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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 230, de 20/04/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 230
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 222
celebrada el martes, 20 de abril de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la constitución de nuevos
señores diputados . . . (Página 12196)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley.
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del
fondo de garantía de alimentos y pensiones complementarias en
supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de
alimentos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 284-1,
de 1 de marzo de 1999 (número de expediente 122/000253) . . . (Página 12196)
- Del Grupo Socialista del Congreso, del fondo de garantía del pago
de alimentos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 297-
1, de 12 de abril de 1999 (número expediente 122/000265) . . . (Página 12196)
- Del Grupo Socialista del Congreso, de Régimen Económico y Fiscal de
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 254-1, de 30 de noviembre de 1998 (número
expediente 122/000225) . . . (Página 12205)
Proposiciones no de Ley.
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la disminución del número
de jugadores extranjeros en las Ligas Profesionales. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, número 343, de 17 de noviembre de 1998
(número expediente 162/000292) . . . (Página 12211)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al estudio
de la posibilidad de que se promueva la utilización de papel
reciclado en todos los escritos y publicaciones de todos los
organismos de la Administración del Estado. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 378, de 15 de febrero de 1999 (número
expediente 162/000327) . . . (Página 12219)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la situación del tráfico
aéreo y de los aeropuertos en España (número expediente 173/000136)
. . . (Página 12224)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
posición del Gobierno en relación a la participación española en los
bombardeos sobre la República Federal de Yugoslavia y su posible
evolución (número expediente 173/000137) . . . (Página 12239)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la protección de los derechos
de los animales y las actuaciones necesarias en determinados ámbitos
para evitar situaciones de crueldad y violencia impropias de una
sociedad avanzada (número expediente 173/000138) . . . (Página 12250)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de nuevos
señores diputados . . . (Página 12196)
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 12196)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del
fondo de garantía de alimentos y pensiones complementarias en
supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos
. . . (Página 12196)
Del Grupo Socialista del Congreso, del fondo de garantía del pago de
alimentos . . . (Página 12196)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida la señora Aramburu del Río.
Explica que con su iniciativa se trata de dar cobertura económica a
los núcleos familiares que no disponen de recursos económicos
suficientes y donde se producen impagos de las pensiones a que
hubiera lugar según las resoluciones judiciales. Añade que el 99 por
ciento de los sujetos que se encuentran en esta situación son mujeres
que lo abandonaron todo para dedicarse a sus maridos e hijos, siendo
ineficaces las garantías arbitradas al efecto en el Código Civil y
las sanciones contempladas en el Código Penal, lo que obliga a buscar
mecanismos correctores de protección de las necesidades de estas
mujeres e hijos que quedan especialmente desatendidos por la
sociedad, situándolos en la franja de la exclusión social y la
marginalidad. Recuerda a estos efectos la recomendación 869/1979 de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el artículo 39 de
la Constitución, así como los antecedentes de esta iniciativa en la
Cámara, pasando a explicar el contenido de su proposición de ley. Por
último manifiesta que le parecería una frivolidad política
inaceptable retrasar una solución inevitable y urgente por razones de
estudio, de viabilidad o de excusas socialmente inconfesables.
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Socialista del Congreso sobre el mismo asunto interviene el
señor Villarrubia Mediavilla. Expone el motivo de la presentación de
esta proposición de ley que no es otro que el incumplimiento del pago
de alimentos establecido a favor de los hijos menores de edad en
supuestos de separación judicial, divorcio, nulidad matrimonial,
procesos de filiación y de alimentos pese a estar reconocidos en
sentencia judicial. Distingue dos tipos de razones en dichos
incumplimientos: uno, voluntario, porque el obligado al pago se
niegue a cumplir; y otro, involuntario,
porque el obligado al pago no tenga posibilidad real de cumplir,
aunque el resultado en los dos casos sea el mismo y es que miles de
niños y niñas en España se encuentren en una situación de
precariedad. Recuerda asimismo el artículo 39 de la Constitución y un
reciente informe del Consejo General del Poder Judicial en donde,
coincidiendo con la exposición de motivos de la presente proposición
de ley, se dice que una protección económica familiar eficaz tiene
que garantizar que los alimentos declarados en favor de los hijos
menores de edad tengan realidad efectiva en los supuestos en que el
incumplimiento genere de hecho situaciones de necesidad. Se remite
a otras iniciativas presentadas con anterioridad y considera que ha
llegado el momento de pasar a los hechos y aprobar por ley una
solución a los problemas planteados. Se refiere a los sistemas
jurídicos de otros países que reconocen y regulan instituciones
similares al fondo de garantía del pago de alimentos que su grupo
propone, y que pasa a explicar. Hace una breve mención a la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y muestra su confianza en que su iniciativa recibirá
el voto favorable de la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida
Castro y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo
Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, y Caballero Basañez, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Solsona i Piñol, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sainz García,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, de creación del fondo de garantía de alimentos y pensiones
complementarias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo
familiar, se rechaza por 135 votos a favor, 154 en contra y una
abstención.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, del fondo de
garantía del pago de alimentos, se rechaza por 135 votos a favor, 157
en contra y una abstención.
Del Grupo Socialista del Congreso, de régimen económico y fiscal de
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla . . . (Página 12205)
Presenta la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso,
para su toma en consideración, el señor Segura Clavell. Explica en
primer lugar el camino recorrido por la proposición de ley de régimen
económico
y fiscal de la Ciudad Autónoma de Melilla, iniciativa
procedente de la Asamblea de Melilla, que se aceptó a trámite en esta
Cámara el 10 de marzo de 1998, y denuncia su accidentada tramitación
así como las reiteradas ampliaciones de plazo de presentación de
enmiendas solicitadas por el Grupo Popular. Explica el contenido de
la proposición de ley y pone de manifiesto la singular situación
geográfica de las ciudades de Ceuta y Melilla, que da lugar a un alto
índice del coste de vida y a una tasa de desempleo muy superior a la
media nacional. Por ello su grupo propone dotar a dichas ciudades del
marco normativo idóneo para el desarrollo armonioso de esa parte de
España.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor presidente comunica a la Cámara la presencia en la tribuna
de invitados del vicepresidente de la República de Bolivia y
presidente de su Cámara de Diputados, para quien solicita el aplauso
de los señores diputados.
A continuación se somete a votación la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, de régimen
económico y fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que
es rechazada por 127 votos a favor, 156 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley . . . (Página 12211)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la disminución del número de
jugadores extranjeros en las ligas profesionales . . . (Página 12211)
Presenta la proposición no de ley el señor Nieto González, en nombre
del Grupo Socialista del Congreso. Pone de manifiesto la situación de
tensión creada entre la Liga de Fútbol Profesional y la Federación
Española de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Españoles en
relación con el número de jugadores extranjeros en los equipos
profesionales españoles de fútbol. Explica que la Ley 10/1990, del
Deporte, trató de solucionar el conflicto entre los afectados
mediante el Real Decreto-ley 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre
federaciones deportivas españolas. A continuación expone las
consecuencias inmediatas de la aplicación de dicho Real Decreto-ley y
los problemas originados, y se refiere a las manifestaciones
efectuadaspor algunas autoridades de la administración deportiva
española, considerando urgente actuar con seriedad e instando al
Gobierno a ejercer una intervención mediadora en el conflicto. Opina
que su propuesta es razonable y pide para ella el voto favorable de
la Cámara, aceptando de antemano un texto transaccional en aras del
máximo acuerdo posible.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición de ley
intervienen la señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, y los señores González Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y Burballa i Campabadal, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, y Caballero Basañez, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Nieto González.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, sobre la disminución del número de jugadores extranjeros en
las ligas profesionales, en los términos resultantes de la enmienda
transaccional aceptada por los diversos grupos que han intervenido en
el debate, se aprueba por 294 votos a favor y cuatro abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al estudio
de la posibilidad de que se promueva la utilización de papel
reciclado en todos los escritos y publicaciones de todos los
organismos de la Administración del Estado . . . (Página 12219)
Presenta la proposición de ley la señora De Lara Carbó, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Explica en primer lugar
las grandes ventajas ambientales que supone la utilización de papel
reciclado y asegura que la propuesta que hoy trae a la Cámara se
enmarca en los objetivos de la Ley Básica de Residuos recientemente
aprobada. Da una serie de datos cuantitativos sobre la producción
anual de residuos sólidos urbanos y de papel y cartón, que implican
un coste de 24.000 millones de pesetas anuales, a los que hay que
sumar los costes ambientales de la eliminación de dichos residuos, y
explica la directiva de la Unión Europea, aprobada recientemente, con
la que se pretende racionalizar el uso de los vertederos para frenar
su impacto sobre el medio ambiente e impulsar sistemas menos
contaminantes.
Afirma que en los últimos años se han desarrollado
tecnologías para fabricar diversas variedades de papel reciclado de
alta calidad, a la vez que, en el proceso de blanqueo, se ha ido
sustituyendo el cloro por el peróxido de hidrógeno, ozono u oxígeno
gasificado, encuadrándose la utilización de papel reciclado en la
Administración pública en el artículo 26.2 de la Ley Básica de
Residuos, que indica textualmente que las administraciones públicas
promoverán el uso de materiales reutilizables, reciclables y
valorizables, así como productos fabricados con material reciclado,
que cumplan las especificaciones técnicas requeridas en el marco de
la contratación pública de obras y suministros. Por todos los motivos
expuestos considera que es conveniente apoyar la proposición de ley
que presenta el Grupo Popular, proponiendo no obstante, y después de
la lectura de las enmiendas presentadas, una enmienda transaccional
que unifica los criterios de todos los grupos.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso intervienen las
señoras Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Marón Beltrán, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las diferentes enmiendas
presentadas interviene la señora De Lara Carbó.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al estudio de la posibilidad de que
se promueva la utilización de papel reciclado en todos los escritos y
publicaciones de todos los organismos de la Administración del
Estado, en los términos resultantes de la enmienda transaccional
admitida por los diversos grupos, se aprueba por 298 votos a favor y
una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 12224)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la situación del tráfico
aéreo y de losaeropuertos en España . . . (Página 12224)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Segura Clavell, en nombre del Grupo Socialista del Congreso. Pide la
reprobación del ministro de Fomento por mancillar el buen nombre de
España cuando nada más comenzar su mandato calificó al aeropuerto de
Barajas de aeropuerto tercermundista, por batir todos los récords en
lo que se refiere al cese fulminante de responsables de su
departamento o por mostrar una gran inventiva en la búsqueda de
causas que justificasen el caos aeronáutico español, refiriéndose a
continuación al editorial de hoy del periódico 'ABC' crítico con la
gestión del Gobierno. Acusa al señor ministro de haber desbaratado
todo el sistema de gestión aeronáutica en el país, en primer lugar,
debilitando hasta extremos inconcebibles la industria aeronáutica
española y, en segundo lugar, estimulando con sus actuaciones la
entrada de las grandes empresas constructoras españolas en la
explotación de una serie de servicios que venían siendo gestionados
por AENA. Afirma que se ha debilitado AENA en aras de conseguir la
privatización global de la red aeronáutica española, en contra del
criterio del Grupo Socialista que aboga, desde la óptica de la
cohesión del Estado, por una red aeroportuaria que coadyuve a esa
cohesión y a la potenciación de la industria y del transporte
aeronáutico español. Expone una serie de hechos puntuales y anécdotas
acaecidas estos días en los aeropuertos españoles que han llevado a
una situación insostenible y anuncia que en un próximo turno, después
de haber oído las intervenciones de los enmendantes, manifestará la
posición de su grupo con respecto a las enmiendas.
Interviene en el debate el señor ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo). Rechaza las cuatro afirmaciones en que se basa la
interpelación -falta de previsión para adaptar las infraestructuras
aeroportuarias españolas, inexistencia de una política de tráfico
aéreo, pérdida de competitividad del sistema aeroportuario español y
la elusión de responsabilidades- contrastándolas con los logros
obtenidos por su departamento en la gestión llevada a cabo a lo largo
de dos años y once meses por el actual Gobierno.
En turno de réplica interviene el señor Segura Clavell, duplicando el
señor ministro de Fomento.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Peralta Ortega y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Mixto; la señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y el señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Segura Clavell.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Socialista del Congreso, sobre la situación del tráfico
aéreo y de los aeropuertos en España, en los términos resultantes de
la aceptación por el grupo proponente de diversas enmiendas, se
rechaza por 145 votos a favor y 164 en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posición
del Gobierno en relación a la participación española en los
bombardeos sobre la República Federal de Yugoslavia y su posible
evolución . . . (Página 12239)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Anguita González, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Manifiesta que sube a la tribuna después de 28 días
de guerra contra Yugoslavia, 28 días de errores trágicos, 28 días de
éxodo de la población kosovar como consecuencia en primera instancia
de la limpieza étnica de Milosevic, pero intensificada por la propia
acción de los bombardeos, 28 días de participación española con
personal y armamento y con el empleo a tope de las cuatro bases de
utilización conjunta, y pregunta cuánto dinero se lleva invertido y
cuánto se prevé gastar, y afirma que después de 28 días del inicio de
esta guerra se está en el umbral de la locura al prepararse una
invasión terrestre que llevará a una tremenda carnicería con
consecuencias imprevisibles en la zona y para la paz mundial,
teniendo como campeones a tres políticos: Bill Clinton, Tony Blair y
José María Aznar. Subraya el hecho de que a los 28 días de estar en
guerra y ante la inminencia de unaintensificación del conflicto, esta
Cámara va a votar sobre el conflicto gracias a la moción de Izquierda
Unida, porque ni el Gobierno ha pedido la autorización del Parlamento
ni lo ha exigido el partido más numeroso de la oposición. Afirma que
es urgente impedir la escalada del conflicto y parar inmediatamente
la guerra y las causas reales, o supuestas, directas o indirectas,
que la impulsan, y ratifica la posición de su grupo ya conocida por
la opinión pública. Desarrolla los once puntos de que consta su
moción diez que entregaron al secretario general de las Naciones
Unidas y uno más que pretende desarrollar iniciativas legislativas
para cumplir el artículo 63 de la Constitución-y plantea una serie de
preguntas sobre la idea de la gran Albania, creada en Kosovo, con
Albania y Macedonia, sobre el futuro de toda la región y sobre el
papel a jugar por Rusia. Considera que el Gobierno se está metiendo
en un lío porque desconoce lo que va a pasar, desmintiendo cada día
las declaraciones anteriores, y solicita el desarrollo legislativo
que haga posible que en la Cámara se cumpla la legalidad, pero no
para justificar la guerra, sino basándose en el derecho
internacional, en la justicia social y en la ayuda a los pueblos
oprimidos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Moya
Milanés, del Grupo Socialista del Congreso; Vázquez Vázquez (don
Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y Fernández de Mesa Díaz
del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Anguita González.
A continuación se procede a la votación por separado, a petición del
señor Anguita, en nombre de su grupo, de los once puntos de la moción
consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, siendo todos ellos
rechazados.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la protección de los derechos de
los animales y las actuaciones necesarias en determinados ámbitos
para evitar situaciones de crueldad y violencia impropias de una
sociedad avanzada . . . (Página 12250)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora
Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto. En aras a la
brevedad, se remite a los argumentos expuestos la semana pasada en la
interpelación urgente a la señora ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación y resume la moción en tres aspectos fundamentales: el
primero es la necesidad de un libro blanco que estudie la situación
de los animales en todo el Estado; el segundo es la modificación de
diversos artículos del Código Penal para elevar la falta a delito y
conseguir que el maltrato y la tortura a los animales sea considerado
un elemento tipificable y penalizable; y el tercero es la necesidad
de prohibir a los menores la entrada en las corridas de toros.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Madrid López, del Grupo Socialista del Congreso, y Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Centella
Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la
señora Castro Masaveu, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Rahola i Martínez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, suscrita y presentada por la señora
Rahola i Martínez, sobre la protección de los derechos de los
animales y las actuaciones necesarias en determinados ámbitos para
evitar situaciones de crueldad y violencia impropias de una sociedad
avanzada, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por
141 votos a favor, 87 en contra y tres abstenciones.
Se suspende la sesión a las once y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Por favor, ocupen sus
escaños.
Vamos a comenzar la sesión, que se abre con un punto previo a los
contenidos en el orden del día, cual es la toma de juramento o
promesa que exprese el compromiso constitucional del diputado que
sustituye a don Joan Romero González, don Joan Ignasi Pla Dura.
Don Joan Ignasi Pla Dura, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor PLA DURA: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En consecuencia, el señor Pla Dura ha obtenido la condición plena de
diputado. Bienvenido y enhorabuena.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE CREACIÓN DEL
FONDO DE GARANTÍA DE ALIMENTOS Y PENSIONES COMPLEMENTARIAS EN
SUPUESTOS DE RUPTURA MATRIMONIAL O DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DE ALIMENTOS
(Número de expediente 122/000253)
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, DEL FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO
DE ALIMENTOS (Número de expediente 122/000265)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Debate sobre la toma
en consideración de diversas proposiciones de ley, que comienza con
la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación
del fondo de garantía de alimentos y pensiones complementarias en
supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar. También hay
una proposición de ley del Grupo Socialista sobre la misma materia,
de forma que se acumulará la tramitación de ambas, fijándose
posición, a continuación, por los grupos parlamentarios que no son
autores de ninguna iniciativa semejante.
Para la presentación de la proposición de ley de Izquierda Unida, en
nombre del grupo, tiene la palabra doña María Jesús Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señorías, subo hoy a
esta tribuna a defender, como siempre, a un sector silenciado y
utilizado; subo a defender una asignatura pendiente de todos los
gobiernos de la democracia, y muy especialmente del gabinete Aznar;
subo a esta tribuna para pedir justicia social para un sector de la
población que lo necesita y a quien el Estado se lo debe; subo a
decirles que no consigo entender por qué se han negado, durante toda
la legislatura, a resolver esta antiquísima demanda y subo, en
definitiva, para defender, tras el reacopio de argumentos, una
iniciativa que trata de la creación del fondo de garantía de
alimentos y pensiones complementarias en supuestos de ruptura
matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos.
De lo que estamos hablando es de dar cobertura económica a los
núcleos familiares que no disponen de recursos económicos suficientes
y se producen impagos de las pensiones a que hubiera lugar según las
resoluciones judiciales. El 99 por ciento de los sujetos de esta
cuestión son mujeres que durante su matrimonio trabajaron gratis,
dentro de la esfera doméstica, para sus maridos, para sus hijos y
para el producto interior bruto. Mujeres que lo abandonaron todo para
dedicarse a las tareas del hogar. Luego se producen las rupturas, los
maridos o parejas, casi siempre masculinas, huyen con la nómina,
escamotean la ley, se adentran en la economía sumergida y ellas se
quedan con la miseria y con los hijos, convertidas en familias
monoparentales, donde se suele instalar la pobreza. Y el Estado,
señorías, deudor e insolidario, no sabe, no contesta. Saben ustedes
que las garantías arbitradas al efecto en el Código Civil y las
sanciones contempladas en el Código Penal para estos comportamientos
son francamente ineficaces, no encontrando el suficiente amparo en el
entramado jurídico, lo que nos obliga a buscar mecanismos correctores
de protección de las necesidades de estas mujeres e hijos
correspondientes que quedan especialmente desatendidos por la
sociedad,
situándolos en la franja de la exclusión social y de la marginalidad.
Como ustedes comprenderán, son inevitables los recursos de autoridad
y las perchas de las que colgar los datos. Hay que recordar -cómo no-
la recomendación 869/1979 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, que insta a los gobiernos a incorporar a sus legislaciones
internas las cláusulas correspondientes para que los Estados
garanticen el pago de las pensiones en los apartados ya mencionados.
Igualmente, señorías, nuestra Carta Magna incorpora entre sus
principios rectores -artículo 39- la protección económica del núcleo
familiar. Es necesario insistir en que la proposición de ley que
presentamos reserva al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la
acción de repetir las cantidades pagadas a quien tiene la obligación
de hacerlas efectivas, constituyendo así las cantidades abonadas en
concepto de pensión un avance que deberá recuperar la Administración
del Estado por medio de las acciones subrogatorias que le quepan en
derecho, con el objetivo de no hacer gravosas las correspondientes
partidas presupuestarias. Quiérese decir que con esta ley no se
vaciarán las arcas del Estado. Me parecería algo ruin detenerme en
las cláusulas de prevención de la picaresca que pudieran ocasionarse
cuando estamos hablando de un sector en estado de supervivencia,
aunque no duden de que no eludiremos en el articulado las
salvaguardas pertinentes para un estricto cumplimiento de la ley.
Señorías, he repasado todo lo habido y por haber sobre el tema en
cuestión con respecto a esta Cámara. Ya en los albores de los años
1990 se inicia el peregrinaje de esta iniciativa en el Senado, con
unanimidad, y en este hemiciclo por parte de los diferentes grupos.
Incluso la señora Sainz, del Grupo Popular, prometió implícitamente,
en junio y septiembre de 1996, que el Gobierno traería un proyecto
por compromiso manifiesto del ministro. El 'Diario de Sesiones' es un
delator absolutamente impertinente. Desde 1993 al día de hoy han
pasado seis años de promesas incumplidas de todas las gamas de
colores. Con gran brevedad voy a relatarles de lo que trata el
articulado para, posteriormente, concluir con algunas reflexiones.
El objeto es la creación del fondo de garantía de alimentos
y pensiones compensatorias por impago de alimentos o pensiones
compensatorias derivadas de la ruptura matrimonial o del núcleo
familiar, con la finalidad de garantizar el pago de las obligaciones
económicas derivadas de los procesos de separación, divorcio o
nulidad, o alimentos tanto en unidades familiares matrimoniales como
no matrimoniales, previstos en la legislación civil vigente.
El artículo 2 trata de la naturaleza jurídica de los fondos. El fondo
de garantía de alimentos y pensiones compensatorias tendrá
personalidad jurídica y estará constituido por las dotaciones con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para cumplir la
finalidad establecida en la presente ley.
Artículo 3. Serán beneficiarios aquellos que perciban la prestación
económica prevista en la presente ley, los ciudadanos españoles -en
todo caso, se debe dictar resolución judicial-, y los ciudadanos
extranjeros a cuyo favor recayeran resoluciones judiciales de
pensiones alimenticias descritas en el artículo 1 de la presente ley
por tribunales españoles, según lo establecido en el párrafo 1 del
artículo 107 del Código Civil.
El artículo 4 versa sobre las competencias y dice que corresponderá
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el ámbito de sus
competencias, la gestión del fondo de garantías de alimentos y
pensiones compensatorias en los supuestos de impago de alimentos y
pensiones derivados de sentencias judiciales de nulidad, separación o
divorcio y juicio de alimentos. En cuanto al procedimiento, el fondo
de garantías estará obligado a responder del pago de las pensiones
cuando existiera un impago por parte de la persona obligada por
resolución judicial, por ruptura matrimonial o del núcleo familiar.
El reconocimiento de la responsabilidad será efectivo mediante
resolución dictada previa tramitación del oportuno expediente
administrativo y se establecerán reglamentariamente las condiciones
para la apertura del mencionado expediente, así como la documentación
necesaria para la tramitación del mismo. Además, se procederá a la
tramitación del expediente por una única vez y bastará el
incumplimiento de un solo pago para proceder a la tramitación del
expediente correspondiente. En cualquier caso, será necesario que sea
acreditado de manera fehaciente el intento de cobro de las pensiones
a que se tiene derecho mediante el recurso previo a la jurisdicción
ordinaria.
El artículo 6 trata del recurso administrativo contra la resolución
que ponga fin a la vía administrativa. Se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo. Si el recurrente fuera la persona
obligada al pago deberá consignar las cantidades debidas al acreedor
hasta el momento de la interposición del recurso.
El artículo 7 trata de la acción de subrogación. En cualquier caso,
el fondo de garantía de alimentos y pensiones compensatorias deberá
exigir previamente al beneficiario la cesión de las acciones que le
correspondan como subrogado en el cumplimiento de las obligaciones
del cónyuge o miembro de la familia de que se trate. Las cantidades
que repita el fondo de garantía de alimento y pensiones
compensatorias tendrán la consideración de ingresos de derecho
público, por lo que deberán ser incorporadas a la partida de ingresos
correspondientes.
El artículo 8 versa sobre la cuantía. Se establecerá
reglamentariamente la cuantía máxima de las pensiones reconocidas por
el fondo, que en ningún caso podrá ser superior a la que se
establezca judicialmente.
El artículo 9 trata de los deberes de información. Los jueces que
insten la correspondiente resolución judicial informarán a las
personas beneficiarias del pago de las pensiones de la posibilidad de
procedimiento para solicitar el pago de las mismas a través del fondo
de garantía
de alimentos y pensiones. La disposición transitoria única dice
que el Gobierno habilitará para el presupuesto del presente año los
créditos oportunos para contemplar las consecuencias económicas
derivadas de la entrada en vigor de dicha ley.
Permítanme que les diga con gran convencimiento que no hay ni un solo
argumento en contra, en el abanico de posibilidades solventes y
creíbles, para que estos artículos sean rechazados. Históricamente
ustedes y sus correspondientes grupos se manifestaron en diferentes
tiempos políticos con salvaguarda, pero positivamente. En esta
jornada parlamentaria estamos sólo ante el acto procesal de tomar en
consideración si se da luz verde o no exclusivamente al debate y no
si se aprueba la proposición de ley. Por tanto, y sin voluntad
expresa de interpretar, sería inconcebible oponerse a un debate
democrático sobre las necesidades que tiene un débil sector de la
población. Con todo el respeto, señorías, siento decirles que me
parecería un acto de frivolidad política retrasar esta solución
inevitable y urgente por razones de estudio, de viabilidad y de
excusas socialmente inconfesables.
No me vuelvan a decir lo del casete anual: estamos en ello, estamos
en ello, estamos en ello. Es el compromiso más esperado e incumplido
de todos los compromisos. Un Gobierno tiene al menos que parecer
serio y este tema no debe tener aristas ideológicas. Se supone que el
Ministerio de Economía y Hacienda trabaja con rigor y cruza datos e
información y ustedes saben sobradamente que esta iniciativa va
dirigida a afectados con necesidades demostradas. Sepan SS.SS. que
cualquier intento de racanería, y más si es persistente, les debilita
profundamente y que pierden cualquier consideración de Gobierno
asistencial que no se aviene ni a cubrir necesidades tan elementales
y tan primarias como alimentos y pensiones.
Concluyo con dos o tres observaciones. Quiero decirle humildemente al
Gobierno algo muy sencillo. Entre todos los proyectos hay uno hoy que
tiene que pasar la prueba del nueve para saber si mienten, si juegan
con las mujeres, si además de estudiar gobiernan, o si sus palabras y
demás testimonios tienen el valor de la falsa moneda. Esta es la
iniciativa de la prueba del nueve, por redundante, evidente,
prometida y necesaria. Me gustaría decirles algo más y es que no
están perdidas todas las esperanzas. Si esta vez nos fallan,
señorías, sepan que nos convertiremos en voceras del desprecio del
Gobierno hacia las mujeres y, sabias ellas, les harán pagar la
factura no del olvido, sino de la negativa.
Termino diciéndoles que en esta travesía nos acompaña la Conferencia
mundial de Pekín, el Defensor del Pueblo, todas las organizaciones
sindicales, sociales, feministas y prácticamente todas las fuerzas
políticas y creía que el presidente del Gobierno con su respuesta
a una sesión de control llevada a cabo por esta portavoz, pero no es
así. Si hoy no prosperase esta toma esta consideración, si hoy se
dilatara más, si volvieran denuevo la espalda a las mujeres no les
arriendo las
ganancias a su credibilidad porque ya se les habría agotado para
siempre el cuento de todos los lobos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aramburu.
Para la presentación de la proposición de ley del Grupo Socialista,
tiene la palabra don Julio Villarrubia Mediavilla.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Buenas tardes, señor presidente,
señoras y señores diputados.
Subo a la tribuna a defender, en nombre de mi grupo parlamentario, el
Grupo Socialista, la proposición de ley que hemos presentado de
creación de un fondo de garantía del pago de alimentos.
Brevísimamente y con carácter previo, la motivación es obvia,
conocida y sencilla. A nadie se le oculta -salvo que mire hacia otro
lado- que existe en nuestra sociedad, en nuestro país, un importante
problema que se produce por los incumplimientos del pago de alimentos
establecidos a favor de los hijos menores de edad en supuestos de
separación judicial, divorcio, nulidad matrimonial, procesos de
filiación y de alimentos, pese a estar reconocidos en sentencia
judicial.
Dichos incumplimientos pueden producirse por dos razones: primera, de
forma voluntaria, porque el obligado al pago se niegue a cumplir;
segunda, porque el obligado al pago no tenga posibilidad real de
cumplir. En ambos supuestos el resultado es el mismo: que existe un
número importante, muchos miles de niños y niñas en este país que se
ven en una precaria necesidad, en una situación en la que los mínimos
para vivir dignamente no tienen suficiencia ni cobertura.
Señorías, el artículo 39 de la Constitución regula un mandato muy
claro dirigido a todos los poderes públicos, que es la protección a
la familia y especialmente a los niños. Como recoge el propio Consejo
General del Poder Judicial en un reciente informe emitido, que
coincide con la exposición de motivos de nuestra proposición de ley,
una protección económica familiar y eficaz tiene que garantizar que
los alimentos declarados en favor de los hijos menores de edad tengan
realidad efectiva en los supuestos en que el incumplimiento genera de
hecho situaciones de necesidad. La problemática suscitada ya ha
tenido menciones, resoluciones, ecos importantes, tanto a nivel
internacional como nacional. A nivel nacional, me remito a diferentes
mociones ya aprobadas y a proposiciones no de ley. Sinceramente creo
que es hora, que ha llegado ya el momento de pasar de la buena
voluntad, que sin lugar a dudas todos los grupos parlamentarios
tenemos, a los hechos consistentes en aprobar por ley la solución,
siquiera mínima, al problema que planteamos.
Señorías, en el ámbito internacional hay dos instrumentos
institucionales que justifican la necesidad de la creación de este
fondo: las resoluciones del Parlamento Europeo de 8 de julio de 1986,
sobre familias monoparentales y del 31 de marzo de 1993, sobre la
mujer y la
corresponsabilidad parental que pide, entre otras cuestiones, que los
Estados miembros adopten medidas que garanticen la ayuda de las
autoridades para la obtención del pago de alimentos por parte del
cónyuge, sustituyendo al progenitor que no cumpla con sus deberes.
Por otro lado, en el derecho comparado los sistemas jurídicos de
otros países reconocen y regulan instituciones similares a la que
aquí proponemos crear a la mayor brevedad posible. En Francia, existe
una caja de subsidio familiar que adelanta esas cantidades,
subrogándose en la situación o posición del acreedor; en Luxemburgo,
existe el fondo nacional de solidaridad - así denominado- que cumple
la misma función; igualmente, en Bélgica; en Dinamarca; en el Reino
Unido, con la Agencia de apoyo al niño, dependiente del Ministerio de
la Seguridad Social; en Suiza, etcétera.
La creación de un fondo de garantía para el pago de alimentos daría
cumplida respuesta a las demandas y a la sociedad en general,
acercando nuestro sistema jurídico al común de los países de nuestro
entorno. La proposición de ley, para dar solución y cobertura a este
grave problema, propone la creación de un fondo de garantía de pago
de alimentos cuya gestión se encarga al Ministerio de Economía y
Hacienda. Nos da igual, como dice la proposición de Izquierda Unida o
cualquier otra sugerencia que pudiera haber, que se encargue de ello
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nos es indiferente, lo
que nos importa es la cuestión de fondo.
En la extensa regulación articulada de nuestra proposición se recoge
la posibilidad de que el Estado, una vez que ha efectuado el pago de
forma automática, sin cesión del crédito por parte del acreedor para
evitar posibles o supuestos intentos de fraude, se subroge en todos
los derechos inherentes al acreedor hasta el total importe de lo
efectivamente satisfecho. Asimismo, regulamos la posibilidad de
reintegro de estos gastos en algunos casos de incumplimiento. Los
criterios para la determinación del importe de anticipos también se
regulan claramente en nuestra proposición de ley. Fijamos una
cantidad, una forma y un sistema de revisión, fijamos expresamente
cuánto cobraría por el primer hijo, por el segundo y por el tercero,
aunque también podría ser objeto de discusión y debate, con tal de
que se apoyara esta proposición que entendemos que es necesaria. Se
establece quiénes serían los beneficiarios. Y, en aras a la brevedad,
voy a resumir. La concesión, por qué no, de ayudas provisionales en
los supuestos en que aún no se haya instado la ejecución de
sentencia, pero la necesidad de precariedad aconsejara al juez que
pudieran llevarse a cabo de forma provisional. Se regula igualmente
la subrogación del Estado en estas cantidades y el sistema de
reintegros exhaustivamente. En definitiva, entendemos que nos
encontramos ante una regulación adecuada y completa que esperamos que
sea apoyada, sin perjuicio de que, a lo largo de la tramitación de
esta proposición de ley, se pueda incluir cualquier modificación o
mejora que contribuyera a su perfeccionamiento.
Quiero hacer una breve mención, señorías, para ir concluyendo, a la
proposición de ley que ha presentado Izquierda Unida. Recoge dos
aspectos globales. Uno, que consiste en la creación de este fondo de
anticipos de alimentos, coincidente en el fondo -la forma da igual,
porque nos pondríamos de acuerdo con posterioridad- con la del Grupo
Socialista. Y otro, que es que igualmente se incluyera en este fondo
el posible pago de pensiones compensatorias. Siendo conscientes, en
primer lugar, y ese es nuestro deseo y nuestra prioridad, de la
atención que se debe dar a los menores de edad, a los niños y niñas
en situación de necesidad, también lo somos de situaciones precarias
que se producen en cónyuges, fundamentalmente mujeres, aunque ahí
habría que aquilatar, regular y establecer algunos sistemas más de
garantías que los que vienen en la proposición de ley; los
arbitraríamos y daríamos alternativas durante la tramitación de la
proposición, en el supuesto -como entiendo que no debiera ser de otra
forma- de que fuera apoyada.
Por tanto, señorías, esperamos el apoyo y el voto favorable a esta
proposición de ley. Y, como se puede decir que por qué no se ha hecho
antes, adelantándome a la intervención de algún portavoz, diré que no
se puede hacer todo a la vez. Si ahora no hiciera falta hacer nada,
poco necesario sería ya este Gobierno, aunque a veces llegamos a la
conclusión de que no sólo hace falta hacer cosas nuevas, sino no
deshacer parte del Estado del bienestar que tanto nos ha costado
a todos construir en nuestro país y que todavía es incipiente y debe
ser mejorado.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Qué grupos
desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el grupo Mixto, tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el grupo de Nueva Izquierda-Iniciativa
per Cataluña-Els Verds va a apoyar la toma en consideración de estas
dos proposiciones de ley, porque entendemos que contemplan un tema
que desgraciadamente ha sido ya objeto de tratamiento en esta Cámara
en muchas ocasiones. Unos y otros, cuando estaban en el Gobierno,
hablaban de la necesidad de aprobarlo, desde el primer plan de
igualdad que se hizo, donde este fondo de garantía de pensiones ya
era una aspiración, hasta el momento en que nos encontramos, en que
sigue sin ser una realidad.
Y podríamos decir las cosas que no nos gustan y las que nos gustan.
Estamos más conformes con la proposición de ley de Izquierda Unida
que con la del Partido Socialista, aunque su portavoz ya ha
mencionado los fallos que tiene. A mí me parece que preocuparse sólo
de los menores no es ni preocuparse de ellos. Si no se
preocupan de la persona que es responsable de los menores, como puede
ser la madre, cuyo derecho a la pensión compensatoria es la
aportación a un proyecto que impida la feminización de la pobreza, no
entiendo para qué vale una proposición de ley para la creación de un
fondo de garantía. Y tenemos experiencia en este aspecto.
Muchas veces se habla, incluso desde los bancos populares, de la
eficacia de la empresa privada, de la gran gestión de las empresas
privadas. Nosotros podíamos hablar de los desafueros de la empresa
privada y del fondo de garantía de salarios, que precisamente está
cubriendo esas deficiencias. Sin embargo, no damos la misma
importancia cuando hablamos de la protección a los menores, de los
alimentos, de la falta de apoyo para que puedan comer diariamente
unos hijos, unas hijas y unas mujeres. Nosotros creemos que este
fondo es fundamental, que además anticiparía el proyecto de
posibilidad de supervivencia de muchas familias.
Y, aunque haríamos algunas enmiendas, sí nos gustaría decir que tenía
que referirse también a los hijos mayores, pues quiero recordar que
hoy la ley, por modificación de estas Cortes, permite que los hijos
mayores de 18 años que están estudiando tengan derecho a pensión.
Referirnos a los menores sólo es dejar sin cobrar esas pensiones a
los jóvenes que están estudiando y que se encuentran en esa
necesidad. Quien determina la necesidad de los hijos y de las mujeres
son los juzgados de familia. No lo va a hacer ni el Ministerio de
Hacienda ni el Ministerio de Asuntos Sociales. Lo que tienen que
hacer esos ministerios es asumir el pago de esas cantidades, en la
cuantía que puedan, con los límites que presupuestariamente se den,
pero no deben reavivar otra vez el supuesto, que ya ha sido estudiado
en los juzgados de familia. Determinar la obligación de pago, tanto
que sean uniones de hecho, como pagos de alimento, como pensiones
derivadas del matrimonio o del divorcio, me parece que sería un
error.
Como estamos convencidos de que todo se puede hablar, porque estamos
de acuerdo en el fondo, sí me gustaría decir, sobre todo a las
personas del Gobierno -y también se lo hemos pedido al Gobierno del
PSOE cuando estaba en el poder- y concretamente a la compañera María
Jesús Sainz, que muchas veces ha hablado de este tema, que nos
dejemos de espíritus partidistas. Las soluciones hoy requieren una
acción de Gobierno. Si el Gobierno es del PP, que lo haga el Gobierno
del PP; si no lo ha hecho el PSOE, que diga lo que quiera, pero que
se haga. Lo que no puede ser es que la feminización de la pobreza y
la falta de posibilidades de vida de muchos hijos de familia y de
muchas mujeres estén sin solución. Por eso pediría que se vote con
esa conciencia y que se permita que esta ley se empiece a discutir,
haciéndole las reformas que queramos, pero que sea una realidad de
menos proteccionismo, menos parafernalia sobre el tema de las mujeres
y más realidad, sin embargo, sobre lo que son las ayudas.
Creo que eso requiere una actitud y nuestro grupo va a apoyar, aunque
presente las enmiendas necesarias, ambas proposiciones de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A usted, señora Almeida.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Muy brevemente voy a decir que el Bloque Nacionalista Galego va a
votar a favor de la toma en consideración de ambas proposiciones de
ley, la presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida y la del Grupo Socialista, destinadas a crear un fondo de
garantía de alimentos y pensiones compensatorias, de manera que se
garantice que, en el caso de ruptura del núcleo familiar, las
personas que tienen a su cargo los hijos, cuando estos no tienen aún
independencia económica, puedan percibir las cantidades fijadas
judicialmente en concepto de pensión por alimentos en el caso de que
la persona que está obligada a satisfacerlas no lo haga. Nos parecen
unas iniciativas oportunas que tratan de resolver un problema real y
para muchas personas angustioso.
Creo que es evidente para todos que, cuando se rompen los vínculos
afectivos de una pareja y se llega a una situación de separación o
divorcio, lo más frecuente es que sea la mujer la que se haga cargo
de los hijos, que se fije judicialmente la pensión por alimentos
y con demasiada frecuencia también que esta sea incumplida. Basta
echar una mirada a nuestro alrededor para comprobarlo, porque todos
conocemos innumerables casos, que por cierto se justifican con todo
tipo de argumentos indefendibles. El impago de estas pensiones, que,
como se deduce, se produce a pesar de las disposiciones legales
vigentes, tiene las consecuencias negativas que ya han mencionado
varios oradores anteriores. Nosotros pensamos que es adecuado tomar
medidas concretas para evitar estas consecuencias, que muchos
consideramos indeseables, y estos proyectos de ley son una buena base
de partida.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A usted, señor Vázquez.
Señor Mardones, en nombre de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo ha leído con gran detenimiento
estas dos proposiciones de ley que nos traen el Grupo Socialista y el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En el fondo, hay un
sentido altruista de resolver una injusticia que se produce en los
casos que se citan, de separación legal, de divorcio, de ruptura del
vínculo matrimonial y con sentencia judicial firme, cuando hay una
imposición de condena para que uno de los cónyuges atienda la
garantía de los alimentos o de las pensiones correspondientes.
Compartiendo ese fondo, desde un punto de vista de solidaridad,
llevar la solución del problema por esta vía es abrir un portillo a
la picaresca de este país, pese a la sentencia judicial firme. Se
endosa a los Presupuestos Generales del Estado, con un fondo de
garantía, que, cuando no se pague, lo hará el fondo, si queda dicho
de esa manera y no hay una penalización. La penalización no puede
subrogársela el Estado, no puede subrogarse en los Presupuestos
Generales del Estado una sentencia judicial por estos motivos. De
aprobarse esto como ley, se van a declarar insolventes todos los
cónyuges que hayan sido condenados en la sentencia judicial a pagar
el fondo de alimentos o las pensiones correspondientes. Sepamos lo
que estamos discutiendo y aprobando. Una intencionalidad buena y una
vía mala.
Puede haber casos excepcionales, pero que los determine la sentencia
judicial y haya una posibilidad de atender ese tema. En sentido
general, como se pretende en estos proyectos, que, cuando no paguen,
lo hará el fondo de garantía con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado, no nos parece serio, aunque trate de resolver un problema
humano y de auténtica justicia social, como el que se puede derivar.
Pensemos cómo pueden utilizar una ley como esta, en un fondo de
garantía, incluso los que sean solventes. Basta con que declaren que
no tienen medios, que hagan una declaración de insolvencia, que no
tengan patrimonio, para que haya que endosar al Estado, a través de
un fondo financiado con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, la atención de ese deber. Esto no se ha hecho ni siquiera en
la Ley del seguro de automóviles con los fondos del seguro
obligatorio, porque se hace una derrama de todos. Esta vía es
prácticamente inédita.
Busquemos una solución para casos especialísimos que deban ser
atendidos con cargo a una asistencia solidaria y subsidiaria del
Estado. En términos generales, no, porque vuelvo a decir que
estaríamos abriendo un portillo en el que iba a ser flagrante el
incumplimiento de toda persona que fuera condenada a este sistema. ¿Y
quién pagaría? Pues las víctimas de este proceso, que son los hijos
menores, que es a quien se trata de atender de una manera que,
insisto, es sentimental y humana, pero que no es viable en un Estado
de Derecho, que tiene que proteger también intereses generales vía
Presupuestos Generales del Estado.
Por esta razón, señor presidente, mi grupo votará en contra de esta
toma en consideración.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
El señor Caballero desea intervenir en nombre del Grupo Nacionalista
Vasco. Adelante.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente. Señorías,
intervengo también en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la toma en
consideración
de las proposiciones de ley presentadas por los grupos de Izquierda
Unida y PSOE sobre la creación del fondo de garantía de alimentos y
pensiones complementarias en supuestos de ruptura matrimonial.
Nos encontramos ante una materia razonable, una materia socialmente
atendible, pero una materia conceptualmente indefinida todavía. No
hay que olvidar que estamos en un período de tránsito, de transición
de los compromisos del denominado originariamente Estado providencia
o Estado del bienestar hacia situaciones nuevas, donde se
redimensionan compromisos de esta naturaleza, vinculados a
necesidades de carácter social, y donde se suscitan cuestiones,
muchas de ellas novedosas, incluso para el ordenamiento jurídico
y para las propias constituciones, que debe ser objeto de atención por
los poderes públicos y particularmente por los poderes públicos
parlamentarios.
La verdad es que las propuestas son razonables conceptualmente, pero
son de difícil discusión. Aquí, el debate contradictorio, por mucho
que uno se esfuerce, es materialmente imposible. ¿Cómo se puede decir
que no a que se atienda el pago de pensiones de alimentos o de otras
naturalezas como las expuestas en casos de situaciones de necesidad,
de no existencia de otros bienes diferentes al propio domicilio, o
del incumplimiento de resoluciones judiciales? Es muy difícil decir
que no a esto, pero también el debate, por otra parte, no está
suficientemente maduro. Es un debate que hay que enmarcarlo en una
revisión global de los acuerdos del Pacto de Toledo y no de forma
individualizada.
Entendemos que la toma en consideración de estas proposiciones hay
que realizarla dentro de un compromiso más amplio, temporalizado,
concretado en términos temporales, atendiendo al carácter
multidisciplinar que necesariamente tiene lo que se intenta regular
jurídicamente en estas proposiciones, puesto que afecta a materias
presupuestarias, afecta a materias jurídicas y obliga a
rectificaciones de cuerpos jurídicos heterogéneos y diversos.
Proposiciones de este tipo deben venir acompañadas de las
correspondientes memorias económicas para, dentro de un examen
global, poder valorar también sus implicaciones económicas. Y esto no
sucede con las proposiciones que estamos debatiendo.
Por ello, el Grupo Vasco entiende que, desde una perspectiva del
requerimiento más elemental de seguridad jurídica, resultaría más
tranquilizante integrarlo dentro de una evaluación y revisión del
Pacto de Toledo, que permitiera al Gobierno la presentación de un
proyecto de ley regulando una materia que es de justicia, que supone
evitar discriminaciones que necesitan ser compensadas. Sabemos que
las necesidades sociales son infinitas, pero creemos que su solución
no pasa por un sistema cuasi estatalista de atención de situaciones
de desasistencia a las mujeres. Es más correcto realizarlo, por
ejemplo, de la forma que ya viene actuando el Gobierno vasco a través
de la Ley de exclusión social y, más recientemente, para determinar
situaciones concretas, a través de la Ley vasca de contratos, dando
prioridad a mujeres con cargas sociales. Solamente en
ese caso el Grupo Vasco vería satisfechas sus inquietudes y podría
apoyar tales medidas, por lo que anuncio que en este otro contexto
vamos a votar que no a la toma en consideración de la dos
proposiciones.
Nada más, muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
La señora Solsona, por el Grupo de Convergència i Unió.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán expondré cuál es
nuestra posición ante las proposiciones de ley sobre fondo de
garantía de pago de alimentos que presentan los grupos parlamentarios
Socialista e Izquierda Unida.
Nuestro grupo ha manifestado ya reiteradamente su preocupación por
las consecuencias personales, familiares y sociales, que se derivan
del impago de las pensiones decretadas por decisión judicial en el
caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial. La creación del
fondo de garantía de pensiones continúa siendo una de las asignaturas
pendientes de nuestra sociedad y una necesidad que responde a una
problemática que no es individual, sino que tiene también su alcance
social. Nuestra Constitución proclama los principios de protección
social, económica y jurídica de la familia, y de protección integral
de los hijos. La creación de un fondo de garantía de pensiones
conseguiría eliminar la laguna existente en nuestro sistema de
protección ante las situaciones de necesidad en las que se encuentra
una de las partes de la pareja, que, como consecuencia de divorcio o
de separación, debe seguir cubriendo los gastos familiares y de los
hijos. Sería además un esfuerzo de los sistemas de prevención
destinados a evitar las consecuencias que se derivan en demasiados
casos de las desestructuraciones familiares. Si contabilizásemos los
gastos que comporta poner remedio a las consecuencias de la
desestructuración y lo que costaría su prevención, seguramente el
saldo resultaría positivo, además de los beneficios sociales que la
aprobación comportaría. Así lo han entendido Francia, Luxemburgo,
Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Suiza, poniendo en práctica
sistemas de garantía de pensiones.
La problemática suscitada y la necesidad de su solución ha encontrado
eco en la sociedad, tanto a nivel internacional como nacional. La
Asamblea parlamentaria y el Consejo de Europa, en la recomendación
869, de 1979, hacen referencia a ello. La Ley Orgánica 3/1989, de
Reforma del Código Penal, tipificó como delito el impago de las
pensiones de alimentos recogidas de las resoluciones judiciales, pero
no ha sido suficiente para garantizar la efectividad de dichas
pensiones. Por tanto, no ha solucionado las situaciones de necesidad
que genera el incumplimiento. Esta problemática ha sido recogida por
el Defensor del Pueblo en sus informes y puesta de relieve también
por el propio
Consejo General del Poder Judicial y por numerosas instituciones que
actúan en defensa de la mujer.
A lo largo de la IV y V legislatura, los grupos parlamentarios se han
mostrado partidarios de la necesidad de crear un mecanismo legal
sobre anticipo de pago de alimentos. Concretamente, nuestro grupo
tuvo especial protagonismo al presentar en la IV legislatura una
proposición no de ley en el Pleno del Congreso y en la Comisión de
Presupuestos y una interpelación y moción en el Senado. En la
presente legislatura, los grupos parlamentarios Socialista, Mixto e
Izquierda Unida presentaron sendas proposiciones de ley para la
creación de este fondo y se debatieron en esta Cámara el 25 de junio
de 1996. En aquella ocasión, nuestro grupo emplazó al Gobierno a que,
en un tiempo de seis meses, asumiera la responsabilidad de elaborar
un proyecto de ley que permitiera la creación real y efectiva de un
fondo de pensiones, dotándolo presupuestariamente. Así lo anunció el
Gobierno antes de finalizar el año 1996. El entonces ministro, señor
Arenas, anunció un fondo estatal para el pago de pensiones por
alimentos e incluso parece que se elaboró un anteproyecto de ley y su
correspondiente memoria económica. Pero todo ello aún no se ha
llevado a la práctica.
De igual manera, en el anterior Gobierno socialista, la medida tan
largamente anunciada y contemplada no llegó a aprobarse,
fundamentalmente por falta de dinero, según anunciaron sus
representantes. Por ello, resulta paradójica su actual insistencia en
reclamar su puesta en marcha. Recientemente, el pasado 17 de marzo,
el presidente del actual Ejecutivo, señor Aznar, respondiendo a una
pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, señora Aramburu, aseguró que el Gobierno estaba estudiando el
tema a través de un grupo de trabajo interministerial creado al
respecto y que esperaba llegar a las soluciones lo más rápidamente
posible. Están estudiando la cuestión para determinar el coste que
tiene y si es asumible o no. Igualmente, habría que evaluar la puesta
en marcha del proyecto y adecuarlo y armonizarlo a las comunidades
autónomas.Hasta el momento no existía ningún estudio, a pesar de
haber expresado el anterior Gobierno la voluntad de llevar adelante
este fondo de garantía de pensiones. Creemos que el Estado no debe
asumir las responsabilidades individuales. No deben rebajarse en
ningún caso las responsabilidades individuales de quien tiene una
obligación y quiere eludirla insolidariamente. La Administración no
debe cubrir automáticamente las responsabilidades del individuo; esto
alentaría el incumplimiento.
En definitiva, señorías, nuestro grupo considera que éste es un tema
que, dada su importancia, corresponde al Gobierno. Ya está bien que
llevemos tres legislaturas proponiendo y estudiando la cuestión en
proposiciones no de ley, mociones o proposiciones de ley. Le
corresponde ahora al Gobierno sacarlo adelante. Por tanto, no
votaremos a favor de estas proposiciones de ley presentadas
y remitiremos de nuevo al Gobierno la responsabilidad
de poner en práctica, a la mayor brevedad posible, este
fondo anunciado.
El señor presidente del Gobierno expresó en esta Cámara que le
gustaría mucho que esta solución se pudiera poner en marcha en esta
legislatura. A nosotros también, señor presidente del Gobierno, a fin
de subsanar de forma rápida las situaciones extremas a las que se ven
sometidas numerosas familias desestructuradas. Esperamos que el
proyecto no se vea frenado por dotaciones presupuestarias o memorias
económicas, como tantas otras iniciativas y, por tanto, que se vea
contemplado en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Solsona.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña María Jesús Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar posición en nombre de mi
grupo acerca de las proposiciones de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida y del Grupo Socialista sobre el fondo de
garantía de pago de alimentos.
Deseamos manifestar, en primer lugar, que el tema que se plantea es
una preocupación esencial, muy importante para el Grupo Popular.
Señor presidente, señorías, este es un tema -y ya se ha hecho
referencia a ello- que ha sido tratado reiteradas veces a lo largo de
la IV y de la V legislaturas y todos recordamos cómo en el Senado, en
junio de 1991, se aprobó por unanimidad una resolución en la que se
instaba al Gobierno a que enviara a las Cortes el proyecto
legislativo creador de un fondo de garantía. Y, en la IV legislatura,
el Ejecutivo asumió un compromiso que se vino demorando, acudiendo a
varios argumentos, incumpliendo, por tanto, a lo largo de los casi
catorce años de gobierno socialista, lo que había reiteradas veces
señalado que se iba a crear.
Y, como conocen, el Grupo Popular tuvo también una parte muy activa a
través de numerosas iniciativas para que se creara el fondo de
garantía de pensiones alimenticias y siempre nos encontramos, a lo
largo de las pasadas legislaturas, un rechazo en este caso del Grupo
Socialista. Primero era una cosa, después otra, pero la realidad ahí
estaba. Y ya nosotros hemos dicho que el actual Gobierno aprobó el 7
de marzo de 1997 el tercer Plan de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, figurando entre las medidas de ese plan
expresamente promover la creación del fondo de garantías que
asegurara la percepción de una renta en el caso de los impagos de las
pensiones decretadas por resolución judicial. Compromiso, por tanto,
del Gobierno con un tema de gran sensibilidad social. Y lo es sin
duda porque sabemos de la existencia de muchas familias que se
encuentran en situación de precariedad poresto. En ocasiones, la
mujer separada o divorciada que
tiene derecho a percibir una pensión, que procede además de una
sentencia judicial, se encuentra con gravísimas dificultades para
recibirla. Y hablamos de un sector de la sociedad débil, víctimas,
desde luego, de una irresponsabilidad tremenda y de la más cruda de
las insolidaridades.
Desde siempre, por tanto, nuestro grupo consideró necesario crear ese
fondo de garantía de pensiones alimenticias para cubrir las
necesidades, adelantando mensualmente el importe de una cantidad que
hay que determinar, para que posteriormente el Estado reclame
judicialmente a los deudores, a aquellos que hubieran incumplido la
obligación del pago de las pensiones de los alimentos. Con ello se
pretende cumplir una doble función: atender, por un lado, a las
situaciones sociales de necesidad, en las que hemos coincidido y, por
otro lado, crear un clima disuasorio para aquellos irresponsables -y
no me cansaré de remarcar que son claramente irresponsables- que no
cumplen con la obligación de pagar, al tener la seguridad de que un
organismo estatal, que está dotado de todos los medios jurídicos y
con capacidad para perseguir a los deudores, reclamará el pago de las
cantidades. Porque, señorías, de lo que se trata es también de
eliminar la irresponsabilidad e imponer el respeto a las obligaciones
contraídas.
Ahora bien, articular el fondo es difícil y complejo, es muy complejo
concretarlo en la práctica, y es preciso, como se ha dicho,
enmarcarlo también en la estructura del Estado. Ello quiere decir que
hay que tener en cuenta las competencias de las comunidades
autónomas, que no nos podemos olvidar que ellas han asumido, en el
área de asuntos sociales, estas competencias y que, por tanto, la
articulación de ese fondo tiene que ser enmarcado en esa estructura
del Estado. Hay también que insistir en la vía del fraude que se
podría producir. Y coincidirán todos los grupos conmigo que sería
absurdo crear un instrumento social que posibilitase vías de fraude
por medio del método establecido, como ha dicho el portavoz de
Coalición Canaria de manera especial y la portavoz de Convergència i
Unió también. Por tanto, a nadie se le escapa -y estoy segura que al
Grupo Socialista menos que a ninguno, porque ellos no han sido
capaces de articularlo a lo largo de estos catorce años- que el tema
es difícil y sobre todo que se requieren varios estudios. Es preciso
conocer el número de mujeres que no reciben las pensiones, los
ingresos anuales de estas unidades familiares, el importe de las
pensiones alimenticias reconocidas judicialmente a favor de los
menores, el número de incumplimientos de obligación, el número de
reclamaciones en vía penal o civil, etcétera. Son datos y cuestiones
relacionados con el tema que deben conocerse muy bien, que no se
habían abordado antes, que este Gobierno ha tenido que acometer, como
lo está haciendo. Pues bien, actualmente el Gobierno, en el marco de
este trabajo, está examinando un anteproyecto que ha elaborado y está
pendiente de desagregar los datos estadísticos recibidos del Consejo
General del Poder Judicial y
de la Fiscalía General del Estado para terminar de cuantificar el
importe económico de dicho fondo.
Por otro lado, también son numerosas las cuestiones técnico-jurídicas
que no son resueltas en las iniciativas presentadas por Izquierda
Unida y por el Grupo Socialista. Ustedes habrán visto, si han leído
con detenimiento las dos iniciativas, que hay discrepancias entre
ambas en cuanto a la amplitud de las prestaciones que debería cubrir,
pues mientras Izquierda Unida las hace extensivas a favor de los
cónyuges o de miembros de pareja de hecho y de los hijos, sean
mayores o menores, la postura del proyecto del Grupo Socialista se
inscribe en una línea más moderada al referirse sólo a alimentos para
hijos menores de edad, con lo que coincidiríamos más. En este
sentido, hay que manifestar también que existen ausencias importantes
que deben ser articuladas, por ejemplo, el que no se acompaña de una
memoria económica que establezca el potencial número de beneficiarios
ni el importe, cosa que ustedes pueden entender que el Gobierno,
desde su responsabilidad, tiene que asumir primero.
Aunque no es mi intención, ni mucho menos, entrar a cuestionar las
proposiciones de ley -se lo digo con sinceridad-, sí deseo manifestar
que algunas de las cuestiones no nos parecen procedentes, como que en
la de Izquierda Unida el incumplimiento de una sola paga por parte de
la persona obligada baste ya para proceder a la tramitación inmediata
del expediente administrativo. También tengo que volver a recordar
-porque lo dije hace ya un tiempo desde esta misma tribuna- que en la
proposición del Grupo Socialista se vuelve a hablar de la existencia
de signos externos como elementos a tener en cuenta para los límites
establecidos para recibir una pensión. Todos podemos coincidir en que
es indudable que esto es una inconcreción importante que podría
llevarnos, incluso, aunque no se deseara, a algunas actuaciones
arbitrarias y no ajustadas a derecho. Y desde luego nada figura con
relación a algo que para nosotros es básico: los procedimientos
articulados para que el Estado recupere los anticipos de las
pensiones o, en su caso, la inclusión de medidas preceptivas.
Pues bien, señor presidente, señorías, termino ya diciendo que, a
efectos de la creación de una ley sobre el fondo de garantía de
pensiones de alimentos, que es lo importante, el programa de Gobierno
del Partido Popular lo recoge, que el Grupo Popular sin duda lo
apoya, así como el Gobierno; y puedo decirle más: el Grupo Popular
también se une a la reclamación. Todos sabemos que se ha creado una
comisión formada por representantes del Ministerio de Justicia, del
de Economía y Hacienda y del de Trabajo y Asuntos Sociales; lo
sabemos porque este extremo lo recordó hace muy poco el presidente
del Gobierno, precisamente en esta Cámara contestando a una pregunta
de la diputada portavoz doña María Jesús Aramburu hecha sobre este
tema.
Termino, por tanto, señalando que la creación del fondo es, repito,
una cuestión reclamada hace muchísimos
años con la que también el actual Gobierno se encuentra comprometido,
como han manifestado -y aquí se ha recordado- el ministro de Trabajo,
la ministra de Justicia y el presidente del Gobierno en su última
intervención. Por tanto, es evidente que estamos todos de acuerdo en
que el problema es importante, en que la necesidad existe porque hay
un gran número de mujeres que pasan por una situación económica dura,
que se sienten desprotegidas tras una ruptura de los lazos
familiares, que ya de por sí, señorías, todos sabemos que endurecen
claramente la existencia. Por tanto, se está incidiendo en un
problema cierto, grave, que ocasiona, lo vuelvo a repetir, conductas
que deben ser reprochadas socialmente.
La elaboración del fondo exige respuesta a una serie de cuestiones
que se están ultimando, por lo que nuestro grupo considera, señorías,
señor presidente, que se debe esperar a que el Gobierno finalice los
trabajos preparatorios y presente su correspondiente proyecto, como
se ha manifestado. Debe ser abordado en el plazo más breve posible,
en sintonía con las palabras del presidente, aquí también recordadas,
en las que señaló que le gustaría llegar a hacerlo en esta
legislatura; todo ello, además, estaría incluido en el marco de una
política social y solidaria de apoyo a las personas más débiles, que
el actual Gobierno viene impulsando.
Muchas gracias,
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Vamos a proceder a las votaciones. Llámese para votaciones, por
favor.(Pausa.)
Procedemos a las votaciones correspondientes a las proposiciones de
ley que han quedado presentadas y debatidas, comenzando por la del
Grupo Federal de Izquierda Unida, de creación del fondo de garantía
de alimentos y pensiones complementarias en supuestos de ruptura
matrimonial o del núcleo familiar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 135; en contra, 154; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la proposición
de ley.
Votación de la proposición de ley del Grupo Socialista del fondo de
garantía del pago de alimentos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 135; en contra, 157; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley del Grupo
Socialista.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE
LAS CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA (Número de expediente 122/
000225.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición que sobre el Régimen
Económico y Fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
presenta el Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra don
José Segura Clavell. (Rumores.)
Guarden silencio, señorías, por favor. Señor Llorens.
Cuando quiera señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias.
Señoras y señores diputados, el pasado 21 de febrero de 1997 se
publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales la proposición
de ley de Régimen Económico y Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Melilla. Se trataba de una iniciativa procedente del Parlamento, de
la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se aceptó a trámite
el 10 de marzo de 1998, hace hoy prácticamente doce meses.Ya en
aquella sesión el Grupo Parlamentario Socialista, a través de este
interviniente, manifestaba que la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla el 21 de diciembre de 1995 adoptó el acuerdo unánime de los
24 miembros presentes en aquel acto -tal como se ha recogido en el
acta de dicha sesión, constituyendo la mayoría absoluta de los
miembros- de remitir el texto en concepto de proposición de ley.
Señorías, aquella iniciativa estaba avalada por las singularidades
geográficas e históricas que han diferenciado la evolución económica
de las ciudades de Ceuta y de Melilla de las del resto del territorio
peninsular y balear y que ha justificado asimismo una diferenciación
fiscal mantenida en el tiempo.
Decíamos también que el Acta de adhesión de España a las Comunidades
Europeas contó con un protocolo anexo, el protocolo número 2, que
recogió un tratamiento diferenciado para las ciudades de Ceuta,
Melilla y para las islas Canarias. De ahí que ya con la Ley 8/1991,
por la que se aprobaba el arbitrio sobre la producción e importación
de las ciudades de Ceuta y Melilla, se adaptaba la fiscalidad de
estas ciudades a los contenidos preceptuados por el protocolo número
2 del Acta de adhesión. Con dicha ley se creó y se reguló el arbitrio
sobre la producción y la importación como un impuesto indirecto de
carácter municipal que gravaba la producción o elaboración, así como
la importación de toda clase de bienes muebles corporales en las
ciudades de Ceuta y Melilla.
Con posterioridad, en la Ley 13/1996 de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, es decir, la Ley de acompañamiento
de los Presupuestos Generales del Estado del año 1996, se modificó la
figura tributaria y se convirtió en impuesto para la producción, los
servicios y la importación de las ciudades de Ceuta y Melilla, así
como los contenidos de algunos de los artículos de la ley que creó el
arbitrio sobre la producción y la importación de tales ciudades.
Posteriormente ha habido normativa diversa que ha ido adaptando la
normativa tributaria aplicable a las ciudades de Ceuta y Melilla a lo
que es el corpus comunitario y trasponiendo al ordenamiento jurídico
español.
Señorías, reitero, el 10 de marzo de 1998 esta Cámara aceptó a
trámite esa proposición de ley procedente de la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla, pero tenemos que dar a conocer con absoluto
rigor que desde aquel momento la tramitación de esta iniciativa
parlamentaria procedente de la Asamblea de la ciudad autónoma de
Melilla -lo quiero reiterar en estos términos- ha sido muy
accidentada durante el año. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) En los primeros meses el
Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos, para intentar
consensuar enmiendas parciales que dignificasen y diesen un contenido
competencial riguroso a una ley que pretende instrumentalizar
mecanismos de defensa económica para una población situada en un
enclave geográfico tan singular -no es necesario estarlo definiendo-,
con unas potencialidades de conflictividad social muy importantes,
fuimos pidiendo ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas
para buscar un consenso que pudiera enriquecer esa tramitación. Sin
embargo, la realidad muestra concretamente que en los últimos siete u
ocho meses el Grupo Parlamentario Popular -tengo el listado que
figura en el Registro de la Cámara- ha ido solicitando ampliaciones
del plazo de presentación de enmiendas de forma tal que esta ley
prácticamente ha batido el récord en 20 años de democracia. Ha sido
una ley ralentizada, detenida; ha sido una iniciativa legislativa
procedente de un parlamento autonómico al que, teóricamente, las
Cortes Generales dan la espalda deteniendo la tramitación de la ley.
De ahí que -habida cuenta de que era una iniciativa procedente del
Parlamento de la Ciudad Autónoma de Melilla y de que la Asamblea
legislativa de la Ciudad Autónoma de Ceuta había aprobado su nuevo
estatuto de autonomía en el año 1995, así como por el posicionamiento
político de las distintas fuerzas políticas- el Grupo Parlamentario
Socialista, ante la ralentización de esta proposición de ley, a la
que reiteradamente he hecho referencia en mi intervención, ha
decidido dar un paso al frente con una iniciativa política que es la
que se trae hoy a discusión de esta Cámara, para la aceptación o no
de su tramitación pertinente.
Se trata de una proposición de ley -reitero- del Grupo Parlamentario
Socialista de un régimen económico y fiscal para las ciudades
autónomas de Ceuta y de Melilla. Observen que la del año 1991 era una
ley de naturaleza tributaria, de naturaleza exclusivamente fiscal,
que venía a configurar la primera pata de una mesa donde era
necesario ir moldeando las siguientes patas para establecer un
mecanismo de desarrollo en las ciudades de Ceuta y Melilla.
La Ley del arbitrio a la producción e importación para las ciudades
de Ceuta y Melilla se aprobó en 1991
y había un compromiso institucional, al igual que lo hubo con la
Comunidad Autónoma de Canarias, para la siguiente ley, la ley
complementaria de la fiscal, la ley económica, que las Cortes
Generales aprobaron en el año 1994 y que se ha ido desarrollando. De
ahí, señorías, que el Grupo Parlamentario Socialista presente esta
proposición de ley con una exposición de motivos que creemos responde
a esa filosofía; contiene 34 artículos vertebrados según un título
preliminar y con capítulos diferenciados, estableciendo mecanismos
singulares de desarrollo, como ha sido en Canarias la introducción de
la reserva para inversiones. Establece también fórmulas que
posibiliten la integración en el nuevo entorno económico comunitario
de las ciudades de Ceuta y Melilla, que si bien es cierto que en el
acta de adhesión, repito, figuran en el protocolo 2 y no se
integraron en todas las políticas comunitarias de aplicación al resto
del Estado español, también lo es que hay una voluntad de servir de
puente entre la Unión Europea y los países del Magreb, mediante un
desarrollo económico singular, por ejemplo, como el que recogemos en
algunos de los contenidos de este proyecto de ley.
Señorías, el fundamento de la especialidad de las dos ciudades de
Ceuta y Melilla no es otro que el de su propia situación geográfica.
Las ciudades se encuentran en el continente africano; están
estrechadas entre las fronteras terrestres del Reino de Marruecos y
el mar, que las separa de la Península, y se encuentran asentadas
sobre un reducido espacio territorial; carecen de una agricultura
potente y de materias primas; su industria es poco significativa; el
abastecimiento de sus habitantes depende en gran medida de la
Península, lo que encarece mucho el transporte, por esas condiciones
geográficas, así como por la existencia del arbitrio de importación
de la Ley 8/1991, a la que en reiteradas ocasiones me he estado
refiriendo. La consecuencia es que Ceuta y Melilla son ciudades con
un muy alto índice del coste de vida y con una tasa de desempleo muy
superior a la de la media nacional, debido a dicha situación
geográfica.
Por ello, señorías, nosotros deseamos con esta proposición de ley
-atendiendo y estando motivados por las realidades del momento, para
mejor cumplir con el mandato constituyente, con el mandato
institucional derivado de una serie de leyes, de normativas- dotar a
las ciudades del marco normativo idóneo para el desarrollo armonioso
de esta parte de España.
Señorías, el actual Gobierno no ha dado la talla en las ciudades de
Ceuta y Melilla. El actual Gobierno, a través de su grupo
parlamentario -es una verdad objetiva-, durante más de un año ha
detenido la tramitación de una iniciativa parlamentaria tan elemental
como la que está detenida y a la que me he referido. Por eso el Grupo
Parlamentario Socialista trae esta iniciativa, que no tiene nada que
ver con un hecho político -y ésta es una Cámara política- que ha sido
recogido por los distintos medios de comunicación en las últimas
semanas. Un partido político, el partido GIL, que años atrás no se ha
presentado a los procesos electorales
en esas dos ciudades, ha anunciado que va a irrumpir en el próximo
proceso electoral con unas ofertas absolutamente inviables de acuerdo
con nuestro ordenamiento jurídico y, naturalmente, de acuerdo con el
ordenamiento comunitario, como es la aspiración de convertirlas en
paraísos fiscales. Es un auténtico disparate, por supuesto, por lo
que ello conlleva.
La iniciativa que el Grupo Parlamentario Socialista presenta es una
proposición de ley, habiéndosenos comunicado ya por el Grupo
Parlamentario Popular que va a ser votada en contra; craso error,
señorías, craso error. A Ceuta y a Melilla no se les puede seguir
dando la espalda. Hay miles y miles de ciudadanos españoles
residiendo en esas ciudades que se sienten desasistidos. Es una
ofensa deleznable para ellos el que en este último año se haya
detenido la tramitación de esta proposición de ley, y no me vale que
se diga que en la Ley de IRPF se les ha beneficiado con una serie de
mecanismos; muchos más se tienen que poner en marcha, pero de
naturaleza económica. Ceuta y Melilla tienen que convertirse en
auténticos puntos de distribución logística intermodal de la Unión
Europea hacia el Magreb. Hay que proporcionarles mecanismos de
desarrollo económico. No hay puntos más singulares del norte de
África que estas dos ciudades, con la potencialidad que significa el
pertenecer a la Unión Europea, puesto que son ciudades comunitarias,
ciudades que están afectas a un régimen fiscal comunitario
singularmente adaptado a ellas, al igual que las islas Canarias, con
una singularidad histórica reconocida por la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Segura,
le ruego vaya concluyendo.
El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señor presidente.
A Ceuta y a Melilla hay que proporcionarles mecanismos de desarrollo
económico para que sus ciudadanos continúen asentados en aquellas
ciudades donde nacieron y vivieron sus padres y no se vean obligados
a emigrar. Hay que impedir el desarraigo social que les viene
caracterizando.
Señoras y señores diputados, y con ello termino, señor presidente,
los 37 artículos que integran la ley, las disposiciones adicionales y
transitorias configuran un plan de desarrollo económico compatible
con la norma comunitaria, solidario por parte del resto del Estado
español y, sin duda alguna, aceptable por las distintas comisarías
del consejo comunitario, que no encontrará resquicios de rechazo en
relación con su contenido porque ya ha sido aceptado y aplicado en la
comunidad canaria y recogido en la Ley del régimen económico y fiscal
canario del año 1994. De ahí, señorías, que el Grupo Parlamentario
Socialista traiga limpia y claramente esta proposición de ley como
manifestación política de voluntad, de apoyo a esos colectivos de
ciudadanos de esas dos ciudades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Segura,
le ruego concluya.
El señor SEGURA CLAVELL: Es una manifestación de rechazo a las
actuaciones políticas de los grupos parlamentarios, concretamente del
Grupo Parlamentario Popular, que está impidiendo la tramitación de la
iniciativa parlamentaria que impulsó la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Segura. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en
contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que
la iniciativa a que hacía referencia el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en esta ocasión, relativa al tratamiento de
una situación, de una actividad o a la definición de un régimen
económico y fiscal para las ciudades de Melilla y Ceuta, ha tenido un
trámite un tanto anómalo en esta Cámara. En la ciudad se explicó que,
para conmemorar el centenario de la ciudad de Melilla, en la sesión
del año 1997 habían decidido remitir a esta Cámara una proposición de
ley, cuyo debate de toma en consideración tuvo lugar en el Pleno del
Congreso el 10 de marzo de 1998. Esta iniciativa, después de haber
sido defendida en esta Cámara por los ponentes de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, ha tenido un prolongado trámite de
enmiendas que nos ha llevado hasta la fecha actual. Entonces,
nosotros nos posicionamos a favor de la toma en consideración, aunque
teníamos muchas críticas al texto que se debatía y que venía de la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla. Hoy se nos plantea por
parte del Grupo Parlamentario Socialista, de verdad, lo que es un
régimen económico y fiscal, porque la proposición de ley que venía de
la Asamblea de Melilla se refería fundamentalmente al régimen fiscal;
tocaba muy poco el régimen económico y otras vertientes, que al final
es lo que nos debe traer al debate. La virtud que tiene la
proposición de ley que discutimos hoy es que aglutina cuatro grandes
bloques de interés, desde su artículo 1. o y su exposición de
motivos, y tomando como base las circunstancias históricas,
geográficas, políticas, económicas y fiscales de las dos ciudades,
plantea una serie de medidas. ¿Cómo concreta la acción del Estado la
proposición de ley? El primer compromiso es crear y desarrollar
actividad industrial (antiguamente, eran plazas con una presencia
fundamentalmente militar, no era una acción ciudadana la que se
desarrollaba; en torno a esa actividad militar, había un desarrollo.
Hoy sí son actividades económicas); en su artículo 3.o propone
procurar el pleno empleo, asegurar el abastecimiento energético,
etcétera. En suma, que si hay dos ciudades funcionando, separadas del
territorio por el mar Mediterráneo, tengamos un objetivo fundamental:
que los ciudadanos que vivan allí tengan condiciones de apoyo, puesto
que les resulta más gravoso el residir allá. La virtualidad que tiene
la proposición que hoy se debate es que, globalmente, analiza medidas
económicas, incentivos para mantener y generar empleo, régimen
laboral y social. Y hay otro bloque, todo el título III, que se
refiere a la política de impuestos: hacienda estatal, impuestos
directos e indirectos.
Nosotros tenemos críticas o diferencias con esta proposición de ley,
pero podemos utilizar el trámite de enmiendas al articulado para
corregirlas. Creo que lo lógico, por similitud con el tratamiento que
le dimos en su momento, es que esta Cámara tome en consideración la
proposición de ley que hoy nos trae a debate; incluso, que se agrupe
con la que ya se ha tomado en consideración para una de las ciudades,
para que los grupos parlamentarios puedan presentar sus enmiendas
y sus alegaciones y podamos conocer por qué o en qué condiciones vamos
a declarar este régimen económico y fiscal para Ceuta y Melilla. Ese
sería el trámite en el que hoy nos encontramos: toma en
consideración. La no toma en consideración es decir que no existe esa
demanda o que no existe esa realidad a proteger, cosa que
constitucionalmente debe darse y que a nivel de situación europea
estamos exentos de tenerlo. Aunque yo tengo que reconocer una cosa y
es que, en el trámite de la Ley del IRPF, a través de las enmiendas,
hemos incluido un tratamiento especial para las ciudades de Ceuta y
Melilla. Pero eso es el IRPF, el impuesto sobre la renta de las
personas físicas, que todos los que vivan allá pagarán una renta un
50 por ciento inferior, en función de la base que les pueda resultar.
Pero el objetivo de esta proposición no debe ser solamente el
funcionamiento fiscal. El objetivo que deberíamos de tener no es qué
impuestos pueden pagar mejor o peor allá porque, al final, podría
ocurrir que, a nivel del impuesto sobre sociedades, del impuesto
sobre la renta de las personas físicas o de cualquier otra figura
impositiva, tratáramos mejor a los que se pudieran asentar allá, lo
que no garantiza que allí hubiera ciudadanos y que hubiera actividad
económica, ni siquiera que las empresas que existieran tuvieran
realidad productiva.
El ejemplo es Gibraltar. Hay dos empresas por cada ciudadano
gibraltarense asentadas en la Roca, se hablaba de 50.000 empresas
legalizadas. ¿Ese es el ejemplo que queremos para Ceuta y Melilla?
¿Empresas o sociedades que tienen allí su localización, pero no su
actividad económica? No es posible. La fórmula es la que se está
proponiendo aquí: buscar incentivos de inversión, buscar incentivos
al asentamiento productivo, buscar actividad productiva y buscar
actividad exportadora. Al final, se decía: vamos a apoyar actividades
agrícolas. De lo que se trata es de que pueda haber actividad
agrícola en la zona, de lo que se trata es de que pueda haber
actividad comercial en la zona, de lo que se trata es de que pueda
haber actividad industrial para vender
y comprar, de lo que se trata es de que haya motivo para vivir en la
zona y de que nuestros ciudadanos tengan la perspectiva de que se les
apoya desde aquí. Ese es el motivo por el que el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida va a tomar un posicionamiento favorable a
la toma en consideración. Votar en contra de la toma en consideración
de la proposición de ley es decir que no existe esta necesidad o esta
demanda.
En el trámite parlamentario ha habido ampliación del plazo de
enmiendas, por lo que disponemos hasta la semana próxima -hemos dado
15 días la última vez- para enmendar el tratamiento fiscal de una de
las ciudades, de Melilla. En el debate de toma en consideración
decíamos que íbamos a plantearnos: primero, huir del tratamiento
fiscal como única actuación de la propia acción y, segundo, que el
tratamiento asentado para Canarias y para Baleares también fuese
tenido en cuenta para una situación excepcional; allí es de
insularidad, aquí es de lejanía continental en la ubicación de las
dos ciudades autónomas que figuran en nuestra propia Constitución,
que celebran 500 años de vida relacionadas con la península y que
desean ser esa prolongación de nuestro territorio en el continente
africano. ¿Cuál es la parte de crítica que nosotros transformaríamos
en enmiendas? Hay una ayuda que podríamos llamar rendimiento del
capital mobiliario, que podríamos llamar actuaciones y rendimientos
de actividades empresariales o de incrementos de patrimonio que, o la
hacemos progresiva, o al actuar porcentualmente beneficiamos en
función de la realidad económica, y no se cumple un mandato
constitucional que es la progresividad, es decir, que pague más el
que más tiene y menos el que menos tiene. Si establecemos el 50 por
ciento de bonificación, al final los que ganan más también van a
pagar más, pero es un tratamiento discriminatorio positivo. Estoy
convencido de que la base de la argumentación que aquí se ha dado, la
posibilidad que nos brinda esta proposición de ley es la de tramitar
a la vez una situación a la que tenemos que hacer frente en dos
ciudades: Ceuta y Melilla.
Admitamos todos que el texto puede ser modificado y precisado, que
algunas vertientes se podrían añadir, que incluso podemos suprimir
vertientes que no queremos regular, pero rechazar esta proposición de
ley es no querer que se establezca en esta legislatura ese
tratamiento, y tendríamos que dar explicaciones de por qué no
queremos que exista ese tratamiento especial para ciudadanos
españoles que están en una situación especial, porque todos nos
llenamos la boca cuando se trata de defenderles y protegerles, pero
que a la hora de hacerlo efectivo, lo hacemos con cuentagotas y con
parches.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego concluya.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Y un parche funciona hasta que se despega.
Cuando se despega, la rueda
pierde aire y vuelve a necesitar otro parche. Acabemos con los
parches y pongamos rueda nueva. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente, señoras y señores
diputados, después de oír la intervención inicial del portavoz del
Grupo Socialista, parecía que estábamos en otra época, que
correspondía a otro Gobierno y que viene del año 1995. Me explico, de
la intervención del señor Segura, y lo lamento profundamente porque
creo que es una persona que tiene bastante sensibilidad con los temas
extrainsulares -por llamarlo de alguna forma-, sólo se me ocurrían
dos interpretaciones: la primera que su grupo político desconoce
absolutamente las realidades de las ciudades en estos tres últimos
años y los avances que él ha enumerado de forma somera a través de
las iniciativas del propio Gobierno de la nación, que sí ha tenido
sensibilidad. La segunda de las posibles explicaciones era que
estábamos ante un Gobierno Socialista, a finales de 1995 o a inicios
de 1996, que precisamente por su insensibilidad con ambas ciudades,
casi llega a la quiebra técnica, y hay documentos de direcciones
generales en los que se pedían las modificaciones necesarias para
avanzar en el sistema económico y financiero de ambas ciudades que
fueron negados sistemáticamente.
Afortunadamente, estamos en 1999, con un Gobierno del Partido
Popular, un Gobierno que sí ha tenido esa sensibilidad, que sí ha ido
realizando cambios permanentes en la fiscalidad de ambas ciudades y
reconociendo las especificidades de éstas, un Gobierno que ha
permitido, como consecuencia de esos reconocimientos, el avance
sustancial de estas ciudades.
Voy a procurar enumerar de forma somera aquellas especificidades que
han sido imprescindibles para el mantenimiento y el estatus actual de
ambas ciudades, ya que además ha habido mucho desconocimiento en
muchas de las apreciaciones que se han mantenido aquí. En primer
lugar, se ha adoptado un reconocimiento expreso de las peculiaridades
fiscales de Ceuta y Melilla en la Ley orgánica que regula la
financiación de las comunidades autónomas, y con tal motivo en la
última reforma de la citada ley, se introduce una nueva disposición
adicional en virtud de la cual se recoge expresamente la existencia
de los regímenes fiscales especiales de Ceuta y Melilla entre los
distintos regímenes fiscales de España.
Esta confirmación debe ser valorada por razón del rango y lugar donde
se produce como paso definitivo a la consolidación de los citados
regímenes y, además, pone en igualdad de condiciones a las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla con el resto de las comunidades
autónomas.
En segundo lugar, la reforma de la imposición indirecta propia
configurada a través de la implantación del
IPSI, el nuevo modelo de impuesto que sustituyó al arbitrio y al
aforo que tenía Melilla. En este caso mi intervención puede ser
interpretada exactamente igual que la de mi compañero de Melilla,
Antonio Gutiérrez Molina, porque seguro que actuaríamos como hermanos
gemelos respecto a lo que aquí estoy diciendo en representación del
Grupo Popular.
En tercer lugar, la nueva regulación del IRPF en la deducción por
rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. Ya se ha nombrado aquí por los
dos portavoces, pero no se ha profundizado, siendo incontestable que
las singularidades en la imposición sobre la renta de las personas
físicas constituye uno de los elementos fundamentales del régimen
económico y fiscal de Ceuta y Melilla y procede reconocer que la
nueva regulación legal de dichas peculiaridades y su desarrollo
reglamentario representan un decisivo avance en la actualización y
mejora del citado régimen, sin perder ninguno de los beneficios que
se contemplan en la normativa precedente.
Las novedades más llamativas de la referida regulación pueden ser
resumidas en cuatro aspectos. Por primera vez en la historia del
ordenamiento tributario español, los contribuyentes de Ceuta y
Melilla podrán aplicar la deducción legal del 50 por ciento de la
rentas que obtengan fuera, hasta el límite de los rendimientos
y ganancias patrimoniales obtenidos en estas ciudades y siempre que
tengan invertido en las mismas al menos una tercera parte de su
patrimonio.
Los contribuyentes que no residan en Ceuta y Melilla tendrán derecho
a la deducción del 50 por ciento por las rentas que obtengan en las
mencionadas ciudades procedentes de la titularidad de bienes
inmuebles, el ejercicio de actividades económicas, la suscripción de
obligaciones y préstamos, el arrendamiento de bienes inmuebles,
negocios o minas, participaciones en sociedades, cuando, según la
normativa anterior, tan sólo los dividendos de las sociedades tenían
derecho a la comentada deducción. Por cierto, recuerdo al Grupo
Socialista que ha llevado la nueva regulación sobre el IRPF al
Tribunal Constitucional, con lo cual este avance sustancial de la
ciudad de Ceuta y Melilla podría verse en peligro.
En materia de pagos a cuenta en la reducción del 50 por ciento
correspondiente a los rendimientos del trabajo y a las actividades
empresariales, se extiende a los ingresos profesionales,
arrendamientos de inmuebles y dividendos de sociedades, con lo que se
recupera la ventaja perdida precisamente con ocasión de la revisión
reglamentaria llevada a cabo en 1991, que el señor Segura ha nombrado
aquí, en esta tribuna.
En el reglamento del impuesto se recoge expresamente que las
pensiones, cualquiera que sea su naturaleza, los planes de pensiones
y otras prestaciones similares tendrán la consideración a efectos de
la deducción de rentas obtenidas en Ceuta y Melilla de acuerdo con la
ley y siempre que el contribuyente tenga su residencia habitual en
estas ciudades.
Un tema importante que no se ha nombrado aquí es la actualización de
las reglas de origen. Las referidas
reglas establecen los criterios aplicables para la determinación de
los productos originarios de Ceuta y Melilla, ya sean primarios o
elaborados, a efectos de su posible exportación en régimen de libre
práctica al territorio común aduanero y, por tanto, sin sometimientos
a cupos o restricciones ni derechos arancelarios, salvo en
determinadas exclusiones.
Si se relacionan los expresados objetivos con las medidas sobre las
que anteriormente he hecho un breve comentario, puede apreciarse a la
vista de los resultados obtenidos que éstos han significado
importantes e históricos avances de los objetivos vinculados a la
actualización y reforma del REF, por cuanto han sido útiles para
conferir mayor rango y seguridad jurídica al reconocimiento de las
peculiaridades e incrementar espectacularmente la capacidad
financiera de las dos ciudades.
Le voy a dar los datos de la ciudad de Ceuta, porque respecto a los
de la Ciudad Autónoma de Melilla, como conoce, algunos compañeros
suyos participaron en una moción de censura y ahora no parece que
estén muy de acuerdo con expresar datos sobre cuál es la situación de
la ciudad de Melilla.
Se multiplican por tres los ingresos sin incrementos de la presión
fiscal; se pasa de un remanente negativo de 1.420 millones de pesetas
en 1996, a un resultado positivo de 926 millones al cierre de 1997;
se reduce en once puntos la carga financiera; se destinan con cargo
a los presupuestos de 1997, 1998 y 1999 cerca de 1.200 millones de
pesetas para el fomento de empleo y apoyo a la pequeña empresa; se
multiplican por dos las dotaciones en gastos sociales; se amplía la
cobertura de los servicios de limpieza; se consigue que en 1999 las
inversiones representen un 12 por ciento del presupuesto total; se
rebajan un 20 por ciento los impuestos comunes y las tasas; se
aumenta en dos puntos la renta disponible de las familias; se cumple
con los escenarios presupuestarios vinculados a la Europa del euro y
se amplía la autonomía financiera de la entidad. Esto es tener
conocimiento sobre lo que sucede en Ceuta y lo que sucede en Melilla,
señor Segura, no lo que se ha dicho aquí anteriormente.
Voy a decirle más. Quizá después de todo este planteamiento que acabo
de hacer, comparando el conjunto de aspiraciones que han planteado
las ciudades para que sean recogidas en la pretendida actualización
del REF, se llega a la conclusión de que tan sólo quedan por culminar
dos cosas, señor Segura, o, mejor, las reduciremos a una, que es
establecer bonificaciones al tejido empresarial que tenga su sede en
Ceuta y que desde ahí realice sus operaciones internas y externas.
Eso es realmente lo que necesita la ciudad de Ceuta.
Después de todo lo anteriormente expuesto, sin volver a incidir en lo
que he manifestado, sí tengo la obligación de anunciar aquí -para
terminar, señor presidente, porque no quiero alargarme mucho en el
tiempo, luego, si viniera al caso, se llegaría a más-, en este acto,
en este momento, la presentación por parte del Grupo Popular de una
proposición no de ley que
inste al Gobierno a presentar, en el menor plazo posible, un proyecto
de ley que tenga por objeto complementar la actuación y
perfeccionamiento del régimen económico y fiscal especial de Ceuta,
sin perjuicio de los avances logrados en los últimos años; su
proyecto es bastante peor para ambas ciudades de lo que significaría
la no existencia del régimen económico y fiscal aprobado en esta
Cámara. El texto y el proyecto que ustedes plantean es un retroceso
manifiesto.
En segundo lugar, instar al Gobierno a la inclusión en el próximo
proyecto de la Ley de Presupuestos Generales de los mecanismos
adecuados en orden a posibilitar la ampliación en dicho ejercicio de
aquellas medidas que, como complemento de las ya adoptadas y de
acuerdo con las previsiones del referido proyecto en la Ley del REF,
se consideran necesarias para dinamizar la actividad económica, tanto
en Ceuta como en Melilla, y dotar lógicamente a estas ciudades de
este instrumento.
Pero le voy a decir más, y con esto finalizo porque ya hay un trámite
abierto, que es el de la Ciudad Autónoma de Melilla, y habrá un
trámite abierto de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Señor Segura, es de
una falta de consideración total y absoluta para las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, presentar un solo proyecto para dos
realidades distintas. No se puede tomar en serio un proyecto de ley
que hable de la norma fundamental financiera de la Ciudad Autónoma de
Ceuta y de la Ciudad Autónoma de Melilla, en donde las dos ciudades,
que pueden ser hermanas pero no gemelas, tienen que compartir esos
criterios.
Señor Segura, lo necesario, lo estrictamente necesario hubiera sido
que cada ciudad tuviera su régimen económico y fiscal, como cada
ciudad tiene su estatuto de autonomía distinto. Me imagino que no se
atrevería usted, señor Segura, ni su grupo, a presentar ningún
proyecto de ley en esta Cámara, por ejemplo, que viniera a decir las
mismas cosas para la Comunidad Autónoma de Baleares y la Comunidad
Autónoma de Canarias, a la que usted pertenece.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González. (El señor Segura Clavell pide la palabra.)
Señor Segura, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, este diputado interpreta
que el diputado que ha intervenido por el Grupo Parlamentario Popular
lo ha hecho casi formalmente consumiendo un turno en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, señor
Segura. El señor González ha utilizado la fijación de posición de
forma estricta y no ha lugar al turno de réplica.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, entonces, en concepto de
alusión, ya que se me ha aludido en reiteradas ocasiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, señor
Segura. Su señoría ha participado en el debate, ha expresado la
posición de su grupo parlamentario, como dueño de la iniciativa y,
por lo tanto, necesariamente ha tenido que ser mencionado y no
aludido.
No ha lugar, señor Segura, a ningún tipo de réplica. Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ocupen sus escaños.
Vamos a proceder a la votación, no sin antes comunicarles que se
encuentra entre nosotros el vicepresidente de la República de Bolivia
y presidente de su Cámara de Diputados, el señor Quiroga, para quien
les pido un saludo. (Aplausos.)
Muchas gracias.
Votación sobre la proposición de ley del Grupo Socialista, de régimen
económico y fiscal de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 127; en contra, 156; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la proposición
de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO
DE JUGADORES EXTRANJEROS EN LAS LIGAS PROFESIONALES (Número de
expediente 162/000292.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, proposiciones no de
ley. En primer lugar, la del Grupo Socialista sobre la disminución
del número de jugadores extranjeros en las ligas profesionales.
Para su presentación, tiene la palabra don Jerónimo Nieto. (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
El señor NIETO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
El número de jugadores extranjeros en los equipos profesionales
españoles de fútbol y baloncesto siempre ha sido polémico, y en el
fútbol ha sido un punto de tensión constante entre los clubes,
especialmente los más poderosos, los más fuertes, frente a la
Federación Española de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Españoles.
Estos, la Federación y la Asociación, han defendido de forma
sistemática la cantera de jugadores españoles y, al mismo tiempo, la
promoción de los jóvenes jugadores, y han manifestado, por otra
parte, de forma reiterada, la pérdida de arraigo de las aficiones con
los clubes por la masiva presencia de jugadores extranjeros.
Por contra, los clubes de fútbol, sobre todo, como decía al comienzo,
los grandes, y también la Liga de Fútbol Profesional han defendido y
potenciado la presencia de jugadores extranjeros, argumentando que de
esta forma, por un lado, se mejoraba la calidad de la competición
futbolística y, por otro lado, se abarataban las contrataciones de
jugadores.
La Ley 10/1990, del Deporte, trató de solucionar el conflicto entre
los afectados, y de forma especial entre la Liga de Fútbol
Profesional y la Federación Española de Fútbol, y lo hizo a través de
la regulación de las competencias que debía tener cada una de estas
entidades. A partir de ese momento, cualquier modificación en el
número de jugadores extranjeros requiere el acuerdo entre las
federaciones y las ligas. El Real Decreto 1835/1991, de 20 de
diciembre, sobre federaciones deportivas españolas, viene a
reglamentar de una forma precisa y clara esta situación. La
consecuencia inmediata de la aplicación de este real decreto fue la
firma de sendos convenios entre las federaciones españolas de
baloncesto y fútbol con las ligas correspondientes. En aquellos
convenios se recogía la posibilidad de 4 jugadores no seleccionables
en fútbol sobre el terreno y 6 en plantilla. Y en el caso del
baloncesto, se contemplaba la posibilidad de que existieran 3
jugadores en plantilla y en el terreno, en cada uno de los equipos de
la Liga Profesional de Baloncesto.
En esta situación viene a incidir de una forma contundente la
sentencia Bosman, que cambia radicalmente este escenario, para
eliminar el concepto de no seleccionable. En la actualidad se siguen
admitiendo, como saben, 4 extranjeros, 6 en plantilla en cada equipo
de fútbol y 3 en baloncesto, pero, además, todos los deportistas
profesionales que procedan de países de la Unión Europea. Esta
situación ha conducido, en los últimos dos años, a que en los clubes
profesionales la presencia de jugadores españoles haya disminuido
notablemente. Esto ha originado, a nadie se le escapa, multitud de
problemas que tratamos de evitar, si se pone en práctica el contenido
que tiene esta iniciativa parlamentaria que estamos viendo.
Como decía, los problemas que se han originado podíamos resumirlos en
los siguientes. No hay incorporación de jóvenes españoles a las
plantillas de los clubes y, en consecuencia, se ha desatendido la
propia cantera nacional. Los presupuestos de los clubes se han
incrementado de una manera notable y, lejos de abaratar el mercado
con la presencia de más extranjeros, lo que han hecho ha sido
incrementarlo. Se ha resentido la incorporación de jugadores a las
selecciones nacionales y, al mismo tiempo, se ha ido produciendo un
cierto desarraigo entre las aficiones y sus clubes, al disponeren sus
plantillas de un número excesivamente
alto de jugadores no españoles. En el mundo del baloncesto existe un
principio de acuerdo entre clubes y la Federación Española de este
deporte de reducir a dos el número de jugadores no españoles en cada
club. Parece ser que es un acuerdo que está a punto de suscribirse.
Es, por lo tanto, un acuerdo posible. Sin embargo, en el mundo del
fútbol este acuerdo no parece posible, al menos en los momentos
presentes, y además se presenta como muy difícil.
La administración deportiva española, por boca de su secretario de
Estado o del ministro correspondiente, ha hablado de forma constante
de la conveniencia de reducir el número de jugadores extranjeros en
los equipos de fútbol, sin que hasta la fecha se haya observado
resultado positivo alguno. Es por esto, señorías, por lo que hemos
presentado esta iniciativa parlamentaria, para que el Gobierno actúe
con seriedad y deje de hacer propaganda en unos casos y amenazas en
otros. Permítanme, señorías, que les lea un recorte de prensa del 13
de octubre de 1998, una semana antes de la presentación de esta
iniciativa. Decía el secretario de Estado para el Deporte, en aquel
entonces don Santiago Fisas, que el Gobierno español tiene en cartera
reducir el número de extranjeros en los clubes de fútbol si el
próximo día 16 de octubre la Liga Profesional se resiste a consensuar
algún tipo de reducción antes del año 2000.Y decía también en aquella
fecha el secretario de Estado para el Deporte, según la información
que estoy leyendo, que don Santiago Fisas amenazó hace unos días con
la posibilidad de una intervención gubernativa en el asunto.
En opinión del Grupo Socialista, ni paños calientes, ni amenazas. Lo
que sí tenemos que hacer es actuar con seriedad. Es evidente que
estamos ante una nueva situación producida por la sentencia Bosman,
que el Grupo Parlamentario Socialista acepta en todos sus términos,
que estamos también ante una nueva situación producida por la entrada
de abundante dinero en el mundo del fútbol procedente de la
televisión, y que ambas cosas han conducido, aparte de otras, a una
presencia masiva de jugadores extranjeros en todos los equipos de
primera y segunda división, salvo algunas excepciones. Señorías, ante
una situación nueva, que provoca problemas nuevos, debemos buscar, en
mi opinión, soluciones nuevas, y en este caso, además de que sean
nuevas, que sean equilibradas.
Los socialistas creemos que en el mundo del deporte los poderes
públicos deben huir tanto del intervencionismo puro y duro -y
permítanme que tome una frase de un artículo publicado en la prensa
española por Jaques Delors en agosto de 1998- como del integrismo de
la libertad absoluta del mercado. Por ello, instamos al Gobierno a
que ejerza sus funciones. Creemos que en este caso la función del
Gobierno debe ser la de una intervención mediadora, y debe hacerlo
quien sea, el secretario de Estado para el Deporte, el ministro de
Educación, el vicepresidente Álvarez-Cascos, buen conocedor del mundo
del fútbol, impulsor del reconocimiento legal del fútbol como bien de
interés general
a través de una ley, que hemos visto que sirve para muy pocos, pero
que en aquel entonces se nos dijo que perseguía objetivos muy
generales; luego, hemos visto que perseguía objetivos muy
particulares y muy coyunturales. Ahora, sí tiene la ocasión de
intervenir -si el que lo va a hacer es el vicepresidente Álvarez-
Cascos- en un asunto de mayor interés y de mayor preocupación para
los ciudadanos. Además, le deseamos que lo haga pronto y que lo haga
bien, porque el Gobierno, en opinión del Grupo Parlamentario
Socialista, debe sentar, de forma rápida, alrededor de una mesa a las
partes afectadas, debe sentar a la liga, a la Federación, a los
jugadores, para que acuerden una reducción importante del número de
jugadores extranjeros no comunitarios que puedan jugar en el fútbol
profesional español, porque creemos que esto es una demanda bastante
generalizada y, sobre todo, porque los argumentos que siguen
utilizando los defensores de la presencia masiva de extranjeros en
nuestro fútbol, en opinión del Grupo Socialista, no se sostienen.
Estos argumentos eran, a saber, que se produciría un abaratamiento
del mercado, pero no ha sido así, se ha encarecido el mercado; que se
mejoraría la calidad de nuestro fútbol profesional. En este sentido,
permítanme que me plantee serias dudas y muchos interrogantes, porque
¿cómo medimos la calidad? Es complicado, pero yo me atrevo a dar dos
o tres ejemplos que pueden ser muestra de que no se ha incrementado
la calidad de nuestro fútbol, sino que podía haber sido de la misma
calidad con menos jugadores extranjeros y más presencia de jugadores
españoles en los campos de fútbol.
Por ejemplo, el primer equipo en la liga en primera división es el
Barcelona, un equipo que tiene en su plantilla 9 españoles y 15
extranjeros. Pero el último equipo de la clasificación es el
Salamanca, que tiene 8 españoles y 15 extranjeros. No sé si esto
sirve para demostrarnos la mayor o menor calidad de los extranjeros
a la hora de ver que un equipo tenga más o menos rendimiento. El máximo
goleador en primera división no es un extranjero, es un español. En
la selección Sub 21, que en estos momentos está jugando en Nigeria y
que está haciendo un espléndido papel, no hay ni un solo jugador que
esté jugando en primera división, y es posible que ganen el
campeonato del mundo. ¿Qué va a pasar con estos chavales la próxima
temporada? ¿Dónde van a ir? ¿Tienen hueco en nuestros equipos de
primera división? Yo lo veo problemático.
Por tanto, y voy terminando, consideramos urgente, señorías, dar
salida a esta situación. Además, creemos que para dar una salida
equilibrada y razonable debería hacerse, en opinión del Grupo
Socialista, en dos fases. En una primera fase el Gobierno debe instar
a las partes a que lleguen a un acuerdo, y si esto no fuera así, si
no existiera acuerdo, en una segunda fase el Gobierno debe regular la
nueva situación modificando en este caso el decreto que regula la
presencia de jugadores extranjeros en nuestras competiciones
deportivas profesionales.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Nieto, concluya, por
favor.
El señor NIETO GONZÁLEZ: En todo caso, y termino, señor presidente,
para lograr este objetivo creemos que se debe modificar el Real
Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas,
y ese es el planteamiento que hace el Grupo Socialista en la
proposición no de ley que estoy defendiendo, para disminuir el número
de trabajadores extranjeros, y que, en todo caso, debe hacerse
respetando los contratos en vigor hasta la fecha de caducidad de los
mismos y debe hacerse, además, manteniendo el convenio existente
entre la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol
Profesional hasta que caduque.
Creemos que es una propuesta razonable, señorías, y por ello me
atrevo a pedir desde esta tribuna el voto de todos y cada uno de los
diputados de la Cámara pertenecientes a todos y cada uno de los
grupos de la misma. Es una propuesta razonable que, además, abre una
vía de trabajo al Gobierno en un sector que necesita alguna
regulación y no viene a entorpecer lo que el mismo Gobierno pueda
hacer, sino a facilitarle la labor.
En todo caso, si no fuera así, si los grupos parlamentarios no están
dispuestos a dar su voto a esta iniciativa, nosotros, como Grupo
Socialista, estamos dispuestos a aceptar un texto transaccional, en
el que están trabajando todos los grupos, en aras del máximo acuerdo
posible sobre una iniciativa de este tipo.
En la redacción de la iniciativa hacíamos referencia constante a dos
áreas deportivas: el fútbol y el baloncesto. Teniendo en cuenta que
la situación del baloncesto ha evolucionado mucho y que el acuerdo
está a punto de firmarse, consideramos que el posible acuerdo que
adoptemos sobre una enmienda transaccional debe quedar circunscrito
exclusivamente al mundo del fútbol.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Nieto.
A esta proposición no de ley han presentado enmiendas los grupos de
Izquierda Unida, Popular y Catalán (Convergència i Unió). Para la
defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida para fijar nuestra posición y para presentar una
enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, que afecta a la disminución del número de jugadores
extranjeros en las ligas profesionales.
En el tema que hoy nos ocupa, y trataré de explicarlo desde un punto
de vista más global, el aumento de las modificaciones en el entorno
del deporte profesional precisa de mayores y más ajustadas reformas;
reformas
en profundidad que nos sitúen en una nueva realidad más ceñida a
lo que significa hoy el deporte profesional, el deporte de alta
competición y el deporte espectáculo.
Es obvio que esta nueva realidad significa que en presupuestos, en
complejidad organizativa y en todos los aspectos del deporte
profesional, se han superado tanto el marco de la Ley del deporte
como las previsiones que hubiéramos podido imaginar en los momentos
que se debatían y fijaban las condiciones de dicha ley del año 1990.
Una reforma legislativa, una proposición no de ley como la que hoy se
plantea aquí vía modificación de decreto, no va a solucionar la
planificación y la reorientación de un sector que, como decía antes,
ha superado de forma clara todas las previsiones. Las vías de
actuación para resituar el deporte profesional con todos sus
elementos tendrían que ir encaminadas a los acuerdos, a los procesos
de autorregulación y a las modificaciones legislativas en esa
secuencia, que es hacia donde se encaminan todos los procesos de
modificación por acuerdo de nuestro entorno europeo en cuanto afecta
a deporte profesional y a deporte espectáculo.
Un elemento sustancial a introducir en esta nueva vía de actuación a
la que habría que incorporarse -además de que nuestro grupo está de
acuerdo con la proposición no de ley y la va a votar- es la
participación de los deportistas en la defensa de sus propios
intereses, tanto laborales como de protección o que tengan que ver
con su entorno profesional y deportivo.
Lo cierto es que en este período legislativo la actuación del
Gobierno ha estado marcada por un incumplimiento, una incapacidad,
llamémoslo como queramos, de asumir las reformas de fondo de la Ley
del deporte, como se prometió al inicio de la legislatura, y lo que
significa en el crecimiento, la evolución de las sociedades anónimas
deportivas y todas las modificaciones que tanto en el ámbito laboral
como en el ámbito de modalidad de competiciones se están produciendo
en nuestro entorno europeo y que afecta a todo lo que significan los
sistemas de competición y la organización en modalidades de ligas
profesionales o de federaciones deportivas.
Ante todo lo que debería haber significado una mesa abierta de
negociación y de cambio en todo el proceso y evolución del deporte
profesional, lo que ha ocurrido es que se ha actuado desde el
Gobierno por decreto únicamente en la liquidación y renegociación del
plan de saneamiento, en la elevación del porcentaje de las quinielas,
en modificaciones fiscales que afectaban a los derechos de imagen con
efecto retroactivo, ya que los clubes habían iniciado una nueva
situación de deuda que se venía a acumular al plan de saneamiento que
posteriormente se ha renegociado. Todos estos procedimientos
legislativos se han dado, fundamentalmente, bajo el signo y la
presión de los grandes clubes de fútbol y en ningún caso se han
tenido en cuentaaspectos técnicos, aspectos laborales, viabilidad del
conjunto del sistema deportivo o aspectos de protección a los
deportistas ante nuevas situaciones.
Por tanto, necesariamente en algún momento deberemos de debatir en
profundidad otro modelo, un modelo deportivo mucho más ajustado a la
realidad actual y que corrija desequilibrios, que fije mejor las
situaciones de los deportistas profesionales, que fije mejor las
situaciones de los recursos, que sitúe mejor los modelos de
competición y que aborde los nuevos fenómenos clarísimos que afectan
al deporte profesional y al deporte espectáculo como el doping o los
fenómenos de violencia deportiva.
Tenemos el convencimiento de que se precisa otro tipo de debate y
otro tipo de profundización en lo que significan las necesidades de
este sector, que ahora mismo están contempladas únicamente desde los
intereses de las ligas, de los grandes clubes y de los medios de
comunicación. Fundamentalmente todos los procesos que afectan a la
regulación del deporte profesional están bajo el signo de estos
intereses y no del conjunto colectivo de intereses del sistema y de
los propios deportistas.
Sigo insistiendo en que esto no se soluciona desde una intervención
puntual que nosotros vamos a apoyar, pero también somos conscientes
de que es cierto que a raíz de la sentencia Bosman, que nosotros
apoyamos en todo caso, ha habido un efecto inmediato, que es la
aplicación por los clubes y por la Liga de Fútbol Profesional de esta
sentencia, superando en el fondo los acuerdos que en su momento se
tomaron, intentando con dificultad salvaguardar un difícil equilibrio
que hoy está roto y que han defendido en su momento tanto los propios
jugadores, las asociaciones profesionales de jugadores, como en otro
sentido también la Federación Española de Fútbol. De ahí se derivó en
su momento la convocatoria de huelga de jugadores profesionales en
primera y en segunda división y todo un conflicto que no va a
finalizar, que va a ser un procedimiento difícil si no se aborda
desde toda la complejidad que significa, pero esta proposición no de
ley puede significar un avance y un paso por lo menos y cuando menos
en la comprensión de que hay otros elementos que se tienen que sentar
en todos los procesos que afectan al deporte profesional y que en
este caso son parte importante, como son los propios jugadores y lo
que significan las necesidades de presente y de futuro.
Desde esta perspectiva nosotros vamos a votar a favor, vamos a formar
parte de un posible consenso de lo que significaría una propuesta
transaccional. Insistimos en que sería necesario en el entorno de
esta propuesta marcar unos tiempos y unas posibilidades para lo que
significa el acuerdo y si no posteriormente pasar a la regulación,
que no va a ser un tema fácil, que no sería bueno plantearlo desde un
punto de vista demagógico, que sabemos que va a ser una reforma
parcial que no es definitiva, pero que, en todo caso, el Gobierno
debe abordar desde esa limitación la solución de un problema y en
ningún caso finaliza ahí lo que significa una reforma que hay que
hacer, que está pendiente,
que no se ha hecho por intereses de otro tipo, que no vienen a cuento
ahora, pero que queda pendiente y que significa, en definitiva, la
verdadera solución del enfoque del deporte profesional y de las ligas
profesionales y de los propios jugadores profesionales.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Sabanés.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, voy a hacer una pequeña referencia a la
historia y a cómo se encuentra en el momento actual el tema de la
regulación de los extranjeros dentro del fútbol español.
La determinación del número de extranjeros que pueden participar en
las competiciones oficiales corresponde, en principio, a las
federaciones deportivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo
3.1 a) del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre -de acuerdo con
lo establecido, he dicho, en este real decreto sobre federaciones
deportivas-, dentro de su facultad para regular el marco general de
las competiciones. No obstante, en aquellas federaciones donde
existen competiciones de carácter profesional, la regulación de la
competición debe realizarse mediante convenio con la correspondiente
liga profesional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.1
del real decreto citado. En concreto, este último precepto señala que
una de las materias que puede ser objeto de regulación en el convenio
es el número de jugadores que podrán participar en dichas
competiciones y que no sean incluibles en las selecciones nacionales,
dado que no se puede limitar el número de jugadores comunitarios en
aplicación del artículo 48 del Tratado de la Unión Europea -siendo de
todos conocida la sentencia del caso Bosman-, sólo se puede regular
el número de jugadores no comunitarios o extranjeros no comunitarios.
El vigente convenio que existe entre la Real Federación Española de
Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional establece que los clubes que
participen en competiciones oficiales de ámbito estatal y de carácter
profesional podrán contratar o inscribir libremente futbolistas
procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea; no
obstante, un acuerdo posterior fijó un número máximo de 6 licencias
de jugadores no comunitarios por un club que, si bien fue establecido
con carácter experimental para la temporada 1996-1997, nunca se llegó
a revisar, siendo la regla que rige en la actualidad 6 licencias y 4
alineables simultáneamente.
A finales de la temporada 1997, la Asociación de Futbolistas
Españoles convocó una huelga con el fin de limitar más este número de
jugadores no comunitarios, que finalmente se desconvocó porque todas
las partes, Real Federación Española de Fútbol, Liga de Fútbol
Profesional y Asociación de Futbolistas Españoles, suscribieron un
documento de compromiso el 27 de agosto
de 1997, en el que se acordó constituir una mesa de negociación para
el estudio de la situación. El Consejo Superior de Deportes se
comprometió en ese documento a velar por el cumplimiento y eficacia
de los acuerdos. Después, la mesa de negociación ha tenido hasta la
fecha 4 reuniones: el 18 de septiembre de 1997, el 17 de octubre de
1997, el 20 de enero de 1998 y el 16 de octubre de 1998. En ellas se
han asumido las siguientes premisas para la negociación: uno, el
respeto a las situaciones preexistentes, lo cual implica la vigencia
del convenio actual hasta su fecha de finalización; dos, la
negociación de las nuevas condiciones de la contratación de jugadores
no comunitarios que se aplicarán a partir del 30 de junio del año
2002, fecha de extinción del convenio vigente.
Salvo el acuerdo existente sobre las premisas, las posturas que se
mantienen sobre el fondo de la cuestión están completamente
enfrentadas, ya lo han dicho mis antecesores en el uso de la palabra,
y de alguna manera frustra las expectativas de muchos jóvenes que
tienen mayor calidad futbolística que otros muchos extranjeros que se
contratan. Por su parte, la Liga de Fútbol Profesional ha
radicalizado su postura y no sólo está de acuerdo con la limitación
actual, sino que es partidaria de que exista libertad absoluta de
contratación de jugadores no comunitarios. Probablemente es una
postura de cara a la negociación, pero lo que también pretende de
alguna manera es apretar las clavijas y veremos en qué depara esto.
La proposición no de ley del Grupo Socialista se presenta en este
contexto el 26 de octubre de 1998, en la que se insta al Gobierno a
modificar el real decreto para dirimir el número de jugadores. Aquí
tengo que hacer un alto en el camino y decir que dentro de estas
últimas horas ha habido una intensa negociación por parte de todos
los grupos, por parte del Grupo Socialista -que precisamente está
abierto a cualquier tipo de propuesta que se le plantee-, por parte
de Convergència i Unió -que también así lo ha demostrado-, por parte
de Izquierda Unida, por parte del Partido Nacionalista Vasco y por
parte de Coalición Canaria. Es de agradecer porque, al final,
conseguiremos una transacción global en la que los intereses de todos
los grupos políticos, y fundamentalmente de los futbolistas
españoles, saldrán netamente beneficiados.
La enmienda inicial que presentamos, que está lógicamente sometida a
esas transacciones y donde estamos abiertos a conseguir el mayor
consenso posible dentro de esta Cámara porque es una medida que va a
favorecer globalmente a todos, pensamos que era la adecuada; sin
embargo, en la negociación política -ya se sabe- estamos abiertos
lógicamente a que se planteen cualquiera de las iniciativas que
dentro de estas conversaciones se han venido manteniendo.
He de hacer una referencia explícita a dos temas en concreto que se
han dicho en esta tribuna. El señor Nieto, en su afán lógico de
defender los postulados socialistas en todo aquello que ha venido
siendo tradicional en este atril, ha cometido no dos errores sino
dos maldades, en el bien entendido de la palabra. Ha estado
obsesionado, con una fijación permanente, con el vicepresidente
primero del Gobierno, don Francisco Álvarez-Cascos -su actuación creo
que ha sido absolutamente impoluta en todo aquello en que ha tenido
participación-, y luego hablaba de la amenaza que se podía haber
realizado desde el Consejo Superior de Deportes con el anterior
secretario de Estado. No, señor Nieto, creo que lo que vino a decir
el anterior secretario de Estado era precisamente que hacía falta una
regulación. Y usted mismo lo ha hecho desde la posición de un grupo,
como es el socialista, presentando una proposición no de ley que, de
alguna manera, viene a proponer la reducción, o por lo menos a
incorporar la posibilidad de la reducción, de extranjeros no
comunitarios, aun cuando también reconoce, junto con todos los grupos
y nosotros, que lo inicial y lo primordial en este apartado es
precisamente que aquellas partes que están en litigio con este tema,
como es la Real Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol
Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles, lleguen a un
acuerdo. En eso estamos. Entre todos, intentemos instar para que la
Administración en este caso no tenga que adoptar una intervención
manifiesta. Lo ideal sería que las partes en litigio se pusieran de
acuerdo. En caso contrario, ahí está el apartado segundo de la
enmienda que presentamos a la proposición no de ley y el apartado
tercero que fundamentalmente lo que viene a decir es que hay que
respetar aquellos contratos que están en vigor, e incluso esto ha
sido manifestado por todas las partes.
Quería hacer una referencia a ese documento de compromiso, que he
manifestado anteriormente, que existió entre las tres partes
implicadas. Es un paso importantísimo el que se adoptó. Aquí,
sinceramente, y sin error a equivocarme, hay que decir que la
Asociación de Futbolistas Españoles dio un paso importante, que
compensará con lo que desde este Congreso podemos llegar a aprobar
con ese consenso que he anunciado antes, y espero que la
transaccional la anuncie el señor Nieto y la aprobemos entre todos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
González.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor presidente, señorías, el Grupo
Socialista nos pone ante un tema que, sin duda, levanta pasiones,
provoca constantes declaraciones y goza de una amplia cobertura
mediática. El Grupo Socialista nos pide que consideremos la reducción
de jugadores extranjeros de nuestras competiciones profesionales.
Voy a hacer una primera reflexión porque don Jerónimo Nieto nos ha
hablado de una proposición no de ley, pero nos ha hablado también de
otra proposición
no de ley a la que inicialmente correspondía el texto presentado.
Quisiera hacer una primera reflexión al señor Nieto porque creo que
sería más apropiado, en concordancia con la legislación laboral
vigente en nuestro país y en la Unión Europea, así como los efectos
aquí citados de la sentencia Bosman, no hablar de extranjeros en la
proposición no de ley sino, en todo caso, hablar de extranjeros no
comunitarios, y en ese sentido nos hemos expresado en nuestra
enmienda.
Mi grupo comparte su preocupación, señor Nieto, por el efecto
negativo que sobre los jugadores profesionales de fútbol y baloncesto
y sobre el deporte en nuestro país pueda tener el incremento
desmesurado de jugadores adscritos a las competiciones profesionales
de estos deportes, comunitarios y no comunitarios. Compartiendo esa
preocupación y el fondo de esta iniciativa y mostrándonos desde este
momento absolutamente partidarios de llegar a un consenso, que por
otra parte está muy bien encaminado, sí nos vemos en la necesidad de
hacer algunas reflexiones que esperamos que puedan ser compartidas
por el resto de los grupos, ya que en ellas hemos inspirado la
enmienda que nuestro grupo ha presentado a esta proposición no de
ley.
Señorías, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) es partidario de la
autorregulación, somos partidarios de que cualquier reforma
legislativa aligere la carga de intervencionismo que en gran parte
tiene la legislación actual para el deporte. Por lo tanto, somos
partidarios de reducir en todo caso con las medidas que aquí
adoptemos el intervencionismo de la Administración en el deporte y no
lo contrario. Quisiera que SS.SS. consideraran que en estos momentos,
cuando estamos pidiendo a las sociedades anónimas deportivas que se
acerquen en su manera de funcionar a las sociedades mercantiles, con
la modificación reciente que hemos hecho de la Ley de 1990 del
Deporte, o cuando estamos exigiendo tener una Liga de las estrellas,
que a partir de la próxima temporada va a tener que competir en
inferioridad de condiciones ante otras ligas, como la inglesa o la
italiana, que acaban de renovar al alza sus contratos de televisión,
debemos ser especialmente cuidadosos en que las iniciativas que
tomemos vayan a reforzar la estructura de nuestro deporte. Estoy
seguro que ese es por otro lado el espíritu que les ha movido a
ustedes, señorías, en la presentación de esta iniciativa.
Por lo tanto, señorías, entendemos que debemos instar al Gobierno a
que tome medidas o a que promueva un acuerdo entre las partes, y las
partes interesadas directamente en la reducción de jugadores
extranjeros no comunitarios son las federaciones deportivas españolas
y las ligas profesionales, en este caso la Liga de Fútbol
Profesional, y las asociaciones de deportistas, en este caso la
Asociación de Futbolistas Españoles. En nuestra enmienda nos
referimos concretamente a la Real Federación Española de Fútbol, a la
Liga de Fútbol Profesional y a la Asociación de Futbolistas
Españoles. Y nos referimos al fútbol porque, señorías, yo creo que
deberíamos tratar situaciones que son distintas de una
forma distinta y no deberíamos intentar tratar de forma igual
situaciones diferentes.
Señorías, en el caso del baloncesto es conocido que la presente
temporada es la última en la que estará vigente la norma que permitía
la contratación de tres jugadores no comunitarios. A partir de la
temporada 1999-2000, es decir la próxima, se volverá a sólo dos
jugadores, o sea, a la normativa que estuvo vigente en el período
1982-1993. Lo anteriormente expuesto es fruto de un acuerdo adoptado
por la ACB, la Federación Española de Baloncesto y el sindicato de
jugadores de baloncesto en enero de 1998, con intensa participación,
por cierto, del Gobierno a través del Consejo Superior de Deportes.
Por consiguiente, señorías, creemos que en el texto de la proposición
no de ley -y pienso que en ese punto hemos llegado ya a un acuerdo-
deberíamos referirnos exclusivamente a la falta de acuerdo y, en todo
caso, solamente al fútbol. Nosotros entendemos que esta proposición
no de ley debería inspirarse en un acuerdo entre las partes que
contemplara el equilibrio entre las necesidades propias de la
competición y la capacidad de nuestro sistema deportivo para formar
jugadores de calidad. Las necesidades propias de la competición,
señorías, incluyen para nosotros también a las selecciones españolas,
las actuales y otras que pudieran existir en el futuro. No nos
nieguen SS.SS. esa posibilidad que saben que nuestro grupo ansía
plenamente. No se les oculta, por otro lado, que un efecto colateral
que tendría el reconocimiento internacional de las selecciones de
Cataluña o de otras comunidades autónomas sería precisamente aumentar
las oportunidades para jugadores formados en nuestro país que ahora
no tienen.
Respecto, señorías, a la capacidad de nuestro sistema deportivo para
formar jugadores de calidad, nuestro grupo también quiere valorar hoy
aquí la labor de los clubes que están invirtiendo en formación y
animar al resto para que lo hagan, pero ese, señoría, es el único
concepto de calidad del que quisiéramos hablar hoy, porque don
Jerónimo Nieto en su proposición no de ley habla de que es exigible
una contrastada calidad. Quisiéramos que usted, además de sus
referencias al máximo goleador de la Liga y al papel que está
haciendo nuestra selección en Nigeria, nos hubiera aportado también
los raseros por los que deberíamos medir esa contrastada calidad. Yo
no sé, señoría, si nos propone que tomemos como referencia de esa
calidad la genialidad de Ronaldo, la seguridad Beckenbauer, la
fantasía de Pelé o la clase de Cruyff. Yo no sé si usted nos propone
quizás que hagamos un examen, tal vez control de balón, quizá pases o
efectividad en los lanzamientos de penalti. No creo tampoco, señoría,
que en su ánimo esté proponernos crear un instituto de la evaluación
de la calidad de los jugadores extranjeros no comunitarios porque
íbamos a necesitar muchos ojeadores, seguramente una gran videoteca,
agentes de la UEFA y, en todo caso, una gran estructura, cosa que
seguro encontraría gran reticencia en el actual ministro de Economía
y Hacienda y no le quiero ni contar en un ministro de Economía y
Hacienda de un futuro Gobierno socialista. Por lo tanto, señoría, en
este punto quisiéramos también llamar al comedimiento, volver las
cosas a su justo término y suprimir por supuesto esa mención del
texto final.
Quiero referirme finalmente al punto segundo de nuestra enmienda en
relación también a la presentada por otros grupos. Debería quedar
claro, señorías, que si bien la reducción de jugadores extranjeros no
comunitarios adscritos a los clubes y a las sociedades anónimas
deportivas que participan en competiciones profesionales de fútbol
afecta directamente a la situación laboral de los jugadores -y en ese
sentido es absolutamente procedente la incorporación de la Asociación
de Futbolistas Españoles a cualquier acuerdo que se pueda llegar-,
instamos a que el Gobierno -con eso podemos llevar a una confusión-
no haga más menciones. En todo caso, si habla de convenios, que sean
sólo los que legalmente pueden establecer las federaciones, en este
caso la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol
Profesional. Si hablamos de acuerdos o de convenios, pero fijando
jurídicamente en su punto concreto esta situación, entonces nosotros
aceptaríamos una redacción en ese sentido. Así pues, si hablamos de
un convenio de coordinación para la organización de las competiciones
de carácter profesional -evidentemente, SS.SS. lo conocen bien-,
tienen que firmarlo solamente la Real Federación Española de Fútbol
y la Liga de Fútbol Profesional, lo cual no quiere decir que nuestro
grupo evidentemente no propicie la presencia en la negociación y la
defensa de sus intereses de la Asociación de Futbolistas Españoles.
Por último, señorías, coincidimos con el grupo proponente y también
con el Grupo Popular en la necesidad de que se respeten los contratos
en vigor firmados hasta el día de hoy -si aprobamos esta iniciativa-,
porque ello, evidentemente, creemos que beneficia a los clubes.
Finalmente, no consideramos oportuno, señorías, incluir mención
alguna al convenio actualmente existente entre la Federación Española
y la Liga de Fútbol Profesional por todo lo que aquí se ha dicho con
anterioridad.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Burballa. ¿Grupos distintos de los enmendantes que deseen fijar la
posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Con mucha brevedad intervengo en nombre de Unió Valenciana para fijar
la posición sobre la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista y las diversas enmiendas que se han suscitado en torno al
texto presentado respecto a lo que es el denominador común, la
voluntad que vienen expresando desde hace bastantes años todos los
grupos parlamentarios, todos los aficionados, incluso todos los
jugadores profesionales y sobre todo los que están en las canteras de
los diferentes equipos del Estado español en solicitud de la
disminución del número de jugadores extranjeros, en particular de los
no comunitarios, en las ligas profesionales.
Creo que desde que a finales de los ochenta se abrió la veda en esos
fichajes multimillonarios, descontrolados y abusivos de los diversos
clubes, no sólo de primera sino de segunda división, el fútbol
español en concreto, porque el baloncesto supo remediarlo antes, ha
sufrido unas repercusiones muy claras y muy directas. Los continuos y
masivos fichajes -algunos de ellos injustificados- de jugadores
extranjeros, primero de países de la Unión Europea y después de
países no comunitarios, que truncan la trayectoria profesional de
miles y miles de jugadores españoles jóvenes creo que han significado
que haya habido diversos reveses deportivos y casi siempre se han
apuntado las mismas razones. Así, en baloncesto se cuantificó
rápidamente que la entrada incontrolada de jugadores norteamericanos
y europeos mermó las posibilidades de proyección de diversas canteras
de equipos de baloncesto en Zaragoza, en Valencia, en Barcelona y en
Madrid, que sufrieron rápidamente el colapso y su repercusión directa
en las selecciones nacionales de baloncesto, que desde mediados de
los años ochenta no han podido alcanzar importantes éxitos a nivel
europeo ni a nivel internacional o de olimpíada.
El fútbol, que desde esos años ochenta sufrió la misma dinámica, ha
ido in crescendo hasta llegar a la situación en que nos encontramos
hoy por hoy, en la que, por el repaso que ha hecho el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, vemos cómo está el número
indiscriminado de jugadores. Prácticamente todos los clubes se han
ido al límite en cuanto a los jugadores comunitarios y jugadores
extranjeros no comunitarios, lo que ha significado que grandes
jugadores, grandes profesionales estén sin posibilidades de jugar,
estén calentando banquillo, como se dice vulgarmente, o jugando en
sus filiales de segunda división. Ahí está el ejemplo por el que
debemos guiarnos hoy a la hora de buscar ese consenso que es
fundamental entre las partes implicadas y la Administración, pensando
sobre todo en los clubes de fútbol. Creo que ese es el ejemplo que se
ha puesto por parte del portavoz del Grupo Socialista, de ese grupo
de chavales que juegan en el Mundial Sub 20, que están llevando a
cabo un brillante torneo, que se resume en una frase que diversos
medios de comunicación han resaltado: todos ellos son jugadores de la
segunda A y de la segunda B que no tienen posibilidades de acceder a
los grandes equipos, porque normalmente un jugador extranjero no
comunitario se lo impide, dado que en el terreno de juego cubre unas
ubicaciones que son similares. Esta frase resume el tema y es la que
nos tiene que guiar para dar
solución a esta cuestión y limitar el número de extranjeros no
comunitarios, ya que a pesar del éxito seguro que nos van a
garantizar los chavales de la selección Sub 21 que están jugando el
Mundial en Nigeria, no tienen ninguna garantía de futuro, y parte de
la culpa la tiene sin duda alguna ese número descontrolado de
extranjeros no comunitarios que les impiden dar verdaderas tardes de
gloria a la selección y, sobre todo, a los respectivos equipos de sus
ciudades.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para fijar la posición de mi grupo ante la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Valoramos muy positivamente esta iniciativa que ha tenido
don Jerónimo Nieto, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
porque entendemos que está engarzada con el sentir general en estos
momentos de todos los aficionados al deporte en España y de los
distintos colectivos implicados en el mismo.
Nos parece que hay que llevar a cabo una reducción drástica e
inexcusable de los jugadores no comunitarios que en estos momentos
juegan en ligas profesionales en España. Por eso prestamos nuestro
total apoyo y respaldo a esa iniciativa que parece que puede contar
con el voto unánime de la Cámara, donde se intenta conciliar las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular con el texto
inicialmente formulado por el Grupo Parlamentario Socialista y las
aportaciones realizadas por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Son muchas las razones que nos llevan a respaldar una iniciativa de
esta naturaleza, no sólo por la incidencia negativa que el alto
número de jugadores extranjeros no comunitarios está teniendo en la
selección de España, sino también, aunque parezca un tema menor, por
los puestos de trabajo y por lo que se desincentiva a los jugadores
canteranos, que ven escasas posibilidades de llegar a la cumbre;
incluso porque muchas veces es necesario para incentivar al deporte
de promoción, a los niños que hoy empiezan, para que tengan ídolos en
el deporte profesional. También para eso es importante que los
jugadores de la tierra sean los que figuren en la cumbre del deporte
profesional.
El camino que se propone nos parece el mejor y más adecuado para
buscar acuerdos, el camino, en primer lugar, del diálogo y del
consenso. Por eso, el primer esfuerzo que se hace, en una apuesta
clara para que se intente llegar a un acuerdo entre las federaciones
deportivas, las ligas de fútbol profesional y las asociaciones de
deportistas profesionales nos parece que es el camino correcto y
adecuado y el que a buen seguro
puede garantizar un buen entendimiento de todas las partes. Si no
fuera así, dado que estamos hablando de un tema que empieza a tocar
la sensibilidad de la mayoría de los ciudadanos, sería fundamental
que se arbitrasen los mecanismos legales necesarios para llevar
a cabo lo que es un objetivo generalizado hoy en esta Cámara: la
reducción de los jugadores extranjeros no comunitarios profesionales
en España.
Muchas gracias y damos nuestro apoyo a esa iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Finalmente, por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) para
fijar la posición del mismo en relación con la proposición no de ley
que estamos debatiendo.
Ciertamente, asistimos a un crecimiento desmesurado en el mundo
deportivo estatal de deportistas profesionales que no son ciudadanos
de la Unión Europea, especialmente en los clubes de fútbol y
baloncesto, y que está teniendo consecuencias altamente negativas
para la promoción de los deportistas propios, en resumidas cuentas
también para el empleo autóctono.
Tanto en esta proposición no de ley como en las enmiendas presentadas
a la misma creemos que se distingue muy correctamente entre jugadores
extranjeros y comunitarios, lo que en alguna medida me lleva a
preguntarme para cuándo la aplicación de la libre circulación de
trabajadores en la Unión Europea al colectivo de árbitros deportivos,
para cuándo la aplicación de la llamada sentencia Bosman al ámbito
arbitral, que resulta ser casi el único colectivo de trabajadores
ajeno a esta libre circulación.
Por otro lado, tanto en la motivación de la proposición no de ley del
Grupo Socialista como en el desarrollo de la misma olfateamos un
cierto tufillo nacionalista español, moderado por supuesto, que
exhala previsiblemente ante los pobres resultados que en los últimos
tiempos obtienen las primeras selecciones deportivas y algunos de los
equipos históricamente emblemáticos para el nacionalismo español.
Desde el nacionalismo vasco, donde siempre hemos defendido el trabajo
de la cantera propia en todos los ámbitos y la incorporación de
nuestros jóvenes a las plantillas de los clubes deportivos -por
cierto, con el orgullo de haber visto recientemente a un vasco
continental recoger la Copa de campeón de Europa de selecciones de
fútbol-, esta proposición no de ley nos parece excesivamente suave.
Naturalmente, desde el Grupo Vasco defendemos la creación de ligas
vascas, tal como recoge la Ley del Deporte aprobada por el Parlamento
vasco, que nos permita tener selecciones deportivas propias en el
ámbito internacional con similitud a lo que ocurre con otras naciones
sin Estado en el ámbito europeo.
La proposición no de ley que estamos debatiendo se mejora
técnicamente con la enmienda del Grupo Popular, pero sigue siendo
todavía excesivamente respetuosa con intereses que van bastante más
allá del ámbito estrictamente deportivo. Por todo ello no sentimos
demasiado entusiasmo a la hora de apoyar la proposición, ni siquiera
a través de las enmiendas presentadas; sin embargo, en aras del
consenso y teniendo en cuenta que en todo caso supone una pequeña
mejora sobre la situación actual, podemos apoyar la transacción
conseguida, aunque repito que sin ningún entusiasmo ni
convencimiento.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Caballero.
Señor Nieto, tiene la palabra al objeto de manifestar la aceptación o
rechazo de las enmiendas presentadas y, en su caso, el texto
resultante de la transacción que varias de SS.SS. han anunciado.
El señor NIETO GONZÁLEZ: En esos términos, señor presidente; no voy a
hacer ninguna referencia a la última intervención que ha tenido lugar
en la Cámara.
Hemos redactado un texto transaccional que pasaré a la Mesa a los
efectos oportunos, bien por si se quiere leer o para que se acompañe
al acta, en el cual hemos recogido el contenido de la iniciativa del
Grupo Socialista y el de las enmiendas que han presentado el Grupo
Parlamentario Popular, el de Izquierda Unida y el de Convergència i
Unió. Se trata de un texto consensuado y aceptado por los diversos
grupos al que si el presidente lo estima oportuno daré lectura.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Léalo, señor Nieto, y así
facilitará el trabajo de la Cámara.
El señor NIETO GONZÁLEZ: El texto sería el siguiente: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a: 1. Adoptar las medidas necesarias
para que las partes legitimadas en esta materia -Real Federación
Española de Fútbol, Liga de Fútbol Profesional y Asociación de
Futbolistas Españoles- alcancen un acuerdo, a fin de reducir el
número de jugadores extranjeros no comunitarios que en la actualidad
participan en las competiciones profesionales oficiales de ámbito
estatal. 2. En defecto de lo anterior, proceda a aplicar las medidas
legales necesarias para disminuir el número de extranjeros no
comunitarios en las competiciones profesionales de fútbol, de cara a
la negociación futura de los acuerdos o convenios que necesariamente
deberán negociar las partes referenciadas en el apartado primero
anterior. 3. Respetar los contratos suscritos antes de la aprobación
de esta proposición no de ley hasta la fecha de conclusión de los
mismos, debiendo las sociedades anónimas deportivas y los clubes que
participen en competiciones profesionales adaptarse al número máximo
fijado, en aplicación de los apartados anteriores.
Este es el texto acordado entre todas las partes enmendantes y el
grupo proponente y que, por lo tanto, presentamos como enmienda
transaccional para que así sea votado por la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Nieto. Hágalo llegar también a la Mesa, para que se pueda incorporar.
Vamos a proceder a la votación de esta proposición no de ley. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Socialista sobre la disminución del número de jugadores extranjeros
en las ligas profesionales, en los términos de la transaccional
aceptada por los diversos grupos que han intervenido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 294; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia aprobada la proposición no
de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL ESTUDIO
DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PROMUEVA LA UTILIZACIÓN DE PAPEL
RECICLADO EN TODOS LOS ESCRITOS Y PUBLICACIONES DE TODOS LOS
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Número de expediente 162/
000327)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley del Grupo
Popular relativa al estudio de la posibilidad de que se promueva la
utilización de papel reciclado en todos los escritos y publicaciones
de todos los organismos de la Administración del Estado.
Para su presentación tiene la palabra la señora De Lara. (El señor
vicepresidente, Companys Sanfeliu, ocupa la Presidencia.- Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Por favor, guarden
silencio.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, señorías, intervengo en
nombre del Grupo Parlamentario Popular para presentar ante ustedes
una proposición no de ley en la cual se solicita que el Gobierno
estudie la posibilidad de utilización de papel reciclado en todos los
escritos y publicaciones de los organismos de las administraciones
públicas.
La utilización del papel reciclado supone, señorías, grandes ventajas
ambientales. De un lado implica el ahorro de materias primas
importantes y una menor utilización de nuestras masas forestales.
Como bien conocen todos ustedes, para fabricar una tonelada de papel
virgen de primera calidad se necesitan 14 árboles
medianos que proporcionan fibra de celulosa, 115.000 litros de agua y
9.600 kilovatios/hora de energía, mientras que una tonelada de papel
reciclado utiliza como materia prima papel usado, 8.000 litros de
agua y 3.600 kilovatios/hora de energía. Señorías, la comparación de
ambos datos es suficientemente elocuente y las materias primas que se
ahorran al utilizar papel reciclado son fundamentales: el ahorro
energético y de nuestra masa forestal porque contribuyen
positivamente a frenar el efecto invernadero, y el ahorro de agua
porque está claramente demostrado que es un bien escaso que no
debemos malgastar.
De otra parte, la utilización de papel reciclado apoyada en un
necesario incremento de la recogida selectiva de papel y cartón y de
su recuperación implica una considerable reducción de los residuos
sólidos urbanos que se destinan a vertedero o a valorización
energética y, en consecuencia, una disminución del coste de
eliminación y del coste ambiental. La reciente Ley 10/1998 de
residuos, de 21 de abril, incluye entre sus objetivos prevenir la
producción de residuos y fomentar por este orden, su reducción,
reutilización, reciclado y otras formas de valorización. La propuesta
que hoy presento ante ustedes se enmarca, por tanto, en los objetivos
de la Ley básica de residuos recientemente aprobada en esta Cámara.
Algunos datos nos ayudarán a comprender la magnitud del problema. En
España se producen anualmente 12 millones 500.000 toneladas de
residuos sólidos urbanos y unos 5 millones de toneladas de papel y
cartón. De esos 5 millones de toneladas, 2,1 millones, es decir, 2
millones 100.00 toneladas se recuperan y emplean en la fabricación de
papel reciclado, lo que supone una tasa de recuperación del 41 por
ciento, tasa que va aumentando muy lentamente a través de los años,
ya que hace veinte años que su valor estaba en un 34 por ciento. Casi
3 millones de toneladas, por lo tanto, se eliminan con el resto de
los residuos sólidos urbanos ya sea en vertedero, ya sea en
valorización energética. Ello implica un coste de 24.000 millones de
pesetas anuales a los que hay que sumar los costes ambientales de
ambas formas de eliminación de residuos.
La Unión Europea ha aprobado recientemente una directiva que pretende
racionalizar el uso de los vertederos para frenar su impacto sobre el
medio ambiente. En dicha directiva se multiplica por diez el precio
de depósito de los residuos en los espacios habilitados, se
establecen estrictos requisitos para la instalación de vertederos y
se obliga a un tratamiento previo de todos los residuos antes de su
depósito. Se trata, en definitiva, de intentar que disminuya esta
forma de eliminación altamente contaminante y en la cual se produce
un enorme riesgo de incendios, ya que los residuos de vertedero son
fácilmente autoinflamables debido a los procesos de fermentación que
generan biogás. Sepan, señorías, como he indicado en reiteradas
ocasiones desde esta tribuna, que en los incendios que ocurren en los
vertederos sí se producen dioxinas que son altamente contaminantes.
Creo poder afirmar que las dioxinas
que se producen en los vertederos en esos incendios
incontrolados son mucho más peligrosas y se producen en mayor
cantidad que en un proceso de recuperación energética.
Con la aprobación de esta directiva la Unión Europea impulsa sistemas
menos contaminantes, como el compostage y el reciclado. La
proposición no de ley que hoy presento ante ustedes se enmarca en el
ámbito de la legislación española de residuos y de la directiva
europea de vertederos. Paralelamente al incremento en la utilización
de papel reciclado es preciso incrementar la recogida selectiva de
papel y la recuperación de papel y cartón, ya que en España sólo se
recupera para su reciclaje el 42 por ciento del papel y cartón que se
consume. El pasado año, la industria papelera española tuvo que
importar 700.000 toneladas de papel usado, en su mayoría de Alemania,
mientras que paradójicamente aquí, en España, esa misma cantidad se
llevaba en camiones de basura hacia los vertederos. Muchas
instituciones públicas y privadas utilizan de forma habitual papel
reciclado en sus escritos y publicaciones sin que por ello se reduzca
su calidad.
En los últimos años se han desarrollado tecnologías para fabricar
diversas variedades de papel reciclado de alta calidad, a la vez que
el blanqueo que se efectúa en el mismo con cloro se ha ido
sustituyendo por peróxido de hidrógeno, ozono u oxígeno gasificado.
La utilización de papel reciclado en la Administración pública se
encuadra también, señorías, en el artículo 26.2 de la Ley de
residuos, que indica textualmente que las administraciones públicas
promoverán el uso de materiales reutilizables, reciclables y
valorizables, así como productos fabricados con material reciclado
que cumplan las especificaciones técnicas requeridas en el marco de
la contratación pública de obras y suministros.
De otro lado, la perspectiva general de los beneficios de distinta
índole que representa el reciclado de papel y las premisas en que se
sustenta son perfectamente armónicas con los criterios de eficiencia
y economía que deben presidir la programación y ejecución del gasto
público, según establece el artículo 31.2 de nuestra Constitución. En
esta línea de ahorro y control del gasto público, recordemos que se
aprobó el 6 de junio de 1997 el plan de austeridad de gastos
corrientes de la Administración general del Estado, con la triple
finalidad de reducir el gasto público, mejorar la imagen
institucional de la Administración y fomentar en su personal la
conciencia de uso racional de los recursos. Por último, la iniciativa
puede enmarcarse dentro del plan de calidad de la Administración
pública anunciado recientemente en su comparecencia ante la Comisión
por el nuevo ministro de Administraciones Públicas.
Señorías, estos son muchos de los motivos por los cuales es
conveniente apoyar esta proposición no de ley que presenta el Grupo
Popular. No obstante, después de una lectura detenida de las
enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y el Grupo ParlamentarioMixto,
y con el fin de unificar dado que todos los
grupos parlamentarios queremos el mismo objetivo, que se estudie o se
promueva la utilización de papel reciclado, propongo la siguiente
enmienda transaccional, que he entregado ya al presidente y que dice
textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
estudie la generalización de papel reciclado en las actuaciones de
los distintos órganos de la Administración general del Estado.
Espero, señorías, su voto afirmativo para esta propuesta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
De Lara.
A esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha
presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular. Si no fuera porque este es un tema tan serio
habríamos pensado nuestra intervención en plan de broma, porque si
leyéramos el texto de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular,
la intervención de su portavoz quedaría vacía de contenido.
Compartimos la argumentación esgrimida en el sentido de que es
necesario la utilización del papel reciclado no solamente en la
Administración sino en todos los ámbitos de la sociedad, ya sean
empresas públicas, privadas, colegios, hospitales, centros de salud,
en general, en toda la sociedad, porque es necesario que haya una
protección de nuestros bosques, un uso racional del agua en la
producción industrial de cualquier elemento y un ahorro energético
para no causar contaminaciones colaterales o despreciar la necesidad
de ahorrar otros recursos. Pero, señorías, la iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular nos obliga a presentar una enmienda
sencillamente por su contenido, tema en el que podríamos estar
perfectamente de acuerdo. Tras la argumentación dada por su portavoz,
dice textualmente la iniciativa del Grupo Popular: El Congreso de los
Diputados considera oportuno y conveniente que se estudie la
posibilidad de que se promueva la utilización de papel reciclado,
etcétera. Señorías, el Congreso de los Diputados considera oportuno
y conveniente, pero además tiene la obligación de instar al Gobierno a
que haga las cosas. Esa era la intención de nuestra enmienda, en la
que lo único que pretendíamos era que el papel que se había utilizado
para redactar tanto la iniciativa como las enmiendas no quedara en
papel mojado y estuviéramos precisamente haciendo todo lo contrario
de lo que esta iniciativa proponía, ahorrar papel y utilizar papel
reciclado.
Lo que solicitamos no es que se considere oportuno o se le aconseje
al Gobierno lo que tiene que hacer,
sino que se inste a que lo haga; que se inste al Gobierno a que
adopte las medidas necesarias para que los organismos de la
Administración del Estado utilicen el papel reciclado. El que adopte
las medidas no quiere decir que lo haga mañana, sabemos que eso es
imposible. No tendríamos inconveniente en aceptar la enmienda
transaccional del Grupo Popular, porque nuestro grupo parlamentario
pretendía que esta iniciativa no fuera papel mojado y hubiéramos
destrozado unos cuantos folios simplemente para nada.
Vamos a aceptar la iniciativa, señor presidente y esperamos que en
otra ocasión el Grupo Parlamentario Popular, cuando presente una
iniciativa de estas características, tenga la intención inicial de
que sirva para algo y no simplemente para aconsejar. El Congreso de
los Diputados está para algo más, está para que se hagan las cosas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Urán.
Hay una segunda enmienda presentada por el Grupo Socialista. Para su
defensa, tiene la palabra doña Carmen Marón Beltrán.
La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme que mis primeras palabras sean de felicitación
al Grupo Popular por esta iniciativa llena de contenido ecologista
con la que imagino que durante un tiempo habrán salvado la conciencia
medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente y del Gobierno en
general. Una iniciativa que se aprobaría mayoritariamente -ahora hay
una transaccional anunciada- con los votos de los señores y señoras
diputados de esta Cámara, todos tan contentos, y sin que nadie sepa
muy bien qué es eso de considerar oportuno y conveniente estudiar la
posibilidad de que se promueva. ¡Tiene enjundia la redacción!. Si don
Antonio de Nebrija levantara la cabeza no sé como calificaría esto.
Por si fuera poco, no sabemos a quién pedimos y, mucho menos, lo que
se pide. Es, señorías, un insulto a la inteligencia y, lo más suave
que se me ocurre, una falta de respeto a esta Cámara.
Después de este irónico desahogo y para no ser cómplice de tal
desaguisado, es necesario hacer una reflexión más seria y rigurosa.
En esa línea iba y va la enmienda que ha presentado el Grupo
Socialista en la que claramente el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que adopte medidas para que la Administración general del
Estado y sus organismos públicos utilicen papel reciclado en todos
sus escritos y publicaciones, siempre que ello sea posible por
razones de perdurabilidad y otras semejantes, y a que promueva su
utilización en las empresas públicas estatales.
Con esta enmienda instamos claramente al Gobierno a que en el ámbito
de las administraciones públicas se utilice papel reciclado y dejamos
a salvo algún supuesto concreto que, como excepción, puede y debe
tener
cabida y que, además, se hace extensivo al resto de las empresas
públicas. Esta claro que tenemos que avanzar en este camino a gran
velocidad. Las nuevas generaciones no lo van a demandar sino que lo
van a exigir porque su compromiso con el medio ambiente es de una
gran concienciación y sin que el Gobierno lo impulse ni lo fomente en
la recogida selectiva, ya se está haciendo en muchos ámbitos.
El papel reciclado, que utiliza exclusivamente como materia prima
para su fabricación el papel usado, representa más de un 20 por
ciento de los residuos sólidos urbanos; un papel que hoy cumple las
características de calidad sanitarias e, incluso, de permanencia
prácticamente para todos los usos, porcentaje que, en gran parte, no
se recupera precisamente porque no se hace la recogida selectiva en
origen. Sin duda, el papel reciclado es más ecológico y solidario y
hay que impulsarlo porque la materia prima tradicional, la madera,
está en peligro. Cada segundo que pasa desaparece una gran extensión
de bosque y con ello especies animales, reduciendo a gran velocidad
nuestra biodiversidad. Además, con la utilización del papel
reciclado, contribuimos a reducir la contaminación de las aguas en un
92 por ciento, el ahorro energético y el agua se cifra en un 62 y 86
por ciento respectivamente y haría disminuir la tala masiva de
árboles. Fíjense en un dato bien significativo que ha mencionado la
diputada que me ha precedido en el uso de la palabra: una tonelada de
papel reciclado ahorra la tala de 14 árboles, 50.000 litros de agua y
3 barriles de petróleo. Es un ejemplo, como decía, de lo que podemos
ahorrar. En un mundo de tantas desigualdades, con tanta pobreza sin
resolver y tan herido en su medio ambiente, no podemos despilfarrar
recursos y no podemos ser cómplices de la destrucción de nuestra
biodiversidad. Impulsar medidas racionales y responsables tienen que
ser actitudes obligadas de las administraciones públicas como
contribución al desarrollo sostenible, clave para la vida del ser
humano.
Señorías, yo pedía el apoyo para nuestra enmienda puesto que hay una
razón de peso, y es que la medida 3, apartado b).6 del plan de
austeridad de la Administración general del Estado del Ministerio de
Medio Ambiente dice textualmente: Como norma general se empleará
papel reciclado y para borradores y trabajos provisionales, se
aprovechará el papel desechable o el ya usado. Es claro que hay una
norma de reciclar, utilizar y reutilizar del año 1997 que parece
desconocer el grupo proponente de esta iniciativa.
Pero hay más, en la Comisión de Medio Ambiente, en marzo de 1998, en
que se debate una proposición no de ley del Grupo Socialista sobre
papel reciclado en la publicidad a domicilio, se aprueba una enmienda
transaccional del Grupo Popular que dice que hay que fomentar, a
través de programas de apoyo a empresas del Ministerio de Medio
Ambiente, la utilización de papel reciclado en la publicidad a
domicilio y llevar a cabo actuaciones pertinentes en colaboración con
las administraciones públicas, de forma que propicie el
uso de papel reciclado en todas las publicaciones que remita a los
ciudadanos. Un año lleva aprobada esta esta iniciativa y yo me
pregunto qué se ha hecho para que se cumpla esta resolución que ha
aprobado esta Cámara.
Finalmente, señorías, la directiva marco de la Unión Europea sobre
residuos, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico en el año 1998,
y la estrategia comunitaria de residuos, revisada en 1997, relativa a
la reutilización del papel usado y del papel reciclado están para
algo. Me pregunto a qué viene esta iniciativa, este trabalenguas
gramatical de estudiar la posibilidad de promover. Lo que habrá que
hacer es ejecutar lo que ya es una obligación y exigir el
cumplimiento en todos los ámbitos de la Administración de utilizar
papel reciclado como la opción más natural y más ecológica, tanto por
sus prestaciones de calidad como por su bondad medioambiental. En
nuestras manos está ganar en sensibilidad -¡falta hace!-, en
garantizar el futuro y que no falte el sentido común a la hora de
presentar iniciativas, señores del Grupo Popular.
Finalizo y me voy con estos folios blanquísimos, que son precisamente
en papel sin reciclar. Mi última petición al presidente de esta
Cámara es que por los servicios se facilite, a la mayor brevedad, el
uso de papel reciclado para que todos podamos utilizarlo. En
consecuencia, esa es mi última petición, señor presidente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Marón.
Hay otra enmienda presentada por el Grupo Mixto. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el Bloque Nacionalista Galego piensa que las
proposiciones no de ley, que no tienen un carácter estrictamente
prescriptivo y obligado para el Gobierno, no se pueden reducir a una
especie de mensajes de un consejo asesor o consultivo. Sería bueno
que el Congreso de los Diputados instase siempre a actuar al Gobierno
en lo que considera que es correcto, necesario o urgente.
Con esto queda aclarado el porqué de nuestra primera enmienda, que
coincide con la del resto de los grupos parlamentarios para colocar
la proposición no de ley en su órbita. Pero hay una segunda enmienda,
que debe valorarse a la luz de los siguientes datos. El caso de
España es bastante significativo. Del total del consumo de papel en
el año 1997, exactamente 5.598.600 toneladas, se alcanzó una recogida
aparente del 42 por ciento, es decir, 2.354.200 toneladas, contando
entonces con 3.204.400 toneladas de papel y cartón que se consumen
pero que no se recuperan. Una parte de estas cantidades, señorías, no
acaba en la basura, por ejemplo, los libros, las revistas y otro
material. Se calcula que puede ser un 17 por ciento del total consu
mido,
es decir, 951.762 toneladas, por lo que aún quedan 2.292.638
toneladas de las cuales un 60 por ciento es papel que presenta buenas
condiciones para ser reciclado, más de un millón de toneladas. La
industria española podría absorber casi 700.000 toneladas, por lo que
se necesitaría aumentar la tasa de recogida hasta alcanzar el 53 por
ciento, permitiendo el abastecimiento interno de papel recuperado y
reduciendo el volumen de residuos generados en el país. Sin embargo,
España importa grandes cantidades de papel recuperado. Exactamente,
en el año 1997 fueron 716.400 toneladas, procedentes especialmente de
Francia (el 57 por ciento), Estados Unidos (el 18 por ciento) y
Alemania (el 15 por ciento). De forma que la tasa de recogida se
aleja, cada vez más, de la tasa de utilización.
Con estos datos todos ustedes tendrán claro cuál es el sentido de la
segunda enmienda, que propone instar igualmente al Gobierno a que
adopte las medidas necesarias para aumentar la actual tasa de
recogida de papel y cartón en el Estado español, de forma que se
equilibre la relación existente entre la tasa de recogida y la tasa
de utilización, y se haga posible la reducción del elevado volumen de
importaciones de papel y cartón usado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
diputado.
Grupos que no han intervenido y que desean fijar su posición.
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Viendo las iniciativas del Grupo Parlamentario Popular, con su
enmienda transaccional incluida, y las de los grupos enmendantes, mi
grupo se muestra satisfecho porque estamos todos de acuerdo en que,
afortunadamente, hay una toma de conciencia muy generalizada, por
supuesto dentro de esta Cámara, para que se utilice en todos los
actos de las administraciones públicas, y no sólo del Estado, porque
la burocracia que se genera con el papel no es sólo de una sola
administración. La portavoz del Grupo Socialista ha terminado
haciendo una reflexión a la Mesa y a la Presidencia de la Cámara para
que en nuestros actos documentales e informativos se emplee papel
reciclado. Las administraciones públicas, las comunidades autónomas ,
los ayuntamientos generan verdaderos raudales de papel que, de estar
concienciados en el uso del papel reciclado, se pueden utilizar.
Cuando debatimos el pasado año la Ley 10/1998, de residuos, ya
subyacía este sentido de responsabilidad ecológica y de economía de
medios del sistema. Los resultados que se están obteniendo en España
-al menos en lo que conozco, en la Comunidad Autónoma de Canarias,
donde tuvimos que pasar la barrera del hecho insular que dificultaba
los procesos de transformación
del reciclado del vidrio porque no se podía poner una
industria de transformación o unos hornos de fundición del vidrio
recogido de los contenedores- es que estas campañas son muy
positivas. No obstante, hay dos problemas que tienen que resolverse
en esta toma de conciencia: uno, que las administraciones públicas
utilicen fundamentalmente papel reciclado en donde sea posible y no
en determinadas publicaciones en las que determinados tipos de papel
no permiten el soporte fotográfico utilizando los blanqueadores que
se emplean en la industria del reciclado de la pulpa de papel, y,
dos, que ello vaya acompañado de una labor de educación cívica y de
instrumentalización de la recogida, porque para utilizar papel
reciclado hay que recoger primero el papel y transformarlo
químicamente con los procedimientos adecuados para que la
Administración lo utilice. El sistema está también vinculado a que
exista una red de contenedores de depósitos donde el ciudadano, que
es el que consume papel o al menos lo recibe también aparte de las
administraciones, lo pueda depositar para que se produzca ya el
cerramiento del círculo del reciclado. De aquí que estos dos
escenarios de actuación tengan que estar encadenados.
Mi grupo apoyará el texto consensuado, porque estamos de acuerdo en
el fondo y la forma de expresión para que la Administración lo haga
suyo, una vez rectificado el primer texto del Grupo Parlamentario
Popular, en el que se hacía el estudio de las posibilidades; estamos
también de acuerdo en que tiene que ser un mandato imperativo, como
bien ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. En
la enmienda transaccional se recoge el estudiar el uso generalizado
ya, concomitante con los sistemas de recogida del papel usado, que es
el que tiene que ir a la industria papelera de transformación para el
reciclado.
En concordancia con estas ideas, el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria dará su apoyo, señor presidente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Mardones.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
EL Grupo Parlamentario Popular ha presentado una iniciativa simpática
y cargada de buena intención, pero nuestro grupo parlamentario piensa
que es poco efectiva porque redunda en algo que el Gobierno está
suficientemente motivado y obligado a cumplir, como es la utilización
de papel reciclado. En primer lugar, hay motivos sobrados de carácter
ambiental que aconsejan utilizar este tipo de papel y, en segundo
lugar, como ha manifestado un anterior interviniente, hay también
suficientesiniciativas parlamentarias aprobadas por esta
Cámara en ésta y en alguna anterior legislatura -concretamente
recuerdo alguna de la anterior legislatura- que ya dan un mandato al
Gobierno en el mismo sentido de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular.
Quiero recordar que durante esta legislatura hemos aprobado dos
importantes leyes de carácter ambiental: la primera, la Ley de
residuos y, la segunda, la Ley de envases y residuos de envases. En
ambas se perseguían dos objetivos -otros también- que eran
coincidentes: en primer lugar, reducir la generación de residuos, es
decir, reducir su puesta en el mercado. En el caso de la Ley de
envases, reduciendo el peso de los envoltorios que acompañan todos
los productos que se ponen en el mercado. En segundo lugar, estas
leyes perseguían también que aquellos residuos que finalmente
tuvieran tal carácter pudieran ser recuperados a través de procesos
industriales que facilitaran su recuperación y, por tanto, su
reincorporación al ciclo de consumo. Sin lugar a dudas, el reciclado
es una de las vías más eficaces de recuperación. La Administración
pública está obligada a dar ejemplo y, aunque no hubiera mandatos,
debería constituir norma de comportamiento la utilización de este
papel.
También me sumo a lo que ha manifestado la anterior interviniente,
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Esta obligación no debe
afectar solamente a la Administración general del Estado, sino que es
bueno que el Parlamento, en nuestro caso la Mesa de la Cámara como
órgano rector, tome buena nota de cuál es la voluntad de la propia
Cámara y aplique esta norma de comportamiento a la actuación diaria
de la Cámara. Asimismo -quizá redundo en algo que ya se está
cumpliendo-, es de suma importancia que las toneladas de papel que se
generan diariamente en esta Cámara y en el Senado sigan un curso
medioambientalmente correcto, es decir, se recuperen y puedan volver
como papel reciclado.
Se plantea un problema, creo que también en la enmienda del Grupo
Socialista, como es el de la perdurabilidad del papel reciclado.
Estoy de acuerdo en que el papel que haya sido objeto de este proceso
de recuperación no es el más adecuado para determinadas
utilizaciones, precisamente porque su duración es menor que la del
papel normal. Sin embargo, y ya lo ha dicho alguno de los
intervinientes anteriores, existen otros tipos de papel que siguen
procesos de fabricación denominados ecológicos, que no utilizan cloro
en su procedimiento de blanqueo, como decía la señora De Lara, que
pueden sustituir al papel reciclado en aquellos casos en que no sea
recomendable la utilización de este tipo de papel.
Para terminar, señor presidente, quiero decir que nuestro grupo
parlamentario va a votar a favor. Creo que no hay otra opción, dada
la claridad y corrección del objetivo que persigue la proposición no
de ley. Y quisiéramos que ésta fuera la última vez que la Cámara se
planteara una iniciativa de este tipo, porque ya no haya lugar,
porque la Administración del Estado aplique
ya como norma lo que pretende esta proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Recoder.
Esta Presidencia toma nota de la sugerencia de la señora Marón y del
señor Recoder y la pasará a la Mesa en la próxima reunión que
tengamos.
A los efectos de aceptar o no las diferentes enmiendas, tiene la
palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
He creído entender, por las explicaciones que han dado los distintos
grupos parlamentarios, que lo que íbamos a votar era la enmienda
transaccional que habíamos propuesto. Por tanto, si lo he
interpretado bien, esto es lo que debemos votar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
diputada.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.-El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego ocupen sus escaños, para
proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo Popular
sobre el uso de papel reciclado en las administraciones públicas, en
los términos resultantes de la transaccional que se ha admitido por
los diversos grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 298; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley en los
términos antedichos.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA SITUACIÓN DEL TRÁFICO
AÉREO Y DE LOS AEROPUERTOS EN ESPAÑA (Número de expediente 173/
000136.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: mociones
consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas la pasada
semana y que comienzan con la del Grupo Socialista sobre la situación
del tráfico aéreo y de los aeropuertos en España.
Para su presentación, tiene la palabra don José Segura Clavell.
(Rumores.)
Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, señoras y señores
diputados, en los próximos años se hablará de don Rafael Arias-
Salgado como aquel ministro español que nada más comenzar su mandato
mancilló el buen nombre de su país calificando al Aeropuerto de
Barajas como tercermundista y que, después de tres años en el
desempeño de su cargo, batió todos los récords de imaginación en lo
que se refiere a cese fulminante de responsables de su departamento.
También se dirá que mostró una gran inventiva en la búsqueda de
causas que justificasen... (Varios señores diputados: ¡Dimisión!
¡Dimisión!-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Segura. Por favor, señor
Segura. (Rumores.) Un momento, señorías. Señor Segura, tenga la
bondad.
Señor Caldera, no me jalee al personal, por favor. (Risas.)
Señor Segura, señorías, he interrumpido el tiempo porque diputados
interesados en seguir el discurso de quien está en el uso de la
palabra hacían gestos discretos pero ostensibles para la Presidencia
de que no se podía oír nada. Lo digo para los entusiastas en uno u
otro sentido. Les ruego que guarden la compostura y dejen que el
señor Segura pueda desarrollar su discurso y su argumentación.
Adelante.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, en los
próximos años se hablará de don Rafael Arias-Salgado como aquel
ministro español que nada más comenzar su mandato mancilló el buen
nombre de su país calificando al Aeropuerto de Barajas como
aeropuerto tercermundista. Y lo digo en esta Cámara. (Aplausos.) Y
que, después de tres años en el desempeño de su cargo, batió todos
los récords de imaginación en lo que se refiere a ceses fulminantes
de responsables de su departamento. También se dirá, a buen seguro,
que mostró una gran inventiva en la búsqueda de causas que
justificasen el caos aeronáutico español y se dirá también que las
encontraba en los pilotos, en los controladores aéreos, en los
cambios de rutas aéreas, en las distorsiones en el espacio aéreo como
consecuencia de la guerra de la antigua Yugoslavia. Se dirá que las
encontraba en los antiguos gestores socialistas, en el viento, en los
cambios climáticos, en el agujero de ozono, que no lo ha dicho
todavía y le sugiero esa posibilidad, señor ministro (Aplausos.), en
el nuevo sistema informático de Barajas, que fue el responsable del
follón de los tres meses del año 1998, con decenas y decenas de miles
de maletas perdidas. Yo recuerdo a los señores diputados del PP
corriendo por los pasillos buscando las maletas. (Risas.-Aplausos.)
Les recuerdo a todos ustedes cómo disfrutaban y lo que me contaban
del señor ministro. Díganlo aquí y apoyen la moción de reprobación,
señores diputados. (Aplausos.) Sí, señores diputados.
Yo invito también a los señores diputados y a las señoras diputadas
de CiU que en las últimas semanas me han contado lo que me han
contado en la terminal de Barajas del ministro de Fomento, sobre el
funcionamiento del pasillo aéreo. (Rumores.) Aprovechen ahora y
súmense a la reprobación para dar satisfacción a sus electores, para
ser coherentes con lo que dicen a los miles y miles de ciudadanos que
en el aeropuerto se dirigen a los diputados y a las diputadas y nos
piden que transmitamos a esta Cámara un sentir popular de
reprobación. (Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!) Nos
dicen que transmitamos a esta Cámara un malestar recogido en decenas
y decenas de editoriales de periódicos de provincias. Sí, señores
diputados, léanse esos editoriales. Dado que al señor ministro de
Fomento le preocupa que haya periódicos desafectos al Gobierno, como
dijo usted en la interpelación de la semana pasada, habrá leído en el
día de hoy el editorial del periódico ABC. Señor ministro, como
parece ser que algunas señoras y señores diputados no lo han leído,
voy a ejercer sólo la función de reproducirlo. Estoy en mi derecho,
estoy en mi derecho, porque, señoras y señores diputados del Grupo
Parlamentario Popular, ustedes, que todas las mañanas entran con los
periódicos ABC y El Mundo bajo el brazo (Rumores.), no estarán
satisfechos con lo que dicen estos editoriales. No lo estarán. Estoy
convencido de que el diputado Ollero ha leído hoy, sin duda alguna,
el periódico ABC. (El señor Ollero Tassara muestra a la Cámara el
periódico IDEAL.-Risas.-Aplausos.)
Señores diputados, ese editorial dice que al tiempo que la Secretaría
de Estado informaba de que las entradas de turistas durante el primer
trimestre de 1999 aumentaron en un 12,2 por ciento, superando los
trece millones de viajeros, con un incremento de un 11 por ciento en
el número de visitantes que acceden por vía aérea, el ministro de
Fomento negó que exista un problema de gestión en los aeropuertos.
Añade el editorialista a continuación que resulta obvio que la huelga
de pilotos o su trabajo a reglamento está teniendo efectos
desoladores en las cancelaciones y retrasos, sin que la reciente
decisión del Gobierno de autorizar la contratación de pilotos
comunitarios sea operativa. Y el editorialista de ABC añade que ya no
puede decirse que los conflictos son imputables a gobiernos
anteriores. (Rumores.- Aplausos.) Continúa el editorialista diciendo
que, en estas circunstancias, negar los problemas de gestión, afirmar
que existe capacidad suficiente para digerir la demanda y atribuir
los problemas a la guerra de los Balcanes es ignorar que el caos
aéreo español se ha convertido en cuestión de Estado.
Señorías, nosotros hemos defendido también un modelo de AENA que no
sea un modelo estático, hemos defendido un modelo que funcionó bien
durante cinco años y ustedes lo han debilitado.
Señor ministro, usted se encontró con una compañía -y se lo doy a
modo de anécdota puntual- como la compañía Aviaco, que, en el año
1994, 1995 y el primer semestre de 1996, estaba calificada por los
organismos
internacionales especializados en materia de tráfico aéreo como la
compañía más puntual de Europa. Y usted, en el segundo semestre de
1996, con todo el lío que montó en la gestión de la política del
sector aeronáutico nacional, la convirtió en la compañía más
impuntual de Europa, como están siendo las compañías españolas.
(Aplausos.)
Señor ministro, usted tiene la responsabilidad de haber desbaratado
todo el sistema de gestión aeronáutico en este país. En primer lugar,
porque ha debilitado hasta extremos inconcebibles la industria
aeronáutica española. Y, en segundo lugar, porque está estimulando
con sus actuaciones la entrada de las grandes empresas constructoras
españolas en la explotación de una serie de servicios rentables que
venían siendo gestionados por AENA y que, con cambios acelerados en
los estatutos del ente público, se está desmarcando aceleradamente de
una ruta de interés estatal. Está lanzado a la ruta de la
privatización. Se ha debilitado AENA, señor ministro, ¿para qué? Para
producir su privatización total.
Y hoy, el ministro Acebes, que ha presidido la Comisión mixta de
transferencias Estado-Generalitat, ya anuncia que no puede satisfacer
las aspiraciones de la Generalitat de Cataluña, manifestada en
documentos oficiales, y de otras comunidades autónomas de gestionar
los aeropuertos situados en su territorio. Y por ello es por lo que
usted, aceleradamente, está adoptando medidas cara a la privatización
global de la red aeronáutica española. Por eso, señor ministro, están
los contenidos de los puntos 1, 2, 3 y 4 de la moción del Grupo
Socialista. Porque nosotros creemos, desde la óptica de la cohesión
del territorio nacional, desde la óptica de la cohesión del Estado,
en una red aeroportuaria que coadyuve a esa cohesión y a esa
potenciación de la industria y del transporte aeronáutico español con
respecto al resto del mundo entero.
No se transmite aquí, señor ministro, señoras y señores diputados, un
hecho puntual de los acontecimientos que se han producido: casi 2.000
vuelos cancelados, casi dos millones de pasajeros en los dos últimos
meses han sufrido retrasos, han sufrido torturas en el aeropuerto,
entre comillas (Rumores.-Risas), como los señores diputados que hoy
se ríen. En los aeropuertos se está en una situación de auténtico
caos. Hay situación de motín en los aviones. ¿O es que tengo que
contarles anécdotas producidas en los últimos tiempos? ¿O es que
tengo que indicar que la propia compañía Iberia ha tenido que
contratar a una empresa de seguridad para que proteja al personal de
tierra que está atendiendo a los pasajeros, que son la vanguardia, la
infantería de la compañía, y que, naturalmente, se encuentran con que
no saben qué contestar? Y en esta Cámara, en lugar de hacer doctrina
tecnológica, y le invito al futuro ministro de Fomento a que lo
hagamos en Comisión (Aplausos.), tenemos que transmitir los
comentarios, señores diputados, los intereses de nuestro pueblo.
¿Cómo podemos ignorar que 74 personas pernoctaron en un avión de la
compañía Spanair en la noche del 16 de abril, que estaba estacionado
en el Aeropuerto de Barajas? ¿Cómo podemos ignorar que, fruto de este
caos, se están produciendo anécdotas sin paralelismo en los últimos
20 años, como ha sido que, en el vuelo de Iberia 3116, del pasado 15
de abril, de Madrid a Londres, escucharon los pasajeros asombrados e
inquietos la comunicación del comandante del avión a través del
servicio de megafonía -era un avión airbus 300- que les decía que era
imprescindible demorar el despegue por cuanto se había detectado en
la bodega del avión un cargamento de material radiactivo
potencialmente peligroso para la salud, además de productos
explosivos e inflamables? Señorías, esto es rigurosamente cierto. Y
se ha abierto una investigación. Es un ejemplo de un error de
transferencia de carga, de un error puntual que se detectó, pero es
un hecho grave. Señorías, ¿cómo podemos ignorar que el comandante del
vuelo Iberia 812, de Madrid a Gran Canaria, tuvo que recibir
instrucciones de la Guardia Civil porque se negaba a poner en marcha
el vuelo? (Rumores.) Sí. ¿Cómo podemos ignorar que el 6 de abril, a
las 20 horas, con dos horas de retraso, partía desde Madrid hacia
Barcelona, el puente aéreo...
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, ha de ir concluyendo.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.
Y estuvieron ocho horas para aterrizar en Barcelona.
Señoras y señores diputados, yo quiero contarles a ustedes, para que
lo sepan, que las rutas de interés público del Estado español
Canarias-Península las está sirviendo un Boeing 747 de una compañía
de Arabia Saudita, que está fletado a una compañía que se llama Air
Atlanta, que es una compañía islandesa, que a su vez está en régimen
de wet-lease, alquiler de tripulación y de avión por parte de la
compañía Iberia en una ruta de interés público. (Rumores.) Y eso no
lo saben ustedes. También tienen que saber, señoras y señores
diputados, muchas otras cosas más. Que la compañía Viva Air, con
nueve aviones y 1.500 tripulantes, ha sido cerrada por el grupo
Iberia y el organismo director de la política de transporte en
España, el Ministerio, no ha intervenido en absoluto. También tienen
que saber, señorías, en lo que se refiere al sistema de gestión, que,
en el mes de diciembre de 1996, el Grupo Socialista propuso, y se
aprobó en la Cámara, que determinadas funciones competenciales del
organismo internacional Eurocontrol se transfiriesen al control
español, lo que han conseguido otros países, como Francia y el Reino
Unido, para los vuelos interiores en el país y España aún no lo ha
hecho, por incapacidad gestora. Sí, señorías. El listado es muy
importante, pero naturalmente...
El señor PRESIDENTE: Ha de concluir. Naturalmente, ha de concluir,
porque su tiempo ya ha concluido. (Risas.)
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.
Tengo que indicar que el Grupo Socialista, analizadas las enmiendas
que han presentado los diferentes grupos parlamentarios a nuestra
moción, está en condiciones -supongo que habrá otro turno, señor
presidente- de justificar las razones de aceptación...
El señor PRESIDENTE: Para justificarlo, no. Para aceptar o rechazar
las enmiendas, sí.
El señor SEGURA CLAVELL: En ese turno, señor presidente, ya
indicaremos las enmiendas que aceptamos y las que rechazamos. Y
tenemos mucho interés en oír a los portavoces del interés popular,
que sin duda alguna lo constituyen todos los grupos parlamentarios de
esta Cámara, para que transmitan los criterios de más de dos millones
de ciudadanos españoles que han sufrido, que son receptores de un
caos diseñado desde el Gobierno por la incompetencia del ministro de
Fomento.
Muchas gracias. (Protestas.- Aplausos.- Varios señores diputados:
¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!)
El señor PRESIDENTE: Solicita la palabra el señor ministro de
Fomento. (Protestas.-Aplausos.-Varios señores diputados continúan
diciendo: ¡Dimisión! ¡Dimisión!) Silencio, señorías.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
presidente, señorías, yo quiero agradecer al Grupo Socialista la
presentación de esta moción de reprobación, porque la Cámara va a
tener la oportunidad de pronunciarse efectivamente, valorando una
determinada gestión. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Y yo espero,
señorías, que ustedes acepten que lo que salga de esta sesión es
representación de la soberanía popular. (Aplausos.-Protestas.-La
señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, la llamo al orden.
¡Señora López i Chamosa!
Señorías, les ruego que dejen que el señor ministro desarrolle su
intervención y le escuchen con respeto. Si no lo hacen con interés,
al menos con respeto.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Anécdotas aparte,... (Rumores.-Pausa.) ¿Me van a dejar hablar o no?
El señor PRESIDENTE: Sí, señor ministro, no se preocupe. (Rumores.)
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Yo tengo
todo el tiempo. (Protestas. -Aplausos.-Varios señores diputados:
¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías! ¡Señorías!
Creo, señorías, que ha llegado el momento de llamarles seriamente al
orden y que no sea el propio interviniente quien tenga que recordar a
SS.SS. el Reglamento. El Gobierno tiene derecho a intervenir en
cualquier momento del debate y, naturalmente, las mecánicas que ello
conlleva posteriormente las conoce bien la Presidencia. Por tanto,
tendrá ocasión de intervenir en su caso el portavoz del Grupo
Socialista, pero ruego al Grupo Socialista, insisto, que escuche con
el debido respeto la intervención del ministro de Fomento.
(Protestas.)
Adelante, señor Arias-Salgado.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias otra vez, señor presidente.
La moción que ha presentado S.S., en el punto para el que yo subo a
esta tribuna, se basa en varias afirmaciones. La primera es la falta
de previsión para adaptar las infraestructuras aeroportuarias
españolas. La segunda afirmación es la inexistencia de una política
de tráfico aéreo. La tercera afirmación es la pérdida de
competitividad del sistema aeroportuario español. La cuarta
afirmación implícita es la elusión de responsabilidad. Y la quinta,
la comparación con otros aeropuertos que ha traído a colación el
señor diputado en su intervención.
Señorías, en dos años y 11 meses, este Gobierno, a través del
Ministerio de Fomento, puede ofrecer los siguientes resultados:
primero, ha construido una nueva pista en Barajas que incrementa la
capacidad del aeropuerto de 50 operaciones a la hora a 75 operaciones
a la hora. (Rumores.) Segundo, ha puesto en marcha una nueva torre de
control. Tercero, ha introducido un nuevo sistema de gestión
informática del tráfico aéreo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señora Romero!
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Cuarto, ha
procedido a la apertura de nuevos sectores aéreos. Quinto, ha firmado
el primer convenio colectivo stricto sensu con los controladores, que
por primera vez regula la plantilla y prevé un incremento de 741
controladores. Sexto, se han incorporado, en estos dos años y medio,
193 nuevos controladores -se ha pasado de 1.110 a 1.303
controladores-;
un incremento del 17 por ciento. Y, séptimo, el plan director del
aeropuerto de Barcelona está en estos momentos prácticamente
consensuado y prevé la construcción de la tercera pista en el
Aeropuerto de El Prat en el año 2003, 2004, y no en el año 2015, como
preveían los planes de quienes me precedieron en el Ministerio
entonces de Obras Públicas. (Rumores.- Aplausos.)
La primera afirmación de su alegato, señorías, carece absolutamente
de fundamento con los datos que acabo de poner encima de la mesa.
(Protestas.) La segunda imputación es la inexistencia de una política
de tráfico aéreo. Bien, señorías. Una política de tráfico aéreo
consiste lógicamente en unos objetivos y en unos medios que se ponen
al servicio de esos objetivos. Los objetivos de una política de
tráfico aéreo son sustancialmente tres: ampliar la capacidad del
sistema aeroportuario, ampliar la capacidad del espacio aéreo español
y mejorar la gestión de la navegación aérea. Lógicamente, al servicio
de esos objetivos, hay que poner más recursos humanos, más recursos
materiales y más recursos técnicos. Pues bien, es evidente que hemos
ofrecido muchos más recursos humanos en el plazo breve de tres años
de Gobierno, teniendo en cuenta que la formación de 50 ó 60
controladores lleva aproximadamente entre 22 y 28 meses.
Si analizamos los recursos técnicos puestos en marcha durante estos
tres años se pueden enunciar los siguientes, señoría. Sectores de
aproximación en el centro de control de Madrid: en el área terminal
de Madrid se ha pasado de tres a cinco sectores de aproximación;
sectores de ruta del centro de control de Madrid, se han desdoblado
los sectores Pamplona-Zaragoza y los sectores Castejón-Calamocha,
creando dos nuevos sectores de ruta. Sectores de aproximación en el
centro de control de Barcelona: en el área terminal de Barcelona se
ha pasado de dos a tres sectores de aproximación; sectores de ruta
del centro de control de Barcelona: dos nuevos sectores de ruta.
(Rumores.) Sectores de aproximación y de ruta en el centro de control
de Palma de Mallorca: se ha pasado de cuatro a cinco sectores de
aproximación y de uno a dos sectores de ruta.
Y vamos con la aportación de recursos técnicos y presupuestarios.
Automatización del control del tráfico aéreo en los centros de
control y en las torres de control: año 1997, una inversión de 2.700
millones de pesetas; año 1998, 2.900 millones de pesetas; presupuesto
de 1999, 4.800 millones de pesetas; en total, 10.400 millones de
pesetas. (Rumores.)
Navegación y vigilancia de radar: año 1997, 1.600 millones de
pesetas; año 1998, 1.900 millones de pesetas; presupuesto de 1999,
1.100 millones de pesetas; en total, 4.600 millones. (Rumores.)
Y en materia de comunicaciones, centros de comunicaciones y sistemas
de comunicaciones orales en centros de control: año 1997, 1.500
millones; año 1998, 2.700 millones; año 1999, 2.000 millones; en
total, 6.200 millones.Señoría, una política auténtica se mide por los
presupuestos que se aportan en mejora técnica de gestión.
(Rumores.) En tres años el Ministerio de Fomento ha invertido
21.000 millones de pesetas en la mejora de gestión del tráfico aéreo.
(Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
Tercera imputación, pérdida de competitividad del sistema
aeroportuario. Señoría, tengo aquí el informe de Eurocontrol y le
ruego a usted que utilice documentos oficiales y no afirmaciones
demagógicas y descalificadoras. En el informe de Eurocontrol de 1998
el sistema aeroportuario español, en concreto el aeropuerto de
Barajas, aparece como un aeropuerto de funcionamiento medio correcto
en el entorno de las medias europeas, aquí tienen los datos.
(Protestas.- Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías, por favor!
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señorías,
cuando ustedes dicen que está perdiendo competitividad el sistema
aeroportuario español están ustedes faltando a la realidad. Yo le voy
a dar los datos. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no
se perciben.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Yo comprendo
que discutir con datos es complicado para ustedes, porque ustedes no
los tienen, pero yo les voy a dar los datos del primer trimestre de
1999, para que se vea si el sistema aeroportuario español está o no
perdiendo competitividad.
Pasajeros. La media europea de crecimiento en estos tres meses ha
sido el 5,15 por ciento. Pues bien, los tres principales aeropuertos
españoles han tenido en pasajeros las siguientes tasas de
crecimiento: Barcelona, el 7,59 por ciento; Madrid, el 11,90 por
ciento; Palma de Mallorca, el 22 por ciento. En aeronaves: Barcelona,
7,69 por ciento; Madrid, 10,5 por ciento, y Palma de Mallorca, 17,83
por ciento. Señorías, si esto es pérdida de competitividad del
sistema aeroportuario español, que venga Dios y lo vea. (Rumores.)
Una imputación permanente que han realizado SS.SS. es la elusión de
responsabilidades y el propósito de culpar a otros de los hechos.
(Varios señores diputados: ¡Ah!) Me niego a una concepción de la
política que impida el análisis de las causas y de la historia de los
problemas. (Protestas.) Ustedes pueden venir a hacer aquí
afirmaciones genéricas y retóricas, pero no hay política rigurosa que
no entre en el análisis de las causas y de la historia de los
problemas; ustedes no pueden hacer con rigor ese análisis de las
causas y de la historia de los problemas porque emerge su gestión, su
fracasada gestión en todo el tema aeroportuario español. (Aplausos.-
Varios señores diputados: ¡Dimisión! ¡Dimisión!, ¡Dimisión!)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Además,
señoría, tampoco puedo aceptar una concepción de la política que
consista en prescindir de los datos que aportan los organismos
internacionales. Yo le invito a usted a que ponga encima de la mesa
los datos de cualesquiera organismos internacionales que tengan que
ver con la regulación del tráfico aéreo sobre España y no podrá
apoyar ninguna de las afirmaciones que ha hecho en esta tribuna,
ninguna; en cambio, yo sí puedo apoyar en datos y en hechos algo que
en estos momentos está incidiendo en la realidad del espacio aéreo
español.
En el año 1991 se hicieron 290.000 horas extraordinarias por los
controladores. Cuando se ganaron las elecciones en mayo de 1996 y
este Gobierno tomó posesión, señoría, el número de controladores
había disminuido y se había pasado a casi cuatro millones de horas
extraordinarias. Esto sí que es el fracaso de una gestión. No
solamente disminuye el número de controladores mientras se incrementa
en un 40 por ciento el tráfico aéreo, sino que además ponen ustedes
como toda solución el paliativo de incrementar, incrementar
e incrementar las horas extraordinarias, que pasan de 290.000 a cuatro
millones para una plantilla de 1.100 controladores. Eso, señoría, se
llama fracaso.
Por consiguiente, en ningún momento ha habido por parte de quien se
dirige a la Cámara en estos momentos ninguna elusión de
responsabilidad. Yo no estoy acostumbrado a eludir responsabilidades,
no lo he hecho en mi vida y no lo haré nunca; pero sí traeré análisis
de causas y análisis de la historia de los problemas. Y, si alguien
se siente aludido y entiende que eso es eludir responsabilidades,
excusatio non petita, accusatio manifesta. (Aplausos.)
Finalmente, señoría, voy a hablar de la quinta imputación, la cual
aparece hoy en algunos editoriales, entre ellos en el que S.S. ha
leído y que ha traído a colación. En estos momentos, a sugerencia del
consejo internacional de aeropuertos, todos los aeropuertos europeos
han decidido no dar información acerca de la puntualidad del tráfico
aéreo. Hay una razón -le voy a enseñar ahora los documentos- de por
qué ocurre eso. Los datos que me ha proporcionado el presidente de
Iberia, puestos encima de la mesa en la última reunión de presidentes
de líneas aéreas europeas, que tiene una asociación que se llama ALA,
muestran una puntualidad en el mes de marzo del 38,8 por ciento en
Francfort, del 58 por ciento en el aeropuerto Charles de Gaulle, del
59 por ciento en Amsterdam y del 48,7 por ciento en Barajas. Por
tanto, señorías, estamos ante una situación perfectamente equiparable
a la de Europa. ¿Por qué está ocurriendo esto? Vamos nuevamente al
rigor, al análisis de las causas. En el debate sobre la interpelación
que S.S presentó. recordará que hablábamos de regulaciones nacionales
y de regulaciones del espacio aéreo europeo. En este último se dan
dos circunstancias fundamentales: primero, hay un cambio, unas nuevas
rutas aéreas cuya puesta en vigor dura varios meses. Como
consecuencia de dichas rutas, tres
países centrales han disminuido, han restringido la disponibilidad de
su espacio aéreo entre un 10 y un 50 por ciento, y son países
centrales, afectando por tanto al tráfico aéreo en España de una
manera decisiva. En segundo lugar, también hay restricciones como
consecuencia del conflicto bélico de Yugoslavia. Señoría, esas cosas
no las mide usted porque están en los informes de Eurocontrol, están
en el comunicado de las líneas aéreas internacionales y están en el
informe que se ha emitido desde la última reunión de la Asociación de
Líneas Aéreas Europeas.
Señoría, si yo analizo la moción que han presentado ustedes,
realmente se puede comprender perfectamente la situación que ustedes
dejaron. (Protestas.- Un señor diputado: Soluciones, soluciones.)
Porque fíjense ustedes qué moción presenta, señoría, como
alternativa, teóricamente, a un problema de transporte y de tráfico
aéreo que tenemos planteado en estos momentos en España y en otros
países europeos. Ustedes quieren reforzar AENA, como parte del sector
público -y están en su derecho porque es una opción dentro de una
concepción determinada; es una concepción ideológica que hoy nos
llevaría a un debate sobre la eficiencia mayor o menor de lo público
y lo privado, pero que tiene poco que ver a los efectos del problema
concreto que tenemos en estos momentos y que tratamos de resolver-, y
le dedican tres puntos de la moción. En segundo lugar, hacen ustedes
una serie de afirmaciones extraordinariamente genéricas. Hablan de
desarrollo de planes directores, de inversiones integrales;
afirmaciones que tienen un valor: simplemente son retóricas y no
dicen casi nada. Y lo que es más pintoresco, señoría, al final, en la
moción -algo que incide directamente en el transporte aéreo español-
se ocupan ustedes de las tiendas de los aeropuertos y de otros
servicios periféricos que son absolutamente decisivos para el
funcionamiento del transporte aéreo. Y terminan ustedes pidiendo una
ley de navegación aérea, que este Gobierno enviará antes de que
concluya el año y que ustedes fueron incapaces, a pesar de reiteradas
peticiones de ambas Cámaras, de presentar y de poner en vigor.
(Protestas.- Prolongados aplausos.- Varios señores diputados:
¡Dimisión! ¡Dimisión!) Permítame que concluya, señoría. Se lo dije en
el debate de la interpelación: No hay ningún aeropuerto del mundo que
pueda funcionar correctamente cuando entran en huelga los pilotos de
la compañía aérea que tiene entre el 65 y el 70 por ciento del
tráfico de ese aeropuerto. Hace muy pocos meses hubo una huelga en
Air France que tuvo colapsado el aeropuerto Charles de Gaulle más de
un mes, señoría; una huelga de pilotos precisamente. (Rumores.) En
segundo lugar, en estos momentos, el espacio aéreo europeo está
siendo objeto de revisión. Las nuevas rutas aéreas y el conflicto
bélico de Yugoslavia están incidiendo necesariamente en la
puntualidad del transporte aéreo, no de los aeropuertos. Porque no
todo lo que ocurre en los aeropuertos es responsabilidad de los
aeropuertos, señoría, como usted sabe muy bien, porque usted de estas
cosas
ciertamente algo sabe. (Rumores.) Lo que lamento es que no haya hecho
gala de esos conocimientos al subir a esta tribuna, porque hubiera
aportado muchas más cosas al debate. Finalmente, señoría, le reitero:
yo entiendo muy bien la situación que heredé, la entiendo muy bien,
porque con la moción que ustedes han presentado estaba perfectamente
garantizado el planteamiento de los problemas que este Gobierno
resolverá.
Muchas gracias, señor presidente. (Prolongados aplausos.- Fuertes
protestas.- Varios señores diputados: ¡Dimisión! ¡Dimisión!
¡Dimisión!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. (El señor Segura
Clavell pide la palabra.)
Señorías.
Tiene la palabra el señor Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, señoras y señores
diputados.
Señor ministro, créame que desde la perspectiva personal, como
diputado de esta Cámara y creo que como amigo personal suyo de años
atrás, lamento que esté usted pasando un mal trago. El ministro de
Fomento tiene que ser sometido a reprobación precisamente como
resultado de una nefasta, negligente e incompetente gestión de los
tres últimos años.
Al Grupo Parlamentario Socialista se le podrá acusar de algunos
defectos en algunas tramitaciones parlamentarias, en ésta, señor
ministro, usted tiene que reconocer que llevamos tres años con un
planteamiento coherente. Recordará que, como consecuencia de una
situación de crisis, también excepcional, que vivíamos en el mes de
diciembre de 1996, le presentamos una moción consecuencia de una
interpelación en la que le pedíamos que adoptase un conjunto de
medidas, algunas de las cuales se aprobaron con el voto en contra del
Grupo Parlamentario Popular, pero que usted en dos años y medio no ha
ejecutado.
Por ejemplo, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó
implementar al máximo los acuerdos entre controles contiguos, previo
estudio estadístico de los cuellos de botella existentes en el
espacio aéreo español; no lo ha ejecutado, no ha tomado medidas.
Aprobamos la posibilidad, previo acuerdo con Eurocontrol, de que el
espacio aéreo interior, dentro del cual se desarrollan la mayoría de
los vuelos domésticos, fuese controlado por coordinación entre
controles contiguos; no se ha conseguido. Si ello se hubiese
ejecutado, hoy en días las rutas interiores que comunican dos puntos
interiores del territorio nacional para los vuelos domésticos
dejarían de depender de Eurocontrol. Le voy a poner un ejemplo de dos
puntos alejados de Madrid geográficamente: la isla de Hierro y la
isla de Tenerife. Un avión de Binter que despegue de la isla de
Hierro destino a Tenerife en una ruta de 20 minutos debe ser
controlada por Eurocontrol en Bruselas, por la ineficacia del actual
Gobierno; un esperpento, pero es una de las motivaciones de esa
situación caótica de gestión.
Señor ministro, ha leído usted un listado de inversiones. Tiene la
suerte de haber podido disponer de dinero, sin duda alguna. ¡Madre
mía!, si habiendo dispuesto de tanto dinero estamos como estamos ¿qué
nos hubiera ocurrido si hubiese tenido restricciones económicas?
(Aplausos.)
Señor ministro, menos mal que tiene usted la suerte de que su
intervención no se ha reproducido a través de los servicios de
megafonía de Barajas; si hubiese ocurrido así, no dude S.S. de que el
caos hubiese sido espectacular, que la reprobación popular sería por
votación a mano alzada en los pasillos del aeropuerto de Barajas.
(Aplausos.- Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) Señor
ministro, la tercera pista del aeropuerto de El Prat me parece que
tardaremos muchos años en verla consolidada por la multitud de
dificultades que tiene, así como los pasillos de la terminal del
aeropuerto de Málaga o de Palma de Mallorca, o de Tenerife Sur, que
desde el mes de enero de 1996 hasta ahora no se han adjudicado.
Quiero recordarlo para ponerlo como ejemplo de ineficacia gestora de
la AENA que usted dirige. Cuando presidía AENA un excelente gestor,
don Manuel Abejón, se abrió un concurso internacional que se cerró en
el mes de junio, presentándose 11 grupos redactores y teniendo que
elegir a uno de ellos para redactar, con honorarios de más de 1.500
millones de pesetas consignados, el proyecto de nueva área terminal,
nuevo campo de vuelo, el people movers y toda la tecnología
vinculada a la nueva situación aeroportuaria de Tenerife;
transcurridos tres años a día de hoy aún no se ha adjudicado. Es
sorprendente la ineficacia.
Señor ministro, usted ha inaugurado multitud de instalaciones: el
aeropuerto de El Prat; en el mes de mayo próximo seguro que se hará
la fotografía en el aeropuerto de la isla de La Gomera; ha inaugurado
la nueva terminal del aeropuerto de Lanzarote, la de Fuerteventura
y otras muchas más, todas diseños de la etapa de gobierno socialista,
todas. (Aplausos.) Señor ministro, quiero recordarle que cuando tomó
posesión los terrenos para la nueva pista del aeropuerto de Barajas
eran ya de titularidad pública. Había dinero consignado, la
adjudicación de la obra se había sacado a concurso público y ustedes,
que tomaron posesión en mayo de 1996, la adjudicaron en diciembre de
1996. Es asombroso; siete meses porque estaban discutiendo temas que
desconocemos pero que dieron origen a una de las múltiples
destituciones que usted ha protagonizado. A raíz de ello despidió
usted a don Fernando Piña, en aquel momento presidente de AENA y, al
mismo tiempo, director general de Navegación Aérea.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, ha de concluir.
El señor SEGURA CLAVELL: Meses después despidió al secretario de
Estado de Infraestructuras, señor Abril Martorell, y, posteriormente,
al otro director general de Navegación Aérea y de AENA y al director
del aeropuerto
de Barajas, cuando fue a visitar con periodistas la torre de control
en el mes de noviembre de 1998.
Usted ha destituido a los responsables funcionarios del Cedex porque
no le emitían informes favorables de lo que usted pretendía para
enmascarar la terrible huella sonora de la senda de despegue. Como no
tiene personas de su entorno en quien apoyarse porque no ha sabido
elegir equipos directivos -es un grave error en un ministro- usted ha
tenido que salir -hecho sorprendente, sin precedentes en ese
Ministerio- a dar una explicación pública a los ciudadanos para
decirles que la senda de aproximación y despegue que conduce a la
nueva pista se va a modificar dos meses después porque se equivocaron
en el diseño. Impresionante; el listado de negligencias es
espectacular.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Segura, por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente, voy a
terminar.
Señor ministro, éste es un foro político y mi grupo y yo nos sentimos
orgullosos de representar los intereses ciudadanos en este Pleno y
hemos de transmitir y de decir a los millones de hombres y mujeres
que han sufrido en todos los aeropuertos españoles, a los empleados
de las compañías aéreas, al personal de AENA -que está desmoralizado
porque ve que se está vendiendo AENA a los postores, porque se va a
privatizar-, a aquellos que trabajaban en AENA internacional, que
participaban en concursos internacionales y están desmoralizados, a
la ciudadanía en su conjunto, al sector turístico, a los sectores
económicos: fíjense las medidas que toma el ministro.
Hoy se ha reunido con los presidentes de las compañías aéreas y les
ha pedido que disminuyan el número de vuelos, hecho sin precedentes
en los últimos veinteaños, señor ministro, con el deterioro
consiguiente de la columna vertebral de nuestra economía que es el
sector turístico. Da la impresión de que el verano de 1998 va a
resultar un juego de niños frente al que se nos viene encima, si
usted continúa con las responsabilidades que el presidente del
Gobierno le ha encomendado.
Señor ministro, recapacite, analice, conteste a los ciudadanos lo que
ellos quieren saber; no hable de qué ocurre en Francfort, sino de lo
que sucede en España y de cómo se va a resolver. Ejerza dignamente la
responsabilidad de un político: cuando fracasa deja sus
responsabilidades.
Nada más. Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Tomo la
palabra con extrema brevedad, señor presidente, para hacer algunas
puntualizaciones
a ciertas afirmaciones que ha hecho el señor diputado. (Rumores.)
En relación con la inversión, señoría, es dramático que un Gobierno
tenga que invertir 21.000 millones de pesetas en dos años y medio
para renovar la totalidad de unos sistemas de gestión y control del
tráfico aéreo que heredamos arcaicos y totalmente periclitados e
ineficientes (Rumores.- Aplausos.). Ésa es la razón de la inversión,
señoría.
Segundo. Toda la obra de catorce años de Gobierno en materia de
infraestructuras aeroportuarias se reduce a cuatro edificios
terminales, pero con la singularidad de que no fueron capaces de
concluir ninguno porque los está terminando todos este Gobierno.
(Aplausos.)
Finalmente, señoría, en materia de capacidad aeroportuaria y de
capacidad del espacio aéreo español, dos datos: pistas nuevas,
ninguna; controladores, disminución.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos. - Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. (El señor Segura
Clavell pide la palabra.)
No, señor Segura, ya ha concluido este turno. Luego, tendrá S.S. la
palabra para manifestar la aceptación o rechazo de enmiendas. Este
trámite ha quedado concluso.
A la moción se han presentado enmiendas por el Grupo Mixto, por el
Grupo de Izquierda Unida y por el Grupo de Coalición Canaria. Por
cierto, por el Grupo Mixto hay dos: una del señor Peralta y otra del
señor Rodríguez.
El señor Peralta puede defender su enmienda, y, como quiera que es el
turno del Grupo Mixto, aunque fue posteriormente presentada, lo hará
también el señor Rodríguez. (El señor Vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, sin lugar a dudas, la actual situación del transporte aéreo
en nuestro país se puede definir con pocas palabras diciendo
sencillamente que es un caos, un auténtico caos. Así es percibido por
toda la opinión pública de nuestro país y especialmente por los miles
de ciudadanas y ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, que
tienen la desgracia de tener que recurrir a ese medio de transporte.
Señor ministro, este diputado tiene memoria y puede afirmar con
absoluta convicción que con anteriores gobiernos esto no ocurría.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Peralta.
Señorías, les ruego guarden silencio. Señor Ortiz. Por favor,
señoría.
Puede continuar, señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Le decía, señor ministro, que antes esto no ocurría. Este caos no
existía en la realidad de nuestro país. Podía haber algunos problemas
puntuales, algunos de ellos coincidiendo con situaciones bélicas, que
se han conocido anteriormente, con situaciones de huelga, que se han
conocido anteriormente, con distintas circunstancias, pero el
verdadero caos que en estos momentos se vive en el transporte aéreo y
que no es más que la agudización de una muy grave situación desde que
usted gestiona, eso no existía, señor ministro.
Durante los tres años que usted está al frente del Ministerio, se ha
limitado, señor ministro, contra toda lógica, a manifestar y
argumentar que aquella normalidad ha producido este desastre. Ése ha
sido su discurso reiterado y único durante tres años. A pesar de la
falta de lógica de dicho discurso, usted sólo lo ha abandonado no por
falta de lógica sino por caducidad. Despues de tres años de gestión
del Gobierno del PP ya no se podía seguir manteniendo ese discurso, y
ahora, como novedad, señor ministro, se dedica usted a echar las
culpas a cualquiera que se le cruza por su imaginación -lo decía el
representante del Grupo Socialista-, ya sean los pilotos, los
controladores aéreos o los conflictos bélicos. Me permito decirle,
señor ministro, que se anuncia que viene una guerra de las galaxias
de nuevo. ¿Qué nos deparará eso en el tráfico aéreo de nuestro país?
Señor ministro, usted ha equivocado el empleo de su tiempo. Se ha
dedicado a hacer discursos contra toda lógica o contra toda razón y
no lo ha empleado en buscar soluciones, y esa era su obligación,
señor ministro, buscar soluciones.
Hoy viene aquí y nos dice que ha empleado muchísimo dinero,
muchísimos medios. Permítame, señor ministro, que le diga que las
políticas se juzgan por sus resultados, y en función de esos
resultados se pueden evaluar los medios empleados. El argumento que
usted utilizaba, señor ministro, conducía al absurdo, máxime por
parte de un Gobierno que defiende la necesidad de restringir y
utilizar de manera estricta los recursos disponibles. Pretende usted
justificar su gestión diciendo que ha empleado mucho dinero, pero,
como ya se le ha dicho, emplear mucho dinero para provocar un caos
solo sirve, señor ministro, para dar más razones a quienes sostenemos
que usted ha demostrado durante este tiempo su absoluta
incompetencia. Además, señor ministro, como consecuencia de esa
realidad, del desastre en su gestión, usted ha producido innumerables
ceses en el tiempo que lleva como ministro. Se lo acaban de recordar.
Desde el secretario de Estado de Infraestructuras a varios directores
generales o al director del aeropuerto de Barajas. ¿Por qué se han
producido esos ceses, señor ministro, si su gestión es tan brillante
como usted sostiene? Hoy, señor ministro, ya no le queda más cese que
el suyo propio y ése es el que le pedimos. Creemos, señor ministro,
que ésa es la primera
medida que hay que tomar. En ese sentido, en la enmienda
presentada por Nueva Izquierda al Grupo Parlamentario Socialista, el
primer punto consiste en que ése debe ser el primer acuerdo que hoy
tome esta Cámara: la reprobación y la consiguiente dimisión del señor
ministro de Fomento porque sólo ha servido para fomentar el caos.
Pero, más allá de este debate imprescindible y necesario para avanzar
en la vía de la solución, señor ministro, nosotros planteamos una
medida concreta, porque hoy día miles de ciudadanas y de ciudadanos
se encuentran en una situación, no me atrevería a decir de tortura
pero sí de maltrato. Quienes contratan el medio de transporte más
rápido para llegar a un destino determinado se encuentran con que han
contratado el medio más lento que les lleva Dios sabe a dónde. Y
cuando piden explicaciones, o bien no les atienden, o bien se
encuentran con un rosario de contradicciones a cual más absurda.
Señor ministro, usted es incapaz de explicar con claridad qué está
ocurriendo en estos momentos en el tráfico aéreo en nuestro país.
Ante esa incapacidad, más allá de la reprobación y de su dimisión, es
necesario aplicar medidas concretas. El transporte aéreo, señor
ministro, es un medio de transporte muy especial. Exigencias técnicas
obligan a situarlo fuera de las ciudades, alejado de la comunicación
con otros medios de transporte, lo que hace que los ciudadanos,
cuando, como ahora, desgraciadamente les falla, se encuentren
aislados, sin posibilidad de conectar con otros medios de transporte
y sin posibilidad de recurrir a otras instituciones, y a los que
recurren en el propio aeropuerto, no les sirve para nada. Creemos,
señor ministro, que esta situación de verdadero desastre requiere una
medida concreta: la creación del defensor del usuario del transporte
aéreo que atienda y vele por los derechos de las ciudadanas y los
ciudadanos usuarios de ese medio de transporte y que tenga capacidad
para, ante las situaciones y los problemas concretos, proponer las
medidas más adecuadas. Esa, señor ministro, era su obligación, pero
usted ha demostrado su absoluta incompetencia en ese terreno.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, para la presentación de su
enmienda, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Es obligación del Bloque Nacionalista Galego comentar los motivos por
los cuales vamos a dar nuestro apoyo a la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. Decimos que es nuestra obligación
porque se trata de una moción bien orientada, aunque es matizable y
en las matizaciones tendríamos discrepancias,excesivamente
generalista y a veces abstracta.
Comienzo por comentar los dos primeros puntos con los que sin duda
podemos estar de acuerdo, pero tendríamos que matizar, y el propio
señor Segura ya lo hizo notar, que la centralización no ayuda siempre
o en todos los aspectos al mejor funcionamiento del servicio. No cabe
duda de que esa centralización europeista fue negativa en muchos
aspectos, y todo el mundo recordará un plan para estructurar
precisamente los aeropuertos del Estado español, con seis cabeceras
de carácter regional, abiertas las veinticuatro horas del día, con
capacidad para hacer saltos. Sin duda alguna, muchos de los problemas
que hoy tenemos estarían resueltos con esta estructuración
territorial de un aeropuerto principal, por lo menos en ciertas zonas
territoriales de gran amplitud.
En segundo lugar, a nadie se le oculta que si gran parte de la
infraestructura y de los servicios estuviesen controlados, por lo
menos en parte, por las comunidades autónomas funcionarían mejor.
Este es el motivo por el cual nosotros hemos presentado una enmienda
de adición a los puntos 1 y 2, que tiene una pequeña errata
lingüística, que dice: sin perjuicio de la descentralización adecuada
y la conveniente participación de las comunidades autónomas.
Está claro que en otras cuestiones no podemos estar de acuerdo cuando
se plantean de forma generalista y abstracta, pero ¿cómo no vamos a
estar de acuerdo cuando se plantea profesionalizar más la gestión de
Aena o desarrollar los planes directores o incluso aumentar las
inversiones para que puedan funcionar adecuadamente nuestros
aeropuertos? ¿Cómo no vamos a reconocer que se está realizando un
proceso de modernización tecnológica y de integración europea y
mundial, con mucho éxito y con gran eficacia, que contrasta, sin
embargo, con la incapacidad para solucionar problemas más domésticos?
Cuando se plantean algunas cuestiones relacionadas con la modulación
de tarifas cabe recordar que es preocupante el proceso de
transnacionalización y de desregulación que se está produciendo, ya
que nos encontramos, por ejemplo, en el caso de Galicia, con
aeropuertos muy próximos, como pueden ser el de Porto y el de
Santiago de Compostela, y el de Santiago de Compostela no puede
competir porque las tarifas son más baratas en Porto y el queroseno
tiene además unos precios de carácter político. Aquí tendríamos que
buscar una modulación de tarifas, habría que pasar por encima de esa
homologación que hoy tiene o que aspira a mantener el Estado español.
La mejora de los servicios al público es fundamental. Gran parte del
caos de los aeropuertos estaría paliada si hubiera una intención real
por parte de la Administración de informar correctamente a la gente,
empezando por el Gobierno, que no lo hizo a su debido tiempo,
y hubiera un talante de servicio y suficientes medios que hoy no hay.
Por fin, cabe recordar, cuando se habla de la ampliación de los
controladores, que ya la Ley 40/1974 planteaba mantener una plantilla
mínima de 1.595 controladores
para atender positivamente el tráfico aéreo en aquel momento y
el previsible en los futuros años. Está claro que hoy hay nada más
que 1.300 para atender un tráfico que se quintuplicó y, por tanto,
cuando el Partido Socialista propone la reconversión de Senasa, está
trazando una medida de futuro que es no solamente elemental sino
inexcusable.
Nosotros pensamos que la moción es perfectamente asumible, que es
mejorable, pero nos gustaría decir que en este momento crítico sería
importante que el Gobierno informase al público y a esta Cámara de la
incidencia real de la guerra con Yugoslavia, de la situación crítica
que viven los aeropuertos del Estado español.
Señoras y señores diputados, la guerra de Yugoslavia no puede opacar
los desastres del Gobierno, pero tampoco podemos hacer oídos sordos a
lo que dice un piloto cuando despega un avión: la responsabilidad de
la tardanza de este viaje no es nuestra, es de la guerra de
Yugoslavia, aunque no quieran confirmarlo oficialmente. O cuando
Spanair, ante el desastre, se ve obligada a decir que una parte de la
responsabilidad depende de la guerra de Yugoslavia. O cuando los
controladores aéreos, no sospechosos, dicen que el 50 por ciento lo
es. Nos parece que es responsabilidad del Gobierno solucionarlo. Que
lo solucione con las medidas que quiera, pero dando la cara.
Para nosotros, es inevitable reprobar al señor ministro por una
cuestión fundamental: porque lo que era una situación crítica se ha
convertido en caótica, porque en la intervención de hoy sigue
manteniendo que las cosas no están tan mal y esto no es comprendido
por la sociedad, señor ministro, aunque pueda tener razón. Hay algo
muy claro, y es la tendencia del Gobierno a actuar con pasividad,
basando todo en que el servicio sigue un proceso estupendo porque
compite económicamente -gana 32.000 millones de pesetas-,
privatizando sólo los aspectos más deplorables y haciendo una mezcla
en el funcionamiento del sistema que tiene lo peor de lo público y lo
peor de lo privado. Hay una desorganización evidente, señor ministro.
Cuando empezaron los problemas, actuaron tarde, mal y a rastras.
Recordará aquella fotografía tétrica con el presidente de Iberia, el
de Aena y los dos ministros del Gobierno español, cuando el público
seguía carente de información. Actuaron tarde, mal y a rastras. Ahora
tenemos un desastre y no sé cómo cuantificar proporcionalmente la
responsabilidad de la herencia del pasado, los desmanes y las
deficiencias del presente y la falta de sentido de servicio público,
que eso es fundamental: informar a la gente, a todos los niveles. Por
lo tanto, reprobaremos su actuación como reprobación al Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda yLozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, me gustaría que considerara inicialmente que en lo
que afecta a los problemas de los aeropuertos no tiene tanto tiempo
como nos ha expresado hoy en esta tribuna, y que urgen actuaciones y
soluciones. Nos encontramos, de nuevo, en un importante debate sobre
la situación aeronáutica española, que ha derivado, como se preveía,
en una cada vez más preocupante situación de los aeropuertos,
llegando las últimas semanas a alcanzar una dimensión de crisis y
colapso, con graves perjuicios para el conjunto de usuarios, la
economía y el turismo, cuyo máximo exponente es Barajas. Pero la
afectación a territorios con mayor dependencia del tráfico aéreo, más
aislados, como Ceuta, Melilla, Canarias o Baleares, es también en
este momento de una enorme importancia.
Nuestro grupo va a apoyar la moción del Grupo Socialista porque si
bien tiene elementos con algún carácter generalista, otros son
importantes en cuanto a la búsqueda de soluciones al problema del
tráfico aéreo, destacando el tema de la estabilización de Aena,
manteniendo la red nacional aeroportuaria bajo la titularidad
pública. Nuestro grupo ha presentado una enmienda a la moción porque
es urgente que el señor ministro presente a esta Cámara los estudios,
que anunció que ya estaban en su poder, previos al diseño del
desarrollo futuro aeroportuario de Madrid-Barajas, en los términos
que se recogían en la declaración de impacto ambiental. Entendemos
que en el contexto de la moción han tenido afectación en los
problemas aeroportuarios y pueden tenerla en el futuro.
En todo caso, señorías, señor ministro, la situación que hoy
debatimos aquí tiene una enorme importancia y debe haber un debate
político claro en el que se asuman responsabilidades políticas. La
situación que estamos viviendo se inició con más claridad con el caos
del verano pasado, incluyendo la pérdida de las 15.000 maletas; se ha
puesto en marcha la tercera pista sin el cumplimiento de la
declaración de impacto ambiental; además, posteriormente se han
reconocido errores en las rutas y todavía no se han solucionado ambos
extremos; el señor ministro ha defendido reiteradamente un imposible
proyecto de ampliación de Barajas, en lugar de haber trabajado en
estos últimos años sobre nuevas localizaciones de un segundo
aeropuerto, lo que significaría poder incidir en nuevos escenarios de
demanda, teniendo en cuenta la importancia estratégica de Barajas en
el conjunto del sistema aeroportuario español. Todas estas
situaciones serían suficientes para cuestionar el trabajo y los
contenidos del Ministerio de Fomento. Pero es que además, y después
de encadenar todas estas situaciones a las que de forma reiterada se
han visto sometidos los usuarios, se producen nuevas situaciones de
colapso y más graves, como la huelga de
pilotos, los problemas de los controladores, y de no actuar con
contundencia y con claridad, será previsible un nuevo caos o una
nueva situación de difícil solución en el próximo verano.
Todos estos son elementos suficientes para definir su talante, la
falta de agilidad y de previsión de un Ministerio, de un ministro y
de un Gobierno que en ningún caso ha asumido ninguna responsabilidad
política. No ha asumido en ningún momento ninguna responsabilidad
política sobre elementos de enorme gravedad que afectan a una parte
importantísima de usuarios.
Usted nos ha dado aquí datos muy importantes, demoledores para su
propia defensa, porque reconoce que ha tenido capacidad de inversión,
que ha tenido capacidad para incrementar los controladores, que ha
tenido medios, que ha tenido recursos y que ha podido incidir en las
infraestructuras. Es decir, que en este Parlamento no le hemos
escatimado nada que pudiera afectar al desarrollo aeroportuario. En
este Parlamento se le han concedido los medios y los recursos
necesarios para mejorar la situación de Barajas. Por tanto, señor
ministro, si ha tenido inversiones, si ha tenido medios, si ha tenido
recursos y si el problema, pese a que usted dice que no existe,
existe, es real, diga usted lo que diga nos encontramos con un
problema de mala gestión y, en consecuencia, con un problema de
responsabilidad política. También están presentes otros elementos de
fondo en todo el conflicto de Barajas, tanto la privatización como
todo lo que afecta a la huelga. Por tanto, con todos estos elementos,
con toda esta cadencia de acontecimientos y de desastres que ha
significado su gestión al frente de su Ministerio, se hace
imprescindible que salga de la dinámica de buscar causas y culpables,
que existen, que son reales, porque, al final, el responsable de lo
que está ocurriendo en el aeropuerto es su Ministerio y, por tanto,
el último responsable es usted como ministro.
Por ello, por lo que usted ha hecho reiteradamente, y que yo he
expresado en múltiples ocasiones, y por lo que no ha hecho, porque ha
perdido totalmente el control de la situación, porque ha perdido la
capacidad de poder incidir en la situación, y sobre todo porque ha
perdido algo que es mucho más importante que esta capacidad, ha
perdido la confianza de los usuarios, la confianza de los ciudadanos
y, con independencia de lo que pase hoy aquí, con independencia de
las votaciones, usted ha perdido la confianza de esta Cámara, con
toda sinceridad, señor ministro, yo creo que usted no puede tener la
sensación de que tiene la capacidad de reconducir este proceso. Yo sé
que usted no va a recapacitar y no se va a tomar en serio la dimisión
que se ha pedido además de la reprobación -como ya nos conocemos hace
tiempo sé que no lo va a tomar en consideración-, pero, en todo caso,
es imprescindible que se informe concienzudamente de lo que está
ocurriendo. Informe usted con claridad de la dimensión, las causas y
las soluciones de esta crisis a las comunidades autónomas, así como
de la afectación del conflicto bélico en el tráfico aéreo. Es
necesario, no ya que
se reúna con las compañías, pero sí que nos explique qué capacidad y
cuántos vuelos habrá que eliminar para recuperar la normalidad, que
lo haga público y que haga pública su afectación a las diferentes
comunidades autónomas.
En todo caso, por lo que hemos planteado antes, por todos estos
acontecimientos, vamos a votar la reprobación e insistimos en la
necesidad de que usted se plantee la dimisión al frente del
Ministerio de Fomento. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sabanés.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señorías, la enmienda que
presenta el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria al texto de la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene como
objetivo proponer soluciones más acordes con la demanda que en estos
momentos tiene la ciudadanía, con los problemas reales que tienen los
usuarios, y no ponernos de parte del Gobierno respecto a todo lo que
se ha hecho; se habrán hecho muchos cosas, pero seguro que son
insuficientes porque los problemas están ahí, en el sistema
aeroportuario español y en el tráfico aéreo en general.
Por otra parte, entendemos que no todos los problemas tienen su
origen en el presente. En el sistema aeroportuario, en el que se
necesitan previsiones a medio y largo plazo, parte de los problemas
vienen del pasado y nosotros no vamos a entrar en la confrontación de
los que gobiernan ahora con el principal partido de la oposición,
sino a hacer alguna aportación en sentido positivo, más cerca
-entendemos nosotros- de lo que los ciudadanos esperan de esta
Cámara.
El texto de nuestra enmienda de sustitución se concreta en dos
puntos: por una parte, que el Gobierno presente, antes de finalizar
el presente período de sesiones, el proyecto de ley de navegación
aérea y de aeropuertos del Estado, proyecto de ley que se anunció en
la primera comparecencia del señor ministro ante la Comisión de
Infraestructuras de este Parlamento y que entendemos que es
necesario. Esa nueva ley de navegación aérea, que tiene que sustituir
a la vigente desde hace cuarenta años, tiene que recoger los
múltiples cambios que se han producido a través de normativas y del
sistema general de movilidad de pasajeros en toda Europa y en España
en particular.
Por otra parte, tiene un segundo punto que dice que el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Industria, en cuanto Departamento
responsable y tutelar de la SEPI, propietaria de Iberia, elaboren un
plan de medidas urgentes, que presenten en el plazo máximo de diez
días, para paliar la difícil situación de congestión del tráfico
aéreo en los aeropuertos españoles.
El problema de los aeropuertos suscita una extraordinaria
sensibilidad en toda la población y más en aquéllos que representamos
a una fuerza política instalada en un archipiélago, en unas islas,
donde se viven de una forma muy especial todos los problemas
relacionados con las comunicaciones marítimas y aéreas, dada la falta
de alternativa a esos medios de transporte.
La responsabilidad nos lleva a la búsqueda de soluciones prácticas
que mejoren la actual situación de los servicios aéreos y no a
participar en un linchamiento político ni de unos ni de otros.
Dijimos el otro día en el debate de la interpelación que los
problemas que atañen en este momento al tráfico aéreo y al sistema
aeroportuario en general los podemos buscar en muchas fuentes: ha
habido una falta de previsión y de planificación en el tiempo y una
falta de previsión del incremento de movilidad que se iba a producir
con la liberalización del transporte aéreo en Europa. Ha habido falta
de coordinación entre los distintos estamentos implicados en el
sistema aeroportuario español. Ha habido una inhibición absoluta y
total de la Dirección General de Aviación Civil. Ha habido, en suma,
soberbia y prepotencia por quienes dirigen hoy la principal compañía
aérea española que es Iberia.
Es evidente que la falta de coordinación entre Aena, la Dirección
General de Aviación Civil, el Ministerio de Industria y el Ministerio
de Fomento ha quedado patente incluso en declaraciones públicas, en
manifestaciones públicas cruzadas entre responsables de esos
distintos departamentos.
Es también pública y notoria la total falta de sensibilidad del grupo
Iberia para afrontar problemas que tienen como eje fundamental a los
ciudadanos. Hemos dicho, y reiteramos hoy, que los actuales gestores
de Iberia son unos magníficos gestores para representar, para
gestionar una fábrica de coches, pero no para atender la situación de
una empresa que tiene también un componente social importante como es
el del transporte aéreo en España.
Hemos sido especialmente críticos con la actitud de Iberia y hemos
solicitado en más de una ocasión la dimisión de sus responsables ante
esta Cámara. Hemos dicho antes y decimos ahora que el aspecto social
necesita un tratamiento singular por parte de esos responsables que,
si bien han de tener como objetivo mantener a la empresa en números
positivos, en un balance positivo, también es cierto que tienen que
atender el componente social que entraña el transporte aéreo.
En general, los problemas en el sistema aeroportuario y su solución
requieren de una planificación en el tiempo y una ejecución en el
medio y largo plazo. De ahí las medidas que estamos proponiendo a la
Cámara. Hay problemas actuales que requieren de una respuesta a medio
y largo plazo, al amparo de esa nueva ley de navegación aérea que
después de cuarenta años es necesario traer a esta Cámara.
Otros problemas que inciden directamente sobre los usuarios podrían
tener solución si existiera voluntad
política por parte de todos los departamentos implicados. Hay una
pregunta que es si faltan controladores, si faltan tripulaciones, si
hay restricciones en el espacio aéreo debido a la guerra en
Yugoslavia, si se está cumpliendo -preguntaría al ministro- el
convenio de Iberia con los pilotos. ¿Hay una huelga encubierta por
parte de los pilotos para acrecentar el caos en estos momentos? ¿Es
posible arbitrar medidas urgentes que permitan mejorar la situación
del tráfico aéreo? ¿Por qué han disminuido las operaciones en
Barajas? ¿Va el Gobierno a cumplir los pactos firmados con los
colectivos implicados para que no se hable de incumplimiento por las
partes, que en estos momentos nos está llevando a la situación de
tensión en que se encuentran los aeropuertos españoles? ¿Va el
Gobierno a ejercer todo el peso de la ley para que se cumplan los
servicios adecuados y se dé respuesta a actitudes absolutamente
negativas de parte de colectivos? ¿Tiene intención el Gobierno de
obligar a hacer un esfuerzo de diálogo para resolver algunas de las
situaciones conflictivas? Todas esas interrogantes, todas esas
preguntas que nos hacemos esperamos que tengan respuesta en ese plan
de actuación que presente el ministro en los próximos diez días, si
la Cámara y el grupo proponente tienen a bien aceptar la enmienda,
que en cualquier caso precisa y concreta la que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista en el sentido de pedir, antes de que termine
este período de sesiones, una nueva ley de navegación aérea. Con
respecto a las medidas que pedimos, nos parece mucho más concreta y
precisa, porque algunas de las propuestas que se recogen en la amplia
moción, que nosotros consideramos muy positiva, tienen cabida en la
nueva ley de navegación aérea que se apruebe.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero. ¿Grupos parlamentarios que sin haber presentado
enmiendas desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Situación del tráfico aéreo, situación de los aeropuertos españoles.
Al analizar los textos de la interpelación y de la consiguiente
moción que hoy debatimos, nos encontramos con que es sumamente
interesante la explicación de las causas de las dificultades en el
tráfico aéreo -entre comillas desde causas a tráfico aéreo español-,
en palabras del señor ministro: las compañías aéreas, huelga de
pilotos, gestión del espacio aéreo.
Podemos aceptar la existencia en tono menor de las regulaciones en
Europa originadas por las restricciones que impone el establecimiento
de nuevas vías y nuevas rutas. Podemos comprender las restricciones
sobrevenidas por las acciones aéreas sobre Yugoslavia, tienen
incidencia, pero ya decía que creo que en tono menor y francamente
superables sin ningún trauma global
para el sistema aeronáutico. Pero, ¿qué más hay? Todo tipo de
incidencias incomprensibles e intolerables, ya sea por
desinformación, por actitudes de pilotos, de controladores, de
Iberia, de Aena, en tierra -con esperas y más esperas, aunque nadie
informa-, en navegación, con retrasos, con cancelaciones. Un
desbarajuste total. Por los aeropuertos nos encontramos con gran
cantidad de pasajeros entre puerta de embarque y puerta de embarque,
de mostrador en mostrador, como si fuesen peregrinando todos ellos en
busca del arca perdida. En el futuro hay que tener más consideración
con el usuario.
Señorías, yo que me tengo por un hombre paciente y siempre
constructivo, saco una conclusión de esperanza, en cuanto a que haya
un punto de partida positivo, de todo lo que hasta hoy está
ocurriendo; digo punto de partida positivo puesto que peor ya no
puede ir. Hemos llegado, unos y otros, todos, excepto los usuarios, a
una perfección del caos. Así pues, queda este punto de esperanza de
poder solucionar los desaguisados de ahora, de los tres últimos años
y de antes, que también quedan algunos repercutiendo aún en el día de
hoy, aunque muchos los pretenden rehuir, pero, repito, que existen de
antes. Digo que es incomprensible que hasta hoy no se hayan
concretado medidas desde el Ministerio para paliar lo que sucede, y
así se ha instado a Iberia y Aena desde la Secretaría de Estado para
que presenten actuaciones urgentes en un breve plazo. Sigan por ahí,
ahí está la línea de la esperanza. Asimismo, por primera vez, que yo
recuerde, se piden disculpas a los ciudadanos, a esas víctimas de
primer grado que se citaba el otro día, pero víctimas, que son los
usuarios. Eso debe seguir por ahí.
Es evidente, pues, que hay fallos, muchos fallos, y uno de ellos
puede ser el modelo de gestión. Se habla, señor ministro, desde su
entorno de privatización del modelo de gestión. Sepa, señor ministro,
que nosotros no contemplamos el modelo que ofrece y no lo apoyaremos
en modo alguno. Por otra parte, tampoco podemos apoyar lo que propone
la moción en sus primeros puntos -en el resto de los puntos es
genérica-, que pretenden la potenciación de Aena como una, grande y
supercentralizada; nosotros tampoco queremos esta visión de Aena. Ni
afán recaudatorio con la privatización directa ni centralismo
excluyente. Nosotros diríamos, con nuestras palabras clásicas, que
hemos de hablar de este modelo de gestión, porque el que se pretende
presentar no nos va y no lo aceptaremos en modo alguno.
Después de todos estos fallos que ha habido creemos que hay que
remediarlos. La gestión debe y puede ser mejorada y desde el
Ministerio se debe seguir por un camino como el que hoy se ha
empezado en una rueda de prensa que ha habido, con una serie de
medidas, pero dándole una inyección de verdadera confianza al
usuario.
Por último, entramos en la reprobación -reprobación no por el
concepto de los fallos habidos, que son reconocidos por nosotros,
creemos que los ha habido-,
sobre la que nuestro grupo debe citar lo siguiente. Desde 1980, el
PSOE, en la oposición, reprobó ministros de UCD -varios ministros-;
después el Partido Popular, en la oposición, reprobó a ministros del
PSOE -varios ministros-, y ahora tenemos al PSOE con la reprobación
al ministro de Fomento.
La solicitud de la reprobación de un ministro no ha sido apoyada
nunca por nuestro grupo parlamentario, ni como Minoría Catalana ni
ahora como Grupo Parlamentario Catalán. Pedir dimisiones no es
nuestro estilo. La figura de una reprobación de un ministro no es más
que una perversión al texto constitucional, no puede llevarse a cabo.
Nosotros, fieles a nuestra actitud, respetuosamente reglamentaria y
en positivo, no apoyaremos dicha reprobación; eso sí, solicitamos al
señor ministro que siga un camino constructivo para solucionar este
grave desaguisado que hoy en día está en la navegación aeroportuaria.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Carreño.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor
presidente.
Cuando entre las críticas a la gestión del señor AriasSalgado se
citaba los cambios de colaboradores, pensaba: flaco favor hacía con
esa cita porque para colaboradores los de un predecesor del señor
Arias-Salgado. Si las grandes infraestructuras precisan años para
convertirse en realidad, en las infraestructuras aéreas los plazos
para ello, no sólo de construcción sino incluso de explotación, son
notablemente mayores. Todos hemos leído y conocido, por una
comparecencia en la Comisión de Infraestructuras del ministro de
Fomento, los plazos necesarios para ampliación de Barajas y para un
nuevo aeropuerto.
La moción que presenta el Grupo Socialista sobre la situación del
tráfico aéreo y de los aeropuertos en España coincide con un hecho
puntual: las graves anormalidades en Barajas, durante y desde la
Semana Santa, y un hecho general: la situación y regulación del
tráfico aéreo en Europa. A la opinión del Grupo Socialista, sobre la
cual plantea su moción -reprobación del ministro de Fomento-, el
Grupo Popular responde con nuestra opinión, pero también con la
realidad, que es la que interesa a la opinión pública en general y a
los usuarios aéreos en particular.
Para el Grupo Socialista, el ministro de Fomento es responsable de
todo: pilotos, regulaciones de tráfico aéreo, conflicto de los
Balcanes, averías en los aviones, puntualidad del 38 por ciento que
se ha citado en el aeropuerto de Frankfurt o del 58 por ciento en el
Charles de Gaulle el pasado mes de marzo. Ya indicaba este diputado
la semana pasada en la interpelación que el ministro de Fomento es
responsable de muchas competencias, no sólo la de tráfico aéreo, en
el Ministerio, y
en ella se ha demostrado su buena gestión y su eficacia. Recordemos:
500 kilómetros de autovías inauguradas en 1998, entre las que destaco
la terminación de la autovía Madrid-Valencia, bloqueada durante
cuatro años por el enfrentamiento entre un presidente de comunidad
autónoma y un ministro, ambos socialistas; tren de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa, con 480 kilómetros en
ejecución; reducción importante de los peajes en autopistas; plena
liberalización de las telecomunicaciones y rebaja de las tarifas
telefónicas. (Un señor diputado: Al tema) Iba a recordar al
principio, pero lo hago ahora, un comentario en esta Cámara de don
José Ortega y Gasset, que decía que en esta Cámara no se podía hacer
ni el payaso ni el tenor ni el jabalí; yo seguiré cumpliendo esa
máxima. (Aplausos.) Ley del servicio postal universal y solución al
grave déficit de correos; un plan de vivienda y una financiación que
beneficia anualmente a cientos de miles de familias españolas.
Estoy seguro de que si el ministro de Fomento fuera responsable de
todos los factores que inciden en la situación actual del tráfico
aéreo y que el Grupo Socialista le adjudica, esta situación no se
habría dado. Tan sólo con la mitad de lo que dicen, si fuera cierto,
también estoy seguro de que su reprobación no hubiera sido necesaria
presentarla, pues el ministro, por su talante político y su sentido
de la responsabilidad, ya hubiera dimitido. (Rumores.) ¿Cuál es la
realidad? En primer lugar, las dificultades en las compañías aéreas
para absorber el incremento de la demanda, junto con los problemas
planteados por el colectivo de pilotos. En segundo lugar, y ya se ha
citado, la reestructuración del espacio aéreo europeo y nacional, que
está causando grandes retrasos en todos los aeropuertos europeos. La
pasada semana, el día 14, se reunieron en Bruselas los presidentes de
las 27 compañías miembros de la Asociación Europea de Líneas Aéreas y
como punto esencial de la agenda estaba el continuo deterioro en el
resultado del control de tráfico aéreo. Son datos de hoy mismo,
porque si hablamos de ayer, aquí tengo los datos, y los ha mencionado
el minsitro de Fomento, correspondientes a Eurocontrol, organización,
como saben SS.SS., europea para la seguridad de la navegación aérea,
del año 1998 y publicadas en febrero del año actual sobre evolución
del tráfico y demoras regulares e irregulares. Figuran 20 aeropuertos
europeos y tanto Madrid como Barcelona vienen en porcentajes
superiores en cuanto a calidad a la media europea.
Como quiera que las dificultades de hoy no se resuelven en próximas
fechas (me refiero a las dificultades en el espacio aéreo europeo; no
lo decimos ni el ministro de Fomento, ni el Grupo Popular, sino que
traslada este diputado la conclusión de la reunión comentada de dicha
asociación), hoy podemos leer en la prensa la nota de Iberia que dice
que mantener una programación y un crecimiento previsto no puede
soportar los actuales sistemas de control de tráfico aéreo y
supondría hacer recaer sobre nuestros clientes
constantes retrasos y cancelaciones como las que se están produciendo
en los últimos días. También anunciaba en su nota, publicada hoy en
los medios de comunicación, que está ultimando Iberia un plan de
contingencia que supondrá una reducción de los vuelos programados.
Esa regulación del espacio aéreo europeo se verá agravada,
evidentemente, por las acciones de la OTAN en Yugoslavia, en especial
se agrava en países como Italia, Grecia e incide, aunque ligeramente,
en España.
Otras realidades, y las más importantes, en mi opinión, ya españolas
son la falta de controladores. Se ha dicho, y quiero resaltar y
repetir aquí, que en el año 1991 el número de controladores
operativos era de 1.130; que a mediados de 1996 era de 1.110, con un
incremento de tráfico en ese período del 40 por ciento y hoy, abril
de 1999, los controladores operativos son 1.303 y una plantilla de
1.606.
Punto 11 de la moción, huelga de pilotos. Sigue pendiente, y es muy
importante, la ratificación o la aprobación del sexto convenio
colectivo, acuerdo del 30 de octubre de 1998, al que dentro de Iberia
llegaron la dirección de la compañía y Sepla. De los demás puntos de
la moción, en la que, por cierto, no se plantea ninguna solución a
plazo inmediato, salvo presentar antes del 1 de mayo el proyecto de
ley de navegación aérea, sí me sorprende que se exija esto diez días
antes de terminar abril, ocho antes del plazo y acuerdo adoptado por
unanimidad por el Congreso el 28 de abril de 1998, cuando el grupo
que lo propone ahora incumplió desde 1986 hasta 1996 un mandato de
este Congreso y otro desde 1994 a 1996 del Senado en el mismo
sentido. También me sorprende que se exijan planes directores por el
mismo grupo proponente, cuando en 1991 habló el entonces ministro de
Obras Públicas y Transportes de su plan director para Barajas, que
comprendía cuatro pistas, y en 1996 seguía habiendo dos pistas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Carreño,
le ruego vaya concluyendo.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Termino rápidamente.
Sí está haciendo el Gobierno del Partido Popular los planes
directores con su decreto de diciembre de 1998. Lleva 14 planes
directores de tantos otros aeropuertos readaptándose y con dos años
de plazo para concluirlos todos. Por ejemplo, respecto al aeropuerto
de El Prat ya ha terminado el plazo de información pública y período
de alegaciones. ¿Qué plazo se daba por un predecesor del señor Arias-
Salgado para iniciar la construcción de la tercera pista de El Prat?
El año 2015.
Creo que la comparecencia y exposición por Fomento, Aena e Iberia de
medidas urgentes para paliar el grave problema de hoy -comparecencia
que han hecho ante los medios de comunicación esta mañana- y el
previsible del próximo verano servirán para ir corrigiendo
progresivamente aquél.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Carreño,
le ruego concluya.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: No rotundo a la reprobación. Sí
a las medidas correctoras expuestas hoy a los medios de comunicación.
Sí al acuerdo y firma del convenio con los pilotos. Sí a la
habilitación rápida del mayor número de controladores, siempre con
las máximas garantías para la seguridad. No rotundo a los 13 puntos
de la moción que ningún favor hacen a un ex-ministro y que no
plantean ninguna solución a los problemas de hoy. Sí a la enmienda de
sustitución del Grupo de Coalición Canaria con una transacción que
sugiero al mismo y que desearía que respondieran los demás grupos
parlamentarios con un sí -responde a una realidad y a una
factibilidad- en el sentido de que se presente antes de finalizar la
actual legislatura, y no en el actual período de sesiones, ese
proyecto de ley de navegación aérea y que el ministro de Fomento
comparezca el mes de mayo -es decir, con carácter de urgencia- ante
la Comisión de Infraestructuras de este Congreso para explicar el
plan de medidas urgentes adoptadas para paliar la difícil situación
de congestión de tráfico aéreo en los aeropuertos españoles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Carreño.
Señor Segura, S.S. tiene la palabra para expresar la aceptación o no
de las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
A estas horas -miro el reloj de la Cámara y son las nueve y veinte de
la noche-, media hora después de que el telediario de La Primera haya
anunciado ya el resultado de la votación, le contesto a cada uno de
los miembros de los distintos grupos parlamentarios para decirles lo
siguiente. (Rumores.) El Grupo Parlamentario Socialista acepta
naturalmente la incorporación de la enmienda número 1 del Bloque
Nacionalista Galego al texto de su moción y no las dos restantes. El
Grupo Parlamentario Mixto, por medio de los diputados Ricardo Peralta
Ortega y Joan Saura Laporta, presentó dos enmiendas, la primera de
modificación, que no aceptamos, pero sí la segunda, que es de
adición. Al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida le aceptamos la
enmienda de adición, que se incorporará como nuevo punto al apartado
a). La enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria la hemos interpretado como una broma, así la hemos tomado y
no la consideramos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Segura.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la
moción (El señor Martínez Noval pide la palabra).
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, para una cuestión de
orden.
Hace 25 minutos que esta votación se ha convertido en inútil. Hace
ese tiempo que el telediario de La Primera decía ya que el Congreso
había rechazado la reprobación del señor ministro de Fomento.
(Aplausos.- Varios señores diputados: ¡Dimisión! ¡Dimisión!)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación y así conoceremos
el resultado real. (Varios señores diputados pronuncian palabras que
no se perciben.- Rumores.)
Silencio, señorías. Vamos a proceder a la votación de la moción del
Grupo Socialista, sobre la situación del tráfico aéreo y de los
aeropuertos en España, en los términos resultantes de la aceptación
por el grupo proponente de diversas enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 145; en contra, 164.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción del Grupo Socialista.
(Aplausos.- Varios señores diputados: ¡Fuera!, ¡fuera!, ¡fuera!,
¡dimisión!, ¡dimisión!, ¡dimisión!)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN LOS
BOMBARDEOS SOBRE LA REPÚBLICA FEDERAL DE YUGOSLAVIA Y SU POSIBLE
EVOLUCIÓN (Número de expediente 173/000137)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida, sobre la
posición del Gobierno en relación a la participación española en los
bombardeos sobre la República Federal de Yugoslavia y su posible
evolución.
Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo de Izquierda
Unida, tiene la palabra su presidente y portavoz, don Julio Anguita.
(Rumores.)
Silencio, señorías.
Les ruego encarecidamente que, si han de abandonar el hemiciclo, lo
hagan en silencio para que pueda continuar el desarrollo del orden
del día, que está situando ya la sesión en unas horas muy avanzadas.
(Continúan los rumores.)
Silencio, por favor. Señor Aguiriano. Señora Conde.
Cuando quiera, señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Señor presidente, señoras y señores
diputados, cuando subo a esta tribuna se cumplen 28 días de guerra
contra Yugoslavia, 28 días de bombardeos, 28 días de lo que el
lenguaje eufemístico que quiere huir de la realidad llama daños
colaterales; daños colaterales sobre instalaciones eléctricas,
instalaciones de agua, nubes tóxicas; 28 días de errores trágicos,
otro eufemismo para ocultar masacres de población civil; 28 días de
éxodo de la población kosovar como consecuencia, en primera
instancia, de la limpieza étnica de Milosevic, pero intensificada por
la propia acción de los bombardeos. Sufrimiento y falta de previsión.
Esta misma tarde el señor ministro de Asuntos Exteriores reconocía
que no habían caído en lo que podía ocurrir y, por tanto, que les
había pillado a contrapelo; improvisación trágica; 28 días de
participación española con personal, con armamento, con el empleo
a tope de las cuatro bases de utilización conjunta y, por cierto, el
uso prioritario de los pasillos aéreos para las aeronaves bélicas
tiene algo que ver con la cuestión del tráfico. Y una pregunta que
queda flotando: ¿Cuánto dinero se lleva invertido y, sobre todo,
cuánto se prevé gastar? A los 28 días del inicio de esa guerra,
además, nos encontramos en el umbral de la locura: se prepara la
invasión terrestre, es decir, se están preparando los prolegómenos de
una tremenda carnicería, y no solamente una tremenda carnicería sino
también las consecuencias que en la zona y en los distintos círculos
concéntricos sobre la misma pueden ocurrir, con la influencia sobre
la paz mundial; una intervención terrestre que tiene como campeones a
tres políticos: Bill Clinton, Tony Blair y José María Aznar.
El hecho que queríamos subrayar es que, a los 28 días de estar en
guerra y ante la inminencia de una intensificación del conflicto,
esta Cámara va a votar sobre el conflicto y lo va a hacer gracias a
la moción de Izquierda Unida, porque ni el Gobierno ha venido aquí
a pedir -como debiera, constitucionalmente hablando- la autorización,
ni tampoco el partido más numeroso de la oposición ha sido capaz de
hacerlo. Por tanto, si las Cortes Generales, esta parte de las Cortes
Generales, van a poder votar sobre la guerra, se debe a la moción de
Izquierda Unida.
Señorías, es urgente impedir la escalada del conflicto y parar
inmediatamente la guerra y las causas reales, supuestas, directas o
indirectas, que la impulsan. Esta Cámara y la opinión pública ya
conocen nuestras posiciones, nuestros enfoques y nuestros análisis;
no los voy a repetir. Simplemente digo, en nombre de mi grupo
parlamentario, que los doy como ratificados. Esta moción intenta
retomar la situación para impedir, desde la parte que le corresponde
a nuestro país, que continúe esa locura. Esta moción tiene once
puntos, diez que le entregamos al secretario general de las Naciones
Unidas, señor Kofi Annan, y uno más, que pretende desarrollar
iniciativas legislativas para cumplir el artículo 63 de la
Constitución.
Veamos el primer punto. Plantea el cese de la participación militar
española. Señorías, pretendemos devolverle la dignidad a este
Parlamento -perdida, ante el silencio y la connivencia de la inmensa
mayoría- y, por tanto, que se tome una decisión que haga verdad lo
que establece el artículo 63 de la Constitución o que haga verdad el
acuerdo unánime del 24 de octubre de 1995. En el debate anterior, el
ilustre representante del Grupo Socialista le imputaba al señor
ministro que aquí se habían votado acuerdos que no se habían
cumplido. Pues, ilustre portavoz, exactamente esto ha ocurrido con la
moción del 24 de octubre de 1995, que todos ustedes la han
incumplido. Por otra parte, esta propuesta primera pretende devolver
la legalidad y que sean las Naciones Unidas, a través de los
mecanismos competentes, las que puedan intervenir en el conflicto;
una legalidad, además, que no sólo está conculcada por la propia OTAN
con referencia a la Carta fundacional de Naciones Unidas, sino que
incluso va contra los propios estatutos del Tratado de Washington,
artículos 1.o,
o o 2. y 3. . Quisiera recordar, señorías -porque seguramente
tendremos un debate dentro de poco tiempo aquí-, el debate del 13 de
enero de 1996. Venían a pedir la aquiescencia, el permiso para que
pudiésemos entrar en la nueva estructura de la OTAN y este portavoz
ya advertía de algo, que íbamos a entrar en una estructura, la cual
todavía no había definido cuáles eran sus responsabilidades. Ese acto
de locura y de irresponsabilidad es tremendo. Fue un cheque en blanco
ante una institución que todavía no ha cambiado sus funciones y cuya
acción es doblemente ilegal, porque atenta contra Naciones Unidas y,
también, porque va más allá de su propia estructura legislativa. Por
otra parte, y es lógico, pedimos la vuelta de nuestros hombres y
pertrechos porque estamos en contra de la guerra.
En el segundo solicitamos de la OTAN el cese inmediato de los
bombardeos, detener la agresión y parar -estamos a tiempo-, parar a
tiempo. Como dijimos ya durante la guerra del golfo Pérsico, la
lógica de la guerra conduce a la guerra.
En tercer lugar, instamos a pedir del Gobierno de Belgrado la
retirada de sus fuerzas militares y el cese de la agresión a la
población de origen albanés. Exigimos con más urgencia y
perentoriedad lo que el Consejo Europeo, reunido el día 14 de junio
en Cardiff -y pido la atención de SS.SS.-, demandó de Milosevic. Leo:
detener todas las operaciones dirigidas contra la población civil por
parte de las fuerzas de seguridad serbias y retirada de las mismas
del territorio kosovar; permitir un control internacional efectivo y
continuo en Kosovo; facilitar el regreso a sus hogares de los
refugiados y de las personas desplazadas, así como el libre acceso de
las organizaciones humanitarias, e impulsar con rapidez el diálogo
político entre el Gobierno de Belgrado y los líderes albaneses de
Kosovo.
Cuarta propuesta. Igualmente -y pido atención sobre esto-, solicitar
de la guerrilla del ejército de liberación de Kosovo el cese de los
ataques a las fuerzas armadas y a la policía de la República Federal
de
Yugoslavia y a la población serbia de Kosovo. Para este punto, y no
se escandalicen sus señorías, traigo aquí el acta de lo que acordaron
los presidentes y jefes de Estado y de Gobierno en la citada cumbre
de Cardiff el día 14 de junio de 1998, pero con una curiosidad. El
presidente del Gobierno, señor Aznar, cuando vino aquí narró otra
cosa y ésta no digo que la ocultó, ni siquiera la mencionó, pero hay
que leer lo que dice el Consejo Europeo a tenor de la cuestión que
acabo de citar: primero, cese inmediato de la violencia por parte de
los albaneses kosovares; segundo, instar a los líderes albaneses a
que manifiesten claramente su rechazo a los ataques violentos y a los
actos de terrorismo, vamos, instar a los líderes albaneses a la
condena del terrorismo, cosa que estamos escuchando todos los días en
nuestro país; tercero, la Unión Europea intervendrá para detener la
entrega de dinero y de armamento a los grupos armados albaneses de
Kosovo; cuarto, el Consejo Europeo insta a los países vecinos a que
garanticen que sus territorios no se utilizarán para apoyar las
actividades armadas de los albaneses de Kosovo; quinto, estrecha
vigilancia internacional para facilitar el regreso de las personas
que se han visto expulsadas por la política de Belgrado. Permítanme
un comentario. En plena guerra, el día 13 de este mes, en tres
camiones de piadosa ayuda humanitaria incorporaban armas para el
ejército de liberación de Kosovo y fueron a tiempo descubiertos en el
puerto italiano de Ancona.
El quinto punto pretende que las Naciones Unidas y la OSCE adopten
inmediatamente un plan de pacificación y de negociación que permita
que Kosovo disfrute de una amplia autonomía, pero nuestro grupo
parlamentario va más allá. En el transcurso del tiempo, dentro de la
pacificación, dentro de la convivencia entre las distintas
comunidades, ese pueblo tiene derecho a ejercer un principio que para
nosotros es fundamental, el derecho de autodeterminación, porque se
trata de devolver a las instancias legítimas la iniciativa y la
autoridad sobre el proceso; se trata de hacer buenos los contenidos
de la Carta fundacional de las Naciones Unidas y de la Carta de
París, que confiaba a la Organización para la Seguridad y Cooperación
en Europa (OSCE), cuyo presidente es uno de los parlamentarios de
esta Cámara, el señor Rupérez, las actividades propias de una
organización territorial que representa a las Naciones Unidas. El
hecho fundamental es que Europa no tiene política exterior ni
política de seguridad y se trata en definitiva de hacer bueno ese
discurso que ustedes tanto comentan de la famosa construcción
europea. Se trata, además, de hacer buena la cumbre de Cardiff,
porque en dicha cumbre, transcrita en este Pleno por el señor
presidente del Gobierno, nos encontramos con que al analizar el
problema...
El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, vaya concluyendo.
El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Voy acabando.
Al analizar el problema de Kósovo, el señor Aznar decía así: En el
Consejo Europeo... (Un señor diputado: Kosovo). Después hablamos de
los acentos, señor. Yo a usted le escucho. Dé la lección también
gramatical de los silencios que indican educación.
Decía así: En el Consejo Europeo se ha confirmado la iniciativa de
los ministros de Asuntos Exteriores de poner en marcha la petición al
Consejo de Seguridad para que autorice el uso de la fuerza con
arreglo al capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Es decir,
el Consejo Europeo reconoce que no hay más camino que las Naciones
Unidas y por tanto este hemiciclo, esta Cámara, al autorizar o apoyar
lo que ha apoyado, está contradiciendo al Consejo Europeo, lo cual no
es grave teniendo en cuenta que el propio Consejo Europeo es incapaz
de cumplir aquello que dice que va a cumplir.
Eso nos lleva al punto sexto: solicitar de las Naciones Unidas el
envío de cascos azules para que verifiquen el alto el fuego y el
regreso de los refugiados. Se trata de que las Naciones Unidas
demuestren que son capaces, que son útiles y que son el único,
repito, el único instrumento legal que se puede usar hoy en día; unas
Naciones Unidas que si demuestran que trabajan bien y responden a las
necesidades de los pueblos, deben acometer inmediatamente su profunda
reestructuración democrática. El Consejo de Seguridad no puede tener
más competencias que la Asamblea General y en aquel no puede haber
miembros que tengan derecho a veto, miembros permanentes, además. Se
trata, por tanto, de que el conflicto de los Balcanes, si se resuelve
como debiera, diera paso a la resolución de otros conflictos: la
tragedia de la población kurda en Turquía y en Irak; la situación del
pueblo saharaui y el incumplimiento de la monarquía alauita de los
acuerdos de las Naciones Unidas; los incumplimientos por parte del
Gobierno de Israel; la situación de minorías turcas en Grecia; la
situación y el éxodo de 300.000 serbios expulsados de Croacia y otro
conflicto que no por no ser tan conocido deja de ser tan cruel, el
conflicto en Sierra Leona.
En el punto séptimo pedimos la depuración de responsabilidades, sí
señorías, y lo digo contestando ya a algunas enmiendas: depuración de
responsabilidades ante el Tribunal de la ex Yugoslavia; todas, porque
ha habido una enmienda que pretende hablar de la depuración de
responsabilidades de este conflicto. No, señorías. Esta fuerza
política pide que de todas, de todos los crímenes cometidos desde
1991 hasta hoy o hasta mañana, si el conflicto continúa -ya tienen
nuestro voto-, y en consecuencia vamos a hablar de Belgrado, vamos a
hablar de la OTAN, vamos a hablar de Croacia, vamos a hablar de
Bosnia-Herzegovina. Por tanto, reitero, que el Tribunal de la ex
Yugoslavia comience a funcionar y que empiece a juzgar todo lo
ocurrido desde 1991. Se trata de que funcione el derecho y se aplique
allí donde sea necesario.
En el punto octavo solicitamos de la Unión Europea y de otras
organizaciones internacionales ayudas económicas
para los daños creados en esa región. Este punto, por
necesidades de tiempo -ya estoy acabando- lo unimos al punto décimo.
Se trata de visualizar ante los pueblos que estamos cambiando ya en
el inicio del siglo XXI, que la ayuda humanitaria es necesaria, pero
sobre todo como reparación de los destrozos y crímenes cometidos por
la propia guerra. Hay precedentes, sin querer vincularlos a lo que
fue entonces, ni siquiera en la intencionalidad política, como el
famoso y conocido Plan Marshall. Se trata de demostrar que funciona
la solidaridad y que esos problemas se resuelven, y supone que la
OTAN, responsable, y los Estados que están dentro de la OTAN como
responsables máximos, vayan retirando esos contingentes militares.
Señorías, para esto, si hace falta nuestro sí, nuestro apoyo político
y nuestra capacidad de movilización para hacer posible la inversión
de cantidades que ayuden a la reconstrucción de Kosovo, de Belgrado y
de otras partes del conflicto, tendrán nuestro voto. Hace años,
cuando el anterior presidente del Gobierno, don Felipe González,
requirió la presencia de los portavoces parlamentarios para alcanzar
un consenso en torno al envío de fuerzas militares con carácter
humanitario a esta zona, nuestro grupo parlamentario le dijo en La
Moncloa que sí. Cuando el presidente del Gobierno dijo que el
problema es que era un tanto caro, que podía salir por 8.000 millones
de pesetas, nuestra respuesta fue clara: lo que haga falta. Pues
bien, la vuelvo a repetir: lo que haga falta, pero para bombas e
intervención militar, ni un duro. Lo que haga falta para ayuda de
tipo humanitario.
En el punto noveno pedimos que se promueva una Conferencia
internacional en los Balcanes. Los Balcanes han sido una fuente de
conflicto permanente como consecuencia de la caída del imperio turco,
que no hacía sino explicitar lo que había por debajo. Los Balcanes
necesitan de un tratamiento global, que ya se intentó una vez creando
un Estado panbalcánico, pero las potencias occidentales no quisieron
porque les creaba un problema y mantuvieron este permanente foco de
tensiones, de las que solamente se ha visto libre en un momento de la
historia, en la época del mariscal Tito con la existencia del Estado
de Yugoslavia.
Las declaraciones de Bill Clinton y lo que acaba uno de leer en los
acuerdos del consejo de Cardiff nos demuestra que están ustedes ante
un problema porque se han metido en algo de lo que no tenían ustedes
ni idea. Vamos a verlo. ¿Cómo se puede plantear que no hay
independencia para Kosovo? ¿Qué plantean los kosovares? ¿Lo han
tenido en cuenta? ¿Han reparado en esa idea que circula de la gran
Albania, creada en Kosovo, junto con Macedonia, y que está alimentada
por los guerrilleros que están recibiendo armas de Occidente? ¿Han
planteado ustedes la otra idea posible, esa pan-Macedonia, con los
problemas que hay en torno a ella? ¿Se ha pensado alguna vez qué
puede ocurrir si no pasa absolutamente nada o tal y como se salga de
esta situación, enel caso de que nos encontremos con otra limpieza
étnica
como la que hicieron los croatas con los serbios o Milosevic con los
kosovares? ¿Qué intervención va a haber? ¿Qué ejemplo se va a dar?
¿Qué pasa con Croacia, que está ahí retirada? ¿Qué piensa hacer?
¿Cuál es la idea que se tiene? ¿Va a haber un protectorado? ¿Esto qué
significa? ¿Qué va a decir Rusia? Porque, independientemente de las
vacilaciones o firmezas del señor Yeltsin, hay una cosa que hay que
tener presente. En la historia no solamente juegan los efectos
económicos; hay sentimientos, sentimientos de humillación,
sentimientos de impunidad, sentimientos de hermandad y, sobre todo,
sentimientos de riesgo ante lo que puede ser considerado como una
agresión...
El señor PRESIDENTE: Señor Anguita...
El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Termino.
Y eso no lo compra el Fondo Monetario Internacional. Ustedes se están
metiendo en un lío, porque además creemos que desconocen lo que va a
pasar, y la prueba es que cada día hay una declaración balbuciente,
que va desmintiendo las anteriores. Ni siquiera se ponen de acuerdo
en hacer declaraciones y van comprobando que se han metido en un
tremendo lío. Las palabras del ministro de Asuntos Exteriores que
relaté al principio lo va demostrando.
Señorías, pedimos, por último, el desarrollo legislativo que haga
posible que en esta Cámara se cumpla la legalidad, pero no lo pedimos
para justificar o vestir de ropaje legal a la guerra. Estamos en
contra de la guerra. Nuestra fuerza política considera que la
política de seguridad no es en absoluto militar. Se basa en el
derecho internacional, en la justicia social, se basa en la ayuda a
los pueblos oprimidos y con necesidades, porque, señorías, ustedes
están haciendo algo que ya denunció Napoleón Bonaparte, y es que con
las bayonetas se puede hacer de todo, menos sentarse en lo alto.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anguita.
A la moción se han presentado enmiendas por el Grupo Socialista, el
Grupo Mixto y el Grupo Popular.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya. (El señor
vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor MOYA MILANÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción de Izquierda Unida, como no podía ser de otra
manera, es fiel reflejo del debate que tuvimos la semana pasada y
consecuentemente de la interpelación que el propio grupo planteó
entonces.
En el Pleno anterior ya debatimos cosas que no vamos a repetir hoy.
Con el portavoz del grupo, señor Meyer, debatimos el recurso al uso
de la fuerza, debatimos sobre pacifismo de diverso signo, debatimos
las legitimidades de causas y de consecuencias del conflicto
y también dejé algunas preguntas en el aire, fundamentalmente una, que
el portavoz de su grupo en aquella ocasión no me respondió y que
usted tampoco
ha respondido hoy. La voy a repetir, es muy sencilla. Es simplemente
la constatación de que se pueden hacer evidentes muchas críticas al
antes de este conflicto. Yo estoy dispuesto a admitir un debate
abierto con S.S. sobre críticas y autocríticas al papel que se ha
jugado hasta la fecha y que ha podido desembocar en este conflicto,
las que se quieran -será cuestión de un debate abierto y honesto-,
pero le digo una cosa y era lo que le preguntaba también la semana
pasada. Ninguna crítica puede servir de coartada para eludir una
respuesta a una pregunta y esa pregunta es qué hacer cuando se agota
la política y ese agotamiento va acompañado de una práctica genocida
y criminal. Usted me dirá que cuando se agota la política, más
política. Posiblemente, cuando se agota la política siempre debemos
tender a hacer más política, pero si ese agotamiento de la política
en un momento determinado va acompañado de una sistemática práctica
genocida y criminal, entonces cobra otro carácter. Me imagino que
usted estará de acuerdo conmigo que en algún momento determinado
habría que poner un cierto límite, porque indefinidamente ese
agotamiento nos puede llevar a la impunidad de los dictadores y a no
tener ningún limite en sus actuaciones.
Mi grupo ha considerado conveniente hacer una enmienda de sustitución
global a la moción que usted nos presenta esta noche, porque
independientemente de que podamos estar de acuerdo con la redacción
modificada de alguno de los puntos, sin embargo, el conjunto y el
contexto nos preocupa y no nos permite concordar con esta moción y
nos lleva a presentar una de carácter alternativo.
En el punto primero -y no voy a hacer un repaso exhaustivo de cada
uno de los siete puntos que proponemos- lo esencial es -en lo que
ustedes también se fijan- cuál es la estrategia de salida para este
conflicto. Nosotros hemos optado por una cosa muy sencilla y creo que
es un campo de juego en el que ustedes también deberían sentirse
cómodos. Simplemente en ese punto primero hemos puesto los requisitos
y condiciones que establece Naciones Unidas para salir del conflicto.
El plan de Kofi Annan literalmente es el punto primero de nuestra
enmienda de sustitución. Son las condiciones que el señor Annan, las
Naciones Unidas, ponen en este momento -no hace dos años, ni en la
cumbre de Cardiff- para salir del conflicto, literalmente, sin ningún
tipo de apostillas. Ustedes que nos han hecho hincapié durante todo
este tiempo, y lo entiendo y me parece razonable, en el papel de
Naciones Unidas deberían sentirse cómodos a la hora de contemplar
este punto primero de nuestra enmienda de sustitución: Plan de Kofi
Annan que ha sido apoyado por los gobiernos europeos, que ha sido
bien visto por la propia Alianza Atlántica, que no ha sido
contemplado ni bien visto por Milosevic y me temo que tampoco
contemplado o al menos no apoyado literalmente por ustedes,
y tendremos la ocasión de comprobarlo con posterioridad.
Hay otros puntos de nuestra enmienda de sustitución referentes a la
necesidad de combinar en este momento la acción militar con la acción
política o diplomática. Estos requisitos para cesar la acción
militar, que son los que el señor Kofi Annan establece en su plan,
están unidos a la permanencia de la actividad militar, en una
combinación entre firmeza de una acción por un lado y flexibilidad y
exploración de vías políticas por otro. Esos son los tiempos que en
este momento nos encontramos y estamos abiertos a esa exploración de
vías políticas, que apoyamos, y nos parece oportuno y razonable que
en los últimos días se hayan puesto sobre la mesa algunas iniciativas
que si bien inicialmente han caído en saco roto, pueden madurar con
el tiempo y tener un efecto en próximos días o semanas.
Hay otros puntos que miran al futuro y que pueden ser coincidentes
con su moción, referentes a la necesidad de reconstrucción de la
zona, al Tribunal de crímenes de guerra, etcétera. Finalmente hay un
punto sobre la necesidad de que un debate parlamentario establezca
cuáles son las condiciones para la participación de España en
conflictos en el exterior.
Cuando se habla -y esta moción va orientada a eso- de buscar una
estrategia de salida a este conflicto tenemos una discrepancia de
fondo y, por lo menos, tenemos que tener la honestidad intelectual de
reconocerla si no podemos ir más allá en este momento, que consiste
en que para ustedes la llave de salida del conflicto, y es lo que se
desprende de la moción, la tiene la OTAN, marchándose. Para nosotros,
para la comunidad internacional, para la Alianza, para Naciones
Unidas en el plan de Kofi Annan, la llave de salida del conflicto en
este momento la tiene Milosevic, cumpliendo los requisitos que
Naciones Unidas le pone como condición. ¿Por qué esta discrepancia de
fondo? Porque en el fondo, honestamente se lo digo, nosotros creemos
que a veces ustedes se deslizan por un cierto pacifismo
distorsionado, a mi manera de entender, que acaba, sin quererlo,
convirtiendo al agresor en agredido y a la víctima en culpable. Por
eso cuando usted pone tanto énfasis en los efectos de la acción de la
OTAN y no en otros efectos evidentemente mucho más abrumadores, me
lleva a pensar que esa inversión de papeles entre agresor y agredido
y entre culpable y víctima es un tema sobre el que deberían
reflexionar.
Finalmente le quiero añadir que a mí me ha chocado, se lo digo con
toda sinceridad, una declaración suya personal de hace unos días
cuando ha querido sintetizar y resumir el conflicto en una frase
gráfica, que ha dicho: no, la comunidad internacional ataca a
Milosevic porque es de izquierdas. Eso es lo que he leído en todos
los medios de comunicación. No sé si es una broma, pero, en todo
caso, si lo dijo, le faltó añadir: de izquierdas y demócrata de toda
la vida. Realmente me parece que no tiene ningún sentido ir por ese
camino.
Seamos serios, tomemos las cosas en sus justos términos, veamos
realmente dónde está la situación en este momento, hagamos los
debates que sean necesarios
sobre las causas que nos han llevado a él, pero seamos
coherentes con nuestras decisiones y con nuestras convicciones. En
consecuencia, nosotros no podremos aceptar el texto de su moción. Por
eso hemos presentado una moción alternativa en los puntos que usted
ya conoce y que he tratado de desbrozar en mi intervención. No
podremos votar tampoco a favor, en el supuesto de que haya una
votación individualizada de algunos de los puntos, porque nos
llevaría al absurdo de sacar un texto resultante con algunos puntos
aprobados, otros rechazados, pero sin ninguna coherencia de fondo, y
sobre todo soslayando los temas esenciales que no podríamos votar
favorablemente. Por tanto, no apoyaremos la moción de ustedes,
entiendo de sus palabras que ustedes tampoco van a apoyar la enmienda
de sustitución y esperamos que entre unos y otros seamos capaces en
el futuro de ir por una senda donde realmente la reflexión y el
camino de una solución política se vaya abriendo paso y vayamos
apoyando todos una salida humanizada de esta situación.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Moya.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Mixto tiene la palabra el
señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, la pasada semana, con motivo de la
discusión de la interpelación Izquierda Unida, tuvimos ocasión de
expresar la posición del Bloque Nacionalista Galego, contraria tanto
al bombardeo masivo de Yugoslavia por parte de los Estados Unidos
y sus aliados como a la participación activa y entusiasta del Gobierno
en una guerra de la que sólo se perciben consecuencias indeseables,
en primer lugar para la gente que la está padeciendo, pero también
por las consecuencias políticas de más largo alcance, por las
incógnitas e incertidumbres de todo tipo que deja abiertas sobre el
respeto a unas reglas de juego que con más o menos problemas se
aceptaban hasta el momento a nivel internacional; es una posición
que, como saben, mantenemos desde la perspectiva de quien defiende
prácticamente el respeto de los derechos de los pueblos o de las
minorías y, por tanto, una posición que es claramente contraria a la
restricción de los derechos lingüísticos o de autogobierno de los
albanokosovares y de otros pueblos.
Resulta evidentemente muy difícil en el contexto político e
informativo dominante intentar mantener una posición favorable a
resolver los problemas por otras vías distintas a la fuerza, que
nosotros creemos que existen y que son posibles, como lo creen, por
cierto, muchos analistas e incluso gobiernos, en un contexto, como
decía, en que, como reconoce todo el mundo, la verdad es la primera
víctima de una guerra -y esta no iba a ser menos-, donde se trata de
plantear unaopción entre buenos y malos o de conmigo o contra
mí. Aun en estas condiciones es necesario tratar de mantener una
opinión fruto del análisis, por más que este pueda ser parcial o
incompleto.
Señoras y señores diputados, cuanto más se prolonga esta guerra, más
difícil resulta comprender y aceptar tanto la justificación esgrimida
por la OTAN como su finalidad, y también más difícil de comprender
resulta la posición del Gobierno español de apoyo, al parecer
entusiasta e inquebrantable. Gobierno del que muchos reclaman una
mayor información a la opinión pública, una mayor explicación de ese
apoyo y que, sin embargo, es parco en esta labor, seguramente porque
se siente representado perfectamente con lo que dice y mantiene el
señor Clinton, en un reconocimiento explícito de que no mantiene
ninguna opinión propia, en un reconocimiento explícito de que son los
Estados Unidos los únicos que llevan la voz cantante en esta guerra.
En esta situación resulta irónico hablar de aliados, cuando se tiene
la convicción de ser una simple comparsa, lo que no deja de ser un
triste papel, por más que uno crea que de esa manera le toleran en
una esquina del club de los poderosos.
Se hace a cada paso más evidente que la guerra contra Yugoslavia sólo
empeoró la situación de partida que se pretendía corregir, haciendo
más difícil buscar una salida política en la que los albanokosovares
vean respetados sus derechos. Antes bien, se extiende el sufrimiento,
se enconan las posiciones, se aumenta el riesgo de extensión del
conflicto a otros países o se hace fosfatina el papel de la ONU. Si
no podemos creernos que esta guerra tenga como fin restaurar los
derechos de los albanokosovares, también resulta increíble que en
este momento no se sepa con claridad qué solución plantea la OTAN,
qué salida quiere dar a este conflicto. A mí me resulta sorprendente.
No se sabe si con los bombardeos se trata de conseguir que el
Gobierno yugoslavo se avenga a negociar una solución que tenga en
cuenta los derechos de los albaneses de Kosovo, o se trata de acabar
con el Gobierno de Milosevic. Entonces, una vez acabado con este
Gobierno, negociar esa solución, se supone que con un nuevo Gobierno.
La pregunta es con cuál. ¿Con uno salido de las urnas, del voto libre
de los ciudadanos serbios o impuesto por la OTAN?
Se dice que Rusia debe jugar un importante papel en esa negociación,
pero se rechaza al tiempo cualquiera de sus propuestas para la
solución del conflicto. Francamente, da la impresión de que la OTAN
pone encima de la mesa más bien un ultimátum en lugar de ofertas de
negociación, como probablemente hizo antes del inicio de los
bombardeos. Es decir, Estados Unidos pone determinadas condiciones,
estrictas y no negociables, y si el Gobierno yugoslavo no las acepta,
bombardeo, contradiciendo las mismas bases de cualquier de
negociación.
A mí me parece que se debería explicar con claridad qué fin se
persigue, porque resulta sorprendente casi todo y la falta de
claridad en este aspecto, también. Fíjense ustedes, señoras y señores
diputados, que en
este contexto de lo que menos se habla es de qué quieren los
albanokosovares, qué soluciones o salidas se ofrecen para su
situación. Se puede decir que el señor Rugova está mediatizado o que
está detenido. Vamos a admitir eso. Pero, sin duda, habrá otros
representantes albanokosovares con representación y legitimidad
suficiente para hacerlo. Incluso habrá representantes del Ejército de
Liberación de Kosovo que tendrán una alternativa o solución para este
tema. ¿Qué se plantea? ¿Autonomía, independencia, unión con Albania?
En función del objetivo final, ¿qué medios proponen? En esta
situación todos hablan por ellos. Unos dicen que no a la
independencia, que es una autonomía; otros hablan de un
protectorado... Pero, ellos ¿qué dicen? Habría que hacer una
reflexión, que esta situación es curiosa.
Es todo demasiado confuso, demasiado oscuro, para seguir sin
cuestionarse esta guerra cuyos métodos son rechazables, cuyos
objetivos se desconocen y que, para colmo, está poniendo todas las
bases para convertir la ONU en un organismo muerto e inservible.
Basta ver cómo se ha hecho desaparecer de la escena a su secretario
general cuyas propuestas de solución, por más que trataban de
asemejarse a las de la OTAN, fueron también rechazadas.
Es difícil de comprender la persistencia en la defensa de la solución
bélica. Nosotros optamos por que se retomen otras vías políticas, en
la seguridad de que no están agotadas, de que son posibles, unas vías
por las que optamos con claridad ante esa famosa pregunta clave: si
no hay intervención militar, ¿qué se puede hacer? Pues, eso: usar
vías políticas y respetar el derecho internacional en la seguridad de
que es la mejor solución en este caso, como sin duda lo es también
para resolver el problema de Timor, de Kurdistán, del Sahara o de
Palestina, conflictos que duran años de limpieza étnica, de
refugiados y de asesinatos masivos de la población tan o más graves
que los de Kosovo, y no es por establecer ninguna comparación, sino
para decir que el Bloque Nacionalista Galego opta por la opción
política a nivel internacional, que ejerza presión sobre los
regímenes y gobiernos que durante años vulneraron los más elementales
derechos de otros pueblos y lleguen a acuerdos precisamente que los
respeten. Supongo que nadie pidió ni pide intervenciones militares
para resolver estos conflictos que he citado; nosotros, no. Si la
guerra no es solución para estos problemas que he citado, por qué lo
es en el caso de Kosovo.
Nos parece que hay demasiados interrogantes. Expresada nuestra
opinión al respecto -a lo mejor, si tenemos ocasión, en sucesivos
debates podremos seguir haciéndolo-, quiero decir que el texto de la
moción que presenta Izquierda Unida es quizá demasiado prolijo, sin
embargo, tal y como están las cosas, coincidimos en un aspecto
básico: parar la guerra y dar una oportunidad a la paz. Las enmiendas
al texto que proponemos pretenden ser un resumen de lo que debería
hacer el Gobierno, cuando menos una guía para su acción respecto a
este conflicto, que creemos posible
alcanzar si hay consenso y voluntad a nivel internacional, si se usan
y agotan las vías negociadoras. Hacemos esta propuesta en la
convicción de que presionar por la negociación y el acuerdo siempre
será mejor posición política que el apoyo a una guerra sin sentido.
No voy a pararme a detallar nuestras enmiendas a la moción, que
figuran convenientemente escritas, que proponen la detención de los
bombarderos de la OTAN; abrir una oportunidad a nuevas negociaciones;
que el Gobierno español deje de apoyar esta guerra sin sentido y que
desde instancias internacionales y procurando también la negociación
entre el Gobierno yugoslavo y los legítimos representantes de los
albanokosovares, se alcance una solución satisfactoria que contemple
el respeto a los derechos humanos y nacionales de esta población de
los Balcanes.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, el
señor Fernández de Mesa tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor
presidente, señorías.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción alternativa a
la del Grupo Federal de Izquierda Unida porque estamos diametralmente
opuestos a la posición que ha defendido en el día de hoy -como en los
debates anteriores, puesto que ha habido bastantes en relación con
este asunto- el Grupo Federal de Izquierda Unida; totalmente en
desacuerdo con la mantenida por el Bloque Nacionalista Gallego y en
una posición razonada y razonable respecto del resto de los grupos
políticos de la Cámara que conocen en profundidad cuáles son los
problemas que han surgido derivados de la crisis que en este momento
trata de resolver la comunidad internacional.
Preguntarse en este momento qué salida hay, qué salida quiere dar la
OTAN o cuáles son los motivos por los que estamos metidos en este
conflicto es querer ignorar la realidad de cuáles son los
acontecimientos que han pasado, porque todo el mundo, toda la
comunidad internacional, todos los grupos políticos de esta Cámara
saben perfectamente que de las resoluciones del mes de octubre entre
la OTAN, la OSCE, Holbrooke y el propio Milosevic, se derivaban una
serie de acuerdos que fueron incumplidos permanentemente por el
presidente serbio, por el presidente yugoslavo, que decía claramente
que había que mantener la autonomía de Kosovo, que había que mantener
la integridad territorial de Yugoslavia, que había que poner en
marcha la vuelta de todos los refugiados y que existiría una
presencia de militares de la OSCE para vigilar el cumplimiento de
esos acuerdos. Pero ninguno de esos aspectos han sido cumplidos por
Slodovan Milosevic. ¿Qué nos hemos encontrado frente a todo ello? Si
realmente hay algo claro en esta moción presentada
por Izquierda Unida y en la moción que hemos presentado otros grupos
políticos, como el Grupo Socialista o el Grupo Parlamentario Popular,
es que donde se cargan todas las tintas es en buscar la
responsabilidad en la OTAN, en el Consejo de Europa, que
efectivamente ha aprobado todos los puntos de los que el señor
Anguita ha hablado aquí y que reiteradamente hemos repetido
intervención tras intervención, pero que al final no se traducen en
una política del señor Milosevic de llegar a un acuerdo. Porque no es
cierto que la comunidad internacional no está haciendo esfuerzos
importantes por conseguir un acuerdo que finalice de manera rápida y
pactada el conflicto y la guerra de Kosovo. Mientras se negocia por
parte de líderes internacionales -españoles, norteamericanos o el
secretario general de la OTAN-, mientras se está en permanentes
conversaciones para ver cuáles son las salidas que se pueden
alcanzar, la respuesta exclusiva del líder serbio es sembrar los
campos de minas y continuar con la limpieza étnica, con ese
esperpento diario que vemos a través de los medios de comunicación en
el que podemos contemplar familias destrozadas y éxodos permanentes
que nos recuerdan historias en blanco y negro que estoy convencido de
que ninguno de los que aquí nos sentamos creería que podrían volver a
pasar a finales del siglo XXI. Ese es realmente el problema que
estamos tratando en esta moción. No se trata de buscar la
responsabilidad en aquéllos que han tratado de intervenir para
resolver un conflicto al que nadie puede negar la realidad de lo que
está pasando.
Tiene razón el señor Anguita en una cita que ha hecho. Creo que
pertenece a un ministro de Napoleón que se llamaba Talleyrand, que
fue el que le dijo: Sire, con las bayonetas se puede hacer de todo
menos sentarse en ellas. Está recogida en una cita del libro de
Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, creo que exactamente en el
capítulo: Quién manda en el mundo. No se puede permitir que un
dictador esté realizando en este momento una limpieza étnica que
absolutamente nadie es capaz de negar ni de demostrar. La
intervención que están realizando las fuerzas de la OTAN, la
intervención que se está realizando de acuerdo con el Consejo de
Seguridad de Europa, con esa cumbre realizada los días 24 y 25 del
mes de marzo pasado, está tratando de alcanzar una solución y ahí
está la ayuda humanitaria de todas las naciones, incluida España, y
el reciente acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 16 de
abril sobre el envío del último contingente que está preparado para
su salida.
Este grupo parlamentario propone una moción alternativa basada en
unos puntos que no cargan las tintas sobre la OTAN y la comunidad
internacional, que tampoco se va a preocupar de estar permanentemente
reiterando lo que todos conocemos a través de los medios de
comunicación pues lo que busca realmente es una solución al
conflicto. Aceptando los acuerdos de Rambouillet el señor Milosevic
tiene garantizada la paz; simplemente cumpliendo los acuerdos de
Rambouillet, los acuerdos de París, unos acuerdos razonados a los
que se llegó con el pueblo albanokosovar y con la propia Yugoslavia
que, al final, no hubo forma de cumplir porque hay quien no cumple
nunca y está reiteradamente acostumbrado a no hacerlo. Como no se
cumplió tampoco, y se ha olvidado inmediatamente, la paz de Dayton
que también contó con la presencia del señor Milosevic.
Señorías, nuestro grupo parlamentario cree que es bien distinto el
acuerdo del 24 de octubre de 1995, al que se refería el señor
Anguita, que hablaba de operaciones de mantenimiento de la paz, que
no tienen nada que ver con la misión actual. Allí no se trataba de
mantener la paz sino de hacer precisamente la paz, de guardar las
libertades y los derechos de un pueblo oprimido y expulsado de sus
hogares por el líder serbio, el presidente Milosevic. ¿En contra de
la guerra, en contra de quién se está realizando esta intervención?.
En contra de nadie, señor Anguita. Si hay algo claro en este momento
es que se está a favor de la paz; lo están demostrando la comunidad
internacional y la mayoría de los grupos políticos de esta Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular insta en su moción al Gobierno a
continuar participando activamente, junto al resto de países aliados,
en la consecución de todos los objetivos políticos definidos por la
Alianza Atlántica que se basan en la determinación de garantizar la
paz y la estabilidad en Europa, de rechazar la política de violencia
y limpieza étnica en los Balcanes y las acciones de violencia del
ejército yugoslavo contra el pueblo kosovar, así como en la necesidad
de hacer posible la convivencia multiétnica en la región. Se concreta
en los siguientes puntos: poner fin, de manera inmediata, a la
campaña de intimidación y de expulsión de la población civil de
Kosovo; cese de todas las actividades de las fuerzas militares y
paramilitares en Kosovo y retirada de esas fuerzas de la zona; que se
acepte el regreso a sus hogares de manera incondicional de todos los
refugiados y personas desplazadas; que se acepte el despliegue de una
fuerza internacional militar que garantice la seguridad para el
retorno de los refugiados sin impedimentos ni obstáculos para la
ayuda humanitaria -y aquí hay que recordar lo que pasó con Unprofor,
que hubo que convertir SFOR en la antigua Bosnia, sin unas reglas de
enfrentamiento claras, de modo que aquellos miembros de las fuerzas
de pacificación servían exclusivamente como carnaza- y que permitan a
la comunidad internacional la verificación del cumplimiento de esos
principios; continuar cooperando con las medidas de ayuda humanitaria
y la coordinación de las actividades desempeñadas por las ONG con el
fin de aliviar el sufrimiento de la población expulsada de sus
hogares por la acción violenta de las tropas serbias y apoyar, en
definitiva, en consonancia con la declaración de los jefes de Estado
y de Gobierno de la Unión Europea -que por cierto hacen referencia
a que, desde marzo del año 1998, más de 440.000 familias habían sido
expulsadas de Kosovo y de eso parece que se olvida alguien como si el
conflicto hubiera empezado hace exactamente veintiocho días-, las
medidas a largo plazo que favorezcan, una vez concluido el actual
conflicto, un acuerdo político para Kosovo, así como aquellas que
permitan el desarrollo y la estabilidad a largo plazo en los
Balcanes.
Señorías, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular está
convencido de que su moción no va a ser aceptada, pero tampoco acepta
la moción presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida
simplemente por cuestión de principios, porque estamos diametralmente
opuestos en esta cuestión, como lo estamos en todas aquellas
relativas a la defensa. Nosotros tenemos claro que la intervención
que está haciendo la comunidad internacional trata por todos los
medios de conseguir la paz en los Balcanes, en Kosovo y que lo que
está realizando el señor Milosevic es todo lo contrario: su
definitiva limpieza étnica, único motivo por el que será capaz de
decir que la misión está cumplida. El señor Milosevic tiene en sus
manos el alcanzar la paz, el señor Milosevic lo único que tiene que
hacer es sentarse a dialogar, a buscar soluciones razonadas y
conseguir que se acabe este esperpento al que nos ha conducido, este
esperpento del que es el único responsable.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández de
Mesa. ¿Grupos Parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y
que quieran fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
En el pasado debate ya le manifesté al señor portavoz de Izquierda
Unida que mi grupo reflexionaba sobre dónde estaba situada la
participación española, en el bando de países democráticos
occidentales, y que nos podíamos encontrar con una situación
incómoda, porque nosotros abogamos por la paz, pero la paz no basada
en el silencio impuesto por las bayonetas sino por el sentido
democrático de respeto a los derechos humanos, valorando que si no
hubiera habido intervención, uso de la fuerza, cuál habría sido el
coste en vidas y derechos humanos en la población kosovar.
Señor presidente, yo he escuchado, con el respeto con que siempre lo
hago, los argumentos éticos del señor don Julio Anguita y los valoro,
pero para mí hay una tremenda distorsión de la valoración. El
portavoz socialista, señor Moya, se ha referido a ello. Yo le digo
aquí que hace una inversión de la carga de la prueba, en la moción
que presenta hace una figura de la inversión de la carga de la
prueba, que es anteponer los efectos a las causas. Empieza por cuatro
puntos en los que parece como si se tratara de condenar
unilateralmente la postura española. Aquí hay que situarse en cuál es
la posición del Gobierno español y de España como Estado en este
conflicto, no es una relación bilateral para tener que pedir en el
primer punto el cese de
la participación militar española. Parece como si el conflicto fuera
bilateral entre España y la Yugoslavia del señor Milosevic, lo cual
no se puede admitir en una relación de causa-efecto. Estamos en una
posición de país aliado, de una alianza, la Alianza Atlántica, de
países occidentales. Una desafección de España a este sistema sería
interpretada como una auténtica deserción del compromiso
internacional.
Señor Anguita, usted decía que no se puede uno sentar encima de las
bayonetas, pero ocurre una cosa distinta y es que frente a las
bayonetas del genocida, frente a las bayonetas de la dictadura a
veces no hay más remedio que oponer las bayonetas de la democracia y
de la libertad, que también se han tenido que defender en tantos
conflictos bélicos desde ese escenario y con esos instrumentos. Ahora
se viene aquí a hacer una especie de condena de los que están
tratando de paliar los efectos, pero no una condena de las causas,
que son Milosevic y su actuación genocida.
Usted ha denunciado un eufemismo, que lamentablemente están empleando
los portavoces militares de la OTAN, los daños colaterales, para
referirse a esas víctimas inocentes que pagan con su vida el error de
un aviador determinado. Señor Anguita, en su punto tres usted habla
de solicitar del Gobierno de Belgrado la retirada de sus fuerzas
militares de Kosovo y el cese del hostigamiento. Si no es eufemismo
la palabra hostigamiento para referirse a lo que están haciendo las
fuerzas militares y policiales serbias con la población
albanokosovar, no sé cómo se puede llamar entonces al genocidio,
porque usted llama hostigamiento a lo que es un genocidio con fosas
comunes. No se puede sostener en un documento de estas
características llamar hostigamiento, que tiene un lenguaje literario
y bélico de una dimensión determinada, a lo que es labor, lamentable
y horrorosa, del genocidio en todos los aspectos.
Por esa razón, por esta idea que defiendo, señor Anguita, nosotros
vamos a votar en contra de su moción. Pero hay una cosa que me ha
preocupado tremendamente cuando usted ha justificado el punto siete,
de exigencia de los tribunales internacionales en las acciones
oportunas para la depuración de responsabilidades de los posibles
crímenes cometidos en la guerra de Yugoslavia. Me ha parecido
entenderle que usted va más allá de los responsables genocidas, de
Milosevic, de la policía, de las fuerzas serbias, o de gente de la
calaña del individuo Arkan, para extenderlo incluso a los países
aliados de la OTAN. En este momento, porque me opongo rotundamente a
que el primer punto de esta moción sea la exigencia a España de una
retirada vergonzante y unilateral de este conflicto donde vamos como
aliados, por las buenas o por las malas, a gusto o a disgusto, porque
el compromiso internacional, señor Anguita, se cumple no solamente
como pacto de caballeros sino como pacto de derecho internacional...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mardones, concluya, por
favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor presidente.
Pero si usted quiere extender esta responsabilidad ante los
tribunales a los que están tratando de paliar con sus efectos las
causas de origen del genocida, en este momento quiero dar, como
ciudadano y diputado español, un voto de adhesión, de aliento y de
estímulo, porque están cumpliendo su deber con disciplina, a los
miembros de la Fuerza Aérea española o de las fuerzas militares
destacadas en el conflicto que, cumpliendo unas normas, están volando
en los cuatro o cinco aviones que tiene la Fuerza Aérea española,
porque lo que no se puede hacer en este conflicto es desmoralizar con
una amenaza a los que con disciplina militar están cumpliendo con su
deber del lado de las bayonetas por la libertad y por la democracia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Con mucha brevedad, el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) quiere dar
nuestra opinión sobre esta iniciativa que presenta el Grupo Federal
de Izquierda Unida en un momento en el que, por la situación actual
que se vive en Kosovo, para sus habitantes el único camino existente
es el de huir de allí. Una tragedia que, por desgracia, tiene muchos
precedentes en Europa, pero que creíamos que no podía volver a
repetirse nunca más. Y sin embargo, ahí está. Centenares de miles de
personas expulsadas de sus hogares, obligadas a huir, decenas de
miles en tierra de nadie, sin techo ni condiciones higiénicas,
encerradas en su propia miseria, en la indigencia más absoluta que
podíamos imaginar, en una tierra que ha producido la palabra
civilización, en una Europa que ha producido la idea de los derechos
humanos. Todo esto está ocurriendo a las puertas del siglo XXI, aquí
al lado, en Europa.
Es esa precisamente la razón que va más allá del cúmulo de
comentarios que se están produciendo por la decisión de la OTAN de
bombardear objetivos militares en Yugoslavia y la más que no
disimulada hipocresía de quienes quieren que Occidente sea capaz de
imponer el respeto de los derechos humanos pero sin utilizar la
fuerza, y si la utiliza, sin que ésta tenga ningún tipo de
consecuencias, y si las tiene, habiéndolas previsto todas y, en
cualquier caso, sin que la intervención militar suponga ningún coste,
en especial de vidas humanas, de ciudadanos propios, para
preguntarnos si es que existe un camino que conduzca en nuestra
Europa hacia la situación de Kosovo, si existe alguna forma de
entender los motivos que provocan esta situación.
Señores del Grupo Federal de Izquierda Unida, nosotros respetamos su
iniciativa a la que se le quiere relacionar con Milosevic cuando lo
que reivindica es el respeto internacional a las Naciones Unidas y
que no haya una doble moral -como hemos dicho en alguna otra ocasión-
para juzgar de distinta manera a los kurdos, a los tibetanos, a los
saharauis y a tantos pueblos irredentos, tanto o más masacrados que
los albanokosovares. Sin embargo, con lo que no estamos de acuerdo es
con que la OTAN no intervenga. Tenemos todavía muy presente lo que
ocurrió en la guerra civil española, que con un comité de no
intervención hizo posible el triunfo de Franco por 40 años. Por esta
razón, señores de Izquierda Unida, nosotros no vamos a apoyar su
iniciativa.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán, (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Del Grupo de Izquierda Unida, como es obvio, nos separan muchas
cosas, pero en este conflicto el abismo es muy grande. Nuestra
percepción y la suya sobre lo que está sucediendo en Kosovo, lo que
estamos haciendo allí y la legitimidad de la intervención de la OTAN
es notablemente distinta. Para ustedes estamos ante una acción de
guerra, para nosotros estamos ante una acción que quiere imponer la
paz, que intenta restablecer el respeto de los derechos humanos de
miles de hombres, de mujeres y de niños a los que le son
sistemáticamente negados sus derechos más elementales por el Gobierno
serbio.
La posición que nos piden que votemos en su moción no es nueva pues
nos retrotrae a otras épocas no demasiado lejanas, concretamente al
año 1992, cuando se inicia el conflicto en la antigua Yugoslavia, en
Bosnia. En ese momento es cuando Serbia intenta materializar su
proyecto de la gran Serbia a punta de bayoneta y la posición inicial
occidental tiene dos características: en primer lugar, hay una
apuesta generalizada a favor de una estabilidad en los Balcanes bajo
la supremacía serbia y, en segundo lugar, esa apuesta tiene también
una justificación: todos son iguales, por tanto, lo que debemos hacer
es mirar hacia otro lado. Tuvo que producirse una dramática explosión
de un obús en el centro de Sarajevo, que causó la muerte a 37
personas que estaban haciendo cola para comprar el pan, para que
cambiara radicalmente esa percepción que se había venido manteniendo
día tras día, cuando el goteo de muertes era continuo.
De la posición que ha defendido el portavoz de Izquierda Unida parece
desprenderse que ustedes recuperan la apuesta y también la
justificación. Y también sabemos desde entonces, desde el año 1992,
cuando se inicia el conflicto de Bosnia, que las apelaciones a la
paz y a la concordia con Milosevic no sirven, que sólo la fuerza le
puede parar, como sabemos desde siempre que meter en un mismo saco a
los verdugos y a las víctimas, a los perseguidores y a los
perseguidos, es cruel y es injusto.
En cuanto a los puntos de la moción, se pone en evidencia la distinta
percepción, a que antes me refería, sobre el conflicto. Por ejemplo,
donde ustedes piden, en su punto primero, el cese de la intervención,
nosotros aplaudimos nuestra implicación en una misión de paz, que
además consideramos noble por los riesgos que ella comporta. Y debo
decir al señor Anguita que la guerra no empezó hace 28 días, como él
defendía, sino que comenzó cuando Serbia inició su hostigamiento
hacia los kosovares. En el segundo punto, donde ustedes piden el cese
de la acción de la OTAN, nosotros vemos la única forma de parar al
dictador ante la inoperancia del sistema de Naciones Unidas,
inoperancia que ha servido a menudo de escudo para el propio
Milosevic. Donde ustedes piden el cese del hostigamiento a las dos
partes, nosotros vemos la obstinación a poner en un mismo saco a
ambas partes. Porque ¿cuál sería la respuesta de Milosevic a nuestra
petición de cese del hostigamiento? Sin lugar a dudas, más masacres,
más persecuciones, más dramas.
Como es obvio, en la base de la opinión que tenemos unos y otros
sobre lo que sucede en Kosovo y sobre la intervención de la Alianza
Atlántica existen unos condicionamientos ideológicos. Este fin de
semana hemos descubierto, como ponía de manifiesto un anterior
interviniente, que, según Izquierda Unida, se ataca a Milosevic
porque es de izquierdas. Ya es grave que se lo crean -no sé si
realmente se lo creen-, pero sepan que al menos este no es el motivo
que lleva al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió a
reclamar la acción en su momento y a apoyarla. Además, tampoco es el
motivo que nos va a llevar hoy a votar en contra de su moción.
Nosotros deseamos como el que más una salida negociada al conflicto,
la apoyaremos como el que más, y si, en Rambouillet, la obstinación
de Milosevic, el sueño de la gran Serbia, lo impidió, sólo un ataque
de la OTAN como el que se ha producido le puede obligar a
reflexionar. También pensamos que si pretendemos construir Europa
sobre los valores de la libertad, la democracia y el respeto a los
derechos humanos, no podemos aceptar que en ningún caso la barbarie
prevalezca sobre la razón, porque estaríamos animando a la barbarie a
instalarse donde quisiera. Y eso es lo que es Milosevic, la barbarie.
No lo son los kosovares, con quienes, después de ser sometidos a un
intento de genocidio cultural, privados de su autonomía, se ha pasado
a la limpieza étnica. Permitir esto sería intolerable, Europa y el
mundo occidental no lo pueden tolerar, por lo que, en nombre de
nuestro concepto de la civilización y de los valores que compartimos,
por suerte, con muchos, votaremos en contra de la moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder.
El señor Anguita tiene la palabra, para indicar si acepta o no las
enmiendas que se han presentado a su moción.
El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
No aceptamos las enmiendas del Grupo Popular, porque el propio
portavoz se ha encargado de decir que hay diferencias abisales, de lo
cual nosotros nos felicitamos. Tampoco asumimos ni aceptamos las
enmiendas del Grupo Socialista, porque, sin llegar a ser las
diferencias en ese extremo, hay diferencias sustantivas en cuanto a
concepto, contenidos y enfoques.
Y al señor Martínez tengo que decirle que no asumimos sus enmiendas,
aunque estamos de acuerdo con ellas. Si las asumiésemos, no podríamos
pedir la votación de punto a punto. Esa es la razón por la que no las
asumimos. Entiendo que el señor diputado se hará cargo de nuestro
razonamiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Anguita.
Vamos a pasar a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ocupen sus escaños. Vamos a
proceder a las votaciones.
El señor Anguita, en nombre de su grupo, ha solicitado la votación
separada de cada uno de los 11 puntos que constituyen su moción.
Votamos en primer lugar el punto 1 de la moción de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
275; a favor, 17; en contra, 256; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación sobre el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
276; a favor, 19; en contra, 253; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
276; a favor, 17; en contra, 254; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
276; a favor, 16; en contra, 255; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
276; a favor, 16; en contra, 253; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
275; a favor, 17; en contra, 253; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
274; a favor, 17; en contra, 251; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
276; a favor, 17; en contra, 256; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
276; a favor, 18; en contra, 254; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
275; a favor, 17; en contra, 255; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Finalmente, punto 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
276; a favor, 17; en contra, 255; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazado el punto undécimo de la
moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS ANIMALES Y LAS ACTUACIONES NECESARIAS EN DETERMINADOS ÁMBITOS
PARA EVITAR SITUACIONES DE CRUELDAD Y VIOLENCIA IMPROPIAS DE UNA
SOCIEDAD AVANZADA (Número de expediente 173/000138)
El señor PRESIDENTE: Pasamos así a la moción del Grupo Mixto sobre la
protección de los derechos de los animales y las actuaciones
necesarias en determinados ámbitos para evitar situaciones de
crueldad y violencia impropias de una sociedad avanzada.
Para la presentación de la moción, tiene la palabra la señora Rahola.
(El señor vicepresidente, FernándezMiranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego guarden silencio. (Rumores.) Señor Vera, por favor.
Puede comenzar, señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente, dada la hora,
intentaré ser francamente breve. La verdad es que en el debate de la
semana pasada ya formulamos las bases de lo que entendíamos que tenía
que ser tanto la interpelación urgente a la ministra Loyola de
Palacio como la moción consiguiente.
Es evidente que en los últimos años ha cambiado mucho la sensibilidad
respecto a los animales y que además hemos aprendido que los animales
forman parte de los aspectos fundamentales de nuestra vida, forman
parte de nuestra vida, forman parte de las otras vidas, que comparten
con nosotros la biodiversidad, que comparten con nosotros la tierra.
En ese debate de la semana pasada -y, en aras a la brevedad, no voy a
repetir los argumentos- hablábamos de lo que, desde nuestro punto de
vista, entendíamos que eran auténticos agujeros negros de la
situación de los animales en la sociedad española. La falta de una
ley de protección de los animales, que, a pesar de que hay un
borrador, según decía la ministra, no ha existido en 20 años de
democracia. El hecho de que en España haya torturas de animales,
tanto de tipo legal como ilegal, permanentemente en nuestra vida
cotidiana, desde cabras que son lanzadas de manera salvaje desde
campanarios hasta lanceos de toros hasta la muerte, peleas de gallos,
legales e ilegales, peleas de perros ilegales, que movilizan
muchísimo dinero negro, muchísima economía sumergida. Y la
sensibilidad global, que, en materia de animales, deja muchísimo que
desear y que nos sitúa realmente en un lugar poco avanzado en esta
materia. Desde mi punto de vista, el hecho de que aún hoy en día,
amparándose en argumentos étnico-tradicionales
o étnico-culturales, algunos espectáculos estén basados en la
tortura, la agonía y la muerte del animal deja mucho que desear.
No puedo evitar hablar de que una de las fiestas fundamentales de la
sociedad española esté todavía hoy apoyada por los lobbies taurinos,
que la continúan consolidando, a pesar de que ya no tiene a su favor
a la mayoría social. El hecho de que la tortura y la muerte de un
animal noble sea un espectáculo digno de disfrute para mucha gente no
deja de ser una auténtica salvajada y, por supuesto, a mi juicio, un
episodio negro de nuestra sociedad.
En el debate anterior planteábamos los términos de lo que entendíamos
que era una situación grave, no suficientemente protegida y que daba
una pésima imagen de esta sociedad, que en estos aspectos estaba
lejos de poder ser considerada proteccionista. También, en el debate
de la semana pasada, uno de los proponentes hablaba de la necesidad
de que hubiera un libro blanco que estudiase la situación de los
animales en la globalidad del Estado, que estudiase sus problemas y
lo necesario, en términos legales, para conseguir una mayor
protección y, por supuesto, qué cambios legislativos hacían falta
tanto para proteger a los animales como para que la sociedad se
preparara y que las responsabilidades de los propietarios de animales
que conviven en armonía o sin ella en nuestra sociedad también
estuviesen tipificados a la hora de producirse los delitos.
La moción recoge tres aspectos fundamentales, que paso a resumir. El
primero es la necesidad de que se estructure este libro blanco. Hay
que conocer exactamente desde los animales que mueren en la carretera
hasta los que son abandonados, los malos tratos, cómo está el Código
Penal en esta materia, por qué no están tipificados como delitos, así
como cuál es la situación global de los animales de la biodiversidad
en el Estado español. El segundo elemento es para nosotros
fundamental y muy importante. Es el Código Penal. Hay que modificar
diversos artículos del Código Penal para elevar la falta a delito y
para conseguir que el maltrato y la tortura a los animales sea por
tanto considerado un elemento tipificable y penalizable. Yo quiero
recordar, lo hice la semana pasada, que hoy en día cualquier persona
puede coger un animal, torturarlo hasta la muerte delante mismo de un
policía sin que le pase nada. El Código Penal no contempla ningún
delito, ninguna tipificación que consiga que la tortura y muerte de
un animal sea penada de alguna manera, sea castigada.
Hablábamos también de la necesidad, a partir de ese libro blanco, de
reformar algunos artículos del Código Penal, los que las protectoras
de animales, las ONG, toda la sociedad civil vinculada a la
protección de los animales plantea como necesarios, para que a través
de su reforma, como mínimo, sea penalizable la tortura y muerte de un
animal y muchas de las otras cosas que ocurren. Convivimos
permanentemente con muchos horrores; por supuesto, el horror sobre
los animales no es el más grave ni el peor. Participamos diariamente
de
horrores sobre personas, sobre niños, sobre mujeres; no voy a
plantear éste como el único posible, pero es tan terrible como muchos
otros. Y esos horrores con los que convivimos no tienen ninguna
tipificación penal. Se adiestran perros para que sean armas de matar,
se los utiliza en peleas clandestinas, se paga en función de si se
quiere una herida o la muerte, se paga en función de cuántos animales
se quiere en la pelea, cada día. Cualquier persona, cualquier
diputado, cualquier periodista puede hoy mismo organizar una pelea de
perros, clandestina, y movilizará dinero; incluso, podrán decirle
exactamente cuánto se paga si quiere que se llegue a la muerte, que
se muerdan sólo las orejas o que se muerdan el cuello.
En realidad, esta sociedad no se ha preocupado de que, mientras ha
ido cambiando la sensibilidad respecto a los animales y estos han ido
conformando nuestra vida, la biodiversidad es un bien común, la
biodiversidad forma parte de las virtudes sociales que nos mejoran
como personas y es además un bien que tiene que ser sostenible,
puesto que puede ser destruido. En este sentido, necesitamos ese
Código Penal, ese marco legal que tipifique de alguna manera esos
delitos cometidos diariamente respecto a los animales, no sólo los de
compañía, sino todos aquellos que conviven en nuestro entorno
natural.
El tercer elemento de la moción -comprometiéndome con la brevedad,
dada la hora- era un elemento que, sin estar vinculado directamente
con la protección de los animales, sí forma parte del mismo debate.
Yo entiendo que es necesario prohibir la entrada de menores en las
corridas de toros. Por supuesto que yo estoy a favor de la
prohibición de las corridas de toros y me parecerá absolutamente
insostenible que, en una futura ley de protección de los animales,
como también ocurre en el caso de Cataluña, se ponga la excepción de
las corridas de toros, puesto que no puedo entender que se proteja a
todos los animales menos a los toros, que torturar y matar un animal
noble, en una agonía larga y salvaje, y llevarlo hasta la muerte,
para espectáculo de propios y extraños, pueda ser un elemento que se
pueda exceptuar en una ley de protección de los animales. Sin
embargo, más allá de este debate -que hoy no traemos a colación-, sí
que me parece absolutamente necesario, en aras a esa sociedad que hay
que construir, que ame la biodiversidad, que ame las vidas que tiene
a su alrededor, que sea más solidaria, que sea más sensible y -por
qué no decirlo- que sea más ecologista. Es indiscutible que hay que
proteger a los menores de los abusos de los padres y, de la misma
manera que el Código Penal, en todos sus aspectos, protege al menor
de los abusos globales que pueden cometer sus padres, entiendo que es
un abuso llevar a un niño a un espectáculo de tortura y muerte de un
animal.
Por tanto, como ya estaba reglamentado desde 1929; como está
reglamentado, por suerte, ya en Cataluña a través de la mayoría del
Parlamento catalán, y como
podría estar reglamentado a partir del hecho de que se cambiara la
ley pertinente en este sentido,...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rahola,
le ruego concluya.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Acabo aquí, señor presidente. ...es
necesario que protejamos a los menores de espectáculos que no son
pedagógicos, que les animan a odiar a los animales, no a amarlos, y
que no les dan elementos a favor de la solidaridad o de la compasión
sino que, por el contrario, les dan elementos antipedagógicos a favor
de la tortura y a favor de la muerte.
Tres elementos, por tanto, de la moción: Código Penal, protección de
los menores y libro blanco sobre la situación de los animales.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.
A esta moción han sido presentadas dos enmiendas, por parte del Grupo
Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Madrid.
El señor MADRID LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Pretendo congraciarme con mis colegas a estas horas de la noche y,
por lo tanto, mi intervención va a ser limitada, puesto que los
argumentos fundamentales ya fueron expuestos la semana pasada en la
interpelación correspondiente.
Hemos ofrecido a quien ha tomado esta iniciativa de presentar la
moción una enmienda de sustitución -que todavía está a tiempo de ser
aceptada- que yo creo que es proporcionada a la figura parlamentaria
que tiene las limitaciones correspondientes de una moción. No es éste
el momento de cambiar una ley orgánica, porque eso lleva sus
trámites, aunque compartimos el entusiasmo de sensibilizarnos
nosotros mismos y a la sociedad de la necesidad que existe para
proteger los derechos de los animales y todas las actuaciones que
puedan determinar el respeto a la biodiversidad y al conjunto de una
sociedad de todos los seres vivos y de otros que no lo son.
La enmienda tiene una parte, como casi todas, de hacer que, en un
asunto de naturaleza tan compleja, el propio Gobierno pudiera, en un
término de tiempo razonable -y yo me alegro de que la señora Rahola
haya recogido en su moción la intervención que tuvimos en la
interpelación sobre el famoso libro blanco-, hablar de cuál es el
estado real de la situación en el conjunto del territorio español,
teniendo en cuenta que parte de las responsabilidades y de las
competencias no sólo son del Gobierno de España sino también de las
comunidades autónomas y de los propios ayuntamientos.
Me interesa que quede muy claro que dábamos unas orientaciones, sin
cerrar las oportunidades, para que el Gobierno profundizara también
en aspectos como el comercio de los animales de compañía, los perros
y los gatos; el comercio con especies exóticas; las prácticas
cruentas por tradición como excusa, que a veces se utiliza; el
impacto de las vías de comunicación, de lo que se habla poco y sin
embargo probablemente sea la parte más cruenta y cruel con los
animales, por falta de previsiones a la hora de diseñar incluso la
protección de la biodiversidad; las prácticas docentes con animales,
en las que a veces se produce crueldad, y las prácticas
tradicionales. Todas estas cuestiones me han llamado muchas veces la
atención, bien es verdad que yo no tengo aficiones como la
contrapasa, y aquellas prácticas lúdicas tradicionales que a veces
son crueles con los propios animales.
Esta sería en síntesis la aportación proporcionada a una moción, para
que el Gobierno o quien esté en el Gobierno pudiera hacer con el
conjunto de otras instituciones una cuestión adecuada a la
sensibilidad del conjunto de los españoles.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) comparte -ya lo dijo el pasado miércoles- la
voluntad de esta moción consecuencia de interpelación de que esta
Cámara adopte hoy medidas que sirvan para proteger a los animales.
Nosotros en este tema nos sentimos muy legitimados por la especial
sensibilidad que desde Cataluña hemos demostrado siempre en todo lo
relativo a la protección de los animales. Baste recordar meramente la
Ley de protección de los animales aprobada en marzo del año 1988 por
el Parlament de Catalunya, que es una ley pionera en este aspecto y
que nos coloca en el ámbito de los países socialmente más avanzados
en materia de protección de los animales.
Nos sentimos muy legitimados, repito, y desde esta especial
legitimación, desde esta especial sensibilidad, nuestro grupo
presenta una enmienda de sustitución a la moción presentada por la
diputada Pilar Rahola. Nuestra enmienda de sustitución pretende tres
aspectos. El primero es que nuestro grupo considera que la opción del
libro blanco en este ámbito no es la más adecuada. El libro blanco a
veces se queda olvidado en el cajón de un Ministerio y nunca más se
supo del libro blanco a cuya aprobación un día las Cortes instaron.
Puestos a intentar buscar una complicidad, un estudio, un análisis de
los problemas que en este terreno hoy se dan, nuestro grupo propone
que se cree una Comisión, evidentemente dentro del ámbito de la
Administración General del Estado, que implique a la sociedad civil
en la defensa de los animales y en detectar aquellas medidas que
puedan ser oportunas para mejorar la protección de los animales en
tanto que seres vivos. Por tanto, pedimos una comisión que proponga
medidas, dice nuestra enmienda, sobre prácticas prohibidas con
animales, sobre prohibición de determinadas fiestas populares, sobre
medidas relativas al abandono de animales, sobre medidas relativas al
sacrificio de animales o a la experimentación médica, que en muchos
casos se da con un tratamiento totalmente vejatorio para ellos.
Queremos que se reflexione y esta comisión proponga medidas. Buscamos
la participación de la sociedad civil en esa comisión, especialmente
de las sociedades protectoras de animales que están haciendo una gran
labor. Quiero que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' de la
labor que todas estas sociedades están haciendo en favor de los
derechos de los animales.
El destinatario de las medidas, objetivos y reformas que proponga
esta comisión no va a ser el Gobierno del Estado, sino en muchos
casos los gobiernos autonómicos porque son los competentes en la
protección de los animales. Mi grupo quiere hoy dejar constancia de
que deseamos que los futuros proyectos de ley, que anunció la
ministra el pasado miércoles, se circunscriban a las competencias que
tiene la Administración del Estado en este ámbito y no interfieran en
las competencias que ya hemos asumido y desarrollado de forma loable
las comunidades autónomas.
El segundo objetivo de nuestra enmienda de sustitución es coincidente
con la moción, pero la ajusta técnicamente. No podemos pedir al
Gobierno que legisle, somos nosotros el Poder Legislativo. A nosotros
nos corresponde legislar y modificar el Código Penal. No podemos
decir al Gobierno qué hacer y redactarlo cuando es esta Cámara, al
final, quien tiene que aprobarla. Por tanto, constatamos la necesidad
de modificar el Código Penal y, en este sentido, queremos recordar
que nuestro grupo fue el primero en presentar dos enmiendas el pasado
mes de febrero, sobre modificación del Código Penal en dos aspectos:
incrementar la responsabilidad de los cuidadores de animales
peligrosos y las medidas de responsabilidad civil por los daños que
se causan y exigir mayor penalidad -la señora Rahola pide que sea
delito y no falta; es una buena línea en la que debemos profundizar-
en la tipificación por los malos tratos a animales -ya lo dije el
miércoles pasado-, con independencia de que sean tratos crueles o no;
cualquier maltrato es una crueldad y, por tanto, debe castigarse con
mayor rigor.
Finalmente, pedimos que para los animales peligrosos el Gobierno
impulse un proyecto de ley pero circunscrito a la competencia básica
en este ámbito que tiene la Administración general del Estado; que no
interfiera tampoco aquí el Gobierno en las competencias autonómicas.
Quería finalizar mi intervención con una reflexión en este ámbito de
las competencias autónomicas. Nos
sorprende que la moción presentada por Pilar Rahola proponga medidas
a esta Cámara que no le competen, porque corresponden a las
administraciones autonómicas. Desde el año 1992 todas las comunidades
autónomas son competentes en materia de espectáculos públicos para
regular las prohibiciones o permisos para acceder o no a ellos.
Quiero dejar constancia de que nuestro grupo está a favor de que se
prohiba a los niños y adolescentes menores de 14 años el acceso a las
corridas de toros. Es un punto que plantea la moción y que nuestro
grupo comparte, de tal forma que allí donde nuestro grupo es
mayoritario, en el Parlament de Catalunya, aprobó una resolución,
siendo pioneros en el Estado español. La Generalitat de Catalunya ha
aprobado un decreto que entró en vigor el primero de abril en el que
se prohibe, hecho que no compete hoy a este Parlamento.
Yo no puedo votar hoy esta prohibición porque estoy conculcando lo
que quiera hacer el País Vasco, lo que quiera hacer Galicia, lo que
quieran hacer otras comunidades autónomas en este ámbito. Quede
constancia de que compartimos que debe prohibirse esa entrada, pero
no debe hacerse en una moción en este Parlamento. Por tanto, nuestra
enmienda de sustitución no comprende este aspecto.
Por último, nuestro grupo solicita a la diputada Pilar Rahola que
acepte nuestra enmienda, porque si lo hace hoy puede generar un
consenso en esta Cámara y lograr que al final del debate de una
moción sobre protección de los animales votemos y aprobemos algún
aspecto, aunque sea tan tarde -son pasadas las once de la noche-.
Pero que, al final, por lo menos, cuando dentro de unos minutos
votemos, habremos apoyado algún aspecto que permita a esta Cámara hoy
decir que hemos avanzado en la protección de los animales, que hemos
avanzado en algunas medidas que son punto de acuerdo. Desde esta
voluntad de generar consenso, de buscar el apoyo de otros grupos
hemos presentado hoy esta enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Jané, le
ruego concluya.
El señor JANÉ I GUASCH: Concluyo ya.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Grupos
parlamentarios que desean fijar su posición y que no hayan presentado
enmiendas? (Pausa.)
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Simplemente deseamos decir que nos parece realmente un ejercicio de
cinismo que quienes acaban de votar a favor de la guerra vengan ahora
a hacer alarde
de defensa de su preocupación por el maltrato a los animales. Por eso
no vamos a participar en este debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor presidente.
Teniendo en cuenta la hora en la que estamos -son las once y ocho
minutos de la noche-, prometo brevedad, pero quisiera hacer una serie
de puntualizaciones sobre un tema que yo creo que es preocupación de
todos nosotros. Existe una corriente generalizada en los países
desarrollados social y culturalmente que exige y que pretende unas
bases para la protección de los animales por parte del hombre.
La sociedad española tiene el deber de proteger a los animales y
evitar cualquier práctica cruel contra ellos o entre ellos. La última
modificación del Tratado de la Unión Europea en Amsterdam incluye un
protocolo sobre la protección de los animales en el que se recoge que
los Estados miembros deben de tener en cuenta las exigencias en
materia de bienestar de los animales, respetando al tiempo las
disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los
Estados - y esto es conveniente subrayarlo-, las costumbres de los
Estados miembros relativas en particular a tradiciones culturales y
patrimonio regional.
Por lo tanto, es necesario elaborar un instrumento jurídico que
constituya el marco para encuadrar todos los preceptos legales sobre
el bienestar de los animales, tanto en cuanto a su aplicabilidad como
en la incorporación de sanciones. Es preciso aumentar la sensibilidad
de la sociedad hacia el respeto a los animales y es preciso también
reconocer el dolor y el sufrimiento que padecen en ocasiones estos
seres vivos. Por lo tanto, se hace necesaria la regulación de todos
estos temas.
Ahora bien, respecto a la solicitud de que se elabore un libro
blanco, entendemos que esto sería preciso si el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación no hubiese conocido ya sobre estos
temas. Como quiera que desde hace dos años el Ministerio viene
estudiando todas las situaciones planteadas, ha podido comprobar que
existen importantes lagunas legislativas, por eso, ha puesto en
marcha dos proyectos de ley que resuelven los problemas existentes.
Convendrán conmigo SS.SS. en que es mucho más importante el hecho de
que en el Ministerio se estén elaborando estos proyectos de ley que
nos llevarán a unas conclusiones definitivas que el que se pudiese
elaborar un libro blanco que, en definitiva, servirá simplemente de
orientación al Ministerio, pero en ningún caso será una norma
directamente aplicable.
En cuanto a las modificaciones relativas al Código Penal, por no
extenderme en cada una de ellas, quisiera manifestar que sinceramente
el hecho de que una
moción, como ya se apuntó aquí con anterioridad, pretenda la
modificación de una ley orgánica nos parece sinceramente desmesurado.
Finalmente, respecto al tercer punto de la moción planteada por la
diputada Rahola, en la que se solicita la modificación de la Ley 10/
1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
espectáculos taurinos para prohibir el acceso a menores de 14 años
a las corridas de toros o novilladas, debo de manifestar que la
derogación que el Real Decreto de 1992, de 28 de febrero, llevó a
cabo del Real Decreto de 1999, al que hacía alusión la diputada
Rahola -quiero recordar que es de la época de la dictadura de Primo
de Rivera- tuvo su razón de ser en el hecho de que no se aplicaban
estas normas aquí reguladas. Por lo tanto, una norma que no es de
aplicación, porque la costumbre hace que no se aplique, más vale
derogarla que mantenerla y no respetarla.
Por otro lado, también quiero manifestar que la Ley 10/1991 en su
artículo 4 encomienda al Estado el fomento de la fiesta nacional.
Esto supondría que iría en clara contradicción con la moción que aquí
se plantea. El que esta moción pretenda tipificar el incumplimiento
de la prohibición de entrada a los menores de 14 años como infracción
muy grave conllevaría unas sanciones de 10 a 25 millones de pesetas.
Convendrán conmigo SS.SS. que la desproporcionalidad es evidente
y habla por sí sola. Nosotros no podemos olvidar que la afición a la
fiesta de los toros es una tradición en España que se transmite de
padres a hijos y que su aspecto cultural es esencial. Además conviene
señalar que las instituciones comunitarias han reconocido que deben
de respetarse las disposiciones vigentes que regulan una fiesta que
forma parte de la tradición cultural de España. En definitiva, al
ofrecerse las corridas de toros en foros determinados no resulta
necesario que los poderes públicos prohiban el acceso a menores al no
existir un disvalor generalizado sobre el acontecimiento que se
desarrolla, que sería precisamente el justificante de esa
intervención administrativa de interdicción.
Para finalizar, señor presidente, quisiera preguntarle a la señora
Rahola si tal vez ella es vegetariana porque en el caso de que no lo
sea también se cometen crueldades masacrando en algunas ocasiones a
los animales para después poder degustarlos. (Rumores.)
Por todo ello, señor presidente, quiero manifestar que nosotros
estamos a favor de la protección de los animales pero también en
defensa de la fiesta nacional y vamos a oponernos a la moción aquí
planteada. También quiero añadir que estamos en sintonía con la
moción de Convergencia i Unió y estaríamos de acuerdo en votarla a
favor, si fuese admitida.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Castro.
Señora Rahola, S.S. debe expresar la aceptación o no de las enmiendas
presentadas a su moción.
La señora RAHOLA MARTÍNEZ: Agradezco las dos enmiendas y además estoy
de acuerdo con el sentido y la sensibilidad de las dos. Aceptaré la
enmienda de Convergència i Unió.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola, vamos a proceder a la votación. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la
moción del Grupo Mixto, suscrita y presentada por la señora Rahola,
sobre la protección de los derechos de los animales y las actuaciones
necesarias en determinados ámbitos para evitar situaciones de
crueldad y violencia impropias de una sociedad avanzada, en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo de
Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
231; a favor, 141; en contra, 87; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la moción.
Culminado el orden del día de esta sesión, se suspende el Pleno hasta
mañana a las cuatro de la tarde.
Buenas noches.
Eran las once y veinte minutos de la noche.