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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 244, de 27/05/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 244
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 236
celebrada el jueves, 27 de mayo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día . . . (Página 12968)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proposición de Ley sobre adaptación de las normas de circulación a
la práctica del ciclismo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
núm. 233-1, de 27 de octubre de 1998. (Número de expediente 124/
000005.) . . . (Página 12968)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley por la que se modifica el artículo 5 de la Ley 25/
1971, de 19 de junio, de protección a las familias numerosas. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, núm. 168-1, de 3 de mayo de
1999. (Número de expediente 121/000169.) . . . (Página 12975)
Informe anual sobre la Cuenta General del Estado:
- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas relativo a la Declaración Definitiva sobre la Cuenta
General del Estado del ejercicio 1996 y resolución adoptada por la
misma. (Número de expediente 250/000008.) . . . (Página 12980)
Ampliación de plazo:
- De la Subcomisión encargada del análisis del diseño, ejecución y
resultados de la política de subvenciones del Ministerio de Industria
y Energía . . . (Página 12984)
Propuesta de creación de Comisiones de Investigación:
- Propuesta de creación de la Comisión de Investigación para analizar
la distribución de las ayudas comunitarias al cultivo del lino, a
petición del Grupo Socialista del Congreso (número de expediente 156/
000014), de los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y
Mixto (número de expediente 156/000015), y del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso (número de expediente 156/000016.) . . . (Página 12985)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Modificación del orden del día . . . (Página 12968)
El señor presidente, oída la Junta de Portavoces, somete a la
consideración del Pleno la inclusión de un nuevo punto en el orden
del día, lo que se aprueba por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 12968)
Proposición de ley sobre adaptación de las normas de circulación a la
práctica del ciclismo . . . (Página 12968)
En defensa de las enmiendas mantenidas a la proposición de ley
intervienen el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, y
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Paniagua Fuentes, del Grupo Socialista del Congreso, y Seco
Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad sobre iniciativas legislativas . . . (Página 12975)
Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 5 de la Ley 25/
1971, de 19 de junio, de protección a las familias numerosas . . .
(Página 12975)
Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Pimentel Siles). Manifiesta
que con esta modificación lo único que se pretende es cumplir una
exigencia comunitaria que garantiza la libertad de movimientos de los
trabajadores en nuestro país. Se trata de que los beneficios de la
Ley de Familia Numerosa se extiendan a los ciudadanos comunitarios
que trabajen en España, aunque tengan la residencia en otro país
comunitario o del espacio económico europeo.
En defensa de la enmienda de totalidad formulada, interviene el señor
Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras
López i Chamosa, del Grupo Socialista del Congreso, y Sainz García,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Informe anual sobre la Cuenta General del Estado . . . (Página 12980)
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas relativo a la declaración definitiva sobre la Cuenta General
del Estado del ejercicio 1996 y resolución adoptada por la misma . .
. (Página 12980)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gómez Rodríguez,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Gimeno Marín, del Grupo Socialista del Congreso, y Jordano
Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Ampliación de plazo . . . (Página 12984)
De la Subcomisión encargada del análisis del diseño, ejecución y
resultados de la política de subvenciones del Ministerio de Industria
y Energía . . . (Página 12984)
El señor presidente somete al Pleno de la Cámara la ampliación del
plazo, hasta el final del presente período de sesiones, de los
trabajos de la Subcomisión encargada del análisis del diseño,
ejecución y resultados de la política de subvenciones del Ministerio
de Industria y Energía, constituida en el seno de la Comisión de
Industria, Energía y Trismo, lo que se aprueba por asentimiento.
Proposición de ley sobre adaptación de las normas de circulación a la
práctica del ciclismo. (Votaciones.) ... (Página 12984)
Se someten a votación las enmiendas presentadas por los grupos
parlamentarios Mixto, Federal de Izquierda Unida, que son rechazadas.
A continuación se somete a votación el dictamen de la Comisión, que
es aprobado por 266 votos a favor y uno en contra.
Proyecto de ley por la que se modifica el artículo 5 de la Ley 25/
1971, de 19 de junio, de protección a las familias numerosas.
(Votación.) . . . (Página 12985)
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución presentada
por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se rechaza por seis votos
a favor, 148 en contra y 113 abstenciones.
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas relativo a la declaración definitiva sobre la Cuenta General
del Estado del ejercicio 1996 y resolución adoptada por la misma.
(Votación.) . . . (Página 12985)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la declaración
definitiva sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 1996 y
resolución adoptada por la misma, se aprueban por 265 votos a favor y
una abstención.
Propuesta de creación de comisiones de investigación . . . (Página 12985)
Propuesta de creación de la Comisión de Investigación para analizar
la distribución de las ayudas comunitarias al cultivo del lino, a
petición del Grupo Socialista del Congreso, de los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, y del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso . . . (Página 12985)
En defensa de sus propuestas intervienen los señores Amarillo
Doblado, del Grupo Socialista del Congreso; Centella Gómez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Peralta Ortega, del Grupo
Parlamentario Mixto, y Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
En turno especial por contradicciones intervienen los señores
Amarillo Doblado, Alcaraz Masats y Madero Jarabo.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, en primer lugar, la solicitud de creación de la
Comisión de Investigación de 90 diputados del Grupo Socialista del
Congreso, se rechaza por 118 votos a favor, 143 en contra y cinco
abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la solicitud de creación de la
Comisión de Investigación de los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, se rechaza por 122 votos a favor y 144 en
contra.
Sometida a votación, finalmente, la solicitud de creación de la
Comisión de Investigación del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, se aprueba por 147 votos a favor, dos en contra y 115
abstenciones.
Se levanta la sesión a las doce y treinta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Antes de continuar con el orden del día, en el que figuran, como
saben SS.SS., tres puntos, un dictamen de Comisión, un debate de
totalidad y un informe anual derivado de la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, querría someter al Pleno la
inclusión de un nuevo punto en el orden del día, al haberlo acordado
así por unanimidad la Junta de Portavoces, para lo que requiero el
asentimiento de la Cámara. Se trata de las solicitudes de creación de
una Comisión de investigación, pretendida por los grupos Federal de
Izquierda Unida más Mixto, Socialista y Popular, en relación a las
subvenciones del lino, punto éste que sería el último que nos ocupara
en la mañana de hoy. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.)
Muchas gracias, señorías. En compensación, la Presidencia anuncia que
los tres primeros puntos se votarán al final de su debate.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN A
LA PRÁCTICA DEL CICLISMO. (Número de expediente 124/000005.)
El señor PRESIDENTE: Punto VI: Dictamen de Comisión sobre iniciativa
legislativa constitutiva de una proposición de ley sobre adaptación
de las normas de circulación a la práctica del ciclismo.
Mantienen enmiendas al dictamen, por el Grupo Mixto, la señora
Rivadulla y el señor Saura, que efectuará la defensa de las mismas, y
el Grupo de Izquierda Unida, en cuya representación veo, como
siempre, al señor Castellano.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Voy a defender las tres enmiendas que Iniciativa-Els Verds mantiene
vivas en el trámite de aprobación de esta proposición de ley. En
primer lugar, quiero decir que nosotros hacemos una valoración
positiva de esta
proposición de ley, a pesar de que consideramos que es una respuesta
parcial o incompleta a un tema que cada vez está tomando mayor
importancia, que es el debate en relación a la asignación del espacio
público a las diversas formas de movilidad o a los modos de
transporte. Esta proposición de ley aborda una cuestión importante,
el tema de la seguridad, pero pensamos que es necesario sucesiva y
progresivamente ampliar el ámbito de iniciativas en relación a esta
cuestión que yo formulaba antes.
Desde Iniciativa-Els Verds pensamos que el actual sistema de
transporte es insostenible. En nuestras ciudades y nuestros pueblos
el coche es el rey, ocupa prácticamente todo el espacio público,
malutiliza el consumo de energía y produce efectos contaminantes. En
ese sentido, la propuesta que traemos hoy aquí para su aprobación y
que es objeto de nuestras tres enmiendas significa aumentar las
medidas de seguridad de las bicicletas.
La bicicleta es un medio de transporte que en los últimos años se
está recuperando no sólo desde el punto de vista de la práctica
deportiva, sino también como medio de transporte en la vida de las
personas. Pensamos que la bicicleta es un medio de transporte más
limpio, más seguro, más sano y, en muchos casos, más rápido...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Y, por cierto, señor Saura, también menos
ruidoso que el rumor que en este momento se percibe en el Pleno y por
el que les llamo al orden, señorías. No es éste sitio de despachar ni
de organizar semejante algarada. Silencio, por favor.
Continúe, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Por tanto, nuestras tres enmiendas van en la línea de intentar
mejorar el actual texto.
En relación a la primera enmienda, la número 32, el texto que se nos
propone prohibe la circulación de bicicletas en autopistas y en
autovías. Nosotros pensamos que es acertada la prohibición en
autopistas, pero en autovías sólo debería serlo cuando hubiera vías
alternativas o cuando hubiera un carril específico para las
bicicletas. Este fin de semana, yendo en coche por una de las
autovías importantes cercanas a Barcelona, Castelldefels -es una
autovía muy utilizada por los ciclistas-, pensaba que, una vez que se
apruebe esta ley, su utilización no va a ser posible. Nuestra
enmienda número 32 lo que plantea es que esté prohibido circular por
autovía en el caso de que existan vías alternativas o carriles
específicos.
La enmienda número 33, la segunda, es una enmienda de supresión del
actual texto que hace referencia a la prioridad de paso. El texto
actual puede llevar a confusión, pero sobre todo es un texto que, en
definitiva, determina la prioridad de paso según el tipo de vehículo
que se utilice. No hay ningún convenio internacional sobre tráfico y
seguridad vial que distinga la prioridad
en función de las clases de vehículos. Por lo tanto, proponemos la
supresión de este artículo.
La última enmienda, la número 34, hace referencia al redactado actual
de la proposición de ley, que obliga a que en determinadas
condiciones -evidentemente, de falta de visibilidad-, los conductores
de bicicletas lleven una prenda reflectante. Coincidimos
evidentemente en la necesidad de que existan elementos de seguridad,
pero nosotros planteamos la supresión de este texto en el sentido de
que estos elementos deben ir incorporados a la bicicleta, no a la
persona. Es como si en determinadas condiciones de falta de
visibilidad se obligara a los peatones a llevar determinadas prendas
reflectantes. Esto podría estar justificado en el caso de que
solamente se hiciera referencia a la utilización de bicicletas para
el deporte, pero estamos hablando de un texto que obliga
evidentemente a quien hace deporte y a quien no lo hace y nos
parecería mucho más adecuado y de mayor eficacia que la ley obligara
en todo caso a que la bicicleta llevara incorporados esos elementos
reflectantes.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Pasamos al turno de las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda
Unida, que defenderá el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente,
defensa que se va a reducir al mantenimiento de las enmiendas números
2, 4, 9, 11, 14, 16, 17, 18 y 19, dando el resto por retiradas.
Nuestro grupo va a votar favorablemente el dictamen procedente de la
Comisión de Interior en materia de adaptación de normas de
circulación a la práctica del ciclismo, pero tenemos que hacer una
consideración previa. Pensamos que el conjunto de medidas que se
adoptan en este texto normativo ponen el acento fundamentalmente en
el comportamiento de los usuarios de las bicicletas y en cuáles deben
ser las prevenciones que deben adoptar para la circulación y, sin
embargo, pone muy poco acento en cuáles deben ser las precauciones
que deben adoptar los conductores de automóviles, cuando,
evidentemente, gozan de una situación de superioridad y son ellos lo
que, en un momento determinado, acrecientan el riesgo en que pueda
incurrir cualquier usuario de una determinada bicicleta. Por tanto,
nos gustaría que esta reforma que aquí se hace no se entenda como una
reforma definitiva y que, de acuerdo con el espíritu de nuestras
enmiendas, se acometa una revisión de modo tal que en la señalización
de nuestras vías el hecho de circular en bicicleta no se vea como una
situación anómala o extraordinaria, sino que se le dé el carácter
lógico que se le debe dar, como ocurre en otros países que tienen
esta tradición. Es verdad que no nos movemos en la tradición
holandesa ni australiana ni menos aún en la china, en la que
efectivamente es el vehículo esencial de todos y cada uno de los
ciudadanos; ahora bien, vamos a ver si podemos
contribuir con estas reformas a que la cultura de la bicicleta, no
sólo deportiva, sino también sanitaria, se vaya imponiendo.
Tenemos nuestro temor, señor presidente, a que algunos ciclistas, en
alguna medida esperanzados por estas reformas, crean que ya han
alcanzado la meta que anhelaban y pueda ocurrir que precisamente por
ello vayan a ser más víctimas que antes por abandonar ciertas
precauciones, porque -repetimos- desde el mundo del automóvil no se
está teniendo la consideración debida a la práctica de este deporte.
En consecuencia, nos gustaría que en materia de cruce de carreteras
y de cruce de vías urbanas por las que pueden circular perfectamente
los ciclistas quedara establecida de una forma muy clara la prioridad
del vehículo más débil, cual es la bici, con respecto al automóvil, y
que esto quedara establecido no solamente en el Código de la
Circulación, sino a través de la señalización. Nos gustaría, a su
vez, que el Código de la Circulación recogiera ya, según nuestra
enmienda número 11, una nueva terminología respecto al carril-bici de
carácter individualizado y exclusivo para la circulación de estos
vehículos, y todo el conjunto de senderos, vías, carreteras o calles
en los que, sin llegar a tener esa exclusividad, sí deben tener una
cierta preferencia y deben ser objeto de atención.
Nos parece bien, en suma, que este esfuerzo legislativo de momento
ponga el acento en las medidas que han de adoptarse por los
conductores de las bicis, aunque yo creo que es un poco exagerado que
lleguen hasta el extremo de que puedan ser objeto ni más ni menos que
de inspección por la ingestión de bebidas alcohólicas, porque da la
pequeña casualidad de que cuando un usuario de una bici haya ingerido
demasiadas bebidas alcohólicas no le va a dar tiempo ni siquiera a
recorrer diez metros como para provocar un accidente. Esto es una
desmesura, porque inmediatamente lo primero que va a hacer es perder
el equilibrio. No se suele perder el equilibrio en un automóvil
porque tiene cuatro ruedas, pero desde luego, en una bici, se suele
perder el equilibrio. Pero en fin, vamos a pasar por ello si la
voluntad es la de ir avanzando, siempre que efectivamente se
complemente con una actitud muy seria de llamada de atención del
mundo del automóvil hacia esa cultura legítima y que debe ser
absolutamente incentivada, hacia la utilización de esta clase de
vehículos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
¿Grupos que desean fijar posición sobre las enmiendas y sobre el
dictamen? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la
palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Vasco ve con enorme satisfacción la llegada al Pleno de esta
proposición de ley del Senado, que
en su día fue promovida por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, para adaptar las normas de circulación a la
práctica del ciclismo. Es una iniciativa que ha tenido ciertamente
una larga trayectoria, que parece más hecha a pie que en bicicleta si
consideramos que tiene su origen en una ponencia encargada por esta
Cámara en el sentido de abordar el estudio y el seguimiento de los
accidentes de tráfico ocurridos en carretera por la práctica de este
deporte del ciclismo.
La tarea creemos que ha sido ardua, ya que se trata de cohonestar
tres distintos aspectos. En primer lugar, el apoyo a la práctica de
un deporte, lo que es acorde con los principios rectores de la
política social y económica, con el fomento de más de un medio de
transporte que es sano y ecológico, como han evidenciado quienes me
han precedido en el uso de la palabra y, además, con la protección de
la seguridad de los ciudadanos, incluidos los propios ciclistas, en
lo que se refiere al tráfico rodado. Ello ha requerido puro
equilibrio -equilibrio ciclista, se podría decir- entre los bienes
a tutelar. Creemos que ha quedado bien si se considera que esto, como
ha dicho el señor Castellano, no es ni Australia ni Holanda, por
citar ejemplos emblemáticos para los usuarios de la bici, y que hay
que tener en cuenta la configuración geográfica y orográfica, el
trazado de las vías y los núcleos de población mayores o menores. En
definitiva, creemos, señorías, que se contempla en el texto
adecuadamente la utilización de los arcenes, la circulación por los
carriles-bici, las vías de uso preferente; incluso el tan deseado
asunto de la circulación en paralelo, solicitada por los ciclistas,
en principio contemplada en el Código como prohibida, podrá
autorizarse reglamentariamente atendiendo a las circunstancias de la
vía o a la peligrosidad del tráfico. Creemos que son dos parámetros
razonables y que permitirán que la norma adecuada, el reglamento,
adecue esta normativa a los deseos de los ciclistas, repetimos,
cuando las circunstancias y el trazado de la vía lo permitan.
La extensión a las autovías de la prohibición actualmente vigente en
las autopistas de que los ciclistas las utilicen creemos que ya está
contemplada en el sentido que el señor Saura exigía, puesto que el
texto aprobado contempla que esto será así salvo cuando no exista
otra vía alternativa para realizar el desplazamiento. La obligación
impuesta a los conductores de vehículos a motor de extremar las
precauciones creemos que también ha quedado perfilada de forma
adecuada, y nos parece también convincente la imposición a los
ciclistas de ciertas obligaciones de reforzar su propia visibilidad
o de incrementar su seguridad, como es, por ejemplo, el uso del casco
por vías interurbanas en las condiciones que también de forma
reglamentaria quedarán establecidas. El reforzamiento respecto a los
ciclistas de la prohibición de circular con tasas superiores a las
reglamentariamente previstas de bebidas alcohólicas, estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas creemos que
era una necesidad,
puesto que no quedaba evidente tal y como se contempla
actualmente, ya que parecía claramente referirse a la circulación con
vehículos a motor. En definitiva, señorías, creemos que el texto ha
quedado correcto; correcto en lo que está y también en lo que no
está, ya que un núcleo importante de lo remitido por el Senado ha
sido considerado por los ponentes y en Comisión como de contenido
reglamentario y se ha diferido, por tanto, su regulación a ese
instrumento normativo y al Gobierno, que es el competente para su
regulación.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans i Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la ley que hoy vamos a aprobar en este Pleno es importante;
es una de esas leyes que afectan directa, directísimamente diría, a
los intereses de los ciudadanos. Desde el primer momento, en el
Senado, y posteriormente en el Congreso, el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) -el Grupo de Convergència i Unió en el
Senado- ha sido muy activo en la defensa del espíritu de esta ley y
en su momento de la ponencia en el Senado, que dio lugar al texto
normativo que ahora se va a aprobar. Yo querría, sin embargo, antes
de comentar propiamente la ley, empezar con una breve idea que creo
que debe ser subrayada, y es que en todo lo que hace referencia a la
utilización de la bicicleta en el ámbito del tránsito urbano e
interurbano no hay ley de ordenación del tráfico ni ley sancionadora
de ningún tipo que pueda sustituir a la educación vial. Por mucha ley
que aquí aprobemos -y considero, como diré a continuación, que es una
buena ley la que ahora aprobamos-, sin una buena educación vial esta
ley quedará en papel mojado y no conseguirá prácticamente ninguno de
los resultados que se pretende. La bicicleta es toda una cultura, el
respeto por el ciclista es toda una cultura e, insisto, no hay
sanción que pueda sustituir los esfuerzos que el Gobierno y las
administraciones que tienen las competencias educativas tienen sobre
sí en este ámbito.
Dicho esto, la ley que ahora vamos a aprobar es, sin duda, una buena
ley. Lo es en términos técnicos, puesto que, efectivamente, la
ponencia decidió, y la Comisión así lo aprobó, dejar fuera del
contenido de la ley una serie de aspectos que eran estrictamente de
materia reglamentaria y que, por tanto, deberán ser desarrollados
posteriormente. Y lo es porque en el ámbito estrictamente
legislativo, en la medida en que imponía sanciones o tipificaba
determinadas faltas administrativas, ordena de una manera mucho más
correcta que hasta ahora y saca una serie de consecuencias prácticas
sobre el incremento del uso de la bicicleta en las víasurbanas e
interurbanas.
Del conjunto de los puntos que la ley contiene yo destacaría en este
momento dos cuestiones. La primera, la que hace referencia a las
autovías y las autopistas: la prohibición expresa a los ciclistas de
circular por autopistas y por autovías. Nosotros compartimos
absolutamente esa prohibición y no compartimos, en cambio, la
inquietud que manifestaba el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto
al defender su enmienda, en este caso el señor Saura, de Iniciativa
per Catalunya. Creemos que se equivoca en el discurso que ha
realizado, puesto que la ley establece el principio de la prohibición
general de la circulación por autopistas y por autovías, pero
expresamente -y esa es una necesidad compartida por todos los grupos
políticos presentes en la ponencia- se establece que la autoridad
competente en materia de tráfico podrá autorizar de forma general el
tráfico ciclista -no individualizada para cada uno de los ciclistas,
sino de forma general- para un determinado trazado de autovía, para
una determinada vía en concreto de circulación en la que se considere
que no existe vía alternativa para el tráfico ciclista. Ponía el
señor Saura el ejemplo de la autovía de Castelldefels -y no quisiera
convertir esto en una discusión localista-, pero si realmente la
autoridad de Tráfico considera que la autovía de Castelldefels no
tiene una vía alternativa en condiciones suficientes en lo que a la
distancia entre distintas localidades se refiere -podría poner el
ejemplo de la autovía de LAtmella en determinados tramos-, si
efectivamente se considera que no tienen vía alternativa y al mismo
tiempo -y eso lo subraya el texto legal- se considera que, atendidas
las circunstancias del tráfico, la seguridad de los ciclistas puede
quedar suficientemente protegida por ejemplo porque exista un arcén
suficiente, con la ley, tal cual se aprueba hoy, podrá seguir siendo
posible la circulación por autovías en esos tramos en los que no
exista vía alternativa; nunca, evidentemente, por autopista, puesto
que siempre hay, por definición, vías alternativas a las autopistas.
En segundo lugar, quiero destacar las medidas de seguridad que quedan
reforzadas por esta ley. Aquí también discrepo un poco de algunas
afirmaciones que hacía el portavoz del Grupo Mixto, que es quien
mantiene enmiendas en este punto. Nosotros creemos, y así lo ha
creído la mayoría de los ponentes -es una afirmación bastante común,
casi un tópico-, que en el uso de la bicicleta la carrocería es el
propio ciclista; la carrocería de una bicicleta es el cuerpo del
ciclista, luego entrar en disquisiciones sobre dónde tienen que estar
las medidas de seguridad, si tienen que estar en la máquina o en el
ciclista, en el caso de la bicicleta no tiene sentido puesto que
forman una unidad y muchas veces es en el propio cuerpo del ciclista,
en su espalda o en su cabeza concretamente, donde tendrán que ponerse
las medidas de seguridad. No bastarían, por sólidas que fueran,
medidas de seguridad puestas estrictamente en la máquina. Y aquí es
donde encajan algunas de las novedades que tiene esta ley, por
ejemplo, el uso de elementos reflectantes cuando se circula
de noche, o muy concretamente la necesidad que establece esta ley de
imponer el casco a los ciclistas en los trayectos interurbanos en las
condiciones que reglamentariamente se determinen.
La experiencia australiana, que cuenta con dos leyes distintas
relativas a este tema, ha demostrado muy eficaz el uso del casco,
claramente comprobado por estadísticas de siniestralidad que marcan
las diferencias que hay cuando se lleva casco y cuando no se lleva.
Al mismo tiempo, las estadísticas australianas demuestran que es
falsa esa afirmación que puede flotar en el ambiente relativa a que
la introducción del casco por vía obligatoria puede retraer el uso de
la bicicleta; esa afirmación tampoco es cierta y está
estadísticamente comprobado. Por tanto, ese análisis científico de la
realidad nos ha llevado también a nosotros a convencernos de que el
uso del casco en las vías interurbanas, evidentemente, no es la
medida definitiva, no es la solución a cualquier supuesto de
accidentalidad, pero sí que es un claro elemento que puede disminuir
de forma muy importante -y termino, señor presidente- la
siniestralidad, sobre todo los efectos de la siniestralidad en el uso
de la bicicleta en vías interurbanas. Evidentemente, corresponderá a
la autoridad competente en materia de tráfico determinar con mucha
más precisión en qué condiciones, en qué supuestos se tiene que
llevar el casco, pero ya queda establecido por ley que hay un plazo
para elaborar ese reglamento y que deberá ser en las vías
interurbanas donde el casco deberá ser utilizado. En este marco
encaja una previsión que introdujimos en la ponencia, pequeña pero
que puede ser importante y que me consta que inquietaba a
determinados representantes de asociaciones de usuarios de la
bicicleta, como son las consecuencias que puede tener la imposición
del uso del casco ante personas que procedan de otros países
fronterizos de la Unión Europea que accedan a nuestro país, pongamos
por caso, para hacer el Camino de Santiago en bicicleta. La ley prevé
expresamente la posibilidad de que, por vía reglamentaria, se pueda
matizar, se pueda concretar, se puedan sacar las consecuencias más
precisas que se derivan de la imposición del casco en aquellas vías
que tienen carácter fronterizo, por ejemplo, porque no exista una
población, un núcleo urbano donde sea físicamente posible comprar un
casco antes de 20, 30 ó 50 kilómetros desde la frontera por la que
ese ciclista ha entrado, que puede ser una vía interurbana pero
fronteriza, montañosa, donde no existan poblaciones, insisto.
Por tanto, creemos que la de hoy es una buena ley, pero querría
terminar como empezaba. Estamos pendientes del reglamento, pero ni
siquiera la ley, que es buena, y el reglamento, que esperamos que
también sea bueno, que esté bien precisado y en perfecta concordancia
con la ley, podrán sustituir lo que en este momento falta en España y
que sigue siendo una asignatura pendiente del Gobierno y de las
comunidades autónomas, cada una en su ámbito, en materia educativa:
reforzar, perfeccionar de manera notable la educación
vial para introducir la cultura de la bicicleta en la circulación.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Paniagua. No sé si
dejar constancia, a efectos del «Diario de Sesiones», señor Paniagua,
de que S.S. lleva la corbata del grupo ciclista del Congreso. A
efectos de esta ley es un detalle que le agradece la Presidencia.
(Risas.)
Adelante, señor Paniagua.
El señor PANIAGUA FUENTES: Muchas gracias, señor presidente, por su
amabilidad.
Yo creo que en las últimas legislaturas se puede achacar al
parlamentarismo español una sensibilidad especial hacia la seguridad
de los ciclistas, hacia la práctica del ciclismo como transporte,
como ocio y como deporte, y no sólo de manera teórica sino de manera
práctica. Los parlamentarios de todos los grupos han participado en
jornadas parlamentarias ciclistas llevando por las carreteras
españolas la consideración de que el ciclista no es un elemento
extraño a la circulación vial, como de alguna manera señalaba nuestro
primer Código de Circulación en el año 1934, que decía que todo
aquello que no era un automóvil era un elemento extraño a la
circulación. Han pasado muchos años desde que se creó la bicicleta.
Cuando Lawson, en 1879, inventó aquello que se llamaba el biciclo,
nadie podía prever que esto iba a tener un gran auge no sólo desde el
punto de vista del transporte, como se demuestra en países como Asia
donde la utilización de la bicicleta es superior a la del automóvil,
sino también como medio ecológico, como en los países desarrollados,
en Europa y en Estados Unidos, donde la bicicleta se utiliza cada vez
más como medio ecológico y como medio de transporte. Además, la
bicicleta tiene dos usos, un uso deportivo, de cicloturismo, que en
España ha tenido gran auge en los últimos años -España ha contribuido
a que el deporte del ciclismo tenga hoy una gran consideración en el
mundo; tenemos pruebas a lo largo de las últimas generaciones y
también de las anteriores- y un uso como medio de transporte, que
cada vez se utiliza más. La gente joven se traslada así por las vías
urbanas y todos los fines de semana, sin que haya estadísticas
precisas, entre medio millón y 750.000 cicloturistas bordean las
carreteras autonómicas, locales y en algunos casos autovías que no
tengan vías alternativas, como señalaba antes el representante de
Convergència i Unió, produciendo un fenómeno de peñas ciclistas que
va en aumento en los últimos años. En ese sentido, el ciclismo como
eje del deporte ha hecho que la industria ciclista en España haya
aumentado de manera considerable. Producimos alrededor de medio
millón de bicicletas anuales y al mismo tiempo importamos cerca de
1.700.000 bicicletas de otras partes del mundo.
Pero el problema está ahí y la gente utiliza cada vez más la
bicicleta. Aún recuerdo cómo en Valencia, mi ciudad, cuando se hizo
el primer carril-bici había gente que se reía de aquella iniciativa y
consideraba fuera de lo normal gastar dinero en ese sentido; después
ha sido valorado por todos los grupos parlamentarios que en un
momento determinado consideraron que era un gasto inútil hacer un
carril-bici. Aquello fue un elemento importante, prioritario, hoy
valorado y aceptado. En la pasada legislatura, el Grupo Socialista
tuvo la iniciativa de proponer una ponencia dentro de la Comisión de
Educación y Cultura que estudiara el problema de la seguridad vial de
los ciclistas porque, además de todo lo que he dicho, tenemos una
alta siniestralidad entre los ciclistas. Entre 1990 y 1998 más de
1.500 personas han muerto en las carreteras como consecuencia de
accidentes y, como antes bien decía el representante de Convergència
i Unió, es el propio cuerpo la única responsabilidad que tiene el
ciclista ante los accidentes. No quiero decir con esto que los
accidentes se hayan producido siempre sólo como consecuencia de
faltas de los automovilistas; muchas veces, la impericia y la falta
de previsión del ciclista pueden ser causa de accidentes, y hay que
reconocerlo así, pero en general el que pierde es el ciclista.
Por tanto, en primer lugar, hay que olvidar un poco aquel famoso film
La muerte de un ciclista, que ha quedado como una de las obras de
arte más importantes en nuestra filmografía. En segundo lugar, hay
que rebajar la siniestralidad porque somos uno de los países europeos
con más alto índice. Como se ha señalado, hay poco respeto al
ciclista cuando transita por la carretera, se le ve como un cuerpo
extraño, un poco con esa tradición de lo que decía el Código de
Circulación del año 1934. Se trata en realidad de un problema de
cultura y los problemas de cultura no se pueden improvisar, siempre
hace falta más cultura, siempre hace falta más educación, pero la
sensibilidad que puede dar una ley al aportar una serie de normas
puede contribuir sin duda a que esa cultura también se fomente. En
este sentido, señorías, la bicicleta no es tan solo un elemento que
se utilice en determinadas épocas. Si antes he citado el film La
muerte de un ciclista, probablemente una de las mejores películas de
los años cincuenta del cine español, también podría citar aquella que
reza Las bicicletas son para el verano, que también es una buena
película. Sin embargo, señorías, creo que ya no son para el verano,
son para todo tiempo. Hoy día los estudiantes de la universidad, la
gente que vive en el campo, muchas madres de familia utilizan la
bicicleta como medio de transporte; hoy día muchas personas practican
el cicloturismo como deporte durante los fines de semana y durante
toda la semana. El deporte del ciclismo adquiere en los medios de
comunicación cada día mayor presencia. Nuestros ciclistas tienen en
el mundo una consideración alta desde los años cincuenta y han ganado
pruebas de gran valor. Por tanto, el auge del ciclismo es evidente.
La ponencia que se aprobó por unanimidad en las Cortes el 14 de
diciembre de 1995 señalaba el camino para reducir la siniestralidad y
respetar al ciclista en la carretera, algo que ha sido destacado por
los anteriores intervinientes, y la propuesta que nos viene ahora del
Senado recoge muchas de las iniciativas que contenía dicha ponencia.
En ese sentido, yo creo que las leyes no transforman del todo la
realidad, sino que la realidad supera muchas veces las leyes, esto
que se dice de la cultura y de la educación, pero lo que sí es verdad
es que la ley puede contribuir -es siempre una inversión- a modificar
conductas y a hacer posible que esa cultura se extienda más. Yo creo
que todos los grupos que hemos intervenido en la ponencia, el Grupo
Popular, el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Vasco, el
Grupo Socialista, hemos logrado un amplio consenso y aquellos que han
presentado enmiendas han hecho con ellas muchas aportaciones que se
han recogido en el informe de la ponencia. Por tanto, se ha
conseguido un grado de consenso como probablemente no se haya
obtenido en esta legislatura en relación con otras leyes. Y en ese
sentido nos encontramos con la posibilidad de que los ciclistas
tengan la obligación de utilizar el casco en las vías interurbanas o
con la posibilidad de que incluso, como antes se ha señalado, se
puedan utilizar las autovías cuando no exista una vía alternativa,
siempre que se establezca reglamentariamente. Esta es también una de
las cuestiones que recoge la ley y, junto a ello, elementos
reflectantes para que los ciclistas puedan ser vistos y la
recomendación al Gobierno para que reglamente y disponga que los
automóviles respeten el Código de Circulación en cuanto a la
distancia que hay que dejar para el adelantamiento del ciclista
porque, señorías, en aquellas personas que practican el ciclismo
muchas veces se da la circunstancia psicológica de pensar si volverán
a casa o si tendrán algún accidente bien por alguna impericia
personal -de ahí que el casco sea un elemento importante no para
evitar del todo la siniestralidad, pero sí una gran parte- bien
porque el conductor no respete al ciclista ni las reglamentaciones
que el propio texto del decreto legislativo que articula la Ley de
Tráfico impone.
Así pues, tanto el informe que la ponencia elaboró durante varios
meses -la cual trajo a esta Cámara a muchos representantes de
tráfico, a los que practican el ciclismo como deporte, grupos que
utilizan la bicicleta, grupos ecológicos- como la propuesta del
Senado creo que se recogen en esta modificación de distintos
artículos del decreto legislativo del año 1992 que articula la Ley de
Tráfico, lo que supone para el ciclista una consideración de su
actividad tanto de transporte personal como de ocio o de práctica
deportiva.
El señor PRESIDENTE: Señor Paniagua, vaya concluyendo.
El señor PANIAGUA FUENTES: En ese sentido me alegro de que, después
de varias legislaturas y de varias
participaciones prácticas en jornadas parlamentarias, hayamos llegado
a este consenso.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Seco Gordillo.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor presidente.
Aunque este diputado no lleve una prenda tan elegante como la corbata
que porta el señor Paniagua, tiene que decir que también es un amante
de las dos ruedas, tanto de las que se mueven por la fuerza de las
piernas como de las que se mueven por la fuerza del motor, porque
siendo amante de la naturaleza uno también es amante del progreso y
gusta de ser llevado por la fuerza mecánica.
Señor presidente, tengo que comenzar coincidiendo con el portavoz del
Grupo de Convergència i Unió en que siendo importante,
importantísimo, lo que hacemos hoy en esta Cámara aprobando esta
proposición de ley para adaptar las normas de circulación a la
práctica del ciclismo, y siendo también importante el desarrollo
reglamentario ulterior que haga el Gobierno de esta ley, de poco
servirá si no cambia la cultura española en relación con el tráfico,
con la seguridad vial; de nada servirá porque siendo importantísimos
los avances que se han producido en materia de seguridad activa
y pasiva de los vehículos, siendo importantísimos los avances en
materia de seguridad de nuestras carreteras -más y mejores que en el
pasado-, sin embargo, la mayoría de los accidentes siguen
produciéndose por causas derivadas del factor humano y, por tanto, de
esa falta de cultura, de educación vial, por la que tanto tenemos
todavía que hacer.
Afrontamos en la mañana de hoy una nueva modificación del Real
Decreto legislativo 339, de 1992, por el que se aprobó el texto
refundido de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial. Esta iniciativa tiene su origen inmediato en la
proposición de ley de la Cámara Alta, que a su vez derivaba del
informe de una subcomisión constituida a propuesta del Grupo de
Senadores Vascos en el Senado, y que tiene su origen remoto, como han
recordado los anteriores portavoces, en el trabajo de una ponencia
creada en el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura y que
aprobó su informe en diciembre de 1995. Son, por tanto, muy numerosos
los antecedentes de esta iniciativa y de otras relacionadas con la
práctica del ciclismo que demuestran el interés que en ambas Cámaras
ha existido desde siempre por esta modalidad deportiva, que a su vez
es una modalidad de transporte alternativa al vehículo de motor. Por
tanto, en esta iniciativa recogemos en cierta medida el testigo de
quienes con anterioridad se han preocupado por este tema, además de
la preocupación actual, como ha señalado el señor Paniagua, con la
celebración varios años consecutivos de una vuelta ciclista
parlamentaria que pretende fomentar el uso de la bicicleta con las
suficientes medidas
de seguridad. No sólo el señor Paniagua sino otros muchos diputados
de esta Cámara participan en esa vuelta parlamentaria, incluido el
señor presidente, que en la pasada edición tuvo el detalle de dar la
salida neutralizada en una de esas etapas y que confiamos que en la
próxima edición, a celebrar en el mes de julio, tenga una
participación aún más activa que la que tuvo en la pasada.
El señor PRESIDENTE: Cuente con ello su señoría.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor presidente.
El objetivo que nos ha movido al afrontar esta modificación de la Ley
de tráfico para adaptar las normas de circulación a la práctica del
ciclismo es doble: por un lado, fomentar el uso de la bicicleta y,
por otro, mejorar la seguridad vial de los ciclistas; y no son dos
objetivos incompatibles sino perfectamente complementarios. Pero no
podemos olvidar este segundo objetivo -mejorar la seguridad vial de
los ciclistas- porque las cifras de siniestralidad vial en relación
con los ciclistas son realmente dramáticas. En los últimos años ha
habido un total de 123 fallecidos en 1995, 102 en 1996 y 116
ciclistas muertos en nuestras carreteras en 1997, además de casi
2.500 heridos.
Quiero destacar que tanto en la ponencia como en la Comisión ha
habido un gran espíritu de trabajo y un amplio espíritu de consenso
entre todos los que hemos participado, hasta el punto de que se
aprobó el informe de la ponencia en la Comisión con sólo una
abstención del Grupo Mixto. Ha sido un trabajo intenso tanto en el
Senado como en esta Cámara, como lo demuestran las 48 enmiendas que
se presentaron a esta iniciativa que constaba únicamente de dos
artículos. Quiero destacar aquí las cuatro enmiendas presentadas por
la señora Rivadulla, el Grupo Socialista, el Grupo de Convergència
i Unió y el Grupo Parlamentario Popular, en las que se proponía, como
así se ha hecho al final, suprimir todo el artículo 2 antiguo de la
proposición de ley que venía del Senado y que pretendía modificar
determinados preceptos del reglamento general de circulación que
aprobó el Real Decreto 13, de 1992. El motivo, como ya se ha expuesto
aquí por el anterior interviniente, no es otro que el de no dar rango
de ley a normas reglamentarias, lo que aparte de que dificultaría su
ulterior desarrollo en la medida en que imposibilitaría la
modificación o derogación de las mismas por vía de real decreto,
obligando a aprobar una ley cada vez que se quisiera modificar o
derogar uno de sus preceptos reglamentarios, produciría también
distorsiones en la aplicación del reglamento general de circulación
en cuanto a la interpretación y aplicación armónica del texto
reglamentario en su conjunto. Por tanto, el informe que elaboró la
ponencia fue muy consensuado y fue perfeccionado, en ese espíritu de
trabajo y de consenso, en el debate en Comisión mediante diversas
enmiendas in voce presentadas por varios grupos.
En cuanto a las enmiendas que permanecen vivas y que han sido
defendidas en este trámite, he de señalar
que el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la enmienda
número 32, del Grupo Mixto, de las señoras Rivadulla y Almeida,
porque entiende que su espíritu está recogido en el texto del
dictamen de la Comisión y que lo hace con mayor precisión que la
enmienda. En cuanto a la enmienda número 33, el Grupo Parlamentario
Popular entiende, y creo que también los demás grupos que han
trabajado en la ponencia y en el debate de la Comisión, que existen
razones de peso para dar prioridad en determinadas circunstancias
a los ciclistas sobre los conductores de otros vehículos a motor, por
lo que votaremos en contra de la enmienda. La enmienda número 34, que
pretende suprimir la expresión además, en materia de uso de
dispositivos reflectantes, creo que tiene sentido utilizar esta
palabra en la medida en que lo que se impone es un deber adicional al
ciclista de portar sobre sí algún dispositivo reflectante que
refuerce los que lleve la bicicleta, que de por sí son bastante
escasos si lo comparamos con otros vehículos, especialmente con
vehículos a motor, con los ciclomotores o con las motocicletas, que
sí llevan unas luces obligatorias y una placa de matrícula iluminada
con material retrorreflectante que es suficiente visible. Respecto a
las enmiendas vivas del Grupo de Izquierda Unida, la número 4 se
refiere a una materia que ya ha regulado el Ministerio de Industria
y, por tanto, no hay que insistir sobre ello. En cuanto a la enmienda
número 11, como dijo el señor Castellano en el debate en Comisión, se
trata de una materia que tiene más encaje reglamentario que no legal.
Confesamos no entender la defensa que hace el señor Castellano en el
mantenimiento de las enmiendas números 18 y 19, en la medida en que
son enmiendas que se refieren a preceptos del reglamento que hemos
suprimido en la proposición no de ley. Comprendo que quiera
mantenerlas pero volveríamos a la situación inicial de otorgar
carácter legal a normas reglamentarias, lo que produciría los efectos
perjudiciales que antes he señalado.
En consecuencia, señor presidente, presentamos al Pleno de esta
Cámara una proposición de ley que concilia los dos objetivos básicos
a que antes me refería: el fomento del uso de la bicicleta y la
seguridad vial. No hace falta insistir en las ventajas de la
bicicleta como vehículo ecológico, económico y que sirve, además,
para paliar los problemas de circulación en las grandes ciudades.
Pero quiero recordar que el fomento del uso de la bicicleta hay que
hacerlo con una premisa básica, a mi juicio, que no es otra que la
seguridad vial, es decir, tratar de reducir al máximo las cifras de
siniestralidad vial entre los ciclistas. En los trabajos en ponencia
y Comisión hemos buscado, y creo que hemos conseguido en un alto
grado, ese equilibrio entre el fomento del uso de la bicicleta y la
potenciación de la seguridad vial ciclista. En este sentido, en
cuanto a las modificaciones fundamentales que introducimos en la Ley
de tráfico relativas al fomento del uso de la bicicleta, podemos
citar una nueva regulación más correcta y más generosa de los
carriles-bici permitiendo la circulación
en paralelo en determinadas circunstancias, la previsión de que se
pueda autorizar la circulación de bicicletas por autovías en aquellos
supuestos en los que no haya una vía alternativa y las nuevas reglas
de prioridad que se establecen en beneficio de los ciclistas. En
cuanto a las medidas que introducimos y que tienden a proteger la
seguridad vial ciclista debemos señalar el uso de prendas y elementos
retrorreflectantes, el uso obligatorio del casco, al que se ha hecho
reiterada referencia y, por tanto, no insistiré en ello, así como la
introducción de la necesidad de someterse a los controles sobre
drogas y sustancias estupefacientes. Por consiguiente, señor
presidente, pedimos al Grupo Mixto que recapacite en una materia en
la que se ha producido un consenso tan amplio entre todos los grupos
parlamentarios, sin perjuicio de la brava defensa que ha hecho el
señor Saura de las enmiendas del Grupo Mixto, y que vote a favor del
dictamen de la Comisión a fin de que pueda salir por unanimidad, sin
ninguna abstención ni voto en contra.
En conclusión, señor presidente, creo que hemos conseguido una
proposición de ley muy completa que consigue un buen equilibrio en el
fomento del uso de la bicicleta, dando satisfacción al menos a las
principales reivindicaciones de los ciclistas y dando también
satisfacción a la necesidad de proteger la seguridad vial, tarea que
corresponde a la Administración pública en general y también a
nosotros, como legisladores, que debemos preocuparnos por un problema
tan trágico como es el de la siniestralidad vial en nuestras
carreteras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Seco Gordillo.
Concluye así el debate del dictamen de la Comisión sobre la
proposición de ley de adaptación de las normas de circulación a la
práctica del ciclismo.
DEBATES DE TOTALIDAD SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 25/
1971, DE 19 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS NUMEROSAS. (Número
de expediente 121/000169.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VII del orden del día: Debate
de totalidad del proyecto de ley por la que se modifica el artículo 5
de la Ley 25/1971, de 19 de junio, de protección a las familias
numerosas. ¿El Gobierno desea intervenir antes de dar curso a la
presentación de la enmienda de totalidad del Grupo Vasco, PNV?
(Asentimiento.)
Señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señor presidente,
y con mucha brevedad, tanta como la modificación que se propone.
En esta modificación de la ley únicamente pretendemos cumplir una
exigencia comunitaria que garantiza la libertad de movimientos de los
trabajadores en nuestro país. Actualmente los beneficios de la Ley de
protección a las familias numerosas sólo abarca a los trabajadores
comunitarios residentes en nuestro país. La modificación de la ley
únicamente persigue que estos beneficios se puedan extender a los
ciudadanos comunitarios que trabajen en nuestro país aunque tengan la
residencia en otro país comunitario o del espacio económico europeo.
Es por tanto una modificación muy puntual, urgida por la necesidad
comunitaria y por el sentido común, que no pretende abrir debate en
torno a otros temas que consideramos importantes pero que no tendrían
cabida en esta modificación tan puntual y tan somera.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Pasamos a la defensa de la enmienda de totalidad formulada, como
decía, por el Grupo Nacionalista Vasco, PNV, para cuya presentación
ante el Pleno tiene la palabra, en nombre de dicho grupo, el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Vasco, EAJ-PNV, para
defender la enmienda a la totalidad presentada por nuestro grupo al
proyecto de ley enviado por el Gobierno por la que se modifica el
artículo 5 de la Ley 25/1971, de 19 de junio, de protección a las
familias numerosas. Después de algunos pequeños cambios que ha
sufrido esta ley de 1971, por ejemplo, el considerar familia numerosa
a la que tiene tres hijos en vez de los cuatro que la misma
consideraba, se nos presenta ahora otro pequeño cambio al artículo 5
para adaptar la misma a la normativa comunitaria. Sin embargo, el
contenido y la letra ...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Caballero.
Señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Está obsesionado conmigo, señor
presidente. Estaba escuchando como una monja de clausura. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Tampoco le pedimos tanto, señora López i
Chamosa. Me refiero al inalámbrico que ha sonado. Les ruego que los
desconecten.
Adelante, señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Decía que, sin embargo, el contenido y la
letra de la Ley de 1971 sigue ahí, sin ningún intento de cambio.
Señorías, la sola lectura desapasionada de la Ley de 1971, de
protección a las familias numerosas, y la toma
en consideración de una mínima conciencia del asunto al que se
refiere, nos debiera llenar de sonrojo hoy. No es de recibo que la
consideración del artículo 39.1 de la Constitución: «Los poderes
públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la
familia», proclamado también como principio rector de la política
social y económica, en concreto el primero que se contempla bajo esa
rúbrica programática, inquiete al Gobierno del Partido Popular,
precisamente porque la tarjeta de visita que al respecto puede
mostrar el Reino de España en Europa no es otra que la de una ley que
data de 1971, que obviamente responde en su fundamentación jurídica
al Fuero de los Españoles y, entre otras cosas, a una concepción de
los poderes públicos y de su acción pública propios de otra época de
infausto recuerdo. En estos momentos, el artículo 1 señala,
literalmente, que es objeto de la presente ley la regulación de
beneficios a las familias numerosas, conforme al deber de especial
protección asumido por el Estado en el artículo 22 del Fuero de los
Españoles.
No es de recibo que la relación prácticamente residual que guarda un
aspecto del cuadro legal, lamentablemente vigente, con el derecho
comunitario, origine una propuesta de tratamiento legal ahora. Cierto
es que algunos aspectos de la ley han quedado derogados en la
actualidad, pero por ello mismo el mantenimiento de su literalidad,
cuando se propone un cambio de adecuación a la normativa comunitaria,
produce sonrojo y nos parece que no es presentable ante el conjunto
de la Europa democrática. Evidentemente sólo casi en términos de
provocación y de oportunismo político se puede entender que se le
proponga al legislador velar con cierto rigor por un aspecto
específico de relación con el principio de libre circulación y
establecimiento que desarrolla el Tratado de la Comunidad Europea,
mientras que, de cara al rigor principal de desarrollo de la
Constitución española, que constituye su hábitat ordinario, toda esta
propuesta se mantenga en el marco de una ley que consideramos
inconstitucional por sus cuatro costados.
Simplemente les voy a leer algunos artículos de dicha ley. El
artículo 7.4 dice que los documentos que expidan los registros
civiles, alcaldías o cualquier otra dependencia del Estado, provincia
o municipio, o del Movimiento, para la obtención o renovación del
título de familia numerosa..., etcétera. El artículo 17, párrafo
segundo, habla de las demás entidades de carácter oficial,
y especialmente de la Obra Sindical del Hogar, que tratarán de adaptar
sus normas y estatutos a los términos..., etcétera. El artículo 20
dice que los miembros de familias numerosas, en la proporción que
reglamentariamente se determine, tendrán preferencia para concurrir
a las residencias, albergues, campamentos y demás servicios análogos
que mantengan la Organización Sindical, la Organización Juvenil, la
Sección Femenina del Movimiento, las corporaciones locales...,
etcétera. En el artículo 21 todavía se habla de las reducciones en
desplazamientos entre la Península, Islas Baleares y al Sahara. La
disposición final segunda dice que el
Gobierno, a propuesta del ministro de Trabajo, dictará el reglamento
para la aplicación de la presente ley. Los distintos departamentos
ministeriales, la Secretaría General del Movimiento y la Organización
Sindical, en las esferas de sus respectivas competencias, aprobarán
o elevarán a la aprobación del Gobierno las disposiciones necesarias
para la efectividad que en la presente ley se reconoce. Dado en el
Palacio de El Pardo a 19 de junio de 1971.
Repito que, aunque algunos aspectos de la ley estén derogados, no es
de extrañar que el mismo Consejo Económico y Social, en su informe,
segundo párrafo del apartado 3, valoración y observaciones, diga: No
obstante, el Consejo Económico y Social entiende que se debe hacer
una reflexión sobre dicha ley, que se modifica, en cuanto la citada
ley data de una época preconstitucional, habiendo perdido vigencia
gran parte de su articulado por inadecuación al actual marco
regulador de diversas materias que la misma ley contempla. Todo ello
parece justificar un planteamiento de revisión total de la mencionada
ley.
No hace falta extendernos demasiado, por otra parte, sobre los logros
o preocupaciones que ha suscitado la materia hoy en debate en el
período democrático, con dos modificaciones puntuales en leyes de
presupuestos o de medidas complementarias en los años 1987 y 1994,
hasta la ponencia creada en el Congreso para el estudio de la
materia, de resultado baldío. Sustantivamente preocupa la falta de
criterio y la absoluta dejadez sobre la adecuación del concepto
constitucional, aspecto que, horizontalmente al derecho civil, es
competencia del Estado. Tampoco existe un tratamiento mínimamente
aceptable en el terreno de la previsión social, aunque podríamos
cuestionarnos la incidencia del sistema de seguridad social, y ya no
digamos más sobre los auténticos campos de referencia en cuanto a la
acción social y desarrollo comunitario, a falta de un enfoque general
que permita el desarrollo y la configuración de la acción específica,
en su caso, por cada poder político.
En definitiva, considerando que es necesario efectuar un
planteamiento de desarrollo constitucional nuevo en cuanto al
aseguramiento o protección básica que deben dispensar los poderes
públicos y en cuanto a la definición a tal efecto del concepto
constitucional de la familia, y considerando que la Ley 25/1971, de
19 de junio, de protección a las familias numerosas, no respeta en la
mayor parte de sus contenidos el orden constitucional vigente, se
propone el rechazo del proyecto de ley presentado por el Gobierno y
la consiguiente devolución del mismo para que un nuevo proyecto de
ley reforme en su integridad la citada Ley fascista 25/1971, de 19 de
junio, derogándola en su totalidad. No obstante, y en previsión de
que esta propuesta sea rechazada, hemos presentado unas enmiendas
parciales, que de hecho supone presentar un nuevo proyecto de ley de
protección a las familias numerosas adecuado a la nueva realidad
democrática.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
¿Grupos que desean fijar posición al respecto? (Pausa.)
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo quiere dejar bien claro que ha estado siempre dentro de la
adecuación del ordenamiento jurídico español y todo su amplio marco
legislativo para adecuarlo no sólo a los principios sino también a la
letra y al espíritu de la Constitución española.
En esta enmienda de devolución que presenta el Grupo Parlamentario
Vasco nos encontramos con una interpretación que trasciende al propio
motivo y contenido del proyecto de ley que nos mandó el Gobierno. Se
trata de modificar una ley de 1971, del régimen anterior a la
Constitución y por tanto al sistema democrático constitucional
español. Pero no sólo se producen estas circunstancias en esta
materia, sino también en otras, como en la Ley de Colegios
Profesionales, que es la del régimen anterior, en la que se han ido
haciendo modificaciones y adecuaciones a los organismos competentes
que han desaparecido de las estructuras sociopolíticas o económicas
anteriores y se mantiene el espíritu de no producir un vacío jurídico
de indefensión y de reconocimiento de las familias, entes o
instituciones sociales ahí reflejadas. No se trata, por tanto, de
entrar en una adecuación de la Ley de 1971, de protección a las
familias numerosas, porque el hecho social sigue estando presente y
más cuando esta legislación del anterior régimen arranca de 1940 para
paliar los efectos devastadores en la población de un holocausto, de
una guerra civil; ahora, por otras razones, las tasas de natalidad
están prácticamente bajo mínimos, y España y muchas de sus
comunidades autónomas están muy por debajo de los índices de
natalidad de las familias de los países miembros de la Unión Europea.
Se trata de adaptarla con naturalidad, como ocurrió en Canarias
cuando la bonificación en los billetes de desplazamiento de los
residentes canarios entre el archipiélago canario y la Península se
aplicaba sólo a los de nacionalidad española; las sentencias y las
directivas de la Unión Europea obligaron a que todo miembro de la
Unión Europea que estuviera residiendo en Canarias o tuviera allí su
puesto de trabajo, independientemente de que su nacionalidad fuera
española o de otro Estado miembro de la Unión Europea, debía tener
derecho y acceso a las bonificaciones en los precios de los billetes
de transporte aéreo o marítimo.
Aquí se trata, sin entrar en otras consideraciones, de dar
cumplimiento inmediato, tanto a las sentencias del Tribunal de
Justicia comunitario como a las directivas que amparan la libre
circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea. El hecho
jurídico fundamental, el bien jurídico a proteger es precisamente el
derecho de todo trabajador comunitario de la Unión Europea a
beneficiarse de cualquier línea de apoyo benéfico que
tenga cualquier otro conciudadano, sea español en Alemania o alemán
en España, por poner un ejemplo bilateral inmediato dentro de los
derechos comunitarios. Ese es el bien jurídico a proteger y, por
tanto, se trata solamente de que estos miembros de la Unión Europea
que están trabajando en España sean o no residentes tengan este
beneficio de protección de las familias numerosas, que dicho sea de
paso y hablando con la experiencia de los padres de familia
españoles, no son ninguna cosa del otro mundo los beneficios que se
vienen percibiendo en este momento por la protección a las familias
numerosas. Así que si tenemos que cambiar la Ley de 1971, no
cambiemos solamente textos que están de hecho derogados y cambiados
de apelaciones a nomenclaturas de un régimen autoritario anterior,
sino que entremos en el fondo, que es lo que interesa a las familias
españolas. Ese es el hecho y a nosotros nos va a llevar a votar en
contra de esta enmienda y apoyar el texto del proyecto del Gobierno.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
El señor Silva tiene la palabra para fijar posición, en nombre del
Grupo de Convergència i Unió.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Compartimos la santa ira del señor Caballero, tal y como ha expuesto
en esta tribuna, a lo que se podría aplicar lo que dicen las
Escrituras: El celo de tu casa me consume. La Ley de 1971 produce un
triple sonrojo, por un lado, por la literalidad; en segundo lugar,
por la absoluta mezquindad de los beneficios que se aplican a las
familias numerosas y, en tercer lugar, por el más mezquino todavía
grado de cumplimiento por parte de la generalidad de las
administraciones públicas de los citados beneficios.
Una vez dicho esto, nos gustaría matizar algo. La ley de 1971 tiene
la literatura de la época, la literatura que tiene la Ley de
Expropiación Forzosa cuyo artículo 1 también hace referencia al Fuero
de los Españoles; la de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado,
que todavía habla de tribunales de honor; la de la Ley de Minas que
habla también de la Organización Sindical. Imagínense ustedes que la
Ley General Tributaria atribuye la potestad reglamentaria en materia
tributaria al jefe del Estado. Son cosas derogadas por la cláusula
derogatoria de la Constitución y si no, por ese principio de
inconstitucionalidad sobrevenida.
No podemos compartir más el planteamiento genérico que se efectuaba,
hasta el punto de que hemos presentado una enmienda parcial para
introducir una disposición adicional nueva al proyecto de ley con la
finalidad de que el Gobierno, en el plazo de seis meses, elabore y
apruebe un proyecto de ley de modificación de la Ley 25/1971, de
protección de las familias numerosas, en el que se deberá abordar con
profundidad una reforma de la misma teniendo en cuenta las con
clusiones
que se desprenden del informe elaborado por la subcomisión para el
estudio de la situación de la familia en España, informe que fue
aprobado el 13 de noviembre de 1977 en este Pleno. Quizás en 1975 se
hubiera podido abordar otro planteamiento respecto de la revisión de
las leyes de la dictadura. Ayer, por curiosidad, examinaba el decreto
de 15 de abril de 1931, que se aprobó precisamente con la finalidad
de revisar la obra legislativa de otra dictadura, de la de Primo de
Rivera. En ese decreto se pone de manifiesto la dificultad de
efectuar una revisión global de aquello que vino a durar ocho o nueve
años, y pensamos lo que pudo suponer la revisión de la obra de casi
40 años.
Queremos dejar claro, en primer lugar, que compartimos la repugnancia
-podríamos señalar- de la literatura de la época. Debe efectuarse una
nueva reforma global, una nueva ley de familias numerosas, y en ese
sentido impulsamos en el debate de política general del año pasado la
aprobación de una resolución, y desde luego nos comprometemos con el
resto de los grupos parlamentarios a impulsar esa nueva ley de
familias numerosas en el plazo más breve posible e incluso, diríamos
más, queremos incitar a las administraciones públicas al cumplimiento
de los escasos no creo que beneficios, sino de los justos efectos que
de esa situación se derivan incluso de la legislación vigente y que
deben hacer referencia a ámbitos que van desde la prestación de
servicios, pasando por el transporte, la adquisición de libros de
texto y muchas otras circunstancias.
Nos hemos dedicado a inflar, inflar también justificadamente, el
ámbito de beneficiarios o de referencia de una ley que debe ser total
y absolutamente reformada y no pura y exclusivamente para cambiar las
palabras, sino para modificar los hechos y atribuir a las familias
numerosas ese trato que es de justicia y que todas ellas merecen. Por
tanto, compartiendo el espíritu de la enmienda de totalidad, no
podemos, sin embargo, proceder a votar en favor de la misma.
Procederemos obviamente a tramitar y a votar en favor del proyecto de
ley que nos ha sido traído y que supone el cumplimiento de una
obligación comunitaria, una obligación internacional del Estado, y
desde luego pretendemos encontrar con el resto de grupos
parlamentarios el consenso suficiente para dar un vuelco real a la
situación de las familias numerosas en España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva.
Señora López i Chamosa, por el Grupo Socialista.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Cuando mi grupo me asignó el ser ponente en esta ley, y me la leí, me
quedé un poco asombrada, porque leer el Fuero de los Españoles, la
Delegación Nacional de la Familia, el Estado, provincia o Movimiento,
son palabras que a uno le suenan a dictadura, a tiempos pasados, que
no quiere ver en ninguna de sus leyes.
Como decía el señor Silva, supongo que todavía quedan algunas leyes
donde palabras como éstas aún no han sido retiradas. Este Legislativo
debería de asumir la parte que le corresponda de culpa por no haber
sido más ágil en transformar todas estas leyes, y cuando digo el
Legislativo me refiero a todo el arco parlamentario, ni unos ni
otros, para que 20 años después de la Constitución no tengamos en
vigor leyes que sean anticonstitucionales.
Dicho esto, hablar de protección a la familia numerosa no es sólo
hablar de los pocos o muchos beneficios, porque no creo que una
familia en nuestro país pase a tener más de uno o dos hijos por el
simple hecho de conseguir bonificaciones en libros, viajes o cosas
parecidas. Creo que tendríamos que afrontar la reforma de esta ley,
pero desde otros conceptos, tales como el de compartir el proyecto de
que hablamos, de conciliar la familia laboral y política, porque va a
hacer más ese proyecto que cualquier beneficio que podamos otorgar a
esta ley. También es cierto que hay que decir que en ese contexto no
es verdad que esta ley no la hayamos modificado, porque lo ha sido en
1994 y en 1998, a efectos de irla adaptando a la realidad en cuanto
al número de hijos, porque no es lo mismo el concepto de familia del
que habla esta ley que el concepto de familia hoy; hoy nos
encontramos con un porcentaje muy alto de familias monoparentales,
que no eran concebibles cuando se promulgó esta ley.
En la línea de lo que decía el señor Silva, a partir de que entremos
en el debate del artículo 5 de esta ley, mi grupo plantearía reformar
todo el proyecto de ley.Hoy estamos hablando de un proyecto que
modifica el artículo 5 de esta ley, sólo y exclusivamente, para
adaptarlo a las normas comunitarias. Mi grupo no entiende, desde el
estricto funcionamiento reglamentario, que se pueda plantear un
proyecto alternativo cuando sólo hablamos de un artículo.Por
consiguiente, mi grupo no va a apoyar esta propuesta y va a
abstenerse en la votación. Lo que sí anunciamos es que vamos a
presentar en la tramitación de ley que tendrá este proyecto la
modificación del punto 2 del artículo 5, añadiendo: A estos efectos
se extenderá el campo de aplicación de la ley a los extranjeros no
comunitarios que residan o se encuentren de manera regular en España.
Señorías, para no alargarme más, diría que el concepto de familia
numerosa no sólo hace referencia a la noción de ley o de beneficio,
sino que hay que conciliar la vida familiar, la del trabajo y la
pública y, sobre todo, señores diputados, que los hombres asuman que
deben compartir las tareas del hogar y la responsabilidad de los
hijos, que también son suyos. En el momento que tengamos asumido
esto, no nos tendremos que preocupar, como lo estamos ahora, de la
natalidad en nuestro país.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López i Chamosa.
Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Popular, y finalmente,
doña María Jesús Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para fijar posición, en nombre de mi
grupo, sobre el proyecto de ley y, consecuentemente, sobre la
enmienda a la totalidad.
Como ya se ha dicho por otros grupos, el proyecto de ley tiene por
objeto específico, partiendo del emplazamiento realizado por la
Comisión Europea, permitir el acceso a los beneficios sociales
derivados de la legislación de familias numerosas a aquellos
ciudadanos que, siendo comunitarios, trabajan en España pero no
residen en nuestro país. Se trata, por tanto, de un derecho de
equiparación que deriva directamente del Tratado y del Reglamento de
la Comunidad Europea 1612/68, no contemplado en la legislación
vigente en materia de familias numerosas anterior -por ello no
figura- a la entrada en la Comunidad Económica Europea y al
ordenamiento jurídico comunitario.Señorías, creo que es importante
que el Gobierno elimine cualquier obstáculo que en la legislación
pueda existir a los derechos de establecimiento y libre circulación
de los ciudadanos europeos. La exigencia legal de ese domicilio en
España para disfrutar de los derechos y de los beneficios de la
familia numerosa implica una cierta discriminación para los
trabajadores no españoles, llamados normalmente transfronterizos, que
tengan su residencia formal en su país de origen.
Por otro lado, la memoria que acompaña el proyecto de ley cifra en un
número muy reducido los posibles afectados por esta norma pero con
que hubiese un solo ciudadano era necesaria la reforma, y nuestro
grupo así lo apoyaría. Sólo esto es lo que justifica, y diría que
incluso obliga a nuestro país, a que se produzca esa reforma
legislativa que el Gobierno en este momento presenta. Por tanto,
señor presidente, señorías, se trata de una modificación muy
limitada, con un objetivo claramente específico de esa ley de 1971,
ley que, efectivamente, debe ser puesta al día porque data de una
etapa preconstitucional y ha perdido en la inmensa mayoría vigencia;
no se ajusta, como lo ha dicho nuestro grupo constantemente, a esa
realidad social y económica y no se corresponde con la actual
organización política y administrativa del Estado, teniendo en
cuenta, además, las competencias asumidas por las comunidades
autónomas. Sabemos que esa realidad de nuestro país ha alterado el
panorama del sistema de protección social que estaba vigente en esa
ley del año 1971.
Señorías, nuestro grupo había solicitado ese cambio hace mucho
tiempo. Hubo un Gobierno durante 14 años que no lo hizo y, con toda
cordialidad, a pesar de que no está, quería referirme a la portavoz
del Grupo Socialista, señora López i Chamosa, que decía: He leído la
ley, al haberme asignado como ponente en esta iniciativa, y me he
asombrado. Lamento que ella no haya leído la ley en esos 14 años de
Gobierno del Partido Socialista porque, tal vez, ese asombro hubiera
impulsado al anterior Gobierno a hacer esa modificación.
Entre otras cosas, ella ha recordado que en el año 1994 se hizo, por
parte del anterior Gobierno, una modificación del concepto de familia
numerosa que, por cierto, nuestro grupo apoyó, y en su momento
recordamos esta circunstancia porque somos coherentes.
No se hizo la modificación, pero este es un compromiso asumido por el
actual Gobierno. Como conocen SS.SS., el Gobierno, lo ha dicho en
esta Cámara y lo ha dicho incluso el presidente, está ultimando un
plan integral de apoyo a la familia y en él se incluye como uno de
los objetivos la actualización de la norma relativa a la protección
social de las familias numerosas. Y en ese proyecto de ley se van a
recoger también esas nuevas realidades sociales y económicas de
nuestro país, estableciendo los beneficios correspondientes a las
familias españolas. Pero coincidirán conmigo en que lo que no podemos
es decirle a los ciudadanos que hoy se encuentran con una ley que no
les da la cobertura social, a la que tienen legalmente derecho por
ser ciudadanos comunitarios, que esperen a que se tramite toda una
ley, que saben perfectamente que es extensa, que es compleja, que
requiere además de un acuerdo que mi grupo desearía que fuese unánime
en el Parlamento. No parece razonable, más allá de que Europa, como
también se ha dicho aquí por algunos portavoces, exige que España
rectifique esta circunstancia.
Ustedes, señores del Grupo Vasco, PNV, creo que pueden coincidir
también conmigo en que a los gobiernos les corresponde dar respuesta
a los problemas de los ciudadanos, y ustedes no deberían quedar como
freno a la aplicación de los derechos legítimos de los trabajadores
europeos, derecho que es legítimo, que además es, sin duda, solidario
y, por supuesto, coincidirán todos en que es claramente social.
Quiero también recordarles que esta ley fue modificada no sólo en el
año 1994, sino recientemente, a iniciativa de Izquierda Unida, sin
que ningún grupo se rasgase las vestiduras, se apoyó unánimemente y,
es más, todos los grupos colaboramos para mejorarlo de una manera
constructiva. Eso, de verdad -es decir, el ser constructivos-, es lo
que los ciudadanos demandan de los políticos y valoran de todos, del
Gobierno y también de los grupos de la oposición. Por ello, hago una
cordial llamada y una amable invitación al señor Caballero a que
retire esa enmienda a la totalidad que ha defendido en nombre de su
grupo, porque ustedes deben entender que si el veto saliese adelante
se estaría simple, pero lamentablemente, perjudicando socialmente a
unos trabajadores y creo de verdad que ello, señorías, no es justo
pero, como dije antes, en términos de normativa comunitaria tampoco
es legal.
Mi grupo, que siente satisfacción porque los españoles estemos en
Europa con los deberes económicos claramente cumplidos y en primera
línea por tanto, quiere también estar en primera línea con los
deberes sociales de los trabajadores claramente reconocidos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sainz.
Concluye así el debate del punto VII del orden del día, debate de
totalidad del proyecto de ley, a instancia de la enmienda del Grupo
del PNV, a la modificación del artículo 5 de la Ley de protección a
las familias numerosas.
INFORME ANUAL SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS RELATIVO A LA DECLARACIÓN DEFINITIVA SOBRE LA CUENTA
GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 1996 Y RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA
MISMA. (Número de expediente 250/000008.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VIII: Informe anual sobre la
cuenta general del Estado, correspondiente al ejercicio de 1996,
elaborado por el Tribunal de Cuentas y debatido en la Comisión Mixta
para las relaciones con el mismo y resoluciones adoptadas por la
Comisión.
El formato del debate de este informe es un turno a favor, por parte
de quien lo quiera consumir, un turno en contra, réplica y fijación
de posición. ¿Alguien desea consumir un turno a favor o en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Vasco, el señor
Zabalía. (El señor vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana, ocupa
la Presidencia.)
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) quiero intervenir
con mucha brevedad en este punto del orden del día, que consiste en
la aprobación de la declaración de la cuenta general del Estado del
año 1996. Estamos en un trámite importante, como es la aprobación del
dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas relativo a la declaración definitiva sobre la cuenta general
del Estado, que, sin embargo, se ha convertido en un trámite formal,
sin apenas debate y, desde luego, de poco interés parlamentario, como
es de comprobar.
Estamos hablando del reflejo contable de las cuentas del Estado, de
la correcta gestión financiera de la Administración y únicamente y de
forma reiterada, como ya en los ejercicios 1993, 1994, 1995 y en
general en todos los ejercicios el informe del Tribunal de Cuentas
pone de manifiesto, de una serie de irregularidades que, a pesar de
las resoluciones aprobadas por la Comisión Mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas que proponen acciones al Gobierno para
corregir y evitar en el futuro estas anomalías, se siguen
produciendo: desde su contenido incompleto, puesto que faltan
las cuentas correspondientes a la Seguridad Social y de otros entes
públicos, pasando por errores, carencias, inexactitudes e
infracciones de las normas; irregularidades que afectan a un buen
número de cuentas y que repercuten en el resultado negativo del
ejercicio, que debe incrementarse en 193.154 millones de pesetas.
Como digo, estas irregularidades se repiten permanentemente en la
cuenta general del Estado y también en los organismos autónomos de
carácter administrativo y comercial.
En esta situación, el Grupo Parlamentario Vasco reconoce que se han
dado ciertos avances en la mejora de las cuentas públicas, pero cree
que es necesario que las administraciones incrementen su rigor en la
ejecución presupuestaria y en el cumplimiento de los principios
contables porque, de otra forma, señorías, no estamos dando a la
ciudadanía una impresión del rigor y seriedad que deben de tener los
administradores de las cuentas públicas. Estamos exigiendo rigor y
seriedad en las cuentas y contabilidades del sector privado y, sin
embargo, el sector público en este aspecto no es un claro ejemplo.
Debemos insistir en que el sector público tenga un mayor rigor en la
ejecución de las cuentas públicas -no nos cansaremos de hacerlo- y
pedimos que el Gobierno tenga en cuenta las propuestas de resolución
mediante las que permanentemente la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de cuentas insta al Gobierno a que ponga
en marcha una serie de mecanismos y normas, así como medidas que en
muchos casos no se adoptan.
Finalmente, quisiera resaltar una cuestión que resulta curiosa
respecto a los Presupuestos Generales delEstado y a la cuenta general
del Estado. Digo que es una situación curiosa porque, por un lado, la
Comisión de Presupuestos debate la ejecución de los Presupuestos
Generales del Estado del último ejercicio -lo hemos hecho ya y hemos
visto el ejercicio de 1998-, donde la Secretaría de Estado de
Presupuestos presenta la ejecución del mismo, así como las
desviaciones que se han producido y, por otro lado, una vez
fiscalizado ese ejercicio, al cabo de varios años -ahora estamos
hablando de la cuenta general del Estado del año 1996- se pone de
manifiesto que ha habido una serie de irregularidades que se han
cometido en la ejecución de los presupuestos y que han motivado unas
modificaciones que no se contemplaron cuando vimos aquí la ejecución
del presupuesto del ejercicio correspondiente. Por lo tanto, se está
dando una cierta paradoja porque estamos analizando la ejecución de
un presupuesto, pero no sabemos al final cómo va a salir la
fiscalización de las cuentas del Tribunal de Cuentas de ese ejercicio
hasta dentro de dos años. Esto produce una situación un tanto
anómala. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) insta permanentemente
a que cada vez haya un mayor rigor en la cuentas generales del Estado
y una mayor conexión entre la ejecución presupuestaria y la cuenta
general del Estado que siempre tiene unas desviaciones importantes.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la resolución que ha aprobado la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general del
Estado contiene once peticiones al Gobierno y una al Tribunal de
Cuentas. Todas ellas pretenden mejorar el control financiero del
sector público. Como ha dicho aquí el portavoz del Grupo Vasco, deben
mejorar el rigor presupuestario. Resulta paradójico que haya tanta
exigencia en el sector privado y luego en el sector público haya
tanta tolerancia, cuando ya está acabando el siglo XX.
La resolución contiene once peticiones, de las cuales sólo comentaré
la quinta y la décima. La quinta reitera que se adopten las medidas
legislativas pertinentes para que en la cuenta general estén
incluidas todas las cuentas de todos los organismos públicos. La
décima insiste en que se lleve el debido control registral de los
contratos programa firmados por el Estado. La petición relativa al
Tribunal de Cuentas insta a que este máximo Tribunal consigne en la
declaración definitiva los hechos posteriores acontecidos desde el
cierre del ejercicio hasta la fecha de aprobación del dictamen,
siempre que esos hechos afecten a la cifra de tal declaración.
Coalición Canaria considera que la cuenta general del Estado del
ejercicio 1996 presenta la estructura y contenidos establecidos en
las disposiciones que le son de aplicación, es coherente internamente
y con la documentación complementaria que le sirve de fundamento,
refleja adecuadamente la actividad económicofinanciera, así como su
situación patrimonial. Por todo ello va a votar favorablemente el
dictamen de la Comisión Mixta, que contiene la siguiente propuesta.
Declaración definitiva sobre la cuenta general del Estado del año
1996: aprobar las cuentas de los organismos autónomos,
administrativos, comerciales, industriales y financieros, y
lamentablemente, con las excepciones de aquéllas cuyas cuentas no se
han rendido o de las que están sujetas a reparos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán es autor de tres de las propuestas de
resolución que fueron aprobadas en la Comisión Mixta del Tribunal de
Cuentas. La primera instaba al Gobierno a aumentar la utilización de
las dotaciones para provisiones de insolvencia en aquellos supuestos
en los que se contempla la nulidad, una muy
difícil recuperación, y en los casos de litigios en curso. La segunda
propuesta instaba al Gobierno a iniciar un balance consolidado antes
y después de las rectificaciones de la cuenta general. Y la tercera
propuesta pretende que el Gobierno analice la modificación del
artículo 56 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria de
1998, atendida a la parquedad del artículo 56 de dicho texto
refundido en el que se regula la prórroga presupuestaria.
Ciertamente, tres líneas que ponen de manifiesto que la prórroga no
afecta a créditos para gastos correspondientes a servicios o
programas que deban terminar en el ejercicio cuyos presupuestos se
prorrogan parece que no es una regulación suficiente para los
supuestos de prórrogas presupuestarias que algunos hemos tenido,
teniendo en cuenta también el carácter básico que presenta la norma.
Por lo demás, manifestamos en su día el apoyo a las propuestas de
resolución del Grupo Popular y a una de las del Grupo Parlamentario
Socialista. Sin perjuicio de entender que podría haberse solventado
la práctica duplicidad que se produce entre las propuestas número uno
y seis, anunciamos nuestro voto favorable al dictamen de la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve, puesto que esta cuenta ha sido debatida en
profundidad en la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de
Cuentas. Nuestro grupo quiere ratificar y avalar las opiniones del
propio Tribunal de Cuentas, entendiendo que las cuentas generales del
Estado todavía son manifiestamente mejorables, en el sentido de que
tienen que reflejar fehacientemente la situación contable y
financiera del Estado y, al mismo tiempo, como ya se ha dicho aquí,
se constata en ellas la variación sustancial que se produce en
algunos casos entre lo aprobado presupuestariamente -aunque es verdad
que en este caso estamos ante un presupuesto prorrogado-, los debates
existentes de seguimiento de la ejecución presupuestaria y lo que
después ha sucedido en algunos casos. Nos parece necesario incorporar
todas las cuentas de los entes públicos, cosa que ahora no sucede;
aspectos tan relevantes, como, por ejemplo, las cuentas de Renfe en
relación con su contrato-programa, las repercusiones presupuestarias
que éste tiene, o las deudas de los entes públicos, que en este caso
concreto superan el billón de pesetas y no aparecen tampoco
incorporadas en la cuenta del Estado.
Apoyamos el dictamen en el sentido de que recoge estas
preocupaciones, como las recogen también las propuestas de resolución
aprobadas en el debate de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.
Por esta razón, nuestro grupo votará favorablemente este dictamen.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, no puedo resistirme a subir al estrado
para intervenir, sobre todo porque es la primera cuenta presentada a
esta Cámara gestionada ya por el Gobierno del Partido Popular. Es
cierto que todavía está a caballo de una prórroga presupuestaria de
las cuentas del presupuesto anterior, pero es la primera vez -con
retraso, ya que falta un año o menos para terminar la legislatura-
que, por fin, estamos ante una gestión presupuestaria presentada por
el Gobierno del Partido Popular y, sólo por eso, creo que merece la
pena subir al estrado y hacer mi intervención desde aquí. Por otra
parte, es también la primera vez que el Tribunal de Cuentas censura
la gestión presupuestaria del Partido Popular; no había tenido tiempo
de hacerlo con anterioridad. Eso es así y así ha salido en los medios
económicos especializados en grandes titulares: El Tribunal de
Cuentas suspende la primera gestión presupuestaria del PP. Y ha sido,
nada más y nada menos, porque el Gobierno ocultó 250.000 millones del
déficit presupuestario. El señor Jordano lo sabe muy bien. Sólo hay
que ver la declaración presentada para darse cuenta de que el
Gobierno ha mostrado una voluntad contradictoria con lo que decía el
Grupo Popular en anteriores cuentas, en anteriores gestiones, e
incluso con lo que decía el señor Jordano cuando hablaba de las
cuentas que presentaban los gobiernos sobre la declaración definitiva
de presupuestos anteriores.
Fíjese lo que son las cosas, en estos momentos nos encontramos con
que todo lo que usted decía con anterioridad de las cuentas que se
presentaban antes podría decirse ahora y no voy a repetir las muchas
barbaridades que ustedes decían, pero sí incidir en otras cuestiones
que me parecen mucho más interesantes. Por ejemplo, fíjense en lo que
dicen expertos del Círculo de Empresarios sobre la información que
nos dan las cuentas que se presentan a esta Cámara por el Gobierno,
que nos debería permitir tener un conocimiento más profundo de cuál
es la realidad. Lo que vienen a decir es que los estados financieros
de las administraciones públicas -ha habido una intervención que se
parece a lo que estoy diciendo ahora- no han alcanzado el nivel de
precisión que puede encontrarse en una contabilidad empresarial -ha
habido dos intervenciones anteriores que hacían referencia a ello-,
aunque es cierto que se ha avanzado de forma importante. ¡No faltaba
más!
Desde el punto de vista del gasto se utiliza lo que los expertos y
políticos llaman contabilidad creativa y la utilización de ciertos
recursos contables permite presentar cifras más ajustadas a ciertos
objetivos. Eso es
verdad, como estamos viendo tantas veces. Así, por ejemplo, un mero
aplazamiento de los pagos lleva a reducir el déficit de caja o
déficit presupuestario. En el caso del déficit contable las prácticas
van desde la concesión por el Estado de créditos a la Seguridad
Social, en lugar de reconocer su déficit a pesar de ser créditos
irrecuperables en el futuro, hasta la concesión de avales a empresas
públicas, que no se computan como deuda aunque exista certeza de que
se ejecutarán.
Pues bien, la gestión del año 1996 es un caso práctico de los
aspectos teóricos a los que los expertos hacen referencia cuando
hablan de las cuestiones que hoy estamos debatiendo aquí. Así es y
esa es la realidad. Los casos y los ejemplos están en todas las
tablas y en todos los datos que aparecen en el informe que se
presenta a esta Cámara y que, lógicamente, es difícil que SS.SS.
hayan podido ver, excepto los que los conocen más en profundidad. Por
ejemplo, en liquidación presupuestaria del ejercicio nos encontramos
con lo que he dicho antes: operaciones de 1996 pendientes de
aplicación, 253.000 millones. Digo en 1996; cuando hablemos de 1997,
hablaremos de 1997, porque el señor Jordano tiene una cierta
tendencia a decir que ya se han resuelto los problemas después. Ya
hablaremos en 1997 también de la cuenta de 1997. Pongo otro ejemplo:
si en vez de liquidación presupuestaria habláramos de liquidación
económico patrimonial nos encontraríamos también con que hay
operaciones pendientes de aplicación en 1996 por 249.000 millones,
que es una cifra parecida. No quiero acumular las que deberían
haberse aplicado en ejercicios anteriores, porque entonces, como sabe
el señor Jordano, subimos mucho más, pero no quiero que tampoco me
eche la culpa de esto después de tantos años.
Hay datos muy interesantes, por ejemplo, en modificaciones
presupuestarias. Señor Jordano, ¿se acuerda usted de lo que nos
decían sobre las modificaciones presupuestarias? Veo a algún otro
diputado del Grupo Parlamentario Popular que seguro que recordará
también las cosas que nos decían. Pues fíjese usted aquí: en
operaciones no financieras, 2,5 billones. Me dirá que es prórroga de
presupuesto, pero yo reitero que son 2,5 billones. ¡Qué le vamos a
hacer! ¡Lo que es la dura realidad de las situaciones! Para compartir
con ustedes más o menos jocosamente este debate, les recuerdo estas
manifestaciones. En compromisos adquiridos por este Gobierno en 1996,
cuando llevaban gobernando medio año, ¿saben ustedes qué compromisos
de gastos adquirieron para después del 2000? Una cosa sorprendente:
este papel dice que para los años siguientes del 2000 hay compromisos
de gastos adquiridos de 20 millones. Porque si contamos todos los
compromisos sumados de años anteriores, nos encontramos con 44
millones.
Ahora le quiero contar la situación de la Seguridad Social. En
Seguridad Social, fíjense cuánto ha crecido el endeudamiento en 1996:
sólo ha crecido 975.000 millones. Significa que ha crecido el
endeudamiento 975.000
millones. Cada año podremos hablarlo y explicarlo porque es un
problema serio, y ustedes saben que lo es.
Concluyo diciendo que mi grupo va a votar a favor de las propuestas
de resolución que se aprobaron en la Comisión, pero pedimos más
rigor. Ya hemos conseguido entrar en el euro, ya tenemos una moneda
única europea, y ahora es la época del rigor. El rigor porque es lo
que conviene a la situación de la economía española para tener una
información más real de la situación de las finanzas públicas. En ese
contexto el Gobierno debe esmerarse mucho más en conseguir que el
rigor y la mejora de la gestión se vaya produciendo para que la
información que empecemos a tener no sólo en esta Cámara, que llegue
también al conjunto de los expertos y los ciudadanos que tengan
interés en ella, nos permita conocer de forma más real la situación
de las finanzas públicas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gimeno.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna, a diferencia de otros intervinientes que lo han
hecho desde el escaño, para corresponder al gesto del señor Gimeno.
Su señoría justificaba subir a la tribuna con que era conveniente por
ser ésta la primera cuenta que criticaba. Por ser la primera cuenta
elaborada por nuestro Gobierno, que nuestro grupo defiende y vota
favorablemente, correspondemos también subiendo a la tribuna.
Hay que hacer un planteamiento global de lo que estamos hablando
porque, evidentemente, las cuentas del Estado no son perfectas.
Nuestro propio grupo parlamentario ha presentado ocho propuestas de
resolución con recomendaciones al Gobierno y al Tribunal sobre estas
cuentas. No estamos ante un voto entusiasta del Partido Popular ni
ante un voto de forofos, que sí eran habituales en las cuentas que
ustedes presentaban, sobre todo cuando tenían mayoría absoluta; no
estamos ante un voto de forofos para decir que las cuentas del
Partido Popular son magníficas e insuperables. Ahora bien, que no
estemos en esa situación, es decir que tengamos los pies en el suelo,
no evita que digamos que en las cuentas de 1996 la responsabilidad de
nuestro grupo es una responsabilidad parcial puesto que nos
encontramos con un presupuesto prorrogado, lo que justifica parte de
las correcciones que se hicieron a lo largo del ejercicio con las
modificaciones de créditos, ya que la mitad del ejercicio corresponde
a un gobierno socialista en el que se produce, durante el primer
trimestre sobre todo, una hiperinflación del gasto y del
reconocimiento de créditos fundamentalmente por parte del Ministerio
de Obras Públicas, probablemente motivado por la celebración de
elecciones generales en ese primer trimestre.
Ya no estamos hablando de cifras galopantes de déficit, como ocurría
en ejercicios anteriores; ya no estamos hablando de billones cuando
nos referimos a las discrepancias entre el Tribunal y las cuentas del
Estado. Usted habla de un desplazamiento de gastos de 240.000
millones a ejercicios posteriores. En los ejercicios anteriores
hablábamos de billones de desplazamiento de gastos a ejercicios
posteriores. Oculta usted que en este ejercicio se regularizaron
gastos por valor de 770.000 millones de ejercicios anteriores (hubo
un crédito extraordinario que se debatió ampliamente y que permitió
esa regularización). Ya no podemos hablar de facturas en el cajón, en
ejercicios anteriores sí podíamos hablar de facturas en el cajón que
no estaban reconocidas como gastos pero que sí se habían producido.
Ya no estamos hablando de maquillaje contable de determinadas
posiciones. Ya no estamos hablando de saldos superiores a 15.000
millones en las cuentas de agregadurías militares en el extranjero,
sin control de ningún tipo; ese saldo ha bajado a 1.000 millones y se
regularizará en el futuro.
Dentro de las observaciones que ha hecho me gustaría detenerme en la
relativa al déficit de la Seguridad Social. El Tribunal de Cuentas
hace una observación respecto a la conciliación entre la cuenta del
Estado y la cuenta de la Seguridad Social de la cifra de déficit,
pero tenemos que dejar muy claro que aquí no estamos hablando de
ningún maquillaje contable. El déficit de las administraciones
públicas está integrado por una serie de déficit, incluido el de la
Seguridad Social, por tanto, es indiferente situar el déficit en la
cuenta del Estado o en la Seguridad Social. Habría que aplicar una
operación de cancelación recíproca de esas partidas o desplazar una
partida de la Seguridad Social a la cuenta del Estado, pero no nos
encontraríamos nunca con una modificación de la cifra final de
déficit público. Por otra parte, sería conveniente plantearse si
cancelamos esta cifra de déficit de la Seguridad Social, que no es
del ejercicio 1996 sino que empieza en 1991, cuando ustedes
establecen una serie de operaciones sin vencimiento; en los préstamos
que el Estado concede a la Seguridad Social a partir de 1991 había
algunos que no tenían vencimiento y otros que lo cifraban a partir de
1995, pero sin establecer un calendario de amortizaciones. Es decir,
estamos hablando de un déficit que se genera a lo largo de muchos
años, no específicamente en 1996; tengamos claro de lo que estamos
hablando. ¿Que puede llegarse a una solución contable y hacer
desaparecer las dos partidas sin que exista una anotación recíproca
crédito del Estado o deuda de la Seguridad Social? Podíamos llegar a
esa situación, pero probablemente estaríamos enmascarando por esa vía
la situación real de aportaciones a la Seguridad Social. Deben ser
conscientes tanto los cotizantes por vía de cuota de empresa y de
aportación, como los demandantes de prestaciones de la Seguridad
Social, de cuáles son las cuentas exactas de la Seguridad Social. Si
hacemos desaparecer esta cifra de las cuentas de la Seguridad Social
nos encontraríamos con una visión
deformada de los ingresos y de los gastos de la Seguridad Social.
Antes de hacer desaparecer las cuentas es conveniente tener muy clara
esa situación.
No pueden hacer grandes observaciones a las cuentas de 1996. La
observación básica del Tribunal de Cuentas se refiere a una serie de
gastos cuya contabilización se prorroga a ejercicios posteriores que
se van a producir en determinadas partidas, como hemos explicado
detalladamente. Por eso, nuestro grupo ha pedido al Tribunal que
ponga de manifiesto las situaciones que se han corregido en una
adenda a la declaración definitiva como hechos posteriores de los que
ha tenido conocimiento, porque hay determinadas partidas en las que
esa situación se va a producir, no porque haya mayor o menor
diligencia en la Administración del Estado, sino porque se requiere
una conciliación de cuentas con organismos de la Unión Europea e
incluso en los contratos-programa con las auditorías realizadas
a esas empresas.
En definitiva, esa no es la información más importante. A nuestro
juicio, la observación más importante de las que hace el Tribunal, y
en la que incide el Partido Nacionalista Vasco, es la necesidad de un
balance consolidado en la Administración general del Estado -y habría
que decir que en el conjunto de las administraciones públicas- y la
previsión de insolvencia, que vendría motivada precisamente por la
existencia de ese balance consolidado.
Hay una diferencia evidente entre las cuentas de cualquier organismo
público del Estado y las cuentas de una empresa privada. Está claro
que los accionistas y los acreedores de una empresa privada han de
tener una imagen precisa de la situación de la empresa y, por tanto,
ahí si es necesario un balance; es necesario un balance consolidado
cuando estamos hablando de una empresa con participaciones
representativas en otras. Porque, si no, podríamos generar un
perjuicio claro tanto a los accionistas a la hora de comprar
acciones, como a los proveedores y acreedores de una entidad privada.
Cuando hablamos de las cuentas públicas, de la necesidad perentoria
de ese balance y de un balance consolidado -no se nos pueden ocultar
las dificultades de generar ese balance consolidado que no se ha
hecho hasta ahora- evidentemente no estamos hablando de lo mismo,
porque lo que es previsión, por ejemplo, el fondo de amortizaciones
de una empresa privada, no es tal necesidad cuando estamos hablando
de carreteras, de vías férreas o de determinados edificios del sector
público, que año tras año, reciben una dotación para gastos de
mantenimiento. Estamos hablando de una diferencia, y continúan
teniendo como activos determinadas cuentas y créditos que deberían
haberse cancelado porque probablemente sean incobrables.
Habrá que decir muy claro que ninguno de estos créditos -ni el de
Rumasa, por ejemplo- se genera durante la gestión del Gobierno
Popular. Son créditos que provienen de hace mucho tiempo. Los
créditos de ayuda al desarrollo tampoco se generan con el Gobierno
del Partido Popular, vienen de mucho tiempo atrás.
Está claro que habrá que ir cancelándolos, pero no nos pidan el
esfuerzo excesivo de que en seis meses logremos parar el déficit (que
se hizo), regularizar partidas de ejercicios anteriores (que se hizo,
hasta 770.000 millones), poner orden en las cuentas e introducir
rigor presupuestario (que se hizo), y tampoco se nos pida que
cancelemos la deuda de Rumasa, que pongamos al día todas las cuentas
de la Seguridad Social, todos los préstamos generados durante años a
la Seguridad Social y que las cuentas sean de caramelo.
Hemos hecho un esfuerzo de rigor. Continuamos en ese esfuerzo de
rigor. Probablemente, cuando lleguen las cuentas del año 1997 el
Grupo Socialista no tendrá que subir a esta tribuna y podrá hacer una
intervención mucho más breve desde el escaño, porque ya verán cómo
las cuentas de ese año son infinitamente mejores que éstas de las que
sólo tenemos una responsabilidad parcial.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
AMPLIACIÓN DE PLAZO:
- DE LA SUBCOMISIÓN DEL ANÁLISIS DEL DISEÑO, EJECUCIÓN Y RESULTADOS
DE LA POLÍTICA DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a las votaciones de
los tres puntos del orden del día que han sido debatidos, querría
someter al Pleno la prórroga, hasta el final del presente período de
sesiones, del plazo para que la subcomisión del análisis del diseño,
ejecución y resultados de la política de subvenciones del Ministerio
de Industria y Energía, constituida en el seno de la Comisión de
Industria, Energía y Turismo, finalice sus trabajos. ¿Lo acuerda así
la Cámara? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Queda, en consecuencia, aprobada la prórroga del citado plazo.
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN A
LA PRÁCTICA DEL CICLISMO. (Votaciones.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a las votaciones correspondientes a
los citados puntos del orden del día, comenzando por el dictamen de
la Comisión sobre la proposición de ley de adaptación de las normas
de circulación a la práctica del ciclismo.
Se someten a votación, en primer lugar, las enmiendas que subsisten
del Grupo Mixto, de la señora Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
267; a favor, 11; en contra, 256.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de la señora
Rivadulla, del Grupo Mixto.
Enmiendas que subsisten del Grupo Federal de Izquierda Unida, la 4,
la 9, etcétera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
267; a favor, 12; en contra, 255.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida.
Votación correspondiente al dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
267; a favor, 266; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado el dictamen.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 25/
1971, DE 19 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS NUMEROSAS.
(Votación.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la enmienda de totalidad de devolución
que ha suscitado el Grupo Vasco (PNV), frente al proyecto de ley por
el que se modifica el artículo 5 de la Ley de protección a las
familias numerosas.
Se somete a votación la enmienda de totalidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
267; a favor, seis; en contra, 148; abstenciones, 113.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda de
totalidad de devolución.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS RELATIVO A LA DECLARACIÓN DEFINITIVA SOBRE LA CUENTA
GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 1996 Y RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA
MISMA. (Votación.)
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el dictamen de la Comisión
Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre la declaración
definitiva de la
cuenta general del Estado del ejercicio 1996 y la resolución adoptada
por la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
266; a favor, 265; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen y la resolución.
PROPUESTA DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA ANALIZAR
LA DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS COMUNITARIAS AL CULTIVO DEL LINO, A
PETICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 156/
000014), DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Y
MIXTO (Número de expediente 156/000015) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 156/000016.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al nuevo punto del orden del día, que se
incorporó por decisión del Pleno, a propuesta de la Junta de
Portavoces, y que acumulará el debate de tres solicitudes
concurrentes en la creación de una Comisión de investigación para
analizar la distribución de las ayudas comunitarias al cultivo del
lino. Las solicitudes están suscritas, la primera por 90 diputados
del Grupo Socialista, la segunda presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida más el Mixto y la tercera por el Grupo Popular. Este
será el orden de intervención de los referidos grupos parlamentarios
y los restantes tendrán a continuación el turno correspondiente de
fijación de posición.
Por el Grupo Socialista, el señor Amarillo será el portavoz de la
iniciativa de los 90 diputados del referido grupo. (Rumores.)
Señor Trías Sagnier y compañía, disuélvanse. Señor Llorens y
Michavila, señor Burgos, don Tomás, señor Echániz.
Señorías, por favor, guarden silencio.
Adelante.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
La presente Comisión de investigación que, al amparo del artículo 52
del Reglamento de la Cámara, solicita el Grupo Socialista no tiene
como fin enjuiciar el cultivo del lino, sino el cobro abusivo de
subvenciones por altos funcionarios de la Administración, en gran
parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
presuntamente organizados en una trama que les posibilita acceder de
manera privilegiada a estas ayudas.
Debe quedar claro que mi grupo no tiene nada que objetar ...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Amarillo.
Ruego al equipo de técnicos de sonido que procuren mejorar la
limpieza del sonido de los micrófonos de la tribuna.
Adelante, señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
Como iba diciendo, debe quedar claro que mi grupo no tiene que
objetar nada a los numerosos cultivadores de lino que, cumpliendo la
normativa europea, entregan su producto a las empresas
transformadoras. El lino puede ser un cultivo significativo tanto en
secano como en regadío. La gravísima situación en que queda el
girasol después de las negociaciones de la Agenda 2000, alternativa
fundamental el girasol en el cultivo de cereales, obliga a considerar
todas las posibilidades que nos pueda ofrecer la introducción de
nuevos cultivos.
Conviene recordar que la Unión Europea estableció para el cultivo del
lino unas ayudas de 120.000 pesetas por hectárea, sin límite ni a
nivel de agricultor ni de Estado miembro. No es de extrañar que en
este contexto se pasase rápidamente de las 500 a las 25.000
hectáreas. En la última campaña se han sembrado más de 91.000
hectáreas. Tal crecimiento, impulsado, sin duda, por lo cuantioso de
la subvención, ha llevado a la normativa europea a ir introduciendo
paulatinas condiciones. Se exige sembrar con una semilla certificada,
en dosis mínimas de 100 kilos/hectárea, firmar un contrato con una
empresa transformadora y obtener un rendimiento mínimo, fijado en las
dos campañas anteriores en 1.000 kilos por hectárea y en la
actualidad en 1.500 kilos por hectárea. Nadie puede dudar de que se
cultiva el lino para transformarlo en fibra, y ésta tendrá una
utilización textil directa o industrial de otras características. En
todo caso, cobrar por cultivarlo y no hacerlo roza lo delictivo. Son
estas conductas las que claramente hay que perseguir y eliminar.
Esta cuestión resulta particularmente reprobable si se organiza, a
título individual o concertado, por altos funcionarios de la
Administración pública, que disponen de conocimiento y conexiones que
les permiten operar con un mayor grado de impunidad, máxime si alguno
de estos funcionarios son los encargados de negociar, interpretar,
reglamentar y aplicar la propia normativa comunitaria, y de su
conocimiento se deriva un beneficio propio, para sí o para su entorno
familiar más próximo.
Son alarmantes las denuncias que en los meses de abril y mayo han
venido apareciendo en los distintos medios de comunicación,
informaciones de una enorme gravedad en las que se vincula a altos
cargos de la Administración, en general, y muy en particular del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el cobro, bien
de manera directa o en su entorno familiar más inmediato, de
cuantiosas subvenciones relacionadas
con el cultivo del lino. Esto va unido al incendio de factorías
de almacenaje y transformación del lino en distintos puntos del
Estado, con una cadencia y una frecuencia que llaman la atención.
Arde en mayo de 1998 un almacén propiedad de la empresa Colino, S.A.
ubicado en Almoguera, provincia de Guadalajara. Hay dos incendios en
menos de un mes, en abril de 1999, en Colisur, en los almacenes de
Picón, en Ciudad Real. Están los tres de Foramontanos de Tábara, en
la provincia de Zamora y el muy reciente, de 24 de mayo, de Lino
Textil de Extremadura, ubicado en Berlanga, Badajoz. Resulta un tanto
improbable achacar a la casualidad tan reiterados incendios en unos
almacenes que, por otro lado, son poco numerosos dentro de la
geografía del Estado. Más que casualidad debemos investigar la
causalidad y, sin duda, a este respecto las delegaciones del Gobierno
y, en definitiva, el Ministerio del Interior deben avanzar cuanto les
sea posible para esclarecer estos incendios.
El Real Decreto 1490/1998, en su artículo 13.2, función 1.a a) y
función 2.a a) confiere clara e indubitativamente al Fondo Español de
Garantía Agraria la interlocución y la coordinación de los controles
de aquellos reglamentos comunitarios y, en particular, del reglamento
que estableció la Comunidad Económica Europea, 3508/1992. Por tanto,
por imperativo legal, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, a través del FEGA, y por ende al ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, el alto control y coordinación de
las ayudas destinadas al cultivo del lino.
Además, lo que la legislación obliga el sentido común lo impone, ya
que tramas organizadas de la naturaleza de las que pretendemos
investigar operan siempre en más de una comunidad autónoma y tan sólo
desde el Gobierno central del Estado se puede tener una idea global y
acabada de la actividad de las mismas.
El hecho de que la ex ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
no llevase a cabo, en el ámbito de sus competencias, esta
investigación no es óbice para que el actual responsable del
Ministerio no enmiende este grave error de su antecesora en el cargo.
No es éste el momento (y tiempo habrá a lo largo de las sesiones de
la Comisión, si ésta es aprobada por esta Cámara) de analizar las
causas de por qué las investigaciones no se iniciaron en fechas muy
anteriores a la presente, máxime cuando, al parecer, hay constancia
de que la ex ministra Loyola de Palacio había sido avisada sobre
determinadas y extrañas singularidades que se daban en el cobro de
las subvenciones del lino.
Por todo lo anterior, el Grupo Socialista cree necesario y urgente
que se constituya una Comisión de investigación en el Congreso de los
Diputados que tenga por objeto, al menos, el esclarecimiento de los
puntos siguientes: Uno, que se analice e investigue el cultivo del
lino textil en España y las razones que han llevado a su importante
crecimiento en los últimos tres años. Dos, que se analicen e
investiguen las actuaciones adoptadas por el Ministerio de
Agricultura tras el informesobre el sistema de ayudas al lino
elaborado por la
Comisión Europea en enero de 1999. Tres, que se analice e investigue
la relación de altos cargos del Ministerio de Agricultura y, en su
caso, de otros órganos de la Administración General del Estado con
empresas y sociedades que cultivan, almacenan o transforman el lino
textil; todo ello referido al período 1996-1999. Cuatro, que se
analice, investigue y cuantifique el montante de las subvenciones
percibidas por cada uno de estos altos cargos, directamente o a
través de empresas en las que participen por sí o a través de sus
familiares. Cinco, que se analicen e investiguen las razones por las
que se producen periódicamente incendios, aparentemente no fortuitos,
en empresas relacionadas con el almacenaje y transformación de lino.
Seis, que se analice e investigue la posible existencia de
utilización de información privilegiada por determinados altos cargos
del Ministerio de Agricultura, al ser alguno de ellos interlocutor en
todo lo referido al sistema de ayudas al lino en la Unión Europea.
Siete, que, como consecuencia del estudio e investigación de los
anteriores puntos, se exijan las responsabilidades políticas a las
que en su caso hubiera lugar, tanto respecto de los mencionados altos
cargos como de la ministra responsable del departamento en el período
1996-1999.
Señores diputados, corresponde a esta Cámara asegurar el prestigio
internacional de España ante los órganos internacionales, garantizar
la utilización correcta de los recursos económicos y que estos
cumplan su fin social y económico, y velar por la defensa y
protección de los legítimos intereses de los agricultores y
ganaderos. A todo ello contribuiremos con eficacia si esta Cámara
aprueba la constitución de la Comisión de investigación que el Grupo
Socialista propone.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Amarillo.
Pasamos a la iniciativa que presentaron los grupos de Izquierda Unida
y Mixto. ¿Van a compartir su tiempo o lo hace todo el Grupo de
Izquierda Unida? (Pausa.) Repartirán, por tanto, no sólo el turno
sino el tiempo.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, presentamos una
propuesta para que se constituya una Comisión que investigue en su
amplitud todo lo relacionado con la distribución de las ayudas
comunitarias al cultivo del lino. Lo queremos hacer desde la
normalidad democrática, porque una de las principales tareas de este
Parlamento es la de controlar la acción del Gobierno, pero sobre todo
lo hacemos porque en estos momentos existen ya suficientes datos para
poner en duda la gestión del Gobierno en relación con este reparto de
subvenciones.
Muchas cosas deben explicarse. Tiene que explicarse, por ejemplo,
cómo un producto con tan poca utilidad industrial, como es el lino,
tiene un desarrollo tan
espectacular como el que ha tenido en nuestro país, pasando de poco
más de 200 hectáreas, en 1993, a las casi 100.000 hectáreas que se
cultivan en la actualidad; hay que explicar por qué se dice desde el
sector que las cuentas no cuadran, y alguien tiene que explicar cómo
se pueden transformar en sólo unos meses los miles de hectáreas
sembradas y cómo es que el consumo de electricidad de las plantas de
transformación no tiene ninguna relación con la producción que dice
acometer.
Señorías, a estas alturas nadie puede negar que el cultivo del lino
en nuestro país ha sido refugio de especuladores y de cazaprimas.
Junto a esto hay que decir que en el cultivo del lino existen muchos
agricultores honestos, la mayoría, que cultivan correctamente este
producto, y que el certificado de compra de la cosecha, lejos de ser
una garantía, en estos momentos parece cada vez más un misterio que
debe aclarar la Comisión, porque no son sólo los incendios que se
están produciendo, como si hubiese una gran maldición que pesase
sobre las plantas transformadoras, sino que la realidad es que el
lino se esfuma sin llegar a la industria textil.
Por eso, hace el ridículo o algo peor quien está diciendo que el
escándalo del lino es sólo un montaje, pero todavía es mucho más
grave que se intente silenciar la investigación diciendo que con
estas denuncias se están poniendo en peligro las subvenciones que
recibe nuestra agricultura. Señorías, quien pone en peligro, quien
desacredita esta agricultura no es quien hace la denuncia sino quien
la provoca, por eso no se puede decir, para silenciar, que es mejor
no hablar del tema, sino al contrario, para recuperar la credibilidad
hay que llegar al fondo del asunto.
Es más, es público que existe una carta de la Comisión Europea a la
ministra de Agricultura en la que se le avisaba de que, tras una
investigación sobre las ayudas al lino, se había constatado la
existencia de cazaprimas y se pedía al Gobierno español que realizase
una investigación a fondo del proceso del cultivo del lino, pero
parece que la respuesta a esta petición europea ha sido la multitud
de incendios que se han producido.
No sólo es evidente que el lino es un refugio de especuladores sino
que también parece existir una curiosa tendencia de miembros de las
administraciones agrarias a relacionarse con este cultivo, eso sí,
señorías, a tiempo parcial. Por eso, no sólo tendrán que acudir a
declarar a la Comisión los dos o tres altos cargos que han dimitido,
no sólo tendrá que declarar el ex presidente del Fondo Español de
Garantía Agraria y el ex director financiero de Mercasa, sino que
también tendrán que hacerlo otros nombres que van apareciendo, como
un ex director general de la Junta de Extremadura, a quien bien debe
conocer el diputado señor Amarillo, que parece que en estos momentos
es miembro de la Junta de accionistas de la última empresa
transformadora incendiada, la empresa Lino Textil de Extremadura.
Señorías, queremos conocer el listado de los cultivadores,
pero sobre todo la investigación sobre las empresas transformadoras,
porque parece que las plantas son el verdadero centro de este posible
negocio especulativo.
Por tanto, señorías, es evidente que la Comisión de investigación
debe ir más allá de determinar en qué instancias de la Administración
han residido las responsabilidades sobre el control de los cultivos y
la adjudicación de las ayudas, porque lo que ya nadie puede dudar es
de que las ha habido, y el que la ex ministra pretenda negarlas sólo
viene a corroborar aún más su responsabilidad porque, aun de ser
cierto que ella no sabía nada, a estas alturas todos tenemos claro
que los altos cargos, y máxime los ministros, son responsables de las
posibles actuaciones no correctas de sus más directos colaboradores,
y una mala ministra habría sido quien no hubiese conocido el
pluriempleo al que se dedicaban algunos de sus más directos
colaboradores.
Los datos aparecidos ponen bajo sospecha incluso a la máxima
responsable del Ministerio de Agricultura, pero también a las
comunidades autónomas, que deberían haber hecho algo más que pedir
consejo, las que lo han hecho. Las comunidades autónomas deberían
haber perseguido y denunciado a los especuladores. Nosotros creemos
que los trabajos de esta comisión deben afrontarse, con el objeto de
recuperar la credibilidad del sector agrario español, en el que -no
le quepa la menor duda a nadie- la mayoría son agricultores honestos,
son ganaderos honestos, son trabajadores que viven por y para el
campo. Son los menos los que acuden al campo a especular, los que
acuden al campo para sacar un beneficio rápido. Ha habido gente
malintencionada que ha querido pescar en río revuelto y denunciar que
el escándalo del lino venía a evidenciar el fracaso de una política
agraria común basada en las ayudas. A nosotros nos parece que por eso
hay todavía más responsabilidad a la hora de despejar incógnitas,
porque estamos convencidos de que las ayudas, las subvenciones, son
algo fundamental a la hora de diseñar la política agraria
comunitaria. Seguimos diciendo que el mejor antídoto para evitar la
especulación es la modulación de las ayudas, una modulación que
reparta el dinero entre los agricultores profesionales, entre los
agricultores que crean empleo, entre los agricultores que de verdad
van al campo a trabajar.
Creemos entender por qué el partido Popular sigue oponiéndose a la
modulación en el reparto de las ayudas y es imprescindible que esta
comisión parlamentaria de investigación salga adelante y es
imprescindible que ponga plazo fijo para terminar sus trabajos. De lo
contrario, sospechamos que se va a pretender dilatar el asunto e
incluso nos tememos que se puede pretender terminar esta legislatura
sin que la comisión presente sus conclusiones. No estamos de acuerdo
con que se presente una propuesta, como lo hace el Partido Popular,
sin poner un plazo fijo para rendir cuentas de sus trabajos en esta
Cámara, porque se puede intentar descafeinar los trabajos de la
comisión e incluso su objetivo.
Hay que decir que esta comisión no nace a propuesta del Gobierno, ni
a propuesta del Partido Popular. El Partido Popular y el Gobierno se
suman a esta iniciativa cuando ya ha sido evidente que el escándalo
empezaba a salpicar a la ex ministra de Agricultura y hoy candidata
al Parlamento Europeo por el Partido Popular. El Partido Popular, el
Gobierno, han hecho una utilización de los medios de comunicación
público realmente vergonzosa. También pediremos que den cuenta en el
lugar correspondiente, porque alguna vez habrá que poner coto a ese
abuso que hacen de los medios de comunicación, que pagamos entre
todos los españoles.
El señor PRESIDENTE: Señor Centella, ha de concluir.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Termino, señor presidente.
Ya que han decidido ponerse a la cabeza de la comisión, les pedimos
que lo hagan con todas las consecuencias, que lo hagan sin trampa ni
cartón, que lo hagan asumiendo que la comisión debe empezar a
trabajar de inmediato. Es preferible que lo que haya que decir se
diga en sede parlamentaria y que no se siga diciendo en los mítines
de la campaña electoral, porque es una realidad que del lino se va a
seguir hablando. No entendemos que intenten dilatar la constitución
de la comisión; con eso no van a ocultar el tema, pero lo van a sacar
de sede parlamentaria y el debate será mucho menos serio. Tampoco
entendemos por qué no quieren fijar un plazo para terminar los
trabajos.
Nosotros estamos dispuestos a consensuar una propuesta, estamos
dispuestos a llegar a un acuerdo sobre una comisión que realmente sea
una comisión de investigación, que tenga un plazo y que se presenten
al final unas conclusiones que vayan no sólo a determinar
responsabilidades, sino sobre todo a determinar el método para
conseguir que el sector agrario español recupere una credibilidad que
le ha costado mucho esfuerzo y muchos años conseguir. Es necesario
que el Partido Popular afronte esta comisión parlamentaria sin trampa
ni cartón, sin nada que ocultar y con la voluntad de llegar hasta el
fondo de todo lo que haya que investigar.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Centella.
Don Ricardo Peralta, como suscriptor, por el Grupo Mixto, de la
iniciativa, que comparte con el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra, si le dejan avanzar por el pasillo.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor presidente, señorías, cuando las
comisiones de investigación han sido, sin lugar a duda, las
principales víctimas de las prácticas parlamentarias en esta
legislatura -es bueno recordar, por ejemplo, que la única que se ha
creado ha hecho referencia a la oposición, a investigar la actuación
de gobiernos anteriores-, e incluso temas que era
necesario y lógico que fueran objeto de una comisión de
investigación, como la política de subvenciones del Ministerio de
Industria, han sido relegados a una subcomisión, que tiene una vida
azarosa plenamente conocida por todas SS.SS., debemos concluir que el
lino es sin lugar a duda un producto milagroso y que el primer
milagro es la unanimidad que seguramente se va a producir en esta
Cámara en torno a las peticiones de varios grupos parlamentarios para
constituir una comisión de investigación sobre este tema. Pero,
tratándose de grupos muy distintos, las razones para esta petición
son también diversas. Quienes sostienen que España va bien tienen
interés en promocionar una investigación sobre el lino. Porque hay
que reconocer que ha crecido de una manera espectacular.
El crecimiento del lino deja muy por detrás índices de su crecimiento
en cualquier país europeo, niveles de crecimiento del PIB o de
cualquier otro producto. ¡Ojalá todo creciera en España como el lino!
Parece lógico que se ponga como modelo. Las ayudas que recibe nuestro
país para este producto han crecido espectacularmente. Parece lógico
que quienes sostienen que nuestro país cada día gana más dinero en
Europa pongan este modelo, porque pasar de prácticamente nada a cerca
de 10.000 millones en un corto período de tiempo es el mejor ejemplo
de una buena gestión. Quienes afirman que la Administración que ellos
dirigen es una Administración imparcial, qué mejor que hablar del
lino. Y nos encontramos con que altos cargos del Ministerio se
declaran simples técnicos y directivos de empresas públicas; dicen
que no tienen ningún tipo de carnet partidario. Afirman que todo se
consigue gracias al esfuerzo personal, en esta materia, en el lino, y
nos encontramos con que altos cargos, que tienen dedicación
exclusiva, además pueden ser agricultores a tiempo parcial y que eso
les permite obtener rentas muy importantes y salir adelante con su
esfuerzo personal. Por último, a quienes defienden la familia qué
mejor ejemplo de familia que la que nos da el señor Nicolás López de
Coca y otros altos cargos; ellos no cultivan lino, pero sus hijos,
sus mujeres, etcétera, tienen sociedades que les permiten obtener
cientos de millones de pesetas de ayuda.
Lógicamente, es esta una actuación coherente por parte de ese grupo.
Alguna incoherencia hay, tengo que decirlo. No entendemos cómo
pretenden atribuir ese milagro al señor Bono. Y nos dicen que va a
ser el primero que va a venir a comparecer. No le hagan ustedes ese
regalo al señor Bono. Este milagro, si hay maternidad, tiene nombre y
apellidos. Y no es precisamente el señor Bono. Otros grupos,
señorías, tenemos otras razones, distintas, pero que también nos
parecen legítimas. Nos gustaría saber qué ha ganado el país con el
cultivo del lino, a dónde ha ido ese lino. Porque es verdad que las
importaciones de este país se mantienen en los mismos niveles. Ha
crecido espectacularmente la producción en nuestro país; sin embargo
no hay exportaciones y seguimos importando igual que antes. ¿Qué ha
pasado? ¿Dónde ha ido eso? ¿Qué ha ganado nuestro
país con eso? Nos gustaría saber también cómo es posible que en años
en que los incendios han caído espectacularmente en nuestro país por
las condiciones climatológicas, espectacularmente, qué casualidad, al
lino le da por arder y arde con unos niveles de siniestralidad
desconocidos. ¿Qué pasa? Porque estamos hablando de temas ciertamente
preocupantes. Un incendio es un incendio y si, por casualidad,
hubiera circunstancias ajenas a las normales, estaríamos hablando de
actuaciones delictivas.
El señor PRESIDENTE: Ha de ir concluyendo, señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino inmediatamente. Gracias, señor
presidente.
A quienes tenemos dudas acerca de la Administración y de su
imparcialidad nos gustaría saber cómo se compatibiliza que altos
cargos del Ministerio, que tienen la capacidad legal de negociar con
Europa y de coordinar toda la política en nuestro país, tengan
intereses directos en un determinado producto y tengan actuaciones
concretas en relación con ese producto, dictando instrucciones,
circulares y criterios. Nos gustaría saber, cuando este país recibe
importantes subvenciones de la política comunitaria europea en el
ámbito agrario, 800.000 millones de pesetas, y cuando Europa tiene
una política abierta en ese flanco, cómo esas personas, con esos
intereses, son capaces de liderar la lucha contra los cazaprimas en
nuestro país. Porque nos ofrece dudas.
Todo esto, señorías, son razones que justifican las peticiones de
estos grupos. No les quepa la menor duda de que Nueva Izquierda-
Iniciativa per Catalunya se sitúa en ese segundo grupo. Intentaremos
hacerlo coherentemente y pediremos que comparezcan, en primer lugar,
doña Loyola de Palacio, bajo cuya dirección en el Ministerio se han
producido estas actuaciones, y todas aquellas personas, no políticas,
técnicas, al parecer, pero que tenían la capacidad de dirigir el
Fondo Español de Garantía Agrícola y que eran quienes dictaban las
instrucciones y, a su vez, percibían ayudas millonarias.
Estas son, en definitiva, señorías, las razones por las que desde
Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya defendemos la creación de
esta comisión y la vamos a apoyar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Para la presentación de la iniciativa de la solicitud de comisión de
investigación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme, como cuestión previa, que muestre la paradoja
que aquí se da: un interés desmedido por un tema como es el cultivo
del lino, un tema que
demuestra muchísimo interés en los medios de comunicación, y los
bancos del Grupo Socialista y asociados presentan una desolación que
mi grupo no acaba de entender. (Aplausos.-Protestas.) ¡Vaya interés
que muestran estos señores! Y diré también, señor presidente, como
afirmación inicial en este Pleno, que el Grupo Popular, y no les
quepa la menor duda, ha solicitado a la Cámara la creación de una
comisión de investigación en todo lo relacionado con el cultivo del
lino. Por tanto, ya anuncio el voto afirmativo de mi grupo. Y pido
asimismo -espero que vuelvan a la hora de la votación- el voto
afirmativo a todos los grupos de la Cámara, recordando, además, que
ha sido mi grupo, el Grupo Popular, el primer firmante para que se
altere el orden del día y pueda este asunto sustanciarse en el Pleno
de hoy, de hoy precisamente. También quiero dejar bien claro que el
Grupo Popular desea que los trabajos de la comisión se inicien cuanto
antes y, señor Centella, que no quede ninguna duda para que se pueda
constituir y empezar a funcionar con los plazos normales de cualquier
otra comisión y, si ello es posible, incluso antes del día 13 de
junio, dejando así en evidencia una vez más al intoxicador habitual
del Grupo Socialista. (Rumores.-Aplausos.)
Señorías, mi grupo, el Grupo Popular, afirma y sostiene, como primera
afirmación, que todo este embrollo del lino, que ha tenido un reflejo
intenso en los medios de comunicación, es exactamente una patraña del
Partido Socialista y es exactamente un montaje sobre una mentira mil
veces repetida. Con ello pretende poner en segundo plano, en segundo
plano informativo, otros temas que le afectan muy directamente. Me
refiero en concreto al asunto que ha pretendido tapar
informativamente, pero sólo de modo conyuntural, que es el gran
escándalo que hace unas semanas teníamos en los medios de
comunicación, exactamente la actuación indigna de quienes en los
tiempos de los gobiernos socialistas nos machacaban a los españoles a
impuestos por la mañana y por las tardes amasaban sus fortunas a la
sombra de sus cargos. (Aplausos.) Ese es un trabajo sórdido a tiempo
parcial y bien remunerado. (Aplausos.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías!
El señor MADERO JARABO: Señor presidente, señorías, al hablar de
agricultura y ganadería es preciso analizar brevemente cuál es la
situación actual de la Unión Europea y qué es la PAC, la política
agraria comunitaria. Permítanme, y no en tono didáctico sino
meramente informativo, recordar que una parte importante de la
agricultura europea no es competitiva y para su subsistencia necesita
el apoyo de los demás sectores, apoyo que se manifiesta precisamente
en subvencionar esa parte importante de los cultivos y de las
producciones ganaderas, subvenciones y ayudas a la hectárea o a la
cabeza de ganado. Incluso -quizás alguno se entere en estos momentos
por primera vez- se pagan ayudas por no producir. Por ejemplo, en
muchas zonas españolas,
este año es obligatorio dejar un mínimo de un 10 por ciento de
barbecho, que también se paga; es obligatorio dejar una parte de las
tierras sin producir, y eso se paga también, tiene su subvención,
tiene su ayuda.
El cobro de subvenciones por parte de los agricultores y ganaderos es
un tema absolutamente normal y generalizado y es el instrumento
mediante el cual, en la Unión Europea, se pretende lograr el
mantenimiento de las rentas del sector agrario. De hecho, en España y
durante la última campaña, ha habido más de 850.000 perceptores de
algún tipo de ayuda comunitaria y en muchas zonas del interior
peninsular, señorías, estas subvenciones suponen entre el 25 y el 40
por ciento de los ingresos totales del agricultor y del ganadero.
Pero estas ayudas a la renta agraria no son gratuitas, son por algo.
Se dan precisamente para que los agricultores y los ganaderos, el
mundo rural, fije la población y el empleo; se dan porque el
agricultor y el ganadero son los garantes de la conservación del
medio ambiente; sobre todo estas ayudas se dan porque proporcionan y
aseguran la alimentación en cantidad y en calidad de 350 millones de
europeos.
Pues bien, recordemos ahora, señorías, que, durante el Gobierno del
Partido Popular, la que fue ministra de Agricultura, señora De
Palacio, ha tenido que negociar prácticamente todas las ayudas.
Primero fueron frutas y hortalizas, después el aceite de oliva y la
aceituna de mesa y finalmente, dentro del paquete de la Agenda 2000,
los herbáceos, el vino, el vacuno de carne y la leche. Tenemos ahora
que recordar y acusar que, mientras se negociaba en Bruselas y en
Berlín, el Grupo Socialista presentó -y ahí está el «Diario de
Sesiones»-, en esta Cámara y en el Senado, iniciativas absolutamente
inoportunas y malitencionadas que no aportaban nada y que
perjudicaban seriamente la negociación. A pesar de ello, para frutas
y hortalizas, aceite, aceituna de mesa, herbáceos, vacuno de leche y
carne y para el vino se obtuvieron unos magníficos resultados, que es
lo mismo que decir importantes aumentos de las ayudas y subvenciones
para nuestros agricultores y ganaderos. Era, señorías, la primera vez
que se oía en los foros comunitarios una voz razonable exigiendo para
España las ayudas que históricamente nos habían negado y era la
primera vez que el Gobierno y, en su nombre, la ministra De Palacio
podía hacer un balance positivo de unas negociaciones difíciles y
torpedeadas duramente por el Partido Socialista. (Protestas.-
Aplausos.) Y, aunque esté ausente, debo decir en honor de la señora
De Palacio que el campo español ya ha reconocido su magnífica labor y
yo ahora lo reitero una vez más. (Aplausos.-Protestas.)
Decía, señorías, que contrastan estos logros con los resultados de
anteriores negociaciones, en las que el correspondiente ministro
socialista, bien por miedo al avión, bien por estar pendiente de la
paella, siempre volvía de Bruselas cargado de multas para España, con
la orden de matar vacas, de arrancar cepas o ambascosas a la vez.
(Protestas.-Aplausos.)
El colmo de los despropósitos y de los celos mal disimulados es que
los socialistas españoles, junto a los eurodiputados de Le Pen y
otros de semejante catadura, votaron negativamente a la Agenda 2000
hace apenas unas semanas, no hace tanto, en el Parlamento Europeo,
poniendo así en peligro los magníficos logros obtenidos en Bruselas y
en Berlín. (Rumores.)
Una vez descrito, señorías, el marco general en el que nos estamos
moviendo, dentro de la cuestión de los herbáceos, del lino y de la
comisión que queremos constituir, hablemos de lo que está pasando
precisamente con ese cultivo, con el cultivo del lino textil.
(Protestas.) Señorías, absolutamente nadie -no por mucho vocear van a
tener más razones- (Fuertes protestas.) ha puesto en duda la
legalidad de los cobros de las subvenciones por parte de ningún
titular de explotación agraria. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Como quiera que esta polémica la han centrado ustedes, con
acusaciones directas, en perceptores de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, repito sensu contrario que nadie, absolutamente
nadie, ha dudado de la legalidad de los pagos efectuados por la
Administración autonómica castellanomanchega. Si, después de tanto
artículo, tanto comentario y tanto ruido, nadie, absolutamente nadie,
duda de la legalidad de unos pagos a favor de titulares de
explotaciones agrarias que cultivan lino textil, convendrán conmigo,
señorías, que estamos ante un caso en algunos aspectos de tono menor,
porque estamos ante un tema legal. Nadie ha discutido la legalidad de
que alguien cobre porque alguien le paga. Repito que se han efectuado
unos pagos de cuya legalidad nadie duda. Por eso decía al principio
que esto huele mucho a montaje del Partido Socialista sobre una
mentira mil veces repetida. (Protestas.)
Sin embargo, sí hubo, hace algunas fechas, una referencia del
presidente de Castilla-La Mancha, señor Bono, a una supuesta
información privilegiada de unos pocos para acceder a las
subvenciones del lino. Aquella referencia hecha a los medios de
comunicación también se ha dejado caer aquí de alguna manera por el
portavoz señor Amarillo. Y de todos es sabido que a cualquier
agricultor le venden esta información no digo que en los estancos
-sería frivolizarlo-, pero sí que la pueden obtener a través de los
reglamentos comunitarios, del Boletín Oficial del Estado, de los
boletines de las comunidades autónomas, de los medios propios de
difusión que tienen las organizaciones profesionales agrarias, las
delegaciones de las consejerías de Agricultura de las comunidades
autónomas e incluso a través de la propia interprofesional del lino.
Por tanto, es falso, es falsedad de falsedades, que haya habido
información privilegiada, como lo demuestra además el hecho de que
este año casi 4.000 titulares de explotación han decidido, en la
última campaña agrícola, sembrar lino textil. ¿No les parece que
4.000 parecen muchos privilegiados?
Y repasemos ahora otra cuestión. Repasemos, señorías, un tema,
también para mi grupo muy claro, muy
nítido y sobre el que sin embargo se quiere, concretamente el Partido
Socialista, sembrar dudas y oscuridad. (Un señor diputado pronuncia
palabras que no se perciben.) Efectivamente, señor Madrid, voy a
tomar agua. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Vaya concluyendo, señor Madero. (El señor Madrid López pronuncia
palabras que no se perciben.)
Señor Madrid, silencio.
El señor MADERO JARABO: Me refiero, señor presidente, señorías, al
tema competencial. Se pretende exigir responsabilidades en el MAPA
cuando la competencia, la competencia en exclusiva, es autonómica, es
de las comunidades autónomas. (La señora Leiva Díez: ¡No es verdad!-
Varios señores diputados: ¡Bono! ¡Bono!)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Por favor, no se me desmanden. Haya tranquilidad. Haya tranquilidad.
Continúe, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Vamos a ver alguna de las razones en las que
baso esta afirmación.
Podemos poner por testigos a 852.000 agricultores y ganaderos que han
obtenido algún tipo de subvención de la Unión Europea y saben -y
nosotros también lo sabemos, todos los aquí presentes- que la
solicitud, admisión, estudio y resolución de los expedientes se hace
en la comunidad autónoma. Que los controles, correcciones o
sanciones, los aplica la comunidad autónoma. Y, finalmente, que el
pago lo efectúa como organismo pagador la comunidad autónoma.
(Protestas.) Se trata, señorías, de competencias transferidas en su
día desde el Ministerio de Agricultura a las comunidades autónomas.
Tan sencillo es que no hay más que repasar los distintos decretos de
transferencias que en su día se hicieron y el Real Decreto 1490/1998,
que nos ha citado el señor Amarillo, que dice exactamente lo que yo
estoy repitiendo. (Aplausos.-Protestas.) Pero es igual, señorías. Es
igual.
A mayor abundamiento y demostración de lo que digo -y eso que ayer ya
se hizo público-, creo que es bueno repetir ahora la lectura ante SS.
SS. de una comunicación de las muchas que reciben los titulares de
explotaciones agrarias. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Señor presidente, lo aportaré como documento por si alguien piensa
que estoy leyendo un papel que no dice lo que dice, que de todo hay y
puede haber quien piense mal. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Resúmalo, señor Madero. Resúmalo.
El señor MADERO JARABO: Lo resumo, señor presidente.
Fecha, 31 de enero de 1996. Pago ayuda textil. Y dice: Tramitada por
esta Dirección General de la Junta de la Comunidad de Castilla-La
Mancha la solicitud de ayuda para el lino textil, campaña 1995, de la
que usted es titular, etcétera, resuelve la Dirección General le sea
transferida a la cuenta corriente tal, que figura en su solicitud, la
cantidad de tantas pesetas, a razón de tantas pesetas hectárea. Un
montante de tantos millones de pesetas. (Rumores.) Contra esta
resolución cabe interponer recurso ante el consejero de la Junta de
la Comunidad. Firmado: el director general de la Producción Agraria.
Si estos papeles son los que rellenan los agricultores y son los que
presentan ante la Administración autonómica, que es la que resuelve y
la que paga, creo que verde y con asas. La demostración es
absolutamente clara. Y si me había quedado algún cabo suelto, en el
caso de la información privilegiada, diré -y pongo el documento a
disposición de SS.SS.- que el peticionario y al que dan estos
millones se llama don Carlos Moro Moreno. (Rumores.) Esto se lo dan
en 1995. Resulta que en 1995 le pagan los millones y en 1999 le
acusan de información privilegiada. (Aplausos.) Esto no hay quien lo
entienda, señorías. Esto es una verdadera desfachatez. (Prolongados
aplausos.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Ha de concluir, señor Madero. (Rumores.)
¡Silencio, por favor, señorías!
Señor Isasi, señor Isasi. (Protestas.) ¡Señorías, silencio! Señorías.
Señor Yáñez, por favor. Acaba de llegar. No entren en polémicas.
(Protestas.)
Concluya, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Concluyo, señor presidente, con algunas
consideraciones, que podían ser mucho más extensas y que dejo para la
consideración y estudio en la Comisión. No me resisto a decir que si,
en Castilla-La Mancha y durante seis campañas seguidas, ha habido un
incremento espectacular de la superficie sembrada de lino textil,
nosotros no tenemos noticia de que haya habido ningún control de lo
que parece evidente cuando todos los agricultores han recibido la
subvención. (El señor Madrid López pronuncia palabras que no se
perciben.) Y nos preguntamos: ¿A ningún servicio técnico de la
Consejería se ha llamado la atención el aumento espectacular del
incremento del lino? (Protestas.) ¿El consejero no sabía nada de las
siembras de lino textil en su comunidad autónoma? (La señora Leiva
Díez pronuncia palabras que no se perciben.) ¿El presidente de la
comunidad autónoma sólo ha conocido este hecho, curiosamente, dos
meses antes de las elecciones regionales y europeas? (Protestas.)
Nosotros preguntamos, pero la contestación se desliza sola. Porque,
señorías, estas y otras preguntas nos las hacemos nosotros, y lo que
es más grave, se las están haciendo los agricultores y ganaderos de
Castilla-La Mancha y de España entera,
que estos días se han sentido zaheridos y vejados por un ambiente
hostil a su honesta profesión, (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Madero, concluya definitivamente.
El señor MADERO JARABO: Como si cobrar subvenciones fuera un delito y
no una necesidad, que es lo que es.
Termino, señor presidente, diciendo que no solamente los cultivadores
de lino sino todos los agricultores y ganaderos han asistido atónitos
a las barbaridades que estos días se han dicho de las ayudas y las
subvenciones, que, como vimos al principio, son un elemento esencial
de la renta agraria. Y también los agricultores y ganaderos han sido
testigos de las imputaciones de incendiarios que lanzó en su día del
señor Almunia contra cierta o ciertas personas, cuando él está
obligado a dar ejemplo de moderación y de rigor.
También han visto los agricultores...
El señor PRESIDENTE: Señor Madero, ha de concluir definitivamente o
me veré obligado a retirarle la palabra.
El señor MADERO JARABO: En el tema de los incendios, desde Badajoz se
opina de una manera y desde Madrid, de otra. Por cierto, veremos cómo
están subvencionadas por las juntas de comunidades las empresas que
se dedican al lino y a la elaboración del lino.
No diga nada del girasol, señor Amarillo (Protestas.), que sabe...
El señor PRESIDENTE: Señor Madero, no entre en debates paralelos.
Termine, por favor. (Rumores.)
El señor MADERO JARABO: Termino de verdad, señor presidente, porque,
con todo este cúmulo de despropósitos iniciados y continuados por el
Partido Socialista al pairo del asunto puntual del lino, se ha creado
en el campo español una evidente alarma social. El agricultor y el
ganadero empiezan a temer que Bruselas recorte las subvenciones tan
difícilmente logradas y ya existen indicios que apuntan en esa
dirección. Señorías, el campo español ha recibido una puñalada
trapera del Partido Socialista y ojalá que pronto vuelva la cordura.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Madero, concluya definitivamente o le
retiraré la palabra.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente. Le pido excusas.
Ojalá vuelva la cordura y no tengamos que lamentar consecuencias no
deseadas por nadie, pero sí buscadas con torpeza y ahínco por los
socialistas.
Señorías, éste es el final de mi intervención. A través de la
Comisión que hoy crearemos el Grupo Popular
tratará de introducir la sensatez en este asunto, en este debate
absurdo y dañino, que ha hecho un mal evidente al campo, frente a las
dudas que seguirá habiendo en relación con las subvenciones en
Castilla-La Mancha y en España. No duden un momento los agricultores
y ganaderos que el Gobierno y el Grupo Popular seguirán defendiendo
sus intereses (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Fuera, fuera!) y
que el negro nubarrón...
El señor PRESIDENTE: Señor Madero, concluya en quince segundos.
(Rumores.)
El señor MADERO JARABO: Y que el negro nubarrón de estos días es sólo
una nube dibujada por el Grupo Socialista.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos y protestas.-El
señor Amarillo Doblado pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Madero. ¿A qué efectos
pide la palabra, señor Amarillo?
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, he sido reiteradamente
aludido y pido la palabra al amparo del artículo 73.
El señor PRESIDENTE: Naturalmente que ha sido aludido S.S., porque
está en el debate y ha intervenido antes. Es lógico que en su
argumentación, el partidario de la creación de la Comisión -que
coincide con la pretensión de S.S.- por parte del Grupo Popular haga
alusiones a los demás intervinientes. No procede que le conceda la
palabra por alusiones, señor Amarillo. Es evidente que tiene que
haber alusiones. (La señora Cunillera i Mestres pide la palabra.)
El señor AMARILLO DOBLADO: No puedo ni quiero polemizar con la
Presidencia, a la cual, como usted sabe, tengo un gran respeto, pero
si ha escuchado atentamente, que imagino que sí, habrá visto que se
ha ido más allá de lo que en un debate normal significa aludir a uno
de los anteriores intervinientes y que se han emitido juicios de
valor un tanto peyorativos, tanto hacia mi persona como hacia mi
grupo. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
Señor Amarillo, le reitero que no he visto alusiones personales en
contra de S.S. fuera de las réplicas naturales de la fijación de
posición o de la presentación de una iniciativa distinta. He estado
muy atento, todos lo hemos estado -algunos menos- y, desde luego, no
he visto ninguna alusión personal que pudiera implicar afección del
decoro o demás bienes que pudieran afectar de manera particular a S.
S., y se lo digo sinceramente, señor Amarillo.
Tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor presidente, realmente estamos
escuchando discursos distintos unos y otros. Sería mucho mejor que el
Reglamento contuviera un artículo que protegiera de las
provocaciones, porque eso es, efectivamente, lo que ha sido el
discurso del representante del Partido Popular, pero, como ese
artículo no existe, le quiero decir, señor presidente, que, en el
discurso que nosotros y otros miembros de esta Cámara hemos
escuchado, nuestro portavoz ha sido aludido, ha sido ninguneado y ha
sido reiteradamente provocado. Usted sabe, señor presidente, que no
tengo por costumbre discutir sus interpretaciones, pero creo que esta
vez debería dar la palabra a nuestro representante. (Aplausos.-El
señor Centella Gómez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Entendemos que no solamente ha sido una intervención provocadora,
merecedora de réplica, sino que además ha sido un turno en contra de
las proposiciones presentadas, cuando, en realidad, termina diciendo
que va a votar a favor. Pero, realmente, ha hecho más una
intervención en contra de las proposiciones presentadas que de
defensa de su propia proposición, porque en ningún momento hemos oído
al portavoz del Grupo Popular defender la necesidad de crear la
Comisión. No ha hecho ninguna defensa de su propuesta, sino que se ha
limitado a descalificar al resto y es evidente que, si no hay
posibilidad de réplica, quedamos desamparados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, el señor Centella carece de fundamento
para pretender ninguna alusión porque, en concreto, no recuerdo ni
una sola alusión a su grupo, señor Centella, ni una sola; ni a su
grupo ni a su persona, señor Centella. No puede, por tanto,
suscitarse, con toda franqueza, el llamado turno de provocación.
Tampoco, insisto, creo que haya habido alusiones personales, en el
sentido técnico del término, al señor Amarillo. (Rumores.) Sí
entiende la Presidencia que, aunque no constituyan en sentido
estricto alusiones, ha habido algo más que referencias de
contradicción a la proposición del Grupo Socialista en la
intervención del señor Madero, pero afectantes al Grupo Socialista,
no al señor Amarillo.
En consecuencia, para responder a esas alusiones a su grupo, tiene S.
S. la palabra por tres minutos.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
Cuesta muchísimo creer en una intervención como la que hemos oído del
señor Madero, que va contra toda la realidad, porque ¿qué ha pasado
con los directores generales, empezando por el presidente del FEGA,
siguiendo por el director financiero de Mercasa, ayer
mismo el director general de Ganadería? Y esto para empezar. Suma y
sigue. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, le ruego que no reitere
argumentos o amplíe los que ya ha utilizado S.S. para defender y
fundamentar la creación de la Comisión. Le he dado la palabra para
responder a alusiones a su grupo parlamentario, para que pueda
responder a lo que efectivamente ha sido o puede ser entendido por su
grupo como algo más que contradicción de sus argumentaciones en las
palabras del señor Madero. Le ruego, por tanto, que se atenga a ello.
El señor AMARILLO DOBLADO: Mi grupo entiende, por otro lado, que la
tristeza es que la ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacio,
cuando tuvo conocimiento en su momento de que había irregularidades
claras, no iniciara la investigación pertinente y respondiese con
unos escritos que permitían a la alta Administración y al presidente
del FEGA en concreto seguir haciendo lo que quisiera. Es precisamente
el Grupo Parlamentario Popular ...( Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, no sé si la Presidencia es capaz
de explicarse o si S.S. no quiere entenderme, aunque creo que sí
porque me consta su talante de colaboración. Le ruego que se atenga
exclusivamente a rechazar las alusiones que se han hecho o que
entienden S.S. y su grupo que se han hecho a su grupo, y no vuelva,
insisto, al tema que ha suscitado las intervenciones y que ya se ha
debatido.
El señor AMARILLO DOBLADO: Le entiendo, señor presidente, pero es que
una de las cuestiones clave está en el tiempo en que se produce la
petición de creación de la Comisión de investigación. Y la petición
en el tiempo de la Comisión de investigación, que se hace previamente
a una campaña electoral de manera inmediata y que se va a celebrar
posteriormente a esta campaña, no viene motivada por el Grupo
Socialista, sino que viene obligada por la actitud del Grupo
Parlamentario Popular. Por lo tanto, es muy duro oír ahora a quienes
realmente han sido los causantes de que se tenga que hacer en esta
fecha que echen en cara a mi grupo que se haga precisamente en estas
fechas. Hay además pérdida de un derecho de los ciudadanos que esta
Cámara debiera amparar, porque la Mesa y Portavoces han adoptado el
criterio de que en el período de campaña la Comisión no va a
funcionar, sino que se va a constituir después, con lo cual hurtamos,
por presión del Grupo Parlamentario Popular, el derecho de que los
ciudadanos españoles conozcan el comportamiento de ciudadanos
relevantes y, en algún caso, de nada más y nada menos que el número
uno de la candidatura a la Unión Europea, es decir, el comportamiento
de la señora Loyola de Palacio. (Aplausos y protestas.-El señor
Alcaraz Masats pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Amarillo. Damos por concluido el
incidente.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, con independencia de que
se haya utilizado un turno normal de réplica -me refiero a los
argumentos que han basado este turno-, quisiera corregir una
aseveración que se ha hecho con respecto a la reunión de la Junta de
Portavoces de hace unos días. Si algún grupo pidió que se incluyera
en el orden del día del Pleno este punto fue el Grupo de Izquierda
Unida, apoyado posteriormente por otros grupos.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor Madero Jarabo pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señor presidente, cuanto he dicho lo reitero,
el problema es que no puedo hacer caso ni valorar las opiniones de mi
antagonista, el señor Amarillo, porque ha sido público y notorio que,
mientras yo estaba hablando, él ha salido bastante tiempo fuera del
hemiciclo. Por tanto, su testimonio carece absolutamente de valor
para mí. (Rumores.)
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madero. ¿Grupos que desean fijar
su posición? (Pausa.)
El Grupo Catalán ( Convergència i Unió), a través del señor Guardans
i Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, señorías, mientras
estamos aquí reunidos, es perfectamente probable que esté empezando a
arder en algún rincón de España un almacén de lino. (Aplausos.) De
hecho, así estará ocurriendo probablemente si atendemos simplemente a
los índices estadísticos de siniestralidad en los almacenes de lino
en los últimos meses.
No cabe duda que cuando el legislador constituyente incluyó la
posible creación de comisiones de investigación sobre cualquier
asunto de interés público hubiera deseado incluir un asunto como el
que en este momento estamos tratando, un supuesto que ha sido
calificado por el portavoz popular, si no me equivoco -si ha sido el
socialista es igual, pero creo que en este caso ha sido el popular-,
de embrollo, por lo menos de embrollo. Ya es algo. Un asunto
absolutamente confuso en el que no sólo la opinión pública sino
nuestra propia responsabilidad política como órgano de control nos
exige que saquemos a la luz de la forma más completa, despejando toda
duda o cualquier resquicio sobre lo que ha ocurrido en el pasado, e
incluso lo que puede estar ocurriendo en este mismo momento, y, si es
necesario, denunciando política o jurídicamente las responsabilidades
a que haya lugar.
Elementos de inquietud, señorías, no nos faltan para apoyar con
entusiasmo esta iniciativa de crear una
Comisión de investigación. En primer lugar, unas cifras absolutamente
desconcertantes. En la temporada 1993/1994, por 186 hectáreas de
cultivo de lino se percibieron 23 millones y medio de pesetas; en la
temporada 1999, por 91.400 hectáreas de lino se van a percibir más de
10.000 millones de pesetas en subvenciones. Ya eso sería de por sí
sorprendente, pero resulta mucho más sorprendente si examinamos otro
dato objetivo que hasta ahora no ha sido desmentido por nadie: que
esa producción no tiene exportación; y no sólo no tiene exportación,
sino que se importan 14.000 toneladas anuales de fibra de lino,
cuando se supone que se podrían producir, de acuerdo con la cosecha
que se corresponde con la teórica producción, entre 20.000 y 25.000
toneladas. Pues aun así se están importando 14.000 toneladas de fibra
de lino. Es, señorías, un elemento de inquietud. Son un elemento de
inquietud los incendios a los que hacía referencia anteriormente,
ocurridos en los últimos meses en almacenes y empresas
transformadoras, que casualmente coinciden con la divulgación de
sospechas y coinciden con las declaraciones a la prensa
-probablemente tendrán que ser contrastadas en la propia Comisión de
investigación- de responsables de cuerpos de bomberos que ante la
prensa -no ante un juzgado, pero ante la prensa, por lo menos, sí-
denuncian que se ha obstruido su actividad cuando intentaban apagar
el fuego en algunos de los almacenes que estaban ardiendo. Es un
elemento de inquietud, señorías -por lo menos es un elemento de
desconcierto-, que altos cargos de la Administración general del
Estado en el Ministerio de Agricultura, que son responsables de la
redacción de las normas en las que se basa la concesión de ayudas al
lino, que participan en reuniones de trabajo en el seno de la
Comisión Europea para determinar los criterios de adjudicación de las
ayudas al lino, por cuyas manos pasan los miles de millones de
pesetas de ayudas al lino, al amparo de la ley, puesto que parece que
en su literalidad la ley no se lo impide, controlen directa o
indirectamente empresas que perciben esas mismas subvenciones al
lino. Señorías, por lo menos es un elemento de inquietud; un elemento
de desconcierto. Y es un elemento de desconcierto la elusión de
responsabilidad que se hace desde determinadas comunidades autónomas,
puesto que son ellas las que ejercen la gestión final de las ayudas.
Eso no ha impedido la concentración en determinadas comunidades muy
concretas de una grandísima cantidad de producción y, por tanto, de
percepción de ayudas, sin que esté claro en términos jurídicos -si se
me permite la expresión- de reparto constitucional de competencias a
quién corresponde en último término la responsabilidad.
Existe por tanto, señorías, un claro e indiscutible interés público
por investigar este tema en profundidad. El Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) apoya y pondrá todo su empeño, sin
prejuicios de ninguna clase, en sacar a la luz, con los mecanismos
legales de que disponemos -incluido el Código Penal, que penaliza en
este momento la no comparecencia
ante una Comisión de investigación-, la actual situación, una
situación que cuando menos es absolutamente irregular.
En nombre de mi grupo querría subrayar dos principios, que son los
que nos van a mover. En primer lugar, desde mi grupo no vamos a
lanzar una sospecha indiscriminada sobre el conjunto de los
agricultores españoles que legítimamente están percibiendo
subvenciones de una comunidad autónoma, del Estado o de la Unión
Europea. No somos partidarios ni creemos que haya sido la intención
de nadie. En todo caso, si lo fuera, no contribuiremos en lo más
mínimo a demonizar la percepción de subvenciones de la Unión Europea
o a extender una sombra indiscriminada de sospecha sobre el conjunto
de agricultores que legítimamente perciben unas subvenciones, en el
marco de un sistema que podemos criticar y que probablemente
criticamos como es el actual sistema de la política agrícola común y
la forma concreta en que se adjudican esas subvenciones. Aquellos,
como digo, que en el marco de ese sistema perciben legítimamente unas
ayudas y tienen unas legítimas expectativas, que sepan que no van a
ser perjudicados por esta investigación.
El segundo principio que va a regir en adelante nuestra actuación es
que tampoco vamos a contribuir a la campaña electoral de nadie.
Desgraciadamente, y no es la primera vez que mi grupo político
destaca esto desde esta tribuna, en la política española prevalece el
afán de destruir al adversario en lugar de optar por la valiente
alternativa de presentar soluciones interesantes o importantes para
los ciudadanos. Nosotros no nos apuntaremos a ello. No participaremos
en absoluto en lo que se presenta como la última moda de la vida
parlamentaria española: la destrucción personal de candidatos,
posibles candidatos o líderes ajenos.
Termino, señor presidente. Desde estas premisas, y con el afán
exclusivo de aportar nuestro grano de arena al esclarecimiento de la
verdad, votaremos a favor de la aprobación de esta Comisión de
investigación, pues estamos convencidos de que no todo lo que la ley
permite, no todo lo que es penal o administrativamente lícito es
políticamente justificable y éticamente admisible.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guardans.
Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a las solicitudes
de creación de Comisión.
Votación sobre las solicitudes de creación de la Comisión de
investigación que se ha debatido. Sometemos a votación, en primer
lugar, la solicitud de 90 diputados del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
266; a favor, 118; en contra, 143; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud de los 90 diputados
del Grupo Socialista.
Se somete a votación la solicitud de los grupos parlamentarios
Federal de Izquierda Unida y Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
266; a favor, 122; en contra, 144.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada la solicitud de los
grupos de Izquierda Unida y Mixto.
Finalmente, solicitud de creación de la Comisión de investigación
formulada por 90 diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
264; a favor, 147; en contra, dos; abstenciones, 115.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la creación de
una Comisión de investigación para analizar la política desarrollada
mediante ayudas comunitarias para el cultivo del lino.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y treinta minutos del mediodía.