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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 255, de 14/09/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 255
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 245
celebrada el martes, 14 de septiembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Almeida, Sr. Peralta y Sra.
Rivadulla), sobre creación de un nuevo Adjunto al Defensor del Pueblo
para el conocimiento de los asuntos relacionados con la inmigración.
(Orgánica.) «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 288-1,
de 8 de marzo de 1999. (Número de expediente 122/000257.) . . .
(Página 13500)
- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del
Congreso, Federal de Izquierda Unida, Catalán (Convergència i Unió),
Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de solidaridad con las
víctimas del terrorismo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
núm. 321-1, de 8 de julio de 1999. (Número de expediente 122/000287.)
. . . (Página 13507)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Popular en el Congreso, sobre valoración y perspectivas
de futuro del Pacto de Toledo. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 471, de 3 de septiembre de 1999. (Número de expediente
162/000413.) . . . (Página 13516)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
equiparación de la cuantía de las pensiones no contributivas al
salario mínimo interprofesional y sobre la mejora de otras
prestaciones
asistenciales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 408, de 12 de abril de 1999. (Número de expediente 162/000356.)
. . . (Página 13516)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. López y Peralta), sobre mejora
de las pensiones más bajas de nuestro sistema de Seguridad Social.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 471, de 3 de
septiembre de 1999. (Número de expediente 162/000412.) . . .
(Página 13516)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), sobre aumento de las
pensiones mínimas y revisión del Pacto de Toledo. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, núm. 471, de 3 de septiembre de 1999.
(Número de expediente 162/000414.) . . . (Página 13516)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre subida de las pensiones
mínimas y las pensiones no contributivas en el ejercicio de 1999.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 471, de 3 de
septiembre de 1999. (Número de expediente 162/000406.) . . .
(Página 13532)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco
de una prestación de servicios transnacional. (Número de expediente
121/000181.) . . . (Página 13541)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de residuos,
envases y residuos de envases. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 467, de 20 de julio de 1999. (Número de expediente 173/
000154.) . . . (Página 13541)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno en política universitaria. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 467, de 20 de julio de 1999. (Número de
expediente 173/000155.) . . . (Página 13547)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
régimen de reparto de las ayudas europeas provenientes de la Política
Agraria Común (PAC). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm.
467, de 20 de julio de 1999. (Número de expediente 173/000156.) . . .
(Página 13553)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos
señores Diputados . . . (Página 13499)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 13500)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Almeida, Sr. Peralta y Sra.
Rivadulla),
sobre creación de un nuevo Adjunto al Defensor del Pueblo para el
conocimiento de los asuntos relacionados con la inmigración.
(Orgánica.) . . . (Página 13500)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto el señor López Garrido. Manifiesta que no se
trata de una propuesta meramente reorganizativa del Defensor del
Pueblo, sino que tiene que ver con la situación de los inmigrantes en
nuestro país, fenómeno ya consustancial y que irá aumentando como
consecuencia del crecimiento económico del área geográfica en la que
está situada España. Se refiere a las repercusiones racistas que ha
tenido en la opinión pública la identificación entre inmigración y
desempleo, delincuencia o inseguridad ciudadana y pone de relieve
algunos casos concretos acaecidos ultimamente. Explica que el
problema de la inmigración habrá
que enfocarlo desde muchas dimensiones, sociales, culturales, legales
y presupuestarias, reconociendo que la proposición de ley que
presenta su grupo no es la panacea para solucionarlo, pero además, y
de manera muy importante, habrá que abordarlo desde el punto de vista
de los derechos humanos, para lo que propone la creación de la figura
del tercer adjunto al Defensor del Pueblo que se ocupe
específicamente de los temas relacionados con la inmigración.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Amorós i Sans,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor
Castellano Cardalliaguet; y las señoras Alberdi Alonso, del Grupo
Socialista del Congreso, y Camilleri Hernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición del
ley del Grupo Mixo, suscrita por la señora Almeida Castro, el señor
Peralta Ortega y la señora Rivadulla Gracia y presentada por el señor
López Garrido, se rechaza por 129 votos a favor, 154 en contra y 20
abstenciones.
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del
Congreso, Federal de Izquierda Unida, Catalán (Convergència i Unió),
Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de solidaridad con las
víctimas del terrorismo . . . (Página 13507)
Presentan, para su toma en consideración, la proposición de ley
suscrita por todos los grupos parlamentarios, los señores Saura
Laporta, Rodríguez Sánchez, la señora Lasagabaster Olazábal y el
señor López Garrido, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista del Congreso, y Gil Lázaro, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del
Congreso, Federal de Izquierda Unida, Catalán (Convergència i Unió),
Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de solidaridad con las
víctimas del terrorismo, se aprueba por 304 votos a favor, dos en
contra y dos abstenciones.
El señor presidente, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de
Portavoces, somete a la consideración del Pleno la tramitación
directa y en lectura única de la proposición de ley que acaba de ser
aprobada, lo que se aprueba por asentimiento.
Asimismo, el señor presidente somete a la consideración del Pleno la
inclusión en el orden del día correspondiente a la sesión del jueves
del debate y tramitación en lectura única de dicha proposición de
ley, lo que se aprueba igualmente por asentimiento.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 13516)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre valoración y
perspectivas de futuro del Pacto de Toledo . . . (Página 13516)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
equiparación de la cuantía de las pensiones no contributivas al
salario mínimo interprofesional y sobre la mejora de otras
prestaciones asistenciales . . . (Página 13516)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres.
López y Peralta), sobre mejora de las pensiones más bajas de nuestro
sistema de Seguridad Social . . . (Página 13516)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), sobre aumento de las
pensiones mínimas y revisión del Pacto de Toledo . . . (Página 13516)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso el señor Camps Devesa. Se refiere a la difícil situación
en que se encontraba el sistema de la Seguridad Social en el año
1995, que hizo necesario un acuerdo de todos los grupos de la Cámara
para garantizar la viabilidad y supervivencia del sistema público de
pensiones de la Seguridad Social, que es el Pacto de Toledo. Pacto
que considera plenamente vigente, por lo que no se puede hablar de
incumplimientos, y solicita en nombre de su grupo que se proceda por
la Comisión de Política Social y Empleo a la valoración de los
resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del
Pacto de Toledo y, en base a ello, estudiar su desarrollo de futuro,
dentro de los criterios de
estabilidad, sostenibilidad e igualdad de prestaciones para toda
España, que permita garantizr la continuidad en la mejora del nivel
de bienestar de los pensionistas, con especial atención a las
pensiones de menor cuantía. Manifiesta que la sociedad espera de la
Cámara de los Diputados un pronunciamiento claro, si es posible
unánime, sobre el futuro del sistema de protección social, por lo que
confía en que todos los grupos serán capaces de lograr, de una forma
reflexiva, seria, serena y responsable, el mayor consenso posible.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la
iniciativa acumulada el señor Vaquero del Pozo. En primer lugar se
felicita porque la demagogía electoral existente en la primera fase
de este debate haya dado lugar a un debate serio sobre la
insuficiencia en la cuantía de las pensiones, cuestión por la que su
grupo siempre ha manifestado su preocupación. Sostiene que hablar de
pensiones en España es hablar de pobreza, porque aunque se ha
conseguido llegar al euro con buena nota, el gasto social español
sigue distando 2,6 billones de pesetas respecto del europeo. Explica
el contenido concreto de la propuesta de Izquierda Unida dejando
claro que las pensiones han de estar referenciadas al salario mínimo
interprofesional y ser iguales para todos los pensionistas del Estado
español y que la subida y el tratamiento de las pensiones debe
consensuarse con los sindicatos, a ser posible con la patronal, y
también con los partidos de la Cámara. Añade que la subida de las
pensiones no debe abordarse como un hecho aislado del conjunto de la
protección social en España y propugna que se trate también la subida
de la protección de los parados, por ser, pensionistas y parados, los
colectivos más perjudicados por la política de este Gobierno en los
últimos años.
Defiende la iniciativa suscrita por los señores López Garrido y
Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Peralta
Ortega. Considera en primer lugar que si se suscribe un pacto, sobre
todo si es por todos lo grupos políticos, es para cumplirlo, cosa
que, en opinión de Nueva Izquierda, no ha hecho el Gobierno. Denuncia
el hecho de que se cerrara la comisión de seguimiento del Pacto de
Toledo y desde entonces no se haya informado a los grupos
parlamentarios de su desarrollo, criticando la propuesta hecha con
anterioridad por el Grupo Popular. Valora positivamente, por el
contrario, la propuesta que va a presentar el Grupo Socialista y las
iniciativas tomadas en relación con la subida de las pensiones por
las comunidades autónomas andaluza y catalana.
Interviene el señor Saura Laporta, también del Grupo Mixto, en
defensa de la proposición de ley presentada por los diputados de
Iniciativa per Catalunya-Els Verds, que trata asimismo del incremento
de las pensiones
mínimas y de un método de revisión del Pacto de Toledo.
Resalta el hecho de que hoy se den a conocer los datos de la
inflación y al mismo tiempo se produzca el debate tal vez más
importante sobre pensiones en esta legislatura, datos que ponen de
relieve que el Gobierno no ha aprovechado el ciclo económico
expansivo para mejorar algunos déficits importantes del Estado de
bienestar que aún tiene España. Se refiere a continuación al futuro
del sistema público de pensiones, a las medidas tomadas por algunas
comunidades autónomas y en concreto por la Generalitat de Catalunya,
considerando que cada comunidad autónoma es muy dueña de complementar
las pensiones mínimas, pero no desde una perspectiva electoralista,
como ha hecho el señor Pujol. Finalmente explica el contenido
concreto de la iniciativa de su grupo.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso interviene el señor López de
Lerma i López.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gimeno Marín, del
Grupo Socialista del Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda planteada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso interviene el señor Camps
Devesa.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, sobre valoración y perspectivas de futuro del Pacto de
Toledo, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por
unanimidad.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre equiparación de la cuantía de las
pensiones no contributivas al salario mínimo interprofesional y sobre
la mejora de otras prestaciones asistenciales, se rechaza por 152
votos a favor, 156 en contra y cuatro abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley suscrita por los señores
López Garrido y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
mejora de las pensiones más bajas de nuestro sistema de Seguridad
Social, se rechaza por 136 votos a favor, 152 en contra y 22
abstenciones.
Sometida a votación, finalmente, la proposición no de ley, también
del Grupo Parlamentario Mixto, suscrita por el señor Saura Laporta,
sobre aumento de las pensiones mínimas y revisión del Pacto de
Toledo, se rechaza por 152 votos a favor, 156 en contra y cuatro
abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre subida de las pensiones
mínimas y las pensiones no contributivas en el ejercicio de 1999 . .
. (Página 13532)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso
el señor Martínez Noval, que manifiesta que intentará defender su
proposición sin repetir lo argumentos expuestos anteriormente.
Comienza su intervención denunciando el incumplimiento de la
resolución número 51 aprobada en el mes de mayo de 1998 por la Cámara
sobre la mejora de las pensiones más bajas del sistema en el marco
del Pacto de Toledo, contraponiendo este incumplimiento con la
reforma del Impuesto sobre la renta de las personas físicas que,
según su opinión, no ha conseguido incrementar el ahorro de las
familias españolas, sino todo lo contrario, y ha introducido la
inequidad entre el colectivo de los pensionistas. Recuerda todas las
iniciativas de su grupo encaminadas a incrementar las pensiones no
contributivas y las contributivas de mínimos que fueron rechazadas
sistemáticamente por la mayoría y explica que esta es la cuarta
ocasión en la que presentan una propuesta de la misma naturaleza,
mejorada en su cuantía y probablamente en sus destinatarios,
solicitando que esta iniciativa se instrumente a través de un
decreto-ley. Finaliza su intervención manifestando que, desde el
inicio, la idea de su grupo fue beneficiar a un colectivo de
españoles que no tenían otro modo de participación en la tarta de la
riqueza nacional que una decisión discrecional del Gobierno, decisión
que, en nombre de la solidaridad y de la justicia, el Grupo
Socialista reclama por cuarta vez.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo
Parlamentario Mixto; y los señores Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas .
. . (Página 13541)
Proyecto de Ley sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco
de una prestación de servicios trasnacional . . . (Página 13541)
El señor presidente, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de
Portavoces, somete a la consideración del Pleno de la Cámara la
tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley sobre el
desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de
servicios trasnacional, lo que se aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 13541)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre subida de las pensiones
mínimas y las pensiones no contributivas en el ejercicio de 1999.
(Continuación.) . . . (Página 13541)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, sobre subida de las pensiones mínimas y las pensiones no
contributivas en el ejercicio de 1999, se rechaza por 152 votos a
favor, 157 en contra y cuatro abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 13541)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de residuos,
envases y residuos de envases . . . (Página 13541)
Defiende la moción, en nombre del Grupo Socialista del Congreso, el
señor Pérez de Tudela Molina. Manifiesta que después de un paréntesis
de dos meses y medio vuelven a recuperar el hilo de la interpelación,
la motivación y su desarrollo, ya que no se obtuvo respuesta a
ninguna de las cuestiones planteadas y parece que la señora ministra
de Medio Ambiente sigue instalada en el país de las maravillas. Opina
que si no se reconoce la necesidad de actuar de forma coordinada, con
un trabajo real y efectivo, dificilmente se contribuirá a resolver
los problemas existentes con los residuos. Considera, sin
embargo, que la moción planteada por su grupo es fácil de asumir y
cumplir, y pasa a explicar su contenido concreto y la posición de su
grupo en relación con las enmiendas presentadas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Saura
Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora De Lara Carbó,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora
Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Pérez de Tudela Molina.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno en política universitaria . . . (Página 13547)
Presenta la moción, en nombre del Grupo Socialista del Congreso, la
señora Díez de Baldeón García. Explica que la moción es consecuencia
de la interpelación urgente celebrada el pasado 30 de junio, donde se
puso en evidencia una vez más la incapacidad del Ministerio de
Educación para dar respuesta a los principales problemas de la
universidad española. Su grupo parlamentario presenta hoy esta moción
con afán constructivo, instando al Gobierno a establecer un plan de
mejora de calidad de las universidades públicas españolas que
contemple un incremento de la financiación pública; a la
consolidación de la carrera docente basada en los principios de
objetividad, calidad y mérito; a asegurar la necesaria coordinación
del sistema universitario, de acuerdo con las comunidades autónomas,
mediante la reforma del Consejo de Universidades; a garantizar el
principio de igualdad de oportunidades, y a favorecer la movilidad
estudiantil entre las diviersas universidades españolas,
incrementando de forma significativa el distrito compartido.
Finalmente se refiere a la reforma de la selectividad emprendida por
el Gobierno.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida interviene la señora Aramburu del Río.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Gil i Miró,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor
Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene
la señora Díez de Baldeón García.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el régimen
de reparto de las ayudas europeas provenientes de la Política Agraria
Común (PAC) . . . (Página 13553)
Presenta la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, el señor Centella Gómez. Opina que el reparto de las
ayudas europeas provenientes de la PAC beneficia a los grandes
propietarios y, sobre todo, a los especuladores, por lo que no puede
entenderse el control del gasto agrario en la Unión Europea si no es
haciendo justicia en el reparto de las ayudas, puesto que defender la
cohesión como elemento básico de la construcción europea no es ni más
ni menos que buscar solidaridad y equiparar los niveles de renta y
las condiciones de vida. Quiere dejar claro que sin las ayudas a las
rentas de los agricultores no hay política agraria común y que sin
política agraria común no hay mundo rural en Europa y que, desde esta
perspectiva, la mejor forma de defender la validez de las ayudas es
darles la mayor rentabilidad social posible y la mayor credibilidad.
Defiende la modulación de las ayudas en función de parámetros
medioambientales y sociales y, sobre todo, en función de la
generación de empleo, y aunque reconoce que existen muchas
dificultades internas y externas para lograrlo, considera que existe
cierto margen de maniobra en las administraciones nacionales que
permiten empezar un proceso de reparto de las ayudas.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Amarillo Doblado, del Grupo Socialista del Congreso, y Madero
Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Companys
Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Centella Gómez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de residuos,
envases y residuos de envases, se rechaza por 123 votos a favor, 138
en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Socialista del Congreso, sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno en política universitaria, se rechaza por 115
votos a favor, 140 en contra y ocho abstenciones.
Sometida, finalmente, a votación la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre el régimen de reparto de las ayudas europeas
provenientes de la política agraria común, en los términos
resultantes del debate, se aprueba por 261 votos a favor, dos en
contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las once y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Les ruego que ocupen sus
escaños, quiero dar la bienvenida al primer Pleno de este período de
sesiones antes de dar comienzo a la sesión.
Con carácter previo al debate del primer punto del orden del día,
vamos a proceder a la toma de juramento o promesa de acatamiento a la
Constitución de las nuevas y nuevos diputadas y diputados que se han
incorporado a lo largo del verano en sustitución de diversos
diputados que han pasado a desempeñar otras responsabilidades o han
abandonado su escaño.
En primer lugar, doña Isabel Hernández Rozas, en sustitución de don
Francisco Javier Iglesias García.
Señora Hernández Rozas, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora HERNÁNDEZ ROZAS: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En consecuencia, al haber jurado
el acatamiento a la Constitución, queda proclamada nueva diputada.
(Aplausos.) Enhorabuena y bienvenida.
Doña Lucía Sebastiana Ruiz Saavedra, en sustitución de don Jerónimo
Saavedra Acevedo.
Señora Ruiz Saavedra, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora RUIZ SAAVEDRA: Sí, juro. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda proclamada nueva
diputada.
Don Alfonso Sánchez Sánchez, en sustitución de don Gustavo Adolfo
Alcalde Sánchez.
Señor Sánchez Sánchez, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ: Sí, juro. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Bienvenido, señor Sánchez.
Don Luis Fernando Bastarreche Gravalos, en sustitución de don José
Ignacio Echániz Salgado.
Señor Bastarreche Gravalos, ¿juráis o prometéis acatar la
Constitución?
El señor BASTARRECHE GRAVALOS: Sí, juro. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Bienvenido a vuestro escaño,
señor Bastarreche.
Don José Alberto Pérez Cueto, en sustitución de don Javier Fernández
Fernández.
Señor Pérez Cueto, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor PÉREZ CUETO: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Bienvenido.
Don Manuel González-Herrero González, en sustitución de doña Loyola
de Palacio del Valle-Lersundi.
Señor González-Herrero, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor GONZÁLEZ-HERRERO GONZÁLEZ: Sí, juro. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Bienvenido.
Don José María Álvarez Pereira, en sustitución de don Alejandro
Cercas Alonso.
Señor Álvarez Pereira, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor ÁLVAREZ PEREIRA: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez. Bienvenido.
Doña Josefa Babiano López, en sustitución de don Miguel Ángel
Martínez Martínez.
Señora Babiano López, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora BABIANO LÓPEZ: Si, juro. (Aplausos.)
Muchas gracias y bienvenida.
El señor PRESIDENTE: Doña María José Mora Devis, en sustitución de
don Fernando Coquillat Durán.
Señora Mora Devis, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora MORA DEVIS: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Bienvenida. (Aplausos.)
Finalmente, don José Luis Núñez Casal, en sustitución de doña Inés
Sabanés Nadal.
Señor Núñez, ¿juráis, de nuevo, o prometéis acatar la Constitución?
El señor NÚÑEZ CASAL: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Bienvenido. (Aplausos.)
En consecuencia, doña Isabel Hernández Rozas, doña Lucía Sebastiana
Ruiz Saavedra, don Alfonso Sánchez Sánchez, don Luis Fernando
Bastarreche Gravalos, don José Alberto Pérez Cueto, don Manuel
GonzálezHerrero González, don José María Álvarez Pereira, doña Josefa
Babiano López, doña María José Mora Devis y don José Luis Núñez Casal
han adquirido la plena condición de diputados. De nuevo, bienvenidos,
y enhorabuena.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ALMEIDA, SEÑOR PERALTA Y
SEÑORA RIVADULLA), SOBRE CREACIÓN DE UN NUEVO ADJUNTO AL DEFENSOR DEL
PUEBLO PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA
INMIGRACIÓN. (ORGÁNICA.) (Número de expediente 122/000257.)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Debates
correspondientes a la toma en consideración, en su caso, de
proposiciones de ley. En primer lugar, proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto (señora Almeida, señor Peralta y señora
Rivadulla) sobre creación de un nuevo adjunto al Defensor del Pueblo
para el conocimiento de los asuntos relacionados con la inmigración,
proposición que se tramita con naturaleza orgánica.
Para la presentación de la iniciativa, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor López Garrido.
(Rumores.)
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor López Garrido. Por favor,
guarden silencio. Reserven las felicitaciones para los pasillos de la
Cámara. Señor Pascual, tenga la bondad.
Adelante.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor presidente.
Voy a defender en nombre de los diputados de Nueva Izquierda-
Iniciativa per Catalunya la proposición de ley de creación de un
nuevo adjunto al Defensor del Pueblo para el conocimiento de los
asuntos relacionados con la inmigración. Ésta es una proposición de
ley no meramente organizativa y reorganizativa del Defensor del
Pueblo -se propone la creación de un nuevo adjunto-, sino que tiene
que ver con la situación de los inmigrantes en nuestro país, y en ese
contexto hay que verla y valorarla; un país en donde la inmigración
es un fenómeno ya
consustancial, estructural -hace algunos años lo era la emigración,
hoy lo es la inmigración- y un país en donde el fenómeno de la
inmigración aumentará en el futuro como consecuencia del crecimiento
económico del área geográfica en la que estamos situados. Por razones
económicas fundamentalmente, por razones sociales a veces, por
razones políticas la inmigración se ha convertido en una gran
cuestión y lo será sin duda socialmente en el próximo siglo. Sin
embargo, la opinión pública -la española y la europea- no siempre ve
así, con un sentido positivo, el fenómeno de la inmigración. Ya hace
algunos años, en 1988, el eurobarómetro decía que un tercio de los
ciudadanos europeos ya consideraba que había demasiados inmigrantes
en Europa e incluso un tercio de ciudadanos europeos se consideraba
bastante o muy racista. Eso decía el eurobarómetro hace algunos años.
En España, la opinión pública coincide más o menos con esas cifras
europeas alarmantes y preocupantes, a pesar de que tiene entre un 1,5
y un 1,7 de inmigrantes, frente a la media europea, que es de un 6
por ciento. Hace algunos años, en una encuesta del CIS, nada menos
que dos tercios consideraba que los extranjeros usurpan o vienen a
quitar el trabajo a los ciudadanos residentes de este país. Por
tanto, ha ido creciendo en la opinión pública una siniestra
identificación entre inmigración y desempleo, delincuencia o
inseguridad ciudadana. Eso explica que en la década de los noventa
hayamos asistido a una auténtica escalada de ataques racistas en
España y en Europa que pueblan los titulares en los medios de
comunicación y que son, desgraciadamente, el pan nuestro de cada día.
Si nos fijamos en lo que ha sucedido en España en los últimos meses,
recordaremos que, en los lugares donde hay especial concentración de
inmigración, los ataques racistas han estado muy presentes. Por
ejemplo, en Cataluña, en julio de este año, ataques protagonizados
por skin heads o grupos racistas; por ejemplo, los sucesos de
Tarrasa, la quema de la mezquita en Banyoles, el incendio de una casa
de africanos u otros acontecimientos muy lamentables que se han
producido en Cataluña. Lo mismo sucedió en Madrid, donde todos
recordaremos a los rumanos asentados en Malmea. También recordaremos
la forma rechazable en que esto fue solucionado por las autoridades
gubernativas; el alcalde de Madrid ha sido protagonista de unas
expresiones que a algunos nos han hecho sonrojar, no de ira sino de
vergüenza, en cuanto a que la técnica era claramente la de que había
un problema y se ha solucionado.
Hoy, en un periódico de tirada nacional, vemos un titular destacado:
Se acabó el silencio, la cuestión de los inmigrantes en Almeria, que
vencen el miedo y se declaran en huelga por las agresiones de una
banda de skin heads que vienen sufriendo desde hace siete días. Esto
es el pan nuestro de cada día en los medios de comunicación, en los
periódicos y en informes como el del Defensor del Pueblo.
Constantemente hay cuestiones relacionadas con violencia racista,
delitos contra los trabajadores
o explotación de trabajadores, violencia judicial, tráfico de
inmigrantes, desalojos, problemas sanitarios, pateras, polizones,
intolerancia religiosa, la discriminación, expulsiones, denegaciones
infundadas de entrada o cuestiones relacionadas con el asilo.
Tengo aquí el informe Raxen del primer semestre de este año, hecho
por el Movimiento Contra la Intolerancia, sobre racismo, xenofobia e
intolerancia en España. Se trata simplemente de una recopilación de
hechos producidos de tipo racista o xenófobo en el primer semestre de
este año en nuestro país. Son decenas, centenares de casos, muchos de
ellos aparecidos en los medios de comunicación, que ponen de
manifiesto esa escalada a la que me refería. Por tanto, hay una mala
situación de los derechos humanos de los inmigrantes. En otros
colectivos sucede lo mismo, pero en éste, el de los inmigrantes en
España, hay una mala situación de derechos humanos. A ese respecto
es, sin duda, el colectivo más en peligro.
Hay muchos problemas que tienen que ver con la inmigración y con la
situación de quienes, siendo de otra nacionalidad, vienen aquí a
buscar un trabajo, normalmente por causas económicas de fondo, no
queridas, y que se enfrentan con todo tipo de dificultades, y esta
proposición de ley que presentamos no es el milagro que los
solucione. Se me dirá que habrá que enfocarlo desde muchas
dimensiones. Es un asunto cultural y de educación, sin duda; es un
asunto legal, de regulación de la Ley de Extranjería, que tenemos en
estos momentos en trámite en esta misma Cámara y que esperamos que
pueda salir adelante en esta legislatura. Aunque últimamente el ritmo
de los acontecimientos podría ponerlo en duda, yo sigo esperando que
esa ley se apruebe antes de finalizar esta legislatura y que
modifique la ya claramente obsoleta Ley de Extranjería de 1985.
También es una cuestión presupuestaria; lo vamos a ver en estos meses
que quedan para finalizar el año, cuando discutamos los Presupuestos
Generales del Estado. Pero además de eso es una cuestión de derechos
humanos. En muchas ocasiones se producen ataques a los derechos
humanos, que no son denunciados, los que veíamos hoy en Almería, así
como las agresiones de Níjar; repito que no se denuncian porque
muchas de esas personas no se atreven a hacerlo por estar en
situación irregular; éste es otro elemento más que pone de manifiesto
la vulnerabilidad de aquellos que vienen a España y no tienen la
ciudadanía de quienes nos sentamos en este hemiciclo. No cabe duda de
que este problema de derechos humanos tiene que ser resuelto por las
administraciones y, en ocasiones, también por los tribunales. Pero
existe una institución muy importante, que se ocupa de la defensa de
los derechos humanos, también de los de los inmigrantes, que es el
Defensor del Pueblo. Esta institución tiene una forma de actuación
especial, que no es la de los tribunales, que es más flexible, más de
promoción, en ocasiones más positiva, y es importante que tenga todos
los instrumentos y que sea vista así por los colectivos amenazados en
el goce de los derechos fundamentales. Desde
que se puso en funcionamiento, la institución del Defensor del Pueblo
ha trabajado bien en relación con la inmigración, en conexión con las
ONG, y ha hecho recomendaciones constantes, como las del último
informe del año 1998, pero cuenta con insuficientes medios. El
problema de la inmigración tiene unas características propias,
específicas, que no son exactamente asimilables a las de otros
colectivos que no están en el caso de los inmigrantes. Los problemas
de la sanidad o el de la educación son graves cuando se trata de
ciudadanos españoles, pero lo son especialmente cuando hablamos de
inmigrantes. Lo veíamos hace poco en relación con la tarjeta
sanitaria y cómo afectaba a los menores inmigrantes. El Defensor del
Pueblo, en el informe de 1998, trata en un apartado especial la
cuestión de la inmigración; libertades y derechos de los inmigrantes
en un apartado especial, no mezclado con otros, lo que denota la
especificidad de esa cuestión. Por eso, nosotros proponemos que haya
un tercer adjunto al Defensor del Pueblo que se ocupe específicamente
de los temas relacionados con la inmigración.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, vaya concluyendo, por
favor.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señor presidente.
Esto serviría para hacer al Defensor del Pueblo más visible ante los
inmigrantes que necesiten acudir a una institución en su defensa. Es
un colectivo que tiene dificultades de idioma y de conocimiento de la
cultura y que tiene una enorme confusión a la hora de saber a dónde
dirigirse para defender sus derechos. Saber que existe una persona
que está destacada como defensora de los inmigrantes y que tiene esa
denominación específica de adjunto dedicado a esa cuestión, haría la
institución más visible y promocionaría los derechos humanos de los
inmigrantes, ya que no sólo haría una defensa de lo negativo, cuando
se plantea un problema y lo tiene que solucionar un juez, sino que
actuaría de forma preventiva, en positivo, en integración, que es la
gran cuestión pendiente todavía en este país respecto de la
inmigración, y fortalecería sin duda al Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo, don Fernando Álvarez de Miranda, acaba su
mandato el 1 de diciembre de este año. Éste es un buen momento para
aprobar una proposición de ley como la que se propone aquí, para que
el nuevo Defensor del Pueblo, en el nuevo mandato, tenga un tercer
adjunto o una tercera adjunta que se ocupe específicamente de los
problemas de la inmigración.
Por todas estas razones, y también por las de oportunidad específica
de este momento, nosotros les solicitamos el voto favorable a la toma
en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Garrido.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra?
(Pausa.)
Si no es así, ¿qué grupos desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la representación de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya nos trae una proposición de ley con cuya motivación de
fondo no podemos estar más de acuerdo. Subyace en ella la
preocupación evidente de que nuestro país, al igual que todos los de
nuestro entorno en la Unión Europea, han pasado de ser países cuyos
ciudadanos emigran a ser países receptores de inmigración, y
evidentemente son muchos los problemas vinculados con la tutela y el
respeto de los derechos humanos y, lo que es más importante, con los
derechos económicos y sociales de todos estos ciudadanos, como
ocurre, en general, con todos los países que lo somos de acogida.
En esta legislatura y en esta Cámara se han abordado ya estos
problemas desde distintos enfoques. Existió una subcomisión, que
dedicó largo tiempo y esfuerzo al estudio de estas situaciones, pero
entre sus conclusiones no recoge la necesidad de que se cree una
nueva adjuntía para el Defensor del Pueblo. Igualmente, en este
momento está trabajando en la Cámara una ponencia enormemente activa.
En la tarde de ayer estuvimos reunidos desde las cuatro de la tarde
hasta las nueve y media de la noche, intentando que cuanto antes sea
posible disiponer de una proposición de ley, entera, que permita
regular los derechos de los ciudadanos extranjeros, así como su
posibilidad de integración social.
Creemos que con la iniciativa que se nos presenta se ha abordado el
problema desde un aspecto que no es el prioritario. Se aborda una
modificación orgánica, que además no está referida a la creación de
algún órgano en la Administración general del Estado, sino que lo que
se pretende es una modificación en un órgano, que lo es de un
comisionado de estas mismas Cortes Generales, que, por cierto, en
ningún momento ha manifestado ante esta Cámara la necesidad de crear
una adjuntía de este estilo. Además, no hemos sido nunca partidarios
de adjuntías concretas y con recomendaciones específicas. Creemos que
la ley orgánica que regula el estatuto del Defensor del Pueblo optó
por la generalidad, la existencia de dos adjuntos en el Defensor, y
que la delimitación y la división del trabajo dentro de ellas se hace
por áreas, esquema que hasta ahora ha resultado fructífero, sin que
creamos que sea en absoluto necesario el crear adjuntías expresamente
abocadas al tratamiento de problemas específicos. De hecho, así es en
la Ley orgánica del Defensor del Pueblo que ahora se pretende
modificar y así lo han imitado también, porque resulta más operativo,
las leyes de los defensores o comisionados de todos los parlamentos
de las comunidades autónomas. Únicamente en el caso de la Comunidad
de Madrid existe un Defensor específico del Menor y en el caso de la
Generalitat de Catalunya existe una adjuntía específica para los
problemas del menor, que no creemos que está dando tampoco el
resultado apetecido. Finalmente, por inexistencia de objeto concreto
en esta materia, se dedica a los problemas de educación, que
evidentemente tienen vinculación con los menores, pero creemos que en
los problemas de tutela y asistencia en materia de derechos, sobre
todo de derechos prestacionales, la transversalidad es lo que prima.
Porque, señorías, muchos problemas que son de extranjeros son también
problemas de mujer, educativos, de vivienda. Nos parece más lógica la
estructura actual del Defensor del Pueblo (por cierto, nunca puesta
en duda ni criticada por el propio Defensor cuando comparece ante
esta Cámara; tendremos ocasión de saber qué dice en relación con la
memoria del año 1998 esta misma semana, cuando comparezca ante el
Senado), porque nos parece mejor que él mismo decida cuál es la
dedicación de los efectivos o la delimitación de áreas. Toda
estructura administrativa tiende a petrificarse y no podemos dejar de
considerar que las adjuntías del Defensor del Pueblo tienen el rango
orgánico de secretarías de Estado, con toda la parafernalia, dicho
sea entre comillas, que ello conlleva y la correspondiente carga
presupuestaria que, repetimos, si no se evidencia una necesidad, no
debe ser asumida por las Cortes Generales.
Así pues, la opción del Grupo Vasco, al que represento, es la de
echar el resto, dicho sea en expresión coloquial, porque en esta
legislatura sean posibles las modificaciones de la normativa
sustantiva que afecta a la extranjería. Nuestra apuesta es, repito,
inequívoca, para que en lo que nos queda de legislatura podamos tener
una ley que sea de inserción social de los emigrantes en nuestro
país, pero desde luego no vamos a apoyar en este trámite la creación
de esta adjuntía nueva, creyendo más conveniente que sea la voz del
propio Defensor del Pueblo la que manifieste a las Cámaras lo que
considere conveniente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
La señora Amorós, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió.
La señora AMORÓS I SANS: Gracias, señor presidente. Gracias,
señorías.
La modificación que propone el Grupo Mixto a la Ley Orgánica
reguladora del Defensor del Pueblo presenta unos extremos de gran
complejidad.
Ante todo quiero dejar constancia de que el Grup Parlamentari de
Convergència i Unió siempre ha mantenido una postura favorable a la
protección de las personas más desfavorecidas y, entre ellas, con
especial atención, de las personas inmigrantes, faltas de recursos.
Esta constante preocupación ha llevado a mi grupo parlamentario a
presentar una iniciativa ante esta
Cámara, encaminada a reformar la Ley de Extranjería, en orden no a
obstaculizar la libre circulación de personas que quieran venir a
España desde los países en vías de desarrollo sino, muy al contrario,
con la intención de favorecer la integración de este colectivo en la
sociedad, velar por su integridad física, evitar su explotación
y tráfico ilegal y procurar que los criterios de convivencia, desde el
respeto a la libertad de todas las opciones culturales, se
desarrollen sin contradecir la Constitución y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Ello ha dado lugar a una
subcomisión que está trabajando en estos días.
La situación económica, social y política europea ejerce un potente
foco de atracción para aquellas personas de países poco desarrollados
en lo económico y con escasas perspectivas de futuro en el ámbito
social, habiéndose convertido España, desde su incorporación a la
Comunidad Económica Europea, en un país receptor, en vía de paso, de
flujos migratorios. La presión demográfica de estos países de la
ribera del sur del Mediterráneo, unida a la necesidad creciente de
mano de obra en la Unión Europea en determinados sectores de la
economía que son rechazados por la población autóctona, hace que se
intensifique el número de personas que desean llegar a España,
atraídas por los niveles de retribución, que, aun siendo bajos por su
escasa cualificación, representan en algunas ocasiones hasta diez
veces el salario que podían alcanzar en sus países de origen, incluso
muchos veces realizando un trabajo en su país de superior
cualificación.
El Gobierno del Estado español debe ser consciente de que no se puede
recibir un flujo masivo y sin control de personas inmigrantes y que
la política de cohesión, convivencia y posibilidad de integración
debe alcanzar un tratamiento global, para no abonar posturas
radicales que desemboquen en una fractura social. Así pues, los tres
ejes básicos en política activa de inmigración deberían tener en
cuenta el control, la cooperación al desarrollo en los países de
origen y la integración de estas en nuestra sociedad, con todos los
derechos y obligaciones que nos marca la Constitución, basada en el
respeto y la defensa de las libertades y el cumplimiento de los
deberes. Sólo así conseguiremos, por un lado, propiciar los medios
necesarios para que las personas que viven en países en vías de
desarrollo no crean que tienen como única salida a su precariedad la
de abandonar sus lugares de origen y su familia. Y, por otro...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Amorós.
Señora Alborch y compañía. Señora Aramburu y compañía, doña María
Jesús, por favor.
Es tal el rumor que es muy difícil, no ya para los taquígrafos sino
para el resto, poder oír la intervención de la diputada. Les ruego
que, comprendiendo las euforias del reencuentro, se saluden en los
pasillos o en otras dependencias de la Cámara, permitiendo que
transcurra el Pleno con respeto a quien está haciendo uso de la
palabra.
Continúe, señora Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Muchas gracias, señor presidente.
Como decía, sólo de esta forma conseguiremos, por otro lado, que las
personas que así lo decidan sean recibidas y tengan la oportunidad de
trabajar e integrarse con todas las garantías.
Hemos de tener en cuenta que toda política cuyo fin principal
consista en evitar a toda costa la llegada de nuevos inmigrantes está
condenada al fracaso. Es imprescindible que el control vaya
acompañado de las medidas activas encaminadas a lograr la plena
integración social, laboral y de convivencia de las personas
inmigrantes en la sociedad española, pues la realidad económica
muestra que no sólo vienen los inmigrantes a Europa para mejorar su
situación social y económica, sino que Europa también demanda para
determinados sectores económicos mano de obra que no encuentra para
atender a determinados subsectores, como el de la agricultura, que
desaparecería de no encontrar estos trabajadores.
El tratamiento de los flujos migratorios necesita una acción conjunta
y de política única de actuación por parte del Gobierno. En esta
Cámara, el 23 de junio de 1998 se aprobó un informe elaborado por la
subcomisión de estudio de la inmigración, cuyas conclusiones deberían
tenerse muy en cuenta. Por todo ello, la inmigración debe y merece
tratarse con la profundidad necesaria en todos sus aspectos. Pero,
señorías, la consideración del tema a debate, aun tratándose del
colectivo de personas inmigrantes, debe ser diferente. El Defensor
del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales encargado
por éstas para velar por los derechos comprendidos en el título I de
la Constitución, que define los derechos y deberes fundamentales
y que, en su punto primero, dice que la dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son
fundamento del orden político y de la paz social. Y en su punto
segundo dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y
a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España. Como habrán podido comprobar SS.SS., en
ningún momento, en estos dos puntos del título I de la Constitución,
se alude a ninguna condición de nacionalidad, sexo, raza o religión,
para ser acreedor de los derechos fundamentales y deberes que
desprende esta norma.
Asimismo, la Ley Orgánica 3/1981, del 6 de abril, que rige y regula
la Institución del Defensor del Pueblo, en su título II, artículo 10,
punto primero, explícita que podrá dirigirse al Defensor del Pueblo
toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. Sin
restricción alguna. No podrán constituir impedimento para ello la
nacionalidad, residencia, sexo, minoría de
edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en un centro
penitenciario o de reclusión o, en general, cualquier relación
especial de sujeción o dependencia de una Administración o poder
público. Como habrán podido comprobar SS.SS., no existe impedimento
alguno en la ley que dificulte a las personas inmigrantes obtener los
mismos mecanismos de protección ante la Institución del Defensor del
Pueblo en la resolución de sus quejas.
Señor presidente, señorías, el Defensor del Pueblo lo es por mandato
constitucional de todo el pueblo y sería tergiversar su cometido
encomendarle la protección de un colectivo específico con preferencia
a otros colectivos también desfavorecidos de nuestra sociedad. La
petición a debate, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a
nuestro entender, no contribuye a resolver las quejas que pudieran
expresar las personas inmigrantes o los colectivos que trabajan en
este ámbito con más rapidez...
El señor PRESIDENTE: Señora Amorós, ha de concluir, por favor.
La señora AMORÓS I SANS: Dos minutos.
No contribuye si dispusieran de un adjunto específico para ello. Muy
por el contrario, ocasionaría una descoordinación interna de la
Institución, cuya política es de actuación temática y no en virtud de
la nacionalidad del demandante.
Por todo ello, aunque compartamos plenamente con el grupo proponente
el espíritu de la protección y atención a las personas que como única
alternativa para conseguir la digna aspiración de procurar una mejor
calidad de vida a su familia optan por emigrar a España, no podemos
dar nuestro voto afirmativo a la toma en consideración, ya que no se
contribuye a solucionar las dificultades que tiene el colectivo de
inmigrantes en las instituciones que trabajan en este ámbito ante la
presentación de quejas al Defensor del Pueblo. Señorías, es de
justicia reconocer la intención del grupo proponente de mejorar la
atención de estas personas y que reciban una buena protección, pero
es cierto que por ley la Institución del Defensor del Pueblo ya la
está ejerciendo.
Esta diputada, en representación de su grupo, debe defender el
criterio de que continúen siendo iguales ante la institución del
Defensor del Pueblo, sea cual sea la nacionalidad, y reitero que
nuestro voto será negativo a la toma en consideración de esta
modificación de la Ley orgánica del Defensor del Pueblo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Amorós.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Tal como han expuesto los intervinientes al comentar esta proposición
de ley, se está tramitando en estos
momentos en la Cámara una reforma profunda y seria de la Ley de
Extranjería en la que participan todos los grupos parlamentarios.
Todos estos grupos parlamentarios han mantenido, como es lógico y
natural, reuniones con los colectivos de inmigrantes de muy diferente
formación, con organizaciones no gubernamentales, y ni una sola vez
ninguno de estos colectivos ha pedido la medida de que se les nombre
un defensor del pueblo para ellos. Es más, los inmigrantes lo que
están pidiendo es que se les elimine el ofensor del inmigrante, no
que se les coloque un defensor del pueblo. Tampoco el Defensor del
Pueblo ha venido aquí a pedir jamás que se le ampliara la plantilla
porque no diera abasto con el trabajo que la problemática de la
emigración le pudiera comportar.
En consecuencia, como ahora no estamos discutiendo, no creo que
estemos haciéndolo, los problemas de la inmigración ni estamos
discutiendo nuestro régimen jurídico -estamos discutiendo si es
necesario o no, en un determinado aparato burocrático, crear una
nueva figura con todo lo que comporta-, no entendemos que se haya
dado ninguna razón positiva. Puede ser que haya una razón oculta, que
ya esté designado. A lo mejor ya está buscada la persona y lo que hay
que hacer ahora es aumentar la plantilla. Porque eso ocurre
frecuentemente en esta Cámara, y en otros sitios; una vez que se ha
seleccionado ya a quien se quiere colocar, se le busca, lógicamente,
el acomodo escalafonario. Pero no hemos visto ni una sola motivación,
ni una sola, para que se cree.
Ahora bien, lo lógico y lo normal sería que nuestro grupo
parlamentario, pensando en el presupuesto del Estado, pensando en el
respeto al propio Defensor del Pueblo, que no lo ha pedido, pensando
en el inmigrante, que no quiere que le traten como tal, que quiere
que le traten como persona, se opusiera, pero como estamos en campaña
electoral y en campaña electoral se pierden los modos, si nuestro
grupo se opone, se va a andar diciendo por ahí a voz en grito: Se han
opuesto a una medida para la defensa del emigrante. Entonces, para
evitar estas manipulaciones, nuestro grupo se tiene que abstener,
porque tampoco va a incurrir en la actitud absolutamente irracional
de crear otro adjunto al Defensor del Pueblo para la inmigración.
Porque también habría que crear un adjunto del Defensor del Pueblo
para la violencia doméstica. ¿O es que no está siendo importante y ha
sido objeto de tratamiento en esta Cámara hasta con modificación del
Código Penal? ¿Y por qué no habría que tratar de un adjunto especial
para un problema tan importante como es el de la droga, que tiene
hasta un delegado nacional de la droga? Si seguimos por este camino,
es evidente que el Defensor del Pueblo se puede acabar convirtiendo
en una Administración paralela. Si se mantienen estas tesis, lo que
hay que ir haciendo es ir eliminando fiscales, ir eliminando policía
e ir eliminando ministerios, para que no se vaya multiplicando la
Administración.
En resumen, esta proposición de ley no puede ser más que calificada
como una proposición de ley puede
ser que bien intencionada, de carácter puramente oportunista, pero,
como no queremos, lógicamente, incurrir en las iras de quienes dan
lecciones de progresismo, nos vamos a abstener. Recomendaríamos, no
obstante, a la Cámara que sinceramente tengamos un poco de cuidado
con la burocracia que vamos generando, porque a lo mejor los
inmigrantes estarían mucho más a gusto si el presupuesto del nuevo
adjunto y todo lo que le va a rodear se plasmara y reflejara en
medidas concretas para una atención seria para su integración social.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Socialista, la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para determinar la posición de mi grupo sobre la
propuesta de la creación de un nuevo adjunto al Defensor del Pueblo
hecha por el Grupo Mixto, Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya.
Como reconoce el grupo proponente en la exposición de motivos de su
propuesta, no se pretende con la iniciativa corregir una actuación
defectuosa del Defensor del Pueblo en la defensa de los derechos de
los inmigrantes. Es evidente la dedicación del Defensor a esta
materia, como consta en los informes que anualmente presenta ante las
Cámaras, ante el Congreso y el Senado, como alto comisionado de las
Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales.
La preocupación del Defensor en esta materia está clara. Se trata de
una especial sensibilidad y en los tres últimos informes ha dado
cuenta de la importancia creciente de los temas migratorios y sobre
todo de su mayor complejidad, temas que van desde entradas en
territorio nacional a inscripción de matrimonios en los consulados de
España, protección de menores, retirada de pasaporte, internamientos,
expulsiones, visados, situación de inmigrantes en determinadas zonas
como puedan ser Ceuta y Melilla, polizones, modificaciones del Código
Penal, asilo, etcétera. Ya en el informe de 1995 estableció, en un
monográfico, un tratamiento específico para la situación de los
inmigrantes de Ceuta. Y, en otro monográfico, en el informe de 1997,
el Defensor reclamaba la necesidad de establecer una estructura
administrativa con suficiente rango para la coordinación de todos
estos temas. Por tanto, de una forma indirecta, mediante esa
solicitud de coordinación, el Defensor ha pedido que se actúe de una
forma específica en esta materia.
Mucho ha cambiado la percepción en España en relación con los
movimientos migratorios y con la situación de los extranjeros en
nuestro país, bien sean inmigrantes económicos o refugiados. En suma,
son personas que se ven obligadas a dejar su país de origen por
razones suficientemente graves, que buscan un lugar donde vivir
mejor, huyendo en la mayoría de los casos
de la persecución, de la pobreza o del hambre. Y no sólo en España,
ha cambiado también la percepción del problema en Europa, muy
especialmente en la Unión Europea, que es una zona privilegiada por
sus condiciones de vida que sufre lógicamente una fuerte presión
migratoria. Los inmigrantes han venido siendo una fuerza de trabajo
complementaria en los países ricos, mal remunerada, con escasas
coberturas sociales, víctimas propicias de la precariedad y
temporalidad laboral. Hoy existe un cambio de mentalidad en este
terreno, una mayor sensibilidad, como digo, hacia un colectivo tan
maltratado y hay un cierto consenso sobre la necesidad de cambiar las
leyes de todo tipo que les afectan y de establecer mejores
mecanismos, más eficaces. Buena prueba de ello es el informe que se
ha comentado ya, de la Comisión de Política Social y Empleo, sobre la
inmigración, que fue aprobado por todos los grupos parlamentarios en
esta Cámara el 23 de junio de 1998. Ya en 1995 el anterior Gobierno
dio un giro a la política inmigratoria aprobando un plan para la
integración de los inmigrantes que afrontaba el problema desde nuevas
perspectivas. La puesta en marcha de ese plan ya permitió profundizar
en las necesidades de este grupo de población de forma más adecuada.
Porque estamos asistiendo en los últimos meses y en las últimas
semanas a supuestos nuevos, como el de los rumanos en el poblado de
Malmea en Madrid, que desbordan las previsiones anteriores, al
tratarse de casos imprevistos.
Está reconocida pues la necesidad de dar una respuesta al tema lo más
global posible y de dotarnos de mecanismos que sean más eficaces,
para un tratamiento adecuado del problema. En esa línea, que un nuevo
adjunto del Defensor del Pueblo pueda dedicarse, además de a otras
materias, de una forma específica a la coordinación y seguimiento del
cumplimiento de los derechos de este colectivo, puede significar un
paso más en el tratamiento adecuado y sobre todo hará visible, como
ya se ha dicho, la existencia de un responsable en la Institución de
la defensoría que puede ser útil a los interesados y también a las
administraciones encargadas de su situación en España.
Hoy estamos hablando de un colectivo de inmigrantes en torno a las
600.000 personas regularizadas, junto con un número creciente de
irregulares o sin papeles, cuya cifra día a día está más incontrolada
y de la que no parecen querer o poder dar cuenta los responsables del
Ministerio del Interior. La presión migratoria es muy fuerte y
nuestro número de inmigrantes actual, que es comparativamente bajo en
relación con otros países de la Unión Europea, puede multiplicarse en
los próximos años. Es más, es previsible que así sea. Esta sería una
razón más para considerar la conveniencia de dotar a la Institución
del Defensor de nuevos mecanismos que hagan más eficaz su labor,
teniendo en cuenta además que el aumento del número de inmigrantes y
su presión en forma desordenada, como algunos casos comentados, está
generando ya casos de racismo y
xenofobia, inadmisibles en una sociedad democrática y en un Estado de
derecho.
Precisamente, en relación con el racismo y la xenofobia y las formas
más eficaces para combatirlas, la Comisión Europea contra el racismo
y la intolerancia del Consejo de Europa, en su informe sobre España
publicado en enero de 1999, alude a la posibilidad de reforzar la
capacidad del Defensor del Pueblo para actuar en estos ámbitos como
institución más adecuada, al tener encomendada la defensa de los
derechos fundamentales. Es claro, pues, que a través de distintas
ponencias e informes y a través de organismos como el Consejo de
Europa, vemos que existe una percepción nueva y más comprometida de
la Cámara y de los grupos parlamentarios en torno a la situación de
los inmigrantes, a la consideración positiva de sus aportaciones al
país de acogida, a su integración y al rechazo de cualquier actitud o
conducta xenófoba o racista.
En este contexto, el Grupo Socialista considera que puede ser acogida
favorablemente la propuesta de creación de un nuevo adjunto al
Defensor del Pueblo, pero que, sin perjuicio de que tenga otros
cometidos, tenga la responsabilidad de coordinar todo lo relacionado
con la población inmigrante, económica o refugiada política, sin
cambiar la estructura del Defensor del Pueblo. También todos los
temas de refugiados o de asilo y naturalmente de la lucha contra el
racismo y la xenofobia. No cabe duda de que el cometido es amplio y
numerosas las tareas que tendría que acometer el nuevo adjunto, que
nuestro grupo entiende, insisto en ello, como coordinador de las
políticas de inmigración, refugio, asilo y lucha contra el racismo y
la xenofobia, sin romper la actual estructura de la Defensoría del
Pueblo.
El señor PRESIDENTE: Señora Alberdi, ha de concluir.
La señora ALBERDI ALONSO: Termino, señor presidente.
Por ello, entendemos que puede ser, lo es, oportuna su creación y,
por tanto, la reforma, con los matices expresados, de la Ley Orgánica
3/1981, de 6 de abril, y nuestro grupo, en consecuencia, va a votar
favorablemente a la toma en consideración de la propuesta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alberdi.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Esta proposición de ley que hoy nos trae el Grupo Mixto sobre
modificación de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo tiene
antecedentes en esta Cámara. En la III legislatura fue rechazada una
proposición de ley del Grupo Vasco que pretendía la creación de un
adjunto específico para la Administración militar. Durante la
V legislatura el Grupo Popular presentó una proposición de ley,
también de modificación parcial de la ley orgánica, para atribuir a
uno de sus adjuntos actuales la función específica de la defensa de
menores; fue rechazada. Posteriormente, fue aprobada una proposición
no de ley ante el Pleno del Congreso, del Grupo Popular, sobre
medidas para garantizar la protección del menor y agilizar el sistema
de adopción en España en el sentido de atribuir a uno de los adjuntos
ya existente la función específica de la defensa de los menores.
Y ya centrándonos en la modificación de la Ley Orgánica 3/1981, del
Defensor del Pueblo, que hoy se nos propone para crear un nuevo
adjunto, además de los ya existentes, como defensor del inmigrante,
queremos manifestar lo siguiente. En primer lugar, cómo no,
compartimos la preocupación por la entidad que el fenómeno de la
inmigración ilegal está teniendo en nuestro país y al mismo tiempo
por la necesidad de que sean protegidos eficazmente los derechos de
los inmigrantes que se encuentren en nuestro territorio nacional. En
segundo lugar, creemos asimismo que el Defensor del Pueblo no sólo
puede sino que debe y ya realiza una eficiente actividad de
protección y tutela de los derechos de los inmigrantes. Basta
recordar o repasar, como aquí se ha dicho, los informes
correspondientes a los años 1995 y 1997 y veremos cómo trata aspectos
relacionados con la inmigración de forma monográfica. En 1996, como
también se ha dicho, solicitó que se crease una estructura
administrativa. Y en 1998, y vamos a verlo en este Pleno de la Cámara
seguramente la próxima semana, vuelve a plantear esta idea acompañada
de la necesidad de que exista un marco jurídico lo suficientemente
amplio que vaya más allá de los aspectos puramente policiales. Sin
embargo, señorías, en ningún momento, y repito, en ningún momento, ha
sugerido la necesidad de modificar la estructura de la institución.
Precisamente, y valga al caso, que también se ha dicho en esta Cámara
esta tarde, durante el Gobierno del Partido Popular es cuando se va a
abordar una ley que responde al clima actual que vive España en
relación con la inmigración y que es muy distinta de la que sirvió
para que en 1985 se promulgase la Ley orgánica 7/1985, de 1 julio,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. No hay más
que leer los trabajos de la ponencia -y ayer estuvimos reunidos hasta
bastante entrada la noche- para comprobar que es un proyecto de ley
ambicioso, que reconoce a los extranjeros todos los derechos del
título I de la Constitución. Y esta preocupación que demuestra el
Defensor del Pueblo es así teniendo en cuenta que tiene como misión
la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título I
de la Constitución. Basta recordar el contenido de los artículos 10,
13.1, en relación con el 96.1, de la Constitución, para entender los
compromisos que debe asumir y viene asumiendo en relación con los
inmigrantes. También hay que tener en cuenta que el legislador tuvo
presente, al regular la legitimación para acudir a esta institución,
que no
podría constituir impedimento para ello la nacionalidad o la
residencia. Quiero recordar que la Institución del Defensor del
Pueblo es la más valorada después de la monarquía, según estudio del
CIS realizado en diciembre de 1998.
En tercer lugar y por último, cuestión distinta es si la defensa de
todos los derechos del título I se debe realizar por el Defensor del
Pueblo con la asistencia de los dos adjuntos existentes y su equipo
de asesores o, por el contrario, es aconsejable crear nuevos adjuntos
para la protección de determinados colectivos o ámbitos sectoriales.
Pues bien, nosotros entendemos que crear un adjunto como defensor
para la protección del inmigrante, o de los menores, o, como se ha
hablado en otras ocasiones, de los derechos de la mujer, de la
tercera edad, de la protección del medio ambiente, etcétera, no
conllevaría sino establecer nuevos órganos, que no por ello iban a
dar lugar a una mayor eficacia en orden a la defensa de tales
derechos. La estructura de la oficina, con un defensor que se ocupa
de la defensa de todos los derechos constitucionales sin distinción
alguna, asistido por dos adjuntos y un equipo de asesores
especializados, es la mejor garantía para una defensa efectiva de
esos derechos, debiéndose recordar en este sentido que los derechos
de los inmigrantes no sólo afectan a la residencia sino que deben ser
protegidos en los ámbitos sanitarios, educativos, sociales, etcétera,
para lo que ya existen áreas especializadas y coordinadas por los
adjuntos y por el propio defensor.
Todo ello, a nuestro juicio, hace aconsejable que la articulación de
la protección de esos derechos desde la oficina del Defensor del
Pueblo se lleve a efecto en pie de igualdad con todos los ciudadanos,
ya sean nacionales o extranjeros, sin distinción alguna.
De acuerdo con este criterio y compartiendo la sensibilidad con los
problemas que afectan a los inmigrantes, no creemos que sea ni
necesario ni conveniente llevar a cabo la modificación de la Ley
orgánica del Defensor del Pueblo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Camilleri, con cuya
intervención, señorías, concluye el debate sobre la toma en
consideración de la proposición de ley que vamos a someter a
votación. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de la iniciativa debatida,
proposición de ley del Grupo Mixto, suscrita por la señora Almeida,
el señor Peralta y la señora Rivadulla y presentada por el señor
López Garrido, que pretende la creación de un nuevo adjunto al
Defensor del Pueblo para el conocimiento de los asuntos relacionados
con la inmigración. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 129; en contra, 154; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada la toma en
consideración de la proposición de ley debatida.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA DEL
CONGRESO, FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ),
VASCO (EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO, DE SOLIDARIDAD CON LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 122/000287.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley de los grupos parlamentarios
Popular, Socialista, de Izquierda Unida, Catalán (Convergència i
Unió), Vasco (EAJPNV), de Coalición Canaria y Mixto, es decir, de
todos los grupos de la Cámara, de solidaridad con las víctimas del
terrorismo.
La intervención de los grupos se producirá por orden de menor a mayor
representación numérica, comenzando, por tanto, por el Grupo Mixto.
Me dicen que son la señora Lasagabaster, el señor Rodríguez, el señor
López Garrido y el señor Saura. Pues habrá que empezar por el señor
Saura. (Rumores.)
Señorías, les ruego encarecidamente que quienes tengan que abandonar
inexcusablemente el hemiciclo durante el debate de esta iniciativa lo
hagan con presteza y en silencio. (Pausa.) ¡Señor Arqueros, señor
Gamir, señor Silva, señor Peón! Por favor, señorías.
Señor Saura, puede ocupar la tribuna.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, expreso en nombre de los diputados de
Iniciativa per Catalunya-Verds la satisfacción de que hoy, tal vez
con un cierto retraso pero con un grado total de unanimidad, todos
los grupos parlamentarios de esta Cámara vayamos a aprobar la
proposición de ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Es posible que todos los grupos parlamentarios reiteremos los mismos
o parecidos argumentos, pero quiero decir que Iniciativa per
Catalunya-Verds pensamos que, más allá de la compensación material,
que es importante, lo que hoy es fundamental, tal como figura en la
exposición de motivos de la proposición de ley, es la expresión de
reconocimiento y solidaridad con las víctimas del terrorismo, que en
estas décadas han sido expresión clarísima de una voluntad colectiva
del conjunto de la sociedad española de avanzar hacia un futuro en
paz. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Saura.
Señorías, silencio.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Decía que más allá de la compensación material que supone sin duda, e
importante, esta proposición de ley
quiere ser fundamentalmente una expresión de reconocimiento
y solidaridad hacia las víctimas del terrorismo, víctimas del
terrorismo que han sido un paradigma de la voluntad colectiva de la
sociedad española de avanzar de forma clarísima y decidida hacia un
futuro en paz. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
Como decía, posiblemente esta proposición de ley se tuvo que aprobar
hace algunos años. Hace dos, tres o cuatro años hubiera sido acogida
con satisfacción por el conjunto de la sociedad y también por esta
Cámara; pero pienso que se produce en un momento político importante
desde el punto de vista de acabar de una vez por todas con el
terrorismo en el Estado español. Esta proposición de ley, más allá de
la compensación material y del reconocimiento de solidaridad con las
víctimas del terrorismo, implica también una voluntad decidida de las
fuerzas democráticas de que el proceso o la tregua que desde hace más
de un año existe en el País Vasco avance de forma irreversible hacia
una situación de paz, teniendo en cuenta que este es un proceso que
no va a ser fácil, que todo el mundo ha de tomar iniciativas que
conduzcan a esa paz y que, en primer lugar, el propio Gobierno ha de
continuar tomando iniciativas que favorezcan un clima que haga
posible que dentro de muy pocos meses podamos decir que, finalmente,
hemos conseguido la paz en el País Vasco. Por tanto, va nuestro voto
favorable como firmantes de esta proposición de ley, el
reconocimiento a las víctimas y la solidaridad, pero también un gesto
de futuro para lograr definitivamente la paz en el País Vasco.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
A continuación, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego da su total apoyo a esta proposición de
ley y lo hace a partir de los siguientes criterios. En primer lugar,
todos sabemos que muchos Estados del mundo y en concreto de Europa
han pasado y pasan por situaciones criminales y situaciones de
violencia indiscriminada que, según algunos criterios que nosotros
condenamos, responden a una manera de discrepar por parte de algunos
sectores sociales, de personas o de movimientos políticos. Estas
situaciones conflictivas, encaminadas por la vía de la violencia, dan
lugar a lacras gravísimas que están montadas en un terror ciego e
indiscriminado y en una violencia multifacética y de orígenes
diversos.
Nosotros, en el caso concreto del Estado español, estamos deseosos de
que se superen años en que el Estado vivió estas situaciones
conflictivas y dramáticas y queremos que se haga con un trato
igualitario, con protección y amparo a las víctimas que sufrieron
gravísimas consecuencias físicas, materiales y morales, que
deben ser amparadas por el Estado. No se trata, por lo tanto, de
aplicar un marco legal al que hay derecho cuando uno es precisamente
dañado en sus derechos, sino de que el Estado se haga subsidiario de
unos crímenes que se cometieron en un período histórico y que debe
ser felizmente superado a partir de un espíritu de diálogo y de
convivencia.
El Bloque Nacionalista Galego piensa que aunque sea de una manera
limitada, esta proposición de ley ayudará a crear un clima favorable
a la paz, a la convivencia y al diálogo en este momento crucial que
estamos viviendo y piensa también que aunque no se puede hacer
desaparecer el pasado, se puede reconocer, asumir y paliar en sus
consecuencias. Como un Estado de derecho que el Estado español aspira
a ser globalmente, pensamos que deben contemplarse todas las víctimas
sin exclusión y así lo hace esta ley. Abogamos por que en el futuro
no se vuelvan a repetir situaciones de discrepancia que no se
encaminen por la vía del diálogo y al mismo tiempo nos solidarizamos
en este momento con todas las víctimas que el terrorismo provocó en
nuestro país durante años tan negros y tan peligrosos, años que,
volvemos a repetir, ojalá se superen definitivamente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, señoras y señores
diputados, permítanme que en nombre de Eusko Alkartasuna haga dos
reflexiones en relación con esta proposición de ley firmada por todos
los grupos de esta Cámara. La primera es la expresión de
reconocimiento y solidaridad a todos aquellos que han sufrido a lo
largo de todos estos años violencia y violación de los derechos
humanos. Teníamos y tenemos la obligación de humanizar el conflicto
y uno de los gestos más claros en este sentido es reparar moral y
materialmente a las víctimas de la violencia, a todos aquellos que
han sufrido. Desgraciadamente no podremos hacer desaparecer su
sufrimiento, porque es constante, está latente, es permanente,
irreversible y no tiene color político y eso es importante, señorías;
sufrimiento que lo es por igual para todos aquellos que por una u
otra razón hayan sido sujetos, objeto y víctimas de la violencia,
bien de forma directa o que lo hayan sido sus familiares
indirectamente. Esto es importante a la hora de la difícil cuestión
de no excluir a nadie, cómo hacer para que todo el mundo que se haya
sentido víctima de la violencia esté amparado en esta proposición de
ley. Es difícil. Quizás hubiéramos podido debatir a lo largo de
muchas sesiones o incluso haber tenido procedimientos y procesos de
largo alcance y tiempo para que todos aquellos que se hayan sentido
víctimas de la violencia hubieran podido ser escuchados. En todo
caso, creo que hemos llegado a un consenso que puede amparar a todo
el mundo. De lo contrario,
haría reflexionar al Gobierno, que tiene que hacer aplicación de esta
ley, para que utilice un criterio expansivo, nunca restrictivo, y
haga una interpretación en la que no se excluya a nadie.
Mi segunda reflexión hace referencia al consenso que ha amparado esta
proposición de ley, señoras y señores diputados; un consenso que es
importante porque todos hemos hecho esfuerzos y sobre todo porque
hemos antepuesto a las víctimas una cuestión de humanidad y las hemos
sacado de un debate en el que hubiera podido haber intereses o
cuestiones partidarios o partidistas. Lo hemos así no solamente en
esta proposición de ley sino también en otras resoluciones, como la
del 10 de noviembre o la del 15 de junio sobre esta cuestión, y esto
me parece que es necesario recalcarlo y subrayarlo. Yo alentaría a
que este espíritu de consenso, unanimidad, trabajo y colaboración se
aplicara en otros lugares, en otras instituciones en las que se está
trabajando de manera seria y en otros foros institucionales, como por
ejemplo la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, en la
que se está trabajando en favor de las víctimas de la violencia. Creo
que este espíritu -y aliento para ello a aquellos que no participan-
es el que debe primar y en definitiva, señoras y señores diputados,
es una cuestión de humanidad.
Concluyo diciendo que quizás habría también que comprometerse, no en
esta proposición sino en otra, a preocuparnos por lo que pasó antes
de 1968, en que víctimas de violencia injustificada de una u otra
razón también tendrían derecho a ser reconocidas y quizás, en su
caso, reparadas. Señoras y señores diputados, esta proposición de ley
es muy importante y como han dicho mis predecesores en el uso de la
palabra va a contribuir a solventar el conflicto. Es un primer gesto
que era debido y necesario.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, la proposición de
ley que presentamos todos los grupos parlamentarios, de solidaridad
con las víctimas del terrorismo, cumple una asignatura pendiente y
una deuda con quienes han sufrido fundamentalmente los efectos de la
lacra del terrorismo y de la intolerancia, de la violencia política.
Es verdad que el terrorismo ha hecho sufrir al conjunto de la
sociedad española, ha hecho sufrir a la sociedad vasca, ha sido un
elemento desestabilizador, ha sido un enemigo jurado de la
democracia, pero a quienes más ha hecho sufrir, a quienes más ha
dañado ha sido sin duda a las víctimas, a las personas asesinadas,
torturadas o secuestradas y a sus familias; esas personas han sido
sometidas en algunas ocasiones a procedimientos indignos y
condenables; esas son las verdaderas víctimas, las víctimas más
significativas del terrorismo. Por eso esta proposición
es esencial para cualquier propuesta política de credibilidad de
fondo en la lucha contra el terrorismo.
Podrá pensarse que no es suficiente del todo. Hay quien creerá que
llega un poco tarde. Lo cierto es que es una proposición de ley de
enorme importancia por su contenido y por la forma en la que se
presenta. Son todos los grupos de la Cámara quienes presentan esta
proposición, es todo el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de este
país quien se hace cargo de sufragar y de compensar, en la medida de
lo posible, los daños sufridos por las víctimas del terrorismo. Es el
pueblo español, el conjunto de los pueblos de España el que asume esa
responsabilidad, y son todos los que presentan esta proposición de
ley los que llevan a cabo un acto de unidad muy importante que pone
de manifiesto otra verdad política profunda de la lucha contra el
terrorismo y es que este ha sido vencido. Este es un momento en cuyo
horizonte vemos la desaparición de la violencia. El terrorismo ha
sido vencido merced a esa lucha unitaria y democrática, que es
fundamentalmente plural pero unitaria. Eso es lo que ha derrotado
-creemos que definitivamente- al terrorismo. Por eso nosotros
apoyamos firmemente esta proposición de ley, que es un paso más,
fundamental, en el proceso de paz del País Vasco; es un paso que
completa otros dados por las fuerzas democráticas durante muchos
años, constantemente, y por el conjunto del pueblo español y del
pueblo vasco.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López
Garrido, le ruego que concluya.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Fundamentalmente sólo queda una cosa en ese
proceso de paz, que ETA y el mundo de la violencia que ampara a ETA
diga que se erradica definitivamente el terrorismo. Eso es lo que
fundamentalmente basta para que podamos decir que se ha terminado esa
era siniestra de la acción terrorista contra la cual éste y otros son
pasos fundamentales, pero, no nos engañemos, ese es el elemento
fundamental que basta: el fin de esa guerra armada decretada por una
banda terrorista y el comienzo de una paz plena con diálogo y con
democracia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López Garrido.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, señoras y señores
diputados, Coalición Canaria fija aquí con gran satisfacción su
posición, como no podía ser menos. Como es bien sabido, como firmante
en su día con las restantes fuerzas parlamentarias, suscribimos
íntegramente el texto de esta iniciativa parlamentaria como
proposición de ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Creemos que es una lección de democracia. Yo recomendaría, con la
difusión de los
medios de comunicación social, la lectura meditada de la exposición
de motivos o preámbulo que justifica esta iniciativa. Es recordar
antiguas posiciones en la transición que la hicieron posible con la
llegada de la democracia a España, posiciones de consenso, de
concordia y de solidaridad. En esa línea se instrumentaliza esta
iniciativa, que viene a hacer al Estado un responsable civil
subsidiario de aquellas indemnizaciones que deben de corresponder a
las víctimas del terrorismo.
La ley no se limita solamente a hacer una declaración de principios,
tampoco se limita a una instrumentalización de unas vías legales, a
través del Ministerio del Interior, para que las víctimas del
terrorismo o sus causahabientes -familiares y afectados con derecho a
ser indemnizados- perciban en una tramitación administrativa las
ayudas correspondientes. Viene a ennoblecer, en un principio de
dedicación, como acertadamente introdujeron los redactores, el
tributo del honor, sin el cual no se entendería el principio que
impregna esta iniciativa parlamentaria, porque condenamos la
violencia, pero al mismo tiempo ensalzamos el sacrificio que ha
representado a veces para estas víctimas del terrorismo su silencio,
su sentido de la responsabilidad y de la autoestima para que el
Estado no sufriera ninguna desestabilización al amparo de diferentes
grupos que siempre tratan de pescar a río revuelto, exacerbando
legítimas pasiones humanas, pero que no deben de sobrepasar
precisamente el sentido de la caridad bien entendida.
La iniciativa parlamentaria viene a reconocer este principio
introduciendo la reconsideración no solamente de los aspectos
económicos sino de aquellos que yo llamaría humanos, que se recogen
perfectamente en el artículo 4 con las distinciones honoríficas. Es
un honor, al amparo moral de esta iniciativa legislativa, que
enaltece a sus redactores tener este reconocimiento en un simbolismo
que también compromete con la defensa de la democracia. Ojalá que los
que causaron ese daño, muchas veces irreparable, mediten no solamente
desde la solidaridad sino desde la generosidad democrática bien
entendida.
Señorías, quiero aprovechar esta ocasión, en nombre de Coalición
Canaria, no solamente para detenerme en estas cuestiones puramente
formales que se traen aquí, sino para dirigirme al señor Álvarez-
Cascos -aprovechando su presencia aquí-, vicepresidente primero del
Gobierno, que ha tenido una gran responsabilidad en el impulso de
estas iniciativas, e instarle en lo que respecta al desarrollo de la
ley, que es competencia del Gobierno y en lo que sabe que cuenta con
el apoyo más comprometido de Coalición Canaria. Me refiero al
artículo 10, a la tramitación de los expedientes, cuando hemos visto
la postura inteligente y generosa no solamente de los grupos
parlamentarios sino de la otra figura jurídica y política presente,
que es el Gobierno de la nación, cuando se subroga, a partir del
artículo 8, toda la tramitación de la acción civil al Estado, figura
importantísima que hay que destacar en este proyecto, porque crea una
serie de obligaciones a la maquinaria
administrativa y económica del Gobierno de la nación. Vemos en el
artículo 9 los efectos que producen las distintas situaciones
procesales, cuando estas víctimas del terrorismo pueden transmitir al
Estado esta defensa y este patrimonio que ellos han tenido por
sentencias judiciales para que el Estado lo pueda cumplimentar.
Quiero hacer un reconocimiento, señor vicepresidente del Gobierno, de
esta posición que transciende la propia capacidad de los grupos
parlamentarios para introducirnos ya en compromisos de obligación al
propio Gobierno de la nación.
Quiero significarle, señor vicepresidente, como colaboración
positiva, con relación al artículo 10, referido a la tramitación de
los expedientes y recursos, que las personas que se consideren
beneficiarias van a tener seis meses, una vez producida la
efectividad de la ley en el Boletín Oficial del Estado, para
solicitar los beneficios contemplados en la misma, pero como en la
disposición final primera se habla de que el Gobierno tendrá tres
meses de plazo, a partir de la entrada en vigor de la ley, para el
desarrollo reglamentario, y dado que en el archipiélago canario se
nos han comentado casos de cierta singularidad, con los que se han
dirigido a los parlamentarios canarios víctimas de atentados
terroristas en el sentido de saber si tienen o no tienen derecho
a acogerse a los beneficios de la ley, queremos pedir el mismo sentido
y espíritu de intencionalidad y de solidaridad que ha habido, pero
para ello es necesaria la actitud rápida de la Administración para
tener en un plazo, si es posible, inferior a tres meses el desarrollo
reglamentario y ver la casuística que se puede poner, para que no
haya un solapamiento con los seis meses también desde el inicio que
van a tener las víctimas del terrorismo o sus causahabientes, porque
habrá en principio tres meses iniciales de solapamiento de ambas
situaciones. Todo lo que se pueda hacer por parte del Gobierno para
acelerar este reglamento será bienvenido por mi grupo, como espero
que lo sea por parte de todos los grupos de la Cámara.
Con este testimonio que hace Coalición Canaria en los aspectos de
solidaridad y de consenso para la lucha contra el terrorismo, pero en
el caso de esta iniciativa en el reconocimiento a las víctimas, nos
consideramos, porque así pueden considerarse también todas las
víctimas del terrorismo y sus causahabientes, plenamente satisfechos
en los aspectos materiales y, lo que es más importante, en los
aspectos morales y políticos. En esa línea el voto de apoyo de
Coalición Canaria está plenamente justificado y garantizado.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Vasco es proponente de esta iniciativa, que es
expresión del acuerdo conjunto de los representantes de todas las
opciones políticas del Estado representadas en esta Cámara para
contribuir, como dice la exposición de motivos, a que la paz sea
fruto de la conciliación y de la justicia resarciendo a las víctimas
de la violencia. Es desde luego una medida contra el olvido. Es
reconocimiento de una deuda viva que nunca podrá alcanzar el objetivo
de indemnizar -en su tenor literal de dejar indemne o exento de daño-
porque tal es imposible para la pérdida de vidas o aun de muchas
lesiones físicas y psíquicas. El objetivo ha de quedarse en algo más
modesto, que es el recordatorio, el reconocimiento y la compensación
que se han podido plasmar en esta norma. De esto, mi partido, el
grupo al que represento, ha sido siempre partidario. La expresión
reconocimiento y resarcimiento del daño causado por el terrorismo es
utilizada en nuestros documentos y en cuantos análisis se han
efectuado sobre la humanización del conflicto vasco. No ha habido,
por tanto, nunca reserva por nuestra parte en cuanto a que las
víctimas de la violencia terrorista deban ser resarcidas lo más y lo
mejor que esta Cámara esté dispuesta. El vicepresidente primero del
Gobierno, que ha negociado con los partidos, y quienes han
intervenido en nombre del Grupo Parlamentario Popular saben que esta
ha sido la postura del Grupo Parlamentario Mixto. No hemos
entorpecido ni dilatado en nada la tramitación. Dicho de forma simple
pero gráfica, hemos hecho sugerencias y aportaciones para que se
incluya el mayor número de supuestos y desde el tiempo más amplio
posible, actitud que, por cierto, ha resultado positiva en cuanto a
la inclusión como indemnizables de las víctimas de los secuestros, ya
que creíamos que la privación de libertad es la mayor afrenta posible
a un ser humano tras el atentado a la vida o a la integridad física.
Nos ha parecido, y nos parece, bien, muy bien la solidaridad y el
resarcimiento a las víctimas de ETA, pero también hemos pretendido
que conste con claridad que se consideran acciones violentas y
terroristas las perpetradas ilegítimamente al margen de los
principios del Estado de derecho, aun a veces desde los entornos del
poder, contra ETA y que se consideren resarcibles, y esto consta en
el texto que hoy aprobamos.
He aludido a algo que nos hubiera gustado más -y la exposición de
motivos da pie a ello cuando alude a la recuperación de la democracia
como afirmación de un proyecto de convivencia decidido a la
superación de conflictos en nuestra historia-, y es que desde nuestra
perspectiva, y aunque siempre se alude al carácter modélico y
ejemplar de la transición, también debieran tener reconocimiento, no
por revancha sino por rescate del olvido, quienes padecieron
violencia ejercida por autoridades o por poderes públicos
constituidos en determinadas épocas. Hay muchos casos, pero citaré
uno que quedó grabado en el imaginario de los demócratas de una
época, ya que tiene además una hermosa canción que lo recuerda, Las
campanadas a
mort, de Lluis Llach, Vitoria, 3 de marzo de 1976, y tantos otros
casos. La capacidad de superación en aras de una mejor convivencia no
debe suponer, repito, olvido ni imposibilidad de resarcimiento de un
daño padecido. En la medida en que el texto de la ley lo permita,
instamos a quienes deben ejecutar la ley a una interpretación lo más
amplia posible de sus contenidos, de igual forma que, ya roto el
hielo, abierto un camino, no descartamos posteriores iniciativas para
contemplar supuestos de la naturaleza referida.
En lo jurídico, la proposición de ley, aunque inicialmente pudiera
parecer lo contrario, no está contemplando un supuesto de
responsabilidad ex delicto a cargo del Estado. Se trata de un
mecanismo de resarcimiento creado ex lege que se perfecciona mediante
un elemento sinalagmático de compensación por parte de las víctimas
consistente en la transmisión a favor del Estado de los derechos
patrimoniales que les pudieran haber sido reconocidos en sentencia o
que eventualmente puedan serles reconocidos en vía administrativa. El
elemento solidaridad está presente desde el momento en que el Estado
asume a su cargo el previsible riesgo de insolvencia de los reos por
delitos violentos. El Estado se convierte así en acreedor general por
los daños causados por delitos vinculados a la violencia, y así lo
hemos decidido en esta norma.
La finalidad de la propuesta legislativa puede entenderse justificada
en un doble motivo: de un lado, para paliar en la medida de lo
posible los injustos sufrimientos padecidos por unos ciudadanos a
causa de su significación ideológica o por el desempeño de sus
funciones como miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado o bien por el azar de la actuación indiscriminada del
terrorismo o contraterrorismo que ha supuesto la pérdida de la vida o
graves daños corporales, asegurándoles en todo caso las
indemnizaciones que judicialmente se les puedan acordar, evitando que
la insolvencia de los reos burle la efectividad de sus derechos; de
otro lado, la finalidad de la ley, aunque no se mencione
explícitamente, es interponer al Estado entre las víctimas y los
victimarios para evitar una dinámica vindicativa, humanamente
comprensible pero políticamente indeseable, que haga de los
mecanismos de la responsabilidad civil un instrumento de persecución
legal de los reos del terrorismo o actos violentos que se encuentren
reinsertados o, por cualquier otra causa, exentos de
responsabilidades penales. No se trata, a nuestro juicio, de un
mecanismo de responsabilidad subsidiaria sino, como denota la misma
denominación de la ley, de un mecanismo de solidaridad social, que
crea un derecho ope legis de indemnización respecto de unos daños
efectivamente padecidos.
En pura técnica jurídica, podría haberse articulado el mecanismo de
resarcimiento sin necesidad de establecer el requisito de la
transmisión, aplicando la misma mecánica que en los supuestos de
responsabilidad subsidiaria o de responsabilidad del asegurador, pero
entendemos que la traslación de esas técnicas al caso de las víctimas
del terrorismo no se compadece con la
naturaleza extraordinaria de la medida y podría propiciar una
confusión de la causa jurídica de la misma, que en ningún caso puede
ser una supuesta responsabilidad asumida por la Administración.
Señorías, el Grupo Vasco apoya sin reservas la proposición en lo que
contempla, considerándola cumplimiento de los dos acuerdos, adoptados
por unanimidad en esta Cámara, en relación con el proceso de
pacificación vasco. Además, insta a su más amplia interpretación,
a su rápida aplicación e incluso no descarta propiciar medidas para
paliar olvidos que aquí no cupiesen. Señorías, hemos firmado la
iniciativa y, además, votamos conscientes de estar avalando una
iniciativa, una regulación, que supone algo más que la mera inserción
de unas normas en el ordenamiento jurídico.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, dice una cita rabínica que el que sea misericordioso con el
cruel sentirá indiferencia por el inocente. No es precisamente esto
lo que mi grupo y - estoy absolutamente seguro- esta Cámara quieren
que pueda deducirse del proceso en el que todos estamos insertos en
estos momentos. No se podrá decir que el que sea misericordioso con
el cruel sentirá indiferencia por el inocente. Desde luego, nosotros
no hemos sido, ni seremos, indiferentes respecto de tantas y tantas
víctimas inocentes que se han ido ocasionando a lo largo de los
veinte o veinticinco años que pueda abarcar la ley.
Para demostrarlo, se produce el consenso de las fuerzas políticas de
esta Cámara respecto de esta proposición de ley de solidaridad con
las víctimas del terrorismo, que quizá debiera tener un título mejor,
de reconocimiento y solidaridad con las víctimas del terrorismo,
porque es precisamente el reconocimiento lo que están pidiendo todas
estas víctimas.
Ciertamente, la exposición de motivos de la proposición de ley señala
que, durante las dos últimas décadas, el Estado ha prestado una
singular y constante atención a las víctimas del terrorismo. Puede
que sea una expresión excesivamente optimista. Desde luego, no es la
visión que se tiene desde la propia Asociación de Víctimas del
Terrorismo. Un libro recientemente publicado por la presidenta de
esta asociación, Perdones difíciles, trata en su capítulo III del
perdón del Estado, y no se refiere al perdón que puede ejercer el
Estado -difícilmente puede ejercerlo ya que no puede suplir a las
víctimas-, sino a la necesidad de que el Estado también pida perdón a
las víctimas por aquellos agravios que han ido sufriendo a lo largo
de todos estos años. Por hacer referencia a algunas de las
expresiones, a lo largo de ese capítulo se señala la cantidad
de supuestos en los cuales las víctimas no han conocido ni la fecha
del juicio sobre los hechos que les han causado tanto daño o muchos
otros supuestos.
En cualquier caso, creo que sí es preciso atender a este reclamo y
manifestar la necesidad de entender el reconocimiento de error y
agravio que la proposición de ley propugna, y esa solicitud de perdón
y de disculpa que indiscutiblemente debe formularse desde los poderes
públicos, porque posiblemente la mayor virtud de la proposición de
ley sea ese factor de reconocimiento. Las diferencias fundamentales
que ha sufrido el borrador desde la fecha inicial de marzo y abril ha
sido sustituir lo que podría entenderse como una ley de indemnización
a las víctimas del terrorismo por una ley de reconocimiento a esas
víctimas. Baste señalar las modificaciones introducidas en la
exposición de motivos, la referencia que se efectúa en el artículo 1
a ese testimonio de honor y reconocimiento a las víctimas del
terrorismo, lo dispuesto en el artículo 4, la regulación, en otro de
estos artículos, además de las distinciones honoríficas, de otras
ayudas. Como decía anteriormente, lo que solicitan las víctimas es
precisamente ese acto de reconocimiento y de justicia. Quizás lo que
no pueda hacer la ley sea compensar los daños que se han sufrido.
Creo que es mucho mejor la expresión de compartir. Es una ley que se
basa en el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y que no
pretende compensar lo que es difícilmente compensable, sino compartir
los daños que han sufrido las víctimas y en la medida en que iban
dirigidos a la totalidad de la sociedad. Señorías, si tienen la
curiosidad de examinar el origen etimológico de la palabra víctima,
verán que pocas veces podrá ser más acertada que cuando se trata de
las víctimas del terrorismo. Tomen cualquiera de las acepciones que
aparecen en el diccionario. Por utilizar la más laica, ya que hay
otras de carácter más religioso, la víctima es precisamente esa
persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de
otras. En este caso podemos decir que las víctimas del terrorismo son
aquellas personas que se han presentado o entregado -como diría el
diccionario- en obsequio del conjunto de la sociedad, y ello para
salvaguardar la libertad de la convivencia, la tolerancia y el
ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de todos. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
Por tanto, señorías, estamos en presencia de un acto de
reconocimiento, de un acto no de compensar sino de compartir esos
daños sufridos y, en última instancia, de un acto de justicia. Un
acto que, por lo demás, puede y debe enmarcarse en la moción sobre el
proceso de paz en el País Vasco, aprobada por unanimidad de esta
Cámara, el día 10 de noviembre de 1998, y que ha sido recordada aquí
por la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. Señorías, no
pretendemos comprar el perdón de las víctimas, porque el perdón es
algo total y absolutamente personal, pero tampoco podemos dejar de
situar esta ley en este marco, en este panorama, en este paisaje en
el que nos encontramos en estos momentos, después de un año de
tregua. No podemos
comprar el perdón, pero desde luego los poderes públicos pueden
adoptar -lo han hecho recientemente y seguirán haciéndolo en el
futuro- aquellas medidas que han entendido convenientes para avanzar
decididamente en este proceso de paz y para alcanzar definitivamente
esa situación de paz y de convivencia democrática. Señorías, no debo
acabar sin traer a colación algunas expresiones que hemos empleado en
algún otro debate. Así como no pretendemos comprar a las víctimas su
perdón, de la misma manera que tampoco podríamos comprar o imponer a
nadie su arrepentimiento, lo cierto es -como se ha dicho- que estas
medidas favorecen la consecución de esa situación. No pretendemos
cosificar a las víctimas, no pretendemos compensar, pretendemos
compartir -como decía anteriormente-, pero no podemos dejar de traer
a colación aquellas expresiones de Manuel Azaña, en su discurso del
18 de julio de 1938, en el que precisamente haciendo referencia a las
víctimas señalaba: Ya no tienen odio, ya no tienen rencor y nos
envían con los destellos de su luz tranquila y remota, como la de una
estrella, el mensaje que dice a todos sus hijos: Paz, piedad y
perdón.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, estamos hoy aquí en un acto
singular; en todo caso, es la primera vez que se da a lo largo de
esta legislatura. No presentamos un proyecto, como se ha dicho antes,
presentamos una proposición de ley; cuando es a iniciativa del
Gobierno se llama proyecto y cuando es a iniciativa de los grupos se
llama proposición. Lo que hoy estamos presentando, no discutiendo
-digo presentando con todas las características de la voz semántica
que he empleado- y a la vez defendiendo y explicando todos los
grupos, como una sola voz, es una proposición de ley. Ha habido, por
lo tanto, un consenso total, una voluntad de diálogo complementaria,
constante y abocada continuamente a la síntesis que al final se ha
conseguido. Y no sólo la síntesis en el texto inicial, sino que
incluso hemos llegado al acuerdo -insólito, inédito en esta
legislatura y, que yo recuerde, en otras muchas- de que no haya ni
una sola enmienda de ningún grupo parlamentario. Pero todavía más.
Hoy, en la Junta de Portavoces, hemos llegado al acuerdo de que se
adelante el próximo trámite al jueves que viene, dentro de un par de
días, cuestión ésta que tampoco se había repetido en ningún otro
momento de la historia de este Congreso de los Diputados, al menos
que yo recuerde. Todos los grupos parlamentarios nos encontramos
defendiendo, aprobando, explicando un reconocimiento de la sociedad a
través de todos y cada uno
de los representantes de la soberanía popular. Consiguientemente,
estamos ante un hecho de enorme importancia, por mucho que aquí las
cosas se hagan, afortunadamente, con gran sencillez.
Estamos cumpliendo un deber democrático y de justicia, pero también,
en cierto grado, estamos realizando una apuesta por el futuro y por
la paz. También se contiene esta apuesta en el texto que hoy aquí
presentamos, explicamos y defendemos, porque se trata de un texto que
contiene algo que es mucho más que un gesto. Se trata de un homenaje,
de un tributo, de una expresión de reconocimiento y de solidaridad, y
es también el reconocimiento al papel esencial que las víctimas han
desarrollado, y desarrollarán, en el proceso de paz y en el proceso
democrático. No es posible entender el actual proceso de paz y la
extensión constante que necesita la dinámica democrática sin este
reconocimiento por unanimidad de las víctimas del terrorismo.
En este sentido, señorías, nosotros queremos dejar constancia en el
«Diario de Sesiones» -en cierto grado ya lo dijimos y se obtuvo un
compromiso al respecto- de que el texto es insuficiente. Por lo
tanto, esperemos que se respete el compromiso de presentar una
iniciativa semejante en homenaje, y como forma de solidaridad, a las
víctimas de hechos, que en muchos casos no eran ni legales ni
legítimos y que a nivel de cualquier democracia europea se hubiesen
calificado como no democráticos. Por tanto, nos referimos también a
la necesidad de que se cumpla este compromiso en hechos que se pueden
documentar referidos a la huelga de Vitoria o a la huelga de la
construcción de Granada. Hablamos de estos hechos y de la necesidad,
en este proceso de consolidación, de ampliación y de extensión
constante de la democracia, de que también cuenten con nuestro
reconocimiento unánime, si es posible, cuando llegue el momento.
En todo caso, señorías, el Congreso, de nuevo, da un gran ejemplo, el
segundo gran ejemplo de unanimidad, hablando del proceso de paz, en
esta legislatura, un gran ejemplo de capacidad de diálogo y de
consenso. Obtuvimos ese consenso, esa capacidad de síntesis, ese
encuentro en el camino constante y unívoco en el proceso de paz
cuando discutimos los términos de la nueva política penitenciaria, y
lo hemos obtenido también a la hora de hablar y de aprobar la
solidaridad, cierta, material, comprobable, con las víctimas del
terrorismo. Son dos grandes logros del diálogo y del entendimiento
desde el respeto máximo a la pluralidad. En este sentido, desde aquí
se está lanzando un discurso, una apuesta contra la violencia y
también contra el inmovilismo. Si nos hemos puesto de acuerdo en dos
temas fundamentales, y en alguno más, ¿por qué no nos vamos a poner
de acuerdo en lo sucesivo en temas tan importantes como los que están
pendientes en el proceso histórico inmediato?
Este Congreso sigue apostando por la unidad y por la capacidad de
diálogo en el proceso de paz. Aquí no se han producido líneas
divisorias de ningún tipo. Aquí
se ha demostrado que es posible entenderse en temas fundamentales:
política penitenciaria y solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Por lo tanto, a partir de aquí, es importante constatar este hecho y
seguir apostando. A favor de la paz, hay que seguir invirtiendo en
los presupuestos generales, señorías, en consenso activo y en audacia
equilibrada. Hay que seguir con esta inversión de diálogo, de
realismo político, de consenso equilibrado, de ritmo creciente, de
cara a la normalización definitiva de temas que nos están esperando y
que necesitan de la apuesta desde nuestra total responsabilidad
y desde el consenso y el diálogo cada vez más abocado a la consecución
de síntesis. Aprobamos a partir de ahora unos presupuestos generales
por la paz, por la democracia, que son importantes para seguir
andando en este camino. Por tanto, señorías, señor presidente, conste
aquí que nosotros apostamos, sin ningún tipo de enmienda, ni material
ni mental, por este homenaje, por esta solidaridad, entendida como
respeto democrático, como respeto en el proceso de paz y entendida
también como apuesta por la democracia y por el camino de la paz y la
normalización definitiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Corresponde ahora el turno de intervención al Grupo Socialista, y
hablará en su nombre don Alfredo Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Señor presidente, señoras y señores
diputados, subo a esta tribuna para presentar, en nombre del Grupo
Socialista, la proposición de ley de solidaridad con las víctimas del
terrorismo.
A lo largo de las dos últimas décadas la sociedad española ha
conseguido dejar atrás la mayoría de los problemas que dificultaron o
sacudieron históricamente su convivencia. La aprobación, primero, y
la aplicación y desarrollo después de la Constitución española
constituyó la más expresiva muestra de nuestra voluntad colectiva de
conquistar un futuro de paz y libertad, de bienestar y progreso, en
el que nunca más se produjesen los acontecimientos y tensiones que
han marcado dramáticamente nuestra reciente historia.
Durante estos años, mientras hemos sido capaces de conseguir todos
esos objetivos, nuestra democracia sólo ha sido retada
persistentemente por el terrorismo, ajeno a las transformaciones que
estaba experimentando nuestra sociedad. Despreciando la expresión
popular reiteradamente manifestada y desperdiciando una y otra vez
las oportunidades que esos mismos cambios ofrecían para su
incorporación a las reglas comúnmente establecidas, los grupos
terroristas han persistido en su intento de alterar violentamente
esas reglas. El intento imposible de imponerse sobre la voluntad
colectiva no podía sino concluir en el fracaso, pero ha sido capaz de
sembrar entre nosotros la violencia, el miedo y la desolación,
provocando en algunos de nuestros ciudadanos la muerte, la desgracia
y el horror.
La democracia ha sido capaz de resistir la agresión constante de que
ha sido objeto y ha logrado mantener el imperio de la ley por encima
de toda provocación, por encima de toda extorsión. Todos hemos
sufrido así las consecuencias de la violencia terrorista, pero
quienes han resultado directamente golpeados por ella han sido
doblemente víctimas de la sinrazón: como ciudadanos han sido objeto
de ese desafío colectivo, pero como seres humanos se han convertido
en los destinatarios personales del dolor, del desamparo y de la
humillación. Son, por ello, víctimas doblemente inocentes, a los que
la sociedad debe reconocimiento, cuidado y solidaridad. Los poderes
públicos tienen la profunda obligación moral de atender esa deuda que
toda nuestra sociedad ha contraído con ellos.
La acción de los tribunales de justicia ha ido depurando las
responsabilidades derivadas de hechos que estremecen la memoria
colectiva. Como consecuencia de ello, se suceden las condenas para
quienes han provocado cientos de muertos y heridos, crueles
secuestros, daños cuantiosos, desolación sin cuento. Son sentencias
en las que, junto a las penas correspondientes a tan espantosos y
ciegos delitos, se reconocen y establecen indemnizaciones diversas a
favor de las víctimas o sus familias, que, sin embargo, nunca han
sido efectivas hasta ahora.
En el momento presente, y como consecuencia de la consolidación de la
democracia, de la acción del Estado, de la movilización ciudadana y
del nuevo contexto internacional, se alumbran esperanzas sobre el fin
de la violencia terrorista en nuestro suelo. El Estado, a iniciativa
de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, quiere
aprovechar esta hora para reconocer la deuda de gratitud que la
sociedad democrática española tiene hacia quienes pagaron con su
vida, su salud, integridad personal, su libertad o la pérdida de sus
seres queridos, el ataque a que han sido sometidos la libertad de
todos, la primacía de la ley y el respeto al orden constitucional.
En consonancia con ello, el Estado, mediante la presente ley,
establece medidas de carácter honorífico y social y asume el pago de
las indemnizaciones derivadas de delito debidas a las víctimas del
terrorismo, de cualquier terrorismo, subrogándose en los
correspondientes derechos frente a los obligados por ellas.
Es éste el momento adecuado también para extender este reconocimiento
moral a todos aquellos que sufrieron la locura de la violencia en los
difíciles momentos de la transición política española. Aquellos
ciudadanos que llegaron a pagar incluso con su vida la defensa de los
valores democráticos de los que hoy disfrutamos todos los españoles
merecen también el reconocimiento colectivo que supone la aprobación
de esta ley hoy aquí, en la sede de la soberanía popular.
Ninguna indemnización pude reparar las penurias físicas o psíquicas.
No hay compensación posible a la pérdida de los seres más queridos.
Ninguna ayuda puede borrar el dolor ni resarcir el daño moral. Cuando
estamos comprometidos a entrar en el próximo siglo
habiendo dejado también atrás ese resto enquistado de intolerancia y
exclusión, los que las han sufrido directamente han de ser para
nosotros una referencia inexcusable. El destierro definitivo de la
violencia y la continua convivencia en paz ha de ser su única
compensación, pero todos estamos obligados a demostrar a esas
víctimas que no han de sufrir la ofensa añadida de nuestro abandono.
Esta ley es muestra de la solidaridad ciudadana con las víctimas del
terrorismo y expresa el acuerdo con este propósito del conjunto de
los representantes del pueblo español.
Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don
Ignacio Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, señorías, la proposición de
ley que en este acto se somete a la consideración de la Cámara tiene
una profunda significación para la propia Cámara y para el conjunto
de la sociedad española, porque es la consecuencia de un ejercicio de
diálogo, respeto recíproco, comprensión mutua y renuncia a posiciones
particulares para alcanzar un texto de consenso que representara el
profundo, muy profundo homenaje de todos a las víctimas del
terrorismo y a sus familias. No se podría entender el significado de
esta proposición de ley sin tener en cuenta que la misma no tiene una
mera finalidad material reparatoria, pues las pérdidas padecidas por
las víctimas y sus familias nunca podrán ser compensadas plenamente
en ese ámbito. Por el contrario, esta proposición de ley representa
el compromiso de todos los grupos políticos por hacer siempre de las
víctimas un punto de encuentro y un patrimonio común, porque como
señala la exposición de motivos, el dolor de las víctimas es y será
para siempre un testimonio que ha de servir para que la sociedad
española no pierda nunca el sentido más auténtico de lo que significa
convivir en paz.
Lo hecho en la gestación de esta proposición de ley acredita que las
actuales expectativas de paz han de ser actuadas por los demócratas
desde la permanente primacía de aquello que nos une, y sin duda el
recuerdo de las víctimas constituye un sólido nexo para no olvidar
nunca que nuestra obligación frente a esas víctimas y frente a la
sociedad española es y será siempre la de hacer más grande nuestra
capacidad de acuerdo y de entendimiento, es y será siempre la de
sumar y nunca la de restar.
Hoy es imprescindible decir con admiración que las víctimas y sus
familias han sido ejemplares en su conducta. En ningún momento han
hecho de su dolor un obstáculo para la paz, un obstáculo para que la
paz fuera posible, y en ningún momento desde su dolor han levantado
palabras de rencor. Por eso, nadie mejor que las víctimas y sus
familias para afirmar esa enorme capacidad de conciliación con la que
la sociedad española
sabrá hacer definitivo el logro de la paz, una vez que el
terrorismo decida cesar para siempre. Mientras llega ese momento,
mientras llega ese trascendental momento, luchar por la paz es una
tarea de todos cuyo único protagonista es la sociedad española y es
una tarea que nos exige a todos estar a la altura de nuestra
respectiva responsabilidad.
Por la paz la sociedad española supo decir basta al terrorismo,
levantando una barrera infranqueable que obligó a este a anunciar un
alto indefinido. Por la paz el presidente Aznar ha impulsado un
conjunto muy importante de iniciativas de las que ha informado a los
españoles con transparencia; iniciativas de tan hondo calado como la
autorización de contactos exploratorios con ETA, la apertura de vías
de retorno para quienes no tengan causas pendientes, el traslado a la
Península de los presos que estaban fuera de la misma, la reciente
decisión de acercamiento a centros penitenciarios del País Vasco o de
su entorno de un número muy importante de presos etarras y la clara
expresión de voluntad de reiniciar los contactos que la banda
unilateralmente decidió suspender este verano. Por la paz el Congreso
de los Diputados -todas las fuerzas políticas que lo integran-
definió un espacio político expresado en las mociones aprobadas por
unanimidad en los plenos de 10 de noviembre de 1998 y 15 de junio de
1999; un espacio político construido sobre la referencia al diálogo
entre demócratas, al impulso de una nueva orientación de la política
penitenciaria en la medida en que así lo permita el fin de la
violencia y en la conclusión inmediata de un texto orientado a la
reparación de las víctimas en los términos del que hoy se somete a la
consideración de esta Cámara y conforme y en coincidencia con la
propia intención también expresada por el Gobierno.
Es evidente que durante el año transcurrido desde que ETA hiciera
público su anuncio, sociedad, Gobierno y Parlamento han estado
plenamente activos en favor de la paz, mientras que el inmovilismo de
aquellos que siguen demostrando miedo a esa paz se ha repetido en la
continuidad de la llamada violencia callejera y en el intento
reiterado de quitar voz a una parte de la sociedad vasca, que
legítimamente tiene derecho a expresarse y a ejercitar con plenitud
la representación que le ha sido conferida en las urnas. Sin embargo,
el análisis y el discurso caduco de quienes siguen justificando todo
eso no ha podido impedir que los demócratas sigamos caminando juntos
hacia la paz, y la proposición de ley objeto de este acto da prueba
de ello. Cierto es que queda aún mucho camino por recorrer y queda,
sobre todo, que quienes tienen que poner fin por sí mismos a la
violencia que han venido practicando lo hagan de manera inequívoca y
sin retorno. Los demócratas, todos los demócratas representados en
esta Cámara jamás le hemos vuelto la espalda a la paz, y por eso no
tenemos deuda alguna con la paz. Son otros los que tienen todavía que
apostar por la paz, son otros los que tienen que desterrar modos y
prácticasincompatibles con la paz, son otros, en suma, los
que aún no han dicho sí a la paz, a una paz por la que el Estado de
derecho nunca pagará precio político o condición.
En este contexto, esta proposición de ley nace gracias a la
aportación de todos y, por eso, debiera marcar un punto y aparte en
orden a reforzar la cohesión de los demócratas en la búsqueda de la
paz, sabiendo que la paz ni tiene significado electoral, ni tiene
alcance partidario, ni puede ser nunca sinónimo de confrontación. La
paz se conjuga con palabras que no hagan nunca del adversario enemigo
y con proyectos compartidos alejados de cualquier planteamiento de
exclusión, sin que nadie tenga por ello que renunciar a su identidad
o a su discurso. El Grupo Parlamentario Popular sabe bien que el
Gobierno ha trabajado, ha venido trabajando así y seguirá trabajando
así con todos los grupos de la Cámara, en consonancia con la voluntad
de un pueblo que quiere vivir sin más sangre derramada. A ese fin
sirve esta proposición de ley, precisamente porque las víctimas y sus
familias merecen que juntos todos los demócratas logremos ganar la
paz desde la ley, la justicia, la solidaridad y el perdón. Por eso
esta proposición de ley es ante todo una manifestación de honor a las
víctimas, porque sin duda ellas son las que más han dado en pro de la
libertad, que es lo mismo que decir en pro de la democracia y de la
paz.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Concluido así el debate sobre la proposición de ley, vamos a proceder
a su votación. Llámese a votación. (Pausa.)
Votación correspondiente a la proposición de ley de los grupos
Popular, Socialista, de Izquierda Unida, de Convergència i Unió,
Vasco (PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de solidaridad con las
víctimas del terrorismo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 304; en contra, dos; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley de solidaridad con las
víctimas del terrorismo.
Señorías, antes de pasar al siguiente punto del orden del día y en
relación directa con la iniciativa que acaba de ser tomada en
consideración por la Cámara, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta
de Portavoces, quiero someter al Pleno, para que en su caso lo decida
por asentimiento si ningún grupo opina lo contrario, la tramitación
directa y en lectura única de la proposición de ley que acaba de ser
aprobada. ¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias,
señorías.
A su vez, la Mesa ha acordado, en previsión de esta decisión del
Pleno, abrir plazo de enmiendas que vencería en el día de mañana a
las ocho de la tarde, acortando
por tanto los plazos habituales para, de esta forma, y así lo
someto también a la consideración y asentimiento del Pleno, modificar
el orden del día correspondiente a la sesión del jueves para incluir,
tras el debate de la convalidación o derogación de los reales
decretos-leyes que figuran como números 39 y 40, el debate y
tramitación en lectura única de un nuevo punto del orden del día
consistente precisamente en esta proposición de ley, que figuraría
por tanto como un número nuevo 40 bis. ¿Lo acuerda también así el
Pleno? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías. En consecuencia, se
tramitará conforme a lo acordado por el Pleno.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS
DE FUTURO DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 162/000413.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE
EQUIPARACIÓN DE LA CUANTÍA DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS AL
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y SOBRE LA MEJORA DE OTRAS
PRESTACIONES ASISTENCIALES. (Número de expediente 162/000356.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES LÓPEZ Y PERALTA), SOBRE
MEJORA DE LAS PENSIONES MÁS BAJAS DE NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL. (Número de expediente 162/000412.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), SOBRE AUMENTO DE LAS
PENSIONES MÍNIMAS Y REVISIÓN DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de
expediente 162/000414.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto II del orden del día: Debate
sobre proposiciones no de ley, comenzando por la del Grupo Popular
sobre valoración y perspectivas de futuro del Pacto de Toledo, a la
que se han acumulado las del Grupo de Izquierda Unida sobre
equiparación de la cuantía de las pensiones no contributivas al
salario mínimo interprofesional y sobre la mejora de otras
prestaciones asistenciales, la del Grupo Mixto sobre mejora de las
pensiones más bajas de nuestro sistema de Seguridad Social y también
la del Grupo Mixto, de aumento de las pensiones mínimas y revisión
del Pacto de Toledo. Se debatirán, como digo, acumuladamente,
comenzando por la presentación de la del Grupo Popular y luego las
correspondientes que han sido leídas que están en el orden del día,
para dejar luego fijación de posición a los restantes grupos
parlamentarios.
Comienza, por tanto, la presentación el Grupo Parlamentario Popular,
que lo hará por medio del señor Camps Devesa. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio para que pueda continuar el desarrollo del
orden del día. Señor Belloch, si ha de despachar, hágalo de manera
discreta.
Adelante.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el 6 de abril de 1995 esta Cámara debatió y aprobó
prácticamente por unanimidad el informe de la ponencia para el
análisis y seguimiento de los problemas estructurales de la Seguridad
Social y principales reformas que debían acometerse, más conocido por
todos como el Pacto de Toledo, pacto que, como SS.SS. conocen bien,
traía su causa en la preocupación social que existía en esos momentos
sobre el futuro del sistema público de pensiones y que tenía su fin
en hacer llegar al Gobierno, a aquel Gobierno o a cualquier Gobierno,
las propuestas o recomendaciones necesarias para mantener el actual
sistema y garantizar su viabilidad. Entonces llegamos todos, todos
los grupos políticos con representación en esta Cámara, a una
conclusión: el sistema público de Seguridad Social vigente en nuestro
país, reconocido en nuestra Constitución, debía mantenerse, debía
consolidarse, debía garantizarse su viabilidad futura a través de la
adopción de medidas que permitieran su adaptación constante a las
nuevas realidades y retos que pudieran plantearse, lo que suponía, en
definitiva, señorías, que optamos todos por un crecimiento ordenado
del sistema que garantizara no sólo las pensiones del presente, sino
también las de las generaciones venideras de españolas y de
españoles. Asimismo, señorías, existía un claro principio inspirador
del propio pacto que se vio reforzado con su aprobación: las
pensiones no podían ser objeto de contienda electoral ni partidista,
nuestros mayores no deberían convertirse nunca más en campo de
batalla electoral. Hoy como entonces, señorías, el Partido Popular
sigue firmemente convencido de lo que se acordó y manifiesta su clara
voluntad de seguir defendiendo de la a a la zeta ese gran acuerdo que
fue y es el Pacto de Toledo, ese sólido compromiso de todos los
partidos políticos con representación parlamentaria, uno de los
mayores activos de la aún joven democracia española. Ese gran pacto
sigue hoy para el Partido Popular plenamente vigente y demuestra bien
a las claras que somos capaces de ponernos de acuerdo, dejando de
lado diferencias partidarias cuando la ocasión lo requiere, y qué
mejor ocasión, señorías, que la que tenemos ahora frente a nosotros
en esta materia que nos afecta a todos, porque quien no es
pensionista hoy aspira a serlo algún día, porque el esfuerzo de ayer
merece una recompensa hoy, porque el esfuerzo de hoy debe ser
recompensado mañana y porque el esfuerzo de todos debe dirigirse
principalmente a quien más lo necesita, a los más débiles, a los más
desfavorecidos. Hoy no es cuestión, señorías, de debatir sobre las
deslealtades, que las ha habido, no es momento de
reproches, que se podrían hacer, ni tiempo para excusas; esa es al
menos la intención de mi grupo parlamentario. Hoy, a nuestro juicio,
es momento de decidir si somos capaces de volver, serena, responsable
y seriamente, a decidir un compromiso sobre el mantenimiento de
nuestro sistema de Seguridad Social o de si seremos capaces, como ya
lo hemos hecho anteriormente, de debatir serenamente, adoptar
decisiones responsables y ser serios en el desarrollo de las mismas.
Señorías, no debemos caer en debates formales ni nominalistas. Es
evidente que el Congreso de los Diputados alcanzó un consenso sobre
la política de pensiones sin ningún término temporal. El Pacto de
Toledo no tiene vencimiento; como ya hemos dicho está plenamente
vigente y justamente por ello no se puede hablar de incumplimiento
del mismo en el desarrollo de recomendaciones. Puede que se vaya más
rápido a juicio de algunas de SS.SS., o más lento a juicio de otras
de SS.SS., pero no podrá parecerle a ninguna de SS.SS. que este
Gobierno ni esta Cámara haya adoptado ningún tipo de recomendación,
desarrollo de las mismas, acuerdo, proposición de ley o no de ley,
que sea contraria a la letra y al espíritu del Pacto de Toledo.
Señorías, sólo hay un Pacto de Toledo y ese único Pacto de Toledo
este Gobierno lo está cumpliendo, el Gobierno del Partido Popular. Lo
que nos corresponde ahora en sede parlamentaria, y así lo solicitamos
en nuestra proposición no de ley, es realizar la evaluación periódica
a la que estamos mandatados por el propio pacto en su recomendación
decimoquinta, valorar los resultados obtenidos en la aplicación de
las recomendaciones del citado pacto y estudiar su desarrollo futuro,
pero manteniendo inalterables, señorías, los principios inspiradores
del propio pacto y de nuestro sistema de Seguridad Social. Por ello
fijamos en nuestra proposición no de ley que ese desarrollo del pacto
debe estar determinado por los principios de sostenibilidad, de
estabilidad y de igualdad de prestaciones para toda España, que son
los principios que permiten garantizar la mejora del nivel del
bienestar de nuestros pensionistas, con especial atención a las
pensiones de menor cuantía. Lo solicitamos hoy a los grupos con
representación política en esta Cámara antes del momento establecido
para ello, antes del momento establecido en el propio pacto, porque
entendemos que es la mejor manera de acabar con actitudes tomadas por
determinadas comunidades autónomas de forma unilateral que suponen
claramente una ruptura de la unidad del sistema público de pensiones,
porque entendemos y creemos que es la mejor manera de frenar las
tentaciones partidistas de aquellos que quieren volver a hacer de
nuestros mayores un campo de batalla electoral y porque estamos
firmemente convencidos de que cualquier medida que se adopte sobre
esta materia debe contar con el máximo acuerdo social y político.
Nosotros siempre hemos creído en el consenso y en el talante
dialogante que ha permitido llegar hasta ahora en esta materia a
importantes acuerdos entre los grupos políticos y con los agentes
sociales; estamos
seguros de que la mayoría de los grupos de esta Cámara también, y por
ello debemos reconducir y canalizar la polémica de las pensiones a
los ámbitos de los que nunca debió salir, el parlamentario y el del
diálogo social. Hoy, señorías, estamos en mejor situación que hace
cinco años. Hoy el debate no se centra en el mantenimiento de nuestro
sistema público de pensiones, sino en su capacidad de afrontar una de
las mejoras de las prestaciones que ella otorga. Ello es así porque
durante el mandato del Partido Popular todas, reitero, todas las
pensiones han mejorado su poder adquisitivo, cosa que antes no
ocurría, porque durante el mandato del Partido Popular se ha
asegurado el sistema de pensiones por la creación de empleo y el
récord de afiliados al sistema de Seguridad Social, porque durante el
mandato del Partido Popular, señorías, se ha reducido el déficit de
la Seguridad Social a cero. Así pues, hoy, señorías, el futuro de la
Seguridad Social empieza a despejarse para todos, para los mayores
porque tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo,
para los jóvenes porque se han sentado las bases para consolidar un
sistema de pensiones que garantiza sus derechos futuros. El sistema
público de pensiones está garantizado. No sólo fue una promesa
electoral ya cumplida y un compromiso del Gobierno ya desarrollado,
sino que es la respuesta del sistema al esfuerzo solidario del
conjunto de la sociedad, en aras de la equidad y la justicia al
amparo de un mandato constitucional.
Señorías, hoy las españolas y los españoles esperan de esta Cámara un
pronunciamiento claro, si es posible unánime, sobre el futuro de
nuestro sistema de protección social, y no inútiles batallas
partidarias que a la postre lo más que consiguen es llevar
intranquilidad a nuestros mayores y escepticismo a los que algún día
aspiran a ser pensionistas. El debate que debemos tener no debe estar
cercenado por decisiones que se puede pedir que adopte el Pleno de
hoy. Por eso el contenido de las proposiciones de ley -que también se
han acumulado al debate de la del Partido Popular- es aceptado en
mucha parte por este grupo parlamentario, pero en otra nos parece
inadmisible, porque sería lo mismo que poner ya coto al debate que se
ha de producir entre todos los grupos parlamentarios en esta
revisión, en esta nueva evaluación que tiene que hacerse del Pacto de
Toledo. Sí valoramos positivamente de todos los grupos, e incluso
esperamos que del principal grupo de la oposición, que, volviendo
éste a la cordura política que ha perdido desde hace mucho tiempo en
esta materia y siendo nosotros ya responsables, y manteniéndose en
las posiciones que han mantenido en esta Cámara, sean capaces, seamos
capaces de tomar las decisiones que nos corresponden cuando nos
corresponde y en el ámbito que nos corresponde, y hagámoslo, señores,
de forma reflexiva, seria, serena, responsable, con el respeto de
todos y buscando el máximo consenso social dentro y fuera de esta
Cámara. Eso es, sencilla y claramente, lo que pretende el Partido
Popular con esta proposición no de ley, pero no es lo más importante.
Creo que eso es lo que merecen
millones de pensionistas que hoy están dentro de nuestro sistema de
Seguridad Social y, sobre todo, millones de españolas y de españoles
que algún día aspiran a serlo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps.
El señor Vaquero del Pozo presentará la iniciativa acumulada del
Grupo de Izquierda Unida.
El señor VAQUERO DEL POZO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tribuna de invitados, Izquierda Unida no puede sino
felicitarse por esta segunda fase del debate sobre la subida de
pensiones que iniciamos hoy. Nos felicitamos, en primer lugar, porque
la primera fase de este debate se ha caracterizado por una cierta
demagogia electoral que ha tenido una única virtualidad positiva: la
de preparar la trascendencia pública de este debate; el que, al
final, la insuficiencia de la cuantía de las pensiones se haya
convertido en un tema de moda que necesariamente todo el mundo ha
tenido que abordar. Si de algo han servido las veinticinco pesetas
por día que Chaves ha dado a los pensionistas andaluces o las veinte
pesetas por día que ha dado el señor Pujol a los pensionistas
catalanes con pensiones más bajas ha sido precisamente para eso, para
levantar la liebre de la insuficiencia de las pensiones. El Gobierno
se ha puesto a la defensiva. Ahora trata de reconducir el tema,
veremos en qué términos. Precisamente estamos iniciando este debate.
Izquierda Unida siempre ha tenido esta preocupación y la ha
manifestado de una u otra forma, y ha sido la primera fuerza política
que presentó en el registro de esta Cámara una proposición no de ley
cuando todavía no estaba de moda, cuando todavía todo estaba
circunscrito al Pacto de Toledo, cuando todavía todo estaba bien
atado y la única revalorización de pensiones que se planteaba era
precisamente la que contemplaba el Pacto de Toledo y su desarrollo
legislativo en el artículo 48, precisamente la revalorización
respecto al IPC año tras año. Efectivamente, el Pacto de Toledo
contemplaba esa revalorización y solamente ésa. En cualquier caso,
nosotros siempre hemos tenido la intención de, dentro del Pacto de
Toledo o más allá, desbordando ese pacto, situar este asunto como una
preocupación de esta Cámara, porque era nuestra preocupación y la de
los pensionistas españoles. Efectivamente, hablar de pensiones en
este país es hablar de pobreza, de los 2.192.000 hogares pobres que
existen en España, según el informe Foessa del año 1998. Un 65,2 por
ciento de esos hogares recibe alguna prestación o ayuda del Estado,
entre otras, las pensiones contributivas y no contributivas del
sistema público de pensiones y, a pesar de esas ayudas, siguen siendo
hogares pobres. Dos tercios de esos ocho millones y medio de pobres
españoles reciben alguna ayuda y, sin
embargo, esas ayudas, esas prestaciones sociales no les sirven para
salir de la pobreza.
Es un tema que en cierto modo ha sido pospuesto ya que este Gobierno
tenía otras prioridades, como la de la convergencia nominal, que ésa
sí se ha conseguido. Ya hemos conseguido llegar al euro con buena
nota y, sin embargo, no hemos logrado pensiones europeas; nuestro
gasto social sigue distando 2,6 billones respecto del gasto social
europeo. Tenemos margen todavía para subir; sin embargo, muy al
contrario, hemos bajado respecto al producto interior bruto la
cuantía de nuestro gasto en pensiones contributivas, desde el 9,13 en
1996 al 8,99 en este año 1999. La pensión media ha bajado a 46,5,
mientras que en otros países la que menos está en Alemania, el 51 por
ciento de la renta per cápita, siendo en Grecia el 78 por ciento de
dicha renta. La prioridad ha sido otra en la acción legislativa y en
la acción política gubernamental de este Gobierno. Ha sido, por
ejemplo, favorecer las rentas más altas y las rentas medianas, con un
coste de la reforma fiscal que hemos emprendido el año pasado de
600.000 millones de pesetas. No se me diga que ha subido la
recaudación por el IRPF un billón, porque podría haber subido 1,6
billones ¿verdad? Si se es keynesiano a la entrada, se tiene que ser
también keynesiano a la salida, en el argumento final. También se han
favorecido mediante los gastos fiscales los planes de pensiones en
159.000 millones de pesetas, así como se han favorecido a las
eléctricas con ese compromiso de devolverles 1,3 billones de pesetas
a esas empresas multimillonarias. Estas han sido las prioridades y no
ha sido ciertamente la de mejorar la situación crítica y la
insuficiencia de la cuantía de las pensiones.
Hemos de felicitarnos porque al final llega la hora. Sea como fuere,
parece ser que hay un cierto consenso, una cierta preocupación por
parte de todos los grupos de esta Cámara, de la opinión pública en
general, de que hay que subir las pensiones. Señorías, hay distintas
maneras de hacerlo. Se nos ha argumentado la forma de un tanto alzado
insignificante, mínimo, una especie de paga no consolidada en la base
de la pensión, que no va a servir para la mejora futura de esas
pensiones. También se nos ha planteado que fueran las comunidades
autónomas las que suplementasen las pensiones mínimas del Estado,
pero no estamos de acuerdo con ello puesto que pensamos que las
pensiones deben seguir siendo una cuestión de Estado. Se ha esgrimido
que se mejoren ambas. Nosotros pensamos que deben mejorarse las no
contributivas y las contributivas, porque muchas de ellas son
mínimas: más de un 60 por ciento del conjunto de las pensiones en
España sigue estando por debajo del salario mínimo interprofesional.
Finalmente, se ha solicitado que se haga por decreto-ley y no por una
ley. Nosotros entendemos que tiene que ser la acción legislativa del
conjunto de esta Cámara y no sólo el Gobierno el que aborde esta
cuestión.
Señorías, antes de presentar la propuesta concreta de Izquierda
Unida, estimamos que es necesario condicionar
la forma de mejorar las pensiones a que sea una subida
consolidable en la base de la pensión y a que sean pensiones iguales
para todos los pensionistas del Estado español, porque las pensiones
son para los pensionistas, no para ningún presidente de comunidad
autónoma que se quiera lucir o que quiera obtener votos a través de
ello. Tiene que haber una cierta referencia estable para la subida de
hoy y para el futuro, y no sólo para la subida de las pensiones sino
también del desempleo, de los salarios más bajos, de las empleadas de
hogar, de muchos colectivos, de gente que está esperando a que haya
una subida referenciada respecto a un elemento estable, que lo
tenemos pero que no conseguimos ser consecuentes con esa referencia,
que es el salario mínimo interprofesional. Cuando se habla de una
subida de pensiones necesariamente tiene que hacerse en relación con
el salario mínimo interprofesional, que, por cierto, se ha reducido
en 12 puntos desde 1980 a 1999. Por tanto, solicitamos que junto a la
subida de las pensiones también se suba el salario mínimo
interprofesional. Asimismo queremos que la subida y el tratamiento de
las pensiones se condicione a la participación social y política; es
decir, que se consensúe con los sindicatos y, a ser posible, con la
patronal, pero también con los partidos de esta Cámara. Es necesario
que quizá no el contenido, porque nos vamos a desbordar, se diga o no
-no haremos polémica de eso-, pero que al menos el consenso formal
del Pacto de Toledo se respete. Y queremos que sea mediante una ley,
a ser posible consensuada. Haremos ese esfuerzo y ese intento, no les
quepa la menor duda, aunque quizás discrepemos de la cuantía y de la
fórmula concreta de estas subidas.
Nuestra propuesta no puede ser sino referenciada al salario mínimo
interprofesional. Proponemos que las pensiones contributivas con
cónyuge a cargo lleguen al cien por cien del salario mínimo
interprofesional; que se discuta sobre si las contributivas sin
cónyuge a cargo llegan a un 85 por ciento, como es la propuesta en
concreto de UGT; y que las pensiones no contributivas sean un 70 por
ciento del salario mínimo interprofesional, porque sería ilógico que
llegaran a un cien por cien. Habrá que distinguir entre las
contributivas y no contributivas para no incentivar la picaresca
empresarial de que la cotización social deje de ser un elemento
necesario.
Creemos que esta subida que nosotros propugnamos es lo más correcto y
que la subida a tanto alzado, la subida caprichosa de una cantidad,
sea la que fuere, no tiene esa referencia estable que es
absolutamente necesario plantear. Junto a la equiparación al salario
mínimo, solicitamos la actualización de ese salario mínimo a corto
plazo, como ya he dicho, subiendo un 12 por ciento. Eso equivaldría
en este año a un costo de 319.000 millones de pesetas. Y a largo
plazo abogamos por la voluntad política de superar el incumplimiento
histórico de un compromiso que contrajo el Estado español en el año
1980 cuando ratificó la Carta SocialEuropea. Señorías, entonces nos
comprometimos a que
nuestro salario mínimo interprofesional fuera el 68 por ciento del
salario medio. Sin embargo, hoy todavía estamos a una gran distancia
del mismo, a un 36 por ciento de ese salario medio. Nos queda todavía
una larga distancia de millones de pesetas para llegar al
cumplimiento de ese compromiso. Sería necesario que tuviéramos la
voluntad política a medio plazo de ir salvando esa distancia para la
dignificación de las pensiones y el cumplimiento de nuestros
compromisos.
Quiero añadir un último elemento que nos parece fundamental.
Izquierda Unida no se plantea la subida de las pensiones como algo
aislado del conjunto de la protección social en España. Propugnamos
que también se hable de la protección de los parados. Pensionistas y
parados son los colectivos más perjudicados por la política de este
Gobierno en los últimos años. Queremos que, junto a esto, haya una
subida en los Presupuestos Generales del Estado de 280.000 millones
de pesetas para la protección de los parados. Si ustedes suman
320.000 y 280.000 millones les darán exactamente los 600.000 millones
de pesetas que le costó a este país mejorar las rentas más altas y
medianas por la reforma del IRPF. No se puede decir que nuestra
propuesta sea algo que se sube a las nubes, que es ilógica o que no
tiene precedentes. Pedimos para las pensiones y para las rentas más
bajas justo lo que se hizo el año pasado para las rentas más altas y
medianas. Esa es nuestra propuesta. Ni más ni menos, señorías. ¿Les
parece a ustedes descabellada? Nosotros creemos que es absolutamente
justa y por eso vamos a pelear y a debatir en el foro que sea.
Esperemos que sea lo antes posible. Esperemos que si se aprueba sea
hoy mismo ...
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, vaya concluyendo, por favor.
El señor VAQUERO DEL POZO: Sí, señor presidente.
Quiero decir que efectivamente hay elementos de las otras
proposiciones no de ley que vamos a compartir, otros no y nos
abstendremos en alguna de ellas. Vamos a aceptar aquellas que
solicitan que se convoque un foro, sea en la Comisión de Política
Social y Empleo o sea en otro foro distinto ad hoc. Creemos que desde
hoy tendría que haber la voluntad política de hacer una mejora de las
pensiones seria, estable y definitiva de aquí para el futuro.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
Pasamos a las iniciativas suscritas por el Grupo Parlamentario Mixto.
Son dos: una, a nombre de los señores López y Peralta, y la siguiente
a nombre del señor Saura.
Comenzamos por la que defenderá el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, un pacto que se acepta y se suscribe es, sin lugar a dudas,
para cumplirlo. Esa es la mínima obligación
que cabe esperar de quien pone su firma o da su consentimiento a
dicho pacto. Si ese acuerdo es entre todos los grupos parlamentarios,
y además se produce en el centro de la vida política de una
democracia, tiene una gran relevancia política. Ese pacto debe ser
objeto de un cuidado y de un trato exquisito por parte de todos,
especialmente de quienes tienen las máximas responsabilidades en la
Administración, del Gobierno.
Señorías, es la opinión de Nueva Izquierda que no ha sido ese el
trato que el Gobierno ha dispensado al Pacto de Toledo. Buena prueba
de ello es que, tal como recordaba el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, se cumplen cuatro años desde su firma y ni en
una sola ocasión el Gobierno, en cuanto administrador y destinatario
de los mandatos parlamentarios del Pacto de Toledo, ha convocado a
los otros grupos parlamentarios que lo suscribimos al objeto de
informar de sus planes, de la evolución de la Seguridad Social y
discutir y debatir las medidas que era necesario tomar o que el
Gobierno consideraba necesario transmitir a los otros grupos
parlamentarios. Ni en una sola ocasión, señorías. Esta es la
realidad. Los grupos parlamentarios no han sido convocados ni en una
sola ocasión.
Voy a decirles más. Esta Cámara, al comienzo de esta legislatura,
creyó necesario institucionalizar ese trato y se creó una comisión de
seguimiento. La mayoría de esta Cámara cerró la citada comisión con
un argumento sin lugar a dudas peregrino: como no tenía plazo fijado
de duración -una comisión de seguimiento del Pacto de Toledo
lógicamente tenía la misma duración que el Pacto de Toledo- se afirmó
que no tenía plazo señalado, que por tanto era de seis meses, y se
declaró caducada. Desde ese momento, los grupos parlamentarios no
hemos sido informados del desarrollo del Pacto de Toledo ni a través
de esa comisión ni a través de ningún otro mecanismo. Ni en una sola
ocasión. Esa es la expresión clara del trato y de la voluntad del
Grupo Popular y del Gobierno hacia el Pacto de Toledo. Una voluntad,
sin lugar a dudas, de asumir el protagonismo exclusivo, de prescindir
de los otros grupos parlamentarios, alguno de los cuales lo firmó
cuando era gobierno y, en todo caso, todos pusimos nuestro grano de
arena. Todos hemos sido marginados.
Hoy nos encontramos aquí con que el grupo que sostiene al Gobierno
viene con una proposición no de ley que nos dice que lo que hay que
hacer es reunir a la Comisión de Política Social y Empleo para
valorar los resultados obtenidos de la aplicación de las
recomendaciones y estudiar su desarrollo futuro. Señorías, eso no es
lo que está a la orden del día de este país. Lo que está a la orden
del día de este país es cumplir íntegramente el Pacto de Toledo.
Cumplirlo íntegramente y no reunir a una comisión para que haga una
evaluación. Lo que hay que hacer es cumplirlo íntegramente. Eso es lo
que han pretendido hacer algunas comunidades autónomas, la andaluza
en concreto, considerando que había una recomendación que pedía subir
de manera específica las pensiones más bajas. Y ese trato específico
para las pensiones más bajas ha brillado por su
ausencia de manera notable en esta legislatura. Eso es lo que ha
anunciado la Comunidad Autónoma de Cataluña y eso es lo que está a la
orden del día: cumplirlo íntegramente.
Señorías, qué duda cabe de que está mucho más a la orden del día la
propuesta que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que
pide que se tomen medidas inmediatas. Existe un dato que viene a
ratificar la validez de ese planteamiento. Hoy se ha conocido la
inflación del pasado mes de agosto. Sin lugar a dudas, no podrá decir
el Gobierno que controla la inflación. Este año se le ha ido de las
manos hasta tal punto que, simultáneamente con la aparición de este
dato, el Gobierno ha revisado la previsión de inflación nada menos
que en un 33 por ciento de desviación: del 1,8 al 2,4. Pues bien,
señorías, eso lo están sufriendo hoy día a día los pensionistas en
este país. Es verdad que a final de año tienen la garantía del
ajuste, pero no es menos cierto que hoy ya están sufriendo ese
desfase. Sería necesario tomar medidas ya hoy, pero eso no lo hace el
Grupo Popular. El Grupo Popular que sostiene al Gobierno y el
Gobierno del Grupo Popular deberían haber convocado directamente al
Pacto de Toledo y no para hacer estudios, sino para ver cómo se
revalorizaban las pensiones más bajas ante esta situación.
Entiendo que se pida consenso. Hubiera deseado que ese consenso se
hubiera respetado y observado en toda la legislatura en esta materia.
Ha habido medidas de Seguridad Social que han sido objeto de fuerte
polémica en esta Cámara, puedo recordar alguna de ellas como el
control por médicos no pertenecientes al Servicio Nacional de Salud
de las bajas laborales. Señorías del Grupo Popular, ¿no les parece
poco proporcionado que pidan ustedes consenso para subir las
pensiones y, en definitiva, con su posición lastrar y retrasar la
subida de las pensiones cuando no han tenido el mismo criterio, por
ejemplo, para medidas de carácter fiscal, con una reforma que ha
rebajado los impuestos a los más ricos u otras medidas de trato
preferente a las rentas más altas que han sacado ustedes adelante por
escasa mayoría de esta Cámara? ¿Por qué para una cosa el consenso que
ustedes quieren lastrar y para otras la mayoría, pura y simple, para
intentar beneficiar a una minoría? Eso no es coherente ni justo.
Tengo que decirles que con esta proposición no de ley que hoy
presentan ustedes aquí no quieren subir las pensiones; pretenden,
pura y simplemente, ganar tiempo para que llegue el 1 de enero del
año 2000 y no haya revalorización en 1999. (El señor vicepresidente,
Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Y nosotros creemos que es
necesaria, ya en este año, más allá de la que va a imponer la
inflación incontrolada al Gobierno. Ustedes buscan simplemente ganar
tiempo y evitar incrementar las pensiones, y todo ello a costa de los
pensionistas. Permítanme que les diga, señoras y señores del Grupo
Popular, que es difícil esperar coherentemente otra cosa de ustedes.
¿Qué calificativo merece que el presidente del Gobierno se permita
calificar las medidas adoptadas por determinadas comunidades
autónomas como aguinaldos o limosnas? También lo ha dicho el
ministro de Trabajo. La propuesta que hace el Grupo Popular es no
subir nada en este año 1999. Esa es la realidad. Aquellos que suben,
aunque nos pueda parecer poco, deben merecer el mínimo reconocimiento
por parte de aquellos que no quieren subir nada. Esa es la posición
política de ustedes, esa es la voluntad de ustedes expresada en esta
proposición no de ley. Desde luego, la nuestra no tiene nada que ver
con eso. Nosotros no somos el Gobierno de la nación, no tenemos la
posibilidad de convocar el Pacto de Toledo, y sólo nos cabe la
posibilidad parlamentaria de expresar nuestra opinión pidiendo la
urgencia de su convocatoria en el mes de septiembre para acordar
además medidas de aumento de las pensiones. Ninguno de estos
elementos se contiene en la de ustedes. En esos términos, desde
luego, no podemos votarla favorablemente. Debe quedar claro que en
Nueva Izquierda estamos plenamente dispuestos a apostar por el
consenso para subir las pensiones ya en este año y también en el que
viene. Por eso, tengo que decir ya, tomando posición en relación con
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que
votaremos a favor de esa proposición.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Peralta.
Para la defensa de la última de estas proposiciones no de ley del
Grupo Parlamentario Mixto, firmada por el señor Saura, tiene la
palabra don Joan Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Paso a defender la proposición no de ley que hemos presentado los
diputados de Iniciativa per Catalunya- Els Verds, que trata de una
propuesta de incremento de las pensiones mínimas y de un método de
revisión del Pacto de Toledo.
Esta tarde pensaba que hoy, 14 de septiembre de 1999, han coincidido
dos hechos que ya dan una cierta perspectiva de los efectos y de los
resultados de la política económica y social del Gobierno del PP:
hemos conocido los datos de inflación y se produce el debate tal vez
más importante sobre pensiones en esta legislatura. Digo que hoy
constituyen estos dos hechos un paradigma por lo siguiente. En toda
esta legislatura el Gobierno y sus aliados nos han repetido que la
economía iba bien, que las cifras macroeconómicas iban bien, que las
reformas estructurales y las privatizaciones iban a significar una
disminución de la inflación, y simultáneamente, desde algunos grupos
de la oposición, los grupos de izquierda en concreto -voy a explicar
cuál ha sido nuestra posición en estos tres años-, hemos defendido
que la política económica y social del Gobierno defendía
fundamentalmente a los poderosos, a las rentas altas, a las compañías
eléctricas. Hemos visto cómo tranquilamente se ha dado más de un
billón de pesetas a las compañías eléctricas, tema que hoyestá hoy en
discusión en la Unión Europea, y estamos
viendo ya los efectos del IRPF o de la disminución de las plusvalías.
También hemos dicho durante estos tres años que el Gobierno no estaba
aprovechando el ciclo económico expansivo para mejorar algunos
déficit importantes del Estado de bienestar que aún tiene España. El
tema de las pensiones mínimas, contributivas y no contributivas, es
importante. Aquí se ha señalado antes -y quiero insistir en ello- que
posiblemente el principal problema del Estado español desde el punto
de vista social es que hoy, en el Estado español, hay 800.000
personas paradas que no cobran seguro de desempleo y hay más de
150.000 que tienen cargas familiares. Pues bien, una y otra vez el
partido del Gobierno y sus aliados han rechazado iniciativas de la
oposición o enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.
También se nos ha dicho que las privatizaciones que se estaban
produciendo iban a significar una liberalización y tenían que
significar una disminución de la inflación. Pues bien, hoy, 14 de
septiembre de 1999, vemos el rotundo fracaso del Gobierno en relación
al control de la inflación; rotundo fracaso que en buena parte hay
que achacar a que las privatizaciones del sector público que el
Gobierno ha hecho no han sido para liberalizar sino para convertir
parte del sector público en monopolios privados, a cuyo frente se ha
puesto a amigos del Gobierno. Hoy, una parte importantísima de todo
lo que se ha privatizado son baluartes importantes a la competencia
en el Estado español. Hoy, fundamentalmente los servicios, los
precios energéticos o las telecomunicaciones son responsables de que
el Gobierno va a tener difícil controlar la inflación, si quiere
controlarla; estamos fuera de los criterios de convergencia y el
Gobierno ha tenido que revisar la inflación en más de un 30 por
ciento. Tres años después de que la economía fuera bien nos
encontramos en este país en una situación de inflación absolutamente
extraordinaria con relación a la de los países del resto de la Unión
Europea, que va a tener consecuencias negativas sobre el conjunto del
Estado español.
Segundo elemento de coincidencia, las pensiones. Antes lo decía un
diputado de Izquierda Unida, y yo también estoy contento hoy por dos
razones: porque finalmente, en el mes de agosto, se ha reconocido que
las pensiones mínimas son bajas y el propio partido del Gobierno ha
reconocido asimismo que la situación económica permite aumentarlas,
porque esto es lo que se nos ha negado durante tres años. Lean, por
ejemplo, el debate de enmiendas a la totalidad de los presupuestos de
este año y del pasado, cuando el señor Rato negaba que las pensiones
mínimas fueran bajas o se decía que no había dinero. Pues bien,
parece que hoy hay consenso -veremos cómo se concretará este
consenso- sobre que las pensiones mínimas son bajas y que hay
recursos económicos para aumentarlas significativamente.
Antes de pasar a presentar nuestra proposición no de ley, quisiera
hacer referencia a tres cuestiones que envuelven el debate de las
pensiones, incluso algunas
de ellas están en el centro de este debate: el futuro del sistema
público de pensiones, las medidas de las comunidades autónomas y, en
concreto, las que ha adoptado Jordi Pujol en Cataluña. En relación al
sistema público de pensiones, quiero decir aquí que cada vez que hay
debate sobre las pensiones, y cuando no lo hay, los sectores más
ultraliberales, representantes de entidades financieras, los informes
del Banco Central Europeo, los informes de la CEOE, lanzan
constantemente la idea de que el sistema público de pensiones es
financieramente insostenible.
Es importante que el Gobierno diga claramente que esto no es así.
Posiblemente -y sin posiblemente-, el estudio de prospectiva del
futuro financiero de las pensiones más riguroso que se ha hecho en el
Estado español lo realizó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
en 1995. Se trataba de un estudio económico actuarial en el que se
decía que, en el año 1995, el gasto en pensiones significaba el 9,06
por ciento del PIB, y en diversos escenarios de crecimiento del PIB,
hasta el año 2030 en concreto, simplemente con un crecimiento del
2,5, significaba que para que el sistema público de pensiones tuviera
sostenibilidad el gasto estaría simplemente colocado en el 9,52; es
decir, del 9,06 del PIB en 1995 al 9,52 del PIB en el 2030,
suponiendo simplemente que el crecimiento del producto interior bruto
fuera del 2,5 por ciento. ¿Quién puede decir que el sistema público
no es sostenible? Evidentemente, hay que racionalizar más el sistema
público, seguro que hay que hacerlo, pero, en última instancia, el
sistema público de pensiones depende de la creación de empleo y de la
distribución de la riqueza. Por tanto, un reto de un determinado tipo
de sociedad que nosotros defendemos es que ese objetivo de
distribución de riqueza debe asegurar en cualquier caso un sistema
público de pensiones.
El segundo elemento de este debate que hoy ha salido aquí es si las
comunidades autónomas tienen o no competencias para subir o no las
pensiones contributivas y si esto supone un atentado contra la
igualdad del sistema o contra el sistema de caja única. Luego me
referiré a lo que pienso del acuerdo que ha tomado Jordi Pujol, pero
quiero decir que hoy las pensiones no son iguales ni en Andalucía, ni
en Galicia, ni en Extremadura, ni en el País Vasco, y que,
evidentemente, las comunidades autónomas, con su dinero, pueden
aumentar lo que quieran ¿Quién se lo va a negar? Imagínense que la
mayoría parlamentaria decide que no existan pensiones no
contributivas o congelarlas. ¿Cómo se va a negar que una mayoría de
un parlamento, con su dinero, no con el de la caja única, incremente
eso? Otra cuestión distinta es que debamos hacer lo posible para que
el sistema público de pensiones, el contributivo y el no
contributivo, del Estado, avance de forma consensuada y sea digno y,
por tanto, no exista posibilidad de electoralismo, que es lo que ha
ocurrido. No debe existir posibilidad de electoralismo, pero éste ha
sido posible porque las pensiones mínimas son muy bajas. He escuchado
muchas opiniones que, según
no sé qué criterio de igualdad, niegan la competencia, que no pueden
negar, de que las comunidades autónomas, con su dinero, no con el de
la Seguridad Social, puedan complementar pensiones que hoy no son
dignas.
El tercer elemento es la propuesta de Jordi Pujol. Jordi Pujol ha
tenido veinte años para hacer lo que ha hecho ahora; no lo ha hecho.
En esta legislatura ha votado en contra de los incrementos de las
pensiones mínimas; ha defendido y defiende el incremento de las
pensiones mínimas según un criterio que es una burla, una farsa: el
IPC catalán. Si el IPC español y el IPC catalán cumplieran los
criterios que marca la Unión Europea no habría diferencias. Jordi
Pujol es responsable de los incrementos de inflación del Estado
español junto con el Partido Popular, y él también tiene
responsabilidades en relación con el IPC de Cataluña, porque tiene
competencias de precios. Por tanto, si Jordi Pujol quiere luchar
contra el diferencial de inflación catalán, ha de aprovechar sus
competencias en precios. Si no hace todo eso, el máximo momento de
diferencia de inflación entre Cataluña y el Estado español es de 0,5
puntos, que aplicado sobre las 38.000 pesetas de las pensiones no
contributivas significa que la oferta electoral que hace Jordi Pujol
es de 190 pesetas al mes. No sé cómo ustedes lo calificarán, pero
creo que no es osado decir que es incluso una ofensa a la dignidad de
los pensionistas que cobran 38.000 pesetas. Cuando está haciendo una
propuesta de futuro de IPC catalán, está proponiendo en el mejor de
los casos 190 pesetas - insisto-, huyendo de sus responsabilidades.
Paso rápidamente ya a presentar los cuatro puntos de nuestra
proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Hágalo ya con brevedad,
señor Saura, porque su tiempo se ha terminado.
El señor SAURA LAPORTA: Brevísimamente, señor presidente, y muchas
gracias.
A mí me parece que, desde el mes de marzo y después de todo el debate
de este verano, lo que no podemos hacer aquí es decir que el Pacto de
Toledo se reúna. Yo tengo la sensación de que la sociedad española
espera hoy alguna cosa más. ¿Qué dice el Parlamento, que lo veremos
mañana, o el Parlamento tiene que decir alguna cosa más? Vamos a ver,
si todos los grupos parlamentarios han dicho que las pensiones
mínimas son bajas, ¿no deberíamos hoy aprobar una proposición no de
ley en la que dijéramos que se incrementará significativamente,
incluso sin poner cifras? Si estamos diciendo que son bajas, ¿no
sería bueno decir que, como mínimo, esto ha de ser para el año que
viene, no para el 2001? Por ello, nuestra proposición no de ley tiene
cuatro puntos. El primero, clarísimo: queremos que en el presupuesto
del año 2000 exista un aumento significativo (lo dejamos abierto, ya
discutiremos qué es significativo) de las pensiones contributivas en
la perspectiva del salario mínimo interprofesional (tampoco decimos
que sea el año que viene, sino en la
perspectiva) y de las no contributivas, en el 80 por ciento de las
contributivas.
Segundo acuerdo, que se cumpla el Pacto de Toledo, que en el año 2000
exista la separación de fuentes de financiación y que los 600.000
millones que hay de complementos de mínimos se financien con la
fiscalidad general.
Los puntos tercero y cuarto son clarísimos. Independientemente de
esto, hay que revisar el Pacto de Toledo, y proponemos dos cosas: que
los trabajos parlamentarios empiecen, pero que también se desarrolle
-porque ya ha empezado- el diálogo social, para que la revisión del
Pacto de Toledo pueda ser motivo de consenso político y social.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Saura.
A estas proposiciones no de ley, más precisamente a la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Popular, ha presentado una enmienda el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para su defensa, tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señor presidente, señorías, la
verdad es que voy a ceñirme al objeto de este trámite, que es la
valoración de las iniciativas, y sobre todo voy a exponer el porqué
de nuestra enmienda, entre otras cosas, porque yo no tengo, señor
Saura, la esquizofrenia de ir con los socialistas en tres
circunscripciones y enfrentarme en la cuarta con ellos, que es lo que
provoca aquí un debate que no debería haber tenido lugar, porque éste
es el Congreso de los Diputados y no el Parlament de Catalunya.
También podría decirle que los sindicatos catalanes -a los que usted
conoce perfectamente- han dicho y han publicado que si hay algún
referente en España en el ámbito laboral, en el ámbito social, es
precisamente Cataluña, y se han referido en concreto al IPC para que
lo tengamos en consideración. Por lo tanto, reitero, sin esa
esquizofrenia electoral, voy a ir, señor presidente, al núcleo de la
cuestión.
Abrimos este curso político, señorías, debatiendo sobre pensiones y,
por extensión, sobre el papel de los poderes públicos en una abierta
economía de mercado. Más allá de las discrepancias, que seguro que
las hay -ya se han producido- y que las habrá en un futuro más o
menos inmediato, ponemos de relieve que la auténtica política es lo
que versa sobre las cosas concretas y manifestamos que, como siempre,
los deseos se han de adecuar a las posibilidades y las ambiciones
a las oportunidades. Al final, en la administración de lo público
-también en lo público- la realidad impone su ley por encima de
soñadores voluntarismos.
Respecto a alguna exposición de las iniciativas que debatimos, sobre
todo en el ámbito de su presentación en la exposición de motivos y
alguna cuestión que aquí se ha dejado sobre la mesa (y me temo que
también
sobre la próxima e incluso sobre la interpelación prevista para la
tarde de mañana), así como a algunas manifestaciones hechas en los
medios de comunicación, debe avalarse el respeto por la diferencia de
juicio, pero también debe decirse aquí claramente que la ignorancia
es muy atrevida y muy pobre la memoria histórica que acompaña a
alguna argumentación. No estamos discutiendo nada nuevo, ni tampoco
sobre intangibilidades, sino tratando de una cuestión que tiene su
historia y que pone de relieve que la relación entre libertad,
justicia, equidad y solidaridad no puede establecerla el mundo
económico sino quienes regimos la sociedad por mandato democrático,
bajo el deber de mantener la cohesión de la misma, la cohesión de
esta sociedad, y redistribuir la riqueza que el conjunto del país
genera.
Lo histórico de este debate, señor presidente, tiene su punto de
partida el 5 de febrero de 1993, cuando el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) propuso la creación de una ponencia
para la reforma de la Seguridad Social, habida cuenta de las
penumbras que sobre su futuro arrojaban los datos entonces conocidos.
El Grupo Parlamentario Socialista, con mayoría absoluta en la Cámara,
se opuso, aduciendo -qué cosas- que el sistema estaba -cito
literalmente- solidificado financieramente y que además nosotros
estábamos creando -cito textualmente- alarma social. Febrero de 1993.
Siete meses y un día después reiteramos nuestra propuesta, la misma,
literalmente la misma, y entonces se nos dijo que sí, y vuelvo a
recuperar el «Diario de Sesiones» para releer, que la situación real
de la Seguridad Social -cito- puede dar al traste en el medio y en el
largo plazo con un proyecto de protección social de cobertura de
situaciones de necesidad. Se reconoció entonces, que no antes, siete
meses y un día antes, la preocupante situación financiera del sistema
de coberturas sociales, y ahí empezó a nacer el Pacto de Toledo y con
él -si me permiten- la cordura aplicada a la acción política; en
medio, claro, una pérdida de la mayoría absoluta socialista, un
déficit absolutamente galopante de la caja de la Seguridad Social, y
un ministro, el señor Solbes, que desde el rigor tuvo el coraje de
reconocer la situación y avisarnos a todos de la quiebra, si no se
reordenaba el sistema. Con todo, la gestión socialista en 1996 nos
legó un agujero presupuestario cercano al billón de pesetas, y esto
que, a decir de algunos, estábamos entonces en el país de Alicia y,
naturalmente, todo eran maravillas.
Nos preocupa, señor presidente, que quienes nos dejaron aquellos
lodos, nacidos de una errónea política económica, destructora de
empleo, desmotivadora respecto a inversiones, e hipotecadora de
futuros presupuestos públicos y repletos además de una gestión
paradigma del desequilibrio financiero del Estado; nos preocupa,
digo, que aquellos antiguos administradores se nieguen a aceptar que
hay un tiempo para cada cosa y cada cosa tiene un tiempo, como bien
nos recuerda el Eclesiastés. No es tiempo para usar necesidades
vitales de ayudas como argumentos de confrontación partidaria,
señorías, no es tiempo; no es tiempo para convertir en
mercancía electoral a los pensionistas, no es tiempo; no es tiempo
para crear esperanzas que jamás serán materializadas; no es tiempo
para todo ello, aunque sólo sea por decencia política. Pero sí lo es
para mejorar concretas situaciones que claman al cielo por injustas,
para redistribuir mejor la riqueza generada en este ciclo económico
expansivo que vivimos y para favorecer el futuro con racionalidad,
con posibilismo y con sostenibilidad.
Para ello creemos que hoy son dos los ámbitos de actuación inmediata:
uno, el presupuestario, donde deberán introducirse mejoras
sustantivas para el año 2000 en materia de pensiones mínimas en
cumplimiento, claro está, del Pacto de Toledo; y otro, aquél que se
nos propone relativo a la evaluación del vigente Pacto
y contingencias de desarrollo del mismo bajo la premisa de garantía de
pensiones para hoy, para mañana y para pasado mañana.
Por ello, a la vez que hemos animado al Gobierno a mejorar las
pensiones mínimas, contributivas y no contributivas, en el proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, suscribimos
hoy una enmienda para avanzar a esta fecha, a ahora mismo, a esta
semana si es posible, la creación de una comisión ad hoc que cumpla
con la previsión decimoquinta de las recomendaciones suscritas en
1995 por la ponencia redactora del informe que al final recibió el
nombre de Pacto de Toledo.
Créame, señor presidente, créanme, señorías, a nosotros nos mueve la
responsabilidad y la coherencia, y con ello el rigor. No nos interesa
la confrontación dialéctica. Nos importa, y mucho, solucionar
problemas y superar injusticias. Al fin y al cabo, los
acontecimientos producidos en el ámbito de la economía de mercado no
han desgastado ni un ápice las ideas de compromiso de bienestar que
han acompañado nuestra actuación política en esta Cámara desde 1977
ni menguado nuestra apuesta por la solidaridad. Acaso lo que debe
preocupar a otros es el crecimiento de lo que Anthony Hiddens
califica como capacidad social de reflexión, es decir, la madurez
crítica de la población y, por tanto, la inutilidad electoral de
planteamientos tan intelectualmente corruptos por su inaplicabilidad
como por su interés partidista, sobre todo en la no ética que les
acompaña y les sustenta.
Señor presidente, señorías, desde la autoridad que nos da al Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) haber sido impulsores del
llamado Pacto de Toledo, ofrecemos hoy a la Cámara, a todos ustedes,
un instrumento parlamentario, una comisión específica de estudio, que
puede aglutinar serenidad, realismo y eficacia; probablemente el
único escenario donde el rigor inducido por la efectividad pueda
sustituir al ruido ensordecedor de una confrontación partidaria que
puede tener visos incluso, me atrevo a decir, de mezquindad. Al fin y
al cabo, queremos aquello que nos piden tanto los actuales receptores
de pensiones comoquienes hoy cotizan para percibirla mañana, que es
la
inteligente combinación de prudencia y audacia como mecanismo óptimo
para mejorar todos juntos en un ámbito de bienestar sostenible en el
tiempo. Lo cierto es que vivimos una época muy prometedora. En parte
somos gente afortunada, pese a que convivamos con algunas aristas de
injusticia social. Estamos en un tiempo especialmente bueno para
avanzar en muchos frentes si lo sabemos aprovechar. Pero sería un
error ver el futuro y aproximarnos hacia él sólo o principalmente
bajo el impulso de los datos macroeconómicos y con dominante pauta
economicista. Siendo imprescindible tener un crecimiento económico
ambicioso, no se debe olvidar que el fin último de la acción política
son las personas. Todo el progreso material debe incidir
positivamente en la ciudadanía, y especialmente en aquellos sectores
de la sociedad menos favorecidos, aquellos, que los hay, que no
pueden seguir o simplemente se hallan muy alejados de las posiciones
intermedias de la propia sociedad. En todo Gobierno, de cualquier
color, no debe dominar la mentalidad de contable, sino la apuesta por
la justicia, la cohesión social y la convivencia, y ello en términos
de posibilismo para no erosionar ni el crecimiento ni la
imprescindible austeridad de las administraciones públicas. En
tiempos de expansión económica como los que afortunadamente estamos
viviendo, es cuando el perfil social de la gestión de la Hacienda del
Estado debe acenturarse. En esos parámetros, señor presidente,
señorías, enque el espíritu de seguridad y de protección no ahogue en
sentido de riesgo lo que toda sociedad necesita para progresar y en
que la vida política debe nutrirse de ideales referidos
a posibilidades reales y no a castradoras ingenuidades, en esos dos
parámetros, señor presidente, vamos a actuar, desde el convencimiento
de que hay margen económico para avanzar en la equidad social y que
debemos consolidar la actual etapa de fortalecimiento económico para
estabilizar al alza el sistema de la Seguridad Social.
Nada más, señor presidente, y muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
López de Lerma. ¿Grupos distintos de los proponentes y el enmendante
que han intervenido hasta ahora y que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señor presidente, señores y señoras
diputados, aprovecho este turno para fijar la posición de Coalición
Canaria en un tema sin duda extraordinariamente importante. Seré
breve. Sólo quiero entrar, esquemáticamente, dentro de este debate
que ha habido, en lo que nosotros pensamos que son los puntos
principales.
Primera cuestión. Hace apenas unos años -yo fui también ponente del
Pacto de Toledo- se abrió un debate en este país que no era sólo el
sistema público de pensiones, sino el Estado del bienestar.
Discutíamos
sobre la sanidad pública, el sistema público de pensiones, la
educación pública y si en los criterios de sostenibilidad, en los
criterios de equilibrios financieros, en los criterios de Maastricht
era posible o no mantener el Estado democrático y social de derecho
del que habla la Constitución española. Creo que hubo un debate muy
importante y en el frente de los derrotados -porque ya hubo
derrotados en esa primera batalla del Pacto de Toledo- estaban los
que defendían que el sistema público de pensiones no era posible a
largo plazo por el crecimiento y envejecimiento de la población, que
había que ir a un sistema público muy reducido complementario
mientras que el fondo privado de pensiones debería ser la base
fundamental; hablaban de que el sistema financiero tendría entre
siete y ocho billones de pesetas entre los años 2001 y 2002 a través
de fondos privados de pensiones y se pretendía dar una imagen
catastrófica del sistema público de pensiones. Hubo un gran debate y
a pesar de nuestras diferencias pactamos en el Pacto de Toledo algo
que fue esencial: el sistema público de pensiones es parte
consustancial de la Constitución española; creemos y defendemos que
los fondos complementarios de pensiones sólo son eso,
complementarios, y que tenemos que conseguir un sistema igualitario
de todos los españoles y un sistema de protección social suficiente y
digno.
El segundo problema que se planteó a partir de entonces fue si era
posible sostenerlo. El problema de la sostenibilidad no es retórico o
abstracto, es de números. Es decir, cuando tenemos 12 millones, como
teníamos entonces, de trabajadores ocupados dados de alta en la
Seguridad Social y siete millones y pico de pensionistas la relación
apenas llegaba al dos a uno -un sistema equilibrado es la relación
dos a uno- a largo plazo era un sistema muy peligroso y con una
situación de inestabilidad. Por tanto, el sistema se mantiene sobre
la base del rigor, del equilibrio y de la creación de empleo. Hemos
dado la batalla y hoy nos encontramos con más de 14 millones de
ocupados, dados de alta en la Seguridad Social, y siete millones
largos de pensionistas que ya empiezan a acercarse a la cifra de la
relación dos a uno que es la única que podría defender un sistema
público de pensiones a largo plazo con envejecimieto de población.
Si estamos en ello, el objetivo que nos tenemos que trazar en los
próximos años es llegar a 16 millones de altas en la Seguridad Social
en los próximos cuatro años, con más de 8 millones de pensionistas,
cuando en este momento tenemos ya a 14 millones de señores cotizando
que nos están preguntando en este momento si les ofrecemos no sólo
los dos millones y medio de los que estamos hablando, sino garantías
de que van a cobrar sus pensiones a largo plazo.
Yo lo que quisiera decir es que cuando ese debate lo teníamos en mi
grupo, también en otros, por supuesto el grupo del Gobierno, y
defendíamos estas posiciones que estamos manteniendo hoy aquí, nos
encontramos con que se abrió un debate el año pasado y el anterior
sobre que el sistema de Seguridad Social estaba en crisis, que había
un agujero negro, que había una quiebra interna, que había un déficit
oculto, que había una manipulación de cifras y que teníamos 600 ó
700.000 millones de pesetas de déficit oculto, elemento que creo que
no ayudaba a defender las posiciones de defensa del sector público,
del sistema público de pensiones y de lo que estábamos defendiendo en
el Pacto de Toledo; era crear una crisis de alarma.
Yo creo que el debate que estamos teniendo hoy aquí significa la
derrota de ese tipo de debate y de posiciones, porque, si lo que
estamos discutiendo hoy aquí es que es posible subir, la historia de
que el sistema de Seguridad Social estaba desequilibrado y en quiebra
y en bancarrota era falsa. Por tanto, la segunda batalla se ha
ganado.
Falta ahora la tercera que es la que tenemos en este momento. El
Grupo Popular nos propone la convocatoria del Pacto de Toledo.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque vamos a abrir un
debate sobre la sostenibilidad y el equilibrio del sistema a largo
plazo. Tenemos que dirigirnos a catorce millones y medio de
ciudadanos españoles para decirles que están pagando en este momento
la Seguridad Social y que van a tener pensiones en el futuro.
Coincido con la intervención de algún diputado del Grupo Mixto que ha
dicho que es verdad que es sostenible sobre la base del crecimiento,
de la creación de empleo y de los equilibrios, no sostenible en
cualquier marco, en cualquier situación o hipótesis; es sostenible
sobre la base de crecer, del rigor y de no demagogia.
Debate del Pacto de Toledo. ¿Cuál es el gran debate que se abre, si
se aprueba esta propuesta de que la ponencia del Pacto de Toledo
entre en la discusión siguiente? Primero, naturalmente, la defensa
del sistema público de pensiones; segundo, el tema de la división de
fuentes. Es cierto que sobre las cotizaciones de la Seguridad Social
no pueden recaer los gastos sanitarios, como ocurría antes, o las
pensiones no contributivas, que no son parte del sistema de la
Seguridad Social, del cotizante; por tanto, hay que separar fuentes y
en eso estamos, hemos avanzado en esa dirección.
Hay un gran debate sobre el que hay que pronunciarse. ¿El complemento
mínimo de pensiones es parte del sistema de cotizaciones, por tanto,
tiene que ir al presupuesto de la Seguridad Social o al presupuesto
del Estado? Este grupo ya adelanta que cree que debe haber de momento
y transitoriamente un modelo mixto, buscando el equilibrio de las dos
partes. Lo que no es posible es que el presupuesto del Estado de los
600.000 millones pague sólo 25.000 millones, que es lo que en este
momento paga y que carga sobre la Seguridad Social; en esa cuestión
hay que hacer más esfuerzo y más deprisa.
La otra cuestión que se nos va a plantear es el fondo de reserva.
Habrá momentos en que no crezcamos al 3,5 por ciento sino al 1,5 o al
2 por ciento; todos conocemos los ciclos de la economía. En esos
momentos, ¿habrá un fondo de reserva de 25.000 millones, como
alguien dice, que es lo que acaba de aprobar la Asamblea francesa?
Esos 25.000 millones son una señal simbólica para empezarlo; si no
tenemos como mínimo un fondo de 500.000 ó 600.000 millones que hay
que acumular en los próximos años, porque 500.000 millones es el
importe de un mes de pago de cotizaciones de Seguridad Social, no
tendremos ningún fondo de reserva. El presidente del Gobierno anuncia
ese tipo de avance del fondo de garantía o del fondo de reserva.
Nosotros estamos dispuestos a constituirlo rápidamente, porque es un
elemento de garantía para los futuros pensionistas en momentos que no
sean de auge económico. Por tanto, ya estamos hablando de lo que va a
ser el debate de la ponencia del Pacto de Toledo y estamos fijando
posiciones. Tenemos que decir hoy aquí que en nuestra opinión -ojalá
me equivoque, no me equivoco muchas veces porque este tipo de
pronóstico se basa en datos muy reales- no vamos a llegar a ningún
acuerdo en seis meses; llegaremos a un acuerdo sobre revisión de todo
el tema del Pacto de Toledo inmediatamente después de las elecciones.
¿Por qué no vamos a llegar en seis meses a un acuerdo al que sería
muy bueno llegar? Porque estamos en período preelectoral y todo el
mundo sabe que entre lo sensato y la demagogia hay solo un paso, pero
ése no se mide en distancias sino en tiempo. Los tiempos
preelectorales, desgraciadamente, no son los mejores para hacer este
tipo de debates porque la prueba de que estamos haciendo un debate
que no va a tener mucho contenido es que hoy todos podríamos, no con
esta proposición o la otra, estar de acuerdo en los puntos que van a
producirse inevitablemente, y es: primero, convoquemos el Pacto de
Toledo para discutir las cuestiones a largo plazo -en lo que nosotros
estamos de acuerdo- , y ya estamos fijando posiciones de lo que va a
ser el debate electoral, porque no vamos a llegar a acuerdos.
Segundo, acordemos ahora mismo que en los presupuestos del Estado de
este año tiene que haber una subida significativa, como decía
alguien. Claro que tiene que haber una subida significativa, ¿por
qué? Porque hay margen. ¿Por qué hay margen? Porque no estaba en
crisis el sistema de la Seguridad Social. ¿Cuál es el margen?
El margen dice que con la ponencia del Pacto de Toledo no podemos
aplazar una decisión que tiene que entrar en vigor el 1 de enero,
pero no por decreto y no arrancada y no viendo quién sale en la foto
y no viendo quién lanza la campaña electoral antes de tiempo. ¿No
decíamos que el tema de las pensiones responsablemente era una
política de Estado y que no debíamos utilizarlo como un elemento de
combate demagógico en las campañas electorales? Les invito a que aquí
nos pongamos de acuerdo pronto en las decisiones y que lleguemos a
acuerdos incluso antes de la campaña electoral y lo saquemos del
debate. Seguro que no; seguro que no, porque en Andalucía uno se
lanza a subir no sé cuánto. Llevado al límite del absurdo, los dos
ejemplos más significativos que hay sobre este debate se han
producido en Canarias. Uno, en el Ayuntamiento
de San Sebastián de La Gomera, donde el alcalde socialista ha subido
las pensiones. Otro, en un ayuntamiento del Partido Popular, en el
estado asistencial de La Oliva; no sé si saben dónde está. El
alcalde, que además es senador, tiene un estado asistencial de la
caridad instituida y siempre dice que la caridad empieza por uno
mismo; sin embargo, es el que tiene el sueldo como alcalde más alto
de España, después del señor Manzano. A continuación, reparte
pensiones, reparte libros de texto, becas, etcétera. Las demagogias
aquí están todas repartidas. Seamos claros y evidentes.
Nosotros fijamos nuestra posición. Ya tenemos nuestra posición
respecto a la revisión del Pacto de Toledo, podemos pactar
sensatamente en muy poco tiempo sobre la base de las garantías del
sistema público de pensiones, defensa del Estado del bienestar. Y
tenemos una propuesta para la defensa en los presupuestos de este
año. No por decreto. El Gobierno debe aprobarlo el 24 de septiembre,
es decir, dentro de quince días.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Mauricio, le ruego
concluya, por favor.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Termino, señor presidente.
Si alguien dice aquí, como se ha dicho, que esto es un debate para no
tomar la decisión de algo que es lamentable que esté ocurriendo, como
algunas pensiones bajas del sistema contributivo o las no
asistenciales, no es verdad. Se va a tomar una decisión. ¿Cuál va
a ser la decisión? ¿La propuesta del Gobierno, que habla de 20.000
millones de subida en total? ¿La propuesta de los sindicatos, que
habla de 80.000 millones en total? Partan ustedes por la mitad y
encontraremos el punto intermedio que permite que las no
contributivas se acerquen a un nivel razonable próximo al 70 por
ciento, que las contributivas bajas, sobre todo las que son
vergonzosas como las de viudedad, las de incapacidad permanente, las
de invalidez, etcétera, lleguen al 70, 80 ó 90 por ciento del salario
mínimo interprofesional y llegaremos a algo razonable, que permitirá
un acuerdo entre todos los grupos de la Cámara. ¿De verdad es eso lo
que interesa? ¿O lo que nos interesa es empezar la campaña electoral
a destiempo? Si interesa una solución responsable, el 24 de
septiembre la tendrá el Gobierno. Yo invito al Grupo Parlamentario
Popular y al Gobierno a que pacte con Convergència i Unió, con
nosotros y con el Grupo Vasco esa subida. Porque lo que sí sería malo
es que entráramos en ese debate no en el anteproyecto de ley del
presupuesto sino por enmiendas. No se lo aconsejo. Si cada uno
presenta aquí una enmienda, mal vamos. Pactemos entre todos la subida
del día 24 de septiembre, cerremos el debate de la subida para el año
2000 y a continuación abramos el debate sobre el Pacto de Toledo,
donde veremos las cifras previstas y programadas y seguro que
llegaremos a un acuerdo, si no se quiere hacer demagogia electoral.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mauricio.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, después de la polémica sobre las pensiones, que comenzó
hace unos meses con el anuncio por parte de alguna comunidad autónoma
de que iba a subir las pensiones no contributivas y que luego se
intensificó en el verano -en el verano estas cosas se intensifican,
porque hay muy pocas noticias-, era de esperar que íbamos a comenzar
el período legislativo con un debate sobre las pensiones del Pacto de
Toledo. Y no será porque este grupo parlamentario no propusiera
iniciativas parlamentarias en muchas ocasiones, en muchos debates que
hemos tenido en esta Cámara. Incluso propusimos la apertura de la
ponencia para la actualización del Pacto de Toledo en el pasado
debate sobre el estado de la nación. Y curiosamente esa propuesta que
hicimos no salió adelante. ¿Qué pedíamos? Que se abriera la ponencia,
que se hiciera un balance sobre el grado de cumplimiento de las
recomendaciones del pacto y una actualización de los datos que se
manejaron en su día, con el fin de prever una reforma, en su caso, de
las conclusiones que se habían tomado en la etapa anterior. Y además
con una especial atención a ciertas pensiones, a las más bajas y a
las de viudedad y orfandad. Eso decíamos en la propuesta de
resolución que presentamos en esta Cámara y que no fue aprobada.
Curiosamente, con el desarrollo de los acontecimientos se ha empujado
a los grupos parlamentarios a presentar un verdadero tropel de cinco
proposiciones no de ley, donde se pide de todo. Yo no sé si los
pensionistas tendrán algo claro después del debate de hoy, porque las
propuestas que se hacen son de todo tipo. El Partido Popular dice que
en la Comisión de Política Social y de Empleo se valoren los
resultados del Pacto de Toledo y que se estudie el desarrollo futuro,
con especial atención a las pensiones menores. No entendía muy bien
por qué tenía que ser en la Comisión de Política Social y de Empleo,
porque, como recordarán SS.SS., el problema del equilibrio financiero
de la Seguridad Social se trató dentro de la Comisión de
Presupuestos, que fue donde se creó la ponencia que dio como
resultado el informe del Pacto de Toledo. No es ese el problema. Creo
que lo importante son los fines y los objetivos y no tanto los
medios. Pero cuando hablamos del Pacto de Toledo estamos hablando del
equilibrio del sistema de la Seguridad Social. El Grupo Socialista
propone subir las pensiones no contributivas 28.000 pesetas, una paga
extra al 31 de diciembre y una revalorización para el año 2000. No
parece que solicite la apertura del Pacto de Toledo. Está bien que se
suba algo, pero tampoco pienso que llegue al fondo de la cuestión ni
del problema. Es una medida puntual que ofrece exclusivamente. Nos
parece una propuesta limitada
y muy puntual, excesivamente puntual. Izquierda Unida, para el año
1999, propone igualar la pensión mínima contributiva al salario
mínimo interprofesional, mantener la pensión no contributiva en el 70
por ciento del salario mínimo interprofesional, financiar estos
gastos con excedentes presupuestarios, reducir de la base imponible
del impuesto sobre la renta 500.000 pesetas para planes de pensiones,
que es el desarrollo del punto 14 del Pacto de Toledo, que hemos
estado dos años para sacarlo adelante. El Grupo Mixto hace una serie
de propuestas, una propuesta generalista de reabrir en cierto modo el
Pacto de Toledo, pero sólo para perceptores de pensiones más bajas, y
una serie de propuestas para el año 2000, como subidas de pensiones
mínimas contributivas y no contributivas significativamente -lo hemos
oído hace poco-, de una forma escalonada; separación de fuentes de
financiación; diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales;
revisar el Pacto de Toledo.
Señorías, este es un cúmulo de propuestas que parece que están hechas
a todo correr para ver cómo puedo yo ponerme en la foto y que los
pensionistas vean cómo defiendo sus intereses. Mi grupo parlamentario
entiende que esta no es la forma de abordar un tema tan delicado, tan
sensible como las pensiones. Estamos mezclando pensiones
contributivas con no contributivas, revisión del Pacto de Toledo con
limitación o sin limitación, medidas puntuales de aumentos para el
año 1999 o para el año 2000. Todo esto me parece, como decía, que no
está creando más que incertidumbre a los destinatarios de todo esto
que estamos proponiendo que son los pensionistas. ¿Por qué no decimos
las cosas claras, hablamos claramente y acordamos lo que se puede
acordar? En ese sentido, desde el Grupo Parlamentario Vasco, desde el
PNV, me van a permitir que les resuma en tres apartados lo que
nosotros pensamos que debe ser abordar un tema como este. Primero,
hay que precisar con claridad los conceptos, saber de qué se está
hablando. Hay que distinguir las pensiones contributivas,
provenientes de unos derechos adquiridos por haber contribuido al
sistema de la Seguridad Social, que debe ser revisado y actualizado
dentro del Pacto de Toledo, con especial atención a las pensiones más
bajas y a las de viudedad y orfandad. Hay que distinguir estas
pensiones contributivas de las llamadas pensiones no contributivas,
que son unos subsidios destinados a aquellas personas mayores de 65
años o enfermos sin recursos que no tienen derecho a cobrar del
sistema de pensiones de la Seguridad Social porque no han contribuido
o porque no cumplen los requisitos para alcanzar este derecho.
Este sistema, por tanto, debe ser financiado no por la Seguridad
Social sino a través de los Presupuestos Generales del Estado y en
consecuencia su debate debe centrarse precisamente dentro del debate
de los Presupuestos Generales del Estado. Además, este es un
colectivo susceptible de ser beneficiado por políticas sociales de
otras administraciones públicas dentro de sus competencias
presupuestarias. Y de ahí que nos
parezca adecuado y respetable la decisión de otras comunidades
autónomas de establecer ayudas económicas a estos colectivos, a
colectivos de escasos recursos dentro de su política social y
presupuestaria. Me parece que no hay que mezclar las cosas. Estas
pensiones no contributivas no son pensiones dentro del sistema de la
Seguridad Social. Por eso creo que es necesario distinguir estas dos
partes y dar el tratamiento adecuado a cada una de ellas. En
concreto, en la Comunidad Autónoma del País Vasco no tenemos este
problema de las pensiones no contributivas a estos niveles, porque se
engloban dentro de una previsión global, dentro de la política social
y en particular dentro de las ayudas por ingresos mínimos de
inserción que tenemos establecidas y que en este momento son de
46.150 pesetas. Por lo tanto, ya estamos cubriendo esas pensiones no
contributivas y, por supuesto, por encima del mínimo que se está
pagando.
Tampoco hay que mezclar conceptos -que se han mezclado y que no hacen
más que entorpecer el entendimiento de todo esto- como caja única o
sistema único con solidaridad interterritorial y con igualdad de
pensiones. El sistema único o lo que llaman ustedes la caja única de
la Seguridad Social es un concepto que está acuñado para salvaguardar
el poder de la Administración central, es un concepto que intenta
justificar la apropiación por el Estado de competencias propias de
las comunidades autónomas. Y poco a poco, menos mal, en este caso, el
Tribunal Constitucional está poniendo este tema en su sitio. Hay
algunas sentencias muy ilustrativas en este aspecto. Por lo tanto,
señorías, desmitifiquemos el concepto de caja única.
Solidaridad interterritorial. No vayamos a culpar al sistema de la
Seguridad Social de las diferencias interterritoriales ni de la
cohesión social, porque no tiene el sistema de Seguridad Social esta
culpa. La solidaridad y la cohesión social se fundamentan en otros
principios y mecanismos, al margen de la Seguridad Social. Ya existen
instrumentos adecuados para el equilibrio interterritorial de
compensación, además de las propias políticas de inversión para el
desarrollo regional. Desmitifiquemos también la tan manoseada
solidaridad interterritorial. Y la igualdad de pensiones. ¿De qué
igualdad de pensiones estamos hablando? Porque les puedo poner muchos
ejemplos en los que, con los mismos derechos y el mismo sistema, las
diferencias en la compensación por la pérdida de trabajo, es decir,
por la pensión de jubilación, son manifiestas. No es igual un
pensionista proveniente del sector público, de grandes empresas o del
sector financiero que el pensionista de la empresa pequeña y media.
Ustedes conocen casos, no hace falta que me refiera a ninguno. ¿Dónde
está la igualdad entonces de los pensionistas?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Zabalía, le ruego
concluya, por favor.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Voy concluyendo.
No hagamos tampoco demagogia con estos conceptos, señores del
Gobierno.
Y el sistema de la Seguridad Social tiene aún pendiente el desarrollo
de su sistema de gestión. El Pacto de Toledo no quiso abordar la
problemática de la gestión de la Seguridad Social. Todavía está
pendiente. Y en este ámbito tiene una importancia decisiva completar
de forma definitiva el traspaso a las comunidades autónomas de las
competencias de la Seguridad Social. No hace falta que vuelva a
recordar al Gobierno el incumplimiento de los acuerdos del Parlamento
Vasco, que recogen las competencias emanadas del Estatuto de
Guernica. No hay ninguna razón. Ni de unidad de caja, ni de
desigualdad territorial, ni de solidaridad, para no traspasar las
competencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco. La única razón
es que a la Administración central le cuesta reconocer que éste es un
sistema político autonómico, que existe división de competencias, eso
sí, con su adecuado desarrollo de corresponsabilidad fiscal. Y
también va a ser necesario esto con relación a las comunidades
autónomas, en beneficio de esa eficacia y de esa responsabilidad que
todos debemos tener. Yo entiendo que son muchos años en que todo el
poder estaba en pocas manos y que cuesta dejarlo.
En definitiva, señorías, abramos la ponencia del Pacto de Toledo o el
instrumento que ustedes quieran y analicemos los resultados que ha
habido, el grado de cumplimiento de sus propuestas y ese nuevo
escenario en que nos encontramos cinco años después. Hagamos los
ajustes necesarios para seguir consolidando el sistema público de la
Seguridad Social y en concreto el sistema de pensiones. Y desde luego
proponemos que se adelanten las conclusiones, al menos en la revisión
de las pensiones mínimas, incluidas las de viudedad y orfandad, de
forma que puedan ser contempladas en los Presupuestos Generales del
Estado. Por otra parte, también estudiaremos y apoyaremos en su caso
aquellas propuestas con relación a las pensiones no contributivas,
que deben estar contempladas en los presupuestos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Zabalía, concluya,
por favor.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Concluyo, señorías, diciendo que, tras el
conocimiento de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) a la proposición no de ley del Grupo
Popular, nos parece adecuada, pero que no son tan importantes los
instrumentos que se proponen sino los fines y los objetivos. No
tendríamos tampoco ningún problema respecto a la propuesta recogida
en la proposición no de ley del Partido Popular, pero creemos que lo
importante en estos momentos es reabrir este debate dentro del
Parlamento y tomar las decisiones lo más consensuadamente posible.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Zabalía.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor Camps, yo le agradezco el tono que
ha introducido en este debate de tan extraordinaria importancia, pero
me gustaría que le hubieran escuchado los miembros del Gobierno -el
presidente, el ministro de Economía, el ministro de Trabajo-, que
menudo verano nos han dado. El ministro de Trabajo, este mismo lunes,
en una entrevista en El País, se metía con dirigentes socialistas.
Nos han dado una brasa este verano que díganselo ustedes y que por lo
menos vengan a estas sesiones en las que se debaten temas tan
importantes. Estamos de acuerdo y vamos a introducir el tono que
usted quiere, pero, por lo menos, permítame decirle que menudo verano
nos han dado ustedes, porque no han parado. Y no es que no hayan
parado este verano, es que llevan ustedes mucho tiempo diciendo no a
la subida de las pensiones que los socialistas plantean en esta
Cámara, mucho tiempo diciéndonos que somos demagogos -nos lo han
dicho en distintas ocasiones-; han descalificado a presidentes de
instituciones autonómicas, en ésta y fuera de esta Cámara a través de
los medios de comunicación. Por cierto, últimamente, hasta el cónyuge
de algún insigne miembro del Gobierno también ha entrado en este
debate y nos parece bien, no tenemos nada que decir al respecto. En
cualquier caso, después de tantas descalificaciones, lo que deberían
decir es por qué antes no era posible subir las pensiones y ahora sí
lo es. Explíquennoslo para que tengamos en esta Cámara un debate
interesante. Eso es lo que pretende mi grupo. Nosotros no creemos que
sea el debate del Pacto de Toledo, la ponencia del Pacto de Toledo lo
que habría que hacer ahora, pero ustedes lo han propuesto y nosotros
no vamos a decir que no, no podemos decir que no.
Vamos a clarificar nuestra posición. En principio, tenemos unas
dudas, señor Camps. No sé si sabe usted que la ponencia del Pacto de
Toledo todavía está constituida en esta Cámara, en la Comisión de
Presupuestos. Empezó a reunirse en esta legislatura y con respecto
a ello podrá ilustrarle el presidente de dicha Comisión; creo que es
posible que el portavoz de Convergència i Unió lo recuerde, pero, si
no, la Mesa se encargará de recordar si existe o no. A nosotros nos
surge una duda y es que, cuando se constituyó esa ponencia en la
Comisión de Presupuestos obedecía entre otros criterios a que el
presidente de la Comisión era del Partido Popular. No sé si usted lo
recuerda o tiene datos para identificarlo, pero fue así. Y en estos
momentos no sé si lo que pretenden ustedes, a través de algunas de
las enmiendas que presentan -supongo que no, usted me lo aclarará
ahora-, es que esa Comisión en todo caso no sea presidida por ningún
diputado
del Grupo Socialista. Le pido que nos haga esa aclaración.
Con todas estas cuestiones que han surgido a lo largo del último año
y en los últimos tres meses, nosotros, que creemos que este no era el
momento del Pacto de Toledo ni el de la constitución de la ponencia,
le adelantamos que vamos a votar que sí a su propuesta y a las
propuestas de los distintos grupos, para que no se nos malinterprete.
En cualquier caso, queremos dejar bien claro cuál es nuestra posición
al respecto en este tema. Y es que nosotros entendemos y creemos,
señor Camps, señores del Grupo Popular, que la proposición no de ley
que presenta hoy el Partido Popular -no creemos que esa intención sea
la de otros grupos- es un intento de evitar por los medios que tienen
a su alcance que los socialistas y posiblemente otros grupos u otras
instituciones puedan capitalizar la iniciativa de la subida de
pensiones mínimas. Así lo vemos y así lo creemos; nosotros creemos
que lo hacen por eso. Es más, tengo que decirle que de todo lo que le
he escuchado hay aspectos que me han parecido positivos y otros que
no comparto y que a lo largo del debate intentaremos clarificar.
Lamento tener que decirles en todo caso, aunque me alegro, y supongo
que se alegrarán todos, que ya les hemos subido las pensiones, porque
las pensiones se van a subir. Ya lo saben ustedes, lo han dicho, cómo
no lo iban a decir, las pensiones mínimas se van a subir. No sé si
les gusta o no, pero desde luego el presidente del Gobierno se ha
apuntado ya a ello y por eso estamos convencidos de que va a suceder.
Estamos convencidos de ello porque ya tenemos experiencia con ustedes
en este tipo de cuestiones. Ya nos hicieron lo mismo hace dos años
con una ley de modificación de la Seguridad Social. ¿Se acuerda de
esa ley, señor Camps? ¿Se acuerda que votaron que no a nuestras
enmiendas a esa ley para evitar que los pensionistas se vieran
condenados a no poder ganar en ningún caso poder adquisitivo? ¿Se
acuerda que nos dijeron que no a las enmiendas a esa ley, a las
enmiendas en los presupuestos y que luego, como no podía ser de otra
manera -estábamos convencidos de ello-, ustedes terminaron subiendo
las pensiones? Creemos que en este caso va a pasar lo mismo. El
problema va a ser el momento, la forma y la cuantía.
Hay una cuestión que es muy importante, señor Camps, y en la cual
tenemos diferencias con respecto a sus planteamientos: no tiene nada
que ver el Pacto de Toledo con la subida de las pensiones mínimas. Y
este es un debate que para nosotros también es interesante. No tiene
nada que ver. Porque no afecta para nada a la subida de las pensiones
mínimas con lo que significa el Pacto de Toledo de estrategia para
garantizar la estabilidad y la viabilidad de un sistema de pensiones
contributivo. Si tiene algo que ver, entonces tendríamos otro
problema de fondo más importante y que podría ser mucho peor -parece
ser que usted está de acuerdo con todas las resoluciones del Pacto de
Toledo, eso es lo que le he escuchado y, por lo tanto, deduzco que
usted no está por la labor de que se revisen o se modifiquen las
resoluciones de dicho Pacto-, que es que no compartiéramos lo que son
los complementos a mínimo. En la diferenciación de fuentes de
financiación coincidimos ustedes y nosotros en lo que dice el Pacto
de Toledo. Lo que dice su ministro de Economía desde luego no
coincide con lo que decimos nosotros. Le he oído manifestar en más de
una ocasión que los complementos a mínimo de las pensiones ya se verá
lo que son. En una ley lo introdujeron ustedes también.
Para nosotros, si hay divergencias en ese tema, estamos hablando de
otra cuestión, pero, si no la hay, no tiene nada que ver la subida de
las pensiones mínimas con el Pacto de Toledo y no tiene nada que ver
porque las pensiones mínimas definen aspectos fundamentales de lo que
es la política social de un Gobierno, en este caso del Gobierno del
Partido Popular. Porque esa política se financia con ingresos
fiscales y no con cotizaciones sociales, que es lo que define la
viabilidad estratégica del sistema de pensiones que definimos en el
Pacto de Toledo. Esa es la situación, que no coincidimos en algunos
de los planteamientos.
Ustedes no tienen ningún tipo de problema. Su problema es
estratégico, cómo abordan y como plantean este problema. Han
incumplido sus leyes y han tenido que modificarlas. No tienen pudor a
veces en decir lo contrario de lo que han dicho hace unos días. El
señor Aznar decía hace unos días que no era posible constituir
reservas y ahora dice que sí es posible. Y nos alegramos de que lo
diga, nos alegramos, porque es un elemento fundamental de lo que es
la estrategia de lo que debería haberse hecho durante estos tres años
y medio que ustedes llevan en el Gobierno. Por eso nosotros sí
decimos lo que usted no dice. Usted dice: no puede haber
incumplimientos. ¿Cómo que no puede haber incumplimientos, señor
Camps? Nosotros creemos que ese es el problema del debate del Pacto
de Toledo, de esa ponencia que ustedes parece que quieren constituir.
Nosotros creemos que el problema es que se han incumplido las
previsiones del Pacto de Toledo, las recomendaciones, algunas
fundamentales, como las que diferencian las fuentes de financiación o
como las que dicen, por ejemplo, que no se pueden financiar con
cotizaciones sociales políticas activas de empleo. Lo dice también el
Pacto de Toledo. Estamos hablando de cifras astronómicas. Hemos
avanzado o no en estos años en ese tipo de medidas para consolidar lo
que preveía el Pacto de Toledo, que usted comparte, parece ser -yo me
alegro de ello-, nosotros también, y que fue aprobado por unanimidad.
Mucho nos tememos que existen diferencias en la concepción de algunos
de los matices importantes de la significación del pacto. Le vuelvo a
insistir en que no creemos que el Pacto de Toledo tenga que decidir
cómo se suben las pensiones no contributivas o las pensiones mínimas.
Nosotros no lo creemos. Si ustedes lo creen, traigan una propuesta,
la estudiaremos, la consideraremos y ya veremos qué es lo que
planteamos o qué es lo que hacemos. ¿Saben ustedes, sabe el
Gobierno que el mínimo vital que se empeñó en establecer en el IRPF
está por encima de la pensión no contributiva? ¿Lo saben ustedes? Que
se pongan de acuerdo el señor Rato y el señor Pimental, para ver si,
poniéndose de acuerdo, son capaces de comprender y entender que no
puede ponerse en crisis bajo ningún concepto y que no tiene nada que
ver con el sistema contributivo de la Seguridad Social subir unas
pensiones que están por debajo de lo que ustedes llaman mínimo vital.
Nosotros creemos que hay diferencias y matices en el planteamiento. Y
me alegro enormemente de que no propongan el cambio de las
recomendaciones. Eso he querido entender, señor Camps. En una parte
de su intervención ha dicho que las recomendaciones del Pacto de
Toledo tienen una vocación indefinida y que no se trata de un
planteamiento de estar o no estar en esas recomendaciones. Nosotros
creemos que está en cumplirlas o no.
Es muy importante que clarifiquemos algunas de las cuestiones. Vuelvo
a insistirle en que entiendo que el debate lo quiera traer a esta
Cámara. Y me parece bien. Yo creo que es positivo y me alegrará que
los miembros del Gobierno vengan a debatir a esta Cámara de este tema
tan importante y tan interesante, pero no nos digan las barbaridades
que nos han dicho. Yo le puedo asegurar que no es un problema de
quién es el que patrimonializa o no patrimonializa un tema o una
política de Seguridad Social. La estructura y el edificio de la
Seguridad Social se hizo con gobiernos socialistas, pero hay que
seguir haciéndolos; ya lo sabemos. Hay que intentar hacerlos en sus
elementos estratégicos con el mayor acuerdo posible. No tenga ninguna
duda de que nosotros estaremos en ello, pero por lo menos no digan
algunas cosas que dicen. Lo que sí le puedo asegurar es que durante
los gobiernos socialistas, también cuando era ministro de Trabajo
nuestro secretario general, el señor Almunia, las pensiones mínimas
subieron más que cuando ustedes han estado en el Gobierno.
(Aplausos.) ¿Qué le voy a decir? Es así. Usted, señor Camps, lo sabe.
Y el señor Pimentel supongo que también. A lo mejor algún otro
miembro del Gobierno puede no saberlo. Usted sabe que mientras
ustedes han llegado al Gobierno -yo lo entiendo- la economía ha
crecido tanto que se han encontrado con una situación tan curiosa
como que en estos momentos los gastos de la Seguridad Social en
relación con el crecimiento y la riqueza de este país son menos que
cuando ustedes no estaban en el Gobierno. Pero eso es entendible en
una situación determinada. Lo que no es entendible y no se puede
compartir -nosotros no lo compartimos- es que, cuando en este país se
ha producido un crecimiento económico importante, ese crecimiento
económico no beneficie a las rentas más bajas, algunas por debajo del
mínimo vital y otras por debajo del salario mínimo interprofesional.
Todas ellas ni siquiera se han podido beneficiar del impuesto sobre
la renta.
Su propuesta tiene una constatación muy clara, señor Camps. Cuando
usted nos dice que haya una ponencia
del Pacto de Toledo, que se vuelva a reunir para estudiar el futuro y
analizar lo que ha pasado, lo que nos está reconociendo es que no se
ha reunido durante estos tres años y medio. No se ha reunido. Nadie
ha querido evaluar ni debatir desde el Gobierno ni desde la
iniciativa de los grupos de la mayoría que apoya al Gobierno cuál era
la situación de ese Pacto de Toledo. Esa ponencia tenía que haber
seguido constituyéndose y reuniéndose. Vuelvo a decir que se reunió
una sola vez, según se me ha indicado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Gimeno, concluya,
por favor.
El señor GIMENO MARÍN: En cualquier caso, le voy a plantear una
cuestión sobre algo que quiero dejar muy claro. Las recomendaciones
del Pacto de Toledo siguen plenamente vigentes y no creemos que haya
que cambiarlas. Se lo decimos convencidos y nos tendrán que convencer
de lo contrario si ustedes no piensan lo mismo. Pero lo que sí hay
que hacer es cumplirlas y exigir que se cumplan. Creemos que es un
aspecto fundamental. Esa comisión o la ponencia que se constituya en
modo alguno puede presentarse como un instrumento, en mi opinión,
para negociar -nosotros no la concebimos así en este momento- sobre
los principios y arquitecturas del sistema de la Seguridad Social,
que creo que están bastante bien definidos, y usted me ha dicho que
los comparte así como las resoluciones que se plantean. Pero el Pacto
de Toledo no es para nosotros ningún tipo de mordaza para que no se
debata de pensiones. Creemos que el Pacto de Toledo no es el
instrumento para que el Gobierno presente unas propuestas y los demás
tengamos que aplaudir y aprobarlas. No va por ahí el Pacto de Toledo.
También en otro tipo de cuestiones a veces se utilizan los acuerdos
para eludir la responsabilidad en cuestiones que no son bien vistas.
Yo les he escuchado en los últimos meses afirmaciones de distintas
características. Cuando a veces hay algún tema que no le gusta a la
sociedad, eso tiene que ver con el Pacto de Toledo; y cuando resulta
que las pensiones suben mucho, que sin ninguna duda también han
subido -me refiero a la masa de las pensiones y a sus cantidades
totales-, eso ha sido y ha tenido que ver con el Partido Popular.
Hombre, si los pactos van a servir para eso, nosotros no nos
apuntamos.
Insisto, las pensiones mínimas y el Pacto de Toledo -con ello voy a
concluir, señor presidente- no tienen nada que ver, y creo que es muy
importante. Las pensiones mínimas, contributivas y no contributivas,
no tienen nada que ver porque se financian -o deben financiarse, en
nuestra concepción- con los ingresos fiscales. Si ustedes están de
acuerdo con eso, no habrá ningún tipo de problema; pero si no lo
están, entonces tenemos un problema mucho más considerable.
Ustedes tienen que explicar algo muy sencillo. La riqueza ha crecido
en este país de forma muy importante. Ustedes lo vienen pregonando y
es verdad, no podemos decir otra cosa, es verdad. El crecimiento es
muy importante en los últimos cuatro años, más que en otras ocasiones
y en otros periodos de la vida de este país, y lo han dicho muchas
veces; pero, al mismo tiempo, ha ocurrido lo siguiente: no se han
subido las pensiones mínimas, señor Camps, usted lo sabe. Claro,
podrá decirme que la inflación es tan baja... ¿Sabe usted cuánto han
subido las pensiones mínimas en promedio anual, en pesetas constantes
de 1999, desde que están ustedes en el Gobierno? Un poquito más de
cien pesetas. Eso es lo que han subido. En cualquier caso,
explíquennos cómo es posible que la riqueza de este país suba, que
las pensiones mínimas no suban, que se gaste menos en pensiones en
relación con la riqueza de este país, que cada vez haya más afiliados
en la Seguridad Social -ustedes lo dicen y es verdad- y que el
endeudamiento de la Seguridad Social se haya multiplicado por dos.
Explíquennos esto porque yo creo que esa es la clave de la diferencia
entre ustedes y nosotros. ¿Sabe cuál es la diferencia, señor Camps?
Que nosotros creemos que hay que repartir el bienestar económico y la
riqueza entre todos, entre los más débiles también, y me temo que
ustedes no lo han hecho. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Gimeno.
Señor Camps, debería usted señalar si acepta o no la enmienda que a
su proposición no de ley ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
El señor CAMPS DEVESA: Muchas gracias, señor presidente.
Como en debates posteriores tendré ocasión de rebatir el cúmulo de
falsedades que han sido manifestadas por el portavoz del Grupo
Socialista ... (Protestas.-Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Camps, no se
adelante. Como usted dice, tendrá ocasión.
El señor CAMPS DEVESA: Me limito a decir que, en virtud de las
argumentaciones efectuadas, mi grupo acepta la enmienda propuesta por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Camps.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor. Señor Segura,
ocupe su escaño.
Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a las
proposiciones no de ley que se han presentado y que se han debatido,
comenzando por la del Grupo Popular, sobre valoración y perspectivas
de futuro del Pacto de Toledo, que se somete a votación con la
enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
que se ha aceptado por el proponente y que, por tanto, sustituye el
texto afectado del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
311; a favor, 311.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la proposición
no de ley del Grupo Popular por unanimidad.
Proposición del Grupo de Izquierda Unida sobre equiparación de la
cuantía de las pensiones no contributivas al salario mínimo
interprofesional y sobre la mejora de otras prestaciones
asistenciales. No se han presentado enmiendas y por tanto se somete a
votación en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 152; en contra, 156; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la proposición
no de ley de Izquierda Unida.
Pasamos a la del Grupo Parlamentario Mixto, que suscribieron los
señores López y Peralta, sobre mejora de las pensiones más bajas de
nuestro sistema de Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
310; a favor, 136; en contra, 152; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la referida proposición.
Finalmente, también del Grupo Parlamentario Mixto, la suscrita por el
señor Saura, sobre aumento de las pensiones mínimas y revisión del
Pacto de Toledo. En sus propios términos, se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 152; en contra, 156; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada la proposición no de ley
-¡señora Chamosa!- del Grupo Parlamentario Mixto suscrita por el
señor Saura.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE SUBIDA DE LAS PENSIONES
MÍNIMAS Y LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS EN EL EJERCICIO DE 1999.
(Número de expediente 162/000406.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al debate de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre subida de las pensiones mínimas y las pensiones no
contributivas en el ejercicio 1999. (Rumores.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su
portavoz, don Luis Martínez Noval. (Continúan los rumores.)
Señorías, si han de ocuparse de otros asuntos parlamentarios fuera
del hemiciclo, ruego que lo abandonen con celeridad y en silencio, y
a quienes vayan a permanecer en el debate que guarden también
silencio. El señor Cárceles, por ejemplo. Señor Cárceles, ¿puede
dejar la apasionada discusión que tiene para más adelante? (Rumores.)
Señorías, señor Anguita, dirección de su grupo.
Cuando quiera, señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, trataré de presentar la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista haciendo un esfuerzo para no repetir, ni
siquiera rozar los argumentos de unos y otros que se han expuesto
anteriormente desde esta tribuna.
En primer lugar, me veo obligado a retrotraerme en el tiempo para
justificar cuál es el origen de una idea y de una propuesta que mi
grupo parlamentario viene sosteniendo con bastante empeño desde hace
unos cuantos meses. Quiero recordar al grupo mayoritario de esta
Cámara y a quienes le apoyan que la primera cuestión que hay que
denunciar es el absoluto y completo incumplimiento de una resolución
aprobada por esta Cámara después del debate del estado de la Nación
del año 1998. Vayan a los archivos: resolución número 51, mes de mayo
del año 1998. Ahí, esta Cámara apoyó que se mejoraran las pensiones
más bajas del sistema y que se hiciera, como dice esa resolución, en
el marco del Pacto de Toledo. Efectivamente, la recomendación del
Pacto de Toledo que lleva el rótulo de política de solidaridad
precisamente acoge con perfección esa resolución número 51 del año
1998. Esa misma resolución habla también de cómo se deberían
incrementar las pensiones del seguro obligatorio de vejez e
invalidez, que se encuentran entre las más reducidas del sistema
público de Seguridad Social. ¿Qué ha hecho el Gobierno en relación
con aquella resolución aprobada en esta Cámara? Absolutamente nada,
nada de nada, señorías.
Por si eso no fuera suficiente, señorías, les quiero explicar con
algún detalle por qué el Grupo Parlamentario Socialista lleva un
tiempo aspirando a lo que hoy volvemos a proponer. Es muy sencillo de
explicar.
En un determinado momento, su Gobierno dijo a la sociedad española
estar sobrado de dinero y, dicho y hecho, llevó a cabo una reforma
del impuesto sobre la renta de las personas físicas que materializaba
esa declaración retórica y verbal de que ustedes estaban sobrados de
dinero. Por esa vía de la reforma del
impuesto, confesaron no tener ningún inconveniente en renunciar a
casi 800.000 millones de pesetas de recaudación del impuesto.
Les quiero señalar ahora, porque ahora se puede recordar ese hecho,
que las consecuencias del mismo nada tienen que ver con lo que
ustedes adujeron en ese momento para rebajar el impuesto sobre la
renta de las personas físicas. Ustedes dijeron, utilizando esa vieja
mística del ahorro que la derecha maneja desde tiempos históricos,
que la rebaja del impuesto iba a incrementar el ahorro de las
familias españolas; por esa vía aumentaba la inversión, aumentaba el
empleo, mejoraba la prosperidad, etcétera. Bueno, señorías, pues no
se cumple la primera condición. Los últimos datos de flujos
financieros del Banco de España dicen que las familias españolas no
están incrementando su ahorro sino al revés, que lo están reduciendo.
¿Luego cuál ha sido la consecuencia de esa rebaja del impuesto sobre
la renta de las personas físicas? Muy sencilla, señorías. A los
efectos que ahora estamos debatiendo, su incidencia fue muy clara,
introdujo más inequidad en el colectivo de pensionistas españoles;
más inequidad porque esa rebaja del impuesto y la consecuente de las
retenciones mensuales no afectó por igual a todos los pensionistas,
ni mucho menos, señorías. A quienes no pagaban impuestos, ni una sola
peseta, porque se les retenía cero y no alcanzaban la renta mínima
para estar obligados a declarar, a esos, que son los pensionistas de
los que precisamente hablamos esta tarde aquí, pensionistas de no
contributivas y pensionistas que precisan del complemento de mínimos
para alcanzar el nivel mínimo que fija el Gobierno cada año, a esos
la rebaja del impuesto no les ha beneficiado en una sola peseta, en
una sola. Sin embargo, ha habido otro colectivo de pensionistas al
que sí se ha beneficiado de modo muy importante por esa vía de la
fiscalidad. Si hacen ustedes los cálculos de lo que ha supuesto la
rebaja de la retención mensual para los pensionistas de la pensión
máxima del sistema -unas 290.000 pesetas- en el año 1999, constatarán
con facilidad que a esa gente la pensión neta de impuestos - preciso
bien el término para que no se me malinterprete-, es decir, la
pensión que la entidad financiera le ingresa en su cuenta corriente,
mejoró por la vía de la fiscalidad en 5.750 pesetas mensuales. Entre
0 y 5.750 pesetas mensuales, señorías, hay un trecho largo, que da
idea del espectro de beneficios que esa reforma de la fiscalidad
introdujo en el colectivo de pensionistas. Y ¿por qué?, señorías. Uno
se pregunta por qué hay que introducir tanta inequidad entre
pensionistas. Ustedes tienen que saber como nosotros, si tienen
contacto con pensionistas españoles, qué difícil les resulta
explicarse esta cuestión. Es muy difícil explicar este asunto a una
persona que sea beneficiaria de una prestación económica de la
Seguridad Social.
Pues bien, señorías, constatado el hecho de que al Gobierno, en sus
propias palabras -son las que utilizó- le sobraba el dinero y
constatando que esa reforma de la fiscalidad introducía más
inequidad, los socialistas
tomamos, en el mes de diciembre de 1998, la decisión de presentar
sendas enmiendas en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 1999, para beneficiar a los pensionistas de no
contributivas y a los pensionistas de contributivas pero de mínimos
en una cuantía sensata, responsable con los dineros públicos, alejada
de eso que ahora se ha dado en llamar electoralismo -fíjense que en
el mes de diciembre del año 1998 no estábamos muy cercanos a ningún
proceso electoral-. Les quiero hacer llegar con absoluta sinceridad,
y espero que con convencimiento, que el origen de nuestra propuesta
está ahí, en esa constatación a la que anteriormente me refería.
Queríamos beneficiar a un colectivo de tres millones de españoles
-medio millón de beneficiarios de prestaciones no contributivas y dos
millones y medio de beneficiarios de pensiones mínimas, entre las que
se engloban las de jubilación, de invalidez, de viudedad, de
orfandad, en favor de familiares, etcétera- a los que la prosperidad
y la riqueza que es consecuencia de vivir en la fase alcista del
ciclo económico no les había beneficiado en modo alguno.
En aquella ocasión, la mayoría rechazó nuestra propuesta contenida en
las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en el Senado. A
continuación, volvimos a insistir. Creo recordar que el día 21 de
febrero del año en curso registramos una proposición con el mismo
contenido, las mismas cifras, los mismos destinatarios y los mismos
argumentos, y la mayoría parlamentaria rechazó la propuesta. Como
estábamos convencidos de ella, volvimos a reiterar la propuesta a
propósito de una resolución del debate del estado de la Nación del
año 1999 -fíjense que ya empezamos en el año 1998-, resolución que se
discutió a finales del mes de junio, en los últimos días del anterior
período de sesiones. Ustedes volvieron a rechazar la propuesta, que
además incorporaba otra en la que no quiero entrar ahora -tiempo
habrá para ello-, el fondo de reserva, y llama la atención que el
señor Aznar ahora se convierta en el paladín del fondo de reserva
cuando hace tan pocas semanas, exactamente el 25 de junio pasado,
votaba en contra de la existencia y de la puesta en pie de un fondo
de reserva del sistema. (Aplausos.)
Esta es la cuarta ocasión, señorías, en la que nosotros volvemos a
traer a esta tribuna una propuesta de la misma naturaleza y ya pongo
en su conocimiento que la iniciativa que hoy mantenemos, tal cual la
redactamos en el mes de julio de este año -está presentada y
registrada en el mes de julio-, esa propuesta, tal como hoy se está
debatiendo, nosotros queremos mejorarla, en su cuantía y
probablemente en sus destinatarios, porque están ocurriendo cosas que
socavan la capacidad adquisitiva de los pensionistas en general y de
los pensionistas de mínimos y de no contributivas en particular.
Tendremos que modificar en alguna medida esa propuesta, sin alterar
lo que es su contenido básico, sin ninguna duda.
Además, señorías, yo quiero explicar por qué nosotros venimos
sosteniendo que esa propuesta se instrumente
a través de un decreto-ley. El argumento que hemos escuchado en
sentido contrario es el del consenso y uno se hace una pregunta que
supongo que se harán todos ustedes: ¿y qué impide que un decreto-ley
se haga por consenso? ¿Cuánto tiempo nos puede costar a los grupos
ponernos de acuerdo en los destinatarios, en el acotamiento de los
colectivos a los cuales vaya dirigida la mejora y en la cuantía?
Seguramente no llega a una mañana, señorías, porque ahora todos
estamos convencidos de la necesidad de proceder a esa revalorización
de las pensiones. Una vez alcanzado el consenso, nadie levantaría un
dedo ni movería la lengua para decir nada en contra de que el
Gobierno aprobara un decreto-ley que trajera a la convalidación de
esta Cámara. ¿Dónde están los inconvenientes? No puede haber ningún
inconveniente, señorías, para que eso se haga por decreto-ley. Les
voy a decir más. Su Gobierno, en alguna ocasión, utilizó el decreto-
ley para mejorar otro tipo de rentas. Estoy recordando el Real
Decreto-ley 7/1996 -habían llegado al Gobierno hacía muy pocos días-
y el Real Decreto-ley 8/1996. ¿Saben lo que hicieron con esos dos
decretos? Pues, muy sencillo, mejorar las rentas, en definitiva, por
la vía de la fiscalidad, de unos cuantos españoles que colocan sus
ahorros en fondos de inversión y que obtienen plusvalías
o incrementos patrimoniales. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, vaya concluyendo, por
favor.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Eso es así, señorías. ¿Y por qué corre prisa
hacerlo y hacerlo por la vía del decreto-ley? Sencillamente,
señorías, porque no hay ninguna razón para hacer esperar a ese
colectivo por una medida que -parece, de acuerdo con lo que se nos ha
dicho- va a ser instrumentada a través de los Presupuestos Generales
del Estado y va a excluir -eso se ha dicho hoy desde esta tribuna-
del consenso y del acuerdo a toda esta parte de la Cámara (El señor
diputado señala la izquierda del hemiciclo.) y va a incluir sólo a
esa otra parte. (El señor diputado señala la derecha y el centro.)
Después de este debate que venimos manteniendo, un debate
interesantísimo y muy fructífero para toda la sociedad española, los
pensionistas españoles están esperando a la mayor brevedad posible
ese incremento de su renta de 28.000 pesetas anuales para el año
1999. Nosotros, por esa razón, porque queremos beneficiar las rentas
de 1999 en esa cuantía de 28.000 pesetas, vamos a seguir insistiendo
en la conveniencia de que sea a través de un decreto-ley, con o sin
consenso, como el Gobierno instrumente y materialice esta decisión.
Señorías, en definitiva, nosotros no necesitamos a acudir a
argumentos en relación con divergencias o diferencias en el IPC por
comunidades autónomas. Desde el inicio de esta propuesta nuestra idea
es beneficiar a un colectivo de españoles que no tienen otro modo de
participación en la tarta de la riqueza nacional,que afortunadamente
está creciendo, más que una
decisión discrecional de este Gobierno, y esa decisión en nombre de
la solidaridad y de la justicia es la que nosotros hoy les reclamamos
por cuarta vez.
Gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Noval.
A la proposición no de ley no se han presentado enmiendas y, en
consecuencia, procede pasar al turno de fijación de posiciones.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Comenzamos por los dos representantes del Grupo Mixto, que
compartirán su tiempo.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
De forma breve hemos querido intervenir en este trámite, pero
ciertamente el debate sobre estas cuestiones se ha planteado tanto en
las anteriores iniciativas como en ésta.
En relación a la propuesta del Grupo Socialista, que habla de
aumentar en 28.000 pesetas las pensiones mínimas no contributivas,
nos parece una medida puntual, pero estamos de acuerdo porque, si
bien no va a ser la solución global, puede ser una cuestión de
justicia aumentar las pensiones más bajas y las no contributivas.
Creemos que este debate plantea una serie de cuestiones y de
principios. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio, porque no
se puede oír a la señora Lasagabaster. Silencio, señorías, por favor.
(Pausa.)
Adelante.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Creemos que plantea una serie de principios que nosotros pensamos que
deben estar contenidos y que han sido tratados de una u otra manera
en las distintas iniciativas que se han presentado en el día de hoy.
Es verdad que hemos votado iniciativas, como la de Izquierda Unida,
la del Partido Popular con enmienda de Convergència i Unió y la del
señor Saura, porque entendemos que, aunque quizá no nos satisfacen
todas ellas en su totalidad, sí recogen cuestiones muy importantes;
en concreto la de Izquierda Unida unos antecedentes que creemos que
son perfectamente aplicables y además muy justos, y también creemos
que es necesario apoyar la apertura del debate de la iniciativa del
Partido Popular. (El señor Vicepresidente, Fernández- Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
En cuanto a qué principios consideramos clave, desde unos principios
de cohesión y solidaridad creemos que deberían tenerse en cuenta tres
cuestiones: una, equiparación en el más breve plazo posible, en los
tres próximos años, de la pensión mínima contributiva al salario
mínimo interprofesional cuyo valor se
corresponderá con el que resulte, previo consenso con las fuerzas
sociales implicadas, de la aplicación de los criterios recogidos en
la recomendación de la Carta Social Europea, es decir, el 70 por
ciento del salario mínimo. Esto en lo que se refiere a las pensiones
contributivas.
También creemos que hay que pasar en las pensiones no contributivas a
lo que hemos denominado rentas básicas mínimas, de forma que aquellas
personas que no tengan otros recursos puedan llevar a cabo una vida
digna. Incrementar las actuales pensiones no contributivas
y proseguir con su mejora en próximos ejercicios debe ser un deber
social de todos nosotros. Es verdad, como ha comentado algún otro
portavoz, que en la Comunidad Autónoma del País Vasco ya tenemos lo
que se denomina el IMI, ingreso mínimo de inserción, que trata de
subsanar el problema que se plantea con las pensiones no
contributivas. Pero además creemos que en esta cuestión deben
plantearse otra serie de principios, como el de desterrar
definitivamente lo que se denomina el tópico o tabú de la caja única.
Creemos que tal caja no existe y, por tanto, no debe ser un argumento
para no transferir las competencias que en virtud de sus estatutos de
autonomía, en concreto la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero
también la de Navarra, se establecen.
Por ello, una vez más tenemos que reivindicar lo que ya ha
reivindicado el Parlamento vasco por unanimidad, así como el Gobierno
vasco, que son las transferencias en materia de competencias en
Seguridad Social. Creemos que con esas transferencias, con esas
competencias en Seguridad Social, en su actual contenido real como
seguro público de pensiones, encontrará en la Comunidad Autónoma del
País Vasco la mayor garantía de su existencia a futuro. Esa es una de
las cuestiones básicas que quizás no ha sido recordada de manera
cierta en este debate.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Aprovecho también este turno de discusión para explicar brevemente la
posición del Bloque Nacionalista Galego sobre el debate de fondo
acerca de las pensiones que hoy nos está ocupando una buena parte de
la tarde. Como hemos expresado en otras ocasiones, creemos que se
parte de unos niveles muy bajos en laspensiones actuales y, por
tanto, deben ser incrementadas, especialmente las de menor cuantía,
sobre todo teniendo en cuenta este espléndido y boyante momento
económico.
Realmente se está debatiendo sobre el incremento de las pensiones en
el marco de una batalla política en la que hay, como se ve, fuego
graneado, que a nosotros nos gusta poco, la verdad sea dicha, porque
en
estas condiciones a veces los árboles no dejan ver el bosque. Estamos
en una batalla en la que se cruzan demasiadas cuestiones, cuestiones
diversas, incluso intereses políticos, a veces medias verdades. Se
discute de casi todo, se discute sobre el derecho o la capacidad de
las comunidades autónomas de incrementar con fondos propios las
pensiones no contributivas, o sobre si esta capacidad corresponde
exclusivamente al Estado porque así se garantiza el equilibrio
territorial, o la caja única. Yo creo que se puede discutir de casi
todo, pero en todo caso es conveniente destacar que en la actualidad
existe desigualdad a la hora de la percepción de las pensiones y
existe desigualdad entre los distintos territorios, tanto en las
pensiones contributivas como en las asistenciales. Se discute también
sobre si el aumento de las pensiones debe ser sólo para las no
contributivas o para todas, si quiebra o no el sistema público de
pensiones, si se produce un incremento sustancial, si se deben
abordar las medidas en un marco u otro, etcétera.
En todo caso, en medio de ese fragor lo que aparece claro es que
muchas, más bien demasiadas pensiones son escandalosamente bajas, que
en un contexto en el que se crea riqueza ésta debe ser más equitativa
y justamente repartida, lo que ahora no sucede, y que también, contra
todos los pronósticos y análisis ideológicamente interesados, es
posible no sólo garantizar un sistema público de pensiones, sino que
éstas incrementen sus cuantías, o por lo menos es posible en períodos
electorales. A lo largo de esta legislatura se discutió, como ya se
hizo referencia en el debate de esta tarde, en numerosas ocasiones
sobre este tema. De una manera singular se discutió a comienzos de la
legislatura sobre la reforma del sistema de pensiones, que devino en
un endurecimiento de las condiciones de acceso a las mismas y, desde
nuestro punto de vista, en un recorte de cuantías, y durante ese
debate pocas fueron las voces que se opusieron a estas medidas
restrictivas.
En todo caso, nosotros seguimos defendiendo que debe existir un
sistema público de pensiones que suponga una garantía de futuro para
todos los ciudadanos, que las pensiones, sean del tipo que sean,
deben garantizar unos niveles de renta dignos y, así mismo, que el
Estado, y por tanto los gobiernos, deben garantizar estas
prestaciones y ejercer como redistribuidores de la riqueza dejando
los sistemas privados complementarios para quien pueda y quiera -y
digo para quien pueda y quiera- incrementar sus pensiones futuras por
esa vía. Es por lo que nosotros defendemos, y creemos que es posible,
y más en un momento, como decía anteriormente, de expansión
económica, elevar las cuantías de las pensiones actuales,
especialmente las más bajas, equiparándolas o acercándolas al salario
mínimo interprofesional, según sean contributivas o no contributivas.
Como defendemos también que el Gobierno actúe con decisión para
llevar a la práctica las recomendaciones del Pacto de Toledo que
tienen un contenido más
positivo, sea la separación de fuentes de financiación o la
constitución de un fondo de reserva.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vázquez,
le ruego concluya.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (Don Guillerme): Concluyo rápidamente, señor
presidente.
También a mí me parece que sería bueno que desde el Gobierno se
transmitiese seguridad y tranquilidad sobre el mantenimiento del
sistema público de pensiones.
Concluyo, efectivamente, señor presidente, diciendo que para hablar
en serio de aumentar las pensiones hay que hablar de una política
distinta, una política en la que lo social tenga un papel mucho mayor
que el que ahora tiene.
En cuanto a la propuesta concreta del Grupo Socialista nos parece
poco ambiciosa, pero aun así no vamos naturalmente a oponernos a que
se les dé a los pensionistas que menos cobran una paga extra de
28.000 pesetas porque seguro que buena falta les hará.
En todo caso, creo que es necesario que se produzcan subidas que
signifiquen niveles de vida dignos para muchas personas que hoy no
los disfrutan y ese debe ser el objetivo que debe guiar al Gobierno y
a todos los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y con
gran brevedad porque ya en el anterior debate el portavoz de mi
grupo, señor Mauricio, ha expresado nuestra posición al respecto y
por entender que en este momento la propuesta que nos ha planteado
aquí el Grupo Socialista adolece, a nuestro juicio, digamos de una
falta de proyección de la medida a presupuestos futuros. No se les
puede dejar esta situación planteada a los pensionistas solamente
para el ejercicio que termina del año 1999 o la inclusión para el año
2000.
Anteriormente hemos adoptado la vinculación que hay entre las
iniciativas que hemos discutido en el punto anterior y esta. Nosotros
comprendimos las razones que en la Junta de Portavoces dio el señor
Martínez Noval, en nombre del Grupo Socialista para que no fuera
agrupada con las anteriores y fuera singularizada. Eso se ha hecho y
nosotros hemos escuchado con mucho respeto los argumentos para esta
digamos singularización en el debate de esta tarde en el Pleno de la
Cámara. En tal sentido, Coalición Canaria, al haber apoyado la
iniciativa sobre el texto del Grupo Parlamentario Popular
anteriormente, con la aceptación de la enmienda del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y al haberse acordado crear con carácter, y lo
resalto,
urgente una comisión no permanente en el seno de esta Cámara para
sacar, con el conocimiento previo del cumplimiento de los acuerdos
del Pacto de Toledo, las conclusiones necesarias para abordar de una
manera más duradera en el tiempo la política de pensiones, se va a
remitir a esperar los resultados consecuentes y congruentes con lo
que acabamos de votar en el anterior punto de iniciativas del orden
del día de este Pleno para que eso quede en el marco de los consensos
que se traigan aquí, una vez analizadas y escuchadas las propuestas
que eleve a este Pleno la comisión urgente que se ha creado en esta
tarde de hoy en el Pleno de esta Cámara. Lo demás sería hacer
añadidos incompletos que mi grupo no está dispuesto a secundar
participando, por supuesto, de los principios que hemos apoyado y que
vamos a mantener en esa comisión especial para la atención adecuada,
justa de un Estado de derecho social, de las pensiones mínimas,
contributivas o no contributivas.
Por esta razón, señor presidente, mi grupo votará contrariamente a la
toma en consideración de la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra el
señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Hago uso de la palabra simplemente para puntualizar que en la
intervención anterior he manifestado mi opinión, aprovechando el
turno, sobre la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista. Creo que para ahorrar tiempo lo mejor es hacer referencia
a las razones que he expuesto y al análisis que he hecho en la
anterior intervención; por tanto, no voy a repetirlo, está en el
«Diario de Sesiones» y todas SS.SS. lo conocen.
Simplemente y por deferencia al Grupo Socialista dejaré constancia de
que ya en la intervención anterior he expuesto la opinión de mi grupo
parlamentario con respecto a su proposición no de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, con su venia, quiero agradecer a todos los grupos de
la Cámara el apoyo que han dado a nuestra enmienda, que es la que
sirve para allanar el camino del consenso y para reunir la voluntad
de toda la Cámara, aunque sea desde posiciones distintas, en
favor de un trabajo bien hecho, de un trabajo serio, riguroso,
realista, que es el que va a hacer esta comisión de seguimiento, de
evaluación y de propuestas de futuro en cuanto al vigente Pacto de
Toledo. De una manera especial -porque creo honestamente que así debo
hacerlo- quiero dar las gracias al Grupo Socialista por el apoyo que
ha dado a esta iniciativa, modificando en parte aquella posición
inicial del principio de la legislatura, dubitativa respecto de la
ponencia que ha citado el señor Gimeno en su intervención.
Esta posición de consenso que ha conseguido la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos hace tremendamente
felices en tanto que recuperamos el hilo conductor que desde 1993
depositamos en esa Mesa y en esa tribuna en este hemiciclo, que
facilitó, reitero, un trabajo que ahora también debemos elaborar
desde el sosiego y la rigurosidad.
Pero nosotros no vamos a votar a favor de la propuesta que nos hace
el Grupo Socialista, aunque compartamos no pocos argumentos de los
que ha expuesto su portavoz y no pocos párrafos de la exposición de
motivos que avala su propuesta dispositiva, la que vamos a votar.
Nosotros compartimos con el Grupo Socialista y con otros grupos de la
Cámara, yo diría que prácticamente con toda la Cámara, que en tiempos
de bonanza económica es bueno redistribuir la riqueza y que
precisamente en cumplimiento del vigente Pacto de Toledo lo debemos
hacer en la medida de lo posible, de lo que permita la caja de la
Seguridad Social, porque no podemos entrar en nuevas deudas que a fin
de cuentas un día podrían ir en contra de los propios pensionistas.
Lo que no podemos hacer, reitero, es precisamente votar esa
iniciativa en su parte dispositiva en coherencia con nuestro voto con
los vigentes Presupuestos Generales del Estado y desde la seguridad
de que en los próximos Presupuestos Generales del Estado creo que
vamos a obtener del Gobierno alguna mejora sustantiva en las
pensiones mínimas. Desde esa seguridad vamos a votar en contra de la
iniciativa socialista, recogiendo, eso sí, el sentir de muchas de las
expresiones que ha manifestado su portavoz y sobre todo la exposición
de motivos que la acompaña, de la misma manera que propone Iniciativa
per Catalunya en su iniciativa de esta tarde o de lo que ha propuesto
también Nueva Izquierda esta tarde o de manera igual que el documento
que han suscrito UGT y Comisiones Obreras, que es un documento
sensato, realista, posibilista, que creo que es un modelo de
disposición al diálogo constructivo y eficiente, y con la misma
disposición que han expresado todos los grupos de esta Cámara
respecto de la enmienda que nosotros hemos presentado.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López de Lerma.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, debo confesar que hemos tenido dudas respecto al sentido
del voto que vamos a emitir a continuación porque, más allá de
nuestra coincidencia con el grupo proponente, el Grupo Socialista,
sobre el propósito general de desbordar el marco estrecho de la
revalorización sobre IPC que surgió de la aplicación concreta del
Pacto de Toledo en la reforma legislativa y de la coincidencia por
tanto de la preocupación de la mejora de las pensiones, más allá de
esto, el texto concreto de la proposición no de ley que se nos
plantea hoy, sinceramente, no nos gusta. No nos gusta la aleatoriedad
de la cuantía concreta que se plantea como la mejora. ¿Por qué 2.000
pesetas mensuales? ¿Por qué no 3.000 ó 4.000 pesetas? ¿Por qué son
80.000 millones cuando se nos argumenta aquí que la referencia son
800.000 millones? Nosotros fuimos más modestos, habíamos dicho
600.000 millones, que era el coste de la reforma del IRPF. Sin duda
alguna, hay una distancia enorme respecto de lo que se pretende
corregir sobre la base de la insuficiencia de la cuantía de las
pensiones mínimas. Creemos que más allá de una cuantía concreta
tendría que haber una referencia externa, objetiva, estable, y a
nosotros se nos antoja que la única que existe en el panorama actual
es el salario mínimo interprofesional o, como se hace en otros
países, que lo utilizan como referente para el mismo objetivo, la
renta per cápita.
Tampoco entendemos por qué se insiste en el decreto- ley, lo que, por
cierto, no se hace ni siquiera en el texto de la proposición no de
ley. Creo que son elementos que dificultan el entendimiento e
introducen aspectos que no vienen al caso y que la gente,
sinceramente, no los entiende; en cualquier caso, allá los
proponentes con este tema.
Me permitiría animar a los compañeros socialistas a que siguieran
profundizando en el sentido de la lógica. De la paga de las 9.000
pesetas no consolidables en Andalucía pasaron ya en el anterior
período de sesiones a la proposición no de ley, que fue derrotada
pero que nosotros apoyamos, de las 28.000 pesetas no consolidables;
ahora se nos presenta la misma proposición pero ya siendo
consolidables. Efectivamente, vamos progresando, creo que sólo falta
finalmente la convergencia y la coincidencia con nuestra propuesta,
que es un elemento mucho más objetivable y mucho más lógico, como es
el salario mínimo interprofesional.
Por este motivo, vamos a salir de nuestra duda apoyando la
proposición no de ley. Vamos a apoyarla, claro está, pero,
insistimos, no nos gusta. ¿Por qué? Porque, sensu contrario, las
28.000 pesetas posiblemente es lo más concreto que después de la
anterior votación podríamos sacar del debate de esta tarde. Esa es la
única razón pero, además, eso no va a entorpecer que en el futuro, si
se aprobase esta proposición no de ley, siguiéramos insistiendo en
que es necesario dotar al sistema de un referente externo y objetivo
como es el salario mínimo interprofesional. Y, como lo cortés no
quita lo valiente, vamos a votar que sí a esta proposición no de ley
y, sin duda alguna, en la comisión que hemos aprobado anteriormente,
vamos a seguir insistiendo en la necesidad de la referencia al
salario mínimo interprofesional. Esperemos que los compañeros del
Grupo Socialista en esa ocasión empiecen a coincidir con nosotros y
podamos realizar la necesaria unidad de acción de la izquierda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hay un dicho que indica que lo cortés no quita lo valiente
y yo no quiero ser descortés en absoluto con los señores
representantes del Grupo Socialista, en concreto con quien se ha
dirigido insistentemente a mi persona, personificando lo que parecía
ser no sé si la totalidad de mi grupo parlamentario, el Gobierno o la
totalidad de mi partido. Además, ha lanzado una serie de preguntas
directas que también han sido repetidas por el posterior
interviniente del Grupo Socialista que creo que merecen respuesta;
respuesta a cuando nos decían por qué ahora sí y antes no, por qué
ahora sí están ustedes dispuestos a subir las pensiones y antes no.
¿Quién puede hacer esa pregunta? Quiendesconozca la realidad de este
país o quien desconozca las medidas que toma este Gobierno. ¿Cómo
vamos a estar en contra de subir las pensiones los que llevamos
subiéndolas en este país por encima de la inflación durante tres
años? (Aplausos.) ¿Cómo vamos a estar en contra, señorías? Durante
tres años.
No tengo que recordarles a los señores del grupo proponente que
durante 13 años ustedes nunca las subieron por encima de la
inflación, nunca. Luego, incluso, miraremos los números. Y dicen,
señores del grupo proponente, ¿por qué votan ustedes en contra del
fondo de reserva y en cambio ahora dicen que están de acuerdo? No,
votamos en contra de un fondo de reserva a cargo de las
privatizaciones, porque sólo se les puede ocurrir a ustedes que la
estabilidad de nuestros pensionistas tiene que estar en manos de las
privatizaciones que ocurran en este país. (Aplausos.) ¿Y si
gobernaran ustedes que no quieren privatizar nada? Ya no habría fondo
de reserva, no cobrarían nuestros pensionistas en un ciclo económico
que no fuera expansivo. ¡Madre mía, señorías, las barbaridades que a
veces hay que oír en esta Cámara. (Un señor diputado: Eso, eso.-
Aplausos.) Las barbaridades que hay que oír. Desde luego, en algunos
casos, las preguntas son evidentemente malévolas, pero en otros, he
de reconocer, señorías, que es profundo desconocimiento de lo que se
habla por parte de algunas de SS.SS. (Rumores.) ¿Cómo se nos dice que
la subida que pretende el Grupo Socialista no afecta en nada a la
estabilidad económica o financiera del sistema y a su
aspecto contributivo? ¿No saben ustedes que las pensiones mínimas de
viudedad son clara y totalmente contributivas y que una subida de las
pensiones mínimas de viudedad afectaría al aspecto contributivo del
sistema y a su equilibrio económico financiero? ¿Es que hasta ahí no
han llegado a aprenderse la lección? Pues ya lo saben en el día de
hoy. (Aplausos.-Rumores.)
Señorías, esta Cámara con su voto acaba de aprobar la convocatoria
urgente de todos los grupos políticos que pertenecemos a ella para
tratar, nada más y nada menos, que de la revisión de lo ya hecho en
función de las recomendaciones del Pacto de Toledo, del análisis de
donde estamos y del desarrollo que nos queda por hacer. Ustedes
entienden que eso hay que cumplirlo debatiendo a renglón seguido una
proposición no de ley en la que se pide la subida de 2.000 pesetas en
determinadas pensiones y además por real decreto. Eso sí que es
curioso, la llamada al consenso a esta Cámara es para ustedes una
exigencia por parte de su grupo que se debe cumplir de forma
inmediata. ¡Curiosa manera de entender el consenso, señorías, por
parte del Grupo Socialista! (Rumores.) Lo que ocurre, señorías, en
realidad, es que no saben ustedes salir del embrollo en que se han
metido (Risas.) No hace falta que sigan ustedes con esa huida hacia
adelante, aún están a tiempo de recuperar la cordura política que han
perdido en esta materia (Rumores.), ese estado de enajenación
política transitoria que tanto tiempo mantienen. Señorías, desde mi
grupo hoy hemos hablado de presente, no queríamos hablar de pasado, y
hemos hablado sobre todo de futuro, si han atendido a nuestra
anterior intervención, porque en esta materia los tiempos pasados -y
por eso no nos gusta hablar de ellos- nunca fueron mejores.
(Rumores.) El pasado, su pasado es el del aumento del paro, el del
descenso de afiliaciones al sistema de Seguridad Social, el del
aumento del déficit del sistema público, el del recorte de pensiones,
el de la incertidumbre y la intranquilidad de nuestros pensionistas,
el de la subida de las pensiones por real decreto de forma
institucional sin ningún consenso político y social. (Rumores.) Ese
es su pasado, no el nuestro; nosotros hablamos de futuro, señorías.
(Aplausos.)
Y sé, señorías, que pedirles a ustedes coherencia es harto difícil
porque su discurso está en función de su candidato y si cambia el
candidato, cambia el discurso. ¿Recuerdan las señorías de los bancos
de la izquierda, y más en concreto del Grupo Socialista, qué decía su
anterior candidato a la Presidencia del Gobierno? (Rumores.) El
sistema de Seguridad Social está en quiebra. ¿Recuerdan lo que dice
su actual candidato y secretario general? Se tienen que subir las
pensiones por el gran saneamiento que han realizado ustedes del
sistema de Seguridad Social. (Rumores.) No se ponen ustedes de
acuerdo ni con ustedes mismos. (Rumores.) Cambian el discurso en
función de su candidato y así les va en esta materia. (Aplausos.)
Señorías, ustedes no hacen más que desautorizar la labor de oposición
que han realizado durante muchos años en esta
Cámara. (Rumores.) Ustedes mismos, no es necesario que lo hagamos
otros grupos, pero no digan que no han podido realizar esa labor de
oposición. Aquí está a su disposición, se podían haber preocupado de
ella. En cincuenta ocasiones se han respondido preguntas,
interpelaciones, debatido proposiciones de ley, no de ley, proyectos
de ley, reales decretos, comparecencia del ministro -anterior y
actual-, del secretario de Estado de la Seguridad Social y en más de
cinco ocasiones se reunió la subcomisión de seguimiento, que, por
cierto, señor Gimeno, sí que está acabada y finiquitada en este
Parlamento y que, por cierto, presidía hasta entonces un insigne
miembro de su grupo, que no nos convocó ni una sola vez cuando aún
estaba viva para seguir hablando del Pacto de Toledo. Porque fueron
estos señores -y yo era miembro de aquella Comisión- los que dijeron
que las leyes que este Gobierno trajera al Parlamento -y la primera
era la Ley de consolidación y racionalización de nuestro sistema de
Seguridad Social-, fueran a la Comisión y al Pleno y que no querían
seguir reuniéndose en una subcomisión para consensuar más materia
sobre el Pacto de Toledo. (Aplausos.) Nosotros fuimos respetuosos con
ustedes: a la Comisión y al Pleno, y más de 50 veces para hablar de
Seguridad Social. Y les puedo asegurar que en todos los períodos de
sesiones -que no les flaquee la memoria- la materia de Seguridad
Social ha sido la más tratada y con diferencia, y ni una sola vez -y
si no es así sean capaces de refrendarlo desde esta tribuna o fuera
de ella- ha dejado de comparecer el Gobierno de este país a dar
explicaciones cuando los grupos de la oposición lo han requerido en
la Comisión de Política Social y Empleo o en este Pleno sobre la
materia de Seguridad Social. Falta de información y ganas de
consenso, señorías, no han faltado nunca por parte de mi grupo. Lo
que ha ocurrido es que ustedes han ido dando bandazos políticos desde
la aprobación de la Ley de consolidación y racionalización de la
Seguridad Social (Rumores.) El Grupo Socialista la apoyó. ¿Se
acuerdan ustedes? ¡Si la apoyaron ustedes en la mayor parte de su
contenido! Y a partir de ese momento se olvidaron de ejercer una
labor constructiva de oposición, se olvidaron de intentar ser una
alternativa real de Gobierno y pasaron a mantener sus posiciones
únicamente en función de sus intereses partidistas electorales, en
vez de pensar en el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este
país. Para ustedes, señorías, a partir de ese momento todo valía, el
fin justificaba los medios, daba igual lo que costara, lo único
importante era recuperar un poder del que, por cierto, cada día están
más alejados. (Rumores.) Ustedes, señorías, presentan en esta Cámara
proposiciones pensando en las elecciones; nosotros presentamos aquí,
en esta Cámara, proposiciones pensando en las próximas generaciones.
Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. (Aplausos.- Rumores.)
Señorías, todos los grupos de esta Cámara -y buena muestra ha sido el
debate de esta tarde-, todos aspiran, aspiraban también, a mejorar
las prestaciones más
bajas de nuestro sistema. Lo que han dicho hoy es que lo quieren
hacer de forma serena y reflexiva para que mejorar las pensiones de
hoy no suponga un riesgo para las pensiones del mañana. Ustedes en su
proposición lo hacen sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, les
trae sin cuidado el consenso político y más aún el consenso social,
lo cual no es de extrañar dado lo poco que lo practicaron en sus
últimos años de gobierno, y parecen olvidar -y ese olvido sí que es
consciente- que ya se han subido justamente para esos pensionistas
las pensiones durante estos últimos tres años de gobierno del Partido
Popular por encima de la inflación y mejorando su capacidad
adquisitiva. Por eso, señores del Partido Socialista, no falseen la
realidad, porque durante su mandato, sus trece años de gobierno -no
me pongan ejemplos cogiendo la pensión que más les interese y sumen
porque saben hacerlo-, saben ustedes perfectamente que en el sistema
de Seguridad Social el conjunto de los pensionistas de nuestro país
perdieron poder adquisitivo; durante su mandato las pensiones fueron
por debajo de la inflación, 0,08 décimas exactamente. (Aplausos.-
Rumores.) Hoy, señorías, cuando los pensionistas de este país ven
mejorar su situación año tras año, cuando todos ellos ganan poder
adquisitivo, cuando viudas y huérfanos mejoran el acceso a las
prestaciones y la cuantía de las mismas, cuando millones de
pensionistas han sido beneficiados por el impuesto sobre la renta de
las personas físicas, cuando ha habido un saneamiento de la Seguridad
Social con la posibilidad real de alcanzar el déficit cero en el año
2000, cuando se cumplen las previsiones establecidas en el Pacto de
Toledo y en la Ley de consolidación y racionalización de nuestro
sistema de protección social, abren ustedes debates inexistentes en
un intento de ocultar la realidad, que no es otra, señorías, que hoy
ya no se habla en este país de si resultará posible pagar las
pensiones, de si será viable el sistema, como ocurrió hace cinco
años, sino que hoy se habla en este país de una Seguridad Social
fuerte, de una Seguridad Social consolidada, de una Seguridad Social
cercana al déficit cero (Rumores.) y que en su futuro más próximo
posibilitará la creación de un fondo de reserva para atenuar la
incidencia de los ciclos económicos desfavorables.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor CAMPS DEVESA: Voy concluyendo, señor presidente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Camps.
Señorías, les ruego que guarden silencio.
El señor CAMPS DEVESA: Señorías, hoy se habla en este país de una
Seguridad Social que ha alcanzado cotas históricas de afiliación y
que no necesita ninguna financiación extra para su mantenimiento,
como ocurría
en otras épocas en que había que acudir a la banca privada para
solicitar préstamos y poder mantener el sistema público de Seguridad
Social. Señorías, hoy se habla de una Seguridad Social que constituye
garantía de futuro entre generaciones y es garante de la solidaridad
interterritorial. Y ya pueden hacer ustedes lo que quieran, pueden
pagar aguinaldos electorales en las comunidades en las que gobiernan,
pueden intentar romper la caja única de la Seguridad Social
(Rumores.), pueden fomentar el desequilibrio entre pensionistas
dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan o pueden decir
que el sistema está en quiebra y a renglón seguido traer
proposiciones siempre de aumento de gasto o de disminución de los
ingresos, que nosotros no vamos a hacer nunca fintas electorales con
nuestros mayores, nunca les vamos a pedir un voto por una pensión.
(Aplausos.-Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, le
ruego que concluya.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señor presidente, diciendo claro que
si en este país se suben las pensiones más bajas no será porque lo
digan ustedes sino porque exista el consenso político y social que lo
haga posible y, sobre todo, porque la situación general de la
economía española y en particular la situación del sistema nacional
de protección social lo permitan. Y si ello tiene algún responsable
lo serán, en primer lugar, aquellos grupos que lleguen a ese
consenso, aquellos agentes sociales que lo ratifiquen y lo mantengan,
el Gobierno de la nación que ha hecho posible esa situación y, sobre
todo, la sociedad que con su esfuerzo está creando millones de
empleos que al final son los que garantizan que se pueda mantener un
sistema de afiliación como el nuestro. (Aplausos.)
Acabo ya, señor presidente, porque esta iniciativa es claramente
electoral, es un ejercicio escandaloso de cinismo político. Nos
exigen a nosotros lo que ustedes no hicieron durante trece años. Y no
nos digan que su situación era peor, porque seguro que algunos ex
ministros que tienen en sus filas lo recuerdan. Por ejemplo, en el
año 1988 el PIB subía un 5,16; las pensiones, por debajo de la
inflación. Entonces no compartían que el crecimiento económico debe
reflejarse en las rentas más bajas ¿verdad? Entonces no valía.
Además, señorías, no es posible contestar a los argumentos que hoy
han expuesto muchas de SS.SS. sobre todo por la pobreza de los
mismos. (Rumores.) ¿Cómo nos dicen -y con esto acabo- que justamente
porque estamos sobrados de dinero acometemos cuestiones distintas a
las que deberíamos? Sobrados de dinero, señor Martínez Noval, no;
faltaba dinero a muchos españoles, que se lo quedaba el Estado
innecesariamente, que es muy distinto; sobrados de dinero no, en el
bolsillo de las rentas medias y bajas de este país, que es donde
tiene que estar. (Aplausos y protestas.) Y no nos diga...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps,
concluya.
El señor CAMPS DEVESA: Acabo ya, señor presidente, pero no me
perdonaría a mí mismo no contestar a una última cuestión. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Camps.
Señorías, les ruego que guarden silencio.
Puede continuar, señor Camps, con el ruego de que concluya.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo inmediatamente, señor presidente, y
me va a permitir su señoría que lo haga con una cita simplemente para
contestar a la petición de que, además, se suban las pensiones por
real decreto. La cita, de un parlamentario de esta Cámara que hoy ya
no nos acompaña, dice: No nos gusta ni nos parece apropiado gobernar
por decreto y mucho menos nos gustaría tener la sorpresa de ver un
decretoley de desarrollo del Pacto de Toledo. Lo dijo el señor
Cercas. No sé si por eso le han mandado a Bruselas. (Rumores.)
Señorías, les insto a que tengan un momento de reflexión política y
retiren su proposición. Si no es así, demuestran que son un verdadero
riesgo y un peligro para el sistema de protección social de este
país.
Muchas gracias. (Aplausos.-Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Camps.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY SOBRE EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EN EL MARCO
DE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRASNACIONAL. (Número de expediente
121/000181.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación de la
proposición no de ley del Grupo Socialista, desearía someter al
asentimiento del Pleno la tramitación directa y en lectura única del
proyecto de ley sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco
de una prestación de servicio trasnacional. Así lo ha acordado la
Mesa, oída la Junta de Portavoces. ¿Lo acuerda así el Pleno?
(Asentimiento.) Gracias por su entusiasmo, señorías.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE SUBIDA DE LAS PENSIONES
MÍNIMAS Y LAS PENSIONES
NO CONTRIBUTIVAS EN EL EJERCICIO DE 1999. (Número de
expediente 162/000406.) (Continuación.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la proposición no de
ley del Grupo Socialista sobre subida de las pensiones mínimas y las
pensiones no contributivas en el ejercicio de 1999.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 152; en contra, 157; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada la proposición
no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA DE RESIDUOS,
ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES. (Número de expediente 173/000154.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones entonces urgentes. La primera de las
cuales corresponde al Grupo Socialista sobre política de residuos,
envases y residuos de envases y será presentada por el señor Pérez de
Tudela. (Pausa.)
Señorías, el centro del hemiciclo no es el parqué de la Bolsa.
(Rumores.) Disuelva los corrillos, señor ministro del Interior, por
favor.
Las votaciones serán al final del epígrafe que agrupa las tres
mociones y que comienza por la del Grupo Socialista, continuará por
otra también del Grupo Socialista y finalizará con una de Izquierda
Unida. Votaremos al final del debate de las tres. Pero guarden
silencio, por favor. Seguro que tan interesantes conversaciones las
pueden tener en algún otro recinto, siempre que sea parlamentario.
(Rumores.) Señor Murcia y señor Cárceles, si guardan silencio se lo
agradecerá la Presidencia. (Pausa.)
Adelante, señor Pérez de Tudela.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Señor presidente, señoras y señores
diputados, retomamos este tema después de un paréntesis de dos meses
y medio, por lo que se hace conveniente recuperar el hilo de la
interpelación, la motivación y su desarrollo. Y lo podríamos hacer al
hilo, valga la redundancia, de la moción que se presenta, porque no
se obtuvo respuesta adecuada a ninguna de las cuestiones planteadas y
preguntas formuladas.
A la ministra no le interesaba el tema del día y quisollevar la
cuestión por un terreno cansino y muy trillado,
tanto que los surcos no le dejan rectificar y a este paso pronto va a
embarrancar. En lugar de dar respuesta a las preguntas planteadas
sobre la acción del Gobierno en materia de residuos, sobre los
incumplimientos del Gobierno en esta materia, se dedicó a hablar de
Doñana. Si quieren hablar de Doñana, como parecía interesarle a la
señora ministra, podemos hacerlo, pero ni el día 30 de junio tocaba
ni hoy tampoco. Hoy, como el 30 de junio, toca hablar de residuos,
del cumplimiento de las leyes aprobadas en esta Cámara y de los
compromisos contraídos por el Gobierno e incumplidos hasta la fecha.
(El señor vicepresidente, Companys Sanfeliu, ocupa la Presidencia.)
Hoy toca hablar de una propuesta en positivo que los socialistas
ponemos sobre la mesa para que, aunque sea con retraso, se aborden
los problemas en materia de residuos, de envases y residuos de
envases que tenemos planteados y se les dé la respuesta adecuada.
Esperamos que este paréntesis veraniego haya servido para releer la
cuestión y ver la conveniencia de actuar en la materia más allá de
las palabras, más allá de la reiteración y aplazamiento permanente de
los compromisos contraídos. Si uno lee las respuestas a la
interpelación del 30 de junio y da cuenta de las afirmaciones y
cifras que se dieron, llega a la conclusión de que mientras nos
mantenemos instalados en el país de las maravillas poco vamos a
adelantar. Mientras no reconozcamos la necesidad de actuar de forma
coordinada y con un programa de trabajo real y efectivo, difícilmente
contribuiremos a resolver los problemas que tenemos con los residuos.
Mientras continuemos con la vista puesta en el pasado para justificar
la inoperancia e intentar acallar el control de la acción e inacción
del Gobierno, la faena se queda sin hacer. A pesar de todo, la moción
presentada a esta Cámara por el Grupo Socialista creemos que sería
fácil de asumir y cumplir. Decimos asumir y cumplir porque el primero
de los términos ya se llevó a cabo hace un año y medio en esta
Cámara. El problema está siempre en que hasta la fecha el Gobierno ha
hecho caso omiso del mandato de este Parlamento, manera de actuar que
dice muy poco a favor del respeto de este Gobierno por la soberanía
popular. Hoy espero que estemos en condiciones de asumir y cumplir,
vistas las aseveraciones hechas por la ministra el 30 de junio en
esta Cámara y especialmente por la señora De Lara, quien nos anunció
que tenían los deberes hechos y los recursos económicos dispuestos,
si bien en una primera lectura las enmiendas presentadas por el
Partido Popular requieren de un mayor esfuerzo de acercamiento por su
parte y de compromiso por parte del Gobierno, aunque con las
enmiendas formuladas tengo la impresión de que el Grupo Popular y el
Gobierno no se han enterado de que estamos en el final de la
legislatura y que, de persistir en la dilación en el cumplimiento de
la ley y de los compromisos, la cantidad de materia pendiente que la
ministra va a dejar a su sucesor o sucesora va a ser muy cuantiosa.
Planteamos en la moción, en primer lugar, la aprobación en el plazo
de un mes del plan nacional de residuos
y del programa nacional de envases y residuos de envases, con
ámbito estatal y previo acuerdo con las comunidades autónomas, en
cumplimiento de los compromisos derivados de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de residuos, y la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases
y residuos de envases. Cumplidos sobradamente todos los plazos
previstos para el cumplimiento de la ley y después de anunciarse por
el Gobierno y el Grupo Popular que ya estaba realizado el trabajo,
tenemos que pedir un mayor esfuerzo de concreción y compromiso. No
podemos aceptar la demora que se plantea. También, entendiendo la
loable intención de especificar compromisos de la enmienda del señor
Saura, del Grupo Parlamentario Mixto, a este punto, tenemos que
decirle que no estamos de acuerdo ni en el planteamiento, que no se
ajusta a lo previsto en la propia ley, ni en la concreción, que
entendemos corresponde al Gobierno, por lo que consideramos que no es
oportuna dicha enmienda.
En segundo lugar, que en el plazo de un mes se remita a esta Cámara
un proyecto de ley que establezca el régimen fiscal para los aceites
industriales y lubricantes, en cumplimiento de la Ley 10/1998, de 21
de abril, de residuos. Una vez más, refiriéndonos a la enmienda del
Grupo Popular, tenemos que decir que es inadmisible la dilación en el
tiempo que nos plantean. Dicen tener el trabajo realizado y no asumen
el compromiso de presentarlo. No lo podemos aceptar.
En tercer lugar, establecer, de acuerdo con las comunidades
autónomas, un sistema de devolución, depósito y retorno para las
pilas usadas, también en cumplimiento de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de residuos. Respecto a este punto aceptaríamos una
transacción con la enmienda del señor Saura, del Grupo Parlamentario
Mixto, en el sentido de incorporar el párrafo «para su gestión
controlada».
En cuarto lugar, que se adopten las medidas legales adicionales de
prevención sobre el uso del PVC, teniendo en cuenta el informe
emitido por los grupos de expertos y oídos los agentes económicos y
sociales y las organizaciones ecologistas, en cumplimiento de la Ley
11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. El Grupo
Popular en su enmienda omite este punto, cuestión que consideramos
irrenunciable porque, en definitiva, se trata de cumplir el mandato
de las leyes que este Gobierno ha traído a esta Cámara y ya se han
cumplido sobradamente todos los plazos previstos en la ley. Respecto
de la enmienda del señor Saura he de decir, como en el punto primero,
que la ley prevé quién y cómo se debe hacer, por lo que no
consideramos oportuno el planteamiento de la enmienda.
En quinto lugar, que se elabore en el plazo de seis meses un
inventario actualizado de las balsas mineras existentes, evaluando su
impacto ambiental para que, previo acuerdo de los ministerios de
Industria y Medio Ambiente con las comunidades autónomas y oídas las
organizaciones sociales, se adopten las medidas adecuadas de
prevención, con especial atención a laimpermeabilización de las
mismas. Una vez más el
Grupo Popular rehuye la concreción en el tiempo y el compromiso de
actuación, aunque tenemos que reconocer que da el paso de aceptar la
necesidad de llevarlo a cabo. No podemos admitir quedarnos en cuando
sea sonará. Hace un año y medio asumimos la rebaja y no sirvió de
nada. El Gobierno no ha cumplido ninguno de los compromisos
contraídos y que emanaban del mandato de las propias leyes. No
podemos creer en la predisposición del Gobierno. Precisamos plazos y
compromisos concretos; plazos y compromisos que en cualquier caso
suponen ya una dilación en el tiempo del cumplimiento de las leyes
aprobadas en esta Cámara. Considerada la enmienda del señor Saura
planteamos una transacción que signifique la incorporación al final
de nuestro texto de «que sirva en su caso de base para la elaboración
de un plan nacional de control y actuación de las balsas mineras».
Para finalizar, señoras y señores del Grupo Popular, les quiero decir
que aunque ustedes insistan en achacar su ineficacia a gobiernos
anteriores como única respuesta, nosotros continuaremos haciendo
nuestra labor de control y nuestras propuestas. Ya les anuncio que
quedan muchas preguntas en el tintero.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Pérez de Tudela.
A esta moción se han presentado diversas enmiendas. Para la defensa
de la enmienda presentada por el Grupo Mixto tiene la palabra el
señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Intervengo de forma muy breve para anunciar, en primer lugar, que
votaremos la moción incluso en el caso de que no se recogiera ninguna
enmienda, a pesar de que el portavoz del Grupo Socialista ha
anunciado alguna transaccional o que asumía parte de nuestras
enmiendas. Políticamente lo más destacable tanto en el debate de la
interpelación como en la moción de hoy es que se han puesto de
manifiesto graves deficiencias en la actuación del Gobierno en
relación con la aprobación de los planes nacionales en materia de
residuos, en el desarrollo y en la concreción de medidas en relación
con la prevención del uso del PVC, en la regulación del sistema de
devolución, depósito y retorno para pilas usadas o en otro tipo de
cuestiones que fueron ampliamente debatidas en la interpelación.
Desde ese punto de vista quiero reiterar que votaremos a favor de
esta moción. Hemos presentado cuatro enmiendas que a nuestro entender
mejoraban o desarrollaban y completaban la moción del Grupo
Socialista y que simplemente enunciaré. La primera era una propuesta
para que fuera el Gobierno, junto con la conferencia sectorial de
Medio Ambiente, el que de forma rápida elaborara un programa nacional
de residuos, envases y envases usados. La segunda es una enmienda que
intenta mejorar el apartado tercero de la moción que hace referencia
a la gestión de las pilas usadas. La tercera es un intento de mejora
del apartado 4, que hace referencia a
las medidas oportunas para la gestión de los envases de PVC. La
última enmienda es al apartado 5 en relación a un plan nacional de
control y actuación de las balsas mineras existentes, en la que
aceptaríamos la redacción que el portavoz del Grupo Socialista nos ha
planteado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Saura.
Hay otra enmienda presentada por el Grupo Popular, para cuya defensa
tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario
Popular para presentar una enmienda de modificación al texto de la
moción del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda que puntualiza
alguna de las propuestas de la moción.
Curiosamente, el representante del Grupo Parlamentario Socialista, en
su intervención, más que darnos las razones para explicar su moción,
se ha dedicado a indicarnos si va a votar favorablemente o no el
texto de nuestra enmienda, y ello sin atender a las razones que voy a
explicar, lo cual dice poco en favor del señor diputado, porque a
veces oyendo las explicaciones, uno encontraría tal vez alguna razón
para cambiar de posición.
Como recordará el señor diputado, en la pasada interpelación sobre
residuos, del 30 de junio, se expresó con suficiente claridad que el
Plan nacional de residuos sólidos urbanos estaba ultimado y que su
aprobación supondría una inversión pública superior a los 500.000
millones de pesetas durante el período 2000-2006. El Grupo
Parlamentario Popular entiende, señorías, que hubiera sido una
irresponsabilidad aprobar el Plan nacional de residuos sin resolver
previamente el problema de su financiación, y eso es exactamente lo
que ha hecho el Gobierno de José María Aznar: conseguir una
importante cuantía de fondos comunitarios para el Reino de España en
materia medioambiental, que permitirá garantizar que la inversión
necesaria de 500.000 millones de pesetas sea financiada con
aportaciones de la Unión Europea.
Le dije en el transcurso de la pasada interpelación que ahora era el
momento, y no antes, de presentar el Plan nacional de residuos a la
conferencia sectorial para su discusión. Esta es, señorías -supongo
que estarán de acuerdo-, una forma de proceder seria, responsable,
eficaz y alejada del oportunismo. De nada habría servido presentar
ahora planes, como se hizo en la época en que gobernaba el Partido
Socialista, cuando se presentaron planes que no se cumplían porque no
se habían consensuado con las comunidades autónomas y porque no
tenían financiación alguna. El 30 de junio hablamos de la necesidad
de presentar a la conferencia sectorial el Plan nacional de residuos,
y sin
embargo, como usted dice, no se ha hecho. ¿Por qué no se ha
presentado a la conferencia sectorial? Porque, como S.S. recordará,
el día 13 de junio hubo elecciones municipales, europeas y
autonómicas y se formaron los gobiernos de las distintas comunidades
autónomas en el transcurso del mes de julio y aun a primeros del mes
de agosto; por consiguiente, no había ninguna posibilidad de convocar
la conferencia sectorial en el transcurso del mes de julio. Es ahora
cuando se va a convocar la conferencia sectorial, cuando ya están los
consejeros de Medio Ambiente de las distintas comunidades autónomas
nombradas y se han incorporado a sus cargos.
El primer punto de nuestra enmienda propone no que el Gobierno
presente el proyecto de ley en el plazo de un mes, sino que presente
el Plan nacional de residuos a la conferencia sectorial para su
discusión y posterior aprobación, de forma que después de este
trámite, no prescindiendo de la conferencia sectorial, como ustedes
pretenden, sino después de que ésta estudie y apruebe el Plan
nacional de residuos, pueda ser aprobado por el Gobierno de la
nación. Le digo a título informativo, señor Pérez de Tudela -supongo
que lo sabe pero ha sufrido un lapsus al redactar el texto de la
moción-, que en este programa nacional de residuos ya se incluye como
un capítulo específico el programa nacional de envases y residuos de
envases; luego no hace falta que presente las dos cosas, porque es un
capítulo del Plan nacional de residuos.
El segundo punto de nuestra enmienda solicita que se remita en el
plazo más breve posible -y ahí está la diferencia con su texto, en el
que usted solicita el plazo de un mes-, y de acuerdo con el
Ministerio de Economía y Hacienda, dado que se trata de temas
fiscales, un proyecto de ley en el que se establezca un régimen
fiscal para los aceites industriales y lubricantes, tal como consta
en la Ley de residuos. Para su información, le indicaré que el
Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado ya un borrador de proyecto
de ley que incluirá no sólo el régimen fiscal para los aceites
industriales, sino que asimismo desarrollará los principios básicos
de la Ley de residuos para el caso concreto de los aceites
lubricantes y los aceites industriales. No obstante, tanto las
propias dificultades que entraña la elaboración del régimen fiscal
como la determinación de la figura impositiva y la decisión sobre si
debe ser un impuesto estatal o autonómico, así como la necesaria
participación activa que, por razón de la materia, deben tener las
comunidades autónomas, hacen que se produzca un pequeño retraso, no
de año y medio, señor Pérez de Tudela, ya que la obligación es de
mayo de 1999; son cuatro meses de retraso en un proyecto de ley de
extrema importancia que pretendemos consensuar con las comunidades
autónomas. Este pequeño retraso, en opinión del Grupo Parlamentario
Popular y en aras del consenso por el cual ha apostado desde su
creación el Ministerio de Medio Ambiente, está justificado. Señor
Pérez de Tudela, decir de entrada que no va a votar favorablemente
nuestra enmienda sin escuchar las razones creo que no es una buena
actitud parlamentaria.
El tercer punto de nuestra enmienda es idéntico al de la moción
socialista, por lo que obvio su explicación.
En el cuarto punto se insta a elaborar, en el plazo más breve
posible, un inventario actualizado de las balsas mineras existentes.
Como observará el portavoz del Grupo Socialista, hemos suprimido de
su texto tanto la referencia al plazo de seis meses como la
indicación de que el Gobierno adopte las medidas adecuadas de
prevención, con especial atención a la impermeabilización de las
balsas. Hemos suprimido ambos puntos por un doble motivo. De una
parte, porque ya se han iniciado los trabajos necesarios y es
previsible que dicho inventario se haya concluido antes de que
finalice el presente ejercicio, es decir, esperamos que el inventario
esté finalizado antes de tres meses. Por consiguiente, no creemos
adecuado que usted pida seis meses pues estimamos que lo estará mucho
antes. Por otro lado, las medidas de prevención y de
impermeabilización de las balsas que ustedes solicitan son
competencia de las comunidades autónomas, y creemos que las
comunidades autónomas son celosas de sus competencias y no se les
deben usurpar, si bien desde la Administración general del Estado se
podrán efectuar recomendaciones, con criterios de prioridad, basados
en la evaluación de los riesgos que eventualmente se detecten.
Por si S. S. lo desconoce, la iniciativa del inventario de las balsas
mineras que usted solicita no es ninguna novedad sino que se enmarca
en un convenio específico suscrito entre la Dirección General de
Minas, del Ministerio de Industria y el Instituto Tecnológico
Geominero, del Ministerio de Medio Ambiente. Como ya he dicho, el
trabajo en colaboración con las comunidades autónomas ya se ha
iniciado con los trabajos de campo, a lo que seguirá la elaboración
de una cartografía de la ubicación de las balsas con la leyenda
expositiva de su operatividad.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señora De Lara, debe ir
terminando.
La señora DE LARA CARBÓ: Termino ya indicando que en nuestro texto no
se hace mención del punto cuarto de la moción que se refiere al PVC,
por un doble motivo también. En primer lugar, porque la Comisión
Europea está preparando una comunicación sobre dicho producto y, en
segundo lugar, porque la propuesta de creación en la Comisión Europea
de una agencia europea de los alimentos dará lugar a un cuerpo
doctrinal para todos los países de la Unión. Creemos que éste será el
marco en el cual habrá que tomar las decisiones adecuadas sobre el
PVC.
Respondiendo a los ataques del señor Pérez de Tudela -pobres ataques,
por supuesto- al Ministerio de Medio Ambiente, quiero indicarle que
no solamente ha tenido una honda preocupación por los residuos sino
que ha puesto al día toda la legislación en materia de residuos;
legislación que cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente era
inexistente porque la única
ley que había sobre la materia tenía más de veinte años de antigüedad
y ya no se podía aplicar.
Espero, a pesar de que usted ha venido aquí con una idea preconcebida
y antes de oír las explicaciones sobre la enmienda ya ha afirmado
-cosa insólita- el sentido de su voto en lugar de manifestarnos el
texto de su moción, espero, decía, que estas explicaciones le
satisfagan y cambie el sentido de su voto que ha marcado antes
aceptando el texto de nuestra enmienda para, de esta forma, poder
cooperar entre todos a que el tema de los residuos salga adelante.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
De Lara. ¿Grupos que deseen fijar su posición ? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra don Luis
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre lo que
entrañaba la Ley 10/1998, de residuos, así como la Ley 11/1997, de 24
de abril, de envases y residuos de envases. Siguiendo en esa misma
línea de congruencia, hemos tratado de que el respeto a la aplicación
de las exigencias y las responsabilidades que señalan estas dos
leyes, no solamente al Ministerio de Medio Ambiente sino a las
consejerías correspondientes de las comunidades autónomas, se siga
manteniendo en esta iniciativa que trae aquí el Grupo Parlamentario
Socialista. Nosotros nos opondremos frontalmente a toda exigencia
vinculada al tiempo, ya sean períodos de uno o seis meses, como
propone esta iniciativa socialista, porque es de imposible
cumplimiento.
Veamos el primer punto de la iniciativa socialista. Si la aceptase el
Grupo Socialista, nuestra posición sería, de acuerdo con la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular, presentar en el plazo de un mes el
Plan nacional de residuos a la conferencia sectorial de Medio
Ambiente para su discusión y posterior aprobación. Sin este trámite
previo, mi grupo no acepta que llegue al Congreso de los Diputados
ningún Plan nacional de residuos, sin que las comunidades autónomas
hayan tenido tiempo suficiente para pronunciarse. Si bien la portavoz
del Grupo Parlamentario Popular ha aclarado acertadamente que ese
plan nacional no se había podido presentar porque el 13 de junio hubo
elecciones en las comunidades autónomas, mi grupo, aunque no le
afecte, quiere ser respetuoso en este caso con una autonomía, la
Generalitat de Cataluña, que se encuentra en un proceso electoral
abierto. Si el Grupo Socialista pide un mes de plazo para que llegue
a esta Cámara el Plan nacional de residuos, como dice el tercer
renglón, previo acuerdo con las comunidades autónomas, ¿significa eso
que le estamos dando quince días de plazo, a partir de su supuesta
aprobación, para que las comunidades autónomas se pronuncien, entre
las cuales se halla una de la envergadura de Cataluña en el campo de
la generación
de residuos, de aceites y de lubricantes, con una próspera
economía que genera todos estos componentes en su sector de
servicios? Señores del Grupo Parlamentario Socialista, no me parece
que esto sea de recibo en este momento y mi grupo no lo puede apoyar.
Lo mismo diríamos sobre el punto 2, que trata de corregir
-suprimiendo los plazos y remitiéndolo al plazo más breve posible- la
enmienda del Grupo Popular. Nosotros apoyaríamos ésta frente al texto
de la iniciativa socialista, que remite a un proyecto de ley el
establecimiento de un régimen fiscal para los aceites industriales y
lubricantes, en cumplimiento de la Ley 10/1998, y da un plazo de un
mes. Parece que se han olvidado de que, dado que en Canarias y en las
Islas Baleares existe para los combustibles una fiscalidad distinta
de la que rige en el territorio peninsular, la fiscalidad de todos
los combustibles y derivados del petróleo de usos industriales o
domésticos es competencia del Gobierno autónomo, que es el que tiene
que pronunciarse, según la Ley de Régimen Económico y Fiscal y su
estatuto de autonomía. Para que este tema pudiera ser aceptado por
Coalición Canaria tendría que respetar la legislación específica del
régimen económico y fiscal de Canarias y de su estatuto de autonomía.
Respecto al punto 3, como no hay disparidad entre la propuesta del
Grupo Parlamentario Socialista y la del Grupo Parlamentario Popular,
no queremos mezclar en este momento el régimen de los polivinilos
clorados - los productos PVC- con esta iniciativa que se trae aquí.
En el archipiélago canario el control de estos recipientes está
sometido en este momento por el nuevo Gobierno autónomo, por la
insularidad de las islas, a negociaciones entre el Gobierno y el
sector industrial, para que tenga las cautelas y el tratamiento
específico necesario.
Respecto al plazo máximo de seis meses, no sé si aquí se está
contemplando un anuncio de las elecciones generales. Nosotros estamos
de acuerdo en que llegue a la Cámara, pero dentro de los plazos
racionales y teniendo en cuenta los períodos electorales a los que
nos vamos a ver abocados en los primeros meses del año 2000. También
se invoca aquí, con este inventario actualizado de las balsas
minerales existentes, a las comunidades autónomas, hablando de un
proceso de impermeabilización de las mismas. Desde luego, desde la
órbita de Coalición Canaria este planteamiento es inviable porque
ignora cuáles son los condicionantes geográficos y ecológicos.
Tampoco entendemos qué se quiere decir aquí con la frase oídas las
organizaciones sociales en esta materia. No sé si se va a dar
audiencia a los grupos ecologistas o se refieren a otras
organizaciones sociales. Es un tema que, tal como aquí figura,
resulta ambiguo. Yo les aconsejaría que preguntaran ustedes a sus
representantes de islas Canarias periféricas, para ver si este tema
es viable en el sector del turismo, que está conviviendo en un tipo
de territorio de sol y playas, de determinadas orografías y
característicasmuy distintas.
Por estas razones, si no hay enmiendas transaccionales, en la línea
de sentido racional que se plantea, dado que no estamos de acuerdo
con esa exigencia de tiempo medido en meses en el proceso en que nos
encontramos abocados, tendremos que votar en contra de esta moción
que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Mardones.
Para fijar la posición, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a
votar favorablemente la moción presentada por el Grupo Socialista
porque creemos que es una iniciativa totalmente sensata, que no exige
imposibles. Tenemos que tener en cuenta que la intervención de la
señora ministra en la interpelación del pasado mes de junio no le
convenció a este grupo parlamentario y que seguimos apelando a las
buenas intenciones, que no dudamos que se tienen, pero que no se
están poniendo en práctica. Hace ya excesivo tiempo que se aprobaron
tanto la Ley de envases y residuos de envases como la Ley de
residuos, así como el Plan nacional de residuos, en el que tendrían
que estar englobados tanto el programa de envases y residuos de
envases como el plan de pilas usadas. Señorías, ¿qué vamos a esperar,
a que la Unión Europea nos multe por no tener todavía el plan para
pilas usadas? Estamos en ese proceso, si no nos han multado ya. Por
lo tanto, este Estado, España, esta Cámara y el Gobierno
principalmente tienen un acusado retraso en llevar a la práctica los
planes que se comprometieron a ejecutar con la elaboración de la Ley
de envases y con la Ley de residuos.
Señorías, estamos hablando de contaminación. Si el Ministerio de
Medio Ambiente se creyera de verdad que es necesaria una política
medioambiental clara y respetuosa con el medio, no solamente con el
medio natural sino también con el medio aéreo y con todo lo demás,
estaríamos tomando medidas drásticas en este tema para que se
pudieran llevar a cabo.
En la Ley de residuos también se aprobó establecer el régimen fiscal
para los aceites industriales. Ha pasado más de un año desde la
aprobación de esta ley y ahora la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular nos dice que ya hay un borrador y que se tienen que poner de
acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda. Señorías, ha pasado
año y medio y no hacía falta ni reglamento ni desarrollo
reglamentario alguno para poderlo llevar a la práctica. ¿Qué ocurre
con esto? Que seguiremos en la misma situación. ¿Cuál es la
financiación que se prevé para el Plan nacional de residuos? No se
establece y seguimos diciendo lo mismo. Si no
hay financiación no se llevará a cabo, aunque sean ustedes capaces de
elaborarlo.
Señorías, nosotros creemos que es necesario presionar al Gobierno con
esta iniciativa para que se pueda cumplir la legislación. Ya no nos
resulta creíble el que se diga que se tendrá para finales de este
año, que ya está hecho el borrador y que se va a convocar la
conferencia sectorial, porque se podía haber convocado mucho antes de
las elecciones municipales y autonómicas; se podía haber avanzado
trabajo y hoy no estaríamos hablando de la enmienda del Partido
Popular, que nos dice que dentro de un mes se lleve a la conferencia
sectorial porque ha habido elecciones autonómicas y había comunidades
autónomas que no habían nombrado a los consejeros que debían estar en
la citada conferencia sectorial.
No podemos seguir dilatándolo en el tiempo, tenemos que cumplir los
plazos que se marcan por las leyes, leyes que ustedes han traído a
esta Cámara - está clarísimo-, leyes que nosotros en gran medida no
compartimos tal y como ustedes las han redactado y aprobado, pero
que, en definitiva, se podrían estar utilizando, porque la peor ley
es la que no se aplica. En este caso, estas leyes no se están
aplicando y es urgente que se apliquen si realmente queremos
preservar el medio ambiente. Como ya hemos oído al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista que no va a aceptar la enmienda del Grupo
Popular, estamos mucho más convencidos de nuestro voto favorable,
porque no podríamos aceptar la enmienda del Grupo Popular.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Urán.
A los solos efectos de aceptar o no las enmiendas que se han
presentado, tiene la palabra el señor Pérez de Tudela.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Si el señor presidente me lo
permite, quiero explicar, con la mayor brevedad posible, por qué las
aceptamos o rechazamos.
En mi intervención he dicho que hacía una primera lectura de las
enmiendas y que, en función de ella, tenía que decir lo que íbamos a
votar y lo que finalmente quizá vayamos a votar. Déjeme S.S. que se
lo explique.
Hay una cuestión muy simple en cada uno de los puntos. Si estamos
donde estamos, y estamos hablando de lo que estamos hablando, es
porque no se han hecho las cosas a su debido tiempo, punto y raya.
Aquí estamos por lo que estamos. No se ha hecho lo que se tenía que
hacer y así nos encontramos. Lo que tenemos aquí como propuesta de
transacción es dejar que continúen las cosas como están.
Hay dos novedades importantes: la del PVC, que no es tal novedad...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Pérez de Tudela,
va S.S. a reabrir el debate. Tendría
que ceñirse a manifestar si acepta o no las enmiendas. Cíñase a la
cuestión y termine pronto.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: En el caso del PVC no podemos
aceptar la exclusión y, por tanto, la enmienda de supresión por el
hecho puro y simple de que no se puede justificar diciendo que
estamos pendientes de Europa. Estamos pendientes de las comunidades
autónomas o de Europa, la cuestión es la casa sin barrer.
En el caso de las balsas es donde está la novedad de la que S.S. nos
habla, relativa a que se va a hacer antes del plazo previsto en la
propuesta que presenta el Grupo Socialista. ¡Bienvenida sea!. Yo le
acepto la enmienda siempre y cuando figure que lo van a hacer en tres
meses. Yo encantado de la vida, pero no puedo aceptar que me diga que
lo van a hacer y después no se refleje. Acépteme lo de seis meses,
que es más tiempo, y podrá hacerlo. No invoque -yo sí puedo hacerlo-
el final de la legislatura porque sobre este tema el Ministerio, haya
elecciones o no, puede continuar trabajando haciendo el inventario,
si es que no está terminado, como usted dice, en tres meses.
Por todo ello, señoras y señores diputados, señora doña Teresa de
Lara, señor presidente, no podemos admitir las enmiendas que propone
el Grupo Popular. Quiero dejar claro lo que ya dije en su momento de
que existían unas transacciones con el Grupo Mixto que se incluirían
en las votaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Efectivamente, antes de
la votación los portavoces se pondrán de acuerdo.
Muchas gracias, señor Pérez de Tudela.
Las votaciones se realizarán al final del debate de las mociones.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO EN POLÍTICA UNIVERSITARIA. (Número de expediente
173/000155.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Pasamos al punto 8º del
orden del día, moción consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Socialista, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno en
política universitaria.
Para su presentación, tiene la palabra la señora Díez de Baldeón
García.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta hoy esta moción consecuencia de la interpelación
urgente celebrada el pasado 30 de junio, sobre las medidas que debe
adoptar el Gobierno en política universitaria.
En aquella interpelación, contestada por el ministro de
Administraciones Públicas ante la ausencia del ministro de Educación,
se puso en evidencia una vez más la incapacidad del Ministerio de
Educación para
dar respuesta a los principales problemas de la universidad española.
Tras el fracaso de gestión de la ministra Aguirre, los actuales
responsables educativos parecen igualmente más interesados en
publicitar medidas de dudosa eficacia práctica y carentes de
contenido que en abordar en serio los problemas más urgentes. En este
momento parece incluso abrirse un clima de cierto enfrentamiento con
los rectores como consecuencia de las últimas reformas de
selectividad. Lo cierto es que estamos ya al final de esta
legislatura, no se ha hecho nada y apenas queda tiempo. No obstante,
con ánimo constructivo mi grupo parlamentario presenta hoy esta
moción sobre medidas que debe adoptar el Gobierno en política
universitaria, con el deseo de alcanzar acuerdos que permitan
comenzar a desbloquear los principales escollos.
Por eso instamos al Gobierno a establecer un plan de mejora de
calidad de las universidades públicas españolas que contemple,
primero, un incremento de la financiación pública que permita
alcanzar en cinco ejercicios presupuestarios un nivel de gasto
educativo equivalente a la media de los países de la OCDE. Este
incremento de financiación permitirá establecer un marco de mínimos
de calidad a partir de criterios objetivos que garantice el principio
de igualdad e incentivación a la competencia y que contribuya a
superar los desequilibrios sociales y territoriales existentes.
Señorías, este plan de financiación resulta básico para abordar otros
problemas pendientes. He repetido en esta Cámara que la falta de
financiación no es quizá el único problema de la universidad
española, pero sin financiación no podrán ser resueltos de forma
satisfactoria otros problemas. Las medidas que se emprendan sin
dinero no dejarán de ser meramente nominales y, en consecuencia,
estériles.
El segundo punto de esta moción insta a la consolidación de la
carrera docente basada en los principios de objetividad, calidad y
mérito, que permita una satisfactoria dotación y promoción del
profesorado universitario de acuerdo a las necesidades existentes. En
nuestra opinión, el programa de mejora, estabilidad y promoción del
personal universitario presentado por el Gobierno casi al final de
esta legislatura no soluciona nada y no hace sino dar largas al
problema, puesto que lo que pretende es abrir un larguísimo proceso
de negociación con las comunidades autónomas a lo largo de tres años.
Este problema resulta inaplazable porque nada menos que el 43 por
ciento de los profesores de las universidades españolas está en
situación de precariedad laboral. Con ello se está incumpliendo
claramente la vigente ley, que estima unos topes porcentuales de un
30 por ciento de profesores contratados en las universidades
politécnicas y de un 20 por ciento en el resto. El plan presentado no
es de estabilidad ni de mejora ni de promoción del personal
universitario. Si lo que se pretendía era dar solución al enorme
colectivo de más de 20.000 profesores asociados, la medida no puede
consistir, tal como se ha propuesto, en abrir períodos de
contratación una y otra vez de este profesorado
asociado, porque, si es así, la medida, lejos de solucionar el
problema, no hará sino agravarlo. Se aumentará el número de los
profesores asociados y además se les perpetuará en el cargo y serán
profesores no numerarios de por vida.
Proponemos en esta moción dar una respuesta urgente y satisfactoria
que solucione el grave problema del profesorado contratado, situando
los porcentajes de funcionarios y contratados en los límites
establecidos en la Ley de Reforma Universitaria. Para ello proponemos
dos medidas: una, garantizar los recursos financieros suficientes
para que, de acuerdo con las comunidades autónomas, las universidades
que lo precisen puedan dotar y convocar las plazas necesarias para
completar sus plantillas de profesorado funcionario, de forma que
queden cubiertas las necesidades objetivas de docencia e
investigación. Junto a esta medida, otra más. Consideramos
conveniente la creación de una nueva figura docente de profesor
contratado a tiempo completo, que podrán desarrollar las comunidades
autónomas junto con las universidades, fijando unos porcentajes
máximos que deberán ser respetados en cada departamento.
El tercer punto hace referencia a la necesidad de asegurar la
necesaria coordinación del sistema universitario, de acuerdo con las
comunidades autónomas, mediante la reforma del Consejo de
Universidades, para su adaptación a la nueva situación creada tras
haberse culminado el proceso de transferencias. Señorías, si queremos
evitar la existencia de diecisiete sistemas universitarios cerrados e
inconexos es imprescindible que exista un órgano en el que se atienda
la coordinación y planificación del sistema universitario en España.
No tiene sentido que, mientras haya países como Italia, Alemania,
Reino Unido o Francia que se ponen de acuerdo para que sus planes de
estudio estén en común y que haya también una homologación de los
títulos que permita la necesaria movilidad de sus estudiantes, en
España no tengamos todavía un órgano de coordinación y planificación
que de forma eficaz afronte esta tarea.
En nuestra opinión -y así lo hemos puesto de manifiesto en otras
ocasiones- sería importante que el Consejo de Universidades se
descargue de muchas de sus tareas burocráticas y de gestión
cotidiana, por eso consideramos que debe haber un órgano en el que
exista el máximo debate político y académico para hacer estas tareas
de coordinación, creándose ex profeso otros órganos para atender a
las tareas, digamos, más burocráticas.
Consideramos igualmente conveniente asegurar la acreditación de los
títulos expedidos si queremos que nuestros estudiantes sean
competitivos en el mercado laboral globalizado en el que estamos
inmersos. Por ello el punto 4 de esta moción insta al Gobierno a que,
ante la insuficiencia de los actuales sistemas de verificación
y control de la calidad de los centros universitarios privados, se
reforme el Real Decreto 557/1991 sobre creación y reconocimiento de
universidades y
centros universitarios, de forma que quede garantizada la calidad
académica y salvaguardados los derechos de los estudiantes.
El siguiente punto hace referencia también a una cuestión
absolutamente prioritaria para nosotros. Creemos que es
imprescindible asegurar, garantizar el principio de igualdad de
oportunidades. Parece que en nuestro país cualquier persona con
capacidad y mérito pueda llegar a la universidad con independencia de
su procedencia familiar o su nivel de renta. Sin embargo, los datos
son suficientemente elocuentes en este sentido y deben ser tenidos en
consideración. Según pone de manifiesto el informe sobre igualdad de
oportunidades educativas el 72 por ciento de los hijos cuyos padres
tienen una titulación superior va a la universidad, mientras que sólo
acude el 49 por ciento de los hijos cuyos padres tienen estudios
secundarios y únicamente un 27 por ciento de hijos cuyos padres
tienen estudios primarios. Ésta es la realidad, señorías, como que
España es, según los datos proporcionados por la oficina estadística
Eurostat, uno de los países europeos que menos financiación destina a
becas y ayudas directas a estudiantes. Mientras que en países como
Dinamarca o Suecia se destina el 15 y el 16 por ciento del gasto
educativo a becas y ayudas, en España únicamente se destina a este
fin un 2,4 por ciento.
El Gobierno viene haciendo permanente publicidad engañosa en el tema
de becas, dice que las incrementa, pero según sus datos en dos cursos
de 1996 a 1998 hay 27.484 becarios universitarios menos y el importe
de las ayudas se ha reducido en casi 6.000 millones de pesetas; éstos
son los datos, señorías, algo que los socialistas no hicimos porque
en los años de 1983 a 1996 se multiplicó por 20 el presupuesto
destinado a becas, se duplicó el porcentaje de becarios que pasó del
10 al 19 por ciento y la cuantía de las becas se fue incrementando
paulatinamente pasando de las 45.000 pesetas del año 1983 a las
220.000 del año 1996. Por eso, más allá de los esloganes
publicitarios del Gobierno sobre el incremento de becas, nos preocupa
sobremanera lo que de verdad está ocurriendo. El punto 5 de esta
moción propone en concreto tres medidas en este tema: primero, un
incremento significativo del gasto público en becas y ayudas al
estudio que permita situar el gasto en niveles similares a los
establecidos en los países de la Unión Europea; segundo, un aumento
de las cuantías de las becas y ayudas al estudio y de los umbrales de
renta para poder ser beneficiarios de las mismas; tercero, la
equiparación de las cuantías y los umbrales de renta de la
convocatoria general con los de la convocatoria de las becas
universitarias de movilidad interautonómica, evitando así agravios
comparativos intolerables. El punto 6 hace referencia a la necesidad
de favorecer la movilidad estudiantil entre las diversas
universidades españolas incrementando de forma significativa el
distrito compartido, algo que no se ha hecho hasta ahora.
Finalmente, quisiera referirme, siquiera brevemente, a la reforma de
la selectividad emprendida por el Gobierno. En nuestra opinión, las
medidas que se quieren llevar a la práctica son de dudosa aplicación
práctica y difícilmente van a mejorar el sistema, según han venido
poniendo de manifiesto los rectores. Me van a permitir, sobre todo,
que haga referencia a dos medidas que, en mi opinión, pueden ser
contrarias al principio de igualdad de oportunidades. Esta mañana
concretamente en el Consejo Escolar del Estado se ha aprobado, en
contra de la opinión de los rectores - que se manifestaron en contra
en su día-, la posibilidad de que se realice un examen extraordinario
de selectividad en el mes de enero para subir nota o para aquellos
alumnos que suspendieron en la convocatoria de septiembre.
Señorías, en nuestra opinión ésta es una medida demagógica, no
podemos tener abierto permanentemente el proceso de acceso a la
universidad. Ahora se propone otra convocatoria en enero y es posible
que dentro de unos meses se vuelva a proponer que la selectividad sea
un proceso abierto cada mes, cada dos meses, cada tres meses. Pero,
señorías, las pruebas de acceso a la universidad son algo muy
complejo, no son un examen cualquiera, exige un esfuerzo humano y
económico considerable a las familias, a los alumnos y sobre todo a
las universidades, que no pueden tener permanentemente abierto este
proceso. Las universidades no pueden destinar una parte de sus
profesores y recursos económicos para hacer cada muy poco tiempo
exámenes de selectividad, revisiones de la selectividad, en los que
intervienen varios correctores, abrir los procesos de matrícula,
etcétera. Por tanto, es una medida que no será eficaz. Pero es que,
además, señorías, decía que puede quebrar el principio de igualdad de
oportunidades, porque esta medida beneficia o puede beneficiar
claramente a los alumnos que pueden costearse centros privados, ya
que las universidades públicas difícilmente van a aplicar la
selectividad en el mes de enero; es impensable que lo hagan, y los
rectores ya han dicho que no lo van a hacer. Por tanto, van a ser las
universidades o los centros privados quienes tengan capacidad para
poder matricular en el mes de enero. Y aquí estamos diciendo que
serán alumnos con más recursos los que podrán acogerse a esta medida
que va en detrimento de los alumnos con menos recursos.
Pero es que además, incluso, la reforma propuesta de que tenga...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señora Díez, debe
terminar.
La señora DIEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Acabo ya, señor presidente.
La reforma propuesta pretende que el peso de la nota se altere. En la
actualidad es un 50-50, como saben, para la nota media de
selectividad y para la nota media del bachillerato; la modificación
del 60-40, de tal forma que tenga ahora más peso la nota media de
bachillerato también, puede terminar beneficiando a aquellos alumnos
que van a centros que claramente inflen notas para que estos alumnos
salgan beneficiados, perjudicando a aquellos que van a centros en los
que esto no ocurre.
Por eso, el punto 7 de nuestra moción -y con eso termino- propone
que, a fin de garantizar el principio de igualdad de oportunidades,
no se efectúe ninguna modificación en el actual sistema de
calificación definitiva de acceso a la universidad referente a la
ponderación de la calificación global de la prueba de acceso y la
nota media del expediente académico del bachillerato, mientras no se
garantice un sistema de control riguroso sobre las calificaciones
obtenidas por los alumnos en el bachillerato en los distintos centros
en relación con los conocimientos adquiridos. Mientras este control
sobre las calificaciones y los conocimientos no se garantice por el
Gobierno, creemos que esta medida resultará perjudicial para unos
alumnos y beneficiará a otros.
Señorías, éste es el sentido último de nuestra moción: mejorar la
calidad del sistema educativo y apostar fuertemente por el principio
de igualdad de oportunidades. Por eso esperamos contar con su voto
favorable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Díez de Baldeón.
A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida. Para su defensa tiene la palabra la
señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Quería hacer algunas reflexiones, señor
presidente, señorías.
En estos días de inicio del curso, deberíamos tener a instancias del
Gobierno un debate general sobre la complicadísima situación que vive
el estamento escolar. No se ha producido esa iniciativa, como casi
siempre, por la falta de pulso político, no considerando que es una
prioridad central en la coyuntura actual. De todas formas, al menos
podemos posicionarnos e instar al Gobierno a que actúe adecuadamente
en política universitaria gracias a la moción correspondiente.
Saben ustedes, señorías, que el 18 de febrero el titular de la
cartera de Educación compareció y el conjunto de los grupos oímos con
una cierta expectación su catálogo de declaraciones y accedimos a
darle cien días de gracia. Ha pasado más de medio año y es posible
que las cosas no hayan empeorado, como los veranos de doña Esperanza,
pero, indiscutiblemente, el inmovilismo del señor ministro tiene
empantanados los temas pendientes de la comunidad universitaria. Yo
soy muy poco dada al narcisismo, pero en esta ocasión no me duelen
prendas en reconocer que mi grupo parlamentario ha sido durante esta
legislatura pionero y máximo valedor a través de múltiples ocasiones
en la defensa de la estabilidad, de la mejora y de la promoción del
personal universitario.
Quiero decirles que ya han pasado 15 años, casi 16, desde que en 1983
se promulgó la Ley orgánica de Reforma Universitaria, y parece que es
tiempo de evaluar, señorías, y de adecuar educativa y socialmente la
universidad del próximo milenio. Y hay una demanda central
sistemáticamente incumplida, que es la dotación suficientemente
resuelta de recursos financieros que aminore los desequilibrios
territoriales y sociales en el acceso al saber, quebrando
definitivamente las culturas de las elites, hoy vigente, y eso
significa inversión redistributiva. Con brevedad, señorías, quería
decirles que no se está acompasando en absoluto con la convergencia
social europea, ya que el gasto por estudiante universitario en
relación con el PIB per cápita es en España casi tres quintos de la
tasa media de la OCDE. Entiendo, señorías, que la insuficiencia
crónica del presupuesto público universitario es sangrante. La única
universidad que depende directamente del ministerio, como ustedes
saben, la UNED, tendría que ser un modelo de retribución y, por el
contrario, tiene un presupuesto financiado por sus estudiantes en más
de un 50 por ciento. Creo que ésta es una buena foto de la
preocupación del Gobierno por la enseñanza superior de calidad y por
una investigación de excelencia. Y todo esto, señorías, significa que
tendríamos que abordar ya -y no está recogido suficientemente en la
moción- un fondo de cohesión consolidable como instrumento corrector
e inyector.
Señorías, en esta gama de carencias, hay que destacar la
insatisfacción de los estudiantes con las becas, los planes de
estudios, la confrontación con gran parte del mundo sindical y las
reiteradas manifestaciones de la CRUE, que ha denunciado públicamente
la dejadez del Gobierno. Y es en este contexto en el que la
universidad pública intenta resistir el deterioro al que se va viendo
abocada, mientras la universidad privada, señorías, hace su agosto y
emplea su ámbito de influencia para quienes la pueden pagar, claro
está, lo que exige mecanismos de control sólidos y verificables.
Señorías, las propuestas del Ministerio con respecto, por ejemplo, a
la LRU, como punto de partida, no son consensuables, ya que instalan
indefinidamente los contratos basura en el profesorado no numerario
colocándoles en un status de inestabilidad, bordeando casi la
legalidad y cercenando la promoción como opción profesional,
consolidando una línea de trabajo desigualitaria en el marco de la
Administración educativa.
Yo entiendo que los principios que están hoy mayoritariamente
funcionando tienen como modelo la jerarquización y el mercado, con
una conculcación sustancial de los derechos laborales. Creo que es
necesario la creación de un marco normativo, que impida la
infracontratación y los usos irregulares. Y es necesario, además,
abrir cauces para el reconocimiento a todos los efectos. En este
tenor, señorías, hemos planteado algunas enmiendas que humildemente
concebíamos que mejoraban el texto; mejoraban el texto base de la
moción que obra en poder de los portavoces y que trata de darle un
carácter estructural a los contratos de
los profesores no numerarios, matizan mejorando el desarrollo de la
carrera docente de acuerdo a las necesidades y con criterios de
calidad. Incorporaríamos la concepción de que las partidas económicas
deben ser consolidables en el presupuesto de las universidades. En la
polémica llamada movilidad habría que ofrecer suficientes recursos
para incluir cláusulas de garantía, como que en las solicitudes de
acceso a los estudios se tenga en cuenta la primera opción entre las
comunidades autónomas propias. Éstas serían, señorías, nuestras
enmiendas.
Concluyo planteando que debatir sobre la universidad es situarnos en
el campo social donde se manifiestan posiciones disociadas con una
gran virulencia en sus contenidos y una gran finura en su forma, pero
que, en definitiva, se enfrentan a la legitimación de las
desigualdades o a su resolución. Termino, señorías, diciendo que es
necesario renovar el sistema educativo y ser una parte sustancial del
motor del cambio para que en esta fase de principios del nuevo
milenio la educación sea equivalente a la democracia, a la
participación y al bienestar social.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Aramburu. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
A nuestro entender, el plan de mejora de la calidad de las
universidades propuesto por el Grupo Socialista en su moción es algo
bastante modesto; es una serie de demandas y de denuncias
sobradamente conocidas y debatidas en esta Cámara y en la Comisión
sobre situaciones diversas que afectan a la universidad, y todavía
para algunas de ellas no se ha encontrado la debida solución. Mi
grupo no apoya la moción por razones diversas, entre ellas, porque no
nos parece serio demandar un incremento algo nebuloso de financiación
pública para la universidad sin saber, primero, qué significa hoy
financiación pública y, después, no tener una respuesta preparada
para contestar a la siguiente pregunta: ¿para qué y con qué
finalidad? No se puede pedir un incremento porque tampoco sabemos si
es el que gradualmente se alcance en cinco años como gasto medio en
los países de la OCDE, si significa que de aquí a cinco años se debe
tener el gasto medio que la OCDE tendrá de ahora a cinco años o si es
el que tenemos hoy. Pero sobre todo ¿qué quiere decir financiación
pública a finales del año 1999, cuando las competencias en
universidades han sido transferidas en su totalidad a las comunidades
autónomas? ¿Significa que son las comunidades autónomas las que han
de incrementarla? ¿Este Congreso debe decir, por ejemplo, a mi
Gobierno que debe incrementarla? ¿Sabemos qué quiere decir este
presupuesto? Para ello deberíamos saber,
primero, qué finalidad tiene la universidad; después, qué proyectos y
qué objetivos tiene cada una de las universidades, qué proyecto tiene
cada comunidad autónoma respecto a sus universidades; conocer el
presupuesto de cada comunidad autónoma y de cada ejercicio
presupuestario sobre sus universidades y también conocer con rigor el
presupuesto de los distintos gobiernos del Estado español cuando la
Administración era la única responsable de estas universidades.
Podría ocurrir, si fuera cierto lo de la financiación pública y fuera
una financiación pública sólo por parte del Gobierno del Estado
español a las distintas comunidades autónomas, que se castigara a
aquellas que en su presupuesto han priorizado la educación
universitaria o la educación por encima de otros servicios públicos,
sacrificando otros servicios necesarios también para el bienestar, y
se podría favorecer a aquellos para los cuales la enseñanza
universitaria quizá no ha tenido tanta importancia. Por lo tanto,
cuando se pide financiación pública debemos saber de lo que estamos
hablando. Además, quiero recordar que para mantener el equilibrio
y la sostenibilidad del sistema no universitario, sino del sistema
económico y social, del sistema del bienenestar de este país y
también del sistema educativo de este país y de cada comunidad
autónoma, debemos saber perfectamente que decir incremento de A
significa decremento de B y quizás de B, C, D, etcétera. Por
consiguiente, deberíamos tener respuestas antes de pedir un
presupuesto nebuloso. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa
la Presidencia.)
Respecto al punto sobre el profesorado, sí que estamos de acuerdo en
que debe darse una respuesta urgente y satisfactoria al problema
acuciante que tiene el profesorado contratado, sobre el que desde
luego hemos debatido y aprobado medidas ya en esta Cámara y en
Comisión.
También hay un documento probablemente en discusión, y creo que debo
aprovechar este momento -porque quizá no habrá otro para hablar de
universidades- para señalar con el grado de énfasis requerido que la
propuesta del Ministerio hallará muy serias dificultades para lograr
el consenso desde la insoportable levedad de su contenido, con el que
ni mi Gobierno, ni las universidades catalanas, ni mi grupo podemos
estar de acuerdo y con el que mantenemos severas discrepancias
básicas; pero discrepancias básicas y severas que también se parecen
mucho y son similares conceptualmente a las que mantiene mi grupo con
alguna de las propuestas de la moción presentada por el Grupo
Socialista, entre ellas las que emanan de su concepción de los
límites competenciales de los gobiernos del Estado español y de las
comunidades autónomas. Yo lo he dicho repetidas veces pero la
portavoz del Grupo Socialista, supongo que con el espíritu y la
ideología y el pensamiento político sobre comunidades autónomas
y autonomía de su grupo, defiende lo que él dice. Como lo va repitiendo
cada vez que habla, yo debo decirle que estoy -ya lo sabe usted-
completamente en desacuerdo. Además también quiero señalar aquí
que es un interesante punto de coincidencia que tiene el Grupo
Socialista con el Grupo Popular, una coincidencia político-ideológica
realmente interesante y para estudiarla. Sobre esto podemos tener
alguna muestra: los 17 compartimentos estancos o esta obsesiva
fijación en una posible y deseada por ustedes resurrección del
distrito compartido, además con una sorprendente e insostenible
defensa de que esto tiene algo que ver directamente con la calidad.
La calidad del sistema universitario se expande por un amplio ámbito
de áreas y de actuaciones, que probablemente no son éstas, que
deberían analizarse con mucho más rigor, si realmente se quiere
proponer un plan tan pomposamente llamado de mejora de la calidad
universitaria. Para ello no debe presentarse una foto fija de lo que
es hoy el sistema universitario, sino una puerta abierta a mañana.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Guerra Zunzunegui tiene
la palabra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señor presidente.
Me parece muy bien que termináramos el curso pasado hablando de las
universidades e iniciemos éste también con ellas. La pena es que
realmente ninguna novedad nos aporta septiembre respecto de julio en
la posición del Grupo Socialista porque, por una parte, y en el
preámbulo, nos dice que el Ministerio de Educación no ha hecho nada.
La conclusión sería: si no ha hecho nada, está plenamente vigente el
sistema universitario de la LRU desde el año 1983 y, por lo tanto,
respecto de la universidad se han seguido los principios que ustedes
han ido aplicando desde que se aprobó la LRU.
Como ya es tarde me quiero centrar en tres temas que plantea la
moción. El primero de todos es el de los profesores asociados. Tiene
razón señoría sobre que la LRU preveía unos porcentajes, que en la
época de ustedes han llegado al 40, cuando tenía que haber el 20,
etcétera. Nos hemos encontrado con ese problema y para resolverlo hay
que cambiar la LRU. Por cierto, en recientes mesas redondas que hemos
tenido con la representante del Grupo Socialista, rectores, etcétera
hay unanimidad acerca de que no solamente se debe tocar el Título V
de la LRU sino que, como ya han pasado muchos años desde 1983, hay
que modificarla entera. Pero es una ley orgánica, y, señoría, no ha
habido manera de consensuarla. Ha hablado mucho de consenso, pero
luego no admiten nada respecto a un posible consenso. La LRU hay que
modificarla y ya no hay tiempo en esta legislatura. Cuando el próximo
Gobierno tenga la confianza del pueblo español es indudable que habrá
unanimidad de todos los grupos y de todos los sectores de la
enseñanza respecto a que hay que modificar la LRU.En lo que respecta
a los 17 sistemas
universitarios -y en eso no coincidimos con el Grupo Socialista-, yo
no creo que los haya. Hay universidades que en razón de su autonomía
otorgan unos títulos y otras otros, pero no vayamos al tema de los 17
sistemas universitarios. Homologación de títulos. Hay unas
universidades que dan unos títulos, otras dan otros y esos títulos
sirven para todo el territorio español.
Quiero extenderme un poco en lo que respeta a becas porque vienen
diciendo y repitiendo algo que no es cierto. Señoría, las becas en
este país desde el año 1996 han aumentado en un 24,08 por ciento y el
próximo año, y en unos años en que hay poca inflación, va a ser la
primera vez que se va a llegar a los 100.000 millones de pesetas para
becas. Luego, no digan ustedes lo que están diciendo respecto a las
becas. ¿Se ha reducido el número de becarios? Sí, se ha reducido el
número de becarios por dos razones: porque hay menor número de
universitarios debido a la demografía y porque este Gobierno también
ha subido el umbral máximo de renta para una familia. En el curso
1996- 1997 ese umbral máximo para una familia de cinco miembros era
de 3.618.000 pesetas y en el próximo curso va a ser de 3.921.000, un
8,4 por ciento más cuando la inflación no ha llegado a esas cifras.
Cuando ustedes estaban en el Gobierno la inflación era muy alta y las
cifras hay que valorarlas en relación con la inflación. Estos datos
dan como resultado que el 68,6 por ciento de las familias españolas
pueden solicitar beca, ya que declaran ingresos inferiores al citado
umbral máximo familiar. No se puede considerar un sistema injusto
cuando el 68 por ciento de las familias españolas pueden tener acceso
a las becas. Nos gustaría que se llegara al 70 o al 72 por ciento, y
se llegará en los próximos años, pero ya estamos en un dintel
absolutamente europeo ya que, como digo, más del 68 por ciento de las
familias pueden acceder a becas.
Respecto a las becas de movilidad, tengo que decir que el señor
ministro y el secretario de Estado han dicho una y otra vez que van a
subirlasfundamentalmente en los próximos presupuestos. Yo espero
tener la conformidad de todos los grupos de la Cámara cuando vean que
esto es así. Entendemos que en estos momentos en que la movilidad ya
no es solamente en el Estado español, sino hacia universidades
extranjeras, efectivamente las becas para la movilidad deben
aumentar.
Finalmente, el punto 7: la selectividad. En la documentación relativa
a la moción que a mí me han facilitado no venía punto 7 ninguno, pero
ya que la representante del Grupo Socialista se ha referido a esto le
diré dos cosas. Primero, que las reformas son para beneficiar a los
alumnos, ya que hay algunas vocaciones truncadas por dos décimas, y
es lógico que puedan repetir un examen si quieren subir la nota. En
definitiva, eso es lo que se ha hecho y creo que es de absoluta
justicia. Y, segundo, que las demás medidas, incluida la convocatoria
del mes de enero, que parece que hoy se ha tratado en el Consejo
Escolar, se aprobaron por unanimidad en el Senado. Por tanto, no
entiendo que
los parlamentarios del Grupo Socialista aprobaran allí estas medidas
y aquí se critiquen. Reitero, en selectividad -también es una de las
medidas aprobadas por el Senado- se trataría de que las notas
contaran en un 50 por ciento las del centro y en el otro 50 por
ciento las del examen. ¿Por qué? Porque S.S. saben perfectamente que
cuando el chico o la chica hace ese examen en general baja su nivel,
ya que tiene que hacer ese examen en tres días y, además, tiene un
nerviosismo lógico por tratarse del primero en la universidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Guerra, concluya, por
favor.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Concluyo, señor presidente, diciendo una
cosa al hilo de alguna intervención que aquí ha habido. La única
universidad que depende del Ministerio de Educación -tiene razón la
representante de Izquierda Unida- es la UNED, cuyo presupuesto ha
aumentado el año pasado más de un 9 por ciento, y el anterior rector
de la Universidad a Distancia en su comparecencia dijo que nunca se
está satisfecho del todo, pero que él estaba bastante satisfecho de
lo que había aumentado el presupuesto de la UNED.
Termino con una última puntualización. Como se ha dicho anteriormente
por la representante de CiU, no se puede tener autonomía sin la
responsabilidad correspondiente y cada una de las comunidades tiene
que decidir lo que destina a la universidad. Es fácil crear muchas
universidades y cortar cintas de nuevos campus y luego tener
problemas de financiación en ellas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Guerra.
Tiene la palabra la señora Díez de Baldeón para indicar si acepta o
no la enmienda presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Aceptaríamos únicamente el primer punto, el punto en el que se habla
de que la financiación se empiece a considerar a partir de los
presupuestos de este año. Los restantes puntos no son asumibles.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Díez de
Baldeón.
Señora Aramburu, ¿está de acuerdo con esa transaccional, que sería
incorporar sólo el primer punto de su enmienda a la moción del Grupo
Socialista?
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Como no es posible una votación separada,
sería inútil la aceptación de esa enmienda, puesto que nuestro voto
va a ser de abstención.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Entonces se someterá a
votación en su momento la moción en sus propios términos, sin la
aceptación de ninguna parte de otra enmienda.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL
RÉGIMEN DE REPARTO DE LAS AYUDAS EUROPEAS PROVENIENTES DE LA POLÍTICA
AGRARIA COMÚN (PAC). (Número de expediente 173/000156.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la moción del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre el régimen de reparto
de las ayudas europeas provenientes de la política agraria común.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Centella. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Dada la hora, voy a tratar de ser breve, aunque creo que los
portavoces en Agricultura tenemos vía acreditada en esta Cámara de
que no tememos a las sesiones nocturnas y largas. Sólo la ausencia
del señor Mardones hace que no nos sintamos como en días pasados,
cuando asistimos a sesiones realmente largas y pesadas. Como decía,
trataré de ser breve.
Nosotros presentamos hoy una moción que entiendo que necesita poca
explicación, ya que en estos momentos sería pretencioso por mi parte
intentar explicar a los distintos portavoces lo que significa la
modulación de las ayudas que recibimos y recibiremos de la política
agraria común. Es una realidad que el reparto de las ayudas beneficia
a los grandes propietarios y sobre todo a los especuladores. Por eso,
la obsesión por controlar el gasto agrario en la Unión Europea no se
puede explicar de otra manera que haciéndose justicia en el reparto
de las ayudas. Defender la cohesión como elemento básico de la
construcción europea no es ni más ni menos que buscar solidaridad y
equiparar los niveles de renta y las condiciones de vida. Realmente
nos resulta inmoral que se acepte sin más el hecho de que el 20 por
ciento de los productores se sigan llevando el 80 por ciento de las
ayudas, que solamente 125 propietarios españoles se repartan 60.000
millones de pesetas y que tres grandes explotaciones en España
reciban más de 1.000 millones de pesetas. Aunque las ayudas se
reciban de forma legal, a nosotros nos parece que no está legitimado
socialmente y que realmente es una inmoralidad.
Creemos que esta regulación es importante, que es importante modular
y distribuir las ayudas en favor de aquellos agricultores y ganaderos
cuyas aportaciones tienen una dimensión económica que necesitan. Pero
también queremos dejar sentado que, sin una política agraria
comunitaria que contemple ayudas compensatorias a las rentas
agrarias, en Europa desaparecería la
ganadería y la agricultura, se abandonarían los campos
y convertiríamos la Unión en una tierra dependiente de mercados
internacionales, siendo, por tanto, un proyecto imposible de
realizar. En un mercado tan desigual sólo la ayuda a la renta puede
mantener a millones de personas asentadas en el medio rural,
solamente de esta manera se puede mantener un equilibrio ecológico
y un abastecimiento dentro del mercado con alimentos de calidad.
Por tanto, quienes claman contra las ayudas, quienes han tratado de
pescar en el río revuelto del escándalo del lino para desprestigiar
la política agraria comunitaria lo que están haciendo es ocultar los
intereses de las multinacionales, unos intereses cada vez más
decididos a controlar mercados y a imponer formas de consumo cada vez
más uniformadas.
Así pues, deberíamos dejar claro que sin las ayudas a las rentas de
los agricultores no hay política agraria común y que sin política
agraria común no hay mundo rural en Europa. Desde esta perspectiva,
la mejor forma de defender la validez de las ayudas es darles la
mayor rentabilidad social posible y la mayor credibilidad. De la
credibilidad, señorías, trataremos el jueves y no duden que lo
haremos a fondo. Hoy hablaremos de la rentabilidad, de buscar en
estas ayudas una rentabilidad social y económica mayor que la que
tienen en estos momentos. Porque no podemos olvidar, como decíamos,
que el objetivo central de las ayudas debe ser compensar los
desequilibrios en los mercados y asegurar una renta digna a los
agricultores y a los ganaderos, de manera que el nivel de vida de las
zonas rurales no esté en desigualdad con las zonas urbanas. Es una
realidad que la situación actual no es buena y ya hemos dado antes
cifras que realmente resultan espeluznantes e inmorales. No puede ser
que quienes más reciben, que quienes se esconden detrás de este 20
por ciento sean precisamente los que menos viven del campo, esos que
nosotros seguimos llamando especuladores, porque creemos que es el
nombre que más les cuadra, esos que siembran el lino desde los
despachos de la Administración, esos que solamente cobran
subvenciones, esos agricultores a tiempo parcial que en realidad
deberían darnos un curso de cómo organizan su tiempo, ya que es
imposible que se puedan hacer tantas cosas a la vez. En realidad, lo
único que están haciendo es cobrar las subvenciones y ninguna cosa
más.
Señorías, seguimos pensando que estos especuladores, por no llamarles
con un nombre bastante más duro, están haciendo un daño al sector
agrario y ganadero español, están elevando artificialmente el precio
de las tierras, están expulsando a los verdaderos agricultores, que
no pueden pagar ese precio especulativo que están alcanzando muchas
tierras; están intentando ampararse en un sistema injusto de reparto,
en un sistema que no tiene conciencia social pero que tampoco está
demostrando tener sentido de la eficacia, porque cada vez se separa
más de los objetivos que dice defender. Por eso, quienes dicen
defender una agricultura profesional, la gente dedicada a sacar el
mejor rendimiento al campo,
un rendimiento que esté basado en una conciencia ecológica, solamente
pueden hacerlo desde el reconocimiento de que hace falta estas ayudas
y que tienen que ser bien repartidas. Tienen que ser bien repartidas
para llevar riqueza al mundo rural, riqueza que no solamente es para
los agricultores, para los jornaleros, sino que también beneficia al
comerciante, al profesional que surge en torno a la actividad
agraria.
Quienes en definitiva defendemos la PAC no tenemos más remedio que
defender las ayudas y su modulación. Ese cambio, repito, tiene un
nombre: modulación. Se llama reparto en función de parámetros
medioambientales, sociales, y sobre todo en función de la generación
de empleo. La clave está en la capacidad que tenga la PAC de crear
empleo, de crear riqueza y de generar un mejor nivel de vida en el
mundo rural.
Sabemos que las cosas no son fáciles, sabemos que regular la
modulación es un tema complejo, pero tampoco debemos engañarnos:
quien se ampara en la dificultad para bloquear el tema en realidad lo
que está escondiendo es que no quiere modular las ayudas. Es
complicado, pero tiene solución, tiene solución desde el consenso y
desde el convencimiento de que hay que hacerlo. Si no se está
convencido, difícilmente se podrá conseguir.
Nosotros tenemos que lamentar las dificultades no solo internas, sino
también externas. Y lamentamos -y hay que decirlo- que los
socialistas europeos jugaran un triste papel a la hora de aprobar en
la Unión Europea la Agenda 2000. A pesar de ello, es cierto -y
tenemos que reconocerlo- que existen en estos momentos márgenes de
maniobra para nuestras administraciones, márgenes que debemos
alcanzar, márgenes que deben demostrar que nuestro Gobierno puede
empezar un proceso de reparto de las ayudas, que al final rompa esos
márgenes y se convierta de verdad en el eje central del reparto de
las ayudas en toda la Unión Europea.
A nosotros nos parece que nuestra moción tiene un cierto interés. Nos
hubiese gustado completarla, ampliarla. También es verdad -y queremos
reconocerlo desde esta tribuna- que el ministro anunció la
constitución de un grupo de trabajo sobre la modulación, anuncio que
se efectuó en su comparecencia en Comisión y que nosotros
felicitamos. Por ello consideramos que es fácil llegar a un acuerdo
en este momento. Lamentamos -repito- que no se pueda ampliar nuestra
moción con la inclusión de elementos como el reparto del empleo, como
la defensa del medio ambiente, pero creemos que en estos momentos es
más importante la unidad de consenso, que es más importante que salga
hoy un acuerdo de toda la Cámara. Queremos que lo que fue una
propuesta del ministro sea hoy una propuesta de toda la Cámara.
Aunque entendemos que la enmienda del Partido Socialista Obrero
Español es una buena enmienda, una enmienda que podría haber
aportado...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
le ruego concluya.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Concluyo, señor presidente. Además, me doy
cuenta de que ya está entre nosotros el señor Mardones, con lo cual
nos sentimos mucho más completos los que ya vivimos sesiones
nocturnas en esta Cámara no hace muchos días, aunque repito que no es
mi intención emular lo que fueron aquellas sesiones. Con la presencia
del señor Mardones concluyo haciendo un llamamiento al consenso, a
que esta moción pueda ser un instrumento que sirva para dar un
ejemplo, después de haber pasado por momentos que en el sector
agrario no se han entendido, momentos que han puesto en tela de
juicio muchos elementos importantes, como ha sido la concepción de la
agricultura en nuestro país. Si hoy aprobamos esta moción por
unanimidad habremos dado un buen ejemplo, pero tampoco nos engañemos,
vamos a tener dificultades...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Concluyo, señor presidente.
Nosotros vamos a seguir defendiendo que la modulación contemple
elementos como el reparto del empleo y la defensa medioambiental.
Sabemos que hay grupos en esta Cámara que no lo comparten y en el
debate nos veremos. Porque también hemos visto en los trabajos de la
Comisión del lino que hay distintos conceptos de agricultor en los
distintos grupos parlamentarios. Nosotros estamos dispuestos a
defender al agricultor profesional. Otros grupos parece que prefieren
seguir defendiendo al agricultor a tiempo parcial.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Repito que ese sería un mal camino. Pero hoy
sí puede salir de aquí un buen acuerdo, un acuerdo que sea un
instrumento de trabajo para los próximos meses.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
Han sido presentadas a esta moción dos enmiendas, por parte del Grupo
Socialista y por parte del Grupo Parlamentario Popular.
En nombre del Grupo Socialista, en primer lugar tiene la palabra el
señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, anuncio que nosotros vamos a votar a favor de la
moción de Izquierda Unida. Lo tenemos que hacer. No sólo es que
estemos de acuerdo, sino que tendríamos que ser coherentes. Si
recordamos la proposición no de ley de 8 de febrero de 1999,
justamente en el punto tercero se hablaba de la modulación
y de que tendría que hacerse como consecuencia de que habría que
consensuarla con las organizaciones profesionales agrarias y con el
movimiento cooperativo. Era, como digo, el punto tercero de aquella
proposición no de ley. Por tanto, nosotros, ya en febrero, estábamos
de acuerdo con ello; lógicamente, lo seguimos estando.
Hemos sido coherentes los socialistas y el Grupo Socialista español
en Estrasburgo votó coherentemente en contra de la Agenda 2000. Pero
francamente creemos que hay que ir más allá. Es bueno que nosotros
instemos a las organizaciones profesionales agrarias y al movimiento
cooperativo a que creen junto con el Gobierno el marco adecuado para
que se vaya a una ley de modulación de las ayudas agrarias.
Lógicamente corresponde a esta Cámara la iniciativa y nadie nos puede
sustraer de la responsabilidad de cómo tiene que ser esa modulación y
cuáles son los criterios que la tienen que impulsar. En ese sentido
nos hemos pronunciado varias veces en esta Cámara. Lo hicimos con
motivo de la interpelación que se hizo a la ex ministra de
Agricultura en la moción subsiguiente a esa interpelación. Y también
lo hemos hecho en esta proposición no de ley de 8 de febrero de este
año. Y lo hemos vuelto a hacer en la iniciativa de la enmienda que
hacíamos a la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. No
basta hablar de modular, ya que la semántica es muy traicionera y
muchas veces con las mismas palabras se entienden cosas muy
diferentes. Que ha habido especulación, que ha habido graves abusos y
que se hace muy urgente esta ley, yo creo que no lo duda nadie a
estas alturas. Ahora, cómo lo tenemos que hacer es un tema delicado.
Lógicamente se tienen que pronunciar las organizaciones profesionales
agrarias y el movimiento cooperativo. Estamos totalmente de acuerdo y
consecuentemente con ello votaremos afirmativamente. Pero también
están las comunidades autónomas, que son elementos muy importantes en
esta cuestión de la modulación. Y tiene que haber una ley básica que
armonice la competencia de las comunidades autónomas con el interés
general de la economía y con aquellos principios constitucionales que
nuestro ordenamiento jurídico instituye. Dentro de ellos, no hay
ninguna duda de que la equidad es el primero de todos. Tampoco hay
duda de que no podemos caer en la inconsecuencia de que, por un lado,
la política agraria comunitaria potencie unas determinadas áreas de
producción y, por otro, la modulación que nosotros hagamos no esté
concorde con la propia PAC. Ignorar a estas alturas que la modulación
es un instrumento importantísimo para corregir graves desequilibrios
territoriales y que debemos tener muy en cuenta en ella la política
medioambiental parecería a estas alturas un tanto negativo. Igual que
lo sería abstraernos y, a lo mejor por una excesiva precipitación, no
tener en cuenta el factor fundamental, que es el del trabajo. La
política agraria comunitaria, sin la cual desde luego no podría
sobrevivir la agricultura europea, sustenta
mucho trabajo. Además en nuestro país este trabajo se sustenta en dos
áreas totalmente distintas, la de la política agraria familiar, en
estructuras empresariales de carácter familiar, y en la empresa
agraria, que tiene otras dimensiones distintas, yo diría que en una
empresa agraria media o grande que sujeta cerca de medio millón de
jornaleros. Hay que tener en cuenta esta masa de jornaleros y los
principios generales que informen la modulación, para que después
cada comunidad autónoma lo vaya aplicando. Forzosamente ha de
considerarse ese elemento de empleo.
Por otro lado, tampoco podemos ignorar determinados caracteres
técnicos que se imponen. La modulación no puede ser la misma para
unos cultivos que para otros. No se puede modular con igual criterio
el olivar que el paquete de herbáceos, que el ovino, que el ganado
vacuno o que el sector lácteo. Tiene que haber un tratamiento
específico por grupo de cultivos y en ese sentido se pronunciaba
también nuestra proposición de ley.
Agradezco que el portavoz de Izquierda Unida haya reconocido que era
una buena enmienda. Lamento que, reconociéndose que es una buena
enmienda, no se haya aceptado por razones tácticas. No va a ser mi
grupo, desde luego, quien rompa el consenso. Hemos de decir que
aunque lo hacemos con la mejor de las voluntades tenemos también un
cierto escepticismo. No creemos que el Gobierno que sustenta el Grupo
Popular tenga la menor voluntad de hacer una auténtica modulación.
Creemos que simplemente va a ganar tiempo y que después ya se verá.
No obstante, nos gustaría muchísimo equivocarnos porque es muy
urgente esta ley básica de modulación de las ayudas agrarias. No nos
gustaría ser profetas, pero desgraciadamente me temo que lo vamos a
ser.
Señor presidente, mi grupo va a votar favorablemente la moción que
propone Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular y para la presentación de
la enmienda, tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para defender la enmienda que mi grupo presenta
a la moción consecuencia de una interpelación de hace ya algunas
semanas que el grupo de Izquierda Unida nos trae a esta Cámara. Me
gustaría decir al portavoz del grupo proponente que mi grupo también
está por el consenso y por impulsar el diálogo en aras a conseguir
una adecuada modulación de los pagos compensatorios al amparo del
artículo cuarto, del Reglamento 1259/99 del Consejo de la Unión
Europea.
En primer lugar, para llegar a ese consenso querría que nos
pusiéramos de acuerdo al menos en el lenguaje. El señor Centella
habla de inmoralidad. En mi grupo todavía no nos atrevemos a ser
confesores ni a condenar
a nadie a ningún sitio. Eso que S.S. llama inmoralidad en la Unión
Europea lo llaman de otra manera. Si quiere hablamos el idioma de la
Unión Europea. No el que usted acaba de inventar. Tampoco mi grupo
acepta que aquí se hable, recordando no sé qué sesiones nocturnas de
los meses de julio y agosto, del escándalo del lino. Nos tenemos que
poner de acuerdo y en vez de llamarle escándalo, seguro que S.S.
acepta -porque así amablemente se lo propongo- hablar de la patraña y
del montaje del PSOE en el tema del lino y que secundaron algunos
grupos como el suyo. (Protestas.)
Decía, señor presidente, que, siguiendo en temas de pura semántica
para ponernos de acuerdo en el lenguaje y buscar el consenso, a los
que el señor Centella llama especuladores y a otros muchos más en la
Unión Europea se les llama titulares de explotaciones agrarias. Si
quiere, seguimos también el lenguaje de la Unión Europea. Y dicho
esto, agrego, señor Centella, que he escuchado con interés su
propuesta, sabe que hemos dialogado sobre ella, que vamos a llegar a
un acuerdo, y me gustaría que se sumara el resto de los grupos de la
Cámara, aunque a mi grupo le da igual lo que sume o lo que reste,
quien ha intervenido anteriormente en nombre de su grupo, porque
quien vota que no, junto con Le Pen, a la Agenda 2000 no tiene
capacidad moral para volver aquí a hablar de esos temas. (Protestas.)
Dicho esto, y entrando, señor Centella, en su propuesta, aceptamos el
consenso si S.S. acepta que hablemos el idioma de la Unión Europea y
que no inventemos un diccionario nuevo. Únicamente nos gustaría que
recortara de su propuesta, para acercar posiciones, esa especie de
conminación que hace al Gobierno a negociar, a llegar a un acuerdo,
fijando además un plazo perentorio. Negociar y dialogar, sí; llegar
al acuerdo es deseable, pero no se puede obligar a nadie a llegar a
un acuerdo y menos a fecha fija y a plazo fijo, dentro de cuatro
días.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en que
se estudie a fondo la modulación y que se dialogue con todos. Ya se
ha empezado con las comunidades autónomas, con las organizaciones
profesionales agrarias y con las cooperativas. Señor Centella, el
tema es complejo, porque si se reducen los ingresos de una empresa
agraria, mi grupo se pregunta si no se verá afectado el empleo. Quizá
haya que consultar con los sindicatos y la patronal. También es
cierto que, si disminuyen los ingresos en las empresas agrarias, se
ve afectada la fiscalidad. Quizá interese saber hasta qué punto y de
qué manera. Además, sabe S.S. -y me consta que lo sabe- que en el
artículo 4 del Reglamento 1259 se dice que hay que prefijar a dónde
se aplican los fondos que se detraen de una modulación. Eso no está
fijado. Y en ningún caso, señoría, se debe permitir la demagogia de
decir públicamente, como alguien ha dicho: Se lo quito a estos pocos
para dároslo a vosotros muchos, pobrecitos de mí. Eso es demagogia
y es mentir, porque S.S. sabe que no se puede hacer.
¿Adónde aplicamos la modulación? ¿A los fondos compensatorios que se
aplican a la hectárea o a la cabeza de ganado o a la producción? No
es tampoco fácil de responder esa pregunta y, después de un diálogo,
veríamos a qué solución se llegaría. En todo caso, señor Centella, a
mi grupo le preocupa también tremendamente una cosa, para entrar a
fondo en la cuestión: ¿Se van a sentir afectados aquellos
agricultores que creo que en su lenguaje son los de a tiempo total?
Hay muchos otros más. ¿Se van a ver afectados, porque pudieran serlo,
aquellos que tienen una discriminación positiva mediante la ley de
modernización o muchísimas ayudas, como las zonas de montaña,
etcétera, algunas ayudas, como el Feoga-orientación?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Madero,
le ruego que concluya.
El señor MADERO JARABO: ¿Se van a ver afectadas las zonas de Objetivo
1? Pudiera ser, hay que estudiarlo a fondo. De todas formas,
coincidirá S.S. con mi grupo en que no se podrán tocar los ingresos
de aquellos perceptores de cantidades muy altas que responden a una
persona no física, sino jurídica, como pueden ser cooperativas
o sociedades que previamente se han constituido y han recibido grandes
ayudas para hacerlo. Sabe S.S. que hay muchos grupos pequeños que se
han constituido en uno que parece grande pero dentro del que hay
muchos. ¿Cómo modulamos eso? No es fácil, señor Centella.
Termino, señor presidente, diciendo que hay un precedente que por lo
menos debemos considerar: en ninguno de los 15 países de la Unión
Europea se ha establecido todavía la modulación de las ayudas al
sector agrario. En algunos lo están estudiando; en otros lo han
rechazado de plano. Nos gustaría que en España nuestro Gobierno
lidere un estudio en profundidad y legisle en consecuencia, pero hay
que reconocer que en estos momentos existe al menos una premura para
dichos actos, puesto que ni siquiera los reglamentos que dimanan de
la Agenda 2000 están elaborados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Concluyo, señor presidente.
Además, el nuevo plan de regionalización, consecuencia de los
magníficos resultados que para España tiene la Agenda 2000, no está
todavía concluido.
Señoría, como ha dicho el señor Centella, el tema es complejo.
Queremos acuerdo y, señor presidente, mi grupo ofrece una
alternativa, o la aceptación de la enmienda que presenta el Grupo
Popular, que en esencia es lo que dice Izquierda Unida quitando
plazos y conminaciones al Gobierno, o bien su propio texto, señor
Centella, si suprimimos los dos últimos renglones, a partir del
primer punto, donde están contenidas esas conminaciones y fechas. En
todo caso, queda
constancia de que mi grupo quiere que se estudie la modulación y que
el Gobierno, que ya lo está haciendo, insista y profundice en un
diálogo que dé como fruto una buena modulación para las ayudas de la
agricultura en España. En definitiva, que los pagos compensatorios
sean tratados con mayor justicia y equidad en nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Madero. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Señor Companys, tiene la palabra para fijar posición en nombre de su
grupo.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente y desde el escaño. Cualquiera que estudie con cierto
detenimiento el conjunto de normativas que regulan el sector agrario
en el marco de la política agraria comunitaria llega a la conclusión
de que realmente estas normativas, en la mayoría de los casos, están
más cerca de dar respuestas a las presiones de algunos estados que a
tener una visión general del problema agrario en el conjunto de la
Unión Europea. En ese marco podríamos incluir también el tan traído y
llevado tema de la modulación de las ayudas comunitarias provenientes
de la aplicación de la PAC. Hace unos meses, se aprobó la Agenda 2000
y en ella, sobre todo en el debate en el seno del Parlamento Europeo,
un tema tan aparentemente claro como es la modulación no obtuvo
soporte de grupos mayoritarios. Es más, parece ser que algunos altos
responsables del Partido Socialista Europeo no estaban por la labor.
No obstante, a nuestro grupo le parece positivo entrar a debatir ese
tema. Entendemos que sobre todo en algún tipo de cultivo sería bueno
la implantación de un sistema de modulación, aunque hay que tener
presente que será difícil encontrar una buena solución. Como
consecuencia, estamos de acuerdo con que el Ministerio abra
negociaciones con distintas organizaciones profesionales,
cooperativas, etcétera, que permitan que las propuestas tengan el
máximo de consenso. Pero a nuestro entender ha de quedar clara una
premisa, que los principales interlocutores en materia agraria son
las comunidades autónomas. Por tanto, cualquier acuerdo al respecto
ha de tomarse en el marco de la conferencia sectorial de agricultura,
previos los contactos bilaterales necesarios, sin que eso -quede
claro- excluya las organizaciones profesionales ni las cooperativas.
Una vez analizadas las diferentes enmiendas que se han presentado, no
estamos de acuerdo con las enmiendas de adición presentadas por los
grupos Popular y Socialista, porque de antemano fija en qué
parámetros han de moverse las negociaciones que deben permitir la
presentación de una normativa que regule la modulación, negando a su
vez las competencias que en materia agraria tienen las propias
comunidades autónomas.
Tampoco estaríamos de acuerdo con el último párrafo de la propuesta
presentada por Izquierda Unida, ya que en ella mandatamos finalizar
una negociación en un plazo de imposible cumplimiento.
Resumiendo, el Grupo Catalán de Convergència i Unió entiende que, por
lo que hace referencia a impulsar una normativa que regule la
aplicación de la modulación, el Estado, como máximo, habría de
limitarse a fijar unas orientaciones de carácter general, dejando a
las comunidades autónomas el margen suficiente para que ellas
determinen cómo, en qué condiciones y en qué sectores se debe
aplicar. Con la voluntad de llegar a un máximo consenso, pues nos
gustaría que esa propuesta pudiese salir por unanimidad, pediríamos
al Grupo Popular la retirada de su enmienda, también al Grupo
Socialista y que Izquierda Unida eliminase el último párrafo a partir
de «Las conclusiones que se obtengan...» Esperamos que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida acepte estas propuestas para que sea
posible aprobarla por unanimidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Companys.
Señor Centella, S.S. debe expresar la aceptación o no de las
enmiendas planteadas a su moción.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, aceptamos la propuesta que
ha planteado Convergència i Unió y mantenemos nuestra moción hasta el
último punto y seguido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Con lo cual se
excluye el resto.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Se excluye el último párrafo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Por favor,
señoría, haga llegar a la señora letrada el texto exacto.
Vamos a proceder a la votación de las tres mociones. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a las mociones que han sido debatidas, en los
términos resultantes de los sucesivos debates.
En primer lugar, votamos la del Grupo Socialista, sobre política de
residuos, envases y residuos de envases.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
262; a favor, 123; en contra, 138; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación correspondiente a la moción, también del Grupo Socialista,
sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en política
universitaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
263; a favor, 115; en contra, 140; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda, asimismo, rechazada.
Finalmente, votación de la moción del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre el régimen de reparto de las ayudas europeas
provenientes de la política agraria común, en los términos
resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
264; a favor, 261; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción y con ello se suspende
la sesión hasta mañana, a las cuatro de la tarde.
Buenas noches.