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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 258, de 21/09/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 258
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 248
celebrada el martes, 21 de septiembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos
señores Diputados . . . (Página 13673)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se extiende la
cobertura del Sistema Nacional de Salud a todos los ciudadanos que se
hallen en España. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm.
275-1, de 23 de marzo de 1999. (Número de expediente 122/000243.) . .
. (Página 13673)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se
extiende la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social a todos los inmigrantes. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, núm. 274-1, de 15 de febrero de 1999. (Número de expediente
122/000242.) . . . (Página 13673)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre nuevo
régimen de pensiones y de indemnizaciones para miembros del Gobierno
de la Nación y altos cargos de la Administración General del Estado.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 299-1, de 2 de junio
de 1999. (Número de expediente 122/000267.) . . . (Página 13680)
Proposiciones no de Ley:
- De los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Vasco
(EAJ-PNV) y Mixto (Sr. Rodríguez), relativa al uso de las lenguas
cooficiales en la Administración de Justicia. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, núm. 395, de 15 de marzo de 1999.
(Número de expediente 162/000352.) . . . (Página 13687)
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre concreción del
servicio universal de telecomunicaciones en la Comunidad Autónoma
de Canarias. (Procedente de la Proposición no de Ley en Comisión
número de expediente. 161/001633, «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 453, de 28 de junio de 1999.) (Número de expediente
162/000420.) . . . (Página 13694)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el Pacto de Toledo.
(Número de expediente 173/000157.) . . . (Página 13699)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las
medidas adoptadas por el Gobierno para modificar la política seguida
hasta la fecha con Indonesia, así como las iniciativas realizadas
ante la ONU y la Unión Europea que tengan como fin garantizar el
respeto a los derechos humanos y a la manifestación de soberanía
popular expresada días atrás en el referéndum realizado acerca de la
independencia del pueblo de Timor. (Número de expediente 173/000158.)
. . . (Página 13706)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos
señores Diputados . . . (Página 13673)
Toma en consideración de proposiciones de Ley . . . (Página 13673)
Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se extiende la
cobertura del Sistema Nacional de Salud a todos los ciudadanos que se
hallen en España . . . (Página 13673)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se
extiende la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social a todos los inmigrantes . . . (Página 13673)
Presenta, en primer lugar, la proposición de ley del Grupo Socialista
del Congreso, para su toma en consideración, la señora Amador Millán,
basándose en
una situación de hecho generada por la aplicación de las normas que
regulan el derecho a la asistencia sanitaria. Se refiere al
procedimiento judicial puesto en marcha por la Fiscalía del Menor de
Madrid reclamando la atención sanitaria a menores de edad, hijos de
inmigrantes en situación irregular, a los que les era denegada por
razón de la situación de sus padres. Explica la evolución en España
de un sistema de Seguridad Social preconstitucional hacia un Sistema
Nacional de Salud que se caracteriza por la universalidad, así como
las fisuras y problemas que se han ido produciendo. El Grupo
Socialista pretende, con su proposición de ley, completar la
definición que se venía recogiendo en el sistema jurídico, para que
no se pueda volver a dar una interpretación dudosa del artículo 1º de
la Ley General de Sanidad, garantizándose, por otra parte, a las
personas en situación irregular que vayan a obtener el título
habilitante para ser atendidos, la confidencialidad de los poderes
públicos y el compromiso de que los datos obtenidos en función de las
necesidades de salud no van a ser utilizados ni comunicados a otros
ámbitos de la autoridad que puedan hacer uso de ellos en relación con
su situación en España.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta para
su toma en consideración la proposición de ley de análoga
significación la señora Maestro Martín,. Explica que la proposición
de ley de su grupo, aunque persigue el mismo objetivo que la del
Grupo Socialista, que es la extensión del derecho a la asistencia
sanitaria a todos los seres humanos residentes en España,
independientemente de su situación administrativa, lo hace
proponiendo
el cambio del artículo 1.o de la Ley General de Sanidad, de manera
que desaparezcan las cautelas existentes que limitan el derecho a la
asistencia sanitaria a los ciudadanos españoles y a aquellos
extranjeros en función de la regulación afectada por las leyes
correspondientes. Entiende que la voluntad del legislador fue la
universalidad en la atención sanitaria y pasa a explicar la
exposición de motivos de la Ley General de Sanidad. Da una serie de
ejemplos que ponen de manifiesto la disparidad que existe entre lo
que dicen las leyes y la realidad y asegura que no se pueden hacer
campañas contra el racismo y la xenofobia y negar el derecho a la
asistencia sanitaria precisamente a aquellas personas que más lo
necesitan.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores López
Garrido y Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Caballero Basáñez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora
Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
el señor Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre nuevo
régimen de pensiones y de indemnizaciones para miembros del Gobierno
de la nación y altos cargos de la Administración General del Estado .
. . (Página 13680)
Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, el
señor Ríos Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Entiende su grupo parlamentario que es necesario
aunar toda una serie de leyes y normas en relación con las pensiones
e indemnizaciones de los miembros del Gobierno de la nación y altos
cargos de la Administración del Estado, ajustándolas a la Ley de
incompatibilidades del año 1983, con el fin de conseguir una mayor
nitidez a la hora de dotar las indemnizaciones o pensiones por haber
sido ministro, una superación de la realidad predemocrática del año
l966 y hacer realidad lo que dice el artículo 2. o2 de la Ley de
incompatibilidades de 1983, modificada por la Ley de 1995: No podrá
percibirse más de una remuneración con cargo a los presupuestos de
las administraciones públicas, de los organismos y empresas de ellas
dependientes, o con cargo a los órganos institucionales, ni optar a
percepciones correspondientes a puestos incompatibles.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras
Uría Echevarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gil i Miró, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Rodríguez
Zapatero, del Grupo Socialista del Congreso, y Arqueros Orozco, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A continuación se procede a las votaciones de la toma en
consideración de las tres proposiciones de ley.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, por la que se
extiende la cobertura del Sistema Nacional de Salud a todos los
ciudadanos que se hallen en España, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, por la que se extiende la cobertura de la asistencia sanitaria
de la Seguridad Social a todos los inmigrantes, se aprueba por 290
votos a favor y uno en contra.
Sometida a votación, en tercer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre nuevo régimen de pensiones y de indemnizaciones para
miembros del Gobierno de la nación y altos cargos de la
Administración General del Estado, se rechaza por 22 votos a favor,
266 en contra y dos abstenciones.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 13687)
De los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Vasco
(EAJ-PNV) y Mixto (Sr. Rodríguez), relativa al uso de las lenguas
cooficiales en la Administración de justicia . . . (Página 13687)
Intervienen en la defensa de la proposición no de ley presentada
conjuntamente el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); la señora Uría Echevarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Rodríguez Sánchez y la
señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Castellano
Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Jover Presa, del Grupo Socialista del Congreso, y Trías Sagnier, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre concreción del
servicio universal de telecomunicaciones en la Comunidad Autónoma de
Canarias . . . (Página 13694)
Presenta la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, el señor Rivero Baute. Su grupo considera que
es necesario hablar de la cohesión territorial y social de todos los
territorios de la Unión Europea y, por tanto, de todos los
territorios del Estado español, para lo que es absolutamente
imprescindible avanzar en una doble vertiente: la de los transportes
y la de las telecomunicaciones, lo que en el caso del archipiélago,
que además tiene la condición de ultraperiférico, queda reducido a
garantizar unas buenas comunicaciones aéreas y marítimas y a
potenciar y desarrollar las telecomunicaciones. Reconoce que con la
liberalización de las telecomunicaciones en la Unión Europea se
mejorará la calidad de los servicios y se abaratarán los precios,
pero los mercados pequeños y fragmentados, como es el caso canario,
pueden ser poco atractivos, por lo que su grupo considera necesaria
la intervención de los poderes públicos para garantizar el servicio
en condiciones de máxima accesibilidad, calidad y precio. Explica el
contenido concreto de su proposición no de ley y explica que tiene
como objeto impulsar la acción del Gobierno en los tres aspectos
señalados: primero, la declaración de obligación de servicio público
de la telefonía en el archipiélago canario; segundo, que Canarias sea
considerada una sola provincia desde el punto de vista de la
tarificación por el servicio de telefonía, y tercero, que cada isla
tenga la consideración de un solo distrito desde el punto de vista de
las tarifas telefónicas.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen el señor Segura Clavell, del Grupo Socialista del
Congreso, y la señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas,
interviene el señor Rivero Baute.
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos
parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Vasco (AEJ-PNV) y Mixto
(señor Rodríguez), relativa al uso de las lenguas cooficiales en la
Administración de justicia, se aprueba por 293 votos a favor y uno en
contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, sobre concreción del servicio universal de
telecomunicaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias, en los
términos resultantes de la aceptación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 160 votos a
favor, uno en contra y 135 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 13699)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el Pacto de Toledo . . .
(Página 13699)
Defiende la moción en nombre del Grupo Socialista el señor Gimeno
Marín. Manifiesta que la moción, que es consecuencia de la
interpelación presentada la semana anterior, viene a marcar la
posición fundamental de su grupo en la valoración política de lo que
es prioritario en la situación económica y social española, que
coincide con la valoración de los ciudadanos, que consideran que la
bonanza económica tenía que haber repercutido más en los ciudadanos
y haber beneficiado a las capas más necesitadas. Se queja de las
descalificaciones a sus iniciativas por parte del Gobierno y de los
grupos que lo apoyan y de la falta de información sobre el acuerdo
obtenido con los sindicatos en relación con la subida de las
pensiones y la creación del fondo de reserva, aunque se alegra de que
se haya conseguido, sorprendiéndose de que estos planteamientos se
hagan al margen de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo.
Añade que no sabe para qué se va a constituir ya la Comisión el
próximo jueves y anuncia que en ella darán a conocer su posición
respecto de las recomendaciones del Pacto de Toledo, porque para
ellos hay un incumplimiento grave.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Peralta
Ortega y Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las medidas
adoptadas por el Gobierno para modificar la política seguida hasta la
fecha
con Indonesia, así como las iniciativas realizadas ante la ONU y la
Unión Europea que tengan como fin garantizar el respeto a los
derechos humanos y a la manifestación de soberanía popular expresada
días atrás en el referéndum realizado acerca de la independencia del
pueblo de Timor . . . (Página 13706)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Núñez Casal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Manifiesta que su moción está motivada por el resultado negativo en
la petición al señor ministro de Asuntos Exteriores del
reconocimiento del error cometido en la política exterior del
Gobierno respecto al régimen de Indonesia. Insiste en los argumentos
dados en la interpelación sobre la hipocresía de los países
occidentales ante la dictadura de Indonesia, que no ha respetado los
más elementales derechos humanos, y aunque comprende que al señor
ministro le cueste reconocer los errores, le parece incomprensible
que la Cámara no tenga la sensibilidad suficiente como para votar a
favor de su moción y reconocer que se ha llevado a cabo una política
errónea en relación con el régimen de Indonesia.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y García-
Santesmases MartínTesorero, del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Núñez Casal.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Socialista del Congreso, sobre el Pacto de Toledo, en sus
propios términos, se rechaza por 141 votos a favor, 154 en contra y
tres abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las medidas
adoptadas por el Gobierno para modificar la política seguida hasta la
fecha con Indonesia, así como las iniciativas realizadas ante la ONU
y la Unión Europea que tengan como fin garantizar el respeto a los
derechos humanos y a la manifestación de soberanía popular expresada
días atrás en el referéndum realizado
acerca de la independencia del pueblo de Timor, en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, se rechaza por 23 votos a favor, 155 en contra y 122
abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la
tarde.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Con carácter previo al debate que corresponde al punto primero del
orden del día, vamos a tomar juramento o promesa que exprese el
acatamiento a la Constitución de un nuevo diputado proclamado electo
por la Junta Electoral Central, don Juan Pascual Azorín Soriano, que
sustituye al diputado por Alicante don Pedro Solbes Mira.
Señor Azorín Soriano, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor AZORÍN SORIANO: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Azorín Soriano ha adquirido así la condición plena de
diputado. Bienvenido. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE EXTIENDE LA
COBERTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD A TODOS LOS CIUDADANOS QUE SE
HALLEN EN ESPAÑA. (Número de expediente 122/000243.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, POR LA QUE SE
EXTIENDE LA COBERTURA DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL A TODOS LOS INMIGRANTES. (Número de expediente 122/000242.)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día, debates
correspondientes a la toma en consideración, en su caso, de las
proposiciones de ley, que comienzan por la del Grupo Socialista, por
la que se extiende la cobertura del Sistema Nacional de Salud a todos
los ciudadanos que se hallen en España.
Para su presentación, en nombre del Grupo Socialista, tiene la
palabra doña Ángeles Amador.
La señora AMADOR MILLÁN: Señor presidente, señorías, el Grupo
Socialista ha presentado una proposición de ley ante esta Cámara con
motivo de la denuncia pública de una situación de hecho generada en
la práctica en aplicación de las normas que regulan el derecho a la
asistencia sanitaria. En efecto, señorías, todos tuvimos conocimiento
en este país de que el fiscal de Madrid intervino para poner en
marcha un procedimiento judicial para reclamar la atención sanitaria
a menores de edad, hijos de inmigrantes en situación irregular, que
estaban viendo denegada la asistencia sanitaria por razón de la
situación de irregularidad de sus padres.
La constatación de este hecho, señorías, nos llevó al convencimiento
de que es necesaria una precisión, un complemento de la normativa
vigente para que no vuelva a producirse más una situación de falta de
asistencia a personas o a colectivos por razón de su situación
administrativa o de cualquier otra índole en España.
Como todas SS.SS. conocen, en España hemos transitado desde un
sistema de Seguridad Social de cobertura de seguros sociales para la
protección de las contingencias, en este caso de enfermedad, hacia un
sistema nacional de cobertura universal. Eso se ha hecho en el
tránsito de años y en la evolución de un sistema a través de un
período dilatado en el tiempo. En España no hemos transformado el
sistema de Seguridad Social del que trae causa el Sistema Nacional de
Salud como se ha hecho, por ejemplo, en otros países, poniendo fecha
de entrada en vigor. Aquí hemos ido evolucionando desde un sistema de
cobertura limitada en cuanto al ámbito subjetivo de los beneficiarios
de esa cobertura y en cuanto al ámbito objetivo de qué prestaciones
se cubrían en el ámbito sanitario, que viene, insisto, de un sistema
de Seguridad Social preconstitucional, hacia un Sistema Nacional de
Salud que se caracteriza, como todas SS.SS. conocen, por la
universalidad, es decir, el derecho de todos y cada uno de los
ciudadanos a recibir no sólo la atención sanitaria que precisen en
caso de enfermedad, sino también las prestaciones que previenen la
enfermedad, que promueven la salud y, por tanto, a un sistema que lo
que hace es promover las condiciones adecuadas para que la vida de
todos y cada uno de nosotros discurra en condiciones adecuadas de
calidad.
Este proceso de extensión de la cobertura se ha producido de forma
gradual, especialmente a partir del año 1982, incluso antes de la
promulgación de la Ley General de Sanidad, mediante la ampliación y
la extensión de la cobertura sanitaria a distintos colectivos y su
integración en el régimen general de la Seguridad Social para recibir
de esa manera la asistencia sanitaria. Podemos citar un buen número
de normas que a partir del año 1982 van extendiendo la cobertura
sanitaria y sus beneficios a distintos colectivos de trabajadores, de
desempleados, de familiares, de personas dependientes, de personas
sin recursos, hasta completar la universalidad
de hecho que hoy alcanza a todos los ciudadanos. Al mismo
tiempo, es preciso citar que el proceso de financiación de la sanidad
pública, inicialmente cubierto con cotizaciones sociales y, por
tanto, con presupuesto de la Seguridad Social, a partir de la Ley de
Presupuestos del año 1989 también ha ido evolucionando hacia una
cobertura a través de presupuestos generales del Estado que encuentra
su culminación en el Pacto de Toledo, y en el año 1999 la sanidad,
como prestación no contributiva, se financia al cien por cien con los
presupuestos generales del Estado y no con cotizaciones sociales.
También sería importante citar, al analizar el tránsito y este
proceso, la consolidación de la financiación del sistema sanitario a
través de los acuerdos de financiación para la sanidad, el primero
del año 1994, o la delimitación del ámbito objetivo de la cobertura
sanitaria que se hizo a través del catálogo de la ordenación de las
prestaciones sanitarias, es decir, la definición con rango jurídico
de qué prestaciones garantiza el Sistema Nacional de Salud y, por
tanto, a qué prestaciones tiene derecho cada ciudadano de este país.
En este proceso evolutivo evidentemente han surgido problemas, el más
grave es el de la constatación, que tuvimos todos ocasión de
comprobar con motivo de la intervención del fiscal de Madrid, de que
al amparo de este proceso hay fisuras que permiten que se haya
rechazado la asistencia sanitaria gratuita de personas en nuestro
país, concretamente de menores de edad pertenecientes a familias de
inmigrantes en situación irregular. Y esta es la causa, señorías, de
que el Grupo Socialista presente una proposición de ley que trata de
completar la definición que a lo largo de las normas que he citado se
venía recogiendo en nuestro sistema jurídico y que trata de salir al
paso de una interpretación dudosa del artículo 1º de la Ley General
de Sanidad, que recoge que todos los que tengan establecida su
residencia en España tienen derecho a la asistencia sanitaria. El
hecho de que esa formulación de quién tiene establecida su residencia
en España se preste a interpretaciones equívocas ha movido al Grupo
Socialista a presentar esta proposición de ley.
Lo que buscamos, señorías, es completar esos resquicios, facilitar
que no haya lugar a dudas, facilitar que no sea posible la
desasistencia de las personas que la necesitan. Por eso nuestra
proposición de ley contiene en ocho artículos las referencias
necesarias para que se clarifique que todo ciudadano, toda persona,
todo individuo que se halle hoy en España, por la razón que sea, no
puede ser objeto de inasistencia sanitaria. Nuestra proposición de
ley pretende clarificar que los menores de edad, con independencia de
la situación administrativa en que se encuentren sus familiares o las
personas de las que dependen, tienen derecho a recibir la misma
asistencia sanitaria que los españoles, en las mismas condiciones. Es
verdad, señorías, que esto está recogido en la Ley del Menor y que no
habría habido necesidad, pero los hechos que se han hecho públicos
y que han dado lugar, insisto, a la intervención del
ministerio fiscal ponen de manifiesto que sería bueno reiterar que en
el ámbito de la asistencia sanitaria ningún menor de edad que esté en
este país, por ninguna causa, puede ser rechazado.
En las mismas condiciones deben estar las mujeres embarazadas, que
deben recibir el mismo tipo de asistencia que las españolas a todos
los efectos de la situación de embarazo y también, señorías, las
personas inmigrantes que estén en España y que carezcan de título
habilitante para recibir prestaciones sociales pero que estén en
situación de necesidad económica. Como saben SS.SS., las personas sin
recursos económicos fueron integradas en la cobertura universal del
Sistema Nacional de Salud por vía de un real decreto que se refiere a
los españoles. Seguramente ese hueco posibilita que personas que
están en este país sin recursos económicos puedan ser rechazadas en
la asistencia. En nuestra proposición de ley, en el artículo 6, se
trata de equiparar a las personas inmigrantes que están en España sin
recursos económicos a los españoles que se encuentran en esa misma
circunstancia, para que sean atendidas en las mismas condiciones.
También los ciudadanos extranjeros que por cualquier causa estén aquí
deben ser atendidos sin ningún requisito adicional en situaciones de
urgencia, de enfermedad grave, de accidente, cualquiera que sea su
causa, y esos tratamientos no deben interrumpirse hasta que no sean
dados de alta, cualquiera que sea la situación administrativa.
Finalmente, señorías, la proposición de ley hace referencia a un
asunto procedimental que sería impropio de un texto normativo con
rango de ley si no fuera porque también hay un problema adicional que
es el de la confidencialidad. Es evidente que las personas en
situación irregular en España tienen temor a que al acercarse al
sistema sanitario sus datos puedan servir de identificación para
otros ámbitos de responsabilidad, como son el examinar si tienen
derecho a residir o no en España, si reúnen los requisitos
necesarios. Por esa razón, la ley contiene una referencia al título
habilitante para poder acceder al sistema sanitario y propone un
mecanismo, a través de los servicios sociales municipales, que
garantice que estas personas van a poder obtener el título
habilitante para ser atendidos, pero al mismo tiempo se asume por los
poderes públicos el compromiso de la confidencialidad y el compromiso
expreso de que los datos obtenidos en función de las necesidades de
salud de una persona no van a ser utilizados ni van a ser facilitados
ni van a ser comunicados a otros ámbitos de la autoridad que puedan
hacer uso de ellos para tomar determinaciones en relación con su
situación en España. La salud, señorías, sigue siendo la primera de
las preocupaciones de todo individuo y también debe abarcar a las
personas en situación de inmigración, a las personas en situación de
irregularidad en nuestro país. Y esto, señorías, no sólo por razones
humanitarias, no sólo por razones de equidad, sino también por
razones sanitarias. Es enormemente peligroso que en una sociedad con
estándares altos de protección sanitaria se favorezcan o posibiliten
núcleos de
personas con condiciones sanitarias deficientes. Afecta a la salud de
todos, señorías, que haya núcleos de personas en condiciones
sanitarias inadmisibles.
Por todas esas razones, traemos hoy esta proposición de ley aquí,
sabiendo que la mejor forma de conseguir la equidad de los ciudadanos
españoles respecto a los inmigrantes es que no haya normas
discriminatorias, pero conociendo también, señorías, como
responsables del Poder Legislativo, que hay objetivos prioritarios,
y hoy por encima de la teoría está la constatación de situaciones de
falta de asistencia y a esa falta de asistencia, sea por lagunas
legales, sea por interpretaciones erróneas, me parece que esta Cámara
tiene que dar respuesta. Por eso, señorías, el Grupo Socialista
presenta esta proposición de ley para la que yo me permito pedir el
voto de todos los grupos en la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Amador.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentó una iniciativa de
análoga significación, por la que pretende se extienda la cobertura
de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a todos los
inmigrantes y que se va a tramitar, en consecuencia, acumuladamente.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente, Izquierda Unida planteó, exactamente el día
anterior a la presentación de la proposición de ley del PSOE, una
proposición de ley que tiene el mismo objetivo, aunque la técnica
legislativa elegida es diferente. Nuestro grupo parlamentario
entendía que el procedimiento más adecuado, sin minusvalorar en nada
el trabajo del Grupo Parlamentario Socialista, que nosotros -adelanto
ya- apoyaremos, para abordar el problema que tiene como solución la
extensión de un derecho tan elemental como es el derecho a la
asistencia sanitaria a todos los seres humanos residentes en nuestro
país, independientemente de su situación administrativa, era el
cambio del artículo 1º de la Ley General de Sanidad de manera que
desaparecieran las cautelas que en él se expresaban, limitando
temporalmente el derecho a la asistencia sanitaria solamente a los
ciudadanos españoles y a aquellos extranjeros en función de la
regulación afectada por las leyes correspondientes.
Entendemos que la voluntad del legislador en la Ley General de
Sanidad era la universalidad en la atención sanitaria. En definitiva,
uno de los aspectos positivos que plantea la Ley General de Sanidad
es el cambio en el concepto de modelo sanitario basado en el sistema
de Seguridad Social y, por lo tanto, en el derecho a la atención
sanitaria a las personas cubiertas por el sistema de la Seguridad
Social y así pasar a un Sistema Nacional de Salud en el que los
ciudadanos, por el hecho de serlo, tuvieran acceso a la asistencia
sanitaria.
Efectivamente, la Ley General de Sanidad, en su exposición de
motivos, señala que la ley da respuesta al requerimiento
constitucional reconociendo el derecho a obtener las prestaciones del
sistema sanitario a todos los ciudadanos y a los extranjeros
residentes en España, y añade que por razones de crisis económica,
que no es preciso subrayar, no generaliza el derecho a obtener
gratuitamente dichas prestaciones, sino que programa su aplicación
paulatina, de manera que sea posible observar prudentemente el
proceso evolutivo de los costes.
Creemos, señorías, y así tuvimos ocasión de escucharlo en repetidas
ocasiones triunfalmente por parte de los representante del Gobierno,
que no atravesamos una situación de crisis económica y, por lo tanto,
entendemos que no puede aducirse en absoluto el problema de los
costes a la hora de extender la atención sanitaria a un colectivo de
personas -los llamados ilegales- que no tienen hoy acceso a ella y
que diferentes fuentes sitúan entre 100.000 y 150.000 personas.
Creemos también desde nuestro grupo parlamentario que los avances
introducidos en el borrador de la Ley de Extranjería no son
suficientes.Yo quiero permitirme confrontar la palabra de las leyes o
de los borradores de ley con la realidad. Dice la propuesta que hace
el Gobierno en la Ley de Extranjería que tendrán derecho a la
atención sanitaria aquellos trabajadores o personas que no tengan
regulada su residencia en nuestro país en caso de accidentes graves,
de urgencias y de embarazo. Señorías, yo puedo contarles a ustedes el
caso de un emigrante sin residencia legal en nuestro país que se
rompe una pierna y acude a un servicio de urgencias. Es atendido por
los profesionales sanitarios sin ningún problema, porque es un ser
humano en situación de urgencia con una pierna rota, y le indican un
período de tiempo de escayola. La paradoja, si quieren ustedes
llamarlo así, se produce cuando esta persona intenta que alguien le
quite la escayola porque ya no se trata de una situación de urgencia
y esta persona recorre un hospital tras otro sin que nadie le quite
la escayola. Finalmente, se la quita él en su casa y por sus
procedimientos.
Recientemente, también ha habido una condena en un juzgado de lo
social, en Galicia, por haber denegado la atención sanitaria a una
embarazada, aún sin residencia en España pese a ser la esposa de un
ciudadano de nuestro país. Esta persona era un trabajador que estaba
en una situación precaria y, a pesar de eso, tuvo que sufragar la
atención sanitaria privada, que, afortunadamente, un juzgado ha
sentenciado que debería ser cobrada al Insalud.
Pero no solamente hay derechos elementales que, a estas alturas del
siglo, este Congreso de los Diputados no puede ignorar. No se pueden
hacer campañas institucionales en contra del racismo y la xenofobia
en nuestro país y negar el derecho a la asistencia sanitaria
a algunas personas, precisamente a aquellas que están en la situación
más precaria desde el punto de vista de sus recursos, que
evidentemente carecen de esos recursos
para acceder a la atención sanitaria privada, que muchas veces no
tienen acceso a la vivienda o a la educación y que, si tienen la
suerte de acceder a un trabajo clandestino, será seguramente en
condiciones de sobreexplotación. Pero decía, señorías, que no son
razones de humanidad, de derechos fundamentales; son razones
estrictamente de salud. Me voy a permitir informarles acerca de lo
que cuenta una de las muchas asociaciones que dan atención a los
emigrantes ilegales: En cuanto a las enfermedades tropicales, los
parásitos intestinales los padecen un 44 por ciento de niños y un 22
por ciento de adultos; la filariasis, un 34 por ciento de niños y un
43 por ciento de adultos; la malaria, un 64 por ciento de niños y un
17 por ciento de adultos. Son enfermedades infecciosas, como la
hepatitis, que también afecta a un porcentaje elevado de personas que
concitan en sus cuerpos todos los factores de riesgo habidos y por
haber. Y la vida a hecho que la enfermedad no pueda contemplarse de
manera individual; que si se han tomado medidas, muy bien tomadas,
para permitir la escolarización de estos niños, hay que tener en
cuenta que estos niños con enfermedades infecciosas son un factor de
riesgo, por supuesto involuntario y doloroso, para la salud de los
otros niños o adultos. No pueden tomarse medidas parciales, como las
que se han tomado por la Administración del Estado y por diferentes
comunidades autónomas, por las que los menores tendrán derecho a
asistencia sanitaria. ¿Y sus madres no? ¿Y sus padres no? Es un
planteamiento absolutamente miope e irresponsable desde el punto de
vista de la salud de los emigrantes como seres humanos, pero también
con respecto al resto de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entiende
que el Grupo Parlamentario Socialista persigue idénticos objetivos a
los que persigue Izquierda Unida, que ha entendido que la norma y la
voluntad del legislador en la Ley General de Sanidad era extender a
todos los ciudadanos y, por tanto, universalizar, la atención
sanitaria. Por todo ello, les pido el voto tanto para la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida como para
la del Grupo Socialista, entendiendo que no es un problema de técnica
legislativa el que se aborda aquí esta tarde, sino que se aborda, con
enorme retraso, con muchísimo retraso, la restitución de un derecho
que está reconocido en todas las cartas de derechos internacionales
y que nuestro país, siendo un país de emigrantes, un país que ha
sufrido el terrible cáncer de la necesidad de emigrar para buscar su
sustento, no debería negar al colectivo de personas, sin ninguna
duda, en peores condiciones de salud y de vida en nuestro país.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Maestro. ¿Algún grupo
desea consumir un turno en contra de alguna de las dos proposiciones?
(Pausa.)¿Qué grupos desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, compartiendo el tiempo con el señor Vázquez,
tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, en nombre de los
diputados de Nueva Izquierda vamos a apoyar la toma en consideración
de las dos proposiciones de ley que se han defendido anteriormente.
Quisiéramos hacerlo recordando muy rápidamente la coyuntura en la
cual se plantean estas proposiciones de ley y la necesidad de que
sean tomadas en consideración para satisfacer una urgente necesidad
que existe en nuestra realidad, que es la asistencia sanitaria a los
extranjeros, a los inmigrantes, sea cual sea su situación legal. Esto
tiene una justificación moral, una justificación social, una
justificación constitucional también. Sin embargo, a principios de
este año aún se producían casos como los que denunció la Fiscalía del
Menor de Madrid, de no atención a niños hijos de extranjeros, de
inmigrantes, que no tenían tarjeta sanitaria y que eran rechazados
por hospitales públicos, hospitales del Insalud, lo que dio lugar a
una denuncia, que tuvo una gran repercusión pública, de la Fiscalía
del Menor de Madrid, que ha llevado -hay que recordarlo- todo el peso
de lo que creo que hoy día es ya una conciencia en todos los grupos
parlamentarios, sobre la necesidad de que no haya discriminaciones
por razón de nacimiento en cuanto el derecho a la salud, que es
probablemente el derecho más fundamental, junto el derecho a la vida,
que tienen, o que deben tener, las personas.
Se producía además un incumplimiento flagrante de la Convención de
los Derechos del Niño, firmada por España. Se incumplían muchísimos
artículos de esa convención. Por eso, la única forma de solucionarlo
era solicitar que inmediatamente se proveyese de tarjeta sanitaria a
los menores hijos de inmigrantes, fuese cual fuese la situación legal
de sus padres. Eso es lo que hicieron grupos parlamentarios y
partidos políticos. Desde luego, en la primera fila estuvo sin duda
Nueva Izquierda, que planteó inmediatamente la necesidad de una
tarjeta sanitaria. Hay que decir que después de una entrevista
personal que yo tuve con el ministro de Trabajo, el Gobierno
reaccionó dando instrucciones para que se facilitase tarjeta
sanitaria a los menores, fuese cual fuese la situación de sus padres.
Incluso, la Fiscalía del Menor de Madrid siguió intentando cubrir una
laguna que todavía quedaba en relación con los menores, que era la
atención a las madres embarazadas en el seguimiento del embarazo, lo
que se consigue por fin el 5 de agosto mediante una circular que
emite el Insalud y que recuerda la Convención de los Derechos del
Niño y el real decreto de ejecución del reglamento por el que se
ejecuta la ley llamada de extranjería y la Ley de protección jurídica
del menor. Se estaban conculcando claramente esas leyes, aparte de
principios básicos morales en cualquier país mínimamente civilizado
basados en los derechos fundamentales, los derechos humanos.
Pero faltaba y falta la atención a los adultos, y como ha sido
señalado anteriormente por la señora Maestro, se da la contradicción
de que se reconoce el derecho a la atención a los niños y no a sus
padres por razón de no estar en situación administrativa legal en
nuestro país, no haber nacido en este país y, por tanto, no ser
residente español. De ahí la necesidad de que estas proposiciones de
ley se tomen en consideración, que es lo que nosotros vamos a hacer
votando a favor de las mismas, porque el tratamiento sanitario por
urgencias y ambulatorio tiene que complementarse también con el de
los adultos, de tal forma que la sanidad sea un derecho realmente
universal para todas las personas que se hallan en nuestro país.
Falta la consolidación por una ley de esta situación. Es verdad que
de hecho el Insalud reaccionó muy tardíamente en este año a ese
derecho reivindicado de atención a los niños, también a las madres
embarazadas, y todavía falta, fácticamente incluso, la atención a los
adultos. Pero falta que esto se reconozca por ley porque es la única
forma de que esta cuestión no se quede reducida a circulares del
Insalud que hoy pueden ser en este sentido y mañana pueden ser en
otro. Por eso tiene toda su importancia y toda su justificación esta
proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso que regula esta
cuestión muy detalladamente, y también la proposición de ley de
Izquierda Unida, en la que sugeriríamos que se produjese una
modificación o matización en su redacción dado que habla de personas
residentes y no basta con ello, esa es una situación legal. Hay
personas que no tienen esa situación de residencia legal que se
hallan residiendo en España y que tienen derecho, deben tener derecho
por ley, a la asistencia sanitaria sea cual sea su situación legal o
su edad, consolidando, por tanto, en nuestro país el derecho a la
salud como un derecho verdaderamente universal de acuerdo con los
convenios internacionales firmados por España y con nuestra
Constitución.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Garrido.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Intervengo brevemente para decir que el Bloque Nacionalista Galego va
a votar a favor de la toma en consideración de las proposiciones de
ley que hacen referencia a extender la cobertura del sistema público
de salud a todos los ciudadanos que se hallen en territorio del
Estado español porque compartimos la filosofía que inspiran las
mismas; es decir, compartimos la necesidad de regular legalmente y
hacer obligatoria la atención sanitaria por los servicios públicos de
salud a todas las personas que se encuentren en el territorio del
Estado, independientemente de su situación administrativa, y de una
manera especial a quienes carecen de recursos económicos por un
simple principio de
humanidad y de justicia. Creemos que no es tolerable que una
sociedad, aunque padece todavía muchos problemas, que se encuentra
entre las llamadas desarrolladas, niegue por cicatería -porque la
verdad es que es así- el derecho a la salud y a la atención
sanitaria, que es un derecho básico y universal, a personas que se
encuentren en situación de ilegalidad o no.
Nos parece que esta atención sanitaria es relevante. No debe suponer
para ninguna persona riesgo de expulsión o de cualquier otra acción
administrativa en su contra porque es evidente que de suponerlo haría
que muchas personas sólo accediesen a estos servicios prácticamente
en caso de muerte o de extrema necesidad, con lo que esa situación
implicaría de riesgo para su salud y la de los demás.
Regular legalmente la atención sanitaria a estos colectivos evitará
al tiempo situaciones bochornosas como las que periódicamente
reflejan los medios de comunicación, es decir, comprobar que
precisamente por falta de regulacion legal en hospitales u otros
servicios sanitarios no se presta atención médica a personas que la
necesitan.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Gómez Rodríguez, por Coalición Canaria.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con toda brevedad para manifestar que Coalición Canaria va
a apoyar la tramitación de estas dos proposiciones de ley, la del
Grupo Socialista defendida por nuestra estimada doña Ángeles Amador y
la otra, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, por nuestra también estimada doña Ángeles Maestro.
Estamos seguros de que ningún grupo se va a oponer a la tramitación
de estas dos iniciativas, las cuales están llenas de sentido
humanitario y de deseo de extensión de los sistemas sanitario y de
salud a toda la población que reside en España, además de una gran
carga de necesaria solidaridad, máxime en estos tiempos.
También está próxima a promulgarse, finalizado el trámite legislativo
correspondiente, la ley de extranjería, ley que quizás pudiese caber
en el contexto de esta disposición. Nosotros ya anunciamos que con
relación a esta norma presentaremos en su día enmiendas de carácter
formal para cuestiones como las señaladas por el señor López Garrido
y también queremos dejar constancia de la necesidad de un respeto a
la Constitución, al derecho autonómico, a las facultades que tienen
las comunidades autónomas en esta materia sanitaria que tanto nos
interesa.
En resumen, señor presidente, una vez más Jesús va a apoyar a las dos
Ángeles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Qué bonito, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV) para fijar
nuestra posición en relación con la toma en consideración de estas
dos proposiciones de ley, una del Grupo Socialista y otra del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, por las que se extiende la
cobertura del Sistema Nacional de Salud a todos los ciudadanos que se
hallen en España, fundamentalmente a los inmigrantes.
Como se señala en la exposición de motivos de la proposición de ley
del Grupo Socialista, se trata de eliminar el mantenimiento de
situaciones discriminatorias en el acceso al sistema estatal de
salud, porque ello no sólo conculca el principio ético de igualdad de
todos en la protección de la salud, sino que también dichas
situaciones discriminatorias crean potencialmente riesgo para la
salud pública al mantener guetos sanitarios con bajos índices de
protección epidemiológica.
Indudablemente, estamos de acuerdo con buena parte del contenido de
estas proposiciones de ley, que también, como ya se ha señalado,
fueron presentadas al calor de ciertos hechos desgraciados acaecidos
en España con menores extranjeros. Sin embargo, precisamente en estos
momentos se encuentra también bastante avanzada la ley de
extranjería, en la cual se contemplan las situaciones que pretenden
salvar estas proposiciones de ley y otras muchas que afectan a los
extranjeros, sobre todo a aquellos más desfavorecidos. La ley de
extranjería, con bastante consenso, va a ser aprobada dentro de esta
legislatura, cosa que es bastante difícil que suceda con estas
proposiciones de ley que estamos debatiendo.
Por otro lado, en el caso de los menores, situaciones que plantean
estas proposiciones de ley ya están reguladas en alguna medida por la
Ley de Protección de Menores y en algunas comunidades autónomas, como
es el caso de Euskadi, están debidamente atendidas el resto de
situaciones en base a determinados convenios. Además, creemos que los
casos que se plantean en esta proposición de ley deberían también ser
regulados de una forma más global en base a una ley de aseguramiento
sanitario público que contemple también otras situaciones, todo ello
de forma global.
A pesar de ello, y sabiendo que en estos momentos es un voto
testimonial, vamos a votar favorablemente la toma en consideración de
estas proposiciones de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la
señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, para anunciar que el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) va a votar favorablemente la toma en
consideración de las dos proposiciones de ley, la que presenta el
Grupo Socialista y la que presenta Izquierda Unida. No obstante,
también queremos anunciar que, a nuestro entender, estas
proposiciones de ley no pueden verse de manera aislada del conjunto
de la tramitación de la ley de extranjería, que esperamos y confiamos
-por nuestra parte así lo procuraremos- vea la luz antes de terminar
el actual período legislativo.
El artículo 14 de la ley de extranjería, que esperamos que salga a la
luz en este período y con el mayor consenso posible, trata de la
asistencia sanitaria de todas aquellas personas que se hallen en el
Estado español. Es en este contexto donde nuestro grupo piensa
adecuar, si es pertinente mediante enmiendas, las actuales
proposiciones de ley a lo que se acuerde en la ley de extranjería.
Pensamos, señorías, que es necesario -y es compartido también por
todos los grupos- regular situaciones que son injustas y, por otra
parte, normalizar las que en algunas comunidades ya se dan. Por
ejemplo, Cataluña atiende sin ningún tipo de discriminación a todas
las mujeres y niños inmigrantes, independientemente de cuál sea su
estado legal de residencia. Como digo, es necesario y, además de
justo, totalmente conveniente en un momento en que nuestro país se
halla en condiciones óptimas para, basándonos en la bonanza económica
que a todos los niveles estamos vivienda, poder readaptar aquellas
leyes que aún no son suficientemente justas y no fomentan lo
suficiente la cohesión social.
Reiteramos, pues, nuestro voto favorable a las dos proposiciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Riera.
Señor Jordano, por el Grupo Popular.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
Este tipo de proposiciones, que se elaboran en un momento por una
iniciativa oportunista, que se elaboran a raíz de titulares de
prensa, tiene el inconveniente de que cuando llega la hora de su
debate en el Pleno está reflejando situaciones superadas y algo que
ya se ha resuelto por parte del Gobierno al que se quiere dirigir una
proposición de este tipo, como han reconocido algunos de los
intervinientes.
Coinciden además en el tiempo con la tramitación de una reforma
profunda de la ley de extranjería y va a ser muy difícil que por el
tiempo que queda de legislatura estas dos proposiciones de ley puedan
tener una tramitación normal. Lo normal es que la reforma de la ley
de extranjería esté acabada antes de que se produzca la tramitación
completa de estas dos proposiciones.
No obstante, es oportuno el momento para que cada grupo pueda
manifestar su posición política respecto a
la atención sanitaria de los inmigrantes, a la atención sanitaria de
los extranjeros en España. La posición política del Gobierno quedó
claramente manifestada en esta Cámara por declaraciones expresas del
Ministerio de Sanidad y, tomando literalmente palabras del mismo, es
claro que los extranjeros en España, cualquiera que sea su situación
administrativa, tienen acceso a la atención y asistencia sanitaria en
iguales condiciones y circunstancias que los españoles. Esta es la
posición del Gobierno manifestada por el Ministerio de Sanidad. El
Grupo Parlamentario Popular coincide con la posición del Gobierno y
tenemos que responder con una reforma legislativa a lo que se está
aplicando en la práctica. En la práctica, ahora mismo en España no
hay problemas de asistencia sanitaria para ningún menor extranjero.
En la práctica, ahora mismo en España no hay problemas de asistencia
sanitaria para aquellos extranjeros que lo demandan, si bien hay que
reconocer que determinados extranjeros en situación irregular no han
acudido todavía a demandar su tarjeta sanitaria y, por tanto,
continúa existiendo un problema latente. La resolución del mismo pasa
por la modificación de la ley y por el reconocimiento de un derecho y
el establecimiento en la ley del contenido del mismo, y en esas dos
vías (reconocimiento de derecho y establecimiento del contenido del
mismo) se ha avanzado suficientemente en la ponencia que reforma la
ley de extranjería. Por tanto, anunciamos ya que, una vez abierto el
plazo de enmiendas, el Grupo Parlamentario Popular enmendará las dos
proposiciones de ley con el texto ya debatido y prácticamente
acordado en la ponencia que reforma la ley de extranjería, que
creemos que es un texto que cubre, si no la iniciativa de todo el
conjunto de la sociedad española, sí el sentimiento de la inmensa
mayoría, y es además un texto que responde a la posibilidad real de
nuestro sistema sanitario de salud.
El texto que en su día el Grupo Parlamentario Popular propondrá como
enmienda alternativa a las dos proposiciones que hoy se nos presentan
establece el derecho a la asistencia sanitaria, en primer lugar, para
los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón
del municipio en el que residan, que carezcan de medios económicos y
tendrán derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones
que los españoles. En segundo lugar, para todos los extranjeros la
asistencia de urgencia por contraer enfermedades o por accidentes,
cualquiera que sea la causa, y la continuidad de dicha asistencia
hasta la situación de alta médica. En tercer lugar, las extranjeras
embarazadas que se encuentren en España tendrán derecho a la
asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto.
Cabría pensar si debiéramos incluir también a los menores en la
futura reforma o a los extranjeros residentes que están dados de alta
en la Seguridad Social. Si es necesario se puede introducir, aunque
no creo que legalmente sea necesario incluir a estos dos colectivos
que tienen reconocido su derecho por otras vías diferentes.
La posición de nuestro grupo es aprovechar el momento para agradecer
a los grupos que han mantenido la iniciativa, a pesar de la reforma
de la ley de extranjería, la oportunidad para fijar la posición
política del Grupo Parlamentario Popular en esta materia y precisar
también que los textos que se nos someten a consideración tienen
bastantes errores que han de ser corregidos. Señalaba la señora
Maestro el concepto de la confidencialidad. Para que la
confidencialidad que pretende funcione no pueden reservarse los datos
para que los pida cualquier autoridad, habría que reservarlo
exclusivamente a la autoridad judicial, y pongo un ejemplo de las
correcciones que habría que hacer. Como también habría que manifestar
que al utilizarse un texto muy reglamentista probablemente se invadan
competencias de comunidades autónomas. En un sistema de sanidad en el
que están transferidas íntegramente las competencias a muchas
comunidades autónomas tendríamos que hablar de normas básicas cuando
estamos regulando a nivel estatal y que la regulación, el detalle de
esa norma básica, el aspecto reglamentario, es competencia de la
comunidad autónoma.
Quisiera también aprovechar el momento para pedir al Grupo Socialista
que transmita el sentimiento de la política inmigratoria que está
manifestando en esta Cámara a los responsables de las comunidades
autónomas en las que gobierna. Se han producido declaraciones por
parte de consejeros de la Junta de Andalucía sobre temas de
extranjería en los dos últimos días que nada añaden al clima de
consenso y al clima de trabajo en beneficio del extranjero, al clima
de reconocimiento de los derechos del extranjero que estamos
debatiendo en esta Cámara. Declaraciones que, por su sola presencia,
crean la posibilidad de que aparezcan tendencias xenófobas y racistas
en la sociedad andaluza. En este caso no son muy de recibo y deben
ser corregidas porque no se corresponden con la actitud que mantienen
los representantes del Grupo Socialista en esta Cámara.
Para terminar, señor presidente, quisiera señalar algo que no se ha
comentado hasta ahora. Por una vía u otra, directa o indirectamente,
a los extranjeros, con independencia de su situación administrativa
en España, se les está prestando asistencia sanitaria y asistencia
farmacéutica. Lo que sucede es que los médicos, ante la falta de
cobertura legal, tenían que derivar la asistencia por recovecos que
curiosamente hacían más cara la asistencia sanitaria para el
extranjero en situación irregular que para el nacional o para el
extranjero residente. Por tanto, cuando estamos hablando del
reconocimiento del derecho de la sanidad en los términos que hemos
expresado realmente no se está hablando de incremento del gasto, se
está hablando de una reordenación de recursos, pero no hay un
incremento del gasto y es conveniente, cuando surgen determinadas
tendencias extrañas en la sociedad española, que no se produzca
alarma económica cuando estamos hablando del reconocimiento de
derecho de los extranjeros.
En resumen, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular va a
votar afirmativamente la toma en consideración
de las dos proposiciones y se reserva - como es lógico- el
derecho de enmendarlas, incluso de totalidad, en el momento oportuno.
Nada más, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jordano.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE NUEVO
RÉGIMEN DE PENSIONES Y DE INDEMNIZACIONES PARA MIEMBROS DEL GOBIERNO
DE LA NACIÓN Y ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
(Número de expediente 122/000267.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de las dos proposiciones de
ley -debate acumulado-, pasamos a la proposición de ley del Grupo de
Izquierda Unida.
Señorías, las votaciones correspondientes a las dos proposiciones de
ley anteriores y a ésta de Izquierda Unida se producirán al final del
punto primero.
Decía que pasamos a la proposición de ley de Izquierda Unida sobre el
nuevo régimen de pensiones e indemnizaciones para miembros del
Gobierno de la nación y altos cargos de la Administración general del
Estado.
El señor Ríos Martínez es el encargado de defender esta proposición.
Adelante, señor Ríos, en nombre de su grupo.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, el Grupo Federal
de Izquierda Unida ha hecho un trabajo previo a la presentación de
esta proposición de ley, tendente a intentar dar, al final del
período ordinario pasado, un alto grado de transparencia y luz a lo
que es el procedimiento, el proceso, para determinar de qué manera
funciona hoy lo que se viene a considerar una especie de pensión
indemnizatoria, en función de un trabajo, para miembros del Gobierno
y altos cargos de los órganos institucionales del Estado.
Con este trabajo nos encontramos en una realidad, la de una mezcla de
leyes a lo largo de todo el proceso. Aquí tengo el volumen del cuerpo
legal con el que hemos tenido que trabajar para conocer la propia
realidad, originariamente introducido en la ley de funcionarios del
Estado y dentro de los haberes pasivos de los propios funcionarios, y
después cada año, en cada presupuesto general, modificado y adecuado
a la propia realidad.
El fin de Izquierda Unida es dar respuesta a esa mezcla, a ese mare
mágnum legal con que nos encontramos y, sobre todo, conseguir tres
objetivos. Uno, que haya nitidez a la hora de tomar una decisión,
como la de dotar de una indemnización por haber sido ministro o por
ser alto cargo de un órgano institucional, con claridad en lo que es
la decisión y la voluntad de los distintos grupos parlamentarios a la
hora de acometerla.Dos, que la legislación supere la realidad
predemocrática,
puesto que el origen de esta ley deviene de lo que es la situación
del año 1966, un real decreto que refunde una ley de funcionarios, la
ley del año 1974, donde se introducen otros órganos, además de los ex
ministros, y posteriormente la ley de los Presupuestos Generales del
Estado del año 1979, donde ya se empieza a responder a la realidad
predemocrática, colocándola en una situación, y a la realidad
democrática, dándole otra respuesta, y sobre todo la ley 74/1980, que
es la que más ampliamente trata este tema. ¿Y con qué voluntad se
aborda ese compromiso de adecuar la legislación predemocrática? Con
una, la de ajustar todas estas medidas a un cuerpo legal del que nos
hemos dotado con posterioridad, la Ley de Incompatibilidades del año
1983.
Creemos que no es bueno que se pueda instaurar la realidad de que el
principio de igualdad, que mandata nuestra Constitución, pueda
variarse en función de una situación más o menos de privilegio de una
parte de las personas sobre la otra. ¿Y a qué se refiere nuestra
iniciativa? A poder concluir lo que venía a decir el editorial de un
medio de comunicación: un cargo, un sueldo, y hacer realidad lo que
para todos los ciudadanos españoles se contempla en la Ley de
Incompatibilidades. El artículo 2º.2 de la Ley de Incompatibilidades
de 1983, que ha sido modificada con la ley del año 1995, dice
textualmente: No podrá percibirse más de una remuneración con cargo a
los presupuestos de las administraciones públicas, de los organismos
y empresas de ellas dependientes, o con cargo a los órganos
institucionales, ni optar a percepciones correspondientes a puestos
incompatibles.
Lo que pretendemos nosotros es que la situación legal que deviene de
los años 1966 y 1974 sea solventada con un cuerpo legal que recoja a
todas las personas que lo puedan percibir y que no exista la
posibilidad de percibir dos sueldos en un solo puesto de trabajo. Es
más, creemos que esa actualización sería un gesto. Hemos estado tres
meses discutiendo de la actualización de pensiones, si se iban a
subir 800, 1.000 ó 3.000 pesetas. Pues hay incompatibilidad de
pensiones. En un matrimonio, una persona que esté jubilada, su
cónyuge no puede percibir una pensión no contributiva. Puede percibir
una pensión, que está congelada desde hace quince años, que es la
pensión FAS, de invalidez, de 27.000 pesetas. Pero no una pensión no
contributiva de 37.000 pesetas. ¿Qué pretende nuestra propuesta? Que
no haya dos situaciones. ¿Es ilógico o injusto que una persona que ha
pertenecido a un Gobierno, un ex ministro, o una persona que ha
presidido un órgano institucional, perciba una indemnización en casos
concretos? Nosotros no lo creemos injusto. Por eso, no hacemos una
propuesta demagógica. ¿Qué decimos? Que esa persona, puesto que ha
tenido una situación de inestabilidad durante un tiempo, generada por
su llegada a ser ministro, a presidir el Tribunal Constitucional, la
institución del Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado o
el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial,
si no tiene otra dedicación pública, pueda percibir esa
indemnización. ¿Por qué digo esto? Porque estamos asistiendo a
situaciones de una injusticia fortísima. Hoy, en este momento, se
puede estar compatibilizando la consignación bruta mensual de
1.888.000 pesetas al mes con un sueldo de 400.000 ó 500.000 pesetas
como miembro o portavoz de una comunidad autónoma. No digo que no se
pueda corregir, se puede renunciar; ha habido ministros de gobiernos
anteriores que renunciaron. Por tanto, no estoy criticando esta
situación de poder optar, no, es legal. Lo que quiero modificar es la
legalidad que facilita una situación injusta desde nuestro punto de
vista, no ajustada a la moralidad que exigimos hoy. Puede darse el
caso de que una persona sea comisaria europea y perciba un sueldo de
ex ministra del erario público, por tanto de presupuestos públicos y
de administraciones públicas, y puede darse el caso de estar dedicado
a otras tareas y compatibilizar sueldos. Hemos tenido historias para
dar y vender.Estamos hablando de compatibilidades un tanto elevadas.
Sobre la posibilidad de subir al fiscal general 9 millones de
pesetas, hay quien ha dicho que con ello había para subir la pensión
de 320 pensionistas. Pues bien, ese mismo fiscal general, cuando deje
de serlo y pase a ser fiscal de Sala, percibirá 40 millones,
distribuidos en 24 pagas. Y con 40 millones hay para cuatro veces más
pensiones, para 1.200 pensiones. También es razonable discutir esto
siguiendo el mismo hilo comparativo, pero igual en todos y cada uno
de los casos. ¿Qué propuesta hace Izquierda Unida? Variar la
situación actual. ¿Y cuál es la situación actual, derivada de toda
esta evolución legal, de esta situación devenida a lo largo de la
historia? Las situaciones con que nos encontramos ahora mismo son
tres. Primera, dos años después de haber cesado en el puesto puede
percibir mensualmente el 80 por ciento del salario. Es verdad que en
el régimen anterior, en el régimen predemocrático, era pensión
vitalicia; hemos mejorado en eso, ahora es durante dos años. Segundo,
cuando se jubile, esta persona podrá percibir una pensión vitalicia
del 80 por ciento del sueldo que se perciba en aquel momento, es
decir el sueldo que perciba un ministro o un alto cargo cuando esa
persona se jubile. Tercero, cuando fallezca, su viuda y sus huérfanos
podrán percibir el 25 por ciento del sueldo de aquel momento.
Nuestra propuesta ajusta esto a la realidad de las
incompatibilidades. En caso de pensión, no se podrá percibir más de
la pensión máxima del sistema de Seguridad Social; puede percibir ese
complemento, pero no más. Es en lo que estamos trabajando para dar
solución a muchos de los casos que existen. No es lógico
compatibilizar cualquier situación, sería injusto. Este 80 por ciento
del sueldo se podrá percibir sólo cuando no se ostente un cargo. En
nuestra proposición de ley, que es mejorable, que es perfectible y
que en el trámite parlamentario podremos discutir, hemos presentado
una relación sacada de la Ley de incompatibilidades. ¿Enqué casos no
se podría compatibilizar este 80 por ciento
de la asignación? Un ex ministro o un alto cargo de la Administración
del Estado tienen unos sueldos muy dignos, cuantiosamente dotados
(por la responsabilidad que detentan -es verdad-, mientras la
detentan) y nosotros hemos hecho una relación. Por ejemplo, será
incompatible con las retribuciones que pudieran corresponderles como
diputados y senadores -se ha podido compatibilizar-, secretarios de
Estado y subsecretarios, directores generales, presidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia, presidente y directores
generales de un instituto de crédito, presidente y consejeros de
algunas sociedades mercantiles, miembros del gabinete de la
Presidencia, presidentes de cámaras autonómicas o de comunidades
autónomas, alcaldes de municipios importantes, etcétera. En fin, una
serie de incompatibilidades. Compatibilizamos una serie de sueldos
cuantiosos, muy superiores a la pensión mínima -de 300.000 pesetas- y
muy superiores a los que ahora mismo podemos estar discutiendo. Esa
propuesta es la que hacemos para los dos años siguientes al cese en
el ejercicio de esos cargos. Cualquier persona que tenga una
situación distinta, podrá percibir esa indemnización mientras
encuentra empleo. ¿Por qué defendemos este criterio de la Ley de
incompatibilidades? Porque hay una exigencia para los altos cargos y
miembros del Gobierno en la Ley de incompatibilidades y es que
establece que un ex ministro, en los dos años siguientes al cese en
el cargo, no podrá participar en empresas públicas o en actividades
que hayan tenido relación con la actividad que él realizó. Es decir,
si un señor ha sido ministro de Industria o ministro de Fomento, no
podrá estar realizando un trabajo relacionado con el cargo que había
desempeñado. Como eso se exige a los ex ministros o altos cargos
institucionales, nosotros creemos que lógicamente hay que
compensarlos porque se les ha llevado a esa situación. A lo largo de
la historia hemos tenido realidades múltiples, no es lógico que
hablemos de generalización. Ha habido ministros que cuando han dejado
el cargo no han vuelto a su puesto de origen, sino que han tenido un
ascenso en status -han ido a dirigir bancos, empresas públicas u
otras entidades-, y ha habido otros que no ha sido así y han vuelto a
su puesto de origen. Nosotros consideramos que no es igual la
situación de unos y de otros. ¿Qué es lo que está proponiendo
Izquierda Unida? ¿Es que les estamos pidiendo a todos los grupos de
la Cámara que apoyen la proposición de Izquierda Unida? No, no les
estamos pidiendo eso. Formal y políticamente, lo que les estamos
pidiendo es que hagan el gesto de decir: Debemos abordar este tema y
plantearlo en sus tres aspectos: transparencia y legalidad, ajuste a
la ley democrática y cumplir la Ley de incompatibilidades. Hagámoslo
y discutamos las diferencias que podamos tener.
Por tanto, si hoy vota el grupo de la mayoría que apoyó la
investidura en esta Cámara, estará cumpliendo uno de los compromisos:
abordar la regeneración democrática -como decían-, hacer realidad las
incompatibilidades que anunciaban, superar la realidad que
encontraron cuando llegaron al Gobierno. Y si ustedes toman en
consideración esta proposición de ley, ¿están aprobando el texto de
Izquierda Unida? No. Tienen todo el trámite posterior para presentar
una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Pueden no dejar
nada de lo que hay aquí. Pueden tomarse el tiempo que quieran. Les
voy a poner un ejemplo: ley admitida a iniciativa de la Comunidad
Autónoma de la Ciudad de Melilla hace dos años y pico, tomada en
consideración, todavía está en tramitación. Van a tener todo el
tiempo que quieran para estudiar la propuesta y adecuarla al cuerpo
legal. No hay una razón de contenido ni de tiempo y oportunidad. Si
toman en consideración esta proposición de ley, lo que adquieren es
un compromiso político: la voluntad de dar transparencia a esta
situación y aclarar, con valentía, las posiciones que hay.
Y aquí no hay medias tintas, aquí no hay el sí, pero. Aquí, o se
tiene la voluntad de abordar esta cuestión, con la concreción que se
quiera (ni siquiera la que propone Izquierda Unida, con la que
ustedes quieran), o se deja como está. Que cada año, en la
disposición vigesimoséptima, en la disposición vigesimoquinta o en
cualquiera de ellas, tengamos que abordar dos cosas: las que
declaramos obsoletas y frenamos, previas al sistema democrático,
anteriores al año 1981 -pensiones que se están cobrando hasta por
huérfanos de más de 23 años en condición de incapacidad-, y la
situación devenida posterior al año 1981. Si ustedes tienen la
voluntad de acometer esa tarea, lógicamente la discusión puede ser la
que queramos establecer, desde las posiciones que cada uno quiera
argumentar, pero lo cierto es que nos dotaremos de una realidad, de
una vez por todas, en un cuerpo legal propio, como se hizo con los ex
presidentes. Parece que nos da vergüenza decirlo. Quien tenga la
valentía de decir: Queremos que haya una indemnización por haber sido
ex ministro o alto cargo y queremos que sea de este dinero, que lo
defienda. Y lo concretaremos en una ley específica. Ya lo hicimos con
los ex presidentes. Hicimos una relación de ex presidentes y les
dotamos de un cargo, de un destino y de un presupuesto; fue una
valentía. Estamos pidiendo transparencia y una realidad normativa.
Señorías, lo que les estoy diciendo hoy es simplemente que tenemos
una realidad que es confusa, que es poco clara y que muchos de
ustedes ni siquiera saben cómo funciona ni qué cuantía tiene. He dado
algunos datos, pero podría dar muchos más. Queremos abordar esta
realidad, queremos hacerlo con transparencia y queremos tomar ese
compromiso político de regeneración de la vida pública en los altos
cargos, porque vale más un ejemplo que estar muchos años predicando.
Es muy importante predicar con el ejemplo y quien pide a los demás
que se aprieten el cinturón, primero tiene que dar ejemplo haciéndolo
él.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que
desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré con gran brevedad.
Mi grupo va a votar en contra de la toma en consideración de esta
proposición de ley. En primer lugar, si, como trata de justificar la
exposición de motivos del grupo proponente, que con buen énfasis
parlamentario ha defendido el señor Ríos, se intenta hacer un agravio
comparativo con la situación actual que trata de corregir esta
proposición de ley, en razón de que existe una especie de tótum
revolútum o de mare mágnum -como se invoca en la propia exposición de
motivos-, yo entiendo que esto contribuiría a crear un mare mágnum
mayor del que existe.
En segundo lugar, el arranque de esta iniciativa se basa en el viejo
decreto de 1966, que viene a regular en derecho el texto refundido de
los derechos pasivos de los funcionarios de la Administración Civil.
No consideramos que sea tan necesario modificar estos derechos que
tienen en clases pasivas los funcionarios civiles del Estado y que
sólo afectan a aquellos que lo hayan sido, al llegar la edad de
jubilación. Porque aquí se especifica una serie de altos cargos que
pueden coincidir en personas que hayan estado cotizando a derechos
pasivos porque son funcionarios de carrera de alguno de los cuerpos
de la Administración Civil, pero no se exige que otros altos cargos
tengan que pertenecer a los cuerpos de la Administración Civil del
Estado, altos, medios o inferiores. No creo que por esa vía se
solucione nada.
En tercer lugar, se olvida un principio inspirador, que se puede
corregir. Cuando la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida llega a las disposiciones derogatorias, sólo trata de
derogar un artículo del Decreto 1120/1966, de los Derechos Pasivos de
los Funcionarios Civiles del Estado, y la Ley 4/1974, referente a las
pensiones del presidente de las Cortes, del Tribunal Supremo, del
Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas, etcétera. Sin embargo,
las otras cinco derogaciones que contempla se refieren a leyes de los
Presupuestos Generales del Estado. Siempre estará abierta la puerta
de las enmiendas correctoras pertinentes, con su previa negociación
con el Gobierno de turno en los Presupuestos Generales del Estado.
Creo deducir de la exposición de motivos -y vuelvo a ella- la
aparente buena intención de evitar un agravio comparativo. Trata de
refutar o rechazar la compatibilidad de dos ingresos públicos, en
razón de que aunque legal -como dice la propia exposición de motivos
¡hasta ahí podíamos llegar!- constituye un agravio comparativo con la
situación de otros ciudadanos.
Señor Ríos, lo que ocurre, cuando se dice aquí que no es de recibo en
una situación económica donde a la mayoría de los ciudadanos se les
está aplicando una
serie de medidas tendentes a disminuir el déficit público es que se
está olvidando el principio de responsabilidad. Ese principio -no
digo ya el de la obligación de guardar secreto de los altos cargos,
de los ex ministros respecto a las deliberaciones del Consejo de
Ministros- de responsabilidad política que contraen estos ciudadanos
en razón de su cargo se está olvidando. No son unos ciudadanos a los
que se les puede aplicar lo mismo que a la mayoría de los ciudadanos,
porque la mayoría de ciudadanos no contrae ese grado de
responsabilidades político-administrativas a que se ven sujetos los
altos cargos.
La vigente Ley de incompatibilidades de altos cargos clarifica este
procedimiento. Venir ahora a negarles esa cuantía... Además, si esta
iniciativa que usted ha presentado hubiera traído unas cifras
comparativas, sabríamos de qué estamos hablando, pero me da la
sensación de que estamos utilizando, con una legitimidad del debate
dialéctico parlamentario, unas cantidades insignificantes, para
plantear un problema en términos no sé si de ética política o de
estética política, en cuanto a la percepción de estas dos
remuneraciones.
Para oponerme a la cuestión de fondo de esta iniciativa, mi argumento
principal es el que he señalado, el de la responsabilidad político-
administrativa que contraen estos cargos. Si tenemos en este momento,
para su regulación, dos instrumentos legales fundamentales: la actual
Ley de incompatibilidades de altos cargos y la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, aplíquense, bien en el principio mantenido por
la primera o bien, anualmente, a través de los Presupuestos Generales
del Estado. No se pueden mezclar estas responsabilidades de imagen
política con el decreto del año 1966 de derechos pasivos, que no
tiene que ver en algunos casos absolutamente nada con el alto cargo,
como no haya estado contribuyendo todos los meses a partir de su
sueldo en las clases pasivas del Ministerio de Hacienda para los
funcionarios civiles del Estado. No vemos que haya un soporte, salvo
el de la oportunidad política del momento para plantear esta
iniciativa.
Mi grupo no está en esa posición y por esta razón, sin entrar en más
disquisiciones, vamos a oponernos con nuestro voto a su toma en
consideración.
Nada más.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Señora Uría, por el Grupo Nacionalista Vasco.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ve con enorme simpatía, aunque
con muchos problemas de técnica jurídica, la iniciativa que se nos
presenta. Sopesaré ambos aspectos.
La idea de reunir en un solo texto legal todas las previsiones
relativas a los derechos pasivos de los integrantes de los órganos
constitucionales y de los altos cargos de la Administración, siendo
en principio muy
positiva, tiene difícil encaje en el ordenamiento vigente. En efecto,
el estatuto personal es una consecuencia directa de la pertenencia a
dichos órganos y del ejercicio de las funciones que les asigna la
Constitución. Como manifestación del principio de separación de
poderes, la autonomía que el texto fundamental garantiza a los
órganos directamente regulados en su articulado se traduce
necesariamente en la existencia de normas específicas para el
estatuto de cada uno de ellos. Es lo que ocurre con las Cortes
Generales y con el Poder Judicial. Por otra parte, hay que tener en
cuenta también la reserva de ley orgánica de la disciplina legal de
varias de las instituciones sobre las que se proyecta la proposición
de ley, reserva que alcanzaría igualmente a las pensiones e
indemnizaciones relativas a sus miembros.
Esta cierta desorientación de la iniciativa que debatimos se
manifiesta en algunos datos de interés. En primer lugar, se aprecia
una falta clara de correspondencia entre su título, su objeto y su
ámbito de aplicación. En segundo lugar, se nota que es de factura
antigua, ya que se cita al Ministerio de Relaciones con las Cortes,
inexistente desde hace una década. En tercer lugar, la disposición
derogatoria incurre en un error grave al ignorar los imperativos
antes señalados de la separación de poderes. Así, la derogación de
algunas leyes del franquismo viene determinada por una regulación
que, aunque materialmente es distinta, no ataca a su fundamento
constituido por la unidad de poder y la coordinación de funciones
proclamado por el régimen anterior como fórmula superadora de la
democracia parlamentaria de origen liberal. En cuarto lugar, hemos de
tener en cuenta que las indicaciones de la doctrina aconsejan separar
a los miembros de los máximos órganos del Estado de los llamados
altos cargos, cuya problemática es realmente distinta.
Pese a todos estos defectos que he señalado, señorías, en el otro
fiel de la balanza viene el contrapeso ético al que el grupo al que
represento da una extraordinaria importancia. Con todo lo dicho,
compartimos la idea de que el tratamiento de los derechos pasivos de
los titulares de los principales órganos del Estado se debe atener a
unos mismos principios, no quizá en una misma norma, pero sí a unos
mismos principios, de modo que ese aspecto de su estatuto personal
responda a las demandas de la sociedad actual, aunque no estemos de
acuerdo con el contenido de la iniciativa, que quizá parte de algún
prejuicio, pues prejuicio es, desde nuestra óptica, la utilización
que en la exposición de motivos se hace del verbo detentar, que, como
es sabido, en castellano significa ejercer sin título legítimo un
cargo o función. Así lo dice el diccionario de la Real Academia y así
ha de entenderse.
Con todo, repito, queremos ser constructivos y apostamos por adecuar
el régimen jurídico de los altos cargos del Estado, para que sea
acorde con el fin que la iniciativa se propone. Nuestro voto será
positivo y constructivo. Nos pesa, en definitiva, el fin de la
iniciativa que se nos propone, el poner orden en el estatuto
personal de los más altos dignatarios de la sociedad, cuyas
retribuciones y compensaciones posteriores son vistas con recelo por
la sociedad.
Ha aludido el interviniente en nombre de Izquierda Unida a las
retribuciones del fiscal general del Estado tan de actualidad en
estos días. Quiero matizarle que el actual fiscal general del Estado
no volvería a su plaza de fiscal de Sala, sino que volvería a ser
fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, puesto
que nunca ha renunciado a esa plaza respecto de la cual está en
servicios especiales. Igualmente, quiero citar el caso de la ex
ministra y actual comisaria señora De Palacio, que, si el código
ético europeo no lo remedia, podrá compatibilizar las retribuciones,
justas retribuciones, que le corresponden como vicepresidenta europea
con las que le corresponderían como ex ministra. El señor Ríos -no
quiero añadir más casos- ha sido suficientemente explícito con
ejemplos.
Señorías, la ética pública, la dignificación de lo público nos lleva
a apostar por el compromiso político de la clarificación, haciendo el
gesto que nos pedía el interviniente en nombre del grupo proponente
de la iniciativa, y por tanto el Grupo Vasco va a votar que sí a esta
iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, la
señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo no apoyará la proposición de ley de Izquierda Unida,
pero pese a ello quiero decir que la ley que Izquierda Unida ha
propuesto a la Cámara es enormemente útil, porque nos recuerda que
debe ponerse al día la legislación sobre la percepción de pensiones
e indemnizaciones de aquellos miembros del Gobierno del Estado y altos
cargos de la Administración general que cesan en sus funciones. La
proposición es razonable y como ha dicho el señor diputado que la ha
propuesto no es demagógica. Yo le veo un sentido de la ética y
también un sentido de aquella estética que debe acompañar a todo ex
alto cargo. Tampoco olvida unos apuntes sociofamiliares de
importancia.
La propuesta hubiera sido útil en su momento oportuno porque recoge
normas hoy dispersas. Recordamos que sobre la materia todavía siguen
vigentes y olvidadas, pero vigentes, algunas anacrónicas
preconstitucionales, y aunque no es una propuesta que presente
innovaciones sustanciales sí que incide en el objetivo, loable y
deseable, de limitar los privilegios económicos desmesurados. E
intenta hacerlo con modificaciones, aunque con algún desliz y quizá
error, sobre la cuantía de pensiones y la sujeción a requisitos más
rigurosos en parte que los actuales. Intenta, en suma, creo, devolver
a los conceptos pensión e indemnización su sentido originario.
En cuanto a la oportunidad de la propuesta, tengo que decir que para
nosotros es oportuna en materia legislativa, pero que no se
corresponde con la cronológica. Y para todos es previsible que la
propuesta que
se hace hoy, 21 de septiembre, o cualquier proposición de ley ex novo
no puede prosperar, no puede estudiarse en profundidad en este
ejercicio parlamentario. Por ello, nosotros la tendremos en cuenta,
pero no podemos votarla favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero,
por el Grupo Socialista.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Socialista sobre la
proposición de ley que Izquierda Unida nos trae hoy a debate, una
proposición que yo creo, como otros grupos han expresado, que puede
estar cargada de buenas intenciones. No voy a dudar sobre el
fundamento que tiene esta proposición de ley, pero es verdad que
cuando uno lee la exposición de motivos tiende a abrir un margen de
duda sobre la afirmación que acabo de hacer. Porque ciertamente, más
que hacer una crítica -que en parte compartimos- al sistema vigente,
debería explicar -que yo pienso que es lo que seguramente es
necesario y conveniente- por qué Izquierda Unida propone, en
síntesis, dos cosas básicamente en este texto: Una, que determinados
altos cargos, en general, tengan una indemnización al cese de su
actividad, con una lista amplia de incompatibilidades. Y dos, que los
altos cargos tengan, en el momento de su jubilación, una pensión
superior a la que en estos momentos les reconoce el ordenamiento
vigente. Esos son los dos pies básicos que contempla la proposición
de ley.
Es una contradicción que no hemos podido dirimir por más que hemos
estudiado el texto. No parece compadecerse, señor Ríos, la primera
parte del objetivo de la propuesta con la parte relativa a los
haberes pasivos. Creo que hay un grave error en la formulación y en
el análisis de la situación actual. El texto legislativo que estamos
debatiendo omite y desconoce de manera radical cuál es la regulación
vigente para los haberes pasivos de aquellos que han sido altos
cargos. Porque lo que hoy dice el ordenamiento jurídico vigente está
establecido en la Ley 31/1991 y es muy claro, señoría: El haber
pasivo correspondiente a los que en su momento han sido altos cargos
a la edad de jubilación está determinado por el haber regulador de
los funcionarios del grupo A. Ello quiere decir que, con la realidad
vigente hoy, un ministro que llegue a la edad de jubilación tiene el
80 por ciento de ese haber regulador del grupo A, que serían
4.643.836 pesetas, el 80 por ciento de esa cantidad. Con el texto que
ustedes proponen tendría más pensión. Eso es lo que no hemos
entendido. Se ve en la disposición derogatoria. Y no está citada la
ley básica que regula los haberes pasivos de los que han sido
ministros, que es la Ley 31/1991.
Creo que no hay una maraña legislativa o un mare mágnun legislativo;
el mare mágnun legislativo se crearía con esta ley, créame. Porque,
después de su intervención, uno no tiene claro si con esta ley los ex
presidentes
de Gobierno tendrían una asignación para siempre o simplemente
por los dos años. Con la ley en la mano, tal como está, sería
simplemente por el tiempo máximo de dos años. Yo le he entendido
desde la tribuna que defendía la posición del régimen actual, que
parece bastante razonable: que los ex presidentes del Gobierno tengan
una asignación durante toda la vida para mantener su posición.
De verdad que el texto -y sabe el señor Ríos que se lo digo con
afecto porque nadie duda de su buena intención- es malísimo,
inmodificable, inabordable, inatacable desde el punto de vista
jurídico, político y parlamentario. La señora portavoz del PNV ha
esgrimido otras buenas razones. Como el tono de su intervención iba
por ese sentido, quiero manifestar, aparte de estar de acuerdo con el
portavoz de algún grupo en el sentido de que este no es el momento
adecuado y que hay que meditar el texto, que tenemos discrepancias de
fondo con la propuesta y, por supuesto, respecto a las pensiones. Nos
parece que el régimen vigente está bien, es razonable y poco
discutible que tengan la pensión de un funcionario del grupo A. En
cuanto a la cuestión central, que es lo que ha generado el debate,
más allá de que este tema siempre tenga atractivo, que es la
indemnización de aquellos que han sido ministros o secretarios de
Estado y su compatibilidad con otro tipo de remuneraciones, creo que
hay que estudiar mucho más a fondo la cuestión.
El señor Ríos sabe que en la legislación vigente hay más de una
limitación, pero hay una fundamental: que no puede percibir aquél que
vaya a otro cargo que también tiene derecho a la indemnización; creo
que es razonable. Desde la izquierda del progresismo de algunas de
las propuestas que implícitamente van aquí contenidas, a mí me surgen
algunas dudas. Le voy a poner un ejemplo muy claro. ¿A usted le
parece justo que un ministro que sea auxiliar administrativo, regrese
a su puesto de trabajo como auxiliar administrativo y pierda o no
tenga derecho a la indemnización porque recibe una retribución
pública -es lo que dice su texto- y, sin embargo, el señor Miguel
Ángel Rodríguez -usted y yo hemos estado en ese debate- se va a una
empresa netamente privada, que todos sabemos cómo se ha ido, donde
dicen que va a ganar 90 ó 100 millones de pesetas y resulta que sí
tiene posibilidad de indemnización? Quiero decir con esto que es un
tema complejo.
Pero le voy a decir más, es razonable -y tenemos instrumentos
legislativos cercanos porque siempre se ha regulado en los
presupuestos- que aquellos que han podido tener una pensión o
indemnización como ministro ocupen inmediatamente después algún cargo
político de relevancia, en esta Cámara o en cámaras autonómicas, pero
seguramente desde el punto de vista de la transparencia que usted
invocaba es mucho más razonable que no sea así. Exige dos
condiciones: primero, me parece fundamental abordar esta cuestión
desde el consenso. Usted tiene que comprender que esta es una
legislación que viene de hace tiempo, queahora teóricamente podría
afectar a un Gobierno distinto
y el consenso en esta materia, como es conocido, sería un valor
esencial. En segundo lugar, quiero precisar que lo que ha habido
hasta ahora ha sido un régimen transparente y legal. La exposición de
motivos tiende a crear un cierto clima de opinión, que no es lo más
oportuno ni lo más operativo. Hágase de otra manera porque con los
múltiples defectos técnicos que tiene este texto, desde la primera a
la última palabra, es impensable abordar esta cuestión de fondo.
Quizá sea posible llegar a un consenso porque es conveniente
y necesario que exista la máxima transparencia y el máximo respeto a la
legalidad que ha habido hasta ahora en todos los ex altos cargos que
han tenido un régimen distinto. ¿Es verdad que hay situaciones que se
deben contemplar? Es muy discutible que sea igual el ejemplo que yo
le ponía de un auxiliar administrativo que el de un diputado o de un
presidente de una comunidad autónoma. Es radicalmente distinto y
deberíamos paralelamente revisar, no a la baja sino dando
instrumentos más reales de control, el sistema de incompatibilidades
de altos cargos. Usted podrá convenir conmigo, dados los muchos
ejemplos recientes que tenemos, que no es un dechado de virtudes en
cuanto a su actual configuración.
Más allá de la oportunidad, el Grupo Socialista no va a apoyar esta
proposición por las razones expuestas. Aunque en un 10 ó 15 por
ciento compartimos el objetivo que Izquierda Unida persigue con esta
iniciativa, después del oportuno análisis del texto, debemos
manifestar que es enormemente defectuoso como para aceptar su toma en
consideración.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Tiene la palabra el señor Arqueros Orozco, por el Grupo Popular.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señor presidente, señorías, intervengo en
nombre del Grupo Parlamentario Popular en relación con la proposición
de ley sobre el nuevo régimen de pensiones y de indemnizaciones para
miembros del Gobierno de la nación y altos cargos de la
Administración general del Estado, proposición presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En primer lugar, hay que manifestar que la denominación de la ley que
se propone resulta inadecuada por no responder exactamente a su
contenido. La denominación propuesta se refiere al régimen de
pensiones y de indemnizaciones de miembros del Gobierno de la nación
y altos cargos de la Administración general del Estado. Sin embargo,
regularía también el régimen de pensiones e indemnizaciones de cargos
que no son miembros del Gobierno de la nación ni tampoco altos cargos
de la Administración general del Estado, es el caso del presidente
del Congreso, presidente del Senado, presidente del Tribunal
Constitucional, presidente del Consejo General del Poder Judicial,
presidente del
Consejo de Estado, presidente del Tribunal de Cuentas, fiscal general
del Estado y Defensor del Pueblo.
He de decir que, a criterio de mi grupo parlamentario, no existen
argumentos de oportunidad y técnicos que aconsejen sugerir una
postura favorable a la aprobación y toma en consideración de la
proposición de ley que estamos debatiendo. Aunque se valora
favorablemente la intención de regular en un único texto legal el
régimen de indemnizaciones y pensiones de miembros del Gobierno y
altos cargos, el texto contiene una serie de imprecisiones y errores
de concepto, entre los que cabe destacar que el ámbito de aplicación
no incluye la figura del secretario de Estado, así como la jefatura
de la casa de S.M. el Rey; la indemnización mensual se mantiene como
en el sistema vigente, con la única novedad de incluir un tope máximo
al valor de la retribución asignada al presidente del Gobierno; y el
régimen de incompatibilidad de la indemnización es técnicamente
incorrecto pues incluye titulares de cualquier otro puesto de trabajo
de las administraciones públicas. La regulación de haberes pasivos
contiene varios errores: se omite el sistema actual de cálculo
establecido en la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 1992, aún más estricto
que el que se propone por referencia al haber regulador del grupo A,
y se incluye junto con el cónyuge a la pareja de hecho, sin tener en
cuenta que aún no se ha efectuado la regulación de los derechos
pasivos de los convivientes en el ámbito de la legislación estatal.
El sistema de llamamientos sucesivos del cónyuge y, en su defecto,
hijos contraviene lo establecido en el texto refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado, de 1987, donde se establecen los derechos
causados por los ex presidentes, vicepresidentes, ministros y otros
cargos a favor de sus familiares. Confunde la competencia para
reconocer la indemnización por cese, transitoria, con la competencia
para reconocer la pensión, vitalicia. Atribuye la competencia para el
reconocimiento del haber pasivo a los órganos encargados de la
declaración del derecho a percibir la indemnización, pero no
especifica cuáles son, por lo que desaparece en el texto el órgano a
quien realmente corresponde reconocer los haberes pasivos, que es la
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del
Ministerio de Economía y Hacienda. El régimen de indemnizaciones de
ex altos cargos viene recogido en una única norma, la Ley 74/1980, lo
que descarta el argumento de la fragmentación legislativa, y además
estas indemnizaciones no responden a una situación de privilegio sino
a la necesidad de evitar un régimen de cesantías que lleven al alto
cargo a situaciones personales difíciles que supongan en la práctica
una penalización de la dedicación de las responsabilidades públicas.
En cuanto a los haberes pasivos, la normativa que regula esta materia
tampoco puede definirse como dispersa pues viene constituida por la
Ley 74/1980 y el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del
Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987. Por
tanto, la regulación de la materia no es asistemática. A mayor
abundamiento hay que señalar que la ley propuesta deja fuera de su
ámbito de aplicación el régimen de remuneración de transición a la
que, de acuerdo con el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3
de octubre, del Tribunal Constitucional, tienen derecho los
magistrados de éste a cesar como tales. La ley que se propone no
puede ciertamente modificar una ley orgánica por tener ésta un
superior rango, y es que ni siquiera en la exposición de motivos se
hace la menor referencia al respecto.
En otro orden de cosas, referente a la proposición de ley que se
debate, en la letra c) del punto 2 del artículo 2 se extiende la
incompatibilidad de la percepción de la indemnización con las
retribuciones que pudieran corresponder por ejercer cargos de
responsabilidad en la dirección de partidos políticos, lo que, a mi
juicio, supondría una intervención desmesurada del Estado en las
instituciones de la sociedad civil como son los partidos políticos,
lo que daría lugar a problemas de legalidad e incluso de
constitucionalidad.
Por último, he de señalar que en la letra a) del número 5 del
artículo 3 la proposición dice que en el caso de presidente,
vicepresidente y de los ministros del Gobierno, el órgano competente
es el Ministerio de Relaciones con las Cortes. Este Ministerio no
existe actualmente y sus funciones las desempeña el Ministerio de la
Presidencia.
Finalmente, es sabido de todos que el régimen de pensiones públicas
para miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración
general del Estado están sometidas exactamente igual que las demás
pensiones públicas a las limitaciones que los Presupuestos Generales
del Estado establecen cada año. Sería, por tanto, más razonable
plantear en ese debate anual cuestiones de esta naturaleza.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arqueros, con cuya
intervención concluye el debate de esta tercera y última de las
proposiciones de ley. Por ello, vamos a proceder a la votación de las
tres que han sido presentadas y debatidas. Llámese a votaciones, por
favor. (Pausa.)
Pasamos a las votaciones correspondientes a los puntos debatidos. En
primer lugar, votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista, por la que se extiende la
cobertura del Sistema Nacional de Salud a todos los ciudadanos que se
hallen en España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 291.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la toma en
consideración.
Pasamos a la correspondiente a la iniciativa de Izquierda Unida, por
la que se extiende la cobertura de la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social a todos los inmigrantes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 290; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada también la toma en consideración
de la proposición de Izquierda Unida.
Pasamos a votar la proposición de ley también de Izquierda Unida,
sobre nuevo régimen de pensiones y de indemnizaciones para miembros
del Gobierno de la nación y altos cargos de la Administración general
del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 22; en contra, 266; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la iniciativa
del Grupo de Izquierda Unida.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO
(EAJ-PNV) Y MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA AL USO DE LAS LENGUAS
COOFICIALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. (Número de expediente
162/000352.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto II del orden del día:
Proposiciones no de ley, comenzando por la del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) junto al Vasco (EAJ-PNV) y Mixto (señor
Rodríguez), relativa al uso de las lenguas cooficiales en la
Administración de justicia. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.- Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego guarden silencio para poder continuar con el Pleno. Les ruego
que abandonen el hemiciclo, si así desean hacerlo, con la máxima
celeridad.
Tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.No es la
primera vez que el uso normalizado de las diferentes lenguas
oficiales del Estado, y más concretamente en el ámbito de la
Administración de justicia, merece la atención de este Pleno. Desde
luego,
no lo es en esta legislatura, en la que, además de debatir y aprobar
en su día una moción que ponía de manifiesto la pluriculturalidad del
Estado español y exigía del Gobierno distintas actuaciones en ámbitos
también muy diversos, ha sido debatido... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Silva.
Puede continuar.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Decía, señorías, que el uso normalizado de las diferentes lenguas
oficiales y propias de algunas comunidades autónomas y, por tanto
también, el pleno ejercicio de los derechos lingüísticos de los
ciudadanos no es la primera vez que merece atención en esta
legislatura. Además de debatir en su día y aprobar una moción que
ponía de manifiesto el reconocimiento del carácter pluricultural del
Estado y que recababa del Gobierno diversas actuaciones en ámbitos
también diversos, el uso normalizado de las lenguas propias
diferentes del castellano en el ámbito de la Administración de
justicia ha sido objeto de atención en esta Cámara al debatir y
aprobar en su día la proposición no de ley presentada por mi grupo
parlamentario el 16 de febrero de 1999; asimismo, al debatir en su
día la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego en un
debate parlamentario que tuvo lugar en abril de 1999; y hubiese sido
objeto de un amplio debate la semana pasada, tal y como estaba
inicialmente prevista en el orden del día, la proposición de ley del
Parlament de Catalunya de 16 de diciembre de 1998, cuya discusión ha
sido pospuesta por motivos de orden técnico. Desde luego, será objeto
también de debate y votación el próximo jueves, al tratar de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todo
ello pone de manifiesto la insuficiencia de la actual regulación en
la Ley Orgánica del Poder Judicial a pesar de la modificación operada
en 1994, fundamentalmente en los artículos 341 y 471, así como
también la constatación de que el reconocimiento y uso de las lenguas
propias de las comunidades autónomas que la tienen diferente del
castellano está en una situación claramente anómala, vulnerando en
algunos casos derechos fundamentales.
La proposición no de ley que es objeto de debate y votación en el día
de hoy, que ha sido objeto de presentación por parte de mi grupo así
como también por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y por el
Grupo Parlamentario Mixto, fundamentalmente por el Bloque
Nacionalista Galego, pretende exigir del Gobierno el impulso, de
acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial y con los gobiernos
de las comunidades autónomas, de medidas que hagan efectivo -y
recalco ahora la expresión- el deber de la Administración de justicia
de servir a los ciudadanos sin discriminación lingüística de ningún
tipo. Se trata de una proposición no de ley que utiliza expresiones
inicialmente jurídicas. Quiero hacer hincapié en la siguiente expresión:
«el deber de la Administración de justicia de servir a los
ciudadanos sin discriminación de ningún tipo. Para hacer efectivo
este deber de la Administración de justicia reclama actuaciones del
Gobierno de acuerdo con los gobiernos de las comunidades autónomas y
el Consejo General del Poder Judicial, uno de cuyos instrumentos es
precisamente garantizar la preparación de los funcionarios al
servicio de la Administración de justicia, de los jueces y de los
fiscales, para que conozcan dichas lenguas propias.
Mi grupo parlamentario quiere hacer constar también que el contenido
de esta proposición no de ley constituye lo que podríamos denominar
un mínimo común denominador, la posición común de los grupos
parlamentarios firmantes, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) en esta materia, porque es obvio que la
extensión en el conocimiento y uso de las lenguas, del euskera, del
catalán y del gallego, la propia dificultad de su aprendizaje,
incluso la estructura social de unos y otros territorios es diferente
y por tanto también puede ser diferente la posición que adopte cada
uno de ellos.
Como saben SS.SS., la posición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) fue expresada por el Parlament de Catalunya en
la proposición de ley de 16 de diciembre de 1998, y por lo tanto hace
una opción clara en favor de exigir como requisito para el ejercicio
de la función pública de los funcionarios al servicio de la
Administración de justicia y también para el ejercicio de la función
jurisdiccional en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña
el conocimiento de la lengua propia y, por tanto, el conocimiento del
catalán además del castellano. Es algo que SS.SS. tendrán oportunidad
de debatir, y en su caso votar, el próximo jueves cuando se discutan
y se voten las enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Esta exigencia de requisito, que ya digo que es la concreción que
efectúa el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió partiendo del
principio de la proposición no de ley que aquí se debate, no
constituye ninguna exigencia impuesta para el ejercicio de la función
jurisdiccional, sino para el ejercicio de la función jurisdiccional
en un territorio determinado, con una lengua propia determinada y con
unos ciudadanos con unos derechos lingüísticos también determinados,
de la misma manera que tampoco altera mecanismos de promoción
profesional de jueces y magistrados por eso mismo, porque no vincula
el requisito de la promoción precisamente a un territorio
determinado, como decía anteriormente, con una lengua propia y con
unos ciudadanos con unos derechos lingüísticos que no cabe desconocer
en modo alguno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda yLozana): Señor Silva, le
ruego vaya concluyendo.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
En cualquier caso, la proposición no de ley que es objeto hoy de
votación cabe insertarla en ese principio del artículo 9 de la
Constitución, que exige a los poderes públicos garantizar que la
libertad e igualdad de los individuos y de los grupos en que se
integran sea real y efectiva.
Señorías, mi grupo parlamentario, suscriptor de la proposición no de
ley, que obviamente votará a favor, entiende que no puede dejarse al
conocimiento por parte de los funcionarios de la lengua propia de la
comunidad autónoma ese ámbito de las obligaciones naturales que ya
hace muchos años que se ha señalado como inexistente. Los derechos de
los ciudadanos no deben ni pueden en modo alguno subordinarse a
expectativas corporativas en principio de movilidad o de ascenso de
determinados cuerpos de funcionarios. Incluso desde la perspectiva no
ya de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, sino de lo que
algunos denominarían dignidad nacional, que para nosotros sería
estatal, no es aceptable que un ciudadano español, en territorio del
Estado español y hablando la lengua oficial propia de ese territorio
precise de un intérprete para hacerse entender por la Administración
de justicia, por un juez o por un magistrado. Convendrán SS.SS.
conmigo en que esta situación, que en principio es vulneradora de
derechos, pero en cualquier caso extravagante y absolutamente
anómala, es la que se está produciendo al menos en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Cataluña con bastante frecuencia, e incluso
podríamos citar ejemplos.
Por lo tanto, señorías, pido el voto favorable a la proposición no de
ley. Se trata de ese reconocimiento del deber de la Administración de
justicia de servir sin discriminación lingüística de ningún tipo a
los ciudadanos, por tanto, reconociendo sus derechos. Tampoco quiero
dejar de hacer constar cuál es la concreción que mi grupo
parlamentario efectúa de este mandato y que SS.SS. tendrán ocasión de
votar el próximo jueves.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En segundo lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV),
firmante también de la iniciativa, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la documentada intervención del representante de
Convergència i Unió podría limitar la de este grupo a decir que
suscribimos íntegramente todas y cada una de sus manifestaciones, ya
que la intervención que haré en nombre de mi grupo tendrá
forzosamente elementos coincidentes con la suya.
Efectivamente, esta iniciativa viene a esta Cámara en la misma semana
en que van a llegar, el jueves, los proyectos de ley de
enjuiciamiento civil y el de reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, en los cuales el
asunto de la lengua ha tenido algún tratamiento mejor que el vigente,
si bien quedan enmiendas vivas que al grupo al que represento le
gustaría defender. Se ha conseguido que, en relación con lo que se
proponía en los proyectos de ambas disposiciones, finalmente el
artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se quede como tal
en ésta y no haya pasado a ser ley ordinaria, según se pretendía,
repito, en el proyecto inicial. Nos parece importante que conste y
siga quedando como ley orgánica y bajo la rúbrica de uso de las
lenguas, suprimiendo el resto de la denominación de normas generales
sobre procedimiento.
Nos parece interesante además la modificación que se ha hecho del
punto 4 del artículo 142, donde se dice que las actuaciones
judiciales en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán,
sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia,
pero se procederá de oficio a su traducción cuando deban surtir
efecto fuera de comunidades con lengua distinta.
Repito, ambas modificaciones nos parecen sustanciales e importantes
en relación con el texto del proyecto y mi grupo está además en
condiciones de apoyar enmiendas que quedan todavía vivas del Grupo de
Convergència i Unió relativas a esta materia.
Además, en el día de hoy, martes, se ha producido la comparecencia en
un procedimiento penal del decano del colegio de abogados de Bilbao
para responder de unas imputaciones por desobediencia en un
procedimiento que no puedo por menos de calificar de surrealista. Se
trata de un delito que no debiera existir, puesto que el
procedimiento base del que parte la presunta desobediencia del decano
lo es por negativa a la prestación del servicio militar, repito, que
tiene fecha cierta de caducidad, pero es que además se le imputa el
no haber querido nombrar un abogado para que el juicio pueda
celebrarse en castellano cuando el imputado en el procedimiento desea
utilizar la lengua vasca en su defensa. Ocurre que no se está ante
ninguno de los supuestos previstos en la Ley de asistencia jurídica
gratuita para que deba ser nombrado un abogado distinto, y a esto es
a lo que se ha negado el decano del colegio de abogados de Bilbao.
Nos parece, señorías, un asunto pintoresco -con el debido respeto a
la Administración de justicia- y que debía ser traído a esta Cámara
en el mismo día, repito, en el que estamos abogando por una
utilización más extensiva en ella.
No es la primera vez que esta cuestión se debate en esta Cámara, y
así lo ha manifestado el representante de Convergència i Unió, puesto
que aquí se debatió el 21 de abril de 1998 como proposición de ley
orgánica una iniciativa del Grupo Mixto, a iniciativa del BNG, en la
cual se pretendía introducir con el carácter de obligatorio el
conocimiento de la lengua propia oficial de las distintas comunidades
con bilingüismo como requisito y no como simple mérito. Fue una
iniciativa que decayó, puesto no tuvo votos suficientes en la Cámara;
sin embargo, tuve ocasión de intervenir en nombre del Grupo Vasco
manifestando que no nos parecía que este requisito fuera
inconstitucional; no había vulneración
de la igualdad en el acceso a la función pública, ya que no se trata
de acceso a ninguna función pública sino a destino territorial
concreto de quienes ya ostentan la condición de jueces o de
magistrados. Manifesté entonces, y vuelvo a hacerlo otra vez, que en
esta materia es importante tenerse en cuenta la ponderación de
derechos, no sólo el derecho al juez natural constitucionalmente
proclamado sino también el derecho a la defensa en la lengua propia,
que tiene reconocimiento constitucional, y que nos parece que debería
llevar a los poderes públicos a ir pensando en qué métodos podrán
habilitarse para que este derecho pueda ser un hecho cierto para los
ciudadanos en las comunidades bilingües.
Igualmente fue objeto de debate en esta Cámara en la proposición no
de ley presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió para
cotejar hasta qué punto se habían plasmado las realizaciones
previstas en el Libro Blanco de la justicia. En el texto inicialmente
previsto por el Grupo Catalán de Convergència i Unió se hablaba de
que sería necesario presentar un proyecto de ley en el que se
incluyera como mérito para la provisión de plazas el conocimiento de
la respectiva lengua propia y en el que se establecieran los
mecanismos que garanticen y refuercen la utilización de la lengua
oficial elegida en las distintas diligencias oficiales. Para nuestra
desgracia -nos hubiera gustado la aprobación de este texto- no fue
éste el tenor de lo que efectivamente se aprobó sino lo que consta
publicado en el Boletín de la Cámara el 23 de febrero de 1999, en el
que se habla de que, en consonancia con la condición plurilingüe del
Estado español, se exigirán mayores garantías para la utilización
efectiva de la lengua oficial elegida en las distintas diligencias
judiciales.
Muy poco más añade a este tenor de lo ya aprobado por esta Cámara la
iniciativa que hoy traemos tres partidos nacionalistas con
implantación en comunidades que tienen una distinta lengua oficial
además del castellano. La proposición creemos que es absolutamente
modesta, únicamente se pretende impulsar, de acuerdo con el Consejo
General del Poder Judicial y los Gobiernos de las correspondientes
comunidades autónomas, medidas que hagan efectivo el deber de la
Administración de justicia de servir a los ciudadanos sin
discriminación lingüística.
Igualmente se propone fomentar entre el Ministerio de Justicia y los
departamentos correspondientes de las comunidades autónomas que hayan
asumido competencias en materia de Administración de justicia los
convenios u otros instrumentos de colaboración necesarios para llevar
a cabo las medidas contempladas en el apartado anterior.Señorías,
nada que no se esté ya haciendo. Lo único que se pretende es impulsar
el que se haga con una mayor intensidad.
Nos parece, por tanto, que la proposición no de ley que hoy traemos
los tres grupos es absolutamente modosa en sus pretensiones -buscamos
el voto de todos ustedes, señorías- y únicamente desea garantizar la
igualdad de todos los ciudadanos en relación con
la Administración, también con la Administración de justicia, como ya
ocurre con otras administraciones, que no es sino el tenor del
derecho contenido en el artículo 149.1.1 de la Constitución española.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En tercer lugar y por último tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego intentó el día 21 de abril de 1998 que
esta Cámara accediese a la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, concretamente en sus artículos 341 y 471, con el fin de que
el conocimiento de las lenguas que son cooficiales en los territorios
de Galicia, de Euskadi, de Cataluña y en todos los territorios que
las tienen como lenguas propias fuese obligatorio su conocimiento por
parte de los funcionarios de la Administración de justicia. Lo
hacíamos simplemente porque había que solventar una contradicción que
la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene cuando establece que las
partes, los representantes, los testigos, los peritos, se pueden
expresar oralmente y por escrito en la lengua de la comunidad
autónoma. Y que además las actuaciones judiciales y los documentos
tienen validez y eficacia plena cuando están redactados en gallego,
en catalán y en vasco. Por tanto, señorías, se trataba de deshacer
una situación paradójica; y el intento de esta proposición no de ley
es deshacer esta contradicción, esta paradoja. Por ello los grupos
parlamentarios de Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco
y el Bloque Nacionalista Galego del Grupo Mixto presentamos esta
proposición no de ley enmarcada dentro de la concepción de que los
derechos lingüísticos son derechos individuales, concepción que el
Bloque Nacionalista Galego no comparte, pero que es la legalmente más
hegemónica y dominante, y estos derechos individuales se puedan
ejercer de tal manera que estén amparados por la Administración. La
Administración de justicia no puede estar ajena a la realidad
plurilingüe del Estado español, porque tiene amparo constitucional.
Por tanto, los jueces, los magistrados, los fiscales, los
secretarios, no pueden ser ajenos a ella, como tampoco los
funcionarios. Nosotros pensamos que la unidad jurisdiccional, que es
lo que se puso como pretexto en aquel debate del 21 de abril, no se
rompe por la asunción de la diversidad cultural, porque si no se
asume esta diversidad cultural, que está además amparada
constitucionalmente, el Estado seguirá siendo centralista e
impositivo y no plural y democrático. Estamos ante un derecho humano,
un derecho que es de los pueblos, que es anterior a cualquier
reglamentación de carácter estatal administrativa y que además en
este caso concreto tiene amparo constitucional.
La proposición no de ley que presentamos va por un camino posibilista
dentro de la legalidad más estricta,
restrictiva, instaurada por la Ley Orgánica del Poder Judicial e
insta a que el Gobierno, el Poder Judicial y las comunidades
autónomas lean en clave abierta y positiva la legalidad instaurada y
tomen medidas para preparar a todos los funcionarios de la
Administración de justicia para que puedan ejercer su cargo sin
discriminación lingüística de ningún tipo. Por tanto, estricta
territorialidad; son partes del Estado español donde los funcionarios
tendrían que prepararse para conocer la lengua y concepción
individual del problema. Ustedes saben que para que la concepción
individual del problema no se convierta en una mera objeción de
conciencia ha de tener una responsabilidad y un amparo
administrativo.
Recordaba hace poco don Daniel García Ramos que el requisito de
situarse en la línea de servicio, que es nota conformante de toda la
actuación administrativa, no puede dejar a los funcionarios al margen
de la realidad lingüística. Por tanto, hay leyes que no deben ser
interpretadas exclusivamente como leyes de tendencia, sino como leyes
que deben llevar consigo obligaciones a la hora de cumplirlas. La
Constitución, los estatutos de autonomía, las leyes de normalización
lingüística deben poder desarrollarse de manera positiva e
involucrando a todos los poderes que conformamos el Estado español.
Ésta es la legalidad que nosotros queremos establecer y adonde tiende
la proposición no de ley.
Acabo, señorías, diciendo que esta proposición, que sin duda cuenta
con el apoyo de otros grupos, en concreto el de Iniciativa per
Catalunya, considera algo muy relevante en el caso particular del
gallego, pero también del vasco y del catalán aunque con
peculiaridades distintivas,. En el caso concreto de Galicia vivimos
una situación en la que a los acusados o a la gente que tuvo que
hacer uso de la Administración de justicia se le toleró el uso de
nuestra lengua oralmente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Rodríguez, le ruego vaya concluyendo.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Voy acabando, señor presidente.
Sin embargo, no quedó reflejada por escrito, porque los papeles
procesales no daban cuenta de la realidad de Galicia. El juez nunca
puede aparecer hablando en lengua gallega y es curioso que así quedó
plasmado en una novela magistral de nuestra literatura, A Esmorga, en
la que todas las palabras del juez están en blanco, un guión y un
blanco. Pensamos que hay que impulsar medidas para que los jueces
también ejerzan el derecho al uso de la lengua gallega, sobre todo
para amparar a los usuarios de la justicia que emplean este idioma.
En definitiva, se trata de no ser extranjeros en la propia patria y
yo abogo por que todos ustedes ayuden a aliviar y romper el peso de
la diglosia -la fuerte diglosia- colonial en materia de
administración de justicia que se está manifestando en Galicia y sin
duda, con otra peculiaridades, en Euskadi, en Cataluña y en zonas
como Navarra o los territorios valencianos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez, Asimismo, compartiendo su tiempo, en nombre del
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente, porque esta cuestión ha sido tratada en esta
Cámara en múltiples iniciativas presentadas por esta diputada, como
presentación de decretos de plantillas propias de justicia o de
administración o situación de la justicia, así como en el Libro
Blanco de la justicia.
Creemos que efectivamente hablamos del derecho de los ciudadanos a
conocer y usar sus propias lenguas, sin discriminación alguna.
Hablamos de un buen funcionamiento de la justicia y, en definitiva,
de una de las cuestiones claves en nuestra vida colectiva y en
nuestro entorno social. Este derecho conlleva que no sólo la
Administración autonómica sino administraciones como la de justicia
tengan la obligación de establecer los medios necesarios para que
nadie se sienta discriminado y se pueda utilizar ese derecho de
defensa o acusación no de manera formal sino real y cierta. Han
pasado muchos años, 20 en concreto en lo que se refiere al País
Vasco, sin que se hayan hecho los necesarios trabajos en la
normalización en este campo. Creemos que se deben agilizar y hacerlos
efectivos, como dice la proposición no de ley. Por eso nos parece que
éste es un problema que está creando múltiples disfunciones en la
justicia, en el entorno social, y que nos lleva a situaciones
verdaderamente curiosas, como la que ha señalado mi compañera,
Margarita Uría. De una vez por todas, hay que hacer efectivo este
derecho y no se puede dilatar más.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a apoyar, votándola favorablemente, esta proposición no
de ley.
Creemos que en su propia exposición de motivos hay una sistemática de
racionalidad legal que es importante destacar aquí. En primer lugar,
está el sentimiento que a nosotros, como grupo parlamentario, nos
produce este principio de solidaridad con las comunidades autónomas
de Cataluña, del País Vasco y de Galicia, donde el principio
constitucional de cooficialidad de las lenguas tiene que regir e
impregnar todo el ordenamiento jurídico, como ha empezado impregnando
los
propios estatutos de autonomía de estas tres comunidades autónomas.
Después están los antecedentes, que también se invocan, sobre todo
cuando se reconoce el derecho de cualquier extranjero, que tenga
necesidad de pleitos o actos administrativos dentro de España, al
recurso a su lengua oficial, con la asistencia debida de traducción a
su propio idioma. Y se ha recordado tanto la ley de enjuiciamiento
civil, como el reglamento notarial como el reglamento hipotecario.
Son consecuencias congruentes, en el bien entendido de que aquí se
trata de garantizar el principio de justicia a un extranjero que no
habla ninguna de las lenguas oficiales o cooficiales dentro del
Estado español, para que el principio de protección de la justicia le
ampare. Sería verdaderamente una situación difícil de comprender que
el justiciable del Estado español, por ser residente en una de estas
comunidades autónomas, no tuviera este amparo y protección que,
repito, la propia Constitución reconoce y sus estatutos de autonomía
consagran definitivamente en el marco de esa comunidad autónoma.
El principio que consagra el artículo 24 de la Constitución española
de la tutela judicial efectiva, de la asistencia de letrado, hace que
tengamos que apoyar esto, porque tiene que haber una línea de
conexión, de sentido común, que yo quisiera reflejar en una frase que
nos permitió, en la transición democrática española, armonizar lo que
ocurría con la ciudadanía española que espontáneamente se
manifestaba: hacer normal a nivel de Gobierno lo que era normal a
nivel de calle. Pues señores, hagamos normal a nivel administrativo,
en este caso de la Administración de justicia, lo que es normal a
nivel de calle en esa comunidad autónoma. Si este debate lo estuviera
escuchando un ciudadano de los Países Bajos, de Holanda o de Bélgica,
o un ciudadano suizo, se preguntaría de qué hablan, porque él tiene
acceso a la justicia de la Confederación Helvética se exprese en
alemán, en italiano o en francés ante los jueces suizos que
administran este principio constitucional de la justicia.
Por esas razones tan obvias, pues el sentido común y la naturalidad
de las cosas tenemos que hacerlos normales a nivel de todo acto
administrativo que afecte a un ciudadano, justiciable en este caso,
mi grupo, señor presidente, sin más abundamiento, va a votar
favorablemente esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Gracias, señor presidente.
Creemos sinceramente que los firmantes de esta proposición no de ley
han sido en alguna medida un poco cicateros en cuanto a la
posibilidad de haber obtenido muchas más firmas. Quizá hayan pensado
que el tema de la cooficialidad de determinadas lenguas en un Estado
autonómico es una especie de patrimonio exclusivo por su parte. No
nos nieguen, por lo menos, idéntica sensibilidad y estén convencidos
de que, de haber requerido nuestra colaboración, hubiéramos suscrito
la proposición no de ley con el mismo fervor y el mismo aliento y
entusiasmo con que lo han hecho ustedes, no sólo por razones de
respeto a lenguas de nuestro Estado, que lo merecen y que lo tienen
consagrado constitucionalmente, sino por una razón fundamental,
porque esta proposición no de ley viene a cumplir con un requisito
fundamental en la Administración de justicia, que se llama la
accesibilidad de la justicia. Además del derecho a expresarse en su
lengua, además del derecho a ser entendido como tal y a que así
conste en toda clase de documentación, hay un derecho por encima, el
de que la justicia sea accesible, sea inteligible, y es verdad que
objetivamente hay dificultades para ciudadanos de nuestro territorio
para estar en condiciones de igualdad y efectivamente no tener la
menor sombra de posibilidad de discriminación o de indefensión.
Si uno de los principios fundamentales de la justicia es dar a cada
uno lo suyo, el reconocimiento que aquí se postula no puede gozar más
que de la adhesión incondicional del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida que, repito, lamenta no haber podido suscribir la proposición
no de ley con quienes han traído hoy esta iniciativa. Por ello,
porque pensamos en el justiciable y en su derecho al acceso a la
justicia de la mejor forma posible, nuestro grupo va a dar su voto
favorable, entusiáticamente favorable, a dicha proposición.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Señor presidente, señoras y señores diputados,
el Grupo Parlamentario Socialista también va a votar a favor de la
presente proposición no de ley relativa al uso de las lenguas
cooficiales en la Administración de justicia. Lo vamos a hacer
fundamentalmente por dos razones, señor presidente.
La primera razón es obvia. Nosotros coincidimos con el análisis, con
el diagnóstico y con los objetivos que se plantean en la presente
proposición no de ley, tal y como están redactados en el texto de la
proposición no de ley y en su exposición de motivos, no en otros
sitios, porque, señor presidente, aquí se ha hablado no solamente de
la proposición no de ley sino de enmiendas que algún grupo tiene
presentadas a la ley orgánica, que es otra cosa; eso lo discutiremos
el jueves. Además, dicen una cosa muy diferente de lo que dice la
proposición no de ley y, por eso, yo no me voy a referir a ellas,
sino solamente a lo que dice la proposición no de ley. Por cierto,
que la proposición no de ley no propone la reforma de la ley
orgánica, y no solamente no la propone, sino que se apoya en ella.
Dice: «A suvez, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece el
derecho de uso, por parte de los ciudadanos, de sus lenguas
respectivas en sus relaciones con la Administración de Justicia.» Es
verdad que lo dice, es bueno que se recuerde y que la proposición que
hoy se trae a debate en esta Cámara se apoye en lo que dice el
artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Repito, coincidimos con ese diagnóstico y con esos objetivos del
texto de la proposición, porque es absolutamente cierto que, de todas
las administraciones públicas, posiblemente, la Administración de
justicia es aquella que hasta ahora ha demostrado mayores carencias
en el uso de las lenguas cooficiales diferentes del castellano, es la
que ha resultado más impermeable al uso de lenguas propias de las
comunidades autónomas, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en
Valencia, en Baleares y, por lo tanto, es seguramente aquella en la
que los justiciables tienen mayores problemas -no son problemas
directos, pero sí mayores dificultades- para ser atendidos en la
lengua de su elección, y ello a pesar de los múltiples y loables
esfuerzos realizados por las diferentes administraciones implicadas.
En particular -refiriéndome a mi tierra-, quiero recordar la
actuación, muy clara, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
y de su sala de gobierno, que ha hecho esfuerzos para conseguir que
esta situación no se agrave, tal y como aquí se ha dicho. Lo cierto
es que ha faltado cooperación, cooperación interadministrativa e
interinstitucional, y esto es precisamente lo que la presente
proposición trata de resolver.
En segundo lugar (y conviene que lo tengamos en cuenta, porque ya no
es tan habitual), mi grupo coincide no solamente con los objetivos,
sino también con los medios que se proponen. A este respecto quiero
recordar, señor presidente, que nuestro grupo siempre ha pensado que
la mejor solución para los problemas que aquí se plantean no es la
vía de la imposición, no es la vía de las sanciones, no es la vía de
introducir reformas en las leyes que impongan mandatos imperativos
como, por ejemplo, la exigencia indispensable del conocimiento de las
lenguas propias para poder concursar a plazas -esto es aún más
discutible-, pero, por supuesto, ésta no es la vía por la que ha
optado la proposición no de ley y, por lo tanto, yo debo felicitar
a los redactores de la misma porque han escogido una vía mucho más
razonable, a mi juicio, que es la de las medidas de fomento y de
colaboración interadministrativa. Concretamente, se dice,
textualmente, que se intenta la oportuna preparación de los
funcionarios, jueces, magistrados, fiscales y personal al servicio de
la Administración de justicia que desempeñen su puesto de trabajo -no
que vayan a desempeñar- en comunidades autónomas con más de una
lengua oficial. Ésta, señor presidente, es a nuestro juicio la vía
correcta y, como es la que aparece en la proposición, nosotros
también, con todo entusiasmo, la vamos a apoyar.
La verdad es que la Ley Orgánica del Poder Judicial en gran medida ya
afronta estos temas, y ya se ha dicho aquí. El artículo 231 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial dice claramente que todos los
intervinientes en
procesos judiciales: magistrados, jueces, fiscales, las partes
-acusadoras o acusadas, demandantes o demandados-, los peritos, los
testigos, todos tienen derecho a utilizar la lengua propia oficial de
la comunidad, además del castellano; la que ellos quieran, y eso lo
dice la ley. De manera que, si esto no se aplica en alguna comunidad,
se está incumpliendo la ley. Además, la ley dice claramente que
tendrán validez plena, sin necesidad de traducción, todos los
documentos redactados en alguna de las lenguas propias de las
comunidades. Y la ley acaba diciendo que, cuando sea necesario, el
propio juez o magistrado, en actuaciones orales, podrá implementar
una traducción inmediata, in situ, habilitando a cualquier persona
que haya al efecto. Por cierto, la traducción siempre será necesaria,
porque basta que una de las partes en el proceso -no hablo del juez,
no hablo del magistrado- exprese su desconocimiento, su incomprensión
de lo que allí se está diciendo en una lengua diferente para que,
para que no haya indefensión, se le tenga que poner un traductor.
Creo que este problema también lo resuelve la ley. Por lo tanto,
repito, señor presidente: medidas de fomento, que son realmente las
que interesan. Y junto a las que aquí se han dicho y a las que aporta
la proposición no de ley, puede haber muchas otras; por ejemplo, la
creación de servicios de asesoramiento y ayuda para la utilización
del lenguaje jurídico en lenguas diferentes del castellano -porque a
veces no está muy desarrollado-; la creación de servicios de
traducción que actúen con eficacia, rapidez y que puedan desbloquear
los problemas que haya al respecto; la edición de las colecciones y
catálogos de legislación y de jurisprudencia en lenguas propias de
las comunidades; la creación de cursos de aprendizaje de la lengua
oficial para todos los funcionarios de la Administración de justicia;
la consideración -que ya lo dice la ley orgánica- del conocimiento de
la lengua propia como mérito preferente para concursos, traslados y
todo lo demás. ¿Quién va a decidir todo esto? Todas las
administraciones implicadas, no solamente la Administración
autonómica sino también la Administración del Estado y el Consejo
General del Poder Judicial.
En esta línea, señor presidente, la propuesta que se hace nos parece
correcta y adecuada, y por eso -repito- mi grupo votará a favor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jover.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Trías.
El señor TRÍAS SAGNIER: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como tantas otras veces en esta Cámara, se ha planteado un
debate artificial, porque todos estamos de acuerdo, con entusiasmo,
con esta proposición de
ley que va a pedir al Gobierno lo que -como demostraré
a continuación- ya está haciendo.
El artículo 3.1 de la Constitución dice que el castellano es la
lengua oficial del Estado, del que se predica el deber de conocerlo y
el derecho a usarlo. Respecto a las demás lenguas españolas, el
apartado 2 del mismo artículo señala que serán también oficiales en
las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos.
En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en la sentencia
82/1986, precisó que, en los territorios dotados de un estatuto de
cooficialidad lingüística, los particulares pueden emplear cualquiera
de las lenguas oficiales a su elección en las relaciones con
cualquier poder público radicado en su territorio. Es decir, ese
derecho fundamental que tiene cada ciudadano a expresarse en su
lengua -no digamos ya en el proceso penal- viene reconocido por la
propia Constitución y avalado por la interpretación que hace de ella
el Tribunal Constitucional.
Por lo que respecta al sentido general de la proposición que hoy
estudiamos, así como a los argumentos y finalidades expresados en su
exposición de motivos, sólo cabría manifestar nuestra conformidad,
dado que -como he dicho- el Gobierno es el primer interesado en que
los distintos principios constitucionales sean una realidad efectiva,
incluyendo, lógicamente, lo relacionado con el derecho al uso de las
lenguas cooficiales, también en el ámbito de la Administración de
justicia. En este sentido quiero recordar que la propuesta va en la
línea ya iniciada por el propio Ministerio de Justicia -como he dicho
antes-, el cual, a través del Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia, se ha venido preocupando de formar a los
funcionarios de este ámbito en el aprendizaje de las distintas
lenguas oficiales. A modo de ejemplo puedo indicar que en el pasado
curso 1998-1999 el mencionado centro organizó diversos cursos al
respecto, tanto en el ámbito de la formación continua -siete cursos
en euskera para fiscales y secretarios destinados en el País Vasco-
como en el ámbito de la formación inicial -un curso en gallego, otro
en euskera y cuatro en catalán para la trigesimonovena promoción de
fiscales y un curso en gallego y tres en catalán para la
vigesimosegunda promoción de secretarios-. Obviamente, estas
actividades formativas van a tener continuidad en el tiempo,
tendiéndose incluso hacia su mejora y profundización, por lo que, en
cualquier momento, sería factible el estudio de fórmulas de
colaboración interadministrativas, como los convenios, a los que
también se refiere la proposición no de ley. De hecho, ya existen
convenios con distintas comunidades autónomas en materia de formación
jurídica general del personal de Justicia, y nada impediría que se
celebren también para el ámbito concreto del estudio de las lenguas.
Finalmente, en lo que concierne a la formación de jueces y
magistrados, solamente habría que recordar que se trata de una
competencia que corresponde exclusivamente al Consejo General del
Poder Judicial, artículo 107.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Como ha dicho el señor Jover, si se trata de introducir en este
debate cuestiones que van a ser discutidas el jueves y en las cuales
el Grupo Popular no está de acuerdo, ya se tratarán entonces, pero
esa no es la cuestión que hoy debatimos, con la cual estamos
absolutamente de acuerdo y en la que el Gobierno viene trabajando
desde hace tiempo. Por eso decía al principio que se trata de un
debate artificial y que, por supuesto y con entusiasmo, vamos a votar
a favor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Trías.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO COALICIÓN CANARIA, SOBRE CONCRECIÓN DEL
SERVICIO UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS. (Número de expediente 162/000420.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos a la
siguiente proposición no de ley, en este caso del Grupo Parlamentario
Coalición Canaria, sobre concreción del servicio universal de
telecomunicaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Para su presentación y en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señorías, subo una vez más a
esta tribuna para hablar de la necesaria cohesión territorial y de la
necesaria cohesión social de todos los territorios de la Unión
Europea y, por tanto, de todos los territorios del Estado español.
Todo el mundo habla hoy de la necesaria cohesión social y territorial
de Europa, hoy se habla de la cohesión social y territorial de todo
el Estado español, pero para cohesionar un territorio es necesario,
es absolutamente imprescindible avanzar en una doble vertiente: en la
de los transportes y en la de las telecomunicaciones. Sin embargo,
cuando pretendemos romper el aislamiento que significa vivir en una
isla, cuando pretendemos cohesionar entre sí y con el resto de la
Península, con el resto de Europa, con el resto del mundo, un
archipiélago que tiene además la condición de ultraperiférico como el
canario, las alternativas quedan reducidas a garantizar unas buenas
comunicaciones aéreas y marítimas y a potenciar, desarrollar y poner
al alcance de todos los ciudadanos las telecomunicaciones.
Hemos avanzado, sin duda, en esta legislatura en lo que se refiere
fundamentalmente a los transportes aéreos. Hemos avanzado
garantizando debidamente la obligación del servicio público en todos
los tráficos interinsulares reduciendo las tarifas entre las
distintas islas, reduciendo las tasas de operaciones de las compañías
aéreas, aunque aún queda mucho por hacer en este campo. Tenemos como
referentes: la Ley General de Telecomunicaciones aprobada en abril de
1998 por esta
Cámara; la propia Constitución en el artículo 138.1 cuando habla del
hecho insular y distintas resoluciones aprobadas por esta Cámara con
motivo del debate sobre el estado de la Nación, cuando se habla de la
necesidad de arbitrar medidas para cohesionar los territorios
insulares. Estos textos hacen que tengamos donde apoyarnos para
adoptar medidas que permitan tener un servicio asequible en precio y
la accesibilidad de todos los ciudadanos de las islas a las
telecomunicaciones en general.
Es cierto que con la liberalización de las telecomunicaciones en la
Unión Europea y en España todo el mundo espera más operadores, más
calidad de servicios, mejores precios, pero también es cierto que
determinados mercados pequeños, cortos y además fragmentados, como es
el caso canario, pueden ser poco atractivos a la competencia. Es en
estos casos cuando los poderes públicos tienen que intervenir, como
establece la ley, para garantizar el servicio en condiciones de
máxima accesibilidad, calidad y precio. Esto se consigue, sin duda,
con la declaración de obligación de servicio público, como prevé la
Ley General de Telecomunicaciones a la que antes hacía referencia.
También es necesario corregir urgentemente determinados parámetros
utilizados por Telefónica que sirven de base para imponer sus
tarifas. Es absurdo que se considere al archipiélago canario como dos
provincias telefónicas y que, por ejemplo, entre Tenerife y Gran
Canaria, que están mucho más cercanas físicamente, cueste más la
tarifa telefónica que entre El Hierro y Tenerife o entre Gran Canaria
y Lanzarote que son islas que pertenecen a una misma provincia. Al
igual que sucede en esta materia en el archipiélago balear, es
necesario que al archipiélago canario se le considere una provincia
telefónica única a los efectos de la tarificación por parte de
Telefónica o de cualquier otro operador que pueda entrar en el
mercado.
Resulta también absolutamente inexplicable que dentro de una misma
isla existan distintos distritos telefónicos que encarecen de una
forma muy importante el servicio que presta en estos momentos la
Compañía Telefónica, y digo que es absolutamente inexplicable cuando
estamos hablando de las islas y nos estamos refiriendo, por tanto, a
un territorio muy limitado y a un territorio con escasa población en
cada una de ellas en comparación con el volumen del Estado. Así nos
encontramos, por ejemplo, con que en la isla de Tenerife existen
cinco distritos telefónicos desde el punto de vista de la
tarificación que emplea Telefónica; que en Gran Canaria existen tres
distritos; que en La Palma y Fuerteventura existen dos distritos y
que en Lanzarote, La Gomera y El Hierro existe un distrito. No parece
que esto obedezca a ningún criterio de costos, a ningún criterio
racional, sino a un problema absolutamente mercantilista por parte de
la Compañía Telefónica.
La proposición no de ley tiene por objeto impulsar la acción del
Gobierno para que actúe en los tres aspectos señalados: primero, la
declaración de obligación de servicio público de la telefonía en el
archipiélago
canario; segundo, que Canarias sea considerada una sola provincia
desde el punto de vista de la tarificación por el servicio de
telefonía; tercero, que cada isla tenga la consideración de un solo
distrito desde el punto de vista de las tarifas telefónicas.
Estamos, señorías, ante la necesidad de arbitrar medidas que
garanticen servicios esenciales para los ciudadanos en un mercado de
libre competencia. Las normas comunitarias y nuestra propia
legislación son un adecuado referente para ello.
El equilibrio que se persigue es difícil, pero posible, difícil por
la serie de intereses que están en juego, pero en un servicio
esencial debe primar el interés general. Pedimos por ello que la
necesaria cohesión, de la que tanto se habla, se haga posible
aplicando las medidas necesarias; de lo contrario, señorías, nos
quedaremos sólo con el discurso.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Han sido presentadas a esta proposición no de ley enmiendas por parte
de los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, este diputado del Grupo Socialista, que
representa a una circunscripción canaria como es la provincia de
Santa Cruz de Tenerife, estima que en diferentes ocasiones el Grupo
Socialista ha mantenido una línea argumental en Comisión y en Pleno,
cuya descripción y repaso en estos instantes justificaría y serviría
para fundamentar racionalmente el contenido del texto que hemos
presentado como enmienda de adición al proyecto de resolución que ha
presentado el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, defendida por
su portavoz en este tema el señor Rivero.
En concreto, es bueno, desde la óptica del rigor argumental mantenido
en esta Cámara, que recordemos que en la presente legislatura, y
concretamente el día 26 de febrero de 1998, en la Comisión de
Infraestructuras se debatió una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida por la que se instaba al Gobierno a
realizar las oportunas operaciones para reestructurar en breve plazo
la división tarifaria telefónica existente en la isla de La Palma.
En aquella ocasión este diputado intervino en representación de su
grupo y argumentó reiteradamente la bondad de esa iniciativa que
procedía de otra aprobada por unanimidad en el Cabildo Insular de La
Palma e igual lo defendieron portavoces de otros grupos. Así, por
ejemplo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en aquella
ocasión, el señor Soriano Benitez de Lugo, que la argumentó con
rigor, es menester decirlo y está en el «Diario de Sesiones»,
terminaba diciendo:
Pero hay que tener en cuenta que también las islas de Tenerife y Gran
Canaria están divididas a efectos de tarifación telefónica, en siete
distritos Tenerife y en seis la isla de Gran Canaria, lo cual nos
podría llevar a considerar a todo el Archipiélago como un posible
distrito telefónico, cuestión que sería susceptible de ser tratada
por parte del Gobierno. Así, al dar su voto afirmativo a la
iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre el
sistema tarifario único en la isla de La Palma, que luego se
extendió, por enmienda de adición del Grupo Socialista, a la isla de
Fuerteventura, el diputado del Grupo Parlamentario Popular y
portavoz, señor Soriano, indicaba una directriz política de ese
grupo.
Este interviniente socialista, repito, también expresó diversos
contenidos que están recogidos en el «Diario de Sesiones» y
argumentábamos que mientras que en la isla de La Gomera existía un
solo distrito tarifario y mientras que en la isla del Hierro ocurría
exactamente igual, no sucedía lo mismo en las islas de La Palma y
Fuerteventura que son las que los canarios denominamos islas no
capitalinas. Quiero indicar que no intervino ningún diputado del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria porque no asistieron a ese
debate; consiguientemente no figuran en el «Diario de Sesiones»,
consiguientemente no votaron esa iniciativa y consiguientemente no
participaron en la gestación de algo de lo que hoy nos podemos sentir
muy satisfechos, y es que esa proposición de ley se aprobó, la hizo
suya lógicamente el Gobierno y ya desde hace varios meses ha sido de
aplicación en las islas de la La Palma y Fuerteventura.
Señorías, quiero recordarles que con posterioridad en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, sección Congreso de los Diputados,
del 15 de febrero de este año, es decir, un año después, se publicó
la proposición de ley del Grupo Socialista sobre unificación de
tarifas telefónicas metropolitanas y provinciales, que también quiero
recordarles que se debatió en la Comisión de Infraestructuras el
pasado 10 de marzo, hace ya más de medio año. En la parte expositiva
de la iniciativa del Grupo Socialista se analizaba la obsoleta
estructuración del territorio español en distritos telefónicos de
tarificación que actualmente no se corresponde en modo alguno con los
cambios tecnológicos habidos en los últimos años, ni siquiera con los
derivados de la nueva estructuración del Estado español. Así se decía
en la exposición de motivos.
Con posterioridad presentábamos un proyecto de resolución integrado
por cinco puntos, de los cuales dos, el cuarto y el quinto, decían:
Los territorios insulares de Canarias deben constituirse como
distrito único de tarificación. A continuación, el punto cinco
indicaba: Las tarifas máximas dentro de un distrito de tarificación
serán las mismas en todo el territorio nacional y deben coincidir con
las tarifas metropolitanas vigentes. Esa propuesta fue defendida por
el diputado don Jesús Caldera, también de una forma brillante, como
se recoge en el «Diario de Sesiones» y como es habitual en su
señoría. (El señor Caldera Sánchez-Capitán: Muchas gracias.) No hay
de qué, señor Caldera. Nuestro portavoz dejaba muy clara la posición
del Grupo Socialista, desprendiéndose el planteamiento de que una vez
dado el paso previo de la definición de la Comunidad Autónoma de
Canarias como distrito único de tarificación, había que establecer el
mecanismo reglamentario que lo desarrollase.
Señorías, nosotros creemos que lo esencial es la reconversión
tarifaria. Es sabido -y lo conocen perfectamente SS.SS.- que en la
actualidad existen tres tipos de tarifas: la local, la
interprovincial y la nacional. Nosotros hemos planteado con carácter
general, para toda España, que se conviertan en dos, y así fue
defendido por el señor Caldera en Comisión: la local y la nacional;
hemos planteado también que las tarifas provinciales desciendan a
tarifas locales, que desaparezca el tipo de tarifa interprovincial;
también hemos planteado que las tarifas provinciales convertidas en
locales adquieran el carácter tipo de tarifas locales vigentes.
Por ello, al amparo de lo que dice el artículo 37 de la Ley General
de Telecomunicaciones, también al amparo de lo que dice el artículo
42 y de la filosofía política dimanada del artículo 299 del Tratado
de la Unión Europea en lo que se refiere a las regiones
ultraperiféricas, nosotros íbamos a dar el voto favorable a la
iniciativa del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, si es que se
somete a la consideración de esta Cámara el texto publicado en el
Boletín del Congreso de los Diputados.
La propuesta que plantea Coalición Canaria dice: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que, por razones de cohesión
territorial y en el marco de lo previsto en los artículos 37 y 42 de
la Ley General de Telecomunicaciones, establezca como obligación de
servicio público la consideración del archipiélago canario como
provincia telefónica, distrito de tarificación único, dentro de los
principios de calidad, accesibilidad y máxima asequibilidad.
Señorías, con eso estamos de acuerdo, pero entendemos que esa
definición teórica la planteamos nosotros como propuesta del Grupo
Socialista en la Comisión de Infraestructuras y fue votada en contra
el Grupo Parlamentario Popular, sin que en aquel debate participara
el representante de Coalición Canaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Segura,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señor presidente. ¿Cómo es posible que
ahora se traiga a la Cámara? Nosotros le decimos bienvenidos a
nuestras posiciones políticas mantenidas durante dos años, pero no se
les ha oído su intervención en estas materias con anterioridad.
Nosotros planteamos que es menester ampliarla con nuestra enmienda. A
continuación diríamos como enmienda de adición: En la determinación
de los conceptos de servicio accesible y precio asequible -conceptos
que hay que desarrollar-, se tomará en consideración especialmente el
hecho insular.
Señorías -y termino, señor presidente-, nosotros entendemos que el
concepto de precio asequible se encuentra etéreamente mencionado en
el artículo 37 de la ley y que es necesario avanzar para su
concreción. Por esto nosotros proponemos nuestra enmienda de adición,
que podrá hacerse de distintas maneras. Una de ellas es la que
nosotros proponemos y la que proponíamos en el mes de marzo pasado en
la Comisión de Infraestructuras. De ahí, la propuesta que hacemos
a los miembros del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria de que se
incorpore al proyecto de resolución que ustedes plantean esta
enmienda de adición que permite concretar un proyecto de resolución
etéreo, un proyecto absolutamente descafeinado si se aprueba tal como
ha propuesto el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria que,
reitero, menos mal que en alguna ocasión promueve alguna iniciativa
en lo que a temas de telecomunicaciones y a solidaridad
interterritorial dentro del ámbito de la comunidad canaria se
refiere, dado que su voz y sus propuestas no han quedado recogidas en
ninguna iniciativa parlamentaria en estos dos últimos dos años.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Segura,
termine.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Segura.
Para la presentación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señoras y señores
diputados, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
fijar nuestra posición respecto a la proposición no de ley presentada
por el Grupo de Coalición Canaria, relativa al servicio universal de
telecomunicaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias, y también
para explicar el contenido de nuestra enmienda a dicha proposición.
Señorías, la liberalización de las telecomunicaciones que ha llevado
a cabo el Gobierno del Partido Popular ha abierto la puerta a la
competencia; liberalización que, según todos los observadores
internacionales y europeos, se ha realizado en España de manera
ejemplar y en tiempo récord y, lo que es más importante, en sólo tres
años, hoy todos los españoles disfrutan de las ventajas de esa
competencia. Como todos SS.SS. saben, la competencia siempre supone
mejores precios, mayor calidad y nuevos servicios.
Pues bien, hoy, tres años y medio después de que el Partido Popular
accediera al Gobierno, las telecomunicaciones en España son unas
telecomunicaciones del/y para el siglo XXI y ofrecen nuevas
oportunidades para
todos. La liberalización ha provocado un incremento espectacular de
nuevos servicios y una bajada también espectacular en el precio de
las tarifas de telefonía. Se han producido reducciones de tarifas de
hasta el 21 por ciento en servicio internacional, 9 por ciento en
tarifas interprovinciales, 43 por ciento en cuantía de altas de
líneas adicionales, planes de descuentos con reducciones de entre el
40 y el 60 por ciento a llamadas realizadas a determinados números,
concretamente a diez, y congelación de tarifas locales hasta dos
minutos cuarenta segundos que suponen el 80 por ciento de las
llamadas locales que realizan los españoles. Esas son las ventajas de
la competencia en tarifas, aunque hay algunas más, y el que más y el
que menos hoy está haciendo números para ver con qué compañía le
interesa contratar los servicios de telefonía. (Rumores.)
Pero no solamente es importante la bajada de las tarifas y los nuevos
servicios, sino también conviene destacar la importancia, como
comentaba el portavoz de Coalición Canaria, de las grandes
inversiones, superiores a los 672.000 millones de pesetas para los
próximos años que se están realizando en toda España y que tienen
influencia no sólo en la productividad de la economía, sino también
en la creación de empleos, en la generación de puestos de trabajo que
supone, además, la modernización española en la era del conocimiento.
Todas estas cuestiones previas es preciso, señorías, tenerlas en
cuenta a la hora de valorar la oportunidad de la proposición que hoy
estamos debatiendo y que, sin duda, tiene mucho que ver con la
posibilidad del desarrollo de la competencia telefónica en las islas
Canarias con su correspondiente bajada de tarifas y también del
mantenimiento de las inversiones de los operadores en las islas y su
correspondiente creación de empleo, aspectos todos ellos que
necesariamente habremos de tener en cuenta en esta Cámara.
Señorías, esta liberalización de las telecomunicaciones a la que me
he referido se plasmó en una importante ley, la Ley General de
Telecomunicaciones, que recoge por primera vez el concepto de
servicio universal. Por primera vez se reconoce en una ley ese
concepto, que viene definido en el artículo 37, al que hace mención
la proposición de Coalición Canaria como el conjunto de servicios que
con una calidad determinada deben ser accesibles a todos, con
independencia de su situación geográfica y a un precio asequible.
Además, señorías, en ese mismo artículo se reconoce y se contempla
una referencia expresa a la especificidad de las islas, a la
insularidad y a sus condicionantes. El Gobierno y el Parlamento
recogen en esa ley las condiciones especiales que se pueden dar en
los territorios insulares. La proposición no de ley que debatimos se
refiere a tarifas, a precios y a la mejora de las condiciones de
asequibilidad para todos los ciudadanos de Canarias por razón de la
insularidad de su territorio. Nuestro grupo cree que el servicio
universal y las obligaciones de servicio público son una garantía
para que todos los ciudadanos sin excepción tengan acceso y puedan
disponer, a un precio asequible, de los servicios que ofrece
la telefonía actual. Nuestro grupo entiende que la libre competencia
garantiza esos precios asequibles, pero además ese concepto de
asequibilidad del servicio telefónico está garantizado por el
Gobierno a través de la fijación periódica de las tarifas.
Por tanto, mi grupo considera que los mecanismos previstos
actualmente por el desarrollo del servicio universal son suficientes
para garantizar la asequibilidad de los precios del servicio
telefónico. En Canarias, a pesar de sus características particulares,
a pesar de que las infraestructuras son más caras, se mantienen los
mismos precios que en el resto de España. A pesar de la insularidad,
hoy se están realizando importantes inversiones por parte de nuevos
operadores que quieren competir en ese mercado y, por consiguiente,
una de las obligaciones del Gobierno es intentar que se mantengan
esas inversiones que garantizan la competencia que traerá mejoras
sustanciales en calidad, servicio y precios para los ciudadanos de
Canarias. No obstante, pensamos que hay que seguir avanzando en la
reestructuración tarifaria del servicio telefónico. Creemos que hay
que tender a una estructura y a unos precios cada vez más orientados
a costes reales para su prestación, y así lo hemos manifestado desde
mi grupo en numerosas ocasiones en esta Cámara. Conviene recordar que
la relación entre el precio de una llamada provincial y una
metropolitana se ha reducido de forma significativa, pasando de las
17 veces superior a ser menos de cuatro veces en la actualidad.
Por todo esto, no podemos en el día de hoy votar favorablemente el
texto que ha presentado Coalición Canaria, aunque sin duda
compartimos la filosofía que subyace en él, el interés por que las
tarifas cada vez sean más bajas y más asequibles y no sólo en
Canarias sino en toda España, aunque hoy estemos refiriéndonos
concretamente a Canarias y a su insularidad. Nuestra propuesta,
nuestra enmienda, como siempre seria, como siempre rigurosa y
realista, solicita un estudio para ver si es posible -se requiere,
sin duda, el informe de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones- la declaración de obligación de servicio público
para las tarifas insulares y pedimos también la adopción de medidas
que paulatinamente, como decía antes y al igual que en otros lugares
de España, permitan llevar a que la Comunidad Autónoma de Canarias
sea una provincia única tarifaria. Somos conscientes de la dificultad
de esta reivindicación y nos consta que ante todo se debe actuar sin
merma y sin menoscabo de la libre competencia, imprescindible para
garantizar mejores servicios y mejores precios. No obstante, creemos
que con ese estudio se puede contribuir a garantizar todavía más, si
cabe, unos precios más asequibles para las tarifas canarias para que
ningún ciudadano canario, por razón de la insularidad de su
territorio, se vea discriminado con respecto al resto de España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Mato.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo simplemente para manifestar que el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) votará favorablemente esta proposición no de
ley con la esperanza de que la misma pueda contribuir realmente a
minorar el precio del servicio telefónico en Canarias y que a tal
efecto se modifiquen los actuales distritos, superando la actual
división provincial cuando es una única isla y además en muchas
ocasiones islas pequeñas, creando una provincia telefónica única en
el archipiélago de Canarias. Nuestro grupo parlamentario, señorías,
considera que no tiene ningún sentido aplicar aquí la división
administrativa rígida de provincias y que debemos contribuir a
unificar territorialmente el archipiélago de Canarias, que tan
alejado está, lo que beneficiará a las tarifas telefónicas abaratando
sus precios y, por tanto, haciéndolas más asequibles. Por ello,
consideramos positiva esa proposición no de ley en los términos de la
enmienda transaccional planteada por el Grupo Popular y nuestro grupo
la apoyará. Además creemos que éste es un primer paso. Sabemos que no
es el paso definitivo en este ámbito, es un primer paso, en esta
línea debemos avanzar, y nuestro grupo va a votar favorablemente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jané.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor presidente.
No dudamos de la buena intención del portavoz del Grupo de Coalición
Canaria a la hora de defender esta proposición no de ley. Sin
embargo, hay que decir que tiene una estructura confusa, más aún, si
se aceptaran las enmiendas que plantea el Grupo Parlamentario Popular
supondría un gran retroceso con respecto a temas que ya se han
aprobado en este Congreso de los Diputados y, al contrario, si se
mantiene tal como figura en el texto, que nos parece aceptable, se
podría aprobar con los votos de la Cámara. Por lo tanto, el Grupo de
Coalición Canaria está ante ese dilema: o aprobar una cosa justa para
Canarias o ceder y aprobar una cosa injusta para Canarias por no
derrotar al Partido Popular; que se sepa claramente en el «Diario de
Sesiones» qué es lo que vamos a votar acto contiguo y que lo sepan en
Canarias.
Efectivamente, la comunidad canaria, a efecto de tráfico telefónico y
tarifario, está estructurada en dos provincias -Las Palmas y
Tenerife- y hay la aspiración siempre de convertirla en una provincia
única, puesto que las llamadas ahora son interprovinciales. Eso
figura
en el texto que ustedes presentan, pero yo creo que aparece algo más
ya de manera absolutamente explícita y muy reforzada en la enmienda
que presenta el Grupo Socialista; es decir, lo que se plantea es la
necesidad no sólo de una provincia telefónica, sino también de un
distrito de tarificación. En España hay 500 distritos de tarificación
y cada distrito supone que las llamadas que se hacen son urbanas, son
llamadas locales; eso es lo que ustedes están planteando, que las
llamadas de todo el archipiélago canario sean urbanas. Así es como
viene expresado -aunque en la intervención no estaba clara la
propuesta- cuando se habla de la obligación del servicio público de
considerar el archipiélago canario como provincia telefónica,
primero, y después se añade el distrito de tarificación único. Eso es
diferente. Los distritos de tarificación unifican sólo llamadas
urbanas. Al principio dicen llamadas interprovinciales e introducen
el inciso para que se conviertan realmente en llamadas urbanas. Esto
es lo que están planteando, que sería muy positivo para Canarias y
que puede salir en la votación, pero tienen que mantenerlo. Por lo
tanto, yo les emplazo a que mantengan esa apuesta a favor de Canarias
y de los canarios y si no, iremos a explicar que ustedes han sometido
a otros intereses la apuesta que habían hecho en principio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Señor Rivero, S.S. debe expresar la aceptación o no de las enmiendas
que han sido planteadas a la proposición no de ley de su grupo
parlamentario.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
En estos momentos me encantaría poder aceptar la enmienda que ha
propuesto el Grupo Socialista, porque, sin duda, complementa la
iniciativa presentada por Coalición Canaria y tiene un mayor alcance
que la transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
pero las matemáticas parlamentarias son las que son y yo, a la vista
de los referentes históricos del Grupo Socialista en iniciativas de
esta naturaleza -ninguna ha prosperado-, digo que más vale pájaro en
mano que ciento volando y, por tanto, vamos a aceptar la
transaccional presentada por el Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.-El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a las dos proposiciones no de ley debatidas,
comenzando por la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) junto al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Mixto (Señor
Rodríguez), relativa al uso de las lenguas cooficiales en la
Administración de Justicia. Se somete a votación en sus propios
términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 293; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Pasamos a la del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre
concreción del servicio universal de telecomunicaciones en la
Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos resultantes de la
aceptación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 160; en contra, uno; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, también aprobada la
proposición no de ley referida.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL PACTO DE TOLEDO.
(Número de expediente 173/000157.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes, que serán votadas al
finalizar el debate de ambas, comenzando por la del Grupo Socialista
sobre el Pacto de Toledo, que defenderá ante el Pleno don Fernando
Gimeno. (Rumores.)
Silencio, señorías, vamos a continuar. (Continúan los rumores.) Por
favor, señorías.
Adelante, señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, como consecuencia de la
interpelación que se debatió la semana anterior en relación con el
Pacto de Toledo, mi grupo presenta esta semana una moción
consecuencia de ese debate que viene a marcar lo que yo diría que es
la posición fundamental de mi grupo en la valoración política de lo
que es prioritario en la situación económica y social española en
este momento...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gimeno.
Señorías, acaben los rumores, por favor. Señorías. (Pausa.)
Adelante.
El señor GIMENO MARÍN: Gracias, señor presidente.
Decía que nuestro grupo, en la valoración política que hacemos de la
situación económica y social de nuestro país, coincide con la
valoración de los ciudadanos, según los datos que nos facilitaron
hace uno o dos días a través de la encuesta de Demoscopia, editada en
algún medio de comunicación, en la que, cuando se preguntaba a los
ciudadanos sobre cuál era su valoración de la situación económica, la
mayoría, un amplio porcentaje, concluía que la situación económica
era buena o muy buena; también un número importante (un 37 por
ciento) decía que la situación era regular, y mala y muy mala un 18
por ciento. Pero cuando se preguntaba a los ciudadanos cuál era la
valoración de la situación económica en lo que a ellos les afectaba
personalmente o a su familia, las respuestas eran totalmente
diferentes de la valoración general que hacían de la economía porque
la mayoría de los ciudadanos, aproximadamente un 70 por ciento,
manifestaban que su situación personal y la de su familia no había
cambiado, pero había más ciudadanos que manifestaban que su situación
era peor que quienes decían que su situación era mejor: un 17 por
ciento de los ciudadanos decía que la situación era peor a nivel
personal y sólo un 14 por ciento manifestaba que la situación era
mejor.
Nosotros a lo largo de todo este año hemos venido diciendo,
coincidiendo con ese análisis, que esa situación económica mejor, que
esa bonanza económica tenía que distribuirse entre los ciudadanos, en
esta época de vacas gordas, bajo un criterio político, no siendo éste
sólo un problema para España sino que había que abordarlo junto a
países como Francia y otros que se han planteado la misma cuestión:
qué pasa con esta mejor situación económica, cuál es la prioridad
política que debemos definir en ella.
Y durante todo este año, a través de iniciativas parlamentarias,
hemos pensado -también lo han hecho otras instituciones y otros
grupos parlamentarios- que esa mejor situación económica debía
beneficiar a los sectores más débiles de la sociedad, siendo uno de
ellos el relativo a un grupo de pensionistas, concretamente aquéllos
que perciben pensiones no contributivas o los que perciben pensiones
mínimas.
Nuestra valoración era que esa mejora de la economía, esa bonanza
económica, que tenía una traducción por lo que se refiere a los
ingresos del Estado en una desviación al alza muy importante de
mayores ingresos publicos, había que encauzarla para dar prioridad a
esos sectores a los que hemos hecho referencia. Por eso, nuestra
respuesta era muy sencilla: benefíciese a esas rentas más bajas y
establézcase una aportación a las mismas, que en nuestras
iniciativas, a lo largo del año, consistía en abonar una paga
adicional anual de 28.000 pesetas, a satisfacer en el año 1999, a
esos colectivos de pensionistas a los que nos hemos referido. ¿Cuál
es la respuesta que se ha dado por parte del Gobierno y de los grupos
que lo apoyaban? La respuesta que se ha dado por parte de los
portavoces del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular ha sido
descalificar a nuestros portavoces en esta materia, manifestando
permanentemente que con esos planteamientos y con esas propuestas
poníamos en crisis y generábamos una situación complicada para la
Seguridad Social. En ese momento escuchábamos sorprendidos esas
manifestaciones, pero el Gobierno nos ha sorprendido más cuando, para
romper esa situación, dice que hay que constituir la Comisión del
Pacto de Toledo para reconducir todo ese tipo de problemas. Pero
cuando andamos en esa dirección, nos encontramos con varias sorpresas
que no podemos evitar. Nosotros nos alegramos de que el Gobierno
llegue a acuerdos con los sindicatos y nos alegramos de que, como
consecuencia de la presión social, el Gobierno cambie de posición,
porque ha sido arrastrado por esa presión social, canalizada a través
de los agentes sociales; nos congratulamos de que esté de acuerdo con
nuestra posición en una parte, la de decidir que las pensiones más
bajas tienen que mejorar su poder adquisitivo; no coincidimos en
todos los planteamientos, pero nos extraña que el Gobierno, que
constituye la Comisión del Pacto de Toledo, haga que nos enteremos a
través de los medios de comunicación de esos acuerdos, que por otro
lado nos parecen normales. Y todavía nos sorprende mucho más,
señorías, que el presidente del Gobierno, habiéndose decidido la
constitución de esa Comisión, nos anuncie a través de los medios de
comunicación que va a constituirse un fondo de reserva, lo que por
cierto es sorprendente. Y digo sorprendente no por la decisión de que
se constituya, sino porque nos comunica la existencia de excedentes,
algo de lo que nosotros nos congratulamos, y esperamos que en la
liquidación del presupuesto de este año, que no sé si será más o
menos hacia febrero, nos enteremos de si realmente existían esos
excedentes de cotizaciones para pagar esas prestaciones, para
constituir ese fondo de reserva.
En cualquier caso, estando de acuerdo con el fondo, que nos parece
bien, nos sigue sorprendiendo que esos planteamientos se hagan al
margen de la Comisión, que parece ser que se va a constituir el
próximo jueves. No sabemos para qué se va a crear esa Comisión, si va
a ser sólo para valorar si se ha cumplido o no el Pacto de Toledo,
que es a lo que nosotros estaríamos más dispuestos, porque nosotros
creemos que se ha incumplido de una forma muy importante, por lo
menos en los aspectos más trascendentales de las resoluciones o
recomendaciones de dicho Pacto. En cualquier caso, nos da la
sensación de que el Gobierno y el grupo mayoritario nos están tomando
el pelo. Esta es la sensación que empezamos a tener. ¿Qué va a
hacerse en esa Comisión del Pacto de Toledo? Lo veremos el próximo
jueves sin ningún tipo de dudas, pero nos parece que debe haber una
voluntad de avanzar en alguna dirección y una voluntad de avanzar en
algún tipo de acuerdo con los grupos de esta Cámara que formamos
parte de esa Comisión. Ya no decimos que no haya acuerdo con los
agentes sociales, que nos parece bien, pero con respecto al fondo
de reserva el Gobierno debería anunciar, a través de los medios de
comunicación, lo que va a hacer al margen de la Comisión del Pacto de
Toledo.
Son propuestas en las que no entendemos la voluntad de acuerdo del
Gobierno, pero en cualquier caso, y entrando en conexión con el tema
del Pacto de Toledo a propósito de esta moción, que se refiere
fundamentalmente a las conclusiones del debate que tuvo lugar la
semana anterior, simplemente quiero manifestar que, puesto que hay
una Comisión, ahí se conocerá nuestra posición al respecto de las
recomendaciones del Pacto de Toledo. Para nosotros, en definitiva,
hay un incumplimiento muy importante de esas recomendaciones, pero
ahí se oirán nuestras propuestas, igual que oiremos las propuestas
del Gobierno o las de los demás grupos y mientras tanto seguimos
considerando que la prioridad política sigue siendo la misma que ha
sido durante todo el año 1999.
Nosotros creemos que en los acuerdos a los que el Gobierno ha llegado
con los agentes sociales hay una insuficiencia con respecto a lo que
debería destinarse a los sectores más débiles de la sociedad.
Pensamos que ese acuerdo es positivo, pero insuficiente. ¿Por qué?
Porque no recoge para nada lo que nosotros entendemos que es una
deuda de 1999. Este es nuestro planteamiento y es el sentido de la
propuesta y de la moción que traemos hoy a esta Cámara, la cual ya es
conocida por SS.SS., porque la hemos planteado como iniciativa en
otras ocasiones. La propuesta pretende simplemente que, en
cumplimiento de la recomendación duodécima del Pacto de Toledo y con
independencia de la revisión de la cuantía de las pensiones que habrá
de efectuarse en 1999 por desviación de la inflación prevista,
proceda a incrementar la cuantía de las pensiones mínimas y de
naturaleza no contributiva, así como la cuantía de las pensiones del
SOVI, mediante una paga adicional anual de 28.000 pesetas, 2.000 al
mes, 14 veces, como SS.SS. saben, a satisfacer antes del 31 de
diciembre de 1999 y que este incremento se consolide en la base de
las pensiones a efectos de la revalorización correspondiente al año
2000.
Nuestro planteamiento sigue siendo el mismo. El Gobierno ha llegado a
un acuerdo con los agentes sociales, pero en el año 1999 no ha tenido
en cuenta la situación económica para tomar una decisión muy
importante, que es la distribución de los beneficios de esa mejor
situación económica. Nosotros creemos que ese compromiso que se tiene
que tener con las rentas más bajas subsiste a pesar del acuerdo a que
se ha llegado con los sindicatos, y por eso nuestra propuesta y
nuestro planteamiento. Creemos que se tiene que repartir favoreciendo
a los que tienen un nivel de renta menor y, por qué no decirlo, los
que hoy tienen un nivel de renta menor - hay algunos más- son los
pensionistas que cobran pensiones no contributivas y los que cobran
pensiones mínimas. Hay una deuda, por lo menos en 1999, que alcanza a
esas 28.000 pesetas que nosotros pedimos que se les pague en estos
momentos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gimeno. ¿Grupos que desean
fijar su posición, al no haberse presentado enmiendas? (Pausa.)
Me parece que por el Grupo Mixto querían intervenir el señor Vázquez
y el señor Peralta.
El señor Peralta, en primer lugar.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente quiero manifestar nuestra conformidad con la moción
presentada por el Grupo Socialista como consecuencia de la
interpelación que debatimos la semana pasada.
Sin perjuicio de la reunión que debe celebrar la Comisión creada por
el Pleno de esta Cámara la pasada semana para debatir un tema
prácticamente inédito en esta legislatura, que ha sido el desarrollo
y el seguimiento del cumplimiento del acuerdo unánime que hubo en la
anterior legislatura sobre el Pacto de Toledo, digo que, sin
perjuicio de la reunión que se celebre en su momento y de los temas
que allí se planteen, es evidente que es necesario dar respuesta a la
necesidad social, y en este año 1999 (coincidimos plenamente con lo
planteado por el Grupo Socialista) estamos asistiendo a un
crecimiento económico y a una distribución no equitativa del mismo.
Por lo que se refiere a los pensionistas, creemos que eso se tiene
que traducir en la realidad en una revalorización efectiva por encima
del IPC. Desde ese punto de vista, podríamos entrar a discutir el
detalle concreto de la moción planteada por el Grupo Socialista, pero
lo fundamental, lo importante, es que ahí se plantea la necesidad de
una revalorización y una más equitativa distribución del crecimiento
y de las rentas en nuestro país. Con eso coincidimos plenamente y
desde Nueva Izquierda vamos a votar favorablemente esa moción.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Efectivamente, con la moción que hoy presenta el Grupo Socialista
proseguimos en esta Cámara un debate, que yo diría que a veces parece
más ficticio que real, sobre la cuantía de las pensiones,
fundamentalmente las mínimas, el pacto de Toledo y su utilidad, la
pervivencia del sistema público de pensiones, etcétera.
A nosotros también nos sorprende que mientras que desde el Gobierno
se hacen llamadas a la cordura, a la necesidad de consenso sobre este
asunto, a que las decisiones se tomen en el marco del pacto de
Toledo, etcétera, el Gobierno y su grupo realizan -hay que decirlo
así- maniobras para adelantarse a la oposición y acuerdan con dos
sindicatos de ámbito estatal la subida de las pensiones para el
próximo año, saltándose todas las proclamas emitidas anteriormente, y
lo hacen, si no me equivoco, al día siguiente de aprobar unánimemente
en este Congreso poner en marcha una Comisión de estudio sobre este
tema. Tampoco deja de ser sorprendente que el Gobierno anuncie la
cuantía con que se dotará el fondo de reserva el año próximo, y así
sucesivamente.
Nosotros no vamos a ser quienes critiquemos la capacidad y el derecho
que tienen el Gobierno y los grupos que le apoyan de actuar como
crean conveniente cuando tienen que tomar determinada decisión, pero
lo que sí parece que es criticable es que se haga lo contrario de lo
que se proclama a los cuatro vientos. El pasado miércoles nosotros ya
tuvimos ocasión de expresar los criterios básicos que nos guían en
materia de pensiones.
Dicho esto, y en el convencimiento de que demasiadas pensiones son
muy bajas, más bien exiguas, no vamos a cuestionar los aumentos que
propone el Gobierno para el año 2000, pero sí decir que no se ataja
el problema de fondo, que es que demasiadas pensiones siguen siendo
excesivamente bajas, ni tampoco se abordan las subidas con un
criterio a más largo plazo, con más visión de futuro en el camino de
equiparar las mínimas al salario mínimo interprofesional. Más bien
parece la búsqueda de una solución a corto plazo, a veces
condicionada por las elecciones venideras y el debate social
existente.
Como tampoco se prevé en ese acuerdo al que me refería antes ningún
aumento para este año 1999 es por lo que vamos a votar a favor de la
moción del Grupo Socialista, que a nosotros nos parece que crea en el
contexto político dos ventajas: que en este año 1999 las pensiones no
contributivas y contributivas más bajas se incrementen en esas 2.000
pesetas/mes, en 14 pagas, a recibir a finales de año; y además, de
aprobar la subida este año y consolidarla para el próximo, haría que
la oferta del Gobierno para el 2000 fuese un poquito más sustancial.
Esto es lo que tenemos que decir sobre el tema. Por tanto, señor
presidente, reitero que este debate se debería dar con más serenidad
y tranquilidad y, mientras tanto, vamos a apoyar la moción del Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
El señor Mardones, por Coalición Canaria, tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Intervengo con brevedad, ya que la semana pasada, tanto mi compañero
como este diputado que les habla, fijamos nuestra posición con
respecto a una iniciativa similar del Grupo Socialista que figuraba
en el orden del día. Dado que el pasado día 14 acordamos en este
Pleno la constitución de una comisión no permanente para hacer una
evaluación de los resultados de las recomendaciones del Pacto de
Toledo; dado que, mediante escrito presentado la semana pasada por
cuatro grupos (entre los que figuraba Coalición Canaria, juntamente
con el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Catalán de Convergència
i Unió y el Grupo Vasco) solicitábamos la constitución urgente de
esta comisión no permanente, habiéndose aprobado por la Mesa de esta
Cámara en el día de hoy, atendiendo a dicho escrito y en virtud del
acuerdo del Pleno de la semana pasada, sería una maniobra si
tratáramos de apoyar esta moción. No lo vamos a hacer porque sería
sustraer uno de los puntos de sus competencias fundamentales de esa
comisión.
Esta moción que nos trae el Grupo Socialista habla de incumplimiento
de la recomendación duodécima del Pacto de Toledo. Uno de los
cometidos que va a tener esa comisión no permanente es, como hemos
solicitado los grupos proponentes, evaluar los efectos de los
resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del
Pacto de Toledo y de ahí las medidas y propuestas que se deriven.
Como no estamos en el juego de sustraerle a esta comisión ninguna de
sus competencias ni de los resultados de su responsabilidad, donde va
a estar también el Grupo Socialista, nosotros en esta línea de
consecuencia y congruencia, por entender que es precisamente en esa
comisión y en el marco del Pacto de Toledo donde tienen que hacerse
todas las valoraciones y todas las propuestas y sugerencias, es por
lo que vamos a votar en contra de esta moción.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
El señor López de Lerma, por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de la moción que nos
presenta y avala el Grupo Socialista. Lo va a hacer en base a la
coherencia que ha explicitado el portavoz del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, es decir, primero, por vocación de permanencia en
las líneas maestras del Pacto de Toledo que nosotros impulsamos en
1993, en su primavera, que se nos dijo que no por la mayoría absoluta
socialista y que en septiembre del mismo año se nos dijo que sí. Por
coherencia y porque vamos a dar apoyo a lo que hemos convenido con el
Gobierno con el objeto de trasladarlo al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, que es
exactamente lo avalado y lo acordado por las centrales sindicales.
Además, porque coherentemente nosotros impulsamos la semana pasada la
creación de una comisión de seguimiento del Pacto de Toledo que
tendrá por misión la evaluación de lo que se ha hecho y observar
cuáles son las pautas de comportamiento de futuro.
No entendemos la insistencia del Grupo Socialista, o al menos lo
podemos entender desde la desorientación política que avala la misma
y cierta falta de dirección, porque si nos vamos a los antecedentes
hemos de
recordar aquí que al inicio de esta legislatura todos los grupos
parlamentarios, excepto el Grupo Socialista, suscribimos una
iniciativa de creación de una ponencia de estudio y de seguimiento
del Pacto de Toledo y se nos dijo textualmente que no entendían la
iniciativa, que se iban a abstener porque era puramente instrumental.
De aquella iniciativa salió algo tan importante para los pensionistas
como la Ley de racionalización y consolidación de la Seguridad
Social, que ha dado como resultado la revalorización de las pensiones
de acuerdo con el IPC.
Tampoco entendemos la situación -a menos que sea de desorientación
que es lo que preocupadamente observamos en el Grupo Socialista-
cuando parece que no recuerdan que al inicio de esta legislatura nos
legaron, ni más ni menos, un billón de pesetas de déficit en la caja
de la Seguridad Social. Y ahora critican la creación de un fondo de
reserva que si es posible es porque se ha practicado una política
económica y ocupacional distinta, que si es posible es porque se ha
puesto rigor y racionalidad a la administración de la caja de la
Seguridad Social, que si es posible es porque de aquel billón de
pesetas de déficit hoy hemos pasado a un superávit.
Por cierto, simplemente quiero recordar, señor presidente, que hace
menos de medio año el entonces candidato a la Presidencia, porque van
renovándolo cada año, por parte del Grupo Socialista (Rumores.), nos
decía desde esa tribuna que existía un déficit, un agujero de un
billón y medio de pesetas, y ahora observamos -contentos- que
reconocen que no hay tal agujero, sino que lo que hay es un superávit
que sirve para crear el fondo de reserva que el presidente del
Gobierno acaba de anunciar, y de forma absolutamente correcta, porque
incluso está por encima de las previsiones que ha hecho Francia, con
más pensionistas y más cotizantes.
Sinceramente no entiendo, señor presidente -y se lo digo con toda
cordialidad al señor Gimeno-, por qué se nos dice hoy desde esa
tribuna que no saben para qué va a servir la comisión que vamos a
constituir el próximo jueves, cuando hace apenas una semana también
votaron a favor. No se entiende cómo se puede votar una cosa y apenas
ocho días después decir que no se entiende por qué se votó aquello,
porque no saben para qué va a servir. Pues va a servir para evaluar
lo hecho y para marcar las pautas de futuro, que es exactamente lo
que dijo este portavoz desde esa tribuna. Y creo que por eso la
votaron ustedes, porque no se entiende, repito, cómo se puede votar
una cosa y decir después que no se sabe para qué se votó, porque no
se sabe en qué va a consistir ni para qué va a servir.
Por tanto, señor presidente, desde la coherencia con nuestros
planteamientos de siempre, que son realistas, posibilistas y me
atrevo a decir que incluso sensatos, y desde la sorpresa que nos ha
deparado el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a votar en contra
de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Tiene la palabra el señor Vaquero del Pozo, por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor VAQUERO DEL POZO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, creo que está claro que la batalla de las pensiones se ha
ganado por parte de los sindicatos y de las fuerzas políticas de la
izquierda, que pretendían que hubiera una subida de las pensiones más
allá de la voluntad del Gobierno que, finalmente, se ha visto
doblegado a tener que subir las pensiones por encima del IPC, que es
lo que parece que estaba previsto en la aplicación regresiva del
Pacto de Toledo, dejar congeladas las pensiones justamente en el
umbral del IPC. El IPC previsto era la subida que anualmente se tenía
que aplicar y punto. Pues no, parece ser que se ha desbordado esa
previsión, pese a que el Gobierno planteaba fuertes reticencias y
resistencias al principio de la polémica. Finalmente ha tenido que
dar su brazo a torcer, afortunadamente, gracias a la presión y a la
negociación de los sindicatos y de las fuerzas de izquierda.
Creo que eso es claro y patente, pero, en cualquier caso, si la
pasada batalla de las pensiones se ha ganado, sin embargo, la guerra
no ha terminado. Está claro que no ha acabado. Y no ha acabado,
primero, porque después de esa subida pactada por los sindicatos y el
Gobierno quedan más de 1.800.000 pensiones contributivas por debajo
del salario mínimo interprofesional, y más de 800.000 no
contributivas y residuales por debajo del 70 por ciento del salario
mínimo interprofesional, lo que a todas luces hace patente la
insuficiencia de la cuantía de las pensiones mínimas, todavía, a
pesar de que en el próximo año se suban tres puntos por encima del
IPC.
Por tanto, mientras las pensiones sigan siendo insuficientes
Izquierda Unida va a seguir planteando que es necesario revisar a
fondo la cuantía de las mismas, así como tiene que seguir adelante la
guerra por la dignificación y la suficiencia como criterios
constitucionales respecto de las pensiones. Además, porque se siguen
haciendo subidas de pensiones sin la referencia explícita a ese
elemento objetivable, externo, que es el salario mínimo
interprofesional en función del cual, con visión de futuro y de
proyección a largo plazo, tendría que hacerse la revalorización de
las pensiones para un futuro. El Gobierno y los sindicatos no han
tenido en cuenta esta reivindicación que han hecho Izquierda Unida y
mucha gente, incluidos presidentes de comunidades autónomas, también
del Partido Socialista, de plantear el salario mínimo
interprofesional como la referencia de la subida futura de las
pensiones.
Creo que la guerra de las pensiones va a seguir porque la comisión
prevista, y aprobada por todos la pasada semana, de revisión del
Pacto de Toledo, ni siquiera ha servido para remitir a ella todos los
elementos pertenecientes al tema de las pensiones. El presidente del
Gobierno ha anunciado la constitución de un fondo de
reserva concreto, y también ha anunciado un recorte de las
cotizaciones, en este caso de desempleo, por lo que ha sustraído de
esa comisión cuestiones tan importantes como la recomendación número
2, que es el fondo de reserva. Por tanto, señor Mardones, no le
extrañe que el Grupo Socialista haga lo que ha hecho el presidente
del Gobierno hoy mismo en la prensa.
En este sentido, estamos de acuerdo con esta moción y, por todas
estas razones, vamos a votar a favor de ella.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Vaquero.
Finalmente, el señor Camps, por el Grupo Popular.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, una semana más hablamos en este Parlamento de pensiones;
una semana más observamos posturas coherentes, serias, responsables y
otras que no lo son tanto; una semana más observamos conductas que
hacen bueno el dicho de mantenerla y no enmendarla, que no es ni más
ni menos que la conducta del grupo proponente.
Permítanme que diga al Grupo Parlamentario Socialista que, a nuestro
juicio, esta es una posición poco respetuosa; poco respetuosa con el
conjunto de grupos políticos que hace una semana acordaron aquí la
constitución de una comisión no permanente justamente para evaluar lo
hecho hasta ahora en el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto
de Toledo y para ver las líneas de futuro que deberíamos de acometer;
poco respetuosa con los agentes sociales que, como es su misión,
llegan a acuerdos con el Gobierno en una materia como esta; y hasta
poco respetuosa, si me lo permiten, con el funcionamiento
parlamentario. ¿Cómo calificarían ustedes una oposición que una
semana después de perder una proposición exactamente igual que la que
hoy presentan la repiten nuevamente y, por lo que he entendido a S.
S., la piensan seguir repitiendo una y otra vez? Si lo hubiera hecho
cualquier grupo político que era oposición cuando ustedes gobernaban,
prefiero ahorrarme los calificativos que habría merecido por parte de
SS. SS.
Lo que quieren hacer ustedes es mantener abierto, de forma
irreflexiva a nuestro juicio, un debate que ya no existe. No me
malinterpreten, señorías, pues veo sus aspavientos, mi grupo está
encantado de que lo sigan haciendo porque los únicos que se colocan
en entredicho, los únicos que muestran su incoherencia y su
irresponsabilidad cada vez que reproducimos un debate de esta guisa
son ustedes, el Grupo Parlamentario Socialista. Por nosotros, sigan
planteándolo semana tras semana, no tenemos inconveniente, pero
permítanme que se lo diga con tristeza.
Se lo digo con tristeza porque el Partido Socialista Obrero Español
ha hecho mucho por el sistema de protección social de nuestro país,
ha hecho mucho. Ha conjugado errores con aciertos. Es verdad que a
veces, normalmente cerca de procesos electorales, cometían
ciertas veleidades y hacían discursos que no estaban de acuerdo con
su gestión de gobierno, pero hoy, desde la oposición, están
dilapidando ustedes ese capital político manteniendo actitudes como
la de hoy en esta Cámara. Y, señorías, lo tenemos que observar con
tristeza y con pena porque tengo la impresión de que no están ustedes
dispuestos a rectificar.
Todo este debate les ha pillado con el paso cambiado. Cuando en esta
Cámara, hace una semana, acordamos -hasta con su voto- constituir la
comisión de evaluación de las recomendaciones del Pacto y su
desarrollo futuro, ustedes nos respondían diciendo: No, hay que subir
las pensiones mínimas, sin consenso y por decreto. Cuando, el jueves
pasado, el Gobierno de este país, del Partido Popular, llegaba a un
acuerdo con los sindicatos mayoritarios, justamente, para subir las
pensiones mínimas (además refrendado ya por los partidos políticos
que quisieron participar de un consenso político también), ustedes
nos seguían diciendo lo mismo: Hay que subir las pensiones, sin
consenso y por decreto. Sin ir más lejos, el miércoles pasado su
portavoz presentó aquí una interpelación sobre el cumplimiento de las
recomendaciones del Pacto de Toledo -que me parece una materia
amplia, por no decir amplísima- y la moción subsiguiente de SS.SS. se
limita únicamente a seguir pidiendo la subida de pensiones, sin
consenso y por decreto.
A mí me parece, señorías, que en esta materia ustedes se están
equivocando porque intentan patrimonializar nuestro sistema de
Seguridad Social. Son ustedes los que quieren asumir únicamente la
responsabilidad de que se suban las prestaciones en este país y me
parece que, más bien, es a pesar de ustedes por lo que se van a subir
las prestaciones mínimas en este país. Ya no son el Gobierno de esta
nación, hace tiempo que han dejado de serlo. Los tiempos han cambiado
y en este país, señores del Partido Socialista, ya no se recortan las
pensiones por decreto, pero tampoco se suben las pensiones sin
consenso y por decreto. Ténganlo en cuenta. (Rumores.) Las pensiones
se suben por consenso social, con plena participación política de los
grupos de esta Cámara; participación a la que, si me lo permiten, les
invitamos a sumarse, pero con un espíritu constructivo, no con
exigencias inadmisibles como la que han planteado hoy. (Rumores.)
Señorías, sabemos que es difícil. Ya sabemos que ustedes estaban
acostumbrados a gobernar contra los agentes sociales (Protestas.), ya
sabemos que ustedes estaban acostumbrados a gobernar aplicando
aquello que llamaron el rodillo parlamentario, pero también estamos
completamente seguros de que ustedes pueden hacer un esfuerzo,
olvidar aquellas formas y ser capaces de llegar a amplios consensos
en esta materia, que creo que esperan los pensionistas de nuestro
país. Los tiempos cambian, señorías, y ustedes deberían cambiar con
ellos, porque si algo saben los pensionistas de este país, hoy, es
que el año que viene (El señor Gimeno Marín: ¿Y éste, el 99?
Rumores.-La señora Fernández de la Vega Sanz: En 1999, nada.) sus
pensiones subirán por cuarto año consecutivo, y especialmente las
prestaciones más bajas. Y ello es posible, no porque ustedes lo
digan, señorías. Ello es posible porque ha habido un consenso social
-en el que ustedes no han participado y casi han intentado dinamitar-
y porque va a haber un amplísimo consenso político en la materia,
pero también -si me lo permiten- porque el sistema de Seguridad
Social, gracias a la política económica y de empleo de este Gobierno,
hoy presenta déficit cero para el año 2000 y se pueden acometer
medidas como éstas. Pero le diré más. Es posible también por el
esfuerzo de la sociedad española, que ha creado en estos últimos tres
años 1.600.000 nuevos puestos de trabajo que, al final -ese récord de
empleo y de afiliación-, es la garantía de las pensiones de hoy y de
la pervivencia futura de nuestro sistema de Seguridad Social.
(Rumores.)
Hoy, señorías, ustedes pueden pretender lo que quieran. Pueden seguir
en esa dinámica de intentar hacer de nuestros mayores campo de
batalla electoral, de seguir dando paguitas, aguinaldos, en las
comunidades donde ustedes gobiernan (Rumores.) o de seguir
defendiendo que los pensionistas de este país cobren de manera
distinta en función de la comunidad en la que residan. Pueden hacer
eso o pueden, si quieren, sumarse al consenso político, pero no nos
digan ciertas cosas, porque no las podemos admitir. No nos digan que
medidas como las que esta Cámara seguramente sustentará después del
acuerdo Gobierno-sindicatos son medidas electoralistas porque se van
a subir las pensiones el 31 de enero del año que viene. ¿Qué quieren
que hagamos? ¿No subimos las pensiones en contra de sus propuestas o
modificamos la Constitución para que las legislaturas duren más de
cuatro años? (El señor Gimeno Marín: No hemos dicho nada de eso.-
Rumores.) Señores socialistas, deberían ser medianamente serios
cuando hacen afirmaciones como ésas. ¿No es electoralista votar hoy a
favor de su moción y que suban las pensiones el 31 de diciembre, pero
sí que sería electoralista que subieran el 31 de enero? ¿El
electoralismo depende, señorías, de que ustedes lo propongan o lo
propongan otros grupos de esta Cámara? Me parece que cabe ser más
serio en esta materia.
Les animo, les sigo animando a que apoyen la subida de las pensiones
mínimas, contributivas o no, cuando llegue a esta Cámara en el debate
de presupuestos. Además, les comunicamos que mi grupo, en cuanto esté
constituida la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, va a
exigir la inmediata presencia del Gobierno para que dé explicación de
las medidas que se van a contener en esa ley de presupuestos, en
virtud del pacto alcanzado con los sindicatos, y de las que entiendan
oportunas, en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de
Toledo. Pero lo que no pueden hacer, señorías, es exigir a este
Gobierno lo que ustedes no hicieron durante trece años de mandato y
que, además, podían haber hecho, porque eso se llama simple
y llanamente cinismo político. Algunos de mis antecesores
en el uso de la palabra les han recordado que su discurso es
tan cambiante como el de los candidatos a presidente del Gobierno, yo
casi me atrevería a decir que como el de los portavoces en esta
materia, que también han sido varios a lo largo de esta legislatura.
Entiendo que no les quede más remedio, señorías. Les recuerdo -por si
ustedes no lo hacen- que al inicio de esta legislatura decían que las
pensiones correrían un grave riesgo en este país cuando gobernara el
Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Camps, vaya concluyendo, por favor.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señor presidente.
El Partido Popular ha gobernado y, durante tres años, las pensiones
no sólo no se han dejado de cobrar, sino que han subido mucho más de
lo que lo hicieron en trece años de Gobierno socialista. Entonces,
como ese discurso ya no les interesaba, decidieron acusarnos de
insensibilidad social, de que no distribuimos adecuadamente la
riqueza y de que el crecimiento económico no tiene su reflejo -hoy lo
ha repetido aquí el señor Gimeno- justamente en las prestaciones de
los más desfavorecidos. Pues escuche la respuesta a esa acusación:
consenso social. Un consenso social que va a permitir subir
justamente las prestaciones de los más desfavorecidos, de los que
ustedes, por cierto, también se olvidaron durante trece años de
Gobierno socialista. (Rumores.-Una señora diputada: ¡Mentira!)
El señor PRESIDENTE: Termine, señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Acabo ya, señor presidente.
Hoy, dentro y fuera de esta Cámara, dicen ustedes cosas completamente
contradictorias e incoherentes. Dentro de esta Cámara, justamente en
la interpelación que daba pie a esta moción, el señor Griñán nos dijo
que nunca podría acusar a este Gobierno de quebrantar el Pacto de
Toledo, y tenía razón, porque no se puede acusar a este Gobierno de
quebrantar el Pacto de Toledo. Fuera de esta Cámara, portavoces del
Grupo Socialista nos dicen que lo que hay que discutir es el
incumplimiento del pacto de Toledo que se ha producido. Deberían
ponerse de acuerdo entre ustedes mismos o, si me lo permiten, con los
presidentes de sus comunidades autónomas, que, como ha hecho también
el señor Gimeno hoy -y acabo, señor presidente-, han preguntado qué
consenso existe si el presidente del Gobierno ya anuncia no sólo la
creación sino la dotación de un fondo de reserva -por cierto, señores
del Partido Socialista, en cumplimiento de las recomendaciones
vigentes del Pacto de Toledo-. Además dicen que eso debía haberse
producido hace cuatro años (Una señora diputada: Eso, eso.). Flaca
memoria, señorías, porque hace cuatro años quienes gobernaban en este
país eran ustedes. ¿Recuerdan qué fondo de reserva crearon ustedes en
los presupuestos del año1996, que esta Cámara rechazó en el año 1995?
Ninguno.
¿Recuerdan cuál fue la dotación de aquel fondo? Como no existió, es
bien fácil: cero millones de pesetas (Rumores.) Al menos, sean más
consecuentes con las propuestas y afirmaciones que hacen.
Concluyo, señor presidente, diciendo que hoy los pensionistas de este
país están más tranquilos que hace cuatro años; hoy los que aspiran a
ser pensionistas en este país están más seguros que hace cuatro años;
los únicos intranquilos son los miembros del principal grupo de
oposición de esta Cámara, porque cada día están más lejanos de ser
poder y eso, evidentemente, les incomoda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camps.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA MODIFICAR LA POLÍTICA SEGUIDA
HASTA LA FECHA CON INDONESIA, ASÍ COMO LAS INICIATIVAS REALIZADAS
ANTE LA ONU Y LA UNIÓN EUROPEA QUE TENGAN COMO FIN GARANTIZAR EL
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA MANIFESTACIÓN DE SOBERANÍA
POPULAR EXPRESADA DÍAS ATRÁS EN EL REFERÉNDUM REALIZADO ACERCA DE LA
INDEPENDENCIA DEL PUEBLO DE TIMOR. (Número de expediente 173/000158.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción que formula el Grupo Federal
de Izquierda Unida, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para
modificar la política seguida hasta la fecha con Indonesia, así como
las iniciativas realizadas ante la ONU y la Unión Europea que tengan
como fin garantizar el respeto a los derechos humanos y a la
manifestación de soberanía popular expresada días atrás en el
referéndum realizado acerca de la independencia del pueblo de Timor.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra, en nombre de
Izquierda Unida, su diputado don José Luis Núñez Casal.
El señor NÚÑEZ CASAL: Señor presidente, señorías, nuestra moción
viene motivada por un resultado negativo en la petición al señor
ministro de Asuntos Exteriores de algo muy simple: el reconocimiento
del error cometido en la política exterior del Gobierno respecto al
régimen de Indonesia. La petición era mínima, era simplemente
reconocer el error. Frente a esta petición ha habido -repetimos- una
negativa por parte del señor ministro. Por tanto, ahora tiene que ser
la Cámara la que exprese su opinión al respecto.
Es comprensible que al señor ministro le cueste reconocer los
errores, ya menos comprensible sería que de la sensibilidad de esta
Cámara no resultara un apoyo a ese reconocimiento. La cosa es
francamente sencilla: Occidente ha apoyado desde 1975 a una dictadura
que
se ha cimentado, ya lo decíamos el otro día, sobre una represión
brutal al grito de: fuera los comunistas de Indonesia, que ocasionó
miles de muertos.
Con la excusa de mantener un control sobre el posible renacimiento de
esa mayoría comunista, en Indonesia se ha asesinado, en Indonesia se
ha masacrado, en Indonesia no se han respetado los más elementales
derechos humanos. Hay un claro ejercicio de hipocresía por parte de
los países occidentales bien pensantes. En la ONU se aprueban
sucesivamente una serie de pronunciamientos, de resoluciones que
condenan la invasión en el año 1975 de Timor Oriental por parte de
Indonesia. Mientras se hace esto, esos mismos países que votan en la
ONU están apoyando económica y militarmente al régimen de Indonesia.
Esos ejercicios de hipocresía lamentablemente se repiten con una
obstinación que supera el límite de la paradoja y que entra en la
posiblidad de crítica más profunda desde la defensa auténtica y no
fingida de los derechos humanos.
Ejemplos de lo que ocurrió en Indonesia podrían ponerse muchos, no es
necesario repetirlos: la masacre de Santa Cruz en Dili en 1991 fue
una de las más lamentables; prisiones de doce, de veinte años; burlas
de los tribunales indonesios a las libertades condicionales
o prolongación sin juicio durante mucho tiempo de prisiones
preventivas; aplicación de penas de muerte a través, simplemente, de
liquidación física por encima de cualquier tipo de proceso, ni
siquiera fingido. Ante esto -insisto- hay un apoyo económico y de
material bélico.
El Gobierno de la nación cuando entra en 1996 no realiza ningún tipo
de medida que corrija lo anterior. Las ventas de material bélico
prosiguen, los aviones de transporte, los simuladores de vuelo,
aquellos productos de carácter dual que sirven para usos militares y
civiles también están ahí.
En la Comisión de Asuntos Exteriores se alcanzó un acuerdo. Es lógico
que se hubiera alcanzado este consenso porque se estaba hablando del
futuro, se estaba hablando de conseguir que la independencia, que la
voluntad expresada por el pueblo de Timor fuera una realidad. Sin
embargo, al lado de ese consenso hay que sumar la crítica al pasado y
hay que completar cuál es el núcleo de responsabilidades a exigir
porque Occidente tiene un cupo alto de responsabilidad en lo que ha
ocurrido.
Estoy seguro de que quizá hoy se produzca un hecho que se repite
excesivamente en el escenario internacional y en general en la
política: el Grupo Popular, cómo no, va a defender a su ministro; el
Grupo Popular, cómo no, va a defender a su Gobierno, y va a votar en
contra. Y veremos cómo el pueblo español comprobará que el Congreso
de los Diputados no tiene sensibilidad para manifestar que se ha
cometido esa política errónea -y fíjense que digo errónea, que es un
término altamente generoso; se podría aplicar otro más adecuado-.
Comprobará que el Congreso no ha tenido esa sensibilidad. Pero dentro
de dos, de tres, de cuatro años, desde el Departamento de Estado, si
sigue la señora Albrigth con esa especie de didáctica y de pedagogía
para los sucesores que haya, dirán: Nos equivocamos en Timor. El
Gobierno español que esté en esos momentos también dirá: Hubo un
error sobre Timor. ¿Acaso no hay aquí toda una serie de
representantes que han dicho: Esa dictadura lamentable de Pinochet, a
la cual se vendía aparato de represión directa para que las fuerzas
de orden público en las manifestaciones obtuvieran más éxito? Pero
ahora todo el mundo dice: Pinochet ha cometido brutalidades en Chile,
Pinochet ha cometido torturas y ha realizado acciones que se pueden
calificar como criminales.
Pues bien, ¿por qué no queremos reconocer que Suharto ha sido una
dictadura brutal y sangrienta, de las más brutales que han existido
dentro del escenario internacional? ¿Por qué no queremos reconocer
que, cuando se estaba realizando esto, las exigencias del juego de la
globalización económica y los intereses han provocado una ayuda
generosa para salvar la crisis económica del sureste asiático?
Yo no tengo por qué tener ya más optimismos infundados -quizás el
otro día me desbordé en ese optimismo-, sobre todo cuando veo que el
Grupo Socialista ha hecho una enmienda en la cual se evade de
condenar la política del Partido Popular. A mí se me ocurre lo
siguiente: ¿Qué inconveniente tiene el Grupo Socialista en decir que
la política del Grupo Popular y del Gobierno popular es errónea?
¿Acaso tienen miedo de que se plantee alguna visión de pinza por
parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida con el Partido
Popular? ¿Por qué hace una enmienda de sustitución en vez de una
enmienda de adición? Realmente es poco comprensible que le moleste al
llamado partido mayoritario de la oposición condenar la política del
Gobierno. Pero así son las cosas. Nosotros sí queremos decir que esa
política es errónea; sí queremos pedir a la Cámara que así lo
manifieste.
Me gustaría que pudiera existir alguna posibilidad de transacción,
pero parece ser que la única transacción puede ser con el Bloque
Nacionalista Galego y para mí es una satisfacción, como gallego, que
en la primera moción que yo defiendo y la primera enmienda que veo de
mis paisanos pueda aceptarla. Cousas ben feitas, ben feitas están.
Por tanto, esa enmienda sí se admitirá. Y pido disculpas a los
taquígrafos, pero la frase en gallego es corta y creo que no habrá
ningún problema en que la puedan transcribir.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez.
Se han presentado, efectivamente, a la moción enmiendas, dos por
parte del Grupo Mixto, a las que se ha referido el señor Núñez,
porque otra es del señor Saura, y a su vez una por el Grupo
Socialista.
Para la defensa de su enmienda, tiene, en primer lugar, la palabra el
señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, nuestras enmiendas son de adición. (El señor García-
Santesmases Martín-Tesorero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rodríguez.
Señor García-Santesmases, su enmienda, en la documentación que obra
en poder de la Presidencia, es posterior a la del Grupo Mixto. A
continuación intervendrá S.S.
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Decía que nuestras enmiendas son de adición a la moción presentada
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en la medida en que
compartimos el espíritu de la proposición no de ley del grupo
proponente. Las adiciones que presentamos están movidas por una
valoración de lo sucedido en los últimos meses y días. En concreto,
en relación con el régimen de Indonesia, quiero dejar claro que lo
más peligroso no son solamente las actuaciones de bandas armadas que
aterrorizaban a la población de Timor Leste en el pasado sino también
el terror, incluso el descontrol, que aparentemente no puede ser
debidamente conducido por el Gobierno de Yakarta y que está
posibilitando que no tengamos seguridad de ningún tipo de que dentro
de la sociedad de Timor no siga habiendo todo tipo de violaciones de
los derechos humanos. En segundo lugar, la permisividad del Gobierno
de Yakarta respecto de acceder a la presencia de una fuerza
multinacional está abiertamente sesgada porque los Estados
participantes no van a ser controlados directamente por la
organización internacional que es la ONU sino, a nuestro juicio, por
un peón de Estados Unidos en el sureste asiático. En tercer lugar,
porque sería grave que, dando apariencia ahora de un conflicto
interno y de descontrol, no se respetasen los resultados del
referéndum de autodeterminación que se celebró el 30 de agosto de
1999. Además, pensamos que la presencia de cualquier gendarmería
multinacional en este caso no se debe esconder en el pretexto del
respeto por la soberanía y por la unidad territorial de Indonesia
para no respetar efectivamente lo que fueron los resultados del
referéndum. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
Nuestras enmiendas también están basadas en defender la credibilidad
y el derecho a tener poder por parte de la organización de las
Naciones Unidas, la claridad de los objetivos en que debe basarse la
negociación bajo el amparo de la ONU entre Indonesia-Portugal y el
frente de liberación de Timor Leste para que la población sea
respetada y para que exista ese respeto que conduzca a la paz y a la
independencia.
Por último, queremos decir que cualquier problema humano no puede
oscurecer la responsabilidad política de la comunidad internacional.
En este sentido, nos va
la vida en el funcionamiento de esta organización que es la ONU, que
lleva recibidos muy duros golpes en los últimos tiempos, después de
ser manipulada unilateralmente y con grave quebranto de la legalidad
internacional. Esperemos que en este caso podamos, con el esfuerzo de
todos, conducir las cosas en otra dirección para bien del pueblo de
Timor, para bien de la población de Indonesia y para bien de la
comunidad internacional.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García-
Santesmases.
El señor GARCÍA-SANTESMASES MARTÍN-TESORERO: Señor presidente,
señorías, he subido a la tribuna, señor Núñez, para poder verle bien,
porque, aunque podía haber intervenido desde el escaño, hubiera sido
más difícil que nos hubiéramos podido entender.
El problema de las enmiendas que nosotros presentamos no es que
nosotros queramos evadirnos o no de la política del Gobierno.
Queremos ser coherentes con lo que su grupo y todos los grupos de
esta Cámara habíamos aprobado el día anterior en la Comisión de
Asuntos Exteriores. En esa Comisión de Asuntos Exteriores aprobamos
ayudar al pueblo de Timor, mandar ayuda humanitaria, aprobamos
condenar lo que había ocurrido, llamamos la atención de la comunidad
internacional, dijimos que era imprescindible que se aceptara y se
garantizara el cumplimiento de la voluntad libremente expresada por
el pueblo de Timor. Y, además de todo, ante un texto que tenía su
grupo, se optó por una transaccional que decía: Se insta al Gobierno
a remitir con urgencia a esta Comisión de Exteriores un informe sobre
los contenidos y componentes de la cooperación española con Indonesia
a la luz de lo dispuesto en la Ley de Cooperación.
Si de ese informe resulta que el Gobierno debe ser condenado, que hay
que rechazar como errónea o como contraria a los principios de la Ley
de Cooperación la política del Gobierno, naturalmente que hay que
hacerlo. Pero lo que nosotros tenemos que discutir hoy aquí es lo
siguiente: ¿Qué nos interesa hacer, que toda la Cámara, con cierta
solemnidad, dando la importancia al tema que tiene, que es de las
pocas mociones que vienen de la Comisión de Exteriores, logremos por
unanimidad aprobar una condena de la política desarrollada por la
dictadura en Indonesia, que signifique una llamada a defender los
principios de las Naciones Unidas, que reconozca los errores de la
comunidad internacional?
Evidentemente, si estamos dispuestos a eso, con las enmiendas que
nosotros hemos presentado o llegando a una transaccional, podemos
llegar a un acuerdo. Ahora, si nosotros queremos poner aquí, como
está en el texto que usted presenta, el punto concreto de criticar
la errónea política del Gobierno, obviamente en ese tema el Grupo
Parlamentario Popular no la aprobará. A nosotros nos va a plantear un
problema, que es el siguiente: como estamos de acuerdo con el resto
de la proposición, pero por otro lado consideramos que debemos todos
atenernos a la coherencia de lo que hemos aprobado el día 14,
naturalmente no podemos votar en contra de usted, pero no podemos
votar a favor de lo que significa rechazar una política hasta tener
los datos que hemos solicitado. Esperemos a tener los datos y hagamos
ese juicio de valor. No vayamos a la idea de que el juicio de valor
tiene más importancia que el problema de fondo.
El problema de fondo es un problema de tal gravedad que personas de
una ideología completamente distinta a la suya, como por ejemplo el
escritor Mario Vargas Llosa, dice cosas sobre este tema casi
textualmente idénticas a la que ha dicho usted. Dice: Si, en el caso
de Kosovo, la existencia en esa región de dos comunidades rivales con
títulos ancestrales para evitarla, los serbios y los albaneses,
planteaba cierto dilema moral, en el de Timor Oriental todo es
diáfano. En el artículo publicado el domingo pasado, Un punto en el
océano, vuelve a decir: Lo que nos jugamos es los principios de
Naciones Unidas y el peligro está en llegar a una situación según la
cual estos principios de bregar por la justicia y la paz sirven sólo
cuando el país o el régimen que los transgrede y violenta es débil,
insignificante, pobre y desvalido.
Esta es la situación. Tiene usted toda la razón en decir que
Occidente, en cuanto tal, y las propias Naciones Unidas, tienen que
asumir su responsabilidad, pero no basemos la gravedad del tema
únicamente en una cuestión que está pendiente de un informe que tiene
que llegar a la Cámara y que puede hacer que, al terminar hoy aquí,
la noticia no sea que el Parlamento español, por unanimidad, está
dispuesto a colaborar activamente en la resolución de la crisis. El
Gobierno podría hacer bastante más en este tema.
Cuando usted habla de errónea política, no es sólo en el tema de que
hay que esperar a la Ley de Cooperación. Tendría que plantearse la
pregunta que hice al ministro el miércoles pasado: ¿Qué relevancia ha
dado el Gobierno en su agenda política a este tema? Ya ve usted lo
que dice el señor Vargas Llosa: el tema es diáfano. Cuando no era
diáfano, que era en Kosovo, el ministro de Defensa, hoy ausente, se
inflaba retóricamente a decir de manera clara quiénes eran los buenos
y quiénes eran los malos. Lo recordé desde el escaño el miércoles
pasado. Hablábamos de un Kosovo multiétnico. ¿Quién puede decir hoy
que está garantizado un Kosovo multiétnico? ¿Quién puede decir que el
nacionalismo étnico no sigue triunfando en la antigua Yugoslavia?
Pero, evidentemente, en este caso es distinto. En este caso es
diáfano, en este caso hay una resolución de Naciones Unidas, en este
caso hay un pueblo que va a votar, en este caso nos jugamos la
credibilidad de una comunidad que llama a un pueblo a votar y que
resulta que después las fuerzas paramilitares, los militares
indonesios apoyando a esas fuerzas, reprimen a ese pueblo y no le
conceden ese derecho. Esto lo dijimos en la Comisión no sólo
nosotros, lo dijo el señor Guardans, al hablar de un texto de Miguel
Roca sobre el mismo tema, lo dijo el señor Rodríguez, lo dijo el
señor Saura. ¿Por qué no logramos hoy aquí que con solemnidad el
Parlamento español plantee con claridad que todo él está por este
asunto y dejamos el asunto del enjuiciamiento de la política de éste
o de gobiernos anteriores a que venga ese informe? Eso es lo que yo
le pido, señor Núñez, y es por lo que he hecho esta enmienda. No me
he querido evadir, no me he querido escapar. Simplemente he querido
ser coherente con el texto que el día anterior habíamos aprobado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor García-Santesmases. ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi intervención va a estar acortada, para no reiterar los argumentos
que muy sensatamente el señor Santesmases ha expuesto, incluso con
antecedentes de lo que habíamos aprobado el día anterior en la
Comisión de Asuntos Exteriores.
Mi grupo no puede apoyar literalmente esta moción en el texto
originalmente previsto por el grupo proponente y se inclinaría, de
haber la aceptación por el grupo proponente, por el texto exacto que
ha propuesto en su enmienda el Grupo Parlamentario Socialista y que
ha defendido el señor Santesmases. ¿Por qué digo esto? Vista la
moción del Grupo Federal de Izquierda Unida, resulta que todo lo que
ha ocurrido y está ocurriendo en Timor Oriental -conculcación por
parte del Gobierno indonesio de derechos humanos, descontrol de los
paramilitares indonesios con el amparo y anuencia del propio ejército
indonesio, enviado allí teóricamente para respetar un acuerdo de las
Naciones Unidas-, que de toda esa conculcación de derechos en esta
moción a quien se hace responsable es al Gobierno español, a la
política del Gobierno español, sin decir desde qué momento. Una
política de cooperación y comercial con Indonesia se ha mantenido por
el actual Gobierno del Partido Popular, se mantuvo por el pasado
Gobierno del Partido Socialista Obrero Español y en los inicios de la
democracia se mantuvo por el Gobierno de Adolfo Suárez, de Unión de
Centro Democrático. Ahí está el prototipo y el proyecto compartido
del avión caza Nurtanio, que viene desde muy atrás.
Dicho esto, alguien pudiera creer que la solución del problema
pudiera estar en que el Gobierno español cesara todo tipo de apoyo
económico y de venta de material bélico a Indonesia. A mí me parece
que la
solución del problema no está ahí. Ojalá pudiéramos decir que
estuviera ahí, en que el Gobierno español fuera una gran
superpotencia y que con cortar el grifo a los indonesios de ayuda
económica o de cooperación y de material bélico quedara solucionado
el problema y que la población de Timor Oriental podría estar
disfrutando del resultado de su referéndum. No seamos ingenuos.
Mi grupo apoyaría la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
porque entiende que está basada en una racionalidad, y no abundo en
más palabras de las que ha dicho el señor Santesmases, pero que
también está basada en un sentido de solidaridad internacional en el
marco de Naciones Unidas, está amparada por un principio de
responsabilidad de un partido que ha estado en el Gobierno, sin que
esto sea entreguismo a ninguna cosa peyorativa, y está inspirada por
un sentido común, que es lo que nos hace falta en este momento, a la
altura de las circunstancias y desde un lunes, en que ya hay una
fuerza expedicionaria militar de las Naciones Unidas, bajo predominio
australiano, para imponer el principio de respeto a los derechos
humanos y a los acuerdos de las Naciones Unidas. Los acuerdos de este
Parlamento tienen que ser sintonizados, concordantes y consecuentes
con eso.
Lo que hay que apoyar aquí es colaborar activamente en resolver la
grave crisis, colaborar, como propone la enmienda socialista, dentro
de un marco internacional tutelado por las Naciones Unidas, colaborar
con las mismas Naciones Unidas y, ante esa violencia desatada,
prestar todos los apoyos logísticos que la potencia media española
pueda, sobre todo en esa área tan lejana del Pacífico oriental.
Por consiguiente, señores del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
mi grupo no puede votar a favor de ese texto, literalmente, pero se
sentiría muy cómodo si ustedes aceptasen la enmienda, sensata,
razonable y de sentido común del Grupo Socialista. Entonces sí
votaríamos a favor.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Hay que reconocer que el contenido de esta moción, cuyo tenor
lamentamos, al menos es sincero, es más sincero que el título con el
que aparece en el orden del día del «Diario de Sesiones», que puede
haber llevado a confusión a los que se plantean qué es lo que estamos
debatiendo aquí. Por tanto, la intervención del portavoz de Izquierda
Unida ha sido en ese caso, insisto, sincera y clarificadora. Aquí no
estamos hablando de Timor, no han traído ustedes esta moción
intentando aportar a esta Cámara el sentir de la mayoría de los
ciudadanos españoles, preocupados por la situación de la
violación de los derechos humanos en Timor o por la pacificación
actualmente en el marco de las Naciones Unidas; no se preocupan
ustedes por lo que puede o no puede hacer España en este momento para
contribuir a ese proceso de pacificación. Ustedes han traído aquí una
bronca política, lo cual es una estrategia perfectamente respetable,
pero en un tipo de juego estrictamente partidario que nosotros no
suscribimos y menos aún tomando como arma arrojadiza contra el
Gobierno algo que nos parece muy serio y en lo que es importante que
busquemos todos posiciones de consenso como es la situación por la
que pasan en este momento los ciudadanos de Timor.
Respetamos, por supuesto, el derecho de Izquierda Unida de convertir
esto en un debate de politiqueo partidista de intentar poner en
evidencia aquí o allá a este Gobierno o al anterior. Nosotros
preferimos ceñirnos a un problema que se plantea en este momento como
es el respeto a los derechos fundamentales en Timor, la situación de
pacificación en la isla. Creemos que eso, que es un problema de
presente y de futuro, es lo que debe merecer la atención de esta
Cámara. Tenemos la enorme satisfacción de que en su momento la
Comisión de Asuntos Exteriores pudiera aprobar por unanimidad, es
decir, también con el apoyo de su grupo, un texto en positivo en el
que quedó clara la voluntad unánime de todas las fuerzas políticas
españolas de apoyar el proceso iniciado con el referéndum de Timor,
de apoyar el despliegue llevado a cabo por Naciones Unidas y de
apoyar, por tanto, el papel que el Gobierno español tiene que
desarrollar allí, sin perjuicio de que se le pidiera -y en eso
también mi grupo le dio apoyo- al Gobierno un mandato de presentación
de un informe acerca de la situación de la cooperación con Indonesia,
punto que nosotros suscribíamos y seguimos suscribiendo. Ésa es,
entiendo, la posición hasta ahora no alterada del Parlamento español
sobre el tema de Timor, a esa posición nosotros nos remitimos y este
tipo de juegos, de bronca política estrictamente partidaria y de ir
al desgaste de tal o cual ministro, nos parece una estrategia
política respetable pero no nos podemos sumar a ello.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias, señor presidente.
Al finalizar mi intervención el jueves pasado, en el transcurso del
debate de la interpelación urgente que su grupo presentó, le pedí,
señor Núñez, que enfocara la moción que iba a presentar y que ahora
tenemos encima de la mesa de forma muy diferente a cómo desarrolló su
argumentación en su anterior iniciativa. Concretamente le sugerí que
abandonara el terreno de la búsqueda de responsabilidades, que
podemos entender
lógico en el marco de lo que es una interpelación urgente, y que
se adentrara en la búsqueda de soluciones, dado el momento crucial,
dado el momento complicado de máxima expresión de la violencia que
estaba acaeciendo en Timor Este. Entendíamos que era lo
verdaderamente prioritario.
Lamentablemente vemos que no ha sido así. Usted ha optado, quizá como
estrategia, por buscar la confrontación en algo que hace muy pocos
días era comunión, presentando una moción que, entre otras muchas
cosas, descubre importantes contradicciones en sí misma. Por ejemplo,
en el primero de los puntos se insta al Gobierno a rectificar una
actitud que está enmarcada en lo que posteriormente, en el segundo
punto, usted mismo solicita; una moción que ha conseguido romper la
coincidencia en el espíritu que embarga a todos los grupos en pro de
encontrar soluciones para paliar lo antes posible los devastadores
efectos de la espiral de violencia que hay en Timor, espíritu que
creíamos quedaba suficientemente plasmado en lo que fue la
proposición no de ley que aprobamos en la Comisión de Exteriores de
la semana pasada.
No obstante, y a pesar de su estrategia, no le quepa la menor duda,
señor Núñez, que el Gobierno de España estará en predisposición, como
pide en la moción, de ayudar a Naciones Unidas. No porque lo diga el
Grupo Popular en condición de grupo que da apoyo legislativo al
Gobierno, ni porque lo diga yo, muchísimo menos, sino por algo tan
obvio como que secundar a Naciones Unidas en el tema de Timor Este
viene haciéndose desde siempre, por este Gobierno y también por los
gobiernos anteriores. España -le recuerdo- apoyó, formando parte del
grupo de países amigos de Timor Este, el acuerdo tripartito entre
Indonesia, Naciones Unidas y Portugal; nunca reconoció la anexión de
este país por parte de Indonesia y siempre se ajustó a las
resoluciones de Naciones Unidas sobre el territorio. Son palabras que
han sido expresadas suficientemente, tanto en la Comisión como en el
Pleno, por parte del ministro.
De todas formas, lo que yo considero verdaderamente importante, y que
ya se ha mencionado aquí por parte de otros grupos, es la situación
de hoy, que es muy diferente a la que se vivía cuando discutíamos
sobre esta cuestión la semana pasada. Hoy, a diferencia del jueves
pasado, tenemos 2.500 soldados de la Interfet patrullando las dos
principales ciudades de Timor, Dili y Baucau. Además -y esperemos que
sea un presagio para el futuro de su misión en Timor-, lo están
haciendo sin necesidad de disparar ni un solo tiro y sin incidentes y
paralelamente, junto a la Interfet, también tenemos en Timor a la
Unamet, con el objetivo principal de colaborar a la reconstrucción
del país y hacer que se cumpla lo que el pueblo de Timor expresó tras
la celebración del referéndum del 30 de Agosto. Repito, esto es lo
verdaderamente importante y, como tal, nuestro Gobierno ya viene
reclamando desde hace bastante tiempo la necesidad de llevar a efecto
lo que hoyes una realidad.
Y defiendo, como usted bien ha anticipado, al Gobierno de España.
España defendió desde el primer momento la idea de desplazar un
contingente multinacional a la zona y ya tenemos al contingente
operando sobre el terreno; España manifestó la necesidad de que las
fuerzas multinacionales de paz actuaran bajo mandato del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas y el 15 de septiembre se hizo válido
este mandato de Naciones Unidas; y España consideró importante que la
mencionada resolución, para que tuviera mayor consistencia, fuera
apoyada por el propio Gobierno de Indonesia y el presidente Habibi
así lo hizo saber y, por ahora -y esperemos que también sea otro buen
presagio de cara al futuro-, el ejército indonesio no está poniendo
excesivos problemas al desarrollo de la misión de las fuerzas
internacionales.
Tras lo argumentado, entendemos que la política desarrollada en la
zona por España, antes y ahora, se puede calificar de todo menos de
errónea, que es lo que usted hace constar en la moción. A nuestro
entender, erróneos son los planteamientos de quienes hoy todavía
quieren concebir las actuaciones de la política exterior al margen de
las organizaciones supranacionales, Naciones Unidas y la Unión
Europea, a las que pertenecemos. Lamentamos que, en un intento de
recuperar el consenso de la Comisión de Exteriores, no haya sido
capaz de avenirse a alguna propuesta que se ha hecho por parte de
otros grupos y, en definitiva, no podamos sacar un texto consensuado
por el Pleno. Si no es así, como interpretamos, nos veremos obligados
a votar en contra el texto de su moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor Núñez, su señoría debe expresar la aceptación o no de las
enmiendas presentadas a su iniciativa.
El señor NÚÑEZ CASAL: Señor presidente, yo no dudo de que, dada su
amabilidad, si la motivación -creo que debe existir una motivación
respecto a la aceptación o no de las enmiendas- acaso supera
ligeramente el tiempo, su flexibilidad condonará ese exceso.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Núñez, su
señoría no tiene un tiempo limitado siempre y cuando se limite a
verbalizar la aceptación o no de las enmiendas, sin entrar de nuevo
en debate con ninguno de los intervinientes.
El señor NÚÑEZ CASAL: De acuerdo, señor presidente. De todas maneras,
comprenderá el señor presidente que tengo que decir por qué no admito
una enmienda y por qué no admito la otra.
No admito la enmienda del Partido Socialista, simplemente porque da
la impresión de que niega la posibilidad de contemplar el futuro y de
plantear una interpelación que necesariamente es un instrumento
parlamentario que exige una crítica al Gobierno. Por lo
tanto, aquel tipo de críticas que puedan realizarse sobre este tipo
de iniciativa, intentando llevarlas a la caricatura y planteando que
se pretende criticar al Gobierno como único responsable de lo que
ocurre en Timor, simplemente demuestran poca atención a lo que supone
el Reglamento de la Cámara.
Yo estoy seguro de que al señor Santesmases le agrada verme la cara
en el pasado, en el presente y en el futuro. Lo que más me agradaría,
señor Santesmases, es que pudiera votar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Núñez, le
ruego que no personalice en su intervención. No estoy dispuesto a que
se abra un posible turno de réplica. Le ruego que se ciña
exclusivamente a las enmiendas.
El señor NÚÑEZ CASAL: De acuerdo, señor presidente. No obstante, le
recuerdo que la tradición de este Parlamento es permitir al menos una
motivación, porque todo acto ha de tener motivación. El Reglamento no
se ha modificado y, en consecuencia, sigue igual. No acepto la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista pero sí la del Bloque
Nacionalista Galego, que conoce lo que es una interpelación y ha
sabido conjuntar la crítica del pasado con la realidad del presente y
del futuro, que es lo que ha pretendido este grupo parlamentario.
Muchas gracias, señor presidente. Siento que no hayamos llegado a un
acuerdo sobre el contenido de la interpelación dentro del Reglamento,
pero creo que la Cámara ha tenido la suficiente explicación de la
razón de esta interpelación y queda emplazada a mostrar su
sensibilidad no frente a una acción de politiqueo barato, sino
simplemente frente al cumplimiento del Reglamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Núñez.
Vamos a proceder a la votación de esta moción -estamos en el tiempo
de las mociones- y de la anterior. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, procedemos a la votación de las
mociones, comenzando por la del Grupo Socialista sobre el Pacto de
Toledo, que al no tener enmiendas se somete a votación en sus propios
términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 141; en contra, 154; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre Timor, que ha aceptado la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto. Se
vota, por tanto, en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 23; en contra, 155; abstenciones, 122.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión hasta mañana a las dieciséis horas. Buenas