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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 261, de 28/09/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 261
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 251
celebrada el martes, 28 de septiembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), de modificación de
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número
205-1, de 23 de junio de 1998. (Número de expediente 122/000179.) . .
. . (Página 13868)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la integración de la
asistencia sanitaria gestionada por las empresas colaboradoras en el
Sistema Nacional de Salud. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
B, número 295-1, de 12 de abril de 1999. (Corrección de error en
«BOCG», serie B, núm. 295-2, de 19 de abril de 1999.) (Número de
expediente 122/000263.) . . . . (Página 13874)
Modificación del orden del día . . . . . (Página 13881)
Proposiciones no de Ley
- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a una tarifa plana
transitoria para los usuarios y usuarias del sistema de transmisión
de datos a través de las redes, hasta que no tengan acceso a la
tarifa plana asociada a alguna nueva tecnología. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, número 408, de 12 de abril de 1999. (Número
de expediente 162/000358.) . . . (Página 13881)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre necesidad
de dotar de una tarifa plana a los usuarios de Internet. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 386, de 1 de marzo de
1999. (Número de expediente 162/000341.) . . . (Página 13881)
-.Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre transposición
al Derecho español de la Directiva 97/55/CEE, por la que se modifica
la Directiva 84/450/CEE, sobre publicidad engañosa. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, número 449, de 21 de junio de 1999.
(Número de expediente 162/000390.) . . (Página 13889)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la política de aguas
y medidas para paliar la sequía. (Número de expediente 173/000159.) .
. . (Página 13892)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno a los
efectos de favorecer la creación y desarrollo de pequeñas empresas
desde la perspectiva administrativa, fiscal, laboral, financiera o
tecnológica. (Número de expediente 173/000160.) . . . (Página 13898)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la política del Gobierno
y perspectivas de futuro para el sector pesquero. (Número de
expediente 173/000161.) . . . . (Página 13905)
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las medidas
previstas por el Gobierno en relación con la continua llegada de
inmigrantes ilegales a las costas canarias. (Número de expediente
173/000162.) . . . . . (Página 13912)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 13868)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), de modificación de la
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante . . . (Página 13868)
En nombre del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario
Mixto, presenta la proposición de ley, para su toma en consideración,
el señor Rodríguez Sánchez. Manifiesta que la creación del registro
especial de buques en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, se hizo en un momento crítico
para la marina mercante española debido a la trasnacionalización,
necesitando ayuda del Gobierno para ser competitiva. Sin embargo,
añade, la creación del registro especial, con el fin de proteger a
las empresas españolas a partir de bonificaciones de carácter fiscal,
trajo consecuencias no deseables en el área laboral, que considera
llegado el momento de afrontar. Explica las propuestas de su grupo en
este sentido y aboga por que la tripulación sea de nacionalidad
española o de ciudadanos de la Unión Europea, sin distinción por el
rango jerárquico de la misma, y por que se autorice a los ciudadanos
no nacionales de la Unión Europea a trabajar en todos los buques si
falta mano de obra española o de otros Estados de la Unión Europea,
siendo homologados dentro de la legislación española como ciudadanos
del Estado español.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Segura Clavell, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora
Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la integración de la
asistencia sanitaria gestionada por las empresas colaboradoras en el
Sistema Nacional de Salud . . . . . .(Página 13874)
Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, en
nombre del Grupo Socialista del Congreso, la señora Amador Millán.
Afirma que a partir del año 1982 los sucesivos gobiernos socialistas
impulsaron la construcción y la extensión del Sistema Nacional de
Salud, explicando las diversas iniciativas llevadas a cabo desde
entonces, especialmente la Ley General de Sanidad
de 1986, hasta llegar al Pacto de Toledo, donde se consolidó un
acuerdo político y social para financiar mediante impuestos la
prestación sanitaria con carácter universal. Sin embargo, añade, el
Gobierno del Partido Popular
ha puesto el freno y la marcha atrás en este proceso de consolidación
del Sistema Nacional de Salud, extendiéndose en las razones por las
que el Grupo Socialista presentó un voto particular a las
conclusiones de la subcomisión parlamentaria para el seguimiento del
Pacto de Toledo, el 10 de octubre de 1997, y por las que se rompió el
consenso. Asimismo crítica duramente la decisión del Gobierno de
financiar seguros privados para los empleados de 36 empresas con
dinero público, mediante un crédito extraordinario de 17.000 millones
de pesetas, porque carece, según su opinión, de cualquier
justificación y rompe el modelo sanitario público, y propone integrar
a los empleados de esas empresas en el sistema general sanitario del
Sistema Nacional de Salud, en las mismas condiciones que el resto de
los españoles.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Peralta
Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Riera i Ben, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Maestro Martín, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Villalón
Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día . . . . (Página 13881)
El señor presidente somete a la consideración de la Cámara la
modificación del orden del día acordada por la Junta de Portavoces,
lo que se aprueba por asentimiento.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), de modificación de
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, se rechaza por 141 votos a favor y 155 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Socialista del Congreso, sobre la integración de la
asistencia sanitaria gestionada por las empresas colaboradoras en el
Sistema Nacional de Salud, se rechaza por 137 votos a favor y 158 en
contra.
Proposiciones no de ley . . . . . (Página 13881)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a una tarifa plana
transitoria para los usuarios y usuarias del sistema de tramitación
de datos a través de las redes, hasta que no tengan acceso a la
tarifa plana asociada a alguna nueva tecnología . . . . (Página 13881)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre necesidad
de dotar de una tarifa plana a los usuarios de Internet . . . .
(Página 13881)
En nombre del Grupo Socialista del Congreso presenta la proposición
no de ley relativa a una tarifa plana transitoria para los usuarios y
usuarias del sistema de transmisión de datos a través de las redes,
hasta que no tengan acceso a la tarifa plana asociada a alguna nueva
tecnología, el señor Pérez Rubalcaba. Manifiesta que es la segunda
vez que su grupo presenta esta proposición no de ley, lo que no sería
ninguna novedad puesto que tuvieron que presentar cuatro iniciativas
para que el Gobierno subiera las pensiones, pero lo extraño es que
hace un año se aprobó por unanimidad de todos los grupos
parlamentarios una proposición no de ley muy parecida a la presente.
Se refiere asimismo a otra proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre el mismo tema y
denuncia el incumplimiento de las resoluciones aprobadas por
unanimidad de la Cámara, acusando de engaño a la propaganda oficial
que habla de la tarifa plana sin que hasta el día ningún español
pueda conseguirla cuando accede a Internet, porque no existe, y en
las próximas semanas será muy cara y sólo para aquellos internautas
que residan en las ciudades en donde Telefónica haya tenido a bien
implantar la nueva tecnología. A continuación explica que las razones
que les llevaron a presentar la proposición no de ley actual y la
presentada hace un año son que Telefónica no cobre por las llamadas
fallidas y que se estimule el acceso de más ciudadanos a Internet. Se
refiere a las medidas adoptadas por el ministro de Fomento y a la
nueva tecnología recientemente implantada por Telefónica. Finalmente
solicita el apoyo de los grupos parlamentarios y pide al presidente
del Gobierno que cumpla la promesa que hizo para que los españoles,
vivan donde vivan, accedan a una tecnología que hoy es fundamental
para muchos de ellos, para su futuro y para su presente.
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida sobre el mismo tema el señor Alcaraz Masats.
Manifiesta que la intención de su grupo al presentar la proposición
no de ley es conseguir, sin situaciones transitorias de ningún tipo,
la necesidad de una tarifa plana para todos los usuarios de Internet.
Explica la gran capacidad de propulsión del servicio de Internet que
le lleva, de un modo natural, a ser un servicio de interés general.
Por ello, su grupo defiende la necesidad de una tarifa plana para
alcanzar la gratuidad total del servicio, tal como está funcionando
en muchos países de la Unión Europea y como tiene que estar
funcionando ya en nuestro país con respecto a centros de interés
general, de educación, administraciones, ONG o servicios similares.
Añade que no por ser un servicio público tiene que dejar de ser un
servicio de calidad, y critica la situación de dominio
excesivo de Telefónica en estos momentos. A continuación expone una
serie de características que contiene su proposición no de ley en
base a una mayor progresividad (se pagaría por lo que se consume de
manera justa y racional en función del tiempo de conexión y de las
necesidades de los usuarios) y explica los puntos concretos de que
consta la proposición no de ley.
En defensa de la enmienda presentada a esta proposición no de ley
interviene el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Burgos
Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
intervienen el señor Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista del
Congreso, y Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre transposición
al Derecho español de la Directiva 97/55/CEE, por la que se modifica
la Directiva 84/450/CEE, sobre publicidad enga-ñosa . . . . .(Página 13889)
La señora Faraldo Botana, en nombre del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, presenta la proposición no de ley que pretende
incorporar al ordenamiento jurídico español la regulación de la
publicidad comparativa contenida en la Directiva europea 97/55, por
la que se modifica e incorpora dicha figura a la directiva anterior
de la CEE sobre publicidad engañosa. Manifiesta que tiene como causa
remota el compromiso asumido en el programa electoral del Partido
Popular para las elecciones de 1996 de transferir las directivas
europeas que afectan al ámbito de consumo, con el fin de conseguir
que nuestra legislación esté plenamente armonizada con la de los
países de nuestro entorno, y como causa próxima el mandato contenido
en la propia directiva europea al fijar un plazo máximo de 30 meses
para su incorporación al ordenamiento de los Estados miembros, plazo
que concluirá el próximo 23 de abril del año entrante. Se refiere a
la vigente Ley General de Publicidad de 1988, que vino a superar el
obsoleto estatuto de la publicidad de 1964 e incorporó el contenido
de la directiva europea en materia de publicidad engañosa. Finalmente
solicita el voto favorable a la proposición no de ley en el sentido
de que no se puede olvidar la estrecha relación que existe entre la
protección de los consumidores y la de un perfecto y leal
funcionamiento del mercado.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y las
señoras Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y Pin Arboledas, del Grupo Socialista del Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, relativa a una tarifa plana transitoria para los usuarios y
usuarias del sistema de transmisión de datos a través de las redes,
hasta que no tengan acceso a la tarifa plana asociada a alguna nueva
tecnología, se rechaza por 133 votos a favor y 154 en contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre necesidad de dotar de una tarifa
plana a los usuarios de Internet, se rechaza por 133 votos a favor y
154 en contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre transposición al Derecho español de la
Directiva 97/55/CEE, por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE,
sobre publicidad engañosa, se aprueba por unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . .(Página 13892)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la política de aguas y
medidas para paliar la sequía . . . . (Página 13892)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Socialista del Congreso el señor Morlán Gracia. Manifiesta que se
trata de una propuesta de colaboración en una política que entienden
que es de Estado y que tiene que tener un marco jurídico
planificador, en el que se desarrollen aquellas políticas de agua
que, además de contribuir al ahorro y a la mejor gestión del recurso,
contribuyan también a paliar la sequía de estos momentos y a
minimizar las posibles repercusiones de futuras sequías. A
continuación pasa a explicar las medidas a corto, a medio y a largo
plazo que contiene su moción.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Sedó i Marsal,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno a los
efectos de favorecer la creación y desarrollo de pequeñas empresas
desde la perspectiva administrativa, fiscal, laboral, financiera o
tecnológica . . . . (Página 13898)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Sánchez i
Llibre. Manifiesta que en la interpelación urgente presentada la
semana pasada pudo constatar una cierta complicidad entre su grupo y
el vicepresidente segundo del Gobierno, así como también con otros
grupos parlamentarios, concretamente el socialista, de lo que deduce
que esta moción será apoyada por gran parte de la Cámara. Expone los
aspectos en los que considera que estaban de acuerdo varios grupos
parlamentarios y los puntos fundamentales de que consta la moción,
que van en la dirección de consolidar y potenciar el tejido de las
pequeñas y medianas empresas en general.
En defensa de la enmienda presentada a esta moción interviene el
señor Milián Mestre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Santiso del
Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la
señora Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista del Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Asimismo, para aceptar la transaccional
ofrecida por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
interviene el señor Milián Mestre, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la política del Gobierno y
perspectivas de futuro para el sector pesquero . . . .(Página 13905)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto.
Explica los dos puntos de que consta la moción. El primero, de
carácter general, hace referencia a la necesidad de que el Gobierno
trabaje en el seno de la Unión Europea para mejorar la actual
política pesquera, que considera que no es satisfactoria para la
defensa de los intereses españoles, y el segundo trata de resolver a
corto plazo, por las implicaciones económicas y sociales que
conlleva, la renovación del acuerdo Unión Europea-Marruecos. Asegura
que han renunciado a plantear una moción que contemplase los
problemas de pesca en conjunto, importantes sin duda, para centrarse
en las dos cuestiones básicas que ha expuesto anteriormente,
haciéndolo en términos de mínimos para poder contar así con el apoyo
del conjunto de la Cámara. Expone los diversos puntos de que consta
la moción y anuncia la presentación de un texto transaccional que
incluye los principios básicos que se defienden en la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Blanco López, del Grupo Socialista del Congreso, y Mantilla
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Companys
Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar la enmienda transaccional interviene
el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme).
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las medidas
previstas por el Gobierno en relación con la continua llegada de
inmigrantes ilegales a las costas canarias . . . . (Página 13912)
Presenta la moción el señor Mauricio Rodríguez, en nombre del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria. Manifiesta que la moción es
continuación de la interpelación que se discutió la semana pasada, la
cual, en un debate un tanto tenso, permitió hacer un análisis de un
importante y grave problema que tiene en este momento Canarias y que
en el futuro, en su opinión y en la de su grupo, tiende a hacerse
cada vez más difícil y complicado. Reitera los argumentos dados en la
interpelación urgente y explica los cinco puntos de que consta su
moción. Finalmente fija su posición en relación con las enmiendas
presentadas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora
Martínez González, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor
Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano
i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió, y
Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Interviene para explicar su aceptación o rechazo de las enmiendas
presentadas el señor Mauricio Rodríguez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la política de aguas y
medidas para paliar la sequía, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por
131 votos a favor y 150 en contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno a los
efectos de favorecer la creación y desarrollo de pequeñas empresas
desde la perspectiva administrativa, fiscal, laboral, financiera o
tecnológica, modificada por la aceptación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en los términos indicados por el señor Sánchez
i Llibre, se aprueba por 278 votos a favor, uno en contra y dos
abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la política del Gobierno y
perspectivas de futuro para el sector pesquero, en los términos de la
enmienda transaccional aceptada por todos los grupos parlamentarios,
se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las medidas
previstas por el Gobierno en relación con la continua llegada de
inmigrantes ilegales a las costas canarias, con la incorporación de
la enmienda del Grupo Socialista del Congreso, se aprueba por 270
votos a favor y 11 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ), DE MODIFICACIÓN DE
LA LEY 27/1992, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA
MARINA MERCANTE. (Número de expediente 122/000179.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión con el punto I del orden del
día: Debates sobre la toma en consideración de dos proposiciones de
ley, la primera de las cuales, presentada por el Grupo Mixto y
suscrita por el señor Rodríguez, pretende la modificación de la Ley
número 27, de 24 de noviembre de 1992, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego presenta esta proposición de ley de
modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante en lo que afecta a la cuestión
sociolaboral que tiene que ver con el registro especial de buques que
se creó precisamente en un momento crítico para la marina mercante en
el Estado español. Sin duda alguna, el espíritu de la ley en aquel
momento fue intentar enfrentar un problema crítico derivado de la
trasnacionalización, de querer hacer competitiva la marina mercante
española en una situación internacional crucial y donde había una
competitividad salvaje por parte de muchos Estados europeos que
habían puesto sus banderas de conveniencia en países del Tercer
Mundo, o incluso por parte de otros Estados a nivel mundial que
estaban ganando cuota de mercado en el transporte de mercancías. De
todas maneras, nosotros creemos que el hecho de haber creado el
registro especial, que sin duda estaba fundamentado en criterios de
protección de las empresas españolas a partir de darles
bonificaciones de carácter fiscal, se centró exclusivamente en la
práctica en hacer recaer sobre la parte laboral las circunstancias o
las bondades de hacer competitivas estas empresas.
Por lo tanto, nosotros pensamos que este camino no es el que hay que
seguir y no ponemos en duda la existencia del registro especial de
buques de Canarias, pero vamos a intentar que este proceso de
competitividad y de trasnacionalización sea compatible con la
simplificación de carácter legal. La homologación de las condiciones
de trabajo en todos estos buques es sin duda una justicia social que
muchas veces caracteriza las demandas de los diputados y diputadas
que estamos en este Congreso, cuando se habla sobre todo de los
emigrantes o de la población del Tercer Mundo.
Ustedes saben que la disposición adicional decimoquinta, parágrafos 6
y 7, que son el objeto de nuestra modificación, plantea en su texto
actual que el capitán y el primer oficial de este registro especial
de buques de Canarias tendrán que ser españoles y el resto, hasta el
50 por ciento, podrán ser españoles o miembros de la Unión Europea.
Además, se reconoce que cuando no haya disponibilidad para cubrir
esos puestos de trabajo tasados para los ciudadanos del Estado
español o de la Unión Europea se puede recurrir a mano de obra de
nacionales que no pertenezcan a la Unión Europea, y se justifica en
nombre de la viabilidad económica y de la existencia del servicio,
queriendo hacerlo compatible con la seguridad del buque y la
navegación, criterio que se mantiene también para la composición
mínima de la tripulación que se dice debe estar en función de la
seguridad y de los compromisos internacionales de España.
Pues bien, señorías, frente a esta mecánica de carácter legal del
texto actual, planteamos que la tripulación sea de nacionalidad
española o de ciudadanos de la Unión Europea, no haciendo distinción
en el rango jerárquico de la misma. En segundo lugar, solicitamos que
se autorice a los ciudadanos no nacionales de la
Unión Europea para que puedan trabajar en todos estos buques si falta
mano de obra del Estado español y de otros Estados de la Unión
Europea. Respecto de la composición mínima, se puede respetar el
texto actual pero añadiendo algo muy importante, que debe estar
sometida a la normativa laboral vigente en el Estado español.
En relación con el parágrafo 7, recordarán que el texto actual aboga
(es por lo que dijimos que estaba centrado exclusivamente en abaratar
costes por la mano de obra y no en incentivar otras medidas de
carácter fiscal o proteccionistas) por que debe haber libertad de
contrato entre las partes, pero en la cuadratura del círculo se dice
que respetando la normativa de la OIT, y respetando, en todo caso, la
normativa laboral del Estado español si no hay acuerdo expreso entre
las partes de someterse a los criterios de libertad. Ustedes
comprenderán que esto abre una vía de agua excesiva, laxa, libre,
pero que conduce a una situación conflictiva, desigual e irregular y
es una fuente de sobreexplotación para toda clase de trabajadores que
se ven abocados a tener que trabajar en la marina mercante en unas
condiciones de precarización total, lo que además influye también en
aquellos ciudadanos del Estado español que quieren ejercer ese
trabajo. Por eso, en este parágrafo 7 se debe proponer un texto más
simplificado, que diga que la normativa laboral será la vigente en el
Estado español en todos los términos que tienen que ver con su
Seguridad Social. Está claro que el Gobierno tiene cierta conciencia
de este problema cuando el Ministerio de Fomento, en una orden
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 22 de julio pasado,
puso unas condiciones respecto de las tripulaciones de buques de
pabellones comunitarios diferentes al español con servicios regulares
de cabotaje insular en España. Ya se dice que en concreto el capitán,
el oficial y el 50 por ciento de la tripulación serían ciudadanos de
la Unión Europea. Se recuerda que hay que cumplir el Convenio
internacional de seguridad de la vida humana en el mar y además se
dice que los nacionales de cada Estado de la Unión Europea estarán
sometidos a la Seguridad Social propia de su país. Respecto a los no
nacionales, se aboga por que tengan un nivel de prestaciones
similares al de la Seguridad Social española, igual que las
retribuciones mínimas vigentes legalmente en el Estado español. Esta
orden indica que hay una preocupación por la precarización, la
irregularidad y la desigualdad que se puede dar en un mismo buque
sometido a bandera de registro especial.
No es ésta la única problemática, es cierto, que tenemos en la flota
mercante. Está el problema de la seguridad de los buques, sin duda un
problema grave que está agudizado porque no se respeta el artículo 2
del Convenio 147 de la OIT. Hay problemas con la cualificación de las
tripulaciones, que bajó desde que hay una afluencia bastante masiva
de tripulantes de nula preparación técnica, lo que resulta más barato
para las casas armadoras. Existe el problema de la composición mínima
de las tripulaciones. Los casos recientes de desastres en la costas
del Estado español, concretamente en Galicia, se debieron a que
algunos capitanes iban dormidos a bordo del barco llegando a encallar
en la costa. Y está el problema de las condiciones laborales y de
protección social, que es lo que esta modificación intenta arreglar.
Además, el Consejo Económico y Social abogó por esta homologación
sociolaboral, a pesar de reconocer que podía crear algunas
inseguridades o dificultades administrativas en la Seguridad
Social.Nosotros abogamos también por que el artículo 81 se homologue
con todo lo que tiene que ver con la navegación de cabotaje,
añadiéndole un nuevo parágrafo para que las tripulaciones se sometan
también a la legislación laboral española, porque ustedes saben que
existe la posibilidad de que se entrometan buques mercantiles
extranjeros contratados por navieras españolas. Por tanto, y vamos
concluyendo, nosotros como Bloque Nacionalista Galego somos
partidarios de que haya ciudadanos de Estados que no pertenecen a la
Unión Europea trabajando en los barcos que están registrados en el
registro especial, pero no del dumping laboral, de la precarización,
de la inseguridad en la navegación y, sobre todo, de la
sobreexplotación. Además pensamos que la legalidad debe ser norma y
no tener tantas excepciones como las que posibilita esta ley.
Queremos recordar que es el Ministerio de Fomento el que tiene las
competencias para conceder la inscripción y la baja en el registro
especial, para dictaminar las características de la adaptación de los
buques y las inspecciones de los mismos y aquellos otros trámites
administrativos que habilitan la normal operatividad de los buques.
Este aspecto social básico, señorías, es una necesidad y esperemos
que por dificultades técnico-administrativas no se dejen de estudiar
las medidas para superar esta situación. Tómenla en consideración
porque vendrá a paliar una situación difícil de muchos ciudadanos del
Estado español, sin duda, pero también de ciudadanos del Tercer
Mundo. Se lo pedimos como Bloque Nacionalista Galego en nombre de la
justicia social y en contra del rechazo de los no nacionales, aunque
tampoco queremos dejar de insistir en que se deje de precarizar a los
de casa.
La Ley de acompañamiento intenta poner el parche de que cuando se
enrole personal extracomunitario en buques españoles con registro
especial pero con cabotaje insular haya que conceder permiso de
trabajo pero conforme a las condiciones que se exigen legalmente para
los trabajadores españoles. Por este camino están abogando por una
salida deficitaria y por seguir considerando a los emigrantes o como
emigrantes o como una cuestión excepcional. Nosotros abogamos por que
en todos los casos sean homologados dentro de la legislación española
como ciudadanos del Estado español, por el bien de ellos y por el
nuestro.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Señor Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con toda brevedad para mantener la posición de Coalición
Canaria en esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Mixto
...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gómez Rodríguez, perdone que
le interrumpa. Por lo que deduzco de las palabras de S.S., tengo la
impresión de que lo que pretende es fijar la posición de su grupo y
no consumir un turno en contra, aunque su posición sea contraria.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Tiene razón, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea consumir un turno en
contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Ahora sí, señor Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: En relación con esta proposición de ley del
Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, Coalición Canaria quiere que se
mantenga la legislación actual. El registro especial de buques y
empresas navieras en Canarias ha demostrado ser un instrumento útil y
positivo para alinear el sector marítimo civil español a los
parámetros actualmente vigentes en otros países de la Unión Europea.
Recuérdese que la Ley de acompañamiento de 1997 señalaba una serie de
incentivos fiscales de mucha importancia para las empresas que se
matriculasen en los puertos canarios, estamos hablando del segundo
registro de buques. El citado registro, junto a otros elementos de la
política marítima, ha producido la conservación de un número
considerable de empresas navieras españolas, buques y empleos de
tripulantes nacionales, cosa que no hubiera ocurrido si no se hubiera
modificado el marco anterior. Sin embargo, la introducción de las
enmiendas que se señalan en esta proposición de ley significaría un
retroceso a la situación anterior y, por tanto, una pérdida
significativa de competitividad de nuestros registros con el resto de
los europeos, lo que acarrearía una nueva huida de compañías navieras
y buques españoles hacia otros registros, con la consiguiente pérdida
de puestos de trabajo para marinos españoles, dado que los restantes
segundos registros tienen un régimen jurídico similar al registro
especial español y, al hallarnos ante un sector liberalizado, el
empresario, lógicamente, acudiría a aquel pabellón que le ofreciera
ventajas sustanciales.
En consecuencia, Coalición Canaria rechaza la enmienda a la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, presentada a este Congreso por el estimado diputado del
Grupo Parlamentario Mixto, don Francisco Rodríguez Sánchez, para
mantener la situación que existe en la actualidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez.
Tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo comparte la inquietud y el propósito que han
llevado al Bloque Nacionalista Galego y a su diputado a defender la
proposición de ley cuya toma o no en consideración estamos
debatiendo. Compartimos buena parte de los motivos de lucha contra la
precariedad en el empleo, de lucha contra una inestabilidad de muchos
trabajadores en este ámbito, pero nuestro grupo no va a apoyar la
toma en consideración de esta proposición de ley. Y no lo va a hacer
porque creemos que debería encontrarse un marco previo de discusión
de este tema que no va por la vía de modificar la Ley de Puertos del
Estado. Por dos razones, en primer lugar, porque ya en esta
legislatura ha tenido lugar una reforma de la Ley de Puertos del
Estado, reforma para temas competenciales, y no nos gustaría abrir
ahora la brecha de volver a tocar la Ley de Puertos del Estado.
Además consideramos -y creo que coincidiríamos con el propósito de
don Francisco Rodríguez en el sentido de intentar modificar este
tema- que esta cuestión está mal encajada en la Ley de Puertos del
Estado. Deberíamos buscar una regulación aparte de esa Ley de Puertos
del Estado y creo que deberíamos también atender las propias
recomendaciones del Consejo Económico y Social, que ve problemas
burocráticos y administrativos, y encontrar otro marco. Quizá el
marco sería la regulación de la ley de extranjería que estamos
llevando a cabo y hacer en ese ámbito una reflexión sobre esta
problemática. Quizá también en las ponencias constituidas en el
ámbito de la Seguridad Social, y observar si, bien en la reflexión
global sobre Seguridad Social o bien en la reflexión global sobre
extranjería, pudieran tener cabida estas propuestas, cuyo espíritu
compartimos pero no así la solución técnica que pretende dar esta
proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Tiene la palabra el señor Fernández, por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de mi grupo para anunciar nuestro voto favorable
a la toma en consideración de la proposición de ley que presenta el
Grupo Parlamentario Mixto para modificar la Ley 27/1992, de Puertos
del Estado. Entendemos que la modificación que se nos propone tiene
alcance social suficiente para que en esta Cámara sea tenida en
cuenta, ya que trata del colectivo de trabajadores de la marina
mercante y pretende modificar artículos concretos de la ley que
regulan la normativa laboral y de Seguridad Social aplicable a los
trabajadores nacionales o de otra nacionalidad. Nos gustaría que esta
iniciativa superara este trámite para poder profundizar y contribuir
con aportaciones propias a acabar
con la precariedad en que se encuentran nuestros marineros,
erradicando las condiciones abusivas a las que se ven sometidas las
tripulaciones de terceros países.
Creemos que es totalmente positivo lo que plantea la proposición de
ley en cuanto a que las tripulaciones de buques de cabotaje estatal
se rijan por la legislación laboral y de Seguridad Social españolas y
que esta condición se extienda al resto de buques matriculados en el
registro especial para trabajadores no nacionales. Estamos
convencidos de que con esta medida estaremos en la línea positiva
para evitar la picaresca de contratar trabajadores no nacionales para
eludir cargas sociales y la legislación española en materia laboral,
como viene ocurriendo con la aplicación de la ley en su actual
redacción.
Manifestamos nuestras reservas a la nueva redacción que propone el
Grupo Mixto para el párrafo 6 a) de la disposición adicional
decimoquinta, ya que la única novedad que introduce es la de eliminar
la obligatoriedad de que el capitán y el primer oficial del buque
tengan nacionalidad española, y nos atreveríamos a decir que aporta
pocas ventajas para el resto de trabajadores, pues exclusivamente
elimina la obligatoriedad también de que el 50 por ciento del
personal de un buque tenga nacionalidad española o de algún Estado
miembro de la Comunidad.
Para finalizar, reitero que cuenta con nuestro apoyo para mejorar las
condiciones laborales y de seguridad de los marineros, así como las
condiciones de encuadramiento en la Seguridad Social española.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
El señor Segura, don José, por el Grupo Socialista.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Socialista se felicita por el
hecho de que el Grupo Mixto haya traído a la Cámara una iniciativa
para hablar de marina mercante, y nos felicitamos porque realmente
esta iniciativa tapa un hueco que tenían que haber cubierto el
Gobierno y el partido del Gobierno, que tenía que haber cubierto el
Grupo Parlamentario Popular, porque, señorías, España es un país
ribereño, a través de nuestros puertos circulan el 80 por ciento de
las mercancías que entran y salen de nuestro país; a través de los
barcos que atracan en nuestros puertos y que son tripulados
mayoritariamente por ciudadanos españoles se produce la transición de
nuestra economía en un 80 o un 90 por ciento.
El ministro de Fomento, señorías, el 4 de julio del año 1997, en el
acto de clausura de la Asamblea Nacional de Navieros Españoles, con
una gran arrogancia anunció que en los primeros meses del año
siguiente -es decir, del año 1998- traería el Gobierno al Congreso de
los Diputados un debate a efectos de conocer la situación de la
marina mercante española. Han transcurrido algo más de dos años desde
aquella oferta y ese acontecimiento no se ha producido. De ahí que,
como primera medida, nos parezca oportuna la admisión a trámite de
esta proposición de ley que modifica contenidos de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, y lo hace razonablemente.
Se ha dicho aquí por parte del portavoz de CiU que ya se ha producido
una modificación de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, pero hay que tener en cuenta que es una ley en la que el 50
por ciento los artículos se refieren a puertos y el otro 50 por
ciento a marina mercante.En la presente legislatura tiene que quedar
muy claro que en esta Cámara, en el Pleno del Congreso de los
Diputados, el Gobierno no ha tenido la valentía de enfrentarse a los
distintos grupos parlamentarios para hablar de la situación de la
marina mercante española, para hablar de las medidas que ha adoptado
o de las medidas que pretende adoptar para intentar consensuar un
proyecto unitario para nuestro país, para las empresas navieras
españolas, para la clase trabajadora, para los tripulantes enrolados
en los buques que tanto decían defender los portavoces del Grupo
Parlamentario Popular cuando en las sesiones de anteriores
legislaturas hablaban de marina mercante e increpaban al Gobierno.
Señorías, creemos oportuna la admisión a trámite de esta iniciativa
y, consiguientemente, introducir las mejoras pertinentes en los
contenidos del segundo registro de buques.
Señoras y señores diputados, a lo largo de las dos últimas décadas,
desde mediados de los 70, la flota mercante española se vio inmersa
en una larga crisis que se enmarcaba en la que sufría el transporte
marítimo mundial. Esa crisis, en España, se iba traduciendo en una
fuerte bajada del nivel de los fletes, como consecuencia del exceso
de oferta, y en una reducción considerable del tonelaje de la flota
bajo pabellones de la OCDE. En concreto, la flota bajo pabellón
comunitario en la década pasada descendió a la mitad, como
consecuencia del efecto combinado de la crisis del mercado y de la
irrupción en el mismo de las flotas de países en vías de desarrollo,
en unas condiciones de explotación muy competitivas, derivadas en
buena parte de medidas de apoyo estatal y de prácticas tarifarias
desleales, así como por la expansión mundial de los registros de
libre matrícula o de conveniencia. En realidad, una parte importante
de la flota de los países desarrollados fue transferida a esos
pabellones de conveniencia en un intento de sobrevivir en un mercado
de competencia salvaje. Este hecho vino a matizar el dato sobre la
drástica reducción de las flotas marítimas comunitarias, porque no se
trataba en realidad de una pérdida neta de las mismas sino de una
transferencia a registros de bajo coste operativo. Este último no es
un tema baladí. Se trataba de un hecho de notable importancia, por
cuanto un barco perteneciente a una empresa naviera española que se
abanderaba en un pabellón de conveniencia dejaba de estar sometido al
control de la Administración marítima española en la mayor parte de
sus ámbitos competenciales, y disminuía de esa forma el número de
tripulantes nacionales.
A comienzos de esta década, la Comisión Europea autorizó a los países
miembros la constitución del segundo
registro que, establecido en sus territorios y manteniendo la
nacionalidad del buque, permitiese flexibilizar las exigencias
laborales, fiscales y de seguridad social inherentes a la inscripción
en los registros ordinarios, frenando de ese modo la huida de buques
hacia pabellones de conveniencia, como los que se situaban en Panamá,
Bermudas, Bahamas, Chipre, etcétera. Tales segundo registros han
tenido un desarrollo muy importante en ciertos países europeos,
habiendo llegado a reemplazar prácticamente al registro ordinario en
algunos casos. En España se daba la circunstancia de que empresas
armadoras españolas, como la naviera Aznar u otras navieras
tradicionales, con cien años de experiencia en el sector marítimo,
atracaban sus barcos y desaparecían del comercio del mercado
internacional del flete y se perdía potencialidad marítima en un país
ribereño como el nuestro. De ahí la importancia, cuando en el año
1992 se aprueba la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante,
de la creación del registro especial de buques.
Con el mayor de mis respetos hacia algunos de los intervinientes que
me han precedido en el uso de la palabra, permítanme que les diga
claramente que no han entendido el contenido de la propuesta del
grupo de los nacionalistas galegos. No la han entendido. Se trata de
un reforzamiento del registro especial de buques. Se trata, señora
diputada, de huir de la esclavitud que propician algunas empresas
navieras. Lo que ocurre es que hay que profundizar en estos temas, y
en el corto espacio de tiempo que supone un debate de estas
características no es posible.
El segundo registro de buques le da la posibilidad a la empresa
armadora que registra el buque de que la mitad de la tripulación esté
compuesta por ciudadanos no comunitarios. Cuando surge el segundo
registro, por el que se crea toda la normativa que aparece en la Ley
de puertos del Estado y de la marina mercante, esa normativa por sí
sola no era nada. Había que adornarla con beneficios fiscales, que
aparecieron en los sucesivos contenidos de la Ley de modificaciones
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Yo he tenido el honor, en
el Senado, de haber sido ponente, en representación de mi grupo, de
ambas leyes. Asimismo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
de 1995 y en la de 1997 se produjeron mejoras fiscales. Entre las más
relevantes destacan las referidas a la bonificación del 90 por ciento
en la cuota patronal a la Seguridad Social y el 50 por ciento en el
IRPF de los tripulantes. Asimismo, a las empresas navieras se les ha
dado la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados en todo tipo de actos y contratos
realizados por los buques, así como la bonificación del 90 por ciento
en la cuota del impuesto sobre sociedades. En consecuencia, los
beneficios del segundo registro de buques repartidos en dos ámbitos,
en el empresarial y en el de los tripulantes, ha llevado -y este dato
es muy relevante- a que el 95 por ciento de la flota mercante
española, el 95 por ciento en lo que a tonelaje por registro bruto o
gross tonnage se refiere, cualquiera que sea la unidad que se mida,
esté registrado en el registro de buques del Estado español, radicado
en Canarias. El que de siete buques que se registraron en el año 1993
se pase a los 170 que están registrados hoy pone de manifiesto que ha
sido un excelente elemento operativo. En consecuencia, el Grupo
Parlamentario Socialista está a favor del contenido del segundo
registro de buques.
En lo que se refiere a los aspectos vinculados a la contratación del
personal, no podemos dejar de ser solidarios con aquellos ciudadanos
de países no comunitarios que requieren que se les aporte la
posibilidad de contratación, como ocurrió en la década de los 40 y de
los 50, donde en la mayor parte de las empresas navieras del mundo
entero había siempre tripulantes españoles, ya que España era un país
con escasa posibilidades en generación de empleo. No podemos ser
insolidarios y negar a ciudadanos no comunitarios la posibilidad de
trabajar en los buques que se registren en el segundo registro. Pero
¡ojo!, señorías, no en situación de esclavitud, como quieren algunos
armadores
-entiéndase este calificativo expresado entrecomilladamente-,
nosotros queremos que aquellos ciudadanos no comunitarios que se
enrolen como tripulantes a bordo de los barcos, una vez que reciban
el rol tengan el mismo tratamiento que el resto de los trabajadores
españoles. Dado que hoy en día existen más de 4.000 marinos mercantes
en situación de paro en los distintos niveles profesionales,
solicitamos que disminuya ese porcentaje máximo de un 50 por ciento
de no comunitarios al porcentaje razonable que el tiempo ha impuesto,
a efectos de generar empleo a ciudadanos comunitarios y españoles.
Señorías, hay un dato que debe ser tenido en cuenta, y es que de
6.900 ciudadanos españoles enrolados a bordo de buques mercantes,
graneleros, roll-on, roll-off, ferry y de muy distintas
características, solamente hay diez ciudadanos no comunitarios. A
pesar de ello, el segundo registro de buques ha sido un elemento
profundamente operativo para la marina mercante española. Dado que
existen del orden de 4.000 trabajadores en paro, posibilitemos que
puedan ocupar puestos de trabajo en barcos que irrumpan en los nuevos
tráficos de cabotaje interinsulares, en los del estrecho, en los
derivados de los graneles sólidos y líquidos, o en los propios
tráficos extracomunitarios. No hay ninguna razón dogmática para
mantener, en lo que a reglamentación laboral se refiere, el contenido
de un segundo registro que ha potenciado extraordinariamente la
marina mercante española, la empresa marítima española, el negocio
económico del armador español...
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, ha de concluir.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.
No hay ninguna razón para que el Congreso de los Diputados se cierre
a la posibilidad de generar más empleo para ciudadanos españoles en
paro, profesionales de la marina mercante, y tampoco a la de que se
aporte empleo a no comunitarios en el porcentaje razonable que surja
de la modificación que pretende el grupo proponente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista va a
votar a favor de la admisión a trámite de esta proposición por lo que
significa de enriquecimiento en el debate sobre un sector clave del
Estado español que, terminando la presente legislatura, no ha tenido
la posibilidad de ser escuchado en esta Cámara porque el Gobierno no
ha cumplido la promesa que hizo a los armadores españoles a través
del ministro de Fomento en el acto de clausura de la Asamblea
Nacional de los Navieros Españoles, Anave.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Mercedes
Fernández González.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, voy a fijar
la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la
proposición de ley de modificación de la Ley de puertos del Estado y
de la marina mercante, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Quiero hacer alguna consideración a la proposición no de ley desde la
reflexión más profunda y desde la convicción casi absoluta de que sus
términos son inadecuados y, en todo caso, no se ajustan a la
finalidad que se establece en la exposición de motivos.
Se han dicho muchas cosas aquí por parte de quienes me han precedido
en el uso de la palabra. SS.SS. saben que, en 1992, el Gobierno
socialista presentó la Ley de puertos y de la marina mercante. A
aquella ley -SS.SS. lo recordarán perfectamente- se presentaron diez
enmiendas de totalidad. Prácticamente todos los sectores marítimos de
este país y la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios dieron la
espalda a una ley que consideraban negativa. El actual Gobierno y el
Grupo Parlamentario Popular han llevado adelante, a lo largo de esta
legislatura, la modificación de lo que a su juicio era una mala ley,
la Ley de puertos de 1992. A partir de aquí, empiezan a suceder una
serie de paradojas. La Ley de 1992 establece en su disposición
adicional decimoquinta la creación del segundo registro, o registro
especial, con sede en la Comunidad Autónoma de Canarias. La citada
ley socialista regula, de forma bastante minuciosa, aspectos que
quiere reformar la proposición de ley que ha defendido hoy el
representante del Bloque Nacionalista Galego. Nos encontramos con una
situación paradójica: quienes defendieron con fervor y pasión la Ley
de 1992 hoy defienden justamente lo contrario.
Una lectura estática de la Ley de 1992 y su influencia sería una
lectura poco reflexiva y ajustada a la realidad. En Europa se había
procedido a la creación de los denominados segundos registros. SS.SS.
saben que la creación de los segundos registros tenía y tiene como
finalidad prioritaria luchar, de forma legítima y legal, contra los
denominados registros abiertos, es decir, contra la competencia
exacerbada. España creó en 1992, con retraso en relación con los
países de la Unión Europea, el segundo registro o registro especial
de Canarias a través de la disposición adicional decimoquinta de la
Ley de puertos. Pero SS.SS. convendrán conmigo en que de poco sirve
crear la figura y los requisitos si una de las características más
importantes que en todo el entorno marítimo europeo ha puesto de
manifiesto la bondad de los segundos registros es justamente
dotarlos, a través de la normativa nacional correspondiente, de una
serie de medidas, de bonificaciones y de incentivos fiscales.
Si bien es verdad que el segundo registro o registro de Canarias se
crea en 1992, no es menos cierto que fue la Ley de acompañamiento, la
Ley de medidas,
de 1997, la que dio carta de naturaleza al paquete más importante de
exenciones, bonificaciones e incentivos fiscales. Así, en el impuesto
de sociedades se pasó de una bonificación del 35 por ciento a la que
tenemos en la actualidad, que es del 90 por ciento; y en el IRPF,
respecto a las tripulaciones enroladas, se pasó de una bonificación
que existía antes, ineficaz, del 25 por ciento a otra del 50 por
ciento. Y en la cuota empresarial de la Seguridad Social se pasó
también de una bonificación del 70 a otra del 90. A partir de aquí,
justamente a partir del paquete de medidas que ha impulsado el actual
Gobierno de España, se empezó a observar con nitidez que el segundo
registro de Canarias cobraba fuerza y alcanzaba la competitividad que
desde 1992 se le dio como finalidad, en contra del registro ordinario
de buques, pero que, al no haber puesto en marcha el paquete de
medidas que impulsó este Gobierno, no se tradujo en resultados
prácticos.
Como veo que a alguna de SS.SS. les gusta coleccionar datos, es
importante señalar en este debate que entre 1980 y 1995, en España se
perdía el 65 por ciento del tonelaje. Ello llevó aparejado que
numerosas empresas navieras en nuestro país tuviesen serios
perjuicios económicos. Pero es que en Europa, entre 1980 y 1987,
también hubo una pérdida superior, y en algunos casos equivalente, a
la reducción de tonelaje que había en nuestro país. Los buques
europeos pasaron a no ser competitivos en el orden económico mundial
y los armadores a no cubrir los fletes, los costes que generaban y
comenzaron a transferirse buques a registros internacionales donde
efectivamente los costes eran bastante más competitivos. A partir de
ahí surge la preocupación de crear los registros especiales.
A mi juicio, señorías, la proposición de ley que hoy presenta el
Bloque Nacionalista Galego, aparte de poner en quiebra el registro
especial con sede en la Comunidad Autónoma canaria, tiene una extraña
redacción. Creo que hay unos datos equivocados. En lo que a artículos
se refiere, estimo que SS.SS. no querían mencionar el 84.5 sino el
81.5, porque no tiene realmente encaje en el texto de la Ley de
puertos y de la marina mercante.
Quisiera también poner de manifiesto, al hilo del discurso que ha
defendido el proponente del Bloque Nacionalista Galego, que llego con
dificultad a conciliar
determinados aspectos de su proposición con ciertas expresiones de su
discurso. En su proposición, por ejemplo, establece como novedad, en
el capítulo de nacionalidad, que la tripulación deberá ser de
nacionalidad española o de otro Estado miembro de la Unión Europea y
se eliminan dos requisitos que a mi juicio son importantes y que
están vigentes en la normativa española: primero, que el capitán, y
al menos el primer oficial, tengan siempre la nacionalidad española.
Llama poderosamente la atención que se establezcan consideraciones de
nacionalidad y que, por contra, se supriman requisitos que, a mi
juicio, refuerzan el protagonismo de los nacionales de nuestro país.
Hay otra preocupación que mantiene S.S. y que nosotros compartimos -
aunque creo que está absolutamente desenfocada, al menos en el texto
tal como lo he leído-, que se refiere a la legislación en materia
laboral y de Seguridad Social. Nos encontramos -y lo sabe muy bien
S.S.- con que en el primer registro la tripulación ha de ser española
o comunitaria, salvo el capitán o el primer oficial, que usted
suprime en su proposición. Por tanto, legislación nacional o
legislación comunitaria, a través del Reglamento de la Comunidad
Económica Europea de 1971. En el segundo registro la tripulación
podrá ser española o comunitaria y existe la posibilidad de
tripulación de terceros países. En este caso hay una regulación,
tanto en el ámbito laboral como en el de la Seguridad Social, que a
mi juicio impide ese peligro que S.S. ponía de manifiesto en su
discurso, que es la sobreexplotación o el drama del desempleo. Los
tripulantes extracomunitario -por denominarlos convencionalmente de
alguna manera- se regirán por la legislación a la que libremente se
sometan las partes, siempre que se respete la normativa proveniente
de la OIT y, en su defecto -y lo sabe muy bien S.S.-, a falta de
sometimiento expreso, será por la normativa de la legislación laboral
y de la Seguridad Social española.
Por lo que se refiere a las jornadas y a los descansos -este aspecto
podría, sin duda, convertir en penosas determinadas jornadas
laborales-, quiero tranquilizar a S.S. en el sentido siguiente: se
aplica directamente una directiva comunitaria de 1999 en la que el
Consejo ha decidido elevar a rango normativo el acuerdo sobre
ordenación de tiempo de trabajo de todos los trabajadores del mar.
Este acuerdo ha sido suscrito por la Asociación de Armadores de la
Unión Europea y también por la Federación de Sindicatos del
Transporte de la Unión Europea. Dicha directiva deberá ser
incorporada al derecho español y la fecha tope, como S.S. sabe, es
junio del año 2002.
A nuestro juicio, hay razones de legalidad y de inoportunidad. Me va
a permitir S.S. que recuerde que cuando esta Cámara tramitó
recientemente, en esta legislatura, la modificación de la Ley de
puertos y de la marina mercante, su grupo no formuló ni una sola
enmienda referida al capítulo de marina mercante, en uso de su
libertad y de su derecho democrático de decidir su propia estrategia
parlamentaria. También llama la atención que anteriores
intervinientes casi hagan suya la proposición de ley, que no han
presentado, y que tampoco hayan presentado enmienda alguna en el
debate que recientemente se suscitó en esta Cámara sobre la
modificación de la Ley de puertos.
Por todas esas razones, nosotros vamos a votar en contra de la toma
en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo
Mixto en esta Cámara.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LA
ASISTENCIA SANITARIA GESTIONADA POR LAS EMPRESAS COLABORADORAS EN EL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 122/000263.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández González, con
cuya intervención finaliza el debate sobre la proposición de ley del
Grupo Mixto, que suscribe el señor Rodríguez, y da paso a la que
corresponde al Grupo Socialista, sobre la integración de la
asistencia sanitaria gestionada por las empresas colaboradoras en el
Sistema Nacional de Salud, que será presentada, en nombre del grupo
proponente, por la señora Amador.
Señorías, quiero recordarles que las votaciones esta tarde se
producirán al finalizar cada uno de los bloques que constituyen el
orden del día; es decir, la primera votación será la de estas dos
proposiciones de ley, cuando concluya este debate, luego habrá que
esperar al debate de las tres proposiciones no de ley, dos de las
cuales se discutirán acumuladamente para producir una segunda
votación, y finalizaremos la sesión con una tercera que abarcará las
cuatro mociones consecuencia de las interpelaciones urgentes
debatidas la pasada semana.
Cuando quiera, señora Amador.
La señora AMADOR MILLÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, a partir del año 1982 los sucesivos
gobiernos socialistas impulsaron, dentro del desarrollo de un Estado
de bienestar entonces bien precario, la construcción y la extensión
del Sistema Nacional de Salud, caracterizado, como todas SS.SS.
conocen, por un Sistema Nacional de Salud con financiación pública
mediante impuestos, con cobertura universal a todos los ciudadanos y
en igualdad de condiciones para el acceso y con provisión
mayoritariamente pública. El edificio del Sistema Nacional de Salud
se fue construyendo mediante un conjunto de iniciativas de las cuales
la más importante, pero no la única, fue la Ley General de Sanidad de
1986. Por cierto, señorías, una ley, debida, sin duda, al impulso y a
la decisión política de los socialistas, pero una ley aprobada en
esta Cámara que nosotros, a diferencia de la portavoz popular que ha
intervenido con anterioridad, no calificamos de ley socialista, como
no calificamos de ley capitalista o de ley neoliberal otras leyes,
porque las leyes, señorías, se aprueban por el Parlamento.
Decía que la Ley General de Sanidad no es la única pero es una de las
medidas más importantes destinadas a dotar al sistema sanitario
público español de las características que he referido. Se integraron
en el Insalud los hospitales clínicos y la red de las diputaciones,
los cabildos y los ayuntamientos. Se modificó el sistema de
financiación de la sanidad en la Ley de presupuestos del año 1989,
pasando a financiarse la sanidad con impuestos. El Pacto de Toledo
consolidó un acuerdo político y social para financiar mediante
impuestos la prestación sanitaria con carácter universal. Y el
acuerdo de financiación para la sanidad, del año 1994, consolidó el
marco estable para la financiación del sistema. Se extendió la
cobertura a múltiples colectivos de personas, entre ellos, los
parados y sus familiares, en el año 1984; los trabajadores autónomos
y sus familias, en el año 1984; los descendientes hasta 26 años, en
el mismo año; los emigrantes y los descendientes de los mismos, en el
año 1987; las personas sin recursos, en el año 1989, etcétera. Pero,
señorías, el Gobierno del Partido Popular ha supuesto el freno, la
parada y la marcha atrás de este proceso de consolidación del Sistema
Nacional de Salud.
La primera señal de esta afirmación correspondió al fiasco de la
subcomisión parlamentaria creada al inicio de la legislatura. Ya
entonces el Grupo Parlamentario Socialista presentó un voto
particular a las conclusiones de la subcomisión, el 10 de octubre del
año 1997, en el que dejamos escrito que estaba roto el consenso
porque las conclusiones de aquella subcomisión suponían la ruptura
del modelo del Sistema Nacional de Salud al cuestionar el principio
básico del aseguramiento público, único y universal. Así quedó
escrito en el voto particular del Grupo Socialista y el tiempo, los
meses y las decisiones del Gobierno nos han dado la razón.
De forma taimada, diciendo una cosa y haciendo otra, el Gobierno del
Partido Popular ha ido socavando los cimientos del Sistema Nacional
de Salud y poniendo las bases para su propio modelo sanitario basado
en la competencia, en el aseguramiento. En contraposición a la
financiación mediante impuestos, ha abierto un espacio para la
financiación pública del seguro privado a través del artículo 42 de
la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Frente al aseguramiento universal del Sistema Nacional de Salud, ha
fomentado el aseguramiento privado en la Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas con la experiencia de Alcira y, ahora,
con la decisión adoptada sobre las entidades colaboradoras. En
contraposición a la provisión pública, ha propuesto el modelo Alcira
como experiencia a extender. Y ahora nos anuncia, señoras y señores
diputados, completar esta contrarreforma mediante la presentación de
una nueva ley sobre el Sistema Nacional de Salud. Por cierto,
señorías, señor presidente, este Gobierno, que hace permanente
ostentación de su desprecio al Parlamento, va a explicar, a través
del subsecretario de Sanidad, la nueva ley sobre consolidación y
modernización del Sistema Nacional de Salud en un foro especializado
que bajo el título de «Sanidad privada 99», subtítulo «La sanidad
privada en España y su papel dentro del Sistema Nacional de Salud»,
va a celebrarse, patrocinado por el sector asegurador privado, los
próximos días 27 y 28 de octubre. Y en el salón de actos de ese foro
el subsecretario de Sanidad y Consumo va a explicar el proyecto de
ley sobre consolidación y modernización sobre el Sistema Nacional de
Salud, del que nos enteramos por la publicidad de ese encuentro pero
no por los documentos y la información que se remite a esta Cámara. Y
recuerdo que estamos hablando de lo que el Gobierno llama proyecto de
ley.
Pues bien, dentro de este marco que he sintetizado, dentro de estas
decisiones que suponen un gravísimo retroceso en ese largo proceso
iniciado por el Partido Socialista de construcción del Sistema
Nacional de Salud, el régimen de colaboración de las empresas tiene
la enorme relevancia de fomentar el aseguramiento financiado
públicamente para la actividad privada cuando no existe hoy
justificación alguna para el mantenimiento de esa situación, porque,
señor presidente, en primer lugar la asistencia sanitaria desde 1999
ha pasado a ser financiada por impuestos, y por tanto no es de
aplicación lo previsto en la Ley de Seguridad Social porque no hay
cotización social que puedan desgravarse las empresas, y en segundo
lugar, señor presidente, porque la asistencia sanitaria hoy en España
no es gestionada por la Seguridad Social, al menos para el 62 por
ciento de la población, para el que está transferida y es gestionada
por los servicios de salud de las comunidades autónomas. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
En estas condiciones, señoras y señores diputados, mantener la
decisión que el Gobierno ha adoptado a través de la aprobación de un
crédito extraordinario, mediante el cual 17.000 millones de pesetas
van a financiar con dinero público seguros privados para los
empleados de 36 empresas, carece de cualquier justificación y rompe
el modelo sanitario público. Por eso el Partido Socialista y el Grupo
Parlamentario Socialista traen hoy aquí para que se tome en
consideración nuestra proposición de ley, que lo que propone es
acabar con esta situación, integrar a los empleados de esas empresas
en el régimen general sanitario del Sistema Nacional de Salud en las
mismas condiciones que el resto de los españoles, y por tanto no
consolidar excepciones y no derivar financiación pública para el
sector privado, que tiene todo el derecho a competir pero no a tener
mercados cautivos que el Gobierno le garantice con financiación
pública.
Señoras y señores diputados, esperamos con verdadero interés cuál va
a ser la fijación de posición y la posición que el Grupo
Parlamentario Popular va a expresar hoy aquí en la Cámara y en este
Pleno, porque lo que se dice por los pasillos es conocido de todos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra?
(Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre de Nueva Izquierda vamos a apoyar la proposición
de ley del Grupo Socialista por considerar que la misma es coherente
con los objetivos que se persiguen por parte de la actual regulación
del Sistema Nacional de Salud. Este tema ya ha sido debatido con
anterioridad en esta Cámara. Recordaría a SS.SS. el debate que se
celebraba el 11 de marzo de este año en torno a un real decreto-ley
de crédito extraordinario precisamente para pagar a las empresas que
recurrían a este procedimiento de atender por ellas mismas la
asistencia sanitaria por contingencias comunes, abonarles
directamente una cantidad en la medida que el sistema que se había
utilizado anteriormente -una bonificación de cuotas a la Seguridad
Social- ya no tenía cabida legal en nuestro ordenamiento jurídico
tras el Pacto de Toledo y la prohibición de que se destinaran cuotas
sociales o una parte de las cuotas sociales a pagar prestaciones
universales como es la asistencia sanitaria.
En aquel debate, en la presentación por parte del ministro de Sanidad
y Consumo del citado real decreto-ley, se terminaba diciendo por
parte del ministro de Sanidad que en estos momentos -marzo de 1999-,
se está revisando la legislación vigente para empresas colaboradoras,
que data de 1996 y de 1980, para que este régimen de provisión se
adecue al marco de aseguramiento universal público, a los principios
de equidad y a las líneas de modernización del Sistema Nacional de
Salud que defendemos.
Este anuncio hecho en aquel momento por parte del ministro de
Sanidad, en marzo de este año 1999, hace más de seis meses, dio lugar
a que por parte de este diputado se formulara una pregunta escrita al
Gobierno, instándole a cuál era el estado de elaboración de esa
normativa. Recientemente hemos recibido la respuesta del Gobierno. En
la misma se dice que se han iniciado los estudios pertinentes. Se
avanza poco más de lo que ya se dijo el 11 de marzo, a pesar de que
han transcurrido seis meses. No obstante, quiero coger la parte
positiva de esa respuesta, y el último párrafo de la misma dice: El
Gobierno ha iniciado los estudios pertinentes para dar una solución
de futuro a las empresas colaboradoras, no descartándose la
posibilidad de modificar sustancialmente la situación vigente de los
años sesenta, analizando con detalle las posibles repercusiones que
tal modificación pudiera tener.
Quiero dirigirme al Grupo Popular, en la medida en que es el
principal grupo de la Cámara, para decirle que efectivamente
desearíamos que fuera verdad lo que ahí se indica, y que si fuera
coherente con esa posición terminara votando favorablemente esta
proposición de ley, porque se podrá discrepar de matices de la misma,
ya habrá trámite adecuado parta eso; pero en el fondo y sin lugar a
dudas esa proposición de ley del Grupo Socialista pretende situar el
régimen jurídico de las empresas colaboradoras en el marco lógico y
coherente del conjunto de principios que informan el Sistema Nacional
de Salud. Ésa es una realidad indudable. Yo creo que es bueno tener
en cuenta esa perspectiva y no la de mirar al pasado y decirle al
portavoz o a la portavoz socialista en este caso concreto, qué
hicieron ustedes, etcétera. Ellos establecieron esos principios,
fueron adecuando progresivamente la realidad a esos principios y es
verdad que este tema quedaba pendiente. Ahora es el momento de
ajustar esta realidad a esos principios que teóricamente seguimos
compartiendo; pero tengo que decirle al portavoz del Grupo Popular
que, quizá no sé si por falta de sintonía dentro del propio Gobierno,
es bueno que se reconozca que se ha producido un cambio significativo
debido a este Gobierno en este tema y que empeora la situación.
En efecto, la reciente reforma fiscal y del IRPF, muy reciente y obra
de este Gobierno, introduce un factor distorsionador muy grave, con
el hecho de que las empresas puedan desgravar las cuotas o primas
satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de la
enfermedad común del trabajador, en las condiciones y con los límites
que reglamentariamente se establezcan, en definitiva una menor
tributación sobre beneficios, y por otra parte no se considera una
retribución en especie dicho complemento. lo que implica una menor
retribución de las rentas más altas. Estamos hablando, como sabe
perfectamente el portavoz del Grupo Popular y saben SS.SS., de un
número muy reducido de grandes empresas y de un número limitado, en
torno a 300.000 trabajadores pertenecientes a esas grandes empresas y
con una situación excepcional en relación con la del resto de
trabajadores de nuestro país. Nosotros creemos que estos cambios que
se han producido bajo el Gobierno del Partido Popular, unidos a la
necesidad de establecer la lógica coherencia en todo el sistema,
deben conducir a que efectivamente los fondos públicos destinados a
la sanidad vayan al Sistema Nacional de Salud y no vayan, como ahora,
a entes privados que prestan el servicio a empresas normales
productivas que se benefician de un trato fiscal favorable, ni a un
conjunto de trabajadores que tienen una situación excepcional. Estas
excepciones es bueno que se terminen, porque son discriminaciones hoy
históricamente injustificadas, incoherentes y porque lo reclama la
mejoría y el tratamiento unitario del Sistema Nacional de Salud.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como se ha dicho, esta proposición de ley tiene como finalidad
integrar en el Insalud -aunque en el título se lee en el Sistema
Nacional de Salud- la asistencia sanitaria prestada por las empresas
colaboradoras
reguladas en el artículo 77 de la Ley general de Seguridad Social,
que prevé una prestación económica de incapacidad temporal, una
prestación por enfermedad común y una prestación para accidente no
laboral.
La iniciativa propone que se logre una integración de los
beneficiarios de dicha asistencia, proveyéndoles de una tarjeta
sanitaria individual y asignándoles médico general y pediatra. Este
asunto, que ya se ha traído a esta Cámara en diversas ocasiones, nace
de la Ley de Presupuestos de 1999, por la que la cobertura sanitaria
se financia totalmente con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, sin intervención alguna de los ingresos derivados de
cotizaciones sociales, siguiendo lo recomendado en el histórico Pacto
de Toledo.
Hasta ahí estamos plenamente de acuerdo, pero no estamos conformes
con el procedimiento jurídico, o mejor dicho con la redacción de esta
iniciativa legislativa, que desde nuestro punto de vista y dicho sea
con el máximo respeto contiene verdaderos defectos jurídicos,
formales si se quiere pero que afectan a los principios de legalidad
y de seguridad jurídica consagrados en todas las constituciones
occidentales. Por ejemplo, consideramos que no tiene virtualidad
derogatoria el hecho de que en una acertada ley se separen las
fuentes de financiación, sino que sería necesaria una ley derogatoria
expresa y concreta; además, tal como está redactado el artículo
primero afectaría a la vigencia de la institución. En segundo lugar,
sería necesaria una normativa para la necesaria y progresiva
incorporación de los 219.000 trabajadores que resultarían afectados,
y para resolver otras situaciones transitorias como las consecuencias
que se derivarían para las 25 empresas que en la actualidad están
autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para
realizar esa actividad. ¿Qué van a hacer estas empresas con sus
instalaciones, con su equipo material, con su inmovilizado, con sus
compromisos con profesionales propios y ajenos, etcétera? Éstas son
las razones básicas -entre otras más que existen- del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria para votar en contra de la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el
señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista
sobre integración de la asistencia sanitaria gestionada por las
empresas colaboradoras en el Sistema Nacional de Salud pretende
suprimir el modelo de colaboración de las empresas en la gestión de
la Seguridad Social, para lo cual aduce una serie de principios en su
exposición de motivos que desde nuestro punto de vista no justifican
esta propuesta. Me refiero, por ejemplo, al carácter universal de la
asistencia sanitaria, la desvinculación de la asistencia sanitaria de
las relaciones laborales o la financiación del sistema sanitario a
través de los Presupuestos Generales del Estado, y no de la Seguridad
Social, de acuerdo con una de las propuestas del Pacto de Toledo
sobre separación de fuentes de financiación, principios con los que
estamos de acuerdo, como no podría ser de otra forma, pero ¿qué tiene
que ver que la sanidad tenga carácter universal o que sus fuentes de
financiación procedan de tributación impositiva o de cotización de la
Seguridad Social para que desaparezca un modelo de colaboración con
el sistema? Esto es lo que verdaderamente no llegamos a ver. Quizá
sería conveniente recordar a SS.SS. que dentro de lo que podemos
llamar el sistema nacional de protección social, dentro del sistema
de la Seguridad Social o dentro del Sistema Nacional de la Salud
según el recorrido histórico que hagamos, ha estado incluido el
modelo de colaboración de las empresas; por tanto este modelo de
colaboración ha pertenecido al sistema nacional desde su regulación
en 1966. Además, dentro del marco establecido se ha responsabilizado
de prestar la cobertura sanitaria y la incapacidad temporal a sus
trabajadores garantizando la misma amplitud en la cartera de
servicios, es decir el catálogo de prestaciones que el sistema
nacional. En este momento son 600.000 personas, trabajadores más sus
beneficiarios, los que están acogidos a este sistema, que reciben
satisfactoriamente su cobertura y que, además, han valorado
positivamente tanto los agentes sociales como las empresas y los
propios usuarios la utilización del sistema. Este modelo nada tiene
que ver con la privatización de la sanidad ni con las compañías del
seguro privado de enfermedad que seleccionan el riesgo por edad,
sexo, patologías, etcétera, y que configuran un sistema privado
adicional y ajeno al sistema nacional; no tiene nada que ver con este
sistema. Las empresas colaboradoras lejos de esto se obligan a
proteger a todos sus trabajadores y a sus familias, sin selección de
riesgos ni personas y garantizando la misma protección que el Sistema
Nacional de la Salud. En consecuencia, el sistema de colaboración de
las empresas, en primer lugar no atenta a la equidad de la población
protegida porque establece una cobertura sanitaria al menos igual que
la del sistema sanitario público; en definitiva, el sistema público
vela por esas garantías. En segundo lugar, coadyuva al equilibrio del
sistema sanitario nacional, eliminando las desviaciones
presupuestarias en estas partidas, ya que en su caso son asumidas de
forma completa por las empresas colaboradoras. Y en tercer lugar, es
valorado muy positivamente, como he dicho antes, por los trabajadores
que reclaman el respeto a su modelo de protección porque no perjudica
al Sistema Nacional de la Salud.
Por lo que se refiere a la separación de fuentes de financiación que
se establece en el Pacto de Toledo
-y con la que estamos de acuerdo-, el Pacto de Toledo incluye como
primera recomendación la separación y clarificación de las fuentes de
financiación. Efectivamente, recomienda que se adopten las medidas
necesarias para profundizar progresivamente en la dirección de separar
las fuentes de financiación destinadas a las cotizaciones sociales, a
la cobertura de las prestaciones contributivas y las aportaciones del
presupuesto del Estado a las garantías de las prestaciones no
contributivas, entre ellas la sanidad; pero como he dicho al
principio, no podemos basarnos en esta recomendación para eliminar el
sistema de colaboración en la gestión sanitaria de la incapacidad
temporal. La separación de fuentes sólo pretende clarificar el origen
de la financiación, no cuestiona el modelo sanitario. En esta línea,
cuando la Ley 66/1997, del 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, en su disposición transitoria
sexta dicta que la colaboración para las contingencias de la
incapacidad temporal seguirá deduciéndose de las cotizaciones
sociales y que la contingencia de asistencia sanitaria, y sólo para
las empresas que vinieran colaborando con anterioridad a la
mencionada ley, se establecerá a través de la compensación económica
en función de los trabajadores protegidos y sobre la base de los
costes medios del Insalud, quedan claramente separadas las fuentes de
financiación, en coherencia con la recomendación primera del Pacto de
Toledo y su estricto cumplimiento.
Estamos de acuerdo en que debe plantearse la adecuación normativa del
artículo 77.1.b de la Ley general de la Seguridad Social para
adaptarlo a la nueva situación de fuentes de financiación,
modificándolo en cuanto a su redacción y estableciendo dentro de la
orientación de la disposición transitoria sexta de la Ley 67/1997
mencionada otro procedimiento para la financiación sanitaria con
aportaciones del presupuesto del Estado. Este nuevo procedimiento
entendemos que deberá regularse en base a las directrices marcadas
precisamente por la Ley 66/1997, mediante una serie de parámetros de
actuación, como por ejemplo circunscribirse a las empresas con
autorización para la colaboración en la contingencia sanitaria,
respetando los principios necesarios de solidaridad con el Sistema
Nacional de Salud y en consonancia con sus costes medios,
estableciendo un catálogo de prestaciones regulado por el Gobierno en
cuanto a recursos sanitarios exigibles a las empresas y su
acreditación, y todo ello siempre bajo el control público establecido
por el Gobierno y con la participación de los trabajadores en sus
órganos de gestión. Entendemos que esto sí se debe hacer. Estos
parámetros de actuación, desde nuestro punto de vista en nada rompen
con la recomendación del Pacto de Toledo ni con la intervención
exigente de la autoridad sanitaria, ni con el compromiso de las
empresas en su colaboración con el Sistema Nacional de la Salud.
En cualquier caso, señorías, ¿por qué no dejamos el debate para que
sea la Comisión del Pacto de Toledo recientemente creada la que pueda
estudiar esta situación dentro de las reformas que propongan? Me
parece que sería mucho más indicado que pretender establecer ahora un
cambio en un modelo que en algunos casos efectivamente puede tener
deficiencias, pero ¿es el modelo el que tiene deficiencias? Pueden
ser los agentes que están dentro de ese modelo. Pues hagamos que
cumplan las exigencias que sean precisas, no vayamos a romper el
modelo porque hay algunos que no lo cumplen. Exijamos que lo cumplan.
Por eso, desde nuestro punto de vista creemos que este modelo está
dando resultado; además incluso tenemos la oportunidad de debatir en
el futuro sobre el mismo. Por ello, creemos que esta proposición de
ley que presenta el Grupo Socialista no es el momento ni la vía
adecuada, con lo cual anuncio desde ahora que mi grupo parlamentario
votará en contra de la misma.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene
la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
En la exposición de motivos de la proposición de ley que debatimos,
el Grupo Socialista proponente expresa que una vez culminado en el
presente ejercicio de 1999 el proceso de financiación del Sistema
Nacional de Salud a través de los ingresos del Estado, y por
consiguiente habiéndose ya extinguido la financiación proveniente de
las cuotas de la Seguridad Social de conformidad con las
recomendaciones del Pacto de Toledo, resulta anacrónico -en propia
expresión del grupo proponente- el artículo 77 del texto refundido de
la Ley general de la Seguridad Social, Real decreto legislativo
1/1994.Partiendo de esta premisa, el grupo proponente formula la
proposición de ley con la finalidad de suprimir de forma automática
la modalidad de empresas colaboradoras del sistema de salud,
estableciendo una relación directa entre la finalización de la
financiación con cuotas de la Seguridad Social del Sistema Nacional
de Salud con la desaparición de la figura de las empresas
colaboradoras. En este sentido, el artículo primero de la proposición
de ley que presenta el Grupo Socialista persigue este objetivo. Pero
mi grupo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no
cree que el texto del artículo primero se ajuste tan siquiera a lo
que debería ser en todo caso una derogación del epígrafe b) del
número 1 del artículo 77 de la Ley general de la Seguridad Social.
Aprecia, pues, mi grupo parlamentario un defecto de forma en el
propio texto del articulado; pero es que además también discrepamos
del fondo del planteamiento. La aparente contradicción que quiere
evidenciar el grupo proponente pensamos que quedó corregida en la
disposición transitoria sexta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de medidas administrativas y de orden social.
La proposición del Grupo Socialista fija en el artícu-lo 2.o el
criterio de cómo se efectuaría el traspaso de beneficiarios de un
sistema de gestión a otro, proveyendo al usuario de la tarjeta
sanitaria asignándole médico general y pediatra y en el artículo 3.o
fija a través de una enmienda del propio grupo la cantidad en que
debería incrementarse la financiación del Sistema Nacional de Salud y
el criterio de reparto entre las distintas comunidades autónomas con
gestión transferida y el Insalud.
Mi grupo no considera acertado debatir el futuro de las empresas
colaboradoras en la gestión del Sistema Nacional de Salud de forma
aislada. Creemos en todo caso que de producirse este debate debería
hacerse de forma más amplia, donde también se discutiera sobre otras
modalidades de prestación que se dan en el sistema, como los
regímenes especiales de Muface, de Mugeju o de Isfas. Tomar una
decisión aislada podría ser además de precipitado contrario a lo que
sin duda todos perseguimos, incluido naturalmente el grupo
proponente, el Grupo Socialista, y es que cualquier decisión que
tomemos sobre el Sistema Nacional de Salud implique mejoras sobre los
usuarios del sistema.
Por todo lo expuesto, señor presidente, mi grupo parlamentario
anuncia su voto en contra a la toma en consideración de la presente
proposición de ley.
Nada más y muchas gracias,
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Riera.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a
apoyar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotros creemos que la voluntad, quizás el espíritu que en mayor
medida impregnaba la Ley general de Sanidad de 1986 era el afán de
terminar con la enorme dispersión de competencias de instituciones
interviniendo en la atención sanitaria en detrimento del más
elemental criterio de eficacia. La integridad en el sistema sanitario
era uno de los principios a los cuales se aludía con mayor
insistencia en la exposición de motivos de la mencionada replay. Que
15 años después el Grupo Parlamentario Socialista entienda que
aduciendo motivos presupuestarios ha llegado el momento para dar un
pequeño paso en la unificación de todos los regímenes y las redes
sanitarias nos parece una buena noticia. Es verdad que quedan pasos
por dar; es verdad, como decía la señora Riera hace un momento, que
quedan otros regímenes por integrar, pero a nosotros nos parece que
no es de recibo aludir a lo que queda por hacer para no apoyar este
pequeño primer paso en ese sentido.
Tampoco compartimos lo que otros grupos han manifestado, esto es que
no hay selección de riesgos. Las entidades colaboradoras por
definición atienden al segmento de población que por su edad tiene
menos riesgos desde el punto de vista sanitario, es decir los
trabajadores en activo junto con sus familias. La población
envejecida, los jubilados y pensionistas, los mayores de 65 años
salen en su mayor parte de este sistema, siendo interesante para
estas empresas desde el punto de vista estrictamente económico el
mantenimiento de su relación con el sistema sanitario, evidentemente
en detrimento de la equidad y de la calidad para el resto de la
ciudadanía.
Por todo ello, señorías, sin negar que otros pasos, como la
desaparición de Muface o de los regímenes especiales es asimismo una
exigencia de racionalidad y de eficacia en el sistema sanitario, el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a apoyar la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Villalón.
El señor VILLALÓN RICO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Popular
para fijar la posición respecto a esta proposición de ley presentada
por el Grupo Socialista, sobre la integración de las empresas
colaboradoras en el Sistema Nacional de Salud. De esta proposición
que consta de tres artículos y una disposición final, se pueden hacer
diferentes consideraciones dependiendo de que la lectura sea
política, presupuestaria o de gestión. Sin embargo, con el permiso
del señor presidente e indistintamente de estas consideraciones a las
que más tarde haré referencia, habría que hacer una valoración global
de lo que es la iniciativa de esta proposición de ley que, desde el
punto de vista técnico, consideramos una chapuza legislativa por
parte del Grupo Socialista. Me voy a explicar, señor presidente. Mi
intervención a lo largo de esta tarde va a ir dirigida en dos
sentidos. Por un lado, a lo que es la técnica legislativa en relación
con esta proposición de ley y, por otro, la lectura política de las
consecuencias si en su momento aprobáramos esta proposición de ley.
Esta iniciativa pretende suprimir de forma automática la modalidad de
colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad
Social prevista en el punto b) del apartado 1 del artículo 77 de la
Ley General de Seguridad Social, Texto Refundido, aprobado por real
decreto legislativo 1/1994, que consiste en la gestión por las
empresas de la prestación económica de incapacidad temporal y de la
asistencia sanitaria derivadas de la enfermedad común y accidente no
laboral. Decía yo que era una chapuza, que es mala técnicamente desde
el punto de vista legislativo, porque presenta importantes defectos
que afectan a los principios de legalidad y seguridad jurídica que
consagra la Constitución.
La proposición carece del fundamento legal en el que se ampara, pues
ni el hecho de la separación de las fuentes financieras, al que se
han referido algunos otros diputados que han intervenido, en el
sistema de la Seguridad Social ni la naturaleza estatal de la fuente
de la financiación del Sistema Nacional de Salud produce los efectos
derogatorios que la portavoz del Grupo Socialista ha formulado en su
intervención.
Bien es cierto que el efecto derogatorio que se establece en el
artículo primero de la proposición de ley alcanza únicamente a la
parte de lo que podíamos llamar la financiación, pero no a la
vigencia de la institución en cuanto al derecho a colaborar en la
gestión de las prestaciones derivadas de las contingencias comunes,
por lo que si tomáramos en consideración esta proposición de ley
entraríamos en la contradicción de mantener las empresas
colaboradoras, pero sin financiación. Es decir, para hacer las cosas
bien, el Grupo Socialista tendría que haber redactado un artículo que
derogara uno de los apartados que anteriormente se ha dicho, el
epígrafe b) del apartado 1 del artículo 77 de la Ley General de la
Seguridad Social. También consideramos una grave incorrección desde
el punto de vista técnico-legislativo que se impute a la Ley de
Presupuestos de 1997 la supuesta privación de eficacia del epígrafe
apartado 1 que, como antes ha dicho algún otro diputado, hace la
separación de las fuentes de financiación, pero no tiene nada que
ver, en relación con otros apartados, con lo que son las empresas
colaboradoras.
En resumen, señor presidente, la redacción de esta proposición de ley
es mala técnicamente. Nos resultaría imposible tomarla en
consideración, aunque tuviéramos la intención política de asumir lo
que es la filosofía o la finalidad de la iniciativa parlamentaria, y
entrando en este terreno de la finalidad política de la iniciativa se
me ocurren algunas cuestiones porque no sé si en el grupo proponente
se habrán preguntado sobre las consecuencias y si algún miembro del
Grupo Socialista habrá valorado las consecuencias negativas de la
toma en consideración de esta proposición y la posterior aprobación
de la ley. ¿Alguien ha tenido en cuenta la repercusión social de las
medidas que se proponen, que afectan a 219.000 trabajadores y sus
familias, que se verían perjudicados en la calidad y en la eficacia
de la asistencia sanitaria? ¿Alguien ha valorado las consecuencias
que se derivarían para las 35 empresas que están autorizadas por el
Ministerio de Trabajo? ¿Alguien se ha planteado qué sucedería con las
instalaciones, con los equipos sanitarios, con los profesionales,
tanto los que prestan asistencia sanitaria como los que se ocupan de
la gestión administrativa, si se tomara en consideración esta
proposición de ley que indica que de forma automática se derogue el
sistema establecido? ¿Alguien ha realizado algún estudio sobre la
capacidad de absorción por parte de los servicios públicos de salud
de la asistencia sanitaria de estos trabajadores que reciben la
prestación sanitaria a través de las empresas colaboradoras? ¿Alguien
ha contrastado la opinión de los que podríamos denominar afectados,
es decir, de las empresas colaboradoras y de los trabajadores que
trabajan en esas empresas? Me da la sensación de que esta proposición
de ley no se ha presentado por el interés general sino por el interés
de algún sector del Grupo Socialista, porque tengo entendido que no
todos en el Grupo Socialista están en la línea de lo que se ha
presentado en esta proposición de ley.
Termino, señor presidente, diciendo que como es evidente el Grupo
Popular no va a apoyar la toma en consideración de esta proposición
de ley, atendiendo a los criterios políticos de gestión sanitaria y,
como decía antes, desde el punto de vista de técnica legislativa,
porque creemos que el interés general va por otros derroteros.
La verdad es que en el Sistema Nacional de Salud, que nosotros
tenemos establecido financiado estatalmente, la figura de las
empresas colaboradoras podríamos denominarlo como algo extraño y esta
es la valoración que hemos hecho a lo largo de los últimos meses. El
señor Peralta hacía referencia a unas manifestaciones por parte del
Gobierno y por parte de algunos diputados del Grupo Popular en las
que indicábamos que había que estudiar conjuntamente no sólo con los
sectores implicados en este problema -si se me permite la expresión-,
sino también con los diferentes grupos parlamentarios que están en
esta Cámara, un proceso ordenado de integración de las empresas
colaboradoras en el Sistema Nacional de Salud en el que nadie salga
perjudicado y que merece la pena esperar algún tiempo, un tiempo
prudencial, para dar solución a lo que antes definía yo como figura
extraña dentro del Sistema Nacional de Salud. La realidad es que, por
lo que hemos visto a lo largo de este debate, por lo que ha
manifestado el Gobierno y por lo que manifiesta el Grupo Popular, no
sólo estamos preocupados nosotros, sino incluso los grupos que han
propuesto y que van a apoyar esta iniciativa, y también lo están, por
las manifestaciones que leo en diferentes ámbitos, aquellos a los
cuales se les aplica la proposición de ley, me estoy refiriendo
lógicamente a las empresas colaboradoras y a los trabajadores.
Como es bueno tener en cuenta lo que consideran todas las partes,
sería interesante acudir a un estudio-auditoría que han hecho las
empresas colaboradoras, en el que ellos se plantean algunos de los
problemas que nos hemos expuesto a lo largo de esta tarde y donde
presentan unas conclusiones y manifiestan que es posible que las
entidades colaboradoras se transformaran en empresas de asistencia
sanitaria y que el Gobierno regulará aspectos tales como los recursos
sanitarios, la acreditación de recursos, la concertación, cartera de
servicios y controles.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Villalón,
le ruego que concluya.
El señor VILLALÓN RICO: Enseguida termino, señor presidente.
Esas son propuestas que hacen las empresas colaboradoras pero, ítem
más, señor presidente, no solamente las empresas colaboradoras, sino
los mismos trabajadores de esas empresas colaboradoras a través de
sus representantes sindicales. Aquí tengo a su disposición este
documento de la central sindical UGT, que consta de diez puntos para
modificar lo que son las empresas colaboradoras, y que coincide con
lo que estamos manifestando a lo largo de esta tarde y con lo que
dicen las empresas colaboradoras. Entre algunas de las cosas que se
dicen, la central sindical UGT manifiesta que estas empresas
colaboradoras pueden transformarse en entidades que presten servicios
sanitarios. Repito, es una propuesta de la UGT. Es decir, en este
momento hay un abanico social sobre el que repercute esta iniciativa
parlamentaria: los grupos parlamentarios de la
Cámara que constituyen
la mayoría, las empresas colaboradoras y el sector sindical.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Villalón,
S.S. debe concluir.
El señor VILLALÓN RICO:. Ya termino, señor presidente y le quedo muy
agradecido por la deferencia de dejarme dos minutos más para terminar
mi intervención.
Por todo esto, estamos abiertos a soluciones que, a largo de los
próximos meses, podamos entre todos llevar a cabo. Por el interés
general, por una de las propuestas que en este momento se han hecho
por las empresas colaboradoras y por los trabajadores y por las
propuestas que hacen los diferentes grupos parlamentarios, vamos a
votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de
ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Villalón.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a las votaciones
correspondientes a las proposiciones de ley, querría someter al Pleno
por asentimiento el acuerdo de la Junta de Portavoces de modificar el
orden del día de este Pleno, en el sentido de que el punto 3 pase a
tramitarse después de los puntos 4 y 5. Así lo ha acordado la Junta
de Portavoces. ¿Lo acuerda también el Pleno? (Asentimiento.) Muchas
gracias, señorías.
Pasamos, en consecuencia, a la votación, en primer lugar, de la
proposición de ley del Grupo Mixto, señor Rodríguez, de modificación
de la Ley número 27, de 24 de noviembre de 1992, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 141; en contra, 155.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición de ley del Grupo Socialista, sobre la integración de la
asistencia sanitaria gestionada por las empresas colaboradoras en el
Sistema Nacional de Salud.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 137; en contra, 158.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada la proposición de ley
del Grupo Socialista.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A UNA TARIFA PLANA
TRANSITORIA PARA LOS USUARIOS Y USUARIAS DEL SISTEMA DE TRAMITACIÓN
DE DATOS A TRAVÉS DE LAS REDES HASTA QUE NO TENGAN ACCESO A LA TARIFA
PLANA ASOCIADA A ALGUNA NUEVA TECNOLOGÍA. (Número de expediente
162/000358.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE NECESIDAD
DE DOTAR DE UNA TARIFA PLAZA A LOS USUARIOS DE INTERNET. (Número de
expediente 162/000341.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto II, proposiciones no de ley,
comenzando por la tramitación conjunta de los puntos 4 y 5, como
acaba de aprobarse.
Proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a una tarifa
plana transitoria para los usuarios y usuarias del sistema de
transmisión de datos a través de las redes hasta que no tengan acceso
a la tarifa plana asociada a alguna nueva tecnología, proposición que
se tramitará, como hemos dicho, conjuntamente con la de Izquierda
Unida, sobre necesidad de dotar de una tarifa plana a los usuarios de
Internet.
Para la presentación ante el Pleno de la iniciativa del Grupo
Socialista tiene la palabra don Alfredo Pérez Rubalcaba. (Rumores.)
Señorías, por favor, quienes hayan de abandonar el hemiciclo, háganlo
ya porque ha de continuar el orden del día y comenzar el debate de
las anunciadas proposiciones no de ley. Señor Cuesta y compañía, por
favor. Señora Frías, doña Milagros, por favor. Señor Cárceles Nieto,
don Antonio Luis, por favor. Señor Belloch, don Juan Alberto ¡Señor
Belloch, por favor!
(Pausa.)
Adelante, señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente. Subo a
esta tribuna para defender por segunda vez en esta legislatura, en
nombre del Grupo Socialista, una proposición no de ley solicitando al
Gobierno que regule la aplicación de una tarifa plana para los
usuarios residenciales de internet.
Que un grupo parlamentario insista por dos veces consecutivas en una
Cámara en relación con una proposición, no es ninguna novedad.
Nosotros, los socialistas, lo hemos tenido que hacer hasta cuatro
veces para conseguir que el Gobierno subiera las pensiones mínimas.
Aún así, lo ha hecho tarde, mal y, en todo caso, a regañadientes. Por
tanto, no sería una novedad que propusiéramos por segunda vez la
implantación de una tarifa plana en Internet. La novedad reside en
que hace un año, en esta misma Cámara, se aprobó por unanimidad de
todos los grupos parlamentarios, y eso incluía al
Grupo Popular, una
proposición no de ley muy parecida a la que hoy vamos a discutir, por
la cual se instaba al Gobierno, que tiene competencias para ello, a
implantar una tarifa plana para que pudieran utilizar los internautas
residenciales, aquellos que usan el Internet en sus domicilios. Es
verdad que se hizo, no diría en contra del Grupo Popular, porque no
sería la verdad, puesto que la votó, pero con el Grupo Popular a
rastras.
Se argumentó aquí en esta tribuna por parte del grupo mayoritario de
esta Cámara que no quería esa proposición no de ley. Luego no
tuvieron más remedio que votar porque se quedaron solos. No es la
primera vez que sucede. La soledad no les gusta. Votaron sin querer
aplicar la proposición no de ley, votaron para no perder, y el
resultado lo tenemos hoy aquí un año después. Porque en este momento,
señorías, un año después de aprobada la proposición no de ley por la
que se instaba al Gobierno a establecer una tarifa plana, la realidad
es que, que yo sepa hasta este momento, ningún internauta en España
puede utilizar tarifa plana para conectar a Internet. Es verdad que
alguno lo podrá hacer dentro de pocos días o de pocas semanas porque
están aprobados los planes de Telefónica. No es menos cierto que, si
lo hace, lo hará pagando más de diez mil pesetas al mes, que es una
cifra considerablemente superior de aquella de la que hablábamos aquí
en el debate hace un año, si no recuerdo mal cinco mil pesetas,
exactamente el doble. Por tanto, no se ha cumplido lo que se dijo, se
ha tardado un año, se ha cumplido con cicatería y se ha duplicado el
precio que este Congreso estimó por unanimidad útil y necesario para
poderse conectar a Internet desde su casa y, lo más importante, no se
ha hecho para todos los internautas, puesto que sólo podrán conectar
aquellos que vivan en algunas ciudades en las cuales Telefónica ha
tenido a bien implantar una nueva tecnología, a la que me referiré
posteriormente. Eso es así. (El señor vicepresidente, Companys
Sanfeliu, ocupa la Presidencia.) Estas cifras están muy lejos de las
que hablábamos aquí en este Pleno y de las que se habló poco tiempo
después en noviembre del año pasado en la Comisión de
Infraestructuras, donde también por unanimidad se aprobó una
proposición no de ley con el mismo sentido al que me refería antes de
la proposición aprobada en el Pleno, a propuesta de Convergència i
Unió.
Señorías, se han incumplido dos proposiciones parlamentarias
aprobadas por unanimidad en el Pleno y en la Comisión de
Infraestructuras de esta Cámara. Sin embargo, no es únicamente un
desaire parlamentario, que lo es, ni tampoco sería una novedad ese
desaire; es además un incumplimiento de una promesa que el propio
presidente del Gobierno, señor Aznar, realizó aquí en esta Cámara, a
preguntas de una diputada del Grupo Popular, cuando afirmó que habría
tarifa plana para los internautas residenciales. Es cierto que no se
pilló los dedos. Habló de un período dilatado, de tres años, y en
ningún caso estableció cuantías. Por tanto, no le podemos decir hoy
al presidente del Gobierno que ha incumplido una promesa que ha
establecido en esta Cámara; no es verdad, no la ha incumplido porque
ni habló de cuantías ni habló de tiempo. Ahora, les voy a decir una
cosa: no estamos dispuestos a que nuestro presidente de Gobierno
quede por mentiroso después de lo que ha dicho aquí en esta Cámara y
habrá tarifa plana. Señores del Gobierno, que veo que no están,
señores del Grupo Popular, habrá tarifa plana como ha habido subida
de las pensiones, la habrá porque no vamos a cejar en nuestro empeño
de que este Congreso apruebe una tarifa para los usuarios
residenciales que permita estimular, incentivar el uso de Internet.
Esa es la razón por la que hoy traemos una nueva proposición no de
ley, para que nuestros internautas, los que son y los que quieren
ser, puedan acceder a Internet a un precio asequible, porque ese es
el problema, que haya tarifa plana y que la haya a un precio
asequible. Por cierto, para todos los españoles, vivan donde vivan.
Ahora que vemos una genuina preocupación en el Partido Popular en
relación con la igualdad de todos los españoles en todas las
comunidades autónomas -eso sí, después de haber roto la igualdad de
rentas, puesto que los señores del Grupo Popular saben que ya podemos
pagar distintos impuestos según la comunidad autónoma en la que
vivamos-, les admito esa preocupación, les llamo a ella y les digo
que lo que hoy traemos aquí trata de evitar justamente la situación
actual, en la cual unos ciudadanos por vivir en grandes ciudades
acceden a la tarifa plana -eso sí carísima, pero acceden- y otros no
lo hacen y seguramente, señores del Grupo Popular, no lo harán nunca
porque la tecnología que lo permite no se va a extender nunca a todo
el territorio de España.
Por tanto, hoy traemos aquí una propuesta y la denuncia de un
incumplimiento del Gobierno, que ha incumplido dos resoluciones
aprobadas por unanimidad de esta Cámara, y de un engaño -el de la
propaganda oficial-, que ha venido machacando día a día con el asunto
de la tarifa plana, sin que al día de hoy haya ningún español que
pueda conseguir tarifa plana cuando accede a Internet porque no
existe. Habrá para algunos dentro de poco y en todo caso será muy
cara.
Hay algún incumplimiento más, porque en las dos proposiciones no de
ley a las que me vengo refiriendo se solicitaba del Gobierno también
que le pidiera a Telefónica que no cobrara a los internautas por las
llamadas fallidas a Internet, que se producen y mucho, y el Gobierno
no ha hecho nada, como dice la canción, nada de nada, absolutamente
nada. Llamo su atención, señores del grupo mayoritario de esta
Cámara, que votaron también estas dos proposiciones no de ley, sobre
el hecho de que ha habido una sentencia que dice que los que reclaman
contra ese cobro de llamadas fallidas tienen razón y que Telefónica
debería devolverles el dinero que les ha cobrado indebidamente, y que
si no lo hace es porque no existe ninguna normativa del Gobierno que
lo permita. Por tanto, el Gobierno ha incumplido una proposición no
de ley y en la práctica, con su desidia, está permitiendo que
Telefónica cobre por llamadas que no se realizan. No
es culpa de
Telefónica, repito. Es culpa del Gobierno, que se ha negado durante
un año -incumpliendo lo que aquí aprobamos- a legislar sobre algo tan
sencillo como que a uno no le cobren una llamada que no hace. Por
tanto, el segundo incumplimiento, aparte de que no hay tarifa plana,
es que no se impide que se cobren las llamadas fallidas a Internet.
Esta es la razón por la que traemos hoy una nueva proposición no de
ley con los dos objetivos a los que me refería antes, si bien es
verdad que con algunos matices, que estableceré a continuación, en
razón con las disposiciones que el Gobierno ha adoptado en este año,
que alguna, es verdad, ha adoptado. No quisiera reiterar aquí
argumentos que ya fueron discutidos hace un año y que nos llevaban a
proponer esta tarifa plana. El más elemental, el más fácil de
entender, es que se trata de que la gente que usa Internet en su casa
para trabajar, para estudiar, para informarse o sencillamente para
divertirse, pague menos por algo que hoy empieza a ser en muchos
países considerado como un servicio universal.
Había, además, una razón de fondo: se trataba de estimular el acceso
de más ciudadanos españoles a Internet, convencidos como estamos -y
no es una novedad, puesto que los países que ya tienen la tarifa
plana nos lo demuestran- de que el uso de este tipos de tarifas que
abaratan la conexión a Internet facilitan que los ciudadanos se
incorporen a una tecnología que es parte ya del servicio universal en
algunos países -repito- y que, en todo caso, está en relación con
aquello que a la propaganda oficial del Gobierno tanto le gusta: el
acceso de España a la sociedad de la información.
¿Cómo reaccionó el Gobierno ante la aprobación de estas dos
propuestas? Lo hizo tomando dos medidas que el ministro de Fomento
nos comentó aquí en razón de una pregunta de mi grupo parlamentario
al hilo de esta proposición no de ley. Primero, prometió un plan de
descuentos. Segundo, dijo que habría tarifa plana a través de una
nueva tecnología -la ADSL- que recientemente ha puesto en marcha
Telefónica. Me referiré brevemente a las dos cosas.
Primero, plan de descuentos. No es la primera vez que se hace un plan
de descuentos. Les recuerdo que cuando discutimos la primera
proposición no de ley, cuando aprobamos por unanimidad que hubiera
tarifa plana para todos los internautas residenciales, en aquel
momento se acababa de producir una brutal subida de las llamadas
telefónicas locales, que son justamente las que utilizan los
internautas para conectarse a la red. Con los descuentos que
Telefónica tuvo que implantar después de la subida con agostidad -que
me permita Julia Otero utilizar un término que ha puesto de moda este
verano, seguro que no se enfada-, aun con estos descuentos, señorías,
en julio de 1998 una hora de conexión a Internet le costaba a un
internauta 116 pesetas y un mes después 202, casi el doble. Esta es
la razón por la que también se pedía la tarifa plana.
El Ministerio de Fomento dijo: aplicaremos un plan de descuentos, y
es verdad que lo ha aplicado. Ha aplicado un plan de descuentos
pactado con Telefónica, un sucedáneo de la tarifa plana que se llama
el bononet. No me voy a extender mucho en este plan de descuentos
porque no es el objeto de esta proposición no de ley; me voy a
referir simplemente al nombre que dan los usuarios de la red -que no
el Grupo Parlamentario Socialista- a este plan llamado bononet para
calificarlo. ¿Saben ustedes cómo lo llaman? Lo llaman timonet porque
realmente es un timo. Es un plan rígido e incomprensible; les aseguro
que quien lo suscriba tiene que comprar a la vez una hoja de cálculo
para saber a final de mes qué es lo que pasa exactamente con sus
tarifas. Valgan algunos ejemplos: si tienes dos proveedores, tienes
que tener dos bononet; si tienes Internet por la noche, tienes que
hacer un bononet adicional al que has contratado por el día y, como
se te ocurra cambiar de proveedor, no podrás cambiar de bononet hasta
que acabe el primer contrato que hiciste con aquel proveedor al que
supuestamente has dejado porque no te interesa. Algunos ejemplos de
este desastre de plan de descuento que no ha servido para nada y que,
por tanto, no ha puesto ningún remedio a esa subida brutal de las
tarifas de teléfonos de agosto de 1998.
Vamos a la ADSL, la tecnología que según Telefónica y según el
Gobierno permitiría el acceso a Internet de todos los usuarios
residenciales a través de una tarifa plana. Es la fórmula que el
Gobierno decidió para dar cumplimiento a lo que habíamos aprobado en
esta Cámara. Debo decirles que no es una buena fórmula, que no
soluciona el problema de la tarifa plana y no lo hace por distintas
razones. Primero, porque está mal regulada. Hay una regulación
insuficiente que está más pensada para favorecer el monopolio de
Telefónica en relación con los proveedores de Internet que para
garantizar ventajas al usuario. Se regula la interconexión entre
Telefónica y los proveedores, no se regula en ningún caso qué pinta
el usuario en todo este sistema de conexión a través de la ADSL; no
se regula para nada. Se trata de una regulación anticompetitiva que
piensa más en un monopolio -el de Telefónica- que en favorecer la
competencia y en permitir que los proveedores negocien el acceso a
esta nueva tecnología y, por tanto, los posibles descuentos que
finalmente repercutirían en las tarifas a cobrar a los usuarios.
Además, no se regula la calidad; se trata de una regulación laxa,
absolutamente flexible. Por cierto, una regulación que no conoce
nadie puesto que no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Con todo, eso no es lo más importante. Lo más importante es que,
cuando se aplica esta nueva tecnología, la ADSL, la cuenta que los
usuarios tienen que pagar para acceder a la llamada tarifa plana no
baja nunca de las 10.000 pesetas, y ello sin contar la cuota de
conexión y el módem que tienes que comprarte para acceder a la ADSL.
En definitiva, está muy lejos de lo que aprobamos en esta Cámara por
unanimidad. No satisface en modo alguno las pretensiones de una
tarifa plana que trataba, entre otras cosas y sobre todo, de
favorecer el acceso a Internet de aquellos que no tienen recursos, de
aquellos que no viven de Internet, de
aquellos que lo utilizan para informarse, para trabajar en sus
domicilios o para estudiar.
Además, como les decía anteriormente, esta tarifa rompe el principio
de igualdad porque, señorías, se podrá aplicar en las próximas
semanas a algunas de las grandes ciudades de España, pero tardará
mucho en llegar a todas las grandes ciudades y afirmo aquí -y estoy
seguro de que el tiempo no me dejará por mentiroso- que no llegará
nunca a implantarse en todo el territorio de España, sencillamente
porque no es rentable, en modo alguno, para la Compañía Telefónica.
Por tanto, no vale la ADSL, señorías, no vale porque está mal
regulada, favorece a Telefónica y no a los proveedores; no vale
porque no tiene las características de calidad que se exigen a una
tecnología de esta naturaleza y sobre todo no vale porque el
resultado final es caro para los usuarios y es discriminatorio porque
no todos los ciudadanos pueden acceder a esa tecnología.
Esa es la razón por la que traemos una proposición no de ley. Les
quiero indicar que cuando redactamos esta proposición, en julio del
año 1998, no se habían definido todavía las características de esta
nueva tecnología, la ADSL. Sólo sabíamos que no iba a llegar a todos
los sitios y por esa razón redactamos la proposición diciéndole al
Gobierno: Establezca usted una tarifa plana transitoria para que en
aquellos lugares donde no llega la ADSL los ciudadanos puedan también
acceder a la tarifa plana. Hoy tenemos que presentar una enmienda a
nuestra propia proposición no de ley porque entre la presentación y
su discusión en esta tarde en el Pleno se ha publicado la normativa
de la ADSL y tenemos que decir que no es que no valga porque no es
general, es que no vale tampoco allá donde se implanta porque es muy
cara y porque no regula adecuadamente las condiciones de un acceso a
Internet que se pretende también que sea de mayor calidad.
Por esta razón vamos a presentar una enmienda para que lo que era una
tarifa transitoria pase a ser una tarifa complementaria; en
definitiva una tarifa complementaria que permita que todos los
ciudadanos, vivan donde vivan en España, puedan conectarse de forma
barata a la red, acceder a Internet y que aquellos ciudadanos que hoy
están separados de esta tecnología tan importante en razón de su
coste puedan conectarse de manera asequible -repito- a algo que hoy
ya empieza a ser en muchos países parte del servicio universal de las
telecomunicaciones.
Termino ya. No me digan como en el anterior debate parlamentario que
esta propuesta satura la red, el llamado bucle local de Telefónica,
no me lo digan porque experiencias hay por ahí fuera que lo rebaten
rotundamente. Señorías, lo único que está saturado después de un año
que tuvimos este debate aquí es la cuenta de resultados de
Telefónica, que cobra mucho por Internet, y la paciencia de los
internautas que llevan más de un año esperando que el Gobierno cumpla
una resolución tomada por unanimidad por este Parlamento. Pido a los
grupos parlamentarios que nos apoyaron en la anterior proposición que
reiteren su apoyo. Y pido sobre todo al presidente del Gobierno, que
aquí dijo que se implantaría la tarifa plana, que cumpla su promesa y
que permita que los españoles, vivan donde vivan, accedan, repito, a
una tecnología que hoy es fundamental para muchos de ellos, para su
futuro y para su presente.
Nada más, muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Pérez Rubalcaba.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida sobre la necesidad de dotar de una tarifa plana a los usuarios
de Internet.
Para su defensa, tiene la palabra el diputado señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, subo a esta tribuna a defender
una proposición no de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida en la
dirección de conseguir, sin situaciones transitorias de ningún tipo,
porque no figura este término en la propuesta hecha por nosotros, la
necesidad de una tarifa plana para todos los usuarios de Internet. En
todo caso lo único que habría que cambiar, si se aprueba la
resolución aquí planteada, sería el momento en que debe empezar a
regir esta nueva tarifa, que no sería marzo, como figura en el texto,
sino que más bien sería el mes de octubre.
El servicio de Internet tiene en su dialéctica interna una capacidad
de propulsión tremenda. Hemos pasado desde octubre de 1996 en que
había 800.000 usuarios de Internet a julio de 1999 a 3.150.000
usuarios. Por tanto, crece de una manera inesperada, profunda, lo que
quiere decir que es un servicio en función de que estamos tendiendo a
la sociedad de la información y que todo el mundo se acerca a las
tecnologías de la información y de la comunicación, tiende a ser de
modo natural un servicio público o tiene que ser un servicio de
interés general. En esto nos apoyamos para defender la necesidad de
una tarifa plana en la dirección de la gratuidad total del servicio,
tal como está funcionando en muchos países de la Unión Europea y como
tiene que estar funcionando ya en nuestro país con respecto a centros
de interés general, de educación, administraciones, ONG o servicios
parecidos.
Servicio público que es un sello de identidad en la política del
Grupo Federal de Izquierda Unida, que no por serlo tiene que dejar de
ser un servicio de calidad. Por tanto, hablamos de un servicio
público como un servicio global que tiene que ser al mismo tiempo de
calidad. El problema con el que nos encontramos es la situación de
dominio excesivo de la Compañía Telefónica en estos momentos;
Compañía Telefónica que -si uno habla con los internautas- tiene en
este momento una imagen bastante negativa en un sector muy dinámico,
en un sector que crece constantemente y que tiende, naturalmente, a
conseguir, queramos o no, de forma natural que Internet sea un
servicio público, por
tanto, un servicio universal de calidad. Por
ejemplo, Telefónica tiene capacidad suficiente para incrementar la
velocidad de sus líneas y aumentar el ancho de banda de transmisión,
cosa que no se hace. A partir de aquí no se consigue el cauce
necesario para obtener el servicio universal y, al mismo tiempo, de
calidad.
Telefónica, de hecho, está monopolizando el mercado en España, con lo
cual muchos proveedores están utilizando la estructura de Telefónica
pero tienen que pagarla a precios que después repercuten en los
usuarios de manera absolutamente negativa, como venimos exponiendo en
otras ocasiones desde esta tribuna y en este momento. Al mismo
tiempo, el sistema de implementación de Telefónica con respecto a la
nueva tecnología ADSL de hecho está funcionando de cara a acaparar, a
monopolizar un sector elitista y muy reducido del espectro
empresarial sin posibilidad ninguna de que a corto plazo llegue a
capas más extensas de la población o que tengan un poder adquisitivo
medio o bajo.
Este es el problema de fondo, que en estos momentos el servicio de
Internet es caro y malo y no tiende en ningún caso al servicio
universal en función de la situación de dominio de aquella empresa
que tiene la infraestructura que emplea ella directamente o los
proveedores que la alquilan: Telefónica. Este es el tema de fondo y
es el tema en el que habría que incidir desde el Gobierno. El
Gobierno tiene una política que quiere ser ejemplar en Europa, en
esta Europa neoliberal, de liberalización total y constante;
liberalización que lleva al Gobierno a privatizar una serie de
empresas como Telefónica de cara a intentar un mercado donde la
competencia reduzca precios y aporte servicios con mayor calidad y
con menor coste. Sin embargo nos encontramos, acabo de explicarlo,
con que esta privatización, liberalización -en este caso entre
comillas- de Telefónica no conduce a nada por este camino. El
Gobierno en este caso sí puede incidir (en otros mucho no, puesto que
es el mercado el que marca los precios y ya no puede incidir de
ninguna manera), a partir de la aprobación de resoluciones como esta,
hacia la baja en los precios, aprobando en este caso concreto la
tarifa plana que estamos planteando.
En la proposición no de ley que ahora se discute planteamos una serie
de características que señalan en la dirección de una mayor
progresividad. Se pagaría por lo que se consume de manera justa y
racional en función del tiempo de conexión y de las necesidades de
los usuarios o usuarias. Sería un sistema que tendería mucho mejor a
la globalidad que estamos defendiendo; abarcaría, por tanto, a la
gran mayoría de perfiles del usuario doméstico y de pequeñas y
medianas empresas, así como al acceso de grandes sectores de la
población rural que hoy tienen difícil o prácticamente nulo acceso a
Internet. Sería un sistema mucho más racional, ya que se pagaría por
lo que realmente se obtiene y por su calidad, lo que permitiría la
renovación de una red de telefonía en muchos casos obsoleta; incluso
aquí en Madrid siguen funcionando muchas centrales analógicas y
habría que adecuarlas a las necesidades reales de la población.
En el mismo marco en que pronunciamos la palabra interés general y
servicio público, el acceso universal a Internet sería un sistema
mucho más democrático, sin limitaciones económicas, geográficas o
sociales. Nos llevaría, de hecho, a esta democracia plena que
queremos conseguir y que no por sibilinas, no por poco generalizables
a nivel publicitario, tiene barreras bastante serias de cara a
conseguir esa plenitud que todos deseamos. En ningún caso podemos
aceptar -ya se ha caracterizado aquí la situación- tarifas que nos
lleven a las 10.000 pesetas o a cantidades parecidas, porque serían
discriminatorias y no responden a la cantidad de información que se
está descargando en la red. Serían tarifas muy caras que, en todo
caso, nos llevarían a una discriminación muy seria en función de esta
posición de excesivo dominio de la empresa que detenta la red, la
infraestructura fundamental.
En este orden de cosas, la lectura simple de nuestra proposición no
de ley muestra que desde que la presentamos hasta ahora sigue
plenamente vigente, excepto la fecha en que debe empezar a regir -si
aquí se aprueba esta tarde-, y es bastante completa con respecto a la
situación que perseguimos: servicio público democrático, global,
adecuado, racional, justo con respecto a precios y a extensión. En
primer lugar, planteamos la necesidad de que sea un servicio que
funcione desde el criterio de interés general para toda la sociedad
y, por tanto, calificable en su conjunto como servicio público.
Planteamos la necesidad de una tarifa plana para el acceso a Internet
por parte de usuarios y usuarios residenciales y pequeñas y medianas
empresas con los siguientes tramos en su tarifa: tarifa plana de
acceso 24 horas, una cuota mensual de 3.000 pesetas; tarifa plana de
acceso las 24 horas, 30.000 pesetas anuales. Tarifa plana desde las
ocho de la mañana a las ocho de la tarde, una cuota mensual de 2.000
pesetas y 20.000 pesetas anuales. Tarifa plana desde las ocho de la
tarde a las ocho de la mañana en esta secuencia de los sábados,
domingos y festivos, las 24 horas una cuota de 1.000 pesetas y 10.000
pesetas anuales. Y, finalmente, para los particulares y la pequeña y
mediana empresa que no se quieran acoger a ninguna de las modalidades
anteriores, tendrían una cuota de 50 pesetas por hora. Esto nos
parece lo justo, lo que coincide con la posición general de las
asociaciones. Incluso coincidiría con el interés de Telefónica por
rendir el servicio que tiene que prestar y por ganar en prestigio,
que lo está perdiendo de manera muy acelerada. Y no afectaría a los
beneficios inmensos que tiene la Compañía Telefónica sino de una
manera justa, adecuada y ponderada, tal y como venimos defendiendo.
Pensamos -y así lo reflejamos en el punto 3 de la proposición no de
ley- que todos aquellos centros educativos, sanitarios, ONG,
instituciones de interés social, cultural, de investigación más
desarrollo, universidades, pueden o deben acceder gratuitamente a
Internet. De hecho, en algunas comunidades autónomas se está
procediendo a un avance en esta dirección y, desde luego, en países
de la Unión Europea por descontado. En ningún caso pensamos que se
podrán facturar las
conexiones fallidas a Internet. Esto queda
absolutamente claro, incluso está consolidado en función de
sentencias concretas que se han dictado al efecto.
En el punto 7 pedimos la necesidad de comprometerse, desde los
poderes públicos vigilando este tema, a no interferir ni censurar,
controlar ni coartar de ninguna manera las comunicaciones a través de
la red y, por tanto, establecer los dispositivos legales y adecuados
para su cumplimiento. Este es un tema de enorme importancia que
también reflejamos en el punto 7 de nuestra proposición no de ley.
Termino señor presidente. Creemos que esto se correspondería con las
promesas que aquí se han hecho, aunque no estaban cuantificadas ni
tenían un calendario fijo. Hay una situación que requiere que el
Congreso apruebe un tema parecido a este que estamos defendiendo en
este momento. Esperemos que no nos vengan ahora con falacias de
colisiones entre la telefonía normal e Internet, que no existen
realmente, y que se nos justifique el porqué, con argumentos
políticos y económicos, no se quiere, si es que es así, aprobar una
resolución como esta que hoy presentamos en la Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliú): Muchas gracias, señor
Alcaraz.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y para su
defensa tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, el 24 de
noviembre del año 1998, casi hace ya un año, la Comisión de
Infraestructuras de esta Cámara aprobó una importante proposición no
de ley, presentada e impulsada por Convergència i Unió, en la que mi
grupo instaba al Gobierno a potenciar el desarrollo de Internet en
España. Entre las medidas que mi grupo pedía estaba, concretamente,
un impulso a la tarifa plana a un nivel comparable a la establecida
en los países más competitivos y se contemplaba también la no
facturación a los usuarios de las conexiones fallidas. Por tanto, mi
grupo, que fue el autor de esa proposición no de ley -que hace un año
logró ese consenso en esta Cámara-, siente hoy una especial
legitimidad, ante las propuestas defendidas por los grupos Socialista
y de Izquierda Unida, para presentar un texto alternativo, una
enmienda global que permita dar un paso más en este ámbito de la
implantación de Internet en España, un paso más de consenso en esta
Cámara. Mi grupo está en condiciones de presentar esta propuesta. De
ser aceptada por los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda
Unida, contamos con la seguridad de que sería aprobada hoy en esta
Cámara.
La propuesta que presenta Convergència i Unió, si los grupos quieren,
hoy puede prosperar. De entrada insto al Grupo Socialista y al Grupo
de Izquierda Unida a que acepten esa propuesta global, porque al
final de este debate, si esa enmienda se acepta, se aprobará una
rebaja de tarifas y un avance claro en la implantación de la tarifa
plana. Es cierto que el Gobierno ha asentado unas bases para poder
establecer la tarifa plana. Es cierto también que se han dado ya las
bases para no cobrar esas llamadas fallidas, pero no se está
avanzando en este ámbito lo suficiente y nuestra propuesta va a dar
un paso más. ¿Cómo se va a dar? Se va a dar, señorías, a través de la
implantación de lo que el propio Grupo Socialista llamaba en su
propuesta inicial, y que a nostros nos parece acertado, una tarifa
plana transitoria. ¿Por qué una tarifa plana transitoria? Porque las
nuevas tecnologías, la ADSL y otras que irán avanzando y que se están
implantando -estarán a punto
en 12 provincias antes de terminar el año-, no darán respuesta
adecuada a esa implantación de la tarifa plana a un precio asequible.
Nosotros queremos un precio asequible para la tarifa plana y decimos
que avance la liberalización, que avance la libre competencia, que no
tenga Telefónica aquí un monopolio que va a esos precios que
denunciaban de 10.000 pesetas o más. Nosotros queremos garantizar
unos precios máximos a través de esta tarifa transitoria. Debe ser
transitoria porque el mercado es libre y al final los precios se
regularán a la baja. Pero mientras no llegue esa regularización que
el propio mercado tiene que marcar, nosotros decimos que se fije una
tarifa máxima, que establecemos en 5.000 pesetas para las llamadas
diurnas y en 1.000 pesetas para las llamadas nocturnas. Podríamos
regatear, podríamos empezar en esta Cámara a decir que acepten 4.000,
3.000, podríamos entrar aquí en una subasta, pero no nos interesa. Lo
que queremos nosotros es tener la oportunidad de que se apruebe hoy
esa garantía, que no haya una tarifa superior a las 5.000 pesetas en
cuota diurna y 1.000 pesetas en cuota nocturna. Creemos que son
cifras sensatas. Podrían ser inferiores, pero estas son las cifras
que sabemos que el propio Grupo Popular aceptaría, sabemos que es la
redacción que hoy lograría el consenso de esta Cámara.
Por tanto, pedimos a los grupos proponentes que se sumen a ese
consenso para que hoy podamos dar una buena noticia a los internautas
de este país y decirles que hemos avanzado, que hemos fijado unas
cifras máximas y que vamos a dejar que sea la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones la que oriente esos precios, con ese criterio
máximo, y que la Comisión, como árbitro imparcial en un mercado
liberalizado, sea la que marque ese criterio tarifario. No lo podemos
dejar en manos de Telefónica. Telefónica siempre sacará la excusa de
que se va a sobresaturar la red. No. No lo dejemos en manos de
Telefónica. Dejémoslo en manos de la Comisión, demos hoy un paso para
la necesaria implantación de Internet en España y demos un paso para
la igualdad en la tarifa.
Antes se destacaba también -y yo me uno a ello- que vamos a hacer un
sistema discriminatorio. Quien tendrá la nueva tecnología tendrá
acceso a un tarifa plana; tarifa plana que será muy superior a las
5.000 pesetas, que nosotros no compartimos, y habrá zonas
que no
tendrán acceso a esa tarifa plana. Por tanto, defendemos la tarifa
transitoria de 5.000 pesetas como máximo, a la que puedan acogerse
todas las personas en un régimen de igualdad, sea donde sea la
localidad, la ciudad donde vivan y esté o no implantada la nueva
tecnología. Eso lograría hoy el consenso de esta Cámara. Creo
sensatamente que no deberíamos entrar en un regateo de cifras. Entre
todos deberíamos hacer posible que esto se apruebe y así daríamos ese
paso definitivo para la implantación de Internet en España.
Quiero adelantar, señorías, que nuestro grupo, que, como decía antes,
fue quien planteó la proposición no de ley que consiguió la
unanimidad en noviembre pasado, tiene presentada en el registro de
esta Cámara desde el pasado año una proposición de ley para que
Internet tenga la consideración de servicio universal. Creemos que
también la medida de cambiar la ley de telecomunicaciones para dar a
Internet la consideración de servicio universal, sin duda, daría un
espaldarazo definitivo a la implantación de esa sociedad de la
información y daría un impulso a la extensión social de Internet
porque no debemos olvidar que, si consiguiéramos al final que
Internet tuviera la consideración de servicio universal, eso sería
una garantía para todos los usuarios, con independencia de su
localidad y del lugar donde residan; sería una garantía de la
existencia de un conjunto definido y accesible de servicios con una
calidad determinada y a precio asequible que garantizarían la
protección del interés general en un mercado liberalizado.
Por ese camino vamos. Nuestro grupo, Convergència i Unió, quiere, una
vez más, anunciar hoy que su propuesta puede aprobarse. Nosotros no
vamos a movernos de nuestra propuesta porque sabemos que hoy es la
que puede lograr el consenso y permitir, al final de la tarde, dar
una buena noticia a los internautas de este país y decirles: señores,
hemos avanzado más, hemos garantizado que su tarifa nocturna nunca
sea superior a 1.000 pesetas y en tarifa diurna nunca superior a
5.000.
Por favor, insto a todos los grupos a que den acogida a esta
propuesta de Convergència i Unió para poder dar hoy esa buena noticia
al progreso de las telecomunicaciones y de la sociedad de la
información en España.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias señor
Jané.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Para fijar la posición, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Burgos Gallego.
El señor BURGOS GALLEGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, habrá tarifa plana para los internautas de este país. Habrá
tarifa plana asequible. Habrá tarifa plana en todas las provincias de
nuestro país y habrá tarifa plana en todos los municipios de nuestro
país. Y la habrá porque este Gobierno, el Gobierno del Partido
Popular, ha impulsado decididamente las liberalizaciones de la
política de telecomunicaciones. Gracias a este Gobierno hoy las
telecomunicaciones son un eje fundamental en la vida de los
ciudadanos, exponente y a la vez motor de nuestro crecimiento.
Este Gobierno ha liberalizado las telecomunicaciones y ha hecho que
España esté hoy a la cabeza de Europa en liberalización del sector.
¿Y quién se beneficia realmente de esto? Los ciudadanos, los
ciudadanos que, con gobiernos anteriores, eran cautivos de monopolios
y que hoy pueden elegir entre diferentes opciones y operadores y
escoger los que mejor se adapten a sus necesidades. En España hoy hay
tres operadores de telefonía fija y tres operadores de telefonía
móvil con seis concesiones otorgadas y creciendo hasta casi 12
millones de usuarios, se ha completado el mapa del cable y, a través
del mapa del cable, se puede propiciar y se ha propiciado un régimen
tarifario específico para los usuarios de Internet, una mayor calidad
en el servicio y unas mayores prestaciones. También se va a poner en
marcha el concurso para las tres licencias de comunicación vía radio,
unas en una onda 26 gigahertzios, otras en la onda 3 gigahertzios, lo
que permitirá una conexión de alta velocidad a Internet. Desde luego,
el crecimiento del mercado en esta materia ha sido espectacular,
gracias a esa política de liberalizaciones, gracias a esa Ley
11/1998, que liberalizó y sentó las bases para el desarrollo de la
competencia en este sector, y vamos a implantar la tarifa plana
porque, afortunadamente, en este país ya no hay una legislación
intervencionista, como la que había hace tan sólo cuatro años, en
beneficio de determinados intereses; porque ya no hay un retraso
generalizado de las directivas europeas en esta materia, porque ahora
hay organismos de arbitraje y una Comisión Nacional del Mercado de
las Telecomunicaciones que puede aportar claridad y transparencia al
sector, y porque ahora hay una Compañía Telefónica Nacional de España
en competencia con otras compañías y no protagonista exclusiva del
escenario y del mercado, a cuyos intereses algún grupo de esta Cámara
se plegaba normalmente sin recato alguno.
Señorías, el Gobierno del Partido Popular se ha comprometido en esta
Cámara a implantar la tarifa plana ligada a la tecnología ADSL y en
el sector todo el mundo reconoce que eso no puede hacerse de golpe.
Precisamente para favorecer a los internautas, el Gobierno impulsó un
régimen tarifario específico, con descuentos muy importantes, que
pueden alcanzar hasta
el 40 por ciento, y estableció desde febrero de este año el criterio
de que no se facturaran las llamadas no completadas por causa
imputable al operador de la red fija.
Realmente, esto que piden las proposiciones no de ley hoy presentadas
ya está en marcha, ya se está realizando, y resulta sorprendente que
algún portavoz se haya referido en esta intervención el reequilibrio
tarifario de julio de 1998 y que lo califique como subida
espectacular de los precios. Resulta sorprendente que se ponga el
grito en el cielo por este aumento cuando S.S. debería saber que
hasta 1996, cuando en este país había un Gobierno socialista, un
pequeño usuario,
necesariamente obligado a acceder a la red a través
de la red conmutada de Telefónica, para acceder a un proveedor de
datos tenía que establecer conexión con el punto que tuviera ese
proveedor, con independencia del lugar en el que estuviera. Dada la
escasa dimensión de las redes en la época socialista, los ciudadanos
se veían obligados a realizar, en aquéllos casos que tenían la suerte
de tener un punto de conexión en su ciudad -en dos o tres ciudades
tan solo-, llamadas metropolitanas y, en el resto de los casos,
llamadas provinciales o interprovinciales. Imagínense lo que
significaba esta situación, por ejemplo, para el desarrollo de
Internet en las zonas semiurbanas o en el medio rural de este país. A
finales del año 1999, y gracias a la liberalización de estos
servicios de acceso que ha hecho el Partido Popular, en cada distrito
de tarificación hay un punto y, en este momento, este servicio
garantiza el acceso a Internet con llamada metropolitana para
cualquiera, en el medio rural, en cualquier provincia y, además, con
la posibilidad de elección del operador telefónico. La diferencia,
señor Rubalcaba, es que con ustedes a Internet accedían cuatro
afortunados de grandes ciudadades y con nosotros accede, al mismo
precio, un catedrático de la universidad de Madrid y un agricultor de
Villafáfila, en la provincia de Zamora. Si esa es la igualdad que
ustedes propugnan, realmente nos apetece mucho más desarrollar
nuestro modelo. No existe ningún país en Europa que disponga de un
servicio similar al nuestro, y se ha explicado por activa y por
pasiva que la configuración en estos momentos de una tarifa plana
transitoria sin la cobertura tecnológica suficiente podría suponer,
supondría de hecho, la saturación y la congestión de nuestro servicio
telefónico. Y la insistencia del Grupo Socialista en usar y abusar
una y otra vez de estas propuestas a favor de una tarifa plana, ya
sea transitoria o definitiva, porque ya no tenemos muy claro qué es
lo que están proponiendo, probablemente lo que busque sea esto: una
congestión del servicio telefónico en nuestro país. Tal vez les
vendría bien una degradación del servicio telefónico, pero desde
luego no vamos a cometer el error de seguirles en esa dirección.
El Ministerio de Fomento ha establecido una regulación para el acceso
indirecto al llamado bucle de abonado mediante esta implantación de
la tecnología ADSL que, entre otras cosas, permitirá el acceso a
Internet casi 100 veces más rápidamente que el actual. Desde el 15 de
septiembre...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Burgos, vaya
terminando.
El señor BURGOS GALLEGO: Sí, voy terminando. Desde el 15 de
septiembre se ha implantado en Madrid y en Barcelona y este año se va
a extender a 10 demarcaciones más. Ya hay, por tanto, tarifa plana en
muchos lugares y su extensión a todo el territorio será rapidísima, y
eso hace que España se sitúe a la vanguardia de nuestro entorno. Y
eso hace, señorías, que sea todavía más incoherente su postura cuando
en la proposición no de ley nos proponían hace unos meses una tarifa
de 5.000 pesetas y en notas de prensa que su grupo remitió con
anterioridad al debate del estado de la Nación proponían 3.000
pesetas y en ese mismo debate llegaron a proponer 2.000 pesetas y
ahora siguen proponiendo otras cantidades diferentes. La verdad es
que en esta especie de subasta en la que quieren convertir ustedes la
política de este país ... (Varios señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.) son capaces de decir cualquier cosa con
tal de rebanar una migaja de votos. (Protestas.)
Es normal que no les guste.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Burgos, vaya
terminando, por favor.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy terminando. (Continúan las protestas.)
Señorías, mi grupo piensa que los usuarios de Internet ...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Burgos, termine,
por favor.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor presidente, los usuarios de Internet
solicitan a este Parlamento y a este Congreso sensatez, credibilidad,
seriedad y coherencia. Quienes hemos apoyado siempre la tarifa plana,
quienes hemos querido desarrollar este servicio de Internet basado en
la competencia y en la liberalización de las telecomunicaciones,
vamos a seguir haciéndolo basándonos en las mejores tecnologías
posibles y con la regulación más avanzada que hay en Europa.
(Protestas.)
Señorías, no se preocupen ustedes, cualquier referencia metafórica,
cualquier referencia que este parlamentario pueda hacer siempre es un
recurso retórico, siempre es un recurso metafórico, y no deben
sentirse ustedes tan ofendidos por estas afirmaciones, porque creo
que lo importante en este debate, como en todos, es el fondo de la
cuestión. Y en ese fondo mi grupo es favorable a la tarifa plana, la
está desarrollando y la está impulsando este Gobierno y vamos a
respaldar cuantas iniciativas permitan que, todavía con mayor
eficacia, calidad en el servicio y rapidez, esta tarifa plana sea
pronto -cosa que nunca ocurrió con ustedes- una realidad para todos
los ciudadanos de este país. (Protestas.-Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Burgos.
A los solos efectos de la aceptación de las enmiendas que se han
presentado, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Pérez
Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Agradecemos el esfuerzo de Convergència i Unió por la enmienda que ha
presentado a nuestra proposición
no de ley. Lamentablemente, no
podemos aceptarla por dos razones. La primera, porque entendemos,
como he dicho en mi intervención, que después de la promulgación de
la regulación de la ADSL, la nueva tecnología de acceso a Internet,
la tarifa plana que proponemos no puede tener carácter transitorio,
ha de tener carácter definitivo, y esto no queda claro en la enmienda
de Convergència i Unió. Y, en segundo lugar, porque habla de un
precio orientativo. Es evidente que si el Gobierno ha incumplido una
resolución taxativa, ¿qué no hará con una que es orientativa? Por
tanto, no podemos aceptarla.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Pérez Rubalcaba.
También a los efectos de la aceptación o no de las enmiendas
presentadas, por parte del Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra
el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, nosotros estamos peleados
con dos términos que se utilizan en la enmienda de Convergència i
Unió: «transitoria» y «orientativamente». Si la cuantía a la que
puede llegar esta tarifa, 5.000 pesetas, duplica la propuesta que
nosotros hacemos tomándola en término medio, quizás no la podamos
aceptar, pero quiero decir que vamos a seguir luchando para bajar de
5.000 pesetas. Nos consta, en función de esta enmienda, que el
Gobierno va a aceptar en tres meses esta tarifa de 5.000 pesetas tal
como figura aquí. Una vez conseguidas las 5.000, en función de todos
los debates que se han hecho en la Cámara, nosotros seguiremos
luchando por bajar de esa cifra y que no se cobren las llamadas
fallidas. Pero no podemos aceptarla porque después nos podríamos
encontrar con la sorpresa de que no fuesen cinco mil sino siete, ocho
o nueve mil. Por tanto, señor presidente, no podemos aceptar la
enmienda con esos dos términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Alcaraz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE TRASPOSICIÓN
AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA 97/55/CEE, POR LA QUE SE MODIFICA
LA DIRECTIVA 84/450/CEE, SOBRE PUBLICIDAD ENGAÑOSA. (Número de
expediente 162/000390.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Pasamos al siguiente
punto del orden del día: proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso sobre trasposición al Derecho
español de la Directiva 97/55/CEE, por la que se modifica la
Directiva 84/450/CEE, sobre publicidad engañosa.
Para su defensa, tiene la palabra la diputada María Fernanda Faraldo.
La señora FARALDO BOTANA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley que ha sido objeto de presentación
por parte de mi grupo pretende que se incorpore a nuestro
ordenamiento la regulación de la publicidad comparativa contenida en
la Directiva europea 97/55, por la que se modifica e incorpora dicha
figura a la directiva anterior de la CEE sobre publicidad engañosa.
Esta proposición no de ley que nos ocupa hoy tiene su causa remota en
el compromiso asumido en el programa electoral del Partido Popular
para las elecciones de 1996 de transferir las directivas europeas que
afectan al ámbito de consumo para conseguir que nuestra legislación
esté plenamente armonizada con la de los países de nuestro entorno. Y
tiene su causa próxima en el mandato contenido en la propia directiva
europea al fijar un plazo máximo de 30 meses para su incorporación al
ordenamiento de los Estados miembros, plazo que concluirá el próximo
23 de abril del año entrante.
La publicidad, entendida como cualquier anuncio destinado al público
y cuyo objetivo es promover la venta de bienes y servicios en el
mercado, rebasa la frontera de los Estados miembros y tiene, por
consiguiente, una incidencia directa en el establecimiento y en el
funcionamiento del mercado común interior. La directiva que hoy nos
ocupa, sobre publicidad comparativa, viene a modificar una anterior,
la Directiva 84/450, que abordó la armonización normativa en materia
de publicidad engañosa. Consideraba que la publicidad engañosa
entraña el riesgo de llevar al consumidor a tomar unas decisiones
cuando ésta adquiere bienes o utiliza servicios que le son
perjudiciales y que las disparidades entre las distintas
legislaciones de los Estados miembros no sólo conducen en numerosos
casos a una protección insuficiente del consumidor, sino que también
obstaculiza la realización de campañas publicitarias más allá de las
fronteras, afectando por ello a la libre circulación de las
mercancías y a la prestación de servicios, considerándose éstos
aplicables a la publicidad comparativa, pero cuya regulación la
Comunidad posponía para un segundo momento.
Refiriéndonos ya a nuestro ordenamiento, la vigente Ley General de
Publicidad de 1988 procedió a actualizar la legislación española en
la materia, superando el obsoleto estatuto de la publicidad de 1964 e
incorporando el contenido de la directiva europea en materia de
publicidad engañosa. Además, aunque esta directiva no la abordaba y
la posponía para una segunda fase, la ley incluyó el tratamiento de
la publicidad comparativa entre los tipos de publicidad desleal,
tipificando como tal en el artículo 6, letra c), la publicidad
comparativa cuando no se apoye en características esenciales, afines
y objetivamente demostrables de productos o servicios o cuando se
contrapongan bienes o servicios con otros no similares o desconocidos
o de limitada participación en el mercado. No es la primera vez,
señorías, que la publicidad comparativa se trata parlamentariamente.
Ésta fue objeto de debate cuando en la III Legislatura se presentó
durante la tramitación en esta Cámara de la vigente Ley General de
Publicidad una enmienda de supresión de
toda la letra c) del artículo
6, enmienda que fue rechazada en el Pleno de esta Cámara porque
consideraba que era pertinente regular la publicidad comparativa.
Señorías, la legislación en materia de consumidores y usuarios ha de
ser cada vez más sencilla, más transparente y de fácil interpretación
y aplicación, así como lo suficientemente flexible para adaptarse a
un campo, el de la publicidad, especialmente dinámico. La actual
directiva comunitaria, la directiva que hoy nos ocupa, la 97/55, que
ha modificado la anterior sobre publicidad engañosa, ha incluido la
publicidad comparativa en la misma, sustantivándola y estableciendo
un concepto más amplio que el que nuestra ley le otorgaba a la misma,
así como que ésta pueda abarcar todas las formas de este tipo de
publicidad. Fija además toda una serie de condiciones que ha de
cumplir la comparación para poder ser considerada lícita, al entender
que la publicidad comparativa cuando compara aspectos esenciales,
pertinentes, verificables y representativos y no es engañosa es una
manera legítima de informar a los consumidores de las ventajas que
pueden obtener de los distintos productos y servicios.
La directiva comunitaria considera al mismo tiempo que la publicidad
comparativa puede estimular la competencia entre los proveedores de
bienes y servicios en beneficio del consumidor, ya que permitirá
demostrar objetivamente las ventajas de los distintos productos
comparados, pero para que esta forma de publicidad pueda ser
utilizada en condiciones de igualdad por todas las personas que
desarrollen una actividad empresarial, artesanal o liberal ha de
procederse a la armonización de las distintas legislaciones en esta
materia y establecer unas reglas comunes en todos los Estados
miembros sobre la forma y el contenido de la publicidad comparativa.
Asimismo, señorías, la experiencia obtenida durante estos años de
andadura de la Ley General de Publicidad aconseja la conveniencia de
introducir una serie de modificaciones que permitan la mejora en la
articulación de la publicidad comparativa en interés de los
consumidores, así como de los competidores y del público en general,
mejoras que podrían provenir de la trasposición a nuestro derecho de
esta directiva comunitaria.
Por lo tanto, señorías, pido el voto favorable a la proposición no de
ley en el sentido de que no se puede olvidar la estrecha relación que
existe entre la protección de los consumidores y la de un perfecto y
leal funcionamiento del mercado. Además, tampoco se puede olvidar que
la publicidad engañosa y algunas manifestaciones publicitarias
comparativas, que no se ciñen a unos mínimos requisitos de veracidad
y transparencia, puede llevar también a los consumidores a tomar unas
decisiones equivocadas sobre los productos o servicios. Por
consiguiente, pido el voto favorable.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
diputada.
No existen enmiendas.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra con brevedad para manifestar que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), dará el voto favorable a
esta proposición no de ley presentada y defendida de forma muy
brillante por la representante del Grupo Popular.
Es una proposición no de ley oportuna porque tenemos constancia de
que ya está en fase de elaboración el anteproyecto que modificará la
vigente Ley General de Publicidad e incluirá todos aquellos
requisitos específicos que para la publicidad comparativa, que es una
publicidad lícita, marca la Directiva comunitaria 97/55. Nuestro
grupo está de acuerdo en que debemos adaptar nuestra legislación. Es
verdad que nuestra legislación ya permite la publicidad comparativa,
pero también es cierto que por su tipología requiere unas especiales
condiciones para llevarla a cabo.Los consumidores siempre se asombran
cuando un proveedor al anunciar su producto lo compara con otro
existente en el mercado; por consiguiente, debe ser una publicidad
muy controlada, establecida de una forma que permita que sea una
publicidad lícita.
Estamos de acuerdo en la oportunidad de esta proposición no de ley,
vamos a votar a favor y más teniendo en cuenta que el mercado único
europeo nos exige una armonización de las legislaciones internas en
este ámbito. Por la libertad televisiva, por la libertad de fronteras
en las ondas, llegaría a España una publicidad que ha sido producida
en otro país y, por tanto, debemos tener unas reglas comunes.
Asimismo, quiero aprovechar la ocasión de este debate para elogiar el
protagonismo que en el ámbito de la regulación de la publicidad tiene
en España la Asociación de Autocontrol de la Publicidad. Es una
asociación que está haciendo una gran labor con sus dictámenes en pro
de una publicidad bien hecha y quiero aprovechar la oportunidad de
este debate para elogiar esa labor y para decir que esa Asociación de
Autocontrol de la Publicidad tendrá un gran protagonismo en el ámbito
de la publicidad comparativa.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Jané.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Aramburu del Río.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. He estado releyendo serenamente las correspondientes
directivas y tengo que reconocer que el Grupo Popular es un maestro
en el
arte subliminal. Hay una predisposición a considerar que todo
lo que tiene olor europeo supone implícitamente mejora e incluso que
es más progresista que lo nacional, y bajo esa simplista óptica yo me
incorporé a la lectura de ambas directivas. Una vez concluida su
lectura, no tengo por menos que reconocer que son tratados
fundamentalmente para la armonización de la competencia en el marco
de la regularización del mercado, siendo el objetivo de la misma la
obtención del beneficio más limpio, siendo la competitividad el eje
central.
En este sentido, el objeto del deseo de esta directiva más que las
garantías del usuario son las del competidor para poder suministrar
informaciones no distorsionadas que embaucan falsamente al comprador.
Es casi elemental reconocer que hay una insuficiente protección de
los consumidores y que las campañas publicitarias mayoritariamente
suelen tener un carácter engañoso, desestabilizador para los usuarios
en líneas generales, llegándose a crear patologías de dicha
publicidad que nos instalan en una cultura del consumo artificial por
mucho que se compare y ustedes insistan en comparar, provocando
algunas quiebras serias, fundamentalmente en los niños, en los
jóvenes y en las amas de casa, originando, según expertos en la
materia, alteraciones de las conductas, como es, por ejemplo, la
ansiedad, además de constatar, con esta lectura, que la publicidad
española, además de sobreabundante y mayoritariamente engañosa, es
profundamente sexista, violenta y reclamadora de una sociedad sin más
culto que el del dinero. Por tanto, es preciso restringir, ordenar,
racionalizar y regularizar todavía más la publicidad en este país,
con los medios correspondientes para detener la desenfrenada locura.
Por ejemplo, hemos visto en estos últimos días, por los datos
facilitados, como en el Ente Público Televisión Española se emite más
del 60 por ciento de publicidad y menos de la mitad en programación.
Ello obliga a buscar procedimientos acelerados que adopten medidas de
choque, casi de supervivencia, para poder procesar, además de
considerar necesario un código ético y un defensor/defensora
institucional del consumidor/consumidora.
Señorías, creo que es necesario un control de la veracidad de los
productos y de la solvencia material de los datos. Es necesario poder
proceder judicialmente contra toda, absolutamente toda, publicidad
engañosa. Nosotros entendemos que la directiva, aun significando un
avance sobre la anterior, resuelve insuficientemente el tema, por lo
que, sin oponernos a esta iniciativa, instamos al grupo proponente,
sostenedor del Gobierno, para que adopte disposiciones tendentes a
asegurar una protección más amplia y más veraz del conjunto de los
consumidores/consumidoras.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Aramburu.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Socialista, tiene la
palabra doña Margarita Pin.
La señora PIN ARBOLEDAS: Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados, señorías, quiero comenzar mi intervención diciendo que el
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso va a votar a favor de
la proposición no de ley sobre trasposición al derecho español de la
Directiva 97/55/CEE, por la que se modifica la Directiva 84/850 sobre
publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad
comparativa.
Tengo que decir que lamentamos que los grupos del Congreso y, en
concreto, el Grupo Socialista al que represento en esta tribuna, no
tenga aún conocimiento de la labor realizada por el Gobierno,
sustentado por el Grupo Popular y, por tanto, del texto del
anteproyecto que modifica la Ley 34/1988, ni saber en qué términos va
a realizar la trasposición de la directiva de referencia.
Probablemente esa falta de cortesía parlamentaria demuestra la escasa
sensibilidad democrática del Gobierno y la falta de respeto para los
y las representantes de la soberanía popular aquí reunidos y
reunidas.
El Grupo Socialista sabe de la existencia de ese anteproyecto y sabe
que este texto es conocido por diferentes colectivos relacionados con
el mundo de la publicidad. Al no tener conocimiento cabal del mismo
no ha podido estudiar con exactitud las condiciones de la
trasposición que define con mayor precisión alguno de los conceptos
pendientes de la nueva regulación. Sin embargo, creemos que el
anteproyecto debería aprovecharse para realizar algunas
modificaciones serias de la Ley General de Publicidad, teniendo en
cuenta que la ley se remonta al año 1988 y que, como no podría ser
menos, en un mercado tan dinámico como el publicitario, en algunos
aspectos ha llegado el momento de ser revisada. Aunque no sea el
momento más adecuado para relatar estos temas, insistiendo
fundamentalmente desde el punto de vista de los derechos de los
usuarios y usuarias, señalo a modo de ejemplo la necesidad de regular
más adecuadamente el patrocinio y la protección de menores, así como
la necesidad de desarrollar procedimientos más ágiles y eficaces en
materia de denuncias y sanciones. Y, en cuanto a la necesidad de
incorporar al derecho español la publicidad comparativa como
verdadero derecho del usuario y la usuaria, conviene contextualizar
la legislación española dentro del espacio cultural y social europeo.
En la normativa vigente hay referencias a ella en la Ley General de
Publicidad y en la Ley de competencia desleal. Incluso, algunos
expertos han encontrado innecesaria la incorporación de la directiva
97/55 al considerar que todas sus referencias a la publicidad
comparativa ya se encontraban suficientemente recogidas en el marco
legal español. Sin embargo, y según estudios realizados sobre esa
figura, otras asociaciones y estudiosos aseguran que la contemplación
de la figura de la publicidad cooperativa en la Ley General de
Publicidad es excesivamente restrictiva y parcial. Sólo se la nombra
para señalar cuándo es ilícito utilizarla, incluyéndola, en tal caso,
como uno de los supuestos de publicidad desleal, tratándose más como
una tímida despenalización que como una legalidad real.
Por el contrario, la directiva europea habla de la necesidad de
expresar la publicidad comparativa en positivo -cómo puede hacerse- y
no sólo en negativo -cómo no puede hacerse-. Parece conveniente
recoger claramente la definición expresada de la publicidad
comparativa, especificar el ámbito al que pueden referirse las
comparecencias y las condiciones de comparación de bienes y
servicios, entre otras cosas. Esperamos conocer definitivamente las
propuestas concretas que el Gobierno nos planteará para transferir el
derecho español a la directiva 97/55. Esperamos que respondan
realmente a la voluntad de facilitar los derechos de los usuarios y
de las usuarias y que las condiciones legales de la publicidad
comparativa puedan ayudar realmente al mercado y a las empresas,
mejorando y ampliando los hábitos publicitarios de nuestra sociedad y
acercándonos a las pautas comunes europeas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Pin. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a las tres proposiciones no de ley que se han
debatido, comenzando por la del Grupo Socialista, relativa a una
tarifa plana transitoria para los usuarios y usuarias del sistema de
transmisión de datos a través de las redes, hasta que no tengan
acceso a la tarifa plana asociada a alguna nueva tecnología.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 133; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la proposición
no de ley.
Pasamos a la del Grupo Federal de Izquierda Unida, sobre necesidad de
dotar de una tarifa plana a los usuarios de Internet.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 133; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada la proposición de
Izquierda Unida. Y pasamos con ello a la proposición no de ley del
Grupo Popular, sobre trasposición al Derecho español de la Directiva
97/55, por la que se modifica la Directiva 84/450, sobre publicidad
engañosa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 286.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley por
unanimidad. (Aplausos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA POLÍTICA DE AGUAS
Y MEDIDAS PARA PALIAR LA SEQUÍA. (Número de expediente 173/000159.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas la pasada
semana. En primer lugar, la del Grupo Socialista, relativa a política
de aguas y medidas para paliar la sequía, que presentará, en nombre
de dicho grupo, don Víctor Morlán. (Rumores.)
Señorías, por favor, guarden silencio. Señor Campuzano. Señor Camps y
compañía. (Continúan los rumores.) Señora Balletbó, por favor. Señor
del Burgo Tajadura. Señor Soriano Benítez de Lugo.
Adelante, señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para presentar la
moción consecuencia de interpelación urgente en materia de política
de aguas y medidas para paliar la sequía que se formuló el miércoles
de la semana pasada. Se trata de presentar una propuesta de
colaboración en una política que entendemos que es de Estado y que
tiene que tener un marco jurídico, un marco planificador en el que se
desarrollen aquellas políticas de agua que, además de contribuir al
ahorro y a la mejor gestión del recurso, contribuyan también a paliar
la sequía que tenemos en estos momentos y a minimizar las posibles
repercusiones de futuras sequías.
Esta moción que presenta el Grupo Socialista comprende dos tipos de
medidas, unas a corto plazo y otras a medio y largo. Entre las
primeras cabe destacar la referencia que hacemos en el punto número 2
de la misma: Dotar a los organismos de cuenca de las facultades
especiales de administración de los recursos hidráulicos previstas en
el artículo 56 de la Ley de Aguas para contribuir a paliar los
efectos de la sequía existente. Se trata de una pretensión ya
experimentada, una serie de actuaciones que ya tienen sus
antecedentes en anteriores procesos de sequía y que, debido al buen
resultado que han tenido, no sería bueno despreciarlas, y sería
interesante que por parte del Gobierno se contemplaran este tipo de
iniciativas.
Después planteamos otra serie de medidas a medio y largo plazo y
empezamos por una, que es la presentación en el plazo de un mes del
Plan hidrológico nacional en esta Cámara. Algunos se preguntarán por
qué razón en un plazo tan perentorio. Las respuestas son muy claras,
señoras y señores diputados. En los últimos días, entre el Ministerio
del Medio Ambiente y el Gobierno de la Comunidad de Murcia ha
existido un intercambio de datos, una fijación de posturas, una
concreción en muchos aspectos de la gestión de política hidráulica
que no pueden salir si no están dentro del marco de un documento
planificador como es el Plan hidrológico
nacional. Si resulta que
esos datos y esas cifras respecto a volúmenes, respecto a
posibilidades de transferencias de recursos, respecto a otros temas
relacionados con los datos componentes de un plan hidrológico no
están bien estudiados y no forman parte de un marco de planificación,
o nos están tomando el pelo o ese marco existe. Y si ese marco
existe, lo normal es que se traiga ese documento a esta Cámara cuanto
antes, en este período de sesiones, antes de finalizar la
legislatura, porque hay una serie de compromisos reiteradamente
incumplidos.
En esta Cámara hay dos acuerdos del Pleno del Congreso, el último de
ellos de octubre de 1998, cuya vigencia para presentar el Plan
hidrológico nacional acababa a 30 de junio de 1999, en los que se
pone de manifiesto la voluntad política de la Cámara y, por tanto, de
los partidos que apoyan al Gobierno de traer este documento de
planificación en el último período de sesiones y, según las
declaraciones del propio presidente del Gobierno al inicio de
legislatura, en esta legislatura. Por tanto, lo único que hacemos es
plantear la posibilidad de que en el plazo de este mes, con la
finalidad de discutirlo de aquí a final de legislatura con toda
tranquilidad, a pesar de la perentoriedad de los plazos, se pueda
conocer cuáles son las pretensiones del Gobierno en materia de
política hidráulica dentro del Plan hidrológico nacional.
Dentro de este Plan hidrológico nacional contemplamos una serie de
aspectos que debieran configurar el mismo, sin perjuicio de que
existan otros que por parte del Gobierno se pongan de manifiesto. En
primer lugar, la existencia de un programa para revisión de las
concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos, así
como para la actualización de las inscripciones en el registro de
aguas y el inventario de aprovechamientos. Esto viene motivado por
una razón muy sencilla. En el tan denominado y cacareado Libro Blanco
del agua, que es el documento artífice de la política hidráulica de
este país, según dice el Partido Popular, hay reconocidos en torno a
500.000 aprovechamientos en España; de esos 500.000 hay 125.000 con
nombre y apellidos, caudales y período concesional, y del resto no se
sabe nada. Hay algunos datos más o menos claros a los que he hecho
referencia, pero hay 250.000 que desconocemos. Mal se puede llevar a
cabo una política hidráulica, mal se puede llevar a cabo el
desarrollo del Plan hidrológico nacional si no se conoce el agua que
tenemos en este momento en España y quién tiene las concesiones de
ese agua. Por ello, esta primera condición es fundamental en al
estructura del plan.
En segundo lugar, un programa de actuación que establezca un sistema
eficaz de detección de la sequía y que permita activar medidas de
gestión y explotación para estas situaciones de emergencia. Tengo que
reconocer que este punto está sacado del Libro Blanco del agua. No es
ninguna invención nuestra. Simplemente es una de las actuaciones que
desde el libro blanco se plantean para prevenir y hacer frente a la
pertinaz sequía cuando se produzca. Luego no veo ningún motivo
especial para que, desde esa perspectiva, esa condición no sea
aceptada en sus términos por parte del Grupo Popular, porque la fin y
al cabo no hace sino responder a lo que ellos dicen dentro del libro
blanco, dentro de esa enciclopedia que es un cúmulo de datos técnicos
y de pocas concreciones.
En tercer lugar, un programa para la elaboración de una cartografía
de riesgos en zonas inundables, así como para el deslinde del dominio
público hidráulico en los tramos de mayor urgencia por problemas de
riesgo u ocupación. Este es otro de los temas que vienen estudiados y
analizados en el Libro Blanco del agua y es otro de los temas que
necesita que en el Plan Hidrológico nacional exista un documento en
el que se contemplen este tipo de posibilidades, entre otras cosas,
para evitar riesgos. Y si la verdad es que la política es en gran
medida prevención de situaciones o así debiera serlo, en este caso
concreto y en un documento de estas características, si lleváramos a
cabo este tipo de estudios, sin lugar a dudas colaboraríamos a evitar
las inundaciones que se producen y los daños que se plantean a las
personas y a los bienes.
En cuarto lugar, un plan nacional para proceder, de acuerdo con las
comunidades autónomas y los entes locales, a la adecuación de las
conducciones urbanas de abastecimiento y saneamiento conforme a la
normativa comunitaria aplicable. Se nos decía por parte de la
ministra y por parte de la portavoz del Grupo Popular cuando se
debatía la Ley de Aguas que este tipo de actuaciones, el tema del
abastecimiento y su mejora, no eran competencia de la Administración
central sino de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. Es
imposible que los ayuntamientos lleguen a hacer frente a todo lo que
se les viene encima con la modificación de sus redes de
abastecimiento y saneamiento. Por tanto, habrá que poner en marcha
desde el Estado, con cargo a los fondos de cohesión, medidas
encaminadas a llevar a cabo y ejecutar este plan. A mi grupo le
gustaría que se aceptara esta condición como uno de los elementos
importantes de la actuación hidráulica futura a medio y largo plazo.
Por último, un plan para reforzar y modernizar los organismos de
cuenca con el fin de que puedan cumplir con eficacia las funciones y
tareas que tienen encomendadas. Proponemos esto en consonancia con
nuestra voluntad desde el principio de esta legislatura de reforzar
los organismos de cuenca, de reforzar las confederaciones
hidrográficas que están resultando atacadas de manera frontal y
nítida por las sociedades de aguas. Sociedades de aguas que no
funcionan, pero que están ahí para desvirtuar el funcionamiento y
cometido de los organismos de cuenca. Por eso intentamos dar cabida a
lo que ustedes dicen que hacen, aunque luego los hechos les lleven la
contraria. Dar cabida a este reforzamiento y modernización vendría
bien para el conjunto de la gestión del agua en las tesis de ahorro,
en las tesis de la regulación y en todos aquellos aspectos que tienen
que ver con su mejor gestión.
Disminuyen ustedes la inversión, los datos de su Ministerio así lo
dicen: entre 1996 y 1998 han ejecutado
únicamente el 80 por ciento de
su presupuesto; no los 700.000 millones de pesetas que dicen, sino el
80 por ciento, que son 487.000 millones de pesetas; y eso
incorporando todo lo que es calidad de las aguas y no solamente las
infraestructuras hidráulicas, o sea que la diferencia podría ser
todavía mayor. Nosotros les decimos con nuestra moción: anímense,
inviertan, gasten lo que tienen, reinicien las obras que tienen
paradas, pongan en marcha las regulaciones, modernicen los regadíos,
configuren un programa de reanudación de todas las obras de regadío
que tienen paradas en muchas regiones. La región de Murcia, por
ejemplo: llegaron en 1996, paralizaron la modernización de regadíos y
se han planteado después problemas de abastecimiento y de regadío
porque la región necesitaba esa modernización.
Incentivar la inversión, apoyar que la inversión se produzca, es una
buena medida, es un signo de colaboración con el Gobierno para
intentar que la política hidráulica salga del impasse en que se
encuentra, consiga beneficios que aminoren los futuros riesgos de
sequía y acometa las obras de regulación y modernización que
contribuyan al ahorro y a la mejor gestión del recurso del agua.
Señor presidente, señorías, a esta moción se han presentado dos tipos
de enmiendas que expondrá cada uno de los grupos; doy contestación a
estas enmiendas para evitar un trámite posterior. Se aceptan las
enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida porque
entendemos que mejoran el texto de la moción y complementan lo que
debe ser una política de aguas. No podemos aceptar la enmienda que
plantea el Grupo Parlamentario Popular porque suena un poco... no me
gusta decir tacos ni pitorrearme demasiado.
El señor PRESIDENTE: No debe, no debe, no debe.
Debe concluir, señor Morlán, pero sin tacos. (Risas.)
El señor MORLÁN GRACIA: Suena a risa que el Grupo Parlamentario
Popular inste al Gobierno a seguir impulsando las obras de
regulación, dentro de la política de aguas que esta moción pretende.
Dentro de una política de aguas que contempla medidas de
incentivación de la inversión, medidas encaminadas a paliar la
sequía, a dinamizar una actuación planificadora y a elaborar una
política de aguas que tiene que ver con el desarrollo de un sector
socioeconómico muy importante -nuestra agricultura- y con el
abastecimiento de boca a nuestras poblaciones. Es de risa que tengan
que presentar ustedes una moción de estas características, supliendo
todo un texto que supone un gesto de buena voluntad del Grupo
Socialista, para que hagan ustedes lo que no consiguen: hacer frente
a la política de aguas de este país.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morlán.
En efecto, como S.S. ha anticipado al Pleno, se han presentado
enmiendas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y por
el Grupo Parlamentario Popular.Para la defensa de la enmienda del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que ya ha aceptado el
proponente, tiene la palabra el señor Ríos Martínez, don Pedro
Antonio.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que
en tema de aguas esta legislatura va a ser copiosa en cuanto a
iniciativas parlamentarias; en cuanto a solución programada del
problema del agua, no tanto. ¿Por qué digo copiosa? Esta legislatura
empezó en septiembre de 1996 con una interpelación y una moción.
Aquella moción marcaba al Gobierno para que durante 1997 presentara
el Libro Blanco del agua y abriera un gran debate nacional que
culminara con el Plan hidrológico nacional, que se presentaría en
esta Cámara consensuado en el año 1998.
Ha hecho referencia el portavoz del Grupo Socialista a otra
interpelación que su grupo hace en el año 1999, en vista de que el
tiempo no mejoraba y que el Gobierno no se mojaba -dicho sea de paso,
en las dos vertientes de hacer propuestas y de tener agua-, y este
Pleno vuelve a aprobar otra moción y le da de plazo hasta el 30 de
junio para que el Gobierno presente el Plan hidrológico.
Después de una interpelación del otro día en la que el grupo
proponente de la interpelación y la ministra discutieron de política
de aguas, discutieron de planificación hidrológica, discutieron de
programación de medidas para hacer frente a la sequía, viene una
propuesta de resolución fruto de lo que fue la interpelación, una
moción en donde el grupo proponente intenta concretar en tres
iniciativas, en tres acuerdos plenarios lo que resumiría esa
interpelación y la historia parlamentaria de la voluntad de este
Pleno del Congreso.
A mí me choca que la única respuesta que el grupo mayoritario tiene
sea sustituir todo ese debate y las tres propuestas que hace el grupo
proponente diciendo: El Congreso insta al Gobierno a seguir
impulsando las obras de regulación -ya no hablamos de planificación
hidrológica, decimos impulsando obras de regulación como si ya
estuvieran impulsadas, seguir impulsando es que ya están haciéndose-,
modernización, desalación, reutilización -eso sí, todo con respeto a
las normas medioambientales-, seguridad y control del gasto público.
Esto es la cuadratura del círculo, que se siga impulsando pero sin
que se gaste mucho, que esté limitado a que se presente el proyecto y
que tenga seguridad la propuesta. Pretenden sustituir todo el debate
por esto. Esto es, como decimos en la huerta: ¡qué listo es mi hijo
Roque que a los cuarenta años dice albercoque!, porque encontrarse
con esta propuesta como alternativa a toda la discusión lo cierto y
verdad es que le deja a uno un poquitín fuera de juego.
Pero yo voy a intentar, con persistencia franciscana, volver al
debate que tuvimos el otro día retomando los compromisos que pide a
esta Cámara el Grupo Socialista, a ver si lo podemos apoyar y ver qué
podemos plantear. Y dice el Grupo Socialista que el Gobierno remita -
da un plazo- en el plazo de un mes el proyecto de ley de Plan
hidrológico nacional a la Cámara. ¿Pero
recuerdan ustedes lo que
decía la ministra al comienzo de la legislatura? Su voluntad era
abordar la planificación hidrológica, solucionar el problema del agua
superando las batallas y las guerras entre territorios y a nivel
sectorial, ofreciendo el consenso y el diálogo. Bueno, una de
nuestras propuestas es que, si lo trae, por lo menos que sea
consensuado, que busque un consenso. Para eso hace falta que haya una
propuesta. A mí me parece que simplemente es prolongar en el tiempo
de la legislatura un acuerdo de este Pleno. ¿Qué problema hay en la
Cámara para votar esto? Si en el año 1996 aprobamos que lo trajera en
1998, en 1998 aprobamos que lo trajera en junio de 1999, no me parece
mal que le digamos: por lo menos, que al terminar lo traiga. Eso es
lo que viene a proponer el Grupo Socialista.
¿Qué propone? Un proyecto de Plan hidrológico nacional que recoja en
su seno, además de lo que ya marca la Ley de Aguas -es que la Ley de
Aguas marca lo que debe ser la planificación hidrológica-, una serie
de previsiones que actualizan la necesidad que debe tener esta
planificación hidrológica. La primera, una revisión de las
concesiones. Se habla de un volumen del 80 por ciento de las
concesiones sin control; no sabemos el agua que tenemos. ¿Qué
planificación hidrológica vamos a hacer si no conocemos las
concesiones que funcionan? ¿Qué realidad tienen actualmente? ¿Cuáles
están caducas y cuáles deben estar en vigor? Lo que hay que hacer es
revisar es eso, tanto en abastecimiento como en regadío. Si dicen que
está realizado, ¿qué problema hay para la propuesta de planificación
hidrológica? No se confundan al final SS.SS., la planificación
hidrológica no es necesaria para la España que no tiene agua; no, la
planificación hidrológica es necesaria para toda España; la
planificación hidrológica es marcar una política de aguas que obliga
a todos los españoles, una orientación en la filosofía de gestionar
el recurso agua y cómo cubrir esa programación en cada una de las
cuencas y en las cuencas deficitarias. Por tanto, no es una necesidad
hecha a trozos, de unos frente a otros. La propuesta me parece
suficiente y razonable.
¿Qué pretendemos añadir nosotros? La propuesta del Grupo Socialista
está dirigida a programar actuaciones que eviten riadas e
inundaciones; hablan de la ocupación que se ha producido de las zonas
inundables, todo lo que es la zona afectada por el dominio público
hidráulico y de elaborar una cartografía de riesgo de zonas
inundables. Es que sin eso no podremos hacer frente a esta realidad
que tenemos. ¿Qué propone nuestra enmienda? Puesto que ya hay un plan
de deslinde aprobado, pero que no está funcionando en la realidad, lo
que proponemos es dotar de mayores recursos para que empiece a
funcionar y ejecutar ese plan para recuperar definitivamente el
dominio público hidráulico que hoy ha sido ya ocupado, que está
invadido ilegalmente y que no hay narices para restablecer esa
realidad con propuestas que sean razonables en todo el territorio.
Esa sería nuestra segunda propuesta. La primera es que el plan
hidrológico venga consensuado y, la segunda, que se introduzca una
actuación de recuperación de ese dominio para evitar las avenidas. El
Grupo Parlamentario Socialista propone dotar de eficacia a los
organismos de cuenca. Nosotros creemos que el artículo 56 de la Ley
de Aguas en el devenir del tiempo no ha funcionado o no se ha dotado
de capacidad a estos organismos para hacer frente a la sequía que
ahora mismo hay y que en otros momentos se ha producido. En segundo
lugar, proponen que las obras de regulación que se han anunciado se
ejecuten y se meta todo en ese plan o actuación global. ¿Qué
proponemos nosotros? Nosotros queremos que, como debe suceder en
todos los casos, los bueyes vayan delante del carro y no como hace el
Gobierno que pone el carro delante de los bueyes; claro, así el carro
va hacia atrás, no funciona hacia delante. ¿Qué solicitamos nosotros?
Que una vez hecha la planificación hidrológica, la reforma de la Ley
de Aguas, la que se está tramitando ahora, se adecue al consenso que
ha existido en la planificación hidrológica. Para qué queremos una
reforma de la Ley de Aguas que toca desde la planificación
hidrológica de cuenca hasta la planificación hidrológica global,
desde toda la regulación de funcionamiento de las concesiones hasta
la obra pública hidráulica, si después logramos un consenso, me
imagino que acercando posiciones; no pensará el Gobierno que el
consenso se produce diciendo: Amén, propongo esto y sí o no, un
refrendo. Lo que planteará es: Esa es al propuesta del grupo que
apoya al Gobierno, ésta la de los demás grupos y nos acercamos a una
posición común.
Pues bien, lo que pretende este grupo es que no se haga una discusión
al margen de la planificación hidrológica. Esto hubiera sido así si
la ministra no hubiese estado mal colocada dentro del Gobierno y
hubiese sido capaz de comprometer al Consejo de Ministros en una
propuesta que tiene encima de la mesa con infinidad de alternativas.
El problema del plan hidrológico es que lo estamos magreando mucho,
no nos atrevemos a ponerlo encima de la mesa; hay infinidad de
propuestas y de estudios, el Gobierno socialista tenía infinidad de
documentos para apoyarlo, el Grupo Popular ha hecho un libro blanco,
un inventario de recursos. Dejen ustedes de magrear la pelota y
pónganla en juego.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Como anticipaba, también ha presentado una enmienda el Grupo Popular,
para cuya defensa tiene la palabra don Ángel Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.
Empezaré mi intervención diciendo que si la enmienda que se ha
presentado a la iniciativa del Partido Socialista al señor portavoz
le produce risa, a este portavoz del Grupo Popular le produce
vergüenza ajena la propuesta que ustedes han hecho con esta moción
porque está plagada de contradicciones y no solamente en sí sino que,
a lo largo de estos últimos meses, que hemos tenido posibilidad de
participar en distintos debates dentro de esta Cámara con
interpelaciones e proposiciones no de ley, y en el propio debate de
la reforma
de la Ley de Aguas, ustedes cambian totalmente el discurso
de la noche a la mañana. Ustedes nos han planteado aquí una
modificación in terminis del artículo 43 de la Ley de Aguas, que
habla de los contenidos específicos que tiene que regular. Y, a
cambio de ello, nos deleitan con una serie de planes y programas para
solucionar el problema de la sequía que, siendo de difícil solución
desde el punto de vista de su iniciativa, desnaturalizan totalmente
la Ley de Aguas; ley -hay que recordar, a iniciativa del Partido
Socialista y aprobada por este Congreso, como muy bien decía
anteriormente la diputada señora Amador, es decir, una iniciativa
legislativa aprobada por este Congreso en el año 1985 a iniciativa de
ustedes-, que no ha sido variada ni un solo ápice en el artículo 43
por la reforma presentada por el Gobierno ni en fase de enmienda por
parte de los restos de los grupos parlamentarios. Ustedes únicamente
se han limitado, en el proceso de la reforma de la Ley de Aguas, a
presentar dos enmiendas, las números 211 y 212, en relación al
artículo 43, que hablan de las medidas de coordinación entre los
planes de cuenca y, otra, que habla sólo y exclusivamente de la
declaración preceptiva de los informes de impacto ambiental de todos
los planes. Hoy nos presentan una iniciativa de reforma del artículo
43 para, tal como decía el señor Ríos, con una novedad legislativa o
mecanismo que yo desconocía hasta la fecha, incorporarla directamente
en el proyecto de la reforma de la Ley de Aguas que, como ustedes muy
bien conocen, será debatida en el Pleno el próximo jueves en esta
Cámara.
Respecto a los distintos puntos de su moción, usted ha confundido el
Plan hidrológico nacional con la actuación ordinaria de las
administraciones hidráulicas que se da el Estado. En el caso del
primer punto hay que decirle al señor Morlán que lo que están
reflejando no está reservado a la ley y que el Plan hidrológico
nacional será un proyecto de ley. No pueden ser regulados por ley
estatal ya que afecta a competencias de las comunidades autónomas y
de las corporaciones locales. No respeta lo que prevé el artículo 43,
tal como le estoy demostrando, en cuanto a los contenidos del Plan
hidrológico nacional -si quiere, se los leo- que dicen que el citado
Plan hidrológico nacional se aprobará por ley y contendrá, en todo
caso, las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes
planes hidrológicos de cuenca, la solución para las posibles
alternativas que aquéllos ofrezcan, la previsión y las condiciones de
las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos
territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca y las
modificaciones que se prevean en la planificación y uso del recurso
que afecten al aprovechamiento de los mismos. En definitiva, señor
Morlán, ustedes, no sé si es porque se olvidaron de presentar estas
enmiendas en la Ley de Aguas de 1985, han presentado esta especie de
pseudomoción para intentar dar un carpetazo a este asunto, pero no
han conseguido convencernos de que con esos programas pueden variar
un ápice el problema de la sequía.
Sobre la revisión de las concesiones y su inscripción en los
registros, sobre la cartografía de riesgos de zonas inúndales y el
sistema de detección de sequías, son propuestas, como usted muy bien
ha dicho, del propio libro blanco, en las que en la actualidad se
está trabajando y de hecho nos consta que hay informes sobre
resultados en los distintos organismos de cuenca a los cuales usted,
como yo, podemos tener acceso directamente sin ningún problema. Ahora
bien, tengo que añadir que vemos con sumo agrado que por lo menos el
Partido Socialista se sume a ese tipo de propuestas que en este caso
no serían competencia del Plan hidrológico nacional sino, como
anteriormente le he comentado, de la administración ordinaria de las
administraciones hidráulicas y que, en definitiva, vienen a demostrar
que se está trabajando y dando soluciones a estos problemas.
En el apartado b) de su moción se inmiscuyen en las competencias de
las comunidades autónomas y tampoco encaja directamente en el Plan
hidrológico nacional. Sobre el reforzamiento de los organismos de
cuenca habrá que recordarle -usted, que es normalmente portavoz en
materia de política hidráulica, se habrá dado cuenta- que el aumento
que hubo del año 1998 al año 1999, en cuanto a la dotación económica
de los organismos de cuenca, subió nada más y nada menos que en un
260 por ciento y que hubo modificaciones y referencias del propio
Ministerio de Medio Ambiente para dotar de mayor competencia en
cuanto a las aprobaciones de los propios proyectos. Señor Morlán,
entiendo que con esta moción solamente busca un objetivo político:
crear un boicot permanente a la presentación del Plan hidrológico
nacional. Ustedes han esgrimido la excusa de una grave sequía para
exclusivamente traernos aquí el debate tan traído y tan llevado del
Plan hidrológico nacional. Ustedes están demostrando que llevan una
política errática, que no tienen una verdadera política de aguas y
están dando bandazos continuamente de un sitio hacia otro.
En relación con segundo punto de su moción, que hace referencia al
artículo 56 -el señor Ríos también ha hecho una alusión al mismo y no
he entendido muy bien a lo que se ha querido referir, pero creo que
se ha equivocado de artículo- y otorga al Gobierno la posibilidad de
adoptar medidas urgentes, con carácter excepcional, en caso de
extrema gravedad y sequía, le puedo decir que nosotros, con estos
instrumentos que hemos creado, estamos dando los pasos suficientes
para que no haya esa extrema gravedad de la sequía. Como usted habla
de lo que está haciendo este Gobierno -yo no quería referirme a lo
que hizo el Gobierno anterior-, le diré, en relación con el citado
artículo 56, que el Gobierno socialista hizo uso, en el año 1995, del
decreto de sequía, donde se declaraban medidas urgentes para paliar
sus efectos. Entonces sí que había una sequía gravísima por falta de
previsión de su Gobierno. Con aquel decreto ustedes en la presa de
Nuévalos, provincia de Zaragoza, autorizaron a la Confederación
Hidrográfica del Ebro a transformar aquella presa, que tiene todavía
hoy usos de abastecimiento de boca y de regadíos, para un uso
turístico. Esa es la forma de hacer política del Partido Socialista.
Acuérdense de la crispación que creó en la comunidad autónoma y de la
falta de credibilidad que le costó al Gobierno
en aquel momento a la
hora de defenderlo y que ocasionó bastantes batallas campales. (El
señor vicepresidente, Companys Sanfeliu, ocupa la Presidencia.)
En resumen, la sequía se está solucionando con medios ordinarios de
la Administración, tanto en la vertiente inversora como en la
capacidad de gestión, adelantándose a problemas y previendo las
situaciones que pudieran originarse por la falta de agua. Quisiera
recordarles las medidas previstas en la propia reforma, en la Ley de
Aguas, como son la medición de los consumos, los contratos de cesión
de derechos, la reutilización, la creación de bancos de agua para
situaciones extremas, entre otras, que a buen seguro contribuirán a
mejorar las condiciones de sequía que se dan en nuestro país.
Quiero recordarle al señor diputado que hasta 1995 no supieron
predecir los graves problemas de sequía e hicieron una política
totalmente de parches, política que les llevó a enfrentamientos
graves entre las propias comisiones de desembalse, a las que usted el
otro día hizo referencia en el debate sobre la interpelación. ¿Cómo
funcionan hoy? Como muy bien recordaba la ministra de Medio Ambiente
en su intervención del pasado miércoles, hoy funcionan no solamente
las comisiones de desembalse sino también los usuarios en sus propias
zonas de influencia, acordando la planificación del uso del agua en
base a los recursos que tienen.
Aquí se han dicho falsedades que a mí me parecen muy graves y que son
un insulto, desde mi punto de vista, para los organismos de cuenca y
para los miembros que componen los organismos de cuenca. (El señor
Pérez de Tudela Molina: ¿Quién te ha dicho eso?) Porque con los
planes de cuenca tenemos controlado continuamente cuáles son las
reservas de agua a través de las regulaciones y de los sistemas de
explotación de lo que es en este caso la gestión de la política
hidráulica; política que, a partir del año 1996, con el Gobierno del
Partido Popular se ha hecho de forma consensuada, coordinada,
participativa y con una dirección política, dando participación a los
usuarios y, en definitiva, previendo el problema de la sequía y el
desarrollo de las distintas obras.
Ustedes dicen que no se ha hecho absolutamente nada en el capítulo de
obras. Aquí tengo un listado de las principales obras desde el año
1996, de las que están terminadas, licitadas o empezadas, que son
unas cien, todas ellas de gran importancia, con una inversión que el
otro día le comentaba la ministra. (El señor Pérez de Tudela Molina:
¡No mientas!) No se preocupen ustedes porque no me van a distraer.
Para terminar mi intervención, señor presidente, doy por defendida mi
enmienda, porque ya anunciado preceptivamente el portavoz del Partido
Socialista que no la iba a aceptar, pero acabo apelando a la
responsabilidad. Hay que reconocer que estamos en período
preelectoral y que el agua es un asunto que históricamente ha
levantado pasiones en todo el territorio nacional. Yo apelo en este
caso a la responsabilidad del propio grupo proponente de esta moción,
del Partido Socialista, para que, en aras de una política eficaz, de
evitar enfrentamientos y de solucionar un problema tan grave como el
que se puede plantear en momentos cíclicos de la sequía, podamos
acordar soluciones. En eso estamos.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
diputado.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el diputado Salvador Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Un debate más -no sé si será o no el último porque el próximo jueves
estaremos hablando otra vez del agua- sobre política de agua. Me
viene a la memoria una anécdota -la comentaba hace pocos días en
Santander con el señor Morlán-, que dice: ahora que he aprendido a
decir película, ahora lo llaman flim. Hasta ahora teníamos una
política hidráulica, ahora la llamamos política de aguas. Es lo
mismo, pero la hemos cambiado el nombre. Siempre hemos oído que el
plan hidrológico tenía que ser ley y parece ser que ahora no va a
hacer falta que tenga tal rango.
Yo, que sigo en persistencia franciscana -como decía el señor Ríos-,
pero sosegado, hace tiempo que he llegado a pensar que el consenso
sosegado que siempre he reclamado en cuanto al Plan hidrológico
nacional tiene que culminar mediante pasos lentos y tranquilos. Hace
mucho tiempo -ya el año 1993, en un debate con el entonces ministro
señor Borrell, discutíamos sobre el plan hidrológico- preguntaba
cuándo estaría listo el citado plan, pero me he resignado a decir en
distintos foros que el plan hidrológico no puede aprobarse en esta
legislatura, y de esta manera me van dando la razón. Estaría contento
-lo he dicho en público- si lo tuviéramos aprobado en el año 2003.
Se ha ido avanzando con el anterior y con el actual Gobierno, pero en
esta Cámara mantenemos algunos debates estériles, sin objetivos ni
resultados positivos. Hoy estamos en uno de estos debates. La semana
pasada nos decía el señor Morlán en la interpelación: El próximo
martes le ofreceré una lista de aspectos a considerar por el Gobierno
y por el Grupo Popular y espero que sean aceptados. Pues bien, lo que
hoy nos presenta la moción es la continuidad de esos debates que no
llevan a nada. Su primer punto insta al Gobierno a que, en el plazo
de un mes, el proyecto de ley del plan hidrológico esté en la Cámara.
Ya se han mencionado las interpelaciones que hubo en 1996 y 1998; se
dijo que a finales de 1999 vendría al Congreso. La señora ministra ha
manifestado que, por motivos externos, no estaría aquí antes de fin
de año y ahora, parece ser, que a lo mejor sí viene. A mí me da igual
que venga. Si es así, tendremos un documento de trabajo que no puede
prosperar porque no da tiempo al debate parlamentario, que tendrá que
hacerse en la próxima legislatura.
Pues bien, no podemos apoyar esta moción porque es continuidad de
esos debates que no tienen finalidad.
Nosotros seguimos trabajando en
estos temas y consensuamos con el Ministerio los asuntos que podemos
fijar y que son positivos. El primer punto de la moción habla de
remitir a la Cámara, en el plazo de un mes
-que sería en octubre-, el proyecto de ley del plan hidrológico. Si
el Congreso ha aprobado que el citado proyecto venga en diciembre,
ahora reducimos el tiempo en dos meses más. Si estamos completamente
seguros de que no va a llegar en diciembre, cómo vamos a pedir al
Gobierno que lo envíe en octubre. Nosotros no podemos apoyar esa
petición. Nos decía el otro día el señor Morlán, haciendo referencia
al plan hidrológico y a los incumplimientos del Ministerio: Nos dicen
que el plan hidrológico está hecho, pero no lo está. Si está hecho,
no vamos a pedir programas nuevos porque entonces sí que necesitarán
más de un mes; que traigan lo que está hecho. Si no lo está, en un
mes tampoco hacen estos programas.
Nosotros pedimos que se siga trabajando sosegadamente, aprovechando
toda la documentación del Gobierno anterior, que era mucha, muchos
trabajos que en principio parecía que no se habían aprovechado y
después se ha visto que sí; que los trabajos fructifiquen y, como el
tema es tan difícil, que en la próxima legislatura, con tiempo -no
tiene por qué haber elecciones durante tres años-, con esta
persistencia franciscana que decía el señor Ríos, en un consenso
sosegado, todos los grupos podamos aprobar un plan hidrológico.
Nosotros, en este momento -y con esto acabo-, no podemos apoyar la
moción que ha presentado el Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu ): Muchas gracias, señor
Sedó.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las nuevas enmiendas, tiene
la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Señor presidente, como he indicado en mi
intervención, aceptamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida y rechazamos las del Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Morlán.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO A LOS
EFECTOS DE FAVORECER LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE PEQUEÑAS EMPRESAS
DESDE LA PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA, FISCAL, LABORAL, FINANCIERA O
TECNOLÓGICA. (Número de expediente 173/000160.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Pasamos al punto 7 del
orden del día: Moción consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas
de política general que piensa adoptar el Gobierno a los efectos de
favorecer la creación y desarrollo de pequeñas empresas desde la
perspectiva administrativa, fiscal, laboral, financiera o
tecnológica.
Para su defensa, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el diputado Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) ha presentado esta moción ante el Congreso de
los Diputados como consecuencia de nuestra interpelación urgente de
la semana pasada, sobre aquellas medidas de política general que
pensaba adoptar el Gobierno para favorecer la crea-
ción y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y
concretamente de las microempresas, desde la perspectiva
administrativa, fiscal, financiera o tecnológica. En esa
interpelación pudimos constatar que existía una cierta complicidad
entre nuestro grupo parlamentario y el vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía, don Rodrigo Rato, así como también
con otros grupos de la Cámara, concretamente con el Grupo
Parlamentario Socialista; existió complicidad con la portavoz de este
grupo, la señora Aroz, ante las propuestas que hizo nuestro grupo
parlamentario, de lo cual deduzco que la moción que hemos presentado
será apoyada no solamente por el Grupo Parlamentario Popular y los
otros grupos parlamentarios de la Cámara, sino también por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Como digo, existió complicidad y acuerdo en determinados aspectos que
nosotros considerábamos relevantes. En primer lugar, todos los grupos
constatamos el importante papel que jugaban las pymes en el tejido
empresarial español, así como desde la perspectiva de la Unión
Europea. Existía coincidencia con el Grupo Popular y con otros grupos
acerca del papel que han jugado estas compañías en la generación de
puestos de trabajo, concretamente en esta última legislatura, así
como en el impulso evidente que se había dado a la economía
productiva y al tejido empresarial español. Concretamente, aquellos
aspectos relacionados con la reforma fiscal, la bajada de los tipos
impositivos y las cuestiones que hacen referencia a las economías y
empresas familiares: impuesto de sucesiones y activos empresariales
afectos a los patrimonios empresariales, tratamiento de las
plusvalías, etcétera. También existió coincidencia en el sentido de
que la coyuntura económica por la que estaba atravesando la economía
española no duraría siempre y que éste era el momento oportuno para
que todos los grupos parlamentarios hiciéramos un esfuerzo -y éste es
el sentido de la moción que ha presentado nuestro grupo- para
consolidar un marco de medidas fiscales, administrativas y laborales
para favorecer y potenciar a las pequeñas y medianas empresas y,
concretamente, las microempresas.
El que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha
presentado esta moción, que es consecuencia de la interpelación que
les indicaba anteriormente y
que consta de dos puntos fundamentales,
que van en la dirección de consolidar y potenciar el tejido de las
pequeñas y medianas empresas en general. En primer lugar, estimamos
muy importante que hoy esta Cámara apruebe la creación de una
comisión parlamentaria no permanente para que todos los grupos
parlamentarios podamos analizar el entorno económico, laboral y
administrativo de la microempresa y emitir, en el plazo de tres
meses, un conjunto de recomendaciones legislativas y administrativas
para que sean de aplicación en apoyo de la creación y desarrollo de
las microempresas desde las perspectivas fiscal, laboral, financiera
y tecnológica, con un objetivo fundamental: que todas las personas
emprendedoras que quieran fundar o sacar adelante una empresa no
tengan los problemas administrativos y jurídicos que hoy tenemos en
la legislación laboral y fiscal española; en definitiva, para que
todas aquellas personas emprendedoras que quieran potenciar su
pequeño negocio estén en las mismas condiciones en que lo están las
microempresas de los países socios y vecinos nuestros de la Unión
Europea.
Hay en esta moción un segundo punto importante, a nuestro entender,
dirigido a impulsar una serie de medidas activas en favor de las
microempresas para fomentar su desarrollo en el marco de la Unión
Europea y contribuir a la creación de empleo en la economía española.
A estos efectos, proponemos un primer punto que nosotros consideramos
fundamental, que es el de impulsar la reducción de los tipos
impositivos de IVA aplicables a las prestaciones de servicios
intensivos en mano de obra no expuestos a la competencia en el
mercado interior europeo. Nosotros entendemos que una rebaja del 16
al 7 por ciento en sectores tan importantes como el de la renovación
y reparación que el usuario puede hacer en su casa particular, y que
afecta a sectores tan importantes como la peluquería, la
electricidad, la pintura, la carpintería y los talleres de
reparación, permitirá que aflore una economía que hasta la fecha está
sumergida. Lógicamente, los servicios que los consumidores puedan
demandar tendrán una rebaja efectiva de alrededor de 9 puntos, que no
deja de ser significativa para que también la economía productiva en
este sector tan importante de mano de obra tenga un empuje solvente.
Asimismo, podrían verse afectados por esta reducción de tipos en un
impuesto tan importante como el impuesto sobre el valor añadido otros
servicios domésticos relacionados con la salud, que nosotros
consideramos muy importantes, como puede ser el sector dirigido a la
atención de las personas de la tercera edad o las guarderías en las
casas particulares para los niños que no llegan a los tres años y
también aquellos servicios dirigidos a un área social tan importante
como es la atención a los discapacitados.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) intentará, de
acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular que apoya al Gobierno,
hacer efectiva la reducción de los tipos impositivos del IVA durante
lo que queda de esta legislatura para que puedan ser efectivos a
principios del año 2000, con lo que se verían beneficiados más de un
millón de microempresas, más de un millón de trabajadores autónomos.
(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana ocupa la
Presidencia.)
En nuestra moción hay un segundo aspecto que nosotros consideramos
importante, y es la posibilidad de impulsar que los pequeños y
medianos comerciantes que sean personas físicas y que hoy tributan
por el IVA puedan hacerlo no sólo por el régimen de equivalencia o
especial del comercio minorista, sino que puedan optar, si lo creen
de aplicación y rentable de cara a la economía de su negocio, por el
régimen general. Es una demanda de diferentes gremios y muchísimas
microempresas la posibilidad de que el microempresario o la
microempresa puedan optar por el régimen general en vez del régimen
de equivalencia, lo que también favorecería un impulso importante de
la economía productiva.
Un tercer aspecto importante de nuestra moción, que también
consideramos relevante para impulsar el fomento de la pequeña y de la
microempresa, es que dentro del plan de acción de empleo durante el
año 1999 y del Pacto de Toledo se pueda fomentar la contratación del
primer empleado por parte de un colectivo tan importante en España
como es el de los autónomos y los profesionales sin asalariados, es
decir la posibilidad de que puedan tener bonificaciones en las
cotizaciones empresariales dentro de la Seguridad Social para la
creación de este primer empleo.
Existe un cuarto punto en nuestra moción que consideramos de cierta
importancia, una especie de bonificación fiscal importante para todas
aquellas pequeñas y medianas empresas que hagan inversiones en
activos fijos empresariales, para lo cual sería necesaria una pequeña
modificación en el impuesto de sociedades. Esto lo proponemos en
función de los resultados que ha dado la última reforma fiscal, para
poder acoger con más posibilidades que las pequeñas inversiones que
pueda hacer un sector tan importante como el de las pequeñas y
medianas empresas también pueda verse favorecido con ciertas
bonificaciones fiscales.
Nuestra moción incorpora un último punto. Hemos venido repitiendo a
lo largo de esta legislatura y de las anteriores la posibilidad de
que se puedan simplificar los trámites administrativos para todas
aquellas microempresas o empresas sin empleados y autónomos que
quieran ser emprendedores y fundar un nuevo negocio. Son conocidas
por todos los grupos parlamentarios las dificultades por la cantidad
de trámites burocráticos que hay que hacer para poder poner en marcha
una microempresa o una empresa autónoma, y nosotros en este punto
número 5 impulsamos una serie de medidas que si a través del análisis
y conclusiones de la comisión parlamentaria que crearemos recibe el
voto favorable de todos los grupos parlamentarios, seguramente todos
estaremos de acuerdo en que hay que simplificar los trámites
administrativos justamente para favorecer el impulso de las
microempresas, lo que en definitiva dará como resultado más empleo,
más efectividad y
más economía productiva para un país que lo ha
necesitado, lo seguirá necesitando y finalmente revertirá en más
creación de empleo dentro de todo lo que representa el tejido
empresarial español.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
A esta moción ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Popular, para cuya presentación y defensa tiene la
palabra el señor Milián.
El señor MILIÁN MESTRE: Señor presidente, señorías, estamos ante un
caso de coincidencias -o convergencias, para usar la redundancia con
cierto sentido del humor- porque realmente pocas razones existen para
oponerse a peticiones de la naturaleza que se han formulado tanto hoy
como la pasada semana en la interpelación al Gobierno. Yo diría que
de alguna manera estamos en los terrenos del imperativo categórico
kantiano, y por tanto en ese mismo sentido y en esa directriz voy a
argumentar nuestro planteamiento.
En el debate de la interpelación que el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) planteó la semana pasada sobre las pymes quedó
clara una cosa: la coincidencia en la filosofía y en los objetivos
tanto del interpelante como del propio Gobierno. Por eso hoy trataré
de razonar al menos los fundamentos de nuestra enmienda, que
entendemos mejora, objetiva, racionaliza la común voluntad de las
partes, si bien con alguna mayor precisión desde el punto de vista
técnico.
Existen cuatro hechos ineludibles en este debate. Primero, que las
pymes en España suponen el 99,9 por ciento de nuestras empresas y por
ende su aportación al PIB resulta tremendamente elevada. Segundo, que
gracias a las pymes la creación de puestos de trabajo es una realidad
tremendamente dinámica, sin la cual el mercado de trabajo se vería
gravemente limitado, debiendo extraer de ahí el resultado óptimo del
1.600.000 empleos creados en tres años y medio en España que pueden
ofrecer como balance hasta el día de hoy el Gobierno y esta
legislatura. En tercer lugar, que el futuro pasa por el desafío
tecnológico, y como asevera el profesor Peter Drucker es la sociedad
de la inteligencia y la sociedad del conocimiento la que va a plasmar
lo que él entiende que será la economía del futuro después de la
sociedad poscapitalista a la que dedica su último estudio.
Precisamente es en este ámbito en el que las pymes hablan de mayores
obstáculos para competir, un marco que ha estado presente y que les
había sido ajeno -yo diría que casi les había sido vedado- en función
de su dimensión y de su propia naturaleza. En cuarto lugar y
finalmente, en el escenario de la globalización de los mercados
precisamente las pymes van a suponer un inconveniente si no son
reforzadas de alguna manera en sus propias estructuras, si no son
apoyadas de forma definitiva en los programas de investigación en I+D
y si no alcanzan la suficiente capacidad de información y de
formación para dotarse de plantillas idóneas y bien preparadas a la
hora de competir en la globalidad de los mercados. He aquí, por
tanto, su principal obstáculo: cómo dotarlas de recursos financieros,
de medios y de apoyos fiscales para que todas las pymes estén en
condiciones de cumplimentar sus funciones fundamentales de producir
competitivamente sus productos en abierta competencia, valga la
redundancia, y mantener su actual capacidad de generación de puestos
de trabajo, algo que está siendo claramente demostrado.
No pocos analistas se interrogan precisamente en nuestros días acerca
de la correlación existente entre la globalización de la economía
versus globalización del desempleo, y está claro el dictamen de la
evidencia después de que en los años sesenta Galbraith tuviera ya
definido el nuevo Estado industrial, hoy tan superado, de que las
grandes inversiones industriales producen efectos de motorización, de
movilización económica o de amplificación de las capacidades de la
oferta. Sin embargo, el puesto de trabajo viene siendo un patrimonio
generatriz de las pequeñas y medianas empresas, las microempresas
como hoy estamos hablando y cuya dimensión fue definida ampliamente
la semana pasada, pequeñas y medianas empresas y microempresas que
por otra parte componen el mapa básico de la producción española.
El Gobierno del PP estableció desde 1996 entre sus prioridades un
particular empeño en el apoyo y fomento de una política dinámica de
las pymes que indirectamente surtiera el efecto inducido fundamental,
es decir la creación de esos puestos de trabajo. Las cifras conocidas
me liberan de acogerme a su recaudo, evidentia par diríamos. En
consecuencia, ya se han puesto en marcha desde 1997 una serie de
medidas que son previas a las que ahora se postulan y que podrían ser
fundamento y punto de partida de las que ahora se arrogan y que desde
luego para mí justifican sobradamente la coincidencia o convergencia
en este propósito en el día de hoy. En primer lugar, un Observatorio
de las pymes que se creó para favorecer la creación del tejido
productivo; un foro de participación de las pymes de las comunidades
autónomas y de la FEMP que elaborara propuestas, informes, estudios,
recomendaciones al Gobierno, etcétera; además, grupos de trabajo
específicos que elaboraran compendios de medidas concretas que
señalaran cuáles son los problemas estructurales o coyunturales de
estas empresas y que establecieran y fijaran sus dificultades de
competencia, de información, de mercadotecnia, tecnologías, etcétera.
El ICO por su parte y bajo el mandato del Gobierno ya puso a
disposición de las mismas durante esta legislatura algo más de un
billón de pesetas, lo cual explica suficientemente la voluntad del
Gobierno a este respecto.
La moción que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) en el día de hoy persigue, como ha dicho muy bien nuestro
compañero hace un momento, mejorar las condiciones de competitividad
y un nuevo escenario de la globalidad económica y su correspondiente
proceso de la internacionalización de las pequeñas y medianas
empresas.
En segundo lugar, ascender un peldaño más si cabe en orden a los
recursos financieros y a dotar a éstas de medios para incrementar su
capacidad de respuesta al reto del I+D para lo que las pequeñas y las
microempresas no están suficientemente dotadas, como es natural, y
carecen muchas veces hasta de los mínimos conocimientos técnicos.
En tercer lugar, garantizar y potenciar su viabilidad en un universo
complejísimo donde las altas tecnologías no estarían tal vez al
alcance de las pymes. Esta filosofía me parece impecable y es el reto
real y verdadero al que un Gobierno como el del PP no puede dar la
espalda cuando ya en su día estableció lo fundamental en la prioridad
de sus políticas en esta creación de puestos de trabajo a través de
la potenciación de las pequeñas y medianas empresas.
Repaso: en julio de 1996 se adoptaron medidas tributarias en su favor
que todos ustedes conocen suficientemente, como fueron la
actualización de balances, etcétera. En segundo lugar, en los
Presupuestos Generales del Estado de 1997 se consolidaron tales
medidas, por ejemplo, la reducción del 95 por ciento en el impuesto
sobre las sucesiones en las empresas y familias y la reducción del
IRPF. El impuesto de sociedades, por ejemplo, se redujo del 35 al 30
por ciento para los primeros 15 millones de beneficio. En 1998 el
Gobierno aprobó la reforma global de la fiscalidad de las pymes
basándose en las conclusiones extraídas por una comisión creada ad
hoc en 1997. El coste de esta reforma ha supuesto a lo largo de la
legislatura una carga tributaria de las pymes de unos 70.000 millones
de pesetas entre 1998 y 1999, pero los resultados han sido palpables
e inmediatos; nada menos que 60.000 empresas han creado su primer
puesto de trabajo, es decir carecían de trabajadores y han puesto en
marcha la contratación de un trabajador, con lo cual se está
demostrando que el esfuerzo del Gobierno a la financiación del ICO
aportada fácilmente y otros recursos y medios aducidos como ese 1,2
billones de pesetas a que me refería, de los cuales 180.000 millones
de pesetas fueron para Cataluña, suponen un apoyo de tal naturaleza -
repito- que más del 80 por ciento de los recursos han sido utilizados
por empresas de menos de cincuenta trabajadores, lo cual indica la
relación causa-efecto en el proceso de la generación de puestos de
trabajo.
No insistiré en cosas que han repetido anteriormente mis colegas,
pero sí quisiera justificar nuestra enmienda del siguiente modo: es
cierto que existe falta de garantías para ciertas empresas, aunque se
ha modificado mucho y se ha publificado bastante la generación de
empresas de riesgo y de capital-riesgo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego vaya
concluyendo.
El señor MILIÁN MESTRE: Sí, señor presidente.
No es menos cierto que existen todavía dificultades serias como son,
por ejemplo, los setenta trámites para la creación de una empresa que
suponen no menos de nueve meses desde la gestación de la misma y que
fácilmente y a través de un progresivo sistema de integración y de
intercomunicación de registros podría reducirse a una dimensión real
de 25 días de gestión y a muchos menos trámites. Consecuentemente,
estos y otros proyectos que están ya amaneciendo en la agenda del
Gobierno convergen y coinciden en este momento con la propuesta del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Nuestra enmienda, por tanto, es un texto alternativo fundamentado en
razones técnicas como ya he dicho, que no trata de modificar la
filosofía sino de concretar específicamente los puntos operativos. En
este sentido, de forma sintética les diré que aportamos dos párrafos
básicos. El primero afecta a la necesaria creación de la subcomisión
(en este caso coincidimos, subcomisión y no comisión, como decía
anteriormente el señor Sánchez i Llibre) y si me permite el
presidente quisiera introducir una pequeña enmienda in voce que es la
concreción de esos tres meses específicos para su cristalización.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego, señor
Milián que lo haga con la máxima brevedad y concluya su intervención.
El señor MILIÁN MESTRE: Me refería a la concreción de los tres meses
a los que no aludíamos en el texto original.
En el segundo párrafo se insta al Gobierno a continuar impulsando
medidas activas a favor de este tipo de empresas, a contribuir a la
creación de empleo en la economía española. Para ello se destinan una
serie de medidas, en primer lugar impulsar el fomento a la
contratación de un primer empleado -en coincidencia con nosotros-, y
siempre en el marco del Pacto de Toledo buscar la posibilidad de
establecer bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social
para este empleo. En segundo lugar, seguir avanzando en el proceso de
simplificación de los trámites administrativos a los que se sujeta
una pequeña y mediana empresa y en esta línea abundaríamos en la
potenciación de la creación de ventanillas únicas mediante la
intercomunicación de los registros, al aceleramiento de la reforma de
la Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común y a las disposiciones
reglamentarias al objeto de simplificar los trámites. También la
elaboración de un proyecto de ley concursal al objeto de adecuar los
procedimientos de quiebra y suspensiones de pago con el fin de
eliminar trabas a los procesos de reestructuración empresarial. En
tercer lugar, se seguirán potenciando mecanismos que faciliten la
inserción en el mercado de trabajo de las personas desempleadas, y
por supuesto potenciar la autogeneración de las propias empresas a
través de los autónomos. En cuarto lugar, estudiar la reducción de
los tipos del impuesto sobre el valor añadido aplicable a las
prestaciones de determinados servicios intensivos en mano de obra. En
quinto lugar, reforzar la línea pyme en el ICO. En sexto lugar,
elaboración de
un plan de consolidación y competitividad de las pymes
para el año 2000.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Milián,
debe concluir S.S.
El señor MILIÁN MESTRE: Estoy terminando.
En este caso afectaría a la financiación a medio plazo de las
empresas de menos de 100 trabajadores y a la cooperación empresarial
el desarrollo e implantación de ventanillas únicas, el apoyo técnico
y financiero a la creación de empresas, la creación de redes de
información e informatización de las pymes, la renovación en técnicas
empresariales y el aumento de la presencia de las mujeres en el mundo
empresarial. Asimismo el Gobierno instaría a la Cámara, antes de que
finalice el período de sesiones, a que estudiare un informe sobre los
efectos de la reforma fiscal, y en particular sobre los efectos de la
defensa global de la tributación de las pymes.
Estas son en sustancia, de forma reducida y sintética, las propuestas
que entiende nuestra enmienda, y que por supuesto estamos dispuestos
a transaccionar en el momento que crea oportuno esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Milián.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario va a apoyar la propuesta realizada en la
moción por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), como no podía ser
de otra forma porque como saben SS.SS. en todo momento nuestro grupo
parlamentario siempre ha estado en línea con las medidas de apoyo a
las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas.
Centrándome en las propuestas que hace el Grupo Parlamentario Catalán
en esta moción, encontramos que hay cierta confusión porque en la
propuesta que realiza en la interpelación habla de pequeñas empresas,
y sin embargo en la moción pasa ya a definirlas como microempresas.
Lo primero que tendríamos que hacer es clarificar a qué tipo de
empresas nos estamos refiriendo, y desde luego tener oficialmente
definidos los parámetros cuantitativos de empleados, volumen de
negocio y cuál es la definición de microempresa. Puede ser de uno o
de dos trabajadores, son autónomos, son profesionales, pero no hay
una clarificación oficial al respecto, y desde luego habría que tener
en cuenta las calificaciones que hace la Unión Europea en el ámbito
de los niveles empresariales cuando define qué es microempresa,
pequeña y mediana empresa o gran empresa. Por tanto, primero tenemos
que definir bien el campo y saber a qué nos estamos refiriendo.
Por lo que respecta a las propuestas que hace, observamos que por una
parte insta al Gobierno a reducir los tipos impositivos del IVA, a
bonificar las cuotas de la Seguridad Social a ese primer contrato de
trabajo o a ese primer empleado, a deducir en el impuesto sobre
sociedades por inversiones, a la simplificación en los trámites
administrativos. Todo esto insta al Gobierno a que se haga.
Por otra parte, propone crear una comisión parlamentaria no
permanente para que emita en tres meses las recomendaciones
legislativas y administrativas para lo mismo que se insta al
Gobierno. En esto también pediría cierta aclaración. Si por una parte
instamos el Gobierno a que realice y tome una serie de medidas ya
establecidas y por otra vamos a crear una comisión para estudiar qué
medidas se van a proponer, creo que habría que clarificar esta
situación.
Como decía, mi grupo parlamentario siempre ha propuesto, a través de
los programas electorales y dentro de nuestras iniciativas en los
debates legislativos, medidas encaminadas a favorecer la creación y
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y de las
microempresas; siempre hemos hechos estos planteamientos, y por tanto
en ese aspecto no tenemos cuestión alguna que añadir respecto a lo
que tantas veces hemos hecho.
Sí creo que habría que prestar una atención especial a este tipo de
empresas y nosotros ya lo estamos haciendo dentro de la Comunidad
Autónoma vasca y dentro de nuestra capacidad competencial,
principalmente en los aspectos fiscales, en los que de alguna forma
siempre somos avanzadilla en cuanto a las medidas que proponemos para
favorecer la creación y el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas, por cierto recurridas en tantas ocasiones cuando luego
venimos aquí a plantear esas mismas medidas para el resto del Estado.
Es una de esas incongruencias que a veces parece que tiene la
política.
De la misma forma, hemos apoyado y vamos a seguir apoyando todas las
iniciativas que en este ámbito se produzcan a nivel del Estado, como
la que propone el Grupo Catalán, lo que no significa que no
quisiéramos hacer en este momento una pequeña crítica a la forma de
planteamiento, y no tanto por los objetivos que se persiguen, que
desde luego coincidimos con ellos, sino por las herramientas que se
emplean y fundamentalmente por algunas imprecisiones en sus
planteamientos.
Por tanto, si verdaderamente queremos hacer algo serio y efectivo
para este nivel de empresas y en esta legislatura, lo primero que
tenemos que hacer es definir claramente qué nivel de estrato
empresarial se quiere apoyar. Como he dicho antes, ésta es una de las
premisas que debemos saber. No es lo mismo, dentro de este ámbito las
empresas profesionales de un nivel de dos o tres trabajadores que
empresas profesionales de un nivel multinacional. Creo que hay que
definir claramente a qué tipo de empresas, en este caso de empresas
profesionales, nos estamos refiriendo.
Hay que recopilar las medidas que ya se han adoptado. Lo hemos oído
aquí. Ha habido foros, encuentros, ha participado el departamento de
Comercio del Ministerio de Economía y Hacienda y hemos tenido el
Observatorio
de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, el tema
de la pequeña y mediana empresa y de las medidas de desarrollo está
tan manoseado que al final existen tantas puestas en acción en estos
momentos que lo primero que habría que hacer es recopilar qué medidas
se han establecido y qué efectividad han tenido esas medidas.
Hay que diseñar, en su caso, un plan sectorial de este tipo de
empresas, haciendo un traje a la medida para las mismas con el fin de
abordar específicamente su problemática, y desde luego no duplicando
lo que se ha hecho hasta ahora que creo es bastante.
En cuarto lugar hay que definir el instrumento que se vaya a estudiar
y a proponer. Por una parte, como decía antes, se propone una serie
de medidas legislativas y administrativas que tiene que llevar a cabo
el Gobierno, y por otra parte vamos a constituir una comisión de
estudio para que en tres meses establezca un informe. Creo que eso
también tenemos que aclarar o clarificar de alguna forma.
Finalmente, este debate se produce en un momento de la legislatura
que, señorías, estarán de acuerdo conmigo que es muy difícil que
pueda realizarse un trabajo serio y eficaz para impulsar un sector
empresarial de la dimensión del que estamos tratando. No queda tiempo
en esta legislatura, seamos conscientes de esta situación, y si vamos
a crear otra comisión más de estudio y análisis, desde el punto de
vista de mi partido no creo que sea en este momento prudente abordar
una situación como ésta a la altura que estamos de la legislatura.
En definitiva y como decía antes, de todas formas por parte de mi
grupo parlamentario vamos a apoyar la iniciativa, pero conscientes de
que sus resultados van a estar condicionados por la problemática que
antes he apuntado.
Estamos en sintonía con el Grupo Catalán sobre la importancia de la
microempresa y de la pequeña y mediana empresa, entre otras cosas
porque son el 95 por ciento de las empresas del País Vasco y sabemos
de sus problemas y de sus necesidades; por eso consideramos necesario
rentabilizar el tiempo y el esfuerzo que dediquemos a estudiar la
problemática y a proponer medidas necesarias para este grupo de
empresas o este nivel de empresas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el
señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros compartimos algunas cosas que se han planteado en este
momento, como que es una iniciativa que llega al final de legislatura
con un carácter todavía muy genérico y también con una duda para
nosotros fundamental, y es que no se puede hablar de la microempresa
como si estuviéramos en un país que es una Arcadia feliz, es decir
que todas las microempresas son empresas como tales y donde lo que
hace falta es simplemente impulsarlas, cuando la realidad es que
efectivamente, y se ha dicho, hay todo un abanico de actividades
empresariales que van, como el la propio ponente ha expuesto, desde
el trabajador autónomo, desde la pequeña empresa forzada a crearse
para poder entrar en un proceso de subcontrataciones, por ejemplo en
el sector de la construcción, o para tener un camión y es un autónomo
forzado por la multinacional para la cual trabaja a ser propietario
del camión y asumir él sus cargas sociales, o como es una práctica
desgraciadamente cada vez más frecuente, profesionales, economistas,
abogados, etcétera, que se ven obligados a darse de alta en autónomos
para que la empresa que le contrata acceda a ofrecerle un trabajo en
el cual va incluido en el precio que tenga que pagarse su régimen de
autónomos y al mismo tiempo abaratar los costes empresariales. Yo
creo que hay que delimitar muchas cosas, no vaya a ser que acabemos
impulsando un abanico que yo llamo no las ETT sino los autónomos de
trabajo temporal. Hay que tener cuidado en distinguir entre aquellos
proyectos e iniciativas personales profesionales viables, que con
apoyo crediticio tanto público como privado pueden tirar adelante, y
que con ventanillas únicas e información suficiente puedan facilitar
la contratación, pero no olvidemos que es un escenario al que hoy,
cada vez más, está siendo empujado forzosamente un montón de gente
que hasta ahora tenía empleo fijo y que está sirviendo, insisto, para
abaratar y estandarizar costes de las empresas, y no hay más que
mirar en el mercado de la construcción cómo cantidad de profesionales
de la construcción que antes eran fijos en las empresas hoy son
obligados a montar su pequeña empresa y cargar con todo esto a sus
espaldas.
A nosotros nos preocupa el tema, por ejemplo, de establecer
bonificaciones a primer empleo. Dicho así lo vemos de dudosa
eficacia. Creemos que es uno más de los elementos a discutir, pero
habrá que ponerlo en relación, por ejemplo, con hablar de los parados
de más de 40 años, del empleo de la mujer, en fin de todos aquellos
sectores que hoy tienen parados de larga duración y tendrían que ir
en combinación. Hasta ahora este tipo de medidas la verdad es que no
han resultado muy eficaces; por tanto, es quizá la medida en la que
tenemos más dudas de que sea realmente eficaz.
El régimen especial de comercio minorista en el que actualmente
tributa y establecer la posibilidad de tributar por régimen general
nos parece bien siempre y cuando vaya acompañado de otra medida que
en otros países funciona, y es obligar a que exista un registro de
caja donde se pueda evaluar en algún momento por el propio Ministerio
de Hacienda, aunque sea como elemento de control, el sumatorio de los
ingresos que tienen esas actividades, simplemente para ver si encajan
en la figura fiscal elegida. En Alemania existe la obligatoriedad de
llevar un registro de ingresos.
En las deducciones específicas para las inversiones hasta ahora se
rebajó al 30 por ciento el tipo para los primeros quince millones, es
una medida posible pero insisto en que no me parece la sustancial. Sí
estamos de acuerdo en reducción de los tipos impositivos del IVA, tal
y como
se acordó hace poco en Europa, y esa sí creemos que es una
medida sustancial, igual que nosotros hemos hecho una propuesta
reciente para reducir el IVA a las actividades relacionadas con el
transporte público, que también tienen una ocupación de mano de obra
importante.
En cuanto a la reducción de trámites administrativos creemos que
queda mucho por hacer o casi todo por hacer. Todavía hoy mismo
recibía la carta de un pequeño empresario que me contaba las grandes
dificultades para intentar contratar a un trabajador a través del
Inem y poder tener conocimiento real de cuáles eran sus posibilidades
y qué deducciones o beneficios podía tener. Se volvió loco, sin que
pudiera tener clara la decisión porque eran incapaces de explicarle
en el Inem qué podía hacer.
Otra medida importante que falta, y que nosotros anunciamos que la
presentaremos, viene al hilo de la presente fusión de dos grandes
superficies. Hay que hablar también de los plazos de pago a las
pequeñas empresas. Se producen abusos, tanto por parte de empresas
importantes de construcción como, y sobre todo, por parte de las
grandes superficies donde dejan el pago a la negociación de la
partes. Ya me dirán ustedes qué negociación puede hacer una pequeña
cooperativa suministradora de un Pryca, un Alcampo o un Continente en
cuanto a los plazos para pagar a los proveedores. Hay que reformar la
Ley de comercio interior y hay que obligar a las prácticas habituales
de 30, 60 y 90 días como máximo y evitar prácticas abusivas, que son
el pan nuestro de cada día en estas empresas, donde incluso hasta las
promociones las deciden las grandes superficies, imponiéndoles los
costes a los pequeños suministradores. Es otro elemento importante
para esta serie de empresas que giran en torno al sector de la
construcción, donde, insisto, las grandes empresas se llevan la
adjudicación de los contratos, pero luego hacen de meros
intermediarios para bajar los precios, forzando a la subcontratación
a empresarios autónomos o a microempresas con escasa viabilidad. Si
pudiéramos hacer un estudio exhaustivo de las mismas, lo veríamos.
Como prueba de voluntad podemos votar a favor, si es que sirve para
algo. Si hay una comisión, participaremos en ella, pero creemos que
hay que delimitar mucho más y salir de la generalidad para ir a
actuaciones concretas. Y aunque no me corresponde a mí que, como todo
el mundo sabe, soy de un grupo que defiende con fuerza otras ideas,
diré que la iniciativa privada tiene mucho que hacer, porque la banca
privada es una de las grandes dificultades. El acceso al crédito de
la pequeña y mediana empresa sin que tenga que ir avalado por no sé
cuantas garantías y propiedades, es también la pieza clave para que
la banca estudie profesionalmente este tipo de proyectos con ingenio,
arriesgue un poco más y trate de impulsarlos. Vamos a votar, insisto,
como prueba de buena voluntad de que es un tema que nos preocupa,
pero creemos que hay que delimitar y profundizar mucho más, no vaya a
ser que incentivemos la creación de subempleo a través de este tipo
de trabajo
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Aroz.
La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente. Quisiera empezar
por recordar la posición del Grupo Socialista en el debate de la
interpelación que precede a la moción que hoy consideramos. Una
posición favorable respecto a la oportunidad de que el Parlamento
debata sobre la problemática específica de la pequeña empresa, de la
microempresa, sobre la que convinimos que cuando hablamos de
microempresa nos referimos a empresas que tienen menos de diez
empleados, con una problemática muy específica dentro de lo que
constituye el tejido de la pequeña y mediana empresa en España. Este
debate, como dije el miércoles pasado, viene impulsado desde la
sociedad, viene impulsado desde los sectores empresariales y
laborales para que el Parlamento considere esta problemática. Estamos
obligados a ello, señorías. Así trata de trabajar el Grupo
Socialista, con atención a los problemas y a lo que la sociedad nos
propone que consideremos. Ahora bien, estudiar seriamente los
problemas, atender a lo que plantea la sociedad significa dar
respuestas serias y no tratar, como a veces pasa, de cubrir el
expediente con alguna solución de compromiso. Por eso era importante
conocer la moción que presentaría el grupo que ha impulsado este
debate.
Debo decirle, señor Sánchez i Llibre, que nuestro grupo, que ha
estudiado con todo interés y atención la moción, se ha encontrado
ante una situación de perplejidad, porque se nos dice: A), que el
Parlamento analice la realidad, analice la problemática y proponga
soluciones; B), al mismo tiempo y sin esperar a que la subcomisión o
comisión estudie, analice y proponga, se enumeran las medidas que se
deben impulsar por parte del Gobierno. Esto ha llevado a nuestro
grupo a no presentar enmiendas a la espera de que el debate de hoy
permitiera aclarar exactamente qué es lo que conviene hacer, que se
aclare lo que desde nuestro punto de vista es una incongruencia. Se
nos preguntará: ¿Está el Grupo Socialista de acuerdo con crear una
subcomisión de estudio? Pues sí, señoría. Pero si ya se toman y se
impulsan las medidas, ¿para qué sirve la comisión?
En segundo lugar, en relación con las medidas que se proponen, hay
algunas que son importantes. Nos parece importante la que lleva el
número 1: Impulsar la reducción de los tipos impositivos del IVA
aplicables a las prestaciones de servicios intensivos en manos de
obra no expuestos a competencia en el mercado interior, en el marco
de los acuerdos del Ecofin. Es una medida importante, pero si ustedes
van a aceptar la propuesta de enmienda que realiza el Grupo Popular,
queda totalmente descafeinada, porque ya no se trata de impulsar,
sino de estudiar si impulsamos o no impulsamos y si el Gobierno toma
o no esta medida.
Junto a esta medida que es importante para nuestro grupo, hay alguna
otra muy pintoresca. Es absolutamente pintoresco, señorías, que a
estas alturas de la legislatura,
habiendo sido uno de los compromisos
importantes del Gobierno desde el inicio de la misma la elaboración
de un proyecto de ley concursal, uno de sus aliados parlamentarios,
grupo que está en la mayoría, diga al final de la misma: por favor,
hagan un proyecto de ley concursal. Me parece que esto es poco serio,
señorías.
Quiero hacer una consideración más respecto a la propuesta de la
subcomisión. ¿Es realista, señor Sánchez i Llibre, proponer una
subcomisión para que elabore conclusiones en el plazo de tres meses,
cuando nos encontramos ante un período que es básicamente
presupuestario y cuando usted sabe muy bien que en el caso de que se
apruebe no se inicia el procedimiento de constitución en este
momento, sino que debe seguirse el trámite previsto para la creación
de subcomisiones, es decir, proponerlo y aprobarlo en Comisión y
traerlo al Pleno? Todo eso va a retrasar el inicio de los trabajos de
esta subcomisión. Por tanto, no sé si es realista este planteamiento.
En definitiva, señor Sánchez i Llibre, ¿no estaremos tratando de
cubrir el expediente ante una propuesta que nos elevan sectores
empresariales y sectores laborales? En cualquier caso, el Grupo
Socialista va a votar a favor de esta subcomisión.
En resumen, le decimos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) que nos gustó su iniciativa de traer al Parlamento esta
problemática económica y social, pero que nos ha decepcionado su
moción. A pesar de ello, vamos a votar a favor de la misma. Vamos a
votar más allá de lo que significa la moción. Vamos a votar a favor
de que el Parlamento y el Gobierno trabajemos atendiendo a esta
importante realidad económica y social de España: el de la pequeña
empresa, el de la microempresa, una realidad muy importante y a la
vez frágil, porque estas microempresas, menos de diez empleados,
tienen un índice de supervivencia muy pequeño, como comentamos el
otro día. Por tanto, es fundamentalmente un voto a favor de que el
Parlamento trabaje y sea sensible a esta realidad, a que el Gobierno
tome medidas concretas para atender esta realidad, una realidad que
es importante en el mantenimiento del tejido productivo español, pero
también en estos momentos, y muy especialmente quiero subrayarlo, en
la ampliación del tejido productivo, en la creación de nuevas
empresas y en la creación de empleo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aroz.
Señor Sánchez i Llibre, S.S. debe expresar la aceptación o no de la
enmienda planteada a su iniciativa por el Grupo Popular.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios.
Al grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, Grupo
Parlamentario Popular, por la presentación de esta enmienda que va en
la misma dirección que la moción presentada por Convergència i Unió;
al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Jon Zabalía; al
portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, Mariano
Santiso; y también a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
Mercedes Aroz -a pesar de que la hemos decepcionado-, por apoyar la
moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
Le reitero, señor presidente, que nuestro grupo parlamentario, por la
enmienda que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Popular,
aceptaría la siguiente transacción: retiraríamos de nuestra moción el
punto A), el punto 2 y el punto 4. Mantendríamos el punto 1 -el que
le preocupaba a la señora Aroz-, el punto 3 y el pun-
to 5, y aceptaríamos la enmienda transaccional del Grupo
Parlamentario Popular en los siguientes términos: introduciríamos el
punto A con la modificación que ha expresado el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Milián, incorporando el plazo de tres
meses en el plazo de la subcomisión. Al mismo tiempo queremos
manifestar que, si no fuera posible crearla en la Comisión de
Economía, nuestro grupo propondría constituirla en la Comisión de
Industria o en la de Presupuestos, dado que en la de Economía ya
existen dos subcomisiones.
Por último, proponemos al Grupo Parlamentario Popular que admita
retirar el punto B.1, el punto B.2, y el punto B.4, y aceptamos, por
consiguiente, los puntos B. 3, B.5, B.6 y B.7.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
Señor Milián, ¿está S.S. de acuerdo con la transaccional que ha
ofrecido a su grupo parlamentario el señor Sánchez i Llibre?
El señor MILIÁN MESTRE: Absolutamente. Se ajustan y complementan los
términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Milián. Lo votaremos en su momento en los términos resultantes
de la aceptación por ambas partes.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVA A LA POLÍTICA DEL GOBIERNO
Y PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA EL SECTOR PESQUERO. (Número de
expediente 173/000161.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto octavo del orden del día, moción consecuencia de interpelación
urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la política del
Gobierno y perspectivas de futuro para el sector pesquero.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, como consecuencia de la interpelación
sobre la política pesquera del Gobierno
debatida el pasado miércoles,
el Bloque Nacionalista Galego presenta hoy esta moción que contiene
dos puntos. El primero, de carácter general, hace referencia a la
necesidad de que el Gobierno trabaje en el seno de la Unión Europea
por mejorar la actual política pesquera, que no es satisfactoria para
la defensa de nuestros intereses desde nuestro punto de vista. El
segundo, es un punto específico referido a un problema en materia de
pesca que es necesario resolver a corto plazo por las implicaciones
económicas y sociales que conlleva, la renovación del acuerdo Unión
Europea-Marruecos.
Hemos renunciado a plantear una moción que contemplase los problemas
de pesca que existen en este momento, muy importantes sin duda, para
centrarnos en estas cuestiones básicas. Asimismo, las planteamos en
términos de mínimos desde nuestro punto de vista de modo que puedan y
deban contar con el apoyo del conjunto de esta Cámara, y parece que
así va a ser.
De la discusión de la interpelación presentada la semana pasada,
extraigo las siguientes conclusiones. En primer lugar que, al margen
del acento que cada grupo político ponga, la afirmación que hace el
Bloque Nacionalista Galego de que la actual política de pesca de la
Unión Europea deja mucho que desear desde el punto de vista de la
defensa de nuestros intereses pesqueros, es compartida por todos o,
cuando menos, no es contradicha con argumentos sólidos.
En segundo lugar, parece más que clara la necesidad, reconocida
implícitamente también por el Gobierno, de reforzar y prestar más
atención y esfuerzos a la política de pesca, lo que yo creo que no se
ha hecho hasta este momento, al parecer por existir problemas más
acuciantes en materia agrícola, etcétera.
En tercer lugar, a mí me parece también que resulta evidente la
ausencia de una estrategia gubernamental para el sector pesquero, una
estrategia clara del Gobierno, por tanto, la ausencia de unas líneas
maestras claras y concretas de los objetivos que el Gobierno se traza
para el sector de la pesca, hacia dónde cree el Gobierno que debe
caminar este sector y de acuerdo con eso qué medios deben utilizarse
para conseguirlo. Más bien el Gobierno a veces parece limitarse a
intentar tapar agujeros yendo por detrás de los acontecimientos y
siendo demasiadas veces el propio sector quien determina la política
a seguir o se ve en la obligación de buscar soluciones a esos
problemas por sus propios medios.
Un último elemento que se puede extraer de esa discusión y que ya es
una constante en las declaraciones o afirmaciones del señor ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación lo constituye el deseo de
consensuar la política en este caso de pesca como fórmula para
mejorar la defensa de los intereses del sector. En ese sentido
claramente va nuestra moción, buscar el acuerdo de la Cámara sobre
unas bases mínimas pero necesarias para avanzar en la resolución de
algunos problemas y también para impulsar al Gobierno a hacer
esfuerzos que alcancen en este caso un acuerdo de pesca con Marruecos
que logre mantener la actividad actual del grueso de la flota en
aquellas aguas. Por eso nuestra moción en su punto 1 propone que
desde la consideración del sector pesquero como estratégico
económicamente, se demande a la Unión Europea la puesta en marcha de
una nueva política de pesca orientada a reforzar y mejorar la defensa
a nivel mundial de los intereses europeos en la materia y, en
consecuencia, los del Estado miembro con más peso pesquero. Esto es
algo que a nosotros nos parece necesario para garantizar la
viabilidad de unas flotas de altura y gran altura que efectivamente
sí que cuentan con una capacidad de competir a nivel naturalmente
internacional. Este punto en esencia lo presentamos y proponemos
porque efectivamente si partimos de la base de que la actual política
pesquera de la Unión es cuando menos insatisfactoria, es lógicamente
necesario conseguir una política nueva, más activa en defensa del
sector y esa es una tarea del Gobierno. Además tengo que decirles
también con claridad que a mí me parece que no es admisible la
aceptación sin más de ese criterio por el que la Unión Europea es una
simple suma de intereses mercantiles donde parece que hay que aceptar
que los temas económicos de menor rango se defiendan con menor ímpetu
o interés. La Unión tiene que ser algo más que eso. Deberá
preocuparse también por defender los intereses de aquellos
territorios cuya economía gira alrededor de sectores que en el
conjunto pueden ser calificados de menores, pero que son muy
importantes para algunos territorios.
Por tanto, nos parece que la Unión no puede seguir practicando
políticas que sirvan exclusivamente para defender los intereses de
los Estados con más peso. En el caso de la pesca es evidente que la
Unión debe defender, aparte de los intereses del sector en general,
de una manera específica los intereses de aquel Estado miembro que
tiene más peso pesquero y, por tanto, también de los territorios que
más dependen de esta actividad porque si no no se avanzará en el
equilibrio económico-social de los territorios de la Unión, sino que
se agrandarán aún más las distancias existentes entre ellos.
Luego presentamos en la moción un punto segundo que se refiere, como
decía al principio, a la renovación del acuerdo de pesca entre la
Unión Europea y el Reino de Marruecos, que expira el próximo 30 de
noviembre. Ese punto lo desglosamos en tres apartados: un primer
apartado que habla de impulsar las necesarias iniciativas políticas
dirigidas a conseguir el rápido inicio de las negociaciones entre la
Unión Europea y el Reino de Marruecos destinadas a alcanzar un nuevo
acuerdo de pesca. Efectivamente, este punto primero es evidente que
lo proponemos porque es necesario impulsar que estas negociaciones se
inicien cuanto antes y tampoco sería desde luego necesario en este
momento explicar el porqué. En todo caso, sí que conviene decir que
ese inicio efectivamente depende de la voluntad libre y soberana de
Marruecos, pero obviamente también de la otra parte implicada, en
este caso la Unión Europea. Por tanto, se trataría de que el Gobierno
efectivamente siguiese impulsando ese inicio de las negociaciones.
Un apartado segundo que propone defender en el seno de la Unión
Europea que el criterio bajo el que ésta
debe orientar la mencionada
negociación tenga como objetivo mantener en lo sustancial tanto las
condiciones como el número de barcos que faenan en aguas de
jurisdicción marroquí al amparo del acuerdo vigente. Efectivamente,
nosotros partimos de la necesidad de que la Unión Europea tenga como
criterio inicial de negociación mantener cuando menos lo que hay. Si
todo el mundo comparte que no es buena cualquier otra solución que
pase por la no permanencia del grueso de la flota en las condiciones
en las que ahora está en aguas de jurisdicción marroquí, y además de
esta falta de presencia no se atisba ninguna otra alternativa, lo
normal es que la Unión Europea adopte como criterio básico de
negociación el mantenimiento de la flota actual en las condiciones
existentes. A nosotros nos parecería muy mala política, una política
poco acertada la línea -que, por cierto, algunos aún defienden y
pregonan- de aceptar una negociación cuyo criterio de partida suponga
ya una rebaja en esa cuestión que tratamos. Si la Unión Europea va a
una negociación aceptando de salida una disminución de la presencia
del número de barcos o aceptando una modificación negativa para
nuestros intereses en las condiciones actuales, uno puede imaginarse
cuál sería el punto de llegada. Insistimos en que nos parece
fundamental que el Gobierno mantenga un criterio claro en el sentido
de demandar a la Unión Europea que en la negociación, cuando menos,
se parta de lo hay y no empezar la negociación rebajando las
condiciones en las que actualmente faena nuestra flota en aguas del
banco canario-sahariano.
Por último, proponemos un punto tercero que habla de prever y
concretar urgentemente un plan de apoyo que incluya ayudas económicas
a armadores y tripulantes, compensatorias de la pérdida de actividad
durante el período de tiempo en el que por la prolongación de la
negociación para alcanzar un nuevo acuerdo de pesca Unión Europea-
Marruecos permanezca amarrada la flota. También es muy importante
preverlo porque a la altura que estamos es más que previsible -faltan
poco más de dos meses o dos meses para el fin del acuerdo- que se
amarre esta flota. Pensamos que el Gobierno debe presentar un plan de
apoyo concreto que compense a armadores y tripulantes de una parada
obligatoria en la actividad.
Como decía, esta es nuestra propuesta y, desde luego, tengo que decir
que para mí es una satisfacción que los grupos de la Cámara lleguemos
a un texto transaccional que daremos a conocer a la Mesa y que, desde
nuestro punto de vista, incluye los principios básicos que defendemos
en esta moción. Quiero decir, simplemente, que nos parece que es una
buena base de partida y que tiene el consenso necesario que pedía el
ministro para reforzar su acción en demanda de la consecución de un
acuerdo de pesca Unión Europea-Marruecos que sea favorable a nuestros
intereses.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
A esta moción han sido presentadas enmiendas por parte de los grupos
parlamentarios de Izquierda Unida, Socialista y Popular.
Para su presentación, en primer lugar, en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para expresar la postura de nuestro grupo y
también para defender nuestra enmienda, aunque evidentemente
anunciamos nuestro apoyo a la postura unánime de esta Cámara en
relación con la enmienda transaccional.
Tengo que decir que nos parece -y felicitamos al grupo proponente- un
debate oportuno, acertado, y si hoy somos capaces de llegar a un
acuerdo, como parece, evidentemente al menos habremos encendido una
luz de esperanza para un sector muy sacrificado, que realmente no
tiene demasiados motivos en estos momentos para estar satisfecho. Por
tanto, este puede ser un buen acuerdo, puede ser un buen punto de
partida. Pero no nos engañemos, el sector pesquero en nuestro país
tiene muchos problemas, entre otros, que este Gobierno le ha
defraudado al incumplir su compromiso de traer a esta Cámara una ley
de pesca, compromiso que, evidentemente, a estas alturas ya no creo
que sean capaces de cumplir ni de terminar. Este Parlamento no
discutirá en esta legislatura la ley de pesca a la que se
comprometieron, primero, la ministra doña Loyola de Palacio y,
después, el actual ministro. Por tanto, este no ha sido un sector
prioritario en la acción de este Gobierno y además ha sufrido lo que
nosotros entendemos que ha sido un olvido y una mala atención por
parte del Gobierno.
Creemos que el convenio con Marruecos, el papel de la pesca en la
Unión Europea, debe ser revisado y debe ser revisado desde su
consideración como un sector estratégico. Pero esto no puede quedarse
sólo en la literatura, no puede quedarse en una mera declaración
testimonial para dar palmaditas en la espalda a nuestros pescadores y
decirles que son muy importantes. Se trata de que se legisle, de que
se trabaje en la Unión Europea de acuerdo con este criterio.
A uno le llama la atención tristemente que justo en sectores donde
España puede ser líder en la Unión Europea, como son el turismo, la
agricultura o la pesca, siempre tengamos que sufrir abandono y
desaires. Estamos de acuerdo en que la pesca tiene que ser un sector
estratégico, que la reconversión del sector pesquero no puede ser
siempre a costa de los mismos, no puede ser una reconversión sin el
más mínimo calado social sino que, como se dice en la transaccional,
hay que actuar de una manera tal que genere riqueza en las zonas
dependientes de esta actividad, ya que difícilmente encontrarán una
tarea alternativa. Este Gobierno debe tomar buena nota de lo que aquí
se plantea y actuar en consecuencia. Debe cambiar la trayectoria, que
no ha sido precisamente de apoyo al sector pesquero.
Respecto al acuerdo con Marruecos, queremos decir, en primer lugar,
que no estamos ante una catástrofe inesperada, no estamos ante una
situación imprevisible sino que estamos ante la historia de un
problema anunciado y con fecha fija de resolución. Si a estas
alturas, con un país como Marruecos, con el que el Gobierno presume
de ser muy amigo, donde nuestro jefe de Estado acude como si fuese su
propia casa, nos encontramos con que no hemos alcanzado un acuerdo,
es un tremendo fracaso diplomático de este Gobierno. Repito, es un
fracaso que a estas alturas no hayamos sido capaces de hacer que la
Unión Europea llegue a un acuerdo con un país como Marruecos, del que
se presume la amistad con el nuestro.
Nos encontramos ante un fracaso del Gobierno que nos va a colocar de
nuevo ante una situación de dramatismo, y negociar en una situación
dramática nunca es bueno. Si en tres o cuatro años no se ha logrado
un buen acuerdo, ahora ya, con el reloj parado, con los barcos
parados, será mucho más difícil conseguirlo y habrá más presiones.
Por eso el primer punto es el reconocimiento de que este Gobierno no
ha sido capaz de impulsar ese acuerdo, no ha sido capaz de dar
satisfacción a las necesidades de nuestros pescadores y ahora nos
veremos abocados a una negociación mucho más difícil de la que
hubiésemos tenido si este Gobierno hubiese sido capaz de hacer que la
Unión Europea asumiese nuestros planteamientos e impulsado un acuerdo
justo, en pie de igualdad, con Marruecos, que evitase la sensación de
inseguridad que actualmente tienen la mayor parte de los pescadores
que ven venir un futuro que todavía no está nada claro.
Es importante que el Gobierno, en los meses que quedan para que
expire el acuerdo, sea capaz de cambiar la dinámica y de situar este
tema como estratégico, como una cuestión de interés general. Y lo
tiene que asumir no sólo el ministro sino también el presidente del
Gobierno, no de cara a la galería, a las declaraciones, sino que
deben plantear este tema seriamente en Bruselas y en Marruecos, y que
al negociar ambas partes sean conscientes de que nuestro país está
dispuesto a utilizar todos los recursos políticos, jurídicos e
institucionales para que al final, una vez más, no seamos los
perjudicados por otros intereses que puedan existir en la Unión
Europea.
El acuerdo puede ser bueno y, como se decía por parte del portavoz
del Bloque Nacionalista Galego, es un punto de partida, es un acuerdo
de mínimos que puede servir siempre que el Gobierno lo asuma de forma
sincera. Nosotros apoyamos y vamos a votar favorablemente esta
iniciativa, desde la óptica de que el Gobierno tenga un instrumento
que es muy importante, que es el acuerdo unánime de esta Cámara. El
Gobierno tendrá que utilizar esta unanimidad parlamentaria con toda
la dureza posible.
También desde la importancia de este consenso, el Gobierno asume una
responsabilidad. Nosotros vamos a ser exigentes a la hora de que el
Gobierno cumpla con lo que aquí hoy se le plantea. La responsabilidad
que el Gobierno asume debe ser hasta el final. Este consenso de hoy
obliga aún más al Gobierno y a su presidente a dar la cara y
conseguir desbloquear esta situación para que nuestros pescadores no
sufran una vez más las consecuencias de una política europea más
pendiente de otros intereses que de los de la pesca. En aras a este
consenso, hemos retirado nuestras enmiendas. La primera de ellas
profundizaba en la necesidad de que la reconversión pesquera tuviese
un calado social y la segunda, que también retiramos, se refería a un
tema importante y sangrante, que el Reino de Marruecos esté usurpando
unas aguas territoriales que no le corresponde y esté negociando en
ellas. En ese sentido queremos dejar claro desde esta tribuna que
seguimos apoyando las reivindicaciones legítimas de la República
Árabe Saharauí Democrática y exigimos que el Gobierno de Marruecos
renuncie a negociar sobre unas aguas que, repito, no le corresponden
ni la comunidad internacional le ha reconocido. Este es un elemento
importante y también que cuando se negocian acuerdos económicos se
mantenga la dignidad de un pueblo que todavía sigue exigiendo aquello
que este país no fue capaz de hacer en su día, un referéndum de
autodeterminación. Por tanto, espero que lo que hoy aquí se apruebe
sea un punto de partida, un instrumento, pero también un compromiso
por parte del Gobierno y tengan en cuenta que en este camino el
Gobierno y todos los grupos van a tener a Izquierda Unida a su lado,
pero lo tendrán en contra en la medida que el Gobierno sea incapaz de
cumplir con sus responsabilidades.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el debate de esta moción es consecuencia de una
interpelación y es el segundo sobre el sector pesquero que se produce
en esta Cámara en un intervalo de cuatro meses. Eso obedece a que
existe una preocupación grande en el sector, en los agentes que
operan que había sido negada reiteradamente por el Partido Popular,
que a lo largo de estos tres años ha presentado el sector pesquero
sin problemas, como una panacea y ahora mismo, cuando se acerca el
final del año 1999 y nos aproximamos al año 2000, empiezan a dar
marcha atrás en sus percepciones al ver y observar que cada día son
mayores los problemas que tiene este sector, que cada día es más la
ineficacia del Gobierno para renegociar acuerdos pesqueros, que cada
día es más la ineficacia del Gobierno para plantear nuevos acuerdos.
En defintiva, en el umbral del año 2000 nos podemos situar con una
flota con grandes dificultades, con una flota para la que ya el
Partido Popular está pidiendo medidas socioeconómicas porque se
prevén amarres de flota, con acuerdos que no se han renegociado, como
el acuerdo de Argentina, y también en el umbral del año 2000 con
la perspectiva incierta de 10 acuerdos que finalizan y no se sabe qué
va a pasar con ellos.
Nos alegramos de que por vez primera nos hayamos quitado la venda de
los ojos todos los grupos políticos de esta Cámara, los que veníamos
denunciando esta situación y aquellos que decían que el sector vivía
en la mejor de sus épocas, y nos pongamos de acuerdo en que es
necesario impulsar una política pesquera en el seno de la Unión
Europea que sea capaz de logar una situación que dé respuesta a los
problemas que denunciamos. Es necesario, por consiguiente, en el seno
de la Unión Europea una política efectiva de acuerdos de pesca; es
necesario en el seno de la Unión Europea que la política de pesca sea
también considerada, porque así lo es para algún país como España, un
sector importante; es necesario que en el seno de la Unión Europea
nuestro país lidere este proceso. La verdad es que hacemos este
debate con muchas dificultades. No se ha profundizado a lo largo de
estos tres años en impulsar esa política comunitaria de pesca en el
seno de la Unión Europea. Pero es más grave, cuando tenemos que
renegociar importantes acuerdos de pesca, como el acuerdo de
Marruecos, encontrarnos con que este Gobierno no estuvo a la altura
de las circunstancias para prever que era necesario renegociar nuevos
acuerdos. Y así, señorías, en la cumbre de Berlín, cuando se
negociaba la perspectiva financiera, el presidente Aznar se olvidó
negociar los gastos para la política exterior. Eso trae como
consecuencia que en el presupuesto comunitario de la Comisión para el
año 2000 no se pudieran incluir los 125 millones de euros que eran
necesarios para el futuro acuerdo de pesca con Marruecos. El señor
Aznar se olvidó, en la cumbre de Berlín, aumentar estar partida.
Nos encontramos ante la circunstancia de que, para poder hacer frente
al acuerdo de Marruecos, tal y como está planteando en este momento
el presidente de la Comisión, son necesarios los recursos de las
organizaciones no gubernamentales, la ayuda a Latinoamérica o a Asia.
Pero ahí, además, nos encontramos con un freno que es la presión de
Alemania para que esos recursos vayan destinados a la reconstrucción
de Kosovo. Por tanto, por la ausencia de estrategia, por el olvido de
España y de su presidente en la cumbre de Berlín, nos encontramos
ante una situación de enorme dificultad porque tenemos que renegociar
un acuerdo que ya de por sí tiene dificultades, pero por encima no
tenemos la perspectiva financiera necesaria para poder hacer frente a
esa negociación.
Hoy no es el momento de profundizar en el desacuerdo. Hoy hemos
logrado un acuerdo en una moción de todos los grupos, aceptando la
invitación que el otro día nos hacía el ministro de Agricultura. Y
hemos llegado a un acuerdo responsable. Pero les quiero advertir a
los señores del Grupo Popular y a los señores del Gobierno que el
acuerdo no significa un cheque en blanco al Gobierno. El acuerdo no
significa que el Gobierno siga haciendo caso omiso, porque ya había
un mandato de la Comisión de Agricultura reiterado en numerosas
ocasiones para que se pidiera la negociación. Hoy todavía no hay
acuerdo en la Comisión sobre el mandato de negociación para el
acuerdo de pesca con Marruecos. Ya había numerosos acuerdos en esta
Cámara y este Gobierno mantenía una política de no informar y de no
involucrar al conjunto de fuerzas económicas y sociales en el impulso
que era necesario para conseguir avanzar en la política pesquera.
Ahora lo reclaman y nosotros aceptamos esa invitación. Pero también
debemos decir que no queremos compartir con el Gobierno los errores;
errores como los que puse de manifiesto cuando se negociaban las
perspectivas financieras de la Unión en la cumbre de Berlín.
Queremos que exista un impulso en la política de pesca en la Unión
Europea; queremos que se renegocien los acuerdos que finalizan el
próximo año; queremos que se dé un impulso al acuerdo de pesca con
Argentina; queremos que se dé un impulso y que sepa el Gobierno que
tiene para eso todo el apoyo de esta Cámara para negociar lo antes
posible, en términos similares al actual, el acuerdo de pesca con
Marruecos; queremos, en definitiva, señorías, que este Gobierno a
través de su acción garantice que toda la flota va a seguir faenando,
garantice que no va a haber desempleo, garantice, en definitiva, lo
que tenía en el año 1996 cuando asumió las responsabilidades de
gobierno. En el año 1996, cuando el Partido Popular asumió las
responsabilidades de gobernar, toda la flota estaba faenando.
Invitamos al Gobierno y al Partido Popular a que cuando deje de ser
gobierno, allá por el mes de abril, toda la flota siga faenando en
las condiciones que lo estaba en el año 1996 y que sepa, además, que
para eso tiene el apoyo y la colaboración del Grupo Parlamentario
Socialista, que se va a sustanciar con el voto afirmativo a la
enmienda transaccional que hemos presentado todos los grupos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Blanco.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Señorías, creo que tenemos que
felicitarnos en esta Cámara porque hay una enmienda transaccional de
todos los grupos que la componen a la moción presentada por el Bloque
Nacionalista Galego, derivada de una interpelación presentada el
pasado miércoles. Digo que es tremendamente importante porque una de
las peticiones iniciales del ministro cuando tomo posesión es que
quería un consenso en la política pesquera. Creo que este es el
camino y, por tanto, reitero mi felicitación a todos los grupos,
obviamente también al Grupo Popular.
Antes de entrar en el fondo de la cuestión quiero rebatir una serie
de aspectos que han vertido los portavoces que han intervenido antes
que yo.
Al señor Centella tengo que decirle que él sabe bien que se han hecho
tres o cuatro proyectos de ley de pesca, que ya ha informado el
Consejo Económico y Social y que todos los grupos tienen el proyecto.
Yo les
pido a todos los grupos que sean lo suficientemente
desprendidos para que esta ley pueda aprobarse en esta legislatura,
puesto que es imprescindible para el sector. Hemos trabajado mucho,
hemos prometido tener esta ley en esta legislatura y, si no puede
ser, es por motivos totalmente ajenos al Partido Popular. Está hecha,
está presentada, está informada y todos los grupos la tienen. Por
tanto, el Partido Popular ha cumplido su compromiso, que se llevará a
cabo si, como digo, determinados grupos políticos son lo
suficientemente desprendidos.
En cuanto a algún portavoz, tengo que decir que no tiene arreglo.
Señor Blanco, no sé qué nos quiere decir de la política pesquera del
Partido Popular. Quiero recordarle que en esta Cámara nunca se ha
hablado tanto de pesca como en esta legislatura. Usted decía que
cuando hemos llegado al Gobierno toda la flota estaba recolocada.
¿Cuánta, señor Blanco? Porque le tengo que decir que desde que
gobierna el Partido Popular no se ha desguazado ningún barco, y el
señor Vázquez y yo sabemos bien que en 1980 había 120 parejas
bacaladeras y hoy hay 11; desde 1980
hasta 1995 se han quedado en 11 y quien gobernaba en esos años era el
Partido Socialista Obrero Español. Usted sabe bien que fue el
Gobierno, apoyado por su grupo, el que negoció el último convenio con
Marruecos y todos sabían, porque lo hemos repetido hasta la saciedad,
que era el último acuerdo que se firmaba con Marruecos en esa
situación. Por tanto, no venga ahora diciendo que el Partido Popular
negocia mal.
Señor Centella, efectivamente, el 30 de noviembre finaliza el acuerdo
con Marruecos, pero quiero recordarle que la ex ministra de
Agricultura y Pesca Loyola del Palacio, y el señor Posada, actual
ministro, llevan ya tiempo con este asunto. Y una cosa muy curiosa,
el otro día, en una rueda de prensa, se me preguntó si el acuerdo de
pesca con Marruecos podía tener implicaciones negativas con otros
sectores. Ahora se empiezan a preocupar otros sectores porque el
acuerdo de pesca puede tener incidencias negativas, cuando antes la
pesca era la cenicienta en cualquier acuerdo.
Señor Blanco, desde que el Partido Popular apoya al Gobierno hemos
negociado o renegociado 15 acuerdos pesqueros: con Mauritania, con
Senegal, con Madagascar, etcétera. Estamos negociando o renegociando
todos los acuerdos y hay muchos en perspectiva, como puede ser
Namibia, que, como usted bien sabe, es importante, o incluso estamos
intentando llegar a un acuerdo con Rusia para nuestra flota querida:
los bacaladeros. ¿Verdad, señor Vázquez? A ver si somos capaces de
poder pescar en Svalbard la cuota que le corresponde a Rusia.
Por tanto, tengo que decir a los portavoces de Izquierda Unida y del
Partido Socialista que el Gobierno, apoyado por el Partido Popular,
tiene como tema prioritario la política pesquera y, fundamentalmente,
el asunto de Marruecos, que lógicamente incide de forma especial en
tres comunidades, la gallega, la andaluza y la canaria y, sobre todo
en el Puerto de La Luz, cosa que ya se dijo el otro día y que tiene
tremendamente preocupados a otros portavoces.
Partiendo de la base de que este es un tema importantísimo, tenemos
que recordar que ahí hay 400 barcos, con cerca de 4.000 tripulantes,
que tienen grandes problemas y, por eso, la moción que presenta el
Bloque Nacionalista Galego, moción que también presentaba el Grupo
Popular, intenta incidir en varias cuestiones. La primera es tener el
plácet de la Comisión Europea para iniciar de forma inminente las
negociaciones con Marruecos (hoy decía el comisario Fischler que
pensaba entrevistarse a final de mes con el rey de Marruecos para
iniciar el acuerdo de una vez por todas), porque hay que tener en
cuenta que las aguas y los peces son de Marruecos y, lógicamente,
quien negocia con sus aguas y sus peces son los marroquíes. Decimos
muchas veces que Marruecos pretende intentar mejorar con su pesca sus
condicionamientos, fundamentalmente en lo referente al paro obrero,
que es acuciante, y de ahí que al gran problema de ese caladero, que,
como sabemos todos, son las pateras, no le pueden buscar solución en
tanto no sean capaces de ubicar a esa gente en industria de tierra.
Posiblemente venga por ahí el acuerdo; posiblemente tengamos que
buscar otras ideas para que el acuerdo sea factible; un acuerdo
posiblemente distinto al que tenemos, pero que será factible si los
armadores, que siempre lo han demostrado, son suficientemente capaces
de buscar alternativas. Y yo estoy absolutamente convencido de que lo
serán.
También hay que tener en cuenta que en la península del Morrazo no
hace mucho tiempo teníamos 600 tripulantes y hoy tenemos 400 tan sólo
en Marruecos. Y le quiero decir, señor Vázquez, que tenemos también
más de 400 marroquíes a bordo. ¿Qué pasaría si se marcharan los 400
marroquíes? ¿Tendremos gallegos, andaluces o canarios para suplirlos?
Mucho me temo que no. Por eso no solamente nuestra moción planteaba
la necesidad de buscar alternativas y situaciones inminentes para la
negociación, sino también que hay que buscar formas de suplir a
nuestros tripulantes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mantilla,
le ruego que concluya.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Termino, señor presidente, diciéndole
que lo que buscamos fundamentalmente con nuestra moción es que el
acuerdo de Marruecos sea un éxito, y para ello pedimos la
colaboración de todas las comunidades autónomas, de todos los
organismos sectoriales afectos a tal fin y de todos los grupos
políticos, como hoy aquí se ha demostrado. También estamos totalmente
convencidos de que en Europa, aunque algunos hablen en portugués con
acento galego, van a presionar para que este acuerdo se lleve a cabo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mantilla.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El haber llegado todos los grupos políticos a un acuerdo sobre un
texto transaccional en esta importante moción del BNG sobre el sector
pesquero va a ahorrar a SS.SS. un pesado discurso. Por lo tanto, mi
intervención va a ser breve, sin que ello quiera decir que el
problema pesquero no preocupe a Canarias, como a Andalucía, a Galicia
y al resto del Estado español.
Antes de 1986 los convenios se hacían en el banco sahariano
directamente entre el Reino de España y el Reino de Marruecos. A
partir de ese año, España se subsume en la Unión Europea, acepta la
política de pesca de la Unión y el convenio se realiza entre ésta y
el Reino de Marruecos. No voy a entrar aquí en los recortes que ha
habido, las contingentaciones, las reducciones de pesca de
encefalópodos, etcétera, ni en el corte biológico que muchos
consideran que es un criterio economicista, más que un criterio
tuitivo o protector de la ecología y el medio ambiente pesqueros.
Solamente quiero decir que Coalición Canaria ha visto favorablemente
el texto al que se ha llegado por acuerdo porque recoge algo que es
justo. No se dice que se inicien las relaciones entre España y la
Unión Europea con el Reino de Marruecos, sino que se continúen,
porque ya estaban iniciadas por la anterior ministra y por el actual
ministro, señor Posada, que ha tenido el tacto de enviar
representantes a cada una de las autonomías implicadas en el problema
para escuchar en directo las preocupaciones que tiene el sector. Ayer
mismo estuvo en Lanzarote, donde sabido es que hay una gran cofradía
que pesca en las aguas de la costa sahariana.
En resumidas cuentas, desde Coalición Canaria consideramos que hace
falta ese impulso con las comunidades autónomas afectadas, con los
grupos políticos del Parlamento -ya hay un acuerdo- y también con las
entidades y organismos relacionados con el mundo de la pesca. Pero
también queremos advertir de que este convenio no sea moneda de
cambio, que no se hagan por un lado concesiones para reducir en otros
capítulos, como en el tomate, donde ya estamos barruntando (perdonen
la expresión) que el Reino alauita, que se excede de los cupos
agrícolas, quizás pueda presentar, repito, como moneda de cambio la
cuestión de los cupos del tomate y la zafra del mismo. Nosotros
esperamos que el Gobierno español, como hice constar en la
comparecencia de doña Elena Pisonero, seguirá con un pulso firme en
defensa de lo que interesa a España, que es la pesca de Canarias, la
pesca que afecta a Andalucía, a Galicia y al resto del Estado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
El futuro de la pesca es el tema que estamos debatiendo en este
momento como resultado de la interpelación que formuló el Bloque
Nacionalista Galego y que de una forma muy clara expresó su portavoz
la semana pasada. Efectivamente, se trata de un tema tan amplio, tan
complejo y tan importante como vital para un sector de nuestra
población que está pasando por un momento de incertidumbre. No hay
duda de que el futuro del sector dependerá del equilibrio entre la
conjunción de una buena planificación en lo referente a la política
global de pesca a nivel del Estado español, la capacidad de
influencia, de presencia activa, de negociación eficaz del Estado
español con los diferentes Estados en cuyas aguas radica una parte de
nuestros intereses pesqueros, más allá de la Unión Europea, y sobre
todo una mayor sensibilidad por parte de las autoridades europeas.
El tema no es fácil dado que, a nuestro entender, la Unión Europea ha
demostrado no tener un interés especial por el sector pesquero. Y si
me lo permiten, diré que la Unión Europea tampoco dispone de una
política pesquera coherente. Uno tiene la sensación de que al Estado
español le va bien con la situación actual y le es cómodo quedarse al
rebufo de los acontecimientos que se suceden en el sector a la vez
que centrifuga sus responsabilidades a las decisiones que se toman en
Bruselas. Si no es así, cuesta mucho entender cómo es posible que a
sólo dos meses de expirar el convenio pesquero con Marruecos aún no
se haya iniciado un proceso serio de negociación. O que frente a las
pretensiones de Canadá por lo que hace referencia a extender su
jurisdicción más allá de las trescientas millas, la respuesta de la
Unión Europea haya sido la firma de un convenio preferencial de
comercio. Mientras se observa esa laxitud con el comportamiento de la
Unión Europea, el Estado, el Gobierno español, se muestra
absolutamente cicatero al interpretar con lealtad constitucional la
Carta Magna por lo que se refiere a las competencias en materia de
pesca litoral, dificultando la participación de las comunidades
autónomas en el control y la defensa de la autorización adecuada que
permita una utilización sostenida de dicha plataforma, provocando en
muchos casos la no actuación por falta de medios o la duplicación de
los esfuerzos, creando incertidumbre en los pescadores, que cada vez
saben menos quién planifica su futuro.
Por lo que hace referencia a la ley de pesca, que ha insinuado el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, efectivamente nosotros
estamos a favor de tener una ley de pesca, y además la hemos pedido
en diferentes ocasiones. Pero no queremos una ley cicatera con las
comunidades autónomas. Yo quiero una ley magnánima con las
comunidades autónomas, que se cuente con ellas para que también
puedan intervenir en temas de defensa, de lucha, de mantenimiento de
su plataforma litoral. Por tanto, estamos a la disposición del Grupo
Parlamentario Popular para que dé una visión mucho más amplia de la
propuesta y en ese caso estaríamos dispuestos a darles soporte.
Para terminar, alegra a nuestro grupo parlamentario el hecho de que
hoy podamos aprobar por unanimidad una propuesta transacional de
soporte al Gobierno, pero, sobre todo, el éxito es para el propio
sector. Es bueno que en agricultura se den estas conjunciones, y
nuestro grupo, como firmante de la transacción, va a votar de forma
positiva.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Companys.
Señor Vázquez, como dueño, digamos, de la moción, le rogaría que
expresase la aceptación de la enmienda transaccional, que está
firmada por todos los grupos parlamentarios.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Con toda brevedad, señor
presidente, sí aceptamos esta enmienda transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. Así la votaremos en su momento.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS MEDIDAS
PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA CONTINUA LLEGADA DE
INMIGRANTES ILEGALES A LAS COSTAS CANARIAS. (Número de expediente
173/000162.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 9 del orden del día: Moción consecuencia de interpelación
urgente, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las
medidas previstas por el Gobierno en relación con la continua llegada
de inmigrantes ilegales a las costas canarias.
Para su presentación, en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, esta moción
que presenta el Grupo de Coalición Canaria es continuación de la
interpelación que discutimos la semana pasada, la cual, en un debate
un tanto tenso, nos permitió hacer un análisis de un importante y
grave problema que tiene en este momento Canarias y que en el futuro,
en mi opinión y en opinión del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiende a hacerse cada vez más difícil y complicado.
De lo que se trataba era de detectar en Canarias, un territorio
pequeño con unos niveles altísimos de sobrepoblación, un fenómeno de
inmigración continuada y dar respuesta a ese problema. El Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria expresó aquí que ese problema no
se podía caricaturizar ni tener una visión esquemática de él, sino
que tenía tres vertientes que debían ser tratadas, siendo la primera
de ellas que estos fenómenos crecientes de inmigración de países
pobres a países ricos tienen naturalmente un primer problema: el
desnivel dramático e intolerable de riqueza entre los países de mayor
desarrollo y los países subdesarrollados, encontrándose África en la
situación más dramática. Ante ese problema nosotros creemos que hay
que potenciar los programas de cooperación internacional, de
desarrollo, sobre todo en esta costa del África occidental, donde el
abandono de los programas de cooperación es notable a nivel
internacional, en particular por la Unión Europea. Nosotros
planteamos la necesidad de potenciar programas de cooperación que
deben ser desarrollados para fijar la población y no desarraigarla de
los medios culturales en los que ha nacido y de donde proceden muchos
de estos inmigrantes.
Yo creo que el Congreso de los Diputados y el Gobierno de la nación
deben reflexionar sobre este problema, en el sentido de que no son
suficientes los programas de cooperación que estamos haciendo. Desde
hace décadas el Gobierno de España ha sufrido constantes debates en
el Congreso de los Diputados, con participación muy intensa del Grupo
de Coalición Canaria en los últimos años, que ha llamado la atención
sobre lo que las Naciones Unidas decían en un reciente informe: que
si los países ricos no prestaban atención a este problema, se podría
producir a medio plazo una catástrofe de proporciones dramáticas a
nivel internacional. Utilizaban la palabra catástrofe. Por lo tanto,
hay que impulsar los programas de cooperación.
Ayer y hoy en las reuniones del Fondo Monetario Internacional se ha
planteado el tema de la deuda externa y yo creo que deberíamos haber
prestado más atención en este Congreso de los Diputados a este
debate, el del problema de la condonación o la sustitución de la
deuda externa de los países subdesarrollados por programas de
cooperación para potenciarlos y condonar la deuda en casos muy
determinados. El debate que está teniendo lugar en el Fondo Monetario
Internacional en este momento es la posibilidad de condonar 27.000
millones de dólares, es decir, más de 4 billones de pesetas, de deuda
externa, una cifra que, a pesar de ser importante, es insuficiente y
las noticias que recibimos es que algunos países están siendo
reticentes a suscribir ese acuerdo que había sido pactado
anteriormente. Por lo tanto, ante grupos parlamentarios que el otro
día hicieron aquí grandes aspavientos sobre la necesidad de la
cooperación internacional, etcétera, yo les pediría que fuesen más
diligentes no sólo con el Grupo de Coalición Canaria, que es un grupo
pequeño, sino que tuvieran más diligencia en el marco de
organizaciones políticas internacionales muy importantes y que
gobiernan en Europa a la hora de adoptar medidas para ayudar en el
campo de la cooperación internacional y, sobre todo, en la batalla de
la eliminación o condonación de la deuda externa, que es un
movimiento social que ha recogido sólo en España en los últimos meses
600.000 firmas, habiendo colaborado el Grupo de Coalición Canaria y
otros no.
Segundo. También quisiéramos hablar en ese sentido de los programas
del 0,7. Me parece que el Gobierno
Socialista y el Gobierno del
Partido Popular no han avanzado suficientemente para conseguir ir
alcanzando poco a poco ese nivel, que no límite, del 0,7 del producto
interior bruto de ayuda en cooperación. Para eso presentamos una
primera parte de nuestra moción que habla de potenciar acuerdos de
cooperación económica, social y cultural con los países del África
próxima para hacer frente así a la auténtica raíz del problema. Con
eso estamos diciendo que es un problema de pobreza, de relación entre
países ricos y pobres que necesita una política de gran aliento
internacional, como propician la ONU y los grandes organismos
internacionales. En España se hacen algunos esfuerzos, pero todavía
no son suficientes en nuestra opinión.
Tercero. Pensamos que los inmigrantes que están en España deben tener
una protección de sus derechos democráticos y de asistencia social.
Ahí hablábamos de la Ley de Extranjería, de los derechos de los
extranjeros en España. Asimismo, en nuestra propuesta hablamos de la
necesidad de contratos temporales para que sin producir desarraigo
puedan venir a España extranjeros de países próximos, y de otros
países también. En el caso de Canarias ya se está produciendo la
incorporación de trabajadores africanos y hay un nivel interesante,
pero aún insuficiente, de cabildos de Canarias que están haciendo
esfuerzos, en mi opinión superiores a los de otras partes de España,
para conseguir que esos inmigrantes tengan un tratamiento digno de
ciudadanos del mundo, que merezcan una solidaridad que debe
expresarse, sobre todo, en comunidades como la canaria que tiene una
composición multirracial, ya que su vida y su historia se ha ido
conformando con una población procedente de todas las partes del
mundo en un crisol de integración del que los canarios nos sentimos
orgullosos.
En cuarto lugar, decíamos, la inmigración tiene que tener una
planificación para que produzca integración social. Lo que no se
puede producir es una inmigración incontrolada, que las costas del
Estado español aparezcan desguarnecidas y sin un elemento de
disuasión. Por eso planteábamos la necesidad de que los servicios
marítimos de la Guardia Civil tengan un nivel de participación y de
medios materiales y personales superiores a los que tiene hoy, y para
que se entienda nosotros decimos que simplemente sean equivalentes a
los que existen en las costas del sur de España, en particular en las
costas andaluzas. Esto produjo también el consabido número
melodramático de alguien que no ha presentado ni una propuesta para
reducir el nivel de vigilancia que hay en este momento en las costas
andaluzas, que en mi opinión es suficiente y con pequeñas medidas se
podría alcanzar ese mismo nivel en Canarias. Lo que es inaceptable es
que en las costas canarias, tanto para la inmigración irregular -como
aquí se dijo el otro día- como para el tráfico de estupefacientes,
exista sólo una embarcación de la Guardia Civil del Mar para unas
costas que tienen una amplitud notable y que están absolutamente
abiertas a cualquier control de las responsabilidades que en este
momento corresponden al Gobierno y al Estado para la vigilancia de
las costas canarias.
En ese sentido, quiero decirles que gracias a esta interpelación que
hoy trae moción, hemos batallado insistentemente en los presupuestos
del Estado de este año y hemos propuesto medidas para incrementar los
servicios materiales y personales del Servicio Marítimo de la Guardia
Civil en Canarias, con cantidades de las que nos sentimos
satisfechos, 400 millones este año
y 600 el año próximo, con lo cual alcanzamos el nivel de protección
que consideramos en esta moción.
La moción en su último punto, que espero vote este Congreso de los
Diputados, está cubierta. Era la alarma principal que teníamos, pero
no está suficientemente cubierta en los dos puntos anteriores que
resumo, y termino, diciendo: Primero, que en programas de cooperación
internacional y de solidaridad estamos muy atrasados. Nos gustaría
que el Grupo Popular y el Gobierno hicieran más, pero que también el
Grupo Socialista hiciera más, aparte de los aspavientos que pueda
hacer la señora que intervino el otro día, que nos ha llamado cínicos
y no sé cuántas cosas más, algo muy propio de algunos representantes
parlamentarios que tienen pocos argumentos y muchos aspavientos.
Quiero decirles también que nosotros no tenemos ninguna actitud
sectaria, hasta el punto de que algunas enmiendas que presenta el
Grupo Socialista hoy aquí nos parecen interesantes y las vamos a
aceptar -luego lo explicaré, cuando las presenten-, porque esta
historia de que hay que potenciar en Canarias una red de servicios
sociales que integre a las personas que están viviendo allí y que le
den la protección, es justo lo que nosotros estábamos pidiendo y lo
que está haciendo en parte el Gobierno de Canarias. Lo que aquí se
pide es incrementar dicha red para que el Gobierno del Estado cumpla
con sus obligaciones, que son las obligaciones del Estado, y no como
dijo el ministro de Interior aquí el otro día que cuando el Estado no
tiene posibilidades de cumplir con sus responsabilidades que sean los
ayuntamientos y las comunidades autónomas los que lo hagan; por ahí
iríamos a un Estado federal que es justamente lo que queremos los
nacionalistas y que tanto se resisten los parlamentarios y el grupo
del Gobierno y, por tanto, el Gobierno de la nación.
Para evitarles mayores malos humores he de decir que la propuesta que
nos hace el Grupo Popular, y ya explicaré luego cuando la expongan
ellos, por razón de cortesía, nos parece absolutamente inaceptable.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Mauricio.
A esta moción se han presentado diversas enmiendas.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, siguiendo la línea
argumental de nuestra intervención en la interpelación urgente del
miércoles pasado, ha presentado,
como ha dicho el representante de Coalición Canaria, dos enmiendas a
su texto.
Lamentamos que en el texto que presenta Coalición Canaria perviva ese
estilo preocupante no sólo para esta diputada, que no hace
aspavientos, sino que habla con una claridad transparente que usted
entiende como aspavientos. Otras cosas peores les están diciendo a
ustedes el delegado del Gobierno en Canarias que les llama racistas y
xenófobos. Aquí lo tengo, ha salido publicado en la prensa durante
toda esta semana. Nosotros no les hemos llamado racistas ni
xenófobos, nosotros hemos dicho que ustedes están teniendo un juego
peligroso, porque la alarma social la están creando ustedes, entre
otras cosas con esa escenificación de pelea que hace que todos los
ciudadanos en Canarias piensen que nos están inundando los africanos.
Esa es su responsabilidad, no la nuestra. Los socialistas creemos que
la economía de Canarias es boyante, que el número de inmigrantes no
es significativo, y hay un informe del Gobierno de Canarias que
también dice que no es así, lo han dicho ustedes, es un informe del
Gobierno, que no es significativo el número de africanos que tratan
de trabajar en Canarias o que utilizan Canarias como puente para
venir hacia la Península o hacia Europa, porque está siendo también
tierra de paso si es que pueden utilizarla como eso.
Por tanto, las enmiendas van dirigidas a proponer al Gobierno de la
nación, que es el que tiene la competencia, que posibilite acuerdos
para cupos de trabajadores que puedan estar un tiempo y que además
nosotros podamos ofrecerles módulos de formación profesional y
enseñanza del idioma, porque entendemos que damos cumplimiento así a
la Ley de cooperación internacional, que hemos aprobado en esta
legislatura, en lo que tiene de ayuda al desarrollo. Creemos que
dotar a un trabajador de formación profesional para capacitarle en el
mercado laboral es una aportación al desarrollo de su país; cuando
llegue a su país va a reforzar las posibilidades de desarrollo. Por
eso creemos que incorporar la formación profesional es algo
fundamental para dar respuesta y cumplimiento a la Ley de
cooperación.
Pero, señores de Coalición Canaria -que no señoras, espero que en la
próxima legislatura haya alguna mujer-, esta mesa necesita las tres
patas. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.) Ustedes vienen aquí hoy y reclaman la responsabilidad
de la Unión Europea, y reclaman la responsabilidad del Gobierno de la
nación, pero se han olvidado de la tercera pata y ahí va nuestra
segunda enmienda: la responsabilidad compartida que tiene el Gobierno
de Canarias con el Gobierno de la nación, que es crear la red de
servicios sociales adecuados que presten, en esa inmediatez
necesaria, la atención, la cobertura, la acogida, la información, el
asesoramiento y el apoyo legal. Y le voy a decir que el texto de esa
segunda enmienda nuestra está copiado de las iniciativas que se han
aprobado en esta legislatura, relacionadas con la inmigración, y
también está contemplado en el convenio que ustedes firmaron con el
Gobierno, con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor
Arenas, que se lo recordé la semana pasada. Ustedes firmaron un
acuerdo, un convenio, que contempla exactamente lo que le estoy
diciendo, exactamente; en la cláusula segunda, en los programas
prioritarios, en el punto 3, hablan de una red de información,
orientación y apoyo legal a inmigrantes. Y después en el punto 4, en
los programas territoriales de acogida, de integración social, que
son los prioritarios, hablan exactamente de lo mismo que yo les decía
el miércoles y que les estoy diciendo hoy. No estoy en un discurso
nuevo ni alarmante, ni les estoy zarandeando, señores de Coalición
Canaria, yo les enfrento con que ustedes tienen un discurso peligroso
en este momento en Canarias. Y tienen un enfrentamiento con sus
compañeros de viaje que no se puede entender. La prensa ha recogido
la semana pasada frases bastante duras, y hoy mismo recoge las
declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias que dice -no sé
si lo recordaré con exactitud, pero sí el sentido de lo que dice- que
quiere asumir las competencias en emigración, en inmigración, quiere
asumir las competencias en el control y en la defensa de las costas.
Esto lo ha dicho ayer el presidente de Canarias. Dice: Si el Gobierno
de Madrid no es capaz de defender las costas de Canarias nosotros
vamos a pedir esas competencias. Yo no sé si ustedes se dan cuenta en
lo que se están metiendo, no sé si se la dan. Están haciendo de un
problema social un problema de orden público. Han convertido la
llegada de africanos a nuestra tierra en un problema de orden
público, como no se hace en ningún país desarrollado. En la Unión
Europea los países desarrollados ya han homologado un discurso, de
cara a los inmigrantes, de solidaridad, de cooperación y de políticas
de integración. Lo que ustedes dicen -se lo repito- es un discurso
que no se corresponde con el nivel de desarrollo y de democracia de
este país, es un discurso peligroso.
Con esto voy a terminar, lamentando que no hayan tenido en cuenta el
texto que les ha presentado el Grupo Popular. Quiero decirle que
desde el Grupo Socialista se valora como mucho más positivo el texto
que presenta el Grupo Popular, sobre todo el que podría sustituir al
número 3 de su moción, que tiene unos tintes -no voy a decir aquí lo
que pienso- peligrosos. Con esto termino mi intervención.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
Del tono de la intervención del portavoz del Grupo de Coalición
Canaria puede deducirse que, cuando hablamos de políticas migratorias
en esta sede parlamentaria, estamos cambiando el tono y que una
enmienda
del Grupo Parlamentario Popular ha producido en el Grupo de
Coalición Canaria una cierta crispación que les lleva a plantear una
posición de inaceptable.
El tono de políticas migratorias que se ha llevado en esta Cámara en
las dos últimas legislaturas es de diálogo permanente, de
acercamiento de posturas, de contacto diario con el fenómeno
migratorio, con los representantes del fenómeno migratorio, con los
inmigrantes, con los funcionarios y las autoridades directamente
relacionadas con los inmigrantes, y esa experiencia vital de relación
directa con el fenómeno migratorio ha conllevado a que en esta Cámara
se elimine la crispación cuando estamos hablando de dicho fenómeno.
Por tanto, no es idea de nuestro grupo introducir un elemento de
crispación, y si el texto de una enmienda, que luego comentaremos
detalladamente, va a producir un brote de crispación, va a producir
una posibilidad de fractura en un diálogo unitario que se ha llevado
sobre el tema de inmigración, nosotros no vamos en este momento a
provocar esa salida o esa aparición de tonos diferentes cuando nos
referimos a los temas migratorios. Por tanto, no tendríamos ningún
inconveniente en retirar esa enmienda si lo que va a provocar son
determinadas reacciones, que ahora mismo no podemos calcular
exactamente sus efectos, en el Grupo de Coalición Canaria, porque
para nosotros lo importante no es esta moción, sino un marco legal
adecuado que reúna los tres principios que este Parlamento estableció
por unanimidad como principios que tenían que inspirar la política
migratoria del Estado español. Esos tres principios y, por fin, una
cierta labor didáctica de nuestras intervenciones del pasado
miércoles se ven en la orientación de la redacción de la moción del
Grupo de Coalición Canaria; de algo por lo menos sirvió la
interpelación.
Si el estado del debate ahora mismo, de acuerdo con la expresión del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, es que va a aceptar las
enmiendas del PSOE, si ese es el estado del debate y queda, por
tanto, el texto de su moción con las enmiendas de adición del Grupo
Parlamentario Socialista, si eso fuera así, nosotros, en aras de no
levantar una suspicacia ni una agresividad innecesaria en esta
materia, retiraríamos nuestra enmienda, pero ese concepto de retirar
la enmienda, que es en aras de recuperar un clima de diálogo y de
tranquilidad cuando hablamos del tema migratorio, no nos impide
calificar la última palabra de su discurso como no compartible. La
enmienda del Grupo Parlamentario Popular no es inaceptable. Si por
determinadas circunstancias del momento en que nos encontramos, y
para evitar esa crispación, el Grupo Parlamentario Popular tiene que
retirar la enmienda, no tenemos ningún problema. Preferimos el clima
del diálogo al de la crispación. Por tanto, si ese es el elemento de
crispación la retiramos, pero por lo menos le invito a que retire
usted el concepto inaceptable, porque un texto que dice: Para que en
el marco de la Unión Europea el Gobierno potencie los acuerdos de
cooperación económica, social y cultural con los países en vías de
desarrollo para ofrecer alternativas al fenómeno de la
inmigración..., da la impresión de que no es un texto que vaya en
contradicción permanente con el que presentó Coalición Canaria. Está
un poco mejor redactado, pero desde luego no va en contradicción con
ese texto y, por tanto, el calificativo de inaceptable parece que
decae.
Si decimos que el Gobierno continúe liderando las políticas de
integración social de los inmigrantes que se encuentran en el
territorio de Canarias, en colaboración con el Gobierno de la
comunidad autónoma y el de las corporaciones locales, no parece que
este principio sea inaceptable, al menos para el común de los oyentes
no parece que lo sea.Si decimos que se potencien convenios con las
organizaciones sindicales y empresariales de Canarias, para que en el
marco de los convenios suscritos con el Estado marroquí y de los que
puedan acordarse con otros países, se canalice la inmigración de
trabajadores temporeros con las debidas garantías en cuanto a
salarios, alojamiento y cobertura socio-sanitaria, da la impresión de
que el principio recogido en este texto no es inaceptable. Y si
decimos, finalmente, que se incrementen los medios materiales y el
personal de la Guardia Civil del Mar con destino en Canarias, para
garantizar una protección razonable de las costas frente a los
tráficos ilícitos -no olvidemos que las costas canarias sufren
también otros tráficos ilícitos, probablemente más perjudiciales para
la sociedad, y en especial para disuadir a las redes de tráfico de
personas-, no parece que esta intención, al menos de disuadir a las
redes de tráfico de personas, sea algo inaceptable.
Por tanto, recomendaría al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
que reconsiderara su discurso futuro y pensara que en el enfoque de
la inmigración, sea cual sea la administración que lo tenga que
afrontar en función de las competencias que ejerza, la política de
muros, la política de contención por sí sola no es una política que
ayude a resolver los problemas migratorios, ni ayude a resolver los
problemas de integración social de los extranjeros, ni ayude a
introducir algo positivo en la sociedad europea. Las políticas de
contención y las políticas de muro ante los fenómenos migratorios han
venido fracasando a lo largo de la historia. Buena prueba del fracaso
de esas políticas de muro y de contención a lo largo de la historia
son los 2.600.000 españoles, muchos de ellos canarios, que todavía en
este momento están en la emigración y están viviendo en otros países.
Ese recuerdo de la emigración debe ser determinante para que la
sociedad española tenga una actitud de acogida frente al inmigrante,
al que necesitamos. La economía canaria, la economía de España, la
economía de la Unión Europea, es una economía dependiente en buena
parte de la mano de obra de los extranjeros, y el futuro de los
sistemas de Seguridad Social europeos dependen básicamente de la
aportación que esos extranjeros puedan hacer, hasta que no cambien
las tasas de natalidad en Europa. Por tanto, enfoquemos los problemas
migratorios desde esta perspectiva y no introduzcamos crispación ni
falta de diálogo. Si es necesario dialogar, dialogaremos todo el
tiempo que sea necesario, pero enfoquemos con otra visión diferente
los temas migratorios. Utilicemos un lenguaje que sea educativo para
la
sociedad. Si para la sociedad utilizamos el lenguaje de la
inmigración ilegal, vamos a destapar reacciones en esa sociedad. Si
utilizamos el lenguaje de la inmigración regular o irregular, estamos
avanzando enormemente en la consideración de la emigración como un
fenómeno social y no como un problema para esta sociedad.
Para terminar, señor presidente, no quiero cansar a la Cámara a esta
hora, anuncio que nuestro planteamiento es el de retirar nuestra
enmienda y votar lo que se acepte, siempre y cuando en el momento
final se acepte la enmienda del Grupo Socialista. Sí quiero decir que
hemos estado abiertos durante dos legislaturas con gobiernos del
Partido Socialista y con gobiernos del Partido Popular, abiertos al
diálogo con todos los grupos de esta Cámara y con todos los grupos
sociales relacionados con los temas migratorios. Seguimos abiertos a
ese diálogo e invitamos a Coalición Canaria a que también participe
de ese diálogo, que será lo que posibilite una buena política
migratoria en España y lo que aleje temores infundados que ahora
mismo se ve en algo muy concreto: Canarias ahora mismo no tiene
ningún problema migratorio. Hay otras zonas del territorio español
que sí lo tienen. Canarias no es la que lo tiene.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jordano.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán
(Convergencia i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente. Afrontamos
el debate de esta moción presentada por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria en una fase final de una legislatura en la que creo
que todos los grupos de la Cámara hemos abordado los debates en
relación con el fenómeno migratorio desde la prudencia, la
sensibilidad, el sentido común y haciendo el esfuerzo de alejarnos de
posiciones partidistas, y creo que ha sido bueno. Nos ha permitido
impulsar en esta legislatura un proceso de reforma de la Ley de
Extranjería e impulsar, de manera consensuada la mayoría de las
veces, indicaciones al Gobierno en el desarrollo de políticas en los
tres ejes de la integración social, de la cooperación al desarrollo y
del control de flujos. Hemos asumido todos también la necesidad de
cambiar nuestro chip ante el fenómeno migratorio y aceptar que
estamos ante una realidad compleja y difícil, que no existen fórmulas
fáciles ni simplonas de acercarnos a esa complejidad. Hemos asumido
también que nos debemos alejar de un discurso catastrofista y
negativo, que debemos dejar de hablar de ellos y de nosotros y hablar
de ciudadanos del Estado español que pretendemos compartir un
proyecto en común. Creo que eso ha sido bueno. Y -que me lo acepten
los amigos de Coalición Canaria- en el tono en el que se planteó esta
iniciativa y en el que se planteó el debate social y político en las
islas Canarias, no entendíamos que se estuviese abordando el debate
con estas características con las que todos los grupos de la Cámara
lo hemos abordado. Todos debemos asumir nuestras responsabilidades.
El Estado debe asumir sus responsabilidades en el control de las
fronteras, faltaría menos. Nos obligan los convenios internacionales,
nos obliga el propio sentido común. Pero señor Mauricio, esta semana
he estado en Almería y en Cádiz, y a pesar de los esfuerzos que
realizamos para controlar esas fronteras, la gente procura cruzarla,
y en Almería, en El Ejido y en Níjar, unos cuantos cientos, quizá
unos cuantos miles de inmigrantes irregulares campan por allí. Por
muchas patrulleras, por mucha Guardia Civil que despleguemos, la
gente que tiene hambre, la gente que no tiene futuro va a intentar
buscar en Europa, en Almería, en Canarias, en Cataluña, su dorado, y
eso va a ser inevitable. Es más, este enero estuve en Estados Unidos,
en la frontera de El Paso, entre Texas y México, y le puedo asegurar
que ni la primera potencia del mundo, por mucha frontera que ponga,
va a ser capaz de impedir que la gente de México, de Honduras y de
Guatemala cruce el Río Grande en busca de su futuro. Ahí no está la
solución al fenómeno migratorio. Ahí no está el desarrollo de
políticas eficaces ante esta realidad. Insisto, no caigamos en la
tentación de buscar soluciones fáciles y simplonas ni desarrollar un
discurso que nos puede ser más negativo que positivo.
Yo invito a Coalición Canaria a participar del consenso parlamentario
que estamos construyendo en relación a la nueva ley de inmigración.
Todos los grupos, el PSOE, Izquierda Unida, el PNV, Iniciativa per
Catalunya, Grupo Popular, estamos haciendo un esfuerzo ingente para
que nos salga una buena ley. Invitamos a que participen de ese
consenso, porque en los elementos de su discurso de esta noche
coincidimos. Les invitamos a trabajar, en el seno de la Comisión de
Cooperación, en los debates que tendremos mañana, en relación al
futuro plan director que el Gobierno debe aprobar en la perspectiva
del 2002, para incrementar esas políticas de cooperación al
desarrollo en las posiciones que hoy ha manifestado.
En definitiva, esta noche podríamos construir una buena resolución,
una buena moción, girando alrededor de su texto inicial, con la
propuesta que le ha presentado el Grupo Popular, que es perfectamente
asumible. En su contenido y en su espíritu coincide con lo que el
grupo canario plantea, y entendemos que lo construye con un lenguaje
y con un discurso que nos parece que es el que entre todos hemos
construido en esta legislatura en esta Cámara. Con las enmiendas del
Grupo Socialista, y especialmente con la enmienda de adición del
Grupo Socialista, se introduce un nuevo elemento que ayuda
precisamente a aquello que entendemos que el grupo canario pretende.
Si finalmente el Grupo Popular retira su enmienda lo vamos a
entender, y votaremos la enmienda finalmente pactada. Le reiteramos
que se una al consenso de la Cámara en los trabajos de la Ley de
Extranjería y entre todos ayudemos a cambiar el chip, ayudemos a
cambiar el discurso y ayudemos a poner en práctica aquellas políticas
que de verdad harán de la inmigración no un problema, sino una
oportunidad para nuestra sociedades.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente. También con
brevedad.
La semana pasada asistimos a una interpelación que en su estructura
argumental tenía una parte sorprendente. Tuve ocasión de definir,
igual que otros portavoces, que la estructura de esa interpelación,
desde el punto de vista argumental, era desequilibrada, porque en
esta VI Legislatura, ya lo han dicho otros portavoces que me han
precedido, indistintamente de las posiciones políticas críticas que
se tengan con la acción de Gobierno -en este sentido sabe el portavoz
del PP que somos muy críticos en Izquierda Unida en relación a la
política de inmigración-, hemos sido capaces de empezar a tener un
discurso común, tratamientos comunes para un fenómeno que yo
califiqué la semana pasada como el fenómeno social más importante que
vamos a tener en el siglo XXI. De manera que entre los portavoces que
trabajan los temas de inmigración para nada se habla de inmigración
ilegal y se intenta dar siempre una respuesta muy equilibrada. Se
plantea un discurso en el que la seguridad del país, la cooperación y
la asistencia social de las personas sin papeles -porque son personas
sin papeles- sean equilibrados.
En los gobiernos, países, Estados o sociedades en que ese discurso se
desequilibra, automáticamente se entra en una recta que no se sabe
dónde termina. Por ejemplo, el discurso del señor Le Pen en Francia,
¿qué procura únicamente respecto a la inmigración? Sencillamente,
pedir más medidas policiales, más controles en Francia; ese es el
discurso de Le Pen. Es un discurso rancio, acabado, que todos sabemos
dónde conduce. En los países más avanzados con el discurso más
progresista -incluso el que ha planteado el portavoz del Partido
Popular-, si hay que utilizar la represión, si hay que vigilar las
fronteras, procuran hacerlo fundamentalmente para atacar a las redes
mafiosas que utilizan el tráfico de las personas para enriquecerse.
El otro día me quedé perplejo porque la interpelación, en su
estructura argumental, dejaba al Gobierno del PP a su izquierda y se
situaba en un discurso rancio que los portavoces que llevan los temas
de inmigración en esta VI legislatura tienen muy superado,
afortunadamente.
Me parece que la moción que han presentado ustedes sigue siendo
desequilibrada, permítame que se lo diga con todo respeto; no
encuentra ese equilibrio para cuya consecución se está haciendo un
esfuerzo tremendo en Europa. Las enmiendas de adición del Grupo
Socialista procuran ese cierto equilibrio, pero a Izquierda Unida le
sigue planteando serios problemas de aceptación del punto 3 de su
moción.
El punto 4 de la enmienda del Grupo Popular es mucho más acertado. El
señor Le Pen no tendría ningún reparo en firmar el punto 3 de su
moción, permítame que se lo diga. A Izquierda Unida se lo pondría
usted muy difícil si no aceptara el punto 4 del Partido Popular, que
consideramos que tiene una redacción mucho más equilibrada, mucho más
cuidada y más exquisita al pedir medidas de vigilancia para -dice en
la moción- garantizar una protección razonable de las costas frente a
los tráficos ilícitos y, en especial, para disuadir a las redes de
tráfico de personas. Creo que es una redacción mucho más feliz, nada
disparatada, mucho más razonable, mucho más progresista, si me lo
permite el señor portavoz de Coalición Canaria. Nuestro grupo podría
dar su voto favorable si acepta las enmiendas del Grupo Socialista,
si modifican el punto 3 de su moción con el punto 4 del Grupo
Popular. Si no fuera así, lamentablemente, tendríamos que votar que
no. No nos abstendríamos, votaríamos que no porque el punto 3 de su
moción tiene una carga de tal envergadura que nos imposibilita votar
favorablemente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Meyer.
Señor Mauricio, S.S. debe expresar si acepta o no la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista para que forme parte de la moción,
contando -señor Jordano- con que la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular está retirada.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señor presidente, le diré lo que mi
grupo acepta y lo que no y, brevísimamente, las razones de por qué
acepta unas cosas y no otras.
Hemos traído esta moción al Pleno, primero, porque, le guste o no al
diputado de Convergència i Unió, estamos totalmente en la línea que
ha venido defendiendo la Ley de derechos de los extranjeros; por eso
escribimos: para defender los derechos democráticos como ciudadanos
de los extranjeros residentes en España con niveles dignos de
protección social. Estamos en este contexto. Es más, en Canarias no
se han producido brotes racistas...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mauricio,
le ruego se ciña a la explicación de la aceptación o no de las
enmiendas.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Estoy explicando lo que estamos
aceptando y lo que no. En Canarias no hay brotes racistas porque
somos una sociedad multirracial y de carácter multiétnico.
Segundo, nosotros queríamos poner el acento en tres cosas, que son el
objetivo de la moción. Una, que queremos potenciar la cooperación
internacional, por eso nuestro primer punto lo mantenemos como está y
no como está redactado por el Grupo Popular, que ha retirado su
enmienda. Dos, queremos la protección de los extranjeros en España
como ciudadanos de primer nivel, por eso mantenemos nuestro segundo
punto clarísimamente como está. Tres, aceptamos la enmienda de
adición que propone el Grupo Socialista, sin ninguna
duda, pero con
una diferencia, un problema simplemente de texto porque dice: crear;
están creadas redes en Canarias de servicios sociales, pero no están
suficientemente potenciadas porque el Gobierno de España no colabora
adecuadamente en eso, pero aceptamos íntegramente, aun con la
matización de crear, la enmienda de adición del Grupo Socialista. Por
último, sea o no feliz la frase que al señor Meyer le importa desde
el punto de vista de la retórica, nosotros no aceptamos la propuesta
de Izquierda Unida por una razón: nosotros sólo estamos pidiendo
incrementar los medios materiales y el personal de la Guardia Civil
del Mar. ¿Por qué? Si nosotros estuviéramos en Andalucía como está el
señor Meyer no pediríamos nada de eso, a lo mejor hasta pediríamos
reducirla. Hay dramas. Yo no he visto nunca aquí que se haya
presentado una moción por ustedes pidiendo que se reduzca. No creemos
en la política de muros, creemos en incorporar inmigrantes a Canarias
y al resto de España porque nosotros tenemos el nivel de inmigración
de ciudadanos de fuera de Canarias más alto de España y probablemente
de Europa. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es el mismo
nivel de control de costas, que es responsabilidad del Estado, que
tiene la Guardia Civil en Andalucía, y ante eso, señor presidente,
decirle que hay un incremento en los presupuestos del Estado de este
año que nos satisface, que son apenas 400 millones. Por eso la
propuesta de Coalición Canaria son los puntos que ha redactado,
aunque aceptando la enmienda que ha propuesto el Grupo Socialista de
adición a nuestro texto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mauricio. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a las cuatro mociones que se han debatido,
comenzando por la del Grupo Socialista, que se somete a votación con
la enmienda aceptada del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 131; en contra, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), modificada por la
aceptación de la enmienda del Grupo Popular con los cambios indicados
por el señor Sánchez i Llibre.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 278; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción en los términos
señalados.
Moción del Grupo Mixto en los términos de la enmienda transaccional
aceptada por todos los grupos parlamentarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 280.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la moción por
unanimidad del Pleno.
Moción del Grupo de Coalición Canaria, con la enmienda aceptada del
Grupo Parlamentario Socialista de adición de un punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 270; en contra, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y quince minutos de la noche.