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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 227, de 13/04/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 227
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 219
celebrada el martes, 13 de abril de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades
Autónomas:
- Del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los pasaportes y
documentos nacionales de identidad de las lenguas oficiales en el
Estado español (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
B, núm. 264-1, de 19 de enero de 1999 (número de expediente 125/
000016) . . . (Página 12063)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Almeida y Sr. Saura), de
modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
protección de la seguridad ciudadana en relación con la tenencia de
drogas para el consumo propio. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, núm. 271-1, de 8 de febrero de 1999 (número de expediente
122/000239) . . . (Página 12071)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a los pagos a cuenta en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, núm. 386, de 1 de marzo de 1999 (número
de expediente 162/000343) . . . (Página 12078)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la lucha
contra la violencia doméstica y su relación con la publicidad y la
programación de los medios de comunicación. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 336, de 26 de octubre de 1998 (número de
expediente 162/000282) . . . (Página 12085)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
opinión que le merece al Gobierno la dimisión de la Comisión de la
Unión Europea (UE), el juicio que tiene acerca de la gestión de los
Comisarios nombrados por el Gobierno español, así como los criterios
y opiniones de todo tipo que van a servir de base a la actuación del
Gobierno para solucionar la crisis por la que atraviesa la Comisión
Europea. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 408, de 12
de abril de 1999 (número de expediente 173/000133) . . . (Página 12092)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política inmigratoria.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 408, de 12 de abril
de 1999 (número de expediente 173/000134) . . . (Página 12097)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
actuaciones de ámbito general que tiene previsto adoptar el Gobierno
para impulsar el llamado «tercer sector» del ámbito social en España.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 408, de 12 de abril
de 1999 (número de expediente 173/000135) . . . (Página 12103)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades
Autónomas ... (Página 12063)
Del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los pasaportes y
documentos nacionales de identidad de las lenguas oficiales del
Estado español (Orgánica) . . . (Página 12063)
Para la presentación ante el Pleno de la proposición de ley del
Parlamento de Cataluña de incorporación a los pasaportes y documentos
nacionales de identidad de las lenguas oficiales del Estado español,
intervienen los señores Ferrer i Roca, de Convergència i Unió; Dalmau
i Ribalta, del Partit dels Socialistes de Catalunya, y Ferrer i
Gironès, de Esquerra Republicana de Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Saura
Laporta, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría
Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gil i Miró, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores
Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, Solé
Tura, del Grupo Socialista del Congreso, y Trías Sagnier, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los pasaportes y
documentos nacionales de identidad de las lenguas oficiales en el
Estado español, se aprueba por 287 votos a favor, uno en contra y
tres abstenciones.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 12071)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Almeida y señor Saura), de
modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
protección de la seguridad ciudadana, en relación con la tenencia de
drogas para el consumo propio . . . (Página 12071)
Defiende la toma en consideración de la proposición delGrupo Mixto,
el señor Saura Laporta. Manifiesta que
la intención de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya- Els Verds
al presentar esta iniciativa no es otra que hacer que no sea
sancionable la tenencia de drogas para el autoconsumo en el ámbito
privado. Se refiere a la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo que sancionó la tenencia ilícita de una pequeña cantidad de
hachís para el autoconsumo, fijando jurisprudencia. Considera que
esta interpretación regresiva y contradictoria sólo es posible
cambiarla a través de una modificación del artículo 25 de la Ley de
Seguridad Ciudadana que cubra el vacío legal existente. Recuerda que
su grupo se opuso a la «Ley Corcuera», demostrándose con el paso del
tiempo que ésta no ha hecho ninguna aportación positiva a la lucha
contra la droga, y aunque siguen manteniendo su disconformidad, no
pretenden con su iniciativa actual modificar el espíritu de la ley,
que es sancionar el consumo en público, sino simplemente que no se
pueda sancionar la tenencia para el consumo privado. Finalmente,
confía en que esta iniciativa parlamentaria sea aprobada por
unanimidad fundamentalmente por tres razones: por coherencia con las
posiciones de los grupos parlamentarios en el debate de la Ley de
Seguridad Ciudadana, por las opiniones vertidas por juristas y
profesionales que trabajan en el tema de la droga y porque está
absolutamente convencido de que no se puede hacer frente al problema
de la droga ni desde el ámbito de la penalización ni desde la
sanción.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; y las señoras Varela Vázquez, del Grupo Socialista
del Congreso, y Cava de Llano y Carrió, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana,
en relación con la tenencia de drogas para el consumo propio, se
rechaza por 142 votos a favor, 147 en contra y tres abstenciones.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 12078)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a los pagos a cuenta en
el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas . . . (Página 12078)
Defiende la proposición no de ley el señor Eguiagaray Ucelay, en
nombre del Grupo Socialista del Congreso.
Explica que con su iniciativa no se pretende entrar en una
discusión de carácter ideológico en torno a la reforma fiscal, sino
simplemente corregir los errores que se han producido en la
aplicación del impuesto sobre la renta de las personas físicas a
través de su desarrollo reglamentario. Critica el hecho de que para
su aprobación se recurriera a la utilización de un argumento y de su
contrario, como es el justificarlo inicialmente por su contribución
al ahorro y después, cuando se manifestaron los primeros síntomas de
la recesión internacional, como una vacuna para impulsar el consumo.
A continuación se pregunta si el estímulo monetario introducido por
el Banco Central Europeo en una economía como la española, cuya
demanda interna sigue creciendo a tasas por encima del 3 por ciento,
ha de llevarse a la acomodación de los ingresos fiscales, del gasto
público o de ambos como respuesta al escenario actual y al escenario
previsible. Afirma que el decreto de pagos a cuenta del impuesto de
la renta de las personas físicas viola el derecho a la intimidad de
los ciudadanos, perjudica al 40 por ciento de los contribuyentes, que
corresponde precisamente a unidades familiares en las que existe un
solo perceptor, y no resuelve el problema de miles de ciudadanos en
situación de prejubilación que han visto reducidos sus ingresos
mensuales, en contra de toda la propaganda oficial, precisamente
porque han aumentado las retenciones que se les practica. Por último
manifiesta que se tendrá que seguir discutiendo sobre el impuesto de
la renta, pero considera que sobre la aplicación de un reglamento que
hace aún más onerosa la aplicación de una ley injusta, según su
opinión, no hay ninguna razón para no coincidir.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno por alusiones intervienen los señores Eguiagaray Ucelay y
Martínez-Pujalte López.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, relativa a los pagos a cuenta en el impuesto sobre la renta
de las personas físicas, se rechaza por 132 votos a favor, 152 en
contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la lucha contra
la violencia doméstica y su relación con la publicidad y la
programación de losmedios de comunicación . . . (Página 12085)
Presenta la proposición no de ley la señora Mato Adrover, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que se
trata de una iniciativa de indudable actualidad, porque la
erradicación de la violencia doméstica y los malos tratos,
específicamente contra la mujer, es una demanda de la sociedad, y
explica el contenido de la proposición no de ley, que se centra en
los malos tratos y en el papel que en esta cuestión y en todos los
comportamientos sociales juegan los medios de comunicación. Comienza
por agradecer a los medios de comunicación su contribución decisiva
en hacer públicas una serie de conductas que, por muy diversas
razones, se mantuvieron en el pasado como conductas secretas y, tras
reconocer que últimamente se ha hecho mucho en este sentido en
colaboración con las comunidades autónomas, plantea los interrogantes
de si las programaciones de las televisiones y los contenidos de la
publicidad no tienen algo que ver con la violencia doméstica y si no
sería posible una estrategia en las distintas programaciones que
permitiera defender a la mujer y su plena libertad. Su grupo
considera que sí es posible y pide al Gobierno un esfuerzo económico
y presupuestario, constituyéndose un foro de análisis y debate en el
que el Gobierno y los medios de comunicación, especialmente los
audiovisuales y los de titularidad pública, analicen qué medidas se
pueden adoptar para que las mujeres sigan denunciando sin miedo y
para que las cadenas de televisión adopten principios de
autorregulación en relación con determinados programas.
En defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley,
intervienen las señora Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, y Alberdi Alonso, del Grupo Socialista
del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida
Castro, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y la señora Solsona i
Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas,
interviene la señora Mato Adrover.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, se aprueba por 280 votos a favor y dos
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 12092)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la opinión
que le merece al Gobierno la dimisión de la Comisión de la Unión
Europea, el juicio que tiene acerca de la gestión de los comisarios
nombrados por el Gobierno español, así como los criterios y opiniones
de todo tipo que van a servir de base a la actuación del Gobierno
para solucionar la crisis por la que atraviesa la Comisión Europea .
. . (Página 12092)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Alcaraz Masats,
aludiendo más que a una acumulación de datos o de argumentos a una
serie de circunstancias bastante negativas con respecto a la eficacia
y a la intensidad parlamentaria. Se refiere a la falta de debate
previo en la Cámara en relación con la Agenda 2000 y con la guerra en
la antigua Yugoslavia, así como a la falta de información sobre los
nuevos criterios de la Alianza Atlántica, sobre el nombramiento
extraparlamentario del presidente de la Comisión Europea o sobre los
nombramientos de los nuevos comisarios. Por todas estas razones y
habiendo pasado mucho tiempo desde el día 24 de marzo, fecha en que
se presentó la interpelación urgente, han cambiado el texto de su
moción, en la que instan al Gobierno a informar a la Cámara y a
debatir en ella todos los temas relativos a la elección de nuevos
comisarios correspondientes a España de forma previa a su elección
definitiva.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Costa Costa, del Grupo Socialista del Congreso, y Martínez Casañ, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 12
votos a favor, 271 en contra y una abstención.
Del Grupo Socialista del Congreso sobre política inmigratoria . . .
(Página 12097)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora
Fernández Sanz, en nombre del Grupo Socialista del Congreso. Se
refiere a la interpelación urgente presentada al Gobierno en la que
se analizaban los puntos negros que los inmigrantes
viven todos los días en su relación con la sociedad y, sobre todo,
con la administración, y muestra su satisfacción por el trabajo que
está llevando a cabo el Parlamento en este sentido. A continuación
pasa a exponer los siete puntos concretos de la moción y pide el voto
favorable para todos ellos.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso interviene el señor Jordano Salinas.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Gil i
Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, interviene la señora
Fernández Sanz.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
actuaciones de ámbito general que tiene previsto adoptar el Gobierno
para impulsar el llamado «tercer sector» del ámbito social en España
. . . (Página 12103)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió). Su grupo pretende con esta iniciativa sentar las bases del
inicio y desarrollo de una política global de apoyo, de soporte, de
ánimo y de impulso al denominado tercer sector, que está formado por
asociaciones que trabajan en el terreno de la solidaridad tanto a
nivel interno de nuestro país como a nivel internacional. A
continuación explica los cuatro macroobjetivos, que son los mismos
que proponían en su interpelación, resumiéndolos en uno: que el
Congreso de los Diputados valore positivamente la participación de la
sociedad civil a través de asociaciones, fundaciones, ONG y otras
actividades de carácter no lucrativo, con el objetivo de complementar
y ampliar la actuación de las administraciones públicas para mejorar
el Estado del bienestar y para impulsar una sociedad más justa y
equilibrada desde la perspectiva social. Por último agradece las
aportaciones de los grupos Socialista, Federal de Izquierda Unida y
Popular a través de sus enmiendas, aunque discrepen de las propuestas
concretas del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Para la defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
y Díaz Sol, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Mato
Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Caballero
Basáñez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Sometida a votación en primer lugar la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Socialista del Congreso, sobre
política inmigratoria, en sus propios términos, se rechaza por 125
votos a favor, 145 en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación en segundo lugar la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), sobre las actuaciones de ámbito general que tiene previsto
adoptar el Gobierno para impulsar el llamado tercer sector del ámbito
social en España, en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas del Grupo Popular, se aprueba por 262 votos a favor y 10
abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE INCORPORACIÓN A LOS PASAPORTES Y
DOCUMENTOS NACIONALES DE IDENTIDAD DE LAS LENGUAS OFICIALES EN EL
ESTADO ESPAÑOL (ORGÁNICA) (Número de expediente 125/000016).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Debate sobre la toma en consideración de
la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a
los pasaportes y documentos nacionales de identidad de las lenguas
oficiales del Estado español.
Para presentar ante la Cámara la iniciativa del Parlamento catalán,
tenemos entre nosotros a tres diputados del mismo, representantes de
los grupos parlamentarios de Convergència i Unió, Socialista y de
Ezquerra Republicana de Cataluña.
Tendrán la intervención en este orden, comenzando, en consecuencia,
por la de don Joaquim Ferrer i Roca, diputado del Grupo de
Convergència i Unió.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Roca): Señor
presidente, señorías, no es
la primera vez, y seguro que no será la última, que se presenta una
iniciativa con este perfil en esta Cámara. A lo largo de los veinte
años de democracia, se han producido en numerosas ocasiones, en el
Congreso y en el Senado, en las Cortes Generales, iniciativas con
esta intención, que es sencillamente la de plasmar el reconocimiento
en todos los ámbitos de la sociedad de todas las lenguas que son
oficiales en el Estado español.
Todas estas iniciativas siempre han tenido y tienen un común
denominador, que son derivación de lo que podríamos denominar
dinámica constitucional. Como todas SS.SS. saben, la Constitución, ya
en su preámbulo, hace una afirmación sobre la protección a todas las
lenguas que son oficiales, a todas las lenguas del Estado español, y
el artículo tercero hace un expreso reconocimiento de estas lenguas.
Por consiguiente, todas las iniciativas que se han venido produciendo
y que se vendrán produciendo para perfeccionar, para profundizar en
el reconocimiento de todas las lenguas, derivan del texto
constitucional y propiamente podríamos decir que son consecuencia de
esa dinámica constitucional. Lo son también, naturalmente, los
estatutos y su aplicación, aplicación que cuenta ya con una gran
experiencia, y lo son las sentencias del Tribunal Constitucional
sobre estos temas. Todo este conjunto de hechos, de datos, que
simplemente recuerdo a SS.SS., constituyen la gran experiencia, un
aspecto del gran orgullo que todos debemos sentir por lo realizado y
lo que estamos realizando en este terreno concreto. Dejo aparte
muchos otros, de los cuales también nos podemos sentir legítimamente
orgullosos.
En definitiva, señorías, sobre este tema, sobre el reconocimiento de
todas las lenguas que son oficiales en el Estado español, no estamos
iniciando el proceso. Podríamos afirmar tranquilamente que estamos a
medio camino de su aplicación sistemática en todos los ámbitos de la
sociedad. No estamos iniciando este reconocimiento efectivo de todas
las lenguas, del carácter plurilingüe del Estado español. Pero es
lógico que este afán, estas iniciativas, esta actitud se continúe
para favorecer el acceso de todas estas lenguas oficiales, insisto, a
todos los efectos, a todos los ámbitos, a todos los rincones de
nuestra sociedad. Hay dos métodos para esto. Hay gente que opina que
pudiera haberse solucionado la efectiva incorporación de todas las
lenguas que son oficiales sencillamente dictando una norma general. Y
hay gente -y en eso estamos- que opina que era preferible proponer
periódicamente iniciativas sectoriales. Ésta que hoy, en
representación del Parlamento de Cataluña, venimos a proponerles para
su toma en consideración, está en este camino. Es una iniciativa
sectorial, como muchas otras ha habido y como muchas otras habrá.
Esta propuesta es similar a otras que se han visto en esta Cámara y
que ya se han aprobado, después del debate correspondiente, como
fueron, por ejemplo, la posibilidad de que el Boletín Oficial del
Estado fuese publicado en las lenguas que son oficiales en este
Estado. Concretamente, y por lo que hace referencia a la lengua
catalana, el Boletín Oficial del Estado
ya lleva publicados, como mínimo, desde la aprobación de esta
posibilidad efectiva, quince números. En estos números se publican
sistemáticamente las leyes que han sido aprobadas por las Cortes
Generales y otras disposiciones de rango similar. Una iniciativa
parecida, que se vio en esta Cámara, fue la que planteaba que en la
moneda única europea hubiese una presencia de todas las lenguas que
son oficiales. Como recordarán SS.SS., fue aprobada, y
previsiblemente, en los próximos meses o en los próximos años,
tendremos la presencia de todas las lenguas oficiales en la moneda
única. Otra iniciativa parecida a la que hoy les proponemos fue la
reforma del Senado de 1994, que posibilitó que en aquella Cámara del
Estado español se pudiesen utilizar todas las lenguas oficiales.
La proposición que les proponemos hoy en representación del
Parlamento de Cataluña hace referencia a que esas lenguas que son
oficiales en el Estado español, todas ellas, puedan estar presentes
en el pasaporte y en los documentos de identidad nacional. Es una
iniciativa importante, por su carácter efectivo, por su carácter
simbólico, parecida a muchas otras que se han presentado en esta
Cámara, en el Congreso de los Diputados.
Señorías, no creo que a estas alturas, 20 años después de aprobada la
Constitución, tenga necesidad de argumentar el interés que tiene el
que en el pasaporte de los ciudadanos estén presentes todas las
lenguas que son oficiales, igual que en los documentos nacionales de
identidad. La experiencia que hemos acumulado entre todos es
suficiente como para que hayamos comprobado muchas veces qué
interesante es el reconocimiento de estas lenguas y cómo, cuanto más
se produce este reconocimiento, más se vertebra, más se afianza, más
es posible la solidaridad y la colaboración.
Yo decía que en este turno parlamentario no es necesario argumentar
excesivamente, pero, como está previsto que exista este turno
parlamentario, este ceremonial de presentación ante el Congreso de
los Diputados, confiando en el camino recorrido, en la experiencia,
en la sabiduría política que entre todos hemos acumulado a lo largo
de estas décadas, espero que esta propuesta, que procede del
Parlamento de Cataluña, sea aprobada por unanimidad y continúe el
proceso de reconocimiento efectivo de todas las lenguas oficiales.
Con esta confianza, solicito el voto favorable para esta propuesta.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ferrer.
Por el Grupo Socialista del Parlamento de Cataluña, tiene la palabra
don Antonio Dalmau i Ribalta.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Dalmau i Ribalta):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, de nuevo comparecemos ante esta Cámara al objeto de
defender una proposición de ley orgánica aprobada por el Parlamento
de Cataluña relativa a cuestiones
lingüísticas. Aun siendo de contenido distinto, puede relacionarse
con la que presentamos hace un mes, destinada a la futura emisión de
monedas y billetes del euro. Asimismo, cabe ponerla en relación con
otras dos iniciativas de tipo lingüístico, también elaboradas por el
Parlamento de Cataluña, que próximamente deberán ser igualmente
defendidas en este mismo hemiciclo.
La reiteración de iniciativas de signo parecido nos ahorra repetir
los mismos argumentos sobre la necesidad y la oportunidad de que el
Estado y los organismos públicos que de él dependen vayan
reconociendo progresivamente la realidad de nuestro pluralismo
lingüístico en aspectos diversos de su organización. Asimismo,
deberíamos recordar que esta misma Cámara se ha pronunciado ya
favorablemente en ocasiones diversas sobre el reconocimiento de esta
realidad y que esta voluntad se ha ido plasmando en algunas
modificaciones legislativas y en algunas iniciativas que se hallan en
trámite.
En el caso de la proposición del día de hoy, se trata de que los
pasaportes y los documentos nacionales de identidad incorporen dicha
pluralidad lingüística. Estamos hablando, obviamente, de documentos
administrativos estrechamente vinculados a la esfera personal de los
ciudadanos españoles y a sus relaciones con la Administración. De
entre las varias opciones posibles, la proposición de ley orgánica
que hoy defendemos ha escogido la vía de que, en el caso de aquellas
comunidades autónomas que posean una lengua oficial distinta del
castellano, este reconocimiento se efectúe mediante un redactado
bilingüe. Ello significaría, lógicamente, que el impreso oficial
sería distinto entre las diversas comunidades autónomas bilingües y
entre éstas y aquellos territorios que tienen como lengua oficial
únicamente el castellano.
Me refiero a este punto porque el diputado que les habla no ignora
que esta Cámara tiene pendiente la discusión de una proposición de
ley, presentada por mis colegas del Grupo Socialista el 10 de
diciembre último, en la que, aparte de considerar en un solo bloque
todo el paquete de iniciativas relativas a la pluralidad lingüística
que aún se hallan pendientes de reconocimiento legislativo, se aboga
por un solución distinta de la que ofrece la proposición que hoy
defendemos en nombre del Parlamento de Cataluña, por el
plurilingüismo, es decir, el uso de las cuatro lenguas oficiales en
los documentos de todo el Estado.
A este efecto, creo que es importante considerar la igualdad de fondo
que ambas iniciativas comparten, aun ofreciendo soluciones distintas,
que corresponde a esta Cámara decidir cuál de las dos vías -o
cualquier otra equivalente- considera más adecuada. Prospere la que
prospere, el reconocimiento efectivo del pluralismo lingüístico del
Estado se habrá producido de forma plenamente satisfactoria. Una y
otra pretenden reconocer en el terreno administrativo una realidad
que ya nadie discute entre nosotros y que los Estados bilingües
o plurilingües de la Unión Europea han incorporado
plenamente a su realidad política y administrativa en todos los
terrenos.
En esa confianza y con el deseo de que la proposición del Parlamento
de Cataluña contribuya a alcanzar el fin expresado, defendemos la
iniciativa de hoy y esperamos que pueda ser admitida a trámite, para
que se sume a las que este Congreso de los Diputados, en una
dirección parecida, está tramitando de forma simultánea.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Dalmau.
Tiene ahora la palabra, por el Grupo de Ezquerra Republicana de
Cataluña, el diputado de aquel Parlamento, don Francesc Ferrer i
Gironès.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Gironès):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, los Estados democráticos deben su formación y su origen al
respeto de todos los derechos de los ciudadanos. En cambio, los
Estados que se han hecho y se han configurado por el camino de la
violencia son fruto normalmente del dominio de una clase social o de
un grupo hegemónico sobre los minoritarios.
En el siglo pasado, cuando se redactaron diversas constituciones del
Estado español, si alguien hubiera preguntado a un niño en la escuela
qué es la democracia, tenía que contestar que era la ley de la
mayoría. Hoy en día, un niño inteligente no contestaría eso nunca;
hoy diría que la democracia es el respeto a las minorías. Y, dentro
del respeto a las minorías, se incluye en especial el respeto a los
derechos lingüísticos. En este hemiciclo, históricamente se ha
hablado de este tema de una forma reiterada y era normal que los
diputados que fueran conservadores, o liberales, o progresistas,
estuvieran de acuerdo en el aforismo de que un Estado debe tener una
sola lengua, una sola bandera y un solo escudo. Por ello, el Estado
decimonónico, en su trayectoria, quiso encontrar su legitimidad
creando la nación y la nación estaba definida y diseñada en sus
elementos materiales y también en los simbólicos, el universo de los
cuales era la base más importante de la ideología oficial del Estado.
Nos sería imposible imaginar los esfuerzos, las energías y el trabajo
que el Estado ha invertido para crear su universo simbólico.
Por todos estos motivos hoy nos encontramos aquí, porque la raíz de
la gran tradición era querer convertir el proyecto de una nación en
una uniformidad nacional, donde todos los ciudadanos hablaran igual,
pensaran igual y tuvieran idéntico talante. Gracias a la resistencia
de los ciudadanos, aún hoy podemos levantar la cabeza para exigir
nuestra cuota de mercado y reclamar nuestra parte.
Hoy, un Estado no es democrático si no es tolerante y plural. El
Estado español fue prácticamente el primero en diseñar, impulsar y
fomentar el imaginario nacional yla memoria colectiva y ya a finales
del siglo XVIII podemos
encontrar varias muestras de ello. Pero hoy, en estos momentos que
podríamos llamar postnacionales, donde la identidad de las personas y
de los pueblos está por encima de cualquier veleidad del Estado
nación, es un momento adecuado para hacer coincidir la identidad
personal de los ciudadanos con los documentos que hacen referencia a
la misma. ¿Cómo podría hoy un ciudadano estar orgulloso de su
identidad si el Estado protector no le permitiera que coincidiera su
identidad real con la oficial? Por este motivo estamos hoy aquí para
defender una proposición de ley por la que se pretende hacer que el
pasaporte y el documento nacional de identidad sean coincidentes
entre su oficialidad y la realidad cultural de cada ciudadano.
Hemos de saber que para la imposición del castellano se promulgaron
casi 200 normas positivas y desde la Constitución del año 1978
nosotros hemos ido rectificando esta realidad, para lograr que los
ciudadanos puedan tener también las íntimas señas de identidad en su
propia lengua. No es nuevo este asunto, porque yo, siendo senador, en
el año 1983, lo solicité al presidente del Gobierno y en el Pleno del
Senado celebrado el 11 de mayo de 1988 se aprobó una moción en este
mismo sentido, una moción que fue presentada por el Grupo Socialista,
obligando a que todos los impresos del Estado en Cataluña fueran
bilingües. En función de esta moción, en enero de 1992, como senador,
volví a solicitar que el DNI fuera en catalán al ministro de la
Gobernación, que en aquel momento era el señor Corcuera.
Por tanto, señoras diputadas y señores diputados, esperamos con
ilusión que los ciudadanos de lengua catalana dejen de ser
discriminados en su identidad y en todos los documentos oficiales
puedan ostentar con normalidad la lengua propia de Cataluña.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ferrer i Gironès.
Concluida la presentación por los representantes del Parlamento de
Cataluña, ¿grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene, en primer lugar, la palabra el señor
Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, quiero anunciar, en nombre de los
diputados y diputadas de Iniciativa per Catalunya-Els Verds-Nueva
Izquierda, nuestro voto favorable a esta iniciativa del Parlamento
Catalán, como no podía ser de otra manera.
No voy a reiterar las razones, que ya se han argumentado de forma
amplia y extensa por parte de los diputados que han defendido la
propuesta del Parlamento Catalán, de la importancia, de la necesidad
de que también en el pasaporte y en el documento nacional de
identidad se incorpore, se considere el plurilingüismo del Estado
español. Simplemente haré una brevísima reflexión del modelo actual
del Estado a la luz de esta iniciativa.
Creo que hay que destacar que, en estos 20 años de recuperación de la
democracia, el Estado español ha evolucionado de forma importante de
un Estado centralista hacia un Estado de las autonomías, donde ha
habido un incremento importantísimo de la descentralización del gasto
público, donde ha existido una transferencia importante de servicios
y de competencias o donde ha habido incrementos importantísimos de
las capacidades de autogobierno de las distintas comunidades
autónomas. Por tanto, se puede hacer un balance satisfactorio del
desarrollo del Estado de las autonomías, siendo consciente de las
grandes insuficiencias o de los grandes déficit que aún hay que
superar.
A la luz de esta iniciativa, quería plantear lo que, a nuestro
entender, son los dos grandes retos o las dos grandes asignaturas
pendientes hoy del Estado español. En primer lugar, el reconocimiento
real y efectivo de que el Estado español es un Estado plurinacional y
que esto requiere una reforma urgente, a pesar de la parálisis en la
que se encuentra, del Senado. Es necesario que el Senado exprese de
forma clarísima que el Estado español es un Estado plurinacional. El
segundo gran reto es que, a pesar de que la Constitución reconoce la
riqueza y el patrimonio cultural que significa el plurilingüismo del
Estado español y a pesar de que en los últimos años ha habido avances
importantes en iniciativas parecidas a estas, hay que decir que aún,
por parte de la Administración central, no se están dando los pasos
suficientes para hacer un efectivo reconocimiento de la realidad
plurilingüe del Estado español. Se ha avanzado muy poco y
prácticamente siempre que se ha avanzado ha sido a impulso de los
parlamentos de algunas comunidades autónomas.
Por todas estas razones, creemos que esta iniciativa, más allá de lo
concreto, que es importantísimo, que en el DNI y en el pasaporte
exista también el plurilingüismo, es un paso más en superar, en
satisfacer este segundo reto del reconocimiento del Estado español
como un Estado plurinacional. Dicho de otra manera, se trata, en
definitiva, de que el hecho de que el Estado español tenga cuatro
lenguas oficiales no aparezca, como a menudo se quiere hacer
aparecer, como un problema, sino que se viva que el hecho de que el
Estado español tenga cuatro lenguas es una riqueza, es un patrimonio
de todos, que se ha de impulsar no sólo desde las comunidades
autónomas que tienen lenguas oficiales distintas al castellano;
también desde el Gobierno central, desde la Administración central y,
evidentemente, como vamos a hacer hoy, desde el Congreso de los
Diputados.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Mardones, por Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Con gran brevedad...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Mardones.
Aunque otros miembros del Grupo Mixto no pidieron su turno, lo hacen
ahora.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente, porque ya hemos reiterado en muchas
ocasiones los argumentos de una cuestión que debía estar ya muy clara
y que no debíamos tener necesidad de intervenir sobre ella. En
cualquier caso, sirvan estas palabras para decir que vamos a apoyar,
como lo hemos hecho siempre, esta iniciativa por razones diversas. En
primer lugar, porque creemos que el Parlament de Cataluña se merece
que sea aprobada; y, en segundo lugar, porque nos parece que el
contenido se ajusta total y absolutamente al espíritu de lo que
debiera ser un Estado plurinacional. Damos la bienvenida a los
representantes del Parlament de Cataluña y creemos que con esta
iniciativa, una vez más, nos proponen una cuestión que, desde nuestro
punto de vista, tenía que haber estado ya resuelta desde hace
muchísimos años. El Estado en el que estamos es un Estado
plurinacional, un Estado en el que hay diversas lenguas oficiales y
en el que, por tanto, todos los ciudadanos tienen el derecho y el
deber de tener toda su documentación y poder interrelacionarse en las
distintas lenguas oficiales en los territorios en que existen estas
lenguas.
Por ello, como en otras iniciativas, vamos a votar favorablemente,
esperando que no tengan que ser los parlamentos de comunidades
autónomas, sino que de oficio la propia Administración central tome
esta serie de iniciativas y adecue la realidad del ordenamiento
jurídico a lo que tiene que ser el espíritu de lo que se pactó que
fuera este Estado plurinacional y plurilingüístico.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Efectivamente es sintomático que tengan que ser los parlamentos de
las comunidades autónomas con lengua propia los que se preocupen del
desarrollo de la política constitucional que, en este terreno, debía
corresponder en gran parte al propio Gobierno del Estado. Esto es así
porque es fundamental asumir la realidad plurilingüe del Estado
español como una realidad que debe sustentarse en la legalidad
estatal. Sin ir más lejos, hay competencias del Estado que se ejercen
en las comunidades autónomas con lenguas propias y, por tanto, para
que la oficialidad sea plena en estos territorios se necesita esta
cobertura.
Además, nos felicitamos de que la iniciativa del Parlamento de
Cataluña sitúe en un plano de igualdad, pero con una preferencia de
carácter simbólico por la
lengua propia, originaria de cada uno de los países, y la coloque en
el carné de identidad y en el documento del pasaporte. Estas
iniciativas son fundamentales para la normalización plena de los usos
de nuestras lenguas, porque si no seguirán siendo fragmentarias,
segmentadas, discrecionales, tendenciales, cuando deben ser lenguas
cuyos derechos individuales estén arropados por los deberes de todas
las administraciones públicas sin excepción.
Nada más, señor presidente, solamente quiero indicarle, con todos los
respetos, que sí levantamos la mano a nuestro debido tiempo, pues no
íbamos a estar callados en un tema de tanta importancia. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, desde mi grupo, Coalición Canaria, quiero dirigir un
saludo cordial de bienvenida a los tres representantes del Parlamento
catalán que nos han traído aquí esta proposición de ley.
En segundo lugar, mi grupo va a dar su voto favorable a su toma en
consideración por hacer normal y natural lo que es normal y natural a
nivel del ciudadano de una comunidad autónoma con dos lenguas, aparte
de la del Estado la propia materna de la comunidad autónoma, que
consagra nuestra Constitución española. Pero también hay otras
razones. Habitualmente, en el campo de los pasaportes sabemos todos
que España, desde hace muchos años, cumpliendo acuerdos
internacionales, tenía que poner la identificación de la casuística
del pasaporte en la lengua del Estado y en lengua francesa como
lengua diplomática de uso internacional común. Si esto se aceptaba
-aunque parece ser que hoy en día tiene más difusión el inglés que el
francés- y se sigue respetando esta costumbre, si se expenden los
pasaportes en castellano y en francés, póngase también en la lengua
de la comunidad autónoma. Pero hay otra razón más: las leyes civiles,
el Registro Civil de nuestro Estado ha dado plena validez a la
expresión de los nombres de pila de los ciudadanos que piden un
pasaporte y se expende el documento con el nombre de pila en la
lengua vernácula de la comunidad autónoma de ese ciudadano.
Si en un pasaporte o un documento de identidad que se tenga que
expedir en una comunidad autónoma española, en este caso la catalana
que es la que toma la iniciativa, los nombres del beneficiario del
documento vienen expresados en la terminología, en la propia
toponimia de la ciudad de nacimiento del ciudadano, expresada en los
términos que se utilizan en la lengua catalana, que el nombre de pila
del solicitante viene también en su lengua, que la conjunción
copulativa entre ambos apellidos se hace también con el grafismo
propio de la lengua de la comunidad autónoma, hágase también normal
la expedición del documento, sin buscar más cuestiones que el
reconocimiento de un derecho
constitucional y hacerlo con naturalidad, con normalidad, con sentido
común y con respeto al texto constitucional.
Por esta razón, señor presidente, mi grupo va a votar favorablemente
la toma en consideración de esta proposición de ley del Parlamento de
Cataluña para la expedición de los documentos de identidad y del
pasaporte en ambas lenguas, la castellana y la catalana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
La señora Uría, por el Grupo Nacionalista Vasco.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde el Grupo Vasco vemos con extraordinaria simpatía la
iniciativa que nos trae el Parlament de Cataluña, que tiene perfecto
encaje constitucional en la adición del artículo 3 de la Constitución
y a la que le falta en este momento cobertura legal, pero para eso
están las Cortes Generales, precisamente por eso nos traen ustedes la
iniciativa legislativa a esta Cámara. La vemos con simpatía pero
también con un tremendo escepticismo. Todas SS.SS. han aludido a
iniciativas de parecido contenido que han sido traídas a esta Cámara
y sólo muy excepcionalmente se han puesto en práctica. Son muchas las
que se han tomado en consideración y respecto de las cuales ni
siquiera se ha constituido luego la ponencia.
Hay otro segundo elemento para el escepticismo, y es que ahora sí es
exigible legalmente que los documentos preparatorios en los que se
solicita la expedición del DNI o del pasaporte, ya es exigible,
repito, legalmente, que consten en la lengua bilingüe, en las dos
lenguas oficiales propias de cada una de las comunidades, y al menos
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco tales documentos
se expiden y se facilitan sólo y exclusivamente en castellano.
Hay un tercer elemento más que interesará especialmente a las señoras
diputadas presentes en la Cámara. Hace ya más de un año solicité del
Ministerio de Interior la modificación del impreso normalizado sobre
el que se efectúa el documento nacional de identidad, ya que a pesar
de tener una existencia tan reciente como 1990 sólo figura la mención
de hijo de. Todas ustedes, señoras diputas, son hijos de. No es
posible, a pesar de ser un documento personalizado por excelencia,
que conste la mención de hija de. Por el Ministerio se me contestó
que este es un procedimiento de gran complejidad, en el que se han
introducido importantes modificaciones derivadas principalmente de la
informatización de todo el proceso y de la participación de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que encarece extraordinariamente
el proceso de cara a su fiabilidad; que, por todo lo expuesto, se
consideraba que la modificación que yo pretendía de constar como
hijas de en un documento, repito, que acredita la identidad
individual de las personas, sólo podría introducirse una vez
se acabasen los stock de los documentos existentes. Si eso ocurría
para acabar con la mención de hijo de a hija de, ya me dirán ustedes
lo que puede ocurrir con la mención del plurilingüísmo que con esta
iniciativa se solicita.
Señorías, yo también quiero figurar en mi DNI como alaba, no ya como
hija, y de mi ama y de mi aita, a poder ser, y votaremos, por tanto,
a favor para que esto pueda ser así, pero aliento poquísimas
esperanzas de que esto vayamos a poder verlo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
La señora Gil i Miró, por el Grupo de Convergència i Unió.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Benvinguts estimats representants del Parlament del nostre país,
Catalunya. Sigueu, de tot cor, benvinguts.
Señoras diputadas, señores diputados, de manera recurrente y con
progresiva insistencia se proponen a esta Cámara iniciativas
legislativas que inciden en la necesidad de hacer evidente la
realidad plurilingüe del Estado español. Los diputados de mi
Parlamento no han hecho aquí un ejercicio retórico ni un discurso
coyuntural, han hecho el anuncio político pedagógico de un cambio
inevitable en la cultura política del Estado, el de la presencia
cotidiana en su actividad de las lenguas y culturas de las naciones
que conviven en el Estado, cambio avalado, una vez más, por la
voluntad de mi nación, Cataluña, a través de su Parlamento.
Transcurridos 20 años desde la promulgación de la Constitución, el
Gobierno del Estado en sus actividades y manifestaciones
institucionales en el ámbito lingüístico apenas han evolucionado del
ayer. La expresión del Estado sigue siendo monolingüe castellana y
convirtiendo en invisibles las lenguas catalana, gallega y vasca, de
tal manera que seguimos sin saber si son consideradas lenguas
oficiales del Estado, si están en el Estado o si son del Estado.
Quizá debemos ya superar la antinomia del Título VIII de la
Constitución española, antinomia permanente entre los conceptos
Estado y comunidades autónomas, que refleja sin duda temores e
incrédula desconfianza propia de los últimos años 70. La realidad de
hoy exige confianza y cambio. Por ello el corazón nuclear de la
proposición de ley del Parlamento de Cataluña fija el futuro del
Estado y su modernidad. Exige un nuevo equilibrio que rompa la
descompensación de hoy y exige el reconocimiento simbólico
institucional de nuestra identidad catalana en aquellos documentos
cuya función es precisamente la de la identificación. Porque hoy el
documento nacional de identidad y el pasaporte, como ayer, convierten
a Cataluña en una nación invisible y a los catalanes y catalanas en
personas despojadas de su propia identidad.
No usa mi Parlamento la desmesura, señoras y señores diputados, sino
la razón para exigir el respeto y el reconocimiento de nuestra
lengua, que es signo de la
identidad profunda colectiva y de la imagen de pertenencia a un
pueblo, y ella debe encontrarse en los documentos institucionales que
nos identifican ante otros.
No sientan, señoras y señores diputados, resquemor alguno por la
palabra identidad, porque la identidad emerge de una experiencia
natural y porque es un concepto positivo respetable e irrenunciable.
Los nuevos documentos serán un símbolo, es decir, en su sentido
etimológico, una unión, un medio para la coincidencia, para unir
singulares en un plural. El documento nacional de identidad y el
pasaporte son hoy símbolos de un singular excluyente y, ya que los
símbolos permiten no sólo representar una realidad, sino también
organizarla y comunicarla, puede ser que a partir de ahora puedan ser
también la representación de una nueva reciprocidad entre el Estado y
Cataluña y la difusión por doquier de un nuevo Estado español
moderno. Por ello, en nombre de mi grupo pido a todas y a todos
ustedes que tomen en consideración y respeten la voluntad de mi
Parlamento, que es la representación democrática de la voluntad de la
nación catalana.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gil i Miró.
Tiene ahora la palabra el señor Frutos, por Izquierda Unida.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo votará afirmativamente la proposición de ley porque es
razonable y, por tanto, lo va a hacer con naturalidad y con poca
retórica.
Y no digo más hoy porque no quiero utilizar en exceso la tribuna de
un Parlamento que está en guerra sin declararla.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Señor Solé Tura, por el Grupo Socialista, si le deja el señor
Belloch. (Risas.) Adelante, señor Solé Tura.
El señor SOLÉ TURA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en primer lugar pido excusas por mi
breve retraso, y quiero empezar mi intervención saludando a mis
compañeros y amigos del Parlament de Cataluña, que, una vez más, y
espero que no sea la última, nos visitan para proponernos una
interesante cuestión.
Efectivamente, señorías, estamos discutiendo sobre el uso de nuestras
lenguas y yo tengo la impresión de que en el fondo de nuestro debate
hay un tema que no acaba de aparecer, y es cuál es el estatuto real
de la lengua principal, de la lengua que la Constitución denomina el
castellano, y las demás. Yo quisiera empezar con una reflexión sobre
este punto.
Como recordarán, el artículo 3 de nuestra Constitución dice: «El
castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.» El
apartado 2 dice:
«Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos». ¿Por
qué el artículo 3 dice que el castellano es la lengua oficial
española y no dice que el español es la lengua oficial? Porque lo que
pretende el artículo 3 es que todas las lenguas son españolas en
cuanto a su contenido, en cuanto a su concepción y en cuanto a su
papel. Por consiguiente, el artículo 3 despeja claramente la
situación y yo no entiendo que se nos pueda decir a veces que una
lengua es la lengua del Estado. Porque esto también nos lleva a ver
qué es exactamente el Estado. Cuando el artículo 3 dice que el
castellano es la lengua oficial del Estado, se refiere a una
estructura determinada, pero en el conjunto de la Constitución el
Estado es mucho más que eso; en el desarrollo de la Constitución el
Estado es la estructura administrativa central, son las comunidades
autónomas y son las ciudades. Eso es el Estado.
Por consiguiente, creo que aquí tenemos una distribución clara de
niveles que a veces nos empeñamos en ignorar, como si fuesen dos
niveles totalmente distintos y como si el espacio de uno fuese tan
exclusivo que no hubiese espacio para los demás. Por tanto, creo que
tenemos que avanzar en el camino que nos señala esta proposición de
ley del Parlament de Cataluña, porque lo que nos está diciendo en
realidad es simplemente que apliquemos lo que dice el artículo 3 de
la Constitución, y no sólo en este terreno. Yo estoy convencido,
señorías, de que tendremos que ir a otros terrenos y que pasará
exactamente lo mismo, y tenemos que tener claro que este es el camino
que vamos a seguir en el futuro.
Se ha mencionado antes aquí el papel del Senado. El Partido
Socialista, y por consiguiente el Grupo Socialista, es absolutamente
partidario de una reforma del Senado que le lleve a convertirse en la
Cámara que represente esa diversidad y que forzosamente tendrá que
tener también una diversidad lingüística, sin ninguna clase de dudas.
Esta es la línea que vamos a seguir y que nos llevará, naturalmente,
a votar a favor de la proposición de ley del Parlament de Cataluña, y
no solamente a votarla a favor sino, creo yo, a impulsar este camino,
porque tendremos que seguir otros caminos.
El Partido Socialista ha proclamado en sus programas, sobre todo en
sus programas últimos, su vocación de desarrollar el Estado español
como un Estado federal. Pues un Estado federal tiene que tener sus
instituciones propias, específicas, que recojan sus diversos niveles.
Eso, por coherencia con lo que estamos diciendo en el programa, por
coherencia con lo que estamos haciendo, por coherencia incluso con
nuestro propio pasado, cuando fuimos todos redactores de la
Constitución, nos lleva forzosamente a seguir el camino que hoy
estamos discutiendo.
Por otro lado, esta es la solución que otros países, de la Unión
Europea o no, están aplicando cuando se trata de Estados que tienen
diversidades lingüísticas. Ustedes lo conocen, pero seguramente vale
la pena
referirse un poco a ellos. Naturalmente nuestro sistema no es el de
Bélgica, afortunadamente; nosotros no estamos aquí en tres
comunidades que se excluyen las unas a las otras y que tienen lenguas
distintas que, además, son armas de guerra entre unas y otras. No es
este el caso de nuestro país. Tampoco es el caso de Suiza, que no es
miembro de la Unión Europea, pero que es una confederación muy
compleja, que tiene una situación distinta, claro está. En cambio,
nos parecemos algo más a Finlandia y algo a Canadá, que tampoco es
miembro de la Unión Europea, naturalmente. En el caso de Finlandia,
como saben, la lengua principal es el finés, hay una minoría sueca
importante, hay una minoría alemana e incluyen en sus documentos no
sólo el finés, el sueco, el alemán, sino además el inglés como una
especie de lengua franca.
Pero en el caso de Canadá (que ustedes saben que tiene una estructura
federal muy clara), todos los documentos oficiales -los pasaportes,
por ejemplo, pero no sólo los pasaportes- se utilizan en inglés y en
francés, y en zonas donde el francés no se habla hay televisiones
públicas en francés. Por consiguiente, aplican hasta el fondo la
diversidad lingüística en todo el espacio y no sólo en un espacio
concreto y determinado.
Partiendo de estas reflexiones, evidentemente, estamos a favor de
esta proposición de ley, pero al mismo tiempo creo que su desarrollo
tendrá que hacerse también en función de otras coordenadas que hoy no
dominamos. Por ejemplo, cómo será el desarrollo de la legislación
comunitaria sobre este tema, especialmente lo que se refiere al
pasaporte comunitario común o cuando se avance hacia la ciudadanía
única. Pero lo que no tendría sentido es que, a la espera de lo que
ocurra, hoy nos encerremos en la inmovilidad; no tendría ningún
sentido. Por consiguiente, nosotros tenemos que trabajar en este
camino, sabiendo que luego seguramente tendremos que afrontar otras
perspectivas, pero habiendo resuelto ésta. También es cierto que
seguramente habrá que dejar un margen amplio de libertad a los
ciudadanos y a las ciudadanas a la hora de escoger el orden de las
lenguas en cada territorio y en cada situación, pero eso está por
ver; ya veremos cómo funcionará. En todo caso, lo importante hoy es
que aceptemos el principio básico, fundamental, de la pluralidad
lingüística que se complementa.
Por consiguiente, insisto, esta proposición de ley abre un camino
sugerente. El Grupo Socialista ya presentó, el 10 de diciembre del
año pasado -antes se ha mencionado-, una amplia proposición en la que
se introducen estos elementos y otros que van en la misma dirección
pero, desde luego, en este debate de hoy el Grupo Parlamentario
Socialista votará a favor de la proposición del Parlament de
Catalunya y se sentirá muy orgulloso de hacerlo.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Solé Tura.
Finalmente, tiene la palabra el señor Trías Sagnier, por el Grupo
Parlamentario Popular.
El señor TRÍAS SAGNIER: Señor presidente, señorías, sean también mis
primeras palabras de bienvenida a los muy honorables miembros del
Parlament de Cataluña que han presentado y defendido ante esta Cámara
esta proposición de ley.
En la última ocasión en que intervine en este Congreso, hace pocas
semanas, por una cuestión muy similar a la que hoy debatimos, dije
que el tema lingüístico debe desdramatizarse y que, entre todos,
deberíamos procurar que las lenguas que con tanta normalidad se
hablan en todos los territorios españoles tengan su correspondiente
reflejo en la legalidad. Quiero citar aquí a un referente moral y
político de mi partido, al senador señor Vidal Quadras, y quiero
citar precisamente un polémico, interesante y valiente artículo que
publicó en el diario El País el 16 de febrero de 1998, llamado El
conjuro del exorcista, en el que mantenía la acertada tesis de que
era impropio -y comienzo la cita- establecer una analogía
sociolingüística aplicable, como hacen algunos, entre Cataluña y
Flandes, que son ejemplos de situaciones absolutamente distintas. En
Cataluña, las dos lenguas no están separadas por una frontera
divisoria, sino que están presentes en cada provincia, en cada
comarca, en cada ciudad, en cada barrio, en cada inmueble y en cada
rellano. Fin de la cita. Pues bien; es esa normalidad, esa
naturalidad con la que se cambia de una lengua a otra, la que debe
reclamarse no sólo en los documentos del Estado central, como hoy
hacemos en esta Cámara, sino también en los documentos que salgan de
las distintas administraciones autonómicas.
Para llegar a esa normalización, quiero dar un paso al frente y
afirmar que sería conveniente que todos los grupos políticos que
estamos representados en esta Cámara fuésemos capaces de ofrecer una
solución definitiva a estas cuestiones, y yo soy de los que creen que
el camino más simple es, como siempre, el más lógico, y el camino más
lógico en la cuestión lingüística sería el desarrollo del artículo 3
de la Constitución española por medio de una ley orgánica; es decir,
una ley de normalización lingüística de todas las lenguas que se
hablan en España y que fuese aplicable en todo el territorio del
Estado.
Que España es una realidad pluricultural y plurilingüística hoy nadie
lo discute. En cualquier caso, la postración a que había llegado la
lengua catalana no puede atribuirse solamente a la represión
franquista, represión que constituye un verdadero cajón de sastre en
el que metemos todo lo que no queremos analizar, sino a nuestra
propia historia, a nuestra particular historia catalana. Por ejemplo,
no puede negarse que en el siglo XVIII, y concretamente desde el
reinado de Carlos III, Cataluña se encontraba muy a gusto dentro de
España, probablemente por los pingües beneficios que comenzaban
a obtenerse del comercio con las Américas y, posteriormente, debido al
proteccionismo. Durante esa
época, las más destacadas figuras de la intelectualidad catalana,
Dou, que fue primer presidente de este Congreso, Finestres, Capmany,
dedicaron encendidos elogios, todos ellos en castellano, a la
dinastía borbónica, incluido el tan denostado Felipe V (por cierto:
Felipe IV en Cataluña), autor del decreto de nueva planta. Capmany,
en sus Memorias Históricas sobre la Marina, Comercio y Arte de la
antigua ciudad de Barcelona, llegó a afirmar que, «hasta que llegaron
los borbones, España era un cuerpo cadavérico, sin espíritu ni fuerza
para sentir su misma debilidad».
También es cierto que, entonces, Cataluña estaba en amoroso idilio
con Castilla. Por ejemplo, Cadalso, en sus Cartas Marruecas, calificó
al catalán como el pueblo más industrial de España, afirmando que
algunos les llaman los holandeses de España. Y todo ello no porque
nuestros antepasados, esos catalanes del Siglo de las Luces, hubiesen
traicionado nuestra lengua, sus orígenes o la tierra que los vio
nacer, sino sencillamente porque entonces había un gran proyecto
económico y político que se ofrecía desde la corte española, es
decir, desde el Estado de entonces; un proyecto similar, aunque
algunos cegatos no lo quieren ver, al que hoy existe.
El nacionalismo catalán fue un factor de modernización de España a
finales del siglo pasado y a principios de éste; un factor de
modernización que pretendía marcar una diferencia para excitar al
resto de España a engancharse al carro del progreso y de la
modernidad, y éste ha sido -el enganche de España al carro del
progreso y de la modernidad- el gran logro de la democracia a la que
contribuyó de forma tan decisiva el primer nacionalismo catalán, que
tan dignamente representaron en esta Cámara los señores Pujol y Trías
Fargas. Pero, una vez conseguido esto, una buena parte del
nacionalismo catalán, y también del vasco, parecen preferir la
estrategia del escorpión, lanzándose hacia un nacionalismo separador
y sectario de incalculables y nefastas consecuencias.
En resumen, señorías, pluralidad lingüística sí, división
y sectarismo, no: hoy tenemos un reto mucho más trascendente que
intentar dividir España y es el reto del nuevo milenio, que pasa por
la construcción de una Europa unida, de una Europa que se remonta
mucho más allá del nacimiento de nuestros antiguos y pequeños reinos.
No lo olvidemos, todo lo que se separa acaba desmoronándose y sólo la
unidad y los proyectos con común ilusión llevan a los pueblos hacia
metas elevadas; lo otro, y lo estamos viendo diariamente en Los
Balcanes, sólo puede producir desunión, lágrimas y, en el peor de los
casos, sangre.
Nuestro grupo va a votar a favor de esta proposición porque estamos
decididos, señorías, a hacer realidad esa frase del admirado
presidente Suárez, que hizo historia: hacer normal lo que en la calle
es normal. No pretendamos, como algunas veces se intenta, hacer pasar
por normal lo que no es más que un puro invento histórico.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trías Sagnier.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del
Parlamento de Cataluña, de incorporación a los pasaportes y
documentos nacionales de identidad de las lenguas oficiales en el
Estado español.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 287; en contra, uno; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley referida.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ALMEIDA Y SEÑOR SAURA), DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE
PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN RELACIÓN CON LA TENENCIA DE
DROGAS PARA EL CONSUMO PROPIO (Número de expediente 122/000239).
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, debates sobre la
toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto y
dentro de él, del señor Saura y de la señora Almeida, de modificación
de la Ley Orgánica de 21 de febrero de 1992, sobre protección de la
seguridad ciudadana en relación con la tenencia de drogas para el
consumo propio.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor
Saura. (Rumores.)
Señorías, les ruego que si han de abandonar el hemiciclo, lo hagan
con presteza y en silencio para que pueda continuar el desarrollo del
orden del día. (Rumores.)
Silencio, señorías. Señora Pérez Vega, señor Caneda. (Pausa.)
Adelante, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
En nombre de los diputados y diputadas de Nueva Izquierda-Iniciativa
per Catalunya-Els Verds, paso a defender la propuesta de modificación
de la Ley orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana
en relación con la tenencia de drogas para el consumo propio.
El objeto de esta propuesta de modificación no es otro que hacer que
no sea sancionable la tenencia de drogas para el autoconsumo en el
ámbito privado. El artículo 25 de la Ley orgánica 1/1992, de
seguridad ciudadana, ley conocida popularmente como Ley Corcuera,
determina, castiga administrativamente con sanciones
desde 50.000 a 50 millones de pesetas el consumo de drogas en
establecimientos públicos. En cambio, no castiga el consumo en el
ámbito privado, mientras que la tenencia de drogas para tráfico tiene
su ubicación en el Código Penal.
Hace pocos meses, en concreto en septiembre de 1998, una sentencia de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo sancionó la tenencia ilícita de
una pequeña cantidad de hachís para el autoconsumo. Esa sentencia fue
rápidamente objeto de gran preocupación no sólo en el ámbito de los
juristas, sino también y especialmente en el ámbito de los
profesionales que luchan contra la droga. Además, esa sentencia del
Tribunal Supremo ha supuesto un vuelco doctrinal, dado que se dictó
en el ámbito de un recurso interpuesto por el abogado de Estado en
interés de ley y, por tanto, ha fijado jurisprudencia. En tal
sentido, esa interpretación regresiva y contradictoria que da esa
sentencia sólo es posible superarla, sólo es posible cambiarla a
través de una modificación de la Ley de seguridad ciudadana que
reduzca o limite la inconcreción o el vacío legal de esta ley.
Señoras y señores diputados, Iniciativa per CataluñaEls Verds y Nueva
Izquierda estuvo en contra de la Ley Corcuera en su totalidad,
defendimos una enmienda a la totalidad y también en aquel momento
presentamos enmiendas de supresión del artículo 25, que es el
artículo que regula el tipo de sanción de consumo público o privado
de las drogas. Por tanto, la propuesta que hacemos no es una
modificación profunda de la Ley Corcuera. Si ustedes me lo permiten,
diré que estamos manteniendo el espíritu de la Ley Corcuera, una ley
en la que el paso del tiempo ha demostrado que no ha hecho ninguna
aportación positiva a la lucha contra la droga y una ley que, como
SS.SS. saben perfectamente, fue también objeto de una sentencia del
Tribunal Constitucional que invalidó alguno de sus preceptos.
La propuesta de modificación que hoy presentamos a su consideración
es mantener el espíritu de la ley, es decir, que el consumo público
siga sancionándose, a pesar -insisto- de nuestra disconformidad,
cuestión que pensamos que no debía ser objeto de debate hoy, pero que
el consumo privado siga sin sancionarse y en consecuencia no se pueda
sancionar la tenencia para el consumo privado. Es inexplicable, hoy
nadie puede explicar el porqué consumir en casa no es sancionable,
pero tener pequeñas cantidades de droga para consumir en casa sí que
es sancionable, y de lo que se trata es de eliminar esta
contradicción.
En concreto, el problema al que hoy intentamos hacer frente con
nuestra iniciativa, que en el caso de votarse favorablemente
superaríamos, es el redactado del artículo 25 de la Ley de seguridad
ciudadana, un artículo que, además de sancionar el consumo en
establecimientos públicos, sanciona -entre comillas- la tenencia
ilícita cuando no está destinada al tráfico, sin definir qué se
entiende por tenencia ilícita ni tampoco definirlo en contraste por
lo que se entiende por tenencia lícita. Por lo tanto, el texto que
proponemos del
artículo 25 es el actual con la supresión de una frase que eliminaría
la inconcreción y que eliminaría la posibilidad de interpretaciones
que fueran contra el espíritu del legislador.
Espero que esta iniciativa parlamentaria pueda ser aprobada por
unanimidad, fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, por
coherencia con las posiciones de los grupos parlamentarios en el
debate de la Ley de Seguridad Ciudadana: del Partido Socialista
Obrero Español, porque, con nuestra modificación, lo que intentamos
es que se cumpla el espíritu de aquella Ley; del Partido Popular,
porque éste presentó una enmienda en contra de la Ley de seguridad
ciudadana, presentó en aquel momento una enmienda de supresión del
artículo 25, el artículo que intentamos modificar, y el propio
ponente del Partido Popular en aquella Ley, señor Trillo, hizo una
excelente disertación sobre la inutilidad y la ineficacia de las
sanciones en el tema de las drogas. Por lo tanto, creo que tanto el
Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular, por
coherencia con lo que dijeron, tienen que apoyar, y estoy seguro que
desde otros sectores de la Cámara, como en el Grupo de Izquierda
Unida, las posiciones fueron y van, como la nuestra, mucho más allá
de esta ligera pero importante modificación, en el sentido de que en
estos momentos esta sentencia ha sentado jurisprudencia.
El segundo motivo por el que espero la unanimidad es por lo que han
sido las opiniones, las declaraciones de los juristas y especialmente
de los profesionales que trabajan en el tema de la droga, es decir,
todo el mundo ha venido a decir que es una verdadera barbaridad que
en el Estado español se sancione la tenencia o el consumo de pequeñas
cantidades en ámbitos privados, y que esto es retroceder mucho más
allá de una ley, la Ley Corcuera, que -insisto- no ha aportado ningún
aspecto positivo a la lucha contra la droga.
El tercer elemento es porque estoy absolutamente convencido de que al
problema de la droga no se le puede hacer frente ni desde la
penalización ni desde la sanción. Hoy hay multitud de jóvenes, y no
tan jóvenes, que inician una experiencia de drogas -no sólo del
hachís, sino del alcohol o de otro tipo de drogas- y lo peor que se
puede hacer con ellos es penalizarlos y tratarlos prácticamente como
delincuentes.
Hacer frente al problema de la droga no es una cuestión de sanciones,
es un motivo de prevención, de que las personas sean responsables de
los límites de determinadas sustancias, que pueden utilizar en unos
determinados momentos y en otros no y en qué determinadas cantidades.
Por tanto, tirar hacia atrás lo que ya es una ley ineficaz, a nuestro
entender, como la Ley Corcuera, significa no solucionar problemas
sino aumentarlos. En el caso de que hoy no se aprobara esta
iniciativa, sean ustedes conscientes de que además de todos los
problemas que teníamos en la lucha contra la droga hasta hoy, vamos a
tener uno más que va a gravitar sobre personas que van a poder ser
sancionadas por todo esto.
Por tanto, por estas tres razones, por la coherencia con las
posiciones que mantuvieron los grupos parlamentarios en el pasado,
por lo que han sido las numerosas opiniones de los profesionales y
precisamente para luchar con mayor eficacia contra la droga, espero
y deseo que hoy pueda salir adelante esta iniciativa de modificación de
la Ley Corcuera para no sancionar la tenencia de drogas destinada al
autoconsumo en el ámbito privado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura, de manera
particular por las citas que ha hecho de alguna intervención anterior
del presidente. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se
perciben.)
Sí, señoría. Tiene S.S. toda la razón, del señor Trillo cuando no era
presidente. ¿Grupos que desean consumir un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Canario, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente. Con
brevedad.
La proposición de ley que hoy nos trae aquí el Grupo Mixto y que ha
defendido el señor Saura Laporta tiene para nosotros el componente
del sentido común para armonizar lo que el espíritu del legislador
quiso hacer, lo que fue el debate en esta Cámara cuando debatimos la
Ley orgánica 1 de 1992 para la protección de la seguridad ciudadana y
entramos en el tema de la droga. Aquí hay una contradicción bien
evidente y se denuncia en la propia justificación de la iniciativa
que ha defendido el señor Saura: un consumo privado que no se
penaliza y una tenencia ilícita para ese consumo privado que pueda
tener una persona determinada. Esta es una contradicción que ya sale
dentro de la letra de la propia ley cuando el Tribunal Supremo,
además, la interprete.
Sin embargo, quiero destacar aquí, señor presidente, que la Sala
Tercera del Tribunal Supremo interpreta esta sentencia por una
demanda del abogado del Estado. El abogado del Estado justifica el
recurso correspondiente, que interpone por interés de ley; pero si la
ley tiene esa ambigüedad que genera una contradicción, el interés de
ley queda muy tocado a juicio de este diputado. Sería mucho mas
normal recuperar el espíritu con que en el debate de la Ley de 1992,
de protección de la seguridad ciudadana, reconocimos un derecho a la
intimidad del ciudadano, a este consumo, y sería un imposible
metafísico, aparte de físico, que, reconociéndole el derecho a
consumirlo, no tuviera el producto correspondiente para consumir. Es
entrar en un terreno donde tiene que prevalecer una lógica de
armonización legal. Nosotros entendemos que la iniciativa que hoy se
trae viene a corregir y a intentar tipificar algo a base de suprimir
lo que era indeterminación. Si la Ley de 1992 entendía que no era
consumo ilícito,
pero tampoco defendía lo que era consumo lícito porque ello parecía
derivarse de que, si se autoriza el consumo privado, tiene que haber
una tenencia lícita, y esa tenencia lícita no aparece por ningún
lado. Por tanto, una de dos, o errar o quitar el banco, o se hace
ilegal todo el proceso, se va a la ley y se suprime la autorización
o la no penalización del consumo privado, o se va por el otro lado y se
legaliza la tenencia -en este caso ya- de esa droga para el consumo
privado. Es necesario que nuestras leyes, sin entrar en una
valoración ética pero sí estética de las leyes, reflejen una armonía
en cuanto al consumo, en este caso de la droga, de acuerdo al
espíritu que ya estaba reconocido como valor individual de decisión
de la persona. Allá ella, pero la ley debe guardar un equilibrio
entre los aspectos que contempla.
Por esas razones, y por las mismas que ha dicho el señor Saura, y que
en gran parte comparto: por coherencia con lo que dijimos en aquel
debate, aparte de esta armonización que yo trato de hacer entre la
licitud del consumo con la licitud de la tenencia, equilibrando así
los dos platillos de la balanza, y por las opiniones de determinados
expertos, juristas, etcétera, incluso en el área policial, sobre el
alcance de estas sanciones que los tribunales están aplicando con
desmesura y con penas desmedidas para quien porta unas ínfimas
cantidades, y tengo aquí casos documentados que verdaderamente
consiguen no el interés de ley sino el esperpento de la ley. La ley
no puede ser nunca ridícula en su observación y apreciación por los
ciudadanos en un sistema de libertades públicas como consagra nuestra
Constitución. La lucha contra el narcotráfico tiene que ir en otros
renglones, más duros si se quiere, y no en esa tenencia minúscula
para un consumo privado lícito.
Por esa coincidencia con los expertos, juristas, técnicos, policías,
personas con sentido común en la ordenación de este tema, vamos
nosotros también a dar nuestro voto favorable a la toma en
consideración de esta proposición de ley, recuperando el espíritu con
que entramos en el debate de la Ley de seguridad ciudadana en 1992.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Señora Uría, por el Grupo Nacionalista Vasco.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Desde el punto de vista del Grupo Vasco es correcta la modificación
legislativa que se propone y nos satisface también su motivación,
pero puede hacerse alguna reflexión.
Cuando el artículo 25.1 de la Ley de seguridad ciudadana tipifica el
consumo en lugares públicos, significa que queda impune el consumo en
lugares privados. De ahí se deriva necesariamente que la única
tenencia para el consumo que se podía considerar ilícita será la
tenencia para el consumo en lugares públicos, puesto que resulta
absurdo sancionar un acto preparatorio o
instrumental -la tenencia-, de una conducta que sería impune -el
consumo en lugares privados-.
La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 1998, al
considerar ilícita la tenencia para el consumo en general, excede del
significado posible del texto legal, lo cual, según la doctrina
unánime del Tribunal Constitucional, constituye una interpretación
analógica extensiva, contraria al principio constitucional de
legalidad sancionadora en su doble faceta de garantía formal y
garantía material.
Debe también tenerse en cuenta que, aunque posible atendiendo al
texto del artículo 25.1, analizando la inclusión en el ámbito de la
infracción de la tenenciapara el consumo en lugares públicos, resulta
radicalmente rechazable en razón de la evidente falta de lesividad de
tal tenencia respecto del bien jurídico protegido, ya sea éste la
seguridad ciudadana, ya sea éste la seguridad pública. El consumo en
lugares públicos puede afectar a estos bienes en grado suficiente
como para acudir al instrumento punitivo, pero no es así la simple
tenencia. Ésta en sí misma no incide directamente en dichos bienes, y
para considerar punitivamente su incidencia directa, bien como acto
preparatorio, bien como elemento inicial del proceso de ejecución de
un acto ilícito, debe estar relacionada con una actividad
especialmente grave desde la perspectiva de los bienes jurídicos a
proteger, carácter que reúne el tráfico pero que no lo tiene en sí
mismo el consumo en lugares públicos. La antijuridicidad de esta
conducta se agota en sí misma, no teniendo relevancia suficiente en
el sentido de incidencia negativa, en los bienes jurídicos que se
están protegiendo.
En consecuencia, puede afirmarse que la sanción de la tenencia para
el consumo, sea cual sea el lugar donde éste se pretende, carece de
justificación objetiva y razonable, lo que la convierte en arbitraria
y, por ende, desde nuestro criterio, prohibida por el artículo 9.1 de
la Constitución, tanto si procede de la interpretación judicial, como
si procede de obra del propio legislador.
Para evitar que la doctrina de la sentencia pueda consolidarse, es
oportuna la modificación legal que se nos propone. Tal modificación
legal podría consistir también, no lo negamos, en una definición del
concepto de tenencia ilícita, que podría quizá vincularse a criterios
distintos o a ámbitos materiales distintos, como podría ser la
tenencia en la sanidad, el comercio, la investigación científica o la
docencia, pero creemos que estos ámbitos exceden de lo que es el
objetivo a que se refiere la Ley de seguridad ciudadana.
Concluyendo por donde comencé, señor presidente, señorías, creemos
que la modificación que se nos plantea está justificada y nos gustan
las razones por las que se nos propone. El Grupo Vasco, por tanto,
votará a favor de la iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Castellano Cardalliaguet.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Tal como ha hecho el proponente, es necesario recordar hoy aquí lo
que fue el debate sobre la Ley de seguridad ciudadana, ya que una de
las contradicciones de aquella ley se ha hecho realidad.
Efectivamente, tratar de sancionar por vía represiva determinadas
conductas en lo administrativo y en lo penal ha conducido a la
incongruencia de que la Sala tercera de Tribunal Supremo, en el
conocimiento de un recurso contencioso- administrativo, haya venido,
ni más ni menos, que a modificar la doctrina que habitualmente estaba
teniendo la Sala Segunda del Tribunal Supremo cuando consideraba que
la tenencia en determinada cantidades, que a la luz de la razón no
pueden ser objeto de tráfico, no podía ser objeto de penalidad.
Tocamos hoy, en consecuencia, una contradicción ya señalada por todos
los grupos parlamentarios cuando se discutió aquella ley que nos
obliga a hacer una corrección. Lo normal y lo lógico, llegado el
momento de enmendar esta proposición de ley, lo cual ya presupone que
vamos a votar favorablemente su admisión, sería hacer desaparecer de
una vez esa concomitancia de los tratamientos penales y
administrativos, dejando perfectamente claro que bastante es ya que
aquello que haya de ser objeto de persecución por atentar a un bien
jurídico protegible a la luz del derecho penal sea considerado en
dicho Código, sin necesidad de ese conjunto de leyes, como la Ley de
seguridad ciudadana, que, además, poco o nada tiene que ver con lo
que significa el mundo de la adicción o el mundo de la drogadicción.
Por tanto, repetimos que vamos a votar a favor, pero queremos dejar
perfectamente claro que el gran debate sigue pendiente. El gran
debate que tiene pendiente la sociedad española es el debate sobre la
legalización del consumo de los estupefacientes. El gran debate que
tiene pendiente la sociedad española es evaluar de una vez por todas
si estas actitudes represivas no son el primer incentivo para que
permanezca todo el mundo del narcotráfico con todo lo que alrededor
se mueve. Es evidente que no se puede reducir de una forma simplista
al hecho de las visitas de algunos determinados ciudadanos a un
determinado poblado suburbial para comprar pequeñas cantidades, sino
que ha de llevarse al punto serio del movimiento financiero que
circula alrededor de esta clase de operaciones y detrás del cual
-repito- no suelen estar los menos dotados económicamente sino que,
precisamente por estas actitudes represivas, se favorece a los que
han hecho de ello uno de los más ingentes negocios y uno de los
mecanismos de mayor perversión en las condutas y del cual trae causa
todo el conjunto de conductas ilícitas que está llevando -y si no
mírese- a determinados pueblos a situaciones que casi, casi, van a
ser absolutamente irreparables.
Repetimos que sin perjuicio de votar favorablemente a la admisión a
trámite de esta proposición de ley, no querríamos que este acto se
pudiera interpretar, por lo que se refiere a las posiciones de
Izquierda Unida, como una acomodación o una satisfacción parcial de
lo que son sus posiciones, muchísimo más esenciales. En sucesivos
acuerdos de nuestra organización nos hemos pronunciado, y lo
ratificamos aquí, sobre nuestra voluntad de que algún día se trate de
forma seria lo que significa la legalización de las drogas. En esta
línea, habría que recordar hasta posiciones de los colegios de
abogados, que tienen una cierta experiencia para saber a qué ha
conducido toda esta situación de represión y cómo por esta vía,
sinceramente, no se ha solucionado el problema, se está agravando y
está causando muchas más víctimas que las que supondría el
enfrentarse de una vez por todas a él.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Socialista, la señora Varela tiene la palabra.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, se va a someter a votación para su toma en consideración
una proposición de ley de modificación de la Ley orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, en
relación con la tenencia de drogas para el consumo propio. El
objetivo de la redacción propuesta, al suprimir la expresión «así
como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico»,
limita la aplicación del citado artículo 25 de la Ley de seguridad
ciudadana únicamente al consumo en lugares, vías, establecimientos o
transportes públicos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como
el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos
utilizados para su consumo, manteniendo su calificación como
infracción grave. En coherencia con la modificación propuesta, se
suprime el mismo concepto de tenencia ilícita en el apartado 2 del
artículo 29, que determina el ámbito material de la competencia de
los alcaldes para imponer las sanciones correspondientes.
Pues bien, antes de entrar a valorar la coherencia técnica de la
iniciativa formulada, quiero decir que cuando comienza la tramitación
del proyecto de ley de seguridad ciudadana la situación de represión
del tráfico de drogas en España tenía los siguientes problemas. En
primer lugar, tanto el legislador español como la jurisprudencia del
Tribunal Supremo no eran partidarios de someter a sanción penal a los
consumidores de drogas y, así, la reforma de 1983 sancionó en el
propio Código Penal la situación preexistente de no incriminación.
Pero esto acarreaba problemas, ya que el tráfico permanecía en muchos
casos sin castigo, al quedar disfrazado ese pequeño tráfico como si
fuera para consumo.
Por otra parte, el consumo en público generaba un rechazo hacia los
toxicómanos. Ese rechazo se trasladaba a los centros de atención, que
eran por cierto recibidos con hostilidad por los vecinos y eran
percibidos sin duda como una amenaza para la salud de la comunidad.
Por tanto, la Ley de seguridad ciudadana estableció una sanción
administrativa que permitió a España cumplir sus compromisos
internacionales de sancionar el consumo de drogas de acuerdo con su
derecho interno, establecido en varios convenios y convenciones
internacionales y directamente recogidos en el texto de la Convención
de Viena de 1988. Redujo sin lugar a dudas muy notablemente los
consumos más escandalosos y los percibidos como amenaza por la
sociedad, disminuyendo también el rechazo hacia los centros de
atención, y también tuvo efectos positivos hacia el colectivo de
consumidores, incitándoles a establecer, mediante la suspensión de la
sanción si se entraba en un proceso de deshabituación, contacto con
el sistema asistencial. Sin sancionarlos penalmente, se les lanzó el
mensaje de que no era indiferente su tragedia personal y que se
estaba en disposición de motivarles para que iniciaran tratamientos.
Por tanto, en su día, el artículo 25 de la Ley sobre protección de la
seguridad ciudadana tuvo un importante efecto positivo en la opinión
pública, al disuadir de la práctica de consumos escandalosos, con un
fuerte impacto en la sensibilidad ciudadana y que atribuía a los
toxicómanos una imagen social que dificultaba su atención y
reinserción social. No obstante, dicho efecto positivo, recogido por
cierto en numerosos estudios sociológicos y encuestas, no es
obstáculo en el Grupo Parlamentario Socialista para que podamos
examinar algunos de los problemas que se han evidenciado en la
aplicación posterior de la ley.
En primer término tenemos el problema de la criminalización de los
toxicómanos. En los últimos años el número de detenidos por los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por cuestiones relacionadas
con las drogas ha ascendido, pasando de 31.703 en 1994 hasta 78.847
en 1997 -en estas estadísticas no figuran las detenciones de las
policías municipales-. De ellos, más de 44.000 lo son por cuestiones
relacionadas con el cannabis. Sin embargo, en este mismo período de
tiempo, descendió el número de procedimientos judiciales por tráfico
de drogas, señal inequívoca de que cada vez se producen más
detenciones sin que luego den lugar a un procedimiento.
En segundo término está el problema de las sanciones. En la ley se
calificó el consumo o tenencia pública como infracción grave
sancionada con carácter mínimo con 50.000 pesetas; sanción
evidentemente desproporcionada para una simple tenencia de sustancias
que causen daño menos grave a la salud y que, en la práctica,
dificulta la ejecución material de la misma sanción, que se impone
normalmente a un colectivo que generalmente se declara insolvente.
Paradójicamente, una sanción menor tendría un mayor efecto disuasorio
al ser más viable su cobro. Además, el hecho de que el
caso de consumo por menores recaiga sobre sus padres es
contraproducente.
El tercer problema es el de la no distinción entre sustancias, lo
cual aboca en la inmensa mayoría de los casos a la interposición de
la sanción mínima, sea cual sea la sustancia intervenida. Ello
también crea problemas al sistema asistencial, ya que la sanción
podrá suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de
deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado. ¿Cuál
es el tratamiento de deshabituación previsto para un consumidor
ocasional de sustancias que no causen grave daño a la salud? ¿Cómo
pueden determinarse reglamentariamente tiempos similares para el
tratamiento de un consumo ocasional de psicofármacos y para el de una
adicción a la heroína o cocaína? No se puede entender el mismo
tratamiento para un fumador de hachís que para un heroinómano. No
distinguir entre sustancias impide tratar de manera adecuada
situaciones muy distintas de consumos muy diferentes de sustancias
con efectos también diferentes.
El cuarto problema general es no haber protocolizado en su día,
mediante acuerdos con las comunidades autónomas, cómo debe entenderse
realizado este sometimiento a un tratamiento de deshabituación, que
normalmente se considera imprescindible en los casos de adicción a
drogas que causan un daño más grave a la salud. Tampoco debe hacerse
la regulación de los programas mediante reglamentos de la
Administración sancionadora, sino que deben quedar bajo la exclusiva
responsabilidad del sistema terapéutico.
En cuanto a la coherencia técnica de la iniciativa formulada, cabe
realizar las siguientes observaciones. La proposición de ley, al no
suprimir la referencia «siempre que no constituya infracción penal»
que contiene el artículo 25.1 de la ley, conduce al equívoco de que,
dada la modificación propuesta, que excluye expresamente la tenencia
ilícita como infracción sancionable, el consumo en lugares públicos
sea un hecho que asimismo pueda constituir una infracción penal,
supuesto claramente excluido del Código Penal vigente en su artículo
368, que únicamente sanciona la posesión siempre referida a los fines
expresamente contemplados en el propio texto legal.
No tiene sentido por otra parte mantener como infracción
administrativa en la legislación de seguridad ciudadana el abandono
en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su
consumo, ya que el Código Penal vigente, aprobado con posterioridad
a dicha ley, ha establecido en el artículo 630 falta sancionable en el
ámbito penal para los que abandonaran jeringuillas en todo caso u
otros instrumentos peligrosos, de modo o con circunstancias que
pudieran causar daño a las personas o contagiar enfermedades o en
lugares frecuentados por menores, con penas de arresto de tres a
cinco fines de semana o multa de uno a dos meses. Dicho de otro modo,
la actividad de abandono en sitios públicos de útiles o instrumentos
empleados para su consumo, tipificada como infracción grave en la Ley
de seguridad ciudadana, ha quedado, por
aplicación del Código Penal vigente, limitada al supuesto absurdo de
abandono de útiles o instrumentos como mecheros o cerillas, papel de
liar, etcétera, ya que el abandono de jeringuillas y otros
instrumentos más peligrosos para la salud o la integridad de las
personas recibe actualmente su correspondiente sanción en el ámbito
penal.
Por último, los proponentes no cuestionan otros aspectos contemplados
en la Ley de seguridad ciudadana relativos a medidas como la
incautación de las sustancias utilizadas para el consumo en público o
la procedencia del tratamiento alternativo de deshabituación, que
puede suspender la sanción correspondiente.
Desde una óptica preventiva y con el objetivo de corregir los efectos
que la propia aplicación de la norma ha revelado, ya citados
anteriormente, al Grupo Parlamentario Socialista le parece
interesante apoyar la proposición de ley, a pesar de que creemos que
no contempla la globalidad de los problemas que existen en la
actualidad y de que tenemos dudas sobre su redacción, pero nos
permitiría utilizarla en la vía de enmienda para mejorar la eficacia
y la eficiencia de la norma corrigiendo algunas de sus aplicaciones
negativas e incentivando sus objetivos globales, como son motivar a
los consumidores de drogas a cesar en sus consumos y a iniciar
tratamientos sin criminalizarles en modo alguno, disminuir los
consumos que son más vividos por la comunidad ciudadana como una
agresión, disminuir el rechazo social a los toxicómanos y finalmente
mantener el punto de equilibrio que la legislación y la
jurisprudencia española han defendido siempre, conceptualizando el
tráfico de drogas como un delito y el consumo ilegal de drogas como
un problema que no se soluciona con medidas represivas sino
preventivas y asistenciales.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Varela.
La señora Cava de Llano, por el Grupo Popular.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Señor presidente, señoras y señores
diputados, la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Mixto pretende la modificación de la Ley orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, en dos artículos
concretos: el apartado 1 del artículo 25 y el apartado 2, párrafo
primero, del artículo 29. En ambos casos se trata de la misma
modificación legislativa y consiste en hacer desaparecer de dicha ley
como conducta sancionable administrativamente la tenencia ilícita,
aunque no estuviera destinada al tráfico, ya que, de estarlo, el
supuesto caería de pleno en el ámbito del Código Penal.
Es evidente, señorías, que sobre la Ley de protección de la seguridad
ciudadana existe una laguna o un vacío legal, llámese como se quiera.
La ley, como es sabido, sanciona el consumo de droga en lugares
públicos y hace lo propio a quienes toleren el consumo en dichos
lugares, pero no sanciona el consumo en el ámbito privado.
Por otra parte, la misma ley utiliza el concepto de tenencia ilícita
en los artículos 25.1 y 29.2, párrafo primero, sin establecer la
diferencia entre la tenencia ilícita y otra que no lo sea.
Explicaba el proponente, y se lee en la exposición de motivos, que la
sentencia recaída en 20 de septiembre de 1998 comporta un
endurecimiento de una política represiva y sacaba a la luz una cierta
incongruencia que mantiene la ley. En un primer examen de la misma se
puede llegar a esta interpretación. Yo quiero hacer patente algo que
confesé en privado al proponente, al señor Saura, y que manifiesto
ahora en público, y es que cuando yo era vicepresidenta primera del
Parlamento de las Islas Baleares, actuaba en aquellos momentos como
presidenta en funciones por ausencia del presidente y coincidió con
la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte de
nuestra Asamblea legislativa contra la Ley Corcuera y uno de los
artículos que mencionábamos era precisamente el 25. En aquel momento
nosotros decíamos que el artículo 25 de la Ley orgánica sobre
protección de la seguridad ciudadana establece que constituyen
infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares,
vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia
ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituyera infracción penal. En este punto decíamos que la ley
debería haber aclarado de forma más explícita en su texto qué
significa tenencia ilícita, porque de ello pueden deducirse distintas
interpretaciones. No se desprende con claridad si lo que constituye
infracción es la tenencia de drogas en lugares públicos, vías,
establecimientos o transportes públicos o si también se incluye la
tenencia de drogas en domicilio y casas particulares y que, por
tanto, lo que se constituye en infracción es toda la tenencia de
drogas, incluidas las destinadas al consumo propio.
Manifestábamos cuál era nuestra teoría y decíamos que podía resultar
inconstitucional por vulnerar el principio de legalidad contenido en
el artículo 25 de la Constitución y por conculcar el principio de
seguridad jurídica contenido en el artículo 9. De todas formas,
doctores tiene la Iglesia y se dictó una sentencia por parte del
Tribunal Constitucional en cuyo fundamento noveno se hace un estudio
detallado de la pretensión formulada en su momento por el Parlamento
de las Islas Baleares. En esa sentencia se manifiesta que debe ser
rechazada nuestra pretensión y sobre el concepto de tenencia ilícita,
que nosotros considerábamos que era un concepto jurídico
indeterminado y que en consecuencia podía crear la vulneración de
esos artículos que he mencionado, manifiesta el Tribunal
Constitucional que lo que habrá que hacer, ante esa inconcreción
o ante ese concepto jurídico indeterminado, será acudir a otras reglas
legales como es la Ley 17/1967, de 8 de abril, sobre normas
reguladoras de estupefacientes, para identificar lo que sea tenencia
lícita, que está regulada en el artículo 22 de la citada ley, y,
sensu contrario,
cuál es la tenencia sancionable o ilícita. En definitiva, el
Tribunal Constitucional venía a manifestar que el artículo 25.1 de la
Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana no es en
definitiva contrario a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Constitución ni conculcaba por tanto tampoco el principio de
seguridad jurídica.
Hay otras dos sentencias, señorías, que es preciso mencionar. La del
Tribunal Constitucional, la 69/1989, de 20 de abril, dice que una
norma se adecua al principio de legalidad si los conceptos jurídicos
indeterminados que contiene pueden ser razonablemente concretados en
virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia. Pero, a mayor
abundamiento, hay otra sentencia a la que me quiero referir, que es
la 341/1993, de 18 de diciembre, que resuelve la inconstitucionalidad
de la Ley Corcuera y que dice que lo dispuesto en el artículo 25.1 de
la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana no es
contrario a las exigencias del principio de legalidad ni conculca el
principio de seguridad jurídica, y para su determinación lo que se
deberá hacer es acudir a la Ley 17/1967, sobre normas reguladoras de
estupefacientes, para identificar qué entiende la ley que es tenencia
ilícita. Para ello es preciso que lea el contenido del artículo 22 de
la citada Ley sobre normas reguladoras de estupefacientes, que dice:
No se permitirán otros usos de los estupefacientes que los
industriales, terapéuticos, científicos y docentes autorizados con
arreglo a la presente ley. Los estupefacientes deberán ser usados o
consumidos precisamente para el objeto con que hayan sido
suministrados por el servicio o dispensados por la farmacia,
considerándose prohibido cualquier cambio o consumo, aunque se lleve
a cabo por la misma persona o entidad que haya obtenido legalmente
los estupefacientes, a no ser que se obtenga también
reglamentariamente la autorización o la prescripción para el nuevo
uso.
Del artículo 22 de esta ley que acabo de leer se colige cuál es el
concepto de tenencia ilícita que ha sido determinado por esta ley. En
consecuencia, cualquier tenencia destinada a usos distintos de los
que se mencionan en este artículo 22 es ilícita, con independencia de
que la tenencia lo sea para el consumo público o privado. Con ello
quiero decir que hay otro motivo que entendemos que debería tenerse
en cuenta, y es que no nos parece acertada la supresión del término
«tenencia ilícita», pues aunque es evidente que se trata de un
concepto jurídico indeterminado, aunque definido, como he leído, en
el artículo 22 de las normas reguladoras de la Ley de
estupefacientes, no se utiliza única y exclusivamente en la Ley
orgánica sobre protección ciudadana, sino que en toda la legislación
positiva y concretamente en el Código Penal podemos encontrar este
tipo de formulaciones al definir algunas conductas típicas, por
ejemplo y sin ánimo exhaustivo, en expresiones como deber de
asistencia, orden público, delitos cívicos, etcétera. Si eliminamos
ahora el término «tenencia ilícita», esto serviría de base para
proceder a unaserie de modificaciones de cantidad de otras leyes que
supriman referencias a conceptos jurídicos indeterminados en los
distintos textos en que se encuentran.
Hay otro argumento, que es la existencia de unos compromisos legales
adquiridos por España al suscribir y ratificar convenios
internacionales. Me voy a referir a la Convención única de 1961, que
en su artículo 33 establece que las partes sólo permitirán la
posesión de estupefacientes con autorización legal; al Convenio sobre
sustancias psicotrópicas, de 1971, donde se establece que se limitará
la posesión de las sustancias incluidas en su ámbito de aplicación a
fines médicos y científicos y que las partes adoptarán todas las
medidas posibles para prevenir el uso indebido de sustancias, y me
estoy refiriendo también a la Convención de Naciones Unidas hecha en
Viena en 1988, cuando se dispone en el artículo 3.2 que cada una de
las partes adoptará las medidas necesarias para tipificar como
delitos penales, conforme a su derecho interno, cuando se cometan
intencionadamente, la posesión, la adquisición o el cultivo de
estupefacientes o sustancias psicotrópicas para el consumo personal,
en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961 o en el Convenio
de 1971.
De todo lo anterior, señorías, se desprende que la posesión, cuando
se tiene intención de traficar, queda absorbida por el tipo penal,
mientras que la posesión o la tenencia, cuando lo único que se
pretende es consumir, queda englobada dentro de la sanción
administrativa prevista en la Ley orgánica de protección de la
seguridad ciudadana, cuya finalidad es no sólo garantizar la
seguridad ciudadana, como indica el título de la ley, sino también la
salud pública y cumplir los compromisos internacionales suscritos por
España.
Por todo ello, señorías, votaremos en contra. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Mixto, iniciativa de la señora Almeida y del señor Saura, de
modificación de la Ley de 21 de febrero de 1992, Ley número 1 de
dicho año, sobre protección de la seguridad ciudadana, en relación
con la tenencia de drogas para el consumo propio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 142; en contra, 147; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley debatida.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LOS PAGOS A CUENTA EN
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (Número de
expediente 162/000343).
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones no de
ley. (Rumores.)
Silencio, señorías.
En primer lugar, la del Grupo Socialista, relativa a los pagos a
cuenta en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, para
cuya presentación tiene la palabra el señor Eguiagaray Ucelay, don
Juan Manuel. (Continúan los rumores.)
Señorías, les ruego que si han de abandonar el hemiciclo lo hagan en
silencio para que pueda continuar el desarrollo del orden del día,
que ya de por sí es enjundioso. No querría tener que empezar a hacer
llamadas al orden de manera personalizada. Silencio, señorías.
Señor Barrero. Señor Fernández de Mesa y compañía. (Pausa.)
Adelante, señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista espero que pueda tener mejor fortuna que la
anterior, teniendo en cuenta que en este momento no estamos ante una
discusión de carácter ideológico, como es la que ha diferenciado a
los distintos grupos de la Cámara en torno a la reforma fiscal, sino
ante las consecuencias prácticas de la aplicación del impuesto sobre
la renta de las personas físicas. Me gustaría llevar a su ánimo y a
su convicción el que, más allá de las diferencias -que, sin duda
alguna, nos han separado, nos separan y nos seguirán separando- en
materia fiscal, hay cosas que deben merecer el respeto de todos y
deben, por lo tanto, merecer la corrección de los errores que se han
producido en la aplicación del impuesto sobre la renta de las
personas físicas a través de su desarrollo reglamentario.
Es verdad que el impuesto de la renta ha sido una gran operación
propagandística del Gobierno, concebido inicialmente como una vuelta
de tuerca en materia de progresividad, que completaba la
contrarreforma iniciada en el año 1996 y resultaba sin duda alguna
inexcusable su aprobación para aquellos grupos sociales que habían
apoyado electoralmente al Partido Popular. Tan inexcusable resultaba
su aprobación para esos apoyos políticos que, para defenderlo, se
recurrió a la utilización de un argumento y de su contrario. Fue
justificado inicialmente por su contribución al ahorro y después,
cuando los primeros síntomas de la recesión internacional se
manifestaron, como una vacuna para impulsar el consumo. Como
naturalmente hay que seguir justificando lo injustificable en
términos económicos, ahora, que por enésima vez se pone de manifiesto
la importancia del problema de la inflación en nuestro país, no
entraríamos en la Unión Europea teniendo en cuenta el índice de
inflación que tenemos y nuestra diferencia en materia de convergencia
en inflación con el resto de los países de la Unión Europea y ahora,
que se ponen también de manifiesto los eventuales efectos adversos
para la economía española de la reducción de tipos de interés del
Banco Central
Europeo, vuelven a suscitarse los mismos debates económicos sobre la
conveniencia o no de reducir los ingresos fiscales en la cuantía en
la que se ha hecho y las consecuencias que esto puede tener desde el
punto de vista coyuntural para estimular un consumo que no necesita
especiales estímulos.
En ausencia de reformas estructurales y con una creciente pérdida de
competitividad de la economía española, es legítimo preguntarse, como
muchos lo hacen ya, si el estímulo monetario introducido por el Banco
Central Europeo en una economía como la española, cuya demanda
interna sigue creciendo a tasas por encima del 3 por ciento, ha de
llevarse a la acomodación de los ingresos fiscales, del gasto público
o de ambos como respuesta al escenario actual y al escenario
previsible. Pero hoy no estamos ante una discusión sobre coyuntura ni
política económica. Estamos simplemente ante una discusión...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Eguiagaray. Señora Calleja,
señor de Luis.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Estamos, señorías, ante otros aspectos
del impuesto de la renta de las personas físicas que significan el
mejor desmentido de los objetivos proclamados. Por decirlo de una
manera muy breve, el decreto de pagos a cuenta del impuesto de la
renta de las personas físicas, en primer lugar, viola el derecho a la
intimidad de los ciudadanos; en segundo lugar, perjudica al 40 por
ciento de los contribuyentes que corresponde precisamente a unidades
familiares en las que existe un solo perceptor y en tercer lugar, no
ha resuelto el problema de miles de ciudadanos en situación de
prejubilación que han visto reducidos sus ingresos mensuales, en
contra de toda la propaganda oficial, precisamente porque han
aumentado las retenciones que se les practica.
Trataré de explicarles las tres cuestiones que se plantean en esta
proposición no de ley a la vez que intento que su adhesión
intelectual a los argumentos sirva también para que se exprese en una
votación favorable a la corrección de defectos manifiestos y obvios
más allá de las diferencias que en esta cuestión tenemos unos y otros
grupos.
Supongamos, señorías, que yo fuera un alcohólico o incluso un
drogadicto. Puede pensarse incluso que pudiera haber superado ya esta
situación, que, por cierto, ha afectado a decenas de miles de
personas en nuestro país, pero que, en virtud de mi pasado, hubiera
conocido quizás un divorcio, tal vez una separación matrimonial y
naturalmente una sentencia o una resolución judicial, estableciendo
la pensión por alimentos, etcétera que me correspondiera pagar. Me
podrían preguntar algunos de ustedes, señorías, por qué razón tendría
yo, en virtud de mi pasado, que dejar constancia literal de la
resolución judicial en virtud de la cual se explicaran los
antecedentes que han llevado a esa difícil solución personal,
familiar que afecta sin duda alguna a la intimidad. ¿Por qué mi
empleador tendría que
conocer esos datos que afectan a aspectos que seguramente muchísima
gente no quiere que se conozcan?
El decreto de desarrollo del impuesto sobre la renta de las personas
físicas establece la obligación de acompañar, para calcular las
retenciones, testimonio literal de la resolución judicial
determinante de la pensión, artículo 78 del reglamento. Una cuestión,
sin duda alguna, sensible, que no puede resolverse invocando la
voluntariedad de los datos aportados y, muchísimo menos, la coacción
económica de aplicar mayores retenciones a quien no esté dispuesto a
aportar estos datos íntimos, entre otras cosas, porque estarán
conmigo en que los derechos fundamentales constitucionalmente
garantizados, y el derecho a la intimidad lo está, no pueden ser
objeto de mercadería y nadie puede ver alterada la plena garantía de
esa defensa de la intimidad en función de un incentivo económico
introducido en forma de menores retenciones.
Lo mismo ocurre con los datos correspondientes a minusvalías de
descendientes o de dependientes o con la obligación de desvelar los
ingresos del cónyuge sin previo y expreso consentimiento. ¿Me pueden
decir, señorías, por qué debo hacer llegar a mi empleador, a mi
empresario, en ocasiones en las que la relación ni siquiera es
amistosa, y puede ser hasta objeto de sospecha, aquello que en
muchísimos casos no le revelaría ni a amigos íntimos? En todos estos
casos, los derechos fundamentales que la ley debe preservar se
intercambian por incentivos económicos, y no es ya sólo que esto
pueda acarrear problemas desde el punto de vista laboral, porque si
todo el mundo sujeto a la obligación de confidencialidad, y
naturalmente el empresario que obtiene estos datos está sujeto, o el
graduado social que prepara por cuenta de una empresa la declaración
o las nóminas correspondientes a los trabajadores de esa empresa, o
los asesores fiscales de la empresa que calculan las retenciones
tienen acceso a los datos, incluso si todos ellos manejaran los datos
con absoluta discreción, el problema básico no se resolvería, porque
el problema no es si mantienen la discrecionalidad, sino por qué
tengo que aportar datos que no tengo ninguna obligación de aportar en
la medida en que afectan a mi intimidad.
Yo, alcohólico o no, drogadicto o no, como miles de ciudadanos que
pueden verse afectados en sus derechos, cualquiera que esté en ésta o
parecida situación, no tiene que atender a obligaciones establecidas
en un decreto como el de retenciones, que manifiestamente está en
contra del derecho a la intimidad. Así lo entendió el Consejo
Económico y Social cuando expresó sus reservas al decreto, así lo
entendieron los sindicatos, que lo denunciaron, así lo hizo el Grupo
Parlamentario Socialista y otros muchos grupos de esta Cámara, así lo
hizo incluso el director de la Agencia de Protección de Datos, el
magistrado don Juan Manuel Fernández, que expresó la absoluta
desconsideración del Ministerio de Economía y Hacienda por las
observaciones que había formulado al decreto en aplicación de la Ley
orgánica de régimen del tratamiento automatizado de datos -la
llamada Lortad-, artículos 5 y 7.3. Por cierto, el 17 de febrero mi
grupo solicitó la comparecencia del señor director de la Agencia de
Protección de Datos en relación con este problema, sin que todavía
hayamos tenido ocasión de escuchar en sede parlamentaria lo que
públicamente y a través de los medios de comunicación ya ha
expresado.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista pretende
solucionar este problema, un problema que no radica en si las
retenciones son mayores o menores, sino en si respetamos los derechos
constitucionales que están establecidos para todos los ciudadanos. El
argumento, sin duda alguna, es liberar a la Agencia Tributaria de
obligaciones formales y, por tanto, reducir la burocracia, cargando
sobre las empresas obligaciones que en principio corresponden a la
Agencia Tributaria, pero hay soluciones extraordinariamente sencillas
que se pueden conciliar con la defensa de los derechos básicos; por
ejemplo, dar el derecho a todos los ciudadanos, a aquellos que puedan
sentirse afectados en su intimidad, a aportar esos datos,
precisamente aquellos que más afectan a su intimidad, los relativos a
sus circunstancias personales y familiares, la cuantía de las
anualidades que abonen por resolución judicial, a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Sería ésta la que calculara el
porcentaje de retención y, con el certificado correspondiente
entregado al empleador, éste no tendría más que aplicar aquello que
la propia Agencia Tributaria ya hubiera dado el visto bueno. Como
ven, señorías, nada se opone a hacer lo que es razonable si ustedes
efectivamente quieren expresar un mínimo de respeto por derechos
básicos que en este momento no están suficientemente garantizados.
El segundo aspecto de la proposición no de ley se refiere a la
necesidad de su modificación para reparar el perjuicio indiscutible
que se hace a las familias en las que hay un solo perceptor de
rendimientos del trabajo. A estas alturas, ya sabemos que la
proclamada simplificación del impuesto se quedó en pura propaganda.
Las proclamas de liberar de la declaración del impuesto a 3.500.000
de contribuyentes quedaron en agua de borrajas tan pronto como la
regulación misma de la ley estableció que aquellos que inicialmente
estaban exonerados de declarar en función de la cuantía de sus
ingresos, sin embargo podían no estarlo porque tenían la adquisición
de una vivienda, participaciones en planes de pensiones o incluso
rendimientos abonados por más de un pagador; algo que suma la bonita
cantidad de alrededor de 5 millones de contribuyentes, según los
últimos datos fiscales, que excusa de cualquier otro razonamiento
sobre la simplificación introducida. Ahora, ni siquiera se logra el
objetivo de acercar las retenciones efectivas a la carga tributaria
final a la que los ciudadanos están sometidos de acuerdo con la
regulación establecida en el impuesto sobre la renta.
Esto ocurre de modo especialmente perjudicial y arbitrario en los
casos de las unidades familiares con un solo perceptor. En estos
casos, solamente se toma en consideración para calcular las
retenciones el mínimo
personal, no el familiar, y se computan los hijos por mitad, no
tomando en cuenta que en una unidad familiar hay cónyuges y que habrá
el derecho a hacer un pago menor en la declaración final, teniendo en
cuenta que los hijos no pueden computar por mitad sino por entero. El
resultado no puede ser otro más que que se paga a Hacienda más de lo
que corresponde pagar, y se hace a ciencia y conciencia de quien ha
redactado el reglamento.
Pues bien, en esta situación están no una ni tres ni cinco ni diez
mil personas, está el 40 por ciento de los contribuyentes, según los
datos de la estadística de renta, en los cuales hay un 40 por ciento
de economías familiares en las que existen rendimientos del trabajo
procedentes de un único pagador. Algo evitable y profundamente
injusto, tanto más grave cuanto que, para resarcirse del exceso de
carga tributaria en forma de retenciones, los perjudicados no tendrán
más remedio que formular una declaración final; una declaración final
a la que muchos de ellos, de acuerdo con otros preceptos de la ley,
no están obligados, lo cual significará que quizás la Agencia
Tributaria quiera resarcirse, a través de la no declaración de estos
ciudadanos, de los costes excesivos de la reforma fiscal mediante el
fácil expediente de no devolver aquello que no se solicita. Estamos,
por lo tanto, ante una situación que afecta a un buen número de
contribuyentes, de acuerdo con la estadística de renta, no a los
contribuyentes en general de mayor nivel económico, sino precisamente
a una buena parte de los que son menos pudientes.
El último elemento que contiene la proposición no de ley es el
intento de que se resuelva un problema específico que afecta también
a miles de contribuyentes, en este caso prejubilados; prejubilados
que tienen un convenio especial con la Seguridad Social, en virtud
del cual durante el periodo que resta hasta la jubilación siguen
haciendo cotizaciones a la Seguridad Social, que tienen derecho a que
se les descuente o se reduzca de sus retribuciones para el cálculo de
las retenciones. En este caso, no se trata de que el decreto esté
mal, no se trata de que el decreto no contenga ya la posibilidad de
que estas cotizaciones sean descontadas a la hora de fijar los
rendimientos íntegros; de lo que se trata es de que, desde enero de
1999, miles de trabajadores prejubilados no sólo no han visto
reducidas sus retenciones, según la propaganda oficial, sino que las
han visto crecer en porcentajes del 4, del 5, del 6 por ciento...
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Voy terminando, señor presidente.
Y en cuantías que oscilan entre las 5.000 y las 15.000 pesetas al
mes. La razón no es, por lo tanto, el decreto. La razón es que las
entidades pagadoras, normalmente compañías de seguros de renta, han
decidido no tener en cuenta la deducción de los pagos realizados a la
Seguridad Social mediante convenio especial. ¿Por quérazón? Porque,
señorías, señores del Grupo Popular,
según los testimonios que he tenido ocasión de recoger, les supondrá
-cito textualmente algún testimonio expresado por compañías de esta
índole- un trabajo y un control administrativo que no están
dispuestas a soportar. Una decisión que, además, cuenta o parece
contar con el apoyo de la patronal correspondiente del seguro de
renta.
En esto de nada sirve recordar la normativa -artículo 78 del
reglamento- ni siquiera el resultado de las consultas realizadas a la
Agencia Tributaria, que no han hecho sino ratificar el criterio de la
ley y del decreto. El problema es que, habiéndose cargado a las
empresas con obligaciones que son propias de la Agencia Tributaria
sin tener la garantía de que las empresas en su totalidad las van a
aceptar, el resultado es que en algunos casos no se aplican las
prescripciones establecidas, invocando a aquéllos que son afectados
el derecho a resarcirse posteriormente mediante la declaración final
en el impuesto de la renta. Por eso, miles de trabajadores
prejubilados cobran en 1999 menos que en 1998.
Por todas estas razones, señorías, solicito, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, su apoyo a esta proposición no de ley, de
modo especial al grupo parlamentario que sostiene al Gobierno. Ya
hemos discutido hasta la saciedad sobre el impuesto de la renta. No
nos hemos puesto de acuerdo y es difícil que nos pongamos de acuerdo.
Pero yo creo que es posible, que es razonable el hacer una reflexión
más allá de las discusiones ideológicas o de nuestras discrepancias,
que tome en cuenta el que, no se una a la injusticia que nos parece
que está implícita en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, no se una a la injusticia de una ley la injuria de una
aplicación disparatada. Algo que es bastante fácil de evitar, señores
del Partido Popular, si ustedes aceptan modificar, en los términos
que hemos propuesto, el reglamento, ni siquiera la ley. Sobre las
discusiones en torno al impuesto sobre la renta, todavía tendremos
que seguir trabajando. Sobre la aplicación de un reglamento que hace
aún más onerosa la aplicación de una ley injusta, me parece que no
hay ninguna razón para que no podamos coincidir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Eguiagaray.
Al no haberse presentado enmiendas, ¿grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Con toda
brevedad.
No cabe la menor duda que la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, que entró en vigor el 1º de enero de 1999, tendrá
efectos fiscales importantes para todos los ciudadanos, especialmente
en la declaración que se presente en el año 2000. Los ciudadanos
tendrán, en general, una rebaja importante como consecuencia de la
reducción de los tipos obligados
por este IRPF. En coherencia con este criterio político de
reducción de la presión fiscal, se dictaron los reglamentos de esta
exacción, que llevan también a una reducción de las retenciones, con
lo cual se conseguirá acercar las retenciones reales mensuales de
quienes están obligados a realizarlas a la contribución real que
tendrán que presentar meses más tarde.Sin duda, la preocupación del
Grupo Socialista está basada en que no hay una contradicción entre el
principio constitucional de la obligación de todos los ciudadanos de
contribuir y el derecho a la intimidad, y aquí se ha expuesto
perfectamente la casuística concreta.
La iniciativa del Grupo Socialista se refiere a tres apartados.
Estimamos que estos tres apartados están expuestos con unos criterios
de utilización de un mecanismo de certificados que, aparte de ser
lento y un tanto farragoso, va a producir un efecto contrario por
cuanto que va a suponer más papeleo en la obligación fiscal de
contribuir.
También se ha hecho referencia al caso de los obligados a pagar
cuando se trate de unidades familiares con un sólo perceptor,
olvidándonos de que vamos a adelantar 18 meses su obligación de
decidirse por declaración individual o conjunta.
El tercer caso, con toda justicia expuesto, el de la prejubilación,
está resuelto. Si el sistema actual no es perfecto, el sistema que se
propone tampoco llega a la perfección. Por ello, Coalición Canaria
prefiere el sistema actual hasta que se encuentre uno que se
considere más justo, más cómodo y que evite esa posible discusión
o lucha entre dos principios constitucionales, como son el derecho a
la intimidad y la obligación de contribuir a las cargas del Estado.
Muchas gracias, señor presidente. Votaremos en contra de la
proposición del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Señor Sánchez i Llibre, por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a modificar
el reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas en
la normativa relativa a las retenciones e ingresos a cuenta, va a ser
en contra por entender, entre otras cosas, que se obliga al
contribuyente a dar a conocer algunos datos y situaciones que afectan
a la intimidad de las personas que, según el Grupo Parlamentario
Socialista, es un derecho constitucionalmente protegido.
Nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa, en primer lugar, por una
cuestión de fondo. Obviamente el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) coincide con esta filosofía de defender el
derecho apreservar la intimidad, pero los modelos que se han
aprobado para criticar las retenciones no suponen una efectiva
vulneración a tal intimidad.
Dejando de lado esta razón de fondo por la que nosotros entendemos
que no se vulnera la intimidad de las personas, hay otras razones que
obedecen a la forma respecto a los planteamientos del Grupo
Parlamentario Socialista y que quizá en otro mecanismo parlamentario
podríamos discutir en profundidad. Pero, teniendo en cuenta que es un
sistema que se ha puesto en práctica hace tres meses y parece que los
resultados de dichas retenciones no han supuesto una dificultad a la
hora de practicarlas entre lo que representan los retenedores y los
pagadores, el modelo presentado por el Grupo Parlamentario Socialista
puede ser susceptible de mejoras, y nosotros de entrada le planteamos
algunos inconvenientes que en otro mecanismo parlamentario podrían
ser susceptibles de mejora.
En primer lugar, los planteamientos que ha establecido el Partido
Socialista en los diferentes apartados que presenta en esta
proposición no de ley establecen un sistema mucho más complejo en el
modelo de retenciones que el que está vigente actualmente.
Por otra parte, el planteamiento que presenta el Partido Socialista
aumenta la responsabilidad del pagadorretenedor. En el sistema
español, en el caso de que la retención sea incorrecta, las mayores
sanciones se las lleva quien tiene la obligación de practicar la
retención, como muy bien sabe el señor Eguiagaray. Con la fórmula que
ustedes proponen, si varían las circunstancias personales del
trabajador, podría ocurrir que el retenedor no llegue a tener
conocimiento de este hecho y, en cambio, es él el que incurre en más
responsabilidad.
Hay otro aspecto importante que, como le digo, señor Eguiagaray,
podría ser susceptible de mejora en posteriores trámites
parlamentarios, ya que queremos profundizar en el sistema de
retenciones que se ha aplicado a partir del primero de enero de 1999.
Por lo que respecta a las unidades familiares con un solo perceptor
de rentas, solicitan ustedes en su fórmula que se apliquen todos los
mínimos personales y familiares. No consideramos acertada esta
petición, ya que no se puede saber desde el momento inicial cuándo
existe un solo perceptor. También se puede dar la coincidencia de que
el cónyuge pueda percibirlas en otro momento posterior, con lo cual
tendríamos otras dificultades que se añadirían a las anteriormente
mencionadas.
Por estos tres motivos de forma y uno de fondo, no podemos darle el
voto favorable a esta iniciativa presentada por el Grupo
Parlametnario Socialista.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
El señor Ríos Martínez, por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la propuesta que
ha puesto encima de la Mesa el Grupo Parlamentario Socialista es tan
prudente y tan posible que para poder rechazarla tendrían que echar
mano de una reflexión que yo anuncié, pero que no puedo ni quiero
hacer.
Me explico: cuando se presenta el impuesto sobre la renta se anuncia
la reducción de la imposición de los ciudadanos y que las retenciones
van a significar poner en el bolsillo de los españoles unos recursos
de los que van a disponer durante un año -gastar, incrementar el
consumo interno, generar riqueza- como una medida positiva de esta
nueva figura fiscal.
Sin embargo, cuando se pone en marcha y se regula, en dos de las
vertientes se cometen equivocaciones, según nuestra manera de ver. No
es verdad que vaya a haber más de cuatro millones de españoles que no
van a hacer la declaración de la renta, porque, una vez que hemos
visto cómo aplican ustedes las retenciones, les anuncio que ese
porcentaje de menos declaraciones tendrán que realizarse para
rescatar la retención mayor que se les ha hecho a los ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Socialista ha puesto dos ejemplos, las
prejubilaciones y las unidades familiares con un solo perceptor, pero
podíamos utilizar más. Por ejemplo, la minoración por hijo, que se
valora en 100.000 pesetas en lugar de 250.000 pesetas; el descuento
de vivienda, hay tres millones y medio de españoles que hacen sus
retenciones en vivienda; y una serie de valoraciones que deberían
tenerse en cuenta.
La vertiente que nos lleva a decir que es prudente y posible acometer
esta propuesta del Grupo Socialista es que en la parte resolutiva, en
la parte crítica podemos empezar a analizar lo que son vertientes más
o menos exigentes. Sin embargo, lo que hace el Grupo Parlamentario
Socialista en su propuesta es abrir un camino por el cual la
información que el ciudadano o trabajador tiene que hacer no la hace
a través del prestador, de la persona que le contrata, sino
directamente con la Administración y ésta certifica a la empresa lo
que tiene que ser de la empresa y al trabajador lo que es del
trabajador a la hora de hacer la retención. El problema no está en la
información que vamos a dar los ciudadanos a las empresas para que la
remitan y se les haga una valoración de esa retención, sino que hay
empresas que van a disponer de información que debería ser totalmente
restringida, según nuestra Constitución.
Se puede decir: la información que se va a remitir es voluntaria. Les
voy a leer la hoja que algunos ciudadanos han recibido de su empresa
sobre cómo se va a aplicar la nueva retención, para que vean ustedes
si es voluntaria o no. Después les voy a leer la hoja en la que la
Agencia explica, en caso de no comunicar los datos, qué es lo que nos
va a suceder. Dice: la nueva ley de IRPF modifica el impreso de
retenciones; con objeto de poderse aplicar a la nómina del mes de
enero, se ruega cumplimentar el nuevo modelo adjunto y remitirlo a
la caja pagadora. Así se ha remitido a los
trabajadores este impreso de la Agencia Tributaria para que lo
rellenen.
Dice el impreso de la Agencia Tributaria: si prefiere no comunicar
algunos de los datos siguientes a su pagador, la retención que se le
practique podría resultar superior a la que le corresponda y, en todo
caso, al final de año hacer la declaración para poder restarla. Hay
una serie de datos que es necesario aportar a la empresa que me ha
remitido este impreso. Por tanto, la empresa dispone de esa
información, que después remitirá porque nadie me dice que eso vaya a
quedar en la Administración Tributaria.
Me pide, primero, si estoy separado legalmente; si tengo cónyuge con
ingresos inferiores o superiores a 100.000 pesetas; segundo, si tengo
un grado de minusvalía expedido por el Imserso; tercero, si tengo una
certificación o resolución que necesita ayuda a terceras personas,
apoyada con una sentencia o con una resolución; cuarto, una
certificación del grado de minusvalía. Estos datos no sé por qué
tienen que obrar en manos de unas empresas que contratan a unas
personas.
Mi grupo puso esto en conocimiento de la Agencia de Protección de
Datos el día 17 de febrero, y el 18 de febrero don Juan Manuel
Fernández López, en nombre de la empresa, nos respondió diciendo,
primero, que algunos datos había detectado y los había puesto en
conocimiento del Gobierno; segundo, que el Gobierno le había
contestado a sus observaciones y que las estaba estudiando y,
tercero, que en cualquier caso podría actuarse para atender cualquier
denuncia.
Nosotros pedimos entonces la comparecencia del secretario de Estado,
por un lado, y la del propio director de la Agencia de Protección de
Datos, que todavía no se ha podido sustanciar, pero que espero que se
pueda hacer antes de que termine el período ordinario para hacer
frente a ello.
El trámite para garantizar la intimidad personal y familiar y la
propia imagen que debe tener cualquier ciudadano con derecho
constitucional, que propone el Grupo Socialista, no crea ninguna
complicación ni burocracia no salvable y resuelve un problema, que es
un derecho constitucional que debe estar protegido. Ese es el punto
primero, con todos los apartados a), b) y c), que hace el Grupo
Parlamentario Socialista, que yo no les voy a leer y que considero
que por lo menos hace frente a una realidad.
El segundo punto que plantea la proposición del Grupo Socialista es:
¿las retenciones están llegando a todas las personas y están
beneficiando a todos los ciudadanos? ¿Se está cumpliendo aquel
compromiso del Gobierno, cuando presentó el IRPF, de que la retención
se ajuste a lo que va a ser la liquidación definitiva? Desde nuestro
punto de vista no sólo no se está haciendo, sino que se está
provocando que un gran número de ciudadanos españoles tenga que hacer
la declaración de la renta al final del ejercicio para recuperar las
retenciones altas; retenciones que en algunos casos pueden ser
sustantivas, pero en los que aquí se citan y en otros que yo he
mencionado provocan que sean superiores a
las que corresponden, en perjuicio de los sectores más débiles de la
población. Se está reteniendo más y, por tanto, rescatando y
reteniendo de los sueldos de los salarios de los trabajadores, gente
con menor nivel, mayor volumen de recursos que de las capas de la
sociedad que disponen de mayores salarios.
Lo que se propone aquí es instar al Gobierno para que se pueda
superar la situación modificando el título VI de este real decreto,
cuando en realidad lo que nosotros pretendemos es que se tenga en
cuenta la totalidad de los mínimos personales y familiares que
corresponden legalmente, en el caso de familia con un solo perceptor.
En el tema de las prejubilaciones, hemos preferido no presentar
enmiendas porque creíamos que era suficiente, así como en todos los
casos a los que tengan que hacerse frente.
El Gobierno creo que podría hacer la correspondiente modificación
porque rectificar es de sabios. Seguir manteniendo esta postura
porque piensa que ha acertado desde el principio y no reconocer las
cosas significa una forma de hacer política un tanto errónea. La
proposición no crea complicación alguna a los grupos parlamentarios
y puede ser apoyada. Por un ldo, el Gobierno puede modificar esas
actuaciones en el real decreto para que la retención se ajuste en el
IRPF a los sectores más débiles de la población que aquí se citan, y,
por otro lado, garantizar los derechos constitucionales que se pueden
ver influidos.
Yo sé que hay razones para mantener una propuesta como la que el
Gobierno ha sostenido, en los dos niveles que se nos proponen aquí,
pero estoy convencido de que cuatro ojos ven más que dos. Por eso,
cuando uno lleva gafas se da cuenta de que la lectura es más fácil
que cuando no lleva gafas. Pónganse gafas y, por favor, solventen lo
que es un problema que está siendo denunciado por infinidad de
ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
El señor Martínez Pujalte había pedido la palabra por el Grupo
Popular.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley
porque el punto primero que plantean es muy farragoso
administrativamente, como ahora demostraré; porque el punto segundo
es innecesario, ya que añade una obligación a los contribuyentes 18
meses antes de que tengan que tomar una decisión y porque el punto
tercero ya está arreglado.
De todas maneras quiero agradecer vivamente al Grupo Socialista que
haya presentado esta iniciativa porque nos da ocasión de recordar en
esta Cámara, primero, que hemos bajado los impuestos, y se los hemos
bajado especialmente a asalariados y a pensionistas y es bueno
recordarlo. Segundo, que la reforma ha mejorado el bienestar y está
contribuyendo de forma muy importante a mejorar el crecimiento y el
empleo y es bueno
que se sepa. Y tercero, que como consecuencia de la bajada de
impuestos han disminuido las retenciones a los trabajadores y
pensionistas de una manera importante, lo que ha hecho aumentar su
salario real en enero.
En el último estudio del CIS que obra en esta Cámara, número 2.320,
de febrero de 1999, se hacían tres preguntas a los ciudadanos y
ciudadanas sobre las retenciones. Pues bien, más del 90 por ciento
dicen que han percibido su nómina con regularidad en enero, tras el
nuevo modelo de retenciones. El 70 por ciento tiene un conocimiento
previo de la bajada de retenciones y más del 60 por ciento piensa que
le parece bien o muy bien la bajada de retenciones. Sólo el 9,2 por
ciento dice que le parece mal o muy mal. Creo que el Grupo
Socialista, que se ha ido oponiendo sistemáticamente a que bajáramos
los impuestos, en este tema se ha quedado fuera de la realidad
social, se ha quedado fuera de lo que los ciudadanos y ciudadanas nos
están demandando. Pero ahora ha descubierto repentinamente el Grupo
Socialista la necesidad de ajustar retenciones y factura fiscal
final. Efectivamente, eso era y es uno de los objetivos que teníamos
tras la puesta en marcha del nuevo IRPF. (El señor vicepresidente,
Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
Realmente nos dejaron una situación calamitosa con el impuesto
actual, y ustedes lo saben. De unos 15 millones de declaraciones que
se presentan actualmente, más de 10 millones -lo que representa un 70
por ciento- son a devolver. El sistema actual era pernicioso. En el
sistema actual se les estaba reteniendo a asalariados y a
pensionistas más dinero del que tenían que pagar 18 meses antes; es
decir, se les estaba pidiendo un esfuerzo a asalariados y a
pensionistas para hacer frente a los gastos públicos del Gobierno que
debería tener otro sistema de financiación. Con el nuevo marco de
retenciones vamos a ajustar factura fiscal final con las retenciones
que se efectúan anteriormente. Eso es importante y hay que reconocer
que el Gobierno ha avanzado notabilísimamente en ese aspecto con el
nuevo decreto de retenciones. Es un decreto de retenciones que
contribuye a mejorar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas,
sobre todo haciendo que aumenten los salarios reales de muchos
millones de trabajadores y de pensionistas.
El Grupo Socialista nos ha planteado ahora una proposición no de ley
que, como decía antes, es farragosa. Cuando se habla de impuestos con
el Grupo Socialista o cuando se habla de la Agencia Tributaria no
llegamos a ningún acuerdo, pero es que, además, la credibilidad del
Grupo Socialista en este punto está por demostrar. Sin ir más lejos,
la semana pasada confundieron públicamente lo que era el inicio de
actuaciones inspectoras con un requerimiento de un dato; o hace pocos
días hemos sabido cómo, cuando el señor Borrell era secretario de
Estado, dos amigos suyos, siendo altos cargos de la Agencia
Tributaria, percibían dinero en cuentas fuera de España.
Creo sinceramente que en estos temas el Grupo Socialista tiene una
credibilidad muy reducida, pero ahora se apunta al carro con una
proposición no de ley que dice: vamos a facilitar que los
contribuyentes no tengan que
dar datos personales, y a mí me parece muy bien. Los datos que se
exigen en el nuevo marco de retenciones son absolutamente similares a
los que se pedían antes, excepto la retribución del cónyuge, porque
el señor Eguiagaray ha dicho con gran fuerza en sus expresiones que
si había que determinar la pensión a pagarle al cónyuge cuando hay
una separación. Eso ya había que hacerlo y ahora proponen un gran
sistema. Ustedes imagínense cuál es el sistema. Para un diputado
sería: ir a la quinta planta de esta institución y que le dieran el
certificado de retribuciones; con ese certificado ir el contribuyente
a la Agencia Tributaria y presentarlo; presentar además otro
certificado de su situación familiar; esperar que pasen unos días;
luego ir a recoger dos certificados en la Agencia Tributaria; volver
aquí; subir un certificado para la empresa; guardarse otro
certificado para uno mismo; y esa operación repetirla tantas cuantas
veces cambien las circunstancias familiares o aumenten o disminuyan
un poco los ingresos.
Es un sistema que no es sólo una carga burocrática para la Agencia,
sino una incomodidad para los contribuyentes. Nosotros creemos que es
mucho más sencillo el sistema actual. Es un sistema donde no se pide
a nadie un dato que vulnere su intimidad, porque decir el grado de
minusvalía no es vulnerar la intimidad. La asociación de
discapacitados españoles hizo un manifiesto en el sentido de que
indicar el grado de discapacidad era vulnerar la intimdad, era tratar
a los minusválidos como personas fuera del sistema, cuando no es
verdad. Manifestar que no se puede decir el número de hijos, o que es
vulnerar la intimidad hablar de la situación matrimonial, me parece
desproporcionado.
De todos modos, como ha dicho el señor Ríos, se ha habilitado una
fórmula para que si un contribuyente no quiere decir un dato no esté
obligado a ello. Simplemente se le retiene un poco más y luego se
ajusta su factura fiscal final cuando tiene que hacer la declaración,
y no hay ningún problema.
Respecto al segundo punto, no se puede obligar a las personas a que
18 meses antes digan si van a hacer declaración individual o
conjunta, cuando a lo largo de los 12 meses del año fiscal pueden
cambiar las circunstancias del cónyuge, puede comenzar un trabajo. Se
podría agregar que se ajuste luego, pero decir eso sin tener en
cuenta que puede suponer para un asalariado o un pensionista dejar de
percibir ingresos los últimos meses del año no parece congruente.
En cuanto al tercer punto, el de las prejubilaciones, como muy bien
ha señalado usted, el artículo 78 establece el cómputo de todas las
cotizaciones a la Seguridad Social. Por ello aquellos trabajadores
prejubilados que efectúen aportaciones a la misma pueden y deben
acreditar su importe ante el pagador para que éste las tenga en
cuenta al hacer el cálculo del tipo de retención.
Yo creo que se ha hecho una reforma fiscal, y lo decía antes algún
interviniente, muy importante, que afecta a 30 millones de
contribuyentes, que pretende eliminar cargas burocráticas y eso exige
tener un sistema más ágil de retenciones. Es difícil, pero con el
decreto se ha intentado hacer un sistema más ágil y, además, que
aumenten los salarios reales y que no se esté pidiendo a trabajadores
asalariados y a pensionistas que adelanten a la Hacienda pública
dinero.
Mi grupo parlamentario ve cumplido un deseo cuando todo los
ciudadanos, sobre todo los asalariados, pensionistas, familias y
perceptores de rentas bajas mejoran su bienestar. Este decreto de
retenciones mejora el bienestar, como así se pone de manifiesto en
las últimas encuestas del CIS. Estar fuera de esa realidad es
situarse en la irrealidad.
Muchas gracias. (El señor Eguiagaray Ucelay pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Martínez-Pujalte.
Señor Eguiagaray, sabe que no hay un segundo turno en este trámite.
¿A qué objeto pide la palabra S.S.?
El señor EGUIAGARAY UCELAY: A los efectos de puntualizarle al señor
Martínez-Pujalte algunas referencias dirigidas a la credibilidad de
mi grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): A estos efectos, que son
por alusiones, tiene la palabra.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor MartínezPujalte, estoy dispuesto a
discutir con usted de argumentos. Lo que no estoy dispuesto es a
aceptar injurias. Cuando usted pertenece a un grupo que sostiene a un
gobierno, en el cual hay un ministro que expresa como elemento de
legitimidad moral y fiscal el que vive en una casa alquilada a través
de una empresa patrimonial, y que un día se contrata por la mañana y
por la tarde se paga a sí mismo, me parece que la credibilidad que
usted expresa es simplemente ridícula. Haga el favor de cuidar sus
argumentos, porque si éstos son sobre la credibilidad de unos y
otros, vamos a tener muchísimo que hablar. Lamento, señor Martínez-
Pujalte, que le importe un bledo el derecho a la intimidad y lo
compare usted con la farragosidad de un procedimiento. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Eguiagaray.
Tiene la palabra, señor Martínez-Pujalte, también a efectos de
alusiones al grupo. Es el mismo turno que le he dado al señor
Eguiagaray.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
No entendía que hubiera hecho ninguna alusión a nadie en mi
intervención, pero acepto que se abra un turno para debatir. Yo he
dado argumentos por los cuales nosotros hemos bajado las retenciones,
y he dado argumentos...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Martínez-Pujalte,
era a efectos de la alusión que ha realizado
S.S. con respecto al Grupo Socialista, a la que ha respondido
el señor Eguiagaray. También le doy a usted un turno para las
alusiones que ha realizado el señor Eguiagaray con respecto a su
grupo.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Es que el señor Eguiagaray ha dicho que yo no tenía en cuenta la
intimidad y que anteponía la farragosidad administrativa a la
intimidad. Lo que tengo en cuenta es que los ciudadanos vivan mejor,
y el decreto de retenciones lo que hace es que los ciudadanos vivan
mejor. Quiero decir muy claramente que el señor Eguiagaray ha hecho
referencia a la situación patrimonial de un ministro, antes del
ejercicio público de sus funciones, y ha hecho referencia también a
una situación absolutamente correcta. Mientras que yo he dicho en mi
intervención, y a lo mejor es que no le había quedado claro, que se
exige una explicación pública y una petición de perdón porque la
semana pasada se acusó a la Agencia Tributaria de iniciar un
procedimiento inspector al candidato socialista, y eso era mentira.
Se refería al requerimiento de una información. Y yo he dicho que el
candidato socialista, el señor Borrell, siendo secretario de Estado
de Hacienda tuvo dos altos cargos que mientras los ocupaban cobraban
dinero en cuentas suizas de un particular. Estamos obligados
a conocer la verdad de esos hechos.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Socialista, relativa a los pagos a cuenta en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 132; en contra, 152; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición del Grupo
Socialista.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SU RELACIÓN CON LA PUBLICIDAD Y LA
PROGRAMACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (Número de expediente 162/
000282).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición delGrupo Parlamentario
Popular, sobre lucha contra la violencia
doméstica y sus relación con la publicidad y la programación de los
medios de comunicación, para cuya presentación ante el Pleno tiene la
palabra la señora Mato Adrover. (Rumores.)
Señorías, les reclamo silencio para que pueda continuar el desarrollo
del orden del día. ¡Silencio, por favor!
Si han de abandonar el hemiciclo, ruego que lo hagan en silencio y,
si quieren permanecer aquí, que guarden también silencio. Señor
Ciscar, señor Serra, don Narcís, por favor.
Adelante, señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías, intervengo en
nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender una proposición
no de ley que, desgraciadamente, es de indudable actualidad.
(Rumores.) Cualquier iniciativa que esté vinculada a la lucha contra
la violencia doméstica...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Mato.
Por favor, señorías, les ruego encarecidamente que guarden silencio.
Adelante.
La señora MATO ADROVER: Como decía, señorías, presentamos en la tarde
de hoy una proposición no de ley que es de indudable actualidad
porque, como todos ustedes saben, cualquier iniciativa que esté
vinculada a la lucha contra la violencia doméstica, a la lucha contra
los malos tratos y, específicamente, contra la mujer, es seguro una
demanda de nuestra sociedad. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Estamos hablando de una forma de violencia de la que en otras etapas
se ha hablado poco y de la que queremos que se hable mucho más.
Queremos que se hable tanto, tanto, que llegue a desaparecer. Estamos
hablando de una violencia vergonzante que se trata siempre de
esconder, a veces por quien la sufre, a veces por sus familiares, y
otras veces, casi siempre, por quienes la producen. Queremos que
cualquiera que atente contra una mujer sepa que toda la sociedad lo
está siguiendo, que toda la sociedad lo sabe y que toda la sociedad
está condenando su actitud.
En los últimos años se ha hecho mucho para erradicar este tipo de
comportamientos que, sin duda, tienen que ver con una trasnochada
educación machista y con que hoy, todavía, tengamos que decir en
España que las mujeres tenemos igualdad jurídica, tenemos igualdad
ante la ley, pero que nos queda mucho por andar para lograr la
igualdad real.
No voy a referirme a la igualdad ante el empleo, a la igualdad de
salarios ni tampoco a la igualdad en cuanto a la educación y
formación de las mujeres. Nuestra iniciativa de hoy se centra en los
malos tratos y en el papel que en esta cuestión y en todos los
comportamientos sociales juegan los medios de comunicación.
Quiero empezar con palabras de gratitud; palabras de gratitud hacia
los medios de comunicación porque la inmensa mayoría de los mismos
han estado y están en la vanguardia de la lucha contra los malos
tratos. Eso, aunque constituye una acción cívica irrenunciable, hay
que reconocerlo públicamente.
Los medios de comunicación han contribuido de forma decisiva a hacer
públicas una serie de conductas que, por muy diversas razones, se
mantuvieron en el pasado como conductas secretas. Mucho han tenido
que ver los medios de comunicación con el cambio de mentalidades, con
el cambio de determinados conceptos vinculados al pasado, sobre todo
en lo que significa la falta de autonomía que muchas mujeres han
tenido y tienen en la sociedad, que les hace sentir todo tipo de
temores si denuncian, por ejemplo, malos tratos en su familia o en su
propia casa. Hoy hay un grado de conciencia pública frente a estos
comportamientos cada día más fuerte y más activo.
He dicho al principio de mi intervención que se ha hecho mucho. Este
Gobierno ha puesto en marcha un plan de acción contra la violencia
doméstica dialogando con las comunidades autónomas. El plan afecta a
varios departamentos ministeriales y supone que contemos hoy con un
conjunto de acciones que, vistas globalmente, están siendo y serán
muy eficaces de cara al futuro y de cara a la solución de este grave
problema para toda la sociedad española. Desde las reformas legales
para la especialización de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad
del Estado a la especialización judicial; desde campañas de acogida
para víctimas de malos tratos a la promoción de empleo para estas
víctimas, con objeto de lograr su plena incorporación a la sociedad.
Todas estas medidas suponen un abanico de actuaciones que nos
permiten ya afirmar un primer triunfo.
Señorías, el mejor cómplice de la violencia doméstica es el silencio
y, sin duda, el Gobierno, los grupos políticos, las comunidades
autónomas, las distintas administraciones, las organizaciones no
gubernamentales y, de una manera muy especial, los medios de
comunicación han contribuido a que se incrementen espectacularmente
las denuncias por malos tratos. Un primer paso imprescindible y
previo si queremos luchar contra este tipo de conductas. Pero no
debemos quedarnos aquí. En muchos de nuestros comentarios informales
hablamos de la vinculación de los contenidos de los medios de
comunicación -especialmente de los contenidos de los medios
audiovisuales, que, como ustedes saben, son los que más cercanía
tienen al ciudadano- y de su relación con la violencia contra las
mujeres. Debemos pasar de los comentarios a analizar hechos reales, a
analizar en profundidad y a emitir los correspondientes informes que
nos permitan evaluar científicamente y con rigor esa relación que se
produce entre violencia doméstica y distintas programaciones de
medios de comunicación.
Una gran pregunta -por lo global- que a nadie le podría molestar
sería: ¿Las programaciones de las televisiones
y los contenidos de la publicidad pueden de alguna forma tener algo
que ver con la violencia doméstica? ¿Es posible una estrategia en las
distintas programaciones que permita defender a la mujer, que permita
defender el bien que supone la libertad de la mujer, la plena
libertad de la mujer? En nuestro grupo parlamentario creemos que sí y
no pensamos que sea una cuestión sólo del Gobierno. Sin duda, el
Gobierno tiene que hacer un esfuerzo económico y presupuestario de
análisis y de emisión de informes. También nos parece que es
necesario constituir un foro de análisis y debate, un foro en el que
el Gobierno y los medios de comunicación, especialmente los
audiovisuales y, cómo no, los de titularidad pública, que para mí
siempre tienen una obligación singular con la sociedad, analicen qué
medidas se pueden adoptar, qué acciones, qué posiciones activas, para
contribuir a un grado mayor de conciencia de este grave problema,
para que las mujeres sigan denunciando, para que no haya miedo a
denunciar conductas de este tipo y sobre todo que no se den malos
ejemplos, sin intención, por supuesto, que alienten este tipo de
conductas, para que los medios, especialmente las cadenas de
televisión, adopten principios de autorregulación en relación con
determinados programas, con determinados contenidos de sus
programaciones referidos a lo que son la lucha contra los malos
tratos y la violencia doméstica.
La filosofía de esta proposición no de ley que hoy presento en nombre
de mi grupo parlamentario está muy clara: ningún aspecto relacionado
con la violencia doméstica debe dejar de estudiarse en profundidad y
nada de esta materia debe concebirse como una obligación en exclusiva
del Gobierno, sino que debe ser una tarea permanente de todos. Y por
eso digo que es preciso un diálogo en profundidad Gobierno-medios de
comunicación, al que sin duda los grupos parlamentarios y todos los
sectores de la sociedad tenemos muchas posibilidades de hacer
aportaciones. Creemos que esto puede ser muy beneficioso y sobre
todo, lo que es más importante, que puede ser eficaz.
Quiero terminar como empecé, diciendo que sería profundamente injusto
que alguien considere esta iniciativa como una forma de atacar la
actuación de los medios de comunicación, porque es obligado decir -y
también lo he dicho al principio de mi intervención- que los medios
de comunicación han estado siempre, en sus líneas editoriales y en
sus informaciones, condenando permanentemente actitudes violentas y
sacando a relucir un problema que durante muchos años ha permanecido
oculto en el ostracismo.
Esta proposición, señorías, es una invitación a que sigamos
trabajando, una invitación a que sigamos escalando puestos en una
estrategia que pretende que la sociedad, pronto, lo más pronto
posible, la sociedad del siglo XXI, que está por llegar, pueda
confirmar que hay igualdad real de oportunidades entre los hombres
y las mujeres y que las mujeres no son maltratadas por el hecho de ser
mujeres y no son maltratadas por el
papel, en ocasiones ridículo, que la sociedad a veces les ha
asignado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Han sido presentadas a esta iniciativa, a esta proposición no de ley,
dos enmiendas por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida y por
parte del Grupo Socialista.
Para la presentación de la enmienda, en primer lugar, del Grupo
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señorías, qué
paradójica y compleja es la civilización que ustedes nos están
construyendo. ¡Qué paradójica y compleja! Se diseñan modelos de
sociedad, estereotipos y comportamientos consustanciales con la
violencia y ocasionalmente los poderes, aterrados por las
proporciones de la barbarie, se ven obligados a detener parte de los
fenómenos y de los monstruos que se perfilan.
Efectivamente, como dijimos ayer, al igual que lo hicimos hace diez
años, hace veinte años y hace treinta, al menos esta portavoz de
Izquierda Unida, la violencia contra la mujer es un acto de
terrorismo por parte de quien genera la potencialidad y por parte de
quien lo ejecuta. No es una novedosa manifestación de masculinidad.
Es ancestral y consustancial al sistema del capitalismo patriarcal
que gestiona nuestra cotidianeidad. Indiscutiblemente, señorías, las
estadísticas muestran que las denuncias han aumentado por encima del
100 por cien, pero no sólo porque las mujeres hayamos perdido el
miedo al miedo, sino porque, entre otras cuestiones, la utilización
de la mujer como objeto de uso, de consumo y abuso por parte de la
publicidad y de algunos medios de comunicación es tan escandalosa, es
tan subliminal pero tan brutal, que produce un efecto bumerán sobre
los fabricantes.
Todos y todas somos conocedores de las recomendaciones
internacionales y europeas: Naciones Unidas, la Conferencia de Pekín,
la Constitución española. No hay excepcionalidad en esta norma,
estamos amparadas, pero no hay garantías del cumplimiento de los
derechos humanos, del más elemental de los derechos, el derecho a la
integridad física y psíquica. Obviamente, es un problema de Estado.
Por supuesto que es un problema de Estado, de dignidad, de seguridad,
de convivencia, de credibilidad democrática, que tienen que empezar
por resolver los poderes públicos y el Gobierno. No hay nada tan
ilustrativo y tan significativamente medible del funcionamiento de
las instituciones de un país como los niveles de desigualdad y su
proyección macro y microsocial.
Y permítanme que les diga que, con un panorama tan desolador, es tan
insuficiente navegar solo en la línea de la evaluación que, a pesar
de que estos temas deben sólo concitar unanimidades, aunque sólo sea
en
la levedad de sus caracteres de propuesta, no puedo, no podemos
renunciar a colaborar en la adición de medidas que contribuyan a
frenar y a erradicar la que en alguna ocasión yo ya les he comentado
que tenía todos los ingredientes para ser, entre todas, la lacra del
siglo XX.
El turno de intervención de enmendantes, en el que me sitúo, en este
caso es matizadamente inexacto. Lo que pretendo hacer es colaborar
con cuatro textos de adición en la mejor de las proposiciones, para,
además de ser testimoniales, ser sobre todo útiles. Es elemental que
mantengo serios disensos con algunas afirmaciones del documento; por
ejemplo, en el apartado en el que llaman a la colaboración de los
medios de comunicación. Considero que el emplazamiento es
desproporcionadamente tibio, que se trata de que se comprometan con
los objetivos. Compromisos. Al igual que la reflexión complaciente
que se hace con las editoriales, insuficientemente abrazados al
contenido y a los objetivos mencionados. Por eso, cifrar todo al
análisis y todo a la evaluación por parte del Partido Popular es,
cuanto menos, deficitario. En este sentido, quisiera enriquecer
y completar la iniciativa con los apartados que son hoy patrimonio del
discurso colectivo de las mujeres.
El primer apartado consistiría en la realización de campañas
permanentes y sostenidas en los medios de comunicación contra los
malos tratos. El segundo apartado consistiría en el cumplimiento de
todas las medidas derivadas de la creación de los códigos
antisexistas. El tercer apartado tendería a la paridad en todos los
puestos de los diferentes órganos de los distintos medios de
comunicación de titularidad pública, además de contemplar la variable
de género como elemento central en la construcción de los modelos
publicitarios. Como podrán observar, nuestras aportaciones trabajan
en la línea de ejecutar políticas de intervención, para incidir no
sólo sobre los efectos sino también sobre las causas de un
comportamiento individual que goza de gran complicidad social, que
pone en solfa los principios democráticos de cualquier gobierno que
no actúe solventemente contra esta manifestación.
Señorías, arriésguense a remover las telarañas del mito de Adán y
actúen, porque recuerden siempre que el instinto de supervivencia es
superior al instinto de la paciencia.
Nada más. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
En nombre del Grupo Socialista, para la presentación de sus
enmiendas, tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Señor presidente, señorías, comparezco en
nombre del Grupo Socialista para fijar nuestra posición en torno a la
proposición no de ley del Grupo Popular y para defender las enmiendas
que este grupo propone en relación con la publicidad y la
programación de los medios de comunicación sobre la violencia
doméstica.
Nuestro grupo ha impulsado y seguirá impulsando todo tipo de
actuaciones y reformas que signifiquen erradicar la discriminación
por razón de sexo y cualquier maltrato psíquico o físico contra las
mujeres. Se dice que los malos tratos contra las mujeres han
aumentado, cuando lo que es más cierto es que aumenta la denuncia de
los malos tratos. Las mujeres van venciendo el miedo a denunciar y de
la importancia de lo que durante mucho tiempo se consideró algo
perteneciente al ámbito privado hoy se va tomando conciencia pública.
El Parlamento Europeo ha reclamado que este año 1999 sea declarado
año europeo contra la violencia de género, contra la violencia hacia
las mujeres, y ha solicitado una campaña en los 15 países miembros,
con el objetivo de modificar las actitudes en la sociedad, de manera
que se produzca un grado de tolerancia cero en la violencia contra
las mujeres, a nivel individual, colectivo e institucional. El
Parlamento lo justifica señalando que las cuestiones relativas a la
violencia contra las mujeres tienen una relación con la igualdad
entre hombres y mujeres, con el reparto del poder entre los sexos y
el concepto que los hombres tienen de las mujeres. Es hora, se dice,
de que la violencia contra las mujeres se haga visible y que se
trabaje en la protección, en la información y muy especialmente en la
prevención, además de prestar apoyo a las mujeres afectadas, pues
estamos ante un tema de ejercicio de derechos fundamentales y de
principios democráticos que se vulneran reiteradamente.
Ya en la plataforma de acción de la Cumbre de la Mujer celebrada en
Pekín quedó claro y aceptado por todos los países de la comunidad
internacional que la violencia contra las mujeres es un mecanismo
social fundamental, por el cual las mujeres están en una posición de
subordinación con respecto a los hombres. Es una manifestación de las
relaciones de poder, históricamente desiguales entre mujeres y
hombres, y que han conducido a la dominación masculina, a la
discriminación contra las mujeres y a impedir su pleno desarrollo.
Todas las resoluciones de los organismos internacionales, al abordar
la lucha contra la violencia de género, lo vinculan como un todo a un
cambio del papel de las mujeres en la sociedad. La violencia de
género, al estar ligada a la dominación de un sexo sobre otro y a la
realidad de siglos de historia, lo impregna todo, desde los gestos al
lenguaje, la comunicación, el trabajo, las relaciones familiares,
sociales y hasta las políticas. Para ser eficaces en la batalla
contra la violencia hacia las mujeres no basta reformar las leyes
civiles o penales, como muchas veces hemos dicho. Hace falta acometer
el tema en su globalidad, potenciando a las mujeres, facilitándoles
la capacitación y formación necesaria, potenciando su seguridad y
autoestima y, sobre todo, el conocimiento y el ejercicio de sus
derechos en igualdad de condiciones. Para ello, un aspecto
fundamental es la imagen que se transmite de las mujeres. Los
organismos internacionales insisten en que es necesario que se
presenten imágenes de las mujeres y mensajes, en la
publicidad y en los medios de comunicación, positivos y visibles, que
no se reproduzcan los estereotipos y que se respete, tanto en los
medios de comunicación públicos como en los privados y en la
publicidad, la dignidad de las mujeres, su derecho a una imagen no
discriminatoria.
En este contexto, por tanto, consideramos oportuna la presentación
por parte del Grupo Popular de una iniciativa parlamentaria que
aborde esta materia, pero entendemos que puede y debe completarse,
para concretarla más, para hacerla más eficaz, y poner sobre la mesa,
como propuestas, las alternativas presentadas en resoluciones de la
Unión Europea, tanto del Consejo de Ministros como del Parlamento
Europeo. Ya en octubrede 1995, bajo Presidencia española de la Unión
Europea, se aprobó una resolución del Consejo por la que se invitaba
a los Estados miembros a tomar una serie de medidas tendentes a
fomentar una imagen positiva de las mujeres y de los hombres, exenta
de prejuicios y estereotipos, considerando que la publicidad y los
medios de comunicación son una forma privilegiada de contribuir al
cambio de actitudes en la sociedad y reflejando la diversidad de
funciones, tanto de las mujeres como de los hombres, en la vida
pública y en la vida privada.
En la resolución se afirma que los estereotipos ligados al sexo en la
publicidad y los medios de comunicación son uno de los factores de
las desigualdades que influyen en las actitudes con respecto a la
igualdad entre mujeres y hombres. También se dice que la publicidad
y los medios de comunicación pueden aportar una contribución
importantísima al cambio de actitudes en la sociedad, reflejando la
diversidad de funciones y potencialidades de hombres y mujeres y el
reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares,
profesionales y sociales. La subordinación y dependencia va ligada ya
en muchos casos a los papeles tradicionales, donde el maltrato
normalmente se produce. Y la resolución, que fue aprobada por los
quince países miembros de la Unión Europea, deja rotundamente sentado
que los medios de comunicación y la publicidad no deben atentar
contra el respeto debido a la dignidad humana ni incluir elementos
discriminatorios por razón de sexo. Invita a todos los Estados
miembros, uno, a fomentar una imagen diversificada y realista de las
posibilidades y aptitudes de las mujeres y de los hombres en la
sociedad y, dos, a emprender iniciativas destinadas a difundir esta
imagen, mediante la aplicación de medidas que comprendan desde
campañas informativas hasta la creación de órganos de autorregulación
y la transmisión de valores de igualdad de oportunidades, a través de
la educación y de la formación.
Asimismo, el Parlamento Europeo, en septiembre de 1997, aprobó una
resolución sobre discriminación de la mujer en la publicidad,
considerando que la imagen de la mujer en ella es merecedora de una
crítica cuando favorece la difusión de estereotipos sexistas y que
los medios de comunicación influyen en la realidad social y pueden
contribuir a un cambio de mentalidad y hacer
realidad la igualdad de derechos. Y exige el Parlamento que se
combatan los estereotipos sexistas en los contenidos, las imágenes y
el lenguaje en la publicidad, pidiendo al sector de la publicidad que
renuncie de manera explícita a degradar a la mujer en tanto que
objeto sexual con recursos técnicos o imágenes donde se potencien los
mecanismos en los que se utiliza esa imagen degradada. Dice también
que a su vez los Estados miembros potencien e impulsen la
autorregulación del sector. Hoy existe una mayor sensibilidad en
torno a la imagen de la mujer en los medios y en la publicidad.
La mayoría de las críticas y de las quejas presentadas, según un
sondeo realizado por la Alianza Europea de Autocontrol de la
Publicidad, para el período 1992- 1995, tienen en común la denuncia
de la degradación de la mujer y los atentados a su dignidad, su
utilización como reclamo visual para la promoción de ventas, para la
presentación tópica de las relaciones sexuales, para los esquemas de
dominio del hombre sobre la mujer, sometimiento de la mujer al hombre
y disposición de los hombres a emplear la violencia contra las
mujeres. Esto lo dice ese sondeo elaborado, como digo, por la Alianza
Europea de Autocontrol de la Publicidad. Recomienda la resolución a
los Estados miembros que desarrollen un código de conducta para las
empresas publicitarias y que controlen su observancia, con el
objetivo de impedir toda publicidad escrita o en imágenes contraria
al principio de dignidad humana y, por tanto, a la imagen degradante
de las mujeres.
En esta resolución, el Parlamento también pide a la Comisión que se
tomen en cuenta los dos acuerdos de Pekín centrales sobre este tema,
que son, uno, más participación de mujeres en los órganos de control
y en los niveles de decisión en los medios de difusión y, dos, el
fomento de una imagen equilibrada de la mujer en la publicidad y en
los medios de comunicación. Y que, además, la Comisión evalúe
periódicamente los avances conseguidos en esta materia. Hay que
instaurar mecanismos de autorregulación en los medios de
comunicación, fortalecer los que ya existen, aumentar la presencia de
mujeres en los organismos de control y seguir desarrollando medidas
para erradicar cualquier tipo de programación, información o anuncio
sexista.
Por consiguiente, entiendo, señorías, que los grupos parlamentarios
debemos y podemos, a través de esta proposición no de ley del Partido
Popular, instar al Gobierno a que lleve a cabo e impulse, en la
medida de sus posibilidades y competencias, las medidas que sugieren
estas resoluciones que hemos comentado del Consejo de la Unión
Europea, del Consejo de Ministros y del Parlamento Europeo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Alberdi,
le ruego que vaya concluyendo.
La señor ALBERDI ALONSO: Sí, señor presidente, voy terminando.
Así contribuiremos a ese cambio de actitudes.
Mi grupo lo que hace es introducir una enmienda de adición con tres
puntos, que completa la propuesta del Grupo Popular y que recoge las
recomendaciones efectuadas por el Parlamento Europeo y por el Consejo
de Ministros ya citado. Aceptamos el punto uno y el punto dos de la
proposición no del ley del Grupo Popular y añadimos tres más, que van
en la línea que he comentado. En primer lugar, realizar
periódicamente campañas informativas y de sensibilización para
favorecer el cambio de mentalidad sobre la necesidad de promover
imágenes de las mujeres acordes con su dignidad. En segundo lugar,
potenciar la participación de mujeres en los órganos consultivos
-enlaza con la tendencia a la paridad de que hablaba la proponente de
Izquierda Unida; potenciar la participación es tender a la paridad-
de gestión o supervisión de los medios de comunicación públicos, los
consejos de radiotelevisión, estatales y autonómicos, y formar a
personas expertas para que apliquen el análisis de género a los
programas de los medios de comunicación. En tercer lugar, impulsar el
desarrollo y aplicación de códigos de autorregulación voluntaria o
códigos de conducta, como se denominan, en todos los medios posibles
y también el trabajo que puede realizarse a través de los colegios
profesionales. Y me permito citar la magnífica labor que realiza el
Colegio de Periodistas de Cataluña, que tiene un código de
autorregulación, que también entra en esta materia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Alberdi,
le ruego concluya.
La señora ALBERDI ALONSO: Señor presidente, voy concluyendo.
Termino diciendo que es necesario aplicar estas estrategias
informativas, educativas y de comunicación, orientadas a promover esa
imagen de las mujeres, que eliminen los estereotipos sexistas sobre
sus funciones y que difundan información que erradique las prácticas
de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la
violencia en el hogar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero manifestar desde este escaño el apoyo del Grupo de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya-Els Verds a la propuesta que desde
el Partido Popular se hace para el control de la imagen de la mujer
en los medios de comunicación. He oído igualmente con interés las
enmiendas que se han aportado, tanto por parte del Grupo de Izquierda
Unida como por parte del Grupo Socialista, con los que compartimos
también criterio.
Esperamos oír a la portavoz del Grupo Popular si las va a
admitir o no, para decir que serían apoyadas también por nuestro
grupo.
Y me gustaría hacer una reflexión. Hoy hemos visto los temas de este
Pleno y vamos a ver el jueves una aportación sobre la modificación de
los delitos sexuales de los menores. Nos viene del Senado toda una
materia de regulación de los malos tratos. Vamos a tener otra del
divorcio por malos tratos. Creo que estamos muy dispersados en todas
las situaciones y yo querría que tuviéramos una visión clara del
asunto.
Frente a la imagen de la televisión, frente a los problemas que
tenemos, hay uno clave, que ha sido detectado incluso en las
encuestas de población activa y en los problemas del paro. Las
mujeres hemos descendido y dado marcha atrás en temas de empleo, en
temas de autonomía, incluso respecto a la tasa de actividad de las
propias mujeres, a su incorporación, y eso nos deja indefensas ante
estos problemas. Es verdad que ha aumentado el nivel de las denuncias
por mujeres, pero me temo que han aumentado también los malos tratos,
por el abandono, por la falta de autonomía, por la crisis por
desempleo. Y esas cosas nos tienen que preocupar mucho.
Me gustaría que, además de estas medidas, nos sentáramos en algún
momento todos y todas para hacer un planteamiento global de este
tema, porque, si en la educación no estamos metiendo nuevos modelos
de relaciones y una información permanente, estamos trasladando el
problema a mañana. Por eso, aunque vamos a apoyar esto, no juguemos a
una aportación mínima, sino sentémonos para hacer toda una
planificación, que es lo que nosotros creemos que sería la mejor
solución.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a apoyar con su voto favorable esta iniciativa que ha
traído la señora Mato en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Nos
parece una iniciativa oportuna, que está acertada, que está dentro de
la sintonía en que nos estamos moviendo todas las fuerzas políticas,
no solamente españolas sino europeas, de un principio de dignidad en
el tratamiento de la igualdad de sexos, evitando aquellas
discriminaciones que ya han sido denunciadas. Coinciden prácticamente
las tres oradoras, tanto la proponente como las que han hablado de
las enmiendas que han hecho el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y el Grupo Socialista, y que compartimos plenamente.
Esa sintonía está reflejada en decisiones de órganos institucionales
de la Unión Europea, como bien ha recordado la señora Alberdi.
Nosotros no vamos a ser menos y queremosestar en esa misma longitud
de onda de sensibilidad.
Es fundamentalmente -y esto también lo acaba de reflejar la señora
Almeida- un problema de educación; supera no solamente los límites de
una educación momentánea y cultural a través de los medios de
comunicación. Yo diría que resulta imprescindible para evitar los
malos ejemplos que tienden a esa violencia doméstica en los medios,
sobre todo en la televisión, junto a la postura de muchas cadenas,
que puede ser contraproducente. Se trata de hacer una llamada de
atención para no estimular esa violencia, sino que pasemos a lo
contrario, al mutuo respeto.
Dicho esto, y dado que vamos a apoyar esta iniciativa, he encontrado
que hay un factor común en el fondo tanto de la iniciativa como de
las enmiendas, que, en su gran mayoría, y sobre todo las del Grupo
Socialista, son complementarias y enriquecedoras de la propia
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Yo creo que, en estas
iniciativas, todo lo que sea sumar para obtener un consenso en la
Cámara es bueno y enriquecedor y las enmiendas presentadas a esta
proposición no de ley tienen la misma intencionalidad, van en la
misma dirección que la iniciativa del Grupo Popular, como también
quieren ir en la misma dirección los votos de las otras fuerzas que
nos estamos pronunciando ahora. A mi grupo, Coalición Canaria, que
sintoniza plenamente con ese fondo, le gustaría votar un ensamblaje
de todas estas enmiendas, ya que, como digo, están en la misma
sintonía de fondo, son complementarias, enriquecen y suponen un
suplemento de viabilidad en lo que hoy día constituye un problema.
Cualquier persona sensata, demócrata y que crea en la igualdad de
derechos está en esta línea.
Por esta razón, señor presidente, votaremos el texto de consenso que
recoja todas estas cuestiones de fondo, dándoles la forma que el
grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular, estime pertinente.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor presidente.
Los medios de comunicación constituyen una institución poderosa al
contribuir a la formación de la opinión. Por tanto, su colaboración
para concienciar a la sociedad en contra de la violencia hacia las
mujeres es altamente positiva. Los medios de comunicación, valedores
y garantes de la democracia, han de serlo de la igualdad y de la
equidad entre las personas. Es lógico y hasta necesario que, en una
sociedad plural, las personas gocen de productos audiovisuales que
les permitan formarse, informarse, o simplemente distraerse dentro de
sus intereses o preferencias. Hay que plantear el papel de los medios
de comunicación como reflejo de situaciones político-sociales y
culturales. Sin embargo, los prejuicios, estereotipos, xenofobia y
violencia gratuita
han de ser desterrados y formar parte de los códigos
deontológicos de los periodistas y de la misma sociedad.
Pero, señorías, el análisis del fenómeno de la violencia en los
medios de comunicación es necesariamente complejo. Más que considerar
la televisión como causa de violencia, habría que hablar de ella como
ilustración de la violencia intrínseca de nuestra sociedad. La
televisión es la ilustración casi perfecta de nuestra sociedad. No
podemos decir claramente que sea causa de nada, sino más bien
cómplice de todo. Sin embargo, en las emisiones televisivas se
presenta toda una serie de violencias físicas, psíquicas y
emocionales, que atañen a la ética, a la estética y a la dialéctica
de los televidentes, sin tener en cuenta, como es de suponer, el
grado de preparación ni la capacidad de respuesta crítica por parte
de la mayoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señora Solsona.
Señorías, les ruego que desconecten sus teléfonos móviles, ya que se
acoplan con la megafonía de la Cámara y es imposible poder escuchar y
oír a nadie.
Discúlpeme, señora Solsona. Puede continuar.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Gracias, señor presidente.
En los informativos, la imagen impactante o violenta se ha convertido
en criterio informativo, independientemente del hecho periodístico a
que da cobertura. Las principales razones giran en torno a las leyes
del mercado. La acumulación de imágenes violentas puede alterar la
capacidad de relacionarnos con el mundo real. En el caso de la
publicidad, por el contrario, ésta propone valores diferentes a los
de la violencia: la visión de la publicidad va asociada al placer, a
la comodidad, a la alegría de vivir. Sin embargo, un análisis más
profundo pone de relieve la existencia de un gran número de mensajes
violentos, muchos de ellos claramente sexistas.
Reconociendo el derecho a la libertad de expresión y de información,
estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos
fundamentales. En un Estado de derecho, los límites los ponen las
leyes; en nuestro caso, la propia Constitución y las normas que de
ella se derivan. Citaré sólo una, ya que algunas de la diputadas que
me han precedido han hecho referencia a la mayoría de ellas.
La Ley Orgánica de 1996, de Protección jurídica del menor, en el
artículo 5, en las normas referentes al derecho a información, habla
de velar para que los medios de comunicación en sus mensajes
dirigidos a los menores -y en este caso podríamos ampliarlo a la
sociedad en general- promuevan los valores de igualdad, solidaridad y
respeto a los demás, y eviten imágenes de violencia.
Señorías, la libertad de información es un valor constitucional, un
valor inherente al Estado de derecho y,en consecuencia, corresponde a
los poderes públicos
garantizarla asegurando el pluralismo; pero a la vez se trata de una
actividad cuyo ejercicio puede entrar en colisión con otros valores
constitucionales, como son la protección de la infancia, de la
juventud, la defensa de los consumidores, la cohesión social o el
simple respeto a la legalidad o a la igualdad de las mujeres. Ello,
desde nuestro punto de vista, justifica la imposición de unos límites
a dicha libertad.
Por tanto, las medidas efectivas que garanticen la integración de las
mujeres en términos de igualdad para concienciar a la sociedad de la
perversidad de la violencia contra las mujeres y que se programen en
colaboración con los medios de comunicación tendrán evidentemente el
apoyo de nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Catalán.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Solsona.
Señora Mato, S.S. tiene la palabra para expresar la aceptación o no
de las enmiendas que se han presentado a la iniciativa que S.S. ha
defendido.
Yo no sé si tengo que insistir muchas veces. Creo que es evidente que
los teléfonos móviles tienen que ser desconectados. Se lo ruego
encarecidamente a SS.SS.
Adelante, señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo, en primer lugar, para expresar el
agradecimiento de mi grupo a los demás grupos parlamentarios de la
Cámara por la acogida y el apoyo mostrado a esta proposición que, sin
duda, nos va a permitir avanzar un paso más en la defensa de la
igualdad de oportunidades para la mujer y también, cómo no, en la
lucha contra los malos tratos y la violencia doméstica. En segundo
lugar, y también con satisfacción, haciéndome eco de las palabras del
señor Mardones, como personas sensatas, democráticas y defensoras de
la igualdad de derechos, para acoger las enmiendas que han presentado
los otros grupos parlamentarios a nuestra proposición; enmiendas que
complementan perfectamente y están en la misma línea de la
proposición que ha presentado nuestro grupo parlamentario.
Con el permiso de la Presidencia, me voy a permitir leer la enmienda
transaccional que proponemos, que recoge las inclusiones que propone
el Grupo Socialista, incorpora las modificaciones que propone el
Grupo de Izquierda Unida y por supuesto las de nuestro propio grupo.
Se trataría de añadir tres puntos más a la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El punto 3, que leo textualmente, sería el siguiente: Realizar
periódicamente campañas informativas y de sensibilización para
favorecer el cambio de mentalidad sobre la necesidad de promover
imágenes de las mujeres acordes con su dignidad, no degradantes ni
negativas, y que reflejen sus múltiples papeles en la sociedad.
En el punto número 4 hablaríamos de lo que decía Izquierda Unida que
era la paridad, de lo que decía el
Grupo Socialista que era potenciar la participación y de lo que
nosotros llamamos participación equilibrada. Al fin y al cabo,
hablamos de lo mismo con distintas palabras. Quedaría de la siguiente
manera: Potenciar la participación de mujeres en los órganos
consultivos, de gestión o supervisión de los medios de comunicación
públicos, consejos de radios y televisiones estatales y autonómicos
y formar personas expertas para que apliquen el análisis de género en
la construcción de los modelos publicitarios y en los programas de
los medios de comunicación.
Por último, en el punto 5 de la proposición se trataría de impulsar
la firma de convenios o de códigos de autorregulación, y quedaría de
la siguiente manera: Impulsar el desarrollo y cumplimiento de códigos
de autorregulación voluntaria en todos los medios de comunicación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Mato.
Señora Aramburu y señora Alberdi, ¿SS.SS. aceptan la enmienda
transaccional planteada por el Grupo Parlamentario Popular?
(Asentimiento.) Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la
proposición no de ley del Grupo Popular sobre la lucha contra la
violencia doméstica y su relación con la publicidad y la programación
de los medios de comunicación en los términos resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
282; a favor, 280; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición del Grupo Popular.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
OPINIÓN QUE LE MERECE AL GOBIERNO LA DIMISIÓN DE LA COMISIÓN DE LA
UNIÓN EUROPEA, EL JUICIO QUE TIENE ACERCA DE LA GESTIÓN DE LOS
COMISARIOS NOMBRADOS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL, ASÍ COMO LOS CRITERIOS
Y OPINIONES DE TODO TIPO QUE VAN A SERVIR DE BASE A LA ACTUACIÓN DEL
GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LA CRISIS POR LA QUE ATRAVIESA LA COMISIÓN
EUROPEA (Número de expediente 173/000133).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4, mociones consecuencia de las
interpelaciones que, como
urgentes, se debatieron en el anterior Pleno de la Cámara, comenzando
por la del grupo de Izquierda Unida sobre la opinión que le merece al
Gobierno la dimisión de la Comisión de la Unión Europea, el juicio
que tiene acerca de la gestión de los comisarios nombrados por el
Gobierno español, así como los criterios y opiniones de todo tipo que
van a servir de base a la actuación del Gobierno para solucionar la
crisis por la que atraviesa la Comisión Europea, moción que, por
cierto, ha sido enmendada por el propio grupo de Izquierda Unida, y
para cuya presentación tiene la palabra el señor Alcaraz. (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Por favor, señorías,
guarden silencio para que pueda empezar la tramitación de esta
moción. (Rumores.) Señora Amorós y señor Morlán. (Pausa.) Señora
Amorós.
Cuando quiera, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
Voy a intentar una defensa breve pero espero que intensa de la moción
consecuencia de la interpelación que discutimos en esta Cámara el día
24 de marzo. Digo breve porque voy a intentar acudir a los aspectos
fundamentales de la dialéctica que está en la base de esta moción,
aludiendo en todo caso, más que a una acumulación de datos o de
argumentos, a una serie de anclajes, de notas y cuestiones que han
sucedido en esta Cámara y que nos parecen bastante negativas con
respecto a la eficacia y a la intensidad parlamentaria, con respecto
a los contenidos democráticos y la forma en que se debaten en esta
Cámara, que en función de la dialéctica que voy a intentar aclarar
nos parece que empieza a sufrir, fundamentalmente con respecto a
temas europeos, el denominado déficit democrático que también le
asignamos al funcionamiento regular del Parlamento Europeo. Y es
lógico que si asimilamos el funcionamiento de esta Cámara al
funcionamiento, en una sincronía constante, del Parlamento Europeo,
exista un contagio del déficit democrático, de las deficiencias
democráticas que allí existen como norma y que aquí existen como
costumbre que se va imponiendo a pesar de que la norma aquí es
profundamente democrática pero que no se emplea a fondo cuando
hablamos de estos temas.
Por ejemplo, cuando aquí discutíamos de la posición que el Gobierno
debía llevar a la hora de establecer los nuevos términos de la
denominada Agenda 2000, de la política presupuestaria hasta el año
2006, el señor Rato y algún otro ministro nos dijeron que no hacía
falta convenir previamente aquí en el Congreso ningún contenido, que
ellos irían allí sueltos de manos y que los dejáramos negociar. En
todo caso, añadió el señor Rato, que les pidiéramos cuentas cuando
volvieran a este Congreso de los Diputados. Esta es la dialéctica
democráticamente infame a la que nos referimos. Este Congreso no
pinta nada previamente a la hora de discutir
temas de enorme importancia, y acabo de referirme sin más al tema de
la Agenda 2000, de los presupuestos de la Unión Europea hasta el año
2006.
El tema de la guerra igualmente se ha dejado de tocar aquí. Es decir,
participamos en la guerra, declaramos la guerra, empezamos a tirar
bombas en la antigua Yugoslavia y aquí los diputados del Parlamento
español nos enteramos por los medios de comunicación. Esto es, no ha
habido valentía suficiente, sensibilidad democrática bastante para
hacer que este Parlamento funcione con la intensidad necesaria y
previamente a hechos en los que estamos participando sin decisión de
la Cámara.
Por ejemplo, señor presidente, los días 23, 24 y 25 se reúne en
Washington la cumbre de la OTAN para hablar de un nuevo diseño de
este club militar, la nueva OTAN, la OTAN renovada, el cambio en los
criterios de conceptualización de la Alianza Atlántica, y resulta que
la comparecencia del presidente del Gobierno se va a producir con
posterioridad a los acuerdos que se tomen en esta cumbre de la OTAN
que, al mismo tiempo, va a celebrar el 50 aniversario de su creación.
El día 24, señor presidente, este portavoz se quejaba en nombre de
Izquierda Unida de que al mediodía nos habíamos enterado del
nombramiento del señor Prodi como presidente de la Comisión Europea
sin que este Parlamento hubiese tenido noticias, sin que el
presidente del Gobierno hubiese tenido la suficiente cortesía, la
suficiente sensibilidad democrática de informar a este Parlamento
sobre cuál era su posición al respecto. Pero no sólo nos enterábamos
de esto (y en función de esta serie de circunstancias hemos planteado
la moción correspondiente), sino que en virtud del déficit
democrático que sufre el Parlamento Europeo estábamos asistiendo sin
estupor ni asombro de ningún tipo al nombramiento extraparlamentario
del presidente de la Comisión Europea, en el sentido de que no es de
extracción parlamentaria, y nadie se asombraba, nadie se sorprendía,
e incluso desde la tribuna se me dijo que, en todo caso, ése era otro
concepto de democracia y no una democracia insuficiente, no un
déficit democrático. Yo ruego a quien lo dijo que reitere o
rectifique este contenido fuerte que se dejó oír desde esta tribuna.
Pues bien; mañana mismo el presidente Aznar va a discutir en Bruselas
de cara a la creación de la nueva Comisión Europea; va a discutir de
nuevos comisarios y no sabemos nada porque no se ha informado nada
sobre los criterios que se van a esgrimir y a utilizar para el
nombramiento de los nuevos comisarios. Eso sí, el señor presidente
del Gobierno nos ha dicho, a través de los medios de comunicación,
que le corresponde al Partido Socialista Obrero Español nombrar un
comisario. Ésa es la información que tenemos. También sabemos que el
señor Pujol le ha ofrecido al señor Durán i Lleida la posibilidad de
ser comisario ante la Unión Europea. Nos hemos enterado por los
medios de comunicación. Incluso hoy hemos asistido en la Junta de
Portavoces a una cierta complicidad cuando el representante
del Gobierno le ha dicho a un miembro de la oposición que ya se sabe
a qué va el presidente del Gobierno mañana a Bruselas, y son temas de
una enorme importancia que parece que se conocían en un circuito
bastante limitado, en un claustro bastante limitado de conocimientos.
Esto es ridículo, inaceptable, y, en función de esto, planteamos la
necesidad, señor presidente, de que este Congreso conozca previamente
los criterios, el tipo de nombramiento, el tipo de persona, cuál va a
ser su función, máxime teniendo en cuenta el cierto descrédito, el
funcionamiento inestable que está teniendo la Comisión, habida cuenta
de la dimisión en bloque que tuvo que suceder por razones de
corrupción administrativa y de falta de control político.
Consecuentemente, señor presidente, hemos cambiado el texto primario
de la moción, puesto que han pasado muchos días desde el 24 de marzo,
y pedimos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno sobre la
necesidad de informar a esta Cámara y sobre la necesidad de debatir
en este Congreso de los Diputados todos los temas relativos a la
elección de los nuevos comisarios correspondientes a España de forma
previa a su elección definitiva.
Señor presidente -termino-, no nos queremos enterar por los medios de
comunicación. Esta Cámara está empezando a arrastrar un principio muy
serio de desprestigio, está empezando a arrastrar y a arrostrar un
principio muy serio de insuficiencia democrática. Si mañana o pasado
nos enteramos de quiénes son los nuevos comisarios y esto se ha hecho
de forma torticera, de forma opaca, de forma clandestina, nos
parecería un flaco servicio a esta Cámara, a la democracia y a la
información que debe demandar en una democracia el pueblo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Alcaraz. ¿Grupos que desean fijar la posición en este debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muy brevemente, señor presidente, porque
tenemos que pronunciarnos sobre una enmienda que hace el propio grupo
proponente de la iniciativa, el Grupo Federal de Izquierda Unida,
sobre su texto anterior, enmienda que no tiene nada o muy poco que
ver con el planteamiento de lo que solicita.
Mi grupo siempre ha evidenciado y ha denunciado el déficit
democrático que sufre el Parlamento Europeo. Entendemos que, deseando
potenciar el nivel de competencias democráticas del Parlamento
Europeo, se tiene que hacer en aquel marco y en aquel foro por las
fuerzas políticas, que emanan muchas de ellas, en el caso español, de
las que hay en este Parlamento, trasladándoles esta inquietud y esta
iniciativa, y no nos parece
acertado que la vía de potenciar ese déficit democrático del
Parlamento Europeo sea traer aquí esta cuestión, fundamentalmente
porque no entendemos que tenga que entrar el Parlamento en un debate
de información de quiénes pueden ser los candidatos a comisarios del
nuevo colegio de la Unión Europea que sustituya al actualmente
dimisionario.
Otro tema es que, a nivel de las conversaciones entre el Gobierno y
las fuerzas políticas parlamentarias, por sus portavoces o
representantes de los partidos de la mayoría, manteniendo la
tradición de que de los dos comisarios españoles siempre uno ha sido
del partido mayoritario que sustenta al Gobierno y el otro del primer
partido de la oposición, como alternativa inmediata de Gobierno, sean
los que hagan esta relación de equilibrio. Nadie niega que otras
fuerzas políticas puedan tener u ofrecer un candidato, pero dentro
del sentido de realismo de Estado que esto debe inspirar. ¿Que hay
que hacer gestiones por otras vías para una más clara transparencia
informativa, valga la redundancia, para que haya también una
participación de opinión de las fuerzas políticas parlamentarias
españolas? De acuerdo; pero eso no significa que haya que trasladarlo
aquí al Parlamento español, al Congreso de los Diputados, para que
eso justifique o no justifique que estamos en una situación de crisis
de carga democrática en el mismo. Eso mi grupo no lo puede admitir.
Nosotros lo que creemos y queremos es que la oferta de comisarios que
haga España sea la de aquellas personas dotadas del mejor curriculum
de credibilidad, basado en la experiencia europea, basado también en
los consensos de todas las fuerzas del Parlamento Europeo, que es
donde está este marco de control y de conocimiento, tanto curricular
de los candidatos, como de la idoneidad en los principios europeistas
que deben inspirarlo.
Por estas razones, nosotros no vamos a apoyar esta moción
consecuencia de interpelación en la forma y con el texto que trae
aquí la propia iniciativa del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
En mi grupo no compartimos la visión catastrofista que se ha dado de
lo que ha ocurrido en las últimas semanas en la Comisión Europea,
incluso, en algún caso, por parte de algún miembro del Gobierno,
puesto que, superados los efectos coyunturales y estrictamente
temporales que esa dimisión colectiva pudo tener en lo que fue la
cumbre de Berlín y los apoyos mayores o menores que España pudiera
tener de cara a conseguir unos determinados efectos en esa cumbre de
Berlín, el conjunto es que hay una mayor sensibilidad
en toda la opinión pública europea, de todos los medios de
comunicación, sobre la necesidad de ir hacia una Comisión Europea
fuerte, transparente y democrática. En ese sentido nos parece que
estamos todavía inmersos en un proceso de catarsis, si se me permite
la expresión, que globalmente, con una cierta perspectiva histórica,
hay que valorarla como muy positiva.
La Comisión Europea es, por tanto, un instrumento absolutamente
básico para proteger a los países más pequeños -y eso no hace
referencia a la población, sino a quienes puedan ser más pequeños en
una determinada negociación-, para arbitrar entre los distintos
Estados y sobre todo para actuar auténticamente como impulso en el
conjunto de la construcción europea. Poco a poco, por fortuna, vemos
que se va aclarando la situación. Nos felicitamos de que en la cumbre
de Berlín los jefes de Estado y de Gobierno, a iniciativa de la
presidencia alemana, decidieran salir directamente del atolladero con
un nombramiento expeditivo en la persona de Romano Prodi, que tiene
ahora que resolver si puede o no ser candidato europeo, pero en
conjunto nosotros valoramos muy positivamente el proceso en el que
estamos.
Valoramos también muy positivamente en su momento que el Tratado de
Amsterdam reforzara el contenido democrático de la Comisión Europea.
Lo reforzara, no lo hiciera perfecto, es cierto. Es decir, a efectos
de los estudios de los politólogos, o a efectos de un debate
intelectual, si se quiere, legítimo pero intelectual, hay un juego de
soberanías en la Unión Europea que no es fácil de resolver y que se
va corrigiendo, un juego de legitimidades: el Consejo de Ministros,
por un lado, con una legitimidad muy indirecta, puesto que está
formado por los ministros de Estados que, a su vez, tienen una
legitimidad democrática; el Parlamento Europeo, por otro lado, con su
propia legitimidad directa, elegido por sufragio universal, y, en
medio, la Comisión que, antes del Tratado de Amsterdam, tenía una
legitimidad muy escasa o todavía más indirecta en la medida en que su
nombramiento estaba directamente en manos de los gobiernos. A partir
de Maastricht y, sobre todo, a partir de Amsterdam, esa Comisión
Europea adquiere un punto más de legitimidad, puesto que ya no es
nombrada directamente por los gobiernos, sino que ese nombramiento ha
de ser ratificado posteriormente por un Parlamento, que es soberano y
que sí tiene legitimidad directa, que es el Parlamento Europeo y,
además, una vez nombrados, esos miembros pueden ser removidos por ese
mismo Parlamento Europeo legítimamente nombrado. Éste es, hoy por
hoy, el equilibrio de legitimidades democráticas en el seno de la
Unión Europea que, señor Alcaraz, soy el primero que, en nombre de mi
grupo, le dice: me parece imperfecto, me parece pobre, me parece un
estadio intermedio hacia lo que es la plena democratización de las
instituciones europeas; pero lo que no me parece correcto es ir a una
modificación de ese sistema por la vía unilateral, introduciendo unos
mecanismos de control parlamentario sobre la
Comisión Europea o sobre los comisarios españoles en la Unión Europea
que no se corresponden para nada con lo que son los mecanismos del
Tratado. Vayamos progresivamente, cuando se pueda, a una reforma de
los tratados que permita ir a un auténtico Gobierno europeo con plena
legitimidad democrática. ¿Cuál es el papel de los Estados en este
caso? ¿Cuál ha de ser el papel del Gobierno español? Pues,
efectivamente, cumplir con lo que el Tratado le pide, que es proponer
unos candidatos. Afortunadamente, insisto, desde el Tratado de
Amsterdam, ya no son candidatos que pueda imponer al presidente de la
Comisión Europea. Gráficamente se ha descrito el sistema que en
Amsterdam se establece como un sistema de veto mutuo: ni el
presidente de la Comisión Europea puede imponer a España candidatos
que España no quiera, ni España puede imponer candidatos que el
presidente de la Comisión Europea no quiera. Ese ya es un primer
avance, y el presidente de la Comisión Europea ya ha hecho saber que
ejercerá esos poderes que el Tratado de Amsterdam le otorga. Ese es
un primer dato que nos puede tranquilizar respecto de la idoneidad y
legitimidad de esas personas.
Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es buscar a personas competentes.
Según una tradición que ha habido desde que España es miembro de la
Unión Europea, que copió básicamente del régimen británico, de los
dos comisarios uno debería proceder del grupo mayoritario de la
oposición y otro de la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno.
Lo que no está escrito en ningún sitio, y no rompería ninguna
tradición, es de cuál de los distintos partidos que integran la
mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno debe surgir; no es sólo
uno el partido que apoya al Gobierno parlamentariamente sino que son
varios y, por tanto, el Gobierno tendrá que decidir y consultar en su
momento de cuál de los partidos que forman esa mayoría parlamentaria
debe salir ese comisario; y el otro, según esa tradición que nosotros
no proponemos romper, debe salir efectivamente del principal grupo de
la oposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Guardans, le ruego
concluya.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino, señor presidente. Es la primera
vez que debatimos este tema en esta Cámara y por eso me permito
alargarme.
Pedir que esas personas que el Ejecutivo propone al presidente de la
Comisión Europea vengan aquí a recibir una aprobación previa, que
condicionaría dos pasos posteriores -tácitamente es lo que aparece
ahí- de los que este Parlamento no puede responder, como son la
decisión del presidente de la Comisión Europea y la posterior
ratificación por parte del Parlamento Europeo, introduciría un
pastiche jurídico-político -si se me permite la expresión de nuevo-
que no llevaría a nada.
Por tanto, compartimos la inquietud por la transparencia y la
democratización en la actuación de la Comisión
Europea; compartimos que el Ejecutivo tiene que proponer candidatos y
evidentemente informar -estoy de acuerdo en que no deberíamos
enterarnos por la prensa-, insisto, uno sacado de la mayoría
parlamentaria que apoya al Gobierno y otro del principal partido de
la oposición; dos candidatos que han de ser personas competentes,
capaces de superar después los trámites que le quedan: la aprobación
por parte del presidente y la aprobación por parte del Parlamento
Europeo.
Estamos seguros de que así lo hará, estamos seguros de que así nos
informará, pero condicionarlo con un mecanismo de control previo, que
es lo que de hecho se deriva de esta moción, no nos parece oportuno y
por eso votaremos en contra.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, señorías, la propuesta
formulada por Izquierda Unida sobre la necesidad de informar y
debatir en el Congreso de los Diputados todos los temas relativos a
la elección de los nuevos comisarios correspondientes a España de
forma previa a su elección definitiva, no concuerda, a nuestro
entender, con la normativa europea sobre la materia, básicamente el
Tratado de Amsterdam, ni con lo establecido en la ley que regula la
información del Gobierno al Parlamento en materia de política
europea.
Como conocen SS.SS., el Consejo Europeo acordó en Berlín proponer al
Parlamento Europeo la elección de un nuevo presidente de la Comisión,
el señor Prodi. Con este acto se inician los trámites para la
sustitución de la actual Comisión Europea, que culminaran
probablemente en el mes de julio con la elección del conjunto de la
Comisión, después de la aprobación previa por el Parlamento Europeo
de la propuesta del Consejo en un Pleno del mes de mayo. El Tratado
de Amsterdam cambia el actual modelo de nombramiento de los
comisarios al tener que contar éstos con el acuerdo del presidente
del Colegio de Comisarios. Ya no son los Estados miembros quienes
acuerdan y nombran a los comisarios, sino que requieren además el
acuerdo del presidente de la Comisión Europea. Una vez que existe
este acuerdo con el presidente de la Comisión Europea, es el
Parlamento Europeo también quien aprueba al conjunto del Colegio de
Comisarios y, finalmente, son nombrados de común acuerdo por los
Estados miembros.
La propuesta que hoy debatimos lo que hace es cambiar el orden de los
acontecimientos y no considera la parte que para nosotros es más
relevante del nuevo Tratado de Amsterdam, y es que el nombramiento
del presidente de la Comisión y de los comisarios está hecho en una
clave más integracionista, más federalista, es un paso más hacia
nuevas competencias del Parlamento
Europeo. Por ello es mejor que el sistema que se seguía hasta
ahora. Nos parece que intentar cambiar el centro de elección de esos
comisarios y de la nueva Comisión del Parlamento Europeo a los
parlamentos nacionales no es lo más conveniente ni para España ni
para el futuro de la Unión Europea, dentro de un sistema más
integracionista, que el Grupo Socialista ha defendido, defiende y va
a seguir defendiendo en el futuro inmediato.
Señorías, coincidimos con Izquierda Unida y con otros grupos de la
Cámara en que el interés de este Parlamento, el interés del conjunto
de los ciudadanos españoles, el interés de España en esa cuestión no
es otro que el que la nueva Comisión ponga en práctica, con la mayor
premura de tiempo posible, las reformas necesarias para mejorar su
organización, su gestión y el control financiero de la misma, tal
como establece el dictamen del Grupo de sabios. Ello será posible con
una Comisión fuerte, capaz de actuar, que respete al mismo tiempo los
principios de eficacia, de transparencia y proximidad. Por ello, la
Comisión deberá priorizar el programa de reformas y modernización
antes citado. Cuanto antes tengamos esa nueva Comisión fuerte, cuanto
antes el Parlamento elegido democráticamente pueda dar su aprobación
a esta nueva Comisión, en mejores condiciones estará la Unión Europea
para hacer frente a sus responsabilidades y desarrollar sus
políticas. Unas políticas que, quiero recordar, en los diez últimos
años han servido a nuestro país para llevar a cabo la mayor
modernización que ha conocido a lo largo de su historia, que ha
servido para crear infraestructuras públicas y privadas, servicios
públicos y privados, como jamás había conocido nuestro país a lo
largo de la historia Lo que estamos afrontando con el nombramiento de
esta nueva Comisión es un nuevo modelo de designación de la Comisión
Europea que a nosotros no nos satisface plenamente, pero es mejor que
el anterior. Por ello no queremos contribuir a poner trabas para que
el nuevo modelo entre en funcionamiento con toda normalidad.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Costa.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace dos semanas, con motivo de la interpelación origen de
esta moción, todos los grupos parlamentarios de esta Cámara
coincidíamos en nuestra voluntad y en nuestro deseo de contar para el
futuro con una Comisión más neutral, más fuerte y más independiente,
un verdadero Ejecutivo de la Unión Europea, capaz de ser guardiana de
los tratados y de llevar a cabo la inmensa tarea que se avecina en el
siglo XXI.Hablábamos también, y coincidíamos, de la necesidad
de preservar el equilibrio institucional y de incrementar el control
democrático del Parlamento Europeo, control democrático que, como
prueba la dimisión de la Comisión, fue ejercido eficazmente por este
mismo.
Pues bien, con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, como han
señalado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra,
los sistemas de control democrático en el Parlamento Europeo se
incrementan y se perfeccionan. El procedimiento de elección no
solamente del presidente de la Comisión, sino del resto del Colegio
de Comisarios, pone en funcionamiento una serie de garantías para que
dichos órganos estén formados por las personas más capaces para
llevar a cabo las tareas que les corresponden, que les competen y por
personas más independientes en su función.
Es competencia del Parlamento Europeo, como ya se ha dicho en esta
Cámara, la votación favorable del Colegio de Comisarios, posterior a
la votación favorable del presidente de la Comisión, antes de que
éstos puedan ser nombrados. Ese es el trámite previo necesario para
el nombramiento del Colegio de Comisarios. Ahora, esta tarde,
Izquierda Unida nos propone, mezclando los niveles nacional y
europeo, someter este procedimiento básicamente comunitario a una
vista previa en el Parlamento nacional, y nosotros no lo podemos
aceptar por distintos motivos. En primer lugar, porque desvirtúa la
función del Parlamento Europeo, que es a quien corresponde aprobar el
nombramiento del presidente de la Comisión y del resto del Colegio de
Comisarios, tras haber escuchado sus programas y tras haber estimado
la idoneidad de cada uno de los candidatos.
En segundo lugar, porque va en contra del Tratado de Amsterdam y es
incompatible con el procedimiento que en él se establece para la
elección del Colegio de Comisarios. Como se ha señalado, es el
presidente de la Comisión el que, previa consulta con cada uno de los
jefes de Gobierno de los países miembros de la Unión Europea, propone
al Parlamento el Colegio de Comisarios. Si los parlamentos nacionales
tuviesen que conocer y entrar en este procedimiento, no sería
posible, porque, ¿cuándo entra el Parlamento nacional en este
procedimiento? ¿Antes de la consulta entre el presidente de la
Comisión y el presidente de cada Gobierno? Antes de que se pongan de
acuerdo el presidente de la Comisión y el presidente de cada Gobierno
no hay candidato, lo hay cuando se han puesto de acuerdo ambas
partes, el presidente de la Comisión y el presidente del Gobierno
respectivo. Pero es que después de ponerse de acuerdo ya no puede
opinar el Parlamento nacional, porque el candidato ya es candidato y
el trámite siguiente es precisamente el control previo del Parlamento
Europeo.
En tercer lugar, no se puede aceptar esta moción porque en un momento
en el que se pide la independencia de la Comisión, no parece lógico
que se someta a sus componentes a un trámite parlamentario nacional,
que necesariamente sería un trámite parlamentario que podría
tener tintes partidistas.
En cuarto lugar, porque si en el nombramiento de los ministros a
nivel nacional no existe un trámite parlamentario previo, sino que es
competencia del presidente del Gobierno, del presidente que ha sido
votado en el debate de investidura, en el que sí juega un papel
importante el Parlamento español, si en ese trámite no entra el
Parlamento nacional, con menos motivo debe entrar en el nombramiento
de los ministros europeos, y eso son los comisarios, los ministros
del Ejecutivo europeo.
Y en quinto lugar, señor Alcaraz, porque habiendo revisado los
precedentes en derecho comparado en el resto de los países miembros
de la Unión Europea, en ninguno de ellos se da esta participación de
los parlamentos nacionales en el nombramiento de los comisarios.
A mí me parece una insensatez que intentemos decretar deberes
innecesarios e incómodos al Gobierno en su actividad a nivel europeo.
Yo le pediría al señor Alcaraz que seamos serios y que no le
busquemos los tres pies al gato, sino que contribuyamos todos juntos
a mejorar el sistema y a seguir construyendo Europa.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Martínez Casañ.
Vamos a proceder a la votación de la moción. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la
moción de Izquierda Unida que acaba de debatirse.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 12; en contra, 271; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la moción.
Señorías, antes de dar paso al debate sobre las dos mociones que
restan para culminar el orden del día previsto para esta tarde,
quiero anunciar a la Cámara que por razones de la hora procederemos a
la votación de las dos mociones al terminar el debate de la última.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA INMIGRATORIA
(Número de expediente 173/000134).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre política
inmigratoria. (Pausa.- El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa
la presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías,ocupen sus escaños o
abandonen el hemiciclo para
poder continuar. (Pausa.) Ruego a SS.SS. que por favor ocupen sus
escaños.
Señora Fernández, cuando guste.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Parlamentario
Socialista la semana pasada presentaba una interpelación al Gobierno
para analizar los puntos negros que los inmigrantes viven todos los
días, los fallos que día a día en su vida cotidiana estas personas,
y en su relación con la Administración sobre todo, tienen que sufrir,
si me permiten coloquialmente y entre comillas.
La semana pasada vimos que el Parlamento está intentando hacer bien
su trabajo; en el último año o en el último año y medio se ha
presentado a la Cámara - y estamos ya trabajando en ello- la
proposición de ley sobre los derechos de los inmigrantes. Cuatro
grupos parlamentarios hemos presentado textos alternativos y a la vez
complementarios para conseguir modificar la vieja Ley de extranjería.
También dos grupos parlamentarios hemos presentado una proposición de
ley sobre la adquisición de nuestra nacionalidad por parte de los
ciudadanos de otros países. Otros dos grupos parlamentarios hemos
presentado dos proposiciones de ley sobre los derechos a la
prestación sanitaria para aquellas personas que no tienen su
situación regularizada. Estos son textos legales que están en la
Cámara en diferentes fases del procedimiento y ha sido trabajo
realizado en el último año.
Las interpelaciones y las comparecencias las hacemos para denunciar
en unos casos, para proponer en otros y para controlar al Gobierno.
Sinceramente, el Grupo hacía la última interpelación para proponer al
Gobierno ideas y también para denunciar al mismo tiempo situaciones y
comportamientos de unos y otros.
En esta ocasión nuestra interpelación pretendía trasladar y pedir al
Gobierno que no delegue responsabilidades y que no se conforme sólo
con hacer las políticas de los contingentes, de los visados, de la
lucha contra las mafias, en definitiva del papeleo y del trabajo de
Interior; que asumiera también las políticas de integración social
desde actuaciones realizadas por el Gobierno y no sólo la
transferencia económica a las comunidades autónomas para que hicieran
ellas estas políticas de bienestar social, de integración o de lucha
contra la exclusión. Le pedíamos al Gobierno que no desarrollase
políticas o actuaciones diferentes que están creando y que pueden
seguir creando agravios comparativos con estos ciudadanos: entradas y
documentación diferentes, según de dónde se venga, según dónde se
esté; exención de visado para unas personas, para otras traslado a
Portugal para resolver ese papeleo, para otras traslado a sus
respectivos países; incluso la cartilla sanitaria. En este Parlamento
hemos discutido, hemos hablado mucho sobre cómo resolverlo y hemos
denunciado la situación, que conocíamos por los medios de
comunicación, de niños que no estaban
siendo atendidos por el Sistema Nacional de Salud. En los últimos
tiempos el Gobierno, los portavoces del Grupo Popular, desde luego
dos personas del Grupo Socialista hemos recibido, por ejemplo, la
denuncia de un ciudadano de la República Dominicana que teniendo su
permiso de trabajo, llevando más de tres años trabajando aquí, cuando
va a rehacer su tarjeta sanitaria siempre tiene problemas y
conflictos. Este es un ejemplo, habría muchos casos, muchísimas
situaciones que trasladar en relación a ello, porque constantemente
las fechas no juegan a favor, el final de un tiempo de permiso de
trabajo, el final de un tiempo de permiso de una tarjeta sanitaria,
nunca juega a favor del ciudadano sino que los diferentes procesos
temporales están perjudicando las otras realidades ya conquistadas.
En esta semana esta parlamentaria ha recibido una copia de una
respuesta del Ministerio de Educación. Aquí hemos dicho muchas veces
que la integración de los niños en el sistema escolar de la red
pública es buena, sean niños regularizados o niños con una situación
irregular. Pues esta diputada que les habla ha recibido una fotocopia
de la respuesta que el Ministerio de Educación da a una ONG. Le dice
que un joven, como no tiene permiso de residencia -por tanto, no está
en situación legal sino ilegal-, no puede formar parte de los
programas de garantía social para jóvenes y para mayores. Qué
curioso, esto es garantía social, esta es la parte social del sistema
educativo. No puede entrar. Respuesta del Ministerio de Educación.
Muchos ejemplos contamos la semana pasada; estos son nuevos, de estos
días. Nosotros le pedíamos al Gobierno que marcara una única
política, que se actuara de forma igual en todos los lugares, en
todos los territorios, en todas las administraciones y con todas las
personas. También pedíamos que el Gobierno dedicara más esfuerzos a
Ceuta y a Melilla y a los campamentos, que dedicara más recursos
humanos y técnicos en las diferentes unidades administrativas. La
semana pasada había una denuncia de las ONG en los medios de
comunicación acerca de cómo se paralizaba el contingente del año
pasado, con qué lentitud se resolvía. Se hablaba en concreto de ocho
meses y nos decían que pocos funcionarios había en Trabajo y en
Interior para resolver estos problemas.
También le pedíamos al Gobierno que buscara una salida novedosa -le
hacíamos una propuesta sobre los contingentes- y que siguiese
profundizando en la democracia participativa. Con eso, mi grupo
parlamentario elaboró siete puntos de moción, pensando que los grupos
parlamentarios que habían intervenido -el Grupo Popular, que hablaba
del tema europeo, e Izquierda Unida, que había hablado de los centros
de internamiento- podrían hacer propuestas en esa dirección. Nos
hemos encontrado con una propuesta alternativa total a nuestro texto
y el diputado del Grupo Popular y yo hemos estado toda la tarde
intentando negociar y consensuar. Hemos llegado a acuerdo en cinco
puntos, de siete, pero no en dos de ellos; por tanto, el trabajo se
nos queda en el talante de negociar,
pero no se puede traer a esta Cámara, porque no podemos votar
parceladamente la moción que el Grupo Socialista había planteado.
¿Por qué no llegamos a acuerdo, señorías? Sobre todo, por el punto
primero y el segundo, y a partir de este momento les pido a todos
ustedes el apoyo a la propuesta del Grupo Socialista. En nuestro
punto primero, pedíamos que se nombrara urgentemente la presidencia
del Foro de integración social, pero que se consultase a los
portavoces de los grupos parlamentarios, y decíamos que se resolviese
con diálogo y con acuerdo la impugnación que tiene la norma actual,
el real decreto, y que se asumiera claramente por el Gobierno que las
personas que tenían que decidir quiénes formaban parte del foro eran
las de las propias organizaciones de inmigrantes o de las
organizaciones de solidaridad con los mismos. No hemos podido llegar
a acuerdo en este tema.
Llamo al Grupo Popular a la reflexión porque nosotros no estamos
planteando negociar el nombre o que unas veces sea puesto por
ustedes, ahora gobernando, y otras por la oposición. No les estoy
planteando un tema como el que hemos tenido esta mañana en la
Comisión de Industria, donde en la configuración de una Comisión se
reservan y se negocian tres puestos a propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista y, de pronto, nos encontramos con que
retiran ese acuerdo con nosotros y ponen a personas cercanas o de
total confianza del grupo parlamentario. No estamos diciendo que una
vez el presidente lo ponga el primer partido de la oposición y otra
vez el Gobierno; decimos que ustedes nos consulten las personas cuya
denominación están manejando para la presidencia del foro. No
entiendo por qué no nos aceptan esto. En tal caso, ¿se crea un
precedente? Sí, el precedente de seguir profundizando en la
democracia; el precedente de apostar por la democracia participativa
y por la democracia consultiva. La democracia que supone esta Cámara,
la democracia constitucional, la democracia política es perfecta,
pero es mucho más perfecta si va vinculada a desarrollar y a
potenciar todos los órganos que hemos creado en estos 20 años de
consulta, de participación y de corresponsabilidad. Señores del Grupo
Popular, les convoco a aceptar todavía este punto número 1 de nuestra
moción, cuyo único trasfondo es: dialoguen hasta el final con las
organizaciones no gubernamentales para decidir cómo se configura el
foro, denles madurez, porque son maduros, y cuenten con los grupos
parlamentarios porque todo eso tiene que ver con profundizar en la
democracia, con crear la democracia consultiva y participativa que
está en toda nuestra legislación.
Por último, el segundo punto en el que no hemos llegado a acuerdo es
uno que les reconozco que es novedoso. Señorías de los grupos
políticos que se van a tener que posicionar, después de escuchar a
muchas organizaciones no gubernamentales, a consejeros de comunidades
autónomas y a responsables de corporaciones locales, lo que nosotros
hemos planteado es
novedoso y es una propuesta positiva del grupo de la oposición al
Gobierno. ¿Qué decimos? Dejen abierto el contingente durante todo el
año; incluso en algún momento le decía al representante del Grupo
Popular que lo podemos dejar en seis meses si ustedes nos aprueban
este punto. Dejen abierto el contingente durante todo el año, lo que
permitirá que no haya cuellos de botella, que no haya esas escenas
tan tremendas que nos encontramos periódicamente una vez al año, que
no haya los problemas de Jaén, de Madrid, que no haya esta dificultad
para las personas que tienen que llevar sus papeles. Hagamos ese
contingente abierto durante todo el año.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, vaya
concluyendo, por favor.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Que ese contingente recoja, con el esfuerzo que sabemos está haciendo
el Gobierno sobre permisos de trabajo de temporada en la agricultura,
un porcentaje que nos comprometa a todos para que las personas vengan
con sus papeles resueltos desde sus países de origen y que también se
abra a otras esferas de actividad. El Gobierno suele decir que lo
está abriendo, pero la realidad es que el contingente es para trabajo
doméstico, para la agricultura y para la construcción. Todos los que
hemos participado en la subcomisión y todos los que hemos dedicado
tiempo a estos temas asumimos la petición de la OIT, que siempre
recomienda a los gobiernos que, por favor, los contingentes estén
abiertos a todo tipo de sectores y a todo tipo de profesiones, para
así, si tenemos trabajadores en toda la pirámide de posibilidades,
laborales y de sectores, poder trabajar en una mayor integración de
las personas.
Este segundo punto también decía que como tenemos constantemente
personas concentradas en los campamentos -dentro de poco en el
albergue de Melilla y espero que pronto construido el de Ceuta- de
Ceuta y Melilla, hagamos contingentes de las personas que están en
tierra de nadie pero a lo mejor dentro de Ceuta y Melilla en estos
albergues y en estos campamentos, para que vengan en las mismas
condiciones y con la misma igualdad de trato que lo hacen las
personas desde sus países o que regularizan sus documentos estando ya
aquí.
Señorías, no entiendo por qué el Grupo Popular no nos acepta, incluso
con alguna sugerencia, estos puntos 1 y 2. Si lo hiciese, volveríamos
a tener una moción aprobada por unanimidad, con un mensaje a la
sociedad española y a los colectivos de inmigrantes en nuestro país
de que en el Parlamento queremos trabajar en consenso para ir lo más
rápidamente posible. Lo ha intentado el Grupo Socialista, no lo ha
conseguido, por lo que le pide al resto de los grupos que apoyen
nuestra moción, porque con estos siete puntos hacemos hincapié en los
temas que hoy están funcionando mal y
están creando inseguridad y exclusión a los inmigrantes que están en
España o en Ceuta y Melilla.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Fernández.
A la moción del Grupo Socialista se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
Utilizaré el turno no sólo para defender la enmienda, sino para fijar
la posición de mi grupo respecto a la moción original presentada y a
las carencias de la misma.
Tras las conversaciones entre los dos grupos se ha llegado a un
acuerdo en cinco puntos, de los siete que contenía la moción
original, y hay que decir que al incorporar al proyecto de moción las
sugerencias que ha hecho este grupo, resolvíamos una parte de las
carencias importantes que tenía la moción original. También
resolveríamos el problema de encuadrar adecuadamente la gestión de
las políticas migratorias con la estructura del Estado español. No es
posible que al gestionar políticas migratorias y políticas de
integración social de los inmigrantes olvidemos que hay competencias
transferidas a las comunidades autónomas y que hay competencias de
atención social que realizan los ayuntamientos. Ni a una ni a otra
institución se hacía referencia en la moción original. Es más, esta
era restrictiva sobre las políticas que se están aplicando
actualmente, puesto que pretendía apartar un bloque del presupuesto
destinado a la integración social de los inmigrantes para que lo
administrara directamente el Estado en colaboración con las ONG de
ámbito estatal. Por tanto, esta moción tiene desde el punto de vista
del resto de los grupos una serie de problemas para su aceptación,
que se resolverían con la transacción efectuada por nuestro grupo.
En cuanto a las objeciones sobre los elementos en disputa, era claro
para nuestro grupo, puesto que está en el texto de nuestra enmienda,
la necesidad de nombrar urgentemente a la persona que ha de asumir la
presidencia del foro. ¿Con qué otra parte no estamos de acuerdo? No
estamos de acuerdo con incluir una referencia a la consulta a los
portavoces de los grupos parlamentarios en una competencia atribuida
por una legislación elaborada durante la época socialista al
Ministerio de Trabajo, puesto que pensamos que introduce un elemento
sobre el que es necesario reflexionar aún más.
Lo que dice el texto de su moción en el punto que se refiere a la
representación de las ONG en el foro no es lo que ha dicho usted en
esta tribuna. Lo que hace el texto de su moción es asumir que los
vocales del foro, que lo están en representación de las asociaciones
de inmigrantes, se designen entre ellos. Ahora mismo es así. Lo que
usted plantea ahora como cosa
nueva, pero que no es el texto de la moción que se va a someter a
votación, es que la designación de las ONG que tienen que participar
en el foro se haga directamente por las propias ONG, es decir que las
propias ONG valoren directamente la inclusión. Pero lo que usted ha
manifestado en la tribuna no coincide en absoluto con lo que dice el
texto de su moción, puesto que este se está cumpliendo actualmente.
Son los representantes de las ONG los que eligen a los vocales. Lo
que hace el Gobierno es valorar qué ONG son las que tienen
representación en el foro. En cualquier caso, su texto quedaría cojo
porque no hay una referencia a los criterios por los cuales
consideramos la representación de las ONG, su capacidad o su ámbito
territorial.
En el punto segundo tenemos algunas discrepancias, no en cuanto al
plazo -sabe que hemos aceptado una posible ampliación del plazo, de
los tres meses actuales a los seis-, que no supondría ningún
problema. Sí creemos que supone un problema de gestión tener un plazo
abierto durante todo el año para el contingente, puesto que esto va a
retrasar la resolución de las solicitudes del mismo, entre otras
cosas porque puede haber departamentos administrativos que piensen
que hasta que no se agote el año no tienen que tomar la decisión para
resolver la solicitudes presentadas. Entendemos que puede suponer un
retraso. Un contingente específico para Ceuta y Melilla implica un
elemento discriminatorio con otras comunidades autónomas o incluso
otras provincias, que también pretenderían tener su propio
contingente. Creemos que un contingente específico para Ceuta y
Melilla, en vez de ser una solución, es un problema, puesto que una
vez llenado ese contingente -y ahora mismo, aplicando el 10 por
ciento del contingente total, estaríamos en condiciones de llenar al
cien por cien el contingente de Ceuta y Melilla con los ciudadanos
que ya están allí-, ¿qué solución damos a las nuevas entradas?
¿Expulsamos a todo el que entre directamente porque ya se ha
consumido el contingente? ¿Los dejamos esperando en Ceuta y Melilla
durante un año, hasta que vuelva a rehabilitarse un contingente para
estas ciudades, o utilizamos el criterio que se está siguiendo
actualmente de salidas periódicas todas las semanas en bloques de 70
u 80 ciudadanos con destino específico en la Península? Creemos que
el sistema actual es mejor.
En cuanto al concepto de los temporeros, lo que pretende la moción es
que del contingente disponible se aparte un porcentaje para
temporeros, con lo cual se reduciría el porcentaje de contingente
disponible para trabajo estable o permanente. ¿Qué es lo que les
hemos explicado? Que el Ministerio de Trabajo tiene muy avanzada una
regulación específica del trabajo temporal para inmigrantes, de forma
que dicho trabajo, que por su propia naturaleza se desarrolla con un
criterio de temporalidad -básicamente nos estamos refiriendo al
trabajo en agricultura-, no tenga nada que ver con el contingente y
tenga un tratamiento específico, con una nueva regulación de los
visados o con un visado nuevo para ese cometido, de forma que se
permita a
los inmigrantes que pretenden hacer un trabajo temporal entrar y
salir del territorio en función del trabajo que ya tienen contratado.
Por tanto, lo que la moción pretende en este aspecto en el fondo
supone una reducción del contingente disponible para trabajos
estables, puesto que una parte de ese contingente serían trabajadores
temporeros, cosa que actualmente no se hace.
En definitiva, hemos hecho un esfuerzo y seguimos haciéndolo para
llegar a acuerdos completos en los temas de inmigración. Ahora,
cuando lo que se plantea no es totalmente asumible porque choca con
situaciones de comunidades autónomas, con competencias de
ayuntamientos y con determinados conceptos -no tiene mucho que ver lo
que se pretende con el texto de la moción-, comprenderá que es
imposible llegar a ese acuerdo. En aras de la unanimidad y para no
ver rechazado ningún planteamiento, caben soluciones. Usted ya habla
del voto negativo; da por cerrada toda posibilidad de diálogo, como
si hubiéramos escenificado una ruptura, pero, en aras de ese diálogo
y de esa unanimidad que ha presidido todos los planteamientos
parlamentarios sobre temas de inmigrantes y relacionados con la
inmigración, cabe otra solución. Tenemos un texto en el que hemos
acordado cinco puntos sobre siete. Deje en suspenso los puntos
primero y segundo -ya le he dicho que el punto primero tiene un error
grave en su redactado, que es lo que se vota- y entonces sí podremos
someter a votación el texto que hemos transigido de los cinco puntos
restantes.
En lo relativo a la inmigración no se debe intentar hacer política
partidista. Estamos embarcados en una reforma integral y profunda de
la Ley de Extranjería, con un criterio abierto por parte de todos los
grupos de la Cámara y con un criterio de colaboración para llegar
a textos asumibles por todos, a textos que, además, respondan a una
visión generosa y realista de la inmigración, y creo que no debe
romperse esa situación ni ese criterio, no debe romperse esa
regulación ni introducirse continuamente mecanismos de distorsión.
Cada vez que se presenta una serie de reformas o de regulaciones
parciales de determinados aspectos y una serie de mandatos al
Gobierno mientras está en marcha la reforma de la Ley de Extranjería,
estamos introduciendo un elemento de confusión en el tratamiento de
las políticas migratorias y estamos perdiendo tiempo que tendríamos
que concentrar en elaborar una buena ley de inmigración que ahora
estamos en condiciones sociales y políticas de realizar. Por tanto,
no nos plantea un gran problema decir que no podemos votar ese texto,
por las razones que he explicado, y esperamos que en el futuro sea
posible que haya un elemento de generosidad por parte de todo el
mundo que nos permita mantener el criterio de la unanimidad.
En cualquier caso, al resto de los grupos parlamentarios que no son
el Grupo Parlamentario Socialista hay que decirles que leyendo
detenidamente la moción que se presenta, hay una serie de puntos que
creo que no son completamente asumibles por nadie, porque la
redacción está hecha con bastante apresuramiento y
con determinados defectos que hacen que algunos puntos sean poco
reconocibles. Todos estos defectos de redacción y estos puntos poco
reconocibles habían quedado resueltos en los apartados en los que
hemos llegado a una transacción. Si esta no ha sido posible, el
planteamiento del Grupo Parlamentario Popular es que no puede votar
esos puntos primero y segundo en los términos que están, que no puede
renunciar a lo que ya estaba transigido y, por tanto, no puede
admitir el resto de puntos en la forma en que están redactados en la
moción original. En el futuro intentaremos tomarnos más tiempo o
contar con más elementos para que siempre sea posible llegar a una
transacción en esta materia y continuar, en relación con la
inmigración, tratando todo como materia de Estado y no como materia
objeto de política partidista.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios que
deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Gil.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo y yo personalmente no dudamos de la bondad de las
intenciones de la portavoz de Grupo Socialista al proponer esta
moción, pero su insistencia en presentar temas de este tipo, al
margen de lo que se está construyendo, puede inducir a crear cierta
desconfianza hacia el trabajo de todos los grupos políticos -y
también del suyo, señora portavoz- que se está desarrollando
especialmente en la ponencia que debate y construye la nueva ley de
extranjería.
Todas y todos deberíamos no sólo ser cautelosos respecto a nuestras
acciones sino también coherentes. Deberíamos ser cautelosos porque
los comportamientos parlamentarios autárquicos respecto a una materia
tan sensible como la inmigración pueden suscitar dudas a los
colectivos afectados sobre la solidez de nuestro objetivo común, que
es aprobar prontamente la ley de extranjería. Deberíamos ser también
coherentes porque la existencia de una moción sobre este tema puede
hacer nacer la sospecha de que estamos trivializando nuestro nunca
fácil consenso.
Toda propuesta que se hace en esta Cámara es útil, sea aprobada o no,
y la del Grupo Socialista también lo es, en especial en aquellos
temas de gestión o de administración de los problemas que usted ha
llamado puntos negros, que intenta mejorar. Son esencialmente
importantes los dos puntos sobre Ceuta y Melilla de los que usted
habla. Es cierto que estas ciudades, por su situación geográfica,
están presionadas y reciben enormes contingentes de personas
inmigrantes, y gestionar esto presenta grandes dificultades. Es
también muy importante seguir las recomendaciones de la Unión Europea
sobre los cursos de formación que se deben dar a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad y a los funcionarios que traten con los
inmigrantes.
Hay tantas cosas útiles que podrían ser aprobadas por consenso que
nos sorprende que usted no pueda llegar a él, o bien podríamos creer
que su objetivo no era mejorar la gestión de estos puntos negros,
porque precisamente respecto a los de mayor urgencia se había llegado
a un acuerdo y, por lo visto, también es incapaz de llegar a un
consenso con todos los grupos. Usted sabe que nosotros nunca
podríamos decir sí a su moción, porque en ella ignora absolutamente
la existencia de comunidades autónomas y de sus competencias. Por
tanto, a nosotros, que estamos de acuerdo con su llamada de atención,
que estamos de acuerdo con el consenso al que usted había llegado con
el Grupo Popular, nos parece que aquella máxima de todo o nada jamás
puede concitar el consenso. Por eso desearíamos no una recapacitación
sino simplemente que fueran más eficaces y decidieran reducir la
moción de hoy a estos cinco puntos en los que hay consenso. Esta
moción saldría adelante, los problemas de Ceuta y Melilla se
gestionarían bien, se darían los cursos de formación y se
distribuirían mejor las subvenciones que se deban otorgar. Todo esto
es bueno para la extranjería.
A mí me gustaría que dijera sí. Ahora, si no lo hace, nosotros no
vamos a votar su moción. Usted también lo sabe. Estoy segura
igualmente de que, si no se vota, el Partido Popular hará llegar al
Gobierno del Estado español la necesidad de actuar y concretar
aquello que hubiera podido ser un acuerdo consensuado de hoy, los
cinco puntos respecto a los que se había llegado a acuerdo. Creo que
este debería ser el compromiso del Partido Popular si usted no está
dispuesta a ganar el consenso de todos los grupos políticos.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Gil. (La
señora Fernández Sanz pide la palabra.)
Señora Fernández, ¿con qué motivo pide la palabra?
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Por la alusión de los dos o tres juicios de
valor que ha hecho la ponente en torno a que no quiero el consenso,
en torno a...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: ¿No lo estima? Me vale su autoridad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, el debate
de una moción es un debate tasado. Las alusiones, tal como las
entiende el Reglamento, serían alusiones en desdoro..., y la
Presidencia no entiende que esas alusiones tengan esa
intencionalidad.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Bien, señor presidente, lo resolveré con la
diputada personalmente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor presidente.
Como aquí se ha puesto de manifiesto, es una realidad que el tema de
la inmigración ha estado muy presente en esta legislatura, en
nuestros trabajos parlamentarios y en las diferentes intervenciones,
y con carácter general se han hecho grandes esfuerzos para concitar
niveles importantes de consenso al respecto.
Nuestro grupo piensa que es de una enorme importancia que se centren
y se lideren todos los esfuerzos para la aplicación de las
conclusiones del último informe sobre la situación de la inmigración,
así como para la modificación de la Ley de Extranjería, porque somos
conscientes de que son elementos clave en estos momentos y en la
construcción de lo que tiene que significar una política de Estado,
una política clara y renovada en relación con la inmigración. Sin
embargo, es cierto también el alcance de muchos de los problemas y de
las cuestiones que afectan a la inmigración, como son la gestión de
los contingentes, la situación de los centros, que ponía de
manifiesto la portavoz de Convergència y Unió, la formación de los
funcionarios y del personal que tiene que trabajar en estos temas y
una mejor distribución y el incremento de los recursos destinados a
la política de inmigración.
Las soluciones que tenemos que plantear requieren agilidad y decisión
porque sabemos que la falta de estas dos materias día a día hace que
la ciudadanía perciba la inmigración como un problema, sin alcanzar a
ver las soluciones. Por lo tanto, la incapacidad que se demuestra, a
pesar del esfuerzo por asumir los nuevos retos que se pueda acabar
transmitiendo, acaba convirtiendo la inmigración, como se planteaba
por parte de todos los grupos en la propia subcomisión, en algo
negativo, que se percibe como temporal y problemático por parte de la
ciudadanía. Sabemos que tenemos y que debemos actuar, que es
necesario buscar soluciones con carácter dinámico y reconducir las
situaciones de provisionalidad hacia otras de carácter más
permanente, siempre con un criterio de fondo de integración y de
bienestar social en lo que afecta a la población inmigrante.
A nuestro grupo le gustaría seguir trabajando en la línea de consenso
que se ha planteado en esta Cámara. En términos globales, como sabe
el resto de los grupos, no tenemos el mismo criterio en política de
inmigración, porque a nuestro modo de ver persisten criterios
restrictivos, pero siempre hemos tratado de participar en los
consensos sobre aquellos temas que, sin ser la expresión de nuestra
política de inmigración, han significado en cada momento avances
situaciones concretas.
En relación con los puntos 3, 4, 5, 6 y 7, que desarrollan
o concretan elementos importantes, nuestro
grupo ha tratado de buscar el consenso a través de las enmiendas
transaccionales que se planteaban por parte del Grupo Popular.
Entendemos, pues, que estos no son puntos de diferenciación y nuestro
grupo estaba y está de acuerdo con la redacción final.
En cuanto al primer punto de fondo, nuestro grupo está de acuerdo en
lo que significa la consulta a los portavoces y entendemos que
profundiza en algo que hemos venido reivindicando en diferentes
ámbitos y procesos. Por tanto, si la voluntad es de consenso o si
precisa reflexión, se podría ir a un redactado en donde se pusiera de
manifiesto no sólo la urgencia en el nombramiento, sino aquellos
elementos que se planteaban en la moción y que significaba un
compromiso que se podría haber salvado. Nuestro grupo va a votar a
favor de la moción en lo que afecta al primer punto, porque la va a
votar globalmente.
En cuanto al segundo punto y a lo que significa la apertura del
contingente durante todo el año, entendemos que recoja, porque es una
parte fundamental, los diversos elementos posibles, tanto en lo que
afecta a un tratamiento sectorial como al conjunto de posibilidades,
con un tratamiento específico en Ceuta y Melilla. El voto a la moción
y el voto positivo en lo que respecta a este punto, en ningún caso
debe significar ni significaba desde su redacción una reducción, sino
todo lo contrario, y por el mismo criterio se puede plantear una
ampliación. Es en este contexto en el que planteábamos nuestra
posición en el sentido de que, de la misma forma que el portavoz del
Partido Popular pensaba en una reducción, nuestro grupo en lo que
piensa es en una ampliación, porque el contingente y el cupo son
cosas diferenciadas.
Nuestro grupo va a votar favorablemente a la moción. En todo caso, se
tienen que seguir haciendo esfuerzos para que el camino que hemos
iniciado para lograr un importante nivel de consenso, que va a ser
muy necesario en la aplicación de las conclusiones de la subcomisión
y de la Ley de extranjería, sea una realidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Sabanés.
La señora Fernández tiene la palabra, una vez finalizado el debate,
para indicar si acepta o no la enmienda defendida por el Grupo
Popular.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Entendía que más que una enmienda era una
lógica de discurso, porque si no, ¿por qué no acepta los dos puntos y
con eso ya se consigue el consenso? Estamos de acuerdo en cinco,
acepta los dos nuestros y ya hay consenso. Yo no digo que eso es
política partidaria. No, señor presidente, no se puede aceptar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Una vez debatida la siguiente moción, se someterá a votación esta
moción del Grupo Socialista en sus propios términos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
ACTUACIONES DE ÁMBITO GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO
PARA IMPULSAR EL LLAMADO «TERCER SECTOR» DEL ÁMBITO SOCIAL EN ESPAÑA
(Número de expediente 173/000135).
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos al punto siete del
orden del día, moción consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
actuaciones de ámbito general que tiene previsto adoptar el Gobierno
para impulsar el llamado tercer sector del ámbito social en España.
Para su defensa, tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señor presidente, señorías,
efectivamente voy a defender en este trámite la moción consecuencia
de la interpelación urgente que presentó nuestro grupo parlamentario
en el transcurso de la última sesión plenaria y diré que, como decía
mi compañero Carlos Campuzano, lo que pretende el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) es abrir un debate, sentar las bases
del desarrollo, del inicio sobre todo, de una política global de
apoyo, de soporte, de ánimo y de impulso al denominado tercer sector,
entendiendo por el mismo aquel que no es ni el económico ni el
estatal y formado fundamentalmente por asociaciones que trabajan en
el terreno social, en el terreno de la solidaridad, tanto a nivel
interno de nuestro país como a nivel internacional. Los
macroobjetivos que nuestro grupo parlamentario ponía encima de la
mesa de debate en esta Cámara continúan siendo cuatro.
En primer lugar, conseguir una masiva movilización de recursos contra
la exclusión, la marginación y la precariedad. Hay pobreza en nuestro
país; señorías, también la hay.
En segundo lugar, facilitar una generación de empleo ante unas nuevas
expectativas y unas nuevas necesidades sociales; mediante el tercer
sector también podemos crear ocupación.
En tercer lugar, promover la participación y la responsabilidad de la
sociedad desde la concertación social y desde el diálogo social. La
Administración nunca puede sustituir al ciudadano; el Estado nunca
podrá, afortunadamente, sustituir al individuo. Por tanto, lo que es
preciso es promover esa participación y, sobre todo, mentalizar por y
para la responsabilidad de la sociedad y de sus miembros.
Finalmente, también decía mi compañero Carles Campuzano que nuestro
cuarto objetivo era reforzar y revitalizar desde esta perspectiva
social el Estado del bienestar con el objetivo de terminar, de poner
punto final o al menos intentar acabar con décadas de retrasos,
malentendidos, tópicos respecto de la sociedad civil, yo diría que
incluso de desconfianza hacia la potencialidad de esa sociedad civil
que nos acompaña
y a la cual servimos. (El señor vicepresidente, Fernández- Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
Señorías, ¿qué proponemos? Lo que está escrito con mayor o menor
fortuna, como siempre, en nuestra moción que registramos en la
Cámara. Lo que proponemos es algo muy abierto, lo hacemos
fundamentalmente para conseguir un consenso de la Cámara alrededor de
estos puntos, para exhibir ante la sociedad española en su conjunto y
concretamente ante el sector social que sí es posible el
entendimiento de base para poner en marcha una serie de medidas. A
estos efectos lo que proponemos es la elaboración de un libro blanco
sobre el tercer sector de ámbito social como instrumento de
conformación de políticas públicas de carácter social, donde
participarían distintos ministerios, las comunidades autónomas y el
sector.
Proponemos impulsar un plan estratégico de apoyo al tercer sector de
ámbito social que concrete objetivos, estrategias y medidas de
impulso de una política global para el desarrollo del mismo y la
mejora de esa acción social que se está llevando a término y que se
va a incrementar en los tiempos venideros. Proponemos establecer vías
de participación de las entidades que conforman el tercer sector en
el desarrollo de las políticas públicas de ámbito social. Creemos que
debemos acotar la presencia de las administraciones públicas en la
línea de que nunca podrán sustituir el impulso de la sociedad civil
y, por tanto, esa sociedad civil debe estar participando con la
Administración en el desarrollo, en la evaluación, en el impulso de
las políticas públicas de ámbito social; por tanto, las queremos
participativas.
Proponemos impulsar un proyecto de ley de empresas de inserción
laboral porque creemos -ya lo he dicho, lo decía mi compañero Carles
Campuzano- que es posible crear empleo mediante este sector y en este
sector. Deseamos desarrollar un plan estatal del voluntariado con el
objetivo de fortalecer la participación social en actividades no
lucrativas de interés social. También promover una serie de reformas
en el ámbito fiscal que hoy no determinamos y también en el ámbito
administrativo a los efectos de favorecer, mediante el estímulo
fiscal y de la Administración, la actividad de las entidades de
interés social. Tenemos pendiente una modificación. Afortunadamente,
se está tramitando en estos momentos en esta Cámara la Ley de
Contratos, para incorporar incentivos de contratación mediante
entidades no lucrativas de interés social -nuestro grupo
parlamentario avanza que presentará una enmienda al proyecto de ley
que estamos tramitando- y también proponemos que el Gobierno se
decida a traer a esta Cámara una ley de asociaciones que dé respuesta
al nuevo, que ya es viejo -veinte años hace ya-, mandato
constitucional para favorecer y potenciar el hecho asociativo como
instrumento de dinamización de la participación de la sociedad civil
en las actividades de interés social.
En resumen, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo,
afortunadamente, no es poner en marcha un tren, porque el tercer
sector ya existe y tiene distintas estaciones,
todas ellas importantes por ser socialmente interesantes,
sino que nuestro objetivo es que por primera vez el Congreso de los
Diputados, primero, hable del tercer sector, que nunca lo ha hecho, y
después señale instrumentos operativos para asegurar su existencia,
protegerla, impulsarla, reconocerla, que no es tan difícil,
y ordenarla en lo posible, pero lógicamente no desde el
intervencionismo de la Administración ni la política, sino como
medio, como instrumento para facilitar su existencia e impulsar sus
potencialidades, en definitiva, empezar a darle una cobertura desde
ámbitos distintos, quizás incluso, señorías, me atrevo a decir, a
cambiar nuestros propios chips respecto de un sector emergente que es
útil y además eficaz.
En resumen, señor presidente, lo que nuestro grupo propone, como dice
nuestra moción consecuencia de interpelación, es que este Congreso de
los Diputados valore positivamente la participación de la sociedad
civil a través de asociaciones, de fundaciones, de ONG y otras
organizaciones que actúan en el ámbito del tercer sector, en el
ámbito social de carácter no lucrativo, con el objetivo de
complementar y amplificar la actuación de las administraciones
públicas para mejorar el Estado del bienestar y para impulsar una
sociedad más justa y equilibrada desde la perspectiva social.
Señor presidente, señorías, creemos que es muy importante, es
altamente interesante avanzar en esa línea, en el concepto de que una
sociedad moderna va a necesitar de la existencia de organizaciones no
gubernamentales fuertes, independientes, sin clientelismo y sobre
todo eficaces.
Para ello, hemos presentado esta moción, que es la consecuencia
lógica de una interpelación que tuvo lugar hace unas semanas con la
presencia del señor ministro y con los distintos portavoces de grupos
parlamentarios, que sirvió para poner encima de la Mesa del
Parlamento algo que, no siendo novedoso porque afortundamente existe
y además es potente, sí que lo es desde el punto de vista del debate
parlamentario, sí que lo es desde la vertiente de ofrecerle, darle,
facilitarle, instrumentos para su desarrollo, para su propia
existencia, para que cumpla sus objetivos.
Finalmente -termino, señor presidente-, nuestro grupo parlamentario
quiere agradecer las aportaciones que han hecho tres grupos
parlamentarios -Grupo Socialista, Grupo Federal de Izquierda Unida y
Grupo Popular- mediante enmiendas a nuestra moción. Las agradecemos
porque, más allá de las propuestas concretas, todas ellas
absolutamente respetables, lo que hacen es sumarse a este debate y
poner voluntad al encauzamiento de cuanto mi compañero Campuzano, en
nombre de nuestro grupo, y un servidor hoy mismo tratamos de debatir
y encauzar. Lo agradecemos profundamente, aunque sea desde la
discrepancia respecto de las propuestas concretas que nos hacen el
Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
-agradecemos a estos dos grupos su labor, su buena fe, que creo que
existe en el fondo de suspropuestas- y desde la convicción de que las
mismas
quizá estropeen lo que nosotros entendemos como un denominador común
de la Cámara en cuanto a impulsar y tratar este sector.
Avanzo, señor presidente que las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular van a ser aceptadas por nuestro grupo parlamentario. No
alteran sustantivamente nuestra iniciativa, la mejoran técnicamente.
No hay aportación innovadora, pero sí aportación de mejora en su
redacción y, por tanto, vamos a aceptarlas. Por tanto, quisiera que
alrededor de esta propuesta, con las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular, se produjera, si es posible, la unanimidad de
la Cámara porque este sector, quienes lo integran, quienes lo
representan, quienes trabajan en ellos, no nuestro grupo
parlamentario, bien se lo merecen.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López de Lerma.
Han sido presentadas enmiendas por parte de los grupos Federal de
Izquierda Unida, Socialista y Popular.
Para presentación y defensa de las enmiendas, en nombre del Grupo
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra, en primer lugar, el
señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, después de un debate excesivamente teórico, bajo mi punto
de vista, sobre el tercer sector en la interpelación urgente que da
origen a esta moción, hoy debemos analizar la concreción que el Grupo
de Convergència i Unió nos presenta sobre este tema. Los temores que
Izquierda Unida manifestó en su día con motivo de la interpelación no
se despejan del todo con esta moción. No es que recelemos de la
realidad del tercer sector; nosotros queremos que quede perfectamente
claro que es justamente todo lo contrario. En nuestra actividad
social, parlamentaria, económica hemos defendido siempre un estatus
específico para la economía social, para las cooperativas, etcétera,
como queda manifiestamente claro en nuestras posiciones en recientes
debates parlamentarios en esta Cámara respecto a la Ley de sociedades
laborales y a la Ley de cooperativas, por ejemplo.
Nuestro temor deriva de la instrumentalización fraudulenta de los
beneficios que se puedan derivar de una legislación bien
intencionada, pero poco rigurosa, dada la dificultad que existe en
definir con precisión los límites de este tercer sector. Como Cáritas
Española analizaba en el año 1996 con acierto, los diversos nombres
que adopta -tercer sector, privado social, tercer sistema, tercera
dimensión, organizaciones non profit, economía social, etcétera-
esconden concepciones matizadamente distintas. Y si hasta la presente
se ha definido más bien en sentido negativo -lo que no son- que en
sentido positivo, es precisamente a la hora de positivarlo cuando
surge la dificultad y el reto. De ahí nuestro temor, que no es
negativo ni destructivo, sino positivo y previsor.
Ya dijimos que había que evitar varios peligros, que supusieran este
tercer sector y su dinámica una disminución de las acciones de las
instituciones o de las administraciones públicas, lo que llamamos
Estado del bienestar, o una dejación de funciones de lo público, que
signifiquen un portillo para el fraude empresarial, para la
desregulación laboral so capa de más flexibilidad, o que signifiquen
un despilfarro de las ayudas públicas, que puedan atentar contra la
estabilidad financiera orgánica del sistema público de la Seguridad
Social, o una deriva hacia una desfiscalización o disminución de la
capacidad de la Hacienda pública, o que burocraticen o clientelicen a
los sujetos del sector, invadiendo la autonomía y desfigurando la
identidad plural y participativa propia de la economía social. Lo
dijimos. Nosotros creemos que estos peligros existen, si no se hace
con precisión y con rigor la definición del tercer sector. En la
moción se insta al Gobierno a que realice toda una serie de funciones
con las que estamos de acuerdo, entre otras cosas, porque vienen
definidas con la participación de las ONG de este tercer sector y no
son una novedad o una aportación que se haya sacado de la manga el
proponente de la moción, sino más bien la elaboración colectiva de
las ONG y de los grupos que operan en el tercer sector.
En cualquier caso, estamos de acuerdo con la inmensa mayoría de estas
aportaciones: el libro blanco, que puede ser la ocasión para definir
positivamente el sector, sus posibilidades y sus límites, o quizá no,
pero ya lo veremos; el plan estratégico de apoyo; las vías de
participación de los agentes del tercer sector en las políticas
públicas de ámbito social; el plan estatal del voluntariado; la
reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; e
incluso la derogación de la Ley de Asociaciones, con su consiguiente
reforma para que no haya un vacío legislativo.
Con todo esto estamos de acuerdo, aunque hemos propuesto una enmienda
que no se nos alcanza por qué no se puede aceptar, ya que la
consideramos absolutamente necesaria y de principio, en el sentido de
incluir a los sindicatos, agentes sociales por excelencia, a la hora
de elaborar ese libro blanco, pues además estos son los que deben y
pueden velar con mayores garantías por los derechos consolidados de
los trabajadores, los pocos que van quedando, y, por tanto, pueden
contribuir a evitar desregulaciones o invasión en el terreno del
mercado laboral por parte de estas realidades del tercer sector.
Donde proponemos, mediante la correspondiente enmienda, una
matización especial es en la caracterización de la reforma
legislativa propuesta respecto del tratamiento fiscal y
administrativo de las actividades del tercer sector. Por ello
planteamos añadir al punto 6 que dicha reforma fiscal no implique
reducción de la capacidad financiera de la Hacienda Pública ni del
sistema público de la Seguridad Social, sino más bien un avance hacia
una fiscalidad más progresiva y una mejor redistribución de la
riqueza y del dinero público. Entendemos que es una cuestión de
principios elemental
que creemos perfectamente asumible por el proponente de la moción,
del que sinceramente esperábamos otra respuesta, esperábamos su
aceptación. Se nos ha manifestado ya que no se nos va a aceptar.
Nosotros no creemos que estas enmiendas, que son unas garantías
mínimas que solicitamos, no se acepten por simple testarudez, sino
que nos tememos que con esta negativa están ustedes demostrando que
nuestros temores son fundados, que lo que se pretende es transferir
las responsabilidades del Estado o de las comunidades autónomas,
Estado al fin, a ONG bien intencionadas que, mediante ayudas todo lo
exiguas que las políticas al uso de restricción del gasto público
permitan, hagan filigranas para, ellas por sí mismas, una vez que el
Estado se ha sacudido el muerto dando dinero, insertar en el empleo a
los ciudadanos marginados por el sistema, peor remunerados, en
condiciones de semimarginación, una especie de, como dicen en mi
tierra, arrecogidos.
Si eso es así, y mucho nos tememos que con la negativa se marca una
línea -siempre hay una negativa que marca una línea y una frontera-,
no cuenten con nosotros para definir un tercer sector, que no va a
ser sino un camuflaje de sus políticas reaccionarias.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para la presentación de
sus enmiendas, tiene la palabra el señor Díaz Sol.
El señor DÍAZ SOL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, éste es un tema que en la interpelación urgente planteada
por el Grupo de Convergència i Unió en la última sesión plenaria
concitó el ambiente de buena voluntad de todos los grupos
parlamentarios. ¿Por qué ocurre esto? Porque realmente cuando se
habla del tercer sector estamos hablando de un avance en la
modernización y en el perfeccionamiento de las sociedades avanzadas
y, por tanto, en ese empeño común de profundizar en la democracia, de
hacerla cada vez más sólida y más participativa, podemos encontrar
elementos que nos lleven a buscar el consenso. Como portavoz del
Grupo Socialista, conozco y sé que el Grupo de Convergència i Unió
presenta, en una especie de juego parlamentario, parte de las
conclusiones que son producto de los grupos de trabajo que salen de
una reunión que convoca el presidente del Gobierno, don José María
Aznar, en mayo de 1998, en donde hace una selección seria de
organizaciones que están en el mundo del trabajo social, del interés
social, y que forman grupos de trabajo que generan una documentación
y unas propuestas que vienen a cubrir un vacío que existía. Nosotros
participábamos en esa voluntad, porque además estamos muy de acuerdo
con muchas de las conclusiones. Por tanto, empezaría la intervención
diciendo que en el dictamen del Comité Económico y Social de la Unión
Europea, que está en
el diario de las Comunidades Europeas 373, de 9 de marzo de 1998, hay
un extracto que dice: El trabajo de las asociaciones de solidaridad
es un elemento constitutivo del estado social europeo. Quiere esto
decir que el estado social europeo se caracteriza, fundamentalmente,
por la existencia del tercer sector. Luego si estamos trabajando por
algo que constituye una seña de identidad de ese proyecto común de
todos que es Europa, no parece razonable, cuando los grupos
parlamentarios lo que hacen no es sustituir ni intentar variar sino
añadir dentro del espíritu de las conclusiones de los grupos de
trabajo, colaborar a ese consenso de sentirnos todos partícipes en
algo que no parece que sea la voluntad de quien lo presenta, sobre
todo cuando se presenta algo que no ha sido elaborado por ellos sino
por una agencia.
Por tanto, esas llamadas al consenso y esas florituras que se han
hecho aquí no son ciertas, y uno empieza a sospechar. Cuando los
conservadores y los liberales hablan del bienestar social, cuando
están hablando de la sociedad civil, uno empieza a pensar que a lo
mejor no estamos hablando de lo mismo. A lo mejor ya no estamos
hablando del estado social europeo, a lo mejor estamos hablando de
inhibir al Estado de sus responsabilidades de garante de las
políticas sociales y de los derechos sociales de los ciudadanos. A lo
mejor estamos metiendo mercantilismo en algo que no puede tener
mercantilismo. Esto se confirma cuando no hay aceptación de enmiendas
que no pretenden más que apuntalar esa maravillosa voluntad con la
que nos han presentado su proyecto de resolución de la moción. Tan es
así, que no vamos a entrar a discutirlas. Las vamos a aprobar.
Estamos absolutamente de acuerdo. Hay que hacer un libro blanco del
sector, claro que sí, con los criterios que están en este documento.
Se podían haber copiado y haberlos presentado como enmiendas, pero no
es necesario. Los tiene el Gobierno a través de una iniciativa del
presidente, don José María Aznar, que, vuelvo a decir, alabamos.
La selección de las organizaciones fue equilibrada, había
representantes de distintos sectores y con distintos orígenes y
planteamientos. Por tanto, era una voluntad de consenso. Este acuerdo
que se ha tomado en esta interpelación, rechazando la participación
de los grupos, y que sólo el sector conservador, que es la mayoría en
esta Cámara, lo lleve adelante, rompe ese consenso. Pero, pese a eso,
vamos a defender nuestras enmiendas.
Hemos presentado tres enmiendas razonables desde nuestro punto de
vista. La primera sería una recomendación muy amplia, muy laxa, para
que nadie pueda pensar que queremos condicionar, influir, alterar o
llevar la zozobra a la voluntad de los gobernantes.
Nosotros pensamos que ha llegado el momento de buscar una fórmula de
gestión del 0,5 por ciento del impuesto sobre la renta de las
personas físicas que esté más de acuerdo con las organizaciones
sociales, con las autonomías y con los ayuntamientos. Este es un
criterio muy amplio que se puede desarrollar de una
forma más extensa. Las organizaciones sociales reclaman que con el
tiempo hay que llegar al 1 por ciento del IRPF. Nosotros no pedimos
tanto, no sea que se asuste alguien. Sólo pedimos nuevas formas de
gestión. Hay que pensar que el 0,5 por ciento es algo que sirvió para
el desarrollo del tercer sector en España. La distribución del 0,5
favoreció a algunas asociaciones e instituciones de interés social
nacientes, que no existían en nuestro país, en detrimento de algunas
fuertes, como podían ser Cáritas o Cruz Roja, y podemos decir que hoy
tenemos un tejido de asociaciones del tercer sector si no de los más
importantes de Europa, sí suficientemente desarrollado. Por tanto,
volver a plantearse esa cesión del 0,5 por ciento puede servir como
un elemento motor para que se consolide definitivamente el sector no
lucrativo de la economía social.
Como estamos hablando de derechos sociales, de economía social, de un
avance en los derechos de tercera generación desde el punto de vista
social, parece lógico que pidamos al Gobierno que elabore un proyecto
de ley de derechos sociales que cubra las lagunas normativas que
haya, que establezca los derechos que tienen que tener los ciudadanos
a su autonomía personal, tanto económica como social, como de todo
tipo, y que se garanticen por igual, a través de una ley, en el
Estado. Esto es necesario hacerlo en nuestro país.
Por último, hay algo que también es necesario y que todo el mundo
reconoce, y es que hay falta de profesionalidad en muchos cuadros.
Aquí se ha hablado de yacimientos de empleo. Este es un sector que
genera gran cantidad de empleo en la sociedad. Al principio se creía
que creaba gasto, pero hay un ejemplo clarísimo. Los programas de
vacaciones de la tercera edad no sólo no han costado dinero, sino que
han supuesto el hallazgo de cómo se pueden generar puestos de
trabajo, cómo puede haber ingresos indirectos que suponen un retorno
de esos esfuerzos que se hacen. En definitiva, es un ejemplo claro de
que el sector social puede tener una gran importancia en la
generación de puestos de trabajo. Pero también puede tener una gran
importancia en la generación de puestos de trabajo especializados, de
profesionales que tienen que estar ya al día en la gestión y en la
orientación de este sector. Por eso, la tercera propuesta
absolutamente no aceptable es que se eleve el nivel profesional de
los cuadros de las organizaciones, y no sólo eso, añadimos también,
con mucha timidez, que a los funcionarios que trabajan en relación
con las instituciones de interés social vendría bien ponerlos un
poquito al día para que sean más eficaces.
Esta es la ruptura de ese consenso o de esa filosofía, que no sé de
dónde ha salido si no es de las páginas 2 y 3 del documento 4 de
trabajo a que han dado lugar las reuniones que convocó el presidente
del Gobierno.
Por tanto, señores, no nos queda más que tener la sospecha, no
podemos decir la certeza, de que cuando se habla tanto de sociedad
civil, cuando se está hablando tanto del protagonismo de la sociedad
civil, se está intentando escamotear el papel de garante del Estado y
se está intentando meter un concepto que no es el que es, y es que la
sociedad civil es colaboradora y no sustitutiva de las obligaciones
del Estado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Díaz Sol.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para la presentación de
sus enmiendas, tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías, subo a esta
tribuna en representación del Grupo Parlamentario Popular para
anunciar que nuestro grupo apoya con entusiasmo las ideas que se
presentan en esta moción; moción que, sin embargo, no va a ser
posible cumplir en términos políticos.
Entendemos que esta moción es una declaración política correcta, que
compartimos al cien por cien -como digo- desde el Grupo Parlamentario
Popular, pero sólo eso: una declaración política. Instar al Gobierno
quiere decir, ni más ni menos, que se ponga en marcha. Instar al
Gobierno significa pedirle que adopte medidas. Instar al Gobierno
significa pedirle que adopte determinadas decisiones. Y en este caso
sobra instar al Gobierno porque todo lo que se pide que se haga ya se
está haciendo. Todas las medidas que se plantean, o son una realidad
o están a punto de serlo.
De todas formas, si esta moción tiene por finalidad concitar el apoyo
de la Cámara para el tercer sector y para el conjunto de las ONG, y
yo creo que así lo ha expresado el señor López de Lerma, bienvenida
sea y felicito al Grupo de Convergència i Unió por presentarla.
Si este Gobierno no tuviera el decidido propósito de adoptar todas
sus decisiones después de dialogar con los sectores afectados,
posiblemente algunas medidas serían ya una realidad hace meses. No se
puede desconocer, en primer lugar, que es el presidente del Gobierno
el que inicia este diálogo. En segundo lugar, es el presidente del
Gobierno el que asiste personalmente a varias reuniones con las ONG.
En tercer lugar, son varios miembros del Gobierno los que impulsan
este proceso y que el Gobierno del Partido Popular ha tenido y tiene
el propósito de resolver lo que podemos calificar como asignatura
pendiente del conjunto de las ONG para esta Cámara.
El 21 de mayo de 1998, el presidente Aznar se reunió con una
representación de 16 organizaciones no gubernamentales. El 20 de
octubre de 1998, el ministro de Trabajo se reunión con varias ONG.
Con posterioridad, se reunió la secretaria de Asuntos Sociales y
también el secretario de Estado de Hacienda. Por último, el 12 de
enero, el presidente Aznar se reunió con las ONG para que le
presentaran las conclusiones de unos estudios de los grupos de
trabajo y en dicha reunión se sacaron determinadas conclusiones.
Hay que decir que algunas de las ideas que se plantean en esta
moción, no por poco originales son menos
valiosas, son propuestas compartidas entre el Gobierno y las ONG. Por
ejemplo, en esta moción hablamos del libro blanco, del plan
estratégico, del consejo estatal de ONG, de las propuestas del Plan
de empleo y del Plan estatal del voluntariado; son propuestas
imprescindibles para el tercer sector y yo creo que todos los grupos
de esta Cámara deberían estar conformes con ellas, deberían
apoyarlas, se deberían instar y deberíamos tratar de lograr el máximo
consenso en torno a ellas, teniendo en cuenta la importancia que
tienen en estos momentos en la sociedad civil, el papel tan
importante que juegan las ONG en la defensa de los sectores más
desfavorecidos de la sociedad española.
Todas estas son propuestas serias del Gobierno acordadas con las ONG,
o si lo prefieren son propuestas de las ONG acordadas con el
Gobierno, pero en cualquier caso con el consenso de ambas partes. Por
tanto, señorías, con moción o sin moción el Gobierno va a seguir el
diálogo con las ONG y las propuestas se van a hacer realidad. Eso sí,
esta moción no perjudica en absoluto ese diálogo, sino que lo
reafirma y lo apoya políticamente. Por ello, como decía antes,
bienvenida sea la intención y la declaración del Grupo de
Convergència y Unió.
Dicho esto, no me queda nada más que agradecer al portavoz del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió la aceptación de las cuatro
enmiendas que ha presentado nuestro grupo, enmiendas que no tenían
otro propósito que clarificar la moción. Creemos que nuestras
enmiendas contribuían a ello; en segundo lugar, tenían como propósito
también, cómo no, no condicionar el diálogo que está en marcha con el
Gobierno y sí esperar sus frutos en la idea de que el grupo
representativo de ONG que dialoga con el Gobierno tiene que
ampliarse, y así nos lo han pedido, nos lo han planteado incluso los
actuales negociadores.
Finalmente, quiero decirles que el compromiso con las ONG no es sólo
del Gobierno; es un compromiso firme de nuestro partido y de nuestro
grupo parlamentario. España vive en los últimos años una explosión
solidaria de la que debemos sentirnos orgullosos. Por eso, toda la
atención que dediquemos al movimiento de voluntarios es poca, porque
mucho tiene que ver con la solidaridad y las políticas sociales el
trabajo que están realizando las organizaciones no gubernamentales.
Pero también mucho tiene que ver con un asunto especial, que es la
primera preocupación para los españoles, como es el asunto del
empleo. Creemos que el Gobierno interpretará bien si considera que la
aprobación de esta moción, que espero que sea por la mayoría de la
Cámara, si puede ser por la unanimidad de la Cámara, supone un claro
apoyo a las organizaciones de voluntarios, en el bien entendido que
este grupo parlamentario siempre ha defendido una política concertada
por todos en torno a las organizaciones no gubernamentales.
Creo que es bienvenido el diálogo de las ONG con todos los partidos
políticos y creo que esos diálogos suponen también para los grupos
parlamentarios la
necesidad de un esfuerzo adicional para intentar ponernos de acuerdo
en esta cuestión. Ojalá, señorías, que en esta materia logremos desde
nuestras distintas posiciones dialogantes, desde nuestras distintas
posiciones ideológicas, encontrar terrenos comunes en beneficio de
toda la sociedad española.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Mato. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV) para fijar muy brevemente nuestra postura en relación con la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, sobre medidas a
adoptar para impulsar el llamado tercer sector de ámbito social.
Desde el Partido Nacionalista Vasco históricamente se ha valorado de
forma muy positiva la participación y el protagonismo de la sociedad
civil, sobre todo en aquello que significa trabajar para la cohesión
social y la calidad de vida de nuestra sociedad. La importancia
creciente del tercer sector de ámbito social, y el papel que está
llamado a desarrollar en las políticas públicas de servicios sociales
en el contexto de la nueva etapa de la sociedad del bienestar,
contrasta, por un lado, con la escasez de información sistemática
sobre dicho sector en todo el Estado. De ahí la conveniencia del
primer punto de la moción presentada instando al Gobierno a elaborar
un libro blanco sobre el tercer sector de ámbito social.
Por otro lado, el ámbito social demanda una reforma en profundidad y
un claro impulso para que se pueda estructurar de acuerdo con los
parámetros que exigen los cambios que tan rápidamente estamos
viviendo. La función pública, compartida entre las distintas
administraciones y el tercer sector de ámbito social, exige una
estructuración y madurez del sector social y un cambio en los
instrumentos actuales de las administraciones. Esta necesidad
requiere un instrumento operativo para garantizar su concreción, por
lo que entendemos como muy necesario el segundo punto de la moción
instando al Gobierno a impulsar un plan estratégico de apoyo al
tercer sector de ámbito social; un plan estratégico que debería
señalar unos objetivos y unas estrategias a medio plazo, con una
serie de medidas concretas, así como los correspondientes mecanismos
de seguimiento y evaluación, garantizando la participación de las ONG
sociales en su proceso de elaboración y aplicación.
Dado lo avanzado de la hora, no voy a extenderme en los ocho puntos
de que consta la moción y que apoyamos, pero me gustaría destacar,
para finalizar, el punto 8, mediante el que se insta al Gobierno a
elaborar una nueva ley de asociaciones, derogando la actual
procedente del fascismo, pues no hay que olvidar que data de 1964, es
decir, en pleno régimen fascista, y también el punto 7 de la moción,
que insta a introducir modificaciones específicas en el proyecto de
ley por el que se modifica la Ley de contratos de administraciones
públicas, a los efectos de incorporar incentivos a la contratación
mediante entidades lucrativas de interés social, dado que una de las
preocupaciones del sector social a que aludimos es la irrupción de
las sociedades mercantiles en la prestación de servicios sociales y
el consiguiente desplazamiento de las organizaciones sociales en la
misma, al mismo tiempo que el carácter excesivamente economicista del
actual proyecto no considera de forma específica los servicios de
tipo social y lo hace sólo de alguna manera parcial.
En resumen, nuestro grupo va a votar favorablemente la moción del
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Nada más, muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
Dado que el señor López de Lerma ha expresado claramente la
aceptación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
exclusivamente, vamos a proceder a la votación de los puntos sexto y
séptimo del orden del día. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a las mociones debatidas como
últimos puntos del orden del día correspondientes a la jornada de
hoy.
En primer lugar, votamos la moción del Grupo Socialista, sobre
política inmigratoria, en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
273; a favor, 125; en contra, 145; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
sobre las actuaciones de ámbito general que tiene previsto adoptar el
Gobierno para impulsar el llamado tercer sector del ámbito social en
España, en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas
del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
272; a favor, 262; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana, a las cuatro de la tarde.