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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 245, de 15/06/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 245
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 237
celebrada el martes, 15 de junio de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del
Colegio Profesional de Pedagogos. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, núm. 234-1, de 16 de noviembre de 1998. (Número de
expediente 122/000206.) . . . (Página 13001)
Modificaciones del orden del día.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
- Del Grupo Socialista del Congreso, para conciliar la vida familiar
y profesional de los trabajadores. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, núm. 259-1, de 7 de diciembre de 1998. (Número de expediente
122/000230.) . . . (Página 13005)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas para incrementar
la inversión pública en infraestructuras y superar las graves
carencias que en política de transportes, vivienda y
telecomunicaciones arroja la gestión de los servicios públicos.
(Número de expediente 173/000150.) . . . (Página 13027)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
que piensa adoptar el Gobierno para frenar el proceso de
mercantilización progresiva de la sanidad pública. (Número de
expediente 173/000151.) . . . (Página 13034)
- De los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre el
grado de cumplimiento de los contenidos de la moción aprobada por
unanimidad de la Cámara, el 10 de noviembre de 1998, con relación al
análisis, valoración, acciones políticas y medidas a adoptar por el
Gobierno para la consecución de la paz. (Número de expediente 173/
000149.). . . . (Página 13041)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 13001)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del
Colegio Profesional de Pedagogos . . . (Página 13001)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Calpe
Saera. Manifiesta que la proposición de ley que presenta su grupo
recoge la demanda del colectivo profesional de pedagogos, expresada a
través de sus asociaciones profesionales y científicas tanto de
ámbito nacional como autonómico. Añade que la justificación de la
singularidad de la profesión de pedagogo aparece recogida en la
exposición de motivos y arranca de las sucesivas titulaciones
académicas, la primera de ellas la licenciatura en filosofía y
letras, sección de pedagogía, establecida en el Decreto de 7 de julio
de 1944, que han permitido su ejercicio como una profesión no
necesariamente docente, desarrollándose en consonancia con las nuevas
titulaciones y especialidades y con las materias objeto de estudio
para obtenerlas. Considera que puesto que en España son miles los
titulados superiores que ejercen esta profesión en sus diversas
facetas, es el momento de establecer la posibilidad de disponer de
una organización que ordene el ejercicio de su profesión, y pide el
voto favorable de los grupos de la Cámara a la toma en consideración
de su iniciativa.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y las señoras
Gil i Miró del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Palma i Muñoz, del Grupo Socialista del Congreso.
Modificaciones del orden del día . . . (Página 13004)
El señor presidente, en nombre de la Mesa y oída la Junta de
Portavoces, somete a la Cámara una serie de modificaciones del orden
del día, que son aprobadas por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación) . . .
(Página 13005)
Del Grupo Socialista del Congreso para conciliar la vida familiar y
profesional de los trabajadores . . . (Página 13005)
Presenta la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso,
para su toma en consideración, la señora Fernández de la Vega.
Considera que la conciliación entre la vida laboral y la vida
familiar sigue siendo una asignatura pendiente en el proceso de
equiparación en derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
haciéndose necesario plantear un debate serio sobre dicho problema,
que lleve a un nuevo pacto de organización social en el que mujeres
y hombres tengan un papel social equivalente y participen libre e
igualitariamente en la vida familiar, en el mercado laboral y en la
toma de decisiones de la vida colectiva, nuevo contrato social que
vienen propugnando los socialistas en los últimos tiempos. Explica
que este debate no se podía plantear antes de 1978, fecha a partir de
la cual las mujeres
se incorporan de manera generalizada al mercado laboral, y expone las
ideas progresistas de su grupo en relación con la protección de la
maternidad, con las políticas de igualdad de hombres y mujeres en
cuanto a derechos y obligaciones y con lo que ellos denominan la
responsabilidad compartida. Añade que la inciativa que hoy presentan
a la Cámara trata de desarrollar lo legislado en la Unión Europea,
y pasa a explicar el contenido concreto de su proposición de ley,
haciendo especial mención al permiso de paternidad, porque consideran
que se convierte en una pieza importante en la conciliación de la
vida profesional y familiar que se pretende. Finalmente solicita el
apoyo de la Cámara a esta inciativa.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras
Solsona i Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió);
Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
y Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos
señores diputados . . . (Página 13010)
Votaciones . . . (Página 13010)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del
Colegio Profesional de Pedagogos, se aprueba por 267 votos a favor y
15 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Socialista del Congreso, para conciliar la vida familiar y
profesional de los trabajadores, se rechaza por 131 votos a favor,
153 en contra y una abstención.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 13010)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para realizar una
campaña de divulgación científica con objeto de informar a los
ciudadanos sobre productos transgénicos . . . (Página 13010)
Presenta la proposición no de ley la señora Fernández de Capel Baños,
en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. En primer
lugar, considera la iniciativa oportuna y necesaria, puesto que la
información dada sobre los productos transgénicos está plagada de
errores, de inexactitudes científicas y técnicas, adoleciendo en
muchos casos de cierta tendenciosidad. Por otra parte, considera que
se ha creado un estado de inquietud, casi de alarma social, al
mezclarse esta información sesgada y negativa con problemas reales
relacionados con la alimentación que, lamentablemente, han ocurrido
en los últimos días. Explica que los productos que contienen
organismos modificados genéticamente, cuya comercialización ha sido
autorizada, así como las variedades llamadas transgénicas cuyo
cultivo ha sido autorizado, deben pasar en los países de la Unión
Europea una rigurosísima y compleja evaluación sobre el posible
riesgo medioambiental y los posibles riesgos para la salud humana y
animal, resaltando el hecho de que los alimentos transgénicos no se
autorizan de forma genérica sino por variedades concretas, resultado
de una determinada modificación genética, siendo autorizados
específicamente de uno en uno. Explica en detalle el sistema de
autorizaciones seguido en la Unión Europea que se regula por una
serie de directivas de obligado cumplimiento. Pone de relieve la
intensa labor realizada en el área concreta de la biotecnología por
la comunidad científica internacional, y también por la española, así
como por los ministerios competentes en la materia, que en España
son: Sanidad, Agricultura y Medio Ambiente. Considera que existe una
infundada y exagerada inquietud en la opinión pública que, a su
juicio, es necesario evitar mediante una información rigurosa y
detallada que permita al ciudadano elegir libremente sin estar
sometido a manipulaciones que degradan e interfieren su libre
albedrío, por lo que solicita el voto favorable de la Cámara para la
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Saura
Laporta y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; y las
señoras Heras Pablo, del Grupo Socialista del Congreso, y Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y la señora Amorós
i Sans, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de fijar la posición de su grupo en relación con la
enmiendas presentadas interviene la señora Fernández de Capel Baños
De los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Federal de
Izquierda Unida y Mixto, relativa a la necesidad de parar el proceso
de privatización de la sanidad desarrollado por el Gobierno . . .
(Página 13019)
Presentan la proposición no de ley la señora Amador Millán, del Grupo
Solcialista del Congreso; el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme) y
la señora Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora
Maestro Martín, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Villalón
Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Votaciones . . . (Página 13026)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, para realizar una campaña de divulgación
científica con objeto de informar a los ciudadanos sobre productos
transgénicos, se aprueba por 160 votos a favor, 136 en contra y una
abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos
parlamentarios Socialista del Congreso, Federal de Izquierda Unida y
Mixto, relativa a la necesidad de parar el proceso de privatización
de la sanidad desarrollado por el Gobierno, se rechaza por 139 votos
a favor y 159 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 13027)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas para incrementar la
inversión pública en infraestructuras y superar las graves carencias
que en política de transportes, vivienda y telecomunicaciones arroja
la gestión de los servicios públicos . . . (Página 13027)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre
del Grupo Socialista del Congreso, el señor Caldera Sánchez-Capitán.
Lamenta en primer lugar que no esté presente el señor ministro de
Fomento, ya que la moción trata de evaluar el resultado de su
gestión, llegando a la conclusión de
que cuando se escriba la historia política del período actual se dirá
que el señor Arias-Salgado y el Gobierno al que pertenece, con un
ciclo económico positivo, provocaron un importante descenso en la
inversión pública en materia de infraestructuras que ha perjudicado
seriamente los equilibrios regionales y el nivel de competitividad.
Acusa al señor ministro de ser incapaz de comprender que el
territorio debe considerarse un bien público y de haber trasladado la
acción pública, que es quien debe garantizar un orden adecuado a
través de la planificación, a la iniciativa privada, que es quien
decide en realidad buena parte de las infraestructuras que precisa
este país. Critica duramente las políticas del Ministerio de Fomento,
propone la creación de una comisión de investigación sobre el
problema del tráfico aéreo y los aeropuertos en España y recomienda
al presidente del Gobierno que haga uso de las facultades que le
confiere el artículo 100 de la Constitución y cese al ministro de
Fomento, don Rafael Arias-Salgado.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno por alusiones intervienen los señores Caldera Sánchez-
Capitán y Ortiz González.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que
piensa adoptar el Gobierno para frenar el proceso de mercantilización
progresiva de la sanidad pública . . . (Página 13034)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la señora Maestro
Martín. Explica brevemente el contenido de la moción, puesto que se
ha debatido anteriormente una proposición de ley sobre el mismo tema.
Da lectura a algunos de los planteamientos que se hicieron en la
Conferencia de la Asociación Internacional de Política Sanitaria
celebrada en Barcelona, en los que se dice que transformar el derecho
a la atención sanitaria en una mercancía deteriora gravemente el
Estado del bienestar; convertir los sistemas sanitarios de
aseguramiento público en sistemas sustentados en el aseguramiento
privado e individual es un atentado a la equidad; enfocar los
sistemas sanitarios públicos sobre la tecnología médica se hace a
expensas de deteriorar la promoción de la salud, la atención primaria
y la participación de la comunidad; e introducir mecanismos de
mercado en las relaciones clínicas compromete las posibilidades de
integración,
cooperación y solidaridad. Por eso, explica, en la moción que plantea
su grupo instan al Gobierno a paralizar el proceso por el cual se
pretende transformar el conjunto de la sanidad pública en diferentes
entes regidos por el derecho privado. Finalmente, rechaza la idea de
que el gasto farmacéutico es desmesurado, dejando constancia en el
«Diario de Sesiones» de que el gasto farmacéutico de la sanidad
pública está estrictamente controlado por las multinacionales del
medicamento.
En defensa de la enmienda presentada a la moción interviene el señor
Corominas i Busqueta, del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Gil
Melgarejo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda de sustitución
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, interviene la señora
Maestro Martín.
De los grupos parlamentarios Vasco (EAJPNV) y Mixto, sobre el grado
de cumplimiento de los contenidos de la moción aprobada por
unanimidad de la Cámara, el 10 de noviembre de 1998, con relación al
análisis, valoración, acciones políticas y medidas a adoptar por el
Gobierno para la consecución de la paz . . . (Página 13041)
La señora secretaria (Barrios Curbelo) da lectura a la enmienda
transaccional presentada por los grupos parlamentarios Popular en el
Congreso, Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió),
Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y
Mixto a la moción consecuencia de interpelación urgente de los grupos
parlamentarios Vasco( EAJ-PNV) y Mixto.
En defensa de la moción y de la enmienda transaccional intervienen
las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
y Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Belloch Julbe, del Grupo Socialista del Congreso, y Gil Lázaro, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Votaciones . . . (Página 13047)
Sometida a votación, en primer lugar, la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Socialista, sobre medidas para
incrementar la inversión pública en infraestructuras y superar las
graves carencias que en políticas de transportes, vivienda y
telecomunicaciones arroja la gestión de los servicios públicos, se
rechaza por 126 votos a favor y 141 en contra.
Sometida a votación, en segundo lugar, la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para frenar el
proceso de mercantilización progresiva de la sanidad pública, se
rechaza por 127 votos a favor y 144 en contra.
Sometida, finalmente, a votación la moción que de forma transaccional
han presentado los diversos grupos de la Cámara a iniciativa de los
grupos parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre el grado de
cumplimiento de los contenidos de la moción aprobada por unanimidad
de la Cámara, el 10 de noviembre de 1998, con relación al análisis,
valoración, acciones políticas y medidas a adoptar por el Gobierno
para la consecución de la paz, se aprueba por 269 votos a favor y uno
en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE CREACIÓN DEL
COLEGIO PROFESIONAL DE PEDAGOGOS. (Número de expediente 122/000206.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión con el punto I del orden del
día: debates sobre la toma en consideración de dos proposiciones de
ley, la primera de las cuales corresponde al Grupo Popular, sobre
creación del colegio profesional de pedagogos.
Tiene la palabra, en nombre del grupo proponente, el señor Calpe.
El señor CALPE SAERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, con la presentación de esta proposición de ley de creación
del colegio profesional de pedagogos el Grupo Popular recoge la
demanda de este colectivo profesional expresada a través de sus
asociaciones profesionales y científicas tanto de ámbito territorial
nacional como autonómico, que al menos desde 1993 -año en que varias
de ellas se dirigieron con este fin al entonces Ministerio de
Educación y Ciencia- han estado reclamando la posibilidad de
organizarse profesionalmente, al amparo del artículo 36 de nuestra
Constitución, para regular su ejercicio, ejercer su representación
y defender sus intereses. Algunos de los representantes de estas
asociaciones profesionales y científicas de pedagogos asisten hoy a
esta sesión, siguiéndola desde la tribuna de invitados, y a ellos
quiero mandar el saludo del Grupo Popular y nuestro agradecimiento
por su colaboración en la preparación de esta iniciativa.
La justificación de la singularidad de la profesión de pedagogo
aparece recogida en la exposición de motivos de la proposición de ley
que hoy presento ante esta Cámara. Arranca indudablemente de las
sucesivas titulaciones académicas que han permitido su ejercicio, la
primera de ellas la licenciatura en filosofía y letras, sección de
pedagogía, establecida en el Decreto de 7 de julio de 1944. A partir
de ese momento ya se configura como una profesión no docente o,
cuanto menos, no necesariamente docente. Posteriores modificaciones
de los planes de estudio llevaron a la implantación de las
licenciaturas en filosofía y ciencias de la educación, sección
ciencias de la educación, y posteriormente de las licenciaturas en
pedagogía y en psicopedagogía. A partir de la primera ordenación
académica fueron incorporándose a la sociedad titulados superiores
cuyo ejercicio profesional no era el docente sino el diagnóstico,
intervención, control y evaluación de las situaciones que se producen
en los diferentes ámbitos del proceso educativo.
Desde este contenido inicial de la profesión se ha ido llegando a
otros en consonancia con las nuevas titulaciones y especialidades y
con las materias objeto de estudio para obtenerlas. Hoy, el ejercicio
profesional de los pedagogos, además de desarrollarse en el campo
educativo, se desarrolla en el de la educación y animación
sociocultural, en los programas y actuaciones de atención y
prevención de problemáticas sociales, en el mundo laboral en facetas
como el acceso al empleo, centros y servicios de orientación,
información y recursos; en el campo de la Administración de justicia
y en los centros penitenciarios, con actuaciones y programas de
prevención y reinserción. Se extiende además el ejercicio de esta
profesión a cualquier ámbito en el que se desarrolle un proceso
educativo o formativo más o menos formalizado dentro de la iniciativa
pública o privada.
El Real Decreto 917/1994, de 6 de mayo, al establecer la
clasificación oficial en España sobre ocupaciones, identificó, como
un grupo profesional dentro de
los técnicos y profesionales científicos e intelectuales y entre las
profesiones asociadas a titulaciones universitarias de segundo y
tercer ciclo, a los especialistas en métodos didácticos y pedagógicos
en un grupo distinto a los de los profesores universitarios y de
enseñanza secundaria, reconociendo así que estamos hablando de una
profesión distinta a la docente.En España son hoy miles los titulados
superiores que ejercen esta profesión en sus diversas facetas: como
funcionarios o personal laboral al servicio de las administraciones
públicas, como trabajadores en la empresa privada o como
profesionales liberales titulares de despachos individuales
o colectivos. A todos ellos hay que dar la posibilidad de disponer de
una organización que ordene el ejercicio de su profesión, que les
ayude y que ayude a la sociedad a combatir con garantías el
intrusismo y que permita ejercer todas las funciones que la ley
reserva a los colegios profesionales.
El Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del Partido Popular han
dado ya varias muestras a lo largo de esta legislatura de su respaldo
a las organizaciones colegiales y de su confianza en ellas para la
asunción de las funciones y el cumplimiento de los fines que la
Constitución y la ley les asignan.Nuestro grupo ha presentado
proposiciones de ley como las de creación del colegio de geógrafos o
del de pilotos de aviación comercial, y el Gobierno ha remitido
proyectos de ley como los de creación de los colegios de podólogos o
fisioterapeutas. También fue iniciativa del Gobierno del Partido
Popular, consciente de la importancia de los colegios profesionales y
de la necesidad de adecuar su regulación a nuestra realidad política
y social, la modificación de la Ley de 1974 por la de 14 de abril de
1997. No podíamos, pues, mostrarnos insensibles a la ausencia de una
organización colegial que agrupase a los pedagogos, de cuya profesión
ya he destacado su singularidad y especificidad. A ello, como he
dicho, responde esta proposición de ley, que en su articulado crea el
colegio oficial de pedagogos como corporación de derecho público, con
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, que en su artículo
2 enumera las titulaciones académicas que permiten el acceso a la
profesión y el ingreso en la organización colegial, y en su artículo
3 prevé su relación con la Administración del Estado a través del
Ministerio de Educación y Cultura. Las disposiciones transitorias
primera y segunda regulan la aprobación de los estatutos
provisionales del nuevo colegio y posteriormente de sus estatutos
generales. Al redactar esta proposición de ley no hemos ignorado las
competencias que las diversas comunidades autónomas tienen en la
regulación y creación de colegios profesionales. Respetuosos con
ellas, la disposición transitoria tercera da ámbito nacional al
colegio de pedagogos en tanto no se constituyan otros para agrupar a
estos profesionales en el ámbito territorial de las respectivas
comunidades autónomas.
Hecha esta presentación, sólo me queda pedir al resto de los grupos
de la Cámara el voto favorable a su toma en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calpe Saera. ¿Algún grupo
parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que
desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra su
portavoz, don Luis Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo se congratula de la iniciativa que ha tomado el Grupo
Parlamentario Popular de traer esta proposición de ley para crear el
colegio profesional de pedagogos, que vamos a apoyar con nuestro voto
a favor. La propia exposición de motivos evita que tenga que
extenderme en una serie de consideraciones, porque está muy
razonablemente redactada en los antecedentes legales que hay, desde
la Ley de 1970, la creación en su día de las facultades de Filosofía
y Letras, la propia inclusión en ellas de la sección de Pedagogía,
que hace que hoy día esto sea una consecuencia natural de un proceso
histórico académico de competencias que se vinieron desgajando de las
antiguas facultades de Filosofía y Letras, hasta llegar a las
facultades de Ciencias de la Educación. Es una norma que todo estudio
universitario conlleva la obtención de un título que habilita para el
ejercicio de una profesión, y es lógico que estas profesiones de
origen universitario terminen llegando a la formación de unas
corporaciones de derecho público como son los colegios profesionales.
Aquí se invoca la Ley de 1974, de los colegios profesionales, como su
marco adecuado. Vuelvo a decir que nos parece que es un proceso
lógico en cuanto a su sentido jurídico, en cuanto a una evolución
legal e histórica, cuya realización hacen imperativa los
acontecimientos. No podíamos tener una serie de titulados
universitarios con el título de pedagogos, con grados de licenciatura
y de doctorado, con un ejercicio libre de la profesión en la
enseñanza privada, por ejemplo, carentes de una figura jurídica que
supere el marco de las asociaciones profesionales que existen. Como
bien se invoca en la exposición de motivos, remitir estos colectivos
a la Ley de Asociaciones no permitiría ocuparse de una organización
institucional, es decir de una corporación de derecho público, de
aquellos aspectos que están vinculados a la ordenación del ejercicio
privado de la profesión, las cuestiones deontológicas y de ética
profesional y la propia disciplina de los títulos.
Dicho esto, y adelantando que apoyaremos favorablemente la
proposición, estaremos en disposición de presentar alguna enmienda en
el trámite correspondiente, dado que se crea un colegio único estatal
en esta primera fase, lo cual nos parece lógico, pero las comunidades
autónomas están a partir de este pero. Nosotros no vamos a renunciar
a este principio competencial de las comunidades autónomas que tienen
la facultad estatutaria y constitucional de legislar sobre
los colegios profesionales, como es también el caso de la que me
ocupa directamente, de la Comunidad Autónoma de Canarias, y nos
reservamos nuestro posicionamiento sobre el tratamiento y
consideración de esta proposición de ley en ponencia y en Comisión,
para que las comunidades autónomas respectivas que tengan
competencias en este ámbito puedan también, si así lo estiman, crear
colegios profesionales de ámbito autonómico, pero entendiendo que
estamos en las mismas bases de razonamiento, de fundamento y a favor
de la creación del colegio en este caso estatal o de los colegios
profesionales de pedagogos, porque lo necesita directamente la
profesión.
Por estas razones, señor presidente, ratifico que vamos a votar
favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley,
que consideramos acertada y oportuna.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Señora Gil i Miró, del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
A los simples efectos de manifestar nuestro voto favorable a la toma
en consideración de esta proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Montserrat Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista votará a favor de la toma en consideración de
esta proposición de ley sobre la creación del colegio profesional de
pedagogos, puesto que consideramos que se dan los requisitos
necesarios para la creación de un colegio profesional, requisitos que
fundamentalmente se resumen en dos cuestiones. En primer lugar, una
demanda del colectivo profesional que ha sido manifestada
reiteradamente en los últimos años por las asociaciones profesionales
de pedagogos en diferentes territorios del Estado español y, en
segundo lugar, por un reconocimiento cada vez más evidente de la
identidad profesional del pedagogo, en continua evolución a lo largo
de los últimos años.
En primer lugar, quiero resaltar que si la función de un colegio
profesional es ordenar la actividad profesional, velar por la ética y
la dignidad profesional, así como garantizar los derechos de los
particulares y usuarios de los servicios, en estos momentos el
colectivo profesional de pedagogos y pedagogas necesita dotarse de un
instrumento que les permita ejercer una profesión que abarca muchos
ámbitos educativos y sociales en estos momentos. El objetivo es,
pues, disponer de un órgano de representación que apoye la expansión
y el reconocimiento de unas funciones y
tareas relevantes a nivel social, de acuerdo con esta importante
evolución experimentada tanto en el ámbito formativo como en el
ámbito profesional. Quiero resaltar aquí que si el segundo requisito
importante para la creación de un colegio profesional es la
identificación clara de la profesión y la identificación clara de un
perfil profesional, en estos momentos los cambios que se han
producido en el perfil del pedagogo, tanto a nivel formativo y
académico -como he dicho antes-, son cambios que tienen repercusiones
importantes a nivel social. Así, podemos resaltar que los ámbitos de
actuación correspondientes al sector educativo, entendido como un
amplio campo de actuación dentro del sector terciario, de acuerdo con
la evolución de las políticas educativas y sociales, abarca
diferentes marcos de nuestras estructuras organizativas, de
diferentes agentes sociales. Así pues, encontramos pedagogos y
pedagogas que desarrollan sus tareas en la Administración pública,
tanto en la Administración del Estado como en los ayuntamientos, las
diputaciones o los entes autonómicos. También, y cada vez con más
fuerza, en el sector de iniciativa social, en fundaciones,
asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones no
gubernamentales, así como en el sector privado, en empresas,
asociaciones privadas, cooperativas, en el ejercicio libre de la
profesión. Por tanto, el perfil tradicional del pedagogo vinculado a
tareas docentes es un perfil que ha quedado de alguna forma obsoleto
y se han abierto muchos otros ámbitos, muchos otros campos
profesionales en el que desarrollan sus actuaciones.
El Grupo Parlamentario Socialista, señorías, ve con muy buenos ojos
la tramitación de esta proposición de ley, aunque queremos adelantar
aquí algunas cautelas que esperamos sirvan para mejorar la propia
proposición de ley en su trámite. Así, anuncio que presentaremos una
enmienda para introducir el carácter voluntario de la colegiación,
como hemos hecho en la tramitación de otras proposiciones de ley para
la creación de otros colegios profesionales, entendiendo que el
artículo 36 de la Constitución reconoce el derecho de las profesiones
tituladas a colegiarse pero que en ningún caso establece que esta
colegiación deba ser obligatoria. Entendemos que este carácter
voluntario es el que garantiza y fomenta el libre ejercicio de las
profesiones así como el pluralismo, sin limitar las libertades
individuales.
En segundo lugar, pensamos que debemos ser muy prudentes y cautelosos
para impulsar la creación de este colegio profesional sin provocar
interferencias con otras profesiones y hacerlo siempre con el
espíritu de la interdisciplinariedad necesaria y de relaciones con
otros colectivos, con otras profesiones, así como con otros colegios
profesionales. Hay una reserva de entrada, que es que en el texto de
la proposición de ley figuran los psicopedagogos y aquí sí que
podemos adelantar que deberemos analizar con mucho cuidado de qué
forma se integran estas figuras profesionales, que es evidente y
sería absurdo no reconocer que provocará un posible conflicto, que
esperemos que se resuelva
satisfactoriamente, con el colegio profesional de psicólogos. También
hay que resaltar otro tipo de solapamiento que puede producirse
-aunque creo que las asociaciones profesionales ya se han ocupado de
establecer puentes de diálogo con el colegio de doctores y
licenciados-, por lo que hay que establecer una separación clara
entre las actividades docentes y no docentes que pueden acoger los
diferentes colegios profesionales.
Por tanto, con el ánimo de que estas cautelas sirvan para incorporar
elementos que puedan enriquecer este proceso de creación del colegio
profesional de pedagogos, el Grupo Socialista apoya la tramitación de
esta ley con el objetivo de fortalecer un papel profesional, una
función profesional de los nuevos pedagogos en una sociedad
cambiante, con nuevas demandas y necesidades de intervención en el
ámbito educativo y social y en el que es evidente que los
profesionales del ámbito de la pedagogía tienen una tarea importante
a desarrollar.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palma.
Concluido el debate de la primera de las proposiciones de ley, quería
anunciar a la Cámara que la votación correspondiente a este punto se
va a acumular con la del siguiente, ya que ambas constituyen el
primer punto del orden del día. Y así se actuará durante el resto de
la sesión, de forma que las votaciones correspondientes a las
proposiciones no de ley se efectuarán al final del debate de las dos
proposiciones no de ley, y de la misma forma en relación con las
mociones, sobre las que quiero anunciar, a su vez, otros aspectos
relacionados con el orden del día.
MODIFICACIONES DEL ORDEN DEL DÍA.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE PAZ PARA
YUGOSLAVIA DEL GRUPO DE LOS SIETE PAÍSES MÁS INDUSTRIALIZADOS Y
RUSIA. (Número de expediente 173/000148.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, la moción que figura en el
punto número 5, dentro del apartado III del orden del día, es decir,
la moción del Grupo de Izquierda Unida, sobre la posición del
Gobierno en relación con la propuesta de paz para Yugoslavia, ha sido
retirada y, en consecuencia, se tiene por desaparecida del orden del
día.
En segundo lugar, si no hay objeción por parte del Pleno, la
Presidencia, a propuesta de los portavoces, somete al Pleno la
modificación del orden del día en los siguientes términos: que la
moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y del Grupo
Parlamentario
Mixto sobre el grado de cumplimiento de los contenidos de la moción
aprobada por la Cámara el 10 de noviembre de 1998 pase a ser la
última de las debatidas en ese punto III, en orden a facilitar los
trabajos que en este momento parece que se están desarrollando para
propiciar el encuentro en torno a ese punto. En cualquier caso, no
varía la votación, que iría, como digo, al final de las tres mociones
que subsisten; ésta sería la última y le antecederían la del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre medidas para incrementar la inversión
pública en infraestructuras, y la del Grupo de Izquierda Unida, sobre
medidas que piensa adoptar el Gobierno para frenar el proceso de
mercantilización progresiva de la sanidad pública. ¿Lo estima así el
Pleno? (Asentimiento.)
Tan sólo me resta recordar que a la hora de la votación de estas dos
primeras proposiciones de ley tomaremos juramento al nuevo diputado
don Jesús García Cobacho.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, PARA CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR
Y PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES. (Número de expediente 122/000230.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Socialista para
conciliar la vida familiar y profesional de los trabajadores, que
presentará en breves instantes la señora Fernández de la Vega, que se
dirige ya a la tribuna.
Adelante, señora Fernández de la Vega.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar
sigue siendo una asignatura pendiente en el proceso de equiparación
en derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. La falta de un
reparto de las responsabilidades familiares y las tareas domésticas,
junto a las dificultades de conciliación, son todavía un lastre para
muchas mujeres que pretenden acceder al mercado de trabajo. Los
cambios en las estructuras familiares, con el aumento de familias
monoparentales en su mayoría encabezadas por mujeres, la creciente,
aunque lenta, concienciación de los hombres respecto al reparto de
tareas y responsabilidades y el deseo de muchas mujeres y hombres de
compaginar el ejercicio del empleo con el cuidado de los hijos, la
atención a la familia y el ejercicio del poder sin que una cosa
imposibilite o merme la otra hacen necesario plantear un verdadero
debate hoy sobre la conciliación; sobre la necesidad de compartir lo
público y lo privado; sobre la necesidad de formular un nuevo pacto
social entre hombres y mujeres que sustituya el viejo modelo de
organización social basado en la división del mundo en dos mitades,
en donde la palabra hombre equivale a trabajo remunerado,
responsabilidad económica y participación política y ciudadana y la
palabra mujer ha
equivalido a trabajo doméstico y responsabilidad familiar; sobre la
necesidad de sustituir ese modelo que aprobó en su día Rousseau, y
del que las mujeres fuimos excluidas, por un nuevo modelo, por un
nuevo pacto social en el que mujeres y hombres tengamos un papel
social equivalente y participemos libre e igualitariamente en la vida
familiar, en el mercado laboral y en la toma de decisiones de la vida
colectiva, es decir, participemos en pie de igualdad en todos los
ámbitos de la vida política y social. (El señor Beviá Pastor ocupa la
Presidencia.)
Este nuevo contrato social que los socialistas hemos propugnado en
los últimos tiempos trata de sustituir el principio de exclusión por
el de participación y se basa fundamentalmente en el concepto de
compartir: compartir el trabajo, compartir las responsabilidades
familiares, compartir el poder, compartir, en definitiva, la vida.
Por ello, señorías, traemos hoy aquí el debate de la conciliación de
la vida familiar, que es verdad que en nuestro país es un debate
nuevo, es un debate reciente que no se podía plantear antes de 1978,
donde todavía en las leyes se decía que había que liberar a la mujer
del taller y de la fábrica.
Hasta 1978 no se reconoce en nuestro país la igualdad real, y es
precisamente a partir de esa fecha y a partir de la incorporación
generalizada de las mujeres al mercado de trabajo cuando es necesario
configurar un nuevo marco de relaciones sociales, que precisa además
de normas que protejan los principios de igualdad de oportunidades.
Es verdad que en nuestro ordenamiento jurídico contamos con normas
que tratan de evitar la discriminación laboral por razón del sexo.
También es cierto que tenemos normas que protegen la maternidad. Sin
embargo, éstas no han conseguido evitar que los ámbitos profesional y
familiar de la mujer colisionen entre sí frecuentemente. Tampoco han
evitado que las responsabilidades paternas hayan sido preteridas, con
la perversa consecuencia de un reparto de papeles entre hombre y
mujer en la esfera familiar absolutamente contradictorio con la
igualdad efectiva.
Señorías, una concepción progresista de la familia, una regulación
progresista de la protección de la maternidad, una visión amplia de
las políticas de igual, nos obligan a equiparar y apoyar socialmente
las responsabilidades familiares de las trabajadoras y de los
trabajadores y a convertir el trabajo profesional y el cuidado de los
hijos en derechos y prácticas de valor equivalente. Es por ello por
lo que nosotros hablamos de responsabilidad compartida y es por ello
por lo que nuestra iniciativa, que creemos que es innovadora,
realista y que pretende además engrosar las legislaciones europeas,
trata de contribuir a esa mejor conciliación de la vida familiar y
laboral mediante una regulación más adecuada de los permisos y
excedencias laborales para la atención de las responsabilidades
familiares y el apoyo a la familia como primer paso a una regulación
más racional del reparto del tiempo de trabajo y de la vida familiar.
En último término, buscamos una mayor igualdad; igualdad que hoy, en
nuestra sociedad, no existe. Igualdad o incorporación de las mujeres
al mercado de trabajo que no ha ido acompañada de un reparto de
tareas domésticas. El reparto ha sido desigual, lo es en toda Europa,
señorías, pero todavía es más sangrante el caso de España, en donde
los datos nos indican que las mujeres españolas dedican siete horas y
treinta y cinco minutos diarios al trabajo doméstico, además de
dedicar una hora y cuarenta minutos más al cuidado de los hijos
mayores, de los familiares, de los enfermos o de los discapacitados.
Según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, y
teniendo en cuenta el periodo vacional y la distribución de la
población española, las mujeres realizamos en España el 79 por ciento
del trabajo no monetarizado, mientras que los hombres realizan el 21
por ciento. No es que desde el Grupo Socialista pensemos que este es
sólo un problema de legislación. Evidentemente, son condicionamientos
culturales y desigualdades laborales y salariales las que inciden en
esta situación. Sin embargo, con una legislación que trate de
incentivar la conciliación de ambas responsabilidades está demostrado
en otros países que han ido por delante de nosotros que se llega a
una igualdad mayor, a una incorporación mayor y a una
corresponsabilidad mayor de los hombres en las tareas familiares,
porque por lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, vemos que la
legislación que tenemos no es suficiente, lo que pone de manifiesto
que algo está fallando.
La iniciativa que traemos aquí los socialistas trata de desarrollar
lo legislado en la Unión Europea, la directiva aprobada por la Unión
Europea en el año 1996. Ya en 1996 Europa nos dijo que hay que
individualizar derechos y que una cosa son los permisos de
maternidad, que es un derecho de las madres, y otra los permisos de
paternidad, que es y debe ser un derecho de los padres. Es decir,
Europa nos ha dicho ya que existen derechos individuales de madres y
padres y que el padre que quiera disfrutar del derecho de paternidad
no tiene que hacerlo en detrimento o mermando el derecho de las
madres, esto es, hay que respetar el derecho de las madres y
garantizar además el derecho de los padres.
Pues bien, nuestra proposición crea un nuevo permiso de paternidad
distinto a aquel que al padre le transfiere la madre desde la
titularidad de su derecho al permiso por maternidad, erigiéndose así
en un instrumento fundamental en la promoción de la igualdad de
oportunidades. A través precisamente de ese permiso de paternidad se
reconoce a los hombres, por una parte, la función social de su papel
no sólo reproductivo sino también familiar y se facilita, por otra
parte, la correspondiente asunción de responsabilidades. Se trata de
la introducción de un permiso independiente, intransferible, flexible
en su ubicación, lo que lo hace más efectivo, y compatible con el
permiso de maternidad, que además puede sumarse a aquel que le
transfiere la madre desde la titularidad de su derecho.
Por tanto, señorías, el centro de nuestra iniciativa es este permiso
de paternidad, ya que creemos que se convierte en una pieza
importante para conciliar esa vida profesional y familiar, puesto que
son los padres, el padre y la madre, en el ejercicio de su libertad,
los que distribuyen sus permisos de acuerdo con su organización vital
y su proyección profesional y porque además está acreditado que,
cuando esos incentivos se producen, existe una aproximación en el
tema de igualdad de responsabilidades. Es igualmente una pieza
fundamental porque no resta sino que suma y permite modular todos los
intereses en presencia: el del menor, el de la mujer, el del padre y
el del empresario. De esta suma, además, no deben quedar excluidos ni
al margen las familias monoparentales ni los permisos por adopción
y acogimiento permanente de menores. También se protegen las adopciones
internacionales, que ven acrecentado su permiso con el tiempo de
permanencia obligatoria mínima de los padres en el país de origen del
adoptado. Ahora bien, no se trata sólo de sumar, sino también de
contrarrestar aquellos efectos que pudieran ser disuasorios a la hora
de ejercitar el derecho; se trata de garantizar al trabajador y a la
trabajadora que la asunción de sus responsabilidades no va a tener
repercusiones negativas ni presentes ni futuras. De ahí que
consideremos indispensable que en los supuestos de excedencia se
reconozcan como efectivamente cotizados los tres años a que tiene
derecho el trabajador y de ahí que se exima al empresario del coste
adicional que supone la nueva contratación que tenga que realizar
como consecuencia de la efectividad de estas medidas, con lo cual
también se promueve el empleo.
Nuestra iniciativa, señorías, trata de evitar que el hecho
diferencial biológico, como es la maternidad y la doble jornada, se
convierta en desigualdad social; queremos evitar que la mujer que
tenga que tomar una decisión sobre su maternidad se lo plantee como
una disyuntiva frente a su carrera profesional. Creemos que es
urgente adoptar estas medidas en una etapa como la que estamos
viviendo desde 1996, en que se ha vuelto a frenar seriamente el
proceso de incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar, pese
a que la tasa de actividad femenina sigue siendo de las más bajas de
la Unión Europea. Señorías, es urgente adoptar una medida como la que
introduce nuestra iniciativa porque por lo menos va a contribuir a
paliar esta nueva forma de expulsión de la mujer del mercado laboral,
y ello aunque dispare las cifras del paro. La tasa de actividad
femenina está creciendo hoy tres veces menos de lo que lo hizo en la
anterior fase de crecimiento económico y ello no por motivos
demográficos, puesto que hablo de tasas, además de que se está
produciendo en todos los tramos de edad.
Es verdad que el Gobierno nos dice que está preocupado por la
situación y presenta programas de igualdad, programas que luego
estamos viendo que se muestran simplemente propagandísticos. Ahí está
el programa de estabilidad que acaba de ser presentado
en la Unión Europea, según el cual se van a crear, de aquí al 2002,
1.329.000 empleos netos, según afirma el Gobierno, hasta que la tasa
de paro se sitúe en el 2002 en el 12,8 por ciento. Pues bien,
señorías, para que esto sea así, para que creando 1.329.000 empleos
netos la tasa de paro se reduzca al 12,8 por ciento, la población
activa deberá crecer exclusivamente al ritmo vegetativo de la
demografía. ¿Qué significa esto? Que para cumplir el objetivo del
paro, el Gobierno da por descontado que la tasa de actividad femenina
no va a aumentar ni una décima de aquí al 2003. En el momento en que
aumentara lo que aumentó en los años 80 nos situaríamos, señorías, en
una tasa de desempleo del 18 por 100.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández de la Vega,
vaya concluyendo.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Ya acabo, señor presidente.
¿Cómo es posible entonces hablar de fomento de igualdad de
oportunidades y trabajar con la certeza de que no va a aumentar la
presencia de la mujer? Es verdad que el Gobierno acaba de presentar
en la Cámara un proyecto de conciliación de la vida familiar y
laboral. Es un proyecto del que ya hablaremos en su momento, pero
que, en nuestra opinión, llega tarde. Y, sobre todo, es tímido y, lo
que es más grave, no supone avance en cuanto a que no da el paso
definitivo a que insta la directiva del año 1996, que es a la
creación de ese permiso de paternidad independiente. Es verdad que
permite ampliar el permiso de maternidad, traspasándoselo al padre;
es verdad que lo hace, pero no crea un derecho individual del padre
al permiso de paternidad. Por tanto, vamos a seguir en las mismas,
aparte de tener otras cuestiones que no es el momento de traer aquí a
colación, porque ya lo haremos en el momento de presentar enmiendas.
Señorías, mi grupo solicita el apoyo de esta iniciativa. Es verdad
que el Gobierno votó en contra de una enmienda que presentamos a los
presupuestos el año pasado. Nosotros queríamos que estas medidas
pudieran estar ya en vigor. Ahora tienen la oportunidad, señorías,
sobre todo los miembros del Grupo Popular, de apoyar nuestra
iniciativa, que desde luego va más allá de flexibilizar o de aumentar
los plazos de permiso de paternidad, que introduce elementos que
permiten realmente compartir, que permiten realmente hacer de nuestra
sociedad una sociedad en la que exista un nuevo pacto y contrato
social por el que las mujeres compartamos con los hombres la vida
política, la vida social, la vida familiar y la vida profesional.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Fernández de
la Vega. ¿Algún turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos parlamentarios que
desean fijar su posición en el debate?
(Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV) para fijar
nuestra posición en relación con la proposición de ley para conciliar
la vida familiar y profesional de los trabajadores, presentada por el
Grupo Socialista.
En este mismo Pleno, en la sesión del próximo jueves, punto 44,
aparece en el debate de totalidad una enmienda de totalidad
presentada por el Grupo Mixto al proyecto de ley presentado por el
Gobierno, también para promover la conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras; es decir, el mismo tema. Ignoro
en este momento de quién ha partido la primera iniciativa y, por
consiguiente, de dónde procede la postura, vamos a decir, oportunista
de tratar de comer terreno al adversario al presentar propuestas
sobre el mismo tema. De todas maneras, como se dice en la misma
exposición de motivos del grupo proponente, la regulación de la
protección de la maternidad, aun siendo progresista, es susceptible
de ser mejorada desde el punto de vista de la igualdad de
oportunidades y desde el reparto de las responsabilidades familiares.
Pensamos que el proyecto de ley presentado por el Gobierno resulta
bastante más completo en su contenido que el que nos brinda la
proposición de ley del Grupo Socialista que debatimos en este
momento. Por ello, hemos presentado algunas enmiendas parciales al
contenido del proyecto de ley del Gobierno, sobre todo para una mejor
defensa y desarrollo de la adopción y el acogimiento familiar en
relación con que sea tenido en cuenta el permiso de 16 semanas en
todos los casos de adopción, independientemente de la edad del menor,
y la ampliación del permiso en dos semanas, es decir, se amplía a 18
semanas, en el caso de adopciones de grupos de hermanos, similar al
permiso por parto múltiple.
Asimismo presentamos una enmienda para equiparar las diferentes
figuras jurídicas de las legislaciones de los Estados sobre menores,
tutela y adopción simple, a la adopción plena o acogimiento
preadoptivo de nuestra legislación en relación con el permiso laboral
y otros beneficios fiscales y sociales. También para que se
contemplen como permiso o ausencia justificada del trabajo las horas
necesarias para la realización de todas las gestiones derivadas del
proceso de adopción, así como las necesarias para la realización de
los seguimientos periódicos para comprobar la adaptación e
integración del nuevo núcleo y entorno familiar y social que la
mayoría de los Estados obligan a hacer una vez que los menores se
encuentran con su nueva familia.
Por ello, porque entendemos que es más completo el proyecto de ley
que presenta el Gobierno, no podemos dar nuestro apoyo a la
proposición de ley objeto de este punto del orden del día y vamos a
votar en contra.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora
Solsona tiene la palabra.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor presidente.
El aumento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo
produce la aparición de nuevas exigencias para la sociedad. Estas
exigencias o cambios tienen un efecto reactivador de la economía,
pero la organización de la sociedad está desfasada respecto a estos
cambios. Las mujeres han tenido que reorganizar su propia vida, pero
las responsabilidades familiares no compartidas son un obstáculo para
la participación y el progreso de las mujeres en el mercado laboral.
La evolución de la estructura demográfica, de la composición de los
hogares y de los tipos de familia requiere nuevas respuestas que se
correspondan con las nuevas condiciones de vida. La política familiar
debe contemplarse en el contexto de los cambios demográficos, los
efectos del envejecimiento de la población, el acercamiento entre
generaciones y la promoción de la participación de las mujeres en la
vida activa. Proponer soluciones viables para afrontar estos cambios
y para la conciliación de la vida laboral con las necesidades
familiares domésticas y personales es el desafío de las distintas
fuerzas políticas, y el Estado, en particular, debe aportar las
novedades necesarias para apoyar el hogar y la familia.
La proposición de ley presentada ante esta Cámara por el Grupo
Socialista va en la línea de aportar soluciones en la conciliación de
la vida familiar y profesional de los trabajadores. Nuestro grupo,
Convergència i Unió, siempre ha sido pionero en proposiciones sobre
el tema. Desde el año 1991, en el Senado, con una interpelación a fin
de exonerar a las empresas sobre la cotización de la Seguridad Social
de las trabajadoras con permiso maternal hasta una serie de medidas
como abolir el concepto incapacidad laboral transitoria en el permiso
de maternidad o la proposición de ley de regulación del permiso
parental y maternal en 1993, así como el llamado coste cero, fruto de
una enmienda consensuada en los Presupuestos Generales del Estado y
que cuajó en el proyecto de ley del Gobierno. Por tanto, nuestro
grupo está en la línea de buscar soluciones definitivas al tema de la
conciliación, pero, a pesar de ello, por coherencia, votará en contra
de la proposición de ley presentada, ya que, como consta en el orden
del día de la presente sesión plenaria, el Gobierno ha presentado ya
un proyecto de ley para promover la conciliación de la vida familiar
y laboral de las personas trabajadoras, a nuestro entender más amplio
y completo. Instamos al Grupo Socialista a que presente estas
propuestas a dicho proyecto de ley a fin de mejorar su contenido,
como así lo hará nuestro grupo parlamentario.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Solsona.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la señora
Aramburu tiene la palabra.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señorías, la toma en
consideración de la proposición de ley para conciliar la vida
familiar y profesional de los trabajadores parece inevitable por
necesaria y por inaplazable, si bien aparece ya encarrilado el
proyecto, aunque con profundas lagunas que en el proceso habrá que
rellenar y rellenaremos.
Indiscutiblemente, este final de siglo viene marcado por las
profundas contradicciones que se manifiestan entre la legislación
vigente y su aplicación, entre el modus vivendi y la jerarquía
social, entre la opulencia de privilegios masculinos y la precariedad
de igualdad de oportunidades. Y estos conflictos, cuya carta de
naturaleza no es novedosa, adquieren mayor virulencia en la medida en
que el más y el menos se intensifican y la capacidad de decir basta
pone en peligro la armonía del sistema y la estructura familiar,
donde los roles van intrínsecamente unidos a un reparto del poder,
siendo la maternidad satanizada y la dimensión biológica utilizada.
Las cartas magnas, en su microclima, sólo atienden individualidades,
haciendo dejación de la caracterización de los núcleos convivenciales
existentes, por lo que se renuncia al principio de corresponsabilidad
y de responsabilidad compartida. Situando, por tanto, al personaje
femenino, tradicionalmente eslabón débil de la cadena, como sujeto
subalterno del engranaje social masculino, que vampiriza los trabajos
profesionales y domésticos, que convierte en donaciones
pseudofamiliares que tranquilizan la lacra de culpabilidad que la
cultura cristianizante de esta aldea global nuestra nos ha tatuado en
el cerebro y además tapa las grietas de las administraciones e
instituciones un poco remisas a considerar lo que denominan no
productivo. En este sentido, es ilustrativa la poca expectativa
económica que generan embarazos, nacimientos, envejecimientos
y muertes, en la medida que no significan excedentes a corto plazo que
hagan rentables tales eventos. Ésta es una foto en color de cómo esta
sociedad administra su organigrama. La redacción de la proposición
como texto base puede servir, pero no es ningún secreto que es
manifiestamente mejorable. En las reuniones que yo misma he mantenido
con los sindicatos lo hemos hecho y contamos ahora, justo en el
trámite del debate del proyecto del Gobierno, con una batería de
enmiendas para que, con un consenso que no debiera ser de mínimos,
demos luz verde al proyecto de ley , si es que el Gobierno y
compañeros de viaje se avienen a razones.
Por tanto, cualquier voto negativo o abstención sería hoy
inexplicable, a pesar de los matices. Por eso, reservo mis
argumentaciones de fondo para el magno debate, no sin decir
previamente que para esta portavoz es innegociable una fidedigna
trasposición de la directiva
europea sobre permisos parentales por nacimientos y adopciones y de
defensa de la maternidad, en lo referente a embarazos y trabajos de
riesgo para la salud y nulidad de despido en estos períodos, en el
inmediato horizonte de evitar la discriminación de las mujeres por
estas causas, así como posibilitar una participación más equilibrada
de hombres y mujeres en las tareas domésticas y colaterales.
Por eso concluyo, señorías, que es condición necesaria para el
desarrollo de la democracia participativa el ejercicio del derecho a
la igualdad y la protección y garantía de los derechos individuales y
colectivos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular, tiene
la palabra la señora Sainz García.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para fijar posición en nombre de mi grupo
sobre la proposición de ley que ha sido defendida por la portavoz del
Grupo Socialista, que en este momento no está presente en la Cámara.
Quiero manifestar que nuestro grupo considera la igualdad entre las
mujeres y los hombres como parte integrante de la sociedad
democrática. Sin embargo, la puesta en práctica de este principio
sabemos muy bien que no sólo en la sociedad española sino en la
sociedad en general de todos los países, incluso de aquéllos más
avanzados democráticamente, dista mucho de ser una realidad.
Las diferencias de las situaciones sociales entre las mujeres y los
hombres están demasiado enraizadas en la sociedad y por ello, ante
nosotros tenemos el desafío de conseguir una conciliación del trabajo
y de la vida familiar. Ese desafío requiere, sin duda, unas nuevas
formas de organización del trabajo, una reestructuración de la
protección social, cambios de las estructuras familiares y también
cambios fundamentales en el cuidado de las familias entre las mujeres
y los hombres en nuestra sociedad; una sociedad donde la sobrecarga
en esta tarea, casi en exclusividad, corresponde a la mujer. Ese
desafío, porque así lo hemos calificado hace un momento -y creo que
lo es-, es una dimensión importante de la promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, empeño y objetivo básico, en
ocasiones irrenunciable, del actual Gobierno, como ha dicho tantas
veces, porque hoy nadie duda que es de vital importancia para que las
mujeres puedan acceder al mercado laboral y además se mantengan en
él.
El Gobierno, para contribuir a facilitar la combinación de ese
trabajo con las responsabilidades familiares, aprobó en el Consejo de
Ministros, el 14 del mes pasado, un proyecto de ley que está en
tramitación en este Parlamento, como SS. SS. conocen perfectamente.
No tienen más que leer el orden del día de este Pleno para darse
cuenta de que ello es así. Pues bien, ese proyecto de ley tiene un
objetivo, promover esa conciliación entre la vida familiar y laboral
de las personas trabajadoras, tan reclamada, tan señalada reiteradas
veces por todas las portavoces que han intervenido sobre esta
cuestión. En este proyecto de ley se lleva a cabo una modificación
global de toda una serie de normas jurídicas que afectan a este tema.
La importancia jurídica se desprende del hecho de que el texto
modifica parcialmente nada más y nada menos que ocho leyes hoy en
vigor: el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Procedimiento
Laboral, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley General de la
Seguridad Social, Ley de las Fuerzas Armadas, Seguridad Social de los
funcionarios civiles del Estado y ese Real Decreto-ley vulgarmente
conocido como coste cero, de tanta eficacia, como ayer recordaba el
señor ministro en la Comisión Mixta de la Mujer.
Por tanto, la ley introduce cambios legislativos muy importantes para
fomentar el reparto equilibrado de responsabilidades entre las
mujeres y los hombres, para equiparar el sistema de protección de la
maternidad biológica con la adoptiva -tema que ya había sido abordado
en este Parlamento-, para establecer la reducción de jornada y la
excedencia para el cuidado de familiares enfermos o mayores. Por
tanto, el proyecto da un paso decisivo en ese camino de la iguladad
de oportunidades, trata de guardar un equilibrio para favorecer los
permisos por maternidad y paternidad, sin que ello afecte
negativamente a las posibilidades de acceso al empleo de la mujer, a
las condiciones de trabajo y a las posibilidades de acceder a puestos
de especial responsabilidad. Al mismo tiempo, se facilita que los
hombres puedan ser copartícipes de algo que no lo son en este
momento, del cuidado de sus hijos desde el mismo momento del
nacimiento.
Las medidas pretenden flexibilizar el permiso por maternidad
ampliando el tiempo en que el padre puede utilizarlo, dar a la
adopción y el acogimiento los mismos derechos que tiene la maternidad
biológica; hablamos de prestaciones importantes, de reducciones de
jornada, de excedencias, del reconocimiento de dos semanas
adicionales de permiso en caso de parto múltiple, de extender los
permisos al cuidado de otras personas dependientes de la familia,
etcétera.
Como conocen, el Gobierno ha aprobado este proyecto de ley en el
tiempo al que acabo de referirme y el Grupo Socialista rescata en
estas últimas semanas una proposición de ley, de la que no se
acordaron durante seis meses, precisamente cuando el Gobierno ha
presentado y aprobado el proyecto de ley en el Consejo de Ministros,
entrando a continuación en esta Cámara. Pues bien, la proposición de
ley del Grupo Socialista pretende única y exclusivamente la
modificación parcial del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley
General de la Seguridad Social, y ya les he dicho que el proyecto del
Gobierno modifica ocho leyes. La proposición de ley, como lógicamente
se desprende de esa diferencia que les acabo de resaltar, contiene
una parte muy reducida del texto del Gobierno antes citado. A pesar
de que el título es genérico y a pesar de que coincide con la
denominación que se da al proyecto de ley del Gobierno, en
definitiva, se reduce a los permisos
de maternidad, paternidad, adopción, acogimiento permanente o
preadoptivo. El texto de la proposición de ley es, como aquí se ha
dicho ya por otros portavoces, mucho más incompleto que el del
proyecto del Gobierno. Por tanto, no parece lógico, ni siquiera
adecuado, en términos de procedimiento parlamentario, tomar hoy en
consideración el texto de esta proposición de ley, precisamente
cuando en el mismo orden del día del Pleno viene el proyecto de ley
del Gobierno. Lo lógico, señor presidente, señorías, es que el grupo
proponente y cuantos lo consideren oportuno -pero me refiero sobre
todo al proponente- presenten enmiendas en relación con aquellos
extremos que puedan suponer diferencias. Algunas se han puesto ya
sobre la mesa por el grupo proponente respecto a la opción elegida
para la capacidad individual -porque sigue siendo individual- del
hombre y de la mujer para los permisos laborales por maternidad y por
paternidad que, repito, la portavoz socialista ha señalado en su
intervención.
Señor presidente, señorías, la importancia del proyecto del Gobierno
es evidente. Además, nuestro grupo está en la mejor disposición para
tratar de llegar al mayor acuerdo parlamentario posible, porque nos
parece sinceramente que el objetivo merece la pena, que es necesario
aunar todos los esfuerzos. Y reitero, en nombre de mi grupo, que el
proyecto de ley supone un claro avance. Señora portavoz del Grupo
Socialista, la realidad nos dice que llegamos a tiempo, que el texto
del Gobierno llega a tiempo para reducir esas cifras de paro de las
mujeres que, sin duda, el anterior Gobierno llevó, lamentablemente, a
las cotas más altas de toda Europa. La iniciativa del Gobierno busca
alcanzar una mayor igualdad y será un instrumento adecuado en el
impulso a esa creación de empleo que, desde que ha llegado, el
Gobierno ha conseguido en nuestro país. Busca también, sin duda, una
mayor igualdad, objetivo prioritario de un Gobierno justo y solidario
que, ante todo, lo que pretende es el bienestar de todos los hombres
y de todas las mujeres.
Por las razones expuestas, señor presidente, señorías, nuestro grupo
considera que éste no es el momento de tomar en consideración la
proposición de ley del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Sainz.
Una vez finalizado el debate de la toma en consideración de las dos
proposiciones de ley, vamos a proceder a su votación. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ocupen sus escaños. Dejen
las felicitaciones y los comentarios para más tarde.
Quiero comunicar a la Cámara que se encuentra en la tribuna
institucional el presidente del Senado de Eslovenia, acompañado de
una delegación de su Parlamento, para quien les pido la bienvenida.
(Aplausos.)
Muchas gracias. Y bienvenido, señor presidente.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la toma de juramento o
promesa del nuevo diputado don Jesús García Cobacho, que sustituye al
señor Bermúdez Alonso.
Don Jesús García Cobacho, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor GARCÍA COBACHO: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Cobacho. Al hacerlo así,
ha adquirido la condición plena de diputado (Aplausos.) Enhorabuena y
bienvenido.
Votación correspondiente a la proposición de ley del Grupo Popular,
de creación del colegio profesional de pedagogos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
282; a favor, 267; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley.
Pasamos a votar la del Grupo Socialista, para conciliar la vida
familiar y profesional de los trabajadores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 131; en contra, 153; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA REALIZAR UNA
CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA CON OBJETO DE INFORMAR A LOS
CIUDADANOS SOBRE PRODUCTOS TRANSGÉNICOS. (Número de expediente 162/
000386.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto II del orden del día,
proposiciones no de ley, que serán votadas, las dos, al final de su
debate.
En primer lugar, la del Grupo Popular, parar realizar una campaña de
divulgación científica con objeto de informar a los ciudadanos sobre
productos transgénicos.
Tiene la palabra la señora Fernández de Capel Baños. (Rumores.) Doña
Blanca.
Un momento, señorías. Señor Arqueros. Señor Padilla. Señor Saavedra.
¡Silencio, señorías! Señor Vera Pro. Gracias por su colaboración,
señor De Torres.
Adelante, señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley que presentamos hoy en el Pleno
creemos que es oportuna y necesaria porque viene a demandar que se
satisfaga de forma leal y eficaz... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
A ello, señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor presidente.
Decía que creemos que viene a demandar que se satisfaga de forma leal
y eficaz el derecho que asiste a los ciudadanos, a los consumidores,
a estar bien informados.
Durante los últimos meses, la sociedad internacional ha sufrido una
intensa campaña sobre alimentos transgénicos, no siempre exponiendo
la realidad de la situación de estos productos en el mercado
internacional. Al contrario, la información aparece a veces plagada
de errores, de inexactitudes... (Rumores.)
Señor presidente, así no puedo.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de Capel, no desista.
Espere un momento. Como comprenderán SS.SS., no quería decirlo, pero
ha terminado la campaña. Por favor. (Un señor diputado pronuncia
palabras que no se perciben.)
Comprendo, pero eso lo pueden hacer en pasillos. ¡Silencio, por
favor! Adelante.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Decía que mucha de la información
que aparece a este respecto a veces está plagada de errores, de
inexactitudes científicas y técnicas y en muchos casos adolece, por
qué no decirlo, de cierta tendenciosidad que podría atribuirse a
posiciones que no son siempre científicas.
La variopinta cualificación de las informaciones que sobre esto se ha
divulgado podría haber creado un estado de desinformación e inquietud
en los consumidores rayando en la alarma social, sobre todo en
aquellos casos en que la información sesgada y negativa se ha
mezclado con otros problemas que a nuestro juicio están relacionados
con la alimentación, problemas reales y lamentables que todos estamos
viviendo en estos días y que están en el ánimo de todos los
ciudadanos,
pero que nada tienen que ver con los productos transgénicos de los
que nos ocupamos en este momento.
Los productos que contienen organismos modificados genéticamente,
cuya comercialización ha sido autorizada, así como las variedades
llamadas transgénicas, cuyo cultivo también ha sido autorizado, deben
pasar en los países de la Unión Europea una rigurosísima y compleja
evaluación sobre el posible riesgo medioambiental y los posibles
riesgos para la salud humana. También, como no podía ser menos, para
la salud de nuestros animales. Y ese trámite es necesario que los
ciudadanos lo conozcan. Todos los países miembros participan en
comités científicos evaluadores, en los que grandes expertos de las
áreas específicas y de prestigio internacional que representan a
todos los países emiten sus criterios.
Es importante asimismo saber que los alimentos transgénicos no se
autorizan de forma genérica sino por variedades concretas, resultado
de una determinada modificación genética, y que específicamente, uno
a uno, estos productos se van autorizando. De la aceptación de esos
criterios científicos a favor o en contra que se aportan, se llega al
posicionamiento positivo o negativo en relación con el asunto del que
estamos tratando. En ningún caso son posiciones ajenas a las ciencias
las que se tienen en cuenta. Por ello creemos que la difusión de
estos mecanismos de control y de información debe hacerse con el
máximo rigor posible y con el adecuado detalle, para que esa
información pueda ser asimilada por el ciudadano y entendida por la
mayor parte de los consumidores. Estas autorizaciones que se
establecen en el seno de la Unión Europea, señorías, son vinculantes
para los países de la Unión, se llevan a cabo, como ya hemos dicho,
caso por caso y se regulan por una serie de directivas que SS.SS.
conocen y que son, en todo caso, de obligado cumplimiento.
Es interesante resaltar que se ha realizado ya una labor muy intensa
por la comunidad científica internacional, también por la española,
que en este área concreta de la biotecnología tiene el honor de
reunir a un numeroso grupo de científicos de altísimo nivel que
merecen el respeto de la comunidad científica internacional. Ello,
señorías, a través de jornadas científicotécnicas, de artículos de
prensa, de entrevistas, incluso de comparecencias ante esta Cámara y
ante el Senado, para hablar, desde esa independencia científica que
les otorga el magisterio de su alta cualificación, sobre el asunto
que hoy nos ocupa. Igualmente, señorías, los órganos competentes en
esta materia de los ministerios más afectados, que en España son
tres, Sanidad, Agricultura y Medio Ambiente, han realizado una
amplísima tarea informativa. Pero el estado actual de la cuestión es
que, a pesar del esfuerzo de comunicación que se ha hecho desde el
mundo de la ciencia, que es muy difícil a veces saber transmitir al
ciudadano de a pie, hay todavía una necesidad de ampliar esa
información, que debe ser una información veraz, una información
completa, que esté a mano de todos los ciudadanos. A
este respecto, destacamos la que se ha dado a través de Internet por
el Ministerio de Medio Ambiente.
Creemos que existe una infundada y exagerada inquietud en la opinión
pública que, a nuestro juicio, es necesario evitar. Esta campaña debe
ser un esfuerzo adicional al que ya ha hecho la comunidad científica,
al que ya se ha hecho para facilitar a los consumidores la máxima
información. Ello, señorías, redundará en beneficio de los ciudadanos
y permitirá elegir libremente, porque sin la información adecuada se
coarta la libertad del ciudadano y su capacidad de decisión. Sabemos
que se están utilizando todos los medios necesarios para un estricto
cumplimiento de la normativa legal vigente, tanto la existente en la
Unión Europea como la emanada de las directivas 219 y 220, de 1990,
que dieron lugar a la Ley 15/1994, y la directiva de 1998, sobre
etiquetado de alimentos, cuya adopción ya está en proceso.
Esta demanda del etiquetado de alimentos es una de las cosas que el
consumidor quiere y ya se está trabajando en ello. De esta manera,
señorías, pensamos que los ciudadanos sabrán cuál es su nivel de
seguridad. Porque, señorías, desengañémonos, en materia científica
y técnica, las posiciones ideológicas no pueden tener cabida. Intentar
infundir intranquilidad o presentar una oposición total a la
introducción de los frutos de la nueva biotecnología no es, ni mucho
menos, pretender informar, como se dice, sino todo lo contrario. A
este respecto cabe decir, señorías, que los avances científicos de
una sociedad moderna, por su propia naturaleza, no son concordantes
jamás con posiciones ni ideológicas ni políticas, sino que deben
estar sometidos siempre a la valoración riesgo-beneficio. Y es de
destacar el sorprendente rechazo que se intenta sembrar en cuanto a
la variedad de alimentos transgénicos, por ejemplo, que no se ve
cuando se trata de medicamentos obtenidos con organismos modificados
genéticamente, ni con el uso de las terapias génicas, ni con el uso
de animales transgénicos con fines terapéuticos. La aportación de que
es materia sanitaria se elude cuando tratamos de materias de
aportaciones biotecnológicas.
Señorías, nosotros consideramos que la Cámara debe apoyar esta
proposición no de ley. Porque es un deber informar, informar con
verdad, con rigor, con detalle. Digámoslo claro, en román paladino,
para que llegue al ciudadano, y dejemos que, al amparo de la ley, el
ciudadano, sin manipulaciones que degradan e interfieren su libre
albedrío, pueda escoger libremente. Por eso, señorías, yo pido el
apoyo para esta proposición que el Grupo Popular se honra en traer
hoy a la Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Algún grupo parlamentario ha presentado enmiendas. En concreto, dos,
el Grupo Mixto, el señor Saura y el señor Rodríguez; una, el Grupo
Socialista y otra el Grupo de Izquierda Unida. Éste es el orden de
presentación
y el que seguiremos, comenzando por la del señor Saura.
Señor Saura, adelante.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Cuando leímos el texto de la proposición no de ley tuve la sensación
de que el Grupo Parlamentario Popular quería que el Gobierno se
convirtiera en una oficina publicitaria de los productos
transgénicos. Y, escuchando la intervención hoy de la portavoz del
Grupo Popular, esta impresión se me ha confirmado. El Grupo Popular
lo que nos viene a decir es que los productos transgénicos son
fantásticos, que no hay que ser antiguo, que lo moderno es los
productos transgénicos y que a partir de aquí, como la opinión
pública está debatiendo las incertidumbres que producen los productos
transgénicos, como las multinacionales tienen poco dinero, el
Gobierno va a informar a España de que esto es fantástico y de que
consuman productos transgénicos. Yo, la verdad, y no digo que se me
cae la cara de vergüenza para no ofender, no entiendo esto. No lo
entiendo.
Hoy, en todo el mundo hay un gran debate sobre las incertidumbres de
los efectos de los productos transgénicos. Y digo un gran debate
sobre las incertidumbres. No voy a decir yo, porque no está
demostrado, que son malos, pero científicamente no está comprobado
que no puedan ser malos o que sean buenos. Eso motiva que, en estos
momentos, en el Parlamento Europeo se esté tramitando la modificación
de la directiva que hay ahora en un sentido muy restrictivo. Y eso
motiva que hay países de la Unión Europea que los tienen prohibidos.
Y eso motiva que hay grandes cadenas comerciales que los tienen
prohibidos. Y eso motiva que hace cuatro meses, en el mes de febrero,
en Cartagena de Indias, 132 países quisieron aprobar un protocolo de
seguridad internacional en relación a los productos transgénicos y no
pudieron hacerlo porque seis países productores de ellos se
opusieron. Eso significa que la ONU ha dicho que antes del año 2000
hay que firmar un protocolo de seguridad de los productos
transgénicos. ¿Y ante todo esto no parece razonable que el Gobierno
simplemente actúe con precaución y lo que haga sea establecer una
moratoria de los productos transgénicos hasta que se firme ese
protocolo de seguridad? ¿No parecería esto lo razonable? Pues no. La
propuesta que se nos trae intenta decir que la ciencia ha demostrado
ya que esto es fantástico y que, por tanto, vamos a hacer publicidad
de los productos transgénicos.
Quiero pedir al Grupo Popular que retire esta proposición no de ley.
Que la retire. Que este Congreso no diga si son buenos o malos. Que
simplemente diga que, por principio de precaución, hasta que no
exista este protocolo y hasta que no se avance definitivamente viendo
qué dice la ciencia con relación a estos productos, se haga una
moratoria en estos productos.
Termino diciendo que en ese sentido nosotros hemos presentado una
enmienda de sustitución contres puntos: el primero, establecer esta
moratoria hasta
que se firme el protocolo de seguridad internacional, de acuerdo,
insisto, con lo que está siendo el debate científico y político en
organismos internacionales; el segundo, prohibir inmediatamente la
utilización de genes de resistencia a antibióticos en las plantas
transgénicas, que con estos productos sí hay evidencias de sus
efectos negativos; y el tercero, en el que sí podríamos estar de
acuerdo, que el Gobierno informara a la sociedad española de los
productos que autoriza, de los que no autoriza y de qué
procedimientos ha utilizado. Pero insistimos, señor presidente,
señoras y señores diputados, en que no creemos oportuno que el
Gobierno del Estado español se convierta en la oficina de marketing
de las multinacionales que fabrican productos transgénicos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Rodríguez, para su enmienda.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego considera que el Gobierno con esta
proposición no de ley no se va a sentir precisamente muy obligado a
tomar partido con la debida cautela, con la debida precaución, sino
con el conformismo, la parcialidad y la confesionalidad irresponsable
de la que en cierta manera hace gala este texto.
Nosotros estamos de acuerdo con que en el Congreso de los Diputados
no podemos dirimir un problema de esta enjundia y de este calibre con
el necesario rigor científico, e incluso con los datos elocuentes y
totalmente clarificados. Pero como fuerzas políticas sí podemos
dirimir, a partir del estado de la cuestión, lo siguiente: Es una
obviedad que cada vez se hace más patente que el mundo científico
está dividido sobre esto; es una obviedad que cada vez se hace más
patente que hay gobiernos que tienen una posición contundente dentro
de la Unión Europea y otros que tienen una lasitud, un conformismo e
incluso una connivencia con los productos transgénicos; que no se
puede dar una dialéctica tan sumamente dispar. Pero es que dentro del
Estado español empieza a ocurrir exactamente lo mismo: los que
quieren obrar con cautela y con prudencia y el resto. En tercer
lugar, hay una situación sobre la salubridad de los productos con los
que nos alimentamos y en general incluso respecto del medio ambiente
que se está volviendo más que preocupante. Y, por tanto, tenemos
razones fundadas para pensar que se actúa con irresponsabilidad y que
no es cierto eso que dice la introducción a la proposición no de ley,
donde se habla de que habría que evaluar el riesgo/beneficio con
corrección y que se está haciendo así. Nosotros no lo creemos de esta
manera, a la luz de la preocupante situación que se está creando en
la Unión Europea con muchos productos alimenticios. Por fin, es de un
simplismo brutal determinado tipo de argumentos que se dan sesgados,
tratando de confundir precisamente a la
opinión pública sobre la total inocuidad, como si eso estuviese
perfectamente demostrado.
De todas maneras, nosotros queremos ser también prudentes y alentar
al Gobierno a que tome un contrapeso que se base en la coherencia, en
la concreción, en medidas prácticas, y por eso solamente hemos
enmendado con adicionales que pensamos que tienen cierta concreción y
que además es caminar sobre lo ya andado y que el Gobierno debía
respetar.
Quiero recordar a la señora diputada del Grupo Popular que la
Comisión de Sanidad y Consumo, el día 9 de marzo de 1999, aprobó, por
supuesto con modificaciones, una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, que fue consensuada
después de mucho debate. En el punto 2 se decía: Obligar para su
comercialización en el Estado español en el etiquetado de todos los
productos transgénicos, y de forma especial en los alimentos de
origen transgénico, a la indicación expresa de esta condición, así
como de sus componentes, en riguroso cumplimiento de la normativa
europea. Está claro que en la proposición no de ley del Partido
Popular se da un paso atrás. Por eso, nosotros hemos enmendado en el
sentido de volver a ser claramente prescriptivos en esa obligación
y que el Gobierno lo cumpla. La segunda enmienda adicional que hemos
presentado propone al Gobierno de forma más cautelosa y lo menos
prepotente posible, que estudie la necesidad de establecer una
moratoria en su comercialización, mientras que no se demuestre con
claridad que son inofensivos para la salud humana y el medio
ambiente. Por lo tanto, invocamos al Grupo Parlamentario Popular a
que acepte por lo menos estas medidas tan cautelosas y prudentes que
significarían retirar al Gobierno de esta toma de partido sin la
debida cautela, sin la debida precaución, con un conformismo total y
con una parcialidad científica manifiesta a favor de los productos
transgénicos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a su señoría.
Por el Grupo Socialista, la enmienda será defendida por la señora
Heras.
La señora HERAS PABLO: Gracias, señor presidente.
Defiendo desde esta tribuna las enmiendas del Grupo Socialista a la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Presentamos estas enmiendas no porque nuestro grupo esté en contra
del fondo de dicha proposición, fondo que es la necesidad de
realización de una campaña informativa -campaña que ha sido
solicitada por nosotros en múltiples ocasiones en este Parlamento y
en otros foros relativos a este asunto en los que hemos tenido la
oportunidad de intervenir-, sino porque esta propuesta, como otras
muchas que ha realizado el grupo proponente, posee la misma
indeterminación a la que nos tiene desagradablemente acostumbrados,
lo que, a nuestro juicio, traerá consigo una gran fragilidad en el
compromiso adquirido por sus autores al defenderla.
Es verdad que la sociedad lleva un tiempo siendo bombardeada con
innumerables informaciones acerca de los productos transgénicos,
acerca de su bondad o de sus inconvenientes. La polémica suscitada
por la comercialización de los organismos modificados genéticamente
y sus productos derivados ha saltado a los medios de comunicación con
virulencia, tanto españoles como de los países de nuestro entorno
europeo. Se ha trasladado dicho debate al Congreso de los Diputados
a través de distintas iniciativas de grupos parlamentarios. El fomento
de la comercialización de los alimentos e ingredientes transgénicos
está siendo objeto de duras críticas por parte de las organizaciones
de defensa ambiental y de las organizaciones de consumidores
y usuarios, tales como el Consejo Europeo de Consumidores, porque creen
que debiera aplicarse el principio de precaución, pues se desconoce
la repercusión de dichos productos en el medio, en particular para la
biodiversidad natural y para la salud. Igualmente puede suponer una
merma para el fomento de otras técnicas respetuosas con el medio y la
salud pública, tales como la agricultura biológica o la ganadería
intensiva, así como la disminución del uso de los productos
fitosanitarios, ya que muchos productos transgénicos, en particular
la soja y el maíz, se manipulan genéticamente, de manera que son
resistentes a los mismos.
El Grupo Parlamentario Popular parece creer, o al menos así lo
manifiesta, que la mera existencia de una ley o de una directiva
garantiza sin más el cumplimiento de todo lo que en ella se señala.
Parece creer que la constitución de una comisión relativa al tema
avala sin más su funcionamiento posterior y la seguridad de sus
resultados. Defiende que una página en Internet, que simplemente
relata las tramitaciones oportunas en un proceso complejo, sustituye
a la obligación del Gobierno de elaborar un informe preceptivo. Cree
que la participación de España en la aprobación de unos reglamentos
es prueba ineludible de que el Partido Popular ha entrado en la
vanguardia. Cuando propone la creación de una comisión de ética para
las ciencias, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados a
finales del año pasado y que duerme el sueño de los justos a mediados
de junio de 1999, cree que han conseguido un gran avance ético en
relación con la ciencia y sus contenidos. Son ustedes muy hábiles a
la hora de utilizar el discurso de otras fuerzas políticas si creen
que ello les conviene en un momento dado, pero se olvidan de que si
luego no se ratifica ese discurso con actuaciones las palabras llegan
a despreciarse. De nada vale citar la constitución de la Comisión
Nacional de Bioseguridad como un logro importante y un resorte
oportuno frente a posibles abusos si cuando se cita la dotación
presupuestaria necesaria para la misma, que la permita tener los
medios técnicos y materiales para conseguir una total eficiencia e
independencia, se mira para otro lado, acudiendo simplemente al
voluntarismo de su personal, extraordinariamente preparado y
pundonoroso. Así que, señorías, lamentamos mucho no
estar de acuerdo con ustedes en la forma de la exposición.
Independientemente de las críticas a los alimentos transgénicos, es
preciso asegurar, de acuerdo con el Reglamento 1139/1998, que entró
en vigor el 1 de septiembre, que los consumidores obtengan, a través
del etiquetado de dichos productos, una información clara
y suficiente sobre si están comprando, y en consecuencia consumiendo,
un producto transgénico o que contiene un ingrediente de carácter
transgénico, de modo que el consumidor pueda elegir la compra de un
producto natural o de uno transgénico. La realidad viene demostrando
que a pesar de la existencia de una normativa específica para el
etiquetado de productos e ingredientes transgénicos dicha normativa
no se aplica y existe gran variedad de productos sin un etiquetado
específico. De nada vale, pues, señorías, realizar brindis al sol
para estimular a una parte de la galería, que es lo que parece su
proposición no de ley, en la que se habla de todo en una preconcebida
ambivalencia e indeterminación, donde no se detalla nada. No nos
parece adecuado jugar así con el recelo e incluso con el temor de
tantas personas. El Grupo Socialista, por ello, ha creído oportuno
realizar una serie de enmiendas, una serie de precisiones que
presentamos a la proposición popular, porque creemos que debe hacerse
una campaña, pero una campaña que sea realmente fiable y verídica,
que contemple todos los aspectos, dada la complejidad del asunto.
Al citar las ventajas e inconvenientes de los alimentos modificados
genéticamente para la salud y el medio ambiente, es preciso saber en
esa campaña qué es lo que está dispuesto a hacer el Gobierno para que
aquella empresa solicitante de autorización para la comercialización
de organismos modificados genéticamente presente las debidas
garantías que eviten los riesgos de todo tipo que pudieran
producirse. En otros países hay establecida una tasa de estudio de
autorizaciones a las empresas solicitantes, diferenciada en su
cuantía según se trate de ensayos de campo o de estudios para la
autorización de comercialización de organismos modificados
genéticamente. Y dado que es importante que la Comisión Nacional de
Bioseguridad, competente en esta materia, emita un informe previo,
preceptivo e independiente, quisiera saber si el Gobierno va a
dotarla presupuestariamente para que dicha Comisión tenga los medios
y materiales necesarios que garanticen sus funciones consultivas con
total eficacia, e incluso si se va a estudiar su posible composición
para variarla, si con eso su tarea fuera realizada con mayor
garantía.
En cuanto a la petición que se hace al Gobierno de que informe sobre
cuáles de los productos del área de la alimentación y la agricultura
tienen autorización en España, creemos oportuno insistir en la
necesidad de que el Gobierno se pronuncie sobre el protocolo de
bioseguridad, protocolo que contemple el derecho de cada Estado
miembro a autorizar la liberación y comercialización de los
organismos manipulados genéticamente y regule, siguiendo el principio
de precaución,
aspectos tales como la inclusión de los derivados sustancialmente
equivalentes de los organismos manipulados genéticamente, el
seguimiento de la liberación controlada de estos organismos, qué
hacer en el caso de importación, la obligación del correcto
etiquetado y un régimen de responsabilidades para cubrir los daños
potenciales que pudieran ocasionarse.
Creemos que el Gobierno no sólo tiene la obligación de informar sobre
mecanismos establecidos para llegar a la aprobación e introducción en
el mercado de dichos productos, sino que además ha de extremar la
vigilancia en aquellas actividades de utilización confinada y
liberación en el medio ambiente, cuando los programas de
investigación sean desarrollados por instituciones del propio Estado.
Nos gustaría que la campaña explicase cómo van a llevarse a cabo
estos extremos. Y dado que es necesaria la coordinación con las
comunidades autónomas, nos gustaría saber cómo va a poner en práctica
el Gobierno aquellos mecanismos necesarios de coordinación y de
asistencia administrativa, técnica y científica, con dichas
comunidades autónomas, para que éstas realicen las tareas de control
que les son encomendadas por la Ley 15/1994, de 3 de junio. La
campaña también debería referirse a estos extremos.
Por último, no olviden los señores diputados del Grupo Popular que el
Gobierno tiene que elaborar y presentar en el Congreso de los
Diputados un informe sobre la situación en España de los organismos
manipulados genéticamente si quiere dar cumplimiento a lo establecido
en la disposición adicional séptima de la Ley 15/1994, y la campaña
no puede sustituir esto.
Señores del Grupo Popular, ustedes mismos dicen que nunca debiera
darse una información interesada y sesgada a los ciudadanos en
relación a cuestiones como esta que nos ocupa. No lo hagan, su
iniciativa es tan descafeinada en la redacción que lo mismo puede
hacerse algo puramente concreto o, por el contrario, no ejecutar
ninguna acción realmente efectiva. Hágase la campaña, pero hágase
bien. Mójense de una vez, procuren que esa campaña contemple y
explique muy bien a los ciudadanos cuáles son los mecanismos
realmente puestos en marcha por la Administración para dar
tranquilidad a los usuarios. Demuestren a los españoles que su
Gobierno sabe defender, delante de los organismos internacionales,
aquellos aspectos de su competencia cuando lo que allí se debata no
les convenza, o díganselo claramente si están a favor. Que la campaña
explique cómo va a vigilarse el cumplimiento de la ley y de las
directivas, con medidas precisas y concretas. Doten
presupuestariamente a los órganos competentes, si quieren que sus
funciones se realicen con garantía y, por favor, tengan a este
Parlamento informado, según sus prerrogativas y la transparencia
exigible en un país democrático.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Heras.
Queda la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
que defenderá la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Partido Popular últimamente nos tiene acostumbrados a
traer a esta Cámara una serie de iniciativas que se limitan a
intentar cubrir un expediente pero que en realidad no aportan nada
concreto y específico, es más, nos introducen más dudas de las que
podemos tener con respecto a la política que quieren desarrollar
sobre algunos temas que son realmente sensibles ante la opinión
pública. Esto es lo que nos ha producido la iniciativa que ha
presentado el Grupo Popular respecto a la campaña de información
sobre los productos transgénicos.
Señorías, el primer punto de esta iniciativa dice: Realice una
campaña de información científica y divulgativa sobre los productos
transgénicos. La divulgación ya se encargan de hacerla las empresas
que comercializan estos productos y, en todo caso, la obligación que
tendría el Gobierno sería la de informar a los ciudadanos, pero
informarles de algo concreto. En este caso, en cuanto a la
información que se puede dar de los productos transgénicos, si fuera
veraz, como decía la portavoz del Grupo Parlamentario Popular desde
la tribuna, tendría que ser que la comunidad científica no se pone de
acuerdo y que científicos tan relevantes como pueden ser los que han
hecho informes a favor de los productos transgénicos son aquellos que
han dicho que los productos transgénicos pueden ser realmente nocivos
para la salud de las personas y para el medio ambiente. Por tanto, la
comunidad científica, toda ella válida, digan lo que digan, no se
pone de acuerdo porque no es una cuestión que se pueda hoy decir si
es buena o es mala. Es una comercialización y es un cultivo cuyos
efectos no se van a conocer en un período de tiempo breve, sino todo
lo contrario, en un período de tiempo lo suficientemente amplio como
para que si sus efectos en realidad son nocivos hayamos conseguido
mermar la salud de las personas y la calidad medioambiental
o destruir parte del medio ambiente.
Por eso, señorías, la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida está basada en el principio de precaución.
Señorías, una de las cosas que tiene clara la Unión Europea respecto
a este tema es la aplicación del principio de precaución, a pesar de
todas las cautelas, medidas, directivas, leyes y seguimientos que se
deben llevar a cabo. Pensamos que en nuestro país no se llevan a cabo
como se tendría que hacer, ni el seguimiento, por la falta de medios
de que dispone la Comisión Nacional de Bioseguridad pero, además, por
el propio trabajo que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente.
Señorías, no es la primera vez que discutimos temas de estas
características y yo, no hace mucho tiempo, desde la tribuna, les
enseñé el informe que la Dirección General de Evaluación y Calidad
Ambiental hace con respecto a la autorización del cultivo de
productos transgénicos, dos hojas en las
que se dice que la empresa dice que está bien. Por lo tanto,
señorías, no hay una garantía de que en nuestro Estado se estén
haciendo los seguimientos, por falta de recursos de la Comisión
Nacional de Bioseguridad, ni tan siquiera de que haya deseo político
de hacerlos. Por ello, señorías, creemos que se tendría que aplicar
el principio de precaución y, para hacerlo, nosotros ya hemos
planteado en varias ocasiones la necesidad no solamente de una
moratoria, sin también de la prohibición, hasta que se tenga
seguridad de la inocuidad de estos productos tanto para el medio
ambiente como para la salud de las personas.
La enmienda que hemos presentado a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular plantea que se pida un informe a un grupo de
expertos independientes, que al final nos digan si los productos
transgénicos son buenos, si son malos o si no saben si son buenos o
son malos, y que esa sea la información que se tenga que trasladar a
la opinión pública. Además, señorías, si el resultado de ese informe
es que no se puede decir hoy si son malos o si son buenos, si
perjudican o si benefician, informemos a la opinión pública, y que
ellos sean los que decidan. Y mientras tanto, para aplicar el
principio de precaución, prohibamos el cultivo y la comercialización
de los productos transgénicos. Sería la única posibilidad de que si
realmente tuviéramos la prueba de que son dañinos no se hubiera
corrido el riesgo de perjudicar a personas y al medio ambiente.
Creemos que es necesario que se elabore un listado con los productos
que tienen autorización en nuestro país para que también la opinión
pública pueda saber exactamente de qué estamos hablando y qué es lo
que se está comercializando.
Con nuestra última enmienda, señorías, reclamamos el cumplimiento de
la proposición no de ley que se aprobó en la Comisión de Sanidad.
Mucha información les podemos dar y podemos hacer muchas campañas
informativas que pueden quedar en spots publicitarios e incluso en
propaganda para el consumo de estos productos, que no creo que sea lo
que tenga que hacer el Gobierno, pero desde luego, señorías, la mejor
información es un etiquetado correcto para que los ciudadanos
y ciudadanas pueden decidir si quieren consumir productos transgénicos
o no. Y eso no se está produciendo en nuestro país. La directiva
tenía que estar ya cumpliéndose. La proposición no de ley se aprobó
en el mes de marzo, y desde luego a este grupo parlamentario no le
consta que se haya empezado a obligar a las compañías
comercializadoras a que sus etiquetados sean correctos y figuren las
cantidades y los productos que se contienen.
Por lo tanto, señorías, si no se aceptan las enmiendas que hemos
presentado, nuestra posición no puede ser la de apoyar la iniciativa
del Grupo Parlamentario Popular, aunque estemos de acuerdo en que
haya que informar a la opinión pública. Desde luego hay que
informarla, pero hay que hacerlo, como decía la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, sin manipulaciones, y tal y como está
redactada la iniciativa a este
grupo parlamentario le da la sensación de que la información que se
va a facilitar es que las empresas multinacionales dicen que no pasa
nada, porque en realidad el Gobierno español no dispone de ningún
estudio propio, serio ni riguroso, porque no lo ha hecho, para poder
decir que no pasa nada si se cultivan y se consumen estos productos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Urán. ¿Algún otro grupo
parlamentario desea intervenir? (Pausa.) Todavía veo a los grupos
Catalán, Vasco y Canario, por el que empezaremos dando la palabra el
señor Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El consumo de productos transgénicos y el cultivo de materias primas
transgénicas son temas de palpitante actualidad. Inclusive hemos
visto en los periódicos estos días una discusión pública entre el
heredero de la Corona británica y el primer ministro, Blair, el
primero en contra de los productos transgénicos y el segundo a favor.
Hemos visto también en los medios cómo un gobierno autónomo de
España, concretamente el País Vasco, va a estudiar una moratoria. La
cuestión es importante, porque por un lado se dice que el avance
tecnológico va a suponer que en corto plazo se acabe el hambre en el
mundo y por otro se dice que con estos cultivos se va a producir la
degradación del ser humano, del animal, de los cultivos y del medio
ambiente. (Rumores.) Nosotros hemos tratado este tema con intensidad
y extensión en la Comisión de Sanidad de este Congreso y hemos
acordado por unanimidad hacer una campaña divulgativa. (Rumores.) Por
eso aplaudimos que el Gobierno tenga la valentía de hacerlo con toda
claridad, divulgación que no es para que se consuma, sino para que se
expliquen las ventajas y los riesgos; divulgación que se hace ...
(Rumores.) Rogaría que se me dejara hablar, porque soy respetuoso con
todos los compañeros de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Gómez Rodríguez, le agradezco
que ayude a la Presidencia a llamar la atención sobre aquel
reconocido tendido.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Nosotros vamos a votar favorablemente esta
iniciación de campaña. Lo que pedimos es que se haga con la máxima
urgencia y que se apoye la magnífica iniciativa del grupo gallego
sobre el etiquetado; que se cumpla. Y también pedimos que se siga
investigando sobre las cuestiones que no están claras todavía: está
en juego la salud humana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
El señor Caballero fijará la posición del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) en el debate. Adelante.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos debatiendo en estos momentos una proposición no de
ley del Grupo Popular para realizar una campaña de divulgación
científica con objeto de informar a los ciudadanos sobre productos
transgénicos. Resulta de un cierto oportunismo por parte del Grupo
Parlamentario Popular traer al Pleno un punto de una proposición que
ya fue aprobada por unanimidad por todos los grupos en la Comisión de
Sanidad y Consumo. Y digo que resulta oportunista puesto que lo que
tenía que haber hecho el Gobierno a través del Ministerio
correspondiente es cumplir lo que se había aprobado en la Comisión
por unanimidad, y no sólo en el punto correspondiente al debate de
hoy, sino en sus otros puntos.
La postura de nuestro grupo respecto a los productos transgénicos,
similar a la de las instituciones vascas, es de cautela a la espera
de obtener informes contrastados sobre la influencia que pueda tener
el consumo de productos modificados genéticamente en la salud humana,
así como la incidencia que los cultivos que utilicen y reproduzcan
semillas u organismos vivos sometidos a ingeniería genética puedan
tener sobre el ecosistema y la biodiversidad de nuestro país.Es
cierto que últimamente se recibe un exceso de información sobre los
productos transgénicos, sobre su origen, su utilización y su puesta
en marcha en los mercados; un exceso de información sobre temas de un
fuerte contenido científico que no es nada conocido en nuestras
sociedades. En este sentido, a pesar, repito, de ser coincidente con
una propuesta ya aprobada en la Comisión de Sanidad, sí es necesaria
una campaña científica y divulgativa sobre los diversos aspectos
relativos a los productos transgénicos y por ello resulta realmente
difícil no apoyar la proposición no de ley a debate en estos
momentos; por lo tanto, vamos a apoyarla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
La señora Amorós tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
La señora AMORÓS I SANS: Muchas gracias, señor presidente.
Las técnicas modernas de tratamiento de organismos modificados
genéticamente deben tener como fin último el mayor bienestar de la
sociedad. En esta Cámara ya hemos tratado en diferentes ocasiones la
problemática que producen estos organismos, especialmente en los
casos del maíz y la soja. En estos debates siempre ha sido punto
común la necesidad de información a los consumidores finales de estos
productos modificados genéticamente, propuesta que siempre ha sido
apoyada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En una economía cada vez más globalizada, el papel del consumidor se
está viendo modificado, por una
parte, por el crecimiento económico, que ha acelerado el ritmo de la
producción y, por otra, porque la expansión del comercio mundial está
acercando productos de otros mercados a los consumidores, con el
consiguiente aumento de la oferta. Además, hemos de tener en cuenta
que el desarrollo económico ha propiciado la mejora del nivel
educativo de la población, contribuyendo a que los consumidores
exijan más claridad e información en los productos que adquieren, y
está haciendo que las pautas por las que se rige el consumidor sean
cada vez más meditadas y exigentes. El consumidor actual es cada vez
más consciente de sus derechos y más exigente en su cumplimiento y en
este plano de la elección de los productos su mayor nivel formativo
requiere inexcusablemente una información mejor que la que hasta
ahora recibía en materia de organismos modificados genéticamente.
Uno de los principios básicos a que deben responder las políticas de
consumo es el de la protección del consumidor frente a los riesgos
que puedan afectar a su salud y a su seguridad, así como a sus
legítimos intereses económicos y sociales y al derecho a la libre
elección, y esto debe traducirse en una legislación no sólo de
protección sino también de información. El desarrollo de las
políticas de consumo en el Estado español viene marcado por el
artículo 51 de la Constitución, que garantiza la defensa de los
consumidores y usuarios protegiendo mediante procedimientos eficaces
la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los
mismos. En virtud de este principio, la política de consumo establece
las reglas comunes de transparencia del mercado y fomenta la calidad
de los productos y la competitividad de los productores. En este
momento los avances tecnológicos van por delante de la comprensión
pública, pero queremos recordar que sobre la materia que estamos
debatiendo nuevamente en esta Cámara rige ya en la actualidad una
normativa comunitaria que regula la protección e información de los
consumidores y que es de obligado cumplimiento para todos los Estados
miembros de la Unión Europea.
Por tanto, señorías, la proposición no de ley que presenta el Grupo
Popular, encaminada a promover una campaña de información dirigida a
los consumidores y consumidoras, creemos, como ya lo hemos
manifestado en todas nuestras intervenciones, que es de vital
importancia para la libre elección de los productos que están en el
mercado. Evidentemente el voto de Convergència i Unió será
afirmativo, pues entendemos que se limita a desarrollar el punto 6 de
la proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista
Galego, la cual, enmendada con una transaccional de todos los grupos,
hizo posible que en la Comisión de Sanidad y Consumo del día 9 de
marzo de 1999 fuera aprobado este texto por unanimidad.
Debe quedar claro que la información y protección al consumidor en
materia de organismos modificados genéticamente está regulado y
protegido por la legislación vigente. Por tanto, instar al Gobierno a
que cumpla
con el compromiso que ya adquirió en la Comisión de Sanidad y Consumo
de llevar a cabo con más amplitud y celeridad esta campaña
informativa, dirigida a la población para el conocimiento de estos
alimentos, es del todo positivo y necesario para que sea efectiva la
protección de los consumidores, de los productores y de los
comercializadores de los productos transgénicos.
Señorías, la información y la formación de los consumidores es la
garantía de seguridad que permitirá evitar situaciones de
preocupación y desasosiego ante nuevos alimentos obtenidos por
manipulación genética que, dados los avances tecnológicos, cada vez
serán más frecuentes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Amorós, con cuya
intervención concluye el debate de la proposición no de ley, no sin
antes dar la palabra a quien en nombre del grupo proponente, la
señora Fernández de Capel, tiene que fijar su posición respecto de
las enmiendas que han sido defendidas en la segunda parte del debate.
Doña Blanca, adelante.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, señor presidente, lamento muchísimo que a través de
los debates se establezcan juicios de intenciones cuando se está
defendiendo una posición, y lo lamento muchísimo porque esto viene a
indicar que un embotamiento ideológico a veces no permite que el
raciocinio actúe o que el oído escuche, tergiversándose las
interpretaciones o las exposiciones que se hacen aquí. Señor
presidente, con el debido respeto quiero decir a algunos de los
compañeros de la Cámara, pertenecientes a otros grupos
parlamentarios, que o no han escuchado mi intervención o han
tergiversado mis palabras, y tampoco puedo admitir que se juzgue la
intencionalidad de quien habla, porque es recurrir a un recurso
cuando no se tiene recurso.
En primer lugar, quiero decirle al señor Saura, sin entrar a hablar
de las afirmaciones que me ha atribuido, como la oficina de
información de no sé quién y de divulgación de no sé cuánto, que a
veces confunde las directivas. Dice que están en entredicho unas
directivas, pero confunde las directivas que afectan a estas
cuestiones con otras que todavía no han sido traspuestas a la
legislación española, como la del verano del año pasado, que es la
que se refiere a la comercialización de patentes biotecnológicas. Así
es que, señor Saura, no está entendiendo nada de esto.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de Capel, no me los arrebate,
que ya están pidiendo la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: No podemos admitir su enmienda,
en primer lugar, porque la enmienda de sustitución es imposible por
razones obvias. Este Parlamento tiene que respetar el Tratado
de adhesión a la Unión Europea y no puede saltarse a la torera
compromisos internacionales que comparte con otros Parlamentos de la
Unión Europea. Por otro lado, señor presidente, tampoco se puede
comparar la situación legislativa europea con la de otros países que
hacen imposible llevar adelante una legislación a este respecto.
En cuanto a la intervención de Izquierda Unida, no podemos admitir la
enmienda de modificación número 1 porque, entre otras cosas,
estaríamos desprestigiando a nuestros científicos. Los científicos
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de tantos otros
centros son independientes. Este Gobierno no ha cambiado a muchos de
los científicos que representan a España en la Unión Europea
precisamente porque son científicos y nadie les ha pedido su
filiación ideológica. Tenemos que decir sobre el punto 1 de
modificación que prohibir es contrario al Tratado de adhesión a la
Unión Europea, con lo cual estamos en lo mismo. Respecto a esa lista
tengo que decirle que la tiene a su disposición y que, como todo el
mundo sabe, en España se comercializan el maíz y la soja. Con
referencia al etiquetado, S.S. sabe, y si no lo debería saber, que se
aprobó en la directiva de finales de 1998 y que en este momento está
en trámite de adopción, porque tiene unos plazos por la Unión Europea
y ya se están cumpliendo.
Al señor Rodríguez tendría que decirle que me parece estupendo lo que
afirma con respecto al etiquetado, pero tengo que replicarle que
estamos en el plazo que establece la directiva y que ya se está
trabajando en ello. En cuanto a la moratoria, debo repetir que es
imposible que el Gobierno español pueda tomar esta actitud porque
países que han intentado hacer una moratoria han sido advertidos de
que tienen que respetar sus compromisos con la Unión Europea. No
podemos jugar con la Unión Europea, que cuando nos interese seamos
ciudadanos de la Unión Europea y cuando no, juguemos por libre.
Estamos en el mundo en el que estamos y no hace falta decir que
enorgullece respetar los compromisos.
Respecto a la enmienda del Grupo Socialista, me felicito de que se
defienda con tanto ardor, porque el ardor del converso es el más
fuerte que todos hemos visto. Cuando un grupo como el socialista
tardó cuatro años en llevar a ley las Directivas números 219 y 220,
no creo que esté en condiciones de afirmar que este Gobierno no se
preocupa de este asunto.
En cuanto al plazo, efectivamente...
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de Capel, le ruego que resuma y
concluya.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Concluyo, señor presidente.
En el punto 1, sobre el plazo que establece en la enmienda de
modificación, tengo que decirle que la campaña ya está en marcha. En
cuanto al punto 2, afecta a contenidos organizativos de organismos de
la
Administración que escapan a la proposición y a los que no ha lugar
en este momento. Por lo que respecta al punto 3, tenemos que rechazar
la enmienda de modificación porque atenta al contenido y al
articulado del Tratado de adhesión y S.S. sabe -y si no lo debiera
saber- que esto no puede hacerse dentro del marco de la Unión
Europea.
Por lo que se refiere al punto 4, el contenido de la Ley 15/1997, que
hizo el anterior Gobierno, se está cumpliendo. En cuanto a los
aspectos administrativos de la Ley 15/1994, S.S. sabe que son los que
regulan en este momento la trasposición de dos directivas, que son
las que marca la Unión Europea, y que se están cumpliendo. Por otra
parte, la iniciativa cumple con creces todo lo que se estableció en
materia de divulgación informativa en la proposición no de ley que
aprobamos todos los grupos. Hay que exigir, como ya he dicho, una
información veraz para que el ciudadano elija libremente, una vez que
se cumpla el control del etiquetado y que haya una información
cierta. Imputar a esta diputada y al grupo que representa otra
intención me parece que es hacer juicios de intenciones que yo no voy
a entrar a valorar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández de Capel. (La
señora Heras Pablo pide la palabra.-Rumores.)
Ya saben SS.SS. -no se les vayan de la memoria tan pronto las
peculiaridades reglamentarias de las proposiciones no de ley- que no
hay posibilidad de réplica, simplemente aceptar o rechazar las
enmiendas. Lo siento, señora Heras.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, RELATIVA A LA NECESIDAD DE PARAR EL PROCESO
DE PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD DESARROLLADO POR EL GOBIERNO. (Número
de expediente 162/000373.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley del Grupo
Socialista que, conjuntamente con el Federal de Izquierda Unida y el
Mixto, sostienen sobre la necesidad de parar el proceso de
privatización de la sanidad desarrollado por el Gobierno.
En nombre del grupo proponente, para presentar la iniciativa tiene la
palabra, en primer lugar, doña Ángeles Amador.
La señora AMADOR MILLÁN: Señor presidente, señorías, voy a defender
la proposición no de ley que mi grupo ha suscrito en unión del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y del Grupo Mixto, el
Partido Democrático de la Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya-
Els Verds y el Bloque Nacionalista Galego, relativa a la necesidad de
parar el proceso de privatización de la sanidad desarrollado por el
Gobierno. Para
empezar mi intervención tengo que lamentar la ausencia del ministro
de Sanidad que, sin duda, tiene ocupaciones prioritarias que venir al
Parlamento a escuchar este debate.
Señorías, el Gobierno está arrojando una cortina de humo sobre la
sanidad, está eludiendo el debate parlamentario sobre las medidas que
en materia de política sanitaria está tomando, medidas que establecen
las bases de una contrarreforma del sistema sanitario público. Por
todo ello, presentamos una proposición no de ley que tiene como
objetivo principal debatir en el Parlamento, y en consecuencia
explicar a la sociedad en su conjunto, cuál es el modelo sanitario al
que nos conducen las medidas del Gobierno, por cierto, muy alejado
del Sistema Nacional de Salud.
A finales del año 1997, tras más de un año de funcionamiento,
infinidad de sesiones y con el testimonio de más de 70 expertos, la
subcomisión parlamentaria para la consolidación y mejora del Sistema
Nacional de Salud cerró sus conclusiones con los votos del Grupo
Parlamentario Popular y los socios parlamentarios del Gobierno. Según
la propaganda gubernamental se había alcanzado el consenso en
sanidad. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.) Ha pasado poco más de un año y tanto el Gobierno como
el Partido Popular reconocen ya que tal consenso no existe y quieren
reabrir el debate. Hemos tenido dos recientes ejemplos, el señor
Aznar ha dado las instrucciones oportunas -según ha dicho-, en este
caso al presidente de la Comisión Europea, para abrir en el seno de
la Unión una reflexión sobre la sanidad. El señor Arenas, por su
parte, ha reconocido que el ministro de Sanidad ha hecho muchos
esfuerzos en esta legislatura, pero no ha conseguido el pacto
sanitario. Debate para un consenso que, por lo visto, pretende volver
a abrir el señor Arenas.
La cortina de humo que pretendió abrir la subcomisión parlamentaria
se ha desvanecido y el Gobierno necesita otra que le permita alcanzar
las próximas elecciones sin el coste político que tendría que los
ciudadanos perciban cuáles son las consecuencias de las medidas que
está adoptando en sanidad. Para este propósito sirve todo, incluso
llevar el debate a la Unión Europea. Nos preguntamos, señoras y
señores diputados, ¿cómo es posible llevar un debate sobre sanidad a
la Unión Europea cuando se oculta a este Parlamento? En una práctica
que el Gobierno ha elevado a categoría, el debate parlamentario sobre
las más importantes medidas de la contrarreforma sanitaria del
Partido Popular ha sido sistemáticamente eludido mediante la
torticera utilización de los procedimientos legislativos. Contrasta
esa pretendida voluntad gubernamental de alcanzar un consenso con la
abusiva utilización del decreto-ley y de la Ley de acompañamiento a
los Presupuestos Generales del Estado, cuyos procedimientos de
discusión parlamentaria restringen a un mínimo las posibilidades de
debate.
Los ejemplos son muy numerosos, los más graves el Decreto-ley 10/
1996, que ha sido la ventana por la que
se ha colado el modelo de gestión del hospital de Alcira y la Ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, que ha sido
una fuente importante de decisiones de enorme trascendencia para el
sistema sanitario público, como la creación de las fundaciones
públicas necesarias o la compensación a las empresas colaboradoras
por la asistencia sanitaria, así como la invención de las fundaciones
públicas sanitarias como una forma jurídica atípica de la Ley de
organización y funcionamiento de la Administración general del
Estado, que supone, en primer lugar, la ruptura del consenso que se
había alcanzado en la Ley 15/1997 sobre nuevas formas de gestión, en
la que el Gobierno se había comprometido a presentar un marco general
de garantías en el plazo de seis meses y no sólo no ha regulado ese
marco sino que se inventa una nueva forma de gestión pública,
inexistente en 1997. Además, en ausencia de este marco, se posibilita
el desarrollo de acciones como la contemplada en el documento de la
gerencia del hospital La Paz, que contempla la cesión de uso de
instalaciones públicas al sector privado, o el régimen de gestión
patrimonial de las nuevas formas de gestión creadas, por cierto, de
una manera nada clara.
El real decreto-ley y su convalidación como ley ha sido el
instrumento nuevamente utilizado por el Gobierno para introducir lo
que el mismo ha definido como la tercera parte del estatuto del
personal del Sistema Nacional de Salud. La Ley del IRPF ha sido
utilizada para poner otro barreno de espoleta retardada al Sistema
Nacional de Salud, el incentivo fiscal al aseguramiento sanitario a
través de las empresas. ¿El Gobierno quiere debatir sobre el modelo
sanitario? La evidencia, señorías, lo desmiente. Todas estas medidas
que acabo de enumerar tienen una enorme repercusión sobre el sistema
sanitario y los esfuerzos del Gobierno han estado, todos,
concentrados en eludir el debate parlamentario.
El Gobierno del Partido Popular tiene, en relación con el modelo
sanitario, una esquizofrenia que no le conviene por el momento
tratar. Por una parte, tiene su modelo programático, el defendido por
el señor Zaplana en este momento, el que está contenido en las
resoluciones de los congresos del Partido Popular, la ruptura del
aseguramiento público universal en lo que denominan la ruptura del
monopolio asistencial del Estado. Por otra parte, tienen también los
juramentos de fidelidad al Sistema Nacional de Salud que pregona el
equipo del Ministerio de Sanidad y Consumo. Sin embargo, durante esta
legislatura se han tomado decisiones que comprometen decisivamente el
futuro del Sistema Nacional de Salud.
Los hitos de estas decisiones son los siguientes. En primer lugar, la
puesta en marcha del hospital de Alcira, en el que se concede, en
régimen de monopolio, la gestión de la asistencia sanitaria
especializada de toda un área de salud, la de la comarca de La
Ribera, a una empresa aseguradora privada. Esta auténtica
privatización, amparada en el derogado Real Decreto-ley de
1996, obedece a la estrategia política del Partido Popular en
Sanidad. En las ponencias del congreso y en las declaraciones de los
dirigentes del Partido Popular se define como el modelo sanitario del
futuro, aunque los responsables del Ministerio se apresuren a decir
que no les gusta la fórmula. Las consecuencias, señoría, están a la
vista de todos en el hospital de Alcira. Las consecuencias son
dramáticas y el fracaso en la gestión, estrepitoso. El hospital de
Alcira se abrió el día 1 de enero con un equipo de gestión del que no
queda nadie y las quejas y las opiniones de los pacientes están ahí
para quien quiera oírlas.
La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
establece una posibilidad inédita en sistemas sanitarios europeos
comparables con el nuestro, el incentivo a la cobertura sanitaria
desde las empresas. La estrategia es la misma que en Alcira, aunque
en este caso el ámbito sea de población y en el primero, territorial.
Se trata de abrir un espacio en el Sistema Nacional de Salud para la
gestión privada de la cobertura de los colectivos sociales más
favorecidos, dejando progresivamente a la sanidad pública la gestión
de los colectivos y contingencias de mayor riesgo.
El último elemento, por el momento, de esta estrategia de
privatización del Sistema Nacional de Salud, incentivando la
cobertura a través de las aseguradoras privadas y de las empresas, lo
constituye el mantenimiento del régimen de colaboración de empresas
en la gestión de la Seguridad Social. Este régimen especial, que
protege a un colectivo de 200.000 trabajadores, ha dejado de tener
razón de existir cuando la financiación de la asistencia sanitaria se
realiza totalmente a través de los ingresos del Estado, de acuerdo
con lo trazado en la Ley de presupuestos generales desde 1989 y con
los acuerdos del Pacto de Toledo. La única alternativa, llegado el
momento de la financiación del cien por cien por impuestos, era
suprimir este régimen especial de colaboración, pero la opción del
Gobierno ha sido la contraria, ha sido la de crear una subvención de
17.000 millones de pesetas para que estas empresas sigan gestionando
este régimen especial. La política que subyace en esta decisión,
señorías, es la misma que la de Alcira o la de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Cabe preguntarse hoy aquí: ¿Son todas estas medidas inocentes?
¿Creería alguien en su sano juicio que han sido tomadas sin la
suficiente reflexión? La respuesta, evidentemente, es no. Todas estas
medidas tienen una directriz clara, introducir la gestión privada del
aseguramiento en el Sistema Nacional de Salud. Esta es la opción
política del Partido Popular, que se aleja decisivamente del actual
modelo sanitario. ¿Quieren un pacto sobre sanidad que enmascare la
contrarreforma solapada del sistema sanitario público español? Pues
es evidente que no van a contar con la complicidad del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señorías, es legítimo tener un modelo sanitario alternativo que esté
orientado por las diferentes ideologías que se confrontan
políticamente. Eso era lo que cabía
esperar de un Gobierno de la derecha. Blair defiende un sistema
nacional de salud distinto al de Thatcher; la política sanitaria de
los socialistas franceses, que recientemente han extendido la
cobertura sanitaria a los más necesitados, es bien diferente de la
defendida por la derecha francesa. Lo que no es legítimo es
escamotear a la sociedad y a este Parlamento el debate sobre el
modelo sanitario que está construyendo el Partido Popular con su
Gobierno mientras se ponen las bases para modificar el actual sistema
sanitario, que es apoyado, como todo el mundo sabe, por la inmensa
mayoría de los ciudadanos españoles, como bien saben los miembros del
Gobierno que siguen tan de cerca las encuestas de opinión. ¿Cuáles
son las consecuencias para la ciudadanía del modelo sanitario del
Partido Popular, el modelo sanitario del señor Zaplana? Pues es
bastante sencillo de pronosticar porque hay abundantes referentes en
los sistemas sanitarios comparados. La experiencia de sistemas
sanitarios basados en la estratificación social, en la gestión
privada de servicios, no puede ser más negativa. Menos servicios
necesarios para los colectivos menos favorecidos, una sanidad sanidad
más cara por el aumento de los costes administrativos y un aumento de
las desigualdades en el acceso a los servicios serán los resultados
de la implantación del modelo del Gobierno popular en sanidad. Y no
respondan, señores del Grupo Popular, frente a la evidencia de la
contrarreforma legislativa que acabo de enumerar, con la cantinela
del incremento de los recursos para la sanidad y las mejoras de la
gestión, porque esto no es cierto. ¿Cómo se mide el esfuerzo real del
Gobierno en la sanidad? ¿Ha aumentado el peso de la sanidad pública
sobre la economía? La respuesta, señorías, es que ha descendido. El
peso del presupuesto de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social sobre el producto interior bruto ha pasado de una media del
4,9 en el período 1992-1995, a una media del 4,6 en el periodo 1997-
1998.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Amador, vaya
concluyendo.
La señora AMADOR MILLÁN: Termino, señor presidente.
Tres décimas porcentuales menos. De haberse mantenido el mismo
esfuerzo, la sanidad pública contaría, en este mismo ejercicio, con
240.000 millones de pesetas más. ¿Cómo se reparte ahora la
financiación sobre la sanidad? Como saben todas SS. SS., mucho más
desigualmente y mucho menos eficientemente. Más desigualmente porque
el nuevo modelo de financiación implantado establece diferencias
arbitrarias en el gasto sanitario entre comunidades autónomas, y más
ineficientemente porque una gran parte del incremento de los recursos
para sanidad ha sido absorbido por el incontrolado crecimiento del
gasto farmacéutico, que en estos momentos es casi un 25 por ciento
del total del gasto sanitario y que ha seguido creciendo
imparablemente a pesar del recorte de financiación pública de
medicamentos. ¿Quiere el Gobierno un pacto sobre sanidad, como dicen
en los periódicos? Expliquen a este Parlamento y a la sociedad cuál
es su modelo sanitario y den marcha atrás en todas aquellas medidas
que han puesto marcha y que están poniendo las bases para privatizar
el Sistema Nacional de Salud, como nosotros hoy aquí denunciamos con
toda solemnidad.
Por ello, instamos al Gobierno a que, en primer lugar, se abstenga de
abordar cualquier transferencia en los servicios sanitarios públicos
que pueda condicionar el ejercicio de las competencias de las
comunidades autónomas pendientes de recibir la transferencia del
Insalud; le instamos para que aborde, de manera inmediata, la reforma
del acuerdo sobre el sistema de financiación del Sistema Nacional de
Salud aprobado para el período 1998-2002; para que desarrolle un
marco reglamentario común para todos los centros sanitarios que
preserve las garantías del servicio sanitario público en cuanto a
financiación, régimen patrimonial, organización, gestión del personal
y prestaciones sanitarias; para que se comprometa a no enajenar ni
ceder por ningún título los recursos públicos afectados a la atención
sanitaria y sociosanitaria; para que paralice la colaboración de las
empresas en la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social por enfermedad común y para que se comprometa aquí, en este
Parlamento, a no aplicar el modelo del hospital de Alcira, que es
contrario a la legislación vigente.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Amador.
La proposición no de ley ha sido firmada, conjuntamente con el Grupo
Socialista, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
(Pausa.) y por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Vázquez tiene la palabra.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el Bloque Nacionalista Galego firmó esta proposición
no de ley conjunta -tengo que decirlo-, no tanto porque esté
exactamente de acuerdo con la formulación que se hace en sus puntos,
sino por sumarse con claridad a una batalla de fondo, que es la
discusión entre sistema sanitario público y privado. Como Bloque
Nacionalista Galego defendemos el sistema sanitario público como el
único capaz de garantizar la igualdad en el acceso a las prestaciones
a las que el ciudadano tiene derecho, aunque, por salirnos un poco de
discusiones a veces mal orientadas, no nos oponemos a que existan
servicios sanitarios privados, pero sí nos oponemos a que sean
financiados con fondos públicos, que en definitiva se detraen del
sistema público de salud, contribuyendo así a su deterioro. Es
evidente que dentro de la batalla ideológica global entre público y
privado está la sanidad, y también es verdad que no es posible
privatizar de golpe -por decirlo de alguna manera- el sistema
sanitario. Desde nuestro
punto de vista, el Gobierno orienta la batalla modificando el modelo
de gestión -de alguna manera, con una batalla ideológica de fondo-
afirmando que la gestión pública es ineficaz y, sin embargo, la
privada es eficiente, cuando eso en absoluto se demuestra con los
hechos.
Por concluir rápidamente diré que el Bloque Nacionalista Galego se
opuso en su día, en Galicia, tanto a la introducción de fundaciones
como de empresas públicas, puesto que después de los años que estuvo
en vigor este tipo de organización no se demostró que pueda prestar
una mejor calidad asistencial. Por cierto, que estas modificaciones
hechas en su día en mi comunidad autónoma no tenían ningún respaldo
legal. También nos opusimos a que se aprobase el proyecto de ley de
habilitación de nuevas fórmulas de gestión del Insalud porque, como
ahora se ve, se pretendía la introducción de estas fórmulas por la
puerta falsa. Por el contrario, nosotros seguimos reclamando que se
potencie el sistema sanitario público, que se mejore la atención
primaria, que se coordine la primaria y la especializada, que se
implante la dedicación exclusiva y que se controle el gasto en lo que
supone derroche de recursos.
Por último, señor presidente, nosotros entendemos que el Estado aún
debe jugar un papel que, cuando menos, garantice algunos aspectos
básicos para los ciudadanos como son la sanidad, la educación o las
pensiones y, cómo no, la redistribución de la riqueza.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
Hay dos diputados firmantes por parte del Grupo Mixto. Acaba el
citado grupo con la intervención de la señora Almeida, y después lo
hará la señora Maestro.
Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la presentación de esta proposición no
de ley conjunta coincidió con las declaraciones del señor Arenas en
las que solicitaba un gran acuerdo en la sanidad precisamente para
defender la sanidad pública. Este gran acuerdo tiene que tener como
base la mencionada proposición no de ley, en el sentido de que si de
verdad queremos apostar todos los grupos por la defensa de la sanidad
pública lo primero que tenemos que hacer es parar cualquier intento
de privatización que, como ha expuesto la señora Amador, se ha
producido a través de distintas fórmulas, tales como cesión de
patrimonio público, fundaciones, seguros privados, etcétera. De esta
manera se está atacando al sistema público, si no de manera frontal
sí desgajando el patrimonio, con lo cual se empieza a desacreditar el
sistema público sanitario intentando acercar cada vez más su
privatización. Nosotros estimamos que debemos responder a esa
iniciativa. Esta proposición no de ley intenta parar cualquier
modificación
de la gestión y explotación del sistema sanitario público. Tiene que
haber otro acuerdo sobre los medicamentos y sobre el consumo del
gasto farmacéutico, así como sobre la financiación de la sanidad. Con
la aprobación de esta proposición no de ley se pueden sentar las
bases para alcanzar ese acuerdo.
Me preocupa como representante de un grupo no mayoritario y diputada
que esta proposición no de ley no se admita a trámite. Los grupos que
la apoyamos respaldamos la voluntad mayoritaria de los ciudadanos
y ciudadanas españoles. Sería bueno que este acuerdo, que tendrá sus
diversidades pero que significa una apuesta por la defensa de la
sanidad pública, fuese tomado en cuenta en este Congreso de los
Diputados; que se paralice la privatización de la sanidad pública y
que todos los grupos nos sintamos dispuestos a defenderla.
Yo dudo de que esta sea la voluntad del grupo mayoritario de la
Cámara, pero he de señalar que esta proposición no de ley representa
la postura del conjunto de los españoles, que queda reflejada con sus
votos en la iniciativa que hemos suscrito los grupos que apoyamos
esta proposición no de ley. Si bastan sólo los gestos del Gobierno y
piensan que así se puede desarticular la sanidad pública serán
responsables en el futuro de cualquier medida que desacredite o
privatice el sistema sanitario público. Esa irresponsabilidad le
costará mucho en el futuro a nuestro país. Queremos sentarnos
a hablar de la sanidad pública con toda libertad y llevar adelante un
proceso de paralización para recuperar la vía por la que tenemos que
caminar, que es la de gestionar mejor, hacer una mejor sanidad
pública, acercarla a los ciudadanos y, sobre todo, que llegue a todos
en igualdad de condiciones.
Por eso nuestro grupo -y hago mía la defensa de Iniciativa per
Catalunya, que suscribió esta proposición no de ley dentro del Grupo
Mixto- está de acuerdo con esta iniciativa y pide a todos los
diputados de la Cámara que la apoyen para poder paralizar lo que
estimamos constituye un perjuicio para todos los ciudadanos
y ciudadanas españoles.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Almeida.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta proposición no de ley se debate en esta Cámara después
de haberse celebrado las elecciones autonómicas y municipales, y a
pesar de que los grupos firmantes pretendíamos que su discusión fuera
anterior a la interrupción, previa a las elecciones, de las sesiones
parlamentarias, en este momento, con la nueva representación popular
existente en las comunidades autónomas, parece mucho más pertinente
la propuesta de paralizar cualquier tipo de transformación
antes de que se hayan producido las transferencias del Insalud a las
comunidades autónomas del artículo 143.
El Gobierno del Partido Popular, que consiguió mayoría suficiente en
esta Cámara como para lograr la aprobación de la Ley 15/1997 y de la
Ley 50/1998, tuvo la voluntad política de establecer en ambas leyes
no la determinación sino simplemente la posibilidad de que el
conjunto de la sanidad pública fuera gestionado por fórmulas del
régimen jurídico del derecho privado. Dirigentes del Ministerio de
Sanidad y del Partido Popular han reiterado que la introducción de
estas nuevas formas de gestión debía hacerse mediante consenso,
prudencia política que alabo desde esta tribuna, pero tengo que
decir, señorías, señoras y señores diputados, que ese consenso social
y sindical cada vez es más reducido, y el tiempo está corriendo en
contra de los intereses o de la voluntad del Ministerio de Sanidad
y del Partido Popular. Está ocurriendo lo previsible, que cuando la
población, cuando los trabajadores y trabajadoras de la sanidad
tienen oportunidad de saber exactamente de qué se trata, de desbrozar
la propaganda y encontrar los verdaderos objetivos del proceso de
privatización de la sanidad; cuando comparan la precarización de las
relaciones laborales en las diversas fundaciones existentes en este
país con las relaciones laborales, también un tanto precarias pero
sin duda mucho menos, que están vigentes en la sanidad pública;
cuando lo que se denunció en la Comisión de Sanidad del Congreso de
los Diputados diciendo que en la fundación de Alcorcón se acudía a
los familiares de enfermos graves diciéndoles que ya habían consumido
el período de ingreso, cuando eso que parecía una excepción se
transforma en regla, el consenso se diluye como por encanto.
Quisiera saber dónde está ese consenso social que ustedes aireaban
como una gran conquista sindical para encontrar ese acuerdo sobre el
reglamento que desarrolle estas dos leyes. Ustedes no han sido ni
siquiera capaces de convencer a sindicatos en teoría con posiciones
políticas y sociales más afines al Partido Popular, como es el
sindicato médico ¿Qué va a pasar, señorías, cuando desde los
ayuntamientos recién constituidos las autoridades municipales
reclamen para sí, como deben hacer, autoridad para intervenir y para
decidir qué va a ser de su hospital, del hospital de los ciudadanos a
los que políticamente representan en sus ayuntamientos? Ya se ha
conseguido que la palabra fundación sea una palabra maldita en
materia de sanidad y que en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el que
se proponen ustedes construir un hospital -desde luego pertinente y
reclamado hasta la saciedad por los ciudadanos de esa localidad y de
su área sanitaria-, lo más importante que se ha dicho es que no
quieren una fundación de ninguna manera.
Lo que cada vez es más evidente, señorías, y lo que la población
percibe con mayor claridad es que el derecho privado aplicado a la
sanidad sirve para prescindir de los controles que garantizan a los
ciudadanos que sus recursos o su financiación son administrados de
forma transparente, de manera que los gestores no hagan uso privado o
político de esos recursos que son públicos, y ve que cuando los
controles públicos desaparecen lo que ocurre es que las fundaciones
tienen gastos muy superiores a los de otros hospitales y los gerentes
o los gestores, sin control público de ningún tipo, aprovechan la
coyuntura para contratar a amigos y familiares, es decir, la vuelta a
lo mismo de siempre, nada más que con fondos públicos y con gestores
que en teoría están ejerciendo funciones públicas, pero que están
sirviendo para intereses privados. Nosotros, desde el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, lo denunciamos en su
momento. La señora Amador recordará cómo nosotros, como lo hizo el
presidente en funciones del Tribunal de Cuentas, alertamos a su
Ministerio de para qué estaba sirviendo eludir la Ley de contratos
del Estado en la compra entonces de prótesis quirúrgicas en
administraciones sanitarias públicas; de cómo la eliminación de los
controles del Estado no servía nada más que para incrementar el gasto
y la burocracia y, eso sí, aumentar los beneficios privados.
Desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida me congratulo
de la unidad conseguida, unidad que no es en torno al cien por cien
de los planteamientos de nuestro grupo, pero que sí recoge lo
fundamental, en nuestra opinión, de la filosofía de defensa de lo
público, de alertar contra el deterioro de la calidad y de la equidad
que suponen los procesos de privatización de la sanidad y sobre todo,
quiero decirlo aquí, de alertar acerca no de la forma aislada sino de
la forma más avanzada del proceso de privatización que constituye el
modelo en el País Valenciano del hospital de Alzira, en el que
empresas directamente privadas son las encargadas de la gestión.
Ya que hablaba del proceso de elección de diputados autonómicos y
municipales, aprovecho la oportunidad para instar al Grupo
Socialista, al mismo tiempo que le felicito por haber conseguido la
mayoría absoluta en la Comunidad Autónoma de Asturias, a que
cumpliendo voluntades que yo creo que están claras por parte de la
inmensa mayoría de los asturianos y la voluntad política expresada en
dicha comunidad, aprovechen la confianza que han recibido de una
mayoría absoluta de la población de Asturias para reintegrar el
hospital de Arriondas en la red sanitaria pública, que ocupe su
función dentro de la planificación sanitaria del Principado y que de
esta manera se avance en el proceso de integración y de integralidad
de los servicios sanitarios.
Señorías, yo pediría al Partido Popular que tenga en cuenta que el
consenso es esencial para gobernar, que el proceso de privatización
de la sanidad no tiene consenso, ni aquí ni en el conjunto de la
Unión Europea, que pactos de Estado o pactos regionales sobre la
sanidad solamente pueden hacerse sobre la base de los planteamientos
que integran el punto número 3 de la proposición no de ley que
suscribimos: desarrollar un marco reglamentario común que preserve
las garantías del servicio público sanitario, la financiación, el
régimen
patrimonial, la organización, la gestión del personal y la prestación
de servicios sanitarios, que exclusivamente pueden garantizarse con
equidad y con calidad en el marco de la sanidad pública, que, insisto
una vez más, no es patrimonio de ningún gobierno, ni del de ahora ni
del de antes, sino del conjunto de ciudadanos y ciudadanas y sobre
todo de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y de otros
sectores productivos, que son los que con su esfuerzo económico han
contribuido a desarrollarlo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Maestro.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Esta es una cuestión que ya se ha traído a este hemiciclo unas 24
veces, sin contar las que se ha tratado en la Comisión de Sanidad y
Consumo. Es la eterna discusión de sanidad pública versus sanidad
privada. Coalición Canaria respeta profundamente la posición
socialista y la de Izquierda Unida, la comprendemos perfectamente,
pero nuestro criterio es que tenemos que ser respetuosos con aquel
adagio latino de pacta sunt servanda. Nosotros hemos firmado la
ponencia de la modernización del Sistema Nacional de Salud, de
diciembre de 1997, y tenemos que ser consecuentes con lo que hemos
firmado, y lo hicimos no por un principio de pacto sino por
convicción, porque creemos que la sanidad tiene que ser universal,
una medicina universal, una prestación pública al ciudadano, pero que
la gestión puede ser privada. Está demostrado, pese a lo que aquí se
ha dicho, que la gestión privada tiene más control, más dedicación a
la eficacia y a la eficiencia y una superioridad en los criterios de
la administración pública.
Nosotros, y lo sabe muy bien mi estimada señora Amador, firmamos
aquella ponencia y lamentemos tener que decirle, con todo lo que la
aprecio, que no vamos a apoyar esta iniciativa. Vamos a seguir con
los criterios de una gestión privada en el sistema público de sanidad
y vamos a seguir pensando en la posibilidad de que las fundaciones
sanitarias sean eficaces; mejoremos su sistema, pero tenemos que
reducir el gasto, procurar buscar soluciones para que los genéricos y
los precios de referencia se implanten con la debida intensidad y
que, dentro del plan de estabilidad de los criterios macroeconómicos,
el Estado del bienestar de este país se siga manteniendo tanto en lo
social como en lo sanitario. Por todo ello, nosotros, Coalición
Canaria, decimos que no vamos a apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Villalón.
El señor VILLALÓN RICO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo para fijar la posición en
nombre del Grupo Popular sobre esta proposición no de ley presentada
por varios grupos parlamentarios con el título de lo que ellos
denominan una supuesta privatización de la sanidad en nuestro país.
Yo podría iniciar mi intervención negándola tajantemente, que es lo
que voy a realizar, como es evidente, pero también, con el permiso
del señor presidente, me gustaría utilizar dos razonamientos para
negar tajantemente esa afirmación gratuita, porque creo que cuando
alguno de los grupos parlamentarios presenta esta iniciativa no tiene
ningún fundamento ni hay ningún argumento básico para establecer las
líneas de la proposición no de ley.
Yo les preguntaría a los grupos parlamentarios que han presentado
esta iniciativa si ellos creen que es intención política del Gobierno
privatizar la sanidad. Tajantemente no, señora Amador, señora Maestro
y diferentes portavoces que han intervenido, pero no porque lo diga
yo, sino porque hay pruebas políticas, hay pruebas en la gestión
sanitaria, hay pruebas en los presupuestos sanitarios y de otro tipo
que indican que la dirección política en materia sanitaria va por
otras vías, como son las de mejorar las estructuras, los recursos
y la organización del sistema para dar un buen servicio sanitario a los
ciudadanos.
La segunda pregunta que yo me haría para negar esta afirmación que
hacen ustedes sería la siguiente: ¿sería posible privatizar en España
el sistema sanitario? Tajantemente no. ¿Por qué digo eso? Porque no
se puede privatizar, entendiendo por privatizar lo que ustedes dicen
y lo que estamos oyendo a lo largo de estos días en campaña electoral
y que en los últimos meses ha sido el foco central de su discurso
político en sanidad, por varias cuestiones: porque la legislación
vigente no lo permite, señores diputados del Grupo Socialista y demás
diputados que han firmado esta proposición; porque la existencia de
un Sistema Nacional de Salud descentralizado en servicios de salud de
las distintas comunidades autónomas no permite lo que podría ser la
privatización; porque yo creo que ni en los objetivos políticos ni en
el ideario ni en los programas electorales de todo el arco
parlamentario de esta Cámara, en ningún lado, está prevista la
privatización de la sanidad; y, sobre todo, señoras y señores
diputados, porque lo que ustedes afirman va en contra de los
intereses generales de los ciudadanos de nuestro país, ya que todos
consideramos que el sistema sanitario español es una conquista social
que hemos conseguido entre todos a lo largo de los años y, por tanto,
sería inviable intentar la privatización. Esas son las dos premisas
con las que yo inicio mi intervención. No es
intención del Gobierno ni del Partido Popular y es imposible que
cualquier otro Gobierno intentara privatizar el sistema sanitario.
La señora Amador ha hecho antes referencia a los debates de consenso,
a llegar a acuerdos parlamentarios y políticos sobre política
sanitaria. Realmente en esta legislatura hemos tenido una buenísima
oportunidad, como usted muy bien ha dicho antes, con la constitución
de la subcomisión para la modernización y consolidación del sistema
sanitario. No hemos sido nosotros quienes nos hemos negado al
consenso ni los otros grupos parlamentarios que han apoyado al
Gobierno, sino que han sido otros grupos y usted ha estado a la
cabeza de aquellos que no han querido llegar al consenso
parlamentario en materia sanitaria.
Señor presidente, me parece interesante que se haga un análisis de lo
que son los argumentos que han dado motivo a esta proposición no de
ley y por supuesto a los diferentes puntos que constituyen la
iniciativa parlamentaria, que son fundamentalmente cinco: hospital de
Alzira, modificación del IRPF, nuevas formas de gestión, cooperativas
sanitarias, y empresas colaboradoras. IRPF y cooperativas sanitarias
no tienen nada que ver con lo que es la política sanitaria. Las
empresas colaboradoras, señora Amador, sabe perfectamente que son una
herencia del pasado que ustedes y nosotros hemos recibido y que hay
que solucionar. El Gobierno ya ha dicho que lo va a hacer, pero
lógicamente hay que cumplir los compromisos adquiridos de años
anteriores. Por tanto, no tergiverse usted en su discurso político
las actuaciones del Gobierno en política sanitaria.
No me han sorprendido los argumentos sobre los que se ha basado esta
proposición no de ley por parte de algún grupo parlamentario que
siempre va contra todo y contra todos, pero sí me ha resultado
paradójico en algún otro grupo de la oposición que apoyó entre otras
cosas la ley de las nuevas formas de gestión, que en su momento
aprobó la existencia de empresas colaboradoras -por ejemplo, en 1995,
la empresa colaboradora de la ONCE-; que cuando tenía
responsabilidades de Gobierno tenía una ley del IRPF mucho más
regresiva que la que están ustedes criticando ahora, porque les tengo
que recordar que en el artículo 78 de aquella ley se establecía la
deducción del 15 por ciento por gastos de enfermedad, sin límite
máximo. Eso ahora no existe, señora diputada, y aquello sí que era
beneficiar a los que tenían más posibilidades económicas y podían
acudir a otras instancias sanitarias si no tenían posibilidades en lo
que es la sanidad pública. Eso es lo que había antes, no lo que hay
ahora.
Por último, me llama la atención la contradicción manifiesta entre
los argumentos que dan base a la proposición no de ley, hablando de
la concesión administrativa, y lo que dicha concesión establece como
uno de los puntos de lo que es la autonomía de gestión en aquellas
comunidades autónomas que tienen transferida la gestión sanitaria.
Por otra parte, se dice que el Gobierno de la nación no tome ninguna
iniciativa en tanto en cuanto se reciben las transferencias por otras
comunidades. Por todo ello, señor presidente, y como decía al
principio, negamos la mayor de lo que es el título de la proposición
no de ley, porque los argumentos que motivan la iniciativa
parlamentaria no son verdaderos. Son una burda manipulación de lo que
es la realidad en nuestro país, sobre lo que es la vida política,
sanitaria y social de nuestro país. Establecen ustedes dos premisas
que enlazan los argumentos primarios y lo que es la proposición no de
ley. Hablan del presupuesto del gasto farmacéutico y de la
desregulación creada por las fundaciones. Todos creemos que cuanto
menor sea el crecimiento del gasto farmacéutico, mejor para todos,
pero la realidad es que en estos años de Gobierno del Partido
Popular, la media de dicho crecimiento no llega al 7 por ciento. En
los primeros años de la década de los noventa estaba en torno al 12
por ciento. Ya se lo he dicho en otros debates, yo sería prudente al
atacar al Gobierno sobre la cuestión del presupuesto sanitario y del
gasto farmacéutico en particular.
Se habla de desregulación y de protestas por parte de los ciudadanos.
Ha salido a relucir que si la respuesta de los ciudadanos, que si las
elecciones municipales... Un diputado de Valencia me decía que les
tenía que poner el ejemplo de Alzira en las elecciones municipales
y otro de Madrid me dice que tengo que poner el ejemplo de Alcorcón. Yo
no entraría en ese terreno porque creo que tienen las de perder.
Cuando los ciudadanos ven que la sanidad funciona, que la gestión es
eficiente, que se da un buen servicio sanitario, parece que la
respuesta es mayoritaria a favor del Partido Popular. Esos son
algunos de los aspectos que ustedes han establecido en la
argumentación para fundamentar la proposición no de ley.
Señor presidente, brevemente voy a hacer un análisis de los distintos
puntos de la proposición no de ley que han presentado los grupos de
la oposición.
En el primer punto da la sensación de que se pretende que el Gobierno
haga dejación de sus funciones y de sus obligaciones en política
sanitaria y en gestión de los servicios sanitarios. Plantean que se
abstenga de abordar ninguna transformación de los servicios
sanitarios, en tanto vienen las transferencias, en un futuro más o
menos inmediato. El Gobierno y el Partido Popular han apostado
claramente por mejorar y modernizar el sistema sanitario. Esa es la
política que ha mantenido en estos tres años de Gobierno, esta es la
política sanitaria que estamos viendo a lo largo de los tres años de
legislatura con resultados, me da la sensación, muy evidentes en lo
que es la asistencia sanitaria para los ciudadanos. Donde se ha
creado de forma artificial el conflicto sanitario parece ser que la
respuesta ha sido favorable al Gobierno y al Partido Popular.
El segundo apartado que plantean es la reforma del acuerdo de
financiación. Uno se pregunta ¿por qué quieren reformar el acuerdo de
financiación de 1997 para el cuatrienio 1998-2001? ¿Porque ha
supuesto un incremento de 700.000 millones en la financiación
sanitaria en los años 1998 y 1999? ¿Porque fue aprobado por el
Gobierno y las comunidades autónomas que
tenían transferida la gestión en sanidad? ¿Porque se ha pasado de
83.000 a 109.600 pesetas en el gasto habitante/ año desde 1996 a
1999? ¿Porque se han incrementado de forma importante las inversiones
del Insalud, que han crecido hasta un 65 por ciento en estos dos años
en que está en vigor este acuerdo de financiación? En el cuatrienio
1998-2001, para aquel que quiera conocer los datos, se prevé un gasto
de un cuarto de billón en inversiones para la construcción de
hospitales y centros de salud. ¿Era más progresista y se defendía más
la sanidad pública cuando las inversiones en el Insalud crecían
anualmente al 0,7 por ciento? ¿Preferían ustedes eso o prefieren lo
que pasa ahora?
En el tercer punto se pretende un marco reglamentario común,
indistintamente de las formas de gestión. Eso es inviable. Si hay
formas de gestión distintas no pueden tener el mismo marco
reglamentario, pero lo que sí que les aseguramos y lo que es la
realidad es que el sistema es público, el sistema es universal, el
sistema tiene un buen nivel de equidad y asegura la calidad
asistencial a los ciudadanos. Eso se asegura con las nuevas formas de
gestión y a mí me sorprende que después de haber aprobado casi por
unanimidad en este Parlamento lo que fue la Ley 15/1997,
sistemáticamente ahora se esté atacando cualquier aspecto...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Villalón, vaya
concluyendo, por favor.
El señor VILLALÓN RICO: Ya termino, señor presidente.
Por otra parte, el punto cuarto no es admisible cuando dicen: Se
comprometa a no enajenar ni ceder por ningún título. Eso es inviable,
sería una perogrullada, y me llama la atención que diputados y
diputadas con experiencia parlamentaria y con conocimiento de lo que
es la política sanitaria suscriban ese punto cuarto. Es igual que si
ustedes mandatan al Gobierno que tiene que asistir a los ciudadanos
desde el punto de vista sanitario; pues claro, lógicamente. Lo que
ustedes formulan no se puede realizar. No hablen ustedes de
cuestiones que son irreales, que están fuera de contexto y sin
justificación alguna.
Dentro del quinto punto de la proposición no de ley hablan ustedes de
lo que denominan el modelo Alzira. El modelo Alzira hubiera existido
sin la Ley 15/1997 y sin el Decreto-ley del año 1996. El proyecto
Alzira se fundamenta en la Ley de contratos de las administraciones
públicas y en la Ley General de Sanidad, que en ningún momento
establece que no se pueda introducir la concesión administrativa para
dar una prestación sanitaria. Es decir, el modelo Alzira, el sistema
de este hospital en Valencia, está basado en la legislación aprobada
durante los gobiernos socialistas. Cuando hablamos de autonomía no
estamos hablando de autonomía en la gestión sino de la capacidad de
autonomía que tienen aquellas comunidades autónomas que tienen
transferida la gestión sanitaria. Ustedes quieren hacer un totum
revolutum sin atender a lo que son las características
de cualquier tipo de gestión en las diferentescomunidades.
Yo creo que alguien sabrá que en Andalucía hay fundaciones, que en
Cataluña hay consorcios, que hay fundaciones en Galicia, es decir,
que estas comunidades autónomas que tienen transferida la gestión han
abierto vías para mejorar la gestión desde el punto de vista
sanitario.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Villalón, concluya por
favor.
El señor VILLALÓN RICO: Termino ya, señor presidente.
Nosotros, como he dicho desde el principio, lógicamente vamos a votar
en contra de esta proposición no de ley porque no es verdad la
filosofía que la inspira. Son falsos los argumentos que desarrolla,
tergiversa la realidad sanitaria en nuestro país y su aprobación
provocaría un importante retroceso en los avances sanitarios
conseguidos a lo largo de esta legislatura. Es una iniciativa
parlamentaria que no atiende al interés general de los ciudadanos
sino a un interés partidista, para menoscabar el prestigio de las
instituciones sanitarias, con el fin de ir contra el Gobierno. Por
todo eso, señor presidente, vamos a votar en contra de esta
proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Villalón.
Vamos a pasar a la votación de las dos proposiciones no de ley
debatidas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a las proposiciones
no de ley debatidas. En primer lugar, proposición del Grupo
Parlamentario Popular para realizar una campaña de divulgación
científica con objeto de informar a los ciudadanos sobre productos
transgénicos. Al no haberse aceptado enmiendas, en sus propios
términos se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 160; en contra, 136; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley del Grupo Socialista, Federal de Izquierda
Unida y Mixto, relativa a la necesidad de parar el proceso de
privatización de la sanidad desarrollado por el Gobierno. Tampoco ha
habido enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 139; en contra, 159.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA INCREMENTAR
LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURAS Y SUPERAR LAS GRAVES
CARENCIAS QUE EN POLÍTICA DE TRANSPORTES, VIVIENDA Y
TELECOMUNICACIONES ARROJA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
(Número de expediente 173/000150.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas en el Pleno
anterior.
Quiero insistir, ya que ayudan a la Presidencia en la observancia del
silencio adecuado, en que la votación de las tres mociones -puesto
que una ha decaído- se efectuará al final del debate de las tres y
que se comienza por la del Grupo Socialista, porque la del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) se tramitará la última de las tres.
La del Grupo Parlamentario Socialista corresponde a las medidas para
incrementar la inversión pública en infraestructuras y superar las
graves carencias que en política de transportes, vivienda y
telecomunicaciones arroja la gestión de los servicios públicos,
moción que será presentada y defendida por don Jesús Caldera Sánchez-
Capitán. (Rumores.)
Señorías, por favor, hemos de continuar la sesión. (Continúan los
rumores.) Señor Belloch, que no para. Señor Martínez-Pujalte.
Adelante, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, lamento que no esté presente el señor ministro de Fomento
porque esta moción trata de evaluar el resultado de su gestión. Como
decíamos en la interpelación, cuando se escriba la historia política
de este período se dirá que el señor Arias-Salgado y su Gobierno, con
un ciclo económico positivo, provocaron un importante descenso en la
inversión pública en materia de infraestructuras que ha perjudicado
seriamente, señorías, nuestros equilibrios regionales y nuestro nivel
de competitividad, situación que confirman todos los informes de que
hoy podemos disponer y que, a pesar de todo ello, el ministro
pertinazmente niega. Claro que todo es posible en un señor ministro
que niega que en los aeropuertos españoles haya problemas y afirma,
por ejemplo, que pagar peaje en las autopistas constituye un factor
de progreso. Pero acudamos a un testimonio independiente, un diario,
Expansión, que hace tres días publicaba la curva de las inversiones
en porcentaje de PIB destinadas a infraestructuras, y podrán ver SS.
SS. cómo desde el año 1997 a 1999 la caída es espectacular y que ni
siquiera en el año 2000, con una importante previsión de incremento,
se recuperan las inversiones del trienio anterior.
Señorías, se dirá también que dicho ministro fue incapaz de
comprender que el territorio debe considerarse un bien público, un
espacio que debe ser políticamente organizado ante el riesgo de
infarto urbano que soportan nuestros territorios por la acumulación
de actividad y de población en torno a algunos ejes naturales, la
desertificación del resto, los problemas de congestión de la ciudad,
la escasez de suelo urbano y los problemas ambientales que provocan
los modos de transporte. Frente a ellos, señorías, sólo la acción
pública garantiza un orden adecuado a través de la planificación,
y este Gobierno, y el señor Arias al frente, ha trasladado esa función
pública a la iniciativa privada, que decide en buena parte las
infraestructuras que precisa el país. En lugar de poner remedio a ese
riesgo de infarto urbano, el señor ministro lo fomenta, lo acentúa;
sólo hay que ver lo que ha ocurrido en los pasillos de los
aeropuertos españoles en los últimos meses.
También, que, en consecuencia con lo anterior, la accesibilidad al
territorio, garantizada hasta ahora por una política de
infraestructuras de carácter público y con criterios de solidaridad,
quedará a merced de criterios de rentabilidad y de mercado, de
acuerdo con los intereses de la iniciativa privada, como si el
Gobierno considerase que la red básica de infraestructuras del país
ya está finalizada y que quien desee más infraestructuras debe
pagarlas, debe procurarse la financiaciónde las mismas a través de
los peajes. Puedo poner ejemplos acerca de ello: los planes de
autopistas de peaje, por cierto, con importantísimas ayudas públicas;
o, miren ustedes, la privatización del sistema de conservación de
carreteras, plan de Fomento para ceder al sector privado la
conservación de las autovías. A ese extremo estamos llegando.
Y se dirá que en el conjunto de políticas del Ministerio de Fomento
se han producido serios fracasos. Que en suelo y vivienda, el precio
de la vivienda en el año 1998 subió un 7,5 por ciento; que en 1999 se
prevén subidas entre el 10 y el 15 por ciento, es decir, varias veces
la inflación prevista, y que desde el año 1991 es la primera vez que
el precio de la vivienda sube por encima del IPC. Pero lo peor de
todo es cómo lo explica el Gobierno. En su permanente afán por buscar
culpables ajenos, dirigentes del Partido Popular y del Ministerio no
se recatan en acusar a los ayuntamientos de ser los responsables de
la especulación que encarece el suelo, cuando han sido este Gobierno
y sus responsables quienes al modificar la Ley del Suelo han reducido
en un 5 por ciento -del 15 al 10 por ciento- el patrimonio municipal
de suelo, eliminando en ese porcentaje las cesiones obligatorias de
suelo de los promotores. En todo caso, los ayuntamientos sólo pueden
especular un 33 por ciento menos que antes gracias al Gobierno.
O en materia de telecomunicaciones, donde tenemos los precios más
caros. España es el país con la inflación más alta en
telecomunicaciones de la Unión Europea: el 5,5 frente a menos 3,2 de
media, es decir, ocho puntos de diferencia en el año 1998. Un
Gobierno que
modifica las normas para beneficiar al presidente de la Compañía
Telefónica, el señor Villalonga. Un Gobierno que consiente que la
cuenta de resultados de una empresa antes mayoritariamente pública,
Telefónica, se fomente sobre la base de la estructuración y reducción
de plantilla. Ahora nos enteramos, señorías, de que se quiere enviar
a la prejubilación a un porcentaje numeroso, muy importante, de
trabajadores de 42 años en adelante. Ese es el resultado de la
maravillosa gestión del presidente de la Compañía Telefónica. Y se
dirá que se produce un progresivo recorte del contenido del servicio
universal en materia de comunicaciones; que cada vez disponemos de
una menor garantía de un servicio igual, por ejemplo, en las zonas
rurales. Se dirá que este Gobierno es el responsable del tremendo
deterioro de los servicios públicos. Por ejemplo, señorías, en
Correos, en tres años, tenemos 300 oficinas rurales menos; 300.000
ciudadanos a quienes no les llega el reparto de correo a sus
domicilios; que Correos ha perdido una cuota de mercado de 100
millones de envíos urbanos en 1998 y que en el año 1997 firmó un
acuerdo con Argentaria para prestar servicios bancarios a través de
la red de oficinas postales durante 10 años con unos ingresos
previstos para Correos de 60.000 millones. Un año después se anuló el
contrato y se sustituyó por un nuevo acuerdo con el Deutsche Bank a
10 años también, pero, fíjense ustedes, con unos beneficios para
Correos sólo de 11.000 millones. Alguien tendrá que explicarnos la
diferencia entre los 60.000 y los 11.000 millones y eso le
corresponde hacerlo a este Gobierno.
O que la red de cercanías, tan querida y necesaria para un discurrir
ordenado de la movilidad en las grandes conurbaciones, en las grandes
concentraciones de población, está en peligro. Aquí tengo un informe
de la propia Renfe que dice textualmente que Madrid se colapsará en
el año 2004 si no se amplía la red de cercanías. Repito, señorías,
hay un informe de Renfe que dice que Madrid se colapsará en el 2004
si no se amplía la red de cercanías. Hace tres años advertimos en
esta Cámara al Gobierno de los riesgos de colapso en el tráfico aéreo
-el señor Segura lo hizo en varias ocasiones- y el Gobierno no hizo
caso de los requerimientos del Grupo Socialista; pues bien, ahora le
hacemos la misma advertencia. Señorías, en los presupuestos no hay
dinero para mejorar la red de cercanías, no hay dinero para invertir
en el ferrocarril; en los presupuestos, señorías, solamente hay
promesas, promesas y promesas sin el respaldo presupuestario que
dichas promesas necesitan, es decir, no hay ni un solo duro, sino
mucho ofrecimiento, mucho estudio y mucha provisión futura de
infraestructuras que no se concreta después con la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
Por tanto, nos preguntamos si es que es eso lo que se persigue, el
deterioro de los servicios públicos, un deterioro total del servicio
para, por ejemplo, fomentar en Madrid el uso de las futuras
autopistas radiales de peaje que acaban de ser sacadas a concurso, la
II, la III, la IV y la V, que curiosamente coinciden con las
zonas de mayor demanda de servicios que cercanías no garantiza,
señorías, además de coincidir también todas ellas, para mayor inri e
injusticia social, con zonas económicas de perfil medio-bajo frente a
las zonas económicas de perfil elevado, donde no se instalan
autopistas de peaje como la N-VI y la N-I. Ahí se transita de modo
gratuito, pero con respecto a la II, la III, la IV y la V, de acceso
a Madrid, si los ciudadanos quieren utilizarlas tendrán que abonar un
peaje a las concesionarias a las que el Gobierno va a conceder estas
nuevas infraestructuras. Mientras tanto, la red de cercanías
languidece, no se renueva, lo que sin duda provocará el colapso de la
ciudad de Madrid.
Señorías, la primera parte de nuestra moción propone la creación de
una comisión de investigación sobre el problema del tráfico aéreo y
los aeropuertos en España, y me dirijo a los parlamentarios de
Convergència i Unió, porque cuando en julio se recrudezcan los
problemas del tráfico aéreo y en el aeropuerto de El Prat, al igual
que en Barajas y en el resto de los aeropuertos españoles, suframos
las consecuencias de la falta de previsión y las consecuencias de la
incompetencia de este ministro, ustedes serán en parte los
responsables de ello, ya que ustedes, según me han indicado, no van a
favorecer la creación de un comisión de investigación ni la
reprobación del ministro. Ustedes saben que el problema del tráfico
aéreo no está ni mucho menos resuelto, sino que se va a agravar y,
como presumía aquí el señor ministro, si es verdad, como dijo en la
interpelación, que este Gobierno ha multiplicado por tres las
inversiones en infraestructuras aeroportuarias durante la gestión de
su mandato, sólo por ese despilfarro, sólo por esa actitud manirrota
en la administración de los recursos propios la gestión del señor
ministro de Fomento merecía ser rechazada. Tenemos pocas esperanzas
de que ello ocurra, pero en todo caso, señorías, creemos que la
creación de esta comisión de investigación es muy necesaria.
El ministro Arias-Salgado mintió de nuevo en esta Cámara hace 15
días. La mayoría de los municipios de esta comunidad ponen serios
problemas sobre el futuro aeroportuario de Madrid, y el señor
ministro me dijo textualmente que la mayoría de los municipios de
Madrid no se oponían a la ampliación de Barajas. Eso me dijo en el
debate de la interpelación, cuando le exhibí una carta de la inmensa
mayoría de municipios de Madrid que se oponen a los planes del actual
Ministerio de Fomento. Y fíjense ustedes por dónde, en carta enviada
a los mismos responsables de la Federación de municipios madrileña
por el señor Vilalta se dice lo siguiente: En su carta anterior
plantean la posibilidad de llevar a cabo la construcción de un nuevo
aeropuerto y desestiman la ampliación de Barajas. ¿Dónde están los
planes del futuro aeropuerto de Madrid? Queremos discutir éstos y
otros asuntos y queremos saber si efectivamente la red aeroportuaria
se concibe como un elemento indispensable para la prestación de un
servicio público y la garantía de un derecho a las comunicaciones de
los usuarios españoles...
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, debe ir concluyendo.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo señor presidente.
O se concibe sólo como una unidad de negocio, susceptible de
rendimientos económicos para aquellos que opten a la misma en el
proceso de privatización, que el señor ministro, para vergüenza de
esta Cámara, explica fuera de la misma, compromete fuera de estos
muros y no es capaz de acudir aquí, a la sede de la soberanía
popular, a decirnos a sus representantes qué va a ser del futuro de
una red básica para las comunicaciones como son los aeropuertos
españoles.
Queremos estudiar el programa europeo de armonización e integración
del control del tráfico aéreo porque la necesaria armonización de los
sistemas europeos es absolutamente esencial para alcanzar un sistema
único en Europa; queremos, señorías, evaluar el funcionamiento
y repercusión en España de la gestión del flujo aéreo; queremos hablar
de seguridad en el tráfico aéreo, alerta rápida, sistemas
anticolisión; de la situación de las negociaciones para mejorar al
máximo los acuerdos entre controles contiguos, previo estudio
estadístico de los cuellos de botella existentes en el espacio aéreo
español; queremos estudiar las posibilidades de maximizar el espacio
inferior español, como hacen otros países en Europa, para que no
tengamos que depender de Eurocontrol para la regulación del flujo de
un porcentaje importantísimo de vuelos domésticos, porque ese tipo de
permisos y autorizaciones está provocando el colapso del tráfico
aéreo o del espacio aéreo español; queremos, señorías, conocer -y
ustedes lo tienen en la moción- y ayudar al Gobierno y, por supuesto,
a los ciudadanos y usuarios españoles, a resolver estos gravísimos
problemas que tiene planteado el tráfico aéreo en España:
controladores, la reestructuración de AENA, el impacto de la
privatización de Iberia en las políticas de liberalización de tráfico
aéreo. Pero todo ello es imposible con este Gobierno, estoy
convencido de ello. Señorías, apelo a su responsabilidad, apelo al
interés de los ciudadanos españoles, apelo al interés de sus
votantes, apelo a su conciencia y a la visualización del resultado de
una negativa gestión para que apoyen esta moción y en especial el
último punto de la misma, donde, en atención a lo establecido en el
artículo 100 de la Constitución, recomendamos al presidente del
Gobierno que haga uso de esas facultades y cese al ministro de
Fomento, don Rafael Arias-Salgado, por constituir una verdadera plaga
para los intereses públicos de este país.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.
Al no haberse presentado enmiendas, ¿qué grupos desean fijar su
posición, además del señor Ortiz, en nombre del Grupo Popular?
(Pausa.)
Señor Sedó, en nombre del Grupo de Convergència i Unió.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Cuando en el mes de julio los componentes del Grupo Catalán de
Convergència i Unió suframos las consecuencias de retrasos aéreos en
el aeropuerto de El Prat o en otros aeropuertos tendremos que hacer
uso de nuestra memoria próxima, inmediata, de tres años para acá, en
los que también hay cosas que decir y con las cuales no estamos de
acuerdo, pero también tendremos que hacer uso de nuestra memoria no
tan próxima cuando se ha terminado la pata sur de acceso al
aeropuerto de El Prat hace pocos meses, siendo un compromiso para
terminar en el año 1992. Por tanto, dejemos eso de las memorias y
consecuencias, vayamos a arreglar cosas, que es lo que no se logra en
esta Cámara. Todo ello ha llevado a que nuestro grupo no considerase
totalmente la intención que tenían muchos grupos de solicitar la
creación de una comisión de investigación hace unos días. Nosotros
queríamos una comisión de investigación para saber qué es lo que pasa
en todo el tema aeroportuario. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho
tiempo, pero no queríamos en modo alguno entrar a buscar
responsabilidades de personas. No nos interesaba saber si antes había
un ministro, si había un secretario general, si ahora hay otro
ministro o dos ministros que tienen competencia en ello. Nosotros
queríamos resolver los problemas del sistema aeroportuario. Con todo
lo que se está pidiendo actualmente, nada va a resolverse. Si se
cambia un ministro, ¿en 15 días va a funcionar todo el tema
aeroportuario? Señorías, seamos serios.
Hace dos meses hubo una interpelación del Grupo Socialista sobre la
situación de tráfico aéreo y de los aeropuertos de España. El
diputado señor Segura, de dicho grupo, nos ofreció una interesante
intervención, asumible técnica y humanamente por muchos de nosotros
en bastantes de sus argumentos; el día 20 de abril, hace menos de dos
meses, la moción correspondiente a un magnífico debate, como decía,
en la interpelación, pero con una finalidad: reprobación de la
gestión del ministro de Fomento. Nosotros lo hemos dicho siempre: no
apoyamos reprobaciones ni anteayer ni ayer ni hoy y espero que mañana
tampoco, sea quien sea el ministro. Decíamos en aquel momento que
solicitar la reprobación de un ministro era una perversión del texto
constitucional. Hoy viene una solicitud ajustada al texto
constitucional, hoy se presenta de otra forma. Ya he dicho que
nuestro grupo discrepa del Ministerio de Fomento en muchos aspectos
de su gestión, pero, señorías, las cosas deben resolverse con
diálogo, debatiendo y no pidiendo ceses de personas, hay otras
maneras.
El 26 de mayo, un mes después de la primera moción, viene otra
interpelación del Grupo Socialista, que curiosamente dice en su
título: Medidas para incrementar la inversión pública en
infraestructuras y superar
las graves carencias que en política de transportes, vivienda y
telecomunicaciones arroja la gestión de servicios públicos. Se nos
habla en esta interpelación - «Diario de Sesiones» del día 26 de
mayo, número 243, página 12947- de reducción de inversión pública, de
disparidades territoriales, de situación del tráfico aéreo
y aeropuertos, pero se nos habla de carreteras, de conservación de
carreteras, de autopistas de peaje, de la autopista Santiago-Alto de
Santo Domingo, de ferrocarriles, del Madrid-Barcelona por la vía de
alta velocidad, del Madrid-Valencia.
También se habla del Guadarrama, con su túnel de 60 kilómetros; se
habla del contrato programa de Renfe; se habla de la Ley de Puertos y
de lo mala que es, según el interpelante; se habla de salvamento
marítimo; se habla de política de suelo y vivienda; se habla de
telecomunicaciones, de Internet, de televisiones privadas; se habla
de las Hoces del Cabriel en la A-3, de bajas en las subastas de las
obras y, final y lamentablemente, de comportamientos personales del
ministro, reincidiendo en esto, de una manera deplorable, en la
segunda intervención.
De todo lo que se habla, menos el 15 por ciento es del tema
aeroportuario. En la moción, de prácticamente 100 líneas, menos de 10
de ellas se refieren al 85 por ciento de lo que se había hablado en
la interpelación. Todo lo que se había hablado en la interpelación
prácticamente no sale en la moción. La moción, que tiene dos
epígrafes, está redactada -se ve claramente- por el señor Segura; lo
demuestra la calidad de lo que se expresa en los 14 puntos del primer
epígrafe, cuando se pide una comisión de investigación con, repito,
14 puntos definitorios del objeto. El trabajo es tan profundo y el
contenido tan interesante que se ve quién lo ha redactado, el señor
Segura.
Sin embargo, se olvidan de una cosa. Se pide una comisión de
investigación sobre toda la temática aeroportuaria y se olvidan de
todo lo que hace referencia a Iberia, de los retrasos, de las
cancelaciones, del Sepla, de las huelgas de pilotos. Todo esto aquí
no está referido. ¿Y por qué no esta referido? No lo está porque esta
competencia no está dentro de la órbita del ministro de Fomento, y no
interesa introducirlo ya que hay que llegar al segundo epígrafe, que
es lo que pretende la moción. Y el segundo epígrafe consiste en
recomendar al presidente del Gobierno que, haciendo uso de las
facultades que le atribuye la Constitución, y de ese modo ya no se
puede hablar de perversión del texto constitucional, cese al ministro
de Fomento.
La moción de hoy no pretende arreglar nada de nada, incluso se
redacta sólo desde el punto de vista de la situación aérea. Nada se
dice de las inversiones, todo es incoherente. Es la incoherencia
total porque, además, en la presentación de la moción sí se nos ha
hablado de carreteras, de autopistas, de puertos, de salvamento, de
cercanías, y de todo lo que después no se ha reflejado en la moción.
¿Qué vamos a votar? ¿Algo que nada tiene que ver con lo que se nos
explica? Nosotros no vamos a apoyarla,
lo tenemos muy claro. No sabemos a qué se está jugando -o sí
lo sabemos-, pero si es al acoso y derribo no cuenten con nosotros.
Antes decía que en un principio habíamos tenido la idea de proponer
una comisión de investigación para ir positivamente a resolver la
problemática. Teníamos mayoría alternativa, pero lo que no nos
interesaba era ir a buscar personas. La experiencia que tenemos
últimamente es que parece ser que detrás de la investigación hay una
persona. No, nosotros queríamos saber todos los engranajes, resolver
las pequeñas fisuras que hay y poder hacer un informe real de lo que
pasa en los aeropuertos, en AENA, en el Ministerio de Fomento, en el
Ministerio de Industria, en las relaciones que ha habido entre Iberia
y los pilotos y en eso que en 10 días tenía que resolverse y no se
resolvía.
Como decía antes, no estamos totalmente de acuerdo con la gestión del
Ministerio de Fomento, tenemos discrepancias, pero de ello a ser
objeto de operaciones de acoso va mucho y nosotros no entramos, como
ya he dicho, ni en el primer epígrafe, que pide una comisión de
investigación para algo que no es lo que nosotros queremos, y mucho
menos pedimos el cese del ministro, que ya hemos dicho muchas veces
que no lo vamos a apoyar. Ustedes creen que si apoyamos el cese del
ministro dentro de 15 días todos los aviones van a volar
perfectamente, y todas SS.SS. saben que eso no es posible.
Por tanto, nosotros seguimos siendo coherentes con nuestra posición.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo va a apoyar la moción del Grupo Socialista,
como también habría apoyado la moción que en principio había
anunciado el Grupo de Convergència i Unió y que continuamos
esperando. He escuchado atentamente su intervención y me parece que
es difícil soplar por una paja y sorber al mismo tiempo, es difícil
decir que funciona muy mal el sistema aeroportuario y luego no pedir
responsabilidades a nadie.
Empezando por el final, el propio ministro de Fomento ha intentado en
diversas ocasiones arreglar la desastrosa situación del sistema
aeroportuario cambiando personas. Hemos asistido a cambios
importantes en la cúpula de AENA o en la cúpula de las autoridades
aeroportuarias, con escasos resultados hasta el momento. Por tanto,
en nuestra opinión, es conveniente que, una vez agotadas por el
ministro las posibilidades de recambio, se reflexione sobre el
recambio de uno mismo, bien por presentación de la dimisión bien
porqueeste Parlamento se la exija.
Creo que la opinión pública es consciente del desastre aeroportuario
y creo que también lo son los diputados de Convergència i Unió y de
Coalición Canaria que lo sufren más que nadie, puesto que son los
usuarios más habituales de los aeropuertos y en privado no tienen
ningún reparo en reconocer que es un desastre. Por ejemplo, estoy
acostumbrado a escuchar a diputados de Canarias que se quejan de
llegar a su casa a las 3 de la mañana. Creo que es legítimo que cada
uno administre los apoyos parlamentarios como quiera, lo que pasa es
que es muy difícil negar la evidencia; al menos, habría que buscar
fórmulas de desmarcarse y ser críticos cuando algo no funciona bien.
Es legítimo que cada uno se refugie en lo que quiera, en función de
intercambios políticos, pero es difícil esconderse ante la opinión
pública después de haber anunciado que se iba a presentar la petición
de una comisión de investigación. Creemos razonable esa comisión pues
hay que ir a la raíz de los problemas.
Entendemos que la solución parcial que se ha dado en este momento al
problema de Iberia es simplemente acceder al chantaje de los pilotos.
Parece que los pilotos hubieran sido los únicos que se han
sacrificado en Iberia, cuando en los tiempos duros toda la plantilla
de Iberia sufrió un ajuste durísimo en sus salarios; precisamente los
pilotos, por ser los de salarios más altos, fueron los que menores
ajustes sufrieron. Estamos asistiendo a un pulso por el control
posterior de la gestión de Iberia por un colectivo privilegiado
económicamente que, además, por su estructura, es insolidario con el
resto de la plantilla de Iberia y es insolidario con la sociedad
española puesto que bloquea la posibilidad de acceder a la profesión
de piloto y no la socializa. Creo que una de las consecuencias que
tendríamos que sacar todos es intentar socializar la profesión, que
sea posible aumentar el número de pilotos y que no cueste, como
ahora, más de 3 millones de pesetas conseguir el acceso a los
estudios de la carrera de piloto. Eso es aplicable también a AENA,
donde observamos que el colectivo de los controladores aéreos tiene
el poder suficiente para controlar el acceso a la profesión,
establecer numerus clausus y dedicar una parte de los controladores
aéreos, que tenían que estar en activo, a dar las clases a los
futuros controladores y crear también un sistema cerrado, que vamos a
tardar muchos años en abrir y socializar la profesión; o se cambia
esto o continuaremos asistiendo a chantajes permanentes en los
próximos años. Creemos que hay soluciones, que es uno de los temas
que se deben estudiar. Hay un colectivo de 500 controladores aéreos
militares, de los cuales 250 no están haciendo funciones como tales
en este momento. Nuestro grupo propuso que, a corto plazo, el
colectivo podría resolver parcialmente el problema mientras se amplía
el número de plazas. Para aquellos que tienen temores, quiero decir
que en Valencia, hasta hace muy poco tiempo, han estado haciendo las
labores de control aéreo del aeropuerto de Valencia. Ahora mismo,
tienen que sustituir a 15 controladores en el aeropuerto de Valencia
y no son
capaces de resolver el cuello de botella porque no hay controladores
civiles suficientes y hay posibilidades de resolver a corto plazo ese
agujero.
En cuanto al resto de temas, coincido con el análisis. Cuando me
quedo en Madrid, vivo en Fuenlabrada, por lo que conozco Getafe,
Leganés y Fuenlabrada, y es paradójico que las autopistas de peaje en
el cinturón de Madrid vayan a dirigirse a las ciudades-dormitorio. Es
absurdo y se golpea, una vez más, a aquellos que más dificultades
tienen. Si alguno hace el camino de la carretera de Toledo por las
mañanas sabrá de qué estamos hablando. Por ejemplo, el tren de
cercanías, que termina en Fuenlabrada, podría alargarse hasta
Illescas. Seguimos sin conocer los planes directores de carreteras
del Partido Popular, seguimos sin conocer -y mañana lo debatiremos-
los planes de ferrocarriles del Partido Popular...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Termino, señor presidente.
Por último, conocemos -sobre todo ahora, en campaña- anuncios de
grandes autovías o autopistas, incluso en sitios pintorescos como
entre Arriondas y Cangas de Onís; sin embargo, para ir a Asturias, de
Onzonilla a Benavente -es decir, entre Madrid y León-, seguimos con
60 kilómetros de carretera de doble carril y con un cuello de botella
importante. Por lo tanto, sí apoyaremos esta moción.
Nada más y muchas gracias. (El señor Sedó i Marsal pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso.
Supongo que el señor Sedó me pedía la palabra por alusiones. Muy
brevemente, por favor.
El señor SEDÓ I MARSAL: En mi exposición he justificado por qué no
hemos avanzado en la propuesta de creación de la comisión que
habíamos pedido. Veíamos que lo que pretendíamos no podía lograrse,
ya que se intentaba abordar cuestiones personales y nosotros
queríamos hechos.
Por último, quiero decir que lamento que se esté esperando nuestra
solicitud de creación de esta comisión cuando, en realidad, yo
también estoy esperando y me hubiese gustado muchísimo saber, en el
día de hoy, en la Comisión de Infraestructuras, cómo podíamos avanzar
en la creación de una subcomisión cuya solicitud se presentaba a
través de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, y no hemos podido conocer ni su defensa (en todo
caso el Grupo proponente podrá saber lo que pensábamos los demás)
porque la proposición no de ley ha decaído al no presentarse el grupo
a defenderla.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Tiene ahora la palabra el señor Ortiz, don Luis, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Supongo que no parecerá una obviedad demasiado grande si empiezo mi
intervención manifestando que nuestro voto va a ser contrario a la
creación de la comisión de investigación en relación, como moción
subsiguiente, a la interpelación que sustanciamos en esta Cámara el
pasado 26 de mayo. En aquella ocasión (y no quiero entrar, a
diferencia del señor Caldera, en una reproducción del debate de la
interpelación) se enfrentaron, por un lado, el rigor y la seriedad en
los datos y en los hechos que exponía el ministro y, por otro, los
planteamientos y expresiones catastrofistas, con apelación al
argumento ad hominem permanentemente y a la descalificación típica
del señor Caldera. Por un lado, la precisión y los datos del
ministro, que fue contundente (me remito al «Diario de Sesiones» para
no repetirlos ahora y para no encararme con una serie de
reiteraciones que fueron debidamente replicadas por el ministro de
Fomento), y, por otro, el electoralismo entonces -y me temo que
también ahora-, barato, trasnochado e inútil, y me temo que algo más,
señor Caldera (y perdone que yo también utilice el argumento ad
hominem): la búsqueda de méritos en el seno de su propio grupo, la
búsqueda de los méritos de la descalificación, de la exageración y de
la falta de objetividad a que nos tiene acostumbrados. Al escucharle
entonces -y hoy también-, uno no puede menos que recordar las
palabras, lúcidas, de un gran pensador y analista político francés,
Jean FranÁois Revel, cuando en la primera página de su último libro,
titulado El conocimiento inútil, dice que la primera de todas las
fuerzas que dirigen el mundo es la mentira. Porque toda su
argumentación, señor Caldera, del pasado 26 de mayo y de hoy, se
apoya en la falsedad de cifras no contrastadas, frente a los datos y
hechos contundentes como los que dio el ministro el último día -que,
insisto, no voy a repetir-, en las cinco grandes áreas del Ministerio
de Fomento, en las 14 líneas de actuación política del departamento y
en cuatro grandes logros que son expresión de la gestión del Gobierno
del Partido Popular en estos últimos tres años: la autovía desde
Valencia, las autovías gallegas, el AVE Madrid-Barcelona y la
ampliación de Barajas y El Prat, insisto, como expresiones de la
gestión de un Gobierno en los últimos tres años en contraste con los
años inmediatamente anteriores. Sólo desde la falta de verdad en el
dato o el afán obsesivo de descalificación se puede afirmar que no se
han hecho esfuerzos para aumentar el capital físico de nuestro país o
que no se ha tenido en cuenta el equilibrio territorial o que se ha
ido en contra de la competitividad o que no se ha prestado la
atención debida en los servicios públicos a los consumidores
y usuarios.
Es más, señor portavoz del Grupo Socialista, la moción vuelve a lo
que el ministro en su réplica con
lucidez y precisión calificó de bajeza moral al mezclar, y sin ser
llamado a la cuestión por la Presidencia en aquel momento, la gestión
del Gobierno y su crítica, perfectamente legítima siempre y en todo
momento, con los temas personales del ministro de Fomento, señor
Arias-Salgado. Pues bien, nuevamente en el texto de la moción vuelve
a incurrirse en esa mezcla de lo que es crítica de gestión con lo que
es acusación personal, además poniendo en evidencia la condición de
mal perdedor del portavoz socialista y de su grupo, ya que en la
Comisión del Estatuto del Diputado y después en el Pleno de la
Cámara, ese tema quedó sustanciado y definitivamente resuelto, me
refiero al tema de la declaración de actividades y la declaración
patrimonial del señor ministro.
Señorías, no vale la pena entrar en el fondo de los 14 objetivos que
se propone la comisión de investigación que se persigue constituir,
pero, aunque no vale la pena y nuestra posición obviamente es la de
la improcedencia de la constitución de la comisión, permítanme que
haga tres o cuatro reflexiones o consideraciones de carácter general.
La primera, la absoluta falta de congruencia que ha puesto en
evidencia el señor portavoz de Convergència i Unió entre la moción y
la interpelación. Yo diría más, en este momento la falta de
coherencia entre el discurso que se ha pronunciado en esta tribuna
hace unos minutos y la moción misma. Sólo una lectura del artículo
184 enormemente benévola de la Mesa de la Cámara, que mi grupo acata
y respeta, permite la admisión de una moción que no tiene nada que
ver con la interpelación de la que trae causa ni por sus objetivos ni
por sus propósitos. No tienen nada que ver la una con la otra, como
se ha puesto en evidencia.
En segundo lugar, la improcedencia de la comisión de investigación
desde el punto de vista de su necesidad. En la interpretación por los
expertos del Reglamento, la creación de las comisiones de
investigación queda al arbitrio del número de diputados que hace
falta para solicitarla, pero tiene siempre un aire extraordinario
y excepcional y pretende o debe pretender satisfacer informaciones que
no se pueden obtener a través de otro camino, en virtud de otras
iniciativas, a través de los mecanismos normales de información de
esta Cámara. En este punto quiero recordar -y con esto salgo al paso
de la opacidad que se atribuye al señor Arias-Salgado, ministro de
Fomento, en relación con la Cámara- unos pocos datos.
En los últimos tres años, el ministro de Fomento, sobre esta materia
del tráfico aéreo, objeto de la moción, ha contestado en esta Cámara
a 41 preguntas orales en Pleno y se han contestado por escrito por el
Ministerio de Fomento 800 preguntas. En el Senado se ha respondido a
26 preguntas orales en comisión y a 310 preguntas por escrito,
insisto, sobre esta materia. Es decir, si sumamos las preguntas
formuladas en comisión más las interpelación, vemos que el Ministerio
de Fomento y el Gobierno han tenido ocasión de dar información sobre
la materia objeto que nos ocupa 1.212 veces.
Otra reflexión -y me remito a ella- es la que ha hecho el señor Sedó
respecto a que hemos asistido a una moción prácticamente idéntica a
esta subsiguiente a una interpelación sobre el tráfico aéreo en los
días 14 y 20 de abril. Esta interpelación es idéntica a la que nos
proporcionó el señor Segura y me parece que es reiterar iniciativa
sobre iniciativa, ahora se pide una comisión de investigación y la
reprobación y también se sugiere al presidente del Gobierno que
utilice el cauce del artículo 100. En definitiva, estamos en
presencia de eso que los juristas llamamos el non bis in idem.
Sin entrar en el fondo de la cuestión, no es malo recordar algunas
cosas sobre el problema del tráfico aéreo, si es que es el tema
objeto del debate de hoy, que uno ya no lo sabe, el de la moción sí,
el de su discurso no y el de la interpelación tampoco. El problema
del tráfico se plantea en toda Europa; como luego diré, los retrasos
son moneda común en todos los aeropuertos de Europa, la principal
causa es el fuerte incremento del transporte aéreo en el ámbito de la
Unión Europea, fundamentalmente en cuatro países, Alemania, Italia,
Francia y Suiza, que genera una congestión en sus corredores aéreos
que se transmite a los corredores aéreos españoles. En definitiva, y
para resumir, se puede producir la falta de puntualidad en los
aeropuertos pero no está causada por los aeropuertos.
La tercera y última reflexión, que tiene que ver con lo que acabo de
decir, señor Caldera, es que si pide la dimisión o el cese por
decisión del señor presidente del Gobierno del ministro de Fomento de
España, para ser coherente tendría que pedir la de los ministros del
ramo a los jefes de Gobierno de media Europa, en concreto de Italia,
de Grecia, de Alemania, de Noruega, de Irlanda y de Francia, como
evidencian los retrasos que se registran en estos aeropuertos. Me
remito al diario El País del pasado 4 de junio -supongo que la cita
de prensa no es sospechosa-, o a Expansión del mismo día, en el que
se evidencia, con la información suministrada por la Asociación
Europea de Aerolíneas (AEA) -que seguro que les suena al señor
Segura-, que en retrasos, por delante del aeropuerto de Madrid están
el de Milán, el de Ginebra, el de Munich, el de Oslo, el de Roma, el
de Amsterdam y el de París -Charles De Gaulle-. Por delante del
aeropuerto del Prat, que ocupa el lugar 12 en retrasos, además de los
citados, están los de Lisboa, Zurich y Francfort. Acudiendo a
información todavía más reciente, información de hoy, para poner en
evidencia que el retraso es moneda de cambio en el mundo, y a mayor
abundamiento en esta línea, quiero referirme a dos informaciones. Una
se publica en la Vanguardia del día de hoy, y se refiere a los
Estados Unidos. Dice: Sin embargo, coger un avión en Estados Unidos
acostumbra a ser una experiencia miserable y el Congreso y el
Vicepresidente Al Gore han propuesto una bill of rights del pasajero,
es decir, un conjunto de leyes que sirvan para defender los derechos
del usuario y penalicen a las compañías aéreas. Entre las medidas que
se sugieren, está la obligación de las compañías de pagar al pasajero
el doble del precio de su billete si es
obligado a pasar más de dos horas fuera de la puerta de embarque-
desembarque. Sirva esto para poner en evidencia que el retraso
aeroportuario es general en Europa y en los países avanzados, como
los Estados Unidos.
En suma, señorías, y acabo, señor presidente, a juicio de mi grupo no
procede la creación de la comisión de investigación, que lo único que
pretende es ser una plataforma de descalificación, porque sus
objetivos informativos se pueden lograr por todos los medios que ha
venido utilizando la oposición entera a lo largo de los últimos tres
años.
En cuanto a la sugerencia al presidente del Gobierno de que utilice
el cauce del artículo 100 de la Constitución, es una petición que,
por otra parte, está en flagrante contradicción con la gestión del
señor Arias-Salgado al frente del departamento, que puede calificarse
de brillante al menos en 13 de las líneas políticas de actuación,
puede que sea la excepción, por causas ajenas a su voluntad, la línea
de actuación número 14, que es el tráfico aéreo. En definitiva,
reiteramos nuestro apoyo al ministro de Fomento y agregamos que el
presidente del Gobierno utilizará el cauce del artículo 100 de la
Constitución cuando lo crea conveniente, cuando le dé la gana -si les
parece bien la expresión coloquial- y no cuando quiera el señor
Caldera, que parece que tiene una fijación enfermiza.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz. (El señor Caldera Sánchez-
Capitán pide la palabra.)
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, presidente.
Como ha podido observar, he sido aludido persistentemente por el
señor Ortiz, por lo que considero tener derecho a un turno de réplica
de tres minutos, que le solicito.
El señor PRESIDENTE: Ya sabe, señor Caldera, que al ser S.S. el autor
de la moción, el presentador de la moción, es natural que a lo largo
del debate sea contradicho, y resulta muy difícil para la Presidencia
diseccionar entre cuáles han sido los argumentos de contradicción
y cuáles las alusiones personales. Por lo tanto, no puedo darle a S.S.
un turno completo por alusiones de tres minutos, porque me resultaría
muy difícil encontrar ahí la mistificación adecuada. Pero sí ha
habido alusiones personales, por tanto, tiene S.S. minuto y medio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
Quiero aclarar, en primer lugar, al señor Ortiz que la interpelación
la firma el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y, en
consecuencia, la petición la formula el Grupo Parlamentario
Socialista.
En segundo lugar, no es bueno, señor Ortiz, andar con la moviola y
traer un discurso preparado, porque
no he hecho ni una sola alusión personal en este trámite, a lo largo
de todo mi discurso. Solamente me he referido a la gestión del señor
ministro de Fomento, y la he personalizado cuando he afirmado que, en
relación con la ampliación del aeropuerto de Barajas, no se dijo la
verdad en el anterior debate respecto a la opinión de los municipios
de Madrid, y lo he demostrado documentalmente.
En tercer lugar, señor presidente, se me ha acusado personalmente de
querer hacer méritos ante mi grupo parlamentario. No necesito hacerlo
porque ni en mi grupo parlamentario ni fuera tengo ningún problema;
quizá usted no pueda decir lo mismo.
Señor presidente, recomiendo al señor diputado que no quiera asumir
la facultad de dirección de la Cámara ni la interpretación del
Reglamento. Supongo que no tendré que pedir permiso en el futuro para
presentar las iniciativas que mi grupo tenga a bien defender.
En cuanto a los problemas de gestión del señor ministro y de
inversión pública, que ha dicho que contraponía el rigor en los datos
a mis acusaciones sin fundamento alguno, le he demostrado varias
veces que la caída de inversión ha sido notabilísima. Lo dice el
diario Expansión con sus propios datos. Hay una caída del 30 por
ciento en los años 1997, 1998, 1999 y 2000, ni siquiera el año 2000
recupera en pesetas corrientes, que no constantes, ni siquiera con el
descuento de la inflación, la inversión del año 1995. En
consecuencia, un mecanismo de ajuste ha sido utilizar la caída de la
inversión pública, ésta ha tenido efectos negativos y todos los
análisis coinciden en ello. Usted podrá decir lo que quiera.
Por último, qué decir del talante tanto suyo esta tarde en la tribuna
como del señor ministro hoy ausente, cuando, como usted ha vuelto a
exhibir, dijo en la anterior interpelación que el Gobierno popular ha
puesto en marcha cuatro proyectos históricos.
El señor PRESIDENTE: Déjelo ahí, déjelo ahí, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo.
La autovía Madrid-Valencia, señor Ortiz, tiene 350 kilómetros. Cuando
ustedes llegaron al Gobierno, 310 estaban ya abiertos al tráfico.
Quedaban 40, 10 por licitar y 30 en ejecución. Esa es la puesta en
marcha de un proyecto histórico. Por una pequeña parte del mismo, se
apropian del todo, pero es el talante habitual de la derecha
española, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera. (El señor Ortíz González
pide la palabra.)
Señor Ortiz, brevísimamente, por la parte, que sí ha sido clara, de
alusión, exclusivamente por esa parte.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
En el mismo minuto del señor Caldera.
El señor PRESIDENTE: Es muy reglamentista el señor Ortiz. Adelante.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: La alusión personal al señor ministro y a su
problema no se ha hecho en la tribuna, pero se hace en el escrito de
moción, algo absolutamente sorprendente, porque un lapsus o un exceso
verbal en la tribuna es disculpable, pero que en el texto de la
moción se mezcle la crítica legítima a la gestión del ministro con su
problema personal -repase su propio texto de moción- es algo que no
tiene sentido, y de ahí que reitere lo que he dicho, merece
lamentablemente el mismo calificativo que le dio el ministro.
En cuanto a sus méritos, estoy seguro de que los tiene, señor
Caldera, pero a mí me parece que no se le deben reconocer
suficientemente porque da la impresión, de forma absolutamente clara,
de que los sigue queriendo lucir.
Sobre la interpretación del Reglamento de la Cámara he dicho que mi
grupo respeta y acata la lectura que ha dado la Mesa de la Cámara del
artículo 184. Otra cosa es que yo, a título personal, no lo pueda
compartir. Porque lo que es evidente, y me remito a la intervención
del portavoz de Convergència i Unió, es que hay una incoherencia
absoluta, total y flagrante, entre moción e interpelación y entre su
discurso y la moción misma. Para los datos, me remito al «Diario de
Sesiones». Relea la intervención del ministro y encontrará una
riqueza informativa verdaderamente extraordinaria.
Por lo que se refiere a la autovía de Valencia, lo que ha hecho este
Gobierno es cortar un nudo gordiano que habían tejido entre el señor
Borrell y el señor Bono. Eso es lo que ha hecho. Pero lo cierto es
que el Partido Popular es el que ha logrado que se pueda circular por
los 350 kilómetros que hay entre Madrid y Valencia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS
QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FRENAR EL PROCESO DE
MERCANTILIZACIÓN PROGRESIVA DE LA SANIDAD PÚBLICA. (Número de
expediente 173/000151.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción, que corresponde
al Grupo Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que piensa adoptar
el Gobierno para frenar el proceso de mercantilización progresiva de
la sanidad pública.
Para presentar la moción, tiene la palabra doña María Ángeles
Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Voy a ser breve, ya que, como hemos dicho antes, problemas de orden
del día han hecho que tratemos hoy esta moción, que se refiere, al
igual que la proposición no de ley debatida anteriormente, a medidas
a adoptar para frenar el proceso de privatización o mercantilización
de la sanidad pública. (El señor vicepresidente, Companys Sanfeliu,
ocupa la Presidencia.)
La transformación de la atención sanitaria de un derecho en una
mercancía deteriora gravemente el Estado del bienestar. El Sistema
Sanitario Público está siendo debilitado a través de su fragmentación
y privatización parcial. Convertir los sistemas sanitarios de
aseguramiento público en sistemas sustentados en el aseguramiento
privado e individual es un atentado a la equidad. El enfoque de los
sistemas sanitarios públicos sobre la tecnología médica se produce a
expensas de deteriorar la promoción de la salud, la atención primaria
de salud y la participación de la comunidad. La introducción de
mecanismos de mercado en las relaciones clínicas compromete las
posibilidades de integración, cooperación y solidaridad. Esto que he
leído, señorías, y que algunos probablemente relacionan con el
discurso político de Izquierda Unida en materia de salud, no
corresponde a Izquierda Unida y son algunos de los planteamientos que
se han hecho en la conferencia celebrada en Barcelona por la
Asociación internacional de política sanitaria, que analizó lo que
está sucediendo en nuestro país con las políticas de privatización de
la sanidad. Y, señor Villalón, como decía el diputado de Coalición
Canaria, es muy curioso que, mientras usted se encargaba de explicar
aquí con todo apasionamiento que lo que ustedes hacían no tenía nada
que ver con la privatización de la gestión, el diputado de Coalición
Canaria, con toda sencillez y tranquilidad, hablaba de las ventajas
de la gestión privada con respecto a la pública. Evidentemente no lo
compartimos pero refleja con mucha más claridad y honestidad cuál es
el fondo de la cuestión.
Las medidas que el Grupo Parlamentario Popular, que el Gobierno ha
planteado y que nosotros hemos denunciado como medidas estructurales
para dinamitar la sanidad pública llueven sobre mojado, llueven sobre
un terreno abonado desde hace varios años, en el que ámbitos
académicos, editoriales y profesionales, se han dedicado a promover
el descrédito de la gestión pública de los servicios sanitarios,
atribuyendo a la misma despilfarro, baja productividad y
funcionamiento burocratizado. Esta línea de pensamiento, que ha
tenido fuerte respaldo político y editorial, logró instaurarse en una
parte importante de los profesionales de la sanidad, desde luego en
el cien por cien de los gestores de nombramiento político por las
autoridades sanitarias, pero en estos momentos, como decía en mi
intervención anterior, cada vez aparece con mayor claridad la estafa
intelectual que esto pretende encubrir y la realidad que hay detrás
de todo el proceso de privatización de la sanidad. Por eso, nuestra
moción insta al Gobierno decididamente a paralizar el proceso por el
cual se pretende transformar el conjunto de la sanidad pública
en diferentes entes regidos por el derecho privado y que nadie,
nadie, se ha preocupado, como es lógico, de garantizar que no acaben
gestionados directamente por empresas privadas.
Lo que quiero recordar, señorías, por si a los que me escuchan les
cabe alguna duda y han sido de aquellas personas que de una manera
bienintencionada creen que el mercado introducido en la sanidad
realmente agiliza la gestión, desburocratiza e incluso humaniza la
gestión, que esta es, de una manera demostrable, de una enorme
falsedad. Que las dos únicas fundaciones existentes, la de Manacor y
la de Alcorcón, no han podido terminar el ejercicio presupuestario
con la dotación económica de la que generosamente fueron dotadas al
principio de su puesta en funcionamiento; la Fundación de Manacor ha
tenido que recibir una inyección suplementaria de 300 millones de
pesetas y la de Alcorcón ha necesitado ni más ni menos que 1.100
millones de pesetas suplementarios para poder terminar. Todo esto sin
que fuese obstáculo para que, como se ha denunciado reiteradamente,
todos los pacientes complicados, los procesos no rentables, fueran
sistemáticamente dirigidos a otros hospitales y que, como he dicho
antes, las altas precoces violaran no sólo criterios de seguridad
clínica sino medidas elementales de humanidad, al intentar dar el
alta a enfermos que necesitaban cuidados de enfermería, probablemente
no cuidados de alta especialización, pro sí de media y larga
estancia, que no existen prácticamente en nuestro país en la sanidad
pública.
Este planteamiento, señorías, la fragmentación del sistema sanitario,
o incluso de los hospitales en pequeñitas empresas gestionadas de
manera aislada, es un atentado al sentido común y a los criterios de
planificación más elementales. Ya desde la atención primaria se alzan
las voces hacia los criterios exclusivamente economicistas que se
pretende introducir en el funcionamiento de los servicios de atención
primaria y que distorsionan gravemente la coordinación y la
integralidad de la atención. Por eso, el mantenimiento de la
integralidad y la unicidad del Sistema Sanitario Público es el
segundo gran punto de esta moción, para la cual pedimos su voto.
Finalmente, una vez más, el tema del medicamento. Nosotros hemos
reiterado que no compartimos ese pensamiento único que habla de que
el gasto sanitario es desmesurado. Creemos que no es un planteamiento
intelectual adecuado para abordar un problema tan complejo, el del
medicamento, como elemento del sistema sanitario. El problema del
gasto farmacéutico es que no tiene nada que ver con las necesidades
de salud de la población. Una vez más reitero, para el «Diario de
Sesiones» y para la historia, que, en opinión de Izquierda Unida y
con evidencias cada vez más amplias, la demanda de la sanidad pública
está estrictamente controlada por las multinacionales del
medicamento, que, como se ha puesto de manifiesto y SS.SS. conocerán,
en el caso de las vitaminas y en el de los sedantes en otro tiempo,
controlan con políticas de monopolio los
precios de los medicamentos y el gasto que los sistemas sanitarios
hacen de ello. Sin que sea el objetivo de esta moción desmenuzarlo,
cosa que ha hecho Izquierda Unida en repetidas ocasiones, cuando se
ha tratado monográficamente el tema del medicamento o cuando se
planteó el texto alternativo a los acuerdos de la subcomisión que
analizó la reforma del sistema sanitario, el abordaje de una política
racional del medicamento tiene que plantearse desde la producción
hasta, no sólo la dispensación, sino la evaluación de los efectos
secundarios y de la eficacia de los medicamentos una vez prescritos.
Sólo poniendo en marcha medidas en cada uno de los eslabones de la
cadena que se retroalimentan y que se interrelacionan, podremos tener
un gasto farmacéutico que será sustancialmente menor que el actual y
que disminuirá los recursos destinados de una manera absolutamente...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señora Maestro, vaya
terminando.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino ya, señor presidente. Decía que
disminuirá los recursos de una manera injustificada e impidiendo que
se destinen a otros objetivos prioritarios, un gasto que, insisto,
nada tiene que ver con las políticas ni con las necesidades de salud
de la población.
En un debate sanitario que va a continuar, supongo que el Partido
Popular se quejará de que reiteremos planteamientos, pero sepan el
Partido Popular y los grupos que lo apoyan que el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, como es su obligación, no va a parar de
traer a esta Cámara propuestas, análisis y denuncias, de un proceso
que, como he dicho en otras ocasiones, atenta a un servicio social
básico, a uno de los pilares innegociables que sustentan un estado
social y democrático de derecho.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Maestro.
A esta moción el Grupo Socialista ha presentado una enmienda y, para
su defensa, tiene la palabra el señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista hemos presentado una enmienda de
sustitución a la moción, consecuencia de interpelación, que ha
presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, no
porque discrepemos del fondo de la moción, en cuanto a la
privatización de la sanidad y de las medidas que el Gobierno debe
adoptar para que se frene esta privatización, sino para perfilar y
clarificar mejor los objetivos que se persiguen, con los que
globalmente coincidimos, como se ha puesto de manifiesto en la
anterior proposición no de ley, diversos grupos de esta Cámara, que,
además, tienen la mayoría social en el voto popular, y que globalmente
son los de defender el Sistema Nacional de Salud y evitar
que el Partido Popular y el Gobierno, al cual da sustento, mine este
sistema.
Como bien decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en la
proposición no de ley que se ha discutido antes, no se atreven a
plantearla frontalmente, no se atreven a cambiar la legislación que
permitiría esta privatización, porque saben que tiene un rechazo
ciudadano mayoritario y que tendría, evidentemente, unos costos
políticos que no están dispuestos a asumir. Pero, como ya hemos
manifestado en otras ocasiones, lo que sí están haciendo es ir
carcomiendo el Sistema Nacional de Salud, para que en un momento
determinado se pueda producir su derrumbe y sean ya irreversibles los
daños que se hayan causado. Por ello, hemos presentado esta enmienda.
Como digo, con la excusa -y éste es el argumento que utiliza
constantemente el Grupo Parlamentario Popular- de la mejora de la
gestión dentro del Sistema Nacional de Salud, mejora de gestión que
nosotros compartimos y por eso en su momento apoyamos la Ley 15/1997,
de nuevas formas de gestión dentro del sistema, están carcomiendo,
están minando el Sistema Nacional de Salud. Y, con esta excusa de la
mejora de la gestión, nos presentan -el señor ministro de Sanidad lo
hace constantemente- los logros que consiguen, y que yo centraría en
dos: la reducción de las listas de espera y la reducción en el gasto
farmacéutico.
Saben muy bien SS.SS., y espero que los portavoces del Grupo
Parlamentario Popular no puedan contradecirme, que las listas de
espera no se han reducido, las listas de espera no se han controlado.
Lo único que ha habido no ha sido por una mejora de la gestión, sino
simplemente por el cierre de las listas de espera, de la admisión de
las listas de espera. Hemos presentado ante esta Cámara los
documentos del propio Insalud donde se dan instrucciones precisas al
respecto, donde se dice que no entre nadie en las listas de espera
que no sea igual en número a los que salgan. Ustedes saben, y pueden
ir a verlo a cualquier centro sanitario, que en determinadas
consultas, cuando se acude a pedir hora para la visita, se dice: En
este momento no se le puede dar, vuelva dentro de tres meses. Cuando
se han agotado los 90 días que han fijado en la lista de espera. Y
así sucesivamente. El día que quieran discutir este tema en
profundidad, con datos contrastados, podremos hacer una subcomisión y
convocar a todos los gerentes de los distintos centros sanitarios,
para comprobar cómo nosotros tenemos razón y ustedes no la tienen en
este tema. Por tanto, creemos que no es ésta la vía para mejorar la
gestión.
Lo mismo sucede con el gasto farmacéutico, que en el pacto de
financiación que ustedes manejaron inicialmente con el Grupo de
Convergència i Unió -y que después consiguió el consenso mayoritario,
pero no el del Grupo Socialista ni tampoco el del Grupo de Izquierda
Unida- uno de los elementos estrella es el que fijó el propio
ministro de Economía, no el ministro de Sanidad, que fue la reducción
de 65.000 millones depesetas cada año en gasto farmacéutico durante
el período
de vigencia del propio plan de financiación o modelo de financiación.
No sólo no se ha producido el ahorro de estos 65.000 millones en el
primer año, sino que se ha producido un incremento notable, que ya
hemos señalado. Y el año 1999 continúa en la misma tónica. Por tanto,
estamos totalmente de acuerdo con el último punto de la moción del
Grupo Federal de Izquierda Unida, en el sentido de que se aborde
definitivamente en todos sus aspectos una política global del uso
racional del medicamento. A ver si realmente se elaboran criterios
sanitarios y no criterios eminentemente economicistas, que emanan no
del sector sanitario, sino, insisto, del Ministerio de Economía y
Hacienda.
Además, en la enmienda que hemos presentado propugnamos distintos
puntos. El primer punto es que se paralice el proceso de
transformación de los centros sanitarios o de parte de estos centros
sanitarios en fundaciones públicas sanitarias o institutos con
personalidad jurídica propia. Creemos que debe frenarse y paralizarse
esto hasta que se haya debatido concretamente cuál es el modelo que
se pretende y cuáles son las formas. Porque, por esta vía de la
creación o transformación de estos centros en fundaciones públicas
sanitarias, estamos abriendo la puerta sin control a que puedan pasar
muchísimas cosas, como ya se vio en un documento, que en este momento
no tiene ni padre ni madre, que es el que elaboró un grupo de médicos
a petición del gerente del hospital La Paz, y del que ahora parece
que nadie se hace responsable. En él se preveía cuál era el futuro de
estas fundaciones, que era que el personal dependiera directamente
del jefe del servicio y de la entrevista del jefe de servicio para su
contratación, que se alquilaran los quirófanos por la tarde, que se
adoptaran una serie de medidas que evidentemente van en contra del
sistema.
Nosotros pedimos también, como lo pide el Grupo Federal de Izquierda
Unida, la paralización de todas estas transformaciones en el ámbito
del Insalud. Y no sólo esto, sino que, para que se apliquen las
nuevas formas de gestión, y este es el punto dos de nuestra enmienda,
pedimos que, de una vez por todas, el Gobierno y el Grupo
Parlamentario Popular que le da soporte traigan y nos expliquen cuál
es el reglamento que desarrolla la Ley 15/1997, que es la ley que
contempla la posibilidad de nuevas formas de gestión. Como saben, el
desarrollo de una ley se hace siempre por un reglamento. Este
reglamento desde el año 1997 no se ha elaborado. Hay una
recomendación de esta Cámara, por la aprobación unánime de una
proposición no de ley en la Comisión de Sanidad, en la que el Grupo
Parlamentario Popular se comprometió con el resto de grupos de la
Cámara a que el 1 de septiembre del año 1997 el Gobierno presentaría
el reglamento de desarrollo de la ley. Pronto estaremos en esa fecha,
en el día 1 de septiembre del año 1999. Son dos años de retraso. Debe
formar parte este retraso del mismo caos aéreo que antes se discutía.
Espero que antes del 1 de septiembre de 1999 tengamos el desarrollo
de la ley, al cual ustedes se han comprometido. El punto dos de
nuestra enmienda dice que no se apliquen estas nuevas formas de
gestión -y va en consonancia con el punto uno, de paralizarlas- hasta
que no se haya publicado el reglamento que fije el marco de garantías
para su gestión.
El tercer punto de nuestra enmienda lo consideramos clave. Se refiere
al respeto democrático que esperamos que el Grupo Parlamentario
Popular y sus socios de Gobierno apoyen. Porque no es de recibo que
los grupos parlamentarios nacionalistas que apoyan al Gobierno
permitan que éste pueda transformar los sistemas de organización
sanitaria de las comunidades que aún no han recibido las
transferencias en materia de sanidad -que está previsto en la mayor
parte de los estatutos reformados y que además alguna de las
comunidades autónomas lo han pedido formalmente- y que no apliquen al
resto de las comunidades lo que exigen para ellas, que es la
competencia exclusiva en materia de organización y de gestión
sanitaria. Pedimos que no se introduzca ninguna nueva forma de
gestión en aquellas comunidades que son territorio Insalud, por lo
menos en las que haya un pronunciamiento del Gobierno de la comunidad
autónoma diciendo que no quiere que se hagan estas modificaciones.
Este es un derecho democrático básico, de respeto a las atribuciones,
a las competencias de cada comunidad autónoma. Espero que no haya
argumentos en contra por parte de los grupos parlamentarios
nacionalistas, que siempre son los mayores defensores de las
competencias exclusivas y que son muy celosos de que sean sus
Parlamentos los que dictaminen cómo deben desarrollarse los temas en
los que tienen competencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Corominas, tiene
que terminar.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Voy terminando. Gracias, señor
presidente.
El punto cuarto de la enmienda simplemente pide que se garantice
también la integralidad de la oferta de servicios. En ese documento
que antes mencionaba, que ahora es espurio, sin padre ni madre, se
decía que el propio servicio fijaría la cartera de la oferta a hacer
en función de los parámetros económicos que pactara la gerencia con
el servicio. Creemos que en todo el Sistema Nacional de Salud se debe
garantizar una integralidad de la oferta y que no debe haber
variaciones de un centro a otro en función de la personalidad
jurídica que tenga cada centro para establecerlo. Por ello, pedimos
en este punto cuarto que se garantice la integralidad. El último
punto es idéntico a lo que señala la moción del Grupo Federal de
Izquierda Unida, que es la política racional del medicamento.
Por estas razones, pido al Grupo Federal de Izquierda Unida que
acepte esta enmienda de sustitución, que creo que amplía, complementa
y va en la misma línea y en el mismo espíritu de lo que ellos
defendían, y pido también al resto de los grupos parlamentarios que
den soporte a la misma, a fin de que de una vez por todas
podamos clarificar y transmitir un hálito de esperanza a la
ciudadanía, para que no se vea siempre sometida al estrés continuo
que las actuaciones un tanto insidiosas del Ministerio va produciendo
con todas las medidas no directas pero sí indirectas que van tomando
y que llevan un camino irreversible, que es el de la privatización
del Sistema Nacional de Salud.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Gracias, señor
Corominas. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario, y este diputado ha seguido este debate con la
máxima atención, dada la preocupación que siempre hemos manifestado
por la protección del sistema de Seguridad Social, en este caso el
Sistema de Salud, es celoso de sus competencias, y lo que voy a decir
casi es más respuesta a lo que ha dicho el portavoz señor Corominas,
del Grupo Socialista, en la defensa de su enmienda, que a lo que ha
sido dicho por la portavoz del grupo parlamentario proponente de la
iniciativa.
Empiezo diciendo que en la Comunidad Autónoma de Canarias, como tiene
transferidas las competencias de sanidad, somos muy celosos, como no
podía ser menos, en derecho constitucional y en razón de lo que dice
el Estatuto de Autonomía, de esta competencia transferida y queremos
que se respeten unos principios de unicidad del sistema sanitario,
como cobertura universal de la población que lo necesite y al mismo
tiempo de respeto y solidaridad con las demás comunidades autónomas.
Y lo que decimos aquí lo decimos en la mesa sectorial en las
reuniones de materia sanitaria y de salud pública entre el Gobierno
central, el Ministerio de Sanidad y los consejeros de Sanidad de las
respectivas comunidades autónomas. Pero, señor Corominas, como somos
tan respetuosos con lo nuestro, no se nos ocurre decir a los demás lo
que tienen que hacer o no hacer. Y no se puede pedir que nosotros
apoyemos que no se introduzcan nuevas formas de gestión en aquellas
comunidades autónomas que no han recibido todavía las competencias de
Sanidad, que no han recibido la transferencia y cuyos gobiernos se
hayan pronunciado en contra de la introducción por el momento de
estas entidades. Resuélvase eso bien en la mesa sectorial, bien en
las negociaciones entre el Gobierno correspondiente de esa comunidad
autónoma y el Ministerio de Sanidad y Consumo, pero ninguna de las
comunidades que tenemos esta competencia dirá que se paralice, se
actualice o se active cualquier otro sistema. No se nos ha ocurrido a
nosotros decir que se nos aplique en la Comunidad Autónoma de
Canarias lo que realiza en materia de sanidad y salud pública el
Gobierno vasco, el Gobierno catalán o el Gobierno gallego,
por poner unos ejemplos en esta materia de competencias transferidas.
La corresponsabilidad es recíproca en lo que se tiene que aplicar y
en lo que no se tiene que aplicar. El Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Canarias se preocupa de que, dentro de la cobertura
general del Servicio Nacional de Sanidad, las listas de espera se
acorten. Y en mi comunidad se están acortando. No es en este momento
ningún motivo de protesta ni de conflicto la duración excesiva de
espera de años pasados, como tampoco en la referencia que se ha hecho
precisamente sobre el gasto farmacéutico. Nosotros estamos tratando
de mantener una armonización, porque es lógico, no solamente en la
defensa de las necesidades de salud de la población, sino también en
la defensa de la integridad de los presupuestos, para que no se
desboque el gasto público. De aquí que suscribamos plenamente una
política de dispensación de genéricos para conseguir una de las vías
de ahorro de dicho gasto.
En cuanto a los tres puntos que trae la moción original del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, vamos a oponernos a esta
votación positiva, vamos a votar en contra pero por las razones
siguientes: el texto ignora prácticamente las competencias de sanidad
transferidas a las comunidades autónomas -aquí, en nombre de la
Comunidad Autónoma de Canarias, tengo que salir en defensa de las
competencias transferidas, y supongo que los portavoces de otros
partidos nacionalistas lo harán por los suyos-; con este texto parece
que en España no se han efectuado transferencias de sanidad a las
comunidades autónomas. Efectivamente, la Ley 15/1997, que habilitaba
nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, mi grupo la
apoyó y la votó favorablemente. En los trámites correspondientes de
ponencia y Comisión habíamos introducido enmiendas sustantivas y
sustanciales tendentes a su perfeccionamiento, respetando, como grupo
que firmó en su día los pactos de Toledo, estos aspectos de cobertura
social. Cuando llegamos a estas formas de habilitación dimos paso en
el texto de la ley que votamos a las formaciones basadas en
fundaciones sanitarias públicas, no nos opusimos a esa cuestión.
Ahora, frente al empleo del término privatización, según la
terminología de la proposición no de ley que anteriormente
discutimos, se emplea curiosamente la palabra mercantilización. Yo no
sé si Izquierda Unida, el grupo proponente de la moción, está
haciendo similares privatización y mercantilización. Lo digo porque
en el texto se emplean incluso palabras que no figuran ni en el
diccionario de doña María Moliner, como la palabra integralidad, que
se copia también en la enmienda del Grupo Socialista. Desconozco qué
significa en lenguaje castellano integralidad. No sé si se están
refiriendo a la integridad de un sistema, que no sea descuartizado o
desarbolado por una dicotomía entre público y privado. Por tanto, lo
que hay en el sistema sanitario público, las fases del proceso de
planificación y prestación de servicios, no tiene ninguna concreción
que merezca nuestro apoyo.
En cuanto al apartado tercero y último, el c), dice que se aborde en
todos sus aspectos una política global de uso racional del
medicamento que asegure que el gasto farmacéutico público se
corresponde con las necesidades de salud de la población. ¡Por
supuesto!, que yo sepa en este momento nadie ha dicho lo contrario.
Otra cosa es que se estén imponiendo sistemas de gestión de este
gasto farmacéutico -como antes me refería con los genéricos-, porque
no solamente se trata de atender las necesidades de salud de la
población, sino de hacerlas compatibles con el presupuesto, porque si
no se hacen compatibles con el presupuesto estamos introduciéndonos
en una dinámica de números rojos que no conducirá a nada bueno para
el servicio público de salud.
Por esas razones, señor presidente, vamos a votar en contra de esta
moción, por las insuficiencias que contempla en su texto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Mardones.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
fijar la posición respecto a la moción que presentó el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida consecuencia de la
interpelación de dicho grupo. Los argumentos en los que se basó el
grupo interpelante fueron, entre otros, la ruptura del aseguramiento
único, algo que no tiene nada que ver con el tema en sí; sobre el
nuevo reglamento del IRPF; sobre consagrar también el derecho de las
empresas a no participar en la financiación general, aquello de los
16 ó 17.000 millones de pesetas a las aseguradoras privadas; a la
disminución de las camas públicas hospitalarias, como consecuencia de
los planes directores que están haciéndose en estos momentos para
modernizar las infraestructuras, relacionándolos, además, con la
aparición de aspergillosis; hablan también del consumo farmacéutico,
controlado siempre por la industria farmacéutica y ejerciendo
presiones económicas sobre los prescriptores, que son, como todos
sabemos, las y los médicos, para recetar los medicamentos más caros;
hablan también de la financiación selectiva de los medicamentos y
acusan al Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, de eliminar los
medicamentos no rentables para beneficio indudablemente de la
industria farmacéutica. Habla de gestión y, cuando lo hace, siempre
deriva hacia el problema del hospital de Alcorcón y la famosa
sobrefinanciación de los 1.500 millones de pesetas. Y finalmente
habla de la divergencia de nuestro sistema sanitario en relación con
los sistemas sanitarios de los países de nuestro entorno europeo.
A esas argumentaciones ya les dio cumplida respuesta el ministro de
Sanidad y Consumo. Aquí hay claramente una mezcla y no sabemos cómo
vamos a distinguir
qué es lo que se pretende porque, como bien se ha dicho, se
habla de mercantilización y de privatización y al final queremos que
los dos términos confluyan, aunque lo que se pretende está claro:
desestabilizar a este Gobierno. En fin, vamos a ir contestando una
a una las argumentaciones que se han expuesto. El ministro de Sanidad y
Consumo habló de una serie de cuestiones que dejó bien claras. En
este caso yo quiero apostillar que, por ejemplo, en cuanto a las
empresas colaboradoras se ha reiterado por el portavoz del Grupo
Popular respecto a la proposición no de ley presentada esta misma
tarde en esta Cámara que es algo, ustedes lo saben perfectamente
mejor que nosotros, que vamos a solucionar; sin embargo, eso les
sirve de argumento para decir de nuevo que el Gobierno concede a las
empresas privadas 17.000 millones de pesetas. Hay que ser algo más
serios, porque este problema que se viene dando desde el año 1986 y
que se consagró definitivamente en 1994 está claro que es un problema
que hay que solucionar, pero no tiene absolutamente nada que ver con
la gestión de este Gobierno; sin embargo, este Gobierno va a
solucionar y a enmendar algo que se consagró en 1994. Lo único que ha
hecho este Gobierno con respecto a este tema es dar cumplimiento al
Pacto de Toledo y adelantar en un año que la sanidad se financie vía
Presupuestos Generales del Estado, consolidando al mismo tiempo con
ello la universalización de la salud.Dio cumplida respuesta también
a la participación de los agentes privados en la Administración, a la
ruptura del aseguramiento único y al dinero público que va a manos
privadas y se reafirmó en que la creación de empresas públicas
sanitarias, de consorcio, de concesiones y de fundaciones es igual
a fragmentación y desmembración de la sanidad pública. Aquí sí que
vendría bien que de nuevo el Grupo Parlamentario Socialista
manifestara si comparte o no este criterio del Grupo Federal de
Izquierda Unida. Repito, la creación de empresas públicas sanitarias
es igual a fragmentación y desmembración de la sanidad pública. ¿Qué
es lo que se pretendía con la manifestación que se hacía de
transformar un hospital en una empresa privada con personalidad
jurídica propia? No se dice que lo que pretende este Gobierno es
dotar a los hospitales del Sistema Nacional de Salud de personalidad
jurídica propia para así ser más ágiles, más eficientes y más
eficaces y por fin quitarnos esa carga de burocratización que hemos
heredado del sistema anterior. ¿Por qué se insiste en que la toma de
decisión para transformar un hospital en fundación será únicamente
potestad de los directivos cuando se sabe muy bien que no es así,
sino todo lo contrario? ¿Por qué se insiste y se pregunta tanto sobre
la fundación Alcorcón en cuanto a su sobrefinanciación? ¿En qué se
fundamenta para afirmar que el programa del Partido Popular dice que
las empresas privadas prestan mejor y más eficaz atención que el
Sistema Nacional de Salud? ¿En base a qué se expresa que las listas
de espera no se engrosan másporque cuando se llega a cierto umbral se
le dice al ciudadano
vuelva usted mañana? ¿En base a qué? El Grupo Parlamentario
Socialista utilizó entonces, como ahora, los tópicos que viene
manejando últimamente, pero también aportó -y tengo que agradecerlo
públicamente en esta Cámara- dos cuestiones de sumo interés que
quiero recordar. El portavoz en aquel momento, el diputado Corominas,
dijo con respecto a la transformación de hospitales en fundaciones
que el primer requisito era la voluntariedad, y que sin ese requisito
-el «Diario de Sesiones» está ahí y su manifestación viene recogida,
lo puede comprobar en el momento en que desee- sería imposible. Esa
es la realidad. Ningún hospital se va a transformar en fundación si
sus profesionales no lo desean. Ese es el primer requisito, sin el
cuál no es válido ni el segundo ni el tercero ni el cuarto.
También quiero agradecerle al portavoz del Grupo Socialista, al
diputado Corominas, cómo ha rectificado en relación con el criterio
que manejaba sobre las fundaciones públicas sanitarias. El Grupo
Parlamentario Socialista venía diciendo desde noviembre-diciembre que
eso era un intento más de privatización de la sanidad privada,
discurso o mensaje que dejó de decir para manifestar públicamente que
la figura de las fundaciones públicas sanitarias no es en realidad un
intento de privatización del Sistema Nacional de Salud, sino un nuevo
modelo de gestión sanitaria con el que ellos no están de acuerdo...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Gil Melgarejo,
tiene que ir terminando, por favor.
El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor presidente.
Habló también de la Fundación Jiménez Díaz y yo le recuerdo que la
primera gran crisis de esa Fundación fue salvada gracias a un
Gobierno socialista. Le inyectó bastante dinero, financió con
suficiencia la crisis para poder salvar un gran hospital que se llama
Fundación Jiménez Díaz. Si antes era necesario mantener ese gran
hospital, ¿por qué ahora critican que este actual Gobierno haya
llegado a un acuerdo de financiación con esa misma Fundación?
Yo quisiera, para ir terminando, si me lo permite, señor presidente,
asegurar, como ha asegurado este Gobierno, la financiación pública
del sistema sanitario, como ha dicho anteriormente el portavoz que ha
intervenido. Tengo que decir que en el año 1999 se dedican 700.000
millones de pesetas más. En el año 1999, cuatro billones 115.000
millones, frente a 1997, y ahí están los presupuestos generales del
Estado. Invertir este Gobierno, como está invirtiendo, 51 de cada 100
pesetas en políticas sociales frente a la inversión de 45 pesetas de
cada 100 que invertía el Gobierno socialista de turno, significa
algo. Quizás eso se llame intento de privatización, porque la mayoría
de esa financiación va dirigida a la sanidad...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Gil Melgarejo,
tiene que terminar, por favor.
El señor GIL MELGAREJO: Termino inmediatamente.
Se ha hablado del PIB y quiero mencionarlo. En estos momentos, el
Gobierno del Partido Popular dedica casi el 6 por ciento del PIB a la
sanidad y el Grupo Parlamentario Socialista sigue reiterándose en que
es un punto y medio menos. Así sucesivamente podíamos seguir hablando
de un presupuesto en inversiones, que se ha incrementado en un 65 por
ciento con respecto al año 1997. Eso significa un billón 600.000
millones de pesetas con respecto a los presupuestos anteriores. Este
crecimiento anual en inversión en el año 1995 era del 1,3 y en el año
1999 es del 17,4 y el crecimiento global es de un 84,7, comparado con
el 0,9 del año 1995. Todo eso, por lo visto, es privatizar la
medicina, como es privatizar la medicina estabilizar a los
profesionales en sus puestos de trabajo, porque es mucho más cómodo,
como es más cómodo que los profesionales del sistema sigan padeciendo
esa interinidad, como ha sucedido hasta ahora.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor diputado, termine,
por favor.
El señor GIL MELGAREJO: Ya termino.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Termine, pero
inmediatamente.
El señor GIL MELGAREJO: Termino manifestando, además del voto
negativo a esta moción, que el diálogo y el consenso hay que buscarlo
siempre yendo con argumentos lo suficientemente razonados y
razonables como para poder eliminar de una vez algo que está
suponiendo en la práctica diaria una lamentable batalla, y es
utilizar la sanidad como arma arrojadiza política en vez de
considerarla como una cuestión de Estado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
diputado.
Para la aceptación o no de las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Iba a solicitarle la posibilidad de explicar al señor Mardones la
diferencia que hay entre integridad e integralidad, pero no está, así
que lo haré personalmente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
diputada.
La señora MAESTRO MARTÍN: Quiero manifestar la aceptación por parte
de mi grupo parlamentario de la enmienda de sustitución planteada por
el Grupo Socialista, que va en el mismo sentido desarrollando los
puntos fundamentales que pretendía reflejar en su moción el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (El
señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Tal y
como he acordado con el diputado del Grupo Socialista, señor
Corominas, quisiera plantear que el punto número 4 del texto de dicho
grupo quedaría redactado, tal y como he hecho llegar a los servicios
de la Cámara, de la manera siguiente: Garantizar la integralidad de
la oferta de servicios y la unicidad del sistema sanitario público,
asegurando el mantenimiento de la intervención directa de la
Administración sanitaria en todas las fases del proceso de
planificación y prestación del servicio.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Maestro.
Señor Corominas, ¿su grupo está de acuerdo con la transacción que se
ha propuesto? (Asentimiento.)
Muchas gracias, señor Corominas. Así se votará en su momento.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS VASCO (EAJ-PNV) Y MIXTO, SOBRE EL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE LA MOCIÓN APROBADA POR
UNANIMIDAD DE LA CÁMARA, EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1998, CON RELACIÓN AL
ANÁLISIS, VALORACIÓN, ACCIONES POLÍTICAS Y MEDIDAS A ADOPTAR POR EL
GOBIERNO PARA LA CONSECUCIÓN DE LA PAZ. (Número de expediente 173/
000149.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vamos a pasar, señorías, a
la última de las mociones que hay en el orden del día: Moción
consecuencia de interpelación de los grupos parlamentarios Vasco y
Mixto sobre el grado de cumplimiento de los contenidos de la moción
aprobada por unanimidad de la Cámara, el día 10 de noviembre de 1998,
con relación al análisis, valoración, acciones políticas y medidas a
adoptar por el Gobierno para la consecución de la paz.
Sobre esta moción hay un texto acordado por los diversos grupos de la
Cámara, al que dará lectura la secretaria, señora Barrios, para su
conocimiento general.
Señora Barrios, por favor.
La señora SECRETARIA (Barrios Curbelo): El contenido del escrito dice
lo siguiente:
A la Mesa del Congreso. Los grupos parlamentarios abajo firmantes,
por el presente escrito formulan la siguiente enmienda transaccional
a la moción consecuencia de interpelación de los grupos
parlamentarios Vasco, PNV, y Mixto, Eusko Alkartasuna, sobre el grado
de cumplimiento de los contenidos de la moción aprobada por
unanimidad de la Cámara, el 10 de noviembre de 1998, con relación al
análisis, valoración, acciones políticas y medidas a adoptar por el
Gobierno para la consecución de la paz.
El Congreso de los Diputados proclama que el diálogo, el consenso y
el respeto a los principios democráticos y a las legítimas opciones
políticas de los ciudadanos deben regir todo el proceso que ha de
conducir al fin de la violencia, evitando actitudes de enfrentamiento
entre posiciones ideológicas distintas. Por ello y a tenor de la
moción aprobada por unanimidad del Pleno de la Cámara, de fecha 10 de
noviembre de 1998, se insta al Gobierno a:
1) Culminar el cumplimiento efectivo en el tiempo más inmediato
posible de una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de
la política penitenciaria, acorde con el fin de la violencia.
2) Activar lo más posible la plasmación de acciones concretas y
efectivas de resarcimiento a las víctimas, con criterios que permitan
incluir el mayor número de supuestos, valorando positivamente el
proceso ya iniciado.
Palacio del Congreso, 15 de junio de 1999.
Firman este acuerdo por el Grupo Popular, Ignacio Gil Lázaro; por el
Grupo Parlamentario Socialista, Luis Martínez Noval; por el Grupo
Parlamentario Catalán (CiU), Manuel Silva; por el Grupo Federal de
Izquierda Unida, José Navas; por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV), Margarita Uría; por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, Luis Mardones; por el Grupo Mixto, Eusko Alkartasuna, Begoña
Lasagabaster; por el Bloque Nacionalista Galego, Francisco Rodríguez.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Barrios.
Para la defensa y explicación del acuerdo y de la moción que se va a
someter a votación al Pleno, en primer lugar y en nombre del Partido
Nacionalista Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, una vez más, hoy se han puesto de manifiesto en esta Cámara
las virtualidades del diálogo como método y forma de acción política.
Si se lee, y sobre todo si se estuvo presente en el debate de la
interpelación presentada el día 26, durante el cual surgieron algunas
chispas, y si, además, se tiene en cuenta que entre ese día y la
moción de hoy ha existido un proceso electoral, que es un período
poco proclive al comedimiento verbal, se puede entender que no era
fácil, que estaba complicada la posibilidad de un acuerdo. Ni
siquiera lo era al comienzo de esta misma tarde, pese a la enmienda
presentada por el Grupo Socialista que ha abierto, desde nuestra
óptica, interesantes perspectivas. Estaba complicado, repito, ha
requerido el esfuerzo de los portavoces de todos los grupos y creo
que lo hemos hecho.
Los autores de la iniciativa, mi propio grupo y Eusko Alkartasuna,
hemos aceptado la exclusión de cualquier
referencia a la actitud renuente del Gobierno a cumplir la moción del
día 10 de noviembre, para poder facilitar los términos del acuerdo,
pero obviamente no puedo dejar de recordar ante esta Cámara esta
circunstancia que, evidentemente, fue el motivo por el que se
presentó nuestra iniciativa.La moción inicial presentada por nuestro
grupo y Eusko Alkartasuna y la moción realmente sometida a votación y
aprobada tras nuestras intervenciones, es reiterativa de aquélla
aprobada el día 10 de noviembre, con algún matiz diferencial que a mi
grupo le satisface. Creemos que es importante que se comience con una
proclama que para nosotros es básica: el hablar, el dialogar, desde
el respeto a las legítimas opciones políticas, es siempre bueno, por
discrepantes que sean las unas de las otras.
Los dos puntos instando al Gobierno a actuaciones concretas merecen
escaso comentario, pero me referiré a ellos. En el punto primero se
habla de una nueva orientación de la política penitenciaria. Los
políticos solemos tener la costumbre de acudir al diccionario de la
lengua para decir cuál es el sentido literal de determinadas
expresiones. En el caso de la palabra nueva nos encontramos ante la
imposibilidad absoluta de acudir a él. Nueva es nueva, es distinto de
lo anterior, es lo contrario de lo mismo. Ni siquiera se alude en la
iniciativa -tampoco se aludía en la del 10 de noviembre- a la
necesidad de cambios normativos. Todos sabemos que las mismas normas,
con distintas voluntades políticas, pueden conducir a resultados
distintos, por no citar la interpretación acomodada a las
circunstancias del tiempo que contempla e incluso exige el artículo 3
del Código Civil.
El punto segundo del acuerdo hace referencia a la indemnización a las
víctimas. Mi grupo siempre ha estado, y estará, por un resarcimiento
lo más justo posible, no sólo porque es una exigencia de estricta
justicia, repito, sino porque, además, es garantía de la eficacia de
todo el proceso.
Hasta aquí el contenido estricto de la moción, pero no quiero
concluir sin trasladarles una reflexión sobre el proceso de paz y las
virtualidades de las palabras, desde la perspectiva del grupo al que
represento. Se dice constantemente, sobre todo por los dos grupos
mayoritarios en esta Cámara, que la paz no tiene precio. Para mi
grupo esta expresión tiene un sentido distinto a aquél con que se
utiliza. Si uno de ustedes me dice: para mí la educación de mis hijos
no tiene precio, entiendo que están dispuestos al esfuerzo, al
sacrificio incluso, a no reparar en gastos. Para el Grupo Vasco, éste
es el significado: la paz no tiene precio en el sentido de que no
repararemos en gastos, incluso en desgastes, siempre que -y esto es
muy importante desde nuestra óptica- los gastos sean democráticamente
asumidos. De ahí la necesidad del diálogo con todos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Uría.
También como grupo impulsor de la moción original, en nombre del
Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, esta moción, consecuencia de la
interpelación que planteábamos hace unas dos semanas, hace referencia
a una cuestión muy importante para todos, a un gran reto. Es un reto
en el que, como bien decíamos en aquel debate, tenemos que
intervenir, trabajar y llegar a conseguirlo entre todos. Creo que
todos tenemos que hacer un esfuerzo, probablemente diferente, y que
esto no se puede conseguir sin la anuencia y la participación de
todos los ciudadanos y ciudadanas y por supuesto de sus formaciones
políticas.
El debate en aquel momento fue muy constructivo. Se trató de plasmar
las diferentes posiciones y opiniones que todas las formaciones
políticas tenemos respecto de esta materia, con sus complejidades y
dificultades y, por mi parte, intenté hacerlo de la manera más
constructiva posible. Creo que ese espíritu también ha venido a
ayudarnos a conseguir una moción que fuera unánimemente aprobada por
esta Cámara. Por muy difícil que sea este reto o por muy diferentes
que sean nuestras posiciones, creo que los ciudadanos y ciudadanas no
nos permitirían que no lleguemos a conseguirlo. Por eso, creo que es
importante -ya decía la señora Uría que ha sido complicado, que será
muy complicado también en el futuro- llegar a una posición unánime, a
una posición constructiva.
Quisiera señalar el punto de vista de Eusko Alkartasuna. El día 10 de
noviembre de 1998 llegamos a una moción, que quizás no sea una obra
ejemplar en política, pero que recogía tres cuestiones claves, de
manera modesta y sencilla pero también fiel reflejo de la realidad.
Quizás pasara demasiado tiempo sin que se recogieran esas tres
cuestiones, esas virtualidades, sin que se llevaran a la práctica, y
eso ya no puede pasar más. Planteábamos en aquel momento tres
cuestiones evidentes. Primera, que tenemos que hablar, que dialogar,
que cualquier opción política, cualquier pensamiento político, tiene
que ser absolutamente respetado, fuere el que fuere, y no valen las
difamaciones ni los enfrentamientos, que no conducen a nada. En
segundo lugar, teníamos que hacer frente a una grave situación, la de
aquellos que habían padecido este problema, las víctimas. Por tanto,
ya dijimos en la interpelación que Eusko Alkartasuna jamás será,
entre comillas, cicatero, sino que pretenderá, en la medida de lo
posible -ya sabemos que nunca les vamos a aliviar el dolor que han
sufrido-, resarcirles con la mayor amplitud.En tercer lugar, una
cuestión clave -cuestiones fáciles, efectivas, reales y además
legales- era la política penitenciaria. Los que pactamos la moción
del 10 de noviembre sabíamos a qué nos referíamos cuando hablábamos
de nueva orientación de política penitenciaria -como ha dicho la
señora Uría, nueva significa cambio-, y teníamos
muy claro que esa política penitenciaria tenía que coadyuvar al fin
de la violencia y no a otras interpretaciones que creemos ha hecho el
Gobierno.
Desde nuestro punto de vista -y no quiero alargarme-, lo que ahora
venimos a decir es que hay que avanzar en aquellas virtualidades que
tiene esta moción; que podemos hacer cosas y que debemos hacerlas;
que tenemos que hacer ya una nueva orientación de esa política
penitenciaria, efectiva y en el tiempo más inmediato posible, que se
puede y se debe hacer; que, además, tenemos que activar el
resarcimiento a las víctimas con un criterio de amplitud y, en
definitiva, señoras y señores diputados, que tendremos que hablar
mucho, entre todos, con todos, de todo, y yo creo que eso es lo
importante. Quizás algunos lean esta moción y vean que no hay
demasiados cambios. Yo sí creo que los hay, y sobre todo los hay en
el sentido de un espíritu constructivo y de que algo hay que hacer.
Tendremos que pasar mucho tiempo juntos, hablando, dialogando y
consensuando, porque los ciudadanos y ciudadanas nos lo exigen y
nosotros nos debemos a ello.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Lasagabaster.
Se me ha señalado que todos los firmantes van a fijar posición en
este debate. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, el Bloque Nacionalista Galego considera que la
consolidación del fin de la violencia en Euskadi o, si se quiere, la
consolidación de la paz necesita del diálogo entre todas las partes
implicadas y de iniciativas que no consientan que el proceso se deje
petrificar o pudrir. En segundo lugar, el Bloque Nacionalista Galego
estima que todos los pasos que se den dentro del marco legal -todos,
sin excepción, todos los posibles- deben de ser bienvenidos,
empezando por la aplicación de una política penitenciaria adecuada
que posibilite no solamente traslados de presos, sino
excarcelaciones, incluso desde la más estricta legalidad
constitucional.
En tercer lugar, el Bloque Nacionalista Galego será siempre animador
de toda voluntad política de solucionar el conflicto o, cuando menos,
encaminarlo por vías de negociación política; negociación política
que -no debe olvidarse- responde a los más estrictos criterios
democráticos, a los más estrictos criterios de convivencia y a la
constatación de que existe un conflicto territorializado que debe ser
solucionado dándole el máximo protagonismo al pueblo que lo sufre,
igual que se debe de amparar y resarcir todo tipo de secuelas, sin
excepciones, que este conflicto haya dejado. Los problemas pueden ser
eufemísticamente enunciados, pero deben de ser claramente
enfrentados.
Por último, quiero decirles que el Bloque Nacionalista Galego, en
este Congreso de los Diputados, siempre colaborará con la solución
del conflicto, incentivando al diálogo, no haciendo uso político,
táctico o de interés de política partidaria del problema e instando
al Gobierno siempre a dar pasos, con medidas positivas, a la solución
del problema. En la medida en que esta moción viene a consolidar, por
lo menos tímidamente, este proceso, va a contar con nuestro total
apoyo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta tarde, varios diputados portavoces de todos los grupos
parlamentarios hemos tenido la oportunidad de hacer un magnífico
ejercicio de consenso. Un consenso es un talante, una voluntad de
resolver un problema, poniéndole música muy distinta pero tocando la
misma partitura. Hoy hemos hecho una partitura unívoca, clara, bien
meditada y bien medida, que dice algo más allá que lo que el propio
texto literal implica. Esta labor de una voluntad, de un talante ante
una realidad se ha plasmado gracias a que unos han aportado ideas y
otros han cedido. Estamos hablando de lo que ha leído la secretaria
de la Mesa del Congreso: un texto transaccional a una iniciativa
presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y el Grupo
Parlamentario Mixto, por parte de Eusko Alkartasuna. A las dos
diputadas presentes yo quiero rendir aquí el testimonio de
reconocimiento de una aportación sensata, democrática y positiva al
espíritu de consenso y a la manera de negociar el consenso. ¡Ojalá
esto siempre nos presida! Esto permite que el Parlamento no esté
ausente del proceso de paz en el País Vasco, lo que es muy
importante. No bastaba, porque las circunstancias han variado yo
diría que muy positivamente, el texto adoptado por unanimidad el 10
de noviembre que, como bien ha señalado la diputada de Eusko
Alkartasuna, señora Lasagabaster, no era una obra perfecta, pero sí
política. Fue en aquel momento una obra necesaria, pero se había
quedado corta y la política está obligada a ir por delante de las
circunstancias o, al menos, al unísono. Hemos conseguido una moción
de todos, cuya lectura debe hacerse fundamentalmente en el País Vasco
y en el exterior. Junto a su declaración de principios para una
solución inteligente y democrática está el consenso que recoge lo
mejor del parlamentarismo tradicional español al resolver problemas
sin herir nadie, porque lo importante es no humillar y aprovechar la
posición positiva y políticamente legítima de expresión en una
democracia.
La moción queda circunscrita a dos puntos: uno, flexibilizar la
política penitenciaria, que el Gobierno había venido cumpliendo al
menos en los principios que Coalición Canaria apuntó el pasado año al
señor ministro
del Interior, relativa a que los presos etarras en las prisiones
ultraperiféricas, periféricas o insulares españolas, concretamente
las que existían en las prisiones canarias, tanto en Las Palmas como
en Tenerife, pasaran el primer escalón de distancia para no penalizar
a las familias de los presos de ETA por el coste de desplazamiento
que ello suponía, porque la pena es la misma en cualquier prisión que
tenga unos barrotes en una celda, pero se penalizaba a las familias
por el desplazamiento a Canarias. Este compromiso de aproximación
a las prisiones peninsulares se ha cumplido por el Gobierno y se sigue
ahora dinamizando en el punto primero de la moción que hemos
presentado todos los grupos hoy aquí.
El segundo punto es el que estamos elaborando en este momento en la
Cámara y que decidimos posponer al proceso electoral que se acaba de
celebrar el pasado domingo día 13 para que, sin que nadie fuera
acusado de electoralismo, pudiéramos resolver el problema de las
ayudas a las víctimas del terrorismo. Mi grupo hace votos por el
consenso que hemos logrado esta tarde, con una naturalidad en el
diálogo verdaderamente digna de que la hubieran conocido muchas de
SS.SS., porque en la sala en la que hemos estado reunidos, con
prudencia, con legitimidad democrática hemos alcanzado un texto de
voluntades cuya literalidad hay que superar para que cuando nos
tengamos que reunir todos los grupos parlamentarios esta proposición
de ley no salga de esta Cámara con el voto contrario de ningún grupo.
Deseamos que ese resarcimiento muy pronto se plasme en un texto que,
firmado por todos los grupos, obtenga el respaldo mayoritario de esta
Cámara.
La paz, con el mejor sentido democrático, la merece cualquier sistema
que en este momento ha suscrito esta moción. Mi grupo se congratula y
por eso la vamos a votar favorablemente.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario debe expresar, en primer lugar, su
satisfacción porque la unanimidad del 10 de noviembre de 1998 será,
sin lugar a dudas, sustituida por la unanimidad del 15 de junio de
1999. Hubiese sido un fracaso imperdonable tener que sustituir
aquella unanimidad por una votación puramente mayoritaria. Aquel día
estuvimos como grupos parlamentarios y como Congreso de los Diputados
a la altura de las circunstancia y creo que también lo hemos estado
en el día de hoy.
Por lo que hace referencia a la fijación de posición de mi grupo en
el debate de la interpelación, hace unos días, tuve ya ocasión de
expresarlo y desde entonces hemos tenido conocimiento de un hecho que
ya se había producido, pero que no deja de ser nuevo. Es el
inicio de conversaciones autorizadas por el presidente del Gobierno
entre el Gobierno y ETA y, por tanto, sí parece que el proceso de paz
en ese aspecto concreto ha ido avanzando a lo largo de estos meses.
Nosotros entendíamos que esas conversaciones entre el Gobierno y ETA
estaban al margen del planteamiento de la moción de 10 de noviembre
de 1998, como quizá no hubiera más remedio. La moción hacía
referencia a la política penitenciaria, al tratamiento de las
víctimas y, al mismo tiempo, realizaba un llamamiento a los diversos
grupos parlamentarios y fuerzas políticas para afrontar ese proceso
de paz sobre la base del diálogo, del consenso y del respeto mutuo.
En la moción que finalmente hoy se aprueba se recuerda esa base de
diálogo, consenso y respeto mutuo, al tiempo que pretende -al menos
así lo entiende mi grupo- constituir un punto de inflexión en la
política penitenciaria que hasta el día de la fecha se ha venido
produciendo. Mi grupo parlamentario siempre ha entendido que hay
algunos aspectos de la política penitenciaria que exceden del puro
tratamiento individual de los reclusos y que, en función de
circunstancias políticas y de paz social que en estos momentos
existen, es preciso activar esa política penitenciaria, dinámica y
flexible acorde con el proceso de paz. El fin de la violencia
callejera, el inicio de estas conversaciones con el grupo terrorista
ETA permitirá la consolidación -hace prácticamente ya un año que se
produjo el último asesinato- de la paz y permite avanzar en esa
política penitenciaria dinámica y flexible que contribuya al avance
de ese proceso de paz.
Por lo que hace referencia a la política en materia de las víctimas
todos estamos de acuerdo en que se ha producido un avance y hemos
sido capaces de culminar hasta el día de la fecha el avance que
supondría ese proyecto o proposición de ley de indemnización a las
víctimas del terrorismo. Vuelvo a reiterar que nos congratulamos de
haber sido capaces de sustituir una unanimidad por otra unanimidad,
de contribuir a la unanimidad del 10 de noviembre con la del 15 de
junio. Por otra parte, entendemos que se dan circunstancias políticas
y sociales que permiten ser algo más ambiciosos en esa política
penitenciaria, dinámica y flexible que, a buen seguro, contribuirá
también a afianzar el proceso de paz. Por tanto, votaremos también
favorablemente a la moción resultante de la enmienda transaccional
conjunta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, señorías, el acuerdo que
hemos alcanzado todas las fuerzas parlamentarias ha sido posible
gracias a una coincidencia profunda en cuanto al fondo de la cuestión
y a que teníamos que buscar una fórmula que pudiese reflejar
en el texto aquellos elementos y matizaciones que los distintos
grupos políticos tenemos respecto a lo que consideramos que es un
mayor o menor grado de cumplimiento del Gobierno de la resolución que
se aprobó en este Parlamento el 10 de noviembre a propuesta de
Izquierda Unida.
Nuestra reflexión va a girar alrededor de la necesidad en este
proceso de que el Gobierno abra el diálogo. Necesitamos que mediante
el diálogo se produzca un acuerdo que, en un tema tan sensible como
es el proceso de pacificación, nos comprometa a todos y no sólo al
Gobierno. En el punto primero de la propuesta que se aprobó el 10 de
noviembre toda la Cámara pedía al Gobierno un amplio diálogo con
todas las fuerzas políticas para desarrollar una nueva orientación
consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria. Han
transcurrido ya siete meses de este acuerdo y es necesario discutir
sobre su grado de cumplimiento. Para el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, nuestra valoración sobre ese grado de
cumplimiento es negativa e insuficiente. El diálogo como paso previo
al consenso no se ha producido, es más, hay declaraciones públicas de
destacados miembros del Gobierno en las que se jactan de no tener la
mínima intención de cumplir el mandato del Parlamento.
Izquierda Unida quiere expresar su malestar por la falta de respeto
hacia la representación de la soberanía popular que dictaminó un
acuerdo que el Gobierno no está desarrollando y, a la vez, denunciar
la discriminación que sufre nuestro grupo parlamentario respecto a la
información que da el Gobierno a los partidos de la Cámara, aspecto
muy grave que es más rechazable cuando se intenta vincular el grado
de información a la mayor o menor discrepancia que tenga cada partido
con el Gobierno respecto al proceso de pacificación y normalización
en el País Vasco. Estamos hablando de una cuestión de Estado, donde
el partidismo se debe plegar a la búsqueda de acuerdos amplios en los
que se vean reflejados la mayor parte de la voluntad popular y no
sólo de una mayoría. Seguimos subrayando uno de los déficit de estos
siete meses: no ha habido diálogo y, evidentemente, sin diálogo no se
puede producir el consenso.
Esta moción se refiere a tres aspectos muy concretos que ya fueron
mencionados en la moción anterior, tres aspectos que están
relacionados con el proceso de pacificación en el País Vasco, pero no
debemos olvidar que hay otros temas fundamentales para alcanzar
definitivamente la paz que deben abordarse desde un común
denominador, cual debe de ser el que el Gobierno debe dialogar y
consensuar con las fuerzas políticas, como ya hace años se recogió en
el Pacto de Ajuria Enea.
El Gobierno ha supeditado cualquier acuerdo sobre el cambio de su
estrategia antiterrorista a la consolidación de la tregua, a la
aceptación por parte de Euskal Herritarrok del resultado electoral en
las elecciones autonómicas de octubre y a otras muchas causas. Hoy,
el mismo Gobierno reconoce la estabilidad del proceso
que estamos viviendo y su imparable marcha hacia adelante. Hoy más
que nunca el Gobierno debe echar lastre fuera para avanzar hacia lo
que es imprescindible para afianzar el proceso de paz: dialogar,
consensuar una nueva política penitenciaria. Hoy el Gobierno puede y
debe dar un paso adelante con un acercamiento de presos creíble. No
debemos de confundir aspectos parciales que haya podido ir tomando el
Gobierno, decisiones relacionadas con el proceso de paz. Se han
mencionado incluso acercamientos selectivos o parciales, se han
mencionado inicios de contactos con ETA. Desde luego, son procesos
que nos llevan inexorablemente a la consolidación de la paz, pero nos
llevan también necesariamente a demandarle al Gobierno eso que
nosotros hemos analizado al comienzo de esta intervención como algo
negativo: falta diálogo, falta consenso, falta la búsqueda de la
mayoría de la Cámara, porque se ha demostrado en noviembre y hoy que
hay voluntad de consenso por parte de todos los grupos políticos.
Simplemente volvemos a pedirle al Gobierno que explote esa vía, que
iniciemos un diálogo serio y profundo. Estamos dispuestos a ello,
muchos somos los partidos que no hemos hecho electoralismo con esta
causa y hemos tenido que pagar con los resultados electorales
compromisos de una vocación inexorable para consolidar la paz,
vocación como la de mi grupo político en Euskadi de tender puentes
para romper cualquier atisbo, cualquier mínima posibilidad de
consolidación de dos frentes que dividan también a la sociedad.
Seguimos reclamando al Gobierno, como dice esta moción, una acción
concreta y decidida hacia el diálogo, hacia el consenso con todas las
fuerzas políticas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Navas.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Gracias, señor presidente.
El texto presentado hace difícil estar en desacuerdo con él. Nuestro
grupo lo va a apoyar en sus términos. Lo que le preocupa a nuestro
grupo no es lo que dice el texto, sino, más bien, todo lo que no se
habla en esta Cámara del problema del fin de la violencia; todo lo
que no se habla en esta Cámara del problema del País Vasco. De ahí
que, en primer lugar, quiera felicitar a los que presentaron la
interpelación por traer a esta Cámara, aunque sea en aspectos
parciales, un debate que debería tener lugar en la misma. No es lo
más importante. Lo más importante queda fuera de la interpelación
y ha quedado fuera del texto de la moción. Quedan fuera problemas como
el fin de ETA, el análisis de problemas como la recuperación de un
clima de plena democracia en el que se respeten los derechos y
libertades en el País Vasco de todos, en el que ningún partido
político tenga dificultades para poder confeccionar listas como
consecuencia de un clima de presión que
sólo algunos grupos políticos sufren; queda fuera, en definitiva,
resolver y debatir lo importante. Los presos y las víctimas son las
consecuencias de los problemas. Desde esa óptica nosotros esperamos
que, en adelante, se deje de debatir sobre estas cuestiones en todos
los lados menos en esta Cámara. Esperamos que en el futuro el debate
no se lleve a los actos electorales, ni a los mítines, ni a otras
instancias, sino que se entienda que de estas cuestiones
prioritariamente se debe hablar en esta Cámara. Esperamos en el
futuro presentar iniciativas en esa línea.
Del texto de la moción sólo nos preocupa una cuestión. De acuerdo que
hay que ir a esa orientación consensuada, pero ¿dónde la consesuamos?
Está claro que debería haber un sitio para eso que se llama el Pacto
de Madrid. ¿Por qué no se convoca el Pacto de Madrid? Donde, si no,
vamos a fijar una política consensuada flexible y dinámica. ¿Existe
otra instancia? Seguir afirmando cada seis meses que debemos
consensuar la política no garantiza el mecanismo procedimental para
plasmar ese consenso.
Aceptando el texto de la moción, mi grupo quiere dejar constancia de
su insuficiencia. Es imprescindible que el debate global sobre el fin
de la violencia se realice donde se debe realizar, sea en el Pacto de
Madrid, sea en el Pleno de esta Cámara. Propuestas como la que hoy
aprobamos demuestran buena voluntad, deseo de todos de llegar a
mínimos denominadores comunes, pero, en los términos en que está
planteado, no es realmente operativo. Esperemos que el Gobierno se
decida, de una vez, a convocar el Pacto de Madrid. Mi grupo lo
solicita expresamente desde esta Cámara. Si no fuera así, si se
persiste en mantener inoperante el Pacto de Madrid, nuestro grupo
tendrá que pensar en otro tipo de iniciativas parlamentarias.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Belloch.
Finalmente por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Intervengo con toda brevedad, señor presidente,
señorías, porque para el Grupo Parlamentario Popular el día de hoy es
una nueva ocasión muy especial. Nosotros no podemos sino celebrar de
nuevo el que el diálogo, la búsqueda del consenso, la capacidad de
entendimiento, el respeto recíproco entre fuerzas políticas
distintas, con análisis distintos y con planteamientos y valoraciones
de la situación distinta, hayan sido, sin embargo, capaces de ofrecer
de nuevo al conjunto de la Cámara y de la opinión pública española un
texto que sustancia de nuevo, como se hizo el 10 de noviembre, un
equipaje común de principios.
No está de más construir la paz sobre la base de buscar las palabras
que son sustanciales, de hacer grandes esos espacios de encuentro. La
paz no tiene otro camino que el primar entre todos los puntos de
coincidencia sobre los puntos de divergencia e intentar hacer
posible ese sendero de la paz, jalonándole con análisis y con
valoraciones que probablemente no sean los análisis y las
valoraciones que cada grupo político por sí mismo sostendría, pero
que sí son lo suficientemente generosos, hechos desde el compromiso y
la voluntad de entender al otro y, por tanto, esencialmente útiles
para acercar al fin último buscado ese logro de la paz.
Nosotros nos queremos quedar ahí y queremos decir que lo conseguido
el 10 de noviembre ha tenido hoy, 15 de junio, una nueva estación, un
punto de continuidad; una nueva estación y un punto de continuidad
que nos comprometen a todos -y quiero subrayar esa expresión-, a cada
cual en el ámbito de su responsabilidad, pero que suponen, sin lugar
a dudas, un elemento activo y de confianza para que los ciudadanos
entiendan que esta Cámara, esta institución, son efectivamente una
Cámara, una institución, servida desde la vocación de diálogo, desde
la vocación de concordia, desde la vocación de integrar objetivos
comunes cuando, sobre todo y especialmente, estamos hablando del gran
objetivo común de la paz.
Otros grupos parlamentarios tienen toda la legitimidad, que no vamos
a discutir, para hacer sus propias valoraciones. Por lo mismo,
nosotros también, como grupo parlamentario, estamos revestidos de esa
misma legitimidad. Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario
Popular, el Gobierno está sabiendo enfocar debidamente, en el ámbito
de su responsabilidad, el conjunto de iniciativas que enmarcan el
desarrollo de este proceso.
Desde el 10 de noviembre hasta la fecha ha habido pasos
cualitativamente muy importantes como para acreditar ese compromiso
reiterado y público del Gobierno con el logro de la paz, sin
precipitaciones, sin aventuras en el vacío, sin improvisaciones, pero
al mismo tiempo sin pasividad, sin inmovilismos ni atrincheramientos.
Ha habido una voluntad directa de acreditar, con quienes tienen que
acreditar su voluntad de paz, que esa paz pueda ser y sea definitiva,
como todos deseamos. En esa iniciativa, sin lugar a dudas, subyace la
mejor acreditación del compromiso del Gobierno por conseguir entre
todos que cuanto antes se puedan dar esas condiciones que todos
deseamos, y que el Gobierno desea como todos, que permitan
definitivamente modular determinados procesos en orden a acercar
cuanto antes ese horizonte de la paz.
Nosotros hoy decimos, de la misma forma que hemos reiterado en
innumerables ocasiones, que todas las fuerzas políticas democráticas
representadas en esta Cámara, el conjunto de los demócratas de este
país, hace mucho tiempo que estamos cumpliendo, hace mucho tiempo que
cumplimos nuestro deber con la paz. No somos nosotros, el conjunto de
los demócratas de este país, quienes tenemos que estar forzados a
acreditar día a día nuestro compromiso y nuestra vocación de paz,
porque siempre hemos hecho de la paz el lugar principal y único de
encuentro. Hoy, nuevamente, con el contenido de una moción que es
capaz de integrar, que es capaz de dejar de lado diferencias, que
es capaz de mirar hacia el mañana mucho más que hacia el hoy o hacia
el ayer, los demócratas volvemos a cumplir con nuestro deber,
volvemos a estar a la altura de nuestra responsabilidad. Ojalá
quienes tienen que acreditar definitivamente que están dispuestos a
seguir el imperativo inequívoco del pueblo vasco y del conjunto de la
ciudadanía española reclamándoles que hagan posible la paz entiendan
también este mensaje. Los demócratas miramos hacia el mañana, los
demócratas somos capaces de construir palabras de encuentro, los
demócratas somos capaces de respetarnos y entendernos recíprocamente
para hacer más grande, más atractivo y más posible ese equipaje de la
paz. Que lo que hicimos el 10 de noviembre y lo que hemos hecho hoy,
15 de junio, nos sirva a todos de compromiso y de acicate para seguir
trabajando en esa dirección.
No hay lugar a polémicas estériles, no hay lugar a polémicas
partidistas, no hay lugar a palabras de crispación o de
enfrentamiento, de ruptura o de quebramiento cuando se habla de paz.
Hay lugar a talantes y a compromisos, a ideas y a aspiraciones que
son de todos, para todos y con todos, que sólo todos podemos ganar.
Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Popular, sin lugar a
dudas, el Gobierno está sabiendo cumplir con su deber, el Gobierno
está sabiendo estar a la altura de lo que le demanda la situación, el
Gobierno está sabiendo cumplir activamente, con un equilibrio entre
prudencia y responsabilidad, entre activismo y sentido común, entre
prudencia e inteligencia.
Para concluir, quiero agradecer a todos los grupos de la Cámara el
que nuevamente hayamos podido demostrar, demostrarnos a nosotros
mismos, que no deja de ser importante, y demostrar al conjunto de la
sociedad española que cuando hay voluntad de servir palabras de
entendimiento, se logra que esas palabras de entendimiento sean
posibles. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gil.
Vamos a proceder a las votaciones correspondientes al punto III del
orden del día. En primer lugar, votamos la moción del Grupo
Socialista, sobre medidas para incrementar la inversión pública en
infraestructuras y superar las graves carencias que en políticas de
transportes, vivienda y telecomunicaciones arroja la gestión
de los servicios públicos. Se vota en los términos de la moción
presentada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
267; a favor, 126; en contra, 141.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Queda rechazada la moción.
Votamos, a continuación, la moción del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para
frenar el proceso de mercantilización progresiva de la sanidad
pública, en los términos de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista que ha sido modificada por una transaccional de Izquierda
Unida, aceptada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
271; a favor, 127; en contra, 144.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Queda rechazada la moción.
Votamos, finalmente, la moción que de forma transaccional han
presentado los diversos grupos de la Cámara, a iniciativa de los
grupos parlamentarios Vasco y Mixto, sobre el grado de cumplimiento
de los contenidos de la moción aprobada por unanimidad de la Cámara
el 10 de noviembre de 1998, con relación al análisis, valoración,
acciones políticas y medidas a adoptar por el Gobierno para la
consecución de la paz.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
270; a favor, 269; en contra, uno.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Queda aprobada la moción.
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.