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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 240, de 18/05/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 240
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 232
celebrada el martes, 18 de mayo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se
modifica la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica
al Estado e Instituciones Públicas. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 244-1, de 16 de noviembre de 1998. (Número
de expediente 122/000216) . . . (Página 12790)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Saura y Alcaraz), sobre
publicidad institucional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
núm. 229-1, de 26 de octubre de 1998. (Número de expediente 122/000202)
. . . (Página 12795)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
publicidad institucional. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 103-1, de 9 de junio de
1997. (Número de expediente 122/000085) . . . (Página 12795)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
ratificación del Convenio de Barcelona de 1995 para la protección del
medio marino y el desarrollo sostenible de las zonas costeras del
Mediterráneo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 408,
de 12 de abril de 1999. (Número de expediente 162/000360) . . .
(Página 12801)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el Convenio de Barcelona
para la Protección del Mediterráneo y sus Protocolos y el Plan de
Acción del Mediterráneo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 416, de 26 de abril de 1999. (Número de expediente 162/000362) .
. . (Página 12801)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
modificación de la definición del concepto de interés abusivo. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 411, de 19 de abril de
1999. (Número de expediente 162/000361) . . . (Página 12811)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el futuro del sector
pesquero. (Número de expediente 173/000145) . . . (Página 12817)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
planificación hidrológica y política de aguas que el Gobierno piensa
abordar como conclusión del debate abierto por el Libro Blanco del
Agua. (Número de expediente 173/000146) . . . (Página 12826)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas de carácter general que tiene previsto impulsar el Gobierno
para favorecer las exportaciones y la internacionalización de las
empresas españolas. (Número de expediente 173/000147) . . . (Página 12832)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 12790)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se
modifica la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica
al Estado e Instituciones Públicas . . . (Página 12790)
Presenta la proposición de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, el señor Castellano Cardalliaguet.
Considera necesario suscitar un debate en la Cámara sobre la manera
en que se debe cubrir un importante vacío legislativo o la falta de
una práctica que, en gran parte de las situaciones, a las que hará
referencia posteriormente, conduce a una auténtica fórmula inveterada
de impunidad. Por lo tanto, se trata que, aunque sólo sea con efecto
disuasorio, se tenga perfectamente claro por todos y cada uno de los
funcionarios del Estado o de los servidores públicos que, en el
supuesto de producirse alguna situación que obligue al Estado a
responder de forma definitiva como consecuencia de la responsabilidad
civil subsidiaria, no se van a encontrar
en una situación de absoluta impunidad y que el Estado va a
utilizar todos los mecanismos necesarios para tratar de paliar el
daño que le ha sido hecho. Opina que para tramitar de oficio estas
clase de reclamaciones no hay otro cuerpo mejor que el de los
abogados del Estado, de reconocida solvencia profesional y acreditada
independencia. Manifiesta el convencimiento de su grupo de que esta
proposición de ley será admitida a trámite, siendo entonces el
momento de buscar su perfeccionamiento entre todos los grupos a
través de las enmiendas.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores
Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Íñiguez Molina, del Grupo Socialista del Congreso, y López-Medel
Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor Castellano Cardalliaguet retira la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en aras de lograr un
acuerdo de todos los grupos parlamentarios para presentar una
proposición no de ley conjunta que conduzca a la finalidad
perseguida.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Saura Laporta y Alcaraz
Ramos), sobrepublicidad institucional . . . (Página 12795)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre publicidad
institucional . . . (Página 12795)
El señor Alcaraz Ramos defiende, en nombre del Grupo Parlamentario
Mixto, la proposición de ley de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, que pretende regular la publicidad institucional, es decir
la que es pagada por las administraciones públicas. Explica que su
objetivo es cubrir un vacío legal existente que provoca distorsiones
en la vida política y que altera el normal funcionamiento de las
instituciones en su relación con los ciudadanos y ciudadanas,
y propone como forma de cubrir este vacío acotar el obrar legítimo de
las diversas administraciones del Estado en la inserción publicitaria
basándose en cuatro principios constitucionales: el pluralismo, la
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, el derecho
a recibir información veraz por cualquier medio de difusión y,
finalmente, la obligación de las administraciones públicas de servir
con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la
ley y al derecho. Explica el contenido concreto de su proposición de
ley y entiende que, con independencia del momento en el que se
presenta, debe ser tomada en consideración, porque no es una ley
contra nadie, sino a favor de la igualdad y del respeto a la dignidad
de todos los ciudadanos, motivo que considera suficiente para que
todos los grupos parlamentarios la voten favorablemente.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
interviene el señor Alcaraz Masats, para presentar la proposición de
ley sobre publicidad institucional. Hace una breve intervención para
pedir el voto favorable a la toma en consideración de la proposición
de ley, porque comparte absolutamente los criterios expuestos
anteriormente por el señor Alcaraz Ramos en defensa de la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Mixto, puesto que el texto de la misma
fue redactado por el propio señor Alcaraz Ramos cuando pertenecía al
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Jané
i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Mato
Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Habiendo sido retirada la primera proposición de ley, se procede a
votación de las otras dos que se mantienen.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre publicidad
institucional, se rechaza por 128 votos a favor, 149 en contra y una
abstención.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre publicidad institucional, se rechaza por 131 votos a
favor y 150 en contra.
Proposiciones no de ley . . . (Página 12801)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
ratificación del convenio de Barcelona de 1995 para la protección del
medio marino y el desarrollo sostenible de las zonas costeras del
Mediterráneo . . . (Página 12801)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el convenio de Barcelona
para la protección del Mediterráneo y sus protocolos y el Plan de
acción del Mediterráneo . . . (Página 12801)
Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida la señora Urán González. Manifiesta que su grupo,
sabiendo la importancia que tiene el Mediterráneo para el desarrollo
de la vida, de las ciudades y de los pueblos que están en sus costas,
y dada la actual situación de contaminación y de desarrollo
insostenible que se produce en sus riberas, considera que es
necesaria su protección. Añade que se trata de situaciones
insostenibles si se mantiene el desarrollo que se ha venido
produciendo hasta ahora y da una serie de datos para ilustrar dicha
situación. Explica que desde 1975, en que se firma el Convenio de
Barcelona, hasta 1995, en que se ha producido la modificación, se han
desarrollado diferentes protocolos que sólo han sido ratificados por
Mónaco y Túnez, siendo España uno de los países que debería estar más
interesado en hacerlo, especialmente alguno de ellos. Añade que al no
haber sido ratificados dichos protocolos por un número suficiente de
Estados, éstos no pueden plantearse llevar a cabo las estrategias y
los planes de actuación para destinar los recursos económicos
necesarios que permitieran poner en práctica medidas de protección
del mar Mediterráneo. Opina que no hay voluntad política de ratificar
dichos protocolos por los problemas incómodos que
podrían suscitarse, pero espera de la sensibilidad de la Cámara que
apruebe en el día de hoy la iniciativa de Izquierda Unida. Asimismo
anuncia el voto contrario a la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, porque a su grupo le parece inasumible que se
tenga que instar al Gobierno a que estudie si envía a esta Cámara
para su ratificación los protocolos mencionados.
Para presentar la proposición no de ley que en términos similares ha
presentado el Grupo Socialista del Congreso, interviene el señor
Pérez de Tudela Molina. Manifiesta que va a continuar hablando del
Mediterráneo, punto de encuentro y de comunicación que ha propiciado
y contribuido a desarrollar las culturas de España, y expresa su
preocupación por la degradación ambiental de la zona. Hace mención
explícita del convenio de Barcelona, que se fir mó en 1975, en el que
se establecen protocolos sobre la protección de aguas y costas,
haciéndose España depositaria de convenios, planes y protocolos de
protección y salvaguarda del mar Mediterráneo, y a la novena reunión
de las partes contratantes que se celebró en 1995, también en
Barcelona, donde se adopta la resolución de Barcelona sobre el medio
ambiente y el desarrollo sostenible en la cuenca del Mediterráneo,
con una modificación sustancial del anterior convenio, que incluye el
nuevo Plan de acción para la protección del medio marino y del
desarrollo sostenible de las zonas costeras y un documento sobre
sectores de actividades prioritarias a realizar en el período 1996-
2005. Considera que además de ratificar los protocolos y planes
pendientes es de imperiosa necesidad su cumplimiento para que España
pueda conseguir que el resto de Estados parte y la Unión Europea se
incorporen de forma activa a la consecución de los objetivos
propuestos, que pasa a explicar. A continuación se refiere a la
proposición no de ley de Izquierda Unida y a las enmiendas
presentadas por los grupos Mixto y Popular, a las que presenta una
transaccional que sería el texto que someterían a la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora
Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Medina
Toledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas propuestas a las
proposiciones no de ley presentadas, intervienen el señor Pérez de
Tudela Molina, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para una aclaración interviene de nuevo el señor Pérez de Tudela
Molina.
El señor Medina Toledo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, solicita que sea leído un informe del Ministerio de Asuntos
Exteriores en el que se habla del convenio y de los cinco protocolos,
a lo que no accede la presidencia.
Sometida a votación la enmienda transaccional del Grupo Socialista
del Congreso, derivada del debate de las dos proposiciones no de ley,
la de Izquierda Unida y la del Grupo Socialista, se rechaza por 128
votos a favor, 152 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
modificación de la definición del concepto de interés abusivo . . .
(Página 12811)
Presenta la proposición no de ley el señor Silva Sánchez, en nombre
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Pone de
relieve el doble fundamento de la proposición no de ley que su grupo
presenta ante la Cámara para su debate y votación posterior: por un
lado, un claro fundamento económico y, por otro, una causa jurídica,
analizándolas a continuación. Se remite a la exposición de motivos
para explicar que una de las consecuencias más positivas del proceso
de convergencia nominal de las economías de la Unión Europea ha
consistido en la importante reducción de los tipos de interés y pone
una serie de ejemplos que lo avalan. Manifiesta que presentan este
proposición no de ley porque es preciso empujar a la baja los
intereses que cobran las entidades crediticias respecto de los
excedidos en cuenta corriente, de los descubiertos en cuenta
corriente, de los derivados de la utilización de tarjeta que generan
descubierto en esas cuentas corrientes, y porque se da una situación
de grave inseguridad jurídica que no es buena ni para el consumidor
ni para los profesionales o entidades que concurran en el mercado
ofreciendo crédito, y anuncia una enmienda transaccional a la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, haciéndola
extensible a la presentada por el Grupo Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Gimeno Marín, del Grupo Socialista del Congreso, y Burgos Gallego,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Alcaraz Masats,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación de la definición
del concepto de interés abusivo, en los términos que han quedado
fijados en la enmienda transaccional por el señor Silva, se aprueba
por unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 12817)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el futuro del sector
pesquero . . . (Página 12817)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Blanco López, en nombre del Grupo Socialista del Congreso. Reitera
los argumentos dados en la interpelación presentada la semana pasada
y su preocupación por la falta de una política clara de pesca que
fuera capaz de llevar a España a liderar, en el seno de la Unión
Europea, la política pesquera común, y explica que la moción que hoy
presenta trata de dar un impulso a la política de pesca y establecer
en la Cámara un mínimo común denominador que pueda servir de guía y
de horizonte en el trabajo del Gobierno en esta nueva etapa que se
abre a partir del debate. Se refiere a las palabras del señor
ministro en el debate de la interpelación, anunciando la posible no
renegociación del acuerdo de pesca con Marruecos, palabras que
considera inadecuadas, y anuncia la aceptación de las enmiendas
presentadas a la moción por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, integrado en el
Grupo Parlamentario Mixto, y el rechazo de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular. A continuación explica que lo que persigue la
moción que presenta su grupo es garantizar que, en las negociaciones
futuras, el Gobierno tenga el respaldo de los agentes económicos
y sociales y de la Cámara, con objetivos compartidos por todos, por lo
que invita al Grupo Popular a unirse al consenso ya que no hay
diferencias sustanciales entre su enmienda alternativa y lo que ellos
proponen.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, y Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Companys
Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Blanco López.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
planificación hidrológica y política de aguas que el Gobierno piensa
abordar como conclusión del debate abierto por el Libro Blanco del
agua . . . (Página 12826)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Ríos
Martínez. Intentan con su moción hacer del agua un problema de
Estado, en el que es necesario concitar los esfuerzos de todos los
grupos por conseguir un pronunciamiento común. Refiriéndose a la
contestación de la señora ministra en el debate de la interpelación,
en la que hacía una separación entre política de soluciones
y política de crítica, se centra en la política de soluciones para
lograr que el Plan hidrológico nacional sea presentado en esta
legislatura; para que se puedan plantear ante la Cámara las opiniones
y resoluciones que merece el Libro Blanco del agua y para que de una
vez se responda a las dos grandes recomendaciones que se hacen desde
Europa: los criterios de planificación y gestión de un recurso
agotable como es el agua y la calidad mínima que debe de tener ese
recurso. A continuación explica las propuestas de Izquierda Unida y
confía contar con el apoyo unánime de la Cámara.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto
interviene el señor Rodríguez Sánchez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Morlán
Gracia, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora De Lara Carbó,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto, interviene el señor Ríos Martínez.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas de carácter general que tiene previsto impulsar el Gobierno
para favorecer las exportaciones y la internacionalización de las
empresas españolas . . . (Página 12832)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Explica que la moción que presenta su
grupo parlamentario como consecuencia de la interpelación urgente
sobre la internacionalización de las empresas en los mercados
exteriores, así como de la presencia y de la implantación de las
mismas en los mercados internacionales, es consecuencia del debate en
el que coincidieron la mayoría de los grupos parlamentarios sobre la
necesidad de impulsar medidas para favorecer las exportaciones del
tejido productivo, así como la de incrementar la presencia de las
compañías españolas no sólo en los mercados emergentes sino también
en mercados tan importantes como los de los Estados Unidos. Por ello,
el Grupo de Convergència i Unió ha presentado esta moción con una
serie de puntos que van en la dirección de impulsar estas medidas,
que pasa a explicar. En relación con las enmiendas presentadas por
los grupos, manifiesta que fijará la posición de su grupo después de
oir la defensa de las mismas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Leiva
Díez, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Aguirre
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor
Sánchez i Llibre.
A continuación se procede a las votaciones de las mociones
presentadas.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Socialista del Congreso, sobre el futuro del sector
pesquero, en los términos resultantes de la aceptación durante el
debate de algunas enmiendas por el ponente, se rechaza por 124 votos
a favor, 146 en contra y una abstención.
A continuación se procede a la votación por separado, a petición del
ponente, de los puntos de la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
planificación hidrológica y política de aguas que el Gobierno piensa
abordar como conclusión del debate abierto por el Libro Blanco del
agua, que son rechazados.
Sometida a votación, por último, la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), sobre las medidas de carácter general que tiene previsto
impulsar el Gobierno para favorecer las exportaciones y la
internacionalización de las empresas españolas, en
los términos resultantes del debate y la aceptación de enmiendas por
el ponente, se aprueba por 260 votos a favor y 12 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, POR LA QUE SE
MODIFICA LA LEY 52/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DE ASISTENCIA JURÍDICA
AL ESTADO E INSTITUCIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 122/
000216.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías,
comienza la sesión.
Apartado I del orden del día, toma en consideración de proposiciones
de ley. El punto 1 es la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida por la que se modifica la Ley 52/1997, de
27 de noviembre, de asistencia jurídica al Estado e instituciones
públicas.
Para su presentación, en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida cree necesario, a
través de esta proposición de ley, suscitar un debate en la Cámara
para que se cubra lo que nosotros pensamos que es o un importante
vacío legislativo o la falta de una práctica que en gran parte de las
situaciones a las que posteriormente he de referirme conduce a una
auténtica fórmula inveterada de impunidad. Raro es el día en que,
asomándonos a los medios de comunicación, no tenemos noticia de
alguna resolución judicial en virtud de la cual se condena al Estado,
como consecuencia de la responsabilidad civil, a satisfacer
determinadas cantidades, en algunas ocasiones por la posible
imprudencia o negligencia de un servicio médico, en otras por la
falta de observancia y cuidado en el mantenimiento de las vías
públicas o de determinadas instalaciones, y demasiado frecuentemente
como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la Administración
de justicia a aquellos ciudadanos que se han visto injustamente
privados de libertad. En suma, son muchísimas las ocasiones, en un
Estado tan complejo como el nuestro, en que, como consecuencia bien
sea de la culpa, del dolo o de la negligencia de algún funcionario o
de alguna autoridad, el Estado tiene que acabar como responsable
civil subsidiario
haciendo frente a ingentes sumas. Y cuando nos asomamos, por ejemplo,
a la memoria de actividades de un cuerpo tan prestigioso como es el
de los servicios jurídicos del Estado, no encontramos la menor
referencia al ejercicio de ninguna acción de regreso para tratar,
pura y sencillamente, de resarcir al Estado de los daños que le han
sido causados por la falta de cuidado, voluntaria o involuntaria, de
alguno de sus servidores. Se puede decir que cada día se hace más
realidad en nuestro país aquella vieja fórmula coloquial de tirar con
pólvora del rey o tirar con pólvora del pueblo, de modo tal que se
habla de situaciones de absoluta irresponsabilidad.
Es cierto que, como consecuencia de la actividad legislativa de esta
Cámara, está perfectamente definida la acción de regreso en virtud de
la cual puede la autoridad, el Estado -y entendiendo como Estado
desde el más modesto municipio hasta la más alta magistratura- tomar
la decisión de recuperar, si ello es posible, aquello que sea
exigible del funcionario responsable. Pero tan cierto como esto lo es
el que nunca se lleva a efecto esta práctica, y si no se lleva a
efecto es sencillamente porque nuestra legislación no ha tenido la
precaución -pensamos nosotros- de adoptar medidas que conduzcan al
buen fin , en suma, a la eficacia de la reclamación que deba llevarse
adelante. En esa línea hemos pensado que sería conveniente modificar
la Ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas
e introducir un número 7 en el artículo 1 en virtud del cual el
servicio jurídico del Estado tramite de oficio en todos y cada uno de
estos supuestos a los que hemos hecho referencia un expediente que
tenga como finalidad el resarcimiento del Estado. Puede ocurrir,
evidentemente, que como consecuencia de este expediente se constate
la insolvencia de aquel que haya podido ser declarado responsable y
en virtud del cual haya tenido que responder finalmente el Estado, en
cuyo caso el expediente deberá ser objeto del correspondiente
sobreseimiento. Puede ocurrir incluso que se averigüe -¡por qué no!-
que el suceso que haya causado tal supuesto indemnizatorio no sea
consecuencia del dolo ni de la culpa o la negligencia, sino de un
caso fortuito. Y puede ocurrir -y también ¡por qué no!- que esa
situación sea ya absolutamente irrecuperable por la sencilla razón de
que no haya mecanismos para ello. Pero es necesario que, aunque sólo
sea con efecto disuasorio, se tenga perfectamente claro por todos y
cada uno de los funcionarios del Estado o de los servidores públicos
que en el supuesto de producirse alguna situación que obligue al
Estado a responder de forma definitiva como consecuencia de la
responsabilidad civil subsidiaria no se va a encontrar en una
situación de absoluta impunidad y que va a utilizar todos los
mecanismos necesarios para que el Estado, lo que quiere decir toda la
comunidad, todos y cada uno de los ciudadanos, trate de paliar el
daño que le ha sido hecho. En esa línea hemos pensado, y creemos que
contamos en ello con la absoluta colaboración de los servicios
jurídicos del Estado, que ningún cuerpo mejor
que éste. Si se deja en manos de la autoridad administrativa el que
tome la decisión de tramitar esta clase de reclamaciones o de
ejercitar esta vía de regreso por muy especiales circunstancias,
entre otras no desdeñables cual puede ser la tentación
corporativista, es posible que ello no conduzca a nada; en otros
casos, ¿por qué? Porque no cabe la menor duda de que el funcionario
o la autoridad a la que sea achacable la comisión de esta falta puede
tener muy legítimamente su correspondiente lazo o vinculación
política, de modo tal que por mor del puro partidismo nos encontremos
con que resulta ineficaz todo intento. En consecuencia, hace falta un
cuerpo de la solvencia profesional, de la independencia acreditada,
que no tiene otro papel que el de servir al Estado en la defensa de
su patrimonio y en la defensa de sus derechos, un cuerpo como el de
los abogados del Estado que pueda tramitar de oficio esta clase de
reclamaciones.
Pensamos que con esta iniciativa damos asimismo satisfacción a los
propios servicios jurídicos del Estado, que en algunas que otras
reuniones han puesto de manifiesto esta ausencia, y repetimos que lo
situamos en uno de esos cuerpos de los que goza nuestra
Administración, cual pueden ser los interventores en materia
contable, cual pueden ser los secretarios municipales en materia de
vigilancia de la legalidad de las actuaciones, en suma, esos cuerpos
del Gobierno, más que del Gobierno del Estado, a los que cumple ni
más ni menos, por encima de cualquier coyuntura política, vigilar el
cumplimiento de las leyes. En esa línea se hace la presentación de
esta proposición de ley, convencidos de que en el fondo y también en
la forma todos y cada uno de los grupos parlamentarios coincidirán
con nuestra preocupación y será admitida a trámite y, en su caso, en
su tramitación, si recibiere tal acogida, ya nos encargaríamos todos
los grupos parlamentarios, sobre todo aquellos que no la formulan, de
proceder por vía de enmienda a buscar su perfeccionamiento de modo
tal que se alcance la finalidad que guía a esta iniciativa del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en
contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, una vez más hemos de agradecer al Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida y a su portavoz en estas materias, el señor
Castellano, el haber traído a la Cámara una iniciativa que hace
referencia a uno de los pilares del Estado de derecho. La
Administración actúa, en efecto, sometida a derecho y debe responder
por las
consecuencias de ese actuar ella misma o también por el actuar de sus
funcionarios. Lo que siempre ha estado en el aire, por lo menos en la
experiencia que corresponde a esta diputada, es cómo se ejercitaba
esa respuesta cuando la Administración hacía frente a los daños
producidos por un actuar administrativo que era evidentemente causado
por funcionarios concretos, repito, cómo se articulaba esa llamada
acción de regreso y los numerosísimos casos, por no decir todos, en
los que esta acción de regreso no llegaba a ejercitarse. Ocurre, sin
embargo, que entre el momento en el que se presenta la iniciativa por
el señor Castellano y su vista por este Pleno del Congreso de los
Diputados ha habido una importantísima modificación normativa. La Ley
30/1992 ha sido modificada por la Ley 4/1999 -me estoy refiriendo a
la Ley que regula el régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común- en un aspecto tan
sustancial como es el que hace a la modificación de su artículo 145,
que fue especialmente saludado en su informe por el Consejo de
Estado. Lo que se establecía en términos de posibilidad, «la
Administración podrá ejercitar», en el 145 se establece ya de forma
taxativa, «ejercitará». Lo que tenía de más llamativo, de más
interesante, la iniciativa presentada por el señor Castellano, ese
establecimiento de la obligatoriedad, aparece ahora en términos de
legislación básica puesto que está contenida en una ley que, conforme
a la división constitucional de títulos competenciales, se integra
dentro del 149.1.18. Lo que queda de la iniciativa presentada por el
señor Castellano es una atribución orgánica, es decir, a quién
corresponde, a qué funcionarios concretos, a qué órgano de la
Administración le corresponderá en cada caso responder de que
efectivamente esas acciones de regreso se ejercitan.
Creemos que la dicción de lo que el señor Castellano pretende es
adecuada y acertada en lo que hace referencia a la modificación de la
Ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas si
todos convenimos que dentro de esta ley, por cuya aprobación todos
nos felicitamos, hay preceptos que tienen carácter auténticamente
reglamentista. Quizá sería más adecuado aprobar hoy una proposición
no de ley en la que se instase al Gobierno a regular esta materia. En
otro caso, habría que decir que la proposición del señor Castellano
en términos de atribuir siempre a la Abogacía del Estado necesitaría
correcciones que él mismo ha sugerido, puesto que en determinados
supuestos el cuerpo funcionarial correspondiente sería otro. Creo que
todos los portavoces en esta materia tenemos el escrito que nos ha
dirigido la Asociación profesional del cuerpo superior de letrados de
la Administración de la Seguridad Social en el sentido de que en
determinados supuestos, siempre que se actúe dentro del área que es
competencia del cuerpo de letrados de la Seguridad Social, serían
éstos los llamados a ejercitar las acciones de repetición y no el
cuerpo de abogados del Estado. Igualmente habría que señalar que
serían los cuerpos de letrados competentes de las correspondientes
comunidades
autónomas quienes debieran hacerlo en su respectivo ámbito
competencial.
Manifiesto que la postura del Grupo Vasco será apoyar la proposición
presentada por el señor Castellano si efectivamente es mantenida en
esos términos, anunciando que necesitaría ser enmendada. En otro
caso, sugeriríamos su retirada y apoyaríamos la presentación de una
proposición no de ley para que por los órganos correspondientes se
ejercite la competencia, haciendo esta atribución orgánica en
términos que nos parecerían más adecuados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para manifestarme en términos muy semejantes, podríamos
decir casi idénticos, a los que han sido expresados por el Grupo
Parlamentario Vasco. En primer lugar, quiero reconocer la necesidad e
incluso la conveniencia de impulsar la acción de regreso respecto de
funcionarios públicos o autoridades que hayan sido causantes por dolo
o negligencia grave de supuestos de responsabilidad de la
Administración. Desde ese punto de vista, estamos conformes con los
planteamientos que se efectúan en la proposición de ley.
En cuanto a las modificaciones que se han producido recientemente en
el régimen de la responsabilidad de las Administraciones públicas,
entendemos que tienen dos polos fundamentales o dos ejes conductores.
En primer lugar, el principio de unidad de jurisdicción y, por tanto,
situar esa responsabilidad en todo caso ante la jurisdicción
contencioso-administrativa y, en segundo lugar, establecer la
preferencia, por así decirlo, de responsabilidad de la Administración
intentando evitar acciones que pudiéramos denominar aisladas ante la
jurisdicción civil o incluso ante la jurisdicción penal respecto de
funcionarios y autoridades. Por tanto, desde esta perspectiva, si ha
sido uno de los principios básicos de nuestra legislación de
responsabilidad el situar siempre y en primer lugar a la
Administración como pantalla entre el ciudadano y el funcionario,
cierto es que después habrá casos, que no tenemos que pensar que van
a ser ni los más numerosos ni los más frecuentes, en los que la
Administración debe no sólo tramitar un expediente, que sería en
todos, sino un expediente que acabe con una exigencia de
responsabilidad respecto de autoridades y funcionarios. Habrá otros
casos -aquí ha sido puesto de manifiesto- en que no procederá tal
acción de regreso, existiendo la responsabilidad de la Administración
por acto lícito, por funcionamiento incluso normal de los servicios
públicos en que no se puede apreciar ningún tipo deresponsabilidad
por parte de un funcionario o autoridad.
Obviamente, en estos casos deberá producirse una declaración de
ausencia de responsabilidad y en otros será algo puramente fortuito,
aunque quepa hablar de un funcionamiento anormal de los servicios
públicos, incluso es probable el supuesto de insolvencia del
funcionario o autoridad responsable. Sin embargo, creo que todos
convenimos en que es preciso dotar de un desarrollo, que quizás fuese
más propio de un reglamento, al artículo 145 de la Ley de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, tal como quedó redactado en enero de 1999, por
lo que hace referencia a atribuir la competencia para la tramitación
de esos expedientes a uno u otro órgano de la Administración.
Entendemos razonable el planteamiento que se ha efectuado
precisamente por don Pablo Castellano, de la misma manera que
entendemos que puede tener algunas excepciones que han sido señaladas
por la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, e incluso la
determinación de algún tipo de procedimiento.
Por tanto, el planteamiento del Grupo Parlamentario Catalán es el de,
caso de que se mantenga la proposición de ley, votar la toma en
consideración, manifestando obviamente su intención de presentar
enmiendas. En otro caso, apoyaríamos la presentación de una
proposición no de ley que instase al Gobierno a desarrollar los
instrumentos precisos y a determinar la competencia de los órganos
que deban tramitar estas acciones de regreso contra las autoridades o
funcionarios que por dolo o negligencia grave hubiesen determinado la
responsabilidad de la Administración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Íñiguez.
El señor ÍÑIGUEZ MOLINA: Gracias, señor presidente.
Creo que todos los grupos estamos coincidiendo con el de Izquierda
Unida en cuanto a la filosofía de su proposición de ley respecto a
que se cumpla la modificación de la ley. Efectivamente, desde el año
1957, desde la Ley de régimen jurídico de la Administración del
Estado se establece la posibilidad de la acción de regreso por los
artículos 42 y 43, es decir, que en los casos en que la
Administración tuviese que indemnizar podía repetir contra los
funcionarios o autoridades que hubiesen sido causantes por dolo o
negligencia de que la Administración tuviese que resarcir a los
particulares. Sin embargo, como decía el señor Castellano, no se
conoce, por lo menos este grupo no conoce casi ningún caso en que se
haya dado esta posibilidad de la acción de regreso y, desde luego, si
la ha habido ha sido minoritariamente, muy selectiva y no con unos
caracteres generales que hacen que la Administración deba resarcirse
de las indemnizaciones a que ha tenido que hacer frente a los
particulares. Por ello, cuando se
tramitó en este Congreso la modificación de la Ley 30/1992 se
presentó la enmienda 120, que fue aceptada en ponencia, mediante la
cual se arbitra la posibilidad de que la Administración pudiese o no
exigir en la acción de regreso el pago a las autoridades,
funcionarios o agentes que hubiesen sido culpables por dolo o
negligencia; es decir, que siempre y en todo caso se exigirá en la
acción de regreso la responsabilidad de los funcionarios o las
autoridades que hubiesen sido los causantes. No obstante, es muy
difícil que se llegue a generalizar la cultura democrática de que por
culpa, dolo o negligencia graves se causa unos perjuicios al Estado y
éste sea el que tenga que resarcir de los mismos en un procedimiento
que dice la ley que reglamentariamente se establecerá. Pues bien,
cuando se aprobó la Ley 30/1992, en el reglamento sobre los
procedimientos de responsabilidad patrimonial aprobados por Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, se estableció en los artículos 18,
19 y 21 el procedimiento para el ejercicio de esta acción de regreso
con todos los trámites establecidos, precepto que podría ser de
aplicación en este reglamento o bien en un nuevo reglamento, con lo
cual nos unimos a la petición de los grupos que anteriormente han
hecho uso de la palabra para sustituir esta proposición de ley del
Grupo de Izquierda Unida por una proposición no de ley que solicite
al Gobierno la actualización del reglamento establecido por el
artículo 145 de la Ley de régimen jurídico de la Administración.
Por tanto, creemos que es innecesaria la tramitación de esta
proposición de ley y nos inclinamos por que se convierta en una
proposición no de ley, que votaríamos favorablemente. En el caso de
que no se retirase y se mantuviese la misma postura nos veríamos
obligados a votar en contra, pues creemos que es innecesaria porque
que el artículo 145, en la nueva versión de la Ley 4/1999, recoge
perfectamente la posibilidad de esta acción de regreso y la
obligatoriedad de ejercitarla por la autoridad competente, aunque
habrá que determinar reglamentariamente quién es la autoridad que
inicia el procedimiento y cómo se tramita.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Íñiguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
López Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular entiende que la iniciativa parlamentaria que ha
presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida nos da
una ocasión para reflexionar, aunque fuese brevemente, sobre algo muy
importante como es la posición de la Administración en un Estado de
derecho y, concretamente, la responsabilidad patrimonial de la misma;
de un modo todavía más concreto, cuál es la responsabilidad de las
personas físicas, de las autoridades, de
los funcionarios que verdaderamente hubieran sido los causantes de un
daño producido a un particular.
Si me permiten, señorías, una brevísima referencia histórica quisiera
recordar la Ley Maura del año 1904. En esa ley, por vez primera, en
el derecho español se estableció una responsabilidad, una
responsabilidad personalizada, porque se decía que cualquier agente o
autoridad, desde ministro de la Corona hasta el último funcionario,
deberá indemnizar los daños causados. Esto fue un logro importante
desde el momento en que ya no existía la inmunidad que hasta aquel
entonces había. Sin embargo, entendiendo de una manera más correcta
que cuando esos daños causados por una autoridad o funcionario lo
hubieren sido en el ejercicio de funciones públicas, es decir, como
integrantes de la Administración, debía ser ésta y no las personas
físicas quienes indemnizasen el daño. Esa institución de la
responsabilidad patrimonial adquiere gran importancia en el derecho
administrativo moderno, que se configura como un equilibrio de las
potestades administrativas pero también de las garantías de los
ciudadanos. También hemos de señalar desde el Grupo Popular que esta
institución tan importante de la responsabilidad patrimonial no es
contra la Administración y a favor del administrado, sino que es y
debe ser sobre todo expresión de una idea de justicia. Entendemos que
todo lo que robustezca la responsabilidad de la Administración
contribuye a mejorar el prestigio de la misma.
La proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida fue registrada en esta Cámara el 5 de
noviembre del año pasado. Por tanto, en aquel momento no estaba
ultimada la tramitación parlamentaria de una importantísima
modificación de la Ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas, estaba pendiente de la ratificación por el Senado. Pues
bien, uno de los aspectos más importantes de dicha reforma, que ha
pasado desapercibido pero que quisiera recordar aquí -también lo han
hecho otros grupos-, es la modificación del artículo 145 apartado
segundo. En dicho precepto se establecía antes de la reforma que las
administraciones correspondientes, cuando hubiesen indemnizado
directamente a los lesionados, podrán exigir a sus autoridades y
demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieren
incurrido. Pues bien, en la reforma reciente auspiciada por el Grupo
Popular y que ha entrado en vigor hace escasamente un mes se
sustituye «podrá exigir» por el término imperativo «exigirá». Por
tanto, es una modificación de notable importancia. Nosotros
consideramos que la institución de la responsabilidad patrimonial ha
de servir para indemnizar, para reparar un daño causado, pero también
que debe ser aprovechada internamente toda vez que el modo de imputar
la responsabilidad de la Administración debe influir necesariamente
en la forma de gestionar en el futuro ese servicio público. También
debe ser aprovechada esa institución para determinar una mayor
responsabilidad interna. En no pocas ocasiones, el hecho de que
mediante la institución de la responsabilidad patrimonial
se indemnizase a un particular que hubiese sufrido un daño había
servido para resarcir esa lesión, pero lo que hacía era convertir en
inmune al funcionario o a la autoridad causante del daño. No es que
sean pocos casos los existentes hasta ahora, es que no ha existido en
ningún supuesto, entre otras razones porque antes la acción de
regreso -como señalaba- era meramente potestativa y ahora se ha
convertido en imperativa en fechas muy recientes. Al hilo de esto,
Izquierda Unida plantea la modificación de la Ley de asistencia
jurídica, ley que en su momento fue objeto de un amplio consenso y
en la cual colaboró de una manera muy importante el señor Castellano.
En todo caso, no puedo dejar de señalar algunas observaciones que yo
calificaría únicamente de técnica jurídica a propósito de tal
proposición de ley. En primer lugar, las dudas de este grupo acerca
de la conveniencia de que lo propuesto venga recogido en una norma
con rango formal de ley. Entendemos que especificar el órgano
competente para tramitar estos expedientes en una norma aprobada por
el Parlamento no sólo puede ir en contra de la potestad
autoorganizatoria sino que supondría congelar, en una norma con rango
formal de ley, algo que debe ser objeto más bien de tratamiento
reglamentario. Además, tampoco podríamos pensar en el supuesto de que
en un futuro, dentro de unos años, se decidiese cambiar el criterio,
porque habría que modificar una ley por el Parlamento y creo que
bastante profusión normativa tenemos en estos últimos años.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López-
Medel, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Voy concluyendo, señor presidente.
En segundo lugar, si la competencia debe o no ser exclusiva de los
abogados del Estado. En el Grupo Popular coincidimos con las
manifestaciones hechas por el señor Castellano sobre la solvencia, la
independencia y la cualificación del cuerpo de abogados del Estado,
pero existen también otros cuerpos que pueden, y tal vez deben,
intervenir, por lo que entendemos que no debe ser exclusividad del
mismo.
Por último, entendemos que en los casos de acción de regreso, que
deben ser sin duda alguna potenciados, la acción de repercusión debe
ser aplicable no a todos los casos, sino únicamente en aquellos
supuestos en que hubiere existido dolo, culpa o negligencia grave.
Por todo ello y porque somos un grupo parlamentario abierto a las
iniciativas que estimamos interesantes, como la que nos ocupa, pero
considerando, por esas razones de técnica jurídica, que el
instrumento más adecuado corresponde a otro tipo de iniciativa, este
portavoz ha redactado una proposición no de ley, de la que ha dado
traslado al señor Castellano y se lo va a dar a los demás grupos
parlamentarios, con el deseo de que sea suscrita por todos los
grupos, en el sentido deimpulsar el ejercicio efectivo de la acción
de repercusión
y de que se concreten los órganos competentes para que se haga
efectivo el sentido de esta institución.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López-Medel.
Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
A los únicos efectos de, no sólo por cortesía parlamentaria, sino por
auténtico sentido de responsabilidad, agradecer a todos los grupos
parlamentarios la acogida de esta iniciativa. Y entendiendo,
evidentemente, que de lo que se trata es de llevar a buen puerto la
misma y no tanto de que prospere de una u otra forma, retiramos dicha
proposición de ley, en la confianza de que, tal como han expuesto el
señor López-Medel, don Manuel Silva, la señora Uría y el señor
Iñíguez, todos los grupos parlamentarios llegaremos a un acuerdo para
hacer una proposición no de ley conjunta que conduzca a la finalidad
perseguida.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES SAURA Y ALCARAZ), SOBRE
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000202.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000085.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
siguiente punto del orden del día, que comprende los números 2 y 3 de
las proposiciones de ley, que al ser de idéntico contenido van a ser
debatidas de forma conjunta. Se trata de iniciativas del Grupo
Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, que vienen, además, tituladas de la misma forma: sobre
publicidad institucional.
Para la presentación de su iniciativa, en primer lugar y en nombre
del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alcaraz.
(Rumores.)
Un momento señor Alcaraz. Señorías, les ruego guarden silencio.
Puede comenzar, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a defender, en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, esta proposición de ley que pretende regular la publicidad
institucional, es decir aquella publicidad -reduciéndolo a su
significado más primigenio- que es patrocinada, que es, en
definitiva, pagada por las administraciones públicas.
El objetivo de esta proposición es bastante sencillo. Pretende cubrir
un vacío legal existente que provoca distorsiones en la vida política
y que altera el normal funcionamiento de las instituciones en su
relación con la opinión pública, en su relación con los ciudadanos y
ciudadanas.
Desde nuestro punto de vista, la forma de cubrir este vacío consiste
en acotar el obrar legítimo de las diversas administraciones del
Estado en la inserción publicitaria, buscando el fundamento de lo que
sea ese obrar legítimo en la propia Constitución, al menos a partir
de cuatro preceptos constitucionales: el principio de pluralismo, del
artículo 1.1; la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos, del artículo 9.2; el derecho a recibir información veraz
por cualquier medio de difusión, del artículo 20.1.d) y, finalmente,
la obligación que se establece en el artículo 103.1 para que las
administraciones públicas sirvan con objetividad los intereses
generales, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.
Deteniéndonos solamente en este último punto, difícilmente las
administraciones públicas van a actuar con sometimiento pleno a la
ley y al derecho si no existe ley que pueda regular una faceta cada
vez más importante en las sociedades contemporáneas, como es la de la
publicidad. Frente a esta panoplia de preceptos constitucionales que
podrían servir para inspirar, como deseamos nosotros, ahora un texto
legal, pero en última instancia el comportamiento recto de la
Administración, nos encontramos reiteradamente con una vulneración de
esos principios por parte de múltiples administraciones públicas. En
concreto, nos encontramos con intervenciones abusivas que inciden
negativamente sobre la creación libre de la opinión pública, y no
hace falta, señorías, que recuerde cómo el Tribunal Constitucional
reiteradamente ha dicho que la existencia de una opinión pública
conformada libremente es la base misma del sistema democrático.
En segundo lugar, también encontramos una confusión entre la
publicidad propia de las instituciones con la del partido que la
gobierna. Y, finalmente, nos estamos encontrando en los últimos
tiempos discriminación en las inserciones publicitarias que padecen
algunos medios, desfigurándose así, desde el poder público, la libre
concurrencia y alterando y condicionando la pluralidad y, en última
instancia, la libertad de información.
Para hacer frente a todo este tipo de problemas, presentamos el texto
que sometemos hoy a su consideración y que se caracterizaría en sus
rasgos generales por lo siguiente: primero, por una definición
estricta de lo que debe considerarse como publicidad institucional,
completando, desde otra perspectiva particular, la normativa general
de publicidad que, en todo caso, deberá ser interpretada como
legislación supletoria. También en el artículo segundo se acota lo
que es la publicidad institucional legítima, es decir, aquella que
debe ser permitida, que debe reducirse, a nuestro modo de ver,
a informar al ciudadano de derechos y obligaciones, informar sobre
composición y funcionamiento de instituciones, informar de los
servicios que presta la Administración,
defender la existencia de valores que se derivan de la Constitución,
favorecer hábitos que redunden en la convivencia y en la solidaridad,
promover venta de bienes o servicios producidos por la Administración
u organismos dependientes de ella y difundir en otros Estados la
imagen de España o de sus territorios. Frente a ello, se establece en
el artículo tercero unos límites objetivables a la publicidad
institucional desde una doble perspectiva por su objeto, es decir,
quedaría prohibida la publicidad institucional que vulnere algún
principio constitucional, y en particular el pluralismo político,
social y biológico, la que atente al respeto a la dignidad de las
personas, la que se considera ilícita y desleal según la legislación
general de publicidad y las que por su objeto no se incluyan en el
artículo anterior. Igualmente, el artículo quinto establece otro tipo
de límite, que es el de los créditos disponibles, que se establece en
el 5 por ciento, salvo casos de urgente necesidad, y se mandata,
además, que deba existir una partida específica en los presupuestos
de cada organismo destinada a este fin.
Por otra parte, también se establece en esta proposición de ley unos
límites específicos para los períodos preelectorales, entendiendo por
tales no los que se marcan en la Ley orgánica del régimen electoral
general, sino aquel período, a estos efectos, desde la convocatoria
de las elecciones hasta su misma celebración. El azar ha querido que
debatamos esta proposición justamente en un período preelectoral, más
allá de la coincidencia de constatar el triste espectáculo que
vivimos estos días, como en otros procesos electorales, de al menos
algunos poderes públicos que actúan rebasando lo que nosotros
entendemos legitimidad para la publicidad institucional, provocando
un rosario de recursos que desmotiva a los ciudadanos y aporta
objetivamente una imagen muy negativa de la vida política.
Igualmente se incluye lo que creemos que es una novedad interesante,
una norma sobre el uso de lenguas en la publicidad institucional,
desde una óptica que es también defensora del castellano y del
plurilingüismo consustancial en nuestro Estado plurinacional.
Por último, lógicamente, se incluyen también algunas disposiciones
técnicas que permitan imbricar adecuadamente los contratos de
publicidad institucional con la normativa general sobre publicidad
existente hasta la fecha.
Dado el marco competencial en el que nos encontramos, esta ley
obligaría a los organismos de la Administración general del Estado,
pero entendemos que podría ser un elemento ejemplificador para otras
administraciones públicas e incluso una norma interpretadora ante
conflictos que, en ocasiones, tienen que llegar a los tribunales. Hay
que recordar también, por otra parte, que algunas comunidades
autónomas han sido diligentes y ya disponen de normas similares, y no
ocultamos que para la redacción de este texto nos hemos inspirado en
algunas de esas normas, si bien trasladándolo, lógicamente, al marco
del Estado.
Entendemos que esta proposición de ley -insisto-, con independencia
del momento en el que se presenta y que parece que pudiera ser más
conflictiva, debe ser tomada en consideración -aunque posteriormente
se puedan introducir enmiendas-, porque no es una ley contra nadie,
sino que es una ley a favor de la igualdad y del respeto a la
dignidad de todos los ciudadanos. Creemos que ese debería ser un
motivo suficiente para que todos los grupos parlamentarios la votaran
favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz Ramos.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Alcaraz Masats.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.
Voy a hacer una intervención brevísima por razones estéticas; se
entenderá de inmediato. La causa fundamental es que nuestra
proposición de ley también la firma don Manuel Alcaraz Ramos, que
acaba de intervenir y que de manera legítima, de acuerdo con el
reglamento, ha presentado la misma proposición de ley que redactó
para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en su momento. Por lo
tanto, compartimos absolutamente los criterios que él acaba de
desarrollar; tan es así que mantuvimos el texto de la proposición de
ley que en aquel momento presentamos en el registro. Se trataba de
asegurar el cumplimiento de distintos preceptos constitucionales,
entre ellos, como se ha repetido aquí, el del artículo 103, que es el
relativo al ejercicio objetivo de la Administración con respecto a
los intereses generales y a la relación de los partidos con las
instituciones en las que están representados. Nosotros pensamos que
se trata de una proposición absolutamente necesaria y por eso pedimos
e insistimos en que se tome en consideración. Estamos viendo cómo la
identificación partido-institución es un hecho que, en muchos casos,
se reitera de manera abusiva, fundamentalmente en las etapas
preelectorales e incluso, a veces, en la propia campaña electoral.
Entendemos que todo se ha dicho aquí, pero quiero referirme a alguno
de los casos que se vienen produciendo y que quizá no están
totalmente recogidos en la proposición de ley. Por ejemplo, hemos
detectado que hay propaganda institucional en la que figuran las
empresas que están ejecutando los trabajos correspondientes a las
vallas o a los carteles de que se trate, pero hemos llegado a la
conclusión de que esta propaganda institucional, al menos en algunos
casos, está pagada por la propia empresa, lo que quiere decir que las
cosas no se producen de manera objetiva y adecuada. Por ello, para
evitar la confusión que se está dando ahora, de manera abusiva, entre
partido político e institución de cara a la campaña electoral y por
el resto de los motivos que han sido aquí aducidos, nosotros
vamos a votar a favor y pedimos que se tomen en consideración de
estas dos proposiciones de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en
contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Estas dos iniciativas, como bien ha señalado el señor Alcaraz,
estaban firmadas en su origen por el mismo diputado que ha defendido
la primera de ellas, perteneciente en la actualidad al Grupo Mixto,
el señor Alcaraz Ramos, y son idénticas. Por tanto, me referiré a una
sola, que se presentó cuando estaba en el Grupo Federal de Izquierda
Unida.
En primer lugar, nos llama la atención que se traten de resolver
mediante esta iniciativa, con un título singularizado de publicidad
institucional, materias que están en este momento en el ámbito de
codificación legislativa de dos cuerpos doctrinales distintos:
Primero, el que afecta fundamentalmente a la publicidad, en el
sentido extenso, que ya viene perfectamente regulado en la Ley
general de publicidad, la número 34/1988, que es una materia que
tiene su lugar de encuadre y de observaciones pertinentes dentro de
lo que es el concepto doctrinal legislativo que trae la Ley general
de publicidad. Segundo, hay una materia que aquí también se trata de
confundir y de ensamblar, que es la electoral. Para eso está
precisamente lo que dispone la Ley orgánica 5/1985 y las
modificaciones que ha tenido la Ley Electoral General.
No nos parece que sea conveniente, en una materia en la que sí cabe
un debate sobre el tema de la publicidad en los medios
institucionales, discernir y discutir qué medidas de garantía se
tienen que tomar. Nuestro grupo entiende que esas garantías legales
están ya contempladas en lo que podría ser la reserva inmediata de
cara a la ley, porque aquí se ha invocado que las circunstancias del
orden de entrada y el orden en que se defienden aquí o les toca turno
a las iniciativas legislativas coincide cuando ya estamos
prácticamente en la antesala de unas elecciones municipales, europeas
y autonómicas en la mayoría de las comunidades autónomas.
Pues bien, mi grupo va a votar en contra de esto porque sería crear
un confusionismo si no se lleva perfectamente delimitado qué se
quiere decir con garantías en una campaña electoral cuando se habla
de publicidad institucional. Mi grupo entiende que en este momento
las garantías están suficientemente atendidas por la Ley Electoral
General y las medidas que la Junta Electoral Central, como las juntas
electorales territoriales, vienen ejerciendo en casos que ha habido
de
denuncias, de presunciones que puede haber de menoscabo, de
conculcación por parte de algún medio informativo, institucional o
no, de alguna determinada publicidad en los procesos electorales.
Entendemos que toda entrada en la Ley Electoral General tiene que ser
objeto del más amplio consenso posible. Tocar la Ley Electoral
General con una interpretación como esta para la publicidad
institucional nos parece un tema muy delicado y que exige un
principio político de cortesía parlamentaria, que es llevarlo al
terreno del mutuo consenso de todas las fuerzas parlamentarias. No me
sirve un argumento como el de que se ha copiado de una comunidad
autónoma que tiene algo similar o parecido; la mía, la Comunidad
Autónoma de Canarias no lo tiene. Por tanto, no podemos entrometernos
en las competencias de la Ley Electoral General en el tema de la
publicidad institucional, tiene que cumplir previamente los
requisitos que he enunciado. No habiendo sido así, mi grupo, señor
presidente, va a votar en contra de la toma en consideración de estas
dos proposiciones de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
El grupo al que represento cree fielmente en el principio en el que
dice inspirarse la exposición de motivos de estas proposiciones. La
Administración pública, efectivamente, debe servir o sirve con
objetividad los intereses generales y debe cumplir estrictamente el
mandato del artículo 103 de la Constitución. Creemos además, en
cuanto partido que ostenta responsabilidades de gobierno en una
comunidad autónoma, que así se intenta hacer o se hace
escrupulosamente.
De lo que ya no estamos tan seguros es de que las dos proposiciones
de ley que se nos presentan sirvan para el ambicioso cometido que se
enuncia y menos en tiempos tan próximos a una confrontación
electoral. Creemos que ya el artículo 1 adolece de importantes
defectos. Para empezar a hablar, en cuanto a técnica jurídica se hace
caso omiso de la resolución de 15 de noviembre de 1991, de la
Secretaría de Relaciones con las Cortes, sobre directrices y formas
de los proyectos; en los distintos apartados se utiliza una
sistemática y una forma que no se adecua para nada a lo que viene
siendo norma de estas Cortes Generales. Creemos, además, que el
apartado 2, por ejemplo, del artículo 1 hace referencia a que queda
excluido del ámbito de esta ley la publicidad normativa y anuncios de
actos de la Administración que deban publicarse legalmente, cuando es
conocido que la práctica habitual es que estos actos que deben
publicarse legalmente son también anunciados en los correspondientes
periódicos oficiales. Es decir, se publica en un periódico, y en el
boletín
de tal día se anuncia esta convocatoria, este concurso, o cualquier
otro de una entidad pública.
En cuanto al artículo 2, la definición que se hace queda coja.
Creemos que publicidad institucional es cualquier actuación o
política pública que una administración concreta considere
conveniente difundir. Lo que se considera prohibido en el artículo 3
en parte se debe a la Constitución, con lo cual es innecesario
llevarlo al texto de la ley y en parte está ya recogido en la Ley
general de publicidad, como el propio texto reconoce.
Más problemas tiene el artículo 4, en cuanto que recoge materia que
es propia de ley orgánica necesariamente en una parte y, en otra
parte, sería propio de normativa de las comunidades autónomas; es
decir, este instrumento normativo no es el adecuado para regularlo,
de una parte, porque carece de competencia, de otra, porque debiera
tener un rango normativo que la proposición no le da. El contenido
del artículo 5 se regula por normativa presupuestaria. Lo contenido
en el artículo 6 no satisface, por lo menos desde la persectiva del
grupo al que represento, lo que debe ser la cooficialidad
lingüística.El artículo 7 se encuentra incluido, y así se hace, en
las normativas de contratos de las administraciones públicas. El
artículo 8 nos parece absolutamente innecesario, teniendo en cuenta
lo establecido en la Ley general de publicidad.
Siendo conscientes de la necesidad de regular esta materia, nos
parece que hay que hacerlo con el debido sosiego, lo cual es
insuficiente con esta proposición de ley. Creemos que tan próximo a
un proceso electoral no debiera regularse una iniciativa de este
estilo.
Vale quizá como código ético, o quizá como proposición no de ley,
pero desde luego no como proposición de ley, por lo cual el Grupo
Vasco va a votar negativamente su toma en consideración.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
comparte los objetivos y finalidades que inspiran la redacción de
estas dos proposiciones de ley, comparte la necesidad de establecer
mecanismos de control de la publicidad institucional, mecanismos que
garanticen un rigor de la misma, un respeto al pluralismo. Partimos
de un ámbito de coincidencia, pero no compartimos la solución que
estas proposiciones de ley comportan.
Nosotros consideramos que actualmente esta materia está ya regulada
en la Ley general de publicidad, está regulada en la normativa sobre
contratos de las administraciones públicas -precisamente ahora hay un
proyecto de ley que está modificando artículos de esa ley y se está
tramitando en esta Cámara- y está regulado todo lo referente a la
publicidad institucional, a su prohibición en época electoral, está
regulada en la Ley
orgánica del régimen electoral general. Aprobar hoy estas
proposiciones de ley, tomarlas en consideración, nosotros
consideramos que es una mala solución jurídica que no da respuesta a
este problema que en este ámbito genera la publicidad institucional.
El señor Alcaraz en su presentación ha aludido a la normativa
existente en alguna comunidad autónoma. Nosotros creemos que la
solución que en este ámbito ha establecido el Gobierno de la
Generalitat de Cataluña es la adecuada. En la Generalitat de Cataluña
se ha nombrado una comisión asesora en materia de publicidad
institucional; una comisión que fija contenidos, que es plural,
incluso el responsable de comunicación de Iniciativa per Catalunya
forma parte de esta comisión general de asesoramientos sobre
publicidad institucional, define qué se entiende por publicidad
institucional, establece mecanismos de control de los contenidos y
de control especialmente para asegurarse de que esa publicidad que es
pagada con fondos públicos responde siempre a un interés público. Por
tanto, creemos que la solución va por otro ámbito y además
consideramos que en materia electoral ya está bien la regulación que
actualmente existe en la Loreg. Quizá debamos revisar algún aspecto,
pero la Junta Electoral Central es la competente actualmente para
interpretar la Ley orgánica del régimen electoral general.
Precisamente el 10 de marzo de 1999 una resolución de la Junta
Electoral Central establece claramente que no puede realizarse por
los poderes públicos ninguna campaña durante el período electoral, es
decir -según manifiesta la Junta Electoral-, el comprendido entre la
convocatoria de las elecciones y el día mismo de la votación. La
resolución de la Junta Electoral es clara; los mecanismos jurídicos
ya existen y debemos ser rigurosos en su aplicación. Por tanto, no
creemos que estas proposiciones de ley den la respuesta adecuada.
Asimismo, compartimos la inquietud lingüistica de los proponentes,
pero no la solución que dan a la misma. Es necesario garantizar el
uso de la lengua propia de la comunidad autónoma, pero el articulado
de las proposiciones de ley, bajo este pretexto de garantizar esta
utilización de la lengua propia de la comunidad autónoma, impone la
utilización del castellano en comunidades autónomas que tienen lengua
oficial propia. Ello se aparta de los criterios fijados en la
reciente normativa sobre normalización lingüistica en Cataluña y, por
tanto, tampoco podemos estar de acuerdo en esta finalidad. Lo
deseable sería que, al final, quien hiciese publicidad institucional
en un territorio fuese la Administración propia de ese territorio.
Estamos en la línea de la Administración única y consideramos que esa
publicidad institucional de interés público, a largo plazo, la
deberán protagonizar en su ámbito la comunidad autónoma y las
corporaciones locales del territorio.
Por todas estas razones, compartiendo los objetivos iniciales,
nuestro grupo no va a votar favorablemente la toma en consideración
de estas proposiciones de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Creo que estas dos proposiciones de ley son de suma oportunidad y,
además, son necesarias porque en nuestro país en estos momentos hay
fraude de ley. Yo creo que el legislador, cuando intenta solucionar
problemas, debe partir del análisis de la realidad de los casos
prácticos.
Pues bien, permítanme que les ponga dos casos prácticos para
demostrarles cómo estas dos proposiciones de ley son necesarias.
Tienen ante ustedes un sobre de postales de Oviedo, alguien me dice:
no sea usted provinciano. No cite a Oviedo. El vicepresidente
político, señor Álvarez- Cascos, y el vicepresidente económico, señor
Rato, lo han presentado como el modelo emblemático de los
ayuntamientos de España representativos de la gestión del Partido
Popular. Pues bien, se envían 13 postales a todo color de Oviedo, con
una pequeña presentación del alcalde, con un pequeño escudo del
Ayuntamiento y también con una marca comercial, llamada Ojensa, que
es una empresa. Alguien ha dicho: esto es publicidad institucional.
Pues no, porque los responsables de la empresa dicen: entendemos que
es de suma utilidad en nuestros objetivos publicitarios enviar a los
ciudadanos de Oviedo estos sobres y estas postales. Un millón de
postales en cien mil sobres, pero en unos sobres del Ayuntamiento de
Oviedo, con pegatinas de Oviedo y que costaron al propio Ayuntamiento
1.860.000 pesetas; es decir, una malversación de fondos o una
comisión encubierta: yo le adjudico la obra, usted me hace la
publicidad y yo le pago la distribución. Fíjense ustedes cómo está la
situación de hecho.
Pero vayamos al último domingo. Tengo unos periódicos de Asturias, La
Nueva España, del domingo 16 y del domingo 9 de mayo. Pues bien, el
del 9 de mayo presenta seis grandes anuncios, que les excuso de
enseñar, pero son anuncios de una página a todo color; el del domingo
siguiente presenta 14 anuncios. Algunos de ellos son anuncios
espectaculares: dos paginas a todo color. ¿Qué ocurre con el diario
más crítico al alcalde de Oviedo, La voz de Asturias, del mismo
domingo? Ni un solo anuncio. He aquí un ejemplo de cómo se las gasta
el Partido Popular en relación a la publicidad institucional.
Pues bien, señor presidente, señorías, estamos ante un tema que
afecta a la libertad de expresión, que afecta a la libertad de
información veraz. Es más, en esta materia se puede acabar hasta
influyendo. Hay un libro, que se publicó en 1992, escrito por Michael
Albert, titulado Capitalismo contra capitalismo, que, refiriéndose
a Francia, y no está tan lejos, decía: algunos medios están más
preocupados por ofrecer lectores a sus anunciantes que información a
sus lectores.
Yo creo, señor presidente, señorías, que hay ejemplos clarísimos en
el Partido Popular de cómo desde las instituciones públicas se
intenta influir en la orientación de los medios de comunicación con
un uso avieso de la publicidad institucional, y esta realidad debe
ser regulada porque en estos momentos está defraudada. No estamos
hablando de la publicidad de cómo debe votarse a lo largo de una
campaña electoral, no estamos hablando de los anuncios oficiales,
sino que estamos hablando de un malentendido de información
institucional que se convierte en publicidad institucional y en un
instrumento de coacción y de ataque serio a la libertad de expresión.
Por todo ello, creemos que son de suma utilidad ambas proposiciones
de ley.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señoras y señores
diputados, en nombre de mi grupo parlamentario quiero, en primer
lugar, felicitar a los grupos que han presentado estas iniciativas,
porque creo que, en todo caso, siempre ha de reconocerse el trabajo
de los grupos por muy lejanos que estén ideológicamente y máxime
cuando sus intenciones son tan sanas como las que les han llevado a
formular estas proposiciones de ley.
Quiero empezar diciendo que, por ejemplo, en marzo de 1996 la llegada
del nuevo Gobierno también significó, en materia de publicidad
institucional, pasar una página, y digo esto porque ya han pasado los
tiempos en los que se utilizaban los fondos públicos destinados a la
publicidad para intentar dirigir las líneas editoriales de los medios
de comunicación o para sencillamente mermar los ingresos de los
medios que se resistían y se resistieron a perder su independencia.
En la etapa que comienza en 1996 nadie, nadie con seriedad y
solvencia, ha acusado al actual Ejecutivo de utilizar esos fondos de
forma partidista o de forma sectaria. Ninguna empresa de comunicación
ha perdido una sola peseta en publicidad institucional por formular
una crítica o por tener una actitud crítica frente a las decisiones
del Gobierno.
Comprendo, señorías, que esto no debería servir para presumir, que no
se debe presumir de esta cuestión, sino que simplemente es cumplir
con la obligación que tenemos de gestionar bien los fondos públicos
y que no se convierta de forma solapada la acción del Gobierno en un
instrumento contra la libertad de información y contra la libertad de
expresión y el pluralismo informativo; pero es que ha habido otras
etapas en que los tribunales estaban llenos de denuncias por parte de
los medios de comunicación, que se sentían discriminados.
En segundo lugar, también en otros tiempos había un gran debate
nacional acerca de la utilización de la
publicidad institucional por las opciones políticas que respaldaban a
los distintos Gobiernos, debate que todavía hoy sigue en algunos
casos abierto en nuestras comunidades autónomas.
Pues bien, señorías, el actual Ejecutivo se ha limitado
exclusivamente a hacer campañas de publicidad que han consistido en
informar y que han sido muy ajenas a la propaganda que en otras
etapas se transmitía desde los poderes públicos. Además, en estas
iniciativas que han presentado los Grupos Parlamentarios de Izquierda
Unida y Mixto no se hace mención a los contenidos de la publicidad
institucional de carácter indirecto que, mediante alusiones o
imágenes, se refieren o promocionan una determinada opción ideológica
o un determinado personaje público, que tenemos en mente todos los
que siguen con atención todo lo que significa la publicidad
institucional de algunas comunidades autónomas.
Asimismo, en el artículo 2 de estas proposiciones de ley, la
definición de lo que significa el contenido de la publicidad no
contempla expresamente algunos supuestos que para nosotros son
importantes, como es el tema de la prevención, que constituye, sin
embargo, una de las finalidades más importantes de las campañas
publicitarias. Me estoy refiriendo a la prevención del consumo de
drogas o a las recomendaciones que hace la policía con respecto a
épocas de vacaciones o similar.
Quiero recordar, y es importante que tome buena nota el portavoz del
Grupo Socialista que ha intervenido en esta proposición de ley, que
las iniciativas que han presentado los grupos Mixto y de Izquierda
Unida se tienen que referir única y exclusivamente al ámbito de la
Administración del Estado, porque, de acuerdo con las competencias de
las comunidades autónomas, es a sus Parlamentos a los que les compete
decidir la necesidad o no de normativa sobre estos aspectos. En
cualquier caso, ya que hablamos de publicidad institucional de otras
comunidades autónomas, que no competen a esta Cámara, sí es verdad, y
hay que recordarlo, el libro del señor Bono, que en los últimos
tiempos todos tenemos en mente, porque ha salido publicado en todos
los periódicos, y también que la única campaña institucional retirada
por una junta electoral fue la del señor Chaves, que coincidía con el
eslogan del Partido Socialista en Andalucía. (Rumores.)
Dicho esto, y reconociendo la recta voluntad de los grupos
parlamentarios proponentes, las iniciativas que presentan no las
podemos tomar en consideración, porque nos gustaría poder madurar un
poco más estos temas y traer una proposición, que ofrecemos desde
ahora, consensuada con el resto de los grupos parlamentarios. Mi
grupo, como saben, ha presentado en esta Cámara, y en el Senado
también, diversas proposiciones en esta dirección que no fueron
admitidas a trámite, y que nos gustaría poder discutir previamente
con las demás formaciones políticas con representación parlamentaria.
Por otra parte, hay algunas cuestiones, además de las ya comentadas,
en las que la regulación que formulan
SS.SS. en las proposiciones de ley nos resulta más que dudosa en
cuanto a su eficacia y a la finalidad que persiguen en ella. Tenemos
que diferenciar con toda claridad lo que es una campaña de publicidad
institucional, incompatible con los procesos electorales, y cuál es
la información que el Gobierno debe dar a los ciudadanos en beneficio
del funcionamiento de los servicios públicos y que nunca, nunca, se
debe hurtar a la sociedad por más que haya procesos electorales. Qué
hacemos, por ejemplo, con la información sanitaria. Qué hacemos con
la información educativa, con la información sobre la circulación y
el tráfico, con la información relativa a la recaudación de
impuestos, cuando coinciden unas jornadas electorales en época de
campañas de recaudación de impuestos, o si coincide una campaña de
prevención de droga o las campañas publicitarias estacionales, y
estoy pensando, por ejemplo, en las campañas de lucha contra los
incendios, o en las campañas de ahorro de agua en situaciones de
sequía.
Señorías, desde que se convocan hasta que se celebran unas elecciones
pueden pasar 60 días. No tiene sentido negar taxativamente en una ley
cualquier información institucional durante dos meses a los españoles
y a las españolas. Por ello, repito, la intención es sana, pero hay
que meditar el asunto para que no se utilice partidariamente la
información, pero que, a la vez, no se hurte absolutamente una
información necesaria para los ciudadanos.
Por otra parte, creemos que es absurdo plantearse una limitación del
cinco por ciento para los gastos de publicidad. ¿Por qué el cinco?
¿Por qué no el dos o por qué no el siete? Sobre todo cuando las
necesidades de información de los distintos ministerios son muy
diferentes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Mato, le
ruego vaya concluyendo.
La señora MATO ADROVER: Termino enseguida, señor presidente. ¿O es
que alguien piensa que el Ministerio de la Presidencia o la
Secretaría de Relaciones con las Cortes tienen las mismas necesidades
de información que, por ejemplo, la Agencia Tributaria, el Insalud o
la propia Seguridad Social? Señorías, voy más allá: el límite del
dinero a utilizar en publicidad institucional se fija en un
determinado porcentaje por ley en los Presupuestos Generales del
Estado, presupuestos que se aprueban por estas Cámaras y que, al
final, con su propuesta, podrían ser modificados por una simple orden
ministerial. Me temo que, de aprobarse estos porcentajes, se podría
originar una tendencia al alza de los créditos destinados a esta
finalidad, que no es lo que se persigue con la proposición. Seguro,
señorías, que su intención es buena, pero les quiero decir que,
incluso poniendo controles a los gastos en publicidad, se puede
producir que se incrementen estos gastos por lasvías que ustedes
están proponiendo. La publicidad, sin
duda, debe venir especificada en los presupuestos y debe decidirse y
ser aprobada por las Cortes Generales.
No parece tampoco conveniente establecer un límite fijo a cada uno de
los organismos, pues esa proporción puede variar significativamente,
como decía, conforme a la demanda de uno u otro Ministerio, o también
conforme a la demanda de actividad del servicio público que se
plantee en cada momento.
Por todas estas razones, y teniendo en cuenta que no hay ausencia de
normativa, sino que estas iniciativas, de convertirse en ley,
vendrían a completar sin novedades sustanciales las actuales, mi
grupo no va a votar favorablemente la admisión a trámite de estas
proposiciones de ley.
Hoy el encargo de una campaña publicitaria, su realización, su
inserción en prensa, está sometida a la Ley de Contratos de las
administraciones públicas, como cualquier otra actividad de la
Administración. Por otra parte, el Gobierno, periódicamente, contesta
a la Cámara cuantas solicitudes de información se le piden sobre esta
materia.
Termino. Por tanto, hay regulación legal de la publicidad
institucional. No se están cometiendo abusos, como se cometían en
otras etapas (Rumores.), no se están cometiendo abusos como se
cometían en otras etapas, insisto, y no se puede prohibir con una
norma el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Como he
señalado al principio, trabajemos todos juntos por buscar fórmulas de
consenso que garanticen la neutralidad electoral de la información
institucional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Mato.
Señorías, les ruego ocupen sus escaños, vamos a proceder a las
votaciones.
Les recuerdo a SS.SS. que el punto primero del orden del día, la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, ha sido retirado. (Rumores.) Les ruego guarden silencio.
Vamos a proceder a las votaciones (Pausa.)
Votación correspondiente a la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre publicidad institucional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
278; a favor, 128; en contra, 149; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada
la toma en consideración.
Votación correspondiente a la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre
publicidad institucional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 131; en contra, 150.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada
la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE BARCELONA DE 1995 PARA LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO MARINO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS COSTERAS DEL
MEDITERRÁNEO. (Número de expediente 162/000360.)
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL CONVENIO DE BARCELONA
PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDITERRÁNEO Y SUS PROTOCOLOS Y EL PLAN DE
ACCIÓN DEL MEDITERRÁNEO. (Número de expediente 162/000362.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Puntos cuarto y
quinto del orden del día, que serán debatidos conjuntamente.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida sobre la ratificación del Convenio de Barcelona de 1995 para la
protección del medio marino y el desarrollo sostenible de las zonas
costeras del Mediterráneo.
Para su presentación, en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra la señora Urán. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.- Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, por favor,
guarden silencio. Ocupen sus escaños los que vayan a quedarse dentro
del hemiciclo y, si no, circulen con rapidez, por favor. (Rumores.)
Señorías, por favor... Señor Silva y señor Burgos. (Pausa.) Señorías,
por favor, ¿pueden guardar silencio? (Pausa.) Señor Sedó, por favor,
estamos esperando a que SS.SS. se dignen sentarse. Señor Blanco,
siéntese, por favor. Señor Aguiriano, también.
Cuando quiera, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presentó
una iniciativa para que el Gobierno español enviara a estas Cortes,
para su ratificación, los protocolos del Convenio de Barcelona, que
se modificó en 1995. Esta diputada que les habla, que es diputada por
Valencia, que vive a orillas del Mediterráneo, sabe y conoce de la
importancia que tiene el mar Mediterráneo para el desarrollo de la
vida, de las ciudades y de los pueblos que están en sus riberas; sabe
y conoce, y esta Cámara también, de la necesidad de mantener y
proteger nuestro mar Mediterráneo no solamente como fuente de vida,
sino también como fuente de cultura, como fuente de biodiversidad y,
desde luego, como fuente de riqueza; casi todos los pueblos que se
asientan en las riberas del Mediterráneo viven de él, de todo lo que
produce, incluso por su clima, ya que tienen gran actividad
turística.
Por tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida está convencido de que, dada la actual situación de
contaminación y de desarrollo insostenible que se produce en sus
riberas, es necesaria su protección. Señorías, estamos hablando de un
mar cerrado, que tarda mucho tiempo en renovar sus aguas; estamos
hablando de una zona en la que una gran parte -46.000 de sus casi
50.000 kilómetros de costa- es costa rocosa y solamente unos escasos
3.000 kilómetros de llana, y estamos hablando de un mar Mediterráneo
que tiene una población en crecimiento de aproximadamente 400
millones de personas, de las que un porcentaje muy elevado habita
precisamente en el litoral.
Por tanto, estamos hablando de situaciones bastante críticas, de
situaciones insostenibles si mantenemos el desarrollo que se ha
venido produciendo hasta ahora. Daré algunos datos para ilustrar la
situación. Tan sólo el 1 por ciento del litoral mediterráneo está
protegido, pero también es verdad que tiene unos recursos internos de
agua repartidos de forma muy desigual, ya que hay zonas muy húmedas y
zonas bastante secas o con escasos recursos hidráulicos. Sus aguas
están muy contaminadas, tan contaminadas que más del 46 por ciento de
la población carece de estaciones depuradoras y se calcula que entre
el 70 y el 80 por ciento de la contaminación que llega al
Mediterráneo tiene un origen terrestre y casi el 60 por ciento
procede de países como Francia, Italia y nuestro propio Estado,
España.
Señorías, simplemente unas pinceladas para que nos demos cuenta de la
importancia que tiene la protección del Mediterráneo para el
desarrollo de los países ribereños y, en concreto, de nuestro propio
Estado. Desde 1975, cuando se firma el Convenio llamado de Barcelona,
hasta 1995, en que se ha producido la modificación, se han estado
desarrollando diferentes protocolos que no han sido ratificados hasta
ahora, que se sepa, nada más que por dos países, Mónaco y Túnez. Por
tanto, señorías, el nuestro es uno de los países que en principio más
interesado tendría que estar en la ratificación por esta Cámara de
los protocolos del Convenio de Barcelona, pero hasta este momento
este no ha sido el interés del Gobierno ni el interés que se ha
demostrado, en concreto, en algunos de ellos.
Está claro, señorías, que, al no ser ratificados los protocolos por
un número suficiente de Estados, éstos no pueden plantearse llevar a
cabo las estrategias y los planes de actuación para destinar los
recursos económicos necesarios para que en realidad se pudieran poner
en práctica las medidas que permitieran una real protección del mar
Mediterráneo. Por tanto, al no ratificarse, todas estas firmas de
protocolos y de convenios
se quedan en meras declaraciones de intenciones; no hay en realidad
voluntad política de llevarlos a la práctica.
Entendemos, señorías, que pueda resultar difícil que se quieran
aplicar algunos de ellos, y sobre todo los planes de actuación
estratégica, porque se pretende limitar, como sería lógico si de
verdad queremos defender el Mediterráneo, algunas de las actuaciones
que más están contaminando el Mediterráneo y que más afectan a la
degradación del litoral. Por ejemplo, el programa de acción
estratégico para combatir la contaminación causada por actividades
terrestres obliga a los Estados, en plazos más breves que los que
marcan algunas de las directivas europeas, a tomar medidas para
evitar la contaminación no sólo del mar, sino también de los cauces
hidrológicos que abocan al mar Mediterráneo. Desde luego, nosotros
creemos que son imprescindibles y que precisamente por esas razones
el Gobierno no trae los protocolos para la ratificación del Congreso.
Señorías, tenemos que decir que no nos extraña la actuación que se
está produciendo, precisamente porque a lo que llega la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular es a instar al Gobierno
para que estudie la ratificación de los protocolos que quedan por
ratificar. Señorías, el Gobierno ha firmado los protocolos y ha
firmado el convenio; por tanto, nada tiene que estudiar. Si de verdad
hay interés político, lo único que cabe es instar al Gobierno a que
traiga a esta Cámara los convenios y los protocolos para su
ratificación. Es más, señorías, hay que instar al Gobierno a que
incida en la Unión Europa para que ésta ratifique y firme algunos de
los protocolos que no ha firmado todavía y ratifique todos los demás.
Por eso mi grupo parlamentario ha presentado esta iniciativa que lo
que plantea es precisamente que se traigan de manera inmediata a esta
Cámara los protocolos para su ratificación, tanto el de la
exploración y explotación de la plataforma continental, del fondo del
mar y del subsuelo, como el protocolo sobre la prevención de la
contaminación de la zona del mar Mediterráneo causada por los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación.
Señorías, entendemos que este protocolo puede probablemente rechinar
en algunas cuestiones cuando se habla en él de prohibir totalmente
los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Se pretende
realmente proteger al mar Mediterráneo de desechos peligrosos, y no
solamente esto, sino que en nuestra iniciativa planteamos también que
se firmen y se ratifiquen los protocolos derivados del Convenio de
Barcelona para la protección del medio marino y de la zona costera
del Mediterráneo. Es decir, señorías, ratificando este protocolo, se
tendrían que tomar medidas para que el litoral tuviera un desarrollo
sostenible, no insostenible, como el que se produce en estos
momentos, para que el desarrollo turístico no fuera en detrimento del
respeto al medio ambiente, para que dejen de desaparecer, como ya
están desapareciendo, las zonas dunares
y para que dejen de desaparecer, como ya están desapareciendo, las
zonas húmedas por la acción del hombre, por un desarrollo urbanístico
insostenible que después genera otros problemas, como el de recursos
hídricos, cuando ya hemos comentado que precisamente las zonas
mediterráneas tienen una desigual hidrología y que la zona Este del
Estado español es una de las que tienen más escasos recursos
hídricos. El desarrollo urbano que se está produciendo en la mayoría
del litoral español no tiene respeto al medio ambiente y se está
haciendo para aumentar los beneficios del turismo cuando en realidad
lo que estamos haciendo con él es cargarnos el turismo de calidad,
que viene a respetar y a disfrutar de un entorno adecuado y
medioambientalmente aceptable.
Señorías, se hace imprescindible que hoy, en esta Cámara, de su
sensibilidad, sea aprobada esta iniciativa. Desde esta tribuna digo
ya que la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular
no la vamos a aceptar porque a nuestro grupo le parece inasumible que
tengamos que instar al Gobierno a que estudie si pasa a ratificación
de esta Cámara los protocolos. Se supone que cuando los firmó los
estudió, y si estuvo de acuerdo lo menos que tiene que hacer es
traerlos a esta Cámara para que sean ratificados, y no sólo por este
Estado, sino para que nuestro Gobierno incida en la Unión Europea.
Nosotros desde esta tribuna hemos oído muchas veces a portavoces del
Grupo Popular decir que el Gobierno español está a la altura de las
circunstancias en la Unión Europea, tiene peso político en ella. Con
ese peso político que ustedes dicen tener en la Unión Europea
ratifiquen los protocolos en esta Cámara y, con su protagonismo y con
su peso político, esperemos que la Unión Europea apruebe, firme y
ratifique estos protocolos para de verdad empezar a proteger el mar
Mediterráneo de una vez y para siempre, como corresponde.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Urán.
Para la presentación de la proposición que en términos similares ha
presentado el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez de
Tudela.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Señor presidente, señoras y señores
diputados, vamos a seguir hablando del mar Mediterráneo, nuestro mar
por excelencia. Aunque para algunos queda algo más distante,
considero que puedo hablar así porque ha sido y es para todos
nosotros el punto de encuentro y de comunicación que ha propiciado y
ha contribuido a desarrollar nuestras culturas. No desarrollaré en
este momento una alocución sobre la región mediterránea en ninguno de
los distintos aspectos que podrían ilustrar esta intervención;
considero que no es el lugar ni el momento. Me limitaré a dejar el
rastro de un pincel porque sería imperdonable hacer referencia a la
cuenca mediterránea sin recordar que es una de las civilizaciones más
antiguas de la humanidad, que ha visto y vivido los episodios más
trágicos de la relación entre los pueblos, pero es a su vez la cuna
de la democracia y donde la humanidad ha disfrutado de más libertad,
progreso y convivencia entre culturas y pueblos.
El Mediterráneo ha sido y es la zona que ejerce sobre los ciudadanos
del mundo más atracción por la bondad de su clima, por la belleza de
su paisaje y por ser cuna de las culturas y religiones que más
influencia han ejercido sobre la humanidad. La cuenca del
Mediterráneo es a su vez una zona que soporta un alto nivel
demográfico sobre su litoral y una fuerte actividad económica
y fabril; una demografía y una actividad económica que han ejercido y
ejercen una presión que ha contribuido y contribuye en gran manera a
la degradación ambiental de la zona. Es por ello que en el año 1972,
en la conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano,
celebrada en Estocolmo, se expresa esta preocupación y se convoca en
el año 1975 una reunión intergubernamental sobre la protección del
Mediterráneo en Barcelona.
Estamos ante una realidad que considero oportuno referir para
ilustrar la cuestión que nos ocupa. El Mediterráneo es un mar cerrado
que tarda más de 90 años en renovar sus aguas, soportando una alta
densidad de población, unos 160 millones de habitantes en la franja
litoral. Tiene una rica biodiversidad que hoy se encuentra en gran
parte amenazada y en algunos casos con especies vegetales o animales
extinguidas o en peligro de extinción por la degradación del medio,
fruto de la presión desmesurada y descontrolada de la sociedad. Aún
hoy, un alto porcentaje de las aguas de origen terrestre que vierten
en el Mediterráneo están contaminadas y sin depurar; de estos
vertidos, que representan entre el 70 y el 80 por ciento de la
contaminación, el 60 por ciento proceden de Francia, Italia y España.
El Mediterráneo, que representa el 0,7 por ciento de la superficie de
los mares, soporta el 35 por ciento del tráfico de hidrocarburos, el
15 por ciento de los químicos y el 17 por ciento del comercio
mundial, entre un 60 y un 70 por ciento de la contaminación por
petróleo, que proviene de cargas y descargas por tareas rutinarias de
transporte. Esta región es, además, la primera en turismo
internacional, por lo que soporta la presión de 183 millones de
habitantes/año, lo que representa el 30 por ciento del turismo
mundial.
Todo ello y más cuestiones que podríamos señalar nos dan una idea de
la magnitud y el alcance del problema que tenemos planteado en el
área mediterránea, que, por otra parte, es y representa nuestro punto
de encuentro, comunicación y actividad comercial más importante para
el desarrollo de nuestro país y, consecuentemente, para garantizar y
potenciar, si cabe, el bienestar de todos los españoles y los
habitantes de la cuenca mediterránea, desarrollo sostenible al que
debemos contribuir.
Desde 1975 hasta nuestros días se ha venido planteando una serie de
protocolos y planes de actuación que no voy a entrar a detallar por
ser documentación
escrita que está al alcance de todos. Simplemente voy a hacer mención
explícita de que en ese año, 1975, se firmó el convenio de Barcelona,
en el que se establecen protocolos sobre la protección de aguas y
costas, haciéndose España depositaria de convenios, planes y
protocolos de protección y salvaguarda del mar Mediterráneo. Y voy a
aludir a 1995, año en que se celebra el 20.º aniversario,
celebrándose la 9ª reunión de las partes contratantes que tiene lugar
también en Barcelona, en la que se adopta la resolución de Barcelona
sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible en la cuenca del
Mediterráneo, con una modificación sustancial del anterior convenio,
que incluye el nuevo Plan de acción para la protección del medio
marino y de desarrollo sostenible de las zonas costeras y un
documento sobre sectores de actividades prioritarias a realizar en el
período 1996-2005. Posteriormente, en la reunión de marzo de 1996, en
Siracusa, se modifica el protocolo sobre contaminación de origen
terrestre y en octubre del mismo año, en Esmirna, se aprueba un nuevo
protocolo sobre la prevención de la contaminación en la zona del mar
Mediterráneo, causada por los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación.
La ratificación de estos nuevos planes y protocolos son nuevas
obligaciones para los Estados parte y actuaciones específicas de gran
relevancia para la protección y la salvaguarda del Mediterráneo;
obligaciones que son inexcusables y urgentes. Más allá de ratificar
los protocolos y planes pendientes es de imperiosa necesidad su
cumplimiento y convertirnos en parte activa para conseguir que el
resto de Estados parte y la Unión Europea se incorporen de forma
activa a la consecución de los objetivos propuestos. Las obligaciones
o compromisos que se desprenden de los planes y protocolos aprobados,
algunos aún por ratificar, tienen un tiempo de realización, lo hemos
anunciado antes, entre 1996 y el 2005. Estamos, pues, a mitad de
camino en el tiempo y nos encontramos con la casa sin barrer. Tenemos
que poner nuestro empeño si queremos cumplir nuestros compromisos,
que responden en definitiva a la protección de nuestros propios
intereses como ciudadanos del área mediterránea. Entre esas
obligaciones y actuaciones cabría destacar el establecimiento de las
zonas de especial protección, de importancia para el Mediterráneo, y
la adopción de planes de acción y programas regionales, tales como el
programa de acción estratégico para combatir la contaminación causada
por actividades terrestres, aprobada y firmada por este Gobierno en
Túnez en 1997, derivada del protocolo sobre contaminación de origen
terrestre, la protección del medio marino y el desarrollo sostenible
de las zonas costeras del Mediterráneo.
España ha sido siempre impulsora de este convenio de protección del
Mediterráneo. De ahí la significación de ser sede en el inicio de
esta andadura de los Estados parte en la formulación de los
compromisos y serlo en la celebración del 20º aniversario, que, como
hemos señalado, fue una convención de alto valor cualitativo
por la importancia de la revisión de los compromisos anteriores y de
la asunción de nuevos.
En estos momentos, da la sensación de que estamos en una fase de
letargo y frente a la grandilocuencia de los compromisos formales por
parte de los Estado parte no se ratifican éstos ni se desarrollan ni
ejecutan los planes de actuación. España es depositaria del convenio
internacional y de los protocolos, condición que nos obliga más, si
cabe. No podemos demorar más nuestra asunción de compromisos, no
podemos escudarnos en la no implicación de otros Estados parte; todo
lo contrario. Debemos asumir nuestro compromiso, actuar en
consecuencia e impulsar al resto de Estados y a la comunidad europea
para que también ellos ratifiquen los acuerdos internacionales
alcanzados y actúen según los planes de actuación previstos.
Llegados a este punto, cabe decir y reconocer que esta iniciativa es
fruto del impulso de organizaciones no gubernamentales que están
trabajando de manera muy positiva en temas de medio ambiente y, de
manera especial, en la protección del mar Mediterráneo, impulso y
preocupación que por lo que sé hicieron llegar a los grupos
parlamentarios, de los que espero que la reflexión les haya
predispuesto a apoyar esta iniciativa y la de Izquierda Unida, que,
con matizaciones, viene a postular lo mismo que la propuesta del
Grupo Socialista y que ha facilitado la posibilidad de alcanzar una
enmienda transaccional.
Entre otras organizaciones, como Greenpeace, Consejo Ibérico, SEO,
Ecologistas en Acción, Depana en Cataluña, GOB en Baleares, que se
preocupan de cuestiones referidas a la salvaguarda del Mediterráneo,
cabría mencionar, de manera especial en esta ocasión, la organización
Med-Forum de la red de organizaciones no gubernamentales del
Mediterráneo para la ecología y el desarrollo sostenible, con sede en
España, que agrupa a 86 organizaciones no gubernamentales de 24
países y que en el mes de noviembre de 1998 celebraron el 5º forum
ambiental del Mediterráneo en Barcelona, en el que propusieron una
declaración de las organizaciones no gubernamentales del Mediterráneo
por el desarrollo sostenible de la cuenca.
Desde este Parlamento tenemos que velar por los compromisos de
nuestro país, tenemos que impulsar las acciones de Gobierno
necesarias para la protección de nuestro entorno, que son, en
definitiva, acciones encaminadas a la protección de las condiciones
de vida de nuestra sociedad y de las generaciones futuras. Desde este
Parlamento debemos escuchar a la sociedad en sus preocupaciones y dar
respuesta positiva a sus demandas cuando éstas responden a
necesidades reales de nuestra comunidad.
Estas organizaciones no gubernamentales son una voz cualificada de
nuestra sociedad que merece de nuestra especial atención y, en
cualquier caso, siempre quedaría como justificación suficiente para
reclamar la acción del Gobierno desde este Parlamento el compromiso
contraído y la responsabilidad de cumplirlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Pérez de Tudela, le
ruego que vaya concluyendo, por favor.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Sí, señor presidente; termino
enseguida.
Hasta aquí una intervención planteada para aunar esfuerzos y
voluntades en una causa común. Llegados a este punto, tengo que hacer
referencia a que a la vista de la proposición de Izquierda Unida,
presentada y defendida por la señora Urán, y de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Popular, hemos propuesto una
transaccional, que sería el texto que someteríamos a la consideración
de la Cámara. Respecto de la enmienda del Grupo Popular y propuesta
de transacción última, considero que debemos señalar su
incongruencia, porque pretende el estudio, la ratificación de un
compromiso adquirido. Ahora no es el momento de estudios; ése se
debió hacer antes de la firma del convenio y protocolo, en 1994, en
1996, en 1997. Ahora es el momento de presentar en esta Cámara los
protocolos pendientes de ratificación y actuar en consecuencia. No
cabe salir por la tangente esperando la asunción de responsabilidades
de terceros, ni escudarnos en el hecho de que uno de sus protocolos
de 1994 no fuera aún ratificado antes de 1996. Eso son excusas,
excusas de mal pagador, y lo que hacen es denotar la falta de
voluntad política en la defensa del medio ambiente.
Señor presidente, señoras y señores diputados, espero que las razones
expuestas se consideren suficientes para evaluar esta propuesta del
Grupo Socialista. Quedamos abiertos a la exposición de las enmiendas
del Grupo Popular para ver si en su defensa cabe la posibilidad de
que lo reconsideren. En cualquier caso, de la forma que están
planteadas evidentemente no es posible admitirlas.
Muchas gracias, señor presidente, señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Pérez de
Tudela.
A las dos proposiciones no de ley se han presentado enmiendas, por
una parte, el Grupo Parlamentario Mixto y, por otra, el Grupo
Parlamentario Popular.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto tiene
la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Intervengo con mucha brevedad porque Iniciativa per Catalunya-Els
Verds comparte el espíritu y gran parte de la letra de las dos
proposiciones no de ley que hoy se debaten en esta Cámara. Es una
lástima que solamente dos países del Mediterráneo hayan ratificado la
totalidad de los protocolos y los convenios, y creemos que es un buen
momento para que el Gobierno español y el Parlamento español dé un
paso más adelante para que los países miembros de la Unión Europea
ribereños del Mediterráneo piensen que éste es un
tema importante. Creemos que los países del sur tendrán más
dificultades por cuanto están en una situación más incipiente de
desarrollo, pero los países de esta ribera del Mediterráneo
deberíamos tener más claras las cosas.
Por ello, las enmiendas que hemos presentado desean completar el
marco de obligaciones que el Estado español tendrá, una vez que sean
ratificado los protocolos pendientes, como Estado ribereño del
Mediterráneo y también como parte contratante en el convenio de
Barcelona.
La conferencia de plenipotenciarios sobre el convenio para la
protección del mar Mediterráneo contra la contaminación y sus
protocolos, celebrada en julio de 1995, adoptó la resolución de
Barcelona sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible de la
cuenca del Mediterráneo con dos anexos. El segundo de ellos es el que
debería ser incluido en las dos proposiciones que hoy se nos
presentan. Por ello, señorías, proponemos en el punto segundo de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista la adición
del siguiente texto: Y el apéndice II de los sectores de actividades
prioritarias relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo en la
cuenca mediterránea, 1996-2005, de acuerdo con el programa MED 21. Y
en el punto tercero, proponemos añadir también in fine el siguiente
texto: Así como la adopción en nuestro derecho interno de las medidas
legislativas y reglamentarias necesarias para el efectivo
cumplimiento de todos los protocolos derivados del convenio de
Barcelona para la protección del Mediterráneo, una vez sean
ratificados.
Por lo que se refiere a la proposición no de ley de Izquierda Unida
proponemos una enmienda de adición al punto segundo, que reza como
sigue: La adopción urgente de las medidas legislativas y
administrativas para la ejecución del Plan de acción para la
protección del medio marino y el desarrollo sostenible de las zonas
costeras del Mediterráneo y el apéndice II de los sectores de
actividades prioritarias relacionadas con el medio ambiente y el
desarrollo de la cuenca mediterránea, 1996-2005, de acuerdo con el
programa MED 21, además del efectivo cumplimiento de los protocolos
derivados del convenio de Barcelona para la protección del
Mediterráneo, una vez que hayan sido ratificados.
Señorías, la enmienda transaccional que se nos ha presentado, que
recogería también estas dos enmiendas que acabo de defender, nos
parece correcta, suficiente y en ese sentido votaríamos a favor.
Esperamos que el Grupo Popular reconsidere la enmienda que ha
presentado.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Rivadulla.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender la posición del Grupo
Parlamentario Popular en la enmienda a las proposiciones no de ley
que acaban de ser presentadas por los grupos parlamentarios
Socialista y Federal de Izquierda Unida en el Congreso.
Señorías, debo empezar diciendo que no podemos concebir la protección
del medio ambiente, en este caso del medio ambiente marino y más
concretamente del Mediterráneo, como una sucesión de gestos políticos
oportunistas y cara a la galería mediática, sino que, al contrario,
debemos concebirla como la puesta en práctica de una política
realista y eficaz de pasos posibles, ciertamente a veces cautelosos,
a veces lentos, pero siempre firmes y seguros en la dirección
correcta del desarrollo sostenible y de la preservación del medio
natural.
Las actitudes políticas radicalmente voluntaristas, especialmente las
relacionadas con el medio ambiente, están siempre condenadas al
fracaso. Dichas así, estas afirmaciones pueden parecer desmesuradas,
pero lo cierto es que me propongo demostrarles, por medio del
razonamiento y el análisis de los hechos concretos, que tales
afirmaciones son exacta y estrictamente ajustadas a la realidad.
Los dos protocolos, cuya ratificación inmediata se pide al Congreso
de los Diputados por los grupos parlamentarios Socialista y Federal
de Izquierda Unida, son el protocolo para la protección del mar
Mediterráneo contra la contaminación resultante de la exploración y
la explotación de la plataforma continental del fondo del mar y el
subsuelo, que fue aprobado en Madrid nada más y nada menos que en
octubre de 1994; y el protocolo para la prevención de la
contaminación de la zona del Mediterráneo, causada por los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación,
que fue aprobado en Esmirna en octubre de 1996. Pues bien, en el
presente momento, ambos protocolos no han sido firmados por la
Comisión de la Unión Europea. Hay una polémica sobre la personalidad
jurídica de la Unión Europea en cuanto a la ratificación, pero es lo
cierto que ni siquiera el trámite inicial de la firma, que han
llevado a cabo los Estados miembros en reuniones sucesivas, se ha
cumplido por la Unión Europea.
Nuestro grupo parlamentario cree que este hecho es de capital
importancia, dado que la ratificación unilateral de dichos protocolos
por España impondría a nuestro país una serie de obligaciones que no
tienen la obligación de asumir el resto de las partes: la Unión
Europea, sus Estados miembros y fundamentalmente el resto de los
países mediterráneos que no están integrados en la Unión. La
ratificación del nuevo convenio y de sus protocolos es el paso previo
para la implantación de una serie de medidas y el desarrollo de los
planes de acción que permitan alcanzar los objetivos medioambientales
contenidos en los mismos. Insisto, porque este tema tiene una capital
importancia. Un país de la Unión, España, más cinco países ribereños
no pertenecientes a la Unión, fundamentalmente países - imagínenselo
ustedes- como Albania, Túnez, Marruecos,
Croacia, Yugoslavia, Turquía, etcétera, cinco de ellos, repito,
pueden signar este protocolo, y con la simple firma de España y esos
cinco países hay una obligación para que nuestro país lo admita y se
obligue a hacer una serie de actuaciones de naturaleza económica,
social y presupuestaria, cuya envergadura paso a demostrarles ahora.
Por tanto, no debe esconderse a SS.SS. la importancia y las
implicaciones de naturaleza económica y social que tales planes de
acción tienen. En tales circunstancias estimo, con todo respeto, que
debe desecharse cualquier tipo de acción quijotesca o de gestos
individuales cara a la galería -coloquialmente, tipo llanero
solitario- sino que antes, al contrario, se debe reforzar la
coordinación de las acciones y decisiones del Reino de España con la
Unión Europea como institución y con el resto de los países
mediterráneos miembros de la misma. Esta cuestión es
extraordinariamente importante porque los objetivos medioambientales
que los planes de acción se proponen llevar a cabo son de tal
envergadura que exigen un enorme esfuerzo presupuestario, tanto
público como privado, no sólo para la Unión Europea y sus miembros
mediterráneos, sino especialmente para el resto de los países
ribereños que, como pueden deducir SS.SS., no son capaces con sus
propios medios y con su propio esfuerzo de cumplir los objetivos que
se demanden. Por tanto, van a tener necesidad de disponer de
cooperación y ayuda internacional, fundamentalmente europea. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) La asunción previa de los
protocolos por parte de la Unión Europea no es un capricho, es una
absoluta necesidad para actuar coherentemente como el Reino de España
viene actuando en todas las demás circunstancias y, sobre todo,
señorías, por algo que frecuentemente se olvida: el voluntarismo en
materia medioambiental es literalmente patético. Vivimos en un mundo
cerrado y si nosotros nos empeñamos en tener un comportamiento
medioambiental técnica, ética y presupuestariamente irreprochable, si
no conseguimos que una serie de países que también inciden en ese
medio se sumen a esa actuación y ésta sea conjunta, es un esfuerzo
inútil, por supuesto, condenado a la melancolía.
En ese sentido, señorías, y no quisiera ser agresivo políticamente,
resulta especialmente sorprendente la urgencia, la prisa actual del
Grupo Parlamentario Socialista, exigiendo la ratificación inmediata,
concretamente del protocolo denominado de forma simplificada como
protocolo sobre fondos marinos. Fue aprobado, repito, en octubre de
1994 y no sólo en la Unión Europea no se ha firmado -por alguna causa
será, digna de ser investigada-, sino que, además, por lo visto,
entre la fecha citada y marzo de 1996 no había urgente necesidad de
firmarlo; sin embargo, y de forma sorprendente, ni siquiera se
presentó a la Cámara para su ratificación. Pero vamos más lejos; hay
modificaciones y enmiendas del convenio y protocolos nuevos muy
importantes derivados de la reunión de Barcelona en 1995 que el
Gobierno de José María Aznar ha presentado y este
Congreso ha ratificado, y están en trámite de ratificación en el
Senado. Incluso, se llega a la imprecisión, impropia de esta Cámara,
de no enterarse que el llamado convenio ZEP, o convenio para las
zonas especialmente protegidas de la diversidad biológica del
Mediterráneo, ha sido ratificado ya con fecha 23 de diciembre de
1998. Por tanto, señorías, creo que, en aras al rigor, hay que
reconocer que esos protocolos y ese convenio modificado para mejor en
el año 1995 ha sido el Gobierno de José María Aznar quien los ha
traído a trámite de ratificación; algunos ya estaban ratificados pero
otros en este momento, concretamente tres de ellos muy importantes y
la modificación del convenio, están en trámite de ratificación en el
Senado, donde entraron en fecha 23 de diciembre de 1998.
Señor presidente, señorías, abreviando mi intervención, sinceramente
creemos que la actitud exhibida por el PSOE y por el grupo
parlamentario que lo sustentaba en el pasado era la correcta, como es
la correcta en este momento la actuación del Gobierno que sustenta el
Grupo Parlamentario Popular. Pero ahora el Grupo Socialista, una vez
más, sumido en el desconcierto de una posición no suficientemente
digerida y sin comportamientos de oposición constructiva asimilados,
se vuelve contra sus propios actos cuando eran Gobierno, y ahora
piden una inmensa velocidad para lo que ellos no fueron capaces de
impulsar y de lo que ni siquiera como oposición se han acordado
durante tres años, hasta que una ONG mediterránea, que ha venido a
hablar con ellos pero también con nosotros, ha planteado el problema.
Ésas son desviaciones colaterales en las que no me quiero extender
pero que son dignas de mayor discusión.
Sin embargo, señor presidente, señorías, no es nuestra intención
agriar el debate político, créanme. Es nuestra intención ofrecer
soluciones constructivas, probablemente no serán aquellas que
satisfagan el ego de la oposición de inferir una derrota al grupo
parlamentario del Gobierno, pero si ustedes son consecuentes con la
acción política que ejercitaban cuando estaban en el Gobierno -no
Izquierda Unida pero sí el Grupo Parlamentario Socialista, que parece
haberlo olvidado- verán que quizá no la enmienda de modificación pero
sí la transaccional ofrecida a esos grupos tiene un espíritu de
intentar recoger en su seno algo que creo que sí es legítimo.
Nosotros compartimos la preocupación de su grupo porque hay un
problema de fondo que hay que resolver. Lo que creemos es que el
problema ha sido presentado de forma inadecuada y poco operativa para
buscar una solución, y lo que estamos intentando es dar un cauce y un
camino riguroso y serio para que el problema de fondo se pueda
resolver a satisfacción de todos los que disfrutan de ese mar
conocido como Mare Nostrum, que es el Mediterráneo.
Nuestra intención es evitar un voto negativo a la proposición no de
ley y, por eso, los servicios de la Cámara tienen ya una
transaccional del Grupo Parlamentario Popular. Yo insto nuevamente a
los grupos proponentes, a pesar de que la acogida inicial no ha sido
suficientemente
calurosa, para que consideren la posibilidad de poderla
aceptar. En esa enmienda transaccional se pide: Primero, que el
Gobierno recabe información al órgano competente de la Unión Europea
acerca de la situación en que se encuentran los trámites para (decía
yo ratificación, pero podemos hacerlo extensivo) la firma y/o
ratificación de los protocolos aludidos e impulse, si las directrices
de la política medioambiental de la Unión Europea lo permiten, la
culminación del proceso de ratificación (creemos que el paso previo
de saber cómo está y qué hace la Unión Europea en este momento es
básico para dar virtualidad a lo que pretendemos); segundo, hay una
exigencia de nuestro propio Gobierno, pero es una exigencia fácil
porque el Gobierno lo ha hecho con todos los demás protocolos, como
hemos podido analizar en mi intervención en este momento, y es que,
una vez firmado o ratificado por la Unión Europea, o por el órgano
competente de la Unión Europea, los presenten en el Congreso de los
Diputados para su ratificación a la mayor brevedad posible (por
tanto, hay un compromiso temporal perfectamente claro) y, finalmente,
que una vez ratificados por las Cortes Generales los protocolos
objeto de las proposiciones no de ley, y en el marco de la acción
conjunta de la Unión Europea y el resto de los países ribereños,
impulse las medidas y planes de acción concretos que se derivan de
los citados protocolos.
Señor presidente, creo que ha quedado clara la voluntad constructiva
del Grupo Parlamentario Popular, pero, parafraseando a un conocido
cantautor, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. El
hecho es que si los protocolos en este momento no están
suficientemente desarrollados es porque la voluntad inicial de quien
tenía que haberlos impulsado no lo hizo y ha sido el Gobierno del
Partido Popular quien ha venido a enmendar ese fallo. Como siempre,
nos hacemos responsables de una serie de carencias medioambientales,
entre ellas un inmenso retraso en la trasposición de una serie de
directivas comunitarias, que ha hecho este Gobierno a pesar de que
hay algunas personas, entidades y grupos que se empeñan en tirotear a
la responsable de Medio Ambiente, que está haciendo una labor seria,
eficaz y contundente, como la de todo el Gobierno.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Medina.
Me ha parecido que S.S. ha hablado de una enmienda transaccional en
su intervención. (Pausa.) La tienen ya los servicios de la Cámara.
Muchas gracias. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Nos encontramos aquí, en primer lugar, con una cuestión de fondo, que
es la defensa del mar Mediterráneoen sus principios medioambientales
y ecológicos,
que suscribe mi Grupo de Coalición Canaria. No podía ser menos cuando
nosotros, en nuestro archipiélago canario, velamos con el celo máximo
permisible para evitar contaminaciones, por ejemplo, por medios
propios de la industria turística, evacuación de residuos al mar,
etcétera, a pesar de que en el Atlántico estamos en unas
circunstancias mucho mejores, por ser un océano abierto donde se
produce una serie de fenómenos de biología marítima que permiten
mantener un estado muy aceptable de pureza de sus aguas.
No ocurre así en el Mediterráneo y nos aquí encontramos con unos
problemas formales, que son los que recogen fundamentalmente estos
dos protocolos. Su tramitación no se produce con la sencillez del
procedimiento administrativo habitual de acuerdos bilaterales, es
decir, la de cualquier convenio o acuerdo internacional que tiene que
ser ratificado por España a través del voto parlamentario y se trata
de una cuestión puramente bilateral o multilateral, pero sin estar
supeditada a lo que ahora voy a decir, porque esta es la cuestión
primordial. Creo que el señor Medina lo ha explicitado con gran
claridad procedimental. No se puede hablar aquí de una simple
voluntariedad. El voluntarismo es muy bonito, hacemos bien el
discurso ecológico, pero después viene el compromiso de cómo
conseguir lo que queremos, porque no es un compromiso gratuito. En
ecología, como en la Ley de la propiedad horizontal, o están todos
cumpliendo el acuerdo o no sirve para nada que lo cumplan unos y
otros no. Por ejemplo, los vertidos transfronterizos. Si España
suscribe un acuerdo de estos, lo firma por su cuenta y lo quiere
hacer cumplir, es tirar el dinero del presupuesto si nuestro vecino
no tiene también el mismo compromiso legal y presupuestario de evitar
los vertidos transfronterizos. Porque el Mediterráneo tiene aguas
territoriales de soberanía nacional, el Mediterráneo lo que no tiene
son fronteras internas y los productos tóxicos no se quedan en las
aguas territoriales del Estado que los produce ni los pescadores
están sólo en esas aguas, ni los sistemas de esquilmación de los
fondos marinos se quedan en aguas de soberanía de quien los produce.
Aquí está el problema.
La postura de mi grupo es que España debe supeditarse al marco de la
Unión Europea, porque aquí hay una soberanía compartida, pero también
hay una cuestión solidaria frente a países que no son de la Unión
Europea; los países del norte de África, del Magreb, los países que
están al fondo del Mediterráneo, que tampoco pertenecen a la Unión
Europea, pueden firmar lo que ellos crean en estos momentos que están
en condiciones de hacer, cosa no digo sólo harto dudosa sino
verdaderamente inviable en estos momentos dada la situación en que se
encuentran sus propios recursos financieros y grado de sensibilidad
ecológica, que no están a la altura de los nuestros.
Por otro lado está el marco europeo y España no puede adquirir ningún
compromiso puramente de los de voluntariedad de llegar a esta firma
si no está conseguido antes en la Unión Europea. La soberanía y el
compromiso español firme, sí, pero dentro de la primera resolución de
la Unión Europea y quien tiene que mover ficha procedimental en
primer lugar en esta materia en nuestro marco jurisdiccional es la
Unión Europea; moverlo nosotros sin la Unión Europea es perder el
tiempo, el dinero y la eficacia de las medidas. Por tanto, impulsemos
a través de las acciones diplomáticas, políticas y gubernamentales
del Gobierno español ante la Unión Europea que resuelva este
protocolo, y dudo que, hasta que no esté formado el nuevo Colegio de
Comisarios, se quiera meter la Unión Europea en este jardín de los
compromisos inversores después de los acuerdos de Barcelona sobre el
saneamiento medioambiental del Mediterráneo.
Una vez conseguido esto, hágase entonces la ratificación inmediata
dentro de las Cámaras, pero que lleguen esos acuerdos con la
confirmación del compromiso de la Unión Europea. España en este caso
tiene que jugar para la eficacia de sus acciones presupuestarias y
legales, más que en el marco geográfico del Mediterráneo,
internacionalmente considerado de los países ribereños, dentro del
marco de la Unión Europea, en el cual estamos y del que no podemos
salirnos con acuerdos de este tipo.
Se me ha hecho llegar una enmienda transaccional de los grupos
proponentes de la iniciativa, pero lo que no podemos hacer aquí es
tomar acuerdos que obliguen a terceros países. Aquí podemos, como veo
en el punto 3, instar a nuestro Gobierno a que ante los órganos
competentes de la Unión Europea realice todas las acciones
pertinentes para que esto llegue a buen término, pero decir aquí que
España, con los demás países comprometidos, tome estos acuerdos, me
parece una intromisión en la soberanía de estos países, tal como se
contempla en los apartados 1, 2 y 4.
Por esas razones, mi grupo parlamentario votará en contra de las
iniciativas tal como llegan y en esta enmienda transaccional
solamente votará a favor del punto 3, en la medida en que dejan a la
competencia del Gobierno español las actuaciones y gestiones
diplomáticas, políticas y gubernamentales pertinentes ante la Unión
Europea, que es donde está el inicio de la solución del problema y no
en un acuerdo bilateral por mucha oportunidad que queramos darle en
esta fecha.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió)
-y testigo es de ello el «Diario de Sesiones»- hemos insistido
siempre, en todos los frentes en los que nos ha sido permitido
hacerlo, en la necesidad de una clara y directa acción política que
se oriente hacia el Mediterráneo; en todos los frentes: en el frente
de política exterior, en el frente de la política
de defensa y también en el frente que hoy nos ocupa, que es la
protección medioambiental.
Por eso, no pudimos más que dar una bienvenida absolutamente
entusiasta a la 9ª reunión, que se celebró en Barcelona en 1995, de
los Estados parte en el convenio, también llamado Convenio de
Barcelona de 1976, en el que se adoptó, como bien explica la propia
exposición de motivos de una de las proposiciones no de ley que
discutimos hoy, la resolución de Barcelona sobre el medio ambiente y
el desarrollo sostenible en la cuenca del Mediterráneo, en la que se
incluyó el nuevo Plan de acción para la protección del medio marino y
el desarrollo sostenible de las zonas costeras en el Mediterráneo,
así como un documento sobre sectores de actividades prioritarias a
realizar en el período 1996-2005. Por tanto, le dimos la bienvenida,
y entendemos que le corresponde a España, y, en la medida en que algo
podamos hacer desde esta Cámara, también a nosotros, dar un absoluto
impulso para que esos documentos que fueron aprobados en 1995 en
Barcelona no se conviertan en una simple proclamación de intenciones,
en un simple papel mojado.
Es una triste práctica, no por generalizada menos lamentable, la que
existe entre los Estados, y España no es la excepción, por supuesto
en eso no hay ninguna diferencia entre este Gobierno y el anterior,
de firmar un convenio bilateral o multilateral para satisfacer en su
momento unas determinadas necesidades de imagen y, a continuación, no
dar el más mínimo paso jurídico constitucional concreto para que ese
convenio pueda llevar a resultados prácticos mediante el compromiso
real que supone su ratificación por esta Cámara y en su caso por las
distintas cámaras de los Estados parte del convenio.
Evidentemente, cuando eso es así, en un convenio estrictamente
bilateral entre España y otro Estado, la responsabilidad incumbe
fundamentalmente al Gobierno español. Cuando esto ocurre, como es el
caso que nos ocupa y resulta que en un plano multilateral hay un
convenio firmado por gran cantidad de Estados -no tengo aquí la cifra
exacta de cuántos fueron los que lo firmaron-, pero prácticamente
ninguno de ellos, sólo dos o tres de ellos hasta el momento han
pasado su ratificación, es indudable que esa responsabilidad de
negligencia, esa responsabilidad de estar políticamente dando una
imagen que no se corresponde con la realidad, cuando menos se diluye
entre, en este caso, el Gobierno español, uno de los Estados parte,
y, por ejemplo, todos los demás Estados parte de la Unión Europea sin
excepción, así como la propia Unión Europea, en este caso la
Comunidad Europea que sería quien hubiera tenido que firmar y
ratificar este tratado en su momento. Este es el caso que nos ocupa.
No cabe duda, lo digo también, que la responsabilidad del Gobierno
español es mucho mayor. No podemos aceptar, no aceptamos desde esta
Cámara, que los documentos que vienen desde Bruselas, que las
ratificaciones de documentos como éste, que en cualquier tema que
afecte a la Unión Europea recibamos
la documentación o las decisiones poco menos que como se recibían
hace años las encíclicas o los documentos que venían del Vaticano o
como se podían recibir las leyes en el imperio español de ultramar:
como si fueran decisiones que se toman en la capital y que tienen que
ser acatadas religiosamente y, eso sí, no se puede influir en su
contenido, ni se puede más que esperar a que graciosamente sean
aprobadas.
Ese no es el caso en ninguna de las normas jurídicas que emanan de la
Unión Europea, y no es en absoluto el caso en el convenio que nos
ocupa en este momento, muy particularmente cuando se trata de un
convenio y los protocolos que lo desarrollan, que es lo que está
pendiente, que tienen como objeto la protección del Mediterráneo y en
el que es España precisamente quien tiene el carácter de Estado
depositario y por tanto quien asume entre todos los demás Estados
signatarios, entre todos los demás Estados parte, el compromiso
político de impulsar el contenido de ese convenio.
Con el debido respeto hacia los Estados de que se trata,
evidentemente si esperamos a que sea Austria o Finlandia quienes
impulsen en el seno de la Unión Europea la protección del
Mediterráneo, estamos apañados. Nadie sustituirá el papel
insustituible, valga la redundancia, absolutamente fundamental del
Gobierno español, del Ministerio de Asuntos Exteriores, del
Ministerio de Medio Ambiente y de todo el Ejecutivo como tal, el
papel de presión, de auténtica presión en el conjunto de la Unión
Europea, para exigir de los demás Estados y de la propia Unión el que
se lleve adelante lo que en su momento se firmó y pase de ser una
mera proclamación de intenciones. Ahí hay por tanto una
responsabilidad grave del Gobierno que es la que queremos exigir en
este momento. Lamentamos que el Gobierno dé esa imagen de pasividad,
de esperar a que sean otros los que tienen que actuar.
Ahora bien, lo que no podemos hacer es exigir aquí de manera cerrada,
de manera perentoria, la ratificación de un convenio si no lo hace
absolutamente nadie más, de forma tal que esa ratificación podría
conllevar el nacimiento para España de una serie de responsabilidades
económicas, derivadas de las propias obligaciones del convenio, que
difícilmente se podrían afrontar si los demás Estados parte, miembros
de la Unión Europea, no proceden también a la ratificación.
Esta es la absurda situación en la que nos encontramos, en la que,
sin duda, el propio Gobierno español tiene una cuota parte de culpa.
No es simplemente un espectador, es corresponsable de esta lamentable
situación, pero no es el único responsable. Por tanto, nosotros no
podemos dar apoyo a una demanda que netamente y de forma clara, como
sería si se aprobara en su literalidad el texto de las dos
proposiciones no de ley, exigiera al Gobierno español a, sin más,
aparte de otros matices que pueda contener la proposición no de ley,
presentar a esta Cámara el texto de los protocolos para su inmediata
ratificación, puesto que esto, si tambiénse produjera la ratificación
por parte de otros tres
más Estados signatarios, algunos de los cuales podrían no ser parte
de la Unión Europea, generaría en el Estado español una serie de
obligaciones que en el momento de ser asumidas se contaba con que
serían también asumidas por otros Estados miembro de la Unión
Europea. Situación técnicamente confusa, políticamente compleja, pero
igualmente real. En cambio, sí somos absolutamente partidarios y eso
es lo que proponemos a los grupos autores de la iniciativa, de que la
Cámara hoy se pronuncie exigiendo al Gobierno una tarea de impulso,
que es la que le corresponde, que ponga a todos los demás Estados
signatarios y a la propia Unión Europea frente a sus
responsabilidades y que impulse netamente la ratificación de estos
convenios y su desarrollo, en su caso, inmediatamente después de que
sean ratificados.
Por eso, visto el texto de la enmienda transaccional, que ha sido
propuesta por los dos autores de la iniciativa, los grupos Socialista
e Izquierda Unida, nosotros no daríamos apoyo a los puntos 1,2 y 4 de
esa enmienda transaccional, pero sí nos parece oportuno, y así lo
apoyaremos, el punto 3 de la enmienda transaccional, con un pequeño
matiz, por razones que se derivan de la propia literalidad del texto
y que si lo pide el portavoz del Grupo Socialista se las
desarrollaré, y es que en el punto 3 de esta enmienda transaccional,
allí donde se dice: así como que adopte las medidas necesarias para
acelerar y desarrollar el contenido del Plan de acción, se diga: así
como que adopte las medidas necesarias para acelerar el desarrollo
del contenido del Plan de acción.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino, señor presidente.
Con esa única matización, prácticamente terminológica, pero que tiene
que ver con la propia entrada en vigor, en su caso, de estos
protocolos cuando sean ratificados e insistiendo en que el Gobierno
español no puede contemplar impasible, que es lo que se derivaría de
la intervención, o al menos así parece, del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. Parece como si el Gobierno tuviera que esperar
a que otros actúen y, no, es el propio Gobierno el que tiene que
actuar, aunque evidentemente es cierto que no lo puede hacer solo y
lo que le corresponde es ponerse al frente de la manifestación.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guardans.
Señor Pérez de Tudela.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Supongo que cabe dar respuesta a las
propuestas de enmienda.
El señor PRESIDENTE: Adelante, naturalmente que sí.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Mixto que se ha subsumido en la propuesta de
transacción que hemos planteado y se ha presentado una propuesta por
parte del Grupo Popular que después ha convertido en una propuesta de
transacción. Propuesta de transacción que, aunque en principio no
veíamos aceptable, he dicho que íbamos a escuchar con el máximo
cariño para ver cual era la voluntad y la bondad de ese
planteamiento. Pues bien, una vez que hemos escuchado al señor
Medina, del Grupo Popular, vemos que el planteamiento es dejar las
cosas a calendas griegas y que cualquier tiempo pasado le vale al
Gobierno actual para justificar el no actuar. Por tanto, entendemos
que es un planteamiento demagógico decir que, como hay países que no
forman parte de la Unión Europea que van a ratificar, ello nos va a
obligar. Estamos ante compromisos contraídos por el Gobierno español,
con unos y otros en el Gobierno, porque el señor Medina ha hecho
hincapié en que estábamos delante de unas cuestiones planteadas desde
1994, pero le cuesta decir que también hay compromisos contraídos que
tampoco están ratificados posteriormente.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez de Tudela, le ruego que no me amplíe
el debate ni lo convierta en una réplica. Limítese a aceptar o
rechazar las enmiendas.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: No vamos a abrir el debate, si es
que no se plantea por otra causa. Simplemente decir que por parte del
Grupo Socialista no se va a aceptar el planteamiento de transacción
del Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez de Tudela.
Señora Urán, por el Grupo de Izquierda Unida.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde luego al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida lo que le puede producir melancolía son las enmiendas
transaccionales que se nos plantean por parte del Grupo Parlamentario
Popular. Es mejor no hacer nada, porque el voluntarismo resulta
patético y porque en materia medioambiental o vamos todos a una o al
final resulta que no hacemos nada.
Señorías, la mejor forma de terminar cargándonos en este caso el mar
Mediterráneo es precisamente no hacer nada, que es lo que se está
planteando en esta enmienda transaccional. Por tanto, nosotros no
vamos a aceptar la enmienda transaccional que ha planteado el Grupo
Parlamentario Popular, y sí vamos, como creo que corresponde según el
Reglamento de la Cámara, a retirar nuestra iniciativa, puesto que
vamos a votar la
enmienda transaccional que conjuntamente hemos presentado el Grupo
Socialista y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
resumiendo las dos iniciativas que habíamos presentado y en la que
han quedado subsumidas las enmiendas que ha presentado el Grupo
Mixto.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (El señor Pérez de
Tudela Molina pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Urán.
Señor Pérez de Tudela.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Una pequeña aclaración, señor
presidente.
El señor Guardans ha planteado una modificación sobre la que no
tenemos ningún inconveniente, y también pediría la posibilidad de la
votación separada por puntos. Por nuestra parte no habría ningún
inconveniente, si es que el Reglamento de la Cámara lo permite.
El señor PRESIDENTE: Este último punto no se puede. En cualquier
caso, respecto del primero que acaba de aclarar, le quedamos muy
agradecidos porque ya había sido observado por los servicios
jurídicos.
Muchas gracias.
Llámese a votación. (El señor Medina Toledo pide la palabra.)
Señor Medina, no cabe en forma alguna, porque S.S. tenía unas
enmiendas y han sido rechazadas. ¿Cuál es el motivo por el que
solicita la palabra?
El señor MEDINA TOLEDO: Con su permiso, señor presidente, aunque
ligerísimamente, hemos sido aludidos, con un juicio de valor que no
se ajusta a la realidad.
El señor PRESIDENTE: No tengo la menor duda. Siéntese, señor Medina.
Como su propia señoría ha indicado...
El señor MEDINA TOLEDO: Señor presidente, ¿sería posible leer un
documento, que eso sí que lo ampara el Reglamento de la Cámara?.
El señor PRESIDENTE: Eso sí, si tiene relación directa con el debate.
¿Qué documento?
El señor MEDINA TOLEDO: Es un informe del Ministerio de Asuntos
Exteriores, donde dice, del convenio y los cinco protocolos, cuántos
están ratificados, cuáles están en trámite de ratificación y cuáles
están pendientes.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Entréguelo, por favor, para que sea
leído por algún secretario de la Cámara. (Así lo hace el señor Medina
Toledo.- Pausa.)
Señor Medina, tras contrastar con la Presidencia el contenido del
documento, como se desprende claramente de su intervención el número
de protocolos suscritos
por el Gobierno, desiste de la lectura que amparaba en el
artículo 72.2.
Muchas gracias.
Señor Pérez de Tudela, lo que vamos a votar, y lo digo ahora que
pueden todavía rectificar a la Presidencia, en su caso, es la
enmienda transaccional de su grupo con la modificación que ha
sugerido el señor Guardans.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Retiradas las propuestas y las
enmiendas del Grupo Mixto, queda la transacción con la variación que
ha pedido el señor Guardans, que aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señorías, procedemos a la votación derivada del debate, es decir de
las dos proposiciones no de ley, la de Izquierda Unida y la del Grupo
Socialista. Sometemos a votación la transaccional del Grupo
Socialista, en los términos ya referidos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 128; en contra, 152; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGENCIA I UNIÓ), SOBRE
MODIFICACIÓN DE LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE INTERÉS ABUSIVO.
(Número de expediente 162/000361.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación de la
definición del concepto de interés abusivo.
Tiene la palabra el señor Silva. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa.)
Adelante, señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el fundamento de la proposición no de ley que el Grupo
Parlamentario Catalán presenta para su debate y votación en esta
Cámara, sobre modificación de la definición del concepto de interés
abusivo, es doble: por un lado tiene un claro fundamento económico en
las realidades que dentro de un momento describiré; y por otra parte
tiene también una causa jurídica, si es que cabe separar ambos
elementos, pues obviamente el derecho no es -y más en este caso- sino
la ordenación de determinadas realidades económicas.
Como decimos en la exposición de motivos de laproposición no de ley,
una de las consecuencias más
positivas precisamente del proceso de convergencia nominal de las
economías de la Unión Europea ha consistido precisamente en la
importante reducción de los tipos de interés. Concretamente, los
tipos de intervención del Banco de España se han reducido desde el 9
por ciento a finales de 1995 hasta el 3 por ciento actual.
Reducciones de idénticas características se han producido en el
ámbito de los tipos de interés de los títulos de deuda a diez años,
que han bajado también del 11 al 4 por ciento, y podríamos continuar
de esta manera. Por tanto, no deja de sorprendernos la escasa
reducción que se ha producido en dos ámbitos que citamos
a continuación, que son el de los tipos de interés que aplican las
entidades bancarias y crediticias a los excedidos en cuenta de
crédito, que a finales de 1998 era precisamente el 32,46 por ciento,
así como el tipo de interés aplicado también por estas mismas
entidades en los casos de descubierto en cuenta corriente, que se
elevaba al 33,18 por ciento.
Si SS.SS. tuviesen la curiosidad de examinar el último boletín
estadístico del Banco de España que nos ha sido remitido, verían
comparando menos años, que en 1993 el tipo del interés legal del
dinero era el 10 por ciento, el tipo variable revisable mensualmente
era del 13 por ciento, mientras que el tipo efectivo de descubiertos
en cuentas corrientes era del 28,15 por ciento; es decir algo más del
doble y en ningún caso se llegaba al triple del interés legal o del
tipo variable revisable mensualmente por estos descubiertos en cuenta
corriente. Si lo comparamos con los últimos datos, que son los de
febrero de 1999, nos encontramos que el interés legal es del 4,25 por
ciento, el tipo variable es del 3,95 y el tipo aplicable a los
descubiertos en cuenta corriente es del 22,12 por ciento; esto es más
del quíntuplo de las cifras anteriormente indicadas. Señorías, hemos
pasado de una situación en que estos descubiertos en cuenta corriente
tenían un tipo de interés algo superior al doble y en ningún caso
llegaban al triple, a una situación en la que dichos descubiertos
tienen un tipo de interés superior al quíntuple de las dos cifras
anteriores. Ciertamente algo ocurre, algún problema, posiblemente
defectos de transparencia, defectos de publicidad, defectos incluso
en el ámbito de la competencia para que se puedan mantener esos
elevados tipos en los descubiertos en cuenta corriente. Tenemos que
manifestar señorías nuestra extrañeza de que precisamente el boletín
estadístico del Banco de España entienda que el tipo efectivo de los
intereses de los descubiertos en cuenta corriente a noviembre de 1998
sea del 22,74 por ciento, mientras que en el boletín económico del
Banco de España de diciembre de 1998 aparecían que estos tipos
efectivos de descubiertos en cuenta corriente eran del 33 por ciento,
igual que los excedidos eran del 32 por ciento. Da la impresión,
señorías, de que se produce un defecto importante en la información,
que podría incluso tener otro tipo de causas.
Desde el punto de vista que decíamos del fundamento económico, hay
que incidir para llevar a la baja estos
tipos de interés a que aludía anteriormente, bien se trate de
excedidos o de descubiertos en cuenta corriente, que no se
corresponden en modo alguno con la bajada de todos los demás tipos a
los que podamos ajustarnos.
El defecto o la finalidad de la medida no es pura y exclusivamente
económica, quizás si fuese pura y exclusivamente económica podría
resolverse con algún otro tipo de medida; nos encontramos con un
problema de desconcierto jurídico.
La usura aparece regulada en nuestro ordenamiento por la Ley de 23 de
julio de 1908, la denominada Ley Azcárate reguladora de dicha usura.
Ciertamente ha llovido mucho desde que esta disposición, tan benéfica
socialmente, fue acordada en su día. No sólo ha llovido mucho sino
que se han producido en los últimos años disposiciones de una
tremenda importancia. Ha sido aprobada la Ley general de derechos de
consumidores y usuarios, en cuyo artículo 10 se establece que el
principio de buena fe y justo equilibrio de las prestaciones excluye
condiciones abusivas en el crédito; se ha aprobado también en 1995 la
Ley de crédito al consumo, en cuyo artículo 19 se establecen unos
tipos máximos de interés para los descubiertos concedidos tácitamente
en cuenta corriente o en aquellos supuestos en los que se concede un
préstamo al consumo sobre la base de estos descubiertos en cuenta de
crédito; más recientemente todavía se ha producido la aprobación de
la Ley de condiciones generales de contratación, cuyo artículo 8
entiende que son nulas aquellas condiciones ya descritas en la Ley
general de derechos de consumidores y usuarios. Todos entendemos que
estas disposiciones han debido afectar de alguna manera a la Ley de
usura, a la Ley de 23 de julio de 1908, y efectivamente lo han hecho.
El problema es que los tribunales parece que entienden de forma
diferente esa afectación dando lugar a una jurisprudencia
tremendamente contradictoria. Algunos entienden que esa usura queda
incluida dentro de las condiciones abusivas de crédito a que hace
referencia la Ley general de derechos de consumidores y usuarios;
otros que es usurario el préstamos concedido por encima del tipo de
interés máximo de la Ley de crédito al consumo; y existen otros
jueces y tribunales que entienden que en un mercado libre el precio
-y de eso estamos hablando precisamente, del precio del dinero- en
modo alguno puede considerarse abusivo, e incluso entienden derogada
la propia Ley de usura en algunos de sus extremos.
Más recientemente, al final de la legislatura pasada y en ésta
tenemos también algunos hechos que podríamos claramente definir como
contradictorios. El Código Penal ha excluido de su tipificación el
delito de usura; por tanto desde 1995 este tipo ha desaparecido del
Código Penal. Sin embargo en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento
Civil, un acto de Gobierno, el artículo 217, en su apartado segundo
establece -eso sí, para el ámbito civil- unas disposiciones
especiales en materia de prueba para los supuestos de usura,
entendiendo
que en este caso el juez puede valorar libremente la concurrencia o
no de los requisitos sin sujeción a la prueba tasada que podría ser
por ejemplo la de los documentos públicos.
Todo ello lleva al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
a la convicción de que debe efectuarse una revisión de la vigencia de
la Ley Azcárate, la Ley de 23 de julio de 1908, a la luz de esta
serie de leyes que hemos venido aprobando de defensa de consumidores
y usuarios, de crédito al consumo y de condiciones generales de la
contratación, a efectos de determinar su vigencia, actualizar en su
caso los conceptos -el concepto de interés usurario que se contiene
en su propio artículo primero- determinar como decía antes incluso la
propia vigencia de la ley y generar seguridad jurídica en ámbito tan
sensible como el tráfico económico.
Por todo ello, señorías, porque es preciso empujar a la baja los
intereses que cobran las entidades crediticias respecto de los
excedidos en cuenta corriente, de los descubiertos en cuenta
corriente, de los derivados de la utilización de tarjeta que generan
descubierto en esas cuentas corrientes, y porque nos encontramos en
una situación de grave inseguridad jurídica que no puede ser buena
para el consumidor ni para los profesionales o entidades que
concurran en el mercado ofreciendo crédito, es por lo que hemos
presentado esta proposición no de ley.
Tengo que decir, aunque podría decirlo al final, que después de unas
arduas negociaciones con el Grupo Parlamentario Popular...
El señor PRESIDENTE: El final lo debe ir diciendo, señor Silva,
porque ha de ir terminando.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Acabo ya, señor presidente.
Sobre dicha base hemos presentado una transaccional a la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que presentamos
también al Grupo Socialista, y entendemos que puede merecer la
aprobación por parte de SS.SS. En cualquier caso, después de escuchar
el resto de las intervenciones, nos pronunciaremos también al
respecto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva.
En efecto, se ha presentado enmienda por el Grupo Popular a la
proposición no de ley, y también el Grupo Socialista.
Para defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, Convergència i Unió trae hoy a la Cámara
una proposición no de ley que creo es reflejo de una situación que
existe en la sociedad, fundamentalmente promovida por sectores de
comerciantes y de la pequeña y mediana empresa, que
no sólo ahora recientemente sino desde hace algún tiempo, quizá años,
vienen planteando de forma insistente y reiterada la situación en que
está funcionando el mercado que tiene que ver con la utilización de
tarjetas de plástico como medio pago. Estos sectores plantean que es
una situación abusiva, que no está funcionando el mercado sino que se
están imponiendo condiciones tanto por los emisores de tarjeta como
por las entidades crediticias. En ese contexto y como reflejo de esa
situación, el Grupo Socialista presentó en su día una proposición de
ley que posiblemente se tramitará próximamente en esta Cámara. Esa
proposición de ley que recoge ese sentir, esa sensibilidad de
determinados sectores del comercio y de la pequeña y mediana empresa,
ha producido en el marco del Gobierno y del grupo mayoritario de la
Cámara una situación de dificultad para dar respuesta a la
reivindicación de esos sectores empresariales. Es cierto que
Convergència i Unió ha sido sensible a esos planteamientos y en la
proposición no de ley intenta encajar esa reivindicación en la dura
situación que le plantea el Gobierno y el Grupo Popular de que quiere
pero no quiere. Entiendo las dificultades que está teniendo
Convergència i Unió -las arduas negociaciones, como ha dicho, para
conseguir algo que pueda ser presentable- y tengo que decir que algo
presentable es, menos mal; algo se consigue respecto a esta
reivindicación. En ese sentido, nuestro grupo está dispuesto a
aceptar la propuesta que se ha planteado, transaccional con la
enmienda del Grupo Popular -si es que la acepta- y con nuestra propia
enmienda, pero quiero insistir que los problemas no están todos
resueltos; quiero insistir que esta proposición no de ley no puede
servir de coartada para que el Gobierno no traiga a esta Cámara lo
que realmente se le exige: un proyecto de ley para regular los
aspectos fundamentales del funcionamiento del mercado en las
cuestiones que se están planteando para conseguir una disminución de
los tipos de interés. Es cierto, guste o no guste oírlo, que el
mercado está funcionando con unas características de imposición, de
abuso; es decir se imponen condiciones por las entidades financieras
a sectores que ni siquiera pueden tener capacidad organizada para dar
respuesta a los planteamientos de esas entidades financieras. En ese
contexto el planteamiento que se hace en la proposición no de ley de
englobar el conjunto del planteamiento de los tipos de interés, por
un lado es más amplio pero no resuelve muchos problemas que en el
fondo siguen sin resolver; es decir, ¿cómo se articula el
funcionamiento de ese mercado? ¿Quién negocia en ese mercado? ¿Cómo
se fijan los tipos de interés? Sepan SS.SS. que estamos hablando de
un mercado que en lo que se refiere a la utilización de las tarjetas
de plástico como medio de pago no está regulado por ninguna vía, ni
siquiera se ha conseguido todavía a nivel de la Unión Europea, y está
funcionando en unas condiciones que exigen mayor transparencia y como
mínimo unas condiciones garantizando que ese mercado tiene un
funcionamiento más a favor del conjunto de los intereses
de los ciudadanos. En ese contexto, vuelvo a insistir, nos parece
todavía insuficiente. Creemos que hay propuestas que están sin
resolver. En estos momentos incluso se está incumpliendo parte de la
legislación que existe; la Ley de crédito al consumo establece unos
límites en descubiertos de cuenta y los informes del Banco de España
-los últimos que hemos recibido en esta Cámara- manifiestan que las
entidades financieras están cobrando muy por encima de esos límites;
están cobrando hasta tres veces los tipos máximos establecidos por
ley, y nadie ni ninguna institución ha impuesto a las entidades
financieras que cumplan esa ley. Pero no sólo eso, estamos asistiendo
además a situaciones tan sorprendentes como que cuando se tiene
crédito a través de una tarjeta de plástico, una tarjeta de débito o
una tarjeta de crédito, como quieran decir ustedes para que nos
entendamos, se están cobrando tipos de interés que son tres veces más
altos que los que funcionan hoy en el mercado normal que no utiliza
las tarjetas de débito o las tarjetas de crédito. Son situaciones
realmente sorprendentes, pero están ocurriendo en un momento que los
tipos de interés han bajado mucho y cuando las entidades financieras,
por la competencia que existe, pretenden cobrar comisiones por casi
todo, por lo menos hay que pretender que esas comisiones sean
transparentes y que obedezcan a la realidad del servicio que están
prestando.
Hasta hace unos días, el Banco de España y el Gobierno nos decían que
era imposible bajar los tipos de interés, y hoy hemos visto con
satisfacción que sí era posible bajar los tipos de interés que
cobraban las entidades financieras en las tasas de descuento y las
tasas de intercambio a los comerciantes. Por esa vía y por ese camino
estamos dispuestos a apoyar esta iniciativa. Aceptamos la transacción
y creemos que todavía falta un largo camino por recorrer, pero no
olvide el portavoz de Convergència i Unió que habrá que recordarle al
Gobierno dentro de muy poco que sigue sin traer a esta Cámara un
proyecto de ley, porque yo me temo que no lo van a traer. Vamos a ver
si hacen caso a esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gimeno.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Tomás
Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trae esta tarde una
proposición no de ley que a juicio de mi grupo lleva parejos al menos
dos criterios que compartimos plenamente. Primero, que el descenso
espectacular de los tipos oficiales de interés ha de trasladarse de
forma efectiva a todos los consumidores y en todos los ámbitos y
productos financieros, acorde evidentemente a sus especificidades. En
segundo lugar, que la idea de protección de los consumidores
y usuarios es una exigencia ineludible y un pilar básico de la economía
de mercado y de la sociedad
del bienestar, ambas modernas y eficientes que nosotros
propugnamos. Es positivo debatir hoy en esta Cámara cómo llega mejor
y más rápido el efecto beneficioso de una acertada política económica
a los ciudadanos; una política económica que mejora día a día y que
es una novedad precisamente en esta legislatura.
Entendemos que la proposición no de ley muestra un loable esfuerzo
por avanzar en estas direcciones, y sin embargo hemos de manifestar
que tal vez no se haya acertado exactamente con el instrumento
concreto que se pretendía utilizar inicialmente. El Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) habla de varios productos
financieros en los antecedentes de la proposición no de ley que son
dispares y que por tanto merecen una consideración también
diferenciada. Los tipos de interés medio aplicados a los descubiertos
en cuenta corriente, a los excedidos en cuenta de crédito o a las
tarjetas de crédito en concepto de pagos aplazados, responden a muy
diferenciadas características. En ese sentido y con carácter general
debe señalarse que el riesgo de crédito en operaciones con tarjeta
suele ser, señorías, muy superior al del resto de los créditos al
consumo, y esto por una razón obvia: el crédito al consumo es
normalmente una operación de préstamo en que la solvencia y la
capacidad de pago del prestatario se evalúan con carácter previo
individualmente a su concesión y además se hace en función de una
finalidad concreta como puede ser la adquisición de un vehículo o la
realización de un viaje; además puede contar con la garantía personal
de terceras personas, los avalistas, que elevan sin duda la calidad
crediticia del riesgo asumido, y también están habitualmente
intervenidos por fedatario público, lo que además les dota de una
ejecutoriedad en el ámbito judicial. Por tanto, es evidente que los
créditos al consumo tienen una garantía y una capacidad de riesgo
asumido por los bancos mucho menor que el resto de los préstamos. Por
el contrario, el crédito mediante tarjeta se instrumenta a través de
un disponible cuya mayor flexibilidad no se escapa a SS.SS. que
genera unos costes operativos y de oportunidad que no están desde
luego presentes en un préstamo convencional y que se agudizan además
cuando como es muy común, por otra parte el cliente goza de libertad
absoluta para decidir en qué momento realiza la forma de pago, ya sea
a final de mes o mediante vencimientos aplazados.
Del mismo modo, el uso masivo de las tarjetas de crédito conlleva que
el análisis del riesgo por parte de las entidades bancarias es mucho
más sumario, a lo que hay que añadir una mayor flexibilidad a la hora
de otorgar este tipo de tarjetas, estos mecanismos de pago, y por
tanto estas características aconsejan unas primas de riesgo más
elevadas al mismo tiempo que también se traduce en unos costes más
reducidos de emisión. En definitiva, señorías, puede afirmarse que
estas diferencias operativas que existen entre los préstamos
personales al consumo y los créditos instrumentadosmediante tarjeta
aconsejan que no se produzca una
homologación y una homogeneización de este tipo de préstamos.
En ese sentido, el mecanismo que instrumentaba la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) era la
modificación de la Ley de usura de 23 de julio de 1908. Compartimos
con los portavoces anteriores la realidad de que ésta ley es
obsoleta. No creemos que su modificación sea el mecanismo más
adecuado para alcanzar los objetivos que se pretenden; pero no cabe
ninguna duda de que constituye al menos una pieza legal un tanto
extravagante en nuestra jurisdicción. No voy a incidir mucho más en
la inconveniencia de proceder como el Grupo de Convergència i Unió
pretendía inicialmente a reformar solamente la definición del tipo de
interés usurario o abusivo, manteniendo el resto de los artículos que
son al menos tan obsoletos cuando no más que esta definición. Esto,
señorías, es arqueología legal y no protección del consumidor. A
nuestro juicio todas las disposiciones de esta ley han sido superadas
no ya por leyes posteriores sino sobre todo por casi 100 años de
historia que la convierten sin duda en una reliquia de estudiosos
o de aficionados, pero difícilmente en sustrato para una modificación
legal de alcance y eficacia reales.
Vamos a aceptar el texto de la transaccional porque somos conscientes
de las dudas razonables que existen en algunos ámbitos sobre la
vigencia de la ley. En ese sentido creemos que el informe que se
solicita del Tribunal de Defensa de la Competencia puede ser un
instrumento válido no para traer a esta Cámara señor portavoz del
Grupo Socialista un proyecto de ley, sino para analizar qué dice
realmente la transaccional y para analizar la vigencia verdadera de
esta ley. Por tanto, señorías, creemos que siguiendo la tendencia de
nuestro propio ordenamiento jurídico, por ejemplo la Ley 26/1988, de
disciplina e intervención de las entidades de crédito que permite la
libertad de tipos y por los que estos además responden estrictamente
a criterios de mercado y de competencia; siguiendo también la
tendencia comunitaria de no interferir en la libre fijación de los
precios, a abundar aún más en lo que ha sido la directiva sobre
cláusulas abusivas traspuesta recientemente a nuestro ordenamiento
jurídico y que establece un marco de protección de los derechos de
los consumidores que probablemente sea el más elevado en estos
momentos de la Unión Europea, entendemos que nuestra enmienda viene a
precisar con mucha mayor amplitud cuál debe ser el alcance real de
los mecanismos que podamos poner encima de la mesa a la hora de
mejorar no solamente los mecanismos de libre competencia en el sector
sino sobre todo la transparencia y la publicidad, el acceso a la
información por parte de los consumidores y usuarios, que realmente y
al final va a traer aparejadas mayores garantías y una notable mejora
de las condiciones económicas de los productos financieros para el
ciudadano.
El enorme dinamismo de este sector tiene que favorecer al final a
todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Señorías, la
estabilidad económica, el crecimiento,
la reducción del déficit, la lucha contra la inflación o los
descensos de los tipos de interés no tendrían ningún sentido si no
pusiéramos como fin último de los mismos el beneficio del ciudadano
en su condición de contribuyente, de consumidor de productos o de
usuario de bienes y servicios. Ése ha sido el auténtico objetivo de
la política económica de este Gobierno y lo va a seguir siendo en el
futuro, no solamente mejorando el bienestar de todos y cada uno de
los ciudadanos sino también aumentando la riqueza familiar y las
posibilidades de consumo y compra de todos los ciudadanos. A ello
queremos contribuir con nuestra enmienda hoy en este debate y por eso
queremos que el Tribunal de Defensa de la Competencia se manifieste
con absoluta claridad sobre la actuación que están desarrollando
algunas entidades de crédito en materia de intereses por descubiertos
en cuentas corrientes y por importes excedidos en tarjetas de
crédito, para evidenciar si así se produjesen prácticas contrarias en
este tema a la libre competencia que pudieran considerarse lesivas
para el usuario, y por tanto adoptar decisiones en esa dirección.
También pretendemos que se encomiende al Ministerio de Economía y
Hacienda que se adopten nuevas medidas para mejorar el grado de
transparencia y publicidad en las actividades de las entidades de
crédito, y que podamos así ofrecer posibilidades reales a los
ciudadanos de conocer los tipos aplicados a los consumidores por
todos los conceptos, de forma separada y de forma precisa. No
desconocemos en esta materia, señorías, el papel del Banco de España
y desde aquí tenemos que instar también a que desde sus servicios de
inspección, y sobre todo desde su servicio de reclamaciones se puedan
hacer más y mejores cosas en orden a mejorar estos criterios de
transparencia y competencia.
Señorías, todo lo que repercuta en mejorar la protección de los
consumidores en nuestro país contará con nuestro apoyo; todo lo que
suponga transparencia, información, competencia, mercados eficientes
y satisfacción del usuario estará en nuestra voluntad incorporarlo
para demostrar al final que el ciudadano es realmente el protagonista
del mercado, y desde luego el eje de toda la actuación política del
grupo, del Gobierno y del Partido Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burgos. ¿Grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir con toda brevedad para fijar la posición de mi grupo
respecto a esta iniciativa de Convergència i Unió. En primer lugar,
felicitamos a este grupo político por haber traído a la Cámara esta
cuestiónque tanto preocupa al ciudadano medio. Es verdad
que existe libertad legal bancaria para el señalamiento de los tipos
activos y pasivos en la competencia bancaria, pero también hay que
reconocer que el ciudadano todavía no se encuentra en posición
equiparable en potencia para poder discutir muchas veces con sus
propias entidades bancarias. Menciono las entidades bancarias porque
de todos es conocido que pese a las normas del Banco de España
ordenando la reducción de los tipos de interés por descubierto,
muchas entidades todavía hacen caso omiso y suelen cobrar aunque haya
transcurrido un día, dos o tres del plazo señalado para el
cumplimiento de la obligación de devolución del capital o el pago del
interés en el plazo correspondiente.
Convergència i Unió trae esta cuestión en orden a modificar la
nonagenaria Ley Azcárate, pero no basado en criterios subjetivos sino
en criterios objetivos, lo cual es magnífico y estupendo, pero
también me parece muy bien la enmienda transaccional que se presenta
porque hay que reconocer que en esta época de libre competencia y de
liberalización del mercado ya se han introducido en España muchas
leyes, concretamente la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones
generales de la contratación; la Ley 26/1984, de 19 de julio, general
para la defensa de los consumidores y usuarios y la Ley 7/1995, de 23
de marzo, de crédito al consumo, que ya establece un control para
evitar estos abusos. Por ello, Coalición Canaria va a apoyar la
transaccional que se ha presentado, porque al mismo tiempo que
defiende al consumidor creemos que con la consulta y los informes que
haga el Tribunal de Defensa de la Competencia, con la política
tuitiva de mayor información, de mayor transparencia que se debe
exigir al ministerio de Economía y Hacienda se va a respetar esta
libertad, pero sobre todo se van a respetar los derechos del
consumidor, eje fundamental de la política nacional y de todas las
economías modernas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.
El señor Zabalía, por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco del PNV vamos a apoyar esta
proposición no de ley sobre la modificación de la definición del
concepto de interés abusivo que ha presentado el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), porque pensamos que tiene un interés
social importante. Además, tiene una finalidad que desde nuestro
punto de vista es necesario establecer o, de alguna forma, eliminar
la discriminación que por razón del titular en los préstamos y en los
créditos tienen los titulares que no sean consumidores en sentido
estricto, es decir, las personas físicas, que ya se encuentran
protegidas por la Ley 7/1995, del crédito al consumo, ni las grandes
empresas que cuentan con una capacidad de negociación y que todos
sabemos que
están fuera o al margen de esta situación. Esto beneficiaría
fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas, a empresarios
individuales, pequeños comerciantes y profesionales autónomos. Por
tanto, como decía al principio, consideramos que tiene un interés
social importante. Por otra parte, no cabe el razonamiento que sería
invocado posiblemente por las entidades de crédito de la necesidad de
ser compensadas por el riesgo de la morosidad de algunos tipos de
crédito, descubiertos en cuenta corriente, excedidos en cuenta de
crédito, etcétera, ya que toda operación bancaria de activo implica
un carácter discrecional a la hora de su concesión por parte de la
entidad que implícitamente se convierte en una operación de crédito
normal. Por tanto, debe ser objeto de una remuneración normal.
Nos parece adecuada esta proposición no de ley en sus objetivos,
aunque debemos hacer algunas precisiones que me gustaría que se
tuviesen en cuenta tanto si al final se aprueba la proposición no de
ley o la enmienda transaccional que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular. Pensamos que sería más interesante la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán,
pero no nos vamos a oponer a la misma en caso de que el Grupo Catalán
acepte esta enmienda transaccional. Cuando se dice al final que se
revise la vigencia de la Ley de usura -que no sabemos muy bien qué
quiere decir eso de que se revise- se debían tener en cuenta un par
de observaciones que nos permitimos hacer. La primera es que había
que establecer la limitación del tipo máximo de interés en términos
de tipo efectivo anual, incluyendo comisiones, ya que en caso
contrario la limitación establecida sobre el tipo normal únicamente
sería fácilmente burlada por las entidades financieras a través de la
aplicación de las comisiones. Un tema que no aparece aquí y que creo
que habría que tener en cuenta son las comisiones bancarias, porque
muchas veces a través de estos mecanismos existe esa usura en las
relaciones entre las entidades financieras y los clientes. Por tanto,
insistimos en que sería conveniente hablar de tipo efectivo anual en
el que se incluyeran las comisiones.En segundo lugar, entendemos que
la limitación puede estar referenciada, por ejemplo, al tipo de
interés legal del dinero u otras referencias, pero no al tipo de
interés básico del banco emisor, que ya fue anulado por la
disposición derogatoria de la Ley 66/1997, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, la ley de acompañamiento del año
1998, que, como digo, eliminaba esa referencia al tipo de interés
básico del banco emisor.
Entendemos que estas dos precisiones deberían ser contempladas en la
revisión que se haga en su día de la vigente Ley de usura del año
1923. Desde luego, parece un poco absurdo que cerca del año 2000
estemos todavía con leyes en vigor del año 1908. Si todas las
disposiciones que tiene esta ley han sido ya absolutamente superadas
y están desfasadas, no creemos que tenga ningún sentido tener en
vigor una ley como ésta del año 1908.Por tanto, insistimos en que
sería mucho
mejor presentar a esta Cámara un proyecto de ley que simplemente
revisar la vigencia de esta ley, que no dice gran cosa. La enmienda
transaccional no va más que a incidir en algo que ya se está
haciendo. Tengan en cuenta SS.SS. que la Ley de defensa de la
competencia ya la tenemos aquí, por tanto, sobre el primer punto ya
se está trabajando y el segundo punto de la enmienda transaccional,
que propone que se revise la vigencia de la Ley de usura, nos parece
muy bien pero creemos que es poco lo que se puede pretender con esto.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
El señor Alcaraz, por el Grupo de Izquierda Unida.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.
Intervengo con la máxima brevedad para decir que en absoluto estamos
en desacuerdo con el fondo de la cuestión. Nos parece que es una
demanda social cada vez más amplia. Pero esa propuesta tiene un punto
clave que es la revisión de la Ley de usura, de 23 de julio de 1908,
tal como figuraba de manera directa en la proposición original de
Convergència i Unió y de manera algo más encubierta y mucho menos
directa en la propuesta de enmienda transaccional. ¿Cuál es el
problema? No vamos a entrar en el fondo porque estamos de acuerdo. El
problema es que, teniendo en cuenta que estamos en el tramo final de
la legislatura, no figura fecha de presentación de esa revisión de la
Ley de usura de 1908. En Méjico existe una palabra, que conoce
perfectamente el señor Silva, que es la concertacesión, y este puede
ser un modelo de concertacesión distinto al que hasta ahora ha venido
practicando el Grupo de Convergència i Unió con el Gobierno. Hasta
ahora se ponían de acuerdo sin que nadie se enterara o nos
enteráramos a posteriori, pero no se ponían de acuerdo como en este
momento lo están haciendo quizá porque estamos en período
preelectoral. La concertacesión ha podido consistir en decir al
Gobierno: Déjanos tener perfil propio, te vamos a presentar una
proposición no de ley sobre este tema socialmente tan sentido. Y el
Gobierno diría: Pero es que esto es complicado. Entonces la
concertacesión podría consistir en decir: Bueno, como quedan sólo
cuatro meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tú nos
votas a favor y después, como se van a disolver las Cámaras en enero
del año 2000, aquí paz y después gloria. Si esto es así estaríamos en
un debate ficticio basado en la concertacesión nueva de período
preelectoral y no habríamos conseguido nada de lo que pretendemos.
Espero que no sea así, señor Silva.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para aceptar o rechazar las enmiendas, ¿el señor Silva desea una
nueva intervención breve?
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señor presidente, quiero hacer constar que
hemos presentado a las enmiendas
del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario Popular una enmienda
transaccional que tienen los servicios de la Cámara y que es lo que
se sometería a votación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa. -Un señor diputado pronuncia
palabras que no se perciben.)
Si lo que alguna de SS.SS. quiere expresar a la Presidencia es la
pregunta sobre si las tres mociones que siguen van a ser votadas al
final del capítulo, que constituyen el punto III del orden del día,
la respuesta es que sí. Cumpliendo con algún compromiso extrapleno,
la Presidencia cada vez que pueda agrupará -y lamenta no haberlo
hecho antes- los contenidos de un mismo punto del orden del día a
efectos de votación.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán
sobre modificación de la definición del concepto de interés abusivo,
en los términos que han quedado fijados tras la intervención del
portavoz del grupo, señor Silva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
273; a favor, 273.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL FUTURO DEL SECTOR
PESQUERO. (Número de expediente 173/000145.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas la semana
pasada y que se votarán todas ellas al final del debate de las tres.
(Aplausos.) Gracias.
La primera es del Grupo Socialista sobre el futuro del sector
pesquero. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Blanco, don
José, para la presentación de la moción. (Pausa.)
Señorías, por favor, si han de abandonar momentáneamente el hemiciclo
háganlo en silencio. Por favor, señora Torme y compañía; señora
Fernández de la Vega, que no para.
Señor Blanco, adelante.
El señor BLANCO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, sustanciamos en este trámite parlamentario la moción
consecuencia de la interpelación de la semana pasada en relación al
futuro del sector pesquero. Si la semana pasada presentábamos una
interpelación era para poner énfasis en la preocupación compartida
con numerosos agentes económicos y sociales sobre el futuro del
sector pesquero como consecuencia de la incertidumbre
que tienen en estos momentos por la ausencia de una política clara
del Gobierno capaz de garantizar el futuro del sector, capaz de
afrontar los retos que tiene planteados en este momento el sector.
Señorías, quizás hoy no es el momento de profundizar en la
diferencia, ni siquiera es el momento de repetir el debate de la
semana pasada en relación a los déficit que plantea, a juicio del
Grupo Parlamentario Socialista, la falta de una política clara de
pesca capaz de llevar a nuestro país a liderar, en el seno de la
Unión Europea, la política pesquera de la misma. Decíamos la semana
pasada que no había estrategia por parte del Gobierno, que había
numerosos acuerdos de pesca que acababan este año y que no había
claridad en cuanto a su renegociación. También decíamos que no se
habían impulsado nuevos acuerdos que garantizaran la continuidad, así
como que toda nuestra flota va a seguir faenando.
Señorías, en el día de hoy presentamos una moción para tratar de dar
un impulso a la política de pesca, para tratar de establecer en esta
Cámara un mínimo común denominador que pueda servir de guía y de
horizonte en el trabajo del Gobierno en esta nueva etapa que se abre
a partir del debate de esta moción. Además, discutimos una moción en
el día de hoy coincidiendo con la visita del señor ministro a la
comisaria Emma Bonino, que, por cierto, se despacha con unas
declaraciones que no son nada halagüeñas para el debate que estamos
teniendo. Señorías del Grupo Popular, yo creo que es el momento de
impulsar el acuerdo, de impulsar el diálogo, de lanzar una ofensiva
para tratar de lograr acuerdos que posibiliten y garanticen el futuro
del sector pesquero. No es comprensible que el ministro en el día de
hoy, hace escasas horas, pueda declarar que la flota se vaya
preparando para las consecuencias de la no renegociación, por
ejemplo, del acuerdo de pesca con Marruecos. Por tanto, lo que tiene
que hacer el Gobierno es instrumentalizar las ayudas económicas para
ese amarre de flota que hoy nos viene a anunciar el ministro. Desde
luego, es un mal comienzo para una ofensiva que tenemos que emprender
para tratar de alcanzar acuerdos, para tratar de renegociar los
acuerdos existentes, en definitiva, para liderar en el seno de la
Unión Europea la política pesquera porque España, nuestro país, es
precisamente el más interesado en que en la Unión Europea se
considere al sector de la pesca como un sector estratégico que tiene
mucha importancia para algún país, desde luego para España sí la
tiene, por la repercusión económica, por la incidencia que tiene en
el empleo y en muchos territorios de nuestro país.
En este sentido, señorías, les anuncio que el Grupo Parlamentario
Socialista aceptará algunas enmiendas que se presentan a nuestra
moción: la que plantea el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, porque es importante hablar también de cuestiones nacionales,
y las enmiendas que presenta el Bloque Nacionalista Galego a través
del Grupo Parlamentario Mixto. Son enmiendas que tratan de reforzar
la idea que tenemos nosotros de cómo se han que afrontar los retos
que tiene nuestro país en el seno de la Unión Europea. No podemos
aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular porque, en primer
lugar, este grupo trata de enmendar los siete apartados de nuestra
moción diciendo en la mayoría de los casos literalmente lo que
nosotros planteamos; con la argucia de la mejora técnica presenta una
enmienda que es sustancialmente idéntica al texto que nosotros
planteamos. Al punto número 1 (luego me referiré al contenido de
nuestra moción) ustedes presentan una enmienda ambigua, que no
concreta nada y que, por tanto, no puede ser objeto de consideración
por nuestra parte.
Señorías, ¿qué pretende el Grupo Socialista con la moción que hoy
proponemos? En primer lugar, en relación con el convenio con
Marruecos que va a finalizar, instar a la Unión Europea a que apruebe
un mandamiento para que la Comisión Europea empiece la negociación.
Es curioso que fuera en el día de hoy, después de tener que realizar
un debate en esta Cámara la semana pasada, cuando el ministro
solicitara el mandamiento de negociación. Ya estoy satisfecho del
debate de la interpelación porque ha servido para que el Gobierno
supiera -la anterior ministra no lo había hecho- que tenía que pedir
el mandamiento para empezar a negociar. Pero además, señorías,
nuestra moción indica, en relación con este convenio, que entre tanto
no concluya la negociación que ahora -parece- va a empezar, se
debería garantizar (y para eso están los acuerdos entre la Unión
Europea y el Reino de Marruecos) una prórroga del convenio
precisamente para evitar lo que el ministro hoy nos anuncia, y es que
la flota tenga que estar amarrada a la finalización del convenio, el
día 30 de noviembre. Por cierto, señorías, cuando se estaba
negociando el anterior acuerdo, el hoy secretario general del Partido
Popular decía que su partido no estaba dispuesto a permanecer en
silencio si lo que piensa el Gobierno es crear el PER del mar, un
subsidio para que los barcos andaluces no faenen y estén amarrados a
los puertos. Eso precisamente es lo que pretendemos con este debate,
que los barcos no estén amarrados a los puertos y que ustedes
consigan renegociar un acuerdo -o un nuevo acuerdo, como ustedes
quieran- que garantice que los barcos andaluces, los barcos gallegos
y los barcos canarios no van a tener que amarrarse como consecuencia
de la no existencia de un acuerdo. En segundo lugar, señores del
Partido Popular, creemos que se debe mantener una negociación activa
en relación con el convenio que finaliza el 24 de mayo con Argentina,
de forma que se establezca un marco jurídico que sirva de garantía
para las inversiones comunitarias en el ámbito de la pesca y por las
que se puede regir la flota de las sociedades mixtas argentino-
comunitarias, independientemente de la fecha y de la fórmula de su
constitución. Por cierto, señorías del Partido Popular, idénticas
resoluciones que la primera y la segunda se han aprobado por
unanimidad de todos los grupos en el Parlamento andaluz, en el primer
caso, y en el Parlamento gallego en el segundo caso.
Señorías, también dice nuestra moción que es necesario que en el
reparto de pez espada en el Atlántico sur se garanticen las
condiciones actuales, dado que se está planteando una renegociación
de las condiciones actuales, y que se apoye la diversificación de la
flota en su actividad en el Pacífico y en el Indico. También queremos
instar a la Unión Europea para que se negocie un nuevo acuerdo con
Rusia que permita el acceso de los bacaladeros al mar de Barents, a
Namibia y a Sudáfrica. Pretendemos que se mantengan los niveles de
ayuda para la renovación de la flota, que no están garantizados en el
acuerdo que se está discutiendo en el seno de la Unión Europea y que
garantizaba el anterior instrumento financiero de orientación
pesquera. El reglamento de estructuras no garantiza el apoyo a las
sociedades mixtas ni tampoco el mantenimiento de las asociaciones
temporales de empresas que, como ustedes muy bien saben, fueron
instrumentos útiles para la perspectiva de nuevos caladeros y para la
recolocación de la flota. En nuestra moción defendemos, señorías, que
después de las inversiones que estamos haciendo como país y también
en el seno de la Unión Europea en relación con las sociedades mixtas
que se deben mantener y garantizar los puestos de trabajo en orden a
que no se afecte a las tripulaciones de nuestros barcos...
El señor PRESIDENTE: Señor Blanco, ha de ir concluyendo, por favor.
El señor BLANCO LÓPEZ: Gracias, señor presidente. Concluyo de forma
inmediata. Ya sé que el señor Mantilla está muy preocupado. (El señor
Mantilla Rodríguez pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: No se preocupen SS.SS. que por el tiempo ya vela
la Presidencia y por los derechos de SS.SS. también; no se preocupen.
No puede velar por los de los pescadores de Vigo pero sí por los de
SS.SS.
Adelante.
El señor BLANCO LÓPEZ: Gracias, señor presidente. Concluyo de forma
inmediata.
Decía que es necesario que nuestras sociedades mixtas, en las que se
ha invertido y que han creado mucho empleo, no se pueden poner en
peligro como consecuencia de las nuevas leyes, como consecuencia de
la nueva legislación que está emergiendo en el seno de muchos países,
y precisamente es obligación de nuestro Gobierno tratar de llegar a
acuerdos para que estas tripulaciones no tengan problemas.
Finalmente, señorías, defendemos que tanto en la legislación nacional
como ante la Unión Europea y los organismos internacionales
pesqueros, de los que somos parte contratante, se ejerza una actitud
activa en defensa y puesta en práctica de los principios de la pesca
responsable y del comercio contenidos en el código de conducta de la
FAO.
Señorías, con esta moción que hoy traemos a este Pleno queremos
garantizar que en las negociaciones futuras el Gobierno tiene el
respaldo de agentes económicos y sociales, tiene el respaldo de esta
Cámara en objetivos que deberíamos compartir todos, porque de no
hacerlo así estaríamos poniendo en entredicho la propia viabilidad
del sector pesquero, la viabilidad de nuestra flota. Invito al
Partido Popular a que se sume hoy a este consenso porque ya no hay
diferencias sustanciales entre lo que ustedes plantean en una
enmienda que tiene carácter de alternativa, y que por tener carácter
de alternativa tienen que comprender que no la podemos considerar,
pero que sustancialmente compartimos y que, desde luego, está en
sintonía con lo que el otro día planteó el ministro en su
comparecencia ante esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Blanco.
A la moción que ha defendido el señor Blanco en nombre del Grupo
Socialista se han presentado enmiendas por el Grupo de Izquierda
Unida, por el Grupo Mixto y por el Grupo Popular.
Tiene la palabra el representante de Izquierda Unida, señor Meyer,
para la defensa de su enmienda.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera agradecer al Grupo Socialista que acepte la enmienda de
adición en el punto 9, en el que planteamos adoptar las medidas
precisas para la regeneración de los caladeros españoles, y para
manifestar que vamos a dar nuestro voto favorable a la moción que se
nos propone, aunque considerábamos que era mejorable a través de esta
enmienda de adición.
Lo vamos a hacer porque entendemos que difícilmente encontraremos a
un sector más sufrido que el pesquero y con más necesidad de
actuaciones públicas. Las alteraciones sustanciales en el derecho del
mar en los últimos años, principalmente en cuanto a la soberanía de
las aguas y la extensión de las zonas exclusivas, el agotamiento de
caladeros y especies y unas relaciones pesqueras cada vez más
dependientes del marco internacional en que nos movemos, colocan al
sector necesitado de una serie de actuaciones que aseguren su futuro.
Nuestra pesca, señorías, como decía, vive momentos de insatisfacción
e incertidumbre, con una flota sin reconvertir, con cada vez más
dificultad para el acceso a los caladeros de otros países y con los
nuestros absolutamente abandonados.
En primer lugar, la prórroga del tratado con Marruecos es una
necesidad que el Gobierno parece dar por perdida. Hoy debe quedar muy
claro que España considera una cuestión prioritaria, en su acción en
la Unión Europea, la continuidad de nuestros barcos en el caladero
marroquí. Aquí no basta con la reunión que ha
mantenido el señor Aznar, el presidente del Gobierno, con los
gobernantes marroquíes, sino que es necesaria una actuación enérgica,
contundente, ante las instituciones europeas. Hace falta, en
definitiva, que por una vez nuestro Gobierno sea capaz de defender
los intereses sociales y económicos de nuestro país.
Nuestro sector pesquero sufre una gran dependencia del exterior que
limita la capacidad operativa y de decisión, lo que se agrava con una
situación que está produciendo una desigualdad en el acceso al
reparto de cuotas y en las medidas de control e inspección entre los
países comunitarios.
Es una realidad, señorías, que nuestra flota representa el 33 por
ciento de la flota comunitaria, mientras nuestras capturas son sólo
el 20 por ciento. Por tanto, hay un gran desequilibro entre la
dimensión de nuestra flota y lo que está significando nuestra
actividad pesquera.
Cuando aparece un desequilibrio de este tipo - repetimos-, es
necesario que sea compensado mediante posturas enérgicas defendidas
por nuestro país en el Consejo de Ministros de Pesca y respaldadas
por todo el Gobierno. De otra manera ocurre como casi siempre, que el
sector pesquero acaba pagando problemas de relaciones comunitarias
con terceros países.
Por eso presentamos una enmienda en el sentido de que nuestros
caladeros están abandonados y son en estos momentos de dudosa
rentabilidad, aunque todo el sector está convencido de que tiene
muchas posibilidades si desde su reconocimiento se realiza una
política de potenciación de estos caladeros nacionales.
En este sentido, es necesario un estudio científico de nuestras
plataformas pesqueras, en lo que a fondos y especies marinas se
refiere, para tener un conocimiento lo más amplio posible de los
mismos, de manera que se pueda establecer una política pesquera
acertada de apertura y cierre, si así lo demandan las circunstancias
de los citados caladeros.
Tenemos que recuperar nuestros caladeros, como decíamos, pero para
esto es necesario una implantación de la parada biológica, de manera
distinta, según las artes de pesca, cerco, arrastre o marisqueo. No
nos engañemos, es la única manera de poder recuperar los caladeros.
Para ello se necesita una inversión pública, y esto es lo que
intentamos plantear con esta enmienda de adición. Hace falta una
inversión rentable para resolver los problemas de todo el sector
pesquero, siempre que estas paradas sean activas, es decir, tengan
como objeto utilizar la flota en tareas de regeneración de caladeros
y de litoral, así como otras actividades complementarias al sector
pesquero, tales como cursos de formación, etcétera.
También entendemos que es necesario contar con fondos económicos
suficientes para que las acciones estructurales no se vean limitadas
por la falta de financiación estatal. Por eso proponemos la
realización de planes específicos para determinadas zonas de nuestros
litoral, como el que hemos presentado para concretar actuaciones en
el litoral gaditano.
Del mismo modo es extremadamente importante que los procesos
administrativos se agilicen y que la conexión entre la Administración
central y las autonómicas sea óptima, de modo que se eliminen los
retrasos y disfunciones en la aprobación y financiación de las
acciones estructurales.
Es preciso, señorías, una ley que regule las relaciones entre
empresas de producción, transformación y comercialización, además de
fijar la colaboración entre las diferentes administraciones públicas.
Por eso no es posible seguir con un proceso de reestructuración de
nuestra flota que se caracteriza por una falta casi absoluta de
consideración hacia sus aspectos sociales.
En este sentido el instrumento fundamental de esta reestructuración
ha sido otorgar compensaciones económicas a los propietarios de los
buques afectados por el desguace, olvidando que detrás de cada barco
existen decenas de familias que sólo saben vivir para y por la pesca
y que, además, están defendiendo una parte muy importante de la
historia y de la riqueza de nuestro país.
Por todas esas consideraciones hemos presentado esta enmienda y
manifestamos -reitero- nuestro voto favorable a la moción del Grupo
Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meyer.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) me ha parecido que el
señor Companys pedía la palabra.
El señor COMPANYS SANFELIU: Es para fijación de posición.
El señor PRESIDENTE: Estamos todavía en el desarrollo de las
enmiendas. Por tanto, tiene la palabra el representante del Grupo
Mixto señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, la semana pasada tuvo lugar un
debate sobre la situación del sector pesquero, fundamentalmente el de
gran altura, que faena fuera de las aguas territoriales. Un sector
que, sea cual sea el punto de vista desde el que se mire, está
pasando por una situación preocupante. El Gobierno nos dice que la
situación es perfectible, pero buena, y otros creemos que no es
buena, aunque siempre podía ser peor.
La realidad es que las flotas que dependen de caladeros
internacionales sufrieron globalmente un retroceso en los últimos
años cuyas consecuencias son claras: pérdida de empleo y pérdida de
puestos a nivel mundial en la clasificación famosa de la producción
pesquera. Esta situación tiene su origen y su causa fundamental en el
escaso apoyo político prestado a unas flotas que, en muchos casos,
sobreviven a pesar de la ineficacia de la política pesquera. En
muchas ocasionmes los propios armadores o empresas de alguna manera
se buscaron la vida porque la experiencia, la
capacidad de arriesgar y el conocimiento del sector les abrieron
posibilidades de pesca allí donde las instituciones se mostraron
precisamente incapaces.
En la política pesquera existen deficiencias que el Gobierno debe
esforzarse en corregir, con su propia opción o a través de la
política desplegada por la Unión Europea. Por poner un ejemplo,
recientemente la flota del pez espada pasó por una apuradísima
situación derivada, entre otros factores, de las importaciones
masivas de terceros países y buques con banderas de conveniencia, lo
que ocasionó una importante caída de precios. En esta situación de
crisis la Unión Europea permanecía prácticamente impasible y tuvo que
ser, una vez más, el propio sector el que denunciase y presionase
para que se pusiesen en marcha mecanismos de defensa que la propia
Unión contempla. Esto lo digo como una simple muestra de que, tanto
la política del Gobierno, como la Unión Europea, deben prestar más
atención, realizar una mejor defensa de este sector económico, clave
para el desarrollo económico de zonas como Galicia, con gran
dependencia del mismo. La realidad, en todo caso, es la que es y al
Bloque Nacionalista Galego le parece manifiestamente mejorable.
Hoy discutimos una moción del Grupo Socialista que versa sobre
actuaciones a llevar a cabo por el Gobierno en materia de pesca.
Nosotros convertimos sustancialmente los puntos de esta moción.
Algunos de ellos reflejan parte de la intervención de mi grupo en el
debate de la pasada semana. En todo caso, le digo con toda
cordialidad al señor Blanco que no nos entusiasma la estructuración
de la moción, con gran número de puntos, todos ellos importantes y de
actualidad, pero que dejan sin abordar otros y tampoco abordan
algunas cuestiones de fondo que a nosotros nos parecen de interés.
Por eso el Bloque Nacionalista Galego enmienda esta moción para
incluir, y ya ha manifestado el señor Blanco que lo aceptaba, algunas
cuestiones de fondo sobre la política pesquera.
La primera enmienda hace referencia a un problema desde nuestro punto
de vista clave. Para la adecuada defensa del sector pesquero es
necesario un robustecimiento de la política pesquera gubernamental y,
por supuesto, de la Unión Europea. Es fundamental variar la política
pesquera de la Unión si queremos un futuro para nuestra flota. Es
necesaria una comisaría de pesca, porque parece que no hay, que
diseñe una defensa clara de defensa del sector y que la aplique. Una
comisaría de pesca que haga ciertas esas afirmaciones tan
rimbombantes de que la Unión busca el desarrollo económico y social
de las regiones europeas más desfavorecidas, que persigue el
equilibrio territorial y social.
Pues bien, la Unión Europea tendrá que dotar a la pesca del rango
político que merece; tendrá que considerar que es un factor de
desarrollo económico muy importante para las regiones europeas poco
desarrollados en general; tendrá que considerar a la flota como una
industria más; y tendrá, como decía, que desarrollar y aplicar
políticas que la defienda y que le permita tener continuidad. Por eso
proponemos un nuevo
punto 9, que dice: «Considerar al sector pesquero como estratégico
económicamente. Demandar en consecuencia de la Unión Europea la
puesta en marcha de una auténtica política de pesca, que tenga como
eje básico de actuación la defensa de los intereses europeos en esta
materia, y en concreto los del Estado miembro con más peso pesquero
como fórmula para garantizar la viabilidad de las flotas de altura y
gran altura; el mantenimiento de los puestos de trabajo y la
generación de riqueza en las zonas especialmente dependientes de esta
actividad.» También representa un problema de fondo cómo la Unión
trata los acuerdos de pesca, al margen de los acuerdos globales de
comercio o cooperación con terceros países, dificultando así la
realización de acuerdos ventajosos para nuestro sector pesquero.
Podemos hablar de algunos ejemplos: la Unión Europea llega a un
acuerdo comercial con Rusia dejando fuera la pesca, lo que sin duda
contribuyó a agudizar la crisis de la flota bacaladera; con
Marruecos, lo mismo, lo que obliga a compensaciones económicas para
hacer viable el acuerdo de 1995, y encima tenemos que oír la voz de
nuestros queridos socios comunitarios quejándose del coste para las
arcas de la Unión; ahora, por ejemplo, está negociando con Sudáfrica.
El Bloque Nacionalista Galego viene insistiendo en que la pesca sea
una de las partes a contemplar en el acuerdo que se firme. Veremos lo
que ocurre, si se incluye la pesca o no y cómo se incluye. En ese
sentido va nuestro punto de adición número 10, que es demandar,
dentro de la nueva política pesquera de la Unión, la inclusión de los
acuerdos de pesca, en el marco global de los acuerdos comerciales
o de cooperación que se establezcan con terceros países.
Para concluir, otra cuestión de fondo que está de actualidad y que va
a ser el eje de una batalla a corto plazo -si no ya lo verán SS.SS.-
que debe abordar la Unión Europea con energía e interés. Es el
problema de la extraterritorialidad, la pretensión de aplicar las
leyes o establecer el control de un Estado más allá de las 200 millas
de su zona económica exclusiva.
Todos sabemos que a la cabeza de este intento está Canadá, que ya
vulneró el derecho marítimo con el apresamiento del Stay, un acto
claro de piratería y que parece últimamente quererse olvidar. La
Unión Europea debe ser firme en la defensa de este derecho marítimo
y frenar las pretensiones canadienses, porque de no ser así otros
Estados le seguirán en ese intento, lo que será claramente
perjudicial para nuestros intereses y habrá una crisis para nuestra
flota de consecuencias imprevisibles. Frenar, por tanto, los deseos y
apetencias de Canadá y no estar compadreando en un tira y afloja debe
ser un objetivo de la Unión. Para nosotros el mar fuera de la zona
económica exclusiva debe seguir siendo libre y los recursos deben
regularlos los organismos multilaterales que existen o que se creen.
En ese sentido, y concluyo, va nuestro punto número 11, que dice: «A
demandar asimismo de la Unión Europea una defensa activa del derecho
marítimo internacional, oponiéndose
a las pretensiones de algunos Estados de actuar
extraterritorialmente. A defender en consecuencia la libertad de
pesca en alta mar, regulando los recursos existentes a través de las
correspondientes organizaciones multilaterales.» Muchas gracias,
señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
El Grupo Popular, como anunciábamos, también presentó enmienda, cuya
defensa corresponde al señor Mantilla, en nombre de dicho grupo.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos aquí para intentar clarificar un poco el sector
pesquero, debido a una moción consecuencia de interpelación que había
presentado el pasado miércoles el Partido Socialista Obrero Español.
A mí me sorprende, señor Blanco, portavoz del Partido Socialista
Obrero Español, que usted intente decir a la Cámara que la
administración pesquera española va a tener el respaldo de esta
Cámara y que todo el sector agrosocial, etcétera, también la va a
respaldar. Me sorprende enormemente porque el pasado miércoles el
señor ministro ha dicho que quería un consenso de esta Cámara para
que se fijase la política pesquera, y usted no lo ha querido así,
usted libre y unilateralmente ha presentado hoy esta moción sin
ningún tipo de consenso. Tanto es así que el Bloque Nacionalista
Galego e Izquierda Unida han presentado enmiendas y, obviamente,
también las ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto,
no voy a repetir que lo que ha intentado unilateralmente, de forma
demagógica, es que la Cámara le apruebe su política pesquera.
Consideramos que la política pesquera tiene que ser de toda la
Cámara, como así lo ofreció el señor ministro. Usted no lo ha querido
así. Nos anticipó que también va a rechazar las enmiendas que
presente el Grupo Parlamentario Popular, porque eso supondría que
había que votar la moción unánimemente. No quiere votar la moción
unánimemente, pero quiere que se vote unilateralmente para que el
Grupo Parlamentario Popular tenga que votar en contra determinados
aspectos que usted quiere utilizar demagógicamente. No nos preocupa
en absoluto, señor Blanco. Votaremos a favor las cuestiones que haya
que votar a favor, y votaremos en contra las que consideremos que hay
que votar en contra.
Quiero pensar que lo que usted trae aquí no es una política pesquera
general -posiblemente pienso mal-, sino unos temas puntuales y
concretos de cara a las elecciones del próximo 13 de junio. Eso no es
una política pesquera, señor Blanco. La política pesquera tiene
muchos más aspectos que los que usted quiere traer aquí. Se lo han
dicho tanto el portavoz del Bloque Nacionalista Galego como el
portavoz de Izquierda Unida.
Hay muchos aspectos que usted no ha tocado. ¿Por qué? Porque en este
momento no son vendibles. Tenemos
una flota de bajura que usted no la ha mencionado. Tenemos un
caladero nacional, que usted no lo ha mencionado, y hay que ordenarlo
porque, de momento, lo tenemos sin ordenar. Después de muchos años
con otros gobiernos seguimos sin ordenar nuestro caladero nacional.
Tenemos nuestros censos totalmente desactualizados. Hay un censo,
señor Blanco, de 1982. Por tanto, son temas que hay que consensuar
para llevar una política pesquera clara y definitiva. Como portavoz
del Grupo Parlamentario Popular vuelvo a ofrecerle que retire la
moción y la consensúe con todos los grupos parlamentarios. Estoy
convencido, porque todos tenemos la misma idea y el mismo deseo de
que el sector pesquero se encuentra defendido y tenga un futuro
claro, que de este Parlamento podrá salir una política pesquera de
futuro que va a darle tranquilidad al sector pesquero. Usted no lo ha
querido así, sino que ha puesto ocho puntos, y no siete como dice, e
intenta que nosotros votemos a favor o en contra. Algunos los vamos a
votar a favor, pero consideramos que la moción es totalmente
raquítica y limitadísima.
El sector pesquero tiene muchos más problemas de los que usted trae
aquí. Una flota muy defendida por el señor Vázquez y por mí es la
flota bacaladera. Insinúa, sugiere, Rusia, Barents, en un punto así
como quien no quiere la cosa, para poder hablar del sector
bacaladero. No ha hablado del Gran Sol, no habla de Nafo, ni de otros
temas que son importantes, pero como en este momento no son
problemáticos, no los trae a colación, y vuelvo a repetir, el sector
pesquero es todo.
Su planteamiento sobre Marruecos es erróneo por dos aspectos
fundamentales. Primero, no puede decir que se renueve el convenio de
Marruecos en similares circunstancias que el que hay actualmente,
porque sabe que eso es inviable. Y lo es porque los políticos de
Marruecos están totalmente comprometidos con su pueblo en que el
convenio tal como está no se va a renovar. Podrá ser mejor o peor, no
tenemos que descartar que sea mejor, pero usted con su moción lo
descartaría. Además, cuando dice que hay que prorrogar un año más, le
está dando a Marruecos el indicio de que no va a haber más acuerdos.
Hemos presentado una enmienda a su moción totalmente clara, que
propone que en el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea,
que se va a celebrar el 10 de junio, se haga una encomienda a la
Comisión de Pesca para que reinicien las negociaciones con Marruecos
para conseguir un acuerdo sobre el mantenimiento equilibrado de
nuestra flota. Usted se olvida de una cosa, y es que quien tiene la
llave de ese convenio va a ser Marruecos. Tampoco dice lo que va a
pasar si no hay convenio el día 1 de diciembre. En nuestra enmienda
sí decimos que hay que buscar alternativas. Por ejemplo -y usted
demagógicamente también estaba utilizando las palabras del señor
ministro-, si se amarra la flota, habrá ayudas suficientes para
armadores y marineros. Esto no lo dice, pero en nuestraenmienda sí lo
planteamos. Por eso decimos que no
tiene matices, es distinta y es mucho mejor que la suya. La suya es
totalmente negativa.
En cuanto al tema de Argentina, usted sabe, y lo sabe toda la Cámara,
que estamos hablando de 23 barcos argentinos acogidos al acuerdo y
otros 80, también argentinos, que están fuera del acuerdo. No es un
acuerdo pesquero lo que usted tendría que buscar aquí, sino un
acuerdo de inversiones, para que las inversiones comunitarias, en
este caso españolas, no se vean perjudicadas con el nuevo acuerdo con
Argentina. Nosotros vamos a apoyar su moción, aunque podría ser
mejorable, porque no es un acuerdo pesquero lo que estamos buscando
aquí con Argentina, sino otro tipo de acuerdo.
Por lo que se refiere al tema del pez espada, también ahí usted tiene
un planteamiento totalmente erróneo. Es cierto que hay países, como
puede ser Brasil, Uruguay, apoyados sin duda por Estados Unidos,
posiblemente por Perú y por Chile posteriormente, que están
intentando captar esas especies que son transoceánicas. Están
intentando cambiar el reparto...
El señor PRESIDENTE: Un momento.
Señor Sánchez i Llibre, se le escucha desde acá. La Presidencia no
quiere ser indiscreta. Hay un efecto auditivo que permite escuchar
íntegra la conversación, y por más esfuerzos que hago es como si S.S.
estuviera en un confesionario y yo al lado, pero no puedo retirarme.
Déjelo. Muchas gracias.
Adelante, señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Decía, señor presidente, que hay países
que, como bien apuntaba el señor Vázquez, están intentando aumentar o
llevar sus aguas jurisdiccionales a las 400 millas, no solamente
Canadá, sino Argentina. Hay otros que están intentando vincular su
pesca a aspectos económicos, como pueden ser Inglaterra o la propia
Argentina. Y hay otros, como pueden ser Brasil y Uruguay, que lo que
están intentando es vincular su pesca a su zona costera. Esto
lógicamente es peligroso no sólo para el pez espada, sino para
cualquier otro pez que pueda ser transoceánico. Por tanto, nuestra
enmienda se refiere no solamente al pez espada, cuyo reparto de
cuotas tiene que basarse en capturas históricas, sino a todas las
especies que puedan estar involucradas,y en la suya no lo menciona.
También decimos que hay que diversificar la flota en el Pacífico y en
el Índico. Le quiero recordar, señor Blanco, que esa diversificación
fue iniciada por la administración pesquera del Partido Popular. El
40 por ciento de la cuota de pez espada que tenemos en el Atlántico
sur ha sido conseguido por el Partido Popular. Por tanto, en este
aspecto usted no tiene ningún tipo de razón.
Se habla de que debemos tener más capturas y de que tenemos que
llegar a negociaciones con Rusia, Namibia y Sudáfrica y, lógicamente,
como usted dice, en el rico caladero de Barents. Si en el rico
caladero de Barents no tenemos más capturas, ha sido conseguido
única y exclusivamente por el Partido Socialista, no por el Partido
Popular. Es cierto que hay que conseguir más capturas en Barents,
pero de momento es difícil. Yo le preguntaría, señor Blanco: ¿usted
estaría de acuerdo en llegar a una negociación con Rusia en la que se
ponga encima de la mesa que si queremos pescar en su caladero ellos
querrán pescar también en el nuestro? ¿Usted está de acuerdo con eso,
es decir, facilitarles a los rusos que faenen en el caladero, por
ejemplo, del Gran Sol? Yo estoy totalmente convencido de que no. Pero
también estamos de acuerdo en que tenemos que conseguir nuevas
negociaciones pesqueras. Usted habla de Namibia, pero sabe que
después de que ganó el Swapo, salió de allí la flota pesquera, que
eran 129 barcos, pero se consiguió, por mediación de empresas mixtas,
que importantes empresas, especialmente gallegas, estén allí con más
de 30 barcos de gran altura. Sin duda, si se llega a un acuerdo con
Namibia esas empresas se verán perjudicadas. Eso se lo dejo a su
coste. Nosotros vamos a votar favorablemente ese aspecto, pero
siempre diré que ha sido el Partido Socialista el que ha intentado
perjudicar a las grandes empresas gallegas que tenemos allí.
Usted sabe bien que las asociaciones temporales han sido una fórmula
para aprovechar unas ayudas, creándolas como empresas mixtas en
Malvinas. Primero, había un permiso privado de pesca, se constituía
una asociación temporal y, después, de acuerdo con una empresa
argentina, se constituía una asociación temporal de pesca. Eso es
totalmente ilícito y usted pretende que se siga manteniendo el mismo
criterio. Se lo vuelvo a repetir, señor Blanco: si eso fuera así,
iría en contra de los fondos IFOP, y si va en contra de los fondos
IFOP se vería perjudicada la renovación de la flota.
En cuanto a la renovación de la flota -que vamos a votar en contra-,
lo que ustedes piden es que se mantengan los niveles de ayuda
actuales. Es cierto que con las nuevas ayudas y con la nueva POP se
va a solicitar el desguace de 1,3 por 1 y se va a reducir del 60 al
40 por ciento, pero hay otro tipo de ayudas que se van a incrementar
y se van a mantener prácticamente en el mismo nivel que están.
Usted no puede pretender un incremento del esfuerzo pesquero, señor
Blanco, y esto es importantísimo. Tenemos que renovar condicionados a
que no haya incrementos del esfuerzo pesquero. Usted no lo dice así;
usted pretende que se mantengan las mismas ayudas y en el mismo
nivel. (El señor Blanco López hace signos afirmativos.) Sí, sí, señor
Blanco, lo está diciendo así exactamente. Nosotros pretendemos que
las ayudas sean las que están aprobadas y ningún miembro de la Unión
Europea ha pedido más. Estamos diciendo que las ayudas son
suficientes y tenemos que pedir que el IFOP sea suficiente para
financiar el POP 4.
En cuanto a las empresas mixtas, hubo un consejo de la Unión Europea
para mantener el empleo; creo fue el 30 de octubre de 1997 y fue
pedido por la parte española. Eso está así y nosotros estamos
totalmente de
acuerdo en que se debe mantener el mismo criterio que mantuvo el
Consejo de Ministro de la Unión Europea.
En cuanto a la pesca responsable, qué más quiere que le digamos. En
septiembre de 1997, en La Toja, con motivo de la Conferencia Mundial
de Pesca...
El señor PRESIDENTE: Señor Mantilla, ha de concluir, por favor.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Ya termino.
Con la Conferencia Mundial de Pesca hubo un congreso en La Toja, en
septiembre de 1997, cuyo tema fundamental fue, como usted sabe, la
pesca responsable. Siguiendo la directriz de la FAO, estamos
totalmente de acuerdo en que eso tiene que ser así.
El Grupo Popular va a votar favorablemente una serie de puntos de su
moción y usted no va a aprobar ninguno de nuestros puntos. Esa es la
diferencia entre el que quiere un futuro para la pesca y el que no lo
quiere.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mantilla.
Finalizada la exposición de la moción y de las enmiendas de Izquierda
Unida, Grupo Mixto y Grupo Popular, ¿qué grupos desean fijar su
posición? (Pausa.) El canario y el catalán, como habían anunciado.
En primer lugar, el señor Mardones, por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
La moción que nos ha traído el Grupo Parlamentario Socialista es
oportuna para Coalición Canaria porque Canarias es puerto de amarre;
fundamentalmente el puerto de La Luz, en Las Palmas, donde está la
base de la flota dedicada a la captura de cefalópodos y las demás
flotas complementarias -palangreras, etcétera- que actúan tanto en el
caladero de soberanía tradicional marroquí como en el banco pesquero
canario-sahariano. Desde 1975 venimos haciendo esta distinción tras
la crisis que obligó a España a abandonar el Sahara Occidental.
Es una materia que nos toca muy de cerca y aquí viene nuestra primera
observación. Entendemos que por la generación de puestos de trabajo y
por la generación de rentas de situación, fundamentalmente en el
puerto canario señalado y en el de Arrecife -en los sardinales, que
ha sido una actividad tradicional-, nos encontramos en la situación
de entrar con unas exigencias que a lo mejor se pueden ver
frustradas.
Y ello por dos razones: una, la postura marroquí; sabemos cómo está
planteando el Gobierno marroquí ante su opinión pública la exigencia
de un nuevo tratado de pesca. Ustedes saben perfectamente, porque
estas situaciones se negociaron con anteriores gobiernos socialistas,
la posición que iba a tomar Marruecos. Anunció hace mucho tiempo que
no quería nada que implicase una prórroga del actual convenio
pesquero.
Ésa vemos que es una situación inviable, nos guste o no nos guste,
porque ocurre que quien tiene la propiedad y la soberanía
jurisdiccional del caladero es Marruecos. Por tanto, hay que ir con
una política tremendamente prudente, tremendamente inteligente y
dentro del seno de la Unión Europea, para evitar daños mayores. Sería
una política de lo imposible el empecinarnos en unas posiciones que
pueden tener, digamos, una carga emocional, pero, como digo, eso no
conduce a ningún resultado positivo con Marruecos.
Además, Coalición Canaria está preocupada por los intereses legítimos
de la flota española que está en nuestros puertos, porque nos
encontramos en una situación de inseguridad, de incertidumbre, de
vacío o como se le quiera llamar ante la Unión Europea, que va
a cambiar su colegio de comisarios y fundamentalmente la señora Bonino,
como comisaria responsable del sector de la pesca. Mientras no se
aclare esto en el seno de la Unión Europea, que es nuestro marco y
nuestro instrumento negociador, no estará despejada esta incógnita.
Hay que esperar a que el señor Prodi, de acuerdo con los países
miembros de la Unión Europea, tenga formado su nuevo colegio de
comisarios y sepamos quién es el comisario responsable de la pesca en
Europa, que defina su política, en relación con la cual España sí
tiene que presionarle.
Por tanto, nosotros, respecto a esta serie de puntos que trae la
moción, tenemos nuestras reservas ya en este primero en cuanto a cómo
se plantea con respecto a Marruecos. Nosotros no queremos que
aparezca -porque lo consideramos contraproducente- la expresión
lograr una prórroga, porque eso Marruecos no lo va a aceptar, y no
podemos descubrir las cartas.
Segundo tema, fundamentalmente de fondo, y ya haré algún comentario
muy puntual, algunas observaciones, porque desde el punto de vista de
Coalición Canaria no nos afectan tanto, aunque conste que hablo
también desde un punto de vista de solidaridad con todo el sector
pesquero español.
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Mardones, pero yo le rogaría que lo
hiciera con la brevedad con que sabe hacerlo S.S., dado lo avanzado
de la hora.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino rápidamente, señor presidente.
La semana pasada hemos tenido aquí unas reuniones de trabajo con el
Grupo de amistad hispano-argentino, en esto que nuestro presidente
llama la diplomacia parlamentaria, y este diputado ha planteado a los
colegas parlamentarios argentinos que busquen soluciones al conflicto
de pesca entre la Unión Europea y Argentina a través de fórmulas con
las empresas mixtas y el capital que armadores de buques o industrias
pesqueras, sobre todo de Galicia, tienen en los intereses de esta
flota, sobre todo en la captura de la merluza que hay en esas aguas
jurisdiccionales argentinas y cuyo mercado está en España. Les hemos
pedido a los parlamentarios argentinos una solución por esta vía.
Ahora bien, así como aquí hay puntos que nosotros apoyaríamos en una
votación apartado por apartado, porque coincidimos plenamente, en
otros sí tenemos nuestras reservas. ¿Qué quiere decir esto? Que
nosotros desearíamos que entre las enmiendas que ha traído el Grupo
Popular y las ideas -muy buenas- que tiene también la iniciativa
socialista, esto se instrumentalice aquí, en la Cámara, con el
consenso de todos, pero es que mi grupo no ha sido llamado a ninguna
forma de consenso para hacer aportaciones en cuanto a cómo vemos
nosotros, desde nuestra óptica canaria, la situación. Queremos que el
nuevo ministro comparezca ante la Comisión de Agricultura del
Congreso de los Diputados, explique sus directrices pesqueras y que
entre todos podamos ensamblar una política y no ir cada uno a hacer
campo de Agramante de todas las situaciones que se pueden plantear
aquí, que son legítimas en un partido esté en el poder o esté en la
oposición, pero es que, al final, la política pesquera es de la Unión
Europea y tiene que satisfacer los intereses de todos. La política la
negocia la Unión Europea, no la negocia el Gobierno español y, por
tanto, en este pragmatismo, nosotros lamentamos que no haya habido un
intento de consenso para este tema, porque la política pesquera se
hace en ese foro y también en el Parlamento Europeo cuando se
plantean allí estos temas.
Por estas razones, señor presidente, y acatando su indicación, mi
grupo, en caso de que fueran aceptadas, votaría favorablemente una
serie determinada de puntos, por supuesto no el de Marruecos, sí el
de Argentina y algunos otros que creo que están en la globalización,
pero pidiendo por favor que esto tenga un planteamiento de consenso
entre todas las fuerzas políticas, porque, con una desunión en esta
Cámara, menudo ridículo hacemos ante la Unión Europea, ante Marruecos
y ante cualquier otro país que esté implícito en esta moción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones, también por la
brevedad.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente. Voy a
ser muy breve.
Ciñéndome al tema, diré que nuestro grupo valora positivamente la
filosofía de la mayoría de las propuestas de la moción que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Valoramos también
positivamente el llamamiento al diálogo que ofreció el nuevo ministro
y el compromiso de una mayor dedicación al tema de la pesca.
Entendemos que las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario
Popular tienen en general una mejor redacción que las originales
defendidas por el Grupo Parlamentario Socialista.
A nuestro grupo nos gustaría que fuesen aprobadas por unanimidad
porque el sector difícilmente entendería que no fuese así.
Efectivamente, en aras de la unanimidad, estamos dispuestos a hacer
un esfuerzo que
nos permita un punto de encuentro común, aunque la experiencia hace
que seamos un poco escépticos al respecto.
Por lo que se refiere a los diferentes puntos, queremos señalar
respecto al punto 1 que nos consta que se han iniciado las
negociaciones para conseguir un nuevo acuerdo que realmente no va a
ser fácil. El Gobierno marroquí ya ha dicho que no se prevé ninguna
prórroga en el actual convenio, y por tanto no existe la posibilidad
de insistir en el tema, cuando políticamente se ha convertido en
Marruecos en una reivindicación de soberanía. Por ello sería un error
estratégico insistir en la prórroga, porque ellos tienen derecho a
plantear sus posiciones, y si realmente queremos una salida digna
para Marruecos y para la Unión Europea y que el sector pueda seguir
pescando, nosotros estaríamos más en la línea de hablar de un nuevo
convenio, y no de prórroga. Creo que plantear una prórroga no va a
ayudar a llegar al acuerdo.
Por tanto, aun estando de acuerdo con la filosofía, no podremos votar
el punto 1. Sí que votaríamos el punto número 2. Sobre el punto 3,
creemos que más que hablar de defender las claves del reparto del pez
espada en el Atlántico sur, habría que hablar de criterios generales
sobre la base de capturas históricas. Abrir un debate sobre un tema
concreto supondría sentar un precedente de efectos inciertos. Nuestro
grupo entiende que a España no le interesa la modificación de los
criterios generales de reparto sobre la base de las capturas
históricas, aunque en algún caso nos pueda perjudicar, ya que nuestra
posición en este momento es relativamente buena. Votaríamos a favor
del punto 4, no daríamos soporte al 5 y al 6, pero sí votaríamos a
favor de los puntos 7 y 8.
No entro más en profundidad en la explicación de nuestro
posicionamiento porque tengo la sensación de que el Grupo
Parlamentario Socialista va a aceptar las enmiendas que han
presentado Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, y por
tanto no habrá posibilidad de votarlas una a una, por lo que
tendremos que unirnos al conjunto de los votos.
No obstante, y para terminar, señor presidente, creo que hay una
falta de sensibilidad en la exposición del señor Blanco -y se lo digo
con todo cariño y con todo respeto-, y es que ha presentado una
moción sobre el futuro del sector pesquero, y yo entiendo que el
futuro del sector pesquero, además de ser la pesca de altura, también
es la que se llama pesca litoral. La pesca litoral, como han dicho
también algunos otros intervinientes, se realiza normalmente por
pequeños empresarios y gente con muy pocas posibilidades. Por tanto,
también nos hubiese gustado que se hubiese presentado alguna
propuesta de resolución que hubiese previsto una solución a la pesca
litoral. El sector de pesca litoral demanda de una forma perentoria
la puesta al día de la normativa vigente, que redundará, si se hace
bien, en la potenciación de la pesca sostenible. Parece ser que el
Ministerio está trabajando en una ley de pesca que sin duda va a
poner orden en el sector, y eso es imprescindible.
Adelanto que sería imposible que en la pesca litoral fuera factible
una pesca sostenible sin una normativa pactada con el sector y, sobre
todo, de acuerdo con las comunidades autónomas costeras.
Efectivamente, creo que todos estamos de acuerdo en que hace falta
una norma que regule, que ordene los caladeros y que potencie la
pesca sostenible, y luego que se cumpla. Y eso, señoras y señores
diputados, sólo será posible con la complicidad de las comunidades
autónomas que realmente tengan interés en esta cuestión.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Companys.
Señor Blanco, para aceptar o denegar las enmiendas exclusivamente,
que quizá ya se ha alargado mucho en el tiempo el debate. Adelante.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señor presidente, no tengo intención de
reabrir el debate. Simplemente voy a anunciar que aceptamos la
enmienda de adición de Izquierda Unida, que pasaría a ser el punto 9,
las tres enmiendas de adición del Bloque Nacionalista Galego, que
pasarían a ser los puntos 10, 11 y 12, y aceptamos, después de la
exposición del diputado del Grupo Parlamentario Popular, en aras
precisamente de avanzar en posiciones comunes, los puntos 3 y 4, que
sustituirían a los puntos 3 y 4 de la actual moción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Blanco.
Concluye así el debate de la moción, que será luego sometida a
votación en los términos resultantes de la posición que acaba de
fijar el ponente del Grupo Socialista.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA Y POLÍTICA DE AGUAS QUE EL GOBIERNO PIENSA
ABORDAR COMO CONCLUSIÓN DEL DEBATE ABIERTO POR EL LIBRO BLANCO DEL
AGUA. (Número de expediente 173/000146.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción de Izquierda Unida sobre la
planificación hidrológica y política de aguas que el Gobierno piensa
abordar como conclusión del debate abierto por el Libro Blanco del
agua.
Para su presentación y defensa tiene la palabra don Pedro Antonio
Ríos Martínez. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, vengo a defender
esta tarde, después de la calurosa interpelación de la semana pasada
(ha venido el frío, por eso vamos a bajar la temperatura), una
propuesta de moción para conseguir que, como en bastantes ocasiones
anteriores, el tema del agua, después del debate, de la
crítica, de la propuesta y contrapropuesta de los distintos grupos
parlamentarios, culmine cediendo todos y cada uno de los grupos para
conseguir un pronunciamiento común, poniendo el tema del agua como un
problema de Estado que intente acercar posiciones para marcar, por
así decirlo, posiciones, caminos para el Gobierno en el tramo que le
queda de legislatura.
En el debate de la interpelación la ministra hacía una separación, un
tanto complicada para este diputado, entre política de soluciones y
política de crítica. Yo voy a entrar en la política de soluciones que
ella decía que quería para que de una vez tengamos en esta
legislatura presentado el Plan hidrológico nacional; para que de una
vez podamos concitar, decir y presentar en esta Cámara las opiniones
y resoluciones que nos merece el Libro Blanco del agua y para que de
una vez respondamos a las dos grandes recomendaciones que nos hacen
desde Europa: una, los criterios de planificación y gestión de un
recurso agotable como es el agua; y dos, la calidad mínima que debe
tener ese recurso.
Por tanto, el propósito de nuestra propuesta, el objetivo de nuestra
moción, es intentar que, al igual que en octubre del año 1996, fruto
de una interpelación de Izquierda Unida, y al igual que en noviembre
del año 1998, fruto de una interpelación del Grupo Socialista,
podamos tener un pronunciamiento común. Porque lo que sí está puesto
en tela de juicio, lo que está en controversia o puesto en duda es si
hay voluntad política o no de tener presentada en esta Cámara, de
tener articulada una propuesta de planificación hidrológica que de
verdad sea útil para globalizar la actuación política, para dar
criterios de globalidad de la cual se decanten todas y cada una de
las actuaciones de agua. ¿Por qué? Porque si tenemos, por un lado,
aprobados los planes hidrológicos de cuenca; si el Plan nacional de
regadíos va por otro lado; si, además, tenemos una serie de medidas
adoptadas a través de decretos y presentada en la Cámara una reforma
de la Ley de Aguas; si todo eso está hecho y realizado al margen, una
propuesta de Plan hidrológico se quedaría en un mero catálogo de
obras. Y un Plan hidrológico no puede ser un catálogo de obras; sería
lo más contraproducente que podríamos echar encima de la palestra;
sería lo más complicado para reabrir batallas y discusiones sobre el
agua. Es necesario, por tanto, que a la vez, comprometida,
coordinada, ensamblada en la política de aguas, entre esa propuesta
de Plan hidrológico.
La Cámara tomó un acuerdo en octubre del año 1996, que era decir que
el Gobierno remitiera a esta Cámara en el plazo más breve posible un
Plan hidrológico nacional. La ministra, cuando discutíamos esto,
hablaba del año 1998. En el año 1998 dijimos hasta junio de 1999.
¿Qué es lo que propone Izquierda Unida? Que a la vez que la Ley de
Aguas, para la discusión y la coordinación de las otras actuaciones
hidrológicas se remita aesta Cámara, en junio de 1999, para su
trámite en ella,
y para buscar el consenso que tanto se ha anunciado, si es que de
verdad se quiere conseguir ese consenso.
La propuesta consigue dos cosas: una, que no haya complicación
electoral. Las elecciones se van a celebrar el 13 de junio, no hay
problema. Para el 30 de junio se ha pasado el evento electoral; no
hay esa complicación de ver quién trae más, si uno u otro; sino que
ha desaparecido ese problema de intentar buscar, el decir esto se
está haciendo, pero no lo digas hasta después de las elecciones. Para
superar eso, que parece ser que es uno de los problemas, está la
propuesta.
En segundo lugar, la propuesta no establece un tiempo para el trámite
de aprobación, sino el que sea necesario. Ahora, lo que sí hace la
propuesta es mantener una voluntad, la de orientar los criterios por
los que se debe guiar el Plan hidrológico nacional, y utiliza
fundamentalmente cuatro razonamientos: primero, la gestión de la
demanda, que la ministra dice que debe ser uno de los centros,
propuesta que, lógicamente, sale de una de las conclusiones del IV
Congreso Nacional de Medio Ambiente que unos técnicos han venido a
presentar; segundo, el fomento del ahorro; tercero, la utilización
racional de los recursos y cuarto, toda la actuación de
infraestructuras que sea necesaria para acometer esos objetivos. Ése
sería el punto 1 de nuestra moción, punto que, si tenemos la voluntad
de concitar ese encuentro, no debería tener más dificultad que buscar
el apoyo para que el Gobierno, desde esta Cámara, que tiene el
estímulo y que tiene la voluntad de control, pueda llevar a cabo la
actividad que estamos realizando.
Por tanto, esta Cámara despejaría las dudas que, a pesar de los
acuerdos que hemos logrado en otros momentos, se han ido echando
encima de esa presentación, dudas que han llegado hasta el seno del
propio Gobierno y hasta del propio grupo mayoritario o los grupos que
apoyan al Gobierno, aunque tengo que salvar a algunos, porque yo
participé en una mesa redonda en Santander en la que decía que en
esta legislatura veía difícil que se presentase el Plan hidrológico.
Desde el principio ha mantenido el criterio de que el Plan
hidrológico se puede hacer mejor al comienzo de una legislatura que
en medio de ella. Es un criterio, porque lo que defendía precisamente
era facilitar el que se pudiese hacer el debate, pero no porque no
estuviese de acuerdo con que se debatiese el Plan hidrológico.
La segunda propuesta que hace la moción de Izquierda Unida es que,
para evitar que el plan hidrológico sea un catálogo de obras y para
evitar que el libro blanco sea una especie de cortina para aplazar la
discusión, mientras que en la ley de acompañamiento se tomaban
medidas sobre la gestión del recurso agua a través de la cesión o
concesión, o la venta o compraventa de esas concesiones, la puesta en
marcha de ese mercado de concesiones, por decirlo de una forma más
articulada -la Ley de Aguas habla ahora de regulado, medido,
articulado-, y por otro lado buscando que el libro blanco sirva para
ese debate amplio que se ha abierto en la sociedad, nosotros
proponemos que se
tramite en el Congreso como un documento del Gobierno.
Podemos entrar en la discusión de si este documento es un plan, un
programa o una comunicación. Yo les puedo decir que precedentes en
esta Cámara hay para todos los gustos. Hasta anteproyectos de planes
se han debatido en la Cámara con resoluciones, como el de regadíos y
otros; libros blancos se han discutido en anteriores legislaturas,
como el de la justicia u otros; es decir, ha habido experiencias de
tramitación de documentos del Gobierno. Si la voluntad del Gobierno
es promover un amplio debate nacional para recoger recomendaciones,
¿cómo es posible que eso no se pueda hacer con los grupos de la
Cámara con las resoluciones y recomendaciones a que se pueda llegar?
Como decía muy bien el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) en la anterior intervención, el trámite se
puede hacer en Comisión, en Ponencia y en Pleno, con independencia de
que el documento sea articulado. Sí que tenemos una agarradera para
la discusión, y es que se trata de un documento aprobado por el
consejo de Ministros. ¿Qué aprueba el Consejo de Ministros? Pues un
documento articulado con una propuesta que en origen tendría que
ser...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego vaya concluyendo.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.
Repito, tendría que ser la base que cogiera de la mano el Plan
hidrológico nacional. Esta es la voluntad con la que se trajo el
Libro Blanco del agua, que se presentó en febrero en el Senado y que
nos ha sido distribuido a todos los grupos parlamentarios; sin
embargo, no ha sido tramitado aquí. Traer de la mano el Plan
hidrológico nacional. Bien, pues esa es la voluntad de mi grupo:
traer ese debate para recoger la opinión que los grupos puedan
aportar. Desde luego lo que sí se me puede decir es que no es lo
mismo una fórmula u otra. Yo he propuesto el camino del reglamento,
que es lo mismo para la comunicación en el artículo 196 que en el 197
que en el 198. Se me puede decir otro camino. Yo estoy dispuesto a
aceptarlo. Lo que no se me puede decir es que impide o dificulta la
discusión del tema del agua el que eso se tramite aquí. Otra cosa es
que a alguien no le guste que se traigan las cosas o se debatan en el
Parlamento.
Y, tercero, y con esto termino, señor presidente: lo que propone es
una obligación y un mandato a nivel europeo, y es la mejora de poner
el volumen de agua suficiente en manos de los ciudadanos que
necesitan ese agua, asequible en función de las condiciones para
acceder a ella y de calidad suficiente para que sea un recurso
utilizable para cualquiera de los menesteres que sea: regadíos en
unos casos, abastecimiento en otros o actuación industrial en otros.
Por tanto, lo que proponemos es acelerar las actuaciones. Al final
viene a recoger lo que se aprobó en el
año 1996, que era una propuesta más amplia: gestión integral del
ciclo hidráulico contenido en la Ley de Aguas para la presentación
del Plan nacional de saneamiento y depuración. Eso ha cubierto un
trámite, en la mayoría de los casos están elaborados los planes de
saneamiento de algunas cuencas, y lo que proponemos es acelerar las
actuaciones de saneamiento y calidad de aguas para profundizar en la
ejecución del Plan nacional de saneamiento y depuración de aguas,
porque mal vamos a regular a través de la Ley de Aguas, mal vamos
a regular a través de cualquier actuación si no mejoramos sensible y
notablemente la calidad del agua que estamos ofertando o poniendo en
manos de los ciudadanos para cualquier servicio.
Esa es la voluntad con la que hemos traído la propuesta. Estoy
convencido de que como estamos en buen tiempo -lo digo mirándolo
desde donde uno viene-, el tiempo está para llover, y como está para
llover y ha refrescado un poco, creo que será fácil el que la Cámara,
igual que en otros momentos, pueda tomar un acuerdo unánime sobre
esta propuesta. En caso contrario, se produciría un recrudecimiento
del enfriamiento de la temperatura, lo que llevaría a una vuelta a la
sequía, que no es bueno para el Parlamento ni para los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
A esta moción ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Mixto, para cuya presentación y defensa tiene la
palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Nuestra enmienda va dirigida a profundizar en un aspecto
competencial, que es esencial por lo menos para algunos territorios
del Estado español, como espero demostrar.
Sus señorías recordarán que la Constitución española, en su artículo
148.10, reconoce a las comunidades autónomas competencias en los
proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos de interés de la respectiva comunidad
autónoma, así como de las aguas minerales y termales.
Si uno coge algún Estatuto de Autonomía, en concreto el de Galicia,
ve que en sus artículos 27.7 y 27.12 se habla de exclusividad
competencial en obras públicas que no afecten a otras comunidades
autónomas y en obras hidráulicas, canales y regadíos cuando las aguas
discurran íntegramente dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
Pues bien, señorías, da la casualidad de que hay ríos que transcurren
íntegramente por territorio de Galicia y que, sin embargo, están
excluidos del ámbito competencial de la comunidad autónoma. Por
ejemplo, hay un caso de un río, como es el río Limia, que desemboca
en Portugal, pero que todo su trayecto, realizado dentro del
territorio del Estado español, discurre por
Galicia, que es competencia nada menos que de la Confederación
Hidrográfica del Norte, con sede en Oviedo. O el río Cabe, que es un
afluente del Miño, río que, como todos ustedes saben, transcurre por
toda Galicia, haciendo frontera con Portugal, y es competencia
también de la Confederación Hidrográfica del Norte. Por tanto, dos
regadíos tan importantes como el de Limia y el de Val de Lemos, que
son los únicos que tenemos en Galicia, corresponden competencialmente
al ámbito del Estado.
Ustedes sabrán que la ley de 1985 no impide delegar parte de las
competencias del Estado, a pesar de que se hizo una lectura
restrictiva, a partir de reales decretos, sobre todo en lo que es la
actuación en el dominio público hidráulico. Cabe recordar, además,
que la Constitución española posibilitaría en el artículo 150.2
transferir o delegar en las comunidades autónomas competencias a
través de transferencia o pura delegación. Y vuelvo a poner ejemplos
importantes. En concreto, en Galicia hay cuencas hidrográficas, como
la del río Miño, con todos sus afluentes, que ya es decir, o sea, la
inmensa mayoría de Galicia, el Eo, el Navia, el Limia, al que antes
me referí, o el Támega, que es un afluente del Duero, pero a su paso
por Portugal, que quedan excluidos de cualquier tipo de competencia
de la comunidad autónoma. Por tanto, no es anormal que haya un olvido
por parte de la Confederación Hidrográfica del Norte, con sede en
Oviedo, incluso cuando hay inundaciones en ríos como el Támega o en
ríos como el Limia, que prácticamente están abandonados de la mano de
Dios. E incluso el río Miño, que es el más característico de toda
Galicia, queda también excluido de cualquier tipo de injerencia de la
comunidad autónoma.
Ustedes comprenderán que no es de recibo que todas las cuencas
hidrográficas de Galicia pertenezcan a una confederación hidrográfica
tan amplia que empieza en la frontera de Portugal y acaba en la
frontera francesa, y además con una capitalidad situada no
precisamente en el territorio que tiene más cuencas hidrográficas,
más caudal hídrico y más problemática desde todo punto de vista.
Este es el motivo por el cual nosotros pensamos que habría que
posibilitar la delegación en las comunidades autónomas de
competencias estatales sobre aguas continentales en su transcurso por
sus territorios respectivos, así como contar con organismos políticos
competentes en la materia en ellos radicados, de forma que la
proximidad administrativa favorezca la unidad de gestión, el cuidado
y uso adecuados y la correcta regulación del dominio público
hidráulico, aspectos hoy especialmente desatendidos en alguna cuenca
hidrográfica de competencia estatal. Quiero decir además que esto es
así porque cuando se plantean estos problemas, sobre todo al
Ministerio de Medio Ambiente y, en particular, a su ministra, no sabe
ni contesta.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. ¿Grupos que sin haber presentado enmiendas desean fijar su
posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene
la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.
Tengo una papeleta un poco difícil, porque voy a tener que justificar
una votación no deseada. Yo no estoy de suerte con las relaciones con
el Ministerio de Medio Ambiente en los temas hidráulicos, de los que
soy portavoz por mi grupo. En esta moción tengo ciertos problemas. En
el primer punto ninguno. Ya hace tiempo, señor Ríos, -usted lo ha
dicho en la Cámara- que yo tengo muy claro que esto no puede ser
realidad hasta después de las próximas elecciones generales. Ahora
vienen unos tres años tranquilos para un consenso. Si usted me dice
que tiene que ser antes, yo le diría que hay elecciones autonómicas
en Cataluña y las propias generales pueden dificultar el consenso.
Tiene usted razón cuando dice que se nos prometió para 1997, para
1998, para junio de 1999 y en un momento dado salió una fecha que fue
al final de la legislatura, y a eso se comprometió la señora
ministra. Por tanto, entrará en esta Cámara el Plan hidrológico a
finales de la legislatura, en el mes de noviembre o diciembre, y se
archivará, porque el Plan hidrológico tendrá que volver después. Por
tanto, como no entro ya en el tema de los plazos, no puedo aprobar
este punto, a pesar de que mucho he deseado desde hace tiempo poder
votar algo que tuviese posibilidades de ser realidad.
El tercer punto no vamos a apoyarlo, porque son temas que estaban
fuera de la interpelación inicial y además hay trabajos que ya se
están realizando. Mi problema reside en el punto segundo. Yo quisiera
votarlo favorablemente si el Reglamento permitiera que no hubiese
ninguna enmienda aceptada. Sin embargo, analizando a fondo,
previamente tendría que hacer una pregunta a la Mesa del Congreso: ¿
Cómo se considera por la Mesa del Congreso el Libro Blanco del Agua?
¿Cómo lo considerarían: un programa o un plan? Si la Mesa del
Congreso lo va a definir como un programa y un plan nos hemos
equivocado, señor Ríos; no puede ir por el artículo 198. Si fuese
considerado un documento, una comunicación del Gobierno tendría que
ser por el 196.
Además, si voy al Reglamento encuentro otra cosa. Ya ve usted, como
le he dicho al principio, que estoy buscando una justificación a una
votación no deseada. Dice el artículo 196: Cuando el Gobierno remita
al Congreso una comunicación... Y dice el 198: Si el Gobierno
remitiera un programa... Señor Ríos, el Gobierno aquí no remite nada,
por lo que tenemos que empezar diciendo que no podemos hablar de un
documento remitido, que se hubiese remitido antes, tanto en un punto
como en otro.
Yo lamento mucho que el Libro Blanco del Agua, en su primera página
escrita, negro sobre blanco, nos viene a decir que se presenta de
forma abierta, como documento de trabajo, para ser sometido a
discusión y debate público y ser perfeccionado colectivamente
mediante ese proceso participativo. Se ha mandado a mucha gente,
algunos diputados lo han recibido, otros hemos solicitado que se nos
remitiese y, al final, el Ministerio de Medio Ambiente nos invita a
participar en este proceso y agradece de antemano la atención y la
crítica. Eso es lo que dice el Libro Blanco, y hay otros párrafos del
mismo estilo. Se ha mandado a numerosos especialistas del ámbito
profesional y universitario. Incluso dice que, si alguien quiere
expresar sus comentarios, propuestas o sugerencias por correo
ordinario o por fax o por E-mail, lo puede mandar como quiera. Lo
único que ha pasado es que los diputados, esta Cámara, no han tenido
conocimiento de este Libro Blanco, de forma que se pueda opinar. Por
tanto, no podemos votar resolución alguna sobre esto que,
prácticamente, para esta Cámara no existe.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista considera que esta moción que presenta
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida es lógica y coherente con
lo que se ha hecho en esta Cámara durante todo este tiempo, recoge
perfectamente lo que desde el Grupo Socialista también se ha dicho en
muchas ocasiones y plantea tres puntos con los que hay perfecta
coincidencia, porque no hacen sino refrendar lo que se ha dicho en
octubre de 1996 y en octubre de 1998. Y por mucho que digan que a
veces no se actúa con rigor, vamos a ver si esta vez sí lo hay. Vamos
a ver si el Grupo Popular y el Grupo de Convergència i Unió, a pesar
de las manifestaciones que ha hecho el señor Sedó, son coherentes en
esta ocasión. Vamos a ver si son coherentes y votan lo mismo que
votaron en 1996 y en 1998. No se está pidiendo nada más; sólo se está
pidiendo que ustedes digan: sí, efectivamente, queremos que se
presente el Plan hidrológico nacional antes del 30 de junio de 1999,
porque en 1998 dijeron que se haría. Además, se añade otra coletilla
que lo relaciona con los planes hidrológicos de cuenca y el Plan
nacional de regadíos.
El otro día decía una cosa la señora De Lara, que como es la última
que interviene siempre aprovecha para lanzar alguna puya al
representante del Grupo Socialista, venga o no a cuento, pero las
lanza y se queda muy tranquila. Debe ser que el fax de Génova o el de
Moncloa le dicen que es el momento de atacar al portavoz del Grupo
Socialista, porque interesa. Se han aprobado con consenso los planes
hidrológicos de cuenca -decía usted-, que era una asignatura pen
diente
del Grupo Socialista. Pero ustedes han aprobado tres de los nueve,
diez, once o doce que haya, en función de cómo los quiera fijar,
porque hay alguno que está hecho en tres partes. Y esos tres ustedes
los han aprobado ya que antes existía un entendimiento en el Consejo
Nacional del Agua, un entendimiento en los consejos de cuenca del
agua; según eso ustedes dan un paso: los publican. Y los publican y
aprueban en agosto de 1998. Y ustedes se fijan un plazo en el que
dicen: antes del día 26 de abril, nueve meses, nosotros los
publicaremos en el Boletín Oficial del Estado. Si mi memoria no
falla, señorías, en este país cuando algo no se publica no está en
vigor. Apruébenlo como les dé la gana, pero, si ustedes aprueban un
real decreto sobre los planes hidrológicos de cuenca y no los
publican, no estarán en vigor. Eso es lo que sucede en este caso
concreto: que ustedes aprueban un instrumento de planificación de
cuenca y luego no los declaran en vigor.
En segundo lugar, la moción dice que quiere que se traiga el Libro
Blanco del Agua. También lo hemos dicho y ustedes aceptaron el plazo
de un mes, el 20 de noviembre de 1998, para presentar en este
Congreso el Libro Blanco del Agua; no es ningún invento; si no lo
quieren hacer ahora será porque no les venga en gana, como suelen
hacer muchas cosas, pero no porque no tengan obligación con esta
Cámara, a la que deben de respetar, aportando aquí la documentación
que esta Cámara obliga al Gobierno a traer. Ese Libro Blanco del Agua
no sé si es un documento de intenciones, no sé si es un plan, no sé
si es un contrato, no lo sé; sólo sé que es un documento elaborado
por ustedes que han reconocido y querido enviar aquí, mientras que
ahora se niegan a traerlo. No pasa nada porque esta Cámara conozca el
debate de ese Libro Blanco del Agua con las propuestas de resolución
que estime oportunas para fijar las directrices del Plan hidrológico
nacional, según ustedes dicen. Llega un momento en que ya no se sabe,
señorías, a qué estamos jugando. Me da la sana impresión de que
ustedes, entre las declaraciones de interés general de los doscientos
y pico mil millones de pesetas de hace unos meses, el decir que no
hay sequía y después resulta que están elaborando reales decretos-ley
en los que se confirma que hay sequía, el decir que van a traer el
Plan hidrológico nacional y luego no lo traen, abordan el mercado del
agua en función de un proyecto de ley que veremos en las próximas
semanas -si ustedes quieren-;en este país no hay ninguna política de
aguas a la que agarrarse. Y decía usted que cumplían compromisos.
Señora De Lara, léase, por favor, los boletines de esta Cámara, cuyas
notas están perfectamente tomadas por una serie de funcionarios que
se dedican a coger todo lo que nosotros decimos, y usted no sabe ni
leerlo, y después de eso, ni cumplirlo.
Esta moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida es muy lógica,
muy coherente, muy en consonancia con lo que Izquierda Unida y el
Grupo Socialista han planteado durante esta legislatura. Lo que sí es
cierto es que supondría traer a esta Cámara una política del agua que
ustedes, por mucho que digan, no tienen.
A veces pienso que cuando aquí dijeron en 1996 igual que en 1998 que
iban a haber un Plan hidrológico nacional y no lo trajeron, o cuando
dicen que los planes hidrológicos de cuenca están aprobados -no están
en vigor, por mucho que digan ustedes- y no los publican, es porque
no se creen su planificación, que es su idea original. Ustedes
entienden que planificar en política de aguas no es bueno. Les guste
o no, señorías, cuando desde Bruselas se diga que la directiva marco
de política de agua hay que ponerla en práctica, tendrán que
planificar. Ya sé que en su concepto liberal de funcionamiento de un
país este término de la planificación no acaba de gustarles, pero
tendrán que hacerlo. En aras a ese consenso que dicen ustedes que
nosotros hemos roto, señora De Lara, si usted se ha leído bien los
documentos y las cartas que ha habido de intercambio entre los dos
grupos y ve cuál ha sido el resultado de esas conversaciones, se dará
cuenta de que no han admitido nada de lo que ha planteado el Grupo
Socialista. Si eso son ganas de dialogar o de consensuar, ya me dirá
usted a qué estamos jugando. No han aceptado ni un sólo de nuestros
planteamientos. Han dado largas y han intentado disfrazar un diálogo
de la mejor manera posible para echarnos en cara que no hay acuerdo
en política de aguas en este país, y la culpa la tienen ustedes, no
sé si usted sólo, señora De Lara, o el conjunto, pero son los
responsables de que esto pase.
Yo no sé si al final habrá guerra del agua, pero, no habiendo
planificación general a través de un Plan hidrológico nacional, no
entrando en vigor los planes de cuenca, no sabiendo qué vamos a hacer
con el Plan general de saneamiento y depuración de aguas, cuyo
desarrollo está ralentizado, creo que lo que estamos haciendo es
poner encima de la mesa todas las causas suficientes para llevar
adelante lo que está sucediendo, y se lo dije la semana pasada. Usted
me respondió que no era cierto, pero lo es. En Aragón dicen que no
hay trasvase y manifiestan que en Murcia y en Valencia va a haberlo.
Eso se corregiría si ustedes tuvieran la capacidad -que creo que no
la tienen- de traer aquí este documento y, en principio, aprobar
estos tres puntos que establece hoy la moción de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la
moción de Izquierda Unida, y lo hará por varios motivos que voy a
exponer brevemente. El primer punto de la moción insta al Gobierno a
remitir a la Cámara, antes del 30 de junio, el tantas veces nombrado
y debatido Plan hidrológico nacional, elaborado desde unos principios
generales que el señor Ríos nos
ha especificado. Pues bien, señorías, como hemos repetido en
reiteradas ocasiones desde esta tribuna, la ministra de Medio
Ambiente y la propia portavoz que les habla, el proyecto de ley del
Plan hidrológico nacional se está preparando conforme a las fases y a
la metodología de trabajo prevista, que gustosamente repetiré a sus
señorías. En primer lugar, en julio de 1998 se aprueban -como ya se
ha dicho aquí hoy- los planes hidrológicos de cuenca; a continuación,
en diciembre de 1998 se presenta a debate público el Libro Blanco del
Agua en España. De ese debate público han surgido numerosos
comentarios y sugerencias, que se están considerando en la
preparación y redacción del Plan hidrológico nacional que será
remitido al Consejo de Ministros para su aprobación y posteriormente
a esta Cámara para su debate. Ésta es, señorías, la metodología del
Ministerio de Medio Ambiente; metodología que parece que ustedes no
conocen y que aquí se ha repetido muchas veces. Esa metodología,
unida a la política de consenso en materia de aguas que se está
efectuando, ha dado sus frutos, a costa -como ya he indicado en otras
ocasiones- de ralentizar, en algunos casos, el ritmo del proceso.
Pero ese consenso y ese diálogo está dando sus frutos. De cualquier
forma, señorías, la pasada semana la ministra reiteró que presentará
en esta legislatura el Plan hidrológico nacional, y en esto estamos,
señorías, por lo que no tendría sentido votar de nuevo la propuesta
que ya aquí se ha votado otras veces.
Tampoco es necesario, señor Ríos, instar al Gobierno a que cumpla
unos principios que precisamente son los suyos. Usted indica en el
texto de la moción que el futuro Plan hidrológico se orientará, de
manera preferente, hacia la gestión de la demanda, fomentando el
ahorro y la utilización racional de los recursos hídricos. Por
supuesto que sí, señor Ríos; si estamos en esto, si ésta es nuestra
política. ¿Ha leído usted con detenimiento -lo mismo que me decía
usted a mí- los diarios de sesiones de los plenos y de la Comisión de
Medio Ambiente? Es que usted ha dado en el clavo exactamente sobre
cuáles son los objetivos en política de aguas, los objetivos del
Ministerio y los objetivos del Grupo Parlamentario Popular. Señoría,
no caiga en la demagogia, no inste al Gobierno a que cumpla lo que ya
está haciendo. Sabe usted bien que precisamente estos aspecto
(gestión de la demanda, fomento del ahorro, utilización racional de
los recursos) son los que han inspirado el proyecto de la reforma de
la Ley de aguas, tan criticados, por cierto, por ustedes en otros
momentos.
En lo que al Plan nacional de regadíos se refiere - que también se ha
comentado aquí-, y aunque es competencia del Ministerio de
Agricultura, sí puedo indicarle, señoría, que ya está preparado el
borrador y está previsto que el documento definitivo sea presentado
al Congreso, junto con el Plan hidrológico nacional.
El segundo punto de la moción solicita para el Libro Blanco del Agua
un trámite de ponencia y Comisión seguido de unas votaciones de
resoluciones, basándose
en el artículo 198 del Reglamento. El artículo citado, señoría, se
refiere al examen de planes y programas remitidos por el Gobierno
para los que se requiera el pronunciamiento de la Cámara. Éste no es
el caso del Libro Blanco del Agua. Éste, usted bien lo conoce, no
tiene la naturaleza ni de plan ni de programa, es un documento serio
que realiza por primera vez en España un análisis homogéneo de los
problemas reales del agua; un análisis de los problemas que se han
planteado con la aplicación de la Ley de aguas de 1985; un análisis
económico del recurso; señala las bases para estimar la evolución
previsible, estableciendo opciones y prioridades. En definitiva,
señorías, es un excelente documento de partida, antesala de la
reforma de la Ley de aguas de 1985 y del Plan hidrológico que ha sido
remitido formalmente al Congreso de los Diputados para su
conocimiento y análisis y, en su caso, remisión de comentarios y
aportaciones de los grupos parlamentarios en el proceso de debate
público iniciado. Pero no se confundan ustedes, señorías; en ningún
caso requiere un pronunciamiento de la Cámara ni trámite de ponencia
ni propuestas de resolución.
El último punto de la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida solicita que se acelere la ejecución del Plan nacional de
saneamiento y depuración. Señor portavoz de Izquierda Unida, creo que
objetivamente, tras un análisis serio y riguroso, y después de
repasar el Plan nacional de saneamiento y depuración, estará usted de
acuerdo conmigo en que el cumplimiento del citado plan en el momento
actual es satisfactorio y ha alcanzado una cifra cercana al 75 por
ciento de las inversiones previstas. Creo que el esfuerzo realizado
en este sentido, el impulso que se ha dado a la mejora de la calidad
de las aguas, tanto en inversiones del programa 441 A, que se han
duplicado respecto a las que existían en la etapa socialista, como en
inversiones a través del modelo alemán o de las sociedades estatales,
movilizando los recursos privados, los recursos de los que la
sociedad dispone, el esfuerzo realizado, digo, señorías, es enorme y
los resultados ya se están percibiendo.
Finalmente, el programa de actuaciones para la mejora y recuperación
de la calidad de las aguas de la cuenca del Segura, que están
afrontando conjuntamente el Ministerio de Medio Ambiente y las
comunidades autónomas de Valencia y Murcia, por un importe superior
a los 40.000 millones de pesetas, pronto solucionará la situación
creada por la dejadez y el olvido durante muchos años del anterior
Gobierno socialista. Ésta es, señor Ríos, la política de soluciones
que usted echa en falta y, sin embargo, es la política de soluciones
para mejorar la calidad medioambiental de las aguas de España. No
dude usted de que el Gobierno y el grupo parlamentario creen
fundamental obtener un consenso en política de aguas, y no tema que
ni la futura ley del Plan hidrológico nacional será un catálogo de
obras -así era el anterior Plan hidrológico elaborado por el señor
Borrell- ni el Libro Blanco del Agua será una cortina de humo. El
Libro Blanco y la
reforma de la Ley de aguas serán, señorías, los pilares básicos de
este Plan hidrológico nacional que espero que se apruebe en esta
Cámara con el consenso de todos los grupos parlamentarios.
Decía el señor Morlán en su intervención que yo aprovecho siempre mi
turno para echarle puyas -creo que es lo que ha indicado-. Bien, es
que el señor Morlán ha aprovechado su turno entero no para hablarnos
de la moción, no para desmenuzar los puntos de la moción, sino para
criticar lo que yo dije el último día.
Señor Morlán, tengo que indicarle que se han aprobado tres planes de
cuenca, pero han sido los tres que más problemas presentaban y que
ustedes no fueron capaces de aprobar, usted lo sabe. Se han podido
aprobar a través del diálogo y del consenso; diálogo y consenso que
ustedes no tuvieron ni con las propias comunidades en las que ustedes
estaban gobernando.
Dice que no conoce el Libro Blanco. Sinceramente creo que el que el
portavoz del Grupo Socialista en el Congreso en materia de aguas no
conozca el Libro Blanco del Agua, cuando se ha remitido formalmente
al Congreso de los Diputados -y usted lo tiene-, es bastante
lamentable e indica claramente que usted no tendrá demasiado interés
en conocerlo. Aparte de ello, en Comisión se ha hablado dos veces del
Libro Blanco del Agua y en este Pleno, desde esta tribuna, la
ministra de Medio Ambiente también se ha referido a él.
Respecto al diálogo que indiqué el otro día que el Grupo Socialista
había roto de forma unilateral, sabe usted, señor Morlán, que lo que
he dicho es absolutamente correcto. Lo que ustedes decían, señor
Morlán, lo que ustedes pedían era una serie de cautelas en la
flexibilización de los derechos concesionales, y esta serie de
cautelas, hasta un número de quince, están incluidas en la reforma de
la Ley de aguas.Ustedes pedían que las eléctricas no pudieran entrar
en esta flexibilización, y hay una cautela específica que se refiere
a las eléctricas. Por consiguiente, señor Morlán, puede decir lo que
quiera pero usted es consciente de que ustedes han roto el consenso,
que espero que recuperemos en esta Cámara cuando debatamos el
proyecto de ley de la reforma de la Ley de aguas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora De Lara.
Señor Ríos, S.S. tiene la palabra para expresar la aceptación o no de
la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, la propuesta que hace el
Grupo Parlamentario Mixto es prudente, tanto en la forma como en el
fondo a la hora de redactar esta propuesta. Pero hay dos razones, por
las que, a pesar de estar de acuerdo no solamente en los ríos que ha
enumerado sino en otros que hay en otras cuencas, sobre todo en la
del sur, no habría que incorporarlos a la moción, que no quiere decir
que no se haga en otro debate.
He de añadir, primero, que el tipo de votación que se va a producir
después, si acepto la enmienda, tendría que ser en bloque y no
separados los tres puntos para ver el apoyo que tiene cada uno de
ellos. El segundo es más un tema de la Ley de aguas, de la regulación
de esta ley, para ajustar esta ley del año 1985 a la nueva estructura
del Estado donde se podría colocar, y tendremos tiempo para poder
discutirlo e incorporarlo en ese trámite.
Señor presidente, aunque no se ha presentado por escrito, en la
intervención del portavoz de Convergència i Unió se me ha hecho una
sugerencia, y voy a proponer una modificación en el punto segundo de
la moción para facilitar el objetivo que perseguía.
Pretendo suprimir del punto segundo la expresión: al artículo 198, de
tal manera que nosotros instamos al Gobierno a dar trámite en el
Congreso de los Diputados, conforme al Reglamento, al Libro Blanco
del Agua. Con esa propuesta, señor presidente, se haría el trámite
con la calificación que el Gobierno le diera, la que le quiera dar.
El artículo 196 del Reglamento dice: Cuando el Gobierno remita al
Congreso..., mientras que el artículo 198 dice: Si el Gobierno
remitiera... En cualquiera de los casos, con esa redacción, señor
presidente, cabría la calificación que el Gobierno le dé. No habrá
ningún problema para que él estime sus documentos, que aprueba en el
Consejo de Ministros. Esperamos que en ese gran debate de política
nacional, de gran participación pública, también se recoja algo tan
pequeño en la participación pública como es la opinión de este
Congreso de los Diputados, que es representante de la soberanía
nacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Lo interpreto como una enmienda transaccional que, ofrecida desde el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), S.S. acepta,
introduciendodicha enmienda en el texto originario de su grupo
parlamentario.
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE TIENE PREVISTO IMPULSAR EL GOBIERNO
PARA FAVORECER LAS EXPORTACIONES Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS ESPAÑOLAS. (Número de expediente 173/000147.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): A continuación,
vamos a debatir el punto 9 del orden del día, que es la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que
tiene previsto impulsar el Gobierno para favorecer las exportaciones
y la internacionalización de las empresas españolas.
Para su presentación, en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor presidente.
La moción que ha presentado nuestro grupo parlamentario de
Convergència i Unió, como consecuencia de nuestra interpelación
urgente sobre la internacionalización de nuestras compañías y
nuestras empresas en los mercados exteriores, así como de su
presencia e implantación en los mercados internacionales, vino
motivada por el debate, en el cual coincidieron la mayoría de los
grupos parlamentarios, sobre la necesidad de impulsar medidas para
favorecer las exportaciones de nuestro tejido productivo, así como
incrementar la presencia de nuestras compañías españolas, no sólo en
los mercados emergentes sino en mercados tan importantes como los de
los Estados Unidos -como todas SS.SS. saben, en los últimos diez años
nuestro tejido industrial de exportación a los Estados Unidos ha
experimentado un descenso del 10 por ciento, que ha supuesto una
rebaja de cinco puntos aproximadamente-, posibilitando también las
exportaciones de nuestros tejidos industriales a los países del Este
que en estos momentos solamente representa un 2,5 por ciento de
nuestras exportaciones. Por este motivo entendemos desde Convergència
i Unió que el gran reto de la economía española durante los próximos
años y el próximo milenio básicamente tendría que centrarse en la
internacionalización de nuestras compañías, de nuestro tejido
productivo, de la implantación de nuestras empresas en el exterior y
también a través del impulso y la adaptación de la normativa vigente
en estos momentos para adecuarlos, y que nuestro tejido productivo
basado especialmente en las pequeñas y medianas empresas pueda
realizar su incursión en el exterior, no solamente a través de las
exportaciones, sino por la implantación de las pequeñas y medianas
empresas dentro de los mercados internacionales.
Por eso, nuestro Grupo de Convergència i Unió ha presentado una
moción con una serie de puntos, que van a impulsar estas medidas,
para que se pueda producir justamente lo que da titulo a la moción
presentada por nuestro grupo parlamentario. Las cinco primeras van
destinadas a impulsar y mejorar todos los canales que hoy existen
dentro del Ministerio de Economía, así como de los organismos
autónomos, para que se pueda producir su rápida difusión y
autorización para que la presencia en el exterior de nuestro tejido
productivo alcance los niveles óptimos que nosotros pretendemos,
a raíz de la presentación de esta moción.
Los seis primeros van dirigidos a agilizar e impulsar una rápida
difusión y autorización de los tres fondos destinados al fomento de
la inversión española, creados en al Ley 66/1997, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social, que básicamente están
centradas en potenciar que las pymes puedan salir al exterior con una
solvencia en cuanto a la financiación y a los recursos propios, que
puedan acceder fácilmente a
ellos y puedan ser competitivos con otros países de la Unión Europea,
así como también con el resto de países que están en unos niveles
óptimos de internacionalización.
También promovemos, dentro de este grupo de mecanismos que ya
existen, reforzar todas aquellas políticas de exportación para
pequeñas y medianas empresas que vayan en coordinación con las
diferentes comunidades en las cuales estén ubicadas. También
pretendemos que se establezcan y se diversifiquen todas aquellas
políticas específicas que vayan dirigidas al apoyo de acciones
promocionales, capaces de difundir la imagen de marca o calidad
extrapolable a otras producciones del Estado español.
Continuamos pidiendo -y el Gobierno ha hecho un esfuerzo considerable
en este sentido- que exista la posibilidad de incrementar la red de
convenios bilaterales de doble imposición internacional con países
estratégicos, como pueden ser países de la América Latina, de África
y de Asia. También continuamos pensando que es una gran herramienta,
un gran mecanismo para la internacionalización de nuestras compañías,
para estimular la participación de las sociedades de capital riesgo
en proyecto de inversión en el exterior y en proyectos de iniciación
o consolidación de exportaciones en mercados exteriores. Continuamos
proponiendo en los puntos 7, 8 y 9 nuevos mecanismos fiscales
y financieros -según unos estudios que pedimos que presente el Gobierno
antes de que se negocien los Presupuestos Generales del Estado, así
como también la Ley de acompañamiento- que puedan mejorar el
tratamiento fiscal de la repatriación de beneficios en el exterior,
promoviendo una serie de incentivos fiscales a la exportación y a la
inversión, y particularmente a todas aquellas inversiones destinadas
a investigación y desarrollo, que desgraciadamente han quedado
paralizadas en otros proyectos de innovación tecnológica que tenía
pensado plantear el Gobierno. En este campo concreto creemos que
sería interesante que el Gobierno y todos los grupos de la Cámara
conviniéramos en que en el campo de la inversión y desarrollo,
referidos a proyectos internacionales, pudiera haber fórmulas
fiscales que posibilitasen que estas economías tuviesen la
implantación subsiguiente en el exterior.
En el punto número 7 creemos que sería bueno y adecuado favorecer la
implantación de grupos internacionales con dirección y control en
España mediante la moderación de sus costes fiscales internacionales,
así como favorecer la creación de grupos empresariales españoles con
posibilidades de implantación en el exterior para poderles dar una
significación importante a todos los holding españoles, que quizá
hoy, por cuestiones fiscales y competitivas, prefieran tener la
central de sus actividades, no en paraísos fiscales pero sí en países
como pueden ser Inglaterra, Alemania o Portugal, cuando podían estar
ubicados perfectamente dentro del Estado español.
También proponemos en uno de los puntos la necesidad de crear una
estrecha relación entre la Administración
económica y tributaria y la actividad empresarial, a fin de que se
pueda favorecer la captación de inversiones estratégicas para el
desarrollo industrial, porque quizá por una falta de entendimiento
entre lo que representa la economía productiva y la Administración
tributaria a veces se nos pueden escapar inversiones importantes,
mientras que con una buena coordinación de movimientos y de
actuaciones sería posible que el desarrollo en determinadas zonas
pudiera favorecer la captación de inversiones provenientes del
extranjero.
Por último, hemos estimado oportuno incorporar una cuestión que viene
siendo reclamada por nuestro grupo parlamentario, así como por otros
grupos parlamentarios de la Cámara, en el sentido de intentar
acelerar la devolución del IVA para todas aquellas empresas
exportadoras, ya que estamos plenamente convencidos de que el recorte
de los plazos en la devolución del IVA dejará de ser una falta de
financiación por parte de nuestras compañías, a las cuales Hacienda
les adeuda el pago del IVA en unos períodos de tiempo que pasan de
unos plazos de pago que dificultan su financiación. Sinceramente, si
conseguimos acortar o recortar los plazos de pago y lo adecuamos a la
Ley de derechos y garantías de los contribuyentes, con el efecto de
conseguir una mayor eficacia en la compensación de deudas
tributarias, se contribuiría a mejorar la financiación de dichas
empresas.
Se han presentado diferentes enmiendas a nuestra moción y después de
que hayan sido defendidas por los grupos proponentes de las mismas
fijaríamos nuestra posición.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
Han sido presentadas enmiendas a esta moción por parte del Grupo
Socialista y del Grupo Parlamentario Popular.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Socialista,
tiene la palabra la señora Leiva.
La señora LEIVA DÍEZ: Señor presidente, señoras y señores diputados,
estamos en este momento defendiendo la moción que ha presentado
Convergència i Unió sobre las medidas de carácter general que tiene
previsto impulsar el Gobierno para favorecer las exportaciones y la
internacionalización de las empresas españolas.
El Grupo Socialista cree que son medidas de carácter general, porque
son un poco vagas, inconcretas y muy generales. Por tanto, el Grupo
Socialista las ha querido concretar con las enmiendas que ha
presentado a esta moción, que son cuatro de modificación, una de
supresión y dos de adición. Me parece especialmente importante hacer
una defensa en este momento de las mismas.
La primera enmienda que hemos presentado trata de que los tres fondos
que se constituyeron con la Ley de
medidas fiscales, administrativas y de orden social en el año 1977
lleguen a agilizarse, a impulsarse y a que de verdad sirvan para lo
que fueron creados. ¿Por qué digo esto? Porque de los tres fondos
creados, el Fiex, el Giex y el Fondpyme, los dos primeros, que
ascienden a más de 100.000 millones de pesetas, han sido diseñados
para apoyar a grandes proyectos y a grandes empresas, sobre todo en
sus inversiones de privatizaciones y concesiones en el exterior. Si
lo comparamos con los 4.000 millones previstos para apoyar la
internacionalización productiva de las pymes, a través del tercer
fondo, el Fondpyme, con esta enmienda queremos equilibrar y apoyar a
las empresas exportadoras productivas generadoras de empleo y más
necesitadas de apoyo en su internacionalización.
Con la segunda enmienda queremos que se refuercen las políticas de
comienzo de la actividad de comercio exterior para pequeñas y
medianas empresas, a través de la actuación del Icex y en estrecha
coordinación con las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque la nueva
dinámica del comercio exterior español, que en el momento actual está
muy condicionada por nuestra pertenencia a la Unión Europea, obliga a
eliminar la definición de exportación para el 65 por ciento de
nuestro comercio exterior, que está incluido en el marco
intracomunitario. Por lo tanto, hay que potenciar la actividad
coordinadora del Icex y hay que tender a optimizar los recursos
destinados a este fin, tanto del Icex de la Administración central,
como de las comunidades autónomas e, incluso, me atrevería a decir,
de las propias Cámaras de Comercio.
En la tercera enmienda que presentamos proponemos que cada vez haya
más participación de nuevas sociedades de capital riesgo, públicas y
privadas, en proyectos de inversión en el exterior y en proyectos de
iniciación y consolidación de exportaciones en mercados exteriores.
¿Por qué? Porque queremos mejorar su eficiencia y eficacia mediante
las oportunas pólizas de cobertura de riesgos que elabore a tal fin
el Cesce. Es una petición que nos interesaría mucho que aceptara el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), proponente de esta
moción. Si aumentamos la presencia de nuevas sociedades de capital
riesgo públicas mixtas, fundamentalmente en la inversión en el
exterior, mejoraremos la oferta financiera y reduciremos sus riesgos
a través de estas pólizas específicas o creadas por la Compañía
Española de Crédito a la Exportación.
En la enmienda al apartado 7, que también es de modificación,
queremos revisar la normativa que regula la constitución y el
funcionamiento de grupos empresariales transnacionales, con objeto de
favorecer la competitividad internacional. Queremos evitar la
discriminación que los grupos empresariales españoles o de terceros
países instalados en España tengan con relación a otros países de la
Unión Europea a la hora de proyectar sus inversiones en el exterior.
Las dos enmiendas de adición que presenta el Grupo Socialista
pretenden mejorar la normativa actual respecto a la
internacionalización de las empresas españolas,
en especial de las pequeñas y medianas empresas, a fin de favorecer
su actividad en los mercados internacionales y la creación de grupos
empresariales españoles competitivos, con posibilidad real de
implantarse en el exterior. Con la otra enmienda de adición queremos
mejorar la normativa actual en relación a la actividad de
investigación, desarrollo e innovación industrial y la
internacionalización de las empresas españolas, incluyendo los gastos
realizados en el exterior en dicha actividad que generen el derecho
de deducción contemplado en la ley correspondiente del impuesto de
sociedades.
Presentamos una enmienda de supresión, cuyo motivo es facilitar la
inversión productiva exterior en España, que propicie de verdad la
generación de empleo y la exportación.
Sobre la única enmienda de modificación que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular, mi grupo tiene que algo que decir. Parece una
enmienda copiada de la propia iniciativa de la moción de Convergència
i Unió, a la cual se han añadido dos puntos. Podía llamarse una
enmienda de adición, porque lo es. El Grupo Socialista ha ofrecido al
Gobierno en muchas ocasiones diálogo, colaboración e, incluso,
parcitipación en la política de internacionalización de la empresa
española. De esto es testigo y consta en el «Diario de Sesiones»,
tanto en comisiones como en el Pleno. Estas medidas son todavía
insuficientes. Aun así, estamos dispuestos a apoyarlas, en aras a
conseguir lo que en este momento creemos que necesita España, dado
que nos estamos integrando en la Unión Económica Monetaria y tenemos
nuestro propio programa de estabilidad. El Gobierno tiene que dar
soluciones a la bajada de los índices, que están indicando en este
momento una caída de las exportaciones y una deslocalización de
nuestras pymes, debido a varios factores que ya analizamos en la
interpelación y que no me voy a poner a describir ahora.
El Gobierno -así lo ha anunciado ya en la prensa estos días- está
preparando unas actuaciones para impulsar, mediante medidas activas,
estos problemas que estamos describiendo en la moción. ¿Por qué?
Necesitamos medidas activas porque tiene que mejorar la
competitividad de la economía española, porque tenemos que competir
cada vez más en nuestros mercados, tanto interiores como
internacionales o exteriores, y para eso hace falta estimular a los
sectores productivos; estimularlos para que los procesos de
internacionalización de las pymes sean correctos y porque tenemos que
fortalecer y redimensionar nuestras empresas. Mi grupo sigue diciendo
que si ha habido buenos resultados, hasta ahora que empieza a
resentirse, ha sido gracias a políticas serias, políticas activas,
políticas consolidadas y que están en condiciones favorables de una
macroeconomía a nivel mundial.
En resumen, señorías, se puede considerar que el Gobierno ha vivido
de las rentas y es ahora el momento de empezar a hacer nuevas
políticas activas. En consecuencia, manos a la obra, y por lo que
respecta a
nosotros, a la espera de ver qué enmiendas nos admiten, estamos
dispuestos a apoyar la iniciativa presentada en esta moción del Grupo
Catalán (Convergència i Unió).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Leiva.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra don Ramón Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El día de la interpelación ya dijimos que nos parecía muy oportuna
políticamente la interpelación formulada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), no sólo por el destino que tenía, sino por el
contenido con que se formuló. Hoy tenemos que reiterarnos en aquella
convicción respecto de la propia moción consecuencia de aquella
interpelación. Estamos ante una moción que tiene mucho sentido
político y mucho sentido empresarial para mejorar las condiciones de
las empresas de cara al mercado exterior, pero sí nos gustaría
reiterar que ese mercado exterior está clarísimamente en una
situación cambiante, situación cambiante que todavía no queda
absolutamente reconocida dentro de estas propuestas. Ese ha sido el
motivo por el que hemos presentado una enmienda, que desde luego
confirmo que tiene que ser de adición y no de modificación. Por eso,
le ofrezco al Grupo Catalán (Convegència i Unió) que nuestra enmienda
de modificación quedaría traducida en una enmienda de adición con dos
puntos nuevos, el punto 10, concretado a lo que se llama el código de
conducta, y el punto 11, concretado a un nuevo plan de exportaciones
que mejore el ya superado Plan 2000 de exportaciones. Pero vayamos a
lo que mi grupo quiere dejar constancia aquí respecto de la situación
cambiante del comercio internacional.
Hoy nadie responde positivamente al interrogante planteado en algunas
cuestiones, como si es posible mejorar o no la capacidad de
exportación de una nación tratando todas esas mejoras con
instrumentos exclusivamente fiscales. Un producto español no tiene
otra capacidad de penetración en el mercado hoy día más que la de
hacer unos tratamientos fiscales dentro además de un mercado único,
donde tenemos que ser muy cuidadosos con esos tratamientos fiscales,
que irán camino de armonizaciones que impedirán clarísimamente
tratamientos privilegiados en unas naciones y en otras. Por esa
razón, quiero insistir hoy aquí, en esta tribuna, en que la
competitividad de la economía española se mejorará ya no tanto por
palancas fiscales, sino fundamentalmente porque nuestros productos
adquieran auténtica capacidad de competir dentro del mercado
internacional. ¿Y cómo se adquiere auténtica capacidad de competir?
Fundamentalmente se adquiere si conseguimos abrir nuevos mercados que
en este momento nos son adversos; si conseguimos que nuestros
productos sean mejores que los productos que en
igualdad de condiciones compiten con nosotros en el mercado; si
conseguimos tener canales de comercialización y de distribución
auténticamente ganadores frente a los de nuestros competidores. Para
eso es primordial tener un buen cúmulo de información de los mercados
donde tenemos que situar nuestros productos.
El producto adquiere un valor añadido en tanto en cuanto tiene una
buena política de I+D dentro de él y componiéndole. Para eso es
fundamental que desde las administraciones públicas hagamos toda una
política de formación de nuestros empresarios para que avancen
todavía mucho más en las políticas de I+D de nuestros productos.
Una cuestión más, que ha sido la clave del éxito de España como
segunda potencia mundial en una exportación tan importante como el
turismo, es la abdicación del intento de atomizar la marca. Ha sido
precisamente la unificación de la marca lo que ha hecho penetrar a
nuestro turismo y que sea hoy día el segundo elemento en capacidad de
competitividad frente al turismo de otras naciones. Por eso me gusta
también la parte de la moción presentada por Convergència i Unió que
claramente hace una apuesta por la marca única como producto español
que circule por los mercados internacionales.
Ya lo he dicho anteriormente: queremos, señores de Convergència i
Unió, señorías, cambiar nuestra enmienda de modificación por dos de
adición que complementan la buena propuesta que se ha realizado desde
su grupo y que nos hacen confiar en que el Gobierno vuelva a
presentar pronto -en el otoño de 1999- un nuevo plan de exportaciones
a todos los exportadores. Hay que subrayar aquí que el Plan 2000 de
exportaciones, prácticamente cumplido en un 98 por ciento, ha sido un
buen documento y un buen instrumento para que España, que tenía hace
muy poco tiempo una tasa de cobertura del 62 por ciento, tenga
actualmente una tasa de cobertura entre exportaciones e importaciones
del 82 por ciento.
Por eso queremos, señores proponentes de la moción, que acepten
nuestras dos enmiendas de adición: la referente al código de
conductas y la referente al nuevo plan de actuación de exportaciones,
porque consideramos que vamos a dar un instrumento al Gobierno para
que vuelva a fortalecer nuestra capacidad de competir.
Con ocasión de la interpelación, tuve la oportunidad de salir al paso
de algunas de las afirmaciones hechas por otros grupos. Hoy he notado
un cambio en el tono y en la intención una voluntad de estar
instalados en el diálogo para conseguir una votación con el mayor
respaldo parlamentario. Sumándome a esa voluntad de diálogo, tengo
que decir respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista que hay dos, las relativas a los apartados 2 y 5 de la
moción -la que se refiere a la coordinación con las comunidades
autónomas y la referida a la operatividad de las sociedades de
capital riesgo- que vemos con agrado y a las que estaríamos
dispuestos a sumarnos. Bien entendido que el resto de las
enmiendas no son desechables, pero llegan a un nivel de precisión que
parece que olvidan que, por el momento, quien gobierna es el Partido
Popular y quien sustenta al Gobierno es el Grupo Parlamentario
Popular. Dejemos al Gobierno que redacte ese plan de exportación y
tengamos en cuenta las aportaciones que hoy se están haciendo en este
debate para que puedan componer parte del plan que aprobemos en
octubre de 1999.
Quiero terminar, señor presidente, diciendo que en este momento la
situación de nuestra balanza comercial, la situación de nuestro
comercio exterior camina por la buena dirección, a pesar de que desde
algunos bancos se pretenda de manera insistente, y sin demostrarlo en
ningún caso con números ni con argumentos, que está pasando por un
momento de declive. Al revés; nuestro comercio exterior actualmente
está resistiendo a un momento de atonía en las economías
destinatarias de nuestras exportaciones y, de esa manera se está
resintiendo, pero simplemente se está resintiendo, porque está
resistiendo gracias a que tenemos una economía cuyas ratios en
materia de cuentas públicas, de ingresos y de gastos, de capacidad de
competitividad, son una solvencia para poder enfrentarnos a los malos
momentos que atraviesa el crecimiento de la economía internacional.
Por estas razones, señores proponentes de la moción, reitero que
ofrecemos estas dos enmiendas de adición, que nos sumamos a las dos
enmiendas a los apartados 2 y 5, que han sido defendidas por el Grupo
Socialista, y que esperamos que la sensibilidad del grupo proponente
consiga ahormar desde el diálogo lo que todos queremos: un respaldo
importante para una moción que creemos que tiene mucho sentido
político.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Aguirre. ¿Grupos que sin haber presentado enmiendas desean
fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser
muy breve.
Debo manifestar que Coalición Canaria, como grupo nacionalista de una
región ultraperiférica española y europea y que vive fundamentalmente
de sus actividades de comercio exterior, sin olvidarnos de las
exportaciones in situ, las del turismo, se encuentra obligada, y lo
hace con mucho gusto, a apoyar esta moción que presenta Convergència
i Unió. Es cierto que la economía española, en una visión global,
tiene parámetros positivos que han hecho posible su entrada en la
unión económica y monetaria. Para el mantenimiento de esos
parámetros, de esos índices, el Gobierno dictó el Programa de
estabilidad, pero tenemos que estar convencidos de que el futuro de
nuestras actividades de comercio exterior tiene que pasar por el
logro de una mayor competitividad. En la nueva visión comercial del
mundo, el núcleo central es el ciudadano y éste aspira no solamente a
una mayor calidad de vida, sino también a unos servicios y a unas
mercancías con precios más asequibles. Hay que reconocer que estamos
en la época del consumidor protegido. Al afirmar esto, también
decimos que no solamente hay que mantener los mercados ya existentes,
sino abrir otros en otros países, especialmente en los de economía
emergente. Pondré un ejemplo que acredita la necesidad de la adopción
de medidas que propone la moción. Hace unas semanas tuve el honor de
visitar, formando parte de una comisión del Congreso, presidida por
el ex ministro don Pedro Solbes, hoy diputado, varios parlamentos de
países que aspiran a entrar en la Unión Europea; pues bien, en una de
esas reuniones con el correspondiente ministro de Asuntos Exteriores,
en Budapest, nos enteramos de la gran presencia de firmas foráneas,
alemanas, americanas, británicas, francesas e italianas que había en
estos países, que están preparando sus estructuras para ser
aspirantes, no antes del 2003, a la citada Unión Europea. Preguntamos
por el número y potencial de empresas españolas y solamente había
una, dedicada al vino de la magnífica región del Duero, que se ha
presentado en Hungría para mejorar el vino húngaro. No hago ningún
comentario. Solamente diré que no vamos a entrar en el análisis de
cada uno de los puntos de la moción, porque no sólo han sido
magníficamente expuestos en las intervenciones realizadas en la
interpelación de la semana pasada, sino también hoy.
Todas las medidas que se proponen, y que comprenden una rápida
difusión y utilización de fondos para la mejora de la inversión
directa, deben beneficiar más a las pymes; hay que consolidar el
mercado exterior, estimular la participación de las sociedades de
capital riesgo, mejorar las medidas fiscales futuras, complementarias
de las ya logradas en esta legislatura, e implantar medidas fiscales
como la puesta en funcionamiento del sistema de cuenta corriente
tributaria que preconiza el estatuto del contribuyente y que hay que
reducir los plazos de devolución en el Impuesto sobre el Valor
Añadido y en el Impuesto General Indirecto Canario, IGIC, que es su
paralelo.
Los canarios, que hemos visto cómo se ha sustituido el régimen de
puerto franco por un régimen económico fiscal, consideramos que con
la próxima definición de un espacio singular en el archipiélago
canario equiparable al resto de las zonas off shore del mundo,
aprovechando las conexiones con África y América Latina, vamos a
tener la oportunidad de ver cómo la empresa española logrará un
instrumento importante para su política de comercio exterior. Me
estoy refiriendo a la zona especial Canaria, ZEC, y a la zona franca
de Gran Canaria, que por otro lado ofrecen nuevas posibilidades al
desarrollo de unas islas que, como es sabido, carecen de materias
primas, de minerales y de materia energética, pero con una situación
apropiada para convertirlas en punta de lanza para el desarrollo del
comercio español en esos dos continentes, en el africano y en el
americano. Claro que para ello habría que adoptar
otro conjunto de medidas; medidas que deben conducir a un
acercamiento de las Islas Canarias a la Península, que reduzcan el
precio de los transportes y que aumenten su intensidad y su
puntualidad. Pero no quiero, como es lógico, hablar del transporte de
mercancías, y menos de personas.
Concluimos diciendo que vamos a apoyar, por considerarla acertada, la
moción de Convergència i Unió, aceptando las enmiendas de adición del
Grupo Parlamentario Popular y también una que se refiere al código de
conducta y otra al plan de actuación de exportaciones, porque
esperamos que se vigile y se haga un seguimiento especial de la zona
ZEC y del apoyo a la agricultura canaria, especialmente del plátano,
hoy en peligro por la presión del plátano-dólar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego que
concluya, señoría.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Estoy terminando, señor presidente.
También vamos a votar a favor de las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista que se refieren a las competencias de
las autonomías, a la actuación del Icex y a la cobertura de riesgos
de la Cesce.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra el
señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario va a apoyar esta moción presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque desde luego
creo que no dudarán SS.SS., por las intervenciones que ha tenido
siempre mi grupo parlamentario en este área, que impulsar las
exportaciones y apoyar la internalización de las empresas es una de
las acciones de política económica que defendemos desde mi grupo
parlamentario. Por eso vamos a apoyar estas propuestas y también
vamos a apoyar aquellas de otros grupos que el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) vaya a considerar.
Entendemos en cierto modo que este debate debería desarrollarse en un
ámbito distinto -lo digo por el momento y por la hora en que
estamos-, pero creo que el sector exterior necesita una atención
especial. Está incidiendo negativamente en el crecimiento de la
economía española, y no es en estos momentos únicamente la
competitividad empresarial la que está motivando el saldo negativo
del sector exterior. Son otras circunstancias, como los efectos de
las crisis económicas que todos conocemos y que han influido de forma
decisiva en Asia y el Iberoamérica, las que han frenadola expansión
de nuestro comercio exterior en los últimos
meses. Está justificado, por tanto, incidir en medidas que palíen,
que contrarresten estos efectos e impulsen las exportaciones.
Otra cuestión es la efectividad de estas propuestas y las medidas que
se apuntan. Desde luego, tenemos dudas de que tales medidas tengan
suficiente efectividad, porque una parte de ellas son más bien
propuestas de intenciones, como por ejemplo agilizar e impulsar una
rápida difusión de la utilización de los tres fondos destinados a la
inversión exterior de las empresas españolas, reforzar las políticas
de inicio a la exportación para pequeñas y medianas empresas o
establecer políticas específicas de consolidación de mercados
sectoriales. La verdad que dicho así está bien; pero, ¿cómo puede
llevarse a la práctica la efectividad de estas medidas? Creemos que
son propuestas que tienen más de voluntad y de intención que de
efectos prácticos.
Hay otras medidas, las que tienen relación con los convenios
bilaterales, con la potenciación del capital riesgo -hemos tenido no
hace mucho un debate sobre la Ley de capital riesgo en esta Cámara- y
curiosamente se enumeran una serie de medidas dentro del Impuesto de
Sociedades que nuestro grupo parlamentario no sólo ha propugnado en
reiteradas ocasiones, sino que ha tomado medidas al respecto que en
algunos casos incluso suelen ser recurridas. Sin embargo aquí se
están proponiendo medidas para ayudar a la internacionalización de la
empresa española a través del Impuesto sobre Sociedades, además de
otras como la normativa sobre los grupos empresariales, que también
estamos contemplando dentro de un proyecto de ley que en estos
momentos tenemos en la Cámara, o la devolución del IVA. Desde nuestro
punto de vista existe un departamento ministerial y una Secretaría de
Estado con sus instrumentos correspondientes y un plan específico,
como es el Plan 2000 para la exportación, que se debería
responsabilizar de todas las políticas económicas para el fomento de
la exportación y la internacionalización de la empresa. Sobre este
plan, que contempla 74 medidas, el ministro de Economía, señor Rato,
en el debate de la semana pasada sobre la interpelación dijo que
estaban cumplidas. Desde mi grupo parlamentario el único conocimiento
de cumplimiento del Plan 2000 y las 74 medidas que tiene es de
octubre de 1997, cuando sólo se habían cumplido siete, 31 estaban en
marcha y 36 estaban todavía sin empezar a funcionar.
En seis meses se ha cumplido el plan. Bien, señorías. Primero hay que
conocer el Plan 2000; saber qué efecto han tenido las 74 medidas,
saber cuáles han sido efectivas y cuáles no, y a partir de ahí
podremos tomar más medidas. Es absurdo proponer en este momento 11
medidas más para la internacionalización de la empresa cuando tenemos
un Plan 2000 para la exportación del cual no sé si los demás grupos
conocen como el mío cuál ha sido el cumplimiento efectivo de esas
medidas. Por eso entendemos que buena voluntad sí en intentar de
alguna forma empujar a las empresas para que puedan abrirse camino en
el exterior, pero
hay que ser efectivos. Desde ese punto de vista, hubiese sido mejor
hacer un análisis de la situación del cumplimiento y de los
resultados del Plan 2000 a la exportación, y a partir de ahí
establecer un conjunto de nuevas medidas o modificación de las
antiguas que no han tenido efectos para poder incentivar las
exportaciones. Ése es el criterio de mi grupo parlamentario, que como
he dicho al principio no es óbice para que apoyemos estas nuevas
medidas que aquí se proponen, aunque como digo y como he dicho antes
dudando de la efectividad de las mismas.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
Señor Sánchez i Llibre, S.S. tiene la palabra para expresar la
aceptación o no de las enmiendas.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a aceptar las
propuestas de adición presentadas por el Grupo Parlamentario Popular,
en el sentido de incorporar las enmiendas números 10 y 11, referidas
al código de conducta y al plan de actuaciones a favor del comercio
exterior a partir del año 2.000. De las enmiendas presentadas por el
Partido Socialista, va a aceptar la referente a modificación del
apartado 2, en la cual se incorpora la actuación del Icex, y también
va a aceptar la enmienda referida al apartado número 5, en el sentido
de incorporar en las nuevas sociedades de capital riesgo todas las
pólizas de cobertura que elabore a tal fin el Cesce. Por tanto,
aceptamos dos del Partido Popular y dos del Partido Socialista,
correspondientes a estos dos números.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
Finalizado el punto 9 del orden del día, el señor Ríos solicitaba la
palabra para hacer una aclaración respecto al punto 8, y al debate
por tanto de esa iniciativa.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, para facilitar la votación
por separado de los tres puntos, retiro la enmienda in voce que he
hecho para modificar un artículo concreto del Reglamento, puesto que
se entendía más como una transacción que como mejora técnica. Por
tanto, retiro esa propuesta para facilitar la votación por separado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Se da por entendido entonces que no se acepta ninguna de las
enmiendas presentadas al punto 8 del orden del día.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a las mociones debatidas.
En primer lugar, sometemos a votación la moción del Grupo Socialista
sobre el futuro del sector pesquero en los términos resultantes de la
aceptación por el ponente durante el debate de algunas enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
271; a favor, 124; en contra, 146; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción del Grupo Socialista.
Pasamos a las votaciones correspondientes a la moción de Izquierda
Unida sobre planificación hidrológica y política de aguas que el
Gobierno piensa abordar como conclusión del debate abierto por el
Libro Blanco del agua. Se van a producir tres votaciones,
correspondientes a los tres puntos de la moción.
Sometemos a votación el punto número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
272; a favor, 125; en contra, 146; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 1.
Pasamos al punto número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
273; a favor, 126; en contra, 147.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazado el punto número 2.
Punto número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
273; a favor, 127; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado también el punto número 3.
Votación de la moción del Grupo de Convergència i Unió sobre las
medidas de carácter general que tiene previsto impulsar el Gobierno
para favorecer las exportaciones y la internacionalización de las
empresas españolas, en los términos resultantes del debate y la
aceptación de enmiendas por el ponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
272; a favor, 260; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia aprobada la moción.
Concluido el orden del día, se suspende la sesión hasta mañana a las
cuatro de la tarde. Buenas noches.
Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.