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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 237, de 11/05/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 237
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 229
celebrada el martes, 11 de mayo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades
Autónomas
- Del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y
licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas
oficiales en el Estado español. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 265-1, de 19 de enero de 1999 (número de expediente
125/000017) . . . (Página 12636)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación de
la zona militar especial de Canarias. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 185-1, de 31 de marzo de 1999 (número de
expediente 122/000164) . . . (Página 12641)
Proposiciones no de Ley
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el fomento y la
preservación de los valores formativos y de protección de la infancia
y de la juventud por las cadenas televisivas. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 408, de 12 de abril de 1999 (número de
expediente 162/000359) . . . (Página 12647)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la
actualización y perfeccionamiento del régimen económico y fiscal
especial de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. (número de
expediente 162/000368) . . . (Página 12652)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas e iniciativas de
carácter general para corregir y paliar los efectos del déficit
hídrico en las Comunidades del Arco Mediterráneo, especialmente en la
Comunidad Valenciana (número de expediente 173/000142) . . .
(Página 12659)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la situación y
perspectivas de las recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo
y sobre los equilibrios patrimoniales del sistema de la Seguridad
Social (número de expediente 173/000143) . . . (Página 12667)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a
adoptar para que disminuya el precio de la vivienda, de manera que se
pueda acceder a una vivienda digna en los términos que establece la
Constitución (número de expediente 173/000144) . . . (Página 12675)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades
autónomas . . . (Página 12636)
Del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y
licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas
oficiales en el Estado español . . . (Página 12636)
Para la presentación ante el Pleno de la proposición de ley del
Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias
de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales
en el Estado español, intervienen los señores Riera y Gassiot, de
Iniciativa per Catalunya-Els Verds, y Ferrer i Gironès, de Esquerra
Republicana de Catalunya, ambos diputados del Parlamento de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rivadulla
Gracia y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto;
el señor Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; las señoras Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió, y Urán González, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; y los señores Pedret i Grenzner, del
Grupo Socialista del Congreso, y Seco Gordillo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y
licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas
oficiales en el Estado
español, se aprueba por 261 votos a favor y cuatro abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 12641)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación de la
zona militar especial de Canarias . . . (Página 12641)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor
Meyer Pleite, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. Manifiesta que esta proposición de ley en relación con la
creación de la zona militar especial de Canarias, que pretende un
estatus especial de neutralidad para la comunidad de Canarias, se
presentó hace un año, pero asegura que en el momento actual, con la
guerra de Kosovo y el nuevo concepto estratégico aprobado en la
cumbre de Washington, tiene aún más justificación. Confiesa que el
estatuto de neutralidad activa que solicitan para Canarias es el
mismo que reivindican para el conjunto del Estado español; es decir,
añade, una España neutral que lidere la necesidad de una seguridad
compartida, humana, desnuclearizada, desmilitarizada y cooperativa
que refuerce, democratice, impulse y actualice las Naciones Unidas
como único instrumento de paz para la superación de los conflictos y
para la cooperación internacional. Explica el contenido concreto de
la proposición de ley y responde a los argumentos que, supone, le van
a ser dados en contra de su iniciativa, pero su grupo no quiere dejar
de seguir planteando el que en España y en el mundo es necesario
invertir la lógica de la intervención por la lógica del desarme e
iniciar procesosde pacificación.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Nadal i
Malé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martinón
Cejas, del Grupo Socialista del Congreso, y Fernández de Mesa Díaz
del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Intervienen, en virtud del artículo 73.1 del Reglamento, los señores
Meyer Pleite y Martinón Cejas.
Proposiciones no de ley . . . (Página 12647)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el fomento y la preservación
de los valores formativos y de protección de la infancia y de la
juventud por las cadenas televisivas . . . (Página 12647)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso
la señora Heras Pablo. Manifiesta que su iniciativa obedece a una
doble oportunidad: primero, por la importancia que tienen los
derechos de los menores en materia de programación televisiva; y
segundo, por estar en trámite de discusión en el Parlamento la
incorporación al ordenamiento jurídico español de la modificación de
la directiva comunitaria llamada comúnmente televisión sin fronteras,
que sirve de marco de regulación de todo el sector audiovisual.
Expone que con esta proposición no de ley su grupo pretende el
fomento y la preservación de los valores formativos y de protección
de la infancia y juventud por parte de las cadenas televisivas, dada
la especial vulnerabilidad de los espectadores infantiles por su
escasa conciencia crítica y falta de madurez física y mental. Explica
el convenio sobre principios de autorregulación de las cadenas de
televisión en relación con determinados contenidos de su programación
referidos a la protección de la infancia y la juventud, firmado en
1993 por las cadenas televisivas y el Ministerio de Educación y
Ciencia, así como la directiva de televisión sin fronteras, que
también recoge las mismas preocupaciones. Sin embargo, añade, todas
las medidas tomadas han demostrado su ineficacia respecto al control
responsable de los contenidos emitidos, de tal modo que la televisión
está sirviendo en la actualidad para transmitir a los más pequeños
valores contrarios a los establecidos en la Constitución en lugar de
formarlos para los mismos, circunstancia que viene denunciándose
reiteradamente por diversas asociaciones de usuarios que explican su
postura desde diferentes puntos de vista, así como por el Defensor
del Pueblo cuando solicita la creación de un consejo de lo
audiovisual que sirva para seguir el cumplimiento de este código de
autorregulación en materia de protección a los niños. Por todo ello,
añade, el Grupo Socialista presenta esta proposición no de ley en la
que se insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas que
hagan realmente efectiva la normativa existente o que esté a punto de
aprobarse y, en relación con las enmiendas presentadas, anuncia una
enmienda transaccional que cuenta con el consenso de todos los grupos
enmendantes.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el Alcaraz Ramos,
del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Solsona i Piñol, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ortiz Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora
Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, sobre el fomento y la preservación de los valores
formativos y de protección de la infancia y de la juventud por las
cadenas televisivas, en los términos resultantes de la transaccional
aceptada por todos los grupos, se aprueba por 260 votos a favor y dos
en contra.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la actualización
y perfeccionamiento del régimen económico y fiscal especial de las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla . . . (Página 12652)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso el señor González Pérez. Manifiesta que el régimen
económico y fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se
justifica por ser instrumento al servicio de tres objetivos: en
primer lugar, para paliar las desventajas que singularmente
condicionan el desarrollo de ambas ciudades en forma de
extrapeninsularidad, reducida superficie territorial, escasez de
recursos básicos y frontera de Europa en África; en segundo lugar,
para favorecer un crecimiento sostenible en condiciones de
estabilidad, y en tercer lugar, para procurar la suficiencia de las
respectivas ciudades autónomas. Añade que hasta hace tres años no se
había producido la reforma necesaria de adaptación del régimen
económico y fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a
hechos transcendentales para sus economías como el ingreso de España
en la Unión Europea o el restablecimiento de las comunicaciones con
Gibraltar, y estima que es preciso completar esta tarea comenzada en
1996 por el Gobierno y por los grupos parlamentarios populares de
ambas Cámaras, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de Ceuta
y, en los últimos meses, con el Gobierno de la Ciudad de Melilla,
dinamizando la actividad económica, fomentando el empleo o
financiando dotaciones de infraestructura en las dos ciudades.
A continuación desmiente ciertas afirmaciones hechas desde la misma
tribuna en días anteriores en cuanto a que el actual Gobierno no da
la talla en las ciudades de Ceuta y Melilla y explica una serie de
medidas adoptadas al efecto, aclarando que lo que su grupo pretende
con la proposición no de ley es que el Gobierno presente un proyecto
de ley que conserve las grandes ventajas conseguidas en estos últimos
tiempos y mejore aquellas cosas que se puedan mejorar, para lo que
pide el voto favorable de la Cámara, a ser posible por unanimidad.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Segura Clavell, del Grupo Socialista del Congreso.
Intervienen de nuevo, para hacer unas aclaraciones, los señores
González Pérez y Segura Clavell.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, para la actualización y perfeccionamiento del
régimen económico y fiscal especial de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla, se aprueba por 155 votos a favor, 109 en contra y 13
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 12659)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas e iniciativas de
carácter general para corregir y paliar los efectos del déficit
hídrico en las comunidades del arco mediterráneo, especialmente en la
Comunidad Valenciana . . . (Página 12659)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre
del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Chiquillo Barber,
representante de Unió Valenciana. Se refiere a los daños que la
sequía está ocasionando a la ganadería y a los cultivos de secano y
regadío en la Comunidad Valenciana y pasa a explicar el contenido de
los diferentes puntos de la moción en los que instan al Gobierno a
dictar un real decreto-ley de sequía para paliar la situación actual
con medidas urgentes que deberían abordarse en las próximas semanas,
a adoptar actuaciones e iniciativas dirigidas a corregir el déficit
hídrico en las comunidades del arco mediterráneo, especialmente en la
Comunidad Valenciana, a presentar en el plazo de tres meses un
proyecto de ley por el que se aprueben y declaren de interés general
la modernización de las acequias Real del Xuquer y de Moncada, y a
celebrar un Pleno extraordinario de carácter monográfico para debatir
el documento denominado Libro blanco del agua, elaborado por el
Ministerio de Medio Ambiente.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Alcaraz Ramos, del Grupo Mixto, y Paniagua Fuentes, del Grupo
Socialista del Congreso; y la señora Urán González, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Chiquillo Barber.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la situación y perspectivas
de las recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo y sobre los
equilibrios patrimoniales del sistema de la Seguridad social . . .
(Página 12667)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente, el señor
Cercas Alonso, en nombre del Grupo Socialista del Congreso. Comienza
su intervención poniendo de relieve la importancia que da su grupo a
los incumplimientos del Pacto de Toledo que vienen observando, y se
queja de que en cuatro años no se hayan reunido los partidos
firmantes de dicho pacto. No se puede imaginar que en el trámite de
esta moción se pueda cerrar la puerta al diálogo rechazando la oferta
del Grupo Socialista, que sólo pretende rehabilitar el consenso que
se logró entonces. Añade que no se trata de discutir sobre la
oportunidad o la idoneidad de algunas medidas, sino de votar a favor
de llevar adelante el Pacto de Toledo en su totalidad, que es lo que
se firmó. A continuación expone los diez puntos de la moción, sacados
de la letra y del espíritu del Pacto de Toledo, y muestra su deseo de
poder volver a consensuarlos en la tarde de hoy. Explica que los
cuatro primeros hacen referencia a la financiación; los dos
siguientes a la estructura del sistema; otros dos a la acción
protectora del sistema y los dos últimos a elementos comunes al pacto
que unió a todos los partidos hace cuatro años. Termina su
intervención acusando al Partido Popular de estar poniendo en
situación difícil a la Seguridad Social haciendo oídos sordos a
recomendaciones en sentido contrario y a propuestas constructivas
como la que su grupo presenta esta tarde.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario
Mixto, y Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor Cercas Alonso interviene a los efectos de aceptar o rechazar
las enmiendas presentadas y para despedirse de la Cámara,
agradeciendo las amables palabras que le han sido dirigidas.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a
adoptar para que disminuya el precio de la vivienda, de manera que se
pueda acceder a una vivienda digna en los términos que establece la
Constitución . . . (Página 12675)
Presenta la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Fernández Sánchez.
Comienza su intervención refiriéndose al debate que tuvo lugar el día
28 del pasado mes con motivo de la interpelación presentada por su
grupo, de la que es causa la presente moción. Dice que su grupo sacó
de aquel debate una conclusión bastante clara y es que el Gobierno y
el partido que le sustenta se han cerrado en la defensa de unas
posiciones monolíticas y no quieren ver ni conocer si existen
políticas alternativas a lo que están haciendo en torno a la
vivienda. A continuación explica los seis puntos de que consta la
moción que presentan, dirigidos todos ellos a facilitar el acceso a
la vivienda de los ciudadanos. Las medidas que proponen competen
totalmente al Estado, porque no es cierto, asegura, que el Estado no
pueda actuar en políticas de vivienda por ser competencia de las
comunidades autónomas, puesto que, de hecho, es a través de los
distintos planes de vivienda estatales como se ayuda a las rentas
bajas a adquirir una vivienda.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista del
Congreso interviene la señora Ballesteros Belinchón.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ortiz
González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Fernández Sánchez.
A continuación se procede, en primer lugar, a las votaciones
separadas de los puntos de la moción del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre medidas e iniciativas de carácter general para corregir y
paliar los efectos del déficit hídrico en las comunidades del arco
mediterráneo.
Sometido a votación el punto número 1 de la moción, se rechaza por
121 votos a favor, 143 en contra y una abstención.
Sometido a votación el punto número 2 de la moción, salvo el último
guión, se rechaza por un voto a favor, 264 en contra y una
abstención.
Sometido a votación el último guión del punto número 2 de la moción,
se rechaza por 10 votos a favor y 258 en contra.
Sometido a votación el punto número 3 de la moción, se rechaza por
123 votos a favor y 145 en contra.
Sometido a votación el punto número 4 de la moción, se rechaza por
122 votos a favor y 146 en contra.
En segundo lugar se procede a las votaciones de la moción del Grupo
Socialista del Congreso, sobre la situación y perspectivas de las
recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo y sobre los
equilibrios patrimoniales del sistema de la Seguridad Social.
Sometidos a votación los puntos números 1, 2, 3, 4 y 5 de la moción,
se rechazan por 122 votos a favor, 144 en contra y una abstención.
Sometido a votación el punto número 6 de la moción, se rechaza por
112 votos a favor y 156 en contra.
Sometidos a votación los puntos números 7, 8 y 9 de la moción, se
rechazan por 122 votos a favor, 145 en contra y una abstención.
Sometido a votación el punto número 10 de la moción, se rechaza por
123 votos a favor y 145 en contra.
Finalmente se somete a votación la última moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre medidas a adoptar para que disminuya el precio de la
vivienda, de manera que se pueda acceder a una vivienda digna en los
términos que establece la Constitución, que es rechazada por 121
votos a favor y 146 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE INCORPORACIÓN A LOS PERMISOS Y
LICENCIAS DE CONDUCIR VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES DE LAS LENGUAS
OFICIALES EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 125/000017)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Comienza la
sesión.
Apartado I del orden del día, toma en consideración de proposiciones
de ley de comunidades autónomas. El punto primero del orden del día
es la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento
de Cataluña de incorporación a los permisos y licencias de conducir
vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales del Estado
español.
Para su presentación, en nombre del Parlamento de Cataluña, tiene la
palabra don Ignasi Riera, diputado del Grupo Parlamentario de
Iniciativa per Catalunya-Els Verds.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Riera i Gassiot): Señor
presidente, señorías, en primer lugar quisiera excusar la presencia
del diputado, presidente de la Comisión de Política Cultural del
Parlamento de Cataluña, don Antonio Dalmau, que por razón de
enfermedad no ha podido iniciar este trámite que nos corresponde a
partir del nombramiento que el Parlamento de Cataluña hizo para que
defendiéramos esta propuesta.
La propuesta -como explicará más tarde el diputado señor Ferrer i
Gironès- es la tercera que va en el camino de tratar una serie de
medidas que permitan concretar por qué en este Estado de las
autonomías las lenguas que son cooficiales en las comunidades
autónomas lo son en la mayoría de la documentación que emana
precisamente del Estado.
En la proposición de ley de incorporación de las lenguas del Estado
español oficiales a los permisos de licencias de conducir vehículos a
motor y ciclomotores, en su artículo 1.0, en resumen, dice: Todas las
autorizaciones administrativas para la obtención de permisos y
licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores que se
entreguen en el territorio de las comunidades autónomas que tengan
una lengua oficial distinta del castellano tendrán que ser redactadas
íntegramente en aquella lengua y en castellano, por este orden, sin
perjuicio de la inclusión, además, de otras lenguas de acuerdo con la
normativa europea y lo que es en estos momentos el ordenamiento
jurídico.
Se trata, por supuesto, de una propuesta política, con una carga
simbólica, para muchos de nosotros significativa; no es en ningún
caso el eje central de una
reivindicación democrática a la que ustedes otorgaron su voto en
diciembre de 1997 y luego en diciembre de 1998 al recordar el
carácter plurinacional y plurilingüe del Estado español a partir de
la legitimidad democrática que sella la Constitución española de
1978.
Desde la expresión de esta pluralidad, resulta más sencilla y más
obvia la asunción no traumática de la diversidad cultural y
lingüística de esta llamada España de las autonomías. Que en un
documento personal, como el carnet de conducir todo tipo de
vehículos, nos recuerden de qué acento somos hijos e hijas y a qué
herencia no renunciamos, puede tener una función pedagógica,
seguramente menor, que en cualquier caso puede lubrificar las bases
de la convivencia tantas veces invocada en los discursos más
genéricos.
No voy a entonar, señorías, una lamentación jeremíaca sobre todo lo
que fue, pero yo, que por primera vez hablo desde este púlpito o
atril laico, sí recuerdo los efectos de la discriminación histórica
en lo que se refiere a su uso oficial y público en la enseñanza, en
los medios de comunicación, en la actividad cotidiana de las
administraciones públicas, en el ámbito de lo socio-laboral del
catalán; normalidad en el uso de una lengua que era reclamada desde
los sectores más populares de Cataluña. El 5 de noviembre de 1971
nacía en la parroquia barcelonesa de Sant Agustí la entonces
clandestina Asamblea de Cataluña. Permítanme que añada todavía un
dato casi de tipo personal: concejal de un importante municipio
periférico, Cornellá de Llobregat, con alcalde nacido en Puente-
Genil, en su reclamación en favor del catalán han coincidido alcaldes
y vecinos nacidos en Galicia, en Asturias, en Extremadura, en
Andalucía y en Cataluña, y les remito sólo al mapa municipal de la
zona de la que les estoy hablando, y puedo asegurarles que si el paro
o las adicciones perversas rompen la cohesión social, nunca he podido
certificar que la defensa de un derecho lingüístico básico fracture
nuestro tejido social.
Por todo ello, señoras diputadas, señores diputados, señorías, les
pido el voto favorable a esta proposición votada por una amplísima
mayoría en el Parlamento de Cataluña.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Riera.
En nombre del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, también del
Parlamento de Cataluña, tiene la palabra el señor Ferrer.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Gironès):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en poco tiempo, esta es la tercera vez que, como
comisionados del Parlamento de Cataluña, venimos ante este Congreso
para presentar una proposición de ley con el objetivo de obtener una
normalización lingüística en papeles, en este caso sería para el
permiso de conducir.
Después de veinte años de Constitución, si lo observamos con
auténtica neutralidad, no me dirán que no es triste ver aún cómo para
obtener los derechos lingüísticos de la lengua catalana debemos
solicitarlo para cada tema, para cada asunto, como si nosotros
tuviéramos que pedir limosna. Lo normal sería que, de una forma
general, de una forma global, dentro del espíritu de la Constitución,
esto se resolviera de una forma definitiva.
Hemos de pensar, si observamos la historia, que hay temas sobre la
lengua que hace más de un siglo que en este mismo hemiciclo fueron
solicitados y que aún no han sido resueltos. Por ejemplo, que los
jueces conocieran la lengua catalana. El diputado Emilio Sicars lo
solicitó aquí mismo en el año 1871; el diputado Leoncio Soler
insistió nuevamente en el año 1899, hace cien años, y el diputado por
Tarragona, Julián Nougues, en el año 1905. Si lo miramos por lo que
respecta a los notarios, vemos que lo solicitó el senador Maluquer de
Tirrell, en el año 1885, el diputado Riu y Periquet, en el año 1916,
y el senador Duran i Ventosa, en el año 1922. Por tanto, vemos con
esta perspectiva histórica que lo que estamos haciendo hoy es una
reiteración de unas peticiones y unas solicitudes que emanan del
pueblo.
Sobre el tema que hoy nos ocupa, los permisos de conducir, cuando yo
fui senador ya lo solicité en el año 1993 al Gobierno. En aquellos
momentos nos avalaba la Directiva de la Unión Europea de 29 de julio
de 1991, que tiene como referencia el número 439, y a pesar de ello
el Ministerio del Interior denegaba este derecho a un ciudadano de
Tarragona. ¿Qué tuvo que hacer este ciudadano? Acudir a la
Administración de justicia. Allí le dieron la razón mediante la
sentencia 693, del año l994, del Tribunal Superior de Justicia.
Como pueden suponer, señorías, es triste ver los derechos
constitucionales denegados por la Administración. Hoy, pues, no
venimos aquí con el corazón encogido, porque tenemos una sentencia
judicial que nos avala y también una directiva europea que apoya esta
solicitud.
Pero, señorías, deben entender nuestra posición y comprender que
estemos muy poco optimistas de lograr con generosidad nuestros
derechos. ¿Por qué? Muy simple. La Dirección General de Tráfico aún
realiza sus campañas sobre el tráfico en folletos o en medios
televisivos exclusivamente en la lengua del Estado, pero no en la
lengua de las comunidades autónomas. También porque hemos visto que
desde que solicitamos que la acuñación de los euros fuera en todas
las lenguas, a pesar de una moción que presentó Iniciativa per
Catalunya y de otra que, más tarde, presentó el Grupo Socialista y
que también se tomó en razón, ha salido en el Boletín Oficial del
Estado la orden ministerial de 23 de marzo de 1999, por la que se ha
acordado acuñar monedas en céntimos y en euros, y no se ha tenido en
cuenta nuestra petición. Tampoco se ha tenido en cuenta en la orden
ministerial del 12 de abril de 1999, en la que se ha acordado acuñar
monedas de 2.000 pesetas, sin mencionar la pluralidad
lingüística. En dichas órdenes se han olvidado los acuerdos
adoptados en esta Cámara.
Deben comprender que con tristeza vivimos estos asuntos. Lo pedimos
por vía democrática. Lo solicitamos con el tiempo necesario y,
además, con todos los requisitos pertinentes. En apariencia se nos da
la razón, pero a la hora de la verdad es como si nosotros no fuéramos
miembros del Estado. La estructura jurídico-política del Estado
debería ser absolutamente neutral ante los derechos de cualquier
ciudadano, y nosotros aún podemos observar que al Estado español le
cuesta avanzar en los temas lingüísticos y aparece con un
nacionalismo excluyente que no tiene ningún ingrediente modernizante.
La lengua catalana es la propia de Cataluña, según proclama la Ley
Orgánica 4/1979. Esta propiedad, por ser de Cataluña, entendemos que
también debiera serlo del Estado. El Estado no puede ignorar la
riqueza cultural de Cataluña, ya que en este caso caeríamos en un
reduccionismo excluyente y fundamentalista. El Estado debe proteger a
todos, ya que es de todos los que contribuyen a su sostenimiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ferrer,
vaya concluyendo.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Gironès): Por
todo ello esperamos que sea bien acogida esta proposición con unánime
aprobación. Ojalá no tengamos que venir con más proposiciones de este
tipo. Ello significará que la legislación vigente en todo aquello
relativo a la lengua catalana es coherente con la Constitución,
respetuosa con todas las lenguas oficiales y, por tanto, el Estado ha
dejado de ser excluyente, arcaico y esencialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ferrer. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en
contra? (Pausa.)
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, en primer lugar, para dar la bienvenida a los
representantes del Parlament de Catalunya. Estamos encantados de
tenerlos otra vez entre nosotros, pero realmente, señor presidente,
señorías, creemos que es excesiva esta asistencia precisamente porque
nosotros no somos capaces desde aquí de dar los pasos para, sin
tacañería, sin miedos, adaptar nuestra legislación a lo que es la
realidad plurinacional y plurilingüística de nuestro país.
Efectivamente, tanto el señor Riera como el señor Ferrer han
recordado cómo desde distintos grupos de este Congreso de los
diputadosse han ido avanzando propuestas para adecuar, de
una vez por todas, la legislación y que las lenguas del Estado sean
lenguas normalizadas y podamos decir, por fin, que se respetan los
derechos constitucionales y estatutarios. Sin embargo, como aquí se
ha recordado también, vamos aprobando proposiciones no de ley, que
vienen del Parlament de Catalunya y de otros parlamentos, que después
no se llevan a la práctica. Quizá, señorías, nos está fallando, no
solamente la propuesta de iniciativas, sino la función de control
para ver que efectivamente el Gobierno es respetuoso con los mandatos
que le vienen de esta Cámara.
Nada más, señor presidente, solamente para decir que desde Iniciativa
per Catalunya-Els Verds-Nueva Izquierda vamos a votar con mucho gusto
a favor de esta proposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rivadulla.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego agradece una vez más la proposición de
ley de Parlament de Catalunya que nos coloca de nuevo ante una acción
reivindicativa, de carácter pionero, en la política de normalización
institucional de las lenguas que no son exclusivamente la del Estado;
y decimos pionero porque, efectivamente, tanto la Generalitat como el
Parlament de Catalunya están demostrando una identificación con sus
derechos lingüísticos y culturales que es positiva para otras
naciones del Estado español en que tenemos situaciones políticas más
contradictorias y difíciles.
En este sentido, la intención de la proposición de ley sigue un
camino acertado, que es conseguir que el Estado español convierta en
lenguas del Estado aquellas que no son exclusivamente el castellano y
que, por tanto, todos los organismos estatales hagan una lectura de
la Constitución en los términos más abiertos y positivos que ésta
posibilita.
Por otra parte, señorías, nos gustaría que todos ustedes cavilasen
que los documentos como el nacional de identidad, el pasaporte, los
permisos de conducir, deben, como mínimo, aliar la ciudadanía del
Estado español con el carácter nacional de la pertenencia cultural
y lingüística de muchos ciudadanos, dejando marcada esta diversidad
territorial de carácter cultural y lingüístico. Por tanto, no pasa de
ser un bilingüismo que alguno poco amante de la normalización
lingüística caracterizaría, si fuese objetivo, de bilingüismo
armónico; no otra cosa es lo que se nos presenta en esta proposición
de ley.
Por fin tengo que añadir que, a pesar de las dificultades, nosotros
pensamos que toda esta política se abrirá paso y que en este caso los
debates que aquí tenemos sirven para democratizar a las
administraciones públicas y adaptarlas al carácter plurilingüe del
Estado español, porque todos sabemos lo reacia y lo reticente que es
la Administración a asumir algo que es originario,
que es ni más ni menos que nuestra señal de identidad y que, por
tanto, como ciudadanos debemos de ser atendidos correcta y dignamente
por estas administraciones.
De nuevo quiero agradecer al Parlament de Catalunya que haya tenido
estas iniciativas que, vuelvo a repetir, son positivas para todos los
pueblos que tenemos lengua propia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, en relación con la toma en consideración de esta
proposición de ley del Parlamento de Cataluña sobre incorporación a
los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores
de las lenguas oficiales en el Estado español, quiero dar, en primer
lugar, la bienvenida a los señores Riera y Ferrer y decirles que no
se preocupen porque reiteren su presencia en este hemiciclo porque
nos agrada verles; además, cada vez que vienen se llevan algo, y eso
es importante.
Por otro lado, Coalición Canaria está de acuerdo en el respeto al
Estado de las autonomías y el reconocimiento del carácter
plurilingüístico como lengua cooficial que tiene concretamente la
lengua catalana. Nosotros vamos a apoyar esta proposición de ley, no
solamente por la realidad lingüística, sino también por la realidad
histórica, lo que ha supuesto en la cultura de occidente, en la
cultura del Estado español, todo lo que se refiere al idioma catalán.
Por todo ello, vamos a votar positivamente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Gil.
La señora GIL I MIRÓ: Benvinguts, estimats diputats del Parlament de
Catalunya, el nostre país. Sigueu benvinguts.
Periódicamente y con insistencia, mi Parlamento, el Parlament de
Catalunya, hace llamadas enérgicas a un nuevo concepto político
cultural del Estado: el de la asunción de la realidad plurinacional y
plurilingüe en todas sus manifestaciones públicas e institucionales.
Este esfuerzo sostenido y pedagógico de mi Parlamento y de mi
Gobierno, ha abierto sin duda alguna un camino irreversible,
inexplorado antes y ahora por los gobiernos españoles.
No es sorprendente que sea Cataluña, a través de la voz de su
Parlamento, la que una vez más quiere construirpara todo el Estado
español un nuevo camino. A
nadie puede sorprender que mi antigua y siempre nueva nación,
Cataluña, intente llevar el soplo de la nueva modernidad plurilungüe
y plurinacional a todo el Estado. Y no puede sorprenderles porque mi
país mantiene una crónica biográfica coherente y pertinaz. Mi
Parlamento, sus comisionados, han traído hasta aquí tres
proposiciones de ley con el mismo objetivo. La proposición va
cambiando de nombre, pero es siempre el mismo gesto, el fragmento de
una misma narración y el tramo de un mismo camino que nos pueda
conducir a un nuevo cosistema cultural y político.
Pero yo no sé si hay suficiente atención ni conocimiento ni análisis
de lo que está ocurriendo. Por ello yo puedo manifestar mi
desconfianza. ¿Puedo confiar en un Gobierno, el suyo, que no ha
ratificado de manera escandalosa y sospechosa la Carta europea de las
lenguas regionales y minoritarias trece meses después de haber sido
instado por una moción en el Senado y siete años después de haber
sido dictada? ¿Puedo no ser desconfiada, junto con mi pueblo, ante un
Gobierno que necesita la instancia del Congreso para asumir la
pluralidad de lenguas? ¿Debe Cataluña, mi Parlamento, mi Gobierno, mi
grupo parlamentario y yo misma confiar en aquellos que intentan aunar
lo que su ideario y sus principales líderes consideran contrarios: la
unicidad virtual y la pluralidad real, el Estado ayer nación y las
naciones en él, que pretenden unir estos antónimos con un sólo gesto,
repetido hasta ahora, el gesto de levantar un sólo dedo? ¿Podemos o
no creer que este gesto es sólo esto, un gesto que no está acompañado
ni del convencimiento ni del compromiso?
Cuando se oye decir que los nacionalismos no son el camino del siglo
XXI, que no son el camino del progreso y de la convivencia ¿de qué
nacionalismo hablamos: del nacionalismo español o del nacionalismo
catalán? ¿Dónde se encuentra la nueva modernidad del siglo nuevo y
cuál es el papel que en un mundo globalizado puede tener España? La
llamada globalización es una realidad económica política, hecha no de
muchas naciones sino de muy pocas multinacionales. Es en realidad el
final del sistema actual. Por ello es una forma de crisis y el inicio
de un cambio histórico. ¿No se sorprenden ustedes, como lo han hecho
politólogos y sociólogos, de que la aldea global haya originado con
tanta fuerza la emergencia de la diferencia cultural del nuevo mundo,
más allá de la lengua única, la hamburguesa única y la pantalla
única? España es un país pequeño, débil económicamente en el orden
mundial, quizá sin poder político suficiente, pero tiene una riqueza
que la hace diferente y única: la de poseer cuatro lenguas oficiales,
cuatro literaturas universales, naciones distintas. Su identidad
plurinacional y cuadrilingüe puede construir un nuevo tejido
consistente y duradero, con los colores y acentos distintos de las
distintas identidades nacionales que la conforman. Pero recuerden que
la ausencia de confianza puede ser corrosiva.
Por ello es necesario un nuevo discurso, una concreción y un gesto
real con el que se pueda esquivar la
contradicción y dar paso al prodigio, no al prodigio de tener
permisos de conducir bilingües, que por una sentencia de los
tribunales esto ya puede hacerse. Pero sólo quiero recordarles que,
en cualquier caso, si creyeran que aun con el gesto todo puede seguir
idéntico, sepan ustedes, señoras y señores diputados, que incluso sin
gesto todo ha cambiado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Gil.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida quiero dar la bienvenida a los representantes del Parlamento
catalán. Por nuestra parte quiero decirles que vamos a votar
favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley,
que además esperamos que tenga mayores éxitos que los que han tenido
anteriores iniciativas presentadas por otros grupos parlamentarios
para que la Administración pública tenga en consideración la
diferencia pluricultural y plurilingüística del Estado español.
Esperamos que así sea, porque es una proposición de ley y tendrá que
aplicarla el Gobierno, le guste o no le guste. Y, por tanto, la
Administración general del Estado, una vez que esta proposición haya
sido tomada en consideración y terminado su trámite parlamentario,
tendrá que aplicarla obligatoriamente. A partir de ese momento,
señorías, nuestro grupo parlamentario se esforzará en conseguir que
en cualquier actuación de la Administración general del Estado se
pueda llevar a cabo esta diferencia pluricultural y plurilingüística
del Estado español. Son cosas que vamos haciendo poquito a poco
y demasiado despacito, cuando en realidad la propia Administración
tendría ya que haber asumido el carácter plurilingüístico de nuestro
Estado, sin necesidad de que desde los Parlamentos autónomos ni desde
esta Cámara les tuviéramos que estar llamando constantemente la
atención y realizando iniciativas para que se tuvieran que respetar.
Figura en nuestra Constitución y en los estatutos de autonomía, que
no solamente han de respetar las comunidades autónomas, sino también
el propio Estado español.
Por tanto, señor presidente, señorías, mi grupo parlamentario va a
votar a favor de esta iniciativa y desde luego asumimos el compromiso
de hacer que se cumpla no solamente ésta, sino todas aquellas que
hemos adoptado hasta estos momentos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor presidente, señorías, sean mis
primeras palabras para dar la bienvenida
a los ilustres diputados del Parlamento de Cataluña; bienvenida por
primera vez a uno de ellos y reiteración de bienvenida al diputado
Ferrer.
A continuación, quiero anunciar, como no podía ser de otra forma, el
voto positivo del Grupo Socialista respecto a la proposición de ley
aprobada por el Parlamento de Cataluña. Entendemos que la reiteración
del debate, el hecho cierto que ha sido puesto de manifiesto por
todos los intervinientes anteriores -es la tercera vez que hablamos
sobre el mismo tema, aunque con textos distintos- no debe restar
importancia al debate, a la cuestión. Señorías, estamos hablando de
la aplicación completa, de llevar a su debido término el contenido
real del artículo 3 de la Constitución española, ese artículo 3 que
establece nuestro sistema plurilingüístico político en España. Ello
debe ser objeto de desarrollo legislativo no cicatero, sino amplio. Y
vamos a votar, reitero, positivamente la proposición de ley del
Parlamento de Cataluña por todas las razones que en anteriores
comparecencias de los comisionados del Parlamento de Cataluña hemos
expuesto y, además, en este caso concreto, por entender también que
estamos completamente amparados por el contenido literal de la
directiva 91/439 de la CEE, modificada por la Directiva 96/47 de la
CEE, que afirma que la mención permiso de conducir y modelo de las
Comunidades Europeas puede hacerse en la lengua o lenguas propias del
Estado y también que las otras menciones del permiso, cuando quieran
consignarse en lengua distinta a la oficial del Estado y de las que
son oficiales en la Unión Europea, deberá hacerse al menos en forma
bilingüe.
Lo que estamos haciendo en este trámite es en realidad una adaptación
de la directiva. Por ello, es urgente y necesario hacerlo, aunque no
únicamente por esta adaptación de la directiva europea, sino por el
hecho necesario de dar reconocimiento, no sólo simbólico sino
práctico, a la realidad existente de que hablamos lenguas distintas,
que todas ellas son lenguas oficiales en el Estado español y que esto
debe tener plasmación en los actos de la Administración, como es la
emisión de un documento personal, del documento de conducir. Eso
bastaría. Pero es que, además, la sentencia de 26 de enero de 1998
del Tribunal Supremo, que ha sido ya citada en otras ocasiones en
este debate, debe llevarnos a ello, porque establece claramente que
las dificultades que pueda tener la Administración para cumplimentar
en la práctica el reconocimiento de la realidad plurilingüística no
pueden ser obstáculo para este cumplimiento, que el tiempo ha pasado,
que es ya suficiente, y que debe darse cumplimiento total y completo
a esta constatación de los distintos idiomas en que nos expresamos,
de los distintos idiomas oficiales en que tenemos derecho a
expresarnos los ciudadanos españoles.
Para concluir, señorías, quiero decir que vamos a dar el voto
afirmativo no sólo con satisfacción, sino también con espíritu
crítico. Señores comisionados del Parlamento de Cataluña, tenemos que
anunciar que en el trámite de enmiendas vamos a enmendar la proposición
de ley. Entendemos que el sistema que nosotros propugnamos en la
proposición que presentamos ante esta Cámara el 10 de diciembre de
1998 es mejor, más omnicomprensivo, que tiene en cuenta la existencia
del catalán y de las otras lenguas oficiales de España y que da
solución, o pretende darla, al conjunto de documentación que puede
emitirse por la Administración.
Votaremos afirmativamente y anunciamos que en la tramitación de esta
proposición de ley, que esperamos que sea rápida y conjunta con las
otras que hemos aprobado en los últimos tiempos, vamos a intentar
reconducirla al sistema que consideramos mejor y más favorable al
reconocimiento universal del uso oficial real de las distintas
lenguas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pedret.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Seco.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor presidente.
Sean mis primeras palabras para dar la bienvenida a esta Cámara a los
señores Riera y Ferrer y asimismo para hacer votos por la
recuperación del señor Dalmau de la enfermedad que le ha impedido
estar esta tarde entre nosotros. Palabras de bienvenida a este
trámite parlamentario en el que debatimos la toma en consideración de
la proposición de ley de incorporación a los permisos y licencias de
conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales
del Estado español, consecuencia de la moción 811/V del Parlamento de
Cataluña.
Desde el punto de vista constitucional, señorías, tanto el artículo 3
de la Constitución, ya referido, como la sentencia 82/1986, que
también se ha mencionado, dan cobertura a esta norma y, por tanto, es
acorde con el orden constitucional de distribución de competencias la
posibilidad de modificación del Real Decreto-ley 339/1990, por el que
se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, con la finalidad de incluir
junto al castellano la lengua autonómica en la redacción de los
permisos y licencias de conducir en el territorio de las comunidades
autónomas que dispongan de más de una lengua oficial.
Esta iniciativa que debatimos en la tarde de hoy es prácticamente
idéntica a la debatida el pasado mes de abril, presentada también por
el Parlamento de Cataluña y referida a determinados documentos
personales, como el documento nacional de identidad o el pasaporte,
y con éste mismo propósito, que fueran redactados en las lenguas
oficiales del Estado español. La iniciativa se debatió el pasado 13
de abril y fue aprobada solamente con un voto en contra y tres
abstenciones. La proposición que debatimos esta tarde merece la
consideración favorable del Grupo Parlamentario Popular, que viene
pronunciándose en este mismo sentido encuantas ocasiones ha tenido
para ello. Baste citar las
mociones 173/57, del Grupo Parlamentario Mixto, o la número 662/77,
de este mismo Grupo Parlamentario Popular.
Sin embargo, permítanme que haga referencia a una expresión de la
iniciativa que puede plantear alguna dificultad. Es la que dice: Sin
perjuicio de que puedan utilizarse también otras lenguas, de acuerdo
con la normativa europea y el ordenamiento jurídico, al establecer la
redacción bilingüe del permiso de conducción. Aunque denota un deseo
de cumplimiento de la normativa europea, no parece adecuarse a ella o
al menos a la derivada de la configuración del permiso de conducción
en el ámbito europeo, según la cual el contenido de mínimos está
referido a cada una de las lenguas oficiales de los Estados miembros
de la Unión Europea, al que se puede añadir la redacción en otras
lenguas que también sean oficiales en cada uno de los Estados, y no
precisamente al revés, como parece deducirse del texto de la
iniciativa que en este momento debatimos. Este y otros puntos, que
han sido también puestos de manifiesto, serán objeto sin duda de un
debate más profundo que el que corresponde en este debate de toma en
consideración en los sucesivos trámites parlamentarios.
Sí creo conveniente recordar, señor presidente, señorías, que el
Ministerio del Interior ya viene cumpliendo con lo que se propone en
esta iniciativa del Parlamento de Cataluña, ya que desde el año 1995
se expiden las autorizaciones indicadas en esta proposición con
caracteres bilingües en las comunidades autónomas de Galicia, el País
Vasco, Cataluña y Valencia, en virtud de lo dispuesto en la Ley 30/
1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, y la interpretación que en este
sentido se contiene en la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 26 de enero de
1998, a la que ha hecho referencia el señor Pedret. Desde el año
1995, la Dirección General de Tráfico viene emitiendo los permisos de
conducción de vehículos a motor y la licencia de conducción de
ciclomotores en caracteres bilingües y desde el año 1992 se están
expidiendo los boletines de denuncias de las infracciones derivadas
de la circulación rodada en estos mismos caracteres bilingües.
Me van a permitir también, señor presidente, señorías, que haga una
precisión técnica al título de la iniciativa, que habla de permisos y
licencias de conducción de vehículos a motor y de ciclomotores. Sería
más técnico hablar de permisos de conducción de vehículos a motor y
licencias de conducción de ciclomotores. Y no es una cuestión
meramente retórica o terminológica. Son diferentes los requisitos que
se exigen para el permiso de conducción y para la licencia de
conducción de ciclomotores y, por tanto, creo que en la redacción
definitiva deberíamos hacer referencia a ello.
En conclusión, señor presidente, reconociendo que un proceso tan
importante y al mismo tiempo tan complejo como el relativo al
desarrollo de la realidad plurilingüe de España no puede resolverse
de un solo golpe
o en un solo trámite, queremos hacer constar que, después de veinte
años de la aprobación de la Constitución como marco de la convivencia
política entre todos los españoles, estamos en condiciones de dar
nuevos pasos en el reconocimiento de la España plural y de hacer más
presente en el funcionamiento del Estado la realidad plurilingüe de
España.
Porque en el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos, y
estamos involucrados en ello, de ese proceso de desarrollo de la
realidad plurilingüe de España, señor presidente, y porque, en
definitiva, convenimos en que es bueno que lo que se viene haciendo
ya en la práctica desde 1992 para los boletines de denuncia y desde
1995 para los permisos de conducción de los vehículos a motor y
licencias de conducción de ciclomotores se incorpore al texto de la
ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en
ese afán simbólico del que hablaba el señor Riera, por todas estas
razones, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular votará
favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Seco.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación correspondiente a la toma en consideración de la proposición
de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y
licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas
oficiales en el Estado español.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
265; a favor, 261; abstenciones, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada
la toma en consideración.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE CREACIÓN DE
LA ZONA MILITAR ESPECIAL DE CANARIAS. (Número de expediente 122/
000164.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto II del
orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, de creación de la zona militar especial de Canarias.
Para su presentación, y en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Meyer. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.- Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, por favor,
guarden silencio. Señora Montseny. Señor Gil Lázaro. Señor
Santesmases. Señor Recoder. Señor Yáñez.
Por favor, siéntense o despejen el hemiciclo.
Señor Meyer, cuando quiera.
El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Señorías, venimos a defender la proposición de ley que registró el
Grupo Federal de Izquierda Unida hace un año, en relación con la
creación de la zona militar especial de Canarias, que busca un status
especial de neutralidad para la comunidad de Canarias en el marco
internacional y en el marco de nuestros tratados internacionales.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señor Meyer.
(Pausa.) Señor Ollero, por favor.
El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Decía, señorías, que la defensa de este estatuto especial para
Canarias que busca un estatuto de neutralidad, después de un año tal
vez tenga mucha más fuerza en la justificación por parte de nuestro
grupo, atendiendo a la realidad internacional que vivimos, con una
guerra, la guerra de Yugoslavia, y un nuevo concepto estratégico
aprobado en la cumbre de Washington, que, sin duda, tendrá
repercusiones importantes en todo el marco de seguridad, tanto
nacional, europeo, como internacional. No les oculto que este
estatuto de zona militar especial para Canarias, que es el estatuto
de neutralidad activa, es el que reivindicamos para el conjunto del
Estado español. Una España neutral que lidere la necesidad de una
seguridad compartida, una seguridad humana, desnuclearizada,
desmilitarizada y cooperativa, que funcione y trabaje en sentido
contrario, como el que la mayoría de esta Cámara pretende en la
seguridad internacional, que refuerce, que democratice, que impulse y
actualice las Naciones Unidas como único instrumento de paz para la
superación de los conflictos y para la cooperación internacional.
Esta proposición no de ley se hizo antes de la lógica de la guerra,
de la nueva lectura de derecho internacional y de la nueva lectura
del papel que debe jugar la comunidad internacional que no es la OTAN
en el conjunto de conflictos en el mundo. Sin embargo,
indudablemente, al hilo de las enseñanzas de la guerra, esta
proposición de ley se refuerza, desde nuestra perspectiva, en la
argumentación. Las enseñanzas de la guerra de Yugoslavia y de la
cumbre de Washington son obvias, señorías. En primer lugar, se decide
una intervención militar fuera del marco de las Naciones Unidas,
fuera del derecho internacional, dándose una situación peligrosa no
vivida desde el fin de la guerra fría y, por tanto, se incrementa la
inseguridad internacional. Que, además, la cumbre de Washington haya
sancionado la posibilidad de esta intervención en el marco paneuropeo
y que introduzca como posibilidad de intervención
materias como el terrorismo, el crimen organizado, los recursos
vitales o los movimientos migratorios de masas, sin duda alguna,
materia a la que hasta ahora, para la mayoría de los grupos
parlamentarios de esta Cámara, en el caso del Estado español, nunca
se ha interpuesto fuerza militar alguna, sino fuerza policial, este
nuevo escenario y esa capacidad de intervención fuera de las
fronteras de los países miembros va a incrementar la posibilidad de
intervención armada. Y se nos va a ver por el conjunto de la
comunidad internacional como un país que forma parte de una alianza
militar agresiva, que se arroga el derecho internacional y que se
arroga el derecho a la intervención.
Las consecuencias van a ser obvias, señorías: el rearme, la
proliferación de armamentos de destrucción masiva será la respuesta a
la cumbre de Washington. No puede ser otra en la comunidad
internacional. Sin duda alguna, todos los Estados pequeños, los
Estados no poderosos, los Estados en vías de desarrollo y alguno
desarrollado, están tomando nota, en la guerra de Yugoslavia, de que
es importante contar con un sistema antiaéreo de gran altura, que, si
no tienen un pequeño arsenal de armas de destrucción masiva de
carácter nuclear, tendrán que hacerse con uno de carácter bioquímico.
Esta es la lógica que va a salir de la cumbre de Washington. El
mensaje que se lanza en la cumbre de Washington es: Mundo, preparaos,
porque esta alianza está dispuesta a intervenir fuera del marco
estricto de las fronteras de los 19 países que la conforman y está
dispuesta a intervenir en ese tipo de materias, terrorismo, crimen
organizado, etcétera. Esta va a ser la respuesta, sin duda, la
desgraciada respuesta, que se va a tener a nivel internacional. Va a
ser un golpe muy duro y difícil de evaluar al día de hoy, en relación
con el rearme y la distensión que se consiguió en los años ochenta.
En los años ochenta, antes de terminar la guerra fría, se había
conseguido un desarme importante, una lógica de desarme, una lógica
de destrucción de armamento convencional, una lógica de reducción de
armamento nuclear e incluso una reducción importante de tropa, de
Fuerza interpuesta entre el Pacto de Varsovia y la OTAN. Esto va a
saltar por los aires.
Por eso nos merece una atención especial en estos momentos esta
proposición de ley, que persigue un estatuto de neutralidad, un
estatuto militar especial para Canarias. Recobra una importancia
especial. Además, teniendo en cuenta, por la información de que
nosotros disponemos, que Estados Unidos y, por lo tanto, la OTAN, ya
que quien realmente manda en la OTAN es Estados Unidos, tiene interés
en contar, en la nueva fase de ampliación de la Alianza Atlántica,
además de con los países del Este, tiene interés en empezar
a articular propuestas de colaboración con Mauritania y con Marruecos.
De manera que para el norte de África habrá dos relaciones entre la
OTAN: una de colaboración Marruecos y Mauritania y otra de cierta
prevención con Argelia y con Libia.
La comunidad canaria, la más próxima a África, la más próxima a ese
escenario, necesitaría, desde nuestro punto de vista, alejarse de
esta lógica de intervención, alejarse de esta lógica que va a crear
problemas y que puede empezar, en el escenario africano, en el
escenario de la ribera del Mediterráneo y del norte de África en el
Magreb, a plantear problemas serios. Desde la lógica de la OTAN,
desde la lógica de la mayoría de SS.SS., que no es la de Izquierda
Unida, indudablemente, después de Yugoslavia y atendiendo a la
literalidad de los acuerdos de la cumbre de Washington, se pueden dar
conflictos de intervención en el norte de África. Y en ese nuevo
escenario creemos que Canarias, dada su especial situación
geoestratégica, debería ser la primera región española en alcanzar un
estatuto de neutralidad que la aleje de cualquier conflicto hacia
África y la permita convertirse en una gran plataforma de paz
atlántica hacia América, Europa y África. En esta consideración, nos
merece una atención muy especial lo que el pueblo canario votó en el
referéndum de 1986. Esta proposición no de ley no se podría entender
sin la voluntad mayoritaria del pueblo canario, que en aquel
referéndum de 1986 votó en contra de la permanencia de España en la
Alianza Atlántica.
Señorías, entre las iniciativas que Izquierda Unida está presentando
para frenar la lógica de la guerra, para intentar que esta Cámara y
la Cámara Alta sean las que dirijan, las que aprueben la
participación española en los conflictos, las que decidan si se debe
interponer Fuerza armada española en cualquier zona de alto riesgo
o de riesgo en el mundo, la lógica de esa información y decisión que,
desgraciadamente, no acabamos de arrancar del Gobierno del Partido
Popular, entre esas iniciativas, sin duda, se debe encontrar este
estatuto especial para las islas Canarias. Queremos superar la lógica
militar para intentar construir una lógica de seguridad humana, una
lógica de seguridad compartida, que haga del desarme, de la
desnuclearización los ejes fundamentales de un nuevo marco de
seguridad paneuropeo y de colaboración hacia África.
La proposición de ley, en su parte final y dispositiva, viene a
plantear que las islas Canarias se constituyen en zona militar
especial a los efectos del ejercicio de la competencia de defensa que
la Constitución española atribuye al Estado de forma exclusiva en su
artículo 149.1.4. Segundo, que la zona militar especial de Canarias
conllevará que la planificación, organización y ejecución de la
defensa de las islas será la realizada de forma exclusiva por las
Fuerzas Armadas del Ejército español, sin intervención alguna de las
fuerzas de terceros países. Tercero, que las islas Canarias contarán
con las instalaciones militares bajo mando exclusivo de las Fuerzas
Armadas españolas de carácter defensivo precisas e imprescindibles
para evitar la incursión o ataque militar a su territorio. Cuarto, en
la zona especial de Canarias no podrán ser instalados instrumentos,
equipos, armamentos o personal habilitado para realizar operaciones
militares de carácter ofensivo sobre cualquier territorio. En el
apartado primero del artículo 2
la declaración de Canarias como zona militar especial es incompatible
con la presencia de las islas en organigrama, estructura o ámbito de
actuación de cualquier estructura militar de carácter supranacional
existente, refiriéndose, obviamente, a la única que en estos momentos
existe, como es la OTAN. Dice en su apartado 2 que el Gobierno
español habilitará los instrumentos jurídicos oportunos para excluir
al territorio del archipiélago canario de las citadas organizaciones
mediante la inclusión en los tratados internacionales suscritos por
España de cláusulas de exclusión de las islas acerca de la
integración de las mismas. En el artículo 3 se dice que lo dispuesto
en los artículos anteriores no será incompatible con el cumplimiento
por parte de las Fuerzas Armadas con sede en Canarias de sus
obligaciones con la defensa nacional del conjunto de España.
Sé, señorías, cuál va a ser su respuesta en la toma en consideración:
en primer lugar dirán que esto rompe con el Tratado de la Alianza
Atlántica de una parte del territorio; que esto, al contrario, puede
significar una mayor inseguridad para el territorio de Canarias y que
el trasfondo de nuestra propuesta no tanto persigue un estatuto de
neutralidad, sino un estatuto de aislamiento, intentando identificar
de nuevo la idea de que un país neutral es un país aislado. Yo creo
que esto tiene una base intelectual muy pobre.
En cuanto a la neutralidad y al aislamiento basta recorrer lo que hoy
es la realidad en el mundo para entender que estados mucho más
poderosos que España, que son neutrales, juegan un papel fundamental
en la comunidad internacional. Yo comprendo su negativa, sé cuál va a
ser -efectivamente, la mayoría de esta Cámara no está por la lógica
del desarme, no está por la lógica de iniciar procesos de
pacificación, sino por la lógica de la intervención-, pero no nos
hemos querido resistir a seguir planteando desde nuestro punto de
vista que hoy en el mundo, en España es necesario invertir esta
lógica; los tiempos y las enseñanzas de la guerra de Yugoslavia ahí
están. Desde luego, el que piense que la realidad después de la
guerra ha mejorado en lo relativo al desarme y la distensión no creo
que la tenga en cuenta: República Popular China, Rusia, rearme y
punto cero en estos momentos acerca de la propuesta de paz del G-7
más Rusia. Paradójicamente, los ocho puntos que presentó el G-7 más
Rusia son literalmente los 11 puntos que presentó Izquierda Unida en
esta Cámara y que uno a uno no merecieron la aprobación de ninguna de
SS.SS. Izquierda Unida se quedó sola con el Bloque Nacionalista
Gallego y tres abstenciones del Grupo Socialista y nos inquieta que,
efectivamente, en esa votación no mereciera el visto bueno ni la
aprobación de una amplia mayoría de la Cámara; estaremos atentos a
ver qué dice la mayoría de la Cámara sobre la propuesta del G-7 más
Rusia, insisto, muchos de cuyos puntos son la literalidad de los que
presentó Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Meyer. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la
proposición de ley? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar la posición en
el debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Nadal i Malé.
El señor NADAL I MALÉ: Gracias, señor presidente. Muy brevemente.
Las posiciones del señor Meyer en esta Cámara son reiterativas,
acumulan sus criterios una y otra vez. Tiene evidentemente todo el
derecho a expresarse tal como él crea necesario, tal como entienda
que debe ser su planteamiento ideológico. Ahora bien, señor
presidente, yo desearía llamar su atención sobre que a lo que no
tiene derecho el señor Meyer es a decir que el resto de los grupos
parlamentarios no queremos la paz. En eso se equivoca rotundamente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Nadal.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martinón.
El señor MARTINÓN CEJAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señoras y señores diputados de Izquierda
Unida, esta proposición de ley de creación de zona militar especial
de Canarias ha despertado bastante incertidumbre, perplejidad,
asombro en este diputado que les habla. Incluso, antes de oír al
señor Meyer, tenía la intención de subir a esta tribuna para rogar al
Grupo de Izquierda Unida que retirara esta proposición para no
producir una injustificable discriminación con ningún territorio
nacional, pero, a la vista de la intervención que acabo de oír,
parece que sería un esfuerzo absolutamente inútil. Según acabo de
entender -ha quedado algo más clara la lógica que lleva a Izquierda
Unida a hacer esta propuesta-, la lógica que lleva a Izquierda Unida
a presentar esta propuesta no tiene nada que ver con Canarias y tengo
la sensación de que Canarias paga el pato de una opinión que tiene
Izquierda Unida acerca de la defensa nacional. Sólo he oído dos
razones para presentar esta propuesta específica relacionada con la
Comunidad Autónoma de Canarias. Una, que Canarias es la comunidad
autónoma más cercana al norte de África y a los países del Magreb. Yo
no soy ningún experto en geografía, pero basta con echar un vistazo a
un mapa para darse cuenta de que eso es un disparate, es mentira.
Dos, que el pueblo canario, en el referéndum sobre la OTAN votó en
contra de la continuidad de España en la Alianza. Es cierto, y la
provincia de Santa Cruz de Tenerife votó a favor de la continuidad de
España en la Alianza, y la provincia de Las Palmas votó en contra, y
la isla de no sé dónde votó a favor, y la isla de no sé qué votó en
contra. ¿Cuál es el ámbito geográfico que debe determinar
el significado político de un referéndum como expresión de la
voluntad política de un pueblo?
Veo que mi ingenuidad llega hasta el extremo de intentar convencer al
señor Meyer, que está hablando por teléfono. Perdonen SS.SS. que no
haya atendido a todos con el respeto que se merecen y siga
obsesionado con viejos fantasmas del pasado. Esta propuesta que
Izquierda Unida nos hace esta tarde básicamente pretende que Canarias
quede fuera de cualquier organización militar, de cualquier alianza
militar, y por lo tanto de carácter internacional, dejándola fuera,
por ejemplo, de la Unión Europea Occidental o de la Alianza
Atlántica. Se pretende que la defensa de Canarias sea exclusiva de
las Fuerzas Armadas españolas y que, si el resto del territorio
nacional se viera afectado en algún conflicto bélico, las Fuerzas
Armadas españolas que existan en Canarias vayan en auxilio del resto
del territorio nacional. Como decía, la propuesta resulta peculiar,
pintoresca. Es sorprendente que un grupo parlamentario venga a esta
Cámara a proponernos que le digamos al pueblo canario que si Canarias
es atacada por quien sea que, por favor, la Alianza no intervenga;
que un grupo parlamentario venga a proponernos que digamos a los
canarios: a ustedes sólo los defiende el ejército español y, si el
ataque es tan grande que exigiera el auxilio de fuerzas amigas,
ustedes jamás van a poder contar con ellas. ¿Qué razones conducen a
Izquierda Unida a hacer esta propuesta? ¿Cuál es la lógica profunda
de esta propuesta? Si vamos a la exposición de motivos, veremos que
ahí se recuerda la singularidad de Canarias. Sus señorías lo conocen
bien porque los parlamentarios canarios de los distintos grupos les
hemos dado la lata con mucha frecuencia hablándoles del régimen
económico y fiscal y del estatuto de región ultraperiférica en el
seno de la Unión Europea. Ahora, en un salto de difícil explicación
lógica, Izquierda Unida dice: esa singularidad histórica de Canarias
en lo económico, en lo fiscal, en tantas cosas, también hay que
llevarla al terreno militar, de forma que Canarias jamás pueda
pertenecer a una organización militar de carácter supranacional. No
se explica cuál es la lógica que puede llevar a una propuesta de ese
tipo. Pero lo más asombroso es que en la exposición de motivos se
indica que Canarias tiene una posición estratégica especial, lo cual
resulta indiscutible, que es un enclave comercial. Desde luego, no
voy a negar que sea un cierto enclave comercial, pero modesto; ya me
gustaría a mí que Canarias fuera de verdad un enclave comercial; lo
que sí es es un enclave turístico, y eso no se menciona. Y se hace
alusión a la histórica ausencia de cualquier conflicto de alcance
internacional, se supone que de algún conflicto bélico de alcance
internacional en Canarias. Eso es mentira. Santa Cruz de Tenerife
celebra cada año el 25 de julio que, en un intento de Horacio Nelson,
almirante de la Armada inglesa, de adueñarse de las islas, un
acertado cañonazo logró quitarle un brazo. ¿Cómo diceusted que
Canarias nunca ha tenido nada que ver con
problemas bélicos? Tanto tópico repetido mil veces se llega a creer.
En algo sí que estoy de acuerdo con Izquierda Unida, y es en que
Canarias sea -lo ha sido muchas veces a lo largo de la historia-
plataforma de paz y de encuentro entre los pueblos. Pero que sea
plataforma de encuentro entre los pueblos no nos lleva a la idea, a
nuestro juicio absurda y disparatada, de que Canarias quede
desarmada. Cuando discutimos hace no mucho la nueva situación de
España en la Alianza Atlántica, todos los grupos parlamentarios,
salvo Izquierda Unida, defendimos y apoyamos la conveniencia de que
Canarias estuviera bajo el mismo mando militar que el resto del
territorio nacional, y para eso se diseñó lo que se ha llamado la
burbuja, que viene a ser una especie de pasillo que une a Canarias
con la Península.
Hay una idea que yo creo que subyace en la proposición de ley, que no
se ha dicho abiertamente -desde luego no aparece explícitamente en la
proposición de ley-, y viene a ser un razonamiento del siguiente
tipo: si Canarias queda fuera de la Alianza Atlántica y hay una
agresión contra la Alianza Atlántica, Canarias se salva porque no se
vería atacada por los ejércitos que fueran contra un país de la
Alianza Atlántica y contra toda la Alianza Atlántica. Desde luego, es
un argumento que tiene algo, o mucho -para ser más preciso, tiene
mucho-, de egoísmo al pensar: yo me quedo al margen, no tengo nada
que ver con el resto del país, ni con el resto del mundo occidental
ni con nada. Es decir, si hay una guerra entre unos y otros, yo me
quedo al margen. Pero además yo creo que es bastante poco creíble y
poco razonable ese argumento. ¿Es creíble que si hubiera un conflicto
bélico en el que la OTAN y España se vieran involucradas, Canarias
quedaría fuera del conflicto porque previamente España ha dicho que
Canarias no forma parte de la Alianza Atlántica? ¿Es eso creíble? ¿Es
que si algún país tuviera la voluntad, el ánimo, el deseo de entrar
en un conflicto bélico con España, razonaría así? ¿Es eso creíble?
Señorías, subyace además una concepción, que desde luego no es
nuestra, que en absoluto compartimos, y es el rompimiento de la
unidad nacional, que España queda dividida en dos zonas: una es la
zona OTAN, que es la zona ofensiva, agresiva, belicosa; y la otra es
la zona no OTAN, la defensiva, la zona de la paz. ¡Esto me parece
algo tan maniqueo, tan falso y sobre todo irresponsable! Porque,
insisto, pretender aquí que, si hubiera un conflicto bélico y
Canarias se viera atacada, las organizaciones de carácter militar a
las que España perteneciera no pudieran participar en la defensa de
Canarias, diciendo al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas españolas
que están en Canarias sí deberían ir rápidamente a socorrer ante un
posible ataque que se produjese en la Península, es algo bastante
absurdo, incongruente y, desde luego, impresentable para nosotros.
Señorías, dije que subía a esta tribuna con la idea de que retiraran
su propuesta. Evidentemente, no lo voy a hacer; sólo he de anunciar
el voto en contra del Grupo
Socialista. No sé si servirá para algo lo que voy a decir ahora, pero
el cuerpo me lo pide -estos gestos de libertad que uno tiene de vez
en cuando parece que son casi imprescindibles para seguir viviendo-.
Señoría, a la vista de su discurso de esta tarde y de los que he oído
en otras ocasiones no es casual que haya sido un diputado no canario
el que haya venido a hacer esta propuesta aquí esta tarde, porque
ningún diputado canario, de los 14 que existen en esta Cámara, hace
una defensa como la que usted ha hecho. Creo que no hay ningún
diputado canario que se atreva a venir aquí esta tarde a decir que,
según una concepción que ellos tienen de la política militar, de lo
que es la lógica del desarme y de la intervención, a Canarias hay que
dejarla desprotegida. No hay ningún diputado ni ninguna diputada
canaria que venga aquí a decir esta tarde que si algún país ataca a
Canarias, que sólo sea el ejército español el que se encargue de su
defensa porque ninguna otra organización a la que pueda pertenecer
España puede acudir en auxilio del suelo canario. Esa lógica, es
decir, la lógica del disparate, señoría, me parece que es la que les
ha llevado a que esta tarde ningún diputado de su grupo sea canario y
a que ningún canario diputado de su grupo haya podido defender esa
propuesta aquí.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Martinón.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Fernández de Mesa. (El señor Meyer Pleite pide la palabra.)
En este momento no tiene usted la palabra, señor Meyer. (El señor
Meyer Pleite: A los efectos de una rectificación, señor presidente.)
Señor Meyer, si tiene que manifestar alguna cosa a la Presidencia,
cuando termine la fijación de posiciones tendrá su oportunidad.
Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular tenía la sospecha, como así
ha sido, de que esta proposición de ley, presentada por Izquierda
Unida hace más de un año, serviría de percha para hablar de lo divino
y de lo humano, de la política de defensa, de la política de la
Alianza Atlántica, de lo que pasa en Kosovo, etcétera. Ése es el
motivo por el que nosotros hemos reservado nuestra fijación de
posición, para ver qué era lo que se pretendía con esta proposición
de ley. Lo que sí puedo decirle, señor Meyer, es que Izquierda Unida
tiene la rara habilidad en materia de defensa de poner de acuerdo a
todos los grupos parlamentarios de la Cámara, excepto a ustedes. Da
esa casualidad. En la política de defensa que plantea en estos
momentos Izquierda Unida, coherente con sus históricos principios
inamovibles, consigue poner de acuerdo a todos los grupos políticos
de la Cámara radicalmente en contra de los planteamientos que su
grupo realiza permanentemente.
Ya me parecía a mí que no se iba a tratar sólo de Canarias en esta
proposición de ley, sino que tratarían de incluir también al resto
del territorio nacional, a toda España. Y no, como dice usted, porque
se rompa con la OTAN, con el posicionamiento que tomamos el resto de
los grupos políticos, señor Meyer. Con lo que se rompe es con la
integridad territorial del Estado español, con la integridad
territorial de España, cuestión por la que todos venimos luchando
desde hace muchos años. Incluso en ese importantísimo proceso de
adaptación interna y externa abierto en la Alianza Atlántica, todos
los grupos políticos de la Cámara, en sucesivas ocasiones y en todas
las comparecencias que se han producido para hablar del mismo, han
reiterado por activa y por pasiva la importancia que tendría que las
islas Canarias quedaran bajo mando español y que el territorio
nacional no quedara dividido bajo ningún concepto. Y precisamente con
una propuesta de resolución de Coalición Canaria se ha conseguido el
mando subregional en España, ya instalado en Retamares, Algo por lo
que hemos luchado absolutamente todos. Y ahora viene a decirnos usted
que quede con unas fuerzas armadas solas, españolas, de carácter
defensivo, pero no ofensivo, en una diferenciación que jamás ha
llegado usted a explicar. ¿Dónde está la diferencia entre unas
fuerzas de carácter defensivo y unas fuerzas de carácter ofensivo? Se
refería el señor Martinón a lo que pasaba en el año 1797, con el
almirante Nelson y aquel cañonazo fortuito del general Gutiérrez, que
fue el que le hizo desistir de tal empeño. Pero también hay que
recordar lo que pasó en el desastre de finales de siglo con Cuba,
Filipinas, Cavite y un largo etcétera, y que la mayor preocupación
del almirante Cervera era precisamente que, por no existir alianzas
internacionales, las islas Canarias pudieran sufrir cualquier tipo de
acoso.
Señor Meyer, sin entrar en más profundidad que la de una proposición
de ley que usted no ha defendido, simplemente podemos decirle que no
estamos de acuerdo con los planteamientos que realiza, porque si en
algo están de acuerdo todos los grupos políticos del Congreso de los
Diputados es en que se ha conseguido algo importantísimo para España
y para las islas Canarias, y es que queden bajo un mando único, bajo
un mando subregional instalado en España y no dependiendo, como hasta
ahora, de Saclant, en Virginia. Yo creo que eso es lo más importante
y lo más relevante, y a lo que ninguno estamos dispuestos es a que
una proposición de ley, presentada el 16 de marzo del año pasado,
antes de que se produjeran todos los cambios de carácter estratégico
que se han venido dando en el seno de la Alianza Atlántica, sirva de
percha para tratar de desmantelar aquello que todos sabemos lo que ha
costado conseguir. Por lo tanto, señor Meyer -y yo no sé si entrar
más en profundidad en el debate de esta cuestión-, puedo decirle que
nuestro grupo parlamentario no cree en la proposición de ley que
usted plantea, pero además piensa que ni es oportuna estratégicamente
después de lo que se ha luchado por conseguir exactamente todo
lo contrario.
Ha hablado de la guerra de Yugoslavia, de la Alianza Atlántica, del
enemigo número uno, del G-7 más Rusia, en el que da la casualidad que
en estos momentos Rusia está jugando un papel importante para tratar
de solucionar una crisis de la que no es culpable la Alianza
Atlántica (no lo olvide usted: de la que no es culpable la Alianza
Atlántica), porque la limpieza étnica, el genocidio y los abusos que
se han venido produciendo en Kosovo no los ha iniciado la Alianza
Atlántica, sino que lo que se está tratando es de paralizar todas las
políticas que se han venido aplicando desde hace muchos años,
desgraciadamente. Los acuerdos de la paz de Dayton no fueron
suficientes para hacer reflexionar al líder serbio, al señor
Milosevic, para que no volviera a repetir en Kosovo las mismas
atrocidades que todos hemos podido ver en Bosnia y ahora estamos
volviendo a ver, desgraciadamente, en Kosovo.
Es más, señor Meyer. Usted no puede decir que el pueblo español está
con sus tesis, sencillamente, porque habla usted en representación de
16 diputados y senadores -en este momento, 16 diputados-, contra más
de 550 miembros de las dos Cámaras, señor Meyer. La representación de
la soberanía popular está en el Congreso y en el Senado, y de 550
parlamentarios, 16 son los que están en contra en este momento no
sólo de esta proposición de ley sino de las políticas que se están
aplicando para tratar de acabar con genocidas en los umbrales del
siglo XXI. Ésa es la situación, simple y llanamente.
Señor presidente, señorías, cuando la Alianza Atlántica lo que hace
es abrirse precisamente a los países del Este, usted sabe
perfectamente -igual que yo- que en alguna cumbre de la OSCE los
países del Este estaban deseando integrarse en la Alianza Atlántica
para tratar de acabar con el sometimiento que habían sufrido durante
cantidad de años. No sólo es cierto que se ha abierto el proceso de
adaptación interna y el proceso de adaptación externa con nuevas
incorporaciones, sino que hay nuevos países del Este que están
deseando incorporarse en esta nueva Alianza.
Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular entiende
que el Gobierno y todos los grupos parlamentarios con sentido común,
con propuestas razonables y razonadas han estado debatiendo en el
Congreso de los Diputados durante estos últimos tres años la
importancia que tendría que Canarias no quedara fuera del submando
regional que se instalara en España. Eso es lo que hemos conseguido,
eso es lo que en este momento ha conseguido España en la negociación
que ha tenido en el seno de la Alianza Atlántica y es algo, señor
presidente, señorías, a lo que nuestro grupo, desde luego, no está
dispuesto a renunciar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Fernández de Mesa. (El señorMeyer Pleite pide la palabra.)
Señor Meyer, ¿con qué objeto me pide la palabra?
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, en aplicación del artículo
73.1, solicité poder dejar en buen lugar lo que el portavoz del Grupo
Socialista ha pretendido decir en una parte de su argumentación de
forma, creo yo, poco digna en relación con otro grupo parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Tiene dos minutos para
hacerlo, señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, señorías, el portavoz del
Grupo Socialista se ha referido en una parte de su argumentación -en
la otra no entro, es muy libre y legítima- a que esta proposición de
ley sólo la puede presentar un diputado que no sea canario. Recuerdo
a S.S., portavoz del Grupo Socialista, que el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida representa al conjunto del electorado del Estado
español, entre otros al electorado canario y mencionamos el
referéndum de 1986 en Canarias, que ganó el no a la OTAN.
Finalmente, esta proposición de ley, como no podía ser menos -así por
lo menos funciona nuestro partido, no sé el Partido Socialista en
Canarias-, cuenta no sólo con el visto bueno de la organización
territorial de Izquierda Unida sino que ha colaborado activamente en
su redacción.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Meyer.
Señor Martinón, ya me temía que iba a haber contrarréplica.
El señor MARTINÓN CEJAS: Es obvio que no he negado legitimidad a
Izquierda Unida para presentar esta propuesta. He querido decir,
quizás con poca fortuna en el sentido de que quizás he sido
brutalmente poco claro, que nadie que viva en Canarias, nadie que
tenga a su familia en Canarias (a su mujer, a sus hijos, a sus
padres, a sus hermanos o amigos) puede defender que si Canarias es
atacada, sólo el ejército español puede defenderla y no los amigos
españoles, sean americanos, franceses o ingleses.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor Meyer pronuncia palabras
que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martinón.
Vamos a proceder a la votación de la proposición. (El señor Meyer
Pleite pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.)
Mantengan la calma, señorías. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo de
Izquierda Unida de creación de la zona militar especial de Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279; a favor, 13; en contra, 266.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL FOMENTO Y LA
PRESERVACIÓN DE LOS VALORES FORMATIVOS Y DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
Y DE LA JUVENTUD POR LAS CADENAS TELEVISIVAS. (Número de expediente
162/000359)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: proposiciones no de
ley.
La primera de ellas corresponde al Grupo Socialista, sobre el fomento
y la preservación de los valores formativos y de protección de la
infancia y de la juventud por las cadenas de televisión.
Para su presentación, tiene la palabra doña Carmen Heras. (Rumores.)
Señorías, por favor, guarden silencio.
Guarde silencio, señor Camps. Señor Griñán, por favor. Señor Pérez
Rubalcaba, por favor. Señor Vaquero. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Heras.
La señora HERAS PABLO: Gracias, señor presidente. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Señorías, la proposición no de ley que hoy presenta aquí el Grupo
Socialista obedece a una doble oportunidad: en primer lugar, se
presenta en razón de su propios interés y de la importancia que tiene
el tema en sí mismo al referirse a los derechos de los menores en
materia de programación televisiva, y, en segundo lugar, por estar en
trámite de discusión en el Parlamento la incorporación al
ordenamiento jurídico español de la modificación de la Directiva
comunitaria llamada comúnmente televisión sin fronteras, que sirve de
marco de regulación de todo el sector audiovisual.
La iniciativa que hoy presentamos pretende el fomento y la
preservación de los valores formativos y de protección de la infancia
y juventud por parte de las cadenas televisivas. La televisión, como
todas SS.SS. saben, es un medio de gran difusión y de gran influencia
social, dado el consumo masivo que de sus programas hacen los
ciudadanos. El sector audiovisual tiene un importante peso económico,
una indudable influencia social y desempeña un papel muy importante
en el desarrollo y la transmisión de valores sociales, pues, no en
vano, es la primera fuente de opción.
El sector infantil constituye, dentro del sector general de los
espectadores, un sector altamente vulnerable, debido a su escasa
conciencia crítica por edad e inmadurez física y mental. En relación
con la programación televisiva, visionan cualquier tipo de programa y
lo que ven puede incidir de manera negativa en su total y completo
desarrollo. En el año 1993 las cadenas televisivas firmaron con el
Ministerio de Educación y Ciencia y las comunidades autónomas un
código de autorregulación, un convenio sobre principios de
autorregulación de las cadenas de televisión en relación a
determinados contenidos de su programación, referidos a la protección
de la infancia y la juventud.
La Directiva televisión sin fronteras también se hace eco de estas
preocupaciones y recoge de forma exhaustiva algunos aspectos a tener
en cuenta en relación con la publicidad y la televenta y con otros
aspectos de la programación televisiva. Las recomendaciones que dicha
directiva hace defienden que no se debe atentar contra el respeto a
la dignidad humana, ni incluir en los contenidos ningún elemento de
discriminación por raza, sexo o nacionalidad, ni tampoco atentar
contra convicciones políticas o religiosas, ni fomentar
comportamientos perjudiciales para la salud o la seguridad, ni para
la protección del medio ambiente. La normativa comunitaria va un poco
más allá al pedir a la Comisión Europea y a los Estados miembros que
lleven a cabo medidas que ayuden al control parental y a la puesta en
marcha de sistemas de filtrado como el chip antiviolencia o el
fomento de políticas de televisión familiar, junto a otras medidas de
educación y sensibilización. Se pide, además, garantizar el derecho
de réplica de cualquier persona jurídica o física que haya sido
lesionada por cualquier afirmación errónea en un programa de
televisión.
En el año 1996 la Comisión Europea presenta el Libro Verde sobre
protección de los menores y la dignidad humana en los servicios
audiovisuales y de información. El Consejo aprobará en mayo de 1998
una recomendación fruto del amplio proceso de consulta originado por
dicho libro verde. En ella se propone al conjunto del sector una
serie de medidas siempre respetuosas con los derechos de los menores
y con los preceptos que se contienen en nuestra Constitución.
La transcripción de la Directiva televisión sin fronteras hace una
especial limitación para algunas cuestiones que pueden surgir en las
programaciones televisivas, lo que, sin duda, evidencia que su
incumplimiento es un hecho subjetivo que puede ser denunciado. Los
estudios realizados demuestran que algunos programas de adultos son
vistos más por un público infantil y juvenil que los tipificados como
propiamente infantiles o juveniles. En algunos programas típicamente
infantiles hay una contradicción flagrante entre los compromisos que
marca la normativa vigente y el modo de proceder de ciertas cadenas
televisivas. El texto aprobado por el Senado del proyecto de ley de
modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
televisión sin fronteras, pierde la ocasión de introducir algunas
medidas claras en relación con el tema que hoy nos ocupa. Se mantiene
en ese texto una ambigüedad calculada en relación con ciertos tipos
de publicidad y su conexión con la formación de menores, todo ello
con una incidencia considerable en estos telespectadores objeto de
nuestra iniciativa. No se recoge, además, la enmienda que el Grupo
Socialista propuso en un sentido positivo para que las emisiones de
televisión fomentaran en sus programas valores y principios
constitucionales, y no se recoge tampoco la petición de creación de
un consejo de medios audiovisuales, verdadero órgano independiente,
con autoridad dimanada del Parlamento, que ha sido solicitado por la
Comisión específica de contenidos televisivos del Senado y por el
propio Defensor del Pueblo.
Señorías, la realidad viene demostrando a lo largo de muchos años que
el código de autorregulación y la Ley 25/1994 se incumplen de manera
sistemática y en todos los ámbitos objetos del convenio, tanto en
cuestiones de violencia, como en actitudes de intolerancia o
discriminatorias o en aspectos negativos para la salud y la higiene
de las personas, con comportamientos sexistas, etcétera, por parte de
algunas cadenas de televisión. El código de autorregulación se ha
mostrado ineficaz respecto al control responsable de los contenidos
emitidos, de tal modo que la televisión está sirviendo en la
actualidad para transmitir a los más pequeños valores contrarios a
los establecidos en nuestra Constitución en lugar de formarlos para
los mismos.
Estas circunstancias vienen denunciándose reiteradamente por diversas
asociaciones de usuarios que explican su postura desde diferentes
puntos de vista. Desean los usuarios que las cadenas de televisión
cumplan la normativa vigente y los compromisos adquiridos; desean que
se fomente en el telespectador un consumo responsable y desean, por
supuesto, defender la libertad creadora. De la misma forma se
manifiesta el Defensor del Pueblo cuando hace una petición de
creación de un consejo de lo audiovisual que sirva para seguir el
cumplimiento de este código de autorregulación en materia de
protección a los niños.
Señorías, no se trata de ocultar situaciones negativas, pues
evidentemente existen en el mundo actual, sino de no presentarlas
como susceptibles de ser imitadas; tampoco se pretende que todos los
programas televisivos tengan un tratamiento educativo para dirigirse
a los pequeños telespectadores. La realidad es plural y ha de mostrar
a los niños lo que es, y los productos ofertados han de ser, por
tanto, plurales.
Ahora bien, si lo que viene siendo habitual en las programaciones
infantiles, o al menos en algunas de ciertas cadenas, es la
descontextualización de los mensajes transmitidos, la presentación de
personajes cuyo discurso va en contra de valores constitucionales,
con mensajes de xenofobia, de machismo, de intolerancia, etcétera,
transmitidos de forma solapada, entonces hemos de decir que esto
tiene que corregirse.
La iniciativa del Grupo Socialista intenta, en un momento como el
actual, actuar con plena efectividad. Insta al Gobierno para que tome
las medidas oportunas que hagan realmente efectiva la normativa
existente o que esté a punto de aprobarse desde el conocimiento de
que la regulación de una ley por sí sola no garantiza su cumplimiento
si no existen medidas supervisoras de la misma y evaluadoras de los
resultados de su aplicación; imponer multas a las cadenas televisivas
podría ser un aspecto a tener en cuenta y ser considerado como una
medida que podía ser más efectiva que la mera imposición de las
multas.
Nuestra iniciativa busca, además, hacer cumplir los acuerdos
suscritos en los códigos de autorregulación y el seguimiento de la
programación infantil con cumplimiento de la normativa vigente a
través de un consejo de medios audiovisuales. En dicho consejo
debería asegurarse la participación de los usuarios, con el fin de
crear opinión pública seria y responsable, y fomentar el correcto uso
de los medios de comunicación y la capacidad crítica de los usuarios,
especialmente en lo que se refiere a la población telespectadora
infantil y juvenil. De ahí que la iniciativa reclame también en el
plazo mínimo posible una campaña informativa dirigida a los
consumidores que difunda los derechos de aquéllos en materia de
comunicación televisiva.
Señorías, nuestra proposición es necesaria ahora mismo, puesto que el
texto aprobado en el Senado deja puntos oscuros en relación con la
publicidad encubierta y los derechos de los menores, lo que sin duda
reduce, en lugar de defender, dichos derechos; derechos, repito, que
tienen que cuidarse por parte de las instancias apropiadas, puesto
que los niños son la parte más vulnerable frente a los abusos
publicitarios, sobre todo en cuestiones concretas como las referidas
al tabaco o el alcohol y sus anuncios en las telepromociones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Heras,
le ruego vaya concluyendo.
La señora HERAS PABLO: Sí, señoría, muchas gracias.
He de decir, además, que en relación con las enmiendas presentadas
por los diferentes grupos parlamentarios, hemos llegado a un acuerdo
en aras a una transaccional que pueda ser votada por todos los grupos
de esta Cámara, de manera que esta iniciativa pueda llevarse a efecto
en el plazo menor posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Heras.
Le rogaría que hiciese llegar a la mesa el texto de la enmienda
transaccional. (Así lo hace la señora Heras Pablo.) Muchas gracias,
señoría.
Han sido presentadas enmiendas a esta iniciativa por parte de los
grupos parlamentarios Mixto, Catalán (Convergència i Unió) y Popular.
Para la defensa de sus enmiendas, en primer lugar, y en nombre del
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente. Nos
encontramos con una proposición no de ley interesante, que refleja
una preocupación existente en nuestra sociedad y que, como el
Guadiana, aparece y desaparece, dependiendo de situaciones, a veces
trágicas, que se producen en nuestro país o en otros Estados, que nos
obliga a mirar la televisión con ojos distintos, menos benevolentes
de con los que habitualmente la vemos. Es una preocupación reiterada
y redundante.
Son innumerables los estudios, a menudo contradictorios, sobre los
efectos de la programación televisiva en los niños y jóvenes de las
sociedades desarrolladas. Sería imposible buscar un consenso
científico absoluto, pero el puro sentido común sí parece aconsejar
que cierto tipo de programaciones reiteradas no pueden contribuir a
que la educación que reciben nuestros niños y nuestros jóvenes sea la
más adecuada. Al menos generan elementos de contradicción flagrante
entre modelos de sociedad, donde existe un consenso muy amplio, y lo
que habitualmente se difunde por la pequeña pantalla.
Este debate seguramente no es más una parte de otro más amplio sobre
las dudas que existen en la sociedad occidental ante el poder de la
televisión, ese formidable instrumento de información y de cultura,
que en otras ocasiones se puede convertir en un elemento que
distorsiona las propias relaciones sociales y el ejercicio de
derechos constitucionales. No se puede caer en la posición
absolutamente primitiva y maniquea de culpabilizar a la televisión,
como si fuera un sujeto imputable de culpabilidades, sino que , si se
quiere hacer un análisis más en profundidad, más serio, habría que
dirigir la mirada a los mecanismos reales que rigen el funcionamiento
de las televisiones y, por ende, su programación concreta: el
resultado de esa fábrica televisiva que día a día aparece en todos
los hogares.
Los elementos básicos a destacar son aquellos que podríamos denominar
como imperio de la audiencia, que la audiencia sea el elemento
fundamental que rija las decisiones básicas de los gestores
televisivos sobre la programación, y por detrás de ello el régimen
mercantil que afecta a las televisiones y que llega a afectar
también, directa o indirectamente, a las televisiones públicas,
incluyendo a Televisión Española en nuestro caso. Mientras no se
rompa, al menos en parte, esa visión de que la televisión es ante
todo un negocio que cuanta más audiencia logre posibilita más
publicidad, que es la que alimenta a la empresa, difícilmente vamos
a acabar con estas distorsiones. Todo lo que hagamos serán parches, que
en muchos casos serán necesarios, pero sin que olvidemos nunca ese
elemento útil.
Por otro lado, cuando se denuncia desde diversos foros cierto tipo de
programación infantil y juvenil, inmediatamente alguien invocará,
cínicamente desde
nuestro punto de vista, la censura. Invocará que en una sociedad
democrática no se pueden establecer limitaciones al tipo de
programación que se emite por televisión, como si un programador, un
directivo o un dueño de una televisión cuando decide emitir
determinada programación no estuviera de hecho provocando una
censura, ya que al emitir eso se está dejando de emitir otro tipo de
programas. Sin duda hay buenos programas infantiles o juveniles, pero
sin duda también existirían mejores programas infantiles y juveniles
si hubiera una voluntad, desde los poderes públicos y desde los
mismos propietarios de las cadenas televisivas, de pedir a los
creadores otro tipo de programas. Aparte de que existe una
objetivación en la propia Constitución de protección de la infancia y
la juventud, no se puede hablar nunca de censura en estos casos.
Es verdad que en el ordenamiento jurídico español, como en los de
nuestro entorno, existen normas muy interesantes y positivas en ese
bosque inmenso en que se ha convertido la legislación audiovisual,
pero el problema es que no se cumplen con eficacia. Cuando se piden
datos al Gobierno sobre sanciones impuestas a las diversas cadenas
por transgresiones en la programación, el resultado que suele
ofrecerse es extraordinariamente pobre. Normalmente parece que existe
por parte del Gobierno un miedo importante a enfrentarse a las
grandes cadenas.
Desde Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, la autorregulación es
importante, es un factor que debe tener un juego, pero confiaríamos
más en que existan leyes y que las leyes se cumplan, sobre todo que
haya voluntad política de cumplirlas. A ello se suma, como recordaba
la proponente, la ausencia en nuestro Estado -uno de los muy pocos de
Europa que carece todavía de ello- de un consejo audiovisual o de la
comunicación. Como SS.SS. no ignoran, se han presentado varias
propuestas en la presente legislatura, pero en este momento esta
iniciativa se encuentra prácticamente bloqueada y con pocas
esperanzas de que se desbloquee, a nuestro modo de ver porque el
Partido Popular como partido mayoritario ha echado el cerrojo sobre
ella desde el momento en que en su propuesta no admite que sea un
órgano independiente.
Por todas estas razones no parece oportuna la proposición no de ley y
hemos presentado tres enmiendas que tratan de matizar algunos
aspectos. La primera es puramente formal y se refiere a que cuando se
diga: infantil o infancia, se incluya también: juvenil o juventud,
entre otras cosas porque la franja de audiencia de determinados
sectores, que podríamos ubicar más entre los jóvenes o entre los
niños, es también muy importante.
En la segunda enmienda se propone que se aluda directamente a los
espacios publicitarios, donde habría que ser especialmente exquisitos
con el cumplimiento riguroso, formal de la Ley general de publicidad
y otras normas complementarias, pero sin olvidar nunca que dadas los
peculiares componentes psicológicos de los niños, la publicidad
reiterada de productos dirigidos
directamente a ellos supone una generación de necesidades que en
muchos casos se van a ver frustradas, provocando efectos más que
indeseables sobre la formación y el desarrollo de los niños.
Finalmente, la tercera enmienda se refiere a algo que para nosotros
es muy importante, y es que los poderes públicos promuevan acciones
positivas, que no solamente se limiten a controlar, a sancionar en su
caso, a evitar las transgresiones más graves, sino a que se promuevan
acciones positivas en el campo de la creación, en el campo de las
televisiones públicas, etcétera, que permitan en definitiva que la
televisión sea un espejo de los valores constitucionales y del
derecho a la educación. Las encuestas reiteradamente dicen que del
tiempo que pasan despiertos los niños, la segunda actividad a la que
se dedican, después de ir a la escuela, es ver la televisión, y hay
que recordar que nuestra Constitución cuando establece el derecho a
la educación se refiere obviamente al sistema educativo formalizado,
pero no dice que el derecho a la educación deba acabar en las puertas
de la escuela. Por tanto, parece sensato que si los niños consumen
muchas horas en eso, también han de quedar presentes los criterios
que impregnan nuestra Constitución, el derecho a la educación.
Nos congratulamos de haber alcanzado un acuerdo entre todos y
lógicamente lo apoyaremos con nuestro voto.
Nada más, muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de
la Convención del Derecho de los Niños, la comunidad internacional ha
sido especialmente sensible a la promoción de la protección de la
infancia, tanto ante situaciones de abuso, explotación o agresión,
como también en la protección y preservación de sus derechos. El
artículo 39.4 de la Constitución española afirma que los niños
gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que
velen por sus derechos. Se han definido y enumerado sus derechos, se
ha legislado y se han difundido, pero se necesita un esfuerzo en la
puesta en práctica de una protección y una defensa real.
Los medios de comunicación son un instrumento básico para ejercer una
acción positiva o negativa sobre la sociedad en general, pero muy
especialmente sobre la infancia. Por consiguiente, tienen que
contribuir a una educación que tienda al pleno desarrollo de la
personalidad infantil y al fortalecimiento del respeto a sus
derechos. Como instrumento básico para la acción pedagógica sobre la
infancia, los medios contribuyen, junto a los educadores y a las
familias, al desarrollo de
la personalidad de los menores, especialmente los audiovisuales que
tienen hoy un gran poder de penetración. Sin duda su acción es
positiva en muchas ocasiones, pero también es verdad que ejercen una
pedagogía totalmente negativa cuando se exhibe en ellos la violencia,
la morbosidad, la competitividad agresiva, el exceso de frivolidad o
de lujo, la xenofobia o el comportamiento sexista. A los medios
audiovisuales, por su impacto y proyección, les corresponde una labor
de primer orden en la defensa y protección de la infancia. Velando
por sus intereses y defendiendo sus derechos, conseguiremos que su
vida y su futuro sean mejores. Los niños, los menores, no disponen de
los recursos que tiene un adulto para salir bienparados de
situaciones por las que pueden quedar afectados psicológica
y personalmente. La tarea preventiva y educativa es muy importante, es
imprescindible. Nuestra tarea como legisladores es encontrar fórmulas
para conseguir un verdadero amparo y protección. La presente
proposición no de ley va en este sentido.
Nuestro grupo, que se ha distinguido en la defensa y regulación de
los derechos de la infancia y de los consumidores, ha presentado una
enmienda y, en aras del consenso, hemos redactado una transaccional
junto con los grupos Socialista y Popular que esperamos cuente con la
adhesión del resto de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ortiz.
El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me congratula intervenir en este turno en nombre del Grupo
Parlamentario Popular porque comienzo diciendo que, efectivamente,
hemos aceptado la enmienda transaccional suscrita por los grupos
Catalán (Convergència i Unió) y Socialista. Por tanto, como ha dicho
la portavoz del grupo proponente, espero cuente con el apoyo del
resto de los grupos parlamentarios.
Es cierto que los grupos parlamentarios somos sensibles a la
protección del menor y de la juventud, sobre todo en lo que se
refiere a los programas que emiten las cadenas televisivas y, en
particular, a los programas de contenido violento, que son una
preocupación compartida por todos los grupos parlamentarios; hay que
decir también que el Gobierno está atendiendo estas peticiones.
Así las cosas, es necesario referirse a la ley que se aprobó en 1994,
por la que se incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva
comunitaria que conocemos como televisión sin fronteras. En ella se
regula, sobre todo en su capítulo IV, la protección del menor frente
a la publicidad y la programación, y se atribuyen las competencias de
control y sanción de aquella programación al Ministerio de Fomento y
a las
comunidades autónomas que hayan otorgado título habilitante a sus
terceros canales. Esa ley -ya se ha dicho por los intervinientes-
está en trámite de modificación una vez aprobada la directiva
comunitaria.
Reitero mi agradecimiento a la proponente por la aceptación de
nuestra sugerencia y la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) porque con ello vamos a dar un paso importante para preservar
a la juventud de este país de la programación de actos violentos y
publicitarios.
Hay una manifestación de la portavoz del Grupo Socialista con la que
no estamos muy de acuerdo. Ella interpreta la firma de un convenio de
autorregulación como un código, pero ha de quedar claro que un código
de autorregulación es el que suscriben de forma voluntaria las
televisiones, el Ministerio de Educación y Cultura y las consejerías
de Educación y Cultura de las distintas comunidades autónomas. Hago
esta matización sin reabrir el debate, pero ha de quedar constancia
de nuestra postura al respecto.
Por tanto, como creo que lo fundamental se ha conseguido, que ha sido
mostrar nuestra aproximación y nuestro acuerdo diría que
satisfactorio con las exigencias de muchos que quieren la protección
de la infancia y de la juventud, quiero manifestar el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular y hasta incluso del propio Gobierno.
En consecuencia, nosotros, como es lógico, vamos a apoyar en todos
sus términos la enmienda transaccional que hemos suscrito
anteriormente a esta discusión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. ¿Grupos parlamentarios que sin haber presentado enmiendas
desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Después de escuchar la defensa que ha hecho la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista de su iniciativa, tengo que decir que en la
exposición de motivos están todos los argumentos de tipo legal, de
tipo ético, de tipo político, por qué no decirlo, que justifican esta
medida a la cual se suma Coalición Canaria como postura responsable
de defensa de la infancia y de la juventud ante determinados
contenidos televisivos. Prueba evidente de ello es que hoy hemos
admitido que el código de autorregulación de 1983 es prácticamente
papel mojado. Todo código de autorregulación que no sea un libro de
estilo, como ocurre en los medios periodísticos escritos, o que no
tenga un reflejo en un artículo determinado del Código Penal, es
decir, que no sea una medida disuasoria, queda en eso, en la buena
voluntad de las partes para cumplirlo. ¿Pero qué ocurre? Que en el
campo televisivo el imperativo de la publicidad y el que en algunos
medios
parece que el fin justifica los medios -valga la redundancia- hace
que por captar audiencia no se tenga en cuenta qué escalones
sociológicos o de edad tiene esa audiencia y lo mismo le da que sea
adulta, que infantil, que juvenil.
Hay un acuerdo entre los tres grupos y creo que en la línea del grupo
proponente circulan las ideas que plantean las enmiendas. Yo me
hubiera quedado con la sistemática de la enmienda del Grupo Catalán
de Convergència i Unió, porque ha sintetizado muy bien las ideas
fundamentales. De una manera muy concisa y concreta dice lo que en el
fondo todos queremos decir, que es regular medidas disuasorias, hacer
cumplir todo el basamento al que en este momento podemos recurrir,
como es la Ley 25/1994, es decir, la relativa a la televisión sin
fronteras, las instituciones que en estos momentos se relacionan con
los medios audiovisuales y lo que está en trámite en esta Cámara, que
es recoger lo que es un sentimiento voluntarista y hacerlo realista.
En esa línea coincidimos plenamente y mi grupo va a votar a favor de
esta enmienda de consenso a la cual nosotros, con el mejor sentido
común y sencillez, nos sumamos.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a apoyar también la proposición no de ley planteada
por el Grupo Socialista y el resultado del consenso de las enmiendas
que se plantean y de la enmienda transaccional, en el convencimiento
de que ya hoy nadie puede dudar de la importancia de la televisión y
de su dominio, al haber un incremento notable del consumo televisivo
en todas las edades, pero que afecta especialmente a la población
infantil y juvenil.
Nosotros también entendemos, como ha planteado el portavoz del Grupo
Mixto, que no podemos olvidar que la cuestión de fondo estriba en la
proliferación de televisiones privadas y en el interés tan importante
por basar los modelos en los niveles de audiencia y, por tanto, en
una gran capacidad de expansión comercial, que está afectando también
a la televisión pública, que incrementa los niveles de dependencia,
fundamentalmente la infantil.
Sería, en todo caso, deseable, más allá de lo que hoy proponemos aquí
que, fundamentalmente desde el punto de vista de la televisión
pública, se contribuyera a la creación de hábitos culturales, a
aproximar los niveles culturales y a dotar a la ciudadanía, a los
niños y a las niñas, de elementos informativos para conseguir una
sociedad más libre, más democrática y, en definitiva, mejor
informada. De la misma forma que sería deseable fomentar un consumo y
un uso más ponderado,
razonable y responsable para posibilitar una utilización de la
televisión más positiva y menos dependiente, incrementando la
capacidad para saber utilizar mejor la propia televisión.
En todo caso, hecha esa reflexión inicial, nuestro grupo cree que la
protección de la juventud y de la infancia, tanto frente a la
programación como a lo que significan los elementos de publicidad, es
un tema de una enorme preocupación en este momento, que también es
claro que los códigos de autorregulación que en su momento se
suscribieron entre las diferentes cadenas y el Ministerio de
Educación no han tenido el cumplimiento que sería de desear y, por
tanto, nuestro grupo entiende la importancia que tiene esta
proposición no de ley en este momento y la va a apoyar suscribiendo
lo que significa el resultado final del consenso de todos los grupos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sabanés.
He entendido que todos los grupos parlamentarios enmendantes, es
decir, el Grupo Parlamentario Mixto, el Catalán (Convergència i Unió)
y Popular han aceptado el texto de la enmienda transaccional, lo cual
quiere decir que retiran sus enmiendas, por lo que vamos a someter
entonces a votación dicho texto transaccional. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Socialista, sobre el fomento y la preservación de los valores
formativos y de protección de la infancia y de la juventud por las
cadenas televisivas, en los términos resultantes de la transaccional
aceptada por todos los grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
262; a favor, 260; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, en consecuencia, la proposición
no de ley en los términos referidos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA LA
ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL
ESPECIAL DE LAS CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA. (Número de
expediente 162/000368)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, para la
actualización y perfeccionamiento del régimen económico y fiscal
especial de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La proposición será presentada por el diputado don Francisco Antonio
González Pérez, del grupo proponente,
el Grupo Popular. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.)
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente, señoras y señores
diputados, el régimen económico y fiscal de la Ciudad Autónoma de
Ceuta y de la Ciudad Autónoma de Melilla se justifica, según su
originaria concepción y de acuerdo con el principio de solidaridad
interterritorial entre los pueblos y regiones de España, por ser un
instrumento al servicio de los tres objetivos siguientes: en primer
lugar, paliar las desventajas que singularmente condicionan el
desarrollo de ambas ciudades en forma de extrapeninsularidad,
reducida superficie territorial, escasez de recursos básicos y
frontera de Europa en África; en segundo lugar, favorecer un
crecimiento sostenible en condiciones de estabilidad y, en tercer
lugar, procurar la suficiencia de las respectivas ciudades autónomas.
Pues bien, hasta hace tres años no se había producido la reforma
necesaria de adaptación del régimen económico y fiscal de las
ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla a las circunstancias
cambiantes o hechos tan trascendentales para sus economías como el
ingreso de España en la Unión Europea o el restablecimiento de las
comunicaciones con Gibraltar. Afortunadamente, esta adaptación ya se
ha realizado desde finales de 1996 hasta la fecha mediante diversas
iniciativas legislativas propuestas por el Gobierno, el Grupo
Parlamentario Popular en ambas Cámaras, en colaboración con el
Gobierno de la ciudad de Ceuta y en bastante menor medida en los
últimos meses con el Gobierno de la ciudad de Melilla, al amparo de
lo previsto en la disposición adicional segunda de sus respectivos
estatutos de autonomía. Tales medidas se han materializado en el
reconocimiento de los regímenes especiales en la Lofca, en la
incorporación de sus recursos, gravámenes complementarios sobre el
tabaco e hidrocarburos, en una mejora en el tratamiento en el IRPF,
tanto sobre rentas obtenidas en ambas ciudades como de la renta de
sus residentes, y en incrementar la participación en los ingresos del
Estado al ser asimiladas estas ciudades como entes provinciales. No
obstante, el Grupo Parlamentario Popular estima que es preciso
completar esta tarea dinamizando la actividad económica, fomentando
el empleo o financiando dotaciones de infraestructura en las dos
ciudades, y así esta proposición no de ley puede resumirse en que
propugna mantener todos los avances logrados en los últimos tres años
en materia económica y fiscal, así como el que resulte de la
aprobación final de la ley para Ceuta y coordinadamente con la
proposición de ley que ya se encuentra en esta Cámara respecto a la
ciudad de Melilla.
Dicho lo anterior, quiero dar a conocer a SS.SS. algunos datos que
desmentirán afirmaciones realizadas aquí, en este mismo atril, no
hace muchos días -y voy a leerlas textualmente para que no haya
ningún tipo de error-, que decían: Señorías, el actual Gobierno no ha
dado la talla en las ciudades de Ceuta y Melilla. A Ceuta y Melilla
no se las puede seguir dando la espalda. Hay
miles de ciudadanos españoles residiendo en estas ciudades que se
sienten desasistidos. A Ceuta y a Melilla hay que proporcionarles
mecanismos de desarrollo económico para que sus ciudadanos continúen
asentados en aquellas ciudades donde nacieron y vivieron sus padres y
no se vean obligados a emigrar y hay que impedir el desarraigo social
que les viene caracterizando.
Pues bien, señorías, veamos con datos oficiales si estas
manifestaciones que crearon alarma social en Ceuta se tienen en pie o
simplemente fueron dichas desde un desconocimiento manifiesto de la
realidad. Estoy dispuesto, después de esta intervención, a repartir
a aquellos grupos que lo deseen los datos para que así no se viertan
manifestaciones en este atril que puedan de alguna manera desvirtuar
la realidad de nuestra ciudad. Se han adoptado 60 medidas, algunas
provienen del Gobierno central y otras del propio Gobierno autónomo
de la ciudad de Ceuta. No voy a enumerarlas aquí porque sería largo y
el tiempo del que dispongo no me lo permite, pero sí voy a enunciar
algunas de ellas y luego entraremos en los gráficos, que son bastante
claros cuando estos planteamientos se hacen desde este atril. Por
ejemplo, ha habido una reducción de un 30 por ciento de la carga
fiscal aplicable al tabaco para la represión del contrabando y
eliminación de posibles supuestos de fraude en estrecha colaboración
con la Agencia Estatal Tributaria y con los servicios de aduanas. Con
ello se ha conseguido recuperar el tradicional diferencial de los
precios con la Península y un espectacular incremento tanto de las
ventas por circuitos legales como de recaudación. Se ha puesto en
marcha una sociedad, Servicios Tributarios de Ceuta, S. L., que
recauda en gran proporción mucho más de lo que se recaudaba antes. Se
ha hecho una ampliación de crédito a los Presupuestos Generales del
Estado destinada a sufragar los costes del transporte marítimo de
agua, que pasan de 400 a 600 millones de pesetas. Un incremento
a partir de 1997 de las transferencias que la ciudad recibe por su
participación como entidad provincial en los ingresos del Estado. Se
ha refinanciado en óptimas condiciones la deuda contratada por el
Banco de Crédito Local y el ahorro de intereses puede estimarse en
300 millones de pesetas anuales y si se computa la vida media de los
diferentes préstamos se eleva a 2.400 millones de pesetas. Se han
cancelado pólizas de crédito por un importe de 3.000 millones de
pesetas.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de 1999, la Administración General del Estado asume como
novedad, en comparación con planteamientos anteriores, el compromiso
de sufragar el 50 por ciento de los costes del funcionamiento de la
planta desaladora de nuestra ciudad. Con la aprobación de los
presupuestos de la ciudad para los ejercicios 1997, 1998 y 1999 se
pone de manifiesto la voluntad política de primar las inversiones en
detrimento de los gastos corrientes y, al mismo tiempo, dar prioridad
a las dotaciones dirigidas a políticas sociales y fomento de empleo.
Y hay otra serie de medidas que no voy a tener tiempo para
expresarlas, pero sí les voy
a mostrar los gráficos porque son altamente ilustrativos y, en este
caso, quizá, una imagen valga más que mil palabras.
La evolución de los ingresos derivados de la fiscalidad de la propia
Ciudad Autónoma de Ceuta pasan, en el ejercicio de 1995, a 4.659
millones de pesetas. En 1996, como consecuencia del deterioro
reinante antes de aprobar las medidas que el Gobierno adoptó en la
propia ciudad, pasó a 3.227 millones de pesetas. En el ejercicio de
1998, los ingresos han sido de 9.025 millones de pesetas. El gráfico
es suficientemente ilustrativo.
La evolución del superávit o déficit de la ciudad autónoma pasa, en
el ejercicio de 1996, de menos 1.420 millones de pesetas a 3.598
millones de pesetas en el ejercicio de 1998 -desasistida la ciudad
por el Gobierno central, según se dijo-.
La represión del contrabando del tabaco y la evolución de ventas a
través de circuitos legales en números de cajetillas ha pasado, en el
ejercicio de 1996, de 5.679.147 millones de cajetillas a 17.159.417
millones de cajetillas. Obviamente, esto ha reportado unos ingresos
suplementarios a la ciudad importantísimos. La cesión de los
impuestos especiales, en este caso del Gobierno, ha sido un claro
ejemplo de abandono. En la recaudación de los impuestos de la ciudad,
bajándolos, se ha conseguido también un ahorro, consiguiendo un
aumento del 35 por ciento con respecto al año 1995.
La evolución de los mayores ingresos obtenidos por transferencias del
Estado durante los ejercicios 1997 y 1998 suponen 11.353 millones de
pesetas. La evolución de las ayudas acordadas para la ejecución de
programas e iniciativas en vigor financiados por los fondos europeos,
en millones de pesetas, ha aumentado un 34,94 por ciento más con
respecto a 1995-1996.
La evolución de los recursos destinados al fomento de empleo y apoyo
a la pequeña y mediana empresa en los períodos 1994-1996 y 1997-1999
han pasado, estando otro gobierno, de 98.620.000 pesetas a 1.072
millones de pesetas. El gráfico es expresivo. Es la diferencia que
había entre lo que unos hacían por el empleo en la ciudad de Ceuta y
lo que otros hacemos por el empleo en la ciudad de Ceuta, con las
medidas que adoptó el Gobierno en su momento y con las medidas que el
propio gobierno de la ciudad y a veces la propia Cámara de la
Asamblea de Ceuta han adoptado.
El empleo generado en el período 1995-1996 fue de 274 personas; en el
período 1997-1998 ha sido de 649, nada más y nada menos que un 236,86
por ciento más.
En fin, todas esas cosas que se llegaron a decir aquí yo creo que
tienen bastante poco de realidad. La realidad son estos datos que,
insisto, estoy dispuesto a dar a aquellos grupos que los quieran.
Pero les voy a dar más datos. Evolución de los indicadores de la
actividad, tomando como base de la comparación los datos de junio de
1995 y de 1998. El consumo de energía ha subido un 16,3 por ciento.
El consumo de cemento ha subido un 51,7 por ciento. Los consumos de
combustible un 38,8 por ciento. El tránsito de pasajeros entre la
Península y Ceuta ha subido un 12 por ciento. El tráfico
de buques al puerto de nuestra ciudad ha subido un 64,9 por ciento.
La apertura de centros de trabajo ha subido un 11,2 por ciento. Las
sociedades creadas han subido un 14,2 por ciento. La tasa de
inflación ha bajado un 2,7 por ciento. La estancia en hoteles ha
subido un 27,1 por ciento. Las pernoctaciones en hoteles han subido
un 25,2 por ciento. La matriculación de vehículos ha subido un 45,2
por ciento. Los contratos de trabajo han aumentado un 51,4 por
ciento. Las altas en la Seguridad Social han aumentado un 9,7 por
ciento. El paro registrado ha disminuido un 14,7 por ciento. Y los
créditos bancarios al sector privado han aumentado un 52,3 por
ciento. Éstos son los datos catastróficos como consecuencia del
abandono del Gobierno central y, por supuesto, del abandono del
propio Gobierno de la ciudad de Ceuta. Los ciudadanos tienen que
pensar que en esta Cámara estamos locos cuando, con estos datos, se
hacen afirmaciones como las que se hicieron en su momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor González, debería ir
concluyendo.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Me queda muy poco, señor presidente. Espero
no consumir el tiempo que bondadosamente me concederá.
El paro registrado en Ceuta. Antes he hablado de porcentajes, pero
ahora les diré que en abril de 1996 había 4.391 parados en Ceuta; en
abril de 1999 hay 3.414 parados, teniendo en cuenta una cosa
importantísima: Ceuta es la ciudad española con mayor índice de
crecimiento de su población, con diferencia. No estamos estancados,
sino que hay un aumento de población superior a la media nacional.
La proposición no de ley, en su propio texto, viene a explicar lo que
pretende mi grupo parlamentario: hacer una llamada al Gobierno,
instar al Gobierno a que presente un proyecto de ley que conserve las
grandes ventajas que hemos tenido en nuestra ciudad en estos últimos
tiempos y, por supuesto, que se mejoren aquellas cosas que se puedan
mejorar.
En resumen, yo pido el voto afirmativo para esta proposición no de
ley, ya que, por los datos que he dado, el camino emprendido es el
adecuado, los resultados lo avalan. Sigamos por esta senda, que yo
creo que todos los ceutíes y melillenses lo agradecerán. No les quepa
la menor duda de que ésta es la mejor forma de ayudar a las ciudades
de Ceuta y Melilla, aprobando esta proposición no de ley y, a ser
posible, por unanimidad.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
González. ¿Grupos que desean fijar la posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en el debate anterior alguien ha dicho que un grupo, por
estar el diputado miembro de esa circunscripción hablando, tenía más
o menos razón para poder argumentar. La semana anterior tuvimos
ocasión de discutir en trámite de toma en consideración una
proposición de ley, presentada por un grupo parlamentario, sobre el
régimen económico y fiscal de las ciudades de Ceuta y Melilla, y para
rechazar esa toma en consideración -si lo hubiéramos realizado en la
Cámara se hubiera abierto un plazo de enmiendas, incluso se podía
haber presentado un texto alternativo por parte del grupo mayoritario
de la Cámara y los socios que lo apoyan- se argumentaba que esa
propuesta no era oportuna y que para eso se iba a presentar en esta
Cámara una proposición no de ley.
Cuando no es posible lo que propone un grupo, cuando no es posible
una articulación de ley, pero sí es posible una proposición no de
ley, uno se pregunta qué hay detrás de eso, cuál es la argumentación
de peso para estar en esa posición y, miren ustedes, la he
encontrado; la he encontrado en el punto primero de la proposición no
de ley que hoy nos somete a consideración el Grupo Popular, que dice
así: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el
plazo más breve posible, promueva, por medio del correspondiente
proyecto de ley, las medidas que sean apropiadas en orden a completar
el desarrollo y actualización del régimen económico y fiscal. Es malo
venir a la Cámara diciendo: qué mal lo han hecho los demás, qué bien
lo voy a hacer yo a partir de ahora.
El Gobierno central lleva tres años gobernando, y usted ha defendido
aquí una proposición no de ley para Ceuta y para Melilla, para las
dos, en la que se insta al Gobierno a que traiga un proyecto de ley.
En esta Cámara, el día 11 de febrero de 1997 se admitió a trámite una
proposición de ley aprobada por la Comunidad Autónoma de Melilla por
la que se regulaba el régimen económico y fiscal de Melilla. Este
Pleno tomó en consideración el día 10 de marzo del año 1998, un año
después -ha pasado ya un año y pico-, la proposición de ley que
regulaba las medidas de apoyo fiscal a Melilla. ¿Sabe por qué no
hemos podido terminar el trámite de esa proposición de ley, que usted
ahora insta al Gobierno a que presente en la Cámara? Por ampliaciones
sucesivas de plazos que han ido presentando y que han ido impidiendo
que termine el plazo de enmiendas. Por eso no estamos debatiendo una
proposición que aprobaron todos los ciudadanos representados en la
Asamblea de Melilla -y le digo que mi fuerza política no está
representada allí- para que aquí buscáramos un régimen especial, un
régimen económico y fiscal que reconozca la identidad de esa
situación. ¿Y dónde he encontrado yo el razonamiento? Permítame que
le diga con toda tranquilidad que el razonamiento es, según dicen en
la exposición de motivos de la proposición de ley, que desde que
ustedes han llegado al Gobierno se han tomado ya medidas desde la
Cámara, desde la reforma del IRPF hasta medidas fiscales. Y para
ustedes ya no hacía falta una regulación especial porque ya se habían
tomado otras medidas paralelas. Sin embargo, ahora dicen aquí: sí,
pero no, es decir, ya las hemos tomado, pero como las han propuesto
los otros, no las aceptamos, y ahora lo que hacemos nosotros es que
el Gobierno las remita aquí. No entiendo nada. No sé por qué no era
positivo haber terminado de tramitar la proposición de ley que venía
de Melilla y por qué no hubiera sido positivo admitir la que se hacía
por otros grupos, y ahora sí -fíjese usted en las fechas, que son muy
importantes-, porque nos encontramos en el mes de mayo, abocados a un
proceso electoral, con un período ordinario máximo que nos queda de
legislatura para que el Gobierno estudie la remisión de un proyecto a
la Cámara. ¿Saben lo que quiere decir? Lo que el Grupo Parlamentario
Popular está diciendo en esta Cámara es que este proyecto venga para
la próxima legislatura. Porque es imposible matemáticamente
tramitarlo en el período ordinario que le queda a esta legislatura,
suponiendo que el presidente del Gobierno se decida a ultimarla el
mes de marzo, porque hay que disolver en diciembre, y de septiembre a
diciembre queda un período ordinario. Pues yo no lo entiendo.
Además, las propuestas específicas que hacen aquí para que el
Gobierno regule los dos puntos que ustedes proponen en los
Presupuestos Generales del Estado, que además es una instancia
positiva y se están terminando ahora mismo (entienda que usted, que
tiene más mano que yo, que estoy en la oposición, le puede decir al
secretario de Estado de Presupuestos que aligere y ponga un recurso
para que pueda llegar allá), si las aprobamos desde la oposición,
puesto que no tenemos la facilidad que tiene usted, podrían tener un
valor. Si las aprueba toda la Cámara tendrán sin duda mucho valor.
Pero permítame que le diga que esto que se propone aquí no ultimaría
una regulación legal de un sinfín de medidas que podíamos adoptar. Yo
decía hace unos días que no compartía -igual lo hice con la
proposición de Melilla- algunas de las propuestas de la proposición
porque no creo que la solución de Ceuta y Melilla sea buscar
regímenes especiales de carácter fiscal que signifiquen huída o
situación de paraíso fiscal. No digo que ustedes lo estén
proponiendo, porque, aunque aquí la propuesta ha sido muy escueta, sé
que no se está proponiendo eso. Incluso, en la proposición del Grupo
Parlamentario Socialista había algunas medidas sobre IRPF, sobre
rentas de sociedades y sobre determinadas figuras impositivas que yo
no compartía, pero veía en la proposición una idea de globalidad que
falta aquí; una idea de globalidad que parte, primero, del régimen
laboral y social, de las medidas de fomento o de apoyo a la actividad
económica endógena de la zona, porque es importante que se creen
sociedades con acciones, pero es importante también que haya
actividad productiva para que los ciudadanos vean que es atractivo
permanecer allá, que hay futuro, que va a haber empleo y que hay una
realidad económica. Veía
aquí incluso una posibilidad de reserva para inversiones, porque se
ha conseguido que la Comisión Europea lo recoja, y se planteaba un
abanico más amplio que el meramente fiscal.
Por eso, señor presidente, señorías, yo creía que la mejor fórmula
para actuar aquí no era ver quién no hizo desde que estuvo en el
Gobierno, porque, mes a mes, de acuerdo, todo lo que no se hizo antes
que se haga ahora, pero hombre, con el paso de uno y uno, dos. Porque
ustedes llevan tres años, a los tres años traen una proposición de
ley y no ha sido posible tramitarla. Eso se habría solventado si
hubieran traído una proposición sobre Ceuta para unirla a la de
Melilla y ya teníamos dos proposiciones por separado. Queda el otro
argumento: no se puede regular para dos ciudades diferentes desde una
misma regulacion legal. Muy bien, pues se presenta una enmienda y se
separa en dos títulos la proposición de ley. No hay ningún problema.
Lo hemos hecho con Baleares. ¿Les cuento cómo se ha hecho el régimen
especial de Baleares en el trámite de este Pleno, desde la toma en
consideración a lo definitivo? Pues vía enmiendas al articulado.
Modificamos sustantivamente, quitamos todo el régimen fiscal y
dejamos solamente incentivos. ¿Por qué no pueden compaginarse aquí
las dos medidas?
Creo que su propuesta -con esto termino, porque no quiero alargarme-
se presenta para decir que los anteriores no han hecho nada y ustedes
sí. Esa proposición no parece nacida con la voluntad de hacer
efectivo esto, porque ustedes han tenido las armas para hacerlo,
ustedes no necesitan traer aquí una proposición para pedirle al
Gobierno que lo ponga en los presupuestos. Con tener voluntad
política lo podían haber hecho. Ustedes no necesitan que el Gobierno
presente un proyecto de ley; ustedes podían haber presentado una
proposición, o haber apoyado la que ha venido de la Comunidad
Autónoma de Melilla, que fue apoyada por ustedes. Sin embargo, lo que
pretenden es decir: vamos a quedar bien porque proponemos esto y lo
aprobamos. En realidad, el compromiso que hay aquí, permítame que se
lo diga, no tiene nada; ni hay compromiso firme de que vayan a tener
un régimen económico y fiscal desde una concepción amplia, no sólo
medidas fiscales, sino medidas de incentivo, de fomento, medidas
dirigidas a la economía productiva, a la realidad endógena, medidas
de asentamiento de actividad y realidad económica y social. Eso no lo
vemos traducido en su proposición. Si hubiera sido la única
propuesta, tendría que haberse presentado en el año 1996, y hoy, en
el año 1999, la hubiéramos tenido aprobada. Lo que pasa es que la que
se presentó en 1997 está durmiendo en el cajón. Habría que haberla
sacado de allí y darle trámite. El único problema es que en los
últimos cuatro meses hemos tenido que estar discutiendo peticiones de
ampliación de plazos de esa proposición ¿Sabe usted de quién? No de
las dos juntas, pues si las hacemos las dos juntas se presenta una
proposición igual y se tramita.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No me dialogue, señor
Ríos, que no terminamos nunca.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, lo que intento decir es que
no hay razón en separar las dos para no aprobar una. Se podía haber
aprobado la de Melilla y después la de Ceuta. Traer aquí una
proposición ahora mismo es un brindis al sol para que Málaga no se
acerque a Ceuta. Puestos a ello, yo estoy de acuerdo en que el Grupo
Independiente y Liberal gobierne lo que gobierna y no llegue a Ceuta.
Pero con esto ustedes no llegan a parar los pies a eso. Con esto
simplemente dicen que no han podido hacer más de lo que han hecho
hasta ahora y que han hecho mucho. Muy bien. Convenzan ustedes a los
ciudadanos y digan que lo han hecho. Allá ustedes. Eso se va a
traducir en unos resultados electorales.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, al objeto de ser lo más riguroso
posible, desde el punto de vista procedimental, en la tramitación
parlamentaria de este tema en la presente legislatura, nos parece
absolutamente necesario, y a efectos de que quede constancia en el
«Diario de Sesiones», situar temporalmente el desarrollo de las
propuestas que en la actual VI Legislatura de las Cortes Generales se
han producido, particularmente en esta Cámara, el Congreso de los
Diputados, vinculadas a las medidas que haya que tomar para apoyar
económicamente el desarrollo de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Recordar la secuencia de estos temas en estos tres años en esta VI
Legislatura resulta absolutamente fundamental.
Señorías, el Grupo Socialista, los socialistas españoles, hemos
demostrado en reiteradas ocasiones en esta Cámara nuestro interés por
el desarrollo de las ciudades de Ceuta y Melilla. Hoy está teniendo
lugar un acontecimiento singular. Ningún diputado de Ceuta o Melilla
del Grupo Parlamentario Popular ha presentado en esta Cámara hasta el
día de hoy ninguna iniciativa. Esta es la primera vez que ocurre en
tres años. A mí personalmente, como español -corro el riesgo de este
comentario-, respetando profundamente la autonomía de todos y cada
uno de los grupos parlamentarios que tomarán las decisiones que
estimen oportunas, me preocupa que en este debate solamente hayan
solicitado la palabra representantes del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida y del Grupo Socialista. Cuatro grupos parlamentarios
parece que no van a intervenir porque así lo han estimado oportuno:
ni el Grupo Parlamentario de CIU ni el Grupo Parlamentario Vasco ni
Coalición Canaria ni el Grupo Mixto. Este es un tema que nos debería
preocupar porque Ceuta y Melilla son dos
ciudades singulares, pero no son dos ciudades a las que, digamos,
haya que darles la espalda, al menos parlamentariamente. Por ello, es
conveniente dejar muy claro los siguientes desarrollos temporales.
En primer lugar, la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, el 21
de diciembre de 1995, adoptó por unanimidad el acuerdo de remisión de
la proposición de ley de régimen económico y fiscal de Melilla para
su tramitación en las Cortes Generales. Señorías, esta iniciativa
tenía su origen en la Ley orgánica que desarrolla el Estatuto de
Autonomía de Melilla, que en su disposición adicional segunda dice
literalmente: Subsistirán las peculiaridades económico-fiscales
existentes actualmente en la ciudad de Melilla, sin perjuicio de las
necesarias adaptaciones que hayan de realizarse, derivadas de la
vinculación de España a entidades supranacionales. Mediante ley del
Estado se actualizarán y garantizarán las peculiaridades del régimen
económico y fiscal de Melilla. En consecuencia, en el ejercicio de
las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Melilla, y
particularmente en el artículo 13 de la Ley orgánica del Estatuto de
Autonomía de Melilla (que dice textualmente: La Asamblea de la Ciudad
de Melilla podrá solicitar del Gobierno un máximo de tres miembros de
la Asamblea encargados de su defensa y podrá solicitar la adopción de
un proyecto de ley), la Asamblea de la Ciudad de Melilla, el 21 de
diciembre de 1995, tomó el acuerdo de aprobar por unanimidad el texto
de la proposición de ley de régimen económico y fiscal de la Ciudad
Autónoma de Melilla, que se publicó en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales» el 21 de febrero de 1997. Se incluyó el preceptivo
trámite de toma en consideración en el orden del día de la sesión
plenaria del Congreso de los Diputados del 10 de marzo de 1998 y,
después del debate y posicionamiento de todos los grupos
parlamentarios, sometida a votación la toma en consideración de tal
proposición de ley procedente de la Ciudad Autónoma de Melilla, se
aprobó por 300 votos a favor, dos en contra y una abstención.
En segundo lugar, a principios del mes de abril de 1998 comenzó el
preceptivo plazo temporal de presentación de enmiendas a la referida
proposición de ley, que va experimentando, tal como aquí se ha dicho
por parte del portavoz de Izquierda Unida, peticiones de ampliación
de plazos, fundamentalmente por parte del Grupo Parlamentario
Popular, cada vez que se agotaba el concedido con anterioridad por la
Mesa del Congreso de los Diputados. De forma tal que a día de hoy, 11
de mayo de 1999, casi 14 meses después de la admisión a trámite de
tal proposición de ley, se continúa solicitando ampliaciones de plazo
por parte del Grupo Parlamentario Popular y, casi con toda seguridad,
se ha batido el récord en esta Cámara, en estos 20 años, en lo que a
alargamientos se refiere, de tramitación de una proposición de ley.
Sin duda alguna, señorías, esta Cámara tendrá que dar una explicación
de estos retrasos en esta tramitación legislativa, y particularmente
el Grupo Parlamentario Popular que ha impulsado estas
demoras, a la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y al pueblo
de esa ciudad.
En tercer lugar, en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», el
30 de noviembre de 1998, se publicó el texto de la proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre régimen
económico y fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se
debatió el 20 de abril pasado y resultó rechazada su admisión a
trámite, como consecuencia del voto negativo del Grupo Parlamentario
Popular y de los otros grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno.
Ya en ese trámite, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
anunciaba la presentación de la proposición no de ley que hoy
debatimos.
En cuarto lugar, en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de
13 de mayo de 1999 -hace muy poco- se publica de nuevo la proposición
de ley de régimen económico y fiscal de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla, del Grupo Parlamentario Socialista, con el mismo
texto que resultó rechazado el pasado 20 de abril por cuanto
estimamos que los contenidos de la misma tienen, sin duda alguna, una
aportación mucho más positiva y clara para los intereses de las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que la proposición de ley que
hoy se nos propone. El Grupo Parlamentario Socialista sin duda alguna
votará en contra por estimar que constituye una maniobra de
dispersión parlamentaria someter a la consideración del Pleno del
Congreso de los Diputados que vote a favor de un proyecto de
resolución que dice que en el plazo más breve posible promueva por
medio del correspondiente proyecto de ley -pero si el proyecto de ley
ya está presentado- las medidas que sean apropiadas en orden a
completar el desarrollo y actualización del régimen económico y
fiscal de Ceuta y Melilla, cuya tramitación será coordinada con la
propuesta de similar alcance presentada en esta Cámara por la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Señorías, aquí está ocurriendo lo siguiente: estoy convencido de que
esta proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular
presenta ha sido redactada por funcionarios del Ministerio de
Economía y Hacienda, porque mientras que en Canarias, desde el año
1994, se ha ido adaptando el régimen económico y fiscal y se ha ido
consiguiendo la aceptación por parte de la Unión Europea de una serie
de conceptos y de desarrollos primordiales para Canarias, que han
hecho que la economía se reactive, en Ceuta y Melilla el Ministerio
tiene miedo a negociar con la Comisión, con los comisarios
correspondientes de la competencia y los responsables de fiscalidad.
Precisamente los contenidos de esta proposición de ley, de la cual
nos sentimos muy orgullosos -nos referimos a la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista-, están planteados en positivo,
están planteados para posibilitar un desarrollo que en Canarias ha
sido muy eficaz y que en Ceuta y Melilla aún no se aplica. El
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha hecho
referencia a uno de esos contenidos. El artículo 18, el de la reserva
para inversiones en Ceuta y Melilla, ha sido un
mecanismo positivo, ha recibido la luz verde de la Comisión Europea.
¿Por qué no se va a aplicar en Ceuta y Melilla? ¿Por qué no se van a
aplicar otros mecanismos que posibiliten el desarrollo de la
construcción de viviendas y temas de naturaleza medioambiental?
Es una realidad innegable que la infraestructura de viviendas en
Ceuta es muy deficiente. Según un informe que publicó Cáritas, en
Ceuta se da el mayor índice de chabolismo de toda España. Puede ser
que ese informe de Cáritas no sea riguroso, pero está publicado. Es
una realidad incuestionable que las nuevas viviendas que se
construyen en régimen privado en la ciudad de Ceuta están del orden
de 185.000 ó 190.000 pesetas el metro cuadrado. Se calcula un déficit
de 3.500 viviendas en la ciudad de Ceuta y en consecuencia constituye
una cuestión de naturaleza prioritaria. El contenido del artículo 18
de la proposición de ley que hemos presentado, en lo que se refiere a
la reserva para inversiones, en Canarias ha supuesto, desde su
aplicación el año 1994 hasta el día de hoy, un volumen de 750.000
millones de pesetas, que se están aplicando esencialmente para
combatir el tema de la ausencia de viviendas. El Grupo Socialista lo
plantea muy en positivo porque no es aceptable que llevemos 14 meses
con una proposición de ley, procedente de una ciudad autónoma como es
Melilla, detenida sin razón alguna. Seguro que la Comisión Europea
puede dar luz verde a todos los contenidos de esa proposición de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Segura, debería
concluir.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, como diputado por la
ciudad de Ceuta, ha traído un listado que le ha dado el ayuntamiento
sobre unos logros interesantes. Mi enhorabuena, nada que objetar,
ojalá se continúe así, pero no es un problema estructural lo que se
está resolviendo. Hay una deuda histórica imputable a las
circunstancias de toda índole. Esa deuda histórica es un tratamiento
legislativo. Ustedes piden una ley de un régimen económico y fiscal
para Ceuta y Melilla con unos contenidos que cuando el Gobierno mande
el proyecto de ley no se van a alejar de los que están aquí.
Termino, señor presidente, no entiendo por qué no afrontan el
problema del desempleo y el de la inmigración, con mecanismos
legislativos, dando pasos adelante, mirando al frente y aceptando a
trámite la proposición de ley de régimen económico y fiscal para
Melilla, que ya lleva detenida 14 meses sencillamente porque la ha
presentado el grupo parlamentario de la oposición,
y consiguientemente hay que votar en contra. No entendemos cómo una
proposición de ley nuestra, que viene de noviembre del año pasado, no
la han aceptado a trámite, modificándola después en el momento de la
presentación de enmiendas. Y no entendemos ahora francamente, a
través de esta proposición no de ley,
que el Gobierno mande un proyecto de ley cuando existe una
proposición de ley que lleva casi dos años detenida
injustificadamente.
Yo tengo una serie de datos, y termino, señor presidente,...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No dé todos los datos
porque no terminaría, señor Segura.
Concluya, por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.
Tengo una serie de datos de naturaleza social, de desarraigo social,
de problemas vinculados al transporte, de infraestructuras, de
vertederos incontrolados de basura, porque esta proposición que
nosotros defendemos posibilita inversiones muy en positivo, y no
entendemos por qué ustedes la han rechazado.
Nosotros creemos que esta proposición no de ley es un juego
parlamentario para que nos dirijamos al Gobierno, que no vale para
nada, y si se sienten satisfechos con la actitud que están tomando,
allá cada uno con su responsabilidad. La pena es que hoy aquí cuatro
grupos parlamentarios no han querido intervenir en un tema de
política de Estado francamente relevante.
El Grupo Parlamentario Socialista no da la espalda a las ciudades de
Ceuta y de Melilla, y podemos constatarlo en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales».
Nada más, señor presidente, y mucha gracias. (El señor González Pérez
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Segura. ¿Con qué objeto me pide la palabra, señor González?
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Se han hecho dos afirmaciones, respecto al
diputado por la circunscripción de Ceuta, que quiero simplemente
aclarar a efectos del «Diario de Sesiones».
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Tiene un minuto para
hacerlo, señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Muchas gracias.
Se ha puesto en duda la paternidad -permítaseme la expresión, aunque
no sea quizá la más adecuada- sobre el texto que se ha traído a esta
Cámara por parte del Grupo Popular. Se ha afirmado que esa paternidad
es de algún funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda.
Señor presidente, quiero dejar constancia en el «Diario de Sesiones»
que la paternidad de ese documento ha sido del Grupo Parlamentario
Popular, pero no solamente del Congreso sino del Senado, con las
informaciones pertinentes de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de sus
servicios de la Consejería de Economía y Hacienda, con lo cual no ha
habido ningún funcionario de por medio.
Se ha hecho una afirmación que creo que es bastante grave. Decir en
esta Cámara que un diputado no ha hecho nada por su circunscripción
es sencillamente mentir. Durante 13 años aquí sí que no se ha hecho
nada. Hubo una mudez, y parece ser que ahora aquellos que defienden
con tanto ardor aquellas cosas que se olvidaron durante 13 años han
recuperado la voz. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
González. (El señor Segura Clavell pide la palabra.)
Señor Segura, las intervenciones se entrecruzan. Medio minuto.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, este diputado lo que ha
querido decir, y lo reitero, es algo que está recogido en los
boletines del Congreso de los Diputados. Procedente de Ceuta y
Melilla, el Grupo Parlamentario Popular no ha promovido ninguna
iniciativa legislativa, nada más que la que hoy se nos ha presentado.
Ello no quiere decir, si lo dije naturalmente no es lo que hubiese
querido decir, que los diputados por Ceuta o por Melilla no hayan
defendido los intereses de su circunscripción. En los diarios de
sesiones constarán, al amparo de lo que dice el Reglamento, otras
iniciativas. No me refería a eso. Me refería exclusivamente al
tratamiento legislativo. Es una realidad incuestionable e
incuestionada.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Segura.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Popular, para la actualización y perfeccionamiento del régimen
económico y fiscal especial de las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
277; a favor, 155; en contra, 109; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS E INICIATIVAS DE
CARÁCTER GENERAL PARA CORREGIR Y PALIAR LOS EFECTOS DE DÉFICIT
HÍDRICO EN LAS COMUNIDADES DEL ARCO MEDITERRÁNEO, ESPECIALMENTE
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 173/000142)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IV del orden del día: Mociones
-se votarán las tres al final del debate- que han presentado,
respectivamente, los grupos Mixto, Socialista y el de Izquierda
Unida.
En primer lugar, la del Grupo Mixto, sobre medidas e iniciativas de
carácter general para corregir y paliar los efectos del déficit
hídrico en las comunidades del arco mediterráneo, especialmente en la
Comunidad Valenciana.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, en representación
de Unión Valenciana, para defender la moción consecuencia de
interpelación urgente que hace apenas quince días substanciábamos en
esta Cámara sobre las medidas de política general que debía adoptar
el Gobierno, y que había adoptado en algunos puntos, referentes a la
corrección y para paliar los efectos del déficit hídrico que sufren
diversas comunidades del Estado español, y muy en concreto la
Comunidad Valenciana.
Voy a empezar por defender los puntos de la moción tal como aparecen
reflejados en ella, para facilitar así la comprensión de cada una de
las demandas concretas, que pienso yo que son los puntos mínimos que
hoy el Congreso debería valorar y, según mi punto de vista, aprobar
por su necesidad, por su urgencia, y porque creo que está más que
justificada la razón que los avala.
En cuanto a la sequía indudablemente los datos están ahí. El año
climatológico 1998-1999 se está caracterizando por una disminución
muy importante de las precipitaciones hasta cifras que en muchas
comunidades del Estado español no alcanzan ni siquiera el 50 por
ciento del nivel considerado normal. La situación es especialmente
preocupante en la mitad sur del Estado, y en el caso concreto de la
Comunidad Valenciana tanto en el sur de la provincia de Alicante como
en el norte de la provincia de Castellón, y afecta con desigual
incidencia a la provincia de Valencia.
Los daños en el conjunto de la agricultura del Estado se centran en
tres áreas concretas: ganadería, secano y regadío. Los
correspondientes a la ganadería se localizan fundamentalmente, en el
caso de la Comunidad Valenciana, en las comarcas del interior de las
tres provincias que, ante la falta de pastos, está teniendo que
afrontar la carga financiera suplementaria de una alimentación basada
en piensos. La situación es tan alarmante que incluso el agua para
consumo animal debe llevarse en cubas en determinados municipios del
norte de Castellón. Asimismo, los cultivos de secano, principalmente
cereales, almendro, olivo, algarrobo y frutales, están notando la
falta de lluvias en su desarrollo vegetativo que, de persistir,
producirá pérdidas irreparables en las producciones esperadas.
Por lo que al regadío se refiere, se está detectando una disminución
del caudal de los pozos, así como una creciente
salinización de los mismos, sobre todo en el litoral del arco
mediterráneo. Las reservas de agua embalsada se sitúan en niveles
cercanos al 50 por ciento respecto al año anterior, y las reservas en
las presas y pantanos de las cuencas hidrográficas afectadas en la
cuenca mediterránea oscilan en poco más del 30 por ciento de su nivel
de agua a embalsar.
Esta situación general se ha producido con especial intensidad y
virulencia en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Andalucía
oriental, que en el caso concreto de la Comunidad Valenciana a lo
largo de los últimos meses, por la falta generalizada de lluvias en
el otoño e invierno, no paliada por la primavera hasta el día de hoy,
adquiere ya caracteres alarmantes, por lo que puedo manifestar aquí
en estos momentos que se deben tomar medidas con urgencia, como así
ha reivindicado la Consejería de Agricultura de la Generalitat
Valenciana y las organizaciones profesionales agrarias.
Las previsiones más optimistas superan los 400.000 millones de
pesetas en daños agrícolas en el conjunto del Estado, y en el caso de
la Comunidad Valenciana superan los 18.000 millones de daños. Por eso
en el primer punto de la moción solicitamos un real decreto-ley de
sequía para paliar la situación actual, con medidas urgentes que
deberían abordarse en las próximas semanas, y que son algunas de las
que aparecen en el texto de la moción, como los anticipos de los
pagos de la PAC (un 50 por ciento de ayudas directas y primas
ganaderas), medidas de tipo fiscal, ayudas directas a la ganadería...
(Una señora diputada hace signos de no oír al orador.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Chiquillo.
Parece mentira, señorías, que no dejen que pueda atender, como es su
deseo, a la señora diputada. ¡Por favor, por favor! (Risas.) Muchas
gracias.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias señor presidente. Préstamos
bonificados para permitir afrontar los costes del cultivo de las
próximas campañas dada la disminución de ingresos, ayudas a
comunidades de regantes, condonación de cualquier tasa o canon de
riego, ayudas financieras y subvenciones directas a las explotaciones
agrícolas y ganaderas afectadas y un largo etcétera que los
agricultores están demandando, y así lo han trasladado al recién
nombrado ministro de Agricultura, que lamento que hoy no esté aquí,
me imagino que por tener que atender cuestiones de su cargo, recién
aterrizado. Pero creo que se le pasó una buena información sobre la
necesidad de que se declare la situación de sequía y se habiliten
ayudas, en colaboración con las comunidades autónomas, para poder
paliar los graves efectos, que están ahí, que requieren medidas
urgentes y que no pueden esperar.
Un segundo estadio de esta moción se refiere a las cuestiones del
déficit hídrico estructural y coyuntural que sufre la mitad sur del
Estado español, sobre todo el arco mediterráneo, y de una manera
clara y rotunda la Comunidad Valenciana. Los órganos de gobierno, la
Consejería de Agricultura de la Generalitat Valenciana, las
organizaciones agrarias y los sindicatos de regantes han hecho llegar
al Ministerio de Medio Ambiente peticiones concretas, claras
y rotundas, cuantificando cuál es el déficit hídrico estructural que
sufre la Comunidad Valenciana. Han presentado una serie de
reclamaciones, reivindicaciones y alegaciones al documento del Libro
Blanco del agua y a las decisiones que se van a adoptar en los
próximos meses, referidas a la corrección del déficit hídrico en las
comarcas de la Comunidad Valenciana y en el conjunto del arco
mediterráneo.
El primer punto que se le hace llegar al Ministerio de Medio Ambiente
es que en el análisis que se realiza de la aportación de la
agricultura al PIB no se tienen en cuenta los sectores con los que se
interrelaciona el sector primario, la agricultura. Se debería hacer
justicia, de una vez por todas, con la importancia real del sector
agroalimentario en España, no estableciendo un porcentaje inferior al
12 por ciento de la participación de éste en la riqueza nacional,
sobre todo en las comunidades andaluza, murciana, valenciana,
catalana y aragonesa, que son las que tienen los principales
problemas en cuestiones de déficit hídrico. Todo ello sin olvidar la
importancia histórica, cultural, medioambiental y estratégica de la
agricultura mediterránea, de la agricultura española.
Consideramos, y por eso establecemos un segundo punto claro y
concreto, que se debería recoger explícitamente la transferencia de
recursos hídricos excedentarios del río Ebro a la provincia de
Castellón, establecer la prioridad en la ejecución del trasvase
Júcar-Vinalopó y aumentar la dotación del trasvase Tajo-Segura, sobre
todo para garantizar un caudal ecológico para el río Segura. El
pasado domingo se manifestaron en Madrid miles y miles de ciudadanos
de la Vega Baja del Segura demandando ese caudal ecológico, porque el
río Segura está clínica y medioambientalmente muerto. Para corregir
esos problemas de la Comunidad Valenciana, del Ebro al norte de
Castellón y de la Vega Baja del Segura, que tienen un déficit
estructural manifiesto, patente, cuantificado y reconocido en el
Libro Blanco del agua, es necesaria esa transferencia de caudales
excedentarios del río Ebro a la provincia de Castellón.
Esta iniciativa, que está plasmada en un documento de aprovechamiento
de aportaciones externas para los regadíos de Castellón que ha hecho
la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana, es una
iniciativa realista, seria, documentada y cuantificada. Esta
iniciativa, similar a la que en materia de aguas se puso en marcha en
el campo de Tarragona a principio de los años 80, permitiría
transferir (tan sólo es la demanda de esos 60 hectómetros cúbicos
anuales) el 0,4 por ciento de los recursos del Ebro a la Comunidad
Valenciana, región, repito, que sufre un déficit estructural hídrico,
sin olvidar que la Comunidad Valenciana aporta más del doble de los
recurso demandados a la citada cuenca, porque no tienen que olvidar
SS.SS. que el río Bergantes, que nace en la Comunidad Valenciana y es
afluente del río Ebro, aporta mucho más de esos 60 hectómetros
cúbicos anuales que las comarcas del norte de Castellón reivindican
del río Ebro, cuando 10.000 hectómetros cúbicos anuales se pierden en
la desembocadura del Ebro, y es más, hay informes del Ministerio de
Medio Ambiente,
del Gobierno anterior y de este Gobierno, que reconocen textualmente
que la transferencia de caudales del Ebro al norte de Castellón se ha
comprobado que es económica y técnicamente viable, además de
compatible en cualquier caso con la protección y respeto
medioambiental al delta del Ebro.
Por tanto, como criterio general, nosotros consideramos que,
conociendo la demanda total de agua para abastecimientos, industria y
regadío en la Comunidad Valenciana, que asciende a más de 3.000
hectómetros cúbicos anuales, de los que el 80 por ciento son para
regadío, actualmente hay ya un déficit cuantificado en más de 400
hectómetros cúbicos anuales en la Comunidad Valenciana en su
conjunto, pero sobre todo en las comarcas del norte de Castellón. En
las comarcas de Oropesa, Torreblanca, La Plana Alta y la Plana Baixa
de Castellón es especialmente crítica esa demanda, esa situación,
sobre todo en períodos de sequía como el que ahora se está viviendo.
Es más, se prevé que con el crecimiento y las demandas en los
próximos cinco años el déficit hídrico en la Comunidad Valenciana se
puede situar en casi 1.000 hectómetros cúbicos anuales.
Pero hay un gran problema añadido y que se aborda en la moción: la
sobreexplotación de los recursos subterráneosen la Comunidad
Valenciana. En las zonas de déficit estructural, como son el norte de
Castellón y el sur de Alicante, los regantes se encuentran durante
los períodos de sequía frente a la alternativa de aplicar dosis
insuficientes de agua, lo cual afecta a la cantidad y calidad de sus
cosechas, o de recurrir a la extracción intensa de agua subterránea,
lo que produce uno de los principales problemas del regadío
valenciano, que es el que define el déficit hídrico de la Comunidad
Valenciana: la sobreexplotación de los acuíferos en el litoral
mediterráneo. Esa sobreexplotación se produce cuando la extracción
del agua es mayor que la recarga natural que reciben, lo que favorece
la salinización del agua del acuífero.
Se estima que la sobreexplotación al día de hoy de los acuíferos de
la cuenca del Júcar alcanza la cifra de 125 hectómetros cúbicos/año,
principalmente en el sur de la Comunidad Valenciana. Hay que añadir a
ello la intensa sobreexplotación del acuífero 24 de Castilla-La
Mancha, que en la Vega Baja del Segura alcanza los 325 hectómetros
cúbicos/año...
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, tiene que concluir.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.
El señor PRESIDENTE: Pero rápidamente.
El señor CHIQUILLO BARBER: ...con las principales áreas de
sobreexplotación localizadas mayoritariamente en la Comunidad
Valenciana. Pero donde incidimos en esta moción es en que esa
sobreexplotación se establece en 90 hectómetros cúbicos en el norte
de Castellón, cuya única solución se apunta, se dibuja, se diseña en
el Libro Blanco del agua, que es que el déficit estructural de las
comarcas
del norte de Castellón sólo se puede corregir, paliar y resolver con
la transferencia de caudales excedentarios del río Ebro.
Por ello, ante la más que posible demora en la aprobación del Plan
Hidrológico Nacional, como se recoge en el Real Decreto 9/1998, de 28
de agosto, la única solución pasa indudablemente por la aprobación,
por medio de una ley específica, de la transferencia de esos
excedentes del río Ebro, cuantificados en 60 hectómetros cúbicos
anuales, para que desde el río Ebro se atiendan las demandas
necesarias y urgentes al día de hoy de las comarcas al norte de
Castellón, vía trasvase de aguas por el Canal Xerta-Calig. Por tanto,
ésa es la petición que se resume en esta moción, añadida a un punto
tercero, en el que se declare de interés general la infraestructura
de la modernización de la Acequia Real del Xuquer, porque por error
de transcripción aparece en la moción la de la Acequia de Moncada,
que es competencia autonómica y se ha deslizado en este punto
tercero.
Yo pido sensibilidad a la Cámara, porque las comarcas del norte de
Castellón no pueden esperar al Plan hidrológico nacional, para que se
apruebe esta moción y se remita a esta Cámara un proyecto de ley para
transferir los caudales excedentarios del río Ebro, 60 hectómetros
cúbicos/ año, al norte de Castellón. Es necesario para el turismo,
para la agricultura y para el consumo humano de más de medio millón
de ciudadanos de la provincia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Se han presentado enmiendas a la moción que ha defendido el señor
Chiquillo, del Grupo Parlamentario Mixto, por los grupos Socialista,
Federal de Izquierda Unida y también por el propio Grupo Mixto.
Señor Alcaraz, tiene la palabra para la defensa de su enmienda.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré de manera muy breve para indicar nuestra coincidencia en
términos generales con la moción presentada por Unión Valenciana esta
tarde en el Pleno; habría que introducir alguna matización menor y no
merece la pena insistir en ello ahora.
Efectivamente, el déficit hídrico en la cuenca mediterránea,
y fundamentalmente en el País Valenciano, es un problema del cual se
viene hablando indefinidamente, y es preciso que se vayan adoptando
algunas medidas que atajen los rasgos más duros de ese problema.
Se ha aludido ya a los problemas de salinización -y por tanto no me
siento en la necesidad de insistir en ello- con causas profundas,
desgraciadamente no sólo por sobreexplotaciones, sino por la puesta
en marcha de depuradoras que funcionan mal en algunas zonas. Existen
muchos interrogantes sobre el papel que en el futuro puedan tener las
desaladoras, sobre la sobreexplotación de acuíferos... Yo creo que
hay un diagnóstico generalizado a través de numerosos estudios
universitarios sobre estos problemas, que tiene un consenso bastante
amplio en la
comunidad científica. Al mismo tiempo, el ciudadano tiene la
reiterada sensación de que los poderes públicos no actúan ni de lejos
con la eficacia requerida y, en muchas ocasiones, ni tan siquiera con
la sensibilidad obligada en casos como este.
Las enmiendas que presentamos son dos y vienen a completar el texto;
son, por tanto, dos enmiendas de adición. La primera pretende
detallar algunas de las zonas de acuíferos más sobreexplotadas, como
se hace también en el texto originario, y que no encuentran solución.
A reiteradas preguntas que este diputado ha formulado al Gobierno no
aparece una solución al posible agotamiento, con la pérdida por ahora
de calidad de las aguas, etcétera, sobre todo en la zona de Villena y
en la cuenca del Segura.
El señor Chiquillo aludía a una manifestación que concluía delante de
este palacio el domingo pasado. Este asunto dio lugar a una moción la
semana pasada, pero el problema sigue existiendo. No hay, ni de
lejos, ningún plan para poder abundar en la recarga de acuíferos.
La segunda se refiere a la Vega Baja del Segura, y no es casualidad,
no sólo por la gran sensibilidad ciudadana existente estos días en
aquella zona, sino porque nos encontramos ante un problema
francamente grave, como es el de la obsolescencia de los sistemas de
riego y de canalizaciones. Aunque carecemos de estudios, al menos de
estudios oficiales de la Confederación, que nos digan exactamente
cuáles son las pérdidas de agua por los sistemas anticuados de
canalización, todo hace suponer que son muy elevados.
En alguna pregunta formulada al Gobierno, éste decía que el
Ministerio de Agricultura ya ha comenzado a actuar en la región de
Murcia con algunas propuestas para mejorar los sistemas de riego y
acabar con el sistema habitual de riego a manta, buscando por tanto
sistemas más modernos. Sin embargo también ha reconocido la
Confederación Hidrográfica en un par de respuestas que no existe
ninguna actuación concreta ni prevista a corto plazo para la
provincia de Alicante en esta materia. Por tanto, entendemos que no
basta con las buenas intenciones, sino que esta medida, que
redundaría directamente en el ahorro de agua, debería ser una de las
prioritarias. Por ello, apoyando en términos generales la moción,
defiendo también estas enmiendas porque entiendo que la mejoran.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Paniagua, en nombre del Grupo Socialista, para defender su
enmienda.
El señor PANIAGUA FUENTES: Señor presidente, señorías, Unión
Valenciana, del Grupo Mixto, ha presentado una moción y estamos de
acuerdo con alguna de las proposiciones que se reflejan en ella.
Efectivamente, el Gobierno no ha tomado medidas para paliar los
déficit hídricos que tienen algunas zonas de la Comunidad Valenciana,
sobre todo en las provincias de Castellón y Alicante.
La Comunidad Valenciana tiene una amplia tradición de canalización de
aguas, no en balde romanos, árabes, cristianos
canalizaron las aguas para articular un sistema de regadíos
que ha producido una agricultura floreciente y competitiva y que
hasta hace pocos años era una de las bases de nuestras exportaciones
más importantes en todo el producto interior bruto. No es en balde
tampoco que existiera en España un Tribunal de las Aguas, que no
tiene ningún tipo de documentación, y donde se arreglan los problemas
directamente a través de la conversación que puedan tener los
distintos conflictos.
Pero lo que sí es cierto es que desde hace veinte años el aumento de
las condiciones de la agricultura de regadío ha sido de un 500 por
cien en relación con la capacidad hídrica que tenía la Comunidad
Valenciana; es decir, se han regado un número de tierras superior, lo
cual ha producido que los acuíferos realmente estén en una situación
de deterioro y que incluso los pantanos en épocas de sequía tengan
dificultades para continuar, incluso en los riegos de goteo,
manteniendo el índice de producción de esta agricultura, sobre todo
al lado del Mijares, en los pantanos de Uldecona o en los de Guadalés
y en el río Segura, en Alicante.
En este sentido, las medidas que propone Unión Valenciana con
respecto a la situación concreta actual, momentánea, son oportunas.
Recuérdese que ha habido otras épocas de sequía, entre 1991 y 1993, y
que otros gobiernos hicieron decretos específicos sobre sequía para
paliar estos déficit. Hasta ahora las promesas del Gobierno popular
no se han traducido en ninguna cuestión práctica sobre cómo
solucionar los problemas concretos que tiene alguna de las zonas de
la provincia de Castellón, también de Valencia, aunque en menor
grado, y sobre todo en la provincia de Alicante. Esto sería apoyar el
primer punto de la moción que nos presenta Unión Valenciana.
Sin embargo, ya no estamos tan de acuerdo con el segundo de los
puntos. Cuando se habla de trasvases, aunque se diga transferencias
de excedentes, en realidad estamos utilizando un eufemismo. Creo,
señorías, que estamos entrando en una guerra del agua que creíamos
haber superado desde que en 1985 el Gobierno socialista hizo la Ley
de Aguas, que se pusieron en funcionamiento los planes de cuencas y
que se abordó el inicio de los planes hidrológicos. Creemos, además,
que ese era el camino para solucionar un problema histórico que en
España ha tenido unos antecedentes como no los ha habido en ningún
otro país de Europa. Como anécdota les diré que hay un sociólogo
americano que ha estudiado los delitos que se han cometido en
relación con el agua en los países mediterráneos, delitos de diverso
tipo, delitos de sangre, con respecto a los problemas de quién tenía
la concesión del agua, y probablemente España forma parte de los
países europeos con más alto nivel de delitos en relación con el
agua.
Por tanto, el problema del agua es histórico y lo estamos agravando,
en parte porque el aumento de la agricultura de regadío ha sido
explosivo en los últimos veinte años, y en parte también porque los
acuíferos cada día disponen de menos agua por las necesidades de
regadío, yesto se nota fundamentalmente en las épocas de sequía.
En ese sentido, cuando hablamos de transferencia de excedentes
estamos utilizando un eufemismo, en realidad estamos hablando de
trasvases. Nosotros, el Grupo Socialista, en estos momentos no
podemos hablar de trasvases. Si ustedes tienen la prensa de estos
últimos días habrán visto que los decretos que el Gobierno ha
promulgado sobre la utilización de la canalización del Tajo-Segura
para llevar el agua a poblaciones de la Marina Baja, comarca en la
que está la ciudad de Benidorm, han producido problemas con respecto
a la finalidad para la que se hizo esa canalización. Si ustedes miran
hoy la prensa, verán que el presidente de la Generalidad de Cataluña
habla del trasvase del Ródano, cosa que también aparece el día 3 de
abril en un periódico de ámbito nacional con respecto al presidente
de la Generalidad valenciana.
Es decir, estamos en una situación en la que cada comunidad quiere
solucionarse sus propios problemas. Los aragoneses, por ejemplo,
están demandando desde hace tiempo que se lleven a cabo distintas
fórmulas de infraestructura que son necesarias para cubrir los
déficit hídricos y para ampliar también sus tierras de regadío en una
zona tan escasa muchas veces del alimento del agua, cuando tenemos
uno de los ríos más caudalosos que hay en España, como es el río
Ebro. Esto nos lleva a considerar que no podemos hacer chapuzas; no
podemos decir: hagamos ahora tal tipo de transferencias, traigamos
ahora 60.000 metros cúbicos de agua, porque este no es el plan. Esto
es continuar la guerra, la lucha de unas comunidades contra otras; es
decir, abrir un frente que creíamos que se había cerrado, porque
aquella ley que hicimos los socialistas en 1985 se hizo con un amplio
consenso, y los que están ahora en los bancos de la derecha también
votaron muchas de las proposiciones.
Por tanto, nosotros no podemos aceptar el punto 2 de la moción de
Unión Valenciana. Creemos que antes es necesario estudiar y utilizar
bien lo que son los planes hidrológicos. Y aún estamos esperando que
la ministra de Medio Ambiente nos diga cómo va a hacer los planes
hidrológicos, porque desde el año 1997 vengo oyendo en las
comparecencias que la ministra ha hecho tanto en este Pleno como en
la Comisión que va a presentar el plan hidrológico primero a finales
de 1997, después en el año 1998 y ahora parece que es en la próxima
legislatura. A mí me extraña que se diga que será en la próxima
legislatura, porque supongo que habrá elecciones, que ustedes no
prorrogarán la legislatura automáticamente; por tanto, en la próxima
legislatura ya veremos quién gobierna en España para comprometerse
realmente sobre el Plan hidrológico nacional. Por tanto, creemos que
es necesario...
El señor PRESIDENTE: Señor Paniagua, vaya concluyendo.
El señor PANIAGUA FUENTES: Voy a terminar muy rápidamente, señor
presidente.
Por eso queremos la modificación del punto 2 de la moción del Grupo
Mixto, de Unión Valenciana, que habla de que urgentemente se traiga
el plan hidrológico a esta Cámara y, junto a él, el libro blanco.
Porque el libro blanco,
si ustedes tienen la paciencia y el humor de leérselo, verán que
tiene cosas interesantes, cosas interesantes que ya habían dicho
departamentos de universidades españolas, departamentos de
hidráulicas, de geografía humana, y en el que se reconoce que hay
400.000 acuíferos cuya ubicación no se sabe dónde está y cómo se
utiliza ese agua. El mismo libro blanco está reconociendo que no se
sabe en realidad la situación de los hídricos españoles. Incluso,
cuando se habla en él de poner medidas de canalización y de cuáles
son los rendimientos, también se dice que en estos momentos no hay un
conocimiento de la realidad. Eso lo dice el libro blanco hecho por
Medio Ambiente, junto a propuestas naturalmente de signo político,
como es la posibilidad de vender el agua y con esas 15 proposiciones
que dice la ministra que en realidad el agua no se abre a mercado
libre. No llegaremos a lo que ocurre en California, pero estamos en
el camino de utilizar un bien público, como es el agua, para usos de
tipo privado y, por tanto, para la especulación. Por eso queremos que
aquí se haga un debate del libro blanco, donde podamos analizar este
punto y, sobre todo, que el plan hídrico nacional se traiga a esta
Cámara lo más urgentemente posible.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.
El Grupo de Izquierda Unida ha presentado una enmienda, que será
defendida por la señora Urán. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor,
ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Cuando quiera, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, a pesar de que la ministra de Medio Ambiente, en la
interpelación de hace dos semanas, no quería reconocer que había
sequía, fundamentalmente en la cuenca del Mediterráneo, sí es cierto
que existe tal sequía y que ya se están padeciendo sus problemas,
tanto en la agricultura como en la ganadería. En algunas zonas, sobre
todo del País Valenciano, se habla de que este verano puede haber
restricciones para el consumo humano, precisamente por la sequía que
se está padeciendo y los niveles que tienen hoy en día nuestros
pantanos, que no llegan a los niveles de otros años, donde las
lluvias no fueron como en este. Por tanto, señorías, sí que hay
sequía y fundamentalmente en la cuenca mediterránea y en el País
Valenciano.
Nuestro grupo parlamentario va a apoyar el primer punto de la moción
de Unión Valenciana porque consideramos totalmente urgente y
necesario que se empiece a adoptar las medidas para paliar los
efectos que la sequía está produciendo ya, tanto en la ganadería como
en la agricultura, y que los agricultores y ganaderos se vean ya en
este momento beneficiados por este tipo de ayudas. Pero nosotros
hemos presentado una enmienda al punto 2 de esta moción. Nuestro
grupo y nuestra organización se han pronunciado reiteradamente en
contra del trasvase de agua a determinados sectores, sencillamente
porque hayque adoptar otro tipo de medidas que vengan a paliar los
efectos de los déficit hídricos en las zonas que se ven afectadas por
ellos.
No creemos que sea acertado ni correcto plantearse un trasvase de
unos excedentes que ni tan siquiera se sabe exactamente que existan.
Esos excedentes tendrían que estar reflejados no sólo en los planes
de cuenca, sino también en el plan hidrológico nacional, cuya
remisión, como se ha dicho desde esta tribuna, todavía estamos
esperando y que se nos va aplazando día a día; parece que en
cualquier momento fuera a venir, pero nunca llega. A nosotros no nos
parece que sea correcto hablar de una transferencia de recursos,
hablando ya también de 60 hectómetros cúbicos año, que es lo que el
Gobierno de la Generalitat valenciana ha estado reivindicando como un
trasvase desde la cuenca del Ebro. Señorías, no creemos que existan
esos excedentes y, por consiguiente, nuestra enmienda pretende que en
todo caso se contemplara una transferencia de excedentes, si
existieran, a la provincia de Castellón desde la cuenca del Ebro,
pero que se contemplaran si existieran. Es decir, habría que hacer un
estudio de cuál es la situación excedentaria de la cuenca del Ebro,
atendiendo prioritariamente las necesidades de esa misma cuenca y las
necesidades medioambientales del propio río Ebro. Según noticias que
le han llegado a esta diputada, la desembocadura del río se está
viendo afectada por problemas de salinización. Hay, pues, que tener
en cuenta asimismo cuál es la situación de la desembocadura del delta
del Ebro, porque, señorías, si intentamos modificar los ecosistemas
de nuestros ríos, en realidad lo único que estamos haciendo es
solucionar o parchear un problema hoy para tener más problemas
mañana, ya que cambiando los ecosistemas estamos cambiando también
los entornos y estamos perjudicando a la agricultura y a la
ganadería.
Existe otro tipo de medidas, como la reutilización de las aguas
depuradas, la gestión de la demanda o la modernización de los
regadíos. Se firmó en 1997 un convenio entre la Generalitat
valenciana y el Ministerio de Medio Ambiente y aún está por empezar a
cumplirse. Un convenio que hablaba de modernización de regadíos, de
ampliaciones de depuradoras para poder reutilizar el agua, de
canalizaciones para la reutilización de las aguas. En realidad, ese
convenio, señorías, se quedó simplemente en la fotografía de la
ministra de Medio Ambiente y del presidente de la Generalitat, pero
no se está contemplando una actuación decidida y clara al respecto.
Por consiguiente, mi grupo parlamentario, en el caso de que no se
aceptaran nuestras enmiendas, votaría en contra de este punto y
pediría la votación separada. Ahora se lo indicaré al presidente de
la Cámara, para que lo tenga en cuenta.
Se habló también por parte de la ministra de Medio Ambiente de la
utilización según el libro blanco del agua y de la propuesta que
puede llegar dentro de poco tiempo a esta Cámara de modificación de
la Ley de Aguas con respecto a la desalación de aguas y a la
utilización de las aguas desaladas para riego. Señorías, mi grupo
parlamentario ha expuesto desde hace ya mucho tiempo su posición en
contra de la desalación de aguas para utilización en los riegos. Hay
problemas medioambientales en ello bastante graves, que nos podrían
conducir a una situación
no deseada: solucionar un problema, que además no se solucionaría,
para generar otro quizás más grave. Además, según la modificación que
la Ley de Aguas prevé -la modificación que entrará en esta Cámara con
respecto a las desaladoras-, no sería una utilización que podríamos
tener clara, sino todo lo contrario, sería una utilización privada
que tampoco vendría a solucionar el problema de los agricultores ni
de los ganaderos para poder utilizar este tipo de aguas.
Por lo tanto, señorías, mi grupo parlamentario, en caso de que no se
acepten las enmiendas que ha presentado, pediría a la Presidencia de
la Cámara la votación separada del punto 1, que habla de la
aprobación de las medidas en contra de la sequía; del punto 2 y del
último guión del punto 2. Después, los puntos 3 y 4 se podrían votar
de manera conjunta.
Para finalizar quiero decir que el Ministerio de Medio Ambiente no
está adoptando las medidas necesarias para paliar los déficit
hídricos, sigue desconociendo cuál es la situación hídrica de nuestro
país, no se atreve a elaborar el plan hidrológico nacional y lo único
que plantea a la Cámara son parches y más parches, que al final sólo
consiguen enfrentar a las comunidades de regantes y a los usuarios de
agua, a los que tienen el agua y los que no la tienen para poderla
obtener. No ofrece una solución global, que tendría que darse ya y de
manera urgente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
No he podido tomar nota exacta de lo que ha indicado en el caso de
que no se acepten las enmiendas. Si es tan amable, me dice por
escrito los puntos que quiere que se voten por separado. Gracias.
¿Algún grupo parlamentario que no haya intervenido en el debate
quiere fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.
Anticipo ya que nuestro grupo va a votar negativamente todos los
puntos de la moción. Voy a justificarlo.
En primer lugar, se nos pide la aprobación de un real decreto-ley
para que se adopten medidas urgentes para reparar los efectos
producidos por la sequía y se incluye toda una serie de conceptos que
deberían incorporarse en él. Por desgracia, conocemos muy mucho este
tipo de textos, porque, en la década de los noventa, decretos para
paliar efectos de la sequía hemos tenido muchos. Han llegado a la
Cámara, se han convalidado y han resuelto la problemática de la
sequía en la parte que dichos decretos podían actuar. Pero en estos
momentos no sabemos para qué cultivos se trata, no se sabe qué
comarcas están afectadas, no sabemos los criterios de aplicación que
se proponen y que deberían ir en el anexo, no hay valoración de
pérdidas. Aunque esto podría ser secundario, hay que tener en cuenta
que hace 15 días la señora ministra nos decía -y así consta en el
«Diario de Sesiones»- en la
interpelación: No hablemos de sequía todavía en este año, señor
Chiquillo, y usted lo sabe, y lo debatíamos ayer ampliamente -este
ayer se refería a una reunión de la Comisión de Medio Ambiente-.
Sigue diciendo después: Por lo tanto, no se puede hablar de sequía
como se hablaba en aquellos años -se refería a los años 1994 y 1995-,
en donde los embalses estaban en un 15 por ciento de sus reservas,
cuando esos mismos embalses -decía la ministra- están en un 60 por
ciento de reservas. Lógicamente no parece que estemos en la misma
situación. De todas maneras -y la señora Urán me merece un alto nivel
de crédito en su exposición-, creemos que pronto deberá llegar,
porque la Administración automáticamente así lo hace. En todo caso
pediríamos en este momento que por parte de la Administración se
tenga en cuenta esto, que analice a fondo si es ya necesario o no el
decreto para la sequía en la zona objeto de la presente moción.
El segundo punto, señorías, va dirigido al trasvase de agua desde el
Ebro. Es un punto delicado. Seguramente en algunas zonas se tendrá
que pensar en la posibilidad de trasvases, pero, en todo caso, hay
que pasar primero por el plan hidrológico nacional. Hace pocos días,
el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el señor
Sancho, contestando a unas preguntas que le formulaban respecto a
llevar agua por el canal de Cherta a Calig, dijo que en primer lugar
hay que resolver los déficit de la propia cuenca. Por lo tanto,
llevar más agua más allá de lo que es la cuenca del Ebro nos parece
ya imposible. Pero ahí tenemos que analizar otra cuestión.
Señorías, en estos momentos, en borradores que interesadamente se
publican o no pero que salen a la luz pública en los medios, viene a
decirse que los trabajos preliminares del futuro plan hidrológico
tienden a dejar que un trasvase lleve agua del Ebro hacia la región
de Barcelona. Quede bien claro que el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió no dará su apoyo a un plan hidrológico que no
resuelva los déficit de agua previstos para la región metropolitana
de la capital catalana. En la zona catalana hay un déficit que
precisa como mínimo 10 metros cúbicos por segundo adicionales para la
zona central. Si tiene que venir esto del Ebro, posiblemente puede
variar su ecosistema y los caudales excedentes, si existieran, como
muy bien decía la señora Urán, pueden crear problemas para otras
zonas. Verdaderamente, Cataluña tiene déficit en su zona central y el
plan hidrológico lo tiene que contemplar. Si no se contempla, nuestro
grupo no estará con el plan hidrológico, ese plan hidrológico que
desde hace varias legislaturas -no ésta, sino algunas, en plural,
anteriores- estamos discutiendo y esperando a que llegue. Tenía que
haber llegado, como bien se ha dicho, en 1997, luego en 1998 y
después se nos dice que para finales de esta legislatura; llegará
este plan hidrológico a la Cámara, pero no podrá ser debatido porque
no dará tiempo, por caducar los cuatros años de legislatura. Por
tanto, el plan se debatirá, como muchas veces he venido diciendo aquí
y en otros foros, dentro de la siguiente legislatura, que puede ser
tranquila, suponiendo que las elecciones sean en marzo del 2000 o
alrededor de esa fecha. Entonces, posiblemente
tendremos unos años tranquilos, unos años buenos, para llegar a un
debate con consenso y sosegado.
Voy a hacer referencia rápidamente a los otros dos puntos que quedan.
Quede bien claro que en el punto 2 nosotros no podemos entrar;
queremos el plan hidrológico, pero no lo apoyaremos si no contempla
los déficit de Cataluña. En cuanto al tercer punto, quiero decir que,
según las informaciones que yo tengo, la Acequia Real del Xúquer está
declarada de interés general desde el año 1994. Se pide que se
declare de interés general algo que ya está declarado de interés
general desde 1994. Y la Acequia de Moncada es competencia de la
comunidad autónoma. Por tanto, este punto sobra. Respecto al cuarto
punto, nuestro grupo verá si presenta en Comisión una proposición
para debatir el libro blanco del agua. No creemos que el debate que
necesita el libro blanco del agua sea un Pleno extraordinario de
carácter monográfico, sino que debe hacerse en Comisión, para poder
entrar en una discusión más profunda. Además, lamentamos mucho no
haber recibido el citado libro blanco del agua, que ha sido explicado
por todos los foros, por todo el Estado, pero que ha sido presentado
oficialmente en el Senado. Lamentamos muchísimo que la señora
ministra de Medio Ambiente se haya olvidado de la Cámara de los
diputados para presentar y explicar lo que quiere decir, lo que nos
quiere enseñar con su libro blanco del agua.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De
Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario
Popular para expresar la posición de mi grupo respecto a la moción
que ha presentado Unión Valenciana.
De igual forma que en la pasada interpelación el señor Chiquillo
inició su intervención resaltando el aspecto constructivo de su
iniciativa, quiero que de mis primeras palabras SS.SS. obtengan la
convicción de que el Gobierno de la nación es consciente del déficit
hídrico en las comunidades del arco mediterráneo y de la preocupante
situación planteada por una disminución importante de las
precipitaciones, especialmente en el sur de Alicante y norte de
Castellón, que afecta a los cultivos con disminución del caudal de
los pozos y su salinización; que el Gobierno de la nación está
poniendo en marcha infraestructuras de ahorro, abastecimiento, mejora
y modernización de regadíos en el marco del convenio con la
Generalidad valenciana y está considerando distintos tipos de ayudas
para los cultivos. Saben SS.SS. que el Gobierno está planteando
medidas estructurales a medio plazo y actuaciones inmediatas, como
pueden ser las obras de emergencia de construcción de dos pozos en
las zonas de embalse de Uldecona, que permitirán la extracción de un
caudal de 1.500 litros por segundo para completar los riegos de las
aguas superficiales, o puede ser también el real decreto aprobado
en el Consejo de Ministros del pasado día 7, en el que se acordó que
las aguas del trasvase Tajo-Segura puedan llegar a la Marina Baja y a
Albacete. El real decreto modifica el artículo 10 de la ley que
regula el régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-
Segura, de octubre de 1980.
La reforma prevista en este momento ampara únicamente la distribución
y transporte de recursos hídricos entre dos puntos dentro del mismo
ámbito territorial de planificación hidrológica. No modifica las
asignaciones ni las reservas existentes ni crea nuevos derechos de
uso; solamente autoriza la utilización de las infraestructuras del
acueducto para los fines citados. Muchas obras están en este momento
en marcha, señorías, y muchas en distintos trámites administrativos,
porque somos conscientes de los problemas de déficit hídrico que
preocupan no solamente a S.S., no solamente al resto de las señorías
del hemiciclo, sino también a todos los españoles que viven en la
zona y a los responsables de la política hidráulica del Ministerio de
Medio Ambiente de forma muy especial. Como dijo la ministra de Medio
Ambiente en su intervención la pasada semana, se trata de conseguir
que el agua sea el elemento de ordenación del territorio que necesita
nuestro país. Se trata, señorías, de hacer, como lo está haciendo el
Ministerio de Medio Ambiente, una política seria y rigurosa,
siguiendo unos pasos previamente marcados que nos llevarán al plan
hidrológico nacional.
Refiriéndome ya al texto de la moción, señor Chiquillo, en lo que al
primer punto se refiere, se solicitan anticipos de los pagos de la
PAC, medidas fiscales y moratorias en las cuotas de la Seguridad
Social agraria. Señoría, usted conoce que son ayudas que requieren
una consulta a los servicios pertinentes de la Comisión, en el primer
caso, o la preceptiva autorización del Ministerio de Economía o del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En cuanto a las ayudas a
las comunidades de regantes para mejorar los regadíos e inversiones
en infraestructuras de regadíos, ni son actuaciones apropiadas para
incluir en un real decreto- ley de medidas urgentes, como usted
solicita, ni pueden ser objeto de improvisación. Esas medidas deben
ser objeto de una planificación rigurosa, como se ha hecho en el
borrador del plan nacional de regadíos, horizonte 2008, en el que se
han previsto unas inversiones de las administraciones agrarias para
consolidación y mejora de regadíos de 251.000 millones de pesetas.
Respecto a las medidas y actuaciones dirigidas a corregir el déficit
hídrico en el arco mediterráneo, y especialmente en la Comunidad
Autónoma Valenciana, ya he indicado a S.S. las actuaciones que se
están realizando en el marco del convenio con la Generalidad
valenciana, entre las que pueden destacarse varias. Voy a citarle
algunas solamente: el abastecimiento a La Plana de Castellón y a La
Marina Baja; la interconexión entre Manises y Picassent, entre Júcar
y Vinalopó; la reutilización de aguas depuradas en La Plana de
Castellón y en Alicante; la mejora y modernización de los riegos del
Camp de Turia, Plana de Castellón, de la Acequia Real del Júcar; la
declaración de interés general de la recarga artificial en Vall
dUxó, Almenara,
Moncófar y la regulación de la rambla Cerverola, en Vall dUxo.
Creo, señoría, que lo que han afirmado aquí algunos portavoces
respecto a que no se está haciendo nada para paliar el déficit de
recursos hídricos en la Comunidad Autónoma Valenciana es algo
lamentable. Hoy estas afirmaciones producen a veces estupor. Con un
mínimo de seriedad, con un mínimo de objetividad, no les queda a
ustedes más remedio que reconocer la gran labor, el enorme esfuerzo
del Gobierno de la nación para resolver algunos problemas
estructurales que se habían convertido en crónicos y que no habían
sido resuelto por los anteriores gobiernos en la etapa socialista,
cuyo portavoz ahora reclama lo que ellos no hicieron en el transcurso
de 14 años porque no pudieron, no quisieron o no supieron hacerlo.
Las posibles decisiones sobre transferencias o trasvases entre
ámbitos de diferentes planes hidrológicos de cuenca, son materia
-usted lo sabe, señor Chiquillo- de la futura ley del plan
hidrológico nacional.
El tercer punto de la moción solicita que se declaren de interés
general determinadas obras hidráulicas. La primera de ellas, la
modernización de la Acequia Real del Júcar, fue ya declarada en el
año 1994 y su licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado
de 25 de diciembre de 1998. Está a punto de ser adjudicada, tiene un
presupuesto de 9.690 millones y un plazo de ejecución de treinta
meses y se realizará por el modelo alemán. Y respecto a la Acequia de
Moncada -y ya nos ha indicado el señor Chiquillo el error que había
habido en la transcripción-, solamente tengo que decirle que hay
negociaciones del Ministerio para crear una sociedad estatal
mercantil al objeto de financiarla.
En cuanto al último punto de la moción, un Pleno extraordinario de
carácter monográfico para debatir el libro blanco del agua, creo,
señorías, que no conviene abusar de la reiteración. Nos parece
importante debatir sobre el libro blanco del agua; se ha debatido en
la Comisión del día 27 de abril, se va a debatir mañana en la
interpelaciónde Izquierda Unida, se puede debatir nuevamente, si
quieren ustedes, con carácter monográfico en una Comisión, pero nos
parece que no es adecuado un Pleno extraordinario para ello.
Termino, señorías, indicando, como se habrá podido deducir de mi
intervención, que mi grupo parlamentario va a votar negativamente el
texto de la moción. Pero quiero resaltar ahora el enorme esfuerzo que
está haciendo y que va a seguir haciendo el Ministerio de Medio
Ambiente para corregir ese déficit hídrico en el Comunidad Autónoma
Valenciana y en todo el arco mediterráneo, que es el motivo de esta
moción. En definitiva, para el Gobierno de la nación, para el
Ministerio de Medio Ambiente, se trata de resolver los grandes
problemas estructurales que anteriores gobiernos no pudieron hacerlo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora De
Lara.
Tiene la palabra el señor Chiquillo, para indicar si acepta o no las
enmiendas presentadas al texto de su moción.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer el tono de las intervenciones de
todos los representantes de los grupos parlamentarios, porque creo
que la cuestión es importante y delicada y que todas las posiciones
tienen su justificación. Espero que se haya entendido cuál es la
intencionalidad de la iniciativa de Unió Valenciana y pido la
comprensión y su apoyo al texto.
Como ha dicho la diputada de Izquierda Unida, lo mejor ...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No entre ahora ni siquiera en
subrayar. Diga simplemente si acepta o no.
El señor CHIQUILLO BARBER: Sólo iba a hacer referencia a la
intervención de la diputada de Izquierda Unida en el sentido de
manifestar que no acepto ninguna de las enmiendas y a solicitar de la
Mesa -no me ha dejado usted terminar lo que iba a expresar- que se
realicen las votaciones punto por punto, con la precisión de que en
el segundo punto se haga una votación separada del primer párrafo y
del último párrafo, referente al caudal ecológico del río Segura, por
ese trasvase del Tajo al Segura, que garantice un caudal ecológico
mínimo y permanente de cuatro metros cúbicos por segundo. En total
serían cinco votaciones, porque no aceptaré ninguna de las enmiendas
que se han presentado en la tarde de hoy.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA SITUACIÓN Y
PERSPECTIVAS DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL PACTO DE TOLEDO
Y SOBRE LOS EQUILIBRIOS PATRIMONIALES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. (Número de expediente 173/000143)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tal como ha indicado antes el
señor presidente, la votación de las tres mociones se hará al final
del debate de la última de ellas.
En consecuencia, vamos a pasar al debate de la moción del Grupo
Socialista sobre la situación y perspectivas de las recomendaciones
contenidas en el Pacto de Toledo y sobre los equilibrios
patrimoniales del sistema de la Seguridad Social.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, decíamos hace 15 días, en la
interpelación que el Grupo Socialista dirigió al Gobierno sobre los
incumplimientos que estábamos observando en el Pacto de Toledo, que
era para nosotros de vital importancia, incluso para defender nuestro
modelo constitucional
y nuestro modelo de sociedad, que esas recomendaciones que
entre todos convinimos en la primavera de 1995 se llevaran
efectivamente a término, que era muy importante para el Grupo
Socialista pues habían transcurrido cuatro años y no nos habíamos
reunido nunca, a pesar de que en un turno en el que no me cupo
réplica se arguyeron argumentos mezclando lo que eran reuniones con
los sindicatos con las reuniones con los partidos firmantes de aquel
pacto. No habíamos tenido nunca la ocasión de pasar revista a estas
cuestiones y desde los bancos socialistas les decíamos que les
extendíamos una mano generosa para reconstruir ese consenso porque lo
estimábamos de la mayor importancia. Y no puedo ni siquiera imaginar,
señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular, que en el trámite
que nos ocupa hoy, que es el de presentar las mociones consecuencia
de esa interpelación, mociones que no son otra cosa que Pacto de
Toledo, que esta tarde pueda ser cerrada la puerta al diálogo que
abrimos la semana pasada. No puedo ni siquiera imaginar que, en un
contexto como el que nos reunió hace cuatro años y en una ocasión
como la actual, en la que al Grupo Socialista sólo le mueve volver a
rehabilitar lo que hoy está moribundo, lo que hoy está verdaderamente
roto por las acciones y por las omisiones del Gobierno, puedan
ustedes dejar pasar esta oportunidad de reconstruir el consenso.
En este sentido -y como no tendré ocasión de réplica-, me gustaría al
menos solicitar de la honestidad intelectual de quien me conteste que
no caigan otra vez en ese ritornello permanente de, en lugar de
entrar a fondo en las cuestiones que se les plantean, argüir con
falsas razones. No se trata en este momento, señores del Grupo
Popular, de que discutamos, por ejemplo, si ustedes entienden que las
cotizaciones o la bonificación a las cotizaciones es oportuno o no es
oportuno que se financien con cotizaciones sociales o con impuestos,
o que los complementos de mínimo tengan ésta u otra naturaleza. No se
trata, señores del Grupo Popular, de que discutamos nada. Les estamos
reclamando el voto para que cumplan ustedes lo que está firmado.
Imaginamos que algunas de las cosas del Pacto de Toledo, como nos
ocurre a nosotros, no serán de su plena y total autoría, incluso
tendrán dificultades teóricas para asumirlo; pero precisamente
firmamos el Pacto de Toledo para ser cumplido en su totalidad y, por
tanto, no es momento de discutir la oportunidad, la idoneidad ni la
opinión que tengamos unos u otros grupos. Se trata, simplemente, de
que estemos disponibles para cumplir lo que entre todos firmamos. No
hay ningún consenso que construir entre nosotros en ese sentido, no
hay nada que discutir. Es el momento de acometer lo que se firmó en
el Pacto de Toledo y que está sin hacer en más del 70 por ciento de
su literalidad. Por tanto, señorías, no hay que ir por ese camino de
confundir a la opinión y mucho menos de mezclar lo que fue el acuerdo
de su Gobierno con los sindicatos y lo que fue el acuerdo de su
Gobierno con el Parlamento. Bien podría ocurrir -y le dejo la
interpretación más favorable- que ustedes hayan cubierto al cien por
cien el acuerdo con los sindicatos; sinembargo, tienen ustedes sin
cumplir al 60 por ciento el
acuerdo que tienen con el Parlamento. No vuelvan ahora -en el turno
en el que no tendré réplica- a confundir las citas, a volver a
confundir los cumplimientos del acuerdo con los sindicatos con los
incumplimientos o a tapar con esos cumplimientos los incumplimientos
que tienen con el Congreso de los Diputados.
Señores del Grupo Popular, venimos con una moción que contiene diez
puntos constructivos, sacados de la letra y del espíritu del Pacto de
Toledo. Nos gustaría esta tarde volver a consensuar estas diez
recomendaciones. No son ni siquiera la totalidad de lo que aún queda
por cumplir del Pacto de Toledo. Hemos identificado cuatro en un
bloque de financiación, que nos parecen las más necesarias; otras dos
sobre la estructura del sistema; otras dos sobre la acción protectora
del sistema y dos últimas sobre elementos comunes al pacto que nos
unió hace cuatro años. Hemos elegido diez que no pueden tener ninguna
dificultad en ser votadas por ustedes, porque todas ellas -reitero-
no forman parte de un acervo que pueda ser partidario del Grupo
Parlamentario Socialista, sino que son literatura del Pacto de
Toledo, ocho de los incumplimientos que quedan aún inéditos y por
cumplir.
Empiezo por el primero. Queremos que las bonificaciones que se
contemplen en el Plan de empleo, para este y sucesivos años, se
financien con la fiscalidad general y no con las cuotas que sufragan
empleadores y empleados de nuestro país. Señores del Grupo Popular,
es la recomendación primera del Pacto de Toledo. Ustedes, y sus
socios que les apoyan en este debate, tienen que saber que cuando
están financiando las bonificaciones a determinados tipos de
cotización, cuando están bonificando esas cotizaciones con cuotas,
están incumpliendo el Pacto de Toledo. Y lo saben, porque en él no se
distinguió entre cotizaciones del INEM y cotizaciones de Seguridad
Social, y donde él no distinguió ustedes no tienen autoridad moral
para distinguir. Por tanto, ustedes deberían votar esto porque es
recomendación número uno del Pacto de Toledo.
En el segundo punto decimos que con los excedentes de ingresos por
cotizaciones sociales que haya en relación con el gasto contributivo
se proceda a constituir reservas en los presupuestos de la Seguridad
Social para el año 2000. Es la recomendación segunda del Pacto de
Toledo, literalmente; incluso en la Ley 24/1997 se decía que antes
del año 2000 tenía que estar distinguido lo contributivo de lo no
contributivo. Por tanto, en el año 2000, lo que haya de exceso en el
segmento contributivo, deben ustedes aplicarlo a las reservas. Esto
forma parte del núcleo duro del Pacto de Toledo, de la financiación,
y está sin cumplir. Señores del Grupo Popular, no puedo entender que
ustedes puedan votar que no a esto porque lo han firmado; ustedes han
firmado este acuerdo con nosotros.
Tercer punto, que cancelemos en los presupuestos del año 2000, donde
ya tiene que estar distinguido lo contributivo de lo no contributivo,
los préstamos que se hubieran destinado a financiar prestaciones no
contributivas del sistema. Tratando de contraponer nuestra
argumentación de que la Seguridad Social estaba en una situación de
equilibrio muy difícil, el señor ministro en una rueda de prensa dijo
que el Estado no pasaría a cobrar esos préstamos
a la Seguridad Social; cancelémoslo por tanto en los presupuestos
del año 2.000. No va a haber ningún problema de orden, como siempre
nos arguyeron: que si la convergencia con Europa, que si el Pacto de
Estabilidad; no hay ningún problema en asignar a los presupuestos de
la Seguridad Social lo que son cargas de la Seguridad Social y dejar
en el Estado lo que son cargas del Estado, porque los presupuestos se
consolidan y lo mismo da que luzcan los déficit y las deudas en las
cuentas de la Seguridad Social que en las del Estado, pero pónganlo
ustedes en las del Estado. Eso fue lo que firmaron en el Pacto de
Toledo; no les pedimos nada extravagante, sino que cumplan su
palabra. En mi pueblo, la palabra dada en un trato significaba más
que un papel firmado. Ustedes no sólo han dado la palabra, han votado
solemnemente en esta Cámara que antes del 2000 se diferenciarían y
que no habría endeudamiento de la Seguridad Social por el tramo no
contributivo, y ustedes se están endeudando.
Cuarto punto, que se financien los complementos a mínimos con cargo a
la fiscalidad general, dada su naturaleza no contributiva. Señores,
es la recomendación primera, es el artículo 1º de la Ley 24/1997. Más
allá de lo que diga la legalidad vigente, son los únicos recursos que
pueden dar lugar a un cierto margen para la supervivencia en los
términos actualmente conocidos del segmento contributivo de la
Seguridad Social. Aquí está el único colchón que tenemos en la
Seguridad Social, en la correcta definición de la naturaleza no
contributiva de esos complementos de mínimos, por tanto espero que
ustedes lo voten afirmativamente.
Quinto punto, que se proceda a hacer una propuesta de unificación de
la estructura del sistema reduciendo el número de regímenes y
logrando la plena homogeneización del sistema público de pensiones.
Han pasado cinco años desde que ustedes firmaron exactamente lo que
les acabo de leer; son las recomendaciones sexta y cuarta del Pacto
de Toledo. Espero que ya que no las han cumplido ustedes en estos
cuatro años, al menos esta tarde las voten favorablemente.
Sexto punto, recomendación octava del Pacto de Toledo, inédita
también. Presenten ustedes propuestas que sustituyan parte de las
cotizaciones sociales reduciendo éstas para los salarios de baja
cualificación y buscando fuentes financieras que sean estables y
previsibles en el tiempo.
Señorías, tenemos firmado con ustedes -está en toda la literatura
comunitaria, está en la Cumbre de Luxemburgo, está en el Libro Blanco
de Delors- la necesidad de sustituir parte de las cotizaciones
sociales por otras fuentes de financiación para mejorar el empleo de
nuestro mercado de trabajo, para que la Seguridad Social no sea un
elemento retardatario o negativo para esas determinadas categorías de
trabajadores que encuentran en sus altas cotizaciones una barrera a
su capacidad de empleo. Ustedes firmaron esto en el Pacto de Toledo,
dijeron que sustituirían parte de las cotizaciones para estos
sectores laborales con dificultades de integración en el mercado de
trabajo por fuentes de financieros fiscales estables y seguras.No han
hecho nada en estos cuatro años, les damos la
oportunidad de que nos digan que piensan hacer en el futuro lo que no
han cumplido en esta legislatura, si volvieran a tener
responsabilidades de Gobierno, o al menos que, estando en la
oposición, como van a estarlo, seguirán con ese compromiso asumido
hace cuatro años. (Un señor diputado: Muy bien.)
Séptimo punto, que se equiparen las condiciones de los mínimos en las
pensiones de viudedad y orfandad a los requisitos establecidos con
carácter general para la obtención del complemento de mínimos.
Señorías, ésta es la recomendación duodécima del Pacto de Toledo.
Ustedes se han jactado de haber hecho una lectura de esta
recomendación en virtud de la cual ya tienen complementos de mínimos
las viudas menores de 60 años o los huérfanos que están entre los 18
y 21 años. Pero como siempre ocurre en estas cosas que hacen ustedes
y su Gobierno, su propaganda no tiene nada que ver con la realidad,
es puro cinismo, porque han creado un complemento de mínimos para las
viudas menores de 60 años y una pensión de orfandad para los que
están entre 18 y 21 años, pero les han sometido a unos requisitos
distintos del conjunto de las viudas y de los huérfanos, con la
conclusión de que no cobra nadie ese mínimo de viudedad y
prácticamente no cobra una pensión de orfandad nadie que no esté en
una situación de absoluta y total miseria económica, con la
consecuencia de que ustedes han cumplido la letra del Pacto de
Toledo, pero no su espíritu. Ustedes son como esos fariseos que nos
contaba La Biblia que van presumiendo y jactándose de cosas que son
exactamente lo contrario de lo que hacen, porque no han resuelto el
problema de las viudas ni de los huérfanos; los maltratan y obligan a
las viudas a no tener prácticamente ninguna renta. En el Pacto de
Toledo ustedes y nosotros convinimos en arreglar esta situación,
cambien ustedes por tanto las cláusulas de esos requisitos
exorbitantes y conduzcan la legislación social al conjunto de las
recomendaciones que existen para todos los ciudadanos.
Octavo punto -voy terminando-, ustedes se comprometieron a aprobar el
reglamento que fijaba la responsabilidad en orden a las prestaciones.
No lo han hecho, señores del Grupo Popular. Saben que es una
recomendación literal del Pacto de Toledo. ¿La van a votar esta tarde
o van a decir públicamente que ustedes votaron aquello para eliminar
un argumento en la campaña electoral pero que nunca tuvieron
intención de cumplir ese compromiso? Y no quieren cumplirlo porque la
CEOE no les deja que lo cumplan, y no quieren poner negro sobre
blanco las responsabilidades de los empresarios que, incumpliendo sus
obligaciones de cotización, resultarían ser responsables de las
prestaciones causadas. Ustedes están enfeudados con la organización
patronal española y no cumplen esta recomendación del Pacto de
Toledo, y esta tarde desgraciadamente veremos todos que tampoco votan
por el cumplimiento, incluso sin término de plazo.
Por último, señorías, queremos que voten ustedes lo que también
dijeron con nosotros en el Pacto de Toledo, que los sistemas
complementarios de previsión de carácter libre y voluntario fueran
voluntarios y no fueran de mejor tratamiento que las pensiones de la
Seguridad Social, porque
ustedes están justamente en la posición contraria; de una manera
callada, de una manera sibilina, están produciendo transformaciones
sustanciales en el sistema fiscal español y están conduciendo a
tratamientos más favorables a lo que es la previsión individual, la
previsión por capitalización.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cercas, vaya
concluyendo, por favor.
El señor CERCAS ALONSO: Concluyo, señor presidente.
Ustedes no sé lo que harán, dónde echarán estas palabras que acaban
de oír del portavoz socialista. Es bastante probable que, como saben
que esto no va a tener la menor repercusión en los medios de
comunicación social, porque ustedes ya se encargarán de que ni La
Primera, ni la segunda, ni la tercera hablen para nada de sus
incumplimientos, glosen los mítines de su presidente, los mítines de
su secretario general, diciendo lo que no hacen y jactándose de
aquello por lo que no deberían colgarse nunca medallas; es bastante
probable por tanto que mis palabras esta tarde las echen, como
siempre han hecho, a la basura, a la papelera.
Pero ustedes, señor del Grupo Popular, tienen que saber que, aunque
esta tarde nos ganen porque tengan más votos, no tienen razón.
Ustedes están poniendo en una situación crítica a la Seguridad
Social, haciendo oídos sordos a nuestras recomendaciones, a
propuestas positivas, constructivas como las que esta tarde les
hacemos; su visceralidad, su sectarismo lo están oponiendo a sus
obligaciones asumidas solemnemente en la Cámara. Eso, señores del
Grupo Popular, tendrá, posiblemente a corto plazo, un precio
relativamente pequeño, dada la manipulación que ustedes realizan de
la práctica totalidad de medios de comunicación social, sobre todo de
los de carácter público. Pero, tarde o temprano, se correrán las
cortinas de la auténtica situación de la Seguridad Social, y ustedes,
al no haber seguido las obligaciones que asumieron en el Pacto de
Toledo, colocarán a la Seguridad Social en una situación muy difícil.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cercas, termine, por
favor.
El señor CERCAS ALONSO: Termino, señor presidente.
La van a situar en una posición en la que por fin los españoles
tardarán en descubrirlo, pero comprobarán que todas sus apelaciones
al diálogo, al consenso, a su compromiso con el sistema público eran
única y exclusivamente reclamos publicitarios. Pero a ustedes nunca
les importó el sistema de protección social, nunca les importó el
Pacto de Toledo, firmaron para eliminar un argumento en la campaña
electoral. Dicen que están cumpliendo, pero no están cumpliendo
porque no les interesa consolidar para el futuro el sistema público
de pensiones; pero, tarde o temprano, los españoles se darán cuenta
de esto y les pondrán a ustedes en el lugar que se merecen.
Esta tarde les voy a dar la oportunidad de que no seaasí, pero
desgraciadamente he estado muchos años en esta
Cámara y he descubierto que el valor de la palabra y de los
compromisos de la derecha no son absolutamente nada porque ustedes,
salvo el poder, no tienen interés en ninguna otra cosa.
Nada más y muchas gracia. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cercas.
A la moción defendida por el señor Cercas, se han presentado dos
enmiendas, la primera de ellas del Grupo Mixto. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, uno de los logros más importantes de la anterior
legislatura fue, sin lugar a dudas, el Pacto de Toledo. Hubo otros,
no menos importantes, por ejemplo, el Código Penal; eran normas,
instrumentos que respondían a gravísimos problemas, a graves
necesidades de nuestra sociedad y en relación con los cuales la
mayoría parlamentaria de la anterior legislatura consiguió un amplio
diálogo y finalmente un importante consenso que justificaron la
aprobación de dichas normas. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
En esta legislatura el Pacto de Toledo comienza con buen pie. El día
25 de junio el Pleno del Congreso acordó la creación de una ponencia
en la Comisión de Presupuestos que tendría por objeto el seguimiento
y recibir la información de las medidas que el Gobierno propusiera en
desarrollo de las recomendaciones parlamentarias aprobadas por el
Pacto de Toledo. Esto ocurre el 25 de junio. Desgraciadamente muy
pronto se tuerce el camino. Al día siguiente, la Presidencia de la
Cámara dicta una resolución, en relación con las ponencia o las
subcomisiones, y en su aplicación el día 2 de julio la Mesa de la
Cámara acuerda que, en contra de lo que se decía en aquella
resolución, la misma afecta a esta ponencia, que había sido creada
con anterioridad, le señala un plazo exótico y extraño de seis meses
de duración y, finalmente, la propia Mesa de la Cámara declara
extinguida dicha Comisión el 25 de febrero. Como consecuencia y desde
ese momento, todas las decisiones que adopta el Gobierno en relación
con el Pacto de Toledo no son consultadas, ni informados en modo
alguno el resto de los firmantes de dicho pacto, los otros grupos
parlamentarios presentes en la Cámara. Ésta es la realidad, señores
de la mayoría del Gobierno. Esa realidad es ciertamente un
incumplimiento flagrante de todo el espíritu, cuando no de la letra
del Pacto de Toledo. Esa ausencia de información y de consenso
requerido por el Pacto de Toledo para su desarrollo hemos tenido
ocasión de vivirlo en esta Cámara en reiterados momentos y con
medidas concretas. Por citar algunas de las más significativas, me
permito mencionar inicialmente la modificación por el Gobierno
mediante una resolución extraña y finalmente mediante un real
decreto-ley del tema de las jubilaciones anticipadas. En ese sentido
van las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en reclamación de
complementos por mínimos a miles de pensionistas de nuestro país.
Bajando a un terreno más concreto, este diputado, en relación con
actuaciones ejecutadas a instancia del mismo, tiene ocasión de
recordar que en abril de 1998, hace más de un año, la Comisión de
Política Social y Empleo encargaba al Gobierno un estudio sobre la
revalorización periódica de las lesiones permanentes no invalidantes.
Hace escasamente dos semanas el Gobierno contestaba que ese estudio
estaba sin efectuar. Ha transcurrido más de un año. Hace
prácticamente el mismo tiempo, el Pleno de esta Cámara acordaba en
una moción que el Gobierno debía equiparar el plazo de prescripción
de las deudas sociales con las deudas fiscales. Ha transcurrido más
de un año y el Gobierno no ha hecho absolutamente nada en ese
terreno. Ésta es la realidad, señores de la derecha.
Ustedes han desarrollado el Pacto de Toledo al margen de los
restantes grupos parlamentario, sin contar con ellos e incluso cuando
iniciativas de esos grupos parlamentarios han obtenido mayoría en la
Cámara han sido desatendidos por ustedes. Es verdad que en desarrollo
del Pacto de Toledo ustedes han llevado a cabo algunas actuaciones,
algunas de ellas incluso de acuerdo con los agentes sociales; pero no
es menos cierto que eso no es el cumplimiento pleno del Pacto de
Toledo que requería el acuerdo con los agentes sociales y también con
los grupos políticos. Debía existir el acuerdo, como ha tenido
ocasión de recordarles el interpelante socialista, en el desarrollo
de todo el Pacto de Toledo, no sólo en aquello que les interesa a
ustedes o a los grupos sociales a los que representan, dejando sin
desarrollar aquellas recomendaciones del Pacto de Toledo que todos
acordamos que tuvieran lugar, por ejemplo, el tema de la
responsabilidad empresarial.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, ha de concluir.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino en seguida, señor presidente. Ésa es
la realidad, y esa actuación de ustedes, de la mayoría actual de la
Cámara, ha dado lugar a que como lógica reacción los grupos de la
oposición hayan planteado también actuaciones unilaterales, que no
han tenido ningún éxito en esta Cámara por la oposición de ustedes,
aunque se ajustaran plenamente al espíritu y a la letra del Pacto de
Toledo.
Creo que es el momento de reflexionar sobre a dónde nos lleva este
camino, y desde luego no nos lleva a buen puerto; quebrar el espíritu
y en muchos casos la letra del Pacto de Toledo no es bueno; es
necesario y urgente recuperar el diálogo y el consenso. Es por esa
razón por lo que en la enmienda que hemos presentado a la moción del
Grupo Socialista pedimos que el punto décimo se convierta en el punto
primero. Inmediatamente tienen que celebrarse reuniones entre el
Gobierno y los grupos parlamentarios, y en ellas habrá que abordar
los temas que se plantean en la moción del Grupo Socialista. Nos
parece que es imprescindible repetir de nuevo el camino que hicimos
en el Pacto de Toledo: previamente el diálogo, la discusión, el
trabajo conjunto y, finalmente, por ese camino saldrá un buen
resultado.
Continuar, como hacen ustedes hasta ahora, ejecutando el Pacto de
Toledo en función de sus ideas, de sus intereses o de los grupos
sociales que representan, no es el camino del Pacto de Toledo ni por
el que apostamos todos.
Nada más y gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
También ha presentado una enmienda, como se anticipó, el Grupo de
Izquierda Unida, para la que tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, decía el portavoz del Grupo Popular en el pasado debate que
Izquierda Unida es coherente en este tema más allá de su desacuerdo
frontal con nuestras posiciones, y es verdad. Precisamente es de
dicha coherencia de donde derivan nuestros acuerdos con los puntos
expresados en la moción del Grupo Socialista, así como también algún
desacuerdo y, por tanto, nuestras enmiendas.
Estamos de acuerdo, por ejemplo, con el punto primero, porque siempre
hemos sido partidarios de que las políticas activas, el dinero que el
Estado da a los empresarios para crear empleo o para hacerlo más
estable, sean financiadas con el dinero procedente de los impuestos
de la fiscalidad general y no con dinero del INEM o de la Seguridad
Social que, digan ustedes lo que digan, es lo mismo. Por ello, hemos
denunciado al Gobierno ante el fiscal del Tribunal de Cuentas por su
política de trasvases de dinero de prestaciones de desempleo del INEM
a políticas pasivas, y por ello nos hemos opuesto al escándalo de que
el Gobierno legalizase, mediante decretazo, esta práctica reformando
el artículo 206 de la Ley General de Seguridad Social, como ya vimos
hace dos semanas.
En consecuencia, estamos de acuerdo con el texto del punto primero de
la moción, que pretende que el Plan de empleo para 1999 prevea que
todas las bonificaciones de las cuotas de Seguridad Social, con las
que no estamos de acuerdo, y ustedes lo saben, pero que en cualquier
caso existen, como la realidad misma, se financien con cargo a la
fiscalidad general, aunque para que esto tuviera virtualidad sería
necesario conocer dicho Plan de empleo de 1999, que según el ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales existe pero que nadie lo ha visto.
Espejismo o realidad, esperamos que este Plan de empleo sea debatido
por esta Cámara antes de que finalice el año, aunque ya le quede poco
al ministro para cumplir con este rasgo mínimo de talante
democrático.
En otro orden de cosas, los puntos dos, tres, cuatro, cinco y décimo
proponen que el Gobierno cumpla con otros compromisos del Pacto de
Toledo que no ha cumplido, ni siquiera con el regresivo desarrollo
legal que impuso en esta Cámara con el apoyo de los grupos
parlamentarios que lo sostienen. No ha cumplido con la obligación de
constituir el fondo de reservas con los excedentes de ingresos por
cotizaciones. Por ello, estamos de acuerdo en que al menos dote este
fondo con los excedentes producidos en 1998 y 1999, aunque, desde
nuestro punto de vista, hubiera sido deseable que se constituyeran
con los de
años atrás, pues es dinero procedente de las cuotas de la Seguridad
Social, que ha estado financiando cuestiones que debería haber
financiado la Fiscalía General y que, en cualquier caso, serían el
colchón necesario para garantizar el mantenimiento del sistema.
No ha cumplido con la obligación de cancelar los préstamos que
falsamente el Estado ha concedido a la Seguridad Social, aunque de
facto haya sido al revés. Lo que debería haber pasado es que ese
mecanismo de préstamos, de los mal llamados préstamos, nunca hubiera
existido. Pero a esto llegamos tarde. No ha cumplido la
homogeneización y unificación de los regímenes especiales y su
reducción en dos, por cuenta ajena y propia, pues ni siquiera entró
en el acuerdo, ni en las leyes de desarrollo del Pacto de Toledo. Y
lo que es más grave, algunos miembros del Gobierno ya hablan de no
reconocer a los complementos a mínimos el carácter de prestación no
contributiva, con lo que se gravaría de por vida al sistema público
de la Seguridad Social con una pesada losa de unos 600.000 millones
de pesetas, o quizá no tantos, pero más o menos. Este incumplimiento
sería una declaración de guerra al sistema público de pensiones, al
sistema de bienestar social, tan dura y precariamente construido en
nuestro país, que los sindicatos no van a poder tolerar. Tendrán que
movilizarse porque es una auténtica declaración de guerra. A tiempo
están señores que sostienen al Gobierno de evitar este tipo de
confrontaciones.
En el punto décimo se exige al Gobierno que convoque a los partidos
que suscribimos el Pacto de Toledo a realizar un balance de su
cumplimiento, pues el mayor incumplimiento -y estoy de acuerdo, tanto
con el Grupo Mixto, como con el grupo proponente- con respecto a
dicho pacto es haber roto el clima de consenso y los mecanismos
parlamentarios que lo apoyaban, hurtándonos a los partidos de la
oposición el seguimiento y el desarrollo del Pacto de Toledo.
Respecto a los puntos seis y ocho estamos de acuerdo, pues contienen
elementos de mejora formal de los mecanismos de protección de la
Seguridad Social y de su régimen de gestión. Pero más allá de la mera
reforma, habría que atender a la reforma sustantiva de las pensiones.
Por ello, proponemos en una de nuestras enmiendas que se introduzca
un nuevo punto que exija la equiparación de las pensiones mínimas al
salario mínimo interprofesional, las contributivas, y las no
contributivas al 70 por ciento del mismo. Es el objetivo próximo por
el que Izquierda Unida trabaja. Hablar del Pacto de Toledo (su
revisión, su desarrollo, su reforma) sin hablar de esto, nos parece
una especie de burla a los pensionistas. La gente no entiende de
nuestras peleas mientras pasa fatigas. Créanme que con la cuantía de
la inmensa mayoría de nuestras pensiones la gente pasa fatigas y cada
vez le importa menos la palabrería de los que, entre comillas, llaman
políticos.
Especial importancia tiene el punto nueve, con el que no podemos por
menos que estar de acuerdo, pues siempre hemos creído, y así lo hemos
denunciado en esta Cámara y en los medios que hemos podido, que las
líneas de actuación del Gobierno han precarizado la cuantía de las
pensiones, de prestar asistencia a un buen número de pensionistas...
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, le ruego vaya concluyendo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Voy acabando , señor presidente, Y todo
ello para ir incentivando a un segmento cada vez mayor de
trabajadores que ahorren parte de su salarios en los sistemas
complementarios privados, para lo que no se ha recatado la derecha en
el poder en simultanear ambas medidas: por un lado, empeora las
pensiones públicas y, por otro, destina dinero público para
incentivar las pensiones privadas. Sólo me resta decir que hemos
presentado una enmienda para suprimir el punto seis, pues no estamos
de acuerdo con él, para modificar las cotizaciones sociales, bien
reduciéndolas o bonificándolas. Creemos que cuando se habla de otros
mecanismos de financiación del sistema público de pensiones estables
y previsibles, tendría que decirse cuáles son estos mecanismos, qué
fórmulas se podrían plantear, porque si no pondremos en peligro la
viabilidad del sistema público de pensiones.
Así pues, esperamos que se admitan nuestras dos enmiendas y, en caso
contrario, votaremos a favor de todos los puntos, excepto del sexto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero.
Se han presentado la moción por parte del señor Cercas y las
enmiendas formuladas por parte del Grupo Mixto y del Grupo de
Izquierda Unida. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
El señor Gómez Rodríguez tiene la palabra.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente, con
brevedad.
En esta legislatura hay muchos diputados que participaron en aquel
Pacto de Toledo, en aquel histórico hito de progreso de la vida
social española. Aquí hoy veo a los señores Cercas, Chiquillo y
Peralta, y no sé si se me escapará alguno más. Lo cierto es que aquel
avance legislativo, que se produjo con un criterio unánime de todos
los grupos políticos cuando asumieron en su totalidad el texto de la
ponencia y de la Comisión, representó un paso hacia adelante en la
adopción de criterios sobre una materia tan delicada como es la
social. Hacemos alusión a ese espíritu armónico porque nos parece que
la iniciativa que se trae hoy aquí se ha presentado unilateralmente
por un respetable grupo político, cuando a Coalición Canaria le
hubiese gustado haber estado presente en la firma de esta iniciativa
conjuntamente con todos los grupos políticos del arco parlamentario y
porque creemos que, cueste lo que cueste, hay que conseguir que se
reviva el espíritu de aquel Pacto de Toledo.
También observamos que no se ha hecho alusión a la Ley, aprobada en
esta Cámara, de consolidación y racionalización del sistema de la
Seguridad Social, tampoco a los avances legislativos que se han
logrado, ni se ha traído un estudio económico actuarial para estos
diez puntos, que son importantes y cuyo desarrollo supone mucho
dinero.
No voy a exponer los criterios de Coalición Canaria sobre cada uno de
los diez puntos que constituyen la moción, porque portavoces
anteriores han hecho alusión a los mismos, y entre ellos quiero
distinguir la intervención
del estimado señor Cercas, que ha hablado con toda autoridad,
aunque yo no esté plenamente conforme con sus criterios. Pensamos que
lo que hay que hacer aquí es aprobar el punto décimo, que se proceda
a convocar a los partidos políticos que acordaron el Pacto de Toledo,
para poder analizar todas estas cuestiones, para conseguir que se
reviva aquel espíritu armónico que reinó en los trabajos
parlamentarios, para poder así seguir asegurando un sistema público
de pensiones justo, equilibrado y solidario, de acuerdo con los
principios contenidos en el artículo 41 de la Constitución española.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.
Señor Campuzano, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo afronta un nuevo debate sobre el Pacto de Toledo y a
veces lo hace -y esta vez seguramente más que nunca- desde una
posición ingenua o ilusa. Ingenua o ilusa porque entendemos que el
conjunto de los grupos políticos de la Cámara -el principal grupo del
Gobierno, el principal grupo de la oposición, el Grupo de Izquierda
Unida, los grupos Catalán, Canario, Vasco y Mixto- comparte unos
principios fundamentales: el entendimiento de que el sistema público
de pensiones es un valor a defender y, por tanto, el de que el
conjunto de políticas públicas que orientemos en esta materia debe
tener como norte su mantenimiento, reforzamiento y modernización.
El entendimiento de que compartimos estos principios, valores y
métodos es lo que nos obliga a buscar en sede parlamentaria fórmulas
políticas que nos permitan avanzar. Llevamos ya tres años de
legislatura y se ha producido un desarrollo importante de los
contenidos del Pacto de Toledo en una línea positiva, pero nos
encontramos instalados hoy en un debate parlamentario y
fundamentalmente en un debate social en el que se pone de manifiesto
una discrepancia radical entre los principales grupos de la oposición
y el Gobierno y los grupos que prestamos apoyo parlamentario al
Gobierno.
Nos parece que, más allá de esas discrepancias que puedan existir, en
la medida que compartimos lo esencial, deberíamos ser capaces de
encontrar las fórmulas políticas que nos permitan avanzar. Entendemos
que el contenido y quizás la forma, porque el señor Cercas ha hecho
una intervención formalmente impecable, tan sólo discreparíamos de su
análisis final que no deja de ser apocalíptico, nos podrían haber
permitido avanzar en esa necesidad que también compartimos: en el año
2000, el nuevo Congreso deberá convocar una ponencia de desarrollo
del Pacto de Toledo como fórmula para actualizarlo.
Es evidente que, a través de los planteamientos que se derivan de la
moción, no es éste un instrumento realmente político para que el
Gobierno, los grupos que apoyamos al Gobierno y el Grupo Socialista
podamos construir este consenso;lo lamentamos. El señor Cercas, uno
de los diputados
veteranos de esta Cámara, sabe que esta fórmula no es la que permite
crear este espacio de consenso. Por eso nuestro grupo parlamentario
deberá votar en contra.
También queremos anunciarle que hoy mismo el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) ha presentado en el registro de la
Cámara una petición de comparecencia del secretario de Estado de la
Seguridad Social ante la Comisión de Política Social y Empleo para
hacer una valoración exhaustiva del desarrollo del Pacto de Toledo.
Nos parece que deberíamos plantear en la Comisión de Política Social
y Empleo un debate a fondo, monográfico, sobre la aplicación del
Pacto de Toledo.
Creemos que hay oportunidades. El ciclo económico es positivo y debe
permitirnos avanzar en tres líneas fundamentales: en la construcción
de reservas, mandato del Pacto de Toledo hoy incumplido; en la mejora
sustancial de las pensiones más bajas, sobre las que en esta
legislatura se han producido avances, pero quedan lógicamente lejos
de las expectativas que estoy seguro de que todos compartimos; y en
el avance en una cuestión que entendemos que es polémica con
Izquierda Unida, pero que hoy, por la intervención del señor Cercas,
vemos que compartimos, que es la reducción selectiva de las cuotas de
la Seguridad Social a aquellos colectivos y trabajos de baja
intensidad, en la línea de lo que ha apuntado desde siempre el Libro
Blanco de Delors.
Nos parece que, en previsión de la redefinición del Pacto de Toledo
en la próxima legislatura, hoy podemos empezar ya a discutir sobre
estas líneas partiendo del análisis de lo que se ha hecho en esta
legislatura y que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) comparte. Convergència i Unió se puede plantear también
cuestiones que en la legislatura anterior guardó en el cajón; por
ejemplo, propusimos el debate sobre el proceso de descentralización
de la Seguridad Social. Sabemos que ahí no compartimos criterios con
el Grupo Parlamentario Popular ni con el Grupo Socialista, pero
entendemos que, en esta línea de reflexión global, puede ser el
momento para volver a poner encima de la mesa esta cuestión.
Esperamos que la comparecencia del secretario de Estado, si existe
voluntad del Gobierno, se convierta en un instrumento que nos permita
reconstruir el consenso político porque creemos que en el fondo
coincidimos. A este portavoz le hubiese gustado que, en lo que
seguramente será la última intervención del señor Cercas en el Pleno
de esta Cámara, hubiésemos aprobado una moción por unanimidad de
todas las fuerzas políticas, lo que hubiese puesto un broche final
excelente a una brillante trayectoria parlamentaria. Seguramente
tendremos oportunidad de hacerlo en algún momento de nuestro historia
personal y colectiva.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
El señor Camps viene rápidamente hacia la tribuna supongo que con
deseo de intervenir. Adelante.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, permítame que suba a esta tribuna en deferencia
hacia el portavoz del grupo proponente por si es
la última ocasión que tenemos de debatir. Aunque lo hemos hecho
prolijamente durante esta parte de legislatura sobre la materia de
Seguridad Social, deseo que sea un pequeño homenaje, en este caso
personal, hacia don Alejandro Cercas, con la lástima o con la pena,
como han dicho algunos otros grupos, de que no pueda ponerse un
broche de oro a este debate con un amplio consenso de esta Cámara en
una materia tan sensible como es la de nuestro sistema de protección
social, la del Pacto de Toledo.
Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular el Pacto de Toledo no
está moribundo -se ha utilizado esa expresión desde la bancada de la
izquierda-, está más vivo que nunca, está más presente que nunca.
¿Nosotros estamos dispuestos a acometer su evaluación, su
seguimiento, su cumplimiento? Sí, completamente dispuestos. ¿A seguir
desarrollando? Completamente dispuestos. ¿A hacerlo en la forma y
manera que algunos pretenden? No.
Resulta paradójico -y algún otro grupo de la oposición como el Grupo
Mixto lo ha hecho constar así- que se nos niegue a nosotros lo que
parece que se afirma positivamente para otros. Si este Gobierno, el
Gobierno del Partido Popular, con el apoyo del Grupo Parlamentario
Popular y de otros grupos de esta Cámara ha traído aquí proposiciones
de ley, proyectos de ley, medidas legislativas que han contado con un
amplio apoyo y se han aprobado y hoy parece que esa no era la manera,
tampoco deberá serlo la moción consecuencia de interpelación urgente
que hoy nos presenta algún grupo de esta Cámara. Si aquella no era la
forma adecuada, tampoco lo debe ser ésta. Si aquella sí que era una
buena forma de hacerlo, también podría serlo ésta. Pero desde luego
que no puede ser una buena y otra mala según quien sea el grupo
proponente que traiga las medidas a la aprobación de esta Cámara.
Créame, señor portavoz del Grupo Socialista, que esperábamos ansiosos
la moción consecuencia de interpelación urgente. No quisimos
acordarnos del «Diario de Sesiones». Reconocemos la vehemencia de S.
S. en la exposición verbal y, por tanto, nos olvidamos de las
expresiones hasta ese momento vertidas en esta Cámara en esta
materia, incluso el desafortunado discurso del último día donde S.S.
acabó diciendo que derogarían todas las normas de Seguridad Social
que este Gobierno había acometido en los últimos años. Queríamos
olvidarnos de aquello y atender solamente a lo escrito, al texto de
la moción, a lo que el Grupo Socialista fuera capaz de plasmar negro
sobre blanco y con ocasión de ello pudiéramos pronunciarnos todos los
grupos de esta Cámara, pero verdaderamente, tenemos que decirlo así,
nos han defraudado. Creíamos que era posible reconducir un consenso
que algunos dicen roto, otros creemos que no, pero que siempre, al
menos su espíritu, está flotando sobre todos los grupos de esta
Cámara, y con textos como el que nos ha presentado el Grupo
Socialista es muy difícil llegar a ello.
Piense por un momento, señor Cercas, que hoy va a conseguir el Grupo
Socialista tener el máximo apoyo del Grupo de Izquierda Unida que fue
el primer grupo que estuvo en contra de las líneas de desarrollo del
Pacto de Toledo, cuando ahí sí que mayoritariamente estábamos de
acuerdo su grupo y el mío. Hoy en cambio va a ser su
grupo el que va a contar con el máximo apoyo de Izquierda Unida en
contra de los grupos con los que ustedes estaban de acuerdo al inicio
de esta legislatura. Parece que no son otros grupos los que se han
movido de sitio, sino que es el Grupo Socialista el que se ha movido
en esta ocasión de sus planteamientos.
Les tenemos que pedir -y se lo decimos responsablemente- que sean
ustedes capaces de volver a esa línea de oposición constructiva que
tuvieron al inicio de esta legislatura y abandonen esa línea de
oposición -permítamelo- más irresponsable, más demagógica que han
ejercido en este último tramo de legislatura. Creemos que vale la
pena intentarlo y además nuestros mayores, los pensionistas de este
país, se lo agradecerán muy vivamente. No vamos a jugar con la
dignidad de ellos, dejemos de hacerlo, dejémosles tranquilos y seamos
capaces de ponernos de acuerdo en lo que verdaderamente les atañe a
ellos y a todos los que algún día queremos ser pensionistas en este
país.
Señorías -y no voy a entrar pormenorizadamente en cada uno de sus
puntos-, la moción que han presentado es incoherente, pero además es
incoherente con su propia actitud, y no sólo con su actitud de pasado
cuando eran Gobierno, con eso choca frontalmente, aunque hoy no
estamos aquí para hablar de pasado, estamos para hablar de futuro. Es
incoherente con su propia actitud de oposición en esta Cámara. En su
moción traen hoy a aprobar por esta Cámara puntos que ustedes han
votado en contra en esta misma legislatura, sin ir más lejos, el tema
de los complementos a mínimos, ya que votaron una cosa distinta
cuando lo desarrollamos en la Ley de consolidación y racionalización
y en cambio hoy proponen otra muy diferente. Traen puntos en su
moción sobre los que se han manifestado en contra en esta propia
Cámara, como la cancelación de préstamos a la Seguridad Social. Y
mire que no le estoy diciendo que ustedes los inventaron, que ustedes
los han practicado, que ustedes pusieron las fechas de amortización y
que ahora de repente los quieren cancelar; no, les estoy diciendo que
en el debate de la Ley de consolidación y racionalización llegaron a
la conclusión, junto con otros grupos de esta Cámara, de que
tendríamos que hablar de cancelación de préstamos, que tendríamos que
hablar de financiación de complementos a mínimos cuando se separaran
definitivamente las fuentes de financiación del sistema de Seguridad
Social y que eso tenía que producirse en el año 2000, no en el año
1998 ni en el año 1999. Y sabe S.S. que hasta este momento el proceso
de separación se está produciendo a un buen ritmo o al ritmo deseado,
a lo mejor no tan rápido como algunos grupos querrían, pero sí desde
luego a un ritmo totalmente acorde con las recomendaciones del Pacto
de Toledo. Este año ya no se financia un duro de la sanidad con
cotizaciones sociales; el año que viene no se financiará un duro de
asuntos sociales con cotizaciones sociales. Estaremos entonces en
condiciones de discutir lo que pusimos en la Ley de consolidación
y racionalización respecto a los complementos a mínimos y de discutir
también sobre la cancelación de los préstamos a la Seguridad Social.
Por tanto, evidentemente, su moción tiene falta de rigor y es
incoherente con lo que ustedes han dicho y han votado en esta Cámara,
aunque sí que es cierto
que en otros puntos se podría haber llegado a coincidencias con el
resto de los grupos.
Señorías, si bien es cierto que la Seguridad Social -y valga el
símil- no es en estos momentos la mejor posible, tendrán que
reconocer SS.SS. con nosotros que en estos tres últimos años se ha
avanzado en la materia objeto de este debate; tendrán que reconocer
que en estos tres últimos años no ha habido un retroceso, sino un
avance en las medidas que se han adoptado y tendrán que reconocer que
además esas medidas se han adoptado de acuerdo con los agentes
sociales y sobre todo con los sindicatos. Hoy algún grupo ha dicho
que el Gobierno del Partido Popular era rehén de la patronal en sus
incumplimientos; en todo caso seremos rehenes de los acuerdos a los
que llegamos, principalmente con los sindicatos de este país, pese a
quien le pese. Durante tres años no ha habido una sola medida que
haya contravenido ni la letra ni el espíritu del Pacto de Toledo, que
además se ha desarrollado de acuerdo con los agentes sociales y en
beneficio principalmente de los más desfavorecidos de este país.
Hoy la mejor garantía para el sistema de Seguridad Social, señorías,
es que hay más de 1.200.000 nuevos empleos en este país y el récord
histórico de más de 14 millones de afiliados a nuestro sistema. Esa
es la verdadera garantía para nuestro sistema de Seguridad Social y
no muchos de los puntos que se recogen en la moción que nos
presentaba el Grupo Socialista. Porque hoy, señorías, nuestro sistema
de Seguridad Social es mucho más solidario y mucho más seguro que
hace tres años, es mucho más solidario y mucho más seguro que hace
cuatro años cuando firmamos los pactos de Toledo. Porque si no es
así, señorías, cómo es posible que pueda venirse a esta Cámara a
decir que el sistema puede tener dificultades financieras, pero traen
todas las proposiciones con aumento de gasto o con disminución de los
ingresos; cómo es posible que si se entiende el sistema mucho más
vulnerable financieramente, discutamos semana tras semana en esta
Cámara proposiciones que vienen desde la oposición en las que nos
piden aumento de prestaciones del propio sistema. Sencillamente ello
es posible, señorías, porque ni siquiera quien hace esas afirmaciones
se las cree; ello es posible, señorías, porque saben que el sistema
de Seguridad Social hoy es más seguro, está más consolidado que hace
tres años y hoy podemos discutir de otras cosas que no sean su
pervivencia a futuro.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Camps, por favor.
El señor CAMPS DEVESA: Termino, señor presidente.
Hace cuatro años tuvimos que sentarnos alrededor de una mesa para
firmar el Pacto de Toledo porque estaba en peligro la pervivencia de
nuestro sistema de Seguridad Social. Hoy discutimos sobre cómo
aumentar las prestaciones de ese sistema. El debate es muy distinto y
en el fondo el sustrato del mismo es la consolidación del sistema que
algunos no quieren ver. Por tanto, no hagamos debates demagógicos, no
hagamos debates electoralistas, no hagamos debates irresponsables.
Evaluemos, hagamos seguimiento,veamos el desarrollo del Pacto, seamos
capaces
de seguir haciéndolo, hagámoslo toda la Cámara en su conjunto. Cuando
no estemos de acuerdo, sigamos discutiendo y donde lleguemos a puntos
de coincidencia, desarrollémoslos, y hagámoslo, además, con los
agentes sociales, pero en la línea que hasta ahora se ha venido
haciendo, en la línea que ha permitido que nuestros pensionistas
ganen más de 300.000 millones de poder adquisitivo en estos últimos
tres años, en la línea que ha permitido a viudas y huérfanos mejorar
sus prestaciones comparadas con las que tenían hace tres años, en la
línea que ha permitido luchar contra el fraude y la morosidad, en la
línea que ha permitido seguir el proceso de separación de fuentes, en
la línea que ha permitido, al fin y al cabo, que nuestro sistema de
Seguridad Social hoy sea más seguro y más solidario que el que nos
encontramos.
Acabo, señor presidente, diciendo que tengan tranquilidad, señorías
de los grupos de la oposición, porque cuando la confianza de los
españoles otorgó al Gobierno del Partido Popular la posibilidad de
gobernar en este país nos encontramos con una Seguridad Social
deficitaria, sí, pero que aceptamos como nos venía, no a beneficio de
inventario. Sin embargo, fuimos capaces de recogerla tal como nos la
dejaban, no derogamos absolutamente ninguna de las normas con las que
recibíamos la Seguridad Social y fuimos capaces de empezar a
acometer, con los agentes sociales y con la mayoría de los grupos de
esta Cámara, el desarrollo de aquellas recomendaciones del Pacto de
Toledo, hoy en su mayoría o cumplidas o iniciadas en su cumplimiento.
Fuimos capaces de aquello y si en algún momento los españoles deciden
que esa confianza ha llegado a su fin, que tienen que ser otros
grupos de esta Cámara los que han de desarrollar labores del
Gobierno, y por si son ustedes, señores del Partido Socialista, los
que tienen que recoger ese testigo en un momento determinado,
empiecen a contribuir a ello para que verdaderamente merezca la pena
decir que esa Seguridad Social que ustedes nos dejaron, que
devolveremos más solidaria y más segura, la hemos construido entre
todos.
Aún están a tiempo de retirar la moción que hoy han presentado en
esta Cámara y de volver a recuperar ese discurso de oposición más
constructivo de inicio de legislatura, para el que les votaron más de
nueve millones de españoles, porque estoy seguro de que si son
capaces de reflexionar y volver a la senda constructiva del Pacto de
Toledo, millones de pensionistas en este país se lo agradecerán.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps.
Señor Cercas, el señor Camps ha utilizado la tribuna con esa
intención tan claramente expresada al comienzo de sus palabras,
deseándole el máximo éxito en su futura andadura en otros ámbitos
parlamentarios, a lo que quiero también sumarme antes de que S.S.
tenga la intervención final en aceptación o rechazo de las enmiendas.
Adelante.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
En esta ocasión por partida doble, por darme la palabra por última
vez en este Congreso de los Diputados y por estas amables palabras
que me ha dedicado. Antes de proceder, como manda el Reglamento, a
decir si acepto o no las enmiendas que se han presentado, permítame
que sea la última vez que lo conculque y que dedique diez segundos
a agradecer también palabras similares que he recibido de otros
portavoces. Quiero aprovechar este brevísimo turno también para pedir
excusas si en alguna ocasión me he excedido por la vehemencia de mi
carácter en mis exposiciones. Quiero que sepan que, de todas maneras,
esa vehemencia responde a que tengo cada vez menos cosas en las que
creer, pero en las que sí creo muy profundamente. Una de las cosas en
las que creo con mayor profundidad es en que yo no tengo enemigos
políticos, he tenido adversarios en mi andadura parlamentaria, jamás
enemigos y nunca les he tenido como tal, y espero que no sea sólo
algo personal sino colectivo, del conjunto de la Cámara. Muchas
gracias, señor presidente, muchas gracias señores diputados.
Es decisión de nuestro grupo, en primer lugar, no retirar la moción,
lo siento mucho, señor Camps, porque nos parece que sería retirar el
núcleo del Pacto de Toledo. Queremos que se vote en la Cámara, así
como que se vote punto por punto, porque vamos a mantener nuestro
criterio en la recomendación sexta y ya tendrá ocasión Izquierda
Unida de votar en contra.
Respecto a las otras cuestiones, como exceden del Pacto de Toledo,
queremos simplemente que se mantengan los puntos de nuestra moción y
no retiraremos ni modificaremos ninguno porque no queremos ir más
allá de lo que ha sido el Pacto de Toledo, no porque estemos en
disconformidad con lo que plantea el diputado de Izquierda Unida ni
con el diputado de Nueva Izquierda, pero queremos saber esta tarde en
qué puntos nos mantenemos todos en el espíritu y la letra del Pacto
de Toledo y en cuáles divergimos.
Dicho esto, señor presidente, que sean todos ustedes muy felices y
nos veremos en otras ocasiones, que espero que sean para bien de
todos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Estoy seguro que se lo deseamos todos a su
señoría. Muchísimas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS A
ADOPTAR PARA QUE DISMINUYA EL PRECIO DE LA VIVIENDA, DE MANERA QUE SE
PUEDA ACCEDER A UNA VIVIENDA DIGNA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA
CONSTITUCIÓN. (Número de expediente 173/000144)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, finalmente, a la tercera de las
mociones presentadas, en este caso por el Grupo de Izquierda Unida,
sobre medidas a adoptar para que disminuya el precio de la vivienda,
de manera que se pueda acceder a una vivienda digna en los términos
que establece la Constitución.
El señor Fernández tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Voy a pasar a defender la moción que presenta a esta Cámara Izquierda
Unida, pero permítame que previamente haga algún comentario y alguna
reflexión sobre el debate que se produjo el día 28 como consecuencia
de la interpelación de mi grupo, debate del que nosotros sacamos una
conclusión bastante clara, y es que el Gobierno y el partido que
sustenta al Gobierno se han cerrado en la defensa de unas posiciones
monolíticas y no quieren ver ni conocer si existen políticas
alternativas a lo que están haciendo en torno a la vivienda. A
nosotros nos parece que lo mismo que en medicina existen distintos
remedios para curar las enfermedades si el diagnóstico es bueno,
también en la política de la vivienda debieran existir, y existen,
distintos mecanismos para afrontar esta situación que nosotros
entendemos que es anómala. El Partido Popular, en cambio, para
resolver el acceso a la vivienda, el grave problema que padecen las
capas sociales con menos poder adquisitivo de este país, sólo está
confiando en una receta milagrosa, y es la receta del mercado, que
sean los empresarios los que resuelvan y los que se ocupen de este
asunto. No son capaces de ver que la labor del empresario no es una
función social; no son capaces de ver que el empresario se limita a
construir viviendas, a venderlas al mejor precio posible y que, por
lo tanto, las medidas correctoras les toca introducirlas al Gobierno,
a las comunidades y a los ayuntamientos para facilitar el acceso a la
vivienda.
Nosotros en la interpelación apuntábamos algunos hechos que creemos
que son totalmente evidentes. El primero es que el precio de la
vivienda ha subido espectacularmente en 1998, un 7,43 por ciento, y
que con toda seguridad va a seguir subiendo en el año 1999, incluso
por encima de esta cifra. También apuntábamos que se construye un
número de viviendas con ayudas públicas insuficiente y que el
Gobierno desconoce la necesidad real que existe de vivienda pública
porque no tiene datos fiables de demanda en rentas inferiores a los
5,5 millones de pesetas, que es lo que establece el Plan de la
vivienda. También constatábamos que la subida del 7,43 por ciento en
el precio de la vivienda no está justificada ni por el incremento de
la mano de obra ni tampoco por la subida del coste de los materiales.
Hay un dato que a nosotros nos parece importante resaltar, y es que
la demografía está estancada. Sin embargo, entre el año 1997 y 1998
ha habido 832.000 visados de viviendas y es probable que en 1999 se
visen en torno a 400.000. Por lo tanto, lo más probable es que el
auge de este sector obedezca simplemente a una demanda muy fuerte
motivada por el sector inmobiliario, que es un buen refugio para el
dinero y sobre todo para los capitales opacos.
No tiene lógica que el ministro de Fomento, el señor Arias-Salgado, y
el Partido Popular estén manteniendo que no hay suelo para edificar.
Si constatamos que en tres años se va a construir un total de
1.232.000 viviendas, esto quiere decir que hay suelo para edificar.
Pero no es solamente eso, es que, como mínimo hay cuatro veces más
suelo urbanizable en condiciones de ser urbanizado. Por consiguiente,
este no es el problema, es otro. También decía anteriormente
que se construye un número de viviendas públicas insuficiente. Si
tomamos como buenas las cifras que manejamos en la interpelación, en
los últimos años, incluyendo 1999, se van a construir ese número que
he dado anteriormente, más de 1.200.000 viviendas, y sólo el 30 por
ciento de estas viviendas contará con algún tipo de ayuda oficial. Si
tenemos en cuenta que el 80 por ciento de las rentas de trabajo de la
población activa no supera los 5.500.000 pesetas anuales, nos
encontramos con que un 50 por ciento de la población, señor Ortiz,
tiene que recurrir al mercado de vivienda libre, mercado que yo creo
que usted conoce bien y que, como sabe, tiene unos precios
prohibitivos para este tipo de rentas.
Decía el ministro también en la interpelación que, gracias a la
política en materia de vivienda de este Gobierno, el esfuerzo
familiar para adquirir este bien tan preciado ha disminuido en un 10
por ciento, es decir, que una familia dedica el 26 por ciento de sus
ingresos en la compra de vivienda frente al 36 por ciento de hace
unos años. Pero yo creo que éste es un dato que al menos está
manipulado, porque en vivienda protegida es totalmente cierto que
estas familias tienen que destinar el 26 por ciento de sus ingresos
para pagar una vivienda, sin embargo, esto es totalmente irreal en
las viviendas libres. En las viviendas libres el esfuerzo de
cualquier familia con ese tipo de rentas al que nos hemos referido
anteriormente puede alcanzar y alcanza el 40 por ciento de la renta
familiar. Por lo tanto, nosotros entendemos que lo que hay es una
clara manipulación de los datos, señor Ortiz, porque es imposible que
la adquisión de una vivienda libre para rentas inferiores a los
5.500.000 pesetas suponga el 26 por ciento de dedicación de sus
recursos. Por lo tanto, creo que habría que hablar con propiedad por
lo que decía antes, es decir, porque hay que sacar un diagnóstico
claro de cuál es la realidad para saber cuál es la receta a aplicar.
Hoy debatimos esta moción que contiene seis puntos y todos ellos
están dirigidos a facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos.
Las medidas que proponemos competen al Estado totalmente, porque no
es cierto que el Estado no pueda actuar en políticas de vivienda, es
totalmente inexacto lo que se decía aquí hace dos semanas, que el
Estado no tiene nada que ver con la vivienda porque son competencias
asumidas por las comunidades autónomas. De hecho, el Gobierno sabe
perfectamente que, a través de los distintos planes de vivienda
estatales, se ayuda a estas rentas bajas a adquirir una vivienda.
El primer punto que proponemos es que los suelos de propiedad de
diversos organismos públicos que estén desafectados se destinen a la
construcción de vivienda pública o vivienda que contenga ayudas
públicas en un porcentaje no inferior al 50 por ciento. El motivo de
esta propuesta es que el enorme patrimonio de suelo de los organismos
públicos -SEPI, Defensa y demás organismos públicos- ayudaría con
toda seguridad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a
promocionar viviendas de protección. Recuerden SS.SS. que el suelo
desafectado en este momento por estos organismos a los que
anteriormente mehe referido, alcanza a varios millones de metros
cuadrados,
supone una suma increíble. Si el Gobierno pusiera todo este
patrimonio al servicio de políticas de vivienda, seguramente
estaríamos en vías de solucionar este problema. Yo creo que al final
es posible que ...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, ha de concluir.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Sí, señor presidente.
El segundo punto que proponemos es que el Gobierno, de acuerdo con
las comunidades autónomas, realice estudios para conocer cuál es la
situación no ya solamente del mercado, sino también de la evolución
demográfica, de la reposición de viviendas que son necesarias y sobre
una serie de conceptos que pueden ayudar al establecimiento de
políticas activas de vivienda.
En el tercer punto decimos que se aumenten las partidas destinadas a
la construcción de vivienda pública en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000 en un 0,2 por ciento sobre el producto
interior bruto. Como es conocido, en esta legislatura se ha producido
un incremento similar, un 0,2 sobre el PIB, y lo que pretendemos es
que en el año próximo subamos otro 0,2 por ciento, para situarnos más
cerca de la media europea.
En el cuarto punto hablamos de que se adopten las medidas
legislativas necesarias para limitar la deducción por adquisición de
vivienda habitual a aquellos contribuyentes cuya base liquidable sea
superior a los seis millones de pesetas. No entendemos que el Estado
tenga que proporcionar ayudas para conseguir una vivienda, aunque
sean indirectas, aunque sean ayudas fiscales, a todas aquellas
personas que tienen rentas superiores a los seis millones de pesetas,
porque sus posibilidades económicas ya se lo permiten.
En el quinto punto decimos que este ahorro fiscal que se puede
producir como consecuencia de esta política fiscal se destine
nuevamente al concepto de vivienda.
Por último, en el sexto punto decimos que en las ciudades
especialmente afectadas por el problema de la escasez de vivienda el
Gobierno lleve a cabo convenios con otras administraciones públicas
para adoptar medidas excepcionales de choque. En este caso, nos
estamos refiriendo a convenios que ya existen, como, por ejemplo, el
que existe con Ceuta y Melilla, como el que ha existido en algunos
Presupuestos Generales del Estado con Canarias o incluso con
Extremadura.
Al final, lo que estamos proponiendo es que el Gobierno se mueva, que
haga todo lo posible por solucionar este problema, que está en la
calle, que padecen los ciudadanos, que no es similar al problema de
Barajas, donde la gente se junta, se moviliza. Aquí las familias
sufren de una manera individual y consideramos que hay que ponerle
remedio.
Con esto doy por terminada mi intervención. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
Se han presentado enmiendas por parte del Grupo Socialista, para cuya
defensa tiene la palabra la señora Ballesteros.
La señora BALLESTEROS BELINCHÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el debate de hace dos semanas en esta Cámara sobre el
precio de la vivienda sirvió para dejar constancia del reconocimiento
por parte de todos los grupos que intervinieron, incluso del
Gobierno, de la evolución al alza que dicho precio tuvo en 1998,
situándose en torno a un 7 por ciento. Coincidimos con el grupo
proponente en la necesidad de tomar medidas encaminadas a evitar las
previsiones de subida para el presente año. Por otro lado, y dada la
respuesta que en el debate obtuvimos del Gobierno y de su grupo,
pudimos observar que siguen empecinados -por utilizar la misma
palabra que el portavoz popular- en sus posiciones. Siguen llamando
intervencionismo al propósito de compatibilizar la ley del mercado
con los mandatos constitucionales. Fíjense, nosotros incluso podemos
llegar a aceptar la postura maximalista del Gobierno de que el
mercado puede organizar eficazmente la vida económica y social, pero
cuando la experiencia, como en el caso que nos ocupa, nos demuestra
que no es suficiente, admitan al menos la necesidad de introducir
medidas correctoras que suplan la desviación que la ley del mercado
pueda ocasionar, como es la protección a los más desfavorecidos en su
nivel adquisitivo, función ésta clave en la posición de un gobierno y
que distingue a unos gobiernos de otros.
En este colectivo de desprotegidos por la ley del mercado están las
personas con un nivel de renta bajo o inicial. Estas personas no
pueden acceder a los derechos que establece la Constitución de
disponer de una vivienda digna y adecuada. Por ello, el Grupo
Parlamentario Socialista tiene que volver a reiterarles que su
política de vivienda no está funcionando y que su actual Ley del
Suelo no sirve para compatibilizar los criterios constitucionales de
acceso a una vivienda digna para los más desprotegidos. Esta realidad
la siguen ocultando detrás de débiles argumentos, como la subida de
los costes de construcción o de la mano de obra, para defender así la
desviación de sus previsiones, cuando saben que estos no son los
elementos principales que influyen en el coste final de la vivienda y
que ha habido otros factores que han jugado favorablemente a la baja.
Cualquier observador un poco entendido en esta materia sabe que es el
suelo el elemento fundamental que puede encarecer o abaratar de un
modo significativo el precio final de la vivienda.
No podemos, por tanto, señorías, seguir esperando impasibles a que
pase la coyuntura a la que el Gobierno acusa incansablemente unas
veces de sus éxitos y otras de sus fracasos. Por ello, señorías,
aunque nos llamen intervencionistas, vamos a aceptar en general las
medidas presentadas en la moción. No obstante, introducimos cuatro
enmiendas porque creemos que mejoran la finalidad que reclamamos.
Introducimos una enmienda de carácter general con la que pretendemos
ampliar el ámbito de aplicación de las medidas que se proponen en la
moción a todas aquellas viviendas que gocen de algún tipo de
protección pública, y no sólo a las de titularidad pública, como
parece desprenderse del término «vivienda pública» que se utiliza en
este texto de la moción. Por ello se propone la sustitución
de este término por el de «vivienda protegida» en los puntos donde
aparece, que son el 1, el 3 y el 5.
En el punto 2 se introduce, como resultado del estudio que se
propone, y que nosotros aceptamos, la realización de un programa de
actuaciones sobre suelos de titularidad pública dirigido a la
construcción de viviendas protegidas en alquiler para jóvenes,
atendiendo así una de las reivindicaciones oídas en esta Cámara por
los jóvenes, en la que aludían al incumplimiento de las previsiones
del Gobierno en materia de vivienda.
En el punto 4 se añade: las medidas legislativas necesarias para
revisar la fiscalidad sobre la vivienda, favoreciendo las viviendas
en alquiler. Y añadimos un punto 5.bis para dar cumplimiento al
mandato existente en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1995,
relativo al establecimiento de beneficios fiscales para aquellos
propietarios cuyos inquilinos no estén obligados por su nivel de
renta a actualizarla.
Esperamos su aceptación, porque coincidimos en la finalidad y en la
necesidad de facilitar una vivienda a aquellos más desfavorecidos por
la sociedad. Por lo tanto, señorías, votaremos a favor de sus
medidas.
Nada más, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ballesteros.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Señor Mardones, señor
Sedó.
Brevedad, por favor, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Intervengo con gran brevedad, señor
presidente, atendiendo su ruego en este trámite.
Mi grupo se ve obligado a votar negativamente esta moción de
Izquierda Unida, pero ponemos por delante una cuestión, que es el
interés político social que mi grupo político tiene en la resolución
del problema de la vivienda, en cualquiera de sus segmentos
económicos o cronológicos, por edades, el segmento juvenil, el
segmento de la tercera edad o cualquiera de los componentes
familiares que hay ahí. Pero hay una cuestión de fondo y de forma en
esta moción que trae Izquierda Unida, y es que parece olvidarse de
que esta materia es competencia de las comunidades autónomas. No es
una competencia estatal, es una competencia que vienen desarrollando
las comunidades autónomas, y una serie de puntos que hay en la moción
son para nosotros, ateniéndonos a la Constitución y al Estatuto de
Autonomía de Canarias, de imposible votación, porque estaríamos
haciendo una extracción de un derecho ya adquirido por la comunidad
autónoma, y el Gobierno de la Comunidad Autónoma canaria, comunidad
que se encuentra con unos problemas, por el hecho de la fragmentación
territorial insular, muy específicos y singulares, viene atendiendo
una serie de principios que hay aquí.
Ahora bien -voy con mucha rapidez atendiendo el ruego del señor
presidente de la Cámara-, el primer punto, que los suelos propiedad
de diversos organismos públicos que estén desafectados se destinen a
la construcción de viviendas públicas -entiendo que son las
protegidas o de protección oficial- supone obligar al ayuntamiento
a un demérito de su patrimonio de solares y suelo que tiene
calificados y por los que puede obtener en venta libre recursos para
obtención de suelo para viviendas en otros términos del ayuntamiento.
La segunda cuestión que se plantea es que es competencia pura, simple
y estatutaria de las comunidades autónomas, incluso los estudios
básicos, porque el personal destinado a ello es competencia de las
comunidades autónomas, así como el cometido de encomendar el estudio.
Los puntos tres y cuatro son enmiendas a los Presupuestos Generales
del Estado. Si se quiere obtener recursos, cuando llegue a la Cámara
el proyecto de ley de presupuestos generales acúdase a él para hacer
las dotaciones correspondientes, porque, ¿cómo vamos a hacer en mitad
del año y por vía de una moción una modificación de los Presupuestos
Generales del Estado en una materia presupuestaria a la que, además,
no se acompaña ningún estudio económico?
Respecto del último punto, el tratamiento fiscal, resulta que a los
que tengan en la declaración de la renta una base liquidable superior
a seis millones de pesetas no les damos ningún beneficio, y si una
familia, en una economía libre y positiva obtiene un incremento de
renta, quiere mejorar de vivienda, se va a una mejor y deja una
libre, a ese no sólo no le damos ningún beneficio sino que le
obligamos a mantenerse en una vivienda con una renta encubierta. Esto
es un dislate de tipo fiscal, económico y social de los de mayor tono
que se han visto, porque se sabe que en política de vivienda una
mejora de clase es una elevación del status de esa vivienda, se deja
libre otra de medida inferior por cuestiones familiares o de renta.
Si encima llega una enmienda del Grupo Socialista que dice que se
beneficie fiscalmente el alquiler de la vivienda, resulta que los
beneficios que parecen obtenerse por una detracción del impuesto
sobre la renta de las personas físicas se van a compensar con otro.
No sabemos ni la envergadura ni el coste que esto pueda tener.
En aras de la brevedad, no voy a seguir analizando una cosa que es
inviable presupuestaria, estatutaria y también fiscalmente, porque mi
grupo se opone a que haya un tratamiento fiscal en la medida que se
propone en esta moción, porque es regresivo y es un auténtico dislate
en la política dinámica de cambio de vivienda por mejora de situación
económica, de condiciones sociales o de ubicación, ya que van dejando
viviendas libres para otras personas o familias que lo necesiten.
Por tanto, señor presidente, nos oponemos directamente a todos y cada
uno de estos puntos, siendo conscientes de la necesidad de una
política de viviendas, pero que la resuelvan las comunidades
autónomas. Por ese motivo votaremos en contra de esta moción, señor
presidente.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar nuestra posición respecto a estamoción de
Izquierda Unida sobre política de la vivienda.
Nuestro grupo no va a votar favorablemente la misma porque cada uno
de sus puntos tiene pegas muy concretas. El primer punto, donde se
habla de los suelos propiedad de diversos organismos públicos, es un
tema que reiteradamente se ha debatido en la Cámara. Sin ir más
lejos, el mes de octubre pasado aprobamos una moción de contenido
similar, más precisa y concreta, que instaba al Gobierno a presentar
un programa de actuación concertada con las comunidades autónomas
sobre suelos de titularidad pública estatal cuando estos fuesen
desafectados. Por tanto, es algo que ya está prácticamente aprobado y
en marcha su puesta en funcionamiento.
En el punto dos se habla de los estudios necesarios para determinar
las necesidades reales. Es algo que ya se hace por parte de todas las
comunidades autónomas y el Gobierno dispone de esa información porque
las comunidades autónomas se la pasan.
En el punto tres, donde se habla del aumento de partidas destinadas a
la construcción, nosotros no entendemos bien si lo que se pretende es
situar el gasto destinado a vivienda pública en un 0,2 por ciento del
PIB o si se quiere incrementar ese tanto por ciento en un 0,2 por
ciento. Es decir, si tiene que ser un 0,2 o el incremento es un 0,2
por ciento. De todas maneras, en la actualidad, el volumen de gasto
público en vivienda está en el orden del 1,3 por ciento del PIB.
Los puntos cuatro y cinco tienen unas referencias de tipo
legislativo. Prácticamente, se acaba de discutir y aprobar la reforma
del IRPF. Por lo tanto, no viene al caso entrar en un nuevo debate y
votación.
Por último, en relación con el plan para las ciudades especialmente
afectadas, hay que tener en cuenta que el Plan general de la vivienda
está vigente hasta el 2001 y contempla medidas en el sentido que se
señala en el punto sexto de la moción.
Por todo ello, nuestro grupo no puede apoyar el texto de la moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sedó.
El señor Ortiz creo que también quería hacer una breve intervención,
en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con la mayor brevedad posible, dado lo avanzado de la hora, voy a
fijar la posición de mi grupo en relación con esta moción y con las
enmiendas. Vaya por delante que nuestra posición va a ser contraria a
la moción, coincidente con los grupos que apoyan al Gobierno, en este
caso los de Coalición Canaria y Convergència i Unió, pero voy a hacer
algunas reflexiones de carácter general. Quiero añadir que en pocas
ocasiones como en ésta tiene sentido la vieja distinción entre
objetivos y medios o instrumentos para conseguirlos, porque de la
misma manera que no puedo estar en desacuerdo con la moción en el
objetivo básico que persigue, que es la disminución del precio de la
vivienda, no puedo menos que estar en desacuerdo con los medios o con
los instrumentos que se proponen para conseguirlo.
En primer término, señorías, hay un problema competencial, al que ha
hecho referencia el portavoz de Coalición
Canaria. Es obvio, pero parece que no es ocioso recordarlo, que el
artículo 148.1, 3.ª de nuestra Constitución establece, para aquellas
autonomías que hayan madurado estatutariamente, la competencia con
carácter exclusivo en materia de ordenación del territorio, vivienda
y urbanismo; y al Estado le corresponde actuar en esta materia -de
acuerdo con lo establecido, como es bien sabido, en el artículo
149.1, 13.ª-: las bases y la coordinación de la planificación general
de la actividad económica. En definitiva, con el juego de este
precepto constitucional del 149, al Estado le corresponden
competencias en vivienda -qué duda cabe, señor Fernández-, pero muy
limitadas. En primer lugar, la determinación del esquema general de
protección (es decir, los niveles de renta que tienen derecho a los
subsidios, a las subvenciones o a las ayudas en materia de vivienda);
en segundo lugar, el esquema de financiación (obviamente, la fijación
de los recursos presupuestarios y de los créditos a concertar con las
entidades financieras) y, en tercer lugar -por decirlo rápidamente y
en dos palabras-, el esquema fiscal. Pero en todo lo demás, señorías
-y particularmente, señor Fernández-, las competencias son
autonómicas, absolutamente autonómicas. La gestión, la ejecución, el
desarrollo de la política de vivienda es competencia autonómica. Si a
esto agregamos la problemática del suelo después de la doctrina
constitucional última, de la sentencia de 20 de marzo de 1997, sólo
quiero recordar que un ilustre jurista ha podido decir que, después
de esta sentencia, el derecho urbanístico ha dejado de ser derecho
estatal para convertirse en derecho autonómico.
Además, señorías, en el análisis pormenorizado e individualizado de
las propuestas de la moción no se puede sino estar en radical o casi
radical desacuerdo, incluso en las enmiendas que pretenden mejorarla.
Respecto a la primera propuesta, referida a la vivienda pública (no
vivienda de protección pública o de protección estatal, como pretende
la enmienda socialista), hay que decir que, por una parte, debe
emplazarse allí donde el suelo lo permita y, por otra, que su valor
es fuente de recursos para otras prioridades de carácter público
(pensemos en el Ministerio de Defensa o en la Gerencia de
Infraestructuras del Ministerio de Defensa) o, incluso, para la
ubicación de viviendas públicas, pero en una localidad diferente. Esa
adscripción del 50 por ciento, como mínimo, del valor del suelo
público para dedicarlo a vivienda de carácter público es
absolutamente impensable e inaplicable.
En cuanto a la necesidad de estudios que valoren las necesidades de
vivienda -perdón por la redundancia-, hay que decir que estos
estudios existen en el Ministerio de Fomento, que difícilmente se
puede hacer un plan cuatrienal de vivienda ahora y el Grupo
Socialista difícilmente lo pudo hacer con anterioridad sin tener un
estudio global de necesidades de vivienda. No pretenderá S.S. que el
Estado haga un estudio pormenorizado, localidad por localidad,
municipio por municipio, región por región, de las necesidades de
vivienda.
La pretensión del punto tercero es que se aplique un incremento del
0,2 del PIB -y le aclaro esto al representante de Convergència i
Unió, porque me da la impresión de que S.S. no lo ha cuantificado,
pero yo sí, son 170.000
millones de pesetas más-, como decía el señor Mardones, significa
introducir una enmienda casi a la totalidad de los presupuestos del
Estado cuando están en plena vigencia, con independencia de que las
cifras de gasto fiscal en este país son muy importantes. Yo las daba
el otro día con ocasión del debate de la interpelación. El gasto de
las administraciones públicas en vivienda es del orden de 1 billón
300.000 millones de pesetas, que no es cifra despreciable, que está
en el entorno del 1,4 del PIB. Hay 711.000 millones de pesetas de
gasto fiscal en los presupuestos del Estado para 1999, más 140.000
millones de pesetas en el presupuesto del Ministerio de Fomento para
ayudas a la vivienda, más 342.000 millones de pesetas, que es la suma
de todas las ayudas que de modo autónomo, independiente, dan las
distintas comunidades autónomas. Me parece que hay poco que corregir
en este punto.
En aras a la brevedad, me remito a las palabras del señor Mardones en
su argumentación respecto a la idea de que se limite la deducción por
vivienda a aquellas bases liquidables superiores a seis millones de
pesetas; aparte de que sería una injusticia, de que significaría
modificar una normativa tributaria recientemente aprobada, además,
señor Fernández -usted seguramente no lo ha meditado dos veces-,
produciría un efecto inducido de encarecimiento global del conjunto
del mercado de la vivienda que revertiría frente a aquella vivienda
de protección pública o aquélla que se pretende barata. Además,
afectaría sólo a un 5 por ciento de los beneficiarios de esta
deducción, y el ahorro fiscal, según las estimaciones que me han
facilitado, no rebasaría los 15.000 millones de pesetas.
En cuanto a los convenios que sugiere S.S. en la moción, ya se están
practicando. La política de vivienda del Ministerio de Fomento se
articula precisamente a través de un conjunto de convenios con las
comunidades autónomas y se están propiciando e impulsando los
convenios entre comunidades autónomas y ayuntamientos.
En definitiva, señoría, estamos de acuerdo con el objetivo de
disminuir el precio de la vivienda, pero no estamos en absoluto de
acuerdo con el camino. Creemos que el camino es el que está siguiendo
el Gobierno, que se apoya en tres hitos fundamentales a los que me
refiero rapidísimamente, señor presidente.
En primer lugar, seguir con la mejora de la accesibilidad de la
vivienda. Le recuerdo a S.S. que este dato no es una manipulación.
Cuando decimos que el esfuerzo familiar en términos de renta
disponible a aplicar a la adquisición de una vivienda ha bajado del
56 por ciento, donde estaba en el año 1991, al 26 por ciento en la
actualidad, no es una manipulación, lo que sucede -S.S. no lo ha
tenido en cuenta- es que se tiene en cuenta ese enorme gasto fiscal
de un billón 300.000 millones de pesetas en su imputación individual
a que antes he hecho referencia. En segundo lugar, proseguir con esta
política de gasto fiscal, con la política de deducciones a la
vivienda o la política de ayudas públicas a la vivienda en la forma
en que está contemplado en el plan de vivienda. En tercer lugar,
proseguir con el plan de vivienda, con insistencia en facilitar
acceso a la vivienda, ayudas a la vivienda, a los más necesitados,
fundamentalmente a los segmentos jóvenes.
El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, concluya, por favor.
El señor ORTÍZ GONZÁLEZ: Asimismo, a la tercera edad, y, en
definitiva, a todos los colectivos desprotegidos.
Por estas razones, no por un empecinamiento, como decía la portavoz
socialista, no porque mantengamos una posición monolítica, no porque
creamos que las actuaciones corresponden a los empresarios (ahí está
el gasto fiscal de un billón 300.000 millones de pesetas a cargo del
Estado), seguimos manteniendo la política que está llevando el
Gobierno del Partido Popular, que se plasma en este Plan 1998-2001 y
en una aplicación rigurosa y concorde con las comunidades autónomas y
los ayuntamientos sobre la liberalización del suelo que se operó por
la Ley 13 de abril de 1998.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: El señor Fernández tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, voy a manifestar
nuestra aceptación a las enmiendas que ha propuesto el Grupo
Socialista. Una es de sustitución, simplemente es cambiar la
expresión vivienda pública por la de vivienda protegida, concepto con
el cual estamos de acuerdo porque es más extendido, y el resto de las
enmiendas que nos plantean se complementan con los puntos que
nosotros hemos presentado.
No sé si el presidente me va a permitir cincuenta segundos para
expresar por lo menos mi rechazo personal a la actitud que ha
mantenido en este debate el señor Mardones, que se ha mostrado como
un escudero del Grupo Popular...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, no procede en modo alguno,
porque el reglamento no lo permite.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES (VOTACIONES)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS E INICIATIVAS DE
CARÁCTER GENERAL PARA CORREGIR Y PALIAR LOS EFECTOS DEL DÉFICIT
HÍDRICO EN LAS COMUNIDADES DEL ARCO MEDITERRÁNEO, ESPECIALMENTE EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones,
comenzando por aquellas que corresponden a la moción sobre el déficit
hídrico, en la que se han planteado cinco votaciones separadas.
En primer lugar, sometemos a votación el punto número 1 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
265; a favor 121; en contra, 143, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 2, salvo el último guión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
266; a favor, uno; en contra, 264; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. Último guión del punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
268; a favor, 10; en contra, 258.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
268; a favor, 123; en contra, 145.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 3.
Punto número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
268; a favor, 122; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado también el punto 4.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA SITUACIÓN Y
PERSPECTIVAS DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL PACTO DE TOLEDO
Y SOBRE LOS EQUILIBRIOS PATRIMONIALES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego atención a los portavoces que lo
han sido de los diferentes grupos en la siguiente moción, la que se
ha debatido sobre el Pacto de Toledo y que ha presentado el Grupo
Socialista. En principio el señor Cercas, ponente de dicho grupo,
planteaba la votación separada de los 10 puntos. A requerimiento de
la Presidencia, aceptaría votar en un primer bloque los primeros
cinco puntos, por separado el punto 6, en otro bloque los puntos 7,8
y 9, y finalmente el punto 10. ¿Algún grupo desea otro tipo de
separación? (Pausa.)
Votamos, en primer lugar, los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
267; a favor, 122; en contra, 144. abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los primeros cinco puntos de
la moción.
Votación del punto número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
268; a favor, 112; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 6.
Votación sobre los puntos números 7, 8 y 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
268; a favor, 122; en contra, 145; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votación sobre el punto 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
268; a favor, 123; en contra, 145.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazado el punto 10.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS A
ADOPTAR PARA QUE DISMINUYA EL PRECIO DE LA VIVIENDA, DE MANERA QUE SE
PUEDA ACCEDER A UNA VIVIENDA DIGNA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA
CONSTITUCIÓN.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, votamos la moción sobre el precio de
la vivienda, con las enmiendas aceptadas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
267; a favor, 121; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Finalizado así el orden del día previsto para hoy, se suspende la
sesión hasta mañana, a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.