de manera sin
duda cortés, pausada, distante y ambigua. Si es así, deberemos
concluir que las respuestas de su Gobierno en esta materia no son
tales respuestas sino que son tan solo una redundancia.
Ustedes saben que la tarea normalizadora es común, pero que si, en
una obra, uno de los actores se muestra pasivo y no actúa, la obra
sin duda fracasa.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Sí, señor presidente.
Tratando de mantener la cortesía en la respuesta, le pido que sea más
justa con este Gobierno y con los anteriores respecto al
funcionamiento de la Administración general del Estado en Cataluña.
Porque todos los procedimientos relativos a conductores, salvo el
sancionador, se redactan en castellano y en catalán; todos los
trámites de procedimiento relativos a vehículos se expiden en
documentos bilingües; todas las autorizaciones administrativas que se
tramitan por las jefaturas provinciales de Tráfico en Cataluña se
expiden en ambos idiomas; todos los impresos que se entregan en
Cataluña sobre información de documentos y actuaciones de cada
trámite procedimental que pueden realizarse en las jefaturas
provinciales se elaboran en ambas lenguas. Simplemente queda una
cuestión, el procedimiento sancionador. En toda España, se producen
millones de sanciones y hay un sistema informático de carácter
centralizado, de modo y manera que no estamos ante una cuestión de
falta de voluntad política, estamos muchas veces ante una cuestión de
carácter técnico, de complejidad técnica, ante lo que significa un
sistema de carácter centralizado en el tema correspondiente.
Quiero decirle que si algún interesado formula la opción de
tramitación en lengua cooficial, la Jefatura Provincial de Tráfico
hoy emite la primera notificación en el idioma elegido. El problema
es posterior. A eso trataremos de dar respuesta, pero entienda que no
puede decirse que hay un tratamiento desigual, injusto, del conjunto
de la Administración general del Estado respecto del catalán; es más
bien la excepción, motivada por razones técnicas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿CUÁLES
SON LAS RAZONES POR LAS QUE USTED HA PROPUESTO UNA SUBIDA DE
RETRIBUCIONES AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO MUY SUPERIOR A LA DEL
RESTO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS? (Número de expediente 180/
001961.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
formuladas al Gobierno, que contestará la señora ministra de
Justicia.
Pregunta número 15, que formula don Álvaro Cuesta Martínez, del Grupo
Socialista.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señora ministra, un nuevo
escándalo recorre el Ministerio de Justicia, nueve millones de
pesetas de aumento salarial al fiscal general del Estado.
Usted sabe que la respuesta ha sido unánime. Jueces, asociaciones,
sindicatos, funcionarios, secretarios judiciales, la han calificado
de impresentable. El rechazo ha sido generalizado. Por eso, ahora,
esa locura no figura en el proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado. Pero yo no me fío, a la vista del ardor que puso el
ministro Piqué en defender, desde una concepción mercantilista, este
aumento salarial. Además, en esto de la Fiscalía, el señor Piqué
también tiene algún que otro interés. ¿Qué le debe, señora ministra,
al fiscal general del Estado? ¿Los servicios prestados?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Cuesta.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, le consta que no se le debe nada al fiscal general del
Estado, salvo lo que dice la ley (Rumores.), y lo que dice la ley es
lo que ha puesto de manifiesto la Junta de fiscales de Sala,
encabezada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo y fiscales de
Sala, con un escrito que envían al Ministerio de Justicia el 22 de
marzo de 1999, en el cual dicen, y leo textualmente: El propósito de
este escrito, que firman el teniente fiscal del Tribunal Supremo y
fiscales de Sala, es hacer llegar a V.E. una situación a todas luces
injusta, que estimamos debe ser corregida en cuanto sea posible. Se
trata de las remuneraciones señaladas al fiscal general del Estado en
la última Ley de presupuestos.
Si el Ministerio de Justicia no hubiera dado traslado al Ministerio
de Economía y a la opinión pública de este escrito, habríamos
incurrido en una grave deficiencia de lo que es el Ministerio y la
Administración de Justicia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señora ministra, su respuesta no tiene
fundamento legal. Usted sabe que el Estatuto del ministerio fiscal
del año 1981 es una ley ordinaria y no obliga a la Ley de
presupuestos y, sobre todo, la ley de presupuestos para el año 2000
no tiene por qué sentirse vinculada.
Su propuesta sólo se puede entender -lo digo sin acritud- en términos
de recompensa al fiscal general del Estado por los servicios
prestados al Gobierno Aznar en su guerra al infiel. Ahí están los
escándalos de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional, el caso
Sogecable, la defensa ardorosa del juez Liaño, la connivencia con la
defensa del señor Pinochet. En fin, señora ministra, ya sabemos que
el señor Aznar es muy contundente y parco con sus gestos. A los
amigos les paga bien y les aplica aquello de come y calla.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Sin acritud hacia S.S., voy a poner de manifiesto, de verdad, cuál es
la razón última de esa no propuesta, pero sí afirmación de
incumplimiento de una ley, una enmienda del partido al que S.S.
pertenece (enmienda número 404, creo) a la reforma de la Ley orgánica
del Poder Judicial, en la que SS.SS. afirmaban que los magistrados
del Supremo tenían que cobrar exactamente igual que los magistrados
del Tribunal Constitucional. Enmienda de la que ustedes ahora
reniegan, pero fue la enmienda que dio lugar a que, hoy por hoy, las
retribuciones del fiscal general, en relación con los altos cargos de
la Administración de Justicia, se hayan quedado totalmente obsoletas.
Y sabe S.S. que se lo digo sin ninguna acritud personal.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON LUIS ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
BALANCE HACE EL GOBIERNO SOBRE LA CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS Y ÓRGANOS
JUDICIALES EN EL PRESENTE AÑO? (Número de expediente 180/001971.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
25, que formula don Luis Ángel Fernández Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Durante muchos años, el modelo de Administración de Justicia en
España, que había impulsado la Constitución, sufrió un considerable
parón en su desarrollo por la falta de voluntad política de los
sucesivos gobiernos socialistas. Afortunadamente, desde el año 1996,
la situación ha cambiado sustancialmente como consecuencia de las
distintas modificaciones y desarrollo de la Ley de demarcación y de
planta judicial, con especial referencia a la ubicación de secciones
de las audiencias provinciales fuera de las capitales de provincia o
en materia de juzgados de lo Contencioso-Administrativo;
modificaciones que siempre han ido dirigidas a intentar acercar la
Administración de Justicia a los ciudadanos, evitándoles un buen
número de desplazamientos innecesarios para resolver sus
reclamaciones judiciales; y modificaciones que, por cierto, tampoco
fueron secundadas por el grupo mayoritario de la oposición, fieles al
principio de mantenella y no enmendalla, a pesar de que estas
modificaciones -repito- estaban inspiradas en el mandato
constitucional de acercar la justicia al ciudadano y que, en la
práctica, han supuesto la creación de un buen número de plazas y de
órganos judiciales.
Por todo ello, señora ministra, le pregunto qué balance hace el
Gobierno sobre la creación de nuevas plazas y órganos judiciales en
el presente año.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, el balance -y no es optimismo ni falta de realismo- no puede
ser nada más que altamente optimista porque se han creado, a lo largo
del año, 139 órganos y plazas judiciales nuevas. Todas ellas están en
pleno funcionamiento, excepto las que se derivan del Real Decreto de
23 de julio, cuya entrada en funcionamiento -a la que S.S. ha hecho
referencia- está prevista para el 1 de diciembre próximo, de
conformidad con la Orden Ministerial de 26 de julio pasado. Las
creaciones de este año afectan a 107 nuevos órganos unipersonales. De
ellos, 89 son juzgados de lo Contencioso- administrativo y 32 nuevas
plazas en órganos colegiados. La distribución, si S.S. tiene interés
por saberlo, es la siguiente: Audiencia Provincial, 32 plazas;
Primera Instancia, 9; Primera Instancia e Instrucción, 7;
Contencioso-administrativo, 84; Central Contenciosoadministrativo, 5;
Social, 1 y Vigilancia Penitenciaria, 1. Además de lo Contencioso-
administrativo, es destacable, como S.S. ha puesto de manifiesto, la
creación de plazas para las secciones de las audiencias provinciales
en Algeciras, Jerez de la Frontera, Gijón, Elche, Mérida, Santiago de
Compostela, Vigo y Cartagena.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON LEOCADIO BUESO ZAERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS
PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO AL INCREMENTO D E PLAZAS EN LA
CARRERA JUDICIAL DE CARA A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2000? (Número de
expediente 180/001972.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
26, que formula don Leocadio Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señora ministra de Justicia, uno de los
objetivos del Gobierno del Partido Popular en todo lo relativo a la
Administración de justicia es que ésta sea rápida, eficaz y cercana
al ciudadano. Para conseguirlo se necesita, además de un gran número
de órganos jurisdiccionales, reforzar las garantías de independencia
y neutralidad de los jueces a través de la profesionalización y la
responsabilidad para fomentar la independencia judicial. El Grupo
Parlamentario Popular espera que se consolide el enorme esfuerzo
hecho por este Gobierno desde 1996 en cuanto a la creación de plazas
judiciales. Por todo ello, señora ministra, es por lo que le
pregunto: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno respecto al
incremento de plazas en la carrera judicial de cara a los
presupuestos del año 2000?
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias
señor Bueso.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, el proyecto de presupuestos, que ha tenido entrada en esta
Cámara el pasado día 27, prevé la creación de 152 nuevas plazas en la
carrera judicial. Con ellas, el incremento total de plazas en la
carrera durantela presente legislatura ha sido de 562, cifra que si
se compara con la de 197 de la legislatura anterior puede destacarse
como muy importante. Con dicho número de plazas se supera ampliamente
la propuesta del libro blanco -300 plazas-, así como los
planteamientos del presidente del Consejo General del Poder Judicial,
que en el año 1998 reclamaba 400 nuevas plazas para los próximos
cuatro años. Para que este esfuerzo dé sus frutos es necesaria una
gestión eficaz en materia de personal y, especialmente, un
llamamiento al Consejo General del Poder Judicial para que convoque
en tiempo el número de oposiciones necesarias para que el
número de vacantes en la carrera judicial no sea el que actualmente
es, de 300 y previsiblemente de 400 el año que viene.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MONTSERRAT PALMA I MUÑOZ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO
LLEVAR A CABO ALGÚN TIPO DE MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEL
AEROPUERTO GIRONA-COSTA BRAVA ANTE LA INMINENTE ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DE VUELOS REGULARES ENTRE GIRONA Y MADRID? (Número de
expediente 180/001965.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno y que contestará el señor ministro de Fomento.
Pregunta 19, que formula doña Montserrat Palma i Muñoz, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, ¿tiene previsto el Gobierno llevar a cabo
algún tipo de mejoras en las instalaciones del aeropuerto de Girona-
Costa Brava ante la inminente entrada en funcionamiento de vuelos
regulares entre Girona y Madrid?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Palma.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, AENA hace inversiones de reposición y mejora en todos los
aeropuertos y concretamente en el de Girona, que ha venido recibiendo
en los últimos años algunas inversiones que han mejorado
sustancialmente el aeropuerto, pero tiene capacidad sobrada en estos
momentos para atender a la demanda que supone el establecimiento de
una línea regular entre Madrid y Girona.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias.
Señor ministro, supongo que lo de capacidad lo dirá por los metros
cuadrados que ocupa el aeropuerto, porque no sucede así con la
calidad de las instalaciones. Y sobre las inversiones de reposición
que dice que AENA hace regularmente, en el aeropuerto de Girona
han dado para poco más que para cambiar bombillas y para solucionar
algunas reparaciones de urgencia que incluso ponían en peligro su
seguridad.
Señor ministro, para el aeropuerto de Girona existe un proyecto de
remodelación del terminal cuya ejecución estaba prevista para finales
de 1996. Ustedes, en aquel momento, aplazaron por dos años la reforma
del aeropuerto de Girona, pero la verdad es que han pasado
prácticamente cuatro años y hasta la fecha no hemos podido observar
si se iniciaba algún tipo de mejoras que no fueran las de
reparaciones urgentes. En aquel momento la reacción fue de sorpresa y
malestar por parte de las instituciones gerundenses, que han
trabajado de forma tenaz e insistentemente para la revitalización de
nuestro aeropuerto, como son la Diputación Provincial, la Cámara de
Comercio o las asociaciones de hoteleros. Las obras se aplazaron y
siguen aplazadas en este momento. ¿Hasta cuándo tendremos que
escuchar falsas promesas sobre la remodelación del aeropuerto Girona-
Costa Brava? Por cierto, falsas promesas que han sido formuladas a
través de respuestas parlamentarias a diputados y senadores del grupo
parlamentario de Convergència i Unió, sus socios. ¿Se habrán dejado
engañar voluntariamente? No lo sé, pero en cualquier caso usted
prometió, a través de respuestas a estos diputados, unas mejoras que
en estos momentos no han llegado. Por tanto, señor Arias-Salgado, los
gerundenses difícilmente podemos dar más crédito a sus palabras hasta
que no veamos que estos proyectos que estaban preparados a su llegada
al Gobierno sean una realidad. La sociedad gerundense le va a pasar
cuentas por ello.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, creo que su pregunta se refería a qué medidas se van a tomar
para hacer frente al establecimiento de una línea regular entre
Madrid y Girona. Desde esa perspectiva le puedo decir -y usted lo
sabe muy bien- que en este momento el campo de vuelo del aeropuerto
tiene capacidad para 18 operaciones a la hora, y un vuelo regular
semanal entre Madrid y Girona supone como mucho seis operaciones a la
semana. La plataforma tiene capacidad para estacionar 17 aeronaves de
tamaño medio y dos de gran fuselaje. Por el diseño del edificio
terminal, que es verdad que hay que mejorarlo señoría, la capacidad
del aeropuerto es de 1.800 pasajeros hora en llegadas y 1.800
pasajeros hora en salidas, número que no se va a alcanzar con el
establecimiento de una línea regular. Son por tanto dos problemas
distintos, señoría, las medidas necesarias para hacer frente a un
vuelo regular entre Madrid y Girona y lo que es el rediseño, la
reconfiguración y la mejora estructural del aeropuerto. Los programas
y planes de AENA se van ejecutando gradualmente, de conformidad
con las disponibilidades presupuestarias. No podemos hacer todas las
inversiones que queremos al mismo tiempo en todos los aeropuertos de
España, pero es lo cierto que todos los aeropuertos de España van
mejorando gradualmente y de manera significativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA DOLORES GARCÍA-HIERRO CARABALLO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ RAZONES TIENE
EL GOBIERNO PARA ADJUDICAR AUTOPISTAS DE PEAJE DE ACCESO A MADRID?
(Número de expediente 180/001966.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
20, que formula doña Dolores García-Hierro Caraballo, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señor ministro, ¿qué razones tiene
el Gobierno para adjudicar autopistas de peaje de acceso a Madrid?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, las
que derivan del sentido común, del puro sentido común.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Pues lamentablemente usted no ha
hecho un ejercicio de sentido común, por lo menos si nos atenemos a
sus propios compromisos y a los de su partido, al que representa y
del cual no sólo es ministro sino diputado por Madrid. Usted incumple
una vez más el programa electoral de su partido en Madrid. No sólo
incumple los plazos sino que lo deja todo para el último momento,
ignora las obligaciones medioambientales, los requisitos legales, las
reivindicaciones de los ciudadanos y, lo que es más grave, discrimina
a los madrileños no sólo por faltar a su compromiso electoral en el
que, les recuerdo, decían: No parece adecuado plantear la
financiación de las radiales alternativas de la Nacional-II, la
Nacional-III y las nacionales IV y V mediante la implantación de
peaje con cargo al usuario, porque se ha hecho una gran inversión
pública por todos los madrileños para expropiaciones, proyectos,
etcétera,
de lo que ahora se van a beneficiar las concesionarias que exploten
durante 50 años los nuevos accesos a la capital. No es cierto, como
usted ha dicho en la prensa, que existan alternativas gratuitas. Las
autovías actuales están colapsadas, absolutamente colapsadas, y los
madrileños las utilizan en horas punta principalmente para ir a
trabajar o llevar a los colegios a los niños y no para largos
desplazamientos; pero es que además estamos hablando de las zonas
donde reside la población madrileña con menor poder adquisitivo y que
no pueden permitirse el lujo de pagar por trasladarse de manera
obligada a diario a sus trabajos y que no son responsables de la
saturación ni de los crecimientos urbanos que se han producido en los
últimos años.
Señor ministro, nosotros no nos oponemos a las variantes; muy al
contrario, estaban previstas en nuestro plan director de
infraestructuras, incluso se hicieron las del tramo Alcobendas-San
Sebastián de los ReyesAlcalá- Coslada, etcétera, pero queremos que
sean gratuitas para los usuarios. No se puede cargar el coste sobre
los madrileños dándole la vuelta y beneficiando a los privados so
pretexto de que existen otras alternativas. Además, ustedes lo que
harán será trasladar el atasco al centro de Madrid, colapsar aún más
el tráfico. Por eso sus compañeros del Ayuntamiento le exigen estos
días un convenio para evitar ese colapso futuro. Usted responde a los
intereses...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora García-Hierro.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, creo que podemos compartir una opinión: que el conjunto de
España necesita todavía muchas infraestructuras y, por tanto, los
dineros disponibles en el presupuesto del Estado hay que invertirlos
con un criterio social y de cohesión territorial. También convendrá
conmigo en que en estos momentos todos los accesos a Madrid tienen
autovías gratuitas, saturadas pero gratuitas.
Señoría, yo, como ministro de Fomento, no puedo hacer otras autovías
de acceso a Madrid gratuitas mientras necesite el dinero para cubrir
necesidades de infraestructura en otros territorios de España. La
comunidad más rica de España en renta per cápita, Madrid, necesita
nuevas infraestructuras y, teniendo en cuenta que existen autovías
gratuitas, si no quiero perjudicar a otras regiones de España más
pobres, esas nuevas infraestructuras tienen que ser de peaje porque
no hay recursos presupuestarios para todo. Y le digo más. Una
autopista de peaje, cuando hay una alternativa gratuita en buen
estado, descongestiona la alternativa gratuita, y al descongestionar
la alternativa gratuita facilita el transporte y ayuda también a
aquellos que necesariamente han de circular por la alternativa
gratuita y no pueden o no quieren circular por la autopista de peaje.
Por tanto, está en el más puro sentido común que en la
parte más desarrollada de España se vayan introduciendo autopistas de
peaje cuando las alternativas gratuitas en buen estado estén
saturadas y congestionadas. Es más, lo harán ustedes si vuelven al
Gobierno. Y le digo más. Estamos haciendo una política innovadora de
autopistas de peaje, porque al mismo tiempo que se hacen esas
autopistas de peaje se obliga a las concesionarias a hacer otras
infraestructuras gratuitas o de libre acceso. La M-50 se va a poder
hacer en tres años toda ella, y no en catorce como ustedes tardaron
en hacer la M-40, porque la van a financiar las concesionarias de las
radiales. Ese es un buen esquema, señoría, para la capital de España;
es un buen esquema. Por eso le digo y le insisto en que las
autopistas de peaje, no como alternativa sino como complementariedad
a las autovías gratuitas de acceso a Madrid, derivan del más puro
sentido común.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CRISTÓBAL JUAN PONS FRANCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO
HA AFECTADO LA COMPETENCIA A LA ACTIVIDAD DE LOS PUERTOS ESPAÑOLES?
(Número de expediente 180/001973.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
27, que formula don Cristóbal Pons Franco, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Pons.
El señor PONS FRANCO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el sentido común nos dice que después de
prácticamente dos años de entrar en vigor la Ley 62/1997, de 26 de
diciembre, que modificaba la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante de 1992, en la que se creó un marco jurídico necesario para
introducir las competencias, por ejemplo, en los puertos, y más aún
después de haber visto este verano titulares de prensa tan poco
sospechosos que van desde la comunidad Autónoma de Galicia hasta la
Comunidad Autónoma de Andalucía y que nos dicen que el tráfico creció
casi 10 puntos por encima de la red estatal desde enero hasta junio,
por ejemplo en La voz de Galicia, y en el diario Sur de Málaga donde
se dice que el puerto logra nuevos récords en tráfico de mercancías y
cruceros, desde este punto de vista, señor ministro, creo que sería
un momento interesante para que explicara a esta Cámara cómo ha
afectado la competencia a la actividad de los puertos españoles.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Pons.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, creo que la reforma que hicimos de la Ley de Puertos está
empezando a producir unos resultados extraordinariamente positivos, a
los que también naturalmente ayuda la coyuntura económica y el
crecimiento de la economía. En la reforma de la Ley de Puertos
nosotros introdujimos, por así decirlo, tres coordenadas que han
permitido ir cambiando gradualmente la configuración de los puertos.
La primera faceta afecta al desarrollo y gestión de las inversiones.
Partiendo siempre de un criterio de autofinanciación, en el sentido
de que los puertos no deben costarle dinero al contribuyente sino que
tienen necesariamente que autofinanciarse, es lo cierto que entre
1996 y 1999, como consecuencia de las reformas introducidas, se han
invertido en los puertos españoles 248.291 millones de pesetas,
financiados todos ellos por los propios puertos; una inversión media
anual de 60.000 millones de pesetas. La importancia de esta cifra se
pone de relieve si se compara el período anterior 1992 a 1995, en que
la cifra de inversión fue de 184.000 millones. En segundo lugar, en
la reforma de la ley se permite a los puertos realizar una serie de
actividades que podríamos denominar gestión de clientes. Por una
parte, se concede a las autoridades portuarias una mayor flexibilidad
para actuar dentro del marco tarifario; por otra, se han ido
introduciendo en todos los puertos unos planes de calidad destinados
a mejorar la eficacia y la propia calidad en la prestación de los
distintos servicios portuarios. Finalmente, se ha adoptado una
política de liberalización de los servicios que se gestionan
indirectamente para introducir más competencia y se ha introducido
también un criterio de externalización respecto de los servicios que
se gestionan directamente y que no tienen una finalidad estratégica.
Es lo cierto que todo ello, señoría, en el presente ejercicio de 1999
ha producido un incremento del tráfico portuario en los puertos
españoles de interés general, que se integran en el Ente Público
Puertos del Estado, que asciende a 213 millones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO IGNACIO DE CÁCERES BLANCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL REAL DECRETO APROBADO EL PASADO 16
DE JULIO POR EL CONSEJO DE MINISTROS, SOBRE NORMAS PARA MEJORAR LA
SEGURIDAD EN LOS BUQUES DE PASAJE? (Número de expediente 180/001974.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta
número 28, que formula don Francisco
de Cáceres Blanco, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor De Cáceres.
El señor DE CÁCERES BLANCO: Señor presidente, muchas gracias.
Señor ministro de Fomento, el pasado 16 de julio el Consejo de
Ministros aprobaba un real decreto sobre normas para mejorar la
seguridad en buques de pasaje. Responde dicho real decreto a la
trasposición de la Directiva 98/18, del Consejo de la Unión Europea,
que supone introducir en toda la Unión criterios uniformes de niveles
de seguridad a bordo de los buques de pasaje de países miembros de
aquélla. Esta disposición tiene gran interés para toda la marina
mercante española y para los puertos en sus respectivas matrículas,
incluyendo la de Santander, que me honro en representar como diputado
por Cantabria. Por todo ello, señor ministro, le pregunto: ¿Cuáles
son, a su juicio, las líneas básicas del real decreto citado sobre
normas para mejorar la seguridad en los buques de pasaje?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
De Cáceres.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias,
señor presidente.
La directiva comunitaria, y por tanto el decreto que la incorpora al
ordenamiento jurídico español, tiene una característica fundamental,
que es establecer unos criterios uniformes de niveles de seguridad a
bordo de los buques de pasaje que presten sus servicios en puertos
nacionales, cualquier que sea la bandera que enarbolen. Es decir,
introduce la obligatoriedad para los citados buques del nivel
estándar de seguridad aprobado por la Organización Marítima
Internacional para los buques de pasaje y naves de alta velocidad de
pasaje. Esta armonización en todo el ámbito de la Unión Europea tiene
tres efectos positivos. En primer término, facilita la labor de
control del estado del puerto a través de sus inspecciones; en
segundo lugar, beneficia a los propietarios explotadores de buques de
pasaje que pretendan dar servicio de transporte en distintos países
de la Unión Europea al dotarles de un marco jurídico común que les
sirva de referencia a la hora de construir o equipar sus buques de
pasaje; y en tercer lugar, la uniformidad incrementa la competencia
en este sector, ya que evitará cualquier discriminación en un país
dado, que quiera formularse a través de unas prescripciones de
seguridad suplementarias a unos buques determinados, pues además de
tenerse que notificar a la Comisión de la Unión Europea para que este
órgano estudie si son justificadas, dichas medidas, de ser aprobadas,
se aplicarán a todos los buques de pasaje de la misma clase que
operen en las mismas condiciones. Es decir, que se facilita la libre
competencia porque no se pueden utilizar las medidas de seguridad
para proteger o beneficiar a los buques de pabellón nacional en
perjuicio de otros
buques comunitarios que realicen el mismo servicio y sean de su mismo
tipo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAVIER GÓMEZ DARMENDRAIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONTEMPLA EL
GOBIERNO LA POSIBILIDAD DE UNA NUEVA ESTACIÓN PARA SEGOVIA CAPITAL EN
LA FUTURA LÍNEA FÉRREA MADRID-VALLADOLID? (Número de expediente 180/
001977.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
31, que formula don Javier Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, todos los españoles somos conscientes de que el nuevo
acceso ferroviario norte-noroeste constituye una infraestructura de
vital importancia para las comunicaciones ferroviarias y de cuya
necesidad nadie duda. En la legislatura pasada, el Gobierno del PSOE
planteó un primer trazado uniendo Madrid con Valladolid que cruzaba
la provincia de Segovia dividiéndola en dos sin la compensación de
una estación cercana a la capital, lo que mantenía su actual
aislamiento al no tener comunicación por ferrocarril ni siquiera con
su propia región. Dado que el trazado pasaba a 60 kilómetros de la
capital, el Grupo Parlamentario Popular del Congreso presentó en 1995
una proposición no de ley, que tuve el honor de defender, para que se
contemplase una parada a no más de 10 kilómetros de distancia. La
proposición fue rechazada con los votos del PSOE. Conviene recordar
que en 1995 y con un Gobierno del PSOE el ferrocarril Madrid-
Valladolid pasaba a 60 kilómetros de Segovia y obviamente no paraba
en ningún sitio. Es comprensible, señorías, porque atravesar
Guadarrama es algo de lo que tanto Renfe como los sucesivos gobiernos
han huido por la complejidad de la obra. En 1996, y ya con el
Gobierno de Aznar, por el ministro de Fomento se tomó la arriesgada
decisión de que el ferrocarril Madrid-Valladolid cambiase de trazado
para convertirse en la línea Madrid-Segovia-Valladolid y evitar así
el aislamiento secular de Segovia en materia de ferrocarril. Como
pueden comprender SS.SS., la decisión no fue fácil porque sería
necesario construir ese largo túnel que todo el mundo ha querido
evitar por su elevado coste y por los problemas de impacto ambiental
que conlleva. Por ello, todos los segovianos conocen y valoran la
decisión política tomada por el Gobierno de Aznar, y S.S. en
particular, de que la futura línea Madrid norte-noroeste
pase por Segovia una vez que el Ministerio de Fomento haya decidido
el trazado definitivo. Pero, señor ministro, los segovianos quieren
saber más, y esta es la razón por la que le pregunto: ¿Contempla el
Gobierno la posibilidad de una nueva estación para Segovia capital en
la futura línea férrea Madrid-Valladolid?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, permítame que le dé una respuesta extraordinariamente breve:
Sí, habrá una estación en Segovia (El señor Caldera Sánchez-Capitán:
¿En qué año?) y su ubicación se acordará con las instituciones
territoriales, tanto con la Junta de Castilla y León como con las
instituciones provinciales y locales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAVIER BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y PORTAVOZ DEL
GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LA
DIFÍCIL SITUACIÓN POR LA CUAL ATRAVIESAN LAS CUENCAS MINERAS NO
ENERGÉTICAS? (Número de expediente 180/001963.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno y que contestará el señor ministro de Industria
y Energía. Pregunta número 17, que formula don Javier Barrero López,
del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace un año aproximadamente, en estas fechas, en
septiembre, le pedimos que nos dijera las medidas que tenía pensadas
el Gobierno para paliar la difícil situación por la que atraviesan
las cuencas mineras no energéticas. No quiero insistir mucho -porque
usted lo conoce y además así lo puso de manifiesto ya hace un año- en
la crisis económica y social por la que atraviesan zonas, municipios
con enorme dificultad de infraestructura, con dificultades
medioambientales y de comunicación, para buscar alternativas a la
producción que les permitan vivir. Señor ministro, le insisto un año
más en esta pregunta a la vista de que tenemos conocimiento y
conciencia de que no ha hecho usted absolutamente nada.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Barrero.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchísimas gracias, señor presidente.
Señoría, yo comparto con usted la preocupación, entre otras cosas,
por la situación coyuntural por la que atraviesa una parte de la
minería no energética -porque sabe usted que una cosa es la minería
metálica y otra la minería energética, que está funcionando
francamente bien, como puedan ser los productos de cantera o la
minería no metálica-, porque hay una situación de precios que desde
hace ya bastante tiempo es mala y nos genera graves problemas de
competitividad en el sector, pero en cambio no puedo compartir en
absoluto que no estemos haciendo nada. Estamos haciendo muchas cosas
en la medida de nuestras posibilidades. Espero que podamos hacer más,
pero le recuerdo que estamos hablando de competencias de las
comunidades autónomas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
No es un problema sólo de competencias -no desvíe la atención por
ahí, señor ministro- ni es un problema sólo de precios, es un
problema de querer o no querer hacer. En el norte ustedes lo han
hecho y nosotros estamos orgullosos de que así lo hayan decidido para
la minería del carbón. Esa es la solidaridad que pedimos también para
Andalucía. Le diré más. Usted hace un año incluso decía que estaba
buscando soluciones específicas para empresas concretas que tienen
una enorme capacidad social cuando producen y una enorme debilidad
para toda una cuenca cuando no lo hacen. Se refería usted a Minas de
Riotinto. Hace año y medio esta empresa, de carácter social, con más
de 600 trabajadores, le pidió 1.000 millones de pesetas de crédito al
ICO y 1.700 millones de pesetas para determinados trabajos
medioambientales como consecuencia de incentivos regionales con
dinero europeo que ustedes sólo tienen prácticamente que aprobar.
Estas medidas concretas, ustedes, señor ministro, ni siquiera las han
realizado. Yo soy un parlamentario onubense y me preocupa -sin duda a
usted también- Huelva, me preocupa la cuenca minera pirítica de
Sevilla, de Huelva y de Granada, me preocupa que ustedes no tengan la
solidaridad que han tenido con el norte y me preocupa que usted,
señor Piqué, como su Gobierno, esté de espaldas a Andalucía. ¿Qué les
digo yo cuando vuelva a la cuenca minera sobre esta pregunta? ¿Que
usted va a presionar para que el ICO dé el crédito de 1.000 millones
de pesetas; que usted va a aprobar ya, apoyándose en Bruselas y en el
dinero europeo, los 1.700
millones de pesetas para Tejonera o que sólo van a aparecer por ahí
en excursión, de vez en cuando, prometiendo cosas y no haciendo nada?
Señor Piqué, le escucho con muchísima atención. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Barrero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchísimas gracias, señor presidente.
Como usted sabe que yo comparto esa preocupación le ruego que no
intente regionalizarla. Si el Gobierno ha actuado de manera decidida
y está actuando, además con muy buenos resultados, en la minería
energética del carbón es porque la Constitución y el ámbito de
competencias así se lo permiten. Si hiciéramos cosas similares en
aquellos ámbitos en los que no nos corresponde por competencias,
seguramente se nos criticaría también. Eso no significa que nos
inhibamos, y no lo estamos haciendo. Usted dice que no estamos
haciendo absolutamente nada. Pues si me lo permite le voy a informar.
En la Orden de 6 de abril de 1997, por la que se regula la concesión
de ayudas a la exploración, investigación y desarrollo y actividad
minera no energética -que es donde realmente podemos hacer algo-, se
otorgan ayudas que tienen como objetivo prioritario precisamente la
faja pirítica de Huelva a la que usted hace referencia. Estamos
también avanzando en colaboración, como no puede ser de otra forma,
con la comunidad autónoma. Hay una comisión mixta de I + D, en la que
también participa la Confederación de Empresarios de la Minería, que
considera como prioritario la consecución del objetivo de obtener
algo que usted sabe que es muy importante, un procedimiento rentable
para tratar los minerales de la faja pirítica y el desarrollo de una
planta hidrometalúrgica que tiene sus diferentes fases, y de lo que
se trata es de que pueda finalmente utilizarse a escala industrial.
Al margen de todo ello, hay un añadido que usted sabe que antes no
existía, y es que en el marco del programa de reindustrialización
hemos incluido las zonas afectadas por la reestructuración de la
minería metálica. A esto responde la Orden Ministerial de finales de
abril de 1999, por la que se regulan y convocan las ayudas enmarcadas
en dicho plan y que incorporan en gran medida los proyectos que se
puedan desarrollar en esa zona. Estamos analizando las solicitudes,
hay un comité de evaluación y espero que podamos seguir avanzando en
este terreno, pero no nos confundamos, los precios son los que son y
eso hace muy difícil la situación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
- DEL DIPUTADO DON FEDERICO JAVIER SOUVIRÓN GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
FACTORES ESTÁN PERMITIENDO LA MEJORA DE LAS EXPECTATIVAS EN EL SECTOR
INDUSTRIAL EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001976.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
30, que formula don Federico Souvirón García, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la verdad es que, puestos a elegir entre aquella
ocurrencia singular del Gobierno socialista de que la mejor política
industrial es la que no existe y el decidido apoyo a una política
industrial activa, comprenderá que opte claramente por la segunda, y
no solamente porque hace tiempo que intuyera que era la opción
adecuada e incluso llegara a creer en ella, sino porque tengo que
confesarle que en este momento juego con las cartas marcadas: conozco
los datos, los indicadores, que claramente garantizan el acierto de
esta elección. El crecimiento del empleo industrial neto en los
últimos años, después de varios años de pérdida continuada de empleo
industrial; el crecimiento del producto industrial por encima del
producto industrial bruto durante los años 1997 y 1998, crecimiento
cimentado sobre sólidos pilares entre los que destacaría, por su
valor de futuro, el crecimiento intensivo en la producción de bienes
de equipo, en lo que tienen de modernización de la industria española
y de valor añadido, o el que este crecimiento se haya producido con
una presión clara a la disminución de precios, nos muestran la
solidez de la industria española, que, por otra parte, ha tenido que
sufrir la prueba del nueve y ver cómo la crisis financiera
internacional no le ha afectado: ha sido capaz de mantener el
crecimiento del empleo y ha sido también capaz de no hacer crecer sus
precios.
En esta situación, las expectativas lógicamente parece que deben ser
halagüeñas, pero, por eso mismo que decía al principio de la creencia
en la necesidad de una política industrial activa, quisiera que nos
dijera qué factores están permitiendo la mejora de las expectativas
en el sector industrial en España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Souvirón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, las perspectivas que se abren a la industria en España
en la segunda mitad del ejercicio y de cara al ejercicio que viene
son incluso más favorables
de lo que podíamos anticipar a principios de año. En esos momentos
estábamos inmersos en una grave crisis financiera internacional con
consecuencias reales en muchas zonas del mundo, una de las crisis más
graves por las que ha pasado la economía mundial en los últimos años;
en 1998, la producción cayó dos puntos a nivel mundial. Por tanto,
cuando se dice que si las cosas nos van bien es porque tenemos el
viento a favor, porque nos viene de popa, hay que recordar que eso no
es así en absoluto; las cosas nos van bien a pesar de que fuera han
ido bastante mal. Eso significa que hay una buena reacción de
nuestros empresarios industriales, pero también se debe, sin ningún
género de dudas -es una opinión personal, pero creo que compartida
por cualquier persona intelectualmente honesta-, a las políticas
económicas e industriales que se han aplicado en estos últimos años.
Afortunadamente, hay una recuperación del nivel de actividad en el
entorno internacional, con lo que las perspectivas son mucho mejores;
Japón parece que se empieza a recuperar, las expectativas en Europa
también y eso nos lleva a pensar que va a haber una continuidad del
buen momento de nuestra industria, va a haber una continuidad de algo
que me parece que es muy notable en términos históricos: por primera
vez en muchísimos años España se está reindustrializando: el peso del
sector industrial se está incrementando y el peso del empleo
industrial también, incluso en términos más favorables que el
conjunto de la economía, y me parece que eso es algo muy bueno, de lo
que todos nos deberíamos congratular. ¿Factores? Yo creo que hay un
factor fundamental: la confianza; el haber conseguido la confianza de
los agentes económicos a la hora de consumir y la confianza de los
agentes económicos a la hora de invertir, y añado otra confianza: la
de los empresarios a la hora de perder el miedo a contratar, ya que
tenían un miedo insuperable generado a través de muchísimos años.
Todo eso, junto con la notable estabilidad macroeconómica, la
reducción de los tipos, las rebajas impositivas y el buen
comportamiento de los salarios nos permite augurar un magnífico
momento de nuestra industria y no sólo ahora sino en los próximos
años.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA DICTADO EL MINISTERIO
ALGUNA RESOLUCIÓN INTERPRETATIVA DE LA LEY 29/1999, POR LA QUE
RESTRINGE LA EQUIPARACIÓN SALARIAL EN LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL? (Número de expediente 180/001969.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Preguntas dirigidas al Gobierno y que contestará el señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales. Pregunta número 23, que formula doña
Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, en el mes de julio este Parlamento aprobó la Ley 29/
1999, que modificaba la Ley 14/1994; es decir, la equiparación
salarial de las ETT a la empresa usuaria de los trabajadores. ¿Ha
realizado el Ministerio de Trabajo alguna resolución interpretativa
que restrinja esta ley?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
López.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señor presidente.
Señoría, no, por dos motivos: en primer lugar, porque la
interpretación de leyes laborales con carácter vinculante, como usted
sabe, está reservada a los órganos jurisdiccionales. El Ministerio no
puede dictar ninguna resolución interpretativa. En segundo lugar,
porque este ministro cree de forma ferviente en la bondad de la
equiparación de los salarios de las ETT a la empresa usuaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor ministro, me lo dice usted con una
cara de buena persona que estoy hasta tentada de creerle, pero la
realidad, que es tan dura, siempre acaba imponiéndose.
Yo tengo aquí una resolución del Ministerio de Trabajo, firmada por
el subdirector, a petición de las empresas de trabajo temporal, y le
voy a leer textualmente algún párrafo, que dice: lo que significa, en
todo caso, que el legislador no pretende tanto lograr la equiparación
salarial ante ambos trabajadores como dotar al de las ETT de una
garantía en la negociación colectiva.
Mi grupo, que fue el que trajo esa proposición de ley a esta Cámara,
no tenía otro objetivo que equiparar los salarios de los trabajadores
de ETT a la empresa usuaria. Todo el arco parlamentario así lo
votamos.
Yo me atrevería a preguntar, señor Pimentel, ¿desde cuándo los
técnicos del Ministerio se dedican a interpretar las leyes? No puede
ser. Yo entiendo que el Partido Popular ya no distingue entre lo
público y lo privado, pero es que el que ahora no distinga entre lo
legislativo y lo judicial, ¡ya no sé a dónde vamos a ir!
Yo lo que le pediría es que dejara que cada uno hiciera su papel. El
Ministerio de Trabajo tiene la obligación de hacer cumplir esta ley,
de fortificar su aplicación, y lo que no puede ser es que haya una
resolución
de este tipo, a petición de las empresas de trabajo temporal, en la
cual los técnicos del Ministerio estén puestos a disposición de las
empresas para saltarse una ley que ha aprobado este Parlamento. Yo le
digo con todo respeto que usted a veces tiene que tener firmeza,
porque cuando hace unas declaraciones, como hace unas semanas, donde
dice que el Gobierno ha propiciado esta reforma, cuando se estaba en
contra...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, presidente.
Señoría, tranquilidad. No le enriquece su argumento el utilizar esos
tópicos fáciles y cómodos de lo privado y lo público. Sería positivo,
y lo digo porque ya llevo una secuencia de intervenciones, que se
ciñera en sus argumentaciones al tema que pregunta.
En primer lugar, no hay ninguna resolución interpretativa, son
informes. En segundo lugar, de ese tipo de informes hay treintenas
que se hacen ante una petición concreta, y usted ha leído un párrafo
que no responde ni mucho menos al conjunto del informe, como usted
sabe. En tercer lugar, si hablamos de las ETT lo hacemos también de
quién hace la ley de las ETT; si es que al final lo pone fácil: la
hace el Partido Socialista, que consagra la diferencia salarial, y
sabe usted que este ministro y el anterior llevamos luchando para la
equiparación salarial desde hace tiempo. Habíamos iniciado nosotros
antes un diálogo, como sabe, con empresarios y sindicatos para traer
el proyecto de ley; se anticipó la proposición de ley, nosotros la
votamos fervientemente y esa ley se está cumpliendo.
Además, no corresponde al Ministerio su interpretación; ése es un
párrafo de un informe que para nada condiciona ni determina cuál es
la postura del Ministerio, primero, porque no podría condicionarla
jurídicamente, como le he explicado y, segundo, porque este
Ministerio es impulsor de esa equiparación salarial de la A a la Z,
como usted bien sabe, porque habíamos iniciado ese debate antes.
Por tanto, serénese y confíe en la acción de este Ministerio y de
este Gobierno, que garantizará esa equiparación plena, como no
hicieron ustedes durante catorce años de mandato.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTA EL
GOBIERNO ALGUNA ACTUACIÓN PARA MEJORAR LA ASISTENCIA SANITARIA
INMEDIATA PARA LOS TRABAJADORES DEL MAR? (Número de expediente
180/001975.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
29, que formula don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Marquínez.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, me va a permitir que,
al iniciar la pregunta, le felicite, porque la evolución del empleo
en este país es algo sorprendente. Estaba ahora repasando las tasas
del nuevo presupuesto que acaba de presentar el Gobierno, y si el año
1999 ha sido un año magnífico en el empleo, el año 2000 va a ser
también excepcional en el empleo. Por tanto, habrá que felicitarle, y
creo que esta felicitación la deben compartir todos. No creo que
nadie chille ni se moleste porque felicitemos a un ministro y a un
Ministerio que lo están haciendo bien. Es justo reconocerlo. En 1994
estábamos en una tasa de paro del 24 por ciento, y vamos a llegar al
14 por ciento. Esto parecerá mentira para mucha gente, pero es
realidad para nosotros y hay que agradecérselo a las personas que
trabajan por esto.
A pesar de la felicitación, que reitero, señor ministro, estamos
preocupados por un tema, y es que, aparte de que haya puestos de
trabajo, los queremos en buenas condiciones y que la asistencia
sanitaria de esos puestos de trabajo sea buena, sobre todo de puestos
de trabajo tan difíciles como los de la gente del mar. Como usted
sabe, yo soy de Huelva, allí hay una gran flota y nos preocupa la
asistencia sanitaria de los trabajadores del mar. La pregunta va
destinada precisamente a saber qué actuaciones está llevando a cabo
el Gobierno para mejorar la asistencia inmediata a los trabajadores
del mar, la que se produce en el centro de trabajo, en pleno océano
donde están ejerciendo sus labores los marineros.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Marquínez.
Señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señor presidente. Señoría, la reflexión sobre el empleo se
la agradezco y le hago un comentario. Cuando hay bonanza económica,
como ahora, cuando hay un fuerte crecimiento económico, la fórmula
más social de redistribuir esa riqueza, la primera, es la creación de
empleo. Si no hay creación de empleo, no hay redistribución de
riqueza, y una vez que se crea ese empleo, que se permite la entrada
de renta a muchas familias que antes no la tenían, debemos continuar
en la senda de la redistribución de riqueza, como estamos haciendo.
Esta riqueza debellegar también en forma de calidad de vida. Plantea
usted un colectivo que tiene una singularidad extrema, porque muchos
de ellos trabajan en alta mar y hay que garantizarles una asistencia
sanitaria.
El Instituto Social de la Marina, entidad gestora de la Seguridad
Social, hasta ahora tiene los siguientes medios para atender la
sanidad de este colectivo. En primer lugar, un centro radiomédico de
atención permanente a los buques, abierto 24 horas al día, 365 días
año. Siete centros asistenciales, ubicados en puertos donde recala
con frecuencia la flota pesquera española y donde la infraestructura
sanitaria propia del país es deficiente. Estos centros son: St.
Pierre et Miquelon en Francia Ultramar; Novadhibon, en Mauritania;
Luanda, en Angola; Dakar, en Senegal; Mombasa, en Kenia; Walvis Bay,
en Namibia y Abidjan, en Costa de Marfil. Hasta ahora tenemos un
buque sanitario de apoyo logístico, Esperanza del Mar, que opera en
el caladero canario-sahariano, y otro buque que opera temporalmente,
asistiendo a la flota española que se dedica a la pesca del bonito
entre los meses de junio y septiembre de cada año. Hemos adjudicado
ya a un astillero asturiano la construcción de un nuevo buque que va
a sustituir al Esperanza del Mar. El presupuesto es de 3.000 millones
de pesetas. Va a ser un buque íntegramente español, construido en
astilleros de nuestro país, con una tecnología cien por cien
española, que estará operativo en 24 meses, a finales del año 2001.
¿Qué características tiene? Es un barco que incorpora todas las
innovaciones. Contará con el mejor equipamiento sanitario, con los
últimos avances técnicos, informáticos y de comunicación, aplicación
en telemedicina, envío y recepción de correo electrónico y sistema de
videoconferencias. Para su seguridad y maniobrabilidad, estará
preparado para navegar en todos los mares del mundo y en condiciones
climatológicas extremas. Sus dimensiones le permitirán entrar en la
mayor parte de los puertos del mundo. Como S.S. conoce bien el mundo
náutico, le puedo decir que las características del buque serán:
eslora total de 97,3 metros; manga de trazado de 17,70 metros y
velocidad punta de 17,2 nudos. Tendrá una autonomía superior a 7.000
millas y alcanzará una velocidad de crucero de 17,9 nudos,
disponiendo, además de un helipuerto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS PARADOS. (Número de expediente 172/000184.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
apartado V del orden del día, interpelaciones urgentes. Dentro de
ellas el punto número 35, interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida sobre la protección social de los
parados. Para su presentación, y en nombre de su grupo parlamentario,
tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el problema
del paro, lo hemos tratado muchas veces aquí, según todas las
encuestas es el problema número uno. Pero no es lo mismo tratarlo
desde el punto de vista de las cifras macroeconómicas que desde el
punto de vista de la realidad social de los parados, de cómo viven,
de esos 829.300 hogares españoles que en septiembre de 1998 tenían, y
posiblemente seguirán teniendo, todos sus miembros en paro. Sin duda
alguna, se están haciendo esfuerzos. La sociedad está haciendo
esfuerzos por ir eliminando esta lacra del paro, pero subsisten las
cifras millonarias de parados y, por tanto, el problema del paro
sigue estando ahí, los problemas de los parados, de cada uno de
ellos, siguen estando ahí, demandando soluciones de los poderes
públicos.
Es un hecho probado que los ingresos por cotizaciones de desempleo,
que nutren las arcas del Inem, son excedentarios. El saldo de las
prestaciones contributivas por desempleo en 1995 era de 131.000
millones de pesetas, en 1996, 284.700; en 1997, 376.900; en 1998,
506.000; en 1999 serán unos 300.000, aunque todavía no he tenido
tiempo de matizar esa cifra, no sé si estará ya en los libros de los
Presupuestos Generales del Estado, y, según las noticias que aparecen
en la prensa, se prevé en estos presupuestos una cifra excedentaria
de 420.000, dicen unos, 405.000 millones de pesetas para el año
2.000. ¿Y qué es lo que hace este Gobierno? Pues dedica este dinero a
lo que llaman políticas activas, y cuando habla de políticas activas
no lo hace de forma neutral, lo hace de forma absolutamente
intencionada. La palabra políticas activas precisamente se enfrenta
con la otra palabra, las políticas que dicen que son pasivas. No hay
nada más activo de cara a lo que es la prioridad del Estado, que es
el gasto social y el bienestar de los ciudadanos, que el bienestar de
todos y cada uno, incluidos los parados, que la inmensa mayoría de
ellos no tienen la culpa de serlo. ¿Verdad que no?
Mientras tanto hay una contradicción, porque las cifras de las
prestaciones van bajando. Van bajando en cobertura. En 1993 había una
cobertura de un 67,2 por ciento, según paro registrado. En 1998, un
48,1 por ciento, según el paro registrado. La EPA tiene otras cifras
mucho más bajas. Pero también van bajando en cuantía. Y en esto sí he
podido ver ya los libros de los presupuestos del año 2000. Por
ejemplo, la cifra media de las prestaciones contributivas por
desempleo en 1998 eran 52.337 pesetas de media mensual; en 1999,
51.284; y se prevé que para el 2000 sean 49.531. Es decir, va bajando
la cuantía concreta de la prestacióncontributiva. Y con la del
subsidio ocurre exactamente
lo mismo: 24.700, 23.900, 21.000 para el año 2000. Esto está aquí, en
los libros de los presupuestos, no me lo estoy inventando.
Pero es que seguro que el señor ministro me responderá que las
políticas activas son políticas también de protección social al
parado. Claro está que sí, pero para saber si la política es correcta
nosotros tenemos que tener alguna regla de juego. No podemos
inventarnos cada Gobierno si esto es así o debe ser de otra forma.
Y la regla de juego común a todos los españoles es el artículo 41 de la
Constitución, que dice que los poderes públicos mantendrán un sistema
público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice
la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad, especialmente en caso de desempleo. (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Es decir,
habla de derechos consolidados respecto a la protección social de esa
situación de necesidad. No habla de programas para ir intentando
insertar a los parados; no habla de cifras coyunturales que se pueden
poner en función de las cifras macroeconómicas; de si el Estado tiene
dinero por la bonanza económica o por el crecimiento económico. No,
no. Estamos hablando de Estado del bienestar, de derechos
consolidados como las pensiones, etcétera. De prestaciones sociales
suficientes y para todos los ciudadanos que están en esta situación,
en concreto los parados.
Hablar de que ahora nos hemos inventado que las políticas activas son
una forma de protección social mejor para los parados es dar una
patada a la Constitución, con todos los respetos. Puede que sea una
forma mejor; vamos a cambiar la Constitución, porque lo que sí es
cierto es que la Constitución establece otros criterios distintos,
los que yo estoy defendiendo en esta tribuna y los que Izquierda
Unida ha defendido, posiblemente, desde siempre.
Se nos dirá también: ustedes tienen su filosofía, nosotros tenemos la
nuestra y estas cosas van a ir cambiando en función de los
presupuestos del año 2000, porque ya se hace un esfuerzo de la renta
activa de inserción. Claro. Pero la renta activa de inserción son
50.000 millones de pesetas -no 15.000 como decía la redacción, no
haga usted mucho caso de ella porque estaba desfasada por la premura
para plantear la interpelación urgente- que van a cubrir, en todo
caso, a un colectivo muy pequeño, 60.000 parados de larga duración
mayores de 45 años. Bueno, pero y los menores de 45 años, ¿porqué no
están cubiertos? ¿Y por qué no los 330.000 que demandaban los
sindicatos? Porque hay que poner sólo 50.000 millones de pesetas y no
250.000, que hubieran significado la reivindicación de los
sindicatos, claro está.
Sin embargo, las cifras excedentarias del Inem son 420.000,
405.000... ¿Cuántos? Dígamelo usted, señor ministro. Trescientas y
pico mil, es igual. En cualquier caso hubieran bastado para hacer un
programa serio sobre la cobertura de parados de larga duración. No se
ha cogido ese camino; incluso en la hipótesis de que
ustedes tengan razón y sea acertada la política neoliberal y haya que
hacer políticas activas en vez de políticas pasivas, incluso en la
hipótesis en que ustedes se colocan siempre.
Nosotros creemos que si su política no vale para cubrir realmente las
obligaciones que establece para todos la Constitución hay que cambiar
esta política. Hay que hacer un giro social, el Gobierno tiene que
dar un giro social a su política económica y a su política social.
Dicen que el dinero del Inem es excedentario, hay superávit, porque
hay menos parados. Supongamos también que es verdad, que hay menos
parados; pero no debe ser esa la razón por la cual el dinero del Inem
es superavitario. Si es así, ¿por qué sigue sin subir, y más bien
bajando -aunque sea poquito-, la tasa de cobertura de los parados? La
realidad es que esa tasa denuncia que el dinero del Inem es
excedentario por otras razones, además de por la de que hay menos
parados. La razón es, sin duda alguna, que existe una normativa que
hace que el acceso a las prestaciones y subsidios de desempleo sea
muy restrictivo, porque existió un decretazo en el año 1992 que
cambió esa realidad, y desde entonces a los parados que tengan
determinadas condiciones, en función de algo que tampoco ellos
quieren, que es la evolución del mercado de trabajo, de lo que ellos
tampoco tienen culpa, les resulta mucho más difícil acceder a una
prestación o a un subsidio.
Por tanto, si tenemos la voluntad de cumplir la Constitución, habrá
que hacer dos cosas: primero, habilitar partidas más abundantes, más
suficientes, para los programas de políticas activas, lo que ustedes
quieran, y, segundo, cambiar la normativa de acceso a las
prestaciones y subsidios por desempleo para que las políticas que
ustedes peyorativamente llaman pasivas sean accesibles a todos los
parados, como demanda la Constitución en su artículo 41.
Señorías, lo que estamos haciendo -y cada uno tiene su
responsabilidad, sin duda alguna- es robar el dinero de los parados.
Es un dinero que acumulan como un salario diferido los parados en
función de esa cotización. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!) Es
una barbaridad, sí, señorías, y nosotros permanecemos impasibles,
como si no pasara nada ante esa barbaridad que estamos cometiendo,
que el Estado está cometiendo con los parados, porque en cada nómina
cada mes está demandando a los activos una contribución, que es
salario diferido, y que luego utiliza para otra cosa que no preveía
la Constitución ni preveían esas normas que alumbraron el consenso de
todos nosotros. Por tanto, claro que les parecerá muy fuerte decir
que es un robo; es un robo, claro que sí en este sentido.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Vaquero, vaya
concluyendo, por favor.
El señor VAQUERO DEL POZO: Voy a ir concluyendo, señorías.
Porque el Estado en este caso actúa como el bandido generoso, pero al
revés, es decir, quita a los pobres para dárselo a los empresarios.
Unos son ricos, otros son menos ricos.
Nosotros demandamos que haya, por tanto, un debate, una discusión más
a fondo de la significación de las políticas activas, de las
políticas pasivas, y que haya, por tanto, una satisfacción para los
parados, que lo primero es que tengan un bienestar como todos los
demás ciudadanos y que sean beneficiarios de lo que es el reparto de
la tarta, el crecimiento económico del que estamos todos tan
absolutamente orgullosos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Vaquero.
Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, presidente.
Señorías, efectivamente, la Constitución vela por una serie de
derechos de las personas que están pasando dificultades, pero el
mandato último y primero de la Constitución es intentar garantizar
que todos tengan un empleo. Por tanto, hay que combinar sabiamente el
fomento del empleo con el derecho a tener una protección cuando no se
tiene. ¿Este Gobierno qué ha hecho en términos generales? Uno, ha
mantenido y garantizado todas las prestaciones de desempleo que
existían en el momento en que llegamos al Gobierno, año 1996, las
hemos mantenido todas; perdón, incluso hemos mejorado algunas, en el
subsidio agrario, como ya sabe S.S., o incluso en los contratos
a tiempo parcial, que también estaban excluidos y se les han otorgado
estas facultades de desempleo.
Pero sobre todo este Gobierno se ha dedicado al mandato
constitucional de crear empleo. Yo he observado ya en múltiples
debates cómo (sobre todo el Partido Socialista, pero a veces también
ustedes practican un seguidismo de estas políticas socialistas)
prefieren hablar de políticas de desempleo y no de políticas de
empleo. ¿Por qué ese temor a hablar de políticas de empleo y esa
pasión por las políticas de desempleo? ¿No saben que son las dos
caras de la misma moneda? Siempre ustedes fomentan o defienden
políticas de desempleo y siempre tratan de obviar las políticas de
empleo. Vuelvan el discurso al revés. ¿Lo más importante? Las
políticas de empleo. Y después, con estas políticas de empleo, las
personas que no puedan tendrán que tener, y lucharemos todos, una
política de redistribución de rentas. Pero acuérdense, políticas de
empleo lo primero.
Usted ha utilizado el nominalismo, y parece que da intencionalidad a
este Gobierno de hacer una política activa como una actitud bondadosa
y positiva y política pasiva como una actitud resignada y, por tanto,
con
cierto aroma de pasividad y de resignación. Pues no, esta no es una
terminología que utiliza este Gobierno, se ha utilizado siempre, el
anterior Gobierno y todos, porque es una terminología estrictamente
europea y, como sabe usted, en esto de políticas de empleo ya tenemos
que seguir las recomendaciones europeas por mandato, al igual que
seguimos las financieras. No vea usted maldad entonces en ningún
Gobierno, véala en todo caso en los conceptos propios de la política
que están iluminando todas las políticas sociales y de empleo de los
Quince.
En esta línea yo le querría decir cómo hay que abordar las políticas
de desempleo: primero, creando empleo; segundo, creando empleo;
tercero, creando empleo. Porque si no usted estará cometiendo un
grave error en su apreciación. Fíjese que se ha permitido decir -y
ahora hablaré sobre eso de robar, porque es muy fuerte y nada más
lejos de la realidad- que hay más personas desprotegidas. En ningún
caso, bajo ningún concepto, bajo ninguna fórmula que usted lo mire
hay más personas desprotegidas. Ahora es el momento histórico en el
que hay menos personas desprotegidas. Hablaremos de eso, pero también
reconózcame -porque si no a su argumento le falta algo, y yo
comprendo que usted intente introducir elementos positivos- que se
está en un momento en que, creando empleo, se les está dando la mejor
de las posibilidades a las personas que estaban desempleadas. Por
tanto, no descalifique políticas que crean empleo, porque mientras no
se demuestre lo contrario supongo que usted lo que quiere es que un
desempleado, primero, tenga empleo y, si no lo tiene, tenga
desempleo. Lo que estamos facilitando ahora es que 1.400.000 personas
que estaban desempleadas tengan empleo, con un descenso de 1.000.000
de personas desempleadas, que hoy tienen salario. Supongo que eso lo
considerará usted como una mejora de la cobertura. ¿O es que ese
millón de personas que antes estaban desempleadas y ahora tienen un
salario no significan una mejora sustancial de la situación? Quite ya
ese millón que usted no incorpora, pero incorpórelo, porque no se
puede hablar sólo de políticas de desempleo; hable siempre de
políticas de empleo.
Vayamos al núcleo de personas que siguen desempleadas. ¿Qué ha hecho
este Gobierno? Usted lo sabe. Los tres ejes de nuestra política de
empleo han sido, primero, una política económica que crea actividad
económica; segundo, diálogo y crecimiento, diálogo social que permita
que ese crecimiento económico se traslade al empleo; tercero, un
conjunto de medidas para incentivar fuertemente las políticas activas
de empleo. Lo hemos hecho: 2,5 billones dedicados en esta legislatura
a políticas de empleo, triplicando los presupuestos que nos
encontramos en el año 1996. La política del Gobierno que más ha
crecido ha sido la política activa de empleo.
Usted expresa un concepto que no es cierto ni jurídica ni
presupuestariamente y mucho menos filosóficamente: que el Inem es
excedentario y que tiene superávit.
No lo tiene. Se recaudan unas cuotas que van dirigidas a los
desempleados, algunas vía subsidio, algunas vía desempleo y ya muchas
vía un salario a través de una escuela-taller, una casa de oficios,
Inem-corporaciones locales, formación, inserción y dentro de poco la
renta activa de inserción. Por tanto, excedentaria, ni una sola
peseta; todo lo que se recauda se gasta en personas desempleadas: a
unas con el subsidio y a otras con un salario. Y volvemos de nuevo al
eterno debate. Yo supongo que usted preferirá que a un desempleado le
demos una escuela-taller, un instrumento positivo - por cierto, lo
encontramos y lo hemos desarrollado-, un taller de empleo o un Inem-
corporaciones locales. ¿O es que usted prefiere que le demos un
subsidio y que no le demos un salario? Como estoy seguro -porque en
todo esto hay un cierto tópico- de que usted prefiere un salario, no
diga que es excedentario. Todo el dinero que se recauda -no queda ni
una peseta- va dirigido al desempleado, lo que pasa es que más
inteligentemente que si se hiciera tan sólo con el subsidio; va a
través de salarios. ¿Sabe usted cuántas personas más tienen ya en el
año 1999 un salario a través de las políticas activas que las que lo
tenían en el año 1996? Más de 200.000 personas, que es un incremento
importantísimo. Señoría, estoy seguro de que a un desempleado de su
circunscripción usted preferirá siempre tenerle en un taller de
empleo, con un salario en un Inem-corporaciones locales, cobrando
además un salario de convenio, que tenerle cobrando un subsidio;
estoy seguro y, por tanto, rompa ya ese discurso del excedente,
porque no es cierto ni jurídica ni filosófica ni presupuestariamente.
En el Inem no hay excedentes, todo el dinero que se recauda se gasta
bien en subsidio, bien en desempleo o bien en políticas activas de
empleo. Es cierto que esta es una obsesión del Gobierno, pero también
sabe que es la línea general e imperativa de toda la política de
empleo de la Unión Europea; es decir, una y otra vez se nos está
recomendando hacer una transformación de las políticas pasivas
-porque así se dice, políticas pasivas; en cualquier versión o en
cualquier idioma aparecen las palabras activa y pasiva- en políticas
activas, en activar las posibilidades de los desempleados para
encontrar un empleo. Esto hace que siempre tenga que haber las dos
cosas: políticas de empleo y políticas de desempleo simultáneamente.
La mejor política para los desempleados es la que crea empleo, pero
mientras estén desempleados siempre es mejor que se dé una política
activa, con una oportunidad de salario y de ser empleable en el
futuro, que únicamente un subsidio. En eso tienen que entrar. Yo
comprendo que les cueste porque les rompe muchos de los discursos que
han tenido hasta ahora, pero créame que es lo más inteligente y los
resultados los estamos teniendo todos los días. No es casualidad que
se esté creando el empleo que se está creando. Responde a un conjunto
de circunstancias económicas, laborales, de diálogo social y de
activación de estas personas desempleadas. Hoy en día, de las
personas
con dificultades, por ejemplo de formación, que están entrando en
alguno de los instrumentos, como las escuelas-taller, prácticamente
el 70 por ciento encuentran trabajo en la economía convencional. ¿Qué
hubiera sido mejor para esa persona joven, darle un subsidio
o haberle tenido en una escuela-taller cobrando un salario, aprendiendo
un oficio y después encontrando un empleo? Es que no tiene
comparación, déle las vueltas que quiera, no tiene comparación.
Conviértase ya a la bondad de la políticas de empleo y de las
políticas activas de empleo.
Nosotros garantizamos todas las prestaciones que nos hemos
encontrado, no hemos modificado ni un ápice; es más, hemos creado
alguna y hemos mejorado otras. Convénzase de que lo mejor que podemos
hacer en el país es seguir incrementando las políticas activas de
empleo. Ojalá llegue algún día, y estoy seguro de que llegará porque
todo tiene que ir cambiando, al igual que el Partido Socialista, en
el que se diga: queremos más políticas activas de empleo. Entonces sí
podremos hablar, porque irán apuntando ya a una política que es
correcta, que haya más personas desempleadas a las que se les pueda
dar cada día posibilidad de salario y de formación, pero no se
encasquillen con únicamente más subsidio y más desempleo, porque no
es una cuestión de dinero sino de filosofía. Por supuesto que hay que
garantizar y mantener estas prestaciones, pero tenemos que ir
incrementando las políticas activas.
Respecto a las tasas de cobertura, le comentaré los datos oficiales.
No voy a entrar en los que manejaba usted, porque usted mismo
reconoce las dudas. ¿Sabe usted cuál era la cobertura bruta o neta?
Le voy a dar los dos datos, ya que usted conoce la diferencia. En el
año 1995: 50,73 por ciento la bruta, 62,88 por ciento la neta. En los
presupuestos del año 2000 va a pasar de 50 a 57 y de 62,88 al 70. Es
decir, no sólo ha disminuido en un millón de personas que antes
estaban desempleadas y ahora tienen un salario, eso no lo cuento, sé
que para usted eso no vale. La tasa de cobertura de las personas que
quedan desempleadas se incrementa hasta estos valores.
Vamos a verlo por el otro lado. ¿Cuántas personas antes estaban
desempleadas y no cobraban ningún tipo de prestación y cuántas
personas están hoy desempleadas y no cobran ningún tipo de
prestación? Sería la inversa del empleo y supongo que usted también
lo valorará porque hará los números. Vamos a tomar como referencia
una serie de años. En el año 1988 existían en este país 2.036.000
parados no protegidos, que no cobraban nada. ¿Sabe usted cuántos son
ahora, y me parece todavía un número muy alto? Ahora son 726.000. Es
decir, antes 2.000.000 de personas no tenían nada, ahora 726.000.
Fíjese en el cambio. Si comparamos el año 1995 con los presupuestos
previstos para el año 2000, el cambio es que de 1.200.000 personas
paradas sin ningún tipo de cobertura en el año 1995 se pasa a 620.000
-600.000 según cómo funcione la renta activa de inserción- en el año
2000. Las personas no protegidas
disminuyen a la mitad, y me lo tiene que reconocer porque si no usted
sería injusto. Me debe reconocer que hay un avance importantísimo en
la cobertura. Cada día quedan menos personas sin ningún tipo de
protección, y de sus palabras no he oído que lo reconozca. Es un dato
objetivo. En los presupuestos del año 2000 hay la mitad de personas
que no tienen protección respecto al año 1995. Luego hemos hecho una
gestión que ha mejorado sensiblemente respecto a la anterior. Si nos
vamos al año 1988, existían 2.000.000 de personas que no tenían
ningún tipo de protección. También sabe que se han incrementado en
200.000 personas las que están recibiendo políticas activas. Y cuando
se dice políticas activas no se dice tan sólo orientación, que está
muy bien, o formación; en muchos casos se está hablando de salarios,
de personas que trabajan y cobran un salario, que supongo que a usted
le debe llenar de orgullo y de alegría.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor ministro, debe ir
concluyendo, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles): Las
políticas activas de empleo, se lo decía anteriormente, han sido las
estrellas en las medidas presupuestarias de estos años. En los
Presupuestos Generales del Estado de este año el esfuerzo
presupuestario en política activa va a crecer un 22,2 por ciento; es
decir, sigue siendo el gasto que más se incrementa en el Estado. Eso
va a permitir que el próximo año nos situemos ya en torno al 14 por
ciento en desempleo, como antes se ha dicho. En una sola legislatura
se ha bajado prácticamente del 24 al 14 por ciento. No cabe duda de
que es un balance muy positivo no para el Gobierno, no para este
hemiciclo, sino para todos los desempleados.
Le aporto estos datos, le pido que reconozca estos aspectos y que
solicite, que está en su derecho, inste y presione para que sigamos
incrementando las políticas activas de empleo, que por ahí va el
futuro no solamente en España sino en toda Europa.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor ministro, quiero responderle
puntualmente a alguno de los aspectos que considero que son más
débiles en su argumentación y recojo sin duda alguna los datos que
usted me da y tendremos que contrastarlos respecto a la tasa de
cobertura. Ciertamente los datos que barajamos los dos no son los
mismos. Yo barajo los de mis fuentes, que habitualmente tienen que
negociar con usted; entonces no sé de dónde proviene la diferencia de
las cifras. En cualquier caso, he solicitado mediante preguntas por
escrito los datos y me llegarán en fechas próximas.
Señor ministro, la Constitución hay que interpretarla completamente.
Usted hace referencia a que la Constitución marca la prioridad en la
política de empleo y no de desempleo y yo le digo que hay dos
artículos. Uno de ellos, el 40.1, habla de política de pleno empleo.
Yo le estaba hablando del artículo 41. No sé si se ha equivocado
intencionadamente o no, pero ciertamente hay dos artículos respecto a
este tema, no uno solo. Usted me dice que no estoy satisfecho con las
políticas activas, que no me satisface que haya un salario, etcétera,
pero estamos hablando de dos artículos, de dos obligaciones. Claro
que reconozco todos los esfuerzos en políticas activas, me apunto.
Más aún, acabo de reivindicarle que sean más generosos. Había una
reivindicación sindical que planteaba 330.000 parados de larga
duración y no 60.000 como van a cubrir con la renta activa de
inserción. Estábamos hablando de eso. Claro que me apunto, pero sean
más generosos. Es insuficiente el esfuerzo que se está haciendo. En
cualquier caso, que sea bienvenido, pero no estamos hablando de eso;
estamos hablando de protección social a los parados, estamos hablando
de otro concepto en el que ustedes no quieren entrar, porque es un
dogma, y claro que no es hispano; es un dogma europeo y de más allá.
Por eso ustedes no son responsables de la terminología de políticas
activas y políticas pasivas. Ustedes la asumen. Me ha tildado de
practicar el seguidismo respecto de no sé quién; yo creo que el
seguidismo lo practica este Gobierno, incluso en la terminología, en
relación con las políticas neoliberales en general, que son las
dominantes, lo que precisamente se refleja en la terminología.
Señor ministro, no me ha hablado de la reducción en la cuantía de las
prestaciones y de los salarios, a ese dato no me ha contestado. Me ha
contestado a la reducción en la cobertura del desempleo, no me ha
hablado de la reducción de la cuantía, que consta en la página 137
del libro de gastos de la sección 19 de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2000.
En cualquier caso, rectifico si me he expresado mal sobre que el Inem
sea o no excedentario. Estamos hablando de la relación entre
cotizaciones y prestaciones contributivas. En eso sí es excedentario
el Inem. Son excedentarias las cotizaciones sociales recaudadas en
función de su destino respecto a la cobertura de las prestaciones
contributivas. ¿Me he expresado ahora bien? En lo que no podemos
estar de acuerdo es en enmascarar la financiación de las políticas
activas con dinero que debería estar destinado a políticas pasivas
-esa es la madre del cordero- mientras haya parados no cubiertos.
Usted me dice que han bajado mucho los parados no cubiertos. Me
parece muy bien, esa es la obligación del Gobierno. Nosotros
saludamos positivamente todo lo que sea ir hacia delante, pero
¿cuántos quedan sin cubrir? ¿Por qué siguen destinando dinero de la
cobertura de la protección social al desempleo a otras políticas
activas que deberían financiar con otro dinero de los impuestos? Esa
es la cuestión en la que nunca quieren entrar. No nos equivocamos
nosotros,
sabemos distinguirlo muy bien. No estamos anclados en ningún pasado,
analizamos este presente y les decimos que no mezclen las fuentes de
financiación. Desgraciadamente, el desempleo es la única prestación
de la Seguridad Social que está fuera del Pacto de Toledo. ¡Qué
casualidad! Miren ustedes por dónde tendría que haber habido también
un Pacto de Toledo con respecto a esa prestación -estoy de acuerdo-,
y en estas reuniones que se han planteado para revisarlo vamos a
reivindicar, si es posible, que esté también, porque sin duda alguna
es una prestación social de la Seguridad Social. Creo que no se trata
de preferir políticas activas a políticas pasivas, ambas son
compatibles, pero las fuentes de financiación deben ser diferentes, y
ustedes no están respetando las de las políticas pasivas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Vaquero.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señor presidente.
Señoría, le agradezco sinceramente -y me felicito de ello- que usted
también se incluya entre las personas que consideran que la forma más
adecuada de tratar a una persona desempleada es dándole un salario y
una oportunidad de empleo. Me parece adecuado.
Como usted insiste en la idea de superávit, vamos a suponer qué
hacemos con los ingresos que tiene el Inem, que, como usted sabe,
tiene tres partidas: Fondo Social Europeo, aportación del Estado y
cotizaciones. Yo tengo esa caja y puedo hacer dos cosas: una,
incrementar subsidios o, dos, darle a ese desempleado una oportunidad
de política activa. Usted insiste una y otra vez en que son
incompatibles, porque una cosa es el artículo 40 y otra el 41,
políticas de empleo y políticas de desempleo. Vuelve usted, erre que
erre, a lo mismo. Y yo le digo que empleo y desempleo son dos caras
de la misma moneda. Si yo tengo un desempleado, siempre -convénzase-
será mejor darle un salario que darle un subsidio, y si yo meto el
dinero que tengo en el salario, le estaré haciendo un favor al
desempleado. Es una política de desempleo. Pero usted insiste en que
no es una política de desempleo, porque la política de desempleo es
únicamente dar un subsidio y que lo otro es otra cosa. Pues no. Hable
usted con las personas que están desempleadas, que le van a decir: a
mí déme un salario, siempre prefiero un salario a estar desempleado.
Como usted sabe perfectamente, en primer lugar, tiene cobertura legal
que cualquier cuota del Inem se dirija al desempleado para su
inserción laboral; la tiene, cada día la va a tener más y es además
una recomendación europea, pero es que es lo mejor que podemos hacer
hacia un desempleado. Por tanto, la política de empleo es lo mejor
que se hace hacia un desempleado, que es darle cobertura y es lo que
debemos seguir haciendo con eso que usted llama superávit del Inem,
que no es tal porque no sobra ni una peseta. Todo se
invierte y todo se invierte además en personas desempleadas.
Me preguntaba usted cuál era el gasto por parado en política de
empleo. El gasto por parado, empezando por el año 1994, ascendía a
853.000 pesetas; año 1995, 824.000 pesetas; año 1996, 812.000
pesetas; año 1997, 861.000 pesetas; año 1998, 1.000.000 de pesetas;
año 1999, 1.250.000 pesetas; año 2000, 1.443.000 pesetas. ¿Sabe usted
por qué están subiendo tanto las prestaciones? Porque cada día, al
haberse estabilizado el empleo, hay un nivel más importante de
prestaciones contributivas, es decir, se está incrementando la
cobertura ya incluso en los términos que usted utiliza y además en
base al contributivo, que siempre será más elevado.
Tampoco debe usted minusvalorar la falta de protección que tienen las
personas. Al inicio de la legislatura había 1.200.000 personas que no
cobraban nada. Ahora quedan 600.000 personas y todavía nos parece
mucho y en muy pocas legislaturas vamos a conseguir darles una
oportunidad de empleo a todos, fíjese lo que le digo. Los ciudadanos
tendrán la posibilidad de elegir el Gobierno, pero, en caso de que
continuemos, ya hemos marcado como objetivo la equiparación al empleo
europeo en dos o tres años. El año que viene los hombres van a tener
ya un nivel de empleo europeo y será el empleo de las mujeres el gran
reto que entre todos tenemos que conseguir. Parte de este empleo se
está creando por estas políticas activas y dentro de muy poco vamos a
poder dar cobertura a esas 600.000 personas, a las que usted quiere
darles un subsidio y yo quiero darles un empleo. Estoy seguro de que
si hiciéramos un muestreo entre las 600.000 personas, preferirían un
empleo a un subsidio.
De todas formas le agradezco la oportunidad de la interpelación y
también que vaya apoyando estas políticas activas, que no son
neoliberales. No le ponga etiquetas a lo que es de sentido común; un
salario siempre será mejor que un subsidio, es de sentido común y
comúnmente aceptado, aprobado por muchos gobiernos de la Unión
Europea no neoliberales, no conservadores, no democristianos, sino de
todo tipo de ideología, porque estas son cuestiones que no dicta ni
la ideología partidista ni ningún credo político. Las dicta
sencillamente el sentido común. Siempre, ahora y en el futuro, será
mejor un salario que un subsidio.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que estamos ante una interpelación que mi
grupo considera que es oportuna, por su
contenido y por el momento, porque estamos ante las puertas del
debate de los presupuestos para el año 2000 y creo que es uno de los
momentos más adecuados para hablar de estas cuestiones.
He escuchado al señor ministro y habla de políticas activas, de
generar empleo y se dirige al Partido Socialista y en este caso a
Izquierda Unida como si nosotros estuviéramos en contra de que se
genere empleo. Señor ministro, estamos a favor, a favor de que se
genere empleo; cuanto más, mejor; cuanta más calidad, mejor. Todas
aquellas medidas que vayan en esa dirección seguro que mi grupo las
va a apoyar sin problemas, pero complementariamente con eso tenemos
que tener en cuenta que en este país existe un número de personas que
a pesar de esa generación de empleo no tiene nada. En el primer
trimestre de este año -y son datos del Ministerio que manejan los
sindicatos- había 830.500 personas que no cobran una peseta, y son
parados de larga duración que están ahí. Esos son datos del Inem. Si
nos vamos a los datos de la EPA, que tanto les gustaban a ustedes
cuando estaban en la oposición, podríamos hablar de muchas más
personas, 1.937.000. Pero no hablemos de la EPA, sino de los otros.
Usted ha hablado de setecientas y pico mil personas. Señor ministro,
me da igual ochocientas que setecientas y pico mil. Hay un número de
personas que no están cobrando absolutamente nada y a las que, a
pesar de todas las políticas y todos los esfuerzos, no les estamos
dando la oportunidad de tener empleo. No voy a volver a entrar en las
cifras que ha citado aquí el señor Vaquero, pero ya que para el año
que viene se prevé que va a haber realmente un superávit en el Inem,
yo creo que es el momento de discutir la ampliación de esa cobertura.
Estamos en un momento de crecimiento económico y en estos tres años
hemos dedicado a políticas activas más de un billón de pesetas, que
hemos dado a los empresarios para que generen empleo; lo han
generado, pero no en la medida de lo deseado, y les hemos regalado un
billón de pesetas. De esta cantidad, en los últimos tiempos, una
buena parte procede de las cotizaciones sociales, es decir, de las
cotizaciones que aportamos los trabajadores, y se las hemos dado a
los empresarios. No voy a repetir lo que decía el señor Vaquero,
porque coincido con él palabra por palabra. Señor ministro, usted
sale a los medios de comunicación y, con una sonrisa, critica a mi
secretario general y a mi candidato a la Presidencia del Gobierno
diciendo que se salta el Pacto de Toledo, mientras usted está
dedicando las cotizaciones sociales a políticas activas, es decir, a
dárselas a los empresarios, cuando una de las medidas del Pacto de
Toledo es que las políticas activas se financien con dinero de los
presupuestos. Y lo dicen sin ningún tipo de rubor.
Hago un paréntesis para recordar lo que decía usted antes: que mi
grupo es el que hizo la ley de las ETT. Sí señor, en 1994, pero
también es mi grupo el que ha traído a esta Cámara la proposición de
ley para modificarla y su grupo se abstuvo en la ponencia en el
artículo
11, es decir, en la equiparación salarial, y lo sacamos adelante,
gracias a los buenos trabajos de la UGT de Cataluña, Convergència y
el Grupo Socialista. Cierro paréntesis y vuelvo al tema que nos
ocupa.
Tengo aquí datos sobre el tema de desempleo. En el año 1990-1991, que
era también un momento de crecimiento económico importante, se
destinaba un 2,6 del PIB al desempleo. En estos momentos, en el
primer trimestre de 1999, con un crecimiento importante, por encima
del de entonces, se está dedicando el 1,5 por ciento. Esa es la
realidad. No nos lleve a la disyuntiva de que nosotros estamos en
contra de las políticas activas. No, no estamos en contra de ellas,
estamos a favor, pero también queremos que en un momento de
crecimiento los beneficios puedan llegar a esas personas que no
tienen absolutamente nada. En el año 1990 hablábamos de más de 10
puntos por encima de lo que hoy es la cobertura de desempleo. Un
señor diputado decía antes que el señor Griñán hizo la reforma que
llevó a la situación de desempleo que tenemos en estos momentos.
Porque había una situación económica determinada que había que
afrontar, correcto. Además tiene una explicación clarísima. En un
momento en que no había más dinero, que había muchos más parados y
que había que repartir, se hizo lo que se tenía que hacer. En un
momento en que hay mucho más dinero y que hay menos parados hay que
cubrir más, es equivalente. Estoy convencidísima de que si mi partido
estuviera en el Gobierno no tendría el señor Vaquero necesidad alguna
de plantear esta interpelación, porque hubiera sido una ley del
propio Gobierno la que hubiera ampliado la cobertura. La suerte que
yo creo que tenemos es que estamos muy cerquita de volver al Gobierno
y ya lo haremos nosotros si ustedes no son capaces de hacerlo.
Termino diciéndole, señor ministro, que hay que ser coherente con lo
que se dice. No hay que llegar al enfrentamiento de políticas activas
y políticas pasivas. Son compatibles realmente, no hay
incompatibilidad, y creo que haciendo un esfuerzo podemos
conseguirlo. Además, a ustedes que tanto presumen de llegar a
acuerdos con los sindicatos, les puedo leer algo textualmente: Tanto
Comisiones como UGT reclaman para el presupuesto del Inem del 2000
una mayor aportación del Estado para el conjunto de las políticas de
empleo y una mayor cobertura del desempleo. He leído textualmente.
Por tanto, señor ministro, le rogaría que hiciera un esfuerzo.
Nosotros vamos a ver qué propuesta hace Izquierda Unida la semana que
viene, estamos dispuestos a complementarla si es preciso para ver si
hacemos un esfuerzo, repito, y llevamos un poco más de cobertura
a esas personas que en estos momentos no tienen absolutamente ninguna y
a las que a pesar de la creación de empleo, no les ha llegado nada ni
les hemos dado ningún empleo ni solución alguna.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora López i
Chamosa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ir por partes, porque creo que los debates que se puedan
plantear desde grupos de la oposición con un espíritu constructivo
deben ser debidamente estudiados. Por ejemplo, quiero traer a
colación que hace escasamente una semana -justamente el miércoles-
había una interpelación que planteaba un grupo de esta Cámara para
estudiar la creación de empleo, políticas activas de creación de
empleo -como ha dicho muy bien el señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales- en la microempresa, que es, en definitiva, donde se crea el
empleo. No hay que olvidar que el 90 o el 92 por ciento del empleo se
crea es en las pymes.
Esas son las iniciativas que interesan al grupo parlamentario al que
yo represento y oír algunas aseveraciones dejan a esta diputada, como
representante del Grupo Parlamentario Popular, un tanto perpleja,
porque la dotación presupuestaria del Inem no ha bajado en esta
legislatura y se ha basado siempre en el 2,4 del producto interior
bruto, sabiendo todos que ha crecido a un ritmo de más del 3 por
ciento -3,5; 3,6; 3,7- ejercicio tras ejercicio. Tampoco nos vale
decir que la política económica ha crecido mucho en los últimos años
fuera de España y que España se ve beneficiada por ese crecimiento
económico a nivel europeo, porque tampoco eso es del todo cierto.
España ha crecido por encima de la media europea y voy a dar unos
datos que creo que son muy importantes.
En otras épocas ha habido crecimiento económico en España, y con un
crecimiento en los años 1986 y 1987 de un 6 y un 7 por ciento sólo el
65 por ciento se trasladaba a la creación de empleo, mientras que
ahora, con un crecimiento menor pero sostenido en los últimos cuatro
años, ese crecimiento de empleo se ha trasladado en un 85 por ciento
a la creación de empleo. Dicho de otra forma, cuando había períodos
de crecimiento económico, porque también los había a nivel
coyuntural, cosa que no se ha producido exactamente ahora -la
creación de riqueza era de un 6 por ciento- nunca se superó el
crecimiento del empleo por encima del 3 por ciento. Y ahora con esos
crecimientos sostenidos del 3,7 por ciento previsto para el año 2000
se está creando empleo por encima del 3 por ciento. Por lo tanto, esa
diferencia escasa entre creación de riqueza y creación de empleo
supone una mayor distribución de riqueza entre los ciudadanos
españoles.
En la exposición de motivos se habla del decreto del año 1992, que no
afecta al Gobierno y no afecta a la representante que está en el uso
de la palabra en este momento. Pero me gustaría añadir que el
decretazo no sólo recortó las prestaciones de desempleo, sino que fue
el Gobierno popular, que está haciendo las funciones de Ejecutivo en
esta legislatura, el que combatió lo que todos conocemos como los
contratos basura, encontrándonos hoy con contratos derivados de
pactos
sociales importantísimos con las fuerzas sociales de este país, con
las centrales sindicales, con los centros empresariales, tanto en el
Pacto de Toledo como en programación de modificación de contratos
laborales.
Además, quiero decirle a la portavoz socialista que en la Comisión
para analizar los problemas estructurales de la Seguridad Social, que
hoy conocemos como Pacto de Toledo, precisamente a instancia del
Grupo Socialista, se dejó fuera del marco del Pacto de Toledo la
cotización de lo que son las prestaciones de Seguridad Social. Eso
fue a requerimiento del Grupo Socialista que estaba en aquel momento
en el Gobierno.
Señora López i Chamosa, la historia, los períodos de sesiones, los
«Diarios de Sesiones», son los que son y hay que leerlos bien.
Vuelvo a repetir, el Grupo Parlamentario Popular, respaldando al
Gobierno, cree en las políticas activas de empleo, tal y como se han
aplicado en Europa. En Europa cada vez se estudia más y mejor la
creación de esas políticas activas de empleo y las bonificaciones que
usted ha mencionado cuando estaba en el uso de la palabra han
contribuido enormemente a la creación de empleo. Hay que decir que si
a finales del año 1995, cuando el Gobierno del Partido Popular empezó
a ejercer sus competencias de responsabilidad, de gestión de toda la
cosa pública, había 1.200.000 parados que no tenían ninguna
protección, como muy bien ha dicho el ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, en la actualidad hay sólo 600.000.
Por lo tanto, si se ha mantenido un 2,4 del PIB en estas prestaciones
derivadas de los ingresos del INEM, si hay salarios a favor de las
personas que estaban paradas, con la creación de las escuelas-taller,
en ese plan tan ambicioso que ha hecho el Gobierno en cuanto a
formación profesional, esto quiere decir que han servido no sólo par
crear empleo, no sólo para crear expectativas de una mejor cobertura
para los desempleados, sino que hay que añadir también un factor
ilusionante, muy ilusionante con las políticas activas que ha llevado
a cabo este Gobierno, porque hoy los jóvenes tienen la ilusión de
encontrar un trabajo, 700.000 jóvenes ha n encontrado contratos de
trabajo indefinido y ustedes, cuando gobernaba el Partido Socialista,
nos dejaron con una tasa de desempleo de la juventud de un 40 por
ciento. Hoy la hemos reducido, en general, en un 50 por ciento, pero
en este apartado, que es tan importante de cara a la juventud,
muchísimo más que en un 50 por ciento, porque de 1.600.000 contratos
de trabajo, de más de un millón de contratos de trabajo de gente que
no tenía ni una cobertura ni un contrato de trabajo, hay 700.000
jóvenes más que hoy tienen ese contrato de trabajo, lo que hace que
puedan ver la vida, su futuro, mucho más ilusionante de lo que lo
podían ver hace cuatro años.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Montseny, debe
usted concluir.
La señora MONTSENY MASIP: Voy terminando, señor presidente.
Quiero decirle a la portavoz del Grupo Socialista que no se preocupe
porque su grupo no está cada día más cerca del Gobierno, sino más
lejos, porque la política del Gobierno ha sido muy coherente en la
creación de empleo, con las iniciativas de políticas activas para dar
lugar a la creación de empleo, con las iniciativas legislativas de
reforma de la pequeña y mediana empresa; ha conservado y ha efectuado
sucesivos presupuestos que, garantizando todas esas prestaciones
sociales, invierten más y mejor en infraestructuras, en educación, en
sanidad, en investigación y desarrollo, que es muy importante; hay un
gran incremento en la partida de presupuestos cara a ese futuro
ilusionante que aquí estaba prácticamente muerto, la investigación y
el desarrollo. Y todas esas políticas, no se preocupe usted, irán
calando muy bien en la ciudadanía. Vayan ustedes por este camino y
vayan planteándonos cuestiones sociales porque, gracias a eso, el
Gobierno tiene cada día mayor facilidad para poder explicar lo que ha
hecho, y lo mismo los representantes y portavoces del grupo
parlamentario al que pertenezco.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Montseny.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN
RELACIÓN CON LA ACTUAL SITUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL. (Número de
expediente 172/000182.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos a la siguiente
interpelación, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
política del Gobierno en relación con la situación actual del
ministerio fiscal.
Para la defensa de la interpelación, tiene la palabra el señor López
Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, nuestro grupo
parlamentario ha presentado una interpelación al Gobierno sobre la
situación del ministerio fiscal. Ya sé que durante esta legislatura
ha habido diversas interpelaciones, preguntas y se ha hablado mucho
de este asunto, por tanto, ahora que está acabando, tiene un carácter
casi de repaso general del curso. Pero hay algunos acontecimientos
más recientes que están poniendo de manifiesto la insostenible
situación del ministerio fiscal y de quien se supone lo dirige, que
es el fiscal general del Estado.
Aproximadamente en mayo o junio de 1997, a comienzos de la
legislatura, el primer fiscal general del Estado designado por el
Gobierno del Partido Popular, Ortiz Úrculo, fue destituido
precisamente el día en que había mandado al fiscal Gordillo ir a su
despacho para decirle seriamente que dejase de perseguir a los
dirigentes de Sogecable. Ese día Ortiz Úrculo se enteró de
que el Gobierno le había destituido y probablemente ese día comienza
un modelo de fiscal general del Estado y de Fiscalía, acuñado por el
Gobierno del Partido Popular, que podría decirse que es un modelo de
fiscal general del Estado más del Gobierno que del Estado o más del
partido, incluso, que del Estado.
Ese día empezó a consolidarse ese modelo, que ha venido reiterándose
durante toda la legislatura a través de acontecimientos de todos
conocidos y que tendría algunas características que se podrían
resumir en las siguientes: se trata de un fiscal general del Estado
absolutamente sumiso al Poder Ejecutivo y al Gobierno; es un fiscal
nombrado para que no dé ni un sólo problema, para que esté quieto
normalmente o para que le saque al Gobierno o al partido del Gobierno
de sus problemas concretos. Es, por tanto, una figura de fiscal
pasivo, dependiente absolutamente del Poder Ejecutivo, y yo creo que
éste es un primer elemento a considerar en la figura del fiscal
general del Estado que tenemos y que se ha desarrollado a lo largo de
esta legislatura. Es un fiscal general del Estado que no tiene ni ha
tenido prácticamente iniciativa. No conocemos iniciativas de este
fiscal general del Estado para la reforma de la carrera fiscal o para
la reforma del ministerio fiscal; es un fiscal absolutamente autista.
No conocemos circulares del fiscal general del Estado orientadoras
para el conjunto de la Fiscalía, que está viviendo por su cuenta, ni
conocemos ningún tipo de relación con los fiscales, por ejemplo, de
los tribunales superiores de justicia o con los fiscales de cada una
de las provincias. Es un fiscal que no cuenta ni con los fiscales de
Sala ni con el Consejo Fiscal, no tiene, por tanto, ningún tipo de
control interno. Es un fiscal general del Estado que ha producido una
gran debilidad hacia el exterior, hacia el interior de la figura del
fiscal, del conjunto del ministerio fiscal, una debilidad del
conjunto de la acción del fiscal, que es la figura por excelencia que
debería defender los intereses generales. El fiscal es una figura
desaprovechada, es una especie de Defensor del Pueblo que defiende
los intereses generales y la legalidad en los procesos
fundamentalmente, desaprovechado por completo a esos efectos, y es un
fiscal que es débil también en los medios que tiene a su disposición
esa Fiscalía.
Podría decirse: Ya que el fiscal general del Estado hace caso al
Gobierno en todo lo que le dice y sigue todas sus instrucciones
fielmente, por lo menos, a cambio, podría pedirle que le diese más
medios. Es tan bueno, tan bueno con el Gobierno que ni siquiera eso,
ni siquiera pide más medios. Hace muchos años, cuando estaba el
ministro Ledesma en el Ministerio de Justicia, recuerdo que proponía
un horizonte de 2.000 fiscales en España para que funcionara
mínimamente bien el ministerio fiscal. Hoy estamos en 1.400. Aún más,
por fijarnos en la circunscripción por la que yo soy diputado,
Madrid, hace algunos años la evolución de los fiscales iba a ritmo
lento, pero ha sido aún más lento en el último año, ya que hay 34
órganos judiciales nuevos en Madrid y tres fiscales nuevos. Por
tanto, también
gran debilidad en cuanto a los medios, en cuanto a la formación, en
cuanto al presupuesto. El proyecto de presupuestos generales del
Estado se acaba de enviar a esta Cámara y no avanza prácticamente
nada en los medios a disposición de los fiscales o por lo menos no
hay unas partidas específicas como se proponía en la moción aprobada
en su momento, no recuerdo bien si en el año 1997 o 1998, por esta
misma Cámara en relación con el ministerio fiscal.
En definitiva, es un fiscal no adecuado al modelo constitucional, que
no prevé un fiscal obediente, ejecutor, un fiscal a la rueda
específica de lo que diga el Gobierno, sino que tiene una figura de
principio de legalidad, de imparcialidad. Es cierto que el fiscal, y
no lo defendemos, tiene que seguir la política criminal dictada por
este Gobierno -que, por cierto, no la conocemos-, pero en lo que se
refiere a los procesos judiciales, cuando tiene que actuar con
imparcialidad, conforme al principio de legalidad y con la
obligatoriedad de la acción penal, el ministerio fiscal no puede
estar conectado con un cordón umbilical permanente al Gobierno,
porque no cumpliría su función. Es, por tanto, un modelo no
constitucional, no adecuado a las exigencias de la defensa del
interés general, del interés público, no es un modelo de fiscal
mínimamente moderno, no ya democrático sino moderno. Yo recuerdo
también algunas elucubraciones del fiscal general del Estado en
alguna memoria, y lo más que ha hecho ha sido referirse a la
desamortización de Mendizábal para ver lo mal que van las cosas en
España y los valores que se están perdiendo. Es un fiscal que en la
mayoría de sus intervenciones -tampoco podemos decir muchas, han sido
pocas- no ha aparecido en sintonía con valores constitucionales,
cuando en alguna ocasión ha llegado a decir que el golpe de Estado en
Chile fue para mantener los valores constitucionales o fue para
intentar que no se subvirtiera el orden constitucional.
Un ejemplo perfecto de este modelo de fiscal general del Estado es lo
que está sucediendo ahora en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Sabemos que este Gobierno se empecinó en nombrar al ínclito fiscal
Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, destituyendo
a José Aranda, contra la opinión unánime del Consejo Fiscal, como sabe
muy bien que sucedió la señora ministra, porque había un interés
especial político de este Gobierno. Hoy estamos viendo los
resultados. Este Gobierno dice que defiende la independencia judicial
en el caso Pinochet -que algunos disgustos le está dando-, pero, por
otro lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está haciendo una
labor absolutamente incomprensible poniendo todos los obstáculos para
que Pinochet venga a España, haciendo de abogado de Pinochet
sistemáticamente, hasta producir una auténtica molestia en el seno de
la Audiencia Nacional que, en pleno, el 4 y 5 de noviembre del año
pasado, dijo que España es competente para la persecución de Pinochet
por los delitos de los que se le acusa en España. La Fiscalía de la
Audiencia Nacional se empecina y dedica muchas de
sus energías, que podía dedicar a otras cosas, en lograr que Pinochet
no llegue a España, contraviniendo flagrantemente la doctrina y las
decisiones de la Audiencia Nacional en pleno, por tanto, yendo en
contraposición a lo que es el conjunto de los miembros de la
Audiencia Nacional, que, en pleno y por unanimidad, decidieron que
España es competente. La Audiencia Nacional ha dicho esto y el fiscal
de la Audiencia Nacional -que me va a decir la ministra que no lo
nombró ella-, nombrado formalmente a propuesta del fiscal general del
Estado, está conscientemente obstaculizando la acción de la Audiencia
Nacional y, por tanto, actuando de forma que debería llenar de
vergüenza a ese órgano judicial, que si lo hace, tiene que ser porque
algún tipo de posición política hay ahí porque si no, no se puede
empecinar en esa posición que no tiene precedentes y que nunca nos
imaginamos que pudiera constitutuir una posición en este momento del
fiscal jefe de la Audiencia Nacional. ¡Qué diferencia con la posición
que adoptó ayer mismo en ese juicio, en Londres, Alun Jones, en
representación de la Fiscalía de la Corona británica! Esa sí es una
posición adecuada a lo que España pretende, eso sí es defender los
intereses de España en ese juicio y no lo que está haciendo en
contrario la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En este punto tendríamos que preguntarnos -porque, en definitiva, el
Parlamento exige responsabilidad política y el Gobierno elegido se
somete a la responsabilidad política lógicamente en esta Cámara, así
son las reglas de la democracia: quien ejerce un poder democrático
tiene la contraprestación de su responsabilidad- quién es responsable
de todas estas cosas. Nosotros tenemos que llegar a la conclusión,
señora ministra -por eso hemos planteado esta interpelación- de que
usted y el Gobierno al que usted pertenece es el responsable
político, no es el fiscal general del Estado a estas alturas. El
fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, no cesado por el
Gobierno, mantenido por ese Gobierno, hace discriminaciones como la
de que a la Audiencia Nacional sí, aunque este Parlamento lo
critique, y a la Fiscalía Anticorrupción no le ayuda tanto cuando
quien le critica es Jesús Gil y Gil. De todas esas cosas, los
responsables políticos son el Gobierno y usted, como órgano de
relación entre el Gobierno y la Fiscalía. Es el responsable político
de la persona de Cardenal, de la forma en la que trabaja o no
trabaja, o habla o no habla el fiscal general del Estado, de los
nombramientos del ministerio fiscal, que tienen un tinte bastante
tendencioso y sectario, dicho sea de paso -todos los nombramientos de
fiscales los hace el Gobierno- y es usted responsable de que la
moción aprobada por este Parlamento hace algún tiempo no haya sido
desarrollada en ninguno de sus puntos. Esa moción no ha sido
desarrollada en cuanto al modelo de fiscal, que tiene que tener un
determinado control por parte de este Parlamento, por lo que debería
reformarse el estatuto orgánico del ministerio fiscal.
También es usted responsable de que no se haya mandado aquí ningún
proyecto de reforma del estatuto
orgánico del ministerio fiscal; es responsable de que una de las
cosas que decía esa moción, que habría una partida específica de
medios para la Fiscalía, no aparezca en el proyecto que tenemos ahora
en estudio para su debate, y es responsable de esa Fiscalía, dejada
de la mano de Dios, con un fiscal un poco de mesa camilla, que hace
lo que puede o lo que quiere, en donde hay una auténtica anarquía, no
hay ningún tipo de unidad de acción ni de impulso, lo que afecta
claramente a los intereses de los ciudadanos, porque depende del
fiscal la mejora de la vida de los ciudadanos españoles, no es un
asunto que quede simplemente en un debate entre políticos o entre
partidos de la oposición y el Gobierno. Ésa es la responsabilidad que
tiene este Gobierno: la inacción, la pasividad, las actitudes de
órganos muy importantes de la Fiscalía, lo que nos llena de vergüenza
democrática, y el desprestigio de la carrera fiscal o del ministerio
fiscal, ya que la imagen fundamental que aparece ante la gente es lo
que pasa con el fiscal general del Estado o lo que hace el fiscal
Fungairiño en la Audiencia Nacional en el caso Pinochet. Ésa es
fundamentalmente la imagen de la Fiscalía en esta sociedad.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor López Garrido, debe
concluir.
El señor LÓPEZ GARRIDO: De ello es responsable este Gobierno y nos
gustaría que, como consecuencia de lo que es una actuación, un hábito
democrático y parlamentario en esta Cámara, el Gobierno se sometiera
a ese control parlamentario y nos explicara por qué razón ha pasado
lo que ha pasado en esta legislatura, por qué razón ha sido una
legislatura absolutamente perdida para el ministerio fiscal, por qué
razón hay un fiscal general del Estado de perfil cero, de
encefalograma plano. Eso nos lo tiene que explicar este Gobierno al
final de la legislatura; estamos esperando ansiosamente las palabras
de la señora ministra de Justicia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
López Garrido.
Para contestar a la interpelación y en nombre del Gobierno, tiene la
palabra la señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, por un momento pensé -fue un momento sólo- que la
interpelación del diputado López Garrido iba en serio. Luego me di
cuenta de que no, de que no quería hablar del ministerio fiscal, de
que no quería hablar de la problemática real que puede afectar a ese
ministerio fiscal en cuanto a medios materiales y personales, sino
que quería exclusivamente un altavoz para hacer un mitin, y yo siento
que esta Cámara sea nuevamente escenario de mítines políticos y no el
reflejo de las inquietudes de los ciudadanos. Yo tenía preparadas
cifras, datos; tenía preparada información para SS.SS.,
pero cuando compruebo, con tristeza, que a S.S. no le importa nada de
la Administración de justicia, sino lanzar invectivas acerca de lo
que este Gobierno ha hecho o ha dejado de hacer y poner en la picota
a unos profesionales que llevan años dedicados al ejercicio del
derecho, cuando por encima de la imagen de la justicia y de la imagen
que los fiscales, todos los fiscales, deben dar a lo largo de tantos
días y tantas horas en los juzgados se pone exclusivamente una
invectiva acerca de lo que es el fiscal general del Estado y de lo
que es el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, creo que a usted no
le interesa hablar de la Administración de justicia y, por tanto, le
voy a hablar en términos políticos.
Ese fiscal sumiso -eso ha dicho S.S.- al Poder Ejecutivo, pasivo y
dependiente del Gobierno es un fiscal de carrera que lleva 37 años
defendiendo la legalidad en territorios muy complicados. Quizá S.S.
no le dé importancia a esto, pero quiero decirle que ha sido fiscal
jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco durante muchos
años, con grandes dificultades y sin tacha alguna.
Dice que es un fiscal autista, que no tiene iniciativa. Pregunte en
la Fiscalía, pregunte a los fiscales, pregunte la cantidad de
reuniones que ha tenido con los fiscales y el escrupuloso respeto
hacia la autonomía y sometimiento exclusivamente al principio de
legalidad de los fiscales. Pregunte si a un sólo fiscal se le ha dado
una sola instrucción.
Dice S.S. que es un fiscal débil. ¿Un fiscal débil? ¿Por qué? ¿Porque
no les contesta a SS.SS. cuando intentan meterlo en la cuestión
política? Yo creo que es un fiscal fuerte en derecho, que es lo que
hay que pedirle a un fiscal general.
Su señoría dice que este Gobierno no ha invertido en mayor dotación
de medios personales y materiales para los fiscales, y que ya el
ministro Ledesma dijo que hacían falta dos mil fiscales. Señoría, me
gustaría que hiciera un repaso sobre el número de plazas de fiscales
que se ha creado en anteriores etapas y el que se ha creado en la
actualidad.
Me habla de que no existe una política de formación. Señoría, he dado
cuenta en esta Cámara -comprendo que S.S. no lo sepa, porque hace
poco que se ha incorporado- de los cursos de formación que este
Gobierno ha puesto en marcha en el Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia, de formación exclusiva para los fiscales,
impartidos por los propios fiscales.
Su señoría se ha limitado a hablarme de cuestiones jurídicas o sub
iudice: del asunto Pinochet. Ya veo que S.S. no puede hacer una
abstracción política, sino que se limita exclusivamente a hacer
demagogia nuevamente con un tema en el que yo pediría que fuéramos un
poco menos demagógicos y más sensibles a los argumentos jurídicos.
Su señoría me ha hablado de la falta de apoyo a la Fiscalía
Anticorrupción. Le tengo que decir a S.S. que en este momento la
Fiscalía Anticorrupción tiene más medios personales y materiales de
los que ha tenido
nunca; se encuentra ubicada en un edificio como no ha tenido nunca;
el fiscal general del Estado ha salido en defensa de la Fiscalía
Anticorrupción tantas y cuantas veces han sido necesarias. En todo
caso, yo no tengo ninguna queja del fiscal jefe de la Fiscalía
Anticorrupción, sino, todo lo contrario, felicitaciones por la
atención que el Gobierno ha prestado a sus necesidades materiales y
personales.
Dice S.S. que los fiscales no defienden la mejora de la vida. Los
fiscales defienden el principio de legalidad y el principio de
imparcialidad. Sobre la mejora de la vida y la mejora sobre todo del
concepto público y de ciudadano se tiene que dar una lección aquí, y
perdóneme S.S. pero no la ha dado con el contenido de la
interpelación que ha presentado su señoría.
Su señoría ha traído a colación posturas del ministerio fiscal en
casos que tienen relevancia periodística muy seria. Si S.S. tuviera a
bien coger los «Diarios de Sesiones» de esta Cámara podría leer por
qué el fiscal jefe mantiene la postura que mantiene y por qué el
fiscal general respalda esa postura, porque fue ampliamente explicado
ante SS.SS.
Creo que S.S. ha venido exclusivamente -y termino como empecé- para
dar voz en una Cámara, en donde lo que tiene que hacer es dar
respaldo y derechos a los ciudadanos, a una posición de
deslegitimación, una vez más, a la Administración de justicia. Si S.
S. de verdad está interesado en datos sobre cómo y cuándo se han
incrementado y apoyado todas las acciones de los fiscales, que son
los defensores de la legalidad -y en esa forma lo entiende este
Gobierno, no otros, por cierto- (La señora Cunillera i Mestres: Se le
había olvidado.), si S.S. tiene interés en saber esos datos, con
muchísimo gusto estoy dispuesta a facilitárselos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
ministra.
Señor López Garrido, tiene la palabra para la réplica.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Justicia, yo también tenía la intención de
escuchar una intervención suya que diese argumentos, aunque yo no los
compartiera, a lo que le he planteado. Yo no he venido aquí a hacer
una intervención de datos y de cifras (ya tendremos tiempo de verlo
en el momento en el que estudiemos la sección correspondiente del
Ministerio de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado) sino
a hacer una intervención política en el sentido más noble del
término. No se nos puede pedir que en esta Cámara no hagamos política
-para eso está esta Cámara-, considerando que la raíz de los
problemas que tiene el ministerio fiscal están en algún sitio y hay
algún responsable. Pero usted niega la existencia de problemas en el
ministerio fiscal, como si fuese el mejor de los mundos. No me ha
dicho nada sobre cuáles son los problemas que hay y lo que habría que
hacer para resolverlos. No ha llegado al fondo de la cuestión.
En relación con el ministerio fiscal y sus insuficiencias, que son
muchas, a pesar de la buena voluntad de muchos de esos profesionales,
con los que yo no me he metido para nada, la responsabilidad política
fundamental está, primero, en el fiscal general del Estado, pero en
este fiscal general del Estado ya no; está claramente residenciado en
su Gobierno. Ése es el fondo de la cuestión. No es un mitin político,
es ir al fondo de la cuestión. Cuando se hace un planteamiento
político no demagógico, real, tenemos que llegar a la conclusión de
que mucho de lo que le pasa al ministerio fiscal, tiene mucho que ver
con las críticas que se le han hecho al fiscal general del Estado o
al fiscal de la Audiencia Nacional, tiene mucho que ver con el
Gobierno que gobierna. Éste es un Gobierno que se resiste
sistemáticamente a ser responsable y a que se le exija
responsabilidad. Pero un gobierno en un país democrático que
gobierna, y no le negamos esa potestad y esa obligación de gobernar,
está sometido al control de un parlamento, está sometido a la
responsabilidad de que se le digan sus insuficiencias, sus errores y
aquello que depende de él. El ministerio fiscal depende del gobierno.
Este fiscal general del Estado depende fundamentalmente de este
Gobierno y del impulso que este Gobierno pueda dar. Por tanto, a un
perfil tan bajo como el de este fiscal general del Estado y de la
Fiscalía General del Estado en general corresponde un perfil muy bajo
como el que ha tenido este Ministerio de Justicia en esta
legislatura, que no ha sabido ir al fondo político de la cuestión,
que es llegar a un consenso. Lo vimos el otro día en este hemiciclo
ante la incapacidad de grandes consensos políticos sobre la reforma
de la justicia. No hubo capacidad para llegar a un gran consenso
político sobre la reforma de la justicia, que era la Ley de
enjuiciamiento civil y la ley orgánica que la acompañaba. Ése es un
problema que tiene este Gobierno.
En el tema de justicia es responsable de eso, y lo ha pagado el
fiscal general del Estado y este ministerio fiscal, porque han
preferido un fiscal general del Estado que no hiciese nada, que no
plantease ningún problema. Los fiscales generales del Estado
excesivamente dependientes del Poder Ejecutivo plantean problemas
todos los días, porque no afrontan ninguno. Un fiscal general del
Estado menos dependiente, más autónomo, a lo mejor plantea cuatro,
cinco o seis problemas a un gobierno a lo largo de una legislatura,
porque tiene esa autonomía, pero el que es dependiente, sumiso y
pasivo, ése se lo plantea todos los días porque no hace nada, porque
se limita a pensar qué es lo que no le va a gustar al gobierno para
poder moverse en esa línea sin chistar y sin afrontar los problemas
que hay.
Eso es lo que le pasa al fiscal general del Estado desde luego por
responsabilidad del Gobierno, y lo paga el ciudadano. Dice usted que
no ha venido a hablar de los problemas del ciudadano. Claro que lo
paga el ciudadano, y lo paga en términos de la defensa del interés
general, que la lleva a cabo el fiscal, porque él no es una parte en
un proceso; una parte en un proceso
es el abogado del Estado, no el fiscal. El fiscal defiende el interés
general y puede impulsarlo, puede defender el medio ambiente, puede
defender a las víctimas de malos tratos y se puede preocupar de los
menores mejor o peor. En la política criminal todo el mundo sabe que
hay capacidad discrecional. Hay muchísimas cosas que suceden que
contravienen la ley y hay una capacidad discrecional en la Policía,
en los cuerpos de seguridad, en la fiscalía, para poner el énfasis en
una o en otra cosa. ¿Sabe usted que el 90 de los procesos penales que
hay en España son llevados, son incoados, son iniciados por la
Policía y por la Guardia Civil? Tiene muy poca presencia el
ministerio fiscal. ¿Por qué? Porque no está en su cultura el tener
esa iniciativa de la persecución de los delitos y porque hay una
cierta dejación a ese respecto que, desde luego, no ha sido
solucionada por este fiscal general del Estado. Esos intereses
sociales difusos son importantes en esta sociedad. Por ejemplo, en
medio ambiente, en el caso de Doñana hubo una pasividad absoluta por
parte del fiscal general del Estado. Ahí hubo responsabilidades
importantes. No hubo una acción decidida, como en tantas otras cosas,
por parte del fiscal general del Estado.
Otra cuestión importante es la delincuencia económica. Habla usted de
la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción tiene setenta
asuntos, tiene diez fiscales y evidentemente no da abasto. Son
asuntos de enorme importancia que no se pueden comparar con otros. La
delincuencia económica es una de las grandes cuestiones sobre la que
no hay una política criminal decidida ni tampoco una cooperación
judicial en Europa. No funciona tan bien la cooperación judicial en
Europa. ¿Qué iniciativas ha tenido este Gobierno para una cooperación
judicial con Europa que ha planteado en el tercer pilar, que sigue
siendo un tercer pilar comunitario algo oculto, ya no del todo
clandestino, pero algo oculto?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor López Garrido, vaya
concluyendo, por favor.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señor presidente.
¿Qué se le dice, qué se le pone delante al ministerio fiscal para
hacer una función de una gran potencialidad futura, que sería por
ejemplo la acción de mediación entre los intereses sociales en
conflicto, para desjudicializar nuestra vida diaria, que está
profundamente judicializada? No existe una política criminal
decidida, ni siquiera se le ha dicho al ministerio fiscal: ésta es
nuestra política criminal y hay que ir por ese camino; no hay unas
referencias. Naturalmente esa responsabilidad -y ahí dejo de lado al
fiscal general del Estado- la tiene este Gobierno -y hay
responsabilidades de anteriores gobiernos también, por supuesto-, que
sigue sin afrontar de verdad el problema de la transición democrática
y de modernización del ministerio fiscal, que no se ha afrontado de
verdad -es una de las cuestiones que hay pendientes ahora mismo en
este
país-, ya que es una institución de enorme potencialidad y que, sin
embargo, ha estado muy sometida a los intereses políticos de los
gobiernos respectivos, y se plantea la necesidad de una evolución en
ese modelo. La moción que aprobó aquí esta Cámara no ha sido puesta
en práctica, no ha sido desarrollada, no ha habido una reforma del
Estatuto orgánico del ministerio fiscal, y sobre eso usted no me ha
dicho ni una palabra, señora ministra. Me gustaría saber qué pasa con
esa moción que se aprobó hace dos o tres años y que no ha sido
ejecutada, no ha sido desarrollada, y qué responsabilidad tiene este
Gobierno en que esta moción no haya sido todavía desarrollada en
ninguno de sus puntos ante este Parlamento.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
López Garrido.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, voy a empezar por el final de su intervención, qué pasa con
la moción. Ya tuve ocasión de responder en esta Cámara, a preguntas
del diputado don Pablo Castellano, porque fue a iniciativa de ese
grupo por lo que salió la moción. Como me pareció un asunto de vital
importancia lo que opinaran los fiscales, se dio traslado de la
moción al fiscal general del Estado para que informara al Ministerio
de Justicia sobre lo acertado o no de las propuestas; me parece que
hay que contar con los fiscales y con la experiencia profesional que
tienen.
El fiscal general del Estado respondió a finales de marzo de este año
después de consultar el contenido de la moción con todos los fiscales
jefes y con todas las fiscalías. Las respuestas no han sido unívocas,
sino muy dispares. El Ministerio de Justicia las está estudiando
porque, en todo caso y a pesar de lo que S.S. interpelante ha
insinuado anteriormente, pretende traer por consenso la mayoría de
los asuntos que afectan a la justicia; otra cosa es que lo consiga al
principio o que lo pierda al final. Cuando hayamos estudiado la
propuesta de la Fiscalía General, será sometida a la opinión de SS.
SS. antes de hacer una propuesta que pueda perjudicar aún más la
deteriorada imagen de nuestra justicia.
El señor López Garrido pregunta qué pasa con la política criminal.
Con la política criminal pasa lo que SS.SS. deciden, no existe más
política criminal que la establecida en las leyes. No hay más
posibilidad de actuación por parte del fiscal general del Estado o de
los fiscales que la del sometimiento estricto al principio de
legalidad. Por eso tengo que hacer patente mi más absoluto rechazo
frente a manifestaciones que se hacen en esta Cámara de políticas
criminales al margen o sin contar con la ley.
Entiendo que los fiscales pueden acertar unas veces y otras no, pero
no me consta que existan quejas de los ciudadanos acerca de la
concienciación sobre los problemas
cotidianos que tiene la ciudadanía. Quiero recordar que el ministerio
fiscal se adelantó a la reforma legal llevada a cabo en esta Cámara
para perseguir los malos tratos a mujeres y a niños, los malos tratos
en el ámbito familiar. El ministerio fiscal se adelantó a perseguir
los delitos medioambientales y tantos y tantos asuntos que no tienen
relevancia política pero si tienen relevancia para los ciudadanos.
En este momento, pido respeto para el ministerio fiscal, para todos y
cada uno de sus integrantes y para la trayectoria profesional
intachable del actual fiscal general del Estado. Otra cosa es que SS.
SS., dentro de la responsabilidad que tienen, reprueben la actuación
de la ministra de Justicia.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
ministra. ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uria.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, al Grupo Parlamentario Mixto se nos
presenta una vez más la posibilidad de crítica y reflexión sobre el
ministerio fiscal en dos aspectos: su configuración normativa y
actuaciones concretas del actual fiscal general o de significados
fiscales.
Quisiera hacer dos observaciones previas. La primera es matizar al
señor López Garrido que no creo que este Gobierno haya inaugurado un
nuevo modelo de ministerio fiscal. Habría mucho que hablar de tiempos
pretéritos, pero no lo haré porque prefiero fijarme en el presente y
hacer aportaciones, si cabe, para el futuro. La segunda es que
cuantas afirmaciones haga lo son en concreto y en absoluto van
dirigidas al ministerio público como institución, que goza de todo mi
respeto y admiración, tanto por su buen hacer como por la
irreprochable solvencia técnica que derrocha.
Respecto del primer aspecto, la configuración normativa, ya nos hemos
pronunciado en muchas ocasiones por la opción del acercamiento de la
figura del ministerio público a la institución parlamentaria a través
del fiscal general del Estado, bien sea en la versión que más nos
gustaría -la exigencia de mayorías cualificadas para proponer un
candidato al Rey- o en la más light, la de la moción aprobada el 27
de mayo de 1997 a instancia del diputado señor Castellano a que se ha
referido el señor López Garrido, en la que se decía simplemente que
compareciese ante la Comisión de Justicia e Interior para que se
conocieran sus méritos y trayectoria para valorar su idoneidad.
También nos hemos pronunciado como grupo en muchas ocasiones respecto
de este fiscal general del Estado y las actuaciones de algunos
destacados miembrosde la fiscalía de la Audiencia Nacional.
Ya en el momento de su nombramiento nos sorprendió su elección.
Valorando su trayectoria y su solvencia profesional, su talante
político -y así se lo manifesté, señor ministra- nos parecía muy poco
acorde con los postulados de pluralismo político y los valores de
nuestro sistema, y yo sí le he conocido, señora ministra, en sus
actuaciones en el País Vasco. Le manifestaba yo el día que explicaba
en la Cámara, en la Comisión de Justicia e Interior, la sustitución
del señor Ortiz Úrculo y el nombramiento del señor Cardenal, que con
este nombramiento el Gobierno, desde la óptica de mi grupo, expresaba
su ideología, criterio que podía ser desde luego respetable, pero que
mi grupo en modo alguno compartía.
De la misma manera nos pronunciamos con ocasión de otra sonada
comparecencia, esta vez del propio fiscal general del Estado, para
explicar diversas afirmaciones sobre las dictaduras de Chile y
Argentina. Se producía el 5 de febrero de 1998 y en ese momento
consideramos inadmisible que, so pretexto de un informe sobre la
competencia o incompetencia de los tribunales españoles, se aludiese,
en primer lugar, por boca o por pluma del señor Fungairiño, a la
sustitución temporal del orden constitucional para explicar lo que
había pasado en estas dictaduras, o que después el propio fiscal
general del Estado hablase de subsanar deficiencias en el orden
constitucional de estos países.
Nos pareció inadmisible y le exhortábamos en aquel caso al señor
Cardenal, cuyas disculpas por cierto admitimos, a que -conocedores de
su ideología conservadora y de sus postulados ideológicos, políticos
e incluso religiosos- en su actividad política se atuviese al respeto
del pluralismo político que la Constitución consagra. No ha sido así
del todo en posteriores actuaciones, pero, en todo caso, sí debo
decirle, señora ministra, señorías, que creo haberme equivocado. En
el momento inicial pensé que eran ustedes quienes erraban con la
elección del señor Cardenal, ahora veo que no, que efectivamente
desde la óptica de ustedes es todo un acierto, coincide con
postulados que sostienen destacados miembros de su partido, como el
presidente honorífico, señor Fraga, cuando ha manifestado en estos
días que Pinochet contribuyó a llevar la normalidad a Chile.
El señor Cardenal aguanta impertérrito, además, los envites, lo que
siempre es una ventaja desde el punto de vista del Gobierno, cuenta
con su apoyo, además, para no abandonar la plaza de fiscal jefe del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que si tan importante
es y tanto significó en su trayectoria debería ahora estar cubierta,
y figúrense que hasta creo que logrará lo de sus retribuciones. No
perderé de vista la tramitación parlamentaria de los presupuestos,
porque en las enmiendas, aquí o en el Senado, casi estoy convencida
de que saltará como si equivalencia de regímenes retributivos, que es
lo que la ley menciona, fuese igual a idénticas pesetas, cuando
ustedes conocen, señorías, que esto no es así. (El señor
vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
En todo caso, mi grupo va a esperar, para fijar su posición, al
contenido de la moción que nos presente el diputado señor López
Garrido, teniéndose además en cuenta que la semana en la que se va a
debatir es la misma en la que el propio fiscal general del Estado
comparecerá para explicar la memoria anual; será una semana en la que
hablaremos mucho de la Fiscalía.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra
el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Continuando o asumiendo el final de la intervención de la portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco, ciertamente mi grupo estará a la
espera de la moción que se presente al respecto.
La intervención de don Diego López Garrido tiene dos partes muy
diferentes: una hace referencia concretamente al fiscal general del
Estado, al fiscal jefe de la Audiencia Nacional y a diversos
incidentes o procesos que allí se ventilan. La posición de mi grupo
creo que se ha expresado muy claramente a lo largo de esta
legislatura, en la propia comparecencia del fiscal general del Estado
a que antes se aludía el 5 de febrero de 1998, así como en las
diversas comparecencias que tuvieron lugar con relación a aquel otro
accidente o incidente que aquí ha sido citado de la candidatura del
fiscal Poyatos para fiscal jefe de la Audiencia Nacional, así como
muchas otras circunstancias, incluso mi grupo tiene presentada una
proposición no de ley referente al tema Pinochet, por así decirlo.
Por tanto, creo que nuestra posición es conocida y ahí quedamos a la
espera.
Lo que sí es cierto, señora ministra, es que la apertura que su
Ministerio manifiesta normalmente en tramitaciones legislativas, en
la aceptación de enmiendas, y que permitió en su día sacar adelante
la Ley de lo contencioso- administrativo con un amplio consenso y ha
supuesto la incorporación, como no tuve reparo en manifestar el
jueves de la semana pasada, de numerosas enmiendas de mi grupo y del
Grupo Parlamentario Socialista y de otros grupos en relación a la Ley
de enjuiciamiento civil, esa diligencia, podríamos denominarla de esa
manera, no se traslada a la ejecución de las proposiciones no de ley.
También cité el jueves de la semana pasada el punto muerto en que se
encuentra la proposición no de ley aprobada el 16 de febrero de este
mismo año, y lo propio cabría señalar respecto de la moción de 27 de
mayo de 1997. No parece normal que una moción que insta al Gobierno a
efectuar algo, aprobada en el primer año de una legislatura, pueda
culminarse -además en una legislatura relativamente completa- sin que
se haya traído a esta Cámara el proyecto de ley correspondiente y
oportuno. Es cierto que hace casi dos años y medio que fue aprobada y
estamos en idéntica situación.
Sí tengo que asumir y entender que ciertamente puede interesar al
Gobierno conocer el criterio de la Fiscalía General del Estado, de
los miembros del ministerio fiscal con relación a la organización de
la Fiscalía, pero me cuesta muchísimo más asumir, señora ministra,
que tenga que pronunciarse sobre lo acertado o no de lo que aquí se
aprobó con una amplia mayoría parlamentaria. Ciertamente la libertad
de expresión existe y debe existir también en el ministerio fiscal,
aunque algún ejemplo hemos tenido de que no es exactamente así. Como
miembro de este cuerpo legislativo me cuesta asumir que el ministerio
fiscal tenga derecho de veto sobre una proposición no de ley o que
para que ésta vincule al Gobierno tenga precisamente que dar el visto
bueno la Fiscalía General del Estado, por la que sentimos además un
tremendo respeto.
Sí hemos podido leer la memoria de la Fiscalía correspondiente a
1999. Efectivamente el fiscal general del Estado ya indicaba en cuál
de los cuatro puntos de aquella moción existía una discrepancia o una
valoración discrepante por parte de la Fiscalía, y era en la
intervención de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, a
través de una audiencia, porque ni siquiera decíamos que fuera una
votación especial en el proceso de designación del fiscal general del
Estado.
Si algo nos preocupa es que nos da la impresión de que el
funcionamiento real de la Fiscalía tampoco se corresponde
concretamente con el del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Hay
grupos parlamentarios o partidos políticos que entienden que la
Fiscalía es el ejecutor de la política criminal del Gobierno y
posiblemente les gustaría una Fiscalía dependiente del Ejecutivo, con
toda la responsabilidad política correspondiente. Ciertamente a los
fiscales parece que les gusta muchísimo más el modelo italiano de la
magistratura postulante, que por lo demás no es precisamente el que
está en el Estatuto orgánico. A mi grupo lo que le gustaría es que se
cumpliese el Estatuto orgánico.
Desde esa perspectiva tengo que decir -y ya acabo, señor presidente-
que parece que poca unidad de criterio puede tenerse cuando vemos que
año tras año esa función de dirección del fiscal general del Estado
acaba reduciéndose a la publicación o al envío de dos o tres
circulares, concretamente en 1998 tres circulares en el último
trimestre; desde luego el funcionamiento práctico que decía de la
Fiscalía General del Estado no creemos que sea el que se ajuste al
Estatuto orgánico del ministerio fiscal. En cualquier caso, estaremos
a la espera de la moción que pueda presentarse.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, nuestro grupo quiere agradecer a don Diego López
Garrido la preocupación que tiene acerca del cumplimiento de esa
moción a la que tanta referencia se ha hecho y que fue evidentemente
motivada por una iniciativa de Izquierda Unida y que, efectivamente,
no ha merecido una atención en cuanto a su cumplimiento por parte del
Ministerio de Justicia. Quizá después haga referencia a ella. En todo
caso, sí quiero aclarar que la moción no puede estar condicionada,
señora ministra de Justicia, a que le guste o no a los fiscales; las
proposiciones de ley o no de ley, las mociones, los proyectos de ley
o lo que apruebe esta Cámara no debe estar condicionado absolutamente
a nada. ¿Que hay fiscales a los que no les gusta nada el modelo de lo
que damos en llamar fiscal parlamentario? Es verdad.
Tienen esa especial concepción de la Fiscalía cuando dicen que son,
ni más ni menos, que parte del Poder Judicial; utilizando una
expresión que me va a permitir el señor Ollero que le copie, para que
vea que su profesorado efectivamente no es un profesorado inútil, es
de aurora boreal. Nosotros creemos sinceramente que por ahí, y como
ha dicho la representante del Grupo Parlamentario Vasco, deberían ir
las sendas que nos condujeran a solucionar el problema de la
situación del ministerio público.
Así como yo le agradezco al señor Diego López Garrido el que tenga
esta atención y esta preocupación por la moción, quien no se lo va a
agradecer nada van a ser sus aliados del Grupo Parlamentario
Socialista. Si hubiera usted consultado no se lo agradecerían, porque
es un terreno muy resbaladizo. Venir aquí a sacudirle estopa
-perdonen ustedes la expresión- al fiscal general del Estado, señor
Cardenal, diciendo que es un acólito del Gobierno, es entrar en la
provocación más absoluta para que todos nos acordemos de cuál ha sido
el comportamiento del señor Moscoso, del señor Torres, del famoso y
conocido «pollo del Pinar», y nos acordemos, entre otras cosas, de lo
de Doñana, que desde luego no ocurrió en tiempos del Gobierno del
Partido Popular y de lo de Filesa, del GAL, del fiscal general del
Estado entrando ni más ni menos que en el maletero de un coche al
despacho de uno de los enjuiciados en el tema de Segundo Marey y del
informe Navajas y, sobre todo, de esa preocupación tan exquisita que
tuvo don Eligio Hernández por los insumisos, pero que desde luego no
la manifestó por la corrupción que estaba invadiendo el país y por
los delitos que eran absolutamente imputables a los miembros del
partido del que él se reclamaba aunque, lógicamente, no pudiera
hacerlo de forma muy manifiesta por impedírselo la Constitución. Creo
que no se lo van a agradecer a usted. Otra cosa es que usted haya
querido convertir esta interpelación en una escena más de la pelea
que ha venido atravesando toda la legislatura entre el Partido
Socialista y el Partido Popular con motivo de los fiscales; pelea,
por cierto, harto paradójica porque era sobre personas pero no sobre
estructuras, porque el Partido Popular y el PSOE tienen el mismo
concepto de
la Fiscalía, exactamente el mismo. El fiscal general del Estado es un
abogado del Gobierno. Y aquí no tienen nada que reprocharse,
absolutamente nada. Lo que ocurre es que es absurdo hacer recaer en
las personas, en esos seres humanos a los que les ha tocado ese
cometido, la responsabilidad de esta situación, porque ésta es,
aunque algunos no lo quieran reconocer, el modelo de fiscal que
quiere la Constitución. Precisamente algunos pensamos que se tiene
que reformar la Constitución. Éste es el modelo de fiscal que quiere
la Constitución: no un fiscal al servicio de la legalidad, sino un
fiscal al servicio del Poder Ejecutivo. Y ahí tanto el Partido
Popular como el PSOE coinciden; es más, los compañeros del Partido
Socialista Obrero Español, con un cierto apoyo doctrinal, lo que
quieren decir es que además sea precisamente ya el instructor y el
que lleve adelante ese modelo de fiscal-poder ejecutivo. Desde luego,
nosotros, en el Grupo de Izquierda Unida, no participamos de ese
criterio.
A mí me hubiera gustado que esta interpelación -pero cada uno se
administra sus iniciativas como buenamente puede y quiere- hubiera
incidido en la estructura de este ministerio público. Efectivamente,
va a acabar la legislatura y vamos a seguir con los mismos defectos
estructurales del ministerio público, exactamente los mismos. Y aquel
ciudadano, por la mejor buena fe que tenga, que acabe siendo nombrado
fiscal general del Estado en estas condiciones, en este contexto
y con este modelo acabará, inequívocamente, siendo objeto de las
críticas de las que lo han sido todos estos fiscales, porque el
problema está no en la persona sobre la que cae la designación sino
en el propio Estatuto del ministerio fiscal.
Por eso, señor presidente -y voy a acabar enseguida- lógicamente
pedíamos que se reforme el Estatuto del ministerio público. No sé si
en próximas legislaturas se tendrá ya la sensatez y la serenidad de
poder ir revisando, a veinte años vista y contemplada la experiencia,
una institución tan importante. Pero es cierto que de esta
legislatura se puede decir que el ministerio fiscal ha salido
vapuleado con motivo de la anécdota, se ha puesto todo el énfasis en
una pelea a veces excesivamente personalizada, pero la estructura ha
salido incólume y lamentablemente ella es la que exige una inmediata
renovación y un replanteamiento.
Sabe usted, señora ministra de Justicia, que nuestro modelo, como ha
dicho la representante del Partido Nacionalista Vasco, para no andar
ya con ninguna clase de situaciones falaces, es que dependa de este
Parlamento. Y todo lo que no tienda hacia ello será, pura y
simplemente, seguir creando las condiciones para seguir teniendo,
lamentablemente, intervenciones como las que hoy se han producido,
sobre las que quiero dejar perfectamente claro que no creo que, a lo
largo de la actuación de Izquierda Unida, nadie pueda colegir ninguna
falta de respeto a la Fiscalía General del Estado ni a los fiscales.
Al contrario, a lo mejor nos pasamos en nuestra creencia de que tiene
que ser independiente, de que tiene que ser imparcial, de que tiene
que responder lógicamente al principio de legalidad. Quizás por eso
hemos incurrido en demasiadas ingenuidades.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor presidente.
La primera constatación es observar que cuando, señora ministra,
emplea usted la palabra política o político siempre lo hace de manera
despreciativa, siempre se refiere a lo político o a la política como
a algo deleznable, menor, confrontado al derecho, que sería el
paradigma. Es su posición, yo creo que define su posición política,
pero decirlo en la casa de la política resulta un tanto paradójico. Y
que lo diga una ministra, que se supone que ya será consciente de que
ejerce una función política, o que se diga en torno al fiscal general
del Estado, que es un nombramiento político, estrictamente político,
no tiene lógica constitucional, aunque sí explica de manera precisa
cuál es su posición ideológica.
La verdad es que del fiscal general se ha hablado mucho. Que yo
recuerde, cuatro interpelaciones, las correspondientes mociones -a lo
mejor se me olvida alguna; seguro que don Andrés me corregirá,
llegado el caso-, dos proposiciones no de ley, varias preguntas
orales, las peticiones de comparecencia en Comisión de Justicia e
Interior creo que sobrepasan las treinta, aunque la mayoría de ellas,
por cierto, todavía no se haya celebrado. Un récord notable. Es
verdad que siempre o casi siempre ha sido polémica la figura del
fiscal general. No la del último, que nunca se cita, don Carlos
Granados, y la de otros, pero es verdad que tradicionalmente la
figura del fiscal ha generado discusión, polémica. Les aseguro que,
si se examina con buena voluntad, con imparcialidad, el «Diario de
Sesiones» del Congreso, la verdad es que no sólo se ha hablado mucho
más que nunca, sino que se ha hablado mucho peor que nunca del fiscal
general. Y lo que es peor, no sólo del fiscal general, sino de
estructuras que hasta este momento habían quedado inmunes a esa
crítica política, porque los gobiernos, con buen criterio, no habían
introducido la política en ese tipo de nombramientos. Léase cese
Aranda, nombramiento de Fungairiño. Hemos llegado ya a otras
estructuras en la crítica y, además, con una intensidad enorme.
Señor Castellano, no es un problema del PSOE y el PP. Ya sé que a
usted le gusta mucho de vez en cuando recordar esas cosas de que
usted es peor o colocarse, en un tertium genus, entre el PP y los
socialistas. Es su posición, yo la respeto, como le respeto -y usted
lo sabe- personalmente. No es eso. Es que no es sólo el Grupo
Socialista el que ha considerado necesario ejercer una función de
crítica y control parlamentario. Es
que ni los propios aliados del Gobierno han dejado de criticar
siempre, hoy mismo, la figura del señor Cardenal, los comportamientos
del fiscal jefe y también, en muchas ocasiones, los del fiscal jefe
de la Audiencia Nacional. Sus propios aliados. De hecho, el que menos
le ha criticado a lo largo de esta legislatura ha sido Pablo
Castellano. Tiene razón, siempre ha sido el más equilibrado, si por
equilibrio se entiende no criticar al señor Cardenal, cosa que
considero hartamente discutible. En todo caso, hasta el señor Ollero.
Leer las intervenciones del señor Ollero hablando de los sucesivos
fiscales generales del Gobierno es muy interesante. Creo que sus
intervenciones deben ser estudiadas, pues siempre aportan elementos
positivos. Las críticas más duras dirigidas a los fiscales generales
del Gobierno, no sé si porque quería ayudar o por qué, han procedido
también del señor Ollero. Si es que sólo lo defiende usted. ¿No le
empieza a parecer raro que haya una unanimidad tan grande entre
grupos parlamentarios con intereses estratégicos diferentes, con
pensamientos y líneas ideológicas distintas, con opciones tácticas
también distintas, hasta el punto de formar parte de la mayoría del
Gobierno o no formar parte de ella? Será algo más que una obsesión de
un determinado grupo municipal... (digo municipal porque he estado
hablando esta mañana en Zaragoza), de un determinado grupo
parlamentario; será algo más, señora ministra. ¿Por qué no piensa en
eso? ¿Por qué no reflexiona a qué se debe esa unanimidad?
En opinión de nuestro grupo, se debe a dos cosas muy claras. Primero,
a que no ha actuado ni aproximadamente conforme a las reglas que
debían presidir constitucionalmente su cometido, no ha actuado
respetando los principios de legalidad e imparcialidad. Y, segundo, a
que no ha mantenido una actitud de lealtad constitucional. No de mero
acatamiento formal de la Constitución, sino de creerse profundamente
los valores que la Constitución supone. Y eso se puso de manifiesto
-hoy se ha dicho aquí- prácticamente en el mismo momento en que el
Consejo General del Poder Judicial, como usted recordará, tuvo que
informar el nombramiento del señor Cardenal. Por unanimidad, el
Consejo General del Poder Judicial dijo que manifestaciones
institucionales del señor Cardenal en torno a temas como el
pluralismo, la homosexualidad, el divorcio, las parejas de hecho,
eran gravemente contradictorias con principios fundamentales de la
Constitución. Eso dijo el Consejo General del Poder Judicial, por
unanimidad, repito. Y, claro, esa falta de sensibilidad o esa
peculiar estructura de valores se refleja en su comportamiento.
Hoy están vivos dos de los muchos problemas. Y en eso difiero del
interpelante. El señor Cardenal no ha parado de plantear problemas, y
problemas gravísimos, al Gobierno. De hecho, ha constituido en muchas
ocasiones el método más fácil para criticar al Gobierno; venía a dar
incluso cierta tristeza en determinados momentos. Nosotros, ya en
esta fase final, no íbamos a
presentar ninguna interpelación. Porque puede tener lógica al
principio de la legislatura, cuando existen posibilidades de reformar
el Estatuto...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Belloch,
le ruego vaya concluyendo.
El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias.
Al final de la legislatura, como mucho, se podrá criticar la
inactividad, pero no proponer en serio, porque esperamos y deseamos
que no le corresponda gestionar a la señora ministra actualmente en
ejercicio la reforma de ese estatuto. Por lo tanto, no parece
razonable, a tres meses vista, hablar de ese tema. Simplemente,
hablar de lo que ha sido el fiscal. El fiscal general del Estado ha
sido un desastre para el Gobierno, un desastre para la carrera
fiscal, un desastre para cualquier persona con sensibilidad en temas
de defensa de derechos individuales.
Dos temas -decía- siguen vivos hoy. Todavía un juicio contra un juez,
contra el juez Gómez de Liaño, que tiene evidente conexión con el
tema del que hoy hablamos. Porque resulta que el fiscal jefe de la
Audiencia Nacional, el fiscal del caso y el fiscal general del
Gobierno -antes del Estado- se dedicaron sistemáticamente a apoyar
las decisiones del juez que han determinado un juicio por delitos de
prevaricación. De ahí que, cuando el otro día dijo el fiscal que era
inocente, no era un error casual, en absoluto. ¿Qué va a decir? Si no
fuera inocente, tampoco lo sería él, porque apoyó abiertamente las
decisiones, en el plano judicial, realizadas por Gómez de Liaño.
Yo no voy a decir, porque quiero diferenciarme...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Belloch,
le ruego concluya.
El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias. Ahora termino.
Quiero diferenciarme, y yo no digo que el juez Gómez de Liaño sea
culpable. Fue el fiscal general del Gobierno el que dijo que era
inocente, y eso es muy grave. Y sigue vivo ese caso, en otro ámbito
-que es el ámbito que se ha comentado-, del dictador Pinochet. ¿Qué
es lo que ocurre? Que el Gobierno ha mantenido dos líneas. La línea
de la luz, de la transparencia, que sería la del respeto a las
decisiones judiciales y, después, la que podríamos llamar la línea de
las sombras, esa otra línea de la diplomacia paralela, de las frases
que dice el señor Aznar en privado al presidente de Chile, de las
gestiones de intermediarios. Y ahí, en la línea de sombra, en la
parte más oscura -que es donde habita más a gusto el señor Cardenal-
están las actuaciones del fiscal general, del fiscal Fungairiño, de
los fiscales del caso. En este caso coincide la lealtad absoluta al
patrón, la obediencia debida al jefe, con la firme convicción
ideológica del señor Cardenal, que justifica, que participa de los
valores que representó el dictador Pinochet.
En esos términos, la descalificación política del Gobierno que
mantiene al señor Cardenal se hace inexorable. Y la verdad es que es
un problema serio. Es un problema serio porque, mientras no avancemos
en hablar del modelo del fiscal, difícilmente podremos avanzar en lo
que todos estamos de acuerdo: en la necesidad del pacto de Estado en
materia de justicia. Eso pasa por intentar llegar a un acuerdo en
materia...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Belloch,
S.S. debe concluir de forma inmediata.
El señor BELLOCH JULBE: Inmediatamente, señor presidente.
Sólo será posible en la medida en que logremos ponernos de acuerdo en
ese tema, y la verdad es que en esta legislatura ni siquiera se ha
intentado; al contrario, el fiscal ha logrado el récord de estar más
desprestigiado que nunca y la reforma se ha hecho prácticamente
imposible. ¿Por qué? Realmente, el argumento que ha dado de que los
fiscales no acaban de opinar es tan patético que me resisto a pensar
que ésa sea la razón. Supongo que habrá una razón política más
profunda, que nos dirá en las siguientes intervenciones.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Belloch.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, señorías, la verdad es que
la incorporación a esta Cámara del bien conocido parlamentario don
Diego López Garrido, tan admirado por tantos, entre otros por mí
mismo, puede dar pie a interpelaciones de este tipo, que son
interpelaciones de reestreno, son cuestiones que hemos debatido
repetidamente a lo largo de esta legislatura, pero que S.S. trae con
un cierto aire de novedad, aunque no pueden disimular que son temas
muy añejos. Yo he encontrado cierto aire de interpelación de cupo. Se
ve que le tocaba a su grupo y, lógicamente, no quería dejar pasar la
oportunidad, porque -y brindo al diputado señor Castellano otra
metáfora, por si quiere incluirla en su antología- su interpelación
no ha sido de aurora boreal. Ha sido de rosa de los vientos. Se ha
disparado a todo lo que se movía y a bastantes cosas que hace tiempo
que no se mueven. Yo creía que la interpelación era un género
parlamentario que consiste en procurar seleccionar unos hechos o un
problema determinado, concentrar ahí una crítica con profundidad
política y, luego, sacar de eso una moción. Pero aquí hemos hablado
del universo mundo en general y de la manera más cósmica.
En el texto de la interpelación se aludía a detalles, como por
ejemplo al grado de entusiasmo en el apoyo por parte del fiscal
general a un tipo de fiscal o a otro, lo cual es un asunto para
comentar tomando un café en
un pasillo. O se decía que el hecho de que haya enviado la memoria no
es suficiente. Él no puede hacer más. No puede pedir la comparecencia
en esta Cámara. La hemos pedido dos grupos -el suyo, no-, el de
Izquierda Unida, para hablar del aborto y los delitos sexuales, y el
Grupo Popular, para hablar de la memoria en su conjunto. Su grupo no
le ha dicho que venga. ¿Qué va a hacer? Él ha enviado la memoria, que
es todo lo que puede hacer, como S.S., buen conocedor del derecho
parlamentario, sabe mejor que yo. Por tanto, no le entiendo muy bien.
En cuanto a los medios, ¿qué quiere que le diga? En un cuatrienio del
Gobierno anterior se crearon catorce plazas de fiscales, cifra que se
ha cuadriplicado solamente en estos tres años. O sea que podemos
hablar de los medios lo que S.S. estime oportuno.
Creo que hemos asistido a un género parlamentario que tiene difícil
éxito, que es el de la interpelación a la totalidad, una cosa
novedosa que consiste en plantear una figura como alguien que lo hace
mal todo, quizás por fastidiarnos a los aquí presentes, porque es que
no ha hecho bien absolutamente nada. Eso pierde fuerza. Cuando se
dice de alguien que ha hecho muy mal determinada cosa, se le puede
hacer mucho daño. Ahora, cuando se dibuja a alguien haciéndolo mal
todo, ya por sistema, resulta tan cómico que es difícilmente creíble;
estaríamos entrando en el esperpento y eso como divertimento no queda
mal, pero es poco convincente. Hasta el punto de que el señor
Belloch, como no había contenido en su interpelación, ha optado por
interpelar al señor Castellano y a quien suscribe por decir algo,
porque, si no, se iba de vacío. Hay que reconocer que el que haya
dicho aquí, al cabo de tres años, que soy tibio defendiendo al
Gobierno es una novedad. S.S. me lo admitirá. Es una cosa que hasta
ahora nunca había oído, pero todos los días se oyen cosas nuevas. Y
si resulta que el fiscal es el fiscal del Gobierno y yo no defiendo
al fiscal, ergo, yo no defiendo al Gobierno. Me parece que, de
lógica, a estas alturas de la tarde todavía estamos en condiciones de
hacer ese silogismo tan simple. Con ello, resulta que yo me
caracterizo por ser un blando y porque dejo tirado al Gobierno. Muy
bien. Pues es una novedad. Además, para contrarrestar otras figuras,
me viene muy bien. Se lo agradezco a S.S. Dígalo tres veces más,
porque, si no, uno se pasa por otros lados y no viene bien siempre.
Por ejemplo, hoy nos hemos enterado de que el señor Ortíz Úrculo fue
cesado porque había llamado a Gordillo para que desactivara
Sogecable. Por cierto, el PSOE se había quitado la camiseta de
Sogecable hace ya un año. Usted se la vuelve a poner, quizás porque
no sabe que ya es de la temporada pasada. Yo creo que
empresarialmente la firma no necesita volver a aparecer aquí, en la
cancha. La verdad es que nos hemos enterado hoy gracias a que lo ha
dicho el señor Ortíz Úrculo en una entrevista hace dos días; si no,
no nos enteramos.
Hasta el día antes de su cese el señor Belloch le llamaba
reiteradamente fiscal general del Gobierno, porque
ésa es una muletilla del señor Belloch. Y usted tiene una gama
parlamentaria, señor López Garrido, como para no copiar la muletilla
del señor Belloch, seguro. A poco que se prepare la intervención, lo
conseguirá. Pero creo que su intervención ha producido un poco el
efecto Anelka. El suyo es un fichaje caro, muy apreciado por los
buenos degustadores parlamentarios y se le nota falto de ritmo
todavía. Pero es un problema de partidos y seguro que acabará
consiguiéndolo. (Algunos señores diputados pronuncian palabras que no
se perciben.) Es que uno es blando al defender el Gobierno, no lo
puede evitar.
Ha hablado S.S. de la destitución del señor Aranda. En los tiempos
del señor Aranda -el señor Belloch lo ha documentado ampliamente-
había un motín en la Audiencia Nacional. Tiempos en que, por cierto,
era fiscal general el señor Granados, por el que tengo el máximo
respeto como magistrado, pero como fiscal general... Si ser un buen
fiscal general es que no haya problemas políticos, lo hizo muy bien;
si ser fiscal general es solucionar problemas políticos, lo hizo muy
mal, porque había un motín, según dice el señor Belloch. Y el señor
Aranda -y yo lo contemplé en primera fila- en El Escorial, se quejó
ante la prensa de que sus subordinados no le obedecían. Si usted cree
que ése es el arquetipo del fiscal jefe, su modelo, están en su
perfecto derecho de defenderle, pero hay otros grupos que entienden
que el jefe, en una institución jerárquica, de alguna manera se debe
notar que es alguien que no va a los periodistas a pedirles por favor
que riñan a sus subordinados. Eso no es así. Y lamento decirlo aquí,
pero, como usted lo provoca, debo decirlo, porque tengo el máximo
respeto y estima por el señor Aranda.
Asegura usted que no cuenta el fiscal general con el Consejo Fiscal.
Eso es una novedad total para mí. En cuanto al señor Pinochet, a mí
me alegra que S.S. esté hoy aquí criticando al fiscal jefe de la
Audiencia Nacional por el caso Pinochet. Porque si a S.S. le dicen
hace tres años que se iba a producir un problema con el señor
Pinochet, usted hubiera estado seguro de que estaría hoy aquí
criticando al Gobierno Popular por el caso Pinochet. Y no puede.
Usted sabe como yo, perfectamente, que con un gobierno socialista -y
el señor González ha tenido la honestidad de reconocerlo- jamás se
hubiera concedido esa extradición. Nunca, jamás. Y con el Gobierno
Popular sí se ha respaldado la decisión de un juez. Y S.S. tiene que
venir aquí a meterse con el fiscal de la Audiencia Nacional porque
con el Gobierno no se puede meter. Eso no se lo esperaba S.S. Así es
y me alegra que lo recuerde. Y le diré que participo con S.S. al
máximo del rechazo más absoluto al señor Pinochet y a ese retablo de
torturas con el que ayer nos han obsequiado los medios de
comunicación. Y contra eso hay que luchar por todos los medios.
A veces, incluso con medios que jurídicamente no setienen de pie.
También.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ollero,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor OLLERO TASSARA: Termino, señor presidente.
Pero una cosa es que políticamente merezca el rechazo y otra es que
usted pueda aquí afirmar que los argumentos jurídicos que maneja el
señor Fungairiño -aparte de sus jardines, bien conocidos- no se
tengan en pie.
Si lo que S.S. sugiere es que el papel de fiscal es no discrepar
nunca de la Sala, eso es una novedad procesal que estamos dispuestos
a estudiar. Si S.S. lo que sugiere es que en casos políticamente
incorrectos, a su juicio, no debe discrepar, en eso no estamos de
acuerdo. Una de dos, o el fiscal puede discrepar de la Sala o no
puede discrepar. Ahora, que pueda discrepar en los casos en que
políticamente a S.S. le parezca oportuno, eso no se tiene de pie. Así
de fácil. Si a S.S. le preocupa que el fiscal aparezca como elemento
del Gobierno, lo tiene muy fácil. Propugne una reforma de la
Constitución, para que sea de elección parlamentaria. Porque la
Constitución exige que el Gobierno nombre al fiscal general. Este
Gobierno, porque ha querido, se ha autorrestringido dos veces,
nombrando en ambos casos a un miembro de la carrera fiscal, cosa a lo
que no le obliga nadie, y lo ha hecho así. Modifique la Constitución
S.S. para que sea de elección parlamentaria, como pide el señor
Castellano, o algún otro modelo que S.S. tenga.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ollero,
le ruego concluya.
El señor OLLERO TASSARA: Concluyo, señor presidente.
No es cierto que este fiscal sea el fiscal del Gobierno. Se ha dicho
aquí, y con gran razón, que cualquier fiscal que hubiera parecerá
siempre el fiscal del Gobierno. Y, comparado con los anteriores,
queda, desde luego, muy, muy, muy bien.
Esto es lo que da de sí su interpelación. Ni siquiera en el turno de
réplica, que suele dar lugar a que los grandes parlamentarios como S.
S. se luzcan y aporten alguna novedad, ha podido aportar ningún
elemento nuevo. Por tanto, la verdad es que creo que ha sido un cupo
que ha cumplido dignamente, pero de S.S. esperamos mucho más.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ollero.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA DE VIVIENDA.
(Número de expediente 172/000185.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto 37 del
orden del día, interpelación urgente del Grupo Socialista sobre
política de vivienda.
Para su presentación, en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro de Fomento, el Grupo
Socialista presenta esta interpelación sobre su política de vivienda.
Y, coincidiendo con que nos encontramos en el último período de
sesiones previsiblemente de esta legislatura, podría caer uno en la
tentación de hacer una especie de análisis de lo que ha sido el
funcionamiento de su área de vivienda y suelo a lo largo de esos
últimos cuatro años, pero no lo voy a hacer. Me voy a concretar en un
problema muy específico.
Señor ministro de Fomento, para que quede bien claro desde el
principio, porque en sus reiteradas contestaciones a estos temas
siempre ha puesto encima de la mesa que no sabemos, no conocemos o no
entendemos que hay una distribución competencial entre la
Administración central y las comunidades autónomas, yo le tengo que
decir que existe esa distribución competencial, que las comunidades
autónomas tienen sus atribuciones en materia de desarrollo en planes
de vivienda, que tienen sus atribuciones en materia de rehabilitación
y que usted tiene unas responsabilidades políticas en la elaboración
de normas de carácter general, como la Ley del Suelo, o en el diseño
de planes de viviendas que después tengan que concertar con las
comunidades autónomas.
Desde nuestra perspectiva en este momento, señor ministro, se trata
de dilucidar, de saber por qué razón, en una coyuntura económica como
la actual, que es buena, inmobiliariamente es buena la coyuntura
económica, el precio de la vivienda sube al precio que sube. En estos
momentos, según todos los analistas, se sitúa en el entorno del 10
por ciento, con posibilidades o con previsiones de que este
incremento siga ascendiendo. También es cierto que el tipo de
viviendas que se están haciendo en España no satisface las demandas
de aquellos colectivos -hablamos de jóvenes, de personas con escasos
recursos- que han sido objeto de atención en un Plan de vivienda,
pero que no ven satisfechas sus necesidades y sus posibilidades. Y
asimismo ese Plan de vivienda 1998-2001, que usted aprobó y elaboró
hace un año y medio, es un plan que no está dando los frutos
apetecidos. No los está dando, porque, si no, no se entiende lo que
está sucediendo en algunas comunidades autónomas.
Decía usted en esta Cámara hace alrededor de dos años, en una de sus
respuestas a una interpelación de este grupo, que en el precio de la
vivienda incidían varios factores. Además se permitió, señor
ministro, algunos sarcasmos sobre resultados futbolísticos, desde mi
punto de vista impropios de un ministro y con una elevada dosis de
mala fe. Decía que los costes de construcción, la mano de obra, los
tipos de interés y el precio del suelo, eran los aspectos
fundamentales que contribuían a constituir el armazón de lo que es el
precio
final de la vivienda. Y, sin entrar en muchos detalles de cifras, yo
creo que los costes de construcción no han sido de los que más han
crecido, si bien hubo una temporada en que el precio del ladrillo
subió más de la cuenta. Sí que es cierto que, en término medio,
podían ser asimilados por el precio final de la vivienda. De igual
manera, el incremento de la retribución a los trabajadores, debido
sin lugar a dudas a la responsabilidad y serenidad de los sindicatos,
en cuanto a sus reivindicaciones y a sus exigencias en los convenios
colectivos, tampoco es que haya sido de semejante cuantía que no
pueda incluirse en lo que hubiera sido el normal incremento del
precio de la vivienda.
Pero, señor ministro, sin lugar a dudas, y me imagino que usted
coincidirá conmigo, el suelo sí que es uno de los aspectos que ha
incidido. Los tipos de interés reconozco que han bajado
considerablemente, que están a un nivel aceptable, pero en la
política del suelo ustedes han errado. La reforma de la Ley del Suelo
que usted planteó ha supuesto restringir los tipos de suelo, declarar
urbanizable todo lo que no estaba catalogado de otra manera
específica, disminuir la cesión no obligatoria de los ayuntamientos
del 15 al 10 por ciento, o convertir al propietario del suelo en el
dinamizador de la actividad urbanística en su propio terreno, con lo
cual se fomentaba una especulación propia de aquel que tiene una
tierra y que quiere obtener los máximos beneficios de ella. Y se
marginaba a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en la
intervención en este dinamismo de la gestión del suelo.
Indudablemente, creo que esa especulación que se fomenta, esa
posibilidad que tiene el propietario del suelo de ponerlo en
circulación urbanística, por así decirlo, cuando le venga en gana, es
uno de los elementos que están incidiendo en el precio de la
vivienda. Y ustedes a eso no le han puesto ni le quieren poner coto.
Si el suelo les ha echado por tierra su política de vivienda, si sus
prioridades políticas derivadas del Plan de vivienda 1998-2001 y sus
consignaciones presupuestarias marcan una tendencia nada acorde con
su pretendida y publicitada preocupación por viviendas para jóvenes,
para personas necesitadas o para personas con escasos recursos o por
rehabilitación, a mí me cabe hacerle algunas preguntas, que me
gustaría que usted contestara. Si resulta que el precio de la
vivienda está como está y la tendencia es alcista, qué previsiones
piensa adoptar el Gobierno para que, en caso de que siga esta
pujanza, se mantengan los niveles de oferta de vivienda a la vez que
se mantiene el nivel de incremento de la demanda, porque si hay más
viviendas también tendrá que haber más demanda. ¿Quién o quiénes
pueden adquirir este tipo de viviendas a los precios que existen?
Luego le comentaré los precios, según datos estadísticos suyos y de
otras instituciones que también los tienen? ¿Qué sucede con esos
colectivos que no tienen la posibilidad de acceder a las viviendas a
estos precios? Porque no se hacen las viviendas protegidas que tenían
que hacerse y a las viviendas libres, con los precios que están
existiendo,
tampoco pueden acceder. ¿Ustedes han analizado para qué ha servido la
reforma de la Ley del Suelo y el plan 1998-2001? ¿Ustedes piensan que
el desarrollo de ese plan es un desarrollo que está cumpliendo los
objetivos que ustedes creen que puede tener el Plan de vivienda?
Yo no veo por ningún sitio, señor ministro, una medida para
incentivar el alquiler ni para incentivar el uso del suelo para
viviendas de protección oficial. En sus presupuestos, es inferior la
cantidad que había en 1998 para ayudas a la vivienda, que eran
104.000 millones de pesetas, a la cantidad que había en 1996, que
también tuvieron que gestionar, que era de 130.000 millones de
pesetas. Y, en los presupuestos del 2000, señor ministro, este nivel
de ayuda desciende un 4 por ciento. En el anterior rebrote
inflacionista, se acordará, señor ministro, ustedes optaron por una
fórmula curiosa y fue disminuir un cuartillo sobre un punto los
aranceles notariales. ¿Qué repercusión ha tenido eso en el precio
final de la vivienda? ¿Lo han analizado? Creo que fue una medida
escasa y, bajo nuestro punto de vista, ridícula, si es que de verdad
querían hacer frente a cualquier tendencia alcista del precio de la
vivienda.
El otro día vi en El País un anuncio que ustedes han publicado y
dicen ustedes: El nuevo Plan de vivienda te ofrece las mejores
ventajas y ayudas con un interés de sólo el 3,38 por ciento. Cuando
ustedes hacen este anuncio, las entidades de crédito todavía no lo
saben y se agarran un cierto mosqueo. Porque dicen: ¿Cómo es posible
que anuncien algo que todavía no está acordado? Ustedes hablan de que
se han financiado más de 90.000 viviendas. Usted sabe, señor
ministro, según sus datos, que la financiación es de 60.000
viviendas. Ustedes están haciendo una publicidad engañosa. Son 44.000
viviendas del año anterior y 16.000 este año. Y esos datos son los
que ustedes han puesto de manifiesto en sus estadísticas.
Señor ministro, ¿por qué no se ha cumplido un acuerdo de esta Cámara?
Yo tengo que luchar contra dos ministerios, el Ministerio de Fomento
y el Ministerio de Medio Ambiente, y no hay manera de que cumplan lo
que se acuerda en esta Cámara. Se les puede decir que no hacen caso a
la Cámara, que no cumplen los acuerdos, que no los hacen ni caso ni
quieren saber nada de lo que se decide aquí. Pero usted, señor
ministro, tuvo que tener conocimiento -me imagino que se lo enviarían
y se contaría con usted para tomar la decisión por parte del Grupo
Popular-, hace un año, de la aprobación de un programa sobre suelos
públicos concertado con las comunidades autónomas. No sabemos qué
vida lleva ese programa, no sabemos si está iniciado, si han hablado
o no con las comunidades autónomas; pensamos que no han hablado. Yo
entiendo que es una decisión de este Congreso que usted tiene que
asumir y desarrollar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor MORLÁN GRACIA: Sí, señor presidente. Quiero dar unos datos
al señor ministro y si no se los daré después.
Estas dudas y estas preguntas que pongo encima de la mesa están
cimentadas en datos muy precisos sobre precios de vivienda que
después le aclararé, si usted lo desea, sobre actuaciones protegidas
y no protegidas que ha habido a lo largo de todo este tiempo en
desarrollo del programa del Plan de viviendas 1998-2004. Por cierto,
el Colegio de Arquitectos dice que las viviendas protegidas
únicamente se han incrementado el primer trimestre de 1999 respecto
al primer trimestre de 1998 un 1,64 por ciento y las viviendas libres
un 56 por ciento. La política de vivienda afecta a aquellos sectores
de población que tienen suficientes recursos para hacer frente a la
adquisición de una vivienda y ustedes olvidan y obvian que hay
personas, ciudadanos y ciudadanas en este país, jóvenes que tienen
derecho a vivienda y que, por supuesto, tienen que gozar de algunos
beneficios para hacer frente a sus necesidades. En definitiva, señor
ministro, sube la vivienda un 10 por ciento y parece que va a
continuar haciéndolo, y ustedes no hacen nada porque los presupuestos
de este año no van en la línea adecuada, es muy poco esfuerzo el que
se hace en materia fiscal para acometer esa reducción del precio de
la vivienda. Se incrementa en las viviendas libres de forma notable,
baja en las viviendas protegidas, el alquiler es el hijo pródigo de
sus actuaciones, la rehabilitación no avanza y no hacen caso a una
decisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ustedes y nosotros
apoyamos en el debate en esta Cámara, en virtud de la cual hay que
dar beneficios fiscales a aquellos propietarios de viviendas de renta
antigua que tienen inquilinos que no pueden pagar más debido a sus
escasos recursos y que tienen derecho a que por parte del Gobierno se
les otorgue esos beneficios fiscales que hagan más asequible poder
mantener a los inquilinos que tienen actualmente.
En definitiva, señor ministro, me gustaría que estas dudas que le he
puesto encima de la mesa me las aclarara, que usted nos convenciera
de que lo que está pasando es bueno económicamente y que las
viviendas van muy bien. Me gustaría que nos convenciera de que el
Plan de viviendas funciona y que los datos que usted nos quiera dar
nos puedan llevar a concluir que la gestión que han hecho es buena;
desde nuestro punto de vista es muy negativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro
de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, ha empezado su intervención aludiendo a algo que se ha
discutido reiteradamente en esta Cámara, y es la delimitación de
competencias del Estado, que
naturalmente ejerce el Gobierno central, en relación con las
comunidades autónomas. Ha empezado por ahí -excusatio non petita,
accusatio manifesta- porque sabe usted muy bien que las competencias
que tiene el Gobierno en materia de política de vivienda son muy
escasas y que como factor nuevo, después de la última sentencia del
Tribunal Constitucional, todavía fueron en mayor medida restringidas.
Es más, solamente se admite que se puede hacer una cierta política de
vivienda a través de la subsidiación de los créditos, poco más,
señoría, y apoyándonos en ese precepto constitucional que habla de la
ordenación general de las bases de la economía. Sabe S.S. que la
sentencia del Tribunal Constitucional, con la cual yo discrepo
rotundamente, anuló 200 artículos de la Ley de régimen de suelo del
Gobierno socialista y dejó al Estado totalmente desnutrido de
competencias en materia de ordenación urbanística, lo cual, a mi
juicio, jurídicamente es enormemente discutible porque resulta que el
Estado no tiene ninguna facultad sobre lo que es uno de sus elementos
constitutivos, el territorio. Pues bien, esa es la conclusión a la
que llega el Tribunal Constitucional: el Estado no tiene ninguna
competencia sobre la ordenación de su territorio y, por tanto, no
tiene ninguna competencia sobre todo lo que afecta a la ordenación de
suelo. El Tribunal Constitucional no admite más competencia que en la
regulación del derecho de propiedad de suelo y en lo que está
directamente relacionado con el derecho de propiedad del suelo, que
son el régimen de expropiaciones y las valoraciones; no admite más
competencias del Estado que esas. Por consiguiente, claro que hay un
verdadero problema competencial para ejercer una auténtica política
de vivienda y yo espero que Tribunal Constitucional, en sentencias
sucesivas, rectifique lo que es una sentencia radical y jurídicamente
de muy difícil defensa.
Dicho esto, señoría, es evidente que existen unos planes de vivienda
y que cuando se habla de un plan de vivienda a cuatro años la única
manera de ser mínimamente objetivo no es descender a la anécdota;
siempre en la ejecución de cualquier plan van en contra detalles
imprecisos de ejecución más o menos imperfecta. Yo le voy a demostrar
que la ejecución de los planes de vivienda por parte del Gobierno
tiene una eficacia francamente buena, y se lo puedo demostrar con
arreglo a tres criterios que son absolutamente rigurosos y están
basados en datos estadísticos a los que usted ha hecho referencia.
Primer criterio: objetivos iniciales de los planes en el transcurso
de los años y actuaciones efectivamente financiadas. Segundo
criterio: presupuesto ejecutado sobre el crédito presupuestario,
naturalmente, que figura en los Presupuestos Generales del Estado.
Tercer criterio: número de viviendas protegidas terminadas, expresado
en porcentajes sobre el total de viviendas construidas cada año en el
país. Pues bien, señoría, vamos a analizar los tres criterios.
Si atendemos al primer criterio -objetivos iniciales de los planes y
actuaciones efectivamente financiadas- tenemos lo siguiente. En el
año 1996 los objetivos iniciales
eran 141.819 viviendas; actuaciones financiadas 174.286, un 122 por
ciento. En el año 1997: objetivos iniciales, 135.994 viviendas;
actuaciones financiadas, 144.234, un 106 por ciento. En el año 1998:
objetivos iniciales, 123.637 viviendas; actuaciones financiadas,
107.062, un 86 por ciento. Globalmente, señoría, en los tres años
completos transcurridos de gobierno del Partido Popular, los
objetivos iniciales suman 401.450 viviendas y se han financiado
425.582, es decir, un 106 por ciento. Esto es lo que demuestra el
cumplimiento de un plan, señoría. Ya sé que un año puede resultar de
peor ejecución que otro porque hay circunstancias objetivas y en la
vida no se pueden controlar todas las circunstancias. Al final hay
que ir al cumplimiento global del plan.
Pero vamos al segundo criterio, señoría, que es enormemente
importante -presupuesto ejecutado-, en el que francamente resulta
difícil recibir ningún tipo de lección. En el año 1990 se ejecutó el
94,4 por ciento del presupuesto; entonces gobernaba el Partido
Socialista. En el año 1991 se ejecutó el 77,8 por ciento. En el año
1992 se ejecutó el 72,2 por ciento; en 1993 el 94,2 por ciento y en
1994 el 92,6 por ciento. Y a partir de 1996, señoría, la ejecución da
estas cifras: año 1996, 144; año 1997, 129 y año 1998, 122. Por
tanto, en términos de ejecución presupuestaria, señoría, también las
cifras revelan una correcta y positiva ejecución del plan.
Vamos con el tercer criterio, que es el más significativo de todos y
que es el que se apoya, por así decirlo, en una realidad
estrictamente física y fácilmente demostrable. En el año 1994 se
terminan en España 219.000 viviendas. Voy a redondear las cifras para
no hacerme demasiado prolijo. En 1995 se terminan en España 242.000;
en 1996, 253.000; en 1997, 272.000, y en 1998, 275.000. Hay un número
creciente de viviendas terminadas, lo cual significa que la sociedad,
el mercado y la situación económica están dando una respuesta
bastante adecuada a la demanda, a la exigencia de vivienda que existe
en la población española.
Pasemos a la ejecución de los planes de vivienda. Vamos a ver el
número de viviendas protegidas terminadas en relación con el número
total de viviendas terminadas. Entre 1990 y 1991 -año en que
gobiernan ustedes-, de 277.392 viviendas 53.678 son protegidas, el
19,35 por ciento; entre 1992 y 1995 -todavía gobiernan ustedes-, de
las 218.000 viviendas terminadas 54.343 son protegidas, el 24,91 por
ciento, y entre 1996 y 1998, de 267.000 viviendas terminadas 75.150
son protegidas, un 28,14 por ciento. Las cifras reales, las cifras
rigurosas ponen de relieve un correcto y buen cumplimiento de los
planes nacionales de vivienda. Conclusión, entre 1990 y 1991 -le
repito el dato porque es muy importante-, las viviendas protegidas
terminadas representan el 19,35 por ciento; entre 1992 y 1995, el
24,91 por ciento, y entre 1996 y 1998, el 28,14 por ciento del total.
Estos son datos ofrecidos por el sector y por las encuestas de
construcción, que, como sabe, inició su Gobierno y fueron una acción
positiva;
son encuestas enormemente rigurosas en la medida en que pueden ser
rigurosas en un sector tan difícil, tan heterogéneo y tan fragmentado
como es el sector inmobiliario. Por tanto, señoría, en materia de
cumplimiento de planes, desde 1996 a 1998 el cumplimiento es
francamente bueno. Me dice usted que puede haber un cierto retraso, y
claro que lo hay, en el presente ejercicio. Usted sabe que cuando se
inicia un nuevo plan y una nueva mecánica se producen algunos
retrasos, y yo no tengo ningún inconveniente en reconocerlo pero no
me preocupan. ¿Por qué no me preocupan? Porque yo sé que al final del
plan, después del cuatrienio, se va a alcanzar un cumplimiento
completo del Plan nacional de vivienda en los términos previstos;
probablemente se llegue a superar el número de iniciativas previstas,
como ha ocurrido con el plan anterior. Desde esa perspectiva, la
respuesta que da el Gobierno a una situación de demanda creciente de
vivienda es, a mi juicio, una respuesta adecuada.
Señoría, una vez más, el problema no es el plan en sí mismo. El plan
tiene una naturaleza puramente instrumental y ustedes, en su
intervención, tienden a absolutizar el plan como concepto, pero lo
importante es lo que ocurre en la realidad de la vivienda y del mundo
de la vivienda y, desde esa perspectiva -lo he dicho y lo repito-,
nunca en la historia de España ha sido tan fácil adquirir una
vivienda; nunca en la historia de España la vivienda ha sido tan
accesible como lo es en estos momentos en la sociedad española. Los
datos están ahí. Mire usted, el esfuerzo familiar es un dato básico
para determinar la accesibilidad a la vivienda y en 1996, cuando
llegamos al Gobierno, las familias tenían que gastarse el 35,54 por
ciento de su renta para adquirir una vivienda; en 1998 se tienen que
gastar el 25 por ciento de esa renta, fíjese si ha mejorado la
accesibilidad. Pero ha mejorado la accesibilidad, que es el factor
básico en una política de viviendas -y es un factor básico que se
tiene que insertar en un marco de política económica, porque la
política de vivienda no es un ente abstracto, no es un producto de
laboratorio, sino que está en función de unas circunstancias
económicas- porque se han dado otros factores como consecuencia de
esa política económica.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Termino,
señor presidente.
Usted ya ha reconocido que los tipos de interés se han reducido y,
por tanto, no voy a hacer referencia a ellos; sí debo decir que los
tipos de interés efectivos de los convenios para financiar el Plan
nacional de vivienda en estos momentos están en el 3,88. Dígame usted
si eso no es producto de una política económica y si no implica una
determinada política de vivienda que facilita el acceso a la
vivienda.
Este Gobierno ha ampliado también el gasto fiscal en vivienda,
señoría: en 1996 era de 600.000 millones;
en 1999 es de 687.000; y es probable que con la aplicación de las
nuevas normas del IRPF de cara al ejercicio del año 2000 se superen
los 700.000 millones de pesetas. Esa también es una política de
vivienda que hace accesible la vivienda a un montón de familias
españolas. Y desde luego es un factor fundamental de la política de
vivienda la creación de empleo, como parte de la política económica,
y cuando se crean 1.400.000 puestos de trabajo hay 1.400.000 familias
más que empiezan a estar en condiciones de acceder a una vivienda.
Naturalmente, señoría, eso más la demanda envasada ha producido una
presión sobre los precios.
Yo le doy los datos que tengo y los que tiene usted también. El
precio de la vivienda en media nacional ha crecido un 4,7 por ciento.
Le reconozco que esta cifra recoge vivienda nueva y vivienda antigua
y que sólo la vivienda nueva ha crecido el precio un 7,4 por ciento.
Pero sabe usted muy bien que esa media es producto de profundas
desigualdades entre comunidades autónomas, porque tenemos comunidades
autónomas, especialmente las relacionadas con el ámbito turístico,
donde el incremento del precio es del 15 por ciento como en Baleares,
el 12 por ciento en Canarias o, en regiones más desarrolladas, el 8
por ciento en el País Vasco, el 6,5 por ciento en Cataluña, el 5,9 en
la Comunidad Valenciana y el 7 por ciento en Aragón. Por debajo de
esa media están Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Andalucía, la
Rioja, Extremadura, Galicia y Navarra, por tanto en un nivel de
incremento de precio mucho menos representativo desde el punto de
vista del índice de precios al consumo.
Por consiguiente, tenemos una situación de mercado fragmentado, y
sacar medias nacionales en el precio de la vivienda es una manera de
entendernos económicamente, pero no deja de ser una manera de
deformar la realidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
le ruego concluya.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Termino,
señor presidente. Es que no puedo dejar de contestar al último punto,
que es el que afecta a la Ley del Suelo.
Señoría, la Ley del Suelo es una medida de reforma estructural y es
una ley por definición limitada -se dijo en el debate de totalidad y
en el del articulado- porque esa ley nace al mismo tiempo que se
dicta la sentencia del Tribunal Constitucional a la que me refería al
principio y, por consiguiente, nace limitado su alcance pero es una
importante reforma estructural.Además, le auguro una cosa, señoría, y
es que si ustedes vuelven a ganar alguna vez las elecciones no
reformarán esa ley, porque es una ley enormemente sensata y el
problema es cohonestar las disposiciones de la misma con la
legislación autonómica y los planes de ordenación urbanística de los
ayuntamientos. Ese es el problema y queda mucho esfuerzo por hacer.
El hecho de que la Ley del Suelo regule una reforma estructural
debería
llevarle a la reflexión de que no se pueden pedir efectos inmediatos.
No solamente es una ley limitada sino que realiza una reforma
estructural; reforma estructural que no puede empezar a surtir
efecto, señoría, hasta tanto revisen los planes de ordenación
urbanística los principales ayuntamientos de España.
Conclusión, señoría: en primer lugar, correcto cumplimiento de los
planes nacionales de la vivienda globalmente considerados; en segundo
lugar, una Ley del Suelo que es por definición limitada, que realiza
una reforma estructural y que, consecuentemente, sólo puede producir
efectos perceptibles en el momento en que se cohoneste con la reforma
de las legislaciones autonómicas y con la revisión de los planes de
ordenación urbanística de los ayuntamientos; y finalmente, señoría,
un problema de precio al alza provocado por una demanda creciente,
por un más fácil acceso a la vivienda que, por otra parte, no se
puede expresar en términos de medida, porque las diferencias son tan
grandes entre comunidades autónomas y entre ayuntamientos que
difícilmente se puede llegar a una conclusión única, salvo que
queramos describir una situación económica global, procedimiento
lícito pero no cuando se concreta el debate y se habla única y
estrictamente del precio de la vivienda.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señorías, les ruego que apaguen sus teléfonos móviles.
Señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, como suele hacer muchas veces, contesta a las
preguntas que estima oportuno y se deja las más fundamentales sin
contestar. Ha traído preparados los datos y las cifras del Plan
nacional de vivienda, según su criterio, y en los aspectos
fundamentales de lo que nosotros pensamos que son los factores
básicos de la situación de la vivienda actualmente para muchas capas
sociales y para la atención de muchos ciudadanos y ciudadanas se ha
ido por los cerros de Úbeda.
Señor ministro, por supuesto que sabemos lo que dijo el Tribunal
Constitucional respecto a la Ley del Suelo, pero ustedes, en lugar de
reformar la Ley del Suelo con arreglo a unos criterios en los que las
administraciones públicas tuvieran un papel regulador y dinamizador
de la gestión urbanística de los planes, marginaron la actuación de
las administraciones públicas y fomentaron y propiciaron que fuera el
propietario del terreno el que dinamizara el proceso urbanizador de
su terreno. Todo el mundo sabe, señor ministro, que ahí hay un
elemento importante de especulación. Luego ustedes están fomentando
la especulación, que trae consigo el aumento del precio.
De los cuatro factores que usted decía que incidían en el precio de
la vivienda hay tres que son normales dentro de lo que podría ser un
incremento normal del precio de la vivienda: costes de producción,
tipos de
interés y mano de obra. Pero el cuarto está desequilibrando el precio
de la vivienda y está fomentando que llegue a los niveles a que está
llegando. Usted podrá tener los datos que favorecen la defensa de su
acción de gobierno, pero le voy a poner un ejemplo y seguro que usted
me pondrá otro. En la Comunidad Autónoma de Aragón, mi comunidad
autónoma que ustedes han perdido y que nosotros hemos ganado (Un
señor diputado: ¿A qué precio?), nos hemos encontrado con un pacto
legítimo que pacta cualquiera en cualquier sitio.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego que no entablen diálogos.
El señor MORLÁN GRACIA: Nos hemos encontrado con el desarrollo de un
plan de vivienda derivado del Plan nacional que ustedes han aprobado
para 1998 y 2001 en el que, en principio, no se sabe qué bienes tiene
la Comunidad Autónoma de Aragón porque no hay ni un inventario de
suelo. En segundo lugar, firman ustedes un convenio con la Comunidad
Autónoma de Aragón y las políticas activas de suelo las dejan para el
final de la legislatura, para el final del plan. En tercer lugar, el
grado de cumplimiento del plan a día 18 de este mes de septiembre es
del 19 por ciento de las previsiones en iniciativas a desarrollar por
parte de la Comunidad Autónoma de Aragón. Si eso es el desarrollo
normal de una planificación sobre vivienda es para ponerle muchos
interrogantes a la gestión que se está llevando desde el Gobierno y
de las ayudas que reciben de la Administración central. El
funcionamiento de la iniciativa pública en colaboración con las
corporaciones locales es nulo. ¿Qué le quiero decir? Usted puede
venir con los números más cerrados que quiera, pero hay unos hechos
que son incuestionables y que están en la calle, en la mente de los
ciudadanos. Los datos estadísticos reflejan que la vivienda ha subido
progresivamente en los últimos tiempos, reflejan que ustedes no han
sabido cortar ese incremento, reflejan que en este momento se
encuentra en el 10 por ciento y que la tendencia del precio de la
vivienda es alcista, reflejan que la vivienda libre está en plena
expansión y que la vivienda protegida está restringida en su acción.
¿Por qué? Porque no han sido capaces de fomentar medidas que
impliquen una disminución del precio del suelo, una mayor atención a
medidas fiscales para que haya promotores, públicos o privados, que
tengan posibilidades de construir viviendas.
Señoría, yo no estoy diciendo que usted se ponga a hacer las
viviendas, lo que estoy diciendo es que con sus competencias y
atribuciones haga que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo
sus planes de vivienda de acuerdo con los convenios que ustedes
tengan con ellas. Usted ha dicho que tiene poco que hacer. Señor
ministro, en medidas fiscales sí que pueden hacer cosas. No le estoy
diciendo que se ponga a hacer viviendas, le estoy diciendo que junto
con el ministro de Economía vean de qué manera se puede
hacer que haya viviendas en alquiler, viviendas para jóvenes,
viviendas para que aquellos ciudadanos y ciudadanas que no tienen
muchos recursos económicos puedan acceder a la compra o al alquiler
de la misma. Estoy hablando de criterios políticos que tienen una
plasmación en presupuestos. Lo que yo le digo es que lo que usted ha
hecho hasta ahora y lo que viene contemplado en los presupuestos del
año 2000 no es suficiente para disminuir el precio de la vivienda y
para conseguir que aquellos ciudadanos y ciudadanas que tienen
necesidad y que quieren una vivienda puedan acceder a ella. En estos
momentos el precio del metro cuadrado de una vivienda en Madrid,
según la sociedad de tasación, es de 270.000 pesetas. Si usted cree
que eso está al alcance del bolsillo de cualquier ciudadano será de
su nivel, desde luego del mío no. Y ese incremento no es que venga
derivado de hace mucho tiempo, es que se ha producido un desfase de
ese incremento bastante apreciable en los últimos tiempos. Yo lo que
les pido son medidas para controlar y evitar que ese crecimiento siga
continuando, medidas para que ese incremento disminuya y medidas para
hacer que las comunidades autónomas, en función de los convenios que
tienen con ustedes, sean capaces de generar la construcción de
viviendas protegidas, y que no pase como está pasando en Aragón y que
pasará en otras comunidades autónomas.
Señor ministro, entiendo perfectamente que usted venga a defender su
gestión o el desarrollo del plan o que intente tapar la cara a sus
compañeros de comunidades autónomas que no han sabido gestionar un
plan de estas características, pero el tema es algo más grave que una
simple enumeración de datos que no conducen a ningún sitio. Tomen
decisiones políticas, adopten medidas en los próximos presupuestos y
verán cómo ese plan, que no es bueno, porque usted sabe
perfectamente...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán,
le ruego concluya.
El señor MORLÁN GRACIA: Acabo, señor presidente.
Sabe usted perfectamente que muchas de las medidas que se contemplan
en ese plan disminuyen las posibilidades que tenían muchos ciudadanos
de hacerse con ese tipo de ayudas: si hablamos de rehabilitación, la
limitación que hay de las 600.000 pesetas de subvención; y si
hablamos de otro tipo de medidas verán que son muy distintas a las
nuestras. La verdad es que no es un plan que esté dando buenos
resultados, señor ministro. Como espero que la próxima legislatura
nosotros podamos darle perfectamente cuenta de cuál ha sido el
desarrollo del plan porque lo gestionaremos nosotros y lo
modificaremos cuando gobernemos, pues no se preocupe que verá cómo
las cosas cambian y cómo la Ley del Suelo que ustedes han aprobado
también se verá modificada.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Naturalmente que se han adoptado medidas fiscales. Le acabo de dar el
dato. El gasto fiscal, como son las deducciones por adquisición de
vivienda, ha ido creciendo gradualmente a lo largo de estos años con
el Gobierno del Partido Popular. Son 700.000 millones los que el
Estado deja de recaudar para favorecer la adquisición de viviendas.
Por otra parte, se ha hecho la Ley de fondos de inversión
inmobiliaria -el Ministerio de Economía y Hacienda impulsa la
iniciativa-, porque dejaron ustedes una ley que ésa sí que fue un
fracaso, y ahora esos fondos, señoría, como sabe usted muy bien,
están empezando a despegar y a través de ellos probablemente se
incrementará el mercado de alquiler. Yo le acepto que hay que
favorecer todavía más el mercado de alquiler -ustedes no lo
consiguieron; nosotros tampoco lo estamos consiguiendo plenamente
pero ustedes tampoco- porque también hay ciertas idiosincrasias
favorecidas durante muchos años en la sociedad española por muchas
razones en las que usted y yo estaríamos de acuerdo. Favorecer el
acceso a la propiedad fue una obsesión durante muchísimos años por
razones que ni a usted ni a mí se nos ocultan.
El verdadero hecho incuestionable, por mucho que a usted le disguste,
es que se están vendiendo viviendas y, por tanto, se están
adquiriendo viviendas por centenares de miles en estos momentos en
España; como nunca ha ocurrido en la historia del sector de la
construcción y del sector inmobiliario en España, como nunca,
señoría. Ahí están las cifras, no discuta usted esas cifras, porque
esos sí que son los hechos incuestionables. No se pueden negar los
hechos incuestionables y descalificar la realidad con meras
afirmaciones genéricas. Tenemos que apoyarnos en datos verosímiles
y en datos reales.
Usted sabe que en estos momentos está desbocada la demanda en la
adquisición de viviendas, lo sabe usted perfectamente, porque la
bajada de los tipos de interés, la bajada de las retenciones, la
creación de empleo, como factores que condicionan y definen una
situación, y la propia incertidumbre de la bolsa, provocan un
incremento espectacular de la demanda. Tanto es así, señoría, que
hemos de empezar a pensar si los planes de vivienda, tal y como han
estado concebidos hasta ahora y tal como está concebido el
actualmente vigente, no deben ser modificados en un sentido distinto.
Yo empiezo a pensar que habría que introducir modificaciones para
personalizar las ayudas, olvidarse por tanto de la importancia básica
de la subsidiación de los tipos de interés de los créditos
hipotecarios y pensar en concentrar ayudas de una duración aproximada
de cinco años para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes,
que son los que, naturalmente, necesitan disponer de capital para
poder empezar a adquirir una vivienda. Probablemente sea esa la línea
en la que haya que modificar los actuales planes de vivienda.
Pero esa modificación de los planes de vivienda viene provocada por
la situación excepcionalmente buena que tiene en estos momentos el
mercado inmobiliario, aun reconociendo que existe una presión alcista
de los precios. Pero, a pesar de todo, la situación es
excepcionalmente buena, y ese es el efecto de una política económica
y también de una política de vivienda.
Reflexionemos entre todos; yo le invito a usted a reflexionar cómo
podemos modificar los planes de vivienda para que sirvan mejor al
interés general, que los jóvenes puedan tener ayudas relativamente
significativas en los primeros momentos de la adquisición de la
vivienda, teniendo en cuenta que más del 90 por ciento de los jóvenes
prosperan en su vida y que, lógicamente, van a tener a lo largo de
los años más recursos con los que hacer frente al crédito hipotecario
y, en cambio, ese no es el supuesto al inicio de su vida profesional.
Probablemente esté por ahí la futura ayuda que haya que prestar en la
aplicación de los planes de vivienda y no tanto en una subsidiación
durante 25 años de los créditos hipotecarios.
Le insisto, señoría, puede hacerse la crítica al Plan nacional de
vivienda y a su ejecución, en términos puntuales; es respetable y,
efectivamente, existen algunos defectos; pero lo que usted no puede
discutir es que la política de vivienda, en el marco de una política
económica de gran éxito está facilitando de una manera excepcional el
acceso a la vivienda a todo tipo de estratos sociales en la actual
sociedad española.
Muchas gracias señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. ¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición?
(Pausa.)
Finalizado el debate, el Pleno se reanudará mañana a las nueve de la
mañana.
Se suspende la sesión.